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Timestamp: 2016-09-30 17:29:35+00:00

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BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicTribunal Constitucional y Poder Judicial: Una perspectiva desde el Derecho Procesal Constitucional César Landa*
SUMARIO: I. PRESENTACIÓN. II. STATUS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993. 2.1. NATURALEZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.2.1.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional. 2.1.2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional. 2.1.3. El Tribunal Constitucional como órgano político. III. RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993. 3.1. RELACIONES DE COORDINACIÓN, JERARQUÍA E INTERDEPENDENCIA. 3.1.1. Lugares de confluencia: los procesos constitucionales. 3.2. EFICACIA DE LAS SENTENCIAS Y EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 3.2.1. Tipos de sentencias del Tribunal Constitucional. 3.2.2. La eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional para los jueces ordinarios. 3.2.3. El valor de la interpretación del Tribunal Constitucional para los jueces ordinarios. IV. CONCLUSIÓN.
I. PRESENTACIÓN El Estado constitucional democrático se funda en dos principios consustanciales: el de supremacía jurídica de la Constitución y el principio político democrático. El primero de ellos garantiza la primacía y eficacia jurídica de la Constitución, mientras que el principio político de soberanía popular se manifiesta en el sistema de democracia representativa consagrado en el artículo 45 de la Constitución. Ambos constituyen, asimismo, los fundamentos sobre los cuales se asienta el órgano de control de la Constitución: el Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 201 de la Ley Fundamental de 1993. La existencia y justificación del Tribunal Constitucional está relacionada, por tanto, con la garantía del respeto del principio de supremacía constitucional y la soberanía popular o democrática. En ese sentido, el Tribunal Constitucional tiene, precisamente, la función cardinal de controlar y limitar los excesos legislativos del poder sobre la Constitución, que es su tarea fundamental, así como los excesos judiciales que puedan vulnerar los derechos fundamentales 1 . En el ejercicio de sus funciones de guardián de la constitucionalidad, el Tribunal necesariamente entabla relaciones de control con los demás poderes del Estado (Congreso, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, así como con los gobiernos regionales, locales y organismos constitucionales autónomos). Las relaciones, sobre todo, con estos poderes estatales son complejas y la problemática con cada una de ellas encarna una naturaleza distinta. Pero es tal vez en las relaciones con el Poder Judicial donde se puede apreciar la real dimensión de los conflictos que se suscitan entre ambos órganos del Estado. Como todo Estado constitucional democrático tiene como finalidad realizar la libertad humana en orden, se procura proveer de seguridad jurídica a la comunidad y promover la participación ciudadana. Proceso en el cual, la existencia de conflictos no es, per se,
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. MCILWAIN, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo y moderno. Madrid: CEC, 1991. p. 37.
en marzo de 1997. considero que no obstante ello. No obstante. además. había declarado improcedente la acción presentada y la fiscal que dictaminó ante la Corte Suprema opinó en igual sentido. En efecto. el artículo sexto del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. libremente. Ello trajo consigo la denuncia de la Fiscal de la Nación. no habiéndose configurado amenaza de vulneración al mismo. en virtud de la aplicación de la Ley 28568 –vigente en ese momento. la sentencia del Tribunal Constitucional con autoridad de cosa juzgada. ciento treintinueve inciso segundo. el Caso Wolfenson 4 . 121 y ss. interpone contra el fallo del Tribunal Constitucional una acción de amparo. declaró fundada la acción de la congresista Martha Chávez por cuatro votos contra uno –el voto en contrario lo emitió el vocal supremo titular Nelson Reyes Ríos–. ciento cuarenta y seis y doscientos cuatro de la Constitución Política”. si es que no se precisa. Blanca Nélida Colán.. presidida por Luis Serpa Segura. contra los Magistrados que declararon improcedente la demanda. por el contrario. Tübingen: J. ciento treinta y ocho segundo párrafo.C. tanto el status de aquél así como los puntos de confluencia con
DAHRENDORF. sobre el cual el Tribunal Constitucional ya le hubiera encontrado.
. p. La resolución de la Sala. En estas condiciones. son propios del equilibrio y control entre los poderes –check and balance–. pues éstas no las reconocen. El sistema constitucional es.B. ante el Poder Judicial. En febrero de 1997. Verfassungslehre. Por un lado. que fue declarada improcedente. impone a los jueces una sujeción obligatoria e inexcusable en virtud de la cual no pueden apartarse de la interpretación de una norma o principio constitucional. que de los cinco miembros. 8. entonces la seguridad jurídica se convierte en incertidumbre. Los procuradores Ad-hoc a cargo de la defensa de los intereses del Estado presentaron demanda de nulidad de dicha resolución.nocivo para el orden constitucional. En ese sentido. Pero es verdad que cuando esos conflictos son anómicos. cabe señalar que difícilmente se podría comprender las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Mediante resolución de 07 de julio del 2005 se declaró procedente las solicitudes de excarcelación por exceso del plazo de detención formuladas por los sentenciados Moisés y Andrés Wolfenson Woloch. Karl. en los casos de la Bolsa de Trabajo. Por otra parte. en algunos casos es hasta necesario en la medida que es propio de todo sistema democrático 2 . los magistrados quedamos eximidos de esta vinculación de orden legal. Fundamenta su decisión. Tomando en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad. fue totalmente recompuesta por la Comisión Ejecutiva. la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. básicamente. por ende. rechazan la unidad constitucional. London: Stevens & Sons. LOEWENSTEIN. es decir. Adalberto Seminario y Luis Almeida–. Finalmente. por lo cual fue súbitamente cambiada de puesto. la sede que permite canalizar los conflictos y resolverlos institucionalmente. más bien el no-conflicto es propio de las dictaduras. Law and order. La Sala reconoció que el Poder Judicial carece de competencia para dejar sin efecto. Mohr (Paul Siebeck). la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Lima. el Caso Fujimori 3 . a través de una acción de amparo. pues es nuestra obligación el respeto a la supremacía de la constitución y la autonomía del Poder Judicial e independencia de sus órganos resultando vinculantes los artículos ciento tres. el señor Moisés Wolfenson Woloch presentó ante el 51° Juzgado Penal de Lima una demanda de hábeas corpus contra el Tribunal Constitucional. p. puso tres provisionales y sin especialización –César Tineo Cabrera. unos meses antes de que la Sala competente de la Corte Suprema se pronunciara. Ralf. contiene el voto del magistrado Robinson Gonzales Campos –hoy Presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia– que se pronuncia por declarar infundada la solicitud de nulidad de resolución interpuesta por los procuradores ad hoc y declara procedente la excarcelación. entre otros). el 30 de diciembre de 1997 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. declaró nula la referida resolución y ordena la ubicación y captura de ambos. por prevaricato. balance que no es autarquía sino integración 5 . desentrañado o asignado un mensaje normativo. sin más limitaciones que la propia voluntad del Presidente de candidatear a la reelección. al Presidente Fujimori en las elecciones del 2000. 1959. Esto ocurre cuando el Poder Judicial ha pretendido desconocer los fallos del Tribunal Constitucional (por ejemplo. señalando “si bien. sólo los conflictos intrasistémicos entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial son funcionales al Estado constitucional democrático. la congresista Martha Chávez de Cossio. 1985. el derecho de la demandante se encuentra expedito. es decir. alegando la vulneración de su derecho a de reelegir. La sentencia de primera instancia del Poder Judicial fue contraria a los intereses de la demandante. incoada en contra de la Ley 28568.
mecanismos de elección de sus miembros. vocero del poder constituyente.éste. (2) como órgano jurisdiccional y (3) como órgano político. entre otros. ni tampoco tomando como punto de partida sólo el régimen jurídico-constitucional que lo regula. social y político. basado exclusivamente en el texto normativo. Sin embargo. lo que a continuación se desarrolla. a su peculiar ubicación en el esquema configurado por el principio constitucional de división de poderes que lo ubica como guardián de la Constitución y. no se ubica dentro de la estructura y organización del Poder Judicial. Este es el caso del Tribunal Constitucional peruano. su composición. p. además de referirse al Tribunal como un órgano constitucional (artículo 201°). así como los efectos de sus sentencias (artículo 204°). por otro lado. al tiempo que le reconoce autonomía e independencia. eventualmente. STATUS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993 El Tribunal Constitucional en la Constitución peruana de 1993. se puede señalar que su naturaleza es compleja. es insuficiente para valorar la praxis de la justicia constitucional. prevé. y demás órganos constitucionales 6 que son objeto de control.1. por un lado a la necesidad de otorgarle mayor autonomía e independencia en relación con el Poder Ejecutivo. y. temas que constituyen objeto de estudio de este trabajo. en tanto que puede ser caracterizado (1) como órgano constitucional. el estatuto de los magistrados. 50. sino que ella misma establece su composición. si se desconoce la eficacia de las sentencias y el valor de interpretación del Tribunal Constitucional. asentado exclusivamente en la jurisprudencia.
II. que está referido a las garantías constitucionales. las materias que son de su competencia (artículo 202°). NATURALEZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cualquier intento que pretenda precisar la naturaleza del Tribunal Constitucional no puede soslayar que se está frente a un órgano que no puede ser comprendido únicamente a partir de las funciones normativas que la Constitución le asigna. en este momento.2. La justicia constitucional europea ante el siglo XXI. la Constitución le dispensa un régimen constitucional propio previsto en el Título V. los elementos no esenciales o complementarios. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional Los órganos constitucionales se caracterizan porque cuentan con un reconocimiento y configuración que les viene dado directamente por el propio constituyente en la Constitución. pese a su carácter jurisdiccional. En otras palabras. Legislativo y Judicial. y tal vez sea esto lo más importante. su estructura. En ese sentido. También el neopositivismo constitucional. es insuficiente para comprender su rol en el proceso histórico. 2. 2002. a través de su ley orgánica. reciben de la Constitución todos los atributos esenciales de su condición y posición en el sistema constitucional. José.
.1. Madrid Tecnos. esto no impide que el legislador pueda completar. de otro. Ello por cuanto el positivismo constitucional. Ésta no se limita a la simple mención aislada de sus funciones o competencias. por el contrario. Pero también obedece. los requisitos y el procedimiento de elección de sus miembros. a su especial naturaleza y carácter. La Constitución. 2. Esto responde.
Mientras que el artículo 204 precisa «la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Conocer. En ese sentido. LANDA. Madrid. 2. en instancia única. En Revista Española de Derecho Constitucional. la Constitución (artículo 201°) establece que el Tribunal «es el órgano de control de la Constitución». así. en última y definitiva instancia. sino también y ante todo de la idea del Estado proyectada por la Constitución 7 . se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Les alcanzan las mismas incompatibilidades.2. Esta configuración directa por la propia Constitución es una consecuencia lógicoinstitucional de la importancia gravitante que la Constitución otorga a ciertos órganos.2. donde se desarrollan actos procesales (jurisdicción. 2. de un Estado con poderes y autoridades limitadas y controladas por la Constitución y por su supremo intérprete: el Tribunal Constitucional. No hay reelección inmediata. conocer –en última y definitiva instancia– las resoluciones judiciales denegatorias de los procesos constitucionales de hábeas corpus. la acción de inconstitucionalidad. amparo. siendo. 3. y. o de atribuciones asignadas por la Constitución. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Por su parte. En efecto.En efecto. finalmente. y porque son la expresión orgánica no sólo de la división de las tareas en distintas unidades del sistema estatal. conocer los conflictos de competencia. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional.a edición. en todo o en parte. Es decir. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación». una norma legal». no esté comprendido como un órgano del Poder Judicial. pp. «El “status” del Tribunal Constitucional». 2003. amparo. conforme a ley». pp. 2. César. Es autónomo e independiente. 1981.
. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. acción y proceso). el vertice dell’organizzazione statale.° 1. Conocer. no le priva de su carácter de órgano jurisdiccional. Para ser miembro del Tribunal Constitucional. Conocer los conflictos de competencia. en la Constitución peruana. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional El hecho que el Tribunal Constitucional. hábeas data y la acción de cumplimiento. porque en ellos se condensan los poderes últimos de decisión del Estado. Al día siguiente de la publicación. 13-14. 341-342. Lima: Palestra Editores. Esta función de administrar justicia constitucional le viene atribuido al Tribunal en la medida que la Constitución (artículo 202°) le reconoce la competencia para conocer –en instancia única– los procesos de inconstitucionalidad. el artículo 202 le reconoce competencia al Tribunal Constitucional «1. Manuel. sino también por la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales 8 (artículo 2º del Código Procesal Constitucional). Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. y acción de cumplimiento. hábeas data.
GARCÍA PELAYO. asume no sólo la función constitucional de velar por el cumplimiento del principio jurídico de supremacía de la Constitución. las resoluciones denegatorias de hábeas corpus. N. el artículo 201 señala que «el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. dicha norma queda sin efecto.
al final. Luis. Javier. pp.3. salvo que las técnicas de la interpretación constitucional abran nuevas vías que. cuando las clásicas instituciones democráticas del Estado –Poder Ejecutivo. precisando su contenido y estableciendo sus límites 9 a través de la interpretación jurídica de la Constitución y de la teoría de la argumentación 10 .. SIMON.En tanto órgano jurisdiccional. p. Lima: Palestra Editores. sostener. Manual de Derecho constitucional. en la que la falta de experiencia de la actividad política y social ceñida a la Constitución. CEPC. César. pp. la naturaleza política del Tribunal Constitucional está determinado. El Tribunal Constitucional como órgano político A su carácter de órgano constitucional y jurisdiccional. LANDA. Justicia constitucional y derechos fundamentales. 1997.° 4. p. 1996. pp. «Justicia constitucional y political questions». GASCÓN ABELLÁN. neoconstitucionalismo y ponderación judicial. p. por un lado. Marina y GARCÍA FIGUEROA. Maihofer. 273 y ss. el Tribunal que resuelve en forma jurídica conflictos de contenido siempre político. Alfonso. especialmente en sus relaciones con el Poder Judicial. asentar el peso político del Tribunal Constitucional 14 y. Tübingen: J. Helmut. se suma su carácter de órgano político en tanto vocero del poder constituyente.ª edición corregida. no puede hacerse nunca la ilusión de estar situado. aquel modelo kelseniano puro y simple. 1996. Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial. por otro lado. 2002. no es una constante. Esta naturaleza del Tribunal Constitucional se hace aún más patente en sistemas democráticos débiles. Lima: Palestra Editores. generen consensos. En Benda. Hesse. Madrid: CEC. asumir el rol de poder moderador en las relaciones y conflictos entre los poderes del Estado. En consecuencia. ante la opinión pública. pp. sino también como un auténtico promotor del respeto de los derechos fundamentales. Madrid: Marcial Pons. 839. GARGARELLA. de otro. Roberto. p. Madrid: Trotta. 35. 1931. SCHMITT. Heyde. 153. Madrid. ahora. Por eso se debe tener en cuenta que en países con una tradición desintegrada e inestable donde la realidad política es conflictiva. Pero esto último no debe ser entendido en el sentido tradicional del término.2. 2. el Tribunal asume un activo control de constitucionalidad. 2003. es muy difícil. RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993
PRIETO SANCHÍS. N. y. La argumentación en el Derecho. en la medida que en la Constitución no sólo existen derechos fundamentales sino también principios constitucionales y valores superiores 11 . Más aún. por un lado. por tanto. 45-108. DÍAZ REVORIO. 173 y ss. y más bien predomina la inestabilidad política y la falta de lealtad constitucional. Mohr (Paul Siebeck). 2000. frente a una eventual inactividad del legislador. no sólo ya como legislador negativo. 2.
III.B. 354. porque cabe la posibilidad de someter a control constitucional las cuestiones políticas –political questions– 12 . también Derechos fundamentales. porque sus decisiones pueden tener efectos políticos.C. por encima de contiendas que el mismo ha de juzgar 13 . En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Valores superiores e interpretación constitucional. Vogel. 2005. 217 y ss. Der Hüter der Verfassungs. Antes bien.
. Congreso de la República y Poder Judicial– carecen de representatividad y se encuentran sumidas en una crisis de legitimidad democrática. La justicia frente al gobierno. «La jurisdicción constitucional». Esto ha permitido. F. Carl. Barcelona: Ariel.
al señalar que «en ningún caso se puede promover contienda de competencia o de atribuciones al Tribunal. aquella posición que reduce las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial a una relación de competencia. es posible afirmar que si bien existe entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial relaciones de coordinación e interdependencia. Lo cual es una consecuencia lógico-funcional en aquellos sistemas donde los procesos constitucionales son de competencia tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial. México D. De ahí que el Tribunal Constitucional goce de la competencia de la competencia. necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de las sentencias que dicte. Por ello. JERARQUÍA E INTERDEPENDENCIA El Tribunal Constitucional. así como de su previsibilidad y autocontrol de sus decisiones. también se establece una relación de jerarquía en la medida que el Tribunal es instancia final de fallo. mientras que el Poder Judicial ostenta competencia en el ámbito estrictamente legal 16 . es decir. Lima. de la adecuación. En efecto.
.3. del 30 de mayo al 01 de junio. por ende. pp. César. posición que se ha concretizado en el Caso Wolfenson ya aludido. Legislativo y Judicial– integrándolos en función del respeto y defensa de la Constitución. realizado en el Centro Cultural de la PUCP. prima facie. es decir. 2005. SAN MARTÍN CASTRO. lo que conlleva a una supremacía funcional del primero sobre el segundo. Pablo. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penal. Esto lo establece claramente el artículo 3 de su Ley Orgánica. así como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. es un primus inter pares en materia constitucional. se puede señalar que el Poder Judicial. 1. en el sentido de afirmar que el Tribunal tiene competencia material sobre lo constitucional. Lima. es decir. 2005. Ponencia presentada en el Primer Seminario del Centro de Estudios Constitucionales. están subordinados a sus decisiones y.1. 417-418. «Dicho de otra forma. Pero el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional no es un respeto unilateral. que ningún poder del Estado puede disputarle el ejercicio de tal atribución constitucional. amparo. es un poder moderador en el sentido que. Escritos sobre justicia constitucional. La legitimidad del Tribunal Constitucional y de sus decisiones es el elemento principal para hacer que sus
PÉREZ TREMPS. 2005. Fondo Editorial de la PUCP. que se deriva del sólo hecho de provenir de aquél. sino que el Tribunal Constitucional lo debe obtener a través de la legitimidad de sus resoluciones. respecto de los asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución y con la presente ley. También del mismo autor «Jurisdicción constitucional y justicia penal». con especial referencia a los delitos de corrupción de funcionarios. RELACIONES DE COORDINACIÓN. En Derecho PUC. p. estos poderes del Estado deben acatar los fallos del Tribunal Constitucional. 59. articula las relaciones del sistema político –Poder Ejecutivo. hábeas data y acción de cumplimiento – según dispone el artículo 202º-2– de las resoluciones denegatorias del Poder Judicial. en los procesos constitucionales de hábeas corpus. No es aceptable. p. En consecuencia. para lo cual actúa como poder armonizador entre los poderes del Estado en relación con la Constitución.º 57. N. si se ha creado un órgano especializado de justicia constitucional es precisamente porque se supone que a él le corresponde fijar la última palabra en materia de interpretación constitucional» 15 . El Tribunal resuelve de oficio su falta de competencia o de atribuciones».F.: Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal. «El control constitucional de la subsunción normativa realizada por la jurisdicción penal ordinaria». en relación con el Poder Judicial y los demás poderes del Estado. por ello.
sus relaciones con el Poder Judicial. como derechos subjetivos. «Dignidad de la persona humana». y del doble carácter de los derechos fundamentales –es decir. 1997. el mismo que establece que los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y.
. 163 y ss.1.1. en caso de existir incompatibilidad entre la Constitución y una norma legal. La libertad fundamental en el Estado constitucional. EFICACIA DE LAS SENTENCIAS Y EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LÓPEZ GUERRA. N. Lima: MDC-Fondo Editorial de la PUCP. En Cuestiones Constitucionales. conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional». 2002. César. 158 y ss. en cuanto se refiere a la defensa de la primacía de la Constitución. LANDA. Entonces. prefieren la norma constitucional –control difuso (artículo 138°. el Tribunal debe armonizar. pp. la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. que en la medida que los procesos constitucionales no constituyen fines en sí mismos sino instrumentos de garantía de protección de la Constitución y de la tutela de los derechos fundamentales. por otro lado.resoluciones no pretendan ser cuestionadas por el Poder Judicial. En ese sentido. Sin embargo. la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria deben tender a la concreción de esos fines a los que están llamados a salvaguardar. pp. También.. pp. pero también como instituciones objetivas valorativas– 19 . que duda cabe. en la medida que los jueces. Luis. así como de lo señalado por el Código Procesal Constitucional (artículo IV del Título Preliminar).F. De ahí que sea necesario resaltar. Ello es una exigencia de que la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1°) 18 . Peter. México D.2. Este punto de encuentro de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria no se da gratuitamente. Lima: Palestra Editores. 3.° 7. El Poder Judicial en el Estado constitucional. los puntos de confluencia de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)–. Esta articulación se deriva tanto de lo establecido en la Constitución (artículo 200° y 202°). HÄBERLE. del Tribunal Constitucional. sino que obedece a los fines esenciales que persiguen conseguir los procesos constitucionales: la vigencia del principio de supremacía de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales 17 (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). en el marco de la Constitución. el control concreto del Poder Judicial no es válido si se aparta del control abstracto o concreto del Tribunal Constitucional En la medida que –según lo establece el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional– «los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales. esta tarea le es atribuida tanto al Tribunal Constitucional en tanto órgano de control de la Constitución –control abstracto y control concreto (artículo 202º)– como al Poder Judicial. 109 y ss. Puntos de confluencia: los procesos constitucionales Los procesos constitucionales son. 3. en instancia final de fallo. 2001. confluyen en el objetivo de la tutela de los derechos fundamentales (artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). dentro del marco de los procesos constitucionales. julio-diciembre.
1993. relaciones de coordinación y. y. Héctor. amparo. es innegable que estas relaciones no siempre se realizan. precisando. MAUNZ. 18.2. precisamente. Sentencias interpretativas». en forma coordinada y armónica. que adquieran la calidad de cosa juzgada. un desconocimiento del desarrollo dogmático y jurisprudencial de la justicia constitucional contemporánea ha llevado algunos miembros del Congreso de la República a proponer un Proyecto de Ley en el cual se pretende limitar. En Diálogo con la Jurisprudencia. pp. Le fonte del diritto e l’interpretazione. hábeas data. Ahora bien. Las sentencias de principio. Véase. tanto la jurisprudencia así como la interpretación del Tribunal Constitucional. Bundesverfassungs-gerichtsgezets. 19-34. lo cual es necesario. el Tribunal se excede de sus funciones. p.1. es preciso realizar una breve referencia a la tipología de las sentencias sobre la base de lo desarrollado por el Tribunal Constitucional.
. Año 11. Una primera clasificación distingue entre sentencias de especie y sentencias de principio. integran la jurisprudencia propiamente dicha. al Tribunal Constitucional a actuar únicamente como legislador negativo. De ahí la necesidad no sólo de que los jueces interpreten y apliquen la leyes de conformidad con la interpretación que de ellos realice el Tribunal Constitucional en sus resoluciones (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 260 y ss. para ello. por entender que. Pero previamente a analizar este tema. inconstitucionalmente. SCHLAICH. Por otro lado. por ejemplo. N. antes bien se presentan como auténticos conflictos como es el caso del valor y eficacia que tiene.º 84. Lima. Tipología. Das Bundesverfassungsgericht. colman los vacíos normativos y forjan verdaderos precedentes vinculantes. en los hechos.
La emisión. 3. Tipos de sentencias del Tribunal Constitucional 20 La doctrina 21 suele realizar. proceso de cumplimiento). pp. 2005. de otro lado. Beck. por un lado. el extremo de su efecto normativo (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). en última instancia. München: Verlag C. constituyan precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. la labor del juez constitucional es meramente «declarativa». para la jurisdicción ordinaria. en el rechazo por desconocimiento de la naturaleza misma de las sentencias y de sus efectos sobre la jurisdicción ordinaria. 122 y ss. bajo algunos tipos de sentencias. setiembre. Klaus. los procesos constitucionales pueden ser abstractos (proceso de inconstitucionalidad o proceso competencial) y concretos (proceso constitucional de hábeas corpus.H. por parte del Tribunal Constitucional. en la medida que muchos de los conflictos con el Poder Judicial tienen su origen. Beck. de modo general. Theodor et al. 2003.Si bien se ha señalado. LAMA MORE. «Sentencias del Tribunal Constitucional. por el contrario y sobre la base de la distinción entre norma y disposición 22 . de diversos de tipos de sentencias del Tribunal Constitucional ha sido objeto de críticas infundadas por parte de un sector de la doctrina. Milano: Giuffrè. de jerarquía (artículo 45º y 51º de la Constitución). GUASTINI. München: Verlag C. sino también que las sentencias del Tribunal. una doble clasificación de las sentencias del Tribunal. se ha dicho que esas relaciones deben ser armonizadas dentro del marco constitucional. Las primeras se constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular y concreto. prima facie..H. Riccardo. ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados con ella. pp. que las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial son. en la medida que interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales. 1997. En este caso.
° 0004-2004-CC/TC (Caso Conflicto de Competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial-Presupuesto). a partir del caso concreto. N.En cuanto a estas últimas. declara la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador judicial. A3) Sentencias interpretativas-manipulativas (normativas). La estimación es parcial cuando se refiere a la fracción de una ley o norma con rango de ley (un artículo.º 0021-2005-AI (Caso de la legalización del cultivo de la Hoja de Coca). Este tipo de sentencias se justifica porque tienen como finalidad orientar a los jueces con criterios que puedan utilizar en la interpretación constitucional que realicen en los procesos a su cargo y. Sin embargo. N.– En este caso el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo
STC/Exp. STC/Exp. N.– En este caso el órgano de control constitucional. establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar declarada contraria a la Constitución 27 .° 0008-2003-AI/TC (Caso inconstitucionalidad del Dec.° 140-2001. N. según sean las circunstancias que rodean el proceso constitucional. N. para efectos del presente trabajo. y.– Son aquellas que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad. porque contribuye a que los ciudadanos conozcan y ejerzan mejor sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. A1) Sentencias de simple anulación. STC/Exp. acogeremos la segunda clasificación. N. dispone la desaparición íntegra del texto normativo impugnado del ordenamiento jurídico 26 . el Tribunal Constitucional peruano ha dictado diversas sentencias 23 . interpretativa propiamente dicha o interpretativas-manipulativas (normativas).° 018-2003-AI/TC (Caso inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. el órgano de control constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han creado «normas nuevas». A2) Sentencias interpretativas propiamente dichas.° 042-2004-AI/TC (Caso del impuesto a los espectáculos taurinos). Su consecuencia jurídica específica la eliminación o expulsión de la norma cuestionada del ordenamiento jurídico.
. La estimación es total cuando se refiere a la plenitud de una ley o norma con rango de ley. además. Por consiguiente. por ende. ratifica la validez constitucional de las restantes disposiciones contenidas en el texto normativo impugnado. Urg. la cual ha sido considerada también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano 24 . Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una significación y contenido distinto al que la disposición tiene cabalmente.º 0041-2004-AI/TC (Caso de los arbitirios municipales).). lo cual acarrea una aplicación indebida. STC/Exp. N. STC/Exp. la inconstitucionalidad se produce por la colisión entre el texto de una ley o norma con rango de ley y una norma. por ende.– En este caso el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad del contenido de un texto. principio o valor constitucional 25 . las cuales se caracterizan por realizar. Así. un desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más importantes en discusión. distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto de examen. En dicha hipótesis. N.º Exp. etc.. 0053-2004-AI/TC. A) SENTENCIAS ESTIMATIVAS. donde el Tribunal se refiere in extenso a los fundamentos del Estado social de Derecho y a los principios de la Constitución Económica) y STC/Exp. STC/Exp. mediante una declaración de invalidez constitucional.º 0020-2005-AI y Ex. un párrafo. en donde se desarrolla la igualdad como principio y derecho fundamental).. N. Las sentencias estimativas pueden ser de simple anulación.
La elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa acumulativamente a dos tipos de operaciones: la ablativa y la reconstructiva. líneas. En ese sentido. que se reduzca. Así.– Son aquellas que señalan que una parte (frases. los efectos de dicha declaración pueden producir. la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por inconstitucional. En ese contexto. a saber: a) el principio de conservación de la ley. por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin. cabiendo. La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances normativos de la ley impugnada «eliminando» del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución. a efectos que ella guarde coherencia y armonía con el plexo del texto fundamental. es decir. la constitucionalidad de una ley impugnada. un vacío legislativo dañoso para la vida coexistencial.) Sentencias reductoras. Ahora bien. no debe olvidarse que la jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional. se declara la nulidad de las «expresiones impertinentes». a saber: A3. en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado. jurídico.1. pues. axioma o pauta básica a través del cual se asigna un sentido a una ley cuestionada de inconstitucionalidad. Para tal efecto. y b) el principio de interpretación desde la Constitución. pero son objetivables mediante este procedimiento. económico o social.º 0010-2002-AI/TC (Caso de la inconstitucionalidad de la legislación antiterrorista). que exige al juez constitucional «salvar». la simple declaración de inconstitucionalidad no debe ser utilizada. Este tipo de sentencias propicia el despliegue de los efectos de las normas constitucionales que podrían ser obstaculizados por los «vacíos normativos» emanados de un simple fallo estimatorio. sustituya o modifique su aplicación para los casos concretos. N. La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo de la ley impugnada «agregándosele» un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. durante un «tiempo». hasta donde sea razonablemente posible. La existencia de este tipo de sentencias se justifica por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse en determinadas circunstancias. Las normas inducidas y deducidas emanadas de una sentencia manipulativainterpretativa –normativa– se encuentran implícitas dentro del ordenamiento constitucional. etc. la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la «extensión» del contenido
STC/Exp. salvo si es imprescindible e inevitable. debe ser la última ratio a la que debe apelarse. para tal efecto.inconstitucional dentro de una ley o norma con rango de ley.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución. que su propia permanencia dentro del ordenamiento constitucional 28 . La experiencia demuestra que residualmente la declaración de inconstitucionalidad puede terminar siendo más gravosa desde un punto de vista político. Dicha interpretación hace que la ley sea conforme a la Constitución. lo que genera un cambio del contenido preceptivo de la ley. Así.
. existe una pluralidad de sentencias manipulativo-interpretativas. como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la «expulsión» de una ley o norma con rango de ley del ordenamiento jurídico. Tales circunstancias tienen que ver con la existencia de dos principios rectores de la actividad jurisdiccional-constituyente. palabras. y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada.
La actividad interpretativa se canaliza con el traslado de los supuestos o las consecuencias jurídicas de una norma aprobada por el legislador. la sentencia indica que una parte de la ley impugnada es inconstitucional. permitiendo su aplicación a supuestos inicialmente no contemplados. dispone una modificación o alteración de una parte literal de la ley. STC. 0004-2005-PI/TC. vale decir. 0051-2004-AI/TC. se expiden para completar leyes cuya redacción presenta un contenido normativo «menor» respecto al exigible constitucionalmente. económicos. Para tal efecto. debe aclararse que la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico. Ello implica que la referida inaplicación abarca a determinadas situaciones. 007-2005-PI/TC. Es usual que la omisión legislativa inconstitucional afecte el principio de igualdad. simultáneamente. En ese supuesto. A3. La finalidad en este tipo de sentencias consiste en controlar e integrar las omisiones legislativas inconstitucionales. A3. Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la consumación de efectos políticos.
.) Sentencias aditivas. o se dirige hacia algunos derechos. evitar que una ley cree situaciones contrarias a los principios. Nº 014-96-I/TC (Caso de la inconstitucionalidad de la Ley de Política Nacional de la Población). En puridad.– Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de una ley y. Ahora bien. en tanto no ha previsto o ha excluido algo.
STC/Exp. En consecuencia. Exp.2. hechos. procede a «añadir» algo al texto incompleto.º 0050-2004-AI/TC. El contenido de lo “adicionado” surge de la interpretación extensiva. valores o normas constitucionales.3. 009-2005-PI/TC (Caso de la Ley de Reforma Constitucional del Régimen Pensionario de la 20530). o bien en las consecuencias jurídicas preestablecidas. se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del texto de la norma o disposición general cuestionada. de la interpretación sistemática o de la interpretación analógica. a través del acto de adición.) Sentencias sustitutivas. se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo de la ley cuestionada en relación a algunos de los supuestos contemplados genéricamente.– Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa. N. es decir. beneficios. acontecimientos o conductas originalmente previstas en la ley. o ensanchando sus consecuencias jurídicas. incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico. hasta la parte de la ley cuestionada –y en concreto afectada de inconstitucional-. por lo que al extenderse los alcances de la norma a supuestos o consecuencias no previstos para determinados sujetos. para transformarlo en plenamente constitucional. sanciones o deberes primicialmente previstos. la sentencia reductora restringe el ámbito de aplicación de la ley impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas en la literalidad del texto 29 . en puridad lo que la sentencia está consiguiendo es homologar un mismo trato con los sujetos comprendidos inicialmente en la ley cuestionada. con el objeto de proceder a su inmediata integración.normativo de la ley impugnada. sociales o culturales gravemente dañosos y derivados de la declaración de inconstitucionalidad parcial 30 . De allí que el órgano de control considere necesario «ampliar» o «extender» su contenido normativo. Dicha reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos que se presentan en la vía administrativa o judicial. En ese sentido. En consecuencia. sino más bien de lo que los textos o normas no consignaron o debieron consignar.
que la exhortación puede concluir en (1) la expedición de la ley sustitutiva y reformante de la norma declarada incompatible con la Constitución 31 . estrictu sensu. por otro lado. si bien no se detecta la existencia de un vicio de inconstitucionalidad. y. se encuentra una legislación defectuosa que de algún modo conspira contra la adecuada marcha del sistema constitucional 33 . se confiere al legislador un plazo determinado o determinable para que la reforme.º 0023-2003-AI/TC (Caso del Código de Justicia Militar).°.° 022-2003-AI/TC. En este tipo de sentencias se invoca el concepto de vacatio setentiae. N. deben mencionarse las sentencias emitidas en los Expedientes Acumulados N.5. se modulan los efectos de la decisión en el tiempo. en vez de declararse su invalidez constitucional. conforme al artículo 102. improcedentes o infundadas las acciones de garantía. que. En tales sentencias opera el principio de persuasión y se utilizan cuando.° 27755. Dicha situación se cuando el legislador ha incumplido con dictar la ley sustitutiva dentro del plazo expresamente fijado en la sentencia 32 . (2) en la conclusión in totum de la etapa suspensiva. en donde se exhorta al Poder Ejecutivo para que. B) LAS SENTENCIAS DESESTIMATIVAS.° de la Constitución y a las normas de desarrollo. con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto fundamental.A3. no tiene efectos vinculantes.os 001/0032003-AI/TC. Como puede observarse. le corresponde en materia de delimitación territorial. inciso 7. aplicación plena de los alcances de la sentencia. partiendo de su función armonizadora ante los conflictos. Al respecto. por ende. sino que recomienda al Congreso para que. mediante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo. Asimismo. en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que debe informar al Sistema Registral. al examinarse los alcances de un proceso constitucional.) Sentencias exhortativas. pese a lo cual no dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional. en donde se exhorta a la autoridad competente y a los Poderes del Estado involucrados a asumir las funciones que. Es decir. expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas. se plantean al legislador para que en el ejercicio de su discrecionalidad política en el marco de la constitución pueda corregir o mejorar aspectos de la normatividad jurídica. dentro de un plazo razonable. este Tribunal ha emitido en múltiples procesos constitucionales sentencias exhortativas que. N. si en sede constitucional se considera ipso facto que una determinada disposición legal es contraria a la Constitución.– Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece.
. (3) en la expedición de una segunda sentencia. según sea el caso. inadmisibles. especialmente en lo que respecta a la controversia suscitada por los límites territoriales de la Isla Lobos de tierras.º 004-2004/CC/TC (Caso Conflicto de Competencias por el presupuesto del Poder Judicial). que genera un conflicto entre los gobiernos regionales de Lambayeque y Piura. o la sentencia del Expediente N.– Son aquellas que declaran. STC/Exp. Dicha expresión es un equivalente jurisprudencial de la vacatio legis o suspensión temporal de la entrada en vigencia de una ley aprobada. N.º 008-2005-PI/TC (Caso de la Ley Marco del Empleo Público). Dichas sentencias son recomendaciones o sugerencias. Debe señalarse. reglamente el uso del formulario registral legalizado por notario.– Son aquellas en donde el órgano de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad de una ley o norma con rango de ley.4. STC/Exp. a diferencia de las anteriormente descritas. A3. o resuelven
STC/Exp. en la parte considerativa de la sentencia. previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N.) Sentencias estipulativas. principios o valores constitucionales. las variables conceptuales o terminológicas que utilizará para analizar y resolver una controversia constitucional 34 . Dicha situación se produce por el no uso parlamentario del plazo razonable para aprobar la ley sustitutiva.
de modo general. STC/Exp. se desestima la acción presentada contra una ley. no siempre la jurisdicción ordinaria está predispuesta a aceptar pacíficamente las decisiones del Tribunal Constitucional. armónico y coherente con el texto fundamental.
STC/Exp. y para todos los procesos. exclusiva y excluyentemente válida. la norma legal incoada (artículo 103º de la Constitución y artículo 81º del Código Procesal Constitucional).º 002-2005-PI/TC (Caso del Gobierno Regional de Lima-Mufarech). En este último caso.2. Es decir.2. Ahora bien. En ese entendido. Es decir. los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional. se establece la obligatoriedad de interpretar dicha norma de «acuerdo» con la Constitución. existe una amplia tipología de sentencias del Tribunal Constitucional. N. se puede señalar que las sentencias de inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos para todos –erga omnes– y para el futuro –ex nunc–. limitándose a señalar los efectos que tiene sus decisiones en los casos que se declare la inconstitucionalidad de una ley (artículo 204°). En este supuesto.– En este caso el órgano de control de la constitucionalidad resuelve declarar infundada la demanda presentada contra una parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley 36 . Por ende. la praxis constitucional reconoce una pluralidad de formas y contenidos sustantivos de una sentencia desestimativa. de modo general.º 0048-2004-PI/TC (Caso de las Regalías Mineras). además. de conformidad con la interpretación declarada como única. Sin embargo. La eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional para los jueces ordinarios Es pertinente señalar la necesidad de distinguir los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad. son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley cuestionada. el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda ser cuestionada ulteriormente por razones de fondo 35 .
. a la eficacia de las sentencias y al valor de la interpretación constitucional que realiza el Tribunal. a saber: B1) Desestimación por rechazo simple.desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. queda sin efecto. por lo que es necesario que nos refiramos. en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera adecuado. o norma con rango de ley. B2) La desestimación por sentido interpretativo (interpretación estrictu sensu). 3. la denegatoria impide una nueva interposición fundada en idéntico precepto constitucional (petición parcial y específica referida a una o varias normas contenidas o en una ley). previo rechazo de algún o algunos sentidos interpretativos considerados como infraccionantes del texto supra. como se ha podido apreciar.– En este caso el órgano de control de la constiucionalidad establece una manera creativa de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. de aquellos otros procesos constitucionales cuyo objetivo primordial es la tutela de derechos fundamentales de las personas. al día siguiente de la publicación de la sentencia del Tribunal. N. vale decir. Ahora bien. A) La Constitución de 1993 no prevé de modo orgánico.
1964. Finalmente. en la medida que deja sin efecto a la norma legal que haya sido declarada inconstitucional y todas aquellas que sean contrarias al fallo 37 . Ello porque en un proceso constitucional en el cual se alega la vulneración de un derecho fundamental concreto – como por ejemplo. En efecto. se puede recurrir al sistema interamericano de
MORTATI. prima facie. 2. En ese sentido. es exigible no sólo para las partes del proceso sino para todos los órganos constitucionales. En ese sentido. tienen efectos inter partes y no erga omnes. se puede precisar que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley. p. Ello porque la Constitución (artículo 205°) y el Código Procesal Constitucional (artículo 114°) permite que. fuerza de ley. La forma del Poder. salvo que la sentencia que resuelve el caso concreto constituya un precedente vinculante. adquiere una singular relevancia en las relaciones con el Poder Judicial. ya sea por la forma o por el fondo dicha sentencia. han de ser moduladas. en los procesos de inconstitucionalidad. En relación con el Poder Judicial esta característica de la sentencia de inconstitucionalidad cierra toda posibilidad al Poder Judicial para contradecir. 1989. se puede señalar que la sentencia del Tribunal tiene un doble carácter: a) posee fuerza pasiva. 58. Juan. En del mismo autor. 69. «Rengo de ley. pp. BOCANEGRA SIERRA. por ende. Asimismo. valor de ley». p. Otro efecto de las sentencias de inconstitucionalidad está relacionado con su carácter de cosa juzgada (artículo 82º del Código Procesal Constitucional). se postula que las sentencias de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos (artículo VII del Título Preliminar y 82 del Código Procesal Constitucional). en la medida que dicha sentencia (a) no puede ser revocada por éste.Sin embargo. se puede señalar que comportan esa calidad de manera relativa. es decir. 422.
. RUBIO LLORENTE. y tal como hemos expresado al inicio de este apartado. Madrid: CEC. una vez agotada la jurisdicción interna. En cuanto a la cosa juzgada. se puede señalar que. constituidos según los tratados o convenios de los que el Estado peruano es parte. Constantino. y b) fuerza activa. Instituto de Estudios Administración Local. Particularmente. salvo por otras sentencias del propio tribunal. Jurisdicción e independencia judicial. (b) tampoco puede aplicar más la norma que ha sido declarada inconstitucional (c) ni inaplicar una norma legal que el Tribunal Constitucional ha confirmado su constitucionalidad (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Atti con forza di legge e sindicato di costituzionalità. 1997. en tanto no puede ser revocada por otra sentencia del Poder Judicial o derogada por otra norma legal del Congreso. Madrid: CEC. quien se considere lesionado en sus derechos fundamentales que la Constitución prevé. puede recurrir a los tribunales internacionales. tiene fuerza de ley. el derecho a la libertad o igualdad– los efectos de las sentencias son distintos y. Milano: Giuffrè editorre. Estudios sobre la Constitución.a edición. 1982. como es evidente. Madrid. Francisco. p. Esto quiere decir que la sentencia del Tribunal no puede ser contradicha por razón procesal de la forma –cosa juzgada formal– o por razón sustantiva del fallo –cosa juzgada material–. se debe distinguir los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad de los otros procesos constitucionales. Raúl. Esta fuerza de ley de las sentencias del Tribunal Constitucional. 97-101. B) No obstante lo dicho. De otro lado. en sede judicial ordinaria o especial ni modificada por una nueva ley del Congreso o del Poder Ejecutivo 38 . a las partes del proceso. sólo surten efectos entre las partes del proceso. el Poder Judicial. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. REQUEJO. supuesto en el cual sus efectos trascienden. está sometido a la decisión del Tribunal tanto en el supuesto que ha estimado la inconstitucionalidad así como en el caso que lo haya rechazado. lo cual se deriva del carácter general de los efectos derogatorios de estas sentencias 39 .
integración y control de la Constitución (artículo 1. proviene de la ratio decidendi de la sentencia» 40 . tal influencia. p. antes de entrar al análisis de esta cuestión. Por ello. En Ius et Praxis.derechos humanos a fin de solicitar la revisión de una sentencia del Tribunal Constitucional en materia de tutela de los derechos fundamentales. sólo a las partes del proceso. Talca. 1998. no lo es tanto la forma como debe ser asegurada la supremacía de su interpretación constitucional. para resolver un caso aplica e interpreta directamente la Constitución. «Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria en España: una cuestión abierta». por considerar que no es conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos. de acuerdo con la Constitución (artículo 202°). sobre el valor de la interpretación constitucional del Tribunal. 43. El valor de la interpretación del Tribunal Constitucional para los jueces ordinarios Cuestión distinta a lo anteriormente señalado es lo que se plantea. Al respecto. porque ello afectaría la coherencia interna del ordenamiento
CANOSA USERA. en tanto supremo intérprete. Por otro lado. por tanto. Madrid: CEC. esta concepción se viene superando desde que el Tribunal Constitucional. siempre en relación con el Poder Judicial. sino que también la ratio decidendi. En primer lugar. de acuerdo con el modelo kelseniano. ya no es solamente el fallo lo que vincula ni tampoco sólo frente al legislador. lo único vinculante de las sentencias es la parte dispositiva y sólo en relación con el legislador 41 . En la actualidad. PÉREZ TREMPS. Las implicancias que se derivan del reconocimiento del Tribunal como supremo intérprete de la Constitución no son irrelevantes. consideramos oportuno precisar que la raíz de este cuestionamiento parece estar en que se sigue entendiendo que. Pablo. cabe señalar que. 111 y ss. señalar el significado último de la Constitución.
. de las resoluciones del Tribunal Constitucional –ya sean autos o sentencias y cualquiera sea el proceso constitucional– es vinculante para los jueces ordinarios. Chile. Esto porque la independencia del juez ordinario no comporta la libertad para interpretar libremente la Constitución o las leyes de modo distinto al que interpretó el Tribunal. si bien es evidente que la interpretación que realiza el Tribunal de la Constitución y de las leyes es suprema y debe vincular a todos los demás poderes del Estado –especialmente al Poder Judicial – y demás órganos constitucionales.2. N. provisionalmente. los que deben interpretar y aplicar la Constitución y las demás leyes según la interpretación que sobre ellas haya realizado el Tribunal Constitucional. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). 1985. vinculación más bien. Frente a esta vinculación. por tanto. es el órgano supremo de interpretación. el carácter de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal es relativo. En estos casos. debemos señalar que. los jueces ordinarios no pueden recurrir al principio de independencia judicial (artículo 139°-2 de la Constitución) para omitir la interpretación del Tribunal Constitucional. en la medida que se limitan a la estimación o determinación subjetiva de un derecho.° 1. 3. debemos comenzar señalando que el Tribunal Constitucional. Sin embargo. ello no priva a las sentencias del Tribunal Constitucional de su capacidad de irradiar «una influencia decisiva sobre la jurisprudencia de los Tribunales ordinarios.3. Raúl. Con respecto a si tienen también la característica de ser vinculante para todos los poderes públicos. Tribunal Constitucional y Poder Judicial. carecen de efectos frente a todos y vinculan. pp. de ahí que sea a éste a quien corresponde.
entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. pp. sino que pone en entredicho los principios de supremacía y de fuerza normativa de la Constitución misma. el Poder Judicial pretenda desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional amparándose en el principio de independencia de los jueces. al margen de los conflictos que se puedan suscitar. y a la interpretación que haga de la Constitución y de las leyes 44 . 1997. dentro de un Estado constitucional democrático. Por ello.
RUBIO LLORENTE.a edición. DE OTTO. en el desarrollo de sus funciones. CONCLUSIÓN En el marco del Estado constitucional democrático las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no siempre se articulan en total armonía. «Sobre la relación entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional».constitucional 42 . jerarquía e interdependencia deben tender. Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual. 2. En ese sentido. Ignacio. Ariel. el Tribunal Constitucional no sólo se circunscribe a actuar únicamente como legislador negativo. nocivo para el sistema democrático. Estudios sobre el Poder Judicial. p. Eliseo (editor). sin que ello signifique mengua en la autonomía e independencia de aquél y que la Constitución misma le reconoce. 1989. 259. La forma del Poder. De ahí que. son relaciones que se caracterizan por una interacción conflictiva. 1998. El Poder Judicial. no es de recibo que. sino también como órgano jurisdiccional y órgano político. Cuando la jurisdicción ordinaria desconoce la eficacia de las sentencias de Tribunal Constitucional o cuando contradice su interpretación de la Ley Fundamental y de las normas legales. sino que también asume funciones significativas en orden a salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución y de la tutela de los derechos fundamentales a través de la amplia tipología de sus sentencias 43 . Sin embargo. y violaría el mandato constitucional en virtud del cual todas las autoridades ejercen el poder del Estado con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (artículo 44º de la Constitución). En del mismo autor. no se puede negar que existe también una relación de jerarquía a favor del Tribunal en tanto instancia final de fallo y supremo intérprete de la Constitución. necesariamente. 453. Estudios sobre la Constitución. Esto es importante porque el ordenamiento jurídico-constitucional no sólo ha configurado al Tribunal Constitucional como un órgano constitucional. enero de 2006. por tanto. está sometido jerárquicamente a las sentencias del Tribunal Constitucional.
. Madrid: CEC. no sólo está poniendo en cuestión las decisiones del Tribunal. estas relaciones de coordinación. si bien se articulan relaciones de coordinación e interdependencia. 70 y ss.
Lima. p. AJA. en muchas ocasiones.
IV. Por el contrario. Madrid: Ministerio de Justicia. lo cual no es. Francisco. Barcelona. a la concretización del principio de supremacía jurídica de la Constitución y del respeto y vigencia de los derechos fundamentales.
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