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Timestamp: 2020-08-12 21:58:50+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 60, de 20/09/2012
cve: DSCD-10-PL-60
Año 2012 X Legislatura Núm. 60
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 56
- Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. (BOE. núm. 217, de 8 de septiembre de 2012). (Número de expediente 130/000026) ... (Página3)
- Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas. (BOE núm. 217, de 8 de septiembre de 2012). (Número de expediente 130/000027) ... (Página16)
Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas ... (Página3)
El señor ministro del Interior (Fernández Díaz), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda; las señoras Oramas González-Moro, Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Alberto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro del Interior.
Real Decreto-ley, 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas ... (Página16)
El señor ministro de Defensa (Morenés Eulate), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene don Diego López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Bosch i Pascual y Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor Urbina Fernández solicita la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que no le es concedida.
Interviene el señor Bosch i Pascual.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, se aprueba por 315 votos a favor, más 2 votos telemáticos y 6 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 325 votos a favor y 2 votos telemáticos en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas, se aprueba por 174 votos a favor, más 2 votos telemáticos y 151 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 145 votos a favor, 172 en contra, más 2 votos telemáticos y 5 abstenciones.
- REAL DECRETO-LEY 25/2012, DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES OCURRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 130/000026).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se reanuda la sesión.
En primer lugar, pasamos a examinar el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno en esta Cámara el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, que entró en vigor el pasado día 8 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en virtud del cual se establecen medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en los últimos meses en varias comunidades autónomas de España.
Quiero destacar, desde el primer momento, el compromiso del Gobierno, especialmente significativo en el actual contexto por todos conocido de restricción presupuestaria, con la colaboración y ayuda a la reparación de los daños ocasionados por las diversas catástrofes naturales acaecidas, en particular desde el comienzo del mes de junio, en diferentes comunidades autónomas. Puedo señalar en particular la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Comunidad de Madrid, entre otras.
Señorías, desgraciadamente, como saben todos ustedes, nueve personas han fallecido durante los terribles incendios de este verano. El Gobierno lamenta profundamente tan luctuosa pérdida y se solidariza con las familias de los fallecidos en estos momentos de dolor, como ya tuvo ocasión de hacerlo durante las correspondientes exequias. Desafortunadamente, nada puede aportar consuelo en momentos tan trágicos; sin embargo, sí que el Gobierno puede comprometer su acción para ayudar a paliar las pérdidas materiales y perseguir a quienes han provocado los incendios para ponerlos, en su caso, a disposición de la justicia. Quienes movidos por espurias pretensiones son capaces de actuar sin reparar en el terrible daño que provocan, no pueden quedar indemnes. En todo caso, saben ustedes, señorías, que en el anteproyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal se introduce una novedad, es decir, una reforma en relación con esta cuestión que tanto afecta e interesa a la opinión pública española.
Como les decía, señorías, en estos momentos de especial dificultad económica y, por tanto, presupuestaria, es preciso, no obstante, que el Gobierno contribuya, en la medida de sus posibilidades, a aliviar si no la pérdida de vidas humanas, sí al menos los daños personales y materiales sufridos por miles de personas de las zonas afectadas. Decenas de familias no solo han perdido medios y recursos económicos, sino también en ocasiones hogares, enseres y puestos de trabajo. Es en este ámbito, en el de la solidaridad, donde el Gobierno pretende ayudar con este real decreto-ley a los perjudicados.
Las anormales condiciones de humedad y temperatura de la época estival, en este año en particular, han favorecido la propagación de una serie de grandes incendios en diversos puntos de la geografía española, de los que sus señorías sin duda tienen perfecto y cabal conocimiento, y que han calcinado miles de hectáreas, obligando a la movilización de numerosos medios para las tareas de extinción y, en su caso, de evacuación. Asimismo, en los últimos meses también se han producido intensas tormentas acompañadas de fuertes vientos y granizo que han destruido cosechas y cultivos en diversos territorios de nuestra geografía, produciendo daños en infraestructuras de titularidad pública y privada, viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas, con especial repercusión a estos efectos en la provincia de Lleida. La voluntad del Gobierno es, por tanto, ofrecer una respuesta rápida y adecuada a la magnitud de estos hechos, cumpliendo con el supuesto constitucional de necesidad extraordinaria y urgente como medio habilitante para la promulgación de un real decreto-ley, siguiendo por lo demás lo que ya es una norma consuetudinaria de actuación por gobiernos anteriores.
Se diseña, señorías, de este modo un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas tanto al resarcimiento de los daños personales como a la reparación de los daños en bienes y a la restauración de las zonas afectadas, que abarcan el ámbito de actuación de diversos departamentos ministeriales. Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán en las zonas afectadas por las catástrofes naturales acaecidas, desde el punto de vista temporal, desde el 1 de junio de este año hasta la fecha de aprobación de este real decreto-ley, que, como digo, es el pasado 8 de septiembre en que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, con la posibilidad de extender su aplicación a otros incendios o tormentas que pudieran producirse -ojalá no sea así, obviamente- desde su entrada en vigor hasta el primero de noviembre próximo, fecha en la que finaliza la denominada temporada de incendios forestales.
Señorías, quiero también concretarles que los municipios y núcleos de población que en concreto se verán afectados por el ámbito de aplicación de este proyecto de real decreto-ley -proyecto a efectos de convalidación por esta Cámara- serán determinados por orden del Ministerio del Interior -y que, a su vez, está previsto en el propio real decreto-ley- que estas catástrofes o incendios que, en su caso, pudieran producirse hasta el próximo primero de noviembre podrían ser objeto también de las ayudas previstas en este real decreto-ley, mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y a propuesta del ministro del Interior que, a su vez, delimitaría -como también en el supuesto anterior he comentado- los municipios y núcleos poblacionales incluidos en una orden ministerial.
Entrando en las concretas actuaciones previstas en esta norma, en lo que hace referencia al Ministerio del Interior, el real decreto-ley prevé un completo catálogo asistencial que incluye las ayudas por daños personales, por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, ganaderos o de servicios, así como ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes y a las corporaciones locales que hayan afrontado gastos derivados de estas situaciones de emergencia. El real decreto-ley, señorías, establece un plazo de dos meses, en lugar de uno, como suele ser habitual a estos efectos, para presentar las solicitudes de ayuda. Además, con la finalidad de agilizar su tramitación, la norma reduce el plazo para resolver el procedimiento de concesión por el Ministerio del Interior a tres meses en lugar de los seis habituales. En esta misma línea, se facilitan -y seguimos en el ámbito del Ministerio del Interior- nuevos medios de acreditación de la titularidad de los inmuebles afectados, tales como recibos de pago del impuesto sobre bienes inmuebles u otros de análoga naturaleza, y se prevé, entre otras medidas, la exención de determinadas tasas de tráfico, como las debidas por baja de vehículos, duplicados de los permisos de conducción o circulación, entre otros. Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con el carácter de ampliables en la vigente ley de presupuestos del Ministerio del Interior.
Destaca, asimismo, el programa de medidas previstas en el real decreto-ley dirigidas a la reparación de las zonas afectadas. Se establece, a estos efectos, la compensación de las pérdidas de producción superiores al 30% sufridas por los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que tengan pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados para este año 2012. También destaca la posibilidad de la financiación de hasta el 50% del coste de las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones provinciales y cabildos insulares, así como la tramitación de estas obras por el procedimiento de emergencia.
Igualmente, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá declarar la emergencia de las obras que afecten a una serie de materias que se enumeran en el texto de la norma, como, por ejemplo, restauración hidrológico forestal, recuperación y regeneración ambiental de espacios incluidos en la Red Natura 2000, retirada de biomasa forestal quemada, etcétera; medidas, algunas de ellas -como saben sus señorías-, que resultan sin duda imprescindible acometer antes del inicio de la temporada de lluvias que puede agravar el efecto de la erosión propiciada por los incendios; es lo que motiva la declaración de emergencia.
Con carácter general, y a efectos de la normativa en materia de contratos en el sector público, tendrán la consideración de obras, servicios o suministros de emergencias aquellos que se realicen como consecuencia de los siniestros. Señorías, señora presidenta, otra cuestión especialmente relevante son los beneficios fiscales que incorpora el presente real decreto-ley, como, por ejemplo, la exención de las ayudas por daños personales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles, la reducción de cuotas del impuesto sobre actividades económicas o la habilitación prevista para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reduzca los módulos de las actividades agrarias por los que se establecen las cuotas de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor añadido.
En el ámbito laboral, los empresarios afectados serán exonerados del abono de las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores, mientras pudiera durar la suspensión del contrato motivado por los citados acontecimientos. Tal exoneración de cuotas no afectará en ningún caso al reconocimiento de los derechos sociales inherentes al pago de las referidas cuotas que computarán como si efectivamente hubieran sido satisfechas. En el caso de extinción del contrato, las indemnizaciones por despido correrían a cargo del Fondo de garantía salarial.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena que pierdan su empleo como consecuencia directa de las catástrofes, el tiempo en que perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos. También podrán recibir la prestación aquellos trabajadores que carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas, todo por supuesto dadas las causas que motivan estas situaciones. Asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia tendrán derecho a una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro. Y como complemento, y para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, se establece que las diferentes administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del Servicio Público de Empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.
Por último, señorías, quiero incidir en las medidas dirigidas a impulsar la coordinación de las administraciones afectadas, requisito esencial para la gestión eficaz de esta clase de emergencias, destacando a estos efectos la creación de una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas establecidas en el presente real decreto-ley y sin perjuicio también de la autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer con las administraciones públicas que proceda los convenios correspondientes para hacer más efectivas las medidas contempladas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley.
En definitiva, señorías, con pleno respeto al ámbito competencial propio de los diferentes niveles de la Administración territorial del Estado, este real decreto-ley refleja la voluntad inequívoca del Gobierno de responder con la máxima urgencia posible a los daños ocasionados por catástrofes naturales en cualquier punto de la geografía española anteponiendo el interés de los afectados y sentando las bases para emprender sin dilación las tareas fundamentalmente de restauración forestal y medioambiental necesarias que antes les expuse.
En virtud de lo que sumariamente, señorías, acabo de exponer, les pido su apoyo para la convalidación, en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra Constitución, de este Real Decreto-ley 25/2012.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
No habiendo solicitado ningún grupo parlamentario la utilización del turno en contra, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El objetivo de mi intervención es claro y diáfano, y es que incluyan en el ámbito de aplicación del artículo 1 de este real decreto a los agricultores afectados por el episodio de heladas del mes de febrero. En el País Valenciano más de 70.000 hectáreas fueron afectadas, básicamente de cítricos, de frutales y de hortalizas, y Agroseguro cuantificó en más de 60 millones los daños que afectaron a la agricultura valenciana. Por tanto, desde Compromís-Equo entendemos que no sería justo que incluyeran a los afectados por el pedrisco de mayo y que no incluyeran a los afectados por las heladas del mes de febrero, porque muchas veces los agricultores valencianos tienen la sensación de abandono. Por poner solo un ejemplo -con datos del ministerio-, en la pasada campaña citrícola el precio que se le pagaba a un agricultor por un kilo de naranjas era de 13 céntimos y el precio de venta al público era de 1 euro y 28 céntimos. Es decir, el consumidor pagaba diez veces más por cada kilo de naranjas -diez veces más que por supuesto no le llegaban al agricultor-, sabiendo que el coste de producción es de 18 céntimos de euro. Por tanto, en la gran mayoría de los casos los agricultores valencianos perdían dinero.
Entenderán el desánimo de los agricultores y entenderán que como valenciano reclame la inclusión de los afectados de las heladas del mes de febrero. Sería injusto dejarlos fuera de estas ayudas porque la única ayuda que se les ha ofrecido pasa por más endeudamiento. Por tanto, Compromís-Equo reclama una corrección de este real decreto que incluya a estos agricultores afectados. Es una corrección sencilla
y enormemente justa, y no entendería que los parlamentarios valencianos del Partido Popular no la hicieran llegar al responsable del Ministerio de Agricultura.
Por el mismo grupo, señora Oramas.
Señores diputados, señor ministro, en primer lugar quiero manifestar nuestra solidaridad con todos los afectados, y con respecto al decreto queríamos decir dos cuestiones muy importantes. Hay que hacer unas correcciones en el decreto porque, si no, en Canarias va a ser prácticamente nula su aplicación.
Con respecto al apartado 3 del artículo 11, que se refiere a la cofinanciación, es necesario que las cantidades aportadas por los cabildos computen como las de las comunidades autónomas, dado que lo hacen en función de competencias transferidas. En el artículo se exige el 50% de cofinanciación autonómica y como los cabildos son los que hacen el ejercicio de la competencia es necesario que esas cantidades computen. Y con respecto a la aplicación del artículo 11.1.b) del real decreto, hemos de matizar que Canarias es una de las tres comunidades con más superficie en la Red Natura; sin embargo, la distribución municipal en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera no les permite acogerse a esta orden, y se lo explicaré claramente. Los espacios de Red Natura en vez de estar en un municipio a lo mejor están en ocho municipios, con lo cual ante la exigencia del 50% municipal la estructura territorial de Canarias impide también acogerse a esta orden.
En relación con el artículo 11.2 de este decreto-ley, también proponemos bajar las exigencias en los territorios insulares a lo recogido en el apartado c) de 50 hectáreas. Si estas modificaciones no se realizan, el decreto no paliará las necesidades de Canarias y de las personas afectadas por los incendios. Nos alegramos mucho de que pueda dar respuesta a los españoles de la España peninsular, pero instamos al Gobierno a que arbitre las medidas que no contempla este decreto de forma urgente para dar respuesta a las necesidades del archipiélago. Una vez más, el Gobierno de España no tiene en cuenta las singularidades municipales y competenciales de Canarias y, si no lo hace, este decreto no serviría.
Lo vamos a apoyar, creemos que es positivo, pero instamos al Gobierno, como le he trasladado a la portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular, a que haga, primero, las correcciones de cofinanciación de los cabildos a efectos de computación y, segundo, en lo referido a Red Natura en cuanto a la red municipal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, en primer lugar, desde Esquerra Republicana de Cataluña queremos reconocer en mayúsculas, agradecer a la vez y felicitar al cuerpo de bomberos, a ADIF, a los voluntarios, al cuerpo del funcionariado catalán y a todas aquellas personas que desinteresadamente colaboraron y ayudaron en las duras tareas para extinguir el incendio del Alt Empordà, al igual que el resto de incendios producidos en el Estado español.
En segundo lugar, solicitamos a esta Cámara la tramitación como proyecto de ley de este importantísimo real decreto. Lo hacemos para poder incorporar mejoras al mismo. El documento del real decreto incumple manifiestamente el acuerdo unánime del Pleno del Congreso del pasado 17 de julio, pues el sistema de ayudas para paliar los daños de los incendios y también de los granizos es inferior al previsto en la Ley 3/2010.
Señorías, cinco días después de aprobar por unanimidad la proposición no de ley y su transaccional, fruto del gran incendio del País Valencià, ardía en Girona la comarca del Alt Empordà. Fue un terrible incendio que empezó en La Jonquera y Portbou y que se llevó por delante casi 14.000 hectáreas de diecinueve municipios, causando dos muertos y varios heridos, y que ardió durante seis días. Haré un par de consideraciones breves y pocas peticiones. Quiero recordar que los incendios del Alt Empordà, los del País Valencià, el de Rasquera, El Perelló, Tivenys, Benifallet y otros producidos este verano se encuadran en un contexto de fuerte sequía; en el caso de Cataluña, la sequía más importante de los últimos cuarenta años. Quiero recordar también que el estado deplorable de los bosques y la casi nula tarea de prevención tienen muchísimo que ver. Haré memoria de que los reiterados recortes de las administraciones competentes en el cuerpo de bomberos y cuerpos de seguridad han hecho mucho más difícil el trabajo de control y extinción del fuego.
Dicho esto, desde nuestra coalición y desde el territorio creemos que es de extrema necesidad crear una línea de ayudas para hacer las tareas de limpieza y de forestación de los bosques; en definitiva, nuevos planes, una ley de gestión del territorio y medidas que de alguna manera casen campesinos, cazadores, turismo, municipios, propietarios y empresas para una mayor protección y para mejorar la gestión del territorio, teniendo en cuenta -claro está- las diferencias territoriales.
Ya lo anunció el ministro Gallardón, pero también creemos necesario endurecer la ley para aquellos inhumanos que causan incendios y además consideramos importante la adopción de beneficios fiscales para los afectados, por ejemplo, suprimiendo el IVA en cualquier compra que sirva para la reconstrucción de las propiedades afectadas.
Acabo. En definitiva, debemos mejorar más la legislación, hacer un protocolo que nos sirva para dar respuesta inmediata a los posibles incendios forestales y otras catástrofes naturales y crear políticas de prevención y gestión óptima para nuestros bosques. Solo así podremos evitar un verano tan catastrófico como este.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el mismo grupo, señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señora presidenta, señorías, en primer lugar desde Amaiur quiero mostrar nuestra más sincera solidaridad con todos los afectados y afectadas. Pero vemos que, en lugar de plantear medidas para que nunca más se vuelvan a producir estos incendios, nuevamente se ponen tiritas sin curar la infección. Vemos que se trata el tema coyunturalmente -llama la atención que lo presente el Ministerio del Interior-, se culpa a las condiciones climáticas y se llama solamente a la responsabilidad de las personas con medidas más punitivas que de otro tipo. Se proponen ayudas puntuales que de ninguna manera van a compensar los irreparables daños sufridos y que además no llegan a algunas zonas y a algunos agricultores y agricultoras. Pero, sobre todo, se evita entrar al fondo del problema.
Los incendios forestales son consecuencia directa de una nefasta política agrícola y forestal y hay que abordar en serio medidas estructurales, que son buenas y necesarias per se, pero además son auténticas políticas de prevención que deben ser continuas a lo largo de todo el año y deben implicar tanto a las administraciones como a toda la ciudadanía y a los habitantes del medio rural en general. Seguro que aquí -desde luego, así es en Amaiur- nadie duda de que un medio rural vivo con ganadería extensiva y silvicultura en equilibrio es un elemento fundamental de futuro y de prevención para todo país, para todo pueblo. Por eso es fundamental el apoyo a modelos forestales compatibles con la ganadería extensiva, que al realizar las prácticas adecuadas y residir en el propio territorio contribuye a mantener el monte vivo. Porque el pastoreo ayuda a eliminar el material combustible, mantiene los caminos rurales como cortafuegos, favorece la biodiversidad, reduce la erosión y desertificación, y así fija la población en el medio rural; una presencia y gestión del espacio permanente que ejerce tareas de vigilancia de modo natural facilitando la prevención y una más rápida extinción del fuego, si lo hubiera.
Sin embargo, desgraciadamente se sigue fomentando en general el monocultivo del pino y eucalipto, que no dejan espacio para la ganadería extensiva. Nos preguntamos dónde queda la responsabilidad tanto de la Administración pública como de la propiedad privada en la limpieza y mantenimiento de los espacios naturales, el respeto de los usos tradicionales y su fomento. Ahora vivimos momentos decisivos en el debate sobre la reforma de la política agrícola comunitaria; su desregulación de mercados, sus precios por debajo de los costes de producción han generado y generan enormes impactos globales, pérdida de biodiversidad, deforestación, desertificación, que están en el origen de los incendios forestales. Si la PAC no cambia de orientación, la amenaza de desaparición de sectores estratégicos y más crisis alimentaria es patente. El sector primario está en peligro de muerte real; cada mes hay mil cotizantes menos a la Seguridad Social agraria. Por eso desde Amaiur apoyamos el proceso de movilizaciones de las organizaciones agrarias para este otoño, para a lo largo del año 2013, que también estará en Euskal Herria. Ayer llegó hasta Bruselas una marcha por otra política agrícola comunitaria que defienda realmente la agricultura viva, la agroecología como modelo de futuro...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ariztegui, tiene que terminar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Acabo enseguida, presidenta.
...con precios justos para productores y productoras, consumidores y consumidoras, y un verdadero respeto al medio ambiente y la soberanía alimentaria; para conseguir una alimentación buena y agricultura en todas partes y para todo el mundo. Ese es el verdadero cortafuegos para que no se vuelvan a producir más incendios.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Parlamentario del PNV tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo hemos dicho en más de una ocasión, estamos totalmente de acuerdo en que, además de las políticas paliativas, hay que emprender políticas de prevención en este caso, pero lo que hoy nos ocupa son las ayudas a destinar a este tipo de desastres naturales. Como en otras ocasiones, nuestro grupo, el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, se muestra a favor de ellas, puesto que son ayudas necesarias para paliar los efectos de diversos desastres naturales; efectos sobre la naturaleza, efectos sobre las personas. Por tanto, en ese sentido sí anuncio nuestro voto favorable. Sin embargo, también hemos ido estableciendo un principio de que debe existir un formato de ayuda que sirva para todo tipo de desastres naturales y que se pueda aplicar automáticamente ante cualquier eventualidad y que no tengamos que venir a la Cámara cada vez que se produce un problema a aprobar un real decreto.
En este sentido, quiero comentar concretamente que, a pesar de que el real decreto es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, tal como comentaba la señora Oramas, en el caso de la comunidad del País Vasco -aunque no se han producido incendios, y esperamos que no se produzcan- las competencias se encuentran en las diputaciones forales y, por tanto, también deberían ser consideradas en este caso y facilitar las tareas de coordinación tanto en restauración forestal como medioambiental y cualquier otro tipo de ayudas que se puedan establecer con todo tipo de administraciones y no solo las comunidades autónomas. Esperamos también que la urgencia con la que se ha realizado este real decreto, puesto que ahí mismo se dice que no se ha realizado una evaluación completa de los daños, no conduzca a problemas como los que hemos visto recientemente en el caso del real decreto aprobado para el terremoto de Lorca y que se ha tenido que modificar hasta en otras dos ocasiones; esperemos que en este caso no tengamos que venir otra vez a corregirlo. Por eso nos extraña, por una parte, que solamente se recojan incendios y tormentas de granizo que ya han ocurrido, y no vayamos un poco más allá y planifiquemos qué es lo que puede ocurrir eventualmente. Desde luego en el caso del País Vasco más que este tipo de daños solemos sufrir inundaciones, que no quedan recogidas en ningún momento, y se limita el tiempo al 1 de noviembre de 2012. Somos conscientes de que ese es el periodo en el que se pueden producir teóricamente los incendios, pero después de un verano como el que hemos sufrido desde luego en nuestro caso el riesgo se produce a partir de ahora, y es más fácil que se produzca, señor ministro, esperemos que no. Pero ya que vamos a aprobar un real decreto en estas circunstancias, seamos previsores.
En cuanto al tipo de ayudas que se establecen sí nos parecen adecuadas, puesto que además se recogen materias de fiscalidad y Seguridad Social que sobre todo la comunidad agrícola suele solicitar en este tipo de daños. Por tanto estamos de acuerdo. Y finalmente nos gustaría hacer referencia a lo que se refiere a la restauración forestal y medioambiental, puesto que creemos imprescindible que se consideren de forma prioritaria todas las especies autóctonas en la reforestación evidentemente; que se impida la recalificación de esos terrenos devastados por las catástrofes y se aprovechen para otro tipo de actuaciones, y que se colabore ampliamente con las administraciones locales, comunidades autónomas, diputaciones forales y municipios -y me remito también a lo que decía la señora Oramas- en todo lo referido a los espacios de la Red Natura 2000, porque pueden afectar a más de un municipio, incluso en alguna ocasión a más de un territorio histórico. Por nuestra parte nada más; gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Creo que es obligado comenzar brindando un homenaje a los fallecidos por los incendios de este verano, así como los anteriores, y también un homenaje a todos los heridos, a los que con su generosidad
contribuyeron a que no hubiera más desgracias, y por supuesto a todos aquellos damnificados por las pérdidas que se han sufrido a causa de todas estas desgracias.
Señorías, hemos hablado ya varias veces de este asunto, servidor podría estar cansado de repetirse. El ministro Cañete ha comparecido -y se lo agradezco, señor ministro- un par de veces en la Comisión de Agricultura; yo he debatido aquí, en el Pleno, con don Esteban González Pons y hoy doy la bienvenida al señor ministro del Interior para hablar de este real decreto. Verá, señor ministro, hay muchas razones por las que nosotros apoyaremos este real decreto. Creemos que de alguna forma ayuda a muchas de las partes que se han visto afectadas por estos incendios, pero también creemos que hay otros ámbitos, otras personas, otras instalaciones, y algo mucho más importante que se queda fuera de este real decreto. Por eso querríamos que se tramitara como proyecto de ley, para poder mejorarlo con nuestras enmiendas.
Me gustaría decir también que es muy revelador -ya sé que es correcto y es adecuado- que sea el ministro del Interior quien presente aquí este real decreto, porque de alguna forma saca a la luz cuál es la forma que tiene el Partido Popular de ver el problema que hoy nos trae aquí. Porque, si me lo permite, las políticas que ustedes traen aquí cuando estamos hablando de este tipo de desgracias naturales suelen tener que ver casi siempre con la extinción y con el castigo, y menos con algo que a nosotros nos parece fundamental en este problema, que es la prevención. Con lo cual puedo decir, señor ministro, que nos parece que hay un punto muy importante, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en este real decreto, que ustedes no parecen terminar de entender bien. Me viene a la mente un dicho muy común en mi tierra (Pronuncia palabras en catalán): escucha lo que dicen, pero luego ve a ver qué es lo que hacen; con permiso, señora presidenta. Y es que después de haberle repetido una y otra vez este diputado en la Comisión de Agricultura y en este Pleno la importancia de la prevención, la importancia de cambiar la cultura de la extinción por la cultura de la prevención, y de escuchar también muchísimas veces cómo ustedes dicen que sí, que sí, y hablan del triple 30 y hablan de que los incendios se apagan en invierno, y que si tal y que si cual, van y nos traen este real decreto. Señor ministro, señores del PP, ¿este es el real decreto que ustedes son capaces de hacer? ¿Esto es lo mejor que son ustedes capaces de hacer? A nosotros nos parece que es muy limitado, nos parece que se dejan fuera a muchos damnificados que en nuestro país han sufrido otras desgracias, y también nos parece un real decreto insolidario, insolidario porque los requisitos que se ponen para los cobros de las ayudas nos parecen injustos.
Además, nos parece que es un real decreto que para nada tiene en cuenta los comportamientos responsables o la actitud preventiva que las personas puedan tener o los bienes dañados. Es un decreto que vuelve a caer en el vicio que nos ha traído esta desgracia que hemos sufrido este verano. Es un decreto que vuelve a no poner el acento y a no hablar realmente en serio, de una vez por todas, de lo que queremos, que es la salvación de lo que está pasando en este país: la prevención. La prevención es la que hubiese impedido que los incendios que hemos tenido este verano alcanzaran la dimensión que han alcanzado. Solo podrán optar a estas ayudas los titulares de explotaciones con pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados. Señor ministro, debido al reducido tamaño de muchas de las explotaciones agrícolas existentes en las zonas forestales y la escasa rentabilidad -usted lo sabe- de las explotaciones de ganadería y de agricultura de montaña, hay una gran parte de afectados por estos incendios que se van a quedar fuera de unas ayudas que sin embargo solamente podrán cobrar las grandes fincas agrícolas. Deberían haber suprimido este requisito previo. La póliza de seguro agrario debiera ser una opción personal de cada titular y no una imposición del Gobierno.
Por otro lado, entendemos que estas ayudas no debieran depender solamente de la magnitud de los daños, señor Cañete y señor ministro del Interior, sino también del comportamiento medioambiental -si me permiten la expresión- de los bienes afectados. ¿No sería justo que cobraran más aquellos titulares que han limpiado sus lindes, que han limpiado sus bosques, y aquellos que han cultivado sin abandonar sus tierras? Lo mismo sucede con las infraestructuras, con las carreteras, con los establecimientos turísticos y con las edificaciones. ¿No deberíamos tener en cuenta quién tenía o no un plan de autoprotección? ¿No vamos a premiar las actitudes responsables? Esa sería una forma de abundar en esa política de prevención que nosotros, Unión Progreso y Democracia, creemos que es la solución, la única solución para que este tipo de desgracias no sigan aumentando en nuestro país.
Pensamos que estas medidas paliativas solo son efectivas si se premian comportamientos y actitudes responsables. Además creemos que resultan contraproducentes si premian a los negligentes. La pregunta que debemos hacernos, señores ministros, es: ¿ha contribuido usted a la propagación del fuego o ha contribuido a que se frene? Esa es la pregunta que nos debería guiar, señorías. Existen medios suficientes como el conocimiento del terreno, las ortofotos, etcétera, para averiguar si una persona o una instalación
hicieron una u otra cosa. Por eso hubiéramos querido que esto se tramitara como un proyecto de ley para poder introducir estas mejoras, señores del Partido Popular.
Déjenme decirles otra cosa. Venimos viendo una y otra vez cómo presentan en esta Cámara decretazo tras decretazo, y quisiera decirles algo al respecto. Me parece que es una merma de la salud democrática que ustedes abunden en este comportamiento, que por cierto fue típico de la legislatura anterior del señor Zapatero, del Partido Socialista. Esto es especialmente preocupante. ¿Saben por qué? Por la calidad de sus propuestas. Es obvio que ustedes, señores del Gobierno, necesitan ayuda, no pueden con todo lo que se les viene encima, y nos parece una actitud prepotente e incomprensible que renuncien una y otra vez a la riqueza que supondría contar con las aportaciones del resto de esta Cámara. Porque por encima de las diferencias políticas, señores del Gobierno, en momentos difíciles como los que estamos viviendo debiéramos pensar todos en lo que nos une.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo también me quiero sumar a la expresión de solidaridad con todas las personas afectadas por las catástrofes naturales de esta primavera y este verano, y también deseo mostrar el apoyo a todas las personas que han trabajado en la extinción de los incendios.
Subo a posicionarme ante este real decreto-ley, y si realmente fuéramos coherentes, si el Gobierno fuera coherente con lo que ya ha aprobado esta Cámara, poco deberíamos debatir. Desde nuestro grupo parlamentario aprobaremos este real decreto porque entendemos que es urgente su aplicación. Eso sí que lo tengo que reconocer. Seguramente es el real decreto que más justifica su forma, que se tramite como real decreto, en comparación con los más de veinte decretos que llevan aprobados. Este seguramente sí que está justificado. Para nosotros es urgente porque entendemos que las ayudas deben llegar ya, y porque ciertamente hemos tenido una primavera y un verano negros, devastadores, y toca ya dar una respuesta a los afectados, una respuesta material que obviamente se quedará corta, que es limitada por el contenido del decreto, pero también porque es imposible paliar los efectos y las consecuencias ambientales y sociales de las catástrofes de este verano.
En mi intervención quiero hablar de tres cosas: en primer lugar del contenido del real decreto y de lo que a nuestro entender le falta, pero también quiero hablar sobre la actitud del Gobierno en los incendios, y me alegro de que el ministro Cañete se haya incorporado al debate. Decía que quiero hablar también de la actitud del Gobierno, y finalmente de las lecciones aprendidas, porque entiendo que esta Cámara y el Gobierno deben aprender lecciones también después de lo que ha pasado este verano.
Entrando en el contenido del decreto usted presumía, señor ministro, también en los debates mantenidos, que se iba a cumplir sobradamente la ley de 2010, pero se ha quedado corto, y este decreto incumple la proposición no de ley que aprobó esta Cámara; no cubre todo lo que tiene que cubrir, y por lo tanto si hay un mínimo sentido de equidad territorial y cumplimiento de compromisos entendemos que hay que tramitarlo como proyecto de ley. ¿De qué se han olvidado a nuestro entender? En primer lugar, de un calendario que excluye algunas zonas, porque antes de principios de junio hubo también incendios, y utilizan esa fórmula que a nuestro entender es excluyente. Aquí podemos hablar de los incendios de Ports de Beseit, que fueron en mayo, o de Rasquera. Pero también olvidan otros fenómenos como heladas o tormentas que pueden afectar en este sentido. Aquí solo hablamos del ámbito de aplicación, pero también se han quedado fuera porque han recortado así sutilmente, con el bisturí, algunas medidas de ayuda que figuraban en la ley de 2010. Por ejemplo, desaparecen las ayudas excepcionales en materia de vivienda, a pesar de que muchos núcleos urbanos se han visto afectados. Pero los daños agrícolas también eliminan los cultivos afectados para próximas cosechas, como es el caso de los cultivos leñosos, y esto puede tener consecuencias en los próximos años. Las explotaciones agrícolas también ven recortados beneficios fiscales, porque dejan fuera cuestiones que aparecían en la ley de 2010. Tampoco establecen líneas preferenciales de crédito a los afectados. Por tanto incumplen esa proposición no de ley del Congreso y se quedan por debajo de la ley de 2010.
La segunda cuestión que quería trasladar asimismo a este debate es una reflexión que no ha aparecido aquí, y se refiere a las formas a las que el Gobierno nos tiene acostumbrados, a cómo explican ustedes las medidas que adoptan. En las ruedas de prensa del Gobierno ustedes tienden a vender las noticias normalmente no para explicar lo que hacen, sino para tapar la gestión o decisiones injustas e impopulares;
normalmente lanzan un titular, a veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y ya está. Pero otra táctica utilizada -y en este caso se utilizó- es poner el foco en cuestiones poco relevantes pero que desvían la atención, especialmente apuntando a alguien o a algunos, exculpándose, porque es un Gobierno que tiende a exculparse cuando presenta sus medidas. Ejemplos claros se refieren a colectivos que han recibido las culpas o han sido apuntados directamente con el dedo del Gobierno; estamos hablando de la estigmatización a que nos tiene acostumbrados el Gobierno de jóvenes, de parados, de sindicatos. Por eso quiero hablar de la actitud cuando el Gobierno presentó este proyecto de ley. Precisamente la actitud cuando explicó o puso el acento especialmente en los parados; precisamente los que más han sufrido la irresponsabilidad y la insensibilidad del Gobierno son los trabajadores sin trabajo y al presentar este decreto volvió a pasar. Ustedes, que precisamente son los máximos culpables junto a la derecha europea de sus recortes, que estemos en una nueva recesión y que caiga el PIB y se generen miles de despidos en el sector público, que son incapaces de tomar una sola medida para la creación de empleo tienden a estigmatizar decreto tras decreto a los trabajadores. Y ahora voy a lo que nos ocupa. En este real decreto lo volvieron a hacer, porque explicaron como novedad algo que ya existe en una ley y que se reconoce por ley, planteando de nuevo la imagen de los parados como ociosos. Creo que es lamentable porque desde nuestro grupo sabemos que hay situaciones en que son necesarios los trabajos comunitarios, no lo negamos, y creemos que puede ser útil esa medida, pero nunca en sustitución de puestos de trabajo, y siempre cuando hablamos de bienes públicos. Lo único que pedimos es que no estigmaticen y creen empleo. Realmente no compartimos las formas, porque en el fondo no han cambiado nada. Y lo que entendemos que puede ser realmente cínico es que personas que han sido víctimas de los recortes y que están en el paro precisamente por los recortes públicos que está generando el Partido Popular -desde agentes forestales a otras personas que trabajan en esta cuestión- acaben siendo víctimas de esta medida, precisamente los que han perdido el trabajo fruto de las decisiones políticas del Partido Popular.
Hecha esta reflexión ahora quiero hablar del contexto de estos incendios. En verano hay incendios, es verdad, pero es que este año hemos batido un récord: casi 180.000 hectáreas y diez personas han perdido la vida. Es una catástrofe incalculable. El ministro Arias Cañete decía que ha sido un verano terrible porque se han dado todos los factores negativos que podrían confluir: un otoño con una durísima sequía, una primavera sin lluvia, un verano con temperaturas muy altas, humedad muy baja, y vientos fuertes. Pero se olvidaba de otra cuestión: de la coincidencia de los recortes, recortes en extinción en las comunidades autónomas donde gobierna mayoritariamente su partido político, y también recortes de su ministerio en todo lo que se refiere a la prevención y a las políticas que cuidan nuestro medio rural. Usted lo sabe, señor ministro: lo que se refiere al cuidado del medio rural y del medio ambiente usted lo ha recortado. Vamos a analizar algunos ejemplos que son realmente claros. En Castilla-La Mancha, 392 trabajadores menos en un año dedicados a la extinción de incendios; en la Empresa Pública de Gestión Ambiental un recorte del 50%. De hecho, después del verano que han tenido, ahora deciden que en octubre no va a haber ni un efectivo que esté trabajando en la empresa pública. Sinceramente estos despropósitos, cuando en pleno verano se estaba enviando a personas a su casa sin trabajo, son incomprensibles. Y no hablemos ya de los recortes en Valencia, de los que hemos hablado muchas veces. O en Cataluña, donde solo en dos años el presupuesto de Interior en prevención y extinción se ha reducido el 34%. O podemos hablar de la Comunidad de Madrid, donde entre la descoordinación y los recortes han generado una situación catastrófica; todos los equipos estaban bajo mínimos y a algunos los enviaban a casa en plena crisis. Por no hablar de Galicia. Y aquí, señor ministro, no me puede decir que esto no afecta; los recortes afectan porque atañen a la rapidez, a la reacción y a las distancias a cubrir. Los recortes han salido muy caros y han multiplicado la virulencia de los fuegos. Evidentemente los recortes no encienden el fuego, pero sí afectan a la propagación y a la virulencia.
¿Y por qué no hablamos también de la prevención de sus políticas? Usted presumía de no haber recortado los efectivos en extinción. Sabe que su ministerio es clave para prevenir, y su ministerio se ha visto reducido en un 30%, y sabe que lo que menos ha priorizado precisamente es el desarrollo rural sostenible, que lo ha reducido en un 85%, o el Fondo de patrimonio natural, que disminuye el 50%, y las transferencias a comunidades autónomas para conservación, que las ha dejado prácticamente sin nada. Y fíjese si tiene relación y lo dramático de la cuestión: más del 65% de los incendios han afectado a espacios protegidos -parques naturales, Red Natura 2000-, y aunque tenemos el 47% de los bosques bajo alguna figura de protección, solo el 9% de los espacios de Red Natura 2000 tiene planes de gestión aprobados. Y esto es lo que alimenta también los incendios, la mala gestión de nuestros bosques. La
política forestal ha tendido a favorecer masas homogéneas de bosque de una sola especie, como pinos y eucaliptos, y estos cultivos además de atentar contra la biodiversidad favorecen también la propagación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Ya voy terminando.
La política forestal está marginada en sus acciones y en los presupuestos, y debe ser un factor económico.
Finalmente quiero hablarle del cambio climático. Precisamente España, que es uno de los países más vulnerables al cambio climático -la desertización, la costa, los incendios, las tormentas-, tiene al Gobierno más irresponsable en esta cuestión. Como su política energética, que por ejemplo margina la biomasa,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, debe finalizar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: ...que sería un instrumento de gestión. Los factores climáticos no son una plaga bíblica, son consecuencia del cambio climático y usted debería priorizarlo.
Por último quiero decir que nosotros aprobaremos este real decreto, pero creemos que deben rectificar sus prioridades. Lo veremos en los presupuestos. También pedimos que lo tramiten como proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Señora presidenta, ministros, señorías, la convalidación de este real decreto-ley es la culminación de una importante dialéctica parlamentaria ocurrida durante todo este verano; un verano marcado por los numerosos e importantes incendios forestales por todo el territorio del Estado y por las importantes tormentas de granizo que han afectado a una parte importante del territorio catalán, como son las tierras de Lleida.
La motivación de este real decreto-ley ha sido precedida por dos comparecencias del ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, una interpelación urgente de nuestro Grupo de Convergència i Unió al mismo ministro, una proposición de ley transaccionada por unanimidad de la Cámara, y una moción aprobada también por unanimidad la semana pasada. Por lo tanto se ha podido hablar y lamentar largo y tendido los efectos de estos incendios y tormentas; se ha podido hablar y evaluar los daños personales, económicos y materiales; se ha podido hablar y discrepar de los medios utilizados en su número, en su cantidad o modelo; se ha podido hablar y contrastar la coordinación entre las competencias de las comunidades autónomas y el Estado en la extinción; se ha podido hablar y coincidir en que el verdadero reto es la prevención; se ha podido hablar y formular propuestas y preguntas al señor ministro sobre cómo mejorar la prevención aplicando la transversalidad entre departamentos, para tener y realizar una estrategia real e incentivar la conservación de unos bosques en buen estado.
Este Real Decreto 25/2012 también tiene esta transversalidad. Son seis los ministerios que participan en la aplicación de las medidas que se derivarán de él. Lo que nos preocupa de este real decreto es que, después de oír la intervención del portavoz popular la semana pasada en la moción que presentaba este diputado, donde ya se hablaba o se avanzaba este real decreto-ley, se vanagloriara de los avances y logros conseguidos por su grupo en la elaboración de este real decreto-ley. Pues bien, tras el análisis del mismo y una semana después, tengo que decirles que entendemos la satisfacción del Grupo Popular porque en esta complicada situación económica haber podido saldar y satisfacer peticiones sectoriales o de los grupos de la Cámara podía ser una buena noticia, pero lo que no se dijo -y es preciso que conste- es que este Real Decreto 25/2012 incumple el acuerdo transaccional de la PNL del pasado 17 de julio, en cuyo apartado 5 se acuerda lo siguiente -leo textualmente-: Establecer de forma inmediata un sistema de ayudas que palien los daños producidos por los incendios en las zonas afectadas, en función del grado de protección medioambiental del terreno quemado, y en todo caso al menos -repito, al menos- las que se adoptaron en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. Se dice al menos. Pues bien, no se cumplen al menos dichas condiciones en este real decreto-ley. Por eso, porque no se cumple el acuerdo unánime de la Cámara, suscitamos de forma expresa que se pueda tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley
para subsanar, mejorar, y hacer cumplir el acuerdo adoptado por todos los grupos en la medida en que -eso sí- sea posible.
Aparte de la temporalidad del decreto, hay medidas más o menos restrictivas que en la Ley 3/2010 o simplemente no hay medidas, como por ejemplo en las líneas preferenciales de crédito que están en la ley, pero no en el real decreto-ley. Gran parte del real decreto-ley es un calco de la Ley 3/2010, pero es un calco incompleto, ya que en algunos casos complica el redactado, sujeto a interpretación, como por ejemplo ocurre en la redacción del apartado 2 del artículo 11, donde se podrían excluir actuaciones a realizar en zonas forestales por incendios de más de 500 hectáreas, según como se interprete, tales como el de Rasquera y el de Castellet i la Gornal; o en el mismo apartado de actuaciones de restauración forestal y medioambiental en las comunidades autónomas afectadas, donde se duplican las hectáreas de superficie forestal afectada, y de las 5.000/10.000 que figuraban en 2010 -apartados a) o b)- se pasa a las 1.000/5.000 en este real decreto-ley. Por lo que se refiere a ayudas para daños ocasionados en producciones agrarias, agrícolas y ganaderas, se omiten temas tan importantes como el de las ayudas para hacer frente a pérdidas para futuras campañas, ya sea a causa de costes de reposición o a disminución de las producciones. Por lo tanto creemos que este es otro apartado incompleto. En temas de reducciones fiscales este real decreto solo tiene en cuenta la reducción de módulos del método de estimación objetiva para este año 2012 del IRPF, y la Ley 3/2010 recogía también otros supuestos.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere poner de manifiesto las dificultades de la gestión de las ayudas. Por eso, y a raíz de la disposición adicional sexta de este real decreto, donde se dispone que la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con órganos competentes de las comunidades autónomas y corporaciones locales, tenemos que decir que en el año 2010 la Generalitat de Catalunya no participó en el procedimiento de concesión de ayudas, pero sí tuvo una fuerte y conflictiva implicación en la gestión de las subvenciones por decisión unilateral del ministerio. Pedimos que se aclare este punto.
En definitiva y para terminar, en la situación actual del sector agrario y ante el terrible impacto de los incendios, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no puede oponerse a cualquier medida que pueda minimizar el impacto de estas catástrofes, pero solicita firmemente que este real decreto-ley se pueda tramitar como proyecto de ley para atender mejor a las necesidades y para que se pueda respetar así el acuerdo unánime de la Cámara del pasado mes de julio. Nos satisface su predisposición para que así sea.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar haciendo una mención a la memoria de los fallecidos en estos incendios, algunos ciudadanos y algunos servidores públicos, cuya ausencia ya es irreparable, pero merecen siempre nuestro reconocimiento y también la función que desarrollaron. Pusieron en valor lo que es el servicio público, la importancia de los servicios públicos.
Señorías, los incendios ocurridos este verano han adquirido el carácter de catástrofe nacional. Hemos dado una imagen de un país con problemas económicos, inmerso en una fuerte crisis económica, a las puertas de la intervención, que encima ofrecía la imagen de que ardía por todos sus costados peninsulares y también en las islas Canarias. El decreto que hoy plantea el Gobierno para su convalidación, el que hace el número 25 en sus escasos meses de Gobierno, cumple sin embargo todas las exigencias de esa naturaleza: la excepcionalidad y la urgencia. Y para un decreto que reúne esas características les ha costado dos meses traerlo a esta Cámara. Ha hecho falta que el fuego calcinara alrededor de 200.000 hectáreas, tres parques nacionales, y una buena parte de la Red Natura.
Yo creo que ustedes no querían traer ningún decreto de ayudas a esta Cámara. Por tres veces lo negaron. En la primera ocasión en que el ministro compareció en julio, en la Comisión de Agricultura, a la pregunta de si iba a dar ayudas se acogió exclusivamente a la compensación de los seguros. En una pregunta oral que yo mismo le dirigí en el Pleno en julio, el ministro se refirió exclusivamente a acogerse al Fondo europeo de solidaridad. Y solo cuando llevábamos dos meses de fuegos constantes, en la comparecencia de septiembre, el ministro contestando a algunas preguntas dijo que estaban preparando un decreto en la línea de la Ley 3/2010. Tampoco nos dijo que en dos días iba a salir. Quizá no mereciéramos tanta atención. Sí sabíamos que el señor Zoido, del Partido Popular de Andalucía, ya había anunciado que
iba a haber ayudas para Málaga. Por tanto me da la impresión de que ustedes han venido arrastrados por la magnitud de una catástrofe que ha sido la peor en décadas de incendios en España.
En julio presentamos un proposición no de ley -se ha dicho aquí-, la presentó el Grupo Parlamentario Socialista, se transaccionó con todos los grupos y unánimemente se aprobó. En la misma se planteaba que se dispusiera de medidas para paliar los daños, y como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, el diputado de Convergència i Unió, el punto 5 establecía que al menos estas ayudas tenían que ser las recogidas en la Ley 3/2010, y el Gobierno debió entender que eran menos que en la Ley 3/2010. Me ratifico. No había intención de traer ayudas, porque lo que se ha hecho ha sido traer un decreto literal de la Ley 3/2010, pero con el sello de moda del Partido Popular: lleno de recortes, recortes de texto, y recortes de ayudas. Luego es menos que la Ley 3/2010. Ya se han dicho aquí algunos de esos recortes; por ejemplo, el ámbito. Esto pretende aplicarse a partir del 1 de junio, así es que los incendios madrugadores, como el de mayo de Els Ports de Tortosa, quedan fuera, ese madrugó, y los que vengan después de noviembre, por tardíos, tampoco serán compensados. En esa pnl, en esa transaccional que aprobamos incluimos el pedrisco, pero las ayudas para el pedrisco no están en este decreto de ayudas. No hay reposición de las redes de riego, de las mallas contra el pedrisco, esas ayudas han desaparecido; han desaparecido también las ayudas excepcionales en materia de vivienda; han desparecido las líneas preferenciales de crédito que la Ley 3/2010 instruyó al ICO, en aquel momento 25 millones de euros, ahora desaparecen; se suprimen ayudas para la repercusión que pudiera originarse en la cosecha de las próximas campañas en el caso de producciones leñosas; también ayudas para las cooperativas agrarias afectadas en relación con las entregas de las producciones de sus socios. Todo esto desaparece. Lo que se amplía es, a efectos de declarar zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental, la superficie; cuando antes se pedían 5.000, ahora 10.000; cuando antes se pedían 1.000 en el caso de que afectara a un 70% de superficie forestal quemada, ahora pasan a ser 5.000. ¿Qué significa esto? Pues que Marbella, por poner un ejemplo, no va a poder acogerse a estas ayudas. Así que aunque el señor Zoido se anticipó y dijo que iba a haber ayudas para Málaga, con esto se ve que no hay ayudas para Málaga. Simplemente porque no llega a tener ese requisito del 70% de superficie forestal quemada. Es curioso que el decreto no acoja estos daños y, sin embargo, el señor ministro en su comparecencia de septiembre nos dijera que iba a pedir ayudas del Fondo europeo de solidaridad. Es increíble porque si el Gobierno de España considera irrelevante el incendio, ¿por qué Europa lo va a considerar una catástrofe? Es una contradicción absoluta. Lo mismo pasa en algunos incendios, como en el caso de mi comunidad, en Alcoy y Cocentaina, que si se aplica la distribución, como pasa en Canarias, por municipios, tampoco van a tener ninguna ayuda. Ustedes incorporan la obligatoriedad de que las comunidades autónomas aporten el 50%, sin ningún tipo de matización. En la Ley 3/2010 esto no estaba, colaboraba el que podía, se negociaba. Eliminan también una disposición adicional de la Ley 3/2010 que no sé el coste que supone, pero tiene una carga política importante: la referencia a la colaboración entre los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente para la atención de las islas Canarias. La singularidad de Canarias que recogía ese decreto de 2009 y repitió la ley de 2010, y que fue valorada de manera entusiasta desde esta tribuna por el que fuera diputado señor Perestelo Rodríguez, aquí ha desaparecido. No sé qué habrán hecho los canarios para merecer esto.
Señorías, la causa de los incendios es el fruto del abandono rural, de la falta de gestión forestal y de los recortes presupuestarios. Lo hemos visto en estos meses. En junio el Gobierno redujo la partida de prevención y extinción de incendios en parques nacionales en un 20%. Las comunidades autónomas han ido recortando en extinción, en prevención, en conservación y limpieza de montes, y en Castilla-La Mancha -el colmo-, en plena campaña de incendios, se aplicó un ERE para los trabajadores de las brigadas. El Gobierno ha estado ausente todo este verano, ausente y sin dar la cara. No ha estado al lado de los ciudadanos cuando estos sufrían. Hemos pedido la comparecencia del ministro en este Pleno, pero no ha sido posible. Ya no hablemos del presidente del Gobierno, que ya ni se le espera. El Gobierno ha venido dando cuenta de esta catástrofe como si fuera una cuestión natural, inevitable, acontecimientos imprevisibles, fuera del control, más propios del capricho de la naturaleza o de la inconsciencia de los seres humanos. Para el Gobierno toda la culpa ha sido del clima y la responsabilidad es de las comunidades autónomas; se ha comportado con resignación eludiendo las responsabilidades, con la actitud de un Gobierno que observa y se lamenta siempre de su suerte, y lo único que se les ha ocurrido es endurecer el Código Penal, un tema que les encanta, lo penal. Pero les recuerdo que solamente las sociedades primitivas son las que se centran y abusan de los recursos punitivos. Sin embargo, el Gobierno ha mirado para otra parte cuando en enero el Partido Popular valenciano suprimió en la práctica el artículo 50 de la
Ley de Montes que prohíbe la recalificación de suelos afectados por incendios en un periodo de treinta años, como si estuviéramos otra vez en plena especulación urbanística. Además, el señor ministro ha derogado la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la ha dejado ya sin efecto en la práctica al eliminar toda aportación económica.
Finalizo, señorías, anunciando que votaremos favorablemente, porque no deja de ser un decreto de ayudas que puede mejorarse si se tramita como proyecto de ley. Además, es inevitable para que pueda encontrar algún sentido práctico que se tramite como proyecto de ley, y porque en 2009 así se hizo a petición del Partido Popular y dio lugar a la ley de 2010. Eso es todo lo que pedimos, actuar igual que actuamos en otros momentos y que demos sentido a esta ley. Después de este punto vamos a debatir un decreto de cerca de 1.800 millones de euros. Pensemos cuánto cuesta esto y qué solución va a dar un decreto y qué solución va a dar el otro.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ábalos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Alberto.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestra intención de apoyar la convalidación del Real Decreto-ley 25/2012, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y fuertes tormentas ocurridos en varias comunidades autónomas, y quisiera comenzar esta intervención haciendo una mención a los afectados y muy especialmente a las víctimas que se han cobrado los incendios este verano. Coincidirán conmigo en que merecen el reconocimiento de esta Cámara.
Como ya sabrán todos ustedes -y lo ha explicado el señor ministro-, desde primeros del mes de junio se han producido grandes incendios en distintos puntos de la geografía española con efectos devastadores en los ámbitos económico, medioambiental y social. Las altas temperaturas de este verano, la baja humedad y los fuertes vientos han contribuido a que se haya tratado en muchos casos de incendios especialmente virulentos, que han requerido el esfuerzo y la colaboración de las administraciones públicas, de todas, con la puesta a disposición en las zonas afectas de medios materiales y humanos de los ministerios de Interior -responsable de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias-, Defensa y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como bomberos, policías autonómicos y locales y profesionales de las distintas comunidades autónomas y administraciones locales que, junto con otros voluntarios, han evitado que las consecuencias de los incendios hayan sido aún mayores. A todos ellos queremos trasladar desde esta tribuna nuestro respeto y reconocimiento por la dura labor que, tristemente, se han visto en la necesidad de desarrollar este verano. (Aplausos).
Asimismo, desde el pasado mes de mayo se han sucedido en distintos puntos del territorio español fuertes tormentas de pedrisco que han destruido cosechas y causado daños en todo tipo de infraestructuras y bienes. El contenido del real decreto-ley que se somete hoy a convalidación tiene como objetivo fundamental intentar resarcir y paliar, cuando ello sea posible, los efectos devastadores causados por fenómenos a los que he aludido anteriormente y tratar de restituir los lugares afectados a su situación anterior. Para ello, como ha expuesto el señor ministro, se contiene en el mismo una batería de medidas que afectan a distintos ámbitos y que se pueden dividir en cuatro grandes tipos de acciones. En primer lugar, las ayudas directas, que van destinadas a paliar todo tipo de daños: personales, enseres, viviendas, etcétera. En segundo lugar, acciones que consisten en medidas de tipo fiscal, como la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2012, reducciones en el impuesto sobre actividades económicas, exenciones del impuesto sobre la renta, etcétera. En tercer lugar, se contienen medidas de carácter laboral, que consisten básicamente en la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de las cotizaciones de los trabajadores durante el periodo de suspensión de la actividad, moratorias por parte de las empresas y trabajadores por cuenta propia afectados de hasta un año sin interés para el pago de las cotizaciones y la posibilidad de inscribir trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social. En relación con este último punto y en alusión a alguna crítica que se ha vertido, diré que nos resulta poco comprensible teniendo en cuenta que esta es una figura que ya se establecía en un real decreto legislativo del año 1994. Además, hay que recordar que en el presente caso de la redacción de la propia norma se extrae con claridad que tiene un carácter dispositivo; es decir, es una facultad con la que cuentan las comunidades autónomas.
Por último, se contienen medias de tipo medioambiental al facultar al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que realice la declaración de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del mencionado real decreto-ley. Además, queremos destacar que el ministro de Agricultura ha manifestado que se está trabajando en la consecución del Fondo de solidaridad de la Unión Europea para los incendios de Valencia y La Gomera, a ejemplo de lo que se ha hecho en otros países.
Sin perjuicio de que en estos momentos se estén llevando a cabo las valoraciones pertinentes sobre los daños producidos, todo apunta, por la importancia de los fenómenos descritos y la considerable extensión de los incendios, unas 181.000 hectáreas aproximadamente, a que las ayudas contenidas en el real decreto-ley que hoy traemos a esta Cámara van a ser importantes, por lo que creemos de justicia destacar el esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno en un momento muy difícil para la economía española. El Ejecutivo ha entendido con buen criterio que ayudar a los damnificados en las catástrofes descritas es una prioridad en la acción de gobierno en colaboración con las comunidades autónomas afectadas. También es de agradecer la celeridad con la que se ha actuado en la disposición de esta norma. En definitiva, señorías, consideramos adecuadas y pertinentes las medidas que se proponen en este real decreto-ley por el Gobierno para resarcir de los daños causados y restaurar cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas y que muestran la sensibilidad del mismo con los damnificados por los hechos acaecidos en los meses pasados.
Para terminar me van a permitir, por mi origen y mi condición de diputada nacional por una circunscripción canaria, que haga una referencia expresa a los terribles incendios acaecidos en mi tierra. La diputada de Coalición Canaria, en la comparecencia del señor ministro Arias Cañete en Comisión el pasado 6 de septiembre, puso de manifiesto la gran pérdida que ha supuesto para los canarios la devastación por el fuego de espacios tan bellos como el Parque Nacional de Garajonay. Coincido en la apreciación y por esa misma razón quiero trasladar a los grupos parlamentarios que soportan al Ejecutivo de Canarias -Coalición Canaria y el Partido Socialista- la importancia de priorizar en las acciones de prevención, gestión, control y extinción de los incendios, acciones en las que son competentes, y dotar económicamente las mismas, tal y como ha hecho el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un momento difícil, de restricciones presupuestarias y cuya competencia se limita a la colaboración y apoyo a las comunidades autónomas para la defensa de los montes contra incendios. Una dotación adecuada y la revisión de los planes de emergencia establecidos en Canarias quizás evitarán en un futuro incidentes tan desafortunados como el ocurrido entre los días 7 y 13 de agosto en relación con la gestión de los incendios de La Gomera.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Alberto.
Finalizado el debate... (El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra).
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.
Tras escuchar las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, a los que agradezco sus aportaciones, manifiesto en nombre del Gobierno la disponibilidad, si así lo piden y lo acuerdan los grupos parlamentarios, para que sea tramitado como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 26/2012, DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO POR ENTREGAS YA REALIZADAS. (Número de expediente 130/000027).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: convalidación del Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señora presidenta, señorías, subo hoy a la tribuna, en la primera sesión parlamentaria posible, para explicar a esta Cámara y a la ciudadanía el Real Decreto-ley 26/2012, por el que se concede un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a los programas especiales de armamento, particularmente de las derivadas de las entregas ya realizadas por las industrias a Defensa y que todavía no han sido pagadas. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señor ministro.
Por favor, ruego silencio. Si quieren mantener conversaciones, ruego que salgan del plenario. Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme comenzar haciendo un poco de historia. Desde mediados de los años ochenta, ante la evidente obsolescencia de los sistemas de armas de los que disponía la defensa nacional y ante la necesidad también de dotar a las Fuerzas Armadas con nuevas capacidades, en el Ministerio de Defensa se comenzó a trabajar en la selección de equipos y materiales, estudiándose aquellos más idóneos para nuestros escenarios estratégicos habituales. Una vez escogidos -les hablo, por ejemplo, de las fragatas F-100, de los Eurofighter o de los carros Leopard-, quedaba la cuestión no baladí de financiar sus adquisiciones. Para ello, creamos en la época en que quien les habla era secretario de Estado de Defensa un sistema, inspirado en las prácticas habituales de nuestros aliados, el sistema alemán, de prefinanciación por parte del Ministerio de Industria y liquidación final por parte del Ministerio de Defensa de los bienes recibidos, al tiempo que se iban recibiendo estos. Como comprenderán, estamos hablando de sistemas de adquisiciones para ciclos de dotación de capacidades a la defensa que abarcan cuarenta años desde el principio de su planeamiento y más de veinticinco desde la aprobación por parte del Consejo de Ministros del programa inicial hasta que se realiza el último pago. El sistema, que había superado fácilmente los diez años de vida primeros sin mayores inconvenientes, comenzó a presentar los primeros problemas graves en 2008, pocos meses después del comienzo de la crisis económica. Estas dificultades estaban motivadas por la reducción de los presupuestos de Defensa y en especial del capítulo 8 de los mismos, que trata de las inversiones.
Para tratar de afrontar la situación, el Gobierno anterior modificó en Consejo de Ministros y por tres veces en menos de un año, 26 de diciembre de 2008, 17 de julio de 2009 y finalmente 15 de diciembre de 2009 -que es el acuerdo vigente-, los límites de los créditos para atender los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas con la intención de despejar su problema de futuro. La solución propuesta pasaba por bajar muy sensiblemente las anualidades previstas para el periodo 2010-2015, incrementando las diferencias en las del periodo 2016-2025 y fijando un techo de gasto de 26.692 millones de euros para todo el conjunto de los programas. Estas cantidades no tenían en cuenta los intereses que se podrían devengar precisamente por los impagos que luego ocurrieron. Sin embargo, y a pesar de estos cambios, el anterior Gobierno decidió que no iba a afrontar las nuevas reducidas cantidades a las que se acababa de comprometer y, aun acumulando déficits sucesivos en el presupuesto de Defensa -en el año 2009 del 11,2%, en el 2010 del 9,3% y en 2011 del 9%-, recortó este en el mismo periodo en prácticamente un 20% y procedió a impagar la práctica totalidad de los programas especiales de armamento.
La situación se volvió tan preocupante -estoy seguro de que sus señorías lo recuerdan- que el secretario de Estado de Defensa compareció ante la Comisión de Defensa de este Parlamento pocos días antes de su disolución, en septiembre de 2011, para presentar un auténtico pliego de descargo y encaró su intervención con estas palabras: El próximo Gobierno de la nación, que saldrá del Parlamento tras las elecciones generales de noviembre, deberá enfrentarse a esta compleja situación desde el primer día. Es cierto que el secretario de Estado saliente realizó una crítica al modelo, con algunos matices que podríamos compartir -siempre evidentemente a toro pasado- y algún otro con el que no estamos de acuerdo en absoluto porque la principal razón de que el sistema corra el riesgo de colapsarse no es otra que la falta de dotación del capítulo 6 del presupuesto del Ministerio de Defensa. Por tanto, achacar casi todo el problema al mecanismo de financiación es como achacar a un fabricante de automóviles que el automóvil no funciona porque no tiene gasolina. Sin embargo, me gustaría centrarme en lo que nos une, en aquello que suscita el consenso, y citar el que para mí es el párrafo fundamental de ese discurso de 21 de septiembre del año 2011, que suscribo totalmente. Decía entonces el secretario de Estado: Los programas especiales de armamento, señorías, sin duda han contribuido decisivamente a la modernización y a la profesionalización de las Fuerzas Armadas y han desarrollado una capacidad industrial y tecnológica de
la que España carecía. El proceso ha generado también empleo de alto valor añadido e inducido empleo en otros sectores asociados y ha sido un auténtico motor de cambios en las Fuerzas Armadas y en la industria conexa.
Señorías, este Gobierno y este ministro que les habla han encarado el problema desde el primer día de trabajo como profetizaba el secretario de Estado que les he citado y no han hecho en ningún momento dejación de esta tarea. Durante estos nueve meses que llevamos en el cargo nos hemos reunido con todos los sectores involucrados para buscar salidas a este gran problema. El primer consenso al que llegábamos siempre era que no iba a ser posible hablar de soluciones viables a medio y largo plazo si no abordábamos primero el saldo de las cuentas pendientes, como es lógico y natural porque a todo el mundo le gusta que le paguen las cosas que ha hecho y ha entregado. Esto permitiría un doble efecto: por un lado, aliviar la difícil situación contable de las industrias estratégicas para la defensa nacional -que, como la mayoría del tejido empresarial, sufren la crisis económica-, contribuyendo también a la conservación de los empleos de alta cualificación, y, por otro lado, recuperar la credibilidad de España como cliente y socio a nivel nacional e internacional ahora que está tan atacada. No se les escapa, señorías, que la credibilidad es un requisito indispensable para llevar a buen término una negociación y más en operaciones multinacionales a varias bandas y niveles, como son algunas que acogen programas especiales de armamento, particularmente aquellas que están sujetas a tratados internacionales, como es el caso del avión Eurofighter. Por todo ello, este Gobierno -que ya atendió en marzo un pago pendiente al consorcio Eurofighter por un importe de 309 millones, abonado con un crédito al programa 464.B del Ministerio de Industria-, una vez que le ha sido posible gracias a los acuerdos interministeriales e internacionales recientemente alcanzados, ha aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 7 de septiembre el real decreto cuya convalidación someto ahora a la aprobación de esta Cámara.
Señorías, centrándome ya en el texto, la primera consideración que querría hacerles es formal. La aprobación de este crédito extraordinario está en perfecta coherencia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución con respecto a la extraordinaria y urgente necesidad como justificación de este mecanismo legislativo, y lo está por las siguientes razones. Por un lado, como les he expuesto, esta es una medida extraordinaria porque en el momento del trámite ordinario no se podían determinar las cantidades que íbamos a poder abonar, a pesar de conocer los atrasos, hasta que se cerrasen las correspondientes negociaciones con las empresas y entre los ministerios. Por ello, apenas incluimos una partida de algo menos de 5 millones de euros para programas especiales de armamento en los presupuestos generales del año 2012. Por otra parte, como les consta, los problemas asociados a los impagos, tanto para el erario público como para la industria, justifican que inmediatamente después del momento en que hemos podido llegar a estos acuerdos se emplee la vía más rápida posible para evitar el daño que causaría un nuevo retraso en la tramitación. En consecuencia, no duden de que en este tema concurren los factores de urgencia y necesidad que están establecidos en la norma.
En cuanto a su contenido, señorías, creo que el real decreto requiere poca explicación en detalle por su extremada sencillez. Se concede un crédito extraordinario al programa 122.B, programas especiales de modernización, por importe de algo más de 1.782 millones de euros para afrontar los retrasos de los pagos debidos de los ejercicios 2010 y 2011 y los pagos correspondientes a 2012, pagos por entregas, repito, ya realizadas y que están en consecuencia inventariadas y registradas en la contabilidad nacional. Los programas cuyas obligaciones se atienden mediante este crédito son nueve, destacando el Eurofighter, que asume el 65% del total; los buques de acción marítima, el 10,5%; el carro Leopardo el 13,6%, o el helicóptero Tigre el 4,3%, entre otros.
Señorías, la aprobación de este real decreto por Consejo de Ministros y la convalidación que espero obtener de esta Cámara son una muestra sobre todo de responsabilidad política. Este Gobierno no puede ni quiere eludir el gran desafío presupuestario que supone el pago de los programas especiales de armamento, y más en un contexto de profunda crisis económica como el actual. El primer paso para solucionar el desafío es pagar las deudas, poner el contador a cero y, a partir de ahí, sentarse a negociar con las empresas el futuro de estos programas. El Gobierno, de la misma forma que ha facilitado fondos a las comunidades autónomas y entes locales para el pago a proveedores, debe atender también a los suyos propios. Señorías, el Gobierno de España tiene que pagar sus deudas y este Gobierno lo hace por criterios de responsabilidad y de credibilidad. Las industrias de defensa habían entregado material que, como digo, ya está en los inventarios del Estado y no se había abonado desde hace tres años. En consecuencia, las industrias de defensa están pasando una crisis extraordinariamente grave que afecta a unos puestos de trabajo esenciales para el tejido industrial de España. Es un ejercicio de sentido común
pagar aquello que se ha adquirido y en ese sentido creo que el Gobierno, sé que el Gobierno, estoy convencido de que el Gobierno hace lo que debe.
En el ámbito internacional, los impagos que acabo de mencionar que se derivan de esta actitud del anterior Gobierno de no hacer frente a las obligaciones derivadas de los compromisos aprobados en Consejo de Ministros han hecho que el descrédito de España, también en este ámbito de los programas internacionales, sea notable, y tenemos que recuperar el crédito. No pagar, aparte del descrédito, que es la peor sanción desde mi punto de vista, hubiese producido sanciones, penalizaciones por intereses de demora e incluso quiebra de la relación contractual. Y, señorías, no pagar hubiese amenazado mortalmente la viabilidad del sector industrial de la defensa en España, estratégico para nuestra seguridad y que constituye el mejor ejemplo que tenemos de lo que se ha venido a llamar el nuevo modelo productivo español, una industria intensiva en I+D+i, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados y que además obtiene más del 65% de sus recursos de la exportación a terceros países. Hablamos de un sector integrado por más de 500 empresas que emplea en España de forma directa e inducida a casi 80.000 personas y que en el año 2010 facturó 6.115 millones de euros, de los que invirtió 1.000, el 16%, en I+D+i. Por lo tanto, me gustaría que percibiesen el crédito extraordinario que hoy debatimos como lo percibe la totalidad del sector de la defensa; es el justo pago a una industria puntera por sus servicios al Estado y el justo pago por su trabajo y esfuerzo a miles de trabajadores. El crédito finalista es pues una apuesta por la industria española de defensa, como por otra parte así lo reconocen las propias empresas en comunicaciones que han hecho a este ministro, particularmente la Asociación de Empresas de la Defensa. Ténganlo muy en cuenta aquellos que se van a oponer a la convalidación de este real decreto y sin embargo en otras ocasiones piden que se adquieran equipos fabricados en las industrias de defensa cada uno de su circunscripción; aquellos que piden una rebaja sustancial de los presupuestos de Defensa mientras dan ruedas de prensa para reclamar que se construyan barcos o vehículos blindados.
Señorías, hemos actuado por decreto-ley, ya que era el instrumento idóneo para introducir este paliativo a corto plazo y así resolver los problemas pendientes de los años 2010, 2011 y de las entregas de este año, y quedar a día de hoy al corriente de todas nuestras obligaciones. Sin embargo, somos conscientes de que todavía no hemos solucionado el problema a medio y largo plazo. Este es un paso necesario y esencial, pero no es el único paso. Este ministerio está trabajando sin cesar, hablando con todos los actores y sopesando todos los caminos que permitan la viabilidad de los programas existentes, entre los que se encuentran alternativas como la modificación de los plazos de entrega, y consecuentemente de los abonos, de los pagos; la renegociación de las características y cantidades de ciertos contratos o la exportación de parte de algunos de los pedidos, entre otras posibilidades. Según vayan avanzando estas negociaciones que -como ya he dicho- son posibles gracias a la aprobación, en su caso, de este crédito extraordinario, podremos empezar a acercarnos a la solución definitiva de este gran problema financiero que tiene la defensa de España. Por supuesto, en este proceso queremos contar con el Parlamento y con los grupos políticos para informarles, debatir soluciones y exponer alternativas, pero no cejaremos en los trabajos para dar solución definitiva y a largo plazo a la financiación de los programas especiales de armamento, al sostenimiento de la seguridad y la defensa de España, precisamente como un instrumento esencial para esta seguridad de la industria de defensa nacional.
Este Gobierno no va a eludir su responsabilidad en ningún caso; sin embargo, tenemos muy claro que el diseño de una política de defensa es inseparable del largo plazo, por lo que requiere el consenso entre los partidos. Y ese consenso que yo les he ofrecido desde el primer día sigue en pie; algunos de ustedes lo han puesto en duda; yo no; la única intervención en la que voy a poner algo en duda esa voluntad de consenso es precisamente esta. A partir de ahora, este ministro y este Gobierno, el Ministerio de Defensa, esperarán pacientemente a que sus señorías le manifiesten qué intenciones tienen o qué programas pretenden plantear, qué ideas tienen sobre la defensa para ver si esas ideas concurren con la idea que tiene este Gobierno de lo que debe ser la defensa. Ojalá sea así, porque no creo que haya elementos de disparidad, pero será de esa manera, y no como ha sido hasta ahora, a través de la petición de este ministro y conversaciones que ha tenido este ministro con sus señorías, además de las comparecencias habituales ante este Pleno y en la Comisión. Estoy seguro, señorías, de que en ese sentido vamos a encontrar caminos de entendimiento.
Señorías, he venido hoy a esta Cámara a solicitarles el voto favorable a la convalidación de este real decreto por tres razones fundamentales: porque un país que quiere ser serio, creíble y respetado en la comunidad internacional, y también internamente, ha de pagar lo que debe, ha de cumplir sus compromisos; de elemental sentido común, prudencia política y realismo. En segundo lugar, porque un país comprometido
con su seguridad, condición previa para la libertad y el bienestar de los ciudadanos, ha de velar por la viabilidad de la industria de defensa, que es un elemento estratégico de la seguridad nacional. En tercer lugar, porque este real decreto constituye el primer e inexcusable paso para el camino a la solución definitiva de un problema que importa casi 3 puntos de PIB durante veinticinco años, cifra suficientemente ilustrativa de su magnitud. En conclusión, la industria de defensa es necesaria, genera riqueza, hay que pagar las deudas, credibilidad nacional. La propia industria reclama estas soluciones que les estamos dando, cuando digo la propia industria digo todos los estamentos de la industria, desde los estamentos directivos hasta los comités de empresa, han reclamado públicamente que se cumplan estas obligaciones. La convicción del Gobierno es hacerlo, tenemos que ganar la credibilidad internacional, y el Gobierno es consciente, puede serlo, lo es, del coste que puede tener esta operación de credibilidad nacional en algunos ámbitos de la política o del pensamiento político interno, pero el Gobierno es también consciente de que está aquí para gobernar, para asumir las responsabilidades, y en este caso es lo que hace.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor ministro de Defensa.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista y para ello tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señora presidenta, señorías, señor ministro, este decreto-ley hace el número veintisiete de los que el Gobierno ha aprobado en esta legislatura. No hay precedentes en la democracia de una utilización tan abusiva de un procedimiento que, como usted ha dicho, la Constitución solo prevé cuando hay una extraordinaria o urgente necesidad. El comportamiento del Gobierno en este sentido no es propio de un régimen de separación de poderes. El Legislativo es el que legisla; el Parlamento es el que legisla, no el Ejecutivo. Este solo puede hacerlo en situaciones graves o anómalas, de emergencia, imprevisibles, imposibles de llevar a cabo a través de los procedimientos parlamentarios habituales, con enmiendas, reuniones de Comisión, debates parlamentarios, debates ante la opinión pública. Cuando no hay eso se socavan los pilares de la democracia representativa. Sin embargo, vivimos una legislatura en la que el Gobierno utiliza su abultada mayoría parlamentaria para impedir el debate sobre los temas más importantes de la política nacional y acude abusando de esa mayoría a la técnica del decreto-ley, a la técnica de la emergencia. Cuando esa conducta es reiterada, como sucede en esta legislatura, una verdadera humillación del Parlamento, cuando eso sucede estamos entrando en un proceloso territorio autoritario.
El decreto ley que hoy nos presenta es un ejemplo paradigmático de esa conducta del Gobierno en esta legislatura. Es un crédito extraordinario para una situación nada extraordinaria. Estas compras de armamento, como usted ha dicho, se iniciaron en 1997, las inició usted, y desde entonces se sabe cuáles son los vencimientos. El pago que nos trae aquí en este decreto extraordinario de casi 1.800 millones de euros es conocido desde hace quince años. Usted cuando formaba parte del Gobierno de Aznar encargó la facturación y compra de esos programas especiales de armamento, así que cuando fue nombrado ministro por Rajoy sabía perfectamente de este vencimiento, lo sabía perfectamente, no es ninguna situación extraordinaria, sobrevenida e imprevista. Sin embargo, usted no envía un proyecto de ley, no incluyó esto en los Presupuestos Generales del Estado de hace unos meses y tampoco lo va a incluir en los presupuestos que han de venir todos los días. ¿Por qué utiliza usted la técnica del decreto ley? Es absolutamente incomprensible la utilización, el abuso del decreto-ley. Estamos ante un decreto-ley que incumple todos y cada uno de los requisitos que el Tribunal Constitucional exige para hacer un decreto-ley. Ni regula una situación que no se conozca, sobrevenida, imprevisible, imposible de prever ni es tan urgente como para que no pueda ser aprobado a través de la ley. Tenemos enseguida, como digo, un presupuesto y teníamos hace poco también otro. Después de estas palabras en la que usted repite reiteradamente lo del consenso, ningún grupo parlamentario conocía que esto iba a producirse, ninguno. En algo tan importante como es abordar los pagos de nada menos que 3 puntos de PIB a lo largo del tiempo, el Gobierno decide actuar por su cuenta y olvidarse del consenso. Eso significa, usted que ha hablado esta mañana en muchas ocasiones de credibilidad, una pérdida enorme de credibilidad en el Gobierno.
¿Por qué nos engañó a los grupos parlamentarios el secretario de Estado de Defensa el 17 de julio cuando nos dijo ante el gran problema de los programas especiales de armamento -estos 3 puntos de PIB que se encargaron hace años y que ahora empiezan a vencer-: convocaremos antes del verano a todos los grupos para entre todos encontrar la solución? Lo que nos encontramos es un decreto-ley, esto es lo que nos
encontramos. ¿Qué credibilidad tiene usted cuando nos dice aquí que va a contar con todos, que va a contar con consenso, cuando a las primeras de cambio en este asunto nos trae usted un decreto-ley que nadie conocía, inesperado, sorpresivo, después de anticipar que nos va a convocar a todos para afrontar ese problema? ¿Esa es su idea de consenso, señor Morenés?, ¿va a hacer lo mismo todos los años?, ¿va a venir aquí todos los años a traer un crédito extraordinario, todos los años, que suponga un aumento del presupuesto de Defensa de un 30%? Los métodos y la forma, por tanto, señor ministro, han sido absolutamente lamentables, pero también lo es el fondo. Este crédito extraordinario que se trae aquí proviene de una decisión que se adoptó por el primer Gobierno de Aznar de entrar en estos programas especiales de armamento, de encargar en precios actualizados de hoy 26.000 millones de euros, 2,5 puntos de PIB, para ser entregados mucho después en un contexto absolutamente diferente. Una decisión claramente errónea, claramente desenfocada, innecesaria, con material y armamento que no se corresponde con las necesidades estratégicas del momento, como están poniendo de manifiesto las reformas militares que están llevando a cabo Reino Unido, Alemania, Francia o Italia, países de nuestro entorno. Un contexto, por tanto, el actual totalmente distinto.
Da la impresión cuando usted hablaba de este decreto-ley, señor ministro, como si el Ministerio de Defensa fuese una especie de campana neumática que no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor. El contexto en el que estamos ahora mismo es un contexto en el cual el Gobierno está sometiendo a la sociedad española a un empobrecimiento en todas las dimensiones. El presidente del Gobierno, su compañero el ministro de Hacienda aquí en esta tribuna sistemáticamente nos dicen que no hay dinero, y lo dicen así, con toda claridad: no hay dinero. No hay dinero para nada; no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para dependencia, no hay dinero para políticas activas de empleo, no hay dinero para políticas de infraestructuras, pero sí hay dinero para el presupuesto de Defensa aumentando un 30%, disparando, nunca mejor dicho, ese presupuesto sin ningún precedente, para eso sí hay dinero. Eso no se puede entender, no lo entiende la opinión pública.
¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, se podría haber hecho de otra manera. Usted ha citado al anterior Gobierno. El anterior Gobierno, los Gobiernos socialistas de las dos legislaturas anteriores lo primero que hicieron fue cumplir con las obligaciones de pago (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete: No, no). Y lo que hizo el Gobierno en la última legislatura fue suspender toda compra de estos programas, hasta que en 2010, como usted ha dicho, en plena crisis se plantea la prioridad social o la prioridad de gastos de los programas de armamento. En ese momento es cuando, por importe de 300 millones aproximadamente de 2010 y casi el doble en 2011, hay una reducción y en ejecución presupuestaria que afecta a todos los ministerios, que afecta también al Ministerio de Defensa, como es lógico, y se inicia un proceso de renegociación y reprogramación de los pagos legalmente. Eso es lo que se hace muchísimas veces. Es un tema de prioridades, eso es lo que se hace. Ustedes han hecho exactamente lo contrario. Usted llega, no interrumpe esa reprogramación, interrumpe esa renegociación, pone el contador a cero como usted dice, nos trae 1.800 millones de euros aquí y al mismo tiempo vulnera derechos sociales de millones de españoles y españolas en este país; lo hace a la vez. (Aplausos). Esas son las diferencias, señor ministro, entre lo que hizo el Gobierno socialista y lo que hace el Gobierno del Partido Popular.
El decreto-ley dice -usted lo ha dicho en la tribuna para justificar este decreto-ley, este decreto extraordinario- las consecuencias que tendría el no afrontar en su integridad los pagos. Aquí nadie habla de no pagar, pero sí de renegociar, sí de reprogramar, sí de aplazar algo que es absolutamente inasumible en los plazos establecidos hace tantos años. El decreto-ley y usted mismo destacan tres puntos, si no atendemos absolutamente los compromisos de pago en estos programas especiales de armamento van a pasar tres cosas: pérdida de empleos altamente cualificados y capacidad de nuestra industria, colapso financiero de programas internacionales y limitación de nuestra capacidad para participar en misiones internacionales. Empezando por esto último, es una falacia total, señor ministro, y es muy fácil darse cuenta de ello. Si usted acude a la segunda página del Boletín Oficial del Estado se da cuenta de que los programas para los que van estos 1.800 millones de euros son programas de armamento y, salvo uno -el caso de los buques de acción marítima, que son algo más del 10%-, todos los demás no están destinados a misiones en el exterior. Es facilísimo ir uno detrás de otro. Nada que ver con las misiones en el exterior. Ese argumento de las misiones en el exterior, no vale. Segundo, en lo relativo al empleo en la industria de defensa, de lo que ha hablado reiteradamente, usted es conocedor de ese sector pero no es en absoluto creíble lo que dice usted sobre las enormes dificultades, como si fuera la industria más atacada, más dañada y con más dificultades; dice que habría incluso peligro de un colapso financiero y que obliga a aumentar el presupuesto de Defensa en un 30%.
Esto no es creíble porque usted ha mencionado el sistema alemán pero no ha explicado en qué consiste, y se le ha olvidado lo más importante: que ese llamado sistema alemán, que pone en práctica el Partido Popular para estos programas especiales de armamento específicamente, consiste en que el Ministerio de Defensa encarga a una empresa la fabricación de determinados armamentos -un encargo de compra masiva, como es sabido, en este caso, que no tiene precedentes en nuestra historia-, pero al mismo tiempo el Ministerio de Industria le hace un anticipo a esa empresa a interés cero para que fabrique ese armamento; un anticipo que puede llegar al 60% del precio, en algún caso incluso ha llegado incluso al 100%. Estos anticipos significan que quien ha financiado desde el principio estos programas ha sido el Estado, no esas compañías; esas compañías no se han ido al mercado, el Estado se lo ha dado desde el principio, y cuando el Ministerio de Defensa reintegre ese pago, entonces las compañías devolverán el anticipo; no antes, porque a esos efectos esas empresas harán, como han hecho, contratos con el ministerio de industria para modificar lo que llaman los escandallos de devolución de los anticipos, es decir, su calendario, hasta que reciban el pago del Ministerio de Defensa. Así que los argumentos a ese respecto pierden buena parte de su sentido, me refiero a esto del problema de la industria de defensa por renegociar, aplazar o trocear los pagos que son inasumibles en un momento determinado.
La financiación de esos encargos de armamento que yo calificaba la semana pasada de astronómicos es la mejor posible para el sector de la defensa. Ningún otro sector industrial ha tenido esas ventajas. ¿Qué sector económico ha tenido la ventaja de que el Estado le encargue una fabricación de algo, le dé un anticipo a interés cero para que lo fabrique, y luego al final, cuando lo pague, devuelva el anticipo?, ¿qué sector de la economía ha tenido esas ventajas? Ninguno, en esa cantidad, en esa entidad, con esa dimensión. Los beneficios para las empresas adjudicatarias son evidentes y los perjuicios financieros para el Estado y por tanto para todos los españoles también, porque si hubiera algún tipo de peligro de colapso financiero, no estaría en las industrias de defensa; el colapso financiero está en otros ámbitos más cercanos a los españoles, porque este crédito extraordinario, como dice el mismo, pasará a engrosar la ya alta deuda pública española. No son las empresas las que irán al mercado a buscar financiación, lo hará el Reino de España a intereses muy altos, difícilmente sostenibles. Luego viene además el mantenimiento, que puede ser hasta casi la misma cantidad de lo que cuesta, es decir, es una cantidad enorme. Y no sé si se lo han dicho a Bruselas o a Merkel, pero eso se puede convertir en 6 puntos de PIB de pagos inasumibles, imposibles, porque hay un error de fondo estructural. No es una coyuntura, como usted dice, es un tema de fondo estructural de esos programas, que constituyen sin duda la herencia del Partido Popular; esos programas mastodónticos de armamento de los que es imposible que se haga cargo en sus plazos estrictos el Estado español, imposible. Eso requeriría todo un plan de fondo estructural que ustedes hoy no nos ha traído. Este es un decreto-ley, el que nos ha traído, que no aborda...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor López Garrido, tiene que terminar.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta.
... el problema de fondo de esos programas y por esa razón nosotros vamos a votar en contra.
El la señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.
Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Señora presidenta, señor ministro, hoy hemos venido aquí a hablar de armas, de 1.782 millones para pagar armamentos; 1.782 millones que servirán para pagar, por ejemplo, 235 tanques, a 10 millones cada tanque; 42 cazas, a 109 millones cada avión; 64 obuses, a 2,7 millones cada obús; o 762 misiles a 300.000 euros por misil. Esos 1.782 millones que usted va a dedicar para cumplir esos compromisos de defensa no se destinarán a cumplir otros compromisos, a cumplir compromisos con la gente en educación, en sanidad o en servicios sociales. En esta tesitura, señor ministro, le enseño mis armas. (Muestra un lápiz y un papel). Estas son mis armas, las armas de Compromís-Equo. Son armas sencillas, baratas. Ustedes que están ahora en el Gobierno con su injusta mayoría absoluta destinan el dinero a lo que son sus prioridades, y aquí en el Congreso vemos cuáles son sus prioridades cada día. Con los más de veinte decretos que el PP nos ha hecho, cada día nos están haciendo más pobres y nos están quitando cada día más derechos. No hay dinero para las personas, pero sí que hay dinero para las armas, y estamos hablando de mucho dinero, señor ministro. Estamos hablando de diecinueve programas, nueve en ejecución o ejecutados y diez sin ejecutar. Lo entregado ya son 8.793 millones y el total, según fuentes
del Ministerio de Defensa, serían más de 30.000 millones, más de 30.000 millones. Quiere decirse que de aquí a 2025 vamos a estar aprobando decretos-leyes para seguir pagando esta deriva armamentística o veremos de dónde se sacan el dinero.
Una de las consecuencias que el ministro ha esgrimido a la hora de decir que han de atender esos pagos -me llama poderosamente la atención- es la pérdida de empleos altamente cualificados, y también me llama la atención el corazón sensible con estos empleos y que tanto el PP valenciano como el PP estatal no tuvieran esa misma consideración con otros empleos altamente cualificados y se haya cerrado, por ejemplo, el Centro de Investigación Príncipe Felipe, de donde se ha echado a 79 científicos, donde se han cerrado catorce líneas de investigación de cáncer, alzhéimer, párkinson, esclerosis, lesión medular...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, debe terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan tres segundos.
Con una aportación del Estado de solo 5 millones, con lo que valen dos obuses o medio tanque, no se habrían cerrado estas líneas. Por eso Compromís lo tiene claro. Si tenemos que elegir, estas son nuestras armas (muestra un lápiz y un papel), esta es nuestra prioridad, esta es nuestra elección.
Por el mismo grupo, el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro Morenés, ¿para qué sirven estos 1.782 millones de euros que reclaman ahora? Para pagar armamento como este Eurofighter 2000, que cuesta 130 millones de euros y en vez del cual se podría pagar una universidad entera (Muestra dos documentos.). Pronto nos tocará pagar estos submarinos S-80, 440 millones de euros, con los cuales podríamos sufragar cinco hospitales enteros (Muestra dos documentos). Eso es una elección, es una opción, es su opción, señor Morenés, es la opción del Gobierno del Partido Popular. La opción es que, en vez de gastar en cosas del curar, en cosas de aprender y en cosas del vivir, se lo gastan en cosas de destruir y en cosas de matar. Esa es una opción, y hay que decirlo claro, hay que decírselo a la gente, hay que decirlo alto y sin tapujos.
¿Por qué lo hacen? Puede haber dos razones. La primera, que ustedes se han acogido a ese viejo lema de ser novios de la muerte y les gusta jugar a la guerra y a ser una gran potencia, aunque el tiempo les demuestre que lo único que se puede ser es una gran impotencia; pero tienen los compromisos, los delirios del señor Aznar en Las Azores, que el PSOE no recortó, sino que abonó -vamos a decirlo-, no corrigió, sino que aumentó -digámoslo todo-, y su propia elección en este Gobierno. Esa es la primera opción, que quieran tener juguetes, juguetes caros, juguetes indecentes con la que está cayendo. La otra opción sería peor, la otra opción sería que estuvieran considerando ir a la guerra. ¿Dónde? Pues dígamelo usted, señor Morenés. ¿Se van a embarcar en otra calaverada en el exterior?, ¿van a intervenir en la República de Mali o en otras partes del mundo?, ¿van a gastar ese dinero que tan necesario es en esas cosas o es que tal vez están pensando en intervenir alguna parte del territorio del Estado? No se escandalicen; en Catalunya estamos ya un poco alarmados viendo a los mandos retirados, o no retirados, del Ejército que amenazan a diputados presentes en esta sala con detenciones, con intervenir contra todo un país si elige democráticamente su futuro. Y ustedes no dicen nada, ustedes no responden, ustedes no comparecen, ustedes no sancionan, ustedes no toman medidas contra ese tipo de amenazas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, tiene que finalizar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señorías del PP, señor Morenés, quiero que me diga francamente a quién representa usted. ¿Representa al pueblo representado por el Gobierno del Partido Popular o representa a la industria armamentística dentro de ese Gobierno? No lo tengo claro, se lo estoy preguntando con candor. Señorías del Partido Popular, piensen en sus hijos, piensen en sus maridos, en sus esposas, sus padres, sus hermanos, piensen en su conciencia. ¿Es decente lo que se está haciendo aquí ahora en esta Cámara?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: ¿Realmente creen que es decente?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el mismo grupo, señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, algún otro portavoz ya lo ha insinuado, pero la gente en la calle se pregunta: ¿hay dinero o no hay dinero? Ustedes dijeron a la sociedad que se tenía que apretar el cinturón, que iba a haber recortes porque no había dinero. En efecto, mientras ustedes realizaban esos recortes por un lado, por otro están dando cantidades muy grandes de dinero público a determinadas élites económicas para que mantengan sus beneficios. Por lo tanto, dinero, hay. La cuestión es en qué se gasta, si lo gastamos en mantener el actual modelo económico y que cuatro se sigan forrando a costa del resto o si se gasta para cambiar de sistema económico y garantizar que realmente la gente pueda vivir y lo pueda hacer dignamente. Ustedes parece que han optado por la primera de las opciones y Amaiur defiende claramente la segunda.
Señor ministro, si se aprueba este real decreto, el gasto militar en lo que va de año 2012 habrá superado en más de 3.000 millones de euros lo inicialmente presupuestado, en un presupuesto que no fue recortado, dinero que principalmente ha ido a la industria de la guerra. Esta industria, como decía el portavoz del Partido Socialista, ha sido especialmente ayudada, pero no solo como decía el portavoz del Partido Socialista, sino mediante subvenciones y premios, y eso lo hemos visto aquí, en el Estado español, y en Euskal Herria. No sé si casualmente o no, pero a la vez están vinculados o han estado vinculados importantes cargos políticos. El mejor ejemplo, el que usted representa.
Señor ministro, sabemos el peso específico que tiene esta industria en la actualidad a nivel mundial, en lo político y en lo económico, pero todos y todas somos conscientes de a qué va principalmente destinado ese dinero que se da a estas empresas. ¿Cuántos conflictos se han alimentado para dar salida a la industria armamentística? Nos podemos justificar diciendo que es dinero para I+D+i, que luego revertirá en la sociedad civil, y lo hará, pero fundamentalmente en muerte y destrucción. Esto sigue siendo un negocio para muchos.
Señoría, desde la óptica abertzale no entenderíamos que se apoyara este decreto. La mayoría social en Euskal Herria no considera una necesidad ni una prioridad este gasto. A pesar de ello, tendrá que pagarlo. Por eso, Amaiur defiende para Euskal Herria un Estado propio en Europa como único instrumento para poder garantizar que seamos las y los vascos los que decidimos cómo gestionamos nuestros recursos económicos, qué políticas económicas son las más adecuadas y acordes a nuestras necesidades y a nuestra realidad, como cualquier otro Estado, y para decidir si queremos una sociedad militarizada como la que propugna este real decreto o una sociedad en la que las relaciones con otros Estados y pueblos se guíen por la solidaridad entre pueblos (El señor Conde Bajén: ¿Y ETA?), y los conflictos internacionales se resuelvan por la vía diplomática y de la no injerencia y no de la intervención militar. (El señor Conde Bajén: ¿Y ETA?). No queremos que se dé dinero a los responsables de armar a quienes tienen encomendado por mandato constitucional que Euskal Herria no pueda tener un Estado propio si así lo quisiera la mayoría social en Euskal Herria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Urbina, tiene que finalizar.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Por eso, señor ministro, deroguen ustedes la amenaza militar del artículo 8 de la Constitución y respeten la palabra y la decisión de la sociedad vasca.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Urbina.
Por el Grupo del PNV tiene la palabra la señora Tapia.
Señor ministro, estamos de acuerdo en un par de cosas que ha comentado: que no se deben adoptar compromisos que después no se pueden cumplir y que los compromisos adoptados después hay que asumirlos, es decir, hay que pagar lo que se ha comprado. Nos dice que existen equipos en el inventario del Estado desde hace más de tres años -que usted lo sabe, que el Gobierno lo sabe- que están sin pagar, y ahora nos dice que son urgentes. Es extraño, porque en tres años se podía haber adoptado alguna decisión. Pero tanto usted, señor ministro, como el secretario de Estado en julio, se comprometieron en más de una ocasión -y hoy lo ha vuelto a decir- al consenso, a acordar en Comisión una planificación que permita refinanciar todo esto, retrasar, redimensionar la deuda adquirida y demás. Palabras, porque de verdad, nada de nada; no hemos visto nada.
En este real decreto se hace referencia a que hay que cumplir unos compromisos adquiridos a medio y largo plazo. Cita concretamente un plan de actuación de reducción de unidades, de aplazamiento de entregas, negociación de condiciones y venta de material, plan del que, como viene siendo habitual en el Gobierno, no sabemos tampoco nada. ¿Cuál es ese plan? Nos dice que vamos a consensuar, que vamos a hablar, pero no conocemos nada. Lo primero que hemos conocido a partir de aquella comparecencia del secretario de Estado es este real decreto, que nos lo trae con prisas y nos pide el voto positivo porque si no -y permítame que se lo diga porque así lo he entendido-, nos amenaza veladamente con que ya no va a hablar nunca más con nosotros. Nosotros seguimos dispuestos a comentarlo, pero usted verá.
Además, nos trae un crédito de nada más y nada menos que casi 1.800 millones de euros. Es cierto que podía usted no saber cuando elaboran los presupuestos si eran 1.800, 1.400 o 2.000, es cierto. Pero entre los 5 millones presupuestados y los 1.800 creo que hay una diferencia bastante importante. En un momento difícil para la sociedad, cuando estamos sufriendo severos recortes en ámbitos clave como la sanidad, la educación y, desde luego, en nuestro caso, en opinión del Partido Nacionalista Vasco, en el apoyo a la industria en I+D+i y a una industria competitiva. Y, sin más explicaciones que esta supuesta urgencia, nos trae este real decreto. Además, somos conscientes -tal y como ha dicho- que estos 1.800 millones son solamente una pequeña parte de las obligaciones que se han contraído y que evidentemente en algún momento habrá que volver a analizar. Pero hay un tema que nos gustaría tratar, porque también he creído intuirlo en su discurso pero no lo veo en ningún sitio del real decreto, y es que tanto en el propio real decreto como en la memoria justificativa y en la económica que se acompaña se habla de unos grandes proveedores, unas grandes empresas, pero estoy segura de que debajo de esas empresas hay unos pagos a subcontratistas, unos pagos a otras empresas auxiliares, de los cuales no conocemos nada. No conocemos los detalles de cómo se va a asegurar que esos subcontratistas y esas empresas reciben el dinero que se les debe. Habla solamente de las grandes empresas con nombres muy concretos. No sabemos qué decisión ha adoptado usted al respecto, pero intuimos que ahí puede haber pequeñas y medianas empresas quizá de no muy alta tecnología, de instalaciones eléctricas, de pequeños talleres auxiliares que desde luego se encuentran ahogados en este momento por las deudas que han contraído. ¿Quién se va a preocupar por esos puestos de trabajo? Nos hubiera gustado que en ese real decreto, cuando menos, se hubieran incluido todos esos aspectos. Creemos que es muy importante y en ningún caso hemos visto nada de nada.
Se trata, a nuestro juicio, de un real decreto de nula transparencia y justificación en cuanto a esa urgencia. Sabe usted, señor ministro, que nuestro grupo está dispuesto a hablar, a analizar todas las propuestas y a consensuar lo que haga falta, pero así, no. Usted nos ha prometido más de una vez una metodología de trabajo que después no se ha cumplido, y ahora pretende que le aprobemos este real decreto porque nos dice que es muy urgente. Desde luego, nosotros estamos dispuestos a trabajarlo en Comisión tranquilamente, sin esa urgencia, porque, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, hemos tenido ocasión de hacerlo en unos presupuestos y tendremos ocasión ahora, y si tal y como ustedes dicen están dispuestos al consenso, nosotros también vamos a trabajar en esa planificación a la que usted hacer referencia.
Señor Urbina, usted ha hecho referencia a una frase que yo dije la semana pasada en la que no voy a entrar, porque si usted no quiere entender lo que no quiere entender, no voy a hacerle ningún caso a ese respecto.
Por Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Antes de nada, señor Urbina, no sé cómo se atreve a criticar la industria de defensa tildándola de industria de la muerte cuando ustedes están sentados en esos escaños gracias al rédito político obtenido por la industria de la muerte gestionada por una banda terrorista. No sé cómo tienen ese valor, de verdad. No sé cómo tienen ese valor. (Aplausos).
En cuanto al decreto que nos ocupa, señor ministro, le contaré que cuando leímos el titular en prensa -que es como solemos enterarnos de lo que ocurre en el Ministerio de Defensa- respecto a este crédito extraordinario pensamos que había que votarlo a favor, puesto que es un principio general con el que desde luego nosotros comulgamos que las deudas hay que pagarlas. Cuando vimos la letra del decreto empezamos a considerar la posibilidad de abstenernos, y después de escucharle a usted hablar aquí
estamos más inclinados a votar en contra. Y le voy a explicar por qué. Usted ha dedicado su discurso sobre todo a intentar convencernos de que las deudas hay que pagarlas, que es algo de lo que nosotros estamos plenamente convencidos. España tiene unos compromisos con una serie de empresas de la industria de la defensa que, por supuesto, tiene que pagar como todos sus compromisos nacionales e internacionales. Sin embargo, como ya han señalado otros portavoces, el procedimiento que se elige no es gratuito porque usted sabe bien que en democracia las formas se convierten en el fondo en la mayoría de las ocasiones.
Usted ha disfrutado -hemos disfrutado todos- a lo largo de este año del debate de dos presupuestos generales del Estado, no de uno, sino de dos. Terminamos de discutir y de aprobar los últimos el 28 de junio y empieza el procedimiento para aprobar los siguientes el 27 de septiembre; es decir, va a haber tres meses nada más entre un presupuesto y otro y justo en esos tres meses el Gobierno aprueba este crédito extraordinario. Nos parece una forma de disfrazar un aumento en el presupuesto de Defensa que, si se hubiera hecho por el procedimiento ordinario, probablemente hubiéramos apoyado. Ustedes presentaron unos presupuestos del Ministerio de Defensa que significaban un recorte del 8%, y lo hicieron acorde con el recorte del resto de los ministerios y del resto del gasto, particularmente en educación, en sanidad y en servicios sociales, que han llevado a cabo las comunidades autónomas. Ahora resulta que con este crédito extraordinario el presupuesto de este año aumenta un 28% y respecto al año pasado aumenta un 18%. Esto se tiene que debatir, es decir, el procedimiento del decreto y del crédito extraordinario no les puede servir para agilizar, para dar rapidez al debate y evitar que la sociedad tenga conocimiento pleno de lo que está pasando. Un crédito de este tipo, si se incluye en los presupuestos generales, se puede debatir en profundidad, se puede analizar, se puede enmendar, y ese es el procedimiento y esa es la forma correcta de hacerlo. Haciéndolo de esta forma ustedes se aseguran la mayor opacidad y el menor debate posible.
Con el único debate que tenemos sobre este asunto, que es el de hoy, lo que nos ha quedado claro con su intervención es que ha hecho usted el discurso de un lobbista, el discurso de un hombre de la industria, que es lo que usted es. Nosotros defendemos también la industria de la defensa española, pero ni siquiera en este decreto se garantiza que los pequeños proveedores vayan a cobrar, y eso era lo que queríamos ver. Pensábamos que usted nos iba a explicar cómo asegurar que este dinero llegue hasta los más pequeños proveedores.
Dice usted que esto servirá para poner el contador a cero y que forma parte de una negociación global que nos permitirá rediseñar el resto de los programas, venderlos a terceros, etcétera. Pero es que tampoco nos ha explicado el global de esa negociación. ¿Cómo podemos nosotros valorar si merece la pena hacer este desembolso extraordinario ahora para negociar mejor en el futuro si no nos ha explicado en qué consiste esa negociación?
La verdad es que nos ha dejado más dudas de las preguntas que ha respondido. Ha hecho usted una defensa genérica de los programas especiales de armamento -cosa lógica porque los puso en marcha usted-; ha explicado que esta deuda procede de los años 2010 y 2011, cosa que todos sabíamos y que también debería haber inducido a una mayor humildad en la intervención del Grupo Socialista, francamente, pero no nos ha explicado las cuestiones fundamentales, no nos ha explicado las cuestiones que nos hubieran inclinado a abstenernos o incluso a votar a favor.
Por último, ha hecho usted una invocación genérica al consenso; ha dicho que a partir de ahora nos va a escuchar, lo cual le agradezco mucho -nunca es tarde si la dicha es buena-, pero como nosotros ya le hemos explicado nuestra visión de la defensa en numerosas ocasiones, no nos importa volver a hacerlo de nuevo. Lo haremos con más detalle; estoy segura -ahora que usted tiene esta mayor disposición a escucharnos- de que tendremos ocasión en el futuro, pero como principio general le digo que mi grupo tiene una visión de la defensa como bien público. Ni tenemos una visión lucrativa ni tenemos una visión comercial, pero estoy segura de que a pesar de eso encontraremos puntos en los que entendernos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella. (El señor Urbina Fernández pide la palabra).
¿Sí, señor Urbina?
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Solicitaría, sobre la base del artículo 71 del Reglamento y por alusiones, el uso de la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Urbina. Usted ha hecho alusión a una diputada y ella le ha contestado. No tiene la palabra.
Señor Centella, adelante.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: No, no...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Lo siento, señor Urbina, no tiene la palabra.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Pero...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Urbina, no tiene la palabra. (El señor Bosch i Pascual pide la palabra).
¿Sí, señor Bosch?
El señor BOSCH I PASCUAL: Como portavoz del Grupo Mixto, le pido por favor que atiendan la petición de don Iker Urbina apelando al artículo 72 del Reglamento. Creo que es de justicia y que está en su derecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, el artículo efectivamente es el que es, pero en un debate como este se producen lógicamente alusiones y contradicciones propias de un debate político, por tanto, siento decirle que no tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le he escuchado atentamente y la verdad es que tenía la impresión de que era una apreciación personal mía, pero al escuchar a otros portavoces veo que ha sido algo más que evidente, y es que usted ha comparecido en esta Cámara, quizá por deformación profesional o por otra circunstancia, más como un representante de la industria de armamento que viene aquí a cobrar sus facturas que como un ministro del Gobierno que viene a explicar sus prioridades (Aplausos), porque esa es la clave del debate. La clave del debate no es que haya una empresa que quiere cobrar sus facturas; hay miles, millones en este país que quieren cobrar sus facturas, lo que pasa es que no tienen un ministro que venga a esta tribuna a plantearlo. (Aplausos). El problema está en que aquí tenemos que discutir cuáles son las prioridades del Gobierno, y ese es el debate.
También habría que explicar con más acierto la forma, porque justificar un decreto-ley como usted lo ha hecho, la verdad es que se le veía poco convencido. Realmente era muy difícil explicar que estamos ante una circunstancia extraordinaria, ante una circunstancia imprevisible, por tanto, justificar el decreto-ley en este caso -como en otros muchos a los que estamos acostumbrados- no es ni más ni menos que una forma de gobernar a la que su Gobierno se ha acostumbrado demasiado rápido, lo cual hace que sean muchos más los decretos-leyes que cualesquiera otras iniciativas lo que trae el Gobierno a esta Cámara.
También podría haber explicado con más acierto el fraude presupuestario ante el que nos encontramos. Es verdad que usted sube a esta tribuna a explicar unos presupuestos que ya sabía que se iban a falsear, y ya era un escándalo que los presupuesto del Ministerio de Defensa eran los que menos recortes tenía, frente a sanidad, frente a educación, frente a otros ministerios. Si usted hubiese incluido entonces esta cifra, ya no hubiera sido un escándalo, hubiera sido una vergüenza que un Gobierno planteara que su prioridad es el gasto en defensa. Pero aparte de la forma a nuestro grupo le interesa mucho más...
Señora presidenta, no sé si se le ha olvidado, pero el reloj no funciona.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Perdone, señor Centella?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Que no funciona el cronómetro.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: De nada. Estaba usted tan preocupada por no dar la palabra a otro grupo que se le ha olvidado. (Risas y aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Centella, no era para nada mi preocupación en este momento, pero me alegro mucho de que sea usted tan honesto que renuncie a más tiempo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: De nada, señora presidenta. Estamos en ello.
Señor ministro, volvamos a lo que nos preocupa, que es el fondo de la cuestión. Para nuestro grupo la realidad es que lo que usted plantea aquí, que no es nuevo ni tampoco exclusivo de su Gobierno, es la defensa de unos programas de armamento que entendemos que no construyen la paz ni mucho menos la soberanía de este país. Por tanto, nuestro grupo está en contra de estos programas de armamento, los presente usted o los presenten ustedes. Ese es el debate de fondo. Estamos en contra de que un Estado como el español se gaste el dinero que no tiene -algo de lo que mucho nos habla el señor Rajoy- en fabricar armamento que no va a servir para defendernos ni para llevar la democracia a ningún sitio; solamente va a servir para los intereses de la OTAN y también para hacer más ricas a las empresas de armamento. Como les hemos dicho otras veces, no se construye la paz fabricando armas ni potenciando la industria de armamento. Ese es el debate de fondo que usted y yo tenemos cada vez que nos enfrentamos dialécticamente en esta tribuna. No se defiende nuestra soberanía con armas; se defiende diciéndole no al Fondo Monetario y a la troika. Esa defensa de la soberanía es la que echamos de menos en el Partido Popular. Por tanto, sobre la divergencia radical con unos programas de armamento que creemos que son inútiles para la defensa de nuestro país empezamos a cimentar nuestro no.
Pero vamos más allá a la hora de discutir prioridades. Es verdad que hubiésemos estado en contra en cualquier momento de nuestra historia y hubiésemos votado no a este decreto con crisis, sin crisis, con bonanza o sin bonanza, pero en este momento es más hiriente. Lo dijimos la semana pasada y aprovecho para decirle a la portavoz -porque no tuvimos ocasión de contestarle- que, por favor, no utilice a nuestras tropas en Afganistán y en otros sitios para los debates parlamentarios, que no se esconda detrás de gente que ha muerto. Nuestro grupo es solidario con todas las víctimas de Afganistán o de otros lugares del mundo. No las utilice para argumentos que no tiene. Estamos discutiendo para qué sirve y quién da la orden de ir a Afganistán, no quién va a Afganistán. Su grupo y también otros grupos han dado las órdenes para ir a actividades militares que nosotros rechazamos. Dicho eso entre paréntesis, le decía la semana pasada que es hiriente para millones de españoles que en unos días en los que empieza la escuela y ven cómo no pueden pagar el material escolar, hoy aquí vengamos a aprobar 1.782 millones para pagar a las industrias de armamento. Claro que reclaman sus facturas a través de usted, pero es que hay millones de empresas reclamando esas facturas y millones de españoles que están pidiendo que se pueda bajar el IVA al material escolar. Ustedes marcan hoy aquí unas prioridades muy claras, que son los gastos de defensa, y eso tendrán que explicarlo. Tendrá que explicarlo no solamente el ministro, sino cada una y cada uno de los diputados del Partido Popular. Porque quien votará a la hora de la verdad no será el ministro, sino cada una y cada uno de los diputados del Partido Popular y les pedimos responsabilidad. Hoy les pedimos responsabilidad y que voten con conciencia, que piensen en sus electores y electoras, en quienes hoy no pueden pagar el material escolar, en quienes hoy no pueden pagar su hipoteca y en quienes hoy necesitan actividad para poder trabajar, porque hoy aquí vamos a gastar 1.782 millones en armas.
Como la portavoz del Grupo Parlamentario Popular la semana pasada, el señor ministro viene a hablarnos del empleo y a utilizar el empleo como argumento para redondear la intervención. Señor ministro, hablemos de empleo. Nuestro grupo ha pedido un Pleno para hablar de empleo en esta Cámara y el Partido Popular no quiere hablar de empleo. Hemos pedido un Pleno monográfico para que los españoles y las españolas vean cómo abordamos el problema del empleo, porque estamos preocupados. Pero a ustedes hoy aquí solamente les preocupa el empleo de una serie de empresas. Eso es cinismo político, señor ministro, eso es cinismo político, señores del Partido Popular. Hagamos ese Pleno y discutamos cómo salvamos todos los puestos de trabajo de este país; todos, porque lo fundamental sería poner la economía al servicio de salvar el empleo. Ustedes no lo hacen y, por tanto, que hoy nos vengan a decir que les preocupa mucho el empleo de determinadas empresas nos suena realmente a cinismo, porque no les ha preocupado ningún otro día de esta legislatura cuando hablan de salvar la banca, cuando hablan de pagar a las grandes empresas. Por eso no es verdad, es simplemente una excusa más que rechazamos. Se lo repito, hagamos ese Pleno y evidentemente incluyamos también qué hacemos con la industria de armamento, porque también tenemos propuestas para ello. Pero, claro, a ustedes eso no les interesa ni les va a interesar, hoy solo les preocupa que al terminar este Pleno usted pueda decir misión cumplida, ya tienen ustedes su cheque, ya pueden cobrar sus facturas. Por tanto, hoy es un día que no va a servir precisamente para ganar confianza en el Parlamento; no va a servir para que los ciudadanos, cuando se enteren de esta noticia, tengan más crédito en este Parlamento; no va a servir para que los vecinos y las vecinas que hoy no pueden hacer frente a su economía familiar se sientan representados en
esta Cámara. Pero al menos nuestro grupo va a tener la conciencia tranquila; nuestro grupo hoy tiene la conciencia tranquila porque va a decir no claramente a que se gasten esos 1.782 millones en lo que no se debe. Lo vamos a tener claro porque vamos a hacer una piña con miles de ciudadanos que nos están mandando estos días una reclamación pidiéndonos que no votemos a favor de este decreto -al igual que nosotros ustedes lo habrán recibido en sus correos electrónicos-, nos están pidiendo que la paz la construyamos desde la paz y no desde la guerra. Por tanto, vamos a sentirnos plenamente satisfechos porque vamos a cumplir con nuestro deber moral y ético de decir que no a la industria de la guerra, y vamos a sentirnos también plenamente identificados al decir que la prioridad hoy es el empleo, que la prioridad hoy es la economía y no este pago; que puede esperar, que tendría que esperar, como con otros muchos. Para terminar como empezaba, acabo diciendo que lástima que no tengan aquí alguien que los represente tan bien como el señor ministro en el Consejo de Gobierno.
Por tanto, señoría, señor ministro, nuestro no es un no activo, es un no que no se queda en nuestros escaños, es un no que va a llegar al último rincón del Estado para que sea cada diputado y cada diputada quien tenga que explicar en su circunscripción por qué hoy dice que hay que pagar a unos cuando ayer decía que no había que pagar a otros.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
Señor ministro, señorías, el próximo viernes día 21 de septiembre se va a cumplir justo un año desde que el secretario de Estado de Defensa del anterior Gobierno del Partido Socialista compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para clarificar definitivamente la cantidad de los compromisos pendientes por parte del Gobierno de España de compra de armamento en el Plan especial de armamento. El próximo viernes hará un año del inicio de una cronología que nos ayuda a entender por qué hoy estamos discutiendo, señorías, este real decreto y su futura votación. Hace un año -las Cortes se disolvieron el 26 de septiembre-, el 21 de septiembre, quedaba negro sobre blanco en el "Diario de Sesiones" de la Comisión de Defensa que los Gobiernos de España en distintas anualidades habían adquirido el compromiso de adquisición de armamento por un valor de 31.000 millones de euros, y que de estos 31.000 millones de euros quedan pendientes de afrontar hasta el año 2025 27.000 millones de euros. Es bueno mirar un momento a través del retrovisor; es bueno recordar que después del 12 de mayo del año 2010, cuando España estuvo muy cerca de la intervención económica, los distintos ministros comparecieron inmediatamente en Comisión y anunciaron sus ajustes presupuestarios en cada una de las comisiones. Es bueno recordar que la titular de Defensa del anterior Gobierno socialista no procedió a comunicar a esta Cámara la magnitud de los compromisos adquiridos y tampoco anunció y trasladó a esta Cámara una previsión y una propuesta de reprogramación de las deudas contraídas por parte de distintos Gobiernos. Es bueno recordar también, mirando un momento a través del retrovisor, que durante dos ejercicios, durante el año 2010 y el año 2011, el anterior Ejecutivo canceló los compromisos. Precisamente, señorías, porque esto se hizo mal, muy mal en el pasado, estábamos convencidos de que el nuevo Gobierno lo haría mejor; simplemente que el nuevo Gobierno lo haría bien. Esta Cámara, la opinión pública, los actores implicados en este grave e importante asunto eran perfectamente conocedores de la deuda pendiente. Y así llegó el primer presupuesto general del Estado del Gobierno del Partido Popular, un debate presupuestario que se produjo en el mes de abril, con un retraso bastante injustificable en la presentación del presupuesto general del Estado para el año 2012. Se produjo lo habitual en el debate presupuestario en un Parlamento, en la función propia de un Parlamento, que también es la función de discusión, votación y control de la ejecución del presupuesto. Se produjo, señorías, el día 17 de abril del año 2012 la comparecencia del secretario de Estado de Defensa ante la Comisión de Defensa para presentar el proyecto de presupuesto para el año 2012. Cualquier diputado de la Comisión de Defensa, cualquier diputado atento a los presupuestos de Defensa para el presente año veía que algo muy grave, que un desajuste muy grave, se producía en las partidas de Defensa cuando, ante los dos años de incumplimiento del Gobierno socialista; cuando, ante una deuda de 27.000 millones pendientes, la partida para el programa especial de armamento era de 4,95 millones de euros para hacer frente a las políticas, a los sueldos de las personas comprometidas en proyectos internacionales. Algo fallaba en la presentación de los presupuestos. El propio secretario de Estado decía en su comparecencia, cito textualmente: "Una vez finalizado el trámite de estos Presupuestos Generales del Estado del año 2012 este secretario de Estado iniciará conversaciones con los ministros de Hacienda y
Administraciones Públicas, Economía y Competitividad e Industria y Energía, así como con los grupos parlamentarios y la industria de defensa para explorar vías que nos permitan responder a los compromisos adquiridos". Y calificaba este diálogo con los grupos parlamentarios de un asunto de política de Estado. La respuesta a esta invocación del secretario de Estado, la respuesta a este compromiso del secretario de Estado es un real decreto del mes de agosto por el cual se concede un crédito extraordinario, estamos hablando de un real decreto, de 1.800 millones de euros.
Señorías, el Gobierno, el ministro de Defensa, ha hurtado a este Parlamento el debate presupuestario sobre la partida presupuestaria más importante de los presupuestos de Defensa. Señorías, se presentaron unos presupuestos de Defensa con un decrecimiento, con una reducción de partidas del 8,8%; hoy, a través de un real decreto, el Gobierno nos presenta como hecho consumado un primer incremento de un 17,1%, 1.800 millones de euros. Señorías, les quiero recordar que el conjunto del compromiso para este año 2012 no es de 1.800 millones de euros, es de 2.370 millones de euros. El Gobierno, el ministro de Defensa, ha hurtado a esta Cámara, ha hurtado a la Comisión de Defensa, una discusión serena y en profundidad de la partida presupuestaria más importante de su ministerio. Evidentemente, señorías, este es un defecto de forma importante, importantísimo, pero, insisto, aquello que se hizo mal en el pasado pensábamos que se haría bien en el presente. Pensábamos que el Gobierno, que el ministro y que el secretario de Estado harían gala a la palabra dada el 17 de abril del año 2012. Pensábamos que nos encontraríamos un planteamiento de planificación plurianual hasta el año 2025 y cuando el Gobierno presentaba unos presupuestos para el año 2012 de 6.261 millones de euros, este pasó a 8.044 millones de euros, un incremento del 17%. Un incremento del 17% no se puede ventilar con un real decreto, con un contrato de adhesión de sí o de no en un Parlamento con un legítima mayoría absoluta de un determinado partido político, de un determinado color.
Este Parlamento tiene cuatro funciones y una de esas funciones es la función presupuestaria, la función de control presupuestario, el derecho de enmienda, el derecho de discusión en Comisión, en Pleno, en el Congreso y en el Senado. No puede ser que un incremento de esta cantidad de los presupuestos, que una variación de -8,8% a un +17,1%, se ventile a través de un real decreto. Es un aspecto de forma. Es un aspecto de poner los fundamentos de lo que tiene que ser en esta legislatura y en la siguiente hasta el año 2025 la solución de estos 31.000 millones que representaban el 3% del PIB español y que en estos momentos son 27.000 millones pendientes de pago.
Señorías, termino. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señor Xuclà.
Ruego silencio para que podamos escuchar al orador convenientemente. Gracias.
El Gobierno y el ministro de Defensa han dicho que al Gobierno le honra pagar las deudas pendientes. Señorías, este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere reivindicar en este momento que el Gobierno que presenta este real decreto diciendo que le honra afrontar las deudas pendientes, también tiene una deuda pendiente con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre la cual no se han cumplido las previsiones legales ni del año 2008 ni del año 2009 ni del año 2010 y están pendientes de liquidación los incumplimientos también del año 2011. Cumplan con las obligaciones pendientes, con todas ellas, también con una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señorías, ruego disculpen el estado de mi voz y, por favor, no lo confundan con falta de entusiasmo.
Quiero iniciar mi intervención felicitando a los hombres de la Legión desplegados en Afganistán, que hoy cumple noventa y dos años. (Aplausos).
Don Diego, yo no soy quién para indicarle qué argumentos debe utilizar o no utilizar...(Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Ferrer.
Señorías, el señor Ferrer ha pedido, en primer lugar, disculpas por el tono de su voz. Les ruego que colaboren a que se le pueda escuchar. Muchas gracias.
El señor FERRER ROSELLÓ: Muchas gracias, señor presidenta.
Decía que no soy quién para indicarle qué argumentos debe o no debe utilizar en su intervención, pero me va a permitir que le haga una sentida reflexión. Usted ha estado rebuscando en el fondo del armario y se ha decidido por una cosita fácil, de esas que combinan con todo, sobre todo en tiempo de crisis, en mi opinión un argumento simplón, que es el rancio y manido discurso de los cañones y la mantequilla. Para que este discurso resultara eficaz es evidente que requería por su parte de un esfuerzo adicional, que era demostrar que los cañones eran cosa del Partido Popular y que el Grupo Socialista, si por él hubiera sido, habría destinado estos recursos a comprar mantequilla. Don Diego, no estaba mal pensado, pero tiene tres problemas. El primero, ¿sabe usted quién firmó el acuerdo internacional para el programa Eurofighter? Se lo voy a decir: don Felipe González. ¿Sabe usted quién firmó el acuerdo internacional para la compra de los Leopard? Se lo voy a decir: don Felipe González. ¿Sabe usted quién firmó el acuerdo internacional para la adquisición del A-400? Se lo voy a decir: don Felipe González. (Aplausos).
Segundo, usted perteneció al Gobierno, así lo ha recordado el ministro de Defensa, que aprobó en 2009, ya en plena crisis, un techo de gasto para programas especiales de armamento de 27.000 millones de euros. ¿Sabe usted don Diego cuánta mantequilla se puede comprar con 27.000 millones de euros? (Aplausos). Señoría, precisamente los 1.700 millones que se aprueban hoy se destinan a pagar parte de esa inversión que ustedes aprobaron en 2009, y lo vamos a hacer porque los programas de armamento no son, en contra de su opinión, patrimonio del PSOE o del Partido Popular, les aseguro señorías que en los sótanos de la calle Génova no almacenamos ni fragatas ni cazabombarderos. Son programas destinados a garantizar la defensa nacional, a garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y también, por qué no, para darles la oportunidad de sobrevivir a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas cuando les enviamos a jugarse la vida a un escenario de guerra, porque van a hacerlo en defensa de los intereses de España y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales como nación. (Aplausos).
Tercero, durante sus casi ocho años de gobierno sus señorías no encontraron el momento de modificar ni cuestionar el modelo de financiación de los programas especiales de armamento, ni siquiera cuando estábamos inmersos en lo peor de la crisis económica. Mire usted, hay tres opciones: o bien no fueron capaces, o bien son extremadamente perezosos, o bien lo consideraron ustedes siempre adecuado, justo, correcto y de acuerdo con los intereses de nuestro país, y si esto es así, señoría, si esto es así, don Diego, ¿qué fábula nos trae hoy usted aquí, qué historia nos está contando? Tampoco soy quién para sugerir a mis estimados colegas de la bancada socialista cuál debe ser su estrategia parlamentaria, pero verán, cuando me enteré que sus señorías iban a hacer uso de un turno en este debate, yo estaba convencido de que era el turno de agradecimiento, de ahí mi colosal sorpresa cuando me dijeron que era un turno en contra. ¿En contra de qué, señorías? Tal y como les he dicho a ustedes, en 2009 aprobaron una inversión de 27.000 millones de euros en adquisición y modernización del material militar y luego, en 2010 y en 2011 sencillamente no pagaron, cero, nada, ni a nuestros socios europeos ni a las industrias nacionales. Estaban ustedes sentados a la mesa con los Gobiernos inglés, francés, alemán, italiano y con cerca de 40.000 trabajadores españoles, y cuando llegó la cuenta salieron ustedes corriendo (Aplausos). Si esto va a ser siempre así a mí no me inviten a almorzar, señorías (Risas). Pero es que no se tomaron ni siquiera la molestia de intentar renegociar la deuda con nuestros acreedores, ustedes se limitaron como acción de gobierno a lo que los adolescentes hoy llaman hacer un sinpa. (Aplausos).
Hoy el ministro de Defensa y el Gobierno de España vienen a esta Cámara a hacer frente a esa deuda, a hacer frente a una deuda que ustedes no pagaron, que dejaron pendiente a costa del prestigio internacional y la credibilidad de nuestro país y a costa de los puestos de trabajo de los que dependen casi 40.000 familias. Este Gobierno está negociando la deuda, tratando de que disminuya, de que tengamos las condiciones más favorables para nuestro país en la situación por la que estamos atravesando y sin comprometer con ello la defensa nacional, que, no está mal que les recuerde, es la primera obligación del Estado y, por cierto, un servicio público sobre el que la Administración tiene la absoluta exclusiva. Esa es la diferencia entre su forma de hacer política y la nuestra. Ustedes no se molestaron en renegociar las condiciones de la deuda y después se limitaron a no pagar, y este Gobierno va a hacer frente a sus compromisos, renegociará el crédito con sus acreedores y obtendrá las mejores condiciones para nuestro país. En resumen, señorías, su argumento, como viene siendo habitual, constituye otro notable ejemplo de peligrosa irresponsabilidad, sin más respaldo que una falsedad monumental, grandes dosis de incoherencia y un ejercicio masivo de amnesia colectiva.
En relación con algunas otras intervenciones que he escuchado, ya va siendo hora de que pongan los pies en el suelo. España es el país con el presupuesto más bajo en defensa de toda la Unión Europea en relación con el PIB, el más bajo, señorías. Las deudas no tienen puerta de atrás, no tienen alternativa, no hay opción distinta a pagarlas, señorías, que es lo que va a hacer este Gobierno, pagar lo que se debe. Quisiera decirles que no son ustedes diputados -no se molesten por favor- del Parlamento de Nunca
Jamás, del Parlamento del País de las Maravillas, aunque yo he oído aquí algunas propuestas, señorías, que habría podido suscribir la mismísima Alicia. (Aplausos). No sé si sus señorías quieren interpretar ese papel, no lo sé, pero desde luego no voy a asumir el riesgo de que me toque el del simpático conejito blanco que siempre la acompaña, porque no tengo edad pero, en mi opinión, ustedes tampoco. No teníamos más remedio que pagar, señorías, porque no es posible renegociar esa deuda en tanto en cuanto se siga sin abonar lo que ya hemos recibido, señorías, el material que ya tenemos en casa, que hemos comprado y no hemos pagado.
Voy a finalizar diciéndoles que el ministro ofreció en todo momento consenso. Yo, en nombre de mi grupo, mantengo esa oferta de consenso, consenso que no se ha traicionado con este decreto-ley, señorías, porque nuestra oferta ha sido siempre una oferta abierta al acuerdo para ver cómo vamos a abordar un problema grave como es el de la financiación de los programas de armamento. Pero no se consensúa sobre lo que se debe, lo que se debe se paga. No sé si ustedes tienen costumbre, cuando llama el director del banco para decirles que le deben tanto dinero, de contestarle: espérese, que mi familia y yo estamos consensuando si pagar o no pagar. Pues esa no es la costumbre en este país; en este país las deudas se pagan y desde luego el Partido Popular lo piensa hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ferrer.
Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, las correspondientes a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales ocurridos en varias comunidades autónomas. Hay dos votos telemáticos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321, más 2 votos telemáticos, 323; a favor, 315, más 2 votos telemáticos, 317; abstenciones, 6.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobado.
Algún grupo parlamentario ha pedido la tramitación como proyecto de ley. Por lo tanto, se somete a votación su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 2 votos telemáticos, 327; a favor, 325; en contra, 2 votos telemáticos.
Pasamos al Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 2 votos telemáticos, 327; a favor, 174, más 2 votos telemáticos, 176; en contra, 151.
¿Algún grupo ha pedido la tramitación como proyecto de ley? (Asentimiento). Por tanto, se inicia la votación como proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322, más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 145; en contra, 172, más 2 votos telemáticos, 174; abstenciones, 5.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

References: artículo 71
 real decreto 
 artículo 86
 artículo 1
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 11
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 artículo 50
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 artículo 11
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 artículo 86
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 artículo 8
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 real decreto 
 artículo 71
 artículo 72
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