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Timestamp: 2019-09-20 18:53:23+00:00

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Acuerdo y Sentencia 68/2010 Tribunal de Cuentas
Acuerdo y Sentencia Nº 68/10
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los doce días, del mes de marzo, del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y MIGUEL ÓSCAR BAJAC, quien integra la Sala en reemplazo del Dr. RIENZI, Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "RECURSO DE REVISIÓN INT. POR EL ABOG. SIXTO CASTOR ROA EN LOS AUTOS: M.P. C/ JAVIER RAMÓN GARCÍA SANTOS S/ HOMICIDIO DOLOSO", a fin de resolver el Recurso extraordinario de Revisión planteado contra la S.D. N° 25 del 2 de marzo de 2003 dictada por el Tribunal de Sentencia Penal (Capital) presidida por la Juez Abog. Mará Ladan e integrado por los magistrados Dr. Carlos Ortiz Barrios y Abog. María Esther Fleitas.
¿Es admisible el estudio de la Recurso extraordinario de Revisión?.-
En su caso, procede o no dicho Recurso.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO BLANCO dijo: El recurso se dirige contra una Sentencia de Primera Instancia, firme y ejecutoriada, y es intentado por el representante convencional del condenado. No existe limitación de tiempo para dicha petición escrita ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fueron dadas referencias de los motivos en que se funda, mencionándose los numerales 4 y 5 del Art. 481 del Código Procesal Penal.
Están reunidos todos los requisitos que hacen admisible el estudio del recurso extraordinario de Revisión. Es mi voto.
A su turno, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA y BAJAC, manifestaron adherirse al voto del Ministro Preopinante por sus mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN: El Dr. Blanco, sigue diciendo: Los escritos de fundamentación y contestación por la representante de la Fiscalía General del Estado, rolan a fs. 235/240 y 247/250.
El Revisionista ataca el fallo porque no fue dictado bajo el régimen de la Sana Critica, ni analizadas las pruebas, los hechos, y sobre todo los principios de reprochabilidad y de proporcionalidad de la pena, amen de los previsto en el art. 23 del Código Penal, que ni siquiera fue aplicado ni tenido en cuenta, a pesar del propio testimonio del Psiquiatra Dr. Teófilo Villalba, obrante en autos. Y seguidamente analiza el informa médico. En otro párrafo aclara de que "no hay dudas, pues el hecho de homicidio existió, como demuestran las evidencias". Si bien el Tribunal expresó, respecto a la reprochabilidad conforme al testimonio del médico -Psiquiatra, que el acusado se hallaba con la capacidad mental disminuida; y menciona en forma expresa que la reprochabilidad se halla atenuada, sin embargo no aplico lo establecido en el art. 23 del Código Penal, de disminuir la pena conforme al art. 67 "al limite legal mínimo"; es decir a 5 años, no debiendo ser los ocho años de condena establecido.
En primer lugar, no se mencionan los hechos nuevos posteriores a la Sentencia, o elementos de pruebas omitidos, que unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el revisionista: El hecho de homicidio ocurrió, siendo su autor el condenado, y el hecho cometido es punible. Pero el propio Tribunal "considera que a la fecha de los hechos el acusado ha obrado con la capacidad disminuida, de auto determinarse conforme al conocimiento de la antijuricidad del hecho; se ha constatado insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, que nos permiten afirmar que al momento de cometer los hechos, se encontraba con las facultades mentales disminuidas o alteradas que le impidieron comprender la criminalidad de sus acciones, por lo que la reprochabilidad de acusado se encuentra atenuada". Es decir, aunque no lo menciona, el Tribunal colegiado considera cumplido el supuesto del art. 2° del art. 23 del Código Penal, que ordena en tal hipótesis "la pena será atenuada con arreglo al art. 67". Esta norma aclara los Marcos penales en caso de circunstancias atenuantes especiales. Y así dispone que "cuando por remisión expresa a este artículo la ley ordene o permita atenuar la pena, se aplicarán las siguientes reglas:...El numeral 2 señala: El mínimo de la pena privativa de libertad se reducirá...letra "c) al límite legal mínimo, en los demás casos". No siendo aplicables los marcos de menor duración de las letras a y b, ante un homicidio doloso previsto en el art. 105 inc. 1°, en concordancia con el art. 29 inc. 1º, del mismo Código Penal, con el marco penal de 5 a 15 años, la situación debió resolverse como "en los demás casos"; es decir aplicando una condena privativa de libertad de 5 años. Esta es la interpretación legal mas favorable no realizada por el Tribunal. Obsérvese que todo estaba enderezado a la aplicación correcta de la norma (fs. 228), pero el párrafo que dice resumiendo: ..."la reprochabilidad se encuentra atenuada", abruptamente cambie: "En consecuencia la conducta del acusado Javier Ramón García es Típica, Antijurídica y reprochable y por ende punible".
Faltaba agregar: "con la atenuación reconocida en base al Informe médico". El Tribunal seguidamente aplicó el art. 65 del C.P. para la medición de la pena, sin tener en cuenta el Art. 67 del mismo cuerpo legal, aun reconociendo expresamente que había una circunstancia atenuante. Y esta disposición era la más favorable o "ley mas benigna" como dice el numeral 5 del Art. 481 del Código Procesal Penal.
No se trata de reexaminar las pruebas ya valoradas por el Tribunal de méritos, sino enmendar una clara omisión de la regla más favorable, pues el mismo Tribunal admitió la circunstancia atenuante del art. 23 inc. 2º que exigía aplicar e art. 67 del mismo Código. En este contexto resalta la ausencia de objetividad en el análisis de la Fiscal.- VOTO: Procede la revisión de la Sentencia, y la pena privativa de libertad debe ser limitada a 5 años.
VOTO EN DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA ALICIA PUCHETA DE CORREA: Disiento con la decisión adoptada por el Señor Ministro Preopinante Dr. Sindulfo Blanco de reducir la sanción penal de condena privativa de libertad de 8 (ocho) años a 5 (cinco) años fundado que el Tribunal de Mérito no ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante (informe medico) conforme a lo previsto por el art. 67 del Código Penal.-
El recurrente alega que la sentencia dictada por el no se halla fundada bajo el régimen de la sana critica, que no fueron analizadas las pruebas, los hechos y sobre todo los principios de reprochabilidad y de proporcionalidad de la pena conforme a lo establecido por el Art. 23 del Código Penal, a pesar del testimonio del Psiquiatra Dr. Villalba, obrante en autos. En dicho contexto asevera que el A quo no tuvo en cuenta el informe del Medico Psiquiatra que el acusado no tenia la capacidad de comprensión, sin embargo la sentencia recurrida se expresa que la reprochabilidad se halla atenuada, incurriendo en contradicción, por un lado al no aplicar el art. 23 del Código Penal, es decir de atenuar la pena conforme al artículo 67 del mismo cuerpo legal. Sigue diciendo que los presupuestos fácticos señalados hacen a la procedencia de la revisión de acuerdo al articulo 481 Incisos 4º y 5º del Código Procesal Penal, admitiendo que si bien el hecho ha ocurrido, sin embargo su representado no tenia capacidad de comprensión atento al mismo corresponde la aplicación del artículo 23, en concordancia con el articulo 67 y 105 inc. 3º numeral 1 del Código Penal, Finalmente solicita ante esta instancia un mejor análisis de la reprochabilidad estableciendo se aplique los artículos 67 y 105 inciso 3º numeral 1 del Código Penal conforme a los argumentos y elementos probatorios mencionados precedentemente, aplicando una pena de cinco años de privación de libertad mínimo legal establecido en el artículo 105 inciso 3o en concordancia con los artículos 23 y 67 del citado cuerpo legal.
Sigue diciendo que los presupuestos fácticos señalados hacen a la procedencia de la revisión de acuerdo al art. 481 Incisos 4° y 5° del Código Procesal Penal, admitiendo que si bien el hecho ha ocurrido, sin embargo su representado no tenía capacidad de comprensión atento al mismo corresponde la aplicación del art. 23, en concordancia con el art. 67 y 105 inc. 3o numeral 1 del Código Penal. Finalmente solicita ante esta Instancia un mejor análisis de la reprochabilidad estableciendo se aplique los artículos 67 y 105 inciso 3o numeral 1 del Código Penal conforme a los argumentos y elementos probatorios mencionados precedentemente, aplicando una pena de cinco años de privación de libertad, mínimo legal establecido en e! art. 105 inc. 3o en concordancia con los artículos 23 y 67 del citado cuerpo legal.
El revisionista fundamenta el recurso conforme a las causales previstas por el artículo 481 incisos 4º y 5º que dispone: "la revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes: 1)...2)...3)...4) cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que sotos o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; 5) cuando corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado".
El primer motivo de revisión invocado, presupone que con posterioridad a la sentencia cuya revisión se reclama haya sobrevenido hechos nuevos o elementos de pruebas que vinculados con la base fáctica reconstruida para fundamentar la condena, por si solos o unidos a los que ya fueron examinados, permiten poner en aprieto el discurso jurídico - racional del proceso de subsunción por inexistencia de la premisa menor descripta en el fallo condenatorio. Básicamente envuelve dos aspectos, la materialidad probatoria que surge después de la sentencia y la consecuencia que ella es capaz de irradiar sobre el acierto jurisdiccional contenido en aquel. Los nuevos hechos o nuevos elementos de pruebas- según se desprende de la norma en análisis - tiende a evidenciar los siguientes efectos posibles; que el hecho no ha existido, que el condenado no ha cometido el hecho que se le ha atribuido; que el hecho existió, pero no es punible (atípico, objetivo y/o subjetivamente); que al hecho cometido y penalmente sancionado le es aplicable una ley mas benigna. Este último permite, corrientemente, morigerar la dosificación penal aplicada mientras que los primeros operan el pro de la reivindicación de la inocencia del condenado.
Del análisis esbozado la normativa en cuestión exige como condición de procedencia del recurso que a titulo de hechos nuevos o nuevos elementos de pruebas, los mismos sean sobrevivientes a la condena o descubiertas depuse de que ella haya recaído. En caso sub - examen el recurso esta orientado a demostrar que el justiciable al momento de cometer el hecho punible por el que ha sido enjuiciado y condenado específicamente el 09 de abril del 2000, el mismo no tenía capacidad de comprensión, según informe del Medico Psiquiatra obrante en autos.
Ahora bien, al cotejar el argumento esgrimido por el revisionista en función a la causal que apuntala su pretensión, fácil es advertir que el mismo colisiona con las exigencias y alcances del referido enunciado procesal. En efecto de la lectura de la Sentencia Definitiva N° 25 de fecha 2 de marzo de 2.005, se lee la declaración testifical del Medico Psiquiatra Dr. Teófilo Villalba, quien señalo arte el Tribunal que el condenado Javier Ramón García posee una alteración parcial en la capacidad de comprensión entre el bien y el mal, hecho que de por si, desprovee el calificativo de novedoso que debe ataviar a la causal invocada al hacer alusión a hechos nuevos o nuevos elementos de pruebas, ni tampoco hace suponer que sean sobrevivientes a la sentencia que fuera objeto de revisión. La circunstancia apuntada implica que se intenta la revisión mediante la reconstrucción de elementos oportunamente justipreciados, en el contexto de un debido proceso legal en la que - según se visualiza - se ha respetado puntillosamente las formas sustanciales del juico relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del penalmente sancionado.
En relación a la segunda causal invocada por el revisionista, cabe manifestar que el mismo esta orientado a incidir sobre la cosa juzgada y no precisamente -como ocurre para la generalidad de las causales - para subsanar los graves y evidentes errores que puedan haberse producido en el juicio penal, amnistía o jurisprudencia (extra - actividad jurisprudencial), esta se aplican en su favor ajustando la sanción penal recaída a los alcances normativos o interpretativos que subyacen en ellas, y aún absolver de culpa y pena en la hipótesis de que el hecho punible por el cual recayó la condena ha sido despenalizada. En tal sentido en menester manifestar que la revisión tiene como fundamento, la demostración efectiva de que la decisión sometida a juicio critico es beneficiada por la aplicación de una ley mas benigna esto es, cuando existan cambios en la legislación que favorezcan al condenado, Igualmente se debe tener en cuenta que ese reproche se enfrenta a una decisión que goza de ejecutoria, por lo que el revisionista debe demostrar la benignidad de la Ley que se pretende aplicar a los efectos de rebatir la presunción enunciada.
El argumento central, está dado en considerar que el artículo 23 y 67 del Código Penal vigente, es más benigna, teniendo en cuenta la reprochabilidad disminuida en que se hallaba el autor, y como resultado del mismo la medición de la pena, la misma debía estar limitada a una condena privativa de libertad de 5 (cinco) años.
Planteada así la cuestión y pasando al estudio de la tesis sostenida por el recurrente, el mismo a los efectos del artículo 481 inc. 5 deviene improcedente, es importante dejar en claro que la causal invocada, es a los efectos de la aplicación de la ley más favorable, es decir, para que exista la causal de la ley más benigna, debe existir un cambio en la legislación, y no como pretende el recurrente ya que no es factible realizar un estudio de los motivos de la calificación impuesta en autos, ni valorar circunstancias atenuantes o agravantes de los hechos, como base de la medición de la pena, por no ser dichas cuestiones materia de Revisión de conformidad a la enumeración taxativa de motivos del artículo 481 del Código Procesal Penal.
Por tanto, habiéndose establecida la pena privativa de libertad de (8) años en contra de Javier Ramón García Santos y no existiendo la posibilidad de establecer otra más benigna a favor del mismo corresponde no hacer lugar a la Revisión solicitada. Es mí voto.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 68
DECLARAR admisible el estudio del Recurso Extraordinario de Revisión, por las motivaciones explicitadas ut-supra.-
NO HACER LUGAR al recurso extraordinario de Revisión planteado contra la SD. Nº 25 del 2 de marzo de 2.003, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado.-

References: artículo 67
 artículo 23
 artículo 105
 artículo 481
 artículo 23
 artículo 481
 artículo 481