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Timestamp: 2019-08-18 12:02:16+00:00

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Cargado por Janner Alan Lopez Avendaño
A lo largo de estas páginas se examinarán las razones que ha dado el Tribunal Constitucional como sustento de todas y cada una de las normas constitucionales adscritas que ha concluido el Supremo intérprete de la Constitución respecto del amparo contra amparo. Del análisis hecho se puede concluir que no existe inconveniente en admitir la procedencia del amparo contra amparo y de sustentar esta procedencia en la norma constitucional. No obstante, este inconveniente sí alcanza a formularse respecto del carácter excepcional del amparo contra amparo y de la consecuencia que de ahí deriva el Tribunal Constitucional. Así, sostenemos que es enteramente aceptable que un proceso de amparo pueda examinar resoluciones judiciales sin que ello implique desconocer una limitación a la procedencia del proceso de amparo al señalar que este no procede cuando se trate de “procedimientos regulares”, entiendo a estos como unos en los que se hayan respetado garantías mínimas.
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VALENCIA, RODRÍGUEZ BEJARANO& DE LA MATTA
Absuelve Nulidad Por Notificacion Invalida
Apelacion Luz Marina
el Debido proceso.doc
recurso de agravio.docx
Constitucion y Principios Del Proceso
El proceso de amparo contra amparo
y el respeto al debido proceso y a la tutela
A propósito del precedente vinculante
A lo largo de estas páginas se examinarán las razones que ha dado el Tribunal Constitu-
cional como sustento de todas y cada una de las normas constitucionales adscritas que
ha concluido el Supremo intérprete de la Constitución respecto del amparo contra am-
paro. Del análisis hecho se puede concluir que no existe inconveniente en admitir la pro-
cedencia del amparo contra amparo y de sustentar esta procedencia en la norma cons-
titucional. No obstante, este inconveniente sí alcanza a formularse respecto del carácter
excepcional del amparo contra amparo y de la consecuencia que de ahí deriva el Tribu-
nal Constitucional. Así, sostenemos que es enteramente aceptable que un proceso de am-
paro pueda examinar resoluciones judiciales sin que ello implique desconocer una limi-
tación a la procedencia del proceso de amparo al señalar que este no procede cuando se
trate de “procedimientos regulares”, entiendo a estos como unos en los que se hayan res-
petado garantías mínimas.
�	PALABRAS CLAVE
Derecho Procesal Constitucional / Amparo con- El amparo, institución procesal de origen mexi-
tra amparo / Demanda de amparo / Procedencia cano, se introduce en el ordenamiento jurí-
dico peruano en la constitución de 1979 (ar-
Recibido	:	20/11/2018
tículo 295) y se mantiene en la carta vigente
de 1993 (artículo 200, inciso 2). Ha sido con-
Aprobado	:	27/11/2018
cebido como una “garantía constitucional”
*	Abogado con estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional
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destinada a proteger los derechos constitucio- contra actos procesales de jueces constitucio-
nales, distintos a la libertad individual, vulne- nales (amparo contra amparo).
rados o amenazados por cualquier autoridad,
Respecto a esto último, “amparo contra am-
paro”, la doctrina nacional no ha sido pacífica
Hoy en día no existe ninguna duda, por lo me- en admitir su procedencia. Así tenemos, que
nos en nuestro ordenamiento constitucional, para el profesor Abad (2005) “reconocer una
respecto a la procedencia de un proceso de am- nueva posibilidad al justiciable sería ingresar
paro contra resoluciones judiciales, cuando es- en una cadena sin fin de procesos constitu-
tas vulneren los derechos constitucionales al cionales (…) existen otros mecanismos pro-
debido proceso y a la tutela judicial efectiva. cesales, como por ejemplo un adecuado pro-
Sin embargo, en la doctrina se discute acer- cedimiento de ejecución de sentencias que
ca de la posibilidad de interponer un amparo permita que (…) el caso pueda llegar a ma-
contra una resolución judicial que emane de nos del Tribunal Constitucional para que co-
otro proceso de amparo. rrija el problema presentado, o el acceso a la
jurisdicción supranacional. El Código Pro-
Así, tenemos que la vigencia del Estado Cons-
cesal Constitucional cierra esta posibilidad”
titucional de Derecho trae consigo la imple-
(p. 124). Este autor, con fines argumentativos,
mentación de mecanismos especiales y ex-
cita a Ignacio Burgoa, quien manifiesta “son
cepcionales que tienen como única finalidad
dos los fundamentos que justifican tal excep-
respetar y hacer cumplir la Constitución, la
ción. En primer lugar, porque las resoluciones
que se constituye en razón de ser y última ra-
expedidas en los procesos de amparo tienen la
tio de este Estado. En dicho contexto, los de-
presunción jure et de jure de haber sido dicta-
rechos fundamentales ocupan un lugar pri-
das con apego al texto constitucional (…) En
vilegiado, debido a que se constituyen en eje
segundo lugar, pues la seguridad jurídica de-
central sobre el que gira todo el ordenamiento
jaría de existir si se permitiera una cadena sin
jurídico y en criterio de vinculación para las
fin de juicios de amparo en el que cada uno de
actuaciones y decisiones de los poderes públi-
ellos impugnara la decisión anterior” (Abad,
cos (López, 2007).
2005, p. 124).
Surgieron así los procesos constitucionales
En el otro bando, entre quienes postulan la
de la libertad (amparo, hábeas corpus, hábeas
procedencia del “amparo contra amparo”, te-
data y cumplimiento) como mecanismos que
nemos al profesor Castillo Córdova (2007),
tienen como finalidad proteger los derechos
quien desarrolla una postura amplia, al dejar
fundamentales de las personas, reponiendo las
sentado que “sostener su improcedencia sería
cosas al estado anterior a la violación o ame-
tanto como admitir que el juez constitucional
naza de violación del derecho fundamental.
no se encuentra en posición de vulnerar dere-
De los citados mecanismos, el proceso de am- cho constitucional alguno, lo cual sería un im-
paro se ha convertido progresivamente en un posible: pretender la infabilidad del juez sería
instrumento jurídico de los justiciables debido tanto como pretender la infabillidad humana,
a que a través de este mecanismo procesal de lo que ciertamente es un imposible” (p. 24).
tutela de urgencia el vulnerado o amenazado Este mismo autor añade que “no existe ningu-
en sus derechos fundamentales puede accionar na razón para limitar el número de amparos ahí
no solo contra actos de particulares y autori- donde ocurra la violación manifiesta del con-
dades (amparo contra particulares y/o autori- tenido constitucional de un mismo o diferen-
dades), sino también contra actos procesales te derecho fundamental cometida por un mis-
de jueces ordinarios (amparo contra resolu- mo o diferente agente” (Castillo, 2007, p. 28),
ciones judiciales) y, vaya la excepcionalidad, en razón de que “el amparo, aunque se dirija
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EL PROCESO DE AMPARO CONTRA AMPARO Y EL RESPETO AL DEBIDO PROCESO...
contra la resolución de otro y la manera como ha sido
proceso de amparo, proce- concebido en nuestro aún
derá cada vez que se cum- Los derechos fundamentales novísimo Código Procesal
plan las exigencias propias ocupan un lugar privilegiado, Constitucional.
de la procedencia del am- debido a que se constituyen La segunda parte de nues-
paro contra resoluciones ju-
diciales: que la resolución en eje central sobre el que tro trabajo, y que constituye
gira todo el ordenamiento su objeto principal, la dedi-
haya quedado firme (…) y
caremos a un estudio críti-
que la vulneración de debi- jurídico. co y analítico del proceso
do proceso material o for-
de amparo contra amparo.
mal sea manifiesta (…)”
Para ello, consideramos con-
(Castillo, 2007, p. 28).
veniente tomar como referencia las diferen-
Esta última postura, a pesar de la improceden- tes posiciones asumidas por nuestro Tribunal
cia prevista por el texto del Código Procesal Constitucional a lo largo de su jurispruden-
Constitucional1, es la que ha sido asumida por cia, antes y después de la entrada en vigencia
nuestro Tribunal Constitucional al expedir la del Código Procesal Constitucional y, por su-
sentencia de fecha 19 de abril del 2007, recaída puesto, la tesis que se ha acogido en esta nor-
en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC, caso ma. En concreto, analizaremos la sentencia
Dirección Regional de Pesquería de la Liber- recaída en el Expediente N° 4853-2004-AA/
tad, donde establecieron las reglas procesales TC (caso Dirección Regional de Pesquería de
para la interposición de una demanda de ampa- La Libertad) y, a partir de ella, los supuestos
ro dirigida a cuestionar una sentencia recaída de procedencia del amparo contra amparo, las
en otro proceso de amparo, con la peculiari- pretensiones que podrán ser incluidas dentro
dad que limita su interposición a una sola vez2. de este proceso, quiénes serán los sujetos legi-
La presente investigación tiene por objeto timados para interponer una demanda de am-
efectuar un análisis respecto al denominado, paro contra amparo y qué juez será el compe-
“amparo contra amparo”, y el respeto al de- tente para conocer este proceso.
bido proceso y a la tutela procesal efectiva, A modo de conclusión, expondremos algunas
teniendo en cuenta los nuevos criterios para reflexiones finales, dando a conocer nuestro
su procedencia emanados de la sentencia re- punto de vista respecto a la forma como debe-
caída en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC ría ser tratada la figura del amparo contra am-
(precedente vinculante), para lo cual he creí- paro en nuestra jurisprudencia constitucional.
do conveniente estructurar la presente inves-
tigación en dos partes. I.	EL PROCESO DE AMPARO SEGÚN
La primera parte la dedicaremos al estudio
del amparo contra resoluciones judiciales, to- En nuestro ordenamiento constitucional, el am-
mando como punto de partida su configura- paro, en la Constitución de 19333, es contempla-
ción en nuestro vigente texto constitucional do como garantía individual. Esta Constitución
1	El artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional señala que “No proceden los procesos constitucionales
cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”.
2	Fundamento Jurídico 39 B 3 b).
3	Constitución de 1993. Artículo 69.
Todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución, dan lugar a la acción de hábeas cor-
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entendía que el hábeas cor- La precisión respecto a nor-
pus era un proceso amplio mas legales ha sido objeto
y, como tal, protegía tam- La norma fundamental de de desarrollo infraconstitu-
bién los derechos que hoy 1993 asume una definición cional por el artículo 3 del
son objeto de protección por técnicamente más amplia Código Procesal Constitu-
el proceso de amparo. cional en cuanto a que las
para centrar el ámbito de ac- normas autoaplicativas son
La Carta Constitucional de ción del proceso de amparo
objeto del proceso de ampa-
19794 perfecciona la defensa
de los derechos fundamen- tanto en acciones como omi- ro por su condición de nor-
mas de directa aplicación.
tales dividiendo los campos siones.
Por el contrario, las normas
de acción del hábeas corpus
heteroaplicativas, es decir,
aquellas que aún necesitan reglamentación, no
En el mismo sentido, la norma fundamental son susceptibles de ser impugnadas en la vía
de 19935 asume una definición técnicamente de los procesos constitucionales de la libertad.
más amplia para centrar el ámbito de acción La lógica es clara: si la norma exige reglamen-
del proceso de amparo tanto en acciones como tación, no despliega aún sus efectos en forma
omisiones, lo cual en la práctica jurispruden- integral y, por tanto, no puede considerarse
cial ha implicado inclusive un tipo de protec- constituida una agresión ni una amenaza real,
ción preventiva. Así se logra superar, además, tangible, cierta e inmediata.
la concepción que solo debía evaluarse el ám-
En relación con las resoluciones judiciales ema-
bito de determinación de una acción agresora
nadas de procedimiento irregular, el aporte del
y de su legitimidad o ilegitimidad.
caso Apolonia Collca7 es relevante pues dicha
De igual forma, la actual norma constitucio- ejecutoria aborda el concepto de proceso regu-
nal señala la improcedencia del amparo con- lar. Remarca que la concepción de los jueces
tra normas legales o contra resoluciones ju- respecto a los procesos de amparo contra reso-
diciales emanadas de procedimiento regular. lución judicial aludía a que si un determinado
4	Constitución de 1979. Artículo 295.
La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad
individual, da lugar a la acción de habeas corpus.
La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amena-
zados por cualquier autoridad, funcionario o persona. La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción
de habeas corpus en los que es aplicable.(…)
5	Constitución de 1993. Artículo 200 Son garantías constitucionales:
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario
o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los
señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emana-
das de procedimiento regular.
6	Código Procesal Constitucional. Artículo 3. Procedencia frente a actos basados en normas
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoa-
plicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la
inaplicabilidad de la citada norma.
Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata
e incondicionada (…)
7	STC 3179-2004-AA/TC. F.J. 23. Caso. Apolonia Collca.
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proceso había sido desarrollado con estánda- cuestionamiento y consenso que los mismos
res regulares ceñidos al debido proceso y a la han generado (Figueroa, 2011, pp. 281-307),
tutela jurisdiccional efectiva, entonces no po- constituyen reglas importantes de la aplica-
día concebirse un amparo de esta naturaleza. ción procedimental del amparo.
En propiedad, la concepción judicial era más II.	LA VIABILIDAD DEL AMPARO CON-
cerrada en cuanto a lo que podía calificarse de TRA AMPARO
irregular pues el único mecanismo respecto a
este estándar solo residía en una afectación al 1.	Sustento constitucional
debido proceso, la tutela jurisdiccional efec- El artículo 200 inciso 2) de la Constitución Po-
tiva, o alguno de sus derechos componentes. lítica del Perú establece que la acción de am-
Consecuentemente, la posibilidad de ampa- paro “no procede (…) contra resoluciones judi-
ros contra resoluciones judiciales devenía su- ciales emanadas de un procedimiento regular”.
mamente restringida en razón de que solo era
viable un proceso de amparo contra resolución De una lectura literal del citado dispositivo
judicial en la medida en que se afectaban los constitucional parecería que el constituyente
derechos enunciados. vetó de plano el mecanismo excepcional del
amparo contra resoluciones judiciales y, como
La premisa interpretativa de la que parte el caso consecuencia de ello, por ser una especie de
Collca es mucho más amplia: no solo si resul- amparo contra resolución judicial, vetó también
taba afectado el derecho al debido proceso, o el mecanismo del “amparo contra amparo”.
los derechos vinculados, procedía un ampa-
ro contra resolución judicial, sino si cualquier Pero esta interpretación carece de sustento
otro derecho fundamental resultaba mellado. práctico, pues es bien sabido que un juez, al
Esto, bajo un enfoque de suyo más amplio: en interior de un proceso judicial, también pue-
tanto cualquier derecho fundamental resulta- de vulnerar o amenazar derechos fundamenta-
se vulnerado, bajo ciertas condiciones, hacía les de alguna de las partes en conflicto. Como
posible la interposición de un proceso de am- bien señala Abad Yupanqui, para el caso del
paro contra resolución judicial. amparo contra resoluciones judiciales, postu-
lar su improcedencia sería “aceptar que los
El efecto directo fue ampliar el rubro de causa- tribunales violen impunemente derechos tan
les de interposición de procesos de amparo con- elementales como el debido proceso” (Abad,
tra resoluciones judiciales y, en contrapeso, la 2005, p. 297).
decisión aludió a fijar los estándares de razona-
bilidad, suficiencia y coherencia como cánones Esta interpretación literal tuerta olvida “que
para el control constitucional de resoluciones ju- la norma constitucional ha establecido que los
diciales. Es decir, si realmente se cumplían las procesos constitucionales (como el amparo)
exigencias del Tribunal Constitucional, podía protegen (el contenido constitucionalmente
proceder que el amparo constitucional pueda protegido de los) derechos fundamentales en-
afectar la institución de la cosa juzgada. tonces la respuesta no puede ser otra que con-
tra la resolución que emite el juez constitucio-
En consecuencia, el desarrollo jurispruden-
nal en un proceso constitucional y con la cual
cial del proceso de amparo ha sido importante
se vulnera el contenido de un derecho fun-
para afianzar los supuestos normativos esta-
damental, procede interponer una demanda
blecidos por la Constitución y el Código Pro-
constitucional, por ejemplo de amparo” (Cas-
cesal Constitucional. A esto debe sumarse un
tillo, 2007, p. 24).
importante número de precedentes vinculan-
tes, hoy 48, en su gran mayoría relacionados Es así que una interpretación “contrario sensu
con procesos de amparo, los cuales a pesar del de esta disposición constitucional nos lleva a
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admitir la procedencia del proceso de amparo p. 29). A lo dicho agregamos, siguiendo a Cas-
contra una resolución que es producto de un tillo Córdova, que “no es constitucional reco-
proceso tramitado irregularmente” (Castillo, nocer que forma parte del contenido constitu-
2004, p. 23). Surge así la pregunta a manera cional del bien jurídico seguridad jurídica la
de clave de bóveda: ¿cuándo se está ante un imposibilidad de interponer un ‘amparo con-
proceso irregular? tra amparo’ cuando exista la manifiesta vul-
neración, fácilmente constatable además, del
El mismo Tribunal Constitucional nos ha res-
contenido constitucional de un derecho fun-
pondido que dicha situación se presenta “cuan- damental, como puede ser el debido proceso
do se violan las reglas del debido proceso”8; en cualesquiera de sus dimensiones y mani-
criterio que fue ratificado en la polémica sen- festaciones” (Castillo, 2007, p. 30).
tencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-
PA/TC, al señalar que “un proceso es regular De esta manera, postulamos por la proceden-
cuando se ha respetado de modo escrupuloso cia del “amparo contra amparo”, debido a que
el debido proceso y la tutela procesal efectiva “por encima del valor seguridad jurídica, por
en sus distintas manifestaciones (…)”9. sobre la necesidad de certeza propia de la cosa
juzgada, (…) se privilegia otra exigencia: la
Contra la tesis que viabiliza la figura excep- protección de los derechos humanos” (Abad,
cional del “amparo contra amparo”, se ha 2005, p. 285).
formulado, a manera de crítica, que atenta-
ría contra el principio de seguridad jurídica, Matizando lo expuesto, en aplicación del prin-
dado que crearía inestabilidad e inseguridad cipio de igualdad jurídica, consideramos que,
en los justiciables10. contrariamente a lo dejado entrever por el Tri-
bunal Constitucional, esta prevalencia de los
Respecto a ello, decimos que esta situación es derechos fundamentales no solo debe circuns-
connatural a todo proceso judicial hasta que cribirse exclusivamente en el demandante de
no quede consentida o firme la resolución que “amparo contra amparo”, sino que, también,
se dicta, debido a que la inestabilidad e inse- debe hacerse extensivo al demandante (ven-
guridad viene justificada por el derecho fun- cedor) del primer amparo, pues sobre él re-
damental a la pluralidad de instancia y por el cae la titularidad del derecho fundamental a
derecho legal de acceder a los medios impug- la cosa juzgada.
natorios regulados que tiene todo justiciable.
De lo que se trata aquí es de optimizar la pro-
En el caso específico del “amparo contra am- tección de los derechos fundamentales de to-
paro” por causal de violación de derechos fun- das las personas, sin privilegiar la protección
damentales, la justificación a la inestabilidad del derecho de uno que causaría la vulnera-
e inseguridad viene dada por la “exigencia de ción del derecho del otro. La razón de ello es-
salvación de un derecho fundamental (debi- triba en que “derivado del carácter subjetivo
do proceso, ya sea en su ámbito formal como y objetivo de los Derechos Fundamentales, así
material), si se quiere, por la exigencia cons- como de la interpretación de la Constitución
titucional de la vigencia efectiva y plena de como Norma Jurídica, por mandato expreso
los derechos fundamentales” (Castillo, 2007, del artículo 38 de la Constitución Política (…)
8	Fundamento Jurídico 1.b de la sentencia recaída en el Expediente Nº 200-2002-AA/TC, caso Ministerio de Pes-
9	Fundamento Jurídico 5.
10	El Tribunal Constitucional utiliza este argumento para limitar la procedencia del “amparo contra amparo” a una
sola vez (fundamento jurídico 7 a).
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tanto el poder ejecutivo, el personas que intervengan
legislativo y el judicial se en el proceso y de los ter-
encuentran vinculados al Si realmente se cumplían las ceros a quienes la decisión
respeto, promoción y de- exigencias del Tribunal Cons- de fondo les pueda afectar
fensa de los Derechos Fun- en sus derechos.
titucional, podía proceder
damentales de las perso-
nas” (López, 2007, p. 291). que el amparo constitucio- 2. Sustento jurispru-
nal pueda afectar la institu- dencial
Se justifica, además, la pro-
cedencia del “amparo con- ción de la cosa juzgada. Antes de la entrada en vi-
tra amparo” porque guarda gencia del Código Proce-
absoluta conformidad con sal Constitucional11, en la
los tratados sobre derechos sentencia recaída en el Ex-
humanos suscritos por el Estado peruano. Así, pediente Nº 200-2002-AA/TC, caso Ministe-
el artículo 25 inciso 1 de la Convención Ame- rio de Pesquería, se establecieron cinco reglas
ricana de Derechos Humanos establece que para restringir el uso del amparo como me-
dio para cuestionar lo resuelto en otro proce-
(…) toda persona tiene derecho a un recur- so de amparo. Así, el Tribunal Constitucional
so sencillo y rápido o a cualquier otro re- estableció que
curso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos (…) a) solo podrá operar en aquellos su-
que violen sus derechos fundamentales re- puestos en que la violación al debido pro-
conocidos por la Constitución, la ley o la ceso resulte manifiestamente evidente (…);
presente Convención, aun cuando tal viola- b) solo ha de proceder cuando dentro de la
ción sea cometida por personas que actúen acción de amparo que se cuestiona, se han
en el ejercicio de sus funciones oficiales. agotado la totalidad de los recursos que le
franquea la ley al justiciable (…); c) solo
En consecuencia, como bien afirma Carpio debe centrarse en aspectos estrictamente
Marcos: formales del debido proceso, excluyendo
(…) no se puede privar a los individuos del toda posibilidad de análisis sobre el fondo
acceso a los procesos constitucionales de la controvertido en el proceso constitucional
libertad (amparo y habeas corpus), ya que cuestionado; d) solo ha de proceder con-
estos constituyen los mecanismos míni- tra sentencias constitucionales definitivas,
mos que permiten se les ampare contra ac- siempre que aquellas no tengan carácter fa-
tos que violen sus derechos fundamentales vorable a la parte actora, ya que de lo con-
(…) aun cuando tal violación sea cometi- trario se contravendría el principio de la in-
da por personas que actúen en el ejercicio mutabilidad de la cosa juzgada; y, e) solo
ha de proceder cuando se trate de resolu-
de sus funciones oficiales. (2002, p. VI)
ciones emitidas en procesos constituciona-
Pero, como afirmamos supra, la decisión que les provenientes del Poder Judicial y no del
recaiga en el proceso judicial de “amparo con- Tribunal Constitucional, toda vez que este
tra amparo” debe respetar o armonizar escru- es el Intérprete Supremo de la Constitución
pulosamente los derechos fundamentales de las (…) por lo que deviene en imposible que
11	De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria, el Código Procesal Constitucional entró
en vigencia a los seis (6) meses de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, el 30 de Noviembre del
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sus resoluciones sean (…) una interpretación del
inconstitucionales12. segundo párrafo del inci-
Postulamos por la proce- so 2) del artículo 200 de la
Posteriormente, en sen-
tencia recaída en el caso dencia del ‘amparo contra
Constitución bajo los alcan-
ces del principio de unidad
Municipalidad Provincial amparo’, debido a que ‘por
de la Constitución, no puede
de San Pablo, Expediente encima del valor seguridad
concluir sino con la afirma-
Nº 3846-2004-PA/TC, a jurídica, por sobre la nece-
ción de que la competencia
propósito de un “amparo
contra amparo”, el Tribunal
sidad de certeza propia de del amparo contra resolu-
ciones judiciales compren-
Constitucional señaló que: la cosa juzgada, se privile-
de a todos y cada uno de
gia otra exigencia: la pro- los derechos fundamenta-
(…) cuando el Código
Procesal Constitucional tección de los derechos hu- les que se puedan encontrar
se refiere en su artículo manos’. reconocidos, expresa o im-
5, inciso 6), a la impro- plícitamente, por la Norma
cedencia de un proceso Suprema. En su seno, los
constitucional que cuestiona una resolu- jueces constitucionales juzgan si las ac-
ción judicial firme recaída en otro proce- tuaciones jurisdiccionales de los órganos
so constitucional, esta disposición restric- del Poder Judicial se encuentran confor-
tiva debe entenderse referida a procesos mes con la totalidad de los derechos fun-
donde se han respetado de modo escrupu- damentales reconocidos en la Constitución.
loso el debido proceso y la tutela procesal De modo que la calificación de regular o
efectiva en sus distintas manifestaciones, irregular de una resolución judicial, des-
conforme al artículo 4 del mismo Código de una perspectiva constitucional, depende
Procesal Constitucional, puesto que una de que estas se encuentren en armonía con
interpretación que cierra por completo la el contenido constitucionalmente protegi-
posibilidad del “amparo contra amparo” do de todos los derechos fundamentales14.
sería contraria a la Constitución .
III.	LEGITIMACIÓN DEL AMPARO DES-
Esta sentencia “deja abierta la vía del amparo DE EL ESTADO CONSTITUCIONAL
contra amparo, aun dentro de los parámetros
Los criterios de consolidación sobre la existen-
de una tesis admisoria moderada” (Espinosa-
cia del Estado Constitucional en el cual preva-
Saldaña, 2007, p. 153).
lecen la ponderación sobre la subsunción y los
Luego de ello, vino el caso Apolonia Collca, principios logran imponerse a las reglas (Prie-
Expediente Nº 3179-2004-PC/TC. En este, a to, 2001), entre otros caracteres centrales, han
decir de Espinosa-Saldaña Barreda (2007) venido siguiendo una ruta de afianzamiento
“el Tribunal Constitucional Peruano abando- desde el modelo de Estado de Derecho, que
na la tesis denominada admisoria moderada y hoy puede denominarse el de un Estado Cons-
adopta la llamada tesis admisoria amplia fren- titucional. En este, la Norma Fundamental re-
te a los amparos contra resoluciones judicia- sulta vinculante, mas advirtamos que ello re-
les” (p. 153). En este caso el Supremo Intér- sulta insuficiente per se, en tanto asegurar la
prete señaló que: defensa de los derechos fundamentales, exige
12	Fundamento Jurídico 2.
13	Fundamento Jurídico 5.
14	Fundamento Jurídico 20.
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un modelo de Estado en el cual los procesos la regla pueda resolver el conflicto, de primera
constitucionales deriven en una vivificación intención, con lo cual el rol de los principios
de estos derechos, frente a los cuales existe adquiere un orden de subsidiariedad. Sin em-
un contenido constitucionalmente protegido, bargo, advertida la insuficiencia de las reglas,
inatacable para el legislador, el cual realiza la los principios, en desarrollo de su rol tutelar,
tesis del antes denominado contenido esencial han de imponerse a las reglas cuya manifiesta
del derecho fundamental. insuficiencia impide el esclarecimiento de la
controversia y solo en el Estado Constitucional
A diferencia del Estado Legislativo, en el cual
puede realizarse este aserto pues mientras las
la ley era la norma suprema del ordenamiento
reglas han de resolverse bajo esquemas subsun-
jurídico y en el cual la defensa de los derechos
tivos y han de ser entendidas como mandatos
encontraba su punto de partida y llegada en la
definitivos, los principios han de ser adverti-
propia norma jurídica, y los derechos funda-
dos como mandatos de optimización y han de
mentales, en realidad simplemente derechos,
resolverse bajo esquemas de ponderación. A
eran más bien controversias de orden civil; hoy
este segundo orden, corresponde aquello que
en el Estado constitucional, el afianzamiento
Zagrebelsky denomina “El Derecho por prin-
de los derechos fundamentales encuentra su
cipios” (1995, p. 109).
expresión tutelar en la premisa que los dere-
chos fundamentales constituyen garantías pri- IV.	LEGITIMACIÓN DEL AMPARO DES-
meras, las cuales no pueden ser soslayadas por DE LA JURISDICCIÓN CONSTITU-
las normas jurídicas, ni pueden consentir que CIONAL
actos de terceros hacia terceros puedan invo-
Admitido el amparo en el modelo del Esta-
lucrar vulneraciones sustantivas a los derechos
do Constitucional, la defensa de los derechos
de primera raigambre, como corresponde que
fundamentales no puede realizarse sin el peso
denominemos a los derechos fundamentales.
contextualmente relevante de la jurisdicción
En consecuencia, los Estados garantizan la constitucional y, en especial, de la interven-
existencia de un conjunto de garantías indi- ción de los jueces constitucionales para la di-
viduales en sus propias Cartas Fundamenta- lucidación de las colisiones iusfundamentales.
les, entre la cuales ocupa un rol relevante el
El tema ha sido superado con rangos de larga
proceso de amparo, por constituir la defensa
data: a pesar del protagonismo de la Cámara
de los derechos primigenios de las personas
de los Lores15 hasta el año 2009 en Inglaterra,
uno de sus fines, frente a los cuales no pue-
y no obstante que el legislador dispone de la
den subyacer en forma prevalente las normas
herramienta de la creación de la ley para ga-
jurídicas en el sentido de reglas, sino estas
rantizar, también, una tutela de los derechos
en forma subordinada frente a los principios.
fundamentales y, más aún, conferidas mayo-
Sin embargo, una atingencia a lo mencionado res potestades a la Administración para que
es que las reglas, las leyes y los reglamentos si- inclusive en forma colegiada16, se promueva
guen siendo los instrumentos que deben definir la defensa de los derechos fundamentales vía
los conflictos jurídicos, en un rango de orden control difuso, son en realidad los jueces los
aplicativo, es decir, habrá de ser razonable que reales depositarios de la dimensión material
15	Con la Constitutional Reform Act de 2005, que entró en vigencia el 31 de julio de 2009, se independizan las fun-
ciones hasta entonces judiciales del Parlamento británico para dar lugar a la Suprema Corte del Reino Unido. En
otros términos, desde su creación en 1706, el Parlamento ejerció funciones de tribunal supremo de apelación.
16	Vid STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, f. j. 50, caso Salazar Yarlenque. Establece, vía precedente vinculante, la obli-
gación de los tribunales y órganos colegiados de la Administración Pública de aplicar control difuso.
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de la jurisdicción constitucional, en cuanto es reconocidos en el inciso 3 del artículo 139 de
propiamente la potestad judicial la que desa- la Constitución, en tanto ellos posibilitan el
rrolla una función revisora del contexto pro- acceso, la actuación de la función jurisdiccio-
batorio de un caso a partir de las alegaciones nal y el cumplimiento de las resoluciones ju-
de las partes pero, al mismo tiempo, emitida la diciales. En efecto, consideramos que el am-
decisión final, existe una función de coerción, paro contra resoluciones judiciales, en tanto
en tanto un mandato judicial debe ser cumpli- variante del proceso de amparo, tiene por fi-
do, y si el mismo no es acatado, la ejecución y nalidad cuestionar solo aquellas resoluciones
sus variados apercibimientos representan una emitidas dentro de un proceso judicial donde
efectivización del mandato judicial. no se han respetado aquellos elementos que
permitan calificar a este proceso como regu-
En ese rango de opciones, el proceso de am- lar, estos son los elementos que integran los
paro cumple un rol tutelar: implica la realiza- ya mencionados derechos constitucionales a
ción de la defensa de los derechos fundamen- la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
tales, dejando sin efecto o inaplicando el acto
lesivo vulneratorio, en grado sustantivo, de Esta es la posición que ha sido asumida por
un derecho fundamental. Y, ciertamente, es nuestro Tribunal Constitucional en la senten-
el juez constitucional quien resulta investido cia recaída en el Expediente N° 3283-2003-
de esa facultad en el amplio horizonte de la AA/ TC (caso Taj Mahal Discoteque), en cuyo
jurisdicción constitucional. fundamento jurídico 6 se precisó lo siguiente:
La irregularidad se presenta cuando la de-
V.	DERECHOS CONSTITUCIONALES
PROTEGIDOS POR EL AMPARO cisión judicial no ha sido emitida conforme
a las formalidades procesales exigidas por
Según el inciso 2 del artículo 200 de la Consti- la ley. Debe ser de tal magnitud que com-
tución de 1993, es procedente la acción de am- prometa decididamente la tutela procesal
paro contra el hecho u omisión de cualquier efectiva, y que, por ende desnaturalice el
autoridad, funcionario o persona que ame- resultado natural del proceso.
naza o vulnera los derechos constitucionales
distintos a la libertad personal, lo cual inclu- En ese sentido, la irregularidad procedi-
ye obviamente los actos y resoluciones dicta- mental consistirá en impedir o restringir a
dos por los jueces y tribunales de justicia. Sin una de las partes intervinientes en un pro-
embargo, la citada norma constitucional hace ceso, el ejercicio pleno de las garantías de
improcedente la acción de amparo (contra re- la administración de justicia consagradas
soluciones judiciales emanadas de procedi- en el artículo 139 de la Constitución, así
miento regular). como de los demos derechos referidos at
debido proceso y la tutela judicial efecti-
Un proceso (o procedimiento) regular es aquel va derivados de los convenios intenciona-
en el cual se han respetado los derechos al de- les de los cuales el Estado peruano es sus-
bido proceso y a la tutela judicial efectiva (de- criptor (...).
rechos constitucionales procesales). Sin em-
bargo, para la doctrina no ha sido fácil llegar La irregularidad necesariamente tiene que
a esta conclusión. Así pues, Abad Yupanqui ser de naturaleza procesal; no comporta un
(2005, pp. 298-299) refiere que existen diversas cuestionamiento del fondo del asunto.
posiciones para determinar la habilitación del En conclusión –como refiere Abad– conside-
amparo contra resoluciones judiciales. Entre ramos que el debido proceso y la tutela ju-
ellas, consideramos pertinente la que se fun- risdiccional garantizan la existencia de los
damenta en la defensa de los derechos a la tu- mecanismos mínimos suficientes que permi-
tela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, tan una decisión valida. Es por eso que si el
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justiciable no los utilizó, o ni sometido a procedimien-
pensó que pese a su agota- tos distintos de los previs-
miento ellos no satisfacían Un proceso (o procedi- tos por la ley, 6) a la ob-
sus pretensiones, no debe miento) regular es aquel en tención de una resolución
proceder el amparo, pues el cual se han respetado los fundada en derecho, 7) a
permitirlo trastocaría el
ordenamiento procesal al derechos al debido proceso acceder a los medios im-
pugnatorios regulados,
posibilitar la eterna revi- y a la tutela judicial efectiva 8) a la imposibilidad de re-
sión de los procesos judi- (derechos constitucionales vivir procesos fenecidos,
ciales, sin que estos puedan procesales). 9) a la actuación adecuada
hallar cauce final de solu-
y temporalmente oportuna
ción (2005, p. 302).
de las resoluciones judicia-
De lo expuesto podemos concluir que son dos les; y, 10) a la observancia del principio de
los derechos protegidos por el amparo contra legalidad procesal penal.
resoluciones judiciales: la tutela judicial efec-
tiva y el debido proceso. Como puede advertirse de este enunciado, la
existencia de un proceso judicial irregular está
1. La tutela judicial efectiva referida a la existencia de vicios o deficiencias
procesales que agravian el derecho del justi-
El numeral 4, in fine, del artículo 200 de la
ciable a participar en un proceso con todas las
Constitución indica que la acción de amparo
garantías establecidas por el ordenamiento ju-
“[n]o procede contra normas legales ni con-
rídico, las cuales existen para asegurar que las
tra resoluciones judiciales emanadas de pro-
decisiones judiciales estén dotadas de impar-
cedimiento regular”. Admite así, a contrario
sensu, que dicha acción procede cuando la re- cialidad, objetividad y fundamento jurídico.
solución judicial emana de un procedimiento Al respecto, hay que tener en cuenta que va-
irregular, abriendo, de este modo, la vía para rios de los componentes de la tutela judicial
la impugnación de las resoluciones judiciales efectiva enunciados en el artículo 4 del Có-
a las que se atribuya vicios procesales. digo Procesal Constitucional, también lo es-
tán en los numerales 3 (debido proceso y tu-
En consonancia con este precepto constitucio- tela jurisdiccional), 5 (motivación escrita de
nal, el artículo 4 del Código Procesal Cons- las resoluciones judiciales), 6 (pluralidad de
titucional (Ley 28237) (CPC) precisa que el la instancia), 9 (inaplicabilidad por analogía
amparo “procede respecto de resoluciones ju- de la ley penal), 10 (no ser penado sin proce-
diciales firmes dictadas con manifiesto agra- so judiciales), 13 (prohibición de revivir pro-
vio a la tutela procesal efectiva, que compren- cesos fenecidos con resolución ejecutoriada)
de el acceso a la justicia y al debido proceso”. y 14 (no ser privado del derecho de defensa en
Con el sano propósito de evitar debates inaca- ningún estado del proceso), del artículo 139
bables o interpretaciones antojadizas, el CPC de la Constitución que se refiere a los princi-
en el artículo citado se cuida de precisar qué pios y derechos de la función jurisdiccional.
debe entenderse por “tutela procesal efecti-
va”, para lo cual procede a enunciar los prin- Es evidente que la trasgresión de cualquiera
cipales derechos del justiciable que componen de estos principios y derechos, y los demás
este concepto, los cuales son los siguientes: que enuncia el Código Procesal Constitucio-
1) al libre acceso al órgano jurisdiccional, nal, afecta gravemente los derechos del jus-
2) a probar, 3) de defensa, 4) al contradictorio ticiable y que, por consiguiente, una resolu-
y a la igualdad sustancial en el proceso, 5) a no ción que es el producto de un proceso en el
ser desviado de la jurisdicción predeterminada cual han tenido lugar esas violaciones debe
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ser considerada “irregular” Cabe señalar que el Tribu-
o, lo que es igual, lesiva de nal Constitucional ha refe-
la “tutela procesal efecti- El debido proceso es un dere- rido que el derecho a la tu-
va”, supuesto en el cual es cho de carácter procesal que tela judicial efectiva “es un
procedente que el afectado tiene su origen en la expe- atributo subjetivo que com-
pueda recurrir a la acción prende una serie de dere-
de amparo para tutelar sus riencia angloamericana. chos, entre los que destacan
derechos. Como lo señala el acceso a la justicia, es de-
Abad Yupanqui (2005), el cir, el derecho de cualquier
artículo 4 del Código Procesal Constitucional, persona de promover la actividad jurisdiccio-
“(...) mantuvo la opción interpretativa de cir- nal del Estado, sin que se le obstruya, impida
cunscribir el proceso de amparo contra reso- o disuada irrazonablemente; y el derecho a la
luciones judiciales a la tutela de derechos de efectividad de las resoluciones judiciales”17.
naturaleza procesal, pues si se trataba de la
Así pues, conforme fluye de lo expuesto por el
afectación de un derecho material, como con-
máximo intérprete constitucional, el contenido
secuencia de la interpretación indebida de un
de este derecho no solo comprende el acceso a
juez, la vía de impugnación son los recursos
correspondientes, más no el proceso de am- la justicia, sino también la llamada efectividad
paro” (p. 381). de las resoluciones judiciales, la que es enten-
dida, a decir del TC, como “la garantía de que
Siendo esto así nuestra Constitución de 1993 lo decidido en una sentencia se cumpla, y que
reconoce en el inciso 3 de su artículo 139 el Ia parte que obtuvo un pronunciamiento de tu-
derecho al debido proceso y a la tutela juris- tela, a través de la sentencia favorable, sea re-
diccional como principios y derechos de la puesta en su derecho y compensada, si hubie-
función jurisdiccional. re lugar a ello, por el daño sufrido”.
El derecho a la tutela judicial efectiva es una 2. El debido proceso
institución que tiene su origen en el Derecho
europeo. No obstante, debemos responder la El artículo I del Título Preliminar del Código
siguiente pregunta: ¿Qué debemos entender Procesal Civil señala que: “Toda persona tie-
por el derecho a la tutela judicial efectiva? ne derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
para el ejercicio o defensa de sus derechos o
Sáenz Dávalos (2003) refiere que “la tutela ju- intereses, con sujeción a un debido proceso”.
dicial efectiva es, en principio, un atributo que Desarrollando este derecho en la doctrina na-
permite al ciudadano acceder al órgano juris- cional se ha señalado que:
diccional a través de cualquiera de sus procesos
según la naturaleza de su particular pretensión. (…) el debido proceso se concibe como
Su principal manifestación es sin duda alguna un ideal que sirve de orientación no solo
el derecho de acción, aun cuando su ámbito ma- para restructuración de los órganos juris-
terial no se agote con dicha variable” (p. 146). diccionales con sus respectivas competen-
Esto significa que el derecho a la tutela judi- cias para el establecimientos de los proce-
cial efectiva es un derecho de origen procesal, dimientos correspondientes que aseguren,
que consiste en una facultad de los justiciables entre otros, el ejercicio pleno del derecho
de acudir ante los órganos jurisdiccionales a de defensa, un adecuado y correcto deba-
fin de ejercitar sus particulares pretensiones. te judicial, sino también para garantizar
17	Cfr. la STC Exp. N° 0015-2005-AI/TC (f. j. 16).
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decisiones judiciales correctas, imparciales diferenciándola de la noción de “tutela procesal
y justas, emanadas dentro de la Ley. (Ca- efectiva” contenida en el artículo 4 del CPCO:
rrión, 2005, p. 30)
El debido proceso en su dimensión sustan-
El debido proceso es un derecho de carácter cial quiere significar un mecanismo de con-
procesal que tiene su origen en la experiencia trol sobre las propias decisiones y sus efec-
angloamericana. La noción del debido proce- tos, cuando a partir de dichas actuaciones
so se relaciona tradicionalmente con los pará- o decisiones se afecta de modo manifies-
metros legales que deben regir el desarrollo de to y grave cualquier derecho fundamental
un proceso, en cuanto se refiere a la actividad (y no solo los establecidos en el artículo
del juez y de las partes así como las garantías 4 del Código Procesal Constitucional)18.
que se reconocen a estos para su intervención (resaltado nuestro)
De esta manera, el TC completa su pensa-
Esta concepción, tradicional o primigenia, miento al considerar que la violación del de-
corresponde a lo que el TC denomina “de- bido proceso que puede ocurrir en cualquier
bido proceso formal”. Este está referido al resolución judicial comprende no solo las tras-
derecho al juez natural, a la observancia de gresiones que pudieran afectar el “debido pro-
los procedimientos preestablecidos, el dere- ceso formal” sino, asimismo, a aquellas que
cho a la defensa, a la motivación de las re- vulneran el “debido proceso sustantivo”. Este,
soluciones y, en general, a los que se suelen como lo afirma Gozaíni (2004) se identifica
comprender en la noción de tutela procesal con el “(...) principio de razonabilidad, enten-
efectiva. Sin embargo, además del “debido dido como la concordancia de todas las leyes
proceso formal” existe, afirma el TC, el “de- y normas de cualquier categoría o contenido
bido proceso sustantivo” el cual “(...) se rela- y de los actos de las autoridades públicas con
ciona con los estándares de justicia como son las normas, principios y valores del Derecho
la razonabilidad y proporcionalidad que toda de la Constitución” (p. 62).
decisión judicial debe suponer” (STC 8125-
Esta nueva idea del “debido proceso”, que se
2005-HC, FJ.6). Ello significa que el “debi-
proyecta sobre el contenido mismo del pronun-
do proceso sustantivo” incide sobre el fondo
ciamiento judicial, y no solo sobre el procedi-
o contenido de la resolución judicial incluso
miento mediante el cual se arriba a este, impli-
si esta ha sido expedida con escrupulosa ob-
ca superar una visión formalista del proceso,
servancia de los procedimientos y garantías
para atender a su finalidad última que no es
formales, legitimando así su impugnación
otra que lograr la justicia y, mediante esta, la
cuando aquella decisión implique una deci-
paz social. En ese sentido, la posición asumi-
sión contraria a derecho.
da por el TC respecto a la procedencia de un
Esta noción del debido proceso equivale, dice proceso de amparo contra resoluciones judi-
Gozaíni (2004), “(...) al principio de razonabi- ciales que vulneren no solo la tutela jurisdic-
lidad de las leyes y otras normas o actos pú- cional efectiva sino, asimismo, el debido pro-
blicos, o incluso privados, como requisito de ceso sustantivo, nos parece correcta a partir de
su propia validez constitucional” (pp. 61-62). un enfoque en el cual la tutela de los derechos
En otra sentencia, el TC amplía y precisa su fundamentales debe prevalecer sobre cualquier
concepción del “debido proceso sustantivo”, otra consideración. Compartimos, por ello, la
18	STC Exp. Nº 01209-2006-AA/TC, f. j. 30.
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afirmación de Gozaíni (2004) cuando sostie- b.	La dimensión material o sustantiva que,
ne que “(...) el debido proceso es el derecho a siguiendo a Sáenz, es el “derecho a que
la justicia lograda en un procedimiento que todo pronunciamiento del Estado sea
supere las grietas que otrora lo postergaron a jurisdiccional, legislativo o administra-
una simple cobertura del derecho de defensa tivo, resulte compatible con los están-
en juicio. No estaremos hablando más de re- dares de justicia o razonabilidad. Por
glas, sino de principios” (p. 67). consiguiente, se trata de un auténtico
juicio o valoración directamente apli-
El Tribunal Constitucional ha sostenido que
cado sobre la misma decisión o pronun-
el derecho al debido proceso, a diferencia del
ciamiento con el que se pone término a
derecho a la tutela judicial efectiva, “impli-
un proceso, incidiendo en el fondo de
ca el respeto, dentro de todo proceso, de los
las cosas y no limitándose tan solo a la
derechos y garantías mínimas con que debe
forma, como ocurre normalmente, con
contar todo justiciable para que una causa
la dimensión procesal a adjetiva” (2003,
pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal
es el caso de los derechos al juez natural, a
la defensa, a la pluralidad de instancias, ac- En resumen, como sostiene el Tribunal
ceso a los recursos, aprobar en plazo razo- Constitucional:
nable, etc”19.
(…) el debido proceso (...) tiene dos expre-
Así pues, en palabras de Bustamante (2002), siones: una formal y otra sustantiva; en la
“derecho fundamental a un proceso justo o, de carácter formal, los principios y las re-
si se prefiere, a un debido proceso, se presen- glas que lo integran tienen que ver con las
ta como el derecho a la justicia a través de un formalidades estatuidas, tales como las que
proceso o procedimiento, as decir, el derecho establecen el juez natural, el procedimiento
de todo sujeto de derecho a un proceso o pro- preestablecido, el derecho de defensa, la
cedimiento donde su inicio, desarrollo y con- motivación; es su faz sustantiva, se rela-
clusión, así como las decisiones que en ellos ciona con los estándares de justicia como
se emitan, sean justos” (p. 211). son la razonabilidad y proporcionalidad
El derecho al debido proceso comprende dos que toda decisión judicial debe suponer20.
VI. DERECHOS NO PROTEGIDOS POR
a.	La dimensión procesal o adjetiva del EL PROCESO DE AMPARO
debido proceso o, si se quiere, debido En idea congruente con el aserto anterior, los
proceso procesal. Este alude a decir de derechos no protegidos21 por el proceso de
Sáenz Davalos “a toda aquella estruc- amparo han sido precisados por el artículo 38
tura de principios y derechos que co- de la norma infraconstitucional sobre dos ru-
rresponden a las partes durante la se- bros definidos:
cuela de todo tipo de procesos, sea este
jurisdiccional, sea administrativo, o sea –	Aquellos derechos que no gozan de sus-
corporativo particular” (2003, p. 146). tento constitucional directo;
19	Cfr. la STC Exp. N° 0200-2002-AA/TC (f. j. 3).
20	Cfr. la STC Exp. N° 8125-2005-HC/TC (f. j. 6).
21	Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 38. Derechos no protegidos
No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está refe-
rido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo.
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Sobre este aspecto, la STC protegidos del derecho
1417-2005-AA/TC, caso fundamental.
Anicama Hernández, nos Es inadmisible sostener que De la misma forma, la STC
brinda una noción de susten- una resolución judicial pro- 1417-2005-PA/TC23, desa-
to constitucional directo22 en venga de un proceso califi- rrollando una propuesta de
el sentido de una protección Medina Guerrero, fija una
material que trasciende el cado coma ‘irregular’ solo importante distinción res-
solo carácter normativo de cuando afecte el derecho a la pecto de los derechos no
fijación de un derecho fun- tutela procesal efectiva. protegidos, en cuanto si la
damental, para conformar controversia constitucional
el denominado bloque de no se refiere a los aspectos
constitucionalidad. Por consiguiente, aquel de- constitucionalmente protegidos del derecho en
recho que no haya sido establecido ni tampoco cuestión, entonces no hay posibilidad de tutela.
conserve un sentido de protección que justifi-
Dicho aspecto constitucionalmente protegi-
que su inclusión en el ámbito de protección de
do debe ser asimilado en directa referencia al
los derechos fundamentales, no merecerá pro-
contenido constitucionalmente protegido, en
tección en sede de derechos fundamentales.
tanto este es precisamente el objeto del pro-
– Aquellos derechos que no están referi- ceso de amparo. Vale decir, habremos de refe-
dos a los aspectos constitucionalmente rirnos a que el cuestionamiento verse sobre el
22	STC 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández:
2.1 Los derechos de sustento constitucional directo
9. Existen determinados derechos de origen internacional, legal, consuetudinario, administrativo, contractual,
etc., que carecen de fundamento constitucional directo, y que, consecuentemente, no son susceptibles de ser
protegidos a través del proceso de amparo.
La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el artículo 38 del CPConst., no se reduce
a una tutela normativa del texto constitucional formal. Alude, antes bien, a una protección de la Constitución
en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos hu-
manos, tanto a nivel positivo (artículo 55 de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición
Final y Transitoria de la Constitución); y con las disposiciones legales que desarrollan directamente el conte-
nido esencial de los derechos fundamentales que así lo requieran. Tales disposiciones conforman el denomi-
nado cánon de control constitucional o “bloque de constitucionalidad”. (…)
10. Un derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implí-
citamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es
decir, existe un baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la delimitación más abier-
ta a la más precisa.
Correspondiendo un mayor o menor desarrollo legislativo, en función de la opción legislativa de desarrollar
los derechos fundamentales establecidos por el constituyente.
23	STC 1417-2005-PA/TC, caso Anicama Hernández
2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales
“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un conteni-
do no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de prote-
ger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absoluta-
mente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido
adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por
el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa
del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41).
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contenido esencial del de- por el amparo contra reso-
recho y no sobre los conte- luciones judiciales a la pro-
nidos no esenciales y adi- Amparo contra amparo tección de los derechos que
cionales del derecho, casos coma subvariante o subes- integran la tutela procesal.
estos últimos en los cuales, pecie del amparo contra re- En tal sentido, refiere que
conforme señalamos supra, es inadmisible sostener que
soluciones judiciales. una resolución judicial pro-
ya les es propia la tutela vía
amparo. venga de un proceso califi-
cado como “irregular” solo
Metodológicamente, puede ser útil la idea de cuando afecte el derecho a la tutela procesal
que si la cuestión de la pretensión versa sobre efectiva, toda vez que la irregularidad de una
el contenido no esencial del derecho funda- resolución judicial con relevancia constitucio-
mental, la demanda deberá ser declarada in- nal se produce cada vez que esta se expida con
fundada, pues las pruebas no han alcanzado violación de cualquier derecho fundamental.
a ser suficientes. A su turno, si la referencia
Esta variación jurisprudencial –indica la sen-
de la controversia se refiere al contenido adi-
tencia– que le permite ahora al Tribunal Cons-
cional, la pretensión será declarada improce-
titucional, dentro del proceso de amparo, resol-
dente, es decir, corresponde a otra vía escla-
ver ponderadamente sobre el fondo y la forma
recer los términos de la demanda.
de los procesos judiciales ordinarios cuando
Naturalmente, hoy la referencia del Código estos hayan violado derechos fundamentales,
Procesal Constitucional a solo un contenido implica la necesidad de que este establezca el
constitucionalmente protegido, facilita una canon interpretativo bajo el cual se deba rea-
mejor comprensión del problema de las con- lizar el control constitucional de las resolu-
troversias constitucionales. Sin perjuicio de ciones judiciales. Dicho canon está compues-
ello, las referencias a los contenidos esen- to por un triple examen:
cial, no esencial y adicional, resultan gráfi-
a) Examen de razonabilidad, por el cual el
camente útiles para una comprensión inicial
TC debe evaluar si la revisión de todo
el proceso judicial ordinario es rele-
VII. EL AMPARO CONTRA RESOLU- vante para determinar si la resolución
CIONES JUDICIALES EN LA JU- judicial cuestionada vulnera derechos
RISPRUDENCIA DEL TC fundamentales,
A pesar de que el artículo 4 del Código Pro- b) Examen de coherencia, que exige al
cesal Constitucional establece su procedencia Tribunal precisar si el acto lesivo del
contra resoluciones judiciales que vulneren la caso concreto se vincula directamen-
tutela procesal efectiva, el TC en la sentencia te con el proceso o la decisión judicial
recaída en el Expediente N° 3179-2004-AA/ que se impugna; y,
TC (caso Apolonia Collca Ponce), consideró
c) Examen de suficiencia, mediante el cual
que existen razones jurídico-constitucionales
el supremo intérprete de la Constitu-
para que el ámbito de derechos protegidos me-
ción debe determinar la intensidad del
diante el amparo contra resoluciones judicia-
control constitucional que sea necesa-
les sea replanteado.
ria para precisar el límite de la revisión
En la referida sentencia, considera el TC que, del proceso judicial ordinario, a fin de
al tener el proceso de amparo un carácter tota- cautelar el derecho fundamental deman-
lizador (megaproceso), no existe ninguna razón dado. A pesar de estas precisiones esbo-
para limitar el ámbito de derechos protegidos zadas en la sentencia bajo comentario,
164 pp. 149-182 • ISSN 1997-8812 • ENERO 2019 • TOMO 133 | GACETA CONSTITUCIONAL
este nuevo precedente vinculante debe De esta manera, frente a este supuesto, el am-
ser examinado con sumo cuidado. paro contra amparo se constituye como un
mecanismo idóneo para neutralizar estas vul-
En efecto, la sentencia deja abierta la posibi-
neraciones constitucionales de carácter proce-
lidad de revisar el fondo de cualquier tipo de
sal, por lo que consideramos que tratándose
resolución emitida por el Poder Judicial per-
de afectaciones de derechos constitucionales
mitiendo la procedencia del amparo contra
procesales la figura se encuentra plenamen-
resoluciones judiciales dictadas dentro de un
te justificada.
proceso regular, desconociendo así la prohibi-
ción establecida en el inciso 2 del artículo 200 El Tribunal Constitucional ha afirmado, sin
de la Constitución y los alcances del artículo embargo, una noción más amplia del supues-
4 del Código Procesal Constitucional. En po- to en el cual mediante una acción de amparo
cas palabras, a nuestro juicio, la sentencia ex- se puede impugnar una resolución judicial fir-
pedida por el TC desnaturaliza la figura del me al sostener que esta vía procede cuando en
amparo contra resoluciones judiciales contra- un proceso ordinario se ha violado cualquier
viniendo a la propia Constitución. derecho fundamental y no solo los de conte-
nido procesal. Así, en la STC Exp. Nº 03179-
VIII. EL AMPARO CONTRA AMPARO 2004-AA/TC, del 18 de febrero de 2005 - Caso
COMO VARIANTE DEL AMPARO Apolonia Collca, amparo contra resoluciones
CONTRA RESOLUCIONES JUDI-
judiciales), ha sostenido lo siguiente:
CIALES QUE VULNERAN DERE-
CHOS CONSTITUCIONALES Una interpretación del segundo párrafo
Hemos señalado en el punto anterior que uno del inciso 2) del artículo 200 de la Cons-
de los temas más polémicos vinculados al pro- titución (...) no puede concluir sino con la
ceso de amparo, es el relativo a su proceden- afirmación de que la competencia ratione
cia frente a resoluciones judiciales. materiae del amparo contra resoluciones
judiciales comprende a todos y a cada uno
Sin embargo, más polémica resulta ser la pro- de los derechos fundamentales que se pue-
blemática relativa a la procedencia del ampa- dan encontrar reconocidos, expresa o im-
ro contra una resolución recaída en otro pro- plícitamente, por la Norma Suprema. En
ceso de amparo. su seno, los jueces constitucionales juzgan
Así pues, dentro de este contexto, encontramos si las actuaciones jurisdiccionales de los
la figura del amparo contra amparo como sub- órganos del Poder Judicial se encuentran
variante o subespecie del amparo contra reso- conformes con la totalidad de los derechos
luciones judiciales, el cual operará en aquellos fundamentales reconocidos en la Constitu-
casos en que nos encontremos frente a un pro- ción. De modo que la calificación regular o
ceso constitucional irregular, esto es, donde se irregular de una resolución judicial, desde
haya producido la violación del debido proce- una perspectiva constitucional, depende de
so o de la tutela judicial efectiva. que estas se encuentren en armonía con el
contenido constitucionalmente protegido de
Lo dicho anteriormente nos lleva a concluir todos los derechos fundamentales (f. j. 20).
que cabe la posibilidad de que existan dere-
chos constitucionales de índole procesal que Fija, pues, un canon para el control consti-
pueden ser vulnerados por el juez que conoce tucional de resoluciones judiciales, a través
de la tramitación de un proceso de amparo, lo de los estándares de razonabilidad, coheren-
cual significa superar la idea de que el proce- cia y suficiencia, a efectos de que solo des-
so de amparo y, por supuesto el juez constitu- pués de estos exámenes, podamos advertir
cional, son infalibles. si corresponde dejar sin efecto una decisión
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jurisdiccional que goza de la calidad de cosa IX.	¿ACASO EL AMPARO BRINDA PRO-
juzgada. Esto es sumamente importante pues TECCIÓN A TODOS LOS DERE-
advirtamos que una sentencia consentida o CHOS FUNDAMENTALES?
ejecutoriada, en un proceso judicial conclui- Una primera línea de argumentación que em-
do, denota el carácter de res iudicata, esto plea el TC para sustentar su posición “amplia”
es, es definitiva. Por tanto, una sentencia es- respecto al ámbito de los derechos fundamen-
timatoria en un proceso constitucional con- tales susceptibles de ser tutelados mediante el
tra resolución judicial firme debe satisfacer amparo contra resoluciones judiciales, es la de
tales exámenes respecto a la demanda para considerar que, conforme al diseño constitu-
que se deje sin efecto una decisión judicial cional de la acción de amparo, no resulta po-
ejecutable en todos sus términos. Por tan- sible diferenciar entre derechos fundamenta-
to, el juez constitucional debe ponderar si la les procesales y sustantivos o materiales. Al
sentencia materia de examen constitucional respecto, afirma en la sentencia antes mencio-
deba quedar sin efecto solo después de meri- nada, lo siguiente:
tuar la razonabilidad, coherencia y suficien-
cia de la pretensión. (...) es inadmisible desde un punto de vista
constitucional que se pueda sostener que
Amplía, también, el ámbito del amparo contra una resolución judicial devenga de un pro-
resoluciones judiciales, circunscribiendo la le- ceso “irregular” solo cuando afecte el de-
gitimación de la afectación a cualquier otro de- recho a la tutela procesal y que tal “irregu-
recho fundamental tutelado por la Carta Fun- laridad” no acontezca cuando esta afecta
damental y ya no únicamente a la protección otros derechos fundamentales. A juicio del
de los derechos que integran la tutela proce- Tribunal la irregularidad de una resolución
sal. La perspectiva anterior resultaba en ex- judicial, con relevancia constitucional, se
tremo cerrada, en tanto para que una demanda produce cada vez que esta se expida con
de amparo contra resolución judicial prospe- violación de cualquier derecho fundamen-
rara, solo tenía lugar si se infringía el princi- tal, y no solo en relación con los contem-
pio de proceso “regular”, cerrando así la vía de plados en el artículo 4 del Código Proce-
demanda a otras pretensiones iusfundamenta- sal Constitucional (f. j. 14, b).
les. Por tanto, el amparo contra decisión judi-
cial procederá, a partir del caso Collca, contra En esta misma tesitura, el TC considera que el
todo otro derecho fundamental que una reso- conjunto de los derechos fundamentales, y no
lución judicial vulnere. En el caso Collca, la solo los relativos a la tutela procesal, vinculan
vulneración en examen, por ejemplo, corres- a los jueces, por lo que estos, al decidir en los
ponde al derecho de propiedad. procesos judiciales a su cargo deben respetar-
los, sin diferenciar entre unos y otros.
En suma, los nuevos estándares fijados resul-
tan útiles para entender la dimensión ex novo Expone este argumento en los siguientes tér-
del amparo contra resoluciones judiciales, en minos: la tesis según la cual el amparo contra
cuanto una vez admitida la pretensión, impor- resoluciones judiciales procede únicamente
ta fijar un canon de control vía razonabilidad, por violación del derecho al debido proceso
suficiencia y coherencia de la pretensión. De o a la tutela jurisdiccional, confirma la vin-
la misma forma, la tutela de derechos funda- culatoriedad de dichos derechos en relación
mentales no puede resultar restringida en su con los órganos que forman parte del Poder
ámbito de protección. Judicial.
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Pero constituye una ne- misma sentencia definitiva
gación inaceptable en el o en el mismo laudo arbi-
marco de un Estado Cons- La posición adoptada por el tral” (1982, p. 309).
titucional de Derecho, so- TC tiene antecedentes en el
bre la vinculatoriedad de A nuestro juicio, los dos
los “otros” derechos fun- Derecho comparado, como argumentos que expone el
damentales que no tengan lo es el caso de México. TC parecen razonables y,
la naturaleza de derechos sobre todo, fundados cons-
fundamentales procesales, titucionalmente. Respecto
así como la exigencia de respeto, tutela y pro- del primero, coincidimos en que el diseño del
moción ínsitos en cada uno de ellos (f. j. 18). amparo que brota del enunciado contenido en
el numeral 2 del artículo 200 de la Constitu-
La posición asumida por el TC es objeto de ción permite sostener que su finalidad es la
crítica por algún sector de la doctrina nacio- protección de todos los derechos de la per-
nal. Así, Abad Yupanqui, respecto al primer sona no tutelados por el hábeas corpus, por
argumento, considera que la norma contenida lo cual, la restricción que contiene el artículo
en el artículo 4 del Código Procesal Constitu- 4 del Código Procesal Constitucional, al li-
cional, que limita la procedencia del amparo mitar el amparo contra resoluciones judicia-
contra resoluciones judiciales únicamente en les a aquellas que agravian la tutela procesal
el supuesto de manifiesto agravio a la tutela efectiva, no resulta compatible con aquel di-
procesal efectiva y no al conjunto de los de- seño. Una concepción garantista, basada no
rechos fundamentales, es una opción inter- solo en el artículo 200 sino, asimismo, en el
pretativa legítima que, en modo alguno, pue- artículo 1 de la Constitución e, incluso, en
de ser calificada como “inadmisible”, como el artículo II del Título Preliminar del Códi-
lo sostiene el TC; y, respecto del segundo ar- go Procesal Constitucional, avala la posición
gumento, considera que el hecho de que los asumida por el TC.
derechos fundamentales, en su conjunto vin-
culen al Poder Judicial no excluye que la ley En cuanto se refiere a la vinculación de los
restrinja la impugnación de las resoluciones jueces a todos los derechos fundamentales, y
judiciales mediante el amparo a la defensa de no solo a los de contenido procesal, nos parece
la tutela procesal, pues las lesiones a los de- que la situación es aún más clara pues al deber
rechos materiales pueden ser objeto de pro- general, de todos los peruanos, de “respetar,
tección mediante los recursos impugnatorios cumplir y defender la Constitución y el orde-
previstos en cada proceso (2008, pp. 384-385). namiento jurídico de la Nación”, señalado en
el artículo 38 de la Constitución, se le añade
Sin embargo, la posición adoptada por el TC el deber del Estado de “garantizar la plena vi-
tiene antecedentes en el Derecho comparado, gencia de los derechos humanos”. Este inclu-
como lo es el caso de México, cuya Ley de Am- ye, obviamente, a los funcionarios públicos y,
paro admite, con bastante amplitud, el amparo entre estos, a los jueces.
contra resoluciones judiciales. Señala Burgoa
al respecto que la ley admite “(...) la proceden- Es preciso agregar que es deber del Estado, es
cia del juicio de amparo directo o uni-instan- decir, de sus “poderes” e instituciones “garan-
cial para atacar dos tipos de violaciones que tizar la plena vigencia de los derechos huma-
se registren en los procedimientos judiciales nos”, con arreglo al artículo 44 constitucio-
propiamente dichos o del trabajo, a saber, las nal. Esto impone a los jueces, en aquella que
violaciones in procedendo y las violaciones in constituye su actividad propia, es decir, la de
judicando, es decir las que se realicen durante resolver los procesos sometidos a su conoci-
la secuela procesal y las que se cometan en la miento, el respeto más estricto a los derechos
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constitucionales y no solo, se hayan vulnerado o no
ni principalmente, a los de derechos constitucionales
naturaleza procesal. Es deber del Estado, es de- en su trámite.
cir, de sus ‘poderes’ e insti- La segunda posible inter-
X.	LA TESIS DEL CÓ-
DIGO PROCESAL tuciones ‘garantizar la plena pretación es que no proce-
CONSTITUCIONAL vigencia de los derechos hu- derán los procesos cons-
titucionales cuando se
El Código Procesal Consti- manos’. cuestione una resolución
tucional, aprobado mediante firme recaída en otro proce-
la Ley Nº 28237, entró en so constitucional que haya
vigencia el 1 de diciembre de 2004, estable- sido llevado a cabo con respeto a las exigen-
ciendo en su artículo 5 las causales de impro- cias de la tutela procesal efectiva. Ergo, un
cedencia de los procesos constitucionales. Di- proceso constitucional sí procede cuando se
cho artículo refiere en su inciso 6 lo siguiente: cuestione una resolución firme recaída en
No proceden los procesos constitucionales otro proceso constitucional tramitado con
cuando: manifiesto agravio a alguna exigencia de la
tutela procesal efectiva (…) (pp. 336-337).
En este sentido, refiere que, de estas dos in-
6. Se cuestione una resolución firme recaí- terpretaciones, “la primera contraviene la
da en otro proceso constitucional o haya Constitución; mientras que la segunda hace
litispendencia. compatible el artículo 5.6 CPC con la norma
constitucional24, al permitir acudir al proce-
De lo expuesto por el citado artículo se des-
so de defensa de derechos constitucionales
prende que el Código Procesal Constitucional
cuando en el trámite de [un] proceso consti-
ha descartado toda posibilidad de interponer
tucional como el amparo, se llega a agredir
un amparo contra otro amparo, desaparecien-
de modo manifiesto la tutela procesal efecti-
do así dicha figura dentro de nuestro ordena-
va (...)” (2006, pp. 336-337).
miento jurídico. Sin embargo, cierto sector de
la doctrina considera que este artículo merece Si bien es cierto que somos partidarios de la
una lectura mucho más detenida, y no afirmar procedencia del amparo contra amparo en
tajantemente que la figura del amparo contra aquellos casos que se produzca la vulnera-
amparo es inexistente. ción del derecho a la tutela procesal efectiva,
no creemos que esta sea la interpretación que
En efecto, Castillo Córdova (2006) refiere
–a juicio de Castillo Córdova– se desprende
que el citado artículo 5.6 permite hasta dos
del artículo 5.6. del CPC, pues para nosotros es
claro que la nueva legislación procesal consti-
La primera es que el proceso de amparo tucional ha proscrito la procedencia de un am-
no procede cuando se cuestione una reso- paro contra otro amparo, a pesar de haber de-
lución firme recaída en cualquier otro pro- jado subsistente en su artículo 4 la figura del
ceso de amparo, independientemente que amparo contra resoluciones judiciales firmes.
24	En concreto con la parte final del inciso 2 del artículo 200 de la Constitución que, refiriéndose al amparo, dice:
“No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regulan”.
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XI.	L A POSICIÓN DEL TRIBUNAL (…) convendría tener presente que estamos
CONSTITUCIONAL DESPUÉS DE LA ante un pronunciamiento que aún no cons-
ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDI- tituye un precedente, según los términos
GO PROCESAL CONSTITUCIONAL que explicita el artículo VII del Título Pre-
Con la entrada en vigencia del Código Proce- liminar del Código Procesal Constitucio-
sal Constitucional, la problemática del ampa- nal. Y es que, siguiendo lo establecido en
ro contra amparo, al parecer, había quedado este Ultimo precepto de la Ley N° 28237,
zanjada, al proscribir esta figura en el inciso las sentencias del Tribunal Constitucional
6 de su artículo 5. Sin embargo, el TC volvió que adquieren la autoridad de cosa juzgada
a ponerla sobre el tapete. constituyen precedente vinculante cuando
así lo exprese la sentencia, precisando el
En efecto, en la sentencia recaída en el Expe- extreme de su efecto normativo, tarea que
diente N° 3846-2004-AA/TC, expedida con fe- el supremo intérprete de nuestra Consti-
cha 18 de febrero de 2005 (caso Municipalidad tución ya vino realizando en varias de sus
Provincial de San Pablo), el TC precisó que: sentencias emitidas después de la entrada
Debe enfatizarse que, cuando el Código en vigencia del código, pero que ha omi-
Procesal Constitucional se refiere en su tido efectuar en esta oportunidad. (p. 51)
artículo 5, inciso 6 a la improcedencia de
En este sentido no obstante que la sentencia
un proceso constitucional que cuestiona
mencionada no constituyó un precedente cons-
una resolución judicial firme recaída en
titucional de carácter vinculante, el TC aceptó
otro proceso constitucional, esta disposi-
la tesis de la procedencia del amparo contra
ción restrictiva debe entenderse referida a
amparo, en virtud de una interpretación del
procesos donde se han respetado de modo
artículo 5.6 de nuestro CPC. Sin embargo, di-
escrupuloso el debido proceso y la tutela
cho precedente vinculante no se hizo esperar,
procesal efectiva en sus distintas manifes-
pues en la sentencia recaída en el Expediente
taciones, conforme al artículo 4 del mismo
N° 04853-2004-PA/TC, el TC establecía las
Código Procesal Constitucional, puesto que
nuevas reglas para la procedencia del ampa-
una interpretación que cierra por comple-
ro contra amparo.
to la posibilidad del amparo contra ampa-
ro sería contraria a la Constitución (Fun- Dicha sentencia fue expedida a propósito de
damento Jurídico N° 5). una demanda de amparo promovida por la Di-
rección Regional de Pesquería de La Libertad
Esto significa que el TC, a través de su juris-
contra los magistrados de la Segunda Sala Ci-
prudencia emitida con posterioridad a la vi-
vil de la Corte Superior de Justicia de La Li-
gencia del CPC, ha abierto nuevamente la po-
bertad y el juez del Primer Juzgado Especiali-
sibilidad de interponer un amparo contra otro
zado en lo Civil de Trujillo. En esta se solicitó
amparo, bajo los parámetros establecidos en
que se deje sin efecto la sentencia dictada por
el artículo 4 del mismo código, esto es, siem-
la sala emplazada, recaída en un proceso de
pre que se trate de una resolución firme dic-
amparo anterior seguido contra el presiden-
tada con manifiesto agravio del derecho a la
te del Consejo Transitorio de Administración
tutela procesal efectiva, ello bajo una interpre-
Regional y otros, en el cual refiere que, lue-
tación bastante controvertida del artículo 5.6
go de apelar la sentencia de primera instan-
cia, solo se dio respuesta a una de las apela-
Ahora bien tal y como advierte Donayre Mon- ciones interpuestas, esto es, la planteada por
tesinos (2005) respecto a esta sentencia: la Dirección Regional de Pesquería, mas no se
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hizo referencia alguna al recurso presentado “amparo contra amparo”, señalaba que este
por el Gobierno Regional de Pesquería de La solo ha de proceder contra sentencias consti-
Libertad. Dicha situación –sostiene la deman- tucionales definitivas, siempre que aquellas no
dante– originó la vulneración de sus derechos tengan carácter favorable para la parte acto-
constitucionales a la tutela judicial efectiva, al ra, ya que de lo contrario se contravendría el
debido proceso y a la defensa. principio de inmutabilidad de la cosa juzgada.
Tanto en primera como en segunda instancia, Sin embargo, en esta nueva sentencia refiere
la demanda interpuesta fue declarada improce- que la estimación de una pretensión en un pro-
dente, razón por la cual la Dirección Regional ceso constitucional no puede llevar a suponer,
de Pesquería de La Libertad recurría al TC, sin más, que en la tramitación de este haya de-
quien mediante la sentencia recaída en el Ex- saparecido por completo cualquier posibilidad
pediente N° 04853-2004-PA/TC, de fecha 19 de afectación a los derechos fundamentales,
de abril de 2007, expedida en sesión de Pleno generándose de esta manera un ámbito exen-
Jurisdiccional, declaró infundada la deman- to de control por parte del TC.
da interpuesta por considerar que la presun-
ta afectación reclamada no se perpetró contra 1.2.	Si se trata de sentencias “estimatorias”
el demandante, sino en contra del Gobierno que desconocen la doctrina constitucio-
Regional de La Libertad, quien no solo pudo nal establecida en la jurisprudencia del
interponer el recurso de apelación respecti- Tribunal Constitucional
vo contra la sentencia expedida en el primer El segundo supuesto para la procedencia del
proceso de amparo, sino además un pedido de amparo contra amparo contemplado por el TC
nulidad, el cual fue respondido y rechazado como precedente vinculante, refiere que tam-
por intentar cuestionar una decisión de fondo bién será procedente esta variante especial de
de la sentencia. amparo contra una sentencia estimatoria de se-
gundo grado, cuando las instancias judiciales
A pesar de este pronunciamiento desestima-
actúan al margen de la doctrina constitucional
torio para la demandante, el TC optó por pre-
establecida en la jurisprudencia del Tribunal.
cisar nuevas reglas sustantivas y procesales
del precedente vinculante para la proceden- En este sentido, refiere que se entiende por
cia del amparo contra amparo. Ello, en virtud doctrina constitucional a:
de lo dispuesto por el artículo VII del Título
1.	Las interpretaciones de la Constitución
Preliminar del CPC. Dichas reglas toman en
realizadas por el propio TC, en el marco
cuenta el objeto del amparo contra amparo, la
de su actuación a través de los procesos,
pretensión que puede ser planteada, los sujetos
sea de control normativo o de tutela de los
legitimados y el juez competente, las cuales
por la especial importancia que revisten, se-
rán tratadas en los siguientes puntos. 2.	Las interpretaciones constitucionales de la
ley, realizadas en el marco de su labor de
1. Los supuestos para la proceden- control de constitucionalidad.
cia del amparo contra amparo
3.	Las proscripciones interpretativas, esto
1.1.	Si se trata se sentencias “estimatorias” es las “anulaciones” de determinado sen-
de segundo grado que afectan derechos tido interpretativo de la ley realizadas en
fundamentales aplicación del principio de interpretación
Conforme lo reconoce el TC, una de las re- conforme a la Constitución (sentencias
glas que se estableció para la procedencia del interpretativas).
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Conforme se desprende de a. El primer supuesto, es el
este nuevo supuesto, al pa- del tercero que no ha par-
recer el TC busca que sus No obstante que la senten- ticipado en el primer pro-
decisiones jurisprudencia- cia mencionada no constitu- ceso, ya sea por no haber
les sean respetadas, inde- sido admitido como par-
yó un precedente constitu- te en el primer proceso de
pendientemente de si se
traten o no de precedentes cional de carácter vinculante, amparo, a pesar de contar
vinculantes. el TC aceptó la tesis de la con los presupuestos proce-
procedencia del amparo sales para ello, o bien por
1.3.	Si se trata de decisio- desconocimiento del trá-
nes “denegatorias” de
contra amparo.
mite al no habérsele noti-
segundo grado que ficado como correspondía
afectan derechos de en su calidad de litiscon-
terceros que no ha- sorte necesario.
yan intervenido en el proceso, y del re-
currente que no ha tenido la ocasión En este caso, entiende el Tribunal que la
de interponer el respectivo recurso de decisión desestimatoria de segundo grado
agravio ha producido al tercero un agravio sin que
El tercer y último supuesto, y quizá el más este pueda ejercer su derecho de defensa.
cuestionable, se refiere a la procedencia del b.	El segundo supuesto, es de aquel que ha
amparo contra amparo contra resoluciones de- sido parte en el primer proceso de amparo,
negatorias de segundo grado que afectan dere- pero que a pesar de ello no ha podido inter-
chos de terceros que no hayan intervenido en poner el recurso de agravio constitucional
el proceso, y del recurrente que no ha tenido en su oportunidad, ya sea por no habérse-
la ocasión de interponer el respectivo recurso le notificado oportunamente la sentencia
de agravio constitucional. desestimatoria o porque, pese a haber sido
notificado, no ha podido conocer su con-
Al respecto, el TC sostiene que, si bien es cierto, tenido por alguna imposibilidad material
de conformidad con el artículo 18 del CPC, tra- debidamente acreditada.
tándose de resoluciones desestimatorias, siem-
pre está abierta la posibilidad de interponer un Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional
recurso de agravio constitucional, también lo ha reconocido que la posibilidad de interponer
es que los terceros que resulten afectados ilegí- un amparo contra otro amparo solo debe admi-
tima y directamente por dichas resoluciones no tirse por única vez, por ser este un medio ex-
tendrían tal posibilidad en la medida en que su cepcional, consideramos que estos dos supues-
actuación como parte en el primer proceso de tos admitidos por nuestro máximo órgano de
amparo haya sido denegada o simplemente no control constitucional resultan ser excesivos.
haya podido ser acreditada por desconocimien- Respecto a la posibilidad de que un tercero,
to de dicho trámite judicial. Así pues, frente a que no tuvo participación alguna en el primer
este impedimento, el TC les abre la puerta del proceso de amparo, pueda cuestionar a través
amparo contra amparo. de otro amparo, a nuestro juicio, desnaturali-
De lo expuesto se desprende que existen dos za precisamente el carácter “excepcional” de
supuestos en los cuales se puede admitir un esta clase especial de amparo.
nuevo proceso de amparo frente a una resolu- Así pues, nos resulta inadmisible y excesi-
ción desestimatoria de segundo grado recaída vo que para poder admitir que un tercero in-
en un primer proceso de amparo: terponga un segundo proceso de amparo, el
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juzgador constitucional tenga que evaluar no En tal sentido, cabría la posibilidad de inter-
solo las irregularidades cometidas en el pri- poner un “amparo contra amparo” siempre y
mer proceso de amparo, sino además los fun- cuando se hubiese producido una vulneración
damentos expuestos por el primer juzgador manifiesta y evidente de los derechos consti-
que determinaron precisamente que este ter- tucionales de tutela procesal efectiva o del de-
cero no pueda ser admitido dentro del proceso. bido proceso. Esto es así, siguiendo la lógica
Resulta ser más admisible aún el caso de una tradicional del proceso de amparo contra re-
interposición de un amparo contra amparo por soluciones judiciales, el cual excluye la posi-
parte de un tercero que alega no haber sido no- bilidad de todo análisis sobre el fondo de la
tificado como litisconsorte necesario dentro controversia suscitada en el proceso de ampa-
del primer proceso. ro cuestionado.
Esta última situación nos parece peligrosa, Sin embargo, esta lógica cambia radicalmen-
pues para admitir este segundo amparo se ten- te con el último pronunciamiento del Tribunal
dría que acreditar previamente que el terce- Constitucional en el caso Dirección Regional
ro no fue notificado debidamente con el pri- de Pesquería de La Libertad. En efecto, en la
mer proceso, pudiéndose presentar situaciones referida sentencia, el Tribunal Constitucio-
donde personas totalmente ajenas al primer nal señaló:
amparo, actuando de mala fe, traten de ener- El nuevo amparo podrá incluir como pre-
var los efectos de la sentencia recaída en este tensión lo que ha sido objeto del primer
proceso, interponiendo para ello un segundo amparo solo si la violación del contenido
amparo. Situación similar se presentaría en el constitucionalmente protegido del derecho
caso de aquel que, habiendo sido parte en el fundamental es de tal intensidad que des-
primer proceso, no pudo interponer el recur- naturaliza en decisión misma y la convier-
so de agravio constitucional, precisamente por te en inconstitucional; caso contrario, no
defectos en la notificación. procederá el “amparo contra amparo” por
En virtud de lo expuesto, consideramos que haberse configurado la cosa juzgada cons-
estos nuevos supuestos para la procedencia del titucional. También puede invocarse coma
amparo contra amparo, lo que hacen en rea- pretensión en el nuevo amparo el desacato
lidad es revivir una figura que ya había sido manifiesto de la doctrina jurisprudencial de
proscrita por el Código Procesal Constitucio- este Tribuna. (Fundamento Jurídico N° 39).
nal, transformando, además, la manera como Así pues, de lo expuesto por el Tribunal a tra-
había sido concebida tradicionalmente esta fi- vés de este reciente pronunciamiento, se des-
gura, dejándose atrás su carácter estrictamen- prende que son dos las pretensiones que pueden
te excepcional. ser alegadas en un proceso de amparo contra
2.	La pretensión en el amparo con- amparo: la primera es la misma pretensión que
tra amparo fue alegada en el primer proceso de amparo,
pero condicionada a que se haya producido la
Anteriormente ya hemos referido que el pro- violación del contenido constitucionalmente
ceso de amparo no es infalible y que la pre- protegido de un derecho fundamental; y la se-
sunción de legitimidad constitucional de las gunda es el desacato de la doctrina jurispru-
sentencias provenientes de los procesos de dencial del Tribunal Constitucional. Frente a
amparo tiene el carácter de iuris tantum, lo estas dos pretensiones merece especial aten-
cual significa que cabe la posibilidad de que ción la primera de ellas.
existan derechos constitucionales de carácter
procesal que pueden ser vulnerados dentro de Respecto a la primera pretensión, debe desta-
este proceso. carse el hecho de que el Tribunal Constitucional
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se haya referido a la “vulne- analizamos, veamos cuál
ración del contenido consti- era el panorama anterior.
tucionalmente protegido de Nos resulta inadmisible y ex- En principio, un proceso
un derecho fundamental, sin cesivo que para poder admi- de amparo contra amparo
indicar cual derecho o qué
tir que un tercero interponga podía ser iniciado tanto por
clase de derecho”. el demandante como por el
un segundo proceso de am-
Entonces, siguiendo la po- demandado del primer pro-
paro, el juzgador constitucio- ceso de amparo, pues am-
sición establecida en el caso
Apolonia Collca Ponce (Ex- nal tenga que evaluar no solo bas partes podían resultar
pediente N° 3179-2004-AA/ las irregularidades cometidas víctimas de afectaciones
TC), el TC, apartándose de en el primer proceso de am- de algún o algunos de sus
sus criterios anteriores, con- derechos constitucionales
paro, sino además los fun-
sidera que el derecho vulne- procesales; sin embargo,
damentos expuestos por el esta situación no ocurría
rado puede ser cualquiera;
sin embargo, esa afectación primer juzgador que determi- en la práctica, pues dicha
debe incidir en su conteni- naron precisamente que este figura era empleada solo
do constitucionalmente pro- tercero no pueda ser admiti- por el demandado.
tegido25, y debe ser de tal do dentro del proceso. Así pues, si nos encontrá-
magnitud (agregamos ade- bamos en el supuesto del
más, manifiesta y evidente), demandante que había sido
que convierta en inconstitucional la decisión vulnerado en alguno de sus derechos consti-
expedida dentro del primer proceso de ampa- tucionales procesales, y obtenía una sentencia
ro. Esto significa que ya no solo cabe invocar, desfavorable en primera instancia, este tenía
en el amparo contra amparo, la afectación de la posibilidad de interponer el recurso de ape-
derechos constitucionales de orden procesal, lación respectivo ante el superior jerárquico,
sino que puede alegarse también la vulneración con la finalidad de que se revoque el primer
de otros derechos, como podría ser el caso del pronunciamiento. Si la vulneración persistía y
derecho de propiedad, a la educación o a la li- el pronunciamiento continuaba siendo desfa-
bertad de contratación. Esto, siempre y cuan- vorable, este interponía el recurso de agravio
do, se afecte el contenido constitucionalmente constitucional ante el Tribunal Constitucional.
protegido de los mismos. Ahora bien, si el pronunciamiento por parte
del TC resultaba favorable, no había ningún
3.	Los sujetos legitimados
problema; sin embargo, si no era favorable,
Antes de analizar quiénes son ahora los sujetos no resultaba posible iniciar un segundo pro-
legitimados para interponer una demanda de ceso de amparo, pues las decisiones del Tri-
amparo contra amparo, a raíz del último pro- bunal Constitucional son inimpugnables sal-
nunciamiento del Tribunal Constitucional que vo, claro está, en la jurisdicción internacional.
25	Se ha discutido mucho en la doctrina respecto a las expresiones “contenido constitucionalmente protegido” y “con-
tenido esencial” de los derechos fundamentales; sin embargo, nuestro legislador ha acogido la expresión: “Conte-
nido constitucionalmente protegido”, el cual –a decir del profesor Castillo Córdova (2006)– “estará conformado
por todas las facultades de acción que ese derecho depara a at titular (dimensión subjetiva de los derechos fun-
damentales), y por todas las obligaciones de acción a las que debe comprometerse el poder político con la finali-
dad de conseguir la vigencia plena y real del derecho mismo (dimensión objetiva de los derechos fundamentales)”
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Distinto era el caso del demandado. Así, si primer proceso de amparo y no haya sido
dentro de un proceso de amparo el demanda- respondida por el órgano jurisdiccional o
do resultaba afectado en sus derechos al de- esta respuesta haya sido insuficiente. Tam-
bido proceso o a la tutela procesal efectiva, y bién se encontrarán legitimados los ter-
obtenía un pronunciamiento desfavorable en ceros que hayan resultado afectados por
primera instancia, este podía interponer el re- lo resuelto en el primer amparo y que no
curso de apelación respectivo ante la instan- hayan sido emplazados o no se les haya
cia superior. No obstante, si la afectación per- permitido ejercer su derecho de defensa
sistía con una sentencia perjudicial, en este al interior del primer proceso.
caso no podía interponer el recurso de agra- b. Si se trata de una resolución denegatoria,
vio constitucional, pues este era exclusivo de emitida en segunda instancia por el Poder
la parte demandante de un proceso constitu- Judicial dentro del trámite de un proceso
cional26. En tal sentido, el demandado tenía de amparo, que haya quedado firme, la cual
abierta la posibilidad de interponer un nuevo vulnere el contenido constitucionalmente
amparo, alegando la irregularidad del primer protegido de los derechos fundamentales,
proceso de amparo, la que debía ser de natu- la demanda de amparo contra amparo po-
raleza procesal, sin entrar a analizar el fondo drá ser interpuesta por el tercero legitima-
del primer proceso. do el cual, a pesar de haber solicitado su
La situación antes descrita ha variado radi- intervención en el primer proceso de am-
calmente con las nuevas reglas previstas por paro, no fue admitido o que, teniendo la
el Tribunal Constitucional en el caso Direc- calidad de litisconsorte necesario, no haya
ción Regional de Pesquería de La Libertad. sido notificado con la demanda.
En efecto, el TC, en el fundamento jurídico En ambos supuestos, se entiende que el TC no
39 de esta sentencia, ha dividido a los sujetos debe haber emitido pronunciamiento alguno a
legitimados para interponer una demanda de través del recurso de agravio constitucional,
amparo contra amparo en dos grupos: pues como ya se ha señalado: no cabe la posi-
a.	Si se trata de una resolución estimatoria bilidad de interponer una demanda de amparo
ilegitima, emitida en segunda instancia contra amparo contra las resoluciones del Tri-
por el Poder Judicial dentro del trámite bunal Constitucional. Asimismo, debe tenerse
de un proceso de amparo, la cual vulne- presente que esta figura solo debe ser admi-
ra el contenido constitucionalmente pro- tida por única vez, a fin de evitar la sucesiva
tegido de los derechos fundamentales o cadena de amparos contra amparos.
desconozca la doctrina constitucional, la En conclusión, con el nuevo pronunciamiento
demanda de amparo contra amparo po- del Tribunal, se amplía la figura de los suje-
drá ser interpuesta por los directamen- tos legitimados, pues ya no solo podrán inter-
te afectados (esto es, por quienes hayan poner una demanda de amparo contra amparo
sido parte dentro del primer proceso de el demandado del primer proceso de ampa-
amparo), siempre y cuando la afectación ro, sino también el demandante, los terceros
alegada haya sido denunciada dentro del legitimados y cualquier otra persona que se
26	Esta situación también ha variado con la sentencia emitida en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC (caso Dirección
Regional de Pesquería de La Libertad), en cuyo Fundamento Jurídico N° 8 establece las nuevas reglas vinculan-
tes del recurso de agravio constitucional, abriendo la posibilidad de que el mismo pueda también ser interpuesto
por el demandado, si se trata de una sentencia estimatoria, y siempre y cuando se haya vulnerado un precedente
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haya visto afectada por lo En este sentido, y aunque el
resuelto dentro del primer quinto párrafo del artículo
proceso. Con el nuevo pronuncia- 51 no señala nada expresa-
4.	E l j u e z c o m p e -
miento del Tribunal, se am- mente, debemos entender
tente plía la figura de los sujetos que el demandante podrá
elegir entre la Sala Civil o
A lo largo de este trabajo, legitimados. Mixta (si es que en una Cor-
hemos concebido al am- te Superior no existe una
paro contra amparo como Sala Civil) del distrito ju-
una subvariante del ampa- dicial donde se produjo la
ro contra resoluciones judiciales. En este sen- afectación al derecho constitucional o del lu-
tido, consideramos que se debe aplicar a este gar donde este domicilia.
peculiar proceso las mismas reglas que rigen
Creemos que la razón para considerar como
la competencia para un proceso de amparo
primera instancia en los procesos de amparo
contra una resolución judicial.
contra amparo –y en general, en los procesos
El Código Procesal Constitucional, modificado de amparo contra resoluciones judiciales– a
por la Ley N° 28946, que regula la competencia la Sala Civil o Mixta de la Corte Superior de
en los procesos de amparo, refiere en el artículo Justicia es el respeto del principio de jerarquía
51, quinto párrafo, respecto a la competencia de la administración de justicia, pues resulta-
para conocer un proceso de amparo contra una ría inadmisible que si se cuestiona una resolu-
resolución judicial, lo siguiente: “Si la afecta- ción recaída en un proceso de amparo, expeli-
ción de derechos se origina en una resolución da por una Sala Civil, la demanda de amparo
judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala contra amparo interpuesta sea conocida por
Civil de turno de la Corte Superior de Justicia un órgano jerárquicamente inferior, como lo
de la República respectiva, la que designará a es un juez civil.
uno de sus miembros, el cual verificará los he-
Así pues, al ser conocido el segundo proceso
chos referidos al presunto agravio”.
de amparo por la Corte Superior, se brinda la
Este artículo, que resulta aplicable a efectos posibilidad de impugnar dicha resolución, vía
de conocer la competencia en los procesos de recurso de apelación, ante la Corte Suprema
amparo contra resoluciones judiciales, nos lle- de Justicia de la República y, de ser el caso,
va a determinar que serán competentes para acudir vía recurso de agravio constitucional
conocer un proceso de amparo contra amparo, al Tribunal Constitucional.
en primera instancia, la Sala Civil de la Cor-
Queda claro que la segunda instancia en los
te Superior de Justicia; sin embargo, casi de
procesos de amparo contra amparo, bajo la mis-
inmediato surge la siguiente pregunta: ¿cuál
ma lógica de los procesos de amparo contra
Corte Superior?
resoluciones judiciales, es la Corte Suprema
Al respecto, debemos precisar que el primer de Justicia de la República, pero aquí surge la
párrafo del citado artículo 51 refiere que: “Es siguiente interrogante: ¿Qué Sala de la Corte
competente para conocer del proceso de am- Suprema? Para absolverla, consideramos que se
paro, del proceso de hábeas data y del proce- deberá acudir supletoriamente al artículo 35.1
so de cumplimiento el juez civil o mixto del de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual
lugar donde se afectó el derecho, o donde tie- establece que: “La Sala de Derecho Constitu-
ne su domicilio principal el afectado, a elec- cional y Social conoce: 1. En última instancia
ción del demandante”. de las acciones de hábeas corpus y amparo”.
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En consecuencia, quien ac- XII. ¿QUÉ NOS HA DE-
tuará como segunda instan- MOSTRADO LA EXPE-
cia en los procesos de am- Sería un atentado contra el RIENCIA COMPARA-
paro contra amparo será la derecho constitucional a un
Sala de Derecho Constitu- juez imparcial, si, por ejem- La experiencia española del
cional Social de la Corte amparo contra resoluciones
Suprema. plo, se interpone un amparo judiciales nos demuestra que
contra amparo cuestionan- “de conformidad con el ar-
El párrafo quinto del ar-
tículo 51 culmina señalan- do una resolución expedida tículo 44.1 a) de la LOTC,
do que el plazo para resol- por la Segunda Sala Civil de las violaciones de los dere-
ver la demanda es de cinco la Corte Superior de Justicia chos y libertades suscepti-
bles de amparo constitucio-
días hábiles. Cabe señalar, de Lima y la demanda fue- nal que tuviesen su origen
además, que, dentro de este
se admitida y tramitada por inmediato en un acto u omi-
proceso, la Sala Civil res-
pectiva designará a uno de esta misma sala. sión de un órgano judicial
sus vocales a fin de com- podrán lugar a este recurso
probar si efectivamente se siempre que se hayan ago-
ha producido la afectación tado todos los recursos uti-
alegada por el demandante. lizables dentro de la vía judicial” (Ferrer, 2000,
p. 307). No obstante, a diferencia de la realidad
Finalmente, conviene hacer referencia a lo peruana27 este “(…) requisito de agotamiento de
previsto por el Tribunal Constitucional en la todos los recursos para acceder al proceso de
sentencia emitida en el caso Dirección Regio- amparo no obliga a utilizar en cada caso todos
nal de Pesquería de La Libertad, en la cual se los medios de impugnación existentes en el or-
ha señalado: “Juez competente: A efectos de denamiento, sino solo aquellos que razonable-
obtener un pronunciamiento de conformidad mente convengan para la protección del dere-
con el valor superior justicia y con el derecho cho fundamental o libertad pública vulnerada”
fundamental a un juez imparcial, el juez de (Ferrer, 2000, p. 310). Siendo así, y en aras de
primer y segundo grado no deberá haber co- una protección rápida y eficaz de los derechos
nocido la primera demanda de amparo” (Fun- fundamentales, en el caso español, en la hipó-
damento Jurídico N° 39). tesis que “(…) contra un acto u omisión de los
Esta precisión nos parece acertada, pues, efec- órganos judiciales no proceda ningún recurso,
tivamente, sería un atentado contra el dere- se entiende que quedará abierta la vía del pro-
cho constitucional a un juez imparcial, si, por ceso de amparo” (Ferrer, 2000, p. 310).
ejemplo, se interpone un amparo contra am- Asimismo, tenemos que otro requisito de pro-
paro cuestionando una resolución expedida cedencia para el amparo español viene dado
por la Segunda Sala Civil de la Corte Supe- por el hecho de que “(…) la violación del de-
rior de Justicia de Lima y la demanda fuese recho o libertad sea imputable de modo inme-
admitida y tramitada por esta misma sala. En diato y directo a una acción u omisión del ór-
este caso lo más probable es que la demanda gano judicial con independencia de los hechos
fuese rechazada. que dieron lugar al proceso en que aquellas se
27	Nótese que la jurisprudencia anterior al Código Procesal Constitucional señalaba que procedía el amparo contra
amparo, entre otros requisitos, cuando se hayan agotado todos los recursos al interior del proceso que se cuestio-
na y aquellos hayan resultado insuficientes para el propósito corrector (Expediente Nº 200-2000-AA/TC).
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produjeron (…)” (Abad, 2008, p. 288). Esto los actos jurisdiccionales y no los administra-
quiere decir que deviene en improcedente un tivos” (Abad, 2008, p. 285). Sirvieron de argu-
amparo contra resolución judicial si el justi- mentos para impedir la procedencia del ampa-
ciable, por culpa o negligencia, dejó consentir ro contra resoluciones judiciales, entre otros, el
la violación a su derecho fundamental. valor seguridad jurídica, el subsanamiento de
las posibles violaciones constitucionales ante
Por su parte, el amparo mexicano contra reso-
el mismo juez, la sumariedad del amparo para
luciones judiciales muestra carácter único con
el principio de definitividad en virtud del cual invalidar un proceso ordinario más extenso,
solo será procedente este mecanismo procesal la jerarquía del juez del amparo para invali-
cuando “se agoten todas las instancias, recur- dar resoluciones de un juez jerárquicamente
sos y medios de defensa ordinarios previstos superior, etc. (Abad, 2008, p. 284).
por las leyes que rijan el acto que se reclama y De especial génesis se le atribuye al amparo
que puedan modificarlo o revocarlo” (Ferrer, colombiano contra resoluciones judiciales pues,
2000, p. 314). Otra peculiaridad del amparo a pesar de no estar reconocido ni excluido ex-
mexicano, relacionada con el objeto de con- presamente del texto constitucional, sentó su
trol, es el hecho de “que no solo opera como un procedencia por vía jurisprudencial, debido a
verdadero mecanismo de control de constitu- que “la Corte Constitucional tuvo ocasión de
cionalidad, sino que además actúa como me- pronunciarse al respecto con motivo del aná-
dio de control de la legalidad de las resolucio- lisis del artículo 40 de la Ley 2591 que regu-
nes judiciales definitivas a través del amparo la el procedimiento de la acción de tutela (…)
directo” (Abad, 2008, p. 286); lo cual viene a la Corte declaró inconstitucional dicho dis-
ser una suerte de amparo-casación, por erro- positivo” (Abad, 2008, p. 291) y admitió su
res in iudicando, que se presenta directamen- procedencia “de manera excepcional cuan-
te ante la Corte Suprema. do se trata de una vía de hecho” (Abad, 2008,
Este amparo mexicano contra resolución judi- p. 291). Definió a esta como un acto mani-
cial se asemeja a su par peruano, ya que ambos fiestamente arbitrario, carente de razonabili-
nacen pese a tener una consagración consti- dad y proporcionalidad.
tucional expresa sobre su inviabilidad o im- Como hemos podido apreciar, la experiencia
procedencia. Así, tenemos que para el caso de comparada (España, México y Colombia) nos
México, señala Abad Yupanqui, el “artículo 8 demuestra que algunos países han optado por
de la Ley Orgánica Constitucional sobre el re- ejercer el control constitucional de las resolu-
curso de amparo –promulgada el 20 de enero ciones judiciales recaídas en procesos ordina-
de 1869– negaba el amparo contra resoluciones rios, vía el amparo contra resoluciones judi-
judiciales, la cual no se aplicó por su manifies- ciales. Otros, como Argentina, han vetado de
ta inconstitucionalidad” (Abad, 2008, p. 287). plano tal posibilidad. No obstante, es moneda
Por otro lado, en contraposición a las expe- corriente que ninguno de ellos admite la proce-
riencias antes señaladas, el amparo argentino dencia del “amparo contra amparo”. A nuestro
contra resoluciones judiciales adopta la tesis humilde entender, esto no se debe a que la ac-
negativa absoluta en estricto cumplimiento a tividad litigiosa de estos países, a diferencia de
lo establecido “en el artículo 2 inciso b) de la la peruana, sea pasiva o aletargada, sino que
Ley 16,984 según el cual el amparo será inad- detrás de esta opción no permisiva subyace el
misible cuando el acto impugnado emanara de respeto hacia una de las instituciones de vi-
un órgano del Poder Judicial (…) queda claro tal importancia para la vigencia del Estado de
que la citada norma impide el amparo frente a derecho: la seguridad jurídica (cosa juzgada).
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REFLEXIONES FINALES segunda instancia –y que antes termina-
-	Por todo lo expuesto en la presente investiga- ban en dicha instancia– ahora, excepcio-
ción, hemos llegado a la conclusión de que nalmente, lleguen a conocimiento del Tri-
es enteramente aceptable que un proceso de bunal Constitucional vía recurso de agravio
amparo pueda examinar resoluciones judi- constitucional, a partir de una reinterpreta-
ciales sin que ello implique desconocer una ción (técnica conocida como el overruling)
limitación a la procedencia del proceso de de la Constitución. Esta sentencia, además,
amparo al señalar que este no procede cuan- abarca temas tan importantes como el “am-
do se trate de “procedimientos regulares”. paro contra amparo” y el “recurso de agra-
vio constitucional en contra de resolucio-
Según el artículo 200, inciso 2 “(…) No nes estimatorias de segunda instancia”.
Resoluciones Judiciales emanadas de pro- -	Conforme lo establece el artículo 4 del
cedimiento regular”. A contrario sensu sí Código Procesal Constitucional, el ampa-
procederá contra resoluciones judiciales ro contra resoluciones judiciales solo pro-
emanadas de procedimientos irregulares. cede cuando se acredite que las mismas
Así, tenemos que la existencia de un “pro- hayan sido dictadas con manifiesto agra-
cedimiento regular” se encuentra relacio- vio a la tutela procesal efectiva, o al debi-
nada con la existencia de un proceso en el do proceso. Si bien la norma en referencia
que se hayan respetado garantías mínimas no hace distinción entre resoluciones emi-
tales como derecho al libre acceso a la ju- tidas en los procesos ordinarios de las que
risdicción; derecho de defensa; derecho a provengan de procesos constitucionales, el
la prueba; derecho a la motivación; dere- TC ha sostenido, de modo uniforme, que
cho a la obtención de una resolución fun- el uso del amparo contra resoluciones ju-
dada en derecho; derecho a la pluralidad diciales debe limitarse en la mayor medi-
de instancia; derecho al plazo razonable; da posible, cuando se trata de decisiones
derecho al juez competente, independien- emanadas de un anterior proceso de ampa-
te e imparcial; entre otros. Por lo que un ro, máxime si en el proceso constitucional
proceso judicial que se haya tramitado sin que se cuestiona se ha declarado fundada
observar tales garantías se convierte en un la demanda, es decir, se ha dado efecti-
“proceso irregular”. va protección a un derecho constitucional
violado o amenazado (Cfr. STC en el Exp.
-	La sentencia Nº 4853-2004-PA/TC esta- N° 200-2002-AA/TC). En tal sentido, el he-
blece nuevos criterios de procedencia del cho de que una determinada pretensión no
amparo contra una resolución emanada de sea acogida por los jueces en los términos
otro proceso de amparo con relación a las en que convenga a los intereses de las par-
sentencias estimatorias de segunda ins- tes, no puede ser asumido como una vio-
tancia. Es decir, con esta sentencia se ha lación a la tutela procesal o al debido pro-
abierto la posibilidad de que los procesos ceso, tal como lo prevé el artículo 428 del
constitucionales declarados fundados en Código Procesal Constitucional.
28	Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela proce-
sal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó
consentir la resolución que dice afectarlo.
El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual
y la tutela procesal efectiva.
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-	Actualmente, no existe mayor discusión -	El amparo contra amparo es una variable
dentro de nuestro ordenamiento jurídi- del amparo contra resoluciones judiciales;
co respecto a la posibilidad de admitir un y, si bien es cierto, se encuentra proscrito
proceso de amparo contra una resolución por el artículo 5, inciso 6 del Código Pro-
emanada de una autoridad judicial; sin cesal Constitucional, consideramos que
embargo, lo que sí se discute es qué dere- dicho inciso debería ser suprimido y mo-
chos constitucionales serán susceptibles de dificarse el código a fin de contemplar la
protección dentro de un proceso de ampa- posibilidad de interponer un amparo con-
ro contra resoluciones judiciales. En con- tra una resolución recaída en un proceso
secuencia, para poder admitir un proceso de amparo, pero siempre y cuando siguien-
de amparo contra una resolución judicial do la lógica del amparo contra resolucio-
debemos encontrarnos, prima facie, fren- nes judiciales del artículo 4 del código se
te a un proceso irregular, el que debe ser trate de la afectación de derechos consti-
concebido como aquel proceso donde no se tucionales de naturaleza procesal.
han respetado los derechos constitucionales
procesales de las partes, los cuales no han -	Admitir la posibilidad del amparo contra
podido ser salvaguardados con los meca- resoluciones judiciales y del amparo con-
nismos previstos dentro del propio proce- tra amparo, frente a la vulneración de otros
so judicial. En suma, un proceso judicial derechos constitucionales diferentes a los
será irregular, si se han lesionado los de- de índole procesal, atenta contra el princi-
rechos constitucionales al debido proceso pio de seguridad jurídica, la inmutabilidad
y a la tutela judicial efectiva. de la cosa juzgada y el principio de auto-
nomía o independencia de la función ju-
-	No negamos la posibilidad que dentro de risdiccional, pues permitiría la revisión del
un proceso judicial donde se hayan respe- fondo de la controversia suscitada dentro
tado los derechos constitucionales al de- del primer proceso de amparo a través de
bido proceso y a la tutela judicial efectiva un nuevo proceso, a pesar de la existencia
también pueden haberse lesionado otros de un pronunciamiento firme.
derechos constitucionales; sin embargo,
creemos que en estos casos no debería pro- -	Respecto a la posición del Tribunal Cons-
ceder el amparo contra resoluciones judi- titucional emitida en la sentencia recaída
ciales pues si nos encontramos frente a un en el Expediente N° 3179-2004-AA/TC
proceso debido o regular se entiende que (Caso Apolonia Collca Ponce), conside-
este proporciona a las partes intervinien- ramos que esta, al ampliar la procedencia
tes los mecanismos o recursos necesarios del amparo contra resoluciones judiciales
para poder superar o corregir todas aque- frente a la vulneración de cualquier dere-
llas irregularidades que impliquen la vul- cho constitucional, contraviene abiertamen-
neración de otros derechos constitucionales. te lo dispuesto por el inciso 2 del artículo
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo
enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igual-
dad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos
distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporal-
mente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.
López Flores (2007, p. 290). También en el portal jurídico deportivo español: http://www.iusport.es (20 de noviem-
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200 de la Constitución y el artículo 4 del el contenido de sus resolución, adecuando
Código Procesal Constitucional, el cual es sus decisiones a los tiempos modernos.
sumamente claro al contemplar el amparo
-	A lo largo de la historia se ha visto la uti-
contra resoluciones judiciales solo respec-
lización maliciosa de los procesos consti-
to a resoluciones judiciales firmes dictadas
tucionales como vías extraordinarias para
con manifiesto agravio a la tutela procesal
impugnar resoluciones judiciales y admi-
efectiva, tanto más si en la citada senten-
nistrativas o decisiones particulares cuan-
cia no se inaplicó dicho precepto ni mu-
do una parte ha sido vencida en el proce-
cho menos se realizó una interpretación
so o cuando omisivamente no ha recurrido
contra la misma en el mismo proceso; por
-	En relación con la sentencia emitida en el lo que ha devenido en un juicio contradic-
Expediente N° 4853-2004-PA/TC (Caso torio del juicio ordinario, como una cuar-
Dirección Regional de Pesquería de La ta instancia o como una articulación no
Libertad), donde el Tribunal Constitucio- prevista dentro de las causales de nulidad
nal establece los nuevos supuestos para la procesal.
procedencia del amparo contra amparo,
consideramos que si bien es cierto exis- -	Las resoluciones del Tribunal Constitucio-
te la posibilidad de que dentro del primer nal, respecto a la procedencia del proce-
proceso de amparo se produzcan lesiones so contra amparo, han ido variando en su
a otros derechos constitucionales diferen- criterio jurisprudencial, el mismo que, a la
tes a los de orden procesal, y quizá afectar fecha, delimitó en su sentencia Nº 4853-
derechos de terceros ajenos al proceso, se 2004-PA/TC, de fecha 19 de abril de 2007,
debe tener presente que existen otros me- en primer lugar que la resolución a impug-
canismos procesales para hacer frente a es- narse sea firme y en segundo lugar cuáles
tas irregularidades; por ejemplo, si se trata son los derechos perseguidos. Según los úl-
de terceros que alegaron defectos en la no- timos criterios esgrimidos por el Tribunal
tificación respecto al primer proceso o si Constitucional, respecto a la procedencia
se trata de defectos en la notificación ale- del amparo contra amparo, será proceden-
gados por quien es parte en el primer pro- te únicamente cuando se haya infringido
ceso de amparo, estas deficiencias podrían el derecho al debido proceso y a la tutela
ser subsanadas dentro del primer proceso procesal efectiva de manera manifiesta.
sin necesidad de aperturar un nuevo pro- -	Debe considerarse, además, que para la
ceso constitucional donde se discuta nue- aplicación correcta de garantizar dere-
vamente la controversia solucionada en el chos vulnerados en el Derecho Interna-
primer proceso. cional, respecto a la procedencia del am-
-	El Tribunal Constitucional, mediante el paro contra amparo, teniendo presente los
control concentrado y desarrollando los principios de efectividad e idoneidad que
procesos constitucionales, debe sentar y fuera desarrollado por la Corte Interame-
crear doctrina nacional, en especial con ricana de Derechos Humanos, estipulada
los precedentes vinculantes, la misma que en la opinión consultiva Nº 9 respecto a las
debe ser de obligatoria aplicación, defensa “Garantías Judiciales en Estado de Emer-
y seguimiento por los ciudadanos, y en es- gencia”, desarrollando en su artículo 25.1,
pecial por operadores del Derecho dada su las características que debe tener el recur-
responsabilidad en el Estado Constitucio- so que tenga por objeto la protección de
nal de Derecho, previniendo y publicitando los derechos fundamentales es que “toda
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persona tiene derecho a un recurso senci- •	Bustamante Alarcón, R. (2002). Derechos
llo y rápido o a cualquier otro recurso ante fundamentales y proceso justo. Lima: ARA.
los jueces o tribunales competentes, que •	Carrión Lugo, J. (2005). Tratado de Derecho
la ampare contra actos que violen sus de- procesal civil. Lima: Grijley.
rechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Conven- •	Carpio Marcos, E. (2002). Amparo contra
ción, aun cuando tal violación sea come- Resoluciones Judiciales: La Problemática
tida por personas que actúen en ejercicio del Amparo contra Amparo. Revista Perua-
de sus funciones oficiales”. na de Jurisprudencia, 4 (20).
-	Por tanto el Tribunal Constitucional, como •	Castillo Córdova, L. (2004). Un caso de Am-
intérprete supremo de la Constitución, tie- paro contra Amparo ¿Tienen derechos cons-
ne la responsabilidad, en última instancia, titucionales las personas jurídicas públicas?
de garantízar por las vías de las garantías Revista Peruana de Jurisprudencia, 6 (36).
constitucionales, delimitar y establecer un •	Castillo Cordova, L. (2006). Comentarios
camino de protección de los derechos fun- al Código Procesal Constitucional, Tomo I.
damentales de las personas, y en especial Lima: Palestra.
cuando se violen el debido proceso y la tu-
tela jurisdiccional. •	Castillo Córdova, L. (2007). Las Reglas de
Procedencia del Amparo contra Amparo
-	Finalmente, se puede concluir que admitida creadas por el Tribunal Constitucional. Jus:
la viabilidad del “amparo contra amparo” Jurisprudencia (3).
por violación de derechos fundamentales,
•	Donayre Montesnos, C. (2005). Anteceden-
la tan aludida excepcionalidad de esta fi-
tes, condiciones e implicancias del amparo
gura no solo debe ser conceptuada por su
contra amparo y las posibilidades de su vi-
interposición a una sola vez, sino que debe
gencia como consecuencia de un pronuncia-
ser entendida también como una situación
miento del Tribunal Constitucional peruano.
excepcional y anormal que legitima al juez Diálogo con Ia Jurisprudencia (37).
constitucional a utilizar de modo restric-
tivo y sui generis las instituciones proce- •	Del Carpio Barreda, K. (2007). Jurisdic-
sales, con la única finalidad de armonizar ción Constitucional I. Universidad Católica
y operativizar el ejercicio de los distintos de Santa María.
derechos fundamentales en conflicto. •	Espinosa-Saldaña Barreda, E. (2007). El Am-
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rídica (165).
•	Abad Yupanqui, S. (2005). El proceso cons-
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 artículo 40
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 artículo 2
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 artículo 4
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 artículo 428
	Artículo 4
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 artículo 5
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 artículo 25
sui generis
 RESOLUCIÓN