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Timestamp: 2018-10-18 14:34:15+00:00

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﻿ SENTENCIA C-135 DE MARZO 19 DE 1997
SENTENCIA C-135 DE 19 DE MARZO DE 1997
CONTENIDO:DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO LEGISLATIVO 224 DE 1997,"POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 81 DE 1997." RELATIVO, ESTE ÚLTIMO, A LAS DISPOSICIONES PARA DESESTIMULAR EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
TEMAS ESPECÍFICOS:ENDEUDAMIENTO EXTERNO, CANALIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO, DEPÓSITO AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Sentencia C-135 de marzo 19 de 1997
Ref.: Expediente R.E-096
Revisión Constitucional del Decreto Legislativo 224 del 31 de enero de 1997, “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 81 de 1997”.
Santafé de Bogotá, D.C., 19 de marzo 1997.
EXTRACTOS: «2. Inconstitucionalidad por consecuencia. Mediante Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997 (M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz), esta Corte declaró inexequible el Decreto 080 del 13 de enero de 1997 declaratorio del estado de emergencia económica y social.
“Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitió al jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.
En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.
Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”.
En otros términos, en la aludida hipótesis —que es la del caso presente—, los decretos dictados en desarrollo del que ha declarado el estado de excepción, si éste es inexequible, pierden fundamento jurídico como consecuencia de la declaración judicial relativa al decreto básico, luego, una vez notificada la primera sentencia, todas las medidas dictadas son inexequibles, como resultado de esa inconstitucionalidad, pero debe aclararse que, como el artículo 241 de la Constitución expresamente le atribuye competencia a la Corte para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todos los decretos legislativos expedidos al amparo de los artículos 212, 213 y 215 ibídem, es necesario que la Corte haga pronunciamiento formal sobre la inexequibilidad de cada decreto, producida a raíz del fallo principal.
Los efectos de cada sentencia mediante la cual se declare la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados con apoyo en el estado de emergencia se producen, entonces, a partir de la notificación del fallo que haya declarado inexequible el decreto declaratorio del estado excepcional, en este caso el distinguido con el número 080 de 1997 (Sent. C-122, marzo 12/97).
1. Declárase INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 224 del 31 de enero de 1997, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 81 de 1997”.
2. Esta providencia surte efectos a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia C-122, que declaró inexequible el Decreto 080 de 1997, declaratorio del estado de emergencia económica.
Antonio Barrera Carbonell, Presidente. Jorge Arango Mejía, magistrado—Eduardo Cifuentes Muñoz, magistrado—Carlos Gaviria Díaz, magistrado—Hernando Herrera Vergara, magistrado—José Gregorio Hernández Galindo, magistrado—Alejandro Martínez Caballero, magistrado—Fabio Morón Díaz, magistrado—Vladimiro Naranjo Mesa, magistrado—Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.
Estimo, finalmente, que una ocasión como esta, en que la incompatibilidad entre la Constitución y normas jurídicas de inferior jerarquía (los decretos “sobrevivientes” de emergencia) es manifiesta e indudable, como que la declaró esta Corte, es la más propicia para hacer valer el artículo 4º de la Constitución, que dice: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
Aclaración del voto, en relación con la Sentencia C-027 de enero 29 de 1996, por medio de la cual se declaró exequible, el Decreto 1900 del 2 de noviembre de 1995, “por el cual se declara el estado de conmoción interior”.
“Con todo respeto, expreso las siguientes razones, que aclaran mi voto afirmativo al adoptarse la sentencia de la referencia.
“Primera. Al salvar el voto en la Sentencia C-466 de octubre 18 de 1995, que declaró inexequible el Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, por el cual se había declarado el estado de conmoción interior, expresé:
“Séptima. El Presidente de la República, como responsable del orden público, es el único facultado para decidir si las circunstancias permiten decretar el estado de conmoción interior por “grave perturbación del orden público”.
“La Corte Constitucional, en la Sentencia del 7 de mayo de 1992, estableció la doctrina de que sus facultades le permiten hacer el examen de fondo del decreto que declara el estado de conmoción interior, para concluir si existe o no la “grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional”.
“Esas facultades, sin embargo, deben ejercerse con prudencia, para que no conduzcan a dos resultados incompatibles con la Constitución: el primero, privar al Presidente de la República de las facultades que el artículo 213 le confiere, y que le permiten cumplir el deber de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”; el segundo, el convertir a la Corte Constitucional en responsable del restablecimiento del orden público, responsabilidad que la Constitución no le ha impuesto.
“Por lo anterior, como lo sostuve en el debate que culminó con la adopción de la Sentencia C-466 de 1995, solamente en casos extremos de mal uso del artículo 213 de la Constitución, puede la Corte Constitucional declarar que no existe la grave perturbación. Fue eso lo que aconteció cuando la Corte, por medio de la Sentencia C-300 de julio 1º de 1994, declaró inexequible el Decreto 874 del 1º de mayo de 1994.
“Ahora se ha incurrido en la insensatez de sostener que para que exista la “grave perturbación” faltan unos centenares o millares de asesinatos. Que tampoco bastan los millares de secuestros y de extorsiones, ni la continua destrucción de oleoductos y los ataques a los poblados inermes.
“Si la jurisprudencia de la Corte sobre el examen material del decreto que declara la conmoción interior, conduce a estas interpretaciones absurdas, habrá que revisarla. De lo contrario persistirá el riesgo de que la Corte, en el futuro, usurpe nuevamente la competencia que la Constitución asignó al Presidente de la República en relación con el orden público”.
“Como se ve, propuse, como ya lo había hecho en el debate que culminó con la adopción de la sentencia de inexequibilidad, el cambio de la jurisprudencia de la Corte.
“Segunda. Desde el día de ese salvamento de voto, he seguido reflexionando sobre este asunto y he llegado a la conclusión de que la Corte Constitucional carece de facultades para hacer el examen de fondo de la declaración del estado de conmoción interior, por estos motivos:
“Si se lee el artículo 213, se encuentra que no determina que el Estado de conmoción interior se declare por medio de un decreto. En efecto:
“En el inciso primero se dice que “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior”; en el segundo, “que mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades...”; en el cuarto se establece la reunión del Congreso, dentro de los tres días siguientes “a la declaratoria (sic) o prórroga del estado de conmoción”, y lo relativo al informe “sobre las razones que determinaron la declaración”.
“Como se ve, en los cuatro incisos no se menciona la palabra decreto. Por el contrario, en el inciso tercero se establece que “los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto se declare restablecido el orden público”. (negrilla fuera del texto). ¿A qué decretos se refiere este inciso? A los contemplados en el artículo 214, a los que se dictan después de la declaración de la conmoción interior. ¿Por qué? Porque solamente estos decretos pueden referirse a “materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria (sic) del estado de excepción”; y solamente estos decretos podrían, abusivamente, suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“Por lo anterior, el numeral 6º del artículo 214 dispone que “El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente a su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad”. Esas facultades son las que adquiere el gobierno en virtud de la declaración del estado de conmoción interior (inciso segundo del artículo 213).
“Téngase en cuenta que el numeral 7º del artículo 241 asigna a la Corte Constitucional la función de “Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución”. No se le atribuye el control sobre la declaración de los estados de excepción.
“Téngase en cuenta que la declaración no es más que eso: una declaración, que no va mas allá, y que, por lo mismo, no puede afectar ningún derecho fundamental. Dicho en términos sencillos, es apenas una puerta que se abre. Una vez abierta la puerta el gobierno puede trasponer el umbral y dictar decretos legislativos, o no hacerlo, según las circunstancias. Esos decretos legislativos sí pueden vulnerar los derechos fundamentales, o no tener relación directa y específica con la situación que determinó la declaración del estado de excepción. Por esto, están sujetos al control de la Corte Constitucional.
“Obsérvese, en este mismo orden de ideas que el numeral 5º del artículo 214 establece la responsabilidad del presidente y de sus ministros “cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior”; y establece, a renglón seguido, la responsabilidad por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. Es claro que si la declaración de conmoción o de guerra exterior, se hiciera por medio de un decreto legislativo, esta norma se referiría solamente a tales decretos y no a la declaración en sí.
“De todo lo cual se concluye que la declaración del estado de conmoción interior, lo mismo que la del estado de guerra exterior, no requiere decreto alguno: es solamente una declaración con la firma del presidente y de todos sus ministros. Tal declaración no está sujeta al control judicial de la Corte Constitucional, pero sí al control político que ejerce el Congreso de la República, como se verá.
“Tercera. El control político del Congreso de la República sobre la declaración del estado de conmoción interior.
“Según el inciso primero del artículo 114, “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”.
“En ejercicio de ese control político el Congreso analiza la declaración o la prórroga del estado de conmoción. Por ello, dispone el inciso cuarto del artículo 213 de la Constitución:
“Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria (sic) o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración”. Ese informe permite al Congreso, eventualmente, establecer la responsabilidad a que se refiere el numeral 5º del artículo 214 de la Constitución.
“Ya se ve por qué el examen de la Corte Constitucional sobre la declaración del estado de conmoción interior, no previsto por la Constitución y extraño a este proceso, podría originar conflictos. Porque ¿qué acontecería si la Corte Constitucional dijera que es ajustada a la Constitución la declaración del estado de conmoción interior, y el Congreso determinara, de conformidad con el numeral 5º del artículo 214, en concordancia con el inciso cuarto del 213, que no se habían dado las causas o las circunstancias correspondientes? ¿Y qué sucedería en caso contrario, cuando la Corte determinara que es inexequible la declaración y el Congreso dijera que sí estaban dadas las circunstancias para hacerla?
“Además, ¿qué sentido tiene el control político del Congreso cuando ya se ha hecho el control judicial por la Corte? ¿Cuál prevalece?
“Cuarta. El numeral 4º del artículo 189 de la Constitución impone al Presidente de la República la obligación de “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.
“El control judicial de la declaración de Conmoción Interior por la Corte Constitucional, hace que esta última comparta en la práctica la obligación que la Constitución impone solamente al Presidente de la República.
“Por eso, si el Congreso, en cualquier momento, quisiera, en ejercicio del control político, analizar cómo ha cumplido el presidente la obligación que le impone el numeral 4º del artículo 189, él podría eludir su responsabilidad con el argumento de que la Corte Constitucional, al determinar la inexequibilidad de la declaración del estado de conmoción Interior le ha impedido cumplirla.
“Quinta. Por todo lo expuesto, digo ahora, sin vacilaciones ni reservas, que la Corte Constitucional acertará si en el futuro modifica su jurisprudencia y decide que la declaración del estado de conmoción interior no es un decreto legislativo y que, por lo mismo, no está sujeta al control de la misma Corte, sino del Congreso, en ejercicio del control político que a éste compete.
“En estos términos rectifico la posición que asumí al votarse la Sentencia C-300 de julio 1º de 1994, que declaró inexequible el Decreto 874 del 1º de mayo de 1994, que había declarado el estado de conmoción interior.
“Sexta. Aclaro este voto así, porque creo, como es ostensible, que justificándose ahora la declaración, como se justificó la del 16 de agosto de 1995, la Corte no ha debido entrar en el análisis de fondo de la misma. Y ni siquiera en su análisis formal, pues no le está atribuida esa competencia. Y tal análisis correspondería al Congreso, en ejercicio del control político”.
En los términos anteriores, aclaro mi voto en la sentencia de la referencia.
Bogotá, marzo 12 de 1997.
Aclaración de voto a la sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997
Ref.: Expediente R.E. 087
Revisión constitucional del Decreto 80 del 22 de enero de 1997, “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.
Para evitar cualquiera ambigüedad nacida de la circunstancia de suscribir el salvamento de voto a la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, en compañía de dos distinguidos colegas que han sustentado la tesis de que la Corte es incompetente para ejercer el control de constitucionalidad, por el aspecto material, de los decretos declaratorios de los estados de excepción, reitero explícitamente que sigo convencido de que la renuncia al ejercicio de ese control, implica un significativo marchitamiento del Estado de derecho. Sólo que, en el caso específico, y por las razones que quedan consignadas en el salvamento, creo que concurrían las circunstancias exigidas por el artículo 215 de la Constitución.
Carlos Gaviria, magistrado
Decreto 80 del 13 de enero de 1997, “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.
En anteriores oportunidades el suscrito ha formulado aclaración de voto en relación con sentencias dictadas por la Corte Constitucional en ejercicio del control constitucional de los decretos declaratorios de los estados de excepción de que tratan los artículos 212, 213 y 215 de la Carta Política, en armonía con el artículo 241 numeral 7º ibídem, en las cuales la Corporación ha sostenido que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para los fines mencionados, son revisables por su contenido material y formal desde el punto de vista jurídico, para los efectos del examen de constitucionalidad de los mismos.
La anterior aclaración obedece a que inicialmente el suscrito magistrado, con ocasión de la revisión de constitucionalidad del Decreto 874 del 1º de mayo de 1994, “por el cual se declara el estado de conmoción interior”, en asocio con los magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, considero que la Corte Constitucional carecía de competencia para conocer del fondo sobre las razones que llevan al Gobierno Nacional a declarar un estado de excepción, así como el que lo levanta, por los motivos expresados en dichos eventos, y por tratarse en estos casos de decretos que tienen una categoría especial, dictados en ejercicio de atribuciones que le da la Constitución Política al Presidente de la República y al Gobierno Nacional.
Empero, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptada por la Sala Plena de la Corporación en decisión mayoritaria, ha resuelto lo contrario en pronunciamientos reiterados, en acatamiento a los mismos, los cuales no solamente constituyen doctrina constitucional y frente al respeto por el principio a la cosa juzgada constitucional, me permito de la misma manera, hacer dicha aclaración en esta oportunidad en relación con la sentencia de la referencia.
Aparte de lo anterior, debo señalar igualmente, que dentro del estudio material realizado por la Corte, comparto íntegramente los planteamientos esgrimidos por la Corporación, tanto en su parte motiva como en la resolutiva, con respecto a la providencia por medio de la cual se decretó la inexequibilidad del Decreto 80 del 13 de enero de 1997 “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.
Sentencia C-122/97
Revisión constitucional del Decreto 80 de enero 22 de 1997 “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.
Aparte del salvamento de voto a la sentencia de la referencia que suscribo conjuntamente con los H.H. Magistrados doctores Jorge Arango Mejía y Carlos Gaviria Díaz, comedidamente la adicionó con esta aclaración, para explicar la siguiente cuestión, a mi juicio muy importante.
Como una demostración de acatamiento a la jurisprudencia vigente en la Corte, en relación con el estudio de los decretos de declaración de los estados de excepción, quienes nos apartamos de ella, incluido el ponente doctor Jorge Arango Mejía, aceptamos no considerar en el debate de Sala Plena sobre la ponencia tal punto sobre la competencia, para analizar sin esta reserva todos los aspectos formales y materiales del decreto sobre la declaración de emergencia económica.
Sin embargo, ello no quiso ni quiere decir que, en lo que a mí corresponde, haya rectificado el concepto que sobre el tema expuse en el salvamento de voto sobre la Sentencia C-466 de octubre 18 de 1995, a cuyos términos me permito para ratificarlo, con mayor razón cuando la sentencia de ahora es una prueba significativa más, por si alguna faltara, de que la interpretación de la Corte no encaja dentro del auténtico pensamiento del constituyente, quien jamás pudo concebir asignarle poderes tan absolutos y generadores de graves conflictos de competencia a la Corte Constitucional, para colocarla por encima del Congreso de la República y del gobierno, con desconocimiento de sus atribuciones constitucionales privativas, hasta tal punto que se crea así una especie de autoridad suprainstitucional.
Por el contrario, la Corte, con necesidad de recurrir a valoraciones y decisiones que pertenecen a la órbita de competencia del gobierno, y del Congreso, bien puede cumplir estricta, plena e independientemente el control constitucional integral sobre los aspectos formales y materiales de los decretos legislativos, que se expidan mediante la declaratoria motivada de los estados de excepción, y entonces sí podrá la Corte calificar la conexidad directa y específica entre ellos y los motivos aducidos por el gobierno en el decreto para adoptar tal medida extraordinaria. Así se lo manda la Carta Política cuando le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos del artículo 241. Agrega tal norma que la Corte “con el fin cumplirá las siguientes funciones: 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución”. Y, en relación con el artículo 215 dice expresamente, lo que constituye otro avance de la Carta de 1991 sobre el ordenamiento constitucional de 1886, fuera de las demás garantías especiales del artículo 214 que “estos decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, ...deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”.
Ciertamente, la Corte es órgano cúpula en materia de interpretación constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, pero en los estrictos y precisos términos que ella señala, lo cual es una función esencial y eminentemente jurídica, que la debe preservar de hacer juicios técnicos en materia de economía e ingeniería y finanzas, ajenos a su propia naturaleza institucional. La falta de un lúcido y razonable “autocontrol”, y el abuso de las funciones propias, pueden generar, como lo anunciamos en el citado salvamento de 1995, reacciones que no son deseables ni benefician el desarrollo de las instituciones constitucionales.
Tal situación desequilibra, además, ese delicado y complejo mecanismo de frenos y contrapesos que constituye la separación de poderes, columna vertebral del régimen liberal y democrático, propio del estado social de derecho.
Es, sin duda, una exageración sin fundamento y sin conocimiento de causa, la que pretende que la interpretación que hemos acogido, y que durante tanto tiempo consagró la H. Corte Suprema de Justicia cuando ejerció el control constitucional, disminuye o debilita la autoridad de la Corte. Creemos, por el contrario, que ella se conserva incólume, así como la preciosa función de jurisdicción constitucional que le corresponde legítima y plenamente, según los términos y condiciones que reiteramos en esta aclaración.

References: artículo 241
 artículo 4
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 213
 artículo 241
 artículo 214
 artículo 114
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 215
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 215
 artículo 214