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Timestamp: 2018-11-21 14:38:56+00:00

Document:
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº........ DE …...………..
OTROSI DIGO PRIMERO
OTROSÍ DIGO CUARTO
Escrito a presentar en PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE
Juzgado Primera Instancia nº ....
Ejecución hipotecaria nº …..
Para el caso de presentarlo el afectado directamente:
…..........................................................................................................................................., con DNI/NIE nº..........................................., y con domicilio a efectos de notificaciones en ….........................................
…....................................................comparezco ante el Juzgado y DIGO:
Para el caso de presentarlo con abogado y procurador:
Que a la vista del fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 14 de marzo de 2013, en el Asunto Prejudicial C-415/11, esta parte viene a solicitar la NULIDAD DE ACTUACIONES del presente procedimiento desde el momento mismo de su admisión, por considerar que no procede la misma en tanto que la referida resolución debería haber sido de inadmisión del presente procedimiento, en base a las siguientes:
La regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria, y es por tanto, ilegal, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho, puesto que supone una violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa.
La continuación del procedimiento supondría además una violación flagrante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950, susceptible de demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La mencionada violación se habría producido en relación a los artículos 6.1, 13 y 14 relativos a los derechos a un proceso con todas las garantías. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecarias masivas llevadas a cabo por las entidades financieras, en la medida en que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y la generación de deudas "perpetuas en la práctica" también afecta a los artículos 25 de la Declaración Universal (vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado), a los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950 (prohibición de trato degradante o inhumano y prohibición de injerencias en la vida privada y familiar desproporcionadas en una sociedad democrática), artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículos 15, 18, 47 y 39 de la Constitución (prohibición de trato inhumano o degradante, inviolabilidad del domicilio, derecho a la vivienda y protección social, económica y jurídica de la familia), recordando que todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución, en lo relativo a derechos fundamentales y libertades, debe ser interpretado conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 10.2 CE).
Cabe recordar que las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, diferentes entidades de la sociedad civil, y otros operadores jurídicos han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto que sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión. Esta posición viene ahora apoyada por la sentencia, que declara que la normativa española no respeta el derecho comunitario, pudiendo existir responsabilidad del Estado por contravenirlo y por violación sistemática de derechos humanos. Las violaciones manifestadas se han producido de forma masiva en tanto responden a la aplicación del derecho interno por parte de los tribunales enmarcardas en la gravísima crisis económica y social que atraviesa el país.
Que siendo que en este procedimiento, ese Juzgador de oficio ab initio debía revisar si la existencia de cláusulas abusivas (control jurisdiccional) se hallaban en base a la documentación presentada por la entidad bancaria actora ejecutante, debiendo dar traslado a las partes del mencionado control para manifestar cuantas alegaciones consideraran, y toda vez que esta parte no pudo oponerlas, no podrá sino deducirse que el proceder del juzgador ha vulnerado la obligación que remarcan las sentencias europeas invocadas en base a la interpretación de la normativa tuitiva de los consumidores y de los principios jurídicos de equilibrio y contradicción y determinaría una nulidad de actuaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
A mayor abundamiento, la no valoración por parte del Juzgador del carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, supone una violación tanto del principio de legalidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, por no respetar la norma comunitaria, así como de una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ambos amparados por el artículo 24 de nuestra Carta Magna, susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por ello, de forma subsidiaria, se interesa que se declare la nulidad de todas las actuaciones y se retrotraigan las mismas al momento de admisión de la demanda de ejecución con el fin de poder plantear la existencia de cláusulas abusivas, en este u otro procedimiento, con efecto suspensivo inmediato del presente procedimiento de ejecución hipotecario, de tal manera que el correcto proceder sería determinar que existen cláusulas abusivas y permitir que el consumidor pueda alegarlas en el procedimiento declarativo con archivo de la presente ejecución hipotecaria o que el propio Juez del presente procedimiento de ejecución hipotecaria valore el carácter abusivo de dichas cláusulas.
Subsidiariamente, en caso de considerar que no procede declarar la nulidad de todo lo actuado, deberá acordarse la suspensión del procedimiento en base al principio de seguridad jurídica en cuanto el Juzgador carece en este momento de un instrumento procesal válido para continuar con el procedimiento de conformidad con la interpretación de la normativa comunitaria, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los tratados internacionales, y con respeto a los derechos fundamentales actualmente violados que son el principio de legalidad por quebrantar la norma comunitaria, y como consecuencia de dicha vulneración, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, y una vez promulgada y entrada en vigor dicha norma declarar la nulidad de todo lo actuado que contravenga la citada normativa.
SOLICITO AL JUZGADO: Que tenga por presentado el escrito, y en su virtud, declare la nulidad de todo lo actuado, con todos los efectos inherentes a la declaración de nulidad, subsidiariamente, se declare la nulidad de todas las actuaciones y se retrotraigan las mismas al momento de admisión de la demanda de ejecución con el fin de poder plantear la existencia de clausulas abusivas, en este u otro procedimiento, con efecto suspensivo del procedimiento de ejecución hipotecario y, subsidiariamente para el caso de que no se estimen las peticiones anteriores, acuerde suspender el procedimiento hasta que no se lleve a cabo la modificación legislativa que permita desarrollar el proceso de ejecución hipotecaria de manera respetuosa con los derechos fundamentales relacionados en este escrito.
Por ser de justicia, que pido en , a de de 2013.
OTROSI DIGO PRIMERO: Que interesa que sea suspendido el presente procedimiento a los efectos de solicitud de Justicia Gratuita y de designa de abogado y procurador, que al amparo del artículo 12.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se adjunta al presente escrito.
OTROSI DIGO SEGUNDO: Que dado que la presente petición se formula amparándose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitaria que en modo alguno me puede ser imputada, en tanto se mantengan las causas de nulidad de todo lo actuado y de suspensión, ello no me suponga mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios.
OTROSI DIGO TERCERO: Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 231 artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter procesal en que pudiera haber incurrido.
OTROSÍ DIGO CUARTO: Que a los efectos del artículo 40 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se consignan los artículos 14, 18, 24, así como 39 y 47 de la Constitución Española, e igualmente se indican expresamente los artículos 3, 6, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como susceptibles de vulneración.

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 227
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 231
 artículo 40