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Timestamp: 2019-01-19 00:44:04+00:00

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﻿ SENTENCIA SC16279-2016/2004-00197 DE NOVIEMBRE 7 DE 2016
SENTENCIA SC16279-2016 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. LA PATERNIDAD O MATERNIDAD DEL HIJO NACIDO DURANTE EL MATRIMONIO O LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, PUEDE SER IMPUGNADA POR EL CÓNYUGE, EL COMPAÑERO PERMANENTE O LA MADRE, POR EL HIJO, LOS HEREDEROS, LOS TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO Y LOS ASCENDIENTES DEL PADRE O DE LA MADRE. EN LAS CONTROVERSIAS SOBRE ESTADO CIVIL, EL INTERÉS DE LA PARTE DEMANDANTE, ADEMÁS DE PODER SER ECONÓMICO, PUEDE SER SIMPLEMENTE MORAL Y ABSTRACTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD, LEGITIMACIÓN PROCESAL, LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, PATERNIDAD, DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, EFECTOS PATRIMONIALES DE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:541 DE ENERO DE 2017, PÁG.31
Sentencia SC16279-2016-2004-00197 de noviembre 7 de 2016
Rad. 5001-31-10-013-2004-00197-01
Aprobado en sesión de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis
María Trinidad Gaviria de Ríos, María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria demandaron a Julio Alberto Ríos Ruiz, para que se declarara que no es hijo de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 24, cdno. 1)
1. El 9 de mayo de 1949, María Trinidad Gaviria y José de los Santos Ríos Ocampo contrajeron matrimonio católico. (Fl. 48, cdno. 1)
2. Ellos eran los progenitores de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 61, cdno. 1)
3. María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria son hermanos de quien fue inscrito como padre del demandado. (Fl.s 52 a 55)
4. María Cristina Ruiz Londoño y Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria se casaron el 22 de agosto de 1977 en la Parroquia San José del municipio de Cimitarra, Santander. (Fl. 56, cdno. 1)
5. El demandado nació el 17 de septiembre de 1982, y fue registrado ante la Notaría Única del Círculo de San Andrés Islas el 15 de octubre siguiente, como hijo de los esposos. (Fl. 8, cdno. Corte)
6. Mediante sentencia de 13 de septiembre de 1984, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín decretó la separación de cuerpos, en forma indefinida, del matrimonio constituido entre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria y María Cristina Ruiz Londoño. (Fl. 169, cdno. 1)
7. En esa misma decisión se declaró disuelta la sociedad conyugal, y se estableció conforme al acuerdo entre los cónyuges que Julio Alberto Ríos Ruiz quedaría bajo el cuidado personal de su madre, y que la patria potestad continuaría siendo ejercida por sus padres de manera conjunta. (Fl. 169, cdno. 1)
8. El 3 de marzo de 1992, falleció Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 3, cdno. 1)
9. El difunto tuvo otros cuatro hijos: Santiago y Mauricio Ríos Velásquez que nacieron el 8 de enero de 1987 y el 29 de julio de 1988, respectivamente; Gandi Enid Ríos Montoya que nació el 14 de agosto de 1975 y Hernán Alonso Ríos Gómez. (Fl.s 127, 398-399, cdno. 1)
10. Mediante escritura pública 2037 de 3 de octubre de 2001 otorgada ante la Notaría Diecisiete del Círculo Notarial de Medellín, Hernán Alonso Ríos Gómez y Gandi Enid Ríos Montoya transfirieron a título de venta a favor de José de Jesús, María Nelly, Roberto Antonio y María Seneth Ríos Gaviria, los derechos y acciones que les pudieran corresponder en la sucesión testada de su abuelo José de Jesús Ríos Ocampo. (Fl. 112, cdno. 1)
11. A través del instrumento público 314 de 15 de febrero de 2002, protocolizado ante la Notaría Novena del Círculo Notarial de Medellín se liquidó la sucesión doble testada de José de Jesús Ríos Ocampo, siendo asignatarios María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria en su calidad de hijos y subrogatarios de los derechos herenciales que le correspondían a Gandi Enid Ríos Montoya y Hernán Alonso Ríos Gómez, en representación de su padre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 33 reverso, cdno. 1)
12. En ese mismo documento, aparecen también como asignatarios Santiago y Mauricio Ríos Velásquez, en su calidad de hijos del fallecido Ríos Gaviria y nietos del causante. (Fl. 33 envés, cdno. 1)
13. Julio Alberto Ríos Ruiz promovió acción de petición de herencia contra María Trinidad Gaviria de Ríos, María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria y los menores Santiago y Mauricio Ríos Velásquez, para que se le reconociera su derecho como heredero en representación de su padre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, en la sucesión de José de Jesús Ríos Ocampo. (Fl. 82, cdno. 1)
1. Mediante auto de 21 de mayo de 2004 se admitió la demanda, disponiéndose la notificación de esa providencia y el traslado al demandado. (Fl. 62, cdno. 1)
2. Al contestar dicho libelo, Julio Alberto Ríos Ruiz se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de “caducidad”, “haber reafirmado el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria su paternidad” y “falta de legitimación en la causa por activa”. (Fl. 101, cdno. 1)
En sustento de esas defensas adujo que la acción no fue promovida dentro del plazo concedido en el artículo 221 del Código Civil, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento del nacimiento del hijo o del deceso del padre, acontecimientos que ocurrieron el 17 de septiembre de 1982 y el 3 de marzo de 1992, respectivamente. (Fl. 2, cdno. 2)
Por otra parte, Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria lo reconoció como su hijo en la demanda de separación de cuerpos que promovió contra María Cristina Ruiz Londoño, motivo por el cual cesó el derecho a impugnar la paternidad; y los cesionarios María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria no estaban legitimados para promover la acción, porque al presunto progenitor le sobrevivían sus hijos Mauricio y Santiago Ríos Velásquez, Hernán Alonso Ríos Gómez y Gandi Enid Ríos Montoya. (Fl. 102, cdno. 1)
3. En auto de 16 de noviembre de 2005, se ordenó integrar el litisconsorcio con los hijos del fallecido Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, quienes no hicieron pronunciamiento alguno frente a la demanda. (Fls. 106, 135, 146 y 150 cdno. 1)
4. Mediante providencia de 1º de agosto de 2007, el juez declaró no probada la excepción de caducidad, porque al 30 de marzo de 2004, fecha en que fue presentada la demanda, aún no había transcurrido el término establecido en la ley para acudir a la jurisdicción, dado que solo hasta el 2 de septiembre de ese año les surgió a los demandantes el interés para demandar, pues en esa fecha fueron notificados del auto que admitió a trámite la acción de petición de herencia instaurada en su contra por el demandado. (Fl. 14 reverso, cdno. 2)
5. El examen de ADN practicado en el proceso reveló que “con el análisis de los marcadores genéticos estudiados en los cuales se reconstruyeron los posibles perfiles genéticos del señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria (Fallecido), se llega a la conclusión de que se excluye como padre biológico del (la) señor (a) Julio Alberto Ríos Ruiz”. (Fl. 216, cdno. 1)
6. En fallo dictado el 25 de mayo de 2010, el a quo declaró probada la excepción de “haber reafirmado el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria su paternidad”, porque encontró probado que Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria reconoció ser el padre de Julio Alberto Ríos Ruiz en la demanda de separación de cuerpos que instauró, de lo cual se dejó constancia en la sentencia proferida en ese juicio. En consecuencia, negó las pretensiones de los actores. (Fl. 298, cdno. 1)
7. Los demandantes apelaron esa decisión con fundamento en que ante el resultado claro y contundente del análisis de ADN, no tenía cabida una supuesta reafirmación de la paternidad que jamás se produjo, pero que aún de aceptar que ese reconocimiento existió, debía primar la verdad biológica, respaldada por ese examen y por otras pruebas como los testimonios practicados, con los cuales se demostró que entre el presunto progenitor y el demandado jamás existió “un trato de padre a hijo como suele normalmente suceder”. (Fl. 300, cdno. 1)
El 26 de junio de 2012, el ad quem revocó el fallo apelado y declaró la caducidad de la acción. (Fl. 26, cdno. 4)
En desarrollo del principio iura novit curia, era deber del Tribunal resolver la controversia a la luz del precepto citado. (Fls. 13 a 23)
Dicha presunción conocida en el derecho romano con el aforismo “pater is est quod justae nupciae demostrant”, descansa sobre dos supuestos de hecho que el legislador da por establecidos: la cohabitación entre los esposos o compañeros permanentes, y la singularidad de la relación de pareja.
La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos, según la jurisprudencia de esta Sala, de que “se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (…). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedor” (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01).
Según ese autor, la legitimatio ad processum, tal como lo explicó Couture(1), es “la aptitud para realizar actos jurídicos procesales válidos” y forma parte de lo que se ha conocido como “capacidad adjetiva”, la cual “mira a la adecuada representación y a la habilidad litigiosa de las partes”(2).
3.3. De mayor utilidad para el debate que asume la Corte en esta oportunidad es la diferenciación que aquel jurista propuso entre el interés para obrar al que también denominó “interés para la pretensión, o interés para la sentencia de fondo o mérito, o facultad para gestionar la sentencia de fondo”(3) y la legitimatio ad causam.
3.3.1. El primero que proviene de la sustantivación de la expresión latina “interesse”, que significa importar (importar a alguien algo), lo definió como “la utilidad o el perjuicio jurídico, moral o económico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia”(4).
Ese interés sustancial en la sentencia de mérito sobre las peticiones del libelo que inicia el proceso, reclama que “el demandante tenga un interés subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensión incoada, y que el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensión”, y aunque es diferente de la legitimación en la causa, es “el complemento” de esta “porque se puede ser el titular del interés en litigio y no tener interés serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligación, como ocurriría v. gr. Cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jurídicos”(5).
Se adiciona a las características mencionadas, las de que sea “serio y actual en obtener del proceso un resultado jurídico favorable”(6).
Al respecto, Ugo Rocco, en cuya teoría dicho interés correspondería al que denominó “primario” o “de primer grado”, destacó que los de esa categoría “puedan ser, y hasta normalmente sean, de carácter patrimonial”, pero también puede estar relacionado con un perjuicio moral, como aquel presente en las controversias de Estado, en las que, según extractó de la jurisprudencia italiana, el interés de las partes “además de económico, puede ser simplemente moral…”(7), como el que tienen los ascendientes del padre o de la madre en la impugnación de la paternidad o la maternidad, si debido a la existencia de otros hijos del presunto progenitor, no tienen parte alguna en la sucesión de su hijo o hija. En ese caso, el interés no es otro que establecer la verdad acerca del estado civil.
Sobre lo precedente, indicó el doctrinante nacional citado: “Ese interés generalmente será material y económico, pero puede serlo simplemente moral o familiar, o consistir en la necesidad de darle certeza a una relación o situación jurídicas…”(8).
Por otra parte, la actualidad del interés alude a que, tal como lo explica la doctrina, aquel ha de existir “en el momento en que se constituye la litis contestatio” para que se justifique que “el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación sustancial o del derecho subjetivo pretendido”, de modo que “Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual para su declaración judicial, puesto que no se hallan objetivamente tutelados; (...)”(9).
Modernamente la expresión “interés para obrar” ha sido sustituida por la de “interés jurídico para obrar”, a fin de evitar confusiones con el interés general en el ejercicio de las acciones judiciales como instrumento de composición de las controversias (interés para accionar).
(…) ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; es más, con ese perjuicio ‘...es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’. Así se ha expresado ésta Corporación, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro ... en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’ (G. J. LXII P. 431)’ (Cas. Civ., sentencia del 17 de noviembre de 1998, expediente 5016;…).
Vistas así las cosas, es pertinente añadir que el interés por el que se indaga ‘no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral… y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros’ (Cas. Civ., Sentencia 31 del 2 de agosto de 1999, expediente 4937;…) (CSJ SC, 18 Sep. 2013, Rad. 200500027-01, citada en CSJ SC2379, 26 Feb. 2016, Rad. 2002-00897-01; el subrayado es propio).
3.3.2. La legitimación en la causa -indicó Devis Echandía- es un instituto diferente del anterior, pues la parte puede tener esa legitimación, pero no un interés serio y actual en los resultados del juicio, lo que determinaría su falta de interés para obrar.
Como ejemplo de esa divergencia, señaló el del hijo legítimo de una persona, quien reclama para sí la herencia o parte de ella, pues si bien “tiene perfecta legitimación para la causa, por ser el titular del interés en la declaración de si le corresponde o no derecho a la herencia…si su padre no ha muerto o no ha sido declarado muerto presuntivamente, carece de interés serio y actual en la declaración solicitada, y por lo tanto, de interés para obrar”(10).
En efecto, esta Sala sobre el particular ha sostenido que aquella corresponde a “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (G.J. CCXXXVII, v1, Nº 2476, pág. 486. En igual sentido: G.J. LXXXI, Nº 2157-2158, pág. 48), aclarando que “el acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la Constitución Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión” (CSJ SC14658, 23 Oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1º Jul. 2008, Rad. 2001-06291-01).
Y añadió: “la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (CSJ SC, 14 Mar. 2002, Rad. 6139).
En cambio, para Devis Echandía, a efectos de reconocer ese presupuesto de la pretensión “No se necesita ser el titular o el sujeto activo o pasivo del derecho o de la relación jurídica material (lo que supondría que ésta siempre existiera), sino del interés en que se decida si efectivamente existe (y por lo tanto, aun cuando en realidad no exista)”(11).
4. Establece el artículo 403 del Código Civil que “el legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre”.
4.1. En una etapa inicial de la evolución normativa del régimen de impugnación de la paternidad de los hijos legítimos, el legislador dispuso que “mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo” (C.C. art. 216); por ello, ninguno contra la voluntad del cónyuge, podía discutir que fuese el progenitor de los hijos que diera a luz su mujer. Al respecto esta Corporación sostuvo que “si el padre reconoce como suyo al hijo nacido durante el matrimonio, nadie puede sostener lo contrario; él es juez soberano en este asunto” (GJT XXVI, 235).
En la doctrina francesa se indicó que “Sería inconcebible que alguien que no fuera el marido pudiera ser juez de la legitimidad del hijo; no pertenece sino al marido decidir si conviene o no, en interés de la familia misma, no revelar que el hijo nacido de su mujer es el fruto de un adulterio (…) sea cual sea el interés que se una a la manifestación de la verdad y a la exactitud del estado civil, ese interés debe ceder ante el de la familia y el hijo, interés que debe poder determinar soberanamente el marido”(12).
(…) La impugnación de la paternidad es algo de suyo delicado. Y si el marido no reclama la paternidad que le atribuye la ley, es porque no le asaltan dudas al respecto. No sería lógico que, si el marido está reconociendo tácitamente la paternidad al no impugnarla, pudiera hacerlo un tercero que jamás podrá estar en la misma situación del marido para apreciar la verdad de los hechos(13).
4.2. Al comenzar a regir la mencionada normatividad, el inciso 2º del artículo 3º, extendió dicha facultad al hijo, de quien estableció que podía impugnar en cualquier tiempo la legitimidad presunta, siempre que su nacimiento hubiera ocurrido después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal.
Sobre lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia que declaró exequible esa disposición, sujetó su constitucionalidad a que “se interprete que, además de esta causal, y en virtud del derecho que toda persona tiene de reclamar su verdadera filiación y del principio de igualdad de derechos dentro de las relaciones familiares, consagrados en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con otras posibilidades para impugnar la presunción de paternidad, así: de un lado, si el hijo acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, deberá darse aplicación preferente al artículo 406 del C.C; de otro lado, en todos los casos, el hijo contará con las causales previstas para el marido en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5º de la Ley 95 de 1890” (C.C., C-109, 15 Mar. 1995, Rad. Demanda D-680).
Frente a la legitimación para impugnar la paternidad, mientras viviera el marido, esta Sala sostuvo que el estado civil del hijo estaba consolidado, era definitivo y no podía “ser cuestionado por terceras personas, ni bajo el argumento de que lo que se pretende es el establecimiento o la declaración de su verdadero vínculo o parentesco de sangre. En este caso, el legislador protege la familia, su construcción y la privacidad que debe reinar en el campo de la filiación” (CSJ SC, 9 nov. 2004, Rad. 2004-00115-01).
4.4. Ahora bien, los preceptos 219 y 222 del Código Civil establecen que muerto el presunto padre los herederos pueden impugnar la paternidad matrimonial y que también, lo pueden hacer los ascendientes del marido, aunque no tengan parte en la sucesión de este.
Por su parte, el artículo 220 de ese mismo estatuto también faculta “a cualquier persona que tenga interés actual en ello”, para impugnar la paternidad del hijo nacido después de expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio; sin embargo, la impugnación no procede cuando el padre por acto testamentario o mediante otro instrumento público, reconoce al hijo como suyo, pues ese reconocimiento expreso impide a los terceros reclamar contra la paternidad del presunto hijo.
Así lo consideró esta Corte al indicar que “en las controversias sobre estado civil, el interés de la parte actora, además de poder ser económico, puede ser simplemente moral y abstracto; es decir, derecho a la tutela del bien inmaterial, al que corresponde el derecho subjetivo de acción” (CSJ SC, 26 ago. 1946).
4.5. En ese orden, el interés jurídico para obrar del demandante deriva del beneficio o utilidad que pueda reportarle la sentencia de mérito, ventaja que puede ser solo moral como en el caso del ascendiente que no tiene parte en la sucesión del progenitor presunto, o material si le representará un eventual incremento en su patrimonio, y aquel estará legitimado en la causa si existe identidad entre él y “la persona a la cual la ley concede la acción” (G.J. CCXXXVII, v1, Nº 2476, pág. 486; G.J. LXXXI, Nº 2157-2158, pág. 48).
Supuesto que la acción de desconocimiento, en manos de los herederos, es un derecho pecuniario, podrán ejercitarlo todos los que sean sucesores a los bienes del difunto; nada importará que no sean sus parientes, pues no se trata de derechos de familia, sino de derechos pecuniarios. De aquí resulta que si el heredero vende su porción hereditaria, en esta venta quedará incluida, para el comprador, la facultad” (se subraya)(14).
Esta corporación sostuvo a ese respecto que “aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, según corresponda en cada situación, son quienes están autorizados legalmente para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia” (CSJ SC, 11 abr. 2003, Rad. 6657).
5.1. En este caso, el demandado excepcionó que el presunto padre lo reconoció de manera expresa como su hijo, lo cual -indicó- se acreditó con la copia de la demanda de separación de cuerpos instaurada contra María Cristina Ruiz Londoño, y la del fallo proferido en ese juicio, el 13 de septiembre de 1984 por el Tribunal Superior de Medellín.
En relación con lo anterior, es necesario reparar en que de acuerdo con el artículo 262 de la normatividad adjetiva, son documentos públicos: “1. las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116; 2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos; 3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley”, vale decir, aquellos expedidos con las formalidades legales por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones.
No obstante, ante los avances de la ciencia, la Ley 721 de 2001 en su artículo 1º(16), le confirió especial importancia a la prueba de ADN para determinar el parentesco biológico, pues tiene la capacidad de otorgarle al juez el convencimiento sobre su existencia, con lo cual cumple con la finalidad de hacer efectivo el derecho a conocer quiénes son los progenitores de una persona, —lo que resulta de enorme trascendencia para el individuo, la familia, la sociedad y el Derecho—, importancia que posteriormente reiteró la Ley 1060 de 2006.
El juzgador en la actualidad tiene a su alcance valiosos instrumentos derivados de los avances científicos que le permiten reconstruir la verdad histórica, esto es, la paternidad biológica; por supuesto, que si las pruebas genéticas permiten no solo excluir sino incluir con grado cercano a la certeza la paternidad de un demandado resulta patente su relevancia en la definición de esta especie de litigios… (CSJ SC, 30 Ago. 2006, Rad. 7157, reiterada en CSJ SC, 1º nov. 2011, Rad. 2006-00092-01).
7.1. Dentro de las varias pruebas que fueron practicadas en el curso del proceso, la Corte fija su atención en el examen de ADN realizado por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Antioquia(17).
En el dictamen en cuestión se concluyó “Con el análisis de los Marcadores Genéticos estudiados se llega a la conclusión de que el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria se excluye como padre biológico del señor Julio Alberto Ríos Ruiz”.
6. (sic) En consecuencia, se revocará el fallo apelado y, en su lugar, se declararan no probadas las excepciones propuestas y serán acogidas las pretensiones de la demanda. Las costas de ambas instancias se impondrán al demandado, de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
3. DECLARAR que el demandado Julio Alberto Ríos Ruiz no es hijo del señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria.
4. ORDENAR que se haga la modificación correspondiente en el registro civil de nacimiento del demandado. Ofíciese en tal sentido a la Notaría Única del Círculo de San Andrés Isla.
5. CONDENAR en costas de ambas instancias al demandado. Liquídense por la Secretaría las de segundo grado, incluyendo agencias en derecho por la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
3 DEVIS, Op. cit., t. I, pág. 447.
17 Folios 216 a 220, cdno. 1.

References: artículo 221
 artículo 403
 artículo 3
 artículo 406
 artículo 5
 artículo 220
 artículo 262
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 392