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Timestamp: 2018-12-16 17:48:45+00:00

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enero 2013 – PRIOR ABOGADOS
Acuerdos de los Secretarios de los Juzgados de Familia de Barcelona sobre tasas judiciales 17/01/2013
29 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Informes y Conclusiones. Adoptados conforme a la reunión de los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Barcelona en fecha 17 de enero de 2013 SP/DOCT/16965
Actos sujetos a tasa
2. Presentación de demanda en procedimientos de divorcio, separación, nulidad, ruptura de pareja estable y guarda y custodia y alimentos y modificación de medidas en los que estén interesados menores de edad, pero, además de la guarda y custodia y alimentos de hijos menores, se incluyan otras pretensiones sobre las que el Juez no deba pronunciarse de oficio (división de cosa común, prestación compensatoria, compensación económica).
La cuantía del procedimiento es la determinada por la LEC (art. 251.7).
Exenciones al pago de la tasa
10. Presentación de demandas en procedimientos de filiación.
Se aplicará lo dispuesto por el art. 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, (devolución del 60 % del importe de la cuota de la tasa) en los supuestos de transformación a procedimientos consensuales de procedimientos contenciosos que hubiesen devengado tasa.
El justificante del pago de la tasa deberá presentarse con la demanda o recurso o bien en el plazo de 10 días desde el requerimiento que se practique.
Se dará curso a las demandas que, cumpliendo todos los requisitos procesales, presenten justificante de autoliquidación, con independencia de la cuantía resultante de la misma, si bien por parte del Juzgado se comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 de la Orden HAP/2662/2012, la cuantía del procedimiento. Por lo tanto, la correcta autoliquidación de la tasa no será objeto de comprobación por el Juzgado, sino, en su caso, por la AEAT.
29 enero, 2013 29 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
No tienen la naturaleza de gasto extraordinario las cuotas ordinarias del colegio, ni los libros escolares ni las excursiones obligatorias
29 enero, 2013 22 marzo, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
No tienen la naturaleza de gasto extraordinario las cuotas ordinarias del colegio, ni los libros escolares ni las excursiones obligatorias, pues no son imprevisibles ya que se realizan cada año
“… Respecto de los gastos escolares reclamados, no puede considerarse que tenga la naturaleza de gasto extraordinario los gastos de cuotas ordinarias del colegio ni los libros escolares pues son incardinables entre los gastos necesarios para la formación de los menores, incluidos en los alimentos ordinarios, tal como establece el art. 259 del Código de Familia . Tampoco tienen la naturaleza de gasto extraordinario las excursiones y salidas escolares obligatorias, por el mismo motivo y por no ser imprevisibles, pues cada año se deben llevar a cabo.
La Juzgadora “a quo” ha considerado que el hijo común acudía a un colego privado pero el importe de los recibos mensuales del menor, 60 euros, 20 euros, y demás importes del mismo nivel, evidencia que no se trata de un colegio privado sino en todo caso, de un colegio o bien subvencionado o público, correspondiendo tales importes a Ampa, comedor, gastos de salidas, etc. Se estima por tanto este motivo del recurso. …”
AP Barcelona, Sec. 18.ª, 205/2012, de 16 de octubre
Recurso 974/2011. Ponente: MARIA JOSE PEREZ TORMO.
PRIMERO.- Se aceptan los del Auto apelado, dictado en fecha 30-3-2011 por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Sabadell en autos de Ejecución Titulo Judicial , nº 1844/09, actuaciones promovidas por la representación procesal de Dª Ofelia contra Miguel Ángel ; siendo la parte dispositiva de la resolución apelada del tenor literal siguiente: ” DECIDO: Desestimar la oposición a la ejecución formulada por el procurador D. RAFAEL COLOM LLONCH en nombre y represemtación de DON Miguel Ángel , ordenando que la ejecución siga adelante e imponiéndole las costas del presente incidente a la parte ejecutada”.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra el anterior Auto por la representación procesal Don. Miguel Ángel fué admitido y una vez realizados todos los trámites procesales de forma se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial, a tenor de lo dispuesto en el art. 463 de la LEC para la sustanciación del recurso correspondiendo el conocimiendo del mismo, por turno de reparto, a esta Sección 18ª donde una vez realizados el resto de trámites procesales y no estimando la Sala la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 3 de octubre de 2012 .
VISTOS, siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª MARÍA JOSÉ PÉREZ TORMO.
PRIMERO.- Recurre el Sr. Miguel Ángel el Auto de 1ª Instancia que ha desestimado su oposición al despacho de ejecución dineraria y le ha impuesto las costas de la primera instancia procedimental.
Solicita en su recurso que se estimen los motivos de oposición formulados y se revoque la resolución recurrida.
La Sra. Ofelia y el Ministerio Fiscal se oponen al recurso y solicitan la confirmación del Auto recurrido.
SEGUNDO.- La ejecutante reclamó en su demanda ejecutiva determinadas cantidades que manifestó le eran debidas por el Sr. Miguel Ángel , en concepto de pensión alimenticia del hijo común y mitad de sus gastos extraordinarios, de los últimos 9 años, en cumplimiento de lo acordado en sentencia de fecha 16 de junio de 2000 , cantidades devengadas desde la fecha de dicha sentencia hasta la fecha de su reclamación judicial, y las que posteriormente se fueran devengando.
El ejecutado opuso, y ahora reitera en su recurso, la prescripción trienal prevista en el art. 121-21 del Código Civil de Cataluña para los pagos periódicos que se deban hacer por años o términos mas breves.
El Auto recurrido considera que el motivo alegado por el ejecutado no se halla entre los fijados como “numerus clausus” por la LEC, lo que no es compartido por esta Sala, que si bien coincide con la Juzgadora “a quo” pues efectivamente, se prevé en “numerus clausus” los motivos de oposición al despacho de ejecución, éstos se encuentran regulados en los arts. 556 , 558 y 559 de la LEC , para la oposición de resoluciones judiciales, que ahora se ejecuta, de manera que la prescripción alegada por el hoy ejecutado se puede incardinar entre los referidos en tales disposiciones legales, pago, pluspetición y que la sentencia que se ejecuta no contiene el pronunciamiento de condena cuya ejecución se está solicitando.
Por tanto, debemos revocar el pronunciamiento de la resolución recurrida y estimar la prescripción como motivo de oposición formulado adecuadamente por el ejecutado.
Y tal como alega en primer término el recurrente, es aplicable el plazo de prescripción de 3 años, prevista en el Libro I del Código Civil de Cataluña, y no el plazo de 5 años previsto en el art. 1966 de Código Civil común, pues no alegándose y probándose lo contrario debe entenderse que las partes tienen vecindad civil catalana lo que determina la aplicación de la legislación catalana o la de Derecho común, de conformidad a lo previsto en el art. 14,1 del Código Civil .
Debe considerarse pues, prescritas las mensualidades alimenticias anteriores a los tres años desde la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, esto es, anteriores al 24 de septiembre 2006. Y dado que se debe entregar la pensión alimenticia en los 5 primeros días de cada mes, el ejecutado adeuda las mensualidades a partir de octubre 2007. Se estima pues, este motivo del recurso.
TERCERO .- En cuanto a la reclamación de la ejecutante de gastos que conceptúa como extraordinarios, debe tenerse en cuenta que la sentencia ejecutiva estableció determinada cantidad como pago de alimentos y el pago por mitad de los gastos “…derivados de prestaciones tales como dentista, escolares, etc”
La Sra. Ofelia reclamó como gastos médicos, una determinada medicación Rubifen, centro médico (673 euros), y como gastos escolares: libros, cuotas ordinarias del colegio y colonias y salidas.
El ejecutado se opone a que tales conceptos sean conceptuados como gastos extraordinarios y aduce que deben computarse dentro de los gastos ordinarios de la pensión alimenticia. La Juzgadora “a quo” ha considerado que el menor ha acudido a la sanidad y colegios privados por lo que tales gastos deben ser considerados extraordinarios y por tanto, el padre debe asumir el pago de su mitad.
Debe tenerse en cuenta que, con independencia de los pactos de las partes, de obligado cumplimiento, el resto de gastos que la ejecutante quiere considerar extraordinarios, deben ser interpretados a la luz del concepto que al respecto ha interpretado esta Sala y consta en reiteradas resoluciones. Así, debe entenderse por gastos extraordinarios los que excedan de la naturaleza de gasto ordinario, que no sean habituales y sean imprevisibles en este momento, y no periódicos, siempre que sean necesarios o consensuados por ambas partes, o en caso de discrepancia, decididos por la autoridad judicial; asi como los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social o mutua médica privada.
En cuanto a los gastos médicos reclamados por la Sra. Ofelia dado que la sentencia que se ejecuta obliga al pago por mitad de los gastos ” derivados de prestaciones tales como dentista”, lo que debe entenderse como gastos médicos necesarios para el hijo común, es indudable que debe incluirse en tal concepto el tratamiento y medicación que reclama la ejecutante, y que como es ampliamente conocido, se suele recetar para el TDH, y que obviamente en la fecha de la sentencia 16-6-00 no podía preverse que el menor padecería, de manera que era entonces imprevisible y debe computarse como gasto extraordinario, a sufragar por ambos progenitores por mitad.
Respecto de los gastos escolares reclamados, no puede considerarse que tenga la naturaleza de gasto extraordinario los gastos de cuotas ordinarias del colegio ni los libros escolares pues son incardinables entre los gastos necesarios para la formación de los menores, incluidos en los alimentos ordinarios, tal como establece el art. 259 del Código de Familia . Tampoco tienen la naturaleza de gasto extraordinario las excursiones y salidas escolares obligatorias, por el mismo motivo y por no ser imprevisibles, pues cada año se deben llevar a cabo.
La Juzgadora “a quo” ha considerado que el hijo común acudía a un colego privado pero el importe de los recibos mensuales del menor, 60 euros, 20 euros, y demás importes del mismo nivel, evidencia que no se trata de un colegio privado sino en todo caso, de un colegio o bien subvencionado o público, correspondiendo tales importes a Ampa, comedor, gastos de salidas, etc. Se estima por tanto este motivo del recurso.
CUARTO .- Opone el recurrente pago, compensación y/o pacto verbal entre las partes, de manera que deba deducirse de la cantidad reclamada las mensualidades alimenticias de los meses de septiembre a diciembre 2007, marzo 09 y parte de abril 09, aporta para acreditar su aseveración copia de la denuncia de la Sra. Ofelia de fecha 19-12-07 (F. 64), por impago de cuatro mensualidades de alimentos a razón de 230 euros al mes, que totalizan 920 euros, según consta en la denuncia, copia de su declaración en sede penal, alegando el pacto de pago de gastos de ortodoncia del hijo común en compensación de mensualidades alimenticias, escrito del Ministerio Fiscal admitiendo tal manifestación y solicitando, por tanto, el Sobreseimiento Provisional por dicho motivo, y Auto de 26-1-09, acordando el Sobreseimiento Provisional de las actuaciones penales, sin que conste recurso a dicha resolución por parte de la Sra. Ofelia .
Planteada asi la cuestión, litigiosa, a pesar de ahora la ejecutante niegue tal pacto no apeló el Sobreseimiento Provisional acordado en la jurisdicción penal, consintiendo que se admitiera el pacto de compensación del pago de la ortodoncia por los 920 euros por mensualidades adeudadas, de manera que debe también ahora estimarse la concurrencia del pacto alegado por el recurrente, estimándose por tanto, este motivo del recurso.
QUINTO. – En cuanto a las costas de primera instancia, dado que en esta alzada se está revocando el pronunciamiento desestimatorio de la oposición al despacho de ejecución procede, de conformidad al art. 561,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , dejarse sin efecto la imposición de las costas causadas en la instancia procedimental, estimando el recurso en cuanto a este extremo.
SEXTO. – Conforme al Art. 398,2 de la LEC no se hace expresa imposición de costas de esta alzada procedimental, dada la estimación parcial del recurso planteado.
LA SALA ACUERDA: Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Don. Miguel Ángel contra el Auto de fecha treinta de marzo de dos mil once, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sabadell, debemos revocar y revocamos dicha resolución quedando reducida la deuda por pensiones alimenticias mensuales a las correspondientes a los meses de octubre 2006 en adelante.
Se consideran gastos extraordinarios los correspondientes a los gastos médicos reclamados por la ejecutante y por tanto, debiendo ser sufragados por ambos progenitores.
No así los correspondientes a gastos escolares reclamados, que se incluirán entre los gastos alimenticios ordinarios del hijo común, y por tanto serán sufragados a cargo de la madre y aportación mensual alimenticia del padre.
Se estima el pacto entre las partes y se deducirán novecientos veinte euros (920 euros), de la cifra reclamada.
Se deja sin efecto la imposición de costas de la primera instancia procedimental y no se hace expreso pronunciamiento de las costas causadas en el presente recurso.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, acompañando testimonio de esta resolución para su cumplimiento.
Así por este Auto, del que se unirá certificación al rollo de apelación, lo pronuncian, mandan y firman las Ilmas. Sras. Magistradas de la Sección 18ª que figuran al margen. Doy fe.
Se computa como gasto extraordinario el tratamiento para atender al trastorno por déficit de atención con hiperactividad que sufre el hijo
Se computa como gasto extraordinario el tratamiento para atender al trastorno por déficit de atención con hiperactividad que sufre el hijo, en la fecha de la sentencia no podía preverse que el menor lo padecería, por lo que era un gasto imprevisible
“… En cuanto a los gastos médicos reclamados por la Sra. Ofelia dado que la sentencia que se ejecuta obliga al pago por mitad de los gastos ” derivados de prestaciones tales como dentista”, lo que debe entenderse como gastos médicos necesarios para el hijo común, es indudable que debe incluirse en tal concepto el tratamiento y medicación que reclama la ejecutante, y que como es ampliamente conocido, se suele recetar para el TDH, y que obviamente en la fecha de la sentencia 16-6-00 no podía preverse que el menor padecería, de manera que era entonces imprevisible y debe computarse como gasto extraordinario, a sufragar por ambos progenitores por mitad. …”
En Catalunya prescriben las mensualidades alimenticias anteriores a los 3 años desde la presentación de la demanda ejecutiva
Por aplicación del art. 121-21 del CCCat, al entenderse que las partes tienen vecindad civil catalana, están prescritas las mensualidades alimenticias anteriores a los 3 años desde la presentación de la demanda ejecutiva
“… tal como alega en primer término el recurrente, es aplicable el plazo de prescripción de 3 años, prevista en el Libro I del Código Civil de Cataluña, y no el plazo de 5 años previsto en el art. 1966 de Código Civil común, pues no alegándose y probándose lo contrario debe entenderse que las partes tienen vecindad civil catalana lo que determina la aplicación de la legislación catalana o la de Derecho común, de conformidad a lo previsto en el art. 14,1 del Código Civil .
Debe considerarse pues, prescritas las mensualidades alimenticias anteriores a los tres años desde la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, esto es, anteriores al 24 de septiembre 2006. Y dado que se debe entregar la pensión alimenticia en los 5 primeros días de cada mes, el ejecutado adeuda las mensualidades a partir de octubre 2007. Se estima pues, este motivo del recurso. …”
Principio de Proporcionalidad y Pensión de Alimentos
TSJ Catalunya, Sala Civil i Penal, Sec. 1a, 18-10-2012
En aquesta interessant Sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resol, en primer lloc, el recurs extraordinari d’infracció processal i estima que ha existit infracció.
L’Audiència, en la determinació de la proporcionalitat de la pensió dels aliments a favor dels fills grans, no va tenir en compte tots els ingressos que percep la mare que, a més a més, estaven documentats, sinó que només va atendre la pensió per invalidesa que rep. Si bé és cert que la seva malaltia de fatiga crònica li suposa unes despeses necessàries, és arbitrari fixar-les en el 50 per cent d’aquesta pensió, atès que s’ha justificat que disposa d’altres ingressos.
Pel que fa al judici de proporcionalitat dels aliments, parteix del que havia establert la sentència d’apel·lació, amb les modificacions citades anteriorment. Així doncs, tot i que és evident que ambdós progenitors tenen bones condicions econòmiques, les possibilitats de la mare estan minvades en necessitar l’assistència d’una tercera persona per completar les tasques que ella no pot realitzar. A més, el pare és el propietari de set immobles i compta amb més ingressos.
Conseqüentment, el Tribunal fixa la contribució dels progenitors per als aliments de la manera següent: el percentatge de la mare és del 34 per cent i el del pare del 66 per cent.
Extinción de contrato por voluntad de la empleada de hogar. Indemnización
28 enero, 2013 28 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 15 de octubre de 2012, recurso nº 4155/2012. Ponente Ilmo. Sr. D. Benedicto Cea Ayala.
La trabajadora insta la extinción del contrato de trabajo por la vía del artículo 50 del ET y el juzgado de instancia accede a su petición acordando una indemnización de cuarenta y cinco días por año. El Tribunal Superior de Justicia establece que la indemnización no puede superar el límite de lo establecido en la regulación de empleados de hogar.
“TERCERO.- En el caso de autos no se discute la aplicación, también en esta relación laboral especial, del art. 50 ET, sobre la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo, a instancia del trabajador, por las causas que en él se contemplan. Y no discutido este extremo, como tampoco lo han sido que las causas invocadas y probadas en autos sean suficientes para justificar la extinción indemnizada del contrato, la cuestión en litigio queda limitada a determinar cuál ha de ser el importe indemnizatorio a abonar por tal motivo; si el fijado en el ET, o el establecido, para los despidos improcedentes, en el RD 1620/2011. Es cierto que en este último nada se dice, de forma expresa, sobre este particular. Pero tampoco nada dice, salvo la remisión con carácter supletorio al texto del ET, sobre otras formas de extinción, con las precisiones del art.11.1 del RD – “La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar se extinguirá conforme a lo previsto en el presente Real Decreto y en el art. 49 del Estatuto de los Trabajadores , excepto por las causas señaladas en las letras h), i) y l) del apartado 1 de dicho artículo, que no resultan compatibles con la naturaleza de la misma” -. Pues bien, y sobre dichas previsiones, y en una interpretación sistemática de la norma – art. 3.1 del C. Civil -, lo que no cabe sostener, tras fijar el RD cual ha de ser la indemnización por despido improcedente, que sea otra, distinta y superior, la que procede abonar para el supuesto de que la extinción del contrato se deba a las causas del art. 50 ET , ya que es el propio ET, en su art. 50.2 el que se remite, a efectos indemnizatorios, a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente, por lo que si para la relación especial de empleados de hogar la indemnización por despido improcedente es solo de 20 días de salario por año de servicio, no hay razón para establecer, para los supuestos del art. 50 ET , una indemnización que no es la fijada para los despidos improcedentes de la relación especial de empleados de hogar.”
Extinción del contrato de trabajo durante el período de prueba.
28 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Libertad del empresario de extinguir el contrato de trabajo durante el período de prueba. Trabajador en situación de IT por accidente laboral. Voto particular
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de julio de 2012, recurso nº 2789/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Martín Valverde.
La cuestión que resuelve la sentencia consiste en determinar si el empresario tiene plena libertad para la extinción del contrato de trabajo con el empleado que es accidentado durante el período de prueba en su primer día de trabajo.
TERCERO .- …La libertad de desistimiento durante el período de prueba supone que ni el empresario ni el trabajador tienen, en principio, que especificar los motivos del cese, ni acreditar los hechos o circunstancias determinantes del mismo, ni tampoco expresar la decisión extintiva mediante una forma preestablecida. Basta la mera manifestación de la voluntad de dar por terminada la relación contractual con sujeción ” a los límites de duración” previstos en el pacto de prueba (art. 14.1 ET), duración máxima cuyo cómputo puede interrumpirse ” siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes” (art. 14.3 ET).
La finalidad o razón de ser del instituto del período de prueba del contrato de trabajo es facilitar un medio o mecanismo ágil y eficaz de verificación tanto de las concretas condiciones de la ejecución del trabajo, como de la aptitud y de la adaptación del trabajador al trabajo contratado. En términos de gestión de recursos humanos, la función institucional del período de prueba podría formularse así: en lugar o además de la información adquirida por el empresario y el trabajador en los tratos preliminares a la iniciación de la relación laboral, las partes de la relación individual de trabajo pueden disponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 ET , de un plazo o margen temporal para comprobar sobre el terreno que el contrato concertado satisface sus intereses respectivos. Mediante esta comprobación en el curso de la relación de trabajo se ahorran los “costes de transacción” (de tiempo, de esfuerzo y de dinero) que pudiera comportar una comprobación o verificación exhaustiva o completa antes de su conclusión. A tal efecto, durante el período o plazo de prueba, cuyo pacto cabe incardinar genéricamente entre “las causas (de extinción) consignadas válidamente en el contrato” [ art. 49.1.b) ET ], no rigen las reglas comunes del despido o de la dimisión del trabajador; ni se exige “carta de despido” (art. 55.1 ET), ni el empresario ha de expresar o acreditar las causas que motivan su decisión (art. 55.4 ET), ni tampoco el trabajador se encuentra vinculado por un deber de preaviso [ art. 49.1.d) ET ].
Ahora bien, la libertad de desistimiento reconocida al empresario no es “omnímoda”, sino que tiene ciertos límites, apuntados en la ley y que se ha encargado de concretar la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Por un lado, ” [e]l empresario y el trabajador están respectivamente obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba” ( art. 14.1 ET ); lo que significa que, salvo imposibilidad, el desistimiento no puede producirse sin que haya tenido lugar la comprobación sobre el terreno de que el mantenimiento de la relación de trabajo no conviene a los intereses de una u otra parte del contrato. Por otro lado, la decisión de desistimiento no debe comportar una discriminación o lesión de derechos fundamentales.
Guarda y custodia: Criterios para autorizar el desplazamiento de un menor al extranjero
28 enero, 2013 22 marzo, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2012, recurso nº 1238/2011.
Tráfico: Vigencia del permiso de conducir hasta que no sea NOTIFICADA la privación del permiso
Conducción sin permiso: no haber recibido la notificación de la privación conlleva la absolución (TS, Sala Segunda, de lo Penal, 2-10-2012)
Al tiempo en que se dicta la sentencia penal de condena por conducir sin permiso el acusado no había recibido la notificación de tráfico por la que se le privaba del mismo, debiendo ser absuelto del delito
“… De lo anteriormente expuesto, podemos inferir claramente que con fecha 26 de julio de 2011, fecha en la que se dicta la Sentencia de conformidad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana, hoy recurrida, el condenado Sr. Gabriel era todavía titular de su permiso de conducir ya que aún no le había sido notificada la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de 23 de junio de 2011 que le privaba del mismo, notificación de la misma que le fue hecha por la Policía Local el 22 de agosto (a la madre del condenado que es quien la recibe), y aún en esa fecha dicha resolución no era firme ya que tenía la posibilidad el Sr. Gabriel de recurrirla en alzada ante la Dirección General de Tráfico.
Acreditado documentalmente lo anterior en la causa, procede estimar el recurso de revisión interpuesto. …”
SP/SENT/694959 – TS, Sala Segunda, de lo Penal, 721/2012, de 2 de octubre
Recurso 20607/2011. Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR.
PRIMERO.- El día 13 de septiembre de 2011 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal escrito que presenta la representación del condenado Gabriel solicitando autorización para interponer recurso de revisión contra Sentencia de conformidad de 26 de Julio de 2011 del Juzgado de Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana que condenó al recurrente como autor de un delito de conducción sin licencia o permiso a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad durante 22 días, con imposición de costas.
SEGUNDO. – El Ministerio Fiscal emitió informe con fecha 3 de noviembre de 2011 en el que interesa que por la representación procesal de D. Gabriel se aporte certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico acreditativa de la fecha en que le fue notificada al mismo la resolución de 23 de junio de 2011 que dispone: “ACUERDO: Declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que es titular el interesado, que no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha de recepción del presente acuerdo, pudiendo interponerse contra el mismo recurso de alzada ante el Director General de Tráfico en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 , 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre “.
TERCERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2011 esta Sala dicta Providencia pasando las actuaciones al Magistrado Ponente para resolución. Y en fecha 23 de noviembre de 2011 esta Sala vuelve a dictar Providencia solicitando se presente por la representación del recurrente certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico acreditativa de la fecha en la que le fue notificada a su representado la resolución de 23 de junio de 2011.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal con fecha 25 de abril de 2012 vuelve a emitir informe oponiéndose a lo solicitado.
QUINTO.- Con fecha 3 de mayo de 2012 esta Sala dicta Providencia pasando las actuaciones al Magistrado Ponente para proponer resolución, previa deliberación.
SEXTO.- Con fecha 16 demayo de 2012 esta Sala dicta Auto cuya Parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ” HA LUGAR A AUTORIZAR la interposición del recurso de revisión por el condenado Gabriel , contra la Sentencia de fecha 26 de julio de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 6 de San Bartolomé de Tirajana dictada en el Juicio Rápido núm. 70/2011 .”
SÉPTIMO.- El condenado Gabriel interpone recurso de trevisición por escrito de fecha 12 de junio de 2012.
OCTAVO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto se ratificó en su informe de fecha 3 de noviembre de 2011, interesando la desestimación del recurso.
NOVENO.- Se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 26 de septiembre de 2012, sin vista.
PRIMERO.- Se plantea este extraordinario recurso de revisión frente a la Sentencia de conformidad de 26 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana , que condenó al ahora recurrente en revisión como autor de un delito de conducción sin licencia o permiso a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad durante 22 días con imposición de costas
SEGUNDO.- El recurso de revisión es un recurso extraordinario en cuanto, de prosperar, supone un quebranto del principio de respeto a la cosa juzgada y a la imperiosa necesidad de certeza o seguridad en el campo del Derecho. De ahí que este instituto jurídico sólo pueda ser viable cuando se trate de sanar situaciones acreditadamente injustas en las que se evidencie, a favor del reo, la inocencia respecto al hecho que sirvió de fundamento a la Sentencia de condena y siempre que concurra alguno de los supuestos previstos en el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Constituye, pues, un procedimiento extraordinario para rescindir sentencias firmes, que en la misma medida en que ataca la cosa juzgada, representa una medida excepcional admisible únicamente en aquellos supuestos legalmente tasados en que se ponga en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena . En un Estado Social y Democrático de Derecho, el valor seguridad jurídica no puede prevalecer sobre el valor justicia, determinando la inmodificabilidad de una sentencia penal de condena que se evidencia «a posteriori» como patentemente injusta, pero esta convicción no puede tampoco determinar el permanente cuestionamiento de las sentencias firmes, utilizando el cauce de la revisión para obtener una tercera instancia que valore de nuevo la prueba practicada en el juicio o la contraste con otra prueba que aporte con posterioridad el interesado , a no ser que ésta -como expresamente exige el número 4º del art. 954 de la LECrim – sea «de tal naturaleza que evidencie la inocencia del condenado».
Dicho con otras palabras, el recurso de revisión es un recurso excepcional (v. SS. de 25 de junio de 1984 , 18 de octubre de 1985 y de 30 de mayo de 1987 , entre otras muchas posteriores), al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación (v. SS. de 30 de noviembre de 1981 y de 11 de junio de 1987 , entre otras). Supone, en definitiva, una derogación para el caso concreto del principio preclusivo de la cosa juzgada y persigue fundamentalmente mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica (v. STC de 18 de diciembre de 1984 ). Por todo ello, solamente cabe acudir a este remedio procesal en los supuestos expresamente previstos en el art. 954 de la LECrim , en el cuarto de los cuales se admite este recurso « cuando después de la Sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado ».
De tal manera, que solamente es posible plantear en un recurso de revisión la práctica de nuevas pruebas cuando: a) sean de posterior aparición a la fecha de la firmeza de la Sentencia que se pretende revisar, o conocidas posteriormente por el recurrente; b) se trate de pruebas inequívocamente concluyentes a los efectos de evidenciar la inocencia del condenado; c) que tales pruebas no hayan podido proponerse con anterioridad a la celebración del juicio oral, por causas que resulten de razonable apreciación.
TERCERO.- A la vista de los requisitos legales planteados, el presente caso debe ser estimado. Para ello, primeramente recordemos el supuesto que ahora se presenta ante este Tribunal Supremo:
La Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas dicta resolución de fecha 25 de abril de 2011 acordando inciar el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir, dando vista del expediente al titular de la misma Sr. Gabriel , para que formule alegaciones en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, cosa que hizo con fecha 13 de mayo de 2011.
Con fecha 23 de junio de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas dicta resolución en la que acuerda declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que es titular D. Gabriel , que no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha de recepción de tal acuerdo, pudiendo interponer contra el mismo recurso de alzada ante la Dirección General de Tráfico, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo.
Con fecha 28 de julio de 2011 (dos días después de la fecha de comisión de los hechos por los que es condenado el Sr. Gabriel ) la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas remite al Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) oficio adjuntando la resolución recaída en el expediente de pérdida de vigencia de autorización administrativa para conducir referida a D. Gabriel , en el punto anterior referido, solicitando sea notificada la misma a dicho interesado por los Agentes de Policía a su cargo (por tanto con fecha 28 de julio expresamente reconoce la Jefatura de Tráfico que de dicho acuerdo D. Gabriel todavía no tenía conocimiento).
Figura en dicho oficio, en la parte de abajo, la notificación hecha a la madre del sancionado (Doña Cecilia) con fecha 22 de agosto de 2011.
La notificación en legal forma de la resolución de 23 de junio de 2011 que declaraba la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir del Sr. Gabriel se hizo con fecha 22 de agosto de 2011, en la misma figura expresamente “…no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha recepción del presente acuerdo…” que sería a partir del 23 de agosto de 2011, y además no era firme ya que también incluye expresamente la posibilidad de recurrir dicho acuerdo en alzada ante la Dirección General de Tráfico en el plazo de un mes, luego el plazo de alzada sería del 23 de agosto hasta el 23 de septiembre.
CUARTO.- De lo anteriormente expuesto, podemos inferir claramente que con fecha 26 de julio de 2011, fecha en la que se dicta la Sentencia de conformidad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana, hoy recurrida, el condenado Sr. Gabriel era todavía titular de su permiso de conducir ya que aún no le había sido notificada la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de 23 de junio de 2011 que le privaba del mismo, notificación de la misma que le fue hecha por la Policía Local el 22 de agosto (a la madre del condenado que es quien la recibe), y aún en esa fecha dicha resolución no era firme ya que tenía la posibilidad el Sr. Gabriel de recurrirla en alzada ante la Dirección General de Tráfico.
Acreditado documentalmente lo anterior en la causa, procede estimar el recurso de revisión interpuesto.
QUINTO.- Al proceder la estimación del recurso se declaran las costas procesales de oficio ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de revisión interpuesto por la representación del condenado Gabriel contra Sentencia de conformidad de fecha 26 de julio de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana , la que se declara anulada, absolviéndose al recurrente y declarando de oficio las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.
Comuníquese la presente resolución al Juzgado de procedencia, interesándole acuse de recibo.
Tráfico: Las fotografías no acreditan la comisión de infracción por sobrepasar el semáforo en ámbar
Tráfico – Enero 2013
Las fotografías no acreditan la comisión de infracción por sobrepasar el semáforo en ámbar
Es claro que rebasar un semáforo en ámbar tiene los mismos efectos sancionadores que hacerlo cuando la luz está en rojo.
Como pone de relieve el comentario a la Sentencia (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Madrid, nº 34, 6-11-2012), el Ayuntamiento de Madrid, para detectar estas infracciones, ha venido utilizando desde 2009 el llamado sistema foto-rojo. Este ha dado lugar a la imposición de una gran cantidad de sanciones y, también, a la interposición de bastantes recursos en vía administrativa, puesto que, como denunció en marzo de 2010 Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se detectaron numerosos errores de sincronía entre las cámaras que captaban las supuestas infracciones y las fases del control semafórico.
En la Sentencia de 6 de noviembre de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid anula una multa por existir dudas de que el conductor cometiese una infracción, dado que en las fotografías se visualizaba cómo pasaba en ámbar y luego cómo el semáforo estaba en rojo, por lo que podríamos estar hablando de la excepción establecida en el art. 146 c) del Reglamento General de Conductores.
SP/SENT/701051 Juzgado de lo Contencioso Administrativo Madrid, n.º 34, de 6 de noviembre de 2012
Recurso 194/2011. Ponente: MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ.
Las fotografías tomadas en un semáforo, donde se ve que el vehículo pasa en fase ámbar y cuando lo supera está rojo, no son prueba suficiente para acreditar la infracción de tráfico por arrojar dudas
“… en este caso es cierto que la denuncia se formula en función de la captación de la presunta infracción por medios mecánicos, a través de una cámara que fotografía la fase en la que se encuentra el semáforo cuando el vehículo presuntamente infractor esté a punto de rebasarlo y cuando ello ya se ha producido.
Sin embargo, el examen de las fotografías incorporadas al expediente deja suficiente lugar a dudas como para haber hecho precisa, a riesgo de indefensión del expedientado, la admisión de las pruebas cuya práctica solicitó en vía administrativa.
En efecto, las fotografías en cuestión (dos) muestran una secuencia en la que el vehículo presuntamente infractor se encuentra en una posición anterior y posterior a la línea de detención que marca el semáforo para el paso de peatones. Sin embargo, aunque es cierto que el color de la luz que aparece en las fotografías no puede ser determinante para entender cometida o no la infracción sí lo es, sin embargo, la determinación de la posición (central o en la parte superior más alta del semáforo) de la luz que se encuentra encendida en la secuencia mostrada por las fotografías. Ello es así porque la distancia que existe en la parte inferior de la luz encendida y hasta la superior del dispositivo destinado a regular el tránsito de las personas en el paso de peatones, no parece ser suficiente para albergar los espacios correspondientes a la luz ámbar y verde, como habría debido ser en el caso de que el semáforo estuviese ciertamente en fase roja, y sí sólo para la existencia de un solo espacio que sería el destinado a mostrar la luz verde que se sitúa bajo la ámbar en cada semáforo. Todo ello considerando además que la luz que aparece en el dispositivo destinado a los vehículos aparece del mismo color que la del destinado al paso de los peatones, siendo así también, al menos aparentemente, la luz que ilumina la orden para los peatones parece ser la roja de prohibición, lo que resultaría incompatible, en principio, con el semáforo en fase roja para los vehículos.
Tal duda razonable que existía en el expediente, y que esta Magistrada comparte según el razonamiento expuesto, sitúa al recurrente en una posición de indefensión -al no haberse admitido las pruebas propuestas en vía administrativa- y, por encima de ello incluso, en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo al no considerarse suficiente la prueba de cargo existente en el expediente, todo ello considerando que la denuncia se cursó por Agente cuya observación directa de la infracción no consta, sino a partir de las repetidas fotografías.
25 enero, 2013 26 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
RDL 27/2012, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios Se ha aprobado el RDL 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios.
El objetivo fundamental que persigue la norma consiste en la suspensión inmediata y, por un plazo de dos años, de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o notarial de ejecución hipotecaria. En estos casos, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, se impide que se proceda al lanzamiento suspendiéndolo cuando estemos ante lo que se califica como personas que se encuentren dentro de una situación de “especial vulnerabilidad”.
De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.
Asimismo, en las familias que se acojan a esta suspensión, los ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Además, es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
A diferencia de los supuestos regulados en las normativas anteriores (RDL 8/2011 y RDL 6/2012), que han resultado prácticamente inservibles, ya que para poder acceder a su regulación se debía cumplir unos requisitos excesivamente estrictos, con el nuevo Real Decreto-Ley, se abre una verdadera oportunidad para poder combatir el lastre que implica el elevadísimo número de ejecuciones hipotecarias existentes.
Valor liberatorio del finiquito.
25 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
La expresión “cesa en la prestación de servicios” solo confirma el hecho del despido, no el aquietamiento del actor. Desproporción entre la indemnización entregada y la que le hubiera correspondido en el supuesto de despido
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, recurso nº 3158/2011. Ponente: Ilma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga.
Comunicado verbalmente el despido al actor, ese mismo día suscribe un documento de finiquito en el que declara “recibir la cantidad de 18.930’50 por diferentes conceptos entre los que consta una partida de 15.000 correspondiente a indemnización y quedar totalmente finiquitado por todos y cuantos devengos salariales y derechos le pudieran corresponder por razón de trabajo realizado, así como no tener nada más que decir ni reclamar de la empresa”.
PRIMERO.- Recurrida en suplicación por la parte actora… la sentencia razona que el documento de saldo y finiquito firmado por el actor el 9 de marzo de 2010 no contiene ninguna expresión inequívoca equivalente a dar por terminada la relación laboral aquietándose al acto del despido y no equivale a ello la de “cesa en la prestación de servicios” que “solo confirma el hecho del despido, sino de no tener nada que reclamar por el trabajo realizado, es decir, que las deudas salariales que se liquidan, interpretación que además de literal ( art. 1281 Cc .) la avala la desproporción entre la indemnización entregada y la que hubiera correspondido en el supuesto de despido declarado improcedente (15.000 euros recibidos por 105.526 -s.e.u.o- en el segundo supuesto)”, por lo que el actor tenía acción para demandar por despido
CUARTO.- …No procede atribuir ninguna virtualidad extintiva al hecho de que el trabajador haya firmado el citado documento ya que fue la empresa y no el trabajador la que decidió unilateralmente extinguir el contrato, procediendo seguidamente a suscribir el trabajador al documento de saldo y finiquito, abonando la empresa, en concepto de indemnización, una cantidad sensiblemente inferior a la que le correspondía.
25 enero, 2013 25 enero, 2013 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
La reforma que se avecina en los contratos de arrendamientos de vivienda
La semana pasada fue aprobado por el Gobierno un anteproyecto de ley de Arrendamientos Urbanos, que introduce modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuyo principal objetivo es el de dinamizar el mercado de alquiles de viviendas y potenciar dicho mercado, siendo las principales herramientas para llegar a tal fin: reducir los plazos de duración del contrato, dotar de una mayor seguridad jurídica a través de la inscripción registral de los arrendamientos y conseguir la agilización del procedimiento de desahucio. Si bien dicha reforma puede aún experimental algunos cambios, por cuanto aún queda por delante el debate de la misma en el Congreso de los Diputados, todo apunta a que finalmente la futura ley recogerá las novedades que apuntaba el gobierno la semana pasada.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio