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Timestamp: 2019-04-25 04:32:17+00:00

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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Conclusiones y recomendaciones para Argentina Volver al índice completo
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Conclusiones y recomendaciones para Argentina
1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en febrero de 1988.1
El Comité examinó el informe inicial de la Argentina (CEDAW/C/5/Add.39 y Amend.1) en sus sesiones 112a. y 118a., celebradas el 22 y 25 de febrero de 1988, respectivamente (CEDAW/C/SR.112 y 118).
Interrogantes y Observaciones del Comité2
Se preguntó qué medidas se habían adoptado para dar publicidad a la Convención y al informe del país y si se había tomado alguna medida para identificar las necesidades de determinados grupos de mujeres, como las madres solteras y las mujeres migratorias.
Se solicitó mayor información sobre la labor y el funcionamiento de las diferentes oficinas públicas que se ocupaban de asuntos de la mujer y se preguntó si la labor de las diferentes instituciones era objeto de coordinación. Se preguntó si las organizaciones no gubernamentales y las oficinas públicas a cargo de los programas destinados a la mujer colaboraban en relación con diversas cuestiones, como el cuidado prenatal y postnatal, los servicios de aborto, etc.
También se preguntó qué mecanismo ofrecía el Gobierno para garantizar a la mujer la igualdad de derechos y si en algún caso las mujeres habían invocado las disposiciones de la Convención. Se preguntó si las oficinas públicas tenían en cuenta las exigencias de la mujer.
Se preguntó por qué se hacía referencia a la legislación de protección como una medida para acelerar la igualdad de facto, y cuando ese tipo de reglamentación en realidad daba lugar a una mayor discriminación contra la mujer, y si se habían propuesto en alguna esfera medidas temporales especiales, como la acción en pro de la mujer o el establecimiento de cuotas. No se habían proporcionado estadísticas sobre el grado en que, en la práctica, los hombres compartían con la mujer las tareas del hogar y la crianza de los hijos y se preguntó cuántas familias podían pagar una empleada doméstica. También se solicitó información sobre la influencia de las instituciones religiosas en la promoción de la mujer.
Se solicitó mayor información sobre los programas destinados a rehabilitar a las prostitutas, se preguntó si la prostitución había aumentado o disminuido, cuántos centros para mujeres golpeadas había, cuáles eran las leyes relativas a la violencia contra la mujer y si las leyes que penaban la violación incluían la violación por el marido. También se señaló que las leyes que penaban el adulterio3 podían ser discriminatorias y que en tal caso sería necesario revisarlas y se solicitó información sobre la reacción de las organizaciones de mujeres al respecto.
Se solicitó información sobre la participación de la mujer en los partidos políticos y los sindicatos. Se expresó la esperanza de que la mujer argentina, que había tenido en fecha reciente una participación muy marcada en la resistencia contra la dictadura siguiera participando en la vida política. También se preguntó si había programas destinados a alcanzar un mayor nivel de participación de la mujer en la adopción de decisiones y si las organizaciones feministas eran independientes de los partidos políticos o estaban afiliadas a ellos.
Las expertas solicitaron información sobre la aplicación del artículo 9 de la Convención en los tribunales y se preguntó si ambos padres podían dar su nacionalidad a los hijos.
En la educación subsistían vestigios de discriminación fundada en el sexo. No había estadísticas acerca del número de mujeres que asistían a instituciones de enseñanza superior y, si bien se indicaba que la educación era obligatoria, no se mencionaba hasta qué edad lo era. Se preguntó hasta qué punto la educación era gratuita, cuál había sido el efecto del plan de alfabetización y si saber leer y escribir era un requisito para postular a un cargo parlamentario. También se señaló que las mujeres constituían el 70% de todas las personas matriculadas en cursos a distancia y se preguntó si dichos cursos constituían una medida de emergencia para reducir las tasas de deserción escolar.
Se pidieron aclaraciones sobre la participación de la Subsecretaría en las actividades del Ministerio de Salud. Se pidieron detalles sobre el sistema general de atención de la salud, el derecho de aborto y el seguro médico para las madres solteras. También se preguntó si las empleadas domésticas recibían prestaciones sociales y si existían prestaciones de desempleo.
Algunos miembros del Comité formularon observaciones sobre la declaración contenida en el informe acerca del efecto de las nuevas tecnologías en el empleo de la mujer y se preguntó si se habían realizado estudios sobre el tema. El desempleo estaba muy extendido entre las mujeres de las zonas rurales y se preguntó qué tipo de capacitación se les proporcionaba y si se disponía de resultado sobre los efectos del desempleo. El Comité también tenía interés en saber cuántas mujeres utilizaban los servicios disponibles de guarderías, cuánto costaban esos servicios y, en especial, cuál era la relación entre su costo y el sueldo percibido. También se formularon preguntas en relación con la seguridad en el empleo durante la maternidad.
Se reconoció que el Gobierno estaba realizando grandes esfuerzos a fin de afianzar los derechos de las empleadas domésticas y examinar y abolir leyes de protección obsoletas, como la prohibición del trabajo nocturno sólo en el caso de la mujer. Se formularon observaciones sobre la legislación destinada a suprimir la discriminación contra la mujer en los sindicatos y se preguntó si se habían presentado muchos casos. Otras preguntas se refirieron al hostigamiento sexual en el trabajo, al porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, a las tasas de desempleo de hombres y mujeres, a los sueldos mínimos, a la edad de jubilación de hombres y mujeres, a los planes para introducir la licencia de paternidad, a los detalles de la aplicación de las disposiciones sobre la remuneración igual por trabajo de igual valor y a las estadísticas sobre las diferencias entre el sueldo de la mujer y del hombre. Se solicitó información acerca del sistema de impuestos sobre la renta y se preguntó si alentaba o desalentaba a la mujer a buscar empleo.
Se examinó en detalle la situación de la mujer de las zonas rurales. Se prestó especial atención a los programas de extensión rural y la forma en que afectaban a la mujer. Se formularon preguntas sobre las condiciones existentes y los planes de acción futura del Gobierno para mejorar la situación de esas mujeres, la atención sanitaria y la distribución de la propiedad de la tierra, el porcentaje de población indígena, la función de las cooperativas, si las hubiere, el trabajo estacional, la mecanización de las tareas domésticas y agropecuarias y su efecto en la mujer.
Se encomió al Gobierno de la Argentina por la nueva ley de la familia y se solicitó información adicional sobre la revisión de las causales de divorcio. También se pidieron aclaraciones acerca del efecto que la ley había tenido sobre las relaciones consensuales y acerca de los criterios que se utilizaban para determinar el derecho a recibir alimentos.
Se preguntó cuáles eran los derechos de los hijos nacidos dentro del matrimonio y los de los nacidos fuera de él.
En la declaración introductoria se había mencionado que el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor estaba aceptado en la Argentina; sin embargo, en la respuesta sólo se había hecho referencia a igual remuneración por igual tarea. Tras un breve diálogo con la representante, el Comité expresó preocupación por el hecho de que no siempre estuvieran claras para los Estados partes las consecuencias del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor. Era preciso establecer criterios a fin de posibilitar la comparación entre los puestos que ocupaban predominantemente la mujer y aquéllos ocupados predominantemente por el hombre y obtener una evaluación de puestos que fuera neutral respecto del sexo. Las medidas de esa índole también permitirían mejorar las ocupaciones predominantemente femeninas, con lo que constituirían un medio de eliminar la discriminación en razón del sexo en lo relativo a la remuneración.
También sería muy provechoso que la Subsecretaría formara parte del Consejo de Ministros4 en que se adoptaban decisiones y políticas.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercero informe presentados por el Estado adoptadas el 22 de julio de 1997.5
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de la Argentina (CEDAW/C/ARG/2 y Add.1 y 2 y CEDAW/C/ARG/3) en sus sesiones 355ª y 356ª, celebradas el 22 de julio de 1997 (véase CEDAW/C/SR.355 y 356).
Observaciones finales del Comité6
El Comité expresó inquietud por las consecuencias negativas de las reformas económicas para la mujer, y por las enmiendas introducidas recientemente en las leyes laborales y de seguridad social.
El Comité expresó preocupación por la persistencia de los estereotipos de las funciones sociales de la mujer y del hombre.
El Comité tomó nota de que la reforma del Código Penal que lo pondría en consonancia con lo dispuesto en la Convención, estaba aún pendiente.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que el porcentaje de mujeres en las carreras técnicas seguía siendo mínimo.
Preocupó al Comité el hecho de que en los informes del Gobierno de la Argentina faltaran datos y un análisis sobre la situación de las mujeres que eran objeto de trata y de explotación con fines de prostitución.
El Comité expresó preocupación por la muy reducida presencia de mujeres en puestos de dirección en el sector privado.
El Comité expresó preocupación por la elevada tasa de desempleo de las mujeres (20,3%) que era cinco puntos porcentuales superior a la de los hombres (15,7%).
El Comité tomó nota con preocupación de que no existieran reglamentos sobre las relaciones laborales de las empleadas del servicio doméstico.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que no existieran normativas que penalizaran el acoso sexual en el lugar de trabajo en el sector privado.
El Comité demostró inquietud porque, pese al desarrollo económico y social de la Argentina, seguían siendo elevadas la mortalidad y la morbilidad de la mujer como consecuencia del parto y los abortos.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que las condiciones de vida de la mujer en las zonas rurales fueran menos satisfactorias que en las zonas urbanas.
El Comité recomendó que se reformara cuanto antes el Código Penal7 para que estuviera en consonancia con lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sus recomendaciones generales y la Convención interamericana para la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia contra la mujer.
El Comité sugirió que se mantuvieran y consolidaran los planes del Gobierno en materia de igualdad y que sus resultados se evaluaran de forma más sistemática. Los esfuerzos que se realicen en esta dirección deberán indicarse en los próximos informes periódicos.
El Comité recomendó que se mantuvieran y reforzaran los programas destinados a eliminar los estereotipos de las funciones sociales de la mujer y el hombre. Debería procurarse un incremento del número de mujeres que estudian carreras técnicas y ocupan puestos que han estado reservados al hombre, y además el hombre debería compartir con la mujer la tarea de atender a los hijos.
El Comité recomendó que aumentaran los servicios de atención de niños pequeños que no estuvieran todavía en edad de comenzar la enseñanza obligatoria, y que se aprobaran reglamentos al respecto.
El Comité sugirió que se mantuvieran y reforzaran los programas para sensibilizar a la policía, a los jueces y a los profesionales de la salud en relación con la gravedad de todas las formas de violencia contra la mujer.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que incluyera en su próximo informe datos jurídicos y sociológicos relacionados con el artículo 6 de la Convención.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que informara sobre las medidas adoptadas para evitar, tanto en el sector público como en el privado, la discriminación en el acceso al empleo y para hacer cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo No. 100 relativo a la igualdad de remuneración y No. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
El Comité sugirió que se reglamentaran las relaciones laborales de las empleadas domésticas8.
El Comité recomendó que se penalizara el acoso sexual en las relaciones laborales en el sector privado.
El Comité sugirió que, de conformidad con su recomendación general 17 (décimo período de sesiones) y la Plataforma de Acción de Beijing, el Gobierno de la Argentina asignara un valor al trabajo no remunerado y lo incluyera en las cuentas nacionales en la forma de una cuenta subsidiaria.
El Comité recomendó que se complementaran las estadísticas desglosadas por sexo relacionadas con la educación, el empleo y la seguridad social, con datos en particular sobre el número de maestros y profesores en los diferentes niveles del sistema de enseñanza; el número de estudiantes que disfrutan de becas; el trabajo a tiempo parcial; el número de contratos de duración indeterminada y a plazo fijo; el salario medio; y la pensión de jubilación media.
El Comité recomendó que se intensificaran los programas destinados a promover el empleo de mujeres9, en particular las jóvenes.
El Comité sugirió que se adoptaran más medidas de todo tipo para reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas de la maternidad.
El Comité recomendó que se revisara la legislación por la que se penaliza a las mujeres que optan por el aborto.
El Comité recomendó que se intensificaran los programas y servicios dirigidos a las mujeres rurales.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que difundiera ampliamente estas observaciones en todo el país a fin de dar a conocer a la población las disposiciones adoptadas en relación con la aplicación de la Convención y las medidas que habrán de adoptarse para lograr la igualdad de facto de la mujer.
3º Observaciones finales sobre el cuarto y quinto informe presentados por el Estado adoptadas el 16 de agosto de 2002.10
El Comité examinó los cuarto y quinto informes periódicos de la Argentina (CEDAW/C/ARG/4) y (CEDAW/C/ARG/5) en su sesión 584ª, celebrada el 16 de agosto de 2002 (véase CEDAW/C/SR.584).
Solicitud de un informe de seguimiento11
El Comité manifiesta su insatisfacción por la falta de información durante el diálogo constructivo sobre el impacto de la crisis en la población femenina del país que incide negativamente en la aplicación de la Convención; por ello el Comité decide solicitar al Estado parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1, inciso b, de la Convención, la presentación de un informe de seguimiento, en enero de 2004 para que sea analizado por el Comité en junio de 2004.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones
Preocupa al Comité la situación de las mujeres como resultado del aumento creciente de la pobreza, y la pobreza extrema, que se ha extendido a más de la mitad de la población, y que puede recaer en forma desproporcionada en la población femenina. En especial, preocupan al Comité las mujeres jefas de hogar que viven en la pobreza y se encuentran desocupadas, con hijas e hijos a su cargo, las mujeres de las zonas rurales, de las poblaciones indígenas y de los sectores más vulnerables de la población.
El Comité recomienda que el Estado parte preste especial y permanente atención a la situación de las mujeres y tome todas las medidas necesarias para evitar que el mayor peso de la crisis recaiga sobre ellas, en especial en las zonas rurales, las poblaciones indígenas y los sectores más vulnerables de la población. También pide al Estado parte que en el Programa para Jefes y Jefas de hogar desocupadas y con hijos menores de 18 años o discapacitados a su cargo, se tenga en cuenta una perspectiva de género a fin de que los pocos recursos para subsidios sociales de los que se dispone, puedan distribuirse sin discriminación.
Preocupa al Comité la precariedad del empleo femenino, en particular, la situación de las mujeres desempleadas y las trabajadoras del sector informal.
El Comité recomienda al Estado parte que se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y proteger a las mujeres de la violación de sus derechos laborales básicos y de los despidos discriminatorios.
Preocupan al Comité la alta tasa de mortalidad materna y que, con el creciente deterioro de los servicios de salud, las mujeres, y en particular las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se vean desprotegidas de su derecho a la atención integral a la salud, en particular, la salud sexual y reproductiva. Asimismo, el Comité expresa preocupación porque, en este contexto crítico, se tienda a incrementar la incidencia del VIH/SIDA, especialmente entre las mujeres.
El Comité recomienda que el Estado parte garantice el acceso de las mujeres a los servicios de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y que adopte las medidas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna. El Comité le recomienda también que preste especial atención a la prevención del VIH/SIDA y a la lucha contra él.
Preocupa al Comité que la crisis haya afectado sensiblemente al acceso de las mujeres, en particular de las niñas, a la educación pública, por falta de recursos para iniciar o continuar sus estudios.
El Comité recomienda al Estado parte a que se desplieguen todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso de las niñas en condiciones de igualdad con los niños a la educación prestando especial atención a aquellas de sectores más vulnerables.
Preocupa al Comité que, si bien el Estado parte cuenta con un amplio marco normativo en el ámbito de la prevención y el tratamiento de la violencia intrafamiliar, este problema se ha agravado en la situación actual. Preocupa al Comité que la crisis pudiera aumentar el riesgo de la trata de mujeres y niñas, así como la explotación con fines de prostitución.
El Comité pide al Estado parte que se tenga en cuenta la Recomendación 19 sobre violencia contra la mujer y se tomen todas las medidas necesarias para proteger integralmente a las víctimas, penalizar a los agresores y contrarrestar la tendencia creciente de esta problemática. El Comité solicita al Estado parte que evalúe la problemática de la trata, sobre todo, de mujeres y niñas y que refuerce las medidas internas y, en su caso, internacionales con países que constituyan origen, tránsito o destino de la explotación de las mujeres y niñas víctimas de trata en particular para prevenir la explotación de la prostitución.
El Comité observa con preocupación el intento de des jerarquización institucional del Consejo Nacional de la Mujer, así como la falta de una estrategia formal de articulación y coordinación entre las distintas agencias estatales.
El Comité advierte de la importancia de la continuidad, autonomía de gestión y coordinación del mecanismo nacional para el avance de las mujeres en estos momentos de crisis en el país y recomienda su fortalecimiento.
El Comité recomienda al Estado parte incluir e involucrar a las mujeres en el proceso de reconstrucción económica, financiera, política y social del país.
El Comité pide que la Argentina dé amplia difusión a las presentes observaciones finales con objeto de que la población del país, en particular los funcionarios públicos y los políticos, tengan conocimiento de las medidas que se han adoptado para asegurar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, y las medidas que deben adoptarse por tal fin.
4º Observaciones finales sobre el informe de seguimiento del cuarto y quinto informe presentados por el Estado adoptadas el 16 de julio de 2004.12
El Comité examinó el informe de seguimiento del cuarto y quinto informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/5/Add.1) en su 660ª sesión, celebrada el 16 de julio de 2004 (véase CEDAW/C/SR.660).
Principales esferas de preocupación y recomendaciones13
Si bien celebra los esfuerzos realizados por el Estado Parte, al Comité le preocupa que el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer carezca de recursos financieros y humanos suficientes para la eficaz promoción del adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros en la etapa actual de renovación política, económica y social. Al Comité también le preocupa que el Consejo Nacional de la Mujer tenga un papel limitado en la estructura gubernamental y no forme parte del Gabinete Presidencial.
El Comité recomienda que el Estado Parte fortalezca el mecanismo nacional existente a fin de lograr que tenga mayor eficacia como catalizador para la igualdad entre los géneros en todas las esferas de la vida del país, y tanto en el plano federal como en los planos provincial y local, suministrándole un grado suficiente de visibilidad, poder, y recursos humanos y financieros en todos los niveles y mejorando su capacidad para coordinar eficazmente la labor de los mecanismos existentes en los planos nacional y local. Asimismo exhorta al Estado Parte a que fortaleza la capacidad del mecanismo para llevar a cabo con eficacia actividades encaminadas a lograr el adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad entre los géneros, y a asegurar que las perspectivas de género se incorporen en todas las políticas y programas.
Si bien celebra la adopción y la aplicación de políticas y programas sociales y económicos encaminados a contrarrestar los efectos de la crisis en el país, en particular el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, el Plan Familia, la Ley de Emergencia Económica, la Ley de Emergencia Sanitaria, el Programa Nacional de Emergencia Alimentaria y el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, al Comité le preocupa que las mujeres sean principalmente beneficiarias de dichas medidas, en lugar de ser participantes y actoras en pie de igualdad en su diseño y su aplicación. Al Comité le preocupa que ese enfoque pueda perpetuar visiones estereotipadas acerca del papel de las mujeres y los hombres en lugar de prestar un apoyo efectivo a la potenciación política y económica de la mujer.
El Comité recomienda que el Estado Parte haga hincapié en el enfoque de potenciación de la mujer e incorpore perspectivas de género en todos sus proyectos, políticas y programas sociales y económicos, de forma de asegurar que apoyen el logro del objetivo de la igualdad entre los géneros y el goce de sus derechos humanos por parte de las mujeres. Invita al Estado Parte a evaluar periódicamente tales medidas, así como su incidencia en las mujeres de forma de asegurar que no perpetúen la discriminación contra la mujer.
Al Comité le preocupan las malas condiciones de trabajo de las mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía. En particular, le preocupa la persistencia de desigualdades de carácter discriminatorio entre la remuneración de las mujeres y la de los hombres, así como la falta de prestaciones y servicios sociales para las mujeres. Preocupa al Comité que, en la situación reinante de dificultad e incertidumbre económicas, las mujeres puedan enfrentarse a obstáculos mayores que los habituales para hacer valer sus derechos y tomar medidas contra las prácticas y actitudes discriminatorias en su empleo y en sus actividades económicas.
El Comité insta al Estado Parte a que haga todos los esfuerzos necesarios por asegurar la aplicación de la legislación que obliga a los empleadores a pagar una remuneración igual por un trabajo igual, y asimismo a que se esfuerce por asegurar que las mujeres obtengan prestaciones y servicios sociales adecuados. Asimismo exhorta al Estado Parte a que asegure la plena observancia de la legislación vigente, de forma que las mujeres puedan utilizar los recursos disponibles sin temor a represalias por parte de sus empleadores.
Al Comité le preocupa la situación de las mujeres de las zonas rurales, particularmente habida cuenta de su extrema pobreza y su falta de acceso a la atención de la salud, la educación, las posibilidades de obtención de crédito y los servicios comunitarios.
El Comité insta al Estado Parte a que preste especial atención a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, velando por que participen en los procesos de adopción de decisiones y tengan pleno acceso a la educación, los servicios de atención de la salud y las posibilidades de obtención de crédito.
El Comité expresa su preocupación por el incremento en la incidencia de la violencia contra las mujeres, en particular la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de trabajo, que puede estar correlacionado con la crisis existente en el país. Al Comité le preocupa asimismo que los autores de actos de violencia escapen con frecuencia al castigo.
El Comité insta al Estado Parte a que vele por la aplicación de un enfoque comprensivo en relación con la violencia contra las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta su recomendación general 19 sobre la violencia contra la mujer. Dicho enfoque debe comprender la aplicación efectiva de la legislación vigente, a nivel provincial, para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Además, el Comité insta al Estado Parte a que considere la posibilidad de sancionar a nivel federal una ley aplicable en todo el territorio del país, con el fin de combatir y erradicar la violencia contra las mujeres y asegurar que las mujeres que son víctimas de la violencia y el acoso sexual tengan acceso a medios de protección y recursos eficaces, y que los autores de tales actos sean efectivamente enjuiciados y castigados, y que las mujeres sean efectivamente protegidas contra las represalias. El Comité recomienda también que el Estado Parte inicie una campaña nacional de sensibilización pública sobre la violencia contra las mujeres y la inaceptabilidad social y moral de dicha violencia, especialmente en el período de dificultades que vive actualmente el país, y que incremente sus esfuerzos por impartir a los funcionarios públicos, en particular el personal encargado de hacer cumplir la ley, el personal del Poder Judicial y los profesionales de la salud, una capacitación sensible a las cuestiones de género en lo tocante a la violencia contra las mujeres, que constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Si bien celebra el establecimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, al Comité le preocupa la falta de información sobre los esfuerzos del Estado Parte por evaluar la eficacia de dicho Programa. El Comité expresa también su preocupación por la elevada tasa de embarazo de adolescentes, por la elevada tasa de mortalidad materna, la tercera parte de la cual se debe a los abortos ilegales, y por el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. Al Comité también le preocupa que la crisis esté teniendo una incidencia negativa en el acceso de las mujeres y las adolescentes a servicios completos de salud, en particular en lo tocante a la salud reproductiva y sexual.
El Comité insta al Estado Parte a que vele por asegurar que en el momento actual se garantice a las mujeres y las adolescentes el acceso a los servicios de salud, en particular de salud reproductiva y sexual. Exhorta al Estado Parte a asegurar que en todas las escuelas se imparta educación en materia de salud sexual y reproductiva14. Asimismo insta al Estado Parte a que tome todas las medidas necesarias para reducir la elevada tasa de mortalidad materna, así como la tasa de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, entre las mujeres. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico incluya información completa sobre la evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Al Comité le preocupa que en el informe se brinden insuficientes datos sobre los tipos de enseñanza profesional y técnica por sexo y por esfera de estudio, así como por la falta de información sobre la forma y los niveles en que se imparte la educación sexual.
El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe incluya datos e información completos sobre la situación y las oportunidades educacionales de las mujeres, en particular sobre la enseñanza profesional. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe brinde información sobre la existencia y la prestación de servicios de educación sexual.
El Comité insta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención15 y a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo a la fecha de las reuniones del Comité.
El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales. Invita al Estado Parte a que prepare su próximo informe periódico ajustándose a las directrices del Comité para la presentación de informes.
El Comité señala que la adhesión de los Estados a los siete instrumentos internacionales principales de derechos humanos, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares potencia el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por tanto, el Comité alienta al Gobierno de la Argentina a que considere la posibilidad de ratificar el tratado del que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
El Comité pide que se difundan ampliamente en la Argentina las presentes observaciones finales, a fin de que el pueblo de la Argentina, en particular los funcionarios, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, sean conscientes de las medidas que se han adoptado o es preciso adoptar en el futuro para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer. También pide al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
5º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 13 de julio de 2010.16
El Comité examinó el sexto informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/6) en sus sesiones 926ª y 927ª, celebradas el 13 de julio de
La lista de cuestiones y preguntas figura en el documento CEDAW/C/ARG/Q/6, y las respuestas de la Argentina en el documento CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones17
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité exhorta al Estado parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes, al parlamento y a las autoridades judiciales, a fin de que se pongan en práctica íntegramente.
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a alentar a su parlamento a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes observaciones finales y al proceso relacionado con el próximo informe que debe presentar el Gobierno con arreglo a la Convención.
Responsabilidad del Gobierno federal
Si bien el Comité es consciente de la complejidad de las estructuras constitucionales federales del Estado parte, subraya que incumbe al Gobierno federal la responsabilidad de velar por que se aplique la Convención y ofrecer su liderazgo a los gobiernos provinciales y territoriales en ese contexto. Preocupa al Comité el hecho de que el Gobierno federal carezca de un mecanismo eficaz que garantice la coherencia y la uniformidad de las medidas jurídicas y de otra índole que adopten los gobiernos provinciales para aplicar íntegramente la Convención.
El Comité, teniendo en cuenta la responsabilidad que incumbe al Gobierno federal en la aplicación de la Convención, insta al Estado parte a establecer un mecanismo eficaz que asegure la rendición de cuentas y la aplicación transparente, coherente y sistemática de la Convención en todo el territorio, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y territoriales.
Situación de la Convención en el ordenamiento jurídico interno y visibilidad
Si bien encomia al Estado parte por otorgar rango constitucional a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos internacionales de derechos humanos en su ordenamiento jurídico interno, el Comité observa que su aplicación efectiva sigue siendo limitada, al igual que la concienciación general sobre sus disposiciones y la adopción de medidas legislativas y de otra índole que prohíban la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Preocupa al Comité el desconocimiento generalizado de la Convención y su Protocolo Facultativo en la Argentina, en particular entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Resulta especialmente preocupante que las propias mujeres no conozcan sus derechos con arreglo a la Convención ni el procedimiento de presentación de denuncias con arreglo al Protocolo Facultativo y, por consiguiente, carezcan de capacidad para reivindicar la promoción, la protección y el cumplimiento plenos de sus derechos en pie de igualdad con los hombres.
El Comité insta a los Estados parte a adoptar medidas legislativas y de otra índole, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda forma de discriminación contra la mujer y promuevan la igualdad, así como a aplicar medidas para difundir la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todos los interesados, incluidos ministerios gubernamentales, parlamentarios, autoridades judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que tengan conocimiento de ellos y cobren conciencia de los derechos humanos de la mujer. El Comité insta también al Estado parte a organizar campañas de concienciación dirigidas a las mujeres a fin de que tomen conciencia de sus derechos humanos y asegurar que disponen de procedimientos y recursos en caso de que se violen los derechos que les asisten con arreglo a la Convención.
Acceso a la justicia y mecanismos para presentar demandas judiciales
Preocupa al Comité el hecho de que, aunque la legislación prevé el acceso de las mujeres a la justicia, su capacidad efectiva de ejercer ese derecho y llevar a los tribunales casos de discriminación está limitada por factores como la falta de información sobre sus derechos, barreras idiomáticas, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, y otras dificultades estructurales para acceder a los tribunales. También preocupan al Comité los estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer.
El Comité pide al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para eliminar los impedimentos que pueden encontrar las mujeres para acceder a la justicia y que implante medidas encaminadas a garantizarles el acceso a la justicia. En concreto, recomienda que el Estado parte promueva la concienciación de la mujer respecto de sus derechos, en particular en las zonas rurales y entre los grupos más desfavorecidos, incluidas las comunidades indígenas, mediante programas de alfabetización jurídica y prestación de asistencia letrada con el objeto de que conozcan los recursos jurídicos de que disponen para luchar contra la discriminación y los abusos y hacer valer todos los derechos que les corresponden con arreglo a la Convención. Asimismo, insta al Estado parte a que vele por que la judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, y alienta a este a que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que vigile los resultados de esa labor.
Mecanismos nacionales e incorporación de una perspectiva de género en las políticas y los programas nacionales
Aunque acoge con satisfacción las actividades del Estado parte, preocupa al Comité el hecho de que, a pesar del reciente incremento del volumen de recursos financieros y humanos destinados al Consejo Nacional de las Mujeres, este sigue sin terminar de superar las deficiencias estructurales de que adolece desde su creación en 1992. En ese sentido, no parece que los mecanismos nacionales estén plenamente capacitados para promover de forma eficaz el adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros ni para preparar y aplicar políticas públicas en la totalidad del país. La aplicación de la Convención presenta grandes discrepancias entre las distintas provincias y municipios, mientras que todavía no se han eliminado determinados obstáculos sociales.
El Comité recomienda que el Estado parte siga fortaleciendo los actuales mecanismos nacionales subsanando los déficits estructurales que impiden su funcionamiento eficaz y aportando suficientes recursos financieros y humanos para aumentar su eficacia, su visibilidad y su capacidad de influir en la formulación, la concepción y la aplicación de políticas públicas y para reforzar sus funciones de coordinación en los planos nacional, provincial y municipal. Insta también al Estado parte a que siga invirtiendo en la elaboración de un sistema integral con indicadores de género a fin de mejorar la reunión de datos desglosados por sexo como método para evaluar la repercusión y la eficacia de las políticas y programas encaminados a incorporar la perspectiva de género y mejorar el disfrute por las mujeres de sus derechos humanos. El Comité destaca igualmente la necesidad de un plan de acción integral de lucha contra los obstáculos, estereotipos y errores sociales a fin de modificar las actitudes y dar cumplimiento efectivo a la ley.
Si bien acoge con beneplácito la ejecución de varios programas de transferencia de ingresos encaminados a reducir la pobreza y hacer frente al problema de la escasez de vivienda, incluida la concesión de asignaciones familiares mediante el sistema de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, el Comité observa que no se ha incorporado plenamente una perspectiva de género en el diseño y la aplicación de estas políticas.
El Comité recomienda que el Estado parte asegure la incorporación de perspectivas de género en todos los programas y políticas.
Si bien toma nota de la existencia de medidas especiales de carácter temporal en la legislación nacional del Estado parte, en particular en conexión con los sectores político y sindical, el Comité observa la limitada aplicabilidad de estas medidas en otros ámbitos en lo que a su conceptualización y aplicación se refiere.
El Comité insta al Estado parte a promover un debate amplio en relación con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, y a estipular medidas especiales de carácter temporal en todos los ámbitos, en particular en el ámbito civil, político, económico, social y cultural, con miras a lograr la igualdad efectiva entre los géneros, sobre todo para las mujeres que sufren múltiples formas de discriminación.
Al tiempo que acoge con beneplácito la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley 26.485 de 2009), preocupa al Comité el hecho de que, transcurrido un año desde su adopción, no se haya aprobado legislación de aplicación ni se hayan asignado recursos financieros suficientes para la aplicación de la Ley.
El Comité insta al Estado parte a que acelere en todas las provincias la aprobación y aplicación coherentes de la legislación y el aporte de los recursos financieros necesarios para que entre plenamente en vigor la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Para ello, a escala nacional, provincial y municipal debe procederse a la aplicación efectiva de la legislación vigente para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica. El Comité alienta al Estado parte a fortalecer su sistema de reunión de datos relativos a todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar esos datos de conformidad con el procedimiento de seguimiento al que se hace referencia en el párrafo 51 de estas observaciones finales. En lo que respecta a la violación en el matrimonio, el Comité insta al Estado parte a que implante un sistema que aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de ese tipo y a que establezca un conjunto de indicadores para evaluar las tendencias por lo que se refiere a la presentación de denuncias de este delito y su incidencia.
El Comité encomia el empeño del Estado parte por enjuiciar a los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura, pero lamenta que no se hayan impuesto penas a los autores de delitos de violencia contra mujeres perpetrados por aquella época en centros clandestinos de detención.
El Comité recomienda que se adopten medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad, y que se concedan reparaciones a las víctimas.
El Comité expresa su preocupación por la información recibida en cuanto al alto número de mujeres encarceladas, la persistencia de la violencia contra las reclusas, los casos repetidos de registros e inspecciones vaginales, los incidentes de mujeres matadas mientras se encontraban detenidas y, en general, las malas condiciones de detención. Asimismo, observa que siguen siendo limitadas las medidas cuyo objeto es impedir que se repitan esos actos, garantizar una mayor protección a las detenidas y enjuiciar a los responsables de actos de violencia sexual cometidos en cárceles contra mujeres.
El Comité recomienda que se resuelva la situación de las mujeres en las cárceles elaborando políticas, estrategias y programas integrales que tengan en cuenta la dimensión del género y, en particular, insta al Estado parte a que vele porque personal penitenciario sensible a las cuestiones de género supervise a las reclusas y porque en las instituciones penitenciarias para mujeres no se emplee a personal masculino en puestos de primera línea. Además, insta al Estado parte a que adopte medidas adecuadas para garantizar el pleno respeto de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas durante los registros corporales, ateniéndose estrictamente a las normas internacionales, y a que establezca un mecanismo externo de supervisión y reparación para las reclusas que sea independiente, amplio y accesible.
Si bien encomia al Estado parte por haber empezado a reservar un lugar destacado a la cuestión de la trata de seres humanos en el temario nacional, preocupa al Comité el carácter transnacional del delito de trata y explotación de la prostitución, como por ejemplo la existencia de una red transfronteriza de agentes que captan mujeres para someterlas a trata, así como la reintegración de las víctimas en sus países de origen. Además, observa que es necesario colaborar con las estructuras conexas de ámbito provincial y municipal, especialmente en el norte de la Argentina y en las zonas del noreste, donde más abundan los grupos en situación de riesgo.
El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos en materia de actividades de lucha contra la trata a fin de abordar por completo y exhaustivamente los complejos aspectos de un delito de naturaleza internacional. El Comité también insta al Estado parte a complementar la Ley 26.364, de abril de 2008, garantizando la protección adecuada de todas las mujeres, con independencia de su edad, así como de las personas que hayan sido víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de origen, de conformidad con las normas internacionales
El Comité celebra que haya aumentado notablemente el número de mujeres que se dedican a la política, que por primera vez se haya elegido a una mujer Presidenta del país, que, tomadas en conjunto, las candidatas a la presidencia obtuvieran más del 78% de los votos emitidos, que un cuarto de los ministerios esté dirigido por mujeres y que, en el momento actual, el 22% de los secretarios del Poder Ejecutivo Nacional nombrados y el 23% de los subsecretarios sean mujeres. Asimismo, observa que numerosas mujeres ocupan puestos superiores o ejecutivos en otras instituciones y organismos de la administración nacional o las administraciones provinciales, tanto en el poder legislativo nacional como en algunas legislaturas provinciales, en la judicatura y, en cierta medida, en el sector privado. Sin embargo, el Comité observa asimismo que las diferencias entre las distintas provincias son acusadas.
El Comité insta al Estado parte a resolver la gran disparidad entre las distintas provincias por lo que se refiere al grado de participación y representación políticas de las mujeres, en particular invirtiendo en campañas de educación y sensibilización orientadas a eliminar los obstáculos sociales imperantes y desmontar las actitudes y estereotipos sexistas que siguen predominando en algunas regiones.
Aunque acoge con satisfacción la información recibida en el sentido de que se han registrado progresos en la esfera de la educación, en particular mediante la consecución del segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio y la elaboración y aplicación de legislación sobre educación, como por ejemplo la Ley Nacional 26.058 de 2005 sobre la formación técnica profesional, la Ley Nacional 26.150 de 2006 sobre la educación sexual, por la que se creó el Programa Nacional de Educación Sexual, de aplicación obligatoria en todo el país y en todos los niveles educativos a partir de los 5 años de edad, y la Ley Nacional 26.206, en la que se dispone expresamente la incorporación en la educación de una perspectiva de género, y aunque observa con agradecimiento que el Gobierno ha considerado prioritarias la formación del profesorado y la revisión de los libros de texto, el Comité expresa su preocupación por la posibilidad de que los estereotipos de género y la influencia de los medios de comunicación lleven a las mujeres a decantarse por ocupaciones sociales tradicionales y limiten sus ventajas comparativas en el mercado laboral, a pesar de que permanecen más tiempo que los hombres en el sistema de enseñanza y obtienen títulos superiores.
El Comité insta al Estado parte a que difunda ampliamente información relativa a las oportunidades de educación de las mujeres, incluida la formación profesional, a fin de seguir ampliando sus opciones profesionales y, en particular, su acceso a trabajos mejor remunerados. El Comité recomienda asimismo que se impartan cursos obligatorios sobre género al profesorado en todos los niveles del sistema de enseñanza, en la totalidad del país y en todas las provincias y municipalidades, con el objeto de eliminar los estereotipos de género de los programas de estudio, oficiales o no oficiales. Deben adoptarse estrategias concretas para hacer frente a la cultura patriarcal predominante.
El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas para reducir la tasa de desempleo de las mujeres, así como la función de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral. El Comité expresa preocupación por las desigualdades en las condiciones de trabajo para las mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía, por la persistencia de la segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos poco remunerados, por las disparidades salariales entre mujeres y hombres en los sectores público y privado, por la falta de servicios de guardería y por la ausencia de legislación relativa al acoso sexual en el lugar de trabajo. A pesar de que se han adoptado algunas medidas para proteger a los empleados domésticos, el Comité observa con preocupación que su situación sigue siendo precaria.
El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar una mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio a las desigualdades salariales, alentar a la mujer a buscar empleo en disciplinas no tradicionales, promulgar legislación relativa al acoso sexual en los lugares de trabajo públicos y privados, incluidas sanciones eficaces, y proporcionar protección integral a los empleados domésticos. El Comité alienta también al Estado parte a que tome medidas para proporcionar servicios de guardería económicos y accesibles que permitan a las mujeres conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.
El Comité, si bien aprecia la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, de ámbito nacional, y la publicación, en el marco de ese programa, de la “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles” destinada a clarificar algunos aspectos del artículo 86 del Código Penal, observa que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue constituyendo un grave problema para las mujeres argentinas. El Comité expresa además su preocupación por la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna, que en una tercera parte tiene como causa el aborto ilegal.
El Comité insta al Estado parte a que asegure el acceso de las mujeres y las adolescentes a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y a que vele por que se imparta educación sobre la salud sexual y reproductiva en todas las escuelas a todos los niveles, según corresponda. El Comité insta también al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la elevada tasa de mortalidad materna. El Comité insta además al Estado parte a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. El Estado parte debe asegurarse de que la “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles”, se aplique en todo el país de manera uniforme de modo que exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el embarazo.
El Comité observa con preocupación el extendido consumo de tabaco entre las mujeres en la Argentina, y las graves repercusiones del tabaco en la salud de las mujeres. El Comité se muestra especialmente preocupado por el hecho de que las mujeres suelen ser las destinatarias de campañas publicitarias que alientan y aumentan el consumo de tabaco entre las mujeres, y hacen que contraigan y mueran de enfermedades provocadas por el tabaco.
El Comité insta al Estado parte a que ratifique y aplique la Convención Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y a que promulgue legislación que prohíba fumar en espacios públicos y restrinja la publicidad del tabaco.
Mujeres de zonas rurales
El Comité, al tiempo que reconoce las medidas de descentralización, los esfuerzos por ofrecer oportunidades de formación, los servicios relativamente generalizados de atención médica y la concesión de un gran número de créditos de los que se han beneficiado, entre otros, las familias rurales, sigue preocupado por la situación de las mujeres de las zonas rurales, en particular las mujeres de edad y las indígenas, a causa de su extrema pobreza, su marginación y su frecuente falta de acceso a la atención médica, la educación, los mecanismos crediticios y los servicios comunitarios.
El Comité insta al Estado parte a que siga prestando una atención especial a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, en particular las mujeres de edad y las mujeres indígenas, y se asegure de que participan en los procesos de adopción de decisiones y de que tengan pleno acceso a la educación, los servicios de salud y los mecanismos crediticios.
Grupos de mujeres en situación desventajosa
El Estado parte reconoce que no se respetan plenamente los derechos de las mujeres mayores, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad y que estas mujeres son a menudo víctimas de la discriminación. El Estado parte reconoce, asimismo, que no se respetan plenamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y que estas mujeres son a veces víctimas de la discriminación y la violencia.
El Comité insta al Estado parte a que asegure la plena protección de los derechos de las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, entre otras. Todas las mujeres mencionadas deben poder vivir sin ser discriminadas ni víctimas de violencia y estar en disposición de ejercer todos sus derechos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como los derechos sexuales y reproductivos.
El Comité observa con preocupación que, pese a la promulgación de la ley relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), el establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARe. y la participación del Estado parte en el programa regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Estado parte no haya aprobado aún todas las disposiciones internas necesarias para facilitar la aplicación efectiva de la ley y paliar algunas deficiencias en materia de protección, en especial las relativas a los solicitantes de asilo en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres, las niñas y los menores no acompañados.
El Comité insta al Estado parte a que facilite la aplicación plena y efectiva de la ley relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), sobre todo con respecto a la protección de las solicitantes de asilo y las refugiadas, así como de los niños no acompañados, en particular mediante la adopción de todas las disposiciones internas necesarias. El Comité alienta además al Estado parte a que siga impartiendo capacitación a los funcionarios de fronteras, inmigración y asilo a fin de asegurar la adopción de una perspectiva de género, la aplicación efectiva de un sistema de identificación adecuado y la adopción de medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género en el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, incluso con respecto a las solicitudes de asilo motivadas por violencia de género. El Comité insta también al Estado parte a que complemente la Ley núm. 26.364, de abril de 2008, garantizando una protección adecuada y acorde con el derecho internacional a todas las mujeres, con independencia de su edad, así como a las personas que hayan sido víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de origen. Además, el Estado parte debe tomar medidas para velar por que las mujeres y las niñas refugiadas o solicitantes de asilo no se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos ni del tráfico de migrantes, y crear un mecanismo que sirva para identificar rápidamente a las víctimas de la trata y remitir a las personas que pudieran necesitar protección a los procedimientos de asilo.
El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité hace hincapié en que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es indispensable la aplicación plena y efectiva de la Convención. El Comité exhorta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar dichos Objetivos, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité pide que se dé amplia difusión en la Argentina a las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozcan las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité recomienda que las observaciones finales se difundan también en las comunidades locales. Se alienta al Estado parte a que organice una serie de reuniones para deliberar sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las presentes observaciones finales. El Comité pide al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos18 potencia que la mujer disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. El Comité acoge con beneplácito que el Estado parte haya ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran en los párrafos 24 y 38 supra.
El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todo los ministerios y órganos públicos en la preparación de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico en julio de 2014.
El Comité invita al Estado parte a que utilice las “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos” aprobadas en la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (véase HRI/MC/2006/3 y Corr.1). Las directrices para la presentación de los informes que se refieren concretamente a la Convención, adoptadas por el Comité en su 40º período de sesiones, que tuvo lugar en enero de 2008, deben aplicarse en combinación con las directrices armonizadas relativas a la preparación de un documento básico común. Conjuntamente constituyen las directrices armonizadas para la presentación de informes de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El documento específico debe limitarse a 40 páginas, mientras que el documento básico común debe tener 80 páginas como máximo.
6º Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina19
El Comité examinó el séptimo informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/7) en sus sesiones 1443ª y 1444ª, celebradas el 1 de noviembre de 2016 (véanse CEDAW/C/SR.1443 y 1444). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/ARG/Q/7 y las respuestas de la Argentina figuran en el documento CEDAW/CARG/Q/7/Add.1.
D. Principales esferas de preocupación y recomendaciones20: Visibilidad de la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité
El Comité observa que la Convención tiene prioridad sobre la legislación nacional en el Estado parte y puede ser aplicada directamente por los tribunales y las autoridades nacionales. Sin embargo, sigue preocupando por la ausencia de causas judiciales y procedimientos administrativos, en particular a nivel provincial y municipal, en casos en que las disposiciones de la Convención se invocaron o se aplicaron directamente. Le preocupa también que las disposiciones de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité no sean lo suficientemente conocidas en el Estado parte, sobre todo por las autoridades públicas.
a. Adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada divulgación de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre los interesados pertinentes, incluidos los funcionarios gubernamentales, los miembros de los órganos legislativos, el poder judicial, los abogados, los agentes del orden público y el público en general, a fin de generar conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres en el Estado parte;
b. Aliente a los jueces a todos los niveles del poder judicial, los funcionarios públicos y los abogados a que apliquen o invoquen las disposiciones de la Convención en los procedimientos judiciales y administrativos y a que tomen en cuenta la jurisprudencia del Comité con arreglo al Protocolo Facultativo, así como sus recomendaciones generales;
c. Promueva una mayor conciencia entre las mujeres en relación con sus derechos y los medios para ejercerlos, prestando especial atención a grupos específicos, como las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres que viven en zonas rurales y remotas, las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad.
El Comité observa la aprobación por el Estado parte de leyes esenciales para promover la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, pero expresa preocupación por lo siguiente:
La falta de aplicación efectiva del amplio marco legislativo para el adelanto de la mujer en el Estado parte, que ha dado lugar a una discriminación de facto contra la mujer en esferas como la participación en la vida política y pública, la educación, el empleo, la salud, la vivienda y el acceso a la tierra;
Los retos que debe enfrentar el Estado parte en la aplicación de la Convención en todo su territorio, que abarcan las cuestiones que están bajo la jurisdicción de las provincias, tales como la educación y la salud.
El Comité recuerda sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 12) e insta al Estado parte a que:
Determine las esferas en que la legislación provincial parece apartarse de las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención, y promueva reformas legislativas y un proceso para armonizar la legislación, otorgando prioridad a las leyes que garantizan la igualdad de acceso de las mujeres a los servicios de educación y salud;
Establezca mecanismos de rendición de cuentas para supervisar los efectos de la aplicación de la legislación destinada a promover la igualdad de género en todos los niveles de la jurisdicción, y destine suficientes recursos humanos, técnicos y presupuestarios a dicha aplicación;
Sensibilice a las autoridades públicas a nivel provincial acerca de los derechos consagrados en la Convención y refuerce la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros para la aplicación de los programas nacionales que promueven la igualdad.
Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia
El Comité encomia al Estado parte por la creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ley 27.210, de noviembre de 2015), y acoge con beneplácito la puesta en marcha de los Centros de Acceso a Justicia, que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito, y la creación de agencias especializadas en el marco del servicio público de asistencia jurídica, que atienden las denuncias y buscan mecanismos alternativos de solución de controversias. No obstante, preocupan al Comité las barreras institucionales, procedimentales y prácticas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, tales como:
Los estereotipos discriminatorios, la parcialidad judicial y los escasos conocimientos sobre los derechos de la mujer en el poder judicial y la policía;
El uso de la mediación en los casos de violencia de género contra la mujer;
El acceso limitado a la asistencia letrada y a intérpretes de lenguas indígenas;
Las largas distancias que hay que recorrer para llegar a los tribunales en las zonas rurales y remotas;
El limitado acceso de las mujeres a la información sobre sus derechos en virtud de la Convención y sobre los recursos jurídicos de que disponen las mujeres víctimas de violencia por razón de género, incluidas las víctimas de violación conyugal.
El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de la mujer a la justicia, recomienda que el Estado parte:
Proporcione actividades sistemáticas y obligatorias de desarrollo de la capacidad para los magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes del orden, administradores, mediadores y expertos, sobre los derechos de la mujer y la aplicación de la Ley 26.485 relativa a la violencia contra las mujeres;
Fortalezca el papel de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia para vigilar el respeto de la igualdad de género en la labor del poder judicial;
Vele por que los casos de violencia contra la mujer, en particular de violencia doméstica, no se resuelvan bajo ninguna circunstancia en virtud de procedimientos de mediación, y por que las víctimas tengan acceso a vías efectivas de recurso y reparación;
Garantice que la información sobre los recursos jurídicos esté a disposición de las mujeres víctimas de violencia por razón de género, entre otras cosas en idiomas indígenas y en formatos accesibles para las mujeres con discapacidad;
Ponga en marcha un sistema de tribunales móviles, destinado a facilitar que las mujeres que viven en las zonas rurales y apartadas tengan acceso a la justicia;
Vele por que el nuevo Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, los Centros de Acceso a Justicia y las agencias especializadas del servicio público de asistencia jurídica proporcionen asistencia letrada gratuita a todas las mujeres que carezcan de medios suficientes en todo el territorio del Estado parte y ofrezcan servicios de interpretación a las mujeres indígenas;
Garantice que las víctimas de violencia por razón de género tengan acceso a recursos eficaces y oportunos en forma de restitución, indemnización o rehabilitación.
El Comité observa que el Consejo Nacional de las Mujeres ha aumentado su presupuesto y que el Consejo Federal de las Mujeres se ha fortalecido mediante el establecimiento de una secretaría permanente que prevé la coordinación de sus iniciativas. No obstante, preocupa al Comité lo siguiente:
Los recursos limitados del Consejo Nacional de las Mujeres para promover estrategias de igualdad de género, así como para apoyar su función como órgano de coordinación para el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019);
La falta de una coordinación sistemática e institucionalizada entre los gobiernos federal y provincial, en particular en relación con el Consejo Nacional de las Mujeres y las Áreas Mujer provinciales y municipales en todo el territorio;
La falta de una participación efectiva de las mujeres en el diseño y la supervisión de las políticas públicas sobre igualdad de género.
Incremente los recursos humanos, técnicos y financieros del Consejo Nacional de las Mujeres y le confiera rango ministerial, a fin de aumentar su visibilidad y fortalecer su capacidad para promover y supervisar la aplicación de políticas de igualdad de género;
Refuerce las iniciativas de coordinación permanente entre el Consejo Nacional de las Mujeres, los consejos provinciales de las mujeres y las oficinas municipales de la mujer, estableciendo líneas claras de interacción y mandatos para la presentación de informes en relación con la aplicación de planes nacionales en la esfera de la igualdad de género;
Vele por que las organizaciones de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales participen en el diseño y la supervisión de la aplicación de las políticas de igualdad de género.
El Comité observa que el Estado parte reconoce como una modalidad de medidas especiales de carácter temporal el establecimiento de cuotas para la representación de la mujer en el Congreso Nacional (en 1991) y en los sindicatos (en 2002). También observa los proyectos de ley sobre la paridad en la participación de la mujer y el hombre en los tres poderes del Estado. No obstante, observa con preocupación la limitada aplicación de las cuotas, como se refleja en la baja representación de las mujeres en las asambleas legislativas provinciales y municipales. Preocupa también al Comité la falta de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en otras esferas abarcadas por la Convención, como la educación y el empleo.
**Adopte y aplique medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y su recomendación general núm. 25
sobre el tema, a los niveles federal, provincial y municipal, con metas y plazos concretos para acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos en los que las mujeres siguen estando en situación de desventaja o insuficientemente representadas, en particular las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres migrantes, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad;**
Supervise y evalúe periódicamente los efectos de dichas medidas, y, en su próximo informe periódico, proporcione información sobre los resultados logrados.
El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas para combatir los estereotipos discriminatorios contra la mujer, en particular iniciativas de creación de capacidad destinadas a los funcionarios del Gobierno y del sistema de justicia. También observa que el Estado parte ha puesto en marcha campañas de concienciación pública y medidas legislativas relativas a los medios de comunicación con el fin de prevenir el sexismo y prohibir los anuncios de comercio sexual. Sin embargo, le siguen preocupando la persistencia de estereotipos discriminatorios con respecto a las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad, las formas entrecruzadas de discriminación y la arraigada cultura machista del Estado parte, que constituyen la base de la discriminación y la violencia por razón de género contra la mujer, en particular la violencia sexual y doméstica y el feminicidio, así como el abuso sexual en la escuela y el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Intensifique sus esfuerzos destinados a erradicar las actitudes y los estereotipos sexistas manifestados por las autoridades públicas en los tres poderes del Gobierno;
Adopte una estrategia amplia dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios en relación con las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y vele por que esta estrategia aborde también las formas entrecruzadas de discriminación contra la mujer, definidas en el párrafo 18 de la recomendación general núm. 28 (2010) del Comité relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención; c. Fortalezca la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios mediante campañas de sensibilización pública, como la campaña “#Ni Una Menos”;
Modifique la Ley 26.522, de 10 de octubre de 2009, sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual, a fin de empoderar al Ombudsman para que castigue las violaciones de las disposiciones relativas a los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación.
El Comité acoge con beneplácito el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019). El Comité también celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar la recopilación de datos sobre la violencia por razón de género a través de su Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así como la creación de centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia por razón de género y sus familias en virtud del protocolo marco de atención de hogares. No obstante, preocupa al Comité lo siguiente:
La persistencia de la violencia por razón de género contra las mujeres en el Estado parte, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica en los ámbitos público y privado;
Los informes sobre un número cada vez mayor de casos de feminicidio en el Estado parte;
Las disparidades regionales en las medidas de compensación a las víctimas de la violencia por razón de género, en particular en lo que respecta al número de centros de acogida, el acceso a asesoramiento psicosocial, la asistencia letrada y los medios de reparación;
La falta de información sobre la accesibilidad de los centros de acogida para las mujeres de edad, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres migrantes y refugiadas y las mujeres con discapacidad;
Los delitos motivados por prejuicios contra las personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, en particular los informes de hostigamiento por parte de la policía, los asesinatos de mujeres transgénero y el asesinato de activistas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, y la falta de datos estadísticos sobre el número de denuncias de ese tipo de delitos, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas de los autores, así como sobre la reparación proporcionada a las víctimas.
Asigne recursos presupuestarios adecuados para la aplicación eficaz del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019);
Mejore la prevención de los feminicidios y asegure la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los autores de feminicidios;
Garantice que se proporcionen recursos técnicos y financieros para el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer a fin de generar datos estadísticos actualizados desglosados por sexo, edad, origen étnico y relación entre la víctima y el autor del delito, el número de denuncias de casos de violencia por razón de género contra mujeres, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas, así como la reparación ofrecida a las víctimas y a sus familiares;
Vele por que los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, que prestan servicios de asesoramiento jurídico y psicológico, rehabilitación y otros servicios de apoyo, sean accesibles para las mujeres de las minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las migrantes y las refugiadas;
Cree un fondo fiduciario, financiado por fuentes públicas y privadas, para proporcionar indemnizaciones y otras formas de reparación, así como asistencia letrada a las mujeres víctimas de violencia basada en el género;
Adopte criterios y directrices para la prestación de asistencia letrada, psicosocial y económica orientada a las víctimas, que reconozca las necesidades especiales de las mujeres con discapacidad y que sea culturalmente apropiada para las mujeres indígenas;
Denuncie los atentados contra la dignidad humana y la integridad de las personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales por medio, entre otras cosas, de iniciativas de concienciación pública sobre sus derechos, en colaboración con la sociedad civil; adopte medidas para prevenir los delitos motivados por prejuicios; y garantice las investigaciones, los enjuiciamientos, las condenas y las reparaciones.
El Comité observa que el Estado parte ha reforzado su marco de políticas e institucional para combatir la trata de personas, mediante la aprobación de un programa nacional a este respecto. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:
El hecho de que el Estado parte sea utilizado como país de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres, en particular de mujeres procedentes de Bolivia (Estado Plurinacional de., el Brasil, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana;
La falta de armonización entre la legislación provincial y federal en la tipificación como delito de la trata de personas con fines de trabajo forzoso y prostitución forzada, lo que provoca demoras en el enjuiciamiento y la condena de los traficantes;
La falta de información sobre la aplicación de un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en la identificación de las víctimas de la trata y otras formas de explotación;
Las denuncias de complicidad de funcionarios públicos en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y explotación de la prostitución;
La existencia de niñas en la prostitución, así como la falta de políticas eficaces de prevención y de medidas para investigar, enjuiciar y condenar a todos los autores implicados en casos de prostitución de niñas.
Aplique eficazmente el Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y reúna y analice datos desglosados sobre la trata y la explotación de las mujeres en prostitución a nivel interno y transfronterizo;
Armonice con prontitud, en todos los niveles de la jurisdicción, la legislación que tipifica la trata, y ajuste las normas y prácticas provinciales y municipales a las normas federales e internacionales sobre la trata de personas y la explotación de la prostitución;
Desarrolle la capacidad del poder judicial y la policía para realizar, teniendo en cuenta las cuestiones de género, investigaciones de casos de trata y explotación de la prostitución, aplique estrictamente las disposiciones de la legislación penal para enjuiciar y castigar debidamente a los autores, e intensifique los esfuerzos encaminados a promover la cooperación bilateral, regional e internacional para prevenir la trata, entre otras cosas intercambiando información y armonizando los procedimientos jurídicos para enjuiciar a los responsables de la trata, en particular en los Estados de origen;
Establezca un mecanismo de remisión e identificación, aumente la financiación de los centros de acogida y proporcione asesoramiento, servicios de rehabilitación y asistencia psicosocial a las mujeres y las niñas víctimas de la trata y la explotación de la prostitución;
Combata la entrada de niñas en la prostitución y su explotación, en particular luchando contra la pobreza, como una de sus causas, e investigue, enjuicie y condene a todos los autores de delitos conexos, incluidos los que demandan servicios en este ámbito.
Preocupa también al Comité la insuficiencia de medidas estructurales para promover el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas, dado que ese empoderamiento podría prevenir que ejercieran la prostitución como principal fuente de ingresos, así como la ausencia de programas de ayuda para las mujeres que desean abandonar la prostitución.
El Comité recomienda que se aumente el empoderamiento económico de la mujer reforzando las oportunidades de generación de ingresos y que se establezcan programas de ayuda para las mujeres que deseen abandonar la prostitución.
El Comité toma nota de los progresos hechos en la representación de la mujer en varios ámbitos, en particular en el Congreso de la Nación y el poder judicial. Acoge con satisfacción el proyecto de ley aprobado por el Senado, que establece la paridad de los géneros para la ocupación de cargos en el plano nacional. El Comité también acoge con beneplácito la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece la paridad en las listas de los partidos políticos a partir de 2017. También observa que algunas provincias, como Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires, han aprobado leyes que exigen esa paridad. No obstante, al Comité le sigue preocupando lo siguiente:
La representación insuficiente de las mujeres en los sindicatos, el poder ejecutivo, en particular en los puestos de adopción de decisiones, y en el sector privado, así como en la dirección de las administraciones provinciales y municipales;
Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la vida política y pública, como la desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de crianza de los hijos entre las mujeres y los hombres, la violencia y el acoso contra las mujeres que participan en la vida política, y las estructuras patriarcales dentro de los partidos políticos.
Apruebe los proyectos de ley que establecen la paridad de género en el poder ejecutivo (núm. 485/15), en el Tribunal Supremo (núms. 474-D-2015, 169-D-2016, 403-D-2016, 905-D-2016 y 1091-D-2016) y en los cargos electivos (núms. 1655-D-2015, 1198/16, 1192/16, 1063/16, 1032/16 y 488/16);
Adopte medidas para aplicar la Ley 25.674, de 28 de noviembre de 2002, por la que se crea un “cupo sindical femenino”, a fin de garantizar la representación de la mujer en los cargos sindicales y en el sector privado;
Adopte medidas para acelerar la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en los órganos elegidos y designados de las administraciones provinciales y municipales, mediante la eliminación de los obstáculos a que se enfrentan las mujeres en la vida política y pública;
Intensifique las campañas de concienciación dirigidas a los políticos, periodistas, maestros y el público en general, a fin de reforzar la premisa de que la participación plena, equitativa, libre y democrática de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política y pública es un requisito para el logro de la plena efectividad de los derechos humanos de la mujer;
Adopte medidas para promover las candidaturas de mujeres, como la prestación de apoyo financiero para la realización de campañas y el fomento de la capacidad de las mujeres sobre estrategias de campaña, aptitudes de liderazgo y negociación.
El Comité encomia al Estado parte por la elevada tasa de alfabetismo (del 98%) entre las mujeres y los hombres de más de 15 años de edad, y toma nota de las medidas en el marco de los programas “Progresar” y “Conectar Igualdad”. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:
El elevado número de niñas que abandonan la escuela debido a embarazos precoces y la escasa aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en las provincias;
La insuficiente representación de las mujeres y las niñas en disciplinas dominadas tradicionalmente por los hombres, como las matemáticas, la ingeniería y las nuevas tecnologías de la información;
El escaso índice de matriculación y las consecuentes elevadas tasas de analfabetismo entre las mujeres y las niñas indígenas, debido a las obligaciones domésticas y de cuidado de otras personas a las que tienen que hacer frente, su contratación como trabajadoras en hoteles o como trabajadoras sexuales, y la prioridad que se concede a los niños en materia de escolarización.
Vele por la aplicación de la Ley 26.150, de 23 de octubre de 2006, que establece la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en todas las provincias y su incorporación en el programa escolar ordinario, así como la capacitación de maestros para impartir el programa de un modo adecuado a la edad en todos los niveles de la educación, con el fin de promover un comportamiento sexual responsable y de prevenir embarazos en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual;
Facilite la reincorporación a la escuela de las madres jóvenes, en particular mediante la concesión de becas;
Promueva la elección por las mujeres y las niñas de disciplinas y profesiones no tradicionales (como las matemáticas, la ingeniería y las nuevas tecnologías de la información) y otras especialidades técnicas y profesionales, proporcionándoles, por ejemplo, orientación y asesoramiento profesionales;
Adopte y aplique medidas concretas, como medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité, para acelerar la igualdad de acceso de las niñas y las mujeres indígenas a todos los niveles de la educación, y mejore la infraestructura escolar en las zonas rurales y apartadas a fin de facilitar el acceso a la educación.
La persistente desigualdad salarial por razón de género, especialmente en el sector privado, que afecta sobre todo a las mujeres con un alto nivel educativo;
El desempleo y la concentración de mujeres, en particular mujeres migrantes, en el sector no estructurado de la economía;
La falta de datos desglosados por sexo sobre el trabajo doméstico y la ausencia de mecanismos de supervisión para controlar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, en cumplimiento de las leyes;
El limitado acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en empresas privadas y la falta de medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral;
La persistencia de la explotación del trabajo infantil en el Estado parte, incluso en el servicio doméstico y el sector privado (por ejemplo, bares, restaurantes), y la falta de información sobre las estrategias en los planos provincial y municipal para luchar contra el trabajo infantil;
El acceso limitado a oportunidades de empleo que tienen las mujeres que sufren formas entrecruzadas de discriminación y estigmatización social, como las mujeres transgénero.
Aplique el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, junto con una clasificación de puestos de trabajo y métodos de evaluación analíticos y neutros en cuanto al género y estudios periódicos de la remuneración;
Cree más oportunidades para que las mujeres, incluidas las migrantes, puedan acceder a empleos estructurados, por ejemplo promoviendo el reparto equitativo de las tareas domésticas y familiares entre hombres y mujeres, prestando servicios de guardería suficientes y adecuados y aumentando los incentivos para que los hombres ejerzan su derecho a la licencia parental, y adopte un plan, con plazos establecidos, para aplicar la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) de la Organización Internacional del Trabajo, con miras a facilitar el acceso de la mujer a la economía formal;
Vigile las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, en particular mediante inspecciones periódicas de los hogares privados, y vele por que las trabajadoras domésticas estén cubiertas por planes de seguridad social;
Recabe información sobre la representación de las mujeres en el sector privado, elabore estrategias para promover a mujeres en puestos de toma de decisiones capacitándolas en aptitudes de gestión, y adopte medidas legislativas y no legislativas para facilitar la conciliación de las responsabilidades laborales y de cuidados de personas, por ejemplo, fomentando acuerdos sobre horarios flexibles;
Lleve a cabo un nuevo estudio sobre el trabajo infantil, cumpla estrictamente la legislación sobre la edad mínima de trabajo, y emprenda campañas de sensibilización para hacer frente al trabajo infantil, en particular el trabajo doméstico de las niñas;
Acelere la aprobación de programas a nivel nacional, provincial y municipal para promover el acceso a las oportunidades de empleo de las mujeres que experimentan problemas entrecruzados de estigma social y discriminación;
Extienda a otras provincias y municipios las buenas prácticas en relación con el empleo de mujeres transgénero aplicadas en la provincia de Buenos Aires.
El Comité reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y acoge con beneplácito la aprobación, en 2013, de la Ley 26.862 de fertilización asistida, y, en 2015, de una guía de atención de la salud integral de personas transgénero. También observa las medidas adoptadas para prevenir el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, como el suministro de medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, preocupa profundamente al Comité el estancamiento de la tasa de mortalidad materna, debido, entre otras cosas, a los abortos practicados en condiciones de riesgo; el limitado acceso al aborto legal, en contravención de la legislación y de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en 2012; la frecuente negativa de médicos a practicar un aborto por razones de conciencia; y los casos de enjuiciamientos contra las mujeres que se han sometido a abortos.
Reduzca la tasa de mortalidad materna, garantizando que las mujeres tengan acceso a servicios apropiados (incluidos servicios obstétricos de urgencia. en relación con el embarazo, como atención prenatal, de maternidad y postnatal, y aumente las partidas presupuestarias para la prestación de servicios ginecológicos y obstétricos en las zonas rurales y apartadas;
Inicie procedimientos de rendición de cuentas para velar por que todas las provincias aprueben protocolos sobre la práctica del aborto no punible, en consonancia con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2012 y el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo;
Vele por que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal y sin riesgo y de atención posterior al aborto, y defina y aplique requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la objeción de conciencia por los médicos que se niegan a practicar abortos, considerando en particular los casos de embarazo temprano como consecuencia de violación o incesto que pueden equivaler a tortura;
Acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo aumentando el acceso legal al aborto, no solo en los casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la madre, sino también en otras circunstancias, como en los casos de incesto y riesgo de graves malformaciones del feto.
Además, al Comité le preocupa lo siguiente:
La elevada tasa de embarazos precoces en el Estado parte;
El acceso limitado a los servicios de salud mental, en particular de las mujeres que viven en las zonas rurales y las mujeres con bajos ingresos, y las disparidades regionales en la aplicación de la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental (núm. 26.657), que prevé la desinstitucionalización, la rehabilitación y la reinserción del paciente en la comunidad;
La ausencia de estrategias específicas para garantizar el acceso a una atención sanitaria de calidad para las mujeres de edad;
El acceso limitado a servicios especializados de salud, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva, para las mujeres con discapacidad;
El elevado consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niños.
Garantice el acceso a servicios de asesoramiento y educación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños adolescentes, realice campañas de sensibilización sobre los métodos anticonceptivos modernos y aumente el acceso a métodos anticonceptivos seguros y asequibles;
Elabore estrategias a nivel local en colaboración con los maestros y la sociedad civil con el fin de promover la planificación familiar y superar las barreras culturales que impiden el uso de anticonceptivos;
Adopte una estrategia que incluya metas con plazos concretos e indicadores para facilitar el acceso de las mujeres de todo el Estado parte a los servicios de salud mental, y difunda información sobre los servicios de salud mental disponibles;
Diseñe políticas y programas a nivel nacional y provincial para garantizar el acceso de las mujeres de edad a la atención de la salud;
Vele por que se publique información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en formatos accesibles a ellas;
Adopte medidas para garantizar que los servicios de salud, en particular los servicios ginecológicos, sean accesibles para las mujeres con discapacidad, sobre todo mediante inversiones en centros de salud y equipamiento y la sensibilización de los profesionales de la atención de la salud sobre los derechos y la dignidad de las mujeres con discapacidad;
Ratifique el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reduzca el elevado consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y haga frente a las consecuencias sanitarias.
El Comité encomia los esfuerzos realizados por el Estado parte para elaborar políticas sociales desde que formuló sus observaciones finales anteriores. No obstante, observa con preocupación que esas políticas han tenido un efecto limitado en la reducción de la pobreza y la mejora de los medios de vida económicos de las mujeres. También le preocupa que el número de mujeres empresarias haya disminuido en el Estado parte, y que solo un pequeño porcentaje de las mujeres recurran a préstamos financieros para hacer inversiones. Asimismo, le preocupa el acceso limitado de las mujeres empresarias a los microcréditos.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas económicas estructurales para reducir la pobreza y mejorar los medios de vida económicos de la mujer. También recomienda que se adopten medidas específicas, como planes especiales de microcrédito y crédito con intereses bajos y prestación de asistencia técnica y asesoramiento, para aumentar el acceso de las mujeres a préstamos y créditos financieros y promover sus actividades empresariales.
El Comité celebra que la Ley Nacional de Tierras Rurales (núm. 26.727 de 2011) prevea la protección de la agricultura familiar y la diversidad biológica, y que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres a acceder a la tierra, celebrar contratos y administrar bienes. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:
La pobreza entre las mujeres de las zonas rurales y su dependencia de las transferencias públicas, y el acceso limitado a la justicia, la educación y los servicios de salud, especialmente en las zonas más desfavorecidas;
Los efectos negativos en el acceso de las mujeres rurales a la tierra del Decreto Ejecutivo núm. 820/2016, de 29 de junio de 2016, que elimina algunas restricciones a la adquisición y el arrendamiento de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras;
El riesgo que corren las mujeres de las zonas rurales de desalojo forzoso y violencia y acoso sexual y por razón de género, en el contexto de grandes proyectos de desarrollo económico;
Los efectos desproporcionados del cambio climático y otros desastres naturales en las mujeres de las zonas rurales.
El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural, recomienda que el Estado parte:
Diseñe programas específicos destinados a garantizar el desarrollo sostenible y a combatir las situaciones de pobreza a las que se enfrentan las mujeres de las zonas rurales, mediante la asignación de recursos específicos, la creación de oportunidades de empleo, la adopción de medidas de protección social y la ejecución de programas de enseñanza específicos para las mujeres de las zonas rurales;
Adopte salvaguardias y supervise los procesos de adquisición y arrendamiento de tierras rurales con el fin de proteger la titularidad de tierras de las mujeres y facilitar la participación de las mujeres en los ingresos derivados de proyectos de desarrollo a gran escala;
Adopte políticas para impedir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra las mujeres de las zonas rurales en el contexto de grandes proyectos de desarrollo económico;
Vele por que las mujeres rurales estén representadas en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles en el sector agrícola, en particular en lo que respecta a las políticas relativas a la reducción del riesgo de desastres, la gestión posterior a los desastres y el cambio climático.
El Comité observa con preocupación que, por su origen étnico y condición social, las mujeres indígenas enfrentan formas entrecruzadas de discriminación en el Estado parte, además de odio racial, violencia, pobreza y marginación. En concreto, le preocupa lo siguiente:
La falta de reconocimiento y protección de la tenencia y la titularidad de la tierra de las mujeres indígenas, los desalojos forzosos de las tierras tradicionales indígenas en regiones como Gran Chaco y la exclusión de las mujeres indígenas de los procesos de toma de decisiones relativas al uso de la tierra;
El acceso limitado de las mujeres indígenas al agua, incluida el agua potable y el saneamiento, debido a la falta de infraestructura, en particular en comunidades indígenas aisladas, como la comunidad wichi de Miraflores (Chaco);
Los efectos negativos del uso de plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos en la salud de las mujeres y las niñas indígenas que son contratadas como trabajadoras agrícolas;
La falta de mecanismos eficaces de consulta y participación en los beneficios para garantizar que las mujeres indígenas den su consentimiento libre, previo e informado a los proyectos de desarrollo en sus territorios.
Adopte medidas para reconocer oficialmente la tenencia y la titularidad de la tierra de las mujeres indígenas, y promueva el diálogo a nivel de la comunidad destinado a eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de la tierra de las mujeres indígenas;
Prevenga los desalojos forzosos de las mujeres indígenas fortaleciendo las garantías jurídicas y procesales, y asegure que las mujeres indígenas participen de forma significativa en los procesos de toma de decisiones relativos al uso de las tierras indígenas tradicionales;
Vele por que las mujeres indígenas tengan un acceso adecuado a agua potable y asequible para uso personal y doméstico, así como para el riego;
Examine las actuales negligencias en la tramitación de las denuncias presentadas por mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud sobre el uso nocivo de plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos, y garantice que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada, de conformidad con la recomendación general núm. 34 del Comité;
Establezca un mecanismo eficaz de consulta y participación en los beneficios para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas relativo al uso de sus tierras y recursos naturales.
Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
El Comité observa la existencia de la Ley de Migraciones (núm. 25.871 de 2003) y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (núm. 26.165 de 2006), pero expresa preocupación por la falta de programas dirigidos a la integración social y económica de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el Estado parte. Le preocupa también la exclusión en la práctica de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes indocumentadas de los programas de protección social, como la Asignación Universal por Hijo y las prestaciones relacionadas con la discapacidad, así como de la educación y los servicios de atención de la salud.
El Comité, en consonancia con sus recomendaciones generales núm. 26 (2008), sobre las trabajadoras migratorias, y núm. 32 (2014), sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, recomienda al Estado parte que aplique la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (núm. 26.165 de 2006), elabore programas integrales para que las mujeres migrantes y solicitantes de asilo tengan acceso a la educación, el empleo, la protección social y la atención de la salud, y reúna datos desglosados por sexo sobre los resultados de esos programas.
El Comité toma nota del Programa de Género del Servicio Penitenciario Federal, pero sigue preocupado por lo siguiente:
El número de mujeres en prisión preventiva;
Los registros corporales invasivos realizados a las mujeres en las cárceles y la falta de información sobre el uso de sistemas de vigilancia electrónica a nivel provincial;
El acceso limitado de las mujeres reclusas a la educación, la capacitación para el empleo, las oportunidades de trabajo y los servicios de salud;
Las denuncias de malos tratos a mujeres privadas de libertad, como actos de violencia física y psicológica por oficiales de prisiones y la reclusión en régimen de aislamiento;
Los retrasos en la aplicación de la Ley 26.472, de 12 de enero de 2009, sobre las alternativas a la detención para las mujeres embarazadas y las madres con hijos menores de 5 años de edad.
El Comité recuerda las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) (resolución 65/229 de la Asamblea General, anexo) y recomienda que el Estado parte:
Adopte medidas para limitar el uso de la detención preventiva de mujeres, entre otras cosas, ampliando el recurso a medidas cautelares;
Prohíba los registros corporales invasivos a las mujeres por funcionarios de prisiones y elabore programas obligatorios de desarrollo de la capacidad para el personal penitenciario sobre la igualdad de género y la dignidad y los derechos de la mujer;
Asigne recursos humanos, técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la educación, los programas de empleo y los servicios de salud para incluir también a las mujeres en prisión preventiva;
Dé prioridad a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT/OP/ARG/1) y acelere la investigación de los presuntos casos de malos tratos y otros casos de violencia por razón de género ejercida contra las mujeres privadas de libertad;
Acelere la aplicación de la Ley 26.472, de 12 de enero de 2009, y proporcione alternativas a la detención para las mujeres embarazadas y las madres con niños de corta edad, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares
El Comité observa que la reforma del Código Civil y Comercial (Ley 26.994 de 1 de octubre de 2014) reconoce la igualdad de derechos de mujeres y hombres en relación con el matrimonio. No obstante, observa con preocupación la falta de criterios basados en el género y de asesoramiento jurídico para aplicar las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial (art. 440), que permite el matrimonio de menores de 18 años con el visto bueno de las autoridades judiciales, y las decisiones sobre la indemnización financiera del cónyuge económicamente desfavorecido en los procesos de divorcio.
El Comité recomienda al Estado parte que reúna datos estadísticos desglosados sobre los matrimonios de adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años de edad y defina criterios claros para evaluar las solicitudes de autorización judicial de esos matrimonios. También recomienda que el Estado parte adopte directrices sobre la indemnización de los cónyuges económicamente desfavorecidos para su utilización en procedimientos de divorcio, en consonancia con la recomendación general núm. 29 (2013) sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución; y vele por que las mujeres que carecen de medios suficientes tengan acceso efectivo a asistencia letrada gratuita para reclamar sus derechos en los procedimientos de divorcio.
El Comité observa con preocupación la insuficiencia de información y datos actualizados y desglosados sobre la situación de las mujeres que se enfrentan a formas entrecruzadas de discriminación por razón de sexo y edad, origen étnico o situación socioeconómica, o bien por su condición de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas o con discapacidad, así como por motivos de orientación sexual e identidad de género.
El Comité recomienda que el Estado parte reúna datos estadísticos desglosados por sexo, edad, origen étnico, y condición de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con discapacidad, además de por orientación sexual e identidad de género, en todos los ámbitos de la Convención, en particular la educación, el empleo y la salud, y en las esferas pública y privada. El Estado parte debería utilizar esos datos para determinar los ámbitos en que existe discriminación y como referencia para elaborar sus políticas.
El Comité exhorta al Estado parte a que utilice la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos para aplicar las disposiciones de la Convención.
El Comité exhorta a hacer valer la igualdad sustantiva de género, de conformidad con lo dispuesto en la Convención, en todo el proceso de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El Comité solicita al Estado parte que vele por que las presentes observaciones finales se difundan oportunamente, en el idioma oficial del Estado parte, a las instituciones estatales competentes a todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso y el poder judicial, con el fin de posibilitar su plena aplicación.
El Comité solicita al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones que figuran en los párrafos 27 a.; 33 b. y d. y 41 d. de este documento.
Suplemento N. 38 (A 43/38), 16 y 19 de Febrero, 22, 26 y 29 de Febrero y el 2 de Marzo de 1988↩
El delito de adulterio fue derogado por Ley nº 24.453, sancionada el 08/02/95, BO 07/03/95.↩
El Comité se refiere a la Subsecretaría de la mujer en el ámbito del Ministerio de Salud. En la actualidad dicha Subsecretaría no existe.↩
Suplemento N. 38 (A/52/38/Rev. 1), 7 a 25 de Julio de 1997↩
El Código Penal fue reformado respecto de los delitos contra la integridad sexual, anteriormente llamados “delitos contra la honestidad” por Ley nº 25.087 sancionada el 14/04/99, BO 14/05/99.↩
Mediante Ley Nacional 25.239 se creo el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Domestico, sancionada el 29 de diciembre de 1999 (Decreto reglamentario nº 485/2000, sancionado en junio de 2000). No obstante, las modalidades de la relación laboral no han sido modificadas.↩
Mediante Ley nacional 25.250 de reforma laboral denominada Estímulo al Empleo Estable. Incorporación de dos incentivos para el empleo de mujeres, sancionada el 11 de mayo de 2000, se establecieron dos incentivos para la contratación de mujeres Jefas de hogar: 1º reducción de las contribuciones a la Seguridad Social, 2º subsidio destinado al pago de las remuneraciones (Decreto reglamentario nº 568/2000). Por Decreto 147/2001 se aclararon ciertos términos de interpretación del texto legal.↩
Suplemento No. 38 (A/57/38), 5 al 23 de agosto de 2002↩
Suplemento No. 38 (A/59/38), 6 a 23 de julio de 2004↩
Se ha dictado la Ley Nº 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, (sancionada: 4 de octubre de 2006), de vigencia sólo para establecimientos educativos públicos, quedando a cargo de cada jurisdicción – nacional y provincial – la implementación de los programas respectivos. En la actualidad, algunas provincias del Estado argentino han sancionado leyes al respecto.Se ha dictado la Ley Nº 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, (sancionada: 4 de octubre de 2006), de vigencia sólo para establecimientos educativos públicos, quedando a cargo de cada jurisdicción – nacional y provincial – la implementación de los programas respectivos. En la actualidad, algunas provincias del Estado argentino han sancionado leyes al respecto.↩
El Protocolo facultativo fue ratificado en marzo de 2007 mediante Ley 26.171.↩
CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto de 2010↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.↩
CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 de noviembre de 2016↩

References: artículo 9
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 4
 resolución 
 artículo 86
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4