Source: https://vlexvenezuela.com/vid/josmary-gutia-rrez-ricci-galloni-pez-451226918
Timestamp: 2020-05-25 17:26:40+00:00

Document:
Sentencia nº RC.000444 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 30 de Julio de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 451226918
Número de Expediente: 13-056
Exp. 2013-000056
En el juicio por cobro de honorarios profesionales, incoado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, por los ciudadanos abogados JOSMARY GUTIÉRREZ y R.G.G., contra la ciudadana C.A.G.H., representada por el abogado J.G.A.F., en su carácter de defensor ad litem designado; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 3 de diciembre de 2012, dictó sentencia mediante la cual declaró lo siguiente:
…DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR: La apelación interpuesta por el Abogado (sic) J.G.A.F., (…) en su condición de Defensor (sic) Judicial (sic) designado de la Ciudadana (sic) C.A.G., titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) Nº V-2.663.389, contra la Sentencia (sic) Definitiva (sic) dictada en el presente asunto en fecha 17 de Enero (sic) de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de este Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR: La demanda que por Intimación (sic) de Honorarios (sic) Profesionales, (sic) incoaran los Abogados (sic) Josmary Gutiérrez y R.G.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.282 y 6.209, respectivamente, contra la Ciudadana (sic) C.A.G., titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) Nº V- 2.663.389. Quedando así establecido el derecho de los Abogados (sic) demandantes al cobro de sus honorarios profesionales a la Ciudadana (sic) C.A.G., titular de la Cédula (sic) de Identidad Nº V- 2.663.389, parte demandada en el presente asunto; cuyo monto de dichos honorarios se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados. Así se decide. Se confirma la sentencia recurrida pero con modificación en sus parte (sic) motiva y dispositiva.
Contra la antes citada sentencia, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y formalizado ante el juzgado superior de manera oportuna, de conformidad con lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. No hubo impugnación.
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción por parte de la recurrida de los artículos 15, 78, 206, 208 y 212 eiusdem, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso e indefensión.
En tal sentido señala el formalizante lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio el quebrantamiento de una forma sustancial de un acto procesal que menoscaba el derecho a la defensa por violación del encabezamiento del artículo 78 del mismo código, y de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem.
Ciudadanos Magistrados, la recurrida expresa que en la demanda presentada los actores realizaron una petición de honorarios profesionales de abogados y luego, mediante diligencia de fecha 26 de octubre de 2010 los actores reformaron la demanda, agregando una petición de cobro de gastos. En efecto, en su parte narrativa se lee lo siguiente:
Luego, la recurrida expresa que la parte demandada alegó como defensa la inepta acumulación de pretensiones, ya que los actores pretenden en un mismo procedimiento cobrar honorarios profesionales y gastos del proceso. En efecto, en su parte narrativa se lee:
Al referirse a la decisión del Tribunal de Primera Instancia la recurrida expresa que dicho Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda, declarando procedente la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judicial. En la recurrida se lee:
Después, la recurrida señala que la pretensión de cobro de gastos judiciales no se encuadra con lo establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil y decide que dicho cobro no es procedente. En efecto, en la recurrida se lee lo siguiente:
Finalmente, la recurrida declara sin lugar la apelación de la demandada y declara parcialmente con lugar la demanda determinando procedente la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales, leyéndose en su dispositiva:
Por lo tanto, señores magistrados en el presente procedimiento los demandantes incoaron conjuntamente dos pretensiones:
a) la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales en su carácter de abogados; y
b) la pretensión de cobrar gastos.
La parte demandada contestó la demanda interponiendo la defensa de inepta acumulación de pretensiones prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, ya que dichas pretensiones tienen procedimientos incompatibles; y la recurrida concluyó decidiendo la improcedencia de la pretensión de cobrar gastos y la procedencia de la pretensión de cobrar honorarios profesionales, cuando lo correcto jurídicamente era haber repuesto la causa y declarar la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones.
1.- Explicación del quebrantamiento de la forma sustancial del acto procesal.
Pues bien, ciudadanos magistrados, al haberse admitido y sustanciado el presente procedimiento con dos pretensiones que tienen procedimientos incompatibles se produjo un vicio in procedendo, quebrantándose una forma sustancial que menoscabó el derecho de defensa de la parte demandada, pues la actividad procesal correcta debió haber sido la de haber declarado la inadmisibilidad de la demanda para evitar que la parte demandada enfrentase a la vez dos pretensiones que tienen procedimientos distintos.
En efecto, la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales de abogados tiene un procedimiento judicial especial establecido en la Ley de Abogados; y la pretensión de cobrar los costos del proceso (que no sean lo honorarios profesionales de abogados), llamados por la jurisprudencia “gastos judiciales”, como son los gastos por pago de honorarios de los expertos, también tiene un procedimiento especial para su cobro, los cuales deben ser objeto de tasación por el Secretario dentro del proceso, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Arancel Judicial; y la pretensión de reembolso de los gastos efectuados por los abogados en interés de sus representados también tiene un procedimiento para su reclamo, el cual es el procedimiento ordinario o el procedimiento breve, según la cuantía de lo reclamado.
Entonces, son varias pretensiones distintas y que tienen procedimientos también distintos:
- Cobro de honorarios profesionales de abogados
- Cobro de los gastos judiciales por concepto de honorarios profesionales de expertos no abogados.
- Reembolso de los gastos hechos por los propios abogados a favor de su cliente.
Por esto, la doctrina y la jurisprudencia enseñan que las costas engloban tanto a los honorarios de los abogados como los gastos judiciales, y que dichas pretensiones se cobran por procedimientos distintos. En efecto, este criterio esta sostenido, entre otras en las siguientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia:
Sentencia número 00722 (sic) de fecha 27 de mayo de 2009 de la Sala Político Administrativa, caso: Y. del V. Aponte vs Electricidad de Oriente, C.A. (ELEORIENTE);
Sentencia número 1.582 del 21 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional, caso: J.N.A. y H.D.C.; y
Sentencia número 2361 del año 2002 de la Sala Constitucional.
Por ende, hacer estas peticiones conjuntamente en la misma demanda configura el vicio procesal denominado inepta acumulación de pretensiones prohibido en el encabezamiento del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
En el presente caso, en la primitiva demanda los actores realizaron una petición de honorarios profesionales de abogados, y luego mediante diligencia de fecha 26 de octubre de 2010 los actores reformaron la demanda, agregando una petición de gastos (como se expresa en la recurrida).
Por lo tanto, los demandantes tienen dos pretensiones en el presente procedimiento:
b) La pretensión de cobrar gastos (sobre estos últimos gastos los actores no expresan el tipo o clase de gastos).
Por ende, los demandantes incurrieron en inepta acumulación de pretensiones, al incluir en el mismo libelo peticiones que se sustancian en procedimientos distintos e incompatibles, ya que el reclamo por honorarios de abogados tiene un procedimiento de estructura diferente al de reclamo por gastos.
En consecuencia, se debió haber declarado inadmisible la demanda.
2.- Menoscabo del derecho de defensa de la parte demandada.
Al haberse admitido la demanda con pretensiones que tienen distintos procedimientos produjo un quebrantamiento procesal que menoscabó el derecho de defensa de mi defendida, ya que fue vinculada a la jurisdicción mediante la presentación en su contra de dos pretensiones con trámites distintos, lo cual produce una limitación en cuanto a los argumentos a esgrimir para su defensa, ya que, como antes se explicó, cada una de esas pretensiones tiene procedimientos distintos y si sólo se toma un procedimiento para ambas peticiones se le quita al justiciable el mecanismo procedimental de la otra pretensión.
Por lo tanto, se violó el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
3.- Contra el quebrantamiento se agotaron todos los recursos:
Ciudadanos Magistrados, esta situación fue debidamente denunciada en la propia contestación de la demanda (como expresa en la transcripción de la misma recurrida); pero dicho vicio procedimental no fue subsanado en la sentencia del Juzgado a quo (como también se lee en la transcripción de la misma recurrida).
Luego se intento el recurso de apelación y la recurrida tampoco subsanó el vicio, con lo cual se violó el artículo 206 y 208 del Código de procedimiento Civil que establecen:
Por ende, contra dicho quebrantamiento se agotaron todos los recursos.
4.- El quebrantamiento no es subsanado por el consentimiento de las partes.
La norma del encabezamiento del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil es de orden público, ya que un justiciable no debe enfrentar dos pretensiones con procedimientos distintos en un mismo procedimiento; por ende, la violación de dicha norma no es subsanable por las partes, por lo que la recurrida también violó el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil que ordena:
Señalo que la corrección del vicio de inepta acumulación no significa un mero formalismo que atente contra la justicia, ya que la acumulación de pretensiones con procedimientos incompatibles produce menoscabo en el derecho de defensa de una de las partes.
En consecuencia, en virtud de que la recurrida incurrió quebrantamiento de forma sustancial de un acto procesal que menoscaba el derecho a la defensa, violando el encabezamiento del artículo 78 y los artículos 15, 206, 208 y 212, del mismo texto legal, solicito que se case y anule la recurrida de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 320.
Se delata la infracción por parte de la recurrida de los artículos 15, 78, 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso e indefensión, al no haberse declarado la inadmisibilidad de la acción, por cuanto la parte intimante demandó el cobro de honorarios profesionales de abogados, y posteriormente, a través de una reforma de la demanda, agregó la petición de cobro de gastos, lo que a decir del formalizante constituye una inepta acumulación de pretensiones, pues en un mismo procedimiento pretenden cobrar honorarios profesionales y gastos del proceso.
Al respecto la decisión recurrida expresa:
Que, fundamentan la presente demanda en el artículo 22 de la “Ley de Abogados”.-
Que, por todo lo antes expuesto demandan a la ciudadana C.A.G., para que convenga y de no convenir, la condenen a pagarles la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,oo), suma, esa que totaliza la remuneración que su demandada deberá pagarles por concepto de los trabajos judiciales que por su mandato ejecutaron, en su nombre y representación, en el juicio de liquidación y partición de los bienes habidos durante la existencia del matrimonio con el ciudadano J.J.L.S..
Admitida la demanda, mediante auto de fecha 26 de octubre de 2010, se intimó a la parte demandada para que pagara la cantidad de Ciento Cincuenta mil Bolívares (Bs. 150.000,oo) a los demandantes, o ejerza el derecho de retaza o cualquier otra defensa (F-80 p.p).-
Mediante diligencia de fecha 26 de octubre de 2010, los actores reformaron la demanda fundamentándose en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: Que a los fines de satisfacer exigencias de ley, estimaron el valor de esa demanda en la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.210.000,oo), la cual abraza tanto la remuneración de honorarios demandados, como los gastos efectuados a los fines de satisfacer los requerimientos de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil. Que asimismo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el aparte único del artículo 1° de la Resolución N° 2009-0006, dictada el 18 de marzo de 2009 por el Tribunal Supremo de Justicia, expresaron asimismo en Unidades Tributarias el valor de esa demanda, en Tres Mil Doscientos Treinta con Setenta y Siete Céntimos (Bs. 3.230,77)(F-82 p.p).-
Admitida la reforma de la demanda en fecha 29 de octubre de 2010, se intimó a la parte demandada para que pagara la cantidad de Doscientos Diez Mil Bolívares (Bs.210.000,oo) a los demandantes, o ejerza el derecho de retasa o cualquier otra defensa(F-85).
Mediante diligencia de fecha 22 de septiembre de 2011, la parte actora solicitó se le nombrara Defensor Judicial a la parte demandada (F-139 p.p).
El Juzgado A Quo en fecha 27 de septiembre de 2011, designó al abogado J.G.A.F., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 57.081, el cual aceptó la designación (F- 141).
El Defensor Judicial de la parte demandada, contestó la demanda en los términos siguientes:
En el Capítulo I, señaló la inepta acumulación de pretensiones, por cuanto había una diferencia entre la pretensión de cobro de los honorarios de abogados y la pretensión de cobro de los gastos en el proceso, sobre los cuales los actores no expresaron el tipo o clase de gastos.
Invocó el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.-
Señala en el Capítulo II, que no existe la condenatoria en costas en los Procedimientos de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales de Abogados por actuaciones judiciales.-
En el Capítulo III alega el derecho a la defensa subsidiaria, el derecho de retasa, invocando los artículos 417 del Código Civil, 26 y 28 de la Ley de Abogados.
Que, por todos los argumentos anteriores, hace las siguientes peticiones: Primero: Solicitó que se declare la inepta acumulación de pretensiones, prohibida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Segundo: Pide se declare sin lugar la petición de los actores de que se condene en costas a la parte demandada, en virtud de que no existe dicho pronunciamiento judicial en los procedimientos de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados por actuaciones judiciales. Tercero: De modo subsidiario, y para el supuesto de que sean desechadas las primeras defensas procesales, solicitó el derecho de retasa del no presente, previsto en el artículo 26 de la Ley de Abogados.
Esta Instancia en Alzada para decidir previamente observa:
El asunto que en esta oportunidad toca decidir, es con respecto a la exigencia de pago de Honorarios Profesionales, planteado por los Abogados en ejercicio Josmary Gutiérrez y R.G.G., antes identificados, contra la ciudadana C.A.G., también identificada en autos; honorarios éstos generados por gestiones realizadas en el ejercicio de su profesión a favor de de la mencionada ciudadana tal como consta en las actas que conforman el presente expediente y según lo alegado por los actores.-
En referencia al derecho al cobro de honorarios profesionales de abogados, el Procesalista Patrio Ricardo Henríquez La Roche, expone lo siguiente: “El cobro de honorarios de abogados plantea cuatro posibilidades: 1) Cobro extrajudicial de honorarios extrajudiciales, verificado en ciertos casos a través de planillas de liquidación en los colegios de abogados; 2) cobro extrajudicial de honorarios judiciales; 3) cobro judicial de honorarios extrajudiciales que se hace efectivo a través del procedimiento breve, según el artículo 22 de la Ley de Abogados, y 4) cobro judicial de honorarios judiciales que se ejecutan a través del procedimiento por intimación, según la segunda parte del artículo 22 de la Ley de Abogados”.
En este orden, el artículo 167 de Código de Procedimiento Civil dispone que: “En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados”.-
En este sentido la Ley de Abogados en su Artículo 22 contempla lo siguiente: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.-
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.-
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se observa: Que los Abogados actores, exigen el pago de sus honorarios, derivados de los trabajos realizados en el ejercicio de su profesión, a favor de la ciudadana C.A.G., durante un Juicio de Divorcio incoado por ésta; interponiendo la presente demanda por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; siendo admitida la misma por el procedimiento breve tal como lo prevé el ya trascrito artículo 22 de la Ley de Abogados.-
Ordenándose la Intimación de la demandada, no se pudo realizar ésta ni personalmente ni por medio de carteles; designándose en consecuencia defensor Judicial quien se encargaría de ejercer la defensa de la demandada, tal como lo dispone el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, recayendo dicha designación en el Abogado J.G.A.F., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 57.018, quien aceptó el cargo.-
En la oportunidad para dar contestación a la demanda el defensor Judicial ejerció dicho derecho, y entre otras cosas solicitó al Juzgado a quo, que se declare la inepta acumulación en el presente asunto por cuanto los demandantes pretenden con la presente acción, el cobro de honorarios profesionales y el cobro de los gastos en el proceso; pidió se declare sin lugar la pretensión de los demandantes de que se le condene en costas a su defendida; y solicitó el derecho de retasa contemplado en el artículo 26 de la Ley de Abogados.”
Así las cosas, observa este Juzgado Superior que en el presente asunto, tanto la acción como la pretensión de los abogados intimantes, encuadra con lo establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Con excepción, de la pretensión al cobro de los gastos judiciales y de la solicitud de la condenatoria en costas a la demandante.- Así se decide.
Así las cosas, por cuanto de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se evidencia:
1) Que, los Abogados intimantes ejercen su acción para el cobro de sus honorarios profesionales de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados.-
2) Que, dicho derecho al percibir los honorarios profesionales por los servicios prestados en el ejercicio de la profesión está consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.-
3) Que, consta en autos las actuaciones judiciales generadoras del derecho a exigir y a percibir el pago de los honorarios profesionales por parte de los demandantes; y que en el presente asunto no fueron desvirtuados los alegatos esgrimidos por los demandantes, toda vez que no hubo negación rechazo ni contradicción, amén de que no fueron traídas pruebas al proceso por parte de la defensa para tales efectos.-
4) Y, que el presente proceso fue sustanciado y decidido conforme a lo dispuesto en el tercer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados; es decir, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil; y en virtud de que el recurrente al interponer el recurso de apelación no expuso los motivos de su inconformidad ni denunció hecho alguno que pudiera llevar a este Juzgador a no confirmar dicha sentencia, la cual se estima que está ajustada a derecho, toda vez que se declara parcialmente la pretensión planteada en virtud de que no es procedente el cobro de los gastos del proceso ni la condenatoria en costas en el presente procedimiento.- En consecuencia, considera este Jurisdicente que la presente apelación debe ser declarada Sin lugar.- Así se establece.
Ahora bien, a los fines de dilucidar lo delatado por el formalizante, se hace necesario transcribir parte de lo peticionado por la parte actora en su escrito de reforma de demanda, el cual quedó en los siguientes términos:
“..(..).. a los fines de satisfacer exigencias de ley, estimamos el valor de esta demanda en la cantidad de Doscientos Diez Mil Bolívares (Bs. 210.000,oo), la cual abraza, tanto la remuneración de honorarios demandados, como los gastos efectuados a los fines de satisfacer los requerimientos de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil…” (Resaltado de la Sala).
Asimismo, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, compareció el abogado J.G.A.F., en su carácter de defensor ad-litem, y entre las defensas invocadas señaló:
(DEFENSA PROCESAL)
- Diferencia entre la pretensión de cobro de honorarios de abogados y la pretensión de cobro de los gastos en el proceso.
Ciudadano Juez, la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales por parte de los abogados tiene un procedimiento judicial especial establecido en la Ley de Abogados.
La pretensión de cobrar los costos del proceso (que no sean los honorarios profesionales de abogados), llamados por la jurisprudencia “gastos judiciales”, como son los gastos por pago de honorarios de los expertos, también tiene un procedimiento especial para su cobro, los cuales deben ser objeto de tasación por el secretario dentro del proceso, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Arancel Judicial.”
En consecuencia opongo como defensa procesal la inepta acumulación de pretensiones, prevista en el encabezamiento del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
En relación a este punto, la recurrida se pronunció de la siguiente forma:
En la oportunidad para dar contestación a la demanda el defensor Judicial ejerció dicho derecho, y entre otras cosas solicitó al Juzgado a quo, que se declare la inepta acumulación en el presente asunto por cuanto los demandantes pretenden con la presente acción, el cobro de honorarios profesionales y el cobro de los gastos en el proceso; pidió se declare sin lugar la pretensión de los demandantes de que se le condene en costas a su defendida; y solicitó el derecho de retasa contemplado en el artículo 26 de la Ley de Abogados.
Ahora bien, le corresponde a esta Sala analizar si en efecto, el cobro de los honorarios profesionales y el de gastos judiciales son pretensiones excluyentes, por lo que debemos delimitar conceptualmente cada uno. Sobre los gastos judiciales, la Sala Constitucional estableció en sentencia Nro. 2361, de fecha 3 de octubre de 2002, en el caso del abogado T.C., en su carácter de apoderado judicial del Municipio Iribarren del estado Lara, lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí; cuando por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles.
...No podrá acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.
En efecto, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. De tal modo, que toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.
En consecuencia, y verificado la diferencia entre el cobro de honorarios profesionales con el cobro de gastos judiciales, esta Sala concluye que estamos en presencia de dos procedimientos distintos y especiales previstos uno en la Ley de Abogados y el otro en la Ley de Arancel Judicial, por lo que la Sala determina que al haberse admitido la demanda y permitido la acumulación de dos pretensiones para cuya tramitación la ley establece procedimientos diferentes, que se excluyen mutuamente, resultando incompatibles, como lo son la intimación de los honorarios profesionales de abogados y la tasación de los costos del proceso, que comprenden los gastos judiciales planteados por la demandante, y al no haber advertido tal subversión procesal, la recurrida infringió el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la Sala estima que dicha demanda resultaba palmariamente inadmisible, con la consecuente infracción por el juez de alzada de los artículos 11, 12, 14, 15, 341 y 206 del Código de Procedimiento Civil, pues el juez de la recurrida olvidó que como director del proceso, y como tal conforme al principio de conducción judicial, debe ser garante de la debida satisfacción de los presupuestos procesales y verificar si existe o no la inexistencia del derecho de acción en el demandante, y de ser así, al ser materia de orden público, declararlo con la consecuente inadmisibilidad de la acción y así evitar un desgaste innecesario del órgano jurisdiccional, infringiendo los artículos 11 y 12 antes citados. De igual forma violó el artículo 14 eiusdem, al no decidir conforme a lo alegado y probado en autos, y violó el artículo 15 ibídem, al no mantener a las partes en el proceso en igualdad de condiciones ante la ley. En el mismo sentido violó el artículo 341 del código procesal, al admitir una demanda evidentemente inadmisible en contravención a normas de orden público, y violó el artículo 206 de la ley adjetiva civil, al no declarar la nulidad de todo lo actuado en contravención a la ley. Así se decide.
Por todo lo antes expuesto, se hace obligatorio declarar la inadmisibilidad de la demanda, y en consecuencia, se anula el auto de admisión de la demanda de fecha 29 de octubre de 2010, proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, así como todas las actuaciones posteriores.
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, y en consecuencia CASA SIN REENVÍO el fallo recurrido.
Se declaran NULAS todas las actuaciones procesales del presente juicio e INADMISIBLE la demanda de honorarios interpuesta.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Particípese de la presente decisión al juzgado superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
Exp. AA20-C-2013-00056.-

References: artículo 22
 artículo 317
 artículo 313
 artículo 313
 artículo 78
 artículo 167
 artículo 78
 artículo 33
 artículo 78
 artículo 15
 artículo 206
 artículo 78
 artículo 212
 artículo 78
 artículo 320
 artículo 22
 artículo 343
 artículo 31
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 26
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 167
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 223
 artículo 26
 artículo 167
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 607
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 78
 artículo 26
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 341
 artículo 206