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Timestamp: 2020-07-07 10:20:35+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 546, de 18/05/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 546
celebrada el martes, 18 de mayo de 2010
- Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre relación detallada de los regalos recibidos por el titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración en los últimos tres años (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/069033). (Número de expediente 181/002608.) ...
- Relativa a los procedimientos de expulsión de extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001173.) ... (Página 5)
- Para seguir impulsando una política pública de inmigración en cooperación con comunidades, ayuntamientos y organizaciones sociales para promover el sentido de pertenencia al entorno en que se vive y asegure la integración de todos en un marco de convivencia y respeto a las reglas y valores del Estado de derecho. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000851.) ... (Página 9)
- Relativa a la contratación laboral de trabajadores inmigrantes.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001136.) ... (Página 11)
- Sobre medidas para fortalecer la capacidad de actuación de los ayuntamientos en materia de política migratoria. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001558.) ... (Página 14)
- Para evaluar el proceso de integración de las segundas generaciones.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 161/001624.) ... (Página 19)
- Sobre medidas para desarrollar una estrategia integral de las administraciones públicas implicadas en materia de acogida, integración social y reintegración familiar de menores extranjeros no acompañados.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001663.) ... (Página 22)
- Con el objeto de destinar para la atención de menores extranjeros no acompañados en la Ciudad de Melilla la misma cantidad que en el ejercicio presupuestario del año 2009, en el marco del Convenio de colaboración sobre atención a menores extranjeros no acompañados para el año 2010.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001720.) ... (Página 28)
- Con el objeto de regular la inmigración circular y el retorno voluntario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001725.) ... (Página 31)
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RELACIÓN DETALLADA DE LOS REGALOS RECIBIDOS POR EL TITULAR DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/069033). (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/002608.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con el primer punto del orden del día, que es una pregunta oral pidiendo la relación detallada de los regalos recibidos por el Ministerio de Trabajo. Para formular esta pregunta tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: En el mes de octubre dirigíamos una serie de preguntas a todos los ministerios del Gobierno con el objetivo de conocer la relación detallada de los regalos recibidos por los o las titulares de los ministerios, así como las personas físicas y jurídicas que habían realizado esos regalos. Como usted sabe, señor subsecretario, el artículo 190 del Reglamento de la Cámara obliga a los ministerios a contestar las preguntas escritas, una vez son publicadas, en el plazo de veinte días o bien a comunicar la solicitud de un plazo extraordinario de otros veinte días para formular las contestaciones. Soy consciente de que los ministerios tienen que contestar muchas preguntas, pero no es una casualidad el hecho de que estas preguntas no hayan sido contestadas por ninguno de los ministerios, lo cual evidencia que había un criterio claro por parte del Gobierno de no contestarlas.
Nosotros hemos transformado esas preguntas en orales y por eso está usted aquí. Volvemos a intentar obtener la información que en su día solicitábamos: ¿cuáles son los regalos que ha recibido el ministro, en este caso los ministros de Trabajo -porque en los últimos tres años ha habido dos titulares de la cartera-, y cuáles son las personas físicas o jurídicas que los han hecho? Sabe usted que el código de buen gobierno, aprobado por ustedes en el año 2005, obliga a rechazar cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales sociales y de cortesía, y que en caso de mayor significación esos regalos tienen que ser incorporados al patrimonio. Basándonos en esas condiciones, deseamos conocer cuáles han sido esos regalos para efectivamente poder determinar si los mismos se corresponden con lo previsto en el propio código de buen gobierno aprobado por este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Para responder a esta pregunta está con nosotros en la Comisión el subsecretario del Ministerio de Trabajo, don Leandro González Gallardo. Muchas gracias por su presencia, don Leandro. Cuando usted quiera tiene la palabra para responder a la pregunta que le han formulado.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Quisiera empezar mi intervención agradeciendo la oportunidad de comparecer ante SS.SS. y ofreciéndoles mi total colaboración en todo lo que pueda aportar sobre el tema planteado en esta Comisión. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por no haber contestado la pregunta por el cauce original. No obstante, esta es una excepción en el procedimiento habitual de este Gobierno. El volumen de preguntas, como S.S. sabe, ha crecido significativamente. En los dos primeros años de esta legislatura se han presentado casi tantas preguntas como en la última legislatura del Partido Popular. El Gobierno ha tenido que hacer frente a 104.000 preguntas, de las cuales ha contestado 87.693. Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo e Inmigración, en lo que va de legislatura se le han formulado 7.821 preguntas escritas, de las que ha contestado un total de 7.626, y están en trámite de contestación 109, es decir, que por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración prácticamente se ha dado contestación a todas las preguntas escritas que se le han formulado.
En relación con su pregunta, tengo que decir con carácter previo a la contestación que este Gobierno ha hecho una apuesta por la transparencia y la claridad en su mandato, apuesta que se ha concretado no solo en la adopción en el año 2005 del código de buen gobierno, sino también en la aprobación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. La ley constituye un nuevo régimen jurídico regulador de la actuación de los altos cargos en el que, perfeccionando el anterior de incompatibilidades, se introducen nuevas exigencias y cautelas que pretenden impedir situaciones que pongan en riesgo su objetividad, imparcialidad e independencia. Por otra parte, el objetivo del código de buen gobierno es garantizar que la actuación de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración esté inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que con anterioridad no habían sido plasmados de manera expresa, si bien se encontraban implícitos en la legislación. El código incorpora las recomendaciones en esta materia de organismos internacionales como la OCDE o el Consejo de Europa y también recoge la experiencia de otros países de tradición democrática y las medidas más efectivas que en este terreno han adoptado, por lo que supone una herramienta eficaz y contrastada para la prevención y gestión de posibles conflictos. Por otra parte, en nuestro país existen códigos similares en otros ámbitos políticos, como es el caso del código de buenas prácticas del Partido Popular de diciembre de 2009, que recoge, en parte, lo establecido en el código de 2005 al que nos venimos refiriendo. Por ejemplo, la prohibición de aceptar regalos que no respondan por su importe o causa a los usos y costumbres sociales recogidos en el punto 7 de la carta de compromisos.
De acuerdo con lo anterior y contestando de una manera más concreta a su pregunta, según la información de que dispongo, debo manifestarle que se sitúan dentro de los parámetros que marca el código de buen gobierno todos los regalos recibidos a lo largo de los tres años por los titulares del departamento. Se trata, además, de objetos que no tienen un valor relevante ni una significación de carácter institucional que hubieran determinado su incorporación al patrimonio del Estado y, por tanto, su correspondiente inventariado en los términos previstos en la Ley 33/2006.
Resumiendo, señoría, los regalos recibidos se han realizado en el contexto de los usos habituales, sociales y de cortesía, y han respondido a los usos y costumbres sociales, por lo que no es práctica administrativa hacer una relación detallada de los regalos que reciben tanto los ministros como los altos cargos, como usted bien sabe. Además, dado su valor, no son de carácter inventariable para incorporarlos al patrimonio del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Al principio de mi pregunta le decía que el hecho de no contestarla responde a una estrategia, y esto es algo evidente y que, además, se corresponde con la contestación que usted ha dado, similar a la que han dado en otras ocasiones otros ocho ministerios. No obstante, hay una novedad en su contestación, lo cual indica que no en todos los casos los regalos son iguales ni las personas tienen los mismos criterios. Usted ha dicho que no existe un listado y, en cambio, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció que en el caso del Ministerio de Asuntos
Exteriores sí existía ese listado. Me hubiera gustado haber podido contrastar, sobre la base de una contestación adecuada a los términos de la pregunta, si los regalos están efectivamente dentro de lo normal, de la cortesía o de lo habitual. Porque el problema es que el artículo 426 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fuera ofrecido en consideración a su función estaría incurso en lo que se denomina ahora cohecho impropio. Es más, basándonos en la interpretación que del cohecho impropio ha obligado la vicepresidenta primera del Gobierno a hacer al fiscal general del Estado y este, a su vez, al fiscal del Tribunal Supremo, cuyo auto conoceremos en los próximos días, al haberse eliminado la relación causal entre el regalo y la actuación del funcionario público, la aceptación de un regalo, fuera cual fuera, por parte de una autoridad -en este caso un ministro- de una persona física o jurídica que contrate con la Administración afectada sería, señoría, un caso de cohecho impropio.
Esto, evidentemente, es un auténtico disparate jurídico desde mi punto de vista, pero es la doctrina que algunos intentan imponer en el Tribunal Supremo. Me parece que no estamos hablando de otros casos en los que, al existir causalidad, estaríamos ante algo relevante, o del caso de que se hubiera cometido un hecho manifiestamente antijurídico, en el que estaríamos también ante un hecho relevante. Parece que ahora la formulación o la interpretación que se realiza del cohecho impropio va a llevar a auténticos disparates, a que cualquier tipo de regalo, independientemente de su valor o significación, pueda provocar una situación de las previstas en el artículo 426. No estoy hablando de los bono regalos ni de a caballo regalado no le mires el diente; estoy hablando de cosas normales, habituales, que no tendrían por qué tener trascendencia, pero que algunos le quieren dar trascendencia penal. Eso debería llevar a algunos a reconocer errores, rectificar y, sobre todo, a plantear las cosas seriamente. Eso es lo que pretendo con esta pregunta, poner a algunos ante sus contradicciones.
Espero, señor subsecretario, que la próxima vez que haga una pregunta de este tipo no le obliguen a venir a usted, que venga el titular, que es el que se sienta en el Consejo de Ministros junto a la vicepresidenta y que me parece que es el afectado y el que tiene que dar la cara.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Debo reiterar lo que le he señalado anteriormente, que todos los regalos recibidos por los titulares del Ministerio de Trabajo se ajustan a lo previsto en el código de buen gobierno; todos. Son regalos que no van más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía; todos. Como usted puede suponer, resulta muy difícil responder de manera detallada a la pregunta, dada la casuística derivada de la misma. Posiblemente, la mayor parte de los ministros no sepa los regalos que reciben, ya que son detalles que responden a hábitos sociales. Normalmente estos regalos se reciben en Navidad y se distribuyen en el entorno del propio ministro, muchas veces son bienes consumibles de poco valor. De hecho, S.S. durante varios años ha tenido el detalle de hacer un regalo de frutas de Almería a los titulares, de poco valor, que tiene que ver con los usos habituales, sociales y de cortesía. Estos son la mayoría de los regalos que se reciben en Navidad y que, normalmente, quedan en el entorno del propio ministro. Además de los regalos de Navidad, los ministros suelen recibir regalos o dádivas con motivo de las actuaciones relacionadas con el ministerio, como visitas institucionales, pero son regalos como libros, placas, láminas, objetos de escritorio. De este tipo son los regalos que han recibido los titulares y no hay una relación detallada de los mismos. Se trata de regalos que, por su naturaleza, no se incluyen en una relación detallada ni sería posible. En estos momentos, sobre el despacho del ministro hay, que yo tenga constancia, algunos objetos de escritorio; en concreto, dos pisapapeles, uno de metacrilato y otro de acero; varias láminas y libros. Esto es lo que tengo constancia que hay de regalos con motivo de visitas institucionales. No creo que haya ningún ánimo de ocultismo en las palabras que he tenido en un gobierno que ha aprobado un código ético y una ley que, por primera vez en la historia de nuestro país, obliga a hacer públicos los patrimonios de los ministros y secretarios de Estado, publicándolos en el Boletín Oficial del Estado.
Cualquier regalo que, por su significación patrimonial, produjera incremento en el patrimonio de un ministro, necesariamente se publicaría en el boletín y sería público y conocido por la opinión pública.
En este ejercicio de transparencia, que asegura la claridad en la actuación de las instituciones mediante la exigencia explícita de compromiso y responsabilidad a sus dirigentes, es donde estamos. Creo que sería deseable -y en eso seguramente coincidimos todos- que, en colaboración con su partido, este ejercicio se hiciera extensible también a todas las administraciones, tanto las de las comunidades autónomas como locales, y a los miembros de los gobiernos de todas las administraciones.
Sinceramente, confiamos en una aplicación del código extensible a todas las administraciones existentes y solicito su ayuda e implicación personal para lograr esta aplicación total y efectiva de los principios del código de buen gobierno a todas las administraciones públicas de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso en la Comisión para despedir al señor subsecretario y para dar encaje a algunas peticiones de ordenación de las proposiciones no de ley. Por tanto, suspendemos la Comisión por cinco minutos (Pausa.)
- RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001173.)
El señor PRESIDENTE: A petición de algunos portavoces vamos a hacer un cambio en el orden del día que obra en poder de SS.SS., y la proposición no de ley que iba en cuarto lugar será debatida inicialmente. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Antonio Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: El Grupo Popular vuelve a someter a debate un tema que nos preocupa profundamente, relacionado con la política de expulsión de extranjeros en situación irregular en España. La inmigración, tal y como enunciamos en la proposición no de ley, según el CIS, es en febrero la cuarta preocupación de los españoles. Según fuentes nada sospechosas, como Comisiones Obreras, en nuestro país viven más de un millón de personas en situación irregular. Cunde la sensación de que España ha sido, es y será un coladero si no ponemos los medios oportunos y no impulsamos las reformas necesarias para controlar los flujos migratorios. Si no nos lo podíamos permitir cuando vivíamos en una situación de bonanza económica, mucho menos en una situación de profunda crisis económica, atendiendo a las derivadas que implica el fenómeno migratorio y la inmigración ilegal más concretamente: más gasto público de las administraciones, más economía sumergida y más dificultad para insertar laboralmente a los que están legalmente establecidos en nuestro territorio. Hemos de recordar que la tasa de paro entre las personas inmigrantes es del 29,7 por ciento. Por tanto, tenemos que ordenar los flujos migratorios y tenemos que cambiar algunos aspectos de la política migratoria en España para mejorar su ordenación.
Como bien dice el texto de la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular, es inmoral, ilegal y arbitrario que se realicen detenciones masivas e indiscriminadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de haber recibido ciertas notificaciones por parte del Ministerio del Interior. Numerosos testimonios y pruebas ponen de manifiesto que el ministerio ha optado por esa política tan torticera de detención por cupos. Las detenciones ilegales criminalizan a las personas por la mera infracción administrativa y esta práctica viola el artículo 14 de la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia Ley de Extranjería aprobada recientemente. La Ley de Extranjería no contempla la detención anterior al inicio de un procedimiento que pudiera finalizar con la expulsión de la persona extranjera; la detención solo procede como medida cautelar una vez incoado el expediente y con las formalidades y requisitos previstos por la propia ley. Por ello el Grupo Popular solicita en primer lugar que el Gobierno no fije cupos de detenciones ni redadas indiscriminadas de extranjeros en situación irregular para cuadrar los números, si me permite la expresión entre comillas, del señor Rubalcaba. También hablamos en la proposición no de ley sobre el hecho de que de los 60.000 procedimientos de expulsión del año pasado solo se materializaron 10.616, hecho que eterniza la situación irregular de determinadas personas. Se da la casuística de que determinadas personas acumulan tres o cuatro órdenes de expulsión, de esta manera no me extraña que los ciudadanos crean que esta cuestión es preocupante y que el Gobierno no hace lo suficiente para ordenar los flujos migratorios. No me parece razonable que una misma persona tenga cuatro órdenes de expulsión. No hay medios para resolver estas situaciones; es obvio que no es una prioridad del Gobierno abordarlas, y de aquellos barros vienen estos lodos. Es decir, es normal que la gente cuando contempla este tipo de prácticas -o de no prácticas- por parte de las administraciones considere que la inmigración no está bien regulada en España y que esta constituya, por tanto, la cuarta preocupación de los españoles según el CIS en febrero, como he dicho anteriormente. Por eso pedimos que se reforme la Ley de Extranjería, para que un inmigrante en situación irregular no pueda acumular más de una orden de expulsión. Hay que dar prioridad a estos hechos, así como expulsar fulminantemente, aplicando toda la agilidad administrativa posible a aquellos inmigrantes que hayan cometidos delitos. Esto me parece especialmente significativo y especialmente grave. Creo que las personas que han cometido un delito tienen que ser fulminantemente expulsadas de nuestro país, tal y como indica la propia Ley de Extranjería. Esta ley, aprobada recientemente, deja muy clara esa situación.
Para finalizar, hemos incluido también una autoenmienda de adición a la proposición no de ley que presentaba el Grupo Popular porque consideramos necesario que se estudien unos hechos desvelados hace una semana por el diario La Gaceta de los Negocios, porque me parece que es una información que debe ser aclarada y bien resuelta. Pérez Rubalcaba acaba de inaugurar la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona; las máquinas de control de documentos por medios electrónicos a las que nosotros confiamos la seguridad de nuestras fronteras, unos pasillos que detectan las falsificaciones en documentos de identidad de los pasajeros por métodos tecnológicamente avanzados. Por cierto, aprovecho la ocasión para recordar que esas nuevas maquinitas solo leen pasaportes españoles y comunitarios, no sirven de nada para otros países del mundo y esto me parece una situación realmente kafkiana y poco útil. En ese sentido, o cambiamos la máquina o firmamos convenios con determinados países del mundo, porque esa máquina no servirá de mucho si lo que pretendemos es luchar contra la inmigración ilegal que entra por nuestras fronteras
aeroportuarias. Por tanto España seguirá siendo un coladero en esos términos.
Pues esas máquinas, del grupo Telvent, que contrató la hija del señor Chaves, no se pudieron inaugurar en Madrid. Las máquinas que funcionan están en Barcelona. En Madrid siguen a la espera de recibir unas máquinas que funcionen, recibieron unas máquinas, que se pagaron bastante bien, a un precio bastante considerable, pero esas máquinas en Madrid nunca llegaron a funcionar. La hija del vicepresidente tercero ganó el concurso de adjudicación de esas máquinas en el último minuto a pesar de que el Ministerio del Interior estaba trabajando con la empresa Indra en una cuestión similar. Me sorprende que esta chica todo lo que toca lo gana, todo lo que toca lo convierte en subvención, todo lo que toca lo convierte en adjudicación. ¡Qué casualidades tiene la vida! Creo que en ese sentido se tiene que aclarar la adjudicación de ese tipo de concursos. El encargo costó tres millones de euros; las máquinas no funcionaban en Madrid y los verificadores fueron inaugurados la semana pasada en Barcelona, tres años después de la fecha prevista para su inauguración, entre comillas. Yo creo que se tiene que ser menos chapucero y un poquito menos opaco, yo creo que el Gobierno tiene que aclarar esa situación, y es por estos indicios, por estas informaciones de las que se ha hecho eco un medio de comunicación, por las que presentamos esa enmienda y solicitamos un informe sobre la adjudicación, funcionamiento y resultado del contrato entre la empresa Telvent y el Ministerio del Interior para el control de fronteras, que pedimos que sea remitido al Parlamento en el plazo máximo de un mes. Pensamos que esta información se tiene que aclarar y en ese sentido pedimos un poco más de transparencia y por eso solicitamos en esta última enmienda de adición una auditoría integral sobre ese proceso, porque hay algunos elementos que no son precisamente de buen gusto y tampoco es que respeten mucho el código de buen gobierno del que antes hablaba mi compañero en la pregunta parlamentaria. Le pido un esfuerzo de transparencia al Gobierno y que en el plazo de un mes nos informe sobre esa cuestión, que nos parece muy preocupante.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, Convergència i Unió ha planteado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En concreto planteamos la supresión del punto tercero de la misma entendiendo que la reforma de la Ley de Extranjería ya se ha producido en el mes de diciembre; ha quedado aprobada y por tanto no tiene sentido plantear una nueva reforma de la ley.
Sobre las cuestiones de fondo que nos plantea la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, me parece que todos estaremos de acuerdo en que desde finales de los años noventa España ha tenido un mal manejo de los flujos migratorios. Desde finales de los años noventa los gobiernos españoles han sido incapaces de regular el flujo migratorio de manera adecuada. La mayoría de los ciudadanos extranjeros que pretendían llegar a España para acceder a los puestos de trabajo que en España existían para estos ciudadanos de origen extranjero han llegado por vías poco o mucho irregulares, han llegado con sus visados de turista aterrizando básicamente en el aeropuerto de Barajas, en otros aeropuertos del Espacio Schengen, residiendo más allá de los tres meses que ese visado les autorizaba para residir y esperando que alguno de los procesos de regularización que ha habido entre el año 1999 y el año 2005 permitiese normalizar su situación.
Mientras esa normalización, esa regularización, no se producía, estas personas efectivamente estaban abocadas a trabajar de manera irregular con todas las consecuencias que eso tenía desde el punto de vista de sus derechos laborales, de sus condiciones de trabajo, de la remuneración que recibían, con todos los inconvenientes lógicamente que eso generaba en aquellas empresas que optaban por contratar a ciudadanos extranjeros en situación irregular y por tanto fomentando la competencia desleal, e incrementando el sentimiento de buena parte de la ciudadanía de incapacidad de los gobiernos de controlar los flujos migratorios. Ese ha sido el modelo que poco o mucho ha venido funcionando hasta 2005-2006 en España y que ha configurado la existencia durante todos estos años de bolsas muy numerosas de personas en situación irregular. En paralelo, los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han llevado a cabo una política de expulsión, de retorno de estas personas en situación irregular, pero a menudo ni unos gobiernos ni otros han podido dar respuesta a la situación de personas que, por las razones que fuese, no podían ser retornadas a su país a pesar de la existencia de una orden de expulsión.
Yo no sé si el problema se sitúa más que en el coste económico que tiene la expulsión de un ciudadano extranjero a su país de origen, que en ningún caso es barata, en la existencia de otro tipo de problemas, fundamentalmente en la dificultad de identificación del origen de esta persona y las trabas que el supuesto país de origen de esa persona puede poner para el retorno al mismo. Insisto, no es tanto el coste económico de la expulsión, sino las dificultades administrativas para ejecutar esa expulsión. Y se nos genera ahí otro problema, de entrada para el Estado, pero seguramente también para ese ciudadano que no puede ser expulsado pero que tampoco puede regularizar su situación administrativa, lo que reafirma esa sensación de descontrol que los ciudadanos tienen. Y al mismo tiempo, todo este debate viene marcado por la existencia de un número determinado de ciudadanos extranjeros que delinquen y que generan esa sensación de descontrol, de inseguridad, vinculada a la inmigración.
Este es un paquete complejo, difícil, en el que las respuestas deben ser múltiples, en el que es evidente que no pueden caber políticas basadas en cupos ni en redadas masivas indiscriminadas a extranjeros en situación irregular, en el que el Código Penal establece claramente cuál es el procedimiento que debe adoptar el juez y en nuestro Código Penal situamos en manos del juez la decisión de optar por la expulsión u optar por el ingreso en prisión. Yo creo recordar que esta regulación legal existe desde mediados de los años noventa, no es una regulación legal creada en los últimos años, y en todo caso deja a la decisión del juez la proporcionalidad de la medida a tomar: si es más justo para esa persona y en función del delito que ha hecho que se le expulse, o que cumpla la pena en prisión. Mi grupo tiene enormes dudas de que la expulsión sea más justa en términos de cumplimiento o de respuesta penal a lo que aquel extranjero ha efectuado porque quizás al extranjero le puede salir más a cuenta ser expulsado que cumplir una determinada pena de prisión. En todo caso, cualquier persona extranjera en situación irregular que haya cometido un delito, una vez que ha cumplido su pena de prisión, esa persona, si está en situación irregular, va a ser expulsada. Por tanto, no entendemos exactamente cuál es la pretensión del Grupo Popular en esta iniciativa. Insisto, este es un problema complejo, no es un problema de ahora, lo venimos arrastrando desde los años 1998-1999; hemos tenido diversas modificaciones de la Ley de Extranjería, han gobernado unos, han gobernado otros, pero las cuestiones de fondo continúan siendo las mismas. Quizá el problema, señorías, no está tanto en el marco legal que tenemos, sino en un necesario mejor funcionamiento de las administraciones y en la solución de los problemas que hacen que en España la inmigración irregular haya sido más habitual de lo que lo ha sido en otros países de nuestro entorno. Desde este punto de vista y al margen de la enmienda en la que reclamamos la supresión del punto tercero, no podríamos dar nuestro apoyo al resto de la proposición no de ley del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, en primer lugar, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Es obvio que nosotros no vamos a respaldar esta iniciativa porque no compartimos el prejuicio del Grupo Parlamentario Popular con respecto a la política migratoria. Que sea una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos no quiere decir necesariamente que la inmigración en nuestro país tenga el carácter negativo que probablemente para algunos puede acentuarse en un periodo de crisis, sino que nosotros queremos destacar la aportación que ha significado y significa la inmigración en España tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y cultural. Por lo tanto, no al prejuicio.
En relación con la autoenmienda, podríamos parafrasear lo de orgullo y prejuicio. La enmienda se corresponde con otra materia que tiene que ver con un debate que vamos a tener esta tarde, que es la supresión de la vicepresidencia del Gobierno de Política Territorial, y digamos que, como formando parte de los redobles previos a la iniciativa de la tarde, nos aparece una autoenmienda sobre la que nosotros no tenemos criterio pero no nos gusta la persecución política y no nos gusta el encarnizamiento en ningún sentido. Creo que nos estamos haciendo daño sin necesidad y estamos deteriorando la imagen de la política. Somos la tercera preocupación de los ciudadanos y creo que en ese caso habría que tener un adecuado cuidado para no deteriorar aún más nuestra imagen como responsables públicos. Por esas razones, porque no compartimos el prejuicio pero tampoco el orgullo, no vamos a votar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Manuel de la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Estamos ante una iniciativa, si se me permite decirlo, manifiestamente extemporánea, una iniciativa que nada más que por el hecho de que fue formulada hace un año en un contexto distinto sobre unos hechos que hoy están superados, incluso con propuestas de reforma de leyes que ignoran que esas leyes ya se han reformado, es una iniciativa extemporánea, repito, que solo por ese hecho debería ser retirada. Pero, claro, ya hemos visto que el Grupo Popular, consciente de eso, aunque no lo explicite, ha hecho una autoenmienda -a la que me referiré al final- para situarla, como acaba de decir muy bien el señor Llamazares, en los redobles de los tambores, de la fanfarria en la que está instalado el Grupo Popular.
Esta PNL fue planteada hace un año a rebufo, primero, de una información que salió en la prensa de que había comisarías -lo dice expresamente por escrito la propia PNL- que estaban llevando a cabo detenciones arbitrarias, detenciones por la vía de fijar cupos, redadas masivas e indiscriminadas. Sobre esta cuestión se plantearon varias iniciativas al propio ministro del Interior, quien dio una explicación absolutamente contundente en la Comisión de Interior, explicó que ni él ni el secretario de Estado ni el director general de la Policía ni el director adjunto operativo habían dado nunca instrucciones en ese sentido de hacer redadas indiscriminadas ni de hacer detenciones por un periodo de tiempo concreto y que si había habido alguna unidad inferior que lo hubiera hecho habría sido en contra de los criterios de los superiores, y que además esas medidas adoptadas por alguna unidad superior habían quedado radicalmente desautorizadas y revocadas. Hace más de un año, señorías, y desde entonces no se ha vuelto a hablar de este tema hasta hoy, en que el Grupo Popular -el señor Gallego- lo vuelve a poner encima de la mesa quizá para plantear un problema que no existe, un problema que no está ni siquiera en La Gaceta de los Negocios; no existe este problema pero nos lo vuelven a traer aquí.
Las otras dos propuestas que se formulan en la proposición no de ley son más extemporáneas todavía -perdonen este lenguaje, que quizá es más propio de juristas-, significa que se hizo en un momento en que a lo mejor tenía sentido pero que hoy carece absolutamente del mismo porque se nos plantea que en la futura reforma de la Ley de Extranjería...
Señorías, si es que esta Ley de Extranjería ya se ha reformado, si es que se ha aprobado hace unos meses y está en vigor desde hace cuatro o cinco meses, y por cierto, en este tema el Partido Popular se quedó solo, solo.
Y no solo se ha reformado la Ley de Extranjería, es que en materia de expulsión de extranjeros también se ha aprobado por el Congreso -todavía no es ley porque está en el Senado- una reforma del Código Penal en la que se modifica el artículo 89 del Código Penal, que se refiere a la posibilidad de expulsión de extranjeros que hubieran sido condenados en sentencia firme por delitos con pena de privación de libertad de hasta seis meses, donde el código también por un consenso unánime excepto del Partido Popular -aunque en parte estuvo de acuerdo- dice que el juez deberá acordar la expulsión del extranjero salvo que considere que hay motivos razonables para que cumpla esa pena en España. Por tanto, son dos temas resueltos, dos temas abordados por la Cámara, dos temas que no están en la agenda y que se replantean como si no hubiera habido ya aquí unos debates amplios, complejos, unos debates en los que, insisto, el Grupo Popular se ha quedado solo.
No quiero reiterar aquí la posición del Grupo Socialista y del Gobierno en materia de inmigración. La reforma de la Ley de Extranjería recoge los principios compartidos por una parte amplia de la Cámara que intenta hacer compatible la perspectiva de solidaridad, de justicia respecto de los inmigrantes, que los demócratas de matriz humanista comparten esa perspectiva de solidaridad con el fomento de la inmigración legal vinculada al mercado de trabajo a la vez que la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos y el control de las fronteras. Pero fíjense, señorías, acaba de decirse que en esta PNL rezuma un hondo prejuicio contra los inmigrantes por parte del Partido Popular. Es una proposición que se inicia aparentemente con una defensa de los extranjeros que pudieran ser objeto de redadas masivas, de redadas indiscriminadas por parte de la policía, y que acaba, como acaba siempre el Partido Popular, con una propuesta de rechazo al inmigrante, por activa, por pasiva, por perifrástica, por unos motivos o por otros, hay siempre un leitmotiv que es la idea de rechazo, una idea negativa sobre la inmigración (La señora Chacón Gutiérrez: ¡Qué barbaridad!) Estamos por la inmigración legal, estamos contra la inmigración ilegal, pero no estamos por esa idea tan de rechazo, esa idea que identifica inmigración con delincuencia, señorías, y no son palabras mías, son palabras -tengo aquí el "Diario de Sesiones" del Senado del 12 de noviembre pasado- en el Pleno del Senado cuando se celebró el último debate sobre la Ley de Extranjería que fue aprobada, intervención del ponente del Grupo Popular señor González García, que acabó diciendo: No olviden, señorías que aunque a algunos de ustedes les hayan saltado las alarmas cuando mi partido lo ha pronunciado, inmigración irregular en multitud de ocasiones es igual a delincuencia. Aquí está la quintaesencia de lo que una parte -no digo la totalidad de la derecha, ni siquiera la totalidad del Grupo Popular- del Partido Popular piensa y lo que rezuma esta PNL.
Termino, señor presidente, con una referencia a la autoenmienda, de la que se nos dice que es hacerse eco de lo que dice La Gaceta de los Negocios, en este juego al que nos tienen acostumbrados algunas fuerzas políticas, donde hay un periódico que hace la primera proposición, la primera iniciativa que se transforma automáticamente en iniciativa parlamentaria, y que tiene que ver con unas máquinas de control de fronteras que se están implantando en algunos aeropuertos, similares a las que existen en muchos países del mundo. El miércoles pasado, en la sesión de control, al señor ministro del Interior en una pregunta que iba por otro lado se le planteó esta cuestión. El señor Rubalcaba dijo: en este momento no estoy preparado para contestar. Pregúntenme sobre esto que contestaré. Pero aquí ni se trata de aclarar qué pasa con esas máquinas, si funcionan bien desde el primer día o no, si son o no pertinentes, no, sabemos de qué va esto, esto va del señor Chaves. El Grupo Popular lleva treinta años perdiendo elecciones, año tras año, con el señor Chaves y no desisten de ir contra el señor Chaves, y no solo contra el señor Chaves, también contra su hija. Y como no se sabe qué relación pueda tener con una empresa que ha sido adjudicataria en no se sabe qué situación, aquí se trata de participar de la parafernalia de lo que esta semana va a ser la actividad parlamentaria central del Partido Popular. El objetivo: acabar políticamente con el señor Chaves. Desde luego, nosotros a ese juego no nos vamos a prestar. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gallego, a esta proposición no de ley hay una autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda de Convergència i Unión sobre las que le rogaría que nos dijera si son aceptadas o no por el grupo proponente.
El señor GALLEGO BURGOS: Obviamente, mantenemos la nuestra y no aceptamos la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y recuerdo que la vinculación entre delincuencia e inmigración es más propia de Corbacho que del Grupo Popular, que cuando era alcalde de Hospitalet se dedicaba a hacer ese tipo de manifestaciones, y lo puedo problar.
- PARA SEGUIR IMPULSANDO UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INMIGRACIÓN EN COOPERACIÓN CON COMUNIDADES, AYUNTAMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA PROMOVER EL SENTIDO DE PERTENENCIA
AL ENTORNO EN QUE SE VIVE Y ASEGURE LA INTEGRACIÓN DE TODOS EN UN MARCO DE CONVIVENCIA Y RESPETO A LAS REGLAS Y VALORES DEL ESTADO DE DERECHO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000851.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al orden del día ordinario y veremos la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Carmen Achutegui.
La señora ACHUTEGUI BASAGOITI: La sociedad española se está convirtiendo en una sociedad multicultural, multirracial y plurirreligiosa, que tiende al mestizaje; todos los sabemos. Según el INE actualmente el 12 por ciento de los residentes en España son inmigrantes. Si bien la actual situación económica está provocando un descenso de la presión migratoria, la multiculturalidad existe, y se estima que a medio y largo plazo Europa seguirá siendo receptora de extranjeros. Es, pues, fundamental, y en esta Comisión en ello trabajamos, que dediquemos nuestros esfuerzos a que los derechos de unos no tengan que mermar los derechos de otros y se logre una política de inmigración ordenada y justa, una sociedad inclusiva donde se brinden derechos y se tengan deberes, donde se promueva el sentido de pertenencia y se asegure la integración, un modelo integrador en el que no prime la asimilación, que sea equilibrada, abierta, generosa y firme, que apoye la integración de los inmigrantes. Con la reciente reforma de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de la Ley de Extranjería, se han conseguido los objetivos principales que se perseguían, como eran: la trasposición de las directivas europeas, incluir en la ley la jurisprudencia constitucional, adecuar la normativa a la nueva realidad migratoria de España o ampliar los derechos de este colectivo, como la sindicación, participación pública, etcétera, y la concertación territorial con las comunidades autónomas sobre todo en temas de integración. En ese tema se centra nuestra proposición no de ley.
Una vez dado el paso de la aprobación de la reforma, tenemos en este momento otros trabajos en el campo del desarrollo de la ley. A nivel de Gobierno de la nación, tras evaluar el seguimiento del primer pan estatal en marcha, Plan 2007-2010, que ha contado con la máxima participación y concertación social e institucional, se ha de desplegar el segundo Plan estratégico de ciudadanía e integración, que se orientará hacia la integración social de la segunda generación para asegurar la convivencia y evitar el fracaso colectivo en que se han visto inmersas muchas sociedades de nuestro entorno. Todos recordamos algunos recientes ejemplos. Además, debe desarrollarse el reglamento de la ley. En este desarrollo veremos reforzadas sus mejores virtudes, según se desprende de las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, doña Anna Terrón, en su comparecencia reciente ante esta Comisión. En abril se celebró también la IV Conferencia ministerial europea sobre integración y se debatió sobre el nuevo marco institucional creado bajo el Tratado de Lisboa y el programa de Estocolmo. Tenemos una declaración, tenemos conclusiones, acuerdos tomados en cuanto a normalización de indicadores, sobre evaluación de políticas de integración. Las conclusiones de esta conferencia debieran traducirse a la gestión de nuestras políticas de inmigración. Los firmantes de esta Declaración de Zaragoza, con relación a la proposición de la que nos ocupamos, dicen textualmente: es esencial incorporar los temas de integración en todos los ámbitos de actuación pertinentes, garantizando la cooperación y coordinación entre los distintos niveles gubernamentales y de la Administración pública: europeo, nacional, regional y local. Cierto es, y así lo entiende nuestro grupo, que se ha realizado un importante esfuerzo de cooperación desde el Gobierno. Existe un marco de cooperación entre administraciones -la Conferencia Sectorial de Inmigración-, un marco de cooperación con agentes sociales -la Comisión Laboral Tripartita- y un respaldo presupuestario permanente. Este es el camino y porque así lo entendemos presentamos esta proposición no de ley, en la que, como han como podido leer, se insta al Gobierno a seguir impulsando una política de cooperación con comunidades, ayuntamientos y organizaciones sociales para promover el sentido de pertenencia al entorno en que se vive y la integración de todos en un marco de convivencia y respeto a las reglas y valores del Estado de derecho. Nunca haremos demasiado para que la política dé la mejor respuesta a las transformaciones que está produciendo la globalización. La gobernanza multinivel requiere constante implicación y cooperación de todos los actores para gestionar el capital humano que suponen los flujos migratorios y hacerlo en la dirección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esperamos su apoyo a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentadas dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otras dos del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Anuncio de entrada que la primera enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley la damos por retirada, porque en la medida que hemos tramitado más tarde esta proposición no de ley, hemos adaptado la misma, entre otras cosas, al nuevo escenario derivado de la aprobación de la Ley de Extranjería en diciembre del año pasado. Sobre las cuestiones de fondo que ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no tenemos ninguna duda y, por tanto, coincidimos con sus planteamientos, pero sí hemos querido formular una enmienda
que pretende dar respuesta a tres cuestiones distintas. En primer lugar, la necesidad de incorporar en nuestra visión sobre las políticas de integración, de gestión de la diversidad, de fomento de la pertenencia al entorno, la trascendencia de las lenguas. Voy a citar, señor presidente, si me lo permite, a Daniel Cohn-Bendit, el líder francoalemán de los verdes, que además de eurodiputado, también fue adjunto para la diversidad en el municipio de Frankfurt, en Alemania, y que en su libro ¿Qué hacer?, dice: en el equipo municipal de Frankfurt no supimos percibir hasta qué punto era importante el papel de la lengua en el dominio de los códigos -se refiere a los códigos de integración-. En Francia no existen problemas sustanciales en cuanto al idioma oral de la lengua, pero lo esencial es el dominio de la lengua escrita, y en este punto existen diferencias dramáticas en función del grupo del que proviene cada uno. Este problema se minimiza de forma demasiado sistemática. Sin embargo, sin integración lingüística no puede haber igualdad. Esto no debe confundirse con la instrumentalización del aprendizaje de la lengua como condición de entrada en la Unión Europea.
Carentes de los medios necesarios para realizar ese aprendizaje, los inmigrantes se han sumado a las grandes cohortes de desamparados de la sociedad. No se trata solo de una cuestión de política social; una política de igualdad debe ser transversal.
Señorías, como afirma Daniel Cohn-Bendit, el conocimiento de las lenguas que se hablan en España es garantía esencial para la igualdad de los ciudadanos de origen extranjero. Por tanto, incentivar el conocimiento de las lenguas es fundamental en cualquier política de acogida y de integración. Tengo la percepción de que durante demasiados años, por razones diversas, no le hemos dado a las lenguas el valor que tienen en nuestras políticas de integración. En este sentido, en el primer párrafo introducimos esa consideración. Además, señorías, incorporamos otro párrafo donde pretendemos reforzar dos ideas. Una es que esa política pública de cooperación con comunidades, ayuntamientos y organizaciones sociales debe hacerse respetando las competencias que en este ámbito tienen las comunidades autónomas -recordemos que las competencias en acogida y en integración se residencian en buena parte en esos ámbitos-; y, al mismo tiempo, hay que desarrollar el conjunto de previsiones que se han introducido en la última reforma de la Ley de Extranjería. Hablamos en concreto de la emisión de un informe positivo que certifique la asistencia a las acciones formativas en la renovación de la residencia temporal; de la emisión de un informe sobre la integración social del extranjero en materia de autorizaciones por arraigo; de la acreditación de la escolarización de los menores, tanto en la renovación de la autorización de residencia temporal como en su solicitud de residencia de larga duración; de la adecuación de la vivienda familiar en los procesos de reagrupación familiar; y de la aportación del informe emitido por la comunidad autónoma a efectos de acreditar la integración en la sociedad para la concesión de la nacionalidad por residencia. La nueva Ley de Extranjería abre en todas esas previsiones un campo de trabajo muy importante de las comunidades autónomas para fomentar el sentido de pertenencia al entorno a través de mecanismos que en la obtención de la residencia temporal, en la obtención de la residencia de larga duración, en la obtención de la nacionalidad o en el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar establezcan incentivos para los extranjeros para que se incorporen a esta sociedad de acogida. Espero, señorías, que esta enmienda sea aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista porque refuerza y complementa el sentido de su iniciativa.
El señor PRESIDENTE: También hay dos enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las mismas tiene la palabra doña Belen do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Anunciamos la retirada de la enmienda número dos, ya que en este momento no es actual después de la nueva Ley de Extranjería y, sobre todo, porque estaba basada en la tramitación que hace un año se iba a hacer de esta misma proposición no de ley.
Señorías, la proposición no de ley que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista sobre la integración de los inmigrantes es un asunto que también interesa al Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta que los inmigrantes suponen en España el 12 por ciento de la población y el proceso en los últimos cinco años por el que la población extranjera en nuestro país se ha triplicado. Por ello, creemos necesario el fomento de la integración equilibrando, como no podía ser de otra manera, los derechos y las obligaciones de las personas que vienen a nuestro país. De ahí nuestra enmienda en el sentido de que creemos necesario que se apruebe el reglamento sobre integración social de los inmigrantes, estableciendo unos criterios comunes para todas las comunidades autónomas en materia de integración y sin que de ninguna de las maneras pueda suponer un coste adicional para las mismas en este momento de crisis que estamos viviendo y, sobre todo, cuando las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante para lograr la verdadera integración. Es verdad que la crisis económica va a repercutir en todas las políticas que se están llevando a cabo, pero repercutirá más si no viene acompañada de los fondos que estaban previstos. Esto sí que preocupa al Grupo Parlamentario Popular. Queremos una integración en condiciones pero no recortando presupuestos.
He de recordar los recortes que en materia de inmigración se han producido en los últimos años. El presupuesto de las políticas de integración de inmigrantes es un 41 por ciento menor que hace cinco años a pesar de que hay 3 millones de extranjeros más. En la actualidad hay casi 5 millones de extranjeros residiendo legalmente en nuestro país. Como ustedes bien saben, señorías, en el año 2009 el Fondo de acogida e integración de inmigrantes
estaba dotado en los Presupuestos Generales del Estado con 200 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno de la nación en febrero de 2009, con la aprobación del acuerdo del ajuste presupuestario de 1.500 millones, redujo ese Fondo de integración de inmigrantes en 59 millones de euros.
En marzo de 2009, hace ahora un año, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para restituir esos 59 millones de euros que habían sido sustraídos del fondo. Un mes más tarde se aprobó esa iniciativa junto con otra del Grupo Parlamentario Catalán que también pedía la restitución de ese fondo en esta misma Comisión de Trabajo. El Gobierno dio cumplimiento a este mandato y no tuvo más remedio que aprobar su restitución por Consejo de Ministros en abril de 2009. Sin embargo, las comunidades autónomas se quejaron del retraso de la firma de convenios para recibir esas cuantías del fondo. En este año 2010 el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes está dotado en los presupuestos con 100 millones de euros menos que el año anterior, es decir, con una cuantía total de 100 millones de euros. El Congreso también aprobó por unanimidad el pasado 23 diciembre de 2009, después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una proposición no de ley -en este caso del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- con el objeto de incrementar ese Fondo de acogida e integración hasta alcanzar la misma dotación presupuestaria que estaba prevista para el año 2009. Por tanto, el fondo para este año debería estar dotado de 200 millones de euros. Sin embargo, por sorpresa, en conferencia sectorial, se ha recortado el fondo en 30 millones de euros, quedando dotado con 70 millones de euros en la actualidad. El Gobierno, por tanto, ha incumplido el mandato de la Cámara y ha recortado el fondo en 30 millones de euros más, por lo que este fondo se ha reducido un 85 por ciento, pasando de 200 millones a 70.
Digo esto, señorías, porque desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es el propio Gobierno de la nación el que tiene que dar un paso adelante para que esta proposición no de ley no quede en una simple declaración de buenas intenciones, debiendo incluso buscar un sistema de coordinación entre las distintas administraciones públicas, entre las comunidades autónomas, entre los ayuntamientos, entre los cabildos insulares y entre las diputaciones -todos ellos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias- y, como no puede ser de otra manera, también con las propias organizaciones sociales. Defendemos, y por ello está incluido en nuestra enmienda, que en los informes de integración social que van a tener que expedir las comunidades autónomas basándose en lo dispuesto en la propia Ley de Extranjería se establezcan diversos criterios comunes donde se valore -y ahí estamos de acuerdo con la opinión del portavoz de Convergència i Unió en que hace falta también una integración lingüística- el conocimiento del castellano, así como el conocimiento de otras lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde sean oficiales y siempre bajo la premisa de defender el principio de libertad lingüística, entendiendo que de esta manera se asegura la integración de todos en el marco de convivencia y respeto al que se hace referencia en la proposición no de ley que debatimos. La propia exposición de motivos de esta proposición no de ley, donde ustedes mismos reconocen que estamos en una etapa de crisis, afirma que la respuesta tiene que ser firme para mantener y respaldar políticas públicas que fomenten la cohesión social y la integración. Estamos de acuerdo. Pero no entendemos esos recortes del Fondo de acogida e integración de inmigrantes que sirve en realidad para fomentar la integración, que está dirigido a las personas más desprotegidas y que en muchas ocasiones puede evitar conflictos sociales, teniendo en cuenta que el aumento del desempleo entre los inmigrantes alcanza ya el 30 por ciento. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular cree que las políticas de integración son fundamentales para evitar esos problemas de conflictividad entre los ciudadanos y espera que sea tenida en cuenta su enmienda de adición.
El señor PRESIDENTE: Quedan vivas dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. Señora Achutegui.
La señora ACHUTEGUI BASAGOITI: En relación con las enmiendas, esperamos que a lo largo de la sesión lleguemos a un acuerdo con la enmienda número 4, presentada por Convergència i Unió y, en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, vamos a rechazarla de entrada, porque en ningún momento se estaban discutiendo aquí temas presupuestarios sino de política general.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Estamos de acuerdo en términos generales con la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, pero no la votaremos si no incorpora el compromiso respecto a las políticas de integración, que en diversas ocasiones ha propuesto mi grupo parlamentario y que es un compromiso también de carácter presupuestario.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001136.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: Proposición no de ley relativa a la contratación
laboral de trabajadores inmigrantes, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente, señor presidente.
Nuestra iniciativa tiene como origen el escándalo que se produjo en la opinión pública como consecuencia de la situación del accidente laboral del ciudadano boliviano Franns Rilles, que perdió su brazo izquierdo en una máquina de la empresa para la que trabajaba, una panificadora de Gandía. No solo se le dejó a varios metros del hospital y se arrojó a la basura el miembro amputado, sino que supimos que trabajaba doce horas al día por 700 euros y que buena parte de la plantilla de esa empresa estaba en las mismas o similares condiciones, es decir, en condiciones de explotación. Esta iniciativa toma nota de esa situación y plantea, por una parte, su preocupación por la explotación laboral de los inmigrantes -primer aspecto que aparece en la proposición no de ley- y, en segundo lugar -en ese sentido la primera parte es actual y esta segunda es extemporánea-, plantea modificaciones en la Ley de Extranjería, que ya han tenido lugar y que se han producido a lo largo de este año. Por tanto, reconozco que en la presentación de esta iniciativa hay una parte actual, que es la explotación de los inmigrantes y su situación, y otra parte llamémosla más de coyuntura, extemporánea, que es la que promovía modificaciones en el marco de la Ley de Extranjería, que ya se han producido y que, algunas de ellas, afectan al núcleo del problema que hemos planteado, por ejemplo en el artículo 36 y en el artículo 59. Por tanto, reconocemos que eso es así, aunque no den total satisfacción a nuestra posición, que pretendía, por una parte, que las modificaciones hicieran válidos los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, siempre que estas personas cumplieran el requisito de estar empadronadas en los municipios del territorio y, por otra parte, que los contratos que se producían tuvieran el mismo carácter que los contratos no verbales en términos del Estatuto de los Trabajadores.
Como digo, hay algunas cuestiones que se han modificado, ahora bien, lo que nos preocupa son dos aspectos de lo que ocurrió, en este caso en Gandía. Uno de ellos tiene que ver con la lucha contra la explotación de los inmigrantes y la responsabilidad del Gobierno en materia de inspección -creemos que eso sigue siendo actual- y otro de ellos tiene que ver con la situación, no en el caso concreto de Franns Rilles, sino de sus compañeros, es decir, la situación en que quedan sus compañeros después de la sanción correspondiente a la empresa, una situación de indefensión. Nos preocupa esa situación de indefensión, que se puede extender también a lo que se ha denominado en los últimos tiempos, en palabras de la propia secretaria de Estado, irregularidad sobrevenida, es decir, la de aquellos que pierden su empleo y, aunque estén en búsqueda activa de empleo, quedan en la misma irregularidad que aquellos que han venido a nuestro país sin ningún contrato y sin ninguna voluntad de regularización. Nos parece que hay que abordar esa situación y, en ese sentido, planteábamos no solo la necesaria intensificación de la lucha contra la explotación de los inmigrantes, ahora de bastante actualidad con los temporeros -lo vimos ayer y hoy mismo en los medios de comunicación-, sino también esa situación de irregularidad sobrevenida, por la que la secretaria de Estado de Inmigración muestra su preocupación, provocada -dice- por la situación de paro de los inmigrantes que imposibilita la obtención de nuevos documentos y, de esta forma, caen de nuevo en la irregularidad. La propia secretaria de Estado plantea que estudiará el margen que tiene en el desarrollo de la ley, en el reglamento, para abordar esto, porque se cometería un error si se permite que estos inmigrantes caigan en situación de irregularidad, y habla incluso de un periodo puente. Nosotros queremos plantear, como digo, este tema en nuestra iniciativa, que en una parte pretendía la modificación de la Ley de Extranjería, y que en artículos de la Ley de Extranjería esos temas ya están abordados, pero que en otra parte plantea la lucha contra la explotación y la situación de los trabajadores en irregularidad sobrevenida. En ese sentido, hemos visto una posible transacción con el Grupo Parlamentario Socialista, que nos parece satisfactoria.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentadas dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Tomo la palabra en nombre de mi grupo para fijar posición respecto a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la contratación laboral de trabajadores inmigrantes. No solo voy a fijar la posición de mi grupo sino también voy a hacer defensa, como no podría ser de otra manera, de la enmienda de modificación que ha presentado nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular.
Señor presidente, si bien estamos de acuerdo con el fondo de esta iniciativa, no podemos estar de acuerdo con la forma. Somos conscientes de que hoy en España existen alrededor de 530.000 extranjeros empadronados pero en situación irregular, 530.000 personas que sufren al ser contratados irregular e ilegalmente. Además, esas contrataciones ilegales nos llevan hoy a un incremento de la economía sumergida que atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Estos trabajadores han venido a nuestro país buscando una vida mejor y en muchas ocasiones se abusa de ellos con unas condiciones laborales ilegales e irregulares, unos salarios tremendamente precarios, desgraciadamente dando lugar al tráfico y a la trata de personas con fines de explotación
laboral. Pero, como decía, no podemos estar de acuerdo con la forma. Desde nuestro grupo hemos expresado por activa y por pasiva en muchísimas ocasiones que no se puede contratar de forma irregular a ningún ser humano, que debemos perseguir con todos los medios a nuestro alcance este tipo de contrataciones y esta utilización de los que quieren buscar una vida mejor. No solo lo dice nuestro grupo parlamentario, lo dice la sociedad en general y las distintas organizaciones no gubernamentales de personas inmigrantes que existen en España. Junto con ellos queremos defender y seguiremos defendiendo que la inmigración debe ser legal y ordenada, por lo que consideramos que todo inmigrante debe venir a trabajar a España con un contrato en origen, con las excepciones de los visados de búsqueda de empleo, de reagrupación familiar o, una vez que han pasado los tres años, se puedan acoger a la figura de arraigo, que viene regulada perfectamente en el reglamento de extranjería. Estamos convencidos, sin duda alguna, de que estos mecanismos favorecen la integración de las personas que vienen a España con intención de trabajar y alcanzar mayores cotas de bienestar para ellos y sus familias, y que también son una herramienta eficaz para ordenar, como no puede ser de otra manera, el flujo migratorio, adaptándonos a la realidad socioeconómica actual y sentando las bases para un desarrollo social sostenible. Todo esto no se da con la forma en la que se ha presentado esta iniciativa. Desde nuestro grupo consideramos que la fórmula por la que se ha optado en esta proposición no de ley podría provocar la desaparición de la figura del arraigo, y fomentar la contratación irregular que en nuestra opinión solo debería darse con la excepción de dicha figura. Entendemos que es una fórmula en la que se aboga un poco por el todo vale, y que por tanto, lejos de acabar con las contrataciones irregulares y con la economía sumergida, desgraciadamente desde nuestro punto de vista las fomentaría aún más. Por todo ello desde mi grupo parlamentario hemos presentado una enmienda de modificación del texto, en la que proponemos que se establezcan los mecanismos necesarios de control para que los extranjeros que vengan a residir a nuestro país sean contratados en origen o tengan un visado de búsqueda de empleo, tal y como establece la última reforma de la Ley de Extranjería, incluyendo que también puedan venir a nuestro país los extranjeros que cumplan con los requisitos de reagrupación familiar.
Termino, señor presidente. Estamos convencidos de que una correcta regularización de las contrataciones de los trabajadores inmigrantes favorece no solamente a estos trabajadores, que disfrutarían de todos sus derechos, sino también al resto de los trabajadores y al sistema en general. Estaríamos luchando contra la economía sumergida y sus negativos efectos en la sociedad, y realmente estaríamos luchando contra la contratación ilegal y la violación de los derechos humanos de los trabajadores extranjeros.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María del Mar Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Analizamos esta mañana una proposición no de ley que trata sobre el trabajo irregular de trabajadores inmigrantes, y que saca a la luz una realidad condenable como es la explotación laboral en la que en ocasiones -como en el caso que da origen a esta proposición- refleja lo peor de la condición humana. Estas relaciones labores se caracterizan por los horarios abusivos, la merma en los salarios, la falta de medidas de seguridad en el trabajo, las condiciones laborales infrahumanas, el encuadramiento en un régimen distinto de la Seguridad Social, etcétera. En este contexto, el tener una situación administrativa irregular, el temor a la expulsión, el desconocimiento de los derechos y la necesidad de trabajar para subsistir por carecer de rentas son factores que colocan a estos trabajadores en una posición de dependencia y especial vulnerabilidad. En estas situaciones es más que probable cruzar la línea entre una infracción del orden social y una conducta delictiva que atenta contra los derechos de los trabajadores. La explotación laboral tiene consecuencias evidentes para las víctimas, pero también para el conjunto de la sociedad, como son el fraude fiscal asociado a la economía sumergida y la ruptura de la cohesión social.
Desde la presentación de la proposición no de ley han tenido lugar una serie de hechos que no se pueden pasar por alto. En primer lugar, la reforma del Código Penal que a iniciativa del Gobierno tipifica por primera vez el delito de trata de seres humanos, con la finalidad de explotar laboralmente a las víctimas. En segundo lugar, la reforma de la Ley de Extranjería, diseñada a partir del acuerdo y consenso político y social, refleja como actuaciones prioritarias en la política de inmigración, en primer lugar, la regulación de los flujos migratorios vinculándolos al mercado de trabajo, el refuerzo de la lucha contra la inmigración irregular, y la promoción de las políticas de integración. En este sentido le doy la bienvenida a la portavoz del Grupo Popular porque, no habiendo apoyado la reforma de la Ley de Extranjería, ahora le parecen bien todos los puntos que se incluyen en la misma. Con la Ley Orgánica 2/2009 hemos conseguido pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración, con un enfoque integral que permite desarrollar una política migratoria sostenible e integradora, todo ello además coherente con la legislación europea y también con la Constitución española. Esta política de inmigración vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado laboral, y por ello se regula con mayor concreción la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y se limitan las autorizaciones iniciales a una ocupación y a un territorio determinado.
Por otra parte, en la ley también se refuerzan los instrumentos para luchar contra la explotación de los trabajadores
inmigrantes, estableciendo más rigor en las sanciones previstas por la contratación de trabajadores sin autorización de trabajo y por incumplimientos del empleador, y se hace por la incorporación de la Directiva 2009/52, en consideración de que la contratación irregular es uno de los factores que fomenta la inmigración irregular en la Unión Europea, poniendo la atención no en el trabajador extranjero que es en definitiva la víctima, sino en el empresario que se aprovecha de la situación de irregularidad. Esta reforma también recoge por primera vez -y es preciso destacarlo- un aspecto importante: la posibilidad de documentar a las víctimas de trata y a las de explotación laboral cuando colaboren con las autoridades, como queda recogido en el punto 4 del artículo 59 bis. En tercer y en último lugar, en la actualidad se está trabajando en el desarrollo reglamentario de la ley orgánica con los agentes sociales en la mesa del diálogo social para la inmigración.
Una vez que hemos centrado el tema, en cuanto al contenido de la PNL y en relación con la posible situación de desprotección del trabajador, instando al Gobierno a realizar modificaciones normativas con la finalidad de que sean válidos a todos los efectos los contratos de trabajo, es necesario apuntar la modificación que se contempla en la nueva Ley Orgánica 2/2009, en su artículo 36.5, al que también ha hecho mención el señor Llamazares. En dicho artículo se establece "la carencia de autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero". Es preciso recordar también que España ha ratificado el convenio número 19 de la Organización Internacional de Trabajo, relativo a la igualdad de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros, en materia de indemnización por accidentes de trabajo. Asimismo el actual marco jurídico español contempla procedimientos especiales de regularización individual a través de la vía del arraigo, que permiten abordar de un modo ordenado y selectivo situaciones personales que requieren un tratamiento diferenciado. Por todo lo cual cabe concluir que el objeto de la PNL en cuestión ha sido recogido ampliamente en la Ley Orgánica 2/2009.
Sin embargo, siendo conscientes de que la situación actual puede crear entornos propicios para una situación de explotación laboral -y lo vimos ayer mismo en los medios de comunicación y lo comentamos el señor Llamazares y yo-, estos hechos preocupan -y mucho- al Grupo Parlamentario Socialista, y espero que también al resto de los grupos de la Cámara, y por ello hemos presentado una enmienda de sustitución en el sentido de instar al Gobierno a reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en aquellos sectores y zonas geográficas más susceptibles de que se produzcan episodios de explotación laboral a trabajadores extranjeros, poniendo especial atención a la situación personal de las víctimas. También se insta a contemplar en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, la especial situación personal a las víctimas de la explotación laboral. Con esta enmienda hemos llegado a una transaccional con el grupo proponente y aunque no había sido objeto de la PNL, también mi grupo ha considerado necesario e importante introducirla en el debate de esta mañana, en el sentido de que insta al Gobierno a estudiar la situación de irregularidad sobrevenida de los trabajadores extranjeros que han perdido su empleo y que se encuentren en una situación de irregularidad sobrevenida; hay que estudiar esta situación para buscar una respuesta adecuada a los mismos.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Seré muy breve, señor presidente. Me parece que todos compartimos las cuestiones de fondo que plantea la iniciativa del señor Llamazares, muy especialmente cuando él mismo hacía referencia a los dramáticos sucesos de Gandia de hace un cierto tiempo. Espero que la transacción que el señor Llamazares alcance con el Grupo Socialista permita, en primer lugar, adecuar la solución que planteemos a los problemas de explotación laboral, de economía sumergida, de inmigración irregular, de irregularidad sobrevenida al nuevo marco legal que se deriva de la aprobación de la ley, en diciembre del año pasado; en segundo lugar, que estas soluciones que se planteen en el texto transaccional puedan trasladarse al reglamento que va a desarrollar la ley, especialmente en la cuestión de la irregularidad sobrevenida, seguramente uno de los principales retos en términos de gestión administrativa de la inmigración, y finalmente que las soluciones que se puedan articular pongan el acento, en primer lugar, en la necesidad de combatir la economía sumergida como mecanismo para combatir la inmigración irregular, en segundo lugar en la canalización por las vías legales de los flujos migratorios de carácter laboral, y en tercer lugar en las salidas excepcionales en función de la situaciones de explotación laboral que puedan vivir las personas en situación irregular y que estén de hecho trabajando. Si la transacción va en esa dirección va a contar con el apoyo de Convergència i Unió.
- SOBRE MEDIDAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE POLÍTICA MIGRATORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001558.)
El señor PRESIDENTE: Punto 5.º del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para fortalecer la capacidad de actuación de los ayuntamientos en materia de política migratoria, presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió presentó a principios del mes de marzo de este año una proposición no de ley en esta Comisión que pretende establecer una serie de prioridades de política pública y de carácter legislativo y presupuestario, en materia de medios y capacidades de los ayuntamientos para gestionar sus políticas de inmigración. Al menos en Cataluña diversos municipios, en diversas circunstancias y fruto de diversas situaciones, están respondiendo de manera distinta a los retos que plantea la gestión de la diversidad, pero en todo caso evidenciando la insuficiencia de los recursos materiales con que los ayuntamientos deben hacer frente al aumento de la población de origen extranjero en su término municipal, con un marco legal no suficientemente claro para gestionar esa realidad, y con un sentimiento muy extendido entre la ciudadanía de descontrol de la política de inmigración y de incumplimiento de la legislación. Durante estos once años de boom del fenómeno migratorio en España los ayuntamientos han tenido que hacer frente con medios escasos a un rápido crecimiento de su población, a un incremento de las necesidades vinculadas a los servicios a las personas, y a un incremento de las necesidades en materia de asistencia social, todo ello sin medios materiales, humanos o políticos para hacer frente a esta situación.
Podemos decir, a pesar de la existencia de problemas y de incidentes a lo largo de estos años, que el sentido común de la gente ha funcionado, que el esfuerzo de parte de la sociedad civil organizada ha permitido recepcionar de manera adecuada esta realidad, y que el propio esfuerzo de estas administraciones locales, insisto, ha permitido que toda esta realidad poco o mucho se fuese acomodando con una cierta normalidad. Pero hoy sabemos que en el contexto de la crisis todo esto es mucho más difícil, y que en la medida en que no resolvamos los problemas de fondo van a existir problemas de convivencia, de relación entre vecinos de orígenes distintos, y pueden existir problemas de cohesión social. Por ello hay que dotar a la Administración local de los instrumentos legales, presupuestarios y de políticas públicas que le permitan gestionar esa realidad, porque aquello que no ha sucedido durante los años del crecimiento económico -problemas de convivencia, de falta de cohesión social- puede suceder en estos tiempos de dura crisis económica que estamos viviendo. Los incidentes, las polémicas que se han vivido al menos en Cataluña en estos primeros meses del año 2010 nos indican señales de alarma en diversos municipios de Cataluña, donde la presencia de población extranjera es sustancial y donde los ayuntamientos, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando, no cuentan con esos medios materiales y presupuestarios para hacer frente a esa situación.
La iniciativa de Convergència i Unió se focaliza en dos cuestiones: medios presupuestarios y medios legales de gestión del padrón. En cuanto a los medios presupuestarios nosotros, creo que como todos los grupos, hemos valorado siempre muy positivamente la creación del Fondo estatal de acogida, integración y refuerzo educativo para las personas inmigradas.
Ha sido un buen instrumento para dotar de más medios a los ayuntamientos para hacer frente a esa situación, un instrumento insuficiente, porque no iba al fondo de la cuestión, que no es otro que la financiación de la Administración local, pero que ha permitido desarrollar durante estos años algunas políticas públicas. Ese fondo ha sido sustancialmente reducido -a la mitad- en la Ley de Presupuestos para este año 2010, y posteriormente, en el marco de las medidas de ajuste presupuestario que el Gobierno tomó, fue de nuevo reducido en 30 millones de euros, figurando hoy una partida de 70 millones de euros, cuya distribución por cierto fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Ese fondo que, insisto, ha sido un instrumento que ha acompañado desde 2005 a los ayuntamientos en este proceso de acogida e integración de la inmigración, hoy cuenta con menos medios, justamente cuando esos medios materiales y presupuestarios son más necesarios que nunca. Nos ha parecido una grave irresponsabilidad y de una enorme miopía política la decisión del Gobierno de rebajar a la mitad esas cuantías en el presupuesto de este año, y volver a rebajarlo a principios de este año en el contexto del ajuste presupuestario, sin obviar además que en dos ocasiones distintas la Cámara ha aprobado sendas resoluciones, una primera mandatando al Gobierno a resituar la cifra para 2010 en la prevista para 2009 -200 millones de euros-, y una segunda resolución reclamando que ese recorte anunciado de 30 millones de euros no se hiciese efectivo. Esas dos propuestas, aprobadas si no recuerdo mal a iniciativa de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, han sido incumplidas por el Gobierno, de ahí que mi grupo reclamase la necesidad de mantener esas previsiones presupuestarias, inicialmente la previsión presupuestaria para 2009 de 200 millones de euros.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de establecer algún tipo de fondo específico para los municipios con un mayor número de concentración de población extranjera. Buena parte de las necesidades se concentran en aquellos ayuntamientos donde en determinados barrios la concentración de personas de origen diverso acentúa las necesidades de todo tipo.
Finalmente establecemos la necesidad de que en la nueva financiación municipal el factor migratorio se tenga en cuenta, porque nos parece que, en esa necesaria adecuación de la financiación municipal a las competencias reales que están ejerciendo los ayuntamientos, los factores vinculados a la gestión de la diversidad, a las políticas de acogida e integración deben tener un respaldo económico suficiente. Si atribuimos a los ayuntamientos la principal responsabilidad en la gestión de la vida cotidiana de las
personas, la gestión de la convivencia, la superación de los conflictos, la articulación de políticas que faciliten la incorporación al entorno y que fomenten el sentimiento de pertenencia, como se apuntaba en un texto que hemos debatido hace escasos minutos, esos ayuntamientos deben tener los medios materiales para poder desarrollar estas políticas.
Este es un primer paquete de este texto. Pero además nos parece absolutamente necesario que en uno de los principales instrumentos de política pública migratoria, que es el padrón, los ayuntamientos tengan un marco legal que les permita, por un lado, hacer frente a los problemas vinculados al padrón, fundamentalmente problemas de sobreocupación, de infravivienda, de falsificación de datos para empadronarse, y por otro lado, el establecimiento de criterios comunes y consensuados de los ayuntamientos a la hora de empadronar a los inmigrantes residentes en su municipio. Algunos de los debates formulados durante estas últimas semanas han evidenciado que en este ámbito existen problemas que han sido reconocidos por el propio Gobierno. A principios de este año la anterior secretaria de Estado de Inmigración, la señora Rumí, en declaraciones en diversos medios de comunicación reconocía la existencia de problemas en este ámbito y afirmaba que sería necesario, en el marco de una nueva ley de bases de régimen local o incluso en el desarrollo del reglamento de extranjería, establecer criterios en materia del padrón. Y en esta Comisión, en la última comparecencia de la nueva secretaria de Estado, la señora Terrrón nos dijo que en la nueva regulación de la Ley de Bases de Régimen Local se iban a abordar cuestiones vinculadas al padrón. Por tanto, medios materiales y presupuestarios para hacer frente a esas necesidades y medios legales para gestionar adecuadamente los problemas vinculados al padrón que hoy en muchos ayuntamientos forman parte de una preocupación en materia migratoria.
Desde la convicción, y termino, señor presidente, de que si no queremos generar en los próximos meses una crisis social derivada de los problemas de cohesión, entre otras cuestiones vinculadas al aumento de la diversidad en los barrios de las grandes ciudades, en los barrios de ciudades medianas, pero con un alto porcentaje de población de origen extranjero, necesitamos garantizar que los ayuntamientos tengan los medios suficientes para poder desarrollar estas políticas. Mi grupo ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en esta materia, que se fundamenta en un punto de buena fe por nuestra parte, porque es evidente que hemos reclamado el mantenimiento de determinadas partidas presupuestarias en dos ocasiones, y el viernes pasado el Consejo de Ministros lo que aprobó fue lo que aprobó, tan solo el reparto de 70 millones de euros del Fondo de acogida. El texto que se va a someter a votación parte del mantenimiento de los 100 millones para este año 2010, tal como figuraba en el presupuesto, sin que en ningún caso eso implique renunciar al cumplimiento de las otras mociones que se han aprobado en la Cámara, y que mandataban al Gobierno a mantener una partida de 200 millones de euros, tal como figuraba para 2009. Mantener esa referencia para nosotros es una cuestión de principios y de respeto al trabajo parlamentario y a las resoluciones que se aprueban en esta Cámara. En todo caso, el texto acordado con el Grupo Parlamentario Socialista satisface nuestras pretensiones en la medida en que se reconoce esa cuestión. Se incorpora claramente un mandato para que la inmigración se incorpore en la nueva ley de haciendas locales, y para que también se incorporen los problemas vinculados al padrón en el marco de revisión de la legislación de carácter local, y por tanto avance en una línea estructural para resolver los problemas vinculados a la gestión de la inmigración en los municipios.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Cuando hablamos de una situación tan peculiar y heterogénea como es la inmigración en nuestro país resulta vacío referirnos a ella solamente a través de cifras y porcentajes. Lo sabemos muy bien porque yo, por ejemplo, compatibilizo el trabajo de diputada nacional con el de concejala en el Ayuntamiento de Valencia, y además soy la responsable entre otras cosas de las políticas de inmigración. Por tanto, hablar de inmigración en España es hablar de un mosaico de circunstancias personales que difícilmente pueden meterse todas ellas en un mismo saco o en un mero porcentaje. Nada tienen que ver una presencia mayoritaria de población extranjera legal y una presencia con predominio de personas en situación irregular; también la edad es determinante. Qué diferente es para un ayuntamiento atender la llegada de nuevos ciudadanos solteros, y principalmente varones, a todo lo que conlleva la llegada de familias con menores. Las condiciones para la integración también son totalmente diferentes si la mayoría de los recién llegados comparten idioma y raíces culturales frente a aquellos que no, y por supuesto en cuanto a los motivos y las razones que han provocado ese movimiento migratorio sería absurdo equiparar los que están provocados por aspectos económicos con aquellos realizados en otras circunstancias. Nada tiene que ver, por ejemplo, la situación de una persona magrebí que se desplaza a nuestro territorio con un carácter temporal, para trabajar en la cosecha de la uva, la fresa o la recogida de la naranja con la situación que vive una familia recién llegada desde Latinoamérica, con el fin de establecerse de una forma definitiva en nuestro país, y que requerirá de otro tipo de prestaciones, sociales, sanitarias y educativas. Algo extrapolable también si, por ejemplo, hablamos de personas llegadas de Asia, que tienen una situación social diferente y que reúnen peculiaridades muy distintas al resto de personas inmigrantes. No solo es una cuestión de procedencia, sino que a veces afecta a la cuestión de género. Dentro
de una misma nacionalidad todo ello requiere abordajes e intervenciones muy diferenciadas.
Desde el Grupo Parlamentario Popular habíamos presentado dos enmiendas de supresión respecto a los puntos uno y dos, y otra de modificación respecto a otro punto, en las que apostamos por establecer mecanismos de vinculación de las bases de datos del padrón con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y digo habíamos porque inicialmente Convergència i Unió había presentado una PNL con cinco puntos muy concretos que el portavoz de Convergència se ha encargado de explicar.
Pero de repente, inexplicablemente en el último momento -aunque algo similar ocurrió en el Pleno del mes de abril con el Esquerra Republicana de Cataluña y el señor Tardá-, Convergència i Unió ha decidido retirar todas los puntos de su PNL iniciales, y los ha sustituido por otras propuestas que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular desvirtúan totalmente el espíritu inicial de esa PNL que presentó Convergència i Unió. No tienen nada que ver las propuestas iniciales de Convergència i Unió con las propuestas nuevas recogidas en la enmienda de sustitución que, como ha explicado el señor Campuzano, ha pactado con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué ese cambio, señor Campuzano? Usted, al igual que antes en el Pleno del mes de abril el señor Tardá, se vuelve a convertir en cómplice del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué aceptan bajar su propuesta inicial que aparecía en su PNL para dotar al Fondo de acogida e integración de los inmigración de 200 millones, y ahora garantizan solo la dotación de 100 millones? ¿Es así como ustedes favorecen la integración de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país? ¿Es así, señor Campuzano, cómo apoyan ustedes a los ayuntamientos gobernados por Convergència i Unió? ¿Qué opina su partido, Convergència i Unió? ¿Qué opina el Ayuntamiento de Vich?
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos cerca de todos los ayuntamientos, conocemos sus dificultades y sabemos que cada ayuntamiento de nuestro país conoce la idiosincrasia que su población inmigrante lleva consigo. En muchas ocasiones con escasos medios y con escaso tiempo, pero se ha trabajado con éxito en la mayoría de ellos, solo hay una forma de seguir manteniendo esa línea y es restituyendo el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes hasta alcanzar las mismas dotaciones presupuestarias que en el año 2009, es decir, los 200 millones de euros, porque el Gobierno socialista insiste por todos los medios en recortar ese fondo. (El señor de la Rocha Rubí: Más déficit.) El primer intento ya lo llevó a cabo en el año 2009, y el Grupo Parlamentario Popular consiguió bloquear esa decisión presentando una PNL, que afortunadamente consiguió el apoyo de la Cámara. La segunda ofensiva del Gobierno contra este fondo se llevó a cabo en la elaboración de los presupuestos del año 2010 en los que aparecía reducido este fondo a 100 millones. Luego el Partido Socialista, el Gobierno, en la Conferencia Sectorial de Inmigración anunció la rebaja de esos 100 millones; los dejó en 70 millones, reduciéndolos en 30 millones. Vemos que el Grupo Socialista intenta reducir esta cantidad destinada a las personas inmigrantes. Además, quiero recordarles que todo este tema ya se debatió en un Pleno en el mes de diciembre, y que se aprobó que se mantuviera la cantidad de los 200 millones.
Si el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero sigue en su empeño y ustedes, señores de Convergència i Unió, no rectifican, pensamos que serán muchas las administraciones locales que se verán obligadas a eliminar o recortar servicios o programas que garantizaban la integración de los recién llegados. Realmente cuesta creer que quienes promulgaban papeles para todos, quienes consiguieron que en el año 2006 nuestro país se convirtiera en el primer país receptor de personas inmigrantes de toda la Unión Europea, sean ahora los que decidan recortar drásticamente los fondos que permitían la atención de todas estas personas desde los ayuntamientos, administraciones que por cierto tuvieron que asumir responsabilidades más allá de sus competencias.
El Gobierno de España ha dado la espalda a aquellos a quienes alegremente invitó a venir hace unos años a través de regularizaciones masivas. El efecto llamada de aquella decisión puso a España en el destino de las vidas de miles de personas, que la idealizaron como tierra prometida, y quizá entonces lo fuera gracias al legado dejado por ocho años de Gobierno popular, pero desgraciadamente ahora, tras seis años de Gobierno socialista, nos encontramos en la crisis económica más grave de toda nuestra historia democrática. Y ahora, cuando sabemos que la crisis económica está afectando con dureza a la población inmigrante, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero decide recortar las ayudas a la acogida y a la integración, y ustedes apoyan ese recorte a los ayuntamientos. Sin duda, una medida irresponsable e incoherente, como lo es el hecho de que de forma paralela se estuviera decidiendo la reducción de este fondo y aprobando una nueva ley de extranjería en la que expresamente, en su artículo 14, se establece que los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a las prestaciones sociales básicas, una competencia que por ley corresponde a los ayuntamientos y que ahora se enfrentan a una dotación económica notablemente reducida. La disminución de este fondo será una solución difícil para los ayuntamientos, pero más difícil será para aquellos que disponían de programas que permitían la presencia de niños extranjeros en las aulas sin que supusiera ningún lastre para su educación; también será difícil para quienes disponían de sistemas de información, de asesoramiento, de formación. ¿Qué va a pasar ahora con todos estos programas de integración cultural, de participación ciudadana, en suma, todo el trabajo que se está realizando desde los ayuntamientos y que ha permitido que, a pesar del súbito y extraordinario incremento de la población extranjera en nuestro país, los problemas de convivencia hayan sido
escasos y puntuales? Señorías, la responsabilidad y la coherencia son dos valores que deben prevalecer en un gobierno y el que ahora se ocupa del destino de los españoles está demostrando carecer de ambos, al igual que los grupos que le apoyan. (Rumores.-Varios señores diputados: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado también una enmienda. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Remedios Elías.
La señora ELÍAS CORDÓN: Señorías, quiero hacer precisiones en lo que se refiere a las críticas a la política migratoria de la exposición de motivos de la proposición no de ley, pero no precisamente porque sea la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, sino por aclarar a los demás grupos políticos la política migratoria del Gobierno socialista.
En primer lugar, conviene señalar que la política migratoria del Gobierno es una política integral que tiene en cuenta los múltiples aspectos del complejo fenómeno de la inmigración, con un objetivo muy claro, que la llegada de los extranjeros en España se produzca de forma legal y ordenada, facilitándose con ello su integración y el pleno ejercicio de los derechos que le corresponden. Así, en concreto, cabe señalar que la política de inmigración tiene entre sus principales objetivos la determinación de la capacidad de acogida de trabajadores extranjeros conforme a las necesidades del mercado laboral. Y para conseguir dicho objetivo se ha regulado la gestión y ordenación de los flujos migratorios, poniendo a disposición de trabajadores inmigrantes y empresarios unos canales estables para el acceso ordenado y regular a nuestro mercado laboral, no estableciendo un cupo, una cantidad fija, sino que se han establecido instrumentos flexibles que en momentos de crisis, cuando el incremento del desempleo exige limitar la contratación en origen, favorecen la contratación de trabajadores del mercado interno, tanto nacionales como extranjeros.
Pero, junto con la inmigración legal y ordenada y los indudables beneficios que supone, tanto para las personas que emigran como para los países que les acogen, convive el drama humano de la inmigración ilegal, tanto en los casos de llegadas irregulares, eludiendo los controles y procedimientos normativamente establecidos, como en los supuestos de entradas legales de quienes llegan a España por vía aérea o cruzando el territorio de otros Estados del espacio Schengen, para después devenir en mano de obra irregular. El Gobierno considera como un elemento crucial en materia de control de los flujos migratorios y lucha contra la inmigración irregular atajar las causas desde su origen, es decir, en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, lo que exige fomentar una cooperación creciente y avanzar en el logro de instrumentos bilaterales o multilaterales, que articulen esa cooperación con las autoridades de los países de origen. Por ello el Gobierno está dedicando notables esfuerzos a aumentar al máximo posible el número de países con los que España tenga firmado un convenio, en el que entre otros aspectos se aborde la cuestión relativa a la readmisión, teniendo especialmente presentes a aquellos países que son principales puntos de origen de inmigración irregular hacia el nuestro, para agilizar y facilitar la ejecución de las medidas de repatriación que se pudieran adoptar, así como el refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de luchar contra la explotación laboral y la contratación de inmigrantes clandestinos.
En cuanto a las cuestiones que se solicitan en esta proposición no de ley quiero comentarle al señor Campuzano -luego contestaré a la señora Torrado- que el Grupo Socialista, conocedor de los problemas que tenían y tienen los ayuntamientos por el problema migratorio y preocupados por el tema de su integración, impulsó junto con Esquerra Republicana el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como para su refuerzo educativo, que fue recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2005. Un fondo que nunca antes había existido, pero que ha supuesto casi 1.000 millones de euros en estos cinco años, señora Torrado, algo de política migratoria hemos hecho. El Gobierno socialista ha puesto estos 1.000 millones a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que constituyen la prueba más contundente del compromiso de este Gobierno con una auténtica política de integración.
Además de este fondo de apoyo también en 2005 se inició una nueva línea de cooperación con la Administración local, mediante convocatoria de subvenciones dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades y comarcas con unos requisitos previos establecidos, que han supuesto casi 40 millones de euros, para financiar programas innovadores en materia de integración de inmigrantes.
En cuanto al apartado 3 de esta proposición no de ley, el Gobierno a pesar de la crisis sigue garantizando la protección social a los grupos más vulnerables, reforzando los servicios públicos de todos los ciudadanos, y especialmente de los inmigrantes, para facilitar su incorporación a la sociedad española. Sin embargo, la coyuntura económica actual ha conllevado la adopción de ajustes presupuestarios que han afectado a la dotación presupuestaria del Fondo 2010. En este punto le quiero aclarar, señor Campuzano, que el Consejo de Ministros aprobó los 70 millones de euros el pasado viernes por motivos de ejecución, simplemente por eso, porque vayan adecuándose ya las políticas de inmigración. No obstante, tiene previsto, tal como se aprobó el pasado 21 de abril, que se llegue a los 100 millones de euros, que son los que en principio se habían aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
En el punto número 4, en cuanto a los cambios legales necesarios para el tema del padrón, queremos aclarar que la Ley reguladora de las bases del régimen local establece claramente cuál es la finalidad del padrón municipal.
El artículo 16 de la ley lo configura como un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, como consecuencia de la obligación impuesta en el artículo 15 de que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Esto es, vincula la obligación de inscripción a un dato puramente fáctico cual es el de la residencia habitual. Es por tanto un registro de la población del municipio que otorga la condición de vecino a los inscritos en el mismo. La ley contempla en el artículo 16.2 los datos obligatorios que han de constar en la inscripción del padrón.
Se trata de datos relativos fundamentalmente a la identificación de la persona, al domicilio, a la titulación académica y a cuantos otros datos sean necesarios para la elaboración del censo electoral. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Por lo que se refiere a la cuestión de imposibilitar y sancionar el uso fraudulento del padrón, la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su modificación por la Ley Orgánica 2/2009, establece en su artículo 53.2, letra d) que constituye infracción grave en materia de extranjería consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, por lo que se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.
En cuanto al punto 5 de la proposición no de ley, la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, creó el Consejo de Empadronamiento, órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los entes locales en materia padronal. Entre sus funciones se encuentra la de proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. Por ello constituye el marco adecuado para resolver cualquier cuestión que se plantee en materia padronal, lo que incluye aclarar cuantas dudas puedan surgir en la interpretación de la normativa vigente y proponer los criterios comunes que deben seguir los ayuntamientos. Aun así, el Ministerio de Política Territorial está ultimando el anteproyecto de ley de gobierno local, que intenta dar respuestas técnicas a los distintos problemas que se han puesto de manifiesto en la gestión diaria del padrón municipal por los ayuntamientos como los apuntados en esta proposición no de ley.
En conclusión, señor Campuzano, el Grupo Socialista conoce perfectamente cuál es la situación de los ayuntamientos que soportan un mayor índice de inmigración. Lo conozco personalmente porque en mi zona de La Rioja baja tenemos ayuntamientos con más de un 33 por ciento de inmigración, que son gobernados por socialistas y con una comunidad que no trata a todos los ayuntamientos por igual, por lo que tienen muchas dificultades, pero ningún problema -también se lo digo- en la integración de los inmigrantes en su ciudad, en su pueblo. Presentamos esta enmienda con toda la seriedad y responsabilidad que requiere el tema que estamos tratando, pero situándonos también en la realidad de la situación coyuntural de crisis que existe en nuestro país. Espero que podamos consensuar la mejor propuesta posible para que los ayuntamientos puedan seguir manteniendo la cohesión entre sus ciudadanos. Quiero terminar agradeciendo al señor Campuzano la responsabilidad que muestra en todas sus intervenciones, especialmente hoy que ha sido atacado fuertemente por el Partido Popular.
El Partido Popular se tiene que preguntar por qué está solo. Está solo por su política de aislamiento total, sobre todo en política migratoria.
Durante sus ocho años de gobierno no han hecho nada porque para ustedes los inmigrantes eran invisibles, y eso suponía que estaban trabajando pero no tenían ningún derecho reconocido. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular durante sus ocho años de gobierno. Ahora se pregunta por qué llegamos a acuerdos con otros grupos políticos. Se tendrán que preguntar ustedes por qué; no se lo tienen que preguntar a los demás si no a ustedes mismos (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Rectificar es de sabios.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el señor Campuzano ya ha hablado en su intervención de una transaccional, así que perfecto. (Risas.)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001624.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden día. Proposición no de ley para evaluar el proceso de integración de las segundas generaciones.
Es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa y exposición de la misma tiene la palabra doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señorías, como soy una optimista integral, diría que en el tema del fenómeno migratorio hoy debemos contemplar el vaso medio lleno, es decir, se ha trabajado mucho durante estos diez últimos años, se ha recorrido un camino y hoy podemos decir que estamos en la fase de integración y acomodación de las personas extranjeras en el territorio. Por tanto, podemos hablar de ciudadanos. Muy pronto vamos a poder disponer de los datos evaluativos del primer Plan estratégico de ciudadanía e integración que concluye a finales de 2010 y que en su contenido estaba fijando como objetivos principales analizar y poder evaluar todo el tema relacionado con la integración de la inmigración. Lo cierto es que este plan, por sus características de perfil más generalista, no ponía el acento en las segundas
generaciones, seguramente porque este no era el elemento fundamental que debiera ser observado en esta etapa 2007-2010. Hoy día, esto se ha convertido en un objetivo de primer nivel ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia de asentamiento y consolidación en nuestros barrios y ciudades de niños y niñas reagrupados, nacidos fuera de nuestros países y que se han incorporado de manera tardía a nuestro sistema de convivencia y de ciudadanía. Desde mi punto de vista, es ahí donde nos jugamos el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque es en estos momentos, en estas segundas generaciones, en los hijos de los inmigrantes que llevan ya tiempo residiendo en España, donde se está fraguando lo que va a ser la sociedad dentro de cinco, diez o quince años. Ellos van a ser nuevos españoles sin distinción y van a constar en nuestro padrón como personas de origen extranjero, pero ya residentes y la mayoría de ellos nacionalizados, por lo que van a tomar el relevo de generaciones actuales. Esto hace que veamos esta cuestión como algo fundamental. ¿Qué pasa con su proceso de integración? ¿Cómo está yendo su llegada al nuevo nido familiar? Por ejemplo, conozco casos cerca de donde resido, en Santa Coloma de Gramanet y Barcelona, de niños y niñas nacidos en China, criados por sus abuelos, que llegan a España, niños de 10 y 12 años con capacidades cognitivas muy importantes y con un nivel de desarrollo en matemáticas y otros conocimientos técnicos estupendos, pero con grandes dificultades en las áreas de lenguaje y humanidades, con auténticas dificultades a la hora de poder establecer pautas comunicativas. En este aspecto ya se ha hecho mucho trabajo, pero no tenemos idea de lo qué va a pasar, de cuáles son sus historias personales, sus procesos de adaptación. Hablamos del caso de niños y niñas chinos, pero podríamos hablar de los niños y niñas de procedencia latinoamericana, que no tienen el obstáculo del idioma pero desconocemos los roles familiares, su presencia en el espacio urbano y el establecimiento de relaciones con otros niños; desconocemos qué está pasando. En cuanto al tema de igualdad en las escuelas, a pesar de que existen estudios específicos para algunas áreas, hoy no tenemos una visión conjunta que nos dé luz a todos para plantear políticas activas de carácter integrativo para aquellos sujetos, niños y niñas, que van a tomar el relevo en breve. De cómo lo hagamos va a depender que existan ciudades conflictivas o no; que haya cultura de la paz, o no y va a depender que podamos tener experiencias -que creo que no, si hacemos bien los deberes unos y otros- como las banlieu, de Paris, como fenómenos que hemos visto en los alrededores de Bruselas, donde se producen situaciones de multiculturalidad, de niños aislados por comunidades que no se relacionan entre sí. Según este modelo, esto puede conducir a tener pan para hoy, pero dificultades importantes en el mañana. Por tanto, todo lo que hagamos en estos momentos para conocer e intervenir de manera intencionada en cada uno de los territorios y de manera global en el Estado español y en las comunidades autónomas constituye una inversión que tiene un nombre, que es trabajar para un modelo de sociedad basado en la convivencia, en la interculturalidad y en el respeto y la cohesión. Esta proposición no de ley se a va ver enriquecida, señor presidente, porque hemos hecho una transacción con el Partido Popular y aceptamos una enmienda de Convergència i Unió que nos va a permitir votarla conjuntamente y que en el plazo de un año observemos toda una serie de datos que se van a utilizar para evaluar de manera procesual; es decir, los técnicos, los expertos en evaluación determinarán cómo. Aquí me van a permitir que diga, por mi deformación profesional, que una evaluación de este tipo debe estar sustentada en dos parámetros: unos que tengan que ver con elementos objetivables, que tengan que ver con elementos estructurales, medibles, pero otros que tengan que ver con aspectos subjetivos vinculados con historias de vida.
Si pudiéramos combinar ambos aspectos, uno nos da proceso y el otro nos da imagen fotográfica en un momento, esto nos daría unas pistas preciosas para que pudiéramos contemplar estos procesos de historias de vida seleccionados debidamente cada dos años, cada tres, cada cuatro, para ver cómo este estudio piloto nos da dentro de cinco o diez años aquellos puntos fuertes y aquellos puntos débiles que más han favorecido o que han obstaculizado mayormente los procesos de integración. Este proceso de investigación nos permitiría una acción política permanente y una acción técnica permanente que creo que al final no es más que una buena inversión para el presente y para el futuro. Dicho esto solo quiero reiterar estas dos enmiendas que creo que van a ir bien y espero que podamos votar esta proposición por unanimidad porque nos conviene a todos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Begoña Chacón.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Señorías, efectivamente tomo la palabra para posicionar a mi grupo y defender la enmienda que mi grupo presenta.
Después de hacer una lectura detenida de la iniciativa que presenta hoy el Grupo Socialista, he sonreído cuando tomaba la palabra la portavoz del grupo que ha presentado esta proposición no de ley porque tenía una nota en el guión que poseo que decía que hay dos formas de hacer la lectura: ver la botella medio llena o medio vacía. Efectivamente, señoría, yo la he visto exactamente como usted la ve, medio llena; hay que verlo de forma positiva y hay que verlo de forma optimista fundamentalmente. Es verdad que cuando hablamos de nuestros hijos, hablamos de esa segunda generación, como se nombra a esos hijos de esa primera generación de inmigrantes. Es un término que a mí no me gusta y ahora lo referiremos, pero quiero hacer -y me va a permitir que lo haga- varias reflexiones.
Hoy hemos hablado mucho de inmigración, esta Comisión ha sido monotemática, y creo que no voy a entrar en polémica porque esta iniciativa no se la merece, pero cuando hemos hablado de inmigración creo que esa primera
generación a la que aludíamos no está resuelta. Yo he compaginado labores de diputada -no en esta Cámara, en el Parlamento andaluz- con labores como alcaldesa, como concejala en un ayuntamiento y entiendo que no está resuelta. La inmigración como tal se decía en esa primera iniciativa que veíamos en esta Comisión que hoy es una preocupación, en concreto la cuarta preocupación social en esa encuesta del CIS que se ha mencionado, eso lo sabemos todos y negar esa evidencia me parece que es una barbaridad. Sabemos también que son muchas veces las comunidades autónomas y las corporaciones locales las que salvamos los muebles a la Administración central porque somos las que estamos en primera línea cuando tenemos que arreglar ese problema, cuando tenemos al inmigrante delante, cuando tenemos que atenderle sanitariamente, cuando tenemos que solucionar el papel o cuando tenemos que darle un puesto de trabajo porque se nos ponen delante de la mesa y no hay más remedio, porque los tenemos que atender. Eso nos ha pasado una y mil veces a cuantos nos hemos dedicado a ser alcalde, concejal o a estar en primera línea, a estar en esa puerta de entrada de la Administración local tantas y tantas veces. Decía que no voy a polemizar pues estamos ante una iniciativa bonita, pero me va a permitir otra reflexión respecto a esa segunda generación de inmigrantes de la que hablábamos.
¿Cuánto tiempo hay que residir en un país para dejar de ser visto como un inmigrante? Hay muchos niños y niñas que han nacido ya en nuestro país, hay muchos niños que han crecido aquí con nuestros hijos y que se han adaptado perfectamente a nuestras costumbres, que se han adaptado a nuestra cultura y si muchos de ellos no se han adaptado ha sido porque sus propios padres, su entorno o su familia no se lo han permitido o porque no quieren adaptarse a vivir como nosotros vivimos, porque sus propias familias así lo han decidido. Por tanto creo que el término segunda generación de inmigrantes adquiere a veces un tono peyorativo: nosotros los españoles y ellos los inmigrantes, y además su segunda generación con ellos frente a nosotros, los españoles. Creo que no tenemos que caer en esas cosas.
Una segunda reflexión: creo que esta iniciativa llega tarde. Encima de esta mesa hay tres o cuatro estudios que tanto universidades como distintas personas ya han hecho y la Administración una vez más llega tarde. Tengo aquí conclusiones que no voy a leer porque no creo que merezca la pena; creo que la Administración está obligada a hacerla y me consta que lo vamos a hacer con mucha ilusión, además en dos minutos entre usted y yo hemos llegado a hablar de una transacción y además en positivo; me parece bien. Yo hablaba de fracaso escolar, ¿por qué? Pues vamos a hablar de llegar a resultados importantes, se ha pasado por escrito a la Mesa y vamos a intentar que salga una cosa bonita, además se ha puesto plazo, me parece que en un año, lo vamos a intentar y estoy convencida de que va a quedar una cosa bien hecha y que hay acuerdo de todos los miembros de la Comisión para que salga adelante. Hagámoslo, va a quedar bien y de verdad que yo también quiero ver la botella no medio vacía sino llena. Vamos a sacarlo adelante.
Gracias por haber aceptado esa enmienda presentada por mi grupo para mejorar la iniciativa, usted la ha transaccionado en dos segundos, de eso no tengo ninguna duda.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sobre las cuestiones de fondo que ha planteado la portavoz del Grupo Socialista, señora Esteve, mi grupo coincide en lo fundamental. Tan solo quiero insistir en tres conceptos.
En primer lugar, respecto a los niños y jóvenes de padres extranjeros, nacidos en el extranjero pero llegados en su infancia y juventud a España, sería bueno que fuésemos capaces con el paso del tiempo de dejar de mirarlos como inmigrantes y que por tanto no condenemos a las personas a vivir encerradas en sus identidades de origen sino que facilitemos los procesos de incorporación de estos jóvenes y niños a la sociedad de acogida. En segundo lugar, que seamos capaces en los próximos años de dar visibilidad, con mucha normalidad y quizá también con un poco de voluntarismo, a una nueva realidad de una sociedad más plural y más diversa. En la medida en que en los próximos años en las universidades, en los parlamentos, en el liderazgo social, en los medios de comunicación, los rostros que aparezcan respondan a esa diversidad, entre otras cosas fruto de esos niños y de esos jóvenes llegados en estos últimos años, vamos a facilitar ese proceso de integración. Y no olvidemos algunas realidades duras que hoy ya tenemos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación y con los problemas vinculados al fracaso escolar de los niños de origen extranjero. Parte de ese 30 por ciento de fracaso escolar que existe en Cataluña tiene su origen en niños, niñas, jóvenes y adolescentes nacidos en el extranjero; de ahí la transcendencia que tiene la educación para garantizar con éxito la incorporación a nuestra sociedad. Demos valor también -no en el caso de los niños, pero sí en el de los jóvenes- al reconocimiento de los esfuerzos formativos realizados en sus países de origen precisamente para facilitar su incorporación al mercado de trabajo en empleos cualificados y que respondan a esos niveles formativos. Y demos especial trascendencia a las políticas vinculadas al empleo, porque, a pesar de que los inmigrantes gozan de tasas de actividad superiores a las del conjunto de la población, también es cierto que hoy padecen con un porcentaje más elevado el desempleo. De ahí la trascendencia del conjunto de políticas públicas, orientadas a reincorporar al mercado de trabajo a los jóvenes de origen extranjero. Por tanto, ese objetivo de permitir desarrollar una política que facilite la integración de esas denominadas segundas generaciones va a poner el acento en las políticas del sistema educativo, en el reconocimiento de la formación
en sus países de origen y en las medidas que eviten la consolidación de jóvenes muy rápidamente desempleados, con baja formación y con importantes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. En definitiva, que nuestro sistema permita la movilidad social ascendente, cosa que en tiempos de esta crisis que estamos viviendo no está tan claro y, en la medida en que esta crisis se prolongue en el tiempo, aún menos claro va a estar.
Finalmente, hemos presentado una enmienda muy simple a esta proposición no de ley, en relación con la cual -insisto-, como decía al principio, mi grupo comparte las cuestiones de fondo, como es la necesidad de que el Gobierno, una vez efectuadas las medidas que se contemplan en el texto, presente a la Comisión un informe sobre las mismas. A veces algunas de estas proposiciones no de ley que promueve el Grupo Socialista tienen el inconveniente de que no sabemos exactamente en qué van a concluir, por tanto, nos parecía necesario que en el plazo de un año se presente en la Comisión de Trabajo e Inmigración un balance de las medidas adoptadas para desarrollar esta estrategia integral entre las administraciones públicas, para que podamos valorar si ese mandato del Parlamento, efectivamente, ha sido cumplido por parte del Gobierno. La transacción que nos ofrece el Grupo Socialista, junto con otra enmienda del Grupo Popular, satisface a Convergència i Unió y nos felicitamos por que en este texto en concreto hayamos podido alcanzar este acuerdo. Si me permite el señor presidente, invito al Grupo Popular a sumarse al acuerdo que hemos cerrado con el Grupo Socialista en relación con esta proposición no de ley y le ruego que no menosprecie dos factores que incorpora ese texto pactado con el Grupo Socialista. En primer lugar, formulamos por primera vez la propuesta -y la acordamos- de que la nueva financiación local incorpore el factor migratorio -no es una cuestión menor- y, en segundo lugar, mandatamos que la nueva Ley del Gobierno Local resuelva los problemas vinculados al padrón, que tampoco es una cuestión menor. Esas dos cuestiones justificarían plenamente el apoyo del Grupo Popular a la iniciativa que Convergència i Unió ha acordado con el Grupo Socialista en la anterior proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Creo que está explicado ya todo perfectamente.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001663.)
El señor PRESIDENTE: Punto 7.º del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para desarrollar una estrategia integral de las administraciones públicas implicadas en materia de acogida, integración social y reintegración familiar de menores extranjeros no acompañados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Óscar Seco.
El señor SECO REVILLA: Señorías, quiero empezar esta intervención rememorando el debate de noviembre sobre la Ley de Extranjería con el diputado del Partido Nacionalista Vasco, el señor Olabarría, cuando hizo del sistema de cupos en materia de menores el verdadero caballo de batalla y la razón de ser de su cambio de rumbo en materia de legislación de extranjería. Esta propuesta sale al paso de una buena parte de los problemas que el señor Olabarría planteó un tanto desmesuradamente. ¿De qué estamos hablando en relación con este problema? Estamos hablando en concreto de un número en torno a los 4.000 menores, niños y niñas, que se encuentran en España, no más. El año pasado un estudio ofrecía datos del Ministerio de Trabajo que lo cifraban en torno a los 5.000 menores que se encuentran sin acompañamiento en España y más allá de su nacionalidad.
Realmente, no son un gravísimo problema para nuestro Estado ni para nuestras comunidades autónomas, pero plantean un problema que, evidentemente, no es cuantitativo, sino cualitativo. En palabras de la comisaria Malmström, el verdadero problema está en que son las víctimas más vulnerables y más expuestas al problema de la migración. Esta puede ser una de las razones que justifican esta proposición no de ley.
Creo necesario hacer una aproximación jurídica, amparada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en el año 1989 por Naciones Unidas y recogida de manera indirecta en nuestra Constitución en el artículo 39.4, que no es otra que dar supremacía al interés del menor ante cualquier otro.
También quiero recordar que hay un enfoque político impulsado en este semestre de la Presidencia española de la Unión Europea, la Presidencia rotatoria, que ha incorporado la cuestión de los menores extranjeros no acompañados como punto esencial de la política de inmigración de la Unión Europea, cuya consecuencia es la elaboración de un plan de acción reciente, aprobado el pasado 6 de mayo, para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Quizá la primera constatación es que no tenemos un dato fiable, fijo, indubitado, de los menores extranjeros no acompañados que hay en España, bien sea porque hay comunidades autónomas, como la de La Rioja o la de Madrid, que se niegan a ofrecer esos datos o bien porque no hay datos a foto fija. En el estudio hay datos que se refieren a octubre del año 2008 y otros a abril de 2009 y no nos permiten contemplar con exactitud cuál es la cifra exacta. En primer lugar, esto nos exige tener en cuenta la importancia del registro de menores no acompañados, que está regulado en el reglamento
de extranjería, en el artículo 111, creado por primera vez en el año 2004.
La propia memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2008 ya subrayaba la importancia de tener actualizadas permanentemente las bases de datos existentes, al objeto de disponer de información rigurosa, y, en particular, subrayaba la necesidad de un funcionamiento excelente del registro de menores no acompañados ya citado. Una de las dificultades sobre el modo de actuar está en el procedimiento. No voy a negar los datos que ofreció en su día el diputado Olabarría de que en Álava había más de 150 menores extranjeros no acompañados, sin embargo llama la atención que a la subdelegación del Gobierno en esas fechas no le constaba que existieran más que veintisiete tutelas concedidas por la Diputación Foral de Álava sobre una base teórica de 150 menores extranjeros. Es evidente que los procedimientos no funcionan. ¿Cómo vamos a proceder a solucionar estas disfunciones? Lo primero es poner de acuerdo a las administraciones concernidas. Están concernidos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Sanidad y Política Social, pero fundamentalmente están implicadas cada una de las comunidades autónomas que tienen, en virtud del artículo 148 de la Constitución, competencias exclusivas en materia de protección de menores. También está concernida la fiscalía, que tiene el deber superior de velar por el interés del menor. ¿Cómo buscamos los mecanismos para coordinar tantas instituciones? ¿Cómo buscamos la manera de dar una solución eficiente a este sistema que, precisamente por no tener solución, está generando importantes sobrecostes derivados de la descoordinación?
Una de las posibles soluciones a uno de los problemas que planteaba el señor Olabarría, que es el de la desigual distribución territorial de los menores, está en la necesidad de afianzar mecanismos compartidos en clave de solidaridad. Ya le recordaba yo en el debate al diputado Olabarría que la solución no era establecer cupos o barreras cerradas, entregar menores con una furgoneta a una determinada comunidad porque te tocan tantos. La solución es generar mecanismos de solidaridad, de corresponsabilidad. Una de las enmiendas que plantea el Partido Popular -quiero entrar ahora en este debate- es la relativa a la extensión de los centros de acogida de menores en el país de origen. Este puede ser un buen instrumento que el Gobierno puede plantear. Es una buena contribución que las comunidades autónomas pongan en común esta serie de recursos a menores extranjeros no acompañados cuando en cada caso ofrezcan un entorno que permita a cada menor crecer en su país de origen con buenas perspectivas de desarrollo personal y un nivel de vida digno. Esta sería la oferta de transacción que nosotros ofreceríamos al Partido Popular con relación a su enmienda.
Otra de las posibles soluciones se encuentra en los mecanismos de financiación. En el año 2005 el Gobierno socialista español, en una de las primeras iniciativas de la anterior legislatura, puso en marcha el Fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que ha ido dotando progresivamente. Recoge, al menos, dos partidas que pueden servir de fundamento, de servicio a este sistema. Una de ellas es para el caso específico de los menores traídos a la Península desde Canarias, con el fin de solucionar un problema de desbordamiento crónico, y existe otro programa, que es el Fondo de apoyo para la integración y el refuerzo educativo, que destina a las comunidades autónomas y que permite desarrollar posibilidades de apoyo del Estado a las comunidades autónomas en la gestión de estos fines de protección de menores.
El cuarto enfoque que proponemos es establecer un mecanismo de intercambio de información que posibilite la adecuada atención a los menores extranjeros, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente en relación con la defensa de su interés superior, que se expresa en su protección o, en su caso, en su repatriación, en el caso de ser esta la opción que mejor satisfaga a su interés primordial.
En un quinto lugar, y por resumir, creemos importante el deber de estudiar a nivel de España cómo operan los itinerarios internos de flujos de menores de unas comunidades a otras, cuál es el mapa real de la situación de los menores en nuestro Estado y en cada una de las comunidades autónomas y cuál es el coste de cada uno de los recursos que se ponen a su disposición. El debido análisis es una cuestión que pedimos al Gobierno que efectúe y que nos va a dar una solución clarificadora de este problema. Por ello, y acogiendo la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), incorporaremos a la transacción que el Gobierno presente al cabo de un año el balance del despliegue de esta estrategia. Sin más, quisiera subrayar que cualquier cosa que se haga en este ámbito debe dar extraordinaria prioridad a lo que creemos que es primordial, que es que los menores extranjeros no acompañados sean tratados antes como menores que como extranjeros, y en esto coincidimos con el nuevo plan de acción que acaba de acordar la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda planteada por el PNV tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor Seco, por las reiteradas alusiones al debate que usted, su compañera Esperanza Esteve y yo mantuvimos en el debate de la Ley de Extranjería, donde este tema, desafortunadamente, no quedó bien resuelto, como usted y yo sabemos perfectamente. Nos ha hecho una reflexión genérica e introductoria que en sí misma podríamos compartir. Desde una perspectiva cuantitativa 5.000 menores no acompañados no constituyen un problema de gran dimensión. El problema no es ese,
sino la distribución territorial de los 5.000 menores no acompañados, y si esa distribución territorial gravita de forma absolutamente desmesurada, por utilizar su mismo calificativo, sobre algunas comunidades autónomas, mientras convivimos -usted mismo ha denunciado esta patología- con la desatención en relación a sus responsabilidades y al interés superior del menor, que usted ha invocado con lucidez, de otras comunidades autónomas, nos encontramos con un problema interterritorial, con un problema interinstitucional, con el problema de que unas comunidades autónomas están asumiendo, desde una perspectiva solidaria, un volumen importante de tutelas en relación a estos menores y otras no asumen el compromiso que pueden y, en algún caso, ninguno. Usted ha citado dos ejemplos paradigmáticos. La Comunidad de La Rioja se niega a recibir a ningún menor no acompañado, renuncia incluso a las posibles subvenciones que podrían dimanar del Fondo de integración territorial previsto precisamente para compensar la fenomenología de los extranjeros con carácter general. Otras comunidades autónomas poseen cupos de menores -vamos a usar la expresión cupos; es una expresión metajurídica pero todos la estamos utilizando en nuestros debates- manifiestamente inferiores a sus posibilidades de acogida. Me estoy refiriendo a comunidades como las de Madrid y Valencia. Señor Seco, no sé quién tiene razón, si la subdelegación del Gobierno o las entidades tutelantes o tuteladoras, las diputaciones forales en Euskadi. Me fío más de los datos que me proporcionan las diputaciones forales vascas, que son la que están tutelando a estos menores, que de la información de la que puedan disponer las subdelegaciones del Gobierno, que no tienen más que una gestión indirecta o un conocimiento indirecto, en todo caso, de la problemática, del número y de la cuantía de los menores no acompañados residentes en los territorios forales y en las comunidades autónomas.
Desde esa perspectiva, el problema es la distribución desequilibrada. Me ha parecido que usted lo consideraba así, que no hay un equilibrio en la distribución de menores no acompañados.
¿Cómo podemos resolver este equilibrio? Cuando ustedes se proclaman como un partido autonomista, lo hacen siempre con criterios -si me permite la expresión- un tanto utilitarios. Es una especie de autonomismo a la carta y en función de las necesidades, en donde un cierto espíritu jacobino que en otras materias inspira sus decisiones, a veces es sustituido por un criterio muy proautonomista por liberar a la Administración General del Estado de un problema. Me da la impresión de que algo de esto sucedió cuando lo argumentó la señora Esteva. (Un señor diputado: Señora Esteve.) Señora Esteve, es que he intentado pronunciar en catalán, de forma desafortunada por lo que se ve. (Risas.- El señor Hernado Fraile: En catalán con acento vasco.) La señora Esteve argumentó en el debate de la Ley de Extranjería que no se establecía un sistema equilibrado de cupos o de cuantías de menores en todas las comunidades autónomas porque se quería respetar una competencia que se declaró autonómica, correspondiente a las comunidades autónomas o entidades forales. Nosotros tuvimos siempre la impresión de que el Gobierno estaba intentando desembarazarse de un problema al que no quería enfrentarse, endosándoselo de forma simultánea en virtud de títulos competenciales un tanto deletéreos, no concretos, a las comunidades autónomas.
La determinación del número de menores no acompañados que tienen que estar tutelados por las comunidades autónomas no puede ser una decisión de las comunidades autónomas, porque si estas tomaran la decisión siempre, el puzzle no encajaría jamás, señor Seco, y lo sabe perfectamente; siempre estaríamos viendo una situación como la existente en la actualidad.
Aquellas comunidades que tienen unos servicios sociales más poderosos, más potentes y una vocación más solidaria con relación a la atención de este problema son las que van a tener más menores no acompañados tutelados, y otras se desvincularán del problema mediante diversos procedimientos. Usted ha dicho que no se resuelve el problema de los cupos mandándolos en una furgoneta.Quienes mandan en una furgoneta son precisamente las que menos menores no acompañados tienen, y no en una furgoneta precisamente, en un autobús, pagándole el billete al menor y otorgándole fondos para que vayan a la Comunidad Autónóma Vasca porque ahí les prometen que serán debidamente acogidos y tutelados. Ese es uno de los problemas prácticos o de las praxis que nosotros hemos intentado corregir en la Ley de Extranjería. Nosotros hemos presentado una enmienda que se basa en tres principios fundamentales. El primero es promover la adopción de mecanismos de información entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas competentes en materia de protección de menores que permitan una actualización permanente de las bases de datos existentes, al objeto de disponer de una identificación actualizada de estos menores y de los órganos encargados de su tutela y protección. Con esta propuesta que le hacemos resolvemos dos problemas simultáneamente. En primer lugar, que los menores sean menores de verdad, porque yo he conocido menores no acompañados en la Diputación Foral de Álava que parecían bastante mayores que usted, por poner un ejemplo, por el aspecto físico, por el aspecto fisonómico. No sería malo que los menores fueran menores de verdad, mediante la elaboración de pruebas que están ya previstas y que técnicamente se pueden hacer, para que estos menores no sean menores que peinen canas, como ocurre en numerosos lugares donde están tutelados todavía. Y en segundo lugar, el conocimiento de esta circunstancia también permite una ponderación, una cuantificación del número de menores que razonablemente pueden ser acogidos por la institución que les va a tutelar. Primera mención.
Segundo. Impulsar en la única comisión que puede hacer determinaciones de esta naturaleza, que es la
Comisión Interautonómica de Directores de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Política Social, que se establezcan mecanismos de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad. Ya que ustedes no están dispuestos a dar el paso de que el Estado establezca directamente a través de los mecanismos de solidaridad, que pueden ser convencionalmente consensuados incluso en sede parlamentaria, la distribución de menores entre las comunidades autónomas, por lo menos que se intenten realizar aproximaciones consensuadas que posibiliten la ponderación del número razonable que a cada una de las comunidades autónomas le debiera corresponder. Se nos antoja que en el ámbito de este órgano, de la Comisión Interautonómica de Directores de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Política Social, estas aproximaciones basadas en el consenso, ya que ustedes son tan respetuosos en este caso -que no en otros- con las competencias autonómicas, se podrían realizar perfectamente.
En tercer lugar, con relación al Plan de acción sobre menores no acompañados presentado por la comisión, iniciar los trabajos de examen y valoración para las propuestas que debemos presentar con relación al mismo, cuya aprobación está prevista en la próxima reunión del Consejo Europeo, ya van urgiendo las fechas y evidentemente deberíamos presentar con carácter inmediato propuestas con relación a este plan de acción. Y por último, desarrollar con celeridad los trámites administrativos orientados a la reintegración familiar del menor o al retorno si se dieran las condiciones previstas en la propia Ley Orgánica 2/2009.
Con esto acabo, señor presidente. Con relación a la distribución del Fondo de integración para los inmigrantes previsto ya en la Ley 4/2009, reformada por la Ley 2/2009, que se tenga en cuenta la aceptación o los criterios de solidaridad que dimanan de la aceptación de los menores; que con los criterios de proporcionalidad que la comisión se puedan articular, las comunidades autónomas que acojan los menores que les corresponden en virtud de los consensos de esa comisión interinsitucional sean debidamente premiadas -entrecomillando la expresión- con las subvenciones de este fondo de integración y aquellas renuentes a la aceptación de menores sean también castigadas con este fondo de integración. Yo sería más enfático con relación a esta materia. Con respecto a aquellas administraciones que se nieguen a acoger menores no acompañados, quizás no sería suficiente con desproveerlas de las subvenciones o de las cantidades que puedan dimanar de este fondo. En los procedimientos sancionadores de la Ley de Extranjería quizás perdimos la gran oportunidad de tipificar como una infracción esta actitud contraria a la aceptación de menores por parte de las comunidades autónomas o de establecer la posibilidad de incoar expedientes sancionadores cuando de forma manifiestamente fraudulenta o insolidaria, si no quiere usar la expresión fraudulenta, no se acoge a los menores que cada comunidad autónoma tiene que acoger en función de sus posibilidades, de las posibilidades de sus servicios sociales. Me estoy refiriendo a esta que se niega a acoger un solo menor, renunciando a las subvenciones del fondo de integración. Eso debería constituir una infracción, señor Seco. No bastaría con desproveer o desapoderar de las subvenciones del fondo de integración a esta comunidad autónoma. Es una vergüenza las actitudes de las comunidades autónomas que se niegan a acoger a un solo menor, pero como tampoco parece que ustedes están en la tesitura de llegar tan lejos en esta materia, pues vamos a utilizar el fondo de forma que las subvenciones o las cantidades dimanantes del mismo sean suficientes para atender a aquellas más solidarias, que tutelen o acojan a más menores y que desde luego no vaya un solo euro de este fondo a aquellas renuentes, a aquellas que se rebelan a aceptar en su seno menores por las razones que fueran. Dicho lo cual, estas son las características de la enmienda que le presento, señor Seco, y presento a todos los grupos presentes en esta Cámara y cuya aceptación resolvería o nos aproximaría a una solución que no pudo conseguirse en el debate de la Ley de Extranjería pero es mejor que las propuestas que nosotros proponíamos en la Ley de Extranjería, estableciendo criterios de distribución específicos, ex lege. Es una aproximación, señor Seco. Si usted valora detenidamente esta enmienda seguramente sabrá ponderar sus bondades y la aproximación que puede suponer para resolver los problemas de la distribución de los menores no acompañados en el Estado español, distribución en este momento -y con esto acabo, señor presidente- manifiestamente injusta. El problema no son los 5.000; el problema es cómo están distribuidos los 5.000.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No he podido escuchar la presentación de esta iniciativa por parte de los ponentes del Grupo Socialista ni el resto de intervenciones de otros portavoces porque me he incorporado a la Comisión cuando el señor Olabarría estaba en el uso de la palabra. Ahora bien, del texto literal de la iniciativa del Grupo Socialista, que responde a las grandes líneas que contempla la legislación española en materia de extranjería y a los criterios que se están impulsando en el conjunto de la Unión Europea en esta materia, que hace pocas semanas ha aprobado un plan sobre menores no acompañados que poco o mucho responde a esos mismos planteamientos, se desprende que el diagnóstico sobre el problema hace tiempo que está efectuado y que las políticas que son necesarias para intentar gobernar este problema también están muy claras: principio de retorno del menor a su país de origen para que pueda estar con su familia; si eso no es posible, necesidad de asunción de la tutela por parte de la comunidad autónoma; rápida atención del correspondiente permiso de residencia de ese menor a través de las delegaciones del
Gobierno; políticas que acompañen en esos procesos a las comunidades autónomas en materia de acogida y tutela de esos menores; refuerzo en las políticas de origen en materia de infancia, etcétera. Insisto, las cuestiones desde hace bastantes años están muy claras. En cambio, es cierto que en lo cotidiano las cuestiones continúan siendo complicadas: insuficiencia de medios para gestionar la realidad de los menores no documentados, dificultades para legalizar su situación por parte de la Administración central, dificultades en el país de origen para asumir la llegada de estos menores, debilidad de las políticas de esos países en materia de infancia y adolescencia y agobio de algunas comunidades autónomas -como nos recuerda el señor Olabarría- porque deben hacer frente, a su entender, a un número excesivo de personas con medios relativamente escasos. El debate, desde hace unos cuantos años, insisto, es muy parecido. Espero que esta proposición no de ley que hoy nos plantea el Grupo Socialista sirva para que avancemos de verdad en esas cuestiones en las que estamos de acuerdo y que los problemas más de fondo se puedan resolver.
La enmienda que hemos planteado pretende establecer un mecanismo de rendición de cuentas del Gobierno en relación con lo que ya aprobamos.
Solicitamos que en el plazo de un año, sobre este paquete de cuestiones en el que están mandatados a desarrollar unas políticas, se nos cuente lo que se ha hecho y podamos valorar si ese marco legal que tenemos y esas políticas que ahora afirmamos que compartimos dan algún tipo de resultado. El texto tan tradicional que se nos ofrece incorpora esta previsión y Convergència i Unió votará a favor de la transacción que creo que se va a formular al acabar el debate de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Voy a defender nuestra posición en esta proposición no de ley del Partido Socialista y me quedaría con las últimas palabras que ha dicho el señor Campuzano: esperemos que tras este acuerdo avancemos de verdad. Se entiende perfectamente, porque a veces parece que las propuestas son para avanzar de mentira. Lo digo porque cuando uno lee la exposición de motivos de esta proposición no de ley no tiene más remedio que pensar que muchos de estos textos se hacen precisamente para eso, para avanzar de mentira.
Dice la exposición de motivos: uno de los temas que genera mayor preocupación últimamente en materia de inmigración es la atención a menores extranjeros no acompañados. En la defensa que ha hecho el portavoz adjunto del Partido Socialista podría uno entender que es nuevo en política, que acaba de llegar y que no sabe de esto, pero en materia de menores la preocupación no es últimamente, hace muchos años que venimos preocupados por los menores no acompañados. A lo mejor no se ha enterado su grupo, pero hace muchos años que venimos preocupados por los menores inmigrantes no acompañados. Han sido muchas las intervenciones de cualquiera de los grupos que estamos en esta Cámara defendiendo que esos menores estén arropados y que sea el Gobierno del Estado, el competente en materia de inmigración, el que se haga responsable de ello. Pero después, si seguimos leyendo, lo entendemos perfectamente. Dice: en particular, el programa español para la Presidencia del Consejo de la Unión Europea lo eleva a la categoría de prioridad en el ámbito de la política europea de inmigración y asilo. O sea, que entiende uno que, aparte de los deberes que le ha marcado la Unión Europea en materia económica, también se los ha marcado en materia de inmigración. Quizá por eso estén ustedes trayendo esto hoy y diciendo que últimamente es una preocupación. Si ha sido la Unión Europea la que ha dicho al presidente que en esta materia también tiene que trabajar, bienvenida sea esa llamada de atención y que lo eleven a categoría de inmediatez, de preocupación.
Sigue diciendo: según un estudio elaborado el año pasado por la Red Europea de Migración, estudio que citan fuentes gubernamentales a partir de datos estimados facilitados por algunas comunidades autónomas, el número de menores extranjeros en España sin compañía de un adulto ascendía en el año 2009 a algo más de 4.000 niños y niñas. El estudio no asciende a 4.000 niños y niñas, sino exactamente a 5.158 niños y niñas, y además no se computan dos comunidades autónomas, Madrid y La Rioja, por no tener datos, con lo cual podemos hablar de muchos más. Además solo hablan de los que están en red, de los que están ahora mismo tutelados, pero como todos sabemos hay muchos menores inmigrantes que no están siendo tutelados por ninguna comunidad autónoma y mucho menos por el Gobierno. Por tanto, ya que usted habla del estudio podía decir la verdad y decir exactamente lo que dice ese estudio, que son 5.158, y no tienen computadas La Rioja y Madrid. En Canarias -es un dato, y tengo que decírselo- hemos levantado muchas veces la voz diciendo que la inmigración no puede ser competencia de las comunidades autónomas, y tampoco los menores, y hacía usted antes que son menores y no inmigrantes. Esa es la razón que le interesa a Gobierno, porque mientras sean menores tendrán que seguir tutelados por las comunidades autónomas y el Gobierno, mientras tanto, viéndolas venir.
Dice usted en la exposición de motivos: los datos del estudio no son exactos ni exhaustivos ni responden a un concepto homogéneo. Este estudio se hizo por la Red Europea de Migración, el proyecto fue financiado por la Comisión Europea y el Gobierno de España, y los datos son del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dice usted que estos datos no son rigurosos. La verdad es que me deja usted bastante sorprendida, pero es buena la crítica del
Grupo Socialista en este caso al Gobierno si los datos no son rigurosos, y yo se lo agradezco.
Dice la exposición de motivos: estos menores se sitúan en el radio de acción de las leyes de Protección Jurídica del Menor y de Extranjería, y la obligación exigida en el ámbito internacional por la Convención de Derechos del Niño. ¿Cómo puede usted hablar de la Convención de Derechos del Niño en la exposición de motivos? En Canarias -pero podría ser cualquier otra comunidad autónoma, que tienen la responsabilidad de sus menores dentro de los servicios sociales - existe la Ley autonómica 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, que señala en su artículo 2.º que dicha ley es de aplicación a todos los menores de 18 años que residen y se encuentran transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esto es lo que hace que nosotros en Canarias tengamos que custodiar a los menores, y otras comunidades a los suyos. Esa misma ley establece en su artículo 3.º que los menores gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconocen la Constitución, los tratados y convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. El Comité sobre los Derechos del Niño -artículo 4- en sus recomendaciones 40 y 41, dice: El comité ha considerado necesario insistir ante muchos Estados -entre ellos el español- en que la descentralización del poder mediante la transferencia y la delegación de facultades gubernamentales no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del gobierno del Estado parte de cumplir sus obligaciones para todos los niños sometidos a su jurisdicción, sea cual sea la estructura del Estado. En este caso, las comunidades autónomas. Además, en su artículo 41 dice: El comité reitera que, en todas las circunstancias, el Estado que ratificó el convenio y se adhirió a él sigue siendo responsable de garantizar su plena aplicación en todos los territorios sometidos a su jurisdicción. Y sigue diciendo: En todo proceso de transferencia de competencias los Estados parte tienen que asegurarse de que las autoridades a quien se traspasen, las competencias disponen realmente de los recursos financieros, humanos y de otra índole necesarios para desempeñar eficazmente las funciones relativas a la aplicación del convenio. He leído esto textualmente porque quiero que sea recogido en el "Diario de Sesiones", porque no es lo que usted piense o podamos pensar nosotros, es que la Convención del niño lo dice claramente: Serán los estados los responsables de que los territorios tengan los medios necesarios para poder a tender a estos niños. No es algo que diga usted o que diga yo, lo dice la Convención del niño. Por tanto, es la legislación vigente y ustedes no lo están haciendo.
Decía usted que han sido solidarios desde el Gobierno para dar a Canarias, a Ceuta y a Melilla los medios que puedan necesitar. Ustedes no son solidarios con nadie. Además, habla usted de sacar 510 menores de Canarias. ¿Sabe cuántos menores se quedaron en Canarias cuando ustedes sacaron 510 menores? Se quedaron 1.400 menores, cuando está claro que es una responsabilidad del Gobierno del Estado hacerse cargo de estos menores. Pero por si eso fuera poco, y sobre todo por eso que comentan ustedes del bienestar del menor, en la reforma de la Ley de Extranjería, en uno de los artículos meten ustedes que la tutela la pueden llevar adelante las organizaciones no gubernamentales, cuando hasta ahora, como usted sabe, se hacían cargo las comunidades autónomas. Entiende mi grupo que esto beneficia en poco al menor. Pero le digo una cosa: están haciendo dejación desde el Gobierno de aquello que conviene a los menores. Puedo decirle por qué razón. Primero, en abril del año 2009 se aprobó por unanimidad de todos los grupos, y hoy lo trae aquí como si fuera algo nuevo y prioritario, que se hicieran centros de menores en los países de origen para devolver a esos menores a sus países de origen y que fueran tutelados. Eso lo aprobaron ustedes. Lo único que hacen hoy es traerlo como si fuéramos a hablar de algo nuevo. Nuevo, no. Lo aprobamos en abril y es obligación del Gobierno que se hagan esas infraestructuras, y no han hecho nada en ese sentido. Por otra parte, hay acuerdos. En este caso con Marruecos hay un memorándum firmado en diciembre de 2003 para devolver a esos niños a sus países de origen. Eso está firmado con Marruecos. También hay un acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España de 5 de diciembre de 2006, del que también están haciendo dejación. Por lo tanto, en política de menores inmigrantes no acompañados, no voy a decir que lo estén haciendo peor que la política de inmigración porque los frutos los han ido recogiendo. Aquello de papeles para todos fue algo que abrió las puertas de este país.
El señor PRESIDENTE: Señora Guerra, por favor, le ruego que vaya terminando porque ha consumido más del doble del tiempo.
La señora GUERRA GUERRA: Termino enseguida, señor presidente. Cuando hablamos de inmigración, he oído a la señora Esteve como a Alicia en el país de las maravillas, es decir, que la realidad supera a la ficción.
Hemos presentado a su grupo una enmienda de adición que tiene tres puntos, los cuales esperamos que puedan aceptarse. Nos ha dicho que no, que lo que van a presentar es una enmienda transaccional pero que los puntos del Grupo Parlamentario Popular no los va aceptar porque lo que pretende es que esa infraestructura que las comunidades autónomas están haciendo con un esfuerzo muy importante en los países de origen, la pongan a disposición del Estado para hacer una red de menores y mejorar así la asistencia. Espero y deseo que sea el Estado el que haga ese esfuerzo para que los menores inmigrantes no acompañados en este país puedan tener una vida más digna y mejor. (La señora Esteve Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, señora Esteve, vamos a continuar, por favor.
Entiendo que de las enmiendas que se han presentado, se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y se hace una transaccional con las enmiendas de CiU y PNV.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/ 001720.)
El señor PRESIDENTE: Octavo punto del orden del día. Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Antonio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para defender la proposición no de ley que hemos presentado en esta Comisión para su debate y que, atendiendo a las particularidades de la Ciudad Autónoma de Melilla y el número elevado de menores extranjeros no acompañados, el Gobierno destine para su atención la misma cantidad que en el ejercicio presupuestario del año 2009, en el marco del Convenio de colaboración sobre atención a menores no acompañados para 2010, y que está pendiente de firma. Es bueno, señor presidente, que en la mañana de hoy monográficamente y de forma exhaustiva se hayan tratado temas de inmigración y que en el punto anterior al que me corresponde hablar se haya tratado también algo tan fundamental dentro de la inmigración como es el asunto de los menores no acompañados.
Nuestra proposición no de ley es expresión de una preocupación ya antigua.
No es una cosa sobrevenida, no es una cosa nueva, no es una cosa que nuestro grupo haya obviado. Viene de muy de lejos. Se han celebrado en el Parlamento debates en distintas comisiones y en Pleno, en muchos de los cuales la unanimidad en el tema de la financiación ha sido uno de los exponentes, uno de los paradigmas que han marcado dichos debates. No es una proposición no de ley extemporánea, ni siquiera desgajada dentro de la política general del debate de la inmigración, aunque se trate específicamente del nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla. Entra dentro del contexto de lo que es la política de menores no acompañados, que aquí ya se ha debatido y que por economía de tiempo no voy a repetir. Se ha hablado de número, de menores no acompañados, de solidaridad entre las distintas autonomías, de las competencias del Gobierno de España en materia de menores no acompañados y en materia de inmigración, del esfuerzo presupuestario que tiene que hacer el Gobierno de España para que los sectores más desfavorecidos de la inmigración tengan la suficiente cobertura. No se trata de eso aunque pudiera tratarse también.
Se trata de que, incumpliendo un acuerdo parlamentario, muchas autonomías, y perdón por citar la de Melilla porque es el objeto del debate, ha habido una sustancial rebaja, si se me permite la palabra, un decrecimiento importante en la aportación económica del Ministerio de Trabajo e Inmigración para la atención de menores extranjeros no acompañados que durante el año 2009 que fue de 3.486.740,40 y, sin embargo, para 2010 la aportación que se contempla en el convenio que todavía no se ha firmado es de 1.943.337 euros. Prácticamente la mitad de la cuantía es lo que se presenta para un colectivo tan importante como son los menores no acompañados en la Ciudad Autónoma de Melilla para este año. 2010. No me gusta tocar en materia tan sensible específicamente temas económioas, pero es fundamental para podernos entender, señor presidente, sin desgajarlos de los aspectos sociales, de los aspectos de vulneración de los derechos de los niños y de las niñas, de ser el segmento más desfavorecido de la inmigración.
Señor presidente, sin hablar de comparación y con datos a fecha de hoy -no de fechas anteriores ni con datos inciertos, provisionales o aleatorios, no, no, con datos concretos-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla mantiene 243 menores acogidos, de los cuales 192 son menores extranjeros no acompañados. Es decir, sin hacer ningún tipo de comparación con otras autonomías, sin hacer regla de tres, ni meternos en fárragos numéricos, lo cierto es que si descontamos los 192 menores no acompañados, el presupuesto real para la cifra real de menores no acompañados sería, número más, número menos, en torno a 50 ó 60 y no a 192. Esto no es una cuestión baladí, señor presidente, porque además va unido a otras con causas que justifican sobradamente la exposición de motivos, que por economía tampoco voy a decir, pero que está al alcance de todas las señoras y los señores diputados, señor presidente, y es que desde 2003 no se produce un solo proceso de reagrupación familiar de menores no acompañados.
Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo solidario y somos conscientes de la situación de crisis en la que estamos, pero resulta -ya se ha dicho antes y se ha dicho bien- que los recortes presupuestarios repercutirían más en el caso de no cumplir con lo ya presupuestado. Se trata sencillamente del cumplimiento de los convenios que tienen las distintas autonomías y, en concreto, la Ciudad Autónoma de Melilla. Lo hacemos como cuestión de legalidad. Hay que cumplir lo que previamente se ha acordado, teniendo en cuenta que ni el convenio de cogestión que tiene la Ciudad Autónoma de Melilla con el Gobierno de España, ni este específico de menores no acompañados tienen fecha de caducidad y precisamente son renovables y, por tanto, tienen plena vigencia
los puntos allí acordados, entre ellos la cuantía económica que se fija para la subvención de los mismos.
Está justificada la proposición no de ley, señor presidente, porque en el año 2009 la Ciudad Autónoma de Melilla aportó casi 5 millones de euros frente a los 3,5 millones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Hay un total de 8.366.000 largos de euros en total entre las dos partes y lo que quiero es enfatizar, sin desmerecer el esfuerzo que hace el Gobierno de España pero poniendo en valor el esfuerzo enorme que hace el Gobierno de la Ciudad de Melilla, que esto hace, señor presidente, que las cifras de manutención, de gasto, de gastos imputables a un convenio de colaboración aún sin firmar, no puedan sufrir rebaja y no puedan sufrir recorte, porque, insistimos, estaríamos tratando igualmente a los desiguales, que sería una de las formas más flagrantes de injusticia. Además, a diferencia de otras comunidades autónomas con las que yo, desde luego, no quiero hacer comparación, porque siempre son odiosas y mucho más en temas de índole social tan importante como este, los menores no acompañados que llegan a la Ciudad de Melilla vienen a través de la frontera de Marruecos. Esto es así, porque es la que tenemos. Esto también es una doble competencia del Gobierno de España. Precisamente de ahí, a quién puede extrañar la cifra tan alta de menores no acompañados que tenemos en la Ciudad de Melilla.
No es una proposición no de ley de campanario, no es una proposición no de ley de un brindis al sol, sino para reclamar algo que es fundamental y que viene por cuestión de legalidad en los convenios y en los acuerdos parlamentarios, a los que no se pueden oponer. Se puede decir que la cifra de menores no acompañados ha sufrido disminución. Ciertamente, es posible que haya sufrido disminución, pero no es suficiente, señor presidente, porque estamos hablando de una ciudad de 12 kilómetros cuadrados y por tanto la ratio -ya lo he dicho antes con toda la voz que me falta pero con toda la verdad que me asiste- entre menores no acompañados y kilómetros cuadrados es la mayor de las comunidades que conforman España, más que Ceuta -y ahora que no me oye mi compañera de Canarias-, más que Canarias. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Mejor que no le oiga. (Risas.)
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente, por sus sabios consejos, procuraré no repetirlo.
Más que Ceuta. Que no conste en acta lo de Canarias. En cualquier caso, señor presidente, en un servicio tan permanente, con unas características tan especiales como las de la Ciudad Autónoma de Melilla, me parece que no es descabellado pedir algo tan simple, que el convenio de colaboración que tiene el Ministerio de Trabajo e Inmigración con la Ciudad Autónoma de Melilla tenga la misma cantidad que el año pasado, habida cuenta de los datos numéricos que he aportado, de las particularidades, insisto una vez más, que tiene y que hacen que con la merma en el mismo, ahondemos todavía más en la desprotección de los sectores, de los colectivos, de los segmentos -llámelo, señor presidente, como quiera- más vulnerables en materia de inmigración.
Termino, señor presidente. Hemos presentado también la semana pasada en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo iniciativas para mantener los convenios de colaboración de la ciudad autónoma con el Gobierno de España. No hemos tenido suerte en reclutar adictos a nuestra proposición no de ley en aquella Comisión, y bastante bien que la argumentamos, no porque fuera yo; es que teníamos la verdad objetiva y la verdad también numérica, pero la aritmética y la geometría variable parlamentaria, señor presidente, usted sabe que traen estas sorpresas. En cualquier caso, esperamos tener más suerte con esta proposición no de ley, que creemos ajustada en sus motivos, perfectamente legalizada en cuanto a que creemos que es una materia de legalidad y de legitimidad y también porque así de esa forma se recogen acuerdos parlamentarios y mandatos del Parlamento al Gobierno, que este no puede obviar, sobre todo en materias que directa e indirectamente son de su competencia.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda planteada y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Luis Antonio Gómez Piña.
El señor GÓMEZ PIÑA: Presidente, señorías, los sucesos económicos de los últimos meses, desde mediados del año 2008, nos han situado ante una muy complicada y severísima crisis económica internacional y nacional. Hace ahora pocos días pudimos ver como la Unión Europea adoptaba una medida sin precedentes y de gran calado como la creación de un fondo en defensa de la unión monetaria y de las economías europeas. Los presupuestos en vigor fueron configurados y aprobados en su día para hacer frente a la crisis económica sobre la base de principios como la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto. El miércoles pasado todos pudimos escuchar nuevas medidas excepcionales para acelerar la reducción del déficit y así cumplir nuestros compromisos europeos, reforzar la confianza en nuestra economía y preservar el Estado del bienestar.
Medidas similares se están adoptando estos días por parte de varios países europeos con gobiernos de distintos signo político.
En esta realidad no parece de recibo hablar de aumentar el gasto. Muchas de las iniciativas presentadas por el Grupo Popular en la Cámara han ido siempre encaminadas a reducir ingresos y aumentar frívolamente los gastos, en otras palabras, a aumentar el déficit. Predicar es fácil, sobre todo con demagogia y victimismo, pero repartir trigo requiere de sentido de la responsabilidad, cosa que el Partido Popular viene demostrando día
a día que tiene poco. Por ello, iniciativas como la que estamos tratando en esta Comisión en relación con el dinero destinado en el año 2010 al convenio de colaboración sobre atención a menores extranjeros no acompañados en la Ciudad de Melilla deberían fundamentarse con una mayor coherencia, tanto desde el punto de vista económico como de la realidad que abordan.
En relación con la política de inmigración, el Gobierno socialista recibió una nefasta herencia del Partido Popular: procesos de regulación indiscriminados sin contratos de trabajo, estrangulamiento de las vías legales de inmigración, traslado de inmigrantes desde Canarias para dejarlos tirados en las calles de la Península, etcétera. Con los objetivos que se marcó el Gobierno socialista se ha avanzado muchísimo en materia de inmigración en los últimos años. Con carácter excepcional se normalizó a cientos de miles de inmigrantes sin papeles que entraron con el Gobierno del Partido Popular, permitiendo que contribuyesen a pagar impuestos, ellos y los empresarios contratantes. Hubo desarrollo de las vías legales para que los inmigrantes vinieran con contrato desde sus países de origen y si no hay residentes disponibles; lucha contra las redes ilegales de tráfico de personas, aumentando un 53 por ciento los efectivos policiales desde el año 2003; inicio en el año 2009 del despliegue de Frontex; impulso de una política migratoria concertada en el seno de la Unión Europea, colaborando con los países de origen, especialmente con África subsahariana, para atajar de raíz el problema de la inmigración irregular; impulso de acciones de codesarrollo entre los inmigrantes para el desarrollo de sus pueblos y ciudades de origen y apuesta por las políticas de integración, reconociendo el papel de los ayuntamientos.
Es cierto que los presupuestos de 2010 en materia de inmigración han experimentado un descenso en consonancia con el esfuerzo de austeridad de nuestro país, pero debemos destacar que desde la creación de la Secretaría de Estado de Inmigración en el año 2004 se ha registrado un aumento del 239 por ciento. La integración disminuye como resultado de un menor número de inmigrantes; podemos, por lo tanto, afirmar que el descenso es el resultado de una menor presión migratoria. Un dato también a tener en cuenta, señorías, es que, como ustedes sabrán, con el nuevo sistema de financiación autonómica, al incorporarse el criterio poblacional, se incorpora el efecto de la inmigración, lo que supone el aumento del dinero destinado a gasto social. La integración es una competencia que tienen y ejecutan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, por primera vez desde el año 2005, el Gobierno de España asume una responsabilidad añadida: la de colaborar y concertar con el resto de las administraciones para trabajar conjuntamente por la integración de los inmigrantes.
En el caso de la Ciudad de Melilla, su Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/1995, y el Real Decreto 1385/1995 establecen sus competencias sobre asistencia social, entre ellas, la protección y tutela de menores. En virtud de esas competencias, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y la Ciudad de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, acuerdan un convenio de colaboración, en donde el ministerio se compromete a colaborar con la Ciudad de Melilla en la acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados y melilla prestará atención inmediata y acogida a estos menores. Para todo esto el Gobierno de España ha destinado a la Ciudad de Melilla importantes partidas económicas desde el año 2005: 15,6 millones de euros en el periodo 2005-2010. Por medio del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos, en el que se incluyen programas de atención integral a menores extranjeros no acompañados, a Melilla se destinaron 4,8 millones de euros para 2005-2010. El número de menores no acompañados desde el año 2007 a 2009 ha experimentado un descenso del 32,7 por ciento. Por tanto, señorías, al reducirse considerablemente la llegada desde el año 2007, se ha practicado un ajuste presupuestario en este programa con una reducción del 44 por ciento por ser una partida donde los datos nos dicen que hay descenso continuado y, por tanto, una previsión menor de gasto. La Ciudad de Melilla es beneficiaria de distintos programas y convenios con considerables aportaciones económicas del Gobierno de España. Un ejemplo son los 2,4 millones de euros del Imserso para el desarrollo de programas sociales. Recuerdo que existen voces críticas en el ámbito político de Melilla respecto de la ejecución del gasto por parte la Consejería de Bienestar Social y Sanidad; consejería que llegó a traspasar en el año 2008 más de 300.000 euros a la Consejería de Presidencia.
Por destacar el esfuerzo en inmigración en esta ciudad por parte del ministerio en el área de su competencia, además del normal funcionamiento del CETI, se está construyendo un edificio dotacional con una superficie de 930 metros cuadrados en tres plantas, por importe de 2 millones de euros. En el año 2009 se ha renovado la red de alcantarillado y recogidas pluviales del CETI, con un importe de 190.000 euros, y se realizado la reforma integral de los cuartos de baño de los residentes, iniciada en el año 2008 con un presupuesto de 300.000 euros.
Por ultimo, aprovechando esta temática, quisiera subrayar algunos de los resultados exitosos de la política del Gobierno contra la inmigración ilegal. En el año 2008, la llegada de inmigrantes en embarcaciones ha disminuido drásticamente; fue menos de la mitad de lo que hubo en el año 2003 y un 25 por ciento menos que en el año 2007. La llegada a Canarias ha disminuido un 71 por ciento desde el año 2006. La inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en España están en situación legal, trabajan, tienen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Actualmente hay casi 2 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social; de ellos, 1.200.000 son extracomunitarios. España puede hacer repatriaciones,
a diferencia de lo que ocurría en el Gobierno del Partido Popular, como consecuencia de haber establecido líneas de ayuda y cooperación con países de origen. En el año 2007 se repatriaron casi 56.000 inmigrantes irregulares y en el año 2008, 46.500; menos este último año por la bajada de la llegada ilegal. España está expulsando además a los delincuentes extranjeros que cometen delitos graves. En su primer año de funcionamiento, la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros, Bedex, ha expulsado a 7.591 delincuentes reincidentes. Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrar en España y en los países Schengen durante varios años.
Señorías, como he ido desgranando y pienso que ha quedado claro, al tratarse de una materia que preocupa y ocupa a nuestro Gobierno, que ha demostrado una gran sensibilidad, así como alcanzado un notable éxito en su política, nuestro grupo presentó una enmienda de sustitución ya conocida por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, ¿acepta usted la enmienda presentada por el Grupo Socialista?
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: No, señor presidente. Seguramente por mi torpeza no he sido capaz de comprender el sentido literal de la enmienda.
Por tanto, la vamos a rechazar. (Risas.)
(Número de expediente 161/001725.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al último punto del orden del día, proposición no de ley con el objeto de regular la inmigración circular y el retorno voluntario. Esta proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: En la realidad hay una serie de hechos que son bastante notorios y dada la hora y el conocimiento de SS.SS., no me voy a dedicar a dar cifras que cuantifiquen algo que ya para nosotros es una cuestión bastante conocida, pero quiero enmarcar esta proposición y darle el contexto adecuado en el que hemos planteado esta iniciativa. Por una parte, tenemos que el incremento del paro es una de las cuestiones más dramáticas que están surgiendo en este país como consecuencia de la crisis; por otra, que los residentes extranjeros en España son de los que más están sufriendo esta situación. Esto que acabo de decir es una obviedad, pero no por ello voy a dejar de dar un dato. En España vivimos 47 millones de personas, de las cuales 5.700.00 son extranjeros. Por tanto, el 12,2 por ciento de la población son personas extranjeras. Esa población que reside en nuestro está aumentando en una proporción bastante mayor que la de españoles. Sin ir más lejos, se han empadronado un 0,4 por ciento de españoles, mientras que el porcentaje de empadronamiento de extranjeros en el último año es de un 1,1 por ciento.
A partir de estos datos generales, si tomamos otros parámetros, llegamos a la misma conclusión y es el que paro y la crisis se están cebando con la población extranjera. Según el INEM, la tasa de paro de los españoles es de un 18,01 por ciento, mientras que la de los extranjeros es de un 30,79 por ciento. Sabemos que el planteamiento que mantuvo el Gobierno en las legislaturas pasadas estuvo más centrado en papeles para todos que en dar solución a una serie de cuestiones. En este momento se han hecho bastantes estragos. Muchos extranjeros venían a España pensando que era la puerta para entrar en la Unión Europea y lo cierto es que muchos de ellos se han quedado aquí, lo que ha provocado una serie de consecuencias demográficas y laborales y, sobre todo, una serie de cuestiones de carácter humanitario bastante evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pese al Plan de retorno voluntario, pese a la crisis y a que en España lo único que no sobran precisamente son puestos de trabajo y que en los dos últimos años ha seguido aumentando la población extranjera residente en España, la cuestión es cómo se explica que en solo estos dos últimos años, en los que la crisis está mostrando una explícita problemática, hayan aumentado en más de 440.000 las personas empadronadas. La explicación es fácil, el Gobierno erró desde luego con aquella cuestión de papeles para todos y ha fracasado en el tema del retorno voluntario, a nuestro parecer, porque el Real Decreto de retorno voluntario, que lleva en vigor más de un año, no ha dado los frutos que se suponía que iba a dar. Las personas que se han acogido han sido relativamente muy pocas, solamente 2.054 personas; muchas de ellas además no pueden acogerse, porque son empleadas del hogar, porque son personas que están en situación irregular o porque son desempleadas que en este momento no están cobrando el paro. Otra cuestión es que no se está facilitando que las personas que se han formado en nuestro país puedan ir a otros países o incluso a sus países de origen, y de esa manera poner en valor aquellos conocimientos que han adquirido aquí. Asimismo los extranjeros que viven en España han adquirido una serie de compromisos, por ejemplo, hipotecas, compra de vehículos y otras cuestiones similares, por los cuales tampoco abandonan este país para irse a otra parte, aunque en ese otro país pudieran encontrar un empleo. Una vez que un extranjero ha obtenido su tarjeta de residencia, no quiere arriesgarse a perderla. Pese a estar en paro, pese a ver que se le acaban las prestaciones por desempleo, pese a no ver claro su futuro laboral, los extranjeros deciden quedarse en España a ver si pasa el temporal y la cuestión se soluciona. La realidad es que el desempleo sigue creciendo, sobre todo en la población extranjera, como hemos visto por los datos que teníamos al principio.
Desde el Partido Popular pensamos que la situación que puede corregirse modificando la normativa actual. La propia Unión Europea, como se ha dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de esta mañana, nos marca muchas pautas, entre ellas, esta. Es necesario favorecer la inmigración circular vinculada al empleo. De esta manera pensamos que se pueden solucionar dos cuestiones fundamentales: el problema humano, que sufren cientos de miles de personas desarraigadas, sin empleo y atravesando unas circunstancias muy difíciles y, por otra parte, al vincular la inmigración con la creación de empleo, se crearía riqueza y favorecería el desarrollo integral de la sociedad.
Mediante esta iniciativa que presenta el Grupo Popular queremos proponer al Gobierno que en un plazo razonable de tiempo se regule la inmigración circular y el retorno voluntario de forma que se suspenda el cómputo de vigencia de la tarjeta de residencia durante el tiempo en que el inmigrante haya vuelto a su país de origen como consecuencia de ese retorno voluntario y que en caso de que vuelva a encontrar una oferta laboral, pueda volver a España junto con sus familiares más directos y con su tarjeta de residencia en vigor. Esta es la cuestión más importante.
Esperamos que a esta propuesta se sumen el resto de los grupos. Creemos que se puede contar con el resto de los grupos parlamentarios porque la iniciativa solamente viene a enriquecer, a favorecer y sobre todo a enmendar algo que nosotros creemos que es absolutamente necesario.
Estamos además convencidos de que esa modificación de la normativa que hemos indicado es buena para la economía y sobre todo es buena para mejorar la situación personal y familiar de miles de inmigrantes que no tienen trabajo, que desean seguir vinculados a España y que desde luego quieren tener un futuro como trabajadores regularizados y no de otro modo.
El planteamiento de nuestra iniciativa ha recibido una enmienda del Grupo Socialista que entendemos que efectivamente viene a mejorar y completar la propuesta que nosotros hacíamos en un principio. La transaccional ha supuesto también, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de esta mañana, un acuerdo generalmente bastante satisfactorio para los grupos, y rápido, y también tengo conocimiento de que la Mesa tiene esa transaccional.
Supongo que el resto de los grupos la tendrá y si no la tienen, podrán contar con ella, está a su disposición -me están diciendo- en aquella mesa. Por tanto, desde el Grupo Popular agradecemos esa disposición por parte del Grupo Socialista y esperamos el apoyo del resto de los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra don Rafael Herrera.
El señor HERRERA GIL: Señorías, en el año 2007 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una decisión por la que se establecía el Fondo europeo del retorno 2008-2013, alentando a los Estados miembros a dar preferencia al retorno voluntario frente al forzoso, y esto es lo que inspira la transaccional a la que hemos llegado el Grupo Popular y el Grupo Socialista. El Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, y el Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el anterior, configuran el Plan de retorno voluntario como una modalidad de abono acumulado y anticipado de las prestaciones contributivas por desempleo para trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. Esta medida se encuentra en línea con las actuaciones en materia de retorno voluntario que se impulsan desde la Unión Europea. En este sentido, el Plan de retorno voluntario se concibe como una alternativa más que se ofrece a los trabajadores extranjeros que se quedan en paro, correspondiendo a estos la libre y voluntaria decisión de optar por acogerse a esta posibilidad, si cumplen los requisitos o perciben prestaciones en España, y tratar de encontrar un nuevo trabajo. Junto con el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo, cuyo reconocimiento y pago es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, la normativa que desarrolla el Plan de retorno voluntario establece la posibilidad de prestar ayudas complementarias para facilitar el traslado de los inmigrantes a sus países de origen, que son gestionadas por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
Las normas jurídicas que sustentan el Plan de retorno voluntario establecen como condición para ser beneficiario del abono de la prestación por desempleo el compromiso de no retornar a España en el plazo de tres años y se determina que el reconocimiento de esta prestación tendrá como efecto la extinción de las autorizaciones de residencia de que sean titulares, así como la no posibilidad de concesión de nuevas autorizaciones en tanto no transcurran tres años desde su salida de España. Estas condiciones se entienden como una compensación de la ventaja que supone para el inmigrante desempleado poder disfrutar del cobro de la prestación por desempleo de forma anticipada y acumulada.
Respecto al resto de supuestos de retorno voluntario que se pudieran producir, ha de entenderse que la extinción o pérdida de la vigencia de las autorizaciones para residir en España se producen de acuerdo con lo establecido en la Ley de Extranjería y en su reglamento de desarrollo. De todas formas, en la actualidad se está trabajando en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Extranjería después de la modificación operada en ella por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en la que se podrían incorporar las modificaciones pertinentes, de considerarse su necesidad. Por ello en virtud de la PNL presentada por el Grupo Popular, enfocábamos un poco en lo micro, y el sumatorio de lo micro hace lo macro, y al final hemos llegado a una transacción con acumulación de ambos textos donde hablamos de inmigración circular, de desarrollo
y de retorno. Por lo tanto -no la voy a leer, la tienen a su disposición-, sentimos plena satisfacción tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, imagino que todos los grupos se incorporarán, y como decía mi portavoz doña Esperanza Esteve, la botella está a tres cuartos.
El señor PRESIDENTE: Creo que no es necesario suspender, pasamos directamente a las votaciones. Me dicen que faltan señorías. Entonces esperamos mientras ustedes recaban la presencia de los diputados o diputadas que falten. (Pausa.)
Bienvenido, señor López-Amor. Le estábamos esperando para iniciar la votación, para que vea lo importante que es.
Iniciamos la votación. En primer lugar, de la PNL 161/851, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política pública de inmigración en cooperación con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales. Se vota en los términos de la transaccional que ya conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
PNL 161/1136, de Izquierda Unida, sobre contratación laboral de trabajadores inmigrantes. Vamos a votar aquí, a petición del Grupo Parlamentario Popular y con la anuencia del proponente, señor Llamazares, en primer lugar los dos primeros puntos y luego el tercer punto de esta moción. Por lo tanto, sometemos...
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Perdón, señor presidente. ¿Es un texto transaccional o es el texto original de la iniciativa?
El señor PRESIDENTE: Es un texto transaccional, pero el Grupo Popular ha solicitado...
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Tengo entendido, al menos en Pleno, que los textos transaccionales no pueden votarse por separado.
El señor PRESIDENTE: Eso depende del autor. El autor en este caso es el señor Llamazares, que ha tenido un rasgo de generosidad, lo ha admitido y veo que se ratifica.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, no tengo ningún inconveniente, pero a efectos de sentar precedentes en esta Comisión, tomamos nota de la posibilidad de votar por separado textos transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Campuzano, siempre y cuando el autor de la proposición esté de acuerdo. Precisamente, tres votaciones después vamos a asistir a otro ejemplo. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido también la separación de algunas votaciones; sin embargo, el grupo proponente no ha aceptado y por lo tanto no vamos a hacerlo así, pero es que en este caso el señor Llamazares ha aceptado, y según me dice el letrado...
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es un texto transaccionado. Esta opción no existe en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Sí, texto transaccionado.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Estoy encantado, no tengo problema, pero sentamos un precedente.
La señora ESTEVE ORTIGA: Yo también pienso así.
El señor PRESIDENTE: Es lo que hemos hablado antes. El letrado me informa que cuando ya se ha planteado la cuestión a mediados de la sesión, tiene carácter de una enmienda más y que por tanto la decisión es del proponente, así que vamos a sometarla a votación. Repito, sometemos a votación los dos primeros puntos a la PNL de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.
Al final el resultado es el mismo, después de tanta historia, pero el señor Llamazares queda muy bien. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.)
En tercer lugar, PNL 161/1173, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a los procedimientos de expulsión de extranjeros. Vamos a votar también un primer punto, porque nos han pedido la separación del mismo, y luego el resto. Lo que se vota por separado es el primer punto. Aquí hay una autoenmienda del grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, vamos a votar el primer punto.
Ahora votamos el resto de la proposición.
PNL 161/1558, de Convergència i Unió, sobre medidas para fortalecer la capacidad de actuación de los ayuntamientos en materia de política migratoria. Se vota en los términos de la transacción que ya conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
PNL 161/1624, del Grupo Parlamentario Socialista, para evaluar el proceso de integración de las segundas generaciones. Se vota también en los términos de la transacción que han acordado SS.SS. y que ya conocen.
PNL 161/1663, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre una estrategia integral de las administraciones públicas implicadas en materia de acogida e integración de menores extranjeros. Se vota también en los términos de la transacción que ya conocen ustedes.
PNL 161/1720, del Grupo Parlamentario Popular, sobre fondos presupuestarios en la ciudad de Melilla. Se vota en los términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
Finalmente, PNL 161/1725, sobre regulación de la inmigración y el retorno voluntario, que se vota en los términos de la transacción que ya conocen sus señorías.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.

References: artículo 190
 artículo 426
 artículo 426
 artículo 14
 artículo 89
 artículo 36
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 36
 resolución 
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 53
 artículo 39
 artículo 111
 artículo 148
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 41
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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