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Timestamp: 2019-09-18 07:17:04+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-11360
Documento BOE-A-2019-11360
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2019, páginas 83654 a 83670 (17 págs.)
BOE-A-2019-11360
En el recurso interpuesto por don G. E. M., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo, por haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia Agencia Tributaria.
Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 1 de marzo de 2019 por la jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación.
Presentada la citada certificación en el Registro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente documento no se accede a la inscripción solicitada teniendo en cuenta los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
Se presenta certificación expedida con fecha uno de marzo de dos mil diecinueve por la Jefa de la dependencia regional de recaudación de la Calle (…) de Madrid en la que consta que en procedimiento administrativo de apremio seguido por la Hacienda Pública contra la sociedad Piquerez Inmobiliaria, SL se adjudica según acta de adjudicación directa el pleno dominio de la finca descrita a don R. F. G, del que no consta su estado civil.
Se ordena cancelación de la anotación de embargo ejecutada.
Se acompaña mandamiento que ordena la cancelación de las cargas posteriores a la ejecutada y en el que consta que el valor obtenido con la adjudicación es inferior al importe del crédito a favor de la Hacienda Pública, por lo que no hay sobrante.
Se acompaña comunicación de la transmisión a los efectos de liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Se trata de una adjudicación directa tras embargo de la AEAT. La subasta se celebró con primera y segunda licitación con fecha 11 de noviembre de 2.018, quedando desierta.
La subasta se celebró, por tanto, después de la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que elimina la posibilidad de adjudicación directa.
El artículo 51.9 RH exige que consta [sic] el estado civil del adquirente y en el caso de estar casado su régimen económico-matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge.
No cabe la adjudicación directa tras el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; que elimina dicha posibilidad (artículo 107 RGR) desde el uno de enero de 2018. La DT 4.ª, sólo se refiere a la normativa aplicable para la subasta electrónica.
El régimen anterior no resulta de aplicación para un momento distinto del procedimiento como es el acuerdo de enajenación mediante subasta, que, cuando haya tenido lugar con posterioridad al 1 de enero de 2018, queda ya sujeto a la nueva redacción de los artículos 107 y 112 del RGR, así como a la del artículo 109 del mismo Reglamento. La resolución administrativa en cuestión no es congruente con la clase de procedimiento seguido y, por ende, se trata de los trámites c incidencias esenciales del mismo (artículo 99 RH).
Por lo expuesto procede la adjudicación a la AEAT o inicio de nuevo procedimiento.
San Sebastián de los Reyes, 11 de abril de 2.019 El registrador Joaquín Luaces Jiménez Alfaro (firma ilegible)».
Contra la anterior nota de calificación, don G. E. M., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 7 de mayo de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal:
«El Abogado del Estado, en la defensa y representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de los artículos 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103.ocho de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, por medio del presente escrito formula, dentro de plazo, de conformidad con los artículos 323 y concordantes de la Ley Hipotecaria, recurso gubernativo ante dicho Centro Directivo, frente a la calificación negativa del Registrador de la Propiedad n.º 2 de San Sebastián de los Reyes (Madrid) de fecha 11 de abril de 2019, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa de fecha 1 de marzo de 2019, recaída en el expediente de enajenación S2018R288600106907, lote 07 (asiento 758 del Diario 119), con base en los siguientes
El recurso se interpone dentro de plazo de un mes establecido para ello, y se presenta en el mismo Registro que ha emitido la calificación que se recurre, conforme al art. 327 LH.
La calificación emitida deniega la inscripción de un acta de adjudicación directa, recaída en el expediente S2018R288600106907, lote 07, de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid (asiento 758 del Diario 119).
Fundamenta su decisión en el tenor de las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 25 de julio, en adelante RGR), así como en el artículo 107 y concordantes del mismo, modificados por el Real Decreto 1 071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otros aspectos, suprime la posibilidad de acudir al procedimiento de adjudicación directa en caso de que quede desierta la subasta en segunda licitación.
En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, al transcribir textualmente la doctrina citada, y concluir que no puede n1dntenerse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que «el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación».
4. Así pues, el registrador debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-­administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso­-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Pues bien, ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que "es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión", añadiendo la "incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación", puesto que "la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles (...) ", todo ello "incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN".
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios.
Pero fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye el registrador en su nota: es decir, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del 1 artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) ("por razones de urgencia justificadas en el expediente", o "en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente").
– IV–
1. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimarnos que la interpretación realizada por el registrador de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria.
En esencia, se fundamenta la calificación en que la DT 4.ª del RGR "sólo se refiere a la normativa aplicable para la subasta electrónica", entendiendo que para el resto de preceptos regiría la regla general contenida en la DT.3.ª
La interpretación literal sostenida por el registrador supone escindir las normas de desarrollo de las subastas (portal electrónico) de las normas sustantivas del régimen de subastas, ciñendo las primeras al artículo 104 del RGR.
Por ello, la entrada en vigor de toda la modificación tiene que ser necesariamente al unísono, careciendo de sentido suprimir la posibilidad de acudir a la adjudicación directa en caso de quede desierta la subasta mientras no hayan entrado en vigor las normas de desarrollo de las mismas de forma electrónica, puesto que bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas era una opción contemplada por el propio legislador
A la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia suplica, que habiendo por presentado este escrito, con los documentos adjuntos, tenga por presentado este escrito, con los documentos adjuntos, tenga por presentado recurso contra la calificación desfavorable emitida por el Registro de la Propiedad n.º 2 de San Sebastián de los Reyes, de fecha 11 de abril de 2019, y, en su vista, atienda a lo que en él se alega, y dicte Resolución expresa estimándolo, revocando la calificación recurrida y ordenando la práctica de la inscripción interesada relativa a la certificación del acta de adjudicación directa y del mandamiento de cancelación de cargas de fecha 1 de marzo de 2019 recaída en el expediente de enajenación S2018R288600106907, lote 07».
El registrador de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro Directivo el día 10 de mayo de 2019.
1. En primer lugar, es preciso indicar que la nota de calificación recurrida recoge dos defectos, de los cuales, sólo el segundo sido objeto de recurso, por lo que la presente Resolución se ciñe únicamente al defecto recurrido.
– En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 11 de noviembre 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa.
– La Mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 12 de noviembre de 2018 la enajenación directa y la adjudicación del bien.
– El bien adjudicado estaba valorado en 210.000 euros y fue adjudicado a don F. G. R. por 105.100 euros
El registrador suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 12 de noviembre de 2018, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
a) La interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados, dado que, a su juicio, la adjudicación directa se debe considerar como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª ("enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018».
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 210.000 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 105.100 euros, es decir algo más del 50% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».
La adjudicación a la Hacienda Pública, conforme al citado precepto de la Ley General Tributaria, «se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación». Es decir, en el presente caso dicha adjudicación se habría producido por el importe íntegro de la deuda, produciendo su pago total y no parcial como ha sucedido, ya que dicha deuda, por la que se trabó el embargo ascendía a 147.129,28 euros. Por otro lado, y desde el punto de vista del deudor, tal adjudicación a la Hacienda Pública habría extinguido totalmente la deuda (siempre que el importe de ésta no rebase el 75% del tipo inicial), sin dejar un remanente insatisfecho que pueda ser perseguido sobre otros bienes de su patrimonio (y ello a pesar de haber perdido la propiedad del bien ejecutado cuyo valor rebasa con mucho el precio de adjudicación). Obsérvese que, como pone de manifiesto el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, entre las novedades de la reforma se incluye el establecimiento de «criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (en los mismos términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», siendo relevante a estos efectos la explícita alusión que hace el preámbulo al citado precepto de la ley procesal civil, uno de cuyos criterios de adjudicación es precisamente el de garantizar que, en vía de principios, el precio de adjudicación «cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas» (en defecto de lo cual «el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor»).

References: Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 109
 resolución 
 artículo 107
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 107
 artículo 104
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 650