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Timestamp: 2019-07-22 19:01:46+00:00

Document:
LEY 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 155021
Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Enero de 2000
Marginal: BOE-A-1999-23751
Norma citada en: 611 sentencias, 75 artículos doctrinales, 23 disposiciones normativas, 13 resoluciones administrativas
De esta manera, el texto de 1985 estableció el nuevo régimen jurídico del dominio público hidráulico a la luz del sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, fijando así un nítido marco normativo para todas las Administraciones públicas competentes, ratificado en esencia por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre. Por otra parte, dicha ley configuró el agua como un recurso unitario renovable a través del ciclo hidrológico, no distinguiendo entre aguas superficiales y subterráneas, a través de la demanialización de estas últimas, legalizó un complejo proceso de planificación hidrológica yvinculó la disponibilidad del recurso en cantidad suficiente a la exigencia de calidad del mismo.
Asimismo, las mayores exigencias que imponen, tanto la normativa europea como la propia sensibilidad de la sociedad española, demandan de las Administraciones públicas la articulación de mecanismos jurídicos idóneos que garanticen el buen estado ecológico de los bienes que integran el dominio público hidráulico, a través de instrumentos diversos, como puede ser, entre otros, el establecimiento de una regulación mucho más estricta de las autorizaciones de vertido, para que éstas puedan constituir verdaderamente un instrumento eficaz en la lucha contra la contaminación de las aguas continentales, o la regulación de los caudales ecológicos como restricción generala todos los sistemas de explotación.
Artículo único Modificaciones que se introducen en el articulado de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Cuarto. Se crea un nuevo apartado 2 en el artículo 1 1, y el anterior apartado 2 pasa a ser el apartado 3, con la siguiente redacción:
1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de
aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente, y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas.
1. Los Organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son Organismos autónomos de los previstos en el artículo 43. 1. a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente.
«4. Los Organismos de cuenca se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás disposiciones de aplicación a los Organismos autónomos de la Administración General del Estado, así como por la presente Ley y por los reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución. »
3. Los expedientes, que tramiten los Organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico, se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una ley estatal, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigibles por otras Administraciones públicas en relación a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo trámite de informe, se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 22, apartado f) .
4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que regiamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta, a estos efectos, lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado. Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
g) Adoptar las decisiones sobre Comunidades de Usuarios a las que se refieren los artículos 73. 4 y 74. 4.
j) Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de acuerdo con el artículo 1 10 de la presente Ley.
I) Y, en general, deliberar sobre aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por su Presidente o por cualquiera de sus miembros.
Los Presidentes de los Organismos de cuenca serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. Los nombramientos se ajustarán a lo establecido en el artículo 18. 2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica, cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias se trasladarán, a los efectos previstos en el artículo 28. 1, al Presidente del Organismo de cuenca.
1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambientey los demás recursos naturales.
«4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios. »
4. La declaración como obras hidráulicas de interés general de las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, a que se refiere la letra c) , apartado 1 del artículo 43 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional.
«6. La vigencia de los contratos de cesión de derechos de uso del agua a que se refiere el artículo 61 bis será la establecida por las partes en dichos contratos. En todo caso, la extinción del derecho al uso privativo del cedente implicará automáticamente la caducidad del contrato de cesión. »
«4. Los Organismos de cuenca determinarán, en su ámbito territorial, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias del Organismo de cuenca, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 58. Los caudales ecológicos se fijarán en los planes hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento,
los Organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de río.
«4. Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las Comunidades de Usuarios y de lo que se establece en el artículo siguiente. La concesión para riego podrá prever la aplicación del agua a distintas superficies alternativa o sucesivamente o prever un perímetro máximo de superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
8. Cuando la realización material de las cesiones acordadas requiera el empleo de instalaciones o infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, su uso se establecerá por libre acuerdo entre las partes. En el caso de que las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titularidad del Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explotación, los contratantes deberán solicitar, a la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autori
zación, la determinación del régimen de utilización de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las exacciones económicas que correspondan de acuerdo con la legislación vigente. Si para la realización material de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas instalaciones o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán presentar, a la vez que solicitan la autorización, el documento técnico que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las aguas cedidas se vayan a destinar al abastecimiento de poblaciones, se presentará también informe de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para dicho uso.
10. Los Organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesión de derechos de uso del agua en el Registro de Aguas al que se refiere el artículo 72, en la forma que se determine reglamentariamente. Posteriormente, podrán inscribirse, además, en el Registro de la Propiedad, en los folios abiertos alas concesiones administrativas afectadas.
Vigésimo quinto. Se añade un párrafo segundo al artículo 69. 2, con el siguiente contenido:
Vigésimo noveno. El texto del artículo 79 se convierte en el apartado 1 de tal artículo y se crean los
apartados 2 y 3, por lo que el artículo 79 tendrá la siguiente redacción:
3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registra¡, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.
Trigésimo séptimo. Se modifica la redacción del artículo 97, con el siguiente contenido: «Artículo 97.
Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las condiciones de la autorización, el Organismo de cuenca realizará las siguientes actuaciones:
Complementariamente, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación de los siguientes procedimientos:
Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas conforme al apartado anterior no darán derecho a indemnización. »
El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible alas aguas depuradas según los usos previstos.
La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.
Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de reutilización de aguas podrá subrogarse por vía contractual con el titular de la autorización de vertido de aquellas aguas, en dicha titularidad, con asunción de las obligaciones que ésta conlleve, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control de vertido. Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente Organismo de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización de vertido. En el caso de que la concesión se haya otorgado respecto a aguas efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato que deberá ser autorizado por el correspondiente Organismo de cuenca.
Las personas físicas o jurídicas que asuman las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, podrán solicitar la modificación de la autorización de vertido previamente existente, a fin de adaptarla a las nuevas condiciones de vertido. Para su revisión se tendrá en consideración el volumen y la calidad del efluente que se vierta al dominio público hidráulico tras la reutilización.
En todo caso, el vertido final de las aguas reutilizadas se acomodará a lo previsto en la presente Ley. »
5. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, y del 100 por 100 en el supuesto de la letra c) , que se aplicarán sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.
3. El importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración, que se establecerá regiamentariamente en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte.
6. El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma en cantidades superiores o inferiores alas dotaciones de referencia fijadas en los planes hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0, 5, conforme a las reglas que se determinen reglamentariamente.
a) Las acciones que causen dañosa los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.
«h) La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas. »
Cuadragésimo sexto. Se añade el apartado 2 al artículo 1 1 1, con el siguiente contenido:
7. El Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas, en el ámbito de sus competencias, podrán encomendar alas Comunidades de Usuarios, a las Comunidades Generales o Juntas Centrales de Usuarios, la explotación y el mantenimiento de las obras hidráulicas que les afecten. A tal efecto, se suscribirá un convenio entre la Administración y las Comunidades o Juntas Centrales de Usuarios en el que se determinarán las condiciones de la encomienda de gestión y, en particular, su régimen económico-financiero.
3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar alas entidades locales afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.
2. La coordinación y cooperación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará a través de los procedimientos establecidos en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; en la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de los específicos que se hayan previsto en los convenios celebrados entre las Administraciones afectadas.
A los efectos previstos en el artículo 42. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de modificación de la anterior, los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley, serán los siguientes:
Disposición adicional primera Medidas complementarias derivadas del período de sequía comprendido entre 1992 y 1995.
Se indemniza en la cuantía de las cuotas y recargos devengados de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación correspondientes al ejercicio
de 1995 y anteriores, a los titulares de explotaciones agrarias que hubieran tenido que satisfacer los citados cánones y tarifas, diferidos en virtud del artículo 6 del Real Decreto-ley 3/1992, de 22 de mayo; del artículo 3. 3 del Real Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo; del artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de enero; del artículo 3. 1 del Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo; y, del artículo 3. 1 de la Ley 8/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía.
Las explotaciones agrarias de regadíos beneficiarias de las indemnizaciones establecidas en el apartado anterior, serán las incluidas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, en las que se hayan producido reducciones de más de 50 por 100 en las dotaciones de agua habitualmente disponibles para los regadíos, según lo establecido en las disposiciones legales citadas y en las normas dictadas en su desarrollo.
Disposición adicional segunda Acuíferos sobreexplotados.
En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán otorgar concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca y de acuerdo con el plan de ordenación para la recuperación del acuífero.
Los derechos de aprovechamiento del artículo 52. 2 y los derechos sobre aguas privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, estarán sujetos a las restricciones derivadas del plan de ordenación para la recuperación del acuífero o las limitaciones que en su caso se establezcan en aplicación del artículo 56, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización.
Disposición adicional tercera Ministerio de Medio Ambiente.
Disposición adicional cuarta Obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro.
Una vez finalizado el plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro, sin perjuicio de las competencias de la Administración Hidráulica del Estado, la Administración Hidráulica de Cataluña, en la parte de la cuenca del Ebro situada en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, ejecutará las obras que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de la misma previstos en la Ley 18/1981, de 1 de julio, de actuaciones en materia de aguas en Tarragona, con cargo al porcentaje del canon ingresado que se determine deforma definitiva en el Plan Hidrológico Nacional.
Disposición transitoria única Canon de control de vertidos.
El canon de control de vertidos entrará en vigor el 1 de enero del año 2001. Hasta la referida fecha permanecerá vigente el canon de vertido establecido en el artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Lo previsto en el apartado 5 del artículo 105 para gestión y recaudación del canon de control de vertido en las cuencas intercomunitarias será de aplicación a las cuencas intracomunitarias sin traspaso de competencias.
Disposición citada en: 26 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
DECRETO 122/1996, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco normativo para la gestión económico - financiera del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Orden de 15 de marzo de 2011 por la que se incorporan dos nuevos procedimientos al Registro Electrónico de la Xunta de Galicia, regulado por el Decreto 164/2005, de 16 de junio.
REAL DECRETO 730/1993, de 14 de Mayo, por el que se incluye las Berenjenas en el Regimen de denominaciones de Origen, genericas y Especificas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de Diciembre, estatuto de la Viña, del Vino y de los alcoholes.

References: artículo 1
 artículo 43
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 28
 artículo 43
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 72
 artículo 69
 artículo 79
 artículo 79
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 artículo 1
 artículo 42
 resolución 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 52
 artículo 56
 artículo 105
 artículo 105
 resolución 

REAL DECRETO