Source: https://www.scribd.com/document/98726051/Sentencia-Condenatoria-Alcalde-de-Arona-Caso-Enchufe
Timestamp: 2019-10-17 03:59:19+00:00

Document:
Sentencia Condenatoria Alcalde de Arona Caso Enchufe | Derecho penal | Jurisprudencia
Sentencia Condenatoria Alcalde de Arona Caso Enchufe
saveSave Sentencia Condenatoria Alcalde de Arona Caso Enchu... For Later
Trucos Para Aprobar Examenes de Oposiciones Mediante Ayudas Para Resolver Los Test Psicotécnicos y Encontrar Las Respuestas Rápidamente y on-line
bocyl-d-20062016-14__06202016_122101
20110401 - BASES - CA - Bomberos _7_ CE2-10[1]
Rpt 2011-2012 Pas Laboral
Administrativo, Lección 31
BOA_9_abril_08
1366266769087_boja13-073-00002-6185-01_00025144
C04.1 Empleo Público a Nivel Nacional para los Ingenieros de Caminos
BOE-A-2014-4541
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA COLOMBIANA.pptx
Instructivo Para Aplicar a Concursos de Méritos y Oposición
Norma Tecnica Seleccion de Personal Ac Jun
BOJA16-144-00006-13655-01_00096028
BOJA oposiciones. (1) (1)
Resolucion_definitiva_admitidos
BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2012. El Iltmo. D./Da. CRISTINA GUERRA PEREZ, Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal N 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha visto en juicio oral y pblico la presente causa del Procedimiento abreviado nmero 0000248/2009 instruda por el Juzgado de Primera Instancia N 4 (antiguo P. Inst. e Instr. N 4) de Arona, con el Procedimiento abreviado nmero 0000085/2008, por el presunto delito de prevaricacin administrativa, contra D./Da. JOSE ALBERTO GONZALEZ REVERON y MANUEL BARRIOS RODRIGUEZ, nacido el 23 de noviembre de 1958 y 30 de mayo de 1937, hijo de Antonio y Manuel y de Maria De La Cruz y Maria, natural de Arona y Arona, con domicilio en Crta General, 18 y Arona, con DNI y DNI nm. 42053264H y 41925891I, en la que son parte el Ministerio Fiscal, en ejercicio de la accin pblica, y el acusado de anterior mencin, representado por el/la Procurador/a de los Tribunales D./Da. M. GLORIA ORAMAS REYES y MIGUEL ANDRS RODRGUEZ LPEZ y defendido D./Da. JOS RAMN PITTI REYES y FRANCISCO CABRERA DOMNGUEZ.
Comentario [Direccin1]: Localidad Comentario [Direccin2]: Fecha Comentario [Direccin3]: Nombre Juez Comentario [Direccin4]: Tratamien to Juez Comentario [Direccin5]: Nombre rgano Comentario [Direccin6]: Localidad Comentario [Direccin7]: Tipo procedimiento Comentario [Direccin8]: N procedimiento Comentario [Direccin9]: Nombre rgano origen Comentario [Direccin10]: Tipo procedimiento origen Comentario [Direccin11]: N procedimiento origen
PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia ante el Juzgado de Instruccin n 4 de Arona, incondose causa penal que dieron lugar posteriormente y una vez practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, personas responsables de los mismos y el procedimiento aplicable, al Procedimiento Abreviado 85/2008, solicitando el Ministerio Fiscal, la apertura del Juicio Oral, pretensin a la que no se opuso la defensa, dictndose auto acordando la apertura de Juicio Oral. El escrito de acusacin el Ministerio Fiscal, calific los hechos, en sus conclusiones literales que se transcriben a continuacin, como constitutivos de: SEGUNDA: Los hechos
anteriormente relatados en el apartado A del precedente son legalmente constitutivos de un DELITO CONTINUADO de PREVARICACIN previsto y penado en los artculos 405 y 74, en relacin con el art. 24.2, del Cdigo Penal. Los hechos relatados en el apartado B del antecedente son legalmente constitutivos de un DELITO de PREVARICACIN previsto y penado en el art. 405, en relacin con el art. 24.2 del Cdigo Penal. TERCERA: Los acusados son criminalmente responsables en concepto de autores de los arts. 27 y 28, prrafo primero, del Cdigo Penal. CUARTA: No concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. QUINTA: Procede imponer a Jos-Alberto Gonzlez Revern la pena de multa de 7 meses a razn de 20 euros de cuota-da, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Cdigo Penal de 1 da de privacin de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas; inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 1 ao y 6 meses; y el pago de la mitad de las costas procesales. Procede imponer a Manuel Barrios Rodrguez la pena de la pena de multa de 4 meses a razn de 20 euros de cuota-da, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Cdigo Penal de 1 da de privacin de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas; inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 1 ao; y el pago de la mitad de las costas procesales..
Comentario [Direccin12]: Delito Comentario [Direccin13]: Nombre y apellidos Comentario [Direccin14]: Fecha nacimiento Comentario [Direccin15]: Padre Comentario [Direccin16]: Madre Comentario [Direccin17]: Lugar nacimiento Comentario [Direccin18]: Domicili o Comentario [Direccin19]: Tipo identificacin Comentario [Direccin20]: Identifica cin Comentario [Direccin21]: Procura dor Comentario [Direccin22]: Abogado
Por su parte las defensas solicitaron la libre absolucin de sus defendidos por los motivos que obran en sus escritos, pidiendo adems la defensa del Sr. Barrios la apreciacin de la atenuante de reparacin del dao del art. 21.5 Cdigo Penal en su caso. SEGUNDO.- Remitidas las actuaciones a este Juzgado se dict auto sobre admisin de las pruebas propuestas, sealndose fecha para el comienzo de las sesiones del Juicio Oral. TERCERO.- El da 21 de mayo de 2012 se celebr juicio oral. Practicada la prueba el Ministerio Fiscal elev sus conclusiones provisionales a definitivas interesando una sentencia condenatoria en los trminos expuestos en su escrito de calificacin, sin embargo introdujo como calificacin alternativa, (cuestin que haba anticipado al comienzo de la vista a los efectos de ilustrar a las defensas) en la segunda conclusin calificara los hechos como un delito continuado de prevaricacin art. 404 CP y en la quinta solicita para cada uno de los acusados, como pena, la inhabilitacin para empleo y cargo pblico por tiempo de ocho aos. La defensa del acusado JOS-ALBERTO GONZLEZ REVERN solicit definitivamente la libre absolucin de su defendido por los motivos que consider pertinentes. La defensa del acusado MANUEL BARRIOS RODRGUEZ solicit definitivamente la libre absolucin de su defendido por los motivos que consider pertinentes, pidiendo en su caso se apreciase la atenuante de reparacin del dao del art. 21.5. del cdigo Penal. CUARTO.- En la tramitacin de este juicio se han observado de forma sustancial las prescripciones legales vigentes.
HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Se considera probado y as se declara que el acusado JOS-ALBERTO
GONZLEZ REVERN, nacido en Arona el da 23 de noviembre de 1958, titular del DNI. n 42.053.264-H, sin antecedentes penales, en su condicin de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arona, con conocimiento pleno de las advertencias y reparos de legalidad realizados por la Jefa de Seccin de Gobierno y del Interventor del Ayuntamiento en fechas 26 de septiembre de 2003 y 16 de julio de 2004, respectivamente, en los que se le advirta de la ilegalidad en que se incurra en los expedientes por las repetidas irregularidades en las que se estaban incurriendo en la contratacin directa o nominal de doa Eva Gonzlez Moscoso y de doa Mara-Rosa Ruiz Alcalde, al omitirse el proceso selectivo previsto en la Legislacin para el acceso del personal al servicio de la Administracin Pblica, en concreto lo dispuesto en los arts. 91 y 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y artculo 177 del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril, as como en el Real Decreto 2.720/98, de 18 de diciembre, a sabiendas de su injusticia y de lo arbitrario de su proceder por contrario al ordenamiento jurdico aplicable, con constancia tambin del reparo del Secretario del Ayuntamiento adhirindose a los anteriores, dict la resolucin n 4.863, de 21 de julio de 2004, por la que aprobaba la contratacin de dichas personas como tcnicos auxiliares de animacin del citado consistorio a partir de los das 11 de septiembre de 2003 y 5 de agosto de 2003, respectivamente, y en ambos casos por un perodo de un ao. En ejecucin de la citada resolucin, el da 14 de octubre de 2003 se present en la Oficina de Empleo de Los Cristianos sendos contratos de trabajo en la modalidad de a tiempo completo y por Obra o Servicio determinado con nmeros 232044 y 232039, formalizando as
la contratacin de doa Eva Gonzlez Moscoso y de doa Mara-Rosa Ruiz Alcalde en los trminos reseados en la citada resolucin de 21 de julio de 2004. Asimismo, este acusado, como Alcalde del citado Ayuntamiento, y con igual conocimiento pleno de las advertencias y reparos de legalidad realizados por la Jefa de Seccin de Gobierno y del Interventor del Ayuntamiento, ambos por informes de fechas 30 y 31 de agosto de 2004, respectivamente, en los que se le adverta de la ilegalidad en la que se haba incurrido en la seleccin de doa Eva Gonzlez Moscoso, al conculcarse los principios de acceso a la Administracin Pblica, por tanto a sabiendas de su injusticia y de lo arbitrario de su proceder por contrario al ordenamiento jurdico aplicable, y nuevamente con reparo del Secretario del Ayuntamiento, dict la resolucin n 5.566, de 1 de septiembre de 2004, por la que aprobaba la prrroga del contrato realizado a dicha trabajadora como tcnico auxiliar de animacin del citado consistorio. El da 27 de diciembre de 2004, doa Eva Gonzlez Moscoso, sin que conste que conociera de las irregularidades administrativas cometidas en su contratacin, present ante el Ayuntamiento de Arona su renuncia a dicho contrato, con efectos desde el da 31 de diciembre de 2004. SEGUNDO.- El acusado MANUEL BARRIOS RODRGUEZ, nacido el da 30 de mayo de 1937, titular del DNI. n 41.925.891-I, sin antecedentes penales, en su condicin de Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Arona, dict la resolucin n 5.032, de 2 de agosto de 2004, por la que aprob la prorroga del contrario realizado a dicha persona como tcnico auxiliar de animacin del citado consistorio sin que por el contrario se haya acreditado que lo hiciera con conocimiento pleno de las advertencias y reparos de legalidad realizados por la Jefa de Seccin de Gobierno y del Interventor Accidental del Ayuntamiento en informes del mismo da 29 de julio de 2004, en los que se le adverta de la ilegalidad en la que se haba incurrido en la seleccin de doa Mara-Rosa Ruiz Alcaide, al conculcarse los principios de acceso a la Administracin Pblica, por tanto sin acreditarse que actuara a sabiendas de su injusticia y de lo arbitrario de su proceder por contrario al ordenamiento jurdico aplicable. El da 27 de diciembre de 2004, doa Mara-Rosa Ruz Alcaide, sin que conste que conociera de la irregularidades administrativas cometidas en su contratacin, present ante el Ayuntamiento de Arona su renuncia a dicho contrato, con efectos desde el da 31 de diciembre de 2004.
CUESTIONES PREVIAS.: A. En la primera sesin convocada para juicio se plante por las defensas, a las que se adhiri el Ministerio Fiscal, una denominada cuestin de competencia por declinatoria. Dicha cuestin fue resuelta por Auto de fecha 20 de abril de 2012 a cuyos fundamentos me remito nuevamente y que no vuelvo a transcribir en la presente resolucin en aras a la economa procesal y a la brevedad de esta sentencia. B. En segundo lugar, al comienzo del acto del juicio, en la sesin de continuacin, el Ministerio Pblico, como se ha advertido en los antecedentes de hecho plante alternativamente otra calificacin jurdica, sealando que los hechos podran ser constitutivos de un delito de prevaricacin del art. 404 y para este tipo delictivo la pena prevista en abstracto es de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de siete a diez aos. Este nuevo planteamiento no fue objeto de protesta por las defensas ni se quiso utilizar al final del juicio la va del art. 788.4 LECrim., por lo cual no se ha producido indefensin alguna. Por su parte la defensa de D. Manuel Barrios Rodriguez plante como cuestin previa la posible prescripcin de los hechos. Pues bien, si ponemos en relacin esa pena prevista, con lo establecido en el art. 131.1 del Cdigo Penal, cuando la pena
de inhabilitacin excede de 5 aos y no excede de 10, el plazo de prescripcin del delito es de diez aos. Por lo cual no se dan los requisitos para considerar prescritos los hechos objeto de este procedimiento por simple comprobacin de la fecha en la que ocurrieron los mismos (ao 2004).
C. Sobre la adecuacin al presente caso del tipo penal general de la prevaricacin previsto en el art. 404, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo admite claramente en este caso, vense entre otras en sentencias como las de 10/12/2001 o ms recientemente la n 3228/2012 (n de recurso 1653/2011): Por ltimo, la
desestimacin del reproche casacional supone la consecuente desestimacin de la pretensin alternativa formulada por el recurrente de calificar los hechos como delito del art. 405 C.P ., que sanciona "... a la autoridad o funcionario pblico que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesin para el ejercicio de un determinado cargo pblico a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello ......", pero que en este caso estara prescrito. Pero, como con toda razn expone el Ministerio Fiscal, no solo es que esta subsuncin no fue postulada nunca por el acusado ni en conclusiones provisionales ni definitivas, lo que supone una "cuestin nueva", sino que en el caso presente no es tanto el nombramiento lo que es ilegal por no concurrir en una persona los requisitos para servir ese puesto de trabajo, sino que es ilegal el procedimiento en su conjunto utilizado para el acceso a la funcin pblica de los distintos funcionarios que fueron nombrados, no se refiere pues a un nombramiento puntual, sino a una conducta o comportamiento global que tiene mayor entidad por vulnerarse los preceptos constitucionales a los que hemos hecho referencia, y no nicamente una normativa de legalidad ordinaria que parece que es ms bien lo que protege el artculo 405 del Cdigo, y en relacin con un sujeto puntualmente determinado. En este sentido, la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo tiene establecido que aunque el nombramiento ilegal parezca, a primera vista, una especialidad de la resolucin injusta, lo que podra llevar a considerar el art. 405 C.P. como precepto especial, es lo cierto que la actuacin del acusado encaja en la tipicidad del art. 404, en tanto dicha actuacin no es meramente ilegal, sino injusta y arbitraria porque mediante ella se facilit el acceso a puestos de trabajo en la Administracin pblica municipal, haciendo caso omiso de las normas que lo regulan y de los principios constitucionales que inspiraron esa normativa legal.
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados, despus de la apreciacin en conciencia por esta Juzgadora de las pruebas practicadas en el acto de la vista conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediacin, contradiccin y dems garantas procesales y constitucionales de nuestro ordenamiento jurdico, constituyen un delito de prevaricacin del art. 404 del Cdigo Penal. El delito de prevaricacin tutela el correcto ejercicio de la funcin pblica de acuerdo con los parmetros constitucionales que orientan su actuacin y que son esencialmente tres: 1) servicio prioritario a los intereses generales; 2) sometimiento pleno a la Ley y al derecho; y 3) absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines (art. 103 CE ). En las sentencias del Tribunal Supremo Sala 2 627/006, de junio, y 1026/2009, de 16 de octubre se sealan como requisitos del delito de prevaricacin : en primer lugar,
una resolucin dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea contraria al derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradiccin con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisin de trmites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolucin, ha de ser de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentacin tcnico- jurdica mnimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto; y en quinto lugar, que la resolucin sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario con conocimiento de actuar en contra del derecho.
En las mismas resoluciones, al tratar acerca de la separacin entre infraccin administrativa y penal, atribuida a la autoridad o funcionario que resuelve, se dice que "La jurisprudencia de la Sala II exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la resolucin no slo sea jurdicamente incorrecta, sino que adems no sea sostenible mediante ningn mtodo aceptable de interpretacin de la ley. Frecuentemente una situacin como sta ha sido calificada mediante distintos adjetivos ("palmaria", "patente", "evidente,"esperpntica", "grosera", etc.) pero, en todo caso, lo decisivo es el aspecto sustantivo, es decir, los supuestos de hecho en los que esos adjetivos han sido utilizados.
SEGUNDO.- De dicho delito es autor el referido acusado JOSE ALBERTO GONZLEZ REVERN, por haber ejecutado material, voluntaria y directamente los hechos que se le imputan, conforme al artculo 28 del Cdigo Penal, pues es la presuncin de inocencia que le amparaba ha quedado desvirtuada por las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. Las pruebas de cargo desplegadas por la acusacin han consistido fundamentalmente en: las declaraciones de los dos acusados, las declaraciones de la Tcnico de personal del Ayuntamiento de Arona: Doa Carmen-Teresa Hernndez Martn; del Interventor titular y el Interventor accidental del Ayuntamiento de Arona: Don Miguel-ngel Rojo Garnica, y Don Jos-Javier Bethencourt Hernndez; las declaraciones de las dos personas contratadas por el Ayuntamiento Doa Eva Gonzlez Moscoso,y Doa Mara-Rosa Ruiz Alcaide; as como la documental incorporada a los autos y dada por reproducida sin impugnacin alguna y de especial importancia en este caso. Del anlisis y valoracin conjunta de todas estas pruebas se concluye que el Alcalde de Arona, D. JOSE ALBERTO GONZLEZ REVERN cometi segn los hechos que se declaran probados un delito de prevaricacin continuado, pues se ha acreditado que concurren todos y cada uno de los requisitos exigidos por el tipo penal. Es decir, como resultado del juicio se ha acreditado que D. Jos Alberto saba lo que haca y quera hacerlo y debe responder como autor del delito de prevaricacin por las contrataciones y prrroga a las que se hace referencia en los hechos probados, al haber realizado una conducta irregular y un ejercicio de abuso de poder arbitrario, con el resultado de una lesin al inters colectivo. A continuacin analizo separadamente cada uno de los elementos del delito de prevaricacin relacionndolos con el resultado de las pruebas practicadas en el juicio. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de prevaricacin, previsto y penado en el artculo 404 del CP. Estos hechos no permanecen en el marco estricto del derecho administrativo y tienen encaje en el tipo penal, estn motivados por el propsito claro e inequvoco de favorecer o perjudicar a alguna persona, en el presente caso un claro favoritismo y predeterminacin hacia aquellas personas que haban trabajado previamente en la administracin local. Tal y como recogen, entre otras, las SSTS 19/02/2006 y 25/11/2009, son varios los elementos que requiere el artculo 404 CP para la existencia del delito genrico de prevaricacin administrativa: 1 Requisito del tipo penal: La cualidad de funcionario pblico o autoridad en el sujeto activo del hecho, conforme a las que de estos conceptos nos ofrece el artculo 24 CP. Se trata de un delito especial que no permite autoria propiamente dicha de personas que no renan la condicin expresamente requerida en la norma, lo que no excluye que estas personas puedan ser condenadas en calidad de partcipes (inductores, cooperadores necesarios o cmplices), cualidad ampliada en el supuesto a toda persona que participe en el ejercicio de funciones pblicas, bien por disposicin
directa de la Ley, bien por nombramiento de autoridad competente o por eleccin popular, como en este caso. Ninguna duda cabe que tanto el Alcalde D. JOSE ALBERTO GONZLEZ REVERN como el teniente Alcalde D. MANUEL BARRIOS RODRIGUEZ en las fechas descritas en los hechos probados ostentaban tal cualidad. Nos encontramos ante un delito especial impropio, al exigirse unas determinadas cualidades en el sujeto activo: no basta con la condicin "in genere" de funcionario pblico, sino que el mismo ha de participar en el ejercicio de las funciones relacionadas con los derechos de que se trata, es decir, debe tener competencia funcional ( SSTS 22/12/1992 y 7/02/1994 ), o como dice la STS 23/03/2001 , ha de ser necesariamente una autoridad o funcionario pblico en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, conforme a los amplios trminos que al respecto nos ofrece el artculo 119 CP , aadiendo a dicha cualidad de funcionario pblico, la exigencia de tener el mismo facultades decisorias. Lo que define la condicin de funcionario es la participacin en funciones pblicas como establece la STS 10 julio 2000 , por lo que el delito de prevaricacin de la autoridad o funcionario pblico se configura como un delito de infraccin de un deber, puesto que los mismos deben actuar conforme al ordenamiento jurdico del que son garantes y primeros obligados. Su actuacin al margen y en contra de la Ley tiene un plus de gravedad que justifica el tipo penal. Segn el artculo 21 de la Ley de bases de Rgimen Local 7/85 " El Alcalde es el Presidente de la Corporacin y ostenta las siguientes atribuciones: Aprobar la oferta de empleo pblico de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la seleccin del personal y para los concursos de provisin de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y peridicas. Desempear la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separacin del servicio de los funcionarios de la Corporacin y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos ltimos casos, en la primera sesin que celebre". Dado que cuando actuaron (firmando las respectivas decisiones) ambos acusados, lo hicieron como Alcalde titular y como Alcalde accidental respectivamente, es decir en su condicin de autoridad de la administracin local, no cabe duda de que se cumple el primer requisito del tipo penal. 2 Requisito del tipo penal: Que haya una resolucin injusta en asunto administrativo, en trminos del artculo 404 CP arbitraria, con lo que nos recuerda el inciso final del artculo 9.3 CE que prohbe "la arbitrariedad de los poderes pblicos". La "resolucin" viene entendindose como tal un acto administrativo que supone una declaracin de voluntad, de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general. En este punto, voy a distinguir cmo analiza la jurisprudencia tres aspectos que considero relevantes para el presente caso: el concepto de resolucin y sus requisitos, en segundo lugar la materia u objeto de esta decisin que en el caso que nos ocupa es de contratacin de personal en una corporacin local y por ltimo, el nivel de incumplimiento de la normativa violada con la actuacin. 2.1 Que los dos acusados adoptaron las decisiones sobre contratacin y prrroga de D Eva y D Rosa como personal para el Ayuntamiento de Arona, es cuestin indiscutida. Ellos mismos reconocieron tanto en instruccin como en el plenario que firmaron las resoluciones, tanto los decretos de contratacin como las prrrogas y la documental incorporada a los autos, y que ha sido ntegramente admitida por todas las partes tiene el valor de prueba plena.
Figuran en la causa: las propuestas de la concejal de la Juventud primero de contratacin directa y luego de prrroga tanto de Rosa (folios 364 y 384) como de Eva (folios 398 y 420 de los autos) las decisiones del Alcalde Sr Gonzlez Revern n 4863 de 21 de julio de 2004 (folios 411 y 412 de las actuaciones) contratando a ambas personas, formando parte de su expediente personal, y junto a estas, los informes de reparo del Departamento de personal (folio 409 vuelta) y tambin del Interventor (folio 410), y los contratos enviados al INEM ( folios 368 y 406). Igualmente respecto a las prrrogas aparece documentado en el procedimiento: - de Eva tambin los reparos de legalidad de personal (folio 423) y del Interventor (folio 424 y la decisin de prrroga de la Alcalda n 5566/2004(folio 425 de autos). -de Rosa la propuesta (folio 382 y ss) reparos (folios 385y 386) y resolucin del Alcalde accidental (el segundo acusado Sr. Barrios) n 5032/2004 (al folio 387 de autos). Si partimos de que los acusados reconocen haber adoptado las decisiones y que estas eran ilegales (las advertencias en los reparos eran claras y rotundas cuestin en la que posteriormente tendremos ocasin de profundizar) hay que analizar cul es el contenido de estas decisiones, en qu medida eran ilegales y por qu las adoptaron. Los argumentos utilizados por las defensas son pobres. La defensa del Sr. Revern parte de que ambas personas ya estaban trabajando para el ayuntamiento, admite el propio acusado en su declaracin en el juicio que l s que saba al acceder a su cargo en el ayuntamiento que para acceder a un puesto pblico haba que pasar un procedimiento, sin embargo insiste en que ellas ya estaban contratadas. No obstante con la simple lectura del contenido de los contratos se observa que se trata de dos nuevos contratos (con independencia de que anteriormente hubieran tenido otros) con fecha de inicio y fin, incluso de las propuestas se observa el cambio de categora de una de ellas; y las otras son dos decisiones de prrroga de estos contratos. Y es por estas decisiones concretas por las que se les est juzgando , se trata de actos concretos e independientes, l es responsable de sus propias decisiones y no puede escudarse (como pretende en el juicio) en los comportamientos anteriores de otros, ni en la inercia o costumbre de irregularidades cometidas anteriormente en el Ayuntamiento. El Alcalde accedi al cargo pblico en un determinado momento, segn l mismo seal tres meses antes, y desde entonces tena obligacin de adoptar todas y cada una de sus decisiones conforme a la legalidad vigente y asumir las consecuencias en caso contrario. Las razones que haya tenido la fiscala para no actuar anteriormente respecto a otros posibles responsables las desconocemos pero son ajenas a este juicio. 2.2 Dentro de los distintos supuestos posibles de prevaricacin, el caso que nos ocupa es el de contratacin de personal sin atender al procedimiento y requisitos legalmente establecidos. As se pronuncia para un caso similar respecto del concepto de arbitrariedad, perfectamente aplicable aqu, el TS en sentencia de 23 de diciembre de 2003: " Arbitrariedad que no radica en la decisin misma de cubrir determinadas plazas que, en hiptesis,
podra haber estado objetivamente justificada por razn de las circunstancias concurrentes, sino en hacerlo prescindiendo absolutamente de los trmites de obligatoria observancia previstos para tales supuestos. En ellos, prevaleci la preferencia personal de quienes adoptaron las decisiones que es lo que precisamente se trata de evitar con la consagracin constitucional y legal de los principios de mrito y capacidad aludidos. Es por tanto, en esta reiterada subversin de la ratio legis, donde radica el ncleo de la antijuridicidad de la conducta. Injusta en sentido legal por arbitraria, debido a que en la dilatada secuencia de actuaciones se dio bastante ms que el simple incumplimiento ocasional de alguna de las exigencias legales vigentes en la materia, puesto que se actu con desentendimiento de todas ellas,
contratando con un criterio personalsimo y opaco all donde el orden jurdico impona el mximo de objetividad y transparencia, en doble garanta de la calidad de la eleccin y de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo pblico.
Existen ms supuestos de prevaricacin de esta modalidad (adjudicacin o contratacin para plazas dentro del personal de la administracin local) que han resultado condenados y es ilustrativa la jurisprudencia al respecto. As entre otras sentencias sobre prevaricacin en Ayuntamiento por contratacin en plazas de personal: -Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de julio de 2011 (confirmada por el TS 23/12/2003) sobre contratacin de personal laboral en el ayuntamiento sin previa oferta pblica de empleo ni seleccin de candidatos. -Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 31 de marzo de 2000, igual (y posteriormente confirmada en lo sustancial por TS 17/5/2002) -Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 14 Jun. 2002, rec. 1776/2000 - y especialmente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo n 375/2012, recn 1653/2011, cuya motivacin y filosofa acojo ntegramente en la presente, transcribiendo algunos de sus argumentos que hago mos en la presente, por ser perfectamente trasladables al caso que nos ocupa. Llegados a este punto, hay que hacer referencia a la normativa que rige en esta materia de personal al servicio de la administracin local. Como seala la jurisprudencia citada, la seleccin de personal laboral no es ni debe ser excepcin a los principios constitucionales por los que imperativamente se rige el acceso a las funciones y cargos pblicos de acuerdo con los artculos 23 y 103 CE, siendo inaceptable la contratacin laboral de plano, sin procedimiento ni convocatoria de ningn tipo ni observancia de los principios de mritos y capacidad. Incluso las razones de urgencia ( y en este caso tampoco se ha acreditado la existencia de ninguna necesidad excepcional, ni tampoco causa de urgencia alguna) no pueden justificar que se prescinda de esos principios bsicos; siempre existe la posibilidad de armonizar la agilidad y urgencia de la seleccin con un mnimo de garanta de la publicidad y de que se verifiquen con observancia del derecho de igualdad y atendiendo a factores no nominales o personales sino relativos a un mayor mrito o capacidad de los aspirantes. En este sentido el artculo 27 del Real Decreto 364/95, 10 marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administracin General del Estado, lo establece para los funcionarios interinos. La Ley Reguladora de Bases del Rgimen Local Ley 7/85 (en adelante LRBRL), recoge en su artculo 91 " Las Corporaciones
locales formarn pblicamente su oferta de empleo, ajustndose a los criterios fijados en la normativa bsica estatal. La seleccin de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo pblico, mediante convocatoria pblica y a travs del sistema de concurso, oposicin o concurso-oposicin libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad, as como el de publicidad ". El artculo 90 de la misma Ley "Corresponde a cada Corporacin local aprobar anualmente, a travs del Presupuesto, la plantilla, que deber comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas debern responder a los principios de racionalidad, economa y eficiencia y establecerse de acuerdo
con la ordenacin general de la economa, sin que los gastos de personal puedan rebasar los lmites que se fijen con carcter general. Las Corporaciones locales formarn la relacin de todos los puestos de trabajo existentes en su organizacin, en los trminos previstos en la legislacin bsica sobre funcin pblica".
La regulacin expresa del personal laboral y eventual, se recoge en el artculo 103 " El personal laboral ser seleccionado por la propia Corporacin atendindose, en todo
caso, a lo dispuesto en el artculo 91 y con el mximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos renan los requisitos exigidos".
El artculo 19 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, vigente en la fecha de los hechos, impone a las administraciones una seleccin de personal, incluido el laboral, conforme a " su oferta de empleo pblico,
mediante convocatoria pblica y a travs del sistema de concurso, concurso-oposicin, oposicin libre en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales desigualdad, mrito y capacidad, as como el de publicidad " .
En el mismo sentido, se redactaran despus los artculos 8 , 11 y 12 de la Ley 7/2007, Estatuto Bsico del Empleado Pblico , referente al personal eventual que modifica la Ley 30/84. Se infringen tambien los arts. 177 del Real Decreto 781/1986 que se remite a la ley de Bases ya citada,, y el Real Decreto 2720/1998 sobre contratos de duracin determinada arts. 1 y 2 sobre contrato de obra o servicio. Pues bien, todas estas normas han sido desatendidas en el caso de autos. No cabe duda de que las decisiones comprendidas en los hechos probados son ilegales atendidos los reparos de legalidad que las acompaan. Y no por una cuestin secundaria, o interpretable jurdicamente, no se incurre en un vicio parcial o subsanable, sino en una violacin grosera, radical, absoluta, consciente y plena del derecho, anteponiendo claramente los intereses propios del Alcalde (personales suyos y de la concejala correspondiente) a los generales. Sobre los reparos de legalidad deben destacarse varios aspectos: Primero en cuanto a la forma, que figuran en la causa por escrito, formando parte de cada uno de los expedientes de personal y aparecan pues incorporados en ellos de forma independiente, constituyendo un documento aparte que preceda a la decisin adoptada. No cabe motivo para la duda o confusin. En segundo lugar, en cuanto a su contenido: 1. Los reparos del Departamento de personal son tajantes, claros e ilustrativos. En el Informe de la Seccin de Gobierno, la Tcnico tras incorporar la propuesta de la Concejal de Juventud transcrita literalmente, en los dos primeros puntos, en el tercero, cuarto y quinto se hace constar su valoracin o informe sobre la misma: Tercero.- Que dichas propuestas al tener carcter nominal infringe lo establecido en los artculos 91 y 103 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y artculo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en cuanto que la seleccin de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de Empleo Pblico, mediante convocatoria pblica y a travs del sistema de concurso, oposicin o concurso-oposicin libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad, as como el de publicidad.
A ms abundamiento quien suscribe advierte de las repetidas irregularidades en la que se est incurriendo al omitir el proceso selectivo previsto en la Legislacin para el acceso del personal al servicio de la Administracin Pblica. Es cuanto tengo que informar, no obstante Vd. resolver. (folio 409 vuelto). Y en el caso de la prrroga, nuevamente se recuerdan las irregularidades anteriores y se advierte de la que afecta tambien a la prrroga: En los hechos: Tercero.- De los datos obrantes en el expediente personal de la citada trabajadora, se desprende que no super procedimiento selectivo alguno, conculcndose los principios de acceso a la administracin Pblica. Y dentro de los fundamentos de derecho: Segundo.- No obstante, quien suscribe advierte del riesgo que supone la prolongacin en el tiempo de estos contratos por obra o servicio determinado, especialmente cuando no est clara la autonoma y sustantividad propias del trabajo que desempean y se convierten en trabajadores que realizan actividades permanentes de la administracin. Y como consecuencia el contrato podr convertirse en indefinido, es por lo que quien suscribe pone reparo de legalidad. (folio 423) Es decir, se hizo una doble advertencia, no slo que no se haba seleccionado adecuadamente a la persona sino que adems se estaba posibilitando que finalmente pudiera convertirse en trabajador indefinido para la Administracin. Dos vicios inaceptables, que se suman, y agravan el reproche que merece la conducta. Y la doble advertencia se realiza adems en relacin a dos personas distintas, tanto respecto de Rosa como de Eva, y con un ao de diferencia temporal en cuanto a las prrrogas, durante el cual, la administracin podra haber adecuado su conducta a la legalidad, pero no lo hizo. Resulta ilustrativa adems, la declaracin en el juicio de la testigo D Carmen Teresa Hernndez Martn, funcionaria de carrera Tcnico de Grupo A, del equipo jurdico del Ayuntamiento de Arona, destinada en el Area de Recursos Humanos. Entre sus funciones explic que informaban de los expedientes de personal, gestionando la contratacin de personal, tanto inicialmente como en sus prrrogas. La Tcnico explic claramente el proceso, analizaban las propuestas de las concejalas, consultaban la normativa e informaban si eran o no conformes a derecho ( a la normativa, a la interpretacin jurisprudencial y a las directrices de la Comunidad Autonma). Esta testigo no slo ratific sus informes en el juicio, sino que expuso perfectamente lo que ocurra en aquellos aos en el Ayuntamiento. Afirm que desde el 95 y 96 aos hubo muchos convenios con el INEM, daban una subvencin y venan personas contratadas por ellos durante un ao o seis meses, pero cuando terminaban los convenios muchos trabajadores seguan trabajando. Pese a que al hacerles el primer contrato, ya su departamento adverta a los polticos de la irregularidad y tambin les advertan en las prrrogas, y les explicaban que no caban estos contratos por obra, pese a ello no atendan a sus advertencias. Se le pregunt por las defensas a la testigo por qu se haca esta modalidad de contrato por obra, y ella explic que al menos era una forma de controlar a los polticos y evitar que los contratos fueran indefinidos pues no tenan ms opciones. Y se le pregunt tambin cmo era posible que su departamento redactase el documento incluido el reparo, y la decisin, y explic que organizativamente lo
transcriba un auxiliar administrativo de su departamento aunque diciendo que era ilegal y que luego se pasaba a la firma del Secretario y del Alcalde. Pero lo relevante para el delito, no es quin ni dnde se redact el documento, sino por orden de quin se adopt la decisin, quien decidi la resolucin y quin la firm. Pues lgicamente esa es la persona responsable de la misma y de sus consecuencias. 2. Los reparos de los Interventores son tambin claros y adems dado que el informe es ms breve, son evidentes a la simple vista del informe pues obra destacado en negritas y maysculas en el segundo prrafo la expresin: no obstante lo expuesto con anterioridad y como quiera que la propuesta de contratacin es nominal, conculca lo establecido en el artculo 91.2 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local, se opone por quien suscribe REPARO DE LEGALIDAD de conformidad con lo previsto en el artculo 196 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.(folios 410 y 424). La declaracin en el juicio de los dos Interventores tanto el titular como el accidental, confirm la realidad expuesta por la Tcnico de personal. D. Miguel Angel Rojo Garnica ratifico sus informes, y sealaba que al comprobar que la contratacin era nominal, findose de la informacin que le daba personal, haca constar que pese a que haba crdito se formulaba reparo de legalidad, y aadi que tuvo que hacer 800 o 1000 informes de reparo en un solo ao. Este dato es significativo de la forma de actuacin de los responsables polticos en el Ayuntamiento. Por su parte, D. Jos Javier Bethecourt Hernndez seal que se limitaba a mantener el criterio de la Intervencin General, ante una contratacin nominal advertencia de reparo de legalidad, confirmando lo expuesto previamente por su compaero. En tercero y ltimo lugar esta juez destaca, que incluso en el texto mismo de las decisiones, se incorporan los textos de los reparos y se aade si cabe un ltimo reparo ms, cuando en el texto en el primer prrafo de la decisin, el Secretario del Ayuntamiento (otro funcionario de carrera con funciones de vigilancia de la legalidad en el ente local) seala que hace suyos los informes desfavorables de la Seccin de Gobierno as como el reparo de legalidad de la Intervencin de fondos (folio 411, 412 y 425 de autos). Si bien el Secretario no fue propuesto como testigo, obran los documentos incorporados al proceso y no impugnados por las partes. Como conclusin de este apartado, considero que el Alcalde Sr. Gonzlez Revern, fue advertido de forma clara, contundente y reiterada de que si adoptaba estas decisiones, desatendera de forma injustificada todos los informes de las personas que tenan precisamente la funcin de asesorarle en materia de legalidad y que con su accin violara claramente el derecho que rige obligatoriamente para el funcionamiento correcto del Ayuntamiento. Demasiado simplista resulta el argumento de las defensas de que simplemente los acusados no leyeron los reparos, pues es una excusa infantil para quien desempea un cargo pblico y nos lleva a preguntarnos si es que tampoco leyeron sus propias decisiones que los incluan expresamente. Esta cuestin se analizar ms profundamente al referirnos al estudio de otro requisito del tipo penal, el dolo, por lo que me remito al tercer apartado de este fundamento jurdico.
2. 3 Ahora bien, la STS de 5 de marzo 2003, recuerda que no basta, pues, con la
contradiccin con el derecho. Para que una accin sea calificada como delictiva ser
preciso algo ms, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infraccin penal. Este plus viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de una resolucin injusta y arbitraria, trminos que deben entenderse aqu como de sentido equivalente. Respecto de esta distincin, la jurisprudencia anterior al Cdigo Penal vigente, y tambin algunas sentencias posteriores, siguiendo las tesis objetivas, vena poniendo el acento en la patente y fcil cognoscibilidad de la contradiccin del acto administrativo con el derecho. Se hablaba as, en efecto, de una contradiccin patente y grosera ( STS 1 de abril 1996 ), o de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso ( SSTS 16 de mayo 1992 y 20 de abril 1994 ) o de una desviacin o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuricidad que requiere el tipo penal ( STS 10 de mayo 1993 ).En todos estos casos ( STS 2 de abril 2003 ), es claro que la decisin se basa en la tergiversacin del derecho aplicable y que ste ha sido reemplazado por la voluntad del funcionario. Otras sentencias, sin abandonar las tesis objetivas, e interpretando la sucesiva referencia que se hace en el artculo 404 a la resolucin como arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, vienen a resaltar como elemento decisivo de la actuacin prevaricadora el ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artculo 9.3CE. en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario pblico. Y as se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolucin que no es efecto de la Constitucin y del resto del ordenamiento jurdico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad . Cuando se acta as y el resultado es una injusticia, es decir, una lesin de un derecho o del inters colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricacin administrativa ( SSTS. 18 mayo 1999 y 10 de diciembre 2001 ), lo que tambin ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera produccin de la resolucin, por no tener su autor competencia legal para dictarla, o en la inobservancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su gnesis ( STS de 23 de octubre 2000 ). Puede decirse, que tal condicin aparece cuando la resolucin, en el aspecto en que se manifiesta su contradiccin con el derecho, no es sostenible mediante ningn mtodo aceptable de interpretacin de la ley ( STS de 23 septiembre 2002 ), o cuando falta una fundamentacin jurdica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS de 17 de mayo 2002 ) o cuando la resolucin adoptada, desde el punto de vista objetivo, no resulta cubierta por ninguna interpretacin de la ley basada en cnones interpretativos admitidos ( STS de 25 de enero 2002 ). Cuando as ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a travs de la resolucin que dicta, no acta el derecho, orientado al funcionamiento de la Administracin Pblica conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento tcnico-jurdico aceptable. Para valorar la gravedad de la conducta del alcalde titular y el alcalde accidental en este caso hay que destacar una serie de aspectos: Respecto a las plazas dependientes de la Concejala de Juventud para las que fueron contratadas Eva y Rosa no se cumpli ninguno de los requisitos ni procedimientos legalmente previstos. La declaracin de las dos interesadas primero en instruccin y luego en el juicio ha confirmado estos extremos. A ellas las llamaron y las contrataron directamente. No existi un proceso de seleccin en legal forma, no se publicaron las plazas en la oferta de empleo pblico, no se anunci la convocatoria en tabln y boletn (no se ha acreditado dicho anuncio, edicto o publicacin) tampoco se hace constar en el expediente que existiera ninguna prueba de seleccin, ni baremacin de mritos, ni mucho menos la concurrencia de otros aspirantes.
Accedieron a sus puestos de trabajo directamente, se trat de lo que comnmente se denomina una contratacin a dedo, directa y nominal. Pero es ms, es que al siguiente ao, posteriormente cuando se les hizo una supuesta prueba de seleccin consisti nicamente en una entrevista, as lo reconocieron ellas mismas en sus declaraciones (folios 463 y 470) y en el juicio, y de la simple lectura de las preguntas y respuestas formuladas obrantes en los folios 54 y siguientes del expediente de personal se observa la falta de rigor en las pruebas, criterios de seleccin, ni hubo temario, ni examen escrito ni oral sobre temas, ni baremo de mritos, ni puntuacin de las pruebas y sus resultados etc. Esta actuacin pone de manifiesto la falta de respeto de los responsables municipales (cuando ya conocan incluso la sentencia del contencioso administrativo) por cmo debe establecerse un proceso de acceso a la funcin pblica. Todas estas irregularidades en su forma de actuacin, corroboran el dolo claro de su accin, que ellos contrataban a quien consideraban y por el procedimiento ms acorde a sus intereses, sin atender a restricciones de legalidad. El hecho de que posteriormente que el Ayuntamiento se viera obligado a hacer un plan de empleo y regularizar la situacin de parte de su plantilla y finalmente las candidatas accedieran o no a sus plazas mediante autnticas convocatorias pblicas, legales, mediante concurso oposicin, nada acredita respecto al delito cometido. Toda la posterior documentacin aportada por las defensas en el juicio, afecta a hechos posteriores que no son objeto de enjuiciamiento. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Arona en materia de personal, no viene sino a poner de manifiesto que el mbito municipal es un lugar en el que a menudo se ha posibilitado y cometido de forma impune estas conductas, y que pese a los dirigentes locales se han sentido por encima del bien y del mal, en un mal entendido y psimo ejercicio del poder municipal, finalmente los controles de legalidad de la jurisdiccin ordinaria (contenciosa administrativa, aunque haya sido tardamente, cuando desde el consistorio se admite que el problema lo es a gran escala) y tambin la penal, funcionan y obligan a todos los ciudadanos a obedecer las leyes establecidas en beneficio de la comunidad. Admito que no podemos trasladar al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevara a una exacerbacin del derecho punitivo proyectndolo indiscriminadamente sobre todas las reas de la actividad administrativa, invadiendo parcelas primariamente reservadas a su especfica normativa que tiene resortes, como ya se ha dicho, para corregir resoluciones o actos no ajustados a la legalidad, reconduciendo el conflicto a la va judicial del orden contencioso-administrativo. Slo como ltima razn debe intervenir el derecho penal cuando la decisin sea insoportable para la armona del sistema jurdico y contravenga de manera flagrante, disparatada o absurda la normativa reguladora de la actividad administrativa introduciendo un factor de distorsin tan irregular que merece su correccin por la va del derecho sancionador penal. Concluyendo, para que la resolucin sea manifiestamente injusta la infraccin de la normativa administrativa tiene que ser palmaria y evidente, de tal manera que se convierta en manifiestamente injusta. La accin consiste en dictar una resolucin arbitraria en un asunto administrativo, sin que baste la mera ilegalidad, pues ya las normas administrativas prevn supuestos de nulidad controlables por la jurisdiccin ContenciosoAdministrativa y sin que sea necesaria en todo caso la aplicacin del Derecho Penal, que quedar as restringida a los casos ms graves. Se ha advertido por la misma jurisprudencia ( STS. 7 de enero 2003 ) de la dificultad que comporta la delimitacin de la lnea fronteriza entre la ilicitud
administrativa y la penal, y que con la Jurisdiccin penal no se trata de sustituir, desde luego, a la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa en su labor revisora y de control del sometimiento de la actuacin administrativa a la Ley yal Derecho, sino de sancionar supuestos lmite en los que la posicin de superioridad que proporcionaba el ejercicio de la funcin pblica se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado o a los intereses generales de la Administracin Pblica en un injustificado abuso de poder. Pues bien en este punto, por todos los motivos ya expuestos, considero que debe entrar en juego el derecho penal dadas las circunstancias tan graves del caso ya puestas de manifiesto. Y por lo evidente de la gravedad de la conducta, quiero hacer referencia como broche final, por su carcter bien descriptivo de la magnitud de la violacin del derecho en este caso, al texto de la sentencia de lo contencioso administrativo que recay en el supuesto de autos. Obra incorporado al folio 3 de la causa, testimonio de la sentencia del Juzgado de lo contenciosoadministrativo n 3 de Santa Cruz de Tenerife, recaida en el PA 621/2004, en la que actuaba como demandante la Administracin de la Comunidad Autnoma de Canarias contra el Ayuntamiento de Arona. El objeto del recurso era el Decreto de contratacin, el n 4863/2004 de 21 de julio mediante el que se acord la contratacin de Eva y Mara Rosa. En el antecedente tercero de la citada sentencia, tras analizar el expediente administrativo, se recoge literalmente: se ha omitido total y absolutamente el procedimiento
de seleccin legalmente establecido el Decreto est afectado de nulidad radical (y no de anulabilidad). Y en el fundamento jurdico tercero se concluye: procede declarar la nulidad de la contratacin efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden en que haya podido incurrir el Alcalde de la Corporacin demandada, al haber acordado la misma de forma arbitraria pese a las acertadas advertencias de ilegalidad efectuadas tanto por la Jefe de Seccin de Personal como por el Interventor del Ayuntamiento,obrante a los folios 22 y 23 del expediente administrativo, remitindose copia de la presente sentencia al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.
3 Requisito del tipo penal: Las personas que se puedan encuadrar como sujetos activos en el rea delictual que incrimina el tipo de la prevaricacin, tienen o deben tener un conocimiento especial de sus funciones y de las materias sometidas o entregadas a su competencia. Por eso a continuacin analizo el otro requisito, de carcter subjetivo, viene recogido en los trminos "a sabiendas" , que es la consignacin expresa en el texto de la norma penal del dolo como elemento del delito, que revela el propsito del legislador de exigir el dolo directo para la comisin de este delito. Dolo es actuacin del sujeto conociendo la concurrencia de los elementos objetivos del injusto, en este caso, actuacin con el conocimiento del contenido injusto o arbitrario de la resolucin administrativa, conciencia y voluntad del acto, esto es con intencin deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado. Vanse entre otras muchas las sentencias de la Sala Primera del TS de 10/05/93 , 20/04/95 , 2/11/95 , 1/04/96 , 12/02/2001 , 17/05/2002 y 5/03/2003 . Por tanto, que acte a sabiendas determina "que no solo elimina la posibilidad de comisin culposa sino tambin seguramente la comisin por dolo eventual" SSTS 19/10/2000 y 22/09/2003 . Unicamente en este punto considero que s es necesario realizar un tratamiento diferenciado de la intervencin en los hechos de cada uno de los acusados, y valorar su distinta responsabilidad, exponiendo las razones que me han llevado a considerar la absolucin del Sr. Barrios Rodriguez Alcalde en funciones. Respecto al acusado Sr Gonzlez Revern se ha acreditado en el procedimiento que era pleno conocedor de la flagrante y grave irregularidad cometida, constan los informes ya referidos anteriormente, y la contratacin la realiz con
conocimiento de que no se someta a esas dos personas contratadas a ningn tipo de seleccin. En primer lugar destacar que el Sr Gonzlez Revern es un titulado superior, afirm en el juicio que es Licenciado en Geografa e Historia. En el juzgado explic que previamente haba trabajado como Director de una Oficina Financiera, es decir es una persona que accede a su cargo de Alcalde con madurez y con amplia (19 aos) experiencia laboral previa en puesto de responsabilidad. Adems, cuando adopt sus decisiones ya llevaba dos meses ejerciendo como alcalde, tiempo suficiente para conocer no slo los puestos existentes en el Ayuntamiento (Interventor, Secretario, Tcnico de Personal) y la responsabilidad de cada uno, sino tambien sus propias funciones y obligaciones. Pero es ms, l no slo reconoce que contrat a Rosa y Eva y les prorrog los contratos, l reconoce tambin que mantuvo conversaciones con la Concejal de Juventud sobre estos casos, y que esta le dijo que iba a reordenar el Area. Aunque el acusado en el juicio intent suavizar sus afirmaciones prestadas en la fase de instruccin, como imputado con presencia de letrado, en una clara estrategia defensiva, sin embargo esta juez les otorga especial valor pues son muy significativas como descriptivas de la realidad . En dicha declaracin obrante al folio 441 de autos, en los cuatro primeros prrafos admiti claramente, que la concejal le dijo que tena que darles ms responsabilidad a estas dos trabajadoras para que coordinasen la seccin, que quera reordenar el rea y que las propona a ellas dos pues conocan el rea al no venir de la calle, y era mejor o ms adecuado para el perfil de coordinador alguien que conociera el rea. Esto es muy relevante pues determina el dolo en la decisin segn su eleccin directa y personal. Incluso la propia concejal podra haber incurrido en responsabilidad, pero por motivos desconocidos para esta juez, no se le ha exigido por la Fiscala, por lo cual atendiendo al principio acusatorio, permanece su intervencin al margen de este juicio. Admite el Alcalde en el juicio, que desde que lleg a su puesto, ya saba que para acceder a la funcin pblica haba que pasar un proceso de seleccin especfico, sin embargo se ampara en que pensaba que no se trataba de nuevos contratos sino de prrrogas (no obstante las decisiones, por su contenido, afectan a dos realidades distintas: dos contratos y dos prrrogas). Es indiferente que las empleadas hubieran estado o no contratadas ya con anterioridad en el Ayuntamiento, pues lo importante es que estas decisiones consistan en contratarlas de nuevo pues sus contratos ya habian concluido, y si pudiera existir alguna duda, ah est la claridad de los reparos. Y con ocasin de las prrrogas igual, se recuerda el vicio en la contratacin y en la propia prrroga. Es decir, tanto el Alcalde como la Concejala hablaron de ello y decidieron lo que les convena;, saban lo que hacan y quisieron hacerlo. Y no cabe duda para esta juez de su plena consciencia de lo que pasaba, pues a preguntas directas en el juicio la Tcnico D Carmen Teresa afirm que existi en este caso una relacin directa y contacto entre personal y la concejal de Juventud, que pese a que esta quera restructurar el rea y cambiarlas de categora, se le explic clara y personalmente por la testigo que no poda hacerlo. Sin duda el Alcalde tambin reconoci sus conversaciones con la Concejal, conversaciones que forman parte del funcionamiento normal del Ayuntamiento y lgicamente es la concejal de Juventud la que transmitira su voluntad al Alcalde, quien la asumi como propia, y junto a estas advertencias verbales, se pusieron todos los reparos posibles por escrito, pero los responsables polticos despreciaron groseramente los informes de los funcionarios.
Resulta una obviedad que no son ellos quienes pueden eligir a dedo y valorar la idoneidad o no de una persona para un puesto pblico (salvo en los excepcionales de personal de confianza) . Es evidente que pueden existir otros candidatos con tanta o mayor experiencia y mritos para desempearlo, y que pueden haber trabajado anteriormente en ese Ayuntamiento o en muchos otros. Pero adems, esta realidad forma parte de la cultura cvica del ciudadano medio, al ser un tpico que el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un trmite reglado, y no es graciable ni se rige por el capricho de quien se halle investido del correspondiente poder de decisin. En el presente caso, hemos expuesto que tantos los dos contratos de las dos candidatas indicadas en los hechos probados como las prrrogas, suponen una resolucin arbitraria e injusta atendiendo a este concepto penal. La conducta llevada a cabo por el Alcalde , supone la discrecionalidad de la eleccin, no se cumpli la normativa administrativa existente, y se despreciaron los principios constitucionales bsicos dada la forma en que se llev a cabo esta contratacin y las prrrogas. Sin embargo pese a admitir que la prrroga del contrato de Mara Rosa tambin era ilegal, considero que respecto al acusado Sr. Barrios la respuesta penal no puede ser la misma. Las circunstancias a valorar en la conducta de este coacusado son distintas. Se trata de una persona sin formacin superior, tan slo tena estudios primarios y antes de acceder al cargo municipal era comerciante. Adems dentro del Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, y tan slo firm la resolucin obrante al folio 387 de autos, un da en funciones de sustitucin como primer Teniente de Alcalde. Si atendemos a la fecha de la decisin, resulta posible que realmente el da dos de agosto de 2004 , D. Manuel Barrios Rodriguez estuviera en el primer da de sustitucin al Alcalde Titular por vacaciones de este , y le pasaran a la firma , el conserje , un gran bloque de expedientes abiertos para que firmase como temas de trmite, segn expuso l mismo en el juicio. Es creible que este acusado firmase automticamente y sin leer los documentos y ms importante un es que no estuviera informado de nada, pues su negociado es distinto al de personal y al de juventud, y ninguno de los intervenientes en la causa, ha afirmado que hubiera hablado con l de este asunto, o estuviera al tanto de la restructuracin del otro rea y menos de los problemas existentes, los reparos etc.Por lo cual, valorando conjuntamente todas estas circunstancias, considero que no se ha acreditado plenamente ni su conciencia ni su voluntariedad respecto a la decisin, y en consecuencia, en virtud del principio in dubio pro reo, procede la libre absolucin del mismo.
4 Requisito del tipo: El carcter de la resolucin. La STS de 8 de junio de 2006 sobre la base de la previa STS de 22 de septiembre de 1993, describe resolucin a estos efectos como "todo acto administrativo que suponga una declaracin de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general, quedando excluidos los actos polticos. Comprende tanto la realizacin del derecho objetivo a situaciones concretas o generales, lo que supone que abarca tanto los actos de contenido singular, nombramientos, decisiones, resoluciones de recursos, como los generales, rdenes y reglamentos con un objeto administrativo. Pues bien, en el presente caso, este carcter de resolucin lo tienen tanto las decisiones de contratacin como las decisiones de las prrrogas, que obran perfectamente documentadas y reconocidas por sus autores.
5. Requisito del tipo: Aunque el tipo penal no lo diga expresamente, se entiende que adems de la incidencia sobre el administrado, la resolucin ha de tener una especial repercusin o afectacin sobre la comunidad atacando en cierto modo a los intereses generales, o lo que en otros tipos se ha dado en llamar la causa pblica. No se trata de la aplicacin del principio de intervencin mnima, sino de la proteccin de la Administracin pblica y de sus principios rectores. Debemos recordar aqu lo que se deca en las SSTS de 4 de diciembre de 2003 , y 31 de mayo de 2002 , el delito de prevaricacin tutela el correcto ejercicio de la funcin pblica de acuerdo con los parmetros constitucionales que orientan su actuacin. Garantiza el debido respeto, en el mbito de la funcin pblica, al principio de legalidad como fundamento bsico de un Estado social y democrtico de Derecho. Respecto del " bien jurdico " protegido en este delito, es el recto y normal funcionamiento de la Administracin Pblica con sujecin al sistema de valores instaurado en la CE, lo que obliga a tener en consideracin los artculos 103 y 106 de dicho Texto Fundamental ( STS 16 de mayo 2003 ), que sirven de plataforma esencial a toda actuacin administrativa, estableciendo el primero la obligacin de la Administracin Pblica de servir con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, y el segundo al mismo sometimiento al principio de legalidad de la actuacin administrativa y de sta a los fines que la justifican ( STS 17/09/90 ). En este sentido, las SSTS 22 de mayo 2001 y 17 de julio de 2.002 afirman
" no se exige un efectivo dao a la cosa pblica o servicio de que se trate en clave de alteracin de la realidad, pero siempre existir un dao no por inmaterial menos efectivo. Dicho dao est constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecerle porque como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y esta quiebra puede producir efectos devastadores en la ciudadana pues nada consolida ms el estado de derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actan de acuerdo con la Ley y que por tanto, el que se aparta de la norma recibe la adecuada sancin que restablece aquella confianza rota ".
Estos delitos fueron creados para proteger al Estado a quien le es fundamental el buen funcionamiento de sus rganos o el correcto ejercicio de sus funciones, tal y como recogen las STS 16 de octubre 2009 "Sobre el bien jurdico protegido debe quedar
sentado que el delito de prevaricacin tutela el correcto ejercicio de la funcin pblica de acuerdo con los parmetros constitucionales que orientan su actuacin. Garantiza el debido respeto, en el mbito de la funcin pblica, al principio de legalidad como fundamento bsico de un Estado social y democrtico de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetneamente el principio de intervencin mnima del ordenamiento penal ( SSTS 1015/2002, de 31 de mayo ; 331/2003,de 5 de marzo y 1658/2003, de 4 de diciembre , entre otras)."
En el mismo sentido y ms recientemente la STS 8 de junio 2006 y la de 28 junio 2007 "Este delito, con independencia de que puede producir un dao especfico a
personas o servicios pblicos, tambin produce un dao inmaterial constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellos deben merecerse, porque de custodio de la legalidad se convierten en sus primeros infractores con efectos devastadores en la ciudadana. Nada consolida ms el Estado de Derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actan de acuerdo a la Ley, y por tanto el apartamiento de esta norma de actuacin siempre supone una ruptura de esta confianza que lleva aparejada la ms grave de las respuestas previstas en la sociedad democrtica, la respuesta penal.
En el presente caso, se ha afectado sin duda a este bien jurdico. El ayuntamiento de Arona, es uno de los ayuntamientos ms importantes dentro de la isla de Tenerife. Ejerce variadas competencias que afectan a ciudadanos tanto espaoles como extranjeros que residen o visitan su territorio. Cuenta para ello no slo con una gran plantilla de personal,sino que coherentemente tambin est dotado de
infraestructura y medios personales entre los cuales se encuentran varios funcionarios de carrera , Secretario, Interventor y Tcnicos, los cuales ejercen su labor de asesoramiento jurdico a los cargos polticos y vigilan para que los actos administrativos cumplan con los requisitos establecidos por las leyes. En este supuesto el Alcalde ha abusado de su poder de forma arbitraria, no slo no ha atendido a los informes de aquellos, sino que adems con su actuacin ha lesionado los derechos de otros ciudadanos que pudieran haber accedido a dichos puestos y ha daado adems la imagen del ente local. Estas razones, y el resto desarrolladas a lo largo del presente fundamento, justifican plenamente que su conducta sea merecedora del reproche penal, y que mediante esta condena sea apartado de su cargo, pues ha demostrado que no es persona adecuada para el ejercicio del mismo, finalidad ltima que se persigue con la tipificacin y con la pena prevista para el delito de prevaricacin. TERCERO.- LA PENA y LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL: LA PENA: El artculo 404 del Cdigo Penal establece para el delito de prevaricacin cometido por autoridad o funcionario pblico una pena de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de siete a diez aos. El artculo 42 del Cdigo Penal indica que la pena de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico produce la privacin definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Aade el artculo que esa pena produce adems la incapacidad para obtener el mismo empleo, cargo u otros anlogos durante el tiempo de la condena, as como que en la sentencia debe especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitacin. Teniendo en cuenta estas normas y lo dispuesto en los artculos 61 y 66 del Cdigo Penal, procede imponer a JOSE ALBERTO GONZLEZ REVERN, como autor de un delito de prevaricacin del artculo 404 del Cdigo Penal una pena de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico en la administracin local. Concretamos la inhabilitacin en el desempeo del cargo pblico de Alcalde, concejal o de cualquier empleo por cuenta de una administracin local, pues fue en el desarrollo de las funciones de Alcalde cuando el condenado cometi el delito por el que se le condena, y se establece la inhabilitacin para evitar que no slo mediante eleccin o nombramiento sino tambien por la va de la contratacin, ya fuese laboral o como personal de confianza, se pudiese conseguir que el condenado pase a desempear funciones pblicas semejantes a las que aprovech para cometer los delitos por el que ha sido condenado, que es la finalidad que considero debe tener la pena impuesta. LA CONTINUIDAD DELICTIVA: Nos encontramos ante un supuesto de continuidad delictiva, al haberse acreditado la comisin de tres delitos de prevaricacin que se corresponden a los dos Decretos de la Alcalda mediante los cuales se decidieron los dos contratos y el tercero que decidi la prrroga emitidos por todos por el Alcalde Sr. Gonzlez Revern. De conformidad con el art. 74 del Cdigo Penal y aprecindose en este caso el aprovechamiento de idntica situacin fctica para la emisin de ambos Decretos n 4863 por el Alcalde respecto de los dos contratos de Eva y Rosa, y la prrroga de Eva n 5566 y hallndose la accin presidida por el mismo propsito ilcito, lesionando evidentemente el mismo precepto penal y bien jurdico, es obligado aplicar la pena correspondiente al delito, en su mitad superior.
Ello no obstante pese a que la pena en su mitad superior se extendera desde los 8 aos y 6 meses, a los 10 aos, el Ministerio Fiscal ha solicitado como pena inexplicablemente ocho aos de inhabilitacin. En este caso, sobre la imposicin de pena prevista en la ley y omitida por la acusacin, se dict el Acuerdo del Tribunal Supremo de 27/12/2007 El anterior Acuerdo
de esta Sala, de fecha 20 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de que el Tribunal no puede imponer pena superior a la ms grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el mnimo previsto en la ley, la sentencia debe imponer, en todo caso, la pena mnima establecida para el delito objeto de condena.
En virtud de este acuerdo la pena a imponer sera la legalmente prevista para el delito continuado de prevaricacin, es decir, desde los 8 aos y 6 meses, a los 10 aos de inhabilitacin. En todo caso, la pena de la inhabilitacin especial impuesta comprende la privacin definitiva del cargo de Alcalde Presidente y honores anejos y la incapacidad para obtener el mismo cargo, u otros en la administracin local como hemos expuesto. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL: Concurre en el condenado la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de atenuante de dilaciones indebidas, considerando que los hechos datan del ao 2004, han transcurrido ocho aos hasta la celebracin del juicio, pues es destacable que slo en este rgano judicial el procedimiento ha esperado ms de dos aos nicamente para el sealamiento de vista de juicio. Y en cuanto a la fase de instruccin atendidas la naturaleza y complejidad de la causa no justifican dicha demora tan excesiva. Hay que advertir primero que hasta dos aos despus de cometidos los hechos no se interpuso la denuncia y que la declaracin como imputado del Sr. Gonzlez Revern se produjo ya en el mes de junio de 2007, transcurre un ao hasta que se dicta el auto de Procedimiento Abreviado en agosto de 2008, y hasta marzo de 2009 no se califica por el Ministerio Fiscal, y tampoco pueden imputarse las dilaciones al comportamiento de ninguno de los reos; as estimo que procede apreciar la concurrencia de esta atenuante a favor del reo, como muy cualificada, y por ello, se fija la pena bajndola en un grado y en dentro del tramo inferior se concreta en cuatro aos y seis meses de prisin. Se eleva tres meses sobre la duracin mnima, pues se destaca negativamente que el tenor literal de los reparos era claro y el nmero de reparos ha sido elevado, dictados en distintas fechas y procediendo adems de distintas personas (no una sola) y con las categoras jurdicas de los cargos que ostentaban (ni ms ni menos que la Jefa de la Seccin de Personal grupo A de funcionario, y el Interventor cuerpo de Habilitacin Nacional y por ltimo el Secretario que tambin hizo suyo los anteriores) y tambien se valora que las decisiones han afectado a dos cargos pblicos distintos y a dos personas diferentes; pero tampoco el resto de circunstancias concurrentes en los hechos justifican mayor reproche penal derivado de los mismos y positivamente debe considerarse que el propio acusado carece de antecedentes penales , lgicamente. Es decir, valorando estas circunstancias conjuntamente, se fija la pena en cuatro aos y seis meses de inhabilitacin. Sin embargo en este caso, no se ha acreditado en modo alguno, la reparacin del dao causado (art. 21.5 CP), cuestin que haba sido alegada por la defensa del Sr. Barrios por lo que directamente se desestima la alegacin. Segn el Cdigo Penal constituye circunstancia que atena la responsabilidad penal la de haber procedido el
culpable a reparar el dao ocasionado a la vctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebracin del acto del juicio oral . Resultara muy complejo reponer el dao realmente causado, pues supondra una retroaccin del proceso selectivo al momento inicial, y adems nada se ha acreditado sobre que realmente hayan sido los acusados los que con su comportamiento hubieran realizado dicha actuacin de forma voluntaria. Tanto las renuncias de las dos empleadas, surgen de forma espontnea como una decisin personal de ellas (as est documentado, como renuncia, no cese, ni despido, ni revisin del acto) , y de lo que son realmente consecuencia directa, es de la decisin judicial del procedimiento contencioso administrativo, que declar nulos sus contratos. Y la posterior actuacin del Ayuntamiento con elaboracin del plan de empleo que parece haberse realizado, no es sino el desenlace inevitable de una final adaptacin a las leyes, de la lamentable situacin de gran parte de la plantilla del ente local, que se encontraba al margen de la legalidad, pero adecuar dicha situacin a las normas no ha sido sino provocada obligatoriamente por los mltiples recursos contencioso administrativos, informes jurdicos desfavorables, denuncias y las sucesivas sentencias. En estas circunstancias no puede considerarse que se hayan acreditado los requisitos que la jurisprudencia exige para la aplicacin de la reparacin del dao como atenuante, que deba favorecer al aqu condenado, y as lo seala la jurisprudencia cuando excluye como supuestos aplicables de la reparacin del dao las conductas impuestas por la Administracin, (Auto del Tribunal Supremo de 12/7/2007 o Sentencia del Tribunal Supremo de 20/10/2006). En este caso no slo han tenido que intervenir la Administracin Autonmica sino que incluso ha sido necesario e imprescindible la actuacin del poder judicial. CUARTO.- Asimismo prescribe el artculo 123 del Cdigo Penal y el artculo 240 de la L.E.Cr. que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, por lo que en el presente caso procede su imposicin al acusado D. JOS ALBERTO GONZLEZ REVERN pero nicamente de la mitad, pues el otro acusado ha resultado absuelto. Vistos los preceptos legales citados y los dems de general y pertinente aplicacin y en nombre de S.M. el Rey.
Que debo CONDENAR Y CONDENO al acusado JOS ALBERTO GONZLEZ REVERN como autor penalmente responsable de un delito continuado de PREVARICACIN del art. 404 en relacin con el art. 74 del Cdigo Penal, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de CUATRO AOS Y SEIS MESES DE INHABILITACIN PARA CARGO PBLICO en la Administracin local y; con privacin del cargo de Alcalde presidente y de los honores anejos y la incapacidad para obtener este mismo cargo u otros en la administracin local, durante el tiempo de la condena. Se le condena igualmente al abono de la mitad de las costas procesales. Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO al acusado MANUEL BARRIOS RODRGUEZ del delito de PREVARICACIN de que vena acusado con declaracin de la mitad de las costas de oficio. Notifquese esta resolucin al Ministerio Fiscal y dems partes hacindoles saber que contra la misma podrn interponer recurso de apelacin en el trmino de
diez das para ante la ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Una vez firme la presente, procdase a su ejecucin sin ms trmite y comunquese al Registro Central de Penados y Rebeldes. Llvese el original al libro de sentencias. As por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIN.- Estando presente yo, el/la Secretario/a Judicial, la anterior sentencia fue leda y publicada, en el da de la fecha, por el Magistrado-Juez que la suscribe, mientras celebraba Audiencia Pblica. Doy fe.
Documents Similar To Sentencia Condenatoria Alcalde de Arona Caso Enchufe
derecho_vlc
Javier Molinero Hernando
joseaparroa
almutamir
dey_master
kamaleon91
REGLAMTOINTERNO2004 (1)
El Estado Según Los Altos Funcionarios de La Hacienda Española, 1881-1936
140049-Orden 1.pdf
2262-2018.pdf
Andalucia Convocatoria Oposiciones Profesores 2018 Borrador
2º Examen Administración Sin Respuestas
Ueiejejeidkdkd
Wagner Carranza
Tecnicos Auditoria
More From Arona Leaks
ARONA-INVITACIÓN ACTO RECONOCIMIENTO PÚBLICO (3)
Arona Leaks
Nota de Prensa Uniformidad Policial Arona
Condena Firme Alcalde Arona Auto Audiencia Provincial
Sentencia Alcalde Arona Caso Enchufe
0_17294_1
anunciosueldos
Bop Tenerife
Boletín Anti-Corrupción Arona
PA CasoArona
Diligencias Casimiro Adays Cuerbelo Montañez
1_14696_1
1808 1810 1812 181418241836 1841 1843 1857 1917
Daniela Hernandez Zuñiga
2017 - PAUTA CORRECCIÓN 2 - ENSAYO CON CASOS DE HISTORIA CONSTITUCIONAL.doc
Exposición_Soberanía y Poder Constituyente
REPRESENTANTES APUNTES.docx
Memorizador Obligaciones
Trabajo Hermes Ucab
201718000072921_1484173665658_10.01 resolucion
Roberto Carlos Galarcio Altamiranda
CV - Richard ODiana Rocca
Richard ODiana Rocca
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0147-2018-MINAGRI
Personalidad Politica Del Estado
398_Nofal ADOPCION HOMOPARENTAL
Anonymous YJplL9
2017-10-04 Sentencia No 441-2017 Ha Lugar Carencia (Reposo a Cuenta de Vacaciones)
Tercer Resumen Contabilidad Corporativa
Temario Agentes Medioambientales 2018

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in dubio