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Timestamp: 2019-05-22 13:24:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 168, de 26/09/2012
cve: DSCD-10-CO-168
Año 2012 X Legislatura Núm. 168
- Sobre elaboración de decretos-leyes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000636) ... (Página2)
- Sobre dedicación exclusiva de diputados y senadores. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000816) ... (Página7)
- Sobre la restitución de la soberanía y los derechos históricos de Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000894) ... (Página12)
- Sobre modificación de las funciones de análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000655) ... (Página20)
- SOBRE ELABORACIÓN DE DECRETOS-LEYES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000636).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Constitucional, con el orden del día que tienen todos ustedes. Hay cuatro proposiciones no de ley. La representante de Unión Progreso y Democracia me ha pedido que, si no hay inconveniente, como tenía una comparecencia, la proposición no de ley número 2 se debatiese en último lugar, de tal manera que todas avanzan una posición. Por parte de la Presidencia no hay inconveniente y por parte de los portavoces me han dicho que tampoco. Por tanto, empezamos por la primera proposición no de ley, sobre elaboración de decretos-leyes, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Comisión una iniciativa sobre la elaboración de los decretos-leyes con dos peticiones muy concretas. La primera de ellas que se respete la excepcionalidad de esta figura normativa y que se utilice sólo en aquellos supuestos en los que efectivamente exista una extraordinaria y urgente necesidad, tal y como dispone el artículo 86 de la Constitución Española, procurándose además, en la medida de lo posible, una tramitación posterior como proyecto de ley. La segunda petición es que se evite el uso del decreto-ley en todos aquellos casos en los que los derechos de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución española resulten afectados directa o indirectamente.
Señorías, quisiera hacer una primera consideración. No es nuestra intención centrar el debate en un no rotundo a los decretos-leyes, no es esa nuestra intención. Somos conscientes de que la utilización del decreto-ley es una práctica habitual en tiempos en los que se requieren decisiones rápidas, ejecutivas y efectivas, y nadie pone en duda la extraordinaria situación que atraviesa hoy nuestro país y que explica o justifica alguno de estos decretos, pero no todos, porque muchos de estos decretos-leyes tienen una justificación, como poco, dudosa, y digo dudosa porque se nos plantea la duda sobre si afectan o no a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en la Constitución. Algo que ésta prohíbe expresamente. Este es el caso, por ejemplo, de los decretos-leyes de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que han alterado gravemente el ejercicio de los derechos educativos y sanitarios de los españoles. El Tribunal Constitucional señala que la apreciación de extraordinaria y urgente necesidad corresponde de forma discrecional al Gobierno, pero señorías, es difícil encontrar la extraordinaria y urgente necesidad en el Real Decreto-ley de modificación del régimen de administración de la corporación de Radiotelevisión Española o en el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materias de medio ambiente.
Señorías, nos parece alarmante que en lo que llevamos de legislatura el Gobierno haya enviado al Parlamento 27 decretos-leyes para su convalidación. La Constitución establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. Pero vemos que se ha recurrido a ellos sin urgencia y, a tenor de los números, tampoco su utilización ha sido extraordinaria, convirtiendo la excepción en una norma, pasando del uso al abuso. Y en este punto el Gobierno está superando con creces los límites establecidos en la Carta Magna en materia de legislación de urgencia. Por ello, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista considera que debería interpretarse de forma restrictiva para no convertir en habitual lo que solamente es excepcional. Señorías, esta forma de legislar de forma excepcional altera las bases del modelo constitucional y rompe el equilibrio político que mantiene el principio de que el Parlamento es el órgano dotado de legitimidad democrática para legislar. Esta práctica limita extraordinariamente la función de la Cámara, la facultad de enmienda puede desaparecer, el debate se limita solo a uno en Pleno, prescindimos de las fases de ponencia y Comisión que son tan fructíferas, tan útiles, para el enriquecimiento del texto y la búsqueda de consensos. Con la tramitación posterior como proyecto de ley se garantizaría el proceso deliberativo y se permitiría exponer los puntos de vista a todos los grupos políticos con representación en las Cámaras. En definitiva, si tras la convalidación del decreto-ley se aceptase su tramitación como proyecto de ley se permitiría el debate necesario que debe regir en la elaboración de las leyes. Pero esto está resultando imposible por la actitud del grupo que sustenta el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista está haciendo un gran esfuerzo en hacer una oposición útil, sin tensión, sin crispación, en mantener un debate responsable, pero hay algo que no se puede tolerar, que no queremos tolerar, y es que no haya debate en el Parlamento. Una cosa es obtener mayoría absoluta en las urnas y otra bien distinta es aprovechar la mayoría parlamentaria para legislar a golpe de decreto, sin posterior debate en el Parlamento. El recurso a esta figura normativa debe ser extraordinario y si su uso se justifica y se ampara en la crisis económica y posteriormente se impide su tramitación como proyecto de ley en el Parlamento, el Gobierno está añadiendo a la crisis económica una crisis democrática, se está privando al Parlamento de su facultad de legislar con la normalidad que impone un sistema parlamentario. Y cuando se abusa del decreto-ley no sólo se menosprecia a las Cámaras sino que se degrada el debate democrático, cuestionando la labor de esta institución. Esta no puede ser la legislatura en la que el Congreso no legisle, actuar así entendemos el Grupo Parlamentario Socialista que debilita la democracia. Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista les presenta esta proposición no de ley sobre la elaboración de decretos-leyes y les solicita su voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones iremos de menor a mayor. No está el Grupo Mixto, por tanto tiene la palabra el señor Esteban, en representación del Grupo Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Evidentemente, coincido, porque ya lo he manifestado así también en alguna intervención en alguna sesión plenaria, con los razonamientos que se aportan en la proposición no de ley del Grupo Socialista, y en ese sentido ya anuncio que voy a votar favorablemente a la misma. Es un problema que tiene esta Cámara, que tienen las Cortes Generales, pero desgraciadamente no únicamente desde esta legislatura, porque si atendemos a la legislatura anterior, y sobre todo a los dos últimos años de la legislatura anterior, tenemos una pequeña riada de decretos-leyes -el Gobierno le cogió mucha afición al tema-, que tampoco tienen mucho sentido algunos de los temas: aplicaciones de convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques -estoy hablando de la legislatura pasada ya-, la creación de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y modificar el régimen jurídico del personal laboral de AENA, el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal, etcétera. Pero sí es verdad que si uno echa mano de la estadística: decretos-leyes 2010 del Gobierno Socialista 14, leyes 48, decretos 2011 14, leyes 43. Pero si examinamos lo que llevamos de esta legislatura que aun no llega al año tenemos: decretos-leyes 27 y leyes 25. Así que el 52%, más de la mitad de las iniciativas del Gobierno ante esta Cámara se han hecho utilizando un procedimiento de extraordinaria y urgente necesidad y, ciertamente, no puede ser que para todo exista esa extraordinaria y urgente necesidad. Decretos-leyes de esta legislatura, el de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y de adquisición de productos vacacionales de larga duración. Lo digo por poner algo extremo para que se vea bien, o la modificación del régimen de administración de la Corporación Radiotelevisión Española.
Creo que se ha entrado en una inercia que puede debilitar las bases del sistema parlamentario y que el Gobierno debe corregir esta dirección inmediatamente, porque tal y como se ha dicho tienen que ser casos excepcionales, extraordinaria y urgente necesidad. No es la forma habitual en la que se deberían aprobar normas de rango de ley en el país. La posibilidad de enmienda desaparece, se anula al Congreso, pero es que se anula al Senado también, porque es que el Senado ni arte ni parte. Podemos estar de acuerdo en que exista un Senado, no exista, de otra manera o de esta, pero lo cierto es que tiene unas funciones que hoy en día no las puede cumplir. Diría más, incluso el artículo 133 dispone que la potestad para establecer los tributos corresponde al Estado y dice: mediante ley. Sí, se me podrá decir que el decreto-ley tiene rango de ley, efectivamente, ya sabemos que es un instrumento que al final ocupará el mismo rango, pero es que la Constitución si hubiera querido decirlo podría haberlo dicho: con norma con rango de ley. Podía haber contemplado una urgente y extraordinaria necesidad, no.
Por tanto, yo creo que se están rebasando límites, prácticas, usos parlamentarios que antes se consideraban de estricto cumplimiento, y creo que estamos a tiempo, la situación económica no justifica todo y si verdaderamente queremos dar valor al sistema democrático, al sistema parlamentario y al debate, pues ello urge, nos lleva, de todas, todas, a que el Gobierno deba corregir la forma que tiene de presentar las normas que quiere elevar con rango de ley al ordenamiento jurídico y no puede ser, por lo tanto, que de 52 iniciativas, más de la mitad, 27 en concreto, hayan sido a través del sistema de decreto-ley. Por lo tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Nuet tiene la palabra.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo va a votar a favor de la iniciativa del Grupo Socialista, ya que es una iniciativa adecuada y que se presenta en un momento idóneo, porque la legislatura ya empezó, pero evidentemente tiene un sesgo con el tema de los decretos-leyes por parte del Grupo Parlamentario Popular, que si al final completamos los cuatro años a este ritmo, pues el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno van a pasar al libro de los récords, con el récord podríamos decir más antidemocrático y menos participativo de las legislaturas que tenemos en la historia democrática de nuestro país, el tema del abuso del decreto-ley y del abuso de una mayoría parlamentaria.
Aquí tenemos un problema de forma y de fondo. Por supuesto, el de forma lo ha cualificado muy bien la portavoz socialista, el abuso de los decretos-leyes evidencia una clara denigración del papel parlamentario de las Cámaras, tanto del Congreso como del Senado y, por tanto, en este momento asistimos a un Grupo Parlamentario Popular que tiene mayoría absoluta pero que podemos afirmar que es el grupo parlamentario más aislado y más solo de las últimas décadas de la historia legislativa de nuestro país. Eso a la democracia no le hace ningún bien, evidentemente el pueblo ya pondrá a cada uno en su lugar cuando toque, pero queda mucha legislatura y, por tanto, no tenemos por qué estar sufriendo esta, podríamos decir, tendencia negativa en la cual el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular nos tienen inmersos. Por tanto, de forma clara pensamos que hay un problema en la forma, pero también en el fondo, porque si vamos a ver para qué se ha usado este mecanismo extraordinario vemos que básicamente se ha usado para ser obedientes ante los mandato de los mercados y de las imposiciones de la troika, y que no se ha usado para resolver los problemas de los españoles. Posiblemente podríamos discutir si ante la gravedad el Gobierno ha echado mano de un procedimiento de urgencia porque hay que arreglar las cosas, pero evidentemente los decretos-leyes lo único que han hecho es profundizar la situación de crisis en la cual nos encontramos y aumentar el nivel de sufrimiento de la mayoría de nuestra población, porque son decretos que no han ido a temas como el empleo, la vivienda o la participación democrática. No, no, han ido a regular esas exigencias no democráticas de gentes que han decidido por nosotros y, por tanto, que han decidido en nombre del Gobierno de España, en nombre del Congreso y en nombre del Senado. En consecuencia, vamos a votar favorablemente a la iniciativa y, repito, valoramos positivamente su presentación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Convergència i Unió va a votar favorablemente a esta oportuna proposición no de ley que hoy se ha traído a la Comisión que debe tratar de este asunto, que es la Comisión Constitucional, porque al final estamos de alguna manera también aplicando lo que es el artículo 86 de la Constitución. ¿Por qué vamos a votar a favor? Antes de intervenir estaba escuchando al señor Nuet y a través del iPad repasaba qué es lo que ha llegado al BOE en esta legislatura que pronto va a cumplir un año; pues están publicadas de esta legislatura 3 leyes orgánicas, 6 ordinarias y 27 reales decretos-leyes, 26 del año 2012 y 1 del año 2011 pero que era ya de esta legislatura. Con lo cual estamos en una estadística que, de consolidarse, aquello que el Constituyente quiso que fuera extraordinario sería la forma ordinaria de legislar vía decreto-ley, produciendo normas que al final tienen rango de ley, aunque no lo son, son decretos-leyes, y en las que se merma muchísimo la capacidad de debate de las Cámaras. Porque hay una reflexión que en ocasiones deberíamos realizar entre todos, que es la siguiente. Alguien podría pensar en un Congreso, también en un Senado donde hay una mayoría absoluta qué sentido tiene alargar los trámites, pues el sentido de poder conocer la alternativa que en cada propuesta legislativa las Cámaras quieren emitir a pesar de que sea minoritaria, la grandeza de la democracia también es poder plasmar con enmiendas lo que es una discrepancia ante aquello que al final tiene rango de ley. ¿Y qué está sucediendo? Que por la vía de hacer ordinario aquello que debería ser extraordinario, el decreto-ley llega aquí con una votación inicial de convalidación o no, lo convalidas o no, y si lo convalidas, a no ser que se tramite como proyecto de ley, ahí ha finalizado su trámite. Con una mayoría absoluta obviamente se convalida siempre, porque evidentemente el Gobierno tiene una mayoría absoluta en esta Cámara a través del grupo mayoritario y va a convalidar siempre los decretos-leyes que le lleguen. Pero qué capacidad han tenido el resto de grupos que representan a la sociedad -aunque sean posiciones minoritarias representan a la ciudadanía- de plasmar esas enmiendas y esas alternativas, porque a pesar de que pierdan las votaciones habrán quedado plasmadas. Y eso se hurta, es una vía fácil, es una vía constitucional, porque es necesario que en casos de extraordinaria y urgente necesidad podamos
tener ese instrumento del real decreto-ley, incluso estatutos que no lo comprendían en sus orígenes cuando fueron reformados lo han incorporado también para que en comunidades autónomas que antes no podían dictar decretos-leyes sus Gobiernos ahora pueden hacerlo, pero no se debe abusar y hacer de lo que es la excepción la regla general. Por tanto, estamos a favor de ese planteamiento, estamos también a favor de esa reflexión que hacía muy bien el señor Esteban, en el sentido de que el Senado como Cámara de segunda lectura es que ya ni interviene a no ser que se tramite como proyecto de ley ese decreto-ley. Pero es que es más, un decreto-ley impide a cualquier grupo hacer una enmienda a la totalidad, puedes oponerte a su convalidación, pero no puedes hacer una enmienda a la totalidad con texto alternativo, a no ser que se tramitara como proyecto de ley, ni enmiendas parciales.
Por tanto, estamos a favor de esa propuesta que hoy nos trae el Grupo Socialista y sólo quisiera hacer dos matices al texto que vamos a votar. Un primer matiz es lo que podría suponer un cierto atentado a la división de poderes y al propio espíritu de la Constitución cuando se insta al Gobierno a procurar que se tramiten después como proyecto de ley. Formalmente nunca es una decisión del Gobierno la tramitación posterior como proyecto de ley, la propia Constitución la reserva al Pleno del Congreso; una vez convalidado es el mismo Pleno, si así lo solicitan los grupos parlamentarios, quien somete a votación si ese real decreto-ley convalidado se tramita o no. Por tanto, instarle al Gobierno a que procure hacerlo -sabemos que en realidad si el Gobierno ayuda el grupo que le da la mayoría tendrá esa predisposición a votar a favor-, me parece que formalmente no debería ser el Gobierno el que fuera instado a procurar esa tramitación como proyecto de ley, porque es una competencia que tiene esta propia Cámara.
En lo que se refiere al segundo matiz, cuando se pide al Gobierno que evite esos decretos-leyes que puedan afectar directa o indirectamente a lo que son los derechos de los ciudadanos regulados en el título I, ya está en la propia Constitución, o sea, el artículo 86 impide que el decreto-ley pueda afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional dio una interpretación muy abierta de lo que podía suponer afectar para evitar que la posibilidad del decreto-ley quedara muy limitada, porque todo directa o indirectamente acaba afectando al ejercicio de un derecho fundamental y, por tanto, el Tribunal Constitucional dio una visión abierta, pero lo cierto es que el propio articulado de la Constitución nos recuerda que en el decreto-ley no todo vale. No todo vale, hay límites materiales y esos límites materiales también deberían respetarse. Por tanto, estamos a favor, a pesar de que no deja de ser una redundancia de aquello que el propio texto constitucional quería.
Termino ya, se ha abusado mucho del decreto-ley y cierto es que nunca, yo no recuerdo ninguna legislatura en donde se dé esa estadística. Yo ya reto a esta Cámara, vamos a acabar el año 2012 con más decretos-leyes en el "BOE" que leyes, tanto orgánicas como ordinarias. El récord creo que ya lo vamos a tener a finales de año, porque no tenemos capacidad de aquí a diciembre de aprobar tantas leyes como para igualar ese número ya de 27 decretos-leyes. Pues bien, esa es la tónica del actual Gobierno. Cierto es que el Grupo Socialista cuando estaba en el Gobierno también tenía cifras importantes de decretos-leyes que nos podíamos haber ahorrado. Quiero recordar, haciendo historia, la propia expropiación de Rumasa que se hizo por decreto-ley, que obligó al Tribunal Constitucional a una sentencia muy difícil en donde empataron 6 a 6 los magistrados, tuvo que dirimir el presidente con una sentencia que venía a decir: quizá al haberse tramitado después como proyecto de ley ha sanado los defectos que en su origen tenía como decreto-ley, porque al final ha sido una ley convalidada. Pero nos recordaba el tribunal: no abusen de ello. Pues bien, ese espíritu del Tribunal Constitucional cuando decía: no abusen de ello, quizá ahora deberíamos recordarlo e intentar entre todos que el decreto-ley sea aquello que la Constitución quería que fuese, un instrumento de extraordinaria y urgente necesidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: El Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista para su debate en esta Comisión por una serie de razones, que intentaré desgranar a lo largo de mi intervención.
La verdad es que la primera vez que leí el texto de la proposición, siguiendo los puntos a los que hacía referencia, casi, casi pensé que estaba leyendo un manual de derecho constitucional, porque de una manera impecable se hace referencia a preceptos de nuestra norma fundamental y, seguidamente, a sentencias o jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la avalan o que la matizan o que la intentan perfilar. Mi sorpresa fue cuando leí el propio texto de la proposición y a lo que se instaba en ella al Gobierno, ya que, a nuestro juicio, es exactamente lo que está haciendo el Gobierno, que es regular determinadas situaciones que entiende que son de extraordinaria y urgente necesidad por medio de esa
herramienta normativa que la Constitución le facilita que es el decreto-ley, evitando afectar a derechos recogidos en el título I del texto constitucional y facilitando su tramitación en la medida de lo posible como proyecto de ley. Seguramente, la percepción que tiene el grupo proponente del concepto de urgencia no es exactamente igual que la que tiene el Gobierno y este grupo, pero, como digo, intentaré desgranar las razones y argumentarlas a lo largo de mi intervención.
Agradezco mucho el recordatorio que se hace en la proposición al artículo 86 de la Constitución, pero créanme, señorías, si les digo que tanto este grupo como el Gobierno tiene muy presente nuestra arma fundamental, nuestra Constitución vigente a la hora de legislar en el Parlamento y el Gobierno en su labor ejecutiva. Como les anunciaba, la Constitución hace referencia a la circunstancia de la extraordinaria y urgente necesidad. Pero es verdad que no lo hace de forma gratuita, puesto que lo somete a una serie de limitaciones o a una serie de condiciones, y la primera de ellas es precisamente la concurrencia de esa extraordinaria y urgente necesidad. ¿Esa situación quién la aprecia? La aprecia el Gobierno, al final es una decisión política, así lo ha reconocido también el Tribunal Constitucional, que ha venido a decir en una de sus sentencias que se trata de situaciones nuevas, novedosas, desconocidas, que no se hubiesen producido hasta ese momento y que necesitasen una respuesta rápida, una respuesta que no admitiese demora para evitar mayores perjuicios. A nuestro juicio, la situación que el Gobierno se encontró en las Navidades pasadas tenía esa necesidad; era extraordinariamente urgente adoptar determinadas soluciones y por eso actuó de una manera rápida. El Gobierno apreció esa necesidad desde un primer momento y desde un primer momento se puso a trabajar sin descanso, dando como resultado la aprobación de 27 reales decretos-leyes, así como también la aprobación en Consejo de Ministros de 16 proyectos de ley. Con lo cual les quiero decir que de verdad que este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo normativo que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. ¿Pueden parecer muchos 27? Bueno, pues según con lo que se compare. Se ha hecho referencia aquí esta tarde a que en la pasada legislatura también hubo muchos decretos. Quizá no sean tantos como ahora, pero quizá en ese momento tampoco se apreciaba esa necesidad que ahora el Gobierno sí que ha apreciado.
Se anima al Gobierno a tramitar esos decretos-leyes después de ser convalidados como proyectos de ley. El Gobierno intenta hacerlo en la medida de las posibilidades, ya que entiende que puede mejorar o que puede ser bueno para consolidar precisamente esta práctica parlamentaria o el trabajo parlamentario de la Cámara. Pero en algunas otras legislaturas también se ha hecho, si me permiten la expresión, un pleno al quince, se han aprobado decretos-leyes y ninguno de ellos se ha tramitado como proyecto de ley. Nosotros hemos tramitado 8, alguno de ellos tan importantes como puede ser la reforma laboral, y algunos que no tenían sentido porque venían a trasponer directivas comunitarias que tenían sus plazos agotados o que corrían el riesgo de agotarlos y ser sancionados, con lo cual en ese caso tampoco tendrían ningún sentido.
También se nos hace referencia al hecho de que los decretos-leyes no afecten a los derechos fundamentales o los derechos que recoge el título I de la Constitución. Se ha dicho ya esta tarde, el propio Tribunal Constitucional ha matizado la definición del verbo afectar para esos derechos, porque no debemos entenderlo en el sentido de que no se haga ni una sola referencia a los derechos, es imposible, también se ha dicho aquí, cualquier ley, cualquier decreto, cualquier regulación va a hacer referencia a un derecho de los ciudadanos, puesto que son normas para regular la convivencia de los ciudadanos. Lo que no se debe tocar nunca es el núcleo esencial de esos derechos. Se ha citado el decreto de educación o el de sanidad. Señorías, acaba de empezar el curso académico, yo creo que ningún niño se ha quedado sin escolarizar, que a ningún niño se le ha negado su derecho a la educación, y eso sí que sería haber afectado a ese núcleo esencial de algún ciudadano.
Acabo, señor presidente, y quiero hacerlo con un ruego. Al Gobierno y a este grupo les gustaría contar con el apoyo de la oposición en estos tiempos tan difíciles. Se ha dicho por parte de la portavoz, y se lo agradezco, que ellos intentan hacer una oposición útil y responsable, pues lo agradeceríamos y estaríamos de acuerdo con ellos. Si quieren o no quieren apoyar los decretos-leyes podemos entenderlo, ustedes tienen sus razones y lo entendemos, pero aquí es donde viene mi ruego, dejen trabajar al Gobierno, dejen que este grupo apoye al Gobierno en ese esfuerzo que está haciendo por sacar adelante la situación, esa situación de extraordinaria y urgente necesidad. Se nos puede acusar de que alguna vez no les apoyamos en alguno de esos decretos, pero les dejamos trabajar, tampoco fuimos a recurrirlos para que el Tribunal Constitucional dijese la última palabra. Ese sería mi ruego final, que dejen trabajar al Gobierno y a este grupo que le está apoyando.
El señor PRESIDENTE: Les indico que las votaciones de todas las proposiciones no de ley las haremos al final de la sesión, que yo estimo que no se producirán antes de las seis y media.
- SOBRE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE DIPUTADOS Y SENADORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000816).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley que, como les he dicho anteriormente, sería la proposición sobre dedicación exclusiva de diputados y senadores propuesta por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una proposición no de ley sobre dedicación exclusiva de diputados y senadores. La primera afirmación que quiero hacer es que nuestra intención es, de forma radical y absoluta, huir de un debate de demagogia barata sobre este tema. Sabemos que en nuestra sociedad el control de la política, la transparencia realmente en estos momentos está en un debate público que en muchas ocasiones alcanza niveles preocupantes, a veces posiblemente porque tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que cambiar, pero evidentemente ese debate debe hacerse de una forma serena y transparente, pero sobre todo, y repito, huyendo de una demagogia sencilla y barata que lo único que haría es hundir nuestro sistema democrático y, por tanto, empeorar aquello que realmente queremos mejorar con el debate.
Según el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados solo el 12% de los miembros de la Cámara Baja, de esta Cámara, no desempeñan actividad privada, al margen de la de diputado o diputada. El hecho de que la compatibilidad de varios cargos públicos o la compatibilidad de actividades privadas con la condición de diputado o diputada sea muy mayoritaria es -pensamos- alarmante. Y la falta de dedicación exclusiva y la acumulación de retribuciones es inaceptable, más aun en un contexto como el que vivimos en la actualidad. Dicho esto, queremos sobre todo remarcar de forma clara tres aspectos. En primer lugar, nosotros no estamos en absoluto en contra de que el diputado, la diputada, el senador o la senadora desarrollen actividades civiles, profesionales y de cualquier tipo. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que eso sea así, porque pensamos que enriquecen la perspectiva política precisamente de ese cargo público y, por tanto, los diputados y diputadas y los senadores y senadoras no deben aplicar el concepto de exclusividad al concepto de que no pueden ejercer nada más que de diputados y de diputadas; tareas docentes, colaboraciones comunicativas y podríamos hacer un largo etcétera de actividades, no solo son compatibles con las tareas de cargo público sino que son recomendables.
En segundo lugar, estamos hablando del espíritu de abrir el debate. Por supuesto, esta proposición no de ley no va a decir lo que debe decir el regulador, pero es un debate necesario, un debate que debe ser abordado porque hay una demanda social y porque, no nos engañemos, los datos indican que en este momento hay situaciones muy contradictorias. Como dije ayer ya en el Pleno del Congreso, no quiero en absoluto poner en el mismo saco a todos los diputados y senadores que no se dedican exclusivamente a esta tarea, porque ahí hay muchas situaciones, muchas. Sin lugar a dudas, hay situaciones injustificables, pero lo que hay que hacer es precisamente hablarlo y regularlo. Por tanto, todas aquellas situaciones a las cuales antes me refería, ahí están y aquellas que creamos que no son adecuadas, deben ser reguladas, y deben ser reguladas, por supuesto, de una forma más ambiciosa y más taxativa Esa es nuestra propuesta.
En tercer lugar -y me quiero referir a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, especialmente a los compañeros socialistas-, que quede claro que el espíritu de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista está plenamente asumido por este diputado y por este Grupo Parlamentario. Por otro lado, hay un tema textual. En nuestra propuesta hablamos de que esa incompatibilidad -incompatible decimos- está vinculada a la retribución mediante sueldo. No estamos hablando en absoluto, no es nuestra voluntad, de que la incompatibilidad sea de una forma genérica. No, no, estamos hablando de cobrar. Por ejemplo, nuestra posición es que estos cargos públicos de diputados, senadores, etcétera, deben cobrar un buen sueldo. Ahora, posiblemente ese buen sueldo significa que si van a colaborar a un medio de comunicación, asisten a una televisión o a un plató de radio eso está en parte en sus funciones y, por tanto, no deben cobrar asignaciones sumadas al sueldo que ya cobran. Precisamente queremos regular ese aspecto para que la dedicación y el sueldo de estos cargos públicos sea la adecuada y sea más que suficiente para poder desarrollar sus funciones. Pero eso,
por supuesto, debe ser regulado, porque -y no voy a citar ningún caso evidentemente porque no es este el lugar ni el momento para hablar de situaciones concretas- en este momento nos podrían meter a todos los diputados y a todos los senadores en el mismo saco si se pensase que esas situaciones concretas afectan al conjunto de los legisladores de nuestro país. Y eso no es así. Por tanto, precisamente para que la demagogia no tenga ningún espacio ni un milímetro en este debate, nosotros y nosotras tenemos que ser los primeros en elevar la capacidad de proponer y de autorregularnos, por supuesto, de una forma democrática y de una forma adecuada, como país moderno y civilizado que somos.
El señor PRESIDENTE: Como ha indicado, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Nosotros, como decía el señor Nuet, compartimos la preocupación sobre los resultados prácticos del actual sistema de regulación y la puesta en práctica de la incompatibilidad y la dedicación de los diputados, no exactamente en la misma dirección final pero es verdad que partimos de un análisis similar sobre una situación que no es satisfactoria. Además -no insistiré, porque ayer hablamos largamente de ello-, en un clima en el que la actividad política está sometida a un escrutinio a veces inquisitorial que está muy lejos de reflejar lo que sucede entre estas paredes. También coincidimos con la idea del señor Nuet de que no se trata tanto de cerrar aquí una posición como de abrir un debate, que tendrá el desarrollo que tenga, si se aprobaran tanto su propuesta como la nuestra, con la presentación de esa norma por el Gobierno o con cualquier otra iniciativa que se pudiera tomar por parte de los grupos. La actual regulación conduce a unos resultados prácticos. Los resultados de los que hablaba el señor Nuet yo creo que no están actualizados, creo que se refieren a la legislatura anterior, pero en cualquier caso, si no me equivoco, reflejan que al menos un 50% de los diputados tienen otra actividad diferente.
¿Y cuál es la es la preocupación? Es la que señalaba el señor Nuet. Los diputados que se dedican al Parlamento y que escriben además un artículo en la revista de la Fundación FAES o asisten a una tertulia en la radio de su provincia no pueden ser la cortina de humo y quedar en el mismo cajón que los diputados que tienen un despacho permanente o una clínica, por citar dos actividades; es que no es lo mismo. Y de repente nuestro sistema de regulación y de práctica de esa regulación mediante las fichas y las declaraciones que hacemos, convierte en lo mismo, en un diputado con actividad diferente, tanto al que escriba un artículo en una revista de la fundación de su partido como al que tiene un despacho, y eso no puede ser lo mismo. Por tanto, esa situación creemos que requiere reflexiones del tipo de las que vamos a hacer aquí esta tarde y seguramente en estos meses veremos iniciativas similares.
Hay que separar las actividades complementarias lógicas de un parlamentario, de un político -algunas ya se han referido aquí, como la participación en tertulias, la publicación de artículos, de libros, y eventualmente ejercer alguna docencia que no tenga carácter permanente-, que yo creo que tienen la virtud de enriquecer el Parlamento y además darle visibilidad. Creo que es bueno que los parlamentarios no solo hablemos y se nos vea en la televisión interna o en los diarios de sesiones, sino que vayamos a los programas de televisión, a las radios, estemos en las revistas académicas, que se nos vea como diputados que tenemos criterio para los asuntos que preocupan al país, como decía, porque les enriquece una visión profesional de las personas que tienen vinculación con la vida de la sociedad. Pero es verdad que hay un momento en que se nos exige una cierta ejemplaridad y también una cierta solidaridad con las familias y personas que lo están pasando muy mal.
Por eso, nuestro enfoque es parcialmente diferente al del señor Nuet. No nos parece que ahora la idea deba ser dar una vuelta de tuerca -ante este clima de opinión y ante este mal resultado práctico de la regulación- a la cuestión de la dedicación, a la incompatibilidad, sino fijarnos más en la incompatibilidad de las retribuciones, de tal manera que el Parlamento pueda seguir enriqueciéndose de personas que vienen de diversas profesiones y que las mantienen, que siguen teniendo una conexión con su vida profesional o con la vida pública, y que la incompatibilidad sea más de retribuciones, de sueldos que de actividades. Eso permite no incurrir en los defectos de una excesiva incompatibilidad y permite también que aportemos nuestro grano de arena a este momento en que se nos pide una cierta ejemplaridad y una cierta -yo creo- especial concentración en las labores públicas.
Por eso, se cambie o no se cambie el sistema de incompatibilidades -yo creo que quizá lo más urgente no sea tanto cambiar la regulación como ir a una práctica diferente de esas declaraciones de la que estamos haciendo-, nuestra idea sería que se pudieran mantener con toda naturalidad esas actividades, que son extensión natural de la política y de la vida parlamentaria, y que se decida lo que se decida en el régimen de incompatibilidades, las actividades declaradas compatibles no dieran lugar a la
percepción de un segundo salario. De manera que ponemos más el foco en la incompatibilidad de sueldos, en la incompatibilidad de retribuciones periódicas que en la incompatibilidad de actividades, porque creemos que una vuelta de tuerca más a la de actividades sería empobrecedor para el Parlamento y nos parece que esta podría ser una salida lógica. De tal manera que compartimos la preocupación inicial pero le damos un enfoque parcialmente diferente aunque, tal y como decía el señor Nuet, tenemos la impresión de que se va a abrir una reflexión en este Parlamento en los próximos meses y nos parecía útil contribuir con esta aportación.
El señor PRESIDENTE: Ahora, en turno de fijación de posiciones le correspondería, en primer lugar, al Grupo Mixto, señor Bosch, hacer uso de la palabra. (Denegación). En segundo lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a hablar con la tranquilidad que da pertenecer a un grupo en el que todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras se dedican en exclusiva a las labores parlamentarias en la Cámara respectiva. Así que no tenemos ningún problema con todas las incompatibilidades que quieran poner uno u otro grupo. Ahora bien, dicho esto, entiendo que algunas de las afirmaciones que se hacen en la proposición de Izquierda Unida no son correctas o no son ciertas. Puede que nos creamos todo lo que viene en la prensa y no consultemos a los compañeros que están en la Comisión del Estatuto de los Diputados, pero afirmar que solo el 12% de los miembros de la Cámara Baja no desempeñan actividad privada, al margen del diputado o la diputada, no es cierto y no es justo decirlo, porque no es verdad, no es verdad. Una cosa es que nos veamos obligados por mor de la legislación a decir que esporádicamente participamos en algunas tertulias radiofónicas, a las cuales seguro que les toca ir a muchos de los diputados, por no decir a todos los que estamos aquí, porque hay una tertulia de partidos políticos, y tu grupo te pide que vayas, que participes y tienes que ir una vez a la semana. Incluso el señor Nuet ha dicho: Esto es comunicación, etcétera. Si quiero asistir y si quiero actuar reglamentariamente ante la Cámara, tengo que señalarlo en el registro de mis actividades. Pero, claro, luego no se me puede decir que no me dedico en exclusiva a la Cámara; supongo que no. Entonces no digamos que solo el 12% no tiene incompatibilidades, porque seguramente algunos que pertenecen a ese 12% también aparecen de vez en cuando en alguna entrevista en la radio o en algunas tertulias y no lo han puesto, y no han cumplido con el Reglamento. Por lo tanto, esa estadística está mal hecha.
Si vamos al grano, a actividades que verdaderamente pudieran llamar la atención -se me ocurren, por ejemplo, actividades literarias, porque escribe algún libro, que tampoco me parece ninguna incompatibilidad con todo esto-, pero si dejamos la actividad de entrevistas o tertulias en la radio, que es algo inherente al cargo que tenemos, ¿cuántas personas podrían resultar afectadas? Pues alrededor de 50; de 350 a 50. Entonces primero centremos el problema y comuniquemos las cosas tal y como son a la opinión pública. Entonces, 50. ¿Qué problemas puede haber ahí? Y ahí podemos discutir y podemos tener opiniones diferentes unos y otros. Pues básicamente pueden ser o despachos de abogados o asesorías, igual alguna empresa, habrá las mínimas, poquitas o ¿qué más puede ser? ¿Universidades? ¿También vamos a cortar eso? No lo sé. Desde luego, me parece bien que se valore, pero creo que lo que tiene que preocuparnos no es tanto si se participa en una tertulia o se escribe un libro o se dan clases en la universidad, sino si hay o no tráfico de intereses y a partir de ahí habrá algunos lugares en los que esto sea más frecuente. Decía el representante socialista, y yo creo que con buen criterio, que habría que ir más bien a la incompatibilidad de sueldos. Incompatibilidad de sueldos y que participe en su actividad privada. Aunque a mí sinceramente me resulta bastante difícil pensar en una persona que mantenga su actividad en un despacho y renuncie a ganancias o a sueldos; me resulta un tanto complicado. Pero podemos estudiar el tema y podemos avanzar por ahí.
Me gustaría dejar claro, primero, que el problema no está extendido dentro de la Cámara, sino que es un problema reducido. Segundo, los casos pueden ser muy concretos y puede variar, desde luego yo creo que legítimamente, la opinión de un grupo u otro con respecto a esos temas de conflicto de intereses, que yo creo que ahí es donde se debería centrar el asunto. Y a partir de ahí, dice que la proposición de Izquierda Unida quiere abrir el debate. Yo creo que es bastante más concreta que abrir el debate, porque dice: ... en régimen de dedicación exclusiva y será incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma. Mucho más concreto. Como nosotros no tenemos ningún problema y como además somos diputados de provincia que tenemos que venir y tampoco nos podemos dedicar a otra cosa, estoy absolutamente de acuerdo: si aprueban la enmienda del Partido Socialista, votaré a favor y si
quiere someter la suya, también votaré a favor. No tengo ningún problema, porque esa desde luego tiene que ser la actividad de los diputados y los senadores.
El señor JANÉ I GUASCH: Estoy de acuerdo con el señor Esteban cuando se quejaba de una cierta lejanía entre los porcentajes que la proposición no de ley que hoy se debate expone en los antecedentes de lo que seguramente es la propia realidad. Evidentemente, muchos diputados a la hora de rellenar las actividades hacemos constar actividades que claramente van casi en paralelo a lo que es la función parlamentaria. Debemos contabilizar el 88% de parlamentarios que han puesto alguna actividad a compatibilizar, y ello no se corresponde -creo- realmente con lo que el señor Nuet pretende con su iniciativa. El diputado que está interviniendo en este momento durante casi diez años ha participado muchos sábados por la mañana en tertulias radiofónicas que empezaban antes de las nueve de la mañana y por las que no se percibía ni un solo euro; como empezaron antes de que se implantara el euro, ni una sola peseta. Y cuántas veces te encontrabas a personas que te decían: ¡Lo que debes cobrar para ir a la tertulia! Pones que vas a una tertulia para que sea compatible pero no percibes ninguna retribución por ir, y eso es una actividad que se debe poder compatibilizar, porque forma parte de la vida política y parlamentaria que ejercemos los diputados. O en ocasiones participar en mesas redondas, coloquios o seminarios sobre proyectos de ley en los que ese mismo diputado está trabajando y por lo que muchas asociaciones o colegios profesionales piden su asistencia para llevar a cabo un coloquio de parlamentarios en esas jornadas. Y eso también forma parte de actividades que van a ser compatibilizadas.
Yo creo que el señor Nuet cuando ha dicho "funciones decentes" quería decir "funciones docentes", y creo que es positivo que a los diputados que tenemos compatibilizada la docencia universitaria se nos siga exigiendo esa compatibilidad. ¿Por qué? Porque es positivo también que la función docente y la función parlamentaria puedan realmente coexistir, porque enriquece también la propia vida de la Cámara. Por tanto, entiendo que evidentemente con las limitaciones retributivas que existen y deben existir, todo ello formaría parte de aquello que puede compatibilizarse según el señor Nuet y no seguro que no engrosaría ese 12% de personas que se dedican en exclusividad. Esas funciones también forman parte en muchas ocasiones de la función parlamentaria.
Nosotros nos vamos a abstener hoy sin negar valor a la reflexión que se hacía en este debate, y nos vamos a abstener, primero, porque tampoco compartimos la enmienda que propone el Grupo Socialista por la que deba ser el Gobierno el que, a través de un proyecto de ley, venga a regular las incompatibilidades. Esa ley, en todo caso, debería ser una proposición de ley de los grupos; la iniciativa legislativa debería salir de la Cámara, previa reflexión de la Comisión de Reglamento, y entre todos se debería buscar ese consenso, pero no a golpe de un proyecto de ley que nos venga desde el propio Gobierno. Es una reflexión previa que deberíamos hacer, no tanto en esta Comisión Constitucional sino en la Comisión de Reglamento, sobre qué debe compatibilizarse y sobre todo preservando siempre dos principios que el Reglamento quiere que se preserven, la dedicación prioritaria a la actividad parlamentaria y la no injerencia en conflicto de intereses, la no utilización en ningún caso de la función parlamentaria para interferir en intereses que no serían intereses generales sino intereses particulares. Por tanto, ese límite siempre se debería respetar, fuera cual fuera la actividad que llegara a compatibilizarse. Por tanto, el debate está ahí, no lo rehuimos pero quizá no debería plantearse a golpe de la proposición no de ley que hoy se nos propone, sino a base de buscar un consenso en la Comisión de Reglamento y, a través de los grupos, presentar la oportuna proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Yo tengo que empezar reconociendo que el señor Nuet me ha desconcertado, no entiendo nada. Una cosa es lo que hoy nos ha dicho aquí de viva voz y otra cosa es lo que dice su proposición no de ley, que si la llevamos a una votación estricta tengo que decir que nadie de esta Cámara, salvo dos o tres personas según he tenido oportunidad de ver, podría ejercer la dedicación exclusiva de diputado, es decir, habría que incompatibilizar a todos los diputados. No voy a insistir en ello, porque ya se ha dicho y consta expresamente en la moción, pero tengo que resaltar la incongruencia entre lo que acaba de decir aquí y lo que dice la proposición no de ley. Pero como lo que queda escrito es la proposición no de ley y lo que se va a votar es la proposición de la ley, yo tengo que seguir con mi argumentación.
Hay dos argumentaciones que se contienen en la exposición de motivos de la iniciativa en la que el señor Nuet propone la reforma de la Loreg para garantizar que el mandato de los diputados y senadores se ejerza en dedicación exclusiva. Resumo las doce líneas que justifican su proposición no de ley: Los diputados y senadores trabajan poco y ganan mucho porque la gran mayoría de ellos -que se atreve a contabilizarlos como el 88%- tienen otros trabajos remunerados. Eso es lo que dice esta proposición no de ley. También dice dos cosas muy claras: primero, que es mayoritario el número de miembros de la Cámara que compatibiliza su actividad de diputado con otros cargos públicos o actividades privadas y que, en consecuencia, se produce una falta de dedicación al cargo de diputado y, segundo, que es inaceptable la acumulación de retribuciones de los diputados que se hallan en esta situación. Ambos argumentos los enmarca y califica de inaceptables en el contexto en que vivimos. Señorías, esta es toda la justificación que se da en un tema tan importante en esta proposición no de ley. Un folio, señoría.
La primera reflexión que yo quiero hacer es: ¿Acaso, señor Nuet, si viviéramos en otro contexto, sí sería inaceptable el régimen de incompatibilidades de esta Cámara que usted está reprochando ahora aquí? Yo creo que lo único inaceptable en este contexto y en cualquier otro es que la actividad de un diputado pueda verse afectada por el ejercicio de cualquier otra actividad que menoscabe el régimen de su dedicación absoluta, y para eso no hace falta ninguna iniciativa del señor Nuet. Para que esto no ocurra está el Reglamento de la Cámara, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, especialmente su artículo 157.1, y la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Lo segundo que quiero hacer, si me lo permite el señor presidente, es reivindicar aquí el trabajo de los diputados, incluido el trabajo del señor Nuet. Y también quiero defender la dignidad de los miembros de esta Cámara. Los diputados no somos unos vagos ni unos parásitos de la sociedad, ni unos ladrones, ni muchas cosas más que estamos escuchando en estos momentos y que ayer escuchamos en ese contexto social al que se refiere el señor Nuet y al que contribuye a alimentar esta iniciativa. Los diputados, con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, desempeñamos el cargo con responsabilidad y con dedicación, con mayor o menor acierto pero con honestidad y dedicación, repito, con honestidad y dedicación.
Y la tercera reflexión -que es lo más grave de todo lo que yo he visto en esta proposición- es que esta propuesta se argumenta tendenciosamente y con falsedad y esta falsedad vicia la legitimidad de esta proposición. Me explico, ¿cómo puede decir el señor Nuet en su proposición no de ley que únicamente el 12% de los diputados ejerce el cargo con dedicación exclusiva, cuando sabe que eso es falso? Se ha dicho aquí por algún otro de los compañeros. Pudiera ser que no lo sepa, en cuyo caso sería una irresponsabilidad que lo diga porque con esa afirmación se proyecta sobre la Cámara una situación que no se corresponde con la realidad.
Tengo aquí el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que se basa el señor Nuet para decir que solamente un 12% ha declarado que no se dedica a ninguna otra actividad. Y no es cierto, se lo ha dicho el señor Esteban, en lo que coincido con él, pero no coincido con él, por supuesto, en el apoyo que va a dar a esta iniciativa porque tampoco se corresponde lo que ha dicho con el apoyo que luego dice que va a dar a esta iniciativa. Este dictamen dice que hay 59 diputados que no declaran ninguna actividad. Señor Nuet, ya estamos hablando del 16,6%, no del 12%, como usted dice; ese 12% en el que se incluye usted, que no tenía que estar incluido, porque usted realiza actividades que no ha declarado. El 92% de los diputados, según este dictamen, es decir, el 26,3 declaran relaciones con distintas administraciones públicas en situaciones de excedencia, servicios especiales o cese. ¿Acaso un funcionario en esta situación no se dedica con exclusividad a esta Cámara? Esos son en torno a los 92 diputados. Llevamos ya unos 151 diputados que se dedican con exclusividad a esta Cámara, no un 12%. Otra gran mayoría, en torno a otro 25% -y ya estaremos en los 250- declaran charlas, tertulias, que son columnistas o incluso que perciben derechos de autor; una persona que perciba un derecho de autor que tiene que declararlo es incompatible, según su proposición no de ley. Entre aquellos que perciben derechos de autor hay algunos miembros de su grupo. Hay que tratar de que no se menoscabe la actividad, el ejercicio de la función de diputado. Hay otros diputados que ejercen el cargo en sus respectivas formaciones políticas, como el señor Lara. Yo no sé si el señor Lara cobra o no cobra, el señor Lara se entiende que se dedica sin menoscabo a la función de diputado ¿o hay que incompatibilizarle también? Usted es coordinador de su organización en Cataluña y además es secretario general del Partido Comunista de Cataluña. Usted, según su proposición, tendría que ser incompatible. ¿Usted cree que eso es razonable? ¿Y los miembros de una fundación que no cobran absolutamente nada por ello? ¿Y la docencia ocasional? ¿Y quién declara que es actor?, como hay algún diputado. ¿También vamos a incompatibilizarle porque
de vez en cuando haga una representación teatral? Todo lo contrario, señor Nuet, son escasos, muy escasos -aquí ya se han dado algunas cifras- los diputados que compatibilizan su actividad con su profesión. Le voy a poner un ejemplo: ¿un cirujano tiene que renunciar a su profesión, a su práctica para poder ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos, cuando quiere mantener una actividad residual para mantener su práctica? ¿Usted se operaría con ese cirujano si lleva ocho años sin ejercer su profesión? ¿Vamos a prescindir de esa riqueza de nuestra sociedad? ¿Acaso, señor Nuet, cuando se es diputado no se puede pensar, no se puede escribir, no se puede crear literatura, arte, ciencia o técnica? ¿Quieren ustedes desligar a la sociedad de los diputados? Señor Nuet, ustedes, su Grupo han proyectado una imagen distorsionada de la Cámara y tengo que reprochárselo. Usted está desacreditando a la clase política; tiene que rectificar, tiene que pedir perdón a la gran mayoría de sus compañeros y por supuesto declarar la actividad que no ha declarado.
Y en cuanto al fondo del asunto, creo que está dicho todo. Sobre la pretendida transparencia de los cargos públicos y su preocupación por la regeneración democrática no voy a insistir ni a reiterar los argumentos que ayer se expusieron mayoritariamente en la Cámara y que hoy se han reproducido también aquí. En esta Cámara existe el máximo control y transparencia, que es deseable incorporar a la política lo mejor de la sociedad, que no es bueno convertir la política en un estamento exclusivamente profesionalizado. En fin, no voy a seguir porque no les interesa a ustedes...
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, termine.
El señor ESTEBAN BRAVO: Termino, señor presidente.
... el oportunismo y la demagogia de esta proposición. Alimentar la desafección hacia la política nos lo demostraron ayer cuando abandonaron esta Cámara para sumarse a aquellas personas que pretendían con violencia secuestrarla.
Lo dije al principio y con ello termino, lo que más contribuye a la desconfianza de las instituciones democráticas son las actitudes como las que nos trae hoy aquí, falsear la realidad de las compatibilidades y la declaración de los diputados y senadores para presentarse luego como luchadores por la regeneración democrática y obtener beneficio político. No vamos a entrar en su juego, mi grupo no va a dar pábulo a sus pretensiones demagógicas.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ya termino. Un segundo, señor presidente.
Si realmente quiere reforzar el régimen de incompatibilidades, haga propuestas serias y racionales y si no las tiene, súmese a las del Grupo Popular, que sí que las tiene y las está poniendo en marcha. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
- SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000894).
El señor PRESIDENTE: Entramos en la siguiente proposición no de ley sobre la restitución de la soberanía y los derechos históricos de Cataluña, del Grupo Mixto. Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Sometemos a debate en esta Comisión la proposición no de ley sobre la restitución de la soberanía y los derechos históricos de Cataluña. Cataluña fue una nación soberana y perdió su independencia tras la derrota militar de 1714. No lo digo yo, así lo retrataron los cronistas de tiempo atrás que definieron literalmente ese momento como el fin de la nación catalana. Por suerte no fue el fin pero sí que era considerada como tal, como nación, la colectividad catalana. La soberanía siempre había sido recogida por las leyes propias, que establecieron que -y cito traduciendo del catalán medieval, o sea, que ustedes me perdonarán si hay alguna vacilación o alguna incorrección-: Las constituciones de Cataluña, capítulos y actos de Cortes catalanas, no pueden ser revocados, alterados ni suspendidos sino en Cortes generales catalanas y si lo contrario fuera hecho, no tendría ni fuerza ni valor. Otra: Aunque fuera dictado por el rey o por sus oficiales -eso es soberanía-, así como la constatación muy clara de que -sigo citando y traduciendo- en Cataluña no se cursan ni se resuelven causas ni sentencias de tribunales forasteros. Y ustedes ya entienden la cita.
La soberanía, pues, era evidente y afectaba a todos los ámbitos, hasta el punto de que no había como tal unión política con Castilla -ustedes lo saben muy bien-, sino un pacto libre con una corona que era
compartida. El rey era considerado un primus inter pares y las disposiciones, cuando se juraba ante el rey, rezaban: Nos somos como vos y juntos más que vos. Miren qué simplicidad, qué fuerza, qué belleza también en esa expresión de igualitarismo, en esa expresión medieval pero tan del siglo XXI: Nos somos como vos y juntos más que vos. Eso venía de lejos y eso mantenía la cohesión de un país y todo eso terminó con la imposición del mencionado Decreto de Nueva Planta, que instauró leyes y usos de Castilla empezando una carrera centralizadora y absolutista que todavía no ha sido revertida en su totalidad. Por eso pedimos la revocación del mencionado decreto, que eliminó instituciones propias como la Generalitat de Catalunya, reestablecida al menos en nombre, que no en todas sus capacidades, o el Consejo de Ciento, que desapareció ya para siempre; anuló las constituciones catalanas mencionadas y citadas anteriormente; hizo volar por los aires la idea de pacto con el monarca, que también hemos expresado antes; introdujo nuevas demarcaciones y comisarios regios, y todo eso procurando -cito en este caso ya al Decreto de Nueva Planta- que surta el efecto sin que se note el cuidado.
Ustedes me dirán que de eso hace trescientos años, que no les venga ahora con monsergas ni con clases de historia ni con reclamaciones trasnochadas. Bueno, pueden decir lo que les parezca, señorías, pero déjenme que les comente que cualquier crítica en ese sentido la tomaremos como una invitación a liquidar productos o instituciones propias de esa misma época, como por ejemplo la misma Monarquía borbónica, tan anticuada o tan moderna, si lo prefieren así, como el Decreto de Nueva Planta, que les menciono que nunca ha sido derogado y sobre el cual pedimos ahora su derogación. Las dos cosas nacen juntas, Decreto de Nueva Planta y Monarquía borbónica; son parte del mismo proyecto histórico y las dos tienen continuidad en nuestro tiempo. Por cierto, también lo que algunos llamarían la pérdida de Gibraltar. Y a nadie se le ocurre mencionar el caso de Gibraltar como una cosa trasnochada, como una clase de Historia ni como algo anticuado, todo lo contrario. El presidente del Gobierno, que debe ser tan romántico como yo, dice que en el caso de Gibraltar hemos perdido demasiado tiempo. Pues bien, yo digo lo mismo, en el caso del Decreto de Nueva Planta y todo lo que eso significa también hemos perdido demasiado tiempo.
Nuestra reivindicación entendemos que es del todo moderna, porque la mayor parte de lo que necesita Cataluña ahora forma parte de lo que fue arrebatado en ese momento. Soberanía, sí, soberanía lingüística, soberanía jurídica, soberanía institucional, soberanía fiscal y económica, incluyendo ese concierto que el Gobierno del PP nos niega a los ciudadanos de Cataluña aunque, como saben ustedes, exista en otras partes del Estado. Incluso la autonomía respecto al poder militar que tiene sus repercusiones, pues son reivindicaciones hoy de gran vigencia. Y es natural que pidamos un gesto legal y un gesto político que abra la puerta a todo aquello que nuestro país requiere. Eso sí que sería del siglo XXI, eso sí que sería moderno y rabiosamente contemporáneo: borrar las huellas del absolutismo y del centralismo más vetusto. Eso sí que sería modernidad. Y procurar recuperar la senda perdida, aquella senda de intenciones democráticas que siguieron países como Holanda o el Reino Unido. En esa misma época ellos siguieron su camino, su camino participativo, democrático, de economías modernas y están donde están, mientras que otros reinos como el reino que nos atañe, el Reino de España, siguió una senda distinta. Por eso pedimos que se borren antiguallas antidemocráticas como el Decreto de Nueva Planta y que se recuperen o se repesquen aquellas intenciones más igualitarias que ya existían en esa época, para que nuestro pueblo pueda decidir por sí mismo, que igual que los catalanes que dieron sus vidas y haciendas por la libertad en su momento, hoy también le podamos decir con toda claridad al poder español: Nos somos como vos y juntos más que vos.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Yo estoy encantado de tratar este tema porque bien sabe usted que a los vascos nos es muy querido el tema de la foralidad y el Partido Nacionalista Vasco lo ha suscitado en más de una ocasión, incluso en el debate constitucional, a pesar de que entonces se tildó de trasnochado, viejo y carente de instrumentos que pudieran dar solución a algunos problemas. Vemos que de nuevo esto está de moda. (El señor Guerra González pronuncia palabras que no se perciben). Sí, luego me voy a referir a algunos artículos, señor Guerra, si quiere, pero hay alguna disposición derogatoria por ahí, la primera y la derogatoria también.
Yo estoy de acuerdo con el señor Bosch en que la Corona estaba basada en el modelo de la Corona de San Esteban y era una unión personal con un mismo rey, señor -llámasele de diferente manera en un lugar o en otro-, pero con parlamentos diferentes, con leyes diferentes, con lenguas diferentes, con
derechos diferentes. Evidentemente, en 1714 los decretos de Nueva Planta entraron en vigor por la fuerza, no por la voluntad del pueblo de Cataluña. Ustedes fueron con los Austrias, a nosotros nos dio por ir con los Borbones y aguantamos un poquito más, hasta el siglo XIX, pero fue una cuestión de elección de bando en aquella época. Perdieron la guerra y, como la perdieron, se aprobaron los decretos de Nueva Planta, insisto, en contra de la voluntad catalana.
En nuestro caso fue posterior, a lo largo del siglo XIX, y básicamente tiene dos hitos, en 1839 y en 1876, un proceso que se cierra con una frase desde luego no para poner en el frontispicio de la democracia por parte de uno de los prohombres de la patria española como Cánovas del Castillo, aquella de "cuando la fuerza causa Estado, la fuerza hace el derecho". Yo no diré que sea mentira, pero lo que sí diré es que esa frase no es democrática en absoluto. Y así se cerró. Y de aquellos polvos estos lodos, y hasta que el Estado no se dé cuenta de que entonces comenzaron a surgir los problemas de estructuración del propio Estado en el que luego se convirtió esa Corona, no vamos a encontrar una solución, muy probablemente.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, nos solidarizamos absolutamente con esta proposición, me temo que no va a salir, pero, sea o no testimonial, estamos de acuerdo con ella. Lo que queremos recordar es que en el debate constitucional sí nos preocupamos un poquito de que este tema estuviera ahí, que estuviera presente en la Constitución. Y la derogatoria señala que se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1939 y, en los mismos términos, la Ley de 21 de julio de 1876. Esto, en conexión con la adicional primera, dio su juego en aquel momento. Creemos que son términos que hay que tener en cuenta y ahora que desde Cataluña se plantea esta cuestión en términos históricos y forales, desde luego nosotros no podemos más que solidarizarnos en ese sentido y votar a favor de la proposición en este contexto. Ahora bien, lo que pueda dar de sí, aun siendo aprobada, no lo sé. Va a contar con nuestro apoyo, desde luego, pero que no sea, señor Guerra, porque la fuerza se convierta en derecho cuando la fuerza causa Estado, que sea por otras razones.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Reconozco que no sabía muy bien cómo enfrentarme con esta proposición no de ley que trae a debate un asunto de indudable actualidad política, un debate muy interesante desde la perspectiva de afrontar con realismo y además yo creo que con rigor la forma de solucionar los problemas que hoy tienen los ciudadanos de toda España y particularmente los ciudadanos de Cataluña. Supongo que los más de 800.000 ciudadanos que están en paro en Cataluña, los cientos de miles de ellos que no cobran ya ningún tipo de subsidio, los que se sienten afectados por el cierre de quirófanos, los que ven cómo se les reducen sus salarios, los que viven con incertidumbre su futuro, cada día se despiertan por la mañana pensando en que todo eso se resolvería si realmente se derogaran los decretos de Nueva Planta del año 1715. A ver, señor Bosch, no me lo tome como una ironía, es que no conozco mejor manera de enfrentarme a ello que trasladándole mi perplejidad porque traigan ustedes este debate al Congreso de los Diputados en este momento.
Primero le voy a decir -se lo quiero decir también a todos mis colegas- que incluso había pensado en no intervenir, por no meternos en este debate estando las cosas como están, cuando somos los representantes de los ciudadanos y tenemos que ganarnos el sueldo haciendo un trabajo, acertando más o menos, pero enfrentándonos con los problemas que detectamos que tiene la gente, pero me ha tranquilizado usted y me he animado a intervenir cuando ha dicho eso de que digamos lo que queramos -faltaría más-, ha dicho usted: digan lo que quieran, ustedes dirán lo que quieran. Y sobre todo me he animado cuando ha dicho después que si no decimos lo que usted quiere se lo tomará como una ofensa. Y yo digo: bueno, pues ya que se lo va a tomar como una ofensa, tómeselo como quiera, pero yo le voy a decir que esto me parece algo absolutamente falto de sentido de la responsabilidad política, no de la personal, que es otro concepto. Además, es que me parece una cosa que requiere una explicación, y voy a ir punto por punto.
El Congreso de los Diputados reconoce que Cataluña fue independiente hasta 1714, momento en que perdió su soberanía a causa de una invasión ilegítima. ¿Y las legítimas cuáles son? ¿Qué invasiones hay legítimas? No sé, esta era ilegítima.
Que se deroguen los decretos de Nueva Planta. ¿Pero cómo se derogan, señor Bosch, unos decretos, una norma que no está en vigor? Esto es como la cuadratura del círculo. ¿Cómo derogamos una norma que no está en vigor? ¿O están en vigor estas normas y nos afectan por alguna traslación constitucional? Y además, oiga, ¿resulta ahora que todos los males derivan de los decretos de Nueva Planta, o sea, de
cosas ancestrales? Por supuesto, a Felipe V habría que juzgarle. Una pena que no haya un juez para llamarle a declarar a ver cómo fue aquello. O sea, que habría que llevarle a algún sitio para que nos explicara cómo fue la cosa. Además, si todo se deriva de ese código, de esos decretos de entonces, si nos vamos a poner a derogar decretos que no tuvieron en cuenta o no reconocieron la idiosincrasia y las libertades de Cataluña y de la Cataluña libre de la que usted habla también en esta proposición, ¿por qué no remontarnos al de Hammurabi, que es el primero de todos los códigos? También era de un 1700, aunque antes de Cristo. Quizá todos los males vengan de entonces, porque en aquel código tampoco se reconoció a ese pueblo libre ni se les reconoció entre los ciudadanos libres.
Por favor, seamos serios en el sentido de no generar frustraciones con respecto a una cuestión que, primero, no tiene nada que ver con la España democrática, moderna y europea en la que vivimos, nada que ver con los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña y los de toda España, que no tiene ningún recorrido en el sentido de resolver esos problemas que tienen los ciudadanos y para lo que nos pagan, porque nos pagan para resolverlos. No es que sea un debate antiguo, es que es un debate fuera de todo tipo de responsabilidad política en el sentido de que no nos enfrenta con los verdaderos problemas.
Por todo ello, señor Bosch, no le sorprenderá que le anuncie el voto negativo de Unión Progreso y Democracia, aunque usted eso se lo tome como ha advertido que se lo va a tomar, pero no se me ocurre mejor manera de explicárselo que como lo he hecho. Nunca -y a lo mejor usted no lo sabe, pero es lo cierto-, nunca me acerco a las proposiciones de otros grupos mirando quién la ha presentado y nunca se me ocurrirá calificarlo ni a usted ni la proposición ni plantear ocultas intenciones. Su intención es clara, en absoluto está oculta, lo que pasa es que su intención y nuestra tarea me parece que son profundamente incompatibles, y es por eso que votaremos en contra de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Señor Bosch, usted conoce bien a nuestro grupo parlamentario, nosotros nos llamamos La Izquierda Plural y nos llamamos así por dos razones, no solo por una. Una es ideológica, porque somos ideológicamente plurales, pero hay otra, porque somos nacional y territorialmente plurales, nosotros somos plurales porque pensamos que somos también una correcta fotografía de lo que es España. Por tanto, tenemos la obligación de fijar nuestra posición de forma meticulosa en esta proposición no de ley que usted hoy nos propone.
Dos elementos previos y una propuesta sobre el texto. Los dos elementos previos. En primer lugar -porque va a constar en acta-, nosotros defendemos de forma efectiva el ejercicio del derecho de autodeterminación de todos los pueblos, entre ellos del pueblo de Cataluña. Pensamos que tiene derecho a ejercitar ese derecho a la autodeterminación, que no es otra cosa que el derecho a decidir su vinculación o no a un Estado y a qué Estado, si quiere ser un Estado propio o si quiere vivir con otros pueblos bajo un Estado común. Y usted sabe que en nuestra fuerza política, en la cual militan independentistas catalanes, por ejemplo, aunque realmente no son mayoritarios, la mayoría de nuestra gente plantea una estructura de federalismo plurinacional republicano. Esa es la visión mayoritaria que hay en nuestra formación política. Pero, repito, el derecho a decidir es, por supuesto, un derecho democrático al cual el pueblo de Cataluña tiene derecho a vincularse.
En segundo lugar, porque nosotros estamos convencidos de que los distintos pueblos del Estado español -y, yo diría, de los de Europa, porque hoy es difícil hablar de la construcción de un Estado sin hablar de Europa- y de Europa necesitan un debate sereno donde se busque el entendimiento y el acuerdo entre estos distintos pueblos. Porque pensamos, señor Bosch, y lo pensamos profundamente, que estos pueblos tienen intereses comunes y, por tanto, es deseable que demos a los intereses comunes un marco de articulación. Ahora bien, esto, por supuesto, siempre está presidido por la democracia y la democracia es la única forma para tomar las decisiones y, por tanto, los pueblos democráticamente tienen derecho a elegir.
Yo le voy a pedir a usted y a la Mesa, porque no sé exactamente quién lo decide, que podamos votar por separado el punto número 2 del resto de los puntos de su propuesta. Porque con el punto número 2, que habla de reconocer al pueblo de Cataluña como depositario de su soberanía nacional, se ahorra todo lo demás. El pueblo de Cataluña tiene derecho, por tanto, a autodeterminarse.
Sobre los puntos 1, 3 y 4, pensamos que no fomentan el entendimiento y el mejor debate. Le diré por qué, porque derogar los decretos de Nueva Planta después de más de trescientos años es complejo. En segundo lugar, porque se habla de restituir las libertades a Cataluña, y a Cataluña nadie le tiene que restituir las libertades, el pueblo de Cataluña tiene que ejercer su derecho a ser libre y en ese ejercicio,
repito, puede ser que el pueblo de Cataluña decida construir un Estado o federarse con otros pueblos en un Estado común, que es nuestra opción. Pero tenemos derecho a decidirlo.
En tercer lugar, lo de restituir y compensar las consecuencias políticas y territoriales del decreto de Nueva Planta también es muy complicado.
Por tanto, dejemos claro que el pueblo de Cataluña tiene derecho a autodeterminarse y olvidémonos de lo que pasó; más que olvidarnos, quiero decir que ahora, para construir de forma concreta nuestra posición y nuestra construcción nacional lo mejor no es negociar con España la restitución de las consecuencias del decreto de Nueva Planta, lo mejor no es negociar con España la restitución de la libertad del pueblo de Cataluña, es ejercerla, y lo mejor no es derogar los decretos de Nueva Planta, pensamos que eso no añade al debate lo necesario. Por tanto, le pido por favor que podamos votar por separado y nosotros votaríamos claramente a favor del punto 2, que para nosotros es lo esencial del debate que aquí mantenemos.
El señor JANÉ I GUASCH: La proposición no de ley que ahora debatimos se enmarca temporalmente en una semana de gran trascendencia histórica en Cataluña, una semana de gran trascendencia histórica porque precisamente hoy -también ayer y también mañana- se está celebrando en el Parlament de Catalunya, que es el Parlament de la nación catalana, el debate de política general, con los distintos grupos parlamentarios interviniendo y con una intervención inicial del molt honorable president de la Generalitat que marcó una hoja de ruta y que marcó lo que debe ser el llamamiento a todo el conjunto de la ciudadanía de Cataluña a ejercer democrática y pacíficamente el derecho a la autodeterminación. Esto Convergència i Unió lo ha votado siempre, lo ha votado en diversas ocasiones en el Parlament de Catalunya desde hace ya varias legislaturas. Lo ha votado también cuando se ha planteado a través de resoluciones en el Pleno de la Cámara y siempre han contado con el voto afirmativo de Convergència i Unió. Se ha votado en el Parlamento Europeo porque es un derecho que tienen los pueblos, y ese derecho evidentemente nosotros lo compartimos para el pueblo catalán y, por tanto, estamos a favor.
Hoy el señor Bosch nos plantea en su proposición no de ley la trascendencia jurídica de lo que fueron unos hechos históricos en los que Cataluña, en esa guerra de sucesión, perdió la guerra, y evidentemente fruto de la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, fruto de esa pérdida de hace doscientos noventa y ocho años, se perdieron las libertades nacionales, es cierto, se derogó lo que era la Generalitat, se implantó esa nueva planta que fue un régimen absolutista, bajo el mandato de la monarquía borbónica de entonces. Eso es lo que pasó.
Hoy se nos propone que se derogue aquello que realmente fue el fruto de una clara respuesta a lo que era el anhelo de un pueblo que había optado por una situación distinta y que perdió, produciéndose esa respuesta desproporcionada con ánimo de aniquilar lo que esa identidad catalana suponía. Por tanto, nosotros, señor Bosch, vamos a votar a favor de su proposición no de ley, como ha manifestado también el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Nosotros vamos a votar a favor, tanto si se vota por puntos como si se vota globalmente, pero no sé si esta semana lo más oportuno y lo más efectivo para ese futuro que desde Cataluña se propone es traer a la Comisión Constitucional del Congreso lo que podría ser un pronunciamiento o una derrota de los planteamientos que hoy el señor Bosch nos propone. Contará con nuestro voto a favor, pero dudamos que en esta semana, cuando se produce precisamente en el Parlament de Catalunya ese trascendente debate, sea lo más útil para los objetivos que quizá el propio señor Bosch anhela al presentar esta proposición no de ley. En todo caso lo respetamos y respetamos que como grupo pueda tener la oportunidad de traer cualquier proposición no de ley que estime oportuno. No estamos de acuerdo con que se apele a su responsabilidad política, como se ha hecho en esta sesión, porque entendemos que nadie es irresponsable por el hecho de traer a esta Cámara y a esta Comisión, en uso de su cupo, aquellas iniciativas que en cada momento le puedan parecer más oportunas y más necesarias. Por tanto, ni queremos en ningún caso criticar la opción de su grupo a traer esta proposición no de ley como se ha hecho, nosotros no lo vamos a criticar en absoluto, como tampoco entendemos de ninguna manera, a pesar de que estamos hablando de sucesos que se produjeron hace casi tres siglos, que deban ni minimizarse ni ridiculizarse ni tratarse desde el punto de vista de que ahora no toca. Cada grupo puede traer legítimamente ante esta Cámara aquello que en cada momento considere más oportuno. Entiendo también, desde Convergència i Unió, que quizá no es lo más efectivo esta semana ni es el contexto más adecuado, pero el grupo que lo ha traído está en todo su derecho a hacerlo y a debatirlo en esta Comisión Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: La proposición no de ley que nos presenta Esquerra Republicana, y lo digo con el máximo respeto porque saben de verdad que se lo tengo, también nos ha causado perplejidad. Expondré las razones a lo largo de mi intervención, pero déjenme hablar de algo que ya se ha citado que es el contexto político que se está viviendo estos días en Cataluña, porque creo que puede arrojar luz sobre la motivación temporal de dicha iniciativa.
La ciudadanía de Cataluña tiene que hacer frente a una situación complicada y muy difícil. En primer lugar, a una situación derivada de la grave crisis económica que estamos padeciendo todos y que se ha visto agravada por la fracasada política de la derecha, tanto la catalana como la española. Los recortes, el desmantelamiento del Estado del bienestar y una nula política de impulso de la economía han sido puestos en práctica gracias al acuerdo de Convergència i Unió y al Partido Popular con el máximo entusiasmo. Para ello no han tenido ningún problema en incumplir todos sus compromisos electorales, de hecho, Convergència i Unió solamente ha cumplido uno: la eliminación del impuesto de sucesiones para las rentas más altas. El president Mas prometió un país en donde se harían más cosas con menos dinero, pero la realidad es que todos hemos acabado pagando más para recibir menos. Ante el fracaso evidente de su política, ahora nos ofrece una huida hacia adelante.
El debate en Cataluña, olvidando la cruda realidad que nos afecta, parece abocarnos a un choque de trenes entre quienes plantean como única salida a la situación la secesión, y para conseguirla pretenden dividir a la ciudadanía en función de su sentimiento de autoidentificación nacional, con otros, como el Partido Popular, que abogan por el inmovilismo, que utiliza la Constitución como una ley sagrada e intocable; después de treinta y cinco años llegan ustedes al título VIII pero para congelarlo y recentralizar. Pero si de identidad se trata, ambos olvidan que muchos nos sentimos a la vez catalanes y españoles en grados diversos y queremos vivir reconocidos como nación pero unidos en la diversidad, porque eso nos hace más fuertes.
Por eso defendemos el ideal federal, porque entendemos que es el que mejor se ajusta a un mundo de soberanías compartidas e interdependientes crecientes, porque evita el choque de identidades y la fractura de la sociedad en función de los diversos grados de autoidentificación nacional, porque es coherente con los valores de fraternidad, solidaridad e internacionalismo y porque tiene como instrumentos privilegiados la acción política democrática, la negociación y el pacto. Y lo hacemos con una visión puesta en el futuro, sin olvidar que hay que abordar la gestión del presente con tino y firmeza.
Por eso nos causa perplejidad su propuesta de proposición no de ley, no porque no compartamos la interpretación de la historia, sino porque entendemos que plantear ahora una resolución como la que nos proponen está fuera de lugar y no responde a los retos que debemos abordar y, por lo tanto, nos gustaría saber qué pretenden con esa iniciativa.
Señorías -ya se ha dicho-, han transcurrido casi trescientos años desde 1714 y han pasado cosas en estos trescientos años. Muchos catalanes han hecho cosas que también deben ser tenidas en cuenta; nuestros padres, nuestros abuelos, han luchado por sus ideales. Si me permiten, mi padre estuvo exiliado varios años y mi abuelo yace enterrado en la fosa común del campo de concentración de Argèles-sur-Mer por defender Cataluña y la República. ¿No cuenta esto? Para mí cuenta y mucho, y quiero ser coherente con su lucha. Su propuesta nos parece un brindis al sol impropia del momento que estamos viviendo y la ciudadanía está cansada de política-ficción.
El mero principio de temporalidad, de que una norma posterior deroga la anterior, ya debería ser suficiente para entender que el decreto ha sido derogado, como derogadas fueron las leyes fundamentales del franquismo por la Constitución Española. Pero supongo que eso lo tenían muy claro cuando presentaron la iniciativa; de lo contrario, ya lo habrían hecho mucho antes.
En esta Comisión se debatió el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue refrendado por la ciudadanía de nuestro país, y su preámbulo también ofrece una buena respuesta a su propuesta. En el debate que se llevó a cabo se citó a uno de los padres del socialismo catalán, Rafael Campalans. Yo quisiera recordarles la cita extraída de sus discursos pronunciados en 1923, pero sus palabras, referidas a principios de verdad, continúan plenamente vigentes. Después les pasaré la transcripción.
"Catalunya no és solament -com voldrien alguns- la geografia i la història passada. És, sobretot, aquest deler regenerador que s'encomana a tots els homes que hi viuen, és a dir, aquesta voluntat d'història futura. No és la història que ens han contat, sinó la història que nosaltres volem escriure No és el culte als morts, sinó el culte als fills que encara han de venir". Cataluña no es solamente -como
quisieran algunos- la geografía y la historia pasada. Es, sobre todo, este ahínco regenerador que se contagia a todos los hombres que viven en ella, es decir, esa voluntad de historia futura. No es la historia que nos han contado, sino la historia que nosotros queremos escribir. No es el culto a los muertos, sino el culto a los hijos que todavía han de venir.
Señorías, es temerario hacer oídos sordos a las demandas que surgen de Cataluña y máxime de aquellas que provienen de los que queremos seguir formando parte de España. Es hora de la política, de la política con mayúsculas, no es hora ni del inmovilismo ni de la cerrazón. Por consiguiente, nosotros votaremos en contra de esa proposición no de ley.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Señoría, sin perjuicio de la ideología de cada cual y al margen de las legítimas aspiraciones ideológicas de todos nosotros, después de escuchar algunas de las afirmaciones que se han escuchado esta tarde en esta sala a uno no le extraña, aunque lo lamente profundamente desde el punto de vista del sentimiento democrático, pero a uno no le extraña que el 51% de los catalanes se abstuvieran en el referéndum estatutario y decidieran no participar. A base de algunos de los discursos como los que hoy hemos escuchado aquí, están ustedes logrando en Cataluña lo que ni siquiera consiguió un régimen de cuarenta años de dictadura. Es decir, la desafección de los catalanes de la vida política. Y no lo digo yo, lo dice un politólogo catalán, Josep María Colomé, creo que suficientemente prestigioso y reconocido. Y dice que "este tipo de discursos han alumbrado en Cataluña a un tipo de ciudadano cada vez más alejado mentalmente, vitalmente, sociológicamente, anímicamente, de la política, un catalán independiente, sí, pero de la política, un catalán secesionado de la política".
Después de treinta años de gobiernos nacionalistas o fuertemente influidos por grupos nacionalistas en Cataluña puede decirse, en mi opinión, que el nacionalismo catalán ha fracasado como proyecto de sociedad, y ha fracasado porque treinta años después han conducido ustedes entre unos y otros a Cataluña a un callejón sin salida. Entre unos y otros han conducido a Cataluña a una de las crisis más graves de su historia contemporánea. Y lo han hecho recurriendo al enemigo exterior, buscando al chivo expiatorio de la culpa, que naturalmente, como siempre, es de España. Crean la crisis y pretenden taparla creando una crisis todavía mayor.
Pero vayamos a la proposición no de ley que han presentado y a los puntos en que desarrollan la misma. Piden en primer lugar una cosa realmente insólita, y es que se derogue lo que no está vigente. Hombre, yo creo que en esta Cámara debemos de expresar un mínimo de respeto a los ciudadanos y un mínimo de rigor jurídico y de rigor político. Es como si yo, que soy diputado por Segovia, trajera una PNL a esta Comisión solicitando, pongo por caso, la derogación del Fuero de Sepúlveda. O es como si alguien trajera a esta Comisión la derogación de la Novísima Recopilación o de Las Partidas o del Código de Justiniano o de cualquier cuerpo jurídico. Por eso su propuesta no solamente es extemporánea, llega con trescientos años de retraso, sino que además es completamente excéntrica. Es insólito, es ridículo y es una tomadura de pelo a la Cámara. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
En segundo lugar, hablan ustedes en su PNL de una supuesta soberanía de Cataluña suprimida por Felipe V. Yo, antes de entrar en la materia, me pregunto en voz alta si les parece normal, con los problemas que tiene este país y que tiene también Cataluña, que esta Cámara se dedique a hablar de Felipe II o de las disposiciones testamentarias de Carlos II El Hechizado. Pobre Cataluña si tuviera realmente que debatirse únicamente entre la fatiga de unos y el hechizo de otros.
Sean honestos, no mientan más a la gente, Cataluña nunca fue soberana, han construido ustedes un relato falso, han engañado ustedes a los catalanes, Cataluña jamás existió como nación ni como Estado, entre otras cosas porque en 1700 el concepto político de nación todavía no había alumbrado. En 1700 Cataluña era un principado, sí, un territorio, sí, con instituciones propias, sí, pero integrado en la Corona de Aragón y, por lo tanto, en España. Pero ni era un Estado soberano ni era una nación. Las Cortes no representaban al pueblo de Cataluña, eran Cortes estamentales y, por lo tanto, representaban a los tres Estados, pero no al pueblo. Tampoco existía una opinión pública catalana, como ustedes parecen pensar, entre otras cosas porque la opinión pública en todo el mundo surge a finales del siglo XVIII.
En cuanto a la nueva planta, les recomendaría que hicieran alguna lectura de algún historiador poco sospechoso y solvente como Vicens Vives o como Ferran Soldevila. Vicens Vives decía que la nueva planta -y no seré yo el que la defienda, pero se la ofrezco a usted- fue un desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir. Y Ferrán Soldevilla dice que gracias a la nueva planta comenzó el
resurgimiento económico de una Cataluña agotada y deprimida. (El señor Bosch i Pascual hace gestos negativos). Y lo dicen ellos, no me diga que no. Yo le recomiendo que lea los libros. Léalos porque, a lo mejor, si acude a estas fuentes, que no son sospechosas, que son de autores perfectamente contrastados, prestigiosos y catalanistas, averiguará que aquello no fue una guerra de secesión, sino que fue una guerra de sucesión. Descubrirá, por ejemplo, que el mayor apoyo del candidato de la Casa de Austria fue el Almirante de Castilla, no fue un catalán. O a lo mejor encontrará, como he encontrado yo, que cuando Felipe V se casa en la catedral de Barcelona se produce una eclosión de panegíricos de poetas catalanes como Joan Bac o Ramon Costa a favor del rey.
Hacen ustedes también afirmaciones absolutamente insostenibles desde el punto de vista de histórico como que Felipe V incorpora Cataluña mediante el derecho de conquista. Saben ustedes perfectamente -y si no lo saben yo les remito a los libros que les he referido- que Barcelona inicialmente se decantó a favor del candidato francés y que solo en 1705, después de un intento en 1704, una escuadra de un ejército portugués, británico y austriaco, después de lanzar seis mil bombas sobre la ciudad, tomó Barcelona.
Repito, no fue una guerra de secesión, fue una guerra de sucesión y lo que había en Cataluña no era un sentimiento antiespañol sino un sentimiento antifrancés, y por eso su héroe nacional, Rafael de Casanovas, dijo aquello -que ustedes no quieren escuchar- de "por nosotros y por la nación española peleamos". Lo que querían los catalanes era movilizar a toda España contra el candidato francés, es decir, querían liderar España, como lo quiso también en otro momento histórico el señor Cambó, algo que ustedes, los nacionalistas, no entienden. Y no lo entienden porque al nacionalismo le falta ambición de país y porque el nacionalismo, en último término, consiste en querer tener cada vez más poder en un lugar cada vez menos poderoso. En otras palabras, en mandar cada vez más sobre cada vez menos.
Y ha hablado usted de la legislación que fue derogada por los decretos de Nueva Planta. Yo no quería entrar aquí porque me parece demasiado prolijo, pero también le voy a dar algún dato. Hombre, es que los decretos de Nueva Planta acabaron, por ejemplo, con las jurisdicciones patrimoniales y la única instancia en las condenas de muerte, y prohibieron la legislación anterior que permitía que multitudes armadas persiguieran, dieran caza y mataran a los delincuentes. Por tanto, no seré yo quien defienda los decretos de Nueva Planta, pero cada cosa en su lugar. Yo creo, señor Bosch, que la historia es mucho más compleja que el mito y que es mucho más compleja también que la invención, que la ensoñación y que la mentira. Y, por lo tanto, le remito a los libros que le he citado con anterioridad.
Hablan ustedes también del derecho de autodeterminación. Nuevamente una mentira. Cataluña nunca fue soberana, tampoco ahora lo es, no es sujeto de derecho internacional, no es sujeto de poder constituyente, no tiene poder constituyente. Hablar de autodeterminación en España es hablar de ruptura, de ruptura constitucional y de ruptura de la convivencia. Y no tenga ninguna duda de que el modelo constitucional español tiene mecanismos suficientes para garantizar la convivencia, la paz y la unidad y que el Estado garantizará la vigencia del artículo 2 de nuestra Constitución que, como usted sabe, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española.
Yo les pediría que dejaran de jugar de una vez con el futuro de Cataluña, con el pasado, con el presente y con el porvenir de los catalanes. No tienen ustedes ningún derecho, ninguno, a crearle a la gente más problemas de los que ya tiene. No tienen ustedes ningún derecho, ninguno, a meter a los catalanes en la tempestad de la secesión. Y no tienen ustedes ningún derecho a jugar con la convivencia en Cataluña. Ya en el tripartito, en el que tanto protagonismo tuvieron ustedes, se les hundió el Carmel; no hundan ahora a Cataluña.
Y luego vienen ustedes también con el manido asunto del expolio de Cataluña. Esto es curioso, como la manipulación de la lengua no les ha servido para lograr sus objetivos ideológicos e identitarios porque ha chocado con determinados estratos de la población, acuden ustedes a la manipulación de la economía -que, esa sí, llega a todos los estratos- como un instrumento de ruptura. Pero les recordaré que no son los territorios los que tributan, son las personas. Les recordaré que hay otros territorios en España que tributan más que Cataluña y no hacen los planteamientos de Cataluña. Y le recordaré además, en tercer lugar, que por la misma razón de expolio Girona podría, por ejemplo, denunciar el expolio del resto de los catalanes, porque es la provincia que más contribuye a la Hacienda catalana.
En cuarto lugar, desgraciadamente, señor Bosch, no todo el dinero recaudado y revertido posteriormente en Cataluña ha redundado durante estos años en beneficio de los catalanes. Ya se han ocupado algunos, cuando están en el poder, de que eso no ocurra. Y no quiero referirme al caso Millet, Santa Coloma, Prenafeta, al escándalo de las ITV, al contrabando de tabaco del conseller de Esquerra, a las cartas de
extorsión de un conseller de Esquerra Republicana a los trabajadores de la Generalitat pidiéndoles un porcentaje, un impuesto revolucionario para el partido. No quiero referirme a los sueldos escandalosos de los expresidentes de las diputaciones que ustedes controlaban, Lleida y Girona, ni quiero referirme tampoco a las colocaciones de tantos excargos políticos de su partido en empresas públicas o privadas influyentes en Cataluña.
Si Rafael Casanovas levantara la cabeza, señor Bosch, y viera lo que están ustedes haciendo en nombre de Cataluña y viera cómo han dilapidado ustedes aquel enorme patrimonio de la Transición que era volver al antiguo liderazgo catalán de una nación de más de 40 millones de habitantes, con sus mercados, con sus canales económicos, con sus canales internacionales, si levantara la cabeza probablemente se preguntaría: ¿expolio? El expolio de Cataluña son ustedes.
¿Han calculado ustedes antes de jugar con este fuego cuántas empresas saldrían de Cataluña?, ¿cuántas multinacionales europeas sacarían sus plantas de producción de allí?, ¿cuántas grandes empresas catalanas deslocalizarían sus activos?, ¿han calculado ustedes el coste que eso tendría en la pequeña y mediana empresa auxiliar en Cataluña?, ¿han calculado el paro ingente que generaría la independencia de Cataluña? Hagan números y, después de hacer números, pídanle a la gente que sacrifique su hacienda, su trabajo, su bienestar y el futuro de sus hijos en el altar de su delirio secesionista.
Si Cataluña se independiza, ¿con qué dinero van a pagar las pensiones?, ¿con qué dinero van a pagar el desempleo?, ¿cómo van a pagar su deuda pública, que ustedes, por cierto, incrementaron en un 200%?, ¿en qué mercados van a vender sus mercancías?, ¿con qué aranceles? Díganle a la gente el verdadero coste de la independencia, un descalabro en términos de generación de riqueza y de PIB per cápita que le situaría por debajo de cualquier otro territorio de España. Digan la verdad a la gente antes de jugar con su futuro. Con su hoja de ruta llevarán a los catalanes a la bancarrota y provocarán el derrumbe del Estado del bienestar en Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de la Serna...
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Acabo, señor presidente.
Ni Montenegro ni Islandia, Chipre, Grecia o Pagania. Sigan ustedes así, porque las agencias de calificación ya han tomado buena nota y han bajado su bono al nivel del bono basura. Hagan ustedes cuentas también en el ámbito de la democracia y de la política, porque les recuerdo que la Constitución española se reafirmó como Constitución catalana también con el respaldo de más del 90% de los catalanes, algo muy difícilmente superable en términos de legitimidad democrática, se pongan ustedes como se pongan y saquen a la calle al número de personas que saquen a la calle. (Aplausos).
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000655).
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley entramos en la última de ellas que es sobre la modificación de las funciones de análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Unión Progreso y Democracia. Para su presentación tiene la palabra su portavoz, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo primero de todo quiero agradecer a los portavoces de todos los grupos el que hayan consentido que sea tratada en último lugar porque me coincidía con otra Comisión, la de Interior, en la que también tenía que estar presente. Gracias a todos por haber permitido que se trate en este lugar esta proposición no de ley.
Traigo a debate y a consideración de sus señorías una propuesta de reforma de las funciones del Centro de Investigaciones Sociológicas que conlleva también una reforma en el nombramiento y en el control de sus altos cargos, concretamente de su presidente, para que sea dotada su forma de elección de una mayor participación que garantice una mayor independencia. Sin ánimo de competir en las referencias históricas con el debate que hemos tenido hasta este momento, me quiero referir muy brevemente al origen del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es bastante moderno en relación con el debate anterior, como digo, pero tiene su aquel.
El origen del CIS está en el año 1963, un instituto de opinión entonces. Era un instituto de opinión que se ha convertido en lo que en este momento conocemos pero que cuando se creó era un momento, una época en la que en España no había empresas de demoscopia, de la variedad y capacidad de actuación
de las que hay en el momento presente. A pesar de que actualmente hay muchas empresas demoscópicas, que hacen una tarea imprescindible y extraordinariamente profesional, en España se ha mantenido este instituto, se le ha seguido dando la capacidad de actuar en todos los ámbitos, no solo desde el punto de vista demoscópico sino también del de la valoración de líderes políticos y del estudio y análisis de perspectivas electorales, siendo en este momento un caso único, al menos en el conocimiento del grupo que ofrece esta proposición no de ley, ya que no conocemos en los países de nuestro entorno que exista un órgano semejante que recoja todas estas competencias y este tipo de actuaciones. Es verdad, como les decía, que cuando se constituyó este instituto en su origen la situación era completamente distinta -en nuestro país no había democracia, tenía por objeto servir al Gobierno-, pero la ley que reguló el CIS moderno, la Ley 39/1995, ya tiene en cuenta naturalmente que es un instituto que tiene que servir a todos los poderes del Estado, tiene que servir por tanto también al Parlamento. En esa ley que acabo de citar se establece algunas cautelas y garantías de que va a tener un trabajo orientado a servir a todas las instituciones. Aunque en la exposición de motivos de la ley se expresan con total claridad -he recogido solamente un párrafo en este caso que habla de la notable relevancia política y social que ha adquirido el Centro de Investigaciones Sociológicas en los últimos años y que, por tanto, se aconseja actuaciones diferentes y cautelas complementarias- todas esas cautelas, a nuestro juicio se han mostrado insuficientes para garantizar lo que ha de ser una neutralidad y una objetividad del CIS imprescindible y naturalmente exigible en cualquier sociedad democrática.
Sus señorías saben que no solo en la parte de demoscopia, la parte que no tiene que ver con la perspectiva electoral y con la valoración de lideres políticos, toda esa recogida de datos sociológicos de verdad que hace el CIS, aquello que, para que me entiendan, no se cocina porque no se traslada al número de escaños, representación o valoración de líderes políticos, esa otra parte, la que tiene que ver con la valoración de los líderes y también con la expectativa electoral, no solo en lo que hace el CIS sino en lo que hacen las encuestas en general, hay una apreciación bastante común entre todos de que últimamente las encuestas hace ya bastantes años, en España y en el mundo, sirven, más que para conocer lo que los ciudadanos están pensando votar, para orientar lo que los ciudadanos deben de votar. Eso, cuando se hace desde empresas privadas al servicio de intereses por tanto privados, no es que sea justo pero uno lo entiende. Si eso se hace desde un instituto público, que tiene un objetivo, un interés y una primera obligación que es servir al interés público y no orientar los votos o el interés de los ciudadanos, tiene una valoración, a nuestro juicio, muy negativa.
Les digo esto porque en los últimos años a nada que nos fijemos en lo que ha sido -solo por fijarnos en un cuadro de elecciones generales de los años 2000, 2004, 2008 y 2011- la desviación de la estimación preelectoral del CIS respecto del resultado electoral es verdaderamente interesante. La estimación preelectoral tiene cada vez mayor importancia a la hora de orientar el voto de los ciudadanos, eso que todo el mundo conoce como el voto útil o el voto inútil. Cuando las encuestas dicen que no estás hay muchas más posibilidades de que no estés que si dicen que vas a estar, o cuando las encuestas dicen que vas a ganar hay muchas posibilidades de que los ciudadanos acompañen a esa posibilidad, que parece que se va a convertir en cierta. Esa desviación electoral en todas estas encuestas, estimaciones del CIS preelectorales que les acabo de comentar, ha sido notable; naturalmente mucho más notable en lo que afecta a los partidos políticos que no son los dos grandes. No quiero yo pensar mal; seguramente hay más datos acumulados, por tanto la cocina es más fácil de hacer, de forma más rigurosa en el caso de los dos partidos grandes, pero la verdad es que la desviación ha sido notable. Por fijarnos en las elecciones del 2011, la desviación a favor del Partido Popular fue de 4,25, es decir que le dieron cuatro puntos más que los que luego obtuvo. La desviación hacia el Partido Socialista fue de 3,9; sucedió lo mismo, le dieron tres, casi cuatro puntos más que los que obtuvo. Pero la desviación respecto de Izquierda Unida fue de -12,16 y la desviación respecto de Unión Progreso y Democracia fue del 61,17%. Si ustedes repasan los datos de otras estimaciones preelectorales se darán cuenta de que es algo que se repite continuamente.
Teniendo en cuenta que el CIS tiene una tarea puramente sociológica de conocimiento social que a nuestro grupo le parece interesante -por tanto que puede seguir haciendo-, hay un tipo de funciones que no suelen alcanzar los motivos de eficiencia y eficacia de las empresas demoscópicas. Les acabo de dar un par de ejemplos. Me refiero naturalmente a los estudios preelectorales y a los barómetros de opinión sobre los líderes políticos. Esta falta de objetividad y esta falta de necesidad de que el CIS haga esta tarea, que pueden hacer otras empresas demoscópicas, es lo que nos lleva a plantear ante ustedes, ante esta Comisión, una reforma de lo que es la tarea del Centro de Investigaciones Sociológicas; sería
una reforma no solamente en la tarea que ha de desarrollar sino en la forma en la que se ha de elegir a su presidente. Naturalmente si deja de hacer algunas cosas, aunque esta cuestión no sea la fundamental, tiene su importancia, máxime en un momento en el que todo el mundo y particularmente las instituciones públicas han de dar ejemplo y han de tener la ejemplaridad de apretarse el cinturón y no gastar en aquello que no es necesario. Simplemente si el CIS dejara de pagar a empresas externas a las que paga para que realicen estudios y trabajos técnicos, que es la esencia del centro, se ahorraría el 38% del presupuesto. Si se suma a otros gastos, que claramente son superfluos porque una parte de su actividad no necesaria podría dejar de hacerla, en su presupuesto se podría ahorrar, manteniendo lo esencial del CIS, hasta un 42%. Por eso, por las dos cuestiones que les planteo, porque no es necesario que haga esa tarea de análisis preelectoral y valoración de líderes políticos, porque además no es eficaz, no lo está haciendo bien -a las pruebas me remito- y porque si dejara de hacerlo nos ahorraríamos una importante cantidad de recursos, es por lo que les planteo esta iniciativa, esta proposición no de ley, en la que se solicita que se supriman en periodo preelectoral y electoral los sondeos de intención de voto, valoración de partidos y valoración de líderes políticos y que además se establezca un criterio distinto, más riguroso y con mayor trasparencia, que garantice más la objetividad y la independencia a la hora de seleccionar al presidente. Proponemos una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados a la hora de elegirle y, también con el fin de evitar la politización a la hora de elegirle, plantear una modificación del artículo 10 de la Ley 39/1995, exigiendo que no haya tenido vinculación a ninguna formación política durante los seis años anteriores a la toma de posesión. Pretendemos transparencia, rigor, independencia y además rentabilidad en términos sociales de lo que es la tarea del CIS. Estos son los objetivos de esta proposición no de ley, y para ello planteo el apoyo a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, puesto que han renunciado los otros portavoces, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervendré con mucha brevedad, señor presidente.
Antes la señora Díez decía que en ocasiones las encuestas que se publican por parte del CIS en periodo electoral no son después las que más han acertado en el resultado final de las urnas, y no le falta razón. Yo quiero recordar que en las últimas elecciones generales ninguna encuesta del CIS con una participación del 70% del electorado señaló que Convergència i Unió iba a ganar las elecciones en Cataluña, y las ganó con claridad. ¿Por qué razón esto no se refleja en las encuestas del CIS? Si comparáramos el resultado final de Convergència i Unió en las urnas con el que las distintas encuestas del CIS han ido pronosticando se constataría con total nitidez por los resultados que las urnas nos han dado muchos más votos que aquellos que el CIS adelantaba en sus encuestas. Si a ello se une el trabajo de campo realizado con muchas más encuestas, muchos más medios públicos, muchos más recursos, eso no debería ser así. Por tanto, alguna reflexión final deberemos hacer sobre el funcionamiento del CIS.
En cuanto a la reforma, nuestro grupo se va a abstener ante esta propuesta porque, aunque coincidimos en que debería buscarse un punto de reforma, no coincidimos tanto con la letra pequeña de los puntos concretos de las mayorías exigibles. Tampoco coincidimos en el hecho de que se diga ahora que no hagamos encuestas preelectorales, porque nos tememos que el gobierno de turno igualmente las haría y serían unos resultados del CIS que estarían prohibidos, guardados en el congelador y después no acabaríamos de conocerlos por lo menos el resto de formaciones políticas, cuando ahora tenemos acceso a ellos, porque se da publicidad. Por tanto, en ese aspecto tampoco coincidimos. Quizá esa futura reforma del CIS, al igual que se ha hecho en el CEO en Cataluña, podría ser una reforma que lo avalara como registro de todas las encuestas que se realizan en el ámbito de la Administración General del Estado, que fueran accesibles a todos porque son públicas y que existiera un consejo rector que garantizara también un funcionamiento más plural del propio centro. Por tanto, entendemos que hay camino a recorrer, por eso nos vamos a abstener, no tanto en la letra pequeña de lo que hoy se nos propone como en la filosofía global de que algún cambio deberíamos acometer ante un órgano que debe ser siempre de prestigio, como es un centro de investigaciones que realiza encuestas y que debe ser útil, sobre todo si esas encuestas -en aquello que después realmente se comprueba- eran acertadas o no; cuando son electorales después se ve el resultado, y en ocasiones algo ha fallado en lo que es la cocina previa, los campos en los que se trabaja, para buscar finalmente cuál es el resultado que esperaríamos y que en cambio el CIS no ha visto previamente con esa nitidez el resultado final que han otorgado las urnas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Mi grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley. Uno se dice: cómo es la vida. La exposición de motivos de la PNL hace referencia a que el CIS tiene como origen el Instituto de Opinión Pública creado en 1963, para mayor gloria del franquismo. La señora Díez no quiere que juzguemos intenciones, pero salvo la de ilustrarnos sobre el origen de una institución que es la anterior al CIS no se me ocurre muy bien qué tiene que ver eso con una institución como es el CIS, que lleva treinta y cinco años sirviendo muy bien a la democracia española, a las administraciones públicas, a la ciudadanía y a la academia. La sociología es una disciplina muy curiosa porque nos explicaban nuestros profesores que hay un fenómeno que se llama reflexividad social. Recuerdo a un profesor que lo explicaba de la siguiente manera, decía: Si las margaritas pudieran leer libros de botánica la historia natural hubiera sido muy distinta. Los seres humanos podemos leer encuestas, podemos informarnos sobre lo que van a hacer los demás y sin duda eso influye en nuestras decisiones.
No me parece mal que haya una institución sufragada por todos, controlada por todos; aquí, a esta Comisión Constitucional han venido los presidentes del CIS a que los controlemos. No me parece mal que nos cuenten a todos públicamente qué es lo que pensamos de nosotros mismos, que nos ayude a esa reflexividad; no me parece mal. No me parece mal porque si no fuera públicamente y no lo supiéramos por una institución pública habría personas que tendrían ventaja sobre nosotros y tendrían más información que todos nosotros. Con lo cual no está nada mal que haya una institución que nos informe democrática e igualitariamente a todos los ciudadanos qué pensamos de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos; no me parece mal. Prefiero que me lo garantice el Estado a depender del capricho arbitrario de una empresa, de un medio de comunicación o de lo que sea. Prefiero saber que lo tengo y que lo hace alguien a quien puedo, como representante democrático de los ciudadanos, llamar aquí y exigirle explicaciones. Por tanto no está nada mal que exista un CIS para nuestra democracia, también par los asuntos electorales.
Les diré un dato curioso y llamativo. En la proposición no de ley se hace referencia a una pregunta de la última encuesta postelectoral del CIS -me parece que es la 32 b)-, donde se dice: ¿Han influido las encuestas en su decisión? Yo no estoy muy seguro de que esa sea una buena pregunta sociológica, porque en realidad se le pide al ciudadano que actúe de sociólogo y que él mismo sepa si han influido o no han influido las encuestas en su actuación, en su acción, en su voto. Al final de los 6.000 entrevistados más o menos hay 44 que dicen que las encuestas les han cambiado el voto, es un 0,007% de los 6.000; repito, 44.Yo no estoy seguro de cómo cambia... De hecho la sociología no está segura de cómo influye, de cómo varía. Unas veces las encuestas provocan un comportamiento, otras veces otro, en unas personas provocan uno, en otras otro, y luego se agrega todo eso, pero la disciplina no tiene extraordinariamente claro por qué varía. En todo caso no está mal que todos tengamos esa información y no solo determinadas minorías; no está mal que todos podamos analizar esa información.
Se dice que un par de encuestas o unas encuestas han fallado. Pues miren, fallan muchas encuestas, pero estaría bien, por ejemplo, traer un cuadro comparativo de cómo ha funcionado el CIS en un largo periodo y cómo han funcionado otras empresas de investigación sociológica en las encuestas en esas mismas elecciones. Haría falta un estudio serio, no dos o tres sino muchas. Eso es lo que haría un sociólogo, lo otro no tiene ningún valor es una muestra muy pequeña. Hace falta un estudio serio. Se han hecho estudios serios, por ejemplo uno que hizo Juan Díez Nicolás, que fue, creo recordar, el primer presidente del CIS. Juan Díez Nicolás hizo un estudio que demostraba -ya no siendo presidente sino años después- que el CIS siempre se había equivocado dentro de los márgenes de error estadísticos de la muestra. Es una mala suerte. En las ciencias sociales nos equivocamos. Me acordaba de una cosa que me llamó mucho la atención cuando la vi. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, hizo una previsión económica para dos años; estas son las de marzo y abril de 2008. Funcas decía que en el 2009 el PIB iba a crecer un 2,1% y el paro iba a estar en el 9,5. Naturalmente la cosa no fue así. Yo no creo que los dieciséis centros de estudios de economía y de prospección económica se equivocaran para fastidiar a mi partido y a mi presidente. Sencillamente, creo que las ciencias sociales no aciertan demasiado. Por desgracia cuando vas al médico tampoco crean ustedes que hay mucha suerte. Realmente no acertamos, pero no tiene que ver con cómo se elige al presidente del CIS ni con que haya militado o haya tenido un cargo político. Luego decimos que no estamos denigrando lo político. No puede ser que haber sido militante de un partido, haber sido diputado, haber servido, por ejemplo, en la Presidencia de tu Gobierno, en ningún sitio eso puede ser demérito para presidir el CIS. Si aquí la institución más importante de la democracia, que es el Congreso, la preside un político. El CIS lo preside alguien que tiene una función política, no solo una función académica. Les voy a explicar por qué no solo es una función académica. Yo
creo que he conocido personalmente a todos los presidentes del CIS, incluso a los del Instituto de Opinión Pública, que me pillaron algunos de profesor cuando yo era muy joven. Unos eran profesores de teoría sociológica, otros de filosofía política, otros de demografía, otros de técnicas de investigación científica o sociológica. Tenían formaciones muy diversas: algunos se habían pasado toda su vida haciendo encuestas, otros jamás se habían puesto delante de un ordenador. Son muy diversos, la formación es muy diversa. En el CIS hay unos excelentes técnicos que son los que hacen las encuestas, las estimaciones y todo lo demás, que son los que lo saben. El presidente del CIS lo que hace es una orientación sobre qué es importante que se investigue para la sociedad, y eso al fin es una decisión política.
Yo prefiero que lo haga alguien que hemos puesto nosotros, nosotros, los representantes; con dos tercios o por el Gobierno que ha salido elegido puede discutirse, pero que lo hayamos puesto nosotros. No quiero que haya alguien que por su cuenta en función de un planteamiento tecnocrático decida qué es lo que interesa a todos los demás y a quién no pueda controlar. Prefiero controlarlo, y no creo que sea nada malo. Hablamos, insisto, de la politización de las administraciones. Aquí se comenta en la exposición de motivos dos graves errores: uno, que cuando nombramos, cuando el Gobierno nombró a Belén Barrero como presidenta del CIS se equivocó al rellenar la hoja que tenía que justificar que no era funcionaria para ser directora general; no rellenó esa parte, ese apartado. Se arregló. Es un problema de la Lofage, no es un problema de las ciencias sociales. Se dice, y es verdad y ahí hubo un error del CIS, y estuvo mal, que no se incorporaron en las primeras encuestas políticas de la legislatura de 2004 a algunos representantes políticos, a algunos líderes políticos. Se corrigió, pero esos dos son los motivos que se dan para explicar que el CIS no acierta. El CIS no acierta cuando no acierta, como no acertamos los científicos sociales cuando hacemos previsiones, pero no tiene que ver con que hubiera un error administrativo en el nombramiento, que se corrigió, o que hubiera un error de apreciación que se corrigió también en qué personas debían ser valoradas. Yo creo que es muy importante que se mantengan las encuestas preelectorales. Les aseguro que nadie puede manipular las encuestas porque nadie sabe cómo van a acabar. Entonces lo mejor es contar lo que hay, Si se manipulan tengan por cierto que los técnicos del CIS, que son funcionarios, terminarían denunciándolo. Tengan seguridad de que da igual quién sea el presidente del CIS, porque el CIS es una institución solvente, honesta y simplemente da el resultado que permite el nivel de la sociología en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Belén Bajo.
La señora BAJO PRIETO: Leyendo la exposición de motivos de la proposición no de ley sobre modificación de las funciones de análisis del CIS resulta sorprendente que las acusaciones que se vierten para justificar esta PNL es la falta de imparcialidad y rigor en la estimación y valoración de las previsiones y datos electorales, cuando se basen en ejemplos de supuesta mala praxis en la anterior legislatura, como son, según UPyD, el nombramiento del anterior presidente del CIS por parte del anterior Gobierno y la no inclusión de algunos líderes parlamentarios en las encuestas políticas de la anterior legislatura. Pues bien, y aunque resulte ser una evidencia, hace ya tiempo, casi un año, que hemos iniciado otra legislatura y que hay otro presidente del CIS. La actitud del partido de la señora Díez respecto al CIS desde el comienzo de esta legislatura es cuando menos desconcertante. En los primeros días de apertura del Registro de la Cámara el Grupo de UPyD registró sendas proposiciones no de ley pidiendo la supresión de este organismo, luego la retiró y al poco tiempo presentó esta modificación sustancial del centro. Resulta inevitable recordar las amargas quejas de su señoría en los tiempos en que las encuestas del CIS no la incluían a usted en las preguntas sobre líderes. Resulta inevitable reflexionar sobre que la política debe tener como actividad estar enfocada a resolver los problemas de los ciudadanos en lugar de ser un instrumento para arreglar cuentas pendientes.
Dicho esto paso a analizar los distintos epígrafes de los que consta esta iniciativa. En primer lugar se pide la supresión de sondeos de intención de voto en periodos preelectorales y electorales. Como es de sobra conocido algunos institutos demoscópicos privados realizan encuestas en periodos preelectorales que suelen publicar los medios de comunicación. Por lo tanto, mi grupo parlamentario considera razonable que si las empresas privadas demoscópicas realizan este tipo de estudios el CIS también lo haga por las siguientes razones: primero, porque la calidad en la realización y aplicación del cuestionario del CIS no tiene parangón con otras empresas. El CIS realiza entrevistas en el hogar de los entrevistados, lo que aumenta mucho la calidad de recogida de la información. Además casi todas estas empresas que suelen publicar los sondeos durante las campañas electorales toman como referencia las encuestas del CIS, que aparte de la calidad en la recogida de los datos tienen una muestra mucho mayor. Segundo, por la
amplitud de los cuestionarios preelectorales. El CIS no sólo pregunta por la intención de voto, sino que también pregunta por una serie de cuestiones sobre cultura política y valoración de la situación política que genera indicadores muy utilizados en el ámbito académico. Tercero, porque las matrices de datos anonimizados de las encuestas preelectorales se ponen a disposición de politólogos, sociólogos, medios de comunicación y ciudadanos en general muy poco después del final de la recogida de la información, para que la ciudadanía pueda llevar a cabo los análisis que estimen oportunos. Esto constituye un material básico para los científicos sociales y para conocer mejor la sociedad española. Cuarto, porque el conocimiento de sondeos preelectorales por parte de la ciudadanía no menoscaba ni debilita la democracia. A no ser que usted, señora Díez, lo piense, yo creo que más bien es lo contrario, porque uno de los pilares de las sociedades avanzadas y democráticas es el acceso a la información, cuanto más informados estén los ciudadanos y más reflexivas sean sus decisiones, más sólidos serán los cimientos de nuestra democracia. Y quinto, porque el CIS es el único centro demoscópico en España que realiza estudios postelectorales que al compararlos con los estudios preelectorales permiten el análisis de los cambios acaecidos durante la campaña electoral. Y estas encuestas, como todas las del CIS, están a disposición de todos los investigadores y de los ciudadanos en general en la página web del CIS.
En el segundo punto de la PNL se pide que el presidente sea elegido por una mayoría cualificada de dos tercios. Supongo, señora Díez, que esta es la práctica habitual que ustedes están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Asturias, en el Gobierno. Pues bien, mi grupo parlamentario entiende que modificar la ley no evitaría en ningún caso la politización de la elección del presidente, ¿o es que su señoría no considera el Congreso de los Diputados como un órgano político? La clave no está en la forma de elegir al presidente sino en que sea un profesional de reconocido prestigio y, señorías, el actual presidente lo es.
También se dice en la exposición de motivos de esta proposición no de ley que el presidente no debe haber militado en ninguna formación política ni haber desempeñado ningún cargo de confianza. Yo le animo, señora Díez, a que haga una visita al CIS para que compruebe cómo funciona y cómo trabaja, porque el procedimiento de la recogida de información, la transparencia en la publicación de los resultados y la propia estructura del CIS hacen imposible la manipulación de los datos por parte del presidente. Fíjense, en la elaboración de los cuestionarios participan técnicos muy cualificados, el trabajo de campo se lleva a cabo por una red de 200 entrevistadores. Es presumible que sean muy diversas las simpatías partidistas de los entrevistadores y del personal del CIS que participa en las encuestas preelectorales, por lo que el presidente está sometido al control del propio organismo, cuyos principios se rigen por la profesionalidad y la transparencia. Además, el CIS es el único centro demoscópico en España y prácticamente en el mundo que pone a disposición de todos los ciudadanos la matriz de microdatos de las encuestas. Los ficheros están disponibles en la web, por lo que con respecto a la estimación de voto, cualquiera puede hacer la suya propia con los procedimientos que estime oportuno. A este respecto es necesario remarcar que el CIS se limita a recoger los datos de la sociedad, pero que no los comenta ni los valora ni los interpreta, sino que los pone a disposición de la ciudadanía para que sea ella la que los comente, los valore y los interprete.
En cuanto a la formación académica que debe tener el presidente, creo que las funciones del presidente en un centro de investigación avanzada como es el CIS requieren de una cualificación tan elevada que es de sentido común que efectivamente tenga una titulación universitaria. Y para eso mi grupo entiende que no es necesario cambiar la ley. Ahora, que tener que fijar por ley qué formación debe de tener el presidente del CIS o cualquier otro político, pues no me parece, porque ya puestos ¿por qué no fija usted qué formación debe de tener un ciudadano para alcanzar la condición de diputado o para alcanzar la condición de presidente del Gobierno?
Mi grupo parlamentario votará en contra de esta proposición no de ley porque creemos que el Centro de Investigaciones Sociológicas es un órgano que presta un importante servicio al Gobierno y a la ciudadanía, ya que el conocimiento científico y demoscópico de la sociedad española es del máximo interés para uno y para otra, y porque creemos que la actual estructura y modelo de funcionamiento del centro con la actitud de respeto a la independencia que mantiene el actual Gobierno es la más adecuada para garantizar los criterios de servicio público basados en la neutralidad, la objetividad, la veracidad y la transparencia que han de guiar la acción del CIS. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las proposiciones no de ley, vamos a proceder a su votación, pero esta vez sí por el orden en que figuran en el orden del día, no por el orden en el que las hemos debatido.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre elaboración de decretos-leyes.
Efectuada la votación dio, el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
Proposición no de ley sobre modificación de las funciones de análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 5.
Proposición no de ley sobre dedicación exclusiva de diputados y senadores presentada por La Izquierda Plural. Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista y yo le pregunto al grupo proponente si acepta la enmienda.
El señor NUET PUJALS: Señor presidente, en principio no queríamos aceptar la enmienda, pero la intervención demagógica hasta el extremo del portavoz del Grupo Popular en este tema, nos ha hecho decidirnos y aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor González Vázquez pide la palabra).
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Por alusiones, señor presidente. Yo he hecho la intervención que he creído oportuna; desde luego, una intervención que lo que pretendía era poner en evidencia la demagogia del proponente.
El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural con el texto de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 23; abstenciones, 2.
Finalmente, proposición no de ley sobre la restitución de la soberanía y los derechos históricos de Cataluña. Hay una petición de votar separadamente el punto número 2. Por tanto, votaremos primero el punto número 2 y luego los restantes puntos de la proposición no de ley.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor presidente, suponiendo que aceptamos este sistema.
El señor PRESIDENTE: Es que una vez que se ha pedido por uno de los intervinientes en este proceso y puesto que la proposición no de ley ya es propiedad de la Comisión, entiendo que tiene perfecto derecho a pedirlo y a someterla a votación de esta forma.
El señor BOSCH I PASCUAL: De acuerdo. Pues lo aceptaremos y agradecemos las intervenciones de todos, incluso la de aquellos que a priori pensaban que el tema no era interesante.
El señor PRESIDENTE: Votamos el punto 2 de esta proposición no de ley.
Resto de los puntos de la proposición.

References: artículo 86
 artículo 133
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 157
 resolución 
 artículo 2
 artículo 10