Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/172
Timestamp: 2020-07-10 09:15:49+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 44/1983
SENTENCIA 44/1983, de 24 de mayo
ECLI:ES:TC:1983:44
En el recurso de amparo núm. 247/1982, promovido por don Luis Fernández Fernández, Sargento mecánico ajustador de armas, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz y bajo la dirección del Letrado don Jesús Arroyo Domínguez, contra la resolución dictada por la autoridad judicial de la Séptima Región Militar, con fecha 10 de noviembre de 1980 y contra auto dictado en segunda instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 31 de marzo de 1982, en el expediente judicial 55/1981, instruido por la Capitanía General de la Séptima Región Militar, juzgado militar eventual de plazo núm. 11, de Valladolid, por falta grave, constituida por la acumulación de faltas leves y en el que ha comparecido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado Don Angel Latorre Segura quien expresa el parecer de la Sala.
1. El Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre de don Luis Fernández Fernández, Sargento mecánico ajustador de armas, con destino en el Regimiento Acorazado de Caballería, Farnesio núm. 12, de Valladolid, recurre en amparo ante este Tribunal, por escrito que tuvo entrada en el mismo el día 2 de julio de 1982.
C) El excelentísimo señor Capitán general de la Séptima Región Militar mediante resolución de 10 de noviembre de 1981 concluye el expediente, en el sentido propuesto por el Auditor, y este acuerdo es recurrido ante el Consejo Supremo de Justicia Militar que, por medio de su Sala de Justicia resuelve en sentido desestimatorio por Auto de 31 de marzo de 1982.
3. El recurrente fundamenta la argumentación jurídica en una supuesta violación del art. 24.2 de la Constitución, por no haber sido informado de la acusación formulada contra él y no poder utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa así como la vulneración del principio non bis idem, por lo que afirma que primeramente se instruyó el expediente judicial 55/1981 en base a una falta y después se sanciona, en base a la propuesta del Auditor, por una falta distinta. Cita el solicitante del amparo las Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio, recurso de amparo núm. 92/1980 y núm. 22/1982, de 12 de mayo «Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio, recurso de amparo núm. 383/1981), así como, con relación al principio non bis in idem, la Sentencia de 30 de enero de 1981 (dictada en el recurso de amparo núm. 90/1980, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero). La pretensión del recurso de amparo se promueve para que se decrete la nulidad del Auto de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, de 31 de marzo de 1982, así como la resolución del excelentísmo señor Capitán general de la Séptima Región Militar de 10 de noviembre de 1981, ordenando a la autoridad militar, que se adopten las medidas pertinentes en orden a la desaparición de todos los efectos de dicha sanción.
El Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre del solicitante del amparo, señalaba con fundamento en los arts. 43.2 y 80 de la LOTC, así como el art. 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el recurso estaba presentado dentro de plazo, por haber tenido lugar su presentación en el Tribunal Constitucional el día 23 de junio de 1982.
1º. Otorgar el amparo solicitado.
2º. Declarar la nulidad de la resolución dictada por la Autoridad Judicial de la Séptima Región Militar de fecha 10 de noviembre de 1980 y del Auto dictado por el Consejo Supremo Justicia Militar de 31 de marzo de 1982, dimanante del expediente judicial 55/1981 instruido por la Capitanía General de dicha Séptima Región Militar contra el recurrente don Luis Fernández Fernández.
3º. Reconocer el derecho del recurrente a ser informado de la acusación formulada contra él y a que, en consecuencia, no pueda ser sancionado por otra falta distinta de la que fue objeto del expediente judicial que se instruyó, es decir, por la falta leve presuntamente cometida el 26 de agosto de 1981, convertida en grave por la acumulación de otras tres faltas leves anteriores.
4º. Restablecer al recurrente en dicho derecho retrotrayendo las actuaciones del procedimiento a que fue sometido en el antes citado expediente judicial al momento de la propuesta formulada por el Juez Instructor en el citado expediente judicial.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 247-1982
Fecha de resolución 24/05/1983
Garantías procesales en los expedientes judiciales regulados por el art. 1.003 y ss. del CJM
Se reitera la doctrina establecida en la Sentencia 21/1981 sobre las características que, desde el punto de vista constitucional, tiene el expediente judicial regulado en el Código de Justicia Militar.
Se reitera, asimismo, la doctrina sentada por dicha Sentencia, según la cual, una vez aprobada la Constitución, el régimen disciplinario militar ha de incorporar el sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los diversos Convenios Internacionales sobre la materia ratificados por España y que han sido asumidos como decisión constitucional básica y, en consecuencia, en aquellos casos en que la sanción disciplinaria conlleva privación de libertad, el procedimiento disciplinario legalmente establecido ha de responder a los principios que dentro del ámbito penal determinan el contenido básico del derecho a la defensa, de modo que ese derecho no se convierta en mera formalidad produciéndose indefensión.
Se reitera, igualmente, la doctrina de la Sentencia 22/1982, según la cual cuando la aplicación del régimen disciplinario militar conduce a una sanción que suponga privación de libertad, cualquiera que sea la naturaleza que se quiera dar al procedimiento en virtud del cual se imponga, resulta claro que el eventual sujeto pasivo de la sanción de privación de libertad tiene el derecho de interponer los oportunos recursos y en ellos el derecho de defensa, el de ser presumido inocente y el de utilizar todos los medios de prueba pertinentes y en general todas las garantías que reconoce el art. 24 de la Constitución.
El derecho a ser informado de la acusación es el primer elemento del derecho de defensa que condiciona a todos los demás, pues mal puede defenderse de algo el que no sabe de qué hechos se le acusa en concreto. Por tanto, en un expediente judicial por falta grave, aunque ésta lo sea por acumulación, el interesado debe ser informado en forma precisa de cuáles son las cuatro faltas leves que motivan el expediente y muy en particular de la cuarta de ellas que provoca el efecto acumulativo y la consideración de grave. Dado el carácter básico de tal derecho fundamental ha de considerarse, pues, aplicable a los expedientes judiciales de carácter disciplinario.
Artículo 441, f. 1
Artículo 442, passim
Artículo 1008, f. 1
Artículo 24.2 (derecho a ser informado de la acusación), ff. 1, 2, 4
Derecho a ser informado de la acusaciónDerecho a ser informado de la acusación, Límites, f. 3
Disciplina militarDisciplina militar, ff. 1, 2, 3, 4
Fuerzas ArmadasFuerzas Armadas, ff. 1, 2, 3, 4
Régimen disciplinario militarRégimen disciplinario militar, ff. 1, 2, 3, 4
Régimen disciplinario militar versus jurisdicción penalRégimen disciplinario militar versus jurisdicción penal, f. 1

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 441

Artículo 442

Artículo 1008

Artículo 24