Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910016.html
Timestamp: 2019-11-20 02:11:54+00:00

Document:
as201910016
AUTO SUPREMO N� 016/2019-RRC
Expediente :�Santa Cruz 82/2018
Parte Acusadora�� � � :�Ministerio P�blico y otro
Parte Imputada�� � � � :�Lu�s Alberto Ortiz Vargas y otras
Delitos�� � � ��� � � � :�Apropiaci�n Indebida y otros
Por memoriales presentados el 15 y 20 de febrero y el 27 de abril de 2018, Lu�s Alberto Ortiz Vargas, de fs. 775 a 782; Mariely �lvarez Ortiz, de fs. 785 a 791 vta.; y, Gionina Magdalena Viera Paz, de fs. 814 a 828, interponen recursos de casaci�n impugnando el Auto de Vista 290 de 15 de diciembre de 2017, de fs. 765 a 770, y el Auto Complementario 56 de 9 de marzo de 2018, a fs. 798 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico y la Cooperativa de Servicios P�blicos Concepci�n Ltda. (CONCEPCO Ltda.) contra los recurrentes, por la presunta comisi�n de los delitos de Falsificaci�n de Moneda con Equiparaci�n de Valores a la Moneda, Uso de Instrumento Falsificado, Apropiaci�n Indebida con Agravante, Asociaci�n Delictuosa, Organizaci�n Criminal, Falsificaci�n de Documento Privado, Manipulaci�n Inform�tica y Estafa, previstos y sancionados en los arts. 186 con relaci�n al 188 inc. 4), 203, 345 con relaci�n al 349 inc. 3), 132, 132 bis, 200, 363 bis y 335 todos del C�digo Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 13 de 29 de junio de 2017, de fs. 567 a 591 vta., el Tribunal de Sentencia de Concepci�n en el Distrito Judicial de Santa Cruz, declar� a: Gionina Magdalena Viera Paz, autora de la comisi�n de los delitos de Falsificaci�n de Moneda con Equiparaci�n de Valores a la Moneda, Uso de Instrumento Falsificado y Apropiaci�n Indebida con Agravante, sancionados por los arts. 186 con relaci�n al 188 inc. 4) y 203 del CP, imponiendo la pena de cinco a�os de presidio. A Lu�s Alberto Ortiz Vargas y Mariely �lvarez Ortiz culpables del delito de Apropiaci�n Indebida con Agravante, sancionado por los arts. 345 y 349 inc. 3) del CP, imponiendo la pena privativa de libertad de cuatro a�os al primero y tres a�os a la segunda, siendo absueltos por los dem�s delitos endilgados, con costas.
Contra la mencionada Sentencia, los imputados Mariely �lvarez Ortiz, fs. 596 a 606 vta.; Gionina Magdalena Viera Paz, fs. 608 a 617 vta.; Lu�s Alberto Ortiz Vargas fs. 619 a 623 vta.; y Alcides Flores Pereyra en su calidad de querellante y representante legal de CONCEPCO Ltda., fs. 625 a 626 vta., opusieron recursos de apelaci�n restringida, motivando la emisi�n del Auto de Vista 290 de 15 de diciembre de 2017, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declar� admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirm� la Sentencia apelada, siendo resuelta la solicitud de complementaci�n y enmienda de la imputada, mediante Resoluci�n 56 de 9 de marzo de 2018, fs. 798 y vta., motivando la interposici�n del presente recurso de casaci�n
I.2 Motivos de los Recursos de Casaci�n
En conocimiento de los citados recursos esta Sala pronunci� el Auto Supremo 624/2018-RA de 7 de agosto, que en juicio de admisibilidad, deline� el presente an�lisis bajo el siguiente orden:
I.2.1. Recurso de casaci�n de Lu�s Alberto Ortiz Vargas.
El recurrente denuncia que tanto la Sentencia como el Auto de Vista realizaron una copia de la acusaci�n requerida por el Ministerio P�blico, situaci�n que en el caso del Tribunal de apelaci�n, se limita a la sola afirmaci�n de una correcta valoraci�n probatoria. A�ade que en todo el proceso no se demostr� la existencia de elementos que lo vinculen con los delitos condenados, y que sobre tal afirmaci�n el Auto de Vista omiti� �de manera intencional el in dubio pro reo� (sic), aspectos que en suma, desde el planteamiento del recurso, violentan el debido proceso y el principio de igualdad de las partes previsto en el art. 117.I de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE).
I.2.2 Recurso de casaci�n de Mariely �lvarez Ortiz.
Reclama lesi�n al debido proceso, en su vertiente de acceso a la justicia, legalidad, tutela judicial efectiva, congruencia y fundamentaci�n, calificando la argumentaci�n del Auto de Vista impugnado como �lisa� y �gen�rica�, agregando que los miembros del Tribunal de apelaci�n �no han dado respuesta a lo cuestionado, se limitaron a realizar una mera fundamentaci�n carente de la debida motivaci�n� (sic), concluyendo que tal proceder vulner� los arts. 124 y 398 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP), porque se incurri� en el vicio de incongruencia.
I.2.3 Recurso de casaci�n de Gionina Magdalena Viera Paz.
Denuncia vulneraci�n al debido proceso basada en la existencia de violaci�n de los principios procesales tales como seguridad jur�dica, legalidad y la tutela judicial efectiva (arts. 115, 178 y 180 de la CPE), debido a que el Auto de Vista carece de fundamentaci�n debido a que no se advirti� la infracci�n del principio de congruencia expuesta en apelaci�n restringida.
De igual forma, aduce que el Auto de Vista no dio respuesta fundada a cada uno de los puntos apelados, ni se pronunci� sobre todos ellos; adem�s, de haber vulnerado su derecho a la defensa.
II. FUNDAMENTOS DE LA SALA
Antes de analizar las problem�ticas descritas, habida cuenta que ellas guardan aspectos comunes en sus planteamientos, la Sala considera para mejor contextualizaci�n, expresar criterio sobre cuestiones que son recurrentes en los planteamientos de casaci�n.
II.1 Consideraciones Previas
II.1.1 Deber de fundamentaci�n de las resoluciones judiciales: Finalidades lineamientos indicativos y jurisprudencia consolidada.
Esta Sala Pena a trav�s de Auto Supremo 077/2018-RRC de 23 de febrero, expres�:
�El Derecho y la pr�ctica jur�dica se manifiestan a trav�s de un canal necesario: el lenguaje. La exposici�n de argumentos y la sostenibilidad de los alegatos que las partes propongan, o en su caso, la solidez con la que las decisiones judiciales forjen autoridad, deben someterse al lenguaje. Esto no quiere decir, que el argumento jur�dico sea encasillado a una perspectiva gramatical, sem�ntica, o diluir el razonamiento jur�dico en las reglas de la sintaxis. En todo caso se trata de hallar un punto intermedio en el que a partir del lenguaje la transmisi�n de los argumentos jur�dicos y el razonamiento de jueces y tribunales adquiera estabilidad y permanencia, donde el resultado final sea generar la sensaci�n de haberse impartido justicia.
Tomando como punto de partida el Diccionario de la lengua espa�ola de la RAE, argumentaci�n es �la acci�n de argumentar�, argumentar significa �aducir, alegar, poner argumentos� y argumento es un �razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposici�n, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega�. Cabe recordar que motivar en un sentido amplio, es otorgar motivo para una cosa. Explicar la raz�n que se ha tenido para hacer una cosa.
Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentaci�n y motivaci�n de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado desde el Texto Constitucional reconoce y garantiza este derecho en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; sin embargo, la Sala, sin desconocer ninguna de esas situaciones, considera que la motivaci�n y fundamentaci�n de las decisiones judiciales no es un fin en s� mismo, ya que m�s all� de la divergencia y textura que la doctrina del derecho procesal le ha brindado, responde a fines m�s pr�cticos y utilitarios; estos son, (1) la verificaci�n p�blica sobre el impacto que una norma promulgada conforme procedimiento legislativo posea; (2) los motivaciones que condujeron a un juez o Tribunal a decidir en una u otra forma; y, (3) el mecanismo id�neo para transparentar las razones por las que una autoridad judicial asumi� una decisi�n.
La Sala de igual manera halla convencimiento, en que la fundamentaci�n y motivaci�n de las resoluciones judiciales, no debe, en la medida de lo necesario, ostentar contorsiones jur�dicas cuando la descripci�n de un hecho y su adecuaci�n a la norma responden a un postulado b�sico, que es la prerrogativa conferida al justiciable de exigir el Estado tanto un juzgamiento imparcial y justo, como que la decisi�n que se asuma sea de f�cil comprensi�n y agote las alegaciones del –valga la redundancia- justiciable.
En relaci�n a los presupuestos sobre denuncias de valoraci�n de la prueba dentro del sistema de recursos del C�digo de Procedimiento Penal, urge recalcar que la valoraci�n de la prueba, incluso la determinaci�n de hechos, halla su l�mite en el principio de inmediaci�n, esto es que solo el tribunal o juez de sentencia es el llamado a determinar hechos y valorar los elementos de prueba; tarea que es vedada a los Tribunales de apelaci�n, quienes tienen limitada su competencia a ser una instancia de revisi�n de logicidad de los fundamentos de la Sentencia, raz�n que explica que las posibilidades de recurrir en apelaci�n se hallen restringidas al cat�logo del art. 370 del CPP. Precisar tambi�n que el Tribunal de casaci�n es un tribunal de derecho, m�s no de hecho, tanto por las competencias salientes de los arts. 416 y ss. del CPP, como por su naturaleza y posici�n otorgada por la Ley del �rgano Judicial inhibiendo realizar un an�lisis que incumba revalorizaci�n de las pruebas y determinaci�n de hechos. No obstante lo anterior, la tendencia jurisprudencial asumida en las jurisdicciones ordinaria y constitucional, hacen que en supuestos donde se denuncien vulneraci�n de derechos y garant�as constitucionales se proceda a la verificaci�n de la existencia de esos reclamos; sin que en modo alguno ello quiera suponer el contrariar las normas antes anotadas o prever decisiones basadas en la discrecionalidad.
As� las cosas, surge necesario sentar que el derecho a una resoluci�n justa que ponga a fin al proceso, se matiza en la exigencia de que �sta sea motivada de forma circunstanciada, se�alando y justificando especialmente los medios de convicci�n en que se sustent� y lo que desech�; circunstancia que no implica, la obligaci�n de transcribir literalmente las declaraciones, como tampoco la de un an�lisis exhaustivo de toda la prueba disponible, si con lo contenido en las resoluciones f�cilmente se llega a la conclusi�n que superando la duda denote la existencia de una conducta t�pica, antijur�dica y culpable del imputado. En los casos donde la motivaci�n fuera insuficiente, al extremo de no crear fe y resultar contraria o ambivalente a los contenidos de la prueba producida en juicio oral, se violar�a el debido proceso, tanto en la medida en que esa prueba sea esencial para una fundamentaci�n suficiente, como en la medida en que su efectiva consignaci�n resultase indispensable para ejercer el derecho a recurrir el fallo.
La Sala expresa que la garant�a y derecho a un debido proceso, prevista en los arts. arts. 115.II y 117.I y 180.I de la CPE, en el caso de los procesos penales exige que su conclusi�n respete el derecho a la congruencia de la sentencia, que no es otra cosa que la correlaci�n entre acusaci�n, prueba y decisi�n. Sin embargo, el reclamo debe ser de contenido sustancial. De ninguna manera se trata, de seleccionar arbitrariamente alg�n segmento de una Sentencia o Auto de Vista para reprocharle su falta de motivaci�n, fundamentaci�n o contradicci�n, pues antes debe tenerse presente que un fallo es una unidad que, y si es que a lo largo de su contenido permite su comprensi�n y explica las razones de su decisi�n de manera suficiente, deber� ten�rselo por adecuadamente fundamentado, m�s all� de vac�os que no comprometan el fondo, para los que se tiene reservado la rectificaci�n expresada en el art. 414 del CPP.�
II.1.2 M�rgenes indicativos sobre la suficiencia de motivaci�n y fundamentaci�n
El Auto Supremo 207/2007 de 28 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, ante la denuncia de incumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP, sent� la siguiente doctrina legal aplicable:
��la motivaci�n responde tambi�n a otros fines, ya que podr�n los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptaci�n o fundar su impugnaci�n por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las ense�anzas que derivan de las sentencias judiciales.
El mismo Auto Supremo razon� que las decisiones alejadas de aquellos c�nones no solo poseen insuficiencia en s� mismas, sino que al generar vulneraci�n a derechos y garant�as procesales, constituyen defectos insubsanables, de cuenta que,
��la autoridad jurisdiccional dictar[�] sus resoluciones debidamente motivadas, guardando coherencia entre la parte considerativa y la dispositiva, esto es sin incurrir en contradicciones, en desorden de ideas, yuxtaposici�n numerativa de folios o de afirmaciones formuladas mec�nicamente, o en una frondosa, enrevesada y superficial acumulaci�n de disgresiones sin mayor relaci�n con el caso a resolver, una resoluci�n resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto resulta superficial y/o unilateral o cuando los argumentos esgrimidos resultan contradictorios antag�nicamente, o cuando se detectan vicios de razonamiento o de demostraci�n (falacias o paralogismos), en todo caso la redacci�n debe guardar claridad explicativa, no siendo una exigencia que los decisorios sean extensos o ampulosos�.
El art. 124 del CPP, a la letra ordena que las sentencias y autos interlocutorios ser�n fundamentados. Expresar�n los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. De igual forma taxativamente precisa que la fundamentaci�n no podr� ser reemplazada por la simple relaci�n de los documentos o la menci�n de los requerimientos de las partes. Del an�lisis del citado precepto es visible un aspecto de trascendental importancia, que es el alcance que la norma nacional brinda a la fundamentaci�n. La doctrina sobre la forma expositiva en la que los fallos son emitidos, reconoce dos vertientes: motivaci�n y fundamentaci�n. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso, y m�s primordialmente sobre la actividad probatoria as� como los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado fundamentar se relaciona, con la actividad eminentemente jur�dica a ser realizada con el resultado de la motivaci�n, esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligaci�n de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y l�gica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicaci�n de la norma positiva al caso concreto.
Ahora bien la debida fundamentaci�n es un ejercicio argumentativo que desarrolla de forma sistem�tica los medios (hecho y derecho) en que se basa el decisorio; para ello debe necesariamente exponerse de modo concreto y preciso, c�mo se produce la valoraci�n y porqu� corresponde aplicar una determinada norma; esto obliga a evitar la sola enunciaci�n gen�rica y abstracta de principios o el llano se�alamiento de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acci�n; al contrario deber� darse la raz�n abierta y expl�citamente de qu� fue lo que razon� la autoridad judicial y por qu� y bajo cuales condiciones ha decidi� por la aplicaci�n de una norma al caso concreto.
La Sala manifiesta que la comprobaci�n de la ausencia de motivaci�n est� estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastar�n para dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisi�n que va a adoptar. En todo caso, siempre habr� de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la raz�n jur�dica por la cual la autoridad jurisdiccional se abstendr� de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideraci�n, razones por las que se hace plausible concluir que la motivaci�n suficiente de una decisi�n judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Si bien es un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, entre lo pedido y lo resuelto. Es decir, la autoridad judicial debe resolver todos los aspectos ante �l expuestos. Y es su obligaci�n explicar las razones por las cuales no entrar� al fondo de alguna de las pretensiones. Sin embargo no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensi�n, hace, por s� misma incongruente una resoluci�n.
II.2. Recurso de casaci�n de Mariely �lvarez Ortiz.
Bajo el r�tulo de �Lesi�n al debido proceso, en sus vertientes legalidad y Derecho a la Defensa y Tutela Judicial Efectiva� (sic), se�ala que promovi� incidentes de: actividad procesal defectuosa, por haberse procedido a la variaci�n de la tipificaci�n y calificaci�n de los hechos a lo largo del tr�mite; doble procesamiento o non bis in �dem; incompetencia; exclusi�n probatoria, pues ante la existencia de un proceso penal por el mismo hecho y abierto con anterioridad; y, prejudicialidad, rechazada por el Tribunal de apelaci�n bajo el argumento de no haberse demostrado la existencia de proceso extrapenal, pese a la existencia de un acuerdo de devoluci�n de dineros entre uno de los imputados y la parte acusadora.
En ese orden, se�ala que se incurri� en lesi�n al debido proceso, en su vertiente de acceso a la justicia, legalidad, tutela judicial efectiva, congruencia y fundamentaci�n, acusando que la argumentaci�n del Auto de Vista impugnado fuera �lisa� y �gen�rica�, expresando que los miembros del Tribunal de apelaci�n no brindaron respuesta a lo cuestionado, sino limitaron una �fundamentaci�n carente de la debida motivaci�n� (sic), concluyendo que tal proceder vulner� los arts. 124 y 398 del CPP.
II.2.1 Antecedentes procesales
Ahora bien, destaca en el expediente el memorial de fs. 596 a 606 vta., se propusieron dos tem�ticas a ser resueltas, (1) por un lado el reclamo sobre las cuestiones incidentales ocurridas en el juicio oral: (1.a) incidente de actividad procesal defectuosa, vulneraci�n al principio de incongruencia; (1.b) incidente de doble procesamiento, acusando que la prueba introducida tuvo origen en otro proceso penal demostr�ndose la violaci�n al non bis in �dem; (1.c) excepci�n de incompetencia por doble juzgamiento, basado en el mismo argumento; (1.d) incidente de exclusi�n probatoria sobre toda la documental ofrecida; (1.e) excepci�n de prejudicialidad, arguyendo que �de la verificaci�n de los datos de la�denuncia, se tiene que la misma es motivada�por un mal manejo econ�mico de la Gerente y el Contador, tanto as� que mediante documento privado suscrito por el co acusado Lu�s Alberto Ortiz Vargas, se llega a establecer que el mismo ya ha reconocido haberse sustra�do dinero de la cooperativa del cual se compromete a la devoluci�n�� [sic]. (2) Defectos de la sentencia conforme el cat�logo del art. 370 del CPP, a saber, (2.a) err�nea aplicaci�n de los arts. 345 y 349 del CP, dado que �no existe dato, prueba o fundamentaci�n alguna por el cual el tribunal al momento de dictar sentencia sustente que como se sustrajo el dinero, quien lo sustrajo y que monto fue sustra�do� [sic]; (2.b) insuficiencia en la individualizaci�n del imputado; (2.c) ausencia de enunciaci�n del hecho objeto del juicio; (2.d) condena basada en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, alegando que �las pruebas...son nulas e ilegales ya que�en ning�n momento estuvieron bajo el control jurisdiccional, por lo que se desconoce la obtenci�n de las mismas� [sic]; (2.e) vulneraci�n al art. 124 del CPP, por ausencia de fundamentaci�n en torno a los motivos de hecho y derecho que fundasen la sentencia y valoraci�n probatoria, aclarando que si bien existi� un apartado intitulado ‘fundamentaci�n’, �l �no es otra cosa que la copia exacta del acta de audiencia de juicio oral� [sic]; (2.f) incorrecta valoraci�n de la prueba alejada de las reglas de la sana cr�tica; (2.g) inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre acusaci�n y sentencia, afirmando los hechos fueron modificados a lo largo del proceso, especificando que fue condenada por delitos no promovidos ni por el Ministerio P�blico ni por la acusaci�n particular.
En conocimiento de dicha apelaci�n restringida la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunci� el Auto de Vista 290 de 15 de diciembre de 2017, en el cual, respecto a lo pertinente a la imputada �lvarez Ortiz, menciona:
��si bien es cierto que entre la denuncia la imputaci�n y la acusaci�n formal se establecen diferentes delitos�el tribunal concluye condenando a la misma solo por el delito de apropiaci�n indebida con agravantes�pero la absuelve de�los dem�s delitos; esos actos y procedimientos de ninguna manera pueden constituir actividad procesal defectuosa�� (sic)
En cuanto al incidente de doble juzgamiento y excepci�n de incompetencia por doble juzgamiento, manifiesta,
��se evidencia que ambos incidentes a fueron rechazados por el Juez de Sentencia de Concepci�n y que tambi�n ya fueron considerados y resueltos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, ya que no se adecua a ninguno de los argumentos expuestos en ese proceso penal de orden privado son los mismos que hoy se reclaman, es decir en ambos procesos no existe identidad de objeto, causa y sujetos y no es aplicable lo que establecen las SSCC 727/2003�y 1764/2004�toda vez que con la segunda denuncia e investigaci�n no se est� persiguiendo una doble sanci�n por un mismo hecho, no se da el principio del NON BIS IDEM�la �ltima parte del art. 315 del CPP y la Ley 586 establece la prohibici�n de plantear el mismo incidente o excepci�n cuando fuere rechazado por los mismos motivos�� (sic)
Sobre el incidente de exclusi�n probatoria, se tiene,
��el fondo de sus argumentos tambi�n se basan en el doble juzgamiento que anteriormente ya hab�a sido rechazado; sin embargo debemos indicar que la prueba de cargo ha cumplido con las exigencias de los arts. 204 y 216 del C�digo de Procedimiento Penal�si�consideraba que las pruebas de cargo habr�an sido obtenidas de forma ilegal y sin seguir los procedimientos, debi� impugnar en su debida oportunidad en las etapas preliminar y preparatoria�� (sic)
Respecto a las excepciones de prejudicialidad e incompetencia en raz�n de la materia, el Auto de Vista impugnado refiere,
��el Tribunal los ha rechazado in l�mine en virtud a que la parte impetrante no ha presentado ninguna prueba para demostrar sus argumentos, es decir no ha presentado la existencia de alg�n proceso civil que se relacione con este proceso penal, por tanto no se cumple con las formalidades exigidas por el art. 308, 309 y 310 del C�digo de Procedimiento Penal�� (sic)
Sobre la existencia del defecto descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP, afirm� que la apelante solo se hab�a limitado a,
��transcribir en forma �ntegra el Auto Supremo 312 de 13 de junio de 2003, pero no desarrolla dicho efecto, no explica de manera precisa en qu� forma se ha incurrido en inobservancia o err�nea aplicaci�n de cu�l Ley, si es adjetiva o sustantiva; no cumple con las formalidades exigidas por el art. 408�� (sic)
En cuanto al defecto previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, se�al� que,
��el tribunal a quo a tiempo de dictar su sentencia condenatoria, ha individualizado de forma precisa el grado de participaci�n de la acusada, explicando la forma de comisi�n del delito como autora principal y no como simple c�mplice como pretende la acusada; al respecto el tribunal a quo ha referido de manera precisa a los dep�sitos al arqueo de caja y sobre el balance del estado financiero; todos esos puntos ya han sido valorados y considerados�en su sentencia conforme manda el art. 124 del C�digo de Procedimiento Penal��
En cuanto al defecto de sentencia del art. 370 inc. 3) del CPP, los de apelaci�n aseguraron que,
��no es cierto lo aseverado por la recurrente ya que el Tribunal a quo en su sentencia ha detallado la relaci�n circunstanciada de los hechos, la misma que se relaciona con la denuncia sentada por la v�ctima especialmente sobre el delito de apropiaci�n indebida con agravantes�por el cual fue condenada la acusada�� (sic)
En relaci�n al defecto del art. 370 inc. 4) del CPP, se dijo que tales,
��argumentos deviene de un incidente de exclusi�n probatoria que se hubo planteado anteriormente y que fue rechazado�entonces si ese incidente fue rechazado, por l�gica consecuencia se tiene que las pruebas de cargo han sido legalmente introducidas y judicializadas por su lectura al juicio oral conforme lo previene el art. 333�� (sic).
En cuanto a la supuesta falta de fundamentaci�n, el Tribunal de apelaci�n consider� que,
��la sentencia condenatoria�cumple con o normado por el art. 124 y 360 incs. 1, 2 y 3 del CPP, puesto que contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de m�rito contiene una relaci�n del hecho hist�rico, es decir se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentaci�n f�ctica. Adem�s del an�lisis de la sentencia�se puede extraer que�se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, sin incurrir en los previsto por el art. 370 inc. 5�el tribunal a quo al valorar las pruebas�ha desarrollado una actividad u operaci�n intelectual de forma conjunta y arm�nica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos f�cticos obtenidos en la producci�n de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, p�blico y contradictorio, pose�an la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunci�n de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensi�n punitiva del proceso, mediante el m�todo de libre valoraci�n racional y cient�fica de acuerdo a las reglas de la sana cr�tica, la l�gica y el sentido com�n, uniendo este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, pues la sentencia contiene argumentos jur�dicos expresos, claros, completos, leg�timos y l�gicos respecto a la fundamentaci�n y motivaci�n de la misma, cumpliendo a cabalidad con lo que establece el art. 124, 171 y 173 del C�digo de Procedimiento Penal�� (sic)
Respecto a la denuncia de valoraci�n defectuosa de la prueba, la Sala Penal Segunda, precis� que,
��la acusada solo se limita a decir que el tribunal a quo no ha valorado las pruebas, sin embargo la recurrente no detalla de manera precisa a cuales pruebas se refiere de qu� manera le causa agravios a su persona, omisi�n que impide�ingresar a considera ese punto de la apelaci�n�
Sobre la alegaci�n de incongruencia, se manifest�
��si bien es cierto que el Ministerio P�blico y el acusador particular formalizaron acusaci�n�por la comisi�n de los delitos de asociaci�n delictuosa, organizaci�n criminal, falsificaci�n de documento privado, manipulaci�n inform�tica, falsificaci�n de moneda con equiparaci�n de valores a la moneda por los cheques y uso de instrumento falsificado, sin embargo en aplicaci�n del principio iura novit curia, el tribunal a quo tiene la facultad de aplicar el derecho que corresponda al hecho sometido a juzgamiento�tal como la l�nea de jurisprudencia constitucional lo establece en la SC 0506/2005-R...consecuentemente de la valoraci�n de las pruebas de cargo examinadas se infiere que la actuaci�n de la acusada en la comisi�n del delito de apropiaci�n indebida con agravantes, fue con conocimiento pleno, en forma libre, voluntaria, espont�nea y motivadamente. As� tambi�n est� plenamente demostrada la existencia de una relaci�n y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes del mencionado tipo penal�� (sic)
II.2.2. An�lisis del caso concreto
La se�ora �lvarez Ortiz trae a casaci�n, en esencia, considera que su recurso de apelaci�n restringida no fue abordado integralmente ni mereci� una respuesta debidamente fundamentada, denunciando que el Auto de Vista 290, vulner� su derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y su derecho a la defensa. Considera que la respuesta otorgada por parte del Tribunal de apelaci�n fuera incongruente por no haber resuelto en el fondo lo peticionado y basarse simplemente en cuestiones formales. Esta precisi�n es vista en los reclamos espec�ficos relacionados al incidente de doble procesamiento, incompetencia por doble juzgamiento, exclusi�n probatoria y la excepci�n de prejudicialidad (fs. 786 a 787 vta.), cuestiones que poseen un mismo hilo conductor, una supuesta duplicidad de procesamiento, aleg�ndose que anterior a esta causa, por los mismos supuestos, se hab�a activado un tr�mite penal de acci�n privada.
Como se tiene rese�ado l�neas atr�s, el reclamo de la recurrente no es visible, por cuanto, la respuesta en torno a los incidentes y excepciones puestos en consideraci�n de la Sala Penal Segunda, en efecto merecieron una respuesta, equivalente a la forma en que fueron propuestas y en el marco que la Ley procesal permite. As� el incidente de doble juzgamiento por doble identidad, al ya haber sido abordado de manera amplia y precisa en apelaci�n incidental (fs. 335 a 337) mal merec�a un pronunciamiento reiterativo en apelaci�n restringida, m�s cuando, los lineamientos que sobre celeridad tiene dispuestos la Ley 586, lo impiden, como se�al� el Tribunal de apelaci�n. Para el caso de la excepci�n de prejudicialidad, el trato vino a ser el mismo, pues no habi�ndose presentado prueba que acredite la existencia de un proceso extrapenal, mal pod�a las instancias emitir dar por sentado el planteamiento de la excepci�n, m�s cuando las cuestiones transversales a la tramitaci�n del proceso, como son los incidentes y las excepciones son reguladas desde los arts. 308 y ss. del CPP.
En los dem�s casos, la respuesta por parte del Tribunal de apelaci�n, es presente, no evidenci�ndose la ausencia de fundamentaci�n, sino al contrario, advirti�ndose, la simetr�a entre exposici�n argumentativa, marco normativo y antecedentes procesales; es decir, que las razones a partir de las que se lleg� a una determinada decisi�n, son presentes a simple lectura, debiendo quedar establecido que los pronunciamientos sobre el fondo de cualesquier cuesti�n incidental, no puede ser ajena al marco procesal que para cada caso tiene dispuesto la Ley 1970, siendo que en el caso de autos, varias de los agravios que la se�ora �lvarez Ortiz considera carentes de fundamentaci�n, fueron reiteradas tanto en apelaci�n incidental, como en apelaci�n restringida, siendo que en el primer de los casos, merecieron el pronunciamiento del Auto 147 de 1 de julio de 2016 por parte de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que si bien fue emitido por impulso procesal de la coimputada Viera Paz, no es menos cierto que se tratan de aspectos coincidentes al caso presente, y por ende vinculantes.
II.3 Recurso de casaci�n de Lu�s Alberto Ortiz Vargas.
El recurrente plantea que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado realizan una copia de la acusaci�n requerida por el Ministerio P�blico, limit�ndose –el Tribunal de apelaci�n- a la sola afirmaci�n de una correcta valoraci�n de los elementos probatorios. Alega que en todo el proceso no se demostr� la existencia de elementos que lo vinculen con los delitos por los que se le conden�, �omitiendo de manera intencional el in dubio pro reo� (sic), aspectos que en suma, desde el planteamiento del recurso, violentan el debido proceso y el principio de igualdad de las partes previstos en los arts. 117.I de la CPE.
Asimismo, cuestiona que el Tribunal de alzada no mencionase an�lisis sobre los incidentes de exclusi�n probatoria planteados en etapa de juicio oral, m�s cuando fueron rechazadas sin fundamentaci�n alguna. Manifiesta tambi�n que el Tribunal de alzada incurri� en la inobservancia en el control de las reglas previstas para la deliberaci�n contenida en el art. 370 inc. 10) con relaci�n al art. 359 �ltima parte del CPP, en lo que toca a la fundamentaci�n del voto de los miembros del Tribunal.
El Auto de Supremo 624/2018-RA de 7 de agosto, consider� como patr�n de an�lisis de fondo la supuesta restricci�n al debido proceso a partir de actuaciones omisivas de parte del Tribunal de apelaci�n, que ante el planteamiento de inobservancia al principio in dubio pro reo hubiera guardado silencio. En perspectiva del recurrente los resultados de la actividad probatoria no lo vinculan con la comisi�n o participaci�n en los hechos denunciados, lo que conllevar�a una supuesta declaratoria de absoluci�n, teniendo presente la aplicaci�n del antes se�alado principio; correspondiendo en esta oportunidad verificar si tal omisi�n es evidente, examinando si en el caso de autos la respuesta otorgada por el Tribunal de apelaci�n contiene una motivaci�n suficiente en torno a las cuestionantes expuestas en casaci�n y en el marco de los argumentos puestos a su consideraci�n.
II.3.1 Actuaciones procesales vinculadas al motivo
Ya en materia. Lu�s Alberto Ortiz Vargas, por medio de actuaci�n saliente de fs. 619 a 623 vta., opuso apelaci�n restringida. En ese af�n, formul� –de entre otros aspectos- desarreglos vinculados con la personer�a de la parte querellante; vicios de incongruencia en torno a la condena por el delito de Apropiaci�n Indebida Agravada, indicando que al tratarse de un caso de acci�n privada el llamado a conocer y resolver el caso fuese un Juez de Sentencia, calific�ndolo como un defecto absoluto en el orden de los arts. 167 y 169 del CPP y violaci�n al art. 362 de la misma norma procesal. Se acus� tambi�n insuficiencia argumentativa en la valoraci�n de cada uno de los elementos probatorios, en este t�pico se afirm� que las atestaciones tanto de las coacusadas como de las deposiciones de cargo, por una parte no lo vincularon con los hechos denunciados, y por otro se observ� en ellas informaci�n meramente referencial; de igual modo critic� la inexistencia de actuaciones policiales, manifestando que la sentencia replic� el contenido de las acusaciones. Se denunci� tambi�n conculcaci�n de los arts. 171, 173 y 359 del CPP, bajo la afirmaci�n que �la sentencia no toma cual es el par�metro de los hechos acusados, fecha en que sucedieron estas secuencias, o actos realizados como il�citos investigaciones policiales informes, peritajes, cuales los resultados, y en que basan sus argumentos y cual fue [su] participaci�n en los hechos acusados, el valor de las pruebas de cargo, testificales, documentales y materiales, las conclusiones y alegatos de las partes� (sic); finalmente acuso la existencia de los defectos de sentencia contenidos en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del art. 370 en el CPP.
En audiencia de fundamentaci�n oral complementaria (constancia en acta de fs. 759 a 763 vta.) la defensa de Lu�s Alberto Vargas Ortiz, replic� los argumentos puestos en el memorial de recurso.
El Auto de Vista 290 de 15 de diciembre de 2017, brind� la siguiente respuesta: ��si bien apoya su recurso en los defectos citados del art. 370 incs. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del C�digo de Procedimiento Penal, sin embargo en todo su memorial no desarrolla ninguno de esos motivos de defectos de sentencia; sin embargo entre los argumentos m�s importantes est�n basados en que el delito por el cual fue sentenciado ser�a de orden privado y de conocimiento solamente de un Juez de Sentencia�sin embargo debemos decir que si bien el delito de apropiaci�n indebida previsto en el art. 345 del C�digo Penal efectivamente es un delito de orden privado; sin embargo cuando tratamos de su agravante previsto en el art. 349 del C�digo Penal, la pena es aumentada y lo hace incluir dentro de los delitos de orden p�blico debido a la pena m�xima aumentada en un tercio. En cuanto a los dem�s agravios, este tribunal ya los desarroll�por constituir los mismos argumentos expuestos por los dem�s acusados� (sic).
II.3.2 An�lisis del caso concreto
De entrada recordar que la impronta central en nuestro sistema procesal penal es constituida por los principios de inmediaci�n, contradicci�n y continuidad, son ellos los que distinguen el sistema acusatorio y delimitan por ende sus dem�s componentes. Una caracter�stica de este tipo de sistemas, trasunta en que en rigor no existe segunda instancia (entendiendo instancia como el escenario de debate sobre el m�rito de pruebas) sino una etapa de control de legalidad y racionalidad, abierta a partir del recurso de apelaci�n restringida y reatada a los principios de intangibilidad de los hechos e intangibilidad de las pruebas. Asimismo es propio a este tipo de sistemas el juicio de reenv�o como f�rmula de resoluci�n; lo que significa que en grado de apelaci�n y subsiguientes fases procesales, no es posible la emisi�n de un fallo sobre el fondo u objeto del proceso, dicho de otro modo no es posible dictar una nueva sentencia. Es l�gico entonces que la actividad recursiva a oponer contra la Sentencia, por un lado no se halle abierta a la discrecionalidad (o la sola argumentaci�n de un agravio) sino tasada en la Ley a ciertas condiciones y situaciones (de ah� la propia nomenclatura de restringida) exigiendo a quien recurre no solo la justificaci�n de sus motivos, el se�alamiento de la norma, sino que ambos asuman un cauce no contradictorio y sean congruentes el uno del otro.
Como ya se dijo, la cuesti�n principal en el recurso promovido por el se�or Ortiz Vargas, se trata de una supuesta omisi�n, cuestionando que �tanto el Tribunal de sentencia, como el Tribunal de Alzada, toman como par�metro de que supuestamente [su] persona hab�a adecuado su accionar en [los delitos acusados] en una supuesta valoraci�n defectuosa de las pruebas� omitiendo de manera intencional el in dubio pro reo� (sic), esta afirmaci�n, b�sicamente est� rodeada de los argumentos que el mismo recurrente expres� en apelaci�n restringida; es decir, los motivos e historia narrativa son reiterados en casaci�n.
La Sala considera, que superando cualesquier entendimiento sobre formalidades procesales, de lo expuesto por el recurrente en casaci�n no puede deducirse un planteamiento tendiente a una revisi�n de un defecto o apreciaci�n indebida de la norma de parte de las instancias inferiores. Si bien, el texto del recurso, brinda informaci�n m�nimamente suficiente para un eventual cumplimiento de requisitos de admisibilidad, tal suficiencia se ve deslucida ante el examen a profundidad, pues m�s all� de la reiteraci�n de cuestiones ya dichas en otras fases procesales, la informaci�n contenida es una suma de alegaciones, en ciertos tramos desvinculadas, tanto de la Sentencia de grado y el Auto de Vista impugnado. Otra inconsistencia en el recurso que ocupa autos se ata a la errada pretensi�n del recurrente en esta fase procesal, pues ciertamente la expresividad de sus argumentos tiende a desembocar en una nueva valoraci�n tanto del acervo probatorio como de los razonamientos realizados por el Tribunal de origen, empero desde el solo desacuerdo. De ah� que, conviene recordar que los Tribunales de alzada, por el principio de inmediaci�n, est� vedado un nuevo examen, an�lisis o revalorizaci�n del acervo probatorio al momento de resolver recursos de apelaci�n restringida; de tal manera en casaci�n -por l�gica- un ejercicio de iguales proporciones es tambi�n inviable.
Enfatizar que en el andamiaje del proceso penal, se prueba la existencia o no de una conducta que reporte la comisi�n de un delito, esta conducta indudablemente se trata de un evento ocurrido en el mundo material con anterioridad al inicio del proceso; dicho de otro modo, se prueba lo que ocurri� en el pasado. Este matiz, sin duda posee cuestiones, largamente debatidas por la doctrina, pues la aplicaci�n de una condena restrictiva a la libertad, debiera en un escenario deseado, poseer correspondencia a lo que realmente sucedi�, esto es poseer verdad real. Las limitaciones de reconstruir eventos pasados, tiene para el Derecho Penal una tarea de sensible trascendencia, en cuya empresa se adopta, en el caso del sistema procesal penal boliviano, dos principales herramientas: por una parte el establecimiento de los hechos a partir de la valoraci�n probatoria enmarcada en el sistema de la sana cr�tica, y por otro, la aplicaci�n del principio de in dubio pro reo, en los supuestos que el resultado del proceso contenga una duda racional insuperable.
Ahora bien, el in dubio pro reo, constituye una garant�a de tinte procesal, por cuanto finalizada la exposici�n de argumentos y la producci�n de prueba, si la convicci�n sobre la presunci�n de inocencia no ha sido despejada lejos de toda duda razonable, deber� absolverse, es decir, el in dubio pro reo, se�ala un acto procesal en espec�fico ante una situaci�n procesal tambi�n espec�fica, situaci�n sobre la que el Auto de Vista 290, ejerci� control y brind� respuesta en el margen de c�mo le fueron planteados los reclamos, no pudiendo en esta etapa procesal ejercerse examen sobre una situaci�n ya atendida.
II.4. Recurso de casaci�n de Gionina Magdalena Viera Paz.
Aduce vulneraci�n al debido proceso por violaci�n de los principios de seguridad jur�dica, legalidad y tutela judicial efectiva (arts. 115, 178 y 180 de la CPE), se�alando que el Auto de Vista carece de fundamentaci�n conteniendo una decisi�n ilegal y arbitraria, al afirmar que el Tribunal de Sentencia no incurri� en violaci�n alguna, al otorgar una calificaci�n jur�dica distinta al contenido f�ctico de las acusaciones, conforme el principio de congruencia, a�adiendo que durante la tramitaci�n del juicio oral jam�s pidieron su condena por el delito de Apropiaci�n Indebida con Agravante.
Refiere que el Auto de Vista no dio respuesta fundada, ni se pronunci� sobre todos los puntos apelados incurriendo en vulneraci�n del derecho al debido proceso a la defensa. A los fines de sustentar lo se�alado, expreso que el primer motivo de apelaci�n restringida, se denunci� que nunca se ampli� acusaci�n alguna por otros delitos no insertos en el Auto de apertura de 8 de marzo de 2017, en este caso por Apropiaci�n Indebida con Agravante, de modo que no ser�a aplicable el art 362 del CPP, infringi�ndose lo previsto en dicha norma que prev� que el imputado no podr�a ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusaci�n o su ampliaci�n; por lo que, ese aspecto hace ver el defecto de la Sentencia previsto en el art 370 inc. 11) del CPP. Otro aspecto que no consider� el Auto de Vista fue que la Sentencia emitida en el presente caso desconoci� que por el delito de Apropiaci�n Indebida con Agravante est� siendo juzgado en otro juzgado (Juzgado P�blico Mixto y de Sentencia Segundo de Concepci�n), situaci�n que no fue atendida pese a la presentaci�n de un incidente de nulidad por doble juzgamiento, ni en la apelaci�n incidental de la misma; en consecuencia, la Sentencia al condenarlo por el delito de Apropiaci�n Indebida con Agravante concedi� algo no peticionado; es decir, sobre una pretensi�n que no fue oportunamente deducida por los sujetos procesales, situaci�n que vulnera derechos y garant�as constitucionales al debido proceso, previsto en el art. 115 de la CPE. Con relaci�n a los delitos de Falsedad de Moneda con Equiparaci�n de Valores y Uso de Instrumento Falsificado, se�alando que no se configuraron los elementos del tipo penal acudiendo a los defectos de la Sentencia que hicieron a dicho razonamiento que en su criterio hubiera vulnerado los arts. 115, 116, 117 de la CPE; y, 5 y 6 del CPP.
II.4.1 Actuaciones procesales vinculadas al recurso
El Tribunal de apelaci�n, en consideraci�n a la apelaci�n restringida opuesta por, la imputada Viera Paz, manifest�:
�se basa en los defectos previstos en el art. 370 incs. 1, 5 y 11 del C�digo de Procedimiento Penal, defectos que ya han sido desarrollados l�neas arriba y que se tratan sobre los mismos puntos expuestos por�Mariely Alvarez Ortiz; sin embargo ampliando los fundamentos�por determinaci�n del art�culo 342 del C�digo de Procedimiento Penal�la acusaci�n es la base que delimita el objeto del juicio oral, fija los hechos y circunstancias sobre los cuales aquel debe recaer. El tribunal de sentencia en el que se radique una causa, deber� considerar ambas acusaciones�en ning�n caso, excepto el supuesto de contradicciones irreconciliables�le est� permitido precisar los hechos respecto a la acusaci�n, la sentencia deber� ser congruente y correlativa entre la acusaci�n y la parte dispositiva, entendi�ndose que, en ning�n caso el imputado podr� ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusaci�n�tampoco se podr� omitir pronunciamiento respecto a alg�n hecho atribuido al imputado en la acusaci�n�Gionina Magdalena Viera Paz ha sido condenada�en el entendido de que el tribunal, sin modificar los hechos contenidos en la acusaci�n tanto fiscal como particular, puede emitir sentencia por una calificaci�n jur�dica distinta a la propuesta en la acusaci�n respetando el principio de congruencia��
II.4.2. An�lisis del caso concreto
En s�ntesis, un caso de falta de fundamentaci�n acontece, cuando se omite expresar el marco legal aplicable al caso en concreto y junto con ello las razones consideradas para estimar que el elemento f�ctico puede subsumirse en la hip�tesis prevista en Ley; de tal cuenta, cosa distinta es los supuestos de indebida fundamentaci�n, pues ellos se presentan cuando en la resoluci�n judicial, en efecto son invocados los dispositivos legales; empero, en los hechos resultan inaplicables al caso concreto, ya sea por las caracter�sticas espec�ficas de �ste que impiden su adecuaci�n o encuadre en la norma, o bien los supuestos en los que las razones que tiene en consideraci�n la autoridad para emitir el acto, son expuestas, pero se hallan en disonancia con el contenido de la norma que se pretende aplicar, en suma por err�nea fundamentaci�n ha de entenderse las situaciones en las que un fallo contenga tanto el elemento normativo como los razonamientos de hecho, pero con un desajuste entre ambos.
Cosa distinta, de la que emerge la incertidumbre procesal argumentativa del recurso en an�lisis, son las razones que sostienen el Fallo caigan en yerro por inadecuada aplicaci�n de la norma, razonamientos incorrectos, contradictorios o basados en cuestiones inexistentes, casos en los que corresponder� a la parte que recurre exponer cu�l la raz�n en derecho que considere sustentable para plantear err�nea fundamentaci�n; situaci�n que no es vista en autos, pues la sola confrontaci�n de argumentos y dar por incorrecto lo dicho por el Tribunal de apelaci�n con la sola censura, no constituyen elementos suficientes para un an�lisis de mayor profundidad. Un recurso es en esencia un mecanismo que el Estado de Derecho confiere a los justiciables para procurar la correcci�n de errores y reparaci�n de eventuales agravios, ello requiere entonces, que el ejercicio recursivo proponga no llanas sugerencias sobre vac�os u omisiones argumentativas sino que se plantee en las razones de fondo a partir de las que se crea que un agravio fue generado.
La evaluaci�n del Auto de Vista 290 de 15 de diciembre de 2017, en consideraci�n de los p�rrafos que anteceden y los planteamientos propuestos por la parte recurrente, arrojan que el mismo se halla debidamente fundamentado, puesto que las razones de hecho (los agravios de apelaci�n restringida ante los argumentos de la Sentencia) son visibles a simple lectura, portando no solo la ubicaci�n de su fuente en los que el Tribunal de apelaci�n bas� su decisorio, sino que, tambi�n son presentes los aspectos de aplicaci�n normativa al caso concreto. De igual forma se advierte la cadena de hechos que la Sentencia consider� para su fallo, y la revisi�n que sobre la misma el Tribunal de alzada realiz� sobre los l�mites de su competencia. Resaltando que, habida cuenta que los planteamientos base en el caso de los tres imputados poseyeron similitud en apelaci�n restringida y casaci�n, esta Sala Penal en el presente caso hace eco tambi�n a lo ya analizado en los ac�pites que anteceden.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casaci�n interpuestos por Lu�s Alberto Ortiz Vargas, Mariely �lvarez Ortiz; y, Gionina Magdalena Viera Paz.
Secretario de Sala Dra. Maritza Oro Condori

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