Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve16nov2017.html
Timestamp: 2017-12-13 18:43:40+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 16 de noviembre de 2017
De la Mesa Directiva, con modificaciones de turno; de diputadas, con retiro de iniciativas; de la Segob, contestación a punto de acuerdo; del Congreso de Nuevo León, con iniciativa
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios, fundamentación
Propuesta de moción suspensiva
Justo Federico Escobedo Miramontes, PES
Adriana Sarur Torre, PVEM
José Antonio Salas Valencia, PAN
Matías Nazario Morales, PRI
Votación de los artículos 2, 5, 13, 14, 16, 23, 26, 29, 43, 48, 51 y noveno transitorio de la Ley, y segundo, tercero y cuarto transitorios del decreto, en términos del dictamen
José Luis Toledo Medina, PRI
Leticia Amparano Gamez, PAN
Blandina Ramos Ramírez, Morena
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Mesa el resultado del cómputo de asistencia de los señores y señoras legisladores.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputadas y diputados, por lo tanto, diputado presidente hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:16 horas): Y por lo tanto, ya estamos en sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orden del día con los asuntos correspondientes se encuentra publicado en la Gaceta, está disponible en el monitor de sus curules.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y en virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra también publicada en la Gaceta, consulte la Secretaría si es de aprobarse, con la observación de que al acta se le hicieron las modificaciones solicitadas por la diputada Adriana Ortiz Lanz y Carolina Monroy, y ambas contaron con el asentimiento de quien hizo las expresiones, la diputada Rocío Nahle. Ambos nombres fueron retirados del acta.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta con las modificaciones mencionadas por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, señora secretaria, dé lectura al oficio de la Mesa por el que se realizaron las modificaciones de turno.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de los siguientes asuntos:
Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de octubre de 2017. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Vinícola y Berries para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 30 de octubre de 2017. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, adiciona el apartado B del artículo 11 Bis y el Título XXVII al Código Penal Federal y modifica su denominación, presentada por la diputada Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 30 de marzo de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil para dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos de las iniciativas y la minuta. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió de los diputados Lorena Corona Valdés, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Natalia Karina Barón Ortiz solicitudes de retiro de sus iniciativas y proporción que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: La Secretaría de Gobernación remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que el poder Ejecutivo federal fortalezca la institucionalización de las políticas de igualdad de género.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El Congreso del Estado de Nuevo León remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
El diputado Omar Bernardino me estaba pidiendo el uso de la palabra. Le recuerdo al honorable diputado que una vez iniciado el capítulo de comunicaciones, ya tenemos que ceñirnos estrictamente al orden del día. Pero, si él me lo permite, buscaremos el momento procesal en el que pueda hacer sus expresiones durante la sesión. Si no tiene inconveniente mi amigo el señor diputado Omar Bernardino.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Siempre estaré siendo institucional, señor presidente. Lo que usted indique.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Además es usted un caballero. Gracias, señor diputado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Por lo tanto, por diez minutos tiene la palabra la diputada doña Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Hacienda, quien en estos momentos hace su entrada triunfal. Adelante, diputada. Que no se nota.
La diputad Gina Andrea Cruz Blackledge: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, en abril del año 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que aprobó esta legislatura con objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a las entidades federativas y municipios para un manejo sostenible en sus finanzas públicas.
La ley evalúa el desempeño de los entes públicos con obligaciones financieras por medio de los indicadores sobre la sostenibilidad de la deuda y su capacidad de pago mediante un sistema de alertas que determinan los techos de financiamiento al que puedan incurrir anualmente.
A más de un año de su aplicación se han presentado las áreas de oportunidad para actualizar los preceptos normativos con las necesidades reales de los órdenes de gobiernos locales, a fin de promover y garantizar su eficiencia operativa, así como favorecer las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones bajo los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria.
Por ello, los diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI y del PAN, nos dimos a la tarea de proponer una iniciativa que garantice la continuidad de los esfuerzos que todos los gobiernos locales han emprendido desde la entrada en vigor de la ley, dando un impulso de sostenibilidad de las finanzas públicas, estatales y municipales.
En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público mediante un ejercicio responsable y plural, presentamos el proyecto de dictamen que se somete a consideración de esta asamblea, el cual propone incorporar a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las siguientes modificaciones.
Primero. Se reforma la definición de asociaciones público-privadas y se adiciona la de disponibilidades para incluir los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice y en referencia a los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados por algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo las transferencias federales etiquetadas respectivamente.
Segundo. Se adicionan supuestos que en las entidades federativas tomen en cuenta, la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para aprobar sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos con el fin de que no excedan los montos de los recursos federalizados previstos en dichos ordenamientos jurídicos y, en su caso, puedan realizar una estimación con base en los criterios generales de política económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores.
Tercero. Se sustituye el término iniciativa de ingreso por la de fuente de ingresos distinta al financiamiento, para dar certidumbre jurídica a los entes públicos y evitar la confusión de acudir a los congresos locales cada vez que se materializa el supuesto de aumento o creación de gasto público, para agilizar la atención de la población afectada por la presencia de desastres naturales. Cuando derivado de estos la entidad federativa o municipio afronte los gastos con sus ingresos de libre disposición. El proyecto plantea que no se requiera realizar un análisis de costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de dichas situaciones.
Para generar mejores condiciones para el crecimiento económico de nuestro país, se consideró apropiado dotar a las entidades federativas de un grado mayor de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes al establecer distintos porcentajes que deberán destinar a la amortización de la deuda, según el nivel de endeudamiento, así como incluir la potestad de decidir sobre el destino de sus ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición siempre que se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al sistema de alertas.
Se establece de manera expresa el criterio de excepción que permite a los entes públicos realizar las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación y lineamientos aplicables, a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad en rubros tales como la salud, educación y vivienda.
Se sustituye el término de duración por el término de amortización, para contar con un lenguaje que permita facilitar la comprensión de los entes públicos. Asimismo, tratándose de operaciones de refinanciamiento o reestructuración, el ente público deberá informar a la Legislatura local sobre su celebración y presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del mismo.
Se incorpora una excepción a la vigencia de 60 días naturales que actualmente contempla la ley para las propuestas presentadas en los procesos competitivos tratándose de instrumentos derivados, ya que por su naturaleza la determinación de la mejor condición financiera se determina en periodos cortos de tiempo, incluso inferiores a un día.
También se consideró necesario que los entes públicos tengan la certeza de que en caso de declararse desierto el proceso competitivo dicha situación se presentará por única ocasión, siempre y cuando en el siguiente proceso competitivo la oferta ganadora que se presente cumpla con lo establecido en la invitación respectiva, y con ello evitar que se presenten un sinnúmero de procesos competitivos en menoscabo de los gastos que pudieran generarse a cargo de los entes públicos.
Por otra parte, se considera pertinente exceptuar de la realización del proceso competitivo a las operaciones de reestructuración y a las operaciones de refinanciamiento donde se sustituya de forma total un financiamiento por otro, ya que lo que se busca es simplificar este tipo de operaciones para aprovechar las ofertas que se presenten en el menor tiempo posible y favorecer positivamente a las finanzas públicas de las administraciones al pactar menores tasas y mayores flujos de recursos para concretar proyectos prioritarios de alto impacto en el desarrollo económico local.
Por otra parte se incorpora la prohibición de que las obligaciones a corto plazo puedan ser objeto de refinanciamiento, reestructura a plazos mayores a un año. Lo anterior considerando que en el marco jurídico aplicable no exista la figura jurídica de la obligación a corto plazo con destino de inversión pública productiva.
Para aquellos casos en que las entidades federativas o municipios realicen la afectación de sus participaciones federales en garantía y como fuente de pago, se consolidarán estas como bonos, financiamientos y obligaciones de las entidades federativas o municipios, y serán computables para efectos del Sistema de alertas. Además deberán cumplir con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Asimismo se incluyen los montos de las cuentas en efectivo, bancos e inversiones temporales sobre los ingresos totales en el indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas para mostrar de manera más precisa la disponibilidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones.
Se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de internet la medición inicial del Sistema de Alertas para municipios a más tardar el último día de julio de 2018, la cual servirá para determinar el techo de financiamiento neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019.
Para el caso de los entes públicos distintos a la administración pública centralizada de las entidades federativas y los municipios, la secretaría deberá publicar la medición inicial del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, la cual determinará el techo de financiamiento neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020.
Esta modificación permitirá que los municipios y otros entes públicos desarrollen las capacidades técnicas necesarias para generar información útil para el Sistema de Alertas bajo los formatos de la secretaría.
Con lo anteriormente expuesto el dictamen que está a su consideración busca coadyuvar en la consolidación del marco jurídico en la materia dando certeza a los entes públicos y a los ciudadanos de que la contratación de financiamientos y obligaciones se pueda generar en mejores condiciones y la gestión de las finanzas públicas locales esté encaminada verdaderamente a procurar los medios para brindar una mejor calidad de vida a la población en general. Por su atención, muchísimas gracias, y esperamos –la Comisión de Hacienda y Crédito Público– su voto favorable a este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Cruz Blackledge.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El presente dictamen que está sujeto al examen de los señores legisladores, ha sido objeto de una moción suspensiva presentada por don Juan Romero Tenorio. Tiene la palabra el diputado Romero Tenorio en los términos del artículo 114, fracción IX y artículo 122 del Reglamento, hasta por cinco minutos. Adelante, don Juan.
El diputado Juan Romero Tenorio: Buenas tardes diputadas y diputados, a la audiencia del Canal del Congreso. Una moción suspensiva de una ley, de una reforma a una ley que vulnera los principios de la misma, el objeto de la misma ley.
Para ello acudo a datos públicos que son conocidos en cada una de las entidades: Chihuahua, César Duarte aumentó la deuda del estado en 42 mil millones de pesos. Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, aumentó la deuda del estado en 35 mil millones de pesos. Humberto Moreira, Coahuila, aumento la deuda del estado en 35 mil millones de pesos. Javier Duarte de Ochoa, Veracruz, aumentó la deuda en 24 mil 276 millones de pesos. Egidio Torre Cantú, aumentó la deuda de Tamaulipas en 12 mil millones de pesos. Roberto Borge Angulo, Quintana Roo, aumentó la deuda del estado en 12 mil millones de pesos. Es parte del tema.
¿Por qué? Y le preocupó al Ejecutivo federal y él mando al Congreso de la Unión una iniciativa, la cual derivó en esta ley que ahora pretendemos reformar, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios.
Empieza a preocupar el nivel de deuda de los estados. Por eso, esta Cámara de Diputados en el proceso legislativo aprobó esa nueva Ley de Disciplina Financiera. ¿Cuál era el objeto de esta Ley de Disciplina Financiera? Establecer reglas sobre las finanzas de los estados en cuanto a obligaciones que estaban contrayendo en forma irresponsable.
Establecer un sistema de alertas que vincula el nivel de endeudamiento con la capacidad de pago. Transparentar la contratación de financiamiento y obligaciones de las entidades, y establecer un sistema de garantías de deuda con base a aportaciones que hace la Federación a cada entidad, y establecer un registro único de obligaciones.
Esos principios están contenidos en la ley que se aprobó en noviembre de 2016, no, 2015, y a partir de esa ley la Secretaría de Hacienda publicó en junio de este año un sistema de alertas.
Un sistema de alertas que tiene tres variables: la primera es la deuda pública y obligaciones sobre ingresos disponibles, indicador dos, servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición y, el indicador tres, obligaciones a corto plazo de proveedores y contratistas sobre los ingresos totales.
La propia Secretaría de Hacienda, en junio, publica y señala qué estados se encuentran en situación de alerta, y qué estados tienen ya una situación que debe considerarse para efectos de contraer más deuda. Destacan varios estados.
Esta ponderación que hace Hacienda está publicada en su propia página, puede consultarla el público en deudas de los estados y evaluación de la deuda, y señala la emergencia que hay en varias entidades.
Lo que no dijo mi presidente de la Comisión de Hacienda es que los transitorios de esta reforma que se propone van a relajar el objeto de esta Ley de Disciplina Financiera. A partir de este año, con la ley vigente, se establecen parámetros para que cada estado tenga un tope en la deuda que contrata. Ese tope beneficia a las finanzas públicas, puesto que ordena el gasto de cada entidad y establece un sistema de responsabilidades para contraer deuda por parte de los gobiernos de los estados.
Lo que no dice mi presidente de la Comisión de Hacienda es que se va a relajar este sistema. De seguir vigente y no pasar estas reformas, en 2018 los estados están obligados a pagar parte de la deuda con sus recursos disponibles. Están obligados a rendir información de la deuda que contraen al Registro Único que lleva la Secretaría de Hacienda. Con ello se transparentan las obligaciones.
Con la reforma que se pretende aprobar, y que creo que por el número de diputados que la apoyan se va a aprobar, se relaja este sistema de disciplina financiera y, lo más grave, se relaja para 2018. Todo el sistema de control se suspende por lo dispuesto en el segundo y tercero transitorio. Y los estados podrán contraer deuda en forma libre sin restricciones, más aún en año de proceso electoral, 2018 es un año electoral, hay elecciones federales y 30 estados tienen elecciones concurrentes de diputados, gobernadores y ayuntamientos.
Sería una mala señal que esta Cámara de Diputados violentara la seguridad que genera la Ley de Disciplina Financiera. La responsabilidad queda en ustedes, cada uno de ustedes atiende a sus gobernadores y atiende a los intereses políticos de acuerdo al color de su partido.
Es una irresponsabilidad seguir hipotecando el patrimonio de las nuevas generaciones. No tenemos congruencia al seguir generando un margen para mayor deuda en forma irresponsable. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de tomarse en consideración y ponerse a discusión en seguida la moción suspensiva.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continuaremos entonces con lo dispuesto en el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento y se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, hasta por cinco minutos cada uno.
Don Justo Federico Escobedo Miramontes, por el Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, por el Partido Nueva Alianza; diputado Germán Ralis Cumplido, por Movimiento Ciudadano; Adriana Sarur Torre hará lo propio por el Partido Verde Ecologista; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Waldo Fernández González, por el PRD; José Antonio Salas Valencia lo hará por el PAN y Matías Nazario Morales, por el PRI. Tiene la palabra por cinco minutos, Justo Federico Escobedo Miramontes.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Compañeras y compañeros diputadas y diputados, la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en abril del año pasado, se dio en el marco de un preocupante deterioro de las finanzas públicas en varias entidades federativas del país y en muchos municipios también. Eran particularmente graves los niveles de endeudamiento que alcanzaron varios gobiernos locales. Gobernadores en fuga llegaron a las primeras planas de los diarios de nacionales por su abusivo y opaco manejo de las finanzas públicas.
El objetivo principal de la Ley de Disciplina Financiera consistió en promover finanzas públicas locales sostenibles, a través de reglas concretas de disciplina financiera, como la aplicación racional de los ingresos excedentes, que sabemos todos que en muchos casos se da la simulación en la subestimación del ingreso, para manejarlo posteriormente como ingresos excedentes y, por lo tanto, aplicarlos en forma discrecional por los gobernadores de las entidades federativas.
Situación que también priva en el gobierno federal, puesto que ya he mencionado aquí, desde la glosa del V Informe de Gobierno, que el promedio anual de subestimación de las dependencias y entidades del gobierno federal es de un promedio de 300 mil millones de pesos anuales de subestimación y que se manejan posteriormente como ingresos excedentes. Lo mismo ocurre con los gobernadores, pero con mucho menor control.
También fue uno de los objetivos precisamente el uso responsable de la deuda pública. Un sistema de alerta sobre el nivel de endeudamiento subnacional y, obviamente, fortalecimiento de la transparencia.
Claramente esta ley fue un paso en el camino correcto para un mejor manejo de las finanzas públicas locales, limitar excesos y cerrar paso a potenciales actos de corrupción.
En los cambios propuestos en el presente dictamen tenemos, por supuesto, algunas coincidencias, en lo relativo a la simplificación del uso de los recursos en caso de los desastres naturales y algunas precisiones normativas que son necesarias.
Sin embargo, hay varios planteamientos que nos parecen que son un total retroceso en relación con el estado actual de las cosas. En primer lugar, el hecho de abrir la posibilidad a que los ingresos excedentes de la libre disposición puedan destinarse al gasto corriente, eso nos parece un peligrosísimo retroceso.
Encuentro Social, desde la glosa del Quinto Informe del Gobierno del Ejecutivo federal, ha venido señalando constantemente, que el macrocrecimiento económico del país obedece en gran medida a que no se le da la importancia que merece la aplicación de los recursos públicos al gasto de inversión.
Entonces, cómo es posible que estemos o se esté proponiendo que ese 5 por ciento o hasta ese 5 por ciento se vaya al gasto corriente y no al de inversión y es por lo siguiente, y coincidentemente hoy se publicó en varios medios de comunicación un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, del que se desprende que los gobiernos estatales destinan casi el 33 por ciento del presupuesto total al pago de sus empleados, esto contrasta drásticamente con el presupuesto destinado a la obra pública, o sea, la infraestructura, que en su conjunto resulta inferior al 6 por ciento. O sea, 33 por ciento simplemente de una parte del gasto corriente contra menos del 6 por ciento del gasto de inversión pública, que es lo que hace crecer económicamente a un país.
La caída en el nivel de inversión pública actual se ha venido reflejando precisamente en el bajo nivel de crecimiento y, repetimos, el gasto corriente a menudo no tiene impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo contrario, se presta a abusos y sobre el tiempo de campañas electorales, como en este caso, con mayor razón.
Sé que tengo que dejar el micrófono, pero nos estamos reservando tres artículos y en su momento, señor presidente si me lo permite, incrustaré algunas frases que me faltaron pronunciar en este momento. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el señor diputado don Luis Alfredo Valles Mendoza, en representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, del que por cierto es coordinador.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. La crisis económica de 2008 impactó negativamente las finanzas públicas del país, reduciendo los recursos participables para las entidades federativas y municipios, los cuales utilizaron diversas estrategias de endeudamiento para afrontar esta coyuntura internacional y nacional adversa.
Sin embargo, el uso de estos instrumentos financieros por parte de las administraciones públicas locales no fue el óptimo, ya que en los tres años siguientes el tamaño de la deuda pública subnacional se duplicó y en este contexto se creó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, sobre todo como un instrumento normativo para garantizar el manejo adecuado, responsable y transparente de las finanzas públicas locales que permitiera un crecimiento armónico en todas las regiones del país.
En Nueva Alianza estamos convencidos que la disciplina financiera es un elemento estratégico para consolidar el gasto público como una verdadera palanca de crecimiento económico, donde los criterios regentes en el uso y manejo de los recursos públicos sean transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
En el dictamen que hoy se discute en este pleno identificamos congruencias con lo propuesto por nuestro grupo parlamentario en la Ley de Ingresos de la Federación 2018, en particular al ampliar el margen de maniobra financiera de las administraciones locales para que puedan, con mayor eficacia, hacer uso de sus ingresos de libre disposición, con el único objetivo de brindar una atención oportuna a la población que sea afectada por desastres naturales.
Asimismo, observamos que se encuentran presentes disposiciones que permiten a la población mexicana conocer la administración y manejo financiero de los entes públicos, ya que se establece que los financiamientos u obligaciones contraídos antes del inicio de operaciones del Registro Público Único tendrán que inscribirse en dicho registro en los próximos meses. Además, el sistema de alertas para conocer el nivel de endeudamiento de estados, municipios y entes públicos será periódicamente actualizado y estará disponible de forma permanente en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda.
De igual modo, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos que es de vital importancia que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación sean parámetros e insumos legalmente establecidos para que las entidades federativas y los municipios definan su planeación presupuestaria anual.
Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el buen manejo de las finanzas públicas es un primer requisito para el desarrollo económico y regional. Debe ser en todo momento una obligación de los funcionarios y servidores que administran recursos públicos. Siempre debe garantizarse la corresponsabilidad entre las aportaciones que realizan los ciudadanos con sus impuestos y su uso responsable en programas, inversiones y todo rubro o concepto de gasto público.
En Nueva Alianza seguiremos impulsando las disposiciones legislativas suficientes para que la administración y ejecución del gasto público sea un detonador de crecimiento económico que incentive y multiplique las asociaciones público-privadas redituables, que fomente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que sea un instrumento eficaz para resolver los principales problemas y rezagos de las familias mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Valles Mendoza.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, a nombre del Grupo de Movimiento Ciudadano.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy está a consideración –debo decirlo– tuvo inquietudes, tuvo dudas que manifestamos en la propia Comisión de Hacienda, las cuales con discusión logramos disipar y logramos construir en conjunto elementos que nos dieran la posibilidad de que nuestro grupo parlamentario lo vea como una acción hoy positiva, que vale la pena aprobar, pues abona hacia la buena administración de los gobiernos municipales y de otros entes de gobierno al otorgar mayor libertad para la administración de su propia deuda.
Y es que lo que hasta ahora en términos de burocracia y administración del gasto ha provocado un cuello de botella para el correcto desarrollo y para el sano desempeño de las finanzas públicas, hoy puede cambiar de realidad. Gracias a que se da mayor certeza jurídica en la construcción de leyes de ingreso y presupuesto, da reglas más claras para enfrentar necesidades derivadas de desastres naturales, los cuales no existían.
Y así como la modificación al proceso de contratación de instrumentos financieros, si bien esta no es una medida que pretende generar control estricto del gasto, sí es una medida que genera disciplina, ya que entre todos los cambios propuestos a través de este dictamen, el más destacable es el del estímulo a un manejo estable en positivo de la deuda de las entidades federativas y de los municipios para que puedan disponer de mayores recursos para la atención de las necesidades de la población a su cargo o demanda.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que estas modificaciones abren también la ventana a malos manejos, razón por la cual insistimos en la aplicación de los controles presupuestales que muchas veces aquí mismo hemos citado. Necesarios y complementarios a las medidas antes mencionadas, los cuales cumplan con la vigilancia de los recursos y la correcta ejecución del gasto público.
La bancada ciudadana estará siempre a favor de mantener la disciplina fiscal en todos los órdenes de gobierno, eso es una realidad y eso debe de quedar perfectamente claro. El nivel de endeudamiento local con las modificaciones que se proponen, generan nuevos instrumentos y procedimientos para la reestructuración que al mismo tiempo debe de mantener un control en la vigilancia y se convierta en nuevos impulsos para la inversión local.
Reconociendo con esta reforma la estabilidad y el buen desempeño de aquellas entidades federativas y municipios en la implementación de las reglas de disciplina financiera, es así que en pro de abonar a una disciplina financiera pública y mejoramiento del desarrollo comunitario, es que hoy votamos a favor, ya que la posibilidad de obtener un mejor manejo de la deuda pública es también la oportunidad de un mejor ejercicio de recursos en beneficio de la población que estoy seguro y convencido, todos estamos buscando. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Germán Ernesto Ralis.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con la venia de la Presidencia.
La diputada Adriana Sarur Torre: Federalismo hacendario, disciplina financiera y criterios para el refinanciamiento o reestructuración financiera, son los pilares de este dictamen que nos da la oportunidad de velar por la estabilidad de las finanzas públicas al tiempo de flexibilizar el marco normativo para un tratamiento distinto a estados y municipios endeudados.
Este Congreso debe actuar ante la necesidad de reencauzar la disciplina financiera de los estados hacia el buen ejercicio del gasto y la rendición de cuentas, para una auténtica palanca del desarrollo por el que las haciendas públicas queden protegidas.
Es tiempo de aprobar la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, y es tiempo de redefinir el financiamiento neto, las disponibilidades y el régimen de las asociaciones público-privadas.
El país necesita que seamos ambiciosos, que tengamos altura de miras para controlar y reducir el déficit público de los estados, y por ello debeos votar a favor de un dictamen que marcará la diferencia entre federalismo hacendario que llegó a estados y municipios a depender en un 70 por ciento de las participaciones, a un federalismo libre que favorece y premia una gestión equilibrada de sus finanzas públicas.
Hay que recordar que ahora mismo las deudas subnacionales son producto de las malas decisiones y de una mala ley que no supo regular el gasto corriente, la opacidad y la poca transparencia que se tuvo sobre sus disponibilidades. Esto es lo que corrige este dictamen.
Se elimina la codependencia de los recursos que provienen de la federación y se abre paso a los criterios prudenciales a un sistema de alertas y a un sistema de indicadores que permitan al estado, a un municipio garantizar la viabilidad de un gobierno.
Hoy, dar mayor certidumbre financiera a estados y municipios es una lección. Hoy, reformar la ley para establecer la obligación de inscribir un registro público único a la deuda que se contrae, la forma en que se financiará y dar un aviso a la legislatura local, es un imperativo que no puede escapar de los legisladores que se sienten comprometidos con los estados de donde son originarios.
Es –pues– una demanda de los estados el aprobar reglas claras ante un refinanciamiento o reestructuración y –sobre todo– el facultar a un órgano como las legislaturas de los estados para que en cada estado del país sean sus representantes quienes aprueben los empréstitos que serán pagados por el gobierno.
Se busca ampliar también el grado de maniobra en el uso de recursos excedentes al establecer distintos porcentajes que deben destinarse a la amortización de la deuda, diferenciando por el nivel de endeudamiento y permitirles decidir el destino de los recursos derivado del ingreso de libre disposición, siempre que se clasifiquen de un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al Sistema de Alertas.
En ese sentido el Partido Verde se suma a un dictamen que busca acelerar la atención de la población afectada por ocurrencia de desastres naturales, para que cualquier estado o municipio desde Baja California hasta la Península de Yucatán, pueda reaccionar con prontitud ante una emergencia y afrontar los gastos de sus ingresos de libre disposición sin realizar un análisis costo beneficio.
Para que los entes públicos ante desastres naturales salvaguarden los derechos sociales y combatan las vulnerabilidades en la salud, la educación y la vivienda.
Votar a favor de este dictamen es votar a favor de la eficiencia de la contratación de deuda, y es poseer inteligencia para erradicar las causas del mal manejo de las finanzas públicas, es elegir la posibilidad de que estados y municipios destinen el 5 por ciento de sus excedentes al gasto corriente.
Votar a favor de este dictamen es votar a favor de un Sistema de Alertas que vincula los niveles de endeudamiento con los gastos por el servicio de la deuda con la liquidez final con la que un estado o municipio puede comprometerse. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Adriana Sarur.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Quisiera pedirle a la presidenta si me regala un minuto más.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Muchas gracias. Este es uno de los dictámenes más extraños que va a votar esta Cámara de Diputados, y eso ya es mucho que decir. Hace un año y medio, más o menos, dos años, por ahí, discutimos y aprobamos la Ley de Responsabilidad Financiera de Entidades.
En ese momento todo mundo se rasgaba las vestiduras, creo que alguien por ahí lloró, del enorme endeudamiento de las entidades federativas. Claro, el causado por Duarte, el otro Duarte, Borges y toda esa bola de pillos que andan por ahí.
Bueno, se creó esta ley con la idea de racionalizar la administración financiera de las entidades federativas. Hoy, año y medio después, se quiere dar marcha atrás a una ley que ni siquiera se ha aplicado. Buena parte de lo que hoy vamos a modificar no ha entrado todavía en operación. No tenemos un diagnóstico, no tenemos un análisis, esto se discutió un día en la comisión, a mí me llegó el dictamen un viernes, se discutió un lunes, no hubo un foro, no hubo un especialista, no hubo nada. No hay una explicación de por qué estamos discutiendo esto más allá de que seguramente esta fue una carta de cambio en el presupuesto, literalmente se negoció cambiar la ley, cambiar la ley de disciplina financiera en entidades para beneficiar a ciertos estados.
Yo lo remito al informe que publicó Imco esta semana. Ahí es un análisis sobre el desempeño presupuestal de cada estado. ¿Quiénes son los peores estados? Los que tienen un excedente de ingresos más alto, pues el Distrito Federal y el estado de México. Esos serán los grandes beneficiarios de esta reforma.
Una reforma, que como ustedes lo podrían ver en el informe del Imco, si no cambiáramos la ley, la mitad de la deuda va a ser pagada el año que entra, porque hoy la ley actual obliga a que de los excedentes, cuando menos la mitad vaya al pago de deuda.
Si el excedente de los estados fueron 223 mil millones de pesos, pues tendrá que haber 112 mil millones de pesos que de manera obligatoria tendrían que pagar los estados el año que entra de deuda. Eso es lo que estamos votando, que los estados dejen de prepagar deuda de varias maneras. En el artículo 1o., en un nuevo apartado 8 Bis, en donde se crea un concepto de disponibilidades que básicamente es todo el dinero que sobró, y estas disponibilidades en un segundo capítulo se pone como parte del financiamiento neto.
¿Por qué estamos creando un concepto de disponibilidades si en el capítulo 14 se va a regular el reglamento? Primer problema no resuelto, a ver si quien habla a favor de la reforma está dispuesto a contestarme estas preguntas y me conteste por qué tiene un concepto de disponibilidades distinto al concepto de remanente.
Dos. En el artículo 14, en la parte del excedente, anteriormente el 50 por ciento tiene que ir a amortizar deuda. Ahora, en ciertas condiciones, 0 pesos iría a amortizar deuda, en otros 30 por ciento. Ahí primer asunto, estamos votando por que los estados no tengan la obligación de amortizar deuda de manera anticipada.
Segundo párrafo del 14, el remanente. El remanente va a permitir que una parte vaya a pagar gasto corriente. Creo que ahora es el frente del gasto corriente, ¿no?, el que están haciendo aquí el PAN, el PRI y el PRD, que es el nuevo frente del gasto corriente y la deuda. Porque además si uno a los ingresos propios les da un destino, también se los puede gastar el año que entra sin deuda.
Hay cosas también, como por ejemplo, que si uno hace un refinanciamiento de la deuda no tiene porqué licitar a la empresa que lo hace. ¿Quién diablos hizo esta ley que le otorga a quien refinancia deuda la posibilidad de ser seleccionado por un gobierno y no competir? A ver qué opina la Comisión de Competencia de este asunto tan delicado.
Por cierto, no se resuelve lo principal de esta ley, que todo refinanciamiento tenga que bajar el valor presente de la deuda. Es decir, podemos seguir haciendo refinanciamientos sin bajar el valor presente de la deuda.
Tercero. Esta deuda también permite que el sistema de semáforos se modifique. Ahora vamos a tener menos información que antes de los municipios y, sobre todo, de los entes públicos que no son municipios y que no son entidades, es decir, los sistemas de agua o las empresas. De esos, solo vamos a tener una vez al año el semáforo. Un sistema de semáforos que no ha funcionado. Por ejemplo, si hoy uno quiere ver la tasa de interés a la que los municipios pagan la deuda, simplemente no la encuentran.
¿Qué estamos votando? Una ley que va a dar más manga ancha a los gobernadores de este país para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, para que no inviertan en obra pública, para que puedan contratar más personal.
Esto lo hace un Congreso irresponsable, que hace dos años votó una ley y hoy la modifica sin razón alguna, sin diagnóstico, sin debate, porque en este país la ley se pone a negociación. Se puso a negociación en el Presupuesto pasado y una moneda de cambio a los gobernadores fue cambiar la Ley de Disciplina Financiera.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Entonces no hablemos de responsabilidad, entonces no hablemos de finanzas públicas sanas, entonces no hablemos de que lo que queremos es impedir que los Duarte...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Ha concluido su término, diputado.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Que el otro Duarte, que toda esa bola de gobernadores ladrones no siga endeudando en este país. Ustedes serán los responsables, ustedes tienen que dar la cara y ojalá cuando menos haya un debate y haya una explicación de por qué hoy estamos discutiendo esa ley. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Vidal Llerenas.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, presidenta.
El diputado Waldo Fernández González: Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del paquete de reformas a la Ley de Disciplina Financiera, promovida por un grupo de legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios aquí representados, entre ellos un servidor.
Como es de su conocimiento, la ley que nos ocupa fue votada en esta legislatura y los resultados obtenidos a la fecha apuntan a ser satisfactorios, sin embargo, desde hace algunos meses hemos venido trabajando y promoviendo diversos ajustes a la ley en cuestión, toda vez que existen diversas inconsistencias, lagunas y rigideces que dificultan a estados y municipios responsables, alcanzar los objetivos ahí planteados, así como obtener las mejores condiciones en la contratación de financiamientos y obligaciones.
Esta situación se ha agravado en los últimos meses por los sismos de septiembre pasado, particularmente en algunas entidades y municipios del centro y sureste de país. Hoy lo que estamos viendo aquí es la modificación para, en aquellos lugares donde hay finanzas responsables, en lugar de ir a amortizar un pago de la deuda, ayudar a las personas a su reconstrucción. Si no hacemos esto, esto sería inhumano, sería injusto para las personas del país y eso es algo que estamos haciendo el día de hoy, actuar con responsabilidad.
En este sentido, el paquete de reformas que presentamos a la consideración de este pleno destacan las siguientes modificaciones.
En primer lugar, se modifica el último párrafo del artículo 5o, toda vez que la actual redacción impide a las entidades federativas considerar en sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos algunos rubros que normalmente son incorporados en Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos federal, pero suelen no estar incluidos en las correspondientes iniciativas, generándose las siguientes problemáticas.
La imposibilidad de incluir en su Presupuesto de Egresos recursos federales aprobados y destinados a servicios personales no contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual las entidades federativas estarían imposibilitadas de cubrir su nómina de servicios federalizados, de salud, de seguridad, de educación, de procuración de justicia, afectando a los trabajadores de estas entidades federativas.
La imposibilidad de asignar a los municipios o delegaciones en los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales aprobadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos federales, por no estar contenidas en las correspondientes iniciativas.
La imposibilidad de incluir en su Presupuesto de Egresos la totalidad de los recursos federales aprobados para la entidad federativa, lo que generaría retrasos importantes en sus procesos licitatorios y la correspondiente entrega de bienes y servicios, ¿en perjuicio de quién? De la ciudadanía.
En segundo lugar, se propone reformar el artículo 14 de la ley, toda vez que la redacción actual del artículo establece que las entidades federativas clasificadas con un nivel de endeudamiento sostenible deberán destinar, sin limitación alguna, sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a los rubros establecidos en dicho artículo. Es decir, tratábamos igual a los desiguales y eso es algo que hoy se está modificando.
Dicha disposición llevaría a que entidades federativas que observen niveles de endeudamiento razonables y responsables, se vean obligadas a destinar al menos el 50 por ciento de sus ingresos de libre disposición a la amortización anticipada a la deuda pública, entre otros conceptos, a pesar de que como se ha señalado, dichas entidades federativas no observan niveles de endeudamiento elevados. No toda la deuda es mala, el crédito es bueno.
Lo señalado limita la posibilidad de que las entidades federativas responsables puedan destinar sus ingresos para proporcionar servicios a la ciudadanía, tales como la adquisición de medicamentos, gasolina para la operación de las patrullas y ambulancias, el mantenimiento a la infraestructura existente y otros de igual relevancia, mismos que son clasificados como gasto corriente.
Por tal razón, la modificación que se propone mantiene la obligación de destinar el 50 por ciento de dichos ingresos de libre disposición para las entidades federativas, con un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema de alerta y lo reduce al 30 por ciento para las entidades federativas que presenten niveles de endeudamiento en observación, lo que les permitirá destinar un mayor porcentaje de dichos ingresos a mejorar el bienestar de la ciudadanía.
En tercer lugar, por lo que se refiere al indicador obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas, previsto en el artículo 44, fracción III, se propone considerar algunos conceptos del activo circulante, efectivo, bancos e inversiones temporales, que corresponden a recursos disponibles para hacer frente a obligaciones pendientes de pago en el corto plazo.
Ante esta situación y las modificaciones antes planteadas vamos a ir en beneficio de esta iniciativa, porque el momento así lo requiere y porque en un país con graves carencias es inhumano que estos estados y municipios, que actúan bien y que tienen sus deudas dentro del margen razonable, sean obligados a que sus excedentes terminen haciendo prepagos de deuda.
Dejemos de satanizar el crédito y la deuda, si este se maneja bien. En un país con tantas carencias, el crédito es el motor económico para generar infraestructura y beneficio social a los ciudadanos. Muchas gracias, diputadas y diputados.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Waldo Fernández.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado José Antonio Salas Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Salas Valencia: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. El presente dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contiene cambios muy positivos a dicho ordenamiento jurídico que beneficiarán a las finanzas públicas del país.
En este dictamen se plantea que no se requerirá un análisis de costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria a situaciones de emergencia, que tengan que atender urgentemente tanto los gobiernos estatales como los municipales, porque facilitará la ayuda a la población afectada por fenómenos naturales, permitirá la celeridad para que los estados y municipios dispongan de recursos en casos de desastres, ya que además podrán hacer uso de sus ingresos de libre disposición.
Esta reforma permitirá a las entidades federativas tener mayor margen de maniobra, para que tengan un uso responsable y transparente de sus ingresos excedentes. Facilitará un endeudamiento sostenible, prudente, así como manejable por parte de las autoridades locales, ya que además cualquier contratación de deuda se formulará bajo la supervisión constante de las autoridades hacendarias federales.
Este proyecto de dictamen tiene por objetivo primordial promover y garantizar la eficiencia operativa de los órdenes de gobierno locales estatales y municipales.
Esta reforma permitirá mejores condiciones en la contratación de financiamientos y obligaciones, y mantendrá los principios en materia de transparencia, presupuesto y responsabilidad hacendaria bajo criterios prudenciales que aseguren una gestión equilibrada de las finanzas públicas locales.
Se modifica la definición de asociaciones público-privadas y se adiciona la de disponibilidades para incluir a los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar.
Con este dictamen se busca que los gobiernos locales no excedan los montos de los recursos federalizados previstos en los ordenamientos jurídicos, y en su caso puedan realizar una estimación con base en los criterios generales de la política económica, el monto nacional y la distribución realizada en los ejercicios fiscales anteriores.
Diputadas y diputados, por estas razones y por muchas más, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de dicho dictamen para que abone a la transparencia, a la coordinación financiera entre los tres niveles de gobierno y fomenta el equilibrio y la responsabilidad compartida en las finanzas públicas del país.
Basta de Moreiras, basta de Duartes y Borges y compañía. Ya basta de la irresponsabilidad de esos gobiernos que han dejado deudas millonarias a las próximas generaciones de mexicanas y de mexicanos.
Basta de quienes usan los recursos para posicionar su imagen de gobierno y no para generar bienes útiles para la población. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado José Antonio Salas.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Matías Nazario Morales: Con su venia, presidenta.
El diputado Matías Nazario Morales: Compañeras y compañeros, como dijera Winston Churchill: “El precio de la grandeza es la responsabilidad”. Unas finanzas públicas que contribuyan al desarrollo económico de la nación exigen de un manejo responsable y oportuno.
Conscientes de lo anterior, hace 2 años los diputados del PRI aprobamos unas de las 13 reformas transformadoras que están cambiando el rostro del país: la de disciplina financiera, la de las entidades federativas y municipios dotaron al Estado de nuevas y mejores herramientas para asegurar finanzas públicas sanas, así como procurar la estabilidad macroeconómica del país.
Han contribuido a fortalecer las finanzas públicas del Estado, obligando a todas las entidades federativas y municipios a seguir reglas de carácter nacional. A la par de premiar su buen comportamiento, para que aquellos que tengan finanzas sanas puedan acceder a más créditos.
En suma, garantiza responsabilidad por parte de los mandatarios, que son quienes gobiernan, para promover finanzas sanas y un crecimiento sostenible en beneficio de los ciudadanos.
No obstante lo anterior, es necesario robustecer la legislación para dotarla de mayor operatividad. El dictamen que hoy nos ocupa, referente a la iniciativa del decreto por el que se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, parte de una iniciativa presentada por el PRI, el PAN y el PRD, lo que acredita que dentro de la pluralidad política existen coincidencias para adecuar la ley de la diversidad económica, de finanzas públicas y de endeudamiento de los estados y municipios.
Al igual que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios tienen la opción de acudir a la contratación de deuda, a fin de solventar sus funciones, sin afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Este dictamen permitirá actualizar el marco normativo y asegurar que su aplicación en materia de responsabilidad hacendaria a nivel local sea eficaz. En ese sentido, las principales beneficiarias de las adecuaciones presupuestarias serán las autoridades locales, ya que contaran con disposiciones más claras y precisas. Por otro lado, dado que no es admisible limitar a los estados y municipios en la administración de sus propios recursos que por ley les pertenecen.
El dictamen, de aprobarse, permitirá dotarles de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes, siempre que se ubiquen en el nivel de endeudamiento admisible. Asimismo, le proporcionará a las entidades federativas un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes pudiendo destinar hasta un 5 por ciento para cubrir gasto corriente, cuando lo permita su nivel de endeudamiento.
Adicionalmente, incorporará a la definición de disponibilidades y actualizará el concepto de financiamiento, permitiendo a los gobiernos locales el uso de los recursos utilizados en ejercicios anteriores, en aras de que mejoren su balance presupuestario para futuras operaciones de deuda, sin deterioro de sus finanzas.
Un elemento a destacar es la posibilidad de que los estados puedan atender por medio de sus ingresos de libre disposición a la población afectada por desastres naturales con oportunidad y suficiencia, así como destinarlos para la constitución de un fondo que atienda sus necesidades inmediatas, a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir sus condiciones vulnerables en materia de salud, educación y vivienda.
También se facilitará la contratación de financiamientos que se realicen con un fundamento en programas federales o convenidos suscritos con la federación, mismos que se harán a través de licitaciones públicas, dándose a conocer los resultados a través de los medios oficiales.
La inscripción en el Registro Público Único de la deuda contratada permitirá su oportuna evaluación a través de sistemas de alertas, salvaguardando así los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria. De particular importancia es la precisión que plantea el dictamen para asegurar que aquellos estados o municipios que otorguen en garantía sus participaciones federales a través de un fideicomiso público sin estructura, cumplan con los requisitos que determinen el Registro Público Único.
En suma, los gobiernos locales contarán con reglas claras y contundentes en el manejo responsable de sus haciendas públicas, realidad que ya se refleja en la disminución de sus niveles de endeudamiento. Prueba de ello es que el saldo como porcentaje del producto interno bruto es de 2.9 contra el 3.1 al inicio de la vigencia de la ley.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.
El diputado Matías Nazario Morales: Por lo cual para armonizar la aplicación de la ley a la realidad económica y social de las entidades y municipios del país, los diputados del PRI votaremos a favor de esta reforma. Se trata de un voto por unas mejores finanzas y, por tanto, por un mayor bienestar. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Matías Nazario Morales.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se informa a la asamblea que con esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación para este dictamen a discusión; por lo tanto, está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.
En contra: el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena; la diputada Ariadna Montiel Reyes de Morena, y la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, de Morena. En pro: la diputada Cecilia Soto González, del PRD y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del PRI. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos para hablar en contra el diputado Alejandro Ojeda Anguiano.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Saludo a los ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso de la Unión. Diputadas, diputados, buenas tardes. El dictamen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios no establece verdaderos candados al gasto público.
Es una penosa simulación para engañar a la sociedad diciendo que se requiere un gasto ordenado, pero en realidad abre la puerta para que los gobiernos locales hagan el año de Hidalgo. Pongo un ejemplo. Para dotar de vivienda a las 8 mil 500 personas afectadas de los sismos en la Ciudad de México basta la cantidad de 6 mil millones de pesos, cantidad que se tiene, ya que existe más, menos, 20 mil millones de pesos que se tiene en los gastos excedentes a septiembre de este año.
No hay necesidad de que la gente contrate créditos bancarios. Tenemos al Invi, que tiene la facultad y organización para cumplir con los afectados.
Pero no, el jefe de gobierno de la ciudad de México, en un afán electoral, va a entregar tarjetitas con recursos que no les permite a los afectados obtener vivienda.
En el dictamen que estamos analizando, en el artículo 13, se permite libremente a los gobiernos locales para que en caso de emergencia no se tenga que analizar el costo beneficio de los programas sociales. Esto va a provocar que cada tragedia les permita a los gobernantes y al jefe de gobierno, despacharse con la cuchara grande, gastando sin mesura y sin analizar el costo beneficio de los programas.
Es decir, el jefe de gobierno libremente va a poder estar regalando cubetitas, escobas, palos, trapos, curitas, pero no está obligado a entregar lo que la gente necesita que es vivienda.
Otro ejemplo, es el gasto de la ciudad de México en publicidad, que lleva más o menos 500 millones de pesos gastados al día de hoy. Este dinero alcanzaría para entregar en este momento, más de 650 viviendas para las personas que fueron dañadas en el sismo.
Este dictamen no disciplina el gasto, al contrario, va a permitir que el jefe de gobierno ande por la ciudad con chalequitos rosas entregando curitas, tarjetitas con dinero de forma abierta, con sentido electoral. Es por ello que votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Alejandro Ojeda. A continuación se le concede el uso de la palabra, para hablar en contra, a la diputada Ariadna Montiel Reyes.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Perdón, diputada, tres minutos. No me fijé en la lectura, diputada. Pero son tres minutos.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Gracias, presidenta. Con su venia. Aquí hay que dejar muy claro qué es lo que está en el fondo de esta discusión. Esta iniciativa se presentó el día 19 de octubre, preámbulo a la discusión de la Ley de Ingresos.
¿Quiénes la presentaron? Para que quede claro. La presentó el Frente, el autodenominado Frente: PAN-PRD, con un aval del diputado del PRI. ¿Y qué se estaba negociando, en ese momento? Bueno, el incremento al cálculo de los ingresos del país.
Y ahí queremos hacer notar que la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda, en la adenda que apareció a media noche, entre otras cosas se hablaba de un tema como destino de los recursos no devengados al fortalecimiento financiero a las entidades federativas o para la atención de desastres naturales, que es parte de la discusión que estamos dando ahora, y se agregaba este párrafo o este concepto de que se pudieran –los excedentes– destinar al ejercicio de desastre naturales evidentemente imprevistos.
Pero también el PRD, que aquí están sus acuerdos y componentes, para que quede claro, lo que está pidiendo, desde la Ley de Ingresos se modificó la Ley de Disciplina Financiera. Sí nos damos cuenta, porque aunque luego les caemos mal, metemos muchas reservas, leemos minuciosamente los dictámenes.
Desde la Ley de Ingresos de manera irregular se modifica la Ley de Disciplina Financiera, en donde se dice que el artículo 13 de Disciplina Financiera va a dejar de operarse en medida de la contingencia de Desastres Naturales.
¿Y qué es este artículo 13? Pues lo que dice de manera muy concreta es que el gasto del capítulo 1000, de la nómina de un ejercicio no podrá ser mayor al del siguiente ejercicio. Y entonces aquí lo que dicen es: vamos a hacer esta excepción y el año que entra vamos a poder gastar más en el capítulo de Gastos Personales, de tal manera que debe quedar claro que aquí lo que está habiendo es un arreglo para autoadministrar los ingresos, no gastarlos, después dejarlos a la libre disposición para usarlos en el año electoral. Eso es lo que está sucediendo con esta discusión de la Ley de Disciplina Financiera.
Todo lo que se diga adicional a este tema es solo para justificar un acuerdo que se firmó el 19 y que se materializó a través de la presentación de esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Por lo cual, Morena, votaremos en contra. Nosotros conocemos las finanzas de la ciudad y estamos dándonos cuenta de que el frente está operando esta ley para beneficiarse electoralmente en el 2018. Ojalá los diputados del PRI lo entiendan, o tal vez en el fondo también están en ese frente en la ciudad.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Ariadna Montiel. A continuación tiene el uso de la palabra por tres minutos para hablar a favor la diputada Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, presidenta. Saludo a los colegas y salud también a quienes nos ven desde el Canal del Congreso. Bueno, soy cofirmante en esta iniciativa. No creo en las teorías de la conspiración. Creo en cambio que en la discusión que tuvimos del Presupuesto se perdió una gran oportunidad de crear un mecanismo permanente de acumulación de recursos para crear fondos para desastres naturales.
En este caso la iniciativa que presentamos es una iniciativa que corrige y modera rigideces y errores de la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera trata igual a los desiguales, y es en este sentido que nosotros corregimos esta rigidez.
Es muy extraño escuchar a la izquierda abogar por el pronto pago de la deuda. Hace 35 años México se encontraba como se encuentra hoy Venezuela. En 1982 México prácticamente entró en moratoria. En 1994 esta experiencia se volvió a repetir y es entendible que haya un trauma por el endeudamiento, pero el crédito bien usado es la única palanca que permite crecer a un país, a un estado, a una ciudad.
En este sentido, la única entidad federativa que se encuentran con semáforo rojo es Coahuila y seguirá siendo tratada como debe ser tratada según el semáforo de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué debemos castigar a los demás estados, aquellos especialmente que están en semáforo verde, y obligarlos a pagar, usar sus remanentes para pagar 50 por ciento de la deuda?
Realmente solamente economistas del ITAM pueden pensar que es ser de izquierda apresurar el pago de la deuda. De ninguna manera, cuando hay una deuda bien manejada, cuando esto se mide con un porcentaje sano PIB-deuda, el pago de la deuda debe seguir prolongándose cuando hay bajas tasas de interés, hay bajas condiciones, hay buenas condiciones de pago, hay buen presupuesto, de tal manera que permita mayores tasas de inversión.
Por eso es que el famoso artículo 13 dice en su último párrafo: De igual forma, no se requerirá realizar un análisis costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de desastres naturales. Atención prioritaria, yo no sé si los otros diputados, atención prioritaria quiere decir una combinación de recursos de inversión y recursos de gasto corriente.
Se necesita gasto corriente para poder pagar un mayor personal, por ejemplo para el transporte de escombros, un mayor personal para atender los centros de los damnificados. Se requiere mayor presupuesto para poder atender la emergencia. Realmente quienes están en contra de esto están en contra de los damnificados. Lo mismo...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Permítame un momento, diputada Cecilia Soto. Por favor abran sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias. Solo para ver si la diputada sería tan amable de tomarme un par de...
La presidenta diputada María Ávila Serna: ¿Con qué objeto, perdón, diputado?
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Con objeto de solicitarle a la oradora si puedo hacerle una pregunta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Cecilia Soto, pregunta el diputado si le puede realizar una pregunta. No acepta, diputado. Concluya, diputada, por favor.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: En el artículo 22 plantea: Incluyendo aquellos rubros o destinos. Dice, lo dispuesto en este capítulo no será aplicable a la contratación de financiamiento en términos de programas federales o los de la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes del convenio, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, lineamientos aplicables, así como para la Ley de Coordinación Fiscal.
Esto dado que no se logró en el debate de Presupuesto crear un mecanismo para crear un verdadero fondo para la reconstrucción de las entidades afectadas, esto es una válvula que permite utilizar recursos para la reconstrucción y para la emergencia, y para ello hay transparencia...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:... Les recuerdo a los diputados que van a votar en contra, que creamos una comisión que va a acompañar el proceso de reconstrucción.
En cuanto termine mi intervención con mucho gusto voy a la curul del diputado Vidal Llerenas. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, a usted, diputada Cecilia Soto.
A continuación, tiene el uso de la palabra para hablar en contra, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Por tres minutos, diputada.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Compañeros legisladores, vengo a argumentar en contra de este dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el cual dictamina una iniciativa presentada con gran premura apenas el día 19 de octubre de 2017, por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para reformar la Ley de Disciplina Financiera.
A diferencia de otros temas de gran relevancia nacional, en que la Comisión de Hacienda ha actuado con mucha lentitud, como sucedió en el caso del gasolinazo, en esta ocasión la comisión presentó el dictamen correspondiente el 30 de octubre, apenas 11 días después de haberla recibido, solo 11 días para analizarla, revisar el desempeño de las haciendas estatales con relación a la ley vigente, su operatividad, sus logros y sus posibles mejoras.
Estamos seguros que la comisión no tuvo tiempo para hacer ese análisis. No existe ese diagnóstico que sería indispensable para una reforma responsable, porque no se ha hecho un seguimiento del comportamiento de las finanzas estatales y apenas se comienza a generar información para llevar a cabo una mejora.
De lo que se trata ahora es de reformar una ley aprobada apenas en diciembre de 2015 en esta Cámara. En marzo de 2016 en el Senado. Y publicada en abril del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, apenas cumplió un año de vigencia.
La ley actual tiene deficiencias normativas que en su momento cuestionó Morena, porque estimamos que se requiere un marco legal más completo, que propicie aún más transparencia y vigilancia de la sociedad sobre el uso de los recursos de los estados y municipios.
Nosotros, en todo caso, estaríamos en el sentido de ser más estrictos en la normatividad, para tener una mayor calidad de información y mejor seguimiento al gasto. Pero ahora nos encontramos que quienes promovieron la Ley de Disciplina Financiera vigente, quienes consideraron que era indispensable para evitar el desorden que había propiciado un creciente nivel de endeudamiento y corrupción de muchos estados y algunos municipios, ellos mismos ahora proponen flexibilizarla.
Hoy el PRI, el PRD y parte del PAN consideran que es necesario flexibilizar la norma para facilitar el uso discrecional de los recursos disponibles en las haciendas estatales. Es un preocupante mensaje previo al inicio de un importante año electoral, nos parece que no es casual el momento en el que se presentó la iniciativa y también es sospechosa la premura mostrada por la comisión dictaminadora.
Nosotros consideramos que no es conveniente aumentar la discrecionalidad en el gasto público de las entidades, debe ser más eficiente, pero no más discrecional. Por eso proponemos que se mantenga la norma vigente y que demos tiempo para que las instituciones responsables propicien un diagnóstico completo...
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Concluyo, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Del comportamiento de las haciendas estatales y municipales, en el que se identifiquen las fallas en el control del gasto y se diseñen alternativas que permitan hacerlo más eficiente, pero no con la premura y con el oportunismo con el que se presentó y dictaminó la iniciativa.
Debemos de mantener las disposiciones que permitan un mayor control de los recursos públicos, no facilitar la discrecionalidad. Compañeros, no caigamos en el absurdo de Iztapalapa, donde...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: ...discrecionalmente se entregaron miles de tinacos, que de nada sirven porque no hay agua. Gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez: Con su permiso, presidenta.
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez: Compañeras y compañeros diputados, en respuesta a un fuerte reclamo de la sociedad, la cual demandaba la aplicación de medidas que regularan y dieran transparencia a las deudas estatales y municipales, cuyo nivel de endeudamiento representaba un factor de preocupación, en marzo del año pasado aprobamos la Ley de Disciplina Financiera.
Si bien, a partir de la aplicación de la Ley el nivel de endeudamiento subnacional ha disminuido, se hace necesario garantizar su eficaz operación para que los gobiernos locales logren mejores condiciones de financiamiento y cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia de transparencia y responsabilidad hacendaria.
Las modificaciones propuestas permitirán dar celeridad a la atención de la población afectada por los fenómenos naturales cuando este gasto se afronte con sus ingresos de libre disposición.
Las reformas a la Ley que hoy se someten a votación, recogen las experiencias derivadas de su aplicación y dan mayor claridad a sus disposiciones, dotando a las entidades federativas de un mayor margen en el manejo de sus ingresos excedentes.
Una vez atendido el cumplimiento de sus obligaciones financieras, asimismo deberán cumplir con nuevos requisitos para el registro de su deuda y poder contar con el aval de la federación.
Se precisa que los gobiernos locales que serán sujetos de evaluación serán aquellos que tengan financiamiento y obligaciones inscritos en el Registro Único de la Secretaría de Hacienda, cuya fuente de pago sea de ingresos de libre disposición. Lo anterior, considerando que la finalidad del sistema de alertas es establecer techos de financiamiento con la citada fuente de pago.
Asimismo, para dar tiempo a que las entidades federativas y los municipios sistematicen la información a proporcionar sobre sus financiamientos y obligaciones, se precisa que la evaluación de las entidades federativas será trimestral, en tanto que la municipal será semestral, y la de los entes públicos descentralizados el último día de agosto del ejercicio fiscal de que se trate.
Por lo anterior, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, votará a favor de las reformas a la Ley de Disciplina Financiera. Es cuanto, presienta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Marco Polo Aguirre. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa... –Permítanme un momento–. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículos 2, 5, 13, 14, 16, 23, 26, 29, 43, 48 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Artículo noveno transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de abril del año 2016. Y los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto de decreto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Informo a la asamblea que en el dictamen de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hay 30 propuestas de modificación, 15 artículos reservados y 9 oradores.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? Adelante, diputada Soto, ya acabó la discusión con el diputado Vidal. Ya quedó convencido, perfecto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 317 votos a favor, 38 en contra, con 2 abstenciones, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 317 votos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su propuesta de modificación al artículo 2o.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros. La legitimación de la sociedad hacia un gobierno parte de los resultados que entrega y de su buen desempeño en la función pública.
Es innegable que México tiene gobiernos que no cuentan con el respaldo social precisamente por su mal trabajo y por los abusos en el poder. Ha existido avaricia, obsesión para enriquecerse a costa del erario, utilización de las instituciones para beneficios personales y voracidad para sacar el máximo lucro a los puestos públicos.
Algunos gobiernos estatales y municipales se han convertido en verdaderos latifundios, han confundido el federalismo con impunidad, con malos manejos y auténticos actos de pillaje en el manejo del presupuesto.
Por supuesto que este dictamen es un verdadero retroceso, ya que estamos eliminando los controles para el manejo de la deuda de los estados. Se permite la discrecionalidad en la disposición de los recursos y permitir que se siga endeudando a los estados.
No nos engañemos, lo que aquí se quiere aprobar son licencias de pillaje, licencias para robar, licencias para hipotecar los bienes del estado y fomentar una irresponsabilidad. Los discursos que hemos escuchado a favor de estas reformas solo son pretextos y justificaciones para dar manga ancha en el manejo de la deuda.
Es falso que se ocupe para realizar acciones en beneficio de la sociedad. No se destinarán a programas sociales o a prestación de servicios, o a obra pública o a situaciones de emergencia. Ahí están los vergonzosos ejemplos de los exgobernadores en los estados endeudados y las condiciones de precariedad.
Encima, se pretende modificar la definición de asociaciones público-privadas para incluir la prestación de servicios, con lo cual se fomenta que los gobiernos dejen de cumplir con sus obligaciones.
Por ello, proponemos que se deje la definición tal y como está en la ley. Es muy irresponsable lo que aquí se quiere hacer y relajar la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios. No debemos permitir retrocesos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Maricela Contreras Julián. A continuación el diputado Vidal Llerenas Morales. Antes de pasar al diputado Vidal Llerenas, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora sí; el diputado Vidal Llerenas Morales ha reservado ocho artículos, se le conceden cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Vidal Llerenas Morales: ¿Cuánto tiempo tiene un orador por cada reserva? Voy a tomarme 10 minutos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Cinco minutos en total; cinco minutos en total.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Le pido 10 minutos, si no, tendría que tomarme uno por cada reserva.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En siete, diputado, por favor.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Okey, siete minutos está bien. Como les dije no, sólo un diputado defendió la ley y no aceptó ninguna pregunta, es una ley indefendible que, a ver, creo que es interesante que pudiéramos tener una claridad por los principales artículos que nos pudiera tratar de entender la magnitud de la ley que estamos votando. Insisto, es una ley que representaría destinar o no a deuda pública algo así como 120 mil millones de pesos o no. Ese es el tamaño de lo que hoy nos estamos jugando.
El capítulo segundo de la ley introduce algo que me llamaba la atención, que tiene que ver con establecer un concepto de disponibilidades. Las disponibilidades se ponen como recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún grupo de gasto presupuestario, excluyendo a las transferencias etiquetadas. Y supongo que es la razón por la que en la ley original no viene. Establece una confusión entre los recursos para pagar el pasivo circulante, es decir, lo que se devengó en un año y se pagará el otro, y por lo tanto hay una disponibilidad de propiamente el remanente.
Entiendo que eso es un poco como el origen de que surge con esta definición. Me parece una definición particularmente poco clara, y era mucho mejor la fracción original donde dejaba claro cuál es el remanente. De otra forma, si sobran recursos, pues todo se quedará como pasivo circulante y se pagará el año siguiente.
Esta va a ser una de las formas más interesantes para hacerle trampa a la ley, es decir, adelfar el mayor gasto posible para poderlo pagar con el gasto del primer año.
Entonces me parece un error hacerlo así. No encuentro una explicación de la misma, no hay en la exposición de motivos una explicación, y como decía, no hay ningún orador en esta asamblea capaz de explicarlo.
Entonces yo creo que lo más razonable es eliminar esta disposición y dejarlo como estaba en la ley original, es decir, no tener una diferencia entre disponibilidades y entre el remanente.
Luego tenemos el capítulo 14. El capítulo 14 es muy interesante por lo que justo nos acaba de decir una de las oradoras que presentó. Si solamente hay un estado con semáforo rojo, Chihuahua, pues todos los estados van a poder hacer lo que sigue, en diferente medida, porque esto aplica a los que tienen semáforo verde o a los que tienen semáforo amarillo en alguna proporción.
Antes, por lo menos, el 50 por ciento del excedente se tenía que destinar a pago de deuda, entre otras obligaciones, ahora es cero. Es decir, es absolutamente todo el excedente.
Hace unos días tuvimos una discusión muy amplia en donde diputados del Frente, ahora del gasto corriente, del PAN y el PRD, se rasgaban las vestiduras porque al gobierno federal no le estábamos regulando el excedente, pues es lo que estamos haciendo hoy, quitarle la regulación al excedente en las entidades, y como dice en el informe del Imco del lunes, pues es un fenómeno muy serio, especialmente en entidades como la Ciudad de México y el estado de México.
A septiembre, el último dato, la Ciudad de México tiene hoy un excedente de 20 mil millones de pesos. De esa magnitud es el asunto. Entonces ahora, prácticamente ningún estado, salvo Chihuahua, tendrá que destinar el 50 por ciento del mismo al tema de pago de deuda.
Y con respecto al excedente, lo que sobra, el año pasado, pues hay la posibilidad ahora de destinarlo al gasto corriente, por eso el frente al gasto corriente, y también una parte a pre etiquetar recursos, que es la parte B, y luego gastarlos al siguiente año. Es decir, al final todo el gasto se podrá hacer en gasto corriente también.
Es decir, todo el andamiaje de la propuesta tiene que ver con dejar que los estados puedan gastar más en gasto corriente, que no tengan posibilidades de invertir, y que no pre paguen deuda.
Si nos vamos luego al 43. El 43 tiene algo interesante porque tiene que ver con una discusión que está habiendo en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con apartar recursos en los años posteriores para un compromiso de una planta de electricidad. Hay una discusión inmensa ahí, la Asamblea Legislativa está parada, pero con la redacción que se propone, pues es deuda.
Curiosamente lo que se está proponiendo en esta ocasión, es que justo eso sea deuda. Entonces, quien dice que lo que hoy se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que es comprometer ingresos futuros para el financiamiento como una obligación, pues será registrada como deuda. Nosotros proponemos que pueda ser así, pero solamente con la votación de dos terceras partes de los congresos locales.
Finalmente tenemos el artículo 48, que este me parece francamente el más inexplicable de todos. ¿Por qué vamos a recibir menos información que antes? Es decir, si antes teníamos información trimestral de los semáforos, de las entidades federativas, de los municipios y de los entes públicos distintos a la administración pública, ahora en el caso de los municipios es cada 90 días y en el caso de los entes públicos 1 vez al año.
¿Será que en realidad la Secretaría de Hacienda no tiene toda la información y que en realidad estos entes no están entregando la información? Que no puedo entender que una asamblea vote algo que significa menor transparencia en las finanzas públicas y menores posibilidades del ciudadano de poder entender qué está sucediendo.
Insisto, creo que estamos cometiendo un error muy serio, estamos votando una ley que no ha sido discutida de manera suficiente, una ley que fue negociada por los gobernadores en el Presupuesto. Y entonces estamos haciendo algo que en la tradición mexicana tiene muchísimos años, que es cambiar la ley por dinero. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Vidal Llerenas Morales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Quiero abrir un paréntesis para saludar a representantes, mujeres empresarias, invitadas por la diputada Laurita Plascencia y Valeria Guzmán, de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMMJE. Muchas gracias por su visita. Les damos la bienvenida.
A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Romero Tenorio. El diputado Juan Tenorio Romero ha reservado los artículos 5, 13, 14, 16, 26, 29, 43, 48 y tres transitorios, así como el noveno transitorio. Se le concede al diputado 7 minutos para su exposición. Adelante, diputado.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva, me tendría que tener un poquito más de tiempo para que entendieran los diputados por qué hacemos las reservas.
De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios vigente, ya hay un sistema de alertas. Esto lo explico para la audiencia del Canal del Congreso, porque los diputados ya traen consigna de cómo votar y en lo general votaron 317 a favor. Esto deriva del acuerdo para el Presupuesto.
Esta reforma atiende a la necesidad de un manejo discrecional del presupuesto de los gobiernos de los estados y de los municipios. Esta reforma es una reforma chicanera en el argot de los abogados. ¿Por qué es chicanera esta reforma?, porque revierte todo el sistema disciplinario en deuda de entidades y de municipios.
La alerta que la Secretaría de Hacienda publica el 30 de junio de este año colocaría a varios estados en una situación de que no pueden contraer más deuda y deben aplicar sus disponibilidades financieras para el pago de la misma. Estados que se afectan con el actual sistema de alertas. Tenemos a Baja California en amarillo, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. Estos estados obligatoriamente para 2018 tendrían que aplicar los remanentes, su disponibilidad financiera el 50 por ciento para pago de deuda.
Aún más. Esa disponibilidad también lo señala la Ley de Disciplina Financiera, debe aplicarse para atender las sentencias definitivas. Los laudos que por despido injustificado ganaron los trabajadores a los gobiernos municipales y estatales pueden pagarse con este fondo, para que no sean sancionados por la Corte como sucedió en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza.
Es importante darle transparencia a los recursos públicos. Los estados en alerta amarilla no podrían adquirir más deuda, puesto que su límite ya está excedido. Caso muy concreto Chihuahua, tiene una deuda que representa 180 por ciento la disponibilidad financiera libre que se le otorga al estado a través de aportaciones de la Federación y por ingresos propios.
Nuevo León está rebasando su capacidad de deuda en 117 por ciento, Sonora, 121 por ciento, Zacatecas, 101 por ciento. Estamos siendo irresponsables al hacer más laxa la norma de disciplina financiera.
Si aplicáramos el Cuarto transitorio que se propone en esta reforma, los estados ubicados en color amarillo tendrían que aplicar su ingreso excedente a pago de deuda.
¿Por qué no los obligamos a esto? Porque 2018 es año electoral, hay elección en 30 entidades, además de la elección federal. Los gobiernos federales y municipales necesitan laxitud para manejar discrecionalmente recursos. Esta reforma se los permite.
El ciudadano de a pie no se chupa el dedo con esta reforma y sabe que lo que aquí se está aprobando es el manejo discrecional de recursos para campañas electorales. Por eso el PRD, por eso el PAN, el mismo PRI, aliado con el Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general el día de hoy esta reforma, porque les permite allegarse de más recursos y del uso discrecional de los mismos.
Las reservas que presentamos es modificar los transitorios. Quitemos la discrecionalidad a los gobiernos para hacer uso de recursos públicos y del endeudamiento en campañas electorales.
Esta reforma está avalada por la Secretaría de Hacienda, puesto que la Secretaría de Hacienda tiene el reporte de la deuda de cada estado y lo está permitiendo. No está haciendo observaciones a esta modificación de una ley de responsabilidad financiera de los estados, estamos actuando en forma irresponsable ante la ciudadanía, al permitir que la norma que disciplina el gasto y la deuda, se violente, se altere para efectos de favorecer a los candidatos que van a postular sus gobernadores junto con sus partidos políticos.
Las propuestas que están presentadas, pido a la presidenta se inserten en el Diario de los Debates, para efectos de que se revise la responsabilidad en que incurre esta Cámara de Diputados, al violentar la propia norma que generó a propuesta de un Ejecutivo que empezaba a preocuparse por el déficit fiscal. Sin embargo, estas actuaciones que hace esta mayoría de diputados, en forma irresponsable, echa a la borda la demagogia de déficit cero que se presenta para 2018. La deuda va aumentar, porque se maneja en forma irresponsable.
Hay varios amigos de ustedes ex gobernadores, algunos prófugos, algunos en proceso, por el manejo irresponsable de la deuda. Ustedes se convierten en cómplices de ellos y en cómplices de los nuevos delincuentes después del proceso electoral 2018, cuando manejen en forma irresponsable las finanzas públicas de cada uno de los estados y municipios que van a desviar el recurso público para sus campañas. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, automáticamente todo lo que se expone en tribuna se inserta íntegramente en el Diario de Debates, sin embargo solicito expresamente a la Secretaría que se incluyan las reservas que usted ha mencionado. Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 12 propuestas presentadas por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Informo a esta soberanía que el diputado Jorge Triana Tena, que había reservado el artículo 13 del dictamen, ha declinado.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, quien reservó tres artículos, 14, 29 y 48, por lo que se le conceden tres minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Mientras llega el orador, quiero manifestar que la reserva del diputado Jorge Triana Tena al artículo 13, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Si no está el orador... Adelante, por favor. Adelante, diputado.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, presidenta. La fracción Parlamentaria de Encuentro Social ha manifestado en su posicionamiento original que votará a favor, en lo general, de las reformas propuestas a la Ley.
Sin embargo, hay, a criterio de mi fracción, tres elementos fundamentales, tres artículos, el 18, el 29 y el 48, que creo que implican un retroceso a lo que es la Ley original.
Y para poder ser más ágil por la limitación del tiempo otorgado, voy a hacerlo de la siguiente manera: primero, por lo que respecta al artículo 14, en lo que se refiere a los párrafos tercero y cuarto, abre la posibilidad de que los ingresos excedentes de libre disposición puedan designarse a gasto corriente. Ya lo reiteré, lo repito, en mi posicionamiento al inicio de esta sesión, que es totalmente incongruente que se pueda destinar hasta el 5 por ciento de los ingresos excedentes, precisamente al gasto corriente, cuando científicos, académicos, intelectuales, la sociedad en general, y por supuesto, nosotros mismos, los diputados, sabemos que tenemos décadas de estar manteniendo un Estado obeso.
Y si a eso le vamos a inyectar hasta el 5 por ciento de los excedentes para gasto corriente, generalmente se van al Capítulo 1000. Es decir, a contratación de personal, dentro de otras cosas.
Creo que es por un principio fundamental de economía y de finanzas saber que país que no invierte en infraestructura, país que no crece. Por eso propongo, los invito a que compartan conmigo la reserva para que se modifique y ese 5 por ciento no vaya a gasto corriente. Que se vaya a gasto de inversión, que es lo único que puede hacer crecer a las entidades federativas y, por lo tanto, al país.
Por lo que hace al artículo 28, en la fracción I, en su modificación supone un retroceso en materia de transparencia. En el caso de la contratación de montos altos de endeudamiento, actualmente se especifica un proceso competitivo que ahora se pretende, como ya se ha dicho aquí por parte de otros oradores, flexibilizar.
Y tercero. Respecto del 48, otro de los avances valiosos de la original Ley de Disciplina Financiera fue la implementación de un sistema de alertas. Dicho sistema planteaba la puntual actualización de información de todos los entes públicos de manera trimestral, sin embargo, ahora se relaja para llevarse hasta 6 meses a municipios y a un año en el caso del sector paraestatal.
Concluyo diciendo que lo que ha expresado nuestro compañero Juan Romero Tenorio respecto del semáforo de alertas, efectivamente, los estados que tienen alerta amarilla deberían destinar los ingresos excedentes exclusivamente al pago de la deuda, porque si no, más tarde ya no va a ser amarilla, va a ser roja. Entonces, vamos a ir en forma ascendente en cuanto al problema de las alertas.
¿Esto qué significa? Que esto no es cuestión de colores. Porque el diputado Juan Romero Tenorio...
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: ...no pertenece a mi fracción ni yo a la suya, sin embargo, eso no impide que coincidamos en puntos como este. Por eso es que pido que con congruencia podamos votar estos tres artículos reservados. Muchas gracias. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Justo Federico Escobedo Miramontes.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A continuación se le concede el uso de la palabra, a la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha reservado los artículos 14 y 48. Se le conceden tres minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. En el primer semestre de 2017, 21 entidades federativas contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto superior a los 51 mil millones de pesos, lo que implicó un aumento superior de 478 por ciento de tasa anual. Nuevo León, fue la entidad con el monto más elevado de financiamiento por más de 17 mil millones de pesos, seguido por Zacatecas, Veracruz y Guerrero.
Las entidades se endeudan para pagar –valga la redundancia– deuda, contraída en ejercicios fiscales o en administraciones anteriores. El problema es que algunas entidades han recurrido al endeudamiento con una tasa de interés mucho mayor que la del año pasado, por lo que actualmente padecen problemas de solvencia. En los municipios se aprecia que se han optado por contraer más deuda debido a que la captación de ingresos propios ha sido baja y se suma a la alta dependencia de los recursos federales que en algunos casos equivale hasta en un 80 por ciento de sus percepciones.
La mayor parte de las obligaciones contraídas por entidades federativas y municipios tuvieron como destino cubrir necesidades de corto plazo como solventar problemas de liquidez o pagos a proveedores, pero no se aprecia inversión en construcción de infraestructura social o en apoyos directos a la población.
Como una forma de contrarrestar lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera impone este semáforo para poder seguir endeudándose y no tener ningún riesgo financiero. La intención de la legislación se entiende como una buena determinación que impide endeudamientos ruinosos. Por tanto, la propuesta de modificación de los artículos 14 y 48 es un despropósito que implica un retroceso en lo poco que se ha avanzado en la materia.
Las disposiciones actuales permiten, de existir ingresos excedentes, el 50 por ciento se destine a deuda pública para evitar incremento exponencial; además permite saldar adeudos de ejercicios fiscales pasados o incrementar el fondo para la atención de desastres.
Sin embargo, con la modificación se disminuye el porcentaje que las entidades federativas calificadas en amarillo deben abonar al pago de su deuda y se faculta para que en este rubro puedan ser empleados para el pago de gasto corriente, que servirá para la operación política este 2018.
De lo anterior se advierte un grave riesgo que implica que las entidades federativas y los municipios que de por sí acarrean severos problemas de endeudamiento, cuenten con autorización federal para no priorizar el pago de deuda y emplear los recursos de manera discrecional como en la Ciudad de México, que cuenta con 18 mil millones de pesos en remanente que de aprobarse las reformas desconoceremos su destino. Por eso insistimos en que no queremos deuda para negocios propios ni operación política.
Seamos responsables, no peritamos que persistan las deudas para generaciones futuras. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos reservados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto. A continuación ha reservado el segundo transitorio la diputada Paola Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena –tres minutos.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. La reserva que presento modifica el artículo segundo transitorio del dictamen para ajustar el tiempo en el que los entes públicos que hayan contratado financiamiento u obligaciones con anterioridad a la entrada en operación del registro público único, deberán solicitar su inscripción ante dicho registro en lugar de seis meses, deberán hacerlo en un plazo de solo tres meses contados a partir de la publicación de este decreto.
Nosotros en Morena consideramos que un semestre es un plazo excesivo para que los entes responsables de la contratación de financiamiento soliciten la inscripción de estos compromisos adquiridos con anterioridad en el registro público único en el que se deberá concentrar dicha información.
Si estos recursos los contrataron de manera responsable, no deben de tener ningún problema en que se registren y se proporcione la información que se establece en la ley, lo cual acreditará que cumplieron con los requisitos aplicables, normatividad vigente en el momento de su contratación.
Nosotros no podemos ignorar que uno de los aspectos más importantes en la vigilancia de los recursos públicos tiene que ver con la oportunidad, la oportunidad es una condición para impedir que se incremente el daño que pueda provocar una administración que actúa de mala fe o que desvía los recursos de manera injustificada o indebida o que los culpables escapen a la acción de la justicia, y el comportamiento de la deuda pública y su destino es un indicador fundamental para identificar los riesgos de la administración pública y el uso de los recursos públicos.
No podemos olvidar que el desconocimiento de esta información por parte de la sociedad ha sido muy importante en el desarrollo de gobiernos corruptos.
A pesar del papel que deben desempeñar las autoridades de la Secretaría de Hacienda, en la regularización de los recursos de las participaciones y de las aportaciones federales en las contrataciones de deuda a estados y municipios, la corrupción en algunos estados se prolongó durante años a la vista imponente y sin información sólida de la sociedad.
Lo mismo se puede decir de la vigilancia que debió desarrollar la Unidad de Inteligencia Financiera que no fue capaz de desarrollar acciones para identificar y perseguir estas operaciones indebidas.
Por eso consideramos que la oportunidad de la información pública es fundamental. Por lo tanto proponemos que el registro de las deudas contratadas ante la entrada en vigor de esta ley, se realice a más tardar en tres meses a partir de la publicación de estas reformas. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Paola Félix. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra... Ah, perdón, me están comunicando que la diputada Minerva Hernández declina su participación, y por lo tanto se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 2, 5, 13, 14, 16, 23, 26, 29, 43, 48 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo noveno transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 2016, los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto de decreto en términos del dictamen.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 271 votos a favor, 3 abstenciones y 44 votos en contra, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Aprobado los artículos reservados en términos del dictamen por 271 votos.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Para emitir mi voto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Ya está cerrado el sistema, sin embargo regístrese el voto, 272 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diputado, permítame un segundo. Solamente precisando la votación. Diputada, 271 a favor, 45 en contra incluyendo su voto, 3 abstenciones. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Toledo Medina: Con su venia, presidenta. A lo largo de esta legislatura hemos discutido un sinfín de asuntos que buscan rescatar lo más importante para una democracia, la confianza ciudadana.
Los recursos públicos que aquí hemos decidido proteger provienen del esfuerzo de millones de familias mexicanas. Las contribuciones no son otra cosa más que el reflejo de un pueblo trabajador que espera con ilusión la mejora permanente de sus realidades. Las familias mexicanas nos exigen día con día representar debidamente sus intereses, para que puedan tener todos los mexicanos mejores condiciones de vida.
Cada peso desviado, mal utilizado o robado, impide que las familias puedan contar con hospitales que solucionen sus problemas de salud, que cuenten con policías profesionales que guarden el espacio público y lo rescaten, que impide la satisfacción de las necesidades vitales como el acceso al agua, a educación o vivienda. El mal uso de los recursos del pueblo solo intensifica las desigualdades, y con eso nunca estaremos de acuerdo.
Nuestra gente no está a la expectativa de discursos, sino de hechos concretos que mejoren su calidad de vida. El 33 por ciento de los ingresos de los hogares que reciben el salario mínimo se destinan a actos relacionados con corrupción, según María Amparo Casar, investigadora del Cide. Y cito el hecho no para lamentarnos, sino para exhibir que la corrupción lastima gravemente a nuestro país y a sus instituciones.
Tan solo en 2010, 32 mil millones de pesos se destinaron a mordidas, frente a eso, la sentencia social es muy clara. Según el informe de Transparencia Internacional, las Personas y la Corrupción, América Latina y el Caribe, México desafortunadamente encabezó la lista de países con percepción de corrupción, pero la corrupción no tiene patentes, colores o dueños, Latinoamérica tiene retos como región, 90 millones de personas latinoamericanas pagaron algún tipo de soborno en el 2016. Esto se suma a una problemática internacional, 40 por ciento de los casos de soborno están directamente relacionados con contrataciones públicas.
De igual forma, el mundo destina 170 billones de pesos anuales a las contrataciones públicas. En México, los recursos públicos destinados a esta actividad ascienden a los 550 mil millones de pesos, hecho que entre otros factores coloca a las contrataciones públicas como la actividad más vulnerable frente a la corrupción.
Un dato importante, tan solo el gobierno federal impuso sanciones económicas derivadas de responsabilidades en contrataciones por 323.5 millones de pesos, entre 2015 y 2016. Cifras frías, sin duda, pero que deben derivar en acciones compartidas.
Señoras y señores, hoy presento esta iniciativa para atender esta problemática, para fortalecer la protección de los recursos de la gente y para apostarle a la transparencia, como mecanismo de integridad y ética pública.
Propongo, a partir de los esfuerzos ciudadanos, generar un nuevo esquema de aperturas en las contrataciones abiertas, mediante la publicación, actualización y desarrollo de todas y cada una de las etapas de los contratos celebrados por el gobierno federal.
Propongo asumir desde esta Cámara los compromisos de la alianza para el gobierno abierto, mismos que le apuestan a las nuevas tecnologías de la información como herramientas eficaces para eliminar incentivos a los corruptos y proteger los bienes colectivos.
Debo reconocer que esta iniciativa no es aislada, existen muchos esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno federal, especialmente de la Alianza por Contrataciones Abiertas. Esta alianza nos ha permitido generar una plataforma como la de contrataciones abiertas presentada la semana pasada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. –Concluyo, presidenta.
Señoras y señores, la política tiene una deuda aprobada, representar honestidad y tutelar cada peso de las familias mexicanas. Sé que todos los grupos parlamentarios coincidimos en lo anteriores, sé que pese a debates álgidos la transparencia es una causa compartida.
Hemos dado pasos fundamentales en este camino y propongo que aceleremos la marcha con paso firme, para hacer del combate a la corrupción y de la transparencia un estilo de vida de todos los mexicanos. Seamos voces dignas de la gente honesta, la gente de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Toledo Medina. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de sustancias psicoactivas, adelante, diputada.
La diputada Leticia Amparano Gamez: Con su permiso, señora presidenta. Señoras, señores, compañeros diputados y diputadas, el consumo de drogas es un problema de salud pública y representa un desafío para todas las instituciones de salud y procuración de justicia, por el grave impacto social que representan.
El uso de sustancias psicoactivas provoca graves consecuencias, no sólo para el individuo que las consume, sino también para la sociedad y la seguridad pública, por sus implicaciones en la comisión de delitos.
Lamentablemente el consumo de drogas ha aumentado significativamente en los últimos años, por lo que es urgente ampliar la política de prevención y tratamiento, principalmente hacia los jóvenes, sin olvidar al resto de la población que representa problemas en adicciones.
Y para que nos quede muy claro la importancia de esta propuesta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el uso de drogas entre los jóvenes entre 12 y 17 años aumentó el 125 por ciento, mientras que las mujeres del mismo rango de edad incrementó el 222 por ciento, un incremento brutal que nos está obligando a hacer propuestas, propuestas de vanguardia, propuestas que realmente vengan a trabajar y a coadyuvar en el esfuerzo de atención en la salud, en las adicciones, para las personas que usan las sustancias psicoactivas.
Esta preocupante situación ha propiciado en buena medida que los delitos cometidos por jóvenes hayan aumentado en tres dimensiones principales, infracciones a la ley, delitos que se cometen bajo la influencia de alguna droga y delitos que se cometen para la compra de dichas sustancias.
Afortunadamente, hoy en día el enfoque de salud pública a nivel nacional e internacional está basado en la protección de derechos humanos, marcos regulatorios innovadores y participación de la sociedad civil.
Una de las estrategias más efectivas que ha demostrado su efectividad para responder a las necesidades de quienes se encuentran en conflicto con la ley y cuyo problema de origen es el consumo de sustancias psicoactivas, lo constituye el programa de justicia terapéutica.
La justicia terapéutica es una estrategia alternativa al enjuiciamiento y a la prisión que permita fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como incidir en las causas y los factores que la generan, a través de propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.
La justicia terapéutica integra los servicios de justicia, seguridad pública y salud en la reinserción social efectiva, disminuyendo el consumo de sustancias psicoactivas y la reincidencia delictiva.
Abona a la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias, mediante una efectiva derivación a servicios de tratamiento integrales, individualizados e interdisciplinarios con énfasis en el consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Atiende el consumo de sustancias como un problema de salud, se respeta el derecho de los consumidores de acudir a tratamiento voluntariamente, favoreciendo la adopción de alternativas procesales para consumidores en conflicto con la ley, a través de las cuales se admita que estos consumidores pueden optar por recibir intervenciones y/o tratamiento en lugar de ser procesados, o en su caso, enviados a prisión a purgar penas por su mera posesión o por delitos menores relacionados al consumo de estas sustancias.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que el día de hoy someto a su consideración, por lo que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Materia de Sustancias Psicoactivas, busca consolidar la aplicación efectiva de los mecanismos de justicia terapéutica en todo el país.
Buscamos optimizar los procesos de atención y tratamiento por parte de las instancias de procuración y administración de justicia, a través de una efectiva coordinación entre los sistemas de salud y el sistema penal. Queremos evitar que los individuos relacionados con un procedimiento jurídico se conviertan en una carga económica del Estado y, por el contrario, formar ciudadanos económicamente activos, sanos, socialmente responsables.
Su aplicación favorecerá la disminución de la reincidencia delictiva, la reincidencia en el consumo de sustancias en esta población y la integración social de al menos 5 mil personas con problema de uso de drogas en conflicto con la ley durante el primer año.
Se trata de una iniciativa en favor de los jóvenes, de los jóvenes de México. A favor de una sociedad, una sociedad más sana, pero también más justa. Les pido su valoración a favor de estas reformas para hacer del nuestro un país en donde no se criminalice a las personas por el consumo de ciertas sustancias, sino que hagamos que la justicia opere a favor de ellas con alternativas como las que hoy estoy poniendo sobre la mesa. Queremos un país donde se respete y se haga valer la dignidad de todo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Leticia Amparano Gamez. Túrnese a las Comisiones de Salud y de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado David Gerson García Calderón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por el propio diputado García Calderón y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado David Gerson García Calderón: “Tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona”. Steve Jobs.
Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de las diputadas y de los diputados. Y a la gente que nos escucha a través del Canal del Congreso y que nos sigue por las redes sociales, muy buenas tardes.
Compañeras y compañeros diputados de esta honorable asamblea, el día de hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa de ley en materia de divorcio encausado, a nombre mío y a nombre de mi compañero de fracción parlamentaria, el diputado Omar Ortega Álvarez.
El Código Civil Federal que actualmente tenemos y que nos rige en el ámbito federal es la materia civil que regula las relaciones personales, a la persona, pero el texto que actualmente tenemos fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1928, durante la administración del presidente Plutarco Elías Calles y entrando en vigor el 1 de octubre de 1932.
Como podrán observar, a 85 años de distancia actualmente el Código Civil Federal en su numeral 267 al 291 del apartado exclusivamente de Divorcio, se mantiene vigente y hoy este texto ya no cumple con las expectativas del México contemporáneo, ya no cumple con esos tratados internacionales de los cuales México es parte.
Nuestra sociedad exige estar actualizados en el contenido de estos nuevos paradigmas. Como legisladores tenemos la obligación de armonizar dicho contenido a otros instrumentos jurídicos en la materia.
Por eso me permito destacar los motivos de las derogaciones, reformas y adiciones que el día de hoy propongo en la iniciativa con proyecto de decreto. En principio cabe señalar que actualmente para solicitar el divorcio estamos sujetos a presentar al juzgador alguna de las causales que refiere la misma ley, por ejemplo el adulterio, la crueldad excesiva, la enfermedad grave y contagiosa, la demencia, la inducción a cometer crímenes, etcétera.
Han sido razones consideradas válidas hasta ahora para una separación. Dicha solicitud es tortuosa, pero sobre todo violatoria de derechos humanos. Además es acusatorio y discriminatorio. Ante esta problemática es menester salvaguardar los derechos del individuo a la no discriminación consagrados en el artículo 1o., párrafo primero de nuestra Constitución.
Como legisladores estamos constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Por lo tanto, debemos generar las condiciones para que quien solicite el divorcio lo pueda hacer de manera libre y con la sola manifestación de la voluntad.
Con la iniciativa que hoy presento propongo dejar de lado esas causales que lo único que hacen es condicionar a una persona a estar unido con su pareja de manera obligatoria, restringiéndola a su voluntad. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto sobre el divorcio, ponderando en todo momento los derechos humanos, privilegiando en esta materia la sola manifestación de la voluntad de alguna de las partes, pero en todo momento cuidando siempre los derechos de los menores, los incapaces y salvaguardar algunos otros derechos.
A efecto de dar profundidad y cumplimiento a los ordenamientos jurídicos contemporáneos, se obtiene que el divorcio sin expresión de causa –es decir de manera unilateral–, con la simple manifestación de la voluntad del individuo de no querer seguir vinculado al matrimonio, debe de prevalecer y no estar estipulado a temporalidad alguna.
Actualmente el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite al individuo o individuos elegir y materializar los planes de vida que estime convenientes, pero este derecho fundamental aún se encuentra acotado y restringido injustificadamente exigiendo diversas causales para la disolución del vínculo matrimonial. En este sentido se trata de una medida que acota sin justificación este derecho.
Con la presente iniciativa se evitarán juicios largos, desgastantes y que generen encono entre la familia de los cónyuges a separarse, además de evitar que sigan dañándose y pongan en riesgo el futuro de los hijos menores e incapaces.
Aunado a esta iniciativa, he presentado también a esta soberanía un punto de acuerdo por el que se exhorta, con pleno respeto a la soberanía de las Legislaturas locales, a que prioricen a legislar en esta materia ya que actualmente solo nueve estados contemplan esta figura jurídica.
Con esta iniciativa –quiero cerrar–, no se trata de promover el divorcio, no. Yo considero que el gobierno debe de generar políticas públicas para que los matrimonios no se disuelvan, pero que cuando ya no lo quieran hacer no les genere un encono el tramitar este divorcio y que además no sea tortuoso. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado David Gerson. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul). Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Por favor, sonido en la curul de la diputada. Adelante, diputada Cuata.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul). Le quiero pedir al diputado por favor que si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Gerson.
El diputado David Gerson García Calderón (desde la curul): Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada, puede pasar a firmarla.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por diez minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: “El Estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social. Su razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar, y su función básica es evitar que los pocos que tienen mucho, se aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco”. Andrés Manuel López Obrador. Con su venia, diputada presidenta.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: No podemos aspirar a un México mejor sin educación. Recordemos la tan publicitada reforma educativa que se asegura dará resultados hasta los próximos 30 años, no menos, como 35, eso si bien nos va ya que han gastado más en su publicidad que en invertir esos recursos en una educación de calidad.
Ustedes prianistas y asociados han movido a México como un desastre natural, sin avisar y sin tentarse el corazón. Y sí, Morena propone, por eso ahora les vengo a presentar una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho artículo establece la facultad al Ejecutivo federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, para toda la República, considerando la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale.
Facultades constitucionales que en gran medida tienen como antecedente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y los convenios celebrados con las entidades federativas, siendo que el Estado siempre ha sido y es y será un factor determinante en la educación, y debe serlo como representante de la voluntad nacional, pero sin que ello implique que sea el único, que sea el que tenga el monopolio de la educación de los mexicanos, o este quede al arbitrio del Ejecutivo federal que permita o trate de imponer una concepción partidista y/o política, dada también la multiplicidad de ideas que divergen y convergen en distintos puntos de la realidad educativa, de esta realidad que es también política y social del país, y toda vez que la educación es un derecho humano fundamental; es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el desarrollo de los seres humanos y que a partir de la descentralización de la educación de 1992, es que no hemos evolucionado en materia educativa.
Y no hemos evolucionado por muchos factores, entre ellos la corrupción y el monopolio que ejerce el titular del Ejecutivo federal respecto de los planes y programas. No obstante que nos acaban de presentar el nuevo modelo educativo que forma parte de la grotesca reforma educativa y que se dice haberse construido con la participación de todos, ya que en los meses de agosto y septiembre de 2016, supuestamente se llevaron a cabo foros de consulta nacionales en cada estado de la República para conocer la opinión de los mexicanos sobre la propuesta de la SEP.
Lo cierto es que la sociedad dice: no es verdad. No fuimos tomados en cuenta, pero no solo la sociedad no fue tomada en cuenta, sino sus representantes también.
Por tanto, la presente iniciativa propone que el Congreso de la Unión sea tomado en cuenta y no solo seamos simples espectadores, ya que muchos diputados hemos presentado iniciativas para abonar e innovar en los planes y programas educativos, y las mismas han sido desechadas porque no es facultad de la soberanía de la Cámara de Diputados, o sea, de esta soberanía, ni siquiera tenemos el derecho de opinar. Gracias, compañeros.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Blanca Margarita Cuata. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Samuel Rodríguez Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y además presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de cosecha de agua de lluvia, suscrita también por los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde. Adelante, diputado.
El diputado Samuel Rodríguez Torres: Con la venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Dentro de ellos se encuentra inmerso que la integridad de la gobernanza en el sector del agua es condición indispensable para alcanzarlos, pues se reconoce la importancia de las cuestiones relacionadas con el agua por derecho propio y como requisito para hacer realidad muchos de los otros objetivos.
En específico el objetivo sexto establece que se debe garantizar la disponibilidad del agua y saneamiento para todos. Sin embargo, esto va más allá del agua potable y del saneamiento, ya que además abarca la higiene, la gestión de las cuencas fluviales con especial énfasis en la gestión integrada de los recursos hídricos y las preocupaciones ambientales.
La escasez de agua es un problema que afecta a más de un 40 por ciento de la población mundial, y se prevé que esto aumente. En ese sentido, se advierte que 783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia.
No podemos perder de vista que el abastecimiento de agua suficiente para satisfacer las necesidades humanas se considera como un derecho humano esencial para el pleno ejercicio de otros derechos, como es: el acceso a la vivienda digna, a un medio ambiente sano y a la salud.
Derivado de lo anterior, estamos obligados a destinar recursos para garantizarle a todos los mexicanos el suministro de agua. Por ello, a través de las iniciativas que estoy presentando, el Partido Verde propone las mejores prácticas internacionales en materia de la captación y aprovechamiento del agua de lluvia.
Países como Inglaterra, Alemania, Japón o Singapur son punta de lanza en esta materia, pues es común que muchas de sus edificaciones cuenten con un sistema de recolección de agua de lluvia para después utilizarla en los sanitarios, lo cual representa un ahorro de hasta el 15 por ciento del recurso. Incluso existen naciones que cuentan con un marco legal y normativo que obliga a la captación de agua de lluvia que escurre de los techos.
México posee aproximadamente el 1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel mundial, situación que implica la necesidad de considerar al agua no solo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo del país.
En la actualidad, de acuerdo al Inegi, de los 653 acuíferos con que cuenta nuestro país, 106 se encuentran sobreexplotados, lo que plantea un horizonte previsiblemente de agotamiento.
Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar e implementar ecotécnicas que permitan satisfacer la demanda de agua a la población en México, tanto en el ámbito rural como en el urbano, especialmente en aquellos lugares donde existen dificultades de índole técnica y económica para el abastecimiento.
Bajo esta lógica, el espíritu de las iniciativas que hoy presento ante este pleno es impulsar el desarrollo social y el acceso al agua en las viviendas de mayor marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento de aguas residuales a nivel habitacional.
En ese sentido, se presente por un lado incorporar en la Ley de Aguas Nacionales, la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y municipios, a efecto de que contemplen procesos de captación de agua de lluvia para así fomentar una cultura del agua, ello sin afectar las facultades en materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones.
Asimismo, se plantea adicionar una definición de sistemas de captación de agua de lluvia como la infraestructura que recolecta o captura agua pluvial para su almacenamiento, uso y aprovechamiento, con la finalidad de conservar las reservas y recargar los acuíferos abatidos.
Por otra parte, la segunda de las iniciativas se enfoca en modificar la Ley de Vivienda, para definir el concepto de cosecha de agua de lluvia, así como establecer que en la política nacional de vivienda se deberán señalar los mecanismos para la construcción de vivienda que contemple los sistemas de cosecha de agua de lluvia en las comunidades.
En el Partido Verde siempre hemos trabajado por crear un desarrollo amigable con el medio ambiente, en donde el gobierno y la ciudadanía trabajemos de la mano para hacer un uso responsable de los recursos naturales, en este caso el del agua. Recordemos que, como ya lo han señalado diversos investigadores, toda el agua que no se extraiga del subsuelo, ya sea agua de lluvia o no, es un beneficio porque el agua subterránea se extrae con electricidad e implica esfuerzos y gastos de energía de gran magnitud.
Estoy seguro que con iniciativas como estas refrendamos nuestro compromiso no solo con quien hoy no goza de un abasto suficiente del elemento vital para la subsistencia y el desarrollo, sino también las futuras generaciones, preservando para su bienestar los recursos naturales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Samuel Rodríguez, por sus excelentes iniciativas. Túrnese la primera de ellas a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen. Y la segunda túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
Saludamos con mucho gusto a los invitados especiales del diputado Alfredo Bejos Nicolás, quienes son integrantes de estructura seccional del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Sean todos ustedes bienvenidos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por diez minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, quien presenta iniciativa a nombre del diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, Reglamentaria del Artículo 134, Párrafo Octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia.
La diputada Verónica Delgadillo García: Compañeras y compañeros, señoras y señores, el gasto en publicidad oficial, en publicidad gubernamental, se ha convertido en una fuente de derroche de recursos públicos, que más indignan a los mexicanos. Pero también se ha convertido en un medio para comprar voces y para silenciar otras, en un medio para promover la imagen del presidente y para hacer negocios con el dinero de todos los mexicanos.
Regular y limitar el gasto en publicidad es una tarea impostergable del Congreso de la Unión y hoy, además, es una exigencia de los mexicanos y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayer mismo en un fallo histórico le corrigió la plana al PRI y a sus aliados y llamó al Poder Legislativo a corregir sus omisiones, que se remontan al año de 2014.
Por eso es que el día de hoy acudimos nuevamente a esta tribuna a presentar, a nombre de millones de mexicanos, la iniciativa para crear la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.
Miren, el gasto en publicidad gubernamental se ha convertido realmente en un problema público, que tenemos que atender, especialmente por tres razones. La primera, porque es una fuente de derroche de los recursos públicos, que parece que está blindada a todo tipo de recortes y también a las contingencias que vive este país. Pareciera que en los recortes del gobierno sí se pueden sacrificar rubros como educación y como salud, pero nunca de publicidad oficial.
Como ya lo han señalado organismos de la sociedad civil, como México Evalúa, en lo que va desde sexenio el gobierno federal ha gastado casi 40 mil millones de pesos en hablarnos de un país que no existe. Un millón de pesos por hora. Pero lo peor de esto es que se da en un marco de total ilegalidad, porque se mueve de manera discrecional el dinero público de un rubro a otro, para ampliar sin duda la publicidad oficial.
En segundo lugar, lamentablemente en los últimos sexenios se ha intentado utilizar la publicidad gubernamental como un instrumento de control político, mediante el cual se ejerce presión en los medios de comunicación y en los comunicadores, para que dejen de informar, para que dejen de decir la verdad o para que dejen de tratar los temas que realmente le importan a la gente.
En tercer lugar, esta publicidad gubernamental, que debería ser esencialmente informativa, se ha convertido en una herramienta de propaganda personalizada, que pasa por alto las instituciones y la misma democracia de nuestro país.
Por estos problemas y porque la reforma constitucional de 2014 así lo mandata, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, desde mayo de 2016, presentó una iniciativa para regular la publicidad gubernamental. También lo hizo en su momento el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y han puesto estas propuestas sobre la mesa.
En este mismo sentido, las fuerzas que integramos el Frente Ciudadano por México planteamos, desde hace dos meses, que la regulación al gasto en publicidad tenía que ser una de las prioridades para discutir en este periodo legislativo, pero en realidad, como muchas otras prioridades de la agenda pública, como muchas otras prioridades para los mexicanos, el PRI ha decidido mantener en la congeladora esta iniciativa.
Por ello, algo que debe quedar claro el día de hoy, es que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar en materia de publicidad gubernamental, sí, pero en realidad estábamos obligados a hacerlo desde el 2014, y para decirlo con toda y cada una de sus letras, se trata de una omisión, de un incumplimiento de parte del Poder Legislativo que no es de ayer, que más allá de la importante resolución de la Corte, es una misión de hace tres años que el PRI y su mayoría en el Congreso decidieron permitir.
El precio de permitir que el PRI congele este tipo de iniciativas, es que este Congreso pasa la vergüenza de ser un Congreso omiso, de que los mexicanos sigan creyendo que este Congreso no los representa.
Hoy ya no puede haber más pretextos para dejar de legislar en materia de publicidad gubernamental. Tenemos que hacerlo en este periodo de sesiones, antes del inicio formal del proceso de elecciones que va a definir el rumbo de nuestro país, y tenemos que hacerlo entiendo que es una responsabilidad institucional y además es una responsabilidad con todos los mexicanos.
La propuesta de ley que hoy presentamos, mi compañero Clemente Castañeda, mis compañeros de Movimiento Ciudadano y su servidora, tiene los siguientes planteamientos.
Primero. Que se cree un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, con una integración plenamente ciudadana, para garantizar la aplicación de la ley y vigilar, sin duda, su cumplimiento.
Este instituto además velará por la plena transparencia en materia de contrataciones y erogaciones en materia de publicidad gubernamental. Entre otras cuestiones a su cargo, el instituto contará con un padrón de medios de comunicación, que serán los posibilitados para celebrar contratos en materia de publicidad gubernamental.
Finalmente y de manera relevante proponemos un tope para los gastos de publicidad gubernamental, y aquí quiero compartirles que esto ya sucedió en Jalisco, los diputados ciudadanos impulsamos la Ley de Austeridad en esa identidad y en esa iniciativa logramos reducir los gastos de publicidad, hoy estamos proponiendo que los gastos en publicidad sean equivalentes al 0.15 por ciento del gasto corriente de la dependencia, y que se establezca la prohibición expresa de realizar reasignaciones o ampliaciones presupuestales en el rubro de publicidad gubernamental.
De esta manera el gobierno federal solo podría erogar, como máximo, 3 mil millones de pesos anuales en publicidad, sin poder hacer ampliaciones a su antojo ni tener otro tipo de ejercicios con este dinero. Esto representaría dejar de derrochar al menos 5 mil millones de pesos cada año en publicidad del gobierno federal.
Señoras y señores, desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado para asumir este tema como un tema de prioridad para este Congreso. Es una prioridad porque se trata de una omisión que realmente es insostenible para el Poder Legislativo. Es una prioridad porque tenemos la obligación de detener el derroche de los recursos públicos, de detener el derroche del dinero de todos los mexicanos. Y porque además es, sin duda, una prioridad para millones de mexicanos.
Ojalá que después de 40 mil millones de pesos derrochados en publicidad oficial, después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de un gran esfuerzo de muchísimos mexicanos para elevar este tema a la discusión, el PRI y sus aliados en esta Cámara entiendan que ya no pueden congelar esta iniciativa para regular la publicidad oficial.
Necesitamos tener un Congreso y diputados que estén a la altura de las exigencias de millones y millones de mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 14 y 125 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo ante esta asamblea para presentar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la finalidad de ejercer un mayor control y una mayor supervisión de las mismas.
Las asociaciones público privadas surgieron como una alternativa para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura asociados a la provisión de servicios mediante una mayor participación del sector privado.
La ley define a este tipo de proyectos como aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
Si bien estas asociaciones han contribuido a consolidar proyectos necesarios, es preciso fortalecer el marco jurídico para transparentar sus costos y riesgos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la acción de gobernar debe ir siempre acompañada de la transparencia y la rendición de cuentas. Esa es la única manera de evaluar y mejorar el ejercicio del gasto público.
De acuerdo con señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación en los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, el esquema actual de APP no permite verificar que la determinación de precios sea consistente con los valores de mercado.
Refiere también que, una vez que estos proyectos se ponen en marcha, el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles no son susceptibles de medirse ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos.
Las afirmaciones hechas por la ASF son sumamente delicadas, porque estamos hablando de recursos públicos y por ello se impone la necesidad de ser más estrictos en su uso.
Otra de las aseveraciones de la ASF tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Carece de las atribuciones necesarias para el control y la supervisión de las sociedades de participación público-privadas y que no existen instituciones que le ayuden para mejorar el seguimiento de estos proyectos.
Sabemos que las APP son útiles, pero sin el adecuado control y regulación existe un riesgo de que se conviertan en obligaciones financieras futuras.
Con esta propuesta, las y los diputados turquesa buscamos robustecer las atribuciones de las dependencias y entidades que opten por la figura de las asociaciones público-privadas, incluyendo las de la Secretaría y Crédito Público, para contribuir a la construcción de un enfoque preventivo en el ejercicio de los recursos públicos, evitando potenciales quebrantos en las finanzas públicas.
Ser más eficaces y transparentes en el control y ejercicio de los recursos públicos es un compromiso turquesa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Jesús Rafael Méndez. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 13 y 13 Bis de la Ley Minera.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El artículo 6o. de la Ley Minera, es injusto para las comunidades rurales, para los indígenas y para México.
En este artículo se dice que la minería es de utilidad pública y que la minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso que pueda tener el terreno.
La minería no se ajusta a lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que es la utilidad pública. En la minería, no existe ni interés público, ni utilidad pública, solo interés privado y utilidad particular, como se explica en mi iniciativa. Pero como se tiene hoy la ley, la Secretaría de Economía puede expropiar la tierra o de otra forma legal, despojar a los dueños de sus terrenos.
En cuanto al progreso rural y el bienestar de su población, es dudoso que con la entrega de estas concesiones se haya respetado lo dispuesto en la fracción XX del artículo 27 constitucional, en lo referente al deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
La minería, cuyas concesiones son por 50 años con posibilidad de renovarse por otros 50 años y que por su trabajo genera impactos ambientales y sociales que en varios casos deja inservible la tierra para cualquier otra actividad productiva destruyendo a las comunidades, termina con el desarrollo rural integral.
Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades rurales de sus tierras para otorgarlas a las empresas mineras, se pueda garantizar a la población campesina su bienestar, por lo cual no es de extrañarse que México sea de los países americanos que más conflictos sociales, provocados por la minería presenta, tan solo por debajo de Chile y Perú.
A decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, algunas mineras extranjeras han sido las principales causas detonantes de conflictos, de la contaminación del agua de las tierras y del aire con sus consecuencias para la salud, así como la limitación o escasez de agua potable, los problemas territoriales, la falta de consulta previa hacia las comunidades afectadas, la violación de los derechos humanos y el cumplir con las políticas de responsabilidad corporativa, social.
El que la minería tenga prioridad sobre cualquier otro uso u aprovechamiento que pueda tener el terreno sin importar que dicho predio sea parte de un ejido, tierras de una comunidad indígena, es contrario a la Constitución y tratados internacionales como lo es el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, entre otros.
Por ejemplo, el cuarto párrafo del ya citado artículo 2 de la Constitución dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, pero ¿cómo van a ejercer estos pueblos su derecho a la libre determinación cuando las tierras que han habitado y aprovechado desde épocas ancestrales son cedidas en concesión a una empresa minera? ¿Acaso el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no tienen que ver con decidir en qué se ocupará la tierra de la comunidad?
Es por eso que pido se tenga mayor regulación hacia las mineras y pongan en primer término a la población. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Blandina Ramos. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen. Continúe la Secretaría, por favor, con declaratoria de publicidad.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul). Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Perdón. Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias. Nada más para pedirle a la compañera diputada si nos puede permitir suscribirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Blandina ¿acepta?
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Sí.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada. Pueden pasar, por favor, a firmar aquí.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Continúe la Secretaría, por favor.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Aprobadas, comuníquense, y en los términos del Acuerdo adoptado el día de hoy por la Junta de Coordinación Política.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Pasamos a declaratoria de publicidad. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
Uno. De la Comisión de Marina con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
Dos. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Tres. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos sólidos urbanos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada María Ávila Serna: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María Ávila Serna (15:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 21 de noviembre del año 2017 a las 11 horas.

References: artículo 89
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 114
 artículo 122
 artículo 104
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 44
 artículo 104
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 109
 artículo 144
 artículo 110
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 144
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 134
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 87