Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2002-24252.htm
Timestamp: 2017-12-14 06:25:08+00:00

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B.O.E. Nº 298 de 13/12/2002
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones.
La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artÃ­culo 32, apartado dieciocho, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la misma, elabore y apruebe un texto refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, y otras disposiciones que seÃ±ala relativas a planes y fondos de pensiones.
La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, en su disposiciÃ³n adicional undÃ©cima, introdujo modificaciones en diversos artÃ­culos de la Ley 8/1987, aÃ±adiÃ³ un nuevo capÃ­tulo IX a la misma sobre medidas de intervenciÃ³n administrativa, y dio nueva redacciÃ³n a sus disposiciones adicionales y finales.
La pieza fundamental de la reforma operada en la Ley 8/1987 por la Ley 30/1995 es la incorporaciÃ³n a la disposiciÃ³n adicional primera de aquÃ©lla del rÃ©gimen de protecciÃ³n de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores, establecido en cumplimiento del artÃ­culo 8 de la Directiva 80/987/CEE, del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre aproximaciÃ³n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protecciÃ³n de los trabajadores asalariados ante la insolvencia del empresario.
Dicha disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 8/1987, modificada por el artÃ­culo 119.tres de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y por la disposiciÃ³n adicional primera.2 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, ambas Leyes de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se complementa con el rÃ©gimen transitorio financiero y fiscal de adaptaciÃ³n de los compromisos por pensiones previsto en las disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995.
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificÃ³ la Ley 8/1987 en materia de requerimientos de recursos propios de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y, recientemente, la propia Ley 24/2001 antes citada, que autoriza la refundiciÃ³n, en su artÃ­culo 32, ha introducido tambiÃ©n una serie de modificaciones en la Ley 8/1987, de las que cabe destacar, especialmente, las que afectan a la regulaciÃ³n de los planes del sistema de empleo, facilitando la coordinaciÃ³n de su funcionamiento con los procesos de representaciÃ³n y negociaciÃ³n en el Ã¡mbito laboral, las referidas a los lÃ­mites mÃ¡ximos anuales de aportaciÃ³n a los planes de pensiones, asÃ­ como las que profundizan en la libertad de prestaciÃ³n de los servicios de gestiÃ³n de inversiones de los fondos de pensiones en atenciÃ³n a las Directivas comunitarias, y en las obligaciones de informaciÃ³n a los partÃ­cipes y beneficiarios de los planes de pensiones.
La refundiciÃ³n debe incluir asimismo, segÃºn lo ordenado por el legislador, el rÃ©gimen financiero aplicable a personas con minusvalÃ­a establecido por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias, en su disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima, debidamente actualizada, segÃºn la modificaciÃ³n introducida por el artÃ­culo 12 de la Ley 6/2000, de 13 diciembre, de Medidas fiscales urgentes de estÃ­mulo al ahorro familiar y a la pequeÃ±a y mediana empresa, y el artÃ­culo 1, once, de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Por otra parte, con el fin de que los agentes sociales implicados en el proceso de exteriorizaciÃ³n de los compromisos por pensiones puedan disponer de un texto normativo que integre la regulaciÃ³n de los planes de pensiones y los aspectos del proceso de adaptaciÃ³n, es conveniente que la refundiciÃ³n incorpore el contenido de las citadas disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, debidamente actualizado, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en ellas por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (artÃ­culos 31 y 120.uno y dos), asÃ­ como por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias (disposiciÃ³n adicional undÃ©cima, primera y segunda), y el plazo extendido hasta el 16 de noviembre de 2002 por la disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima quinta de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El Reglamento de instrumentaciÃ³n de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, desarrolla este rÃ©gimen de exteriorizaciÃ³n.
Sin perjuicio de lo anterior, la refundiciÃ³n conserva la referencia a la disposiciÃ³n transitoria primera de la Ley 8/1987, que permitiÃ³ en su dÃ­a la transformaciÃ³n voluntaria de fondos internos y otros sistemas de previsiÃ³n del personal de las empresas en planes de pensiones, ya que sus efectos todavÃ­a pueden afectar a procesos iniciados al amparo de la misma. Esta disposiciÃ³n se complementaba con la disposiciÃ³n adicional decimonovena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Por otra parte, a efectos de sistematizar, aclarar o respetar la congruencia de plazos y referencias normativas, en la refundiciÃ³n han de tenerse en cuenta ciertas disposiciones que afectan o se refieren a la regulaciÃ³n de los planes de pensiones, tales como las contenidas en las disposiciones finales de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y en la disposiciÃ³n adicional octava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias. Por Ãºltimo, aunque no se incluye en esta refundiciÃ³n por pertenecer al Ã¡mbito de las normas procesales, cabe recordar la referencia a esta materia que se contiene en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃ­a, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 29 de noviembre de 2002,
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del texto refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones que se inserta a continuaciÃ³n.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el texto refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones que se aprueba.
Se deroga la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de Planes y Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo previsto en la disposiciÃ³n transitoria primera del texto refundido que se aprueba.
Asimismo, quedan derogadas la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima y disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, cuyo contenido actualizado se incorpora al texto refundido que se aprueba.
El presente Real Decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarÃ¡n en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado".
El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos y Ministro de EconomÃ­a,
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÃN DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
ArtÃ­culo 1. Naturaleza de los planes de pensiones.
1. Los planes de pensiones definen el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilaciÃ³n, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, las obligaciones de contribuciÃ³n a los mismos y, en la medida permitida por la presente Ley, las reglas de constituciÃ³n y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos que reconoce ha de afectarse.
2. Constituidos voluntariamente, sus prestaciones no serÃ¡n, en ningÃºn caso, sustitutivas de las preceptivas en el rÃ©gimen correspondiente de la Seguridad Social, teniendo, en consecuencia, carÃ¡cter privado y complementario o no de aquÃ©llas.
Queda reservada la denominaciÃ³n de "planes de pensiones", asÃ­ como sus siglas, a los planes regulados por esta Ley.
ArtÃ­culo 2. Naturaleza de los fondos de pensiones.
Los fondos de pensiones son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a planes de pensiones, cuya gestiÃ³n, custodia y control se realizarÃ¡n de acuerdo con la presente Ley.
ArtÃ­culo 3. Entidades promotoras, partÃ­cipes y beneficiarios.
a) El promotor del plan: tienen tal consideraciÃ³n cualquier entidad, corporaciÃ³n, sociedad, empresa, asociaciÃ³n, sindicato o colectivo de cualquier clase que insten a su creaciÃ³n o participen en su desenvolvimiento.
b) Los partÃ­cipes: tienen esta consideraciÃ³n las personas fÃ­sicas en cuyo interÃ©s se crea el plan, con independencia de que realicen o no aportaciones.
2. Son elementos personales de un plan de pensiones los sujetos constituyentes y los beneficiarios, entendiÃ©ndose por tales las personas fÃ­sicas con derecho a la percepciÃ³n de prestaciones, hayan sido o no partÃ­cipes.
3. Son entidades promotoras de los fondos de pensiones las personas jurÃ­dicas que insten y, en su caso, participen en la constituciÃ³n de los mismos en los tÃ©rminos previstos en esta Ley.
ArtÃ­culo 4. Modalidades de planes de pensiones.
1. En razÃ³n de los sujetos constituyentes, los planes de pensiones sujetos a esta Ley se encuadrarÃ¡n necesariamente en una de las siguientes modalidades:
a) Sistema de empleo: corresponde a los planes cuyo promotor sea cualquier entidad, corporaciÃ³n, sociedad o empresa y cuyos partÃ­cipes sean los empleados de los mismos.
En los planes de este sistema el promotor sÃ³lo podrÃ¡ serlo de uno, al que exclusivamente podrÃ¡n adherirse como partÃ­cipes los empleados de la empresa promotora, incluido el personal con relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial independientemente del rÃ©gimen de la Seguridad Social aplicable. La condiciÃ³n de partÃ­cipes tambiÃ©n podrÃ¡ extenderse a los socios trabajadores y de trabajo en los planes de empleo promovidos en el Ã¡mbito de las sociedades cooperativas y laborales, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se prevean.
Asimismo, el empresario individual que emplee trabajadores en virtud de relaciÃ³n laboral podrÃ¡ promover un plan de pensiones del sistema de empleo en interÃ©s de Ã©stos, en el que tambiÃ©n podrÃ¡ figurar como partÃ­cipe.
Varias empresas o entidades podrÃ¡n promover conjuntamente un plan de pensiones de empleo en el que podrÃ¡n instrumentar los compromisos susceptibles de ser cubiertos por el mismo. Reglamentariamente se adaptarÃ¡ la normativa de los planes de pensiones a las caracterÃ­sticas propias de estos planes promovidos de forma conjunta, respetando en todo caso los principios y caracterÃ­sticas bÃ¡sicas establecidos en esta Ley.
Reglamentariamente se podrÃ¡n establecer condiciones especÃ­ficas para estos planes de pensiones de promociÃ³n conjunta cuando se constituyan por empresas de un mismo grupo, por pequeÃ±as y medianas empresas, asÃ­ como por varias empresas que tengan asumidos compromisos por pensiones en virtud de un acuerdo de negociaciÃ³n colectiva de Ã¡mbito superior al de empresa.
Dentro de un mismo plan de pensiones del sistema de empleo serÃ¡ admisible la existencia de subplanes, incluso si Ã©stos son de diferentes modalidades o articulan en cada uno diferentes aportaciones y prestaciones. La integraciÃ³n del colectivo de trabajadores o empleados en cada subplan y la diversificaciÃ³n de las aportaciones del promotor se deberÃ¡ realizar conforme a criterios establecidos mediante acuerdo colectivo o disposiciÃ³n equivalente o segÃºn lo previsto en las especificaciones del plan de pensiones.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 1 de la presente Ley, cuando en el convenio colectivo se haya establecido la incorporaciÃ³n de los trabajadores directamente al plan de pensiones, se entenderÃ¡n adheridos al mismo, salvo que, en el plazo acordado a tal efecto, declaren expresamente por escrito a la comisiÃ³n promotora o de control del plan que desean no ser incorporados al mismo. Lo anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de que, en su caso, el convenio condicione las obligaciones de la empresa con los trabajadores a la incorporaciÃ³n de Ã©stos al plan de pensiones.
b) Sistema asociado: corresponde a planes cuyo promotor o promotores sean cualesquiera asociaciones o sindicatos, siendo los partÃ­cipes sus asociados, miembros o afiliados.
c) Sistema individual: corresponde a planes cuyo promotor son una o varias entidades de carÃ¡cter financiero y cuyos partÃ­cipes son cualesquiera personas fÃ­sicas.
2. En razÃ³n de las obligaciones estipuladas, los planes de pensiones se ajustarÃ¡n a las modalidades siguientes:
a) Planes de prestaciÃ³n definida, en los que se define como objeto la cuantÃ­a de las prestaciones a percibir por los beneficiarios.
b) Planes de aportaciÃ³n definida, en los que el objeto definido es la cuantÃ­a de las contribuciones de los promotores y, en su caso, de los partÃ­cipes al plan.
c) Planes mixtos, cuyo objeto es, simultÃ¡neamente, la cuantÃ­a de la prestaciÃ³n y la cuantÃ­a de la contribuciÃ³n.
3. Los planes de los sistemas de empleo y asociados podrÃ¡n ser de cualquiera de las tres modalidades anteriores y los del sistema individual sÃ³lo de la modalidad de aportaciÃ³n definida.
Reglamentariamente podrÃ¡n determinarse condiciones especÃ­ficas para la promociÃ³n de planes de pensiones de promociÃ³n conjunta de modalidades mixtas o de prestaciÃ³n definida.
Principios y regÃ­menes de organizaciÃ³n de los planes de pensiones
ArtÃ­culo 5. Principios bÃ¡sicos de los planes de pensiones.
1. Los planes de pensiones deberÃ¡n cumplir cada uno de los siguientes principios bÃ¡sicos:
a) No discriminaciÃ³n: debe garantizarse el acceso como partÃ­cipe de un plan a cualquier persona fÃ­sica que reÃºna las condiciones de vinculaciÃ³n o de capacidad de contrataciÃ³n con el promotor que caracterizan cada tipo de contrato.
1.Âº Un plan del sistema de empleo serÃ¡ no discriminatorio cuando la totalidad del personal empleado por el promotor estÃ© acogido o en condiciones de acogerse al citado plan, sin que pueda exigirse una antigÃŒedad superior a dos aÃ±os para acceder a aquÃ©l. Cualquier plan del sistema de empleo podrÃ¡ prever el acceso con una antigÃŒedad inferior a dos aÃ±os o desde el ingreso en la plantilla del promotor.
2.Âº La no discriminaciÃ³n en el acceso al plan del sistema de empleo serÃ¡ compatible con la diferenciaciÃ³n de aportaciones del promotor correspondientes a cada partÃ­cipe, conforme a criterios derivados de acuerdo colectivo o disposiciÃ³n equivalente o establecidos en las especificaciones del plan.
3.Âº Un plan del sistema asociado serÃ¡ no discriminatorio cuando todos los asociados de la entidad o entidades promotoras puedan acceder al plan en igualdad de condiciones y de derechos.
4.Âº Un plan del sistema individual serÃ¡ no discriminatorio cuando cualquier persona que manifieste voluntad de adhesiÃ³n y tenga capacidad de obligarse pueda hacerlo en los tÃ©rminos contractuales estipulados para cualquiera de los miembros adheridos.
b) CapitalizaciÃ³n: los planes de pensiones se instrumentarÃ¡n mediante sistemas financieros y actuariales de capitalizaciÃ³n. En consecuencia, las prestaciones se ajustarÃ¡n estrictamente al cÃ¡lculo derivado de tales sistemas. Reglamentariamente se definirÃ¡ la tipologÃ­a de los sistemas de capitalizaciÃ³n y sus condiciones de aplicaciÃ³n, exigiÃ©ndose, salvo que medie aseguramiento, la constituciÃ³n de reservas patrimoniales adicionales para garantizar la viabilidad del plan.
c) Irrevocabilidad de aportaciones: las aportaciones del promotor de los planes de pensiones tendrÃ¡n el carÃ¡cter de irrevocables.
d) AtribuciÃ³n de derechos: las aportaciones de los partÃ­cipes a los planes de pensiones determinan para los citados partÃ­cipes los derechos recogidos en el artÃ­culo 8 de la presente Ley.
e) IntegraciÃ³n obligatoria: integraciÃ³n obligatoria a un fondo de pensiones, en los tÃ©rminos fijados por esta Ley, de las contribuciones econÃ³micas a que los promotores y partÃ­cipes estuvieran obligados y cualesquiera otros bienes adscritos a un plan.
2. Exclusivamente, los planes de pensiones que cumplan los requisitos contenidos en esta Ley podrÃ¡n acceder a los regÃ­menes financiero y fiscal previstos en ella.
3. Las aportaciones anuales mÃ¡ximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley se adecuarÃ¡n a lo siguiente:
a) El total de las aportaciones anuales mÃ¡ximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley, sin incluir las contribuciones empresariales que los promotores de planes de pensiones de empleo imputen a los partÃ­cipes, no podrÃ¡ exceder de 7.212,15 euros.
No obstante, en el caso de partÃ­cipes mayores de cincuenta y dos aÃ±os, el lÃ­mite anterior se incrementarÃ¡ en 1.202,02 euros adicionales por cada aÃ±o de edad del partÃ­cipe que exceda de cincuenta y dos aÃ±os, fijÃ¡ndose en 22.838,46 euros para partÃ­cipes de sesenta y cinco aÃ±os o mÃ¡s.
b) El conjunto de las contribuciones empresariales realizadas por los promotores de planes de pensiones de empleo a favor de sus empleados e imputadas a los mismos tendrÃ¡ como lÃ­mite anual mÃ¡ximo las cuantÃ­as establecidas en el pÃ¡rrafo a) anterior.
Los empresarios individuales que realicen contribuciones empresariales a favor de sus trabajadores, como promotores de un plan de pensiones de empleo, podrÃ¡n realizar aportaciones propias al citado plan, hasta el lÃ­mite mÃ¡ximo establecido para las contribuciones empresariales. Estas aportaciones no serÃ¡n calificadas como contribuciones empresariales, salvo a efectos del cÃ³mputo de lÃ­mites.
c) Los lÃ­mites establecidos en los pÃ¡rrafos a) y b) anteriores se aplicarÃ¡n de forma independiente e individualmente a cada partÃ­cipe integrado en la unidad familiar.
d) Excepcionalmente, la empresa promotora podrÃ¡ realizar aportaciones a favor de los beneficiarios de un plan de pensiones de empleo cuando sea preciso para garantizar las prestaciones en curso y se haya puesto de manifiesto, a travÃ©s de las revisiones actuariales, la existencia de un dÃ©ficit en el plan de pensiones.
4. Los planes de pensiones terminarÃ¡n por las siguientes causas:
a) Por dejar de cumplir los principios bÃ¡sicos establecidos en el apartado 1 de este artÃ­culo.
b) Por la paralizaciÃ³n de su comisiÃ³n de control, de modo que resulte imposible su funcionamiento, en los tÃ©rminos que se fijen reglamentariamente.
c) Cuando el plan de pensiones no haya podido cumplir en el plazo fijado las medidas previstas en un plan de saneamiento o de financiaciÃ³n exigidos al amparo del artÃ­culo 34 de esta Ley o, cuando habiendo sido requerido para elaborar dichos planes, no proceda a su formulaciÃ³n.
d) Por imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las variaciones necesarias derivadas de la revisiÃ³n del plan a tenor del apartado 5 del artÃ­culo 9.
e) Por ausencia de partÃ­cipes y beneficiarios en el plan de pensiones durante un plazo superior a un aÃ±o.
f) Por disoluciÃ³n del promotor del plan de pensiones.
No obstante, salvo acuerdo en contrario, no serÃ¡ causa de terminaciÃ³n del plan de pensiones la disoluciÃ³n del promotor por fusiÃ³n o cesiÃ³n global del patrimonio, subrogÃ¡ndose la entidad resultante o cesionaria en la condiciÃ³n de promotor del plan de pensiones. En caso de disoluciÃ³n de la entidad promotora de un plan de pensiones del sistema individual, la comisiÃ³n de control del fondo o, en su defecto, la entidad gestora podrÃ¡ aceptar la sustituciÃ³n de aquÃ©lla por otra entidad.
Si a consecuencia de operaciones societarias una misma entidad resulta promotora de varios planes de pensiones del sistema de empleo, se procederÃ¡ a integrar en un Ãºnico plan de pensiones a todos los partÃ­cipes y sus derechos consolidados, y en su caso a los beneficiarios, en el plazo de doce meses desde la fecha de efecto de la operaciÃ³n societaria.
La liquidaciÃ³n de los planes de pensiones se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en sus especificaciones que, en todo caso, deberÃ¡n respetar la garantÃ­a individualizada de las prestaciones causadas y prever la integraciÃ³n de los derechos consolidados de los partÃ­cipes y, en su caso, de los derechos derivados de las prestaciones causadas que permanezcan en el plan, en otros planes de pensiones. En los planes del sistema de empleo la integraciÃ³n de derechos consolidados de los partÃ­cipes se harÃ¡, en su caso, necesariamente en el plan o planes del sistema de empleo en los que los partÃ­cipes puedan ostentar tal condiciÃ³n.
ArtÃ­culo 6. Especificaciones de los planes de pensiones.
1. Los planes de pensiones deberÃ¡n precisar, necesariamente, los aspectos siguientes:
a) DeterminaciÃ³n del Ã¡mbito personal del plan, asÃ­ como su modalidad, a tenor de lo estipulado en el artÃ­culo 4 de esta Ley.
b) Normas para la constituciÃ³n y funcionamiento de la comisiÃ³n de control del plan en el caso de planes de pensiones de empleo y asociados.
c) Sistema de financiaciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley.
d) AdscripciÃ³n a un fondo de pensiones, constituido o a constituir, segÃºn lo regulado en esta norma.
e) DefiniciÃ³n de las prestaciones y normas para determinar su cuantÃ­a, con indicaciÃ³n de si las prestaciones son o no revalorizables y, en su caso, la forma de revalorizaciÃ³n. Asimismo, se precisarÃ¡, en su caso, los criterios y regÃ­menes de diferenciaciÃ³n de aportaciones y prestaciones.
Los planes de pensiones que contemplen prestaciones definidas para todas o alguna de las contingencias o prestaciones causadas deberÃ¡n incorporar, como anexo a las especificaciones, una base tÃ©cnica elaborada por actuario con el contenido y requisitos que establezca el Ministerio de EconomÃ­a.
f) Derechos y obligaciones de los partÃ­cipes y beneficiarios, contingencias cubiertas, asÃ­ como, en su caso, la edad y circunstancias que generan el derecho a las prestaciones, forma y condiciones de Ã©stas.
Las especificaciones deberÃ¡n prever la documentaciÃ³n que debe recibir el partÃ­cipe en el momento de la adhesiÃ³n al plan y la informaciÃ³n periÃ³dica que recibirÃ¡ conforme a lo previsto en esta Ley y sus normas de desarrollo.
g) Causas y circunstancias que faculten a los partÃ­cipes a modificar o suspender sus aportaciones y sus derechos y obligaciones en cada caso.
h) Normas relativas a las altas y bajas de los partÃ­cipes.
i) Requisitos para la modificaciÃ³n del plan y procedimientos a seguir para la adopciÃ³n de acuerdos al respecto.
j) Causas de terminaciÃ³n del plan y normas para su liquidaciÃ³n.
2. Asimismo, deberÃ¡n prever el procedimiento de transferencia de los derechos consolidados correspondientes al partÃ­cipe que, por cambio de colectivo laboral o de otra Ã­ndole, altere su adscripciÃ³n a un plan de pensiones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
3. La modificaciÃ³n de las especificaciones de los planes de pensiones del sistema asociado y de empleo se podrÃ¡ realizar mediante los procedimientos y acuerdos previstos en aquÃ©llas. El acuerdo de modificaciÃ³n podrÃ¡ ser adoptado por la comisiÃ³n de control del plan con el rÃ©gimen de mayorÃ­as establecido en las especificaciones.
No obstante, en los planes de pensiones del sistema de empleo las especificaciones podrÃ¡n prever que la modificaciÃ³n del rÃ©gimen de prestaciones y aportaciones o cualesquiera otros extremos, y en su caso la consiguiente adaptaciÃ³n de la base tÃ©cnica, pueda ser acordada, conforme a lo previsto en esta norma, mediante acuerdo colectivo entre la empresa y la representaciÃ³n de los trabajadores.
Las especificaciones de los planes de pensiones del sistema individual podrÃ¡n modificarse por acuerdo del promotor, previa comunicaciÃ³n por Ã©ste o por la entidad gestora o depositaria correspondiente, con al menos un mes de antelaciÃ³n a los partÃ­cipes y beneficiarios.
ArtÃ­culo 7. La comisiÃ³n de control del plan de pensiones y el defensor del partÃ­cipe.
1. El funcionamiento y ejecuciÃ³n de cada plan de pensiones del sistema de empleo serÃ¡ supervisado por una comisiÃ³n de control constituida al efecto. La comisiÃ³n de control del plan tendrÃ¡ las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento de las clÃ¡usulas del plan en todo lo que se refiere a los derechos de sus partÃ­cipes y beneficiarios.
b) Seleccionar el actuario o actuarios que deban certificar la situaciÃ³n y dinÃ¡mica del plan.
c) Nombrar los representantes de la comisiÃ³n de control del plan en la comisiÃ³n de control del fondo de pensiones al que estÃ© adscrito.
d) Proponer y, en su caso, decidir en las demÃ¡s cuestiones sobre las que la presente Ley le atribuye competencia.
e) Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los partÃ­cipes y beneficiarios en relaciÃ³n con el plan de pensiones.
2. La comisiÃ³n de control del plan de pensiones de empleo estarÃ¡ formada por representantes del promotor o promotores y representantes de los partÃ­cipes y, en su caso, de los beneficiarios. Los representantes de los partÃ­cipes podrÃ¡n ostentar la representaciÃ³n de los beneficiarios del plan de pensiones.
Los planes de pensiones del sistema de empleo podrÃ¡n prever la representaciÃ³n especÃ­fica en la comi siÃ³n de control de los partÃ­cipes, y en su caso de los beneficiarios, de cada uno de los subplanes que se definan dentro del mismo plan.
En los planes de pensiones de empleo de promociÃ³n conjunta podrÃ¡n establecerse sistemas de representaciÃ³n conjunta o agregada en la comisiÃ³n de control de los colectivos de promotores, partÃ­cipes y beneficiarios, respectivamente.
En los planes de pensiones del sistema de empleo podrÃ¡n establecerse procedimientos de designaciÃ³n directa de los miembros de la comisiÃ³n de control por parte de la comisiÃ³n negociadora del convenio, y/o designaciÃ³n de los representantes de los partÃ­cipes y beneficiarios por acuerdo de la mayorÃ­a de los representantes de los trabajadores en la empresa. Asimismo, en los planes de pensiones de empleo de promociÃ³n conjunta constituidos en virtud de acuerdos de negociaciÃ³n colectiva de Ã¡mbito supraempresarial, se podrÃ¡n prever procedimientos de designaciÃ³n de la comisiÃ³n de control por parte de la comisiÃ³n negociadora y/o por parte de la representaciÃ³n de empresas y trabajadores en dicho Ã¡mbito. La designaciÃ³n de los representantes en la comisiÃ³n de control podrÃ¡ coincidir con todos o parte de los componentes de la comisiÃ³n negociadora o representantes de las partes referidas.
Las decisiones de la comisiÃ³n de control del plan se adoptarÃ¡n de acuerdo con las mayorÃ­as estipuladas en las especificaciones del plan, resultando admisible que dichas especificaciones prevean mayorÃ­as cualificadas.
Reglamentariamente podrÃ¡n regularse los sistemas para la designaciÃ³n o elecciÃ³n de los miembros de las comisiones de control de los planes de empleo, podrÃ¡n establecerse las condiciones y porcentajes de representaciÃ³n y las condiciones de funcionamiento de las mismas en desarrollo de lo previsto en esta Ley.
Cuando en el desarrollo de un plan Ã©ste quedara sin partÃ­cipes, la representaciÃ³n de los mismos corresponderÃ¡ a los beneficiarios.
3. En los planes de pensiones del sistema de empleo, la representaciÃ³n de los elementos personales en la comisiÃ³n de control se ajustarÃ¡ a los siguientes criterios:
a) Con carÃ¡cter general, la representaciÃ³n de los promotores serÃ¡ paritaria (del 50 por ciento).
b) Cuando el plan de pensiones sea de aportaciÃ³n definida para la contingencia de jubilaciÃ³n, las decisiones que afecten a la polÃ­tica de inversiÃ³n del fondo de pensiones incluirÃ¡n, al menos, el voto favorable de la mitad de los representantes de los partÃ­cipes en la comisiÃ³n de control.
c) En los planes de pensiones de la modalidad de prestaciÃ³n definida o mixtos, las decisiones que afecten al coste econÃ³mico asumido por la empresa de las prestaciones definidas incluirÃ¡n, al menos, el voto favorable de la mitad de los representantes del promotor o promotores.
Reglamentariamente se podrÃ¡ desarrollar el rÃ©gimen y condiciones de representaciÃ³n.
4. El funcionamiento y ejecuciÃ³n de cada plan de pensiones del sistema asociado serÃ¡ supervisado por una comisiÃ³n de control que tendrÃ¡ las funciones previstas en el apartado 1 anterior y estarÃ¡ formada por representantes del promotor o promotores y partÃ­cipes y, en su caso, de los beneficiarios del plan. Si el plan quedara sin partÃ­cipes, la representaciÃ³n atribuida a los mismos corresponderÃ¡ a los beneficiarios.
En la comisiÃ³n de control de un plan asociado la mayorÃ­a de sus miembros, independientemente de la representaciÃ³n que ostenten, deberÃ¡ estar compuesta por partÃ­cipes asociados o afiliados de la entidad promotora.
Las especificaciones de un plan de pensiones asociado deberÃ¡n prever el sistema de designaciÃ³n o elecciÃ³n de los miembros de la comisiÃ³n de control, pudiÃ©ndose prever la designaciÃ³n por parte de los Ã³rganos de gobierno o asamblearios de la entidad promotora. La designaciÃ³n de los representantes en la comisiÃ³n de control podrÃ¡ recaer en miembros integrantes de estos Ã³rganos.
Reglamentariamente podrÃ¡n regularse los sistemas para la designaciÃ³n o elecciÃ³n de los miembros de las comisiones de control de los planes asociados, podrÃ¡n establecerse las condiciones y porcentajes de representaciÃ³n y las condiciones de funcionamiento de las mismas en desarrollo de lo previsto en esta Ley.
5. En los planes de pensiones del sistema individual no se constituirÃ¡ comisiÃ³n de control del plan, correspondiendo al promotor las funciones y responsabilidades que a dicha comisiÃ³n se asignan en esta Ley.
En los planes de pensiones de este sistema deberÃ¡ designarse al defensor del partÃ­cipe, que tambiÃ©n lo serÃ¡ de los beneficiarios.
Las entidades promotoras de estos planes de pensiones, bien individualmente, bien agrupadas por pertenecer a un mismo grupo, Ã¡mbito territorial o cualquier otro criterio, deberÃ¡n designar como defensor del partÃ­cipe a entidades o expertos independientes de reconocido prestigio, a cuya decisiÃ³n se someterÃ¡n las reclamaciones que formulen los partÃ­cipes y beneficiarios o sus derechohabientes contra las entidades gestoras o depositarias de los fondos de pensiones en que estÃ©n integrados los planes o contra las propias entidades promotoras de los planes individuales.
La decisiÃ³n del defensor del partÃ­cipe favorable a la reclamaciÃ³n vincularÃ¡ a dichas entidades. Esta vinculaciÃ³n no serÃ¡ obstÃ¡culo a la plenitud de tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de soluciÃ³n de conflictos o arbitraje, ni al ejercicio de las funciones de control y supervisiÃ³n administrativa.
El promotor del plan de pensiones individual, o la entidad gestora del fondo de pensiones en el que se integre, deberÃ¡n comunicar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la designaciÃ³n del defensor del partÃ­cipe y su aceptaciÃ³n, asÃ­ como las normas de procedimiento y plazo establecido para la resoluciÃ³n de las reclamaciones que, en ningÃºn caso, podrÃ¡ exceder de dos meses desde la presentaciÃ³n de aquellas.
Los gastos de designaciÃ³n, funcionamiento y remuneraciÃ³n del defensor del partÃ­cipe en ningÃºn caso serÃ¡n asumidos por los reclamantes ni por los planes y fondos de pensiones correspondientes.
Lo previsto en este apartado se entenderÃ¡ sin perjuicio de la aplicaciÃ³n en su caso de lo establecido en la normativa especÃ­fica sobre protecciÃ³n de clientes de servicios financieros.
RÃ©gimen financiero de los planes de pensiones
ArtÃ­culo 8. Aportaciones y prestaciones.
1. Los planes de pensiones se instrumentarÃ¡n mediante sistemas financieros y actuariales de capitalizaciÃ³n que permitan establecer una equivalencia entre las aportaciones y las prestaciones futuras a los beneficiarios.
Dichos sistemas financieros y actuariales deberÃ¡n implicar la formaciÃ³n de fondos de capitalizaciÃ³n, provisiones matemÃ¡ticas y otras provisiones tÃ©cnicas suficientes para el conjunto de compromisos del plan de pensiones.
En todo caso deberÃ¡ constituirse un margen de solvencia mediante las reservas patrimoniales necesarias para compensar las eventuales desviaciones que por cualquier causa pudieran presentarse.
Las normas de constituciÃ³n y cÃ¡lculo de los fondos de capitalizaciÃ³n, provisiones tÃ©cnicas y del margen de solvencia se establecerÃ¡n en el Reglamento de esta Ley.
2. El plan podrÃ¡ prever la contrataciÃ³n de seguros, avales y otras garantÃ­as con las correspondientes entidades financieras para la cobertura de riesgos determinados o el aseguramiento o garantÃ­a de las prestaciones.
3. Las contribuciones o aportaciones se realizarÃ¡n por el promotor o promotores y por los partÃ­cipes, respectivamente, en los casos y forma que, de conformidad con la presente Ley, establezca el respectivo plan de pensiones, determinÃ¡ndose y efectuÃ¡ndose las prestaciones segÃºn las normas que el mismo contenga.
4. La titularidad de los recursos patrimoniales afectos a cada plan corresponderÃ¡ a los partÃ­cipes y beneficiarios.
5. De acuerdo con lo previsto en cada plan de pensiones, las prestaciones podrÃ¡n ser, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen:
a) PrestaciÃ³n en forma de capital, consistente en una percepciÃ³n de pago Ãºnico.
b) PrestaciÃ³n en forma de renta.
c) Prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un Ãºnico cobro en forma de capital.
6. Las contingencias por las que se satisfarÃ¡n las prestaciones anteriores podrÃ¡n ser:
a) JubilaciÃ³n: para la determinaciÃ³n de esta contingencia se estarÃ¡ a lo previsto en el RÃ©gimen de Seguridad Social correspondiente.
Cuando no sea posible el acceso de un partÃ­cipe a la jubilaciÃ³n, la contingencia se entenderÃ¡ producida a partir de la edad ordinaria de jubilaciÃ³n en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social, en el momento en el que el partÃ­cipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilaciÃ³n para ningÃºn RÃ©gimen de la Seguridad Social. No obstante, podrÃ¡ anticiparse la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n correspondiente a partir de los sesenta aÃ±os de edad, en los tÃ©rminos que se establezcan reglamentariamente.
Los planes de pensiones podrÃ¡n prever el pago de la prestaciÃ³n correspondiente a la jubilaciÃ³n en caso de que el partÃ­cipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relaciÃ³n laboral y pase a situaciÃ³n legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulaciÃ³n de empleo aprobado por la autoridad laboral. Reglamentariamente podrÃ¡n establecerse condiciones para el mantenimiento o reanudaciÃ³n de las aportaciones a planes de pensiones en este supuesto.
A partir del acceso a la jubilaciÃ³n, las aportaciones a planes de pensiones sÃ³lo podrÃ¡n destinarse a la contingencia de fallecimiento. El mismo rÃ©gimen se aplicarÃ¡, cuando no sea posible el acceso a la jubilaciÃ³n, a las aportaciones que se realicen a partir de la edad ordinaria de jubilaciÃ³n o a partir del cobro anticipado de la prestaciÃ³n correspondiente. Reglamentariamente podrÃ¡n establecerse las condiciones bajo las cuales podrÃ¡n reanudarse las aportaciones para jubilaciÃ³n con motivo del alta posterior en un RÃ©gimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudaciÃ³n de actividad.
Lo dispuesto en este pÃ¡rrafo a) se entenderÃ¡ sin perjuicio de las aportaciones a favor de beneficiarios que realicen los promotores de los planes de pensiones del sistema de empleo al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 5 de esta Ley.
b) Incapacidad laboral total y permanente para la profesiÃ³n habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez, determinadas conforme al RÃ©gimen correspondiente de Seguridad Social.
Reglamentariamente podrÃ¡ regularse el destino de las aportaciones para contingencias susceptibles de acaecer en las personas incursas en dichas situaciones.
c) Muerte del partÃ­cipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas.
A efectos de lo previsto en la disposiciÃ³n adicional primera de esta Ley, las contingencias que deberÃ¡n instrumentarse en las condiciones establecidas en la misma serÃ¡n las de jubilaciÃ³n, incapacidad y fallecimiento previstas respectivamente en los pÃ¡rrafos a) b) y c) anteriores.
Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relaciÃ³n laboral con aquÃ©llas y pasen a situaciÃ³n legal de desempleo a consecuencia de un expediente de regulaciÃ³n de empleo, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilaciÃ³n, podrÃ¡n ser objeto de instrumentaciÃ³n, con carÃ¡cter voluntario, de acuerdo con el rÃ©gimen previsto en la disposiciÃ³n adicional primera de esta Ley, en cuyo caso se someterÃ¡n a la normativa financiera y fiscal derivada de Ã©sta.
7. Constituyen derechos consolidados por los partÃ­cipes de un plan de pensiones los siguientes:
a) En los planes de pensiones de aportaciÃ³n definida, la cuota parte que corresponde al partÃ­cipe, determinada en funciÃ³n de las aportaciones, rendimientos y gastos.
b) En los planes de prestaciÃ³n definida, la reserva que le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial utilizado.
8. Los partÃ­cipes sÃ³lo podrÃ¡n hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de desempleo de larga duraciÃ³n o de enfermedad grave.
Reglamentariamente se determinarÃ¡n estas situaciones, asÃ­ como las condiciones y tÃ©rminos en que podrÃ¡n hacerse efectivos los derechos consolidados en tales supuestos. En todo caso, las cantidades percibidas en estas situaciones se sujetarÃ¡n al rÃ©gimen fiscal establecido por la Ley para las prestaciones de los planes de pensiones.
Los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema asociado e individual podrÃ¡n movilizarse a otro plan o planes de pensiones por decisiÃ³n unilateral del partÃ­cipe o por pÃ©rdida de la condiciÃ³n de asociado del promotor en un plan de pensiones del sistema asociado o por terminaciÃ³n del plan.
Los derechos econÃ³micos de los beneficiarios en los planes de pensiones del sistema individual y asociado tambiÃ©n podrÃ¡n movilizarse a otros planes de pensiones a peticiÃ³n del beneficiario, siempre y cuando las condiciones de garantÃ­a y aseguramiento de la prestaciÃ³n asÃ­ lo permitan y en las condiciones previstas en las especificaciones de los planes de pensiones correspondientes. Esta movilizaciÃ³n no modificarÃ¡ la modalidad y condiciones de cobro de las prestaciones.
No obstante, los derechos consolidados de los partÃ­cipes en los planes de pensiones del sistema de empleo no podrÃ¡n movilizarse a otros planes de pensiones, salvo en el supuesto de extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, y sÃ³lo si estuviese previsto en las especificaciones del plan, o por terminaciÃ³n del plan de pensiones. Los derechos econÃ³micos de los beneficiarios en los planes de empleo no podrÃ¡n movilizarse, salvo por terminaciÃ³n del plan de pensiones.
Los derechos consolidados del partÃ­cipe en un plan de pensiones no podrÃ¡n ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestaciÃ³n o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duraciÃ³n.
9. A instancia de los partÃ­cipes deberÃ¡n expedirse certificados de pertenencia a los planes de pensiones que, en ningÃºn caso, serÃ¡n transmisibles.
10. Las prestaciones de los planes de pensiones deberÃ¡n ser abonadas al beneficiario o beneficiarios previstos o designados, salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso se estarÃ¡ a lo que disponga el mandamiento correspondiente
ArtÃ­culo 9. AprobaciÃ³n y revisiÃ³n de los planes de pensiones.
1. El promotor del plan de pensiones elaborarÃ¡ el proyecto inicial del plan, que incluirÃ¡ las especificaciones contempladas en el artÃ­culo 6 de esta Ley.
a) En el sistema de empleo, una vez elaborado el proyecto, se instarÃ¡ a la constituciÃ³n de una comisiÃ³n promotora con representaciÃ³n del promotor o promotores y de los trabajadores o potenciales partÃ­cipes.
Esta comisiÃ³n estarÃ¡ formada y operarÃ¡ de acuerdo a lo previsto en el artÃ­culo 7 para la comisiÃ³n de control de un plan de pensiones, con las adaptaciones que se prevean reglamentariamente.
Para los planes de pensiones del sistema de empleo podrÃ¡n establecerse procedimientos de designaciÃ³n directa de los miembros de la comisiÃ³n promotora por parte de la comisiÃ³n negociadora del convenio, o designaciÃ³n de los representantes de empleados por acuerdo de la mayorÃ­a de los representantes de los trabajadores en la empresa.
Mediante acuerdo colectivo de Ã¡mbito supraempresarial podrÃ¡ establecerse el proyecto inicial de un plan de pensiones del sistema de empleo de promociÃ³n conjunta para las empresas incluidas en su Ã¡mbito, pudiendo ser designada la comisiÃ³n promotora directamente por la comisiÃ³n negociadora del convenio o, en su defecto, por la representaciÃ³n de las empresas y de los trabajadores en el referido Ã¡mbito supraempresarial.
b) En el caso de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, serÃ¡n las entidades promotoras quienes adoptarÃ¡n los acuerdos y ejercerÃ¡n las funciones asignadas por esta normativa a la comisiÃ³n promotora de los planes de pensiones del sistema de empleo.
2. La comisiÃ³n promotora podrÃ¡ adoptar los acuerdos que estime oportunos para ultimar y ejecutar el contenido del proyecto y recabarÃ¡, excepto en los planes de aportaciÃ³n definida que no prevean la posibilidad de otorgar garantÃ­a alguna a partÃ­cipes o beneficiarios, dictamen de un actuario sobre la suficiencia del sistema financiero y actuarial del proyecto definitivo de plan de pensiones resultante del proceso de negociaciÃ³n. El referido proyecto deberÃ¡ ser adoptado por acuerdo de las partes presentes en la comisiÃ³n promotora.
Obtenido el dictamen favorable, la comisiÃ³n promotora procederÃ¡ a la presentaciÃ³n del referido proyecto ante el fondo de pensiones en que pretenda integrarse.
3. A la vista del proyecto del plan de pensiones, el fondo de pensiones o, segÃºn corresponda, la entidad gestora de Ã©ste, adoptarÃ¡ en su caso el acuerdo de admisiÃ³n del plan en el fondo por entender, bajo su responsabilidad, que se cumplen los requisitos establecidos en esta Ley, comunicÃ¡ndolo a la comisiÃ³n promotora o, en su defecto, al promotor del plan.
4. Efectuada la comunicaciÃ³n anterior, podrÃ¡ hacerse efectiva la incorporaciÃ³n al plan de partÃ­cipes, debiendo la comisiÃ³n promotora de un plan de empleo o el promotor de un plan asociado instar la constituciÃ³n de la pertinente comisiÃ³n de control del plan en los plazos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
En tanto no se constituya la comisiÃ³n de control, las funciones atribuidas a Ã©sta por la presente Ley corresponderÃ¡n a la comisiÃ³n promotora o al promotor del plan asociado en su caso.
En virtud de acuerdo adoptado por la empresa con los representantes de los trabajadores en la misma, la comisiÃ³n promotora, una vez formalizado el plan de pensiones del sistema de empleo, podrÃ¡ efectuar directamente la incorporaciÃ³n al mismo de los partÃ­cipes y, en su caso, de los beneficiarios, debiendo seÃ±alarse un plazo para que los que no deseen incorporarse al plan se lo comuniquen por escrito. TambiÃ©n serÃ¡ admisible la suscripciÃ³n de documentos individuales o colectivos de adhesiÃ³n al plan del sistema de empleo en virtud de delegaciÃ³n expresa otorgada por los partÃ­cipes.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de que, en su caso, el convenio colectivo o disposiciÃ³n equivalente que establezca los compromisos por pensiones condicione la obligaciÃ³n de la empresa a su instrumentaciÃ³n a travÃ©s de un plan del sistema de empleo, o de las acciones y derechos que corresponda ejercitar en caso de discrepancia o informaciÃ³n inadecuada sobre los procesos de incorporaciÃ³n al plan.
Reglamentariamente podrÃ¡n establecerse condiciones especÃ­ficas relativas a la incorporaciÃ³n de elementos personales a los planes de pensiones y requisitos de los documentos de adhesiÃ³n, asÃ­ como normas especiales para los planes de pensiones de empleo de promociÃ³n conjunta.
5. El sistema financiero y actuarial de los planes deberÃ¡ ser revisado al menos cada tres aÃ±os por actuario independiente designado por la comisiÃ³n de control, con encomienda expresa y exclusiva de realizar la revisiÃ³n actuarial. Si, como resultado de la revisiÃ³n, se planteara la necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones y contribuciones, en las prestaciones previstas, o en otros aspectos con incidencia en el desenvolvimiento financiero-actuarial, se someterÃ¡ a la comisiÃ³n de control del plan para que proponga o acuerde lo que estime procedente, de conformidad con el pÃ¡rrafo i) del apartado 1 del artÃ­culo 6.
Reglamentariamente se determinarÃ¡ el contenido y alcance de la referida revisiÃ³n actuarial, asÃ­ como las funciones del actuario al cual se encomiende la revisiÃ³n y que necesariamente deberÃ¡ ser persona distinta al actuario o actuarios que, en su caso, intervengan en el desenvolvimiento ordinario del plan de pensiones.
En los planes de aportaciÃ³n definida que no otorguen garantÃ­a alguna a partÃ­cipes o beneficiarios, podrÃ¡ sustituirse la revisiÃ³n actuarial por un informe econÃ³micofinanciero emitido por la entidad gestora e incluido en las cuentas anuales auditadas, con el contenido que reglamentariamente se establezca.
6. La aprobaciÃ³n y revisiÃ³n de los planes de pensiones del sistema de empleo promovidos por pequeÃ±as y medianas empresas se regirÃ¡n por normas especÃ­ficas fijadas reglamentariamente, ajustÃ¡ndose a las siguientes bases:
a) En la determinaciÃ³n del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n deberÃ¡ tenerse en cuenta la modalidad de estos planes, el nÃºmero de trabajadores, la cifra anual de negocios y el total de las partidas de activo de las empresas afectadas.
b) El procedimiento de inscripciÃ³n en los Registros mercantiles, asÃ­ como el dictamen y revisiÃ³n actuariales, de estos planes de pensiones podrÃ¡n adecuarse a las especiales caracterÃ­sticas de Ã©stos. El dictamen y revisiÃ³n actuariales podrÃ¡n no ser exigibles en determinados casos.
c) GozarÃ¡n de una reducciÃ³n del 30 por 100 los derechos que los Notarios y Registradores hayan de per cibir como consecuencia de la aplicaciÃ³n de sus respectivos aranceles por los negocios, actos y documentos necesarios para la tramitaciÃ³n de la inscripciÃ³n, nombramiento y cese de los miembros de la comisiÃ³n de control y movilizaciÃ³n de estos planes de pensiones.
ArtÃ­culo 10. IntegraciÃ³n en el fondo de pensiones.
1. Para la instrumentaciÃ³n de un plan de pensiones, las contribuciones econÃ³micas a que los promotores y los partÃ­cipes del plan estuvieran obligados se integrarÃ¡n inmediata y necesariamente en una cuenta de posiciÃ³n del plan en el fondo de pensiones, con cargo a la cual se atenderÃ¡ el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la ejecuciÃ³n del plan. Dicha cuenta recogerÃ¡, asimismo, los rendimientos derivados de las inversiones del fondo de pensiones que, en los tÃ©rminos de esta Ley, se asignen al plan.
2. Reglamentariamente se fijarÃ¡n las condiciones a que se sujetarÃ¡n las relaciones entre el plan y el fondo de pensiones, y en particular las referentes al traspaso de la cuenta de posiciÃ³n del plan desde un fondo de pensiones a otro, asÃ­ como a la liquidaciÃ³n del plan.
Reglamentariamente se podrÃ¡n establecer las condiciones y requisitos en los que la comisiÃ³n de control de un plan de pensiones del sistema de empleo adscrito a un fondo puede canalizar recursos de su cuenta de posiciÃ³n a otros fondos de pensiones o adscribirse a varios, gestionados, en su caso, por diferentes entidades gestoras.
3. La comisiÃ³n de control del plan de pensiones supervisarÃ¡ la adecuaciÃ³n del saldo de la cuenta de posiciÃ³n del plan a los requerimientos del rÃ©gimen financiero de Ã©ste.
4. Los planes de pensiones del sistema de empleo se integrarÃ¡n necesariamente en fondos de pensiones cuyo Ã¡mbito de actuaciÃ³n se limite al desarrollo de planes de pensiones de dicho sistema.
ConstituciÃ³n y rÃ©gimen de organizaciÃ³n de los fondos de pensiones
ArtÃ­culo 11. ConstituciÃ³n de los fondos de pensiones.
1. Los fondos de pensiones se constituirÃ¡n, previa autorizaciÃ³n administrativa del Ministerio de EconomÃ­a, en escritura pÃºblica otorgada por la entidad promotora y se inscribirÃ¡n en el Registro especial administrativo que al efecto se establezca y en el Registro Mercantil.
CarecerÃ¡n de personalidad jurÃ­dica y serÃ¡n administrados y representados conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2. La escritura de constituciÃ³n deberÃ¡ contener necesariamente las siguientes menciones:
a) La denominaciÃ³n o razÃ³n social y el domicilio de la entidad o entidades promotoras.
b) La denominaciÃ³n o razÃ³n social y el domicilio de las entidades gestora y depositaria y la identificaciÃ³n de las personas que ejercen la administraciÃ³n y representaciÃ³n de aquÃ©llas.
c) La denominaciÃ³n del fondo, que deberÃ¡ ser seguida, en todo caso, de la expresiÃ³n "fondo de pensiones".
e) Las normas de funcionamiento, que especificarÃ¡n, al menos:
1.Âº El Ã¡mbito de actuaciÃ³n del fondo.
2.Âº El procedimiento para la elecciÃ³n y renovaciÃ³n y la duraciÃ³n del mandato de los miembros de la comisiÃ³n de control del fondo, asÃ­ como el funcionamiento de Ã©sta.
3.Âº La polÃ­tica de inversiones de los recursos aportados al fondo.
4.Âº Los criterios de imputaciÃ³n de resultados, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
5.Âº Los sistemas actuariales que pueden utilizarse en la ejecuciÃ³n de los planes de pensiones.
6.Âº La comisiÃ³n mÃ¡xima que haya de satisfacerse a la entidad gestora, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artÃ­culo 20 de esta Ley.
7.Âº Las normas de distribuciÃ³n de los gastos de funcionamiento a que se refiere el apartado 6 del artÃ­culo 14 de esta Ley.
8.Âº Los requisitos para la modificaciÃ³n de las normas de funcionamiento y para la sustituciÃ³n de las entidades gestora y depositaria. En ningÃºn caso podrÃ¡ operarse la sustituciÃ³n sin el previo acuerdo de la comisiÃ³n, oÃ­das las subcomisiones, de control del fondo de pensiones, salvo lo establecido en el artÃ­culo 23 de esta Ley.
9.Âº Las normas que hayan de regir la disoluciÃ³n y liquidaciÃ³n del fondo.
3. Con carÃ¡cter previo a la constituciÃ³n del fondo los promotores deberÃ¡n obtener autorizaciÃ³n del Ministerio de EconomÃ­a, a cuyos tÃ©rminos se acomodarÃ¡, en su caso, la escritura de constituciÃ³n. El otorgamiento de la autorizaciÃ³n en ningÃºn caso podrÃ¡ ser tÃ­tulo que cause la responsabilidad de la AdministraciÃ³n del Estado.
4. Obtenida la autorizaciÃ³n administrativa previa, en el Registro Mercantil se abrirÃ¡ a cada fondo una hoja de inscripciÃ³n en la que serÃ¡ primer asiento el correspondiente a la escritura de constituciÃ³n y contendrÃ¡ los extremos que Ã©sta debe expresar, aplicÃ¡ndose las normas que regulan el Registro Mercantil.
5. Se crearÃ¡n en el Ministerio de EconomÃ­a el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones y el de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones. Los fondos de pensiones se inscribirÃ¡n necesariamente en el Registro administrativo, en el que se harÃ¡ constar la escritura de constituciÃ³n y las modificaciones posteriores autorizadas en la forma prevista en este artÃ­culo. AdemÃ¡s, se deberÃ¡ hacer constar el plan o planes de pensiones a que cada fondo de pensiones estÃ© afecto, asÃ­ como las sucesivas incidencias que les afecten.
6. Queda reservada la denominaciÃ³n de "fondos de pensiones", asÃ­ como sus siglas, a los constituidos de acuerdo con la presente Ley.
7. La inscripciÃ³n en el Registro administrativo exige el previo cumplimiento de todos los demÃ¡s requisitos de constituciÃ³n.
8. PodrÃ¡n constituirse fondos de pensiones que instrumenten un Ãºnico plan de pensiones.
9. Los fondos de pensiones podrÃ¡n encuadrarse dentro de dos tipos:
b) Fondo cerrado, instrumenta exclusivamente las inversiones del plan o planes de pensiones integrados en Ã©l.
10. En los fondos de pensiones que integran planes de pensiones de prestaciÃ³n definida y en los fondos de pensiones abiertos podrÃ¡ requerirse la constituciÃ³n de un patrimonio inicial mÃ­nimo, segÃºn niveles fijados reglamentariamente en razÃ³n de las garantÃ­as exigidas para su correcto desenvolvimiento financiero.
ArtÃ­culo 12. Responsabilidad.
1. Los acreedores de los fondos de pensiones no podrÃ¡n hacer efectivos sus crÃ©ditos sobre los patrimonios de los promotores de los planes y de los partÃ­cipes, cuya responsabilidad estÃ¡ limitada a sus respectivos compromisos de aportaciÃ³n a sus planes de pensiones adscritos.
2. El patrimonio de los fondos no responderÃ¡ por las deudas de las entidades promotora, gestora y depositaria.
ArtÃ­culo 13. AdministraciÃ³n de los fondos de pensiones.
Los fondos de pensiones serÃ¡n administrados con las limitaciones establecidas en el artÃ­culo 14, por una entidad gestora con el concurso de un depositario y bajo la supervisiÃ³n de una comisiÃ³n de control, en la forma que reglamentariamente se determine.
ArtÃ­culo 14. ComisiÃ³n de control del fondo de pensiones.
1. En los fondos de pensiones se constituirÃ¡ una comisiÃ³n de control del fondo cuya composiciÃ³n se ajustarÃ¡ a las siguientes condiciones:
a) En el caso de los fondos de pensiones que integren planes de pensiones del sistema de empleo sÃ³lo podrÃ¡n integrar planes de esta modalidad.
Si un mismo fondo instrumenta varios planes de pensiones de empleo, su comisiÃ³n de control podrÃ¡ formarse con representantes de cada uno de los planes o mediante una representaciÃ³n conjunta de los planes de pensiones integrados en el mismo.
Si el fondo integra un Ãºnico plan de pensiones de empleo, la comisiÃ³n de control del plan ejercerÃ¡ las funciones de la comisiÃ³n de control del fondo.
b) En los fondos de pensiones distintos de los contemplados en el pÃ¡rrafo a) anterior, la comisiÃ³n de control se formarÃ¡ con representantes de cada uno de los planes adscritos al mismo.
En el caso de planes de pensiones del sistema asociado dichos representantes serÃ¡n designados por las respectivas comisiones de control de los planes. Si el fondo integra un Ãºnico plan del sistema asociado, la comisiÃ³n de control del plan ejercerÃ¡ las funciones de comisiÃ³n de control del fondo.
En el caso de los planes del sistema individual dichos representantes serÃ¡n designados por las respectivas entidades promotoras de los planes. A tal efecto, si entre los planes adscritos al fondo hubiese dos o mÃ¡s planes del sistema individual promovidos por la misma entidad promotora, Ã©sta podrÃ¡ designar una representaciÃ³n conjunta de dichos planes en la comisiÃ³n de control del fondo.
Si el fondo integra exclusivamente uno o varios planes del sistema individual promovidos por la misma entidad, no serÃ¡ precisa la constituciÃ³n de una comisiÃ³n de control del fondo, correspondiendo en tal caso al promotor del plan o planes las funciones y responsabilidades asignadas por esta normativa a dicha comisiÃ³n.
2. Las funciones de la comisiÃ³n de control del fondo de pensiones son, entre otras:
a) SupervisiÃ³n del cumplimiento de los planes adscritos.
c) Nombramiento de los expertos cuya actuaciÃ³n estÃ© exigida en la presente Ley, sin perjuicio de las facultades previstas dentro de cada plan de pensiones.
d) Propuesta y, en su caso, decisiÃ³n en las demÃ¡s cuestiones sobre las que la presente Ley le atribuye competencia.
PodrÃ¡ recabar de las entidades gestora y depositaria la informaciÃ³n que resulte pertinente para el ejercicio de sus funciones.
e) RepresentaciÃ³n del fondo, pudiendo delegar en la entidad gestora para el ejercicio de sus funciones.
f) Examen y aprobaciÃ³n de la actuaciÃ³n de la entidad gestora en cada ejercicio econÃ³mico, exigiÃ©ndole, en su caso, la responsabilidad prevista en el artÃ­culo 22 de esta Ley.
g) SustituciÃ³n de la entidad gestora o depositaria, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 23.
h) SuspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de actos y acuerdos contrarios a los intereses del fondo.
i) En su caso, aprobaciÃ³n de la integraciÃ³n en el fondo de nuevos planes de pensiones.
3. Por razones de heterogeneidad en los tipos de planes de pensiones adscritos a un mismo fondo o de dimensiÃ³n de Ã©ste, podrÃ¡ arbitrarse la constituciÃ³n, en el seno de la comisiÃ³n de control, de subcomisiones que operarÃ¡n segÃºn Ã¡reas homogÃ©neas de planes o segÃºn modalidades de inversiÃ³n.
4. El cargo de vocal de una comisiÃ³n serÃ¡ temporal y gratuito. En las normas de funcionamiento del fondo se consignarÃ¡ el procedimiento para la elecciÃ³n y renovaciÃ³n de sus miembros, la duraciÃ³n de su mandato, asÃ­ como los casos y formas en que deba reunirse la mencionada comisiÃ³n de control del fondo.
5. Una vez elegidos los miembros de la comisiÃ³n de control del fondo, designarÃ¡n entre sÃ­ a quienes hayan de ejercer la presidencia y la secretarÃ­a. La ComisiÃ³n quedarÃ¡ vÃ¡lidamente constituida cuando, debidamente convocados, concurra la mayorÃ­a de sus miembros, y adoptarÃ¡ sus acuerdos por mayorÃ­a, teniendo en cuenta lo previsto en el pÃ¡rrafo siguiente.
En el caso de que el fondo integre varios planes de pensiones, se ponderarÃ¡ el voto de los representantes designados por cada plan en atenciÃ³n a su nÃºmero y a la parte de interÃ©s econÃ³mico que el plan tenga en el fondo o, en su caso, el interÃ©s econÃ³mico del conjunto de planes del sistema individual del mismo promotor si Ã©ste hubiere designado una representaciÃ³n conjunta de sus planes.
6. Se soportarÃ¡n por el fondo los gastos de funcionamiento de la comisiÃ³n de control, si bien podrÃ¡ acordarse su asunciÃ³n total o parcial por las entidades promotoras.
No obstante lo anterior, si el fondo integra planes del sistema individual, tales gastos serÃ¡n de cuenta de los promotores.
ArtÃ­culo 15. DisoluciÃ³n y liquidaciÃ³n de los fondos de pensiones.
1. ProcederÃ¡ la disoluciÃ³n de los fondos de pensiones:
a) Por revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa al fondo de pensiones.
c) Por concurrir los supuestos previstos en el artÃ­culo 23 de esta Ley.
d) Por decisiÃ³n de la comisiÃ³n de control del fondo, o si Ã©sta no existiere, si asÃ­ lo deciden de comÃºn acuerdo su promotor, entidad gestora y depositaria.
2. Una vez disuelto el fondo de pensiones se abrirÃ¡ el perÃ­odo de liquidaciÃ³n, aÃ±adiÃ©ndose a su denominaciÃ³n las palabras "en liquidaciÃ³n", y realizÃ¡ndose las correspondientes operaciones conjuntamente por la comisiÃ³n de control del fondo y la entidad gestora en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen.
SerÃ¡ admisible que las normas del fondo de pensiones prevean que, en caso de liquidaciÃ³n del mismo, todos los planes deban integrarse en un Ãºnico fondo de pensiones.
En todo caso, serÃ¡n requisitos previos a la extinciÃ³n de los fondos de pensiones la garantÃ­a individualizada de las prestaciones causadas y la continuaciÃ³n de los planes de pensiones vigentes a travÃ©s de otro u otros fondos de pensiones ya constituidos o a constituir.
3. El acuerdo de disoluciÃ³n se inscribirÃ¡ en el Registro Mercantil y en el Registro administrativo, publicÃ¡ndose, ademÃ¡s, en el "BoletÃ­n Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulaciÃ³n del lugar del domicilio social.
Ultimada la liquidaciÃ³n, tras haber dado cumplimiento a lo preceptuado en el pÃ¡rrafo tercero del apartado 2 precedente, los liquidadores deberÃ¡n solicitar del Registrador mercantil y de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la cancelaciÃ³n respectiva de los asientos referentes al fondo de pensiones extinguido.
RÃ©gimen financiero de los fondos de pensiones
ArtÃ­culo 16. Inversiones de los fondos de pensiones.
1. El activo de los fondos de pensiones estarÃ¡ invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificaciÃ³n y de plazos adecuados a sus finalidades.
Reglamentariamente se establecerÃ¡ el lÃ­mite mÃ­nimo, no inferior al 75 por ciento del activo del fondo, que se invertirÃ¡ en activos financieros contratados en mercados regulados, en depÃ³sitos bancarios, en crÃ©ditos con garantÃ­a hipotecaria y en inmuebles.
2. Reglamentariamente podrÃ¡n fijarse porcentajes mÃ­nimos o mÃ¡ximos de inversiÃ³n en determinadas categorÃ­as generales de inversiones en que se materialice el activo de los fondos de pensiones, con el fin de asegurar su liquidez o solvencia y sin que, en ningÃºn caso, puedan entraÃ±ar obligaciones de invertir en activos financieros especÃ­ficos cuya rentabilidad no se adecue a las condiciones generales de los mercados financieros.
3. La inversiÃ³n en activos extranjeros se regularÃ¡ por la legislaciÃ³n correspondiente, computÃ¡ndose en el porcentaje indicado a su naturaleza.
Reglamentariamente podrÃ¡n establecerse normas de congruencia monetaria entre las monedas de realizaciÃ³n de las inversiones de los fondos de pensiones y las monedas en que han de satisfacerse sus compromisos.
4. Reglamentariamente se establecerÃ¡n porcentajes y criterios de diversificaciÃ³n de las inversiones en valores emitidos o avalados por una misma entidad o de entidades pertenecientes a un mismo grupo.
Los porcentajes de diversificaciÃ³n se establecerÃ¡n sobre el valor nominal de los tÃ­tulos emitidos o avalados por las entidades de referencia, incluyÃ©ndose, en su caso, los crÃ©ditos otorgados a ellas o avalados por las mismas.
Reglamentariamente se podrÃ¡n establecer porcentajes de diversificaciÃ³n sobre el activo del fondo de pensiones para determinados tipos de inversiones, en funciÃ³n de sus caracterÃ­sticas, en instituciones de inversiÃ³n colectiva, en inmuebles, en valores no cotizados en mercados organizados, especialmente de pequeÃ±as y medianas empresas y en capital riesgo.
Asimismo, reglamentariamente se podrÃ¡n establecer limitaciones a las inversiones de los fondos de pensiones en activos financieros que figuren en el pasivo de entidades promotoras de los planes de pensiones adscritos al fondo, de las entidades gestoras y depositarias de los mismos o de entidades pertenecientes al mismo grupo de cualquiera de ellas o aquÃ©llas.
Los porcentajes de diversificaciÃ³n previstos en este apartado no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los activos o tÃ­tulos emitidos o avalados por el Estado o sus Organismos autÃ³nomos, por las Comunidades AutÃ³nomas, Corporaciones Locales o por Administraciones pÃºblicas equivalentes de Estados pertenecientes a la OCDE, o por las Instituciones u Organismos internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y por aquellos otros que asÃ­ resulte de compromisos internacionales que EspaÃ±a pueda asumir.
5. A los efectos de este artÃ­culo, se considerarÃ¡n pertenecientes a un mismo grupo las sociedades que se encuentren en los supuestos contemplados en el artÃ­culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de junio, del Mercado de Valores.
Cuando la pertenencia a un mismo grupo sea una circunstancia sobrevenida con posterioridad a la inversiÃ³n, el fondo deberÃ¡ regularizar la composiciÃ³n de su activo en un plazo de un aÃ±o.
En el caso de fondos de pensiones administrados por una misma entidad gestora o por distintas entidades gestoras pertenecientes al mismo grupo de sociedades, el Gobierno podrÃ¡ disponer que las limitaciones establecidas en el apartado 4 anterior se calculen tambiÃ©n con relaciÃ³n al balance consolidado de dichos fondos.
6. Los tipos de interÃ©s de los depÃ³sitos de los fondos de pensiones serÃ¡n libres.
ArtÃ­culo 17. Condiciones generales de las operaciones.
1. Por los fondos de pensiones se realizarÃ¡n las operaciones sobre activos financieros admitidos a cotizaciÃ³n en Bolsa o en un mercado organizado de los citados en el apartado 1 del artÃ­culo 16, de forma que incidan de manera efectiva en los precios con la concurrencia de ofertas y demandas plurales, salvo que la operaciÃ³n pueda realizarse en condiciones mÃ¡s favorables para el fondo que de las resultantes del mercado.
2. En general, los fondos de pensiones no podrÃ¡n otorgar crÃ©dito a los partÃ­cipes de los planes de pensiones adscritos, salvo en los casos excepcionales que se seÃ±alen reglamentariamente.
3. La adquisiciÃ³n y enajenaciÃ³n de bienes inmuebles deberÃ¡n ir precedidas necesariamente de su tasaciÃ³n, realizada en la forma prevista en la Ley de RegulaciÃ³n del Mercado Hipotecario y su legislaciÃ³n complementaria.
4. Las entidades gestora y depositaria de un fondo de pensiones, asÃ­ como sus consejeros y administradores, y los miembros de la comisiÃ³n de control, no podrÃ¡n comprar ni vender para sÃ­ elementos de los activos del fondo ni directamente ni por persona o entidad interpuesta. AnÃ¡loga restricciÃ³n se aplicarÃ¡ a la contrataciÃ³n de crÃ©ditos.
5. Los bienes de los fondos de pensiones sÃ³lo podrÃ¡n ser objeto de garantÃ­a para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del fondo, en los tÃ©rminos que se establezcan reglamentariamente.
ArtÃ­culo 18. Obligaciones frente a tercero.
Las obligaciones frente a tercero no podrÃ¡n exceder en ningÃºn caso del 5 por ciento del activo del fondo.
No se tendrÃ¡n en cuenta a estos efectos los dÃ©bitos contraÃ­dos en la adquisiciÃ³n de elementos patrimoniales en el perÃ­odo que transcurra hasta la liquidaciÃ³n total de la correspondiente operaciÃ³n, ni los existentes frente a los beneficiarios hasta el momento del pago de las correspondientes prestaciones.
ArtÃ­culo 19. Cuentas anuales.
1. Dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio econÃ³mico las entidades gestoras de fondos de pensiones deberÃ¡n:
a) Formular y someter a aprobaciÃ³n de los Ã³rganos competentes las cuentas anuales de la entidad gestora, debidamente auditadas en los tÃ©rminos del apartado 4 siguiente, y presentar la documentaciÃ³n e informaciÃ³n citada a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones y a las comisiones de control del fondo y de los planes de pensiones adscritos al fondo.
b) Formular el balance, la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias y la memoria explicativa del ejercicio anterior del fondo o fondos administrados, debidamente auditados con arreglo al pÃ¡rrafo a), someter dichos documentos a la aprobaciÃ³n de la comisiÃ³n de control del fondo respectivo, quien podrÃ¡ dar a la misma la difusiÃ³n que estimen pertinente, y presentar la documentaciÃ³n e informaciÃ³n de dicho fondo o fondos del mismo modo que regula el pÃ¡rrafo precedente.
2. Dentro de primer semestre de cada ejercicio econÃ³mico, las entidades gestoras deberÃ¡n publicar, para su difusiÃ³n general, los documentos mencionados en el apartado 1.
3. Reglamentariamente se fijarÃ¡n las normas de valoraciÃ³n de los activos de los fondos de pensiones, los criterios para la formaciÃ³n de su cuenta de resultados y el sistema de asignaciÃ³n de los mismos a los planes adscritos al fondo.
4. Los documentos citados en el pÃ¡rrafo a) del apartado 1 deberÃ¡n ser auditados por expertos o sociedades de expertos que cumplan los requisitos que se seÃ±alen reglamentariamente. Los informes de auditorÃ­a deberÃ¡n abarcar los aspectos contables financieros y actuariales, incluyendo un pronunciamiento expreso en lo relativo al cumplimiento de lo previsto al respecto en esta Ley y en su desarrollo reglamentario.
5. El Ministerio de EconomÃ­a podrÃ¡ exigir a las entidades gestoras de fondos de pensiones la realizaciÃ³n de auditorÃ­as externas excepcionales, con el alcance que considere necesario.
6. El Ministerio de EconomÃ­a establecerÃ¡ los modelos de balance, cuenta de resultados y demÃ¡s estados contables de los fondos de pensiones y de sus entidades gestoras, asÃ­ como los criterios de contabilizaciÃ³n y valoraciÃ³n en cuanto no estÃ©n determinados por disposiciones del Gobierno.
7. El Ministerio de EconomÃ­a podrÃ¡ recabar de las entidades gestoras y de las depositarias cuantos datos contables y estadÃ­sticos, pÃºblicos o reservados, referentes a las mismas y a los fondos de pensiones administrados por ellas, estÃ©n relacionados con sus funciones de inspecciÃ³n y tutela, y seÃ±alarÃ¡ la periodicidad con que dicha informaciÃ³n deberÃ¡ elaborarse y los plazos mÃ¡ximos para su entrega al Ministerio.
8. El Ministerio de EconomÃ­a dispondrÃ¡ la publicidad que, en su caso, deba darse, con carÃ¡cter agregado o individual, a los datos citados en el apartado 7, con el objeto de promover una informaciÃ³n frecuente, rÃ¡pida y suficiente en favor de los partÃ­cipes y beneficiarios o de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
Las entidades gestoras deberÃ¡n facilitar a los partÃ­cipes y beneficiarios de los planes de pensiones, al menos con carÃ¡cter trimestral, informaciÃ³n sobre la evoluciÃ³n y situaciÃ³n de sus derechos econÃ³micos en el plan, asÃ­ como sobre otros extremos que pudieran afectarles, especialmente las modificaciones normativas, cambios de las especificaciones del plan, de las normas de funcionamiento del fondo o de su polÃ­tica de inversiones, y de las comisiones de gestiÃ³n y depÃ³sito.
En los planes de pensiones del sistema de empleo esta informaciÃ³n se facilitarÃ¡ en los tÃ©rminos previstos en sus especificaciones o en las condiciones acordadas por la comisiÃ³n de control del plan.
El Ministerio de EconomÃ­a podrÃ¡ regular el contenido, requisitos y condiciones de la referida informaciÃ³n en la medida que se estime necesario para garantizar una informaciÃ³n adecuada a los intereses de los partÃ­cipes y beneficiarios.
9. Las comisiones de control de los planes de pensiones podrÃ¡n solicitar del Ministerio de EconomÃ­a informaciÃ³n sobre datos, referentes al fondo de pensiones al que estÃ©n adscritos o a su entidad gestora o depositaria, no previamente publicados y que estÃ©n en poder del Ministerio o que Ã©ste pueda recabar.
10. Las entidades citadas en el apartado 2 de este artÃ­culo estÃ¡n sujetas al cumplimiento de las obligaciones de informaciÃ³n previstas en el ordenamiento jurÃ­dico.
ArtÃ­culo 20. Entidades gestoras.
1. PodrÃ¡n ser entidades gestoras de fondos de pensiones las sociedades anÃ³nimas que, habiendo obtenido autorizaciÃ³n administrativa previa, reÃºnan los siguientes requisitos:
Adicionalmente, los recursos propios deberÃ¡n incrementarse en los porcentajes que a continuaciÃ³n se indican sobre los excesos del activo total del fondo o fondos gestionados sobre 6.010.121 euros en los siguientes tramos:
1.Âº El 1 por 100 para los excesos sobre 6.010.121 euros hasta 901.518.157 euros.
2.Âº El 0,3 por 100 para los excesos sobre 901.518.157 euros hasta 3.305.566.574 euros.
3.Âº El 0,1 por 100 para los excesos sobre 3.305.566.574 euros.
A estos efectos, se computarÃ¡n como recursos propios el capital social desembolsado y las reservas que se determinen reglamentariamente.
b) Sus acciones serÃ¡n nominativas.
c) Tener como objeto social y actividad exclusivos la administraciÃ³n de fondos de pensiones.
d) No podrÃ¡n emitir obligaciones ni acudir al crÃ©dito y tendrÃ¡n materializado su patrimonio en los activos que reglamentariamente se determinen.
e) DeberÃ¡n estar domiciliadas en EspaÃ±a.
f) DeberÃ¡n inscribirse en el Registro administrativo establecido en el apartado 5 del artÃ­culo 11 de esta Ley.
g) A los socios y a las personas fÃ­sicas miembros del consejo de administraciÃ³n, asÃ­ como a los directores generales y asimilados a estos Ãºltimos de las entidades gestoras de fondos de pensiones, les resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n los criterios y rÃ©gimen de incompatibilidades y limitaciones establecidos en los artÃ­culos 14 y 15 de la Ley 30/1995, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, sin perjuicio de su concreciÃ³n reglamentaria.
2. TambiÃ©n podrÃ¡n ser entidades gestoras de fondos de pensiones las entidades aseguradoras autorizadas para operar en EspaÃ±a en los seguros de vida, siempre que cumplan los requisitos previstos en los pÃ¡rrafos a), e) y f) del apartado anterior.
El lÃ­mite previsto en el pÃ¡rrafo a) del apartado anterior se entenderÃ¡ aplicable, en su caso, al fondo mutual de las mutualidades de previsiÃ³n social. El acceso de estas entidades a la gestiÃ³n de fondos de pensiones se harÃ¡ previa notificaciÃ³n al Ministerio de EconomÃ­a.
3. La denominaciÃ³n de entidad gestora de fondos de pensiones queda reservada exclusivamente a las entidades que cumplan los requisitos previstos en los apartados precedentes.
4. Reglamentariamente se determinarÃ¡n las condiciones en las que las entidades gestoras de fondos de pensiones podrÃ¡n contratar la gestiÃ³n de las inversiones de los fondos de pensiones que administran con terceras entidades autorizadas conforme a las Directivas 93/22/CEE, del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversiÃ³n en el Ã¡mbito de los valores negociables ; 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre seguros directos de vida y 2000/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a entidades de crÃ©dito, y con otras entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas.
5. Las sociedades gestoras percibirÃ¡n por su funciÃ³n una comisiÃ³n de gestiÃ³n dentro del lÃ­mite fijado en las normas de funcionamiento del fondo y que no excederÃ¡ del mÃ¡ximo que, como garantÃ­a de los intereses de los partÃ­cipes y beneficiarios de los planes de pensiones, pudiera establecer el Gobierno de la NaciÃ³n.
6. SerÃ¡ causa de disoluciÃ³n de las entidades gestoras de fondos de pensiones, ademÃ¡s de las enumeradas en el artÃ­culo 260 de la Ley de sociedades anÃ³nimas, la revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa, salvo que la propia entidad renuncie a dicha autorizaciÃ³n, viniendo tal renuncia Ãºnicamente motivada por la modificaciÃ³n de su objeto social para desarrollar una actividad distinta al objeto social exclusivo de administraciÃ³n de fondos de pensiones a que se refiere el pÃ¡rrafo c) del apartado 1 precedente.
El acuerdo de disoluciÃ³n, ademÃ¡s de la publicidad que previene el artÃ­culo 263 de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, se inscribirÃ¡ en el Registro administrativo y se publicarÃ¡ en el "BoletÃ­n Oficial del Estado" y la entidad extinguida se cancelarÃ¡ en el Registro administrativo, ademÃ¡s de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artÃ­culo 278 de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas.
No obstante lo anterior, la disoluciÃ³n, liquidaciÃ³n y extinciÃ³n de las entidades aseguradoras autorizadas como gestoras de fondos de pensiones se regirÃ¡ por la normativa especÃ­fica de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados.
ArtÃ­culo 21. Entidades depositarias.
1. La custodia y depÃ³sito de los valores mobiliarios y demÃ¡s activos financieros integrados en los fondos de pensiones corresponderÃ¡ a una entidad depositaria establecida en EspaÃ±a. PodrÃ¡n ser "entidades depositarias de fondos de pensiones" las entidades que reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Ser entidad de crÃ©dito conforme a la normativa vigente en materia de entidades de crÃ©dito.
b) Tener en EspaÃ±a su domicilio social o sucursal.
c) Tener como actividad autorizada la recepciÃ³n de fondos del pÃºblico en forma de depÃ³sito, cuentas corrientes u otras anÃ¡logas que lleven aparejada la obligaciÃ³n de su restituciÃ³n y como depositarios de valores por cuenta de sus titulares representados en forma de tÃ­tulos o como administradores de valores representados en anotaciones en cuenta.
d) Estar inscrita en el Registro especial de "Entidades Depositarias de Fondos de Pensiones" que se crearÃ¡ en el Ministerio de EconomÃ­a.
2. AdemÃ¡s de la funciÃ³n de custodia, ejercerÃ¡n la vigilancia de la entidad gestora ante las entidades promotoras, partÃ­cipes y beneficiarios, debiendo efectuar Ãºnicamente aquellas operaciones acordadas por las entidades gestoras que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.
3. Reglamentariamente se determinarÃ¡n las condiciones en las que las entidades depositarias de fondos de pensiones podrÃ¡n contratar el depÃ³sito de los activos a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 20.
4. En remuneraciÃ³n de sus servicios, los depositarios percibirÃ¡n de los fondos las retribuciones que libremente pacten con las entidades gestoras, con la previa conformidad de la comisiÃ³n de control del fondo, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse reglamentariamente.
5. Cada fondo de pensiones tendrÃ¡ una sola entidad depositaria, sin perjuicio de la contrataciÃ³n de diferentes depÃ³sitos de valores o efectivo con otras entidades. La entidad depositaria del fondo de pensiones es responsable de la custodia de los valores o efectivo del fondo de pensiones sin que esta responsabilidad se vea afectada por el hecho de que se confÃ­e a un tercero la gestiÃ³n, administraciÃ³n o depÃ³sito de los mismos.
6. Nadie podrÃ¡ ser al mismo tiempo gestor y depositario de un fondo de pensiones, salvo los supuestos que se prevean reglamentariamente en desarrollo del artÃ­culo 23 de esta Ley.
ArtÃ­culo 22. Responsabilidad.
Las entidades gestoras y las depositarias actuarÃ¡n en interÃ©s de los fondos que administren o custodien, siendo responsables frente a las entidades promotoras, partÃ­cipes y beneficiarios de todos los perjuicios que se les causaren por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones. Ambos estÃ¡n obligados a exigirse recÃ­procamente esta responsabilidad en interÃ©s de aquÃ©llos.
ArtÃ­culo 23. SustituciÃ³n de las entidades gestora o depositaria.
1. La sustituciÃ³n de las entidades gestora o depositaria procederÃ¡:
a) A instancia de la propia entidad, previa presentaciÃ³n de la que haya de sustituirla. En tal caso serÃ¡ precisa la aprobaciÃ³n por la comisiÃ³n de control del fondo y por la entidad gestora o depositaria que continÃºe en sus funciones del proyecto de sustituciÃ³n que, cumpliendo los requisitos que se seÃ±alen en las normas de funcionamiento del fondo, se proponga a aquÃ©llas en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan.
Para proceder a la sustituciÃ³n de la entidad gestora serÃ¡ requisito previo la realizaciÃ³n y publicidad suficiente de la auditorÃ­a prevista en el artÃ­culo 19 de esta Ley y, en su caso, la constituciÃ³n por la entidad cesante de las garantÃ­as necesarias para cubrir las responsabilidades de su gestiÃ³n.
b) Por decisiÃ³n de la comisiÃ³n de control del fondo de pensiones, que deberÃ¡ designar simultÃ¡neamente una entidad dispuesta a hacerse cargo de la gestiÃ³n o el depÃ³sito. En tanto no se produzca la correspondiente designaciÃ³n, la entidad afectada continuarÃ¡ en sus funciones.
2. La renuncia unilateral a sus funciones por parte de las entidades gestoras o depositaria sÃ³lo surtirÃ¡ efecto pasado un plazo de dos aÃ±os contados desde su notificaciÃ³n fehaciente a la comisiÃ³n de control del fondo de pensiones y previo cumplimiento de los requisitos de auditorÃ­a, publicidad y garantÃ­a a que se refiere el pÃ¡rrafo a) del apartado precedente. Si vencido el plazo no se designara una entidad sustitutiva, procederÃ¡ la disoluciÃ³n del fondo de pensiones.
3. La disoluciÃ³n, el procedimiento concursal de las entidades gestora o depositaria y su exclusiÃ³n del Registro administrativo producirÃ¡ el cese en la gestiÃ³n o custodia del fondo de la entidad afectada. Si Ã©sta fuese la entidad gestora, la gestiÃ³n quedarÃ¡ provisionalmente encomendada a la entidad depositaria. Si la entidad que cesa en sus funciones fuese la depositaria, los activos financieros y efectivo del fondo serÃ¡n depositados en el Banco de EspaÃ±a. En ambos casos se producirÃ¡ la disoluciÃ³n del fondo si en el plazo de un aÃ±o no se designa nueva entidad gestora o depositaria.
4. Los cambios que se produzcan en el control de las entidades gestoras y la sustituciÃ³n de sus consejeros deberÃ¡n ser puestos en conocimiento de las comisiones de control en la forma que reglamentariamente se establezca.
RÃ©gimen de control administrativo
ArtÃ­culo 24. OrdenaciÃ³n y supervisiÃ³n administrativa.
1. Corresponde al Ministerio de EconomÃ­a la ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n administrativa del cumplimiento de las normas de la presente Ley, pudiendo recabar de las entidades gestoras y depositarias, de las comisiones de control y de los actuarios toda la informaciÃ³n que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
2. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a la inspecciÃ³n de entidades gestoras y de fondos de pensiones lo dispuesto sobre la inspecciÃ³n de entidades aseguradoras en el artÃ­culo 72 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados.
A falta de menciÃ³n expresa en contrario en las especificaciones de los planes de pensiones o en las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, todas las actuaciones derivadas de la InspecciÃ³n se entenderÃ¡n comunicadas cuando tal comunicaciÃ³n se efectÃºe ante la entidad gestora correspondiente.
3. Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberÃ¡n facilitar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones informaciÃ³n sobre su situaciÃ³n, la de los fondos de pensiones que gestionen y la de los planes de pensiones integrados en aquÃ©llas, con la periodicidad y el contenido que reglamentariamente se establezcan.
4. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de EconomÃ­a en el ejercicio de sus funciones de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los fondos de pensiones, salvo los contenidos en los registros administrativos de carÃ¡cter pÃºblico, tendrÃ¡n carÃ¡cter reservado.
Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n en materia de fondos de pensiones, asÃ­ como aquellas a quienes el Ministerio de EconomÃ­a haya encomendado funciones respecto de las mismas, estÃ¡n sometidas al deber de secreto profesional en los mismos tÃ©rminos y con las mismas responsabilidades y excepciones establecidas en el artÃ­culo 75 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados.
ArtÃ­culo 25. Contabilidad de los fondos de pensiones y de las entidades gestoras.
1. La contabilidad de los fondos y planes de pensiones y de sus entidades gestoras se regirÃ¡ por sus normas especÃ­ficas y, en su defecto, por las establecidas en el CÃ³digo de Comercio, en el Plan General de Contabilidad y demÃ¡s disposiciones de la legislaciÃ³n mercantil en materia contable.
2. En el Reglamento de desarrollo de esta Ley, se recogerÃ¡n las normas especÃ­ficas de contabilidad a que se refiere el apartado anterior, estableciendo las obligaciones contables, los principios contables de aplicaciÃ³n obligatoria, las normas sobre formulaciÃ³n de las cuentas anuales, los criterios de valoraciÃ³n de los elementos integrantes de aquÃ©llas, asÃ­ como el rÃ©gimen de aprobaciÃ³n, verificaciÃ³n, depÃ³sito y publicidad de las cuentas, aplicables a los fondos de pensiones y a sus entidades gestoras.
Tal potestad administrativa se ejercerÃ¡ a propuesta del Ministerio de EconomÃ­a y previo informe del Instituto de Contabilidad y AuditorÃ­a de Cuentas y de la Junta Consultiva de Seguros.
3. Se faculta al Ministerio de EconomÃ­a, previos idÃ©nticos informes, a desarrollar dichas normas especÃ­ficas de contabilidad, particularmente estableciendo el Plan de Contabilidad de los fondos y planes de pensiones y el Plan Contable de las entidades gestoras.
ArtÃ­culo 26. Normas de publicidad y contrataciÃ³n.
1. La publicidad relativa a los planes y fondos de pensiones y a sus entidades gestoras se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y disposiciones de desarrollo, asÃ­ como a las normas precisas para su adaptaciÃ³n a los planes y fondos de pensiones y a las entidades gestoras, recogidas en el Reglamento de la presente Ley.
2. Reglamentariamente se determinarÃ¡ la forma y el alcance con que el Ministerio de EconomÃ­a puede hacer pÃºblicos los datos declarados por los fondos de pensiones y sus entidades gestoras y tambiÃ©n se establecerÃ¡ la informaciÃ³n que las entidades gestoras y las comisiones de control han de proporcionar a los partÃ­cipes y beneficiarios de los planes de pensiones.
3. En la medida que la estructura y organizaciÃ³n del mercado de los planes de pensiones lo permita, la contrataciÃ³n de planes de pensiones podrÃ¡ realizarse por vÃ­a electrÃ³nica.
Se habilita al Ministro de EconomÃ­a para que pueda establecer especialidades y limitaciones con respecto a las normas que, con carÃ¡cter general, regulan la contrataciÃ³n por vÃ­a electrÃ³nica, atendiendo a las particularidades que pudieren resultar de la contrataciÃ³n de los planes de pensiones y de sus partÃ­cipes.
RÃ©gimen fiscal
ArtÃ­culo 27. Contribuciones y aportaciones a los planes de pensiones.
Las contribuciones a los planes de pensiones que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley tendrÃ¡n el siguiente tratamiento fiscal:
a) Las contribuciones de los promotores de planes de pensiones serÃ¡n deducibles en el impuesto personal que grava su renta, si bien es imprescindible que se impute a cada partÃ­cipe del plan de pensiones la parte que le corresponda sobre las citadas contribuciones, quien, a su vez, la integrarÃ¡ en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
b) El partÃ­cipe de un plan de pensiones podrÃ¡ reducir la parte general de su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas de acuerdo con lo establecido en la Ley reguladora del mismo.
c) Los partÃ­cipes en planes y fondos de pensiones podrÃ¡n solicitar, en los plazos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, que las cantidades aportadas al plan de pensiones, con inclusiÃ³n de las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas, las cuales, por exceder de cualquiera de los lÃ­mites establecidos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, no hayan podido ser objeto de reducciÃ³n en la base imponible de dicho Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, lo sean, dentro de los lÃ­mites fijados por dicha Ley, en los cinco ejercicios siguientes.
ArtÃ­culo 28. Prestaciones de los planes de pensiones.
1. Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un plan de pensiones se integrarÃ¡n en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
2. Cuando estas prestaciones se materialicen en una percepciÃ³n Ãºnica por el capital equivalente, se tratarÃ¡ el importe percibido conforme a lo establecido en la normativa tributaria.
3. En ningÃºn caso las rentas percibidas podrÃ¡n minorarse en las cuantÃ­as correspondientes a los excesos de las contribuciones sobre los lÃ­mites de reducciÃ³n en la base imponible, de acuerdo con la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
4. Las prestaciones satisfechas tendrÃ¡n el tratamiento de rentas de trabajo a efectos de retenciones, con respecto, en su caso, a lo seÃ±alado en el apartado 2 de este artÃ­culo.
5. En todo caso, las cantidades percibidas en las situaciones de desempleo de larga duraciÃ³n y enfermedad grave, contempladas en el apartado 8 del artÃ­culo 8, se sujetarÃ¡n al rÃ©gimen fiscal establecido en este artÃ­culo para las prestaciones de los planes de pensiones.
ArtÃ­culo 29. No atribuciÃ³n de rentas.
Las rentas correspondientes a los planes de pensiones no serÃ¡n atribuidas a los partÃ­cipes, quedando, en consecuencia, sin tributaciÃ³n en el rÃ©gimen de atribuciÃ³n de renta.
ArtÃ­culo 30. TributaciÃ³n de los fondos de pensiones.
1. Los fondos de pensiones constituidos e inscritos segÃºn lo requerido por la presente Ley, estarÃ¡n sujetos al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen cero teniendo, en consecuencia, derecho a la devoluciÃ³n de las retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos del capital mobiliario.
2. La constituciÃ³n, disoluciÃ³n y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los fondos de pensiones regulados por esta Ley, gozarÃ¡n de exenciÃ³n en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
Medidas de intervenciÃ³n administrativa
SECCIÃN 1.Âª REVOCACIÃN DE LA AUTORIZACIÃN ADMINISTRATIVA
ArtÃ­culo 31. Causas de la revocaciÃ³n y sus efectos.
1. El Ministerio de EconomÃ­a revocarÃ¡ la autorizaciÃ³n administrativa concedida a las entidades gestoras de fondos de pensiones en los siguientes casos:
b) Cuando la entidad gestora no haya iniciado su actividad en el plazo de un aÃ±o desde la inscripciÃ³n en el Registro administrativo o cese de ejercerla durante igual perÃ­odo de tiempo o cuando se aprecie la falta efectiva de actividad en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen.
c) Cuando la entidad gestora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos por esta Ley para el otorgamiento de la autorizaciÃ³n administrativa o incurra en causa de disoluciÃ³n.
d) Cuando no haya podido cumplir, en el plazo fijado, las medidas previstas en un plan de saneamiento o de financiaciÃ³n exigidos a la misma al amparo del artÃ­culo 34.
e) Cuando se haya impuesto a la entidad gestora la sanciÃ³n administrativa de revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n.
2. El Ministerio de EconomÃ­a revocarÃ¡ la autorizaciÃ³n administrativa concedida a los fondos de pensiones en los siguientes casos:
a) Si la comisiÃ³n de control del fondo renuncia a ella expresamente o, si no existiese dicha comisiÃ³n, cuando asÃ­ se solicite por la entidad promotora de dicho fondo.
b) Cuando concurran en el fondo de pensiones las circunstancias previstas para las entidades gestoras en los pÃ¡rrafos c) a e) del apartado 1 precedente.
c) Cuando transcurra un aÃ±o sin integrar ningÃºn plan de pensiones o cuando se aprecie la falta efectiva de actividad en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando concurra alguna de las causas de revocaciÃ³n previstas en los pÃ¡rrafos b), c) o d) del apartado 1 precedente, el Ministerio de EconomÃ­a, antes de acordar la revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa, estarÃ¡ facultado para conceder un plazo, que no excederÃ¡ de seis meses, para que la entidad gestora o el fondo de pensiones que lo hayan solicitado procedan a subsanarla.
4. La revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa determinarÃ¡, en todos los casos, la prohibiciÃ³n inmediata de la realizaciÃ³n de la actividad propia de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones, asÃ­ como la disoluciÃ³n y liquidaciÃ³n de la entidad gestora y del fondo de pensiones, salvo en el supuesto de cambio de objeto social de la entidad gestora conforme a lo establecido en el apartado 6 del artÃ­culo 20 de esta Ley.
SECCIÃN 2.Âª DISOLUCIÃN ADMINISTRATIVA E INTERVENCIÃN EN LA LIQUIDACIÃN
ArtÃ­culo 32. DisoluciÃ³n y terminaciÃ³n administrativas.
1. La disoluciÃ³n de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones o la terminaciÃ³n de los planes de pensiones requerirÃ¡ acuerdo de la Junta General y de las comisiones de control, respectivamente. A estos efectos, estos Ã³rganos deberÃ¡n celebrar la correspondiente reuniÃ³n en el plazo de dos meses desde la concurrencia de la causa de disoluciÃ³n o terminaciÃ³n, pudiendo cualquier socio en el caso de las entidades gestoras, o partÃ­cipe en el caso del fondo o del plan de pensiones, solicitar la citada reuniÃ³n si a su juicio existe causa legÃ­tima para ello.
En el caso de que, existiendo causa legal de disoluciÃ³n de la entidad gestora o del fondo de pensiones o de terminaciÃ³n del plan de pensiones, no se adoptase el acuerdo o fuera contrario a la disoluciÃ³n, los administradores de la entidad gestora y las comisiones de control del fondo o del plan de pensiones estarÃ¡n obligados a solicitar la disoluciÃ³n administrativa en el plazo de diez dÃ­as naturales a contar desde la fecha en que debiera haberse convocado el Ã³rgano competente para adoptar el acuerdo, o desde la fecha prevista para su reuniÃ³n, o finalmente desde el dÃ­a de la celebraciÃ³n de la misma, cuando el acuerdo de disoluciÃ³n no pudiese lograrse o se adoptase acuerdo en contrario.
2. Conocida por el Ministerio de EconomÃ­a la concurrencia de una causa de disoluciÃ³n de una entidad gestora o de un fondo de pensiones o una causa de terminaciÃ³n de un plan de pensiones asÃ­ como el incumplimiento por los Ã³rganos correspondientes de lo dispuesto en el nÃºmero precedente, procederÃ¡ a la disoluciÃ³n administrativa de la entidad gestora o del fondo de pensiones o a la terminaciÃ³n administrativa del plan de pensiones.
3. El procedimiento administrativo de disoluciÃ³n o terminaciÃ³n se iniciarÃ¡ de oficio o a solicitud de los administradores o de la comisiÃ³n de control y, tras las alegaciones de la entidad gestora o de la comisiÃ³n de control, el Ministerio de EconomÃ­a procederÃ¡ a la disoluciÃ³n o terminaciÃ³n administrativas. El acuerdo de disoluciÃ³n o terminaciÃ³n administrativa contendrÃ¡ la revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa de la entidad gestora o del fondo de pensiones afectado.
ArtÃ­culo 33. IntervenciÃ³n en la liquidaciÃ³n.
En la liquidaciÃ³n, y hasta la cancelaciÃ³n de la inscripciÃ³n en el Registro administrativo, el Ministerio de EconomÃ­a conservarÃ¡ todas sus competencias de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n sobre la entidad gestora, fondo de pensiones y plan de pensiones y, ademÃ¡s, podrÃ¡ adoptar las siguientes medidas:
1. Acordar la intervenciÃ³n de la liquidaciÃ³n para salvaguardar los intereses de los partÃ­cipes, beneficiarios o de terceros. Decidida la intervenciÃ³n, estarÃ¡n sujetas al control de la IntervenciÃ³n del Estado las actuaciones de los liquidadores en los tÃ©rminos definidos en el artÃ­culo 34.
a) Cuando no se hubiese procedido a nombramiento de liquidadores en el plazo de los quince dÃ­as siguientes a la disoluciÃ³n, o cuando el nombramiento dentro de ese plazo lo fuese sin cumplir los requisitos legales y estatutarios.
b) Cuando los liquidadores incumplan las normas que para la protecciÃ³n de los partÃ­cipes y beneficiarios se establecen en esta Ley, las que rigen la liquidaciÃ³n, dificulten la misma, o Ã©sta se retrase.
SECCIÃN 3.Âª MEDIDAS DE CONTROL ESPECIAL
ArtÃ­culo 34. Medidas de control especial.
1. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ adoptar las medidas de control especial contenidas en el presente artÃ­culo cuando las entidades gestoras o los planes o fondos de pensiones se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1.Âº Respecto de las entidades gestoras cuando concurran:
a) PÃ©rdidas acumuladas en cuantÃ­a superior al 25 por 100 de su capital social.
c) Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la AdministraciÃ³n, que pongan en peligro su solvencia, los intereses de las entidades promotoras, partÃ­cipes o beneficiarios o el cumplimiento de las obligaciones contraÃ­das, asÃ­ como la falta de adecuaciÃ³n de su contabilidad al plan de contabilidad que les sea exigible o irregularidad de la contabilidad o administraciÃ³n en tÃ©rminos tales que impidan o dificulten notablemente conocer la verdadera situaciÃ³n patrimonial de la entidad gestora.
2.Âº Respecto de los planes y fondos de pensiones cuando concurran:
a) DÃ©ficit superior al 5 por 100 en el cÃ¡lculo de las provisiones matemÃ¡ticas o fondos de capitalizaciÃ³n de los planes, que asuman la cobertura de un riesgo, integrados en el fondo de pensiones ; o al 20 por 100 en el cÃ¡lculo de otras provisiones tÃ©cnicas.
b) DÃ©ficit superior al 10 por 100 en la cobertura de provisiones tÃ©cnicas de los planes integrados en el fondo.
e) Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la AdministraciÃ³n, que pongan en peligro su solvencia, los intereses de las entidades promotoras, partÃ­cipes o beneficiarios de los planes de pensiones o el cumplimiento de las obligaciones contraÃ­das, asÃ­ como la falta de adecuaciÃ³n de su contabilidad al plan de contabilidad que les sea exigibles o irregularidad de la contabilidad o administraciÃ³n en tÃ©rminos tales que impidan o dificulten notablemente conocer su verdadera situaciÃ³n patrimonial.
f) Insuficiencia de los activos mÃ­nimos exigidos a los fondos de pensiones abiertos para poder operar como tales.
g) Incumplimiento de un plan de reequilibrio actuarial o financiero aprobado por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones o presentado ante la misma, al amparo de los regÃ­menes transitorios aplicables en cada momento.
2. Con independencia de la sanciÃ³n administrativa que en su caso proceda imponer, las medidas de control especial, de acuerdo con las caracterÃ­sticas de la situaciÃ³n, podrÃ¡n consistir en:
1.Âº Respecto de las entidades gestoras en cualquiera de las medidas que para las entidades aseguradoras regulan los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 39 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, en la medida que les sean aplicables, con la peculiaridad de que la referencia que en dicho precepto se hace a la suspensiÃ³n de la contrataciÃ³n de nuevos seguros por la entidad aseguradora o la aceptaciÃ³n de reaseguro y la prohibiciÃ³n de prÃ³rroga de los contratos de seguro ya celebrados debe entenderse como la suspensiÃ³n de la gestiÃ³n y administraciÃ³n de nuevos fondos de pensiones por la entidad gestora.
AdemÃ¡s, podrÃ¡ adoptarse la medida de suspender a la entidad gestora en sus funciones de administraciÃ³n del fondo o fondos de pensiones, en cuyo caso la comisiÃ³n de control del fondo deberÃ¡ designar una entidad que sustituya a la anterior, previa autorizaciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, quien podrÃ¡ proceder a su designaciÃ³n si aquÃ©lla no lo hiciera.
2.Âº Respecto de los planes y fondos de pensiones podrÃ¡n adoptarse asimismo las medidas reguladas en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 39 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, en la medida que les sean aplicables, con las siguientes peculiaridades: que el plan de financiaciÃ³n y el plan de saneamiento deben ser aprobados por la comisiÃ³n de control del plan de pensiones o fondo de pensiones ; que la suspensiÃ³n de la contrataciÃ³n de nuevos seguros o de aceptaciÃ³n de reaseguro y la prohibiciÃ³n de prÃ³rroga de los contratos de seguro ya celebrados queda sustituida por la medida de suspensiÃ³n de la integraciÃ³n de nuevos planes de pensiones o de nuevos partÃ­cipes en los planes de pensiones, con igual limitaciÃ³n temporal que aquÃ©lla ; y que las referencias que en dicho precepto se hacen a la entidad aseguradora o a sus Ã³rganos de administraciÃ³n deben entenderse hechas, respectivamente, al plan o fondo de pensiones o, segÃºn los casos, a las entidades gestoras o depositarias o a las comisiones de control del fondo o de los planes de pensiones.
3. En todo lo demÃ¡s, serÃ¡ de aplicaciÃ³n en materia de medidas de control especial a adoptar sobre entidades gestoras y planes y fondos de pensiones lo dispuesto en el artÃ­culo 39 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, pero entendiÃ©ndose hechas a la comisiÃ³n de control las referencias a los Ã³rganos de administraciÃ³n de la entidad aseguradora, cuando las medidas a adoptar lo sean sobre planes y fondos de pensiones.
SECCIÃN 4.Âª RÃGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
ArtÃ­culo 35. Infracciones administrativas.
1. Las entidades gestoras y depositarias, los promotores de planes de pensiones del sistema individual, los expertos actuarios y sus sociedades, asÃ­ como quienes desempeÃ±en cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n en las entidades citadas, los miembros de la comisiÃ³n promotora y los miembros de las comisiones y subcomisiones de control de los planes y fondos de pensiones y los liquidadores que infrinjan normas de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de planes y fondos de pensiones, incurrirÃ¡n en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo siguiente.
Este mismo rÃ©gimen serÃ¡ aplicable a las entidades promotoras de los planes de pensiones del sistema asociado y cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n de las mismas por la comisiÃ³n de infracciones con ocasiÃ³n del ejercicio de las funciones propias de la comisiÃ³n promotora.
Se considerarÃ¡n:
a) Cargos de administraciÃ³n los administradores o miembros de los Ã³rganos colegiados de administraciÃ³n, y cargos de direcciÃ³n sus directores generales o asimilados, entendiÃ©ndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta direcciÃ³n bajo la dependencia directa de su Ã³rgano de administraciÃ³n o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo.
b) Normas de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los planes y fondos de pensiones las comprendidas en la presente Ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo y, en general, las que figuren en leyes de carÃ¡cter general que contengan preceptos especÃ­ficamente referidos a los fondos de pensiones, las entidades gestoras de fondos de pensiones o a las entidades depositarias y de obligada observancia por las mismas.
2. Las infracciones de normas de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los planes y fondos de pensiones se clasifican en muy graves, graves y leves.
3. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de infracciones muy graves:
a) El ejercicio por las entidades gestoras de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado, salvo que tenga un carÃ¡cter meramente ocasional o aislado.
b) La sustituciÃ³n de las entidades gestoras o depositarias sin ajustarse a lo dispuesto en el artÃ­culo 23 o sin dar cumplimiento a lo preceptuado en el apartado 5 del artÃ­culo 11 de esta Ley.
c) El defecto en el margen de solvencia en cuantÃ­a superior al 5 por 100 del importe necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones potenciales.
En los casos en que la situaciÃ³n descrita en este pÃ¡rrafo se derive de una revisiÃ³n actuarial, sÃ³lo se considerarÃ¡ como infracciÃ³n el incumplimiento del plan de financiaciÃ³n que se establezca, o la falta de formulaciÃ³n del mismo en el plazo que se establezca.
d) El defecto en el cÃ¡lculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura de los fondos de capitalizaciÃ³n, provisiones matemÃ¡ticas y otras provisiones tÃ©cnicas exigibles con arreglo al pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 8 en cuantÃ­a superior al 10 por 100.
En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una pÃ©rdida imprevisible de aptitud de las inversiones sobrevenida despuÃ©s de su realizaciÃ³n o bien se derive de una revisiÃ³n actuarial, sÃ³lo se entenderÃ¡ como infracciÃ³n el incumplimiento del plan de financiaciÃ³n o saneamiento que se establezca o la falta de formulaciÃ³n de Ã©ste en el plazo que se establezca.
e) El carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con anomalÃ­as sustanciales que impidan o dificulten notablemente conocer la situaciÃ³n econÃ³mica, patrimonial y financiera de la entidad gestora o del fondo de pensiones, asÃ­ como el incumplimiento de la obligaciÃ³n de someter sus cuentas anuales a auditorÃ­a de cuentas conforme a la legislaciÃ³n vigente.
f) El carecer de las bases tÃ©cnicas exigidas por el sistema financiero y actuarial de los planes de pensiones, asÃ­ como la falta de la revisiÃ³n de dicho sistema financiero y actuarial que exige el apartado 5 del artÃ­culo 9.
g) La inversiÃ³n en bienes distintos a los autorizados o en proporciÃ³n superior a la establecida en el artÃ­culo 16, cuando el exceso supere el 50 por 100 de los lÃ­mites legales y no tenga carÃ¡cter transitorio, asÃ­ como la realizaciÃ³n de operaciones con incumplimiento de las condiciones generales impuestas en el artÃ­culo 17.
h) Confiar la custodia o el depÃ³sito de los valores mobiliarios y demÃ¡s activos financieros a entidades distintas de las previstas en el artÃ­culo 21.
i) El incumplimiento de las especificaciones y bases tÃ©cnicas de los planes de pensiones o de las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, salvo que tengan un carÃ¡cter meramente ocasional o aislado, asÃ­ como la realizaciÃ³n de prÃ¡cticas abusivas que perjudiquen el derecho de los promotores, partÃ­cipes o beneficiarios.
j) El incumplimiento de las medidas de control especial adoptadas por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme al artÃ­culo 34 de esta Ley.
k) El reiterado incumplimiento de los acuerdos o resoluciones emanados de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
l) La falta de remisiÃ³n a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones de cuantos datos o documentos deba suministrarle la entidad gestora, la comisiÃ³n de control de los planes o fondos de pensiones, la entidad depositaria o los actuarios, ya mediante su presentaciÃ³n periÃ³dica, ya mediante la atenciÃ³n de requerimientos individualizados que les dirija la citada DirecciÃ³n General en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos, cuando con ello se dificulte la apreciaciÃ³n de su solvencia. A los efectos de este pÃ¡rrafo se entenderÃ¡ que hay falta de remisiÃ³n cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la obligaciÃ³n de presentaciÃ³n periÃ³dica o reiterar el requerimiento individualizado.
m) La excusa, negativa o resistencia a la actuaciÃ³n inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
n) La aceptaciÃ³n de aportaciones a un plan de pensiones, a nombre de un mismo partÃ­cipe, por encima del lÃ­mite financiero previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 5, salvo que dichas aportaciones correspondan a la transferencia de los derechos consolidados por alteraciÃ³n de la adscripciÃ³n a un plan de pensiones o a las previsiones de un plan de reequilibrio formulado conforme al rÃ©gimen transitorio aplicable en cada momento.
Ã±) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a las comisiones de control, partÃ­cipes, beneficiarios y al pÃºblico en general, siempre que, por el nÃºmero de afectados o por la importancia de la informaciÃ³n, tal incumplimiento pueda estimarse como especialmente relevante.
o) La falsedad en los dictÃ¡menes y documentos contables, de auditorÃ­a, actuariales o de informaciÃ³n previstos en esta Ley.
p) El incumplimiento por los actuarios o sus sociedades de la obligaciÃ³n de realizar la revisiÃ³n actuarial de un plan de pensiones o los cÃ¡lculos o informes actuariales, contratados en firme, asÃ­ como la elaboraciÃ³n de bases tÃ©cnicas o la realizaciÃ³n de cÃ¡lculos e informes incumpliendo las normas actuariales aplicables a los planes de pensiones.
4. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de infracciones graves:
b) La ausencia de comunicaciÃ³n, cuando Ã©sta sea preceptiva, de la formalizaciÃ³n, modificaciÃ³n y traslado a otro fondo de pensiones de los planes de pensiones, de la composiciÃ³n y cambios en los Ã³rganos de administraciÃ³n de las entidades gestoras y en las comisiones de control y de la designaciÃ³n de actuarios para la revisiÃ³n de las bases y cÃ¡lculos actuariales.
c) El defecto en el margen de solvencia en cuantÃ­a inferior al 5 por 100 del importe exigible con arreglo al pÃ¡rrafo tercero del apartado 1 del artÃ­culo 8.
d) El defecto en el cÃ¡lculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura de los fondos de capitalizaciÃ³n, provisiones matemÃ¡ticas y otras provisiones tÃ©cnicas exigibles con arreglo al pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 8 en cuantÃ­a superior al 5 por 100, pero inferior al 10 por 100.
En los casos en que la insuficiencia de las inversiones se derive de una pÃ©rdida imprevisible de aptitud de las inversiones sobrevenida despuÃ©s de su realizaciÃ³n o bien se derive de una revisiÃ³n actuarial, sÃ³lo se entenderÃ¡ como infracciÃ³n el incumplimiento del plan de financiaciÃ³n o saneamiento que se establezca, o la falta de formulaciÃ³n de Ã©ste en el plazo que se establezca.
e) El incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilizaciÃ³n de operaciones, formulaciÃ³n de balances y cuenta de pÃ©rdidas y ganancias, siempre que no constituya infracciÃ³n muy grave con arreglo al pÃ¡rrafo e) del apartado 3 precedente, asÃ­ como las relativas a la elaboraciÃ³n de los estados financieros de obligada comunicaciÃ³n a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
f) La materializaciÃ³n en tÃ­tulos valores de las participaciones en el fondo de pensiones, contraviniendo la prohibiciÃ³n establecida en el artÃ­culo 10.
g) La inversiÃ³n en bienes autorizados en proporciÃ³n superior a la establecida en el artÃ­culo 16, siempre que el exceso supere el 20 pero no rebase el 50 por 100 de los lÃ­mites legales y no tenga carÃ¡cter transitorio.
h) La contrataciÃ³n de la administraciÃ³n de activos contraviniendo las normas que se dicten conforme al apartado 4 del artÃ­culo 20.
i) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las especificaciones y bases tÃ©cnicas de los planes de pensiones o de las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, asÃ­ como la aplicaciÃ³n incorrecta de las especificaciones y bases tÃ©cnicas de los planes de pensiones en perjuicio de los partÃ­cipes o beneficiarios.
j) La emisiÃ³n de obligaciones o el recurso al crÃ©dito por las entidades gestoras.
k) El incumplimiento meramente ocasional o aislado de los acuerdos o resoluciones emanados de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
l) La falta de remisiÃ³n a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones de cuantos datos o documentos deban suministrarle la entidad gestora, la comisiÃ³n de control del fondo o del plan de pensiones, la entidad depositaria o los actuarios, ya mediante su presentaciÃ³n periÃ³dica, ya mediante la atenciÃ³n de requerimientos individualizados que les dirija la citada DirecciÃ³n General en el ejercicio de sus funciones, asÃ­ como la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisiÃ³n de una infracciÃ³n muy grave. A los efectos de este pÃ¡rrafo se entenderÃ¡ que hay falta de remisiÃ³n cuando Ã©sta no se produzca dentro del plazo fijado en las normas reguladoras de la presentaciÃ³n periÃ³dica o del plazo concedido al efecto al formular el requerimiento individualizado.
m) La excusa, negativa o resistencia a la actuaciÃ³n inspectora cuando no constituya infracciÃ³n muy grave.
n) El pago a las entidades gestoras de una comisiÃ³n de gestiÃ³n superior a los lÃ­mites fijados en las normas de funcionamiento del fondo de pensiones dentro de los mÃ¡ximos establecidos reglamentariamente, asÃ­ como los pagos por las entidades gestoras a los depositarios de remuneraciÃ³n por sus servicios superiores a las libremente pactadas dentro de los lÃ­mites reglamentarios.
Ã±) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los partÃ­cipes, beneficiarios o al pÃºblico en general, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el pÃ¡rrafo Ã±) del apartado 3 del presente artÃ­culo, asÃ­ como la realizaciÃ³n de cualesquiera actos u operaciones con incumplimiento de las normas reguladoras de la publicidad y deber de informaciÃ³n de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones.
o) El incumplimiento por las entidades depositarias de las obligaciones establecidas en el artÃ­culo 21.
p) La realizaciÃ³n de actos u operaciones con incumplimiento de las normas que se dicten sobre la forma y condiciones de la contrataciÃ³n de planes de pensiones con los partÃ­cipes.
q) Las infracciones leves, cuando durante los dos aÃ±os anteriores a su comisiÃ³n hubieran sido impuestas sanciones firmes por infracciones leves reiteradas.
5. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de infracciones leves:
a) El defecto en el cÃ¡lculo o la insuficiencia de inversiones para la cobertura de los fondos de capitalizaciÃ³n, provisiones matemÃ¡ticas y otras provisiones tÃ©cnicas exigibles con arreglo al pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 8 en cuantÃ­a inferior al 5 por 100.
b) El exceso de inversiÃ³n sobre los coeficientes establecidos en el artÃ­culo 16, siempre que no tengan carÃ¡cter transitorio y no exceda del 20 por 100 de los lÃ­mites legales.
c) En general, el incumplimiento de preceptos de obligada observancia comprendidos en las normas de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los planes y fondos de pensiones que no constituyan infracciÃ³n grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
ArtÃ­culo 36. Sanciones administrativas.
1. A las entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones y, en su caso, a las entidades promotoras de planes de pensiones individuales les serÃ¡n aplicables las sanciones administrativas previstas para las entidades aseguradoras en el artÃ­culo 41 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, y si bien las de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa efectiva se referirÃ¡ al ejercicio de actividad como gestora o depositaria de cualquier fondo de pensiones o en su caso, a la habilitaciÃ³n para ser promotor de planes de pensiones del sistema individual.
2. Los expertos actuarios y sus sociedades, por sus actuaciones en relaciÃ³n con los planes y fondos de pensiones, serÃ¡n sancionados por la comisiÃ³n de infracciones muy graves con una de las siguientes sanciones: prohibiciÃ³n de emitir sus dictÃ¡menes en la materia por un perÃ­odo no superior a diez aÃ±os ni inferior a cinco o multa por importe desde 150.253,02 euros hasta 300.506,05 euros. Por la comisiÃ³n de infracciones graves se impondrÃ¡ a los actuarios una de las siguientes sanciones: prohibiciÃ³n de emitir dictÃ¡menes en la materia en un perÃ­odo de hasta cinco aÃ±os o multa por importe desde 30.050,61 euros hasta 150.253,02 euros. Por la comisiÃ³n de infracciones leves se impondrÃ¡ al actuario la sanciÃ³n de multa, que podrÃ¡ alcanzar hasta el importe de 30.050,61 euros. Si el actuario actÃºa en nombre de una sociedad, las mismas sanciones serÃ¡n aplicables, ademÃ¡s, a dicha sociedad.
3. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a los cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n de las entidades gestoras y depositarias y de las sociedades de actuarios, asÃ­ como a los miembros de las comisiones y subcomisiones de control de los planes y de los fondos de pensiones y a los liquidadores el rÃ©gimen de responsabilidad que para los cargos de administraciÃ³n o de direcciÃ³n de entidades aseguradoras regula el artÃ­culo 42 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, si bien la inhabilitaciÃ³n para ejercer cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo a) de su apartado 3 lo serÃ¡, segÃºn los casos, en cualquier entidad gestora o depositaria, en cualquier sociedad de actuarios o, finalmente, en cualquier comisiÃ³n o subcomisiÃ³n de control de los planes y de los fondos de pensiones.
Igualmente serÃ¡ de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen del artÃ­culo 42 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados a los cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n de las entidades promotoras de planes de pensiones individuales asÃ­ como a los de las entidades promotoras de planes asociados que asuman las funciones de comisiÃ³n promotora. En estos supuestos la inhabilitaciÃ³n vendrÃ¡ referida, segÃºn los casos, a ejercer cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n en entidades promotoras de planes de pensiones individuales para el ejercicio de funciones y facultades relativas a dichos planes.
4. La inobservancia por el partÃ­cipe del lÃ­mite de aportaciÃ³n previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 5, salvo que el exceso de tal lÃ­mite sea retirado antes del dÃ­a 30 de junio del aÃ±o siguiente, serÃ¡ sancionada con una multa equivalente al 50 por 100 de dicho exceso, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso del plan o planes de pensiones correspondientes. Dicha sanciÃ³n serÃ¡ impuesta en todo caso a quien realice la aportaciÃ³n, sea o no partÃ­cipe, si bien el partÃ­cipe quedarÃ¡ exonerado cuando se hubiera realizado sin su conocimiento.
AsÃ­ mismo, la inobservancia por el beneficiario del plazo mÃ¡ximo previsto en la normativa para la comunicaciÃ³n a la entidad gestora del acaecimiento de la contingencia correspondiente y para la determinaciÃ³n del momento y formas de cobro de las prestaciones del plan de pensiones podrÃ¡ ser sancionable con una multa que podrÃ¡ alcanzar hasta el 1 por 100 del valor de los derechos econÃ³micos en el plan en el momento en que se ponga de manifiesto tal inobservancia.
5. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refieren este artÃ­culo y el anterior serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas contenidas en los artÃ­culos 43 a 47 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados.
6. Las personas o entidades que desarrollen la actividad propia de los fondos de pensiones o de las entidades gestoras de fondos de pensiones sin contar con la preceptiva autorizaciÃ³n administrativa o que utilicen las denominaciones "plan de pensiones", "fondo de pensiones", "entidad gestora de fondos de pensiones" o "entidad depositaria de fondos de pensiones", sin serlo, serÃ¡n sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo 48 de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados.
DisposiciÃ³n adicional primera. ProtecciÃ³n de los compromisos por pensiones con los trabajadores.
Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, deberÃ¡n instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante contratos de seguro, a travÃ©s de la formalizaciÃ³n de un plan de pensiones o de ambos. Una vez instrumentados, la obligaciÃ³n y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por pensiones se circunscribirÃ¡n exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguro y planes de pensiones.
A estos efectos, se entenderÃ¡n por compromisos de pensiones los derivados de obligaciones legales o contractuales del empresario con el personal de la empresa y vinculados a las contingencias establecidas en el apartado 6 del artÃ­culo 8. Tales pensiones podrÃ¡n revestir las formas establecidas en el apartado 5 del artÃ­culo 8 y comprenderÃ¡n toda prestaciÃ³n que se destine a la cobertura de tales compromisos, cualquiera que sea su denominaciÃ³n.
Tienen la consideraciÃ³n de empresas no sÃ³lo las personas fÃ­sicas y jurÃ­dicas sino tambiÃ©n las comunidades de bienes y demÃ¡s entidades que, aun carentes de personalidad jurÃ­dica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores los compromisos descritos.
Para que los contratos de seguro puedan servir a la finalidad referida en el pÃ¡rrafo primero habrÃ¡n de satisfacer los siguientes requisitos:
a) Revestir la forma de seguros colectivos sobre la vida, en los que la condiciÃ³n de asegurado corresponderÃ¡ al trabajador y la de beneficiario a las personas en cuyo favor se generen las pensiones segÃºn los compromisos asumidos.
b) En dichos contratos no serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los artÃ­culos 97 y 99 de la Ley de Contrato de Seguro.
c) Los derechos de rescate y de reducciÃ³n del tomador sÃ³lo podrÃ¡n ejercerse al objeto de mantener en la pÃ³liza la adecuada cobertura de sus compromisos por pensiones vigentes en cada momento o a los exclusivos efectos de la integraciÃ³n de los compromisos cubiertos en dicha pÃ³liza en otro contrato de seguro o en un plan de pensiones. En este Ãºltimo caso, la nueva aseguradora o el plan de pensiones asumirÃ¡ la cobertura total de los referidos compromisos por pensiones.
d) DeberÃ¡n individualizarse las inversiones correspondientes a cada pÃ³liza en los tÃ©rminos que se establezcan reglamentariamente.
e) La cuantÃ­a del derecho de rescate no podrÃ¡ ser inferior al valor de realizaciÃ³n de los activos que representen la inversiÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas correspondientes. Si existiese dÃ©ficit en la cobertura de dichas provisiones, tal dÃ©ficit no serÃ¡ repercutible en el derecho de rescate, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. El importe del rescate deberÃ¡ ser abonado directamente a la nueva aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre el nuevo plan de pensiones.
SerÃ¡ admisible que el pago del valor del rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad.
En los contratos de seguro cuyas primas hayan sido imputadas a los sujetos a los que se vinculen los compromisos por pensiones deberÃ¡n preverse, de acuerdo con las condiciones pactadas en el compromiso, los derechos econÃ³micos de los sujetos en los casos en que se produzca la cesaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral previa al acaecimiento de las contingencias previstas en esta normativa o se modifique el compromiso por pensiones vinculado a dichos sujetos.
Reglamentariamente se fijarÃ¡n las condiciones que han de cumplir los contratos de seguro a los que se refiere esta disposiciÃ³n, incluidos los instrumentados entre las mutualidades de previsiÃ³n social y sus mutualistas en su condiciÃ³n de tomadores del seguro o asegurados. En todo caso, las condiciones que se establezcan reglamentariamente, deberÃ¡n ser homogÃ©neas, actuarial y financieramente con las normas aplicables a los compromisos por pensiones formalizados mediante planes de pensiones.
La efectividad de los compromisos por pensiones y del cobro de las prestaciones causadas quedarÃ¡n condicionados a su formalizaciÃ³n en los instrumentos referidos en el pÃ¡rrafo primero. En todo caso, el incumplimiento por la empresa de la obligaciÃ³n de instrumentar los compromisos por pensiones asumidos constituirÃ¡ infracciÃ³n en materia laboral de carÃ¡cter muy grave, en los tÃ©rminos prevenidos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En ningÃºn caso resultarÃ¡ admisible la cobertura de tales compromisos mediante la dotaciÃ³n por el empresario de fondos internos, o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por parte de Ã©ste de la titularidad de los recursos constituidos.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Plazo de resoluciÃ³n de las solicitudes de autorizaciÃ³n administrativa.
Las peticiones de autorizaciones administrativas reguladas en la presente Ley deberÃ¡n ser resueltas dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentaciÃ³n de la solicitud de autorizaciÃ³n.
En ningÃºn caso se entenderÃ¡n autorizados un fondo de pensiones o una entidad gestora de fondos de pensiones en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo referido.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Responsabilidad civil y obligaciones de los actuarios.
1. Los actuarios que emitan informes o dictÃ¡menes sobre cualquiera de los instrumentos que formalicen compromisos por pensiones, responderÃ¡n, directa, ilimitada y, caso de ser varios, solidariamente, frente al promotor, comisiÃ³n, entidad gestora, plan y fondo de pensiones, partÃ­cipes y beneficiarios, por todos los perjuicios que les causaren por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.
Cuando el dictamen actuarial se emita por un actuario de una sociedad de actuarios, la responsabilidad directa, ilimitada y solidaria comprenderÃ¡ tambiÃ©n a la sociedad, salvo que el actuario firmante del dictamen hubiese hecho constar expresamente en el mismo que actuÃ³ en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad.
La responsabilidad de los socios actuarios no firmantes del dictamen actuarial serÃ¡ subsidiaria respecto de la anterior, pero solidaria entre sÃ­.
2. Los actuarios y las sociedades de Ã©stos conservarÃ¡n y custodiarÃ¡n la documentaciÃ³n referente a cada dictamen o revisiÃ³n actuarial por ellos realizados, incluidos los papeles de trabajo que constituyan las pruebas y el fundamento de las conclusiones que consten en el informe, debidamente ordenados, durante cinco aÃ±os a partir de la fecha de emisiÃ³n del dictamen actuarial, salvo que tengan conocimiento de la existencia de litigio en el que dicha documentaciÃ³n pueda constituir elemento de prueba, en cuyo caso el plazo se extenderÃ¡ hasta que se dicte sentencia firme o de otro modo termine el proceso.
La pÃ©rdida o deterioro de la documentaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo precedente deberÃ¡ ser comunicada por el actuario a la comisiÃ³n de control del plan de pensiones correspondiente en un plazo de quince dÃ­as naturales desde que tuvo conocimiento de la misma.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Planes de pensiones y mutualidades de previsiÃ³n social constituidos a favor de personas con minusvalÃ­a.
PodrÃ¡n realizarse aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con un grado de minusvalÃ­a igual o superior al 65 por 100. A los mismos les resultarÃ¡ aplicable el rÃ©gimen financiero de los planes de pensiones con las siguientes especialidades:
1. PodrÃ¡n efectuar aportaciones al plan de pensiones tanto el propio minusvÃ¡lido partÃ­cipe como las personas que tengan con el mismo una relaciÃ³n de parentesco en lÃ­nea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, asÃ­ como el cÃ³nyuge o aquellos que les tuviesen a su cargo en rÃ©gimen de tutela o acogimiento. En estos Ãºltimos supuestos, las personas con minusvalÃ­a habrÃ¡n de ser designadas beneficiarias de manera Ãºnica e irrevocable para cualquier contingencia. No obstante, la contingencia de muerte del minusvÃ¡lido podrÃ¡ generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de quienes hayan realizado aportaciones al plan de pensiones del minusvÃ¡lido en proporciÃ³n a la aportaciÃ³n de Ã©stos.
2. Como lÃ­mite mÃ¡ximo de las aportaciones, a efectos de lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 5 de la presente Ley, se aplicarÃ¡n las siguientes cuantÃ­as:
a) Las aportaciones anuales mÃ¡ximas realizadas por las personas minusvÃ¡lidas partÃ­cipes, no podrÃ¡n rebasar la cantidad de 22.838,46 euros.
b) Las aportaciones anuales mÃ¡ximas realizadas por cada partÃ­cipe a favor de personas con minusvalÃ­a ligadas por relaciÃ³n de parentesco no podrÃ¡n rebasar la cantidad de 7.212,15 euros. Ello sin perjuicio de las aportaciones que pueda realizar a su propio plan de pensiones, de acuerdo con el lÃ­mite previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 5 de esta Ley.
c) Las aportaciones anuales mÃ¡ximas a planes de pensiones realizadas a favor de una persona con minusvalÃ­a, incluyendo sus propias aportaciones, no podrÃ¡n rebasar la cantidad de 22.838,46 euros.
La inobservancia de estos lÃ­mites de aportaciÃ³n serÃ¡ objeto de la sanciÃ³n prevista en el apartado 4 del artÃ­culo 36 de la presente Ley. A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor del minusvÃ¡lido, se entenderÃ¡ que el lÃ­mite de 22.838,46 euros se cubre con las aportaciones del propio minusvÃ¡lido y, cuando Ã©stas no superen dicho lÃ­mite, con las restantes aportaciones, en proporciÃ³n a su cuantÃ­a.
La aceptaciÃ³n de aportaciones a un plan de pensiones a nombre de un mismo beneficiario minusvÃ¡lido, por encima del lÃ­mite de 22.838,46 euros anuales, tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de infracciÃ³n muy grave, en los tÃ©rminos previstos en el pÃ¡rrafo n) del apartado 3 del artÃ­culo 35 de esta Ley.
3. Las prestaciones del plan de pensiones deberÃ¡n ser en forma de renta, salvo que, por circunstancias excepcionales, y en los tÃ©rminos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, puedan percibirse en forma de capital.
4. Reglamentariamente podrÃ¡n establecerse especificaciones en relaciÃ³n con las contingencias por las que pueden satisfacerse las prestaciones, a las que se refiere el apartado 6 del artÃ­culo 8 de esta Ley.
5. Reglamentariamente se determinarÃ¡n los supuestos en los que podrÃ¡n hacerse efectivos los derechos consolidados en el plan de pensiones por parte de las personas con minusvalÃ­a, de acuerdo con lo previsto en el apartado 8 del artÃ­culo 8 de la presente Ley.
6. El rÃ©gimen regulado en esta disposiciÃ³n adicional serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las aportaciones a Mutualidades de PrevisiÃ³n Social y prestaciones de las mismas a favor de minusvÃ¡lidos que cumplan los requisitos previstos en los anteriores apartados. En tal caso, los lÃ­mites establecidos por esta disposiciÃ³n serÃ¡n conjuntos para las aportaciones de planes de pensiones y a Mutualidades de PrevisiÃ³n Social.
DisposiciÃ³n transitoria primera. RÃ©gimen transitorio de integraciÃ³n voluntaria en planes de pensiones de instituciones de previsiÃ³n existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones.
El rÃ©gimen de integraciÃ³n voluntaria en planes de pensiones de fondos e instituciones de previsiÃ³n, contenido en la disposiciÃ³n transitoria primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, y en las normas de desarrollo y complementarias de la misma, mantendrÃ¡ su vigencia respecto de las empresas, trabajadores y beneficiarios, y planes de reequilibrio, que se acogieron a dicha disposiciÃ³n para la integraciÃ³n de los derechos reconocidos en planes de pensiones al amparo de la misma.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AdaptaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones preexistentes a las modificaciones introducidas en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, por el artÃ­culo 32 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Los planes y fondos de pensiones existentes a 1 de enero de 2002 deberÃ¡n adaptarse a las modificaciones introducidas en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, en virtud del artÃ­culo 32 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, e incorporadas a la presente Ley. Dicha adaptaciÃ³n se ajustarÃ¡ a lo previsto en los pÃ¡rrafos siguientes.
La designaciÃ³n de defensor del partÃ­cipe de los planes de pensiones del sistema individual a que se refiere el apartado 5 del artÃ­culo 7 de esta Ley, deberÃ¡ efectuarse y comunicarse a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de doce meses contados desde el dÃ­a 1 de enero de 2002. La comisiÃ³n de control del plan individual se entenderÃ¡ disuelta una vez se haya comunicado dicha designaciÃ³n y notificado la misma por el promotor a la comisiÃ³n de control correspondiente.
La informaciÃ³n trimestral a los partÃ­cipes y beneficiarios de los planes de pensiones a que se refiere el apartado 8 del artÃ­culo 19 de esta Ley, serÃ¡ obligatoria a partir de 1 de enero del ejercicio 2003 respecto del Ãºltimo trimestre anterior.
Sin perjuicio de lo anterior y de la aplicaciÃ³n efectiva, desde 1 de enero de 2002, de las demÃ¡s disposiciones establecidas en el artÃ­culo 32 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, e incorporadas a la presente Ley, se concede un plazo de doce meses desde el dÃ­a 1 de enero de 2002 para la adaptaciÃ³n formal de las especificaciones de los planes de pensiones y normas de funcionamiento de los fondos de pensiones a lo previsto en las referidas disposiciones.
En los planes de pensiones de empleo preexistentes la composiciÃ³n y condiciones de representaciÃ³n en la comisiÃ³n de control del plan se adaptarÃ¡n a lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 7 de la presente Ley mediante acuerdo colectivo en un plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os contados desde el 1 de enero de 2002, transcurrido el cual, de no haberse adoptado dicho acuerdo, se aplicarÃ¡ directamente.
Los fondos de pensiones que, a fecha 1 de enero de 2002, integren simultÃ¡neamente planes de pensiones del sistema de empleo y planes del sistema asociado o individual, podrÃ¡n mantener tal situaciÃ³n, si bien en este caso no podrÃ¡n integrar nuevos planes de pensiones individuales o asociados. La comisiÃ³n de control de estos fondos se formarÃ¡ exclusivamente con representaciÃ³n de los planes de empleo debiÃ©ndose proceder a las adaptaciones necesarias en un plazo de doce meses desde 1 de enero de 2002.
Los partÃ­cipes de planes de pensiones que, a 1 de enero de 2002, cuenten con una edad superior a los sesenta y cinco aÃ±os no ejerzan o hubieran cesado en la relaciÃ³n laboral o profesional y no se encuentren cotizando para la contingencia de jubilaciÃ³n en ningÃºn RÃ©gimen de Seguridad Social deberÃ¡n, en el plazo de seis meses contados desde 1 de enero de 2002, comunicar la forma de cobro de la prestaciÃ³n correspondiente de acuerdo con la normativa vigente. Este rÃ©gimen no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los partÃ­cipes que hubiesen realizado aportaciones exclusivamente para fallecimiento.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AplicaciÃ³n del rÃ©gimen sancionador.
El rÃ©gimen sancionador en materia de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los planes y fondos de pensiones regulado en la presente Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las infracciones tipificadas en la misma cometidas a partir de 10 de noviembre de 1995.
No obstante, en cuanto a la sanciÃ³n prevista en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 4 del artÃ­culo 36 de la presente Ley, para el caso de inobservancia por el beneficiario del plazo mÃ¡ximo previsto en la normativa para la comunicaciÃ³n a la entidad gestora del acaecimiento de la contingencia y para la determinaciÃ³n del momento y formas de cobro de las prestaciones del plan, dicha sanciÃ³n serÃ¡ aplicable a partir de 1 de julio de 2002.
En el caso de contingencias acaecidas antes de 1 de julio de 2002, a efectos de apreciar la comisiÃ³n de la referida infracciÃ³n se incluirÃ¡ en el cÃ³mputo los perÃ­odos de inobservancia anteriores a dicha fecha que hayan tenido lugar a partir de 1 de enero de 2002.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. RÃ©gimen de los compromisos por pensiones ya asumidos.
1. Los empresarios que en el momento de la entrada en vigor de las disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, mantengan compromisos por pensiones con sus trabajadores o empleados cuya materializaciÃ³n no se ajuste a la disposiciÃ³n adicional primera de la presente Ley, deberÃ¡n adaptar dicha materializaciÃ³n a la citada disposiciÃ³n adicional. A tal efecto, se concede un plazo hasta el 16 de noviembre de 2002 para proceder a dicha adaptaciÃ³n.
Hasta que tenga lugar el cumplimiento de la obligaciÃ³n que impone el pÃ¡rrafo anterior se mantendrÃ¡ la efectividad de los compromisos por pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los tÃ©rminos estipulados entre el empresario y los trabajadores.
2. Excepcionalmente, podrÃ¡n mantenerse los compromisos por pensiones asumidos mediante fondos internos por las entidades de crÃ©dito, las entidades aseguradoras y las sociedades y agencias de valores. Para que dichos fondos internos puedan servir a tal finalidad deberÃ¡n estar dotados con criterios, al menos, tan rigurosos como los aplicables a los asumidos mediante planes de pensiones y habrÃ¡n de ser autorizados por el Ministerio de EconomÃ­a, previo informe del Ã³rgano o ente a quien corresponda el control de los recursos afectos, el cual supervisarÃ¡ el funcionamiento de los fondos internos y podrÃ¡ proponer al Ministerio de EconomÃ­a la adopciÃ³n, en su caso, de las medidas correctoras pertinentes, e incluso la revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa concedida, todo ello en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. RÃ©gimen transitorio de acomodaciÃ³n de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones.
1. Los fondos incluidos en la disposiciÃ³n transitoria cuarta anterior a los que se exige una transformaciÃ³n obligatoria, podrÃ¡n ser integrados en un plan de pensiones, con las condiciones y beneficios previstos en los apartados siguientes.
Asimismo, cualquier otra instituciÃ³n de previsiÃ³n del personal podrÃ¡ transformarse, disolverse o liquidarse y dar lugar a la integraciÃ³n en un plan de pensiones de personas y recursos inicialmente vinculados a dicha instituciÃ³n.
La formalizaciÃ³n de los referidos planes de pensiones deberÃ¡ efectuarse dentro del plazo que finaliza el dÃ­a 16 de noviembre de 2002.
2. En los casos no amparados en el apartado precedente, los nuevos compromisos asumidos por las empresas a partir de la entrada en vigor de las disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados que se instrumenten mediante la formalizaciÃ³n de un plan de pensiones dentro del plazo que finaliza el 16 de noviembre de 2002, permitirÃ¡n a promotor y partÃ­cipes acceder a los beneficios previstos en los apartados siguientes, con las condiciones especÃ­ficas que se establecen.
3. Reglamentariamente se determinarÃ¡n las condiciones que han de cumplir los planes de pensiones resultantes de las transformaciones amparadas en el presente rÃ©gimen transitorio para adaptarse a la presente Ley, asÃ­ como los tÃ©rminos, lÃ­mites y procedimientos que deben respetar los planes de reequilibrio en el caso de asunciÃ³n de compromisos por pensiones mediante planes de pensiones, y los planes de financiaciÃ³n en el caso de asunciÃ³n de compromisos por pensiones mediante contratos de seguros, que incluirÃ¡n en su caso el compromiso explÃ­cito de la transferencia de los elementos patrimoniales.
Para la ejecuciÃ³n y cumplimiento de los planes de reequilibrio y de los planes de financiaciÃ³n no serÃ¡ precisa la aprobaciÃ³n administrativa, si bien deberÃ¡n presentarse ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
No obstante, el Ministro de EconomÃ­a podrÃ¡, en los casos y condiciones que estime necesario, establecer el requisito de la aprobaciÃ³n administrativa de dichos planes de reequilibrio y de financiaciÃ³n.
4. Dentro del presente rÃ©gimen transitorio y para el personal activo a la fecha de formalizaciÃ³n del plan de pensiones, podrÃ¡ reconocerse derechos por servicios pasados derivados de compromisos anteriores recogidos expresamente en convenio colectivo o disposiciÃ³n equivalente, o correspondientes a servicios previos a la formalizaciÃ³n del plan de pensiones.
Este rÃ©gimen transitorio serÃ¡ de aplicaciÃ³n tambiÃ©n a los planes de pensiones existentes que se modifiquen para incorporar derechos por servicios pasados y prestaciones causadas derivados de compromisos no integrados con anterioridad en el plan, entendiÃ©ndose hechas las referencias a la formalizaciÃ³n del plan a la modificaciÃ³n, en su caso, de Ã©ste.
La cuantÃ­a reconocida en concepto de derechos por servicios pasados que se corresponda con fondos constituidos se imputarÃ¡ a cada partÃ­cipe. En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pasados y los fondos constituidos correspondientes configurarÃ¡ un dÃ©ficit, el cual se calcularÃ¡ individualmente para cada partÃ­cipe. Este dÃ©ficit global podrÃ¡ ser amortizado, previa su adecuada actualizaciÃ³n, y segÃºn las condiciones que se pacten, mediante dotaciones anuales no inferiores al 5 por 100 de la cuantÃ­a total, a lo largo de un plazo no superior a quince aÃ±os contados desde la formalizaciÃ³n del plan de pensiones, siempre que al cumplirse la mitad del perÃ­odo definitivamente establecido en el plan de reequilibrio se haya amortizado la mitad del dÃ©ficit global. El dÃ©ficit individualizado de cada partÃ­cipe tendrÃ¡ que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan de pensiones.
En razÃ³n de las especiales circunstancias que puedan concurrir en sectores de actividad concretos sujetos a una regulaciÃ³n especÃ­fica, reglamentariamente podrÃ¡n autorizarse plazos de amortizaciÃ³n del dÃ©ficit global superiores en concordancia con otras disposiciones vigentes.
La imputaciÃ³n de las aportaciones correspondientes a derechos reconocidos por servicios pasados se entiende sin perjuicio del rÃ©gimen fiscal transitorio recogido en la disposiciÃ³n transitoria sexta de esta Ley.
La cuantÃ­a mÃ¡xima de los servicios pasados reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a 1 de enero de 1988 hasta el de formalizaciÃ³n del plan de pensiones no podrÃ¡ rebasar, para cada uno de estos aÃ±os, el importe del lÃ­mite financiero anual vigente en cada uno de tales ejercicios. No obstante, los servicios pasados se integrarÃ¡n en su totalidad cuando los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus empleados o trabajadores deriven de convenio colectivo. A tales efectos se modificarÃ¡n, cuando proceda, los correspondientes planes de reequilibrio para su aprobaciÃ³n o verificaciÃ³n por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, las aportaciones precisas para la cobertura de los mencionados servicios pasados estarÃ¡n exceptuadas del lÃ­mite mÃ¡ximo de aportaciÃ³n individual recogido en el apartado 3 del artÃ­culo 5 de la presente Ley.
5. Los empresarios o las instituciones amparadas en este rÃ©gimen transitorio, que hayan instrumentado los compromisos por pensiones con sus trabajadores e integrado sus recursos en un plan de pensiones, instrumentarÃ¡n las obligaciones contraÃ­das respecto a los jubilados o beneficiarios con anterioridad a la formalizaciÃ³n del referido plan, bien a travÃ©s del mismo o bien a travÃ©s de un seguro colectivo.
En el supuesto de integrar a dichos beneficiarios en el plan de pensiones, serÃ¡n admisibles aportaciones posteriores, para la adecuada cobertura de las prestaciones causadas, siempre que se incorporen en el correspondiente plan de reequilibrio y Ã©ste se ajuste a la legislaciÃ³n que le sea aplicable.
Las contribuciones y las primas de contrato de seguro satisfechas para hacer frente a estas prestaciones causadas no precisarÃ¡n de la imputaciÃ³n fiscal a los referidos beneficiarios, siendo objeto de deducciÃ³n en el impuesto personal del promotor en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria sexta de esta Ley.
El rÃ©gimen fiscal previsto en este apartado serÃ¡, asimismo, de aplicaciÃ³n a las primas de contratos de seguro satisfechas para la cobertura de prestaciones causadas respecto a los jubilados o beneficiarios amparadas en este rÃ©gimen transitorio, aunque los empresarios o las instituciones no hayan instrumentado los compromisos por pensiones con sus trabajadores en activo a travÃ©s de un plan de pensiones, salvo que las empresas o entidades se acojan a la excepciÃ³n prevista en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria cuarta 6. El desarrollo reglamentario del presente rÃ©gimen transitorio regularÃ¡, en particular, las normas actuariales para la cuantificaciÃ³n de los servicios pasados con especial referencia a los nuevos compromisos de pensiones a los que se refiere el apartado 2 de esta disposiciÃ³n transitoria ; el proceso de transferencia de los elementos patrimoniales correspondiente a un plan de pensiones, a integrar en su fondo de pensiones, su tipo de remuneraciÃ³n, asÃ­ como su plazo temporal que con carÃ¡cter general no deberÃ¡ rebasar los diez aÃ±os, salvo condiciones especÃ­ficas establecidas por norma expresa que justifiquen una ampliaciÃ³n adicional ; el proceso de amortizaciÃ³n del dÃ©ficit individual y global que afecte a cada plan de pensiones, asÃ­ como su posible actualizaciÃ³n y demÃ¡s cuestiones que por la normativa vigente requieran desarrollo reglamentario.
7. QuedarÃ¡n exentos de tributaciÃ³n los incrementos o disminuciones patrimoniales que se pongan de manifiesto como consecuencia de la integraciÃ³n o aportaciÃ³n a un plan de pensiones de los elementos patrimoniales afectos a compromisos de previsiÃ³n del personal.
Igualmente estarÃ¡n exentos los incrementos o disminuciones patrimoniales que se pongan de manifiesto como consecuencia de la enajenaciÃ³n de los elementos patrimoniales afectos a compromisos de previsiÃ³n del personal cuando el importe de la venta se aporte en planes de pensiones ; si sÃ³lo se aportara parcialmente, la exenciÃ³n se aplicarÃ¡ a la parte proporcional del incremento que haya sido aportado.
8. Para acceder a este tratamiento fiscal serÃ¡ condiciÃ³n indispensable que los elementos patrimoniales afectos a los compromisos de previsiÃ³n del personal se encuentren en tal situaciÃ³n a 3 de marzo de 1995.
DisposiciÃ³n transitoria sexta. RÃ©gimen fiscal transitorio de acomodaciÃ³n de los compromisos por pensiones.
1. Las contribuciones correspondientes a servicios pasados, realizadas por promotores de planes de pensiones para dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la presente Ley, podrÃ¡n ser objeto de deducciÃ³n en el impuesto personal del promotor de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Las cantidades deducidas en cada ejercicio no podrÃ¡n superar el 10 por 100 del total de las contribuciones a planes de pensiones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta y quinta de esta Ley.
b) En ningÃºn caso podrÃ¡n ser objeto de deducciÃ³n importes que no hayan sido traspasados con anterioridad, efectivamente, a un plan de pensiones.
c) No podrÃ¡n ser objeto de deducciÃ³n las contribuciones a planes de pensiones realizadas con cargo a fondos internos por compromisos de pensiones cuya dotaciÃ³n hubiera resultado, en su momento, fiscalmente deducible.
Si el fondo interno por compromisos de pensiones hubiera sido dotado con carÃ¡cter parcialmente deducible en el impuesto personal del empresario, la deducciÃ³n fiscal de las contribuciones a planes de pensiones, realizadas al amparo del presente rÃ©gimen transitorio, serÃ¡ proporcional a las dotaciones no deducibles.
Las contribuciones a planes de pensiones a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores no se integrarÃ¡n en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas correspondiente a los partÃ­cipes, sin perjuicio de la tributaciÃ³n futura de las prestaciones de los planes de pensiones en los tÃ©rminos previstos por la normativa vigente.
El rÃ©gimen fiscal previsto en el presente apartado resultarÃ¡ aplicable en relaciÃ³n con las contribuciones efectuadas por las empresas a mutualidades de previsiÃ³n social formalizadas a travÃ©s de contratos de seguro o reglamentos de prestaciones de las mutualidades que reÃºnan los requisitos previstos en el artÃ­culo 46 de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias, realizadas para dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la presente Ley, siempre que dichas contribuciones se correspondan a derechos por servicios pasados reconocidos con arreglo a los lÃ­mites establecidos para los planes de pensiones en el apartado 4 de la disposiciÃ³n transitoria quinta y en su desarrollo reglamentario.
2. Las primas de contratos de seguro sobre la vida satisfechas por empresarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposiciÃ³n transitoria cuarta de la presente Ley, serÃ¡n deducibles en el impuesto personal del empresario en el ejercicio econÃ³mico en que se haga efectivo su pago, siempre y cuando se cumplan los requisitos recogidos en el artÃ­culo 71 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre. Quedan exceptuadas de tal deducciÃ³n las primas de contratos de seguro sobre la vida satisfechas con cargo a fondos internos por compromisos de pensiones cuya dotaciÃ³n hubiera resultado, en su momento, fiscalmente deducible.
Si el fondo interno por compromisos de pensiones hubiera sido dotado con carÃ¡cter parcialmente deducible en el impuesto personal del empresario, la deducciÃ³n fiscal de las primas de contratos de seguro sobre la vida satisfechas al amparo del presente rÃ©gimen transitorio serÃ¡ proporcional a las dotaciones no deducibles.
A efectos de lo dispuesto en los pÃ¡rrafos anteriores, la imputaciÃ³n fiscal de las primas a los sujetos a quienes se vinculen Ã©stas deberÃ¡ efectuarse por las cuantÃ­as que hayan sido deducidas y en el mismo perÃ­odo impositivo.
Las prestaciones derivadas de los contratos de seguro sobre la vida a que se refiere el presente rÃ©gimen transitorio tributarÃ¡n por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas o, en su caso, por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.
DisposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima. AplicaciÃ³n de la reducciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo a) del apartado 2 del artÃ­culo 17 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas en el supuesto de prestaciones derivadas de expedientes de regulaciÃ³n de empleo.
A las cantidades percibidas a partir de 1 de enero de 2001 por beneficiarios de contratos de seguro concertados para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposiciÃ³n transitoria cuarta de esta Ley que instrumenten las prestaciones derivadas de expedientes de regulaciÃ³n de empleo, que con anterioridad a la celebraciÃ³n del contrato se hicieran efectivas con cargo a fondos internos, y a las cuales les resultara de aplicaciÃ³n la reducciÃ³n del 30 por 100 establecida en el pÃ¡rrafo a) del apartado 2 del artÃ­culo 17 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras normas tributarias, mantendrÃ¡n la aplicaciÃ³n de dicha reducciÃ³n, sin que a estos efectos la celebraciÃ³n del contrato altere el cÃ¡lculo del perÃ­odo de generaciÃ³n de tales prestaciones.
DisposiciÃ³n final primera. ActualizaciÃ³n del lÃ­mite fiscal de reducciÃ³n de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
El lÃ­mite fiscal de reducciÃ³n de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas previsto en la Ley reguladora de dicho Impuesto podrÃ¡ ser actualizado por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
DisposiciÃ³n final segunda. PrevisiÃ³n social complementaria del personal al servicio de las administraciones, entidades y empresas pÃºblicas.
Las Administraciones pÃºblicas, incluidas las Corporaciones Locales, las entidades, organismos de ellas dependientes y empresas participadas por las mismas podrÃ¡n promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, asÃ­ como a contratos de seguro colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsiÃ³n social empresarial, al amparo de la disposiciÃ³n adicional primera de esta Ley, con el fin de instrumentar los compromisos u obligaciones por pensiones vinculados a las contingencias del artÃ­culo 8.6 de esta Ley referidos a su personal funcionario o laboral o en relaciÃ³n de servicios regulada por normas administrativas estatutarias.
Lo anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de la correspondiente habilitaciÃ³n presupuestaria de que disponga cada entidad o empresa, asÃ­ como de las posibles autorizaciones previas a las que pudiesen estar sometidas tales aportaciones tanto de carÃ¡cter normativo como administrativo, para, en su caso, destinar recursos a la financiaciÃ³n e instrumentaciÃ³n de la previsiÃ³n social complementaria del personal.
Las prestaciones abonadas a travÃ©s de planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsiÃ³n social empresarial, conforme a la disposiciÃ³n adicional primera de esta Ley, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de pensiones pÃºblicas ni se computarÃ¡n a efectos de limitaciÃ³n del seÃ±alamiento inicial o fijaciÃ³n de la cuantÃ­a mÃ¡xima de las pensiones pÃºblicas.
DisposiciÃ³n final tercera. Potestad reglamentaria.
Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a, y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la presente Ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria asÃ­ como, en general, en todas aquellas susceptibles de desarrollo reglamentario en que sea preciso para su correcta ejecuciÃ³n y, en especial, la aprobaciÃ³n o modificaciÃ³n, en su caso, del Reglamento o Reglamentos especÃ­ficos.
Corresponde al Ministro de EconomÃ­a, previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la presente Ley en las materias que especÃ­ficamente atribuye a la potestad reglamentaria de dicho Ministro y, asimismo, desarrollar las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Gobierno en cuanto sea necesario para su ejecuciÃ³n y asÃ­ se prevea en ellas.
DisposiciÃ³n final cuarta. Competencia exclusiva del Estado.
Las disposiciones contenidas en la presente Ley, y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, que sean complemento indispensable de la misma para garantizar los objetivos de ordenaciÃ³n y completar la regulaciÃ³n por ella definida, tiene la consideraciÃ³n de ordenaciÃ³n bÃ¡sica de la banca y los seguros, y de bases de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica, con arreglo al artÃ­culo 149.1.11.Âª y 13.Âª de la ConstituciÃ³n, salvo las siguientes materias, que se consideran competencia exclusiva del Estado:
A) Con arreglo al artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n, se consideran legislaciÃ³n mercantil las materias reguladas en:
a) Los capÃ­tulos I y II, salvo el artÃ­culo 7.
b) Los apartados 3 a 10 del artÃ­culo 8.
d) Disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta, asÃ­ como la transitoria quinta, salvo los pÃ¡rrafos tercero y cuarto del apartado 5, y apartados 7 y 8.
B) Con arreglo al artÃ­culo 149.1.14.Âª de la ConstituciÃ³n, se consideran legislaciÃ³n de la Hacienda general las materias reguladas en:
a) El capÃ­tulo VIII.
b) Los pÃ¡rrafos tercero y cuarto del apartado 5, y apartados 7 y 8 de la disposiciÃ³n transitoria quinta.
c) Disposiciones transitorias primera, sexta y sÃ©ptima.

References: Real Decreto 
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