Source: http://www.enriquebolanos.org/articulo/18_auge_caida_plc_evitar_dictadura_asamblea_nacional?item=auge_caida_plc_evitar_dictadura_asamblea_nacional
Timestamp: 2018-04-21 05:59:54+00:00

Document:
18. Cómo se evitó la dictadura de la A.N.
Ya en el pasado Ortega y Alemán habían hablado del parlamentarismo como sistema de gobierno para Nicaragua. No parecía ser en serio. Pero en esta ocasión es razonable conjeturar —porque no se sabe a ciencia cierta— que Ortega, quien es astuto, pudo haber maquinado así: el año que viene habrá elecciones nacionales; el pacto con Alemán me ha producido buen rédito político, pero quiero más; el pacto no ha podido manejar a Bolaños. Entonces, organizo con Alemán un sistema cuasi parlamentario que transfiera los poderes reales del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que deje a Bolaños de adorno en la Presidencia, por el resto de su período y, para ello, saco a Alemán de la cárcel y le dejo indecisos los fallos pendientes, sujetos uno a uno a su cumplimiento conmigo en esta estratagema.
Los intentos de destitución del presidente Bolaños urdidos con falsedades, han fracasado. Ahora el pacto Alemán-Ortega pone en escena una nueva trama para darle a Bolaños un golpe de Estado mediante una reforma a la Constitución. Las bancadas sandinista y liberal en la Asamblea Nacional aprobaron en una primera legislatura el 25 de noviembre de 2004, una reforma sustantiva a la Constitución de la República con la que le restan facultades al poder Ejecutivo, facultades que transfieren al poder Legislativo, o sea a la Asamblea Nacional (A.N.), cuyos diputados sometidos a los dos caudillos del Pacto, totalizan más de las tres cuartas partes del plenario. Solo quedaba aprobar esta reforma en segunda legislatura, lo que posteriormente se hizo al mes siguiente, en enero de 2005, con lo que llegó a ser ley de la República.
Esta reforma constituyó una aberración jurídica ya que el poder constituido bajo una forma de gobierno no tiene capacidad legal de producir por sí mismo cambio a otra forma de gobierno, que solo puede ser el resultado de un referendo o de una constituyente. No obstante, según dice textualmente la Exposición de Motivos de la reforma de los golpistas:
La Asamblea Nacional queda como el único órgano […] legitimado como representante de la Nación y, por tanto, investido de superioridad jerárquica frente al órgano gubernamental; este predominio jurídico y político del parlamento se traduce en una función de control sobre el Gobierno, lo que reafirma la superioridad jerárquica del primero.
(Véase Anexo 1, parte conducente y firmas).
Con esta reforma a la Constitución, la Asamblea se convertiría a sí misma en jefe de Estado, representante de la nación, lo que echaría por tierra los frenos y contrapesos que evitan que en los poderes del Estado se produzcan desbalances y abusos de autoridad. Además, la doctrina constitucional considera que tales prerrogativas corresponden solamente a un poder constituyente; y la Asamblea es solo un órgano del Estado que no tiene esa competencia.
Se produjo, pues, un repacto, que hizo posible que el 25 de noviembre del 2004, los diputados incondicionales a los dos caudillos aprobaran dócilmente en primera legislatura las reformas a la Constitución, en beneficio de los intereses de esos dos caudillos.
Por tanto, es fácil conjeturar —como lo hizo la población— que el pago o gratificación al doctor Alemán, por este nuevo pacto o repacto, lo hizo efectivo el 3 de diciembre de 2004 la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) al fallar exonerando a Alemán de culpa en el juicio de la Huaca 1 (caso Canal 6), aunque todavía quedaran pendientes de resolver otras acusaciones.1
Es notorio que el desenlace del juicio de la Huaca 1 (Canal 6), favorable el expresidente Alemán, estuvo basado en insólitos arreglos políticos entre caudillos.
Recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia
Ante esta amenaza contra la independencia de los poderes del Estado, ¿por qué el presidente Bolaños decidió recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en vez de la Corte Suprema de Justicia? Esta pregunta merece contestarse de primero:
Porque el 13 de diciembre de 1991, los presidentes del Istmo Centroamericano firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en la que en el Art. 12 crearon la Corte Centroamericana de Justicia. Al año siguiente, el 10 de diciembre de 1992 en Ciudad Panamá, República de Panamá, todos los presidentes firmaron el Estatuto de la Corte en el que establecieron sus competencias, entre las que está: “Art. 22 (f) - Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados”.
El presidente Bolaños concluyó que:
Existía conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Corte Centroamericana de Justicia era y es instancia legal para resolverlos.
En ese momento no existía otra corte que pudiera destrabar el estancamiento con justicia, porque la otra corte —la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua— estaba integrada por 16 magistrados subordinados a los intereses de los dos caudillos, en dos mitades exactas para cada caudillo.
Y que eran precisamente los pactistas quienes querían destituir al Presiente. Solamente existía, pues, la CCJ para conocer con imparcialidad sobre la disputa entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Nicaragua.
En defensa del interés nacional, después de aprobada la reforma constitucional en primera legislatura, Bolaños preparó con gran sigilo un recurso de apelación ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en el que argumentó que esas eventuales reformas causarían un irreparable perjuicio al poder Ejecutivo y, por ende, una violación al sistema de gobierno basado en la independencia de los poderes del Estado establecido en la Constitución; por lo tanto, pidió a la CCJ que dictara medida cautelar que detenga la aprobación de esa reforma en segunda legislatura.
Además, el canciller Norman Caldera debía dirigir una campaña ante los principales actores internacionales como SICA, OEA, Grupo de Río, Pacto Andino, Unión Europea, Estados Unidos, países cooperantes, etcétera. Estas acciones debían ejecutarse con gran sigilo para evitar presiones anticipadas que podrían forzar los pactistas sobre los magistrados de esa Corte Centroamericana y la comunidad internacional.
Para guardar el sigilo, las reuniones del presidente con el secretario de la Presidencia Ernesto Leal, las hacían sentados en las cunetas de las calles del estacionamiento interno de Casa Presidencial, porque todo parecía confirmar que en ese edificio existían sistemas electrónicos de escuchas.
Con ese pacto, la “partidocracia” había logrado establecer la “oligarquización” de esos dos partidos políticos, en su peor naturaleza: el caudillismo. Esta realidad política resultó en la politización de la justicia, del ente fiscalizador y del sistema electoral, y más. Por consiguiente había que hacer todo esfuerzo y sacrificio para corregir ese intento de sabotaje al andamiaje democrático causado a la estructura democrática.
Por lo tanto, el presidente Bolaños anunció en diferentes mensajes de ocasión que promovería un referendum para que el pueblo pudiera pronunciarse acerca de las reformas constitucionales, pero sobre las reformas que de verdad necesitaba —y aún necesita— el país, tales como asegurar la no-reelección; la elección uninominal de diputados; la ley de carrera judicial, la despartidización de la CSJ, CSE, CGR y otros temas que el futuro de Nicaragua demanda en su avance hacia la modernidad.
Hubo rechazo de parte de los pactistas. Por ejemplo, el FSLN, propenso a la conspiración más que a la agenda propositiva, decidió aumentar la intranquilidad imperante mediante huelgas y manifestaciones montadas por sus dirigentes, estudiantes, transportistas, empleados de la Alcaldía de Managua y pandilleros con morteros fabricados en las universidades y la Alcaldía de Managua. El objetivo era arrinconar al presidente Bolaños, mediante asonadas, atemorizarlo y mostrar el músculo amotinador usual del FSLN.
También, el 13 de diciembre de 2004, en sus palabras en el Acto de Clausura de la octava promoción del curso Técnico Superior en Ciencias Policiales, el presidente Bolaños adelantó con firmeza que hará lo que la ley le permite y le obliga a hacer en defensa del orden legal establecido en la Constitución. En su discurso se cuidó de no despertar ni siquiera sospechas de sus planes del recurso que ya estaba preparando. Textualmente dijo:
Tal como lo aseveré en mi mensaje a la Nación del jueves pasado, es mi obligación, como jefe de Estado y de Gobierno, enfrentar ese abuso de poder con el que se pretende desarmar el Estado para alzarse con piezas cuya falta causaría que se rompa la armonía y simetría esencial entre los diferentes Poderes del Estado.
Haré uso, —dijo— por las buenas o por las malas, de todos los instrumentos legales de que dispone mi autoridad de jefe de Estado y de Gobierno para proteger los derechos del pueblo ante ese golpe de Estado que acabaría con la democracia.
Posteriormente el presidente explicó que usó esta expresión con la connotación que usa el cobrador que amenaza cobrar por las malas, o sea por demanda judicial. Usó con suma claridad la frase “instrumentos legales”, pero no más. Él también lo dijo en entrevista del 9 de junio del 2005, en el programa televisivo De mañana, con Martín Madriz, en 100% Noticias.
No es que te voy a sacar pistolas, jamás las he cargado. Te demando, te embargo, vamos a los tribunales. Si no nos arreglamos por las buenas, nos vemos las caras en los tribunales, pero me cuidé de no decirlo con tanta claridad, porque dañaría mi maniobra.
El 14 de diciembre, aquellas personas acostumbradas a actuar por sus pistolas: los magistrados de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral; de la Contraloría, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público, e incluso el propio vicepresidente Rizo, emitieron juntos una declaración conjunta, que textualmente dice en su parte medular:
Ante las preocupantes declaraciones vertidas a la opinión pública nacional e internacional, por el Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Gayer (sic), en el sentido de estar dispuesto a hacerlo todo, "por las buenas o por las malas" para rechazar las reformas parciales a la Constitución Política de la República, y las nuevas leyes que se hallan en proceso de aprobación por la Asamblea Nacional de Nicaragua […] estas declaraciones claramente se oponen al orden jurídico de Nicaragua, al estado de derecho consagrado en la Carta Magna, y promueven la ruptura del orden constitucional y legal del país. (Véase Anexo 2).
El 15 de diciembre los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), durante la XXV Reunión Ordinaria, celebrada en San Salvador, El Salvador, firmaron una declaración ratificando su apoyo al proceso democrático del Gobierno de Nicaragua, amenazado por el proceso de reformas constitucionales emprendidas en Nicaragua y llamaron a que no se altere, aun con reformas legislativas, el principio de la separación, balance e independencia de los poderes del Estado.
Por consejo de sus juristas, el ingeniero Bolaños recurrió de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ). Según los consejos de sus asesores apeló porque la resolución de la Contraloría que ordenó su destitución el 12 de octubre le negaba ese derecho. Así es que el 22 de diciembre de 2004, el ingeniero Bolaños introdujo en la Corte un Recurso innominado en contra de la Asamblea Nacional, para evitar la aprobación de esas reformas constitucionales en segunda legislatura. La democracia estaba amenazada, de manera especial por diputados que, con honrosas excepciones, incumplían el compromiso de representación para con la patria, ya que se debían casi solo al “dedazo” que los colocó en lugar preferencial en la plancha de candidatos de su partido.
La CCJ admite demanda y dicta medida cautelar
Volviendo al tema del Recurso de Amparo ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), después de que concluyeron los largos días de asueto en ocasión de Navidad y Año Nuevo, para mantener en secreto lo del recurso, el escrito fue presentado el 3 de enero de 2005 en casa del doctor Orlando Guerrero Mayorga, secretario de la CCJ, en vez de las oficinas de la Corte. Para mayor sigilo, el presidente lo llevó personalmente después de las cinco de la tarde, en el vehículo de la secretaria de Asuntos Legales, licenciada Fabiola Masís quien lo acompañó, y así nadie se dio cuenta que se iniciaba ese caso legal en la CCJ.
El 6 de enero la CCJ admitió la demanda interpuesta y consideró que la demanda presentada por el Ejecutivo cumplía con los argumentos que le permitieron a la Corte emitir la medida cautelar solicitada. Dice el fallo:
RESUELVE: I) Admítese la demanda interpuesta por el Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, en su carácter de Presidente de la República de Nicaragua, en contra de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua […] II) A fin de resguardar los derechos de las partes, díctase la medida cautelar consistente en que la Asamblea Nacional de Nicaragua suspenda los procedimientos de ratificación de las reformas aprobadas a la Constitución Política de la República de Nicaragua en Primera Legislatura […] hasta que se pronuncie el fallo definitivo… (Véase Anexo 3)
Este fallo de la CCJ cayó de sorpresa a la nación entera, especialmente a la Asamblea Nacional. Casi al unísono los diputados del PLC y FSLN reaccionaron diciendo que harán caso omiso de esta medida cautelar y adelantaron que las reformas serán aprobadas en segunda legislatura en la sesión del día 13 de enero de 2005.
Hay que hablar con el ejército y la policía
El día viernes 7 de enero, Alemán y Ortega se reunieron en la hacienda El Chile de Alemán, revisaron sus planes de aprobación de las reformas constitucionales necesarias para crear la dictadura parlamentaria y se tomaron la famosa fotografía simbólica del pacto en la que aparecieron ambos caudillos rodeados de sus más leales operadores parlamentarios, escena que confirmó que existe ese nuevo pacto o repacto.
En conferencia de prensa del 8 de enero, el presidente Bolaños advirtió a los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional que si aprueban las reformas constitucionales en segunda legislatura, estarían desacatando la resolución de la CCJ y se estarían poniendo fuera de la ley, con todas las consecuencias que eso podría acarrear para el país y para ellos mismos.
El presidente estaba haciendo todo lo posible para tratar de evitar que se produjera esa dictadura parlamentaria en manos de los dos caudillos. Simbólicamente se podía decir que el presidente hasta araba en el mar y trazaba rayas al aire, dibujando ideas y escenarios que le ayudaran en esa misión. Ahora debía hablar con el Ejército y la Policía para asegurarles que esta pelea es sin pistolas.
En esa tarea, ese mismo día 8 de enero se reunió con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Carrión y una hora después, por aparte, con el director general de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila. Uno a uno les explicó que los otros poderes del Estado (inclusive el cardenal Obando y los sacerdotes que lo seguían políticamente), se habían unido contra el Ejecutivo en defensa de Alemán; que este asunto es sin pistolas, que es un asunto político en el que quedan el Ejército y la Policía fuera de él. Que ojalá el Pacto no les ordene que vengan a sacar al presidente por la fuerza metiéndolos en ese embrollo político, que podría causar que tengan que sacarlo muerto porque no renunciará, lo que causaría más retroceso a Nicaragua. El general Carrión aseguró que hay que evitar la confrontación social; que el Ejército puede apoyar a la Policía para defender los ministerios; que hablará con Ortega para aclararle que respaldará al Ejecutivo en el marco de la ley y para pedirle que contribuya a bajar la tensión. De parte del primer comisionado Cordero, también recibió una reacción similar a la del general Carrión y textualmente aconsejó al presidente que “no acate” los fallos y/o dictámenes que pueda recibir de los otros Poderes del Estado.2
Informe oficial a la A.N. - 10 de enero de 2005
Era importante para el presidente presentarse ante el seno de la Asamblea Nacional los días 10 de enero, tal como lo ha hecho cada año, a rendir su informe oficial a la nación. En esta ocasión, a pesar de las amenazas de destitución y daños a la gobernabilidad, tenía buenos resultados económicos que presentar. Los resumió en una sencilla oración llena de verdad: “Hoy estamos mejor que en cualquier momento de los últimos 25 años”.
Su afirmación fue basada en las estadísticas y en la premisa que sin recursos —dinero— no puede haber educación, salud, bienestar, ni tortilla en la mesa: que en lo económico-financiero ha logrado avances evidentes. Dijo:
Obtuvimos en el 2004, el perdón de la mayor parte de la gigantesca deuda externa.
Ya en septiembre de 2002 el índice de crecimiento mensual dejó de caer y cada mes muestra crecimientos mayores que el mes anterior.
En el 2004, Nicaragua llegó a ser el país centroamericano de mayor crecimiento económico: 4.2%.
Las exportaciones ya llegaron en el 2004, al nivel más alto de nuestra historia: 755.6 millones de dólares corrientes.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) han crecido más de cuatro veces en estos tres años de 99 millones a 427 millones de dólares.
Los depósitos en los bancos han subido 50% en estos tres años de 1,388 a 1901 millones de córdobas.
Los intereses han venido bajando del 17% al 12% y al 8½% para construcción de viviendas.
Cuando el Estado necesita dinero rápido, vende bonos por los que paga intereses. La venta se hace al que ofrece el interés más bajo. A finales de 2001 se pagó hasta el 23% de interés, pero desde entonces, por la confianza, el interés ha bajado cada día hasta sólo el 4.77%.
Los ingresos fiscales han crecido 56% al pasar de 5,050 a 7,880 millones de córdobas. Los de aduana han crecido 63% al pasar de 2,437 a 3,985 millones de córdobas. La suma de los dos ha pasado de 7,487 a 11,865 millones; o sea el 58%.
El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) invirtió 214 millones de córdobas en 53 municipios para la rehabilitación, reparación, mejoramiento y apertura de 1,838 kilómetros de caminos rurales de macadán.
El MTI pavimentó, adoquinó y rehabilitó 602.56 kilómetros, equivalentes a 16.74 kilómetros mensuales; que es el ritmo más alto de la historia del país.
En el 2004, nos visitaron 601 mil turistas que dejaron 170 millones de dólares. El número más alto de turistas en la historia.
En el 2004, INATEC capacitó a 72,300 trabajadores, contra sólo 22 mil que se capacitaban hasta el 2001.
¿Se debió transar por el bien de la República?
Bolaños desplegó a miembros de su gabinete para que tanto él como sus funcionarios buscaran un acuerdo con los liberales del PLC y/o con el FSLN para evitar la aprobación de las reformas. Se deben conseguir diputados a quienes se les pueda ilustrar sobre el peligro que esto traería al país. También hay que hablar con los hacedores de opinión.
Al presidente le informaron que el PLC pidió la amnistía para su caudillo a cambio de colaborar. Esa amnistía era lo que pedía el PLC cada vez que se le solicitaba su voto en la Asamblea Nacional, para lo que fuera. Alemán acababa de pactar su libertad con Daniel Ortega y se sentía vencedor. En este tema de la amnistía el presidente Bolaños no cedió, por principio y por desconfianza; pero les contra-propuso que se podría comprometer a no vetar un decreto de indulto a favor de Alemán que pudiera redactar y emitir la Asamblea Nacional, a cambio de que desistieran de aprobar las reformas en segunda legislatura. Tal como el presidente calculaba, los diputados del PLC no aceptaron; solo querían una amnistía presidencial.3
Acuerdo Bolaños-Ortega del 12 de enero 2005
El 2 de diciembre de 2004, el presidente se había reunido con Jorge Chediek, representante del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en Nicaragua (PNUD), para explorar soluciones que impidan que se produzca un golpe de Estado dado por los dos caudillos creando una dictadura parlamentaria manejada por ellos mismos. Chediek le informó que por Bayardo Arce sabía que el FSLN estaba abierto al diálogo. Chediek y Bolaños acordaron traer un diplomático de la ONU que venga a mediar una negociación entre PLC, FSLN y el Ejecutivo. Se convino en Manuel Flores, político, periodista y profesor uruguayo.
Desde la segunda semana de diciembre estos mediadores, Chediek y Flores, exploraban soluciones en todos los ámbitos y, la tarde del día 11 de enero de 2005, Bolaños se reunió con los mediadores para revisar las condiciones que habían logrado obtener de Ortega. Les hizo contrapropuestas y salieron a seguir negociando.
A las nueve de la mañana del día 12, víspera de la anunciada aprobación de la reforma en segunda legislatura, Bolaños se reunió nuevamente con los mediadores para dar las últimas pinceladas a los puntos del acuerdo que firmaría ese mismo día con Ortega.
A las once de la mañana llegó a Casa Presidencial Daniel Ortega acompañado del cardenal Obando y Jorge Chediek. Después de ajustes al documento base que ya ambas partes habían discutido con Flores y Chediek, se concluyó que el Acuerdo del Diálogo Nacional que firmarían, consistiría en:
Incluir en las reformas de la Constitución una disposición transitoria, que dijera que el PLC y FSLN dejarán que Bolaños termine su período.
Que los nombramientos que hiciera la Asamblea, en el resto del período del presidente Bolaños, debían atender al consenso del FSLN, PLC y Gobierno Central.4 Esto significaba que los magistrados de los poderes del Estado (CSJ, CSE) y de la CGR serían escogidos de consenso entre el PLC, FSLN y Poder Ejecutivo, medida que reduciría el monopolio partidario en esas instituciones.
Que la entrada en vigencia de esas reformas será posterior a una decisión de consenso entre el poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional; y que los nombramientos de los servidores públicos que correspondan ser electos por la Asamblea Nacional durante el actual período (2002-2007), se harán de consenso entre el Poder Ejecutivo, el FSLN y el PLC.
Asimismo se fijaron como materias para el Diálogo Nacional el equilibrio y profesionalización de los poderes del Estado, los aspectos sociales y la estabilidad macroeconómica.
También se incluyó la democratización interna de los partidos políticos, la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos y el tratamiento impositivo de los medios de comunicación.
Este acuerdo se firmó en el Salón de Gabinete esa misma mañana. (Véase Anexo 4)
Por la tarde, el presidente se reunió con su Gabinete de Ministros para explicarles lo del acuerdo. Les dijo que esto se logró gracias a Dios, al PNUD (Jorge Chediek y Manuel Flores), a los funcionarios de la Presidencia; a los de Cancillería y el canciller quien de manera especial obtuvo el apoyo al gobierno de parte del Grupo de Río, de la OEA, del Pacto Andino, de la Unión Europea… y de muchos políticos importantes de las Américas.
Si todo se cumpliera, ya no habría amenaza de destitución del presidente y la tentativa de instaurar una dictadura desde el parlamento quedaría frenada. A juicio del presidente, por informaciones posteriores conoció que el entonces jefe del Ejército, general Javier Carrión fue factor importante la noche anterior en persuadir a Ortega de que a nadie le convenía heredar ilegitimidad ni caos.
De igual forma, también se reunió con el Grupo de Opinión, quienes se manifestaron satisfechos con el arreglo y la posibilidad de la despartidización de Poderes de que hablan los puntos 6 y 8 del acuerdo. Solamente les preocupó que no se incluyera a la sociedad civil en el Diálogo Nacional. El presidente aclaró que eso estaba en la voluntad de su gobierno, pero que explícitamente él lo evitó por el peligro de que el FSLN incorporara a muchas de sus organizaciones de masas que posiblemente complicarían el desarrollo del Diálogo Nacional.
A las seis de la tarde Bolaños dio un mensaje a la nación desde el salón de prensa de Casa Presidencial, en presencia del cuerpo diplomático, el sector privado, sindicalistas, gabinete de gobierno y otros invitados especiales. Bolaños, Ortega, Obando y Chediek nuevamente estampan sus firmas en el documento para que los presentes y la nación queden también de testigos de ese trascendental acto.
En su mensaje llamó a los demás poderes del Estado, a la sociedad civil, las iglesias, los trabajadores, los medios de comunicación, los agentes políticos y económicos para que en el desarrollo de esta obra que se llama Nicaragua, indefectiblemente también pongan todo su empeño.5
Este acuerdo lo firmó Bolaños con mucha duda de que Ortega y/o Alemán cumplieran. En el nombre de Dios —dijo— y lo firmó.
A pesar de lo firmado ante la nación esa noche del 12 de enero de 2005, al día siguiente, el día 13, la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura las reformas constitucionales, pero sin incluir nada de lo acordado y firmado la noche anterior. El ingeniero Bolaños protestó ante el testigo garante, cardenal Obando, y ante el testigo, señor Jorge Chediek del PNUD. Ortega excusó diciendo que no pudo obtener la aceptación de Alemán y su gente antes de la sesión de la Asamblea; que ahora ya estaban aprobadas por la Asamblea Nacional, pero que el FSLN estaba dispuesto a buscar cómo subsanarlo en el Diálogo Nacional acordado.6
El 19 de enero, en la segunda sesión del Diálogo Nacional, en un salón de la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), con la participación de los delegados del PLC, FSLN y el Ejecutivo, con la presencia del cardenal Obando nuevamente como testigo y garante, se lograron alcanzar los siguientes acuerdos, citados textualmente a continuación:
Uno. Para los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Ley de Reforma parcial a la Constitución, se les añadirá lo siguiente:
Durante el periodo de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de ese artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: los dos grupos parlamentarios mayoritarios [PLC y FSLN] y el gobierno de la Republica, de manera que garantice las relaciones armónicas.
Dos. Para el artículo 3, se añadirá:
Durante el periodo de Gobierno 2002-2007, en lo referido a los nombramientos en los incisos e) y f), atenderá el consenso de los tres principales actores políticos del país: los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la Republica, de manera que garantice las relaciones armónicas.
Se conformará una comisión integrada por delegados del PLC, FSLN y poder Ejecutivo, para analizar la Ley 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos, con la finalidad de hacer aportes técnicos que enriquezcan su contenido, en un plazo no mayor de doce días. Estos aportes técnicos deberán ser presentados a la Asamblea Nacional como iniciativa de reforma de dicha ley para su debida aprobación.
Se conformará una comisión integrada por delegados del PLC, FSLN y poder Ejecutivo, para analizar la Ley 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, con la finalidad de hacer aportes técnicos que enriquezcan su contenido, en un plazo no mayor de doce días. Estos aportes técnicos deberán ser presentados a la Asamblea Nacional como iniciativa de reforma de dicha Ley para su debida aprobación.
En relación con la Ley de Reforma al INSS, actualmente en proceso de discusión en la Asamblea Nacional, el poder Ejecutivo designará una comisión a fin de presentar planteamientos del Gobierno para alcanzar los consensos necesarios.
En relación con la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005, que entrará en vigencia el 23 de enero próximo, se conformará una comisión del Poder Ejecutivo, el PLC y el FSLN a fin de consensuar las medidas fiscales y presupuestarias necesarias para mantener los balances macroeconómicos dentro de los parámetros del Programa Económico y Social del País, negociado con los organismos internacionales. Dichas medidas deberán estar vigentes a partir del 1ro de febrero.
El Presidente de la República mandará a publicar a la brevedad, para su entrada en vigencia, la Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política de la Republica de Nicaragua y la Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial al artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
El presidente Bolaños, conocedor de las tácticas marrulleras de las contrapartes aceptó este arreglo como una victoria en potencia, sujeta a que fuera cumplida, y se preparó para lo peor. Así planeó ganar tiempo de manera que si la Asamblea Nacional caía en desacato del fallo del 6 de enero de la CCJ que mandaba a la Asamblea “que en el plazo de veinte días [que vencería el 3 de febrero] rindiera informe detallado sobre los extremos de las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta”, entonces Bolaños desconocería legalmente las reformas en su totalidad, con o sin los tales párrafos agregados acordados el 19 de enero por el Diálogo Nacional.
Siguieron los incumplimientos de los PLC y FSLN. Apenas al día siguiente (20 de enero), sin que se haya siquiera programado ninguna reunión entre los tres actores (PLC, FSLN y poder Ejecutivo), tal como obligaba el acuerdo del día anterior, la Asamblea Nacional rechazó el veto total del presidente al Proyecto de Ley 511, Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos, presentado el 17 de diciembre de 2004. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional mandó a publicar esa Ley No. 511 en la Gaceta No. 39 del 24 de febrero de 2005. Todo esto lo hizo la Asamblea Nacional en violación al punto tres del acuerdo del 19 de enero de conformar una comisión entre el PLC, FSLN y el Poder Ejecutivo, para analizar la Ley 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos, con la finalidad de hacer aportes técnicos que enriquezcan su contenido.
Es más, ese mismo 20 de enero, la Asamblea Nacional también rechazó el veto total del presidente al Proyecto de Ley No. 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), presentado el 28 de diciembre de 2004. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional mandó a publicar esa ley No. 512, en La Gaceta No. 39 del 24 de febrero de 2005. Todo esto fue hecho por la Asamblea Nacional en violación del punto cuatro del Acuerdo de conformar una comisión entre el PLC, FSLN y el Poder Ejecutivo, para analizar la Ley 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, con la finalidad de hacer aportes técnicos que enriquezcan su contenido…
El 25 de enero (2005), los magistrados de la CCJ exigieron a los tribunales nacionales que acaten sus resoluciones, calificando como hecho “insólito” que las autoridades judiciales internas pretendan desconocer su autoridad, ya que las decisiones de la CCJ son de “ineludible cumplimento y no admiten recurso alguno”.
El presidente sintió que ya eran tres contra uno: PLC, FSLN y el cardenal que en ese entonces comenzó a mostrar sus ya claras simpatías que hoy muestra hacia el FSLN. Era un asunto como lo describe el dicho de “burro amarado contra tigre suelto”, pero que aquí eran tres tigres sueltos. El secretario de la Presidencia, ingeniero Ernesto Leal, envió carta al representante de la ONU en Nicaragua y al cardenal Obando, alertando sobre la posibilidad de la ruptura del diálogo, esta vez por el incumplimiento del punto número 8 de dicho Acuerdo del Diálogo Nacional, ya que la Asamblea Nacional eligió a varios funcionarios públicos sin la consulta ni aprobación del Poder Ejecutivo.
Tercer tropiezo
La Secretaría de la Asamblea Nacional envió para firma del presidente Bolaños el proyecto de Reforma a la Constitución que ya incluía los párrafos acordados en el Diálogo Nacional, pero el presidente Bolaños rehusó firmarlo para su promulgación como ley de la República, porque era bien conocido que la Asamblea Nacional no había sesionado para discutir ni aprobar ninguno de esos párrafos agregados. En medio de ese ambiente de desconfianza, el presidente temió que su firma en dicha publicación (firma que equivaldría a una proclama que da fe pública), pueda ser usada maliciosamente por cualquier diputado para intentar demandar su destitución del cargo por falsificación de documento oficial del Estado al dar fe pública de algo que es inexistente, que no es verdad. Era mucho mejor ser prudente y evitar cualquier roce legal con los grupos que ya son juez y parte en el país, y no la firmó.
El 18 de enero apareció en los diarios de publicación nacional, la publicación que la Asamblea Nacional mandó hacer por su propia cuenta, pero esta publicación contiene el encabezado legal tradicional que reza:
“Ley 520. El Presidente de la República hace saber al pueblo nicaragüense que la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Considerando […] Ha dictado lo siguiente […]”.
El día 25 apareció una publicación ordenada por la Presidencia de la República, de página entera, también en esos mismos diarios de publicación nacional, que reiteró:
Hace del conocimiento de la
ciudadanía nicaragüense y comunidad internacional que:
Las publicaciones de la Asamblea Nacional
aparecidas en campo pagado en
El Diario La Prensa, El Nuevo Diario y
DE LA REPÚBLCA DE NICARAGUA
no han sido enviadas a publicar por el
y esta situación es del conocimiento de la
ASAMBLEA NACIONAL (Véase Anexo 5)
El viernes 18 de febrero de 2005, La Gaceta No. 35 dio a conocer las reformas que contienen los párrafos agregados, pero esta vez ordenada su publicación por el presidente de la Asamblea Nacional y que tanto el encabezado como el cierre al pie textualmente dijeron:
Ley 520. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua […] Ha dictado la siguiente LEY DE REFORMA PARCIAL […] [Y al pie dice] Por no haber promulgado ni mandado a publicar el Presidente de la República la presente Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución Política, en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, mando a publicarla. Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, nueve de febrero del año dos mil cinco. RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la Asamblea Nacional.
El presidente solicitó una constancia a la CCJ sobre cuándo puede esperar la sentencia definitiva. El 23 de febrero de 2005 la Corte contestó:
RESULTA (V): […] SEGUNDO: En vista de constar en autos la no presentación del Informe solicitado a esa Asamblea Nacional en el término correspondiente y por no haberse personado en el proceso, declárase su rebeldía procesal […]. CUARTO: Declárase no haber lugar a la etapa de prueba por innecesaria y procédase a pronunciar sentencia definitiva en el plazo legal de veinte días.
Dos sentencias opuestas: solo una regía
Sentencia de la CCJ - El 29 de marzo de 2005, en la parte resolutiva que se cita textualmente a continuación, la CCJ resuelve:
PRIMERO: Declárese con lugar la demanda entablada por el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua en contra del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, por estar debidamente fundadas en derecho las pretensiones deducidas en este proceso.
SEGUNDO: Corno consecuencia, se declara que se violenta el Derecho Público y el Estado de Derecho en Nicaragua al ejecutar la Asamblea Nacional actos consistentes en haber aprobado en segunda legislatura la denominada Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que afecta y debilita la independencia del Poder Ejecutivo, al otorgar facultades de ratificación al Órgano Legislativo, etcétera.
TERCERO: Que los actos antes mencionados, atentan contra la independencia del Poder Ejecutivo y contra el equilibrio de los Poderes del Estado que consagre la Constitución Política de la República de Nicaragua, siendo por ello, actos de injerencia de la Asamblea Nacional en las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo que sólo pueden ser reformadas por una Asamblea Nacional Constituyente convocada al efecto.
CUARTO: Que siendo estos actos violatorios de lo establecido en el Derecho Público analizado, en los Tratados y Convenios Internacionales y en los correspondientes a la Integración de Centroamérica, que gozan de primacía y aplicación inmediata son jurídicamente inaplicables y su ejecución hace incurrir en responsabilidad.
QUINTO: La presente resolución, en aplicación del artículo 39 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicie, deberá ejecutarse como si se tratara de cumplir una sentencia pronunciada por un Tribunal nacional del Estado de Nicaragua.7 (Véase Anexo 6).
Sentencia de la CSJ - Ese mismo día 29 de marzo, la Corte Suprema de Justicia también emitió sentencia en la que textualmente declaró:
II.- No ha lugar al desistimiento presentado por el recurrente, ingeniero Enrique Bolaños Geyer.
III.- No ha lugar al recurso innominado por conflicto de competencia y constitucionalidad entre Poderes del Estado, Poderes Legislativo y Ejecutivo, interpuesto por el Presidente de la República ingeniero Enrique Bolaños Geyer, en contra de la Honorable Asamblea Nacional…
IV.- Declárase inconstitucional parcialmente el inciso f) del artículo 22 del referido Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, en la parte que dice: “f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos de competencia que pueden surgir entre los Poderes u Órganos Fundamentales de los Estado, […]”.8
El magistrado de la CCJ, doctor Adolfo León Gómez, declaró al diario La Prensa que “no hay conflicto entre sentencias de la CCJ y de la CSJ” y que las reformas constitucionales, aun estando vigentes, no pueden ser aplicadas, por lo que el Estado debe hacer las reformas necesarias para adecuar su derecho interno al internacional. Textualmente dice:
Creemos conveniente aclarar la situación de dos sentencias que han sido relacionadas con el Conflicto entre Poderes en el Estado de Nicaragua y que han sido mal interpretadas en su alcance y causas que las originan.
No hay contradicción entre la sentencia nacional y la internacional y esta última por su condición de supranacional, es de aplicación inmediata y de ineludible cumplimiento en las materias señaladas en los Tratados comunitarios suscritos y vigentes, los que se incorporan al derecho nacional.
En lo referente al caso, la sentencia de la Corte Suprema de Nicaragua, ésta es declarativa, en tanto que la de la Corte Centroamericana es constitutiva y conlleva ejecución (pues modifica una situación preexistente).
El no acatamiento a la sentencia de la Corte Centroamericana, produce responsabilidad al incumplirse por los Estados suscriptores del Protocolo de Tegucigalpa, dado su carácter vinculante y aplicación directa e inmediata.
Las reformas constitucionales, aun estando vigentes, no pueden ser aplicadas, por lo que el Estado debe hacer las reformas necesarias para adecuar su derecho interno al derecho internacional y comunitario, como resulta de lo convenido en los Tratados suscritos por Nicaragua y que están en vigencia.9
Detalles del plan para la destitución del presidente
La falta de cumplimientos de los acuerdos de parte de los pactistas, así como la sospechosa parcialidad mostrada por el garante, hizo que el presidente sintiera que el Diálogo Nacional se ha convertido en una pugna de tres contra uno. Sus asesores más versados en sandinismo le cautelaron que la característica central de la táctica política de Daniel Ortega, que él deriva de su experiencia insurreccional, es el combate, que debe ser fundamentalmente ofensivo. Para él, el combate defensivo constituye la muerte de la insurrección, tal como lo explica su hermano Humberto en su libro La epopeya de la insurrección.
El 23 de abril de 2005 los asesores le informaron al presidente que el FSLN ya echó a andar la maquinaria para su pronta destitución, tal como lo explica el siguiente email, cuya parte conducente se copia aquí:
De: Horacio Rose
Enviado el: Viernes, 22 de Abril de 2005 06:32 p.m.
Para: Pedro Xavier Solís
CC: Frank Arana; Ernesto Leal; Mario De Franco
Pedro Xavier: Según informaciones que me dieron hace poco, se me confirma que terminando una reunión en la secretaria del Frente, se terminó de instruir el plan para derrocar al Gobierno a partir de la próxima semana. Entre las acciones previstas se encuentra una manifestación general posiblemente para el miércoles próximo, recrudecimiento de la huelga del transporte obligando a los que no quieren a pararse o destruirlos si salen a las calles. Parar el transporte interurbano o quemar los buses si no lo hacen. Células organizadas en diferentes puntos están listas para agredir a funcionarios ya identificados, en Managua y los departamentos.
Enfrentar las turbas en su terreno
Tres días después, el 25 de abril, la policía de seguridad personal le informó al presidente que se está organizando una marcha para el día siguiente, que saldrá de la UCA y que parece estar organizada por rectores de universidades estatales, el alcalde de Managua (Dionisio Marenco) y el agitador Gustavo Porras, con participación de estudiantes, transportistas, sindicatos de maestros, de salud, de la alcaldía y las usuales turbas de pandilleros armados de piedras y morteros, con la supuesta intención de protestar por las tarifas del transporte, por las alzas del petróleo, pero que la verdadera razón era intentar romper el cerco de la policía en la esquina de la Asamblea Nacional en la avenida Bolívar y marchar para irrumpir en Casa Presidencial y demandar un supuesto diálogo con el presidente. Si eso sucedía los antimotines tendrían que impedir el asalto e involuntariamente podía correr sangre.
Esa misma noche, en el seno de su familia el ingeniero Bolaños planeó lo que haría al día siguiente: en vez de quedarse esperando la agresión, debía salir a enfrentar la turba en la calle, enfrentar cara a cara a los organizadores para forzarlos a una negociación seria. Su esposa Lila T e hijos aprobaron el gesto de audacia, que debía ser hecho con absoluto sigilo, porque su seguridad y el éxito deseado dependían del factor sorpresa: desconcertarlos. Así fue. Convocó a sus ministros hasta el último momento. No fue sino hasta cuando estaban abordando sus vehículos en el sótano de Casa Presidencial que les dijo adónde irían y lo que estaba por hacer; que no tenían que acompañarlo, pero el que lo hiciera debía ir a 10 pasos atrás. El presidente los eximió de acompañarlo si así lo deseaban, pero todos lo acompañaron.
Media hora antes, doña Lila T entró al despacho del presidente a preguntarle si haría lo que habían planeado la noche anterior. Le contestó que sí. Ella le reafirmó su apoyo y su fe: “No te echés atrás, yo sé que Dios nos ayudará y vamos a salir bien” y bajó al salón chino donde invitó al personal de la presidencia a que llegaran a acompañarla a rezar. El personal estaba perplejo y algunos hasta pensaron que el presidente estaba por anunciar su renuncia.
El jefe de escoltas de ese día, comisionado Cano, lo supo hasta cuando estaba por abordar el vehículo que lo llevaría a la esquina del Teatro González, y se opuso aduciendo, como en efecto era cierto, que él era responsable de su seguridad, que ese era su trabajo, que no había hecho preparativos para protegerlo y que no podía permitirle tomar semejante riesgo. El presidente lo convenció de que tenía que ir y, a regañadientes, Cano no tuvo más remedio que ponerse un chaleco antibalas y se dirigió a los ministros para advertirles que en caso de emergencia debían apartarse para que él pudiera evacuar al presidente: “De otro modo los pasaré apartando como pueda”.
La sorpresiva presencia del presidente desarmado, acompañado diez pasos atrás por sus ministros, asustó y desorientó a los manifestantes, quienes escaparon en desbandada, pero los pandilleros que quedaron reaccionaron con violencia, lanzando insultos morterazos y pedradas. Sin embargo, cuando Bolaños llamó por su nombre a los organizadores: al rector Talavera, al estudiante Yasser Martínez, al alcalde Marenco y al diputado Porras para comenzar de inmediato el diálogo que pedían causó mayor desconcierto, dieron la vuelta y confundidos en la multitud que se desbandaba, abandonaron la calle.
El ataque de pedradas y morteros hizo que acudieran en socorro los policías antimotines que estaban apostados a una cuadra de distancia quienes ayudaron a proteger la retirada.
Veinte minutos después de su sorpresiva presencia demandando pláticas serias, las calles quedaron vacías, las quemas de llantas, buses y otros vehículos cesaron y solo hubo un herido más —no de gravedad— el hijo mayor de Bolaños quien recibió una pedrada en la cabeza, que lo dejó inconsciente hasta que ya casi había llegado en ambulancia al Hospital Militar, donde recibió tratamiento y puntadas en la herida.
La medida de Bolaños había sido muy osada, casi una locura, pero surtió efecto y su buen resultado fue incuestionable.
Más violaciones a los compromisos
De acuerdo a lo publicado por el doctor Adolfo León Gómez, miembro de la CCJ, en el punto 4 que aclara que las reformas constitucionales, aun estando vigentes, no pueden ser aplicadas, el poder Ejecutivo estaba cierto que tenía la legitimidad a su favor y, por tanto, rechazaba las reformas.
Después que los pactistas se recuperaron del fiasco de su plan que iniciaba con la fracasada marcha y protestas del 26 de abril, el 2 de junio de 2005 la Asamblea Nacional eligió a los miembros de la Superintendencia de Servicios Públicos y a cinco magistrados del Consejo Supremo Electoral, sin ninguna consulta con el Ejecutivo, tal como indicaba el Acuerdo del 12 de enero firmado en Casa Presidencial y ratificado en el Acuerdo del Diálogo del 19 de enero en la UNICA.
En los planes anticipados del presidente estaba que si la Asamblea se atrevía a nombrar a los funcionarios que antes de las supuestas reformas constitucionales correspondía hacer dichos nombramientos al presidente, entonces los desconocería y si necesario usaría a la Policía para no permitir a los nombrados que ingresaran a las instalaciones de las instituciones a tratar de ejercer sus supuestos cargos.
A las cinco de la tarde del 5 de junio de 2005 el presidente Bolaños en Consejo de Ministros emitió la resolución No. 001-2005 que en la parte resolutiva textualmente dice:
Primero: Hacer del conocimiento de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua que el Poder Ejecutivo […] reconoce como válida, vigente, aplicable, vinculante y de ineludible cumplimiento la Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia.
Segundo: Que en cumplimiento de dicha sentencia, la Policía Nacional continúe disponiendo de las fuerzas necesarias para resguardar las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).
Tercero: Garantizar, a través de la Policía Nacional, que se impida el acceso a las instalaciones de TELCOR y de INAA […] a cualquier persona que con apariencia de legalidad pretenda sustituir a los actuales funcionarios nombrados constitucionalmente por el Presidente de la República. (Véase Anexo 7).
El canciller Caldera influyó para que el 7 de junio 2005 la Asamblea General de la OEA decidiera enviar una delegación de alto nivel a Nicaragua, presidida por su secretario general José Miguel Insulza, con el propósito de contribuir a crear un clima de diálogo y mediar en el conflicto políticoinstitucional por el que atravesaba Nicaragua. Nueve días después —el 16— se recibió en el salón de gabinete a la delegación presidida por el secretario general Insulza, quien vino acompañado de los embajadores Alberto Borea (peruano, presidente del Consejo), Arístides Royo (panameño), y Paul Durand (canadiense). Visitaron a los principales actores políticos para advertirles que la OEA está vigilante de lo que sucede en Nicaragua e informar que enviará a un diplomático —el ex canciller argentino Dante Caputo— para que sirva de mediador entre las partes y se logre restaurar la tranquilidad en el país. El canciller Caputo arribó a Nicaragua el 26 de junio de 2005 y desde ese mismo día comenzó su tarea de mediador.
Marchas contra el Pacto y las reformas
A pesar de los estorbos provocados por las violentas fuerzas de choque del pacto, quienes regaban “danielitos” (grapas especiales para “ponchar” llantas de los vehículos), unas 100.000 personas marcharon desde la nueva catedral hasta la Asamblea Nacional en la primera marcha cívica convocada por la Red por Nicaragua, bajo la consigna “No al Pacto”, “No a las reformas constitucionales”, y a favor del establecimiento del Estado de Derecho.
Al día siguiente en Granada marcharon unas 30 mil personas contra los mismos blancos. También en Chinandega el 28 de agosto se produjo algo similar.
Comisión de desafuero del presidente y ministros
Por su importancia histórica y para dejar registro de los nombres de los ministros del gobierno de Bolaños afectados, y de los miembros de la Asamblea Nacional que integraron la Comisión dictaminadora del desafuero del presidente y de varios de sus ministros, se transcribe a continuación ese documento:
El 30 de junio de 2005, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, mediante Resolución JD-027-2005, acordó crear una Comisión Especial denominada “COMISION ESPECIAL DICTAMINADORA DE DESAFUERO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR SOLICITUD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” con el mandato de investigar y dictaminar sobre la solicitud de desafuero presentada. La Comisión fue integrada de la siguiente manera: MIRNA ROSALES AGULAR, Presidenta; IRIS MONTENEGRO, Primera Vicepresidenta; MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS, Primera Secretaria; ORLANDO TARDENCILLA, Segundo Secretario; NOEL PEREIRA MAJANO, Miembro. La Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, dirigió oficio a la Diputada Lilian Morales Tábora, poniéndola en conocimiento que en esa misma fecha, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional había acordado crear e integrar una “Comisión Especial Dictaminadora de Solicitud de Desaforación de los Funcionarios Públicos: Leonardo Somarriba González, Mario Salvo Horvilleur, Miguel Ángel García Gutiérrez, Carlos Arturo Harding Lacayo, Fausto Carcabelos Molina, Julio Vega Pasquier y Vilma Rosa León York, por solicitud Judicial por el Supuesto Delito Electoral en contra del Estado Nicaragüense”, siendo integrada la Comisión Especial por los Diputados Lilian Morales Tábora, Carlos Gadea, Nathán Sevilla, Alba Palacios Benavides y Alfredo Gómez Urcuyo. Con la misma comunicación se remitieron expedientes relacionados con el caso. Se designó Presidente de la Comisión a la Diputada Morales Tábora.
El 14 de julio del 2005, el presidente Bolaños, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Asamblea General de la OEA denunció que los caudillos del FSLN y el PLC intentan montar una dictadura desde el legislativo, que ya incluye el dominio del Poder Judicial, del Poder Electoral, de la Contraloría General, de la Fiscalía y pretenden ahora someter al Poder Ejecutivo. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo el presidente y acto seguido leyó la Exposición de Motivos de la presentación de las Reformas que el Pacto Alemán-Ortega sometió para su aprobación en la Asamblea Nacional y que reza: “La Asamblea Nacional queda como el único órgano legitimado como representante de la Nación y, por tanto, investido de superioridad jerárquica”.
Concluyó citando al poeta, dramaturgo, ensayista, y periodista, el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra cuando escribió:
El hombre no puede ni siquiera jugar en sociedad sin unas reglas del juego. Ningún conjunto de hombres puede jugar algo sin unas reglas. Y el juego es precisamente, cumplirlas. Se puede cambiar de juego, pero no se pueden cambiar las reglas a mitad del juego, porque deja de ser juego y se convierte en trampa.
El 9 de agosto, la comisión especial de la A.N. dictaminó favorable la solicitud de desafuero del presidente de la República y de los ministros de Estado Leonardo Somarriba González, Mario Salvo Horvilleur, Miguel Ángel García Gutiérrez, Carlos Arturo Harding Lacayo, Fausto Carcabelos Molina, Julio Vega Pasquier y Vilma Rosa León York, por solicitud judicial por el supuesto delito electoral en contra del Estado. Para el caso de Vilma Rosa León York, la comisión no solicitó su desafuero, ya que ella no ejercía cargo que le otorgara inmunidad.
La exposición hecha por el presidente Bolaños al Consejo Permanente de la Asamblea General de la OEA, en la sesión extraordinaria del 14 de julio, capturó la atención del Consejo para que emitiera una resolución posterior sobre el caso presentado. En el informe rendido a la OEA por el canciller Caputo, culpaba de la crisis al presidente Bolaños por ser “testarudo” y sobre esa base, los 10 países sudamericanos habían redactado una resolución que prácticamente daba la razón al Pacto Ortega-Alemán. Los sudamericanos intentaron imponer esa resolución por ser ellos diez copatrocinadores versus siete de la propuesta por el SICA, que apoyaba una resolución condenatoria de las acciones de la AN y de la CSJ, como violatorias de la Carta Democrática. Había que aclarar y convencer. El trabajo del equipo de la Cancillería del gobierno de Bolaños junto al del canciller Caldera y del vice-ministro Javier Williams Slate, logró convencer de la verdad a los países caribeños, demostrando las continuas violaciones de los pactista a los acuerdos firmados. Con los votos de México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y el SICA, se logró una mayoría absoluta de 24 a 10 a la que los sudamericanos también se unieron al consenso para no verse derrotados en una votación sin precedentes. Así se aprobó la resolución de la OEA que facilitó la solución de la crisis. El presidente Bolaños aisló internacionalmente a los pactistas al obtener el respaldo del SICA, de la OEA, del Pacto Andino, del Grupo de Río, de Estados Unidos y también de la Unión Europea.
Esta resolución lució similar a la XVII Reunión de Consulta de la OEA que fue un factor determinante en la caída de Somoza en 1979. Esta resolución causó inquietud en el Pacto y posiblemente hasta en el canciller Caputo, de manera que el 12 de septiembre (tres días después de la resolución de la OEA), Daniel Ortega solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, que suspendiera el desafuero contra el presidente Bolaños y sus funcionarios, con el fin de crear un ambiente propicio para reanudar el diálogo. Sin embargo, explicó que la “desaforación es un proceso y lo que se está acordando de manera unilateral [del FSLN] es suspender lo que se iba a debatir el día 13 de septiembre de 2005”.
No obstante, el mensaje de Ortega del día 12 pareció borrarlo el 28 de septiembre, cuando el plenario de la Asamblea Nacional aprobó privar de inmunidad a los ministros Fausto Carcabelos Molina, Miguel Ángel García, Leonardo Somarriba y Carlos Arturo Harding Lacayo y de inmediato el sistema judicial emitió una orden de retención migratoria contra ellos.
Al día siguiente, 29 de septiembre, los ministros Leonardo Somarriba González, Mario Salvo Horvilleur, Miguel Ángel García Gutiérrez, Carlos Arturo Harding Lacayo, Fausto Carcabelos Molina, Julio Vega Pasquier y Vilma Rosa León York, viajaron a Washington donde comparecieron ante la Secretaría Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La orden de retención migratoria llegó al aeropuerto al momento que ellos ya estaban sentados en sus asientos del avión. En un escrito bien documentado denunciaron la campaña de persecución política y violatoria de sus derechos humanos de parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el Poder Judicial, y solicitaron que se establecieran medidas cautelares a su favor, a fin de evitar daños irreparables.
Aparentemente Ortega quería un ambiente de paz debido al año electoral que estaba a la vuelta de la esquina y por ello, a través del canciller Dante Caputo le propuso al presidente Bolaños negociar un tratado marco de rango constitucional que brindara una tregua al suspender la aplicación de las reformas constitucionales para que fueran reconsideradas por el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Nacional que tomarían posesión a partir del año 2007.
El 10 de octubre el embajador Caputo llegó a Casa Presidencial en compañía de Daniel Ortega a discutir los términos de esta propuesta por la que la Asamblea Nacional aprobaría una Ley Marco10 (con rango constitucional como la aprobada por doña Violeta en 1995). Esta nueva Ley Marco interrumpiría la aplicación de las reformas, en todas sus formas, hasta el 20 de enero de 2007, dejando a las nuevas autoridades (al nuevo presidente y a los nuevos diputados que resulten electos en 2006, quienes tomarían posesión el 9 y 10 de enero de 2007) la facultad de aceptar o rechazar estas reformas antes de o hasta el 20 de enero de 2007.
El futuro de esa tentativa de instalar el sistema parlamentario o de los efectos de esas reformas no sería, pues, responsabilidad del presidente Bolaños. Él cumplió con su conciencia y resguardó los intereses de la patria.
El 10 de noviembre de 2005, el presidente ofreció en el Hotel Seminole una cena de despedida al canciller Dante Caputo, quien en sus palabras de agradecimiento textualmente dijo:
Yo quiero, si usted me permite señor presidente, primero brindar por usted, por permitirme su confianza, señor presidente, por su terquedad, porque si no hubiera sido así, no habríamos estado aquí, y como me voy mañana y no tengo retención migratoria, y me ha permitido decir esto, pero, presidente, había que aguantar, usted supo hacerlo. Permítame, no me corresponde decir a mí esas cosas, pero si las digo con respecto al caso es porque mantuvo el timón. (Véase Anexo 8).
Antes de diez días después de tomar posesión las nuevas autoridades nacionales (Ortega como presidente y los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, electos en 2006), aprobaron y publicaron en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 2007, la que llamaron Ley No. 610, Ley de Reforma a la Ley Marco No. 558.
En el artículo 1 de esta Ley 610 se establecía la suspensión de la aplicación de las Leyes Nos. 520 (Ley de Reforma a la Constitución de 2005), de la 511 (Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos – SISEP), de la 512 (Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural) y de la 539 (Ley de Seguridad Social.), hasta el 20 de enero de 2008.
En esencia, se suspendía la entrada en vigencia por un año más —hasta el 20 de enero de 2008— la tan porfiada reforma constitucional de 2005 y sus leyes derivadas, que tanto anhelaba el Pacto en el 2005, y tanto litigio, impugnación, amenazas y zozobras causó su aprobación al país.
La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia No. 1 de las ocho y treinta minutos de la mañana del diez de enero de 2008, con la puntualidad de un tren suizo, declaró con lugar el Recurso por inconstitucionalidad contra la Ley No. 558 (Ley Marco), y la declaró inaplicable. Asimismo, de oficio, la Corte Suprema de Justicia en esta misma sentencia declaró la inconstitucionalidad de las Leyes números 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos; 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; Ley 539, Ley de Seguridad Social; y Ley 610, Ley de Reforma a la Ley número 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País (la prórroga por un año del 2007 al 2008).
Todas estas leyes promulgadas por el Pacto Alemán-Ortega que ellos forzaron a capa y espada en 2005, fueron mandadas al olvido de la historia en una aceptación tácita que ninguna servía y que más bien dañaban la gobernabilidad del país. El fallo de la CCJ estaba, pues, en lo correcto y el presidente Bolaños tuvo razón en hacer una oposición tenaz —terca— acorde a los principios éticos inculcados desde niño por sus padres.
¿Se puede, pues, suponer que todo fue diseñado por el Pacto Alemán-Ortega solo contra el presidente Bolaños? Cuando cambió de mano el poder ejecutivo (pasó de Bolaños a Ortega), acto seguido esas reformas ya no sirven, son inconstitucionales.
¿Cómo hizo la CSJ para cambiar de opinión y fallar que estas leyes y sus derivadas son inconstitucionales? La Historia lo dirá y juzgará. Por de pronto, sin ningún rubor las circunstancias muestran al desnudo el abandono de magistrados y diputados a sus responsabilidades para con la patria. La responsabilidad de los daños causados por esta larga e intensa debacle también la cargan ellos, tal como decía don Pablo Antonio Cuadra, “no todo es culpa [obra] solo de los caudillos”.
1 El Nuevo Diario, Alemán en "El Chile" , 4 de diciembre de 2004
2 Bitácora y Ayuda Memoria de 8 de enero de 2005. En clic aqui
3 N del A - Amnistía, es palabra que viene del griego que significa amnesia, olvido. Es un acto jurídico que hace que personas declaradas culpables de delitos (detallados en la amnistía) sean declaradas jurídicamente inocentes. Indulto reconoce que el delito existió, no olvida que la persona sigue siendo culpable, pero se perdona el cumplimiento de la pena: se le levanta, pues, el castigo.
4 N del A - Para Bolaños era esencial porque eliminaba el monopolio de los partidos del Pacto en la repartición de cuotas de poder en la Suprema, la Contraloría, CSE…).
5 Mensaje a la nación sobre Acuerdo de Diálogo Nacional con Daniel Ortega, 12 de enero de 2005. Disponible en clic aqui
6 Ayudas Memoria (dos) del 13 de enero. Disponible es clic aqui
7 La Gaceta, Año CIX, No. 61, miércoles 30 de marzo de 2005, pp-2370 a 2384.
8 Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Sentencia No. 15 de 29 de marzo de 2005.
9 Monitoreo informativo de noticias de 11 de septiembre de 2005, Primera entrega, p.3. Disponible en clic aqui
10 N del A - Se aprobó y llegó a ser la Ley No. 558, La Gaceta No. 203 del 20 de octubre de 2005, popularizado con el nombre de “Ley Marco”.
« 17. El contra ataque del PLC
19. Rebelión contra el chile »

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 39
 artículo 22
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1