Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-24371-de-mayo-4-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420b2bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 01:13:01+00:00

Document:
﻿ Sentencia 24371 de mayo 4 de 2005
SENTENCIA 24371 DE 04 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:PENSIÓN DE VEJEZ RECONOCIDA POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. EL EMPLEADOR OFICIAL SOLO ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL MAYOR VALOR O MONTO DE LA PENSIÓN.
Sentencia 24371 de mayo 4 de 2005
Radicación 24371
Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil cinco
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la Empresa de Energía de Bogotá S. A., E.S.P., contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 19 de marzo de 2004 en el proceso ordinario laboral que le promovió Pedro Arturo Guio Ponguta.
A no dudarlo, la cuestión jurídica que deberá definir la Corte es: la pensión de jubilación reconocida por la demandada al demandante, antes del 17 de octubre de 1985, es de carácter extra legal y, por lo tanto, resulta compatible con la de vejez concedida por el Instituto de Seguros Sociales; o la naturaleza jurídica de la primera es legal y, por consiguiente, es incompatible con la segunda, pero podrían llegar a ser compartibles.
El anterior criterio fue reiterado en la sentencia de casación del 11 de julio de 2003, radicación 20002, en que la Corte se pronunció de la siguiente manera:
“...para ‘cuando se consolidó el derecho’ —enero 12 de 1978, esto es, cuando cumplió 50 años de edad— ‘estaba vigente el literal b, artículo 17 de la Ley 68 de 1945 que exigía para la jubilación 50 años de edad indistintamente fuere varón o mujer y 20 años de servicio, condiciones que cumplía el sr. Arcadio Olave’.
Sin embargo, en la Resolución 374 de 17 de mayo de 1983, se expresa que Pedro Arturo Guio Ponguta solicitó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, a la que considera tener derecho en razón de los servicios prestados a la Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá, hoy Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá “por un lapso superior a 23 años”. Se dice, igualmente, que a la solicitud acompañó partida de bautismo, con la que acredita haber cumplido 50 años de edad y que “con las anteriores bases y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes 41 de 1966 y 5a de 1969, en armonía con el literal b) del artículo 39 de la convención colectiva de trabajo vigente, se elaboró la liquidación” (fls. 16 a 19).
Siendo palmar que la normatividad legal que regulaba el derecho a la pensión de jubilación del aludido servidor público era el susodicho artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945 que, como ya se dijo, reclamaba como requisitos para dicha prestación 50 años de edad y 20 años de servicio continuo o discontinuo, bien puede decirse que existe identidad en los requisitos para acceder a la pensión de jubilación entre la convención colectiva de trabajo y la Ley 6ª de 1945, difiriendo la una de la otra solamente en cuanto al monto de la mesada pensional, que en el convenio colectivo es superior al legal.
“En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del I.S.S. es oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90 de 1946, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo que previó la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, ...cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al ISS conforme lo autorizó el régimen de este.
“...en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (Ver por ejemplo los dctos. 3135 de 1968, el Reglamentario 1848/69 y la L. 33/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...”.
Entonces, es claro que, para efectos de establecer la compartibilidad de la pensión de jubilación conferida por la demandada al actor, debe considerarse que esa prestación le fue reconocida por el cumplimiento de los requisitos legales, contrario a lo establecido por el juzgador de segundo grado, prestación que, en consecuencia, para efectos de la subrogación por el Seguro Social, debe estimarse de naturaleza legal, razón por la cual el tribunal incurrió en violación de la ley al concluir que podía percibirse simultáneamente, con la reconocida por ese instituto.
Los cargos, en consecuencia, son fundados y hallan prosperidad en el recurso. Ello impone descartar el estudio del tercero, pues persigue la misma finalidad.
Como consideraciones de instancia son suficientes las que se esgrimieron al estudiar los presentes cargos para revocar el fallo condenatorio proferido por el juzgado, para, en su puesto, absolver a la demandada de todas las súplicas contenidas en el introductorio y condenar en costas a la parte demandante. Las costas de la segunda instancia, serán de cargo de la parte actora.
Como el recurrente salió airoso, no se impondrán costas en el recurso extraordinario de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 19 de marzo de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió Pedro Arturo Guio Ponguta contra la Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP.
En sede de instancia, REVOCA la sentencia de 10 de febrero de 2004, pronunciada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, y, en su lugar, se absuelve a la demandada de todas las pretensiones de la demanda y se condena en costas a la parte actora.
Costas de la segunda instancia, a cargo del demandante.
Contrario al criterio mayoritario, consideramos que la jubilación otorgada por la empresa accionada es de naturaleza extralegal y, en consecuencia, compatible con la posteriormente concedida por el Instituto de Seguros Sociales, puesto que aquella fue reconocida con anterioridad al 17 de octubre de 1985, mediante Resolución 374 del 17 de mayo de 1983 (fls. 16 a 18), prueba ésta de la que clara y palmariamente se deduce, que la jubilación fue concedida de acuerdo no solo con la ley sino con los parámetros previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores.
Es que la sola variación del porcentaje de la pensión del 94%, como se lee en la mencionada resolución, conduce a concluir que su origen es extralegal, aún en el supuesto de que las normas legales vigentes para ese momento previeran los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios.
Estimamos que si las partes negociadoras de un pliego de peticiones (representantes de la empresa y de los trabajadores), se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, aún estableciendo para su disfrute los mismos presupuestos señalados en la ley, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continúe vigente el beneficio convencional, en la medida en que las partes pactantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, así como que la convención colectiva es un medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores.
Camilo Traquino Gallego—Francisco Javier Rucaurte Gómez

References: artículo 17
 Resolución 
 artículo 39
 artículo 17
 artículo 259
 artículo 259
 Resolución