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Timestamp: 2019-06-18 06:59:26+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 575, de 25/07/2018
cve: DSCD-12-CO-575
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 575
- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000010) ... (Página2)
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. (Número de expediente 127/000002) ... (Página2)
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000010).
Comenzamos esta Comisión con el primer punto del orden del día, que es la elección de la Vicepresidencia primera de la Comisión. Ha sido propuesta doña Esther Peña Camarero y propongo que por asentimiento procedamos a su nombramiento. ¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento).
Doña Esther Peña queda elegida vicepresidenta primera de esta Comisión. Le doy la enhorabuena y la invito a que se siente en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).
Muchas gracias, vicepresidenta primera, y bienvenida a esta Mesa.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. (Número de expediente 127/000002).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: debate y votación del dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias. Van a intervenir, en primer término, los grupos que presentaron enmiendas, de menor a mayor -me gustaría, si es posible, que indicaran cuáles de sus enmiendas mantienen vivas para someterlas a votación-, y a continuación los grupos que no han formulado enmiendas. Les indico que el tiempo que tienen es de diez minutos, pero, como siempre, seré todo lo flexible que sea necesario. Por lo tanto, en primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
En primer lugar, como usted ha pedido, Coalición Canaria retira las enmiendas 180 y 181, dado que se produjo la transaccional, y solicita en este momento la votación separada en el texto del informe del artículo 37 y la disposición transitoria primera.
Comienzo mi intervención. Hoy es un día importante, después de tantos esfuerzos, de tantas idas y venidas del Estatuto de Autonomía de Canarias -que tiene treinta seis años- y de no salir. Canarias hoy va a subir el último peldaño de su ordenamiento jurídico para situarse, con un nuevo estatuto de autonomía, en el reconocimiento dentro del Estado como una autonomía de máximo nivel. Treinta y seis años después de haber empezado el camino del autogobierno, las islas han demostrado que son capaces de gestionar su propio futuro, y todo eso, señorías, se ha hecho en buena parte desde el trabajo de un nacionalismo responsable y sensato, un nacionalismo que se ha movido escrupulosamente en el marco de la Constitución de 1978, sin demagogia, sin cultivar la xenofobia, sin pescar en las aguas envenenadas del separatismo, de la diferencia excluyente, del rechazo a la solidaridad entre todos los pueblos del Estado español. El nuevo estatuto de autonomía reconoce la diferencia geográfica, territorial y cultural del archipiélago de Canarias en el conjunto del Estado y garantiza nuestras singularidades en una España plural y diversa. Es la llave para que Canarias forme parte del Estado, al poder desarrollar su autogobierno ejerciendo las competencias propias con suficiencia y favoreciendo el desarrollo económico y social que merece el pueblo canario, todo ello con el reconocimiento y garantía de nuestro Régimen Económico y Fiscal, que nos permitirá ser iguales aun siendo diferentes.
Nos ha costado trabajo explicar una y otra vez que somos una realidad distinta y distante. Lo entendió antes Bruselas que Madrid. Logramos, primero, que en la Unión Europea se recogiera un acervo específico en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas, y logramos ahora, con el nuevo estatuto y con la nueva Ley del Régimen Económico y Fiscal, que el Estado español reconozca la existencia y las singularidades de un archipiélago lejano y fragmentado, donde vive un pueblo de más de dos millones de personas que se sienten orgullosamente parte de Europa.
Desde la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Canarias, en diciembre de 2016, se hizo un trabajo serio e intenso, con el entonces Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, para adecuar todos los temas incluidos en la propuesta que se consideró que afectaban a la constitucionalidad. Aunque en algunos asuntos preferiríamos el texto original del Parlamento canario, aquel trabajo facilitó la presentación de enmiendas, el trabajo de los grupos en ponencia y la incorporación en el debate de aquellos que en 2015 no estaban en la Cámara autonómica. Muchos son los cambios producidos respecto al texto original. Gran parte de ellos suponen mejoras y avances; otros, consensos necesarios para una mejor garantía constitucional del texto estatutario y, otros, expresión de desacuerdos que afectan al régimen de las instituciones de la Comunidad Autónoma canaria.
Como el estatuto no es una simple ley orgánica, aunque se tramite como tal, sino la expresión pactada entre la instancia autonómica que la promueve y las Cortes Generales, habrá que valorar qué aspectos se consideran sustanciales para que la Cámara canaria se pronuncie sobre los mismos con la mayor rapidez. Este estatuto debe ser útil en un periodo de veinte o veinticinco años y debe permitir, como ya se hace en el marco europeo, la modulación de las políticas y actuaciones del Estado en materia de transportes, de telecomunicaciones, de mercado interior, de energía, de medio ambiente, de puertos, de aeropuertos, de inmigración, de fiscalidad, de comercio exterior y de cooperación al desarrollo. Este estatuto se basa en el territorio y el mar sobre el que se asienta, porque es un archipiélago. Islas y mar en una regulación acorde con la Constitución y con el derecho internacional, con el reconocimiento de La Graciosa como octava isla, garantizando la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, nuevos derechos y libertades públicas de la ciudadanía, igualdad, lucha contra la violencia de género, derechos de los menores y de los mayores, memoria histórica, testamento vital, educación y vivienda.
En las competencias se regula su régimen como lo hacen los estatutos de tercera generación y, particularmente importante -aunque no con la redacción que hubiéramos querido los nacionalistas canarios-, las competencias en costas, en aeropuertos, en el tráfico aéreo interinsular, en el control fitosanitario, la sanidad exterior o la participación en las telecomunicaciones.
En el REF hemos conseguido garantizar la separación de sus recursos de la financiación autonómica, para que no vuelva a mezclarse nuestro sistema de compensación por la lejanía e insularidad con la financiación de los servicios básicos que corresponden a todos los españoles. Hemos establecido también en las modificaciones del REF que pueda plantearse un procedimiento para el acuerdo en aquellos casos de discrepancia entre el legislador estatal y Canarias.
Termino. En materia electoral, ya hemos dicho que no compartimos que en Madrid se decida la composición del Parlamento canario, menos aún que se haya incrementado hasta setenta y cinco escaños posibles la propuesta de setenta que venía de Canarias. Teniendo mayoría para su modificación en Canarias con arreglo a este nuevo estatuto -solo se requieren tres quintos para una ley electoral- no entendemos el atajo elegido para aprobar en Madrid nuestra ley fundamental.
Pero hay un tiempo para la alegría y otro para el reproche. Hoy es el de la alegría. Canarias, por fin, tiene un nuevo estatuto que la convertirá en plataforma de las políticas europeas y españolas hacia África, que le dará un nuevo liderazgo en el Atlántico medio y que fomenta nuestro desarrollo económico. Solo puedo decir que siento una enorme felicidad y una enorme gratitud hacia todos los que han trabajado para que este momento se hiciera realidad.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos.
Creo que no es necesario recalcar la extraordinaria relevancia que tiene esta Comisión de hoy, en la que se aborda una cuestión que no es ni más ni menos que un nuevo estatuto de autonomía para Canarias. Este es un proceso que se vio frustrado en el año 2004 por razones probablemente ajenas al interés general, privando a Canarias de la oportunidad de formar parte de lo que se han venido a denominar estatutos de segunda o, dependiendo de cómo se contemple, de tercera generación. Esto era necesario resolverlo, porque daña a una comunidad, la canaria, con las singularidades que evidentemente tiene -aunque solo se contemplasen el ámbito geográfico singular y las características de fragmentación y de alejamiento del territorio- y que han sido reconocidas por la Unión Europea a través del estatus ultraperiférico. Sin embargo, en nuestro estatuto de autonomía actual estábamos muy por detrás -lo cual
no deja de ser paradójico- de lo que reconocía un ámbito supraestatal como la Unión Europea y, por tanto, era completamente necesario abordar esto con urgencia.
Tengo que decir que ha sido un trabajo intenso, del que todos hemos aprendido muchísimo, y tengo que agradecer, de verdad, el esfuerzo que hemos realizado todos, a veces desde la discrepancia y a veces desde el acuerdo. También quiero agradecer aquí singularmente el trabajo del letrado -ahora que no nos escucha-, porque ha sido de una enorme ayuda a la hora de ordenar un debate complejo. Es verdad que lo que suele ocurrir con los estatutos que vienen de sus propias comunidades es son textos en los que difícilmente se interviene en exceso. Esto es algo que señalaban algunos integrantes de la Comisión, como el señor Legarda, que tengo al lado, que decía: ¡Hombre! Ustedes han abierto un debate enormemente amplio. Y es cierto. Yo soy de los que creía que el estatuto debía ser tocado en poco para garantizar tener un nuevo estatuto, pero tengo que reconocer que al final, entre todos, hemos conseguido hacer un debate más amplio de lo que cabía esperar y que ha redundado en la mejora sustancial de un texto que ya venía con modificaciones muy importantes respecto del estatuto actualmente vigente, que ha sido perfeccionado claramente en el trabajo de la Comisión. Por lo tanto, ha habido una corrección en el año 2018 de lo que debió haberse resuelto en el año 2004, con los perjuicios que esto ha ocasionado sin duda alguna a Canarias.
Quiero referirme a algunas cuestiones importantes. El reconocimiento del ámbito territorial: Canarias no es un territorio insular que se encuentre en el éter; existe un mar, existe un territorio, existen características y singularidades de los territorios, la incorporación de La Graciosa, etcétera. La cuestión de los derechos probablemente está resuelta en la Constitución Española, es verdad, pero lo que abunda no daña en este caso. Creo que ha habido un debate interesantísimo sobre este tema que queda bien reflejado en el estatuto. En la cuestión de la financiación autonómica -lo ha señalado mi compañera anteriormente-, que el REF -que es una singularidad- estuviese dentro del sistema ordinario de financiación autonómica ha provocado un daño enorme a Canarias que ahora queda perfectamente resuelto, al igual que ha quedado resuelto en la Ley de presupuestos.
Quiero añadir una cuestión sobre el sistema electoral. Este que les habla pertenece a un partido canario, Nueva Canarias, y, como ustedes comprenderán, me hubiese gustado que esto se hubiese resuelto en Canarias, pero llevábamos muchos años en ello y no se ha resuelto en Canarias porque no había voluntad de resolverlo. Por lo tanto, se ha resuelto donde se tenía que resolver, que es precisamente en esta casa, y con algunos asuntos pendientes en los que nos gustaría haber incrementado el ámbito competencial, pero sabemos que el estatuto no es algo definitivo y en el futuro habrá oportunidad de seguir creciendo.
Creemos que este estatuto, sobre todo con la reforma del sistema electoral, que corrige un sistema escasamente democrático y escasamente representativo de lo que es hoy la comunidad canaria con su complejidad, mejora sustancialmente lo que había. Confiamos que de este proceso resulte un texto que es el que Canarias necesita y el que Canarias se merece.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra doña Melisa Rodríguez.
Muchísimas gracias, señor letrado, por todo el trabajo que ha hecho durante la ponencia, en la que no siempre le hemos puesto en una situación fácil.
En cuanto a la observación que ha hecho la señora Oramas para que se voten por separado el artículo 37 y la disposición adicional transitoria, a nosotros también nos gustaría que ambos se votasen por separado, que no fueran en un único bloque. Asimismo, nos gustaría que las 66 enmiendas que quedan vivas de Ciudadanos se votasen en cuatro bloques. Por un lado, nuestra enmienda número 18; en otro bloque, las enmiendas 54 a 59, que corresponden a los artículos 75, 78, 79, 80, 81 y 82; por otro lado, la enmienda 77, correspondiente a los medios de comunicación públicos, y por otro, el resto de enmiendas. Es decir, queremos agruparlas en cuatro votaciones porque creemos que es importante.
Tengo que discrepar de algunas de las intervenciones que se han hecho hasta el momento, porque creo que se ha perdido la oportunidad de hacer un texto realmente actual y que responda a todas las necesidades que tienen la sociedad y también los canarios a día de hoy. Iré desgranando poco a poco por qué creemos que se ha perdido una oportunidad.
Primero, ha quedado claro que se llegaba con un preacuerdo a dicha ponencia, con un gran número de enmiendas ya transaccionadas y acordadas entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias y Coalición Canaria, y que se han aceptado enmiendas de otras formaciones para disimular, podríamos decirlo así. No en vano, repito, Ciudadanos presentó 98 enmiendas y han quedado 66 vivas; es decir, el 70% de las enmiendas de Ciudadanos han sido denegadas en dicha ponencia, lo cual nos debería hacer reflexionar a todos, porque en lugar de querer debatir para conseguir lo mejor para todos los canarios se ha traído una posición ya prefijada.
Como he dicho, se ha perdido una oportunidad, pero hay cosas positivas en este texto. Hemos conseguido que se acepte la enmienda de Ciudadanos para eliminar los aforamientos en Canarias. Creemos que era una necesidad, ya que la ciudadanía no entiende cómo es posible que sus diputados autonómicos sigan aforados, y este es uno de los datos positivos que hay que poner sobre la mesa. Se ha avanzado también en materia de derechos y en distintos aspectos sociales. Creemos que esta es otra de las partes positivas que sí se han negociado y debatido en dicha ponencia y, así como hemos dicho que hay cosas negativas, queremos resaltar que también hay cosas positivas que creemos que es necesario dejar ahí.
Ahora vamos a la parte por la que nosotros decimos que se ha perdido una gran oportunidad. Por un lado, el sistema electoral. Se ha hecho una mejora pero, a nuestro modo de ver, ha carecido de la ambición que se pedía. Teníamos una oportunidad que era debatir aquí en la Comisión, en la ponencia del Estatuto de Autonomía de Canarias, una reforma integral, una reforma que garantice los derechos de los ciudadanos de las islas Canarias y que más allá de mirar cuotas, que es lo que estaban haciendo en este caso otros partidos, se quisiese abordar de una manera valiente un sistema electoral que represente a todos los canarios, no en vano en las pasadas elecciones el 13% de los votos de los ciudadanos de las islas no estaba representado en el Parlamento y nos encontramos con la situación curiosa para los que no son de las islas Canarias que tuvimos un partido con apenas 5000 votos que consiguió tres diputados parlamentarios y un partido con 54 000 votos que no consiguió absolutamente ninguno. Creo que esto hay que resaltarlo; ha faltado ambición. Nosotros nos abstuvimos en esta votación porque creemos que se puede ir más allá y porque creemos que con 60 diputados era suficiente. No estamos de acuerdo con que se sigan aumentado diputados, por eso en el artículo 37 -que ya ha citado la señora Oramas- nos parece realmente bastante desproporcionado que esa horquilla que ya contemplaba el estatuto que iba de 50 a 70 se amplíe en cinco diputados más, ya que creo que la experiencia y el tiempo nos han demostrado que no se trata de seguir aumentando porque sí el número de diputados, sino que los que trabajen sean eficientes y trabajen para todos los ciudadanos de Canarias.
Lamentablemente, se sigue apostando en este estatuto por una construcción faraónica de la Administración de las islas. Hay una carencia absoluta de racionalidad, de eliminar sobrecostes de la Administración, duplicidades y triplicidades que padecen los ciudadanos de las islas Canarias y que en nada les facilita su trabajo, porque al final tanto duplicar y triplicar la Administración lo único que hace es tener puestos para colocar a amigos, para colocar a compañeros afines, pero no para trabajar en la eficiencia que debe tener la Administración para los ciudadanos de las islas. Para que los compañeros lo sepan: a uno le pueden mandar a tres ventanas diferentes para hacer un mismo papel. Porque nadie ha hablado ni del marco competencial que tienen las islas ni de ir cerrando todas esas partes de la Administración que no son necesarias.
Continúo con las cosas que creemos que se podían haber mejorado y por qué pedimos que se voten por separado. ¿Por qué pedimos que se vote por separado la enmienda 18 de Ciudadanos? Porque se habla de transparencia y de lucha contra la corrupción y no se ha aceptado, y queremos que se vote por separado porque creemos que luchar contra la corrupción y apostar por la transparencia es un deber que tenemos todos los ciudadanos y en este caso todos los políticos, y no les podemos decir a los ciudadanos de Canarias que no van a tener esa transparencia ni se va a luchar con ahínco en contra de la corrupción. En cuanto a las enmiendas 54 a 59, que son las que tienen que ver con la justicia, hemos perdido una gran oportunidad de dotar a las islas Canarias de una justicia realmente independiente, ya que en este estatuto se pretende la creación de esos consejos que coordinen el Poder Judicial de las islas, que no están designados por meritocracia ni por letrados ni por juristas, sino que serán puestos políticos. ¡Qué miedo tendrán algunos, qué miedo tendrán los que han votado en contra de esas enmiendas para la independencia del Poder Judicial de que los jueces sean independientes, de que la justicia sea independiente! Y por qué necesitan un órgano político que coordine las decisiones del Poder Judicial. Porque, ¿saben?, el resto de ciudadanos de las islas Canarias no tienen esa oportunidad de que haya
amigos que coordinen el Poder Judicial en función de los delitos por los que se pueda juzgar a cada persona. Creemos que era una oportunidad para dotar realmente de independencia a nuestro sistema judicial también en las islas y con este estatuto, y en ese caso con los artículos que ya cité -75, 78, 79, 80, 81 y 82- se le niega la posibilidad de dotar realmente de independencia al Poder Judicial.
En cuanto a la enmienda número 77, no podíamos perder la oportunidad de que se votase por separado. Además, porque en estos días llevamos once plenos -doce con el del día de hoy- para decidir la independencia de los medios de comunicación públicos, esos medios de comunicación que se pagan con dinero de todos los ciudadanos de este país, con dinero público. Estamos defendiendo que haya un concurso público para garantizar la pluralidad, la independencia y que no se hable de ningún partido en concreto, sino que sea una información transversal que dé a los ciudadanos una información imparcial y que también respete la profesión de periodista. Pues bien, con nuestra enmienda número 77 queríamos dotar de independencia, de meritocracia a la Radiotelevisión pública de Canarias, a los medios de comunicación públicos de las islas y, ¡cosas de la vida!, señorías, tampoco han aceptado esa enmienda. Parece ser que cuando se suben a la tribuna del Congreso de los Diputados algunos compañeros para defender el concurso público en la Radiotelevisión Española sí que queremos todos que sea independiente y queremos concurso, pero si ya bajamos a los dominios de cada uno entonces lo de la independencia lo ponemos en cuestión. ¿Qué pasa, que la Radiotelevisión pública nacional sí tiene que ser independiente pero luego la autonómica no? ¿No se tiene que respetar a todos los ciudadanos con la veracidad e imparcialidad de la comunicación? Por eso, hemos solicitado que se vote de manera independiente.
Como ya he dicho, hemos perdido una gran oportunidad para realmente hacer un estatuto actual, un estatuto que sea más transversal, un estatuto que responda a las necesidades de todos los ciudadanos de las islas. Hemos conseguido cosas positivas, como ya dije antes, en la parte de derechos y aspectos sociales, hemos conseguido el fin de los aforamientos políticos, que era muy necesario y que costó, porque hay que decir que no todos los partidos querían y al final en este caso el Partido Socialista dio ese sí al fin de los aforamientos, lo cual agradecemos enormemente. Pero, repito, ha faltado ambición y sobre todo ha faltado debate, porque no ha habido ninguna voluntad en ningún momento de debatir y aceptar el resto de las enmiendas. No es normal que el 70% de las enmiendas de un partido no se acepten, repito, el 70% de las enmiendas. Estamos hablando de sesenta y seis de noventa y ocho enmiendas que mi grupo político y mis compañeros de Canarias no presentamos por decir que queríamos firmar este estatuto y que tuviese un color naranja u otro color, sino que las presentamos porque creíamos que era lo mejor para los ciudadanos de las islas. Igualmente, seguiremos trabajando y anuncio que presentaremos votos particulares -ya se lo he trasladado así al letrado y lo registraremos en los próximos días- en todo lo que tiene que ver con la justicia; también en la ampliación de esa horquilla a setenta y cinco diputados; y presentaremos un voto particular para el artículos 37 y para el artículo 75. Lo aviso ya simplemente para que a los compañeros luego no les pille por sorpresa. Repito, podríamos haber hecho que este texto fuese mucho más transversal y obedeciese realmente a la transparencia y a los problemas que tienen hoy los ciudadanos de Canarias, y se ha intentado coartar el debate por un acuerdo que no querían hacer público pero que estaba claro que ya estaba sobre la mesa.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita.
Señorías, el letrado tiene ya el listado de cómo quedan nuestras ochenta y una enmiendas, cuáles son para votación conjunta, etcétera. Efectivamente, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, treinta y seis años después de que las élites políticas y económicas heredadas del franquismo aprobaran nuestro primer Estatuto de Canarias, podemos volver a hablar en esta Comisión Constitucional de Canarias. Desde luego, no es un hecho menor, casi es un hecho histórico y, por tanto, se sigue con interés por la población de Canarias. Han sido ocho reuniones de ponencia donde hemos defendido nuestras ochenta y una enmiendas, de las cuales solo diez fueron aceptadas. La verdad es que teníamos ciertas expectativas en esta ponencia, no por ingenuidad, como ustedes comprenderán, sino porque estaba en juego un proceso de negociación política que podía resultar clave para el futuro de nuestra tierra y, cómo no, también para el conjunto del Estado, porque las que entendemos este país como una realidad plurinacional, las mejoras de las condiciones de vida y de los derechos democráticos de uno de sus
territorios siempre es una victoria para todos y una oportunidad para equiparar derechos por arriba compartiendo sus éxitos con otras coordenadas.
Nuestra esperanza y la de mucha gente pasaba por que el nuevo texto estatutario que saliera de la ponencia nos situara a la vanguardia de la democracia y del desarrollo del Estado de las autonomías. ¿Cómo? Incidiendo en la soberanía compartida, en la necesidad de más competencia para dejar atrás las lacras que han desangrado tristemente a nuestro pueblo: la pobreza, el paro, la dependencia, la corrupción, la contaminación ambiental, la negación de nuestras singularidades, todas estas lacras -como ustedes comprenderán- herencia de nuestra colonialidad. Sin embargo, la ponencia ha terminado y lo único que nos queda -se lo digo sinceramente- es una cierta frustración, un hondo sentimiento de impotencia al comprobar que la propuesta de reforma del estatuto que hoy empezamos a votar para nada se ocupa de los problemas estructurales que impiden el progreso de nuestra tierra, de nuestras islas, de manera que puede decirse alto y claro, por lo menos por nuestra parte, que hemos vuelto a dejar escapar una oportunidad histórica para cambiar la vida de los más de 2 millones de canarios y de canarias.
En estos seis meses de negociación hemos aprendido que cuando habla la vieja política las cosas nunca son lo que parecen. Una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, que suele ser casi siempre lo que les dicta el guión que han escrito previamente esas cuarenta familias que dirigen el destino de Canarias, esas que han gobernado el archipiélago sin presentarse ni una sola vez a las elecciones y usurpando la soberanía popular de nuestra gente, con la actitud cómplice, cómo no, de quienes sí se presentan a las elecciones pero se olvidan muy pronto, cuando ganan, de su programa y de la gente que les votó. Al final, lamentablemente, lo que ha tenido importancia en la negociación ha sido lo que solo es relevante para esa pequeña minoría. Por eso, no se ha hablado de la lucha contra la desigualdad social, la pobreza o el desempleo en Canarias, como tampoco del cambio de modelo productivo que nuestra economía necesita como agüita de mayo para crecer de forma equilibrada y redistributiva, respetando la riqueza incalculable de nuestro medio natural. Y si no se abordan estos temas, se podrá venir al Congreso a hacer la pantomima y lanzar miles de titulares asentados en eso que ahora llaman los cursis la posverdad, pero nuestra tierra seguirá siendo lo que es hoy, un territorio con una tremenda brecha de desigualdad y pobreza en manos de cuatro grandes multinacionales.
El fracaso de este primer intento serio por reformar nuestra 'constitución' puede constatarse nada más empezar a leer la propuesta de preámbulo que hoy votamos. Es toda una declaración de intenciones de cómo entiende el archipiélago aquellos que lo han gobernado hasta ahora. Se trata de un relato plagado de inexactitudes -y estoy siendo exquisita en el término-, que altera deliberadamente los acontecimientos de nuestro pasado y que solo ensalza el papel que había jugado en nuestra rica historia la minoría insularista a la que estas élites pertenecen. A cambio, la meritoria historia de nuestras clases populares, el auténtico corazón de nuestro país insular, que durante seis siglos ha contribuido de manera anónima y desinteresada a mejorar la vida de sus coterráneos mediante el trabajo duro y el esfuerzo diario, ni se nombra. El título preliminar sigue considerando a Canarias como un territorio amputado, que no se sabe bien dónde está ni cómo está conformado, cuáles son sus símbolos o de quiénes son las aguas que nos rodean. Y peor parado sale nuestro pueblo en el título I, que son derechos y deberes, en el que, incomprensiblemente, no se explica cuál es la base histórica sobre la que se asienta nuestro derecho al autogobierno. Y ya ni hablarles de los derechos que corresponden a las personas con diversidad funcional, migrantes; derechos que nos corresponden en materia medioambiental o de movilidad, que también formaban parte de nuestro bloque de enmiendas. Es importante que se sepa también que los partidos sentados en la mesa de negociación de la ponencia se han negado a blindar en nuestro estatuto el carácter público gratuito y universal de nuestros servicios públicos, especialmente de la sanidad y la educación, y que se han negado a considerar siquiera la posibilidad de hablar de una renta básica como mecanismo para redistribuir la riqueza en una de las comunidades más desiguales de la Unión Europea. En el título II hemos visto cómo se desechaba también cualquier posibilidad de incluir la figura del revocatorio, mientras, eso sí, prosperaba la propuesta de Coalición Canaria de autorizar al Gobierno canario para emitir decretos-leyes -ahí es nada-; una herramienta perversa que en la legislatura actual habría permitido, por ejemplo, al actual presidente, señor Clavijo, gobernar el archipiélago sin contar con el Parlamento, a pesar de que su organización política posee solamente un tercio del total de los escaños: nuestro magnífico y vergonzoso sistema electoral. Por las mismas razones oscuras estamos seguros de que se han negado a reforzar la figura del comisionado de transparencia de Canarias, tal como proponíamos, y también se han opuesto, cómo no, a nuestras enmiendas en materia de cultura. Nosotros tenemos la impresión de que
aquellos que llevan gobernando Canarias estos últimos cuarenta años tienen un concepto de la cultura y, por tanto, de nuestro país En Clave de Ja.
Triste también es la traición que se ha infligido a nuestro pueblo en el Régimen Económico y Fiscal. Como buenos legatarios de la práctica caciquil, se han negado a revestir nuestro foro histórico de elementos sociales que, por primera vez en nuestra tierra, permitiera el acceso de la mayoría de trabajadores y trabajadoras a sus beneficios fiscales. En lugar de eso, en la ponencia del estatuto, en la que se debatirán los contenidos de la misma ley, han preferido continuar por la senda de la exclusión que ha caracterizado el acervo canario desde los tiempos de la colonia. Así que, por desgracia, lo que tenemos por delante es, como mínimo, otra legislatura en la que el REF seguirá siendo un derecho totalmente desconocido para la mayoría de los canarios y las canarias, por la sencilla razón de que no está pensado por ellos o por ellas ni para ellos ni para ellas.
En cuanto a la isla de la Graciosa, es sintomático; han tenido -no sé cómo expresarlo- la poca vergüenza de decir que no a una enmienda que no era nuestra, no era de Unidos Podemos siquiera, sino una enmienda de los habitantes de la isla para que les sean reconocidos a nivel administrativo sus derechos, una iniciativa que no solo había sido votada favorablemente en el Parlamento de Canarias, sino que, fíjense ustedes, una semana después de haber sido bloqueada en la ponencia del estatuto fue llevada por el PP al Senado en un claro ejercicio, por lo menos, de política-ficción, digo yo. En definitiva, y para no cansarles mucho, entre nuestras cincuenta y una enmiendas que han sido rechazadas de plano se encontraban, por ejemplo, la declaración de Canarias como territorio de paz, lo que supondría una puesta en valor geoestratégico, así como sellar el compromiso de nuestras instituciones en el desarrollo sostenible, la cooperación, las relaciones de buena vecindad con el continente africano, americano y europeo. Estas fueron rechazadas de plano.
Pretendíamos también que el Gobierno del Estado reconociera nuestro carácter ultraperiférico por la vía de la admisión de nuestra presencia y potestad en cuestiones de especial trascendencia para Canarias en materia de acción exterior, como hace el Gobierno vasco, y también recibimos una negativa como respuesta. Y nos dijeron que no también a la inclusión del principio archipelágico en nuestro estatuto -¿y qué somos sino un archipiélago?-, a pesar de que en este concepto jurídico se reconoce el derecho internacional del mar para territorios como el nuestro, garantizando nuestra integridad territorial y la conservación de numerosos recursos naturales que poseen nuestras islas. Pero miren, con todo, lo más grave es que se han negado sistemáticamente a reconocer en la 'constitución' de Canarias, que eso es el estatuto, es mucho más que una ley orgánica, el derecho a una vivienda para nuestra gente, a legislar de verdad para reducir el desempleo en las islas, asumiendo nuevas competencias en empleo, asumir la renta básica como mecanismo para redistribuir la riqueza, establecer como objetivos prioritarios la descarbonización de nuestro modelo energético -somos la Arabia Saudita de las energías renovables-, establecer como objetivos prioritarios el tema de la soberanía alimentaria, la protección integral de nuestro medio natural mediante directrices de ordenación territorial unificadas para todo el archipiélago y el suministro de agua para nuestra población, incluida la procedente de la desalación, saneando la red pública y mejorando los niveles de depuración. A todo eso se ha dicho no, se ha negado. ¿Y saben por qué? Probablemente, porque ustedes sí se sienten cómodos en esa Canarias contaminada, dependiente y desigual.
La propuesta de modificación que vamos a votar aquí no es que no sea una mejora, ni siquiera es una actualización, es manifiestamente continuista, es una oda a los problemas estructurales de nuestro país. En definitiva, para nosotros un engaño más para nuestra tierra. Ya está bien de gobernar de espaldas al pueblo sin conocer las preocupaciones y las necesidades que aquejan a la mayoría social de nuestra tierra, sin consultarles antes de tomar decisiones ni llamarles a participar en la confección de su futuro. Y las leyes, señorías, no están escritas en piedra. Corresponde al legislador en democracia ampliar derechos. El Tribunal Constitucional debe ser un garante de mínimos, pero no puede ser un muro para el progreso democrático ni puede ser un sensor de máximos en el desarrollo de derechos.
Por todas estas razones, y alguna más que por premura no exponemos, la propuesta que hoy vamos a votar en esta Comisión y que llegará al Pleno muy pronto para al final convertirla en ley orgánica no va a ser votada favorablemente por nuestro grupo. En unas semanas las personas inscritas de Podemos decidiremos la posición de nuestro partido sobre este tema trascendental y tenemos la absoluta confianza de que en unos años, y como parte de un ejercicio de participación política, será esa ciudadanía canaria la que se apropie democráticamente de un texto legal que le pertenece, participando en la redacción de sus contenidos y refrendando su aprobación final.
Para nosotras y nosotros otra Canarias es posible y nuestra gente está trabajando por ella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Franquis.
Antes que nada, quiero decir que vamos a retirar las dos enmiendas vivas que teníamos, que son las números 299 y 317, y lógicamente ratificamos todas las transaccionales que votaremos a favor.
La verdad es que, según algunas de las intervenciones que se han producido de determinados portavoces, tenemos la esperanza de que cuando los ciudadanos de Canarias lean el estatuto comprobarán las mentiras y la demagogia que se ha utilizado en parte de este debate porque se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad, que no tienen nada que ver con lo que finalmente viene en esta propuesta de estatuto y que lo que no se puede hacer ni pretender es imponer su modelo al conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento.
Quiero que mis primeras palabras, señor presidente, sean de agradecimiento a todos los que trabajaron en la elaboración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias presentada por el Parlamento de Canarias, así como al trabajo de la ponencia del Parlamento de Canarias, al Consejo Consultivo, a los diferentes cabildos insulares y a todas aquellas instituciones y personas que protagonizaron la propuesta que vino al Congreso. Es una propuesta que surge del texto acordado en 2006 sobre la base de los acuerdos alcanzados en 2007 y del texto de 2015 aprobado por el Parlamento de Canarias mayoritariamente. Es un texto que ha sido lógicamente mejorado por la sentencia del Tribunal Constitucional producida respecto al Estatuto de Cataluña para hacer que el texto propuesto fuera plenamente compatible con nuestro ordenamiento constitucional.
Con estos antecedentes, creo que es necesario recordar y reconocer cómo hemos llegado hasta aquí para señalar que ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchos años y de mucha gente; creemos que es necesario que sea reconocido y que lo pongamos en valor. Siguiendo con el capítulo de los reconocimientos, quiero agradecer sinceramente el magnífico trabajo de la ponencia por la capacidad de debate que tuvimos en ella, por el tono de los debates que hemos tenido que, la verdad, me sorprende lo poco que se parece al tono que se ha utilizado en el debate de hoy. Por tanto, quiero agradecer el magnífico trabajo que se ha hecho en la ponencia durante los meses que hemos estado trabajando. Si hoy podemos presentar este dictamen, que es lo mismo que este documento, es gracias al trabajo de los miembros de la ponencia y también lógicamente -y quiero resaltarlo y subrayarlo- al trabajo paciente del señor letrado, que ha colaborado pacientemente en mejorar el trabajo de la ponencia, algo que quiero hacer constar en esta Comisión.
En la ponencia hemos escuchado mucho, hemos debatido mucho y hemos acordado mucho; esta es la parte del parlamentarismo que no es visible, pero es quizá - y sin quizá- la política más auténtica. La ciencia de la política no consiste en acordar una votación, sino en votar un acuerdo. A lo largo de todo el desarrollo de la ponencia hemos tenido, lógicamente, desacuerdos -no muchos, sinceramente- y también acuerdos, muchos más de lo que algunos están dispuestos a reconocer en el debate de hoy. En el trabajo en ponencia cada uno de nosotros ha intentando comprender y convencer a los demás. Los socialistas siempre hemos defendido con firmeza y convicción la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Lo hicimos con ocasión del proyecto de modificación del año 2006 y también en 2015; ahora, diez años después, volvemos a hacerlo con la misma firmeza y convicción en un Congreso como el actual, donde el diálogo se impone y donde el diálogo es absolutamente necesario; sin diálogo y sin entendimiento no hubiera sido posible proponer hoy un dictamen a esta Comisión. Consecuentemente con ello, hemos trabajado con un verdadero diálogo entre todas las fuerzas políticas; un diálogo verdadero es aquel en el que uno está dispuesto y se atreve a correr el riesgo de ser convencido por los demás. Hemos estado abiertos a dialogar sobre todos los asuntos tratados en esta reforma, eso sí, sin que supusiera un paso atrás en las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel de Canarias y respetando al máximo el texto propuesto por el Parlamento de Canarias, pero también con la firme voluntad de mejorarlo, de completarlo y de perfeccionarlo.
Canarias es el territorio más singular del Estado español, insisto, el territorio más singular del Estado español. Es el único que tiene un reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea, el único que tiene ese reconocimiento expreso. Tiene una singularidad histórica y sus propiedades económicas, políticas y administrativas vienen ya de la incorporación a la Corona de Castilla. La singularidad económica es otra de
sus características; las franquicias comerciales, los puertos francos y el actual Régimen Económico y Fiscal forman parte de la identidad de nuestra comunidad. La singularidad geográfica, la lejanía, la insularidad, la ultraperiferia son características de Canarias. Asimismo, la singularidad política, con instituciones propias como el Cabildo, la doble capitalidad y las no capitalinas, que introducen un elemento de mayor complejidad, muy importante y muy característico en el debate político de nuestras islas.
Hoy estamos aquí para defender una reforma que implica una ambiciosa actualización de nuestras normas constituyentes y fortalece el desarrollo autonómico de Canarias, pasando de un estatuto que actualmente tiene 66 artículos a un estatuto de 201 artículos. Insisto en que la propuesta que se trae aquí consiste en un esfuerzo enorme de actualización. Este es un estatuto que reafirma nuestro compromiso con el autogobierno y con las singularidades de Canarias, proponiendo una nueva cobertura que refuerza nuestro histórico y singular Régimen Económico y Fiscal. Por otra parte, incorpora la delimitación de las aguas canarias, se asumen nuevas competencias para construir una sociedad más cohesionada, más justa, más equilibrada entre territorios y ciudadanos, pero también para tener una sociedad más democrática, un Parlamento que represente de verdad el pluralismo y la diversidad de nuestra sociedad canaria. Se trata de un texto que fija por primera vez un catálogo de derechos de ciudadanos y ciudadanas para reforzar su protección social en nuestra comunidad autónoma en los ámbitos de la salud, de la educación, de la igualdad, de la familia, en el acceso a la vivienda, en el ámbito laboral o en el derecho a la renta garantizada de la ciudadanía, entre otros asuntos. Por eso me sorprende que se digan las cosas que se han dicho en el debate de hoy.
Señorías, en este texto abordamos también el difícil asunto del sistema electoral para reforzar su carácter democrático, y lo hacemos por dos vías: rebajando los topes electorales e incorporando la circunscripción autonómica y sentando las bases de lo que deba ser el futuro sistema electoral, que tendrá que aprobarse y hacerse en Canarias, no aquí. Lo que hemos hecho aquí ha sido modificar lo que ya estaba en el Estatuto de Autonomía de Canarias y mandatar al Parlamento de Canarias que elabore una ley. Eso sí, sobre la base de estas propuestas, sobre la base de rebajar los topes electorales para procurar, entre otras cosas, que Ciudadanos no se quede fuera del Parlamento de Canarias. Por eso me sorprende su posición respecto al avance considerable en términos democráticos y de proporcionalidad que se plantea en esta reforma electoral.
Este es un estatuto que promueve políticas de transporte y de comunicación basadas en criterios de sostenibilidad, que garantiza la defensa y la protección de la naturaleza, del medio ambiente, del paisaje y de la biodiversidad de Canarias. El texto elimina los aforamientos, cuyas futuras modificaciones deberán someterse -como aquí se ha dicho ya- a la voluntad del pueblo canario, que deberá refrendarlas en referéndum en las urnas. Este es un estatuto que ofrece al Gobierno de Canarias la posibilidad de dictar decretos-leyes, de disolver el Parlamento o de convocar nuevas elecciones. En definitiva, este es un estatuto que representa, sin ningún tipo de dudas, un salto cualitativo en el desarrollo del autogobierno de las islas, refuerza sus instituciones y acerca la toma de decisiones sobre elementos estratégicos para un archipiélago como el canario, cuya realidad insular condiciona el día a día de sus habitantes y de su propia naturaleza y que, por supuesto, es mucho más que cuarenta familias y cuatro multinacionales. Este es un estatuto que pretende por encima de todo mejorar la vida de la gente que vive en Canarias, al margen de cuál sea la isla donde resida.
Señorías, los canarios y canarias tenemos una contrastada vocación y voluntad de pertenencia al proyecto colectivo y plural que es España. Esa voluntad y vocación de pertenencia se fortalece, en nuestra opinión, ensanchando nuestro autogobierno, defendiendo formas de participación en la tarea común, abriendo en definitiva el camino de la reforma de la Constitución para incorporar hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas, que son la expresión de nuestra diversidad. Los ciudadanos saben muy bien que el Partido Socialista es el partido de las reformas, que es el único partido hoy en este Congreso que votó sí a la Constitución española, que ha votado sí a todos los estatutos de autonomía y también sus reformas, estuviéramos en el Gobierno o en la oposición y vinieran estas de Gobiernos autónomos del Partido Popular o del Partido Socialista. Los ciudadanos saben muy bien que el Partido Socialista está identificado plenamente con el Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas han desempeñado un papel protagonista en la construcción del Estado del bienestar y en la conciliación de derechos y servicios públicos esenciales para los ciudadanos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la igualdad entre hombres y mujeres. Además, el Estado de las autonomías -al contrario de lo que creen algunos- ha sido el instrumento más eficaz de vertebración nacional y de cohesión social.
Termino, presidente. Señorías, creo que es justo reconocer que todos hemos hecho un esfuerzo -al menos la mayoría de las fuerzas políticas- para poner a Canarias por encima de las siglas y de las diferencias políticas. Hemos entendido todos que en un Congreso sin mayorías absolutas era de verdad una oportunidad y no un obstáculo para el entendimiento; una oportunidad para la política del diálogo, una oportunidad para cumplir con la esencia de la política, para votar un acuerdo. En definitiva, una oportunidad para no volver a defraudar, como pasó diez años atrás.
Por último, presidente, pero no menos importante, me gustaría hacer un último agradecimiento. Debo hacer mención a un miembro de la ponencia que nos ha sido de singular ayuda a todos los canarios que hemos estado en esta ponencia. Me refiero a mi compañero Gregorio Cámara. El nuevo estatuto de Canarias no sería tan bueno sin las aportaciones de Gregorio Cámara, sin su extenso y profundo conocimiento del derecho constitucional. En la universidad el máximo grado docente es ser catedrático, pero para ciertos profesores sus discípulos reservan un término en apariencia más modesto pero con un significado mucho más profundo: maestro. El maestro, además de conocimientos, aporta sabiduría, y Gregorio nos ha regalado a todos nosotros, los miembros de la ponencia, su sabiduría, y lo ha hecho con absoluta generosidad y con la humildad de los sabios, y a una lección de generosidad corresponde un ejercicio de agradecimiento, que es el que hago ahora personalmente en nombre de mi grupo y en nombre de todos los canarios y canarias a los que tengo el honor de representar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Franquis. No dudo de que la aportación del señor Cámara ha tenido que ser decisiva en esa ponencia, estoy totalmente de acuerdo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Hernández Bento.
En primer lugar, en nombre de mi grupo me sumo al agradecimiento que ha hecho el señor Franquis al señor Cámara. Creo que ha sido una colaboración muy valiosa no solo para el grupo al que pertenece, sino también -creo que hablo en nombre de los demás grupos- para todos nosotros. Muchas gracias, señor Cámara. Quiero también agradecer al letrado su constancia y su actitud de estar siempre disponible y de ayuda y colaboración con todos los ponentes, y especialmente lo hago en nombre de mi grupo.
Para empezar les diré, en relación con las enmiendas que teníamos vivas -la 326, 337, 344 y 366-, que hemos tomado la decisión de retirarlas. El resto de las enmiendas se han incorporado al informe o han sido incorporadas también mediante transaccionales.
Señorías, sabemos todos que el estatuto de autonomía no es una norma cualquiera. Este estatuto va a regular la convivencia de los canarios en nuestro territorio, en nuestras islas. Reconoce y protege nuestros derechos, nuestras libertades constitucionales y nuestra forma particular de gobierno, nuestro autogobierno. Esta propuesta de reforma del estatuto se aprobó en el Parlamento de Canarias en 2015, y en ese momento no fue posible el acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, lo cierto es que hoy sí que estamos en condiciones de manifestar nuestro apoyo y sumarnos así al consenso que se ha logrado en torno a este nuevo estatuto como proyecto político común de los canarios. Creo que esa es la vocación clara de cualquier estatuto de autonomía.
Como les decía, la mayoría de las enmiendas de nuestro grupo han sido aceptadas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, y por eso sorprende escuchar algunas cosas que se han dicho aquí. Llevamos trabajando muchísimos meses, horas y horas de trabajo, de debate, y no parece sensato de repente actuar como si eso no hubiese sucedido. Eso ha sucedido, hemos estado meses y muchísimas horas de dedicación trabajando para intentar encontrar esos puntos en común. Me satisface decir, además, que esto no ha sido en solitario, no hemos sido solamente nosotros, desde nuestro grupo, sino más bien al contrario. En nuestra opinión, hemos sido todos los grupos los que hemos tenido esa actitud, incluso los que hoy aquí no lo han querido reconocer. Este esfuerzo, desde nuestro punto de vista -creo que el portavoz socialista ha hecho alguna referencia-, tiene un doble sentido: por un lado, respetar la voluntad que emanaba del Parlamento de Canarias y, por otro lado, incorporar, buscando esos puntos de encuentro y las mayorías posibles, el máximo de las voluntades políticas. Me atrevería a decir que esa ha sido la actitud de todos los grupos. El resultado final tenía que ser el que uniese al mayor número de posiciones, siempre desde el diálogo, desde el entendimiento.
Hemos alcanzado consensos. Nosotros hemos apoyado enmiendas de otros grupos políticos con la única intención de sumar. Por eso también queremos agradecer al resto de los grupos políticos su actitud generosa y responsable en este sentido. Mi grupo lo tiene claro, los canarios con este estatuto ganamos.
El archipiélago canario -se ha dicho aquí-, por su situación geográfica excepcional, constituye un territorio singular -algunos han dicho el más singular de España-, marcado por la lejanía, la insularidad y el carácter atlántico. Yo sinceramente no reconozco esa Canarias oscura y negra que aquí también se ha dibujado.
A lo largo de la historia, diferentes normas han dado a nuestro archipiélago un estatus propio, reconociendo nuestras especificidades tanto en el orden político como en el orden económico, desde su incorporación a las Cortes de Castilla hasta el Decreto de Puertos Francos. Sin duda, la aprobación en el año 1972 del Régimen Económico y Fiscal fue un hito para nuestro archipiélago, consolidado en la Constitución de 1978, en el primer estatuto de autonomía y, como también se ha dicho, en los tratados de la Unión, donde se ratifica nuestra condición de región ultraperiférica. Singularidad, lejanía, insularidad, atlanticidad y ultraperificidad han marcado siempre nuestra historia y nuestro carácter y lo seguirán haciendo, y por eso hoy creo que con este nuevo estatuto damos un paso claro en ese reconocimiento de nuestras singularidades.
También nosotros vamos a apoyar enmiendas -son de otros grupos que aquí se han quejado mucho, pero creemos que son buenas- que refuerzan derechos de los canarios -de las familias, de los jóvenes, de los mayores, de las personas con discapacidad, de las personas dependientes-, tendentes a reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, prestando especial atención a las víctimas de la violencia machista. Nuestro grupo, el Grupo Popular, ha querido recoger una mención explícita al uso de la lengua de signos. No hemos sido los únicos, pero nosotros hemos apoyado este reconocimiento porque creemos que es necesario alcanzar la igualdad de trato de las personas sordas, por lo que esta lengua debe ser objeto de la enseñanza, de la protección y del respeto.
Este estatuto debe ser claramente garantía de libertad, de transparencia, de buen gobierno, de solidaridad, de participación ciudadana, de accesibilidad, de igualdad, de erradicación de actitudes sexistas y xenófobas, de preservación de la biodiversidad del archipiélago, mitigando los efectos del cambio climático; fomenta la cohesión económica, territorial y social del archipiélago y garantiza la igualdad de derechos, independientemente del lugar de residencia. Sin duda, Canarias gana con este estatuto y gana La Graciosa. ¡Claro que gana La Graciosa y ganan los gracioseros! Porque sí se reconoce la condición de isla en este estatuto. Por mucho que digan que no, se reconoce la condición de isla.
El Partido Popular entiende también la voluntad de los canarios de poder participar en aquellos asuntos que atañen a las islas, de que se cuente con nosotros en aquellas competencias que, aunque estatales, nos afectan como consecuencia de nuestras singularidades, y por eso también hemos apoyado enmiendas que promueven esa participación de la comunidad autónoma, en materia de competencia estatal, en obras públicas hidráulicas de interés general. También apoyamos que se establezcan medidas de cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado -porque hay algunos que todavía siguen interpretando lo que no es-, en materia de controles zoofitosanitarios en puertos y aeropuertos del archipiélago, en materia de sanidad vegetal, en materia de sanidad exterior -siempre, por supuesto, salvaguardando que se haga una adecuada gestión y que se proteja la salud de la población-, también en materia de inmigración, porque nos parece imprescindible que la Comunidad Autónoma de Canarias participe en las decisiones del Estado sobre temas tan trascendentales para Canarias. Mi grupo ha defendido también, considerando nuestra condición de región ultraperiférica, que se tenga en cuenta, dentro de la Agenda Digital española, un plan específico para Canarias.
Otros grupos han nombrado diversos aspectos fundamentales como el régimen electoral, el artículo 37, la disposición transitoria primera y el REF. En relación con el régimen electoral, a nosotros también nos hubiese gustado que fuera el Parlamento canario el que hubiese alcanzado algún acuerdo, pero esto no ha sido posible. Esta ha sido siempre nuestra posición; de hecho, la ponencia decidió en un momento aparcar estos temas a la espera de que se alcanzara este acuerdo en Canarias. Como no fue posible, mi grupo, el Grupo Popular, ha apoyado la transaccional acordada entre el PSOE y Nueva Canarias, respetando aquellos acuerdos que habían sido alcanzados por la mayoría de las fuerzas políticas en Canarias. Tampoco era nuestra propuesta, pero es la que ha conseguido el mayor de los consensos posibles, con una base de acuerdo, que era mejorar la proporcionalidad a favor de las islas más pobladas, no restar diputados a ninguna isla y asignar a la isla de Fuerteventura un diputado más, tal y como le corresponde en función del acuerdo alcanzado de que ninguna circunscripción insular tuviera menos diputados en relación con otra que tuviese menos población que ella. También es verdad que como
pensábamos que lo deseable no era eso, ante la ausencia de una ley electoral, no nos parece que sea adecuado que sea una disposición transitoria la que de manera casi indefinida fije nuestro régimen electoral en Canarias. Por eso hemos apoyado también una enmienda para establecer un plazo de tres años desde la entrada en vigor del presente estatuto para que se elabore una ley electoral emanante del Parlamento de Canarias.
En relación con nuestro Régimen Económico y Fiscal, consideramos también que es imprescindible afianzarlo y reforzarlo, porque este régimen forma parte de nuestro acervo histórico constitucionalmente reconocido y es la garantía que tenemos los canarios para ser iguales. No queremos ser más pero tampoco queremos ser menos que el resto de los españoles. Estas medidas que contempla nuestro REF vienen a compensar la lejanía al territorio peninsular y simplemente nos colocan en igualdad de condiciones que al resto del territorio peninsular. Es de justicia que los recursos adicionales derivados del Régimen Económico y Fiscal lo sean, ya que son compensatorios y nos sitúan en una condición de igualdad. Por eso mi grupo defiende que no computen dentro del sistema de financiación autonómico. Este Régimen Económico y Fiscal está basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios, en franquicias fiscales estatales sobre el consumo, en una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta singular.
Finalizo mostrando la satisfacción de mi grupo, el Grupo Popular, de sumarnos a este proyecto de reforma de nuestro estatuto, que, sin duda, gana cuando suma y sumando al Grupo Popular gana el nuevo estatuto y, por tanto, ganamos todos los canarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández Bento. (El señor Cámara Villar pide la palabra).
Señor Cámara.
El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias.
Simplemente quiero agradecer las muestras de cortesía e incluso de afecto de algunos de mis compañeros ponentes por el trabajo realizado a lo largo de tantos meses y, por supuesto, también al señor presidente por haberse hecho eco de ellas.
Quiero felicitar sobre todo a todos los ponentes por el clima de diálogo tan positivo y fructífero que se generó a lo largo de todos esos meses de debate, que, ciertamente, ha sido muy intenso, naturalmente desde las discrepancias, pero creo que el resultado final ha merecido la pena.
Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Legarda.
Intervendré muy brevemente porque creo que todo lo sustancial ya ha sido dicho. Simplemente, quiero congratularme con el resto de los portavoces, igual que lo han hecho mayoritariamente los portavoces. Quiero señalar que treinta y seis años después de la aprobación en 1982 del primer estatuto y algunos intentos fallidos en esta Cámara parece que esta es la buena y se está llevando a buen fin el nuevo estatuto para Canarias en el que se contemplan -como ya se ha dicho- instrumentos y facultades para hacer frente a la lejana insularidad y peculiaridades históricas, socioeconómicas, culturales, políticas y administrativas, entre las que tiene un papel destacadísimo su histórico Régimen Económico y Fiscal. Se trata de instrumentos y facultades para sacar toda la sustancia a su cercanía con otras realidades insulares atlánticas y también a su cercanía con determinadas realidades africanas. Es un nuevo estatuto para dar un continuum -como ya se señaló también- al diálogo entre las islas y el mar en el que se desenvuelven y, en fin, para dotarse de un instrumento imprescindible para el desarrollo de las islas y de su ciudadanía.
Vamos a suspender tres minutos para que estemos todos de acuerdo, sobre todo los portavoces con el letrado, para llevar a cabo la votación. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones relativas al dictamen del Estatuto de Canarias. Respecto a lo que tienen todos ustedes, ha sido retirada la enmienda 186 del señor Quevedo.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 18.
Votamos ahora las enmiendas 54 a 59 de Ciudadanos.
Enmienda 77 del Grupo Ciudadanos.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Vamos a votar en dos bloques. En primer lugar, enmiendas 200, 213, 214, 216, 217, 227, 242, 246, 251, 252, 254 y 256. Se votan en un solo bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
Vamos a votar ahora la enmienda transaccional que quedó pendiente del trámite de ponencia, por la que se crea un artículo 33 bis nuevo, referido a los derechos de los animales.
Hay correcciones técnicas de carácter gramatical a los artículos 35.19, 109.1, 139.5, 166 d) y 176.1. Si no hay nada en contra, interpreto que se aprobarían por asentimiento. (Asentimiento). Quedan aprobadas.
Votamos ahora el dictamen. En primer lugar, artículo 37.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 12.
Vamos a votar la disposición transitoria primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2; abstenciones, 3.
Resto de artículos en los términos del informe de la ponencia y de las enmiendas aprobadas con anterioridad.
Votamos finalmente el preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 1; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. (Aplausos).

References: artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 75
 artículo 37
 artículo 33
 artículo 37