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Timestamp: 2019-10-23 21:19:26+00:00

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﻿ Sentencia C-015 enero 23 de 2014
SENTENCIA C-15 DE 23 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:BENEFICIO DE SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA POR OTRO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN LIBERTAD. SE DECLARA EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1592 DE 2012, QUE AGREGA EL ARTÍCULO 18 A LA LEY 975 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:DETENCIÓN PREVENTIVA, PERSONA DESMOVILIZADA
Sentencia C-015 enero 23 de 2014
Actor: Nelson Eduardo Menjura González.
El actor, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad —C.P. arts. 40.6, 241.1 y 242— demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, que agrega el artículo 18 A a la Ley 975 de 2005, cuyo texto —con lo demandado en subrayas— es el siguiente:
Diario Oficial 48.633 de diciembre 3 de 2012
2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y haber obtenido certificado de buena conducta;
La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una disposición contenida en un estatuto legal —Ley 1592 de 2012-, por mandato constitucional (C.P., art. 241.4).
2.1.1. El Decreto 2067 de 1991, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. El tercero de los requisitos antedichos —el concepto de violación—, implica una carga material, no meramente formal: no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal suerte que de dichas razones o motivos surja una verdadera controversia constitucional.
2.2.1. En la Sentencia C-623 de 2008, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013, este tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos:
2.2.2. Solo después del auto admisorio los ciudadanos y el Ministerio Público tienen la oportunidad de intervenir en el proceso y de manifestar sus opiniones y su concepto a la Corte. Estas opiniones y concepto deben ser considerados por este tribunal al momento de tomar una decisión, ya que contienen elementos de juicio relevantes(1). Dado que uno de los temas que se puede trabajar en dichas opiniones y concepto es el de la aptitud de la demanda, y en vista de que la decisión definitiva sobre la misma corresponde a la Sala Plena de la Corte, esta cuestión puede y, cuando hay solicitud sobre el particular, debe ser analizada por este tribunal incluso con posterioridad al auto admisorio de la demanda.
2.3. Falta de certeza en los cargos de violación de los artículos 1º y 29 de la Constitución.
2.3.2. La falta de certeza del concepto de la violación, en cuanto atañe a los cargos relativos a la vulneración de los artículos 1º y 29 de la Constitución, evidente a partir de la interpretación subjetiva e injustificada que se hace de la norma demandada, lleva al actor a desconocer que la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario es una institución nueva en el régimen de justicia y paz, como lo muestra el hecho de que para incorporarla en éste se haya adicionado un artículo nuevo a la Ley 975 de 2005, y como lo demuestra que en texto de esta ley antes de su reforma no hubiere ninguna posibilidad normativa de sustituir la medida de aseguramiento(2). En este contexto no es posible mostrar de qué manera la norma, que se malinterpreta y distorsiona, vulnera la Constitución, por lo que tampoco se satisface el mínimo argumentativo de especificidad. Así las cosas, los cargos en comento no satisfacen tampoco el mínimo argumentativo de pertinencia, pues salta a la vista que la norma demandada no modifica en nada la pena alternativa y, por lo tanto, no afecta en modo alguno los principios de legalidad y de favorabilidad, o desconoce la dignidad humana; y ante estas circunstancias incontrastables no son oponibles argumentos de estirpe legal o reglamentaria, como lo hace la demanda al invocar el Decreto 3391 de 2006.
4. Cargo: Vulneración del derecho a la igualdad (C.P., art. 13).
La demanda pate de que todo el tiempo que un miembro de un grupo desmovilizado permanezca en un establecimiento de reclusión, en el marco de la Ley 975 de 2005, debe ser tenido en cuenta al momento de contar o calcular los ocho años que exige el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. De ahí que cabe examinar una posible discriminación en la circunstancia de que a unos miembros del grupo que se desmoviliza —libres— se les cuente los ocho años a partir de la fecha en que ingresan a un establecimiento de reclusión, mientras que a otros miembros del mismo grupo —detenidos— se les cuente los ocho años a partir de la fecha de su postulación a los beneficios de la Ley 975 de 2005.
4.2.1. La Ley 1592 de 2012 modifica la Ley 975 de 2005, enmarcadas en la noción de justicia transicional y dirigidas ambas a la consecución de la paz nacional a través —entre otras estrategias— de la desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados organizados ilegales.
4.2.2. El artículo 19 —adicionado a la Ley 975/2005 como 18A— regula la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de libertad, como facultad del desmovilizado postulado de solicitarla a la autoridad judicial competente —magistrado de control de garantías— a cambio de una medida de aseguramiento no privativa de libertad.
4.2.3. Los requisitos para la concesión del beneficio de sustitución de la detención preventiva por otra medida de aseguramiento en libertad, son: (i) acreditar mínimo ocho (8) años de reclusión efectiva bajo control del sistema penitenciario, como desmovilizado postulado; (ii) su contribución a la verdad judicial y a la reparación, como forma de colaboración con la justicia; (iii) el cumplimiento de los programas de reintegración establecidos; (iv) el no haber cometido delito doloso alguno con posterioridad a la desmovilización.
4.2.4. Tal beneficio de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra no restrictiva de ella, es susceptible de revocación por lo siguiente: (i) incumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia y en materia de verdad y reparación; (ii) incumplimiento del programa de reintegración; (iii) incumplimiento en general de las condiciones fijadas por el juez.
4.2.5. Los ocho (8) años de privación preventiva de la libertad comienzan, para el desmovilizado en libertad, desde su reclusión efectiva; para el desmovilizado en detención, desde su postulación —estando ya efectivamente recluido—. Este tratamiento, que el demandante juzga diferenciado, es, como ya se advirtió, el objeto de examen en la presente sentencia.
4.3.1. La igualdad tiene un tripe rol en el ordenamiento constitucional: el de valor, el de principio y el de derecho(3). En tanto valor, la igualdad es una norma que establece fines, dirigidos a todas las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; en tanto principio, la igualdad es una norma que establece un deber ser específico y, por tanto, se trata de una norma de mayor eficacia que debe ser aplicada de manera directa e inmediata por el legislador o por el juez(4); en tanto derecho, la igualdad es un derecho subjetivo que
“se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para los grupos que se encuentran en debilidad manifiesta. La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles”(5).
4.3.2. La igualdad se reconoce y regula en varios textos constitucionales, como en el preámbulo, en los artículos 13, 42, 53, 70, 75 y 209. Esta múltiple presencia, como lo ha puesto de presente este tribunal(6), indica que la igualdad
“carece de un contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional”.
4.3.3. Dado su carácter relacional, en el contexto de la acción pública de inconstitucionalidad la igualdad requiere de una comparación entre dos regímenes jurídicos. Esta comparación no se extiende a todo el contenido del régimen, sino que se centra en los aspectos que son relevantes para analizar el trato diferente y su finalidad. El análisis de la igualdad da lugar a un juicio tripartito, pues involucra el examen del precepto demandado, la revisión del precepto respecto del cual se alega el trato diferenciado injustificado y la consideración del propio principio de igualdad. La complejidad de este juicio no puede reducirse a revisar la mera adecuación de la norma demandada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que requiere incluir también al otro régimen jurídico que hace las veces de término de la comparación. Ante tal dificultad este tribunal suele emplear herramientas metodológicas como el test de igualdad(7).
4.4.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución(8).
4.4.2. El test de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado a un caso sub judice, este tribunal ha fijado una regla y varios criterios(9), como se da cuenta enseguida.
4.4.2.1. La regla es la de que al ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este test se limita a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero, valga decir, a verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la “presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas”. El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad.
(...) Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario; (...) el término previsto en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley.
4.5.5. Algunos intervinientes señalan, también con razón, que los contenidos normativos tienen en sus supuestos de hecho algunos elementos diferentes(10): (i) en el primero de ellos se trata de una persona que se ha desmovilizado estando en libertad, lo cual es imposible de predicar del segundo de ellos, ya que la persona no está en libertad al momento de desmovilizarse el grupo al que pertenecía; y (ii) en el primero de ellos la reclusión en establecimiento carcelario es posterior a la desmovilización, lo que también es imposible de predicar del segundo de ellos, porque la persona ya está recluida en establecimiento carcelario con anterioridad a la desmovilización del grupo al que pertenecía.
4.5.6. Como puede verse en los dos párrafos anteriores, las situaciones de hecho objeto de la comparación no se enmarcan en las hipótesis previstas en los dos primeros mandatos de igualdad de trato(11), esto es, no se trata de situaciones de hecho idénticas ni de situaciones de hecho que no tengan ningún elemento en común. Por el contrario, entre ambas situaciones de hecho existen elementos comunes y existen, también, elementos diferentes. Esta circunstancia parecería hacer necesario, al menos prima facie, considerar las hipótesis previstas en los otros dos mandatos de igualdad de trato, a fin de establecer si los elementos comunes son más relevantes que los elementos diferentes o si, por el contrario, éstos son más relevantes que aquellos. Bajo este supuesto se consideró que la demanda sí tiene aptitud sustancial.
4.5.7. En el caso sub examine se cuestiona de manera específica el hito temporal a partir del cual se debe contar los ocho años de reclusión en el establecimiento carcelario. Se argumenta en la demanda que para este cálculo debe tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario. Este argumento es inadmisible en tanto y en cuanto pasa por alto uno de los elementos comunes anotados(12), el de haber sido miembro de un grupo armado al margen de la ley que se ha desmovilizado. Y es que si no hay desmovilización, no existe fundamento fáctico para aplicar la Ley 975 de 2005 y, por ende, para solicitar la audiencia prevista en el artículo 18 A de esta ley, agregado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización, es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005. Y lo es, porque obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, pues, que el hito temporal en comento sea anterior a la fecha de la desmovilización.
4.5.8. De manera deliberada se omitió en su momento aludir a un tercer elemento común de los supuestos de hecho comparados, que es determinante para este caso. En las primeras líneas del primer inciso del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, se precisa que para poder solicitar la sustitución de la aludida medida de aseguramiento, es menester que la persona, además de haberse desmovilizado, haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Este es el sentido unívoco de la norma al decir: “El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad (...)”. Con esta precisión normativa, es evidente que en ningún caso los ocho años de permanencia en un establecimiento carcelario pueden contarse antes de que la persona haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. En el caso de las personas postuladas que se desmovilicen estando en libertad, este término se cuenta a partir de su posterior reclusión en establecimiento carcelario. En el caso de las personas postuladas cuyo grupo se desmovilice, y estén en ese momento privadas de su libertad, este término se cuenta a partir de su postulación. No es, pues, la mera circunstancia de estar recluido en un establecimiento carcelario la determinante para fijar el hito temporal, sino que, por el contrario, lo verdaderamente relevante es la confluencia de esta circunstancia con las de la postulación y la desmovilización.
5.1.1. Dentro de las cuestiones previas, la Corte verificó la inaptitud sustancial de los cargos relacionados con la vulneración de los artículos 1º y 29 de la Constitución y la aptitud del cargo relativo a la violación del artículo 13 de la Constitución. En consecuencia, el examen de constitucionalidad se hizo sobre el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, por el cargo de vulnerar el artículo 13 de la Constitución.
El prever que un término solo comience a contarse a partir de que se reúnan todos los requisitos comunes a dos personas que pretenden acceder a un beneficio previsto en una misma ley, con prescindencia del orden en que esto ocurra, no implica una diferencia de trato respecto de ellas y, por tanto, no entraña una discriminación.
(1) Cfr. C-1123 de 2008.
(2) Supra I – 3.1 y 3.2.
(3) Sobre la diferencia entre valor, principio y derecho, ver las sentencias T-406 de 1992, T-881 de 2002, C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
(4) Cfr. Sentencias C-862 de 2008, C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
(5) Cfr. Sentencia C-862 de 2008.
(6) Cfr. Sentencias C-818 de 2010 y C-250 de 2012.
(7) Cfr. Sentencia C-093 de 2001.
(8) Cfr. Sentencias C-093 y C-673 de 2001 y C-862 de 2008.
(9) Cfr. Sentencia C-093 de 2001.
(10) Supra I - 3.1, 3.2, 3.4 y 4.
(11) Supra II - 4.2.5.
(12) Supra 4.4.4.

References: ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 18
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 artículo 13
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