Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-65682012000100015&script=sci_arttext
Timestamp: 2019-01-17 09:54:43+00:00

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Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales: Argentina, 1975-2008
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000100015
Polis, Revista Latinoamericana, Volumen 11, Nº 31, 2012, p 257-278
Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008*
Resumen: El presente artículo aborda la reconstrucción de los conflictosque enfrentaron a la burguesía agraria argentina con el gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, entre marzo y julio de 2008. Estosenfrentamientos interburgueses son comparados con su antecesor inmediato, los"paros agrarios" de 1975, con los que las corporaciones rurales iniciaron una ofensiva destinada a impulsar el golpe de estado de marzo de 1976, cuyo programaconsistía en eliminar la amenaza revolucionaria y relanzar la acumulación de capital. Nos ocuparemos de reconstruir las alianzas sociales enfrentadas en ambas coyunturas, sus componentes, su programa y sus acciones, prestando especial atención a la acción política emprendida por la burguesía agraria. Buscamos desentrañar, de esta manera, la naturaleza de ambas crisis, sus semejanzas y diferencias.
Palabras clave: Régimen democrático, Lucha de clases, Burguesía agraria, Corporaciones empresarias.
Abstract: This article focuses on the reconstruction of the conflict between the agrarian argentinian bourgeoisie and the national government, headed by Cristina Fernandez de Kirchner, between March and July 2008. These inter-bourgeoisconfrontation are compared with their immediate predecessor, the "agriculturalstrikes" of 1975, with which the rural corporations began an offensive to drive thecoup of March 1976, whose program was to eliminate the revolutionary threat andboosting capital accumulation. We will rebuild the social alliances competing inboth situations, its components, its programs and activities, with particular attentionto political action undertaken by the agrarian bourgeoisie. We seek to unravel inthis way the nature of both crises, their similarities and differences.
Keywords: Democratic regime, Class struggle, Agrarian bourgeoisie, Interest Groups.
Resumo: O presente artigo aborda a reconstrução do conflito que opôs aArgentina agrária com o governo nacional liderado por Cristina Fernandez deKirchner, entre março e julho de 2008. Estes confrontos inter-burgueses são comparados com seu antecessor imediato, as "greves agrícolas", de 1975, com que asempresas rurais iniciaram uma ofensiva para conduzir o golpe de março de 1976,cuja agenda era eliminar a ameaça revolucionária eo relançamento do acumulaçãode capital. Nós vamos a reconstruir as alianças sociais concorrentes em ambas assituações, os seus componentes, o seu programa e actividades, com especial atençãopara a ação política empreendida pela burguesia agrária. Procuramos desvendar,assim, a natureza de ambas as crises, as suas semelhanças e diferenças.
Palavras-chave: regime democrático, luta de classes, burguesia agrária, Corporate empresários.
Argentina ha protagonizado recientemente un conflicto inusual: unade las fracciones de su clase dominante, la burguesía agraria, se movilizópara enfrentar la política gubernamental. Entre marzo y julio de 2008, laburguesía agraria argentina en su conjunto, utilizó métodos más propios delos explotados, los cortes de calle, la paralización de la venta de su producción y la deliberación en asambleas, para enfrentar disposiciones gubernamentales tendientes a elevar los impuestos a la exportación de productosagropecuarios. Decimos que fue un conflicto inusual porque la intervención política de la clase dominante suele darse dentro de los marcosinstitucionales, en el parlamento y a través de los partidos políticos queexpresan sus intereses. No es común que los propios burgueses salgan a lacalle ni que recurran a la acción directa para imponer sus demandas. En lahistoria argentina esto ha sucedido pocas veces, y en términos de la profundidad de los enfrentamientos, sólo registra un antecedente: los paros comerciales agrarios de 1975, mediante los cuales esta fracción de la burguesía intervino para forzar la salida del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y el cambio de régimen, que llevó al poder, a través deun golpe de estado, a las Fuerzas Armadas. Aquella coyuntura es famosa nosólo por el alto grado de enfrentamiento previo, sino porque la principaltarea emprendida por aquella dictadura fue la eliminación de la amenazarevolucionaria, aplicando la represión clandestina, la tortura y el asesinatode miles de dirigentes de izquierda. En este artículo nos ocuparemos dereconstruir y comparar ambos conflictos, la ofensiva golpista de la burguesía en 1975-1976, y el "conflicto del campo", denominación que adquirieron los enfrentamientos de la burguesía agraria con el gobierno en 2008.
Para explicar la naturaleza y las causas de los enfrentamientos de1975 y del golpe de estado de 1976 en la Argentina debemos retrotraernosa la primera mitad de la década del ’50. Desde ese momento el país comienza una etapa de inestabilidad política y económica, correctamente caracterizado por algunos autores como crisis hegemónica (O’Donnell 1976; Portantiero 1973). Un elemento central de esta crisis son los enfrentamientosinterburgueses, que se expresaron en la disputa entre dos alianzas, dirigidaspor distintas fracciones de la burguesía, que intentaban imponer su salida ala crisis. Este enfrentamiento no pudo resolverse en los 20 años que van de1955 a 1976. La alianza que expresaba los intereses de la burguesía másconcentrada, que se alzó con el gobierno tras los golpes militares de 1955,1962 y 1966, tenía un programa que implicaba la expropiación de las fracciones más débiles de la burguesía, de la pequeña burguesía y de la claseobrera, desatando un proceso de concentración y centralización que relanzarala acumulación de capital en el país. Este programa encontró un freno en laestructuración de una "alianza defensiva", que se expresó mayormente através del peronismo, que a pesar de no poder relanzar la acumulación decapital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por el programa liberal. Esto llevó a una situación de "empate" en medio de una crisis que se profundizaba con el correr del tiempo.
El año 1969 marca un hito en el proceso, ya que aparece allí,incipientemente, una tercera alianza integrada por fracciones del proletariado y de la pequeña-burguesía, que actuaba con independencia de lasdistintas fracciones de la clase dominante (Balvé y Balvé 2005; Marín 2003;Izaguirre 1994). La profundización de la crisis política y económica, laincapacidad de la burguesía para dar una salida y los sistemáticos ataqueshacia las clases dominadas fueron minando los lazos ideológicos que hacían posible la dominación. Los cuestionamientos de conjunto a la sociedad capitalista se fueron haciendo cada vez más fuertes, y fue en este contexto que se gestó esta tercera alianza o fuerza social, que desde 1969 comenzó a atacar objetivamente las bases de la dominación social de la burguesía. Estas fracciones comenzaron a romper paulatinamente con la estrategia reformista, característica de la clase obrera hasta ese momento. Unsíntoma de este cambio de estrategia se manifestó en el recurso a la accióndirecta para expresar reclamos frente al Estado o la clase dominante, quecomenzó a incrementarse en la etapa en detrimento de los reclamosinstitucionales, más propios del reformismo. Esto se expresó en la aperturade un ciclo de insurrecciones (la más importante de las cuales fue el"Cordobazo", de 1969) y en el crecimiento de las tendencias de izquierdarevolucionaria, a nivel sindical y político, abriendo un ciclo de luchas en elque se ponía en cuestión la dominación. Por estas razones, estaríamos antela apertura de un proceso revolucionario.
El retorno del peronismo al gobierno, el 25 de mayo de 1973, constituyó un intento, encabezado por ciertas fracciones de la burguesía (centralmente la burguesía industrial), para descomprimir la situación políticaexplosiva que vivía en esos momentos el país. La clausura de régimen militar instaurado en 1966 y el desarrollo de unas elecciones sin la proscripción del peronismo, por primera vez en casi 20 años, permitieron canalizarel descontento de las masas por la vía institucional. Frente a la coyunturaelectoral, la Fuerza Social Revolucionaria se quebró, y buena parte de quiénes venían enfrentando al régimen militar abandonaron el combate esperanzados en el retorno del viejo líder reformista. Sin embargo, Perón no tardó mucho en demostrar que no volvía para llevar adelante la "revoluciónnacional" que anhelaba el ala izquierda de su movimiento. A poco de andarcomenzaron los ataques contra la izquierda peronista y no peronista,avalados por el propio líder. Primero fue la "Masacre de Ezeiza", el 20 dejunio de 1973, una emboscada encabezada por la derecha peronista durantelas movilizaciones por el retorno al país de Perón, que terminó con el asesinato de decenas de militantes del ala izquierda del movimiento. Le siguieron los golpes e intervenciones contra las gobernaciones peronistasafines a la "Tendencia Revolucionaria", y la creación de una fuerzaparamilitar destinada a eliminar a los dirigentes de la izquierda: la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o "Triple A").
En términos económicos el peronismo impulsó un plan de cuño claramente reformista, elaborado por la Confederación General Económica(CGE),1 que fue llevado adelante por José Ber Gelbard, histórico dirigentede la entidad que asumió como ministro de Economía. El principal problema de la economía argentina, las crisis cíclicas que estallaban periódicamente como crisis de balanza de pagos por el saldo negativo de las exportaciones con respecto a las importaciones, intentó ser resuelto, nuevamente, transfiriendo ingresos del agro a la industria. El principal mecanismo detransferencia de renta fue la intervención estatal en el comercio exterior e interior de productos agropecuarios. A través de la centralización de la producción y su venta a través de organismos oficiales, el Estado captaba unaporción de la renta pagando precios menores a la cotización internacionalde los productos. A su vez, se intentó estimular la producción agraria paraaumentar los excedentes exportables, sancionando impositivamente ladesinversión. El subsidio a las exportaciones industriales fue la principalvía en que la renta captada por el Estado iba a parar al ineficiente entramado industrial (Acuña 1996). Pero la iniciativa más importante encarada porGelbard fue el acuerdo entre una fracción del empresariado (la burguesíaindustrial) y las cúpulas sindicales, destinado a contener la inflación. Apartir de la firma del "Pacto Social", denominación que adoptó el acuerdo,los empresarios se comprometían a no aumentar los precios y los dirigentessindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. Sin embargo, esteacuerdo tenía implicancias que trascendían los objetivos económicos: elcerrojo que se imponía sobre los conflictos salariales apuntaba no solo acontener la inflación, sino a aquietar las aguas de la conflictividad obrera.
El tibio programa reformista que intentó aplicar el peronismo nopudo relanzar la acumulación ni poner un freno a los conflictos obreros,que comenzaron a estallar a poco de asumido el nuevo gobierno. La insurgencia tampoco pudo ser erradicada mediante el accionar paramilitar, impulsado desde el propio gobierno peronista. Las tensiones siguieron acumulándose hasta que, en 1975, comenzaron a estallar. Ante el fracaso de laalianza reformista para dar salida a la crisis, la contrarrevolución comenzósu ofensiva contra el gobierno. A medida que la crisis se profundizaba, lasdivisiones en el seno de la burguesía tendieron a resolverse por la vía de laconfluencia en una alianza que se proponía liquidar los brotes de insurgencia para recomponer la hegemonía y lazar, desde nuevas bases, la acumulación de capital. Denominamos a esta alianza Fuerza SocialContrarrevolucionaria. Ella fue la que promovió el golpe de estado de 1976,la eliminación de la Fuerza Social Revolucionaria mediante el aniquilamiento de sus dirigentes y cuadros medios, y el disciplinamiento del conjunto de sus bases. Uno de sus principales componentes fue la burguesíaagraria, que a través de sus corporaciones, emprendió una ofensiva de "paros comerciales" que culminaron en un lock out general en febrero de 1976.Hacia 1975, las divisiones en la clase dominante tendieron a desdibujarse,produciéndose una confluencia detrás de la salida golpista, empujadas porla descomposición del régimen y el peligro común que enfrentaban: la alianzarevolucionaria.
Durante 1975 se realizaron cinco paros agrarios de alcance nacional, en los que se destacó la participación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), encabezada por su fracción pampeana, CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), de Federación AgrariaArgentina (FAA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA).2 Además, se realizaron otros 11 paros de alcance regional, que incluyeron cortes de ruta,movilizaciones y llamados a la rebelión fiscal (no pago de impuestos). Elprimer paro comercial3 de alcance nacional tuvo una duración acotada, de 24 horas, pero constituyó el inicio de una ofensiva sin precedentes de laburguesía agraria. Fue convocado para el 3 de marzo por el Comité deAcción Agropecuaria (CAA), que reunía a SRA, CRA y CONINAGRO. Lamedida alcanzó, según sus organizadores, un acatamiento del 90%, y fueacompañado por medidas de acción directa tendientes a garantizarlo, comoel ataque a los camiones que intentaron transportar productos agrarios.4
A poco de finalizado el paro, las corporaciones que lo impulsaronmanifestaron diferencias sobre la continuidad de la ofensiva. Mientras queCRA y CARBAP se pronunciaron a favor de convocar a un nuevo parocomercial, CONINAGRO y SRA se mostraron más cautos. Estas diferencias no pudieron salvarse, llevando a la ruptura del CAA. Sin embargo,esto no implicó el fin de la ofensiva. Una nueva alianza, constituida porCRA y FAA, retomaría la posta convocando a un nuevo paro (ganadero),esta vez por tres días, que se concretó entre el 19 y el 21 de mayo. La SRAretomaría el curso de la acción directa en junio, al sumarse al paro comercial por 3 días convocado por el Comité de Defensa de la Producción Lechera, junto a CRA y la FAA.
Hasta este momento, los reclamos de la burguesía agraria fueronmayormente gremiales: en particular, el mejoramiento del precio de susproductos, que eran fijados por el Estado a través de distintos mecanismosde regulación. Sin embargo la naturaleza de los reclamos cambió a partir dejunio, cuando el fracaso del plan económico que intentó implementar elministro Celestino Rodrigo puso sobre la mesa que la resolución de losproblemas económicos demandaba una solución política previa. El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materiaeconómica con el nombramiento de Rodrigo, el 2 de junio de 1975. Suprograma consistió en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a constituirse en el primer escalón de un relanzamiento de la acumulación de capital por la vía de un aumento de la explotación. El plan se basóen una importante devaluación de la moneda y un fuerte aumento de precios y tarifas, que no serían acompañados por aumentos salariales, a losque el gobierno fijó un tope menor al aumento de precios. Sin embargo,pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de laclase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallarparos parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como "ElRodrigazo". Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaban latradicional conducción sindical peronista, en una escalada que amenazabalas propias bases de la dominación social (Löbbe 2009; Kandel y Monteverde1976).
Como veremos, el fracaso del plan puso al conjunto de la burguesíaen pie de guerra. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma enque se produjo, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía relanzó su ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar algobierno. Esto se observa, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comenzaron a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general,económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A suvez, aumentaron las referencias al problema de la "subversión", con la quese hacía referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también alas fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la "guerrilla fabril". Por último, se insiste una y otra vez en laincapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de unpermanente llamado al "restablecimiento del orden", con claras connotaciones golpistas (Sanz Cerbino 2009).
Un ejemplo de ello es el discurso pronunciado por Jorge Aguado,presidente de CARBAP y futuro funcionario de la dictadura, en el acto porel 43º aniversario de esa entidad, el 24 de julio de 1975 (Aguado 1977:157-163). Allí se refirió negativamente a la situación nacional yresponsabilizó por ella al gobierno, al que atacaba con una virulencia inédita. El dirigente agrario caracterizó que la Nación se encontraba ante"una crisis general", que comprometía la existencia misma del poder delEstado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre argentinos y laestabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país, ya que "fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tanocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda". La alusión alfantasma de la subversión, que reavivó la reacción popular al plan Rodrigo,era clara. Cerró su discurso señalando que los productores rurales estabandispuestos a luchar por devolver al país "tres factores fundamentales": autoridad, seguridad y confianza. Ese reclamo parece una clara invocación ala intervención militar.
El endurecimiento de las posiciones precedió a la convocatoria a nuevas medidas de fuerza. A fines de agosto, el frente conformado por CRAy FAA convocó a un paro comercial ganadero de 11 días, que se realizóentre el 19 y el 29 de septiembre, al que se sumó SRA. Se cumplió con ungran acatamiento en todo el país, acompañado por movilizaciones y cortesde ruta. Contó con la solidaridad de sectores del comercio y de la industria,que realizaron cierres y "apagones" en adhesión. También recibió el respaldo de algunos partidos políticos provinciales y de la principal fuerza deoposición, la Unión Cívica Radical (UCR). Finalizada la medida, las entidades convocantes mantuvieron el estado de alerta y abrieron un paréntesisde 10 días para retomar el diálogo con el gobierno. Las reuniones con lasautoridades nacionales se sucedieron vertiginosamente, sin que las promesas oficiales pudieran torcer la voluntad de las corporaciones rurales de ir a un nuevo paro.
El siguiente paro comercial, quinto y último de 1975, fue convocado para el 24 de octubre por CRA, FAA y SRA, y tuvo una duración de 18días. El anuncio repentino y su extensión tomaron por sorpresa al gobierno,que no pudo acumular stocks de hacienda. El masivo acatamiento tuvo,entonces, importantes consecuencias: generó un pronunciadodesabastecimiento y el aumento en los precios de la carne y sus substitutos,que en un contexto inflacionario trajo graves problemas. Frente a la escalada de los precios, el Ministerio de Economía fijó precios máximos paratodos los cortes de carne y amenazó con aplicar la ley de abastecimientoexpropiando hacienda. Sin embargo las medidas tomadas no fueron efectivas: los dueños de carnicerías salieron a denunciar que el producto no lesllegaba a los precios fijados por el gobierno, y declararon un lock out hasta que se garantice el abastecimiento a los precios oficiales. Este nuevo parocontó con el respaldo de varios partidos políticos y de las corporacionesempresarias más importantes del país. Se produjeron movilizaciones, concentraciones, cortes de ruta y cierres de comercios en varias ciudades delinterior. A su vez, el gobierno denunció amenazas y atentados dirigidoscontra aquellos que no se sumaron a la medida de fuerza.
Una vez concluido el paro, la ofensiva de la burguesía no cejó. Lasdeclaraciones y los pronunciamientos fueron aumentando su virulencia amedida que la crisis se profundizaba. Las amenazas de nuevos paros erancasi diarias y ya se hablaba abiertamente del golpe de estado en todos losámbitos. En el marco de esta ofensiva, la burguesía conformó la AsambleaPermanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que constituyó el núcleo del "partido del orden". El origen formal de APEGE se remontaba a agosto del ’75, producto directo del fracaso del "Rodrigazo". Comodecíamos, este hecho constituyó un punto de inflexión, que sacudió a laburguesía y la puso en pie de guerra: fue la constatación de que la salida ala crisis de acumulación no podría alcanzarse si previamente no se derrotaba a la clase obrera y a su vanguardia. Como veremos, este va a ser elprograma de APEGE.
La entidad surgió de las reuniones sostenidas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y CARBAP. Al poco tiempo sesumaron SRA y la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas(CAMSACOM). Estas corporaciones integrarían su dirección, el Secretariado Ejecutivo, constituido en septiembre. A fines de octubre se realizóuna reunión plenaria en la que se votó un programa, que sería refrendadopor las bases empresarias en tres asambleas simultáneas el 13 de diciembrede 1975. El programa tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecerel orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, y asociado a este,eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollodel proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la claseobrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las"comisiones internas" dominadas por la izquierda revolucionaria. En tercer lugar, se reclamaba un recorte de los gastos estatales y eliminar losaumentos de impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir,se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientesy trasferencias hacia la clase obrera. Por último, se abogó por la liberaciónde los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales elEstado se apropiaba de la renta, subvencionaba el consumo y protegía auna industria incapaz de competir.
Como lo demostró el fracaso del "Rodrigazo", este programa nopodría implementarse en los marcos de la democracia burguesa. Eldisciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para su implementación, solo podrían obtenerse bajoun régimen de excepción. Por eso, estas fracciones de la burguesía concentraron su acción en generar las condiciones para el golpe. Es así que, mientras APEGE y las corporaciones de la burguesía que la integraban avanzaban en su acción de desgaste del gobierno democrático, encolumnando alconjunto de la burguesía tras su estrategia y buscando neutralizar cualquieratisbo de resistencia al golpe, el personal técnico que llevaría a cabo elprograma, los militares, fueron ubicándose en sus posiciones. Por debajode la mesa, civiles y militares ultimaban detalles. Algunas de estas negociaciones han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante enJefe del Ejército, Jorge Rafael Videla (futuro presidente de facto del país),en noviembre de 1975, con dirigentes de SRA. Allí se manifestó preocupación por el avance de la "subversión", a la que no se dudó en relacionar conla política del gobierno: "La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, (hay) desgobierno (y) un clima de terror creado por laguerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos nivelespolíticos y administrativos" (Sociedad Rural Argentina 1976). Pero, comodecíamos, para dar el golpe, y para que este pudiera llevar adelante lastareas que demandaba el aniquilamiento de la Fuerza Social Revolucionaria, era necesario generar las condiciones políticas que lo hicieran posible.Esto es, obtener el mayor apoyo posible para este programa. Y en los casosen que no se consiguiera el apoyo, obtener por lo menos una neutralidadque garantizara la menor resistencia. Por eso, la disputa política más importante del momento pasó por demostrar que el gobierno reformista era incapaz de encausar la situación. A su vez, el desgaste a que se sometía algobierno apuntaba a minar el apoyo que tenía dentro de la clase obrera,buscando evitar que a la hora decisiva salieran a defenderlo.
A eso apuntaba la ofensiva final encabezada por APEGE, que comenzó a fines de 1975 y culminó con el golpe de marzo de 1976. El factoraglutinante fue el intento gubernamental de imponer una reforma impositiva,que rápidamente se ganó el repudio del conjunto de los empresarios. Losprimero comunicados de la entidad ya amenazaban con la convocatoria a un lock out, medida finalmente aprobada en la asamblea del 28 de enero de1976. La fecha fijada para la protesta fue el 16 de febrero, y los reclamosno se concentraron sólo en la reforma fiscal sino que exigieron un drásticogiro en la política económica: reducción del gasto público, reducción de lacarga fiscal, derogación de la legislación laboral, eliminar a las comisionesinternas y el activismo sindical de las fábricas, liquidar a la subversión yrestablecer el orden.
A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegandoadhesiones de distintas cámaras empresarias al lock out, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. Incluso la CGE, que todavíamantenía su respaldo al gobierno, se vio obligada a endurecer su discurso,convocar a tibias medidas de protesta e incluso, dejar en libertad de accióna los empresarios que decidieran sumarse a la medida de APEGE, luego dehaber condenado públicamente el lock out. Es que la atracción que generaba el programa de APEGE comenzó a erosionar las bases de la CGE, hechoque se manifestó en la ruptura de buena parte de las entidades que la componían con su dirección y el alineamiento con los empresarios golpistas.
El lock out contó con el apoyo de unas 1.200 cámaras comerciales eindustriales, generando una adhesión casi unánime en todo el país, especialmente en el comercio y en el agro. A diferencia de los dos últimos parosagrarios de 1975, el lock out de APEGE no tuvo efectos materiales significativos. Los paros agrarios tuvieron una duración tal, 11 y 18 días, quegeneraron problemas de abastecimiento y el aumento en los precios de lacarne, en un contexto económico ya signado por la hiperinflación y eldesabastecimiento. No fue el caso del lock out del 16 de febrero. Sin embargo, el impacto político de la medida fue aún más significativo. El apoyomasivo de la burguesía al paro, y por ende, al programa golpista impulsadopor APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirviótambién para medir el respaldo que aún conservaba el gobierno en la claseobrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el paro golpista ni a respaldar al gobierno, terminó de definir susuerte. El futuro golpe de estado tenía el respaldo de la clase dominante, yse había obtenido, por lo menos, la neutralidad complaciente de los explotados.
Desde el fracaso del Plan Rodrigo la alianza golpista comenzó suofensiva final contra el régimen democrático. Durante la segunda mitad de 1975 los esfuerzos organizativos cuajaron en la formación de un "partido",que llevó adelante la tarea de derrocar al gobierno democrático para eliminar las trabas que impedían a las Fuerzas Armadas liquidar militarmente ala insurgencia. Este partido, como se observa en nuestra reconstrucción,fue APEGE. El partido del orden se organizó: se sumaron corporaciones,se discutió en asambleas el programa y el plan de lucha, y se enfrentó ideológicamente al programa rival, el reformismo encabezado por el gobiernoperonista y la CGE. En ese proceso el partido de la contrarrevolución fuecreciendo, al calor de las distintas fracciones de la burguesía que sumabansu apoyo. Se tejieron los lazos con el personal técnico que llevaría a cabolas tareas planteadas, los militares. Y cuando todo estaba listo, se emprendió la ofensiva final contra el gobierno: el lock out del 16 de febrero. Esa demostración sirvió además como globo de ensayo: medir el apoyo de laburguesía al programa, y la pasividad de las clases dominadas que no salieron a enfrentar el paro golpista. Luego todo estaba dicho. Poco menos deun mes después, el 24 de marzo de 1976, los militares se alzaron con elpoder.
Los enfrentamientos de 2008 fueron producto de los mismos límitesestructurales que obturaban en la década de 1970: la incapacidad de larenta agraria para sostener el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzasproductivas en la Argentina. Durante las décadas de 1980 y 1990, estoslímites fueron compensados por el aumento de la explotación (caída de lossalarios reales, avance sobre conquistas laborales y desocupación de masas), un enorme proceso de liquidación de capital sobrantes y el aumentoexponencial del endeudamiento externo. A pesar de ello, la industria argentina siguió perdiendo posiciones en los mercados internacionales y la crisiseconómica, la miseria, la desocupación y la conflictividad social, se volvieron crónicas. Las consecuencias sociales del ajuste y el cierre de losmercados de crédito internacionales profundizaron la crisis hacia fines delos ’90. Luego de dos décadas de reflujo de las luchas obreras, comenzó agestarse una alianza, encabezada por obreros desocupados, que comenzó aenfrentar el ajuste permanente abriendo una disputa por el poder político.Reapareció entre los explotados, nuevamente, la tendencia a la acción directa y crecieron los partidos de izquierda que se abocaron a la organización de los "piqueteros", nombre de fantasía con que se conoció a los desocupados que recurrían al corte de ruta (los "piquetes") para reclamar alEstado subsidios y puestos de trabajo (Sartelli 2007).
La crisis que se venía gestando estalló violentamente en diciembrede 2001. El creciente déficit de balanza comercial y la bancarrota del Estado obligaron al gobierno a profundizar el ajuste sobre los asalariados. Larespuesta de la "alianza piquetera" fue la insurrección nacional del 19 y 20de diciembre de 2001, conocida bajo el rótulo de "Argentinazo", que obligó al presidente a renunciar y abrió un nuevo proceso revolucionario. Enlas semanas siguientes se agudizaron las disputas por el poder, hasta que lapresidencia fue asumida por el dirigente peronista Eduardo Duhalde, con elapoyo de las cámaras legislativas. Sobre la base de una profunda devaluación de la moneda, que devolvió competitividad a la industria local bajando los salarios en dólares, la cesación de pagos de deuda externa y conteniendo la movilización social a través del un amplio plan de subsidios a ladesocupación, la cooptación de dirigentes y la represión a los "piqueterosduros", comenzó el intento de restauración de la hegemonía burguesa. Losgobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner(2007-2011), son hijos de este proceso (Sartelli 2007; Cominiello 2007).
El plan económico y político de los Kirchner es una continuacióndel iniciado por Duhalde en 2002. En términos económicos, se apostó a undesarrollo industrial que elevara el empleo y resolviera en el mediano plazo los problemas sociales. El problema estructural de la falta decompetitividad de la industrial local buscó ser salvado mediante la licuación de salarios reales vía devaluación. Este esquema económico se enfrentaba al fantasma de la hiperinflación, que podría hacer estallar los frágilesequilibrios sociales alcanzados. Para evitar la escalada inflacionaria, elgobierno recurrió a una amplia estructura de subsidios al transporte y a losprestadores de servicios públicos, que mantendrían congeladas las tarifas.Estos subsidios funcionaban, a su vez, como una transferencia hacia la burguesía industrial, principal beneficiaria de las tarifas congeladas. En ausencia de financiamiento externo, los crecientes gastos estatales fueron sostenidos merced al aumento de las cargas fiscales sobre las exportacionesagropecuarias. En términos políticos, el "kirchnerismo" buscó contener lasmovilizaciones sociales realizando concesiones materiales (los subsidios ala desocupación) y discursivas "por izquierda". El crecimiento de la actividad industrial y la caída de la desocupación operaron en el mismo sentido.Así, la lucha de los explotados entró en un reflujo, aunque, a diferencia delo sucedido en 1976, no se eliminó la amenaza. Se instaló un régimen"bonapartista", que a través de un personal político adventista, intentó restaurar la hegemonía de la clase dominante desmovilizando a las masas ycooptando a sus organizaciones. El gobierno logró así un precario equilibrio que dependía, nuevamente, de la posibilidad de captar y redistribuirlos ingresos por renta agraria. Los impuestos a la exportación de materiasprimas ("retenciones") se convirtieron en la pieza clave del esquema, y porellas estalló el conflicto de 2008 (Sartelli 2007).
El plan económico comenzó a mostrar síntomas de agotamiento desde2006. Los gastos estatales destinados a contener la inflación se hicieroncada vez más altos. A pesar de ello, la inflación, que crecía a ritmo lentopero sostenido, fue devorando la protección cambiaria, sin que la industrialograra remontar vuelo propio. El crecimiento industrial comenzó a mostrar sus límites, sin solucionar los problemas estructurales. Sostener el esquema implicaba entonces aumentar las transferencias a una industria queno lograba recuperar competitividad. El futuro auguraba entonces una crisis fiscal que ya comenzaba a observarse. En ausencia de crédito externo, escaso por la crisis económica mundial, y más aún para Argentina, que nohabía renegociado aún la deuda en default con los organismos internacionales de crédito, la solución pasaba por captar una mayor proporción derenta agraria. Una coyuntura de alza en los precios internacionales de losproductos agrarios facilitó esta solución, y el gobierno se precipitó aimplementar el esquema de tarifas de la discordia, la Resolución Nº 125/2008 del Ministerio de Economía.
La mentada resolución elevaba los impuestos a la exportación delos principales granos producidos en el país, y estableció una "tablita" deretenciones móviles, es decir, que subían o bajaban las alícuotas según evolucionaran los precios. En el caso de la soja, el cultivo de mayor expansiónen los últimos años, las retenciones llegaban al 41%, y en caso de superar elprecio internacional los 610 dólares, el estado se apropiaba el 95% de cadadólar ingresado por encima de ese precio. Las retenciones tenían efectosdiferentes sobre las distintas tierras. A los más eficientes (por su tamaño y/o mejores tierras), sólo les afectará una porción de la renta diferencial. Encambio, los capitales menos eficientes podrían ver incluso amenazada susupervivencia como tales, ya que les afectaba su tasa de ganancia. Por estarazón, fueron los productores más chicos los que impulsaron más fuertemente el enfrentamiento (Sartelli 2008; Barsky y Dávila 2008).
El conflicto estalló el 11 de marzo de 2008, con el anuncio de la Resolución 125 y culminó el 18 de julio, con su derogación. En más decinco meses de duración, 129 días, asistimos al desarrollo de una fuerza social que, como en 1975, brotó desde los reclamos corporativos y alcanzóa darse una fórmula política de alcance nacional. El enfrentamiento puededividirse en tres etapas. La primera va desde el 11 de marzo hasta la primera tregua (2 de abril). La segunda comienza con la tregua y llega hasta queel Poder Ejecutivo envía la resolución 125 al Parlamento, en un intento pordestrabar el conflicto, el 17 de junio. La tercera gira en torno a la batallalegislativa, y se extenderá hasta la derogación de la resolución en la Cámara de Senadores, el 18 de julio.
Un día después de conocida la modificación del esquema de retenciones las cuatro corporaciones más importantes de la burguesía agrariaargentina, CRA, FAA, SRA y CONINAGRO, anunciaron un paro comercial por 24 horas.5 La medida se cumplió con un alto acatamiento y recibióel apoyo de varias entidades de empresarios vinculados al agro: bolsas decomercio, acopiadores de granos y contratistas de maquinaria. Fue acompañada por manifestaciones y "tractorazos", una modalidad de protestaagraria que consiste en movilizarse conduciendo maquinaria agrícola. Elepicentro de los conflictos se encontró en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Ante la falta de respuestas oficiales, el 14 de marzo se decidió extender la protesta hasta el miércoles 19. Durante ese período se incrementaronlas movilizaciones y comenzaron a realizarse cortes de ruta en todo el paíspara garantizar la medida. El gobierno, por su parte, recibió el apoyo de laConfederación General del Trabajo (central sindical obrera), de organizaciones de desocupados afines al gobierno y de la Unión Industrial Argentina.
A pesar de los ofrecimientos oficiales en negociaciones secretas delas que participaron las cuatro corporaciones, el conflicto se profundizópor la negativa presidencial a tocar el esquema de las retenciones. El 17 demarzo se anunció que la protesta se extendería "por tiempo indeterminado". Comenzaron a ganar protagonismo los manifestantes "autoconvocados", es decir, aquellos que no parecían responder a las resoluciones de lascorporaciones que encabezan la protesta. En realidad, se trataba de dirigentes locales, vinculados a FAA y CRA, que se apoyaban parcialmente enelementos no sindicalizados, escapando al control de las entidades nacionales que convocaron a la protesta. La dinámica del conflicto, en la que encada localidad se decidía en asamblea las medidas de apoyo a la protesta(cortes de ruta o movilizaciones), facilitó la emergencia de estos sectoresmás radicalizados.
El 19 de marzo la negativa del gobierno a negociar las retencionesfue respondida con una escalada: los cortes de ruta, que hasta ese momentoascendían a 30 en todo el país, se multiplicaron hasta alcanzar los 301. El35% de los bloqueos de rutas eran "cortes totales", es decir, que no selimitaban a evitar el paso de los camiones que transportaban productosagropecuarios, sino que impedían el tránsito de cualquier tipo de vehículo.Esto provocó enfrentamientos, verbales y físicos, de los productores agrarios con representantes del sindicato de conductores de camiones, alineadocon el gobierno nacional. Los cortes se combinaron con bloqueos a lasempresas lácteas o aceiteras, asambleas esporádicas o permanentes,cacerolazos, tractorazos y movilizaciones (algunas de ellas dirigidas alpoder político municipal o provincial). Los cortes de ruta más importantescontaron con la presencia de partidos políticos de la oposición o en algunoscasos, de los intendentes.
El desabastecimiento de productos comenzó a sentirse fuertementeen algunas ciudades y algunos intendentes locales abrieron negociacionescon los ruralistas, a pesar de no contar para ello con el respaldo de la presidenta Cristina Kirchner. La apertura de negociaciones a nivel local fue acompañada por una merma en los cortes de ruta, que bajaron a un promedio de 50. Sin embargo, una nueva escalada que comenzó el 24 de marzo elevónuevamente el número a unos 279 cortes. El 25 de marzo estalló la primeraprotesta urbana en apoyo al paro en la capital del país. A su vez se desarrolló, simultáneamente, en decenas de localidades del interior del país, principalmente en las capitales de las provincias agrarias y en las localidadescabeceras de distritos agrarios. Asumió la forma de un "cacerolazo", unamovilización que se acompaña golpeando ollas y otros utensilios de cocina. La reacción brotó como respuesta al discurso presidencial que en latarde-noche de ese día descalificó el paro agrario. Sin embargo, la protestahabía sido preparada y convocada desde varios días antes por dirigenteslocales y organizaciones de apoyo. Las protestas en el medio urbano movilizaron a productores agrarios, estudiantes universitarios hijos de productores (sectores mayoritarios en las grandes urbanizaciones con mucha concentración de estudiantes universitarios, como La Plata y la Ciudad de Buenos Aires), y pequeños terratenientes rentistas alejados de la producción directa. Es claro que, a pesar de la magnitud de las protestas, no se movilizaron otras fracciones de clase más allá de los directamente afectados porlas medidas gubernamentales. Ese 25 de marzo, entre 4.000 y 10.000 personas se movilizaron a la Plaza de Mayo, centro del poder político en laCiudad de Buenos Aires. Las mayores concentraciones se produjeron enlas provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En la primera registramos 47cacerolazos, que movilizaron a unas 22.500 personas. En la segunda registramos 36 cacerolazos, con unas 24.000 personas movilizadas. Las protestas registradas en todo el país llegaron, esa noche, a 169. En los días siguientes se reiterarán las protestas en el medio urbano. En muchas localidades del interior los mismos que durante el día cortaban las rutas, se trasladan por la noche a protestar en la ciudad.
El gobierno privilegió durante estos primeros 21 días de conflictolos pronunciamientos públicos, ya sea de sus funcionarios o de dirigentessindicales o sociales afines. Recién el 1 de abril el gobierno movilizará asus partidarios a un acto en Plaza de Mayo. El "campo" responderá con unmasivo acto en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Esa manifestacióncierra la primera etapa del conflicto, ya que los productores habían aceptado una tregua de 30 días para negociar con el gobierno.
¿Con qué programa intervino la alianza agraria? En un primer momento, el reclamo se circunscribió a lo económico-corporativo: derogar laresolución 125 y retrotraer el esquema de retenciones al 10 de marzo. Sesumaron posteriormente reclamos contra los controles de precios, especialmente en carnes y lácteos. Sin embargo, desde el vamos este reclamotenía implicancias políticas: demandan que el Estado deje de financiar susgastos con la renta agraria, lo que obligaría al gobierno a cambiar el esquema económico. Sin los ingresos por las retenciones y los controles de precios, sin los subsidios a las tarifas y a la industria local, se abriría un proceso hiperinflacionario que ajustaría los salarios obreros y una política recesivaque profundizaría ese ajuste. O sea, se volvería a una política similar a laque hizo estallar el país en 2001, con las consecuencias sociales y políticasque eso traería. A su vez, la alianza agraria asumió reclamos abiertamentepolíticos: que las retenciones se distribuyan proporcionalmente entre lasprovincias y que la política fiscal sea votada en el parlamento. Es decir, unrecorte del poder presidencial que apuntaba desmontar la construcción política que sostenía al kirchnerismo. La alianza agraria demandaba una salida del bonapartismo.
La segunda etapa comenzó con la tregua, que escondía el pasaje aotra modalidad de conflicto: se pasó de la lucha callejera a las escaramuzasde pasillo, ocupando las declaraciones y los alineamientos el lugar central.Los contendientes comenzaron a disputar la "opinión pública", especialmente a las fracciones de clase no involucradas directamente en el conflicto. La burguesía rural intentó alinear tras su bando a dirigentes políticos,gobernadores e intendentes, tanto oficialistas como de la oposición. El primer gobernador peronista en enfrentar a la presidenta fue Juan Schiaretti,de la provincia de Córdoba, otrora cercano al kirchnerismo, que el 7 de abril reclamó al gobierno nacional el envío de fondos, alineándose objetivamente con el campo. Córdoba, al igual que Santa Fe, fueron las provincias con mayor movilización. En esta última la burguesía rural obtuvo también el apoyo del gobernador Hermes Binner, que proviniendo del PartidoSocialista, había mantenido una buena relación con gobierno central. También se posicionaron con el campo algunos dirigentes peronistas como elsenador santafesino Carlos Reutemann.
Desde la tregua se iniciaron negociaciones en donde se obtuvieronacuerdos parciales, pero no se habló de las retenciones. Esta demora elevóel descontento en las bases rurales, que presionaron para volver al paro. El22 y 23 de abril se produjo una ofensiva judicial contra los dirigentes másvirulentos de la protesta: se los denunció por incitar a la violencia y porviolación de la Ley de Abastecimiento. La imposibilidad de destrabar elconflicto terminó sacando del juego al Ministro de Economía MartínLousteau, impulsor de la cuestionada resolución, que renunció el 24 deabril. Sin embargo, los ruralistas no se bajaron de sus reclamos y finalmente, la tregua finalizó la primera semana de mayo. El detonante fue el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados para la carne yel trigo, y el anuncio de su intención de no tocar las retenciones. El 7 demayo se relanzó el paro comercial agrario. En esta segunda etapa seincrementará la cantidad de cortes de ruta, llegando a registrarse 458 piquetes. De ellos, 312 correspondieron a los ruralistas y 146 a los camioneros, que comenzaron enfrentándose a los cortes del campo, pero terminaron sumándose a la protesta, demandando el cese del conflicto. También seincrementó la cantidad de cortes totales, que pasaron de 102 en la primeraetapa a 170 en la segunda. A su vez, los cortes se extendieron a lo largo de60 días, con dos treguas en medio. La prolongación del conflicto, contra lasexpectativas del gobierno, no produjo un desgaste en los ruralistas. Lospartidos de la oposición (tanto de derecha, el PRO y la Coalición Cívica,como de centroizquierda -Partido Nuevo y Partido Socialista- y algunospartidos de izquierda -MST y PCR-) y la Iglesia se hicieron presentes en laprotesta, respaldando a la alianza ruralista. También dieron su respaldomiembros del partido gobernante, intendentes y gobernadores oficialistas.El campo fue ganando apoyo dentro de la fuerza enemiga, su alianza crecíay se consolidaba.
El 19 de mayo se consiguió una nueva tregua. Ambas alianzas seestaban preparando para una nueva demostración de fuerza el 25 de mayo,con dos actos: el gobierno en la provincia de Salta y la burguesía agraria enRosario, provincia de Santa Fe. La pulseada la ganaron finalmente los productores agrarios, ya que su acto cuadriplicó en convocatoria al del gobierno: convocó a 200.000 personas, frente a las 50.000 del acto oficial. A lademostración de Rosario asistieron los principales dirigentes de los partidos opositores al gobierno. Fortalecida, la burguesía rural volvió al paro el27 de mayo.
El gobierno contraatacó flexibilizando la resolución 125, otorgandoreintegros a los pequeños productores, en un intento por fracturar a la alianza agraria. También profundizó las medidas represivas, tendientes a testear laresistencia rural. Apeló al Poder Judicial, a la Gendarmería y a los transportistas. También intentó ganar el apoyo y movilizar al conjunto de laclase obrera, anunciando planes de salud, construcción de viviendas y caminos con parte de lo recaudado por las retenciones. A pesar de estos intentos, el gobierno aparecía cada día más aislado. Por un lado, mantuvo laadhesión de las fracciones más poderosas de la industria y las finanzas. Sinembargo, este apoyo era cada vez más débil y crítico. Apeló a la claseobrera, pero no consiguió un apoyo firme salvo por los dirigentes de unafracción de la CGT y una parte de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Nunca en todo el conflicto logró movilizar genuinamente a algunafracción de la clase obrera en su apoyo, prevaleciendo en los actos oficialesla presencia de la "clientela política" de sindicalistas y dirigentes peronistas.En términos estrictos perdió respaldo, ya que ambas centrales sindicales ostentaron fracciones que se mostraron hostiles al gobierno o retacearon su apoyo.
El 2 de junio los ruralistas realizaron un acto en Amstrong, Santa Fe.Convocado y sostenido exclusivamente por la Federación Agraria, reunió a 40.000 personas. La burguesía rural llamó para esa fecha a un lock out general, obteniendo sólo el apoyo de pequeños comerciantes e industrialesdel interior del país. La mayor adhesión se obtuvo en Córdoba. En algunoslugares, como Santa Fe, La Pampa, Corrientes y ciertas localidades de Buenos Aires, algunas industrias y comercios cerraron sus puertas una o doshoras, o realizaron apagones en solidaridad. Las grandes cámaras industriales, vinculadas a la UIA, no pararon, y en algunos casos se manifestaroncontra la medida. El intento de convocar a un lock out general no prosperó,aunque sirvió a la alianza agraria para fracturar el frente industrial, atrayendo la solidaridad de pequeños comerciantes e industriales del interior ligados a la actividad agropecuaria.
La escalada represiva del gobierno alcanzó un pico máximo de tensión con la detención del dirigente ruralista Alfredo De Ángeli en el piquete de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), el 14 de junio. Como respuesta, se recrudecieron los cortes en todo el país y centenares de manifestantes se movilizaron a la puerta del juzgado interviniente para exigir suliberación. El 16 de junio se produjeron cacerolazos y protestas en todo elpaís, con epicentro en las principales ciudades. La provincia que ostentómayor grado de conflictividad fue Santa Fe: en su capital, se reunieron 20.000 personas frente a la gobernación. En la ciudad de Rosario, de lamisma provincia, 30.000. En la capital de Córdoba se reunieron 20.000personas frente a la casa de gobierno. En Tucumán 30.000. En Capital Federal llegaron a reunirse 15.000. Los principales reclamos pasaron por elpedido de "diálogo", y un rechazo a la política gubernamental escondidobajo las críticas al "autoritarismo" y la "soberbia". También se defendió al"campo", aunque primaron los dos primeros reclamos. La reacción frenteal intento represivo obligó a la presidenta a aceptar la sugerencia de suvicepresidente, Julio Cobos: someter la resolución 125 a votación parlamentaria. Se inició así la última etapa del conflicto, que giró en torno a lasdisputas parlamentarias en pos de la ratificación de las retenciones.
Durante la tercera etapa predominó la lucha parlamentaria, apoyadaen la movilización, la lucha ideológica y la presión sobre los legisladores.Lo que estaba en juego era la ratificación de la resolución 125 por las cámaras legislativas. Una votación en contra en cualquiera de las dos cámaras implicaba un rechazo a la medida, que debería ser modificada. La batalla se adivinaba reñida, ya que a pesar de que el oficialismo contaba conmayoría en ambas cámaras, había perdido muchos legisladores propios oaliados a lo largo del conflicto. Por esa razón, ambas alianzas desplegaronsus fuerzas frente a los diputados y senadores, buscando conseguir los votos necesarios a sus fines. Desde el momento en que la presidenta envió elproyecto a la Cámara de Diputados, se instalaron en la Plaza Congreso,frente a las cámaras legislativas, decenas de carpas que respondían a loscontendientes. Por un lado, varias decenas de carpas de diferentes agrupaciones oficialistas, en las que se organizaron actividades de propaganda ycharlas con intelectuales defendiendo las medidas. En la misma plaza laalianza agraria instaló su única carpa, en la que los dirigentes ruralistas seacercaban a explicar a los transeúntes la justeza de sus reclamos.
Así se llegó a la primera votación, en la Cámara de Diputados, en laque se ratificó por una diferencia de siete votos el proyecto oficial. A pesarde la derrota, la alianza agraria logró quebrar al bloque oficialista y a susaliados: de 154 diputados afines al kirchnerismo, 22 terminaron votandocontra el proyecto de retenciones móviles. Todo un síntoma de lo que sucedería en la Cámara de Senadores. El 15 de julio, un día antes de la votaciónen Senadores, ambas alianzas realizaron la última demostración de fuerza. Nuevamente perdió el gobierno: el acto organizado por los oficialistas enPlaza de Mayo reunió entre 90.000 y 100.000 personas, mientras que laconcentración agraria en el barrio norte de la Ciudad de Buenos Aires reunió 200.000. Así se llegó a la votación en el Senado, el 16 de julio. Allí,luego de un empate en votos, el vicepresidente de la Nación (y presidentedel Senado) Julio Cobos, desempató avalando la posición de los ruralistas.Todo un síntoma del resultado de los 129 días de enfrentamientos: el conflicto logró quebrar la alianza de gobierno. Apenas dos días después seanunciaba la derogación de la resolución 125. El "campo" ganó la batalla.
Los enfrentamientos de 2008 son la forma que asumió el conflicto,de muy larga data en la historia argentina, entre las fracciones agrarias y lasfracciones industriales de la burguesía, conflicto que tiene como elementoen disputa la posesión de la renta diferencial. Las bases sociales delkirchnerismo son las fracciones más poderosas del capital financiero e industrial local (nacional y extranjero) y la fracción obrera que les corresponde. La vehiculización de la renta diferencial le permitió añadir a eseeje, mediante subsidios, a las fracciones no industriales (transportes, energía, etc.) y neutralizar a los protagonistas de la insurrección de diciembrede 2001, los desocupados y a la pequeña burguesía pauperizada (medianteel crecimiento del empleo), y a las fracciones más débiles de la burguesía y la pequeña burguesía no agraria (mediante la devaluación). Ese vasto conjunto resultó el soporte inestable del régimen que gobierna actualmente laArgentina. Mientras la economía se recuperaba y la renta aceitaba los puntos críticos de la maquinaria armada, el kirchnerismo progresó desde elarribismo político a la jefatura de una poderosa y apabullante estructura depoder. Cuando la fracción sobre la cual se realizaba la plusvalía se rebeló,el gobierno trastabilló y hasta se especuló con su renuncia. No era paramenos: aceptar el reclamo del "campo" significaba liquidar esa experiencia.La rebelión progresaba, entonces, hacia la crisis del régimen de gobierno.
Por lo tanto, ya sea por sus alianzas, por su capacidad de movilización, por el desarrollo de un programa y por el deterioro que ha sabidoproducir en su oponente, estamos ante un fenómeno de características orgánicas. Es decir, no estamos ante un hecho episódico ni coyuntural. Laalianza estructurada durante el conflicto tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por empezar, su fuerza brotaba del control del recurso económico más importante del país. Además, se trataba de una fuerza cuya mayordinámica se había adquirido en asambleas (244 en todo el país), con pocaarticulación entre ellas. Por lo tanto, ganó en fuerza y en radicalización através de líderes locales. A esta altura, es evidente que estamos ante la formación de una alianza con fines políticos. Sin embargo, se trataba de unaalianza incipiente que no contaba con cuadros de tipo "nacional", si biendio pasos en la definición de un programa. Sin embargo, entre las debilidades de la fuerza se encontraba su incapacidad hegemónica. Una fuerza quese estructuró en torno a un programa que presupone la amputación de laplusvalía que permite la supervivencia de fracciones enteras del capital yde las fracciones obreras que les corresponden, difícilmente pueda organizar en torno a sí a un conjunto de intereses más generales. La prueba másimportante de esta incapacidad es la escasa convocatoria que tuvo fuera desus intereses corporativos.
La movilización agraria tuvo una fuerte extensión y profundidad.Este tipo de fenómenos expresa un alto grado de descontento de ampliascapas de la población. No se trata solamente del número de personas necesario para sostener alrededor de 288 cortes de ruta durante 129 días, sinodel consentimiento necesario de una parte importante de la población parasostener estas medidas. No se escucharon quejas ni hubo un especial malhumor en la opinión pública, que a lo sumo se limitó a la protesta de losinmediatamente afectados en algún corte. Así como ningún cacerolazo dela alianza agraria llegó a plantear la caída del gobierno, como sucedió el 19de diciembre de 2001, el gobierno no consiguió multitudes sin fin que exigieran la destrucción definitiva de la alianza agraria y el fin de los cortes.
El escenario puede semejarse a otros momentos en que la burguesíase comportó "conspirativamente", como en 1975, 1989 o 2001. Si analizamos los diferentes movimientos, no aparece aún un lazo militar como el de1975, ni se prepara una salida gubernamental como en 1989 y 2001. Elelemento distintivo del 2008 fue que la burguesía se hallaba fuertementedividida y un sector de peso aún apoyaba al gobierno. A diferencia de lo visto en 1975, el proceso revolucionario abierto aún no había llegado alpunto en que la continuidad de la sociedad capitalista demanda el aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias. El proceso abierto en 2001 se encontraba en un reflujo, y el régimen bonapartista de Kirchner aún contaba conaire para mantenerlo así. Por eso, a diferencia de 1975, donde el eje de losenfrentamientos era la forma de enfrentar la alianza revolucionaria, ese problema no fue planteado aquí. Otra diferencia es que ninguna de las dosalianzas de la burguesía logró hegemonizar al conjunto de la clase dominante detrás de su programa, como si sucedió entre agosto de 1975 y marzode 1976.
Hoy por hoy, a más de tres años de este conflicto, el gobierno halogrado cerrar la crisis hegemónica. Diez años de elevados niveles de rentale han permitido recomponer los lazos materiales e ideológicos entre lasclases dominantes y las clases dominadas. El cumplimiento de esta tarea,en medio de una crisis económica mundial que hace estragos en MedioOriente, Europa y Estados Unidos, también le ha permitido realinear nuevamente a las distintas fracciones de la burguesía detrás de su programa.Cerrada la crisis de régimen, el conjunto de las fracciones de la clase dominante respalda al gobierno, como se evidenció en las últimas eleccionesnacionales este 2011. Sin embargo, las contradicciones que estallaron en2008 siguen en pie, aunque la situación se haya recompuesto parcialmente.El desarrollo local sigue sostenido, como desde hace más de 50 años, en lastransferencias de renta agraria hacia un entramado industrial incapaz decompetir por si mismo a escala internacional. Ingentes fracciones de la clase obrera, con una experiencia reciente de movilización que no ha sidoborrada aún de la memoria colectiva, se sostienen directa o indirectamente de estas transferencias. Los subsidios para contener la inflación, la protección de la industria local y la enorme maquinaria de asistencia social que hadesplegado el gobierno provienen de las retenciones aplicadas a las exportaciones agrarias. Esos ingresos, en medio de las turbulencias ocasionadaspor la crisis económica mundial, son profundamente inestables. El repasopor los conflictos que enfrentaron a la clase dominante a los gobiernos deMaría Estela Martínez de Perón en 1975 y a Cristina Fernández de Kirchner,en 2008, es entonces una muestra de lo que le puede deparar el futuro alrégimen político en la Argentina.
5 La reconstrucción fáctica del conflicto está apoyada en la consulta de los periódicos de alcance nacional La Nación, Clarín y Página/12, y más de 150 periódicos provinciales y locales. Una versión más extensa de los hechos ha sido presentada en un libro de cuya elaboración participamos: Sartelli (2008).
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