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Timestamp: 2019-11-13 07:50:40+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-15544
Documento BOE-A-2019-15544
«BOE» núm. 261, de 30 de octubre de 2019, páginas 120132 a 120139 (8 págs.)
BOE-A-2019-15544
En el ámbito notarial y registral y para sucesiones “mortis causa” regidas por el Código Civil, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha interpretado (cfr. Resoluciones de 26 de noviembre de 1998, 26 de febrero de 2003 y 27 de febrero de 2019) que la privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial, por lo que sin esta última no podrá prescindirse del testamento del que deriva la institución de heredero del ex cónyuge de la causante. La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su citada Resolución de 27 de febrero de 2019, afirma que falta en el Código Civil una norma como la de la mayoría de las legislaciones forales que, para los supuestos de separación o divorcio de los cónyuges, establecen –normalmente como presunción “iuris tantum”– la ineficacia de la disposición testamentaria a favor del cónyuge. Cita la Dirección General de los Registros y del Notariado, como ejemplo de tales disposiciones de derecho foral, el artículo 28.3 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco.
La sucesión “mortis causa” de doña M. T. M. A. se halla sometida a las disposiciones de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco. Como resume la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. Resoluciones de 12 de junio y de 12 de julio de 2017), resulta de la aplicación de los artículos 3 y 9 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco, de las disposiciones transitorias 1.ª y 7.ª de dicha norma, de los artículos 9.8 y 16.1 del Código Civil, de la disposición transitoria 12a de dicho texto legal y de la disposición transitoria 8a de la Ley 11/1981, de 13 de mayo que las sucesiones “mortis causa” abiertas des de entrar en vigor la Ley 5/2015 se rigen por la nueva legislación, todo ello con a la vecindad civil vasca general de la causante al tiempo de su fallecimiento.
Esta calificación desfavorable será notificada... (Oferta de recursos)».
1. Que invoca el registrador, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018 y la Resolución de 27 de febrero de 2019 y entiende que al fallecimiento de la testadora es aplicable a la herencia de doña M. T. M. A. la Ley 5/2015, de 25 de junio de derecho civil vasco. Alega además que en la misma existen disposiciones que conducen a la ineficacia sobrevenida de las disposiciones patrimoniales testamentarias a favor del ex-cónyuge, en supuestos de posterior divorcio de los consortes. Cita los artículos 28.3, 45.3, 55 y 57.
2. No obstante, la vigencia y aplicación de la Ley 5/2015, de 25 de junio, a la herencia, no son aplicables ninguno de los artículos que el registrador cita. En efecto, no son aplicables porque ninguno de ellos se refiere, ni quiere referirse, a la ineficacia del testamento por divorcio por lo que, contrario sensu, habrá que interpretar que el legislador no ha querido que el supuesto que nos ocupa quede comprendido en ellos.
3. Como dice la propia Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018, “conforme al art. 675 del CC la regla esencial en materia de interpretación testamentaria es la averiguación de la voluntad real del testador”. No se discute en este supuesto que lo que ha de prevalecer es la voluntad de la testadora y tampoco se discute que el momento en que hay que buscar la voluntad de la testadora es el del otorgamiento del testamento y no el de su fallecimiento o del otorgamiento de la escritura de herencia (vid., por todas, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de marzo de 2015 y posteriormente las de 18 de julio de 2018 y 6 de marzo de 2019, si bien esta última de forma incidental pero clara). Pues bien, conviene señalar que, a la fecha del testamento, la otorgante venia ostentando vecindad civil común a lo largo de toda su vida y ello, no sólo por razón de nacimiento en Bilbao, que hasta el año 2015 siempre ha estado sujeto al derecho común, sino también de matrimonio y vecindad en la mentada villa. Sólo a partir del 3 de octubre de 2015 pasó a ostentar vecindad civil vasca a la que siempre fue ajena, y ello de forma imperativa como consecuencia de la entrada en vigor de la repetida Ley 5/2015, de 25 de junio. Mal se puede asociar a la voluntad del testador, en el momento del otorgamiento del testamento, una Ley que todavía no existía. Es decir, la Ley Foral, y con ella sus artículos, es aplicable a la sucesión, pero no a la interpretación de la voluntad del testador. Para esa interpretación hay que acudir al momento del otorgamiento del testamento y en ese momento la Ley aplicable es la común del Código Civil.
1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante falleció en 2018, en estado de divorciada con el recurrente; había otorgado su último testamento en 1996, en el que manifiesta estar casada con el recurrente y solo hace una disposición efectiva: “Instituye heredero a su marido” y nombra sustituciones solo para el caso de premoriencia; en 2015, había sido modificada su capacidad por sentencia, en la que se le privó de capacidad para determinados negocios jurídicos, entre ellos, el de otorgar testamento.
2. La primera cuestión es si puede revocarse o prescindirse de un testamento por decisión de los herederos. Como ha recordado este Centro Directivo (en Resolución de 27 de febrero de 2019) esta cuestión ha sido resuelta por esta Dirección General (Resoluciones de 26 de noviembre de 1998 y de 26 de febrero de 2003) con una doctrina que debe ser mantenida. Como puso de relieve la primera de esas resoluciones, la revocación de los testamentos abiertos, en Derecho común, no puede tener lugar, sino a través del otorgamiento de un nuevo testamento válido. No se produce la revocación de los testamentos mediante actos o negocios jurídicos que no adopten las formas testamentarias, ni en virtud de causas no previstas legalmente (cfr. artículos 738, 739 y 743 del Código Civil).
3. Por otra parte, al igual que ocurrió en el supuesto resuelto por la Resolución de 27 de febrero de 2019, en el presente caso no puede apreciarse que en la institución hereditaria debatida concurra una causa falsa –en el sentido de erróneo motivo de la disposición que determine su ineficacia–, conforme al artículo 767 del Código Civil. Como recuerda esta Resolución, este precepto acogió la regla tradicional, procedente del Derecho Romano, de que la expresión testamentaria de una causa falsa de la institución hereditaria se tiene por no escrita y no afecta a la validez de aquélla («falsa causa non nocet»). Este criterio pasó al Código Civil a través de las Partidas («falsa o mintrosa razón diziendo el testador, quando ficiesse la manda, non le empece nin se embarga por ella»; Sexta Partida, Tít. IX, Ley XX), y ha sido corroborado por la doctrina del Tribunal Supremo (cfr. las Sentencia de 30 de abril de 1920, 10 de febrero de 1942, 14 de marzo de 1964, 5 de marzo de 1965 y 2 de julio de 1977, entre otras).
4. Por otra parte, este Centro Directivo no puede desconocer el criterio del Tribunal Supremo en la Sentencia número 539/2018, de 28 de septiembre, citada por el registrador y por el recurrente, y en la Sentencia número 531/2018, de 26 de septiembre. Pero respecto del ámbito notarial y registral cabe recordar que la privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso instado por quien esté legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia (total o parcial); y ello porque el principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. artículo 658 del Código Civil), conduce inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurra en caducidad ni en vicios sustanciales de forma (cfr. Resoluciones de esta Dirección General de 13 de septiembre de 2001, 21 de noviembre de 2014 y 2 de agosto y 5 de octubre de 2018). Por ello, debe concluirse que en el caso que es objeto de este recurso no podrá prescindirse, sin la pertinente declaración judicial de ineficacia, del testamento del que deriva la condición de heredero del ex cónyuge de la causante.

References: Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 767
 artículo 24
 artículo 658