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Timestamp: 2017-11-20 20:51:13+00:00

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﻿ AUTO 4 DE FEBRERO 3 DE 2004
AUTO 4 DE 03 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. SI UNA SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO ADMITE EL TRÁMITE DE UNA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UNA PROVIDENCIA EMITIDA POR ESE ALTO TRIBUNAL, SE VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SE NIEGA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR LO TANTO, EN ESTE EVENTO, LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO A ACUDIR ANTE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, PARA RECLAMAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS VULNERADOS POR LA SALA, VÍA TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:387 DE MARZO DE 2004, PG.507
REVISTA TUTELA N°:52 DE ABRIL DE 2004, PG.663
Auto 4 de febrero 3 de 2004
Auto, feb. 3/2004. Ref.: Solicitudes de revisión de tutelas.
Los ciudadanos, accionantes en tutela, Juan Manuel Rodríguez Derlee, Carlos Patiño Ospina, Alfredo Nuñez Peña, Jaime Redondo Bruges, Gonzalo Sterling Ardila, Iván Sepulveda, Fabio Parra Valencia, María Jeannette Bendeck de Bendeck, Frank Eliécer Mozo Rovira, Jaime Echeverry Rincón, Mario Adolfo Guerrero Segura, Samuel Alberto Orozco Valencia, Asmeth Jamith Salazar Palencia, Jesús Adolfo Ponce Lenis, Alberto Castaño Bardawill, Gustavo Jiménez Silva, Luis Miguel Chacón Bueno, Julio Gaviria Scioville, Timoteo Parra Poveda, Rubén Darío Prieto Pinto, José Alberto Ospina Flórez, Héctor Jazbón Tobón, Dolcey Padilla Padilla, Gerardo Juan Payan, Cesar Alberto Carreño Pararroyo, Rodrigo Cañas Forero, Luis Alejandro Forero Torres, Iván Cepeda Castro, Edilberto Castro Rincón, Mario Carrizosa Ochoa, David Turbay Turbay, Manuel Ignacio Muñoz González, Fabio Villalobos Guerrero, Nelson Jaramillo Estrada, Rafael Antonio Niño Terreros, Jaime Echeverri Rincón, Gilberto Triana Molina, Cruz Helena Ponce Lenis, Orlando Sánchez Mozo, Luis Felipe Ortiz Ospina, Francisco Eduardo Jaramillo Cortazar, Luis Cesar Ángel Ángel, Luis Carlos Garzón Ramírez, Jairo Iván Lizarazo Ávila, José Vicente Corredor, Alberto de Jesús Murillo Palacios, Manuel Antonio Paternina Bertel, Ramón Ignacio Ramírez Montaña, Cesar Augusto Calero Campuzano y Luis Alejandro Pineda Mancipe, han solicitado a la Corte Constitucional que las tutelas que presentaron a las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia sean revisadas por esta corporación.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone, sin excepción alguna, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; y que, en todo caso, se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en concordancia con lo previsto en el numeral 9º del artículo 241 ibídem, que le asigna como función a la Corte Constitucional la de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
Con el fin de reglamentar el reparto de las acciones de tutela, el Presidente de la República expidió el Decreto 1382 de 2000, que dispone en el numeral 2º del artículo 1º que, lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del mismo decreto.
Demandada por un ciudadano la nulidad del citado Decreto 1382 de 2000, en sentencia de 18 de julio de 2002, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió, entre otras determinaciones, negar la solicitud de nulidad respecto del numeral 2º del artículo 1º. En este fallo, como soporte de la improcedencia de la nulidad impetrada respecto de éste numeral, se consideró que:
... Según el artículo 86 de la Constitución, la solicitud de tutela procede frente a una “acción u omisión” de cualquier autoridad, incluidas las de la rama judicial, y aun sus órganos supremos. La censura contra la disposición que confía a dichos órganos supremos la decisión de las acciones de tutela contra sus propias acciones u omisiones, contiene en sí misma una contradicción insuperable, que conduce en cualquier caso a resultados contrarios a la Constitución Política. En efecto: si la competencia no se le asignase a autoridad alguna, tales acciones u omisiones quedarían sustraídas a la acción de tutela, lo que sería contrario al artículo 86; y si se la confiase a una autoridad distinta, se violaría el artículo 228, como también el artículo 50 de la ley estatutaria, que proclama el funcionamiento autónomo de las diversas jurisdicciones. Así, pues, resultaba necesario reglamentar lo concerniente a la competencia para las acciones de tutela contra acciones u omisiones de los máximos tribunales, y así lo hizo el Presidente de la República, con observancia de los principios constitucionales y legales, defiriéndolas a la propia corporación”.
Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no sólo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y ha obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los tratados internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
1. Decidir que los accionantes a los que se refiere la parte motiva de esta providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte. Por secretaría ofíciese a cada uno de los accionantes.
2. Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, por no admitir a trámite la acción de tutela contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte.

References: artículo 86
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 228
 artículo 50
 artículo 37
 artículo 37