Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910452.html
Timestamp: 2020-03-29 09:29:25+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 452/2019-RA
Expediente : La Paz 50/2019
Parte Imputada : Rubén Darío Ocampo Quispe y otro
Por memorial presentado el 2 de abril de 2019, cursante de fs. 3605 a 3632, Rubén Darío Ocampo Quispe, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 8/2019 de 15 de marzo, de fs. 3556 a 3566, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Martha Martínez de Herrera y Enrique Rafael Herrera Cabero contra Juan Silva Aruquipa y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) y 3) y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 10/2013 de 11 de diciembre (fs. 2205 a 2219), complementada por Auto de 20 de diciembre de 2013 (fs. 2287 y vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Rubén Darío Ocampo Quispe, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor de la víctima a calificarse en ejecución de sentencia; por otra parte Juan Silva Aruquipa fue declarado absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Encubrimiento, sin costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Rubén Darío Ocampo Quispe (fs. 2399 a 2414 vta.), los acusadores particulares Enrique Rafael Herrera Cabero, Martha Martínez de Herrera (fs. 2430 a 2445); y, el Ministerio Público (fs. 2446 a 2447), interpusieron recursos de apelación restringida, que previo a la sustanciación de lo pretendido, fueron emitidos los Autos de Vista 03/2015 de 21 de enero (fs. 2893 a 2900 vta.), 104/2016 de 28 de noviembre (fs. 3312 a 3320 vta.), Autos Complementarios de 5 y 13 de marzo de 2015 (fs. 2903 y 2921 y vta.), Autos Supremos 572/2015-RRC de 4 de septiembre (fs. 3004 a 3016), 526/2016-RRC de 14 de junio (fs. 3136 a 3148), Resolución de Amparo Constitucional 125/2016 de 17 de marzo (3078 a 3083 vta.), confirmada por Sentencia Constitucional 0578/2016-S2 de 30 de mayo (fs. 3199 a 3208), Resolución de Queja 703/2016 de 5 de diciembre; y, el Auto Supremo 204/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 3435 a 3446 vta.), que dejó sin efecto el Auto de Vista 03/2015 de 21 de enero, emitiéndose el Auto de Vista 52/2017 de 24 de agosto, dejado sin efecto por Auto Supremo 426/2018 RRC de 13 de junio; en cuyo mérito la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 8/2019 de 15 de marzo, que declaró admisibles y procedentes en parte, los recursos de apelación del Ministerio Público y los acusadores particulares, revocando la Sentencia apelada y su Auto Complementario, declarando a Rubén Darío Ocampo Quispe, autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas, daños y perjuicios a favor de la víctima y del Estado. Siendo improcedente el recurso de apelación del imputado; a su vez, se declaró ha lugar la complementación de la parte acusadora en cuanto al nombre correcto de la Representante del Ministerio Público y no ha lugar la solicitud del imputado plasmado en la Resolución complementaria de 25 de marzo de 2019 (fs. 3586).
c) Por diligencia de 26 de marzo de 2019 (fs. 3587), fue notificado el imputado Rubén Darío Ocampo Quispe con el Auto de Vista complementario, interponiendo su recurso de casación el 2 de abril del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
1) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista impugnado, dedicándose a copiar el anterior Auto de Vista dejado sin efecto (52/2017 de 24 de agosto), en desconocimiento al principio de inmediación, donde lejos de argumentar la condena impuesta por Asesinato, solo develan repetición de violaciones al sistema procesal penal sin que hay sido juzgado por un Tribunal imparcial, no tomando en cuenta los parámetros del Auto Supremo 426/2018 RRC de 13 de junio, la SCP 578/2016 S-2 de 30 de mayo y Recurso de Queja 703/2016 de 5 de diciembre, dictados dentro del presente proceso penal; a su vez, refiere que la Sentencia 10/2013 de 11 de diciembre, concluyó la existencia de duda razonable pese a emitir condena (fs. 2218 vta.) en vulneración de los principios de favorabilidad, pro homine, e indubio pro reo, y al bloque de constitucionalidad conforme los arts. 13 IV y 256 de la CPE; así también, señala que en su apelación restringida sostuvo los defectos de Sentencia previstos en los incs. 3), 5), 6) y 1) del art. 370 del CPP, además de señalar que los recursos de apelación restringida presentados por el Ministerio Público y los acusadores particulares fueron defectuosos al solicitar en alzada la revisión de la base fáctica y probatoria para modificar el delito de Homicidio a Asesinato.
Asimismo, el recurrente haciendo remembranza a los antecedentes del presente caso a partir del punto 2.2 de su recurso de casación de fs. 3606 vta., señaló que el primer Auto de Vista respondió al sistema garantista al anular la Sentencia por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, pero que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 572/2015 RRC, emitiéndose el Auto de Vista 22/2016 de 24 de marzo, que lo declaró autor del delito de Asesinato, sin embargo previa interposición de una Acción de Amparo Constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela solicitada dejándose sin efecto las Resoluciones anteriormente citadas, emitiéndose el segundo Auto Supremo 526/2016 RRC de 14 de julio, que al ser nuevamente vulneratorio se dejó sin efecto mediante Recurso de Queja, a través de la Resolución Constitucional 703/2016 de 5 de diciembre, por la cual se emitió el tercer Auto de Vista 104/2016 de 28 de noviembre, Resolución que fue dejada sin efecto en la emisión del tercer Auto Supremo (204/2017 RRC de 21 de marzo), que persistió en direccionar el proceso, dictándose el cuarto Auto de Vista que incurrió también en defectos absolutos, como la revisión de hechos y de elementos probatorios (52/2017 de 24 de agosto), que también fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 426/2018 RRC de 13 de junio, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde luego de evidenciar las infracciones cometidas dejó sin efecto el Auto de Vista 52/2017, dictándose el quinto y actual Auto de Vista impugnado, que resulta una copia de la anterior resolución anulada.
2) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en defectos absolutos por ingresar a revisar los hechos y revalorizar las pruebas con la reiterada finalidad de que no pueda ser juzgado por un Tribunal imparcial. Posteriormente, en el punto III, bajo el subtítulo de verificación de la existencia de contradicción de fs. 3610, al margen de nuevamente señalar lo que denunció en apelación restringida y referir los supuestos defectos absolutos incurridos en Sentencia, aludió la contradicción de los Autos Supremos 233/2006 de 4 de julio, relativo según el recurrente al debido proceso, 53/2012 de 22 de marzo, 612/2015 RRC de 7 de octubre y 787/2015 RRC de 6 de noviembre, referentes a la prohibición de revalorizar pruebas, 43/2016 RRC de 21 de enero, sobre las reglas de la sana crítica, 307/2003 de 11 de junio, respecto a la congruencia de una Resolución.
También sostiene que el Auto de Vista impugnado, no resulta expreso, claro, legítimo ni lógico, pues repite elementos de la base fáctica de la Sentencia, desarrollando pronunciamientos subjetivos que no le constan y que fueron controvertidos por la defensa, omitiendo la exposición de razonamientos jurídicos para llegar a la conclusión asumida en desconocimiento del principio de inmediación, vulnerando la base esencial de la motivación, además que no ejerció el control de la sana crítica, pues solo se abocó a realizar una copia del anterior Auto de Vista anulado.
3) Señala que en el punto III de la Resolución impugnada, bajo el acápite de recurso de apelación restringida interpuesto por los acusadores particulares y el Ministerio Público, solo se resumen los contenidos de las defectuosas apelaciones relativas a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, enfocándose en revisar la alevosía y el ensañamiento, cuestionando a su vez a los recursos de apelación restringida, que pretendieron la revalorización de hechos y pruebas, incumpliendo los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, al estar indebidamente fundamentada, citando el Auto Supremo 99/2005 de 24 de marzo, relativo al quantum de la pena, situación que también fuese vulneratorio a los arts. 109, 116 y 117 de la CPE, añadiendo que los acusadores no precisaron la vinculatoriedad ni la relación con los componentes fácticos, en desconocimiento de los parámetros de la apelación restringida, tampoco cumplió su deber de fundamentar el defecto referente a la errónea valoración probatoria conforme lo dispone el Auto Supremo 215/2007 de 28 de marzo, que determina que es obligación del impugnante la individualización de la prueba erróneamente valorada e identificar la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia.
4) El recurrente aludiendo que el Auto de Vista impugnado, contraviene el sistema procesal acusatorio, indica que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, al cambiar la tipificación penal por el delito de Asesinato, solo refirió el art. 252 del CP, limitándose a realizar una transcripción, para aludir mediante el Auto Supremo 572/2015 RRC de 4 de septiembre, la diferencia entre Homicidio y Asesinato y señalar los elementos de la alevosía, incurriendo en excesos que ya fueron considerados y anulados por la Sentencia Constitucional 196/2015–S3 que determinó que sostener la alevosía y el ensañamiento vulnera el derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial, como también señala el Auto Supremo 149/2014 RA relativo a la invocación de precedente contradictorio en términos claros y precisos, arguyendo nuevamente que no debieron ser considerados los recursos de apelación restringida del Ministerio Público y el acusador particular porque perseveraron en el direccionamiento de la causa, invocando la contradicción con los Autos Supremos 426/2018 RRC de 13 de junio y 566/2004 de 1 de octubre, referentes a que el Tribunal de alzada no puede ingresar al análisis de la base fáctica.
5) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado, revisó la base fáctica y probatoria (fs. 3564 a 3565 vta.), omitiendo verificar que se trataría de una Sentencia contradictoria, reiterando sus criterios ya rebatidos en la vía constitucional, transcribiendo los siguientes aspectos:
Incisos a) y b) “respecto a los incisos 8) y 10) del art. 370 del CPP, se determina que el lunes 13 de junio de 2005 a horas 00:30 am, la víctima fue quitada la vida por inmediaciones de la ciudadela Ferroviaria y que el acusado cuando cumplía su labor en radio patrulla 110 salió para encontrarse con la víctima donde por la acera con jardín que tenía la calle Pérez Velasco discutía y forcejeaba con la víctima el mismo día pasado las 23:00 pm.”
Inciso c) transcribe “El Tribunal de Sentencia consignó en su fundamento que el acusado acudió al llamado de la víctima para en forma posterior quitarle la vida, situación probada por la testifical del asignado al caso, las llamadas realizadas y la declaración del forense, pruebas signadas como MP-8, MP-9, MP-2, MP-3 y MP-7.”
Incisos d), “También se consigna en Sentencia en el punto III y IV de los hechos probados y contraste intelectivo de cada medio de prueba, al margen de la testifical se produjo prueba pericial y literal por la que se llegó a la conclusión que el acusado quitó la vida a la víctima, que llevó a concluir la responsabilidad penal del acusado”
Inciso e) “Entonces, se llegó a juzgar el hecho producido en la que el acusado quitó la vida a la víctima, misma que fue levantada de un terreno baldío, cadáver que presentó hundimiento de pómulo derecho, fractura de hueso de la nariz entre otras, que fue corroborado por la prueba testifical, pericial y literal señaladas en Sentencia, por lo que se solicita a este Tribunal verificar si la subsunción del hecho fue correcta o no”
Inciso f) “De los fundamentos se tiene que el Tribunal de alzada determina que corresponde aplicar el principio iura novit curia, teniendo como base los hechos anteriormente mencionados en la Sentencia, a ello se suma la actitud del acusado el de quitar la vida de manera violenta con alevosía y ensañamiento, siendo las bases de la subsunción, respecto a la imputación objetiva se tiene la concurrencia de la acción que crea al peligro, con relación a la imputación subjetiva como el dolo y sus componentes al haberse determinado la presencia de la acción se entiende que existió la intención y voluntad de quitar la vida de otra persona”
Inciso g) “El Auto Supremo emitido dentro del caso de autos, establece que en alzada no se puede cambiar la situación del imputado mediante la revalorización de la prueba o de los hechos, pero en los supuestos que el Tribunal de juicio haya incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, corresponde aplicar el art. 413 del CPP, mediante la aplicación del principio iura novit curia, en ese comprendido en base a los hechos fácticos demostrados en Sentencia, adecuó su conducta al elemento de la antijurídica y no existe causal de justificación alguna”
Inciso h) “En relación al elemento de culpabilidad, la conducta del imputado es reprochable, determinando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a la subsunción del hecho. Asimismo, la Sentencia consideró la edad, formación, su situación en otro hecho de muerte, pero extinguido, el entorpecimiento con la investigación y que no mostró arrepentimiento del hecho, por lo que se subsume al ilícito previsto en el art. 252 inc. 3) del CP, concurriendo la culpabilidad y autoría en cuanto la realización del tipo penal.”
Inciso i) “En base a lo fundamentado y evidenciado la existencia del error in iudicando corresponde aplicar los arts. 413 y 414 del CPP, no siendo necesario anular la Sentencia, al amparo de los Autos Supremos 370/2009 de 17 de septiembre, 525/2004 de 20 de septiembre y 308/2006 de 25 de agosto, se debe remitir al art. 252 inc. 3) del CP.”
Inciso J) “En relación a la no valoración probatoria, ni revisar la base fáctica conforme el A.S. 353/2006 de 29 de agosto, está prohibido la revalorización de hechos, por lo que faculta es analizar si se contradice el silogismo judicial, por ello no corresponde ingresar a valorar pruebas, pues al no existir doble instancia no cuenta a esta facultad conforme también el A.S. 104/2013 de 18 de abril, (fs. 3565 vta.)”
Inciso k) “Que, la finalidad del recurso de apelación restringida es el control jurídico interna y externa de la Sentencia no pudiendo retrotraerse la actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que fueron sometidos a control judicial, contrariamente se debe citar en términos claros las leyes infringidas o erróneamente aplicadas, fundamentando en qué consiste la violación incurrida, es decir inobservancia o errónea aplicación en cuanto a la calificación del hecho o fijación de la pena o cuando existe defectos absolutos en violación de derechos y garantías constitucionales.”
Luego de transcribir parcialmente los referidos incisos de su recurso, denuncia la contradicción con los Autos Supremos 566/2004 de 1 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 787/2015 RRC de 6 de noviembre, 736/2015 RRC de 30 de octubre y 612/2015 RRC de 7 de octubre, al evidenciarse que el Tribunal de alzada revisó la base fáctica de la Sentencia, cambió la situación jurídica del acusado revalorizando pruebas, en violación del principio de inmediación, además que no otorgó una respuesta fundamentada a los agravios denunciados, vulnerando también la sana crítica en desconocimiento de los principios de contradicción e intangibilidad siendo dicha facultad solo de los jueces ordinarios, a su vez expresa que al haberse pronunciado y valorado la conducta del recurrente sin que fuese evidenciado en alzada le resta legalidad, atentando contra la correcta administración de justicia, generando calificación direccionada del tipo penal acusado, pese a la existencia de pruebas que denotan que el acusado no participó en los hechos.
Finalmente, bajo el acápite IV de la contradicción con garantías constitucionales y defecto absoluto de su recurso, el recurrente señala la vulneración de las siguientes garantías constitucionales:
Primero.- Al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, aludiendo que toda autoridad debe citar las normas que sustenta su decisión, conforme lo señala el art. 115 de la CPE, sin embargo, en el presente caso no se hizo conocer cuáles fueron las razones para que se emita una condena en su contra, siendo la decisión arbitraria, desconociendo el sistema de recursos, pues se limitaron a realizar una copia de su anterior Auto de Vista anulado, reiterando sus argumentos sobre el direccionamiento de la causa para condenarle por el delito de Asesinato, omitiendo otorgarle una respuesta que alcance un entendimiento por sí misma, situación que conlleva a violentar el debido proceso.
Segundo.- A la defensa, garantía a ser oído y escuchado por un Tribunal imparcial, previsto en el art. 120 de la CPE, y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos CIDH, vulnerando el bloque de constitucionalidad previsto en los arts. 13 IV y 256 de la CPE, sin que se haya tomado en cuenta el alegato de las partes, sino solamente de la parte acusadora, vulnerando su derecho a la defensa señalado el art. 120 I de la norma constitucional, transcribiendo que toda persona tiene derecho a ser oído por autoridad competente, independiente e imparcial, como garantía del debido proceso, situación reconocida por el art. 115 de la CPE, siendo dicho derecho inviolable.
Tercero.- A la igualdad, para las partes en conflicto y la prohibición de menoscabar reconocimiento de sus derechos señalados en los arts. 14 II y 119 I de la CPE, al condenarle por el delito de Asesinato sin que se haya activado el derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial como señaló la Sentencia Constitucional 578/2016 de 30 de mayo, promoviendo desigualdad, generando una vulneración a los derechos humanos, no tomando en cuenta la situación que las partes gozarán los mismos derechos conforme el debido proceso, esta igualdad presupone que ninguna de los sujetos procesal tenga privilegio a favor o contra alguno de ellos, e inclusive reciba el mismo trato por el Tribunal o Juzgador, por lo que no tuvo la oportunidad de defenderse contraviniendo el art. 14 inc. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles. A tal efecto, enuncia los siguientes precedentes contradictorios: La SC 576/2016 de 30 de mayo, y los Autos Supremos 612/2015 RRC de 7 de octubre, 43/2016 RRC de 21 de enero, 767/2015 RRC de 6 de noviembre, 99/2005 de 24 de marzo, 426/2018 RRC de 13 de junio, 277/2008 de 13 de agosto, 736/2015 RRC de 30 de octubre, 566/2004 de 1 de octubre, 53/2012 de 22 de marzo, 67 de 27 de enero, 307/2003 de 11 de junio, 233/2006 de 4 de julio, 340/2006 de 28 de agosto, 314/2006 de 25 de agosto, 05/2007 de 26 de enero, 213/2007 de 28 de marzo, 214/2007 de 28 de mayo, 215/2007 de 28 de marzo y 3/2015 de 21 de enero.
Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos delas partes y que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.
En el caso de autos, se advierte que el imputado Rubén Darío Ocampo fue notificado con el Auto Complementario el 26 de marzo de 2019, interponiendo su recurso de casación el 2 de abril del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
Como primer motivo traído en casación, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista impugnado, argumentando que fue una copia del Auto de Vista dejado sin efecto (52/2017 de 24 de agosto), en infracción al principio de inmediación, donde lejos de argumentar su nueva condena por Asesinato, sólo develan la repetición de violaciones al sistema procesal penal sin contar con un Tribunal imparcial, omitiendo los parámetros establecidos en el Auto Supremo 426/2018 RRC de 13 de junio, dictado dentro del presente proceso penal, añadiendo la vulneración de derechos en la emisión de la Sentencia condenatoria, como aspectos denunciados en apelación restringida, así también una retrospección de sus antecedentes, evidenciándose que el recurrente precisó en forma clara la supuesta contradicción con el precedente invocado, consistente en la falta de fundamentación en la emisión del Auto de Vista impugnado, por lo que en cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se declara este motivo admisible, advirtiéndose que no serán objeto de contrastación la S.C.P. 578/2016 S-2 de 30 de mayo, ni el recurso de Queja 703/2016 de 5 de diciembre, debido a que los mismos no son considerados precedentes contradictorios.
En cuanto al segundo motivo de casación, el recurrente denuncia la presencia de defectos absolutos debido a que el Tribunal de alzada ingresó a revisar tanto los hechos como las pruebas para condenarlo como autor del delito de Asesinato, sin la exposición de razonamientos sustentables, además que no ejerció el control de la sana crítica, abocándose a copiar el Auto de Vista anulado, invocando los Autos Supremos 233/2006 de 4 de julio, relativo según el recurrente al debido proceso, 53/2012 de 22 de marzo, 612/2015 RRC de 7 de octubre y 787/2015 RRC de 6 de noviembre, referentes a la prohibición de revalorizar pruebas, 43/2016 RRC de 21 de enero, sobre las reglas de la sana crítica, 307/2003 de 11 de junio, respecto a la congruencia de una Resolución, advirtiéndose que el recurrente si bien invoca precedentes contradictorios, no explica en forma clara la contradicción con los mismos, tampoco señala de qué forma se hubiese revalorizado los hechos y las pruebas, no siendo suficiente sostener genéricamente que obró en los términos señalados sin explicitar qué hechos y pruebas fuesen revalorizados, incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, razones por las cuales se declara este motivo en inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.
Con relación al tercer motivo traído en casación, el recurrente cuestiona que el Tribunal de alzada en el punto III del Auto de Vista impugnado, bajo el acápite de recurso de apelación restringida interpuesto por los acusadores particulares y el Ministerio Público, solo se resumió el contenido de las apelaciones, denunciando que dichos recursos no cumplieron con los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, debido a que se limitaron a señalar los agravios relativos a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, sin fundamento y pretendiendo que en alzada se revalorice los hechos y las pruebas, como también enfocándose en revisar la alevosía y el ensañamiento, citando el Auto Supremo 99/2005 de 24 de marzo, relativo al quantum de la pena, en vulneración a los arts. 109, 116 y 117 de la CPE, por desconocer los parámetros de la apelación restringida; agregando que tampoco se fundamentó el agravio referente a la errónea valoración probatoria conforme lo dispone el Auto Supremo 215/2007 de 28 de marzo, advirtiéndose que el recurrente si bien invoca precedentes contradictorios, no identifica en forma clara el agravio incurrido en alzada, pues se enfoca a realizar argumentos que están dirigidos contra los recursos de apelación restringida interpuestos por el Ministerio Público y los acusadores particulares, situación que no puede ser atendida favorablemente por esta Sala Penal, al incumplir los parámetros de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo el motivo en inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.
Respecto al cuarto motivo de casación, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada contradijo al Auto Supremo 426/2018 RRC de 13 de junio, emitido dentro del presente proceso, sosteniendo que al cambiar la tipificación penal de Homicidio al de Asesinato, se limitó a transcribir el art. 252 del CP, aludiendo precedentes que hacen diferencias entre ambos tipos penales y señalar los elementos de la alevosía, incurriendo en vulneraciones que ya fueron consideradas y anuladas por la Sentencia Constitucional 196/2015–S3, relativas al derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial, evidenciándose que el recurrente precisó en forma clara la supuesta contradicción con el precedente invocado, consistente en no realizar un debido fundamento al momento de cambiar el tipo penal y sentenciarlo por el delito de Asesinato, por lo que en cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se declara este motivo admisible, advirtiéndose que no serán objeto de contrastación el Auto Supremo 149/2014 RA, al no contener doctrina legal, ni el precedente 566/2004 de 1 de octubre, debido a que no explicó en forma clara la contradicción existente en el Auto de Vista impugnado.
Finalmente, relativo al quinto motivo traído en casación, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización fáctica y probatoria en la emisión del Auto de Vista impugnado (fs. 3564 a 3565 vta.), transcribiendo parcialmente lo relativo a los defectos de Sentencia previstos en los incisos 8) y 10) del art. 370 del CPP, las circunstancias del hecho, los elementos probatorios MP-8, MP-9, MP-2, MP-3 y MP-7, el punto III y IV de la Sentencia, aspectos plasmados en su recurso de casación signados como incisos a) hasta el inciso k), invocando la contradicción con los Autos Supremos 566/2004 de 1 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 787/2015 RRC de 6 de noviembre, 736/2015 RRC de 30 de octubre y 612/2015 RRC de 7 de octubre, al evidenciarse que el Tribunal de alzada revisó la base fáctica de la Sentencia, cambió la situación jurídica del acusado basándose a revalorizar pruebas, en violación del principio de inmediación, además que no otorgó una respuesta fundamentada a sus agravios denunciados, vulnerando también la sana crítica en desconocimiento de los principios de contradicción e intangibilidad siendo dicha facultad solo de los jueces ordinarios, a su vez expresa que al haberse pronunciado y valorado la conducta del recurrente sin que fuese evidenciado en alzada, le resta legalidad atentando contra la correcta administración de justicia, generando calificación direccionada del tipo penal acusado, pese a la existencia de pruebas que denotan que el acusado no participó en los hechos, situación que conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a ser oído por un Tribunal imparcial, previsto en los arts. 115, 120 I, 14 II, 119 I de la CPE, y 8 de la CIDH, 14 inc. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles, vulnerando el bloque de constitucionalidad previstos en los arts. 13 IV y 256 también de la CPE, enunciando los siguientes precedentes contradictorios: 612/2015 RRC de 7 de octubre, 43/2016 RRC de 21 de enero, 767/2015 RRC de 6 de noviembre, 99/2005 de 24 de marzo, 426/2018 RRC de 13 de junio, 277/2008 de 13 de agosto, 736/2015 RRC de 30 de octubre, 566/2004 de 1 de octubre, 53/2012 de 22 de marzo, 67 de 27 de enero, 307/2003 de 11 de junio, 233/2006 de 4 de julio, 340/2006 de 28 de agosto, 314/2006 de 25 de agosto, 05/2007 de 26 de enero, 213/2007 de 28 de marzo, 214/2007 de 28 de mayo, 215/2007 de 28 de marzo, 3/2015 de 21 de enero, advirtiéndose que el recurrente se limitó a citar sus precedentes sin cumplir con la carga procesal de establecer fundadamente cuál fue la contradicción con el Auto de Vista impugnado, razón por la cual se deja expresa constancia que no serán tomados en cuenta para el análisis de fondo del presente motivo, así como la Sentencia Constitucional 576/2016 de 30 de mayo, al no ser considerado precedente contradictorio; sin embargo, se evidencia que a tiempo de precisar la vulneración a su derecho al debido proceso, a la defensa, a ser oído por un Tribunal imparcial, a la igualdad, proporcionó los antecedentes generadores de su recurso, explicitando que el Tribunal de alzada para llegar a cambiar el tipo penal de Homicidio a Asesinato, incurrió en revalorización de hechos y pruebas; y, el resultado dañoso emergente del defecto: la emisión de una Sentencia condenatoria a la pena máxima de treinta años en alzada que fuese contraria a la pretensión del acusado. En consecuencia, se observa el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización y por ende, resulta admisible el motivo expuesto en forma extraordinaria.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rubén Darío Ocampo Quispe de fs. 3605 a 3632, únicamente para el análisis de fondo de los motivos primero, cuarto y quinto. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

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