Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95657
Timestamp: 2019-11-18 20:28:40+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-5/95657
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA UN ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE SUS RESOLUCIONES Y ACTOS SE APEGUEN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD ESTABLECIDOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 numeral 1 fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo por el que se realiza un atento y respetuoso exhorto al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para que sus resoluciones y actos se apeguen a los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
Actualmente Baja California vive una intensa campaña electoral para elegir a su próximo Gobernador, a sus Presidencias Municipales y a los siguientes Diputados del Congreso del Estado; es del dominio público que el periodo de duración de las autoridades locales que serán electas el próximo domingo 02 de junio, será de 2 años para empatar los comicios locales con las elecciones federales intermedias del año 2021.
Fue mediante la reforma electoral del año 2014, cuando todas las fuerzas políticas representadas en la vigésima primera legislatura local, coincidieron en la necesidad de empatar las elecciones locales con las federales, a la vez de cumplir con el mandato constitucional de homologar la fecha de la jornada electoral, definiendo en su diagnóstico la idea de establecer un periodo de gobiernos y legislatura por única ocasión de solamente 2 años, recogiendo las experiencias exitosas de casos como los de Veracruz y Puebla.
Con lo anterior, se lograría reducir los costos en la organización de elecciones de forma tan recurrente y se estimularía una mayor participación en las urnas, al evitarse la saturación de procesos electorales tan seguidos que a lo largo de la historia política del Estado se ha venido traduciendo en un abstencionismo que en ocasiones llegaba a menos del 40% de participación ciudadana.
Sin embargo, una vez iniciado el proceso electoral local 2018-2019, y al momento de emitirse la Convocatoria para renovar a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como a los integrantes de los Ayuntamientos, en el marco de organización de los comicios del año 2019, se han venido suscitando incidentes jurisdiccionales que han colocado en el centro de la discusión política y jurídica del Estado, algunos de los criterios adoptados en determinadas sentencias del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, relacionadas con reglas y normas fundamentales que rigen al actual proceso electoral.
Al respecto, no obstante que ya había iniciado el proceso electoral local y que de acuerdo al artículo 105 de la Constitución Federal, las leyes electorales deben publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del mismo y que durante el cual no pueden modificarse, integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado han obsequiado a los Ciudadanos de Baja California, una serie de sentencias que han atentado contra los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en pleno desarrollo de la campaña electoral 2019, que sin la oportuna intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pone en riesgo la organización imparcial y objetiva de la jornada electoral y deja en duda la legalidad de su actuar.
Todo inició con la resolución del expediente RI-18/2018 y sus acumulados, mediante el cual por mayoría de votos el Tribunal Local, modificó el periodo de duración de los ejercicios de Gobierno que se habían aprobados por el Congreso del Estado para un término de 2 años en la reforma electoral de 2014, para que en el caso de la Gubernatura fuera de 5 años, arrogándose dicho Tribunal infundadamente facultades de legislador, recibiendo su primer revés el 27 de marzo de 2019, de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la resolución SUP-JRC-5/2019 y sus acumulados. Con ello, resultaba evidente que los Magistrados Locales intentaron realizar modificaciones fundamentales a las leyes electorales en pleno proceso electoral en franco detrimento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Posteriormente, el 19 de abril de 2019, en pleno desarrollo de la campaña electoral, nuevamente los Magistrados Electorales Locales, sorprenden con otra resolución polémica que recae al expediente RI-46/2019, transgrediendo nuevamente los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, al pretender modificar los lineamientos para el registro de candidaturas en materia de paridad de género, invadiendo, desestimando y suplantando la selección de candidaturas de diversos Partidos Políticos en forma irracional.
De hecho, resultó totalmente inédito y absurdo que los Magistrados hombres invocaran la paridad de género en sus criterios de resolución y la Magistrada mujer, fuera quien argumentara con mayor diligencia el por qué se apartaba, con su voto en contra, de dichas determinaciones que intentaron que diversos Partidos Políticos realizaran cambios en sus candidaturas a Presidencias Municipales en las dos Ciudades más pobladas del Estado de Baja California. Afortunadamente y por segunda ocasión, tuvo que intervenir la jurisdicción del Tribunal Electoral Federal, a través de la Sala Regional con sede en Guadalajara, para corregir mediante la resolución SG-JRC-24/2019, el nuevo error de interpretación del Tribunal Electoral Local, que insistía en realizar modificaciones a las reglas ya predeterminadas por la legislación electoral y por el Instituto Electoral Estatal.
Y por si fuera poco, a pesar del precedente del 27 de marzo, relacionado con la intención de dejar sin efecto la reforma electoral de 2014, que establece un periodo de 2 años en la Gubernatura del Estado, el Tribunal de Justicia Electoral nuevamente sorprende el día 07 de mayo, con la resolución del expediente RI-63/2019, en esta ocasión planteado por un candidato, ordenando al Consejo General de la autoridad electoral local, la emisión de una Adenda a la Convocatoria para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que el periodo de duración del cargo sea de 6 años. Lo anterior irremediablemente hace suponer la existencia de un interés particular para beneficiarse ampliando el periodo de Gobierno, totalmente ajeno al interés público, a pesar de haberse sujetado con anterioridad a las bases de la reforma electoral de 2014, por la que se establece un periodo de 2 años en el ejercicio de Gobierno a fin de empatar las elecciones locales con las elecciones federales intermedias.
Y como era de esperarse, esa resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual, aún está en proceso de resolverse, y no es de dudarse que se resuelva revocando la resolución del Tribunal local, dejando en evidencia su actuación parcial y temeraria que ha puesto en riesgo en varias ocasiones la salvaguarda de los certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir a todo proceso electoral.
Con estos lamentables antecedentes, lo primero que surge como cuestionamiento es, a qué régimen de responsabilidad se encuentran supeditados los Magistrados Electorales Locales, debido a que son nombrados por el Senado de la República, no dependen del Poder Judicial del Estado, no cuentan con un órgano de evaluación de su desempeño, ni rinden cuentas por sus errores jurisdiccionales. Sin duda uno de los instrumentos vigentes seria la figura del Juicio Político, sin embargo, las normas relacionadas con la remoción de estos Magistrados Electorales de diseño institucional hibrido y confuso, se encuentran dispersas en pedazos en el orden federal y local, lo que les permite actuar con cierto grado de opacidad y parcialidad.
Por ello, a tan solo escasos 10 días de celebrarse la jornada electoral del domingo 2 de junio en Baja California, y toda vez que el órgano jurisdiccional electoral del ámbito local, insiste indebidamente en modificar las reglas preestablecidas del proceso electoral, se actualiza la necesidad de exhortar como medida preventiva al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, a efecto de que, al emitir sus sentencias, se respeten los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y se abstenga de arrogarse indebidamente facultades para modificar las normas electorales previamente establecidas para el proceso electoral 2018-2019 en el Estado de Baja California.
No debe pasar desapercibido para esta Comisión Permanente, que el pasado 16 de mayo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Mexicali, Tijuana y Ensenada, presentaron una denuncia de juicio político en contra de los Magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, por considerar que cometieron un ataque grave a las instituciones democráticas de Baja California, al vulnerar la autonomía del Instituto Electoral de Baja California, del Congreso del Estado de Baja California y del Congreso de la Unión, provocando un transtorno en el adecuado funcionamiento de la próxima elección de Gobernador del año 2019; creando incertidumbre jurídica respecto al periodo y duración del cargo, lo cual afecta la planeación democrática.
No es posible que ya iniciado el proceso electoral se cambien con frecuencia las reglas, pues rompen con el orden constitucional y legal y afectan la equidad en la contienda, por ello en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos en contra de la conducta asumida por los Magistrados Electorales que han impulsado las resoluciones descritas, mismas que han sido revocadas oportunamente por el Tribunal de Alzada.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para que sus resoluciones y actos se apeguen a los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a mayo de 2019.
Diputada Lizbeth Mata Lozano
Del Dip. Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades electorales que en ejercicio de sus funciones, investiguen, y en su caso, sancionen a los funcionarios electorales y en general a cualquier persona que haya intervenido de manera indebida en el proceso electoral para renovar a las autoridades municipales de Lerdo, Durango.

References: artículo 105
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