Source: https://boe.vlex.es/vid/positivos-promovidos-complementan-15381957
Timestamp: 2019-08-18 17:53:57+00:00

Document:
PLENO. SENTENCIA 313/1994, de 24 de Noviembre de 1994. conflictos positivos de Competencia 1.172/1988 y 1.532/1988. promovidos por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y Por el Gobierno vasco, respectivamente, en relacion con el Real decreto 105/1988, de 12 de Febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan... - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15381957
PLENO. SENTENCIA 313/1994, de 24 de Noviembre de 1994. conflictos positivos de Competencia 1.172/1988 y 1.532/1988. promovidos por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y Por el Gobierno vasco, respectivamente, en relacion con el Real decreto 105/1988, de 12 de Febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan...
Marginal: BOE-T-1994-28689
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Luis López Guerra, Presidente en funciones; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY
Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de junio de 1988, la Abogada de la Generalidad de Cataluña, en representación de su Consejo Ejecutivo, promovió conflicto positivo de competencia frente al Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan determinados preceptos del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación, aprobado por Real Decreto 2.584/1981, de 18 de septiembre.
La fundamentación jurídica del presente conflicto constitucional, según se fija en la demanda, es la que a continuación se expone:
El objeto del conflicto lo constituye el segundo párrafo, del apartado 4.1.4, del art. 1 del citado Real Decreto, según el cual los productos procedentes de los Estados miembros de la CEE que cumplan las normas nacionales de seguridad, o de otros países con los que exista un Acuerdo en este sentido, y siempre que tales normas supongan un nivel de seguridad o de protección equivalente al que poseen las correspondientes reglas técnicas españolas, se considerará que cumplen la reglamentación que les es exigible, si, en el momento de su primera comercialización en el mercado español, vienen acompañados de un certificado emitido por la Dirección General competente del Ministerio de Industria y Energía en el que se reconozca el cumplimiento de lo anteriormente expuesto.
Conforme al art. 12.1.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalidad ha asumido competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar, o las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear; todo ello de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y 149.1.11 y 13 C.E.
Antes de entrar en el análisis del precepto estatal recurrido, la demanda se extiende en una serie de consideraciones generales acerca de la política industrial de la CEE, que estima son pertinentes para una mejor comprensión del Real Decreto controvertido. A grandes rasgos, se recuerda que la CEE tiene entre sus objetivos la creación de un mercado común para los productos industriales, pero que el Tratado fundacional no incluyó referencias concretas sobre la producción industrial. Conscientes los Estados miembros de la necesidad de crear una política industrial común, se aprobaron varios programas de actuación, de manera que la estrategia industrial ha girado en torno a dos ejes: culminar un espacio sin fronteras para la industria europea y promover un nuevo despliegue industrial aplicando las nuevas tecnologías. Por lo que respecta a la primera de esas estrategias, se han ido suprimiendo fronteras aduaneras y obstáculos para los intercambios internos entre los Estados miembros. Así, diversos documentos comunitarios contienen medidas sobre cómo eliminar obstáculos técnicos derivados de la diversidad de normativas nacionales, con el fin de garantizar la libertad de circulación de mercancías. Y existen unas doscientas directivas armonizadoras de las legislaciones nacionales en materia industrial. Pese a este esfuerzo, se piensa hoy en una nueva estrategia, propuesta por la Comisión, consistente en la aprobación de Directivas tendentes a garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de los consumidores, de la salud y de la seguridad, dejando los detalles de las especificaciones a criterio de organismos técnicos especializados como es el Comité Europeo de Normalización. Además, la Comisión señala la necesidad de que los Estados miembros le comuniquen los proyectos de reglamentaciones industriales que deseen aplicar en su territorio; al tiempo que se hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros reconozcan mutuamente sus respectivas disposiciones nacionales en materia de industria con el fin de facilitar un auténtico mercado europeo. La existencia de este mutuo reconocimiento de normativas significa el reconocimiento también de que las normas nacionales de los Estados miembros contienen medidas de seguridad equivalentes a las propias; todo lo cual concuerda con el espíritu de los arts. 30 a 36 del Tratado de Roma y con la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la C.E.E. en la conocida Sentencia «Cassis de Dijon», de la cual se extrae el principio básico de que «a no ser por alguna razón excepcional de salud pública o de seguridad, nadie puede oponerse a que un producto legalmente fabricado y comercializado en un país miembro se venda libremente en toda la Comunidad». Con esto se persigue el que pueda alcanzarse una economía de escala en la industria, mediante la fabricación de productos homologados según normas válidas para todos los países miembros de la Comunidad.
La lectura de la exposición de motivos del Real Decreto impugnado revela que esta normativa dispuesta en el campo de la normalización y homologación viene determinada por la integración en la C.E.E. También se pone allí de relieve el diferente tratamiento jurídico que quiere darse a los productos industriales que requieren de una homologación obligatoria por razones de seguridad pública o de sanidad, de aquellos otros en que la homologación resulta exigible por razones de protección a los consumidores u otras exigencias imperativas.
En este sentido, el art. 1, apartado 4.1.4, párrafo 1.º, del Real Decreto impugnado establece una prohibición expresa...
DECRETO FORAL-NORMA 4/2012, de 28 de agosto, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.
DECRETO 20/1985, de 18 de Enero, por el que se crea la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

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