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Timestamp: 2019-05-26 05:57:41+00:00

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BERRO, VERA, EL DERECHO DE PATRONATO Y LA DESTITUCIÓN DEL PADRE BRID – ¡SIEMPRE HACIENDO LÍO…!
El 4 de octubre de 1861, el gobierno dejó sin efecto el nombramiento de Vera como Vicario Apostólico. En setiembre de 1862, Vera suspendió a Brid en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, por haber transcurrido un año sin entregar las llaves de la Parroquia. Berro decretó entonces el destierro de Mons. Vera, quien partió hacia Buenos Aires. En 1863, presionado por las circunstancias, Berro levantó la pena impuesta al Vicario Apostólico, y este volvió a ocupar su cargo con todos sus derechos y prerrogativas.
Tras el descubrimiento de América, los Reyes Católicos solicitaron al Papa Alejandro VI, les concediera el dominio sobre los nuevos territorios. El pontífice accedió y tales efectos, promulgó una serie de bulas, que establecían además, la obligación de los monarcas que gobernaran esas tierras, de promover la evangelización de sus habitantes. El 28 de julio de 1508, en la bula Universalis Ecleseae Regimini, el Papa Julio II, sucesor de Alejandro VI, instituyó el “Patronato Regio Indiano”. En dicha bula, el Papa concedió al rey de España el derecho de “erección, fundación y dotación de todas las Iglesias catedrales, colegiatas y monasterios […] así como también el derecho de presentación para proveer todos los cargos y beneficios eclesiásticos”[1].
El “Patronato” fue por tanto, una concesión especial del Papa a la persona de los monarcas españoles Fernando e Isabel. Con el tiempo, se asumió que dicha concesión se extendía a sus herederos legítimos. Así, la Corona procuró proveer los medios necesarios para edificar y mantener templos y demás lugares de culto y vida religiosa. Como contrapartida, la Corona adquirió el “derecho de presentación”, es decir, de incidir en la designación de los clérigos que ocuparían los cargos vacantes: la Corona proponía los candidatos y la Santa Sede daba el visto bueno. Este “derecho”, implicó una fuerte intervención del poder civil en los asuntos eclesiásticos[2].
A medida que se sucedían los monarcas, se fueron ampliando las facultades “concedidas” por el derecho de Patronato, hasta llegar en ocasiones, a flagrantes abusos. Así, se llegó a desconocer que dicho derecho era una concesión pontificia, e incluso a afirmar que –fuera de lo doctrinal y lo sacramental-, las facultades del rey eran inherentes a su soberanía. Esta tesis –claramente intervencionista del poder civil en los asuntos eclesiásticos- se denominó “regalismo”. En las monarquías absolutas, la intervención en los asuntos de la Iglesia -incluso en los asuntos espirituales-, llegó a ser total.[3]
¿Herencia monárquica?
Una vez finalizada la Revolución Francesa, los liberales se sintieron herederos naturales del derecho de Patronato, cuando este, a todas luces, era una institución monárquica. Se liberó al pueblo, pero se mantuvo a la Iglesia bajo férreo control estatal. En su versión regalista, este “derecho” lo incorporaron, tras la emancipación, las nuevas repúblicas americanas. La única explicación posible de este hecho, es que a los nuevos estados les conveniencia mantener el control sobre la Iglesia. Quizá por eso Artigas en sus Instrucciones del Año XIII, habla de promover “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. A nuestro juicio, la interpretación más plausible de este artículo es que el Prócer pretendía liberar al clero oriental, de la sujeción al Obispado y al Patronato de Buenos Aires, del cual dependía[4].
Lo lógico hubiera sido que las relaciones entre la Santa Sede y las nuevas repúblicas, se regularan a través de “concordatos” con la Santa Sede, quien podía conceder formalmente el derecho de Patronato a las nuevas repúblicas. Luego veremos por qué, a pesar de que hubo varios intentos, no se firmó un concordato entre el Estado Oriental y la Santa Sede, previo al conflicto de 1861.
Nuestros constituyentes dieron por sentado que el derecho de Patronato, o bien correspondía “heredarlo” de la Corona junto con la soberanía sobre los territorios emancipados, o bien -en su versión regalista-, que era un derecho inherente a la soberanía. No dudaron que era legítimo, y así lo consagraron en la Constitución de 1830, junto con otras disposiciones relativas a la religión católica.
Legitimidad del derecho de Patronato
La Constitución de 1830 considera a la Santa Sede como una nación distinta del Estado uruguayo, con la cual se podrán celebrar concordatos “de la misma forma” que se celebraban tratados de paz y amistad con otras naciones. El concordato era crucial, pues mediante él, la Santa Sede concedía formalmente a las naciones el “derecho de Patronato”. Era, por tanto, condición necesaria para la concesión y el reconocimiento del “derecho de Patronato” por parte de la Santa Sede[5].
A partir de la independencia del Estado Oriental, la Iglesia en el Uruguay debería haberse independizado totalmente de la Iglesia en la Argentina: debería haberse constituido en Diócesis, con su propio Obispo. Esto era condición previa para la celebración de un concordato. A su vez, era condición previa para la erección de una Diócesis, que el gobierno se comprometiera a dotar a la Diócesis de los recursos necesarios para mantener la nueva Sede Episcopal y sostener un Seminario para formar al clero nativo.
Los intentos de firmar un concordato entre el gobierno oriental y la Santa Sede fracasaron por las siguientes razones: el gobierno, no podía contaba con los recursos necesarios para sostener un Obispado y un Seminario. La Santa Sede, por su parte, desconfiaba –con razón- de la estabilidad del novel estado. En consecuencia, la situación de la Iglesia en Uruguay era por demás irregular[6].
Por tanto, al no existir un concordato, el “derecho de Patronato”, por más que estuviera consagrado en la Carta Magna, era ilegítimo. Así lo consideraron siempre los delegados de la Santa Sede, a pesar de que toleraron su ejercicio para mantener las buenas relaciones con los nuevos gobiernos americanos. En una carta enviada por Mons. Marino Marini a José Benito Lamas, cuando este era Vicario Apostólico, le dice que “no existe Patronato y no debe dar pie a que parezca que lo reconoce”[7].
Con anterioridad al conflicto que estalló en Setiembre de 1861, existía en la sociedad montevideana un conflicto subyacente entre la Iglesia y sectores “liberales”, que venía de años atrás. El conflicto de Abril del ´61 (negativa de enterrar al católico-masón Enrique Jacobsen en el cementerio de San José), aunque no tuvo nada que ver con este otro, sirvió sin duda, para caldear los ánimos.
A nuestro juicio, es erróneo afirmar que estos conflictos se dieron en el seno de la Iglesia, entre católicos “masones” (liberales) y “jesuitas” (“ultramontanos”). Si bien en la Iglesia se podían encontrar por un lado, fieles católicos observantes de la doctrina, y por otro algunos más “liberales” -incluyendo a algunos que adherían a la masonería-, quienes realmente se enfrentaron en 1861, fueron los defensores de la libertad de la Iglesia, y quienes pretendieron intervenir en sus asuntos, controlando las decisiones de sus jerarcas. No parece razonable afirmar que el gobierno defendía una postura “liberal”, cuando lo que procuraba era intervenir en los asuntos eclesiásticos; ni que Vera y quienes lo apoyaron, sostuvieran una postura “ultramontana”, cuando lo que procuraban era defender la libertad de la Iglesia.
El Pbro. Juan José Brid
Al momento de su destitución, el Padre Juan José Brid era Párroco interino de la Iglesia Matriz, Senador de la República y masón. Fue designado en su cargo eclesiástico por Juan D. Fernández, sacerdote que gobernó la Iglesia luego del fallecimiento de Lamas.
En Abril de 1861, muy a su pesar, Brid enfrentó con decisión a la turba que pretendió entrar por la fuerza en la Catedral con el féretro de Enrique Jacobson. En esa oportunidad a pesar de su discrepancia con Vera, cumplió con su deber y prohibió la entrada al templo a los enardecidos manifestantes. Sin embargo, el Padre Brid no se caracterizaba por ser un cura de vida ejemplar. Su desidia en cuanto a la enseñanza y a la predicación de la fe católica, pusieron a prueba con frecuencia la paciencia por Vera.
Previo a la destitución de Brid, la prensa católica denunció varias veces el comportamiento escandaloso del Párroco de la Matriz durante las celebraciones litúrgicas. Hay una carta del sacerdote francés Jean Carmel Souverbielle dirigida al Papa Pío IX, en la que informa sobre denuncias públicas contra Brid por “escandalizar y acosar a varias jovencitas dentro del mismo santuario, ofendiéndolas con sus miradas, palabras y gestos. Había incluso llegado a tocar a alguna de ellas, por lo cual había sido como consecuencia, “apostrofado”[8]. Esto motivó el alejamiento de numerosos feligreses de la Iglesia Matriz.
Vera, por su parte, en la nota que envía al gobierno, salva el honor de Brid y menciona como único motivo para removerlo de su cargo, la realización de “atenciones extrañas a su ministerio”[9].
En julio de 1861, Vera, consciente de la disconformidad de muchos fieles con la conducta de Brid, y de las dificultades que entrañaba su destitución, cursó una nota al gobierno en la que proponía agregar un segundo Cura Párroco a la Iglesia Matriz. El candidato era el Pbro. Inocencio Yéregui, joven promesa del clero oriental. El Vicario argumentaba que la cantidad de feligreses, justificaba la división de la ciudad en dos parroquias, aunque de momento, la carencia de templos lo hacía imposible.
El Fiscal de Gobierno y Hacienda, Eustaquio Tomé, pidió explicaciones a Vera: ¿quería nombrar un coadjutor para ayudar al párroco existente, o nombrar a otro párroco, en idénticas condiciones que Brid? Lo primero era posible; lo segundo no. Vera contestó que no tenía problema en nombrar un coadjutor, pues lo que pretendía, era mejorar la atención a los fieles. Enrique de Arrascaeta, Ministro de Relaciones Exteriores, intervino cuestionando la licitud del nombramiento de un coadjutor a un párroco que, si bien de derecho no había ganado por concurso su curato, de hecho actuaba como tal.
La siguiente nota del Fiscal Tomé, fue favorable al planteo de Vera. En la misma, el Fiscal le recordó al Vicario que tenía potestad para destituir a todos los párrocos del territorio nacional[10], y para ello hacía referencia a varias destituciones anteriores concretadas en el vicariato. A pesar del dictamen de Tomé, y de que Vera acordó con el gobierno los pasos a seguir, la prensa “liberal” y algunos miembros de las logias masónicas empezaron a ejercer presión para mantener a Brid en su cargo. Se sucedieron las conversaciones entre Vera y Berro. Al Presidente, no le disgustaba la idea de nombrar a Inocencio Yéregui como co-adjutor; pero, presionado como estaba por miembros de su gabinete, y por otros sucesos que afectaban al país y al gobierno, seguía sin tomar una decisión.
El 11 de setiembre de 1861, Vera destituyó a Brid e informó al gobierno del hecho. Solicitó, en nota aparte, la aprobación del gobierno para designar como nuevo Párroco de la Matriz, a Inocencio Yéregui. Se informó a Brid de la decisión del Vicario, y se le pidió retirarse y entregar las llaves de la Catedral al Padre Yéreguí. Brid cerró la Catedral, y se negó a entregar las llaves y a abandonar la Parroquia.
En ningún documento aparece el motivo concreto de la destitución de Brid. El Fiscal Tomé aprueba, en su pronunciamiento del día 12 de setiembre, “la prudencia de no dejar por escrito la causa de remoción de un sacerdote”, pero sugiere que, confidencialmente, se le informe al Presidente (en su condición de “Patrono”) de lo ocurrido. Vera se reunió con Berro.
A partir del mismo 11 de setiembre, comenzó un intercambio formal de correspondencia entre la Vicaría Apostólica y el Gobierno, donde cada parte presenta sus argumentos.[11] En el siguiente apartado estudiaremos el desarrollo del conflicto y los argumentos de ambas partes.
El gobierno de Berro se opuso a la destitución del Párroco Juan José Brid, alegando que debía respetarse el derecho de Patronato consagrado en la Constitución. En la visión del gobierno, la Vicaría Apostólica debería haber solicitado autorización al Presidente de la República para destituir al Párroco de la Matriz. En caso de no ser autorizado, el Vicario debía conformarse con la decisión del gobierno.
La primera nota que el Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique de Arrascaeta, dirige a Vera, le dice que el Consejo de Gobierno debe analizar si el Vicario “está facultado por sí solo para destituir, sin consultar la conformidad del gobierno” y le pide que mientras no se resuelva este asunto, “no innove, dejando las cosas en el estado en que se encontraban” antes de la resolución de Vera. Nótese que, según de Arrascaeta, la resolución de autorizar o no la destitución de Brid –y la designación de Yéregui- no corresponde sólo al Presidente Berro: corresponde al Consejo de Gobierno.
Por otra parte, de Arrascaeta le transmite a Vera que Berro entiende “conveniente” dejar las cosas como están hasta tanto el gobierno no tome una resolución. Vera responde que “desearía poder aceptar aquella indicación, pero el cumplimiento de sus deberes se lo impide”. Sigue a esta manifestación, una larga lista de argumentos que en su momento mencionaremos.
El 13 de Setiembre, de Arrascaeta vuelve a escribirle a Vera, argumentando que el Poder Ejecutivo ejerce el Patronato Nacional “como una de sus más importantes atribuciones constitucionales, y en posesión además del derecho que la misma Constitución, Leyes de Indias y otras vigentes le acuerdan para concurrir con su aprobación tanto al nombramiento y provisión de los curatos, como para la remoción de estos”… Se nota en la misiva, la molestia del Poder Ejecutivo por la negativa de Vera a dejar las cosas como estaban antes de la destitución de Brid.
A continuación, sigue un intercambio de notas entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el Presidente de la Comisión Permanente -Florentino Castellanos, grado 33 de la masonería-, que llama a de Arrascaeta a dar explicaciones sobre lo ocurrido. En todo momento, se advierte la insistencia del gobierno en defender el derecho de Patronato, supuestamente violado por Vera.
Por su parte, el Fiscal, Eustaquio Tomé, en una vista despachada el 13 de setiembre, le indica a Vera, que debió haber expresado en la nota mediante la cual destituyó a Brid, los motivos que lo llevaron a tal decisión. Entiende sin embargo, que a veces estos motivos es mejor no revelarlos en una nota oficial.
El 26 de setiembre, se publica la resolución del gobierno en torno al tema. Se reconoce que Juan José Brid era Cura párroco interino, pero se sostiene que, como se cumplieron casi todas las condiciones para que Brid fuera cura permanente –salvo el examen-, y como además, ha ocupado su cargo por algunos años, debería ser considerado permanente y no interino. El gobierno transforma así, por su propia voluntad, una situación de hecho en una de derecho, pero fuera del ordenamiento jurídico vigente. Luego, considerando que de hecho, Brid es “cura permanente”, invoca lo dispuesto en el Concilio de Trento en relación a la participación del Patrono en la designación y remoción de los curas permanentes. En función de lo anterior, el gobierno no presta su aprobación a la destitución de Brid.
El mismo día, de Arrascaeta le escribe a Vera de parte de Berro, conminándole a reponer a Brid en su cargo. Vera le responde que está estudiando la resolución del gobierno, y el 30 le envía otra nota en la que reafirma su posición. El 2 de octubre el gobierno vuelve a conminar a Vera, por última vez, que restituya a Brid en su cargo. Vera le responde que “no puede dar cumplimiento a esa resolución porque hacerlo, sería faltar a sus deberes con menoscabo de la autoridad que inviste como Jefe de la Iglesia Oriental”. El 4 de octubre, Berro, por decreto, deja sin efecto el Pase (o exéquatur) del Breve Pontificio por el cual se investía a Vera como Vicario Apostólico. Este responde que su autoridad no le fue conferida por el Presidente de la República, sino por la Santa Sede, y que solo ella puede revocar su nombramiento. De todos modos, comunica al gobierno que no contrariará dicho decreto.
Un año más tarde, el gobierno decretó el destierro de Mons. Jacinto Vera. La causa de dicho decreto fue la suspensión, por parte de Mons. Vera, del Pbro. Brid en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, luego de haber transcurrido un año sin entregar las llaves de la Parroquia. El gobierno interpretó la decisión de Vera como una rebelión contra las instituciones.
La nota del 11 de setiembre, en la que Vera anuncia al gobierno su decisión de destituir al Padre Brid, contiene algunas frases que vale la pena analizar. En el primer párrafo, comunica “el cese que con esta fecha he intimado al Presbítero D. Juan José Brid, en el cargo de Cura Rector interino de la Parroquia de la Iglesia Matriz que hasta ahora ha desempeñado”. Vera deja clara la condición de “interino” del Párroco de la Matriz. Condición que como se dijo, ostentaban todos los párrocos de la República.
“Un deber imprescindible de conciencia -dice Vera- ha puesto al que firma en la sensible necesidad de dictar la medida que deja espresada. Ella es estrema, pero inevitable, desde que los deberes del hombre público deben siempre colocarse al frente de todas las consideraciones”.
En nota aparte, Vera solicita al Sr. Presidente la aprobación del candidato que él entiende mejor para ocupar el cargo de Párroco de la Iglesia Matriz: “Si este Sacerdote (Yéregui) merece la aprobación de S. E. el Sr. Presidente, el que firma espera saberlo para espedirle el título respectivo”. El pedido de aprobación al Presidente, demuestra que no está en el ánimo de Vera negar el derecho de Patronato, sino que muy por el contrario, desea contar con la anuencia del gobierno. Si removió a un sacerdote de su cargo sin pedir autorización, fue porque entendió que, con arreglo a derecho, al tratarse de un cura interino, tenía la potestad de removerlo por su cuenta. Pero para la designación de un nuevo párroco, sí entendió pertinente solicitar la venia del gobierno.
Claro que cuando de Arrascaeta, en nombre de Berro, le pide a Vera dejar las cosas como están hasta que el gobierno tome una resolución, Vera se atiene a la normativa vigente y le contesta que:
“no puede ni debe dejar pendiente de la Resolución del Consejo de Gobierno la estensión y límites de las facultades y prerrogativas inherentes al elevado ministerio que le ha sido confiado, y que están claramente definidas por el derecho canónico y el derecho civil vigente en la República. En ambos derechos es esplícita la facultad de los prelados de nombrar por si sólos curas interinos o en comisión, mientras los curatos no se proveen con curas colados y propietarios ´previo exámen de idoneidad en concurso, y mediando presentación e institución canónica`. Es para la provisión de estos curas que se refiere la concurrencia del Patrono, pero para la de curas interinos y en comisión, no hay ley alguna que el Estado obligue a solicitarla”.
Más adelante, en la misma carta, Vera se refiere al deber del Presidente de le República –consagrado en la Constitución- de proteger a la Iglesia Católica.
“Esta protección y tutela por parte del poder temporal es la base del derecho de Patronato cuyo ejercicio atribuye la Constitución de la República al Exmo. Sr. Presidente; pero debiendo él ser regulado por las leyes que regían antes de la Constitución y que directa e indirectamente no se opongan a ella, como no se oponen sobre el particular: y no correspondiendo por esas leyes al Patrono ninguna ingerencia en la separación y remoción de los curas interinos y en comisión, nombrados ad nutum Prelati; no es este el caso de ejercitar aquel derecho sino en el sentido de tutelar y proteger las disposiciones del Prelado de la Iglesia”.
En una nueva carta, Vera escribe que:
“si a cada medida gubernativa de la Iglesia ha de ser permitido al sacerdote en quien ella recae, recurrir a la autoridad civil para que escude la insubordinación, y si el Poder Ejecutivo se cree con la facultad de intervenir en todos los actos de la disciplina eclesiástica, para aprobarlos o anularlos, la independencia del poder espiritual desaparece.”
Estos son a grandes rasgos, los argumentos del Vicaro Apostólico: él puede nombrar y remover curas interinos. Si es costumbre pedir autorización al Presidente, ello obedece a razones de cortesía. Pero en el caso de una remoción que entiende impostergable, reclama su derecho a proceder por su cuenta.
La postura del Delegado Apostólico con sede en Paraná, Mons. Marino Marini, es del mismo tenor. Luego de un intercambio epistolar formal con las autoridades del país, en tono conciliatorio y sin tomar partido en el asunto, Marini comienza un intercambio epistolar confidencial. Rescatamos un párrafo de una de esas cartas, fechada el 24 de marzo de 1862[12], que da cuenta de su posición:
“La Santa Sede, hasta ahora, no ha reconocido ni explícita ni implícitamente, en ese Supremo Gobierno, el Derecho de Patronato, que tan solo ella puede acordarle, sino el deber que él tiene de proteger la Iglesia, y respetar y hacer respetar sus leyes y disposiciones, no sólo por presidir dicho Gobierno a una Nación católica, sino también por la Constitución política que la rige”. Pero, “en el deseo de conservar la armonía con los Gobiernos, con los que no ha celebrado concordatos, ha procurado siempre que la provisión de los Obispados y demás destinos eclesiásticos, cuya colación corresponde a Su Santidad, recayese en personas del agrado de estos mismos Gobiernos, pero no importa, ni puede importar el reconocimiento del Derecho de Patronato, que ellos no tienen”.
En otra carta del 21 de abril, citada por el mismo autor, Marini expresa:
“aún supuesto que ese Supremo Gobierno tuviese el Derecho de Patronato, éste no podría extenderse al caso del Pbro. Brid, pues el nombramiento, y con más razón la remoción de los Curas interinos, como lo era el citado Pbro. Brid, según los sagrados cánones, y las mismas leyes españolas, no están comprendidas en el Derecho de Patronato, y, por consiguiente el Obispo, o Prelado de igual jurisdicción, puede nombrarlos y removerlos sin intervención del Patrono”.
El 14 de setiembre de 1861 Mons. Vera se dirige a los fieles en estos términos:
“se previene a los fieles que, sin perjuicio de las medidas que serán adoptadas para reprimir severamente el procedimiento del Presbítero Brid, no pudiendo la Vicaría violentar las puertas del templo, colocado en indebida clausura por la incalificable resistencia de aquel a la entrega de sus llaves, pueden ocurrir para la observación de las prácticas religiosas, hasta tanto no cese este estado de cosas, a las otras parroquias de la capital”.
Padre Brid se negó a entregar las llaves de la Iglesia Matriz, y la mantuvo cerrada por el lapso de un año “porque así se lo ordenaba el gobierno”. Al cabo de dicho período, el 13 de setiembre de 1862, Mons. Vera lo suspendió en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. A raíz de esta decisión, el 7 de octubre de 1962, el Dr. Berro decretó el destierro de Vera y de Victoriano Conde (su secretario), que acataron inmediatamente la resolución del Presidente de la República, partiendo hacia Buenos Aires.
González Marlano resume el tenor del decreto de la siguiente forma:
[para el gobierno]“la protección de la Iglesia supone que su jurisdicción esté sometida al Estado. La autonomía de la soberanía eclesiástica, y el libre ejercicio de su potestad, se lo ve como una amenaza para el orden y la paz. Desde esta posición es lógico que cualquier acto contra la potestad civil, se considere una rebelión”.
Tras del destierro de Vera, el gobierno nombró “Gobernador Eclesiástico” al Pbro. Juan D. Fernández, el cual careció del respaldo de casi todo el clero oriental. El famoso “cura de Oribe”, Fray Domingo Ereño, en carta a Vera del 16 de noviembre de 1862, dice:
“En Montevideo han hecho comentarios de que voy a reconocer al cismático e infame viejo Fernández, y que acto continuo seré nombrado cura de la Matriz (…) Estoy, mi amigo, dispuesto a que no jueguen con mi nombre como sacerdote […]“.
Varios sacerdotes y laicos partidarios de Vera, fueron perseguidos y algunos encarcelados. Incluso el P. Santiago Estrázulas, hermano del Ministro de Gobierno Jaime Estrázulas, hizo pública una nota en la cual rechazaba de plano tal nombramiento, por desconocer la autoridad del Papa. Su hermano Jaime, masón, pidió un castigo para el clérigo “rebelde”.
El 4 de noviembre, una comisión parlamentaria se expidió sobre la apelación interpuesta por Vera y Conde sobre el decreto de “extrañamiento”. La Comisión determinó que el destierro había sido “ilegal, pues el Poder Ejecutivo había asumido la función de juez, invadiendo atribuciones del Poder Judicial”[13].
El 31 de octubre, el delegado del gobierno, Florentino Castellanos, recibió instrucciones para negociar con Delegado Apostólico. Su misión era lograr que Marini reconociera como condición absoluta, las regalías del “derecho de Patronato”, y que diera por bueno todo lo actuado por el gobierno, incluida la designación de Fernández como Gobernador Eclesiástico.[14]
Marini, que en esta etapa jugó un rol decisivo, fue un hueso difícil de roer para Castellanos. El 3 de enero de 1863, llegaron a un acuerdo provisorio por el cual Vera delegaba sus funciones -ante el Delegado Apostólico- en un sacerdote elegido por el gobierno. Este acuerdo fue una victoria jurídica para la Iglesia, ya que la delegación fue hecha por el Vera en calidad de Vicario Apostólico. El gobierno, sin embargo, no reconoció su error[15].
Las negociaciones continuaron. El 10 de marzo del ´63, Berro derogó el decreto de extrañamiento de Vera. Quedaba vigente, no obstante, el decreto de casación del exequátur, que desconocía el nombramiento de Vera como Vicario Apostólico por parte del Papa. Tras la invasión de Flores, Berro, presionado por las circunstancias, el 22 de agosto de 1863 dejó sin efecto el convenio por el cual se nombraba al P. Pablo Pardo como Gobernador Eclesiástico, y restituyó en sus funciones a Vera[16].
La interpretación del “derecho de Patronato” evolucionó a través del tiempo. Originalmente, fue una concesión otorgada por el Papa a los reyes católicos, como contrapartida al compromiso de éstos con la promoción y defensa de la fe católica. Más tarde, algunos lo entendieron como un “derecho” inherente a la soberanía. Se olvidó que era una concesión especial de la Santa Sede. De ahí que en muchas ocasiones, se abusara de él y fuera utilizado en beneficio de los gobernantes de turno.
En Uruguay, especialmente durante el conflicto eclesiástico iniciado en setiembre de 1861, el derecho de Patronato fue:
entendido como una herencia de la Corona española, o bien como un derecho inherente a la soberanía nacional, que implicaba la intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia;
tolerado -por razones de cortesía-, aunque no reconocido por la Iglesia, pues no medió concordato alguno;
ejercido por un gobierno integrado por numerosos e influyentes masones[17], es decir, por personas que no tenían un particular interés en promover y defender la fe católica –razón de ser del “derecho de Patronato”;
ejercido para mantener en su cargo a un sacerdote acusado de escándalo por sus feligreses, que además era masón y Senador de la República.
La pregunta que surge al analizar los hechos, es por qué un hombre íntegro y bien intencionado, un católico práctico que apreciaba sinceramente a Mons. Vera, procedió del modo que lo hizo. El Delegado Apostólico, Mons. Marini, que tenía el más alto concepto del Presidente Berro, demostraba su perplejidad en una carta a Joaquín Requena:
“No puedo comprender como un hombre de la prudencia y tino del Sr. Berro, se haya dejado arrastrar de malos consejos en dar a esa Iglesia un golpe tan terrible y escandaloso, y cargar él con todas las funestas consecuencias que del mismo golpe se derivarán”[18].
Desde nuestro punto de vista, existen varias razones que pueden explicar -aunque no necesariamente justificar- el proceder de Berro.
Ante todo, es claro que el Presidente Berro creía firmemente y de buena fe, en la causa que defendía. El entendía que tenía razón, y procedía de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia.
También es cierto que, si bien Berro era el Presidente de la República, no gobernaba solo. Y era su deber como gobernante, mantener la endeble estabilidad institucional del país. Para ello, se rodeó de personas con ideas e intereses muy variados. Muchos integrantes de su Administración (Ministros, diplomáticos, etc.) eran masones, al igual que el Padre Brid. Los ánimos estaban caldeados después del “caso Jacobsen”. Y no resulta extraño que los masones presionaran a Berro para que mantuviera en su cargo a Brid, destituido por el “ultramontano” Vera.
A las presiones de los masones, hay que sumarle los problemas que enfrentaba el país. Es obvio que Berro necesitaba a los integrantes de su Administración de su lado. Aunque destituyó a varios de sus ministros en distintos momentos de su mandato, lo cierto es que no tenía mucho margen de maniobra para enfrentar ciertas presiones. Según Lisiero, Berro le dijo a Vera, durante el “caso Jacobson”, que “habría sido doloroso hacer uso de las armas para reprimir a los masones”. Quizá temía más un conflicto con la masonería, que un conflicto con la Iglesia.
Por otra parte, más allá de las presiones “externas” imaginamos que debe ser muy duro para un Presidente de la República –aún para un hombre recto e inflexible en sus principios, como Berro-, contemplar pasivamente la destitución de un “colega” -Brid era Senador de la República-, máxime cuando el “derecho de Patronato” le permitía -a su entender- intervenir en la cuestión. No podemos afirmar que la relación entre Berro y Brid fuese un motivo para que Berro procediera como procedió. Pero tampoco sería extraño que en algo haya incidido.
La firmeza de Vera, también puede tomado por sorpresa a Berro. Vera era un hombre de paz, admirado y querido en todo el país por su bondad sin límites. En el “caso Jacobson”, había cedido, y juntos, habían encontrado una solución en cuestión de días. Quizá Berro no esperaba, en este caso, tanta firmeza de alguien tan bondadoso. Pero Vera no cedió un ápice en lo que entendió era justo, precisamente porque defender la libertad de la Iglesia, era vivir la caridad.
La prueba más contundente de que Vera estaba en lo cierto, es el resultado del conflicto. Cuando las circunstancias políticas cambiaron, a Vera se le levantó el destierro y se le recibió de nuevo como Vicario Apostólico, sin perder una sola de las prerrogativas y derechos que tenía antes del conflicto.
La lección que esta etapa de la historia nos deja, es que todos los hombres, por honestos, valientes y brillantes que sean, pueden cometer errores, por decisión propia, por escuchar a malos consejeros o por actuar bajo presión. Esos errores tienen mayor trascendencia cuanto mayor es la responsabilidad que uno tiene. Sin embargo, no oscurecen en absoluto las virtudes y aciertos de sus protagonistas. Simplemente, demuestra que fueron seres humanos normales. Por otra parte, casos como este demuestran que ceder, en ocasiones es lo más razonable. Y que no es, como se suele pensar, señal de debilidad, sino más bien, señal de sabiduría. Cosa muy necesaria, sobre todo cuando uno está al frente de un pueblo de hombres libres.
ARDAO, Arturo, “EL CATOLICISMO MASÓN BAJO BERRO” (en CUADERNOS DE MARCHA)
ÁLVAREZ GOYOAGA, Laura; “DON JACINTO VERA – El misionero santo” (2013)
BERRO, Aureliano G. “BERNARDO P. BERRO – Vida pública y privada”. Tomo I. Ediciones de la Banda Oriental. (2000).
DE ACHA, Francisco Xavier; “EL CONFLICTO ECLESIÁSTICO – Compilación de los documentos oficiales cambiados entre el Gobierno y la Vicaría Apostólica con motivo de la destitución del cura de la Iglesia Matriz y de los principales artículos publicados en el diario La República y en el periódico La Revista Católica.” (1861)
http://books.google.com.uy/books?id=K9Y-AAAAIAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=EL+CONFLICTO+ECLESI%C3%81STICO+VERA+DE+ACHA&source=bl&ots=CPmBdFKYrn&sig=nSAONnEi97EzBENQbyYjvUFSyWw&hl=es&sa=X&ei=-yo4U9THG6imsATJuIGgBg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
GONZÁLEZ MERLANO, José Gabriel; “EL CONFLICTO ECLESIÁSTICO (1861 – 1862)” (2010)
LISIERO, Darío; “EL VICARIO APOSTÓLICO JACINTO VERA – Lustro definitorio en la Historia del Uruguay” (1959 – 1963)
http://books.google.com.uy/books?id=ZIIjGcplztwC&pg=PA198&dq=jacinto+vera+lustro+definitorio+berro+armas&hl=es&sa=X&ei=YAF0U4ajBYHKsQSqrIDwCw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=jacinto%20vera%20lustro%20definitorio%20berro%20armas&f=false
METHOL FERRÉ, Alberto (…) – “EL AGOTAMIENTO DE LA CRISTIANDAD: DE ARTIGAS A FLORES”
http://www.metholferre.com/obras/articulos/capitulos/detalle.php?id=183
RELA, Walter – “HISTORIA DE LA IGLESIA EN EL URUGUAY 1830 – 1930 – Cronología histórica anotada y documentario” (2005)
http://www.walterrela.com/Descargas/Historia_Iglesia_en_Uruguay1830_190.zip
[1] GONZÁLEZ MERLANO, José Gabriel; “El conflicto eclesiástico (1861 – 1862)” (2010).
[4] Otra interpretación de esta frase, sostiene que Artigas pretendió, con ese artículo, consagrar la libertad de cultos. No creemos que ese fuera el objetivo más importante del prócer, en momentos en que algunos sacerdotes del clero oriental debían decidir entre la obediencia al Obispo de Buenos Aires, y la lealtad a Artigas.
[5] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[6] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[7] Alberto Sanguinetti Montero, cit. por GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[8] ÁLVAREZ GOYOAGA, Laura (2013); “DON JACINTO VERA – El misionero santo”.
[9] DE ACHA, Francisco Xavier; “EL CONFLICTO ECLESIÁSTICO – Compilación de los documentos oficiales cambiados entre el Gobierno y la Vicaría Apostólica con motivo de la destitución del cura de la Iglesia Matriz y de los principales artículos publicados en el diario La República y en el periódico La Revista Católica.” (1861)
[10] En 1854, consultado por J. Benito Lamas sobre su derecho de deponer libremente a los curas interinos Mons. Marini le respondió que tenía el derecho de moverlos a voluntad. Lamas procedió y el gobierno no protestó.
[11] DE ACHA, Francisco Xavier; “EL CONFLICTO ECLESIÁSTICO – Compilación de los documentos oficiales cambiados entre el Gobierno y la Vicaría Apostólica con motivo de la destitución del cura de la Iglesia Matriz y de los principales artículos publicados en el diario La República y en el periódico La Revista Católica.” (1861)
[12] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[13] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[14] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[15] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[16] GONZÁLEZ MERLANO, op. cit.
[17] Algunos integrantes y/o allegados al gobierno del Dr. Berro, eran notorios masones: Tomás Villalba, Florentino Castellanos, Manuel Herrera y Obes, Jaime Estrázulas, Juan P. Caravia, Eduardo Vásquez Acevedo, Eduardo Acevedo Maturana, Diego E. Lamas, Adolfo Vaillant, Juan Bautista Capurro, etc. Piénsese, por ejemplo, lo extraño que sería reivindicar la intromisión de un gobierno de mayoría católica, en las decisiones de gobierno de la masonería.
[18] LISIERO, Darío; “EL VICARIO APOSTÓLICO JACINTO VERA – Lustro definitorio en la Historia del Uruguay (1959 – 1963)
Este trabajo fue publicado como Capítulo del libro “BERRO – La obra de un estadista”, tercer libro de la colección “Los Blancos” publicado por Ediciones de la Plaza y presentado en el Cabildo de Montevideo en Julio de 2015.

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