Source: https://es.scribd.com/doc/53261586/ley-34-2002-espana
Timestamp: 2016-10-28 09:07:31+00:00

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13758 LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios
II Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de «servicios de la sociedad de la información», que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico. Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. Por «establecimiento» se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios de la sociedad de la información a través de un «establecimiento permanente» situado en España. En este último caso, la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde España. El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE. Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podrá
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley. Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad de la información» viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio. Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto generales como especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha regulación.
la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica. de 31 de julio. como las
relativas a la validez y eficacia de los contratos electrónicos o al momento de prestación del consentimiento. IV Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica. se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse mediante códigos de conducta. por otra parte. del Parlamento Europeo y del Consejo. la Ley establece que éstas deban identificarse como tales. lo establecido en la Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE. el contrato. éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando. en su caso. dicho prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad. se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos. del Parlamento Europeo y del Consejo. su establecimiento físico y su «establecimiento» o localización en la red. respetando. sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido. también válida para otros tipos de contratos celebrados a distancia. establezca la normativa específica sobre arbitraje. asimismo. el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos. La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley. modificada por la Directiva 98/48/CE. serán de aplicación aun cuando ninguna de las partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la información. adoptando una solución única. guiarles durante el proceso de contratación. compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002. además de lo dispuesto en esta Ley. la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener información práctica sobre distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley. como indica la Directiva 2000/31/CE. según los bienes jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables. se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. declarar que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes. Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de los contratos electrónicos. Finalmente. las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión. Por su sencillez. sino de tipo civil o penal. Asimismo. Cuando la contratación se efectúe con consumidores. sobre la utilización de dichos medios. en
. que proporciona su dirección de Internet. sea fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración pública. en la Ley. deberá tenerse en cuenta. asimismo. además. y en el Real Decreto 1337/1999.
CAPÍTULO I Objeto Artículo 1.BOE núm. para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la información. copia. Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contratación electrónica. la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet. su afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios. con el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador. Objeto. en su caso. para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. III Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al prestador de servicios en el registro público en que. y confirmar la aceptación realizada una vez recibida. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica. imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta. Se favorece. y se incumplan las disposiciones de la normativa española que. alojamiento y localización de datos en la red. se establece un régimen sancionador proporcionado pero eficaz. indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos. el prestador de servicios deberá. de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE. Destaca. de 22 de junio. en su caso. 166
restringirse la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las materias excluidas del principio de país de origen. al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de la Ley a las características específicas de cada sector. al afirmar la Ley. Para el ejercicio de esta acción. salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento. La Ley establece. La Ley prevé. y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de comunicación electrónica equivalente. además. y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de «forma escrita» que figura en diversas leyes. 1. las normas que. Con esta finalidad. Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas no son sólo de orden administrativo. que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de Comercio. y muy especialmente a la información suministrada por las Administraciones públicas. que la Ley concreta en su artículo 3. rapidez y comodidad para los usuarios. La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso de consulta pública y ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE. En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales. la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar. resulte aplicable a las mismas. lo que requerirá el establecimiento de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y la homogeneidad y coherencia de la información suministrada a los usuarios. en su caso. En general. de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro Derecho. de 20 de julio.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español. En todo caso. Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios de la sociedad de la información: a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.1 y 8. 2. incluida la salvaguarda de la defensa nacional. b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva. c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios. 1. además. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que. 2. de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1. con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización. Artículo 5. Artículo 4. 2. transmisión. la protección de datos personales y la normativa reguladora de defensa de la competencia.1.
. con la excepción de lo establecido en el artículo 7. b) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio. las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. no servirá como criterio para determinar. Asimismo. En otro caso. en función de la actividad que desarrollen. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7. esta Ley se aplicará a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten a las materias siguientes: a) Derechos de propiedad intelectual o industrial. siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables. 1. esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España. de instalaciones o lugares de trabajo. no fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del servicio. sin perjuicio de lo establecido en su legislación específica estatal o autonómica. los intereses del consumidor. Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español quedarán sujetos. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico español que les sean de aplicación. 4. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado. el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información.2 y 8. serán aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. f) Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas. A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7. se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. por sí solo. 3. d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores. 1. o que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública. 3. Las disposiciones de la presente Ley.25390
BOE núm. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. el establecimiento en España del prestador. A los efectos previstos en este artículo. Artículo 3. e) Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato. a las obligaciones previstas en esta Ley. Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen las materias señaladas en dicho apartado. siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. modificación y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales de validez y eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español. de forma continuada o habitual. la constitución. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos. CAPÍTULO II Ámbito de aplicación Artículo 2. 166
lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones. Prestadores de servicios establecidos en España. 2. la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos. para la prestación o el acceso al servicio. se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. 4. en los que realice toda o parte de su actividad. La utilización de medios tecnológicos situados en España. las comunicaciones comerciales por vía electrónica.
al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo en el plazo de quince días desde su adopción. que tomen las medidas necesarias para impedir dicho acceso. sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado. así como todo acto de sustitución o cancelación de los mismos. CAPÍTULO II Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información SECCIÓN 1. discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. salvo que dicha información conste ya en el correspondiente registro. Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a través del órgano de la Administración General del Estado competente para la comunicación y transmisión de información a las Comunidades Europeas. Artículo 7. podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España. Artículo 8. en su caso. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación. podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. a la protección de los datos personales. cuando se establezcan restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España. a la Comisión Europea o. o a aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad. las garantías. 2. normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar. y d) La protección de la juventud y de la infancia. Las medidas de restricción a que hace referencia este artículo serán objetivas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes. religión. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de datos procedentes de un prestador establecido en otro Estado. Fuera del ámbito de los procesos judiciales. el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos. con carácter previo. en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas. la investigación penal. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: a) La salvaguarda del orden público. la seguridad pública y la defensa nacional. al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de adoptar. a la libertad de expresión o a la libertad de información. Principio de libre prestación de servicios. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 cuando los datos que deban retirarse o el servicio que deba interrumpirse procedan de un prestador establecido en España.BOE núm. c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza. notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o. utilicen para su identificación en Internet. en todo caso. 1. incluso cuando actúen como inversores. los órganos competentes para su protección. Asimismo. las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos. se seguirá el siguiente procedimiento: a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas.a OBLIGACIONES Artículo 9. b) En los supuestos de urgencia. Los nombres de dominio y su sustitución o cancelación se harán constar en cada registro. 4. deberá indicar la causa de dicha urgencia. En todos los casos en que la Constitución. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación. 1. 1. y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten. 2. sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. al menos. en su caso. cuando éstos pudieran resultar afectados. nacionalidad. proporcionadas y no discriminatorias. Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios. excepto en los supuestos previstos en los artículos 3 y 8. de conformidad con sus normas reguladoras. 3. en su caso. La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa. un nombre de dominio o dirección de Internet que. directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología. opinión. sexo. conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda. el órgano competente podrá adoptar las medidas oportunas. Constancia registral del nombre de dominio.
2. En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán. La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios.
CAPÍTULO I Principio de libre prestación de servicios Artículo 6. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos. Restricciones a la prestación de servicios. dicho órgano notificará. No sujeción a autorización previa. b) La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios.
Artículo 12. el plazo durante el que deberán retenerse en cada supuesto dentro del máximo previsto en este artículo. 4. Artículo 10.25392
BOE núm. sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. en su caso. proporcionadas y no discriminatorias. y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación. cuando éstos pudieran resultar afectados. Artículo 11. 4.o Los datos del Colegio profesional al que.o Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer. 2. en su defecto. su residencia o domicilio o. 1. directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología. incluidos los electrónicos. 166
Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se comunicarán inmediatamente al Registro Mercantil Central para su inclusión entre los datos que son objeto de publicidad informativa por dicho Registro. sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet. el acceso a las redes de tele-
comunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación que realizaran. poniéndose a disposición de los Jueces o Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran. que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España. La comunicación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.o El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y. 1. los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior. acceder por medios electrónicos. esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente. Cuando un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado. la correspondiente homologación o reconocimiento. deberán conservar los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información. en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. pertenezca y número de colegiado. Reglamentariamente. el alojamiento de datos. a la protección de los datos personales. normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar. las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos. las garantías. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente. que suspendan la transmisión. En todos los casos en que la Constitución. podrá ordenar a dichos prestadores. los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión. tratarse y custodiarse y la forma en que. a la libertad de expresión o a la libertad de información. Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas. se respetarán. tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes. Los datos que. en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas. 3. a la siguiente información: a) Su nombre o denominación social. Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo aquéllos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. 3. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación. su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva. de forma permanente. la obligación de retención de datos afectará al secreto de las comunicaciones. 2. Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los prestadores de servicios a que se refiere este artículo no podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos por la Ley. se determinarán las categorías de datos que deberán conservarse según el tipo de servicio prestado. b) Los datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 9. en los términos establecidos en este artículo y en su normativa de desarrollo. Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda. la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España. y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten. en su caso. en todo caso. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1. en su caso. indicando si incluye o no los impuestos aplicables y. d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar: 1. Información general. 2. La obligación de comunicación a que se refiere el apartado 1 deberá cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención. en su caso. En ningún caso. f) Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio. g) Los códigos de conducta a los que. las condiciones en que deberán almacenarse. 3. fácil.o El título académico oficial o profesional con el que cuente. y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los mismos. 1. e) El número de identificación fiscal que le corresponda. 2. el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan. en
. c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa. sobre los gastos de envío. directa y gratuita. 3.
2. 1. si: a) No modifican la información. o b) Si lo tienen. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario. autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. 2.o Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella. con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten. Artículo 15. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección.a RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Artículo 13. actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. provisional y transitorio de los datos. o b) Si lo tienen. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios. No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos. o se hubiera declarado la existencia de la lesión. en cuanto tengan conocimiento efectivo de: 1. transcurrido el plazo de retención que proceda. los almacenen en sus sistemas de forma automática. Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información. no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos. se estará a lo establecido en los artículos siguientes. y el prestador conociera la correspondiente resolución. b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin.o Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. o 3. 166
su caso. por el destinatario cuya información se solicita. ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. Artículo 14. siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. 2. modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos. autoridad o control de su prestador. Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida. Artículo 17. 1.BOE núm. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos. deberán entregarse a los órganos autorizados para su solicitud y destruirse. SECCIÓN 2. ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información. 1. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación. 2. que tiene lugar durante su transmisión. y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella. d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil. provisional y temporal.o Que se ha imposibilitado el acceso a ella. sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello. actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.
. sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión. penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico. 2. siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. y el prestador conociera la correspondiente resolución. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático. salvo que fueran necesarios para estos u otros fines previstos en la Ley. o se hubiera declarado la existencia de la lesión. 1. sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante el proceso de contratación o de suscripción a algún servicio y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de comunicaciones comerciales. en especial. a través de la coordinación y el asesoramiento. En todo caso. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas. pudiendo elaborarse. Códigos de conducta. deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones. de participación se expresen de forma clara e inequívoca. en especial. 4. de 13 de diciembre. 166
CAPÍTULO III Códigos de conducta Artículo 18. 3. 1. En los supuestos de ofertas promocionales. además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio. en particular. 1. por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos. como las que incluyan descuentos. que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y. 2. y su normativa de desarrollo. en caso necesario. la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales. asociaciones u organizaciones comerciales. además de por la presente Ley.
. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. Los poderes públicos estimularán. cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra «publicidad». En la elaboración de dichos códigos. y de concursos o juegos promocionales. 2. en especial. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico.
2. los códigos de conducta tendrán especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana. 1. en particular. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. premios y regalos. cuando afecten a sus respectivos intereses. sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas. por parte de las corporaciones. Artículo 21. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título.
Artículo 23. en las materias reguladas en esta Ley. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán. Los códigos de conducta podrán tratar. deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos. los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. en lo que se refiere a la obtención de datos personales. Artículo 20. Cuando su contenido pueda afectarles. en su caso. ofertas promocionales y concursos. Artículo 22. antes de finalizar el procedimiento de contratación. previa la correspondiente autorización. así como sobre los procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información. Derechos de los destinatarios de comunicaciones comerciales. las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. de Protección de Datos de Carácter Personal. profesionales y de consumidores. A tal efecto. Las Administraciones públicas impulsarán. la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional. 2. La Administración General del Estado fomentará. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publicidad.
Artículo 19. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito. el establecimiento de criterios comunes acordados por la industria para la clasificación y etiquetado de contenidos y la adhesión de los prestadores a los mismos. será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999. Se fomentará su traducción a otras lenguas oficiales en la Comunidad Europea. la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios. 1. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales. 1. códigos específicos sobre estas materias. 2. se deberá asegurar. 3. Régimen jurídico. con objeto de darles mayor difusión. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones. este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.25394
BOE núm. Asimismo.
1. deba sujetarse el contrato. será inferior a cinco años. en su defecto. y antes de iniciar el procedimiento de contratación. cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que. o b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo
de comunicación electrónica equivalente. Artículo 29. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública. b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible. poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación. 2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello. de la aceptación recibida. se regirán por su legislación específica. Artículo 25. 2. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario. 1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. y d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 3. o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales. sobre los siguientes extremos: a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública. o b) La confirmación. 4. En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo. el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que. Artículo 24. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación. Artículo 27. 1. las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o. cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación. durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio. 2.BOE núm.
. notarios. Ley aplicable. en su caso. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales. c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica. 1. debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando: a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor. a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico y. 166
Los contratos. en su caso. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento. 3. o b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente. Información posterior a la celebración del contrato. Lugar de celebración del contrato. registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas. Artículo 28. en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación. el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación. se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones. siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario. En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios. Artículo 26. 2. el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara. Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando: a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente. en defecto de pacto entre las partes. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios: a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado. Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español. de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario. se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico. Intervención de terceros de confianza. en ningún caso. comprensible e inequívoca. En todo caso.
la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción. Artículo 31. Artículo 35. laudos y decisiones a que se refiere este artículo. 166
CAPÍTULO I Acción de cesación Artículo 30. General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. d) El Ministerio Fiscal. de Economía y de Sanidad y Consumo.
. b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos. 3. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios. 2. Información a los destinatarios y prestadores de servicios. El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea y facilitará el acceso de cualquier interesado a la información recibida de conformidad con este artículo. asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles información adicional o asistencia práctica. podrá hacerse uso de medios electrónicos. en la forma y con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio entre ambos órganos. sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.25396
BOE núm. Comunicación de resoluciones relevantes. las referencias a los órganos competentes contenidas en los artículos 8. 1. obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos. 11. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32. y c) Obtener los datos de las autoridades. Asimismo. 15. 17 y 38 se entenderán hechas a los órganos jurisdiccionales o administrativos que. Solución extrajudicial de conflictos. En la comunicación de las resoluciones. 1. lo sean en función de la materia. 10. en cada caso. 1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia. de 19 de julio. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. y a los órganos que determinen las respectivas Comunidades Autónomas y Entidades Locales. c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984. en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la información. en los términos que establezca su normativa específica. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control. en su caso. Están legitimados para interponer la acción de cesación: a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte. para: a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica.
Artículo 33. 4. 16. si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inminente. Legitimación activa. y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación. Supervisión y control. en los casos y condiciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. Artículo 34. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones. sobre su utilización como prueba en juicio. se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas identificadas en ellos. b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados. todas las resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. 2.1 comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para la prestación de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior. Acción de cesación. 2. Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán dirigirse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología. 1. No obstante. CAPÍTULO II Solución extrajudicial de conflictos Artículo 32. e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de los consumidores. 2. en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. de Justicia. f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habilitadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». o. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado anterior. o sobre los derechos.
Artículo 36. en virtud de lo dispuesto en el artículo 11. en dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de actuación de la citada Administración pública o en la
. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente Ley les sea de aplicación. b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a destinatarios que no hayan autorizado o solicitado expresamente su remisión. cuando éste no hubiera solicitado o autorizado su remisión. salvo que constituya infracción grave.BOE núm. en su caso. por razón de la materia o del tipo de entidad de que se trate. para fines distintos de los señalados en él. Son infracciones graves: a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10. f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los términos establecidos en el artículo 28.
Artículo 37. b) Por la comisión de infracciones graves. 2. inspección o tutela específica ejercerán las funciones que les correspondan. d). d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación. Son infracciones leves: a) La falta de comunicación al registro público en que estén inscritos. como consecuencia de una actuación inspectora. se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y sanción.000 euros.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b). multa de hasta 30. estatales o autonómicas. los órganos a los que la legislación sectorial atribuya competencias de control. Cuando. se impondrán las siguientes sanciones: a) Por la comisión de infracciones muy graves. en su caso. reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 4. a la sanción de prohibición de actuación en España.001 hasta 600. cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. cuando un órgano administrativo competente lo ordene. La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves. en su caso. en el plazo de un año. c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales. cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la información estuvieran sujetas. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación. deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control de que se trate.5 de la Ley 29/1998. el alojamiento de datos. en función de sus circunstancias.000 euros. a costa del sancionado. b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión. d) La utilización de los datos retenidos. y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior. 1. Infracciones. Artículo 39. o el envío. Responsables. cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor. c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones. c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que. Artículo 38. Sanciones. 166
Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos. lo dispuesto en el artículo 8. d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no hayan solicitado o autorizado expresamente su remisión.000 euros. c). a ámbitos competenciales. 2. cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. e) y g) del mismo. supervisión. en la forma prevista en el artículo 27. 1. de tutela o de supervisión específicos. Deber de colaboración.1. de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario. e) La resistencia. el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación. siendo de aplicación.1. b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10. Son infracciones muy graves: a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido dictadas por un órgano administrativo. se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes. de la resolución sancionadora en el «Boletín Oficial del Estado». 2. de acuerdo con lo establecido en el artículo 9. en cumplimiento del artículo 12. graves y leves. con independencia de que se lleven a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos. prevista en el artículo 12. hubiera impuesto la sanción. En todo caso. Igualmente. podrá dar lugar. ofertas promocionales y concursos. 1. excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley. o en el diario oficial de la Administración pública que. multa de 30. del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la prestación de servicios de la sociedad de la información. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves. multa de 150. cuando no constituya infracción grave. se sujete el contrato. c) Por la comisión de infracciones leves. 3. de 13 de julio. e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27. durante un plazo máximo de dos años.
3. sancionadas con carácter firme.001 hasta 150.
soportes y archivos informáticos y de documentos en general. Concurrencia de infracciones y sanciones. c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate. d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. Graduación de la cuantía de las sanciones. Artículo 44. c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza. e) Los beneficios obtenidos por la infracción. 1. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior. las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. se considerará la repercusión social de la infracción cometida. así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo. y en sus normas de desarrollo. en su caso. Artículo 41. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 42. el número de usuarios o de contratos afectados. el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de infracciones muy graves. así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas. No obstante lo anterior. una vez que aquélla tenga carácter firme. 3. 2. que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. podrán acordarse las siguientes: a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y. 4. cuando así haya sido declarado por resolución firme. Para la imposición de esta sanción. En particular. el buen fin del procedimiento. un año en el de infracciones graves y seis meses en el de infracciones leves. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. Competencia sancionadora.2 de esta Ley corresponderá al órgano que dictó la resolución incumplida. y sus normas de desarrollo. en los casos en que se aprecie identidad de sujeto. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá. Artículo 40. en el caso de infracciones muy graves. 1. cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible. hecho y fundamento. La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios: a) La existencia de intencionalidad. dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. las garantías. el procedimiento quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. En todo caso. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992. en todo caso. en su caso. 166
página de inicio del sitio de Internet del prestador. las medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida. al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. y la gravedad del ilícito. Medidas de carácter provisional. b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. Reanudado el expediente. 2. cierre provisional de sus establecimientos. a la libertad de expresión o a la libertad de información. En todos los casos en que la Constitución. y en el de infracciones graves y leves. con arreglo a la Ley 30/1992. El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6. la imposición de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 38. la resolución que se dicte deberá respetar los hechos declarados probados en la resolución judicial. En todo caso. 3. se respetarán. b) Precinto. depósito o incautación de registros. modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Las medidas deberán ser confirmadas. normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar. de 26 de noviembre. 1.25398
BOE núm. al Ministro de Ciencia y Tecnología. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley cuando haya recaído sanción penal. evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. cuando éstos pudieran resultar afectados.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados. 2. Artículo 43. de 26 de noviembre. se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar. Multa coercitiva. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la tramitación y resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos competentes en cada caso cuando la conducta infractora
. No obstante. a la protección de los datos personales. las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o
las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos.
podrán dirimir los conflictos planteados por los consumidores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 636/1993. en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet. Artículo 45. a través de medios telemáticos. contribuyendo. a la que corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el «.» Disposición adicional quinta. habiéndosela remitido el aceptante. La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras de ámbito territorial inferior. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. de 24 de abril. El contrato.es». Se modifica el artículo 1. Uno. en tal caso. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Asimismo.es». General de Telecomunicaciones. 166
se hubiera cometido utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley.es». se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y «software». los términos definidos en el anexo tendrán el significado que allí se les asigna.es es la autoridad de asignación. en tal caso. Prescripción. Disposición adicional segunda. de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998. que queda redactado de la siguiente manera: «El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. La asignación de nombres de dominio de Internet bajo el «. Disposición adicional tercera. Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó. El contrato. los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España «. en las demás normas específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y. habiéndosela remitido el aceptante. Disposición adicional primera. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Sistema Arbitral de Consumo. siempre que no haya identidad del bien jurídico protegido. Cuando. A los efectos de la presente Ley. que faciliten la identificación de los contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el «. de 7 de diciembre. que regula el Sistema Arbitral de Consumo. hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que.es» deberán garantizar un equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídica precisas para el desarrollo del comercio electrónico y de otros servicios y actividades por vía electrónica. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada. para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta Ley cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien jurídico protegido. Podrán crearse espacios diferenciados bajo el «. 3. como consecuencia de una actuación sancionadora.es». Esta disposición regula. de Marcas. en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio. Significado de los términos empleados por esta Ley. no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. las graves a los dos años y las leves a los seis meses.262 del Código Civil. Disposición adicional cuarta. se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y sanción. Estos
. Dos. de 3 de mayo. de esta manera. en la medida en que sean compatibles con ellos. La entidad pública empresarial Red. no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo. Dos. Tres. Se modifica el artículo 54 del Código de Comercio. antes del 31 de diciembre de 2005. se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes. autorizadas para ello por el Instituto Nacional del Consumo. Disposición adicional sexta.es».es» se realizará de conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición.BOE núm. con las prácticas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años. podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. que queda redactado de la siguiente manera: «Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó. se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Entre otros. La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados con los medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legislación específica. Uno. las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años. Igualmente. mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo.»
Dos. hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que. Medicamentos y productos sanitarios. el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo el «. al desarrollo de la sociedad de la información en España. Uno. las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. podrán crearse indicativos relacionados con la educación. y la flexibilidad y agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres de dominio bajo el «.
el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y. 166
nombres de dominio de tercer nivel se asignarán en los términos que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet. de 24 de abril.es. salvo en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos de asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio. así como a su mantenimiento en el tiempo. ya vinieran utilizando uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet deberán solicitar la anotación de. en el plazo de un año desde la referida entrada en vigor. el Plan incluirá las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de error o confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de nombres de dominio. de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000. Los prestadores de servicios que. A estos efectos. así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial. se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones. en los términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet. A estos efectos. En los términos que permitan las disposiciones aplicables.es» deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el «. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará mediante Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología.es. la entidad pública empresarial Red. un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos.es podrá prestar el servicio de notificaciones administrativas telemáticas y acreditar de forma fehaciente la fecha y hora de su recepción. Seis. General de
. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 11/1998. Cinco. previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que deberá garantizar la audiencia de los interesados. Anotación en los correspondientes registros públicos de los nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley. los cuales garantizarán. de Medidas fiscales. la entidad pública empresarial Red. de 24 de abril. General de Telecomunicaciones.
Siete. sin que pueda otorgarse. Cuatro. se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar. en general. corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio. La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su utilización. El Plan se completará con los procedimientos para la asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de Internet que establezca el Presidente de la entidad pública empresarial Red. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz. de 24 de abril. uno de ellos en el registro público en que figuraran inscritos a efectos constitutivos o de publicidad. la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio. siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio. con carácter general. En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio. todas las personas o entidades. General de Telecomunicaciones. incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.es». a propuesta de la entidad pública empresarial Red. Los nombres de dominio bajo el «. tendrá carácter gratuito para la entidad. que queda redactada en los siguientes términos: «a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el «. Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998. que tengan intereses o mantengan vínculos con España.es». Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998. Ocho. el cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan. el respeto al principio de libre competencia entre dichos agentes. Disposición transitoria única.25400
BOE núm. de 29 de diciembre. en todo caso. en todo caso. fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. con o sin personalidad jurídica. para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el «. La verificación por parte de la autoridad de asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de dominio. Sus titulares deberán facilitar el acceso y consulta a dichos registros públicos. de 24 de abril. sin perjuicio de lo que se prevea en aplicación del apartado ocho de esta disposición adicional. al menos. de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine la autoridad de asignación. Los agentes registradores. en los términos previstos en esta Ley. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Administración electrónica. como intermediarios en los procedimientos relacionados con el registro de nombres de dominio. a la entrada en vigor de esta Ley. siempre que así se ordene en la correspondiente resolución judicial. La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las leyes. administrativas y del orden social. podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y renovación de éstos. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998.es establecerá la necesaria coordinación con los registros públicos españoles. Asimismo.» Disposición final segunda. Nueve. La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios telemáticos que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro. Disposición final primera. que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas. que.es» se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello. General de Telecomunicaciones. Este sistema. La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán por vía electrónica.
c) Cuantía. el excedente en el Tesoro Público. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos de la entidad pública empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento para su liquidación y pago. b) Sujetos pasivos. Se añade a la Ley 11/1998. se consideran elementos y criterios de cuantificación del importe exigible por asignación anual inicial de los nombres de dominio o direcciones de Internet el número asignado. c) y d) del apartado 4 de esta disposición. que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998. en la fecha de aprobación del plan. a los conectados mediante Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC).BOE núm. plazos y formas de pago de la tasa se aprobarán mediante resolución de la entidad pública empresarial Red. un plan de actuación detallado para garantizar que las conexiones a la red telefónica pública fija posibiliten a sus abonados el acceso funcional a Internet y. tomando en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet. A los efectos previstos en el párrafo anterior. previa solicitud a partir de la aprobación del plan. en su caso. la cuantía por asignación anual inicial podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado. Criterios para el desarrollo del plan de actualización tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.» Disposición final tercera. Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la asignación o renovación de los nombres y direcciones de Internet. En los supuestos en que se siga este procedimiento de licitación. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número e identidad de los elementos y criterios de cuantificación con base en los cuales se determinan las cuotas exigibles. una nueva disposición transitoria duodécima. así como el nivel en que se produzca la asignación y. el coste del mantenimiento de la asignación y de las actividades de comprobación y de actualización de datos. para su aprobación en el plazo de un mes. La cuantía de la tasa será única por cada nombre o dirección cuya asignación o renovación se solicite. Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia. no tienen la posibilidad
. a la admisión de la solicitud de asignación o de renovación de los nombres o direcciones de Internet. el operador designado para la prestación del servicio universal presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología.es). Los modelos de declaración. Igualmente. se procederá a aprobar el correspondiente pliego de bases que establecerá. el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá. en los términos que se establezcan reglamentariamente.es. de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con cobertura. a propuesta de esta última. en particular. El desarrollo del plan estará sujeto a las siguientes condiciones: a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado para garantizar el derecho de los usuarios a disponer. a) Hecho imponible. mediante Orden ministerial. se atenderá al número de nombres o direcciones de Internet asignados y a la actuación a través de agentes registradores para concretar la cuantía de la tasa. El hecho imponible de la tasa por asignación de nombres de dominio y direcciones de Internet estará constituido por la realización por la entidad pública empresarial Red. que quedará redactado como sigue: «10. A continuación. b) La implantación en la red de acceso de las soluciones tecnológicas a las que se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público que. los requisitos. En el plazo máximo de cinco meses a partir de la entrada en vigor de esta disposición. En ningún caso se procederá a la asignación o a la renovación del nombre o dirección sin que se haya efectuado previamente el pago de la tasa.es de las actividades necesarias para la asignación y renovación de nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el código de país correspondiente a España (. ingresándose. previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. el coste de las actividades de comprobación y verificación de las solicitudes de asignación. El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de los elementos y criterios de cuantificación a que se refieren los párrafos anteriores podrá efectuarse mediante Orden ministerial. General de Telecomunicaciones. de 24 de abril. condiciones y régimen aplicable a la licitación. e) Exacción y gestión recaudatoria. a la autoridad competente para el Registro de Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones que considere afectados por su especial valor económico. General de Telecomunicaciones. con base en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones. aquél constituirá el importe de la tasa. en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet y en los términos que en el mismo se fijen. con carácter previo a su convocatoria. en el caso de renovación anual en los años sucesivos. Tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y direcciones de Internet. de 24 de abril. con la siguiente redacción: «Disposición transitoria duodécima. La exacción de la tasa se producirá a partir de la atribución de su gestión a la entidad pública empresarial Red. de acuerdo con la proporción y cuantía que se determine mediante resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado.es por las actividades realizadas en el cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a). 166
Telecomunicaciones. b). Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve necesariamente su sustitución. La tasa se devengará en la fecha en que se proceda.
5. Por tanto. por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5. como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red. contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta disposición. Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149. y 21.o La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. de 17 de diciembre.» Disposición final quinta.o El envío de comunicaciones comerciales. en general. y que incluyan.o El suministro de información por vía telemática. y. Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998. En todo caso. el Gobierno aprobará un distintivo que permita identificar a los prestadores de servicios que respeten códigos de conducta adoptados con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios. 166
de acceso funcional a Internet. que guarden y hagan guardar esta Ley. Son servicios de la sociedad de la información. d) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea necesario. c) En el plan de actuación deberá priorizarse el despliegue al que se refiere el párrafo b) con arreglo al criterio de mayor densidad de abonados afectados. 4. No obstante.o El vídeo bajo demanda. de acuerdo con el siguiente calendario: 1. sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la necesidad de facilitar la utilización real de los contratos electrónicos. Adecuación de la regulación reglamentaria sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley.o Al menos al 30 por 100 antes del 30 de junio de 2003. En dicha modificación. El Gobierno. Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición final octava. a lo dispuesto en el artículo 37. al 50 por 100 de los citados abonados en cada una de las Comunidades Autónomas antes del 31 de diciembre de 2003. JUAN CARLOS R. segunda. el operador designado para la prestación del servicio universal podrá concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público radioeléctrico. que queda redactado de la siguiente forma: «Igualmente.a de la Constitución.» Disposición final cuarta.
.o El 100 por 100 antes del 31 de diciembre de 2004.o La gestión de compras en la red por grupos de personas. que podrá establecer las condiciones de salvaguarda del interés público que estime necesarias. se entenderá por: a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»: todo servicio prestado normalmente a título oneroso. conforme al mandato recogido en el artículo 9.a). No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las caracte-
Disposición final séptima. modificará el Real Decreto 1906/1999. General de Telecomunicaciones.a. 2.1 de la Directiva 2000/31/CE. de 24 de abril. en los términos que reglamentariamente se establezcan. de 24 de abril.1. 2. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios. en especial. en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.25402
BOE núm. Disposición final sexta. 3. JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
ANEXO Definiciones A los efectos de esta Ley. 11 de julio de 2002. por vía electrónica y a petición individual del destinatario. entre otros y siempre que representen una actividad económica. la distribución de contenidos previa petición individual. General de Telecomunicaciones. esta implantación alcanzará. para adaptar su contenido a lo dispuesto en esta Ley. Entrada en vigor. particulares y autoridades. 3. las disposiciones adicional sexta y finales primera. 8. Disposición final novena. en el plazo de un año. Habilitación al Gobierno. sobre condiciones generales de la contratación. en lo relativo a la velocidad de transmisión de datos. Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley. la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos que respeten los principios establecidos en la normativa comunitaria sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores. al menos. quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella y. tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción. tercera y cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 6. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen determinadas garantías. los siguientes: 1.o Al menos al 70 por 100 antes del 31 de diciembre de 2003.3 de la Ley 7/1998.
El Presidente del Gobierno. a distancia. Mando a todos los españoles. de 13 de abril.o La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales. entre otros contenidos.6. Madrid. Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998. Fundamento constitucional.1.
g) «Profesión regulada»: toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la obtención de un título. reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. fax o télex. por Orden de 26 de noviembre de 2001. ya vengan exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica. así como también ha creado un Registro Telemático para la presentación de escritos y solicitudes.
El artículo 45 de la Ley 30/1992. c) «Prestador de servicios» o «prestador»: persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. artesanal o profesional. prevé el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos. No quedan incluidos en este ámbito las condiciones relativas a las mercancías y bienes tangibles. la iniciativa del Gobierno INFO XXI. de 26 de noviembre. de 16 de febrero. los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos del Departamento y organismos públicos adscritos. seguridad y contenido del servicio. en particular. los siguientes: 1. de Medidas Fiscales. e) «Consumidor»: persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984. General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. de 9 de julio. informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.o Posterior ejercicio de dicha actividad. contemplados en el artículo 3. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.o Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta). la expedición de copias de documentos y la devolución de originales y el régimen y funcionamiento de las oficinas de Registro. como los requisitos referentes a la actuación del prestador de servicios. o por las leyes generales que les sean de aplicación. d) «Destinatario del servicio» o «destinatario»: persona física o jurídica que utiliza. o los que afectan a la publicidad y a la contratación por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador de servicios. los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica. y que se refieran a los siguientes aspectos: 1.o Los servicios de radiodifusión sonora. 2. de 19 de julio. b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. de las Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes.a) de la Ley 25/1994.o Los servicios prestados por medio de telefonía vocal. las autorizaciones administrativas o colegiales precisas. industrial. Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet. por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE. acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet. Tal previsión ha sido desarrollada por los Reales Decretos 263/1996. que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas. de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa. y 5. no tendrán la consideración de comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona. la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones. de 7 de mayo. es la modificación operada en la Ley 30/1992. A efectos de esta Ley. ni las comunicaciones relativas a los bienes.BOE núm. aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda. Finalmente. organización o persona que realice una actividad comercial. de 12 de julio. ya sea de la Administración General del Estado. j) «Órgano competente»: todo órgano jurisdiccional o administrativo. h) «Contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato electrónico»: todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos. informáticos y telemáticos por las Administraciones públicas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus funciones. 166
rísticas señaladas en el primer párrafo de este apartado y. de 3 de octubre. conectados a una red de telecomunicaciones. aprobada en el Consejo de Ministros del día 23 de diciembre de 1999. sea o no por motivos profesionales. Prueba del interés por dotar a las Administraciones públicas de un nuevo instrumento de relación con los ciudadanos.o El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan. como las titulaciones profesionales o cualificaciones requeridas. directa o indirecta. por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas. f) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a la promoción. la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios. o cualquier otra que la sustituya. el Ministerio de Economía ha desarrollado. tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico. los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o privado. Administrativas y del Orden Social. en lo referente a la creación de registros telemáticos y a las notificaciones efectuadas por esa misma vía. de 27 de diciembre. el alojamiento en los propios servidores de datos. como corolario de todo lo anterior. a su entrega ni a los servicios no prestados por medios electrónicos. la publicidad
registral. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales.
. y 772/1999.o El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
13759 ORDEN ECO/1758/2002. En este contexto. en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. y 2. 4.o Comienzo de la actividad. del Consejo. por
la que se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos en materia de personal. empresa u organización. escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado. ha supuesto un decidido impulso al desarrollo de la sociedad de la información al promover el uso de las nuevas tecnologías por las Administraciones públicas tanto en sus relaciones internas como en su vertiente externa de relación con los ciudadanos. por el que se regula la presentación de solicitudes. por la Ley 24/2001. a la calidad. de las Administraciones Autonómicas. 3. i) «Ámbito normativo coordinado»: todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. un servicio de la sociedad de la información.
ley 34 2002 españa por Silvio Muñoz1 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
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