Source: https://it.scribd.com/document/423597939/EL-CONTROL-DE-LEGALIDAD-DE-LOS-CONVENIOC-COLECTIVOS-pdf
Timestamp: 2020-07-03 11:17:56+00:00

Document:
El Control De La Legalidad De Los Convenios Colectivos Por Parte De La Administración | Sentencia (ley) | Derecho laboral
El Control De La Legalidad De Los Convenios Colectivos Por Parte De La Administración
EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS CONVENIOC COLECTIVOS.pdf
SalvaSalva EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS CONVENIOC COLECTIVO... per dopo
Derecho Laboral Individual Viernes 07 Febrero 2014
contrato-laboral avance de monografia.docx
Estudio de Caso Adm
3) LA CLÁUSULA DE VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
La actuación judicial, que (tot e ejercerse en la forma indicada tr i el apartado anterior suele complicarse, en algunos casos, por la incidencia de la cláusula de vinculación a la totalidad libremente incluida por las partes negociadoras en el convenio colectivo impugnado. Es bastante frecuente que las partes negociadoras inserten en el texto del convenio la generalmente denominada cláusula de vinculación a la totalidad a veces también calificada de respeto de lo convenido, de indivisibilidad, de unidad o de unidad de contenido. Un redactado "standard" de la citada cláusula puede ser el siguiente: "Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, serán cosiderados globalmente. En el supuesto de que la Jurisdicción, haciendo uso de sus facultades, anulara algunos de sus pactos, el presente conven«} quedaría sin eficacia, debiendo procederse a la reconsideración total de su contenido". Es ésta una cláusula de arrastre histórico, pues su inserción en los convenios colectivos corresponde al período previgente en el que éstos se presentaban por los negociadores ante la Autoridad laboral para su aprobación u homologación. En caso contrario, el texto se devolvía a la comisión deliberadora del convenio colectivo, de ahí el alcance de la cláusula de referencia que dejaba en manos de los negociadores la reconsideración global de lo pactado. Hay que insistir en que los Jueces y Tribunales quedaban, a la sazón, absolutamente al margen del mencionado procedimiento de control de la legalidad. En algun convenio colectivo reciente, puede detectarse ta acomodación de esta cláusula a lo previsto en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Así, en el convenio colectivo de la Industria de la Construcción y las Obras Públicas de la provincia de Barcelona, años 1990-1991, publicado en el DOG del 27 de junio de
1990, la referida cláusula do vinculación a la totalidad establee« to siguiente: "tas condiciones pactadas toman un todo orgánico § indivisible y, a ttacto* de su aplicación practica, men considerados globalmente. En el supuesto de que la Autoridad laboral, haciendo uso de lo establecido en el artículo 90.5 de la Ley 8/1900, remitiera el convenio al Juzgado de lo Social, se estará al resultado de la sentencia correspondiente". Por su parto, el convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona para los años 1990 y 1992, publicado en el DOG de 4 de abril de 1990, reproduce prácticamente el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores: "Partiendo de que las condiciones pactadas en el
presente convenio serán consideradas globalmente, si la Autoridad laboral estimase que alguno de los pactos de este convenio conculcan la 'egalidad vigente o lesionan gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar supuestas anomalías, previa audiencia de las parles". La inclusión de esta cláusula en el texto del convenio colectivo implica, como señala CAMPS RUIZ en las "Lecciones de Derecho del Trabajo" dirigidas por SALA FRANCO (72), que "un problema adicional surge en el tema de nulidad pardal en los casos, frecuentísimos por lo demás, en que las partes hayan establecido una cláusula de vinculación a la totalidad o indivisibilidad del convenio, por la cual las condiciones pactadas en el convenio forman un todo orgánico o indivisible que imposibilitaría que el Magistrado, por su cuenta, pudiera subsanar las anomalías de un convenio acordado, debiéndose declarar en tales casos la nulidad total, con la devolución del convenio a las partes para que sean éstos quienes 'as subsanen, claro está, que la audiencia de las parles puede armonizar este último trámite' Por su parte, MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA (73). entienden lo
siguiente: "La reconsideración conjunta del
convenio, cuando se
altera su contenido por sustracción o adición de algunos de sus elementos, suols venir obligada por ¡a inclusión de una cláusula de vinculación a la totalidad, que precisamente se propone, entre oms cosas, evitar las consecuencias qua pudiera tener la actuación el mecanismo previsto en el ert. 90 5 de ET para el equilibrio de prestaciones alcanzado en la negociación". En opinión da PÉREZ PÉREZ (74), % pregunta a contestar es si es válida o no tal Upo de cláusula; o, dicho de otro modo, si concuta o no tal pacto la legalidad vigente, hasta el punto de plantearse, con su expresa mención, una cuestión de principio. La pregunta no es baladi si se tiene en cuenta que si, por un lado, el articulo 1255 del CC faculta atoscontratantes a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, con los limites allí dichos, por otro, el articulo 9 del ET, dispuesto para el caso de nulidad del contrato de trabajo o de la cláusula, regula la solución a tal problema con carácter imperativo, lo que, indirectamente, vendría a excluir la validez o mejor, la encada, de la ahora discutida cláusula". GARCÍA FERNÁNDEZ (75), entiende, asimismo, que "es frecuente que los convenios colectivos contengan una cláusula de vinculación a la totalidad, herencia del sistema corporativo como precaución a la posibilidad de modificar el convenio que se atribuía a la administración laboral. De acuerdo con el contenido de estas cláusulas, la supresión de una o varias de las restantes del convenio deja sin efecto su totalidad, cualquiera que sea la causa de la supresión. La estimación de la nulidad parcial debería en tal caso provocar la ineficacia total del convenio afectado. No es asi. Se aplica a los convenios el principio general de conservación del contrato de trabajo (art. 9.1 ET), de forma que lo que se produce es la adaptación a la legalidad sin que tal adaptación tenga que repercutir sobre todo el convenio. La aplicación del principio es un tanto problemática, puesto que la apreciación de la nulidad parcial, según la cláusula de que se trate (vg. la exclusión de
trabajadores temporales), puede afectar g toda to economia interna dol convenio, dándolo m contenido on absoluto domado por too poms quo to conclu/en (PALOMEOUE). Con to quo m llega a un resultado que repugna a to esencia mioma do to autonomía colectiva. Por otro lado, puede considerarse excesiva la repercusión sobre todo ol convenio cuando to cláusula anulada no guarda una relation do interdependencia tan estrocha con ol resto que condiciono razonablemente su viabilidad, o sin cuya inclusión no hubiesen consentido las partes en todoto demás. Y éste es el criterio que suele tener presente la jurisprudencia al limitar los efectos do la nulidad parcial. (S.T.C.T. de 21 de diciembre de 1988, A L /, 1989, 186)" El mencionado articulo 9.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone lo siguiente: "Si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado contospreceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el número 1 del artículo 3 de esta ley". Por ello, se ha defendido la existencia de interdependencias entre las diferentes cláusulas de un convenio, lo que obliga a la aplicación íntegra del mismo o a su exclusión en su conjunto, aunque se admite que alguna de sus cláusulas pueda ser impugnada por la Autoridad laboral por la vía del artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Singularmente, s© reseña la sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de octubre de 1988 (AR 6217), que se expresa del siguiente tenor literal: "En cuanto a la necesidad de considerar el convenio colectivo como una unidad integral e indivisible, ciertamente es ésa una característica de tales pactos, de tal modo quo deben interpretarse y aplicarse conjuntamente unas cláusulas con otras por tratarse de un pacto global y unitario, que incide sobre las materias más diversas - económicas, laborales, sindicales, asistenciales y otras-, pero éso no es óbiice para que pueda expulsarse del convenio una cláusula nula por ilegalidad cuando el resto del pacto puede subsistir sin mayores
dificultades,to que sucederá cuando la cláusula anulada no guarde una relación de interdependencia con otras o con al meto del convenio, de tal naturaleza que debe entenderse que km negociadores no hubieran consentidotos unas sin la aceptación tía
norma inserta en el artículo 9 del ET, a saber, la del principio de conservation del negocio jurídico, puede, indudablemente, funcionar como base de la hermenéutica y de la integración que ha de ser
realizada por aquel órgano jurisdiccional". Aquí puede citarse la sentencia del propio Tribunal Central de Trabajo de 27 de febrero de
". Igualmente. % filosofía jurídica que sirve de sopona a la
1987 (AE 4590), que sostiene ta siguiente interpretación: "
elto, por lo demás, conduzca a la consecuencia que la recurrente aspira a conseguir en la idea de que, por la vía del art. 4 del convento, cualquier alteración de su contenido contextual conduce a la in viabilidad de todo el instrumento negocia! colectivamente consensuado, ya que la aducida unicidad del convenio, según su art. 4, ha de entenderse razonablemente, es decir, que e' todo orgánico que se constituye, así como la recíproca vinculación a su observancia, no supone, como persigue el recurso, que la obediencia de tos preceptos de ¡us cogens que, por vía calificadora ex post, se decrete sobre alguna de las normas convenidas, implique el desencadenamiento de esa liberación desvinculante entre los interesados, pues jamás el acatamiento de la Ley puede llevar consigo o de suyo, el no cumplimiento de lo voluntariamente pactado, al pío venir ambos mundos de conexión juriaca de sendas fuentes del ordenamiento en la constitución de las obligaciones (y es que, en definitiva, ni la unicidad del susodicho art. 4 ha de provocar, como dice el recurso, que cualquier alteración de un precepto convenido, conduzca a la inhabilidad del todo, pues litemlmente eso no se consagra, aparte de que la sanción que se declara soto afecta al art.
11 y porque a mayor abundamiento, además de la analogía del art. 9.1 del Estatuto de los Tri jdores, om M twi$ hasta se habilitaría argucias negotiates qua, preconstituyen una norma ilegal, luego ^(viera, tras la action correspondiente, para obtener la nulidad total
del convenio, y porque esa misma aquiescencia de la demandada a la declaración judicial sobre el art. 1, ya desencadenaría par so la del
". E! Tribunal Constitucional, en su sentencia 73/1984, de 27
jumo (BOE del 11 de julio de 1984), se ha pronunciadorespectode
cláusula de vinculación a la totalidad en los siguientes términos:
"La "indudable solidez" del argumento arroja una cierta luz, aunque no claridad completa, sobre las cláusulas de vinculación a la totalidad, de uso relativamente frecuente en los convenios colectivos, en virtud de las cuales si una parte del convenio deviene ineficaz por cualquier causa, perece el convenio entero, lo que está ligado a la separabilidad entre sí de las partes del contenido convencional. Lo decisivo al respecto es la voluntad de las partes, en defecto de la cual hay que acudir a reglas de buen sentido sobre lo que es separable sin destruir el equilibrio convencional. En el caso, no parece que hubiera cláusula enpresa".
Por tanto, como quiera que no existe una nítida solución legal, de aplicación específica al problema planteado, parece que puede admitirse, en los términos indicados y con las limitaciones antes mencionadas por la doctrina ¡uslaboralista y la jurisprudencia social y
constitucional, la validez de la cláusula de vinculación a la totalidad, máxime si su inclusión en el texto de un convenio colectivo, no vincula
a la Autoridad laboral a los efectos de incoar el procedimiento de
control de la legalidad para que la Jurisdicción de lo Social declare la
nulidad total o pardal del citado convenio colectivo. En todo caso, debería dejarse cons'.ancia en la comunicación de oficio, Juntamente con la concreción de la legislación conculcada y la referencia sucinta
de tot fundamentos jurídicos l u ta ilegalidad, ta existencia de tal tipo de cláusula, a los efectos oportunos. Por ende, tampoco debe vincular
a priori al Ju®¿ o Tribunal que resolverá t i litigio, anulando total o
parcialmente t i convenio colectivo impugnado o declarando su conformidad a Derecho. Por tilo , la cláusula de vinculación a ta totalidad insertada en t i convenio colectivo no t s incompatible con ta nulidad (parcial) establecida por tai Autoridad jurisdiccional - por el principio general de conservación del contrato de trabajo, por aplicación analógica del artículo 9.1 del Estatuto de tos Trabajadores-. Otra cosa es que la cláusula anulada altere sustancialmente las prestaciones y contraprestaciones contenidas en el convenio colectivo, en razón de lo cual podría sostenerse la nulidad total de to pactado atendiendo, en expresión de BORRAJO DACRUZ, al "entramado de reciprocidades, compensaciones y equivalencias que es propio de tos compromisos y transaciones", (lo que, ciertamente, no ocurrirá en los casos más frecuentes de ilegalidad, como tos pactos corn anos a los mínimos de derecho necesario y tos supuestos de discriminación, aunque, en este caso, es más discutible, y tampoco cuando se trate de cláusulas accesorias o aisladas). De ahí que deba estarse a la casuística en los términos señalados por la jurisprudencia social antes citada, toda vez que son los Jueces y Tribunalestos que, en definitiva, han de aplicar la ley en cada caso, y las partes negociadoras, y no la Autoridad jurisdiccional, la que decida sobre la repercusión de la sentencia anulatoria en el conjunto de to pactado. Tal vez la solución de esta cuestión podría venir de la impugnación de la mentada cláusula de vinculación a la totalidad, a instancias de la Autoridad laboral, por la vía de oficio contenida en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, lo que, sin duda, provocaría que se abordase directamente por la Autoridad jurisdiccional la legalidad de to indicada cláusula habítualmente insertada en tos convenios colectivos, m m vano la indicada interpretación jurisprudencial sigue tas dicciones
contenidas en la vieja ley de convenios colectivos de 1958, según se ha dejado expuesto en «1 Capítulo 1 de esta tesis, dado el arrastre histórico de m cláusula de referencia o, alternativamente, por m interposición de un conflicto colectivo de interpretación de norma por las partes afectadas por la repercusión de la cláusula de referencia ante un supuesto conflicto suscitado con posterioridad al litigio principal por la repercusión de la sentencia anulatoria en el conjunto de lo pactado ¡nicialmente por los negociadores del convenio colectivo.
4) LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DEL CONVENIO COLECTIVO
Parece claro, a la vista de lo expuesto, que el Juez o Tribunal debe declarar la nulidad total o parcial del convenio colectivo, en razón de las alegaciones de la Autoridad laboral incoadora del procedimiento de control de la legalidad, previsto en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, o de las alegaciones de la parte adora en el conflicto colectivo empleado con el mismo fin impugnatono que el trámite de oficio de referencia si, previa audiencia de las partes, llega a la convicción de que el convenio colectivo cuestionado conculca la legalidad vigente o lesiona el interés de terceros CAMPOS ALONSO (76), sin propósito de establecer una lista de causas de nulidad, "sino de sumar unos supuestos de indentificación que puedan servir para analizar sus diferencias y extraer las consecuencias que acarrean", piensa que se infringe la legalidad vigente sobre formalization de la negociación colectiva, unas veces con la nulidad total y otras con la parcial del convenio celebrado, en tos siguientes casos:
'Primero. Dé nulidad total:
a) Convento no metilo (art. 90,1 del ET).
b) Cuando no exista & previo ámbito o unidad do negociación respecto del que tes partes acuerden su aplicación. SI m existe empresa o unidad inferior a ella, si no ernste el sector o subsector a que el convenio dice ser aplicable
c) Si no existentosórganos a que la ley atribuyete capacidad négociai, ésto es, la aptitud para negociar comentos colectivos, Mamada también aptitud o poder genérico para negociar:
- en el convenio de empresa o de ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de personal o las representaciones sindicales -delegados o secciones sindicales-;
- en el de ámbito superior, los sindicatos, federaciones o
confederaciones a que el articulo 3 de la Ley de 1 de abril de 1977 le atribuye personalidad jurídica y plena capacidad de obrar (articulo 4 del Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados).
d) Por falta de legitimación simple o inicial para negociar:
• en los convenios de empresa negociados con las representaciones sindicales en ©/te existentes en que éstas en su conjunto, no sumen la mayoría detosmiembros del comité;
- en los convenios de ámbito superior en los sindicatos,
sindicales o empresariales
cuenten con el porcentaje de representación exigido m al articulo 87.2; o en los de ámbito estatal en que los sindicatos o asociaciones de comunidad autónoma no monten con §1 porcentaje mamado m dicho artículo.
a) Por falta da legitimación plena o capacidad négociai. Conveniosa en que no debió constituirse viudamente la comisión negociadora porquetossindicatos, federaciones y confederaciones y las asociaciones empresariales no representen la mayoría absoluta exigida en el artículo 88.1 del ET
f) Convenios en que no se haya logrado la mayoría precisa para tos acuerdos de la comisión negociadora.
g) Convenios en que concurrantosrequisitos del articulo 1261
del Código civil, pero que adolezcan de vicio que afecte a la capacidad del empresario, menor o incapacitado, sin el complemento de su capacidad (arts. 314 y siguientes del Código civil).
h) Convenio en que hubiera mediado alguno de los vicios que
invalidan el consentimiento: error, doto, violencia, intimidación o falsedad de la causa (art. 1300 del Código civil), y que haya sido determinante de su firma.
Segundo. De nulidad parcial:
a) Convenio que no expresa el contenido mínimo exigido en el
artículo 85.2 del ET
b) Los supuestos apuntados de nulidad total en que su causa determinante afecte a parte y no a todo el convento. Rige aquí la
solución arbitrada pamto nulidad de los contratos en él artículo 9 del ET*.
En este punto, cab« ta remisión a tos motivos de nulidad reseñados en el Capítulo II de esta tesis, citados con ocasión del comentario del trámite de examen o lectura del convenio efectuado por la Autoridad laboral previamente a la incoación, en su caso, del procedimiento de oíicio regulado en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores (con especial referencia a la conculcación ae los cuadros institucionales del Derecho del Trabajo), sin que deba perderse de vista la etapa actual de "desreglamentación" por la que atraviesa el Derecho laboral español y que, lógicamente, tir ^ una especial repercusión en el ámbito de la negociación colectiva o . las condiciones de trabajo, principalmente ante la colisión del convenio colectivo y la Ordenanza laboral, de consabida aplicación t<?:idual, dada la primacía du la autonomía colectiva de cara a alterar con absoluta libertad los derechos disponibles tipificados en las citadas normas sectoriales a extinguir. Al hilo de lo expuesto, ccresponde concretar el alcance de la función atribuida al órgano jurisdiccional en este proceso y, más específicamente, los límites que pueden tener tas sentencias dictadas en el proceso de impugnación de convenios colectivos. Ciertamente, no debe olvidarse, como señalaban MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA (77), por supuesto pre/iamente a la entrada en vigor de la » «eva Ley de Procedimiento Laboral, "que sobre este particular existen en nuestra legislación muy escasas indicaciones. La bn vedad que caracteriza a la Ley de Procedimiento Laboral cuando se refiere a la sentencia en el procedimiento ordinario (arts, B9-95), se acentúa entoé preceptos que se ocupan de tos procedimientos de oficio (entre elfos, el del art IM LPL) y del procedimiento especial de confítelos colectivos (arts, 144-150 LPL). Las previsiones legatos resultan quizá en estos casos
insuficientes, máxime tí tenemos en cuenta que m
trata dit
procedimientos jurisdiccionales que tm
ma declaración judicial m nulidad, cuyo contenido puede ser muy vanado y cuyos afectos sobre las situaciones jurídicas afectadas P'ieder, ser múltiples' Dk ^ to <^al, puede sostenerse to siguiente:
stdo iniciados para obtener
a) En cuanto a la nulidad total del convenio colectivo, Siguier,Vi las dicciones o« ¡a doctrina iuslaboralista citada, caban dos
pos biiidides o hipótesis. La primera posibilidad es que
al Juez o t i
Tribunal aprecie defectos que invaliden totalmente el convenio colectivo como, por ejemplo, la carencia de tos requisitos esenciales de capacidad o legitimación de las partes negociadoras o vicios en el consentimiento o en la forma a las que puedan sumarse la ilegalidad o lesividad de cláusulas, ya sean esenciales o básicas o accesorias, insertadas en el texto. En tales casos, la sentencia deberá declarar la nulidad total del convenio colectivo impugnado o, en su caso, la nulidad parcial del mismo y su pervivencia como pacto extraestatutario. Asimismo, según MARTÍN VALVERDE, GARCIA MURCIA y CAMPOS ALONSO (7S), adicionalmente I« sentencia podrá orientar, aunque no necesariamente, sobre el procedimiento más adecuado para subsanar por los negociadores los defectos detectados. Una segunda hipótesis es la del convenio colectivo que no observa las reglas de legitimación o procedimiento establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, pero que se ajusta a las normas de obligaciones y contratos contenidas en el Código civil, respeta tos mínimos de derechos necesarios del Derecho laboral y no lesiona gravemente el interés de terceros. La ' .rnáa deberá también, en este caso, declarar la nulidad del acuerda como convene colectivo estatutario o de eficacia general o erga omnes, pero no como pacto colectivo estraestatutano o de eficacia imitada a las partes
negociadoras dal mismo y cuya calificación como tal corresponde,
obviamente, al »íuei o Tribunal. En este sentido, pueda citarse la sentencia dal Tribunal Central da Trabajo da 23 de septiembre da 1385 (AR 5328). en la que se declaró lo siguiente: 'El convenio
cotoct'/o ha quedado degradado a la
t electivo de caràcter extraestatutario, qua se ampara en la directa aplicación del artículo 37.1 de la Constitución española y que, en principio, afecta sólo a tos representados en la negociación", al haber sido firmado por una representación de trabajadores que no alcanzaba la representatividad mínima exigida por el artículo 88 al Estatuto de los Trabajadores.
condición da un acuerdo
b) En cuanto a la nulidad parcial del convenio colectivo, m misma corresponde a los casos de conculcación de la legalidad o lesividad grave de los intereses legítimos de terceros localizada en alguna o algunas de sus cláusulas (ya sean principales o secundarías en relación con la totalidad del acuerdo). No obstante, si se calificara la cláusula anulada como secundaria y no esencial y, por ende, como no imprescindible para e* equilibrio de prestaciones y contraprestaciones pactadas ¿or los negociadores (cuyo peto pretende garantizar la cláusula de vinculación a la totalidad), parece que lo procedente sería declarar parcialmente nulo el contenido del convenio colectivo y subsistente o vigente en cuanto al resto del mismo, en aplicación analógica del principio de conservación del contrato de trabajo contenido en el artículo 9.1 del Estatuto de los Trabajadores. Si las partes negociadoras no hubieran previsto la eventualidad con la inserción en el texto de una cláusula de vinculación a la totalidad, no cabría determinar previamente el ca-ácter imprescindible o no de la cláusula ilegal, por lo que se declararía la nulidad parcial sin más. Si
ta cláusula se calificara esencial, operaría la cláusula de vinculación a la totalidad, da existir ésta m al texto dal convenio colectivo, paro ta Autoridad jurisdiccional debería proceder exclusivamente a la aplicación de la lay determinando la nulidad da la cláusula cuestionada, sin perjuicio da qua las parles reconsideren posteriormente la repercusión de la anulación citada en relación con la globalidad del pacto suscrito. Por tanto, la cláusula de vinculación a la totalidad obliga a las partes negociadoras, y no a los Jueces y Tribunales, sin perjuicio de que restos puedan valorar el alcance de la supresión de la cláusula o cláusulas anuladas y la pervivencia o no del resto del convenio colectivo al formar éste, ciertamente, un todo orgánico e indivisible para las partes del mismo. Pero si la Autondad jurisdiccional declarara la nulidad total por la aplicación ae la repetida cláusula (e incluso sin su presencia en el texto), parece evidente que la supresión de la cláusula o cláusulas ilegales habría de tener tal repercusión en el "entramado de reciprocidades, compensaciones y equivalencias que es propio de tos compromisos y transaciones", inherentes al convenio colectivo impugnado, que éste quedara sustancialmente alterado. (Piénsese, por ejemplo, en la fijación de una jornada superior a la jornada máxima legal). Ante tal supuesto extremo, sin duda, lo apropiado sería no sólo la depuración de la cláusula ilegal del convenio colectivo, sino la nulidad total del mismo, así como la posterior renegociación del convenio colectivo por la comisión negociadora con total acatamiento de la sentencia. En tin, ta declaración ÓP nulidad significa, pues, la pérdida de vigencia del convenio colectivo y la suspensión definitiva de su aplicación en el futuro, ya sea total o parcialmente. No obstante, cabe preguntarse si ta referida declaración de nulidad puede producir también efectos retroactivos. En este sentido, puede opinarse, juntamente con MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA (79), que "la atribución de estos efectos a la sentencia que declara la nulidad de un convenio, aparta
de que en muchos casos es imposible, no se acomoda bien a I M
especiales características de ese acuerdo colectivo
el Magistrado debo limitarse m declarar la nulidad del convenio y a
restaurar aquellas situaciones jurídicas on las que sea posible If subsanación de vicios o defectos, bien sea mediante el
reconocimiento de derechos e intereses legítimos, bien sea mediante
la reparación de los daños y perjuicios causados'. En relación con lo
Porom razón,
dicho, puede citarte la sentencia del Tribunal Constitucional 73/1984, de 27 de junio (BOE del 11 de julio de 1984), en la que se apreció la nulidad del procedimiento seguido para la revisión del convenio colectivo, pero mantuvo "la validez jurídica de las situaciones producidas" con el fin de no generar repercusiones económicas y jurídicas imprevisibles y de no perjudicar los principios de segundad jurídica y de buena fe. (80). BORRAJO DACRUZ (81 ), por su parte, considera que " si se produce sentencia anulatoria, en todo o en parte, parece necesario exigir responsabilidad civil, con indemnización de daños y perjuicios, para la parte afectada que no aplique el contenido de la sentencia: supuesto normal de la empresa;
y para el representante de los trabajadores que, obtenida la
sentencia, no la divulgue en términos razonables para general conocimiento detosinteresados".
c) Por último, cabe la posibilidad de que el convenio colectivo impugnado sea totalmente ajustado a Derecho, si el Juez o Tribunal estima que los hechos alegados en la comunicación de oficio de la Autoridad laboral o en la demanda interpuesta a través del confíelo colectivo no existen o no han sido suficientemente probados. En tal supuesto, las sentencias firmes que desestiman la acción impugnatona del convenio colectivo no tienen repercusiones dignas de mención para la vida del mismo y el convenio colectivo seguirá su curso ordinario hasta su vencimiento.
d) Cuestión diferente es ta atinente a ta ilegalidad sobrevenida do alguna cláusula cta un convenio colectivo a l producirse el cambio do la normativa legal reguladora de ta materia. Los litigios de asta tipo son tradicionales en el ámbito laboral. Puede citarse, por ejemplo, dentro de la casuística más reciente, los derivados de la entrada en vigor de la Ley 4/1983, de 29 de Junio (BOE del 30 de junio y 23 de julio) de fijación de la Jomada máxima legal en cuarenta horas, que planteó, en muchas empresas y sectores de producaón, el tema de ta jerarquización Ley/convenio colectivo, bien en lo referente a ta
duración de la jornada, bien el relación con el disfrute y retribución del descanso de quince minutos en jornada continuada, conocido popularmente como el "tiempo de bocadillo". Estos litigios se canalizaron a través del procedimiento de conflicto colectivo de interpretación de norma absteniéndose, por tanto, la Autoridad laboral de iniciar «I procedimiento de control de ta legalidad, estableado en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores. Para finalizar, hay que reseñar que el artículo 301 de la Ley de Procedimiento Laboral establece lo siguiente: "Las sentencias que recaigan entosprocesos de conflictos colectivos, en los de impugnación detos Convenios colectivos y entosde tutela de tos derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales, serán ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera interponerse". En opinión de SALINAS MOLINA (82), 'como regla, las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos o en los de impugnación de convenios colectivos, no serán susceptibles de verdadera ejecución al no ser condenatorias, por lo que quizá, como advirtió un sector doctrinal (Marín Correa), hubiere sido más exacto el afirmar la eficacia inmediata de los pronunciamientos contenidos en ese tipo de sentencias, para poder ser invocados por quién apoyara en ellos una
pretensión concreta e individualizada
5) LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY PROCESAL
Contra tas sentencias de instancia, caben ios siguientes recursos: si de suplicación ante oí Tribunal Superior competente cuando la sentencia sea de un Juzgado de lo Social (articulo 188.1 í); el de casación cuando la sentencia se dicte por una Sala de lo Social del Tribunal Superior o por ia Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (artículo 202.1), Las sentencias dictadas en suplicación por la Sala de lo Social de tos Tribunales Superiores de Justicia son recurribles en casación para la unificación de doctrina (artículo 215); no procede este recurso, en cambio, contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, pues éstas son susceptibles, siempre, de recurso ordinario de casación que depurará, en su caso, las contradicciones en que haya podido incurrir, al igual que sucede con las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. La casación para la unificación de doctrina se refiere a las sentencias dictadas en suplicación (ver artículo 215, en relación con el artículo 202.1) (83).
6) LA ACTUACIÓN POSTERIOR DE LA AUTORIDAD LABORAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.3 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, "cuando la sentencia sea anulatoría, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Ofiäal en que aquél se hubiere insertado". Compete, pues, a la Autoridad laboral, al recibir la notificación de la sentencia, hacer lo conducente para que la misma sea publicada a los efectos del conocimiento general de la misma y, principalmente, por tos empresarios y
trabajadores encuadrados en el ámbito de aplicación del convenio colectivo por el que M rigen sus condiciones do trabajo y de productividad. Asimismo, corresponde a la Autoridad laboral ocuparse de tos extremos regulados por el RD 104Q/1991, da 22 do mayo, artículo 4 a , en lo referent« al registro definitivo y publicación del convenio colectivo. En este sentido, "se §starâ a to que disponga la sentencia del Órgano judicial, cuyo contenido se reflejará, asimismo, en el Registro". No obstante, surge evidente que la declaración de nulidad total o parcial de un convenio colectivo que se encuentra en vigor en el momento de aparecer la sentencia, puede acarrear numerosos problemas jurídicos a las partes que rigen su relación laboral a través del mismo. Por ello, de conformidad con lo manifestado por la doctrina iuslaboralista antes citada -MARTÍN VALVERDE y GARCÍA MURCIA-, es recomendable que se procure la mayor coordinación posible entre la Autoridad laboral y la Autoridad jurisdiccional en relación con la materia de impugnación de los convenios colectivos. Así, "una adecuada colaboración de esas instancias puede convertirse en un mecanismo general de prevención para el control de la legalidad y no lesividad de tos convenios colectivos, puesto que con ella puede ponerse freno a to inclusión futura de cláusulas ilegales o lesivas para los intereses legítimos de terceros". (84). Sin duda, la inscripción de la sentencia an -»i Libro-Registro de convenios colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 9 d) del RD 1040/1981, de 22 de mayo, debe servir a la Autoridad laboral para actuar decididamente contra los convenios colectivos que incorporen cláusulas ilegales o lesivas de intereses legítimos, no en vano es un banco de datos apreciable de los criterios emanados de la Jurisdicción social, juntamente con el ejercicio de las funciones de lectura o examen de tos convenios colectivos que se han detallado en el Capítulo II de esta tesis, y alto como paso previo a ia interposición del procedimiento de control de la
legalidad regulado en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Inclusive ta publicación de tat irregularidades cometidas en materias objeto (ta negociación colectiva a través del correspondiente Servicio de Información y Estadística (ta las diferentes Administraciones Públicas obtenidas a partir dal Registro administrativo da referencia (como ya se viene haciendo respecto de otros aspectos del mundo laboral, como la propia negociación colectiva, conci. iones individuales y colectivas, huelgas, siniestralidad laboral, regulación da empleo, cooperativas, población activa y sin empleo, etc.), podría, sin duda, coadyuvar a su conocimiento por la ciudadanía en general y por los agentes sociales en particular a los efectos de su eliminación de ta futura contratación colectiva laboral. Con ello se llega, pues, a la siguiente consideración final: El proceso de impugnación de los convenios colectivos supone el control previo de la legalidad de los mismos por parte de la Autoridad laboral a través del mecanismo estudiado en esta tesis, de manera que su participación no queda reducida al mero registro y publicación de los convenios colectivos o a la simple remisión de la comunicación de oficio, sino que su intervención entraña la plena colaboración con la Jurisdicción del orden social para que ésta reconozca y se pronuncie sobre las irregularidades detectadas en los convenios colectivos, sin perjuicio de que los propios afectados, a través del procedimiento de conflicto colectivo -o demanda ordinaria- también puedan, en su caso, acceder directamente ante los Jueces y Tribunales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 8 m) de la vigente Ley de Procedimiento Laboral. Hay que insistir en la importancia de esta adecuada colaboración, sumamente profesionalizada, entre la Autoridad laboral y la Autoridad jurisdiccional, como sistema de prevención y control de la legalidad de tos convenios colectivos, tan lejos del intervencionismo histórico de la Administración laboral en esta materia y que, como ya se ha reseñado, necesariamente debe catalogarse en el actual marco
legal, como un aclo «te servicio a l a comunidad. Por otro lado, «I control do la legalidad de tot convenios colectivos por paito de la Administración, sólo podía abordarse a posar dol riesgo existente do incurrir en la dispersión de la exposición, abarcando la globalidad de las relaciones colectivas de trabajo, de las que tai negociación colectiva fnrma la parte fundamental. £n el Capítulo V se sentarán las correspondientes conclusiones debidamente fundamentadas en las teorías expuestas a largo de la presente tesis, derivadas del estudio y de la pràctics profesional.
1. VW. LIMARES LORENTE, Juan Antonio, Mt "Motlvot d t nulldrd d t
lot cenvtnlot colectlvoe". Jornsdaa tobrt cuestlo.tes d t enjuiciamiento laboral. Instituto d t Eitudlot Ltboraltt y dt It Seguridad Social, p. 510.
Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafatl, en "La Intervención d t
Auiorldad laboral en matarla dt convenios colectivos an t i Estatuto lot Trabajadores". ÍES. p. 7.
3. Vid. ALONSO OLEA, Manual, y CASAS BAAMONDE, María Emilia,
en "Derecho del Trabajo", 10a. ed. revisad?. *
KR4-665.
ROMERO, Manual, y
CEBRIÁN BADÍA, Javier, en "Comentarlos t la Ley da Procedimiento
4. Vid.
Laboral", T. Ill, Ed. Lei Nova, Valladolid, 1982, p. 196.
5. De esta forma, se da contenido a la norma estatutaria qua,
aisladamente considerada, pueda entenderse como una norma t n blanco, según ANTONIO GARCÍA, Manual, t n "Curso dt Derecho del Trabajo", ed. Ariel. Madrid, 1987, p. 260. Ello originará la creación doctrinal y jurisprudencial analizada en esta teslt.
6. En efecto, el O. de 17 de agosto de 1973, num. 2381/1973, Lay d t
Procedimiento Laboral anteriormente vigente, no contemplaba an tu articulado ninguna norma procesal relativa a la Impugnación dt convenios colectivos, sin dudt porque, estando parcialmente vigente, hasta la promulgación del Estatuto de lot Trabajadorea, la Lay d t convenios colectivos de 1973, correspondit a la Autoridad laboral t i control d t la legalidad da los convenios colectivos en la forma que a t detalla en el Capitulo I da esta tesis.
7. vid.
"Derecho Procesal del Trabajo", 5a. ed. rev., ed. Clvltas, p. 207.
8. Vid.
Procedimiento Laborar, p. 195 y ss.
ROMERO, Manuel, y
"Comentarloe
9. Vid. BORRAJO DACRUZ, Efrén, y otros autores, op. "La nueva Lay
de Procedimiento Laborar (RO Legislativo 521/1990, da 27 da abril), T. XIII, Vol. 2 a . Comentarlos a lat Leyes Ltboraltt, Rev. dt D* Privado, 1991, p. 1125.
10. Según ALONSO OLEA, Manuel, y MIÑAMBRES PUIG, CENT, «fi op.
c* . "Donc*» Proceeal del Trabajo", p. 207 y M
extremos determina m nulidad éo le démence da oficio p, m su
c*$o, dl proceso y su sentencie ($TC 30 de septiembre m f ü f p
m M omisión m estos
ée mayo da 1982). La exigencia ée una legitimación o habilitación
raquartda igualmente a m Autoridad laboral raspado al ámbito da
aplicación dal convenio; aal no podré Iniciar al procadlmlanto la
Autoridad provincial cuando al convento aaa da ámbito auparlor, (S T C
da 25 da mano da 1985)".
11 . Vid . ALONSO OLEA, Manuel , y MIÑAMBRES PUIG , CéMf , Op. CM. "Derecho Procesal del Trábalo", p. 208.
12. Sin emoargo, no existo unanimidad respecto a osla punto. En
sentido contrario, vid. RODRÍGUEZ SANTOS, Baltasar, AVILA ROMERO, Manual, y CEBRIÁN BADÍA, Javier, an cp. clt. "Comentarlos
a la Lay da Procadlmlanto Laborar, p. 198.
13. Vid. OE LAS CUEVAS GONZÁLEZ, Félix, an "El procedimiento da
, Instituto da
oficio en materia da convenios colectivos", Jomadas Estudios Labóralas y da la S.S., 1985, p. 440.
14. En al Capitulo ll de asta tasls, sa explica la actuación da la Autoridad laboral en relación con dicha previa audiencia de las partas. No obstante, de las dicciones del articulo 90.5 del Estatuto da loa Trabajadores, se desprende que la audiencia da las partea ha da seguirse ante la Autoridad Jurisdiccional.
procedimiento de o'iclo en matarte da convenios colectivos", p. 442.
16. El referido articulo 88.1 del Estatuto de loa Trabajadores establece
lo siguiente: "En lo» convenloa da ámbito ampraaarlal o Interior, to comisión negociadora §a constituirá por al ampraaarlo o aua representant»», da un lado, y da otro, por loa representante» de loa trabajadores, según lo diapuesto en el articulo $7.1.
En lo» de ámbito superior a la empresa, la comisión quedará válidamente constituida cuando loa sindicatos, federaclonea o
ce*federaciones, y las asociaciones empresariales, a qua se refiere el articulo antt'lor representen, como mínimo, a la mayoría absoluta da ios miembros de los comités de empresa, y delegados de personal, en
caso, y a la mayoría de los empresarios afectados por al convento".
Vid. SAGARDOY BENGOCCHEA, Juan A., en "La lesión ? terceros
en la contratación colectiva: El control da la legalidad en los eon»«nlos
colectivos". Jornadas p. 49S y ss.
, Instituto da Estudios Laborales y da la S
18. Vid. RODRÍGUEZ
Bartasar,
ÁVILA ROMERO,
CEBRIÀN BADlA, Javier, op. clt. "Comentarlos a la Ley de Procedimiento Laboral", p. 189-200.
I t . VU . D I LAS CUEVAS GONZALEZ, Fell«, op. cit. «I l procedimiento da oficio c i mctatla d t conventoe coactivo«", p. 444.
2©. VM. RODRIGUEZ SANTOS, Baltasar, AVILA ROMERO, Manual y CE SRIAN BADlA, Javier, an op. cit. "Comentarlos a la Lay da Proctdlmlanio Laboral", p. 200.
21. Vid. ALONSO OLEA, Manual, y CASAS BAAMONDE, Marta Emilia,
op. "Deracho dal Trabajo", actualización da la undécima adición. Fac. O« Univ. Compl. 1990, p. 123. Vid. GARCÍA PERROTE-ES r *RTÍN, I., "El Procaso da conflictos colectivos an la LPL da 1990", Rav. Nal. Lab. n* 2, 1991, p. 9.
22. "Coloquio sobra negociación colectiva an loa países Industrializados da economía da marcado", OIT, noviembre 1687, resenado por GONZÁLEZ DE LENA ALVAREZ, Francisco: "A parte- de unas reflexiones generales sobre lemas como las translormaclonea del derecho del trabajo a consecuencia do la críala económica, al fenómeno da la desregulación y las relaciones entra la normativa estatal y los convenios colectivos, so trató da definir cual aorta al papel del Estado en este nuevo contento tía rolaclonoa laborales. Desda laa posiciones sindícalas a« defendió especialmente la participación estatal para garantizar la parvlvoncla da laa prestac'onea del Estado da bienestar, asi como para servir da elemento arbitral an ei conflicto laboral y vigilante del cumplimiento de normas, todo ello en una posición equilibrada para evitar la Ingerencia respecto de ta autonomia colectiva. Respecto de las posturas gubernamentales, la diversidad de
naturalmente, la existencia de una linea de argumentos comunes, al bien cabe decir que con carácter general, se expresó un criterio negativo respecto de la Intervención directa de toa Gobiernos en la determinación de cuestiones como los niveles salártelos, que deben corresponder a los agentes sociales".
23. Vid. CAMPOS ALONSO, Miguel Ángel, en "Lay da Basaa da
Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes da la reforms".
Actualidad laboral, núm. 10, 1988, p. S 0.
24. Vid. VALDES DAL-RÉ, F., y MARTÍNEZ EMPERADOR, Rafael, op.
"Puntos críticos da la Lay da Procedimiento Laboral", ACARL, 1991, p. 5 y 33, respectivamente.
25. Vid. GARCÍA
Trabajo", ad. Arial. 1990, p. 223.
FERNÁNDEZ, Manual, an "Manual da Derecho dal
26. Vid. MONTOYA MELGAR, Alfredo, SEMPERE NAVARRO, Antonio
V., GALIANA MORENO, JeSÚ^ II. , y ftlOS SALMERÓN, Bartolomé, 09. "El nuevo Procedimiento laboral", Tecnos, 1990, p. 126.
17. Vid. CAMPOS «I.ONSO, Miguel Ángel, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, María Luí, SALA FRANCO, Tomás, SALINAS MOLINA, Femando, y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, op. "Lay de Procedimiento Laborar, Análisis y Comarcarlos al RO Legislativo 521/90, da 27 da abril, DsuslO, 1990, p. 364.
28. Vid. BORRAJO DACRUZ, Efrén, y otros, op. "La nuava Lay da
Procedimiento Laoorar, Comentarlos a las leyes laboralea, T. XIII, Vol. 2 a , Revista da Derecho Privado, Editoriales da Derecho Reunldad, 1991. p. 1137.
29. Puado cltaraa lea sentencias del Tribunal Central da Trabajo da 14
da noviembre da 1996 (AR 12773), 17 da noviembre da 1986 (AR 12777), 11 da lebrero de 1987 (AR 4547), 2 da labrero da 1989 (AR 1129), etc.
30. Puedan citarse las semencias del Tribunal Constitucional da 21 da
mano da 1988 (BOE del 12 da abril da 1988), y las sentencias dal Tribunal Central de Trabajo da 1 da junio da 1988 (AR 268), 2 da febrero da 1989 (AR 1129), etc.
31. La resolución administrativa de referencia aa como sigue:
por la cual aa dispone al registro y la
publicación del convenio colectivo da trabajo da
VISTO el texto del convenio colectivo da
y de conformidad con lo que dispone al
articulo 90.2 y 3 del Estatuto da loa Trabajadores
aplicación HE RESUELTO: 1. Disponer al reglatro dal convenio
presentado por las partea
negociadoras en fecha
para al alto
y otraa normaa da
colectivo da
Disponer tu publicación en el Boletín Oficial da
an al Registro da convenios da etta
32. Procede remitirse a loa Capítulos VIR y IX dal proceso da conflictoa
colectivos y de la Impugnación da convenios colectlvoa respectivamente, artículos 150 a 163, ambos Inclusiva, dal RO legislativo 521/1990, da 27 da abril, texto articulado da la nuava Lay de Procedimiento Laboral. Igualmente a las sentenclaa eitadaa an tea notaa precedentes.
33. La Ley Orgánica 6/1985, da 1 de Julio, del Poder Judicial, diapone,
en su articulo 25.2, lo siguiente: "En el orden $oclal tos Juzgêdot y
Ti.'bunales españoleé serán competentes:
2» En meterla da control
do legalidad do los convenios colectivos do trabajo celebrados an España y do pretensiones da conflictoa colectlvoa da trátalo promovidos en territorio español'. Y al articulo 67.1 da la misma lay
establece lo que •§§«•: 1 « Sslê ds le Soeltl m <• Audioncis Nacional conocen m ùnlcê Instancia: f»„ De loe procesos especíeles d§ Impugnación m convenios colectivos cuyo ámbito tsrrttorial 4e aplicación see superior si territorio de uns Comunidad Autonome".
34. Vid.
Proced'mlento Laboral", p. 1.137 y M .
Elrén,
35. "El control de legalidad se refiere ml convenio estatutario, em §§
ol quo sa présents emO Is administración Isborsl § les solos síselos és registro y posterior depósito y publlcsclón; psro si mstw ¡meto colectivo SMtrssstsluisrlo sscsps ds Is poslblildsd es control, establscldo para garantizar la legalidad da Is norms jurídica, Dims él mist M careen ds fusns normativa, y llevará consigo, • * su case, la obligación qua designs ds su propio tenor y circunstancias'', -ort. 1089
(STCT
25.5.84)
36. El articulo
150.1 de la Ley da Procedimiento Laboral do 1990
establece lo siguiente: "se tramitarán a través del presente procaso las demandas que sleclen s Intereses generales ds un grupo genérico ds trabajadoras y qua versen sobro is aplicación a Interpretsclón ds uns norms estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eflcscls, y decisión o práctica de Empresa".
37. Vid. CAMPOS ALONSO, Mío»«« Ángel, RODRÍGUEZ FERNANDEZ,
Te . SALINAS MOLINA, Fernando, y
VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, op. "Ley do Procedimiento Laboral", Análisis y comentarlos al RD Legislativo 521/1990, de 27 do abril, ed. Deusto, 1990, p. 360-361.
Maria Luz, SALA FRANCO,
38. Se hace referencia a la reforma de la Judicatura a partir do to Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
i9 Como se ha dicho en el Capitulo II de esta tesis, no todas to Comunidades Autónomas han asumido competencias en el campo laboral. Habrá que ver primero el ámbito del convenio colectivo para determinar cual sea la Autoridad laboral competente.
40. Hay que remitirte a lo comentado al respecto en el Capitulo II de
Procedimiento Laboral" T. Xlll, Vol. 2 a , de loa comentarlos • too leyes laborales, Ed. Rev. D* Reunidas, 1991, p. 1142.
41. Vid. BORRAJO OACRUZ, Efrén, op
42. Vid. sentencia i citadas on la nota
M precedente.
43. Vid. BORRAJO DACRUZ, Efi n, "L» lucha por el derecho:
Impugnación Individual da convmlos colacllvot da trabajo",
comantarlo jurisprudencial a la sentenca dal Tribunal Constitucional de 4 da mayo da 1990, AL 1990-2, irtr,. 589, p 1161. Vid. GONZALEZ ORTEGA, Santiago , op . "La Impugnació n Individual dal convenio - colectivo", comantarlo • Mi sentencia oat TC 81/1990, de 4 d« mayo,
Relaclonea
44. vid. aentenclat cltadaa en ta nota 29 precedente.
Labórate* «• 13 (julio 90), -La Ley- p . 33 y at .
abordada en el Capitulo N de
46. El artículo 20.1 de la Ley da Procedimiento Laboral de 1990
establece lo siguiente: "tea Sindicato» {toaren êctuêr an un procaso en nombra a interés da tos trabajadora» afiliado» a alto» qua aal Jo autoricen, defendiendo aua derechos Individúale» y recayendo an dichoa trabajadores loa afectos da aquella actuación". Ello paraca favorecer la utilización da la Indicada vía procesal para ventilar los casos de Ilegalidad o lestvldad del convenio colectivo.
45. Etta cuestión ha sido ampliamente
47. Vid. CRUZ VILLALÓN, J.,
proceso laboral", Cap. 10, p. 33S y ss .
"Lecturas
48. La Ley de Procedimiento Laboral da 1990 no citaba concretamente
a la Comisión Negociadora, sino a cuantos sean parta en el convenio colectivo, aunque una Interpretación amplia del articulo 88 del Estatuto de los Trabajadores conduela, sin duda, a la referida Comisión Negociadora del convenio colectivo.
49. Vid. RODRÍGUEZ SANTOS, Baltasar, ÁVILA ROMERO, Manuel, y
CEBRIÁN BAOÍA, Javier, en "Comentarlos a la Ley da Procedimiento Laboral 2", Tomo III Ed. Lex Nov*. Valladolid, 1982, p. 198: "Y as aquí donda antra en Juago la pa tlcularldad esencial da aar dal procedimiento da oficio: al al discal no comparaca y no nay tártaro» lesionados (supuesto mea fracuanta), al juicio quad» materialmente sin partes adoras, pasa a lo cual seguirá hasta al final (sentencia) »In qua pueda hacerse uso del desestlmlento que al articulo 72 establece
para los supuestos da Incomparacencla da la parta adora an al proceso ordinario".
50. Vid. DE LAS CUEVAS GONZÁLEZ, Félix, en : "El procedimiento da
oficio en materia de convenios colectivos", Jornadas sobre cuestiones
de enjuiclair'ento laboral, Instituto da Estudios Labóralas y da la Seguridad Social, 1985, p. 441-442.
51. Vid. CAMPOS ALONSO, Ángel, entre otros autores, op. "L»y da
Procedimiento Laboral", Análisis » comentarlos, ed. Deusto, 1990, p.
52. COMO «««ala Ol propk) M LAS CUEVAS GONZÁLEZ, Félli, op. dt .
"El procedimiento te oficio «n materia te convenios colectivo«", p. 441 y •» : 'E»t* mtarvncldn tel Ulnlafrio Plaçai m *ata tipo te procoao, m tu* pnvlata por al Satatuto te lot Trabajador** como m aabloo, alando um Innovación m la Lay Pmcaaal Laboral, $ln quo §m poodê auponar tolta te raapato pam loo norma* avbatanthraa te äqual Mirto, Ai auponga, § nuaatro juicio, um antrallmltaclôn, porquo
cr**moa quo lai htarvanclôn vlan* Juatltlcada, como m m
dtjado
•-ho, para »vitar quo oi Juicio pudlaaa quadar convartldo m un
i. lólogo te lot éamanéaéoa y potenciar m garantia te fgalldad con
la participación a Informa d* un funcionarlo qua llana por mlalón dafandarla".
53. S« trata te la sentencia tel Tribunal Constitucional
de 29 de noviembre (BOE tel 29.12.82).
núm. 70/1982,
54. VIO.
nuevo procedlmlen*
Alfredo, «»tro otro«
'utoree, op. "El
laboral", ed . Tec no«, 1990, p. 127.
55. A«l paree« desprenderte te lo dispuesto en «I articulo 162.1.0)
te la nueva toy procasal, to quo »J« duda ha te constituir una novedad respecto del procedimiento d« conflicto colectivo hasta ahora reservado para los representantes legales, Sindicatos y asociación«» empresariales.
56. Vid. MONTOYA MELGAR, Alfredo, entre otros, op. cH. "El nuevo
procedimiento laborar, p. 128.
57. Vid. LINARES LORENTE, Juan Antonio, en "Motivos te nulidad te
los convenios colectivos". Jornadas
, Instituto d« Estudios
Laborales y de la Seguridad Social, 1985, p. 532 y ss.
58. Vid. SAGARDOY
Ley de Procedimiento Laboral", ACARL, 1991, p. 145 y ss.
BENGOECHEA, J.A., op. "Puntos críticos de I«
59. Esta es una novedad de la nueva ley procesal que, anteriormente,
no se requeria este requisito si s« Impugnaba «I convenio a travis dal procedimiento de conflicto colectivo. La nueva ley es congruent« con la nueva función encomendada al referido trámite qu«, te esta forma, se equipara al procedimiento de oficio.
60. Vid. CAMPOS ALONSO, Migue! Ángel, «ntr« otros autores, op.
"Ley de Procedimiento Laboral**, «d. Deusto, 1990, p. 366.
SANTOS, Baltasar, ÁVILA ROMERO, Manuel, y
CEBRIÁN BADIA , Javier, en op. elt. "Comentarlos • la L«y d« Procedimiento Laboral", p. 200.
61. Vid. RODRÍGUEZ
62. Per unto, NO M publicará i t sentencie recaída t n m litigio cuando
to Impugnación «fact« a M convento colectivo extraestatutarto o i t •fletóla limitada t tat parta« flrmentee, ye qua tatet pactoa cotoctrvoe ne ta publican, aunqut en ocasionas at anuncian, en el Boletín Oficial correspondíanle.
•3 . vid. BORRAJO DACRUZ, Efrén, op. ell . "La nueva Ley de
Procedimiento Laboral", p. 1137 y sa. VM. CRUZ VILLALÓN, J., clt. "Lacturaa sobra to ralorma dt l procaso laboral", p. 335 y at.
Vid. CRUZ
VILLALÓN, J. , y
VALDÉ8,
F., op.
"Lecture* »Obra
ralorma del proceso laboral", "La« modalidades procésalas de carácter colectvlo y sindical en el nuevo texto de la Ley de Procedimiento Laboral", por CRUZ VILLALÓN, Cap. 10; Ministerio de Justicia Secret. Gral Tec., Centro de Public, Madrid, 1991, p. 335 y st.; BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J., FERNÁNDEZ, Marit Fdt., Prólogo dt RODRÍGUEZ PINERO, Miguel, op. "Instituciones de Caracho Proceeal Laborar, ed. TMOTTA, 1991, p. 244 y es., Vid. RODRÍGUEZ DEVESA, Cartea, op. "Ley de Procedimiento Laboral y su Jurlaprudencla", Se. ed. Madrid, p. 915 y aa. Vid. SAG ARDO Y BENGOECHEA, JA . (y otroa), op. "Puntos críticos de la Ley de Procedimiento Laborar, "El proceso sobre conflictos colectivos e Impugnación de convenios", ACARL, 1991, p. 145 y ss. Vid. CAMPOS ALONSO, Migue' Angel, op. clt. "Ley de Procedimiento Laborar, p. 364 y as.
65. Este criterio se expuso en la Jornada sobre la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, celebrada el dia 14 de junio de 1990, en la Unión Patronal Metalúrgica, en Barcelona, de la que fueron ponentea, Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ. Catedrático de Derecho del T -ibajo y de la Seguridad Social de le Facultad de Derecho de Barcelona, Angel BLASCO PELLICER, abogado, Secretarlo de to F.E.M.V., miembro de la Comisión de Relaciones Laboralea de Conlemetal, Luis MARTÍNEZ GARRIDO, Magistrado de le Sala de to Social del Tribunal Supertor de Justicia de Catalunya, y Rafael ORTIZ CERVELLÓ, Director General de Relaciones Laborales del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Vid ALARCÓN CARACUEL, M., op. "La reforma del procedimiento laboral", ed. Marcial Pons, 1989.
66. Vid. CAMPS RUIZ, Luis, en "Lecciones de Dereche del Trabajo",
dirigidas por SALA
FRANCO, Tomás, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
67. Vid. PÉREZ PÉREZ, Manuel, en "La nulidad parcial del convento
colectivo", Revista Espartóla de Derecho del Trabajo, núm. 9, Clvltaa,
68. Vid. GARCÍA FERNANDEZ, Manuel, en "Manual de Derecho del
Trabajo", Ed. Ariel Derecho, 1990, p. 220.
69. Vid. MONTOYA MELGAR, Alfredo, op. "Derecho del Trabajo", 8a.
ed. Tecnos, 1987, p. 177-178.
7ö. Vid. CAMPS MIS , Luit, en op. cit. "Lecclonea del Trabajo", p. 1?S y ss.
71. VU. ALONSO OLEA, Manual, y CASAS BAAMONDE. Maria Emilia,
en "Dtrtcho del Trabajo", iOa. ad. revisada, Universidad Complutense, Madrid, 1987, p. 664.
72. Vkl. CAMPS RUIZ, Lula, an op. cit. "Lacclonaa dal Daracho de!
Trabajo", p. 17t.
73. Vid. MARTÍNEZ VALVERDE, Antonio, y GARCÍA MURCIA, Joaquin,
an "El procaao da Impugnación Jurisdiccional da tos convanloa colectlvoa", un balança da Jurisprudencia y algunas opiniones doctrinales, Actualidad Laboral, num. s, 1986, p. 171.
74. vid. PÉREZ PÉREZ, Manual, an op. cit.
convenio colectivo", p. 628.
75. Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, Manual, op.
del Trabajo", p. 220.
"La nulidad parcial dal
cit. "Manual da Daracho
76. vid. CAMPOS ALONSO, Miguel Ángel, en "Validez «a tos
convenios colectivos de trabajo", Comentarlo! s las leyes laborales dirigidos por Efrén BORRAJO OACRUZ, El Estatuto da los Trabajadores, T. XII, vol. 2«, MaJrld. 1985, p. 178. Vid. ZORRILLA RUIZ, Manuel María, y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, op. "La negociación colectiva y la función de los Jueces", el Estatuto de tos Trabajadores, Jornadas de Estudio <?e tos Magistrados de Trabajo. ÍES, 1980, p. S22 y ss.
77. Vid. MARTÍN VALVERDE, Antonio, y GARCÍA MURCIA, Joaquín, en
"La Impugnación de los convenios colectivos de trabajo", Revista Española de Derecho del Trabajo, Clvltaa, núm. 24, 1985, p. 502.
78. Vid. MARTÍN VALVERDE, Antonio, y GARCÍA MURCIA, Joaquín, en
op. clt. "La Impugnación de los conventos colectivos de trabajo**. P-
503, y CAMPOS ALONSO, Miguel Ángel, op. cit. "Validai de tos convenios colectivos de trabajo**. P 195.
79. Vid. MARTÍN VALVERDE, Antonio, y GARCÍA MURCIA, Joaquín, en
op. clt. "La Impugnación de tos conventos colectivos da trabajo". P-
80. Vid. ALONSO OLEA, Manuel, en "Legitimación para la revisión del
convenio colectivo", REDT, nwni. 21, 1905, p. 127.
81. Vid.
Procedimiento Laboral**, p. 1142 y ss.
Farnando, y otro» autoras, op. "Lty «§
Procadlmlanto Laboral", Análisis y Comtntarlos, od. Dausto, 1990. D. *
82. VW. SAUNAS WILMA.
m. .^f« U M mayor profundlzaclon de asta matarla procasal, vid.
SALINAS MOLINA. Farnando. y otros, op. eM. "Loy da Procadlmlanto Uborar . p. 401 y ss. Vid. MONTOYA MELGAR. Adrado, y otros autoras
op. "El nuavo procadlmlanto Laboral", od. Tacnos. 1990.
Vid. MARTÍM VALVERDE, Antonio, y GARCÍA
HURCIA, Joaquín,
op. cit. "La Impugnación do los convanlos coiactlvos da trábalo"
Jb*&UJByhflUÍtfjCJ3Lal^E
A la vista de lo anterior, una vez analizado y estudiado el tema del control de la legalidad de los convenios colectivos por parte de la Administración, desde tos prismas histórico, legislativo, convencional, administrativo, judicial y doctrinal, en este Capítulo V procede emitir las siguientes conclusiones sobre la indicada materia objeto de esta tesis:
La negociación colectiva constituye actualmente el elemento básico de la configuración del sistema imperante de relaciones laborales en lo que se refiere a la determinación detas condiciones de trabajo y de productividad, en tanto que empresarios y trabajadores se erigen en los verdaderos artífices de dicha regulación laboral precisamente a travos de la firma de los convenios colectivos de trabajo. La implantación de este sistema requiere que la negociación colectiva se inserte en el seno de una sociedad industrial consolidada, de ahí que sea el sistema propio de tos países industrializados con economía de mercado y regímenes políticos democráticos constituidos en Estado de Derecho. Por tanto, la existencia de una sociedad industnalmente avanzada y el reconocimiento de la libertad política y sindical son, pues, los presupuestos básicos para que la negociación colectiva laboral alcance su plenitud en el mundo industrial. Esta conclusión se fundamenta t n to expuesto en el apartado A), 1), del Capítulo I de esta tesis.
Paralelamente al éxito de la negociación colectiva antra empresarios y trabajadores como sistema de regulación de las condiciones laborales, debe significarse el repliegue del intervencionismo del Estado en el mencionado ámbito. La tama de conciencia de los Poderes Públicos respecto de la denominada cuestión social, planteada a partir de la revolución industrial decimonónica, posibilitó el desarrollo de una política legislativa de avances sociales consustancial con el propio desarrollo del Derecho del Trabajo. Actualmente, alcanzadas unas cuotas razonables de amparo de los derechos de los trabajadores, por supuesto siempre mejorables por los Gobiernos, se pretende que sean los propios empresarios y trabajadores los oue mejoren dichas cotas -mínimos de derecho necesario o cuadros institucionales del Derecho del Trabajo- a través de la firma de los convenios colectivos. Por tanto, cuando se ha hecho referencia a la política de no intervención de la Autoridad laboral en la regulación de las condiciones de trabajo, se ha hecho mención al papel del Estado de Derecho que ya ha asumido como justo y necesario que los Poderes públicos se ocupen de tos temas sociales y, por ello, reserva el ámbito de contratación colectiva a la libre autonomía de tos empresarios y trabajadores. Esta opinión y ta precedente están presentes a to largo de ta exposición de la presente tesis y conforman la clave de bóveda sobre la que se sustenta la misma. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado A), 2), del Capitulo I de esta tesis.
En el caso español, la cuestión planteada adquiere caracteres de singularidad, toda vez que la regulación de la negociación colectiva laboral y el papel que en la misma desempeña la Autoridad laboral, se caracteriza por la fuerza de arrastre histórico de la normativa del régimen politico anterior que fue sumamente intervencionista. Paradójicamente, el nacimiento y eclosión del sistema de regulación de las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, se produjo con las sucesivas leyes de convenios colectivos de 1958 y 1973, precisamente en un marco politico no homologable con tos existentes en mundo occidental. En el ámbito de to laboral, el Estado regulaba las condiciones de trabajo a través de tos Ordenanzas o Reglamentaciones de trabajo por ramas o sectores de actividad y a partir de la entrada en vigor de las leyes de referencia, to negociación colectiva se desarrollaba dentro del sistema político y sindical a la sazón vigente que establecía como dato significativo la autorización y, posteriormente, la homologación de tos convenios colectivos por parte de la Autoridad laboral a tos efectos de que tuvieran validez como normas jurídicas. El control de to legalidad de tos mismas era, pues, estrictamente administrativo. Dos sontos secuelas más importantes del sistema de negociación colectiva previgente que han pervivido, con matices, en la actual normativa: 1) Que los convenios colectivos finalmente suscritos po r tos negociadores, habilitados por la ley. se
extienden automáticamente a todos los empresanos y trabajadores incluidos en su respectivo ámbito de aplicación, y 2) Queta entrada t n vigor de Wet convenios colectivos, requieretaiintervención previa de la Autoridad laboral concretada en los trámites de registro y publicación. Se trata de los convente colectivos de eficacia fanerai o erga omnes, que singularizan el sistema español de negociación colectiva y que plantean la cuestión del control de la legalidad de tos mismos, contarme se ha estudiado en el cuerpo de esta tesis. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado A), 3), del Capitulo I de esta tesis.
La transición política española (1975-1978) hacia el actual Estado de Derecho, que ampara la Constitución de 1978, condicionó el contenido de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, cuyo Título III desarrolla el artículo 37.1 de la Constitución española, referente al reconocimiento de la negociación colectiva de condiciones laborales entre empresarios y trabajadores. En efecto, la normativa de referencia recoge la figura del conven» colectivo de eficacia general o erga omnes, heredada del sistema anterior, que pone en la palestra la cuestión de la intervención de H Autoridad laboral durante el proceso negociador y, sobre todo, con posterioridad a la conclusión del mismo, al establecer un control de la legalidad de los conventos colectivos de índole administrativa-judtcial Conforme se ha explicado a lo largo de la tesis, el desbloqueo de este intervencionismo laboral en materia de control de la legalidad de ios convenios colectivos ha sido la preocupación constante de la doctrina luslaboralista y de la jurisprudencia social a partir de la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, Esta conclusión se fundamenta ento expuesto en el apartado A), 3), y B) del Capítulo l de esta tees.
En el Derecho comparado, tos convenios colectivos tienen eficacia únicamente entre las partes firmantes de tos mismos y, telo excepaonalmente, tos convenios colectivos adquieren eficacia general
o erg a omnes en un determinado ámbito cuando media el
procedimiento administrativo de extensión. Sin embargo, no existe una armonización legislativa, por ejemplo, entre los países miembros de la Comunidad Económica Europea, de manera que la normativa relativa a la negociación colectiva es peculiar en cada Estado si bien, con carácter general, se sigue el parámetro del convenio colectivo de eficacia limitada o relativa y, más ampliamente, las dicciones de la Organización Internacional del Traba» respecto del convento colectivo paradigmático. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado D) del Capítulo I de esta tesis.
EI conveno colectivo de eficacia general o ergs omnes implantado en nuestro ordenamiento laboral, se negocia por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, cuyo procedimiento reserva a la Autoridad laboral tos trámites de registro y publicación y, singularmente, la postbidad de ejercer el control de la legalidad de tos mismos y su remisión a ta Autoridad jurisdiccional, si estima que los convenios colectivos conculcan la legalidad vigente o lesionan gravemente el interés de terceros. Este control de la legalidad se establece en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con lo dispuesto ert el articulo 160 a 163, ambos inclusive, de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (artículo 136 de la Ley de Procedimiento Laboral d / 198a). La forma en que la Autoridad laboral debe ejercer el "<*>:.do control de la legalidad de tos convenios colectivos se analiza m to« Capítulos II y III de esta tesis, y constituyen la médula d--> la misma.
El convento colectivo de eficacia general o erga omnes implantado en nuestra ordenamiento lateral, se negocia por las partes, de conformidad con to dispuesto en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, cuyo procedimiento reserva a la Autoridad laboral los trámites de registro y publicación y, singularmente, la posibilidad de ejercer el control de la legalidad de tos mismos y su remisión a la Autoridad jurisdiccional, si estima que los convenios colectivos conculcan la legalidad vigente o lesionan gravemente el interés de terceros. Este control de la legalidad se establece en el articulo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con to dispuesto en el artículo 160 a 163, ambos inclusive, de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (articulo 136 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980). La forma en que la Autoridad laboral debe ejercer el referido control de la legalidad de tos convenios colectivos se analiza en tos Capítulos II y III oe esta tesis, y constituyen ta médula deta misma.
No obstante, han surgido en nuestro Derecho laboral los convenios colectivos de eficacia limitada o relativa a las partes firmantes de los mismos, generalmente denominados convenios colectivos extraestatutarios, que encuentran su amparo legal directamente del articulo 37.1 de la Constitución como garante de la libre negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Estos convenios, al no someterse a la normativa contenida en el Título III del Estatuto de tos Trabajadores, escapan al control de la legalidad de los mismos, según establece el citado articulo 90 5 de la mentada ley, de tal suerte que el control es estrictamente judicial. Asimismo, la negociación colectiva se ha extendido al sector de la función pública, para el que tampoco rige el procedimiento contenido en el Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, el control de la legalidad ejercido con intervención de la Autoridad laboral. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 3) y 4) del Capítulo I de esta tesis.
Por ello, la doctrina luslaboralista so ha planteado, con mayor o menor fervor, la reforma del Título III del Estatuto detos Trabajadores. Debe destacarse la justificación histórica, de mera oportunidad política coyuntural, que motiva el arrastre histórico de referencia, principalmente, en razón de la escasa implantación de las asociaciones patronales y sindicatos, al tiempo de promulgarse el Estatuto de los Trabajadores, lo que motivó que los legisladores optasen por un sistema de negociación colectiva singularizado por un listón bajo respecto de la representatividad de los negociadores y la extensión de los pactos suscritos, previa intervención de la Autoridad laboral, a la generalidad de empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. No obstante, el sistema imperante funciona, y su acomodo a la normativa propia del Derecho comparado requerirá, ciertamente, una mayor vertebración de los agentes sociales en el mundo industrial que actualmente operan al amparo de la teoria de las patronales y sindicatos más representativos en los términos establecidos, respecto de la negociación colectiva, en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado C) del Capítulo I de esta tesis.
El repliegue del papel del Estado en el ámbito de la negociación colectiva es, a todas luces, evidente. Sin embargo, en determinados aspectos, la presencia de aquél en la esfera de la concertation social, continua existiendo en nuestros días. Se hace referencia, concretamente, a la negociación de tos denominados macro-pactos, suscritos en los últimos años por la patronal y los sindicatos, a veces con presencia del Gobierno; a la aplicación de la denominada política de rentas, principalmente en el sector público; y a la creación del Consejo Económico y Social. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado A), 2), del Capítulo I de esta tesis.
El intervencionismo de la Autoridad laboral en al ámbito de las relaciones colectivas de trabajo y, especialmente, en materia de negociación colectiva, en repliegue histórico, permanece, no obstante, presente en la regulación de los procedimientos de adhesión y extensión de convenios colectivos establecidos en el artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores. La extensión de convenios colectivos, cuya inclusión en el Titulo 111 del Estatuto de tos Trabajadores resulta muy forzada, y, hoy por hoy, bastante inoperante, en virtud del carácter de eficacia general o erga omnes que ya tienen los convenios colectivos estatutarios, quedaría realzada si, efectivamente, se lleva a cabo la reforma de la mentada ley reguladora de la negociación colectiva siguiendo las pautas del Derecho comparado. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B) del Capítulo I y en el apartado A), 5), del Capítulo II de esta tesis.
La intervención de la Autoridad laboral an mataria de negociación colectiva, regulada an al consabido Título III dal Estatuto da tos Trabajadoras, viene determinada por la estructura político- administrativa dal Estado español, da tal forma que la Autoridad laboral competente, central o autonómica, dependerá an cada caso de la efectiva transferencia a las respectivas Comunidades Autónomas, qua no gozan dal mismo tacho político, da las cuestionas atinentes a la negociación colectiva laboral, así como del ámbito da los convenios colectivos suscritos por las partes según trascienda o no el ámbito territorial autonómico. Esta conclusión sa fundamenta an to expuesto en el apartado A), 1 ), del Capítulo II de esta tesis.
Durante el proceso negociador estatutario de los convenios colectivos, la Autoridad laboral tiene encomendada la función de registro respecto de las actuaciones seguidas por las partes. El RD 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y deposite de convenios, prevé la creación de un Libro-Registro, así como las particularidades objeto de inscripción en el mismo. En este período, la actuación de la Administración puede ser, asimismo, sancionadora si concurren tos hechos tipificados en el artículo 8, apartados 9 y 10 de la Ley 8/1988. de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden laboral. Este conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado A), 2), del Capítulo II de esta tesis.
No obstante, la intervención más significativa ue la Autoridad laboral durante el proceso negociador de los convenios colectivos se da a través de las figuras de la Mediación y Arbitraje laboral, no en vano la negociación colectiva se enmarca dentro de las relaciones colectivas de trabajo Convenios colectivos y conflictos colectivos son, pues, las dos facetas que caracterizan las relaciones de referencia. Debe destacarse el papel mediador y arbitral ejercido por la Autoridad laboral con los condicionamientos que ofrece la doctrina constitucional, sobre todo a partir de la sentencia de 8 de abril de 1981. Asimismo, se destaca el carácter utilitarista de la Administración, en su función de servicio al administrado, en esta caso constituido por las empresas y trabajadores en conflicto, y ello porque supone el mayor punto de acercamiento, en muchas ocasiones provechoso, del mundo de la Administración al mundo industrial y viceversa. Sin embargo, debe significarse que en esta parcela se intenta asumir por los propios protagonistas, empresarios y trabajadores, a través de sus oportunos sistemas de solución de la confhctividad laboral, insertados voluntariamente, como en el caso catalán, en tos mismos convenios colectivos. Debe considerarse que el repliegue del protagonismo de la Autoridad laboral en este terreno dependerá, en gran medida, del grado de madurez e implantación alcanzado por las patronales y sindicatos más representativos en el mundo laboral. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado A), 3) y 4) del Capítulo II
La actuación administrativa postenor a lafirmada los convenios colectivos por las partas negociadoras, sa inicia con la presentación da los textos suscritos ante la Autoridad, a los afectos de su registro y publicación, según dispone el artículo 89 2 y 3 del Estatuto de tos Trabajadores Debe sostenerse que, antes de acordar tos indicados trámites, la Autoridad laboral debe llevar a cabo el control de to legalidad detos convenios colectivos con el fin de detectar una posible conculcación de la legalidad o lesión grave del interés de terceros, susceptible de poner en marcha el procedimiento de oficio establecido en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores. Este control administrativo de los convenios colectivos por parte de la Autondad laboral, que no está explicitado en la ley, presupone la delicadeza y ponderación con que han de actuar tos órganos administrativos, y se justifica en razón del carecer de eficacia general o erga omnes que los convenios colectivos tienen respecto de todos tos empresarios y trabajadores, incluidos en su ámbito de aplicación, de ahí que pueda calificarse como un acto de servicio a la comunidad. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado B), 1) y 2) del Capitulo II de esta tesis.
El control administrativo de referencia se centra en la función analítica de los convenios colectivos, y se lleva a cabo a través de la lectura o examen técnico-jurídico de ios mismos por parte de la Autoridad laboral con el fin de detectar algún posible motivo de nulidad total o parcial. La metodología de aplicación al caso requiere, en síntesis, el estudio y análisis de la documentación obrante en el expediente administrativo, la comprobación de la legitimación de las partes negociadoras y el examen del contenido de los textos presentados para su registro y publicación. Esta conclusión se fundamenta ento expuesto en el apartado B), 2), del Capitulo II de esta tesis.
El método a seguir por la Autoridad laboral exige, pues, t i cotejo del convenio colectivo y de su documentación adjunta, en relación con lo dispuesto en el ordenamiento laboral vigente, con el referido fin de detectar una posible conculcación de la legalidad vigente o lesión grave del interés de terceros. En relación con la legitimación de las partes negociadoras y la validez de tos acuerdos adoptados por la comisión deliberadora, las normas legales de referencia son los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores. Respecto del contenido del convenio colectivo, las normas de referencia son el artículo 85 del propio Estatuto de los Trabajadores, relativo al contenido mínimo a insertar en los textos pactados, y, en relación con el contenido discrecional, lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico laboral, con especial atención a los mínimos y máximos de derecho necesario o cuadros institucionales del Derecho del Trabaje La lesión grave del interés de terceros, hace referencia ? personas no incluidas en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos en cuestión, y, en la mayoría de los casos, afecta a supuestos de ilegalidad e mconstítucionalídad tipificados en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 14 de la Constitución española. La protección de otros intereses generales, públicos, sectoriales o no, pero transcendentes para la comunidad, aunque en el convenio colectivo cuestionado se respete la legalidad vigente, podría incluirse en este apartado a través de la correspondiente impugnación de parte. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado B), 2), del Capitulo II de la presente tesis.
Debe significarse que la Autoridad laboral, una vez detectada la posible ilegalidad o lesión grave del interés de terceros, ha de comunicar a la comisión negociadora los defectos, omisiones e irregularidades observadas en el texto del convenio colectivo, con la advertencia que, de no ser subsanadas, se procederá a la iniciación del procedimiento de oficio contenido en el artículo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores. La viabilidad de este proceder, dirigido obviamente a ahorrar a las partes el procedimiento judicial, depende, en gran medida, de la facilidad objetiva de subsanación, existencia de duda razonable y posible contumacia de los negociadores. Debe destacarse que la Autoridad laboral, al carecer de competencia explicitada en la ley, no puede obligar a las partes negociadoras a subsanar las anomalías observadas en el convenio colectivo. Por tanto, han de ser los propios negociadores quienes, en un plazo razonable, adopten libremente las medidas que procedan al objeto de rectificar el contenido supuestamente ilegal o lesivo del convenio colectivo. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 2), del Capítulo II de esta tesis.
El trámite de control de la legalidad de los convenios colectivos, previo a la posible incoación del procedimiento de oficio establecido en el articulo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, también puede plantearse ante la Autoridad laboral a instancias de parte interesada. El trámite de audiencia a las partes negociadoras e impugnantes del convenio colectivo, ha de ser semejante al del control de la legalidad de oficio, con la salvedad de que, mediando excitación de parte, no cabe rechazar la evacuación de alegaciones por escrito, a los efectos de fundamentar, con mayor conocimiento de causa, la comunicación de oficio dirigida a la Autoridad jurisdiccional. Este supuesto ha sido regulado en el artículo 160 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, del que debe destacarse el plazo de quince días que se concede a la Autoridad laboral para iniciar las actuaciones de referencia, siempre que el convenio colectivo no hubiera sido ya registrado, atos efectos de que los impugnantes tengan expedita la vía del conflicto colectivo. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 2). del Capítulo II de esta tesis.
Realizadas, en su caso, las actuaciones ci« referencia, la Autoridad laboral debe proceder al registro y publicación da los convenios colectivos, da conformidad con to dispuesto an al artículo 89.2 y 3 dal Estatuto da los Trabajadores. Daba significarse la imposibilidad práctica da efectuar el control administrativo da tos convenios colectivos en al plazo de diaz días qua la norma da referencia concade a la Autoridad laboral para p.oceder al registro de los mismos, especialmente cuando se han detectado posibles irregularidades an el texto examinado y se sugiere a los negociadoras la subsanación de las mismas. Asimismo, daba significarse qua, observada una conculcación da la ley, o lesión grava del interés de terceros, no subsanada por tos negociadores en un plazo prudencial, la Autoridad laboral debe iniciar el procedimiento de oficio establecido en el articulo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con to dispuesto en el artículo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, previo registro (provisional) y remisión para su publicación del convenio colectivo en cuestión. Por tanto, tos pasos procedimentales son los siguientes: Presentación del convenio colectivo ante la Autoridad laboral, examan da la legalidad y/o lesividad, trámite de audiencia de los negociadoras para la subsanación de las anomalías, registro (provisional) y remisión para to publicación del convenio colectivo, y, finalmente, incoación del procedimiento de oficio del control de la legalidad y publicación del convenio colectivo en el Boletín Oficial correspondiente. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 2), dal Capitulo II de esto tesis.
Debe significarse, puts, que la initiation dol trámite de impugnación de oficio de los convenios colectivos, no supone la suspensión de los trámites de registro (provisional) y publication y, por tanto, de la eficacia del convenio colectivo presuntamente ilegal o lesivo hasta que no recaiga pronunciamiento judicial al respecto. Sostener lo contrario, equivaldría a perpetuar una homologación encubierta de los convenios colectivos por parte de la Autoridad laboral atentatoria contra el principio de autonomía colectiva, reconocido en los artículos 7, 28.1 y 37 1 de la Constitución, e informador del Título III del Estatuto de los Trabajadores Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 2), del Capítulo II, y en el apartado 3), b), del Capítulo III de esta tesis.
Este intervencionismo no querido de la Autoridad laboral an materia de convenios colectivos, se puso en evidencia durante tos
trámites parlamentarios del Estatuto de tos Trabajadores al eliminarse
el proyecto inicial de la indicada ley el párrafo "
o bien se advertirá a
la comisión negociadora de las infracciones legales que puedan derivarse de su contenido, suspendiéndose la publicación hasta su recti ficaaón". La ley fue, pues, promulgada, estableciéndose en la misma la presentación por los negociadores de los convenios colectivos ante la Autoridad laboral, a tos sotos efectos de registro y publicación (articulo 89.2 y 3) y el control de oficio administrativo- judicial de la legalidad de tos mismos (articulo 90.5), en relación con to dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral (artículo 136 de ta Ley de 1980, y artículo 160 y siguientes de la Ley de 1990) Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 2), del Capítulo II, y en el apartado 2) del Capitulo III de esta tesis.
El procedimiento d t oficio del control de la legalidad d t los convenios colectivos, establecido en t i artículo 90.5 del Estatuto de lot Trabajadores, ha sido criticado por su posible conversión en m procedimiento de oportunidad, pn nopal mente, por competer de forma exclusiva a la Autoridad laboral, acaso políticamente influenciable y administrativamente viciada, la incoación del proceso de impugnación de referencia. Esta critica doctrinal ha sido contrarrestada por la aplicación al caso, asimismo doctrinal, de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados (conculcar la legalidad vigente y lesionar gravemente el interés de terceros) que rebaten cualquier proceder discrecional de la Administración y que debe sostenterse, en razón de que la incoación del procedimiento de oficio va siempre precedido de la lectura o examen y análisis técnico-jurídico de los convenios colectivos presentados para su registro y publicación, según se ha expuesto en el Capitulo II de esta tesis En efecto, detectada ta ilegalidad o lesividad en un determinado convenio colectivo, no rectificada voluntariamente por los negociadores a instancias da la Autoridad laboral, ésta debe iniciar, sin más, el procedimiento de oficio contenido en el articulo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores. Esta conclusión se fundamenta ento expuesto en el apartado 3), c) y d), del Capitolio III de esta tesis.
A mayor abundamiento, deb« significarse, siguiendo las dicciones de la doctrina luslaboralista, que al auténtico control de loa convenios colectivos corresponde, exclusivamente, a la Autoridad
jurisdiccional. En este sentido, la Autoridad laboral dése vetar o vigilar que los convenios colectivos presentados por tos negociadores para su registro y publicación, se ajusten a Derecho, y tos Jueces y Tribunates resolver tos casos de conculcación de la ley y lesión grave del interés de terceros contenidos en tos mismos. Ello se evidenua claramente después de la reforma procesal laboral de 1990, que incluye el proceso de impugnación de los convenios colectivos dentro
las materias sobre las que son competentestoy Jueces y Tribunales
orden social (artículo 2.m), según se ha explicado en el Capítulo IV
esta tesis Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el
apartado 3) a), del Capitulo III, y en el apartado A), 3), b), del Capítulo
IV de esta tesis
En coherencia con la tasis judiaalista del control de la legalidad de los convenios colectivos, la doctrina luslaboralista y la jurisprudencia social, han establecido otros posibles cauces de impugnación de tos convenios colectivos, al margen del procedimiento de oficio contenido en el articulo 90 5 del Estatuto detos Trabajadores, posteriormente insertados, en parte, en la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, y, respecto del propio procedimiento de oficio, han paliado tos posibles efectos de un intervencionismo administrativo no querido por la legalidad vigente. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en los apartados 3), a) y b) del Capitulo 111, y entos apartados A), 2), c) y 3), b), 2) y 4) del Capítulo IV de esta tesis.
En cuanto al propio procedimiento da oficio dal control da la legalidad do los convenios colectivos, regulado an al articule 90 5 y an el articulo 160 y siguientes da la Ley da Procedimiento Laboral da 1990 (artículo 136 da la Ley da 1980), los Tribunales han admitido la iniciación del indicado procedimiento por parte de la Autoridad laboral con posterioridad a la publicación del convenio colectivo cuestionado en el Boletín Oficial correspondiente. Ello, obviamente, resta importancia jurídica a los trámites administrativos de registro y publicación, y destaca el mero papel de vigilancia de la Autoridad laboral, así como el de resolución judicial de los casos de control de te legalidad detosconvenios colectivos. Implícitamente, debe entenderse que la Autoridad laboral no puede suspender la eficacia de los convenios colectivos al no proceder al registro y publicación de tos convenios colectivos cuestionados, sino que su verdadero papal da garante de la legalidad es el de la incoación del procedimiento de oficio. En este punto, procede la remisión a la conclusión XIX precedente. El único plazo que competo a la Autoridad laboral as el de quince días, establecido en el artículo 160 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, promulgada con posterioridad a la jurisprudencia estudiada, para los caso* previamente planteados por tos impugnantes ante la Administración (conforme se ha significado en la conclusión XVIII precedente). Esta conclusión se fundamente en lo expuesto en el apartado 3), b), del Capitulo III, y en el apartado A), 3), b), 2) del Capítulo IV de esta tesis.
Las vías alternativas pam llevar a cal » la impugnación d# tot
convenios colectivos, según estableció la jurisprudencia social durante
la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, fueron: i ) El
procedimiento de conflicto colectivo, antenormente regulado en el RD 17/1977, de 4 de marzo, en relación con to dispuesto en el artículo 144 de la ley procesal citada, y cuya regulación actual se encuentra en el artículo 150 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Este procedimiento se ha consolidado como el cauce procesalmente adecuado para plantear la impugnación de tos convenios colectivos, y 2) El proceso ordinario contenido en el articulo 71 y siguientes de to Ley de Procedimiento Laboral de 1980. Esta vía no se prevé de forma expresa en la nueva ley procesal. En ambos casos, tos Tribunales pretendieron soslayar el posible control de oportunidad administrativo
o el control de legalidad imperfecto ejercido por la Autoridad laboral,
derivando en verdadero control de legalidad y lesividad al ámbito estrictamente judicial, partiendo de la impugnación directa de tos afectados, supliendo asi la confusa redacción e insuficiencia de la regulación estatutaria y procesal. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado 4) del Capítulo III, y entos apartados A), 2), c) y 3), b), 2), y 4) del Capítulo IV de esta tesis.
En ambas vfas ¡mpugnatorias, las del conflicto colectivo, en razón de sus propias características, y la (ta la d« te demanda ordinaria, según la interpretación de tos Tribunales, sa reservat» ta legitimación para impugnar tos convenios colectivos soto a quienes ostentaban la defensa de tos intereses colectivos de las partes en conflicto, es decir, a tos sujetos colectivos orgánicamente constituidos (sindicato, asociación empresarial o empresarios, Dimite de Empresa o Delegados de Personal), careciendo, pues, de legitimación quienes litigaban a título personal o individual. Esta interpretación jurisprudencial se ha incluido en la nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado 4), del Capítulo III, y en el apartado 3), b), 2), oel Capitulo IV de esta tesis.
No obstante, la jurisprudencia laboral y constitucional ha reconocido que, al amparo de lo dispuesto an al artículo 24.1 da ta Constitución española, relativo al derecho a la túfala efectiva de toa Jueces y Tribunales, los trabajadores, individualmente considerados, pueden impugnar los actos concretos derivados de ta apkcabôn de un convtnio colectivo, cuando incidan en la estora de sus intereses. A mayo, abundamiento, la impugnación del convenio colectivo puede llevar al amparo constitucional frente a tas sentencias de ta jurisdicción urdinaria en la medida que la ilegalidad imputada consista en ta violación de uno de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 14 de la Constitución española Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado 4) del Capítulo III, y an el apartado 3), 2) y 3) del Capitulo IV de esta tesis.
EI control judicial de ios convenios colectivos, relacionado con lo dispuesto en el articulo 90 5 del Estatuto de tos Trabajadores, se estableció a travos del procedimiento de oficio contenido en el articulo 136 de la Ley de Procedim. ,ito Laboral de 1980. Ello supuso una innovación legal, pues, anteriormente, la Ley de Procedimiento Laboral de 1973, que disponía el trámite de la homologación por parte de la Autoridad laboral, no asignó el control de la legalidad de tos convenios colectivos a la Jurisdicción del orden social. No obstante, la insuficiencia de las normas estatutarias y procesal de referencia, planteó la reforma del procedimiento da oficio de impugnación de tos convenios colectivos, dado que la presencia da las partes implicadas en el proceso de impugnación, se reducía a la presencia de la comisión negociadora, como demandada, del Ministerio Fiscal y, en su caso, de ios terceros lesionados, con el olvido de tos demás partes afectadas, como la propia Administración, a través del Abogado del Estado, y los posibles denunciantes, debiéndose seguir el proceso hasta la resolución judicial, subsanadora da las anomalías, -la doctrina ha destacado lo insólito de esa dicción legal- pues nada se decía sobre la nulidad total o parcial del convenio colectivo cuestionado. Las vacilaciones judiciales, unidas a las previas administrativas, caracterizan, pues, este proceso por causa da la mencionada parquedad e insuficiencia del mismo. Esta conclusión se fundamenta ento expuesto en el apartado A), 1 ) y 2), del Capítulo IV de esta tesis.
La Ley Orgánica 8/1985, de 1 da julio, dal Podar Judicial, dispone, an su artículo 2*. que los Juzgados y Tribunales dal orden social son compatentas en materia de control da la legalidad da los convenios colectivos de trabajo. El cambio da las normas de procedimiento laboral, contenido en la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral (BOE del 13), -Base Vigésimodava-, desarrollada por el RD Legislativo 521/1990, de 27 de abril, texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE del 2 de mayo), - articulo 2m) , y artículos 160 a 163, ambos inclusive-, establece el procedimiento especial de impugnación da tos convenios colectivos con base en las orientaciones jurisprudenciales consolidadas en tos últimos años. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado 3), a) y b) del Capitulo IV de esta tesis.
Debe significarse, pues, que la regulación bel procedimiento especial de impugnación de tos convenios colectivos contenida en el articulo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laborad da 1990, viene a ser sensiblemente similar a la qua ha venido construyendo la jurisprudencia sobre lo preceptuado en el Estatuto de tos Trabajadores y en la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, de ahí que se trate de una novedad más formal que real la operada por la nueva ley procesal. No obstante, debe considerarse que tos puntos más significativos de la reforma son los siguientes: la fijación del plazo de quince días para que actué la Autoridad laboral cuando medie denuncia sobre la ilegalidad o lesividad de los convenios colectivos presentados para su registro y publicación; la legitimación para accionar concedida únicamente a los representantes legales y sindicales de los trabajadores o empresarios; el establecimiento del cauce del conflicto colectivo como via directa de impugnación cuando la Autoridad laboral no hubiera incoado la comunicación de oficio o el convenio hubiera sido registrado y publicado, así como para impugnar los convenios colectivos extraestatúfanos; la no consideración como terceros lesionados de los sujetos incluidos dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo cuestionado; la participación en el proceso de la comisión negociadora, del Abogado del Estado (si no hubieran denunciantes}, del Ministerio Fiscal, detos denunciantes y de los terceros lesionados; la publicación de la resolución judicial anulatona en todo o en parte del convenio colectivo en el Boletín
Oficial correspondiente en el que se hubiera publicado el convenio colectivo cuestionado Aunque no haya una mención expresa en la ley, debe significarse que asimismo cabe, siguiendo las dicciones del Tribunal Constitucional, la impugnación individual da tot convenios colectivos a través dal procedimiento ordinario. Esta conclusión t a fundamenta an to expuesto an al apartado 3), b), dal Capítulo IV da esta tesis.
Debe significarse que la nuem regulación sortea la cuestión polémica del monopolio administrativo anteriormente existente, con todas las implicaciones jurídicas estudiadas en el cuerpo de esta tesis, al establecer la posibilidad de la impugnación directa de tos convenios colectivos, mediante la interposición del conflicto colectivo ante los Juzgados y Tribunales, y ello con independencia de la cumplimentación administrativa de los trámites de registro y publicación respecto de tos convenios cctoctivos estatutarios. La Ley, en cierta forma, realza el papel de la función analítica de la Autoridad laboral respecto de los convenios colectivos, al ten.r que denunciarse previamente ante ella la presunta ilegalidad o lesividad de los mismos si no hubieran sido registrados y publicados, pero concede claramente el control de la legalidad a la Autoridad jurisdiccional del orden social al disponer la incoación del procedimiento estableado en el articulo 90.5 del Estatuto de tos Trabajadores, en relación con lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral y, en caso contrarío, el acceso directo de los afectados, colectivamente, a través del cauce de conflicto colectivo e, individualmente, a través del proceso ordinario, en este caso, según las dicciones del Tribunal Constitucional. Si no mediara denuncia, tos pasos que debe seguir to Autoridad laboral son los que se han detallado on la conclusión XIX precedente. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado 3), b), del Capítulo IV de esta tesis.
En cuanto a la expresión "subsanar las supuestas anomalías', ciertamente de una gran indefinición, contenida en el articulo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, debe aplicarse al pronunciamiento judicial, con el que, necesariamente, ha de concluir ei litigio sobre la nulidad total o parcial del convenio colectivo impugnado o, en su cam, de sobreseimiento No cabe, por ejemplo, pronunciamiento que suponga una modificación de lo querido y concluido por los negociadores que no sea, precisamente, la nulidad de tas cláusulas impugnadas o del convenio colectivo como un todo, ni que la sentencia remita a las partes a futuras negociaciones para sustituir tas cláusulas que hayan sido anuladas. La sentencia, en fin, anulatoria en todo o en parte del convenio colectivo cuestionado, deberá publicarse en el mismo Boletfn Oficial en el que hubiera sido publicado en convenio colectivo impugnado, según determina el artículo 163.3 de la Ley de Procedimiento Laboral. Esta conclusión se fundamenta en lo expuesto en el apartado B), 1 ) y 2), del Capítulo IV de esta tesis.
A la luz de la doctrina, pueden considerarse causas de nulidad
total, por ejemplo, las siguientes: convenio no escrito; cuando no exista el previo ámbito o unidad de negociación respecto del que las partes
no existentos órganos a 91e la ley atribuye
la capacidad négociai; por falta de legitimación simple o inicial para negociar; por falta de legitimac ¿n plena o capacidad négociai; convenios colectivos en que no se haya logrado la mayoría orecisa para los acuerdos de la comisión negociadora; etc. Debe significarse, asimismo, a la luz de la doctrina, que son causas de nulidad parcial, por ejemplo, las siguientes: convenio colectivo que no expresa el contenido mínimo exigido en el articulo 85 2 del Estatuto de los Trabajadores; convenio colectivo que conculca los mínimos y máximos de derecho necesario o cuadros insti ucionales del Derecho del Trabajo; convenio colectivo que establece cláusulas contra to dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de tos Trabajadores y en el artículo 14 de la Constitución española, etc. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el Capitulo II y en el apartado B), 4), del Capítulo IV de esta tesis.
acuerden su aplicación; si
En relación con la frecuente inserción en lot convenios colectivos de la cláusula de vinculación a la totalidad, de evidente arrastre histórico, en cuya virtud, si el conven« colectivo fuera anulado en alguno de sus pactos, éste quedaría sin eficacia, debiendo precederse a la reconsideración total de su contenido, la indicada
cláusula debe someterse, en su aplicación al caso, al principio de conservación del contrato de trabajo, por aplicación analógica del artícu o 9 1 del Estatuto detos Trabajadores, salvo que, a criterio de los Jueces y Tribunates, la cláusula anulada alterase sustanaalmente tas prestaciones y contraprestaciones pactadas en el convenio colectivo por los negociadores, en cuyo unicc supuesto, procedería la nulidad total de to convenido (to que, ciertamente, no ocurre en tos casos más habituales de ilegalidad, como los relativos a la conculcación de tos mínimos y máximos de derecho necesario o los supuestos de o'acriminación), de ahí que la clausula de vinculación a ta totalidad
obligue más
Tribunales Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el
apartado B), 3), del Capitulo IV de esta tesis.
propiamente a las partes negociadoras que atos Jueces y
La declaración de nulidad significa la pérdida da vigencia dal convenio colectivo y la suspensión definitiva de su aplicación en el futuro, ya sea total o parcialmente. En cuanto a la atribución de efectos retroactivos a la sentencia que declara la nulidad del convenio colectivo, debe sostenerse, juntamente con la doctrina, quetos Jueces y Tribunales deben limitarse a declarar la nulidad del convenio colectivo y a restaurar aquellas situaciones jurídicas en tas que sea posible la subsanación de vicios o defectos, bien sea mediante la reparación de los daños y perjuicios causados, pero manteniendo la validez jurídica de las situaciones producidas, según el Tribunal Constitucional, con el fin de no generar reprecusiones económicas imprevisibles y de no perjudicar los principios de segundad jurídica y de buena fe. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado B), 4), del Capítulo IV de esta tesis.
«P%iWk«Mi W WW
La Autoridad laboral, concluido al litigio, debe hacer le conducente para que la sentencia, anulatona en todo o en parte del convenio colectivo estatutario, sea publicada en el Boletín Oficial m el que fuera pubicado en convenio colectivo impugnado, y alto, lógicamente, a tos efectos del conocimiento general de la misma por los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de apkaoón Asimismo, la Autoridad laboral deberá proceder, en su caso, al registro definitivo del convenio colectivo, reflejando el falto judicial en el Libro- Registro, según dispone el artículo 2. d) del RD 1040/1981, de 22 de mayo. Esta conclusión se fundamenta en to expuesto en el apartado B), 6), del Capítulo IV de esta tesis.
En fin, «1 control de la legalidad de los convenios colectivos establecido en el articulo 90 5 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 160 y siguientes de la Ley de Procedimiento laboral, presupone la colaboración y coordinación de las Autoridades laboral y jurisdiccional, entostérminos expuestos en la presante tesis, como mecanismo genera 1 de prevención y depuración detoscasos de ilegalidad y lesmdad contenidos en tos convenios colectivos de eficacia general o erga omnes, característicos del sistema español de negociación colectiva laboral. En síntesis, las respectivas tu nao n es inherentes al mecanismo de referencia se resumen en dos: La Autoridad laboral debe velar, y tos Jueces y Tribunales resolver tos casos de conculcación de la legalidad vigente y lesión grave del interés de terceros contenidos en los convenios colectivos. Tal actividad, encaminada a conseguir que las normas Que básicamente rigen las relaciones de traban, pactadas libremente por empresarios y trabajadores, se ajusten totalmente a Derecho, debe entenderse, atendiendo a las singulares característivas del sistema vigente de negociación colectiva, como un acto de servicio ataicomunidad. Esta conclusión final se fundamenta en las conclusiones precedentes sobre el tema del control de la lege' Jad de tos convenios colectivos por parte de la Administración, objeto de esta tesis.
Documenti simili a EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS CONVENIOC COLECTIVOS.pdf
Roxana Cabrera García
El Debate Lic Valdez.
Solicitud de Conciliacion Luz Magali
Angelica Vanesa Vera
Cuestionario Base de Derecho Laboral.docx
LA CASACIÓN EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
RESPUESTAS CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.docx
Spencer Hastigns Liars
ANALISIS DE SENTENCIA 6 DE OCTUBRE 1995
NIDIA CRISTINA CHAPARRO DIAZ
Edwin Stip Caña Sanchez
Actividad N°06 Responsabilidad Social - I Unidad
UNIDAD ESENCIAL DEL DERECHO PROCESAL (2)
Altro di Erwin Eduardo
SOLICITUD SRA NELLY BARRETO
CONVENIO COLECTIVO JUAN NUÑEZ.doc
10 RAZONES POR LA QUE NO SE DEBE APLICAR EL PRECEDENTE HUATUCO.docx
APELACION DE VALES JUAN NUÑEZ
violencia familiar procesal.pdf
DESCARGOS DE INFRACCIONES IMPUTADAS
PROCESO DE VALES SRA CARMEN ALEMAN
SOLICITO SE ME CONSIGNE EN MO BOLETA DE PAGO EL CONCEPTO DEL QUINQUENIO
PROCESOS JUDICIALES PEOT 2919.xlsx
APLICACION DE LA LEY DE CESES COLECTIVOS 27803
APELACION DE VALES RUFASTO
Libertad de Expresion Jueces ONU
EJECUCION ANTICIPADA DE SENTENCIA DE NIVELACION.docx
DEMANDA DE VALES ERWIN.docx
Sentencia Del Tribunal Constitucional. Caso Maria Julia.
ARGUMENTOS PARA LA VISTA DE CAUSA.docx
DEMANDA DE INCLUSION EN BOLETA DE PAGO AUMENTO DE REMUNERACION.docx
EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL.docx
CRITERIOS PARA UNA BUENA TRANSACION EXTRAJUDICIAL.docx
585_cienciorama
B50010024EA

References: artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 3
 artículo 90
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 88

artículo 85
 artículo 9
 artículo 90
 artículo 37
 artículo 88
 artículo 9
 artículo 90
 artículo 301
 artículo 215
 artículo 202
 artículo 163
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 90
 artículo 2
 resolución 
 artículo 20
 artículo 37
 artículo 90
 artículo 160
 artículo 87
 artículo 92
 artículo 8
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 85
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 90
 artículo 160
 artículo 89
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 90
 resolución 
 artículo 160
 artículo 144
 artículo 150
 artículo 24
 artículo 14
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 160
 artículo 163
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 160