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Timestamp: 2018-01-16 19:03:17+00:00

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PRINCIPIO DE LEGALIDAD.. 3
Noción. 3
Contenido constitucional 3
Triple exigencia. 3
Lex praevia. 3
Precisión de circunstancias agravantes y pena. 4
Tipificación delictiva. 4
Formas de interpretación normativa. 5
Eliminación de modalidad delictiva. 5
Penas accesorias no previstas. 6
Control constitucional 6
Proceso en trámite. 6
Desvinculación de la acusación o determinación alternativa. 6
Desvinculación de sentencia constitucional 7
CONCURSO REAL DELITOS. 8
Noción. 8
Independencia de los delitos. 8
Penalidad. 8
Tramitación. 9
Procedencia del mandato de detención. 9
Robo agravado y lesiones graves. 9
Procedimiento a seguirse. 9
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. 9
Definición. 10
Principio de especialidad. 10
Sistema de absorción. 10
No puede imponerse conjuntamente penas establecidas por dos normas aplicables. 10
Prescripción de la acción penal 10
Unidad de acción y de fines. 10
Concurso entre lesiones y robo agravado. 10
CONCURSO REAL RETROSPECTIVO.. 11
Noción. 11
Finalidad. 11
Exigencia de motivación. 12
Criterios para su aplicación. 12
Aplicación de penas. 12
Procedencia del sobreseimiento. 13
Refundición de penas. 13
DELITO CONTINUADO.. 13
Noción. 13
Norma penal aplicable. 14
Acciones repetidas sobre sujetos pasivos diferentes. 14
Determinación del grado de responsabilidad. 15
Delito de violación sexual 15
DELITO DE COMISION POR OMISION.. 15
Alcances. 15
Posición de garante. 15
Configuración. 15
UBICUIDAD DEL DELITO.. 16
DESISTIMIENTO VOLUNTARIO Y ARREPENTIMIENTO ACTIVO.. 16
Requisitos. 16
TENTATIVA.. 16
Noción. 16
Clases. 17
Presupuestos. 17
Atipicidad de los procesos internos y actos preparatorios. 18
Supuestos. 18
Grado de la pena. 19
TENTATIVA INIDONEA O DELITO IMPOSIBLE. 19
Supuestos. 19
El principio constitucional de legalidad, previsto en el artículo segundo inciso veinticuatro literal d) “Toda persona tiene derecho a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que no esté previamente calificado en la ley como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley” Siendo que, sólo se considera como delito el hecho y sólo se puede aplicar una sanción penal si éste está establecido previamente en la Ley.
El principio de legalidad penal, es aquel principio que exige al juez verificar que la conducta desplegada por el procesado se subsuma en el tipo penal que se le imputa, debiendo estar presente todos y cada uno de los elementos que lo conforman para que pueda catalogarse como delictiva.
El principio de legalidad, íntimamente vinculado a la labor de tipificación, exige al juzgador, al analizar el hecho denunciado y acaecido en el mundo fenomenológico, lo compare con la norma que describe la conducta infractora, a fin de determinar si existe la necesaria identidad entre ambos.
Es derecho de toda persona el no ser condenado por un hecho que al tiempo de cometido no estaba sancionado en la Ley Penal, en observancia del principio de legalidad cuyo antecedente se remonta al principio universal del nullum crimen nulla pena sine lege
Como principio constitucional, la legalidad penal informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones.
El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está también determinada por la ley.
El principio de legalidad penal protege el derecho de no ser sancionado por supuestos no previstos de forma clara e inequívoca en una norma jurídica.
El principio de legalidad impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).
Precisión de circunstancias agravantes y pena
El principio de legalidad determina que tanto las penas como las circunstancias que agravan o atenúan la penalidad de una conducta deben estar definidas previamente en la ley; que, en consecuencia, las modificaciones de la ley penal posteriores al hecho punible y que determinan una punibilidad mayor para el autor carecen de efecto retroactivo.
Tipificación delictiva
La labor de tipificación previa a la expedición del fallo, adquiere dimensión trascendental en el proceso, pues comprende no solo la interpretación del texto expreso de la ley aplicable por parte del juzgador, sino también la valoración de los elementos configurativos del tipo aplicable al caso submateria; a través de ella, debe quedar establecida no solo la norma presuntamente transgredida –y con ello el bien jurídico afectado– sino que también será el presupuesto del que partirá la actividad probatoria.
Teniendo en cuenta que nuestro Código Penal es de orientación finalista, se debe señalar que solo hay tipicidad cuando el hecho se ajusta al tipo o cuando corresponde a las características objetivas y subjetivas del modelo legal abstractamente formuladas por el legislador; que asimismo, la tipicidad no solo se limita a la descripción del hecho objetivo perceptible en el mundo exterior, sino que abarca la dirección de la voluntad del autor como proceso psicológico necesario para la constitución del tipo de delito (aspecto subjetivo).
En atención al mandato de certeza derivado del principio de legalidad al momento de emitirse el fallo se debe precisar el tipo penal en el que subsume la conducta, no únicamente la mención genérica del nomen iuris.
Es garantía de la función jurisdiccional que el juzgador precise la norma penal específica a la que se adecua la conducta ilícita que ha sido materia de juzgamiento, no solo para determinar el quántum de la pena, sino también para los fines penitenciarios a que quedará sujeto el condenado, para los efectos de prevención especial que corresponde.
El juicio de tipicidad constituye una labor de especial abstracción que exige por parte del administrador de la norma penal, un conocimiento riguroso de las instituciones dogmáticas, a fin de evitar desaciertos que podrían llevarlo a emitir fallos arbitrarios. Para determinar el carácter delictivo de una conducta, el análisis de la misma pasa por la constatación que hace el juzgador, de que el presupuesto fáctico del cual parte encuentra identidad con la hipótesis contenida en la norma penal que sanciona el hecho sometido a estudio; una vez realizada la labor de subsunción y agotado el análisis en las esferas de la antijuridicidad y de la culpabilidad, la calificación de la conducta delictiva será de vital importancia para el proceso, ya que no solo se tendrá por satisfecho el mandato imperativo del principio de legalidad, sino que además será uno de los presupuestos sobre los cuales se encaminará la actividad probatoria y la posterior sentencia.
El juzgador debe cerciorarse que el hecho denunciado es típico y lo será cuando la conducta que lo conforme aparezca descrita en una norma penal, por lo que resulta indispensable demostrar la adecuación típica de la conducta. “Este proceso de adecuación de la conducta al tipo puede realizarse de dos maneras; o el concreto comportamiento humano encuadra directamente en uno de los tipos de la parte especial del Código y entonces habrá una adecuación directa o tal encuadramiento se produce a través de uno de los dispositivos legales amplificadores del tipo (tentativa, complicidad) en cuyo caso la adecuación es indirecta” (Reyes Echeandía: Tipicidad, Editorial Temis, mil novecientos ochentinueve, página doscientos cinco). Este proceso de adecuación directa se presenta, siempre que el juez logra realizar el proceso de subsunción de la conducta sobre un tipo de la parte especial en forma directa e inmediata, es decir, cuando el comportamiento humano cabe plenamente en el tipo penal determinado porque cubre sus elementos estructurales descriptivos, normativos y subjetivos
La tipicidad no está limitada solamente a la descripción del hecho objetivo –manifestación de voluntad y resultado perceptible en el mundo exterior–, sino que también contiene la dirección de la voluntad del autor como proceso psicológico necesario para la constitución del tipo de delito, esto es, la parte subjetiva que corresponde a los procesos psíquicos y constitutivos del delito: dolo, culpa, elementos subjetivos del injusto o del tipo.
Formas de interpretación normativa
Los dispositivos legales no se interpretan aisladamente, pues forman parte de un ordenamiento jurídico que aun cuando se produzca fragmentadamente y con algunos defectos, se concibe como una unidad ideal, que tiende a regular las relaciones de la vida de un modo armónico.
Dentro de la interpretación de la ley se ha superado la teoría de la interpretación gramatical o textual, para los fines de administrar justicia, donde debe primar la interpretación teleológica y concordada de las leyes o dispositivos legales.
Eliminación de modalidad delictiva
Es procedente la excepción de naturaleza de acción si entre la fecha de comisión de un delito y la de una emisión de sentencia aparece una norma que no comprende la modalidad por la cual se está instruyendo, pues resulta atípica la conducta del reo.
Penas accesorias no previstas
Si se ha impuesto como pena accesoria una no prevista por el ordenamiento legal, es del caso declarar la nulidad de la sentencia en cuanto a dicho extremo se refiere.
No estando normada la inhabilitación posterior como pena accesoria en nuestro ordenamiento penal será insubsistente la sentencia en la parte que la considere.
Atenta contra el principio de legalidad aplicar al procesado una pena de multa, que no se hallaba prevista como sanción conminada para el delito sub júdice al momento de su comisión.
Excepcionalmente cabe efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal; concretamente, cuando al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez se aparta de la literalidad del tipo legal o aplica un determinado precepto siguiendo pautas interpretativas manifiestamente irrazonables, contrarias a la Constitución y al sistema de valores materiales que esta encierra.
Los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de procesos o especialidad, que encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera, limitándose los jueces a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional para el caso concreto sin afectar su vigencia.
Es prematuro invocar la lesión al principio de legalidad penal en un proceso que aún no cuenta con sentencia firme que sindique a la accionante como responsable de la comisión de los delitos instruidos.
Desvinculación de la acusación o determinación alternativa
En caso que sea imposible que el órgano jurisdiccional pueda desvincularse del delito acusado por estimar que el tipo penal efectivamente perpetrado es más grave que el propuesto por el Ministerio Público, la única opción que se tiene es dictar sentencia absolutoria, puesto que no cabe obligar al órgano jurisdiccional a imponer una sanción por un hecho cuya tipificación no considera arreglada a ley. El principio de legalidad penal impide sancionar al amparo de un delito no perpetrado realmente. El Fiscal está facultado a apartarse de la calificación realizada por el Juez Penal en el auto de apertura de instrucción. Si el fiscal debe actuar con estricto respeto al principio de legalidad e imparcialidad, resulta inevitable concluir que llegado el caso pueda acusar por un delito distinto del incorporado en el auto de apertura de instrucción, bajo los límites pertinentes ya reconocidos al principio de determinación alternativa: respeto a los hechos objeto de investigación, homogeneidad del bien jurídico y nueva calificación por un delito menos grave.
La desvinculación de la correlación entre acusación y sentencia constituye una modificación de la calificación jurídico penal. La posibilidad que tiene la sala para plantear la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es hasta antes de la sentencia, debiendo observarse plenamente la contradicción. En principio corresponde a las partes la introducción o planteamiento de las “tesis” para la modificación de la calificación jurídico penal y en defecto de las mismas lo debe hacer el tribunal si estima que del debate aparece que los hechos objeto de la acusación han sido incorrectamente tipificados por el fiscal. Ello no significa que resida en las partes la potestad de determinar la aplicación de la ley penal o que el planteamiento de las mismas vincule al tribunal, sino de preservar en la medida de lo posible el contradictorio.
Con relación a la aplicación del Principio de determinación alternativa es importante precisar: a) Que la desvinculación de la acusación fiscal, denominada anteriormente “determinación alternativa”, era definida como un mecanismo de readecuación legal, sin embargo, en puridad, lo que se buscaba era calificar correctamente el hecho delictivo que se le imputaba al procesado y subsumirlo en el tipo penal correspondiente, esto, en cumplimiento de las exigencias de legalidad que debían observarse en todo proceso penal; b) Que para la aplicación de la “determinación alternativa” se requería la presencia de cuatro presupuestos básicos: i) homogeneidad del bien jurídico; ii) inmutabilidad de los hechos y pruebas; iii) preservación del derecho de defensa y; iv) coherencia entre los elementos tácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo; c) Que conjuntamente con tales presupuestos, era requisito indispensable que la “determinación alternativa” no se aplique en perjuicio del procesado, privilegiando así el principio de favorabilidad.
Si bien se reconoce la pertinencia de la aplicación del principio de determinación alternativa para la tipificación del delito cometido, sin embargo al resolver el juzgador debe pronunciarse sólo respecto al delito que considera que se ha cometido y ya no sobre el otro.
Por el principio de determinación alternativa el órgano jurisdiccional está facultado a realizar la adecuación correcta de la conducta dentro del tipo penal que corresponde, siempre que los hechos permanezcan inmutables, exista identidad y homogeneidad del bien jurídico, así como coherencia entre los elementos fácticos y jurídicos.
Desvinculación de sentencia constitucional
El juez solo puede desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando los hechos del caso que tiene que decidir contengan un elemento distinto a los hechos objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional. También es posible la desvinculación cuando el Tribunal Constitucional ha expedido sentencias en las que se resuelva el caso interpretando únicamente una norma legal o cuando se trate de dos sentencias implicantes que contengan interpretaciones de normas constitucionales que colisionan o entran en conflicto entre sí, pudiendo en tal supuesto escoger la que más se ajuste al caso concreto o compatibilizando o armonizando los derechos constitucionales en conflicto para su aplicación al caso concreto.
CONCURSO REAL DELITOS
El concurso real de delitos consiste en una pluralidad de acciones independientes entre sí que se materializan en el mismo tipo penal configuran un concurso real homogéneo de delitos, por lo que la pena aplicable debe graduarse conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal.
En el concurso real de delitos concurren dos acciones o hechos –matar para facilitar u ocultar otro delito y robar a mano armada y con la participación de más de dos personas– que constituyen cada uno un delito autónomo, esto es, el de homicidio calificado y el de robo agravado, sin que exista el caso que un hecho integrante de una de las figuras delictivas sea a su vez parte íntegramente o parcialmente del hecho constitutivo de la otra figura delictiva.
Un concurso real homogéneo de delitos se configura cuando la pluralidad de acciones independientes entre sí, materializan el mismo tipo penal, por lo que la pena aplicable debe graduarse conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal.
Independencia de los delitos
Aun cuando se impone la pena más grave, en el concurso real de delitos cada ilícito es independiente.
La pluralidad de acciones independientes entre sí que materializan el tipo penal configura un concurso real homogéneo de delitos, por lo que la pena aplicable debe graduarse conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta del Código Penal. La legislación nacional no reconoce restricciones en torno a la revisión de una sentencia impugnada ante la Corte Suprema de Justicia.
En los delitos en concurso real, a los efectos de la penalidad, debe aplicarse la pena que establece el delito más grave, salvo las penas accesorias y medidas de seguridad que pueden imponerse aún cuando éstas sólo estén previstas para el delito menos grave.
La respuesta penal en caso de concurso real no puede estar condicionada a factores procesales referidos a la persecución, al conocimiento por la autoridad de la comisión del injusto y a la fecha de su enjuiciamiento, de ahí que la pena única se impone como exigencia legal e incluso de tratamiento penitenciario.
En el concurso real de delitos, la pena a imponerse corresponderá al delito más grave, conforme lo dispone el artículo 50 del Código Penal; por lo que, al prever el delito más grave una sanción no mayor de tres años de pena privativa de la libertad; la pena impuesta al sentenciado debe ser aumentada, al no encontrarse en proporción con la magnitud de los delitos.
Si hubiere concurso de delitos, el trámite que se seguirá será el que corresponda al delito de mayor gravedad, aunque se haya declarado no haber mérito a juicio oral o prescrita la acción penal respecto de éste.
Tratándose de concurso de delitos, el trámite a seguir lo determina el delito de mayor gravedad, coligiéndose por ende que en el presente caso debe seguirse con el trámite ordinario, el que seguirá aun cuando se declare prescrita la acción penal o se declare no haber mérito a pasar a juicio oral respecto del delito más grave, en atención al principio de unidad en la investigación y en el juzgamiento.
Procedencia del mandato de detención
Cuando existe concurso real de delitos, y del mismo es posible prever la imposición de pena privativa de libertad superior a los cuatro años, procede decretar mandato de detención contra el inculpado; con mayor razón si éste habría pertenecido a una organización ilegal destinada a falsificar pasaportes, por lo que su no detención implicaría el riesgo de una fuga al exterior para evadir el proceso.
Cuando existe concurso real de delitos, y del mismo es posible prever la imposición de pena privativa de libertad superior a los cuatro años, procede decretar mandato de detención contra el inculpado; ya que su no detención implica el riesgo de una fuga al exterior para evadir el proceso.
Robo agravado y lesiones graves
Han quedado acreditados los delitos de robo agravado y lesiones graves. Que estando a que estas conductas delictivas son independientes y habiendo concurrido las mismas, estamos frente a lo que constituye concurso real de delitos.
Procedimiento a seguirse
Al existir concurso de delitos, el procedimiento a seguirse será el que corresponda al delito de mayor gravedad o a la suma de cada uno de ellos de forma individual
Se da un concurso aparente de leyes cuando dos o más normas se disputan ser aplicadas a un mismo hecho, la más adecuada, de acuerdo al principio de especialidad desplaza a las demás, y teniendo en cuenta que en el presente caso el móvil real del ilícito era el apoderamiento del dinero de la víctima y no el de privarla de su libertad u obligarla contra su voluntad a dar una ventaja económica es que en aplicación del mencionado principio de especialidad, el delito de robo agravado perpetrado por el sentenciado, desplaza a los supuestos tipos de secuestro y extorsión.
Concurso aparente del leyes, supone disputan de dos o más normas para ser aplicadas a un mismo hecho, la más adecuada, de acuerdo al principio de especialidad, desplazará a las demás.
Por el sistema de absorción, la pena a imponerse, en el concurso ideal de delitos, corresponderá a la disposición que establezca la pena más grave se incurre en nulidad cuando se impone en forma conjunta las penas establecidas por las dos normas aplicables.
No puede imponerse conjuntamente penas establecidas por dos normas aplicables
En aplicación del artículo 48 del Código Penal y por el sistema de absorción, la pena a imponerse en caso de concurso ideal de delitos, corresponderá a la disposición que establezca la pena más grave; por lo que no pueden imponerse en forma conjunta las penas establecidas por las dos normas aplicables, pues se incurre en nulidad.
Al tratarse de un concurso ideal de delitos, debido a la oportunidad en que tuvo lugar la comisión de los hechos denunciados, no procede invocar independientemente la prescripción de la acción penal respecto a uno de los ilícitos.
Existiendo concurso ideal de delitos, a que se refiere el artículo 48 del Código Penal, la acción penal prescribe cuando ha transcurrido el plazo correspondiente al delito más grave.
Unidad de acción y de fines
En el concurso ideal de delitos heterogéneos importa que haya unidad de acción aunque no de fines, debiendo sancionarse sólo con la figura que tiene mayor pena, de acuerdo al principio de absorción.
Concurso entre lesiones y robo agravado
Debe aplicarse el tipo penal que prevea el carácter pluriofensivo de la conducta del agente, por lo que en aplicación del principio de especialidad, la figura típica de lesiones se encuentra subsumida dentro de los alcances del tipo penal de robo agravado.
El artículo cincuenta y uno del Código Penal regula la figura del Concurso Real Retrospectivo, que consiste en la obligación del órgano jurisdiccional de dictar el sobreseimiento definitivo de la causa y por ende su archivo definitivo cuando en fecha posterior a la expedición de una sentencia condenatoria, se descubre otro hecho punible cometido antes de la emisión del fallo condenatorio por el mismo condenado, de igual o distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la impuesta; se advierte, que en la citada norma no se establecen los requisitos necesarios para operar la refundición de la pena, toda vez que se requiere que entre los hechos objeto de condena medie una relación de Concurso Real, sin que entre ellos se haya pronunciado una sentencia firme o se haya producido una causa extintiva de la acción.
Que el denominado concurso real retrospectivo se produce cuanto los delitos que componen el concurso no han sido juzgados simultáneamente en un solo proceso. De allí que al descubrirse con posterioridad a tal juzgamiento y condena los delitos restantes, ellos darán lugar a un nuevo juzgamiento. Sin embargo, tal anomalía procesal no afecta la integridad del concurso real de los delitos que cometió el agente
Al producirse la figura del concurso real retrospectivo (art. 51 del Código Penal) el órgano jurisdiccional está en la obligación de dictar el sobreseimiento de la causa y por ende su archivo definitivo, cuando en fecha posterior a la expedición de una sentencia condenatoria se descubre otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado de igual o distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la impuesta.
La figura del concurso real retrospectivo se da cuando en fecha posterior a la expedición de una sentencia condenatoria se descubre otro hecho punible cometido antes de ella, por el mismo condenado de igual o distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la impuesta, debido a ello, el órgano jurisdiccional está en la obligación de dictar el sobreseimiento de la causa y por ende su archivo definitivo.
El tratamiento del concurso real retrospectivo, en el caso de juzgamiento sucesivos y en orden a la imposición de la pena, tiene por finalidad, por un lado, evitar que el condenado sea tratado más severamente que lo que hubiese sido si el juzgamiento de sus infracciones hubiera tenido lugar simultáneamente; y, de otro lado, a imponer una sola pena que sea proporcionada a la responsabilidad del agente, en tanto que el juez no puede acumular las penas.
Si bien conforme al artículo 51 del Código Penal procede el sobreseimiento definitivo de la causa, referido a un hecho punible cometido antes de una sentencia condenatoria por delito igual o de distinta naturaleza, en cualquier estado del proceso; sin embargo, esta norma exige al órgano jurisdiccional, motivar adecuadamente su decisión toda vez que utiliza los términos “merezca una pena inferior a la impuesta”, lo que implica que se debe precisar en la resolución, el o los hechos delictuosos imputados, las pruebas que abonan o desvirtúan las circunstancias atenuantes o agravantes, para poder finalmente formarse en el juez un criterio tal que permita establecer que la pena a imponerse tendría que ser inferior a la ya impuesta.
Si bien la regla general establece que al descubrirse con posterioridad al juzgamiento y condena los delitos restantes, ellos darán lugar a un nuevo juzgamiento, existen excepciones a dicha consecuencia. En primer lugar, si el delito de juzgamiento posterior merece una pena inferior a la ya impuesta en el juzgamiento inicial, se debe dictar el sobreseimiento definitivo y el archivo de la causa. En segundo lugar, si la pena conminada para el delito posteriormente descubierto fuese superior a la ya aplicada se debe realizar nuevo juicio e imponerse la nueva pena que corresponde al procesado. Para la operatividad de las excepciones mencionadas se debe efectuar una comparación entre la pena concreta impuesta en la primera sentencia y la pena legal conminada para el delito recién descubierto pero cometido antes de la primera sentencia. Por otro lado, es de señalar que el texto vigente del artículo cincuenta y uno tiene una finalidad práctica orientada por los principios de economía procesal y eficacia judicial frente al gasto y desgaste funcional que representa todo nuevo proceso que al estar vinculado con un concurso real de delitos demanda una sanción coherente con lo prescrito en el artículo cincuenta del Código Penal.También se deberá considerar que :a) para efectuar la comparación entre la pena impuesta en la sentencia y el delito recién descubierto cometido antes de ella, debe estarse a la pena conminada legalmente, sin perjuicio de tenerse presente los supuestos de eximentes. b) el sobreseimiento por concurso real retrospectivo no impide a la parte civil interponer una demanda en sede civil. c) en el caso que el delito recién descubierto mereciera una pena igual a la impuesta en la sentencia condenatoria no puede sobreseerse el proceso; y d) la ley que modificó el artículo cincuenta y uno del Código Penal no es inconstitucional, ya que no afecta el principio del debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia, ni el derecho a la igualdad de la ley.
Para efectuar la comparación entre la pena impuesta en la sentencia y el delito recién descubierto cometido antes de ella, debe estarse a la pena conminada legalmente, sin perjuicio de tenerse presente los supuestos eximentes. El sobreseimiento por concurso real retrospectivo no impide a la parte civil interponer una demanda en sede civil. En el caso de que el delito recién descubierto mereciera una pena igual a la impuesta en la sentencia condenatoria no puede sobreseerse el proceso.
Procedencia del sobreseimiento
El sobreseimiento definitivo de la causa, referido a un hecho punible cometido antes de una sentencia condenatoria por delito igual o de distinta naturaleza, procede en cualquier estado del proceso; sin embargo, esta norma exige al órgano jurisdiccional, motivar adecuadamente su decisión, lo que implica que se debe precisar en la resolución, el o los hechos delictuosos imputados, las pruebas que abonan o desvirtúan las circunstancias atenuantes o agravantes, para que el juez pueda finalmente formarse un criterio tal que permita establecer que la pena a imponerse sea inferior a la ya impuesta.
Cuando se produce la refundición de penas como consecuencia de un concurso real retrospectivo, es de entenderse que finalmente la condena es una sola o única, esto es, que el resultado que se obtiene es una pena única refundida que, por lo demás, no necesariamente significa sin más que la pena mayor absorba a la pena menor, sino que para el tratamiento punitivo único es de rigor tener como criterio rector lo que establece la concordancia de los artículos cincuenta y cuarenta y ocho del Código Penal
La refundición de penas constituye un derecho de la persona sentenciada y a su vez condenada en más de una oportunidad; para tal efecto debe reunir los requisitos de procedibilidad contenidos en la cuarta disposición transitoria de la Ley diez mil ciento veinticuatro y lo dispuesto por el artículo cincuenta y uno del Código Penal.
Refundir la penalidad no significa que desaparezca la valoración del hecho objeto de la segunda sentencia y, sin más, se incorpore a la penalidad anteriormente impuesta, sino valorar unitariamente el conjunto de los hechos declarados probados en ambas sentencias e imponer la pena que corresponda, a cuyo efecto se toma en cuenta la pena del delito más grave y se valoran los otros delitos concurrentes (el juez, es cierto, no puede acumular las penas, sino valorando las circunstancias objetivas de los hechos cometidos, así como las circunstancias personales del agente, debe –de ser el caso– aumentar la pena ya impuesta.
Se considera delito continuado a la reiteración de la conducta delictiva del agente, es decir, la pluralidad de acciones cometidas en diversos momentos con la unidad de intención dirigida contra el mismo bien jurídico protegido.
El delito continuado es el que se atribuye a una sola persona o personas, no obstante la diversidad de las acciones que la integran, que presupone la repetición de varias acciones consecuentes de una sola resolución criminal, y que cada una representa una violación de la ley y que no se trata de un delito instantáneo y permanente. Su momento de comisión propio se remite a una pluralidad de acciones, las que se realizan en momentos determinados. Que al recoger la concepción doctrinal del delito continuado, no se deben tomar en consideración los momentos comisivos de cada acción sino integrarlos en uno solo, salvo que cada acción o algunas de ellas adquieran relevancia jurídica. Cuando el delito continuado se interrumpe con una sentencia absolutoria las acciones que están inmersas en la citada resolución no pueden ser objetos de otra sentencia por atentar contra el principio de cosa juzgada, sin embargo las acciones posteriores deben sancionarse conforme al último momento comisivo, por no estar dentro de los alcances de la cosa juzgada y porque no está permitida la analogía.
Al existir una violación de la ley penal llevada a cabo mediante acciones repetidas que recayeron en dos sujetos pasivos diferentes, el hecho global debe ser tenido como un solo delito continuado, conforme a lo señalado por el artículo cuarenta y nueve del Código Penal.
El delito continuado es el que se atribuye a una sola persona o personas, no obstante la diversidad de las acciones que la integran, presuponiendo la repetición de varias acciones consecuentes con una sola resolución criminal, representando cada cual una violación de la ley.
El delito continuado es el ilícito perpetrado en diversos momentos, repitiéndose en varias oportunidades; que siendo éstos así, el comportamiento delictivo del mencionado acusado ha infringido repetidas veces la misma ley penal con actos ejecutivos que forman parte de una misma resolución criminal.
Norma penal aplicable
Tratándose de un delito continuado, la pena a imponerse es la que corresponde a la legislación vigente al momento del último acto delictivo.
Cuando haya más de una norma vigente al momento de la comisión del delito, por tratarse, por ejemplo, de un delito continuado, se aplicará, como norma vigente al momento de la comisión del delito, la última norma vigente durante su comisión. Esto es así, porque la norma vigente al momento de la comisión del delito se aplica de manera inmediata.
Acciones repetidas sobre sujetos pasivos diferentes
Al existir una violación de la ley penal llevada a cabo mediante acciones repetidas que recayeron en dos sujetos pasivos diferentes, el hecho global debe ser tenido como un solo delito continuado, conforme a lo señalado por el artículo cuarentinueve del Código Penal.
Determinación del grado de responsabilidad
En el caso de un delito continuado, es necesario establecer la fecha de iniciación y terminación del mismo para poder determinar el grado de responsabilidad del presunto autor.
El delito continuado de violación sexual se configura cuando el ilícito penal ha sido perpetrado en diversos momentos en agravio de la menor; por lo que, al infringir repetidas veces la misma ley penal con actos ejecutivos que forman parte de una misma resolución criminal, el comportamiento delictivo del acusado constituye un delito continuado sancionado con la pena correspondiente a éste.
Existe un solo delito continuado de violación de menor, conforme a lo señalado en el artículo 49 del Código Penal, cuando se produce una violación de la ley penal llevada a cabo mediante acciones repetidas que recayeron en dos sujetos pasivos diferentes.
Con respecto a los delitos omisivos, el Código Penal en su artículo trece, establece una cláusula de equiparación que nos permite adecuar el comportamiento omisivo al comisivo, pero para ello, es preciso constatar no sólo la causalidad de la omisión sino también la existencia del deber de evitar el resultado por parte del agente frente al bien jurídico o posición de garante.
Respecto a la posición de garante, exigida en los delitos de comisión por omisión, se entiende que quien configura establemente una organización está en todo caso obligado a eliminar el peligro de ella derivado, y a nivel doctrinario tenemos que el fundamento normativo de la posición de garante estriba en la ponderación de interés. Dicha ponderación pretende responder a la pregunta acerca de quién es especialmente competente, de acuerdo con los principios de distribución adecuada de libertades y de cargas (y aparte de los que constituya deberes de solidaridad en general), para evitar que se produzcan determinados cursos causales peligrosos para bienes jurídicos de terceros.
La modalidad delictiva genérica de omisión impropia solo se configura cuando el sujeto activo se encuentra en una posición de garante con relación al bien jurídico, entendido como el deber de realizar acciones de salvamento y protección para evitar su lesión o puesta en peligro, por situarse el bien jurídico en una relación de dependencia respecto a quien ostente dicho deber.
La desobediencia y resistencia a la autoridad es un delito doloso de omisión, el cual tiene tres requisitos que han de existir: a) una obligación o deber de actuación en el sujeto activo; b) el no cumplimiento de dicho deber u obligación; y c) la posibilidad de haberla cumplido. El no pago a un ex trabajador, en cumplimiento de un pacto celebrado ante un juzgado laboral, al no tener posibilidad de realizarlo, no constituye delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
UBICUIDAD DEL DELITO
Es de interpretar el artículo cinco del Código Penal, asumiendo una concepción de ubicuidad restrictiva, en cuya virtud el factor decisivo a tomar en cuenta estriba en que, al menos, uno de los elementos constitutivos del delito, parcial o absolutamente, sea ejecutado en un ámbito territorial concreto, sin que se tome en cuenta los actos preparatorios y los actos posteriores a la consumación del delito, o también que el resultado típico –no el extra típico ni otros efectos– se produzca en un territorio determinado.
El principio de ubicuidad establece como lugar de comisión de un delito aquel en el cual se producen sus efectos.
DESISTIMIENTO VOLUNTARIO Y ARREPENTIMIENTO ACTIVO
La institución del desistimiento voluntario de consumar el delito exige el cumplimiento de dos requisitos: evitación de la consumación y voluntariedad del desistimiento; que, en primer lugar, desde una perspectiva objetiva, el propio imputado debe evitar la consumación del delito, no seguir actuando y por ende no consumar el ilícito; que, en segundo lugar, desde una perspectiva subjetiva, la no consumación se debe a la propia voluntad del imputado.
La liberación de la pena por arrepentimiento sólo se obtiene si el hecho no está consumado, o sea, si no está realizado completamente el tipo objetivo del injusto. Sólo en este caso el Juzgador tiene la facultad de reducir la pena por debajo del mínimo legal. Si la conducta del agente está dirigida a impedir un resultado que quiso causar en un primer momento, estamos ante el caso del arrepentimiento activo. Resulta impune el arrepentimiento activo del procesado, salvo que los actos por él practicados constituyan de por sí otros delitos.
La tentativa consiste en el inicio de la ejecución de un delito, sin consumarlo; el comienzo de la ejecución comprende el inicio de la acción típica, así como la realización de actos demostrativos por el agente para poder conseguir su finalidad, la ausencia de estos actos originará la absolución del inculpado.
En la tentativa el agente da inicio a los actos ejecutivos del delito, llevando a cabo todos los actos que objetiva y subjetivamente deberían producir el resultado típico, el mismo que finalmente no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agente.
La tentativa en nuestro ordenamiento penal, tal como lo establece el art. 16 del Código Sustantivo, implica el comienzo de la ejecución del delito que se decidió cometer, sin llegar a consumarlo por determinación voluntaria del agente o por causas accidentales; que, en el caso de autos se imputa al acusado haber confeccionado los planos y croquis que determinaban la trayectoria a seguir por el agraviado, que luego sería objeto de la privación de su libertad personal; empero tal comisión delictiva no se perpetró, quedando entonces la actitud del procesado como un acto carente de suficiencia para violentar un bien jurídico tutelado por la ley en vista de no darse el presupuesto inequívoco de dar inicio en la comisión del hecho punible, por tanto, debe encuadrarse tal situación como acto preparatorio que se encuentra en la fase externa del delito pero que no es parte de él, siendo que, por sí solo es incapaz de indicar la voluntad del hecho de continuar y acabar su intento delictuoso.
La tentativa está ligada específicamente al tipo de ilícito que no llegó a concretar y el fundamento de su penalidad está en la concreta puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma penal.
Si los hechos no configuran el delito consumado, sino un tipo penal imperfectamente realizado, en aplicación de la norma contenida en el artículo 16 del Código Penal, es del caso modificar el quántum de la pena impuesta.
La tentativa se suele presentar como tentativa acabada, llamada también delito frustrado, tentativa perfecta, agotada o delito fallido, que comprende el caso de “quien conforme a su plan personal ha realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, faltando solamente a partir de ese momento la producción del resultado”; nuestro Código, si bien pasa por alto la tesis del delito frustrado, trata tanto a la tentativa acabada e inacabada como una “sola” mera tentativa, la cual según nuestro ordenamiento jurídico es penada según su gravedad y la afectación al bien jurídico protegido por la ley penal y en relación con la voluntad del autor.
La tentativa no solo comprende el comienzo de los actos ejecutivos, es decir, la exteriorización de los actos tendientes a producir el resultado típico, sino también requiere que el agente quiera los actos que objetivamente despliega, aun teniendo conocimiento de su peligrosidad, teniendo además la intención de proseguir en la ejecución de los actos necesarios para la consumación del delito.
Penalmente, la tentativa se da cuando el sujeto da inicio a la ejecución de la acción típica mediante hechos directos, pero falta uno o más para la consumación del delito, exigiéndose la concurrencia de tres requisitos: resolución criminal, comienzo de la ejecución y falta de consumación (elemento negativo).
Si la orientación subjetiva del agente estuvo dirigida a practicar el acto sexual con la agraviada, que no se llegó a consumar, dicha conducta desplegada constituye tentativa de violación sexual.
Para la configuración de la tentativa se requiere la puesta en peligro del bien jurídico, debiendo analizarse cuál ha sido éste. En tanto no se ha demostrado la intención del inculpado, ni la efectiva puesta en peligro de un bien jurídico, en virtud del principio de presunción de inocencia (in dubio pro reo), el juzgador ha de aplicar el principio de determinación alternativa para sentenciar respecto del tipo penal y el bien jurídico efectivamente puesto en peligro.
Atipicidad de los procesos internos y actos preparatorios
En el proceso del delito se destacan dos fases: la fase interna que comprende la ideación y la fase externa que abarca los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento del delito; que, es regla general que los procesos que ocurren en el mundo interior del agente (ideación), no son típicos y por ende son impunes, pues al Derecho Penal no le interesa reprimir las ideas o un simple pensamiento delictivo, sino que es necesario que se transforme en una conducta real: que, asimismo, los actos preparatorios, vienen a ser la etapa del proceso en la que el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone, los que generalmente, también son atípicos y por ende impunes.
El delito de robo ha quedado en grado de tentativa, al no haberse materializado el apoderamiento de dinero o especie alguna de propiedad del agraviado, ello en atención a la oportuna intervención policial.
La extorsión no ha quedado consumada, toda vez que el agraviado depositó únicamente una parte del dinero solicitado, suma que no fue retirada por la procesada, sino por el agraviado, en consecuencia se varía la figura a tentativa de extorsión, la que se tendrá en cuenta para regular la pena.
Constituye delito contra la libertad sexual en grado de tentativa el eyacular entre las piernas de la menor, quien al comenzar a gritar motivó que el agresor desistiera de su resolución delictiva. En cambio, los frotamientos vaginales con el miembro viril, sin la intención de hacer sufrir el acto sexual, constituyen delito contra el pudor y no violación sexual en grado de tentativa.
Habiéndose acreditado en autos que los agraviados no hicieron entrega del dinero requerido por los acusados, no se ha consumado el delito de extorsión como equívocamente ha calificado el colegiado, sino que el hecho ha quedado en grado de tentativa.
Debe considerarse como tentativa de violación, la conducta del inculpado, al haberse demostrado que a pesar de la agresión contra la víctima, ésta mantiene su integridad himeneal y no muestra signos de actos contranatura.
Debe considerarse la conducta como tentativa inacabada, en tanto el inculpado no pudo consumar la violación por la resistencia que ofreció la víctima.
El encausado conjuntamente con sus coprocesados a bordo de una camioneta, asaltaron con arma de fuego al pagador de los trabajadores de la obra y al chofer del vehículo a quienes luego de un forcejeo y disparo, les arrebataron la bolsa con el dinero, dándose a la fuga, pero fueron perseguidos por los trabajados que redujeron y recuperaron el dinero de manos de uno de sus coprocesados, por lo que debe tenerse en cuenta que se trata de un delito frustrado.
Grado de la pena
La pena impuesta, en grado de tentativa, debe guardar relación no sólo con las circunstancias particulares del caso y la culpabilidad del agente, conforme al artículo cuarenta y seis del Código Penal, sino también, según la gravedad o afectación al bien jurídico tutelado.
Si bien es cierto que el ilícito que se imputa al acusado solo se ha configurado en grado de tentativa, la pena impuesta por el Colegiado resulta mínima, por lo que procede aumentarla en atención a lo previsto por el art. 16 del Código Penal.
TENTATIVA INIDONEA O DELITO IMPOSIBLE
Si bien los agentes actuaron con animus lucrandi, no fue posible que perpetraran el delito de robo por cuanto las tarjetas electrónicas de la víctima no se encontraban activadas, lo cual impidió el retiro de dinero de sus cuentas y en consecuencia el perjuicio patrimonial; es así que al no haber bien posible de sustraer, la tentativa de perpetrarla deviene en inidónea, por lo que el robo deviene en un delito imposible.
La posesión de cartuchos de dinamita, que se encuentran en mal estado de conservación y funcionamiento, por la descomposición de sus componentes, encontrándose inactivos para su funcionamiento, no crea peligro común para el bien jurídico protegido por la ley penal; por lo que no se cumple la exigencia del artículo cuarto del Título Preliminar del Código Penal. El hecho incriminado no constituye delito porque según la pericia se está ante un material ”inicuo”, es decir, se da el caso de un delito imposible, expresamente previsto en la ley como un hecho irrelevante a la ley penal.
De conformidad con el art. 17 del C.P. se ha configurado un caso de tentativa no punible, en razón a que el medio empleado, es decir, la presunta arma, manifiesta ineficacia absoluta.
Aun cuando se compruebe fehacientemente la acción por parte del inculpado de entregar dinero a un juez, si el circulante con que se materializa la entrega es no idóneo, por ejemplo, es un billete retirado de circulación, no se configura el tipo penal, lo que implica que la acción denunciada deja de ser punible.
Si el acusado no pudo violar a la agraviada porque no se le erectó el miembro viril, se configuraría la tentativa imposible por ineficacia del medio empleado, no siendo punible.
Si bien el evento criminal fue planificado y acordado con la finalidad del robo de dinero o barras de oro, bienes que no fueron encontrados por los agentes, tal ilícito constituye una tentativa inidónea por absoluta impropiedad del objeto del delito.

References: resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 16
 resolución 
in dubio
 resolución