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Timestamp: 2019-09-20 19:19:09+00:00

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Acuerdo y Sentencia 1352/2007 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 1.352/07
"CHIRIFE LÓPEZ, MILVA TERESA S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS" RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA ABOG. R., S. C. DEFENSORA PÚBLICA DEL FUERO PENAL.
En Asunción del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil siete, estando en la Sala de Acuerdos de Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores Sindulfo Blanco.- Alicia Beatriz Pucheta de Correa.- Victor Manuel Núñez, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Chirife López, Milva Teresa s/ Lesión de confianza y otros" Recurso de Revisión interpuesto por la Abog. R., S. C. Defensora Pública del Fuero Penal.
1ª) ¿Es admisible para su estudio el recurso de revisión interpuesto?
1ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: En primer término corresponde realizar el examen de admisibilidad del recurso interpuesto, y en tal sentido, se advierte que los requisitos formales de interposición se hallan debidamente acreditados, a tenor de lo dispuesto en los arts. 481, 482 y 483 del CPP, conforme se expone a continuación:
a) Objeto impugnado: El fallo atacado constituye Acuerdo y Sentencia (Ac. y Sent. N° 5, de fecha 22 de mayo de 2003) con calidad de firme, vale decir, contra la misma no cabe recurso alguno, en los términos del art. 127 del CPP; b) Plazo: procede en todo tiempo; c) Sujeto Legitimado: la representante de la condenada, Defensora Pública, Abog. S. C. R., se halla debidamente legitimada a tenor de lo dispuesto en el art. 482, inc. 1) del citado cuerpo legal de forma; c) Forma de interposición: el planteamiento en estudio, reúne las condiciones de escrito fundado, conforme a las disposiciones del art. 483 del CPP.
En resumen: el recurso de revisión reúne las condiciones requeridas para declararlo admisible y, en consecuencia, procede entrar a analizar el fondo de la impugnación.
2ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: La Defensora Pública, Abog. S. R., en representación de la Sra. Milva Teresa Chirife López plantea Recurso Extraordinario de Revisión y en tal sentido, el argumento central de la revisión en estudio, está dado en que la condena impuesta a la misma deviene excesiva, y contrapuesta a otros fallos jurídicos, además de que el Juzgado de Liquidación y Sentencia, que dictó la condena, no se ha expedido en todos los numerales correspondientes a la determinación del quantum de la pena, art. 65 del CP, y además expuso: "de la lectura de la sentencia de primera instancia, la SD N° 70 del 12 de junio de 2002, el Juez Penal de Sentencia Abog. Carlos Alfredo Escobar Espínola, comprobó que la Sra. Milva Chirife López, cometió el delito de lesión de confianza establecido en el art. 102° del nuevo CP, no habiéndose comprobado los otros delitos acusados y querellados de fraude por computadora y estafa. En tal sentido de la lectura de la sentencia se puede colegir que cuando el a quo llega al punto de la pena, éste expresó: "...Que, en atención a la reprochabilidad de la misma, se debe analizar el art. 65 del CP vemos que la encausada tiene la capacidad de conocer lo que estaba haciendo, actuando con pleno conocimiento de que la conducta realizada constituía un hecho contra el patrimonio de las personas, y teniendo la responsabilidad de proteger el bien encomendado a ella, que se puede afirmar que la Sra. Milva Teresa Chirife López, a pesar de esta responsabilidad aceptada voluntariamente contra ella atentó hecho que ha sido debidamente comprobado en autos y no se ha podido justificar la conducta de la imputada, todo se produjo de una forma en que la conducta de la Sra. Milva Teresa Chirife causó un perjuicio patrimonial. Por otro lado no posee antecedentes, que con relación a su actitud frente al derecho se puede que la misma se encontraba a disposición de la justicia. Finalmente podemos decir que la conducta de la Sra. Milva Teresa Chirife posterior a la realización de los hechos no se ha dirigido a reparar el daño ni reconciliarse con las víctimas. A mérito de lo precedentemente expuesto corresponde imponer a la encausada Milva Chirife una pena dentro del marco anteriormente expresado. En consecuencia la pena a ser impuesta deberá ser de tres años de pena privativa de libertad... el a quo no desmenuzó puntualmente todos los siete (7) numerales del inc. 2° del art. 65° del CP, como correspondía hacerlo... Que, la defensa ha invocado como motivo legal para recurrir en revisión en nombre y representación de la condenada en lo establecido en el art. 481 num. 4) del CPP... al existir un precedente en la misma Corte Suprema de Justicia que produjo un cambio en la jurisprudencia de la CSJ que favorezca al condenado, hace surgir la posibilidad y la realidad de que corresponda aplicar una norma más favorable, pues en el concepto de norma jurídica que es el género se hallan incluidas todas sus especies: Ley, ordenanza, resolución y resoluciones judiciales, vale decir reglas jurisprudenciales como lo es el específico ejemplo del Acuerdo y Sentencia citado más arriba N° 351 del 6 de junio de 2006... por otro lado también la defensa alega que posterior a la condena se han sucedido hechos nuevos que pueden variar la apreciación fáctica y jurídica de las condiciones personales y económicas de la condenada Milva Teresa Chirife López, como ser la enfermedad de sus padres conforme a diagnóstico agregado; las condiciones en que vive la familia que podrá corroborarse con el estudio socio ambiental que se solicita sea diligenciado; estudio psicológico por ambos Psicólogos tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público... así planteado por mi parte, peticiono que previas las diligencias cuya producción se peticiona conforme al criterio de VV.EE... que la condena impuesta de tres (3) años de prisión privativa de libertad sea reducida a dos (2) años sujeta igualmente a suspensión de la ejecución de la condena...".
La revisionista se agravia contra el Acuerdo y Sentencia atacado, pues está dentro de los límites de competencia del Tribunal de Apelaciones establecidos conforme a la naturaleza del recurso de apelación especial resolvió declarar admisible el Recurso y confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia. La Fiscal Adjunta Abog. M. S. M., por Dictamen N° 1738 de fecha 19 de diciembre de 2006, contesta el traslado y entre otras cosas manifiesta: "...la participación en grado de autoría de la Sra. Milva Teresa Chirife, en la Lesión de Confianza, fue fehacientemente probada, ocasión en que los juzgadores valoraron y examinaron los elementos probatorios conforme las normas legales aplicables. Todo ello quedó plasmado en la sentencia condenatoria, donde fue aplicada para la misma, la pena de tres años de pena privativa de libertad, pena que fue confirmada por el Ac. y Sent. N° 70 de fecha 12 de julio de 2002. Por lo que es posible concluir sin temor a equívocos, que todos los cuestionamientos formulados por el revisionista, no revisten la entidad ni la seriedad necesaria para modificar la referida sentencia. Por tanto, sobre la base del análisis efectuado, esta Representación Pública Fiscal, solicita a la Excelentísima Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tener por contestado el traslado corrido al Ministerio Público y no hacer lugar al Recurso planteado, por improcedente...".
El motivo de revisión invocado por la impugnante, es el incurso en el art. 481, incs. 4° y 5° del CPP, que dispone: "La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes: (...) 4) cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de pruebas que solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió que el hecho no es punible o corresponde aplicar una Ley más favorable. 5) cuando corresponda aplicar una Ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado (...).
Previo al estudio del fondo de la cuestión, resulta oportuno traer a colación lo que señala el ilustre jurista alemán, Claus Roxin, en su obra Derecho Procesal Penal (p. 492), acerca del instituto de la revisión: "Importancia. La revisión del procedimiento sirve para la eliminación de errores judiciales frente a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. En la exposición sobre la cosa juzgada material se ha mostrado que la paz jurídica sólo puede ser mantenida, si los principios contrapuestos de seguridad jurídica y justicia son conducidos a una relación de equilibrio. El procedimiento de revisión representa el caso más importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta. Su idea rectora reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos posteriormente muestren que la sentencia es manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la idea justicia".
Es decir, según el motivo aducido -los hechos nuevos o elementos de pruebas recientes- deben producirse con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia, a fin de que sirvan de fundamento para provocar la revisión de la causa, o por lo menos debió ser desconocido por el Juzgador al momento de dictar sentencia. Por ello, cuando el recurso prevé la admisión de pruebas nuevas, las mismas se refieren a aquellas cuyo valor podrían modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado.
La doctrina mayoritaria sostiene que la expresión "nuevo hecho" o "elementos de pruebas" no se refiere a dos cuestiones distintas, ya que los nuevos hechos deben ser acreditados a través de elementos de prueba, y estos últimos no pueden hacer sino referencia a hechos; que puede suceder que los hechos no sean nuevos por haber sido alegados en el proceso, pero que los elementos de prueba sí lo sean. En el caso de que el procesado hubiese conocido el hecho o elemento probatorio durante el proceso que se le siguió, no obstante lo cual no alegó dicho hecho o no propuso que se recibiese la prueba, ello no le quita la novedad al hecho o elemento de prueba. El requisito de la evidencia implica que el Juzgador llegue a la convicción de que el hecho no existió, no fue cometido por el imputado o encuadra en una norma más favorable. No podría así tratarse de combatir la prueba que dio base a la condena para llegar a la existencia de una ausencia de prueba que dio base a la condena y solicitar con base en ello la aplicación del "in dubio pro reo". (El Recurso de Revisión, p. 157, Manzini – Proceso Penal Comentado, ps. 802/803, Javier Lloret Rodríguez).
El derecho Penal intenta asegurar una convivencia social pacífica y armónica, resguardando coactivamente aquellos bienes jurídicos más preciados por la sociedad, individual o colectivamente. Por ello, sólo cuando cualquiera de esos bienes jurídicos tutelados se ve lesionado o en peligro efectivo de serlo, es aplicable la sanción penal, originada por el resquebrajamiento del orden jurídico normativo, causado a su vez por la comisión de un hecho punible. Esta función del derecho Penal es la realización de otros principios doctrinarios modernos, partidarios de la "mínima intervención penal", como expresión de la "ultima ratio" del Derecho Penal, entendida como la necesidad de que tanto el Derecho Penal, como la pena, sean aplicables sólo cuando no exista otra forma jurídica de solución del conflicto original.
Puntualmente la revisión en estudio hace alusión al caso en que se aportan elementos nuevos a los efectos de demostrar la errónea aplicación del derecho, y la mala apreciación de las pruebas tenidas como fundamento de la imposición de una condena.
De una lectura de la resolución atacada, se desprende que el Tribunal de Apelaciones no ha valorado o discutido la aplicación del derecho, pasando a explicar simplemente a exponer que: "...Así mismo comparto el criterio del a quo en el sentido de la calificación y pena impuesta por él, por estar ajustada a Derecho..." sin exponer argumento jurídico de ello, lo que indefectiblemente nos lleva a la Sentencia de Primera Instancia que al respecto de la imposición de la pena argumenta: "en atención a la reprochabilidad de la misma, se debe analizar el art. 65 del CP, vemos que el encausado tiene la capacidad de conocer lo que estaba haciendo, actuando con pleno conocimiento que la conducta realizada constituía un hecho contra el patrimonio de las personas, y teniendo la responsabilidad de proteger el bien encomendado a ella, que se puede afirmar la Sra. Milva Teresa Chirife, a pesar de esta responsabilidad aceptada voluntariamente contra ella atentó hecho este ha sido debidamente comprobado en autos y no se ha podido justificar la conducta de la imputada, todo esto se produjo de una forma en que la conducta de la Sra. Milva Teresa Chirife causó un perjuicio patrimonial. Por otro lado no posee antecedentes, que con relación a su actitud frente al derecho se puede que la misma se encontraba a disposición de la justicia. Finalmente podemos decir que la conducta de la Sra. Milva Teresa Chirife posterior a la realización de los hechos no se ha dirigido a reparar el daño ni reconciliarse con las víctimas. A mérito de lo precedentemente expuesto corresponde imponer a la encausada Milva Chirife una pena dentro del marco anteriormente expresado. En consecuencia la pena a ser impuesta deberá ser de tres años de pena privativa de libertad..." (sic).
De la sentencia y parte trascripta se desprende que el Tribunal de Mérito no ha justificado efectivamente la aplicación de la pena privativa de libertad de 3 años de conformidad al art. 65 del CP.
Las pruebas diligenciadas a mérito de la presente revisión se constata claramente que la Sra. Chirife tiene un ambiente optimo para su reencausamiento en la sociedad, fin último de la imposición de sanciones en el derecho penal, sus padres y hermanos conforman un círculo de valores en los cuales la misma desenvolvió la personalidad reflejada en los informes agregados a autos, por lo que se desprende que no tiene desarrollo psíquico retardado, ni perturbación de la conciencia, ni signos o síntomas de transtornos mentales, conoce la antijuridicidad y gravedad del hecho por el cual fue sometida ante la justicia, además de los informes se desprende que la misma es lo que se conoce como "hijo soporte", pues al ingreso de la misma al penal de mujeres, es decir ante la falta de trabajo y aporte monetario de la misma, su hermano menor, debió abandonar los estudios universitarios para convertirse en sostén familiar, ya que los padres son personas mayores, y ya con patologías propias de la edad.
Si bien es cierto que esta situación no justifica la comisión de un hecho punible, si determina la valoración del quantum de la pena, pues como se expuso, el fin último de la intervención del Estado a través del Derecho Penal, es la protección de la sociedad y la reinserción de los condenados a la misma. Ambas posturas se centran en la personalidad misma del encausado, y se concreta en la posibilidad de desenvolvimiento en la sociedad constituida, y en el seno familiar.
Ahora bien, en cuanto a las pruebas ofrecidas por el revisionista, el art. 483 última parte del CPP dispone: "...Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se agregarán las documentales", en consonancia con el art. 484 del mismo cuerpo legal que establece: "La Sala Penal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia". En este sentido, el derecho a la prueba tiene una estrecha relación con el derecho al proceso debido, ya que está consagrado como derecho del encausado "que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas". Pero así también, cabe mencionar que el derecho a la prueba no es un derecho incondicional y absoluto, sino modulado por la pertinencia y la necesidad. Es así que la pertinencia de las pruebas se refiere a la relación que las mismas guardan con lo que es objeto del juicio; esto es, con el thema decidendi. Por tal razón, no está impedido el Juzgador -en uso de su libertad razonable- a negarse a admitir un medio de prueba propuesto por el encausado, sin que por ello y sin más se lesione su derecho constitucional, ya que el magistrado no está obligado a admitir todas las pruebas que cada parte entienda pertinentes a su defensa, sino las que el juzgador valore libremente de manera razonada.
Atendiendo a los fundamentos del revisionista y estos extremos nuevos alegados, se han adjuntado los informes diligenciados de los que se desprende que: 1) la condenada ha desempeñado un buen comportamiento en el instituto de reclusión, 2) los diagnósticos médicos de los padres de la misma, que demuestran la necesidad de tratamientos médicos y la imposibilidad de los mismos de continuar con tareas laborales normales; 3) el informe de trabajo, que determina la voluntad de reinserción a la sociedad, éstos y los principios garantistas consagrados en la determinación de la imposición de una pena, hacen que quede patentada la falta de fundamentación del Tribunal de Mérito con respecto a ese análisis.
No se ha detenido en el enfoque dispuesto por el ordenamiento penal sobre la determinación del quantum de la pena dispuesto en el art. 65 del CP, pues no se han considerado los presupuestos favorables a la condenada, determinándose claramente la excesiva sanción impuesta, tanto por el Tribunal de Mérito así como, el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de la Segunda Sala.
En el análisis realizado por el Juez de Primera Instancia, se determina que se han incluido presupuestos del hecho punible, cuando este proceso es entendido como el medio por el cual la pena abstractamente determinada por la Ley se adecua al delito, pero los elementos del tipo penal no pueden valorarse como agravatorios o atenuadores puesto que ya fueron tomados en cuenta por el legislador en la elaboración del marco punitivo, conocido como prohibición de la doble valoración de los elementos fácticos.
En ambas resoluciones se evidencian un exceso en las pautas temporales de aplicación del quantum de la condena en relación al ilícito perpetrado, lo que indudablemente constituye un quiebre del principio de proporcionalidad, en atención al precepto constitucional contenido en el art. 20 de la CN, el cual guarda estrecha relación con el objeto y los fines de la pena. En el caso sub-examen el recurso intentado está orientado a demostrar que la sanción aplicada no es la correcta y sugiere su modificación basado en la errónea determinación del quantum de la pena, pues sobre la condenada pesa una desproporcionalidad con respecto a la violación del bien jurídico protegido y la pena impuesta, además en el presente caso, para continuar con el fin último que exige la norma infringida, la resocialización de la condenada, es el mejor medio de reordenamiento de la paz social.
En tal sentido, al realizar el Tribunal de Mérito el estudio sobre el art. 65 del CP -medición de la pena-, no ha tomado en cuenta el efecto de la pena para una persona que no reviste en sí las características de un delincuente que pueda ser considerado de extrema peligrosidad para la sociedad, además de las consecuencias que acarrearían la reclusión en un establecimiento penitenciario de una persona adulta, que bien puede readaptar su conducta bajo un régimen de libertad asistida, como tampoco ha sopesado ni considerado las circunstancias en que se sucedieron los hechos que dieron origen al ilícito (agresiones mutuas). Por ello, entiendo justo y adecuado a derecho reducir la pena privativa de libertad impuesta a la condenada María Teresa Chirife a dos años de penitenciaría, con el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, y las obligaciones a ser impuestas por el Juzgado de Ejecución de la Circunscripción judicial respectiva, fundamentalmente porque el exceso punitivo, no constituye aspiración de equidad y de ecuanimidad; y las circunstancias antes señaladas conjugan elementos favorables muy especiales en la presente causa, los que configuran un grado de reproche reducido, obviamente todo ello sin modificarse el criterio sustentado por el juzgador en relación a los elementos constitutivos del hecho punible acreditado en autos.
Desde luego, esta modificación que estimo corresponde de acuerdo a lo previsto en el art. 475 del CPP, aplicable al caso por disposición del art. 484 del mismo cuerpo legal, y que, desde luego, no afecta la prohibición del art. 486 de la misma norma procesal, debido a que no constituye una nueva apreciación de los hechos que sirvieron de sustento a la sentencia, sino la aplicación correcta y justa de la Ley de Fondo, circunstancia ésta que al encontrarse expresamente estipulada en la normativa procedimental conlleva a la viabilidad del recurso de revisión planteado.
En fin, por todo cuanto precede, las disposiciones legales citadas y, fundamentalmente, porque nadie puede ser privado de su libertad sino "en las condiciones fijadas" por la Constitución y las Leyes (Art. 11 CN), es mi opinión, que el recurso de revisión planteado debe ser favorablemente acogido, rectificando la pena impuesta a la condenada recurrente, dejándola establecida en dos (2) años de pena privativa de libertad, y de conformidad al art. 44 del CP, declarar la suspensión de la ejecución de la condena, ordenando que el Juzgado de Ejecución competente fije las Obligaciones y Reglas de conducta a favor de la Sra. Milva Teresa Chirife. Es mi voto.
La Dra. Pucheta de Correa manifestó: A la primera cuestión planteada, se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.
La Dra. Pucheta de Correa manifestó: A la segunda cuestión planteada: Luego de un exhaustivo análisis de los autos traídos a despacho y a la vista del razonamiento discernido por el ilustre Ministro preopinante en los términos del voto que expide, me permito disentir de la evaluación jurídica que esboza para proyectar el desenlace jurisdiccional que propone; esto es reducir la sanción penal de tres (3) años de pena privativa de libertad impuesta a la condenada Milva Teresa Chirife López, a dos (2) años de igual sanción penal.
En ese contexto se percibe que el recurso extraordinario de revisión esta fundado en la prescripción legal consagrada en el art. 481, num. 4 y 5 del CPP, que dispone: "cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de pruebas que solo o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable..." y "...cuando corresponda aplicar una Ley más benigna, o una amnistía o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorece al condenado".
La revisionista, en el contexto de la argumentación que suscribe en el escrito forense promocional, luego de recapitular sobre los pormenores jurídicos que precedieron a los sendos fallos condenatorios que conmovieron a la presunción de inocencia de su representada y amparada en las casuísticas revisoras señaladas, alega en lo medular, puntualmente todos los ítems del art. 65 del CP (Bases de la Medición de la Pena), sin considerar -en ese contexto- circunstancias favorables a la condenada, requiriendo la rectificación de tales omisiones, extremo que vincula con la aplicación de una norma más favorable. A su vez, alega como hechos nuevos, la enfermedad de sus padres, condiciones de vida de su familia, estudio socio-ambiental, psicológico, entre otros.
Por otra parte, la primera causal alegada concatenada con la segunda y en ese marco trae a colación -como acreditación de la existencia de un cambio jurisprudencial a favor del reo- el Ac. y Sent. N° 351 de fecha 6 de junio de 2006, recaído en los autos caratulados: "Recurso de Revisión interpuesto por los Abogs. C. A. L. y J. O. A. en la causa: Emigdio Ramón Duré s/ Lesión de Confianza", dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la resolución de recursos de revisión y por el que -según refiere- se ha reducido el monto de la pena aplicada originariamente a dos años y dos meses. Precisamente, como propuesta de solución, requiere la reducción de la pena de tres (3) años que se le ha impuesto a dos (2) años de pena privativa de libertad.
Enfocado el análisis desde la primera perspectiva, se percibe que se intenta la revisión mediante el reanálisis de la norma legal (Art. 65 del CP) aplicada en función a los hechos acreditados en el proceso de individualización de la sanción penal impuesta, lo que en esencia, se traduce en una pretendida revaloración de elementos normativos que son extraños al recurso de revisión que opera sobre hechos y no sobre cuestiones de derecho. Por lo demás, la norma más favorable a la cual alude la causal invocada presupone una que es posterior a la aplicada y no la misma con un alcance distinto. En lo que hace a los hechos nuevos ofrecidos y aún diligenciados, no guardan relación con el hecho punible por el cual ha sido condenada, por lo tanto, no puede tener ninguna gravitación sobre la dosimetría penal aplicada. Así se explica que la vía recursiva procurada se sustenta sobre cuestiones no captadas por el enunciado normativo que subyace en la casuística argüida como fundamento ya que en ella no encaja la reevaluación de cuestiones jurídicas, ni reconoce como hechos nuevos a acontecimientos exógenos al hecho punible llevado a juicio que culminó con la sentencia condenatoria y pasada en autoridad de cosa juzgada.
Desde la segunda perspectiva y en lo tocante al cambio de jurisprudencia más benigna invocada, cabe observar que el alcance de la instalada en la causal aducida, es entendida en la aceptación concreta de su regulación, la forma concordante en que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en oportunidad de resolver casos similares, creando así un conjunto de fallos contestes y uniformes que determinan la creación de normas o reglas que, como expresión de valoraciones vigentes, son utilizadas por los magistrados como justificación del carácter jurídicamente objetivo que revisten sus fallos y que se sitúan en la conciencia de la comunidad jurídica constituyéndose en fuente del derecho.
A ese conjunto de fallos coincidentes sobre la interpretación de la Ley penal -doctrinariamente conocida como jurisprudencia normativa- es que el legislador penal le reconoce idoneidad motivacional para respaldar el recurso revisivo reclamando su aplicación personalizada en el caso concreto a quien se encuentra en igual circunstancia de aquel a quien se prodigó la interpretación creadora de la jurisprudencia y en la medida que le resulte favorable.
Según se colige de la tipicidad procesal con los que se estructura sus elementos configurativos están determinados por: a) la existencia de una sentencia condenatoria firme que opera como condición genérica de todo recurso de revisión, cualquiera sea el motivo; b) un cambio jurisprudencial, sobre la materia revisada en grado de similitud, generada por la Corte Suprema de Justicia y posterior a la sentencia condenatoria recaída, excluyéndose la emanada de un órgano jurisdiccional distinto y c) que dicha jurisprudencia favorezca al condenado. Estos últimos son condiciones específicas. De no darse cualquiera de los ingredientes jurídicos que integran la referida casuística en los términos reseñados se impone el rechazo, por improcedente, el recurso interpuesto.
En hipótesis contraria, es decir de darse tal casuística es factible hacer ceder la autoridad de la cosa juzgada y no precisamente -como ocurre para la generalidad de las causales- para subsanar los graves y evidentes errores que puedan haberse producido en el juicio penal, sino que por la benevolencia que entraña para el condenado la aparición de una jurisprudencia (extra – actividad jurisprudencial) que lo favorece, permea la intangibilidad de la cosa juzgada que, si bien está sustentada en una verdad formal, cede y es sustituida por la auténtica y plena verdad material que anida en el advenimiento de los fallos jurisprudenciales que favorecen al condenado, en tanto que por aplicación de una jurisprudencia más benigna no se quiere al interesado la situación más benévola dentro de un sistema represivo total, principalmente en el contexto de la Ley penal interpretada en forma más beneficiosa, lo que exige el ajuste de la materia sometida a revisión a los alcances exegéticos que subyacen en ella".
Tal es el alcance interpretativo que sobre tal casuística está siendo elaborado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que exige por un elemental principio de coherencia y firmeza interpretativa, que ante idéntica motivación se sostenga similar expresión exegetita, puesto que la fenomenología jurídica que entraña, conforme a derecho, no tienen por qué variar por el mero hecho de que exista un sujeto procesal distinto que lo invoque en su favor.
Expuestos los lineamientos que anteceden, ante todo debo dejar en claro que en el fallo invocado por la revisionista (Ac. y Sent. N° 351 de fecha 6 de junio de 2006), he sostenido una ponencia opuesta (disidencia) a la postura jurídica asumida por mis colegas, lo que permite afirmar que el beneficio revisivo que se pretende extraer de tal fallo no es producto del razonamiento jurídico contenido en el voto (minoritario) que he emitido al tiempo de haberlo dictado, y por ende la inteligencia interpretativa que he plasmado en él no esta comprometida en la resolución invocada como jurisprudencia.
Formulada la salvedad y entrando en materia, al cotejar los argumentos esgrimidos por la recurrente en función a la casuística en que apuntala su pretensión, se advierte, prima facie, que la misma no enlaza con el presupuesto normativo subyacente en su regulación específica, puesto que el mentado fallo -a título de jurisprudencia más benigna- no es tal, en tanto y en cuanto no satisface la exigencia de constituir conjunto de fallos firmes, contestes y uniformes emanados de la Corte Suprema de Justicia en la resolución de casos similares.
Lo referenciado precedentemente, por una parte, es demostrativo que el fallo invocado a lo sumo pueden gozar de la consideración de precedentes judiciales, sirviendo únicamente como apoyo a una determinada tesis sostenida en juicio, pero no del rango de jurisprudencia a la que alude la norma en examen que siempre presupone la existencia de fallos que reconocen continuidad y uniformidad resolutiva sobre una misma cuestión y en las que se aplican, invariablemente, criterios semejantes, generándose la jurisprudencia normativa que constituye la esencia de la casuística revisora.
Por otra parte, la impugnante se limitó a reproducir el contenido del fallo en el que respalda su tesis recursiva, sin haber realizado una tarea comparativa entre el fallo sometido a revisión y el fallo aducido, confrontación de la que debe surgir nítidamente demostrado qué situaciones y qué cuestiones análogas fueron resueltas en sentidos diferentes, en qué consistió la variación y en qué medida lo beneficiaba, exigencias que son consustanciales a una adecuada fundamentación del recurso extraordinario que se postula.
Por lo demás, sin ánimo de exhaustividad y al solo efecto de abundar en consideraciones sobre la inconsistencia de la línea argumentativa argüida por el revisionista, difícilmente pueda existir incompatibilidad entre la sanción penal impuesta en una causa con la fijada en otras para requerir una menor dosificación punitiva, puesto que las causas penales, no presupone ni conduce necesariamente hacia una inalterable simetría punitiva, toda vez que en el proceso de individualización de la sanción penal convergen una serie de parámetros mensuradores (art. 65 del CP) de naturaleza objetiva y subjetiva que se aplican según sean captadas en el marco de la entidad y las particularidades que, en cada caso, asume el hecho punible dentro del sistema punitivo, construyéndose la escala sancionatoria específica atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes que emergen del autor, del derecho de la víctima y de la sociedad en que la conducta punible se concreta y siempre dentro de los límites -mínimo y máximo- que por el tipo penal reconoce. Por consiguiente, es una cuestión que imposibilita su encasillamiento dentro de una línea jurisprudencial uniforme e invariable.
Lo aseverado precedentemente está avalado por la calificada doctrina que afirma: "...límite clásico del recurso: el remedio no puede utilizarse para provocar una modificación en la determinación judicial de la pena manteniendo a su vez la subsunción del caso en la misma norma que reguló la materia". (Los Recursos en el Procedimiento Penal. Compiladores: Julio B. Mayer, Alberto Bovino y Fernando Díaz Cantón. Editores del Puerto S. R. L., Bs. As., Argentina, 2004).
Esta Sala Penal, dentro de un contexto general, ha sostenido de manera constante e invariable el criterio sustentado en el párrafo que antecede y volcado, entre otros, en el Ac. y Sent. N° 113 de fecha 15 de marzo de 2005, dictado en los autos caratulados: "Juan Pablo Verdun Cabañas s/ Homicidio doloso"; el Ac. y Sent. N° 38 de fecha 26 de febrero de 2005, recaído en los autos caratulados: "César Ramón Colmán Galeano s/ Abuso sexual en niños" y el Ac. y Sent. N° 426 de fecha 6 de junio de 2007, dictado en el expediente: "Recurso de Revisión interpuesto por el Defensor Público Abog. C. F. C. en los autos caratulados: Martina Cabañas Báez s/ Homicidio Doloso".
En particular, ante recursos de revisiones en los que se proponía la reducción de la pena por análogos argumentos, he postulado mi voto disidente y consecuente con la postura que asumo en este caso, tal como puede visualizarse en el Ac. y Sent. N° 920 de fecha 17 de octubre de 2005, dictado en los autos caratulados: "Recurso de Revisión interpuesto por el Abog. J. O. M. V. en la causa: Oscar Javier Romero y otros s/ Supuesto Abigeato en Triminad – Km. 24" (sic) y en el Ac. y Sent. N° 921 de fecha 17 de octubre de 2005, recaído en el expediente "Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. Nicolás Bonussi Jiménez en la causa s/ Supuesto hecho punible contra la vida en Villeta".
Por todo ello, discrepo en la reducción de la sanción penal impuesta a la condenada Milva Teresa Chirife López y sugerida por el emisor primario del voto. En tal sentido, no comparto el argumento expuesto para comprimir o reducir la pena privativa de libertad, de tres años a dos años, fundado en exceso de pautas temporales de aplicación del quantum de la condena en relación al ilícito perpetrado, lo que constituye un quiebre del principio de proporcionalidad, en atención al precepto constitucional contenido en el art. 20 CN, el cual guarda relación con el objeto y los fines de la pena.
En conclusión, conforme a las consideraciones vertidas y al no configurarse las causales impetradas en los términos del art. 481 incs. 4 y 5 del CPP, ni corresponder la reducción de la sanción penal impuesta a la condenada Milva Teresa Chirife López, soy del criterio de no hacer lugar al recurso de revisión interpuesto, quedando incólume, en todos sus términos, las sucesivas Sentencias condenatorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 489 del CPP. Voto en el sentido expuesto.
El Dr. Núñez manifestó: Adherirse al voto del Ministro Preopinante, por sus mismos fundamentos.
SENTENCIA Nº 1352
Asunción, 7 de diciembre de 2.007
1.- DECLARAR ADMISIBLE, para su estudio el presente Recurso de Revisión.
2.-HACER LUGAR, al recurso de revisión interpuesto por la Abog. S. C. R., Defensora Pública del Fuero Penal, en representación de la Sra. Milva Teresa Chirife López, contra la SD N° 70 de fecha 12 de julio de 2002, dictada por el Juez de Liquidación y Sentencia N° 3, a cargo del Juez Carlos Escobar, y contra el Ac. y Sent. N° 53 de fecha 22 de mayo de 2003 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de la Segunda Sala, de la Capital. Rectificar la sanción impuesta a Milva Teresa Chirife López, estableciéndola en dos (2) años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la condena, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente sentencia.
3.-REMITIR, estos autos al Juzgado de Ejecución competente a los efectos de aplicar las Obligaciones y Reglas de conducta a favor de la Sra. Milva Teresa Chirife López.
Victor Manuel Núñez.-

References: resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución