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Josefa Contreras González
1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES DEPARTAMENTO TEMÁTICO C: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES ASUNTOS JURÍDICOS Elección de la ley aplicable para accidentes de tráfico transfronterizos Roma II, el Convenio de La Haya y la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles RESUMEN PE ES
2 Este documento fue solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. AUTOR Jenny PAPETAS Organización Destinatario ADMINISTRADOR RESPONSABLE Vesna NAGLIC Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales Parlamento Europeo B-1047 Bruselas Correo electrónico: VERSIONES LINGÜÍSTICAS Original: EN Traducción: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV ACERCA DEL EDITOR Para ponerse en contacto con el Departamento Temático o suscribirse a su boletín mensual, escriba a: Parlamento Europeo, manuscrito terminado en noviembre de Unión Europea, Este documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar.
3 Elección de la ley aplicable para accidentes de tráfico transfronterizos Roma II, el Convenio de La Haya y la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles RESUMEN Un accidente de carretera transfronterizo que se produzca dentro de la UE posee el potencial de atraer la aplicación de tres regímenes jurídicos distintos, conteniendo todos ellos normas sobre conflictos de leyes aplicables. Los regímenes están contenidos en el reglamento Roma II, 1 el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera 2 y la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles 3. La Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles posee relevancia en este ámbito del Derecho, dado que la mayoría de las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico son solucionadas por las compañías aseguradoras en lugar de por los propios infractores. 4 En Europa, las aseguradoras deben actuar de acuerdo con las normas estipuladas por la citada Directiva. Una de esas normas establece que la cobertura de seguro debe proporcionarse de conformidad con la ley aplicable en el lugar del accidente o la ley del lugar en el que esté establecido habitualmente el vehículo, en función de cuál de las dos proporciona la cobertura más alta. Si la decisión de proporcionar cobertura de seguro no solo estuviese relacionada con la cuantía máxima que reembolsará la póliza sino también con el tipo y la cuantificación de los daños, se fomentaría el propósito de la Directiva de proteger los intereses de las víctimas, independientemente de en qué lugar de la Unión tenga lugar el accidente; no obstante, esto también podría entrar en conflicto con las normas contenidas en el Reglamento Roma II. La aplicación de Roma II conllevará probablemente la aplicación de la ley del lugar del accidente 5 o de la ley del lugar de residencia habitual común de las partes implicadas en el litigio. 6 Excepcionalmente, puede conducir a la aplicación de otra ley si se trata de la ley vigente en un Estado que esté manifiestamente vinculada de forma más directa a la obligación no contractual debida que la ley del Estado en el que tuvo lugar el accidente o la ley del Estado de residencia habitual común. 7 Se ha demostrado que la aplicación de una ley distinta a la del lugar de residencia de la víctima posee el potencial para que se conceda a una víctima una indemnización excesivamente alta o baja, así como para que se proporcione una ventaja o desventaja en cuanto a plazos de caducidad o prescripción. 8 Sin embargo, estas normas pueden estar sujetas a la norma sobre conflictos de leyes aplicables estipulada en la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles. No está claro si la norma estipulada en la Directiva podría considerarse como una ley de policía a los efectos del artículo 16 de Roma II, o bien, como una disposición del Derecho comunitario por medio de la cual se estableciese una norma sobre conflictos de leyes relativa a una cuestión particular a los efectos del artículo 27 de Roma II. Aunque es posible comprender la relación entre los dos instrumentos de esta forma, esto también significa que la ley aplicable tiende a la fragmentación, de forma que una ley puede ser aplicable a cuestiones de responsabilidad y limitación, mientras que otra ley puede ser aplicable a cuestiones relativas al tipo y la cuantificación de los daños. Esto 1 Reglamento (CE) nº 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. 2 4 de mayo de Directiva 2009/103/CE. 4 Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic Accidents in the EU: Comparison of National Practices, Analysis of Problems and Evaluation of Options for Improving the Position of Cross-border Victims [Indemnización de las víctimas de accidentes transfronterizos de tráfico: comparación de prácticas nacionales, análisis de problemas y evaluación de las opciones para mejorar la situación de las víctimas transfronterizas]. Informe preparado por el bufete de abogados Demolin Brulard Barthélémy para la Comisión, disponible en la siguiente dirección: 5 Artículo 4, apartado 1 6 Artículo 4, apartado 2 7 Artículo 4, apartado 3 8 Véase el informe de la Comisión citado anteriormente, páginas y
4 Departamento Temático C: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES podría tener consecuencias no deseables que podrían conllevar un agravamiento injustificado de la indemnización excesivamente baja o alta de la víctima. Roma II, conforme al artículo 28, permite la aplicación continuada del Convenio de La Haya por parte de aquellos Estados miembros que eran signatarios 9 del Convenio en el momento en que Roma II entró en vigor. Las normas contenidas en los dos instrumentos pueden proporcionar diferentes resultados respecto a conflictos de leyes, en función de los diferentes propósitos y objetivos por los que se guíen. En general, el Convenio designará la ley del lugar del accidente, o bien, la ley del lugar de matriculación del vehículo, según proceda. Aún se debe esclarecer la relación exacta entre Roma II y el Convenio de La Haya. Por ejemplo, tanto el artículo 1 de Roma II como el artículo 1 del Convenio de La Haya expresan el ámbito de sus respectivos instrumentos y hacen referencia a la responsabilidad relativa a obligaciones extracontractuales. Es discutible si la interpretación de la frase en el artículo 1 del Convenio se verá afectada en cuanto a su aplicación en los distintos Estados miembros de la UE de forma que refleje las definiciones autónomas y mutuamente excluyentes de los términos empleados por las obligaciones contractuales y extracontractuales estipuladas en los Reglamentos Roma I 10 y Roma II. Este punto no está completamente aclarado. Asimismo, no está claro si dichos acuerdos relativos a la elección de la ley aplicable que están permitidos conforme al Reglamento Roma II estarán igualmente permitidos por el Convenio. Incluso si los puntos de incertidumbre relativos a la relación entre Roma II y el Convenio de La Haya se resuelven, es probable que la situación siga siendo compleja y que además fomente la búsqueda de la jurisdicción más favorable, o «forum shopping», debido a la posibilidad de obtener resultados diferentes en función de la jurisdicción a la que se recurra en cada caso. Esto no ayuda a quienes pretendan solucionar las reclamaciones fuera del proceso contencioso, dado que no será posible determinar con una certeza absoluta qué legislación deberá aplicarse a tal propósito. Respecto al Convenio de La Haya y la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles, parece estar bastante claro que no puede permitirse que el Convenio influencie la aplicación de la Directiva. La UE en sí no está vinculada por el Convenio y menos de la mitad de los Estados miembros de la UE son partes contratantes en el mismo. Permitir que el Convenio afecte al funcionamiento de la legislación de la Unión tendría como resultado una aplicación desigual de la ley en los distintos Estados miembros, lo cual contravendría el principio básico de uniformidad. No obstante, la aplicación de la Directiva da pie, una vez más, a una fragmentación potencial de la ley aplicable, de la misma manera que conforme a Roma II. La situación actual no es satisfactoria. Es compleja e incoherente y sigue habiendo numerosos interrogantes. La mayoría de las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico se solucionan fuera del proceso contencioso, directamente entre las víctimas y las aseguradoras. 11 Las normas estipuladas por la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles favorecen a la víctima en esta situación. Reconocen la posición de mayor debilidad de la víctima en la relación y crean un sistema en el que es posible realizar la reclamación desde el Estado de residencia de la víctima y en su lengua materna. Dichas justificaciones no son aplicables a la relación entre la víctima y el infractor, en cuyo caso las partes están en condiciones de igualdad. Sin embargo, con respecto a una acción 9 Los Estados miembros de la UE que también son signatarios del Convenio de La Haya son: Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y República Checa. 10 Reglamento (CE) nº 593/2008, relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales. 11 En relación con el sistema inglés, véase R. Lewis: Insurance and the Tort System, 25 Legal Studies (LS) (2005), 85 al 88. Véase además E.W. Essen: General Report; Conférence de La Haye de Droit International Privé, "Actes et Documents de la XIN Session", 1970, T.III, 200 al 206, con respecto a las pruebas presentadas por la Delegación suiza durante la undécima sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Dicho informe demostró que, de cada accidentes de tráfico, las aseguradoras solucionaban 995 fuera de los tribunales. 4
5 Elección de la ley aplicable para accidentes de tráfico transfronterizos Roma II, el Convenio de La Haya y la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles directa contra una aseguradora, ya existe un marco que podría aprovecharse para hacer frente a las dificultades restantes a las que se enfrentan las víctimas. Se han presentado numerosas opciones para remediar la situación actual. La armonización de leyes sustantivas relativas a daños y plazos de limitación podría resolver los problemas actuales en torno a la ley aplicable. No obstante, si bien puede existir una posibilidad remota de acuerdo respecto a los plazos de limitación en un futuro no muy lejano, se considera que la armonización de la legislación relativa a daños supone un objetivo poco realista de corto a medio plazo. Es probable que el consenso a este respecto siga siendo inalcanzable en un futuro previsible. El suministro de información en cuanto a los plazos de limitación no afrontaría la complejidad de las normas sobre conflictos de leyes en este ámbito y, en opinión del autor, sería improbable que ejerciese un impacto lo suficientemente grande como para remediar el prejuicio actual al que se enfrentan las víctimas. No existe una solución perfecta a los problemas de este ámbito. Esta nota recomienda una solución para el conflicto de leyes según la cual se debería aplicar la ley del lugar de residencia de la víctima a reclamaciones presentadas directamente contra una compañía aseguradora y que hayan sido presentadas de conformidad con la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles. Esta solución favorecería tanto la libre circulación de personas a través de los distintos países de la UE como la acción de la Comisión Europea encaminada a reforzar los derechos de las víctimas. 12 Sin embargo, debería optarse por una de las opciones estratégicas: aplicar dicha ley en su totalidad y exponer la conducta del conductor a las normas sobre responsabilidad de un Estado en el que no estaba actuando en el momento del accidente, o bien, dividir la ley aplicable de forma que la responsabilidad se regiría por la ley del lugar del accidente, mientras que todos los demás aspectos de la reclamación se regirían por la ley del Estado de residencia habitual de la víctima. Tal y como se ha comentado anteriormente, dividir la ley aplicable de esta forma podría ser objeto de críticas al producir resultados incoherentes que podrían agravar la indemnización excesivamente alta o baja de una víctima. Por este motivo, y dado que las aseguradoras ya están expuestas a las leyes de cada Estado miembro como resultado de las normas contenidas en la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles y el Reglamento Roma II y/o el Convenio de La Haya, se considera que puede estar justificada la aplicación de la ley del Estado de residencia habitual de la víctima en su totalidad, con la salvedad de que el reclamante deba decidir si presentar una reclamación contra la compañía aseguradora o contra el infractor con el fin de evitar problemas con respecto a litigios relacionados. 12 A este respecto, véase la Comunicación de la Comisión Europea «Refuerzo de los derechos de las víctimas en la UE», COM(2011) 274 FINAL. 5
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 Artículo 4
 Artículo 4
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 artículo 28
 artículo 1
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