Source: http://www.libertadidioma.com/20180816.htm
Timestamp: 2020-06-01 19:29:47+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 16 Agosto 2018
O nos rebelamos o fenecemos
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Agosto 2018
No le falta sentido común a quien dice que "la educación, la política fiscal, la lucha contra el cambio climático, las estrategias para la migración u otros similares necesitan de un profundo y permanente debate entre los políticos para dar respuesta a retos complejos y cambiantes." Pero esa razonable queja desaparece al instante, se esfuma como todos los lloriqueos cínicos, si no se acepta que la cuestión clave que tienen que discutir los partidos políticos es la revitalización de una Nación, España, que está en ruina. Mas la desaparición de la Nación es algo que no están dispuestos a reconocer ni el Gobierno ni la Oposición. Tampoco la mayoría de la prensa se atreve a criticar esa ceguera o servidumbre voluntaria de los partidos políticos.
Por lo tanto, si no aceptamos que los políticos españoles de hoy, como los de la vieja Restauración de Cánovas, se han constituido en casta sin otro móvil, cito textualmente al delicioso Galdós, que "tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático", entonces carece de viabilidad cualquier crítica a un "sistema político" que nos lleva a todos al borde del precipicio. Es obvio que solo hay una salida en estos momentos para empezar a tener alguna "esperanza": ¡Elecciones ya! No veo otra forma de rescatar el "espíritu de regeneración" que surgió hace unos años con la aparición de dos nuevos partidos. ¿Qué hacer para forzar esa convocatoria electoral? Se me ocurren muchas cosas, pero creo que ninguna es realista, entre otros motivos, porque los "españoles" duermen, o peor, están medios moribundos asándose en las playas. Poco espero de un gentío que le va la marcha fúnebre de una España de cantones y perroflautas. La mayoría desconoce por completo la situación política, moral y, sobre todo, cultural del país. Creen que esto está mal pero aguantará. ¡Pobres majaderos! Ahora, como en los viejos tiempos de la otra Restauración, el pueblo nada sabe, nada sospecha, o sea, "se enterará de la nueva esclavitud cuando ésta ya no tenga remedio."
Mientras tanto, mientras Sánchez gana tiempo para retorcerle el brazo a todos sus adversarios, recordémosle permanentemente que su moción de censura era para convocar elecciones generales. Mientras Sánchez utiliza hasta la extenuación todos los aparatos del Estado en beneficio propio, afirmémonos en la crítica a todos los medios de comunicación que apoyan cínicamente este tiempo de vacuidad política. No valdrá para mucho, pero es un desahogo, una forma de afirmación moral de nuestra quebrada voluntad de ciudadanía. En fin, carezco de las palabras adecuadas para salir de esta ruina política, pero, mientras se inventan otras, me apunto a las últimas que escribiera uno de los más grandes escritores españoles de todos los tiempos: " Alarmante es la palabra Revolución. Pero si no inventáis otra menos aterradora, no tendréis más remedio que usarla los que no queráis morir de la honda caquexia que invade el cansado cuerpo de tu Nación. Declaraos revolucionarios, díscolos si os parece mejor esta palabra, contumaces en la rebeldía (…). Constituirá el único síntoma de vida".
Pues eso: o nos rebelamos o fenecemos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Agosto 2018
PEDRO SÁNCHEZ SE PONE PLUMAS AJENAS Y LE DEJAN EN RIDÍCULO: LA INMIGRACIÓN ILEGAL ES UN DRAMA CON EL QUE NO SE DEBE FRIVOLIZAR.
Hemos pasado del papeles para todos y a ofrecer puertos españoles a los barcos de unas ONG’s, que no se sabe muy bien cual es su misión real en los salvamentos, a imitar a Italia y mantener el cerrojo a los atraques de los barcos y encomendarse a una solución provisional pactada en la UE. No obstante, también ha salido el xenófobo separatista Presidente de la Generalidad, que no pierde oportunidad para provocar con su mensaje, ofreciendo puertos “bajo soberanía de Cataluña”, como si esa competencia indelegable ya estuviese transferida y fueran un Estado más de la UE. Pero el mayor esperpento ha venido nada menos que de la resolución pactada entre seis países de la UE (Francia, Alemania, Malta, España, Portugal y Luxemburgo ¿?) sobre el barco Aquarius con 164 rescatados a bordo y que tendrá puerto seguro en La Valetta, Malta. Pedro Sánchez ha querido vender que ese pacto se ha dado gracias a su mediación y propuesta. No ha tardado ni horas en responderle Enmanuel Macron para desmentirle y mantener que el pacto lo fue gracias a Francia y Malta.
Como ven, aquí no se pierde la ocasión para cada cual aprovechar un drama humano para sacar rédito político. Una actitud que no extraña en un PSOE acostumbrado a usar a las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza contra su enemigo político, el PP. En el caso de la inmigración ilegal dice sin sofocarse por boca de la Ministra Carmen Calvo, que es una herencia de “una situación en la que se avecinaban las cifras” y “se sabía que esto iba a venir y nadie hizo nada”. Afirma que hace tres meses no existían discursos xenófobos en algunos partidos y que solo el PSOE se ha mantenido coherente. No creo que tras el nuevo ridículo de Pedro Sánchez que intenta seguir vendiendo la imagen de “gran estadista”, pueda hacer algo más que guardar un prudente silencio y contestarle al golpista Joaquim Torra que la competencia de todos los puertos de la autonomía de Cataluña la sigue teniendo el Gobierno de España y que necesita el permiso del Estado para revocar una orden de denegación de atraque.
Pero es que el asunto de la inmigración ilegal es demasiado serio como para que los partidos políticos sigan usándolo de esa manera tan miserable, mezquina y ruin cuando están en juego miles de vidas humanas. Un problema complejo que nace de la situación de caos imperante en la mayoría de países de África. Un continente expoliado y oprimido durante siglos de ocupación por la fuerza de las potencias europeas, que se lo repartieron a su antojo fijando fronteras discrecionales y territorios sin ninguna consideración con las diferentes etnias que los habitaba y a las que no dudaron en someter y esclavizar durante siglos para usarlas como mano de obra en sus latifundios del nuevo Continente, América. Porque ¿en qué se diferencian las mafias que campan a sus anchas en Libia, Marruecos, Argelia de las que operaban en las costas del Atlántico llevando esclavos encadenados? ¿O el expolio de recursos económicos como minerales valiosos, uranio, cobre, oro, diamantes en excavaciones donde morían miles de esclavizados trabajadores?
Entre Francia, España, Portugal, Bélgica, El Reino Unido, Holanda se repartieron sin ningún pudor vidas y bienes fijando sus “protectorados” o “colonias”. Y esas “potencias” hoy integradas en la UE, se niegan a aceptar su responsabilidad cuando en el pasado siglo decidieron abandonarlas y dejarlas en manos de los nativos. Un caso de abandono de proporciones gigantescas en las que las guerras por el poder y la corrupción han sido la tónica habitual y donde la represión de las poblaciones, enfrentamientos y genocidios entre etnias diferentes, una sangrante y vergonzosa realidad no impedida, sino además impulsada y apoyada con la venta de armamento y financiación económica de alguno de los bandos. Pero a veces se hace algo de justicia divina que vuelve en forma de enfermedades virales incontrolables como el Ébola o el SIDA.
Y sí, la UE necesita lavar sus pecados pero se muestra reacia a reconocer ese sufrimiento y el mal causado que es la causa principal del comienzo del éxodo de unos seres humanos desesperados por el hambre, la enfermedad y la muerte en guerras interminables donde casi siempre son víctimas de los bandos en contienda. Un éxodo que se ve atraído por el resplandor de la riqueza de una UE que parece vivir en su burbuja de prosperidad y no mostrar ninguna conciencia ni empatía por lo que no considera problema suyo. Y ahí está el Mediterráneo como única frontera y camino viable hacia ese paraíso. Un mar interior convertido en trampa mortal y fosa común de miles de sueños que a pesar del peligro deciden embarcarse porque no tienen nada que perder y sí mucho que ganar.
Y es que contra la desesperación y la determinación es muy difícil argumentar. Es por eso que nuestro deber como ciudadanos es solucionar de una manera sensata y planificada esta imparable migración humana. Y lo primero es atender a los que ya han emprendido el camino y ofrecerles refugio seguro y unas condiciones dignas para vivir. Y lo segundo es terminar en el origen con las causas de esa desesperación, con los señores de la guerra, con la venta de armamento y con el proselitismo de facciones radicales como el yihadismo que siguen cosechando fieles que no dudan en mezclar con los que solo aspiran a una vida mejor e introducirlos en los países occidentales que consideran enemigos de Alá. Una invasión en forma de caballo de Troya en esos barcos de las ONG’s que supuestamente “rescatan” a escasas millas náuticas de los países de donde salen las pateras a buscarlos.
Este problema no es para frivolizar ni hacer política populista y demagogia como ha intentado vergonzosa y torpemente Pedro Sánchez. Se requiere unidad de acción en toda la UE y toma de conciencia real del problema. Algo que creo que ya existe pero que no se quiere asumir por el excesivo costo que conlleva y la complejidad de actuar en el origen del problema. Pero es que va siendo hora de que Europa pague una penitencia por sus múltiples pecados. Los países ricos lo son porque han expoliado durante siglos territorios, colonias y etnias y es justo que devuelvan al menos parte de lo robado en forma de ayudas al desarrollo mucho más generosas que ese 0,7% del PIB que ni siquiera se llega a cumplir. Es hora de acometer el problema con decisión y con visión de futuro y no perderse en rencillas ni en actitudes proteccionistas como la de Italia al verse abandonada por sus socios ante una avalancha de inmigrantes.
Hay que ponerse manos a la obra y dejarse de bufonadas y comisiones estériles. Es un problema de toda la UE y debe ser la UE la que lo resuelva o empiece a dar soluciones. O eso o la UE habrá terminado antes de haber llegado a ser una realidad.
Una cacicada inconstitucional
EDITORIAL El Mundo 16 Agosto 2018
Pese a que desde la oposición se lo reprochaba al Gobierno anterior, Pedro Sánchez le ha cogido gusto a legislar a golpe de decreto. En plenas vacaciones, el Ejecutivo aprobó el 3 de agosto un real decreto de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta norma plantea dos novedades sustanciales y controvertidas. La primera es que concede capacidad a los servicios sociales para conferir a una mujer la condición de víctima sin que medie resolución ni medida judicial alguna. La segunda es que modifica nada menos que el Código Civil para alterar aspectos clave de la patria potestad.
Desde la promulgación de la Constitución en 1978, ningún Gobierno se había atrevido a cambiar una norma esencial como el Código Civil mediante un decreto. Ello ha suscitado que destacados juristas hayan alertado de un error jurídico de alcance constitucional, lo que va en perjuicio de los propios objetivos que persigue el Ejecutivo. Resulta improcedente la modificación del artículo 156 del Código Civil, en materia de facultades de los padres en la patria potestad, mediante decreto ley porque no reúne ninguno de los dos requisitos del artículo 86 de la Constitución: ni el de extraordinaria y urgente necesidad ni el de ser materia susceptible de regularse por este procedimiento, en la medida que no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. De acuerdo con la nueva norma, cuando haya una sentencia condenatoria o simplemente cuando se haya iniciado un proceso penal contra uno de los padres "por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad". En consecuencia, el progenitor condenado, imputado o investigado se ve privado de la capacidad de decisión en esa materia y sólo tendrá derecho a ser informado previamente, pero desde la irrelevancia de que consienta o no el tratamiento.
Tanto la modificiación de la patria potestad como la marginación de los jueces de malos tratos a la hora de declarar a las mujeres "víctimas" -adjudicando también a los servicios sociales la competencia de acreditar situaciones de violencia de género- son medidas intolerables. En todo caso, las prisas de Sánchez por legislar en esta materia revelan su oportunismo. Un Estado de derecho se rige por unas garantías que deben respetarse en todos los casos, por muy bienintencionado que sea el objetivo. Es loable que los poderes públicos, empezando por el Gobierno, hayan fijado la lucha contra la violencia machista como una prioridad política. Lo que resulta inadmisible es hacerlo mediante vías de dudoso encaje constitucional.
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Agosto 2018
Sin duda hemos entrado en una fase de nuestra historia patria donde cualquier parecido de esta sociedad en la que estamos viviendo con aquella que, apenas hace unos años, teníamos en España sería, como dice el adagio, “mera coincidencia”. Hemos pasado de ser una España católica, al menos formalmente, a un país “aconfesional” que, en la práctica, nada tiene de lo que significa dicho término y sí mucho de lo que se podría calificar como de “laico”, antirreligioso, ateo o incluso belicoso en contra de algún tipo de creencia religiosa, el catolicismo por ejemplo, que durante siglos fue la religión imperante en todo el territorio nacional. No es que haya tolerancia con las ideas de cada ciudadano, no es que se respeten las creencias de las distintas religiones implantadas en nuestra nación, no es que se permitan con normalidad que algunas minorías puedan tener convicciones políticas más o menos extremistas o, incluso contrarias a las de las mayorías ( siempre, naturalmente, que se respeten las leyes del país); es que, señores, lo que sucede en realidad es que cuando se habla de personas que tienen ideas de derechas, inmediatamente salen aquellos que los demonizan, los califican de nazistas o fascistas, dos términos que inclusos para aquellos que no tienen idea de qué se trata, tienen graves connotaciones peyorativas para aquellos a los que se les aplican, sin que falten los que no dudan en calificar de poco demócratas a aquellos que no profesan ideas de izquierdas o incluso comunistas. La izquierda tiene su democracia a la carta que aplica según su conveniencia.
Es evidente que esta imagen virtual del “tigre” de la que nos habla Porfirio Díaz, como figura representativa de una apertura hacia unas “libertades”, llamémoslas así, que suponen una laxitud en el control de los populismos, una apertura a lo que, en ocasiones, se entiende como libertad de expresión o manifestación, dándole al artículo 20 de nuestra Constitución un significado excesivamente permisivo, casi omnímodo, como si se tratase de una patente de corso que permitiera que cualquiera pudiera soltar cualquier barbaridad, insulto o infamia sin que, la Justicia, pudiera poner remedio a semejante disparate. Al parecer, hay pocos que se hayan acabado de leer el artículo constitucional o bien no han llegado a su apartado 4º, donde se dice: “4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”
Son muchos los que han decidido por su cuenta tomarse la licencia de interpretar a su manera esta parte de la Constitución, especialmente en los medios de prensa y en determinados partidos separatistas o de izquierdas que suelen atribuir a los derechos que les otorga la democracia, el que les permite excederse en cuanto a descalificar, humillar, proscribir y anatemizar a aquellos que no comparten sus opiniones y también a todos los que forman parte de otros partidos políticos a los que desprestigian, envilecen o degradan, simplemente por constituir un obstáculo para que puedan llevar a término sus políticas totalitarias sin respetar, por supuesto, el derecho de sus adversarios a defender sus opciones en igualdad de condiciones.
Y aquí tenemos al señor Sánchez, el oportunista, intentando vendernos como un éxito suyo el que haya conseguido (o él piensa que ha sido mérito suyo) espantar el fantasma del efecto llamada respecto a este tercer barco que se nos presenta en nuestras costas, con la pretensión de desembarcar a sus pasajeros. Borrell, inocente de él, dijo que el admitir al Aquarius en el puerto de Valencia no era más que un acto de acogida meramente testimonial, para que Europa tomara conciencia del problema. Han ido llegando (ya no digamos lo que nos entran por el Sur en pateras y por las fronteras de Ceuta y Melilla) nuevas oleadas y, como no se pongan las pilas en Europa, no en el sentido de este pacto de cinco países con el que se ha pretendido dar solución a esta segunda tanda del Aquarius, una chapuza sin ningún sentido que sólo anuncia que, cinco países de toda la UE, están dispuestos a hacer de cabezas de turco para cargarse sobre sus espaldas todo lo que nos venga desde Libia o del resto de países del norte de África. Pero África tiene muchos millones de habitantes que, a través de TV, de Internet o del resto de medios de comunicación han llegado al convencimiento de que Europa es un paraíso en comparación con la situación de los países en los que les ha tocado vivir. El efecto, llamada ya existe y no solamente porque el señor Sánchez se haya equivocado en su “buenismo” acogiendo a lo que se empeñan en calificar como “ náufragos” a unos señores que, no es que hayan sufrido un revés durante una navegación en embarcaciones de transporte de pasajeros, naves de carga, barcos de pesca etc. No, señores, aquí se trata de una actividad ilegal de pies a cabeza, que comienza en los mismos países en los que los migrantes se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas; ya sea por hambrunas, ya por guerras internas o ya por estar bajo el yugo de dictadores que se hacen cargo de todas las ayudas que reciben de países externos y, en lugar de repartirlas entre sus súbditos, se las quedan ellos con el fin de sacar provecho personal de ellas.
Los traficantes humanos les arrancan hasta el alma para ofrecerse a llevarlos a través de los caminos que tienen trazados por el continente africano, cobrándoles miles de dólares (más según sean las posibilidades de llegar a una nación como España, que tiene fama de acoger con facilidad a los que, de una forma u otra, consiguen desembarcar en ella o atravesar las permeables fronteras de nuestras ciudades del norte de África) Estos sujetos, bien entrenados, mejor informados y listos como el hambre, sin ningún escrúpulo, tienen un plan trazado que saben que no puede fallar y, si falla, como ya han cobrado lo suyo, el que se ahoguen en el mar unos cientos o miles de desesperados, no les importa más que lo que les importaba a los negreros que transportaban cargamentos de negros encadenados desde Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea, Sierra Leona o Liberia hacia las costas americanas, donde eran vendidos a los terratenientes de aquellos lugares para servirles de esclavos.
Cuando llegan a un punto determinado, cerca de los límites de aguas territoriales de España, los dejan embarcados en zodiacs, apiñados como bestias, para que intenten llegar por sus propios medios a su destino, para desembarcar en cualquier lugar de la costa española que les resulte accesible; aunque, lo que se pretende de verdad, es que, sean los barcos de las ONGs, verdaderos cooperadores necesarios para este tipo de comercio humano, los que descubran las embarcaciones de los presuntos “náufragos” para que los rescaten y terminen el trabajo empezado por ellos, cuando son entregados a las autoridades portuarias para que se inicie el farragoso trabajo de tratar de identificar el origen de cada uno. Tarea durante la cual se van fugando a cientos de los centros de internamiento y, si resulta que son menores sin identificación alguna, es evidente que se van a quedar, sin más, en tierras españolas.
Resulta que el señor Sánchez no se ha preocupado de que cese esta avalancha que nos viene del Sur, organizada por las mafias, porque lo que parece que intenta es conformarse con que algún otro país que, también tiene problemas con los inmigrantes, se haga cargo de algunos de los que vayan llegando. El “gran acuerdo” que pretende vendernos el señor Sánchez ( empujado por la necesidad de justificar su fallo cuando acepto al Aquarius) con este magnificado acuerdo con la señora Merkel (en horas bajas y agobiada por los partidos de derechas de su país que amenazan con acabar con su mandato) con la cooperación de tres países más (Francia, Portugal, Luxemburgo y Malta) no beneficia, en realidad, más que a la alemana que ha conseguido que, los migrantes que lleguen a Alemania a través de España, y no sean admitidos en aquella república, regresen a España, que será la que finalmente se hará cargo de ellos. Unas ayudas económicas para el gobierno español y la responsabilidad de hacerse cargo de estos migrantes que recaería evidentemente sobre la nación española y ¡todos contentos!
O así es como nos encontramos ante una política migratoria en la que, en lugar de buscar en el Parlamento Europeo un acuerdo global de toda la UE sobre un tema de tanta trascendencia, nos conformamos con parchear una situación que sabemos que, si nos limitamos a repartir a los que vayamos recogiendo la situación cada vez la situación se hará más complicada, los mafiosos se sentirán respaldados y el número de refugiados se irá incrementando hasta que, en España, los españoles se den cuenta de que aquellos sentimientos tan nobles de acogida de quienes lo pasan mal en sus países, se vayan convirtiendo por efectos de la difícil convivencia, como ha sucedido en Alemania, en un rechazo a aquellos que, como están demostrando los manteros de Barcelona y Madrid, a medida que son más numerosos se van volviendo más agresivos y, por tener, hasta ocurre que, siendo una actividad ilegal, han conseguido ( ayudados por Podemos) constituir su propio Sindicato con el que, en el colmo del absurdo, las autoridades catalanes parecen dispuestas a negociar.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que este “tigre” que ha dejado en libertad, imprudentemente, el señor Pedro Sánchez del PSOE, mucho nos tememos que va a necesitar cada día que pase mucha más carnaza para quedar saciado. No se ha cortado la invasión cuando se estaba a tiempo para ponerle remedio, mediante una Ley europea que fijara los procedimientos, el número y, especialmente, la clase de personas que pudieran acceder a Europa, para evitar algo que parece que nadie se está dando cuenta ¿ cuántos de todos estos que entran en España, huyen por su cuenta antes de ser fichados o reciben trato especial por ser menores o, incluso, se reparten por cupos entre las provincias para que se diluyan entre las respectivas poblaciones, aunque no tengan trabajo alguno, pudieran ser miembros del EI o de cualquier otra organización que planeara organizar un atentado en nuestro país? Es muy posible que haya casos en los que hasta la policía y la Guardia Civil, ignoren su existencia. Convendría pensar en todo ello.
Buscará su derogación
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Agosto 2018
En un comunicado emitido "ante la gravedad del recién aprobado Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, durante temporada estival con el objetivo de que los españoles no conozcan la grave vulneración de sus derechos fundamentales", VOX denuncia lo siguiente:
1º Ninguna norma puede facultar la vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales de los españoles.
2º No resulta admisible jurídicamente que pueda equipararse un informe de un servicio social de un Ayuntamiento a una sentencia judicial.
3º No resulta admisible en un Estado de Derecho que se prive a uno de los progenitores de la patria potestad sin que haya sentencia judicial para ello.
4º La citada norma vulnera la presunción de inocencia, el derecho al honor, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Por todas estas razones, el partido presidido por Santiago Abascal manifiesta su total oposición a este Real Decreto-Ley "que ocasiona en los ciudadanos una palmaria vulneración de sus derechos fundamentales, que es inconsitucional en fondo y forma y va a producir terribles consecuencias sobre los ciudadanos, apuntalando la creación de unos españoles sin derechos, los varones, en el más puro estilo de las inicuas leyes de Nuremberg, promulgadas por el régimen nacional-socialista, contra una parte de la población alemana".
VOX considera esta Decreto Ley un nuevo abuso de poder de un presidente, Pedro Sánchez, obsesionado por ofrecer sólo actos de mera propaganda y al que habrá que pedir cuentas de su gestión y del daño hecho tanto a España como a sus ciudadanos. VOX añade que se compromete a promover su derogación y a tomar cuantas medidas le sea posible llevar a cabo contra este abuso con la ayuda de todos los españoles que quieran defender sus derechos fundamentales.
Hay que recrdar que el Gobierno de extrema izquierda del PSOE acaba de ordenar, por Real Decreto, modificaciones de leyes orgánicas con el único fin de dar voz y voto a los servicios sociales y hasta a los propios ayuntamientos en la certificación de la veracidad de acusaciones, ni siquiera denuncias, de supuesta violencia de género.
Tal y como informó en su momento OKDiario, en base a estas acusaciones, "y sin la protección mínima para el padre de poder defenderse porque no hay ningún proceso judicial planteado, se podrán dar por buenas las denuncias y modificar custodias cautelarmente, decidir asistencia psicológica para el hijo según la exigencia de la denunciante".
El referéndum ilegal provocó la espantada de 30.000 millones de Cataluña: el 16% de sus depósitos
OKDIARIO 16 Agosto 2018
Casi 30.000 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos, incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017, año marcado por el referéndum ilegal de independencia y el traslado de las sedes de CaixaBank o Banco Sabadell.
Los clientes retiraron exactamente en este periodo 29.429 millones de euros, un 16,4% de los depósitos confiados a la banca en Cataluña, ya que de los grupos formados por las antiguas cajas salieron 13.746 millones, un 18 %, y de los bancos, 15.683 millones, un 15,25 %.
Sin embargo, ello no quiere decir que el dinero se marchara realmente de las entidades, puesto que algunas optaron por ofrecer “cuentas espejo” y asignarlo a oficinas del mismo grupo pero en otras autonomías para dar mayor tranquilidad a sus clientes.
También ha podido contribuir a la caída de depósitos de Cataluña la fuga de miles de empresas ante la deriva independentista y su llegada a otras autonomías, lo que aumenta el dinero confiado en otras provincias.
Los datos de las patronales bancarias AEB y CECA consultados por Efe muestran que al mismo tiempo se produjo un incremento de depósitos significativo en las oficinas de Madrid y regiones cercanas a Cataluña.
En términos absolutos destaca el aumento en Madrid, 13.701 millones de euros en solo un año, un 4,13% más, puesto que si bien el saldo de depósitos en las oficinas de la región de la banca tradicional se redujo, se produjo un incremento del 21,75 % en las sucursales de las antiguas cajas, unos 21.105 millones.
Asimismo llaman la atención las subidas de los depósitos en las oficinas bancarias de las entidades representadas por AEB y CECA de Baleares, Castellón, Huesca, Navarra, Valencia y Zaragoza.
Estas seis provincias, en conjunto, vieron subir los ahorros confiados por los clientes un 6,74 % en 2017, lo que se traduce en 7.645 millones, gracias, en gran medida, a los 2.544 millones que sumó Zaragoza o los 1.748 millones de Baleares.
A continuación, Huesca, con 1.155 millones; Castellón y Valencia, con 970 y 963 millones, respectivamente, y por último Navarra, con 265 millones.
En el lado contrario, las mayores fugas de depósitos en Cataluña se registraron en las provincias de Barcelona, con 26.576 millones (13.048 millones en las antiguas cajas y 13.528 millones en los bancos) y Tarragona (329 millones y 967 millones).
A ellas hay que sumar Gerona, donde el saldo de depósitos mermó 897 millones (243 millones y 654 millones) y Lérida, con la retirada de 660 millones (126 millones y 534 millones).
Una reducción que desde el sector atribuyen al “nerviosismo” de los inversores a partir del tercer trimestre, intensificado en octubre con la celebración del referéndum ilegal que precipitó la intervención del Gobierno central y la convocatoria de elecciones autonómicas en virtud del artículo 155 de la Constitución.
Aunque sólo las propias entidades disponen de esta información, tanto CaixaBank como Sabadell, que trasladaron sus sedes sociales a Valencia y Alicante, respectivamente, aseguraron haber recuperado la calma tras la fallida declaración unilateral de independencia.
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, descartó cualquier “boicot” tras el 1-O por parte de una clientela que volvió a la “normalidad” en el cierre del trimestre, que se cerró con un saldo positivo de 1.200 millones.
En líneas similares, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, relativizó el impacto de una fuga que cifró en 700 millones y a la que calificó de “absolutamente inmaterial” en comparación con el crecimiento experimentado en el conjunto del año.
Los documentos elaborados por las patronales reflejan además un incremento del 1 % sobre el total nacional de los depósitos en manos de grupos formados por antiguas cajas, hasta 506.616 millones.
Un cierre que contrasta con el del resto de bancos, que culminaron el ejercicio con 643.177 millones de euros en depósitos, un 1,45 % menos.
De lo que Pedro Sánchez es capaz de pagar a los separatistas vascos
EDITORIAL Libertad Digital 16 Agosto 2018
Uno de los más nauseabundos al tiempo que silenciados compromisos adoptados por Pedro Sánchez con los separatistas vascos a cambio de que estos apoyaran la investidura del dirigente socialista como nuevo presidente del gobierno fue la de retirar el oportuno recurso presentado por el anterior Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional contra la llamada "ley de abusos policiales" aprobada por el parlamento vasco en 2016. Esta "ley", absolutamente contraria a Derecho, con la que los nacionalistas vascos pretenden tanto criminalizar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como reescribir la historia de lo que ha sido la lucha contra el terrorismo nacionalista en nuestro país, contempla, entre otras muchas barbaridades, la creación de una comisión de "expertos", naturalmente seleccionados por el gobierno vasco, con la potestad de conceder la condición de víctimas de excesos policiales a todo aquel que lo reclame sin que sea exigible condenas judiciales ni informes policiales que lo respalden.
Así las cosas, no es de extrañar que las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo se pronunciaran desde el primer momento contra esta mal llamada ley y que, más recientemente, instaran al Gobierno, y muy especialmente al otrora juez y actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a no ser "cómplice de un ataque el Estado de Derecho" con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra un bodrio con pretensión legislativa, muy similar, por cierto, a la "ley de abusos policiales" navarra que hace unos días tumbó el Tribunal Constitucional.
Consumada, sin embargo, la comprometida felonía por parte del gobierno socialista de retirar el mencionado recuso en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones veraniegas, ha tenido que ser el Sindicato Unificado de Policia el que anuncie, con el apoyo de las principales asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Asociación de Ertzainas, Familiares Víctimas del Terrorismo y Covite, una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco para que, a su vez, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional y este la declare contraria a nuestra Ley de leyes.
Además el sindicato estudia también emprender acciones legales contra el Gobierno socialista por un delito de prevaricación, "al retirar el recurso contra un precepto que consideran ilegal".
Se trata de una iniciativa sindical ciertamente con escasos precedentes pero que, a falta de gobierno y, por lo visto, de oposición, no cabe más que aplaudir en defensa de nuestro Estado de Derecho y de la dignidad y memoria de las víctimas del terrorismo y aun de las verdaderas pero muy escasas víctimas de los excesos policiales.
El gobierno socialista podrá encubrir su rastrero servilismo ante los nacionalistas alegando que la retirada del recurso va a unida al compromiso del PNV de introducir modificaciones a dicha ley; pero lo cierto es que dichas modificaciones no van orientadas sino acrecentar todavía más el oprobio contra nuestro Estado de Derecho y nuestras fuerzas policiales como ilustra el hecho de que van a ser los comunistas de Podemos y los proetarras de EH Bildu los que facilitarán la aprobación en el Parlamento Vasco de dichos cambios.
Se atribuye al rey francés Enrique IV la célebre frase de "Paris bien vale una misa". Esta visto, sin embargo, que Pedro Sánchez, con tal de alcanzar La Moncloa, ha sido capaz de algo peor que abrazar un credo religioso en el que no cree, como es debilitar nuestro Estado de Derecho para dar alas a quien quiere dinamitarlo tanto como mancillar la gloriosa memoria de lo que fue lucha policial contra el terrorismo nacionalista.
Isabel San Sebastián ABC 16 Agosto 2018
Las cosas se nos han ido tanto de las manos en Cataluña que resulta necesario precisar a quien me refiero con este titular, porque el número de aludidos es enorme. La principal característica del fanatismo, sea cual sea su apellido, es que incita a sus adeptos a odiar a quienes no comparten doctrina. Y desgraciadamente el fanatismo es un mal que asola con virulencia esa querida región. Fanatismo islamista, fanatismo nacionalista, fanatismo populista... la antítesis del «seny» y la apertura de miras que caracterizaron a Cataluña hasta hace no mucho tiempo.
Víctimas del odio supremacista alimentado por el separatismo somos el conjunto de los españoles conscientes y orgullosos de serlo, empezando por los que residen en dicha comunidad autónoma y se niegan a doblegarse a los dictados independentistas. O sea, los millones de ciudadanos que nos escandalizamos hasta la náusea, hace ahora un año, al contemplar el obsceno espectáculo de manipulación orquestado por los dirigentes de la Generalitat con el fin de convertir una manifestación de solidaridad con las víctimas de un atentado en un acto de exaltación soberanista. El grado de vileza requerido para llevar a cabo tan infame utilización del terrorismo es tan elevado que no existían precendentes, ni siquiera en el larguísimo historial de barbarie etarra y posterior «cosecha de nueces» peneuvista. Nunca la instrumentalización de una masacre con fines políticos fue tan burda y produjo tal repulsión. Tanta, que hasta los propios guionistas de la infamia han tenido que dar marcha atrás y renunciar a su intención inicial de transformar la conmemoración del primer aniversario de esa matanza yihadista en un mitin antimonárquico y antiespañol. Semejante bumerán les habría reventado la cara. Por eso, y no por un sentido del pudor que les es ajeno, los cabecillas del movimiento independentista anuncian su disposición a respetar el luto de una nación unida contra la brutalidad islamista y abstenerse de aprovechar la ocasión para llevar agua a su molino. Está por ver si la conveniencia les lleva a mantener una compostura que la mínima decencia exigible a un cargo público no fue capaz de garantizar en su momento.
Mañana, en Barcelona, si todo va como debe ir, España entera, representada por el Rey de todos, honrará la memoria de las únicas víctimas merecedoras de protagonismo en un día tan tristemente señalado; esto es, las que murieron asesinadas por los terroristas, los heridos y, por supuesto, todas las que perdieron a un ser querido a manos de esos criminales envenenados de odio al «infiel». Ellas son nuestras víctimas inocentes. Equiparar su situación a la de los familiares de los asesinos, como se hizo en los días siguientes al de los atentados, obedeciendo a la dictadura de lo políticamente correcto llevado al extremo, no solo es profundamente injusto, sino que constituye una traición a su memoria. Hay un momento y un lugar para cada duelo y desde luego el de los hijos de los asesinados no puede concidir con el de los padres de los asesinos. Va contra natura.
Queda mucho por investigar de esa jornada aciaga y sus prolegómenos. Múltiples indicios llevan a pensar que, si la policía autonómica hubiese actuado con más profesionalidad y menos sectarismo, contando con los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, tal vez se habría podido evitar la catástrofe. Pero tiempo habrá para realizar esa tarea, si es que el Gobierno se atreve a cumplir con su ineludible deber de esclarecer lo ocurrido. Mañana es el día de las víctimas. Nuestras víctimas. Los inocentes abatidos por el odio fanático del yihadismo.
Colau, la risa y los atentados del 17 de agosto
Cristina Losada Libertad Digital 16 Agosto 2018
Desde que es alcaldesa, tengo la impresión de que Ada Colau es una mujer reprimida. No en su vida personal, de la que sólo sabemos lo que ha querido contar y, en cualquier caso, no viene a cuento. Pero sí en el plano político, del que un observador puede saber o percibir más que el protagonista. Ahí Colau tiene el problema de la activista que llega a un cargo institucional. Un problema, para empezar, de lenguaje. El del activismo es feroz y vocinglero, gritón y hasta insultante. Es un tono, una tónica y una manera de hacer política, digamos, que tendrá que modificar si ocupa un cargo institucional, donde, por ejemplo, deberá de hablar civilizadamente con aquellos a los que antes, en su personaje activista, puso a caer de un burro a voz en grito.
Esa impresión mía de Colau me la confirmaba una reciente recapitulación suya sobre cómo vivió los atentados islamistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. El periódico que la publicó eligió para titular estas palabras: "El silencio era atronador. Lloré muchas veces". Y era verdad que Colau, en su recuento de la experiencia, hacía hincapié en los episodios emotivos que había tenido aquellos días, esto es, en cuánto había llorado. Al leerlo, no pude evitar poner en relación ese énfasis con la pequeña tempestad que desataron unas imágenes de hace un año en las que se la veía muy sonriente en un acto en homenaje a las víctimas poco después de los atentados. Su sonrisa destacaba porque todos los que tenía a su lado -los Reyes, el entonces presidente catalán Puigdemont y otras muchas personas- estaban muy serios. Aquello llamó la atención y provocó la indignación habitual en las redes. Su "lloré muchas veces" de ahora parecía encaminado a corregir la sorprendente imagen que dio: a reprimir la sonrisa que se le escapó entonces.
Su recuerdo tiene, sin embargo, elementos reprimidos de mayor sustancia. Al hablar de la manifestación contra los atentados del 26 de agosto de 2017 en Barcelona, Colau tergiversa lo sucedido. Lo que sucedió fue que una minoría notable y organizada de separatistas hizo de un acto contra el terrorismo un espectáculo de los suyos contra España. El activismo independentista abucheó y pitó al Rey y al presidente del Gobierno de España de forma continua, mostró pancartas acusando al Rey de vender armas a Arabia Saudí- vinculándolo de ese modo retorcido a la autoría de los atentados- y alzó un bosque banderas separatistas justo detrás de la cabecera. El separatismo reventó aquella manifestación y se apropió de ella e hizo todo eso con la aquiescencia del Ayuntamiento de Barcelona.
Colau no recuerda nada. No recuerda nada tal como fue. Pone la encerrona separatista al mismo nivel de intento "de politización" que la declaración de un alcalde del PP sobre su resistencia a instalar bolardos. Lamenta que hubiera una "guerra de banderas", ¡una guerra!, cuando sólo un pequeño grupo llevó banderas de España y las que caracterizaron a la manifestación fueron las separatistas. Ni siquiera recuerda que entonces dijo que llevar esteladas se justificaba por "la libertad de expresión". Pero aún se acuerda menos de su responsabilidad en lo ocurrido, al poner en manos de entidades separatistas, como la ANC, parte de la organización.
La manifestación contra los atentados del 17-A en Barcelona no se "politizó" a pesar de Colau, sino con su asentimiento. Se la entregó a los independentistas a conciencia. A la vista del resultado, la alcaldesa ha contado un cuento sobre cómo fue aquello y ha decidido reprimirse en el aniversario. Esta vez, la "politización" vendrá sólo de su mano. O eso pretende. Empezando por el lema "Barcelona, ciudad de paz", y siguiendo por la presentadora, Gemma Nierga, que ya politizó en tiempos la manifestación contra el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA con su "dialoguen".
El paso del activismo feroz a la política naif obliga a extrañas contorsiones e invenciones. Las fotos de Colau sonriente en el acto por las víctimas el año pasado volvieron a circular estos días y tuvo que salir al paso. Explicó que entre gritos de "visca el president" y "viva el rey", una señora a su lado había dicho "viva todos porque todos sentimos el mismo dolor" y que eso le había arrancado una sonrisa. Lástima- para ella- que no se la arrancara a ninguno de sus acompañantes.
17-A, el típico atentado que sale mal
Pablo Planas Libertad Digital 16 Agosto 2018
El separatismo y sus extensiones mediáticas son la Cuba de Rusia de los bulos, segunda potencia mundial en materia de difundir mentiras de grueso calado. Ahora están volcados en sembrar la impresión de que hay algo muy turbio detrás de la célula islamista de Ripoll que atentó hace casi un año en Barcelona y Cambrils. Ese algo turbio sería una supuesta conexión entre el imán Es Satty y el CNI. La disparatada versión nacionalista es que el imán estaba a sueldo de los servicios de inteligencia que a su vez habrían ocultado a los Mossos los antecedentes criminales del sujeto para proteger al confidente.
La versión sin manías de los separatistas más arrojados es que el Estado montó el atropello masivo a 44 días del 1-O para amedrentar a la población y sacar al Ejército a la calle, pero que la brillante respuesta de los Mossos de Trapero frustró el operativo. El típico atentado de falsa bandera que sale mal. La explosión de Alcanar.
Lo cierto es que los Mossos habían recibido un aviso de la CIA sobre la posibilidad de un atentado en las Ramblas, que los antecedentes del imán por tráfico de drogas constaban en los ficheros policiales, que tres oficiales de la policía autonómica viajaron a los Estados Unidos a cuenta del aviso para entrevistarse con funcionarios estadounidenses y que los Mossos iban a deshacerse de la prueba, el telex, pero lo impidió la Policía Nacional al interceptar el 26 de octubre pasado de un cargamento de papeles comprometedores que los Mossos llevaban a una planta incineradora y que ahora están en la Audiencia Nacional.
Fallaron muchas cosas en agosto del año pasado y siguen fallando. Aún así, el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, ha elogiado vivamente a los Mossos en entrevistas concedidas estos días a medios separatistas. Considera el jefe antiterrorista del Instituto Armado que la policía autonómica reaccionó con suma eficacia y que la colaboración es "absoluta y excelente". Los Mossos, por su parte, han pedido a la ciudadanía que no personalice en Trapero los homenajes y que también estuvieron muy bien los servicios de emergencia. Ni una palabra no ya de la Guardia Civil o la Policía Nacional, sino de la Guardia Urbana de Barcelona.
Para el separatismo, los atentados del 17 de agosto de 2017 son una remota referencia, nota a pie de página en la heroica construcción de la república catalana, incidente de menor relieve que sólo adquiere cierta trascendencia propagandista si sirve para laminar al Estado, encarnado en la solitaria figura del Rey, al que retratan como un vil traficante de armas y furgonetas con gran éxito de audiencia.
Tiran la piedra y esconden la mano. La ANC no asistirá al homenaje oficial a las víctimas. Los CDR celebrarán una manifestación al margen y media hora antes. Se volcarán en las puertas de la cárcel de Lledoners para homenajear a los Mossos y al exconsejero Joaquim Forn, que dirigía el departamento de Interior cuando aquello. Si alguien abuchea al Rey en Barcelona, será una reacción espontánea, refleja encerrona de una sociedad "oprimida". Torra sólo pretende "regalarle" un papelito sobre los golpistas presos y fugados, las únicas "víctimas" que contempla el separatismo. El 17-A no es nada para ellos, que tienen el 20-S, el 1-O y el 3-O.
Del atentado se sabe mucho, muchísimo. Cien cartuchos gastaron los Mossos. Seis se encontraron en el cuerpo de Younes Abouyaaqoub, el asesino de la furgoneta de las Ramblas. Los soldaditos de Alá querían destruir la Sagrada Familia y la torre Eiffel. También bebían alcohol y fumaban porros. Para disimular, claro. El chalet de Alcanar se lo habían alquilado a unos okupas, la luz se la robaban a un vecino y el ayuntamiento de la localidad les prestaba una ayuda alimentaria. Ah, y las bombonas las compraban por Wallapop.
Nadie sospechó nada y un turista estuvo a punto de interceptar a Younes al salir de la furgoneta. El chico gritó "¡bomba!" y se alejó sonriendo. Su educadora en Ripoll todavía no se lo puede creer. Por no hablar de lo del imán. La mitad de sus feligreses dice que instaba a la "yihad" y la otra mitad sostiene que qué va y que para nada. Sin embargo, en Bélgica lo tenían calado.
El traslado de los presos a Cataluña y otros cinco charcos de Marlaska
Desde su llegada a Interior, Marlaska ha afrontado cambios profundos en el Ministerio y asumido decisiones criticadas por la oposición.
Gonzalo Araluce El Espanol 16 Agosto 2018
Con el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior, Pedro Sánchez quiso lanzar un mensaje a los cuerpos policiales: un exjuez de reconocida trayectoria asumía el mando en una cartera que, en los últimos años, había sufrido un severo desgaste por el complejo "cáncer" -palabras del propio Marlaska- que sufrían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hablaba de la corrupción, de los excomisarios cuyas trayectorias han ido a parar a los banquillos de los tribunales.
Ocurrió el pasado 7 de junio. Juan Ignacio Zoido entregó a Marlaska la cartera de Interior. El nuevo ministro dijo "sí" a Sánchez "sin pensárselo dos veces". Probablemente ya tenía dibujadas un par de líneas maestras de lo que serían sus políticas al frente del Ministerio: "Trabajar con la Policía y la Guardia Civil y venir a esta casa es un honor y un orgullo", definió Marlaska, profundo conocedor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras una década en la Audiencia Nacional, juzgando a los terroristas de ETA.
Han pasado dos meses desde entonces. Tiempo más que suficiente para que Marlaska se haya lanzado a las trincheras de seis guerras, que se han encontrado con la oposición de otros partidos políticos o de asociaciones y sindicatos policiales. Del traslado de los presos separatistas a cárceles catalanas a la reestructuración en estructuras ministeriales.
1.Los presos catalanes
Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, gestionó el acercamiento de los políticos catalanes encarcelados por su implicación en el proceso secesionista, una decisión criticada desde los partidos de la oposición. Las prisiones de Lledoners y Figueres acogen desde principios de julio a los reos, que reciben las visitas de numerosos líderes políticos: Ada Colau e Íñigo Urkullu, los últimos en visitar a Oriol Junqueras.
2.Sin concertinas ni antidisturbios
Una semana después de asumir el cargo, Marlaska admitió ante los micrófonos de la COPE que entre sus prioridades figuraba retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Por contra, estudiaría cómo "ayudar a los países de origen" para evitar que se produjeran más saltos masivos. "Hay que adoptar otras medidas", indicó Marlaska.
Fuentes policiales han señalado a EL ESPAÑOL el escepticismo con el que fueron asumidas estas declaraciones. Las intenciones del ministro del Interior se dibujan sobre el medio o largo plazo, en una situación que ha llamado este verano a las puertas de las ciudades autónomas: el 26 de julio, cerca de 700 personas trataron de saltar la valla de Melilla. 22 guardias civiles resultaron heridos en el episodio.
Pocos días después, Marlaska se reafirmó en cambiar las políticas de seguridad en esta materia, pero también añadió otra decisión: desestimar el uso de material antidisturbios, como le habían solicitado desde agrupaciones policiales.
3."Politización" en Interior
El pasado 24 de julio, la Asociación Pro Guardia Civil emitió un comunicado en el que denunciaba la "discriminación" de Marlaska en los nuevos nombramientos que había llevado a cabo en las estructuras de Interior. De acuerdo a su juicio, el Instituto Armado se ve en una posición de desventaja respecto a la Policía en puestos clave de responsabilidad y en la proyección internacional del Cuerpo.
La asociación presentó la misiva en dependencias del Ministerio, con copia para el propio Marlaska, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y el director general de la Guardia Civil, Félix Azón. "Deben primarse los criterios técnicos de profesionalidad frente a cualquier tentación de politizar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", resumía el documento.
4.Acercamiento de presos
No se trata de un cambio en la política penitenciaria, sino de la aplicación de unas normas ya existentes. Los etarras Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, miembros del comando Bizkaia, fueron trasladados el pasado 7 de agosto desde el centro penitenciario de Villabona (Asturias) hasta el de la localidad vizcaína de Basauri. El movimiento implica el protagonismo de dos ministerios, el de Justicia y el de Interior.
La mayoría de las asociaciones de víctimas se ha mantenido al margen del traslado de los dos presos: "Es absolutamente legal", resumía Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite). "Se han arrepentido, han pedido perdón, han asumido las responsabilidades civiles y se han comprometido a colaborar con la Justicia", señaló Ordóñez.
Pero tampoco faltaron las voces críticas. El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz envió una carta a Marlaska en la que lamentaba la decisión, aseverando que los dos presos trasladados facilitaron la información para intentar atentar contra él: "[Esto representa] el debilitamiento de la lucha contra ETA que inició Zapatero de premiar a los verdugos", afirmó. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ya ha pedido la comparecencia del ministro del Interior para explicar si el caso de Olga Sanz y Javier Moreno se trata de "una política individualizada o una política generalizada".
5.La destitución del jefe de la UCO
La noticia sorprendió a los altos cargos de la Guardia Civil. El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, fue destituido de su cargo el pasado 2 de agosto. Desde el Ministerio del Interior se alegaba "falta de confianza" ante un hombre que había liderado las investigaciones de algunos de los principales casos de corrupción de la última década. El cese se produjo días después de que se filtrase una carta en la que se comunicaba a los agentes de la UCO que se había agotado la caja de fondos reservados, dejando en suspenso buena parte de sus pesquisas.
"Nos gustaría que el Ministro del Interior aclare de manera urgente, en base a su reiterada promesa de transparencia, cómo y por qué no se libraron los fondos en el momento oportuno para que no se viera afectada la actividad de la UCO y, especialmente qué hay detrás de este cese", lamentaron desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). La asociación calificó la noticia de "sorprendente" y aseveró que "muchos ciudadanos lo habrán recibido como una muy mala noticia".
Los investigadores de la UCO despidieron a su jefe con un emotivo vídeo:
El vídeo-homenaje de los agentes de la UCO en apoyo a Sánchez Corbí: "Gracias mi coronel"
6.La ley vasca de abusos
La ley vasca de abusos policiales viene de largo. En 2016, el Gobierno vasco promovió la puesta en marcha de la ley vasca de abusos policiales. En ella se contemplaba la creación de una comisión de "expertos" que dirimiese quién había sido víctima de estos abusos en el País Vasco en las últimas décadas; decisiones que no se atendrían a sentencias judiciales, sino al criterio propio de la comisión.
El Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra esta ley, paralizando el texto. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez -que llegó a la Moncloa con el apoyo indispensable de PNV- anunció que retiraría el recurso, dejando vía libre a su puesta en marcha.
La mayoría de los sindicatos de Policía, asociaciones de la Guardia Civil y organizaciones de víctimas del terrorismo protestaron por la decisión a través de un documento conjunto en el que lamentaban que la ley ayudaba al "blanqueamiento" de la historia de ETA y potenciaba el relato del "conflicto vasco". Hicieron llegar sus quejas al ministro de Justicia, al de Interior y a la Fiscalía: "La retirada del recurso de inconstitucionalidad es una decisión inaceptable, porque al resultar posiblemente afectados principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos, debe ser el debate técnico en esa instancia, y no una negociación política, el escenario en el que se resuelva la cuestión".
Ya entiendo por qué quieren ser de izquierdas
Enrique de Santiago okdiario 16 Agosto 2018
El otro día, me sorprendió que, en las noticias de televisión, se informase del hundimiento del suelo en un concierto en Vigo y, cuando se hacía referencia a la investigación abierta y la polémica surgida por la responsabilidad municipal, de forma muy colateral, se afirmó que “un grupo municipal había pedido explicaciones sobre el estado del lugar una semana antes”. Esa referencia, tan oculta y colateral, y la falta de indicación del grupo político, me hicieron seguir la noticia en las diferentes cadenas televisivas sin obtener dato nuevo alguno.
Al día siguiente, se mantienen las noticias sobre el siniestro y puedo comprobar que el alcalde de Vigo es el Sr. Abel Caballero, a la sazón, exministro socialista, que afirma que la responsabilidad no es del Concello. Por fin, me entero de cuál era el grupo que había pedido información.
Sorprende que, cuando estamos ante un ayuntamiento, supuestamente, de izquierdas, no se actúa con igual contundencia, con igual rotundidad y fuerza, no ya por las formaciones políticas, sino por los medios de comunicación, que cuando el gobierno está en manos de una supuesta fuerza de derechas.
En plena polémica por un master NO HABILITANTE realizado por Casado, hace más de 10 años, aparece, de forma descarada, que la mujer de nuestro presidente es contratada, con un puesto ad hoc, por el Instituto de Empresa, al que poco antes el Gobierno del Sr. Sánchez le había entregado importantes cantidades de dinero y, aunque la Sra. Gómez no tiene siquiera una licenciatura que la habilite, había estado dando clases en la Universidad que, legalmente, requiere dicha titulación para poder dar clase en ella. Es decir, la Sra. Gómez –la del Sr. Sánchez, pues la mía no podría- , sin ser licenciada, daba clases en una universidad pública que exige, al resto de “Gómez”, dicha titulación e incluso el doctorado para ello y pasa, una vez que su marido es Presidente, a formar parte del elenco de profesores de una Academia privada de Enseñanza, curiosamente una de las más reconocidas.
Sorprende, nuevamente, que a un representante de la derecha se le exija demostrar que aprobó la EGB y a una de izquierda se le permitan todo tipo de chanchullos y “mamandurrias” sin que a nadie se le pongan los pelos como escarpias.
Al Sr. Ignacio González se le estuvo investigando durante años la compra de un ático, hasta que le sacaron una tonelada de basura; pero, nadie ha pedido la investigación del casoplón que han adquirido la parejita de Podemos, que aparenta un trato de favor de la banca prestamista y, muy posiblemente, la existencia de dinero negro.
Sorprende, una vez más, que a los que se arrogan el título de izquierda se les permite cualquier tipo de mierda y una mota de polvo en quien se titula de derecha sirve para criminalizar a sus bisabuelos y aplicarles el adjetivo de fascistas.
El problema de la política es que como se dedican a ella muy pocos con un curriculum de verdad, con una profesionalidad demostrada y una actividad previa que sostenga su valía, para cobrar como si realmente valiesen para algo, se inventan una profesionalidad y, así, se sirven de la actividad política para “ser”, en lugar de “ser” algo para dedicarse a la política y, si la prensa fuese libre, aplicaría el mismo rasero a unos y otros y no ser una rastrera sometida.
¿Cuándo requeriremos a nuestros políticos la profesionalidad y responsabilidad que exigimos al gerente de una empresa antes de pagarles mejor a que a estos?
Las víctimas del 17-A y la política
Pablo Sebastián Republica 16 Agosto 2018
Este viernes se celebra en Barcelona el homenaje a las víctimas del terror islámico que atacó las Ramblas de Barcelona y un paseo de Cambrils con una serie de atentados que dejaron tras de sí un reguero de muertos y heridos y un ambiente de desolación general y de solidaridad nacional e internacional con el pueblo catalán.
Se cumple ahora un año de aquel día de terror del 17 de agosto de 2017 y no vamos a buscar los culpables de los muchos errores cometidos por los Mossos (tras el estallido de la casa de Alcanar y los avisos de la CIA), y de la alcaldía de Barcelona por no proteger las Ramblas, a pesar de las muchas advertencias que se le hicieron y antecedentes ocurridos en otras capitales europeas desde el atentado de Niza con un camión.
El aniversario de este viernes está dedicado a las víctimas, sus familiares y amigos y debe quedar al margen de la conflictiva política catalana. Lo que no será nada fácil cuando el presidente de la Generalitat Quim Torra parece decidido a menospreciar la presencia en los actos del Rey Felipe VI, que es además el Jefe del Estado.
Si se producen incidentes políticos y actos de agravio al Rey, como los que viene jaleando Torra desde su llegada a la Generalitat y los que promueve la CUP, el agravio se extenderá a las propias víctimas del terror y entonces será el nacionalismo soberanista el culpable de esa situación.
Y también será el momento en el que el presidente Sánchez ponga punto final a su política de apaciguamiento de los golpistas catalanes, porque ese posible incidente de desprecio al Jefe del Estado sería el tercero tras lo que ya pasó en las últimas dos visitas del Rey a Tarragona y Gerona, sin que el presidente Sánchez actuara como le obliga el cargo que ostenta.
Sin embargo, lo importante en esta jornada es el homenaje a las víctimas inocentes del terror islámico y la necesidad de una mayor y mucho más eficaz coordinación y cooperación policial. Para así prevenir otros atentados porque, visto lo ocurrido en España y otros países de nuestro entorno, nunca se deben descartar. Lo que obliga e una especial vigilancia policial.
17A: Los datos que demuestran el gueto musulmán en las aulas catalanas
El 82% de los alumnos extranjeros acuden a la escuela pública frente a un 18% que lo hace en la concertada, lo que frena la integración y la igualdad de oportunidades
María Jesús CañizaresCronica Global 16 Agosto 2018
"¿Cómo es posible que unos jóvenes integrados en la sociedad catalana cometieran los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils?” Un año después de la matanza, la pregunta sigue sin respuestas claras. Pero todos los expertos coinciden en que la igualdad de oportunidades y la integración educativa son claves en la lucha contra la radicalización islámica. Evitar los guetos en la escuela catalana es el objetivo, pero las cifras demuestran que la concentración de alumnado de origen inmigrante --un 36,1% de los nouvinguts proceden de Marruecos y Pakistán-- en determinados colegios se mantiene.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de Catalunya en Comú Podem Jéssica Albiach el Govern detalla la evolución del reparto de alumnos extranjeros entre la escuela pública y privada. Los últimos datos corresponden al curso 2016-2017 y señalan que de los 159.509 estudiantes inmigrantes, un total de 130.485 (81,8%) cursan sus clases en centros públicos catalanes y solo 29.024 (18,2%) en privados.
El colectivo más numeroso procede de países de religión musulmana, un total del 36%, pues un 31,9% proviene de Marruecos y un 4,2%, de Pakistán. El resto es originario de Rumanía (8,6%), China (6,5%), Bolivia (3,8%), Ecuador (3,2%), Honduras (3%), República Dominicana (2,1%), Italia (2,2%) e India (2%). Todos estos países suman el 67,5% de nouvinguts. Por zonas geográficas, un total de 52.374 estudiantes proceden del Magreb y 35.514 de Sudamérica y Centro américa.
La descompensación ha sido una constante en los últimos 11 años, aunque se detecta un leve aumento de menores extranjeros matriculados en las escuelas concertadas, pues en el curso 2006-2007, esa cifra alcanzada un 15,6% y en el último curso era del 18,2%.
El número de alumnos nouvinguts representa un 12,2% del total de escolares catalanes. En los colegios públicos suponen un 15% mientras que en los privados, la cifra desciende a un 6,6%.
Por sectores educativos, la segregación más alta se registra en primaria, con 51.034 extranjeros en la pública y 9.725 en la privada.
Por comarcas, es la Segarra (Lleida) la que concentra un porcentaje mayor de escolares extranjeros, con un 28,2%, cifra que duplica con creces la media catalana. Le sigue en volumen el Alt Empordà (Girona) con un 21,2%. En el Ripollès (Girona), comarca a la que pertenece Ripoll –ciudad en la que residían los jóvenes yihadistas autores de los atentados de Barcelona y Cambrils-- el porcentaje está por debajo de la media, un 10,1%. En el Barcelonés alcanza el 13,4%, mientras que el Maresme, con un 7,2% y Anoia, con un 7,4%, presentan el porcentaje de alumnos extranjeros más bajo.
El Observatorio de la Equidad
Hace justo un año, el Govern creó el Observatorio de la Equidad como instrumento de consulta y evaluación en el ámbito de las políticas educativas de la perspectiva de la igualdad y la igualdad de oportunidades. En la citada respuesta parlamentaria, el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, no concreta las medidas adoptadas en este órgano, más allá de un genérica declaración de intenciones: “Algunos de los objetivos prioritarios de la política educativa del departamento de Enseñanza son la implementación de medidas y la promoción de acciones que favorezcan la equidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa de todo el alumnado del Servicio de Educación de Cataluña”.
Diversos estudios avisan de las consecuencias de la segregación en las aulas. Según indica la ONG Save the Children, en su informe Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás, “hay datos que ratifican que hay segregación entre la pública y la concertada. A nivel estatal, y en educación obligatoria, el alumnado de incorporación tardía se distribuye en un 80% en centros públicos y un 20% en centros concertados, siendo la distribución global de la población escolar de un 70%-30%. En el caso del alumnado extranjero en educación primaria, la distribución en el curso 2013-2014 fue del 87% en centros públicos y un 13% en centros concertados”.
A favor de mezclar alumnos
Añade que “la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en los centros públicos indica que es la red pública la que se responsabiliza de forma mayoritaria de su escolarización. Igual que lo hace con los alumnos y alumnas en riesgo educativo y/o social o con necesidades educativas especiales (NEE): un 80% del alumnado con NEEs integrado en la escuela ordinaria estudia en centros de titularidad pública”.
Añade que “la heterogeneidad social de los centros permite maximizar el ‘efecto pares’, es decir, la mejora del rendimiento producto de mezclar a alumnos con mayores dificultades de aprendizaje con aquellos con mejor rendimiento académico”. Sin embargo, “el alumnado procedente de entornos económicamente desfavorecidos tiende a concentrarse en las mismas escuelas y esta concentración afecta negativamente a su rendimiento educativo. En España, se observa segregación entre la escuela pública y la pública-concertada gracias al establecimiento de tasas a las familias, o a criterios de puntuación que pueden discriminar a algunos colectivos de estudiantes”.
Los datos del informe PISA y el Síndic
Asimismo, el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea elaborado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, señala que la Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña encabezan el ránking de segregación escolar. Se basan en cifras del informe PISA y concluyen que, en la comunidad catalana, el 36% de los estudiantes deberían cambiar de centro para evitar la concentración de alumnado extranjero o con problemas económicos.
Asimismo, el Síndic de Greuges subrayaba, en un estudio publicado en 2016, que poco o nada se ha hecho en los últimos últimos por mejorar la situación.
Dictadura Lingüística Valencia
Puig y Oltra premian con ‘sobresueldos’ a los docentes que imparten clases sólo en valenciano
María Jamardo okdiario16 Agosto 2018
Las universidades públicas valencianas subvencionan con 3.500 € las tesis doctorales en catalán
El Servicio de Promoció y Normalización Lingüística (SPNL) de la Universidad Politécnica de Valencia —dependiente de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma en manos del bipartito de Ximo Puig y Mónica Oltra— otorgó en el curso 2017-2018 ayudas económicas a los docentes que impartieron todas sus clases íntegramente en valenciano, que no ofertó para los profesores del grupo inglés y español.
Bajo la excusa de promocionar el ejercicio de la actividad de cátedra en valenciano entre el personal docente e investigador y el estudiantado en las universidades públicas valencianas, la Generalitat de Valencia, asigna fondos públicos para la elaboración y difusión de material de apoyo a los profesores que impartan el 100% de sus clases en valenciano.
La única premisa exigida por la última convocatoria abierta para optar a dichas contraprestaciones económicas —que los docentes solicitantes reciben a fondo perdido como asignación extra o ‘sobresueldo’— es que los documentos sean inéditos en valenciano y prevé incentivos para tres modalidades diferentes: manuales de referencia temática, dotados con hasta 1.500 € y material didáctico (colecciones académicas, dotadas con hasta 800 € y colecciones de apuntes, con un máximo de 650 €).
En los casos de ediciones documentales bilingües (español-valenciano) y trilingües (español-valenciano-inglés) la comisión evaluadora “se reservará el derecho de aceptar la propuesta o no según el formato y otras consideraciones” discrecionales y se rechazan en todo caso las obras para soporte docente que sean traducción al valenciano de un trabajo previo en español.
Además, se reservan el derecho de reproducir en español los documentos correspondientes “durante los tres años siguientes a partir de la fecha de aparición de la primera edición”, por lo que blindan la posibilidad de que dichos trabajos y sus contenidos sean consultados, durante dicho periodo, por la comunidad universitaria que no sea valenciano parlante.
Los documentos acreditativos de los importes otorgados durante el primer cuatrimestre del periodo lectivo 2017-2018 y autorizados por la vicerrectora de responsabilidad social y cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia —que han sido eliminados para su consulta on-line— recogen una partida de más de 8.000 € asignados nominativamente a un total de 17 docentes.
De entre ellos, el 50% de los fondos aprobados fueron a parar a los autores de material documental auxiliar para clases y el 50% restante a los siete profesores que solicitaron impartir por primera vez el total de sus horas docentes en valenciano.
Los centros públicos de educación superior de la Comunidad Valenciana justifican dichos fondos en la necesidad de promover la “sensibilización de la comunidad universitaria sobre las buenas prácticas lingüísticas que contribuyan a la normalización del valenciano”.

References: resolución 
 real decreto 
 resolución 
 artículo 156
 artículo 86
 artículo 20
 artículo 155