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Timestamp: 2018-06-25 13:42:58+00:00

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In dubio pro administrado: 2014
El principio de inmediación en la jurisdicción contenciosa-administrativa. STC 177/2014, de 3 de noviembre de 2014.
Ya trate en esta entrada la sorpresa que me causaba el distinto tratamiento que se daba al principio de inmediación según se tratase de abordar la obligación del juzgado o tribunal de instancia de estar en las actuaciones orales -cuando las mismas se documentan mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido- o de revisar, en via de recurso, la prueba practicada en la instancia -también documentada con los mismos sistemas.
Pues bien, en cuanto a la primera cuestión, esto es, si es precisa la intervención personal del Juez o Tribunal en las actuaciones orales en vistas y comparecencias, cuando las mismas se documentan mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido, se ha pronunciado el TC en su Sentencia número 177/2014, de 3 de noviembre de 2014 (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014).
El recurrente en amparo denuncia, en lo que resulta de interes, que se señaló y practicó la prueba admitida en presencia del Magistrado Juez titular y que, sin embargo, la Sentencia del Juzgado núm. 3 de lo Contencioso-Administrativo de Girona, de 4 de septiembre de 2009, no fue dictada por el Magistrado Juez titular sino por la Juez sustituta.
El TC, resuelve la cuestión, desestimando el recurso de amparo interpuesto, en los siguientes términos:
5. La cuestión reside en despejar, desde el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), si era constitucionalmente exigible en un caso como el de autos la inmediación de la Juez que sentenció o si, por el contrario, puede entenderse que se cumplieron las garantías del proceso, al verificarse un trámite de conclusiones escritas sobre la prueba y un soporte audiovisual que reflejaba la prueba personal practicada en presencia de otro Juez en la actuación del día 3 de diciembre de 2008.
No es ésta la primera ocasión en la que este Tribunal ha debido pronunciarse sobre la incidencia que la composición de los Tribunales encargados de la sustanciación de cada proceso y, más precisamente, la sustitución de los Jueces o Magistrados durante su tramitación, tiene sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el art. 24.1 CE, o sobre las garantías constitucionales del proceso reconocidas en el art. 24.2 CE. La STC 215/2005, de 12 de septiembre, FJ 2, recogía los pronunciamientos anteriores sobre la materia. Recordaba, en síntesis, que el criterio seguido en nuestra doctrina ha sido el de valorar, a la luz de la jurisprudencia sobre la indefensión material constitucionalmente relevante, la presencia en las actuaciones de medios objetivos de conocimiento que permitan emitir un juicio fundado (con conocimiento de causa) a quien tiene encomendado el enjuiciamiento del caso.
Se advierte, así pues, que no será la indefensión meramente formal la que pueda producir un menoscabo real y efectivo del derecho fundamental; antes bien al contrario, la vulneración del mismo podrá residir únicamente en una eventual indefensión material, generadora de un perjuicio por haber incidido en la resolución del proceso. A tal fin, en esta tipología de casos, el examen de constitucionalidad nos conduce a la verificación de los medios objetivos de conocimiento en los que se apoyó el juzgador. Así se desprende de la Sentencia constitucional que viene de citarse, dictada en relación con lo resuelto en autos de juicio de quiebra voluntaria y, por lo tanto, en un supuesto que, como el actual, era ajeno a la materia penal (ámbito singular y con doctrina propia por la incidencia de la tutela aparejada a la presunción de inocencia).
Pues bien, desde el enfoque enunciado (medios objetivos de conocimiento en los que se apoyó el juzgador) cabe decir que, sólo cuando la aportación verbal no presenciada exija un contacto directo para adquirir conocimiento de causa sobre los elementos fácticos a debate y en ella concernidos y se constituya en la única que fundamenta la resolución impugnada, o se constate, a partir de su propia motivación, que es esencial para llegar a la conclusión de hecho de la que se parte, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) impondrá (también extramuros del proceso penal) la inmediación judicial de quien dicte el pronunciamiento. De suerte que, de ser el caso, será inexcusable o bien la repetición de la vista o de la diligencia de prueba correspondiente ante el Juez sentenciador, o cuando menos la reproducción del soporte audiovisual (si existiera) o la lectura del acta que documente la práctica de la prueba en presencia de los declarantes y ante el nuevo juzgador que se dispone a su valoración, pues así podrá apreciarla directamente ante ellos e intervenir en relación con la misma —con los límites que exige su neutralidad y con el designio de comprobar la certeza de elementos de hecho—, percibiendo la reacción de aquellos acerca de su declaración previa, sea a través de una nueva declaración, sea negándose a llevarla a cabo.
6. En el presente caso, sin embargo, la queja no puede ser estimada. La irregularidad a la que se alude no ha sido vinculada por el recurrente a ningún perjuicio material especificado y relevante para alterar el signo de la resolución judicial. No se indica ningún extremo del que el órgano judicial —estimándolo necesario el demandante de amparo— no hubiese tenido conocimiento, ni tampoco ningún extremo que el demandante hubiese querido —pero no podido— hacer valer (STC 126/2013, de 3 de junio, FJ 3).
De una parte, en efecto, no se alcanza a apreciar dónde radicaría la insuficiencia del trámite de conclusiones escritas del art. 62.1 LJCA, solicitado por las partes procesales en los escritos de demanda y contestación a la demanda y llevado a efecto sin irregularidades. De otra, no se encuentra en el recurso de amparo la justificación de la pretendida lesión del derecho presuntamente afectado, considerando que fueron valoradas otras pruebas independientes de las orales, a las que se refieren con reiteración los pronunciamientos judiciales. Adicionalmente, no se aportan razones que confirmen la inhabilidad de la grabación audiovisual de la sesión de 3 de diciembre de 2008; es decir, su ineficacia para alcanzar la convicción fáctica de la que parte la juzgadora. Finalmente, en cuanto a la pretensión de desviación de poder, acoso rural y animadversión de la alcaldesa, es de todo punto pertinente reparar en que el Tribunal ad quem ofreció datos adicionales para sustentar el fallo de la instancia, señaladamente: que la resolución de instancia atendió a otras pruebas distintas a la testifical del Sr. Marull, como la incoación del procedimiento y el informe del arquitecto del Consell Comarcal, y que, en todo caso, el acuerdo municipal impugnado fue aprobado por unanimidad por el pleno municipal, por lo que el voto de la alcaldesa no pudo resultar decisivo al efecto, sin que el interesado acudiera tampoco al procedimiento de recusación que allí se menciona. Son éstos, respectivamente, argumentos que no se aportan y elementos que no se contrarrestan desde el prisma de la indefensión material, quedando el alegato de la parte recurrente en el plano de la invocación abstracta y formal del principio de inmediación, y en una pretensión retórica de extensión de la doctrina constitucional elaborada en relación con las garantías propias del proceso penal, pese a las manifiestas peculiaridades que lo singularizan. El recurso, en consecuencia, no puede prosperar.
No es poco lo que concede el TC a la vista de la jurisprudencia ordinaria existente al respecto, de la que da buena cuenta el Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho:
Pero en un proceso regido por el principio de escritura lo relevante es que la prueba quede perfectamente documentada para que pueda ser correctamente valorada en un momento que está necesariamente alejado en el tiempo de la fecha en que aquélla fue practicada. Por ello la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene inconveniente en autorizar a las Salas para que deleguen en uno de sus Magistrados o, incluso en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la práctica de todas o alguna de las diligencias probatorias (art. 60.5 LJCA).
En el proceso de que trae causa el presente recurso de amparo no existe controversia alguna respecto a que el resultado de la prueba pericial testifical practicada quedo perfectamente documentado en la correspondiente grabación audiovisual, de forma que el nuevo Juez pudo valorarla en toda su integridad pese al tiempo transcurrido entre la fecha en que la prueba se practicó y la fecha en que fue valorada y con independencia de que dicho Juez fuera distinto del que presenció su práctica por lo que coincido con la Sentencia dictada por esta Sala en que el recurso de amparo debe ser desestimado, pero en cambio no comparto con la doctrina sentada en ella referente a que nuestra decisión hubiera podido ser distinta si dicha prueba hubiera sido la única tenida en cuenta por el juzgado o la más relevante de las consideradas por él.
¿Serán acogidas estas interpretaciones a la hora de revisar las pruebas practicadas en la instancia?
Publicado por Emilio Aparicio en 9:25 No hay comentarios:
Etiquetas: principio de inmediación, prueba, TC
¿Cabe declarar la caducidad de un procedimiento en el que ya haya recaído resolución?
Hace ya tiempo, allá por el 2010, leí una interesante, y acertada, Sentencia del Tribunal Supremo que sabía que, tarde o temprano, me iba a venir bien.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de veintitrés de febrero de 2010, nº de recurso 5538/2006, afronta la cuestión de si en un procedimiento en el que ya ha recaído resolución expresa, y la misma se encuentra sub iudice, cabe revisar el mismo y acordar la caducidad del procedimiento.
Los hechos relevantes de la Sentencia son los siguientes:
Los hechos relevantes son los siguientes. Mediante resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de 3 de diciembre de 2003, se impuso a Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. una multa por infracción del art. 11 LOPD ( RCL 1999, 3058) . Dicha entidad mercantil presentó recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, sosteniendo, entre otras cosas, que había recaído en un procedimiento administrativo sancionador ya caducado por transcurso del plazo máximo de seis meses establecido en el art. 42.2 LRJ-PAC ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246). Estando el proceso pendiente, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictó nueva resolución, de fecha 15 de febrero de 2005, por la que declaró la caducidad del procedimiento administrativo en que había recaído la resolución impugnada. A raíz de ello, el recurso contencioso-administrativo fue desestimado por pérdida sobrevenida de su objeto, mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 20 de abril de 2006 ( JUR 2006, 173404) , que no fue objeto de recurso de casación. S.A., sin embargo, formuló recurso contencioso-administrativo Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros la nueva resolución de 15 de febrero de 2005.
Y la Sentencia del Tribunal Supremo resuelve la cuestión, con meridiana claridad, en su Fundamento de Derecho Tercero:
En cuanto a los motivos cuarto y quinto, formulados al amparo de la letra d) del art. 88.1 LJCA , van ambos destinados a combatir que quepa declarar la caducidad de un procedimiento administrativo en que ya ha recaído resolución expresa. Así, en el motivo cuarto se alega infracción de los arts. 44, 62 y 102 LRJ-PAC en relación con el art. 24 CE y de la correspondiente jurisprudencia, sosteniéndose que las potestades de la Administración para la revisión de sus propios actos deben ejercerse a través de los procedimientos legalmente previstos para ello; y en el motivo quinto se alega infracción de los arts. 57, 87 y 138 LRJ-PAC en relación con el art. 24 CE ( RCL 1978, 2836) y de la correspondiente jurisprudencia, por entender que no cabe la anulación implícita de una resolución expresa mediante la declaración de caducidad del procedimiento administrativo en que aquélla fue dictada.
Pues bien, el motivo cuarto de este recurso de casación debe, sin duda alguna, ser acogido. La revisión de oficio de actos administrativos debe ajustarse a las modalidades previstas en los arts. 102 y siguientes de la LRJ-PAC y efectuarse con respeto a los trámites establecidos para cada una de ellas. Revisar un acto administrativo por otro medio no es, como afirma la sentencia impugnada, ejercicio de la autotutela de la Administración, pues ésta no tiene más potestades que las contempladas en la ley. Además, permitir la revisión de oficio de actos administrativos por otros medios no sólo abriría la puerta a posibles abusos, sino que privaría al particular de las garantías que le brindan los arts. 102 y siguientes de la LRJ-PAC . Baste pensar que, en el presente caso, la recurrente no fue oída acerca de la declaración de caducidad del procedimiento administrativo en que había recaído la resolución expresa cuya impugnación estaba sub iudice.
Frente a lo que se acaba de exponer no cabe argüir, como parece desprenderse de la sentencia recurrida, que la resolución expresa recurrida era un acto administrativo desfavorable al particular, por lo que la Administración podía revocarlo en cualquier momento con base en el art. 105 LRJ-PAC . Esto es contradictorio con la razón aducida por la propia sentencia recurrida para afirmar la legitimación activa de la recurrente: si ésta tiene un interés digno de protección en combatir la declaración de caducidad del procedimiento administrativo porque le impidió que el primer proceso se resolviese mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no cabe decir que la resolución administrativa recaída en el procedimiento administrativo que se dice caducado ni que pudiese ser revocada libremente por la Administración. A ello hay que añadir que, incluso si hubiera sido posible en el presente caso la libre revocación del acto administrativo, ésta no habría podido hacerse por medio de una declaración de caducidad del correspondiente procedimiento administrativo: revocar un acto es una manifestación de voluntad explícita de signo contrario a la que dio vida a aquél, mientras que declarar la caducidad de un procedimiento es una verificación de que ha expirado el plazo máximo establecido para resolver. Son decisiones distintas, cuyos efectos no son coincidentes. De aquí que, cuando un procedimiento administrativo ya ha concluido mediante resolución expresa, no cabe que vuelva a concluir mediante declaración de caducidad. Un mismo procedimiento administrativo no puede concluir dos veces, de dos modos distintos.
La estimación del motivo cuarto de este recurso de casación conduce a la anulación de la sentencia recurrida, lo que hace innecesario examinar el restante motivo quinto.
Y me ha venido bien porque recientemente me han invocado en una vista de un procedimiento abreviado la carencia sobrevenida del recurso contencioso-administrativo a resultas de un acto, del día anterior a la vista, por el que se revoca la resolución sometida sub iudice, por caducidad del procedimiento, y se acordaba el reinicio del expediente, por estimar que no había transcurrido el plazo de prescripción.
En fin, que de favorable tenía más bien poco la revocación acordada pues no quería, ni mucho menos, dejar el asunto en tablas, sino que quería volver a someter al administrado a un nuevo procedimiento administrativo, a pesar de que ello pueda suponer la vulneración del principio non bis in idem.
Publicado por Emilio Aparicio en 11:28 No hay comentarios:
Etiquetas: caducidad, non bis in idem
El acuerdo de interposición de acciones: Arma de doble filo
El artículo 45.2 d) LJCA exige acompañar al anuncio de recurso, o en su caso a la demanda:
El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
Se ha escrito, y mucho, sobre la referida exigencia, sirviendo como ejemplo este y este otro post, pero lo cierto es que pocas veces se ha examinado la problemática cuando el recurrente, y por tanto el obligado a acompañar el acuerdo de interposición de acciones, es una administración pública.
Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia número 42/2014, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 428/2012, Ponente Ilmo. Sr. Don Luis Javier Murgoitio Estefania, afronta la cuestión desde la perspectiva de una administración pública. Veamos el supuesto de hecho:
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión de 24 de Febrero de 2.012, acordó dirigirse a las Juntas Generales de Álava para instar la modificación de la Norma Foral 3/2.004, de 9 de Febrero, a efectos de establecer una modificación temporal en la posibilidad de prórroga presupuestaria.
-Que con fecha de 25 de Abril de 2.012 se convoca con urgencia y se propone por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de acciones judiciales frente a la Norma Foral 5/2.012, de 16 de Abril, al amparo del artículo 127.1.j) LBRL, dictándose Decreto de la misma fecha en que se acuerda la interposición de recurso contencioso-administrativo a través de los Servicios Jurídicos municipales en base al artículo 124.4.1 de dicha Ley de Bases.
-Que el 27 de Abril de 2.012, dicho Pleno municipal adoptó acuerdo ejecutivo contrario a la interposición de recurso contra la Norma Foral impugnada en este proceso, no autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para su interposición.
Obviamente, la administración demandada interesó, a la vista del acuerdo del Pleno Municipal, la inadmisibilidad, ex artículo 69b LJCA, del recurso contencioso-administrativo, acogiendo la misma la Sala con los siguientes argumentos:
SEGUNDO.- En este tema prioritario al eventual examen del fondo del asunto, el aspecto preliminar es que no concurre un monopolio competencial en favor del Pleno ni del Alcalde, sino que las competencias están distribuidas entre ambos órganos, tanto por la letra j) del artículo 22.2 LBRL, sobre ejercicio de acciones administrativas y judiciales por el Pleno "en materia de competencia plenaria", como por el artículo 21.1.k), respecto del ejercicio de acciones por parte de la Alcaldía en las materias que resulten de su competencia, "incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno , en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación".
En el presente supuesto, es la Junta de Gobierno Local la que en fecha de 26 de Abril de 2.012, en base al artículo 127.1.j) LRBL aprueba la propuesta de la Alcaldía, a la par que un Decreto de la Alcaldía de día anterior, adoptado en base al artículo 124.4.I) de la misma, acordaba el mismo ejercicio de acciones frente a la Norma Foral publicada en el BOTHA de dicho día.
Si nos atenemos a dichos preceptos que reproducen la general habilitación de uno y otro órgano (Alcalde y Junta Local), para el ejercicio de acciones judiciales en materia de sus competencias, -en el ámbito de los municipios de gran población del Título X de la Ley de Bases, introducido por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre-, queda en los acuerdos adoptados sin precisar cuál es el fundamento de la medida, teniéndose que inferir, -sobre todo para la Junta de Gobierno Local-, que se adopta en consideración al ejercicio de acciones en función de tratarse de una materia de su propia competencia, que no se especifica ni declara, mientras que tampoco la Alcaldía hacía referencia a la urgencia ni a la dación de cuenta al Pleno para su ratificación.
No es sin embargo, pese a ese silencio, difícil deducir, -en función del contexto procesal en el que la impugnación de la Norma Foral 5/2.012, se originaba, y en que se iba a instar el mismo día 26 de Abril una medida cautelar inaudita parte del artículo 135 LJCA , -folios 2 a 18 de los autos-, así acordada y mantenida por esta misma Sección de la Sala en Autos de 26 de abril y 10 de mayo de 2.012, (folios 112 a 119)-, que la urgencia concurría, y que quedaba por ello plenamente legitimada cuando menos la adopción del Decreto de la Alcaldía que decidía la interposición del proceso que, en sí mismo, reportaba esa apreciada urgencia en su vertiente cautelar.
Sin embargo, como la propia práctica procesal ha consagrado en materias específicas como, p.e, el allanamiento, esos acuerdos de urgencia impulsados por órganos ejecutivos del elenco administrativo, no consolidan su eficacia si no es a partir de su ratificación expresa por el órgano colegiado a quien corresponde adoptarlos en las coordenadas de la exigencia legal, para su posterior incorporación formal a las actuaciones que, para el actual supuesto, se vincula a lo que dispone el artículo 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional .
Y más allá de la ausencia de ese formalismo, resulta en efecto sustancialmente problemática la validez propia de esa determinación si se contrasta con el pronunciamiento expresamente desautorizatorio que iba a emitir el Pleno municipal el día 27 de Abril en base a la proposición ampliamente dictaminada en Comisión y documentada en los folios 161 a 184 de estos autos.
En tal sentido, aunque la parte recurrente esboce muy superficialmente las razones que llevarían a la conclusión de que la normativa a impugnar incidía sobre materia de relevancia respecto a los órganos que deciden la interposición, -lo que se inscribiría en la lógica contraria de que era materialmente al Alcalde y no al Pleno a quien correspondía decidir el ejercicio de la acción-, la determinación de la correspondencia entre las materias litigiosas y la competencia de cada órgano a efectos de atribuir esa decisión no puede recaer sobre aspectos accidentales o indirectos como el propuesto, sino que, siendo en ocasiones fácilmente decantable, (así, si se refiere a litigios sobre el efectivo y concreto ejercicio de una competencia de la Alcaldía o de la Junta de Gobierno en materia de personal, gestión o gobierno municipal), en cambio habrá de regirse por pautas de la mayor representatividad política local, recayente en el Pleno de acuerdo con el articulo 122.2 LBRL cuando de lo que se trata es de una iniciativa litigatoria más abstracta referida a cuestionar disposiciones surgidas de otros poderes legislativos o reglamentarios que afecten al régimen municipal de una materia sectorial o general, como para el caso representa la Norma Foral presupuestaria local de Álava, tal y como paradigmáticamente ocurre en los conflictos sobre autonomía local frente a normas con rango de ley del Estado o las CC.AA regidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, -LOTC 2/1.979, de 3 de Octubre -, en los que el articulo 75 Ter. 2, requiere acuerdo del plenario de la Corporación local con mayoría absoluta de sus miembros. La circunstancia de que el artículo 47.2 de la Ley de Bases 2/1.985 no requiera esa especial mayoría para el ejercicio ordinario de acciones, en nada desvirtúa el general enclave que las impugnaciones de instrumentos normativos emanados de otros poderes públicos, con afección general a materias presupuestarias como es el caso, haya de tener en el Pleno, como máximo órgano representativo de los ciudadanos en el ámbito municipal y en el que ha de situarse la legitimación originaria para promoverlas.
En suma, en el supuesto examinado no puede reconocerse ese ius litigationis en los órganos municipales de gestión y gobierno en contra de la decisión del máximo órgano de representación popular del municipio, ni ese ejercicio de las facultades litigiosas de la Corporación pueda responder a un estado de cosas fraccional que haga prevalecer la posición de cualquier órgano de la estructura del municipio sobre la decisión contraria y expresamente desautorizatoria del Pleno.
TERCERO.- Se concluye, por ello, en la falta de presupuestos procesales del presente recurso, en base a la opuesta ausencia de legitimación procesal del artículo 69.b) LJCA, y con pronunciamiento ineludible de inadmisión. Las costas resultan de preceptiva imposición de acuerdo con el artículo 139.1 LJCA
Llama la atención la forma en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo afronta la determinación de la correspondencia entre las materias litigiosas y la competencia de cada órgano (Alcalde versus Pleno), ya que se decanta, ante el ejercicio de acciones judiciales frente a disposiciones de otros poderes, a las pautas de la mayor representatividad política local por aplicación analógica del artículo 75 Ter. 2 LOTC, lo que, sin duda, dota al Pleno de una herramienta de control político a las decisiones de la Alcaldía de recurrir disposiciones de otras instituciones con poder legislativo o reglamentario.
Debo decir que no tengo aún claro si comparto, o no, la resolución judicial. A pesar de gustarme el concepto de mayor representatividad política local tengo dudas sobre si la decisión adoptada por la Sala se ajusta a la jurisprudencia constitucional sobre el acceso a la jurisdicción. Quizás la Sala debería haber concretado la materia litigiosa y si la misma era, o no, competencia del Alcalde, ya que, de serlo, el recurso debería haber sido admitido, aunque solo fuera respecto de aquellas cuestiones en las que tenía competencia.
Pero, dejando de lado eso, de lo que no cabe duda es que el Ayuntamiento recurrente ha comprobado que el artículo 45.2d) LJCA, que le habrá hecho ganar algún que otro pleito, se ha convertido, en esta ocasión, en un arma de doble filo.
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Etiquetas: acuerdo, inadmisibilidad
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