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Timestamp: 2018-11-17 15:44:15+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00009 de mayo 24 de 2012
SENTENCIA 2008-00009 DE 24 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS. LA LEY 1111 DE 2006 CONDICIONÓ LA PROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS, SIN CONTEMPLAR DENTRO DE ELLOS QUE LA ENTIDAD PODÍA RECHAZARLA SI LAS POSIBILIDADES DE GANAR EL LITIGIO EN LA JURISDICCIÓN ERAN ALTAS POR LO QUE NO PODÍA, LA ENTIDAD DEMANDADA, AÑADIR ESTA CIRCUNSTANCIA COMO UNA CAUSAL PARA RECHAZAR LA SOLICITUD AL RESPECTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PROCESO TRIBUTARIO, TRANSACCIÓN ADMINISTRATIVA
Sentencia 2008-00009 de mayo 24 de 2012
Rad. 25000-23-27-000-2008-00009-01(18228)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores S.A., Dislicores S.A.
Demandado: Secretaría de Hacienda. Dirección Distrital de Impuestos
En los términos del recurso de apelación, la Sala debe decidir sobre la legalidad del acta de conciliación Nº 76 del 31 de julio de 2007 por la cual el comité de conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda negó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo a Dislicores S.A.
Antes de decidir el fondo del asunto, la Sala advierte que en el escrito de modificación de la demanda, la pretensión de nulidad se limitó al acta Nº 76 del 31 de julio de 2007 proferida por el comité de conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda, por lo que resulta incongruente el pronunciamiento del a quo sobre los oficios 2007EE179535 del 1º de agosto de 2007 y 2007EE200742 O 1 del 6 de septiembre de 200 y la petición de nulidad de esos oficios, reiterada por la actora en los alegatos de conclusión.
Por lo tanto, la Sala solo se pronunciará sobre la legalidad del acta del comité de conciliación, acto administrativo susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción, en la medida en que es ese acto el que define de fondo la solicitud de terminación por mutuo acuerdo que Dislicores S.A. presentó ante la Secretaría Distrital de Hacienda y, por lo tanto, revocará el numeral primero de la sentencia impugnada en el que el tribunal se inhibió de proferir decisión de fondo en relación con la pretendida nulidad de los oficios 2007EE179535 de 1º de agosto de 2007 y 2007EE200742 O 1 de 6 de septiembre del mismo año.
Asimismo, precisa que la sociedad demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la liquidación oficial de revisión DDI-0656118 del 11 de octubre de 2006 por concepto del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros del sexto (6º) bimestre de 2003 y sexto (6º) bimestre de 2004 y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
Lo anterior, por cuanto el inciso 2º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala que el juez decretará la suspensión del proceso, cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado del proceso contencioso administrativo.
Una vez consultado el sistema de información judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se registran las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales, se observa que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el número 250002327000200800096 01, en la que la sociedad Distribuidora de Vinos y Licores S.A., Dislicores S.A., solicitó la nulidad de los actos de determinación antes mencionados, no ha sido resuelta.
El 26 de abril de 2012 fue notificado el auto de fecha 20 de abril del en curso en el que se ordenó estarse a lo dispuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva del auto del 23 de julio de 2009 que decretó la prejudicialidad por existir relación entre los dos procesos, esto es, la suspendió el proceso por cuanto la definición de ese depende de lo que aquí se resuelva.
En ese contexto, procede la Sala al estudio del fondo del asunto.
La Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, en su artículo 55, estableció la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, para lo cual dispuso:
“Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, podrán transar hasta el 31 de julio del año 2007 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
a) Hasta un cincuenta por ciento (50 %) del mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el cincuenta por ciento (50 %) del mayor impuesto propuesto;
b) Hasta un veinticinco por ciento (25 %) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por ciento (75 %) del mayor impuesto determinado oficialmente;
c) Hasta un cincuenta por ciento (50 %) del valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50 %) de la sanción propuesta;
d) Hasta un veinticinco por ciento (25 %) del valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por ciento (75 %) del valor de la sanción impuesta.
De esta manera el legislador estableció la figura de la transacción como una de las formas de terminar los procesos administrativos de determinación de las obligaciones tributarias e imposición de sanciones relacionadas con los impuestos del orden nacional y podría ser aplicada por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su competencia, siempre que se hubiere notificado requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial de revisión, que no se hubieran definido al momento de entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006 y estableció como fecha límite para presentar la solicitud, el 31 de julio de 2007.
Jurídicamente la transacción se estableció, según el artículo 2469 del Código Civil, como un modo contractual para extinguir las obligaciones, a través del cual las partes deciden terminar “extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual”; de ello se evidencia que la terminación por mutuo acuerdo de que trata el artículo 55 de la Ley 1111 de 2006 es un mecanismo que facilita a los administrados finiquitar en sede administrativa los procesos tributarios o prescindir de la vía contenciosa, siempre que estén dentro de la oportunidad legal para impugnar los actos administrativos.
Con fundamento en lo anterior, el 5 de julio de 2007 el Alcalde Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 284, por el cual adopta el procedimiento para la conciliación y terminación por mutuo acuerdo en los procesos administrativos tributarios adelantados por la Dirección Distrital de Impuestos, así:
“ART. 1º—Presentación de la solicitud de conciliación y terminación por mutuo acuerdo. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos, que adelanten procesos ante el Contencioso Administrativo o ante la Administración Tributaria Distrital y que pretendan acogerse a los beneficios establecidos en el presente decreto, deberán presentar la respectiva solicitud ante la dirección jurídica —subdirección de gestión judicial— o ante la Dirección Distrital de Impuestos, de la Secretaría Distrital de Hacienda, según sea el caso.
PAR.—El comité de conciliación podrá definir políticas generales sobre la viabilidad las conciliaciones o terminación por mutuo acuerdo teniendo en cuenta la valoración de los procesos efectuada en el sistema de procesos judiciales —SIPROJ— por los apoderados o la efectuada por los funcionarios responsables de las oficinas de liquidación o recursos tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos según sea el caso.
ART. 7º—Requisitos para la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos podrán solicitar, hasta el 31 de julio de 2007 la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios con el cumplimiento de la totalidad de los siguientes requisitos:
a. Que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1111 del 27 de diciembre 2006 se hubiere notificado requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción;
b. Que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1111 del 27 de diciembre 2006, no se haya interpuesto acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa;
c. Que el contribuyente corrija su declaración privada o la presente, cuando sea del caso;
d. Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presente hasta el 31 de julio de 2007;
e. Que acredite el pago o acuerdo de pago de los valores transados;
f. Que al momento de presentar la solicitud se acredite el pago o acuerdo de pago de las liquidaciones privadas del impuesto objeto de transacción presentadas por el año gravable 2006, cuando el periodo gravable sea anual o las del año gravable 2007, si este es diferente al anual, cuando a ello hubiere lugar.
g. Que se acredite el pago o acuerdo de pago de la declaración del respectivo tributo correspondiente al periodo materia de discusión.
ART. 14.—Improcedencia de la terminación por mutuo acuerdo. La terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de determinación de impuestos y/o de imposición de sanciones de que tratan los artículos 7º a 11 de este decreto no será procedente en cualquiera de los siguientes casos:
a. Cuando habiéndose agotado la vía gubernativa por decisión del recurso de reconsideración o por no haberse interpuesto el recurso oportunamente opere la caducidad del término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho;
b. Cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado;
c. Cuando no se haya cancelado, al momento de presentar la solicitud, la declaración del impuesto objeto de transacción del año gravable 2006 y/o las liquidaciones privadas del respectivo tributo correspondientes al periodo materia de la discusión; cuando a ello hubiere lugar;
d. Cuando se trate de liquidaciones de aforo o de corrección aritmética, con excepción de las liquidaciones de aforo con sanción por no declarar de los impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores”.
Analizadas las normas antes anotadas, se tiene:
— Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos, que tenían procesos pendientes ante el Contencioso Administrativo o ante la Administración Tributaria Distrital y que pretendían terminarlos por mutuo acuerdo, debían presentar la respectiva solicitud ante la mencionada entidad, hasta el 31 de julio de 2007, con el cumplimiento de los requisitos establecidos, para el efecto, en el artículo 7º del mismo Decreto 284 de 2007.
— El comité de conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda debía pronunciarse sobre la viabilidad de la conciliación de manera particular para cada proceso, o fijando los lineamientos para celebrar las conciliación.
— El comité citado, una vez encontrara viable la solicitud de conciliación o terminación por mutuo acuerdo, debía comunicarle tal decisión al interesado, y este debía cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 284 mencionado, dependiendo de la instancia en que el proceso se encontrara.
Según el parágrafo del artículo 1º del Decreto 284 de 2007, el comité de conciliación podría definir políticas generales sobre la viabilidad de las conciliaciones o terminación por mutuo acuerdo teniendo en cuenta la valoración de los procesos efectuada en el sistema de procesos judiciales, SIPROJ, por los apoderados o la efectuada por los funcionarios responsables de las oficinas de liquidación o recursos tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos según fuera el caso.
La demandante presentó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario correspondiente al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por los bimestres sexto (6º) de 2003 y sexto (6º) de 2004, el 30 de julio de 2007, es decir, dentro de la oportunidad legal(12).
Con fundamento en lo señalado en el parágrafo del artículo 1º, antes citado el comité de conciliación precisó en el acta 76 del 31 de julio de 2007(13): “El acto liquidatorio es defendible en la medida en que efectivamente es improcedente la deducción practicada por la sociedad dado que las únicas deducciones posibles son las enlistadas en el artículo 42 del D.D. 352 de 2002, además lo cancelado por el impuesto al consumo constituye una erogación necesaria para el desarrollo de su objeto social. El tema fue tratado en el Concepto 1071 del 6 de enero de 2005, expedido por la subdirección jurídico tributaria. Recomendaciones: En las condiciones expuestas, la doctora (...) no recomienda aceptar la terminación del proceso por mutuo acuerdo”.
La anterior decisión fue comunicada al contribuyente el 1º de agosto de 2007, mediante el Oficio 2007EE179535.
Es claro que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo presentada por la actora el 30 de julio de 2007 fue negada porque el comité de conciliación de la Secretaría de Hacienda del Distrito consideró, después de analizar las posibilidades de éxito de la actuación administrativa, que el acto de determinación oficial era defendible.
Pues bien, la Sala, en sentencia del 22 de marzo de 2012(14), anuló el parágrafo del artículo 1º del Decreto 284 de 2007, con sustento en las siguientes consideraciones:
“... En efecto, si bien es cierto que el Distrito Capital tiene facultades para integrar los comités de conciliación, también lo es que se encuentra obligado a someter las funciones de estos organismos a las normas constitucionales y legales, en especial, cuando estos deben determinar la procedencia de un beneficio establecido en la ley.
Además, la aplicación, en el Distrito Capital de Bogotá, de las disposiciones contenidas en los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006, por tratarse de una adopción de normas, debe someterse a la estructura jurídica, requisitos y dinámica de funcionamiento de la conciliación y transacción tributaria, es decir, al contenido de los mencionados artículos, como lo señaló esta ley al autorizar su aplicación.
Como se observó, los artículos 54 y 55 ibídem exigieron el cumplimiento de requisitos de carácter temporal (fecha de presentación de la demanda o notificación del acto administrativo y de la solicitud del beneficio), formal (corrección de declaraciones)(15) y sustancial (pago), sin que para acceder a la conciliación o transacción tributaria la ley haya sometido su procedencia a las posibilidades de éxito o pérdida de los procesos.
En los antecedentes administrativos que dieron origen a la Ley 1111 de 2006, se encuentra que la reforma tributaria está fundada conceptualmente en la defensa de cuatro principios sustantivos que la organizan: la equidad, la competitividad, la simplicidad y sostenibilidad. En cuanto a la simplicidad se indicó que busca reducir los costos, medidos en tiempo y esfuerzo, que deben asumir los contribuyentes para cumplir cabalmente con sus obligaciones tributarias, y la simplicidad del sistema para continuar con la lucha contra la evasión y elusión(16). Con fundamento en dichos principios se incluyó en la ponencia del primer debate estos beneficios tributarios(17).
Es por ello que la finalidad de la conciliación y transacción de los procesos administrativos tributarios es la recaudación de los dineros públicos, objetivo que resulta incompatible con una política que se enmarca en permitir la continuidad del trámite gubernativo y judicial de los procesos, dado que ello conllevaría a que se siguiera incurriendo en los altos costos que representan la intervención de la justicia administrativa, la representación de las entidades, y la alta cartera por concepto de los impuestos y sanciones adeudados por los contribuyentes.
Es importante precisar, que independientemente de las posibilidades de éxito que pudiera tener el Distrito Capital en los procesos administrativos tributarios, si la entidad territorial decidió aplicar la norma en su jurisdicción debía someterse de manera integral a las disposiciones establecidas en la ley, pues si consideraba que no resultaban favorables para sus intereses no debió adoptar dicha legislación, para, en su lugar, continuar con el trámite de los procesos administrativos que tenía a su cargo.
En ese orden de ideas, el Alcalde Mayor de Bogotá no podía utilizar el parágrafo del artículo 1º del Decreto 284 de 2007 como un instrumento para completar la ley, ni para suplir los vacíos que esta puede presentar en caso de que el legislador no se haya ocupado de un asunto, ni podía establecer en este normas que contravengan abiertamente sus mandatos, dado que al haber sido adoptados estos mecanismos en el Distrito Capital, la norma que los aplicara estaba supeditada a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006.
En ese sentido las facultades del comité de conciliación no deben dirigirse bajo las políticas descritas en el parágrafo del artículo 1º del Decreto 284 de 2007, sino en el marco de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006”.
Según el criterio expuesto, cuando la entidad territorial decidió aplicar en su jurisdicción los artículos 54 y 55 de la Ley 1111 de 2006, debía ceñirse en su totalidad a lo allí señalado, sin exceder los lineamientos y requisitos exigidos en las disposiciones mencionadas.
La Ley 1111 de 2006 condicionó la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo al cumplimiento de determinados requisitos, sin contemplar dentro de ellos que la entidad podía rechazarla si las posibilidades de ganar el litigio en la jurisdicción eran altas por lo que no podía, la entidad demandada, añadir esta circunstancia como una causal para rechazar la solicitud al respecto.
En estas circunstancias se hacen extensivos los efectos ex nunc, es decir, hacía el futuro de la sentencia del 22 de marzo de 2012, mencionada, toda vez que para la fecha en que dicha providencia anuló la expresión: “teniendo en cuenta la valoración de los procesos efectuada en el sistema de procesos judiciales, SIPROJ, por los apoderados o la efectuada por los funcionarios responsables de las oficinas de liquidación o recursos tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos según sea el caso”, contenida en el parágrafo 1º del Decreto 284 de 2007, con fundamento en el cual se profirió el acto administrativo que se demanda, las situaciones producidas al amparo del acto declarado nulo no estaban consolidadas, porque estaban pendiente de decisión en la jurisdicción contenciosa.
En el caso concreto, el efecto es inmediato y, por lo tanto, la norma resulta inaplicable por haber sido declarada nula.
Por lo anterior se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada en virtud de la expedición de la sentencia del 22 de marzo de 2012, antes anotada, pues ya no es necesario el análisis de la excepción de ilegalidad del Decreto distrital 284 de 2007, por haberse declarado su nulidad.
Definido que la Secretaría de Hacienda del Distrito no podía rechazar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo por la razón aducida en el acta antes mencionada, el restablecimiento del derecho implica que la administración distrital procediera a analizar si la actora cumplió los requisitos para aceptar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo; sin embargo, por economía procesal, la Sala procederá a hacerlo para definir la situación jurídica de la sociedad:
— La demandante presentó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario correspondiente al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por los bimestres sexto (6º) del año 2003 y sexto (6º) del año 2004, el 30 de julio de 2007, es decir, dentro de la oportunidad legal.
De conformidad con las declaraciones presentadas y los actos administrativos proferidos, los valores a transar corresponden a los siguientes:
Periodo gravable Valor declarado Valor determinado oficialmente Mayor valor del impuesto discutido 75 % del mayor impuesto discutido
6 bimestre 2003
$ 54.499.000
$ 76.249.000
$ 21.750.000
$ 16.313.000
6 bimestre 2004
$ 59.625.000
$ 118.876.000
$ 44.438.000
Con el fin de acogerse a la terminación por mutuo acuerdo por los bimestres antes mencionados, realizó los siguientes pagos:
1. Recibo de pago Nº 2325301003860 del 26 de julio de 2007 por la suma de $ 16.313.000, correspondiente al 6º bimestre de 2003.
2. Recibo de pago Nº 2325301003861 del 26 de julio de 2007 por valor de $ 44.438.000, correspondiente al 6º bimestre de 2004.
Lo anterior acredita que cumplió con el requisito del pago de los valores transados.
— Así mismo, acompañó copia de las declaraciones del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros por los años gravables 2003, 2004, 2006 y de los bimestres primero, segundo y tercero del año 2007, debidamente pagadas(18).
— Los valores a cargo consignados en las declaraciones del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros por los bimestres sexto (6º) del año 2003 y sexto (6º) de 2004, fueron pagadas con ocasión de su presentación.
— El día 30 de julio de 2007 presentó memorial de desistimiento del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión 11057DDI065618 del 11 de octubre de 2006.
— Que para la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006 la actora no había interpuesto acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Conforme con lo anteriormente descrito, advierte la Sala que el contribuyente cumplió con los requisitos exigidos por el Decreto 284 de 2007 para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo del proceso tributario adelantado por los bimestres sexto (6º) de 2003 y sexto (6º) de 2004.
Por lo antes expuesto, se revocará el numeral primero de la sentencia del tribunal apelada, en cuanto se inhibió de pronunciarse sobre la legalidad de los oficios 2007EE179535 del 1° de agosto de 2007 y 2007EE200742 O 1 del 6 de septiembre de 2007, actos que no fueron demandados.
Se confirmará el inciso primero del numeral tercero de la sentencia apelada en cuanto anuló parcialmente el acta de conciliación 76 del 31 de julio de 2007, y a título de restablecimiento del derecho, se declarará la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario adelantado por la Secretaría de Hacienda del Distrito contra la sociedad Distribuidora de Vinos y Licores S.A., Dislicores S.A., por el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros correspondiente a los bimestres sexto (6º) de 2003 y sexto (6º) de 2004.
1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia del 28 de enero de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección “B”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Distribuidora de Vinos y Licores S.A., Dislicores S.A., contra la Secretaría de Hacienda de la Dirección Distrital de Impuestos.
2. CONFÍRMASE el inciso primero del numeral tercero de la sentencia apelada que anuló parcialmente el acta de conciliación Nº 76 del 31 de julio de 2007 proferida por el comité de conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda, en cuanto no accedió a la solicitud de terminación por mutuo acuerdo presentada por la sociedad Distribuidora de Vinos y Licores S.A. Dislicores S.A., por concepto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por los bimestres sexto (6º) de 2003 y sexto (6º) de 2004, pero por las razones expuestas en la parte considerativa.
3. MODIFÍCASE el inciso segundo del numeral tercero y por tanto el restablecimiento del derecho quedará así:
Se declara terminado el proceso administrativo tributario adelantado por la Secretaría de Hacienda del Distrito contra la sociedad demandante por concepto del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros correspondiente a los bimestres sexto (6º) de 2003 y sexto (6º) de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
4. REVÓCANSE los numerales 2º y 4º de la sentencia apelada.
(12) Recibo de pago Nº 2325301003861 del 26 de julio de 2007 por valor de $ 44.438.000, correspondiente al 6º bimestre de 2004 (fl. 43) y el Nº 2325301003860 del 26 de julio de 2007 por la suma de $ 16.313.000 (fl. 42) del 6º bimestre de 2003.
(13) Folios 73 a 74
(14) Sentencia del 22 de marzo de 2012, Exp. 18224, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.
(15) Solo en el caso de la transacción.
(16) Gaceta 262 del 28 de julio 2006.Cámara de Representantes. Exposición de motivos.
(17) Gaceta 527 del 9 de noviembre de 2006. Cámara de Representantes. Ponencia para primer debate.
(18) Folios 82 a 105.

References: resolución 
 artículo 170
 artículo 267
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2469
 artículo 55
 resolución 
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1