Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831079.html
Timestamp: 2019-11-16 02:08:21+00:00

Document:
as201831079
Auto Supremo Nº 79
Expediente : 207/2017
Demandante : Manuel Jesús Farel Soza
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 224 a 229, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista de 15 de marzo de 2017, cursante de fs. 218 a 221, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del trámite de reclamación de pensiones seguido por Manuel Jesús Farel Soza contra el SENASIR, el Auto de fs. 238 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 207/2017-A de fs. 247, los antecedentes del proceso, y,
Mediante Auto Nº 04504 de 25 de junio de 2013 de fs. 53 de obrados, la Comisión de Calificación de Rentas, resolvió desestimar la renta única de vejez, así como el pago global, solicitado por Farel Soza Manuel Jesús.
El solicitante interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 74 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 385/14 de 17 de junio de 2014, de fs. 117 a 121, que confirmó la Resolución Nº 04504 de 25 de junio de 2003, ordenando se remita el expediente al Área de Procesos Judiciales y Trámites Administrativos, a efectos de la valoración y acciones legales a ser tomadas ante instancias jurisdiccionales, debiendo dicha unidad recabar la documentación pertinente y necesaria para el efecto.
En grado de apelación interpuesta por Manuel Jesús Farel Soza, por Auto de Vista 15 de marzo de 2017, de fs. 218 a 221, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se revocó la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 385/14 de 17 de junio y asimismo el Auto Nº 04504 de 25 de junio de 2003, y deliberando en el fondo ordena a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, otorgar renta única de vejez con reducción de edad al Sr. Manuel Jesús Farel Soza, en base a 187 cotizaciones para ambos regímenes, procediendo a reconocerle dicha renta a partir del mes de febrero del 2000, y consignándose el pago de los correspondientes aguinaldos y otros beneficios que por ley le corresponde. Sin costas.
El Tribunal de alzada incurrió en errónea interpretación normativa y valorativa, al no considerar que el certificado de nacimiento del asegurado fue expedido el 8 de diciembre de 1999, con fecha de nacimiento del año 1942, sin embargo, en el sistema del SENASIR el asegurado figuraba con registro de fecha de nacimiento de 24 de diciembre de 1954; después de 9 años, presentó la ratificación y cancelación de partida de nacimiento de la Corte Electoral y el Testimonio de 27 de junio de 2008 emitido por el Juez Gerardo Sotelo (quien tiene 15 procesos por resoluciones contrarias a la ley), es decir que estas irregularidades no fueron valoradas en el Auto de Vista.
Asimismo, señala que el SENASIR debe cumplir requisitos y procedimientos para calificar una renta, lo que significa que no debía existir incongruencia en la fecha de nacimiento del asegurado, y como señala el Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición, esta entidad tiene la facultad de suspender o negar cuando la tramitación de su documentación no se encuentre a derecho y se vea irregularidades en su constitución, por lo que el tribunal ad quem no puede señalar que a capricho de esta entidad no otorgó la renta solicitada, sino que al existir un impedimento evidente no procede el mismo.
Concluyó solicitando se case el Auto de Vista Nº 33/2017 y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 385/14 de 17 de junio emitida por el SENASIR.
III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.
El art. 35 y siguientes y 45. II. IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran la irrenunciabilidad de los derechos sociales imponiendo al Estado la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
Al efecto la Sentencia Constitucional Nº 55/2013 del 11 de enero, estableció: “…que según el art. 45 de la Constitución Política del Estado, los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra “el de la jubilación”, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege …a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales. (…) el subrayado y las negrillas son añadidos). El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la OIT de 1952, expresando que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez. Asimismo, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’, teniendo derecho a la vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: ‘Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”
El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria.
Se advierte que el SENASIR desestimó la solicitud de renta única de vejez y el pago global, del asegurado con el argumento que existiría irregularidades en el certificado de nacimiento presentado con fecha 24 de diciembre de 1942, cuando en el sistema del SENASIR, el asegurado registra como fecha de nacimiento el 24 de diciembre de 1954, pese a que el titular de la renta adjuntó al proceso, su testimonio del trámite de ratificación y cancelación de partida de nacimiento; en ese entendido, cabe referir que de la revisión de la documentación presentada consistente en el certificado de nacimiento de fs. 28 repetido a fs. 61, el testimonio de ratificación y cancelación de partida de nacimiento y corrección de partida de matrimonio de Manuel Jesus Farel Soza de fs. 62 a 64, el certificado de matrimonio de fs. 26, la fotocopia legalizada de cedula de identidad de fs. 27, certificado de bautismo de fs. 67, entre otros, los mismos son auténticos, públicos y expedidos por autoridad competente que merecen la fe probatoria que les asignan los arts. 1289, 1296 y 1534. I del CC, concordante con los arts. 149 y 150 del Código Procesal Civil, los cuales acreditan que Manuel Jesus Farel Soza, nació el 24 de diciembre de 1942, literales que debieron ser consideradas por el SENASIR, en tanto no se demuestre que las mismas constituirían documentos fraudulentos en vía llamada por ley.
Asimismo se advierte que el asegurado presentó toda la documentación relacionada a su fecha de nacimiento con el 24 de diciembre de 1942, la misma que el SENASIR restó validez con el errado argumento de haberse procedido extrañamente a la rectificación, cuando al inicio del tramite ya se contaba con un certificado emitido con la fecha correcta (fs. 28), sin embargo, este ente gestor olvida que no puede suponer o creer supuestas irregularidades para desestimar la renta del asegurado, cuando en los hechos se ha presentado sentencia judicial ejecutoriada, que cuenta con fuerza probatoria, en tanto no exista otra resolución ejecutoriada en proceso contradictorio, que invalide dicho documento, aspecto por el cual el Tribunal ad quem acertadamente determinó revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 385/14 de 17 de junio y asimismo el Auto Nº 04504 de 25 de junio de 2003, ordenando a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, otorgar renta única de vejez con reducción de edad al Sr. Manuel Jesús Farel Soza.
Por lo que se concluye que en la especie existe abundante prueba que demuestra, que la fecha de nacimiento del asegurado es el 24 de diciembre de 1942; por consiguiente, el mismo debe acceder al derecho de renta de vejez que le asiste conforme previene los arts. 35 y siguientes y 45. II. IV de la CPE, toda vez que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que se les niegue un derecho que les corresponde.
En consecuencia, no resulta ser evidente que se haya cometido error de interpretación normativa ni valorativa, como erradamente aduce la entidad recurrente, concluyéndose que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme el art. 220. II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 224 a 229, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

References: Resolución 
 Resolución 
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