Source: http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos/articulo.asp?id=467
Timestamp: 2017-04-30 03:18:17+00:00

Document:
Ministerio de Desarrollo Humano - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Actuación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño
GUIA DE PROCEDIMIENTOS N° 1
PARA LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO
Dirección Provincial de Estrategias de Intervención Territorial
Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño
Calle 116 e/ 70 y 71 (1900) La Plata
dpe@mdh.gba.gov.ar
Los organismos de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, así como, organizaciones de la sociedad civil, han trabajado activamente durante los últimos años para lograr adecuar la normativa interna en materia de infancia a los postulados de los compromisos internacionales que Argentina suscribiera y a partir del año 1994 incorporara a su legislación interna. La ley 13298 con su decreto reglamentario N° 300/05, las leyes 13634 y 13645 en conjunto con toda la normativa administrativa que en su consecuencia se dictara, constituyen los parámetros legales de intervención del Estado en la niñez y las familias de la comunidad. El 18 de abril de 2007, luego de más de dos años de suspensión de su entrada en vigencia por decisión de la Suprema Corte de Justicia, han quedado habilitados los caminos para la construcción del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño.
El nuevo Sistema, a diferencia de la respuesta automática del régimen de Patronato (decreto ley 10067) que hiere la dignidad humana ignorando las necesidades básicas del otro, como un otro, como una persona distinta a la que le corresponden derechos y al que se debe escuchar y su palabra tenida en cuenta, persigue la construcción de una política universal para toda la infancia. Se requiere la disposición de todas y cada una de las áreas de gobierno tanto municipales como provinciales, así como las organizaciones sociales en la búsqueda de estrategias para el fortalecimiento de cada familia, de cada barrio, para poder lograr que las respuestas que puedan elaborarse sean oportunas y eficaces, evitando el deterioro del continente familiar y la privación afectiva y física por desvinculación de hijos y padres. Se trata de ver, escuchar, acompañar, fortalecer, optimizar los recursos existentes, diseñar e implementar nuevas estrategias para cada caso y ante cada necesidad. El sistema exhorta a todos. Cada uno ejerce una función en la sociedad y el objetivo es que todos y cada uno posibilitemos el acceso a los derechos esenciales a cada uno de los niños de nuestro medio. De nada sirve un sistema escolar que excluye y no garantiza una adecuada alfabetización universal, de nada sirve un modelo de salud donde ésta resulta una mercancía inalcanzable para una población pauperizada y que tolera la muerte evitable de sus niños más pequeños.
Es preciso entonces, la construcción de una nueva institucionalidad, con nuevas prácticas de cada uno de los actores que conforman este Sistema.
Por esa razón, es indispensable ajustar las intervenciones a estándares consensuados a fin de lograr coherencia en las respuestas que se brindan.
Para ello, presentamos a continuación una serie de documentos de trabajo que abordan los temas que han presentado mayores dificultades en la tarea cotidiana.
Se trata de desentrañar las cuestiones que si bien pueden resultar claras a partir de la lectura de las normas, en los hechos, el problema surge a partir de la articulación con otros actores o de la interpretación que los mismos realicen de aquellas mismas normas.
Los documentos de trabajo permitirán enmarcar el trabajo de los Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño sobre bases sólidas que brinden seguridad al momento de la toma de decisiones.
Se incluye además un conjunto de instrumentos que abarcan muchas de las tareas que realiza diariamente un Servicio de Protección de Derechos. Los mismos han sido previamente puestos a prueba por los Servicios Zonales para comprobar la oportunidad y conveniencia de su aplicación.
En ese sentido, el resultado de su aplicación ha sido sumamente beneficioso por lo que, después de incluir algunas modificaciones sugeridas, entendemos que su utilización no sólo favorecerá el ordenamiento del trabajo sino que también facilitará la comprensión de los alcances de nuestra intervención.
Asimismo, al incluir los requisitos mínimos a tener en cuenta al momento de adoptar alguna medida, cada formulario será una guía que permitirá limitar actuaciones erróneas o incompletas.
Por todo ello, esperamos que este cuadernillo sea de vuestra utilidad.
Índice Documentos de trabajo; 5
Documento de trabajo sobre la medida de abrigo; 6
Documento de trabajo sobre la actuación del SPPD y su relación con la Ley de violencia familiar; 15
Documento de trabajo sobre la actuación del SPPD ante situaciones de averiguación de paradero; 23
Documento de trabajo sobre la actuación del SPPD ante situaciones de denuncias de fuga; 25
Documento de trabajo sobre el artículo 37 de la Ley 13.298; 31
Soporte procedimental; 34
Acta general; 35
Acta de acuerdo; 37
Adopción de medida de abrigo en familia ampliada; 41
Adopción de medida de abrigo en institución; 43
Comunicación de la medida de abrigo para control de legalidad; 45
Comunica prorroga de la medida de abrigo; 48
Cese de la medida de abrigo; 50
Comunica cese de la medida de abrigo; 53
Anexo: Guía de intervención para la obtención de prácticas de salud en el marco de los Sistemas de Promoción y Protección de Derechos y de Responsabilidad Penal Juvenil, en la etapa de transición; 53
Documento de trabajo sobre la medida de Abrigo
Tomando en cuenta el aspecto práctico de la tarea llevada a cabo por el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (en adelante SPPD), es prioritario comenzar a ajustar su respuesta a determinados estándares a fin de consensuar pautas de intervención homogéneas en toda la provincia de Buenos Aires. En este sentido, se consignarán algunas apreciaciones respecto a la medida que hasta la fecha ha generado mayor incertidumbre y controversia:
La medida de abrigo o de protección especial.
Llamamos abrigo a una de las medidas a las que el SPPD puede recurrir ante una situación de amenaza o vulneración de los derechos de un niño.
El artículo 35 inciso h de la ley 13.298, modificada por el artículo 100 de la ley 13.634, establece que cuando se compruebe la amenaza o violación de derechos de un niño, podrá adoptarse:
“Con carácter excepcional y provisional la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, con comunicación de lo resuelto, dentro de las veinticuatro (24) horas, al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia competente. El Juez de Familia, deberá resolver la legalidad de la medida. La observancia de la notificación es considerada deber del funcionario público a cargo. Su incumplimiento traerá aparejadas las sanciones disciplinarias y penales correspondientes”
La redacción originaria disponía entre las medidas a adoptarse:
h) Permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, con comunicación de lo resuelto al Asesor de Incapaces. Esta medida es de carácter excepcional y provisional. Cuando la medida no sea consensuada por el niño y quienes ejerzan su representación legal, será dispuesta por la autoridad judicial competente.
•	Modifica lo referente a la comunicación, ya que no sólo debe cursarse la misma al Asesor de Incapaces sino también al Juzgado de Familia.
•	Establece la razonabilidad de la comunicación, ya que se cursa la misma a los efectos del control de legalidad de la medida.
•	Se deroga el párrafo que establecía que cuando la medida no sea consensuada por el niño y quienes ejerzan su representación legal, será dispuesta por la autoridad judicial competente. Dicha derogación habilita la interpretación de que solamente nos vamos a encontrar frente a una medida de abrigo cuando el niño, sus progenitores o representantes legales no acuerden con la permanencia transitoria en ámbitos distintos al hogar de aquel. En consecuencia, ante la falta de consenso, será el SPPD quién adopte la medida con el debido control de su legalidad por parte del Juzgado de Familia y el Asesor de Incapaces correspondiente.
De otra manera, cuando la medida sea acordada por los progenitores o representantes legales del niño junto a éste no será una medida de abrigo, sino que será una decisión enmarcada en el legítimo ejercicio de la patria potestad. A los efectos de distinguir ambas medidas, cuando se aluda a la permanencia en ámbitos distintos al hogar del niño con el acuerdo de sus padres estamos frente a una medida de protección de derechos, pero cuando hablamos del artículo 35 inciso h estamos frente a una medida de protección especial: el abrigo. Sobre este punto se volverá más adelante.
El Decreto 300/05, reglamentario de la ley 13.298, dispone respecto al abrigo:
35.1.- La Medida de abrigo (Inciso h)
Además, el artículo obliga a garantizar el derecho del niño a ser oído ya que, como principal interesado, su opinión respecto a la medida debe ser fundamental a los efectos de su adopción.
35.2.-Motivos graves
En este apartado surgen algunos ejemplos de la casuística que puede habilitar la medida de abrigo. Además, dispone claramente que dicha medida no tiene un fin en sí mismo, sino que es la herramienta a la cuál es posible echar mano transitoriamente mientras se lleva adelante la estrategia adecuada que le permita a ese niño el retorno a su grupo de convivencia.
35.3.- Provisionalidad
La ubicación del niño fuera de su hogar podrá llevarse a cabo: parientes, adultos idóneos, hogares voluntarios, hogares comunitarios, hogares de niños registrados. Se tratará de ubicar el mejor lugar para cada niño cerca de su domicilio, evitando en lo posible, la separación entre hermanos y hermanas.
Este apartado aporta lucidez en varios aspectos, ya que:
•	Establece los plazos máximos de duración de la medida, cumplidos los cuáles la misma necesariamente debe transformarse en otra. •	Dispone los lugares donde puede llevarse a cabo una medida de abrigo, imponiendo como pauta la cercanía a su domicilio y la no separación de grupos de hermanos. •	Obliga a que mientras dure la medida, el niño mantenga todo lo que atañe a su escolaridad, salud, recreación y el contacto con sus vínculos comunitarios, de lo que deriva la necesidad de que sea ejecutada en el ámbito de su comunidad.
•	El niño debe conocer el sentido de la medida que se adopta, evitando por todos los medios la incertidumbre en relación con su futuro.
35.4.-Excepcionalidad La excepcionalidad de la medida refiere a que sólo es aplicable a situaciones muy específicas y en interés superior del niño.
1. Cuando las violaciones a los derechos del niño impliquen grave perjuicio a su integridad física, psíquica y social, y se advierta la necesidad de apartarlo de su medio en tanto se evalúen otras estratégicas de protección.
2. Cuando el niño lo requiera por resultarle insostenible su situación de vida en su grupo de convivencia y hasta tanto se produzca la evaluación y mediación para su reintegro o derivación a otro programa.
3. Cuando sea necesario ubicar a familiares, tutores o guardadores en aquellas situaciones en que el niño se encuentra solo, perdido o desvinculado.
Este apartado amplía la casuística en la que es posible llegar a una medida de abrigo, brindando al SPPD cuando se adopta en este tipo de situaciones la seguridad del acierto en su adopción. De ello se deriva que el control judicial de legalidad deberá tener en cuenta esas circunstancias.
Para la inclusión y permanencia temporal del niño en entidades de atención a la salud, el servicio local de protección de derechos solicitará la intervención de profesionales especializados del ámbito de la salud pública.
Tal como se expresará en las líneas que siguen, la medida de abrigo sólo procede en especialísimas circunstancias, en las que la amenaza o vulneración de derechos sufrida por el niño, no es atendida en debida forma por quienes ejercen la patria potestad o los derechos y obligaciones equivalentes a ella. En el resto de los casos, es decir la extensa mayoría, el requerimiento de un tratamiento de salud, aún cuando se formule en el ámbito de un SPPD responderá a un medida de protección de derechos a la salud, y deberá ser canalizada en los términos del anexo II de la resolución 171/07 MDH. (Los anexos de la resolución 171/07 MDH acompañan a la presente documentación y son de imprescindible lectura y análisis para una comprensión integral del funcionamiento del Sistema).
Vencidos los plazos establecidos en el art. 35.3 sin haberse modificado las circunstancias que motivaron la medida, y no habiéndose encontrado estrategias de protección de derechos para reintegrar el niño a su grupo familiar, el Servicio Local de Protección de Derechos deberá presentar por escrito al Asesor de Incapaces, en el plazo de cinco días una síntesis de lo actuado con el niño y su familia, donde deberá ponderarse en forma precisa las fortalezas y debilidades del núcleo familiar, las estrategias desarrolladas y los resultados obtenidos. En el mismo escrito deberá fundar –en su caso- la necesidad de mantener la separación del niño de su grupo familiar, el ámbito de convivencia sugerido, si existe acuerdo de sus padres o representantes legales y requerir del Asesor de Incapaces la promoción de las acciones civiles que estimen necesarias para la protección de los derechos del niño.
Es necesario complementar esta última disposición con la Resolución 171/2007 del Ministerio de Desarrollo Humano, ya que aquí se aclara que el abrigo se transformará en una guarda institucional. En este caso será necesaria la intervención del Poder Judicial, representado por el Juez de Familia y el Asesor de Incapaces. A partir de lo dicho hasta aquí deviene como necesario comenzar a distinguir distintas situaciones: 1. Acuerdo de los padres o representantes legales de niño que tiene sus derechos amenazados o vulnerados con el alojamiento transitorio en ámbitos alternativos a su hogar
Si la amenaza o vulneración de derechos se produce en el ámbito del grupo de convivencia del niño y la situación llega al SPPD, este puede funcionar como el espacio que facilite que los representantes del niño puedan arribar a una estrategia que supere esa situación.
Si la estrategia a la que se arriba se trata de la permanencia temporal en un ámbito distinto al del hogar del niño y esto es acordado por sus representantes en el ejercicio legítimo de la patria potestad, dicha medida NO ES UN ABRIGO.
El SPPD simplemente facilitó el ámbito para que los representantes del niño acuerden la medida, pero no la determinó el propio Sistema.
Es necesario respetar esos acuerdos para poder trabajar junto a la familia en la situación que los originó a fin de que pueda ser superada y el niño pueda retornar a su hogar. De otra manera, se estaría sustituyendo la autoridad de los padres o la representación legal sin ningún soporte legal para hacerlo.
Ahora bien, la medida puede ejecutarse en distintos lugares: •	Si los padres acuerdan la permanencia del niño con alguno de sus parientes, en el marco de la familia ampliada, o con otro adulto significativo para el niño y su familia, sólo se requerirá labrar un acta con el acuerdo de los representantes legales a fin de dejar plasmadas las estrategias a seguir hasta tanto se supere la situación que habilitó la medida.
•	Si los padres acuerdan la permanencia del niño en alguna institución, será necesaria la puesta en conocimiento del Servicio Zonal (si es que el acuerdo se da en el marco del SLPPD), a fin de que habilite el ingreso del niño a la institución. En ese caso será necesario su consenso. Para ello también se requerirá labrar un acta con el acuerdo de los representantes legales a fin de dejar plasmadas las estrategias a seguir hasta tanto se supere la situación que habilitó la medida, la puesta en conocimiento al Servicio Zonal y la autorización de ingreso expedida por este.
Pueden también darse alguno de los siguientes supuestos:
•	Que el progenitor o progenitores del niño con derechos amenazados o vulnerados que se presenten en el SPPD sean ambos menores de edad no emancipados . En este caso deberá acudir a formar parte del acuerdo al que se arribe alguno de los cuatro abuelos del niño, ya que las personas menores de edad no tienen el ejercicio de la patria potestad hasta cumplir los 21 años (artículo 264 bis del Código Civil). Si uno sólo de los progenitores es mayor de edad, su comparecencia es suficiente para acordar la estrategia a implementar.
•	Que no exista el consenso de ambos progenitores por ausencia de unos de ellos.
Este supuesto puede desdoblarse en dos:
a)	Puede ser que el niño con derechos amenazados o vulnerados convivía sólo con uno de ellos, que es quien está presente. En este caso el acuerdo de quién convivía con el niño es suficiente en razón de ser éste el progenitor que tiene el ejercicio de la patria potestad (artículo 264 incisos 2 y 5 del Código Civil).
b)	Puede ser que conviva con ambos, pero se encuentre presente uno sólo de ellos. Aquí también es suficiente su acuerdo en razón ya que los actos realizados por uno se presume que cuentan con la autorización del otro (artículo 264 inciso 1 del Código Civil).
2. Falta de acuerdo de los padres o representantes legales de niño que tiene sus derechos amenazados o vulnerados con el alojamiento transitorio en ámbitos alternativos a su hogar, o imposibilidad de prestarlo.
Esta es la situación que habilita la medida de abrigo. Los supuestos de imposibilidad fueron enumerados antes, enmarcados en la casuística que brinda la normativa vigente para la adopción de la medida de protección especial de derechos.
Aquí también el cumplimento puede darse en distintos lugares.
•	Con otros parientes en el marco de la familia ampliada
•	En una institución.
En este supuesto, más adelante se incluyen los instrumentos a ser utilizados de acuerdo a los distintos pasos y estadios de la medida de abrigo para garantizar la cohesión administrativa del sistema y una optimización de la respuesta institucional que reciben los niños y las familias de la Provincia dentro del SPPD.
En cada uno de los instrumentos se presentan los recaudos y requisitos indispensables para la adopción de una medida de abrigo.
Por último, finalizado el plazo estipulado legalmente para la medida de protección especial de derechos, se requerirá la elaboración de un informe que de cuenta de lo actuado por el SPPD a fin de ser elevado a la autoridad judicial solicitando la guarda institucional, tema que será objeto de otro documento de trabajo.
Documento de trabajo sobre la actuación del SPPD
y su relación con la Ley de violencia familiar
Existen situaciones donde el SPPD, sea en el ámbito zonal como local, comparte algún espacio de competencia con otros organismos del Estado, ya que normas anteriores a la ley 13.298 obligaban a intervenir ante las mismas.
Sucede por ejemplo cuando se presentan casos de violencia familiar en los que hay niños involucrados.
Allí resulta necesario conocer las distintas competencias que legalmente se han 4establecido, a fin de no generar intervenciones múltiples. Son las situaciones en las que se juega el armado de redes y la puesta a prueba de las existentes. Por otra parte, durante la vigencia del SPPD se han detectado varias situaciones donde por el sólo hecho de que haya niños involucrados se encomienda al Servicio Zonal o Local interviniente la totalidad de acciones a implementar.
La lógica de la corresponsabilidad impide este tipo de conductas y es por ello que, con este documento, se intentará arrimar algunas herramientas que permitan a los actores del SPPD repeler y transformar prácticas a partir del conocimiento de la norma y, consecuentemente, de la exigencia de su cumplimiento. Ello entendiendo que una de las tareas del SPPD es la de “...Sustituir la practica de la “derivación” de casos entre instituciones por la construcción de relaciones de corresponsabilidad e interdependencia entre las mismas con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma integral...” (art. 21.3.4 Dec. 300/05)
Marco legal e incumbencias. En la provincia de Buenos Aires, la Ley 12.569 de Violencia Familiar (en adelante LVF) data fines del año 2000.
Contiene una definición amplia de lo considera como violencia familiar: “...toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito...” (artículo 1° LVF)
En ese caso la ley habilita a toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia para que pueda denunciarla. Debe tenerse presente que la definición, y así lo dice el artículo, entiende que puede haber violencia con independencia de la configuración de delito. Ello puede llevar a que existan denuncias en lugares equivocados, por ejemplo en las Fiscalías cuando no existe delito. Dentro del grupo familiar, obviamente, puede haber niños inmersos en una situación de violencia. Aquí la ley amplia la lista de posibles denunciantes, incorporando al Ministerio Público, organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir.
Es importante saber que si dichas personas no formulan la correspondiente denuncia se les podrá imponer una multa e, incluso, remitir los antecedentes al fuero penal (artículo 4° LVF).
Por ello, no es disponible la decisión de formular o no formular la denuncia. Por el contrario, es una obligación del funcionario que entra en contacto con la situación de la que no puede eximirse por el solo hecho de trasladarla al SPPD. En cuanto a la vinculación con el SPPD es central el artículo 5° de la LVF en cuanto establece:
Los menores de edad y/o incapaces víctimas de violencia familiar, podrán directamente poner en conocimiento de los hechos al Juez o Tribunal, al Ministerio Público o la autoridad pública con competencia en la materia, a los fines de requerir la interposición de las acciones legales correspondientes.
Ello significa que los niños pueden validamente presentarse por ante el SPPD a fin de plantear la problemática que viene sufriendo. Esa presentación es suficiente para poner en marcha las acciones necesarias tendientes a la promoción y protección de sus derechos.
Si se vislumbra que los hechos denunciados pueden configurar delito, los funcionarios del SPPD deben formular de inmediato la denuncia penal por ante la Fiscalía de turno.
Pero con independencia de la denuncia penal, que tendrá por objeto únicamente determinar la existencia de un delito tipificado por la ley penal y quién es el autor de esa conducta, deviene necesario el diseño de estrategias tendientes a restablecer derechos vulnerados, que contemplen la incorporación del resto de actores involucrados con obligación legal de intervenir.
En este punto, el artículo 7° LVF es claro en cuanto a las competencias del Poder Judicial:
Corresponde a los Tribunales de Familia, a los Jueces de Menores, a los Juzgados de Primera instancia en lo Civil y Comercial y a los Jueces de Paz, del domicilio de la víctima la competencia para conocer en las denuncias a que se refieren los artículos precedentes.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos de acción pública o se encuentren afectados menores de edad, el Juez que haya prevenido lo pondrá en conocimiento del Juez competente y del Ministerio Público, sin perjuicio de tomar las medidas urgentes contempladas en la presente Ley tendientes a hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación. Se guardará reserva de identidad del denunciante cuando éste así lo requiriese. Finalmente, existe otra vía de ingreso de las situaciones de violencia al SPPD. El Decreto Nº 2875/06, reglamentario de la LVF establece:
Todo ello a los fines de garantizar la debida protección de las víctimas y su grupo familiar mediante las medidas cautelares pertinentes. La puesta en conocimiento de todos los actores involucrados conlleva el riesgo de cada uno de ellos estima la intervención del otro y no haya intervención alguna o, por el contrario, que se den distintas intervenciones aisladas en el seno de la misma familia. Dependerá, como se dijo antes, de la construcción paulatina de prácticas corresponsables y, eventualmente, la celebración de acuerdos en el territorio.
Medidas a las que se puede arribar.
La nueva normativa de promoción y protección de los derechos del niño, en relación con el tema abordado, complementa y colabora con la situación que existía antes. De ninguna manera reemplaza a quienes tenían y tienen obligación legal de intervenir.
La LVF señala distintas medidas que pueden ser solicitadas al Poder Judicial a fin de hacer frente a una situación de violencia. Ellas están reguladas en el artículo 7°:
a) Ordenar la exclusión del presunto autor de la vivienda donde habita el grupo familiar. Se trata de apartar a la persona violenta del hogar donde convive junto a su familia. Nótese que se trata de una medida que no requiere la prueba acabada de los hechos denunciados. Esta medida debe ser jurisdiccional necesariamente. b) Prohibir el acceso del presunto autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento del afectado y/o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuere menor o incapaz; como así también fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer por determinada zona. Asimismo arbitrará los medios necesarios para que el agresor cese con todo acto de perturbación o intimidación contra la o las víctima
c) La restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos por hechos de violencia familiar. También es complementaria de las anteriores.
d) Proveer las medidas conducentes a fin de brindar al agresor y al grupo familiar, asistencia legal, médica y psicológica a través de los organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia de la víctima. Se trata del acceso a los planes y programas que existan en la comunidad para abordar el problema de la violencia en todos los aspectos, aunque resultan de primordial relevancia aquellos destinados al abordaje de la situación de las personas víctimas de violencia.
e) En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, puede otorgar su guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. La guarda se otorgará prioritariamente a integrantes del grupo familiar, o de la comunidad de residencia de la víctima. Este inciso regula una típica medida de protección de derechos, parecida a aquellas a las que puede arribar el SPPD. En este caso se tratará de la medida de protección especial del abrigo o de la permanencia temporal en ámbitos distintos al hogar del niño por acuerdo de sus padres.
Se abordará separadamente esta medida en tanto existen particularidades que hacen aconsejable una u otra que deben ser puestas de manifiesto.
f) Fijar en forma provisoria cuota alimentaria y tenencia Esta medida es accesoria de la anterior y, en algunos casos, absolutamente necesaria, como ser en caso de que la guarda quede a cargo de un familiar que carece de los recursos económicos necesarios. Debe ponerse de resalto que el SPPD tampoco tiene facultades para fijarlas en el ámbito administrativo.
g) Toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima. La celeridad en la adopción de la medida puede llevar a la conclusión de que la intervención del SPPD, al actuar de manera más informal, puede arribar a una solución en menos tiempo.
Sin embargo, cabe destacar que la LVF establece plazos que, de ser cumplidos cabalmente, permitirían arribar a alguna de las medidas mencionadas en pocas horas. Dice la última parte del artículo 7°:
Por otra parte el artículo 24° dispone:
El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Ley, será considerado falta grave
Articulación entre la Ley 12.569 y la nueva normativa sobre niñez en la provincia de Buenos Aires.
El articulado de la ley 12.569 debe ser integrado con el cuerpo legal que regula el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño.
El artículo 21 del Decreto 300/05, reglamentario de la Ley 13.298, establece las competencias de los Servicios de Promoción y Protección de Derechos diciendo que deberá:
“...cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 37 de la ley 13298 y este decreto reglamentario; con lo dispuesto por la ley 12.569 respecto a los niños y adolescentes y, a su vez, constituir un ámbito de escucha para los niños...”
2. A pedido del Tribunal de Familia realizar un diagnóstico familiar en los casos de que un niño o un adolescente fuera víctima de violencia (art.8 ley 12.569) Se trata del único caso donde una dependencia judicial puede requerir al SPPD informes sociales. La respuesta dependerá de los recursos existentes en el SPPD como así también de las particularidades del caso; por ejemplo, que el mismo esté siendo trabajado por el SPPD.
Además, lo expuesto debe ser integrado con la reglamentación de la Ley 12.569, Decreto Nº 2875/06, en cuanto establece en relación con su artículo 8º:
El diagnóstico familiar requerido en el artículo 8º de la Ley no podrá ser condición sine qua non para que el Juez o Tribunal interviniente pueda ordenar las medidas previstas en el artículo 7° de la Ley.
Por otra parte, el artículo 37.4 del Decreto 300/05, reglamentario de la ley 13.298, dispone:
El servicio de protección deberá difundir entre los niños y adolescentes, de forma clara y de acuerdo con su edad, los derechos de los cuales son titulares así como los procedimientos que aplica este organismo cuando un derecho es amenazado o violado por la familia, el Estado o terceros de acuerdo con los procedimientos formulados en este decreto reglamentario y con la Ley 12569 de violencia familiar.
Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Familia para conocer las denuncias referidas en la ley 12569 (Ley de Violencia Familiar) y proceder de acuerdo al artículo 7° de esa ley, en caso de que la víctima fuera un niño o adolescente, el Servicio de Protección Local deberá ser informado de la denuncia a los efectos de ofrecer a la autoridad judicial la aplicación de las medidas de protección de derechos incisos a, b, c, d, e, f y g dispuestas por el art. 35 de esta ley y, si fuera necesario proveer los recursos para la aplicación del inciso e) del artículo 7 de la ley 12569.
La diligencia referida en el artículo anterior deberá realizarse sin perjuicio de dar intervención a las autoridades judiciales departamentales del fuero penal, en caso que la denuncia tenga por objeto la supuesta comisión de un delito y sean necesarias la interposición de las acciones legales correspondientes.
La simple lectura de dicha norma podría llevar a la errada interpretación de que en situaciones de violencia familiar el SPPD no tiene habilitada la medida de abrigo, ya que el inciso h del artículo 35 de la ley 13.298 no figura entre aquellas que puede ofrecer en coordinación al organismo judicial interviniente.
Sin embargo, vale aclarar que el Decreto 300/05 reglamentaba el viejo inciso h del artículo 35 de la ley 13.298 que, con la reforma introducida por la ley 13.634 cambió radicalmente de sentido.
Por ello, ante una situación de violencia familiar quedan abiertas ambas instancias. a)	El SPPD puede ofrecer a la dependencia judicial interviniente las medidas de protección enumeradas en los incisos a, b, c, d, e, f y g del artículo 35 de la ley 13.298. Eventualmente puede también ofrecer colaboración para el cumplimiento de la medida del inciso “e” del artículo 7º LVF. Esta colaboración puede tratarse del acompañamiento del cambio de guarda, sea al momento de implementarse o con posterioridad.
b)	Puede recurrir en el ámbito administrativo a la medida de protección especial de derechos del abrigo. Dicha medida es de competencia exclusiva del SPPD, razón por la cuál no puede ser ofrecida al Poder Judicial, teniendo éste abierta la posibilidad del inciso “e” del artículo 7º LVF.
Acudir a una u otra dependerá de las circunstancias particulares que presente el caso. Entre otras, serán relevantes la intervención o no de un magistrado en el marco de la LVF como así también la urgencia del caso.
El uso de la fuerza pública para el cumplimiento de una medida dispuesta por el SPPD.
En relación con el tema en análisis, pueden darse supùestos en los que la medida adoptadas en el SPPD requieran para su cumplimiento el auxilio de la fuerza pública.
Piénsese por ejemplo casos de evidente maltrato donde la ejecución de la medida de abrigo requiera la salida del niño víctima del hogar donde convive con el agresor.
En esos casos, puede resultar necesario que la ejecución de la medida sea facilitada con la policía. Se habla de facilitar, ya que no podría dejarse en cabeza de la autoridad policial la ejecución de la misma.
El Decreto 300/05 trae una norma aplicable a esos casos. El artículo 37.9 in fine dice:
“… En los casos donde el Servicio de Promoción y Protección de Derechos resuelva que se han agotado las vías disponibles para solucionar la petición dentro de los plazos establecidos, dará intervención al Asesor de Incapaces, quien accionará para obtener las diligencias jurisdiccionales que faciliten en su caso la continuidad de la intervención administrativa…”
Se entiende que una de las acciones que puede requerirse a través del Asesor de Incapaces puede tratarse de solicitar el acompañamiento policial para la ejecución de la medida.
En el mismo sentido, podría requerirse dicho auxilio directamente del Tribunal de Familia en turno, del Juzgado de Paz o de la Fiscalía que esté investigando delitos asociados con la situación que habilita la medida de abrigo. En ese caso, el pedido contendrá una reseña de los hechos que justifiquen la adopción de la medida junto a los que justifiquen la intervención policial.
ante situaciones de averiguación de paradero
El SPPD ha comenzado a recibir bajo distintas modalidades situaciones relacionadas con la problemática de niños cuyo paradero pasa a ser desconocido por la familia.
El circuito que viene llevándose adelante, en general, comienza con la familia manifestando dicha situación por ante la autoridad policial. Aquí se labran actuaciones prevencionales, las cuales, en determinado momento, pueden terminar en la órbita del SPPD.
Es necesario desentrañar distintas hipótesis ya que requieren su visualización a fin de brindar respuestas adecuadas.
Debe tenerse en cuenta que, con anterioridad a la vigencia del SPPD, estas situaciones eran comunicadas inmediatamente al Tribunal de Menores en turno quién disponía las primeras actuaciones. Ello ha generado como práctica institucionalizada que la autoridad policial supedite alguna actuación tendiente a ubicar al niño cuyo paradero se desconoce a alguna directiva brindada por autoridad externa a ellos mismos, cuando pueden validamente tomarlas en el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, la entidad de la problemática puede determinar que la intervención judicial sea obligatoria. En ese caso, el paso por el SPPD no es pertinente y no hace otra cosa que entorpecer esa intervención, al menos en cuanto a la demora que produce.
Es por ello que la primer división que hay que hacer se relaciona con la existencia o no de delito en la situación denunciada ante autoridad policial y que se traslada al SPPD.
Sucede por ejemplo cuando la persona denunciante no tiene ningún indicio respecto al lugar donde se encuentra el niño, manifestando que tampoco existe una situación conflictiva en la familia dentro de la que pueda enmarcarse la ausencia denunciada. De ello se desprende claramente que el SPPD no tiene injerencia alguna en esa situación.
Es absolutamente necesario que sea puesta de inmediato en conocimiento del Fuero Penal, a través de la UFI en turno porque puede estar configurándose alguna conducta tipificada por la ley como delito. Por eso no debe ser recibida por el SPPD, y si hubiera sucedido deberá ser devuelta de inmediato con una nota dando cuenta de lo hasta aquí dicho.
Distinta es la situación donde el niño se ausenta del hogar pero, al momento de la denuncia, sus progenitores tengan conocimiento del lugar en que se encuentra. Es posible que de esa situación pueda surgir clara alguna conflictiva familiar, por ejemplo: que este en la casa de su novio/a, con el progenitor no conviviente, etc.
En esos casos la autoridad policial puede iniciar actuaciones prevencionales y, aparte de la tarea de búsqueda, puede poner esa situación en conocimiento del SPPD. Dicha puesta en conocimiento en ningún caso puede tratarse del traslado de las actuaciones labradas hasta ese momento. Es suficiente la comunicación de la situación poniendo a disposición la información necesaria para contactar a la familia del niño que se ausentó de su hogar.
En ese supuesto, el SPPD evaluará la situación a los efectos de diseñar las acciones para el abordaje de la problemática con la familia.
Documento de trabajo sobre la actuación del SPPD ante situaciones de denuncias de fuga
Un largo proceso de debate, se requirió para instalar en nuestro ámbito de intervención, la idea sencilla, por la cual se sostenía que resultaba ilegal denunciar penalmente por fuga, a un niño que sin haber estado nunca privado de libertad en el marco de un proceso penal, se resistía a permanecer internado en un instituto de menores . Se convertía así en una perseguido por la justicia por haber rechazado la respuesta tutelar dada por el Estado (pretenciosa e indebidamente) para su supuesta protección. Es decir se violaba doblemente el principio constitucional de escuchar al niño, y atender a su voluntad. Por aquel entonces aún vigente el decreto ley 10.067, el 29 de julio de 2003 la por entonces Dirección Provincial de Asistencia a la Infancia y Adolescencia, estableció la Disposición 16/03DPA (incluida como anexo al finalizar el capítulo) por la cual se instruía a los directores de las instituciones asistenciales, para formular la búsqueda de paradero del niño que se iba voluntariamente de una institución y en ningún caso una denuncia penal. Esta propuesta ratificada por disposición n° 32/03 de la Subsecretaría de Minoridad, permitió abrir el debate político y jurídico sobre las acciones que los poderes del Estado ejecutaban contra la niñez de la Provincia invocando –vaya eufemismo si los hubo- la protección de aquel al que se ordenaba perseguir y capturar.
Posteriormente en 2005, sancionada ya la ley 13298 que creara el Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño, su decreto reglamentario n° 300/05 en su art. 36 determina que ninguna medida de protección especial puede significar una privación de la libertad ambulatoria de un niño, como tampoco implicar una sanción. Increíblemente a pesar de la precisión del texto legal, muchos ámbitos operativos del régimen tutelar continuaron ejerciendo medidas violatorias de derechos en perjuicio de los niños.
La sanción de la ley 13.634, en diciembre de 2006, reitera conceptualmente la propuesta original y se constituye entonces en la inscripción legal del criterio sostenido por esta Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño. El art. 99 de la ley 13634, modifica el artículo 33 de la Ley 13.298, que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 33: Las medidas de protección de derechos son limitadas en el tiempo, se mantienen mientras persistan las causas que dieron origen a la amenaza o violación de derechos o garantías, y deben ser revisadas periódicamente de acuerdo a su naturaleza.
En síntesis: La actuación del operador del sistema, ante la deserción de un niño en forma voluntaria de un programa o una medida, habilitará eventualmente el pedido de búsqueda de paradero a la autoridad competente (Policía) pero en ningún caso una denuncia penal.
Anexo: Disposición 16/03DPA
La Plata, 29 de julio de 2003. Visto: EI diverso criterio de actuación de las autoridades ya sean judiciales 0 administrativas, frente a sucesos de deserción de jóvenes de las instituciones convivenciales asistenciales. Considerando que: Los niños y jóvenes que se encuentran en instituciones oficiales y/o de gestión comunitaria son en todos los casos victimas de un sistema de exclusión, a los que el Estado pretende asistir en forma integral a efectos de intentar remediar esa situación de vulnerabilidad a la que fueron sometidos. En todos los casos, más allá de las exclusivísimas particularidades de cada persona y de su situación, requieren esenciales elementos básicos para desarrollar las diferentes dimensiones de su existencia. EI acompañamiento que el Estado y la comunidad toda como parte constitutiva de aquel, puedan ofrecer en este proceso vital de cada niño, siempre deberá interpretarse como garatizador de las condiciones necesarias para su desarrollo integral. En ningún caso, esa situación podrá trocar por si sola, provocando que aquel niño que en función de su protección integral y atendiendo a su interés superior se tutelara, merezca convertirse por el solo hecho de haber tomado la decisión de no aceptar la "respuesta - remedio" que se Ie diera/impusiera, en "autor de trasgresión", " fuguista" 0 "evadido". Es decir, inmediato sujeto pasivo de un pedido de comparendo 0 captura, consecuencia directa de la denuncia policial efectuada, y del accionar del poder represivo del Estado. Así el niño suma una nueva causa judicial a su historia de abandonos y desaciertos. Esta nueva impronta en su legajo personal que seguramente en pocos meses o años se sumará a otras tantas, permitirá aquel razonamiento verdadero, desde la lógica proposicional, aunque ilegítimo desde la doctrina de la protección integral e ilegal desde la Convención sobre los derechos del niño, según el cual mayor cantidad de deserciones (fugas en el lenguaje vulgar) permiten validamente requerir un recurso de internación "cerrado". Es decir, un lugar del cual el niño no se escape. Estigma que difícilmente permitirá a ese niño despojarse de carga tan pesada y que será constitutivo de su presente y de un futuro de libertades cercenadas sin imputación legal que así lo determine. Corresponde manifestar que la terminología utilizada para señalar la conducta del joven habitual mente es la de fuga (fugam). Fugarse, en la lengua de Castilla se asimila libremente a escaparse, evadirse (evadere), huir (fugere). En cualquier caso palabras que aluden a alejarse rápidamente de un lugar para evitar un daño o un peligro. Pero, en el ámbito forense y en el institucional, la palabra fuga tiene una connotación claramente disvaliosa y que subsume en si misma, la acción de escaparse, la violación de la ley, determinando una inevitable situación de irregularidad en la cual la victima -el niño 0 joven tutelado-, pasa a ser virtual victimario, requerido por la Justicia a través de la Policía. Se prefiere entonces la utilización del término deserción (desertio) cuya primera acepción señala: abandonar un lugar que se solía frecuentar, una comunidad, etc. EI vocablo deserción incluye en nuestro lenguaje común una clara manifestación de voluntad, despojada en todo caso del matiz especialmente disvalioso del término fuga. Ha de destacarse especialmente, que los niños y jóvenes objeto de tutela judicial son en todos los casos niños provenientes de familias -cuando estas aún existen- pobres. Pobreza tal que no les permite sostener a sus niños en un hogar que en muchos casos se ha desmembrado sin retorno. Sigue martillando en nuestros oídos aquella pregunta que aún no ha merecido respuesta efectiva desde una política pública para la niñez y juventud. ¿Por qué todos los niños que pueblan nuestras instituciones son pobres? La pobreza económica es una aspecto grave e importante de este conflicto, pero el punto en análisis en el presente, exige una expresa definición política. Corresponde en este punto hacerse la siguiente pregunta: Quien da abrigo y protección, quien es el encargado del crecimiento y formación de un niño/joven ya tutelado por el Estado, ¿Se encuentra obligado a denunciar en una dependencia policial una deserción? En principio no existe normativa expresa que obligue al director de una institución a adoptar dicha postura, y resulta ciertamente cuestionable la decisión judicial del Juez de Menores que luego de tomar conocimiento de la deserción del joven de la institución exige al director de la misma que efectúe la denuncia policial del hecho. Existen antecedentes en la resolución registrada bajo el n° 138 del registro de la Subsecretaría de Patronato de la Suprema Corte de Justicia del mes de noviembre de 1999. En tal oportunidad, el máximo Tribunal de la Provincia intervenía en el diferendo suscitado a raíz de la denuncia policial efectuada por la dirección de un establecimiento asistencial de la ciudad de Mar del Plata, contra un joven menor de edad, a efectos de obtener su paradero. En dicha resolución la Suprema Corte requería a la autoridad de aplicación -entonces Consejo Provincial del Menor-, la expresa "comunicación de las vías procedimentales a seguir en el caso de fuga de menores ,clarificando debidamente los roles de los jueces y los asesores especializados ..” Con motivo de dicha comunicación, por disposición 005//00 del 8 de febrero de 2000, y n° 012/00 del 03 de abril de 2000, la Subsecretaría de Asistencia y Tutela del Menor, establecía que en caso de fuga de menores tutelados de establecimientos bajo contralor del entonces Consejo Provincial, los Directores de los mismos debían dar inmediata intervención al juez de la causa, absteniéndose de disponer ninguna otra medida. Asimismo y para el caso en que no pudiere realizarse esa comunicación en forma oportuna, o la deserción pudiera implicar un riesgo inminente para el Tutelado, debía realizarse la comunicación al Juez de Menores en turno. De lo expuesto no surge dificultad teórica visible. Ahora bien, en la práctica cotidiana se observan procederes tan diversos, como imposiciones judiciales que violentan la normativa escrita y el espíritu propio del trabajo de un hogar convivencial.
Un joven conviviente en un hogar, lo hace por carecer de toda otra posibilidad de hacerlo en el afuera de la institución, ya sea en su familia o en el marco de su comunidad. La disposición tutelar impuesta por el Juez, viene a dar socorro y asistencia elemental a un joven que no puede por sí crecer en forma integral sin el auxilio del Estado en sus diferentes formas de expresión y resguardo. De ello surge con claridad que la disposición efectiva encabezada por el poder judicial, viene a dar sustento a un acompañamiento esencial a la formación y crecimiento del joven. En ese marco se inscribe toda la legislación internacional actual, y la nacional y local adecuada en consecuencia de la incorporación legislativa primero y constitucional posterior que se hiciera de los tratados internacionales que rigen la materia. Aún en los casos de mayor complejidad, en aquellos donde la estrategia de abordaje aún puede cuestionarse desde lo técnico, en ningún caso, un chico puede resultar privado de su libertad por motivos no penales. Ante esta situación, deviene absolutamente improcedente, y más aún, grave violación a la normativa constitucional vigente, la denuncia policial realizada por un representante del poder administrador a efectos de comunicar la deserción del joven y obtener su paradero. Sin perjuicio de ello, se reiteran situaciones en donde el requerimiento de efectuar la denuncia policial surge en forma expresa y telefónica del Juez de Menores actuante. Esta situación se reitera en diversos distritos en un sinnúmero de oportunidades, eventos ante los cuales el director de la institución se ve compelido por la autoridad judicial a actuar en forma contraria a la instrucción emanada por esta Subsecretaría de Minoridad. Por ello el EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Artículo 1 °.- Hacer saber a los responsables de los Institutos Asistenciales, que en caso de deserción de un joven de su institución, habrán de limitar su actuación en la siguiente forma: Poner en conocimiento del Juez de la causa en forma inmediata la deserción ocurrida. En caso de no poder hacer efectiva la comunicación del punto anterior, y/o ante situaciones de serio riesgo en el que pueda situarse el joven, poner en conocimiento de la situación al Juez de Menores en turno de la jurisdicción donde ocurriera la deserción. En todos los casos habrá de ponerse la situación en conocimiento del Asesor de Menores que corresponda al causante, en cumplimiento de la disposición 22/03 SM. Artículo 2°.- Utilizar el término deserción en lugar de fuga o evasión. Artículo 3°.- Derogar todo otro acto administrativo de ésta Dirección Provincial de Asistencia a la Infancia y Adolescencia que se oponga a la presente. Artículo 4°.- Solicitar a la Subsecretaría de Minoridad, -de compartir el criterio de la presente- el dictado del acto administrativo de mayor jerarquía teniendo presente que los antecedentes reseñados fueron oportunamente dictados por esa instancia. Artículo 5°.- Una vez dictado el acto administrativo requerido en el artículo precedente habrá de notificarse a: Subsecretaría del Patronato de Menores de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sres. Jueces de Menores de la Provincia de Buenos Aires, Sres. Asesores de Menores, Comisión de Infancia de ambas Cámaras Legislativas, Jefaturas Departamentales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección General de la Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Documento de trabajo sobre el artículo 37 de la Ley 13.298
Se han evidenciado situaciones en las que la lectura aislada del último párrafo del artículo 37 han permitido arribar a la equivocada conclusión de que la sola denuncia de cualquier tipo de situación en una dependencia policial habilita inmediatamente la intervención del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, local o zonal (en adelante SPPD).
Ha colaborado en esta confusión la definitiva derogación del Decreto Ley 10.067/1983, que obligaba a comunicar al Tribunal de Menores para su intervención cualquier situación en la que haya niños involucrados, sea por ser autor o víctima de delitos, contravenciones, o simplemente por entender que el niño estaba “en riesgo”.
En consecuencia, la práctica habitual –pero legal en base al Decreto Ley 10.067/1983- de poner en conocimiento del Tribunal de Menores ha estado recibiendo a partir de la vigencia del SPPD respuestas de quien está en turno del estilo “no tenemos más competencia” y “comuníquenlo al Zonal de tal lugar”. En algunos casos la respuesta es por escrito y con trascripción de la última parte del artículo 37 de la Ley 13.298.
Por esta razón, deviene necesario desentrañar el sentido y alcance del artículo 37 a fin de poder reorientar la demanda que se presenta en el SPPD para evitar la sobrecarga de trabajo de los espacios de atención. Es evidente que dicha sobrecarga redunda en la imposibilidad de abordaje de las situaciones que sí son competencia del SPPD.
En esta transición es fundamental el rol del SPPD como eje de ordenamiento de los distintos actores involucrados en problemáticas donde hay niños en situación de conflicto, ya que desde los espacios externos muchas veces se plantea la actualidad en términos de caos o, al menos, de confusión. En ese sentido, estamos también llamados a una tarea educativa.
Es sabido que el SPPD interviene ante situaciones donde existan derechos amenazados o vulnerados de niños menores a 18 años de edad.
La información sobre esa situación puede llegar desde distintos ámbitos.
La manera directa la establece la primer parte del artículo 37, en tanto establece:
Cuando un niño sufra amenaza o violación de sus derechos y/o sea víctima de delito, sus familiares, responsables, allegados, o terceros que tengan conocimiento de tal situación, solicitarán ante los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos el resguardo o restablecimiento de los derechos afectados.
A partir de allí, el SPPD en los ámbitos local o zonal comenzará a desplegar las estrategias necesarias para que ese niño acceda a los planes o programas vigentes en ese territorio para restablecer los derechos en peligro.
Esta situación también puede ser puesta en conocimiento ante la autoridad policial a través de lo que la ley enuncia como una ‘denuncia’. Se regula en la última parte del artículo 37 en los siguientes términos: En el supuesto que se formule denuncia por ante la autoridad policial, ésta deberá ponerla de inmediato en conocimiento del Servicio de Promoción y Protección Local.
Debe tenerse presente que la denuncia a la que se refiere la norma debe tener sustento en una situación de amenaza o vulneración de derechos, y en ese caso la autoridad policial puede validamente indicar al denunciante que se dirija directamente al SPPD.
Pero en el caso de que la denuncia que se está formulando tenga sustento en la presunta comisión de un delito penal, la comunicación e intervención es del Poder Judicial.
Si el presunto autor del delito es una persona mayor de 18 años, será competente el fuero penal de mayores a través de la UFI en turno.
Si el presunto autor del delito es una persona menor de 18 años será competente el Tribunal de Menores en transición en turno, hasta el 1º de Diciembre. Si el presunto autor es inimputable por su edad, también interviene el Tribunal de Menores ya que ese será el ámbito en el que se investigue la comisión del delito, la participación del niño y, a su respecto, se dispondrá que sobre él no habrá reproche penal por su edad.
En definitiva, lo que el SPPD no puede recibir son las actuaciones iniciadas por ante la autoridad policial cuando corresponda que intervenga el Poder Judicial. En caso de haberlas recibido, será necesario devolverlas a través de una nota que dé cuenta de lo hasta aquí dicho. En la misma, puede dejarse constancia que se ha tomando conocimiento de la situación que está atravesando el niño en ese momento.
Por otra parte, no todas las situaciones que son puestas en conocimiento del SPPD habilitarán la intervención del Servicio, ya que requerirá la evaluación previa de los integrantes del mismo.
Por último, debe tenerse en cuenta que el artículo 37.10 del Decreto 300/2005 obliga al SPPD a darle intervención al Poder Judicial cuando en el marco del abordaje de una situación se desprenda la presunta comisión de un delito. Lo dice en los siguientes términos: Cuando el Servicio Local de Protección de Derechos tome conocimiento de que la amenaza o violación del derecho del niño tiene como antecedente la presunta comisión de un delito, tendrá obligación de formular la pertinente denuncia penal. A estos efectos, tanto los Servicios Locales y Zonales, como la autoridad policial deberán denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público Fiscal.
Se estima que las consideraciones hasta aquí expuestas podrán ser de utilidad al momento de organizar las incumbencias del SPPD.
El modelo de acta inicial se plantea de forma amplia, a fin de que sea útil para volcar datos de una primera entrevista, aportar información respecto a algún caso que se esté trabajando, etc.
Legajo n° 01-333/07
Fecha 03-10-07
Op. Responsable: Palma Mirta
En la ciudad de La Plata en sede del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de La Plata, ubicado en Calle 12 y 53, Torre 2 piso (5°), a los tres días del mes de octubre de dos mil siete, a las 9:00 hs., se hace presente el Sr. Carlos López, quien acredita su identidad con DNI n° 16.222.666, domiciliado en calle 48 n° 722 de la Ciudad de La Plata, Teléfono 0221-429-6666, teléfono celular n° 0221-15-422-1234, quien puesto en conocimiento de los principios rectores del Sistema de Promoción y Protección de derechos creado por ley 13.298 y el decreto 300/05 hace la siguiente manifestación:
Manifestación: 	Debe estar expresado en forma clara y en detalle. 	Debe poder determinarse con claridad si quien declara lo hace por conocimiento directo o de terceros, y si lo hace a nivel personal o institucional.
	Debe ser autosuficiente y no limitarse a la remisión a documentos o denuncias.
	Debe precisar cada nombre, dirección, teléfonos o características de los hechos o de las personas de forma tal que permita una mejor elaboración de cada estrategia a implementar. Petición que formula:
Firma del Sr. Carlos López
Firma y sello de la autoridad del Servicio Zonal Acta de acuerdo
En el desarrollo del acta deben quedar claramente detallados los puntos sobre los que se celebra el acuerdo, y aquellos puntos sobre los que las partes no han logrado un avenimiento que supere el conflicto planteado. El grado de acuerdo dará sustento y fortaleza al proceso, lo que no implica que determinadas situaciones deban seguir analizándose y trabajándose para superar en el tiempo el conflicto.
En la ciudad de ......................... en sede del Servicio Zonal / Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de ..........................., ubicado en Calle ............................., a los tres días del mes de octubre de dos mil siete, a las 9:00 hs., se lleva a cabo una audiencia entre:
	Carlos López, DNI 16.222.666, domiciliado en calle 48 n° 722 de la Ciudad de La Plata, Teléfono particular / laboral 0221-429-6666, teléfono celular n° 0221-15-422-1234, en su carácter de padre de Fernando López (Conforme copia certificada de la partida de nacimiento que se incorpora al expediente).
	Fernando López, DNI 35.790.709, domiciliado en calle 48 n° 722 de la Ciudad de La PLata, Tel cel 0221-15-495-7789.
Junto con los miembros del equipo profesional de esta Sede integrado por el TS Francisco Paredes y la Lic. en Psicología Imeldes Parada y el Dr. Dino Argüelles; •	Motivo de la presentación:
•	Procedimiento - Plan diseñado: Estrategia Propuesta (objetivos y tiempo).
Referente Asignado: Profesional Responsable: Recursos (Sociales y Presupuestarios)
•	Cese de intervención. Manifestación: 	Debe estar expresado en forma clara y en detalle. 	Debe poder determinarse con claridad si quien declara lo hace por conocimiento directo o de terceros, y si lo hace a nivel personal o institucional.
Firma y sello de la autoridad del Servicio Zonal
Adopción de medida de abrigo en familia ampliada o en una institución
En el ámbito en que se decide y ejecuta la medida, es indispensable el labrado de un acta que recoja lo sustancial de la problemática que la habilita y que sea conocida y firmada tanto por el niño como por quienes participan de la misma.
•	Debe estar redactada en forma clara y en detalle.
•	Debe precisar cada nombre, dirección, teléfonos o características de los hechos o de las personas de forma tal que permita una mejor elaboración de cada estrategia a implementar.
•	Debe poder determinarse con claridad si quien declara lo hace por conocimiento directo o de terceros, y si lo hace a nivel personal o institucional.
•	Debe ser autosuficiente y no limitarse a la remisión a documentos o denuncias.
Una vez confeccionada el acta, debe ser remitida a la brevedad a la sede del Servicio Zonal a los efectos de que pueda efectuar la comunicación para el control de legalidad de la medida.
ADOPCION DE MEDIDA DE ABRIGO EN FAMILIA AMPLIADA
En la ciudad de ....................., en la sede del Servicio Zonal/Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de .................., ubicado en calle ....................................., a los .............. días del mes de ...............de dos mil siete, a las ............. hs., se lleva a cabo una audiencia en la que se adopta la medida de protección especial de derechos regulada por el artículo 35 inciso h de la ley 13298 (texto reformado por ley 13634), de la que participan:
•	Datos personales del niño con derechos amenazados o vulnerados (Nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y número de legajo; nombre de sus padres y domicilio).
•	Datos de la o las personas con quienes se llevará a cabo la medida (miembro de la familia ampliada o adulto significativo).
•	Miembros del Servicio Local o Zonal. •	En todos los casos el niño y quienes lo acompañen deben ser puestos en conocimiento de los principios rectores del Sistema de Promoción y Protección de Derechos creado por ley 13.298 y el decreto 300/05, y de ello dejar constancia en el acta.
Motivo de la intervención del SPPD:
Relato de la situación por la cuál el niño se encuentra con derechos amenazados o vulnerados, con individualización de los mismos.
Fundamentos de la medida:
Puede tratarse del:
•	Relato de las estrategias o medidas a las que la familia ha accedido (si es que ha ocurrido). En ese caso, incluir la evaluación de los resultados negativos que habilitan llegar a la medida de abrigo como último recurso.
•	Relato de la situación de emergencia que posibilita llegar directamente a la medida de abrigo como último recurso.
Plan diseñado: •	Lugar de ejecución del abrigo.
•	Descripción de la estrategia propuesta (objetivos y tiempo), responsables, recursos (sociales y presupuestarios).
•	Otros efectores o actores involucrados.
•	Forma en que se va a hacer efectiva la comunicación con los progenitores o representantes legales del niño informando el lugar donde éste se encuentra cumpliendo la medida de abrigo.
Documentación que respalda la medida:
Puede tratarse de informes, actas anteriores o cualquier documentación que sustente las afirmaciones volcadas.
Consenso del Servicio Zonal:
Dato de la puesta en conocimiento y conformidad recibida.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor y al mismo efecto, los que quedarán uno en poder del adulto con quién se ejecuta el abrigo, otro en poder del Servicio Local a los efectos de ser añadido al legajo del niño y el restante será girado al Servicio Zonal para que efectué la comunicación ordenada por ley.
Firma de los participantes y del niño Firma y sello de la autoridad del Servicio Local o Zonal
ADOPCION DE MEDIDA DE ABRIGO EN INSTITUCION
Legajo n° 01-333/0
•	Miembros del Servicio Local o Zonal.
•	Datos personas que acompañen al niño, si estuvieran presentes (miembros de la familia ampliada o adulto significativo)
•	En todos los casos el niño y quienes lo acompañen deben ser puestos en conocimiento de los principios rectores del Sistema de Promoción y Protección de Derechos creado por ley 13.298 y el decreto 300/05, y de ello dejar constancia en el acta.
Plan diseñado: •	Lugar de ejecución del abrigo. (Puede exceptuarse este item en aquellos casos de violencia familiar intrafamiliar, que así lo aconsejen)
Consenso del Servicio Zonal: Dato de la puesta en conocimiento, conformidad recibida y habilitación de la plaza en la institución en que se va a ejecutar el abrigo.
Autorización del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del niño de .......................................
Código alfanumérico A001
Operador del SZPD: (Consignar nombre, apellido y horario de la comunicación)
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor y al mismo efecto, los que quedarán uno en poder de la institución donde se ejecuta el abrigo, otro en poder del Servicio Local a los efectos de ser añadido al legajo del niño y el restante será girado al Servicio Zonal para que efectué la comunicación ordenada por ley.
Comunicación de la medida de abrigo para control de legalidad
Si bien la medida de abrigo puede ser adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, ella debe ser avalada por el SZPD.
En consecuencia, la comunicación de la medida a los efectos del control de su legalidad está en cabeza del Coordinador del SZPD. Si la medida es adoptada en el ámbito local, será necesario tomar en consideración los siguientes puntos: •	Estrategias ejecutadas con anterioridad a la adopción de la medida del abrigo para la superar la situación de amenaza o vulneración de derechos y justificación de su resultado negativo.
•	Estrategias diseñadas a fin de ser ejecutadas durante el período de tiempo que dure la medida de abrigo.
Con esos datos, ya conocidos con anterioridad por el Coordinador del SZPD en tanto avaló dicha medida, se confeccionará la comunicación al Asesor de Incapaces y al Juzgado de Familia.
COMUNICA ABRIGO
López Joaquín
Dra. María Eugenia Ugartemendía
C/C Sr. Asesor de Incapaces
Dr. Ramón María Muñoz Cabrera
S / D: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Coordinador del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de La Plata, a los efectos de hacerle saber que en los términos del art 35 inc. h de la ley 13298 (texto reformado por ley 13634) y decreto n° 300/05, se ha adoptado la medida de abrigo respecto de:
DNI 40.555.900
domicilio en Tel
domiciliada en Tel.
De este rubro deberá desprenderse claramente la excepcionalidad de la medida, justificando por qué no han tenido resultado positivo las anteriores estrategias o por qué no fue posible ejecutar alguna.
Deberán volcarse las acciones diseñadas para ejecutar durante el período de tiempo que dure la medida de abrigo. Si bien puede surgir del acta que haya elaborado el SLPD, es recomendable volcar una breve síntesis.
Lugar de cumplimiento de la medida
Deberá detallarse si la medida se cumplirá en el ámbito de la familia ampliada o en alguna institución.
Aquí constará si la estrategia a implementar será desarrollada por el SLPD o el SZPD, y en cada caso el operador de referencia.
Se acompaña la siguiente documentación: Entre la documentación a agregar, no debe faltar el acta en a que se labró la adopción de la medida de abrigo.
Con lo expuesto, y al sólo efecto del control de legalidad previsto por la legislación vigente se remite el presente, saluda al Sr(a) Juez muy cordialmente.
Comunica prorroga de la medida de abrigo
La normativa vigente dispone la medida de abrigo sólo podrá ejecutarse durante un período rígido dispuesto por la misma.
Debe destacarse que en ningún caso ese plazo es de 60 días. Por el contrario, la norma establece que el la medida de abrigo se ejecutará durante un plazo de máximo de 30 días, prorrogables únicamente por otros 30.
Si bien la comunicación que ordena el artículo 35 inc. H de la ley 13.298 se formula cuando comienza a ejecutarse la medida, su prorroga debe ser comunicada al SZPD a los efectos de monitorear el cumplimiento de la misma.
Para ello deberá tenerse en cuenta el estado de avance de la estrategia implementada, ya que dicho conocimiento es el que permitirá fundamentar la prorroga de la medida.
Este momento debe ser útil a los efectos de evaluar el éxito obtenido en la estrategia implementada, por lo que puede ser posible que de esa evaluación se derive un cambio en la misma.
Al Coordinador del
Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
Me dirijo a Ud. a fin de poner en su conocimiento la prorroga de la medida de abrigo adoptada por este Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos con fecha ......................................
Nombre y Apellido: Nacido el:
con domicilio en: Tel.
Familia ampliada o institución.
Evaluación de la estrategia, cambios posibles, etc.
Se estima que el plazo restante permitirá arribar con éxito al cese de la medida adoptada.
Firma y sello de la autoridad del Servicio Local
Cese de la medida de abrigo
Así como se comunica la adopción de una medida de abrigo, es necesario prever que también se comunicará su cese.
Debe destacarse que en este caso el cese está relacionado con la remoción de los obstáculos que existían para que el niño con derechos amenazados o vulnerados no pueda retornar a su hogar.
La comunicación también estará a cargo del Coordinador del SZPD. Por esta razón, si la medida fue adoptada en el ámbito local y la estrategia implementada también desarrollada en ese ámbito, será necesario que se le comunique al SZPD los fundamentos del cese.
Es así que en el ámbito local se labrará un acta que de cuenta por escrito de la situación que habilitó al cese como así también del retorno del niño a su hogar. CESE DE LA MEDIDA DE ABRIGO
En la ciudad de ....................., en la sede del Servicio Zonal/Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de .................., ubicado en calle ....................................., a los .............. días del mes de ...............de dos mil siete, a las ............. hs., se lleva a cabo una audiencia en la que se acuerda el cese de la medida de protección especial de derechos regulada por el artículo 35 inciso h de la ley 13298 (texto reformado por ley 13634), de la que participan:
•	Datos personales del niño con derechos amenazados o vulnerados (Nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y número de legajo).
•	Datos del progenitor / progenitores / representantes legales con quién el niño vuelve a convivir después de removidos los obstáculos que impedían esa convivencia.
Fundamentos del cese de la medida:
Relato de los resultados obtenidos a partir de las estrategias desarrolladas durante la ejecución de la medida del abrigo que fundamentan su cese. Plan diseñado: •	Descripción del plan de estrategias diagramadas a fin de acompañar el retorno del niño a su hogar (Si es que fuera necesario y existiere ese plan). Documentación que respalda la medida:
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor y al mismo efecto, los que quedarán uno en poder de la familia del niño, otro en poder del Servicio Local a los efectos de ser añadido al legajo del niño y el restante será girado al Servicio Zonal para que efectúe la comunicación.
Firma de los participantes y del niño
Firma y sello de la autoridad del Servicio Local o Zonal
COMUNICA CESE DE LA MEDIDA DE ABRIGO
Juzgado de Familia n° del Departamento Judicial de ......................
Dra. ...............................................
Dr. ...............................................
Nombre y Apellido: Joaquín López
con domicilio en:	Tel.
Antecedentes del caso Relato de los resultados obtenidos a partir de las estrategias desarrolladas durante la ejecución de la medida del abrigo que fundamentan su cese Se acompaña la siguiente documentación:
Entre la documentación a agregar, no debe faltar el acta en a que se labró la adopción de la medida de abrigo.
Saluda al Sr(a) Juez muy cordialmente.
Guía de intervención para la obtención de prácticas de salud en el marco de los Sistemas de Promoción y Protección de Derechos y de Responsabilidad Penal Juvenil, en la etapa de transición
Guía de intervención para la obtención de prácticas de salud en el marco de los Sistemas de Promoción y Protección de Derechos del Niño y de Responsabilidad Penal Juvenil, en la etapa de transición.
La creación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño (SPPD), encuentra su sustento legal en la ley 13298, con su decreto reglamentario n° 300/05, y la ley 13634 ambas en el ámbito provincial; y su correlato en la dimensión nacional establecido por ley 26061. Por su parte el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) se legitima a través del decreto n° 151/07. Estas normativas determinan un preciso reordenamiento en la intervención de las distintas áreas de gobierno en la infancia, así como del resto de los efectores del Sistema. La desaparición del esquema ideológico conceptual del Patronato de Menores –derogado el decreto ley 10067-, así como sus instituciones, impone prioritariamente la reformulación de las prácticas que las instituciones de gobierno vienen desarrollando en las últimas décadas. Esta es una mínima guía de actuación e interrelación entre los diferentes efectores del Sistema, en aquellos casos en donde el derech0 vulnerado o amenazado es el de la salud.
Competencia directa de efectores de Programas de Salud Pública.
El acceso al derecho a la salud, o bien el acceso efectivo a una evaluación, diagnóstico o tratamiento determinado, resulta competencia natural y originaria de los efectores correspondientes a los diversos programas de salud pública, de orden municipal y/o provincial.
Acceso al derecho a la salud en el ámbito del Sistema de Promoción y Protección de Derechos
1.- Asesoramiento, evaluación, diagnóstico, tratamiento ambulatorio o de internación por consumo de sustancias tóxicas. Subsecretaría de Atención de las Adicciones (SADA)
En aquellos casos que por demanda espontánea del niño, o por requerimiento de sus responsables o allegados, o de algún efector del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, se necesitase el abordaje terapéutico desde el ámbito de la salud por consumo y/o abuso de tóxicos, el organismo provincial especializado y de incumbencia directa es la SADA. Lo expuesto resulta independiente a la edad del paciente, y de la existencia o no de procesos judiciales.
La SADA es la responsable del asesoramiento, evaluación, diagnóstico, tratamiento ambulatorio y/o de internación, y del seguimiento del paciente hasta su alta.
Cuando de la intervención producida por la SADA surjan elementos que evidencien la existencia de algún otro derecho amenazado y/o vulnerado en el niño, deberá dar intervención al Servicio de Protección de Derechos correspondiente al domicilio del niño.
En aquellos casos en los que el niño –menor de 18 años de edad- requiera de un tratamiento en un servicio terapéutico que exceda las posibilidades materiales de la SADA –en Comunidad Terapéutica y/o Centro de Día para el tratamiento de adicciones-, y no posea obra social, podrá requerir al Servicio Zonal correspondiente al lugar de intervención, la incorporación del paciente, proveyendo para ello de todo el material técnico que acredite la necesidad de realizar el tratamiento específico que corresponda. La intervención del Servicio Zonal tendrá lugar al sólo efecto de proveer una vacante en los recursos bajo convenio con la Unidad de Programas en Transición de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño, y no deberá asimilarse en ningún caso un tratamiento con internación, a una medida de abrigo.
Por su parte tanto la acreditación de los nuevos recursos terapéuticos como la supervisión de las Comunidades Terapéuticas y de los Centros de Día para el tratamiento de adicciones que mantienen relación contractual con la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño, serán realizadas por equipos técnicos integrados por ambas Subsecretarías.
2.- Evaluación, diagnóstico, tratamiento ambulatorio o de internación por patología que afecte la salud mental.
Dirección Provincial de Salud Mental.
En aquellos casos que por demanda espontánea del niño, o por requerimiento de sus responsables o allegados, o de algún efector del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, se necesitase el abordaje terapéutico desde el ámbito de la salud mental, el organismo provincial especializado y de incumbencia directa es el Ministerio de Salud a través de sus efectores. Todo ello, independientemente de la edad del paciente, y de la existencia o no de procesos judiciales.
Así, el asesoramiento, evaluación, diagnóstico, tratamiento ambulatorio y/o de internación, y del seguimiento del paciente hasta su alta, resulta de incumbencia directa y originaria del Ministerio de Salud.
Cuando de la intervención producida por el servicio de salud pública surjan elementos que evidencien la existencia de algún otro derecho amenazado y/o vulnerado en el niño, deberá dar intervención al Servicio de Protección de Derechos correspondiente al domicilio del niño.
En aquellos casos en los que el niño –menor de 18 años de edad- requiera de tratamiento en un servicio de salud mental que exceda las actuales posibilidades materiales del Ministerio de Salud, y no posea obra social, el responsable de la Región Sanitaria correspondiente podrá requerir al Servicio Zonal del lugar de intervención, la internación del paciente en una Clínica Psiquiátrica o la incorporación a un Hospital de Día, proveyendo para ello de todo el material técnico que acredite la necesidad de internación y tratamiento. La intervención del Servicio Zonal tendrá lugar al sólo efecto de proveer una vacante en los recursos bajo convenio con la Unidad de Programas en Transición de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño, y no deberá asimilarse en ningún caso un tratamiento de internación, a una medida de abrigo.
Por su parte tanto la acreditación de los nuevos recursos de salud mental como la supervisión de las Clínicas Psiquiátricas y Hospitales de Día que mantienen relación contractual con la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño, serán realizadas por equipos técnicos integrados por ambos Ministerios.
El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y su relación con los efectores de Salud.
En ningún caso una medida de protección del derecho a la salud puede confundirse con una medida de coerción penal. Por ello, no se puede imponer como medida sancionatoria el tratamiento ambulatorio y/o de internación en un espacio de salud pública o privada.
El Sistema de Responsabilidad Penal, encuadra la acción judicial, en el ámbito de un proceso de derecho penal democrático que adecua sus respuestas sancionatorias a la conducta efectivamente realizada en infracción al ordenamiento legal. De este nuevo esquema de intervención surge precisamente la imposibilidad de imponer al causante otro tipo de medidas que no guarden relación directa con la atribución de responsabilidad por el hecho eventualmente cometido. En este sentido, la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño, se verá impedida de ejecutar medidas judiciales en el marco de un proceso penal, que impongan tratamientos a la salud como medida de coerción penal. Se deberá delimitar entonces con absoluta claridad cuando un joven se encuentra sujeto a un proceso penal, si contra él se ha dispuesto alguna medida que restrinja o limite su libertad ambulatoria, pues en ese caso la medida se cumplirá de acuerdo a la resolución MDH n° 172/07. Todo tratamiento a la salud en dicha condición se practicará en las dependencias antemencionadas, salvo que por su complejidad requiera de un dispositivo especializado del ámbito de la salud, en cuyo caso será el Organismo de Aplicación del Sistema quién evaluará su derivación en condiciones de excepción a un efector de salud, comunicando tal novedad al Juez interviniente.
En aquellos casos que el joven sometido a proceso penal no se encuentre detenido, y el Juez advirtiere que se encuentra vulnerado en su derecho a la salud, pondrá tal situación en conocimiento del Servicio Zonal de Protección y Promoción de Derechos a los efectos de que éste organismo evalúe la situación en el ámbito de su competencia. Síntesis:
	Cualquier efector del Sistema de Promoción y Protección de Derechos facilitará a un niño y/o su familia y/o allegados, el acceso a un servicio de salud, requiriéndolo directamente al organismo provincial correspondiente con competencia específica en la materia.
	Toda vulneración del derecho a la salud que se advierta en un niño, deberá ser canalizada a través del efector que corresponda del Ministerio de Salud.
	El Servicio de Promoción y Protección de Derechos convocará a la intervención del efector del Ministerio de Salud que corresponda, ante cualquier demanda que reciba por vulneración del derecho a la salud de un niño.
	Cuando el derecho a la salud vulnerado sea sólo una parte de la estrategia a construir, el rol del Servicio de Promoción y Protección de derechos será el de diseñar, articular y coordinar la estrategia con el conjunto de los efectores del Sistema. 	En ningún caso una medida de protección del derecho a la salud puede confundirse con una medida de coerción penal. Por ello, no se puede imponer como medida sancionatoria el tratamiento ambulatorio y/o de internación en un espacio de salud pública o privada.
	En ningún caso la internación de un niño en un servicio de salud público o privado, cuando es expresamente autorizado por sus padres en ejercicio de la patria potestad, podrá interpretarse como una medida de abrigo.

References: artículo 37
 artículo 35
 artículo 100
 artículo 35
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 Resolución 
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 37
 artículo 8
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 artículo 7
 artículo 37
 artículo 7
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 artículo 35
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 artículo 7
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 artículo 37
in fine
 artículo 33
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Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 artículo 37
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