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Timestamp: 2017-07-23 10:54:35+00:00

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Fuerte Condena Por Trata de Personas
Fuerte Condena Por Trata de PersonasUploaded by INFOnewsRelated InterestsHuman TraffickingCriminal LawIntention (Criminal Law)FelonyPunishmentsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCámara Federal de Casación N°14.792 –Sala IV Causa Penal
C.F.C.P. “VERGARA, Miguel Angel s/recurso de casación“
REGISTRO N° 2391/12 //la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por la Secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 879/895 de la presente causa Nro. 14.792 del registro de esta Sala, caratulada: “VERGARA, Miguel Angel s/recurso de casación”; de la que RESULTA: I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe en la causa Nro. 78/11 de su registro, mediante veredicto del 29 de julio de 2011 y fundamentos del 5 de agosto del mismo año, resolvió: “I. CONDENAR a MIGUEL ANGEL VERGARA, cuyos demás datos de identidad obran precedentemente, como autor responsable del delito de TRATA DE PERSONAS (artículo 145 ter, primer párrafo y tercer párrafo inciso 1 del Código Penal), a sufrir la pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con más las accesorias del art. 12 del Código Penal.” II. Que contra dicha resolución interpusieron recurso de casación los defensores de Miguel Angel Vergara, doctores Horacio Jorge Paulazzo y José Ignacio Mohamad, (fs. 879/895), el que fue concedido por el tribunal “a quo” (fs.896/897) y mantenido ante esta instancia (fs. 909). III. Que al formalizar sus agravios, los defensores fundaron su recurso en el art. 456, incs. 1 y 2 del Código Procesal Penal de la Nación. a) La parte recurrente manifestó que en el fallo recurrido se interpretó y aplicó en forma errada la ley sustantiva, lo que resintió la garantía de legalidad, del debido proceso y de defensa en juicio, puesto que la parte querellante carecía de legitimación activa. Por ello, planteó que hubiera correspondido el apartamiento de dicha parte y la nulidad y desglose de sus actos procesales. Sostuvo que no obstante sus solicitudes no se subsanó el vicio mencionado y la audiencia de debate se desarrolló con la activa participación de la querella. A fin de fundamentar su posición, refirió que si bien mientras
Silvia Soledad Nuñez era menor de edad, sus padres se constituyeron en querellantes, una vez que la nombrada cumplió la mayoría de edad -27 de septiembre de 2009-, y en virtud de la reforma del art. 126 y cc del Código Civil, conforme lo dispuesto por la ley 26.579 (B.O. 22/12/09), es ella quien debió extender poder a los profesionales que intervinieron, o en todo caso debió haber firmado la damnificada con patrocinio legal. Por lo plasmado consideró que “desde el mismo momento en que la joven se transformó en mayor, ningún acto de la pretensa querellante fue válidamente de su impulso”. b) La parte impugnante mencionó las imprecisiones de Nuñez con relación al sitio donde habría sido llevada por Vergara y alegó que no pudo haberse afirmado con certeza que hubiera sido desplazada físicamente en un tránsito interjurisdiccional, situación que -a su entenderimpidió el desplazamiento de la investigación a la justicia c) La recurrente postuló que el tribunal “a quo” interpretó arbitrariamente la prueba de autos; para fundar su postura efectuó un análisis de la misma. Manifestó que dichas pruebas debieron haber sido de tal peso que llevaran al convencimiento de la existencia del delito que se investigó, certeza que debió haber alcanzado de modo suficiente a todos los elementos que configuran el tipo en análisis, puesto que de otra forma no existió infracción o, en su caso, no correspondió al ilícito por el cual se juzgó a su defendido. Así, alegó que para que se configure el delito del art. 145 ter del C.P. es necesario que se corroboren de modo concurrente las múltiples conductas contempladas en dicha disposición legal. Consideró que la única testigo directa sería Nuñez y que su madre sólo denunció la ausencia de la menor. Trajo a colación los dichos de los testigos Tavella y Díaz, quienes afirmaron que Vergara y Nuñez eran pareja, lo que -según mencionó- también refirió el hermano de la damnificada. Dedujo que Silvia Soledad Nuñez afirmó y pretendió “ser creída en cosas irreales, que no deberían haber superado siquiera un juicio de verosimilitud más que de certeza como es necesario para una condena válida en justicia”. En tal sentido, dio su versión del hecho investigado, basada federal y comprometió las garantías al debido proceso y al juez natural.
Cámara Federal de Casación N°14.792 –Sala IV Causa Penal
en una relación amorosa entre Vergara y Nuñez, así como en la imposibilidad de que los hechos hubieran acontecido tal como los relató esta última. Finalmente, expresó que su defendido es inocente y que los motivos de la sentencia “no alcanzan la estatura que exige el 18 C.N. cc art. 123 del C.P.P.”, por lo que solicitó la absolución de Vergara. Hizo reserva de caso federal. IV. Que durante el término de oficina previsto por los arts. 465 cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó el señor Fiscal General ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler (fs.913/915), quien solicitó fundadamente el rechazo del recurso de casación. V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de la que se dejó constancia en autos (fs. 923), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Que efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctor Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos. El señor juez Mariano Hernán Borinsky, dijo: I. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnar (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual. II. A modo preliminar, analizaré el primer agravio de la parte impugnante, relativo a la nulidad de la actuación del querellante, toda vez que a su entender los padres de Nuñez carecían de legitimación para continuar interviniendo en dicha calidad luego de adquirida la mayoría de edad por su hija. En tal sentido, cabe indicar que el presente agravio resulta una re-edición de aquel formulado en la instancia anterior y que fue correctamente respondido por el “a quo”. Conforme ello, los magistrados de la instancia precedente en oportunidad de rechazar el mismo planteo que se analiza, merituaron
“la extemporaneidad del planteo y la falta de un perjuicio efectivo, la capacidad de acción como querellante que se le otorgó durante la instrucción a Silvia Soledad Nuñez y a sus progenitores Gladys Rosana Cano y Guillermo Nuñez, en razón del interés legítimo que les asistía – dadas las especiales circunstancias del caso y la minoría de edad de la víctima- y su adecuación a las previsiones del artículo 82 del Código de Forma”. Al respecto, corresponde recordar que surge del sumario que al momento que el juez de instrucción hizo lugar al pedido formulado por los progenitores de Silvia Soledad Nuñez de ser tenidos por parte querellante -22/12/2009-, la nombrada contaba con 18 años de edad y aún no regía la ley 26.579 (B.O. 22/12/2009), que comenzó a ser de cumplimiento obligatorio a los 8 días de su publicación (art. 8 C.C.). Por ende, a la fecha en que se hizo lugar al pedido de ser tenidos por querellantes de los padres de Silvia Nuñez, ésta era menor, en los términos de la legislación civil, y por lo tanto sus progenitores tenían capacidad legal para actuar en su representación. Por otra parte, de las particulares circunstancias del caso, advierto que la parte impugnante no ha logrado demostrar la existencia de un perjuicio concreto que amerite la declaración de nulidad pretendida, a lo que se aúna que de los agravios introducidos en esta instancia no se avizoran nuevos argumentos que permitan rebatir los expuestos por el “a quo”. En efecto, en el proceso intervino el Ministerio Público Fiscal, cuyo representante oportunamente requirió la elevación a juicio, ofreció prueba en virtud del hecho que configuró el ilícito por el que finalmente fue condenado Vergara y solicitó en oportunidad de celebrarse el juicio oral su condena a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas. Consecuentemente, no se advierte que pudiera haberse arribado a una solución diferente en el proceso aún sin la intervención de la querella. Conforme lo expuesto, no corresponde acoger favorablemente la pretensión de la recurrente, pues ello implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma, extremo que constituye un exceso ritual manifiesto. En esa inteligencia, “...las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo; y que, en todo caso, su declaración no
resulta procedente si carece de utilidad para mejorar la situación de quien la invoca. Es que la nulidad no es un fin en sí misma, requiriendo la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia; de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la ley.” (conf., C.F.C.P., Sala IV, Causa Nro. 12.301 –Sala IV– “FIORENTINO, Serafino Mateo s/ recurso de casación” , rta. 16/04/12, Reg. 527/12). Por lo expuesto, no habrá de convalidarse el agravio impetrado por la Defensa de Vergara analizado “supra”. III. En cuanto al agravio de la defensa relativo a la incompetencia del fuero federal para intervenir en la investigación de las presentes actuaciones planteado por la recurrente, corresponde señalar que la ley 26.364 (B.O. 30/04/08) en su art. 13, modificatorio del art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación, dispone la competencia federal para el juzgamiento de los delitos previstos –entre otros- en los artículos 145 bis y ter del Código Penal. En la ley mencionada, como refirieron los jueces del tribunal precedente, “se han creado figuras delictivas que intentan tipificar todos los eslabones de la cadena que antes no estaban contemplados en el Código Penal o acciones que si bien estaban previstas, tenían un menor alcance…”. Asimismo, el “a quo” agregó que “el imputado estuvo debidamente asistido durante todo el transcurso del proceso y en ningún momento previo al alegato defensivo, se cuestionó la intervención de este fuero de excepción, habiéndose consentido tanto la calificación efectuada en el auto de procesamiento como la auspiciada en sendos requerimientos de elevación a juicio. No obstante y sin que se hubiera producido ningún cambio fáctico, se plantea la incompetencia en un intento de retrotraer las actuaciones e impedir que el juicio siga hacia adelante…”. Con relación a la competencia del fuero federal para intervenir en los ilícitos relacionados con la “trata de personas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Abratte, Gloria Susana s/denuncia” sostuvo que “ante la presunta existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, debe ser la justicia
federal la que realice las medidas necesarias a fin de establecer si se halla configurada esa infracción” (conf. C.S.J.N. C. 1016, L.XLVI, rta. 05/07/11; criterio seguido en C.801, XLVII, rta. 03/07/12 y en C. 745, XLVII, rta. 07/02/12, entre otros). Así las cosas, conforme lo señalado, y toda vez que la defensa de Vergara no planteó la inconstitucionalidad de la norma del art. 33 inc. d del C.P.P.N. (conforme ley 26.364) que determina la competencia federal para la investigación de los delitos previstos en los arts. 145 bis y 145 ter del C.P., se advierte que la intervención de la justicia federal en el caso de autos resulta ajustada a derecho y la defensa no ha logrado demostrar que dicha intervención comporte la afectación de garantía constitucional alguna. IV. Ahora bien, a fin de dar tratamiento al planteo de arbitrariedad del decisorio impugnado formulado por la recurrente, corresponde examinar si la sentencia traída a revisión constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias allegadas al sumario en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción (art. 398 del C.P.P.N.) o, por el contrario, si representa una conclusión desprovista de fundamentación o con motivación insuficiente o contradictoria (art. 404, inc. 2, del C.P.P.N.), tal como afirmó la parte impugnante. No es ocioso recordar, a fin de llevar adelante la tarea, que el recurso de casación debe ser regulado y aplicado de conformidad con el derecho a recurrir el fallo -derivado del derecho de defensaconsagrado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro sistema legal con igual jerarquía (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8.2.h; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.5). Es así que para asegurar la vigencia de la garantía en cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (sentencia del 2 de julio de 2004), sostuvo que el recurso de casación debe ser “amplio” y “eficaz”, de tal manera que permita que el tribunal superior realice “un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior”, sea que éstas se refieran a los hechos, el derecho o la pena, y así procurar “la corrección de decisiones
jurisdiccionales contrarias al derecho” (párr. 161, 162 y 167). Dicho precedente, precisamente, fue recogido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al reafirmar que le compete a esta Cámara Federal de Casación Penal “...agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable” (in re Fallos C.1757. XL. “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, causa Nº. 1681, rta. 20/09/05). Esta doctrina fue confirmada en Fallos, 328:3741; 329:149; 330:449, entre otros. Conforme lo anterior, resulta relevante que en esta instancia se pueda efectuar el completo control de la sentencia impugnada, verificando que todas las cuestiones allí asentadas se encuentren debidamente fundadas a la luz de lo previsto por los arts. 398 y 404 del C.P.P.N. En definitiva, no se trata sino del análisis del cumplimiento de las reglas que integran el llamado sistema de libre convicción o sana crítica racional. Una correcta hermenéutica del recurso de casación permite que este Tribunal analice el modo de cómo los jueces de la instancia previa han valorado el material probatorio, encontrando como único límite aquellas cuestiones relacionadas directa y únicamente con la inmediación del juicio oral, materia vedada por su propia naturaleza irrepetible en esta instancia. Por ello, con relación a una declaración testimonial recibida durante la audiencia de debate, dado su carácter irreproducible, esta Cámara Federal de Casación Penal podrá analizar si su contenido ha sido valorado fundadamente de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, en función del resto del material probatorio. Pero en modo alguno podrá verificarse qué impresión ha causado en el ánimo de los jueces que la han presenciado y escuchado, por cuanto se trata de una percepción propia relativa a lo acontecido en el debate oral. Desde esta perspectiva y con los alcances asignados, corresponde evaluar el acierto o error del tribunal “a quo” a la hora de valorar la prueba, tener por acreditado los hechos y considerar responsable al imputado en los mismos. Con dicho propósito, corresponde recordar que el “a quo” tuvo por acreditada la imputación que se formuló a Miguel Angel Vergara, consistente en “haberse llevado, el día 26 de octubre de 2008,
a la menor Silvia Soledad Nuñez, nacida el 27/09/1991 (según acta de nacimiento de fs.156), desde calle Roverano Nº 2027 de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, con el uso de fuerza física, incluso llegando al abuso sexual con penetración y amenazas con arma de fuego. Que la transportó contra su voluntad hasta el Barrio Baradero Sarzotti de la ciudad de Santa Fe, lugar donde le aplicó un golpe en la cabeza ocasionándole un desmayo del que la mencionada menor se recuperó recién en una “casa de trabajo” –donde había muchas mujeres- localizada en un lugar de la Provincia de Buenos Aires, y en la que fue encerrada en una pieza durante dos días. Posteriormente le dieron ropa de trabajo y la obligaron a prostituirse bajo amenazas. Luego de un tiempo y ante la negativa de Silvia Soledad Nuñez de prostituirse, el procesado Vergara la trajo nuevamente a Santa Fe o Paraná para que ejerciera el comercio sexual, amenazando con matar a la madre de la menor, y comunicándole en esa oportunidad que ya le había disparado a uno de sus hermanos en una pierna. Como la víctima continuaba negándose a ejercer la prostitución, Vergara la lleva nuevamente a la “casa de trabajo” de la Provincia de Buenos Aires, lugar desde donde la menor logra darse a la fuga con la complicidad de una mujer que trabajaba en el lugar y que era la encargada de darle de comer, abriéndole una ventana desde el exterior y poniendo a su disposición un hombre que la esperaba en un automóvil y la conduce a la ciudad de Santo Tomé, arribando a la misma el día 16 de octubre de 2009.” Reseñado cuanto precede, analizaré el agravio articulado por la parte recurrente Puesto dirigido a la supuesta arbitrariedad de los a revisar la sentencia, debemos sentenciantes para analizar las constancias de autos. entonces concentrarnos en la prueba y el juicio de valor que realizó el juzgador al tiempo de tener por acreditada la materialidad del hecho ilícito investigado, afirmar su relevancia típica y asignarle responsabilidad penal a Miguel Angel Vergara por el hecho descripto “ut supra” y, consecuentemente, si la prueba de cargo analizada por el “a quo” resulta suficiente para alcanzar el grado de certeza apodíctica que requiere un pronunciamiento condenatorio. En cuanto a la materialidad del hecho, el “a quo” señaló que
“Silvia Soledad Nuñez, Gladis Rosana Cano, Andrea Celeste Nuñez y Omar Jacinto Nuñez, han coincidido en que el día 25 de octubre de 2008 en horas de la tarde, la mencionada en primer lugar salió de su vivienda en la calle Roverano nº 2027 de Santo Tomé y que, al no regresar, sus familiares emprendieron su búsqueda de manera infructuosa… Miguel Angel Vergara solía molestar a la desaparecida, y que días previos… intentó tomarla por la fuerza sujetándola del brazo”. Los magistrados de la instancia anterior indicaron que ya desde su denuncia policial la madre de la víctima incorporó elementos que incriminaban a Vergara, como cuando mencionó que la llamó y le dijo que estaba con él, “pero no sé si ella se fue por su propia voluntad o bien este muchacho la tiene sometida”. En la sentencia se mencionó que la damnificada en la audiencia de debate “se mantuvo coherente con respecto a sus declaraciones anteriores y en relación a los testimonios de su madre y sus hermanos Andrea y Omar, brindó detalles que permiten reconstruir en esencia el hecho que se investiga y que la tuvo como víctima…”. En el fallo también se evaluaron las declaraciones prestadas por Nuñez en la etapa de instrucción, en las cuales recordó que “el imputado continuamente la molestaba y le decía que se fuera con él, y que en una oportunidad intentó tomarla del brazo y la amenazó….”. Nuñez rememoró que “fue Miguel Angel Vergara en su auto quien la interceptó el día 26 de octubre de 2008 en la calle, la subió con él en la parte de atrás del vehículo, la llevó amenazándola a una vivienda en el Barrio Varadero Sarsotti de esta ciudad, y posteriormente a otra vivienda cuya ubicación desconoce con exactitud pero que sería en Buenos Aires, lugar en la cual la mantuvieron privada de su libertad y, bajo intimidaciones de dañar a ella y a su familia, la obligaron a “trabajar para Vergara”, manteniendo relaciones sexuales con distintos sujetos. Así transcurrió sus días hasta que logró huir con la ayuda de otra chica que trabajaba en la misma casa, y de un sujeto que la llevó en auto hasta la ciudad de Santo Tomé…” La damnificada refirió que a fin de lograr su cometido Vergara la amenazaba con dañarla a ella y a su familia, situación que el “a quo” tuvo por corroborada “por los testimonios antes mencionados, los que en este punto guardan una importante similitud”. Más aún,
“encontraron su concreción en la agresión…sufrida el día 17 de enero de 2009 por Omar Jacinto Nuñez, hecho que diera origen a la causa en la que se reprocha a Miguel Angel Vergara el delito de tentativa de homicidio”. Conforme la prueba recabada, el tribunal sentenciante tuvo por probado que “Silvia Soledad Nuñez fue objeto de explotación sexual… con los testimonios de la víctima y de sus familiares directos… que adquieren verosimilitud con la opinión vertida por la Psicóloga Mariana O`Donnell durante el debate, y que se corrobora con los informes elaborados por la misma en la etapa instructoria”. En la resolución impugnada se transcribieron las impresiones de la profesional aludida en el párrafo precedente, quien examinó a la víctima e informó que “observa un relato espontáneo, coherente y consistente… congruencia entre el lenguaje verbal y las emociones expresadas, la ausencia de variación en la descripción de los hechos….En su relato se manifiestan dificultades para evocar el recuerdo de algunos detalles… que podrían ser la consecuencia de la acción de mecanismos psíquicos de defensa inconscientes….Puede suceder también que estos detalles no se han podido registrar por el posible suministro de fármacos que causaron, en Silvia, la alteración de la percepción y de las funciones cognitivas...”. Concluyó señalando que “….hay elementos suficientes para considerar la veracidad de lo denunciado por Silvia Soledad Nuñez”. Asimismo, los magistrados sentenciantes consideraron los dichos de la asistente social Vanina Fruttero, quien sostuvo en la audiencia oral que la damnificada “es una chica vulnerable no sólo por su condición socio-económica sino también por su forma de ser, ya que se trata de una persona con pocos amigos, con dificultades para manejarse y acudir a otros”. El sentenciante de mérito puso de resalto “la impresión que Silvia Soledad Nuñez y su progenitora Gladis Rosana Cano han producido….El estado anímico de las nombradas, a la vista de las partes intervinientes en la audiencia, no ha dejado duda de los padecimientos físicos y morales sufridos por la víctima…” A lo expuesto cabe agregar que, al prestar declaración indagatoria –la que fue leída en la audiencia de debate-, el imputado refirió que “anduve de novio con Silvia Nuñez, desde junio a diciembre
de 2008 y en diciembre me junto con ella en La Guardia, habíamos alquilado una casa…pero yo la descuidé a ella y por eso en enero de 2009 me dijo que se iba a visitar a la madre…después me entero que se había juntado con otro…Quién puede decir la verdad es el hermano de Soledad Nuñez, que estaba concubinado con mi hermana y tiene una nena con ella…, es mi cuñado pero no sé cómo se llama… “ Cuando formuló su descargo se interrogó a Vergara sobre los datos del sujeto que le habría alquilado la casa que mencionó, a lo que refirió “yo puedo decir donde está la casa pero no sé el nombre del dueño de la misma, lo sabe mi tía de la cual no sé el nombre…Cuando nos juntamos de improviso, porque se había peleado con la madre…la llevé a casa de un conocido pero no puedo aportar los datos porque no lo sé…Estuvimos en una casa de Baradero Sarsotti, casa que me prestaron. No recuerdo el nombre de la señora que me la prestó…De allí fuimos a La Guardia donde alquilamos…Vivíamos de la plata de la casa que yo vendí…Yo la compré por intermedio de un abogado…pero no recuerdo su nombre…es de apellido Pereyra. Con respecto a la casa de la Guardia no puedo recordar dónde era porque estuve un mes…” Ahora bien, además de las imprecisiones de los dichos del imputado, se investigó si éste fue visto o residió en la localidad de La Guardia y, conforme el informe de fs. 454 de Gendarmería Nacional Argentina, el que se incorporó por lectura al debate, no pudo constatarse que Vergara hubiera sido visto o hubiera residido en tal sitio. Asimismo, del informe de Gendarmería Nacional Argentina, incorporado también por lectura en la audiencia oral y que luce fs. 149/150, surge que Vergara “no desempeña actividad laboral alguna y sería “fiolo”, es decir, reclutaría mujeres para la prostitución, a las que tomaría por la fuerza y las llevaría a otra localidad”. En idéntica dirección se ha expresado el menor Omar Jacinto Nuñez –hermano de la damnificada- con fecha 12 de marzo de 2009 en oportunidad de declarar en la causa seguida contra Vergara mencionada supra, quien refirió que “Miguel “charango” Vergara, es cafiolo y se llevó a mi hermana desde Octubre para trabajar”, testimonio éste que será ponderado con suma rigurosidad atento el vínculo familiar existente, debiéndose señalar que copias certificadas de dicha causa fueron
tenidas a la vista por el “a quo” e incorporadas en el debate. Asimismo, las copias certificadas de dicha declaración se encuentran agregadas a Conforme lo hasta aquí expuesto, los elementos fs. 235/236-. mencionados descalifican el descargo formulado por Vergara –plagado de imprecisiones-, cuyas manifestaciones no fueron corroboradas por prueba alguna en autos. Consecuentemente, los dichos del imputado carecen de aptitud para refutar el cuadro probatorio reunido en respaldo de la hipótesis imputativa investigada en autos. En tal sentido, no se acreditó que Vergara hubiera tenido un noviazgo con Silvia Nuñez, y menos aún que ella hubiera convivido con él. En efecto, ni siquiera pudo demostrar que se hubiera domiciliado en los sitios mencionados en su descargo. Así las cosas, la prueba de autos, reseñada precedentemente, confirma los dichos de la víctima. V. Resta analizar la adecuación típica del hecho que se le imputa a Vergara. Al respecto, comenzaré por señalar que la “trata de personas” es definida en el Protocolo de la Organización de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la misma (aprobado por ley 25.632 y pub. B.O. 19/11/2003) como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos". Esta descripción ha sido sustancialmente la que siguió la legislación argentina al incorporar el delito de “trata de personas”, a través de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, por ley 26.364 (B.O. 30/04/08). Los dos artículos incorporados al código penal regulan el delito de “trata de personas”: mientras que el art. 145 bis se ocupa de la trata de personas mayores de 18 años; el art. 145 ter reprime la trata de
menores de esa edad. La ubicación de estas figuras en el Capítulo de los delitos contra la libertad individual indica que éste es el bien jurídico protegido por aquéllas, sin embargo, tal como se desprende del propio texto legal no resulta necesario que el sujeto pasivo sea privado de la libertad ambulatoria de manera efectiva, por lo que resulta razonable concluir que lo que se pretende tutelar es la libertad de autodeterminación de las personas (Cfr. C.F.C.P. Sala IV, C. 13.780 “Aguirre Lopez, Raúl M. s/recurso de casación, Reg. 1447/12, Rta. 28/08/12). Ahora bien, con relación al concreto tipo penal en juego en autos (art. 145 ter), cabe señalar que conforme su tenor literal, será reprimido con pena de cuatro a diez años de prisión “el que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación.... La pena será de seis (6) a quince (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”. Las conductas típicas son las mismas que las descriptas en la trata de personas mayores (art. 145 bis del CP), esto es captar, transportar, trasladar, acoger, o recibir, a las que cabe anteponer adicionando la de “ofrecer”, que constituye un paso previo a aquéllas. La comisión de cualquiera de las acciones mencionadas -basta sólo una- resulta suficiente para dar lugar a la configuración del delito en análisis, toda vez que se trata de un tipo penal complejo alternativo. Así es que el injusto se estructura sobre la base de varias acciones alternativas entre sí, siendo suficiente que el autor realice una sola de las conductas señaladas para que el delito quede configurado, mientras que la producción de varias de las acciones típicas aquí contenidas no multiplican la delictuosidad, ni permiten considerarlo como un supuesto de reiteración delictiva (cfr. Tazza, Alejandro y Carreras, Eduardo R. “El delito de trata de personas”, en Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.364. Trata de personas y asistencia a sus víctimas, Setiembre 2008, Nº 8, La Ley, pág. 804). No obstante, la comisión conjunta (p. ej. captar y transportar) puede influir en la graduación de la pena en concreto (arts. 40 y 41 del C.P.) (cfr. Hairabedián, Maximiliano, “Tráfico de personas”, Ed. Ad-Hoc, 2009, pág. 25) (cfr. Sala III C.F.C.P., causa nº 12.967 “Sander, Roberto Eduardo
s/recurso de casación”, reg.nº 1496/11, rta. 3/10/11). En el mismo sentido indicado, se señaló que “El tipo presenta distintas acciones alternativas entre sí, de forma tal que será suficiente que el autor realice –al menos- una de aquellas. Si llevara a cabo más de una de las conductas –comisión conjunta- ello no aumentaría la criminalidad,…” (cfr. D´Alessio, Andrés José, Divito, Mauro “Código Penal de la Nación” 2da. Edición, Ed. La Ley, Tomo II, 2009, pág. 460). Lo afirmado precedentemente refuta la posición de la impugnante en cuanto postuló que el tipo en análisis contempla un conjunto de conductas que se encuentran concatenadas y que la tipicidad de dicha figura requiere la ejecución conjunta de todas ellas. En efecto, conforme lo consignado en los párrafos precedentes, la constatación de una de las conductas aludidas resulta suficiente para afirmar la tipicidad del tipo en análisis. En cuanto al sujeto pasivo de este delito, el texto legal alude a menores de 18 años, y mayores de 13 años. Cabe destacar que tratándose de menores de dieciocho años de edad, el hecho de que la víctima hubiese aceptado el trabajo sexual no empece a la configuración típica de la figura del art. 145 ter del Código Penal. Ello se encuentra expresamente estipulado en el art. 3 de la ley 26.364 de la ley de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” (B.O. 20/04/08), el cual prescribe que “el asentimiento de la víctima de trata de personas menores de dieciocho años no tendrá efecto alguno”. En el hecho en estudio, se probó que Silvia Soledad Nuñez contaba con 17 (diecisiete) años al momento de su desaparición, tal como surge de su partida de nacimiento incorporada al debate por lectura. La conducta atribuida al imputado en el sub examine ha sido correctamente encuadrada en los verbos típicos “captar” y “trasladar”. En cuanto al primero, se hace referencia a la “posibilidad de atrapar, traer, conseguir la voluntad de otro, es decir influenciar en su libertad de determinación. La captación es el primer momento del proceso de la trata de personas, la que se realiza en el lugar de origen de la víctima, y es la primera acción desplegada por una persona con respecto a otra a los fines de atraerla, conquistarla, ganarse su confianza, su voluntad,
siempre con la intención de que, por cualquier medio la someta a aceptar la posterior incorporación al tráfico ilegal, ya sea laboral o sexual. La conducta revela una manifestación que incide sobre el interior del individuo, sobre su voluntad de determinación” (cfr. Buompadre, Jorge Eduardo, "Trata de personas, migración ilegal y derecho penal", Ed. Alverioni, año 2009, pág. 62). Conforme ello, la “captación” constituye el primer eslabón de la trata de personas, “no importa por qué medio se haga [la captación], puede ser personalmente, en el mediante de la publicidad…. víctima….” O directamente consistir secuestro (cfr.
Hairabedián, Maximiliano, ob. cit., pág. 22). Asimismo, se ha señalado que la captación de la víctima, “puede ser totalmente engañosa, cuando se le ofrece, por ejemplo, que se le dará trabajo cuidando niños, de empleada doméstica o de empleado en un taller o en un campo como agricultor y luego cuando llega al lugar de destino se encuentra con la realidad de la situación, por ejemplo, que el trabajo consiste en ejercer la prostitución, en ejercer la mendicidad, etc.; Parcialmente engañosa, cuando se pone en conocimiento de la víctima ciertas circunstancias, por ejemplo que en el lugar de destino ejercerá la prostitución pero no se le indican en realidad que será bajo condiciones de encierro, golpes, etc. o en un liso y llano secuestro …." (cfr. Cilleruelo, Alejandro. "Trata de personas para su explotación", LL 2008-D, 781). En el caso, la “captación” de la damnificada ha sido debidamente acreditada en autos, porque se ha probado que “Miguel Angel Vergara intervino en la repentina desaparición de la menor Silvia Soledad Nuñez…, la “captó” interceptándola en la calle, sustrayéndola de su ámbito familiar”. Con relación a la conducta de “traslado” de la víctima, el transporte “es un paso imprescindible pues se capta en una región para explotar en otra; con ello se busca dejar a las víctimas en absoluta indefensión siendo los delincuentes su único vínculo” (cfr. Cilleruelo, Alejandro, ob. cit.). El transporte o traslado de la víctima es el segundo eslabón de la cadena, y consiste en llevar a la víctima de un lugar a otro, dentro del país, o desde o hacia el exterior.
Así, los jueces sentenciantes de la instancia precedente tuvieron por probado que el imputado “luego la trasladó desde la ciudad de Santo Tomé hacia otras localidades –presuntamente al barrio Varadero Sarsotti de esta ciudad, y después a Pehuajó o Trenque Lauqen, en la Provincia de Buenos Aires-, constituyendo así su accionar el primer eslabón de la cadena en la trata de personas…” En el caso de análisis la figura básica del delito de trata de personas se vio agravada por la existencia de amenazas. En efecto, el art. 145 ter, tercer párrafo del Código Penal, agrava la pena del supuesto previsto en el primer párrafo del mismo artículo y fija una escala penal de diez (10) a quince (15) años de prisión, cuando “1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción…..” La "amenaza" a la cual alude el artículo mencionado es la tipificada en el art. 149 bis, primera parte, del Código Penal argentino, “es el anuncio –idóneo- de un mal futuro grave e injusto, cuya realización depende de quien lo formula. No obstante…lo más frecuente será que se emplee la llamada coacción, toda vez que –por lo generalse tratará de supuestos en los que el sujeto activo anuncia un mal con el fin de obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad…” (cfr. D´Alessio, Andrés José, Divito, Mauro, …. ob. cit., pág. 463). En autos, la circunstancia agravante de mención fue tenida por acreditada por el tribunal “a quo” y los extremos de autos llevaron a los jueces sentenciantes a tener por probado que el imputado intimidó a la víctima, amenazándola con el daño que le causaría a ella y a su familia, en el supuesto de que la menor no hiciera lo que aquél le indicaba. En dicha inteligencia, el “a quo” sostuvo que dichas amenazas coactivas “encontraron su concreción en la agresión sufrida por Omar Jacinto Nuñez –hermano de la víctima-, hecho que dio origen a la causa en la que se reprocha al mismo imputado el delito de tentativa de homicidio”. En el decisorio atacado también se afirmó fundadamente que Vergara se abusó de la situación de vulnerabilidad de Nuñez. Al respecto, corresponde recordar que la condición de vulnerabilidad ha sido definida en las “Reglas de Brasilia sobre el acceso
a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, marzo de 2008), a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el dictado de la Acordada Nro. 5/2009, en la cual se estableció que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico […] Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico” (Capítulo 1, sección segunda) (Cfr. C.F.C.P, causa 13.780 “Aguirre Lopez…”, ya citada.) En el mismo orden de ideas, se considera vulnerable a “quien puede ser fácilmente sometido a los designios y voluntad del autor de la comisión delictiva en virtud de las especiales circunstancias en que se encuentra (pobreza, desamparo, necesidad básicas, etc.), la que deberá ser juzgada en cada caso teniendo en cuenta las particulares propias del nivel socio-cultural y de las condiciones de vida de la víctima del delito”. (cfr. Macagno, Mauricio Ernesto, "Algunas consideraciones sobre los nuevos delitos de trata de personas con fines de explotación (artículos 145bis y 145 ter CP)", Suplemento LL 26 de noviembre de 2008, ps.74/76.) En función de los parámetros expuestos, se advierte que en el caso en examen se ha demostrado la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba Nuñez, conforme surge de las conclusiones expresadas en sentido coincidente en el debate por la psicóloga Mariana O´Donnell y por la asistente social Vanina Fruttero –supra reseñadasFinalmente, en cuanto al aspecto subjetivo del tipo, el delito de “trata de personas” es doloso, exigiéndose pues el doble aspecto que demanda esa imputación: el conocimiento de los elementos del tipo objetivo más la voluntad de realizarlos.
Pero además, se requiere a los efectos de la relevancia típica de la conducta del autor, un específico elemento subjetivo del tipo -distinto del dolo- y que se traduce en los “fines de explotación”, con prescindencia de que éstos se concreten, pues el tipo penal anticipa el momento consumativo que se produce con la realización del verbo típico, quedando la consecución de aquéllos fuera del tipo. Por ello, el tipo penal mencionado, como se advierte de su estructura, es un tipo de “resultado cortado”. “En éstos, la intención del autor al ejecutar la acción típica se dirige a un resultado independiente, sin que sea necesario que llegue a producirse realmente” (cfr. Mir Puig, Santiago “Derecho Penal. Parte General”, ed. PPU, 5ta. edición, Barcelona, 1998, lección 9, Nro. 39). Así, se trata de una ultrafinalidad “un elemento subjetivo distinto del dolo…, puesto que exige que la acción típica sea realizada “con fines de explotación”. En cuanto a esa ultrafinalidad, la propia ley 26.364 –en su art. 4°- define qué debe entenderse por “explotación” y enumera…:…..c) cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual…” (cfr. D ´Alessio, Andrés José, Divito, Mauro….ob. cit., pág. 466 y ss). La existencia de la finalidad mencionada se ha probado en autos a partir de lo manifestado por la víctima en el debate, quien mencionó que en la casa en la que estuvo privada de su libertad debía trabajar para Vergara. Por otra parte, con relación a la edad de la víctima, atento las constancias de autos, no hay duda -ni tampoco la ha planteado la defensa- de que Vergara sabía de que Nuñez era menor de edad. Así las cosas, con respecto al hecho bajo examen, advierto que el imputado obró con conocimiento de las acciones que desarrollaba y de los medios que para ello empleaba, con la finalidad de que la damnificada –quien no había cumplido la mayoría de edad durante la comisión de los hechos materia de análisis- fuera sometida a explotación sexual. En efecto, conforme surge de las manifestaciones de Nuñez, y del resto de las pruebas de autos, puedo concluir que Vergara se aprovechó de la situación vulnerable de aquélla, la captó y trasladó para que fuera explotada sexualmente en el sitio al cual la llevó el imputado, quien la coaccionó a tales fines, bajo la amenaza de que si cumplía con
dicha actividad ella y su familia sufrirían las consecuencias de su negativa. Dicha situación continuó hasta que Nuñez pudo escapar del lugar. Como corolario de lo hasta aquí expuesto, cabe realizar una serie de precisiones respecto del principio “in dubio pro reo” invocado por el recurrente, en razón del carácter predominantemente subjetivo que encierra la duda y, de ahí, las posibles opiniones encontradas que pueden verificarse sobre un mismo instrumento de prueba. Este principio, directamente ligado con el estado de inocencia del que goza toda persona a la que se le dirige una imputación penal, exige que la sentencia condenatoria sólo puede ser el resultado de la sana crítica racional a la que llegue el tribunal más allá de toda duda razonable respecto a la culpabilidad del justiciable. Cualquier incertidumbre en la convicción del juzgador sobre la cuestión a la que es llamado a fallar, debe ser ineludiblemente resuelta a favor del imputado. Por ende, la falta de certeza o las dubitaciones que tornen aplicable el principio “favor rei” para solucionar el conflicto, deben registrarse en el análisis conjunto de todos y cada uno de los elementos de juicio incorporados en el debate para desarrollar la tarea intelectual que debe seguir el órgano jurisdiccional respetando los principios que la rigen. En otras palabras, la duda o falta de certeza debe ser el resultado del juicio de valor integral del plexo probatorio. De adverso, no puede ser el producto de puras subjetividades ni del estudio aislado de determinados componentes que integran el universo probatorio. Conforme ello, no encuentro margen de duda alguno que pueda modificar los extremos que tuvieron por acreditados los sentenciantes, por lo cual el agravio impetrado por los recurrentes, quienes aducen la inocencia de su asistido, bajo la alegación de falta de certeza para el dictado de una condena, no puede prosperar. En efecto, el “a quo” fundamentó que se encuentran debidamente acreditadas con las pruebas producidas e incorporadas durante el debate, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, tanto la materialidad del ilícito investigado como la autoría penalmente responsable de Miguel Angel Vergara por el hecho que se le atribuye en autos. En virtud de lo expuesto, tras la revisión de la sentencia
impugnada, compruebo que el tribunal colegiado de la instancia anterior realizó un profundo análisis del material probatorio sobre el que asentó su decisión condenatoria respecto del hecho atribuido a Vergara, que fue encuadrado en los delitos previstos por los arts. 145 ter, 1er. párrafo y 3er. párrafo, apartado 1 del Código Penal. En consecuencia, la arbitrariedad denunciada se encuentra desprovista de todo sustento, basada en una discrepancia de criterio sobre la valoración de los elementos probatorios agregados a la causa. Ello es así pues los sentenciantes realizaron un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades tenidas en cuenta por las partes, afirmando tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad del imputado, a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos elementos de prueba recabados. Nos encontramos, entonces, en presencia de un acto jurisdiccional que no merece la descalificación que pretende el impugnante y que constituye un acto procesal válido que se ajusta a las constancias de la causa. VII. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Federal de Casación Penal, propongo al acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa de Miguel Angel Vergara; sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal. El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: Que por compartir sustancialmente las consideraciones desarrolladas en el voto que antecede, habré de expresar el mío en igual sentido; sin costas en la instancia (arts. 430 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: I. Comparto las consideraciones efectuadas en el voto del juez Borinsky al rechazar los planteos de la defensa en torno a la falta de legitimación activa de la parte querellante -con la consecuente nulidad y desglose de sus actos procesales- y la incompetencia del fuero federal para intervenir en las actuaciones traídas a estudio de esta Cámara. II. En relación al cuestionamiento efectuado por la recurrente sobre la arbitrariedad del fallo criticado coincido en que la sentencia recurrida, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la
acreditación de la ocurrencia del hecho juzgado, y a la participación que en él cupo a Vergara se encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento, y que las conclusiones a las que se arriba en el fallo constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, sin que las críticas que formula la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts.123, 398, 404, inc. 2º del C.P.P.N.). III. Asimismo encuentro adecuada la calificación legal en la que se encuadró la conducta endilgada a Vergara, y tal como sostiene el voto que lidera el acuerdo, no resulta acertada la postura de la defensa en cuanto afirma que el art. 145 ter del C.P. requiere la acreditación de todas las acciones típicas allí descriptas. Basta con que hubiese realizado alguna de las acciones típicas contenidas en la figura, con la finalidad de explotación (cfr. mi voto en la causa Nro.12.479 de esta Sala IV, “Palacio, Hugo Ramón s/rec. de casación”, Reg. Nro. 2149/12, rta. 13/11/2012). Tuve oportunidad de señalar, con referencia al artículo 145 bis del C.P., que las acciones típicas allí definidas constituyen los distintos eslabones de la trata de personas, en cuya descripción el legislador siguió el contenido del art. 3º, inc. a) del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (cfr. mi voto en la causa Nro. 13.780 de esta Sala, “Aguirre López, Raúl M. s/rec. de casación”, Reg. Nro. 1447/12, rta. 28/08/2012). Esas consideraciones son trasladables, en lo pertinente, al art. 145 ter. La captación constituye el primer eslabón de la trata de personas, y consiste en atraer, ganar la voluntad o el afecto de quien va a ser la víctima del delito, que presta su aquiescencia pero con la voluntad viciada. El segundo eslabón de la cadena, el transporte o traslado consiste, consiste en llevar a la víctima de un lugar a otro, dentro del país, o desde o hacia el exterior; y el tercero es el acogimiento o la recepción de la víctima. Acoger es “dar refugio o albergue a alguien”,
mientras que recibir es “tomar o hacerse cargo de lo que es enviado” (cfr. Diccionario de la Real Academia Española). Se ha señalado que la acción de acogimiento implica algo más que la mera recepción, pues implica proporcionar a la víctima un lugar para que resida de manera más o menos estable (cfr. D’ Alessio, Andrés J. –Director-, Divito, Mauro – Coordinador-, “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, T° II, Parte Especial, segunda edición actualizada y ampliada, Ed. La Ley, Bs. As., 2009, pág. 462). En el art. 145 ter, que se ha aplicado en el caso, se reprime con pena de cuatro a diez años de prisión al que “ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho años de edad, con fines de explotación”. En el segundo párrafo, se eleva la pena –de seis a quince años de prisión- si la víctima es menor de trece años. Y en el tercer párrafo se contemplan, para los dos supuestos anteriores, cuatro circunstancias agravantes distintas, en cuyo caso la pena es de diez a quince años de prisión. En el primer inciso -que se ha aplicado en el caso-, se contemplan los medios comisivos que forman parte de la figura básica del art. 145 bis: “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima” (el resaltado no obra en el original). Adviértase que los medios comisivos que integran el tipo básico de la trata de personas mayores de dieciocho años, constituyen pautas agravantes en la trata de personas menores de esa edad. Ello obedece a que en la ley 26.364 se estableció que “el asentimiento de la víctima de trata de personas menores de dieciocho años no tendrá efecto alguno” (art. 3°), es decir que si media consentimiento del menor, dado que resulta inválido, queda configurado el tipo básico de trata de menores de esa edad, pues, a diferencia de la trata de mayores de dieciocho, no requiere la presencia de los medios comisivos que vician ese consentimiento, y si se presenta alguno de ellos, entonces será de aplicación la figura agravada del inciso 1° del tercer párrafo del art. 145 ter.
Los medios comisivos antes referidos se dividen en dos grupos: los que implican la anulación del consentimiento del sujeto pasivo (violencia, amenaza, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima), y los que vician el consentimiento, sin llegar a anularlo (engaño, fraude y abuso de una situación de vulnerabilidad). En cuanto en el sub lite interesa, cabe señalar que la situación de vulnerabilidad hace referencia a una situación en la que la persona es más propensa a brindar su conformidad para ser explotado, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación (cfr. “Nota orientativa sobre el concepto de ‘abuso de una situación de vulnerabilidad’ como medio para cometer el delito de trata de personas, expresado en el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). La vulnerabilidad de la víctima obedece a distintas razones. Según se ha definido en el documento de Naciones Unidas antes citado, la vulnerabilidad puede ser personal (por ej., una discapacidad física o psíquica), geográfica (porque la persona se encuentra en situación irregular en un país extranjero, social o lingüísticamente aislada) o circunstancial (por ej., desempleo, penuria económica). Asimismo, en las “Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, marzo de 2008), a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nro. 5/2009), en donde se estableció que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales,
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico […] Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas La o a minorías, la de victimización, las la migración en sus y el de desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. concreta determinación en cada personas de condición vulnerabilidad país dependerá características
específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico” (Capítulo 1, sección segunda). En el caso de autos, en lo que refiere al aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, el tribunal remarcó que la psicóloga Mariana O’Donnell afirmó que: “Silvia Núñez es una persona vulnerable pues su personalidad y estilo de vida son indicadores de la presencia de esta característica”, y que “dicha opinión concuerda con la vertida en el mismo acto por la Asistente Social Vanina Fruttero, cuando sostuvo que la víctima es una chica vulnerable no sólo por su condición socio-económica sino también por su forma de ser, ya que se trata de una persona con pocos amigos, con dificultades para manejarse y acudir a otros.” (cfr. fs. 875). Asimismo, el a quo destacó que la víctima “se encontraba inserta en un ámbito socio-económico extremadamente carenciado, situación ésta que fue corroborada por la Asistente Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Vanina Fruttero, quien al deponer en la audiencia expresó que habiéndose constituido en el domicilio de la víctima en Santo Tomé, observó que se trata de un barrio alejado del centro, con dificultades para acceder desde allí a otras zonas; que la nombrada allí habita con su numerosa familia en una vivienda precaria, de condiciones humildes; siendo el piso de la casa de tierra en algunos sectores”. También se mencionó que “la personalidad de la entonces menor Silvia Soledad Núñez, y el contexto en el que desarrollaba su existencia, la hicieron más propensa a acceder a los requerimientos de su victimario. Miguel Angel Vergara utilizó dicha situación -constituida por la personalidad y el contexto descriptos- para lograr los fines de explotación que llevó a cabo-.” (cfr. fs. 875 vta./876). Por lo dicho, considero, como adelanté, que la calificación legal en la que se encuadró la conducta endilgada a Vergara resulta
correcta. IV. Con estas breves consideraciones, adhiero a la solución que viene propuesta. Por ello, el Tribunal, RESUELVE: I. RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa de Miguel Angel Vergara; sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
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References: resolución 
 artículo 82
 resolución 
in dubio
in fine
in fine
 artículo 145
 artículo 3
in fine
 ARTÍCULO 127
 resolución