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Timestamp: 2019-10-16 18:09:56+00:00

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STS 860/2013, 26 de Noviembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 481797542
Número de Recurso: 219/2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. TENTATIVA. La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de ofensividad. Pues todo indica que el texto legal parte de la premisa de que cuantos más actos ejecutivos se hayan realizado, más cerca se ha estado de la consumación del delito y, en consecuencia, el peligro de lesión es mayor y la lesividad de la conducta también. Se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.
En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Berta , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, Sección Segunda, que condenó a la acusada como autora penalmente responsable de un delito de falsedad en documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Enriqueta , representada por la Procuradora Sra. Luna Sierra, y dicha recurrente representada por el Procurador Sr. Sandin Fernández..
El Juzgado de Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, incoó Procedimiento Abreviado con el número 80 de 2009, contra Berta , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Toledo, cuya Sección Segunda, con fecha 18 de diciembre de 2012, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Se declara probado que "la acusada Berta , guiada del ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, en el Procedimiento Laboral por despido nº 561/08 del Juzgado de lo social nº 3 de los de Toledo con sede en Talavera de la Reina, en el que intervenía como parte actora Enriqueta , empleada de la mercantil INNOVACIONES EN DISEÑO TERESA, S.L., de la que la acusada era administradora y representante legal, y como demandada, Berta , el día señalado para los actos de conciliación y juicio (el 17 de noviembre de 2.008), en el trámite de pruebas presentó un documento de liquidación de saldo y finiquito firmado por Enriqueta y fechado en Talavera la Nueva a 9 de septiembre de 2.008, haciéndose constar en el mismo que Enriqueta había recibido la cantidad de 8.241,94 euros en concepto de liquidación, lo que no se ajustaba a la realidad de lo sucedido.
El documento en cuestión fue firmado por Enriqueta años antes de septiembre de 2.008, al exigírselo así la acusada, como condición necesaria para trabajar para ella, haciéndose constar en el mismo únicamente la parte escrito por medios mecánicos, añadiendo con posterioridad la acusada la parte manuscrita que se refleja en el documento en cuestión, y conforme a la cual la demandada había recibido el finiquito correspondiente, lo que chocaba con lo realmente sucedido, por cuanto Enriqueta no recibió en ningún momento la cantidad que se reflejaba en el documento citado.
El procedimiento Laboral por despido 560/08 quedó suspendido en fecha 2 de diciembre de 2.008 al haberse alegado por la parte actora falsedad en documento privado, permaneciendo en dicho estado el procedimiento hasta que se dicte una resolución judicial firme en la presente causa penal".-
FALLO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a la acusada Berta , como autora criminalmente responsable de un delito, ya definido de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA PROCESAL EN GRADO DE TENTATIVA de los arts.16 , 62 , 77 , 390.1,1 º y 2 º, 395 , 248 , 249 y 250.1.7º del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN , con las accesorias de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, así como al pago de las costas causadas en el procedimiento, con inclusión de las devengadas por la acusación particular.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción precepto constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Berta que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO .- Al amparo del art. 852 LECrim ., y art. 5.4 LOPJ , por vulneración del principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE .
SEGUNDO .- Por error en la valoración de la prueba al amparo del art. 849.2 LECrim .
TERCERO .- Al amparo del art. 849. 1 LECrim , por aplicación indebida de los arts. 248 , 249 y 250.1.7 CP .
CUARTO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por inaplicación del art. 396 en relación con el art. 395 CP .
QUINTO .-Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida de los arts. 16 y 62 CP .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día doce de noviembre de dos mil trece.
El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ . y del art. 852 LECrim , al haberse vulnerado el art. 24.2 CE , regulador del principio de presunción de inocencia al ser el resultado valorativo de la prueba practicada ilógico, arbitrario e irracional, a consecuencia de la falta de prueba de cargo suficiente que pudiera sostener la condena del recurrente, al no haberse probado que la misma utilizara un documento firmado años antes por la trabajadora Enriqueta , documento consistente en su "finiquito" en blanco.
El examen de la cuestión planteada requiere traer a colación la reiterada doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia, los requisitos constitucionalmente exigibles a la prueba para desvirtuar esa presunción, y su alcance en esta vía casacional.
Así, como venimos afirmando en recientes sentencias 698&2913 de 18.7, y 447/2013 de 6.6, nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
En el caso actual la sentencia considera probado que la hoy recurrente, administradora y representante legal de la empresa "Innovaciones en Diseño Teresa SL" con animo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, en el Procedimiento Laboral por despido nº 561/2008 seguido en el Juzgado de lo Social nº 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, promovida por la trabajadora de la Empresa Enriqueta en el tramite de pruebas, presentó un documento, de liquidación de saldo y finiquito, fechado a 9.9.2008, firmado por Enriqueta , en el que se hacia constar que ésta había recibido la cantidad de 8.241,94 E, en concepto de liquidación, lo que no se ajustaba a la realidad, pues tal documento había sido firmado años antes de su fecha, por exigencia de la recurrente como condición necesaria para trabajar en la empresa, haciéndose constar en el mismo únicamente la parte escrito por medios mecánicos, añadiendo con posterioridad Berta la parte manuscrita, esto es que la trabajadora había recibido el finiquito correspondiente, lo que chocaba con lo realmente sucedido pues Enriqueta no recibió en ningún momento la cantidad reflejada en el documento.
Y en el fundamento de derecho primero analiza la prueba que en conjunto le lleva a la convicción que reflejen los hechos probados.
En concreto: al documento original en el que figura el finiquito de la querellante, con fecha 9.9.2008 (folio 97); y el informe pericial sobre el mismo (folios 100 y ss.), que determina que el texto manuscrito fue realizado por la acusada -lo que se refiere a la liquidación- y el texto manuscrito superior (nombre de la trabajadora) no se ha realizado por la querellante o la querellada, y que no es posible determinar si el documento ha sido firmado en blanco y rellenado posteriormente o de forma coetánea.
-La declaración de la propia acusada Berta quien sostuvo que el documento del finiquito se rellenó el día que consta en el motivo y que pagó el finiquito en efectivo con un dinero que le dejaron su hermana y un tercero.
-La declaración de la querellante en el sentido de haber trabajado para la querellada y su empresa desde marzo 2003 a septiembre 2008, fecha en la que fue despedida, que el documento (folio 97) lo firmó en el año 2004, a petición de la querellante y que estaba en blanco, figurando solo la plantilla a maquina, y que la firma de ese documento era condición para trabajar en la empresa, negando haber pactado con la querellante las cantidades que figuran en el finiquito.
-Las testificales de Estibaliz y Enma , extrabajadoras de la misma empresa, que ratificaron la versión de la querellante en el sentido de que para poder trabajar en la empresa de la querellada, tuvieron que firmar en blanco el documento de unos finiquitos y que no cobraron la indemnización que figuraba en los mismos, que era una practica habitual con todas las empleadas, que la querellada hacia firmar el documento a todas las trabajadoras y que vieron como la querellante firmaba, con las demás, un documento.
-La prueba de descargo: testificales del asesor de la querellada, Lorenzo quien manifestó que ésta le dijo que quería despedir a cuatro trabajadoras y que él fue quien redactó las cartas de despido y en cuanto a los finiquitos que él suministró las plantillas a la acusada y que tales documentos se los entregó en blanco, rellenando solo el nombre de las trabajadoras y que él dijo a la acusada lo que tenia que poner en concepto de liquidación conforme a los acuerdos a los que había llegado con las trabajadoras. No dio explicación de por qué no se aportó el documento del finiquito en el acto de cancelación previo al juicio laboral, y de la hermana de la acusada, Evangelina quien manifestó que dio a aquella 6.000 E por los apuros económicos que estaba pasando. La entrega fue a principios de septiembre de 2.008 pero no fue documentada.
Asimismo analiza las supuestas contradicciones en que según la defensa incurrieron las testigos Estibaliz , sobre si había o no cobrado la indemnización y Enma , en cuanto a las fechas en que había trabajado para la empresa de la acusada, contradicciones que descarta tal como se razona en la sentencia, y la propia contradicción, que considera grave, en que incurrió la acusada sobre la forma de pago de la indemnización, si fue en efectivo o enviando el dinero, sin que las explicaciones dadas por la defensa sean convincentes a juicio de la Sala.
Y a continuación explica las razones por las que concede plena credibilidad a lo manifestado por la querellante y las testigos de cargo: la contundencia de sus declaraciones, el hecho a que ante una indemnización importante no existe justificante de la entrega y el dato que considera muy significativo de que ni en el acto de conciliación administrativo, ni en el acto de conciliación previo al Juicio Laboral se dio cuenta de la existencia de tal finiquito, pese a que por su fecha debe suponerse que ya lo tenia en su poder.
El recurrente cuestiona esa valoración probatoria insistiendo en su subjetiva versión de no haberse probado que l acusada utilizara un documento firmado años antes por la querellante; que no se han tenido en cuenta las declaraciones de su asesor fiscal, que el testimonio de la querellante es una gran mentira, que la firma del finiquito es documento suficiente para acreditar el pago, las contradicciones de la acusada y sus testigos, olvidando que cuando lo que se denuncia no es la ausencia de la actividad probatoria sino la discrepancia con la valoración que se ha hecho de la misma, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino solo si la inferencia de la Sala "a quo" es razonable desde el punto de vista de la lógica y coherencia como desde la óptica del grado de validez requerido.
Y en el caso analizado no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo de la acusada.
El motivo, por lo razonado, deviene inaceptable.
El motivo segundo, por error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 LECrim , basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
-folios 133 y ss. demanda laboral interpuesta por la querellante frente a la mercantil "Innovaciones de Diseño Teresa SL", y no frente a Berta , como persona física.
-folios 110 a 118 informe pericial de textos manuscritos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil sobre la imposibilidad de determinar si el documento (finiquito) fue firmado en blanco y rellenado posteriormente o se ha rellenado de forma coetánea.
-folio 126 declaración de la querellante en fase instructora y sus contradicciones con lo que manifestó en el juicio oral.
-documentos aportados por la defensa los días 9 y 20.3.2012, que acreditan que la querellada disponía de efectivo para hacer frente a la indemnización, referentes a formulación del impuesto del IVA y reconocimiento de deuda a la Seguridad Social con aplazamiento y fraccionamiento del pago.
-el finiquito (folio 97), junto con la declaración del asesor fiscal Sr. Lorenzo en el sentido de que el 9.9.2008, no tenia firma alguna.
-la declaración de la querellante sobre que ella no había tenido conocimiento del finiquito hasta el momento que se presentó como prueba en el juicio laboral; por lo que de ser cierta tal manifestación no puede ser cierto que firmara el documento en el año 2004-
-folios 75-78 declaraciones de los testigos de la acusación y folios 79-81 "vida laboral de un Código de cuenta de cotización".
-folios 53-54 declaración de la propia recurrente sobre cómo y donde pagó la indemnización y diligencia de careo.
-folio 97 finiquito que acredita por si solo el pago de la indemnización.
Pues bien en el caso presente los "documentos" designados no acreditan error alguno, por cuanto o bien han sido analizados y valorados por la Sala de instancia - finiquito, demanda a nombre de la empresa y no de la querellada- que era su administrador y representante legal; e incluso informe pericial -la sentencia recoge sus conclusiones o bien no contradicen lo afirmado en el relato fáctico -que la querellada tuviese disponibilidad económica -que no se deduce, sin más, de los documentos aportados lo días 9 y 20.3.2012- no implica que abonase las cantidades reflejadas en el finiquito ; las declaraciones de querellante, querellada y testigos no son documentos ya que no garantizan ni la certeza ni la veracidad de lo dicho y quedan sometidas a la libre valoración del Juzgador de instancia. No de otra forma decíamos en la STS. 55/2005 de 15.12 : "ni las declaraciones de testigos efectuadas en la instrucción ni las que tienen lugar en el juicio oral, transcritas en la correspondiente acta, tienen la virtualidad documental a los efectos de la casación prevista en el art. 849.2 LECrim . En realidad, las declaraciones de los testigos requieren para su valoración, de la percepción por el Tribunal en el momento del juicio, pues solo entonces podrá éste formar su necesaria convicción sobre los hechos, de acuerdo con el art. 741 LECrim ; y lo mismo puede decirse de la diligencia de careo, la valoración de esta prueba, más aún que ninguna otra, está reservada a la libre, intima y racional apreciación del juzgador, conforme el art. 741 LECrim . No es obstáculo a lo anterior la documentación que de las declaraciones personales se realiza por el Secretario Judicial a efectos de constancia y documentación pues la apreciación de la prueba va presidida por el requisito de la inmediación, es decir, por la practica de la prueba en presencia del tribunal sentenciador. Por lo demás es doctrina reiterada de esta Sala Segunda Tribunal Supremo que las diligencias de careo no constituyen documentos en el sentido del art. 849.2 LECrim , sino más bien declaraciones personales documentadas a efectos de constancia, cuya valoración pertenece al libre juicio del órgano sentenciador ( SSTS. 7.7.95 , 21.3.94 , ATS. 13.12.95 . 27.4.94).
El motivo tercero por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim , al haberse aplicado indebidamente los arts. 248 , 249 , 250.1.7 CP .
El motivo cuestiona la concurrencia de los elementos del tipo de estafa: animo de lucro y uso de engaño suficiente para producir error en otro -estafa procesal- así como la inducción a realizar un tercero un acto de disposición, por lo que no cabe su condena conforme al art. 250.1.7.
Y en todo caso no puede condenarse a la recurrente como autora de dos delitos, estafa procesal, arts. 248, 249 y 250.1.7, y falsedad en documento privado, arts. 390.1.2 y 395, citando en su apoyo la STS. 1015/2009 de 28.10 , por lo que sólo podría ser condenada por la estafa procesal, en grado de tentativa, porque no llegó a consumarse al no haberse dictado resolución por el Juez Laboral al suspenderse el juicio, lo que haría que la condena fuera inferior en 1 ó 2 grados.
En el caso presente necesariamente se ha de partir de que la vía casacional del art. 849.1 LECr ., obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación del algún motivo fundado en el art. 849.2 LECr .: error en la apreciación de la prueba.
En efecto, como se dice en la STS 121/2008 , de 26 -2, el recurso de casación, cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECr . ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir esta vía casacional una apelación ni una versión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustitutivo penal, cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida y que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicada es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.
Por ello, con harta reiteración en la práctica procesal, al hacer uso del recurso de casación basado en el art. 849.1 LECr . se manifiesta el vicio o corruptela de no respetar el recurrente los hechos probados proclamados por la convicción psicológica de la Sala de instancia, interpretando soberanamente las pruebas, más que modificándolos radicalmente, los condicionan o derivan de su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada o interpretando frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene o expresan intenciones inexistentes o deducen consecuencias que tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes.
En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando que los motivos acogidos al art. 849.1 LECr . han de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida.
- Pues bien en relación a la estafa procesal hemos recordado en STS. 366/2012 de 3.5 , 1100/2011 de 27.10 , 72/2010 de 9.2 , entre otras, que se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado). Es más, también la jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia ( STS 878/2004, 12 de julio )". En sentido similar la STS nº 603/2008 ; y la STS nº 7202008. De todos modos, deberán quedar excluidos de la estafa los casos en los que el acto de disposición no venga motivado por el engaño.
Por otra parte, la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante. Se decía en la STS nº 572/2007 que "En el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico".
Consecuentemente, conforme a la doctrina jurisprudencial ( STS 670/2006, de 21-6 , 758/2006, de 4-7 ; 754/2007, de 2-10 ; 603/2008, de 10.10 ; 1019/2009 de 28-10 ; 35/2010, de 4-2 ; la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición.
La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 es decir, el engaño, el error debido al engaño, el acto de disposición - en este caso resolución judicial- motivado por el error; el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición; el ánimo de lucro - siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, dada su amplia interpretación que prevalece al sopesar la específica intención lucrativa la cooperación culpable de lucro ajeno, pues no es preciso con lucro propio, ya que hasta que sea para beneficiar a un tercero ( STS 5629/2002 de 20-2 ; 297/2022, de 20-2; 577/2002, de 8-3 ; 238/2003, de 12-2 ; 348/2003 de 12-3 ; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.
Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.2º, modificado por LO 5/2010, de 22-6 considera que "incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero".
Y en cuanto a la consumación en STS. 100/2011 de 27.10 , hemos dicho que por la doctrina se mantienen dos posturas contrapuestas. Por una parte, se entiende que al exigir el delito de estafa un perjuicio patrimonial, dicho perjuicio no se produce hasta el momento en que el perjudicado se ve materialmente privado de parte de su patrimonio objeto del proceso fraudulento es decir, en el momento mismo en que se ejecuta la resolución judicial una vez que la misma ha adquirido firmeza. Por el contrario, otra parte de la doctrina considera que el delito de estafa procesal se consuma en el momento en que se dicta la resolución judicial en primera instancia, puesto que la obligación que la misma conlleva incide ya de manera directa sobre el patrimonio con el consiguiente perjuicio.
Este último es el criterio seguido por la jurisprudencia de esta sala, al afirmar que el subtipo agravado de estafa se consuma cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, induciendo al Juez a dictar una resolución que de otro modo no hubiera dictado.
En este sentido la STS 1743/2002 de 22-10 en la que se señala que resulta ineludible establecer el momento en que debe llegar la perfección delictiva, es decir la consumación del delito imputado, por haberse realizado todos los elementos del tipo, tanto desde el punto de vista de la acción del autor, como desde el punto de vista del resultado. Pues bien, el delito de estafa procesal admite formas imperfectas de ejecución, en todos aquellos supuestos en que el sujeto activo realiza, en todo o en parte, las maniobras fraudulentas que objetivamente debieran producir el resultado pretendido, es decir, el acto de disposición patrimonial y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor ( STS 9.1.2003 ). Por el contrario, el delito se encuentra consumado cuando sí se alcanza el propósito perseguido que no es otro que el de determinar un error en el juzgador y obtener la correspondiente resolución en perjuicio de la otra parte. Por lo expuesto la perfección delictiva se ha de situar cuando el Juez inducido por la maniobra fraudulenta del acusado, dicta sentencia con beneficio efectivo para el sujeto pasivo, y en los casos de formas imperfectas de ejecución, cuando en los que, pese al artificio engañoso no se logra el propósito perseguido con la resolución judicial desestimatoria de la pretensión del sujeto activo.
Ese es ciertamente el criterio mantenido por esta Sala, como son exponentes las sentencias 595/1999, de 22 de abril y 794/1997, de 30 de septiembre , en las que se declara que la modalidad agravada de estafa conocida como estafa procesal, tipificada en el artículo 250,1 2º del vigente Código Penal , se justifica en cuanto con tales conductas se perjudica, no sólo el patrimonio privado ajeno sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al Juez, que debe tener entidad suficiente para superar la profesionalidad del Juzgador y las garantías del procedimiento. Como recuerda la Sentencia 530/1997, de 22 de abril , esta modalidad fraudulenta normalmente se produce cuando una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte, La peculiaridad de estas estafas radica, pues, en que el sujeto engañado es el titular del órgano jurisdiccional a quien por la maniobra procesal correspondiente se le induce a seguir un procedimiento y a dictar resoluciones que de otro modo no hubiera dictado.
El delito se consuma, pues, cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, sin que deba confundirse con el agotamiento del delito consistente en el efectivo y material perjuicio ocasionado por la maniobra fraudulenta.
En este sentido la STS. 172/2005 , precisa en cuanto a la consumación, que si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento y la presentación del documento falso, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como cuando éste ya se está tramitando. Pero al ser considerado como un delito patrimonial, la consumación hay que derivarla hacia el resultado.
Requisitos que aparecen en el factum declarado probado en el que se recoge como la acusada en un procedimiento laboral por despido instado por la empleada de la sociedad, de la que aquella era administradora y representante legal, presentó en el tramite de pruebas un documento de liquidación de saldo firmado por la actora en el que se hacia constar que había recibido la cantidad de 8.241,94 euros en concepto de liquidación, documento falso en cuanto no se ajustaba a la realidad de lo sucedido, dado que habría sido firmado por la trabajadora años antes prácticamente en blanco, añadiendo con posterioridad la acusada la parte manuscrita relativa a que aquella habría recibido el finiquito.
- Siendo así la redacción de un documento aprovechando la firma autentica en blanco puesta con anterioridad es un acto de simulación, pues se finge que se corresponde a la voluntad del firmante algo que solo fue añadido por otra persona. Autenticidad de la firma no equivale a autenticidad del contenido del documento.
Y si la querellante ejercita una acción por despido en un procedimiento laboral y la querellada para paralizar dicha acción se vale de un documento falso, con ello propiamente no se provoca un error en el Juez determinante de un desplazamiento patrimonial sino lo que ocurre es que la deuda que pretendía cobrarse no lo ha sido y permanece vigente, es indudable que ello, aun un desplazamiento patrimonial integra un comportamiento desde el punto de vista económico, enriquecedor para una parte y empobrecedor para la otra, al constituir un perjuicio para el reclamante valuable, pero tal comportamiento ya se halla contemplado en la falsedad de documento privado, en la que es condictio sine qua non del injusto típico que se produzca o se pretende producir un perjuicio a otro.
En efecto la falsificación en documento privado solo es delito cuando se realiza para perjudicar a otro, por lo que si el perjuicio es de carácter patrimonial y el mismo da lugar a un delito de estafa, la falsedad que formaría parte del engaño, no podría ser sancionada junto a este la pena de castigar dos veces la misma infracción. Se produce un concurso de normas -no un concurso medial de delito- en el que la falsedad del documento privado forma parte del engaño, SSTS. 760/2003 de 23.5 , 860/2008 de 17.12 , que con cita de la sentencia 702/2006 de 3.7 , recuerda que es de aplicación el concurso de normas, ya que debe tenerse en cuenta que la configuración del delito de falsedad en documento privado tal como está tipificado en el art. 395 C.P . no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necearlo que se produzca un perjuicio en un tercero, perjuicio que precisamente coincide con el de la estafa por cuyo motivo es necesario aplicar el concurso de normas, tal como se establece en el art. 8 C.P , lo contrario supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio, que lo refiere tanto la falsedad en documento privado ( art. 395) como la estafa ( art. 248 C.P ).
La STS. 992/2003 de 3.7 , incide en esta postura el delito de falsedad en documento privado exige en su tipicidad el animo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso.
Criterio reiterado por la STS. 24.5.2002 , que sostiene que la condena por ambos delitos no es posible cuando la falsedad en el documento privado que ha incidido en el tráfico jurídico exclusivamente como instrumento provocador del engaño que constituye el elemento nuclear de la estafa.
La falta de verdad que comporta toda falsedad documental no es suficiente, si la falsedad se realiza en un documento privado, para que el hecho sea punible. Es preciso que la mendacidad escrita en un documento privado -que, por sí sola, no afecta a ningún bien jurídico penalmente protegido- esté encaminada a causar a otro un perjuicio que, en la mayoría de los casos será económicamente evaluable" ( STS. 29.10.2001 )
En igual sentido SSTS. 472/2012 de 12.6 , 552/2012 de 2.7 , que recuerdan que "la falsedad, en documento privado actúa respecto a la estafa, a la manera de círculos concéntricos, en virtud de aquella nota específica del engaño, con la consecuencia inherente de que la estafa queda apartada, y destipificada por la falsificación, eliminando la posibilidad de concurso de delitos, por lo que es preciso elevar estos supuestos al concurso de normas ( art. 8.4 CP ).
Concurso de normas que determina la composición de la pena correspondiente al delito más grave, en este caso el delito de falsificación de documento privado, que conforme al art. 395, le correspondería una pena de prisión de seis meses a dos años, superior al de la estafa procesal en grado de tentativa , art. 248 , 249 , 250.1.7, en relación arts. 16 y 62 CP , seis meses a 1 año prisión y multa de tres a seis meses.
El motivo cuarto por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim , al no haberse aplicado el art. 396 CP . en relación con el art. 395, si el Tribunal no entiende aplicable el art. 250.1.1 CP . en grado de tentativa.
La recurrente ha sido condenada por un delito de falsificación de documento privado y debemos recordar que tanto el art. 391 como el art. 393 castigan a los que, a sabiendas de su falsedad, presentasen en juicio o para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el art. 395 ó 390 a 392, por lo que como hemos dicho en SSTS. 607/2009 de 19.5 , 1015/2009 de 28.10 , 366/2012 de 3.5 , dichos preceptos están reservados para aquellos que son ajenos a la planificación y ejecución falsaria. Por ello si el falsificador luego lo usa, al que se equipara como forma especifica del uso, su presentación en juicio, no comete un nuevo delito de uso de documento falso, sino que desarrolla con su conducta el simple agotamiento del delito de falsedad anteriormente consumado.
El motivo quinto, por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim , al no haberse aplicado indebidamente el art. 16 y 62 CP . por cuanto la Sala debió rebajar la pena dos grados al no haber ningún peligro inherente al intento.
Con independencia de que al haber sido impuesta la pena correspondiente al delito de falsedad en documento privado, en nada afectaría a la sentencia esa pretendida rebaja en dos grados de la pena por el delito de estafa procesado en grado de tentativa. El motivo en todo caso, debería ser desestimado.
En efecto -como se dice en STS. 813/2012 de 17.10 - el art. 62 establece dos criterios para determinar la concreta penalidad de las conductas ejecutadas en fase de tentativa: el " peligro inherente al intento " y el " grado de ejecución alcanzado ". La diferencia con respecto al C. Penal de 1973 estriba en que, mientras en la regulación anterior podía rebajarse en la tentativa la pena en uno o dos grados, al arbitrio del tribunal, respecto de la correspondiente al delito consumado (art. 52.1), y en la frustración, por el contrario, solo podía reducirse en un grado (art. 51), en el actual art. 62 se posibilita una mayor flexibilidad de decisión a los jueces, en la medida en que, en principio, pueden imponer la pena inferior en uno o dos grados a cualquier forma de tentativa, independientemente de si es una tentativa acabada o inacabada.
Sin embargo, debe quedar claro que como el criterio relevante y determinante, según el texto legal, es el del peligro para el bien jurídico que conlleva inherente el intento, no siempre que la tentativa sea inacabada se impondrá la pena inferior en dos grados, pues puede perfectamente suceder que la tentativa sea inacabada pero que su grado de ejecución sea muy avanzado (se hayan ya realizado varios actos que auspician la proximidad de la consumación), en cuyo caso lo razonable será reducir la pena solo en un grado a tenor del peligro que se muestra en el intento ( SSTS 1180/2010, de 22-12 ; 301/2011, de 31-3 ; 411/2011, de 10-5 ; 796/2011, de 13 de julio ; y 29/2012, de 18-1 ).
Al descender al supuesto que se juzga, se comprueba que estamos ante una tentativa acabada e idónea y ello porque la acusada realizó todos los actos (tentativa acabada) que integran el tipo penal de la estafa procesal, al presentar ante la jurisdicción laboral en la que había sido demandada una documentación falsa con el fin de engañar al Juez y obtener una sentencia que negase a la actora la pertinente indemnización por despido.
Así pues, la acusada realizó todos los actos necesarios que integran la conducta defraudatoria de la estafa procesal, u si no consiguió sus propósitos fue por la suspensión del juicio a resultas de la investigación penal por el delito de falsedad. Y tampoco se suscitan dudas de que se trataba de una tentativa idónea, ya que la acción era objetivamente adecuada ex ante para obtener una sentencia favorable en la jurisdicción laboral.
El motivo, por tanto, en cualquier caso no podría prosperar.
Estimándose parcialmente el recurso las costas se declaran de oficio ( art. 901 LECrim .)
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente al recurso de casación, interpuesto por Berta , contra sentencia de 18 de diciembre de 2012, dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, Sección Segunda , y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS dicha resolución dictando segunda sentencia conforme a derecho.
Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo, con declaración oficio costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Andres Martinez Arrieta D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Antonio del Moral Garcia D. Carlos Granados Perez
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, con el número 22 de 2012, y seguida ante la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2ª por delito de falsedad en documento privado y estafa en grado de tentativa, contra Berta , con DNI. NUM000 , con domicilio en Talavera de la Reina; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Tal como se ha razonado en la sentencia precedente se produce un concurso de normas entre el delito de falsedad en documento privado y la estafa procesal en grado de tentativa que debe resolverse en favor del primero, por ser su pena más grave.
Segundo.- En orden a la nueva individualización penológica aunque la impuesta la sentencia recurrida, es también imponible, aquella 2 años prisión, supone el máximo legal, partiendo que de que al tratarse de concurso ideal, debía serlo en su mitad superior.
Siendo asi al condenarse solo por el delito de falsedad documento privado, con un marco penológico de 6 meses a 2 años, teniendo en cuenta que el perjuicio económico no llegó a producirse al estar suspendido el procedimiento laboral, se considera adecuada y proporcionada, la pena de 1 año prisión.
Que debemos condenar y condenamos a Berta , como autora responsable de un delito de falsedad en documento privado en concurrencia a circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de un año prisión con las accesorias de inhabilitación del derecho sufragio pasivo durante el tiempo condena y condena en costas correspondientes con inclusión de la causadas por la Acusación Particular.
D. Andres Martinez Arrieta D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca
STS 327/2014, 24 de Abril de 2014 (Estafa, Presunción de inocencia)
SAP Madrid 598, 23 de Octubre de 1997
STS, 2 de Diciembre de 1992
STC 92/2007, 7 de Mayo de 2007

References: resolución 
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 artículo 250
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