Source: http://inter-rev.foroactivo.com/t1317-la-democracia-real-es-bastante-opaca
Timestamp: 2018-05-23 22:37:39+00:00

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La democracia real... es bastante opaca.
Anibal el 18/3/2012, 6:10 pm
"La falta de transparencia parece ir más allá de los Gobiernos, sean del color que sea"
Tal vez usted quiere saber cuántos robos de coches ha habido en su barrio o cuántas veces los agentes de policía de su comunidad dispararon su arma reglamentaria en acto de servicio. Quizás desee conocer el número de personas que han fallecido en el quirófano del hospital más cercano a su casa, cuántas operaciones de cadera han salido bien en ese centro, o si la residencia de ancianos donde vive su padre ha sido sancionada. O es posible que quiera tener datos sobre cómo gastan los partidos políticos o los sindicatos el dinero público que reciben. Puede que usted quiera trabajar con estas cifras, cruzarlas con otras y analizarlas, o puede que simplemente quiera saciar su curiosidad. En cualquier caso, no podrá obtenerlas en España, uno de los países más opacos de Europa.
La falta de transparencia parece ser algo instaurado en la cultura política española, algo que va más allá de los Gobiernos, sean del color que sean. A veces, incluso cuando ya se ha producido la publicación de una información, el Gobierno no tiene tapujos en afirmar que los datos no deberían haber visto la luz. Es el caso del Ministerio de Industria, que la semana pasada emitió un comunicado de prensa reprochando a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la publicación de un informe sobre posibles medidas para resolver el déficit de las tarifas eléctricas. El Ministerio lamentaba las consecuencias que la divulgación del informe causaba a terceros. Pero la CNE es un organismo independiente que publica informes no vinculantes, incluso si estos afectan a empresas que cotizan en bolsa.
La plataforma Coalicción Pro Acceso, que integra a 54 organizaciones, hizo a principios de 2010 un experimento. Se llamó la Campaña de las 100 preguntas y trataba de medir la transparencia de las administraciones. En marzo de ese año, un ciudadano preguntó al Ministerio de Sanidad: “¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la gripe A?, ¿a qué coste? ¿cuántas vacunas se han utilizado?, ¿cuántas han sobrado y qué se va a hacer con ellas?”. Otro envió en abril al Ministerio de Defensa: “Número de militares españoles fallecidos así como heridos (de gravedad, leves) en Afganistán, Irak y Líbano en los últimos cinco años”. En la mayoría de los casos no hubo respuesta (50%). Silencio administrativo. Solo el 20% de las respuestas fue satisfactorio.
“La falta de voluntad política de nuestros gobernantes y la secular inercia negativa y resistencia al cambio en las instituciones públicas ha hecho imposible que contemos con una ley como la que existe en otros países”, señala Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la ONG Transparencia Internacional España.
España no se ha subido al carro de los países que han apostado por eso que se ha dado en llamar Open Government (Gobierno Abierto). Estados Unidos, Reino Unido, los países nórdicos, Bulgaria y varios países latinoamericanos poseen leyes de transparencia y acceso a la información. En muchos de esos países empieza a ser posible saber al detalle qué es lo que los gobernantes han hecho con el dinero de los contribuyentes.
La palabra más usada por los Gobiernos que sí se han decidido a abrir las puertas de las administraciones es accountability, concepto que no existe en español y que suele traducirse como “rendir cuentas con responsabilidad”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un adalid de la causa. “Para rendir cuentas”, decía Obama al principio de su mandato, “es necesario transparencia”. Algunas de las cosas que permite la iniciativa es consultar en una misma página web (www.data.gov) quiénes han visitado la Casa Blanca, en qué fechas, y si esas personas han donado dinero a las campañas electorales.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene planeado aprobar en las próximas semanas la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La idea es presentarla oficialmente el 17 de abril en Brasilia en un foro internacional impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Si finalmente es así, España dejará de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia —Luxemburgo, Chipre y Malta tampoco la tienen. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido en 2004 a cambiar esa situación, pero no lo cumplió ...
Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto que permita a sus ciudadanos consultar todos los datos que no sean confidenciales. El Gobierno del PP ha dicho que España se pondrá con la norma a la “vanguardia mundial”, pero la Coalición Pro Acceso asegura que no servirá de mucho si no se cumplen diez principios básicos. “Entre ellos, dos muy importantes: la creación de un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la ley y que esta sea considerada como derecho fundamental”, señala Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe, uno de los fundadores de la plataforma.
Para la Coalición, estos dos principios son esenciales para que la transparencia no afecte solo a la labor del Gobierno, sino también a la de las comunidades autónomas, los jueces y los parlamentarios.
Fuentes del Gobierno aseguran que la ley reforzará la transparencia de la actividad pública de todas las administraciones y poderes del Estado, incluido el judicial. Las mismas fuentes señalan que no es necesario crear un nuevo órgano que vele por el cumplimiento de la norma sino que se dará competencias a uno ya existente.
En teoría, la ley, que está siendo ultimada por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga el sello de confidencialidad.
La nueva ley, que tendría que estar lista en semana y media si Rajoy quiere cumplir su promesa de aprobarla en los primeros 100 días de su Gobierno, puede suponer un cataclismo en el mundo de la información.
Falta por ver todavía su contenido, cuánto dinero costará y si el Gobierno podrá responder a todas las preguntas. ... El número y la calidad de las preguntas y respuestas determinarán la salud de la democracia en España.
Con ese espíritu de convertir a los ciudadanos en fiscalizadores del trabajo de los políticos, surgió en Reino Unido el lema They work for you, es decir, “ellos [funcionarios públicos y políticos] trabajan para ti [ciudadano]”. Esa es una de las webs (www.theyworkforyou.com) del proyecto My Society, fundado en 2003 con la intención de dar herramientas en Internet para que los ciudadanos preguntaran al Gobierno lo que quisieran, para controlar el trabajo de los funcionarios o simplemente para comunicarles qué arreglos necesitaban las calles.
Estando en Londres, David Cabo, un informático español, vio las distintas webs. “La gente podía preguntar cualquier cosa y el Gobierno les respondía. Eran los pioneros. Yo ni siquiera sabía lo que era una ley de acceso a la información”. A su regreso a España, Cabo conoció a los responsables de Access Info Europe, una organización con sede en Madrid y proyección europea, que batallaba para conseguir que la información de los Gobiernos fuera más accesible a los ciudadanos.
Del trabajo de ambos, Cabo y Acces Info, nacerá esta semana una nueva página, tuderechoasaber.es . El objetivo de la web —que ha conseguido 6.100 euros de financiación a través de donaciones que pueden consultarse en la página— es explicar la ley de Transparencia y velar por su cumplimiento. Los usuarios de la página podrán enviar preguntas a los distintos organismos a través de ella. Las respuestas serán publicadas en el mismo lugar. “Sin la presión social de las preguntas, la ley será una ley más sin cumplir”, señala Cabo.
Hay cientos de historias que han salido de las cuestiones planteadas a los Gobiernos. Muchas de ellas fueron hechas por periodistas. En 2008, la reportera freelance danesa Brigitte Alfter y otros colegas belgas y holandeses, se valieron de la transparencia otorgada por las leyes danesas y holandesas para conseguir algunos informes de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios de medicamentos. Los informes eran enviados a la Comisión Europea y los Gobiernos, que los mantenían en secreto.
“Estas leyes son extremadamente importantes para nuestro trabajo como periodistas”, dice Alfter, que menciona que en países como Suecia, el acceso a la información es un derecho reconocido en la Constitución desde 1766. “Tenemos el derecho de comprobar lo que se hace exactamente con nuestros impuestos. Mi experiencia me dice que los Gobiernos acaban considerándolo parte de la democracia”, concluye Alfter, que precisa que es necesario hacer un uso responsable de las peticiones por todo el esfuerzo que supone para los Gobiernos atender las demandas de los ciudadanos.
Andrew Ronnan es otro caso de lo que un simple ciudadano puede llegar a conseguir si sabe cómo y dónde pedir los datos. A Ronnan, un británico al que le gusta la cerveza bávara, se le ocurrió importarla a su país. Pero muchos pubs tenían acuerdos con los proveedores británicos y no podían servir cerveza extranjera. La Comisión Europea estudió si el caso afectaba a la libre competencia. Ronnan solicitó participar en las reuniones de la Comisión. No le dejaron. Entonces pidió saber los nombres de los participantes, empresarios que trataban de presionar para que las leyes siguieran como estaban. Ronnan llevó el asunto a los jueces del Tribunal Europeo. En primera instancia ganó y obtuvo el aplauso de todas las organizaciones que piden más transparencia. En verano de 2010 los jueces le quitaron la razón alegando que Ronnan tenía que probar que tenía una buena razón para que se desvelara el nombre de quienes participaban en las reuniones. Ronnan ya no importa cerveza. Ahora le gusta correr maratones.
Son los periódicos británicos quienes están exprimiendo las leyes aprobadas en 2005 en Reino Unido. Al igual que otros medios de comunicación, el diario The Guardian ha montado una página web específica que ayuda a sus lectores a pedir datos. Simon Rogers es quien se encarga del blog Datablog, donde publica información sobre los datos que están accesibles. “Se ha instalado en Reino Unido una cultura donde todos vemos que tenemos derecho a una información que los Gobiernos querían mantener fuera del alcance. ...
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/18/actualidad/1332028560_719628.html
Políticas antiobreras mediante decretos del gobierno burgués PP
materia el 22/5/2012, 10:23 pm
“Revitalizaremos el Parlamento utilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”, se decía en la página 174 del último programa electoral del PP. Pero las mayorías absolutas relajan los buenos propósitos electorales sobre el Parlamento y el decreto es el instrumento habitual de este Gobierno.
Cinco meses después de tomar posesión, Mariano Rajoy ha convertido en decreto casi todo lo que ha tocado. Solo ha dejado de tramitar como decretos las normas que expresamente están excluidas de este procedimiento. Así, de los cinco proyectos de ley que han llegado al Congreso en esta legislatura, tres eran leyes orgánicas y otro era el de Presupuestos. Es decir, solo una norma susceptible de ser convertida en decreto se ha escapado.
Rajoy ha aprobado en cinco meses 20 decretos, por ocho de José María Aznar en ese mismo periodo de su primera legislatura y cinco de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de su mandato.
La Constitución establece en el artículo 86 que los decretos pueden utilizarse “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y limita los asuntos que pueden regular, de tal forma que es una vía para legislar casi excepcional.
Por eso, establece un procedimiento de convalidación en el Congreso y la posibilidad de que se tramite luego como proyecto de ley para debatir e incorporar enmiendas. Sin embargo, el Gobierno solo ha usado cinco veces esta vía que permite debate y correcciones: el de la reforma laboral, el que resta competencias a las comunidades sobre los ríos y tres de directivas europeas de escaso calado político. Y eso que con su mayoría absoluta, el PP no debería temer a las enmiendas de la oposición o la pérdida de votaciones en comisiones y en pleno.
Al no permitir este trámite las correcciones en el Congreso, los cambios se hacen mediante procedimientos al margen del control y el debate. Por ejemplo, el decreto de sanidad fue seguido de la publicación en el BOE de una lista de 73 fes de errores, muchas de ellas sobre asuntos de calado y de fondo y no por mera corrección de defectos. Otro caso fue el de un decreto aprobado con un solo artículo para satisfacer exigencias de CiU y corregir uno anterior que había sido convalidado y sobre el que se negó también el trámite como proyecto de ley. Con esta fórmula, el Gobierno consigue que un decreto como el de sanidad, que recorta 7.000 millones de euros, se despache en poco más de una hora. En Presupuestos, el PP impuso el rodillo y solo aceptó tres de 3.100 enmiendas de la oposición, con contenidos tan políticamente relevantes como beneficios fiscales al Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Otra de las aceptadas era del PSOE y consistía en rectificar el nombre de una localidad afectada por una conexión viaria y que figuraba equivocada en el proyecto del Gobierno. Eso fue todo.
Obviamente, los decretos son aprobados en Consejo de Ministros sin diálogo previo y solo se abren negociaciones en vísperas de la convalidación y de forma limitada.
En las pocas normas que se tramitan en el Congreso, el PP ha vetado las comparecencias de sindicatos y empresarios en el debate de la reforma laboral ante la comisión correspondiente. Esta semana se cierra el plazo de aprobación de enmiendas y el PP solo habla con CiU para incorporar algunas de sus modificaciones.
Rajoy no ha comparecido todavía en pleno monográfico sobre la crisis, ni se le espera. Solo ha ido dos veces al pleno por el imperativo legal de dar cuenta de sendas cumbres europeas. ...
El PP bloqueará las peticiones de comparecencia sobre Bankia, empezando por las de Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Miguel Blesa, exgestores del banco. Vetará la creación de una comisión de investigación y se remite a una subcomisión que funciona a puerta cerrada.
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/20/actualidad/1337537368_730447.html
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España: El Congreso de los Diputados niega a Amaiur información sobre el TOP franquista
materia el 30/5/2012, 10:37 pm
La Mesa del Congreso español ha remitido recientemente una respuesta en la que niega a Amaiur información sobre los miembros del Tribunal de Orden Público (TOP), predecesor de la actual Audiencia Nacional.
En la contestación por escrito, la Mesa se escuda en la legislación sobre Patrimonio Histórico español y la normativa de archivos para denegar los datos solicitados por la coalición soberanista argumentando que «el mandato legal impide la consulta pública de esta documentación sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si la fecha es conocida, o en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos»
La respuesta también indica que la documentación solicitada se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica ubicado en Salamanca.
El diputado abertzale Sabino Cuadra había formulado una pregunta por escrito en la que se solicitaba los nombres de los jueces y funcionarios que tomaron parte en el tribunal franquista, así como de su posterior carrera dentro de la administración.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120530/344027/es/El-Congreso-niega-Amaiur-informacion-sobre-TOP-franquista
Financiación patronal
materia el 2/6/2012, 9:24 pm
Presupuestos de la patronal española CEOE en 2010: 587 millones
Aportación del Estado: alrededor de 400 millones
Empleados o liberados de la patronal: 35.000
Presupuesto del Congreso y Senado españoles: 140 millones
http://www.rebelion.org/docs/150580.pdf
Los Gobiernos anteriores y el actual ocultan documentos e informaciones
materia el 4/6/2012, 11:03 pm
EL ACUERDO SECRETO DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL PSOE EN 2010
Exteriores blinda todos sus documentos
¿Qué tienen en común las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, la petición del plácet para el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Londres, los preparativos del viaje del Rey a Brasil y Chile, las gestiones en apoyo a Repsol en Argentina o la candidatura de Miguel Ángel Moratinos a dirigir la FAO?
A simple vista, que se trata de asuntos que interesan a la opinión pública y sobre los que los medios de comunicación han informado regularmente sin que por ello se conmuevan los cimientos del Estado. Pero, también, que encajan en un listado de 17 asuntos que el Ministerio de Asuntos Exteriores considera secretos o reservados. Un listado tan exhaustivo y, a la vez, tan genérico, que prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas queda blindado por la ley de la opacidad y el silencio.
Así han podido comprobarlo dos investigadores, Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos presentaron, el 5 y el 12 de marzo pasados, respectivamente, sendos escritos en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores en los que solicitaban consultar documentación, aparentemente inocua, para una investigación académica.
El primero pidió acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982; el segundo reclamó los documentos referentes a las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.
La respuesta que recibieron fue idéntica. La secretaria general técnica del ministerio, tras consultar con el director general correspondiente, denegó el acceso a la documentación por considerar que “está comprendida en el ámbito del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores”.
El desconcierto de los historiadores fue mayúsculo: en la referencia del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 no figura ningún acuerdo ni remotamente parecido, y tampoco se difundió en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así pues, el acuerdo por el que se declaraban secretos los documentos que querían consultar era secreto. O, al menos, nunca se había hecho público. Lo que resulta sorprendente, pues las leyes españolas castigan el delito de revelación de secretos y ese acuerdo extendía sus límites.
Sanz Díaz reclamó el acuerdo de Consejo de Ministros que cercenaba su investigación y, finalmente, el pasado 9 de mayo, 19 meses después de que el Gobierno —entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero— lo aprobase, el Ministerio de Asuntos Exteriores le remitió una carta en la que lo reproducía por vez primera, sacándolo a la luz.
El texto ocupa cuatro folios y consta de un preámbulo y cuatro artículos. El primero detalla 14 materias que se clasifican como secretas, por considerar que su “revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad o defensa de España o de sus aliados y amigos”. Esta definición se ciñe a lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. El problema es que a Exteriores le pareció poco y amplió el secreto a la protección de “los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales [de España y sus aliados] y las relaciones diplomáticas con terceros países”. Eso justifica, por ejemplo, que se consideren secretas las “posiciones básicas de España” en negociaciones internacionales o las informaciones que afecten no ya a la integridad territorial de España, sino a la de países amigos.
Incluso si el riesgo derivado de su eventual difusión no fuese grave, el documento seguiría vedado al público, aunque con una protección menor: reservado en vez de secreto. Serán reservadas, por ejemplo, las entrevistas con mandatarios extranjeros o las gestiones en apoyo de empresas españolas en licitaciones en el extranjero (como la construcción del AVE a La Meca).
Para más inri, el acuerdo no acota temporalmente su aplicación, lo que provoca que se denieguen a los historiadores documentos con más de 40 años.
¿A qué responde tal empeño de secretismo? En noviembre de 2008, EL PAÍS publicó unos documentos secretos —conocidos como papeles de Guantánamo— que revelaban que el expresidente José María Aznar había autorizado en enero de 2002 la escala en España de aviones de EE UU con prisioneros para el penal ilegal de Guantánamo. La difusión de estos documentos llevó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a anunciar en el Congreso un “golpe de timón fuerte” para evitar filtraciones y la creación de un grupo de trabajo, presidido por la subsecretaria María Jesús Figa, para revisar las normas de clasificación de documentos e incluso la propia Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. Se descubrió que los sellos de secreto que con prodigalidad ponían los altos cargos de Exteriores carecían de cualquier cobertura legal, pues faltaba el paraguas del Consejo de Ministros, el único habilitado para hacerlo.
La decisión se fue demorando y no llegó hasta octubre de 2010, semanas antes de que Moratinos cesara en el cargo. Entre las materias secretas se incluyeron las escalas de aviones, como los que pasaban por España rumbo a Guantánamo. Además, en julio, había estallado el escándalo de Wikileaks, la filtración de miles de informes del Pentágono sobre la guerra de Afganistán. En noviembre, EL PAÍS, junto a media decena de grandes diarios, iniciaba la publicación de 250.000 cables del Departamento de Estado, que incluían revelaciones sobre las relaciones entre Madrid y Washington. EE UU optó por revisar las normas de custodia de sus documentos. España cubrió los suyos con el manto del secreto.
Acuerdo de 15 de octubre de 2010
E Se otorga la clasificación de secreto a las materias que se relacionan a continuación:
1. Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales [...]
2. Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos [...]
3. Información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas [...]
4. Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales.
5. Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de españoles o extranjeros así como la información relativa a extradiciones o traslado de personas condenadas.
6. Contactos de mediación o buenos oficios [...] con terceros países y con grupos y líderes de oposición [...]
7. Protección de Derechos Humanos.
8. Cuestiones de asilo y refugio.
9. Tramitación de beneplácitos de jefes de misión españoles y extranjeros.
10. Cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España o países amigos [...].
11. Informaciones relativas a aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad y defensa, incluidos sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves.
12. Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal Internacional.
13. Preparativos de los viajes de los Reyes y el presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los ministros y otras autoridades del Estado.
14. Las claves y material criptográfico.
E Se otorga la clasificación de reservado a las siguientes materias:
1. Entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros [...]
2. Gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten.
3. Candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html
Ahorrando... en datos informativos. El coste de los viajes de sus señorías
Admin el 6/12/2012, 2:33 am
Anibal Ayer a las 8:45
Los diputados se niegan a informar del coste de sus viajes
El Congreso publicará en la web qué parlamentarios hacen qué desplazamiento y para qué, pero mantendrá secretos los gastos
...La Mesa del Congreso, después de numerosas peticiones de particulares y de una del grupo parlamentario del PSOE, acordó hoy por unanimidad ofrecer información detallada de la diplomacia de la cámara y estableció un protocolo de transparencia que no contempla informar sobre la cuantía del desembolso. Se acordó que no solo informarán de los viajes futuros sino que también, según se reúnan los datos, ofrecerán los pormenores de los desplazamientos realizados a varios países desde el comienzo de la legislatura, ahora hace un año. La decisión se ha tomado, con la aprobación de PP, PSOE y CiU, tras estudiar un informe al respecto de los servicios jurídicos.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2012/12/04/diputados-niegan-informar-coste-viajes/00031354644937845889632.htm
Galiza: Decenas de miles de firmas... y parlamento.
materia el 27/12/2012, 1:39 pm
Cuando llegaron a las 39.000 firmas, los fedatarios de la Plataforma SOS Sanidade Pública pararon de contar. En tres meses de gira habían montado obras de teatro en Ribeira, proyectado powerpointsen pleno centro de Vigo y desplegado sus mesas informativas por los puertos de Cangas y Moaña.
Al abajo-firmante se le pedía apoyo para legislar “en defensa y promoción de la sanidad pública en Galicia”.
Las rúbricas empaquetadas cada una con su sello y numeración llegaron a a la junta electoral y la iniciativa quedó a expensas del Parlamento el pasado junio.
Pero la mayoría del PP la hizo reposar hasta que pasaron las elecciones y por fin este martes Manuel Martín, representante de la plataforma en defensa de la Sanidad, pudo tomar la palabra en el hemiciclo.
...ninguneo del Gobierno. Ni la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, ni el presidente estaban en el escaño para escuchar sus argumentos refrendados por 39.000 ciudadanos.
Feijóo entró con el timbre para votar, apretó el botón del no y se fue por donde había venido. “Mostraron un desprecio absoluto... 40 votos del PP incluido el del presidente tumbaron la iniciativa que ya no seguirá en la Cámara.
El hemiciclo también abrió sus puertas ese día a Inés Novo que pudo subir al atril gracias a 27.917 personas que firmaron por la continuidad de Prescolar na casa, un programa vigente desde 1977 que ha enseñado a decenas de miles de niños en el rural gallego y que aún diezmado por la falta de medios el año pasado contó con 4.000 pequeños de 0 a 3 años. Inés, una de las 35 profesoras despedidas, tomó la palabra para pedir la recuperación de esa innovación educativa multipremiada por distintas instituciones dentro de la enseñanza pública.
Agradeció la presencia del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, pero puso falta a la que considera principal responsable de la agonía de Prescolar na casa: la titular de Benestar, Beatriz Mato. Le reprochó que su escaño azul estuviera vacío pero sobre todo su plan para “dejar morir” una iniciativa educativa pionera que el PP siempre había exhibido con orgullo.
Tener enfrente a sus señorías en el primer pleno ordinario de la legislatura no la amilanó y folio a folio fue hilvanando el discurso que había pactado con el resto de promotores de la iniciativa legislativa
“Llevo desde el año 90 en Prescolar na casa y estaba defendiendo una causa justa. Es lamentable ver a diputados pasando las hojas del periódico mientras un ciudadano que representa a muchos miles más interviene. Demostraron que les importamos muy poco”.
Su proyecto de ley con su preámbulo y su articulado también acabó en el cesto de los papeles.
El presidente Feijóo que tampoco asistió al debate y la conselleira Beatriz Mato entraron juntos para impedir que la Cámara siguiese con su tramitación.
La mayoría de los textos legislativos que impulsan los ciudadanos corren la misma suerte.
En el anterior mandato distintos colectivos remitieron 13 iniciativas legislativas populares, incluidas las dos que se debatieron en el pleno de la pasada semana.
Dos de ellos salieron adelante: la que establece y regula una rede de apoyo a la mujer embarazada promovida por una asociación católica y antiabortista, y una segunda para el “fomento del sector naval”.
Contra el aborto, en tiempo récord
La parsimoniosa tramitación de las dos iniciativas legislativas populares presentadas por la Plataforma SOS y la coordinadora de Prescolar na casa contrasta con el veloz avance que el pasado mandato experimentó un proyecto similar de asociaciones católicas y antiabortistas y su polémico texto “que establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”.
El proyecto lo presentaron los colectivos ultraconservadores nada más vencer Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de 2009. Intentaban enmendar sus frustrados intentos con el bipartito que tumbó la propuesta en cuanto llegó al Pleno. El 2 de abril de 2009, dos semanas ántes de que Feijóo tomase posesión, remitieron la iniciativa a la Cámara ya dominada por la mayoría conservadora. Y en tiempo récord, solo seis semanas más tarde, los 38 diputados del Partido Popular avalaban su toma de consideración en el hemiciclo.
La iniciativa contó con el rechazó unánime de la oposición que la calificó de “retrógrada y ultracatólica” y pidió en numerosas ocasiones su retirada.
Tras superar la farragosa tramitación que requiere este proceso, el 6 de julio de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de Galicia, y 11 días más tarde ratificada por el BOE.
Fue la última ley que nació directamente de la voluntad popular [sic].
En el mandato del bipartito había llegado al DOG por la misma vía un proyecto para reforzar la protección ambiental de los ríos que también ganó la consideración de ley y que sigue vigente.
En la actualidad se tramitan proyectos por esta misma fórmula sobre el área metropolitana de Vigo, para el aprovechamiento de la lengua portuguesa y el desarrollo saludable del ocio nocturno, entre otras.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/22/galicia/1356171770_974495.html
El Gobierno de España y Corinna zu Sayn-Wittgenstein: "Toda la transparencia".
materia el 23/4/2013, 10:38 pm
El Gobierno no interpondrá acciones legales contra la ciudadana alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein a pesar de que, en respuesta escrita a los diputados de IU José Luis Centella y Alberto Garzón, afirma que mintió. El Ejecutivo “desmiente las informaciones inveraces que le afectan”, en referencia a los supuestos trabajos realizados para España. Zu Sayn-Wittgenstein, que se declara amiga del Rey, aseguró en El Mundo que el Gobierno le había pedido ayuda en asuntos “clasificados”. El argumento es el siguiente: “Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno solo hace en favor del interés general y, en ningún caso, para realizar desmentidos”. El Ejecutivo no considera, por tanto, sus supuestas actividades un asunto de “interés general”. ...
A principios de abril, por ejemplo, trató de evitar la cuestión planteada por el diputado Ricardo Sixto.
“¿Usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría?
¿qué ministerios se han hecho cargo de estos gastos?”, preguntó.
El Gobierno se limitó a contestar lo siguiente:
“Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, estos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”.
El 19 de marzo, ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, el director general del CNI, Félix Sanz, aseguró que zu Sayn-Wittgenstein “nunca ha colaborado de ninguna manera, ni ha recibido ningún encargo, ni ha hecho ninguna actividad de ninguna naturaleza [para el centro de inteligencia], ni directamente ni a través de ninguna empresa”.
Sanz admitió haber coincidido con ella en dos actos sociales, negó que el CNI le diera escolta y echó balones fuera cuando se le preguntó si se alojó en dependencias de Patrimonio Nacional:
“Solo sé que nunca ha sido residente en España”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/22/actualidad/1366633287_068742.html
Anibal el 28/4/2013, 11:25 am
Además de que faltan por concretar las fórmulas específicas para incorporar a instituciones, entidades y organizaciones financiadas mayoritariamente con dinero público, el proyecto de ley tiene puntos débiles. Dos de los mayores expertos españoles en transparencia y corrupción destacan los «más preocupantes».
No lo reconoce como derecho constitucional. «No reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública como parte inherente a la libertad de expresión y, por tanto, como un derecho constitucional merecedor de la máxima protección», explica Fernando Jiménez. «Esto hará que las peticiones de información que afecten a datos personales protegidos tengan una probabilidad muy baja de salir adelante tras una ponderación entre la protección de tales datos, que tiene respaldo como derecho fundamental, y el derecho de acceso a la información , que no lo tiene», añade.
No tiene suficiente independencia del Ejecutivo. «Debe garantizar la independencia de las agencias encargadas de aplicar la ley», señala Villoria. «El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma no tiene la suficiente independencia respecto del poder ejecutivo como para garantizar una correcta aplicación de sus principios», señala Jiménez. «Además, se olvida de una tarea fundamental que debería tener un órgano como este: estimular a las diversas administraciones públicas a pasar de una cultura organizativa basada primordialmente en la opacidad a una basada en la transparencia», explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia.
Comenta " La Voz de Galicia":
Los puntos débiles más preocupantes
No están contempladas. Como señala el catedrático Manuel Villoria, «no hay un sistema de incentivos para las administraciones más transparentes ni un sistema de sanciones eficaz de los incumplimientos». Jiménez, por su parte, considera que «este cambio trascendental no puede generarse solo por la aprobación de una ley, sino que es necesario un gran impulso constante en esta línea mediante el estímulo, la formación de los funcionarios y los directivos públicos y la aplicación imparcial de sanciones para las administraciones incumplidoras».
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/04/28/puntos-debiles-preocupantes/0003_201304G28P24993.htm
La ley de los secretos para siempre [HistoriaC]
materia el 11/5/2013, 2:28 pm
Los historiadores británicos pueden hurgar en los papeles más escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) —acaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conservó y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores— pero los españoles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron clasificados por tratarse de información sensible.
La anterior ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.
Su iniciativa no llegó a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. “El trabajo interno se dejó hecho”, indicaron, antes de achacar a una cuestión de “calendario” la paralización de la medida.
El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.
El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.
Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.
Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.
La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.
La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.
Actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente (1946-68).
Repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias en las provincias de Ifni y Sáhara (1939-1955).
Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la defensa nacional (1939-55)
Dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46)
Entregas de material aéreo por Estados Unidos (1955)
Organización y despliegue de unidades durante la Guerra Civil.
Villa Bens,10-1-1958.- Guerra de Ifni. Un buque anfibio descarga material para las tropas españolas en las proximidades de Cabo Juby. / EFE
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/08/actualidad/1368039741_142440.html
La patronal considera que CEOE y los empresarios no deberían incluirse en la Ley de Transparencia
Anibal el 7/6/2013, 2:50 pm
El representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados".
No le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
EFE) - La CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia, ha explicado hoy en el Congreso el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita esta ley, el representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Lázaro ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
Además, ha defendido la necesidad de un "control flexible" que permita el funcionamiento de sus 4.500 organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, a las que la ley impone "obligaciones formales difíciles de asumir".
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-patronal-considera-que-ceoe-y-los-empresarios-no-deberian-incluirse-en-la-ley-de-transparencia_194uYe8aJoz2vJekBd6kt4/
Galiza: Parlamento, "reserva" de informaciones sobre las Cajas... y el Banco de España.
materia el 14/6/2013, 9:39 pm
Las indemnizaciones millonarias percibidas por los gestores que acabaron arruinando las cajas gallegas, el modo en que tomaban sus decisiones las asambleas, sus balances contables —incluidas las auditorías que los avalaban— y también el informe de la consultora KPMG que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esgrimió para justificar la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, son información reservada.
No podrán acceder a ella los medios de comunicación para divulgarlos a la sociedad. No podrán fotocopiarse. Aunque al final tendrán acceso a esa información los 75 diputados —y no solo los 12 que integran la comisión de investigación— y podrán tomar notas manuscritas
La decisión de blindar estos polémicos expedientes la adoptó ayer el PP en la Cámara siguiendo las recomendaciones de la asesoría jurídica de la Xunta. Los siete representantes populares presentes en la comisión impusieron sus votos a los cinco de la oposición, que votó en contra alegando que la investigación se convertirá en “una pantomima”
El socialista Abel Losada se preguntó cómo puede ser información reservada la auditoría de KMPG que costó un millón de euros a todos los gallegos. El portavoz popular, Pedro Puy, replicó que así debía tratarse porque la información que manejó la consultora fue proporcionada por la Xunta en su condición de supervisora de las cajas y que, por tanto, el Gobierno gallego tiene la obligación de mantener el secreto. Puy también esgrimió la obligación de cumplir con la Ley de Protección de Datos.
“No queremos saber el número de cuenta de Gayoso y Méndez [los máximos dirigentes de Caixanova y Caixa Galicia]“, replicó Losada antes de recordar que Novagalicia Banco ya ha recibido 9.000 millones de euros de dinero público.
Sí hubo unanimidad de todos los partidos en la decisión de reprochar al Banco de España que se haya negado a facilitar la documentación requerida por la Cámara autónoma. Beiras esgrimió un Real Decreto de 1986 que excluye de la información reservada del Banco de España los documentos que soliciten las comisiones de investigación parlamentarias. Y el portavoz del PP le dio la razón en eso. Puy propuso buscar una “fórmula” para preservar la “dignidad” del Parlamento gallego.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/13/galicia/1371127017_252378.html
El Gobierno oculta informaciones sobre la Iglesia Católica, la banca nacionalizada, las personas desahuciadas...
materia el 6/7/2013, 10:40 am
El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998
Tampoco proporciona información sobre créditos que hayan concedido las entidades nacionalizadas del Sareb
El Gobierno de Mariano Rajoy presume de la ley de transparencia que está tramitando ─y sobre la que se han presentado unas 300 enmiendas ─, pero al mismo tiempo legitima la opacidad de la Iglesia cuando se supone que se someterá al escrutinio de esa nueva norma.
El Ejecutivo se ha negado a facilitar datos a la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) sobre el "número de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 1998" escudándose en que la Ley del Catastro le impide hacer pública la cifra.
"De acuerdo con el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, "tienen la consideración de datos protegidos el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares, así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción, de los bienes inmuebles individualizados", aduce el Gobierno en su respuesta a la solicitud de documentación realizada por Cayo Lara el pasado 4 de marzo.
En virtud de este "régimen de protección de los datos catastrales de carácter personal ─ concluye ─no resulta posible la cesión de la información solicitada [...] ya que supondría una vulneración del principio de protección de datos".
..."se trata de la institución que más subvenciones públicas recibe".
La Iglesia siempre se ha beneficiado del tabú autoimpuesto de los diferentes gobiernos en torno a esta materia, que está íntimamente relacionada con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Conociendo cuántos ha adquirido la Iglesia desde 1998, como solicitaba Lara, se puede saber, por ejemplo, cuánto deja de ingresar el Estado por este impuesto. También, si la Iglesia cumple con el pago del impuesto en los inmuebles que no entren dentro de las ya amplias y ambiguas exenciones que le otorga la legislación ─ aquellas que se dediquen al culto o al desarrollo de la sociedad ─ o si determinadas administraciones benefician al clero al no obligarle a pagar la tasa.
Asimismo, y no es menos interesante, si la Iglesia especuló con el suelo y sus inmuebles durante los años de la burbuja inmobiliaria, ya que ese año, 1998, marca la entrada en vigor de la Ley del suelo del Gobierno de José María Aznar.
...también la banca
En el mismo sentido, el Ejecutivo se ha negado a proporcionar datos a Lara sobre el "volumen de crédito total y número de créditos superiores a 300.000 euros desde el año 2000 hasta la actualidad, realizados por parte de las entidades que forman el Sareb".
En concreto, el coordinador de IU pretendía conocer aquellos que "se encuentren impagados, considerados como de dudoso cobro, o declarados como fallidos", así como su desglose por "concepto, año, entidad financiera concesionaria" y "aquellas personas jurídicas y físicas receptoras del crédito".
En su respuesta, el Gobierno no tiene problemas en reconocer que pese a que el banco malo sea "una empresa con mayoría de capital privado" y, por tanto, tenga que acogerse a "lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital" y demás normas del ordenamiento jurídico, "debido a la participación del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha articulado un régimen específico de suministro de información en las Cortes Generales".
Que "cualquier solicitud de información confidencial sobre la Sareb" que no esté en relación con las informaciones periódicas que se hacen al Parlamento "no puede ser facilitada directamente por el Gobierno [...] ya que estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada".
Sociedad jurídico-privada en la que las acciones se reparten en un 55% para lo privado y un 45% para lo público (desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), pero donde esta dualidad se da de bruces con la realidad ya que su objetivo es arreglar el agujero de la banca nacionalizada. En cualquier caso, el Gobierno cita varias normas ─ la Ley 9/2012 y el Real Decreto 1/2010 ─ para reiterar a Lara que la única información que le puede dar es la que ya se conoce ─ "se trate de información pública y conocida" ─ o la que la Comisión Rectora del FROB dé en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
"El Gobierno nos ha negado en cinco ocasiones la creación de una Comisión de investigación sobre los responsables de la crisis" y ahora "solicitamos estos datos para que se conozca la temeridad y quiénes la cometieron", dijo Lara. Sin embargo "en aras del secreto bancario y por el hecho de que el Sareb tiene un 55% de capital privado, el Gobierno dice que no puede darnos esos datos", denunció.
A principios de junio, el Gobierno también se negó a facilitar el pasado 24 de mayo datos a la Izquierda Plural sobre el número de personas que han sido desahuciadas de su vivienda habitual desde el inicio de la crisis porque, según su versión, esos datos no existían.
El 11 de junio, el CGPJ dio el dato de 2012.
http://www.publico.es/458171/el-gobierno-usa-la-proteccion-de-datos-para-ocultar-los-inmuebles-que-adquirio-la-iglesia-desde-1998
Última edición por materia el 11/8/2013, 12:43 am, editado 1 vez
El Tribunal de Cuentas denuncia cobros opacos de CiU por valor de 1,9 millones
Anibal el 11/7/2013, 9:53 am
El Tribunal de Cuentas ha detectado nuevas presuntas irregularidades en la contabilidad de Convergència i Unió en el informe de fiscalización de partidos correspondiente a 2008. El Tribunal asegura que Convergència Democràtica no ha podido acreditar 1,18 millones de ingresos procedentes de su fundación (Catdem, antes Fundación Trias Fargas) y de la Fundación Fòrum Barcelona. Unió Democràtica tampoco justificó suficientemente cobros por valor de 721.500 euros.
El órgano fiscalizador se ha centrado en averiguar si los ingresos recibidos por parte de Convergència Democràtica procedentes de sus fundaciones estaban bien justificados. En concreto, la Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem), también investigada en el caso del Palau de la Música, pagó a Convergència un total de 754.152 euros. Otra fundación, llamada Fòrum Barcelona, realizó otros pagos por valor de 426.924 euros. Todos estos ingresos están justificados con notas de cargo internas emitidas por el partido y el Tribunal considera que su contenido es “insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/11/catalunya/1373499618_530392.html
El PP gallego registró en 2006 casi dos millones en donaciones opacas
Anibal el 13/7/2013, 9:02 am
El sistema de financiación ilegal del PP nacional que apuntan los papeles de Bárcenas e investiga el juez Pablo Ruz, con donaciones opacas en su mayoría de constructores, fue supuestamente calcado a escala autonómica por el partido para sus campañas. Lo evidencia un informe interno que el exgerente del PP gallego, Modesto Fernández, emitió en 2006. El PP gallego —que ya dirigía entonces el hoy presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo— solo reconoció en su contabilidad oficial donativos por 200.000 euros ese año. Pero, siempre según el citado informe, recaudó mucho más, hasta dos millones de euros por vía opaca. El documento fue elaborado para justificar ante la dirección nacional del PP los gastos de la campaña gallega de 2005, encabezada por Manuel Fraga, por lo que incluía donaciones recibidas para dicha convocatoria.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/12/actualidad/1373658203_739756.html
Partidos y fundaciones olvidan sus auditorías internas y siguen sin aclarar sus donantes
Anibal el 24/9/2013, 2:42 pm
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5167296/09/13/Partidos-y-fundaciones-olvidan-sus-auditorias-internas-y-siguen-sin-aclarar-sus-donantes.html
EEUU: El Pentágono falsifica ceremonias en honor a los soldados
materia el 12/10/2013, 3:09 pm
El Pentágono ha estado llevando a cabo ceremonias falsas de recepción a los soldados caídos en una base en Hawái durante más de siete años, de acuerdo a las recientes declaraciones hechas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Durante casi una década, el personal militar transportó durante estas ceremonias ataúdes envueltos en banderas estadounidenses que contenían los cuerpos de los soldados muertos en acción, aparentemente recién llegados en aviones de carga cerca del hangar 35 en la Base Común de Pearl Harbor-Hickam, reveló NBC.
Sin embargo, en realidad los restos de los soldados podrían haber pasado meses bajo custodia militar antes de ser homenajeados durante presentaciones ceremoniales parcialmente fabricadas, realizadas por el Comando de Contabilidad de Prisioneros de Guerra del Gobierno de EE.UU.
Bill Dedman, un reportero de investigación de NBC, señaló que el Pentágono confirmó esta semana que "ninguno de los soldados muertos que eran honrados habían llegado en esos supuestos vuelos y los aviones utilizados en las ceremonias a menudo ni siquiera podían volar y eran remolcados hasta su posición".
Por su parte, el Pentágono emitió una declaración propia explicando la falsedad de tales eventos. "Estas ceremonias preplanificadas son de naturaleza simbólica, con el fin de honrar a aquellos estadounidenses que hicieron el máximo sacrificio en apoyo de nuestra nación", admitió el Pentágono.
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/108262-eeuu-pentagono-falsifica-ceremonias-soldados-caidos
Galiza: La Xunta del PP oculta documentos al Parlamento.
materia el 10/11/2013, 6:10 pm
La oposición política redobló ayer su ofensiva para intentar que el Gobierno gallego envíe al Parlamento documentos oficiales solicitados desde hace meses y que el Ejecutivo de Feijóo se ha negado hasta ahora a entregar al órgano representativo de la soberanía popular. Entre los papeles que la Xunta está ocultando a la Cámara se encuentran los contratos de los hospitales públicos en la época en que Feijóo dirigía el Sergas y frecuentaba la amistad del contrabandista Marcial Dorado o las adjudicaciones de la Administración gallega con empresas que figuran en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes del PP. Los socialistas amenazaron ayer con pedir amparo al Tribunal Constitucional si la Xunta persiste en su negativa y la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, no presiona al Gobierno para que cumpla la ley.
El artículo 9 del Parlamento de Galicia es tajante al señalar que los diputados “tendrán la facultad de solicitar a las Administraciones Públicas datos, informes o documentos que consten en poder de estas”. Y las administraciones deberán atender la solicitud en el plazo de 30 días o, en caso contrario, justificar los motivos por los que no se entrega la documentación.
Pese a la norma, la Xunta sigue negando a la Cámara, sin ofrecer ninguna justificación, papeles solicitados en ocasiones hace más de un año, entre los que, además de los citados, se encuentran informes de la Asesoría Xurídica del Gobierno autónomo, los documentos sobre las relaciones entre la Administración gallega y la petrolera mexicana Pemex o los expedientes sobre el proyecto para abrir una mira de oro en Bergantiños.
Solo los socialistas, según explicó ayer su portavoz, José Luis Méndez Romeu, han presentado 277 solicitudes de información de las que únicamente se han atendido 126. El PSdeG, al igual que el resto de los grupos de la oposición, trasladó ayer su queja a la presidenta de la Cámara durante una reunión de la Junta de Portavoces. Y Méndez Romeu avisó de que si no se atiende su petición los socialistas están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional. “Es desolador y patético”, abundó Xosé Manuel Beiras, líder de AGE, quien instó a Pilar Rojo a que defienda “la dignidad del Parlamento” y no consienta que este se “someta a los caprichos del presidente”, informa Europa Press. El PP, además, volvió a vetar ayer una petición de comparecencia del presidente de la Xunta para que responda a las denuncias de financiación ilegal de su partido provenientes de antiguos dirigentes populares. Esta vez la oposición requería explicaciones a Feijóo por las últimas declaraciones en ese sentido del exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. Pero los populares se negaron alegando que se trata de un asunto “de hace diez años”.
La Xunta apaga la luz del Parlamento
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/05/galicia/1383684415_893467.html
materia Sep 23, 2013
En plena tramitación de la Ley de Transparencia, para que cualquier ciudadano acceda a datos y documentos oficiales, los diputados gallegos se topan con el oscurantismo de la Xunta, que no les facilita los papeles que necesitan para realizar su labor constitucional de control del gobierno. Pese a que el Reglamento del Parlamento los faculta para solicitar documentos oficiales a cualquier Administración pública, el Gobierno gallego tiene sin responder unas 170 de las 300 peticiones que han formulado en lo que va de legislatura. Y la presidenta de la Cámara, la popular Pilar Rojo, tampoco aplica sanciones o arbitra procedimientos alternativos para defender a sus compañeros amparándose en que no se establecen en el Reglamento, norma cuya inoperancia deja así en evidencia.
Diputados de los tres grupos de la oposición han pedido, por ejemplo, contratos públicos que arrojarían luz sobre las posibles implicaciones administrativas de la amistad en los años noventa del presidente Alberto Núñez Feijóo con el entonces contrabandista Marcial Dorado. Pero hasta el momento el Gobierno gallego ni les ha entregado copia de los documentos, ni ha facilitado el acceso a los archivos autonómicos, ni ha justificado su negativa. Escondidos en San Caetano permanecen también papeles que los diputados consideran relevantes para aclarar la tramitación de la mina de oro de Corcoesto, el arbitraje de las participaciones preferentes, los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a la trama Gürtel o informes autonómicos sobre los acuerdos de los astilleros gallegos con Pemex.
Lo que dice el artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia es que “para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, luego de conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de solicitar de las Administraciones públicas los datos, informes o documentos que consten en poder de estas”. Su solicitud la tramitará la Presidencia del Parlamento y la Administración en cuestión tiene 30 días para entregar la documentación o argumentar “las razones fundadas en derecho que lo impidan”. Los tres grupos de la oposición han formulado en los diez meses de esta novena legislatura unas 320 peticiones de documentos amparándose en el artículo 9. De ellas, unas 20 están aún dentro del plazo que tiene la Xunta para responder, pero de las 300 restantes se ha atendido menos de la mitad, unas 120, rebasando las demás el plazo de 30 días sin que el Gobierno, en la gran mayoría de los casos, argumentase siquiera su negativa.
La oposición critica que solo se les facilitan los documentos más intrascendentes, muchos de los cuales son de libre acceso para cualquier ciudadano, como expedientes expuestos al público o pliegos de obras. Desde Alternativa Galega de Esquerda (AGE) se lamenta que incluso entre las peticiones que obtienen respuesta “casi ninguna viene al caso; es decir, responden, pero no a la petición formulada”. También la viceportavoz del BNG, Ana Pontón, critica que con su comportamiento el Gobierno impide el necesario control de sus actuaciones por el Parlamento, cuyos diputados deben perder tiempo en buscar la información que necesitan por otros cauces más complejos. Desde la Presidencia del Parlamento se argumenta que todas las peticiones se trasladan con celeridad al Gobierno y que cuando no se recibe respuesta en el plazo de 30 días se vuelve a reiterar la solicitud. Pero ahí termina su actuación, en la reiteración cada mes de las peticiones no atendidas ya que, argumenta la Presidencia de la Cámara, el Reglamento no contempla nada más para los casos en los que la Xunta no contesta.
Un ejemplo de la actitud pasiva de Pilar Rojo se produjo ante la petición reiterada por parte del PSOE de los contratos del Sergas en la época de la amistad Feijóo-Dorado. El portavoz socialista, Abel Losada, acabó enviando el 7 de junio una carta a la presidenta pidiendo oficialmente su amparo por el hecho de que la Xunta contestase a su petición de documentación a través del artículo 9 con una comparecencia oral de un alto cargo del Gobierno. “Resulta evidente que ninguna comparecencia puede constituir una respuesta válida a una solicitud concreta de traslado de documentación”, argumentaba Losada.
Pero la respuesta de Rojo, que tardó dos semanas, se limitó a señalar que la Presidencia “actúa como un órgano de comunicación para la tramitación” y que su actividad es “instrumental y reglada”. Rojo recuerda al diputado “que no vea satisfecha su pretensión” que puede “pedir la reiteración de la solicitud de información”. Y asegura a Losada que “dará traslado de su escrito a la Xunta para su conocimiento, con la expresa indicación de que una comparecencia parlamentaria no es el canal adecuado para satisfacer una petición de documentación”. Esto es, Rojo trasladó al Gobierno la protesta de Losada, pero no la asumió como propia, como le reclamaba este. Desde el Gobierno gallego, el responsable de atender las peticiones que le realice la Cámara es el director general de Relacións Parlamentarias, Gonzalo Ordóñez. La Vicepresidencia, el departamento del que depende, siguió la pasada semana la costumbre de Ordóñez de no argumentar sus negativas a los diputados y tampoco pudo dar una explicación a los retrasos y negativas del Gobierno a responder al Parlamento.
Uno de los argumentos que suelen emplear fuentes tanto del PP como del Ejecutivo para justificar la no entrega de papeles reclamados por los diputados es que no son de la Xunta sino de terceros y que por lo tanto no obran en su poder o no puede divulgar. Aunque esto sea así en algunos casos, la Xunta no se molesta ni en argumentárselo a los diputados. Pero en muchas otras ocasiones los documentos denegados son expedientes elaborados por completo por la Administración. Así, están sin atender desde el principio de la legislatura peticiones como el “Plan de inspección de servicios sociales 2013”, “informes de todas las consellería implicadas” en la mina de Corcoesto, “subvenciones a través del Igape” o “informes” de funcionamiento interno de la Administración tratados por el Gobierno en los consejos semanales de la Xunta.
Excursión custodiada por funcionarios
El volumen de la documentación que piden algunos diputados no debería ser impedimento para que la Xunta facilite su consulta. En 2007 los populares, entonces en la oposición, se quejaban de los obstáculos que ponía el gobierno de PSOE y BNG para facilitarles el expediente administrativo de la adjudicación de la Autovía do Barbanza. Un año después los populares repitieron la misma queja por los impedimentos para revisar los gastos que supuso la presencia de Galicia en la Feria del Libro de La Habana.
En ambas ocasiones, ante el volumen de los expedientes, el bipartito acabó facilitando a los diputados el acceso a los documentos que reclamaban en las propias oficinas de la Xunta, custodiados por funcionarios públicos. Fue así como se supo, por ejemplo, que el Gobierno gallego había invitado a 400 mojitos en la feria cubana. Sin embargo, ahora en el poder, los populares impiden la consulta de documentos similares. Durante la pasada legislatura, la Xunta del PP ya bloqueó la entrega de papeles a diputados de la oposición, que en total recurrieron al artículo 9 en 1.446 ocasiones. Entre los documentos no facilitados pese a peticiones reiteradas está el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debió avalar el convenio para invertir en el municipio lucense de Barreiros 14 millones de fondos públicos con los que legalizar su urbanismo. La justicia acaba de decretar que aquel convenio, cuyo aval jurídico nunca conocieron los diputados, era ilegal.
El presidente se niega a explicar los donativos al PP
La Xunta oculta desde hace seis meses los contratos con Dorado
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/22/galicia/1379868249_894415.html
La carta de Zapatero
materia el 1/12/2013, 1:38 am
Por el lado de los contenidos, el BCE desborda su mandato y, con el fin de "devolver la credibilidad de España ante los mercados de capitales", insta al Gobierno a rebajar los salarios, facilitar el despido, debilitar a los sindicatos, limitar por ley el gasto público o, incluso, aprovechando la coyuntura, liberalizar el mercado de alquileres. Enseñado el palo, vino la zanahoria: a partir del 8 de agosto, el BCE compraba hasta 36.000 millones de deuda de España e Italia en los mercados secundarios, unas compras que, para ser justos, muchos consideran que también desbordaban el mandato del BCE.
Por el lado de los procedimientos, las cosas tampoco pintan bien. En la sesión del Congreso del 23 de agosto de 2011 en la que se pidió a los representantes de la ciudadanía que convalidaran el Decreto-Ley del 19 de agosto donde se adoptaban gran parte de las medidas exigidas por el BCE y se anunciaba una inminente modificación de la Constitución española para introducir en ella la regla del techo de gasto, Zapatero se felicitó de que las recientes compras de deuda por parte del BCE hubieran aliviado la presión sobre la prima de riesgo, pero se negó a responder a dos preguntas directas del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, sobre la existencia de la carta y, en consecuencia, a aceptar que hubiera cualquier tipo de condicionalidad entre unas medidas y otras. Si supimos entonces que existía tal vinculación entre reformas y compra de deuda fue debido a que en Italia alguien tuvo la decencia de filtrar al Corriere della Sera una carta prácticamente idéntica del BCE al gobierno italiano fechada el mismo 5 de agosto.
Pero hete aquí que un abogado español, de nombre Isaac Ibáñez, tuvo la feliz idea de valerse del Defensor del Pueblo Europeo para exigir al BCE la publicación de la carta. El BCE reconoció la existencia de la carta pero se negó a publicarla argumentando que divulgarla "podría afectar a la eficacia de los mensajes que el BCE pudiera dirigir a los Estados miembros". Finalmente, dos inspectores del Ombudsman Europeo se personaron en la sede del BCE en Fráncfort, obtuvieron acceso a la carta y se dirigieron al señor Ibáñez explicándole que la susodicha carta, aunque sí "invitaba" al Gobierno a "mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo" y "garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas", no pedía expresamente al Gobierno español modificar la Constitución. El BCE explicó que solo pretendía "proteger la integridad y eficacia de su política monetaria en beneficio de los ciudadanos de la zona del euro" y argumentó que su difusión "perjudicaría a la protección del interés público en lo relativo a la política monetaria de la Unión". El reclamante, insatisfecho, insistió, en vano, en que "en un sistema basado en la legitimidad democrática, tanto las autoridades públicas de la UE como las nacionales deben ser responsables de sus actos ante el público".
Nuestro conciudadano Ibáñez, pese a tener razón, perdió la batalla, y con él la perdieron también los ciudadanos españoles. Así pues, aunque nos alegramos de conocer, por fin, la carta, lamentamos no hacerlo por tener derecho legítimo a ello sino por la pretendida magnanimidad de un expresidente que en el poder ocultó su existencia al Parlamento y a la ciudadanía pero al abandonarlo para sentarse en el Consejo de Estado se la llevó a casa con el fin de utilizarla en su beneficio cuando mejor le conviniera políticamente. Señor Zapatero: si es tan amable, mándele el original al señor Ibáñez, se lo ha ganado.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/28/actualidad/1385654901_949637.html
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2013/11/la-carta-a-zp-o-la-carta-de-zp.html
http://www.huffingtonpost.es/pilar-portero-y-ana-canil/el-secreto-de-la-carta_b_4383800.html?utm_hp_ref=spain
Carpetazo a la justicia universal. Mapamundi judicial de la infamia.
materia el 28/1/2014, 1:46 am
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/26/actualidad/1390748716_593371.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/26/actualidad/1390768439_468653.html?rel=rosEP
Tribunal de cuentas y CNI.
Anibal el 2/2/2014, 4:52 pm
http://www.abc.es/espana/20140202/abci-tribunal-cuentas-201402011942.html
La hipocresía burguesa del voto secreto.El caso del aborto en España
Anibal el 12/2/2014, 3:01 pm
El grupo parlamentario de CiU ha hecho público un comunicado en el que confirma que los seis diputados de Unió (UDC) rechazaron en la votación secreta del Congreso la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley de Aborto, lo que acrecienta la sospecha de que finalmente hubo fugas de voto en el Grupo Popular, ya que hubo menos papeletas que los diputados presentes. El PP superó este martes la votación secreta que el PSOE había planteado en el Congreso pidiendo la retirada del anteproyecto del Ministerio de Justicia, pero desde el primer momento se vio que sus votos no suman los diputados del Grupo Popular presentes en el hemiciclo, lo que daba a entender que ha sufrido alguna abstención.
Al final, 183 diputados votaron contra la petición del PSOE de retirar la reforma y también hubo seis abstenciones. Unió, el socio democristianos de CiU, ha querido dejar claro que sus seis diputados, todos ellos presentes en el hemiciclo, rechazaron la retirada del anteproyecto y ninguno de ellos se abstuvo. Lo mismo dijo a Europa Press el diputado de UPN, Carlos Salvador. Por tanto, quedan 176 en contra de la retirada, todos atribuidos al PP. Pero en el hemiciclo había 178 diputados presentes del Grupo Popular, incluyendo los ministros, como así consta en las votaciones anteriores, que fueron públicas.
Ello indica que hubo al menos dos fugas en el Grupo Popular, que presumiblemente recayeron en la abstención, la posición que también marcaron el diputado de Foro Asturias, Enrique Alvarez Sostres, y parte de los miembro de Convergncia (CDC), que tenían libertad de voto.
Leer más: Los diputados de Unió niegan haberse abstenido, lo que avala la idea de que hubo fugas en el PP - La Razón digital http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5478579/sociedad/los-diputados-de-unio-niegan-haberse-abstenido-lo-que-avala-la-idea-de-que-hubo-fugas-en-el-pp#Ttt1A54TyqWMX6OI
Aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
materia el 15/2/2014, 4:57 pm
El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas un real decreto para aclarar las cifras de la tabla retributiva que establece la reforma local para los alcaldes.
Había que resolver los desajustes entre las cantidades pactadas en la tramitación de esa ley y los Presupuestos Generales del Estado, que llevaron a los interventores municipales a alertar de la imposibilidad de elaborar las nóminas de enero.
Finalmente, Hacienda coló esa regulación salarial en el Real Decreto Ley 1/2014, de reforma en materia de infraestructuras y transportes. La misma norma por la que, entre otras novedades, se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es la que aclara que los alcaldes gallegos podrán cobrar entre 30.000 y 80.000 euros brutos anuales.
No es un caso aislado. Uno de los aspectos de la reforma local que puede aportar más oxígeno a los ayuntamientos se regula a través de la ley orgánica sobre el control de la deuda comercial en el sector público.
Se trata de la posibilidad de los concellos de utilizar en inversiones este año el remanente de tesorería del 2013, sin obligación de estar abocados a amortizar deuda como hasta ahora. La norma sectorial supeditaba esta opción a unos requisitos de sostenibilidad que se regularían después. Esos criterios se concretaron esta semana gracias a una enmienda del PP a otra ley en la que a ningún concello se le ocurriría buscarlos, la de Defensa de los Consumidores. Aprovechando su tramitación en el Congreso, el Grupo Popular ha deslizado una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que fija esos requisitos.
Esto prueba que las improvisaciones que jalonaron la gestación de la reforma local continúan cuando ya ha pasado un mes de su entrada en vigor. Los parches que Hacienda salpica en normas de sectores que nada tienen que ver con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local crean una gran inseguridad jurídica en los concellos.
El ministerio ni siquiera los comunica. Para suplir esta falta de información, los alcaldes están recibiendo notificaciones de la Fegamp.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/02/14/decreto-transportes-regula-sueldo-alcaldes/0003_201402G14P8993.htm
Galiza: La policía dice no saber quién hizo un informe suyo sobre un crimen en Lugo.
materia el 9/3/2014, 12:28 pm
Si ya en su momento hubo chapuzadas clamorosas en la investigación del doble crimen de O Ceao, resulta que ahora nadie sabe quién hizo un informe de 16 páginas que apareció en las dependencias de la comisaría lucense.
Este extremo se conoce como consecuencia de un nuevo levantamiento de secreto de una parte la instrucción que lleva el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo.
El informe en cuestión apareció en la comisaría y fue aportado a la causa. Se trata de fotocopias de 16 páginas numeradas. Una de las primeras decisiones adoptadas por el instructor fue la de librar un oficio a la comisaría para que procediera a identificar al autor del informe.
La respuesta ofrecida desde la institución policial fue de que «no se ha podido constatar quién lo realizó».
Añaden que «preguntados los investigadores que en algún momento participaron en la investigación, ninguno de ellos recuerda haber redactado dicho informe».
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/03/09/policia-sabe-hizo-informe-sobre-crimen-ceao/0003_201403L9C1997.htm
Reino Unido: Las cartas de sus altezas.
materia el 21/3/2014, 8:31 pm
El Gobierno modificó en 2010 la ley de Libertad de Información para excluir de ella todas las cartas de la familia real, incluso las que, como estas 27, pueden ser del interés público. Tras la aprobación de esa enmienda, la correspondencia del heredero se pude acoger a una exención de 20 años o cinco años desde la muerte del afectado antes de que pueda ver la luz.
Carlos de Inglaterra cada vez está más cerca de protagonizar una polémica que tiene el potencial de cuestionar la neutralidad que le exige para ser rey. Ya solo el Tribunal Supremo, última instancia del sistema judicial británico desde que se creó en 2009 para separar esa función de la Cámara de los Lores, puede impedir que se publiquen 27 cartas personales enviadas por el príncipe a siete departamentos ministeriales entre 2004 y 2005, en las que expresa sus puntos de vista con tal franqueza que algunos creen que puede estar faltando a la exigencia de neutralidad política que pesa sobre la monarquía británica.
El Gobierno lleva ya muchos años intentando que esas cartas no lleguen a ser publicadas por el diario The Guardian, que las pidió en su día en base a la ley de Libertad de Información (FOI en sus siglas en inglés). Pero el ejecutivo, primero los laboristas y luego la coalición de conservadores y liberales-demócratas, se opone con el argumento de que las fuertes opiniones que muestra el príncipe en esas misivas podrían dar la impresión de que rompe la neutralidad política que se le exigirá cuando sea monarca. Esa es, precisamente, la razón por la que las cartas deben ser publicadas, responden quienes están a favor de que la gente sepa qué le ha dicho el príncipe a qué ministro sobre qué tema y cuándo.
En estos días, un tribunal de apelación formado por tres magistrados y encabezado por el jefe de la judicatura en Inglaterra y Gales, lord Dyson, ha rechazado la apelación presentada en su día por el fiscal general del reino, Dominic Grieve, que intentaba así revocar la sentencia a favor de la publicación de las cartas dictada en septiembre de 2012 por un tribunal independiente. Ese tribunal había a su vez tumbado el veto a la publicación de las cartas impuesto por Grieve en 2010 después de que la Cámara Administrativa de Apelaciones. que decide si se han de publicar o no documentos que el Gobierno intenta evitar que se publiquen a través de la Ley de Libertad de Información, se pronunciara a favor.
La insistencia de ambas partes en conseguir su objetivo no se basa en una curiosidad morbosa por desvelar chascarrillos, sino para evaluar, o impedir que se pueda evaluar, hasta qué punto el príncipe Carlos ha traspasado o no las líneas rojas de la neutralidad política de la corona y si eso puede ensombrecer su reinado cuando herede el trono que desde hace más de 60 años ocupa se madre, la reina Isabel II.
El soberano tiene derecho a opinar. Al menos hasta cierto punto. La convención del sistema constitucional británico señala que el monarca tiene el derecho a ser consultado, el derecho de aconsejar y el derecho de advertir. Esa formulación se confirmó a mediados de los años 1980 de manera algo más precisa: el monarca tiene el derecho y también la obligación de expresar al primer ministro sus opiniones sobre la política del Gobierno, pero al mismo tiempo está obligado a actuar bajo el asesoramiento de los ministros sean cuales sean sus propias opiniones. Lo que no puede de ninguna manera es mostrar partidismo político.
¿Han mostrado ese partidismo las opiniones expresadas por el príncipe Carlos en esas 27 cartas que los jueces creen que tienen interés público como para ser publicadas? ¿Han alterado de forma partidista la política del Gobierno? De momento hay información de que fueron enviadas entre septiembre de 2004 y abril de 2005 a los departamentos responsables de Negocios, Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Cultura e Irlanda del Norte y al Cabinet Office. También sabemos que en ellas el heredero expresa “sus más profundos puntos de vista y creencias” y que en algunos casos lo hace “con particular franqueza”. También sabemos que, de publicarse, no sería el principio de una larga lista de cartas de Carlos, sino más el canto del cisne.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/18/actualidad/1395180977_177436.html
Re: La democracia real... es bastante opaca.
» "Democracia real ya". Capitalismo real en su sitio.

References: artículo 86
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 real decreto 
 Real Decreto