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Timestamp: 2020-07-13 08:21:33+00:00

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Atrabilioso 2007: abril 2008
No debería haber necesidad de insistir en la importancia de las palabras, pero en el nivel de la discusión en Colombia resulta algo imprescindible porque cualquiera las usa con el sentido que quiere y así no se llega a ninguna claridad. Vale la pena detenerse un poco en la noción de justicia, porque pronto se verá que cuando no se sabe de qué se habla perfectamente puede llegar a significar “injusticia”.
”Eludir la acción de la justicia”
Por ejemplo, respecto al caso de Mario Uribe, dice el director de la revista Cambio, el ex ministro del gobierno de Samper Rodrigo Pardo: La fallida intención de Uribe Escobar era eludir la acción de la justicia. Ciertamente, la frase es usual y no faltará quien no le vea ningún problema; mejor dicho, depende de la disposición de cada cual, el que es hostil al gobierno, considerará que la frase es apropiada, el que no, verá cierta intención hostil. En este caso, siguiendo un uso normal de la palabra, “la justicia” significa “las autoridades judiciales”. Pero el lector que no evalúa las palabras con sentido crítico o no tiene un especial interés en la precisión podrá dar por sentado que las disposiciones de esas autoridades son justas. ¿Lo son? Habría que evaluar cada caso, el sentido de este artículo es explicar de qué modo en Colombia más bien tienden a no serlo.
La justicia es la injusticia
Más resuelto, como corresponde a la Academia en un mundo al revés, el columnista y profesor Álvaro Camacho Guizado proclama:
Claro que un régimen estable es preferible a uno inestable que tenga que recurrir a la violencia para sostenerse, pero ineludiblemente para que sea estable debe ser justo, y por tanto debe respetar a los aparatos judiciales, subordinarse a ellos y no pedirles que actúen de una manera u otra: la aceptación de su autonomía es un principio democrático que no se puede violar, aunque se cuente con un volumen importante de opinión pública favorable.
No faltará quien recuerde que el volumen de opinión pública siempre es importante, tanto si es grande como si es pequeño, pero ¿qué tiene que ver ser justo con subordinarse a los aparatos judiciales? Personalmente pienso que Mario Uribe buscaba el asilo político porque es víctima de una persecución política, con lo que no “eludía la acción de la justicia” sino que se libraba de una injusticia, pero Camacho Guizado va un poco más allá: ser justo es someterse a los jueces. ¿Son justos éstos? Claro, ¿cómo no van a ser justos los profesionales de la justicia? Es la pura lógica del gato de Cheshire y un síntoma extremo de la indigencia moral e intelectual de las clases poderosas del país. ¡A que alguien se acuerda de que la rebelión política es defendida por los jueces como un derecho! De modo que es legal matar gente para destruir el orden legal pero discrepar de los jueces es ser injusto.
¿En qué momento se jodió Colombia?
Durante el gobierno de Pastrana cundió la desesperación a causa del imperio del terrorismo y el secuestro, era muy frecuente lamentar la situación del país y añorar épocas más agradables. Ese sentido nostálgico es uno de los mayores problemas de las mayorías uribistas: son mayorías conservadoras que sienten que el país torció su rumbo por el tráfico de drogas y la infección marxista y echan de menos el país católico tranquilo que a lo mejor sólo existe en la imaginación. ¿Habrá quien recuerde que hace cien años todavía se viajaba “a lomo de indio” y hace doscientos años buena parte de la población era esclava? Cada vez que uno se encuentra con esas descaradas prerrogativas de los jueces y de los miembros de las castas ligadas al poder, lo que percibe es el viejo país. Las mismas guerrillas son parte de eso, estrategias de minorías selectas para asegurarse el dominio sin necesidad de convencer a los demás.
Para entender la conducta de la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses sólo hay que prestar atención al sentido de todo lo que hace, que no es otro que deslegitimar al gobierno. ¿Por qué no se procesó a Andrés Pastrana por reunirse con Tirofijo? Siempre se vuelve a la cuestión que todos los columnistas rehúyen, que es lo que dice la CSJ sobre el delito político. Esa autoridad busca respaldo a sus ideas en la Constitución y a ésta nadie la cuestiona, de modo que hay un amplio consenso entre los creadores de opinión en que cuestionar la consideración “altruista” de la rebelión armada es ser injusto. Camacho Guizado sólo expresa más abiertamente esa opinión generalizada. Los que creemos que las ideas de la CSJ sobre el delito político son claramente criminales somos una minoría. No hay un país sano que experimenta una infección foránea, sino un país bárbaro que tiene la oportunidad de integrarse a la civilización, aunque poca decisión para hacerlo.
La Corte y el Secretariado
Recientemente señalaba Fernando Londoño el absurdo conceptual en que cae la Corte al perseguir políticamente a unos políticos por actividades ligadas a su actividad al tiempo que les niega toda consideración política:
Para empezar, la Corte se ha permitido una audacia intelectual que pocos hemos denunciado. Y es que hay todo un aparato de aplicación judicial en torno a un ejercicio político cuyos autores son unos sujetos que no hacen política, no son políticos y nunca obraron con propósitos políticos. Al negar el carácter de políticos a los delitos de los llamados paramilitares, la Corte cayó en esta trampa dialéctica insoluble. El Congreso está en la cárcel porque los aspirantes a integrarlo se asociaron políticamente, para alcanzar dominio político en contubernio con quienes se adueñaron de la política, sin que tuvieran sus actos intención ni contenido político. A partir de tal absurdo, todo lo que sigue trae ese vicio esencial.
Pero al respecto es mejor prestar atención a lo que dice la misma corte:
La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia.
Es importante señalar la clara asociación entre esas ideas y las aspiraciones de las organizaciones comunistas: ¿qué pasaría si alguien se levanta en armas para reimplantar la esclavitud o para exterminar a determinado grupo racial? Tendría que destruir el Estado como tal y el sistema político vigente, por tanto perseguiría finalidades altruistas. ¿O no? Pero, ¿cuál es el sistema político vigente contra el que se levantan los rebeldes políticos? Es la democracia representativa basada en el sufragio universal. La rebelión política sólo tiene por objeto la imposición de una minoría sobre la mayoría, para lo cual, obviamente, se debe reemplazar el sistema político vigente. Todas las demás aspiraciones políticas se resolverían sin violencia, salvo el respeto a la voluntad de la mayoría.
No faltará quien piense que se trata de una elaboración doctrinaria de la Constitución que favorece las inclinaciones de los grupos comunistas, pero es mucho más interesante entender por qué esos grupos de universitarios adoptaron el marxismo. Es decir, el marxismo no es el contenido último de las aspiraciones de quienes quieren abolir el sufragio universal, sino un pretexto, un disfraz para una época. Las aspiraciones revolucionarias no son un avance, ni siquiera desviado, sino un puro atavismo. ¿Qué representan? Al Estado en su origen, cuando sólo representaba un poder ultramarino al que defendía una minoría de la población de los siglos coloniales. Esa minoría se formó como representante de ese poder extranjero y se puso a sí misma a salvo del trabajo, encargada sólo de la exacción; con la independencia sólo desapareció el usufructuario extranjero y esa casta quedó como dueña del país. La jurisprudencia fue la ocupación que escogió esa minoría, que siempre se opuso a la penetración de ideas foráneas que condujo a la creación de instituciones representativas. La revolución rusa y el desorden que siguió en Europa despertó toda clase de esperanzas de anular el sufragio. No es raro que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional sea uno de los últimos refugios del comunismo en el mundo.
Eso explica la defensa cerrada por parte de la CSJ de ideas perversas y criminales como la del delito político. Pero el arraigo de ese orden que los magistrados defienden es muy profundo y por eso casi se puede decir que los tirapiedra y guerrilleros no hacen más que defender ese viejo orden. La misma Constitución política vigente confirma esa noción. Por otra parte, al ser un poder no elegido ni dependiente de los otros, las autoridades judiciales están en una situación especial. Según la Constitución los magistrados pueden ser juzgados por el Congreso, pero ¿qué delitos tendrían que cometer? Cuando el gobierno denunció el caso Tasmania la reacción de los magistrados fue la de ponerse por encima de la ley, a salvo de cualquier cuestionamiento. Pero el problema es que no es posible juzgarlos por sus actuaciones porque son ellos quienes definen los límites de la ley.
Obrar con justicia
En resumen, nada de lo que ocurre deja de tener su origen en la configuración ideológica, social y aun jurídica del país. Lo que limita la acción de los jueces en los demás países es precisamente la justicia de sus acciones, y al respecto existe el delito de prevaricación o prevaricato. Según el diccionario, prevaricación es: Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. El Código Penal Español señala respecto a la prevaricación: Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. Eso quiere decir que quien juzgue a esos funcionarios tendrá que considerar si lo que hicieron era justo, cosa que EN ESPAÑA no consiste en que provenga de una autoridad de justicia.
Prevaricar en Colombia
A los magistrados colombianos nadie los podrá juzgar por emitir a sabiendas resoluciones injustas, pues el Código Penal colombiano no contempla esa posibilidad. Es importante prestar atención a los artículos correspondientes:
ARTÍCULO 413 - Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
ARTÍCULO 414- Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
Es decir, que el prevaricato es una cuestión puramente de procedimiento porque la ley es autorreferencial, el juez que no deje en libertad a Alfonso Cano puede estar prevaricando porque la ley dice que el rebelde político debe tener un tratamiento benigno y puede que no haya modo de comprobar que cometió delitos de lesa humanidad. Pero lo esencial es otra cosa: no es posible cuestionar la justicia de las actuaciones de los jueces, sólo su sujeción a la ley.
Garantes de la justicia
Nada puede llevar tanto a error como el acostumbramiento, la gente ve que algún fenómeno se repite y deja de pensar que puede ser perverso y más bien empieza a participar de él. Por ejemplo, el hecho cotidiano de que los argumentos se respalden con declaraciones tajantes de cualquiera ya no sorprende a ningún colombiano. Tratándose de cuestiones de política o derecho, eso es todavía más claro. De modo que la conducta de la Corte en el caso de la parapolítica y de la orden de captura contra Yidis Medina encuentra toda clase de contradictores y defensores, que están siempre a salvo de cualquier coherencia: la justicia se vuelve una cuestión de quién grite más alto. Eso ha conducido a un prodigio increíble: todas las personas que hace ocho años escribían en los foros burlándose de los secuestrados, los que alientan de diversos modos a las guerrillas, los que quieren destruir el orden legal, los que proclaman, como Alfredo Molano que las guerrillas defienden a los campesinos, etc., se convierten en garantes de la probidad de la CSJ.
La virtud justiciera de esos garantes debería bastar para evaluar la conducta de la CSJ, pero también puede ser útil para entender el país: vivirá engañado quien no vea una facción considerable de las clases altas dedicada a destruir el sistema democrático y a las altas autoridades judiciales complaciendo esas tendencias, que de algún modo son la tradición. Si en el resto de Sudamérica predominan los proyectos políticos que siguen esa orientación no es por ninguna otra causa, y eso debería alertar sobre el peligro que acecha a Colombia, que no se conjura simplemente con la derrota de las FARC sino con un prolongado esfuerzo político por poner al día las instituciones, para lo cual será inevitable una nueva Constitución y unos nuevos códigos legales.
Después de cuatro años de una catastrófica administración, el ex alcalde de Luis Eduardo Garzón concedió una entrevista en la que comienza a pontificar sobre la política nacional, sin mirar el caos en el que dejó sumergida a Bogotá.
No se entiende cómo un político que dejó a la ciudad en semejante situación, hoy tiene la cara dura de proclamarse como un candidato “congelado” a la Presidencia de la República.
Garzón nunca fue un alcalde consagrado a la tarea que le encomendaron. Por el contrario, fue un personaje que demostró que su única intención era utilizar el puesto como trampolín para llegar a la Casa de Nariño: Mientras avanzaba el deterioro de Bogotá, Garzón posaba de candidato presidencial mientras con una gran indiferencia por la ciudad.
Durante cuatro años Garzón solo pensó en si mismo y en mudarse del Palacio Liévano a la Casa de Nariño. Mientras el Alcalde jugaba al político con visión nacional, la ciudad entraba en un proceso catatrófico de deterioro: La malla vial se deterioró muchísimo más –lo que era bien difícil-; logró reducir la movilidad de Bogotá al punto que hoy es 10,7% más lenta que en el año 2003; el transporte público es un caos contaminante y Transmilenio comenzó a fallar por una pésima gerencia que dejaba buses parados en los portales mientras crecían las aglomeraciones en las estaciones. Además, Garzón degeneró una buena idea como los comedores comunitarios y los transformó en fortines politiqueros basados en el asistencialismo convertido en parasitismo, lo que está generando gravísimos problemas sociales con personas en plena edad productiva que aprendieron a parasitar del Estado y se niegan a cualquier posibilidad que implique trabajar y producir.
El uso populista del asistencialismo es un cáncer que ha surgido en Bogotá y que terminará por colapsar las finanzas de la ciudad, esas que Garzón maquilló al punto de anunciar un superávit cuando lo cierto es que había ya un hueco fiscal. El nuevo secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega lo reconoció: "En la administración anterior hubo más gastos que ingresos lo que nos hace pensar que no es real el superávit de los dos billones de pesos del que se habló en su momento".
Pero era imposible que las finanzas del Distrito no se afectaran durante el gobierno Garzón: Creó una cuadrilla de empleados oficiales para que taparan unos huecos y los bautizó como el escuadrón de armando calles, nombre sugestivo de una campaña de publicidad que costó la bobadita de 800 millones de pesos para que los ciudadanos supieran que su gran alcalde estaba cumpliendo con su deber… el poner unos cuantos parches en algunas pocas vías capitalinas.
Esa campaña de publicidad podría considerarse engañosa, pues más allá de un coronel retirado que hacía las veces de Armando Calle, los trabajos generaron más problemas que soluciones… pero no importaba mucho porque los medios afectos al Alcalde recibieron buenas sumas por publicitar los supuestos trabajos y presentar al personaje en cuanto espacio tenían.
Ni hablar de la violencia en los colegios, con más de 15 mil alumnos portando armas de fuego en las instituciones educativas, situación que fue determinada en un estudio realizado por el DANE y la universidad de los Andes. Dicho estudio no fue difundido por la administración Garzón, pues son tan graves las conclusiones que incluso los concejales del Polo trataron de desviar la atención en un debate que se realizó sobre el tema.
Y el manejo irresponsable, mediocre e improvisado que hizo la administración Garzón del tema tributario merece un capítulo especial. Primero se lanzó a la aventura de hacer una actualización catastral plagada de irregularidades como lo advirtió la Contraloría. Fue tan grave la situación que a Garzón le tocó dar marcha atrás –cuando ya se habían repartido los formularios del impuesto predial- y volver a enviar los documentos para cobrar el impuesto sin ningún reajuste. Se habla de un detrimento para las finanzas del distrito superior a los 400 mil millones de pesos, que obviamente el “gran” alcalde del Polo no sacará de su bolsillo.
Como no logró la actualización catastral, Garzón se acogió a una decisión del Concejo de Bogotá de realizar un cobro de valorización en varios sectores de la ciudad: Mientras un apartamento en el barrio El Tunal pagó 180 mil pesos por valorización, una oficina en el edificio Colpatria quedó pagando entre 7 y 10 mil pesos. Para colmo de males la valorización fue mal cobrada, desfase por el que el propio Garzón tuvo que ofrecer disculpas públicas.
De pésimo alcalde a candidato en el refrigerador
Los anteriores son solo algunos de los desastres que Luis Eduardo Garzón dejó en Bogotá, el mismo personaje que ahora sale como candidato “congelado” y señala que “lo que el país necesita es generosidad, antes que pensar que la política gira alrededor de uno. En esta etapa me interesa más hablar sobre una reforma profunda para salir del atolladero.”
¡Caramba! Una reforma profunda, eso es bien interesante. Veamos a qué se refiere: “Necesitamos saber si en una república unitaria necesitamos dos cámaras legislativas; pienso que se requiere sólo una. Segundo, me parece clave plantear la ampliación del período presidencial, que puede ser de seis años. Tercero, el voto preferente hay que eliminarlo. Cuarto, la financiación de campañas, que convierte el candidato en un producto de los negocios, legales o ilegales. Y quinto, tenemos que hacer campañas cortas y baratas”.
Increíble: Lo que está planteando Garzón como la panacea es ni más ni menos que la aplicación del referendo que Uribe propuso en 2003 y que fue sepultado por los ciudadanos que se dejaron confundir por la estupidez de la oposición. Una sola cámara en el Congreso, por ejemplo, era un eje central de la propuesta, pero la miopía opositora se lanzó contra todas las propuestas por el solo hecho de haber sido planteadas por el Presidente y no miraron siquiera si le convenían o no al país… ahora los líderes de la oposición tienen la sinvergüencería de indicar que esas mismas propuestas que tanto criticaron, son las necesarias para el progreso del país.
Dice el cuestionable ex alcalde que a Uribe no hay que reelegirlo porque “si bien la seguridad democrática avanza con indicadores importantes en relación con las Farc, también desinstitucionaliza terriblemente, porque todo vale para contener a las Farc. Además, se ha hecho una gran confrontación con la guerrilla, pero no con el narcotráfico.”
Entonces, según el “brillante” Garzón, Uribe desinstitucionaliza porque ha perseguido sin tregua a las FARC y ha corrido riesgos: Muchos le pueden cuestionar el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador, un ataque legítimo por la complicidad evidente entre el gobierno ecuatoriano y el grupo terrorista, pero ese golpe y sus efectos serán un enorme avance para el país en materia de justicia y verdad.
Dice Garzón que no se ha combatido al narcotráfico, pasando por alto que el principal cartel de la droga son las FARC y por ende, si se combate con toda fortaleza a las FARC, como el mismo Garzón lo reconoce, se está confrontando al narcotráfico. De igual forma el ex alcalde desconoce el incremento en la erradicación de cultivos ilícitos, el crecimiento en la extinción de dominio, la persecución exitosa a múltiples plataformas de lavado de activos y la desarticulación de redes del narcotráfico que habían infiltrado todos los estamentos sociales y gubernamentales. Entonces, decir que no se ha confrontado al narcotráfico y que por ende eso ha desinstitucionalizado al país es por lo menos una cantinflada.
Finalmente Garzón explica, sin querer por supuesto, los motivos para la catástrofe que fue su administración en Bogotá: “A Uribe hay que reconocerle que generó un estilo de comunicación y liderazgo en el que la gente se identifica con ese trabajar, trabajar, trabajar. Pero es que hoy, más que trabajar, lo que se necesita es que generemos confianza en la democracia.”
Para Garzón, el trabajar se lo deja al buey, olvidando que el desarrollo y las gestiones exitosas se consiguen con trabajo, con inteligencia y con una pequeña dosis de suerte… Garzón no trabajó, ni lideró nada distinto a su agazapada campaña presidencial, ni eligió un equipo capacitado para las tareas encomendadas (nombrar a una periodista como secretaria de movilidad fue un disparate), ni realizó una gestión que pueda calificarse siquiera como mediocre: Dice la Biblia que por sus obras los conoceréis y a Garzón ya lo conocimos lo suficiente…
Llevamos menos de dos semanas de sobresaltos: La seguidilla de escándalos no cesa y los ciudadanos nos hemos convertido en objetivos fundamentales del bombardeo estratégico que están lanzando, no contra el gobierno, sino contra el país.
Sin embargo, dentro de la estrategia, el elemento fundamental era la acusación contra el Presidente de un terrorista condenado. Esa era la chispa que generaría la gran explosión y llevaría al éxito de la estrategia que montaron cuidadosamente después de las primeras luces del contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’.
Todo les estaba saliendo tan bien: La Corte Suprema hacía su trabajo abriendo investigaciones contra políticos cercanos al gobierno, Rocío Arias denunciaba a la presidenta del Congreso por vínculos con paramilitares, las FARC movilizaban a sus esclavos de Tarazá, Daniel Coronell emitía la confesión de una ex parlamentaria, la hija de Jaime Dussán hacía su trabajo en la Fiscalía e impulsaba la orden de captura contra el primo del Presidente y el poder judicial obstaculizaba la extradición de un paramilitar… ¡No podían pedir más!
El plato estaba servido, o como diría un sindicalista de Fecode, solo se necesitaba un leve empujón para que el “régimen” cayera. Y ese último empujón lo darían en los próximos días con las denuncias de Francisco Villalba sobre los nexos del Presidente con los paramilitares… Ese era el puntillazo final al que contribuyeron entusiastas las FARC.
Pero de repente el tiro les salió por la culata: El propio acusado Álvaro Uribe Vélez llamó a Caracol y reveló las denuncias que el paramilitar había lanzado en su contra y contó los detalles del testimonio, algo con lo que no contaban los conspiradores totalitarios.
Esa entrevista concedida por el Presidente les desbarató el plan y los dejó nuevamente en la incertidumbre del contenido de los computadores, pues sin derrocar a Uribe, o en términos más concretos sin obtener la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, quedaron otra vez ante el inevitable desenlace judicial que tendrá el desarrollo de los procesos por la farucopolítica.
Sin embargo, la crisis sigue viva y los colombianos no podemos descuidarnos. Todo indica que el momento de una decisión histórica ha llegado y que estamos a punto de definir el futuro que queremos: Ser un país seriamente comprometido con el desarrollo o condenarnos a la tragedia que significa el socialismo del siglo XXI.
No nos podemos llamar a engaños: Las denuncias contra el Presidente siguen vivas y tendrán que ser investigadas, lo mismo que los procesos estilo Roberpierre que en muchos casos se adelantan en la Corte Suprema y en la Fiscalía. Tampoco podemos confiarnos, pues las fuerzas totalitarias tienen armadas sus movilizaciones y afinan cada táctica para causar el mayor daño posible.
Ciertamente el Congreso está en una situación sin reversa y la crisis desatada por la persecución pseudopenal y evidentemente política tendrá que desembocar en medidas sumamente fuertes, pero eso será consecuencia del equilibrio que dará el procesamiento que deberán hacer de los políticos vinculados con las FARC.
Muchos son pesimistas con respecto a la difusión y a la agilidad en el procesamiento de las pruebas de la farucopolítica, y ese pesimismo es legítimo si se tiene en cuenta el servilismo de amplios sectores de la prensa colombiana de circulación nacional que trabajan a favor de los totalitarios. Pero eso deberá ser contrarrestado con la difusión ciudadana de los hechos mediante los instrumentos mediáticos alternativos con los que cuenta el país, pues los colombianos y el mundo tendrán que conocer esa otra vergüenza que es la relación de amplios sectores sociales con el terrorismo.
Ese futuro, que para algunos es lejano, está a la vuelta de la esquina y será difícil y costoso, pues si la justicia colombiana se ve a calzas prietas para atender los procesos normales, los de Justicia y paz y los de la parapolítica, la investigación de la farucopolítica podría llevar al colapso del aparato judicial y sobre todo a ofrecer en bandeja de plata las justificaciones para la preclusión de los delitos relacionados con los políticos de las FARC, por simples vencimientos de términos.
Esa es una alerta que se debe encender desde ya, pues el gobierno deberá estar atento en el presupuesto, apoyando la ampliación de la cobertura judicial para que el país no asista más tarde a una nueva frustración y queden impunes los políticos “altruistas”.
Mientras tanto los vecinos hacen lo suyo y tratan por todos los medios de legitimar a las FARC y como será confirmado en los próximos meses, a su brazo político que no solo lo integran el PDA y una parte del liberalismo, sino incluso algunos peones de lo que se conoce como el uribismo.
Qué Uribe haya apagado el cordón detonante no significa que los barriles de pólvora estén vacíos y que los totalitarios hayan cejado en su empeño de hacerlos estallar por los aires… ellos solo sueñan con gobernar sobre un pedestal de osamentas y cadáveres.
No se sabía cómo podrían reaccionar, ni qué artimañas utilizarían para embestir la credibilidad del gobierno durante las dos últimas semanas de abril. Pero era evidente que al acercarse el último día del mes, o los primeros de mayo, algunos sectores tomarían la iniciativa para atacar al gobierno y especialmente al Presidente. Los hechos ocurridos la semana pasada son apenas el aperitivo de lo que ocurrirá los próximos días y la artillería pesada contra el Presidente se sentirá en diferentes escenarios.
El tiempo de la ofensiva fue anunciado por el “mercader de las interceptaciones”, Daniel Coronell. El 5 de abril, en su columna de Semana, el director de Noticias Uno anunció que dos semanas después publicaría una entrevista con Yidis Medina, la ex congresista que votó a favor de la reelección presidencial.
Más allá de los pormenores de esa entrevista, lo importante es la fecha de publicación: 19 de abril. ¿Por qué esperar dos semanas? Según Coronell, porque Yidis le pidió dos semanas para arreglar asuntos familiares antes de que se publicara la información.
Pero eso es una contradicción. El 31 de marzo, la misma Yidis Medina concedió una entrevista a Caracol en la que detalla básicamente el contenido de un libro que está por salir y en el que promete contar los pormenores de la gestión para aprobar el acto legislativo de la reelección. La ex representante dijo en esa entrevista que lo prometido para que cambiara su voto no eran cosas personales, sino "apoyo para la región.(…) No le veo pecado que el gobierno ponga los ojos en las regiones. No le veo ningún pecado".
Que en la entrevista presentada por Coronell, que supuestamente guardó el director de Noticias Uno desde agosto de 2004, Yidis haya profundizado las promesas no cambia sustancialmente el hecho central de su disposición de contar lo que dice saber sobre el tema de la reelección. Entonces, ¿Para qué las dos semanas?
Porque el caso Yidis es solo una de las puntas de lanza de este ataque que concertaron para estos días finales de abril. El otro frente de combate se encuentra en el campo político-penal: la semana anterior la Corte abrió investigaciones preliminares contra Carlos García Orjuela, presidente de la U y a última hora anunció abrir un expediente contra la Presidenta del Congreso.
En ese mismo frente de batalla, el cuestionable testigo estrella de la Corte, Rafael García, encendió un nuevo “ventilador” en el que señala a funcionarios como Ángel Maya de quien dijo, facilitó la infiltración de las autodefensas en la Procuraduría General; y la ex ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, de quien aseguró era una facilitadora de los paramilitares, dedicada a realizar conexiones con dirigentes políticos para ese grupo armado ilegal.
García también nombró varias dependencias directas del alto Gobierno como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Empresa Social del Estado (ESE) Luis Carlos Galán, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; el Ministerio del Interior y de Justicia; la Cancillería; el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comunicaciones; el Ministerio de Transporte; la Embajada de Colombia en Panamá; la Armada Nacional; el Incoder e Indumil.
Y no podía faltar el frente combinado de medios-justicia en esta planeada acción de ataque. El caso de la presidenta del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, estalló justamente esta semana en una entrevista que concedió a la revista Cambio. En ella, Rocio Arias señala que los paramilitares le prohibieron hacer proselitismo político en Cundinamarca para favorecer a la actual presidenta del Senado.
Sin embargo, y esto vale la pena considerarlo, Arias recibió la visita de Piedad Córdoba unos días antes de la entrevista, y a la luz de la andanada de la última semana, no parece un despropósito pensar que la senadora venezolana Piedad Córdoba esté participando activamente en el ataque, pues evidentemente ella tiene un serio interés en las motivaciones que han generado toda la andanada.
La razón del ataque
El 12 de abril, María Isabel Rueda preguntó: ¿O sea que así como están temblando los para-políticos, deben temblar los farc-políticos? Y respondió el general Oscar Naranjo: Sí.
Desde la captura de los computadores de ‘Raúl Reyes’ se ha insistido en que la información contenida en los aparatos será entregada al gobierno colombiano a finales de abril o en las primeras semanas de mayo.
Ciertamente hay políticos que están temblando, pero también hay periodistas (uno de ellos ya se asiló en Venezuela aunque mantiene vínculos con comunicadores colombianos), propietarios de empresas y medios de comunicación, militares (oficiales y sub oficiales), jueces y fiscales; que saben que sus nombres aparecen en los computadores de ‘Raúl Reyes’… nadie mejor que ellos para conocer sus propios pecados y presagiar el futuro que les espera cuando se de a conocer la información.
Así las cosas, el incierto futuro llevó a esos personajes a elaborar una estrategia de desprestigio, concentrada en una sola semana por lo pronto, que consiste en abonar el terreno para señalar que los resultados del peritaje efectuado a los aparatos del terrorista son una cortina de humo que lanzará el gobierno para ocultar las graves situaciones que ellos sacaron a la luz.
Es que Daniel Coronell sabe que por lo menos dos de sus periodistas están en ese computador (si no es que él mismo aparece en la lista), lo que afectará la imagen y credibilidad de su empresa ante los ciudadanos y ante los que pautan en su espacio televisivo.
También Piedad lo tiene claro y sabe que tarde o temprano saldrá a bailar su entrevista NO AUTORIZADA con ‘Tirofijo’ hace unos años y seguramente el reporte del encuentro que sostuvo con ‘Raúl Reyes’ confirmará que la señora le propuso refundar la patria, como lo hizo en su momento con ‘Simón Trinidad’ en los Estados Unidos, al mejor estilo del pacto de Ralito.
Y la Corte, esa misma institución que no ha querido acelerar los procesos contra algunos miembros de la oposición, mientras se muestra más que eficiente cuando de políticos uribistas se trata, tendrá que ocuparse de esos casos y finalmente aparentar la misma celeridad en la farucopolítica, que de paso sea dicho, tendrá un acervo probatorio mucho más contundente que las declaraciones de un contradictorio testigo como Rafael García.
Los juristas saben que una vez los documentos del abatido terrorista salgan a la luz pública, quedarán entre la espada y la pared y no tendrán otro remedio que iniciar las investigaciones y ejecutar las acciones judiciales pertinentes, pues el país no les perdonará que sigan siendo tan estrictos con los parapolíticos y se muestren tan complacientes con los farucopolíticos: El equilibrio de la justicia será una petición unánime de la ciudadanía.
Son múltiples las razones que tienen muchos en el país para echar a rodar esta nueva andanada, pues tienen que hacer lo posible por sembrar dudas y lanzar granadas de humo antes de que salgan las pruebas a la luz. En otras palabras: Hay que desprestigiar al portador de las pruebas antes de que las presente… después de la certificación de Interpol sería demasiado tarde.
Yidis Medina se sentía amenazada: Por eso concedió la entrevista. ¿Quién la pretendía amenazar? No sería el Gobierno a quien su voto le permitió un triunfo sin precedentes en la historia del país. Entonces ¿quién estaría interesado en amenazarla? Pues bien. Evidentemente las presiones provenían de aquellos que la obligaron a firmar un documento en el que ella se comprometía a votar negativamente la reelección, entre ellos el propio ex presidente Andrés Pastrana.
Esa es la causa para que ella contara los hechos, pues la primera condición que Yidis Medina puso fue no revelar la entrevista a menos que le pasara algo. Después, al final, Yidis puso otra condición: Que saliera a la luz si el gobierno no era serio con sus compromisos.
Pero ella tenía miedo de que le incumplieran, según se desprende de sus palabras. Unos días después de la votación, su jefe, el representante Díaz Mateus, le dijo que tuviera cuidado porque si hablaba el gobierno no le iba a cumplir. Es decir, Yidis Medina o no confiaba en las promesas del Presidente y de sus asesores, pues la incertidumbre parece que la consumió al poco tiempo del voto, o se sintió tan presionada por el desprecio y ataques de la oposición, que decidió salir por la puerta que consideró más fácil: Decir que fue comprada.
Dice Yidis Medina que el Presidente le dijo “que lo ayudara, que eso era hacer patria, que los compromisos con Alberto Velásquez se los cumpliría, que él quería salvar a este país, que lo ayudara, que no lo dejara solo, que él (Uribe) nunca iba a tener con que gratificar ese favor”.
Hace un par de meses, el mismo periodista que escribió el libro de Madame Rochy sobre las prepago, se lanzó a escribir el libro de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en el que supuestamente cuentan la historia de la reelección. En esa ocasión (el libro TODAVÍA NO HA SALIDO) ella contó que fue prácticamente secuestrada por los que apoyaban el no. También habló de tenerlo grabado todo, pero ¡Oh sorpresa! Las grabaciones no aparecen y ni siquiera parece habérselas querido entregar a Daniel Coronell.
Según Yidis, ella solicitaba el control regional del SENA, del Seguro Social y de la Red de solidaridad… pero es claro que no obtuvo el control de ninguna de esas instituciones.
Uno se pregunta: ¿Si el gobierno ganó con el voto de Yidis, no era lógico que le cumpliera con algo y mantenerla en silencio? ¿Acaso el gobierno Uribe quería que esta desconfiada mujer saliera a hablar y a entregar las pruebas que dice tener? No estamos hablando del alcalde de un pueblo, sino de un Presidente que tiene a su disposición una nómina cercana al millón de puestos, disponibles para pagar favores… ¿Por qué Uribe no utilizó su poder? Es más: ¿Por qué, cuando surgió el escándalo no la llamó y le tapó la boca con unos cuantos puestos?
Las preguntas anteriores hacen pensar que no existieron tales ofrecimientos, pues lo cierto es que hace unos años la señora Medina, en una declaración juramentada ante la Procuraduría, negó que el gobierno le hubiese ofrecido algo por su voto. La intención de este escándalo, por parte de Yidis Medina, es promover su libro, así vaya a disfrutar de las regalías en una cárcel, pues igual tendrá que explicar los motivos que la llevaron a firmar un pacto por el no y luego deberá presentar las grabaciones que dice tener de las promesas del gobierno.
Si no lo hace, esto será un escándalo más de la palabra de una persona que dice haberse vendido al mejor postor, cuando el supuesto comprador niega tales acusaciones y tiene la prueba reina: No se adjudicó un solo puesto a Yidis Medina, como ella misma reclama.
Es más: Si resulta que accidentalmente un funcionario de todo el gobierno pertenece a la cuerda de Yidis Medina, entonces quedaría deteriorada la credibilidad de la entrevista, pues no habría motivo para que la señora armara el escándalo y recaería la sospecha sobre el que emitió la entrevista y sobre todo, sobre la seriedad de las denuncias.
a la/s 10:41 p. m. 0 comentarios
Afortunadamente la jugada sucia de los demócratas en el congreso de los Estados Unidos al eliminar el plazo previsto en el “fast track” para tramitar los TLC, y con ello el de Colombia, es simplemente una demostración de poder que les “permitiría jugar” indefinidamente con el acuerdo (lo mismo que hace la guerrilla con la exigencia de despeje) pero no indica, aunque así lo hayan percibido los ciudadanitos de ambos países, que vayan a sobrepasar el limite que abolieron, ni mucho menos que vayan a rechazar el tratado.
La percepción “racional” de los hechos nos permite tener confianza -el gobierno y los industriales la tienen, ojalá los inversionistas extranjeros también- en que finalmente (a pesar de la bofetada) el TLC lo aprobarán. Tal vez al limite de la actual legislatura (o quizás ya no en este año dependerá de Bush) a menos que el presidente ceda en lo del TAA, o en cualquier otra petición no tan altruista como esa -siempre las hay- que los demócratas muestren por debajo de la mesa. Eso se llama "chantaje" y es el instrumento con el que se interrelacionan los poderes -aquí y en Cafarnaún- a espalda del pueblo, que es quien les da legitimidad.
Pero muy desagradable –humillante a pesar de la retórica demócrata- el quedar reducidos a la categoría de juguete en la lucha de poder -y de votos- de los demócratas con los republicanos.
Y muy triste que hayan sido colombianos, también buscando votos perdidos por cuenta de tanta contradicción y demagogia, quienes les hayan dado los argumentos.
Sin embargo son hechos cumplidos contra los que no se puede hacer nada, solo esperar, y que los electores apliquen el debido castigo –aquí y allá- a quienes han procedido con mala fe.
Podría suceder –por ejemplo- que los demócratas que son mayoría en el congreso norteamericano las perdieran -como también la presidencia que tienen casi asegurada- y que con McCain en el poder y mayorías republicanas en el congreso, la suerte del TLC de Colombia con Estados Unidos mejorara.
El Polo trata de demostrar por todos los medios a su alcance, que sería un bien para el país que el tratado fuera rechazado. No obstante cuando la realidad de los hechos económicos demuestre que estaban equivocados, les será más difícil aún justificarse, aunque encontrarán nuevas falacias para seguir engañado a los demás. Así se exoneran de responsabilidades nuestras figuras públicas (ejemplos hay más)
Lastima que no tengamos igual poder, ni el coraje, para negociar con el tema de la coca. ¿Qué tal que nosotros también hiciéramos el absurdo de exigir la aprobación del TLC a cambio de dar continuidad a la política antidroga, y que los gringos entonces nos quitaran el ATPDEA y la ayuda del Plan Colombia; y que los militares se sentaran nuevamente a descansar en sus poltronas, y la producción de drogas se dispare y el precio la haga mas asequible; o que en represalia votáramos por el Polo en el 2010 y nos aliáramos con Bolivia, Venezuela y Ecuador?
El comandante estaría feliz de sumar a sus odios contra Bush (o contra los gringos) otro enemigo mas; y de dejar a los Estados Unidos ahora si, sin nadie en el cono sur. Tendríamos que volver al ALCA –porque la globalización es un fenómeno, no un deseo- pero ya no desde la perspectiva de los gringos, sino de la del poderoso del sur.
El silencio del presidente sobre la propuesta de algunos de sus partidarios de lanzarlo como candidato en 2010 tras una nueva reforma legal es ominoso, aunque por los mismos motivos también se puede sentir alivio de que todavía no haya hecho pública esa aspiración. Pese a que todos los chavistas y afines dan por sentado que finalmente se promoverá la reforma y Uribe se presentará, algunos pensamos que eso sigue siendo bastante improbable.
Pero es una discusión sin sentido que sólo se resolverá cuando haya pasado el tiempo, lo interesante es la actitud que asumamos respecto a esa posibilidad. Muchas personas que se oponen al socialismo del siglo XXI y a la negociación política con los terroristas se aferran a la fortaleza aparente del gobierno y al prestigio de Uribe para conjurar la amenaza, pero otros pensamos que un tercer periodo de Uribe en la presidencia más bien abriría el camino a un ascenso de esos políticos funestos.
Voy a enumerar los motivos que en mi opinión hacen desaconsejable la segunda reelección:
1. La maleabilidad de las normas a favor del poderoso es la negación de la democracia. No es verdad que al poder proponer candidatos para las altas cortes y para otros cargos de importancia se niegue la división de poderes, porque eso no depende de que el presidente sea Uribe sino de la orientación del gobierno, y no sería muy democrático que las opciones políticas mayoritarias quedaran fuera con el pretexto de salvaguardar la división de poderes. Se trata de una mentira burda que deja ver el bajo nivel de la discusión política en la prensa colombiana (como si alguien tuviera derecho a gobernar o a elegir altos funcionarios sin respaldo de las urnas). Pero lo cierto es que ninguna república presidencialista equilibrada tiene presidentes que permanecen en el cargo 12 años seguidos.
2. Las redes de corruptelas y presiones se incrustan en el aparato estatal. Es algo bien sabido que todos los gobiernos largos terminan manipulados por quienes van detrás de los grandes negocios. Es verdad que si se comparan los escándalos de este gobierno con los del de Pastrana, a pesar de llevar ya seis años, son menores, pero ya los del periodo de Pastrana eran mucho menores que los del gobierno de Samper. En todo caso conviene que los cargos públicos se renueven y haya contrapesos que impidan el dominio de esas redes.
3. El cambio político tras doce años de continuismo favorecería a los chavistas. Dando por sentado que el triunfo de Uribe, caso de presentarse, sea seguro, lo cual está por verse, ocurrirá que todo el descontento que se genere lo capitalizarán en 2014 los enemigos del sistema democrático. Sobre todo por la aparición de nuevos votantes que ya no recuerdan el Caguán y que sí sufren la presión de la propaganda y el adoctrinamiento (respecto del cual la actitud del gobierno es bastante complaciente), los cuales se ilusionarán con algún demagogo aliado de los herederos de la siniestra democrática de hoy en día. Es lo contrario de lo que ha hecho la derecha en El Salvador, donde los brillantes logros de Alfredo Cristiani no lo llevaron a hacerse presidente vitalicio pero sí han permitido que su partido siga gobernando al cabo de veinte años, con una notable mejoría en todos los indicadores económicos, de asimilación de la democracia y de desarrollo humano.
4. No hay hecatombe a la vista. Cuando se empezó a hablar de la segunda reelección Uribe señaló que él sólo se presentaría en caso de que hubiera peligro de hecatombe, es decir, de ascenso de un chavista en 2010, lo cual parece más bien improbable. ¿Qué necesidad hay de forzar la institucionalidad cuando la amenaza parece de momento conjurada? Sencillamente hay redes de intereses y políticos sin ideas que se aferran a las rentas que obtienen a la sombra del presidente. De ese modo la segunda reelección se vuelve un atentado contra la competencia entre los diversos aspirantes a cargos, los que tienen alguna relación con el gobierno ahora juegan con ventaja y para eso no vacilarán en ser complacientes con la corrupción que, como ya expliqué antes, siempre es mayor a medida que un gobierno se mantiene en el poder.
5. No conviene que el país se asome de nuevo al abismo. Cuando el Congreso y la Corte Constitucional tienen que reformar la Constitución para complacer determinada aspiración del mandatario, la legitimidad del sistema empieza a ponerse en duda, lo cual resultaría en extremo rentable para los chavistas, cuyas añagazas no podrían ser refutadas tan fácilmente. La situación de inseguridad jurídica no favorecería ni el crecimiento económico ni el desarrollo institucional.
6. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Sería un grave error desconocer los logros del gobierno de Uribe, pero el resultado de considerarlo insuperable sería aún peor. Lo mismo que con la presencia de adoctrinadores totalitarios en las escuelas públicas, son muchos los terrenos en que el gobierno de Uribe ha mostrado resultados muy discutibles. Por ejemplo en materia de creación de empleo, respecto de la cual ha continuado y aun agravado viejas prácticas funestas que sólo conducen a reforzar el poder estatal a costa de los productores (como la persistencia de la parafiscalidad o la incapacidad de imponer una tributación similar a la de los países desarrollados o en todo caso más equitativa, menos generosa con los burócratas ricos y más solidaria con los desempleados, o como la incapacidad de suprimir aranceles a las importaciones de alimentos o subsidios a bienes que consumen sobre todo los ricos, como la gasolina). Para muchas personas habría una situación insostenible ante el chantaje perpetuo de tener que apoyar políticas malas para impedir que asciendan quienes aplicarían otras peores.
7. El caudillismo destruye las posibilidades de desarrollo democrático. Cuando se piensa en la experiencia de las democracias del primer mundo resulta evidente que podrían haber prescindido de los partidos y reelegido hasta la muerte a los buenos gobernantes. La realidad hispanoamericana se podría resumir en esa imagen: regiones apartadas y de reciente poblamiento en las que las peores inclinaciones de los poderosos conducen a la creación de instituciones deformes, como si la peculiaridad del terreno recomendara usar ruedas triangulares. Si la democracia en todos los países avanzados es inseparable del sistema de partidos es porque las alternativas son peores. La persistencia de un caudillo en el gobierno hace por completo irrelevantes a los partidos. Y resulta patética una sociedad que sin su protector se siente huérfana y desvalida: la desesperación que expresan muchos ante el cese del gobierno de Uribe sólo hace pensar en lo débil que es la sociedad colombiana.
8. Se necesita una política que vaya más allá del forcejeo por los cargos públicos. Cuando se piensa en el innegable liderazgo de Álvaro Uribe para una mayoría considerable de ciudadanos se obvia la posibilidad de que ese liderazgo se mantenga aunque ya no sea el presidente. La formación de un partido con un ideario claro y una militancia depurada es una tarea tan importante como la misma presidencia, sólo que no hay ningún líder que la pueda llevar a cabo. Otro tanto se podría decir de una prensa nueva que excluya la diversa propagación de falacias justificadoras del terrorismo y de los sueños totalitarios. También de la labor de denuncia de los diversos enemigos de la democracia en Colombia, tarea que el presidente no puede hacer por sus responsabilidades institucionales.
9. Una presidencia vitalicia podría hacérselo más fácil a un émulo de Chávez que triunfara después. Una vez el país se ha acostumbrado a que un gobernante popular puede pasar por encima de las urnas, un demagogo que se gane el respaldo popular, como ha ocurrido con Chávez, podría presentarse indefinidamente a la reelección: a la tercera ya habría creado un sistema de terror que podría hacer innecesarias las urnas. (No ocurría lo mismo con la primera reelección, pues dos periodos es el límite normal para un presidente en las repúblicas democráticas presidencialistas que permiten la reelección.)
10. La hegemonía de la derecha correría peligro. El “unanimismo” que se produciría entre los enemigos del trust Münzenberg al persistir durante tanto tiempo el mismo liderazgo y el mismo estilo conduciría a un empobrecimiento de la discusión: sencillamente se estaría con el Gran Líder o se lo critica y se cae en el ostracismo. A medio plazo todas las discusiones aplazadas se volverían argumentos para los totalitarios, que sin duda sabrían explotar las censuras y renuncios del bando gubernamental para atraer votantes. La necesidad de escoger otros candidatos permitiría llevar a cabo los diversos ajustes necesarios y dejar aflorar las discusiones pendientes. Así, el papel del Estado y la actividad política como poderes sobrepuestos a la sociedad se reduciría, y las aspiraciones de la gente encontrarían mejores canales para hacerse escuchar.
Cecilia Orozco fue directo al punto: “Usted dijo públicamente una frase que le han criticado mucho y según la cual no es lo mismo matar para que otros vivan mejor, que matar para enriquecerse personalmente” ¿Se arrepiente de lo que dijo?”
Gaviria señaló que no se arrepiente y se mostró asombrado por las acusaciones que le han hecho por esa frase que está dispuesto a repetir. Luego se escondió en vericuetos jurídicos en los que él obra como experto y los demás somos simples mortales sin sentido común y sin conocimientos sobre el derecho penal.
El ex magistrado recuerda que en el código penal colombiano el homicidio tiene una pena de prisión de 13 a 25 años y si hay circunstancias de agravación, por ejemplo si el crimen se cometiere “por promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil, esa pena oscila entre los 25 y los 40 años de cárcel. Luego recurre a otro artículo del Código para confrontar lo anterior: “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años”.
Dice Gaviria: “¡Qué diferencia de pena! La una es una pena de 25 a 40 años, cuando la persona actúa en beneficio propio. En cambio el que actúa con motivos altruistas, tiene una condena mínima. Eso significa que el Derecho Penal universal siempre evalúa los móviles que han dado lugar a la comisión del delito.”
La comparación entre los crímenes de las FARC y los homicidios por compasión resulta una manipulación monstruosa en la que Gaviria intenta igualar un delito por piedad (por ejemplo a alguien que pone fin a la vida de su hijo que está padeciendo una dolorosa e irreversible enfermedad) con uno que se esconde detrás de una supuesta justificación política para ocultar las verdaderas motivaciones de las FARC: El ánimo de lucro y los motivos abyectos. ¿Será que Gaviria Díaz es capaz de asegurar que la masacre de Bojayá, el atentado al club El Nogal, o el intento de voladura de la represa del Guavio tienen motivos altruistas similares al de un padre desesperado o un hijo que ve el dolor insoportable de su madre?
Es más: ¿Será que la justificación absurda de Gaviria Díaz significa que las FARC han matado a otros por piedad, o para poner fin a intensos sufrimientos? Lo cierto es que todo ser humano tiene sufrimientos que en mayor o menor medida le causan algún daño físico o mental y con cualquiera de ellos, según Gaviria, se podría justificar un asesinato. ¡Esto es una aberración!
Claro que Gaviria intenta ajustar su declaración, maquillándola como si fuera una comparación para explicar que los tribunales miden las motivaciones de los delincuentes para dosificar la pena. Sin embargo, solo aquellos que ven en las FARC una oportunidad pueden pretender vender la idea de que esa organización terrorista asesinó a 117 personas en Bojayá, o a cerca de 40 en el club el Nogal, o buscó eliminar del mapa a la ciudad de Villavicencio con un fin altruista.
No obstante hay que señalar que estas declaraciones provienen de un reconocido jurista colombiano que llegó a ser presidente de la Corte Constitucional. Entonces surge una pregunta: ¿En manos de qué tipo de mentes depravadas está la justicia colombiana?
Una constituyente que permita la impunidad de la farucopolítica
El acomodamiento conceptual de Gaviria Díaz para justificar a las FARC y a la izquierda “democrática” va más allá. Cuando se le pregunta sobre la propuesta de adelantar elecciones, el sugiere una asamblea constituyente “para que se pueda hacer una revisión no solo del Congreso sino de todas las instituciones que han sido afectadas por la parapolítica”.
De plano el jurista excluye la revisión de las instituciones, incluido el Congreso y el Concejo de Bogotá por ejemplo, que han sido afectadas por la farucopolítica y pide que una asamblea constituyente se concentre en los graves hechos de la parapolítica. ¿Esa asamblea no debería revisar también las investigaciones que se adelantan por la penetración de las FARC no solo en el Congreso sino en todas las instituciones? Es más: ¿no se deberían esperar los resultados de las pruebas que se han obtenido este año, para que las instituciones se depuren de la influencia de cualquier sector violento?
Parece que Gaviria Díaz tiene afán en condenar a unos, para cerrar el camino que posibilite el conocer y procesar judicial y políticamente a los otros, quienes por razones obvias están en la misma orilla del presidente del PDA.
Dice Gaviria Díaz: Se necesita un escenario como el “de una asamblea constituyente que no esté directamente afectada por el problema de la parapolítica (…) con una veeduría internacional para garantizar que los elegidos no vayan a ser los mismos, o personas muy próximas a los protagonistas de este escándalo”. ¿Y qué pasaría con una asamblea infiltrada por la farucopolítica? ¿Por qué la prisa? Porque sabe que hay investigaciones en curso y que la información que se está procesando, tarde o temprano terminará por salpicar a la agrupación política que él preside.
Es que la obsesión de Carlos Gaviria con el tema de la parapolítica alcanza para mucho. En la entrevista, Cecilia Orozco le pregunta sobre los testimonios que se han convertido en el pilar de los procesos contra los políticos supuestamente involucrados con los paramilitares. A este cuestionamiento, Gaviria responde con otra perla jurídica: “ese es un problema de Derecho probatorio bastante complicado. Había un principio que decía que si una persona había mentido en una parte, había que desechar toda su declaración. Ahora nada se debe descartar a priori. En una indagatoria, una persona puede hacer unas afirmaciones falsas y otras verdaderas ¿A quién le corresponde hacer esa evaluación? Desde luego al juez, quien puede aprovechar los testimonios que tengan veracidad, y examinarlos junto con otras pruebas que estén incluidas dentro del mismo proceso”.
Otro bulto de anzuelos. Gaviria quiere sostener que si los testigos han mentido, no importa mucho porque de repente han contado alguna verdad. Pero lo cierto es que la gran mayoría de procesos por parapolítica se basan en los testimonios de ‘Pitirri’ y de Rafael Garcia, quienes no han podido entregar pruebas distintas a sus propias palabras. Es decir: A Gaviria le interesa que siga el escándalo, que se dañe la honra de los que resulten inocentes, porque eso afecta al gobierno y la decisión final de la Corte o de la Fiscalía poco les importará a aquellos que han difundido, proclamado y condenado a todos los involucrados en el proceso.
Pero la ley del embudo funciona muy bien para el ex magistrado: Sobre los posibles vínculos de miembros del PDA con la guerrilla, Gaviria sostiene que “falta desarrollar las investigaciones por nexos con la guerrilla, ya han debido adelantarse y se ha debido llegar a alguna conclusión. Y si no se ha hecho aún, nosotros no nos oponemos a que se hagan cuando lo quieran, y aceptaremos los resultados de la justicia”. Hasta aquí, Gaviria es ecuánime aunque contradice la posición de algunos miembros del PDA quienes en el pasado aseguraban que era una barbaridad pensar que su “transparente partido” estuviera involucrado con las FARC.
Pero el cambio de postura solo es de forma, pues en el fondo Gaviria recurre a ensombrecer las investigaciones que se adelantan y se adelantarán en esa materia: “Ahora no pueden surgir procesos y desatar una cacería de brujas contra la oposición, como respuesta a los cargos de paramilitarismo que se les han formulado a los grupos que apoyan al doctor Uribe. “
Resulta curioso que Gaviria se precipite a descalificar los procesos contra sus dirigidos, cuando están siendo adelantados por los mismos organismos judiciales que él califica, en el tema de la parapolítica, como admirables. ¿Será que son admirables cuando persiguen a los parapolíticos, pero participan en una cacería de brujas si se trata de los políticos vinculados con las FARC?
¡Qué burda incoherencia! Si las investigaciones terminan, como seguramente lo harán, señalando a algunos miembros de la oposición, eso será persecución política. Sin embargo, la cacería que han montado contra algunos de los implicados en la parapolítica, con sus testigos estrella (recordemos los contactos de Petro con Rafael García) y con sus aliados en las altas cortes, son distintas porque son persecuciones altruistas… menuda tesis la del presidente del PDA.
Para tratar de dilucidar qué tan sólida es la visión que tienen los colombianos sobre el futuro, inevitablemente habría que recordar al país entrando en la lista de Estados fallidos. Hace algún tiempo, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria aseguraba que todo debía pasar por la política de seguridad democrática y no se debía escuchar a quienes irresponsablemente miraban atrás para pedir una negociación con las guerrillas.
¿Qué tan acertada es esa visión? Colombia en su historia se ha comportado como una persona terca que en su afán de buscarle salidas a sus problemas termina hundida, confusa y buscando desesperadamente a alguien que le dé un poco de orden y seguridad a su vida, pero al cabo de algún tiempo esa tranquilidad le proporciona nuevos bríos para emprender otra aventura y en muchas ocasiones termina siendo más osada.
Después de la época de la violencia que siguió a la muerte de Gaitán, el país se convenció de que todo el derramamiento de sangre había sido una guerra perdida que no había tenido razón de ser, fue una aceptación que terminó por convencer a la gente de la necesidad de la ley y orden. De esa forma se le dio la bienvenida a la llegada de un dictador que la ofrecía con mucha eficacia y cuando la democracia demostró ser igual de efectiva, el dictador y su periodo fueron al basurero de la historia. Pero al cabo de un tiempo dentro de los mismos partidos políticos se hablaba de revolución y fue un delfín del Partido Liberal, López Michelsen, quien encarriló el ejemplo de la revolución cubana hasta el punto de institucionalizarla.
Cuando José Obdulio Gaviria asegura que todo debe pasar inoxerablemente por la seguridad democrática no se equivoca por que esta describiendo al país actual pero sí se equivoca cuando da por sentado que el convencimiento colectivo de la necesidad de orden es perpetuo. Si Colombia pasó en los últimos tiempos de Estado fallido a casi un milagro económico fue a causa de los exabruptos cometidos por los neocomunistas que llevaron a un consenso nacional acerca de la necesidad de orden, que es en últimas la principal condición de la prosperidad.
Para pasar de una visión de orden y prosperidad a una de caos tan sólo se necesitará que una rosca aproveche los intervalos de amnesia que le llegan de cuando en cuando a los colombianos para proponer una aventura “excitante”. El Frente Nacional sirvió de antídoto a cualquier aventura dictatorial pero fue su exceso de control lo que terminó por dar bríos a las aventuras totalitarias que siguieron posteriormente.
La política de seguridad ante todo debe ser democrática y dentro de la democracia se debe aceptar la rendición de aquellos que se levantaron contra ella. Si se cierra esa válvula de escape se estarían incubando fuerzas anárquicas que aflorarían mucho antes de lo que se cree, sobre todo si se tiene en cuenta que las líneas editoriales de los medios más influyentes del país se atreven a presentar a los defensores de la democracia como seres peligrosos para ella y a su contraparte como acérrimos defensores.
Hoy se cumplen 60 años del “bogotazo” y la efeméride casi fuerza un comentario. Ojalá que la reflexión sirviera para ayudarnos a comprender el sentido de la tragedia que afronta Colombia más o menos desde esa época, y de la que las diversas aventuras terroristas y el ascenso de las organizaciones dedicadas a la producción y el comercio de drogas ilícitas son sólo un aspecto.
Los autores Como con tantos magnicidios de la historia colombiana, finalmente no se sabe quiénes estaban detrás del asesinato de Gaitán, ni siquiera si fue el resultado de una conjura o la acción de un individuo aislado. En cualquier caso, esto último resulta muy dudoso porque la rapidez con que se dio de baja a Roa Sierra, como a Oswald unos años después, hace pensar en un primer intento de borrar el rastro de los que encargaron el crimen. Durante décadas la mayoría de los colombianos con acceso a la educación han aceptado la versión de que se trataba de “la oligarquía” contra la que se levantaba el tribuno. Esto es absurdo: ¿a quién se le ocurre que en las mismas fechas en que se celebra una conferencia internacional en que el régimen pretende legitimarse como democracia modélica los gobernantes mandan matar al líder de la oposición? La gente cree eso del mismo modo en que los hindúes y budistas asumen la creencia en la trasmigración de las almas, es lo que oyen siempre y averiguar la realidad de los hechos resulta laborioso e ingrato.
Sospechosos habituales Si se piensa en quiénes podrían haber hecho eso por su particular disposición moral, en a quienes convenía un levantamiento en esas circunstancias, en la filiación política de los que atribuyen el crimen a “la oligarquía” o en los que a fin de cuentas heredaron la retórica de guerra civil de Gaitán, la responsabilidad de los comunistas es una tentación muy poderosa. Sobre todo si se tiene en cuenta que 1948 es el peor año de la Guerra Fría, el año de la fundación de la RDA y de la Corea comunista. La misma presencia de Fidel Castro, casi un adolescente, demuestra una intensa actividad de los agentes de Stalin en la región: estudiantes de todo el continente invitados a una asamblea que resultaría como la contestación de los “pueblos” al encuentro proyanqui de los gobiernos. ¿No les suena a algo conocido? Por lo demás, la pista comunista la han sustentado personas muy próximas a los hechos, como Carlos Lleras de la Fuente.
Tareas de encubrimientoPero la hegemonía de la justicia social en los medios de información y de las universidades hace que se exculpe sistemáticamente a los comunistas. Sin ir más lejos, un artículo publicado hace poco en El Tiempo y firmado por Carlos José Reyesdeclara: “Los primeros momentos fueron de zozobra y anarquía, lo que demuestra que no existía un plan preconcebido por fuerzas de oposición, en especial los comunistas, como se señaló por aquellos días”. ¿De qué manera lo demuestra? Alguien busca generar la anarquía, se produce la anarquía y eso demuestra que no había nadie detrás. En el mismo suplemento afirma Fidel Castro:“Apenas en cuestión de minutos comenzó a producirse de una manera espontánea, porque aquello no lo podía ni fraguar ni organizar nadie, una extraordinaria agitación. Se creó un estado de cólera indescriptible”. La conclusión del tirano cubano es igual de sesgada que la del teatrero: ¿cómo que aquello no lo podía organizar nadie? Los mismos que matan a Roa Sierra se dedican a recorrer la Séptima divulgando la noticia mientras que otros reclutan a media docena de delincuentes para comenzar un saqueo. ¿Cuál es el misterio? Con el descaro de quienes se sienten dueños de la verdad, los editorialistas de El Tiempo declaran: El gobierno conservador propuso la absurda versión de que el asesinato era obra de un grupo de conspiradores comunistas. Eso, el epíteto resuelve todas las dudas. Se trata de un rasgo cultural: esa clase de personas creen que siempre hablan con sus criados y cualquier aserto lleva en sí la amenaza de despido, de modo que dan por sentado que todo el mundo asentirá. Por lo demás, basta con recordar las numerosísimas versiones de la prensa y los blogs que atribuían a agentes estatales el atentado de El Nogal o el de la Escuela Superior de Guerra para comprender que los comunistas están acostumbrados a cometer los crímenes y a señalar a otros inmediatamente, que matan para mentir.
Más allá de Gaitán La mayoría de los errores de comprensión tienen que ver con aquello que se da por sobreentendido y en lo que no se piensa. El relato habitual sobre el asesinato excluye cualquier evaluación de Gaitán y su discurso y cualquier reproche a sus deudos dedicados a incendiar casas y a desocupar las joyerías y las tiendas de los judíos y libaneses. La misma idea de una insurrección popular que derribe al gobierno existente y redima a las mayorías excluidas, a la que no era ajeno en absoluto Gaitán, merece una mirada recelosa que por desgracia es en extremo minoritaria. Ningún magnicidio justifica miles de asesinatos cometidos en venganza, ni menos los saqueos y todas las demás muestras de barbarie que exhibió la población colombiana en esa ocasión. El llorado tribuno parece un precursor de Chávez, y de hecho sus recursos oratorios eran aprendidos de Perón y de Mussolini, al tiempo que sus seguidores fueron el sustento moral de la delincuencia de las décadas siguientes. Si, como algunos creemos, lo asesinaron los comunistas, sobre todo fue porque él como orador incendiario había contribuido a crear la atmósfera de revolución inminente que los hacía avizorar una victoria próxima.
Colombia hoy La hegemonía “derechista” de esta primera década en Colombia, resultado de la larga orgía criminal de las guerrillas comunistas, puede hacer creer a muchos que la semilla de Gaitán está enterrada, pero eso sería un error. Como en los demás países de la región, los sueños de redención masiva por obra de algún gobierno que despoje a los ricos y aporte dignidad a la manera del coronel bolivariano tienen mucho arraigo y resurgirán cuando aparezca de nuevo la ocasión. Sería deseable que el relato de esa parte de la historia de Colombia incluyera una evaluación crítica de Gaitán y de sus propuestas, pues, más allá de los elementos conspirativos, ¿no estaba ya preconfigurado el bogotazo en esa retórica? ¿O es que sólo debemos condenar el crimen que lo provocó, precisamente lo que no sabemos a quién atribuir?

References: resolución 
 Artículo 404
 resolución 

ARTÍCULO 413
e contrario

ARTÍCULO 414