Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/22604
Timestamp: 2020-08-13 17:21:50+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 170/2011
SENTENCIA 170/2011, de 3 de noviembre
ECLI:ES:TC:2011:170
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 30 de octubre de 2011 la Procuradora de los Tribunales doña Ángela Vegas Ballesteros, en nombre y representación del Partido Humanista, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
a) El Partido Humanista presentó su candidatura para concurrir a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre de 2011 por la circunscripción de Toledo, aportando 623 firmas de electores en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (en adelante LOREG), en la redacción dada el mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
b) Con fecha 21 de octubre de 2011 la Junta Electoral Provincial de Toledo comunicó al representante del partido recurrente que no eran válidas 224 de las firmas que había presentado y, en consecuencia, su decisión de excluirlo de la proclamación de candidaturas. Ese mismo día el partido recurrente solicitó de la junta electoral la indicación de la causa que motivó en cada caso el rechazo de los citados avales al objeto de formular alegaciones y, en su caso, subsanar los errores advertidos. Mediante resolución de 24 de octubre de 2011 la junta electoral provincial acordó no haber lugar a la anterior solicitud y, en consecuencia, no proclamar su candidatura por considerar que la insuficiencia de los necesarios avales válidos no es un defecto subsanable, según el criterio anunciado en la resolución de la Junta Electoral Central de 20 de octubre de 2011.
c) Contra esta resolución el partido político demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo electoral que fue tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo con el núm. 512-2011. Por Sentencia de 28 de octubre de 2011 el citado órgano judicial acordó desestimar el recurso interpuesto por considerar que el incumplimiento del requisito de presentación de avales exigido por el art. 169.3 LOREG es un defecto que insubsanable.
3. En su demanda de amparo el partido político recurrente denuncia, en primer lugar, que no ha dispuesto de la información precisa sobre las razones por las que un buen número de los avales que presentó inicialmente no fueron luego considerados válidos por la junta electoral provincial por considerarlos duplicados, con la consecuente indefensión. Por añadidura considera en todo caso que la decisión de no permitir la subsanación de la omisión de la presentación de los avales exigidos por el art. 169.3 LOREG por parte de la junta electoral provincial trae causa de la resolución de 20 de octubre de 2011 de la presidencia de la Junta Electoral Central, que es una decisión lesiva del art. 23.2 CE porque realiza una interpretación arbitraria y desfavorable para el ejercicio de este derecho fundamental, y contraria igualmente a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre subsanación de irregularidades en los procesos de proclamación de candidaturas.
4. Por providencia de 31 de octubre de 2011 la Sala Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 LOREG y en el art. 2 del acuerdo del Pleno de 2 de enero de 2000, recabar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo las actuaciones correspondientes al procedimiento electoral 512-2011, que fueron remitidas al Tribunal, y dar vista al Ministerio Fiscal de la demanda presentada para que en el plazo de un día efectuara las alegaciones procedentes.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 1 de noviembre de 2011 el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones interesando el otorgamiento del amparo solicitado. Tras resumir los antecedentes del presente asunto y reparar en la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso a que obliga el art. 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y que considera susceptible de determinar su inadmisión, el Fiscal examina por separado, y subsidiariamente para el caso de no acordarse por ese motivo la inadmisión del recurso, las vulneraciones constitucionales denunciadas en la demanda, comenzando por la posible vulneración del art. 23.2 CE a causa de la interpretación defendida por las resoluciones impugnadas acerca del carácter insubsanable del defecto advertido. A tal fin, luego de recordar lo principal de la doctrina constitucional sobre la subsanación de irregularidades advertidas en la presentación de candidaturas ante la Administración electoral y el contenido de la instrucción 7/2011, de 15 de octubre, de la Junta Electoral Central y, en especial, de la resolución de su presidencia del siguiente 20 de octubre de 2011, que niega la posibilidad de subsanar el defecto consistente en la falta de avales suficientes, el Fiscal concluye que la citada interpretación de la Administración electoral, luego confirmada por la Sentencia recurrida, no se ajusta a la doctrina constitucional y supone, por tanto, una vulneración del art. 23.2 CE.
1. Se impugnan en el presente recurso de amparo electoral la resolución de la Junta Electoral Provincial de Toledo de 24 de octubre de 2011 por la que se acuerda la no proclamación de la candidatura del Partido Humanista en la circunscripción electoral de Toledo para las elecciones generales a celebrar el 20 de noviembre de 2011, por no acreditar el número de avales exigido conforme lo dispuesto en el art. 169.3 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), así como la Sentencia de 28 de octubre de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo que confirma dicho acuerdo.
2. Como ha quedado expuesto con más detalle en los antecedentes, el partido recurrente alega la vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE), por no haber podido subsanar la insuficiencia de avales; asimismo, considera que se ha lesionado el art. 23.2 CE, en relación con el principio de no discriminación del art. 14 CE, argumentando que los ciudadanos que figuran integrados en su candidatura, que no obtuvo representación en la anterior convocatoria de elecciones generales, se ven discriminados y gravados injustificadamente en relación con las personas que figuran en partidos con representación parlamentaria por la solicitud de avales exigida por el art. 169.3 LOREG. Por último, aduce la lesión del derecho a no ser obligado a declarar sobre la propia ideología (art. 16.2 CE), en relación con el derecho a participar por medio de representantes en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).
3. Con carácter previo al examen de la queja formulada por el partido recurrente es necesario despejar el óbice de admisibilidad aducido por el Ministerio Fiscal, que afirma que la demanda carece de la necesaria justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso exigida por el art. 49.1 in fine LOTC.
4. Es conveniente invertir, por razones lógicas, el orden de enjuiciamiento de las quejas en las que el partido recurrente sustenta su pretensión de amparo, de modo que hemos de comenzar por examinar la denunciada lesión del derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y con los requisitos que establezcan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el principio de igualdad (art. 14 CE), al no haber sido proclamada por la Junta Electoral Provincial de Toledo, cuya decisión fue confirmada en la vía jurisdiccional, la candidatura presentada por el partido político demandante de amparo por incumplir el requisito establecido en el art. 169.3 LOREG, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Precepto éste que para la presentación de candidaturas en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado exige a los partidos políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones la firma de, al menos, el 0,1 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretenden su elección.
5. En cuanto a esta alegación mediante la que se intenta plantear la constitucionalidad del art. 169.3 LOREG, en lo relativo a la exigencia de avales para la presentación de candidaturas por partidos políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación parlamentaria, debe señalarse que dicha cuestión ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la STC 163/2011, de 2 de noviembre.
6. En cuanto a la queja relativa a la lesión del derecho a la libertad ideológica, debemos recordar que en el fundamento jurídico 8 de la mencionada STC 163/2011, y en relación con la eventual incidencia que tendría la exigencia de avales en el derecho a no ser obligados a declarar sobre la propia ideología (art. 16.2 CE), este Tribunal ha destacado que quien voluntariamente decide apoyar con su firma la presentación de una candidatura ni está siendo obligado a declarar sobre su ideología ni tampoco equivale a manifestar una inequívoca adhesión ideológica a la misma. Del mismo modo, también se descarta que los datos personales que han de facilitar a la Administración electoral para avalar una candidatura —nombre y apellidos, documento nacional de identidad y circunscripción electoral en la que se esté censado— afecten a la intimidad de los avalistas o a su derecho a no declarar sobre su ideología. A esos efectos, se pone de manifiesto que, conforme a reiterada doctrina constitucional, entre los aspectos básicos de la vida privada protegidos por la intimidad, a la ideología y creencias, no se encuentran los datos referentes a la participación en la vida política, por ser una actividad cuya propia naturaleza se desarrolla en la esfera pública, con excepción del derecho de sufragio activo, dado el carácter secreto del voto (por todas, STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21).
7. Por último, entrando en el análisis de la queja planteada sobre la subsanabilidad de la presentación de avales, debe señalarse que esta cuestión ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en las SSTC 162/2011 y 163/2011, ambas de 2 de noviembre.
2º Declarar la nulidad del acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Toledo de 24 de octubre de 2011 de no proclamación de la candidatura del Partido Humanista en dicha circunscripción electoral, así como de la Sentencia de 28 de octubre de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo, dictada en el recurso contencioso-electoral núm. 512-2011.
3º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Toledo de 24 de octubre de 2011 para que por dicha junta electoral se admita la subsanación mediante la aportación de avales y, previo el examen de los mismos, decida lo que corresponda sobre la proclamación de la candidatura del Partido Humanista.
Tipo y número de registro Recurso de amparo electoral 5890-2011
Fecha de resolución 03/11/2011
Promovido por el Partido Humanista en relación con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo que confirmó la no proclamación de su candidatura en la circunscripción de Toledo para las elecciones generales de 2011.
La necesidad de obtención de avales establecida en el art. 169.3 LOREG no vulnera el derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos pues obedece a la racionalización y perfeccionamiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, a través del cual se articula la representación política, cuyo adecuado funcionamiento puede verse afectado por la excesiva proliferación de candidaturas carentes de respaldo o arraigo en el cuerpo electoral (STC 163/2011) [FJ 5].
La situación de desigualdad que resulta del art. 169.3 LOREG entre partidos políticos con o sin representación parlamentaria, no está desprovista desde la perspectiva del art. 23.2 CE de una justificación objetiva y razonable, ya que la obtención de dicha representación en la última convocatoria electoral acredita que los partidos políticos que la han alcanzado gozan o, al menos, han gozado, de un respaldo o arraigo en el cuerpo electoral, acreditación de la que carecen el resto de partidos (STC 163/2011) [FJ 5].
Con independencia de que la exigencia de avales no esté expresamente prevista en la Constitución, su eventual contradicción con el art. 23.2 CE sólo dependerá de que se hayan sobrepasado las limitaciones impuestas al legislador respecto de su carácter no discriminatorio o contrario al principio de representación política (STC 163/2011) [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (STC 163/2010) [FJ 5].
La cuestión planteada en el presente procedimiento referente a la subsanabilidad de la presentación de avales ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la SSTC 162/2011 y 163/2011 [FJ 7].
La junta electoral provincial, al no tomar en consideración los avales aportados con posterioridad a la presentación de la candidatura por entender que, de acuerdo con la resolución del Presidente de la Junta Electoral Central de 20 de octubre de 2011, la insuficiencia de avales es un requisito insubsanable, vulneró el derecho de los ciudadanos integrantes de la candidatura a la que representa el partido recurrente a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad (SSTC 162/2011, 163/2011) [FJ 7].
La insuficiencia de avales, ha de considerarse, de acuerdo con la doctrina constitucional, un defecto subsanable, susceptible de ser corregido mediante el trámite de subsanación que indefectiblemente tiene que otorgar la Administración electoral cuando advierta que el número de firmas presentado es inferior al legalmente requerido (SSTC 162/2011, 163/2011) [FJ 7].
No vulnera el art. 23.2 CE el hecho de que no se facilite a las formaciones políticas una información precisa por parte de las juntas electorales de las firmas que la oficina del censo electoral consideren inválidas por haber avalado también otras candidaturas, dado que el derecho de sufragio pasivo se ejerce en el marco de un procedimiento caracterizado por la celeridad, la perentoriedad y la preclusión de plazos y que siempre queda expedita la posibilidad de acudir a la delegación de la oficina del censo electoral para hacer las comprobaciones pertinentes [FJ 5].
Que el legislador no haya explicado de manera suficiente las razones de su decisión de modificar la configuración del sistema electoral no convierte este requisito en arbitrario, ya que tal resultado únicamente podría derivarse de su contraste con el texto constitucional (STC 163/2011) [FJ 5].
Entre los aspectos básicos de la vida protegidos por la intimidad, entre ellos los referidos a la ideología y creencias, no se encuentran los datos referentes a la participación de los ciudadanos en la vida política, actividad que se desarrolla en la esfera pública, con excepción del derecho de sufragio activo, dado el carácter secreto del voto (SSTC 85/2003, 163/2011) [FJ 6].
El recurso plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, por provenir de una reciente modificación legislativa, y trae causa de una normativa de aplicación general y carácter vinculante para las Administraciones electorales provinciales, lo que justifica la especial trascendencia constitucional a la que se refiere el art. 49.1 in fine de la LOTC (STC 155/2009) [FJ 3].
Artículo 16.2, ff. 2, 6
Artículo 23.2, ff. 2 a 5, 7
Artículo 169.3 (redactado por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero), ff. 1 a 5
Artículo 187.3, f. 5
Artículo 214, f. 5
Datos sobre participación en la vida políticaDatos sobre participación en la vida política, f. 6
Denegación de proclamación de candidaturas electoralesDenegación de proclamación de candidaturas electorales, f. 7
Derecho a la protección de datos personalesDerecho a la protección de datos personales, f. 6
Derecho a no declarar sobre ideologíaDerecho a no declarar sobre ideología, f. 6
Igualdad en el acceso a los cargos públicosIgualdad en el acceso a los cargos públicos, ff. 5, 7
Insuficiencia de firmas de electoresInsuficiencia de firmas de electores, ff. 5, 7
Límites a la protección de datos personalesLímites a la protección de datos personales, f. 6
Orden de análisis distinto al sugerido en la demandaOrden de análisis distinto al sugerido en la demanda, f. 4
Subsanación de irregularidades en las candidaturas electoralesSubsanación de irregularidades en las candidaturas electorales, f. 7
Exposición de motivosExposición de motivos, f. 5
Legislación electoralLegislación electoral, f. 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
in fine

Artículo 16

Artículo 23

Artículo 169

Artículo 187

Artículo 214