Source: http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2011_10_07_archive.html
Timestamp: 2017-05-23 20:38:58+00:00

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El subsecretario de Fomento, Jesús Miranda, ocupará el cargo de Comisionado, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Fomento, y dependerá funcionalmente del Ministro de la Presidencia y orgánicamente del Ministro de Fomento. Miranda, que tendrá el rango de Secretario de Estado, se dedicará al impulso, la coordinación, el seguimiento y a las propuestas que realice el Gobierno de las actuaciones que considere necesarias para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca. Asimismo, tendrá encomendada la realización de informes y la convocatoria y presidencia de las reuniones de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 6/2011, cuya vicepresidencia corresponde a la Subsecretaria de Interior. Para todo ello, el Comisionado estará asistido por una Oficina que contará con apoyo administrativo y material de los distintos Ministerios y de la Delegación de Gobierno. Esta oficina estará dirigida por el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Fomento, Tomás Moreno Bueno, sin que sus funciones sean retribuidas.
El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha aclarado al portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cuando estuvo en Lorca, indicó que tal como mandó el Congreso de los Diputados, "se está elaborando un Plan para Lorca que implica a todos los Ministerios, y que se suma al Real Decreto aprobado 48 horas después de los terremotos del pasado 11 de mayo". El delegado ha contestado de esta forma a Ballesta, quien ha expresado la "profunda decepción" de todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad por las manifestaciones de Jáuregui al dar a entender que "no se iba a desarrollar el Plan Lorca, por el que tanto hemos luchado", y que "en cierta manera, el Real Decreto Ley 6/2011 que se aprobó 48 horas después de los terremotos es el Plan Lorca".
Cámara ha respondido así a la petición hecha en este sentido por Miguel López Guzmán, promotor del almuerzo-tertulia 'Arroz y Habichuelas', que ha rendido homenaje a Fuertes, a quien se ha impuesto la 'Habichuela de Oro' en el transcurso de una comida celebrada en el Hotel Silken 7 Coronas. "Las calles contribuyen a honrar a las personas que les dan nombre -ha añadido el alcalde-, pero también ayudan a hacer historia de ciudad", según fuentes municipales.
Así se desprende de los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan que el incremento de los desahucios experimentado en la Región de Murcia en el segundo trimestre de este año es el mayor por provincias con diferencia, muy por encima del incremento del 97,7 por ciento de Jaén, que fue el segundo mayor aumento porcentual. Pero la Región de Murcia no solo lideró el número de desahucios en el segundo trimestre, sino que también encabezó el ranking por provincias en el primer trimestre de 2011 con un incremento del 446,9 por ciento, al pasar de 32 casos a los 175. Además, Murcia registró el segundo mayor aumento en el cuarto trimestre de 2010 con un crecimiento del 386,6 por ciento, solo por detrás de Cuenca (720 por ciento). En este caso, Murcia pasó de registrar 35 desahucios entre octubre y diciembre de 2009 a los 164 del mismo periodo de 2010. Habría que remontarse al tercer trimestre de 2009 para encontrar un aumento tan abultado en la Región de Murcia, ya que en aquel periodo los desahucios llegaron a crecer un 1.300 por ciento, lo que representa el mayor incremento porcentual histórico de España por provincias registrado desde el primer trimestre de 2009. Los desahucios pasaron de ser dos en el tercer trimestre de 2008 a los 28 del tercer trimestre de 2009. Entre medias, los crecimientos de los desahucios en la provincia de Murcia han sido más moderados, ya que se elevaron al 3,6 por ciento en el tercer trimestre de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior; al 29,6 por ciento en el segundo trimestre de 2010; al 77,8 por ciento en el primer trimestre de 2010; y al 66,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2009. En el cómputo anual, el número de desahucios en la Región de Murcia creció un 140,7 por ciento entre 2009 y 2010, al pasar de 108 a los 260. Se trata del tercer mayor aumento por provincias, solo por detrás del de Cuenca (217,9 por ciento), y Castellón (217,9 por ciento). Entre 2008 y 2009, el crecimiento fue mucho más moderado, del 16,1 por ciento, al pasar de 93 procedimientos a los 108, y solo en 2011, desde enero hasta junio, se han dado 434 desahucios en la provincia de Murcia. Los desahucios tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo récord histórico en el segundo trimestre del año al sumar un total de 16.464 ejecuciones, lo que supone un 21,2% más que en el mismo período de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En lo que va de 2011 se han producido ya 32.010 embargos de viviendas, casi el total de los desahucios dictados por los tribunales en todo el 2009, que finalizó con un total de 33.918 procesos, y un 33% menos que el récord de 47.809 registrado en 2010. Por provincias, entre abril y junio de 2011 Madrid se situó a la cabeza de los embargos con un total de 2.688, seguida de Valencia con un total de 2.171, Barcelona con 1.643 y Alicante con 1.137. Durante el segundo trimestre del año, los juzgados españoles recibieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8% más que en el mismo periodo de 2010. Muchas de estas solicitudes, en su mayoría presentadas por las entidades financieras por impago de hipotecas, están pendientes de ejecución, lo que hace prever un aumento de las cifras a final de año respecto a 2010.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha paralizado 37 desahucios en la Región de Murcia, de los 78 que hay detenidos en toda España, y ha intermediado en un centenar de casos, que ha conseguido impedir a cambio de la dación en pago u otras soluciones, todo ello desde diciembre de 2010 hasta la actualidad. La Plataforma, que tan solo ha sido incapaz de evitar un desahucio en Molina de Segura donde intervino la Policía Nacional, está en contacto con unas 360 familias en toda la Comunidad Autónoma, aunque la situación "empeora" y están recibiendo hasta cuatro o cinco llamadas al día de afectados.
Los afectados se suelen poner en contacto con la Plataforma telefónicamente o por correo electrónico, aunque esta organización también recibe peticiones de ayuda de Cáritas, sindicatos y asociaciones de vecinos. La organización atiende todas las llamadas, que normalmente piden asesoramiento por estar desorientados, y normalmente encuentran respuestas a todas sus preguntas "gracias a la experiencia acumulada" de la Plataforma.
TOLEDO.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, presentó ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura. Según reza la sentencia, el Ejecutivo que presidía Barreda demandó a la Administración General del Estado, a la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, y solicitaba que el alto tribunal declarase la nulidad del artículo 2 en lo que respecta a las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar. El anterior Gobierno del PSOE alegaba que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, no podían computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente (la de Castilla-La Mancha) y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios. Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Ejecutivo socialista era que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso. Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado que dicho Real Decreto es conforme a derecho, y para ello, comienza diferenciando lo que son cuentas intracomunitarias, de las intercomunitarias. Así, determina que la cuenca que discurre por una comunidad es intracomunitaria, y en el caso de que pase por varias comunidades es una cuenca intercomunitaria, cuya competencia viene atribuida al Estado. Defiende el tribunal que tanto la Comunidad Valenciana como Murcia son titulares de la competencia en materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía así lo atribuyen. El Supremo matiza también que la fijación de la demarcación de las comunidades demandadas -Comunidad Valenciana y Murcia- sobre estas cuencas tiene carácter provisional o temporal, temporalidad que terminará cuando las comunidades afectadas asuman de manera definitiva la competencia sobre dichas cuencas. Aunque el alto tribunal admite que habrá que revisar las demarcaciones correspondientes "hasta entonces, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada queda provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la confederación a la que pertenezca la cuenca".
A preguntas de los medios sobre el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año, Arnedo ha señalado que "ahora hay que tomar un paréntesis". En su opinión, lo que hay que plantear son proyectos viables económicos "para la mayoría de los ciudadanos, no para cuatro empresarios como así ha venido siendo" en el caso del aeropuerto de Ciudad Real.Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha señalado este viernes que el aeropuerto de Ciudad Real "tiene que buscar salida" a su situación y es "importante" que las administraciones públicas "apoyen esa salida" y se generen "otro tipo de expectativas". Mora se ha manifestado así, en rueda de prensa, preguntado por el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año. El parlamentario socialista ha abogado --aunque ha reconocido que en época de crisis "es complicado"-- por buscar una solución para el aeropuerto y encontrar a "alguien que sea capaz de darle futuro" porque este proyecto "puede tener futuro". En este punto, ha remarcado que el aeropuerto, de carácter privado, nació con unas circunstancias de expansión económica aunque su posterior apertura coincidió con la crisis, lo que ha hecho "que no remonte". Mora ha defendido la necesidad de buscarle una salida al aeropuerto, pero considera que se debe descartar la expropiación, porque no sería "lo más sensato".
Los bonos, de 1.000 euros cada uno, se iban a emitir el 31 de octubre con vencimiento en la misma fecha de 2016, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos iban destinados a su colocación en la red de oficinas entre los clientes de la entidad. Si se hubiese cumplido el calendario previsto inicialmente, habrían coincidido en parte con la emisión de bonos minoristas que realizará la Generalitat por 3.000 millones ampliables a 4.000, y que se comercializarán entre el 24 de octubre y el 14 de noviembre. Los bonos de la Generalitat, también de 1.000 euros cada uno, ofrecen una rentabilidad del 4,75% a un año y del 5,25% a dos años, y La Caixa, CatalunyaCaixa y Banco Sabadell lideran la colocación.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Blanco sostuvo que dicha reforma responde al principio fundamental del Gobierno de garantizar que el coste de la recapitalización de las entidades financieras sea asumido por la banca. "El coste de la recapitalización de las entidades financieras será asumido por el conjunto de los bancos españoles y no por el bolsillo de los ciudadanos", enfatizó el ministro portavoz. La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció este jueves el Gobierno prevé unificar los tres fondos de garantía de depósitos existentes, de bancos, cajas y cooperativas de crédito, en uno solo para que absorba las eventuales pérdidas futuras del sector financiero. La intención del Gobierno es que una vez acometida la recapitalización del sector financiero las posibles pérdidas futuras que pudieran aparecer en el proceso de reestructuración ni se trasladen al contribuyente ni aumenten el déficit. A partir de ahora, este único Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutrirá de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración, como pudiera ser el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Respecto a si la iniciativa supone cargar en los bancos las inyecciones de capital acometidas en las cajas de ahorros, Blanco defendió que "las entidades financieras que están saneadas podrían hacer una contribución especial para afrontar los desafíos del país". En este sentido, agregó que la unificación de los fondos de garantía de depósitos en uno solo, con competencias más allá de garantizar los ahorros de los españoles, "es una decisión importante y trascendente en este momento". Sin hacer referencia explícita a los bancos, el ministro de Fomento dijo que el Gobierno "puede entender las críticas", si bien insistió que su decisión de no cargar al contribuyente con cargas del sector financiero es "clara y contundente".
El presidente de CajaGranada y vicepresidente de BMN, Antonio Jara, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en torno al proceso de recapitalización de Banco Mare Nostrum (BMN), un proceso que resulta "obligado e ineludible".A su juicio, el proceso de recapitalización en que BMN está inmerso "viene exigido por los organismos reguladores y, por tanto resulta obligado e ineludible en este momento". Y ha señalado, además, que dicha recapitalización "avanza razonablemente bien".Jara ha apuntado que "en este contexto BMN está inmerso en un proceso de diálogo con la representación laboral" y se ha mostrado "convencido" de que "se alcanzará un acuerdo con los representantes de los trabajadores" sin entrar en más detalles y consideraciones.
Lo anterior contrasta con la realidad inmediata: la asamblea de CajaGranada ayer jueves se ha echado a la calle, y no de manera figurada. Los alrededor de 200 empleados de la sede central de la entidad financiera han celebrado su asamblea al raso, sentados en el suelo y con megáfono, al estilo del sindicalismo clásico o del más moderno movimiento 15-M. La razón, que la dirección de la caja no les ha cedido un espacio en el interior, por lo que han decidido "exteriorizar" el conflicto, a juicio de 'El Mundo'. La asamblea era una más dentro del creciente clima de descontento entre los empleados de la entidad. En concreto, los de la sede central ya llevan varias semanas movilizándose para protestar por lo que consideran, a efectos prácticos, la pérdida de 400 empleos entre prejubilaciones y traslados forzosos a los nuevos servicios centrales en Madrid, donde el Banco Mare Nostrum (BMN), resultado de Sistema Integrado de Protección (SIP) o fusión fría de la entidad con CajaMurcia, Sa Nostra y CaixaPenedes, tiene su sede.
En la querella criminal, Huermur, que agrupa a los huertanos críticos con la gestión de Sigifredo Hernández, estima que él, el vicepresidente Diego Frutos Saura, y los vocales Diego Melgar Sánchez, José Frutos Serrano, Ángel Cano Valverde y Benito Abellán Conejo han vendido de forma encubierta cauces de acequias y quijeros a distintos promotores “sin contar con la preceptiva autorización de la Junta General- Juntamento General-”, reza el texto al que ha tenido acceso El Confidencial.Sigifredo Hernández Pérez como cabeza electa de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia es también presidente del Consejo de Hombres Buenos, tribunal interno tradicional de los huertanos murcianos, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como tribunal consuetudinario por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya apertura anual tiene asiento, al igual que el representante del Tribunal de las Aguas de Valencia. La juez María Carrillo Sáez del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en su auto de admisión a trámite de la querella y notificación de imputación estima que los hechos pueden ser “constitutivos de un delito de estafa” y establece la toma de declaraciones “en calidad de imputado” para los días 16 y 24 de noviembre próximo. Sin contar con la opinión de la Junta General, que agrupa a 22.000 huertanos, los imputados hicieron cesiones de uso y aprovechamiento urbanístico de miles de metros de acequias y quijeros, la mayoría en la zona huertana de expansión urbanística al norte del centro de la ciudad de Murcia para que promotores y constructores edificaran sobre ellos bloques de pisos o urbanizaciones, se explica en la querella admitida a trámite, durante la época de expansión inmobiliaria de la década pasada.Además, según estiman los querellantes, hubo ventas que se hicieron a precios distintos al establecido de 120 euros por metro cuadrado en un Juntamento General – del que no existe acta, asegura Huermur–, con el resultado de que las cuentas de ingresos no cuadran, estima en su exposición de motivos el abogado de los querellantes, Fernando Hernández, que explica un caso en el que se debieron cobrar 323.640 euros y se ingresaron 215.458 menos, es decir solamente 108.182.
Garicano ha asegurado y añadido que las cajas de ahorro, cuyo sistema considera "desaparecido", se han gestionado, salvo "honrosas excepciones", en "beneficio de sus patronos políticos". Garicano ha atribuido "la desaparición" del sistema de cajas de ahorro en España a que, salvo "honrosas excepciones", se han puesto al frente de ellas a "gestores poco profesionales" que han realizado su trabajo "para el beneficio de sus patronos políticos". El catedrático, que ha tildado de "sangrante" el caso de Caja Mediterráneo (CAM), ha subrayado que a pesar de que se sigue hablando de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "el verdadero agujero que este señor dejó se llama CAM". "Las decisiones adoptadas y los préstamos horrorosos concedidos" por esa entidad financiera "van a costarle a España mucho en el futuro", ha apostillado. Asimismo, se ha mostrado convencido de que el sector financiero español "estaba bastante bien preparado para una crisis" en el sentido que "tenía mucho capital", si bien, ha reconocido que "ha habido razones para que en el exterior hubiera preocupación". Tras las intervenciones realizadas por el Banco de España a tres cajas españolas -Caja Mediterráneo (CAM), Caja Sur y Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM)-, Garicano ha explicado que la información dada sobre este tipo de entidades financieras hizo que "la gente se preguntara sobre si existían temores". En todo caso, ha considerado que "algunas cajas", aunque no ha especificado cuáles, "han mentido" y así ha confiado en que "paguen sus consecuencias". "Me parece inconcebible -ha sentenciado- que unas instituciones financieras que van a costar miles de millones de euros a los españoles puedan irse con indemnizaciones millonarias y que no pase nada". No obstante, ha hecho hincapié en que los bancos españoles "más sólidos", entre los que ha mencionado el BBVA y el Santander "están muy bien gestionados y no tienen ningún riesgo de rescate". Garicano ha abordado la desconfianza habida en el exterior respecto a los mercados financieros e inmobiliario, el paro, la economía sumergida y las finanzas públicas españolas. Sin embargo, a juicio del catedrático, "la luz al final del túnel va a venir sola", pero va a haber que "concienciar a los ciudadanos de las reformas que será necesario llevar a cabo". "Lo realizado este año por el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un principio chiquitín de lo que hay que hacer", ha puntualizado. En su opinión, lo ejecutado hasta ahora "ha demostrado que se puede salir del grupo de cola porque tenemos puntos de partida que no están mal siempre que se sanee el sistema financiero, se reforme el mercado laboral y se asegure la financiación autonómica". En este sentido y respecto a los resultados electorales del 20-N ha resaltado que "cualquiera de los dos partidos -PP y PSOE- que llegue al poder tendría que tomar medidas drásticas para reconducir la situación".Sin embargo, el Consell no quiere saber nada ahora de sus responsabilidades en la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), pese a que la Ley de Cajas de la Generalitat, vigente desde 2003, le otorga competencias de control. La norma surgió para adaptar la legislación valenciana de cajas a la ley estatal de medidas de reforma de sistema financiero de 2002. La ley, sancionada por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, ahora vicepresidente de Bankia, sustituyó al decreto legislativo de 1997 y politizó aún más los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, recuerda 'El País'.La legislación valenciana sobre entidades financieras de ahorros dice: "La presente ley introduce expresamente nuevas obligaciones de información con el organismo supervisor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se consideran esenciales para el desempeño de una labor más eficaz. Entre estas obligaciones, cabe destacar la comunicación previa de las emisiones de valores negociables que sean susceptibles de computar como recursos propios, que vienen adquiriendo en los últimos tiempos una gran notoriedad".Por su parte, el reglamento del IVF recoge entre sus competencias "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".La Generalitat está presente en los órganos de las cajas (asamblea general y comisión de control), que también fueron modificados por la ley de 2003. En la asamblea general de la CAM la Generalitat cuenta con 45 de los 180 miembros de la asamblea. Y en la comisión de control, con el vicepresidente del órgano, José Manuel Uncio que fue presidente del IVF, según han confirmado fuentes de la entidad.El IVF completa su presencia en la comisión de control de la CAM con un representante con voz pero sin voto. Este miembro, según fuentes de entidad, apenas participa en las reuniones de ese órgano, "salvo en vísperas electorales".La comisión de control, además de supervisar la gestión general de la caja, también inspecciona las auditorías internas y externas sobre los balances de la caja. Este órgano, que preside el exedil del PP de Murcia, Juan Ramón Avilés, mantiene sus funciones tras la intervención de la caja por parte del Banco de España.El consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, soslayó este cuerpo legislativo y aseguró que las competencias sobre la solvencia de las cajas "residen en el Estado a través del Banco de España, que ha estado inspeccionado la CAM desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2009". Pero a renglón seguido, el consejero defendió las actuaciones del IVF, en su calidad de supervisor de las entidades financieras.El titular de la Consejería de Economía señaló que el Consell no ha interferido en la gestión y administración de la caja, "porque corresponde de forma exclusiva y excluyente a sus órganos de administración".Verdeguer compareció a raíz de una pregunta formulada por Francisco Toledo, portavoz de Economía del PSPV, sobre las actuaciones del IVF en la CAM. Toledo responsabilizó al PP del proceso de intervención de la CAM porque, según él, nombró al consejo de administración. "La larga sombra del PP vacía las arcas de la CAM", dijo el diputado socialista. "Esta caja y Bancaja podrían haber sido socios estratégicos, pero los consejeros del PP los han llevado al traste", añadió.
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