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Secretaría de Energía / Proyecto PERMER/ Fundación Bariloche
Asistencia Técnica para la elaboración del “Plan Estratégico de Energía de la República Argentina”
Tomo II / III
INDICE Tomo II / III
Actividad e): Impacto del marco regulatorio e institucional
3. El Contexto del Marco General de la Inversión
3.1. Seguridad Jurídica
3.2. Organización Institucional del Sector Eléctrico, Operatoria y Situación Actual
3.2.1. Antecedentes
3.2.2. El Modelo de Comienzos de los 90
3.2.3. La Operatoria del Modelo
3.2.4. Los Resultados
3.2.5. La Emergencia
3.2.6. La Iniciación de la Recuperación y el periodo de Transición y Fuerte Intervención
4. Fundamentos y Propuesta
4.1. La necesaria participación del sector privado en el proceso de inversión
4.2. Los Requerimientos de Inversión Anual Previstos por el Plan
4.3. El Marco Propicio para la Inversión Voluntaria
4.4. Asociaciones Público Privadas (APPs), Orígenes, Distintas Formas
4.5. Formas institucionales de las Asociaciones Público Privadas que se manifiestan en países similares a
Argentina (En proceso de elaboración)
Aspectos Conceptuales de una Propuesta (Versión Preliminar)
Anexo. Listado de violaciones a la Seguridad Jurídica
Actividad f): Fuentes Renovables y Biocombustibles
2. Recursos renovables
2.2. Eólica
2.4. Geotermia
2.5. Hidro
Anexo 1 al punto 2.1: Ejemplos de tablas de datos climáticos para dos localidades de la Argentina
Anexo 2 al punto 2.1: Cartas de radiación solar global en Argentina
3. Estado actual de los aprovechamientos y nichos
3.1. Solar Fotovoltaica
3.2. Solar Térmica
3.2.1. Solar Termoeléctrica
3.2.2. Edificios bioclimáticos
3.2.3. Cocinas solares
3.2.4. Calentamiento solar de agua
3.2.5. Detoxificación solar de agua
3.2.6. Secado solar de productos
3.3. Eólica de alta potencia
3.4. Eólica de baja potencia
3.6. Geotérmica de Alta Entalpía
3.7. Geotérmica de Baja Entalpía
3.8. Pequeños aprovechamientos Hidráulicos
3.9. Hidrógeno
Anexo al Punto 3.8: Datos de Generación Hidráulica
4. Prospectiva. Sectores de Demanda
4.1.1. Residencial
4.1.2. Comercial, Servicios y Público
4.1.4. Industria
4.2.1. Residencial Rural
4.2.2. Comercial, Servicios y Público
4.3.1. Residencial Urbano
4.3.2. Residencial Rural
4.3.3. Comercial, Servicios y Público
4.3.4. Industria
4.3.5. Agricultura
4.3.6. Ganadería
4.3.7. Transporte
5. Prospectiva. Sectores de Transformación (cifras bajo revisión)
5.1. Solar Termoeléctrica
5.2. Solar Fotovoltaica
5.2.1. Residencial
5.2.2. Comercial, Público y Servicios
5.3. Energía Eólica
5.4. Biomasa
5.5. Minihidro
5.6. Geotermia
5.7. Requerimiento impuesto por la ley Nº 26.190
Anexo 1 al punto 5.5: Proyectos Hidroeléctricos
Anexo 2 al punto 5.5: Proyectos Hidroeléctricos preseleccionados
6.1. Renovables en general
6.2. Solar y Eólica
6.3. Biocombustibles
6.4. Hidrógeno
Actividad g): Análisis de las Reservas Energéticas
1. Definiciones y Confiabilidad de la Información sobre Reservas
1.1. Las Definiciones
1.2. Las Fuentes de Información
2. Las Cuencas Sedimentarias Argentinas
2.1. Las Cuencas Productivas
2.2. Las Cuencas Improductivas
3. Las Reservas de Petróleo
3.2. Análisis Histórico de las Reservas Comprobadas, Probables y Especulativas
Evolución de las Reservas Comprobadas por Cuenca
3.2.1.1. YPF Estatal: Período 1980-1989
3.2.1.2. Comienzos y Auge de la Privatización: Período 1990-1998
3.2.1.3. El deterioro de la Privatización: Período 1999-2005
3.2.1.4. Los Tres Períodos
3.2.2. Evolución de la relación Reservas Probables - Comprobadas por Cuenca
3.2.3. Reservas Posibles
3.2.4. Reservas Especulativas
Evolución de la producción a nivel de Cuenca
3.3.1. YPF Estatal: Período 1980-1989
3.3.2. Comienzos y Auge de la Privatización: Período 1990-1998
3.3.3. Deterioro de la Privatización: Período 1999-2005
3.3.4. Los Tres Períodos
Evolución de la Relación Reservas – Producción a nivel de Cuenca Sedimentaria
3.4.1. YPF Estatal: Período 1980-1989
3.4.2. Comienzo y Auge de la Privatización: Período 1990-1998
3.4.3. Deterioro de la Privatización: Período 1999-2005
3.4.4. Los Tres Períodos
3.5. Evolución de los Pozos perforados Totales y los de Exploración por Cuenca para el Petróleo y el Gas
3.5.1. YPF Estatal: Período 1981-1989
3.5.2. Comienzo y Auge de la Privatización: Período 1990-1998
3.5.3. Decadencia de la Privatización: Período 1999-2005
3.5.4. La información por cuenca se registra desde 1994 al 2005
3.5.5. Pozos productivos. A noviembre del 2006
Evolución de las Incorporaciones de Reservas Comprobadas por Cuenca
A nivel de Cuenca
3.6.1.1. Cuenca Noroeste: (al año 2005 poseía el 2,6 % de las Reservas Comprobadas del País)
3.6.1.2. Cuenca Cuyana: (al año 2005 poseía el 8,0 % de las Reservas Comprobadas del País)
3.6.1.3. Cuenca Neuquina: (al año 2005 poseía el 33,8% de las Reservas Comprobadas del País)
3.6.1.4 Cuenca del Golfo San Jorge: (al año 2005 poseía el 51,3 % de las Reservas Comprobadas del
Cuenca Austral: (al año 2005 poseía el 4,2 % de las Reservas Comprobadas del País)
3.7. Relación entre las Incorporaciones de reservas Comprobadas de Petróleo por Cuenca y los Pozos
Exploratorios y de explotación
4. Las Reservas de Gas Natural
4.2. Análisis Histórico de las Reservas Comprobadas, Probables y Especulativas
4.2.1.1. YPF Estatal: Período 1980-1992
4.2.1.2. Auge de la Privatización: Período 1993-1999
4.2.1.3. El deterioro de la Privatización: Período 2000-2005
Evolución de la relación Reservas Probables- Comprobadas para el Gas Natural por Cuenca
4.2.2.1. Cuenca Neuquina
4.2.2.2. La Cuenca Austral
4.2.2.3. La Cuenca del Noroeste
4.2.2.4. Total de Cuencas del País
4.2.3. Reservas Posibles
Reservas Especulativas
Evolución de la Producción de Gas natural a nivel de Cuenca
4.3.1. YPF Estatal: Período 1980-1992
4.3.2. Auge de la Privatización: Período 1993-1999
4.3.3. Decadencia de la Privatización: Período 2000-2005
4.4. Las Exportaciones de Gas Natural
4.5. Evolución de la R/P a nivel de Cuenca
4.5.1. YPF Estatal: Período 1980-1992
4.5.2. Comienzo y Auge de la Privatización: Período 1993-1999
4.5.3. Deterioro de la Privatización: Período 2000-2005
Evolución de las Incorporaciones de Reservas Comprobadas
Para el Total del País
4.6.1.1. YPF Estatal: Período 1881-1992
4.6.1.2. Comienzo y Auge de la privatización: Período 1993-1999
4.6.1.3. Decadencia de la Privatización: Período 2000-2005
4.6.2.1. Comienzo y Auge de la privatización: Periodo 1991-1999
4.6.2.2. Decadencia de la privatización: Periodo 2000-2005
Los Descubrimientos Recientes de Gas Natural
5. Descripción de las Tareas de Exploración en Curso
5.2. La legislación de exploración y algunos ejemplos de Exploración para la búsqueda de Gas Natural en
5.3. Las actividades y las inversiones de exploración
5.4. Las Áreas de Exploración
5.4.1. Datos para el 2005 y 2004
5.4.2. El Plan Argentina
5.4.3. Oportunidades de Inversión
5.4.4. Algunos resultados registrados hasta marzo 2007
5.4.5. Algunas Reflexiones
6. Lista de Anexos
Anexo 1: Lista de Áreas
Anexo 2: Cálculo de los descubrimientos de Petróleo por Cuenca
Anexo 3: Cálculo de los descubrimientos de Gas Natural por Cuenca
Anexo 4: Archivo HFUVY 2004-2005
Anexo 5: Áreas de Exploración 2004
Anexo 6: Áreas de Exploración 2005
Anexo 7: Áreas de Exploración de REPSOL: 2005
Anexo 8: Plan Argentina
Anexo 9: Oportunidades de Inversión
Anexo 10: Potencial de las Cuencas Sedimentarias Argentinas
Este trabajo que se realiza en el ámbito del Grupo Asesor en Planificación Estratégica Energética de la Secretaría de Energía (Grupo Asesor), se encuadra dentro de la problemática financiera que afrontarán las inversiones energéticas futuras del plan en preparación. Específicamente, el objetivo del trabajo es formular propuestas y recomendaciones para activar mecanismos que faciliten el financiamiento de las inversiones del plan dentro del marco de la legislación nacional, del Régimen Nacional de Asociaciones Público Privadas así como de otras opciones aptas para tal fin. Así mismo se recopilarán antecedentes sobre estos procesos en aplicación en países de características similares a Argentina.
En un sentido amplio, la propuesta se basa en la combinación de las capacidades financiera, técnica y de gestión del sector privado con la imprescindible participación del Estado como planificador estratégico, coordinador y regulador de ciertos sectores clave para el desarrollo económico de un país. De esta sinergia debe surgir una coyuntura que incentive la inversión voluntaria de sector privado en estas actividades, con la garantía de que estas son realizadas en el marco de un plan estratégico de desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades del país y resguardando los derechos de los usuarios.
Los receptores del trabajo serán técnicos del sector energía (ingenieros, economistas, abogados, contadores, geógrafos, analistas financieros y afines) familiarizados con su problemática, razón por la cual se realizan algunas simplificaciones u omisiones con la intención de facilitar la lectura y limitar la extensión del texto. Se incluyen referencias a los antecedentes bibliográficos utilizados así como a los sitios Web visitados.
El trabajo comienza con un capitulo de “Contexto” que describe el marco general, jurídico e institucional, en el que se realizan las inversiones extranjeras en Latinoamérica y particularmente en Argentina, región considerada emergente necesitada de atraer inversiones locales y del capital financiero internacional del moderno mundo globalizado. Esta ambientación general está seguida de una descripción de la situación coyuntural del sector energético argentino a comienzos de 2007 en la que aun tienen efecto los impactos de la crisis de 2001/2002. Este análisis de la situación de la coyuntura argentina incluye como referencias, para completar el diagnóstico, la estructura institucional vigente así como la descripción sintética de las formas de financiamiento de las inversiones estratégicas en ejecución en este periodo considerado de transición y fuerte intervención.
Sigue el capítulo denominado “Fundamentos y Propuesta” compuesto por seis puntos principales, que elaboran las conclusiones del diagnóstico, sostén de la propuesta. En primer lugar se discute la necesaria participación del sector privado en las inversiones futuras según el marco legal de la ley 24065, que en consonancia con las corrientes modernas de propiedad de la infraestructura de los servicios públicos concibe una sustantiva participación de estos intereses como inversores y operadores de los emprendimientos energéticos.
El segundo punto comenta el pronóstico de una estimación de inversiones surgida de los modelos de optimización y proyección utilizados por el Grupo Asesor, con los montos requeridos anualmente (en millones de U$S) como indicador de los recursos que deberán ser financiados.
El tercer punto analiza la razón de ser de las asociaciones público privadas como medio eficaz de canalizar la inversión privada, siguiendo la iniciativa del sector público. Estas asociaciones de interés público y privado deben estar sujetas a un marco legal claro y transparente que ofrezca igualdad de oportunidad a los grupos privados interesados en participar. Se describen las distintas formas que pueden tomar estas Asociaciones Público Privadas, o “Public Private Partnerships” o “PPP” como son comúnmente conocidas aún en lengua española.
En cuarto lugar se desarrolla un punto que describe las condiciones de seguridad jurídica y racionalidad económica esperadas en los países anfitriones, es decir destinatarios de inversión privada por los grupos que lideran el gerenciamiento del flujo inversor. Este desarrollo ha sido extraído de dos fuentes principales: Primero, las conclusiones del Libro Blanco sobre PPPs y BTOs realizado por la Asociación de Contratistas de la Unión Europea sobre el proceso de la inversión extranjera y el contexto esperado desde el enfoque de los colocadores de capital, proveedores y constructores. Y segundo, una encuesta realizada por el Banco Mundial entre diferentes instituciones internacionales que gerencian recursos de inversores en el sector eléctrico (fondos de pensiones, bancos de inversión y otras organizaciones con esas funciones).
El quinto y penúltimo punto analizan la ley brasileña de “parcerias público privadas” N° 11079/04 y su reglamentación así como los antecedentes disponibles de otros países latinoamericanos. Esto plantea una formulación lógica al conformar un ámbito orientador y de experiencia práctica en casos similares.
En el último punto se comenta el Régimen Nacional de Asociaciones Público Privadas y otra normativa reciente, dentro de la cual se destaca la que surge de la Resolución de la SE 1281/06 que crea el concepto de “energía plus”. Se concluye con un borrador con propuestas de mecanismos e instrumentos para activar y concretar el financiamiento de las inversiones del plan
El objetivo principal del trabajo es formular propuestas y recomendaciones para activar mecanismos que faciliten el financiamiento de las inversiones del plan dentro del marco legal del sector eléctrico y del Régimen Nacional de Asociaciones Público Privadas. Se deberá recopilar antecedentes sobre estos procesos en aplicación en países de características similares a Argentina.
El logro de este objetivo principal implica alcanzar dos objetivos subsidiarios:
recopilar información y sistematizarla sobre propuestas y mecanismos aplicados actualmente por los organismos internacionales de crédito y garantía para financiar a largo plazo planes de expansión de la actividad energética y servicios públicos, incluyendo la participación pública y/o privada; y
recopilar información y analizar experiencias internacionales recientes de países con características socioeconómicas e institucionales similares a las de Argentina en materia de financiamiento a largo plazo de actividades del sector eléctrico y de servicios públicos.
En base a los estudios anteriores, elaborar una propuesta con recomendaciones sobre posibles mecanismos, instituciones y/o regulaciones a aplicar para financiar las inversiones emergentes del Plan Estratégico de Energía de la República Argentina.
Este trabajo está destinado a técnicos del sector energía, con distintas especialidades, familiarizados con su problemática, razón por la cual se realizan algunas simplificaciones con la intención de facilitar la lectura y limitar la extensión del texto.
La restauración del flujo normal del proceso de inversión en el sector eléctrico requiere dos precondiciones básicas que deben darse en la relación entre inversores y estado anfitrión. La primera precondición implica la vigencia de seguridad jurídica como marco general y atemporal de vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y del crecimiento La segunda precondición consiste en la reconciliación de intereses entre las expectativas de los grupos inversores privados y la política energética y de precios, en esta coyuntura.
Esto último, supone un ejercicio de síncresis entre estos intereses circunstancialmente contrapuestos. Es necesario que la política económica y energética sea prudente y el marco legal respete la racionalidad económica, los principios de la libre competencia, no abusiva y de la igualdad ante la ley consagrados por la Constitución Nacional.
Argentina ha vivido en los últimos tres cuartos de siglo un estado de permanente inseguridad jurídica con continuas violaciones del contrato social en general y de los derechos de propiedad de las grandes mayorías en particular. Esta inseguridad jurídica ha sido producto de las sucesivas conmociones políticas y sus consecuencias económicas. Las grandes crisis institucionales han sido además ocasión propicia para producir quiebras sistémicas “fraudulentas” en las que los grupos con mayor “capacidad de lobby” no solo no han perdido, sino que han ganado a costa de los demás.
Se considerara a los efectos de este análisis que este estado de inseguridad jurídica se inicia con el golpe de estado de 1930 y se mantiene hasta la devaluación de comienzos de 2002 y las medidas complementarias subsiguientes. Sin intentar hacer un listado completo de las distintas alteraciones de este período, en el Anexo 5.1 se mencionan los acontecimientos principales que implicaron violaciones, ya sea al contrato social, o al derecho de propiedad de las grandes mayorías.
Se hace una referencia más detallada de la devaluación de comienzos de 2002 porque tiene efectos que aun gravitan sobre la actual coyuntura. En primer lugar cabe reconocer que no hay sistema jurídico que pueda asegurar los derechos de propiedad al margen de la realidad económica. Así, los sistemas legales tienen como instrumento leyes de quiebras que reconocen la necesidad de un procedimiento dentro del cual puedan minimizarse las pérdidas de los acreedores de una empresa en riesgo. Si la empresa quiebra, perderán sus accionistas y probablemente también los acreedores. Lo que debe procurar una buena legislación es que las pérdidas se repartan equitativamente entre las partes involucradas.
La devaluación y el default subsiguiente fueron la expresión de una quiebra del país en su conjunto. La quiebra fue inicialmente del sector público, que se vio imposibilitado de sostener el endeudamiento acumulado durante los años previos de poca responsabilidad fiscal. La devaluación produjo la quiebra de empresas endeudadas en dólares y el default arrastró a la quiebra virtual a bancos. La devaluación y el default y no fueron una decisión política unilateral y caprichosa, sino fue la consecuencia inevitable de un país que se endeudó masivamente en dólares a tasas altísimas para financiar consumo o inversiones que no generaban capacidad de repago en dólares. Como en una quiebra privada, los derechos de propiedad de bonistas acreedores del sector público y del sector privado, fueron dramática e inevitablemente violados.
El largo periodo de quiebre del ordenamiento constitucional y jurídico en general fue
resultante de distintos tipos de conmociones políticas. Éstos, a su vez, produjeron desmanejos institucionales, favores del poder de turno a grupos de interés económico, corrupción, carencias de justicia social así como falta de respeto a los derechos humanos que se dieron en forma sucesiva y liderados por diferentes protagonistas.
A nivel más general, la expectativa generalizada por seguridad jurídica se basa en
que el incumplimiento de la ley y la consecuente imprevisibilidad hacen ilusoria
cualquier pretensión de que los inversores piensen en la Argentina. El estado de derecho es planteado así como una condición imprescindible para la atracción de capitales y el progreso económico. Esta postura, que parece obvia, tiene también
una condicionalidad importante: el interés general. Un sistema legal no es bueno por
el solo hecho de ser estable y garantizar derechos adquiridos, sino porque lo que
también está garantizando son derechos adquiridos compatibles con ese interés general.
Ahora que desde mediados de 2003 se empieza a retomar el camino del orden en sentido amplio (político, institucional, económico, etc.) con practicidad y realismo ante una situación mundial auspiciosa que no deja espacio para divergencias
ideológicas ni para incumplimientos caprichosos, asoma una luz confiada de esperanza.
Hoy a partir de esta democracia en franco proceso de consolidación se abre una instancia que no debería desaprovecharse. Si se consiguen eliminar los generadores básicos de la inseguridad jurídica (ineptitud, egoísmos grupales, ambiciones desmedidas y corrupción) en una movilización democrática para recrear el estado de derecho se podrán aprovechar efectivamente las enormes potencialidades que el país ofrece.
A comienzos de la década del ‘90, se produjo una importante transformación en el
sector eléctrico argentino, durante una situación socio económica difícil con alta inflación que repercutía naturalmente en el sector energético. El Estado decidió dar lugar a la participación del sector privado en el negocio eléctrico privatizando parte de la prestación del servicio eléctrico. Se dividió el funcionamiento de este servicio en los tres procesos clásicos: generación (empresas que generan la energía eléctrica), transporte (empresas que transportan la energía desde el lugar en que se genera hasta los centros urbanos), y distribución (empresas que la distribuyen desde los nodos de los centros urbanos hasta los usuarios).
A la generación, se le permitió la libre competencia y en consecuencia, la liberación
del precio de la electricidad a nivel mayorista. Por las características del sistema, el
transporte y la distribución, que constituían monopolios naturales, quedaron monopolizados ya que, por una cuestión de infraestructura y mercado, no pueden existir varias empresas para que el usuario pueda optar por una u otra. Para garantizar equilibrio, se crearon los Entes Reguladores y lo convirtieron en un
servicio regulado. En diciembre de 1991, se dicta la Ley 24.065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico, que dio lugar a una fuerte corriente de inversiones y rápidamente se pudo salir de la situación de cortes de suministro que interrumpían
el servicio. Luego, las inversiones apuntaron a progresar respecto del sistema en sí,
de la confiabilidad, la eficiencia y la potencia energética.
Este modelo de transformación se constituyó en un ejemplo a nivel mundial, tanto por la rapidez con la que se salió de la crisis como por la extensión de la red eléctrica del país. El nuevo modelo de mercado se basaba en la segmentación referida de las etapas eléctricas del sistema. Estas actividades fueron encomendadas a empresas en algunos casos privadas y en otras públicas, tomando
el Estado Nacional a su cargo el rol de fijar las políticas del mercado y condicionar el
accionar de las empresas mediante la regulación y las señales económicas. Estos tres conjuntos de actores activos, como así también los Grandes Usuarios, han sido
los únicos autorizados a participar del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de su previa calificación como “Agentes del Mercado”.
El MEM está asociado al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) con mas de 7000 kilómetros de líneas en Alta Tensión que cubren ahora desde fines de 2005 toda la extensión del territorio del país. Ha tenido la potestad de ordenar la conformación de unidades de negocio para realizar la privatización de empresas estatales del sector eléctrico. No permite, en principio, la integración vertical ni horizontal de generadores, transportistas, distribuidores, ni con grandes usuarios. A través de este Sistema de Interconexión Nacional, el MEM abastece ahora a la totalidad de la demanda del sistema eléctrico argentino.
En este marco, los actores del Sistema Eléctrico Argentino son el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA) (en esta configuración juega un rol fundamental) los Agentes del MEM, que son las asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios y los consumidores.
El operador del mercado es CAMMESA, organizada como una sociedad anónima y creada por el decreto 1192 en julio de 1992. Esta sociedad anónima tiene un paquete accionario de cinco partes iguales (20% cada una) y está integrada por el Estado Nacional, a través de la Secretaria de Energía, y por las asociaciones que representan a los generadores, distribuidores, transportistas y grandes usuarios del mercado eléctrico.
En el sistema eléctrico argentino se ha previsto, como en el anglo - galés y español, un mercado instantáneo de compras y ventas de energía conocido como mercado “spot”, donde en cada fracción horaria dada se equiparan las ofertas disponibles de generadores y las demandas de distribuidores y grandes usuarios. Asimismo se administran los suministros contratados en contratos a plazo por generadores y consumidores con precios preestablecidos. La operatoria de este mercado consiste en la equiparación de las ofertas hasta la cobertura de la demanda en la fracción horaria. Se establece como precio “spot” el valor de la última unidad ofrecida para cubrir la demanda según la metodología de los costos marginales.
El operador de despacho en Argentina coordina tanto las operaciones físicas del sistema como la liquidación las operaciones de compraventa de electricidad producidas, de acuerdo a la información suministrada por los sistemas de medición de las compras efectuadas en el mercado “spot” y la de los contratos. Las primeras de acuerdo a los precios de fracción horaria que establece la norma y los segundos de acuerdo a los valores pactados.
CAMMESA monopoliza y es responsable de la programación de la operación de todo el sistema de interconexión en sus diversas actividades, tales como la ordenación del despacho, cálculo de precios estacionales (fijados en base a pronósticos para facilitar la operatoria de los distribuidores), administra los fondos
compensadores y sanciona de los precios “spot”, conforme reglas establecidas en “Los Procedimientos para la Programación, el Despacho de Cargas y el cálculo de los Precios - LOS PROCEDIMIENTOS”, que son las normas que gobiernan el despacho.
En el mercado “spot”, una vez efectuado el despacho real, quedan definidos los compradores y vendedores, tanto en cantidades como en precios, y cada uno de ellos resulta deudor / acreedor de los demás, por el mismo precio en distintas cantidades. Es decir, cada deudor debe proporcionalmente a cada acreedor el total de su compra y a la inversa.
El sistema propuesto por este modelo ha operado eficientemente y con independencia a críticas y observaciones tendientes a corregir algunas fallas y perfeccionarlo, y se puede considerar que constituye un instrumento cabal para el funcionamiento de un mercado eléctrico en el que conviven intereses públicos y privados en competencia. En 1998 momento en que la situación macroeconómica comenzó a deteriorarse y se inició un proceso de disminución de la confianza de operadores e inversores que comenzaron a afectar al sector eléctrico.
En el periodo 1998 a 2001 la presunción de que se acercaba un conflicto financiero grave planteaba condiciones de incertidumbre a los agentes privados que consideraban que sus inversiones futuras resultaban poco factibles por el marco global. La crisis estalla a fines de 2001 con enrarecimiento del sector financiero primero, la fuga de capitales, "el corralito", "el corralón", la subsiguiente devaluación, "el default de la deuda externa", la pesificación y otras circunstancias negativas que afectan las actividades productivas, financieras y de servicios del país. La situación que se vive configura una emergencia estructural, es decir, producto de varios años sin que se hayan efectuado las correcciones necesarias para superarla. La serie de la evolución de la potencia instalada en el MEM constituye un indicador elocuente declinación de la situación del sector eléctrico.
Tabla 3.2.4.1 Potencia Efectiva Bruta Instalada En (Mw)
Como se anticipa en el párrafo anterior, a partir de 1998 virtualmente se había detenido la iniciación de nuevas inversiones en generación. La incorporación de las capacidades luego de esa fecha corresponde a las inversiones planeadas e iniciadas antes de esa fecha. El incremento de la oferta de potencia entre 2001 y 2006 resulta inferior al 50% de la que hubiera sido normalmente requerida para una demanda que crece a 5,0% por año.
La Ley 25561, sancionada el 6 de enero de 2002, declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (conocida como Ley de Emergencia Pública), delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades contenidas en ella. Esta ley derogó el llamado sistema de la convertibilidad establecido en la ley 23398 de 1991. Este sistema mantenía una paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense, paridad producto de un mecanismo de control de la emisión monetaria, diseñado luego de la hiperinflación que sufriera la República Argentina en el año 1989.
En lo pertinente a como la crisis afectó a la industria eléctrica, el artículo 8 de la Ley 25561 dispone que a partir de su sanción, los contratos celebrados por la administración pública, bajo normas de derecho público, entre los que se comprenden a los de obras y servicios públicos, no son aplicables a los mismos las cláusulas de ajuste en dólar, o en otras divisas extranjeras y/o cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países. Este artículo 8 establece que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en una relación de cambio: un peso argentino, un dólar estadounidense. A partir de ese momento comienza un periodo de desequilibrio de los precios relativos dado que la paridad con el dólar estadounidense pasa del U$S 1 = $ 1 a U$S 1 = $ 3.
Como es de conocimiento general en el marco de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, la S.E: merituó conveniente el principio de no trasladar a los precios estacionales el incremento que se produce en los costos variables del sistema eléctrico y luego segmentar estos precios estacionales con aumentos diferenciales, lo que ha producido un déficit en el fondo compensador que administra CAMMESA. Este fenómeno ha tenido dos efectos principales.
Primero, por un lado, ante este creciente déficit, fue conveniente establecer un mecanismo transitorio para la asignación de los recursos para afrontar las acreencias de los agentes del MEM, buscando privilegiar el pago de los costos aceptados, con el objeto de preservar las demandas que no se encuentran respaldadas por contratos de energía eléctrica en el mercado a término. Estas acreencias se documentaron a los generadores con LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fondos con Vencimientos a Definir) con los que en definitiva se constituye el FONINVEMEM (Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista) en Julio de 2004. Se verá mas adelante como el FONINVEMEM está financiando las dos centrales de ciclo combinado de Campana, Pcia. de Buenos Aires y Timbúes, Pcia. de Santa Fe. Segundo, por otro lado, las condiciones de desbalance de precios relativos aun persisten y todavía plantean pronósticos financieros que resultan poco desalentadores de la inversión privada.
En conclusión, la crisis económica – financiera del 2001/2002 ha producido un desbalance general en los precios relativos, específicamente para este caso, entre el tipo de cambio y los precios energéticos. Este desbalance aún no se ha estabilizado y por diferentes razones, quizá se prolongue algún tiempo más. Este fenómeno, en el marco legal de la Ley 24065 afecta a las empresas privadas agentes del sector eléctrico cuya rentabilidad, natural factor de asignación de recursos, desalienta la inversión. Estas rentabilidades, en la actual coyuntura no surgen como variable de la operación del mercado como en la década de 1990, sino como prevé la reciente normativa (ver entre otras Resolución 1281/06 art. 5; Resolución 220/07 art 5) surgirá de negociaciones entre la SE y los agentes privados. Esta forma de determinar la rentabilidad deberá rápidamente sustituirse por una metodología transparente y objetiva.
Mientras tanto, las inversiones estratégicas, no diferibles no se han paralizado. Dado que no cuentan con un flujo natural de recursos privados tal como debería surgir del marco legal de la Ley 24065, en la actualidad se están realizando con fondos públicos como fuente financiera principal. Se enuncian a continuación las obras principales en curso del llamado “Plan de Gestión 2004/2008” y los esquemas financieros de cada uno de ellas
La participación de la inversión privada en el sector eléctrico latinoamericano no es consecuencia de una postura ideológica sino de una realidad económica inexorable. Esta participación comienza a manifestarse a comienzos de la década de los noventa, a partir de la situación crítica que encaraban la mayoría de los países de Latinoamérica y de la firme iniciativa de los organismos internacionales de financiamiento. Se menciona como antecedente la Conferencia de Cocoyoc, México, de 1991 en la que el Banco Mundial plantea la necesidad de la apertura a la participación privada en los sectores eléctricos.
En ese momento, los países de latinoamérica comienzan a abandonar el esquema tradicional de propiedad del estado de la infraestructura eléctrica que se había
iniciado a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de la década del cuarenta. En consecuencia comienza un proceso paulatino de participación de los intereses privados bajo regulación estatal que reviste distintas formas en los países de la región. En Argentina se da un proceso de privatizaciones bajo el marco legal establecido por la ley 24065 de Diciembre de 1991.
La causa principal iniciadora de este proceso de entrada de inversores y operadores privados obedece al estado de virtual bancarrota en que estaban casi todos los sectores eléctricos latinoamericanos, enfrentado una crisis financiera insostenible que limitaba su proceso de expansión y consecuentemente el crecimiento económico y mejoramiento del bienestar de la sociedad.
Este estado de situación se originaba en casi todos los casos debido a tres causa principales:
(i) la generación interna de fondos era inexistente dado que la generación bruta
de fondos, en la mayoría de los casos no era suficiente para atender los servicios de
la deuda, debido a gerenciamientos y administraciones ineficientes de las empresas eléctricas y bajos niveles tarifarios;
(ii) los estados nacionales no disponían de suficientes recursos para invertir ante
las crecientes necesidades requeridas por el gasto social: salud, educación y seguridad principalmente; y
(iii) los únicos recursos que estaban realmente disponibles para la inversión
provenía del financiamiento de los organismos internacionales. Esta fuente se autolimitaba por la exigencia de fondos de contrapartida locales equivalentes, circunstancia que si no se cumplía no permitía alcanzar la normativa y los estándares de solvencia financiera que eran convencionalmente requeridos por los bancos internacionales.
La descripción anterior generalizada para los países latinoamericanos, reflejaba el estado de las finanzas del sector eléctrico argentino. Este agravado por la alta inflación presentaba grandes irregularidades dado que algunos meses, a fines de la década de los ochenta y comienzo de los noventa, la recaudación por venta de energía no permitía pagar los sueldos y salarios de las empresas públicas.
Este es el momento en el comienza el proceso privatizador en el país siguiendo el modelo anglo sajón, predominante en los países desarrollados, de concesiones del servicio público a empresas privadas propietarias de los activos del servicio eléctrico bajo una estricta regulación en protección de los intereses de los consumidores. Aparte, el negocio eléctrico constituye una de las actividades económicas más atractivas para los inversores privados dado que su sostenida rentabilidad, basada en la firmeza de la creciente demanda de electricidad ya sea como insumo industrial o como producto de consumo final. La regulación plantea un equilibrio entre los intereses de las empresas eléctricas para obtener una razonable rentabilidad sobre sus inversiones y los intereses de los consumidores que deberán recibir un servicio confiable, de calidad y con precios no abusivos.
El marco legal argentino del sector de la ley 24065 antes mencionada establece sólidos principios para una operación eficiente de las funciones fundamentales del negocio eléctrico, la generación, el transporte y la distribución. Establece normas de relación claras entre los agentes, sean estos públicos o privados, grandes
consumidores, consumidores y ente regulador. Este marco ha sido ampliamente ratificado en cuanto a su vigencia y al rol previsto para la participación de la inversión privada a través de la normativa reciente. No existen señales de retorno al sistema tradicional de propiedad estatal. En este sentido se mencionan los Considerandos la Resolución 220/2007 (Contratos entre el MEM y las ofertas de disponibilidad de agentes), la Resolución 1281/2006 (Comercialización en el mercado “Spot” – Energía “Plus”) entre otras.
Este Capítulo se encuentra en proceso de elaboración.
Este punto se refiere a las condiciones institucionales y de contexto macroeconómico que los inversores extranjeros directos o los administradores de grupos financieros esperan que se den en los países anfitriones, o sea en los países donde se proyecta invertir. En general estas condiciones pueden ser consideradas obvias, porque no son otras que las que cualquier particular tendría en cuenta si estuviera colocando sus recursos personales o los ahorros de sus mayores para que gozaran de una jubilación sin sobresaltos.
La síntesis que se desarrolla a continuación se basa principalmente en dos trabajos. En primer término, las conclusiones del Libro Blanco sobre BOT (Construir, Operar, Transferir) y PPP (Asociaciones Público Privadas) realizado por la Asociación Europea de Contratistas Internacionales (AECI) y publicado en Abril de 2003. En segundo término, se consideró una encuesta internacional realizada por el Banco Mundial a inversores en el sector eléctrico (“What International Investors Look for when Investing in Developing Countries – Que buscan los Inversores Internacionales cuando Invierten en Países en Desarrollo”) publicada también en
Se destaca que estos trabajos se incluyen para atender la inquietud generalizada de ¿Cómo se ve a los países en desarrollo? En él se vuelcan sintéticamente las conclusiones de dos trabajos de fuentes confiables. Si bien ambos trabajos están ubicados en el plano del inversor extranjero que explora posibilidades en los países emergentes, se considera que los inversores locales evalúan la viabilidad de sus inversiones utilizando los mismos criterios, tal como lo hacen los inversores argentinos, que estimativamente tienen fuera del circuito de la economía nacional unos U$S 110.000.- millones de U$S, ya sea en el exterior o en distintas formas de atesoramiento dentro del país, según ha informado el BCRA a fines de Marzo.
El AECI, cuya denominación en inglés es EIC (“European International Contractors”) es una federación que representa las federaciones de la industria de la construcción de 15 países Europeos, que en el año 2000 ejecutaron obras por 45 billones de U$S en obras fuera de Europa. Es una asociación profesional de contratistas que representa los intereses de la industria europea en todos los aspectos referidos a las construcciones internacionales y se mantiene en contacto permanente con las organizaciones internacionales de financiamiento para apoyar iniciativas que mejoren el marco legal y económico en el que se desarrollan las construcciones de
grandes proyectos. La AECI constituyó un grupo de trabajo con especialistas de las principales compañías asociadas de todos los países miembros para formular recomendaciones sobre proyectos de desarrollo, procesos de licitaciones y problemas financieros. Un resumen de este trabajo, denominado Libro Blanco sobre BOT (Construir, Operar, Transferir) y PPP (Asociaciones Público Privadas) se presenta seguidamente.
1 Los gobiernos deberían adoptar una estrategia realista, consistente y sustentable para las BOT y las PPP.
2 Los gobiernos deberían establecer una unidad especializada para diseñar e implementar una política consistente y uniforme sobre las BOT y las PPP con un enfoque general dirigido a asegurar una coordinación horizontal entre las distintas jurisdicciones políticas (nación, provincias, municipios) y los distintos ministerios o sectores económicos involucrados.
3 Las normas que establecen los estándares contables a utilizar deberán tener en cuenta las peculiaridades de los contratos de concesión. Las metodologías de depreciación y las de costos de financiamiento deben estar vinculadas al perfil del flujo de ingresos.
Preparación de los Proyectos
4 El éxito de los proyectos de BOT o PPP dependen de una profunda y objetiva valoración de los parámetros técnicos, económicos y financieros clave en el marco de un bien definido y transparente proceso licitatorio.
5 Los gobiernos deben establecer prolijamente la estrategia y la política de la gestión de compras (licitaciones) para las necesidades de cada proyecto de BOT/PPP. Esto se realizará con el objetivo de aprovechar la experiencia y capacidad creativa de los potenciales contratistas en el diseño de las soluciones que, mejor satisfagan las necesidades a cubrir con el proyecto.
6 La cantidad y calidad de información puesta a disposición de los oferentes en las licitaciones debe ser mejorada para minimizar que estos deban costosas investigaciones para completar sus ofertas. Los pliegos de la licitación deben proveer la información suficiente para que los oferentes puedan: (i) valorar los riesgos técnicos y comerciales del proyecto; (ii) evaluar los aspectos económicos y los riesgos del mercado y (iii) comprender los criterios y los procedimientos de la evaluación de la oferta.
7 Los gobiernos deben definir claramente los mecanismos de pago y, cuando sea necesario, garantizar la disponibilidad del financiamiento que pueda requerirse para que el proyecto se complete exitosamente.
8 La incertidumbre vinculada a la política tarifaria debe ser reducida tanto como sea posible en un esfuerzo conjunto de los asociados para crear mecanismos que aseguren un flujo firme de ingresos cuando el proyecto comience a operar.
9 Los gobiernos deberán especificar un mecanismo de ajuste de tarifas o criterio de indexación para tener en cuenta la inflación o deflación durante la vida de la concesión.
10 Las autoridades del proyecto deben realizar procedimientos o concursos de precalificación de oferentes para identificar aquellos que tienen las calificaciones requeridas par ejecutar el proyecto BOT/PPP.
11 Las autoridades del proyecto deben definir los criterios para la ejecución del proyecto y la evaluación de las ofertas de la licitación para facilitar la consistencia de las ofertas y la cabal comparación de las mismas.
12 Los criterios de adjudicación de los contratos deben estar claramente especificados en los documentos de la licitación y no deben ser modificados en el curso de la licitación.
13 Las autoridades del proyecto deberán asegurar la estricta confidencialidad de todas discusiones, comunicaciones y negociaciones con todos los oferentes en las distintas etapas del proceso licitatorio. Paralelamente en el mismo sentido no deberá difundirse ninguna información sin la expresa autorización del oferente.
14 Las autoridades del proyecto deben eventualmente proveer una adecuada compensación de los costos incurridos por los oferentes para asegurar la mayor calidad de las ofertas.
15 Las autoridades del proyecto deben alentar al sector privado a enviar propuestas a su propia iniciativa y proveer un marco de creado para proteger los intereses de ambos socios públicos y privados.
Mitigación del Riesgo Financiero en los proyectos BOT/PPP
16 Disponibilidad de un adecuado sistema de mitigación de riesgos es uno de los elementos clave para el éxito del proyecto. Mecanismos de garantía mas específicos y precisos contribuirán a establecer un clima de confianza y seguridad a inversionistas, prestamistas y aseguradores.
17 Los riesgos deben ser soportados por la parte que está en mejor posición para valorar e influir sobre la posibilidad de su impacto financiero, de su ocurrencia así como de administrar las consecuencias
de su materialización.
18 El rol de las instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo y agencias de crédito de exportación es de crucial importancia para compensar las eventuales deficiencias de los mercados financieros locales. Su intervención se debería dar en los aspectos siguientes: (i) mejora, diseño y desarrollo de herramientas específicas que respondan a las necesidades de los proyectos de
BOT/PPP, y (ii) intensificar los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional de los países anfitriones.
19 Los gobiernos deberán tomar pasos adecuados de política económica
y financiera para reducir los riegos monetarios para facilitar la implementación de los proyectos.
20 Garantías en relación con el riesgo político de las agencias de financiamiento multilateral representan una muy importante herramienta de mitigación para proyectos de infraestructura
financiados por grupos privados. Las agencias deberán revisar y extender sus programas de cobertura de riesgo político en términos de alcance y dimensión para adaptar la oferta de sus productos a los particulares requerimientos de ese tipo de proyectos.
21 El financiamiento del proyecto BOT/PPP requiere, en general, mejoras en los sistemas financieros de los países anfitriones. Un mayor aprovechamiento de los beneficios socioeconómicos generados por la infraestructura junto con una ingeniería financiera creativa podrán ayudar al logro de esos objetivos. Para este logro se requerirá, eventualmente, una adaptación del sistema de presupuesto público y de su marco contable.
El Banco Mundial realizó una encuesta internacional a inversores en el sector eléctrico (“What International Investors Look for when Investing in Developing Countries – Que buscan los Inversores Internacionales cuando Invierten en Países en Desarrollo”) que se publicó en 2003. En ella se exponen impresiones de inversores extranjeros que ya poseen y/o planean inversiones en países en desarrollo de distintas regiones del mundo. Es decir, el trabajo incluye opiniones de grupos con experiencia en el relacionamiento con gobiernos y empresas de estos países, entre los que está incluida argentina. Sigue un resumen de las principales conclusiones del trabajo.
Las inversiones extranjeras en el sector eléctrico en países en desarrollo, aunque insignificantes durante 1980, crecieron rápidamente a comienzo de los 90’s y se mostraban como para continuar creciendo en forma sostenida. Sin embargo, en los últimos años el interés de los inversores internacionales ha decaído, y un gran número y un alto valor en transacciones patrocinadas por esos inversores están muy por debajo de pico alcanzado en 1997. Esta declinación de la inversión extranjera es una gran preocupación, dado que la demanda de energía eléctrica en los países en desarrollo crecerá alrededor de 4% anual durante las próximas dos décadas.
Para mantener el ritmo de este crecimiento de la demanda muchos países necesitan atraer inversión extranjera para sus sectores eléctricos. Esta circunstancia obliga a tener en cuenta los factores que los inversores consideran importante.
Para recopilar las percepciones de los factores críticos del éxito o fracaso de sus inversiones, basadas en la experiencia, el Banco Mundial realizó una encuesta entre firmas internacionales con inversiones de capital en energía eléctrica en países en desarrollo. La investigación supuso que su experiencia con la inversiones realizadas en el pasado era posible que suministren información para las futuras decisiones de inversión, ya sea para realizarlas o cancelarlas, y una vez que las inversiones están hechas mantenerlas o liquidarlas.
Los resultados de la investigación confirmaron la interpretación del Banco Mundial sobre las percepciones de los inversores. El estudio ha encontrado que muchos inversores se mantienen recelosamente interesados en los países en desarrollo. Las condiciones que ellos buscan son las que los gobiernos reformistas aplican durante sus mandatos para asegurar la plena vigencia de la ley en relación con los derechos de los inversores así como procesos regulatorios y judiciales libres de
interferencias arbitrarias de los gobiernos. Estas conclusiones sugieren que los gobiernos con expectativas de recibir flujos de inversión extranjera deben continuar fortaleciendo el clima interno para propiciar inversiones. Este panorama aplica también para los inversores locales.
La organización de la encuesta para la investigación sobre las decisiones de inversión tuvo dos secciones, una referida a las condiciones de los países en sentido amplio (cuyas conclusiones están principalmente dirigidas a los gobiernos), y otra referida a los factores determinantes del éxito o fracaso de los proyectos (cuyas conclusiones están dirigidas a los responsables de los proyectos). Este enfoque ha provisto una clara percepción de los factores que influencian la toma de decisiones que hacen los inversores extranjeros. Sin embargo, dado que los resultados de estas dos secciones de la investigación están íntimamente vinculados, estos se presentan combinados en el desarrollo que sigue.
Asegurar que el sector reciba un adecuado flujo de fondos. Los inversores dan una clara prioridad a existencia de flujos de fondos razonables que ofrezca una prospectiva que asegure la recuperación de los costos y que hagan del proyecto un éxito. En el proceso de calificar la importancia de los factores en el país los inversores dan el segundo lugar en las prioridades a la disciplina de pago de los clientes junto con el proceso legal y administrativo por los que se puede hacer cumplir los pagos y si los pagos no se realizan admitir la desconexión. Los inversores consideran que la disciplina de pagos y la vigencia legal de normas para hacer efectiva la obligatoriedad del pago es aún más importante en establecer el éxito de la inversión por la alta calificación que se le otorga. El carácter de adecuado de los flujos de fondos es igualmente importante tanto para las empresas de distribución como para las de generación
Mantener la estabilidad y la vigencia plena de leyes y contratos. Para los inversores internacionales la prueba de la existencia de un marco legal satisfactorio es la claridad y los aspectos institucionales que hacen exigible el cumplimiento de los contratos, particularmente los contratos con agencias gubernamentales. Los inversores basan las decisiones de inversión de largo plazo en la confiabilidad, aplicabilidad y la obligatoriedad del cumplimiento de la ley y los contratos. Efectivamente, los inversores califican el marco legal que claramente define los derechos y obligaciones de los inversores privados como el factor más importante para tomar decisiones de inversión en los países en desarrollo, y consecuentemente. Un factor determinante del éxito o fracaso de los proyectos.
Atender los reclamos ante las necesidades de los inversores. Demoras en las aprobaciones o licencias que otorgan los gobiernos tienen un alto costo de oportunidad para los inversores internacionales respondiendo a llamados para participación en licitaciones, remates u otro tipo de concursos. Las respuestas de la encuesta demuestran que este costo de oportunidad es significativo también para los sectores eléctricos de los países en desarrollo. Los gobiernos deben tomar conocimiento que los inversores internacionales están menos dispuestos que los inversores locales a tolerar los costos de la ineficiencia administrativa y las burocracias locales. Los inversores califican como una de sus peores experiencias
de inversión a la falta de atención de los gobiernos ante las necesidades de los inversores.
Minimizar eventuales interferencias gubernamentales Los resultados de la encuesta sugieren que los gobiernos pueden aumentar significativamente la satisfacción de los inversores permitiendo el máximo control operacional y de gerenciamiento sobre sus inversiones y permitiendo a su vez, la mayor transferencia de los resultados provenientes de sus inversiones. Los inversores califican la posibilidad de ejercitar un efectivo gerenciamiento y control operacional sobre sus activos como el segundo factor que contribuye al éxito de los proyectos.
Independencia de los organismos de regulación. La independencia de los entes de regulación y sus procesos de revisión y control de
la interferencia del gobierno también informa a los inversores externos y locales
para la toma de decisiones de inversión. Los inversores indagados conceden a este
factor el quinto lugar entre los criterios considerados en el proceso de toma de decisiones y también el 28 % considera que es un elemento desalentador de inversiones. Los que han respondido la encuesta citan a Chile como un país donde
la regulaciones del sector eléctrico están libres de interferencia gubernamental.
Disponibilidad de facilidades crediticias o garantías de riesgo. Mientras que los inversores no juzguen a las garantías que ofrecen los gobiernos como factores clave que contribuyen al éxito o fracaso de las inversiones, no se percibe a la disponibilidad de garantías como un factor de importancia para invertir en un determinado país. Las respuestas a la encuesta han dado a los refuerzos o mejoras en las garantías el segundo lugar de importancia como factor para tomar decisiones de inversión, una categoría similar a la disciplina de pago de los consumidores. A su vez, un 40 % de los indagados considera que es un elemento desalentador de inversiones.
La expansión global de la población y sus necesidades de salud, educación, seguridad
y otros servicios públicos, así como el desarrollo económico, generan requisitos de
infraestructura que exceden crecidamente los recursos de financiamiento disponibles en los países. Si bien la carencia de fondos difiere de país en país, el problema se extiende de las naciones más pobres hasta las más avanzadas. Esta situación se manifiesta incluso para los países avanzados que gozan de los beneficios de poderes públicos descentralizados, por lo general financieramente autosuficientes, y de extensos mercados de capitales.
Se ha reconocido que el déficit en la disponibilidad de fondos ha resultado en una aceptación casi universal de que el sector privado asuma un papel más prominente en el desarrollo de la infraestructura junto al sector público. Esto podría lograrse de manera directa como patrocinador de proyectos, o en forma indirecta como inversionista comprando bonos emitidos para el financiamiento de proyectos específicos o de otras formas que se adapten a las necesidades de cada país.
Asimismo, la calidad del crédito de los instrumentos de deuda que se proponen deberá mejorarse con el fin de involucrar al mercado nacional de capitales. Niveles sustentables de financiamiento de la infraestructura se pueden lograr a través del crédito que tradicionalmente otorga la banca de desarrollo tanto nacional como multilateral, aunque ésta en los últimos tiempos lo ha hecho limitadamente. El depender de empresas patrocinadoras que actualmente desarrollan proyectos es menos confiable, considerando la actual contracción que sufre la industria.
En los países avanzados, las llamadas Asociaciones Público Privadas (APPs) para el financiamiento de proyectos surgen y se inician comúnmente de diversas combinaciones de créditos de la banca comercial o de desarrollo o de bonos emitidos directamente por gobiernos de diferentes jurisdicciones (entes nacionales, provinciales o municipales), empresas del gobierno nacional y empresas contratadas por autoridades gubernamentales para proveer un determinado servicio público. La literatura reciente sobre el tema, proveniente de países avanzados se refiere a proyectos de todo tipo de infraestructura pero no de energía, debido a que en este sector económico normalmente no participa el estado por estar librado a la participación de la inversión privada bajo regulación del estado. Sin embargo en la actual coyuntura argentina en la que transcurre una etapa de transición y fuerte intervención, sería natural que se convoque a distintos tipos de proyectos del sector eléctrico, hasta que se superen las circunstancias que desalientan la inversión privada voluntaria.
En general, en estas APPs en los mercados emergentes, los sectores públicos y privados compitieron para promover sus respectivos intereses. Por un lado, el sector público procuró el control político y acceso del público a la infraestructura. Por el otro, el sector privado promovió los derechos y el amparo de los inversionistas y la obtención de una tasa de rendimiento (rentabilidad) de la inversión razonable. Las expectativas del mercado también se vieron afectadas por la volatilidad macroeconómica, el gasto político de privatizaciones sin participación del público a nivel local y la incompatibilidad entre los documentos financieros que apoyan las prácticas legales y costumbres del país en cuestión. Finalmente, los proyectos financiados con capital privado se originaron principalmente entre un grupo de empresas de construcción con necesidades continuas de financiamiento y una capacidad muy limitada para realizar inversiones a largo plazo. A pesar de grandes expectativas y una intensa campaña educativa respecto a las diversas etapas en el desarrollo de proyectos - diseño, construcción, operación y transferencia a los entes públicos -, el déficit de financiamiento de infraestructura creció a nivel global.
En varios países ha surgido recientemente una nueva generación de APPs. Los analistas consideran que dichas asociaciones se basarán en una distribución de capital más efectiva y sostenible que las anteriores. Los gobiernos, en asociación con la banca de desarrollo, la banca multilateral y las agencias de ayuda internacional, aunque lentamente, se están dando cuenta que agrupando riesgos de proyectos a través de bancos para la infraestructura y agregando mejoras crediticias, se puede reducir el riesgo financiero asociado a ellos, y así incentivar la participación del capital privado local. Otorgando facilidades crediticias al tratamiento de estos capitales estas coaliciones público privadas estarán en condiciones de optimizar el apalancamiento de sus fondos, mientras que los inversores locales se beneficiarán con la gradual diversificación de las carteras de inversión.
Para que esta nueva generación de APPs se desarrolle, los países patrocinadores deben fomentar algunos cambios importantes en el contexto económico e institucional. Éstos incluyen la promoción de un ambiente macroeconómico estable,
el desarrollo de un marco legal y regulatorio sólido para proyectos de infraestructura y
el impulso al desarrollo de un mercado local de capitales. Desafortunadamente, estos requisitos no se han institucionalizado en la mayoría de los países del mundo, lo que significa que algunas exigencias en las funciones tradicionales, que son las condicionalidades de los entes multilaterales y la banca de desarrollo para estos casos,
seguirán siendo necesarias en el largo plazo. No obstante lo anterior, en los países donde se están adoptando reformas existen oportunidades reales para expandir la disponibilidad de capitales y aprovechar el desarrollo del mercado de deuda local, con el empleo de estructuras de financiamiento que agrupan proyectos y mejoras crediticias.
Se debe tomar en consideración la importancia del derecho administrativo en las APPs que, por definición, se rigen tanto por el derecho comercial así como por el derecho
administrativo. Existiría la posibilidad que la justicia dictamine en contra de los derechos
e intereses de los socios privados o inversionistas, basando su razonamiento en que el
interés público debe elevarse a un nivel superior por la naturaleza esencial del proyecto
de servicios públicos y su función de mantener el orden, salud o bienestar social.
Es necesario un enfoque más profundo para comprender el valor real del apoyo que los gobiernos ofrecen a los proyectos, que por lo general se malinterpreta como si otorgasen una garantía directa del tesoro público. Las garantías gubernamentales pueden variar sutilmente formando un espectro más amplio de lo que la mayoría de los participantes del mercado reconoce, incluso en los países avanzados. La perpetuación de estos mitos impide la participación y un ritmo de desarrollo sostenido del mercado de capitales local para la infraestructura pública. Sin embargo, la próxima generación de APPs, estructurada en base a la agrupación de riesgos complementada con mejoras crediticias múltiples en forma escalonada, se presenta quizás como una modalidad viable y sólida para que los capitales financien las necesidades de infraestructura.
Otros Antecedentes sobre APPs
Sin entrar en una síntesis de la historia de la variación de las formas de propiedad de las empresas de servicio público eléctrico, se señala que desde los años 90s la política de muchos piases varió para incluir más privatizaciones en su infraestructura de desarrollo. En el caso de las economías emergentes o en desarrollo, las privatizaciones fueron para satisfacer las crecientes necesidades públicas.
En principio, la intervención del sector privado en la prestación de servicios públicos puede darse de tres formas:
Mediante la venta de acciones de empresas públicas o la venta directa de activos públicos;
Por la subcontratación de servicios públicos gubernamentales a agentes privados; y
Por la subcontratación del financiamiento del emprendimiento y prestación del servicio público a agentes privados.
La última forma es la que constituye el llamado BOT (comúnmente conocida en su denominación en inglés como “Bi-Ou-Ti” o “Build-Operate-Transfer” o en español Construir, Operar, Transferir)
BOT, en su más básica expresión es un proyecto en el que el gobierno o poder concedente otorga una franquicia o concesión de servicio público por un plazo determinado a una compañía privada para el desarrollo de un proyecto. La compañía privada diseña y construye el proyecto sobre la base de especificaciones acordadas y lo opera y gerencia por un determinado período hasta la finalización del plazo establecido. Esto da a la compañía privada la oportunidad de recuperar sus costos de construcción, los gastos de operación y mantenimiento durante el periodo de explotación y una rentabilidad sobre la inversión realizada, con los fondos provenientes de la facturación cobrada por la prestación del servicio prestado.
A la finalización del periodo de concesión los derechos de la compañía privada que
ejecutó el proyecto son transferidos a gobierno o a alguien que éste disponga, libre de
cargos. El gobierno puede continuar la explotación por sí, elegir otro prestador, continuar con el mismo anterior o concursar la explotación futura al que ofrezca un canon o alquiler mayor. En todos los casos las condiciones en las que se realiza la explotación o prestación del servicio son acordadas con el poder concedente.
“Build” (Construir): Una compañía privada o consorcio acuerda con el gobierno a través de un contrato de concesión a invertir en un proyecto de infraestructura pública. La obtención del contrato es un instrumento que ayuda para completar el financiamiento del proyecto. “Operate” (Operar): La compañía privada propietaria del emprendimiento opera y gerencia el servicio por el periodo de la concesión (por ejemplo, 20 años) y recupera
mediante la facturación a los clientes del servicio, la inversión y los costos de operación y mantenimiento y obtiene una rentabilidad por el costo del capital inmovilizado durante
el plazo de la explotación y el riesgo empresario asumido.
“Transfer” (Transferir): Una vez que el periodo de concesión ha transcurrido se transfiere la propiedad del emprendimiento al gobierno que debe asumir la prestación del servicio por si o a través de otra institución que el de
El esquema de los BOTs incluye algunas variantes
Esquema Construye – Transfiere: El contratista realiza la construcción de la obra
incluyendo su financiamiento, que una vez terminada transfiere a la unidad
correspondiente del gobierno que el la que paga al contratista el precio de la obra en la forma convenida en el acuerdo inicial. Este formato puede ser empleado en la construcción de cualquier tipo de proyectos, especialmente aquellos que por razones estratégicas o de seguridad corresponde que sean operados directamente por el gobierno. Esquema Construye – Transfiere – Alquila – Opera: La unidad correspondiente del gobierno deudora o tomadora del préstamo, que ha recibido por transferencia la infraestructura del proyecto, se la alquila al contratista que la construyó a una tasa equivalente con el programa de servicio de la deuda más el retorno pactado. Esquema Oferta – Opera: Este es un arreglo en el que, si el interés del gobierno así lo requiere, el proveedor de las instalaciones y equipamiento de un determinado proyecto
lo opera proveyendo simultáneamente transferencia tecnológica y capacitación.
Entre las principales características que diferencian los proyectos BOT de otras formas de implementar proyectos se puede mencionar que los gobiernos no proveen garantías por los préstamos que financian los proyectos. Está característica requiere una distribución de riesgos no tradicional entre las partes contractualmente interrelacionadas. El hecho de que la responsabilidad repago de cualquier préstamo cambie del garante tradicional – el gobierno – a consorcios o grupos privados implica un aumento del riesgo de los prestamistas. Consecuentemente, estos préstamos son puestos en una situación donde deben buscar medios adicionales para reducir sus riesgos, incluyendo seguros y/o contrataciones con plazos más largos. En general, por magnitud y la naturaleza de los proyectos BOTs, existe una gran incertidumbre generando riesgos (políticos, de construcción, de operación, de terminación de los proyectos, etc.). Este elemento de distribución de riesgos no tradicional entre las varias partes involucradas hace que la etapa precontractual de los proyectos BOTs resulte muy compleja.
4.5. Formas institucionales de las Asociaciones Público Privadas que se manifiestan en países similares a Argentina (En proceso de elaboración)
En casi todos los países del mundo las APPs se están utilizando es sus distintas formas como instrumentos institucionales efectivos para facilitar la inversión en todo tipo de infraestructura, en los que participa el sector público y privado. En ellos participa cada socio con su experiencia para mejor satisfacer las necesidades públicas a través de una apropiada asignación de recursos, riesgos y resultados. A su vez este tipo de asociación permite que el estado programe el orden de entrada en operación de las obras según la prioridad que le asigne y establezca las condiciones buscadas de los socios privados en términos de solvencia y experiencia de gestión.
En los países en los que en el sector eléctrico se dan condiciones para participación del sector privado en forma exclusiva, este formato es menos frecuente. En general, en los países se dan dos formas. Por un lado están los países que han hecho leyes específicas para las APPs con sus correspondientes reglamentaciones, como es el caso de Brasil. Por otro lado están los países en que las APPs pueden crearse y operar dentro del marco legal existente de las leyes de sociedades, de la obra pública y de la prestación de servicios públicos.
En economías desarrolladas como las del Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Estados Unidos, existen organizaciones públicas y privadas que incentivan y/o regulan la creación de APPs para la provisión de diversos servicios públicos. En estas economías, las Asociaciones Público Privadas se orientan principalmente a la construcción, gestión y mantenimiento de escuelas, hospitales, cárceles, caminos y, en algunos casos, provisión de servicio de agua y cloacas, siempre teniendo en cuenta el concepto de “value for money”, que implica reducir el gasto fiscal, descomprimiendo la presión presupuestaria brindando más y mejores servicios.
El país pionero en APPs es el Reino Unido, con la “Public Finance Iniciative” (PFI) implementada desde 1990 por el Ministerio de Economía Inglés (“Treasury”) y
diversos organismos gubernamentales e instancias de gobierno local, para brindar servicios públicos de calidad, respetando los principios de eficiencia y equidad, sin necesidad de aumentar impuestos o presionar las cuentas públicas. Varias prisiones, hospitales e instalaciones del “National Health Service” (NHS – Sistema Nacional de Salud) y escuelas ya han sido construidos y están funcionando bajo esta modalidad. Países como Australia, Canadá e Irlanda han seguido el ejemplo y cuentan con la provisión de este tipo de servicios mediante APPs y con organismos dedicados a su desarrollo y control.
En Latinoamérica las APPs se encuentran en un estadio de evolución o incipiente implementación. Desde México, país donde se encuentra mas desarrollada la provisión de servicios mediante APPs, hasta Perú, país donde se están planteando los lineamientos para su creación, pasando por Brasil que cuenta con una muy completa ley recientemente aprobada que reglamenta este tipo de contrataciones, las APPs se insertan en estas economías de diversas formas y con distinta intensidad.
México La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependiente del Gobierno Federal, estableció el marco normativo para el programa Proyectos Para la Prestación de Servicios (PPS) (Ley Orgánica de la Administración Pública del 21/5/2003 reformada últimamente el 2/6/2006), que tiene su antecedente directo en la PFI Británica, cuya finalidad es elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos a través del uso eficiente de los recursos públicos y privados, a mediante la contratación de servicios de apoyo proporcionados por un inversionista proveedor. Los PPS son un esquema particular de APP y actualmente se están desarrollando en los sectores salud, educación y transportes y comunicaciones. En el nivel Estatal de gobierno, existen programas APP para al prestación de servicios de sanidad, construcción de centros deportivos y tratamiento de residuos.
En Colombia existe el antecedente de la apertura en 1994 al capital privado de la empresa ISA (Interconexión Eléctrica Sociedad Anónima), originalmente constituida por 100% capital público. Actualmente esta empresa tiene inversiones en Perú y Bolivia y es presentada por sus gerenciadores como un ejemplo exitoso de Asociación Público Privada. También existen casos de APPs orientadas al sector agrícola, principalmente canalizados mediante cooperativas o asociaciones de productores y hay diversos proyectos y documentos en el Departamento Nacional de Planeación referidos al potencial de las APPs, pero no se encuentra desarrollado el esquema normativo hasta el momento.
El Ministerio de Economía y Finazas del Perú elaboró a fines de 2005 el documento “Lineamientos para Lograr Mejores Servicios Públicos de Alta Calidad al Menor Costo y las Asociaciones Público Privadas”, que propone sentar las bases para la implementación de APPs. Desde el sector privado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas esta impulsando la creación de APPs en Perú,
ofreciéndose para la provisión de diversos servicios y la realización de obras de infraestructura.
En Chile el esquema de APP esta principalmente orientado a servicios del salud e infraestructura carretera. En salud, se basan en el “Nacional Health Service” inglés, y el modelo se está desarrollando con la cooperación del “Department of Health” del Reino Unido. También se impulsan APP a nivel de gobiernos locales en el área de transporte. Un caso es el reciente proyecto TranSantiago de transporte urbano de Santiago de Chile.
La normativa general para las Asociaciones Público Privadas a realizar en cualquiera de los niveles de gobierno, es aplicable en general en la administración pública, empresas públicas y de capital mixto, fondos especiales, agencias, fundaciones públicas, y otras entidades que estén directa o indirectamente controladas por el Gobierno Federal, los Estados Federales o las Municipalidades. La ley federal (N°11079 de la Republica de Brasil) fue promulgada en diciembre de 2004, y desde esa fecha se ha constituido en un instrumento efectivo tanto en la constitución del financiamiento de emprendimientos de infraestructura todo tipo así como en el proceso de orientar inversión hacia proyectos estratégicos. Las características principales de este cuerpo legal, se resumen a continuación.
En primer lugar se define a una Asociación Público Privada como un contrato de concesión, que puede tener dos posibles formas: una patrocinada (esponsorizada) y otra administrativa. En el primer caso, (concesión patrocinada de servicios públicos
u obras públicas) existen en el financiamiento cargos por tarifas a los usuarios, y
pagos directos del socio del sector público a su contraparte del sector privado. El segundo caso (concesión administrativa) implica un contrato para la provisión directa o indirecta de servicios para la administración pública, pudiendo existir la realización de construcciones y/o provisión de otro tipo bienes físicos.
Están expresamente excluidos de esta ley los siguientes casos: (i) las concesiones ordinarias, en las que no existen pagos del sector público al socio privado; (ii) los contratos por un monto menor a 20.000.000 de R$ (equivalente a U$S 7.550.000.-; (iii) los contratos por un plazo menor a 5 años; y (iv) los contratos que solo impliquen
la provisión de trabajo, instalaciones de equipos o ejecución de trabajos públicos.
La ley fija los lineamientos que se deben cumplir en la formulación de los objetivos de los emprendimientos de las Asociaciones Público Privadas en cuestión, que son las siguientes pautas
• Eficiencia en el uso de recursos públicos.
• Respeto por los intereses y derechos de los usuarios y las empresas proveedoras del servicio.
• Ejercicio del control y regulación.
• Responsabilidad Fiscal.
• Transparencia en los procesos y toma de decisiones.
• Reparto objetivo del riesgo entre las partes.
económicos de los proyectos en consideración.
En cuanto a la contratación, la ley refiere a condiciones establecidas por el marco legal general y además deben quedar determinados:
• El plazo de contratación debe estar en línea con el tiempo de amortización de las inversiones hechas por el socio privado y no ser menor a 5 años ni mayor a 35, incluyendo posibles extensiones.
• Las penalidades aplicables a la Administración Pública y al socio privado en caso de no cumplir con las obligaciones contractuales, serán siempre determinadas proporcionalmente a la magnitud de la ofensa cometida y de la obligación asumida.
• La distribución de riesgo entre las partes.
• La forma de remuneración y ajuste de valores contractuales.
• Los mecanismos para preservar la naturaleza de la provisión del servicio.
• Los criterios objetivos para evaluar la performance del socio privado.
• La participación de la Administración Publica en las ganancias económicas del socio privado resultantes de la reducción del riesgo crediticio del mismo.
• La inspección de los activos a ser transferidos al sector publico que podría permitir a la autoridad publica eliminar los pagos al socio privado en el monto necesario para reparar cualquier irregularidad que pudiere ser detectada.
• La posibilidad de que los pagos del sector publico puedan ser realizados directamente a los financiadores del proyecto.
Los pagos de la Administración Pública al socio privado podrán tomar distintas formas entre las que se mencionan:
• Giro bancario
• Cesión de Créditos no Tributarios
• Derechos contra la Administración Pública.
• Derechos sobre propiedades del gobierno.
• Otros medios permitidos por la Ley.
Las obligaciones de pago tomadas por la Administración Pública en las Asociaciones Público-Privadas podrán ser garantizadas por:
• Las ganancias del proyecto.
• Creación o uso de fondos especiales establecidos en la ley.
• Obtención de un seguro de garantía de compañías de seguros no controladas por el Estado
• Garantías dadas por Organizaciones Internacionales o Instituciones Financieras no controladas por el Estado.
• Garantías provistas por una empresa estatal creada para este propósito (el FGP), según se describe mas adelante.
• Otros mecanismos permitidos por la Ley.
Es necesario que los posibles adjudicatarios del contrato resultante de la licitación formen una empresa de propósito específico, que será responsable de implementar y gestionar el proyecto. El traspaso del control a esta empresa estará condicionado a la autorización de la autoridad pública, según las disposiciones legales pertinentes. El sector público no podrá poseer la mayoría accionaria de la misma.
Las Asociaciones Público Privadas serán adjudicadas por proceso licitatorio. Las empresas que no cumplimenten los requerimientos técnicos serán descalificadas. Dentro del grupo de empresas calificadas, resultará adjudicataria la propuesta que implique:
• Menores pagos de la Administración Pública.
• Mejor combinación entre pagos de la Administración Pública y propuesta técnica, de acuerdo a ponderaciones fijadas en el pliego de licitación.
Paralelamente, se establecerá un Consejo Interministerial (que operará como órgano gestor) para administrar el Programa de Asociaciones Público Privadas, conformado por los ministerios que tienen a su cargo la planificación, las finanzas y un representante de la presidencia. A su cargo estará definir que servicios deberán ser provistos en el marco de las Asociaciones Público Privadas, los llamados a licitaciones y la evaluación de las propuestas.
El Gobierno Federal y sus Agencias Ejecutivas están autorizados a constituir y participar en un Fondo de Garantía de Asociaciones Público Privadas (FGP – Fundo Garantidor de Parcerias) hasta un máximo de R$ 6.000.000.000,00 (equivalente a U$S 2.270.000.000.- millones) creado con el propósito de garantizar las obligaciones de pago que el Gobierno Federal tuviere que realizar por los socios público federales, bajo el régimen de Asociaciones Público Privadas. Este fondo será creado, administrado y representado por una institución financiera controlada por el Gobierno Federal y deberá tener sus propios activos, separados de los de sus accionistas y deberá tener también la atribución de demandar y, consecuentemente, de ser demandado. Sus reglamentaciones internas deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas.
El capital del FGA debe estar formado por activos y derechos transferidos por sus accionistas y por los procedimientos generados por su administración. Estos activos a transferir serán valuados previamente, justificando su valuación. Los pagos por las suscripciones de las cuotas del FGP podrán ser realizados en efectivo; bonos del gobierno, bienes inmobiliarios; equipamiento y otros activos que incluyen acciones de empresas públicas. Las garantías serán prestadas en forma proporcional a la participación de cada accionista en el FGP y las garantías no podrán exceder límites de solvencia financiera
4.6. Aspectos Conceptuales de una Propuesta (Versión Preliminar)
Del análisis del desarrollo precedente se pueden sintetizar diez conclusiones mayores para preparar la formulación de una propuesta que cumplimentará el objetivo principal del trabajo, es decir, proponer recomendaciones que activen mecanismos para facilitar el financiamiento de las inversiones del plan en preparación.
(i) El marco legal argentino (compuesto por las siguientes leyes principales: N° 24065/1991, Marco Legal de la Energía Eléctrica; N° 13064/1947, Régimen de Obras Públicas; N° 17520/1967 Realización de Obra Pública Mediante Concesión a Particulares; N° 23696/1989, Emergencia Administrativa. Privatizaciones y Participación del Capital
Privado en Programas de Propiedad Participada; N° 17811/1968, Oferta pública de Valores y otras leyes complementarias así como decretos, resoluciones y otra normativa vinculada) ha permitido crear Asociaciones Público Privadas sin limitaciones, tal como se evidencia a través de los emprendimientos ejecutados, otro que se están ejecutando, y de los que eventualmente se pueden realizar a nivel nacional, provincial y municipal.
(ii) Para jerarquizar el régimen de asociaciones público privadas se deberá crear una Unidad Especial (UE) que unifique los enfoques y criterios de tratamiento de este régimen para los niveles jurisdiccionales involucrados, ya sea nacional, provincial o municipal y para los distintos sectores económicos de pertenencia. Esta UE debería estar incluida en el marco del Régimen Nacional de Asociaciones Público Privadas creado por decreto 967/05. (A
DESARROLLAR)
Esta UE deberá tener una rama específicamente dedicada a energía que cumplirá con las funciones específicas de promoción que se le asignen de acuerdo con los pronósticos y proyecciones del plan energético o con las estrategias de inversión.
Se considera como factor determinante y originador de esta propuesta, “la inexistencia de inversión privada voluntaria”, para expresar la realidad que afecta al sector eléctrico según términos expresos utilizados por la SE, en la presente coyuntura (primer trimestre de
La reticencia de la inversión privada se explica por la falta de viabilidad económica financiera de las inversiones, debido al desajuste de los precios relativos de los energéticos con los costos de la inversión, consecuencia ésta de la devaluación de comienzos de 2002, que aun mantiene un remanente residual de sus efectos.
El sector público (específicamente la Secretaría de Energía) tomó la iniciativa para crear el FONINVEMEM y promover la inversión de 1600 MW en dos centrales de ciclo combinado, encarando así un principio de solución del problema entre los generadores acreedores de CAMMESA debido a los pagos realizados parcialmente por los suministros al MEM.
Para la toma de iniciativa en relación con las nuevas inversiones se deberían realizar convocatorias, conducidas por la Unidad Especial referida en los acápite (ii) y (iii) anteriores. Esta establecerá el cronograma de las inversiones que se requieren según el plan previsto, así como las características contractuales ofrecidas para los emprendimientos incluyendo tipos de oferentes pretendidos, experiencia requerida, garantías, etc.
La Resolución 1281 al crear el concepto de “energía plus” denota un paso adelante en la dirección correcta hacia el reconocimiento de un margen de rentabilidad empresaria. Sin embargo, el margen de utilidad (o rentabilidad) no debería ser solo definido por la SE como lo establece la norma en su artículo 5, sino que debería surgir de un criterio convencional, transparente, claramente establecido, que permita mejoras por ganancias de eficiencia.
Este criterio para acordar la rentabilidad deberá describir la metodología financiera contable para su cálculo, incluyendo eventuales ajustes para correcciones monetarias por inflación.
Restaurar el marco de la ley 24065 introduciendo los ajustes que se consideren necesarios para su perfeccionamiento, estableciendo las normas operativas que posibiliten un funcionamiento sustentable del sistema, lo que en forma coloquial tanto inversores como operadores llaman “reglas de juego claras y permanentes”.
Sin intentar hacer un listado completo de las distintas alteraciones que se dieron en este período se mencionan suscintamente los siguientes acontecimientos principales que implican violaciones, ya sea al contrato social, o al derecho de propiedad de las grandes mayorías constituyendo hitos importantes de este período:
Golpe de Estado de 1930, derrocamiento del Presidente Hipólito Yrigoyen
En 1928 Yrigoyen obtuvo un amplio triunfo en las elecciones presidenciales que no fue suficiente como para consolidar su gobierno. El aislamiento político del presidente, que no mantenía buenas relaciones con su partido y la dureza de la oposición, sumados a los efectos de la crisis mundial del los 30s impidieron una eficaz gestión. La oposición comenzó a conspirar hasta que el 6 de Septiembre de 1930 el General Uriburu con alumnos del Colegio Militar inicio una marcha sobre Buenos Aires y derrocó al débil Presidente Yrigoyen, con el apoyo implícito de las “fuerzas vivas”. Esta primera ruptura del orden constitucional, y por ende del contrato social, que las fuerzas militares produjeron en la historia contemporánea, inicia un proceso de quiebres decenales que llegan hasta la última realizada en
Derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Castillo y Golpe de Estado de 1943 A comienzos de la década de los 40s, gobernaba la fórmula elegida para el periodo 1938 – 1944 de Ortiz – Casillo. La declinante salud del Presidente Ortiz hizo que en 1942 Castillo asumiera la presidencia. Su política de neutralidad y moderado nacionalismo económico, ante el avance de ideologías de derecha en el mundo entero movilizó a ciertos grupos en la búsqueda de una salida regeneradora. Entre estos grupos, volvió a germinar entre los militares su vocación de poder, y el 4 de
Junio de 1943 se produce un golpe liderado por el Gral. Arturo Rawson en un primer momento, y luego definitivamente por el Gral. Pedro P. Ramírez
Ley N° 12886 de 1946, convencionalmente conocida como Ley de Alquileres Ya en 1943 se sanciona un decreto, que rebajaba los alquileres en diferentes porcentajes de acuerdo con sus montos y establecía que, en caso de que el contrato de locación se venciera, no se podía exigir al locatario la desocupación del bien hasta después de un año y medio de ese vencimiento. Estas medidas beneficiaron a los inquilinos y produjo la violación del derecho de propiedad de los dueños de las casas y departamentos alquilados, pertenecientes principalmente a pequeños ahorristas que con este mecanismo aseguraban un ingreso mayor como refuerzo jubilatorio, ante un sistema jubilatorio aun muy limitado. Esto a su vez trajo como contracara un incipiente mercado sin ofertas para los potenciales nuevos locatarios. Se había comenzado a destruir la idea de que construir para alquilar era un buen ahorro para la vejez. En 1946, con la ley 12886 de Prorroga de las Locaciones, se ahondó esta nueva dirección de conducción política con la ley que prorrogó las locaciones, congeló los alquileres, mantuvo la violación del derecho de propiedad y desalentó por muchos años la inversión en propiedades para alquilar.
Vaciamiento de las Cajas de Jubilación a partir de 1950. Creación del Sistema de Jubilaciones de Reparto. Las cajas de jubilación comenzaron a crearse en los albores del siglo XX. Sin embargo, a mediados de la década del 40 solo alcanzaban al 27% de la fuerza laboral. A partir del primer gobierno del General Perón se dinamiza el sistema jubilatorio, y los beneficiarios crecen de 430.000 a 2.328.000. Este gobierno encuentra en las Cajas (concebidas para funcionar como cajas de capitalización) una fuente de financiamiento que usa a discreción. Las Cajas fueron vaciadas contra entrega de títulos de la deuda pública y, seguidamente, la ley 14.370 del 30 de Septiembre de 1954 las transforma y crea el sistema de reparto.
Derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Perón en 1955. Las presidencias del Gral. Perón transcurrieron en un constante clima de adhesión popular. Desde los comienzos de la gestión del entonces Coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión se tuvo la sensación de que se había optado por resolver cuestiones pendientes con la clase trabajadora. El apoyo de la figura de Eva Perón contribuyó a que aquella adhesión se incrementara y la reelección de 1951 significó un triunfo espectacular obtenido bajo el marco de una cuestionada constitución reformada en1949. Pero las sombras de ciertas conductas antidemocráticas comenzaron a socavar los cimientos del régimen y a dar cohesión a grupos de las fuerzas armadas que comenzaron a conspirar. A esto se sumó un innecesario conflicto con la Iglesia Católica que añadió otro factor de descontento e irritación. En 1955 después de un lamentable y cruel intento fallido en Junio, el 16 de Setiembre se inició un movimiento que triunfó gracias al desconcierto que cundió en las filas del gobierno y significó la tercera irrupción y toma del poder de los militares en 25 años. Este proceso conocido como “Revolución Libertadora” fue conducido por el Gral. Eduardo Lonardi, como Presidente, seguido luego de pocos días por el Gral. Pedro E. Aramburu.
Proscripción del Partido Peronista, Decreto3855 de 1955 y Decreto 4161 de 1956.
El gobierno de la llamada “Revolución Libertadora” se inició con un corto período de menos de un mes en el que predominó la actitud integrista de Lonardi. Pero después del 13 de Noviembre, con Aramburu se inicia un período caracterizado por un obcecado “antiperonismo” y una férrea determinación de “desperonizar” el país, hecho que produjo los insólitos decretos referidos en título de este punto, que penalizaban hasta la mención del nombre Perón.
Derrocamiento del Presidente Constitucional Arturo Frondizi en 1962. En 1958 Arturo Frondizi gana las elecciones convocadas por el gobierno de la “Revolución Libertadora”, condicionadas por la proscripción del peronismo. Su mandato no pudo ser completado. En cuatro años Frondizi debió afrontar mas de treinta planteos militares que eran los que realmente detentaban el poder. Parte de los problemas que molestaban a poder militar eran la posición del gobierno en las relaciones con la Cuba de Fidel Castro y específicamente la aceptación de la participación peronista en las elecciones de comienzos de 1962. En la madrugada del 29 de Marzo de ese año otra vez la constitución nacional fue violada: el Presidente Frondizi fue depuesto y confinado a la isla de Martín García.
Formas Heterodoxas de Financiar la Inversión Pública. Período 1960 a 1975 Este sistema tiene vigencia desde 1960 hasta 1975. La inversión pública fue financiada mediante mecanismos de ahorro forzoso y transferencias de riqueza financiera entre sectores (del tipo llamado “impuesto inflacionario”), en proporción mucho mayor que mediante transacciones voluntarias del marcado.
Derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Arturo Illia en 1966. La historia del período 1962 a 1966, es la del desencuentro de los partidos políticos populares, en el que se da una disputa dramática comprensible luego del derrocamiento sucesivo en menos de siete años de dos presidentes constitucionales: Perón y Frondizi. En 1963 se produce un nuevo llamado a elecciones, también con el peronismo proscrito, de las que resulta elegido Arturo Illia. También el poder militar muestra su disconformidad con la apertura democrática que se gestó en ese gobierno. De Junio de 1965 a Junio de 1966 el país fue testigo de la gestación de un golpe militar que tuvo la singularidad de ser anunciado por los medios de comunicación locales y extranjeros. El golpe que fue conducido por el Gral. Juan C. Onganía, se denominó “Revolución Argentina” y proclamó la necesidad de erradicar lo brotes guerrilleros y la insurrección de izquierda. Los partidos políticos fueron disueltos, las universidades nacionales intervenidas y se ejerció una censura que abarcó todos los campos del quehacer público y privado, apoyados por funcionarios de origen católico entreguista.
El “Rodrigazo” de 1975 El 4 de junio de 1975 el gobierno de la viuda del General Perón nombra Ministro de Economía al Ing. Celestino Rodrigo, que puso en práctica un plan que implicaba una devaluación del 100%, aumento de las naftas de 175%, de la energía eléctrica de 76% y del transporte público entre 80 y 120%. Simultáneamente, se invalidaba el resultado de las convenciones alcanzadas por algunos gremios, que implicaban la anulación de los aumentos de salarios ya negociados. Esto resultó en una neta transferencia de ingresos de pobres a ricos. El 7 de Julio el Ing. Rodrigo, acorralado por la furiosa reacción gremial, renunció, hecho que dejó mal herido al gobierno de la viuda de Perón, que en marzo del año siguiente fue derrocado.
La llamada “Patria Financiera”.
Un entramado de actores no siempre poderosos, proveniente de todos los sectores de la economía, incluidos los productivos, que a partir de 1975
comprendieron que en la Argentina se puede ganar mucho más dinero apostando a
la inestabilidad, Haciendo “bicicletas financieras” que a la optimización de la
La llamada “Patria Contratista”.
Andamiaje jurídico delictivo constituido por un conjunto de empresas proveedoras importantes que se beneficiaron no solo con la especulación financiera
referida anteriormente, sino también por cuantiosas sinecuras, multimillonarios subsidios y contratos permanentemente sobrefacturados.
Derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Maria Estela Martínez de Perón en 1976.
La viuda del Gral. Perón lo sucedió a su muerte el 1° de Julio de 1974. La desaparición del líder frustró la reconciliación nacional y la posibilidad de armonizar los conflictos dentro del movimiento peronista. El accionar del movimiento guerrillero
se intensificó y se dio lugar al advenimiento de bandas parapoliciales como la Triple
A. El “Rodrigazo” (mencionado anteriormente) exacerbó la crisis económica y el
creciente vacío de poder, dada la incapacidad de la viuda de Perón, motivó nuevamente a las fuerzas armadas para intervenir. El 24 de Marzo de 1976 fue destituida y asumió una “Junta” integrada por el Gral. Jorge R. Videla, el Alte. Emilio
E Massera y el Brig. Orlando R Agosti, que condujo el llamado “Proceso de
Reorganización Nacional”. Esta dictadura militar que se instaló en el país, había preparado un verdadera escalada represiva que se extendería no solo a la vida política, la economía y las relaciones internacionales sino también a la vida social en
su conjunto. Los años en los que gobernó la “Junta” fueron los años mas oscuros y
crueles de la historia del siglo XX en la Argentina.
Cancelación de Avales del Tesoro con títulos de la deuda externa. Sistema de otorgar avales de garantía del estado para financiar obras públicas que realizaban grandes empresas contratistas privadas (mecanismo típico de gobiernos militares) que luego eran cancelados por el Tesoro Nacional. Este sistema duró varios años hasta después del retorno a la vida democrática en 1983.
Quitas en deudas al Banco Central de empresas deudoras de entidades financieras liquidadas. Fenómeno financiero que ocurrió varias veces en la historia contemporánea argentina durante gobiernos militares. Los deudores de bancos liquidados eran grupos vinculados a los accionistas de esos bancos, que habían quedado como deudores del Banco Central, que luego “arreglaban” con quitas importantes. Este mecanismo fraudulento contribuyó a vaciar varios bancos con grandes beneficios para los deudores.
Regimenes de Promoción Industrial con diferimiento de impuestos con y sin indexación.
Desde la década del 60, pero mas acentuadamente durante la presidencia de la viuda de Perón, todos gobiernos emplearon esta herramienta que mas que promoción para en desarrollo de economías regionales ha significado transferencia de riqueza desde los que tienen menos a los que tienen mas.
Sistema de représtamos u “on-lending”. Estas transacciones fueron muy frecuentes entre 1986 y 1988. El Banco Central emitía y compraba dólares en el mercado de cambios con los que cancelaba deuda con un acreedor externo amigo con la condición de que “represtara”a una empresa vinculada al gobierno a una tasa baja como las que cobraba el estado. A cambio de este beneficio, el Banco Central exigía la capitalización de los fondos, es decir, la inversión del dinero en la empresa. El costo a la ciudadanía residía, primero, en la emisión misma que depreciaba el dinero en manos del público. El estado emitía para que la empresa amiga cancelara un pasivo antes que venciera con el propósito de que esta empresa amiga se beneficiara con tasas internacionales, en lugar del propio estado. Además, había otros beneficios colaterales que siempre se filtraban entre los operadores de las transacciones.
Capitalización de la deuda externa privada. Hubo varios programas de este tipo en la década de lo 80s que atendieron las necesidades de los que se endeudaron en la época del “Proceso” en forma ingenua y honesta y también en formas no tan ingenuas y honestas. En esencia los programas consistieron en permitir pagar los endeudamientos con el tipo de cambio oficial en lugar del tipo de cambio real que se había disparado y que hubiera hecho difícil las cancelaciones de pasivos.
Capitalización de la deuda externa pública. Estos programas incluyeron distintos tipos de bonos y obligaciones emitidos a partir de 1982, por los que se rescataba deuda externa pública y privada. El proceso implicaba un subsidio estatal a empresas privadas determinado por la diferencia entre el valor de bonos y obligaciones en el mercado internacional y el que el Banco central reconocía a los documentos presentados por estas empresas en las licitaciones. Entre 1988 y 1989 se aprobaron presentaciones de 102 firmas.
La Hiperinflación de 1988. Hacia Abril de 1988 el cúmulo de violaciones a los derechos de propiedad de las grandes mayorías era de tal magnitud que al gobierno, con apoyos declinantes, le resultaba políticamente imposible continuar con la misma política de reducir salarios por vía de la inflación y simultáneamente continuar subsidiando a las empresas privadas y honrando la deuda externa. Hubo que sacrificar uno de los factores de poder beneficiados por ese comportamiento populista, que naturalmente resultó la suspensión del pago de la deuda pública externa, por lo que se decretó una moratoria
El Plan BONEX Consistió en un canje compulsivo de los depósitos bancarios a plazo fijo y de algunos títulos públicos por un bono en dólares que rendía una tasa de interés fija. En 1989 el Banco Central canjeó en forma unilateral los depósitos a plazo fijo que
se convirtieron en indisponibles, por un monto equivalente de bonos en dólares a 10 años de plazo.
Las empresas públicas y algunas de las privatizaciones de la década del 90. Las empresas públicas que en el medio local eran ineficientes y corruptas, siempre eran “botín preciado” de la “patria financiera” y de la “patria contratista”. Desde fines de la década del 70 todas las tentativas de privatizar esas empresas públicas fueron boicoteadas, chocando con el poder de cabildeo de proveedores y contratistas, que usufructuaban de las empresas públicas, constituyendo violaciones de los derechos de propiedad de las mayorías. A partir de 1990 se diseñó una estrategia política para involucrar a la “patria financiera” y a la “patria contratista” con operadores e inversores extranjeros. De esta manera, en transacciones poco transparentes, en algunos casos, se privatizaron la mayoría de las empresas públicas nacionales y algunas provinciales.
“Coimas” en el Senado en 2001, Presunto pago de un soborno a senadores de la nación para comprar su voto para una ley de gran interés del Poder Ejecutivo en Marzo de 2001, que ha implicado el procesamiento de los mismos así como de otros ex altos funcionarios del gobierno del ex presidente Fernando de la Rua
El Megacanje Canje de títulos de la deuda pública para diferir vencimientos realizado entre Mayo y Junio de 2001, que por la ya débil posición negociadora argentina se debieron acordar intereses altísimos (10 puntos por encima de los de mercado) y elevadas comisiones los bancos operadores.
El “Corralito”, Decreto 1570 del 1 de Diciembre de 2001. Este decreto preanuncia la crisis financiera de fines del 2001 y comienzos de 2002 al establecer restricciones transitorias para retiro de dinero en efectivo de las cuentas bancarias y transferencias al exterior.
Devaluación de comienzos de 2002 Se hace una referencia mayor a este acontecimiento porque es el que tiene efectos que aun gravitan sobre la actual coyuntura. En primer lugar cabe reconocer que no hay sistema jurídico que pueda asegurar los derechos de propiedad al margen de la realidad económica. Así los sistemas legales tienen como instrumento leyes de quiebras que reconocen la necesidad de un procedimiento dentro del cual puedan minimizarse las pérdidas de los acreedores de una empresa en riesgo. Si la empresa quiebra, perderán sus accionistas y probablemente también los acreedores. Lo que debe procurar una buena legislación es que las pérdidas se repartan equitativamente entre las partes involucradas.
La devaluación y el default subsiguiente fueron la expresión de una quiebra del país en su conjunto. La quiebra fue inicialmente del sector público, que se vio imposibilitado de sostener el endeudamiento acumulado durante los años previos de poca responsabilidad fiscal. El default público arrastró a la quiebra virtual a bancos y la devaluación a la quiebra virtual de empresas endeudadas en dólares. El default y la devaluación no fueron una decisión política unilateral y caprichosa, sino fue la consecuencia inevitable de un país que se endeudó masivamente en dólares a
tasas altísimas para financiar consumo o inversiones que no generaban capacidad de repago en dólares. Como en una quiebra privada, los derechos de propiedad de bonistas acreedores del sector público y del sector privado, fueron dramática e inevitablemente violados.
Este largo periodo de quiebre del ordenamiento constitucional y jurídico en general fue resultante de distintos tipos de conmociones políticas, desmanejos institucionales, favores del poder de turno a grupos de interés económico, corrupción, carencias de justicia social así como de falta de respeto a los derechos humanos que se dieron en forma sucesiva y liderados por diferentes protagonistas.
Las energías renovables presentan un enorme potencial teórico en la Argentina. Sin
embargo, sólo resulta de interés práctico para el presente estudio aquella fracción
de dicho potencial que puede ser aprovechada después de considerar una serie de
restricciones (tecnología, costo de explotación, área disponible, etc.), dando lugar a los conceptos de potencial técnico y potencial económico que serán empleados en la presente evaluación de los recursos renovables.
Asimismo, no todas las tecnologías renovables (existentes o a desarrollar) son viables en un determinado contexto, dando lugar al concepto de nicho para identificar aquellas que tienen mayor probabilidad de penetración y mayor efectividad para cumplir con determinados objetivos. Este concepto tiene en cuenta
cuestiones relacionadas con la madurez tecnológica, el potencial de desarrollo local
y adaptación de la tecnología, el costo, aspectos culturales, existencia y
disponibilidad de recursos energéticos, existencia de capacidad de implementación,
A continuación se analiza el potencial de penetración de las energías renovables (ER) en el contexto del escenario socioeconómico y de los dos escenarios energéticos. Dicho análisis involucra el estudio de:
Potencial existente para cada recurso renovable (solar, eólica, biomasa, hidro, geotermia), Tecnologías (tanto desde el punto de vista de su disponibilidad actual como de su potencial de desarrollo dentro del plazo de estudio) Capacidades (investigación y desarrollo, industrial, institucional, etc.) Experiencias previas (historial de aplicación de ER en Argentina) Barreras (estudio de las principales problemas que enfrenta la diseminación de las ER en Argentina) Las normas vigentes en materia de ER
Todos estos elementos se conjugan para identificar los nichos de penetración para las diferentes energías renovables y para los diversos sectores de demanda y transformación. Para los sectores de demanda esto involucra además la definición de metas de penetración asociadas a cada nicho que sean acordes con los lineamientos de política definidos por la SE.
Se presenta además una descripción y análisis de los nichos identificados y una cuantificación preliminar del potencial técnico de los recursos renovables.
En lo que atañe a la participación de las energías renovables, se brindan los elementos necesarios que sirven como base para realizar la proyección de la demanda final de energía y de la oferta energética para cada escenario energético y cada nicho identificado.
Para cada nicho renovable asociado a la demanda de energía se cuantifica el grado
de penetración de cada tecnología/energético renovable por sector/subsector de tal
forma que fue utilizado como input para la proyección de la demanda mediante el modelo LEAP.
Para cada nicho asociado a la transformación de energía se cuantifica el potencial existente en función del costo para cada recurso renovable de tal forma que pueda ser utilizado para el cálculo del módulo de transformación que está siendo realizado por un grupo de trabajo integrado por la SE y la CNEA
Se tiene un razonable conocimiento de la energía solar disponible y de su distribución geográfica aunque hay regiones que deberían ser estudiadas con mayor detalle. Los datos en general son antiguos.
La Red Solarimétrica, publicó 13 Boletines semestrales de datos de radiación solar global desde 1979 hasta 1985. En 1987 la entonces Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales publicó, en base a información de la Red Solarimétrica, las “Tablas de datos meteorológicos para 118 localidades de la Argentina” que luego fueron sistematizadas y cargadas en soporte magnético por MR-Consultores en planillas electrónicas en formato Excel. En 1997 Hugo Grossi Gallegos elaboró un conjunto de cartas a nivel de superficie del campo de la radiación solar global en Argentina, para lo cual se procesó toda la información disponible en el país, evaluándose la precisión y validez de los resultados obtenidos.
Está en marcha una red universitaria de medición de radiación solar entre la UTN y la Universidad de Lujan con apoyo de la SECyT, que se espera ampliar con otros aportes, y que permitirá obtener datos actualizados y con continuidad.
Red Solarimétrica
Actualmente la Red Solarimétrica dependiente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) opera bajo la responsabilidad de la División Radiación Solar San Miguel sólo 3 estaciones de medición:
Cerrillos (Salta), INTA
Paraná (Entre Ríos) INTA
A través de un convenio entre la Universidad de Lujan y la Universidad Tecnológica Nacional se está estructurando una red Universitaria que se adicionará a las tres estaciones antes mencionadas Bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional de Lujan están las estaciones:
Anguil (La Pampa)
Paso de Indios (Chubut), por convenio con el SMN
Bajo la responsabilidad de la UTN y la ACOSM, y con un subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, Programa de Recursos Renovables, no Renovables y Prevención de Catástrofes, Subprograma Energía y Transporte, durante 2005 y 2006 se realizó un programa que se encuentra en etapa de instalación final y puesta en funcionamiento de equipos de registro de radiación solar global en las siguientes Facultades Regionales de la UTN:
Fac. Reg. Santa Fe (Santa Fe), en operación
Fac. Reg San Rafael (Mendoza), en operación, con proceso de recalibración
del equipo Fac. Reg Bahía Blanca (Buenos Aires, en operación
Fac. Reg Rafaela (Santa Fe), en operación,
Fac. Reg Tucumán (Tucumán), en operación.
Fac. Reg Resistencia (Chaco). Equipo en calibración
Fac. Reg Concepción del Uruguay (Entre Ríos), en operación.
Fac. Reg Mendoza (Mendoza). Equipo en calibración
Fac. Reg Río Grande (Tierra del Fuego). Equipo en calibración
Fac. Reg San Miguel (Buenos Aires): Estación de referencia, en operación
Con un subsidio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Programa de Recursos Renovables, no Renovables y Prevención de Catástrofes, Subprograma Energía y Transporte, en el 2007 se está poniendo en marcha la elaboración de la electrónica y la compra de solarímetros fabricados por la CNEA para instalar en otras 10 Facultades Regionales de la UTN, que en principio serían:
Fac. Reg. Buenos Aires (Buenos Aires)
Fac. Reg. Rosario (Santa Fe)
Fac. Reg. Villa María (Córdoba)
Fac. Reg La Rioja (La Rioja).
Unidad Académica Trenque Lauquen (Buenos Aires)
Unidad Académica Chubut (Puerto Madryn)
Unidad Académica Reconquista (Santa Fe)
Unidad Académica Confluencia (Plaza Huincul, Neuquén)
Unidad Académica Concordia (Entre Ríos)
Unidad Académica Río Gallegos (Santa Cruz)
Los datos obtenidos del conjunto de estaciones se publicarán en Internet a través de una Página que será operada por la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN.
Tablas de Radiación Solar
Las primeras series de mediciones permitieron preparar en 1987, las tablas de datos meteorológicos para 118 localidades de la Argentina 71 que luego fueron sistematizadas y cargadas en soporte magnético por MR-Consultores.
Para poder construir estas tablas, dado que en muchas localidades no se contaba con series de datos de radiación solar pero sí de largas series de heliofanía efectiva 72 , fue necesario correlacionar apropiadamente estos parámetros (en las localidades con datos de ambos tipos), para así obtener coeficientes de regresión que permitiesen estimar el recurso solar en aquellas localidades.
Como usualmente el instrumental para medir radiación solar se instala en forma horizontal, a la hora de utilizar los datos para dimensionar sistemas, siempre es necesario calcular la radiación solar incidente sobre el plano de recepción de los colectores solares, ya sean estos fotovoltaicos o fototérmicos. Por esta razón, y para facilitar la tarea del proyectista, se consideró práctico incorporar a las tablas la estimación de la radiación solar incidente sobre distintos planos. Esta información se complementó con las temperaturas medias y las velocidades medias mensuales del viento.
Todos los datos climáticos de las 118 localidades fueron ordenados en planillas electrónicas en formato Excel, de las cuales en el Anexo 1 al punto 2.1 se incluyen dos ejemplos.
Cartas a nivel de superficie de la radiación solar global en Argentina
Se elaboraron en 1997 un conjunto de cartas a nivel de superficie del campo de la radiación solar global en Argentina 73 , para lo cual se procesó toda la información disponible en el país, ya fuera de mediciones directas del parámetro o de estimaciones obtenidas a partir de información meteorológica terrestre o satelital, complementada con la de los países vecinos, evaluándose la precisión y validez de los resultados obtenidos. Los valores medios mensuales de la radiación solar global diaria recibida sobre un plano horizontal se expresaron en unidades convenientes para el dimensionamiento de sistemas de conversión fotovoltaica, esto es, kWh/m 2 , trazándose las isolíneas espaciadas 0.5 kWh/m 2 para evitar que, con el nivel de incerteza fijado por las mediciones, extrapolaciones y estimaciones, ocurriera superposición en los meses de mayores niveles de irradiación. En muchas regiones la cobertura espacial resultó inadecuada, deficiente (en particular, en la Patagonia) o inexistente, por lo que se recomendó continuar la medición del recurso mejorando la cobertura espacial y la instrumentación utilizada. De todas maneras, se considera que estas cartas responden adecuadamente a los datos disponibles en Argentina,
71 “Tablas de datos meteorológicos para 118 Localidades de la República Argentina necesarios para el Dimensionamiento de sistemas solares”, J.Pracchia, A.Fabris y A.Rapallini, Departamento de Energía Solar, Comisión de Investigaciones Espaciales, 1987.
La heliofanía efectiva es la cantidad de horas diarias durante las cuales el sol no está cubierto por nubes. En los países de habla inglesa este parámetro es llamado sunshine hours. 73 Grossi Gallegos, H. (1998) Distribución de la radiación solar global en la República Argentina. II. Cartas de radiación. Energías Renovables y Medio Ambiente, vol. 5, pp. 33-42.
siendo compatibles con el mejor nivel del estado del conocimiento del recurso en esta fracción del continente americano.
Se adjunta como Anexo 2 al punto 2.1 las 12 figuras que presentan los promedios mensuales del año completo.
Los datos numéricos serán publicados como Atlas Solar por la Universidad Nacional de Lujan con un subsidio de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación, Programa de Recursos Renovables, no Renovables y Prevención de Catástrofes, Subprograma Energía y Transporte.
En el año 1982 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales publicó como parte de la “Red Solarimétrica” una “Evaluación preliminar del recurso eólico en Argentina”. En 1983, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), publicó el primer Atlas Eólico de América Latina y el Caribe, indicándose en el mismo que dicho Atlas tenía carácter preliminar. En el año 1986 se publicó la segunda edición del “Atlas del potencial eólico del sur Argentino”, realizada por el “Centro Regional de Energía Eólica (CREE)”. Recientemente el CREE conjuntamente con la UTN (con fondos en este caso de la SECyT) y aporte de provincias, realizó para el Ministerio de Planificación Federal y Crédito Público un atlas eólico de cada una de las provincias argentinas, en el marco del Plan Eólico Estratégico Nacional. La Cámara Argentina de Generadores Eólicos (CADEGE) recomienda la creación de una red anemométrica para mediciones de viento con fines energéticos, similar a la red solarimétrica en curso de constitución.
A modo de ejemplo la siguiente figura presenta la variación estacional intradía del recurso eólico disponible y su relación con una curva típica de generación eléctrica.
Figura 2.2.1 Variación estacional intradía del recurso eólico
Fuente: Cámara Argentina de Generadores Eólicos (CADEGE)
En relación a la variación estacional, la Tabla 2.2.1 presenta la evolución de la velocidad del viento en una estación de medición de Comodoro Rivadavia a lo largo del año.
Tabla 2.2.1 Variación de la velocidad media del viento en Comodoro Rivadavia a lo largo del año
Fuente: CADEGE
De acuerdo con la CADEGE los factores de carga efectivamente alcanzados en la Argentina se sitúan entre 30% y 45%, dependiendo de las condiciones de viento en el lugar de emplazamiento, de la eficiencia del proyecto, de la tecnología, y de la disponibilidad técnica de los generadores y de las redes.
Se tiene una estimación del potencial extraíble de leña de montes y bosques
nativos, distribuido por provincia, sin asumir los incrementos que podrían obtenerse
si los montes y bosques nativos estuvieran bajo manejo forestal sustentable, el cual
da un total 27,094,380 t.
Se tiene estimado por provincia, el potencial disponible de otra leña (generados por los procesamientos de los rollizos, es decir la de costaneros, aserrín y aserrín tánico) resultando un total de residuo generado de 1,870,148 t y un total de residuo disponible de 536.367t.
Se tiene estimado el bagazo resultante de la molienda de la caña de azúcar (4,518,437 t en el 2004), los residuos generados por las principales producciones de
la agricultura (Soja, Maíz, Trigo, Sorgo, Arroz, Algodón) con un total de 34,345 miles
de t, la generación de residuos agroindustriales (Algodón, Arroz, Maní, Soja, Girasol) de 1,318 miles de t, y los residuos pecuarios (14,253,026 t).
El Departamento de Geotermia de la Secretaría de Minería realizó un análisis del potencial teórico del recurso geotérmico en la Argentina partiendo del conocimiento de base que se tiene de dicho recurso. Este tiene un dispar grado de profundización según las regiones del país que se considere, pero a escala regional el grado de conocimiento permite caracterizar todos los recursos geotérmicos y delimitar las zonas que ocupan los yacimientos hidrotermales asociados al vulcanismo y los yacimientos hidrotermales no volcánicos en sus dos tipos; yacimientos hidrotermales convectivos y yacimientos hidrotermales conductivos. Es necesario completar y profundizar el conocimiento de los yacimientos de alta entalpía.
En 1987 la Secretaría de Energía de la Nación publicó un “Inventario Nacional de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos”, que cubre hasta potencias de 5 MW.
Posteriormente dicha Secretaría efectuó una nueva recopilación de esta información
y la publicó en el año 1998 en un trabajo titulado: “Proyectos Hidroeléctricos en la República Argentina de potencias menores o iguales a 5 MW – Recopilación”. Actualmente la SE está realizando un inventario hasta potencias de 15 MW.
Los símbolos utilizados en estas tablas son:
Kt (adimensional): valor medio mensual del índice de claridad o de transparencia de la atmósfera, el cual se obtiene haciendo el cociente entre los valores medios mensuales de la radiación solar global total diaria incidente sobre el plano horizontal y la radiación que teóricamente incidiría sobre el mismo plano en ausencia de atmósfera. Ho (kWh/m 2 .día): radiación solar media mensual teórica (en ausencia de atmósfera) sobre el plano horizontal. Hgh (kWh/m 2 .día): radiación solar global media mensual incidente sobre el plano horizontal H(L±±±±a) (kWh/m 2 .día): radiación solar global sobre un plano inclinado un ángulo igual a la latitud del lugar (L) más o menos “a”, valor que se lo ha hecho variar desde +20°a –20°con saltos de 5°. Tmed (°C): temperatura media mensual Tmaxmed (°C): temperatura máxima media mensual Tminmed (°C): temperatura mínima media mensual VelViento (km/h): velocidad media mensual del viento.
Tabla 1. Datos del recurso solar en Las Breñas, Chaco (latitud 27°05', longitud 61°07', Altura 102m)
Día medio
Ho (teor)
kWh/m 2 .día
H(L-20)
H(L-15)
H(L-10)
H(L-5)
H(L+5)
H(L+10)
H(L+15
H(L+20)
Tmaxmed
Tminmed
VelViento
Tabla 2. Datos del recurso solar en San Miguel, Buenos Aires (latitud 34°33', longitud 58°49', Altura 26m)
San Miguel Obs. Buenos Aires
34°33'
58°49'
.día

References: Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5