Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/Urbanismo-recurso-casacion_12_982560001.html
Timestamp: 2018-04-22 02:43:16+00:00

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Urbanismo y nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (II)
Ante la magra regulación del nuevo régimen jurídico de la casación "autonómica" cabe indagar algunas cuestiones relacionadas con el urbanismo.
Aproximadamente, casi 2/3 de las sentencias dictadas por órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa proceden de los juzgados unipersonales que, por otra parte, de acuerdo con el régimen distributivo de competencias (artículos 8 y 10 LJCA -EDL 1998/44323-) asumen el enjuiciamiento de prácticamente la mayoría de cuestiones urbanísticas salvo los instrumentos de planeamiento.
Pese a ello, el artículo 86 LJCA -EDL 1998/44323- alimenta ciertas dudas sobre la posibilidad de recurrir en casación ante los TSJ sentencias de órganos unipersonales (dictadas en única instancia) por cuanto sólo parece referirse a las mismas en el apartado primero con relación al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, obviando dichas sentencias en el apartado tercero, en el que se contempla la casación ante el Tribunal Superior de Justicia, si bien referido exclusivamente a las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
¿Quiere ello decir que no son susceptibles de casación ante el TSJ las sentencias dictadas en única instancia en materia de urbanismo por los juzgados provinciales?
Teniendo en cuenta que quien fija la jurisprudencia autonómica en materia de urbanismo es, precisamente, la sala contenciosa del TSJ o la sección correspondiente, asumiendo, en consecuencia, dicha sala o sección la posición de juez natural urbanístico, ¿qué sentido tiene otorgar el conocimiento del recurso de casación a la sección (de la propia sala contenciosa) a la que se refiere el artículo 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la sección competente en materia de urbanismo?
De acuerdo con el artículo 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia estará integrada por un total de cinco miembros ¿Qué ocurrirá en aquellas salas cuya planta sea inferior a 5 miembros? ¿Acaso los magistrados que han integrado la formación que ha dictado sentencia pueden integrar también la sala encargada de resolver la casación? En caso de respuesta negativa, ¿cómo se integraría la sala hasta alcanzar los 5 magistrados?.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Urbanismo", el 1 de julio de 2016.
Si deseas más información puedes consultar el foro relacionado del mes de mayo "Urbanismo y nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (I)".
Lo primero que llama la atención es la falta de previsión normativa de la reforma contenida en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 7/2015 -EDL 2015/124945-, en relación al recurso de casación atribuido al conocimiento de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
El artículo 86.3 -EDL 1998/44323- prevé como se forma la Sala que conocerá del recurso de casación autonómico pero aquí se acaban las previsiones de legislador. Incluso el apartado XII de la Exposición de Motivos se olvida de las Salas Territoriales. No sabemos si el resto de la regulación que se establece para el recurso del que conoce la Sala Tercera del Tribunal Supremo también se aplicara a este recurso de casación por infracción de legislación autonómica.
El legislador ha sido sin duda cicatero si ponemos en comparación la nueva regulación con la del antiguo artículo 101 -EDL 1998/44323- cuando se ocupaba del recurso de casación en interés de ley autonómica o la del 99 en relación con el recurso de casación para unificación de doctrina autonómica. Por tanto, todo lo que se puede hacer es integrar la interpretación de unas normas previstas para el recurso de casación por infracción de legislación estatal que deben aplicarse supletoriamente y prácticamente “in toto”.
Hemos de comenzar nuestras reflexiones señalando que en muchos territorios, especialmente en las CC.AA. de carácter unipersonal, la carga de trabajo de las Salas de los TSJ no es la misma que en otras CC.AA, toda vez que la actividad administrativa se centra en los órganos centrales de la Administración autonómica, lo que supone mayor carga competencial en el control de legalidad para las Salas en detrimento de la atribuida a los Juzgados.
Adentrándonos ya en la respuesta a los interrogantes planteados, entendemos que una interpretación lógica y sistemática de la reforma debe llevarnos a considerar que las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no susceptibles de apelación, serán recurribles en casación por infracción de la legislación urbanística.
No existen razones objetivas, más allá de la deficiente técnica legislativa de la que adolece el conjunto de la reforma, para excluir del nuevo régimen de casación a estas resoluciones de los órganos unipersonales. Y ello no solo por razón de hacer efectivo el propósito de la reforma de permitir dotar de mayor seguridad jurídica al sistema de control judicial de la actividad administrativa a través del nuevo modelo de casación fundamentada en la concurrencia de interés casacional objetivo, lo que no justificaría excluir a este conjunto importante de resoluciones, sino porque la desaparición del recurso de casación en interés de ley y unificación de doctrina autonómica, también abona la idea apuntada, permitiendo así mantener el control de esas resoluciones en lo que concierne a ese propósito de la seguridad jurídica, ahora más amplio que el previsto en el régimen derogado y basado en esos dos recursos de casación especiales.
Sobre la conformación de las Secciones especiales que conocerán de los recursos de casación en el seno de los TSJ, creemos que la ley no pudo haber pecado de mayor imprevisión. Ello provoca no solo dificultades de conformación de las Salas, sino de imposibilidad cierta y real, -Salas de menos de seis miembros, como Cantabria, Navarra o La Rioja por poner solo tres ejemplos-.
La solución no es otra que acudir a los mecanismos de sustitución previstos en la LOPJ con carácter ordinario, bien acudiendo a la sustitución con Magistrados de otras Salas del TSJ u otros sistemas alternativos.
Creemos necesario dar a este problema una respuesta consistente, ya que la propia estructura autonómica del Estado se podría resentir con esta regulación, necesaria de una urgente reforma que aclare las cosas.
En todo caso no será fácil -en más casos de los deseados-, establecer una conformación de esta Sección Especial logrando la concurrencia de la necesaria imparcialidad, lo que imposibilitaría, a nuestro juicio, que los Magistrados que dicten una sentencia en primera instancia, a su vez conozcan del recurso de casación interpuesto contra la misma.
Las sentencias de Tribunal Supremo dictadas en única instancia que aplican derecho estatal no son susceptibles de recurso de casación por lo que allí no existirá este problema. Consideramos, que un mínimo de Magistrados debería tener continuidad en su pertenencia a esa Sección Especial, al menos el Presidente, lo que podría conseguirse si no conocieran en primera instancia más que asuntos en los que se aplique derecho estatal.
De todos modos consideramos que igual necesidad de establecer un cauce de fijación de doctrinal legal en la interpretación de preceptos de la legislación estatal, existe en relación con la legislación autonómica que, además, cada vez alcanza a más e importantes ámbitos de la acción sectorial de las Administraciones Publicas. De ahí que creo que no se deban patrocinar interpretaciones que distingan donde la ley no distingue con claridad, y por el contrario favorecer el acceso a la casación autonómica a las mimas resoluciones que acceden a la estatal.
El problema de que puedan a acceder a la casación autonómica sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia radica, en buena medida, en la ilógica organización de la planta, que se diseña con las Salas territoriales como órganos de instancia, apelación y casación, cuando al menos la primera función debería descansar en toda su extensión en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, quizás con la excepción de los actos emanados de los altos órganos autonómicos.
El art. 86 LJCA -EDL 1998/44323- se las trae. Ciertamente, su tenor literal podría llevarnos a reparar en la imposibilidad de recurrir en casación, ante el Tribunal Superior de Justicia, las Sentencias sobre urbanismo, dictadas en única instancia por los Juzgados. Y ello, por dos motivos; a saber: por la limitación establecida en el apartado 1 del precepto legal que estamos comentando, que circunscribe las Sentencias de Juzgado casacionables a aquellas que fueran susceptibles de extensión de efectos (tributos, personal y unidad de mercado); y por la laguna que, a propósito de los Juzgados, se contiene en el apartado 3.
Hay que tener presente que el designio de la Ley ha sido el de establecer un modelo de casación uniforme, distribuyendo la competencia para resolverlo en función de la fuente material del derecho (estatal y europea, o autonómica) concernida en cada caso.
No deja de ser significativo el hecho de que, pese a la existencia de normas estatales de naturaleza urbanística (me remito al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre -EDL 2015/124945-), el art. 86.1 LJCA -EDL 1998/44323-, sin embargo, no haya tenido a bien abrir la casación estatal contra Sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados, hipotéticamente vulneradoras de las normas urbanísticas estatales a las que nos acabamos de referir. Por no hablar de la actividad urbanística de Ceuta y Melilla, íntegramente sometida a la legislación urbanística estatal.
En cualquier caso, habrá que tener en cuenta que el grueso de las Sentencias de los Juzgados en materia de gestión urbanística, serán susceptibles de “casación indirecta” ante la Sala territorial correspondiente, por ser, previamente, susceptibles de apelación.
Y, por la misma razón, lo mismo ocurrirá con las que -con independencia de su sede urbanística- resuelvan impugnaciones indirectas de instrumentos de planeamiento; con las que resuelvan conflictos interadministrativos de naturaleza urbanística (frecuentes en ese ámbito); o, en general, con aquellas dictadas en litigios urbanísticos de cuantía superior a 30.000 euros.
Otro asunto espinoso de la nueva casación es el de la diferente configuración del órgano llamado a resolverla. En el Tribunal Supremo existirá una Sección de Admisión; pero el enjuiciamiento será deferido a la Sección ordinaria competente por razón de la materia.
En cambio, en los Tribunales Superiores de Justicia el nuevo redactado de la LJCA configura una Sección “ad hoc” (Presidente de la Sala; dos Presidentes de Sección; y dos Magistrados más), que será la que deberá enjuiciar los recursos admitidos, amén -se presupone- de encargarse previamente del trámite de admisión. Por lo tanto, los recursos de casación autonómica en materia de urbanismo (como ocurrirá con el resto de materias), deberán ser resueltos por un órgano colegiado no necesariamente integrado por especialistas en la temática de autos.
Desde luego, no parece lo más racional; y puede ocurrir dos cosas: que la Sección de Casación se sienta tentada a depositar una confianza ciega en la Sección ordinaria competente en materia de urbanismo; o que al no ser así, pueda verse en la tesitura de errar en más ocasiones que la Sección especializada. En ambos casos, en desprestigio o en menoscabo del valor de la nueva casación.
Nos hallamos, pues, ante una configuración orgánica que no es precisamente afortunada. Pero tampoco lo sería atribuir la resolución de las casaciones al mismo autor intelectual de la Sentencia recurrida. Más que una casación, parecería un recurso de reposición encubierto.
¿La solución? A fecha de hoy no parece estar a nuestro alcance; aunque de lege ferenda podrían explorarse varias alternativas.
Una: Reconvertir las Salas de los TSJ en órganos de casación exclusivamente, transfiriendo las restantes competencias a Salas de lo Contencioso-Administrativo de nuevo cuño, a ubicar en las Audiencias Provinciales.
Otra, más asequible y que puede parecer paradójica por propiciar la disparidad de criterios: imponer que sobre cada materia entiendan dos Secciones de la Sala; y que los recursos de casación sean resueltos por la reunión de ambas. O lo que vendría a ser lo mismo: que cada Sección se halle integrada por dos Subsecciones. La Sección en pleno para entender de las casaciones; y las Subsecciones para recursos ordinarios y apelaciones.
En otro orden de cosas, cabría preguntarse por la suerte de la nueva casación en las Salas que ni tan siquiera cuentan con cinco miembros. A mi modo de ver, para cumplir las nuevas previsiones de la LJCA, habrá que acudir a los mecanismos que prevé la LOPJ para completar Sala. Pero de nuevo nos enfrentaremos a la paradoja que puede suponer el hecho de que el sentido de la Sentencia de casación acabe dependiendo en gran medida de personas no expertas en la materia, con resultados inesperados (por decirlo con suavidad), o con la constatación de que el recurso de casación ha acabado mutando en una suerte de “recurso extraordinario de reposición”.
En cuanto a la participación de los firmantes de la Sentencia recurrida en casación en la resolución de dicho recurso, no parece que el nuevo redactado de la LJCA pretenda impedirlo; al menos expresamente. Y ya hemos visto que en las Salas de tamaño reducido eso podrá ser el pan de cada día; lo que no implica que no puedan y deban adoptarse medidas para garantizar al máximo la objetividad y, sobre todo, para que pueda establecerse una clara diferenciación del órgano sentenciador ordinario y del órgano resolutorio de la casación. Y en ese sentido, bueno sería que en las casaciones el ponente no hubiese tenido participación en el dictado de la Sentencia recurrida; ni que los firmantes de la misma pudiesen ser mayoría en la Sección de Casación.
Con todo, las lagunas e inconsistencias que acabamos de ver no son los únicos problemas con los que deberemos enfrentarnos en pocas semanas: el legislador no pensó en la logística; ni tuvo en cuenta que los Tribunales Superiores de Justicia no cuentan con letrados de apoyo a los que encomendar la tarea de “resumista”; es decir: la consistente en expresar en apenas dos páginas las características más importantes de cada recurso de casación para así facilitar las labores de admisión o inadmisión a trámite. Es, ésta, una labor que muy difícilmente van a poder desempeñar los Letrados de la Administración de Justicia (los antiguos Secretarios judiciales), porque para que sea fructífera resultarán necesarios conocimientos sobre el derecho material que pocos de los susodichos Letrados han ido adquiriendo.
En el tema anterior comenté que una de las innovaciones que me parecía más interesante de la nueva regulación era la de prescindir de la cuantía para que cupiera recurso de casación. Especialmente importante era la apertura del recurso de casación a las sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo ya que, en muchas ocasiones, es patente la necesidad de unificación de criterio entre los diferentes juzgados.
Al descender al análisis detallado de la regulación lo que surgen son dudas y, en cierto modo, frustración. Lo que en principio podía dar esperanza resulta que puede quedar en nada y ser inútil para conseguir la unificación de criterio, al menos en el ámbito del urbanismo.
En relación con los juzgados, le veo dos problemas. 1) El número 3 del artículo 86 de la modificada Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa -EDL 1998/44323- (en adelante “nueva LJCA”) no los menciona. Solo se refiere a las sentencias dictadas por la Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ, distinguiendo si el recurso cabe ante el TS o ante el propio TSJ en función de si lo aplicado es derecho estatal, o de la Unión Europea, o derecho autonómico. 2) El único punto en que se mencionan las sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo como susceptibles de casación es el número 1 del artículo 86 de la nueva LJCA, y este prevé que serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por lo que no se incluye competencia alguna de las Salas de los TSJ. Por tanto, se produce un vacío notable ya que no cabe recurso de casación ante la Sala del TSJ frente a las sentencias de los Juzgados que apliquen derecho autonómico. Pero es que, además, para que las sentencias de los Juzgados sean recurribles en casación se requiere no solo que su doctrina se repute gravemente dañosa sino que sean, además, susceptibles de extensión de efectos. Esto deja automáticamente fuera, en cualquier caso, incluso ante el Tribunal Supremo, las sentencias dictadas sobre urbanismo por los Juzgados independientemente de que apliquen derecho estatal o autonómico porque el artículo 110 LJCA limita la posibilidad de extensión de efectos a las materias tributaria, de personal y de unidad de mercado.
Así pues, me temo que la nueva LJCA va a tener un alcance muy limitado en cuanto a las sentencias de los Juzgados.
El segundo punto se refiere a la Sección de casación diseñada por el artículo 86, número 3, de la nueva LJCA -EDL 1998/44323- para conocer del recurso de casación a nivel autonómico.
Da la impresión de que el legislador piensa que en las Salas de los TSJ todos los magistrados resuelven asuntos de la misma naturaleza, como si el derecho administrativo no tuviese variantes y especialidades dentro de su especialidad. La realidad es que la distribución de los asuntos en las Salas que tienen diferentes secciones es la de que las materias se asignan a secciones especializadas en mayor o menor grado.
Es completamente lógico, pues parece elemental que será más fácil mantener un criterio homogéneo y evitar contradicciones si unos mismos magistrados dedican su atención a una materia que si esta se atribuye a diferentes secciones.
En definitiva, cada sección delibera sus asuntos y resulta mucho más sencillo detectar posibles incoherencias y fijar pautas cuando uno se dedica siempre al mismo tipo de casos, aun cuando dentro de cada categoría las variables sean enormes.
Con el recurso de casación ante el Tribunal Supremo no hay problema, el asunto se va fuera del TSJ. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla cuando el recurso se ha de resolver ante el mismo Tribunal que dictó la sentencia. Por un lado, cuesta sostener la posibilidad de que la misma Sección especializada entre a resolver, como si se tratara de un recurso de reposición. Por otro, no creo que sea discutible que los integrantes de la Sección especializada deban quedar fuera de la formación que resuelva el recurso de casación, entre otras cosas porque están afectados por el motivo de abstención y recusación previsto en el artículo 219 número 11 LOPJ -EDL 1985/8754-: (“haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”) Puede que el legislador buscase una composición plural de la que, ya digo, habría que descartar a los magistrados que hayan resuelto anteriormente y, para eso, llama al Presidente de la Sala, a los Presidentes de otras Salas (esto ocurrirá solo en Andalucía, Castilla-León y Canarias, si no me equivoco) o de secciones (en número máximo de dos) y el resto, hasta cinco, con magistrados de la Sala.
El problema, no pequeño, es que los magistrados que se llama a intervenir no se ocuparan normalmente de la materia urbanística y tendrán que hacerse cargo puntualmente de estudiar un asunto de una rama con la que no estarán familiarizados.
Esto, siendo importante, porque supone un empleo ineficaz de medios, no es lo más relevante. Lo verdaderamente llamativo es que la Sección especializada es la que de forma corriente aplica el derecho urbanístico autonómico y fija los criterios pero, si cabe casación, van a ser otros magistrados que no se dedican a ese ámbito quienes van corregirles. A fin de salvar este escollo cabría sostener que la distribución funcional del reparto de asuntos en las Salas desapareciera y que todos los magistrados resolvieran sobre todas las materias, pero desde un punto de vista racional es una mala solución.
Esta sería la situación en cuanto a las Salas que cuentan con diferentes Salas o con varias secciones, pero el panorama es aún peor cuando se trate de Salas en las que no hay más de cinco magistrados, como las de La Rioja o Cantabria. Ellos solos no llegan a cubrir el número mínimo de cinco integrantes de la Sección de casación. Además, hay que quitar a los que han resuelto (en la Rioja, todos), de manera que la resolución del recurso de casación se va a tener que hacer por una formación en la que, en el mejor de los casos, alguno de los magistrados tendrá contacto con el derecho administrativo, pero los demás habrán de reclutarse de entre otras jurisdicciones para poder completar la Sección de casación.
En todo caso, esto de completar la Sección casación tampoco es tan fácil porque el régimen previsto en el artículo 199 LOPJ -EDL 1985/8754- se supedita a que los magistrados que se vaya a llamar estén inscritos en la relación anual de “miembros de la carrera judicial que voluntariamente quieran participar para ser llamados a completar Sala” (artículo 200 LOPJ) Así pues, los magistrados del mismo órgano que no estén contaminados deben, además, estar inscritos en la “relación de suplentes profesionales”, como la llama el artículo 199.1 LOPJ. Si no hay, se acude a jueces o magistrados ajenos al órgano, que se encuentren en la lista del artículo 200. Solo en caso de que esto falle se puede acudir, y entiendo que aquí ya no entra en juego la lista, a miembros de la carrera judicial del mismo orden y, en su defecto, a los del mismo órgano (puestos a entrar a la fuerza creo que el orden inverso sería más razonable, primero los del órgano y, luego, los otros, pero así es como está) Ya, por fin, si no hay más remedio, puede llamarse a un magistrado suplente no profesional.
En fin, no veo nada claro que la solución adoptada sea la mejor. Por un lado, frente a las sentencias de los Juzgados, que eran las que pedían a gritos que hubiese un medio que permitiese unificar criterio cuando no cabe apelación, resulta que no cabe recurso de casación ante el TSJ (ni ante el Tribunal Supremo en el campo urbanístico, por lo de la extensión de efectos, recuerdo). Por otro, las sentencias del TSJ que apliquen legislación autonómica van a ser recurridas en casación ante un órgano que, en el escenario más optimista, se va a dedicar al derecho administrativo, que no al urbanismo. Mejor habría sido, me temo, dejar las sentencias dictadas por las Salas en aplicación de derecho autonómico como de única o de segunda instancia, pero sin casación. Ya veremos lo que pasa en la práctica y las piruetas que tendrán que hacer las Salas de Gobierno de los TSJ y el Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha esto.
Como señalaba en el comentario del foro anterior, referido a la casación ante el Tribunal Supremo, todavía es pronto para valorar el impacto que tendrá la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, operada por LO 7/2015 -EDL 2015/124945-, y su huella en el ámbito urbanístico. Pero lo primero que se siente al leer la nueva redacción del artículo 86 de la Ley jurisdiccional -EDL 1998/44323- es sorpresa e incertidumbre. ¿No es decepcionante, por ejemplo, que se prevea un recurso de casación autonómico que luego no se regula? ¿Y que ni siquiera se menciona en el artículo 88 de la LJCA al hablar del interés casacional objetivo?.
En efecto, el artículo 86.1 de la LJCA -EDL 1998/44323- empieza reconociendo la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo (hay que entender que también los centrales). Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo olvida cualquier mención a las sentencias de los juzgados unipersonales, como si la casación se limitara a las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. Ya sabemos que la casación de las sentencias de los juzgados se limita a las que contengan "doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos", amén del "interés casacional objetivo". Pero ello no salva la contradicción interna del precepto.
¿Hay que concluir que no son susceptibles de casación ante esta sección del TSJ las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo? Recordemos que prácticamente todos los recursos en materia urbanística, salvo los que afecten a instrumentos de planeamiento, corresponden a los juzgados. Así que una respuesta negativa a dicha pregunta supondría apartar al urbanismo del recurso de casación autonómico. En fin, parece que la reforma se ha centrado en la casación ante el Tribunal Supremo, ignorando el recurso de casación autonómico que se encuentra huérfano de regulación.
Sin embargo, pese a la desastrosa redacción y sistemática de la ley, nada hay en ella que impida afirmar que sí es posible interponer recurso de casación contra sentencias de los juzgados unipersonales, fundado en infracción de derecho (urbanístico) autonómico, y que la competencia para conocer este recurso se atribuye a una sección de la sala de lo contencioso-administrativo que tiene su sede en el TSJ. El artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-, efectivamente, no menciona a los juzgados, pero una interpretación sistemática que ponga en relación lo dispuesto en el segundo párrafo del número 3 del artículo 86, con el número 1 del dicho precepto, permite incluir las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo.
El nuevo recurso de casación autonómico ante una sección dentro del TSJ recuerda un poco, al menos en cuanto al órgano competente para resolverlo, al derogado recurso de casación para la unificación de la doctrina por infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-. De hecho, hay párrafos prácticamente iguales, en concreto, los epígrafes 3 del derogado artículo 99 y del nuevo artículo 86 de la LJCA. La misma reforma de 2015 -EDL 2015/124945- que parece haber unificado todas las modalidades casacionales, opta por dar cierta continuidad al antiguo recurso de casación para la unificación de doctrina en su variante autonómica. Sin embargo, no existe ninguna regla parecida a la del apartado 4 del artículo 99 de la LJCA hasta ahora vigente, que permitía aplicar las reglas establecidas con carácter general para el recurso de casación para la unificación de la doctrina, "con las adaptaciones necesarias", y que servía para resolver las dudas planteadas. De todas formas, ese recurso de casación por infracción del Derecho autónomico ya había quedado muy limitado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, convirtiéndose casi en una "especie en extinción" en palabras de J.R. CHAVES.
La analogía con el recurso de casación autonómico para la unificación de la doctrina podría explicar por qué la LO 7/2015 -EDL 2015/124945- ha olvidado mencionar las sentencias de los juzgados, porque conforme al modelo del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323- sólo eran recurribles las del propio TSJ. Sin embargo, si la reforma de 2015 pretende convertir el recurso de casación en un remedio eficaz contra las contradicciones de las sentencias de los juzgados unipersonales, éstas no deberían quedar al margen.
Se nos pregunta si tiene sentido otorgar a una sección de la propia sala del TSJ el conocimiento del recurso de casación por infracción de normas de la Comunidad autónoma, teniendo en cuenta que quien fija la jurisprudencia en materia de urbanismo es, precisamente, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, que asume la posición de juez natural en materia urbanística.
La doctrina había denunciado similares problemas con ocasión de la casación regulada en el artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-. Como no tenemos otro espejo en el que mirarnos, buscaremos respuesta a las dudas planteadas en lo que de parecido tenía el recurso de casación para la unificación de la doctrina autonómica. Entonces se criticaba la dificultad para delimitar las pretensiones basadas en el Derecho estatal y el Derecho autonómico y la compleja articulación de competencias entre la casación del TS y la del artículo 99. Lo cual, como se dijo en el foro anterior, es muy frecuente en el ámbito del urbanismo, porque resulta complejo el deslinde de preceptos estatales y autonómicos.
Quizás tendría más sentido limitar este nuevo recurso de casación autonómico a las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales, no susceptibles de apelación, con el objetivo de reducir a la unidad criterios judiciales dispersos y contradictorios. Sin embargo, la literalidad de la Ley no nos lleva claramente en esa dirección, porque ya hemos dicho que el artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323- ha olvidado mencionarlos.
También se discutía la admisibilidad del recurso contra las sentencias de los TSJ dictadas en apelación, aunque un análisis sistemático, literal y teleológico llevaba a concluir que sólo serían recurribles las sentencias del TSJ dictadas en única instancia.
Ahora, del artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323- parece deducirse justamente lo contrario. Se planteaba si era admisible o no presentar como pieza de contradicción, en el marco del recurso del artículo 99 de la LJCA, una sentencia emanada de la misma sección que dictó la que se recurre. El Tribunal Constitucional había dicho que la unificación de doctrina no estaba prevista para resolver supuestos de contradicción interna en el mismo órgano judicial. En el nuevo sistema de la casación autonómica, no se prevé que los magistrados que han dictado la sentencia impugnada puedan integrar la sala del TSJ encargada de resolver la casación.
Surgen, además, dudas acerca de la composición que deba tener esta sección de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ a la que se refiere el artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-, que debería "completar un total de cinco miembros". En aquellas salas cuya planta sea inferior a cinco miembros no será fácil conseguir este número mínimo y la LJCA no ofrece ningún criterio para determinar cómo se debe completar la sección con los magistrados que sean necesarios. Lo cual tampoco es de extrañar, si nos percatamos de que esta previsión es idéntica a la que hasta ahora contenía el artículo 99.3 de la LJCA.
La LJCA dispone, como antes de la reforma, que la Sala de Gobierno del TSJ establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los magistrados vayan a prestar servicio en dicha sección. Así que probablemente se impondrá como criterio sistematizador la continuidad de las secciones ya existentes a los efectos del artículo 99.3 de la LJCA -EDL 1998/44323-.
Antes de la reforma de 2015, autores como ALONSO MAS se habían mostrado partidarios de suprimir el artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-, pues una cosa es que sea constitucional atribuir a los TSJ la casación relativa al derecho autonómico (STC 56/1990, de 29 marzo -EDJ 1990/3534-) y otra que sea constitucionalmente necesaria desde el punto de vista del principio de unidad jurisdiccional y de la seguridad jurídica.
Durante la tramitación parlamentaria de la LO 7/2015 -EDL 2015/124945- este tema apenas suscitó debate, aunque no faltaron voces críticas que recordaron que, con base en los Estatutos de autonomía de última generación, se podría haber hecho un gesto para atribuir la casación ordinaria a los TSJ, quedando para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. La reforma de 2015 no ha ido por ese camino, desde luego, aunque ha introducido una casación autonómica descafeinada "cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma", que se atribuye a una sección propia del TSJ idéntica de la que conocía del recurso de casación para la unificación de la doctrina autonómica del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-.
Se nos pregunta, en primer lugar, si, a la vista de la redacción del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, son susceptibles de recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia las sentencias dictadas en única instancia en materia de urbanismo por los juzgados provinciales.
La duda trae causa de la literalidad del propio art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, que al atribuir competencias jurisdiccionales de carácter casacional al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia lo hace únicamente por referencia a la impugnación de sentencia -susceptibles de este remedio procesal- dictadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia. De ahí podría inferirse que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales no serían en ningún caso objeto de “casación autonómica” y únicamente cabría su revisión en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Conviene, sin embargo, no precipitarse por la línea interpretativa apuntada pues si bien la regulación actual de la casación contenida en el art. 86 LJCA -EDL 1998/44323- procede de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio -EDL 2015/124945-, es preciso advertir que esta reforma adolece de algunos defectos de técnica legislativa.
Entre ellos, justamente, la falta de modificación del tenor literal del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, que ha permanecido inalterado desde la aprobación del texto originario de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. De modo que la referencia que en este art. 86.3 LJCA se contiene exclusivamente a las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia debe entenderse como exclusión de las pronunciadas por la Audiencia Nacional.
En efecto, en la regulación inicial de la casación contencioso-administrativa, únicamente las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y por la Audiencia Nacional eran susceptibles de revisión a través de este recurso extraordinario.
La ampliación de su ámbito objetivo solo tiene lugar con la ya mencionada Ley Orgánica 7/2015 -EDL 2015/124945-, que potencia el carácter objetivo de la casación en un doble sentido: al hacer del “interés casacional” el eje de la admisión de este tipo de recursos y al ampliar las resoluciones susceptibles de casación para incluir la totalidad de sentencias dictadas por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Si bien es cierto que en el caso de las sentencias dictadas por los juzgados al requisito general del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” (art. 88.1 LJCA -EDL 1998/44323-) se suma el de que dichas sentencias “contengan doctrina que se reputa (sic) gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos” (art. 86.1 LJCA). Este requisito añadido, esta sobreexigencia de “interés casacional” remite casi inevitablemente al recurso de casación en interés de ley.
Sea como fuere, no parece que el defecto de técnica legislativa padecido en la reforma de 2015 deba servir de excusa para impedir la revisión en casación de las sentencias de los juzgados provinciales cuando concurra ese interés casacional reforzada. Máxime si se tiene en cuenta que, por lo común y habida cuenta del ámbito competencial sobre el que ejercen jurisdicción estos juzgados, el interés general afectado será básicamente el autonómico y la concurrencia del interés casacional, en términos del art. 88.2 y 3 LJCA -EDL 1998/44323-, habrá de ponderarse por referencia sustancialmente a la normativa autonómica, pues por lo común será el legislador regional el competente por razón de la materia, salvo, claro es, aquellos ámbitos en los que el Estado ostenta en exclusiva la totalidad de las competencias normativas.
Como no parece que el propósito de la reforma haya sido blindar esas competencias estatales sino impulsar la función nomofiláctica de la casación y habida cuenta de que el mantenimiento de la dicción del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- parece deberse únicamente a una cierta desatención del legislador, todo apunta a la conveniencia de entender que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales en materia urbanística serán susceptibles de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia.
Más difícil resulta elucidar el sentencia de la atribución del conocimiento de la casación autonómica a la sección aludida en el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- (“Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.”).
Cuando se trate de Tribunales Superiores de Justicia con diferentes sedes, parece que este expediente organizativo ha de servir para la unificación de doctrina entre las distintas Salas de lo contencioso-administrativo. Pero si no es este el caso, entonces no se acaba de entender la revisión de la sentencia por un fragmento de la Sala con composición distinta de aquella que resolviera en única instancia o apelación.
Al respecto, cabe señalar la perplejidad que causa la atribución al mismo órgano judicial de la competencia para revisar en casación las resoluciones que dicte en apelación. En efecto, si pudiera tener alguna justificación esta competencia cuando se trate de sentencias dictadas en única instancia, siquiera sea solo para poder evitar los errores inadvertidos, dicha justificación se desvanece cuando se trata de sentencias pronunciadas en segunda instancia en las que, por lógica, el thema decidendi anticipará el de la casación.
Estamos ante una suerte de revisión de sentencias por el mismo órgano, bien que con integración distinta. Bien es cierto que la posibilidad de casación está condicionada a la concurrencia del interés casacional del asunto, pero no es menos cierto que resulta difícil imaginar ese interés en los asuntos que ahora ocupan nuestra atención. Nos encontramos ante una nueva paradoja de la deficiente técnica legislativa de la Ley Orgánica 7/2015 -EDL 2015/124945-. Lo pertinente era regular la casación autonómica frente a sentencias de los juzgados provinciales.
Lo anteriormente expuesto no priva de sentido a la casación autonómica frente a sentencias de los tribunales superiores de justicia, pero quizás debiera haberse acotado algo más los requisitos que deben satisfacerse para la admisión de este recurso extraordinario. En particular, parece que más allá de la unificación de doctrina entre Salas, a los demás casos les cuadraría a la perfección la exigencia de que “contengan doctrina que se reputa (sic) gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos”, actualmente establecida en exclusiva para la casación de sentencias de los juzgados por el art. 86.1 LJCA -EDL 1998/44323-, como ya tuvimos ocasión de indicar con anterioridad.
En cuanto al modo de integración de la Sala de casación autonómica, la Ley parte de la presunción de que todas las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia están compuestas por más de cinco Magistrados.
Por desgracia, desconocemos en qué se ha fundado el legislador para asentar esta presunción. Lo que nos consta es que no se corresponde con la realidad y que la integración de las Salas de casación autonómica puede plantear problemas difíciles de resolver. Cabe acudir a la figura de los Magistrados suplentes, pero no deja de causar cierta perplejidad que se recurra a ellos justamente en los supuestos en los que el ejercicio de la potestad jurisdiccional reviste mayor gravedad.
Pero no cabe, sin embargo, acudir a Magistrados destinados en otros órganos jurisdiccionales pues el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- deja meridianamente claro que quienes integren la Sala de casación autonómica deben ser Magistrados de la Sala(s) de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El problema se agrava si se pretende aplicar con todo su rigor el principio de imparcialidad judicial, de modo que no puedan formar Sala de casación quienes participar en la formación de la voluntad de la Sala que dictó la sentencia objeto de impugnación. Si así fuere, el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- ofrece un encorsetamiento tal que pudiera llegar a impedir completar una sala jurisdiccional susceptible de resolver el recurso, excepción hecha de la ya apuntada posibilidad de acudir a la figura de los Magistrados suplentes.
En una primera aproximación al recurso de casación a residenciar en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Salas de lo Contencioso Administrativo bien parece que no deben olvidarse las previsiones constitucionales para la figura de esos Tribunales Superiores de Justicia –así en lo dispuesto en su artículo 152 –EDL 1978/3879-, para con el diseño de un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
De la misma forma procede estar a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía en cuanto recogen la figura de los Tribunales Superiores de Justicia si bien, ante la deriva para el derecho privado civil que se va exponiendo en forma expresa, quizá conviene advertir que igualmente parificable sea el tratamiento para el derecho público autonómico y, en concreto, para el derecho urbanístico autonómico. No otra conclusión cabe alcanzar cuando será a ese nivel donde procede unificar la interpretación del derecho autonómico sentando la correspondiente doctrina.
Pero lo que, desde luego, resulta en exceso curioso es el tan acomodaticio abandono que se produce en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al nuevo diseño del recurso de casación.
Dicho de la más abreviada forma. si con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial -EDL 2015/124945-, se trataba de operar con el nivel y rango de Ley ordinaria la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la materia del recurso de casación, bien parece que no debía olvidarse el ajuste prioritario de los artículos con rango de Ley Orgánica para los Tribunales Superiores de Justicia que diesen adecuada cobertura y marco idóneo a esa nueva ordenación del recurso de casación. A poco que se detenga la atención ello no se produce, la paradoja es mayúscula, la resultancia plagada de dudas y a no dudarlo de controversias y todo ello pendiente de una posterior reforma de esa Ley cardinal y neurálgica para dejar ni más menos el papel del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia y a la doctrina jurisprudencial a emitir respectivamente por ellos en el lugar que corresponde.
La sorpresiva regulación del nuevo recurso de casación no se aligera cuando se dirige la atención en la nueva regulación dada por la referida Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio -EDL 2015/124945-, respecto a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que una desapasionada lectura de la misma muestra la dejadez y abandono respecto al recurso de casación a depurar por los Tribunales Superiores de Justicia en sus Salas de lo Contencioso Administrativo.
Y es que si procedía dejar de lado en materia autonómica tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina -tan certeramente criticado por su tan limitada relevancia- como el recurso de casación en interés de la ley -con las críticas que igualmente merece- bien se puede comprender que lo más intuitivo hubiera sido apuntar una disposición que, con las necesarias adaptaciones o remisiones, hiciera partícipe el recurso de casación ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de lo establecido para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No ha sido esta la decisión adoptada por lo que la orfandad de su ordenación es manifiesta y plagada de dudas.
En todo caso y puestos a intuir quizá lo que debiera ser obvio todo conduce a pensar que, se quiera o no, las Salas de lo Contencioso Administrativo van a seguir muy de cerca por no decir a la letra el posicionamiento que vaya adoptando el Tribunal Supremo en su Sala 3ª en lo que pueda ser aplicable y no solo en materia de admisión sino en lo que ahora interesa en materia de resoluciones impugnables.
El que suscribe estas líneas no alcanza a ver diferencia alguna acerca de que si para un asunto dictado en única instancia (sic) por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo cabe el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo -a fundar en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora- no deba ser susceptible de casación igualmente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del correspondiente Tribunal Superior de Justicia en atención al derecho público autonómico y en nuestro caso en derecho urbanístico autonómico.
Obsérvese el dislate que en caso contrario se puede producir sobre todo en aquellas materias y supuestos en que en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo Sala 3ª se indica en recurso de casación ante el mismo que la doctrina debe sentarse a nivel de Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de derecho autonómico y por tanto en esos casos el asunto quedaría dejado a la mano de pluralidad de Juzgados de lo Contencioso Administrativo cuya unidad de criterio dista mucho de lograrse por casualidad o al albur de la fortuna.
En todo caso, incluso en este punto deberá estarse muy atento a la doctrina que se establezca en razón al artículo 86.1 párrafo segundo -EDL 1998/44323- en cuanto a la exigencia de que las sentencias contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
En definitiva, si la llamada al recurso de casación formalmente es inconmensurable a nivel de número de asuntos llamados a acogerse en su seno y a salvo la máxima cautela cualitativa que quizá debe esperarse en sede de interés casacional, quizá no resulta ocioso detectar que si ya ahora resulta perplejo observar materias más que sustanciales que no acceden al recurso de apelación en materia urbanística para las que se sostienen criterios discrepantes por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y por tanto sin posibilidad de sentar criterios de unificación por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -como en sede de gestión urbanística, titulación habilitante o protección de la legalidad urbanística en cuantías limitadas- quizá sea una oportunidad para poder atender a esos supuestos.
Llegados a este punto quizá convenga repensar el diseño de la composición de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia puesto que la composición actual dista mucho de ser idónea y satisfactoria.
Inclusive podría pensarse si la doctrina jurisprudencial en materia de derecho autonómico y, en especial, en materia de urbanismo, debe corresponder en exclusiva a esa Sección de Casación, evitando supuestos en que la doctrina corresponda a la Sección que tenga por reparto la competencia en materia de Urbanismo así como en aquellos casos en que por el Tribunal Supremo se haya ido sentando que por la correspondiente Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia no procede plantear cuestión de ilegalidad dando lugar a que por la Sección de Casación de esa Sala siente la interpretación correspondiente.
Y es que en esa tesitura, desde luego, dos líneas importantes de problemas se deben destacar.
El primero, recayente en la composición de la Sección de casación en la que bien parece que no puede/n participar aquel/aquellos Magistrado/s que han dictado la Sentencia recurrida y más todavía si la Sala de lo Contencioso Administrativo no dispone de miembros suficientes para reunir el número de cinco Magistrados para dictar Sentencia de casación –en su caso a excluir los que dictaron la Sentencia recurrida-.
El segundo, si es lo más adecuado que dicten Sentencia de casación Magistrados que en su quehacer ordinario por razón de la exclusión referida no se dedican a la materia en que deben sentar jurisprudencia.
Las reglas de carácter general y, en su caso, las reglas para formar y completar Sala se estima que no se hallan a la altura de las circunstancias cuando de lo que se trata, ni más ni menos, es de formar parte de la Sección de Casación para sentar Jurisprudencia en materia de derecho público autonómico y en su caso en derecho urbanístico, y seguramente se desplegarán todos los criterios imaginativos que fuesen de interés y a esos efectos.
No obstante, más allá de tratar de forzar o reforzar el atolladero existente, simplemente procede avanzar que si de lo que se trata es dejar la doctrina jurisprudencial en materia de derecho público autonómico y en su caso en derecho urbanístico en el lugar que corresponde, no debe dejarse de lado la necesidad de atender al caso con una composición dada y predeterminada de la Sección de Casación con Magistrados a esos efectos y en cuanto tal, sin el modelo actual de participación de los Magistrados de las Secciones que resuelven los asuntos en única instancia o en apelación. Seguramente la necesidad es tan tozuda que en su momento el legislador deberá dar última palabra.
Ciertas dosis de preocupación y decepción reflejan las reflexiones en torno al objeto y a las dudas que, desde la perspectiva orgánica y procedimental, suscita el nuevo recurso de casación atribuido al conocimiento de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), tras la LO 7/2015 -EDL 2015/124945-, con entrada en vigor el 22 de julio de 2016.
Ante la falta de una regulación completa de la casación residenciada ante los TSJ se ignora hasta qué punto podría patrocinarse la aplicación supletoria de las normas establecidas para el recurso del que conoce la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La mayoría considera que hay base suficiente legal para mantener que las Salas de los TSJ conozcan en casación tanto de la sentencias de los juzgados como de las procedentes de la propia Sala, ante la infracción del derecho autonómico. La desaparición del recurso de casación en interés de ley y unificación de doctrina autonómica, abona esa idea apuntada, pese a reconocerse que las sentencias de los juzgados en materia de gestión urbanística, serán susceptibles de "casación indirecta" por ser, previamente, susceptibles de apelación. De forma ilustrativa, algunos muestran perplejidad, no obstante, por atribuir al mismo órgano judicial (las Salas) competencia para revisar en casación las resoluciones que dicte en apelación.
No obstante, algunos advierten dificultades para que las sentencias de los juzgados en materia de urbanismo accedan a la casación, independientemente de que apliquen derecho estatal o autonómico, porque han de ser susceptibles de extensión de efectos sin que el artículo 110 LJCA -EDL 1998/44323- contemple en este particular la materia urbanística.
Asimismo, se afirma que no cabe acudir a magistrados destinados en otros órganos jurisdiccionales para conformar la "sección de casación" de los TSJ pues, según algunos, el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323- prescribe que sólo pueden integrarla los de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que plantea serios problemas al observarse cierta flexibilidad sobre la posibilidad de que quienes dictaron la sentencia en casación pudieran conformar aquella sección, pese a que algunos adviertan que estarían afectados por el motivo de abstención y recusación previsto en el artículo 219 número 11 LOPJ -EDL 1985/8754- ("haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia").

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 101
 Real Decreto 
 resolución 
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 110
 artículo 86
 artículo 219
 resolución 
 artículo 199
 artículo 199
 artículo 200
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 152
 artículo 86
 artículo 110
 artículo 219