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Timestamp: 2020-01-22 23:02:08+00:00

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﻿ LAUDO EN DERECHO EUGENIO SCHMIDT REITZ, ROSARIO INGEBORG SCHMIDT DE EBERLE E ILSE HELENA SCHMIDT DE RITZL VS JUAN RIVERA ORJUELA Y JUAN FREDDY RIVERA PEREIRA NOVIEMBRE 29 DE 1995
LAUDO EN DERECHO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:• La decisión de escindir una empresa constituye una reforma estatutaria que debe ser adoptada por el órgano social competente, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada por la junta de socios, siendo de su competencia y de su órbita privativa y exclusiva la adopción de este tipo de decisión, para lo cual debe surtirse un proceso complejo de citación a terceros, similar al que se adopta cuando se adelanta el proceso de fusión.• Para la escisión de una sociedad, en cuanto a las mayorías necesarias para adoptar esa decisión, se deben regir por lo consignado en el contrato social en materia de fusión, o, en su defecto, por lo previsto en las normas legales para este propósito.• La competencia del tribunal no se extiende hasta sustituir en su voluntad las decisiones que corresponde adoptar a los asociados reunidos en junta de socios.• La exclusión de socios en el plano normativo ha sido siempre concebida como una sanción en virtud del quebrantamiento de la ley o de los estatutos. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, a falta de una norma específica, es necesario que los estatutos contemplen dicha posibilidad.• La imposibilidad de desarrollar la empresa social, puede obedecer a factores externos a la persona jurídica misma, en la medida en que afecten directamente el negocio o la empresa social desarrollada, también resulta aplicable para circunstancias o condicionamientos internos a la sociedad, esto es, que tienen que ver con la conducta o el comportamiento de los asociados mismos.• Existe diferencia entre disolución y liquidación de una empresa: la primera se deriva del reconocimiento de un simple hecho, como el paso del tiempo, o de la configuración de otra de las causales legalmente prevista, que sea reconocida o declarada por parte de los socios, o por una autoridad judicial o administrativa. La disolución determina el inicio del proceso liquidatorio de la empresa, pues a partir de ella la sociedad encuentra restringido su objeto a la realización de los actos meramente relacionados con la liquidación del patrimonio social.• A diferencia de la disolución de la sociedad, donde directamente solo se encuentran interesados los asociados, la liquidación supone una convocatoria y una definición sobre derechos de terceros.
ÁRBITROS:José Orlando Montealegre Escobar (árbitro único)
DEMANDANTE:Eugenio Schmidt Reitz, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Helena Schmidt de Ritzl
DEMANDADO:Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira
NORMAS ANALIZADAS:Código de Comercio, arts. 232, 362, 365Código de Procedimiento Civil, art. 218Decreto 663 de 1993 (EOSF), art. 67Ley 45 de 1990, art. 11
Eugenio Schmidt Reitz, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Helena Schmidt de Ritzl
Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira
En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), del veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se reúnen en la sede del tribunal ubicada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor José Orlando Montealegre Escobar, árbitro único y la doctora Mónica Janer Santos, secretaria, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante providencia de veintinueve (29) de septiembre del presente año. Se hacen presentes igualmente los apoderados judiciales de las partes, doctores Agustín Pérez Rivas, de los señores Eugenio Schmidt Reitz, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Wilson Moscoso Ceballos, de los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira.
Abierta la audiencia, el árbitro único autoriza a la secretaria para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en conciencia.
Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral, seguido de una parte por los señores Eugenio Schmidt Reitz, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Helena Schmidt de Ritzl y de la otra los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira.
A. Por medio de la escritura pública 1097 del 18 de octubre de 1985, otorgada en la Notaría Única del municipio de Acacías, departamento del Meta, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada Palmeras Ucrania Ltda., siendo esta matriculada en el registro público mercantil 252173 de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En su artículo decimosexto se contempló la cláusula compromisoria, estableciéndose que en caso de surgir diferencias entre los socios y la sociedad, o entre ellos mismos, que no puedan solucionarse directamente, el asunto se someterá a decisión de un árbitro nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, y su decisión será proferida en conciencia.
Tal cláusula fue invocada por los socios Eugenio Schmidt Reitz, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Helena Schmidt de Ritzl, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de su apoderado, doctor Agustín Pérez Rivas, según escrito debidamente presentado ante el centro de arbitraje y conciliación, el día 13 de diciembre de 1994, dadas las controversias patrimoniales surgidas entre los solicitantes y los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, todos socios de la mencionada sociedad.
B. Luego de efectuar el estudio correspondiente, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá procedió a admitir la solicitud de convocatoria del tribunal arbitral, el 14 de diciembre de 1994, siendo esta admisión notificada personalmente a los convocados.
C. Con poder conferido por los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, el doctor Wilson Moscoso Ceballos, contesta oportunamente la demanda, y presenta las excepciones previas que reposan en el cuaderno correspondiente.
D. Luego de correr los traslados exigidos por ley el 29 de marzo de 1995, el centro de arbitraje y conciliación desarrolló la audiencia de conciliación, en la que según el acta respectiva, queda clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
E. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en desarrollo de la voluntad de las partes contenida en la cláusula compromisoria antes enunciada, designó como árbitro único al doctor José Orlando Montealegre Escobar, y el 26 de mayo de 1995 se llevó a cabo la instalación del tribunal, en donde, entre otras, se señaló la suma de honorarios y gastos de funcionamiento y se fijó como sede del tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
F. El tribunal en acatamiento a la tarifa vigente en este centro de arbitraje, fijó la suma correspondiente a honorarios del árbitro, del secretario, los gastos de funcionamiento y de administración, protocolización del expediente, registro y otros.
G. El día 12 de julio de 1995, el árbitro único se declara competente para conocer los asuntos sometidos a su conocimiento, previo cumplimiento del artículo 107 de la Ley 23 de 1991, resolvió sobre las excepciones previas propuestas y decretó las pruebas.
H. Se resolvieron las excepciones previas propuestas y se practicaron las pruebas decretadas, se fijó fecha y hora para audiencia de alegatos de conclusión, y posteriormente para la presente audiencia de laudo.
2. Pretensiones de los convocantes y excepciones propuestas por los convocados
A. Don Eugenio Schmidt Reitz y las señoras Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle e Ilse Milena(sic) Schmidt de Ritzl, en su demanda, solicitan al tribunal las declaraciones y condenas que, en su esencia son las siguientes:
Primera. Declarar que entre los demandantes y los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, no existe ánimo societario que propenda al tranquilo, pacífico, ininterrumpido y productivo desarrollo del objeto social tipificado para la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, siendo necesaria una solución que trate de continuar la compañía, y dirima las controversias patrimoniales entre las partes.
Segunda. Declarar, como consecuencia de lo anterior, la escisión de la empresa, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Dado el interés de los demandantes en continuar con la sociedad, que no se decrete su disolución y liquidación;
b) Se fraccione el único inmueble de propiedad de la sociedad, predio rural denominado La Ucrania, así como los bienes muebles de la sociedad y todo su patrimonio, teniendo en cuenta los aportes sociales de cada uno de los socios; los pasivos sociales y los créditos de los socios para con la sociedad;
c) En relación con los pasivos que la sociedad tiene, y de llegarse a determinar que estos deben continuar a nombre de la sociedad, se haga la compensación correspondiente con los bienes sociales que se adjudiquen a la demandada, siempre y cuando esta no asumiere dichos pasivos por cualquier motivo;
d) Como consecuencia de lo anterior, la sociedad no sufrirá solución de continuidad, y a partir de la fecha del laudo, el capital quedará reducido a la cantidad de treinta y seis millones de pesos ($ 36.000.000), representado por 36.000 cuotas partes de $ 1.000 cada una, de propiedad de los demandantes; lo que equivale al 50% de lo que hoy es el capital social, y
e) Se ordene la inscripción del fallo ante la Cámara de Comercio de Bogotá, así como en la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de San Martín, departamento del Meta.
Tercera. Que se declare, en subsidio de la segunda pretensión, la exclusión de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, de los socios Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, dado que no existe ánimo societario, determinando la forma de reintegro de sus aportes sociales, y decretándose la reducción en el valor del capital social, teniendo en cuenta la situación de iliquidez de la compañía y de los demandantes.
Cuarta. Declarar, en subsidio de la segunda y tercera pretensión, disuelta y en estado de liquidación la sociedad por desaparición del ánimo societario, adelantándose dentro de este mismo trámite arbitral el procedimiento liquidatorio que se llegue a ordenar, teniendo en cuenta que la decisión debe proferirse en conciencia.
3. Excepciones previas propuestas por los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira
Como medio de defensa los convocados proponen las siguientes excepciones previas:
A. Pleito pendiente entre las mismas partes y por el mismo asunto
Según lo expuesto por el demandado, los motivos que llevan a este tribunal, estaban dados por la imposibilidad de los demandantes, para afrontar las acciones civiles y penales iniciadas para recuperar el inmueble La Ucrania, dado que lo que operó sobre este fue una venta simulada, así como las acciones penales orientadas a la investigación de manejos dolosos que se le han dado a los dineros de la sociedad.
En relación con esta excepción manifiesta el demandante que esta solo se tipifica cuando hay otro proceso entre las mismas partes y sobre las mismas controversias, y para el presente caso existen dos controversias con diferentes partes en litigio.
B. Incapacidad o indebida representación del “demandado”
Se afirma que el apoderado de la parte solicitante carece de poder especial particular para este trámite, por parte de las señoras Ilse Helena Schmidt de Ritz y Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle, toda vez que las mismas no facultan a su padre, quien es el poderdante.
El demandante, en su escrito, manifiesta que la indebida representación se da en los siguientes casos:
• Cuando un incapaz actúa directamente, o una persona jurídica obra a través de quien no es su representante legal.
• Cuando hay omisión de la prueba de la representación.
• O cuando se actúa a través de apoderado judicial, sin que exista el correspondiente poder; especifica que ninguna de ellas se da en el presente caso y efectúa argumentaciones adicionales.
C. Falta de competencia
Por existir pleito pendiente, solicitan los demandados al tribunal, declararse incompetente por corresponder su resolución a la jurisdicción ordinaria, dada su incapacidad de declarar nulidades, por no ser estas transigibles.
El demandante en su escrito manifiesta que la falta de competencia opera cuando “conocer y decidir de la controversia pertenece a determinada jurisdicción, pero el escrito de demanda se presenta ante una que no es la llamada a tal fin, pues de acuerdo con cualesquiera de sus factores reside en otro”, para el presente caso, la cláusula compromisoria es ley para las partes, y en ella acordaron someter las diferencias a la justicia arbitral, y no a la jurisdicción ordinaria. Con esta y otras alegaciones de su parte solicita al tribunal declararse competente.
D. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales
Manifiesta el demandado que la demanda carece de los requisitos formales exigidos por la ley.
El demandante por su parte considera que la demanda se presentó con el lleno de todos los requisitos formales enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.
El tribunal, en la primera audiencia de trámite de fecha 12 de julio de 1995, luego de su motivación correspondiente, declaró no probadas las excepciones previas de pleito pendiente, incapacidad o indebida representación del demandante, falta de competencia e ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Igualmente niega por improcedente la petición de indebida representación de los demandados propuesta por la parte actora, así como las pruebas solicitadas en el escrito de excepciones, como una consecuencia lógica de la falta de procedencia de las mismas.
Los hechos en los que se fundamenta el demandante, se pueden resumir así:
a) La sociedad Palmeras Ucrania Limitada se constituyó por escritura pública 1097 del 18 de octubre de 1985, otorgada en la Notaría Única del municipio de Acacías, departamento del Meta;
b) El capital social, teniendo en cuenta las diferentes reformas estatutarias a este respecto, asciende a la suma de setenta y dos millones de pesos ($ 72.000.000) dividido en 72.000 cuotas partes de interés social, de un valor nominal de $ 1.000 cada una, distribuidos de la siguiente forma:
Socio Nº cuotas Porcentaje Valor
Juan Rivera O. 32.760 45.50 $ 32.760.000
Juan Freddy Rivera O. 3.240 4.50 3.240.000
Rosario de Eberle 17.640 24.50 17.640.000
Ilse de Ritzl 17.640 24.50 17.640.000
Eugenio Schmidt R. 720 1.00 720.000
Total 72.000 100% $ 72.000.000
La sociedad se constituyó para dedicarse al cultivo y explotación de la palma africana, de acuerdo con el convenio verbal efectuado por los señores Juan Rivera Orjuela y Eugenio Schmidt Reitz, donde el primero aportaba la tierra, y el segundo la siembra de la palma;
d) El señor Schmidt se obligó, entre otras, a hacer el vivero, sembrar la semilla, y a atender el vivero desde un punto de vista agronómico, durante un año aproximadamente, hasta que las plántulas del vivero alcanzaran el desarrollo suficiente para ser trasplantadas en el terreno.
El señor Rivera Orjuela se comprometía a transferir a nombre de la sociedad, el predio rural denominado La Ucrania, ubicado en la vereda Giramena, jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta;
e) Para efectos de obtener recursos necesarios para el cumplimiento del objeto social, que otorgaban las entidades financieras, se acordó que en la escritura de constitución se señalara que el aporte de $ 20.000.000, era pagado en efectivo, cuando en realidad se pagaría en especie (siembra de palma y lote de terreno);
f) En la escritura pública 876 del 19 de julio de 1986, otorgada en la Notaría Única del municipio de Acacías, departamento del Meta, y debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, consta que el predio de terreno rural denominado La Ucrania, fue transferido a título de venta a favor de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada.
g) A la fecha, actúa como gerente de la compañía el ingeniero Julián Villegas Jaramillo, y como subgerente el señor Juan Rivera Orjuela;
h) El 26 de agosto de 1993, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, practicó una diligencia de inspección judicial, solicitada por el apoderado de entonces del señor Juan Freddy Rivera Pereira, y con la finalidad de tratar temas inherentes al manejo de la sociedad;
i) Posteriormente, el 13 de septiembre de 1993, el señor Schmidt fue notificado por el Juzgado Primero Promiscuo de la ciudad de Acacías, de la citación librada en su contra a fin de acudir a una audiencia pública de interrogatorio de parte, a absolver y dilucidar asuntos concernientes al contrato social, en desconocimiento de la cláusula compromisoria pactada;
j) Por investigaciones efectuadas por el señor Julián Villegas Jaramillo, se obtuvo comunicación del Consejo Superior de la Judicatura y del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en donde se afirma que el entonces apoderado de los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, señor Alfonso Amado Cárdenas, no se encuentra registrado como abogado, ni se le concedió licencia temporal, ni le fue asignada tarjeta profesional de abogado;
k) De lo anterior, coligen los demandantes, la ausencia de ánimo societario, así como la intención de los demandados de desconocer el contrato social suscrito;
l) Posteriormente el señor Eugenio Schmidt Reitz, hizo conocer a los señores Rivera su intención de dar aplicación al artículo decimosexto de los estatutos sociales, contentivo de la cláusula compromisoria, a lo cual recibió respuesta del señor Alfonso Amado Cárdenas, como representante de los señores Rivera Orjuela y Rivera Pereira, en donde afirma que la familia Rivera no está en condiciones de hacer aportes para la cancelación de las obligaciones bancarias contraídas por la sociedad, y que la enajenación de la finca Ucrania, solo se hizo para tramitar un préstamo al Banco Popular. Así mismo, afirma en su respuesta que los señores Rivera nunca han participado en la administración de la sociedad. Finalmente que la propiedad de la finca Ucrania, es de la familia Rivera, y no de la sociedad;
m) El señor Lisandro Zarta, por alterar la quieta, tranquila e ininterrumpida posesión sobre una parte de la finca La Ucrania, fue objeto de una querella policiva de “amparo posesorio”, por parte del señor Julián Villegas Jaramillo, en su calidad de representante legal de Palmeras Ucrania Limitada. En dicha querella se concluyó por parte de la oficina de asuntos municipales y ayuda a la justicia de la Secretaría de Gobierno Departamental del Meta, que el señor Zarta es un tenedor de buena fe, por ser arrendatario de dichos predios;
n) De lo anterior, concluye el apoderado del demandante, se deduce el espíritu mal intencionado y reiterado de desconocer el contrato de compraventa en donde se enajenó la finca La Ucrania, a la sociedad, y
o) Por cartas de abril 11 y 16 de 1994, el señor Juan Rivera Orjuela, por intermedio del doctor Wilson Moscoso Ceballos, informa al señor Schmidt, la no existencia de un impedimento para acudir a la cámara de comercio, de acuerdo con lo plasmado en los estatutos sociales.
En relación con los hechos en los que el peticionario fundamenta su demanda, en la contestación de la demanda formulada en representación de Juan Rivera Orjuela se manifiesta que se deben probar todos y cada uno de ellos.
En la contestación, del señor Juan Freddy Rivera Pereira, afirma como cierto lo relativo a la constitución de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, según consta en la escritura pública 1097 del 18 de octubre de 1985, así como en lo que respecta a su objeto social, y capital inicial.
En cuanto al capital social actual, manifiesta que es formalmente cierto.
En relación con los restantes hechos manifiesta que se deben probar en el proceso.
El tribunal por auto de fecha 12 de julio de 1995, decreta las siguientes pruebas:
a) Solicitadas por la parte actora:
• Pruebas documentales: Las acompañadas con la demanda.
• Interrogatorio de parte de Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira.
b) Solicitadas por la parte demandada:
• Pruebas documentales acompañadas con la contestación de la demanda y con el escrito de excepciones.
c) Pruebas de oficio:
• Decreta la declaración del señor Julián Villegas Jaramillo.
Según lo decretado, el día 3 de agosto de 1995, se recibe la declaración de parte del señor Juan Freddy Rivera Pereira. Luego de tomado el juramento de rigor y de ser interrogado sobre los generales de ley, manifestó ser socio de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada gracias a la cesión que le efectuara su padre, señor Juan Rivera Orjuela. Preguntado por el árbitro único sobre los hechos que motivaron la convocatoria del tribunal, manifiesta que su interés radica en que le sea reconocido su derecho como socio y su derecho a conocer los movimientos contables y estados financieros de la sociedad, pues desde su constitución no ha tenido acceso a ellos, incluso en el período en el cual se desempeñó como gerente de la sociedad el señor Rivera. Ocupando el cargo de subgerente tampoco estuvo enterado del movimiento de la empresa, dado que estaba a cargo del “Grupo Schmidt” conformado este por Eugenio Schmidt, Mabel Schmidt, Édgar Rodríguez y Julián Villegas.
Igualmente manifiesta que este “Grupo Schmidt”, sí ha conocido el manejo económico de la empresa, y afirma que se han manejado ilegalmente los dineros de la misma.
Preguntado respecto a los aportes efectuados a la sociedad, declara que la señora Mabel Schmidt en ningún momento hizo su aporte, y que el señor Eugenio Schmidt muy probablemente tampoco aportó.
Manifiesta que la participación de su padre en la sociedad se debe a que obrando de buena fe, confió en el señor Schmidt, y este lo engañó, como a su entender lo ha hecho con otras personas, demostrando ello su mala fe.
Se le interrogó posteriormente respecto a su participación en juntas de socios, contestando que sí se han efectuado reuniones en donde se examinaban problemas de la empresa, básicamente problemas económicos. La última reunión que efectuaron fue hace aproximadamente tres años. Pero según su decir nunca fueron convocados por el gerente a junta de socios, las reuniones se efectuaban pues acudían informalmente a las oficinas. Igualmente manifiesta que nunca se ha elaborado un balance y que tan solo se elaboró un estado de pérdidas y ganancias; durante la existencia de la sociedad nunca ha recibido utilidades o beneficios.
Imputa mala fe a los socios, en el manejo de los dineros de la sociedad y afirma que la escritura de compraventa de la Hacienda La Ucrania la firmaron pues fueron engañados, al considerar que después de terminada la sociedad, se quedarían con su tierra.
No se siente socio de la sociedad, por no tener conocimiento del funcionamiento de la sociedad. No obstante, han participado en los nombramientos de representante legal, específicamente el de Julián Villegas. Al ser preguntado sobre su asistencia a una futura reunión de junta de socios, respondió en forma negativa.
Posteriormente fue interrogado por el apoderado del convocante, respecto a su conocimiento de los motivos que originaron la constitución de la sociedad, su conocimiento de los estatutos, de la escritura de compraventa en que se transfirió la propiedad de la finca La Ucrania a la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, y el acta de junta de socios donde se autoriza la negociación, respondiendo afirmativamente a todas las preguntas.
Igualmente preguntado sobre el estado actual de la plantación, responde que se debe a la actividad de la sociedad, de la cual Juan Rivera hace parte.
En la misma fecha se recibe la declaración del señor Julián Villegas Jaramillo, tomándosele el juramento correspondiente y siendo interrogado por los apoderados de las partes.
Su declaración se puede sintetizar de la siguiente manera:
Actualmente se desempeña como representante legal de Palmeras Ucrania Limitada, conoció a don Eugenio Scchmidt en 1985, año en el cual se vinculó laboralmente, para colaborar con la partición de bienes que se adelantaba entre Eugenio Schmidt y Leonor Hernández Uribe.
Igualmente en esa época conoció al señor Juan Rivera, al señor Juan Freddy Rivera lo conoció en el año 1991, cuando fue nombrado gerente de Palmeras Ucrania Limitada. En relación a doña Rosario Ingeborg Schimdt e Ilse Helena Schmidt, afirma no conocer personalmente a la segunda y no tener con ellas relación alguna.
Afirma no haber participado en la creación legal de la compañía. A partir de su ingreso a la sociedad en calidad de gerente, empezó a llevar la contabilidad, aclarando que hasta su llegada se manejaba una doble contabilidad. Por lo tanto, procedió a nombrar un revisor fiscal, y a cancelar las deudas de la sociedad que no figuraban en la contabilidad fiscal, con la anotación correspondiente en los libros contables.
Afirma que los problemas se iniciaron cuando el señor Alfonso Amado Cárdenas se presentó como representante comercial o representante legal de don Juan Rivera, impugnando e improbando todos los balances que se le presentaban, y negándose a firmar las actas de las reuniones de junta directiva a las que asistía.
Afirma que ha citado a reuniones extraordinarias de juntas de socios y que en los últimos años no ha hecho citación a asamblea ordinaria, ni los socios se han reunido por derecho propio.
Los estados financieros, los libros de contabilidad, y las declaraciones de renta, según su declaración, están al día y con la correspondiente firma del revisor fiscal. Copia de los balances de prueba que han solicitado los señores Rivera les han sido entregados, y nunca los han objetado. No han sido balances definitivos, pese a ajustarse a la realidad, dado que no han sido aprobados en asamblea ordinaria. El revisor fiscal nunca ha objetado los balances.
Declara que desde su nombramiento en la sociedad, nunca ha recibido remuneración, pues los socios nunca han llegado a un acuerdo a este respecto. En cuanto a la situación financiera de la empresa responde que se deben aproximadamente $ 600 millones, $ 120 millones a los bancos y aproximadamente $ 500 millones a los socios.
Preguntado por el apoderado del convocante respecto a la fecha en que por primera vez oyó hablar de una presunta simulación en la venta de la tierra manifestó que tan solo desde hace tres meses aproximadamente.
Posteriormente fue preguntado por el apoderado de la parte convocada, respecto al nombramiento del revisor fiscal, respondiendo que no recordaba por quién había sido propuesto, y que de cualquier modo fue nombrado sin la oposición de ninguno de los socios. Preguntado sobre sus consideraciones respecto a la no existencia de ánimo societario, el señor Villegas relata algunos hechos que según su opinión demuestran un gran malestar en el manejo de la sociedad por parte de los socios y en la relación de estos con la gerencia.
Finalmente, afirma que el único activo valioso de la empresa es la finca y el cultivo de palma africana, y si se pretende que la venta de la finca fue una simulación, implica la pérdida del activo prácticamente único de la sociedad, lo que llevaría a la liquidación de la sociedad, y lo que origina este malestar entre los socios.
El apoderado de la parte demandada por escrito presentado con anterioridad al interrogatorio formula la tacha de este testigo, por considerarlo altamente sospechoso dada la amistad, y grado de confianza y dependencia económica del grupo Schmidt.
El 27 de agosto de 1995 se recibe la declaración de parte del señor Juan Rivera Orjuela, a quien le es tomado el juramento exigido, siendo interrogado por el árbitro único y por el apoderado de la actora.
Por auto de fecha 8 de septiembre de 1995, el tribunal acepta la solicitud presentada por el apoderado de la convocada, en el sentido de ampliar la declaración del señor Juan Rivera Orjuela, la cual se lleva a cabo el día 14 de septiembre del mismo año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.
Dichas declaraciones pueden sintetizarse así:
En primer lugar explicó, detalladamente, la forma en la que se dio inicio a la sociedad, afirmando que los aportes nunca se hicieron, pues, según le informaba el señor Schmidt, operarían con préstamos de los bancos, y dado que él no tenía dinero para invertir. Fue entonces cuando acordaron escriturar la finca a la sociedad, (simulación), para que sirviera como garantía para los préstamos de la plantación. Así, actuando como gerente de la sociedad, y como dueño de la tierra, firmó la escritura, entendiéndolo como una simulación, según el acuerdo logrado con el señor Schmidt. Cuando el préstamo salió, dice el declarante, lo retiraron de la gerencia, nombrando a Édgard Rodríguez como gerente, sin que le citaran a la junta en que nombraron al señor Rodríguez. Igualmente no fue citado, ni asistió a la reunión de junta de socios donde fue nombrado gerente el señor Julián Villegas, pero posteriormente aceptó su nombramiento y firmó unas actas, sin que hubiera asistido a la reunión.
Manifestó haber pertenecido a otra sociedad, y haber manejado cuentas bancarias personales. Afirma haber firmado papeles en blanco a personas de confianza, y al interior de la sociedad lo dejó de hacer desde la administración del señor Villegas. Igualmente declara no haber visto nunca los libros de la sociedad, por ello dio poder a un abogado, quien contrató un contador que encontró una serie de anomalías respecto a dineros que ingresaron a la sociedad, y se desconoce qué hicieron con ellos.
Preguntado por el apoderado de la parte convocante respecto a si el negocio inicial consistía en que él aportaba la finca y el señor Schmidt la plantación de palma, respondió en forma negativa diciendo que el negocio consistía en que él prestaba la tierra para usufructuarla durante 25 años; no obstante eso, firmó la escritura de compraventa confiando en la honestidad del señor Schmidt.
En relación con la pregunta formulada respecto a por qué si firmó en 1986, solo hasta 1995 solicita la declaratoria de simulación, respondió que fue por la pérdida de confianza. No niega, al ser preguntado, el haber firmado libremente la escritura de compraventa.
Acepta haber vendido pastos, y arrendado predios de la finca La Ucrania, y haber recibido dinero por esos conceptos.
En la diligencia de ampliación de la declaración, reitera el hecho de habérsele hecho firmar un pagaré de $ 113 millones, y otro de $ 90 millones, y el señor Schmidt se comprometió a pagar las deudas a los bancos, sin que lo hubiera hecho. En dicha audiencia se agregó una documentación al expediente presentada por el declarante y su apoderado consistente en un memorial suscrito por el doctor Moscoso, dirigido al juez promiscuo municipal de San Carlos de Guaroa, Meta, en donde solicita como prueba anticipada, la práctica de una inspección judicial, con la intervención de peritos técnicos especialistas en el cultivo de palma africana, sobre los terrenos de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada.
Posteriormente se refiere a unos malos manejos, según su opinión, de parte del señor Édgar Rodríguez. Afirma finalmente su inconformidad por los malos manejos de la empresa, por no conocer los libros de contabilidad, y no tener claridad respecto a las cuentas.
En el momento procesal oportuno, y abierta la audiencia de alegatos correspondiente, se otorgó en primer término la oportunidad de presentar sus alegatos al apoderado de la parte actora, ante su inasistencia, se dio el uso de la palabra al apoderado del demandado, pudiendo resumir su intervención de la siguiente manera:
En primer lugar hace una exposición de lo que considera debe ser un fallo en equidad, como el que corresponde en este tribunal, citando para tal efecto normatividad nacional y doctrina extranjera.
A continuación manifiesta que la pretendida inexistencia de ánimo conciliatorio se ha confundido con el legítimo derecho que le asiste a los socios de reclamar e investigar el resultado de las actividades de la sociedad, sin que exista voluntad inequívoca de no continuar en la empresa.
Señala igualmente, que aún no se conoce el resultado de las investigaciones iniciadas para determinar el mal manejo financiero de la empresa, que en varias oportunidades se han visto obligados a iniciarlas por intermedio de la jurisdicción ordinaria, teniendo incluso que iniciar acciones penales.
En el interrogatorio efectuado a los señores Rivera se observa que ellos también desean continuar con la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, retribuyéndoles las inversiones que les correspondan. De efectuarse una partición de los bienes sociales, debe tenerse en cuenta las actividades financieras desarrolladas por la sociedad.
En relación con la segunda petición del demandante, manifiesta que no entiende cómo los pasivos de la sociedad deben pagarse con los bienes de la parte demandada, desconociendo que todos los socios deben participar en las pérdidas y las ganancias.
Señala el apoderado del demandado que en la escritura de constitución de la sociedad, existe un “vicio”, que “diluye de manera sustancial la eficacia” de la misma, y se refiere al no pago de los aportes de los socios, haciendo que el contrato sea nulo, y para ello se refiere al informe elaborado por peritos contables.
Continúa el apoderado haciendo manifestación respecto al terreno, afirmando que sus poderdantes no lo iban a aportar a la sociedad, por $ 10.000.000, ni lo iban a vender por $ 7.000.000, para tener un 50% de derechos de la sociedad, cuando por ese entonces el terreno podría costar $ 192.000.000.
Solicita así, se declare la nulidad de esa escritura.
En relación con las inversiones, manifiesta que el señor Schmidt debía aportar el semillero, pero para ello se obtuvo un préstamo, del cual su garantía era la finca, así, pregunta “en realidad ¿quién está aportando?”. Adicionalmente la maquinaria utilizada también fue aportada por el señor Rivera.
Anticipándose a una eventual liquidación de la sociedad, pone de presente que la inclusión de Ilse y Rosario, no fue aprobada por los señores Rivera, por tanto para una liquidación solo reconocerán los documentos que de acuerdo con la ley y los estatutos sociales hayan sido efectuados con su aprobación, y más teniendo en cuenta que el gerente tenía una limitación contractual para obligarse, “si él se obligó por fuera de eso es responsabilidad de él y si fue solamente hecho con el consentimiento de uno de los socios, ellos asumirán en lo que corresponda a esa parte”.
Igualmente menciona en relación con la liquidación, el artículo 1387 del Código Civil, que establece que antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos sociales, por lo tanto solicita desde este momento la suspensión de la partición, dada la existencia de diferentes procesos en jurisdicción ordinaria.
Finalmente hace entrega del resumen escrito de su intervención, junto con los anexos mencionados durante ella.
8. Consideraciones del tribunal
Reunidos como aparecen los presupuestos procesales por no haber causal de nulidad de lo actuado y por no haberse presentado “excepciones de fondo”, el tribunal procede a decidir acerca de la tacha del testigo presentada, antes de analizar y resolver todas y cada una de las pretensiones de la parte actora frente a la oposición de las mismas por parte de la demandada, con fundamento en los hechos invocados y las pruebas allegadas al proceso.
I. Tacha de testigo
De la facultad otorgada por el ordenamiento procesal civil en el artículo 218, hizo uso el doctor Wilson Moscoso Ceballos, apoderado de la parte convocada, mediante escrito presentado en la audiencia celebrada el día 3 de agosto de 1995. Para dicha fecha estaba previsto, entre otros, recibir el testimonio del señor Julián Villegas Jaramillo, quien actúa en condición de representante legal de la sociedad Palmeras Ucrania Ltda.
Al decir del doctor Moscoso se considera a este testigo “altamente sospechoso por encontrarse en circunstancias que afectan su credibilidad e imparcialidad, frente al testimonio que se le solicita por la amistad y grado de confianza y grado de dependencia del grupo Schmidt, representado por las personas que han convocado a este trámite, lo que establece sin mayor cabilación serios motivos para dudar de la credibilidad que se pueda otorgar al señor Villegas”.
En relación con este particular se tiene lo siguiente: resulta evidente, y así lo ha admitido el propio Julián Villegas Jaramillo, en su declaración, que su vinculación a la gerencia de la sociedad Palmeras Ucrania Ltda., encuentra antecedente histórico en una relación de manejo de negocios en los cuales particularmente estuvo y está interesado don Eugenio Schmidt. Esa circunstancia se corrobora cuando relaciona las empresas en las cuales participa el mencionado señor Schmidt y en las que él actúa también como representante legal. En principio, por estas circunstancias, estaríamos en presencia de la causal legal prevista para los testigos sospechosos.
No obstante lo anterior, de otro lado debe considerarse que el señor Villegas Jaramillo ha venido actuando en los últimos años como representante legal de Palmeras Ucrania Limitada, cargo por cuyo efecto legal y desarrollo ha tenido la posibilidad de conocer en detalle los pormenores de la referida empresa, su situación contable, financiera, la situación de la plantación y la propia relación que desde su perspectiva de representante legal ha percibido entre la familia Schmidt y la familia Rivera; por lo tanto, es poco probable, tal vez imposible, que en manos de otra persona esté poseer esta información para suministrarla al tribunal.
El doctor Moscoso, apoderado que presentó la tacha de falsedad contra ese testigo, de otro lado, ha tenido oportunidad de reunirse con él en otras ocasiones y en desarrollo del testimonio pudo hacer referencia concreta y cuestionamientos sobre lo dicho por el señor Villegas Jaramillo, que resultan importantes para la ilustración del tribunal.
Es claro que respecto de una persona ubicada en la situación del señor Julián Villegas Jaramillo, el tribunal debe valorar su testimonio con un mayor celo, como en efecto se hará por sus vinculaciones con el grupo Schmidt, pero también es claro, se reitera, que su condición de representante legal de la empresa lo ubica en una situación de poseedor de información de especial interés para la formación de la opinión que se requiere con miras a la adopción de una decisión final.
En estas condiciones, si bien respecto de ciertas circunstancias, particularmente relacionadas con las obligaciones financieras de la sociedad para con los socios, el tribunal no puede estarse exclusivamente a lo expresado por el señor Julián Villegas Jaramillo, ni tomará decisión sobre dicho particular, también es cierto que restantes apartes de su relato llevan al tribunal a considerarlo útil y a darle credibilidad, con el rigor que las circunstancias exigen, por lo cual la tacha del testigo no está llamada a prosperar.
II. Peticiones de la demanda
1. Inexistencia de ánimo societario para continuar con la empresa
La primera petición de la parte convocante consiste en “declarar que actualmente entre mis poderdantes y los demandados, no existe el ánimo societario que propenda al tranquilo, pacífico, ininterrumpido y productivo desarrollo del objeto social tipificado para la sociedad Palmeras Ucrania Limitada”; al propio tiempo, en esta primera petición, se plantea “una solución que trate de continuar la compañía y dirima las controversias patrimoniales entre las partes”.
El apoderado de la parte actora fundamenta todas sus peticiones, y en particular la que ocupa nuestra atención, en los hechos de que da cuenta en la demanda, algunos de los cuales tienen que ver con la historia y posterior desarrollo de la empresa a nivel de conformación de capital, pero básicamente lo que se aprecia es un desacuerdo entre por lo menos, los socios constituyentes líderes de las familias Schmidt y Rivera sobre los reales compromisos asumidos al momento de constituir la firma y su ulterior desarrollo.
Así, mientras que para la familia Schmidt la venta de la finca denominada La Ucrania se hizo como consta en la escritura pública correspondiente, en forma real y efectiva en favor de la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, según lo consignado en el hecho 7º de la demanda, para el señor Juan Rivera Orjuela esa operación no fue más que una simulación convenida entre él y don Eugenio Schmidt con el objeto de obtener un préstamo “para hacer el vivero, poner la plantación y sostener la plantación durante los dos años, mientras la plantación comienza a producir” como se lee en su declaración.
Este diferente enfoque sobre las prestaciones recíprocas entre los socios y la sociedad, que de por sí resulta esencial y definitivo no ha sido lo único. En las declaraciones del propio señor Juan Rivera Orjuela se hacen afirmaciones en relación con la familia Schmidt y particularmente respecto de don Eugenio Schmidt, que hablan de pérdida de confianza, de engaños, que cuestionan la validez de escrituras y actas, incluso de las debidamente suscritas por el señor Juan Rivera Orjuela y que plantean, en todo caso, un ánimo psicológico o una actitud absolutamente contraria al ánimo societario que resulta necesario para el desarrollo de las operaciones de una empresa.
En la declaración del señor Juan Freddy Rivera Pereira también se hacen aseveraciones que denotan una pérdida de confianza total en la familia Schmidt y en particular en don Eugenio. En primer lugar, afirma que “está comprobado que se ha manejado ilegalmente dineros en las cuentas de don Eugenio Schmidt”, afirma más adelante, a folio 108 del expediente, que en ningún momento por parte de don Eugenio Schmidt se hicieron los aportes que rezan en la escritura original, que la venta de la tierra fue ficticia, que no hubo aportes ni dinero para hacer funcionar la empresa y sindica a don Eugenio Schmidt de haber realizado engaños, similares al que en su opinión ocurrió con su padre, con otros campesinos de la región (fl. 109).
Esta manifiesta hostilidad que en el proceso está evidenciada claramente de uno de los grupos que conforman el capital social de la empresa hacia el otro, resultaría suficiente para establecer la falta de ánimo societario en la actualidad, cuando menos, en los años más recientes. Pero ese cuestionamiento no se ha quedado en el ámbito puramente personal o familiar, sino que se ha trasladado a la operación misma de la sociedad, pues, según obra en el expediente, no se ha convocado en los años recientes formalmente a junta de socios, ni aprobado estados financieros. Por otro lado, la relación de la familia Rivera con el gerente se ha dado fundamentalmente en materia de reclamaciones, solicitud de documentación, pero ha estado ajena a los cauces normales de operación y decisión al interior de las juntas de socios, pues, incluso, las que históricamente están documentadas en las actas, han sido cuestionadas por la familia Rivera.
En tales condiciones resulta palpable la inexistencia de un ánimo societario, de un espíritu que facilite y permita la continuidad y el desarrollo de las operaciones de la empresa. Pero es esa circunstancia también, aunada a una serie de acciones judiciales que se tramitan en instancias distintas a este tribunal, las que no ofrecen un campo abonado para que el tribunal, que decide en equidad, encuentre viables fórmulas que, al tiempo que permitan la continuidad de la compañía, dirima las diferencias patrimoniales entre las partes. Para lograr ese tipo de soluciones es menester que exista acuerdo por lo menos en los puntos esenciales que servirían de soporte a la pretendida solución. Pero en el caso que nos ocupa está puesta en evidencia la inexistencia de tan siquiera esos puntos, por lo cual no resulta procedente acceder a esta segunda parte de la primera pretensión. Respecto de la primera parte de la pretensión, consistente en reconocer la falta de ánimo societario, ella debe reconocerse, teniendo las repercusiones de que se tratará más adelante en este mismo laudo.
2. La declaratoria de escisión de la empresa
La segunda de las peticiones contenidas en la demanda, consiste en declarar como consecuencia de la pérdida de ánimo societario, la escisión de la empresa sobre los fundamentos de carácter jurídico, económico que se demuestre en el proceso y sean materialmente procedentes.
Sobre este particular es conveniente recordar que la escisión es una operación jurídica, reconocida por primera vez en la legislación positiva colombiana, en el artículo 11 de la Ley 45 de 1990, hoy incorporado como artículo 67 del Decreto 663 de 1993, conocido como estatuto orgánico del sistema financiero.
En virtud de ese precepto “la empresa y el patrimonio de una entidad sometida al control y vigilancia de la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia Bancaria... podrán dividirse en dos o más empresas que constituyen el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por alguno de sus socios.
“La reforma por la cual se disponga la escisión deberá ser adoptada con el quórum señalado en los estatutos o en la ley para la aprobación de la fusión”.
Esta figura, dentro del ordenamiento positivo vigente, no está admitida para las sociedades comerciales distintas a las vigiladas por la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia Bancaria. No obstante ello, tanto la Superintendencia de Sociedades como la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia de Valores, por actos administrativos particulares, han admitido la posibilidad de la aplicación de esta figura para entes distintos a los sujetos vigilados por la Superintendencia Bancaria.
Independientemente de lo anterior, lo que resulta claro del texto legal transcrito es que la decisión de escindir una empresa constituye una reforma estatutaria que debe ser adoptada por el órgano social competente, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada por la junta de socios, siendo de su competencia y de su órbita privativa y exclusiva la adopción de ese tipo de decisión, para lo cual debe surtirse un proceso complejo de citación a terceros, similar al que se adopta cuando se adelanta el proceso de fusión.
Lo propio debe decirse en cuanto a las mayorías necesarias para adoptar la decisión, las cuales se deben regir por lo consignado en el contrato social en materia de fusión, o, en su defecto, por lo previsto en las normas legales para este propósito.
Es claro para este tribunal que su competencia no se extiende hasta sustituir en su voluntad las decisiones que corresponde adoptar a los asociados reunidos en junta de socios; es decir, no corresponde a la órbita de competencia del tribunal inmiscuirse en asuntos que son, se reitera, privativos de los socios reunidos en el máximo órgano social para la toma de una decisión que requiere, además, de la concurrencia de unas mayorías especiales y de la información y de la tutela de los terceros interesados. Por lo tanto, esta pretensión, no se considera procedente.
3. La exclusión de los socios Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira
Como una petición subsidiaria a la comentada en el numeral anterior, el convocante plantea la exclusión de los socios pertenecientes a la familia Rivera, teniendo como fundamento la indicada para la primera pretensión. Sobre este particular resulta pertinente recordar que, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, solamente el artículo 365 del ordenamiento mercantil prevé la posibilidad de exclusión de socios como consecuencia del procedimiento regulado a partir del artículo 362 del mencionado código, relativo al derecho que tienen los socios de ceder sus cuotas y para cuando se haya ofrecido las mismas a los restantes socios y ninguno haya manifestado interés en adquirirlas y no se obtenga la autorización de la mayoría para el ingreso de un extraño a la sociedad. Pero es claro para el tribunal que sobre ese particular no existe motivo que fundamente su competencia para determinar la exclusión de un socio.
Por lo demás, es pertinente aclarar que la exclusión de socios en el plano normativo ha sido siempre concebida como una sanción en virtud del quebrantamiento de la ley o de los estatutos. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, a falta de una norma específica que para el caso resultara aplicable, hubiese sido necesario que en los estatutos se estableciera dicha posibilidad, cosa que tampoco ocurre. Por todo lo anterior, esta pretensión tampoco puede ser atendida.
En último término, y como petición subsidiaria de la segunda y tercera planteadas, los convocantes solicitan declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad por la misma causal declarada para la primera pretensión, adelantándose en este mismo trámite arbitral todo el proceso liquidatorio.
Sobre este particular y, en primer término, es necesario traer a colación los análisis efectuados en relación con la primera de las pretensiones de la demanda analizada en este laudo y, en particular, a las distintas situaciones fácticas que han generado al interior de los socios una falta de armonía para el desarrollo de la empresa social.
En efecto, circunstancias ya reseñadas atrás, como la desconfianza de un grupo de socios hacia el otro; el cuestionamiento al verdadero alcance de los compromisos adquiridos al momento de suscribir el contrato social; el cuestionamiento de parte del socio Juan Rivera sobre su efectiva participación en las reuniones de juntas de socios y del tenor mismo de las decisiones consignadas en las actas y, en general, la animosidad que rodea las actuaciones de los consocios, es, desde luego, muestra fehaciente de una imposibilidad absoluta para llevar a buen propósito los objetivos trazados al momento de constituirse la empresa. De ello ha quedado testimonio en las actuaciones procesales que se han surtido desde la instalación de este tribunal.
La situación descrita conlleva necesariamente la imposibilidad de desarrollar la empresa social, pues al tiempo que ella puede obedecer a factores externos a la persona jurídica misma, en la medida en que afecten directamente el negocio o la empresa social desarrollada, tales como la guerra, las catástrofes, la prohibición de la actividad a la que la sociedad se dedicaba, etc., también resulta aplicable para circunstancias o condicionamientos internos a la sociedad, esto es, que tienen que ver con la conducta o el comportamiento de los asociados mismos.
Estas últimas circunstancias obedecen, en la generalidad de los casos, a la actitud psicológica o a la predisposición justificada o injustificada de los socios frente a la marcha de la sociedad. Se revela particularmente en la inactividad de los órganos sociales, pues los conflictos surgidos entre los socios son de tal magnitud que los llevan a prescindir de la junta de socios, que es el foro natural para la expresión de los derechos políticos que le confieren la ley y los estatutos a los asociados, es decir, deliberar y decidir.
Con más énfasis ocurre, como en el caso que ahora nos ocupa, en donde se presenta un permanente equilibrio de votos que impide la formación de mayorías al interior de la junta de socios y, en tal sentido, ello supone la imposibilidad de adoptar decisiones que permitan el avance o la superación de determinados desacuerdos al interior de la empresa.
En el caso de Palmeras Ucrania Limitada, es claro que del 100%, de las cuotas el 50% pertenece a la familia Schmidt y el 50% pertenece a la familia Rivera. En tales condiciones ninguno de los dos grupos familiares que conforman la sociedad, tiene prevalencia en caso de posiciones antagónicas y, en tal sentido, la sociedad se encuentra en imposibilidad de superar las mismas.
Esto se ha evidenciado durante los últimos años de existencia de la sociedad, pues al decir del propio representante legal de la empresa y según consta también en las declaraciones de los señores Rivera, en este período no ha habido realmente una convocatoria formal a la junta de socios, para, por ejemplo, pronunciarse sobre los estados financieros de la compañía. Todos los elementos ya reseñados en amplitud en esta providencia sobre discrepancias desde el sentido y alcance de la constitución misma de la empresa, pasando por su desarrollo, son prueba fehaciente de que la sociedad se encuentra en esta situación.
En tal virtud, en el presente laudo se reconocerá la pérdida del ánimo societario y la imposibilidad de desarrollar la empresa social, como ha quedado evidenciado a lo largo del trámite del proceso y consecuencialmente se declarará disuelta la compañía, decisión que si bien no resulta ser la más deseable para cuando existen aún los bienes materiales con los cuales se podría llevar adelante el objeto social, sí constituye solución para una problemática en la que los socios actualmente se encuentran involucrados y de la que difícilmente saldrán por su propia voluntad.
Ahora bien, la parte convocante ha solicitado, en la cuarta petición, no solamente declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad, sino que ha solicitado que dentro de este mismo trámite arbitral se adelante todo el procedimiento liquidatorio.
Esta segunda parte de la petición no puede ser atendida por las siguientes razones:
A. Es bien conocida la diferencia entre disolución y liquidación de una empresa: La primera se deriva del reconocimiento de un simple hecho, como el paso del tiempo, o de la configuración de otra de las causales legalmente previstas, que sea reconocida o declarada por parte de los socios, o por una autoridad judicial o administrativa. La disolución determina el inicio del proceso liquidatorio de la empresa, pues a partir de ella la sociedad encuentra restringido su objeto a la realización de los actos meramente relacionados con la liquidación del patrimonio social.
La segunda, la liquidación, es según la definición de Joaquín Garrigues “el conjunto de operaciones de la sociedad que tienden a fijar el haber social divisible entre los socios. Esta determinación ha de hacerse liquidando, es decir, realizando las operaciones jurídicas pendientes con terceros, respecto de los cuales la sociedad puede estar en situación de deuda o en situación de crédito”, o como lo dice Gabino Pinzón, “la liquidación no puede ser una simple distribución de bienes entre los socios” sino todo un proceso de liberación de los activos” mediante el pago de las obligaciones pendientes por razón de la existencia y los negocios de la sociedad, para que solo entonces puedan ejercer plenamente los asociados su derecho a que se les entregue a título de utilidades finales y reembolso de sus aportes, la parte que les corresponde en el remanente de los activos” (negrillas ajenas a los textos originales).
Así las cosas, cuando se acude a una autoridad judicial en procura de una declaratoria de disolución de una empresa, como ha ocurrido en el presente caso, ello constituye un proceso declarativo que tiene por objeto analizar y resolver si evidentemente existe motivo para determinar la declaratoria de disolución de la sociedad y ordenar su liquidación; al paso que la liquidación es ante todo un procedimiento técnico jurídico integrado por operaciones o etapas de distinta naturaleza compleja, que tiene por objeto establecer el haber social que va a distribuirse entre los socios y su entrega posterior para extinción de las obligaciones sociales.
A diferencia de la disolución de la sociedad, donde directamente solo se encuentran interesados los asociados, la liquidación supone una convocatoria y una definición sobre derechos de terceros, dentro de los cuales hay sujetos tan importantes como el propio fisco, que deben hacer valer sus acreencias a partir de las publicaciones que ordena la ley.
Así, por ejemplo, en el caso de las sociedades comerciales, y aquellas civiles a las cuales se aplica el régimen de liquidación previsto en el Código de Comercio, el ordenamiento mercantil detalla las distintas fases o etapas de dicho proceso, como el nombramiento de liquidador, el aviso a los acreedores, la elaboración del inventario, el traslado del mismo a los socios y a los acreedores de la sociedad, la aprobación del inventario y su protocolización, la distribución de los bienes entre los socios, la prelación de créditos, etc., instancias procedimentales todas ellas que demuestran la trascendencia de este proceso más allá del solo interés de los asociados, pues si bien, desde luego, el proceso liquidatorio pretende definir la forma como se repartirá el remanente de los haberes sociales entre los asociados, también es cierto, y ello en determinada forma resulta más importante, debe atender, con las formalidades previstas en la ley , el interés de los acreedores.
Es por ello, entre otras cosas, que el artículo 232 del Código de Comercio establece que “las personas que entren a actuar como liquidadores, deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentre la sociedad una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en un lugar del domicilio social que se fijará en un lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad”.
Esta norma es suficientemente diciente de la naturaleza y complejidad del proceso liquidatorio y de la necesidad de que en el mismo sean parte no solamente los socios sino los terceros.
Y no debe olvidarse que el arbitramento está delimitado legalmente, según el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, en la forma en que fue reformado por la Ley 23 de 1991, a cuyo tenor “Podrán someterse a arbitramento las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir...” (se resalta).
En tal virtud, es claro que siendo partes de este proceso arbitral solamente los socios, y no los terceros interesados en hacer valer sus derechos frente a la sociedad, resultaría inapropiado adelantar, dentro del mismo, todo el proceso liquidatorio, dada la regulación de orden público prevista en la ley para estos efectos.
En consecuencia, no puede atenderse la segunda parte de la pretensión, cuarta del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
1. Declarar que entre los demandantes, Eugenio Schmidt Reitz, Ilse Helena Schmidt de Ritzl, Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle, por una parte, y por la otra los señores Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, ha desaparecido el ánimo de permanecer asociados en forma que permita el ininterrumpido y productivo desarrollo del objeto social de la sociedad Palmeras Ucrania Ltda.
2. Negar por improcedentes las pretensiones segunda y tercera de la demanda, consistentes en declarar la escisión de la empresa o la exclusión de los socios Juan Rivera Orjuela y Juan Freddy Rivera Pereira, de la sociedad Palmeras Ucrania Ltda.
3. Negar la tacha del testigo Julián Villegas Jaramillo, formulada por el apoderado de la parte demandada.
4. Declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad Palmeras Ucrania Limitada, como consecuencia directa de la ausencia del ánimo para continuar en sociedad y de la imposibilidad de desarrollar la empresa social, y atendida la improcedencia de escindir la empresa o excluir a los socios Juan Rivera Orjuela o Juan Freddy Rivera Pereira.
5. Las expensas de este proceso son de cargo de ambas partes por porciones iguales. Los gastos de protocolización, si no resultaren suficientes los previstos se pagarán por las partes en la misma proporción. En desarrollo de lo anterior, y de lo previsto en el inciso 3º del Decreto 2279 de 1989, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso estarán a cargo de la parte demandada, que no consignó la parte que le corresponde oportunamente, y causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente se cancele la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo.
6. Disponer que la Cámara de Comercio de Bogotá, inscriba la declaratoria de disolución de la sociedad Palmeras Ucrania Ltda.
7. Protocolizar el expediente en una notaría del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C., una vez efectuada la inscripción de que da cuenta el artículo anterior de este laudo.
La secretaria entregó a cada uno de los apoderados una copia auténtica del laudo. A continuación, el tribunal fijó la fecha del 11 de diciembre de 1995 a las 8:00 a.m., para dar traslado de las solicitudes de aclaración, corrección o complementación del laudo si ellas se presentaren.
De la decisión anterior quedaron notificados en audiencia los señores apoderados.
Para constancia se firma el acta anterior por quienes intervinieron en la actuación.

References: artículo 107
 resolución 
 artículo 75
 artículo 228
 artículo 1387
 artículo 218
 artículo 11
 artículo 67
 artículo 365
 artículo 362
 artículo 232
 artículo 1