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Timestamp: 2018-02-21 23:05:18+00:00

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Política Migratoria Dominicana | Opinión Digital
Desde Opinión Digital | martes, Jul 11, 2017 | 530 visitas
Juan Manuel RosarioPolítica migratoria dominicana
Juan Manuel Rosario
Parte I (1844-1854)
El Estado Dominicano en el momento de su nacimiento comenzó a aplicar política migratoria acorde con sus necesidades políticas, económicas, sociales y culturales. En su declaratoria numero 5 la Junta Gubernativa Provisional declara el 1 de marzo de 1844 “Que según los principios establecidos, el Gobierno actual no está en la intención de espulsar (Sic) a ninguno de los que se hayan comprendidos en la anterior categoría” (Se refiere a los individuos de la parte occidental que habitaban en la parte española y los de origen francés nacidos en ella.); “(…) que los de la parte occidental que hicieren conocer a la Junta su determinación de unirse a nuestra causa, serán habilitados para que presten juramento de fidelidad,…” (Véase Declaratoria 5 de la Junta Gubernativa Provisional, 1 de Marzo, 1844.)
Siguiendo con el espíritu que imponían las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales en la Resolución 6 del 11 de Marzo de 1844 la Junta Central Gubernativa hizo saber a todos los ciudadanos haitianos… “Todos aquellos que están en la intención y deseo de retirarse, deberán presentarse ante el corregidor municipal, dentro de ocho días,(…) para hacer sus respectivas declaraciones e inscribirse nominalmente con sus familias y personas que con ellas van a retirarse.” (Véase Resolución 6 de la Junta Central Gubernativa, 11 de Marzo, 1844.)
La característica de su particular momento histórico obligaba al joven Estado Dominicano a tomar medidas para garantizar su preservación. En el Decreto 7 de la Junta Central Gubernativa del 19 de Abril de 1844 estableció: “Los Españoles Dominicanos que permanezcan con los haitianos, adheridos a su causa y que sean cojidos (Sic) con las armas en la mano, serán tratados lo mismo que si fuesen haitianos y enemigos.” (Véase Decreto 7 de la Junta Central Gubernativa, 19 de Abril, 1844.)
En el Decreto número 8 del 20 de Abril de 1844, la Junta Central Gubernativa estableció: “Todas las propiedades, muebles e inmuebles que pertenezcan a los haitianos que habitaban en el territorio de la República Dominicana, bajo sus antiguos límites, o los de aquellos que se adhirieron a ellos o han seguido su causa, serán embargadas y puestas bajo la administración del Gobierno…” (Véase Decreto número 8 de la Junta Central Gubernativa, 20 de Abril, 1844.)
Mediante el Decreto 9 la Junta Central Gubernativa estableció la pérdida de los derechos civiles y políticos de aquellos dominicanos que se hubieren ausentado del territorio dominicano desde el 9 de Marzo de 1844: “que el que abandona la patria cuando se encuentra en eminente peligro, no solo pierde sus derechos civiles y políticos, sino la propiedad de sus bienes, porque falta a su primer deber…” (Véase Decreto 9, Abril, 1844.)
El 26 de Septiembre de 1845 a través el decreto 65 se fija reglas para conceder carta de ciudadanía. “Al llegar un extrangero (Sic) a cualquiera de los puertos de la República, el encargado de la capitanía del puerto está obligado bajo su responsabilidad a conducirlo a la Gefatura Política (Sic) en las cabezas de provincia, y en los lugares donde no se pueda, a la comandancia de armas para que se examine su pasaporte y se tome razón de su nombre, de su nacionalidad y del buque en que ha venido; y si su intención es permanecer en el territorio de la República,…” (Véase Decreto 65, 26 de Septiembre, 1845.)
La situación de confrontación del naciente Estado Dominicano con el haitiano generó el decreto 102 del Poder Ejecutivo prohibiendo toda comunicación con los haitianos: “Está prohibida toda comunicación con los haitianos que habiten o no el territorio de Haití, ya sea por vía directa e indirecta, cualquiera que sea su contenido.” (Véase Decreto 102, 5 de Mayo, 1847.)
La escasez de habitantes de la joven República Dominicana motivó el nacimiento del Decreto 123 del 7 de Julio de 1847: “En vista de la gran escasez de habitantes que hay en la República, por cuya causa se encuentran sus vastos y fértiles terrenos en estado de naturaleza y casi desierto. Considerando: que resultarían grandes ventajas a la nación entera con la inmigración de hombres industriosos que se dedicasen a la agricultura, que diesen valor a las tierras ejerciendo su industria y aumentasen los recursos nacionales.” (Véase Decreto 123, 7 de Julio, 1847.)
Siguiendo con la misma motivación se emite el Decreto 263 sobre inmigración del 22 de Abril de 1852: “El P.E. podrá disponer libremente de las tierras pertenecientes al Estado para establecer y colocar en ellas a los inmigrantes que lleguen, y asignarles en toda propiedad a cada cabeza de familia de dos personas arriba, para él y sus descendientes, diez cuadrados de tierra, mensura agraria del país de a tres pies y medio franceses cada paso.” (Véase Decreto 263, 24 de Abril, 1852.)
La situación conflictiva con Haití motivó el Decreto 280 del 20 de Septiembre de 1852 prohibiendo a los extranjeros desembarcar en puertos no habilitados para tales fines, para procurar la preservación de la seguridad nacional del país, y así frenar los proyectos insidiosos de los enemigos de la Independencia de la República, según lo precisa el propio decreto en sus motivaciones; en tal sentido ese decreto estipulaba en su artículo 2: “Todo extrangero (Sic) que desembarcare por puertos no habilitados, sin pasaporte de las autoridades de la República, será arrestado inmediatamente por los empleados del lugar, civiles o militares, y remitido bajo custodia a la capital, a disposición del Secretario de Interior y Policía.” (Véase Decreto 280, 20 de Septiembre, 1852.)
La necesidad de consolidar y darle continuidad al naciente Estado Dominicano, así como la escasez de habitantes, sirvió de base a la política migratoria en el periodo 1844-1854.
En el proceso de consolidación del joven Estado Dominicano se llevó a cabo la Firma de tratados de paz, amistad, comercio y navegación con diversos Estados, que implicaban obligaciones que abarcaban aspectos relacionados con la inmigración y emigración. Mediante la Ratificación número 226 hecha por el Poder Ejecutivo el 9 de septiembre de 1850, el Estado Dominicano ratificó el Tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la República Dominicana y S. M. Británica.
En el Artículo 8 de ese tratado se acordó establecer el trato que debía darse a los súbditos de S. M. Británica residentes en la República Dominicana, y a los ciudadanos dominicanos residentes en los Dominios británicos: “Los súbditos de S.M. Británica residentes en la República Dominicana, no serán inquietados, perseguidos, ni molestados por razón de su religion(Sic); mas gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ella y en el ejercicio de su creencia, ya dentro de sus propias casas ó en sus capillas particulares. Tambien será permitido enterrar a los súbditos de S.M. Británica que murieren en los territorios de dicha República, en sus cementerios, que podrán del mismo modo, libremente, establecer y entretener. Así mismo los ciudadanos de la República Dominicana gozarán en todos los dominios de S.M. Británica de una perfecta e ilimitada libertad de conciencia, y del ejercicio de su religion pública ó privadamente, en las casa de su morada, ó en las capillas y sitios de culto destinados para el dicho fin.” (Véase Ratificación número 226, 9 de septiembre, 1850).
La misma orientación fue plasmada en el Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, del 5 de octubre del 1854. En ese acuerdo se estableció que los ciudadanos de cada una de las partes, residentes o establecidos en el territorio de la otra parte, tendrían derecho a la completa libertad de conciencia, y que no estarían sujetos a aberraciones de ninguna clase por sus creencias religiosas; y que además estarían exentos del servicio militar; además ese tratado en el artículo 22 establece el acuerdo entre las partes relacionadas con las actividades económicas de sus nacionales residentes en el territorio de la otra parte comprometida con el convenio: “Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes gozarán en los territorios de la otra el derecho de adquirir, ocupar, comprar, heredar, arrendar, legar ó transmitir por cualquier título sus bienes y propiedad de toda clase, segun (Sic) por las leyes y tratados se permite ó permitiere á los ciudadanos de las naciones más favorecidas, debiendo regularse la posesión, distribución y sucesión de dicha propiedad y bienes por las leyes del país en que estén situados, y gozar de la misma protección y estar sujetos á las mismas contribuciones é impuestos que la propiedad y bienes de los habitantes del mismo país.” (Véase Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República Dominicana y la de los Estados Unidos de América, 5 de octubre, 1854).
Los aspectos relacionados con la migración y la nacionalidad dominicana verificaron un gran y encendido debate en la Reforma Constitucional llevada a cabo en el año 1854; se ventiló si era el Ius Soli o el Ius Sanguinis quien determinaría la nacionalidad de los que nacieran en el territorio de la República Dominicana; en la Sesión del 14 de febrero del 1854 el legislador Tejera estableció sus criterios en nombre de la comisión que trabajaba el artículo de la Constitución que regiría la determinación de la nacionalidad dominicana; en su posición el legislador tildó de conflicto ridículo e ilusorio originado por los diferentes enfoques nacidos de los debates del numeral 6° del artículo 5 de la Constitución de febrero del 1854; numeral que determinaba la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el territorio dominicano.
Alejandro Angulo Guridi intervino en el debate, diciendo entre otras cosas: “Lo de “establecer un conflicto ridículo e ilusorio entre la naturaleza y la Ley”, nos parece, señor Tribuno, que es muy mal dirigido a los que como nosotros opinaban, por medio de la prensa periódica, que debía reconocerse por patria del hombre, el lugar en que nace y se bautiza. Lo que sí esridículo, y no como quiera, sino en grado heroico y eminente, es negar que esa sea la patria. Lo que sí es ridículo de una manera superlativa, es decir que la naturaleza del padre, es la naturaleza del hijo, y en este falso concepto establecer que existe un conflicto entre ella y la ley que lo declare ciudadano de la tierra en que nace.” (Véase Alejandro Angulo Guridi, Editorial del El Orden, 11, 18 y 25 de marzo de 1854).
Es evidente que Alejandro Angulo Guridi estaba identificado con el Ius Soli, mientras que Tejera tenía inclinación por el Ius Sanguinis; este último expresó: “He expuesto a la consideración del Congreso la doctrina del ilustre y sapiente Andrés Bello en sus Principios de Derecho Internacional, (*) Capítulo quinto, “de los Ciudadanos y extranjeros”, en que compila los principios de la legislación inglesa, francesa, española, anglo-americana y la opinión de algunos sabios jurisconsultos en la materia. He concluído que si la cualidad de Ciudadano de un país se adquiere según las leyes que cada pueblo establezca, la Comisión se fundó, en que si el nacimiento hecho casual podía ser un motivo de privilegio, necesitaba siempre del consentimiento del individuo, porque el derecho de ciudadanía en los que no eran dominicanos ab origine o naturales, era una gracia, un beneficio (apreciable o no, pero que para la Comisión que estatuía es inestimable) y que como tal, según los principios generales, necesitaba el consentimiento expreso del aceptante; y como el niño nacido en Santo Domingo o en cualquiera parte del globo no puede tener otra voluntad que la del padre o madre… (*) Primera edición, 1832. (Véase Congreso Revisor, Cámara de Representantes y Congreso Nacional, 1854).
Finalmente se impuso el criterio del legislador Tejera, ya que en la Reforma Constitucional de febrero del 1854 estableció en su artículo 5 que son dominicanos: “Todos los nacidos en el territorio de la Republica de padres dominicanos, y los hijos de éstos.” Y además “Todos los nacidos en el territorio de padres extranjeros que invoquen esa cualidad cuando lleguen a su mayor edad.” (Véase Reforma Constitucional Febrero, 1854). Los hijos de extranjeros no adquirían la nacionalidad dominicana al nacer sino que podían solicitarla luego de cumplir la mayoría de edad, por lo que eran considerados extranjeros siguiendo la nacionalidad del padre en el momento de su nacimiento.
La República Dominicana firma un acuerdo el 18 de febrero del 1855, firma el Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición con S.M. Católica; en ese acuerdo, entre las demás estipulaciones, se consigna: “Convienen ambas partes contratantes en que aquellos españoles que, por cualquier motivo, hayan residido en la República Dominicana, y adoptado aquella nacionalidad, podrán recobrar la suya primitiva, si asi les conviniese, en cuyo caso sus hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opcion; y los menores, miéntras lo sean, seguirán la nacionalidad del padre, aunque unos y otros hayan nacido en el territorio de la República.
El plazo para la opcion será el de un año respecto de los que existan en el territorio de la República, y de dos para los que se hallen ausentes. No haciéndose la opcion en este término, se entiende definitivamente adoptada la nacionalidad de la República.”

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Artículo 8
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 5