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Timestamp: 2020-02-29 09:55:14+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 267, de 14/12/2017
cve: BOCG-12-D-267
151/000009 Creación de la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género... (Página3)
154/000007 Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Ampliación del plazo para la elaboración del Informe... (Página3)
130/000022 Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Convalidación... (Página3)
130/000023 Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014. Convalidación... (Página21)
162/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico.
162/000458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación.
Enmiendas... (Página28)
Aprobación con modificaciones... (Página31)
172/000089 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la política del Gobierno en materia de administración de justicia... (Página31)
172/000090 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Fomento, sobre los planes de su Ministerio para el impulso del Corredor Mediterráneo... (Página32)
172/000091 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con sesenta y cinco o más años de edad con menores ingresos... (Página33)
173/000065 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales.
Texto de la moción así como enmienda formulada... (Página34)
Aprobación con modificaciones... (Página36)
173/000066 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página36)
173/000067 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página37)
Aprobación con modificaciones... (Página41)
151/000009
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la creación de la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en los siguientes términos:
"Se crea con carácter permanente durante la Legislatura la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar en 8 meses el plazo para que la Subcomisión para el estudio de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), creada en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, elabore su Informe.
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Principios de la gestión de riesgos relativos a las operaciones relacionadas con la investigación
y explotación de hidrocarburos en el medio marino
3. El operador en medio marino y el propietario garantizarán, en todo momento, el acceso a los equipos y a los conocimientos pertinentes para el plan interno de emergencia, y los compartirán con las
autoridades responsables para la ejecución del plan externo de emergencia, previo requerimiento de éstas.
2. Se organizarán periódicamente y se participará en ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia en coordinación con los órganos competentes en materia de lucha contra la contaminación
marina, así como con aquéllos otros departamentos y agencias con competencias susceptibles de verse afectadas, incluyendo las de otros Estados miembros, las de la Unión Europea y, sobre una base de reciprocidad, las de terceros países.
130/000023
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.
"a) Productos del tabaco: los productos que pueden ser consumidos y constituidos, total o parcialmente, por tabaco, genéticamente modificado o no."
"f) Dispositivo susceptible de liberación de nicotina: un producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos un cartucho, un depósito y el dispositivo sin cartucho o depósito, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a través de una boquilla. Los dispositivos susceptibles de
liberación de nicotina pueden ser desechables o recargables mediante un envase de recarga y un depósito, o recargables con cartuchos de un solo uso."
"g) Tabaco de uso oral: todos los productos destinados al uso oral, con excepción de los productos para inhalar o mascar, constituidos total o parcialmente por tabaco en forma de polvo, de partículas finas o en cualquier combinación de esas formas, en particular los presentados en sobres de dosis o en sobres porosos.
2.º En otros casos, si tiene su sede social, su administración central o su actividad comercial, incluida una sucursal, una agencia u otro tipo de establecimiento en ese Estado miembro."
"Se prohíbe, asimismo, la comercialización del tabaco de uso oral."
"s) La comercialización de tabaco de uso oral.
x) La venta a distancia transfronteriza de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga."
"Asimismo, constituye infracción muy grave la publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga que no estén permitidas."
"Disposición adicional cuarta. Régimen especial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias respecto de la libertad comercial de los productos del tabaco en los establecimientos situados en el archipiélago canario, sin que esa excepción suponga limitación en la aplicación de las
demás prescripciones contenidas en esta ley, en especial lo previsto en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 5 y, en todo caso, las destinadas a la protección de los menores.
La Comunidad Autónoma de Canarias mantendrá atribuidas las competencias de vigilancia, control e inspección sobre los fabricantes y comerciantes de tabaco de las islas."
"Cinco. Se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga."
"Disposición adicional decimotercera. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga.
e) Las comunicaciones comerciales audiovisuales, tal como están definidas en el artículo 2.24 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual."
"Nueve. Se prohíbe la venta y suministro de productos de tabaco por cualquier otro método que no sea la venta directa personal o a través de máquinas expendedoras que guarden las condiciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco."
Mediante este real decreto-ley se incorpora parcialmente al derecho español la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 95, de 30 de enero de 2017.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico.
1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología, y, en cualquier caso, tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.
2. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, así como de los costes incluidos en la factura eléctrica y los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país.
3. Con posterioridad a la realización de dicha auditoría; se procederá a reestructurar los cargos que se abonan en la factura de la luz, imputando únicamente aquellos costes directamente relacionados con el suministro eléctrico correspondiéndose los costes fijos con la parte fija del recibo y los costes variables con la parte variable del mismo, eliminando las cargas y errores políticos de dicha factura."
"1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad (y del mercado, específicamente) refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología, y, en cualquier caso, tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico.
1. Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.
2. Llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes del sistema eléctrico, como condición indispensable que nos permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio.
3. Reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible, que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable.
4. Reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar el consumo eléctrico (la parte variable), con el objetivo de incentivar políticas de eficiencia y ahorro energético.
5. Analizar y evaluar la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen bajo el criterio del uso eficiente de los recursos públicos y la necesaria transición energética."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 95, de 30 de enero de 2017, en los siguientes términos:
1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad (y del mercado, específicamente) refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables y, en cualquier caso, tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente; la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.
2. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país.
3. Reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible, que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable. Tomando las medidas necesarias para evitar la sobre remuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real, como por ejemplo, un gravamen para terminar con los "beneficios caídos del cielo" o excluirlos del mercado como en otros países.
4. Reformar la parte regulada de la tarifa, reduciendo el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, incentivando la eficiencia y el ahorro energético.
5. Garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen, no sea utilizada con fines especulativos y que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 209, de 15 de septiembre de 2017.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del apartado 3 de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación.
3. Impulsar la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para que los consorcios que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación no requieran de la autorización de la Administración a la que se adscriba el consorcio para la contratación de personal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación.
Se modifica el apartado 3, que queda con el siguiente redactado:
"3. Estudiar la modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en el sentido de suprimir el carácter excepcional y la necesidad de la autorización previa prevista en el artículo 121 de la citada Ley, para la contratación de personal investigador y técnico de alta especialización que desarrolla su labor en consorcios dedicados a la investigación y a la gestión de
infraestructuras científicas, a los efectos de facilitar su contratación y adaptación al régimen singular previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación."
"4. Instar al Gobierno para la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el sentido de añadir una nueva disposición adicional con el siguiente redactado:
"Los consorcios que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, no requerirán la autorización prevista en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la contratación de personal.""
A los efectos de equiparar los consorcios científicos al resto de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación que hayan adoptado otras figuras jurídicas. Los consorcios en el ámbito científico son básicamente grandes infraestructuras o centros muy específicos que requieren de la máxima agilidad posible para mantener su competitividad y el pleno ejercicio de sus funciones, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente y en especial de la tasa de reposición de efectivos que figure en la Ley de presupuestos generales del Estado para el respectivo ejercicio económico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo al Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación.
"1. Incrementar la aportación anual para el desarrollo y mantenimiento del Centro de Supercomputación de Barcelona así como a los proyectos de supercomputación que se llevan a cabo en sus instalaciones.
2. Incrementar la aportación anual para apoyar e impulsar la actividad de la Red Española de Supercomputación a través del apoyo a la misma y a los investigadores que trabajan en proyectos de I+D+i como los relacionados con la medicina personalizada, la ciberseguridad y la predicción de las variaciones climáticas y sus impactos.
3. Elaborar de forma urgente un régimen jurídico específico para los consorcios de investigación, desarrollo e innovación y, previo informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizar las acciones oportunas para añadirlo al texto de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que, como mínimo, incluya los siguientes contenidos:
a) Los convenios suscritos entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para la promoción e impulso de este tipo de consorcio podrán tener una duración superior a cuatro años.
b) Establecer que estos consorcios tengan el carácter de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
c) Establecer la posibilidad de que el personal de estos consorcios, pueda estar integrado por personal laboral o funcionario procedente de las administraciones participantes, o por personal laboral contratado directamente.
d) Facilitar la contratación de personal investigador y técnico de alta especialización que desarrolla su labor en estas instituciones científicas, mediante la aplicación del Capítulo I, del Título II sobre los recursos humanos dedicados a la investigación de la Ley 14/2011."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se modifica la sección propositiva, que queda redactada en los siguientes términos:
2. Apoyar e impulsar la actividad de la Red Española de Supercomputación a través del apoyo a la misma yo los investigadores que trabajan en proyectos de I+D+i, como los relacionados con la medicina personalizada, la ciberseguridad y la predicción de las variaciones climáticas y sus impactos.
3. Promover, de manera urgente, la modificación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para garantizar la estabilidad de su función investigadora y facilitar la contratación e intensificación de la actividad investigadora de personal investigador y técnico de alta especialización que desarrolla su labor en consorcios dedicados a la investigación y a la gestión de infraestructuras científicas.
4. Implementar, a la mayor brevedad, iniciativas de apoyo, como la Red Cervera, a las actividades de transferencia desarrolladas en los centros de investigación de excelencia y en los centros tecnológicos, con el fin de contribuir a fortalecer la transferencia de resultados de investigación al tejido productivo, aumentando de esta manera la competitividad de la economía española."
2. Apoyar e impulsar la actividad de la Red Española de Supercomputación a través del apoyo a la misma y a los investigadores que trabajan en proyectos de I-D+i, como los relacionados con la medicina personalizada, la ciberseguridad y la predicción de las variaciones climáticas y sus impactos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 209, de 15 de septiembre de 2017, en los siguientes términos:
3. Estudiar la adaptación del régimen jurídico para facilitar la contratación de personal investigador y técnico de alta especialización para los consorcios de investigación, desarrollo e innovación y realizar las acciones oportunas en el texto de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que incluya los siguientes contenidos:
b) Establecer que estos consorcios tengan carácter de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
4. Instar a la modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en el sentido de suprimir el carácter excepcional y la necesidad de autorización previa prevista en el artículo 121 de la citada Ley, para la contratación de personal investigador y técnico de alta especialización que desarrolla su labor en consorcios dedicados a la investigación y a la gestión de infraestructuras científicas, a los efectos de facilitar su contratación y adaptación al régimen singular previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
5. Implementar a la mayor brevedad, iniciativas de apoyo, como la Red Cervera, a las actividades de transferencia desarrolladas en los centros de Investigación de excelencia y en los centros tecnológicos, con el fin de contribuir a fortalecer la transferencia de resultados de Investigación al tejido productivo, aumentando de esta manera la competitividad de la economía española."
172/000089
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la política del Gobierno en materia de administración de justicia, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, interpelación urgente al Gobierno relativa a la política del Gobierno en materia de-administración de justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Fomento, sobre los planes de su Ministerio para el impulso del Corredor Mediterráneo, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Fomento sobre los planes de su Ministerio para el impulso del Corredor Mediterráneo.
Hace ya treinta años que se presentó la primera iniciativa parlamentaria sobre el Corredor Mediterráneo. El retraso en su construcción ha sido la consecuencia de la falta de voluntad política a la hora de establecer un modelo real de movilidad territorial en toda España por parte de los sucesivos Gobiernos, que han considerado la política de infraestructuras como una moneda de cambio con la que conseguir apoyos electorales en lugar de como un modo de favorecer y priorizar infraestructuras productivas, con alto retorno económico y social.
Tras tantos años de promesas incumplidas, es hora de impulsar y acelerar la construcción del Corredor Mediterráneo y las conexiones con los centros logísticos, puertos y aeropuertos. Se trata de una infraestructura necesaria y productiva, de elevado retorno social y económico, que atraviesa Comunidades Autónomas que concentran el 50 % del volumen de exportaciones de nuestro país, la mitad de su población y casi un 45 % de su Producto Interior Bruto. Potenciar el Corredor es potenciar la economía de las Comunidades Autónomas que atraviesa y del conjunto del país.
Muchas son las razones para apostar por el Corredor Mediterráneo. En primer lugar, favorece el comercio, las exportaciones y la competitividad. Va desde Algeciras hasta Hungría, enlazando puertos, aeropuertos, personas y empresas, lo que es absolutamente necesario en una economía globalizada. El Corredor convertirá a España en una plataforma continental de conexión no solo con Europa, sino también con América del Sur, Estados Unidos y Canadá, reforzando nuestras relaciones económicas.
Reducirá significativamente los tiempos del transporte de viajeros, permitiendo una conexión más rápida de acceso a nueve aeropuertos y otros tantos puertos de titularidad estatal (entre ellos cuatro muy importantes como Barcelona, Valencia, Cartagena y Algeciras), así como a centros y zonas logísticas regionales, vitales tanto para el mercado interior y exterior.
Una infraestructura como esta tiene la capacidad de vertebrar el territorio, contribuyendo a unir y conectar mejor España. Por otra parte, supone una apuesta por el medio ambiente, en la medida que contribuirá a reducir la contaminación. También contribuirá a evitar la saturación de nuestras carreteras en numerosos tramos y con ello a reducir la siniestralidad vial.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos, por tanto, un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo, basado en un plan racional de actuaciones a lo largo de todo su recorrido, con un calendario anual de ejecuciones y una dotación presupuestaria de inversiones realista y sostenible.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Fomento sobre los planes de su Ministerio para el impulso del Corredor Mediterráneo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
172/000091
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con sesenta y cinco o más años de edad con menores ingresos, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con 65 o más años de edad con menores ingresos.
El Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones ha manifestado su firme defensa y compromiso con un sistema público de pensiones que garantice "la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad", en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución.
Así ha sucedido, entre otras ocasiones, en 1995, 2003 y 2011 en las aprobaciones de los sucesivos Informes de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que debían acometerse (más conocido como Pacto de Toledo), siendo uno de sus objetivos el reforzar los principios de solidaridad y de garantía de suficiencia de la protección, adoptando medidas entre las que se recomendaba la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos.
En la última reformulación del Pacto de Toledo, de 25 de enero de 2011, la Recomendación decimotercera proponía expresamente que, a efectos de dar cobertura adecuada a las situaciones de necesidad, la intensidad protectora debía concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con sesenta y cinco o más años de edad, en las que esta pensión constituyese su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente. Y para alcanzar tal objetivo, el Congreso de los Diputados consideró que el mecanismo más adecuado podría ser el de elevar el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad.
En desarrollo de esta Recomendación, la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras legislativas, mandataba al Gobierno a adoptar las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivaliera al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria de esta pensión concurrieran los requisitos de edad y menores ingresos a que se condiciona su concesión, porcentaje que debía llevarse a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012.
Desde su llegada al Gobierno, el Partido Popular suspendió reiteradamente el cumplimiento de esta disposición adicional trigésima. Primero, mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; después a través de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Por su parte, la Ley de Presupuestos Generales para 2017 nada determina sobre su aplicación.
Ante este incumplimiento recalcitrante del Gobierno del Partido Popular y la necesidad acuciante de amparar una de las más flagrantes situaciones de desprotección que aquejan a una parte de nuestros pensionistas, la constituida por aquellas personas que aun siendo beneficiarias de una pensión de viudedad se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social, amparo pospuesto hace casi seis años, el Grupo Socialista registró una Proposición de Ley para mejorar las pensiones de viudedad en los mismos términos que se contenían en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, si bien esta iniciativa legislativa ya establece el plazo de aplicación de la mejora teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que el Gobierno tenía que haberla puesto en práctica. Así, para 2017, el porcentaje a aplicar a la base reguladora se fija en el 58 %, para alcanzar el 60 % en 2019.
El Gobierno ante esta realidad lacerante también ha vetado esta iniciativa legislativa socialista, por el incremento del gasto que la misma generaría para las arcas de la Seguridad Social.
Por todo ello, se presenta esta interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para mejorar las pensiones de viudedad de las personas con sesenta y cinco o más años de edad con menores ingresos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000065
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales y de la enmienda presentada a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales.
1. Revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y conforme a criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo, tomando en
consideración, igualmente, las necesidades de financiación derivadas de la prestación de los servicios públicos que corresponden a las Entidades Locales.
2. Revisar y flexibilizar las normas que regulan el destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales con cuentas públicas saneadas para que, en uso de su autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.
3. Revisar las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas.
4. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150 %, y en el resto de los servicios municipales el 100 %."
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales.
Texto alternativo que se propone:
"1. Promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea.
4. Analizar el impacto del coste financiero soportado por las Entidades Locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que les afectan. Se adoptarán mientras tanto medidas urgentes para reestructura esta deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores.
5. Eliminar con carácter general la tasa de reposición de los efectivos en la Administración local."
Proponemos las enmiendas de 1 a 4 con el fin de homogeneizar la Moción con la enmienda transaccional aprobada en la Comisión de Hacienda por el Grupo Parlamentario Socialista, Compromís y UP-ECP-EM. De esta forma se explicita que la flexibilización debería de concretarse en una exención del cumplimiento de la Regla de Gasto en aquellos ayuntamientos que cumplan ciertos requisitos en torno a la estabilidad presupuestaria.
Igualmente, y en línea con las necesidades estructurales de los servicios públicos, y con el fin de prevenir la merma de calidad que vienen sufriendo, se pretende eliminar las limitaciones a la contratación de personal por parte de las administraciones públicas eliminando la tasa de reposición.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales, ha acordado lo siguiente:
1. Promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea.
3. Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.
4. Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. Analizar el impacto del coste financiero soportado por las Entidades Locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que les afecta. Se adoptarán mientras tanto medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores.
5. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150 %, y en el resto de los servicios municipales el 100 %."
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España.
1. Abordar las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia judicial, en particular en las relaciones entre la administración y la Fiscalía, y la administración y los órganos de gobierno del Poder Judicial.
2. Derogar los reales decretos de suspensión de la autonomía de Catalunya en cumplimiento de la singular interpretación y aplicación del artículo 155 de la Constitución autorizadas por el Senado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000067
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura y de las enmiendas presentadas a la misma.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el establecimiento de garantías para un acceso efectivo a la Cultura, de cara a su debate en el Pleno.
La Constitución Española establece en su artículo 44.1 lo siguiente: "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho". Sobre esta base, destacamos la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras del sector cultural, así como el pequeño y mediano empresariado, cuenten con un modelo legislativo que se adecúe a lo establecido como un derecho universal en nuestra Constitución y que no está viéndose garantizado.
La crisis económica, las transformaciones tecnológicas en los hábitos de consumo, los recortes públicos en el sector cultural, así como las medidas fiscales y las reformas laborales que se vienen dando en nuestro país han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales de la cultura.
El hecho de que en nuestro país la cultura no haya sido considerada como un asunto de Estado ni como un derecho constitucional básico, sino más bien como un lujo o adorno que se añade a los logros económicos y sociales, ha provocado que los diferentes Gobiernos no hayan apostado por un modelo cultural propio ni generado ámbitos de colaboración entre las diferentes administraciones.
Se dan así graves carencias en el acceso a la cultura, tanto desde el punto de vista de clase como desde la disposición del espacio público en el territorio. Los barrios excluidos y periféricos de nuestras
ciudades, así como toda la España rural, se ve excluida directamente de una concepción de la cultura que concentra su modelo de grandes eventos, anécdotas y contenedores vacíos en el centro de las ciudades.
La dotación presupuestaria asignada a la cultura en los últimos Presupuestos Generales aprobados, los de 2017, ha disminuido de forma preocupante tras años de recortes bajo la excusa de la crisis. En estos ya se preveía un crecimiento de la economía del 2,5 % y sin embargo, contando con ello, se aprobó recortar la inversión en Cultura un 0,25 %. Esto ha significado medio millón de euros menos para Bibliotecas, dos millones y medio menos en Teatro así como hasta 15 millones de euros menos que en 2016 para la Arqueología y la protección del Patrimonio Cultural. Hemos de recordar en este sentido que somos el tercer país del mundo en número de bienes culturales considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Como es sabido, el aumento del tipo del IVA cultural del 8 % al 21 % restó competitividad al sector. La reciente rebaja al 10 % de los espectáculos en vivo no lo ha mejorado sustancialmente, pues se ha dejado fuera a sectores tan importantes como el cine, el patrimonio o los museos. Asimismo, las últimas reformas laborales de 2010 y 2012 han venido a empeorar las condiciones de los y las trabajadoras del sector.
Es un hecho que en pleno siglo XXI los y las profesionales de la cultura siguen sin tener acceso a una cobertura social y a unas condiciones laborales dignas que contemplen su especificidad y garanticen su pervivencia. Hablamos de creadores y creadoras, de quienes escriben, ruedan, bailan y actúan, pero también del personal técnico y general de las instituciones que difunden la cultura: técnicos de patrimonio, tramoyistas, taquilleros, acomodadoras, vigilantes de salas de museos u ordenanzas de centros de arte, entre otros. Tengan en cuenta que entre los diversos subsectores de la Cultura tenemos datos tan significativos como los de la Fundación AISGE en el año 2016 para los actores y actrices de este país: únicamente el 8,17 % ingresan más de 12.000 euros anuales. Hablamos así de que más de un 90 % de quienes se dedican a la interpretación en España no ganan lo suficiente como para vivir de ello. Este mismo informe resaltaba que "solo el 43 % de los intérpretes realizó algún trabajo sobre los escenarios o frente a las cámaras, un índice de ocupación que representa un drástico retroceso respecto a los estudios anteriores. En concreto, los actores con trabajo en el sector eran el 66 % allá por 2004, un índice que bajó hasta el 63 % en el caso de 2011". El desempleo y la precariedad son por tanto realidades dominantes en nuestra Cultura.
Ha llegado a darse el caso de los autores y autoras, que han sufrido cómo se les reclamaban cantidades inasequibles y se les privaba de sus pensiones por un simple cambio de criterio en la Administración. Este cambio de criterio ha considerado incompatibles sus pensiones con la remuneración por los derechos que emanan de sus obras, muchas veces apenas superiores al Salario Mínimo Interprofesional anual.
Asimismo, si en todos los sectores existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad en la sociedad, la situación en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial también se hace patente entre las creadoras con respecto a sus compañeros varones.
Prosiguiendo con la seguridad material que resulta imprescindible para poner en marcha cualquier tipo de política cultural, para su existencia y difusión, hemos de acudir al artículo 68.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. En este se dice lo siguiente:
"En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 [1.5 % desde 2014] de los fondos que sean de aportación estatal, con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno."
De momento las convocatorias hasta ahora realizadas por el Ministerio de Fomento para acogerse a las ayudas del 1,5 % cultural solo se han realizado para la conservación y restauración de patrimonio cultural, pero en ningún momento lo han hecho para la creación de actividades artísticas ni para proyectos de I+D+i relacionadas con el sector. Cuando la precariedad del empleo cultural es la que es, esto debería revertirse de manera inmediata. Si todos los espacios que se restauran se dedicaran, tal como recoge la ley, también a la creatividad artística, no solo se llenaría de contenido esos espacios sino que asimismo sería de gran ayuda para el mundo del arte y la investigación cultural.
Gran parte de este patrimonio susceptible de ser restaurado y dotado de contenido, pero que no suele ser ejecutado, se encuentra en el mundo rural. Es ahí donde recientes estudios nos indican que los jóvenes consumen, por término medio, más alcohol, tabaco y cannabis que los jóvenes urbanos. La disposición del espacio público no es inocente. La preeminencia de bares y no de Casas de Cultura en
nuestros pueblos no es inocente. Son espacios no solo masculinizados, sino también limpios de cultura, lo que además incide en la falta de opciones de ocio. Y sin servicios públicos, escuelas infantiles ni Internet, se entiende mejor por qué los datos de la despoblación apunta a que son las mujeres y los jóvenes los que antes y más marchan a las ciudades.
Necesitamos pueblos vivos con políticas culturales adecuadas. También defendemos que nuestra juventud creadora no se vea expulsada de su país y tenga que emigrar. Que no se les eche de su actividad y vocación profesional por falta de oportunidades, que no se les cierren las puertas de sus ciudades para que tengan que buscar esas oportunidades en las zonas más despobladas impulsando proyectos que carecen de impulso o apoyo público. Debido a la ausencia de un modelo cultural integral, los artistas jóvenes que no pueden financiarse el vivir en la ciudad y desarrollar sus programas artísticos frente a franquicias de modelos globalizados, han de marcharse de sus ciudades natales.
En definitiva, falta un modelo integral, tanto para las ciudades como para un mundo rural que debemos recuperar. Incrementar la producción y la difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en todos los entornos territoriales supondría asimismo respetar el artículo 138 de la Constitución Española por el que se "garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad". Se trataría de una acción generadora de puestos de trabajo, de enriquecimiento para todas y todos y la oportunidad de dar cabida a diferentes formas de expresión social.
Pues los bienes culturales no son bienes de consumo, portan identidad y valores. La Unesco aprobó hace ya casi veinte años una Declaración Universal en la que, sobre esta base, defiende la diversidad cultural como algo tan necesario para el género humano como la diversidad biológica. Favorecer el acceso, la participación, la inclusión de toda la ciudadanía en la cultura no solo es un asunto de clase y de derechos básicos, lo es de cohesión social, de paz y de felicidad pública. El respeto a la identidad cultural de cada cual y a los derechos humanos, a la libre expresión en la lengua que se desee, el fomento de la creatividad y la conformación de una cultura viva, original y crítica, resulta así fundamental para la Unesco.
Por todo ello, proponemos en esta Moción la creación de un Ministerio de Cultura que ofrezca la importancia que merece la cultura para el desarrollo global y la cohesión social del país. La dirección de una política cultural y la creación de un modelo propio, la gestión del llamado 1,5 % cultural en lugar de la gestión actual del Ministerio de Fomento en su Área de Arquitectura Vivienda y Suelo, lo requiere. Con un ministerio propio el presupuesto se gestionaría de un modo más independiente y eficaz, con unas líneas políticas que no queden supeditadas a otras estructuras.
Asimismo, dotar de un suelo de financiación que proteja al sector de la política partidista, de los efectos de las crisis económicas sobre él, y que sobre todo ofrezca dignidad, relevancia y un papel esencial a la cultura en la construcción democrática del país, habría de dirigirse hacia un cuidado especial hacia un mundo rural en proceso de despoblación acelerada así como hacia zonas de especial exclusión social.
En este sentido, resulta imprescindible un acceso adecuado a Internet en todo el territorio como una base ineludible en nuestros días para cualquier política que trate de garantizar el derecho de acceso a la cultura. Del mismo modo, para asegurar que la cultura llega a estas zonas bastaría con comenzar a poner en marcha un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales en el mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social, así como dotar lo suficiente en el presupuesto a la Red de Museos de España. Finalmente proponemos una iniciativa que ha gozado de relevancia en países como Argentina, los Puntos de Cultura de Base. Se trataría de dotar de protagonismo a las pequeñas organizaciones que demuestren al menos dos años de actividad, en territorios cuya población presenta niveles de alta vulnerabilidad social (barrios urbanos periféricos y zonas rurales) que necesitan equipamiento e insumos para realizar proyectos socioculturales que consigan instalarse de manera permanente en su comunidad, asegurando una producción autónoma de bienes culturales en ella.
Se trataría en definitiva de cumplir la actual Constitución, la Ley de Patrimonio Artístico Español, los compromisos marcados en la Agenda Digital Europea 2020, así como el Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea y regula la Red de Museos de España.
Porque si la cultura llega a todos los hogares, barrios y pueblos de nuestro país estaremos ayudando a construir una ciudadanía más libre, cohesionada y democrática, más feliz.
Es por ello que se presenta para su aprobación la siguiente
1. La creación de un Ministerio de Cultura con competencias propias, al que se le encargaría la gestión del llamado 1,5 % cultural.
2. El establecimiento de un suelo de financiación cultural que contemple:
2.1. La especificidad territorial de las zonas altamente despobladas, zonas remotas o en zonas de alta montaña, tal como recomienda la Unión Europea, y de los territorios con alto grado de exclusión social, asegurando para ellos la correspondiente partida presupuestaria.
2.2. Dar cumplimiento al artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y respetar las cláusulas de tipos de proyectos financiables según el VII Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % cultural en su punto segundo.
3. La aplicación de medidas concretas para garantizar el equilibrio territorial y social en el acceso a la cultura:
3.1. Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital de la UE para 2020, alcanzando para esa fecha el 100 % de los hogares conectados a una banda ancha de, al menos, 30Mb.
3.2. Establecimiento de un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales en el mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social.
3.3. Dotar de recursos a la Red de Museos de España, en cumplimiento del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio.
4. Impulsar, junto a Comunidades Autónomas y entidades locales, iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones en territorio cuya población presente niveles de alta vulnerabilidad social y/o zonas de alto riesgo de despoblamiento y que necesitan equipamiento e insumos para realizar proyectos socioculturales que permitan el establecimiento y fortalecimiento del tejido cultural local, considerándolas a efectos presupuestarios de interés general."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura.
1. Territorializar la totalidad de los recursos del llamado 1,5 % cultural entre las administraciones competentes.
2. Establecer un suelo de financiación cultural que asegure a las administraciones competentes las partidas económicas suficientes a fin de que puedan garantizar el acceso efectivo a la cultura de todos los
ciudadanos, puedan promover la creación y la innovación cultural y conservar adecuadamente, el patrimonio, y que contemple:
2.1 La especificidad territorial de las zonas altamente despobladas, [...]
2.2 Dar cumplimiento al artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio [...]
3. La aplicación de medidas concretas para garantizar el equilibrio territorial [...]
3.1 Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital de la UE para 2020 [...]
3.2 Establecimiento de un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio [...]
3.3 Dotar de recursos de recursos a la Red de Museos [...]
4. Impulsar, junto a Comunidades Autónomas y entidades locales, iniciativas culturales generadas [...]
5. Paralizar inmediatamente los procedimientos de reclamación iniciados por el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, para que instituciones, equipamientos culturales y medios de comunicación públicos abonen el IVA imputado a las subvenciones recibidas en los últimos ejercicios, y a resolver esta situación derivada del cambio de interpretación de la norma que ha hecho el Ministerio, con el fin de preservar la viabilidad de estas instituciones y medios culturales."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura.
"1. La recuperación del Ministerio de Cultura."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura, ha acordado lo siguiente:
1. Apoyar a las administraciones competentes en materia de política cultural en zonas altamente despobladas, zonas remotas o de alta montaña, tal como recomienda la Unión Europea.
2. Dar cumplimiento al artículo 68.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y respetar las cláusulas de tipos de proyectos financiables según el punto segundo del VII Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % cultural.
3. Favorecer el derecho al acceso a la cultura apoyando a las comunidades autónomas y entidades locales en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020, que señala que para esa fecha el 100 % de los hogares deberían estar conectados a una banda ancha de, al menos, 30 MB.
4. Garantizar de forma inmediata, modificando a tal efecto las normas que sean necesarias, que las instituciones, equipamientos culturales y medios de comunicación públicos perciban las subvenciones públicas que les correspondan en su integridad, sin resultar gravadas con el IVA, paralizando a tal efecto y revisando conforme a este criterio, los expedientes abiertos relativos a la tributación en el IVA de las subvenciones."

References: artículo 5
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 97
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 121
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 50
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 155
 artículo 97
 artículo 44
 artículo 68
 artículo 138
 Real Decreto 
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 68
 artículo 184
 artículo 68