Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/23363
Timestamp: 2020-05-27 13:43:55+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 58/2013
SENTENCIA 58/2013, de 11 de marzo
ECLI:ES:TC:2013:58
Recuerda el órgano judicial que el art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, de relaciones de trabajo, dispone que “[c]uando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios”. Añade que el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de concretar el concepto de “autoridad gubernativa” al que ese artículo se refiere, así como de resaltar la incidencia que la inobservancia del precepto puede tener en el contenido esencial del derecho de huelga (art. 28.2 CE). En este sentido, trae a colación la doctrina constitucional dictada al respecto, según la cual: la decisión sobre la adopción de las garantías de funcionamiento de los servicios no puede ponerse en manos de ninguna de las partes implicadas, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial (STC 11/1981, de 8 de abril); las limitaciones que los derechos fundamentales puedan sufrir en aras del mantenimiento de los servicios esenciales han de ser establecidas por el Gobierno u órgano que ejerza la responsabilidad de gobierno (STC 26/1981, de 17 de julio), pues sólo así se puede asegurar que las limitaciones al derecho de huelga sean en atención a los intereses de la comunidad, de una manera imparcial y de acuerdo con las características y necesidades del servicio afectado por la huelga (STC 27/1989, de 3 de febrero); y, por último, que el criterio diferenciador para distinguir entre órganos políticos o de gobierno y los órganos propiamente administrativos es el de la existencia de responsabilidad política (STC 296/2006, de 11 de octubre). Pues bien, conforme a esta última Sentencia, se señala que la atribución al Servicio Murciano de Salud de la competencia para fijar los servicios mínimos “no puede bastar para transformar la naturaleza jurídica del órgano” y que “la responsabilidad ante el conjunto de los ciudadanos ha de concurrir en el órgano de que se trate al margen de que se le atribuya o no expresamente una facultad que la Constitución reserva a los órganos de gobierno”.
En cuarto lugar, y concluyendo ya con el análisis de la normativa aplicable a la controversia, se hace también mención del texto refundido de la Ley de la función pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, en concreto, a los arts. 1 y 2 (objeto de la Ley y definición de la función pública de la Administración pública de la Región de Murcia), así como al art. 11 2 m), que atribuye al Consejo de Gobierno la aprobación, a propuesta de la Consejería correspondiente, de los decretos que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración pública de la Región de Murcia.
A la vista de lo anterior, es necesario recordar que, en las cuestiones de inconstitucionalidad, los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en éste (entre las últimas, SSTC 63/2011, de 16 de mayo, FJ 2; 79/2011, de 6 de junio, FJ 2; 117/2011, de 4 de julio, FJ 2; 161/2011, de 19 de octubre, FJ 2; 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 2; 21/2012, de 16 de febrero, FJ 2; y 28/2012, de 1 de marzo, FJ 2). Por ello, hay que concluir que el presente proceso no ha perdido su objeto dado que el epígrafe del precepto cuestionado, a pesar de los cambios normativos que se han producido con posterioridad en la materia, sigue resultando de aplicación en el proceso contencioso-administrativo en cuyo seno se ha suscitado la presente cuestión de inconstitucionalidad y, de su validez, dependerá la decisión a adoptar en el proceso judicial a quo.
3. Aclarado lo que antecede, la controversia constitucional se centra, pues, en determinar si al atribuir al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud la potestad de fijar los servicios mínimos en caso de huelga en esa entidad, la norma autonómica cuestionada vulnera el art. 28.2 CE. Las dudas de constitucionalidad que ahora se suscitan son esencialmente las mismas que hemos resuelto en nuestra STC 296/2006, de 11 de octubre, al dar respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5633-2002 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Oviedo respecto del art. 15.2 l) de la Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias (modificada por la Ley de esa Comunidad 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales). En aquel caso, se planteó también la posible vulneración del art. 28.2 CE con motivo de la atribución al Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de la fijación de los servicios mínimos en los casos de huelga de su personal.
Tras estudiar detalladamente el régimen jurídico del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, llegamos a la conclusión de que no se trataba de un órgano políticamente responsable ante los ciudadanos de modo directo o indirecto, sino de un órgano de gestión y que, precisamente por ello, no reunía las condiciones de neutralidad e independencia necesarias para que la atribución de la competencia para fijar los servicios mínimos en caso de huelga pudiera considerarse como respetuosa con el contenido del derecho de huelga reconocido en el art. 28.2 CE.
4. La doctrina de la STC 296/2006, de 11 de octubre, es aplicable a la presente cuestión que plantea la eventual inconstitucionalidad de la atribución al Director Gerente del Servicio de Salud murciano, de la fijación de los servicios mínimos en el caso de huelga de su personal.
La última previsión, relativa a la facultad del Director Gerente para la fijación de los servicios mínimos, resulta extraña con relación al resto de las funciones encomendadas al Director Gerente que atañen a la dirección y gestión del Servicio. Por afectar al ejercicio de los derechos fundamentales, requiere que los adopte un órgano que se halle en una posición supra partes y que, además se encuentre revestido de autoridad política (por todas, SSTC 26/1981, de 17 de julio, FJ 11; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 5; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 3; 296/2006, de 11 de octubre, FJ 2; 310/2006, de 23 de octubre, FJ 4; y 36/2007, de 12 de febrero, FJ 2). Sin embargo, no concurren en la figura examinada, como este Tribunal tuvo oportunidad de declarar en la citada STC 296/2006 con relación al Director Gerente de otro servicio de salud, al ser un órgano de gestión y administración de la entidad empleadora afectada por la huelga, en el que, por consiguiente, no concurren los requisitos de neutralidad e imparcialidad precisos para poder apreciar todos los aspectos sociales del conflicto.
Todo lo anterior nos conduce a considerar que el precepto autonómico cuestionado es claramente incompatible con el art. 28.2 CE, al atribuir la fijación de los servicios mínimos en caso de huelga a un órgano que no tiene la cualidad de autoridad gubernativa, por lo que se ha de declarar su inconstitucionalidad y consiguiente nulidad.
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 4595-2011
Date of the decision 11/03/2013
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia con relación el artículo 7.2 l) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
Se examina la constitucionalidad de la Ley de personal estatutario del servicio de salud de Murcia, que atribuye al Director de dicho servicio la potestad de aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga. Reiterando la doctrina de la STC 296/2006, de 11 de octubre, la Sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado, pues la figura del Director Gerente es un órgano administrativo que no tiene la cualidad de autoridad gubernativa, no encontrándose revestido de la nota de imparcialidad que requiere la fijación de los servicios mínimos en caso de huelga, resultando incompatible con el art. 28.2 CE.
La presente cuestión, en lo que respecta a la posible vulneración del art. 28.2 CE con motivo de la atribución al director gerente del Servicio de salud autonómico, de la fijación de los servicios mínimos en los casos de huelga de su personal, es esencialmente igual a la resuelta por la STC 296/2006 [FFJJ 3, 4].
El Director Gerente del Servicio de salud no es un órgano políticamente responsable ante los ciudadanos de modo directo o indirecto, sino de un órgano de gestión y por ello no reúne las condiciones de neutralidad e independencia necesarias para que la atribución de la competencia para fijar los servicios mínimos en caso de huelga pudiera considerarse como respetuosa con el contenido del derecho de huelga reconocido en el art. 28.2 CE (STC 296/2006) [FJ 3].
La facultad del Director Gerente para la fijación de los servicios mínimos afecta al ejercicio de derechos fundamentales, lo que requiere que los adopte un órgano que se halle en una posición supra partes y que se encuentre revestido de autoridad política, características que no concurren en la figura examinada, al ser un órgano de gestión y administración de la entidad afectada por la huelga, en el que no concurren los requisitos de neutralidad e imparcialidad precisos para poder apreciar todos los aspectos sociales del conflicto (SSTC 26/1981, 36/2007) [FJ 4].
En las cuestiones de inconstitucionalidad, los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en éste (SSTC 79/2011, 28/2012) [FJ 2].
Procede declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del precepto autonómico por ser claramente incompatible con el art. 28.2 CE, al atribuir la fijación de los servicios mínimos en caso de huelga a un órgano que no tiene la cualidad de autoridad gubernativa [FJ 4].
Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, de 5 de diciembre. Personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
Artículo 7.2 apartado l) (anula)
Artículo 28.2, ff. 1, 3, 4
Artículo 15.2 l) (redactado por la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre), f. 3
Ley de la Asamblea Regional de Murcia 4/1994, de 26 de julio. Salud de la Región de Murcia
Artículo 7.2 l), ff. 1, 2, 4
Artículo 7.2 m), f. 2
Decreto del Gobierno de la Región de Murcia 148/2002, de 27 de diciembre. Establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud
Artículo 8.1 ll), f. 4
Órganos de direcciónÓrganos de dirección, f. 4
Competencias para la fijación de servicios mínimosCompetencias para la fijación de servicios mínimos, ff. 3, 4
Servicios mínimosServicios mínimos, ff. 2, 3, 4
Región de MurciaRegión de Murcia, f. 4

References: artículo 7

Artículo 7

Artículo 28

Artículo 15

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8