Source: https://iadpi.com.ar/2019/05/30/acreditacion-de-calumnias-e-injurias-en-el-proceso/
Timestamp: 2020-06-02 14:48:45+00:00

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Doctrina – Prueba electrónica: “Acreditación y valoración judicial sobre calumnias e injurias vertidas a través de redes sociales.”
En la última década la masificación de los medios técnico-informáticos han introducido situaciones antes desconocidas para nuestro derecho. La utilización de las redes sociales nos ha llevado a reflexionar sobre los límites de la comunicación, el respeto del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Nuestros tribunales ya se están planteando nuevos escenarios: conflictos en el ámbito de la responsabilidad parental derivada por el desacuerdo entre progenitores en relación a la publicación en redes sociales (Facebook o Instagram) de imágenes de menores. También el acoso a través de dichas redes ha aparecido en el ámbito de la violencia contra la mujer (stalking, sexting[1] y porno revenge[2]) o en el ámbito escolar contra menores (grooming[3], ciberbullying[4]). Desde hace ya unos años numerosos han sido los casos públicamente conocidos, en los que se ha imputado penalmente o responsabilizado civilmente a periodistas, políticos y personajes de la farándula por verter determinadas expresiones o ideas en las redes sociales. Esto no era nada nuevo (no estoy muy alejado de la realidad cuando digo que se inician cuando nace la prensa escrita), pero de a poco también fue instaurándose (y acentuándose durante la última década diría yo) en el ámbito informático. Y con límites insospechados. A poco que uno lo racionalice la web (en su sentido más amplio) es una fuente ilimitada de acceso a la información, a ciertas y determinadas libertades que en la vida real (sin dejar de tener en cuenta que esta sufre la influencia de aquella) no se obtienen tan fácilmente. “El mundo a un click” reza una conocida página… hoy por hoy las necesidades de búsquedas de conceptos, conocimientos y verdades no solo están al alcance en una biblioteca, sino a través de la pantalla de un ordenador o un smartphone. Pero estas ansias de entendimiento, utilizada en forma desmedida, conlleva serios riesgos. No sólo porque el internauta promedio puede ser víctima de innumerables ciberdelitos, sino también porque interactuar en la web nos puede enfrentar a personas que, utilizando la impunidad de la red, liberan sus más bajos instintos o bien, dan rienda suelta a emociones que dejarían sorprendido al más proclive de los monjes sherpas. Es por ello que desde hace mucho tiempo que los distintos estados han buscado poner límites a la web, más que nada por cuestiones de seguridad nacional, aunque implícitamente inquiriendo un control de la forma de pensar de los ciudadanos. Lo anterior nos lleva a la necesidad de reflexionar acerca de los límites jurisprudenciales impuestos a la libertad de expresión. Quizá muchos demagogos pensarán que el Estado, como entidad de derecho público, busca instaurar en nuestro sistema judicial la persecución de los llamados “delitos de opinión”. Yo creo que estamos a años luz de eso. “Con la llegada de la informática, el derecho tuvo que adaptar su teoría no solo para la protección de los datos y la información digitales como bienes jurídicos sino también para el uso de los dispositivos automatizados para el mejoramiento de procesos administrativos. Así, tras el surgimiento de la cibernética en 1949, como nuevo campo de estudio, el jurista estadounidense Lee Loevigner publica ese mismo año un artículo -bajo el título “Jurimetría, el próximo paso”- donde analiza la aplicación de recursos informáticos para el tratamiento de la información jurídica. La informática jurídica representa el primer campo de relación entre el derecho y la tecnología, y refiere a la aplicación de dispositivos informáticos para el tratamiento de la información legal. En cuanto a la protección de bienes jurídicos, existe un área relacionada con el derecho penal abocado al estudio de aquellos ilícitos donde la tecnología informática desempeña un papel condicionante. Es a través del derecho informático o derecho de alta tecnología en donde se aplican las reglas jurídicas con los problemas vinculados con la tecnología”[5]
Someramente, desde una aproximación sociológica, se debe entender como red social “a aquel sitio virtual que permite a los usuarios interactuar y compartir información de todo tipo entre sí por medio de la internet, y en el cual intervienen no sólo los usuarios, sino también la red misma, pues ofrece servicios y beneficios para satisfacer las necesidades de los internautas”. Así, las redes sociales conforman una estructura social interactiva que determina un espacio de organización y participación, en donde las personas pueden compartir información con sus pares y con otros grupos, permitiendo además clasificar la información y seleccionar los contenidos que interesan, siendo literalmente una forma “virtual” de estar conectados con todo el mundo, a la vez que se pueden compartir temas de actualidad o de interés general[6]. Tal como se mencionó ab initio, en la internet hay múltiples sitios que implementan una estructura de redes sociales para sus miembros; de esta manera nos podemos encontrar con webs en las que los usuarios se relacionan entre ellos mediante algún elemento común. El procedimiento en todas ellas suele ser el mismo: un miembro invita o agrega a sus preferencias a otros miembros, o publica y comparte algún elemento de interés. De esta forma, aunque entre dos miembros de una red social no haya una relación directa entre ellos (de un setenta a un ochenta por ciento no la hay), sí pueden llegar a estar conectados indirectamente a través de otros miembros: se puede tener algún vínculo en común con otros diez miembros y estos, a su vez, con similar cantidad de miembros diferentes cada uno, y así sucesivamente. Teóricamente, siguiendo este procedimiento, todos están conectados de alguna u otra manera aunque no sepan cómo y nunca lleguen a tener un contacto o encuentro directo con esos otros miembros. Todos tienen algo en común: un libro favorito, una película, música, ideología política o de género, etc. Lo que hacen las redes sociales es precisamente materializar esos vínculos directos entre miembros, creando finalmente una gran estructura virtual en la que cada uno de sus integrantes está de alguna manera vinculado con la totalidad de los otros participantes[7].
¿Quién no tiene un perfil en alguna red social? No tenerlo es como un “suicidio virtual”. Quien no pertenece a algún tipo de red social se ve relegado de “compartir”, “enterarse” o “formar parte” de un círculo social “exclusivo”. Es ahí cuando el ADN digital de un individuo se involucra o le permite hacer una simbiosis, pues en el ámbito de la tecnología, en cada “click” que se realiza, se van dejando indicios de quienes son y, sin darse cuenta, se van convirtiendo en entes identificados o identificables dentro de la comunidad virtual; dejan vestigios claros de lo que hacen y permiten con facilidad (a través de esos datos) la creación de perfiles que los distinguen de la misma forma que los alelos los asocian con sus ascendientes en una prueba genética[8].
La identidad digital, que también se conoce como Identidad 2.0, es todo lo que describe a una persona en el entorno online, convirtiéndolo en un ser digital. “Hoy día el Media Lab del MIT se ha convertido en una institución. Los ‘navegantes’ de Internet son los rebeldes del barrio. Los ‘digerati’ han trascendido los multimedia hacia lo que es más un estilo de vida que una postura intelectual. Celebran sus nupcias en el ciberespacio. Se llaman a sí mismos ‘bitniks’ y ‘cybraians’. Su movilidad social cubre el planeta. Ahora son ellos el Salón des Refusés, sólo que éste no es un café de París o un edificio de I.M. Pei en Cambridge, sino que está en alguna parte de la Red. Eso es ser digital”[9].
Acercándonos un poco más a la protección de nuestra imagen digital, está claro que por el término reputación entendemos “la opinión que otros tienen de una empresa, marca o persona”. Es lo que se dice de una determinada persona o compañía, esto es, el juicio que los demás elaboran de un individuo u organización. Ésta puede ser positiva o negativa, en función de la experiencia que los demás hayan tenido o de los valores que la misma trasmite a la sociedad. “Soy optimista por naturaleza. Sin embargo, toda tecnología o avance científico tiene su lado menos positivo, y ser digital no es una excepción. La próxima década será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. Habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información”[10]. Con la aparición del ecosistema 2.0, la reputación de un individuo o empresa también se ve reflejada en la red. Estamos en este caso hablando de la reputación online. Conviene señalar que, cualquier empresa o individuo, aunque no gestione su identidad digital, tiene o puede tener reputación online. Es algo que ya no es inherente a nuestra voluntad, sino al juego de operaciones algorítmicas que le da vida a la red. Es decir, no está bajo nuestro control, sino que la fabrican también el resto de usuarios con sus opiniones, testimonios o contenido que generan en cualquier medio social. Y por ello no siempre la reputación online es positiva. En forma similar operan los mercados de capitales en todo el mundo y se interrelacionan con los mercados de valores: el desequilibrio económico de un gobierno o de una mutinacional pueden haberse iniciado por la divulgación de noticias en las redes…
Cualquier persona puede tener discrepancias con otra y ésta quedar disconforme. Esto nos puede pasar a todos. E incluso que el tema vaya a mayores y se opte por solucionarlo por las vías legales. Pero… ¿qué pasa si esta persona decida por comenzar a publicar en distintos medios sociales injurias y calumnias contra la otra parte? Una opinión, un comentario, una crítica o un rumor, que en el pasado quedaban alojados en un “círculo de pocos”, en la actualidad se esparcen como reguero de pólvora vía redes sociales, afectando uno de los pilares de la naturaleza humana: su imagen, principal activo intangible. Estamos ante un grave problema de reputación online negativa. La web no es un espacio sin ley, y el daño a la imagen y a la intimidad personal deben repararse a la luz del principio general alternum non laedere, que consagra el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Es así que los usuarios deberían ser especialmente cuidadosos con los comentarios que escriben en páginas de Facebook o en sus cuentas de Twitter, ya que pueden llegar a ser responsables penal y/o civilmente. Tal como ocurre en la vida real, en donde somos seres de carne y hueso. Y esto deben tenerlo en cuenta aun aquellos que se escudan bajo nombres falsos, ya que las tecnologías actuales permiten determinar con exactitud el lugar y dispositivo, entre otros elementos, desde donde se escribió la falsa imputación[11].
Es un detalle crucial para el operador jurídico tener en cuenta las secuelas que dejan calumnias e injurias efectuadas a través de medios digitales, como ya se explicó. Tanto para un ciudadano promedio (que tiene media o poca actividad en las redes), como para una personalidad (político, artista, etc.) o también para una empresa. En el primer caso (ciudadano promedio), aunque su reputación se encuentre amparada por nuestra Carta Magna nacional (como también algunas provinciales, al igual que la mayoría de los tratados internacionales más preponderantes), si no posee una proyección entre sus pares, poco puede llegar a importarle la afectación de su imagen digital (no obstante merece la misma tutela jurídica). En el segundo y en el tercer caso esta “reputación” (y su violentamiento) ya alcanza un extra, un plus, dependiendo la trascendencia y trayectoria del afectado, como también la publicidad (o privacidad) del envío de los contenidos: el contenido injurioso podría encontrarse en un posteo público (entendiéndose como tal publicaciones con acceso a la totalidad de los perfiles registrados en la red, como también a aquellas accesibles a todos los contactos de un perfil determinado), o podría hallarse a través de un mensaje privado. “A mi entender, reitero, las redes sociales actúan como verdaderos espacios de influencia y poder que pueden incrementar las ganancias de una compañía o arrojarla a su peor pesadilla”[12].
Es por ello que las personas (físicas o jurídicas) deben defenderse y reaccionar (liminarmente) conforme lo establecen los parámetros legales, aunque también los impuestos por el sentido común: corroborar si ese contenido calumnioso provoca un daño real y comprobable, y preceptuar los alcances de éste. No es lo mismo que aquel contenido sea leído por una o dos personas, a que fuera observado por más de diez mil (por ejemplo), y que asimismo genere un debate con consecuencias insospechadas. La crítica, en un mundo infestado de opinólogos, requiere de respuestas claras, concretas, concisas y hasta imparciales. Por otro lado, es necesaria una réplica legal, teniendo en cuenta cada situación en particular. Identificar al autor de los contenidos, verificar si la persona es quien dice ser, analizar las posibilidades de lograr su ubicación física y real, compulsar de la mejor manera posible (a los fines probatorios) la existencia de este contenido. Si no se cuenta con un operador jurídico (inclúyase notario y/o perito) especializado en el tema, mucho me temo que en la mayoría de los casos esta clase de situaciones queden sin resolver, más allá de la connivencia (o no) que pudiera tenerse dentro del contexto de las redes mismas, o quizá según la trascendencia denostada en medios de información digitales. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que muchas empresas, a través de sus sitios webs (o aplicaciones) dedicados a desarrollar redes sociales, brindan la posibilidad de efectuar denuncias ante la presencia de contenidos injuriosos. “Hay cuestiones que no tienen que ver con un buen uso o uso responsable de los usuarios de estas redes sociales y que también existen factores como la seguridad de la información que brindan los proveedores de servicios de internet, que no depende de las distintas precauciones que pueden tomar los usuarios de estos entornos virtuales. Los usuarios tienen que tener esto en consideración a la hora de analizar qué datos e información van a volcar en estos sitios (…) ya que otra regla de seguridad de Internet es que nada es invulnerable en términos de seguridad informática”[13]. Desde mi humilde perspectiva profesional, recomiendo tomar el siguiente curso de acción:
La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado por el artículo 14 de nuestra Carta Magna nacional, cuando expresa que todos los habitantes gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, y por el artículo 32 del mismo cuerpo legal, que impone al Congreso de la Nación la obligación de no dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. También se encuentra tutelada por la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y demás tratados internacionales relacionados. Que no exista lugar a dudas que, como ideario primigenio, nuestro derecho positivo reconoce la garantía inenajenable de cualquier ser humano a expresar y publicar sus ideas con total libertad y por cualquier medio, inclusive en las redes sociales, que son su mayor y más álgida expresión hoy en día. Muchos regímenes totalitarios como China, Corea del Norte, Turquía, Irán y Venezuela, por citar algunos ejemplos, tienen muy en claro que si el ciudadano promedio tiene acceso a las redes en internet, puede acceder al mundo. Es por ello que restringen totalmente o en mayor medida el acceso a aquellas. La libertad de expresión en internet permite el libre debate en asuntos de interés general. También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas. En internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a los contenidos en la web, la censura y el bloqueo de ciertos y determinados sitios[14]. A pesar de que ello es propio de dictaduras, tampoco podemos dejar librado al raciocinio (poco o mucho) de cualquier ciudadano para que pueda manifestarse al máximo en lo que a libertad de opinión se refiere. Y vuelvo a reiterar que en las redes sociales y en los blogs de información en internet es cuando ello se puede exteriorizar mayormente. Sin filtros. Sin tapujos. Todo derecho debe ejercerse en forma razonable, regular y no abusivamente. Es por ello que nuestra Corte Suprema nacional, en el leading case “Ponzetti de Balbín c/Diario La Razón”[15], estableció la primera de una serie de reglas al sostener que la libertad de expresión es un derecho que tiene el carácter de absoluto tan sólo desde la perspectiva que no puede someterse a censura previa, pero su ejercicio puede generar responsabilidad en caso de abuso: el reconocimiento de aquella garantía fundamental no implica impunidad frente a la responsabilidad por violar el alternum non laedere.
Analizando el concepto desde una perspectiva amplia, tomaremos en cuenta un elogiable precedente técnico dictado en relación a buscadores de internet, a través del cual la Dra. Marta del Rosario Mattera, integrante de la Cámara Nacional Civil, Sala J, en los autos “K.A.P. c/Yahoo de Argentina S.R.L. y otro”, de fecha 31/08/2012, citando (entre otros autores) a Julio César Rivera a través de su obra “Instituciones de Derecho Civil”, explicó que si definimos al honor como “dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma” en él quedan comprendidos dos aspectos: por un lado la autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia (honor subjetivo, honra o estimación propia) y, por otro, el buen nombre y la buena reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o de la familia que se trate, dentro del marco de sociabilidad del ser humano (honor objetivo, buen nombre, reputación o fama). El honor es un derecho personalísimo que encuentra protección legal en el artículo 52 de nuestro Código Civil y Comercial, cuando reza: “…la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1”. Por lo tanto, procederá la reparación de los daños provocados por conductas que atacan al honor, independientemente del medio utilizado, la que la conducta culposa y aun riesgosa, que desacredita o deshonra, genera obligación de indemnizar[16].
Siguiendo la definición de Julio César Rivera, el derecho a la imagen es aquel “derecho personalísimo cuyo regular ejercicio permite al titular oponerse a que por otros individuos y por cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique –sin su consentimiento o el de la ley- su propia imagen”[17]. Adhiriendo a los lineamientos doctrinarios autonomistas, el interés jurídicamente protegido en este caso es la potestad de toda persona de utilizar libremente su imagen, decidiendo respecto de su difusión o no, permitiéndole o no la utilización a terceros e incluso resolviendo en torno a su explotación económica. Para el caso en que medien hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público, debe surgir de las imágenes que las mismas reflejan una interés de la comunidad y no la mera curiosidad de ella; la imagen de las personas que fuesen partícipes de este tipo de sucesos resulta secundaria dentro del contexto, ya que ella es sólo un elemento del objetivo principal que se traduce en difundir un hecho o acontecimiento público. Aun en estos casos en donde la utilización libre de la imagen se encuentra autorizada por la ley en atención a los fines, no debemos perder de vista que siempre subsiste la obligación de tomar los recaudos necesarios para que su empleo no resulte perjudicial, no sólo tomando en cuenta este derecho sino también otros derechos como el honor. Comparativamente debemos tener en cuenta lo que ocurre en un acontecimiento o evento público, en contraposición con las redes de utilización y/o acceso público. Pensemos en lo que ocurrió en su momento con los fotologs: sitios nutridos de fotografías subidas por los propios usuarios donde además pueden ser comentadas por terceros. Hoy en día ello ocurre tanto con Facebook e Instagram, redes sociales donde los usuarios comparten e intercambian (entre otras cosas) imágenes, para que sean vistas por otras personas que, en algunos casos, son amigos y en otros están al alcance del resto de los usuarios de manera pública. Lo que sucede muchas veces es que los usuarios no toman real dimensión de que las imágenes publicadas por ellos, tampoco cuentan con el consentimiento de las personas que aparecen junto a ellos, y en numerosas ocasiones estas imágenes publicadas contienen datos (tags o etiquetas) de carácter personal como son sus nombres, vulnerando de este modo el derecho a la imagen de los mismos.
El ser humano promedio que tiene actividad en redes sociales de cualquier tipo, proyectando de este modo su identidad digital, poco conoce sobre los riesgos que conlleva interactuar en la web. Máxime cuando hay menores en riesgo. La publicación de imágenes de menores como hijos, sobrinos, nietos o alumnos son un claro ejemplo de algo que ni los padres ni cualquier otro responsable legal no llegan a dimensionar cuando existe un ciberdelincuente al acecho. Da muchísima pena ver como los adolescentes juegan y compiten en redes tales como Instagram para lograr mayor trascendencia. Y no me refiero a una competencia sana y en el más claro concepto de la palabra, sino que apunto a que dejan traslucir (en esa pugna) mucho más de su intimidad de lo que uno quisiera. Todo con tal de lograr mayor reconocimiento por sus pares. Esto es el alimento, la energía, la vitalidad que busca el ciberacosador para lograr su cometido. La responsabilidad de los padres influye muchísimo en estos roles, ni hablar de los administradores de las mismas redes sociales quienes consideran que un verdadero “desnudo” es no publicar contenido con imágenes íntimas, pero si eróticas, independientemente de la edad de los adolescentes[18]. Tristemente en muchos casos hasta los mismos progenitores los alientan a publicar esta clase de contenidos.
Siguiendo la anterior línea de pensamiento, estoy convencido que los autores de grupos de opinión en redes sociales, blogs, foros y webs de discusión, o cualquiera que utilice medios digitales para la creación de contenidos, podrán enunciar libremente lo que quieran amparándose en la libertad de expresión. Si el ejercicio del derecho se convierte en abusivo afectando el honor, la imagen o la dignidad personal y con ello se provoca un daño, deberán responder inclusive penalmente, en caso de corresponder. ¿Cuál sería la máxima expresión en la libertad de expresión en redes sociales? Los haters[19], quienes se dedican a atacar y resaltar los errores de otras personas, productos, empresas o artistas; o los stalkers[20], que son aquellos anónimos que revisan de forma constante las publicaciones que sus víctimas realizan en las redes sociales, aunque muchas veces traspasan ese límite, pudiendo volverse en algunas personas un trastorno obsesivo compulsivo que puede desembocar en un acoso virtual o inclusive trasladarse a la vida real. Ni hablar de quienes utilizan el ciberbullying como un método de tortura y manipulación psicológica.
En la República Argentina un largo camino doctrinario y jurisprudencial se ha recorrido desde el leading case “Ponzetti de Balbín”. Los vaivenes tanto de la justicia federal como de la justicia civil local han sido reiterativos con resultados hasta contradictorios: la inseguridad jurídica generada fruto de ello se mantuvo hasta que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación sentara un nuevo precedente en el fallo “Rodríguez, María Belén” (Fallos, 337:1174). De este modo, los supremos establecieron una doctrina mucho más específica: si bien los lineamientos metodológicos apuntaban en este caso a la responsabilidad subjetiva de los buscadores de internet se dejó bien en claro, en lo que refiere a los alcances de la ilicitud de los contenidos dañosos para los casos de “…pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de algunas o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad (el subrayado me corresponde), exhibiendo imágenes de actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados…” De todos modos, y a pesar de lo definido por nuestros tribunales, es indubitable que lo preceptuado para las reglas de la determinación del daño en general se aplican también para el daño “digital”, siguiendo los lineamientos básicos proferidos por el art. 10 del C.C.C.N. y sus derivados. “Internet y las redes sociales se han convertido en un escenario privilegiado donde las personas con serios trastornos de personalidad y perversiones se esconden en el anonimato y cambio de identidad para actuar con total impunidad y dar rienda suelta a insultos y amenazas, así como para hacer público lo íntimo e inventar calumnias”[21], explicó oportunamente Mónica Cruppi, psicóloga de Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y autora del libro “Vivir en la Posmodernidad”. Ante esta clase de ataques u ofensas, es necesario activar los mecanismos digitales y legales ya descriptos para frenar el desarrollo de estas conductas.
En el ámbito penal, existen dos institutos que se encargan de regular las actitudes y comportamientos detallados precedentemente: la injuria y la calumnia. Son delitos contra el honor, es decir, aquellos que mediante la expresión realizada generan una opinión con la cual se desacredita la honorabilidad de una persona. De manera habitual, tienden a confundirse y exteriorizarse como si fuesen sinónimos, cuando a decir verdad tienen significados distintos. Se considera injuria a las expresiones que vinculan a alguien con hechos que no son ciertos y que atentan contra su dignidad, es decir que son difamaciones objetivamente lesivas y que menoscaban el honor del injuriado, además la persona que las emite tiene intención de causar ese daño, obra con animus injuriandi. Se entiende por calumnia a la falsa imputación de un delito. Es decir, se trata de una falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado. Estas son figuras penales que se persiguen únicamente por medio de la instancia privada, es decir, se pueden perseguir judicialmente si el damnificado presenta una querella contra quien haya cometido el delito. Se trata de una excepción al principio general que dispone que los delitos son instados de oficio por el Ministerio Público de la Acusación o Fiscal sin necesidad de previa denuncia de la víctima. En caso de que los medios de comunicación reproduzcan calumnias o injurias no se les aplicará la pena contenida en el Código Penal si citan la fuente, o si se tratare de un asunto de interés público. Podrá instar la acción privada por medio de abogado particular y así tendrá lugar la querella criminal. El damnificado podrá pedirle al juez que la misma sea publicada. Es posible que el acusado se retracte públicamente sobre la expresión lesiva antes de iniciado el juicio, en ese caso quedaría libre de pena. Ambos delitos –injuria y calumnia- están tipificados y penados por el Código Penal en el Título II (Delitos contra el Honor), más precisamente en los artículos 109 y 110. Se establecen diferentes multas pecuniarias, no penas privativas de libertad, y afirmando que en ningún caso configurarán delito de injuria o de calumnia las expresiones que guardasen relación con algún asunto de interés público o las expresiones que no sean asertivas. No existe diferencia técnica entre deshonrar a alguien mediante un insulto en la vía pública o mediante un posteo en cualquier red social: el medio es irrelevante para que se configure el delito. Sí es importantísimo el rol que juega en estos escenarios es la prueba, para el caso que nos ocupa la prueba digital, la que, como documento electrónico, posee sus mayores particularidades en lo que refiere a su colecta y ponderación jurídica. Es interesante citar un fallo reciente en el fuero penal, en donde en forma novedosa se sentó un trascendental precedente respeto de la temática desarrollada. En los autos caratulados “Lang, Mónica Liliana s/Calumnias o Falsa Imputación e Injurias, Denunciante Frydlewsky, Marcelo Samuel” (expte. N° 19740/2017)[22] se determinó que en las redes es cotidiano que cualquiera acuse a cualquiera. Eso provoca un daño enorme y afecta la reputación online de la persona, por lo que la resolución judicial viene a poner en claro que decir cosas en las redes sociales tiene sus consecuencias. “Hay que tomar conciencia de que acusar falsamente a una persona de la comisión de un delito en las redes sociales, en este caso Twitter, es un hecho grave que causa un gran daño en lo personal y profesional a una persona y que la Justicia no puede permitir que estos hechos sigan sucediendo y que no tengan consecuencias”. Es por ello que el juez nacional del Tribunal Oral Criminal y Correccional 22 de la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Gabriel Nardiello, dictó sentencia sobreseyendo a Lang (la condena por calumnias e injurias hubiera sido una multa) a cambio de que aporte ciento cincuenta horas de tareas comunitarias en el centro Cáritas más cercano a su casa y determinó la publicación de la parte dispositiva del fallo en dos diarios nacionales durante tres días, incluido un domingo (día de mayor tirada).
La ley N° 25.506 de Firma Digital, en su artículo 6°, establece que se entiende por documento digital a la “representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura”. El artículo 286 del Código Civil y Comercial de la Nación introduce la idea de documento digital dentro del texto normativo, estableciendo (en consonancia con el artículo precedente, que regula las formas y pruebas de los actos jurídicos) expresamente que: “la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados (…). Puede hacerse constar en cualquier soporte (el subrayado me corresponde), siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”. Es lógico que con los adelantos tecnológicos el legislador hiciera eco de ello, ampliándose la noción de escritos o documentos a aquellos generados en forma electrónica. La jurisprudencia, hace ya un tiempo, se ocupó de señalar que en el estado actual de nuestra legislación, los documentos electrónicos constituyen un medio de prueba que tiene suficiente sustento normativo, resaltando expresamente que se trata de prueba documental[23].
[1] Se trata de una palabra compuesta de otras dos: “sexo” y “texting“, y es un concepto que presupone compartir información íntima a través de mensajes de texto, fotos o videos. (Fuente: https://latam.kaspersky.com/blog/sexting-and-its-consequences/6654/)
[2] El término revenge porn o porno venganza se trata de una distribución no consentida de imágenes íntimas realizada con dolo y que se agrava al implicar a una persona con la que se mantuvo una relación íntima de confianza. (Fuente: http://www.injuve.es/no-hate/noticia/el-revenge-porn-una-forma-de-ciberviolencia-de-genero)
[3] Es un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. El acosador simula ser un niño o niña a través de un perfil falso para establecer una conexión y control emocional con el fin de disminuir las inhibiciones de los chicos. A través de distintas técnicas de manipulación, el adulto consigue que el niño se desnude o realice actos de naturaleza sexual. (Fuente: http://policiadelaciudad.gob.ar/?q=content/Que-es-el-Grooming)
[4] El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico. Se produce cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. (Fuente: https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/)
[5] SAIN, Gustavo; “Cibercrimen y Delitos Informáticos”, ERREIUS, Buenos Aires, 2018, pág. 14
[6] Fuente: https://tecnologia-informatica.com/redes-sociales-definicion-historia/
[7] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
[8] Fuente: http://elderechoinformatico.com/?p=391
[9] NEGROPONTE, Nicholas, “El Mundo Digital” (edición online, extraído de https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/serDigital.pdf), pág. 137
[10] NEGROPONTE, Nicholas, “El Mundo Digital” (edición online, extraído de https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/serDigital.pdf), pág. 138
[11] Fuente: https://www.erreius.com/opinion/12/penal/Nota/36/injurias-en-ningun-lado-destacan-la-importancia-de-la-condena-a-una-mujer-que-agravio-a-un-empresario-en-redes-sociales
[12] TOMEO, Fernando, “Cibercrimen II”, Euros Editores S.R.L., Buenos Aires, 2018, pág. 106.
[13] http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45027-redes-sociales-encuentros-y-seguridad
[14] Fuente: https://www.derechosdigitales.org/7103/la-libertad-de-expresion-en-internet-un-combate-imprescindible/
[15] LL, 2000-C-1244
[16] Cámara Nacional Civil, Sala J, en los autos “K.A.P. c/Yahoo de Argentina S.R.L. y otro”, de fecha 31/08/2012, refiriendo a CIFUENTES, Santos, “Derechos personalísimos”, pp. 455 y ss.; ZANONNI, Eduardo, “El daño en la responsabilidad civil”, pág. 353.
[17] RIVERA, Julio César, “Instituciones de Derecho Civil”, Tomo II, edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 117
[18] Fuente: https://andro4all.com/2018/04/censura-desnudos-facebook-instagram
[19] Fuente: https://www.latercera.com/noticia/haters-esa-personalidad-odiosa-que-se-expande-en-las-redes-sociales/
[20] Fuente: https://tecnologia-informatica.com/que-es-stalker-significado-stalkear/
[21] Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2017/09/24/sadismo-digital-o-el-perverso-placer-de-causar-dano-a-otros/
[22] Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Capital Federal, sentencia de fecha 06/02/2018
[23] Cámara en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza – Cámara Tercera, “Llopart, Ricardo J. c/Lombardich, Luis y Otro s/Cobro de Pesos”, 01-06-2017, IJ-CCCLXXVI-824; y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala D, “Skillmedia SRL c/Estudio ML SA s/Ordinario”, 07-11-2017, IJ-XDII-760, entre otros.

References: artículo 19
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 52
 resolución 
 artículo 6
 artículo 286