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Timestamp: 2018-12-19 11:39:20+00:00

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I. Introducción II. Conceptualizacion del derecho de defensa III. Concepto de prueba IV. Derecho a contar con prueba lícita
El acceso de la defensa a la prueba durante la etapa preparatoria en el sistema procesal penal costarricense
Por Mario Rodríguez Villegas *
II. Conceptualizacion del derecho de defensa
III. Concepto de prueba
IV. Derecho a contar con prueba lícita
V. Criterios de las salas constitucional y penal sobre las diversas aristas que contemplan el derecho de defensa en la etapa preparatoria (evacuación de prueba- participación en los allanamientos- acceso al legajo paralelo)
VI. a. Derecho a que se evacue la prueba ofrecida por la defensa
VI. b. Derecho a participar en aquellos actos de carácter irreproductible
VI. c. Sobre la participación de la defensa publica en los allanamientos
VI. d. Sobre el derecho al acceso al legajo paralelo
Una de las principales preocupaciones que tenemos quienes trabajamos en la defensa de los intereses de los imputados dentro del proceso penal costarricense, lo es el acceso de los/ as Defensores/ as Públicos/ as (1) a la prueba desde los primeros instantes de la investigación y el efectivo ejercicio del derecho de defensa tanto técnico como material a beneficio de los intereses de los imputados. (2)
II. Conceptualización del derecho de defensa
“El derecho de defensa constituye un elemento fundamental, de carácter irrenunciable (...) correlativo a la acusación y basado en el carácter dialéctico del proceso, cuya finalidad es la de hacer valer la libertad de toda persona sujeta a un proceso penal". (3)
Asimismo en la doctrina se han desarrollado los conceptos de derecho de defensa formal y material, siendo que el primero “... tiene su razón de ser en el carácter técnico del proceso de las normas que lo disciplinan y en la necesidad, pues, de respetar el principio de igualdad entre las partes. No cabe duda de que se rompería el equilibrio entre las partes si privara o no se impusiera como requisito esencial la asistencia al imputado de un técnico en derecho “. (4)
Es así como en nuestro país, toda persona a la cual se le impute (5) la comisión de un hecho delictivo se le brinda la posibilidad de elegir un abogado de su confianza (particular), siendo que en el caso de que careciera de medios económicos para costear esa defensa particular, será la Defensa Pública (6) la institución encargada de brindarle esa asesoría jurídica al tenor del numeral 13 del Código Procesal Penal. (7)
Al respecto la Sala de Casación Penal a señalado que “...la Defensa Pública es un órgano del Poder Judicial creado para garantizar el derecho a la defensa técnica, nada más. Es decir, su tarea consiste en velar porque durante el proceso, a la persona sometida al mismo se le respeten las garantías que el ordenamiento jurídico (nacional e internacional) le reconocen, de manera tal que en todo momento se respete el debido proceso...” (8). Por lo tanto, no es parte del ejercicio de la defensa técnica, el ofrecimiento de prueba documental o testimonial falsa ni ninguna otra maniobra que vaya en contra del deber de lealtad contemplado en el numeral 127 del Código Procesal Penal (9).
En cuanto al derecho de defensa material debemos decir que éste consiste “... en la necesidad de otorgar medios a quien sufre una agresión aunque lo sea legítima y en el respeto debido a la propia dignidad de la persona, al cual esta obligado el Estado” (10). También para el tratadista argentino Julio B. Maier “... el derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o la atenúe; con cierto simplismo, que en este tema no es recomendable sino tan solo para lograr una aproximación a él, esas actividades pueden sintetizarse en: la facultad de ser oído, la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder estatal”(11).
Por antonomasia en nuestro proceso penal, una de las manifestaciones más claras del ejercicio del derecho de defensa material es la posibilidad que tiene el imputado de declarar en cualquier estadio del proceso, pero antes del dictado de la sentencia. De esta manera, la Sala de Casación Penal a señalado que las declaraciones del imputado/a además de ser un medio de defensa es fuente de prueba ya que “A diferencia de lo que sucede en otros sistemas, en el proceso penal costarricense la declaración del imputado constituye uno de los más importantes mecanismos de defensa, permitiendo que el imputado se oponga a la acusación y formule una serie de argumentos acerca de la conducta que se le reprocha. En virtud de principios tales como la presunción de inocencia o el derecho de defensa (artículo 39 de la Constitución Política), el acusado asume en el modelo acusatorio un papel activo, brindándole una clara oportunidad para que participe en el procedimiento, ofreciendo la prueba que estime oportuna, controlando la actividad de sus adversarios y claro está, manifestando lo que tenga a bien en defensa de sus intereses”. (12)
Siempre y cuando el/ la imputado/ a tenga la oportunidad de ejercer el derecho de defensa material de manera personal, como el derecho de defensa formal por medio de su abogado/ a, así se le estará cumpliendo y respetando con el debido proceso que tanto la ley procesal, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de acatamiento obligatorio de la Sala Constitucional demandan a favor de éste. (13)
Debemos recordar que la prueba es definida como “aquel medio u objeto que proporciona al juez el convencimiento acerca de la existencia de un hecho”(14). Es así que de conformidad con el sistema acusatorio (mixto moderno o mixto clásico que se desarrolla por diferentes doctrinarios) que poseemos en nuestro país, compete al Ministerio Público recolectar toda aquella prueba para conseguir la verdad material (15) dentro del proceso penal. Al respecto la Sala Constitucional indicó “... que la finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos, tanto el Ministerio Público como el Juez tienen el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba...” (Ver Voto 1739- 92). La cita anterior, que corresponde a la época en la cual se encontraba el Código de Procedimientos Penales en vigencia, nos demuestra que la objetividad debe de imperar durante todo el proceso penal por parte de los/ as representantes del Ministerio Público, pero sobre todo en la etapa preparatoria, ya que es en este estadio procesal en donde por excelencia se recolecta la prueba que será de utilidad para formular la petición que corresponda y que dará por finalizada dicha etapa procesal (ya sea mediante la presentación de la acusación al Juez de la Etapa Intermedia, o bien con una solicitud de sobreseimiento definitivo, una petición de desestimación o bien una solicitud de sobreseimiento provisional), siendo que de conformidad con el numeral 180 del Código Procesal Penal debe realizarse de manera objetiva, incluso favoreciendo los intereses de la parte acusada cuando ello corresponda.-
Sobre el particular a señalado LLOBET RODRÍGUEZ que “... existe la obligación del Ministerio Público, y de los mismos tribunales de buscar la verdad material, no teniendo las partes y en particular el imputado poderes dispositivos en lo relativo a los hechos a investigar, y debiendo buscarse no solamente la prueba incriminatoria, sino también la prueba favorable al imputado, a pesar de que éste no invoque ésta. Esta situación, sin embargo, no es absoluta en el código de 1996, el que le da relevancia a criterios consensuales de averiguación de la verdad, por ejemplo a la aceptación de los cargos por el imputado para la suspensión del procedimiento a prueba” (16).
Además de ser recabada con objetividad por parte del ente fiscal, la prueba obtenida y que se pretenda incorporar al proceso debe ser lícita, es decir no puede ser producto de alguna vulneración a los derechos fundamentales del imputado/ a, lo anterior al tenor del numeral 181 del Código de Rito que dice lo siguiente:
“Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.
A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas” (la cursiva no pertenece al original).
Al respecto la Sala Constitucional ha indicado que “constituye un derecho esencial de todo imputado, el de ser juzgado con base en pruebas legítimamente obtenidas e incorporadas al proceso de conformidad con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Lo anterior obliga al juzgador a incorporar al proceso los elementos probatorios, llámense declaraciones testimoniales, confesionales o periciales, dictámenes, intervenciones telefónicas, que hayan sido obtenidos en forma legítima, para que la resolución final se adecue a uno de los contenidos sustanciales del debido proceso, como lo es el derecho del condenado a una sentencia justa. En caso contrario, sea que la prueba no reúna los requisitos legales y se convierta en ilegítima, deberá de abstenerse de valorar la misma” (17). (sentencia número 1422-94, de las quince horas veinticuatro minutos del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro).
Para ASENSIO MELLADO “... toda prueba que se obtenga con violación de un derecho fundamental ha de ser considerada nula y por tanto su valoración, apreciación o toma en consideración vedada o, lo que es lo mismo, en caso alguno los Tribunales podrán tenerla en cuenta para basar en ella una sentencia condenatoria” (18). Aunque para el ex Magistrado Dr. Daniel González “... ya se ha puesto de relieve que se trata de una solución teórica porque si bien estas pruebas no pueden ser utilizadas para fundamentar el fallo, en muchas ocasiones “han podido lograr el propósito, a veces perfectamente preconcebido, de transmitir una impresión al juez que difícilmente puede ser borrada posteriormente de su inconsciente”. (19)
Es así que se confirma la necesidad de que toda prueba que sea incorporada al proceso sea lícita (tanto en los medios utilizados para su obtención como en el manejo que se le brindó), debiéndose evitar a toda costa la utilización de prueba espuria (20) que pueda incidir en la psiquis de los/ as juzgadores/ as al momento de definirse la situación jurídica- penal del imputado, ya que a pesar de que haya sido excluida del andamiaje probatorio, el solo contacto del juzgador con ésta puede provocar efectos que son lesivos para un Estado de Derecho como el nuestro, siendo necesario siempre que el/ la defensor/ a se encuentre vigilante de todas las actuaciones de la policía, del Ministerio Público y también del Juez durante la obtención de prueba, de ahí la necesidad de que los y funcionarias de la Defensa Pública participen en los allanamientos y en cuanto acto judicial de carácter irreproducible que se ejecute, como garantes de los intereses del imputado/ a, ya que ello permitirá un mejor control de las actuaciones de los órganos de investigación.
Muchas son las aristas que engloba el concepto de derecho de defensa en el sistema procesal penal costarricense, siendo que van desde el derecho que posee el imputado de declarar en cualquier fase del proceso, hasta la posibilidad de participar en aquellos actos judiciales de los cuales pueda emanar prueba pertinente para sostener una eventual pieza acusatoria en su contra, por lo anterior, procedo a desarrollar tres puntos que considero esenciales y que han marcado significativamente la evolución del proceso penal patrio desde la entrada en vigencia del Código de Rito en enero de 1998.
Uno de los elementos del debido proceso lo constituye el derecho del imputado a que la prueba de descargo que se ofrezca durante la etapa de investigación (también durante la fase intermedia y excepcionalmente en la etapa del debate, ello la modalidad de la prueba para mejor resolver), sea evacuada de manera pronta y objetivamente por parte de la representación del Ministerio Público. Esa prueba podría tener el objetivo de incidir en el curso de la decisión del Fiscal de sí se acusa o no, o bien para fines de la variación de alguna medida cautelar impuesta en contra del/ la imputado/ a. Siendo que en el caso de que sea omisa la actuación de la Fiscalía o bien tardía, los/ as Defensores/ as tenemos la oportunidad de plantear la protesta respectiva ante el “Juez de Garantías” mediante la actividad procesal defectuosa que corresponda, o bien mediante el uso de las garantías constitucionales, ya sea el recurso de hábeas corpus en el caso de que el imputado estuviere detenido o bien la libertad corriere peligro y el recurso de amparo, ambos ante el Tribunal Constitucional costarricense.
Así la Sala Constitucional ha indicado al respecto que “... que la Fiscalía de (...) sí ha incurrido en una infracción del derecho a la defensa del amparado, por la falta de evacuación oportuna de la prueba de descargo ofrecida por la defensa, lo cual fue señalado en dos ocasiones por el Juez Penal de (...), siendo la última ocasión la resolución en la que se prorrogó la prisión preventiva del amparado el 4 de diciembre del 2004, en los siguientes términos: “en la medida de lo posible DEBE el Ministerio Público recabar la prueba que ha ofrecido la defensa lo que implicaría observar el video dicho y entrevistar al testigo ofrecido para acreditar el padecimiento médico que aqueja al imputado -además de entrevistar a los testigos- pues sí detecta el suscrito una desventaja procesal que no puede ser tolerada” (folio 243 del legajo de medidas cautelares). No es de recibo lo afirmado por la Fiscal recurrida, en el sentido de que se ha recibido la prueba testimonial de descargo pues consta que citó sólo a tres de los testigos ofrecidos por la defensa. Tampoco consta en el expediente que le haya informado a las (sic) recurrente la existencia de la copia del video del Banco Nacional que afirma tiene en el despacho, ni se ha pronunciado sobre la solicitud de fecha y hora para observarlo.
Esta Sala ha señalado que el Ministerio Público debe dirigir la investigación con observancia del principio de objetividad y respetando el equilibrio procesal de las partes, lo que a juicio de la Sala no se ha dado en este caso. El ejercicio del derecho de defensa no debe ser obstaculizado por el Ministerio Público, o en su caso por el Juez de Garantías pues los imputados tienen todo el derecho a ser puestos en conocimiento de la prueba existente en forma oportuna, de manera que un retardo excesivo e injustificado por parte de la Fiscalía recurrida en evacuar la prueba en cuestión, lesionó el derecho del amparado a preparar su defensa”. Por ello el recurso debe ser declarado con lugar sin ordenar la libertad del amparado, por la infracción al derecho de defensa consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ordenándose a la Fiscalía de (...) evacuar la prueba que ha ofrecido la defensa ...” (21). En este aspecto final de la cita constitucional, vale solo mencionar y criticar la desnaturalización del HABEAS CORPUS, ya que se declara con lugar el recurso, pero se deja en prisión a la persona lesionada por la omisión del órgano acusador, siendo que ello ocurre en la gran mayoría de los casos que son declarados con lugar ante la Sala en cuestión.
VI. b. Derecho a participar en aquellos actos de carácter irreproducible
La Sala Constitucional sobre la participación en actos judiciales de carácter irreproductible se ha pronunciado desde su creación en el año de 1989, siendo que en los primeros años de su nacimiento hubo una mayor injerencia en el ámbito procesal penal por parte de ésta, incidencia que de manera paulatina ha ido en disminución por considerar que muchos temas son asuntos de mera legalidad (22), pero sus decisiones siguen relevantes y aplicables con carácter vinculante para todos, excepto para sí misma (erga omnes). En el caso que nos ocupa, veremos como en la presente resolución la Sala hace alusión a la necesidad de que la defensa participe en aquellos actos judiciales que posean el carácter de irreproducibles, situación que a mi criterio se encuentran las diligencias de allanamiento y los anticipos jurisdiccionales de prueba. Dice la Sala lo siguiente:
“efectivamente ha expuesto de manera clara que los elementos probatorios que sirven de fundamento a una sentencia deben haberse recabado con apego al debido proceso y en particular con respeto del derecho de defensa. También es claro que la participación del defensor en los actos procesales de la fase de instrucción solo era requisito para su validez cuando se trataba de aquellos definitivos e irreproductibles, tal como lo establecían en particular los artículos 191, 192 del citado Código de Procedimientos Penales. De ese modo, no queda duda de que si los actos contra los que se reclama fueron llevados a cabo en contravención con estas disposiciones se violó el derecho de defensa del imputado pero es necesario advertir que de haber ocurrido el último de los supuestos señalados, la sentencia sólo será nula si una vez suprimidas las pruebas ilegítimamente incorporadas del proceso, las demás pruebas que sirvieron de base al tribunal son insuficientes para sustentar el fallo condenatorio”. (23)
Cabe agregar sobre el mismo punto, lo indicado por el doctrinario español Asensio Mellado en cuanto a que considera que “Una vez aparecidas y conocidas las causas que suponen la irrepetibilidad de la prueba, el Juez de Instrucción debe ordenar su práctica anticipada. Esta decisión puede ser adoptada de oficio o a instancia de parte. Si la irrepetibilidad es conocida y evidente (por ejemplo un testigo que reside en el extranjero o en peligro de muerte), la falta de práctica anticipada de la diligencia debe dar lugar, radicalmente, a que el acto de investigación pierda todo valor probatorio, a salvo que el mismo se hubiera practicado en las mismas condiciones que la prueba anticipada.
La prueba anticipada se practicará ante el Juez de Instrucción y contradictoriamente entre las partes, siendo esencial la intervención del Abogado del imputado”. (24)
Con el mismo criterio, el otrora Presidente de la Sala Penal de Costa Rica don DANIEL GONZALEZ ALVAREZ y el actual Fiscal General de la República don FRANCISCO DALL” ANESE RUIZ señalan que “El defensor debe estar presente en todos los actos del proceso, y cuando es posible en los de investigación también; se ha potenciado la intervención de la defensa a tal punto que de no conocerse la identidad del imputado (causa contra reo ignorado), un defensor público debe concurrir a vigilar las actuaciones del fiscal y de la policía para velar por los derechos del futuro imputado”. (25)
Considero que la posición válida es aquella que potencie la participación del defensor o defensora en los actos de disponibilidad de la etapa de investigación, esté o no individualizado el imputado, ya que al ser actos (generadores de prueba) únicos y que no se volverán a repetir, requieren de que un representante del imputado los presencie y vele porque se cumplan a cabalidad con cada uno de los preceptos que protegen los derechos fundamentales de toda persona que es objeto de investigación por parte del aparato punitivo estatal. Incluso voy más allá, al afirmar que si el imputado se encuentra debidamente identificado, se le debe convocar a la recepción anticipada de la prueba, máxime cuando éste se encuentra detenido, ya que tiene el derecho constitucional de ejercer su derecho de defensa material, siendo que podría aportar información importante a su defensor/ a para los efectos del consecuente interrogatorio que se practicara de forma anticipada. Cabe señalar que de forma contraria se ha pronunciado la Sala Penal, de forma especial en el voto No 2006-00256 de las dieciséis horas veinticinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil seis al indicar que:
“la fiscalía solicitó al juzgado penal la práctica del anticipo jurisdiccional de la prueba y la jueza la acogió, tras tomar en cuenta que el testigo es un ciudadano extranjero (nicaragüense) presto a retornar a su país de origen en pocas horas y de manera expresa se indicó en la resolución que se prescindía de la presencia del imputado, atendiendo a que se hallaba recluido en el Centro de Atención Institucional de San José, lo que imposibilitaba trasladarlo a tiempo a la sede del tribunal, en Puerto Viejo de Sarapiquí, para que participara en la diligencia (ver folio 34). La Sala no tiene reparo alguno que hacer al procedimiento seguido. Salta a la vista que existió un motivo legítimo que justificó la práctica del anticipo y que consistió en la inminente salida del país de la víctima, a fin de procurarse en su nación de origen los medios económicos para curarse de las heridas que sufrió a raíz de la tentativa de homicidio de que fue objeto. El argumento de la defensa de que el ofendido gozó de tiempo suficiente para informar al despacho de sus pretensiones de abandonar el territorio nacional, es inatendible. Dadas las circunstancias (con el proceso ya iniciado), no podía obligársele a suspender o postergar su decisión personal de marcharse y a permanecer en el país por un lapso mayor del estrictamente requerido para evacuar su testimonio y, en cuanto a las motivaciones que tuvo para adoptar la decisión, además de que se encuentran plenamente justificadas (necesidad de proveerse de atenciones médicas que no podía costearse en Costa Rica), son en realidad irrelevantes, pues ningún impedimento afrontaba para abandonar el país por la razón que fuese (por necesidad o por gusto) y en el momento que lo desease. Lo que interesa y prevé la ley es que su testimonio pueda recibirse anticipadamente, a través de un acto que se halla regulado con ese propósito, pero no es posible discutir la validez de tal acto a partir de cuestionamientos en torno de la decisión del ofendido de regresar a su país de origen, ya que no existe vínculo alguno entre este extremo y la licitud del procedimiento.
A lo sumo, esas motivaciones de abandonar el territorio nacional podrían discutirse y tomarse en cuenta al momento de valorar la probanza, si el punto tuviese algún interés, mas no, se reitera, para enjuiciar la validez de su recepción. El Ministerio Público y el juzgado penal actuaron conforme a derecho, a partir de lo que se les informó y tras constatar la obvia previsibilidad de que la víctima no comparecería a declarar en el debate. Es evidente, por otra parte, que se estaba ante un caso de extrema urgencia, conforme lo prevé el artículo 294 del Código Procesal Penal, ya que el testigo saldría del país en pocas horas, lo que justificaba prescindir de la citación o la remisión del imputado, quien se encontraba recluido en un centro muy alejado de la sede del tribunal, haciéndose con ello imposible adoptar medidas para asegurar su presencia oportuna en el anticipo probatorio. Esta imposibilidad material, atendiendo a la urgencia de evacuar la probanza, se enmarca sin forzamiento en las excepciones que prevé el artículo 294 de cita para prescindir de la citación del justiciable. Por último, el acto se llevó a cabo con la intervención activa de la defensa técnica (la aquí recurrente), quien representó a su defendido, formuló las preguntas que estimó pertinentes y útiles para el mejor ejercicio de su tarea y agotó los medios impugnaticios a su disposición en procura de tutelar su punto de vista, aunque no fuese atendible (ver folios 36 al 40)”. Solo me resta señalar, que si se denotó una participación de la compañera Defensora, ello obedece a la diligencia que caracteriza a los/ as funcionarios/ as de la Defensa Pública, pero lo que es innegable, es que se coartó el derecho de defensa material del imputado, ya que la mayoría de veces la estrategia en el interrogatorio de la defensa técnica se encuentra orientada en la información que es obtenida en la conversación previa con el representado, siendo que en casos como el que nos ocupa, ello fue imposible de realizar, provocándose un agravio en los intereses del imputado.
Este es el tópico central de la presente ponencia, sirviendo todo lo anteriormente expuesto para analizar la necesidad de que el/ la defensor/ a sea llamado y acuda a cada uno de los allanamientos que practique el Ministerio Público, independientemente de si existe un imputado identificado o no. Como decía con anterioridad, la jurisprudencia de la Sala Constitucional como de la Penal, así como del Tribunal de Casación Penal han sido homogéneas al considerar que la validez del allanamiento no depende de la participación de un defensor público o privado, sino que únicamente se requiere de la presencia del JUEZ PENAL o de garantías quien de acuerdo con la concepción del nuevo Código Procesal Penal es el llamado a guardar y velar por el respeto de los derechos contemplados en la legislación procesal y el derecho internacional y comunitario.
Dicha posición asumida por los máximos órganos judiciales de nuestro país, no la comparto en el tanto, la práctica diaria a evidenciado que todavía muchos de nuestros jueces penales arrastran vestigios de la anterior normativa procesal (jueces de instrucción), por lo que son condescendientes con la policía y los representantes del Ministerio Público en la ejecución de las labores de investigación, además de que en algunas ocasiones se denota una delegación excesiva de labores en el Fiscal por parte del Juez de “Garantías”, lo anterior por lo general en la ejecución de los allanamientos, por ejemplo de forma reciente se presentó un caso en donde un Juez Penal Juvenil de la capital se presentó al allanamiento con el rostro cubierto con un pasamontañas, situación que fue objetada en la vía del recurso de Hábeas Corpus, en donde la Sala Constitucional no solo ordenó la libertad del menor imputado, sino que remitió el asunto a las instancias disciplinarias del Poder Judicial, incluso el menor fue sobreseído de toda responsabilidad penal por otros errores en el manejo del allanamiento, al cual acudió una Defensora Pública (Ver voto No 4495- 2007 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica). También a modo de ejemplo, podemos indicar que en los allanamientos es muy normal que se decomisen todo tipo de bienes de manera indiscriminada, cuando el objeto de la orden es otro muy distinto a tal actuación, siendo que de encontrarse el/ la Defensor/ a Público/ a presente, su obligación es oponerse a este tipo de prácticas que lesionan los derechos de los imputados, entendiendo que en muchas ocasiones se considera que la presencia del letrado/ a de nuestra institución, dificulta las labores de instrucción, por encontrarse éste atento a todo lo que sucede durante la ejecución de las diligencias en las que participa.
Así es como mediante acuerdo de Corte Plena # 7-98, del 2 de marzo de 1.998, Artículo XV, Circular # 5-98, publicada en el Boletín Judicial 3 77, del miércoles 22 de abril de 1.998, que se dispone que la Jefatura de la Defensa Pública deberá tener un rol de funcionarios (as) para atender todas las diligencias a las que seamos llamados por parte de los órganos de investigación. Siendo, que en la actualidad en todas las competencias territoriales en las cuales haya una oficina del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, existe al menos un/ a defensor/ a público/ a que se encarga fuera de las horas laborales ordinarias a atender todas las actuaciones judiciales que requieran de su presencia. A pesar de todo lo anterior, y a que se paga un rubro (26) en nuestro salario por la disponibilidad a la que estamos sujetos/ as, he notado que en gran parte del país no se está llamando en la mayoría de las diligencias al representante de la Defensa Pública, situación que no puede ser achacada a una directriz de la Fiscalía General, ya que no existe ninguna al respecto, pero que pareciera depender de la discrecionalidad de cada uno/ a de los/ as Fiscales/ as Auxiliares del país. Lo anterior, no lo considero correcto en el tanto, desde el punto de vista presupuestario se nos está cancelando un monto determinado por la disponibilidad (además de lo relativo a las horas extras), cuando en realidad no se está ocupando de nuestros servicios en todas aquellas diligencias en la que nuestra presencia es viable.
Sobre el tema la Sala Constitucional citada por la Sala III ha indicado lo siguiente: “... no se aprecia en dónde reside el defecto o vicio por el que se debe considerar ilegítimo el allanamiento practicado en la vivienda del gestionante, toda vez que su ejecución se realizó con plena observancia de los requisitos y exigencias establecidos en la normativa procesal vigente. Por otra parte, conforme lo ha resuelto en múltiples oportunidades esta Sala, la participación de un defensor de la confianza del justiciable, o bien, de un defensor público en esta clase de diligencias, no es lo que le otorga a estas su respectiva validez, pues ello resulta del cumplimiento de las formalidades previstas en la ley y, en lo esencial, de la efectiva presencia de una autoridad jurisdiccional en la actividad. En otras palabras, la garantía de la legalidad de esta actividad resulta de la presencia de la autoridad jurisdiccional respectiva y no de la participación de un defensor público o privado en el acto. En lo que interesa, se ha resuelto lo siguiente: “Debe recordarse, que lo normal u ordinario es, que las facultades de intervención, asistencia y representación, se puedan ejercer ampliamente a lo largo del proceso; sin embargo, en la etapa preparatoria, por la urgencia con que deben realizarse algunas pesquisas - excepcionalmente - el derecho de defensa se atenúa y la garantía de regularidad y legalidad del acto es suplida por la intervención de una autoridad jurisdiccional, la cual, de acuerdo a normas de imparcialidad, debe constatar que el acto se realice con absoluto respeto de los derechos de los intervinientes. Esta conjunción entre las potestades acusatorias del Ministerio Público y del ejercicio razonable de la defensa técnica, encuentra su regulación en el artículo 292 ejúsdem, en virtud del cual se reconoce el derecho del defensor de asistir, presenciar y proponer diligencias, bajo la condición de que: “... su participación no interfiera en el normal desarrollo de las actividades...”.
Bajo el parámetro interpretativo que prevé el artículo 2 del Código Procesal, el operador debe propender a no desnaturalizar el sentido de la norma transcrita, es decir, no debe convertir en regla la excepción. En otros términos: so pretexto de propiciar la eficacia de las indagaciones, el Estado no puede desconocer - como política generalizada - derechos que previamente ha instaurado en pro del justiciable, salvo cuando proceda al amparo de las excepciones que el mismo legislador haya autorizado. En efecto, esto es lo que sucede en los allanamientos legalmente decretados, los cuales por incidir directamente sobre derechos fundamentales (verbigracia, el ámbito de intimidad de los ocupantes del sitio, derivado del artículo 23 Constitucional), requieren el cumplimiento de una serie de requisitos(...) Ahora bien, respecto a la intervención del defensor en el allanamiento - en tesis de discusión - podría pensarse que por afectar derechos fundamentales, el allanamiento debe verificarse de acuerdo a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba (artículo 293 ibídem). No obstante, dada la naturaleza y oportunidad con que debe realizarse, máxime si se efectúa al inicio de la investigación y no existe imputado individualizado, el mismo Código autoriza para que el acto se efectúe sin convocar a las partes y sólo en caso de estimarse necesario, se solicitará la intervención de un defensor público (artículo 294). Evidentemente, esto encuentra sustento en la necesidad de proteger los posibles resultados de la diligencia, que razonablemente podría verse frustrada en el evento de que el afectado tuviera conocimiento de su verificación. Bajo este mismo razonamiento, aún cuando exista imputado individualizado en un proceso en trámite, a efecto de garantizar el éxito de la investigación - por razones de urgencia - debe prescindirse de convocar al defensor asignado (público o particular). En estos casos, puede designarse un defensor público para que asuma la representación del encartado - exclusivamente para tal diligencia - en el entendido de que - de inmediato - las actuaciones deberán ponerse en conocimiento del Letrado escogido por el justiciable o asignado por la Defensa Pública. Obsérvese que el Código no exige la asistencia del defensor en el momento de realizarse la diligencia de allanamiento, pues comúnmente cuando se realiza, aun se ignora quién o quiénes podrían ser los imputados. No obstante, a fin de dotar de mayores garantías a los encausados, la Corte Plena dispuso que la Defensa Pública mantuviera un listado de profesionales disponibles, a los cuales pueda acudirse en caso de ser necesario (ver al efecto acuerdo de Corte Plena # 7-98, del 2 de marzo de 1.998, Artículo XV, Circular # 5-98, publicada en el Boletín Judicial 3 77, del miércoles 22 de abril de 1.998).
A efecto de dar solución al reclamo planteado, debe quedar claro que como lo ha establecido esta Sala y lo ha asumido el Tribunal Constitucional, la inasistencia del defensor o su deficiente intervención en el allanamiento, no invalida los resultados de la diligencia, pues se entiende que el Juez asume la representación del encartado como garante del respeto de sus derechos procesales(...) En el mismo orden de ideas, aunque de manera genérica, la Sala Constitucional ha indicado que: “... la omisión de nombramiento de un defensor que participe en la realización de las diligencias iniciales de la investigación y sobre los actos preliminares que conducirán a la individualización del imputado, no infringe el debido proceso, siempre y cuando exista la participación y el control suficientes de parte del juez de garantías en tales actuaciones...” (ver Voto # 6.469-99, de 14:33 horas del 18 de agosto de 1.999). Como se aprecia, la lesión al debido proceso y al derecho de defensa del justiciable, no se ocasiona por la inasistencia de algún defensor, sino que - de existir - los defectos procesales pueden haberse originado en actuaciones independientes de la del Letrado, por ejemplo, el incumplimiento de los presupuestos, requisitos y procedimiento, referidos en este Considerando.” (Sala Tercera de la Corte, voto No. 1453 de las 9 horas del 19 de noviembre de 1999, puede verse también los votos No. 468 de 9:20 horas de 23 de abril de 1999 y No. 1114 de las 9:10 horas del 3 de septiembre de 1999).
Como se colige de lo anterior, lo mismo que de la lectura del fallo, en la especie no se aprecia lesión alguna a las garantías del imputado (...), pues la intervención del Juez que participó en la diligencia de allanamiento, ordenada conforme a las exigencias impuestas en la normativa vigente, es lo que permite otorgarle a esta diligencia las garantías y legitimidad que se reclaman. Por tanto, distinto a lo que se solicita, no podría restársele eficacia probatoria a esta actividad y a la prueba que de ella derivara, pues en su producción no se infringió norma alguna de índole procesal o constitucional que deba ser decretada”. (27)
Vista la anterior resolución, la cual contiene un criterio que impera hasta el momento en la práctica judicial costarricense, hemos decir con una posición crítica luego de nueve años de vigencia del actual Código Procesal Penal, que el Juez es un ser humano que puede cometer errores y que muchas veces se encuentra sometido al escrutinio público mediante la información que divulgan los diversos medios de prensa, y como tal puede sentir presión no solo de la ciudadanía, sino también de la policía o bien de quienes llevan el ejercicio de la investigación penal, el Ministerio Público, por lo que es necesario que en aquellas diligencias cuyo resultado no pueda reproducirse sea indispensable la presencia de la Defensa Pública como un contrapeso al poder estatal en ejercicio de la persecución penal en contra de los imputados, individualizados o no, ya que ello por un lado garantizará los derechos procesales de éstos, así como dará una mayor legitimidad a las actuaciones de los órganos de investigación en pro de la consecución de la verdad material de los hechos.-
VI. d. Sobre el derecho al acceso al legajo paralelo (28)
Los/ as Fiscales/ as del país, acostumbran llevar un legajo que se denomina paralelo, el cual se encuentra agregado al principal, en el cual plasman entre otras cosas un resumen de su estrategia de investigación, el contenido de determinados elementos probatorios (esencialmente testimonios) que han decido no incorporar de manera formal al expediente principal. Lo que ha sucedido en la práctica, es que en ciertas ocasiones cuando los/ as abogados/ as han gestionado el estudiar dicho legajo paralelo, la respuesta ha sido negativa de parte del ente fiscal.
Así mismo, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a acceder al legajo paralelo, siendo de importancia transcribir lo siguiente: “V.- En reiteradas resoluciones, tanto anteriores como posteriores a la antes citada, la Sala ha tutelado el derecho de acceso al expediente penal por parte de cualquier abogado que lo solicite, considerando que, en virtud de su condición profesional, se le tiene como titular de un interés legítimo que lo faculta al efecto (v. por ejemplo, las sentencias #3984-92, 3154-95), tanto por razón de la protección de su derecho al ejercicio profesional, cuanto por las consecuencias para el ejercicio de la defensa, el cual supone que el eventual defensor pueda informarse a cabalidad del asunto. Específicamente, con relación, al llamado legajo paralelo o de la Fiscalía, esta Sala señaló en la sentencia 2200-98 de 10:54 hrs. de 27 de marzo de 1998 que:
“el derecho que tienen las partes de examinar las actuaciones, abarca no sólo al legajo principal o de investigación (elaborado por el Ministerio Público con el fin de preparar su acusación, tal y como señala el artículo 275 del Código Procesal Penal), sino también al legajo paralelo que contiene todas las diligencias practicadas por el Fiscal a cargo del caso y que no son susceptibles de ser incorporadas como prueba válida al juicio. Existen entonces para el Fiscal la posibilidad de declarar el secreto total o parcial de las actuaciones -legajos- en la medida que su publicidad pueda entorpecer la investigación. Tales medidas deben ser siempre motivadas, razonadas, fundamentadas con base en las circunstancias que rodean el hecho y los elementos probatorios con los que cuenta el Fiscal en esa etapa del proceso."
Esta tutela del derecho del imputado y de su defensor al acceso al legajo paralelo para fines del ejercicio de la defensa ha sido reconocido, también, entre otras, en las sentencias #2000-5586, 2000-7532 y 2000-4182. También, ha extendido ese derecho a otros participantes en el proceso, como el caso de la madre de la víctima de un homicidio (v. Sentencia #2002-3157).-
De tal evolución de la jurisprudencia, en que han quedado definitivamente sentadas tanto la legitimación de cualquier abogado para examinar el expediente penal, como las consecuencias para efectos del ejercicio de la defensa de los imputados, la Sala considera que dicha legitimación abarca, también, la del conocimiento del expediente del Fiscal o legajo paralelo. Sobre el particular, ha quedado demostrado que la Fiscalía recurrida ha fundamentado su actuación en las directrices de la Comisión de Asuntos Penales remitidas por la Fiscalía General de la República en Circular #26-99 de 20 de julio de 1999, en la cual se comunica el oficio #58-99 de 23 de junio de 1999. Tal hecho obliga a referirse a lo allí expresado por la Comisión de Asuntos Penales, únicamente en cuanto que:
“… si el Fiscal utiliza el legajo paralelo, dicho instrumento es de su uso exclusivo, no existiendo la obligación de mostrarlo a las partes, pues se trata de notas o apuntes que no serán incorporadas al debate de ninguna forma y que solamente ayudan al Fiscal a formarse criterio acerca de la existencia o no de un juicio de probabilidad, necesario para actuar o no en determinado sentido. Obligar al representante del Ministerio Público a mostrar el legajo paralelo, entendiéndolo en los términos que aquí se señalan, equivale en muchas ocasiones a obligarle a revelar su estrategia de investigación, lo que podría causar enormes perjuicios a la misma, creándose así un obstáculo en la potestad del Estado a la hora de investigar hechos delictivos, misma que deriva del derecho constitucional de tutela jurisdiccional y del principio de reserva de ley (artículos 41 y 28 de la Constitución Política). Igual de ilógico resultaría si se le obligase a la defensa a mostrar las minutas o las notas que pueda realizar el defensor en las que hace constar su estrategia de defensa”.
En contra de tal criterio la Sala ha considerado, como se ha dicho, que sí es menester enseñar a las partes -stricto sensu- tanto el expediente principal, cuanto el legajo de medidas cautelares y el legajo paralelo (p. ej. en la sentencia # 2000-5586, citada supra).
De manera que esta evolución de la jurisprudencia nos lleva a la conclusión de que el abogado que para fines de determinar si asume o no la defensa de un imputado está legitimado también para revisar el legajo paralelo, del cual puede extraer elementos de juicio para formar criterio acerca de su decisión. En este sentido, su posición frente al proceso es similar a la del defensor ya constituido. Debe, sin embargo, tener conciencia la reserva a que está obligado, por razones de ética, con relación a la información que pueda derivar del acceso a dicho legajo. En consecuencia, la Sala considera que la denegatoria de acceso al legajo paralelo al abogado que lo solicita para efectos de determinar si asume la defensa de un imputado, al mismo tiempo que viola su derecho al ejercicio de la profesión menoscaba el derecho de defensa del imputado. Por lo anterior, procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la Fiscalía recurrida que facilite las piezas del legajo paralelo de la causa seguida en contra del aquí recurrente...”. (29)
Criterio diverso es el mantenido por el ex Magistrado de la Sala III Dr. Daniel González y el señor Fiscal General Dall” Anese Ruiz al señalar que: “Debe el fiscal llevar dos expedientes, uno - a disposición de las partes- en que constan los medios de prueba recabados, las solicitudes al juez penal y las resoluciones y notificaciones recibidas; y otro, denominado “paralelo”, en que se consignan los aspectos estratégicos de la investigación, como allanamientos por realizar, detenciones, secuestros o decomisos, etc., cuya naturaleza impide el examen de las partes. Por supuesto, una vez cumplidas las diligencias pendientes en el paralelo, se trasladan al expediente principal y quedan a disposición de las partes”. (30)
Considero que la posición asumida por la Sala Constitucional es la correcta, en el tanto la defensa técnica como material deben tener pleno acceso a las diligencias (por ejemplo entrevistas de testigos), que se encuentren en el legajo paralelo del representante del Ministerio Público, ya que es prueba que puede eventualmente ser parte del acervo probatorio que la Fiscalía presentará en su contra en la acusación, por lo que no es posible que se sorprenda al imputado con prueba que no fue de su conocimiento en la etapa preparatoria. No creo correcto aquel criterio que exponga que no se lesiona el derecho de defensa en el tanto, el resultado de las diligencias planeadas y organizadas en el legajo “paralelo” sean posteriormente plasmadas en el principal, ya que el Tribunal Constitucional costarricense en el voto trascrito fue claro en señalar que se lesiona el debido proceso al no mostrar el legajo paralelo a cualquier abogado/ a que quiera estudiar el caso para decidir si lo asume o no, y con mucha más razón en el caso de aquel letrado/ a que se encuentra debidamente apersonado/ a en la defensa de los intereses del imputado.
Luego de nueve años de encontrarse en funcionamiento el actual Código Procesal Penal, considero han sido muchos los logros que se han obtenido en beneficio del efectivo respeto de los derechos fundamentales de los/ as imputados/ as dentro del proceso penal (derecho de defensa). Pero aún se originan prácticas que menoscaban estos derechos, como por ejemplo la ausencia de los/ as defensores/ as en los allanamientos, o bien la inasistencia del acusado en los anticipos de prueba. Siendo todo esto una lucha que se debe seguir dando en la práctica forense diaria, mediante la utilización de las garantías constitucionales y legales con las que contamos los y las abogados que trabajamos en la materia procesal penal.
Asensio Mellado (José María). Derecho Procesal Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, España.-
Gómez Colomer. El Proceso Penal Alemán Introducción y Normas Básicas. Bosh, Casa Editorial, S. A., Barcelona, España.-
Maier (Julio). Introducción al Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires.-
Porras Villalta (Mario), y Sanabria Rojas (Rafael) “Prueba Ilícita en la Jurisprudencia Constitucional y Penal”. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2002.-
Llobet Rodríguez (Javier). Proceso Penal Comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003.-
Vásquez Rossi, Jorge Eduardo: La Defensa Penal, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 3ra. edición actualizada, 1.996.-
González Álvarez (Daniel) y Dall” Anese Ruíz (Francisco). “Alcances prácticos de la Reforma Procesal en Costa Rica”. Contenido en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales No 21, San José, Año 2003.-
González Álvarez (DANIEL). “La Prueba en los procesos penales centroamericanos”. Contenido en la Revista de Ciencias Penales No 17. San José, 2000, pp. 127. Citando a José María Asensio Mellado. La prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2, en “Poder Judicial” No 4, Madrid.
Voto No 2003- 1727 del 4 de marzo de 2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2005-01093 de las once horas del catorce de septiembre de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2005-00284 de las nueve horas quince minutos del quince de abril de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2005-00260 de las nueve horas diez minutos del ocho de abril de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2000-0283 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de marzo del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2003-01727 de las catorce horas con treinta y tres minutos del cuatro de marzo del dos mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 1739- 92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2000-04526 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del treinta y uno de mayo del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2003-10689 de las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de septiembre del dos mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Voto No 2007-04495 de las diecisiete horas y cincuenta y siete minutos del veintiocho de marzo del dos mil siete de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Respuesta de la Comisión de Asuntos Penales, 23 de junio de 1999. Contenida en www.poder-judicial.go.cr/salatercera
(*) Magíster en Derechos Humanos (U. N. E. D- CR). Defensor Público de la Unidad de Casación Penal - Poder Judicial de Costa Rica
1. La Defensa Pública tiene su antecedente en la Ley No 13 del 2 de junio de 1928, en la cual se le encomendaba a los abogados litigantes la defensa de las personas sin recursos económicos. Mediante la Ley de Presupuesto Ordinario para el año 1970, se aprobó el pago de salarios para los Defensores (as) Públicos (as) a cargo del Poder Judicial. Fuente: Boletín Informativo de la Defensa Pública.
2. Si el imputado en un Estado de Derecho es sujeto del proceso y no mero objeto, no cabe duda de que el proceso en sí mismo cumple también la función de protegerlo de todo tipo de abusos que, bien pudieran limitar sus derechos inherentes a su condición de persona, bien pudieran por tanto conducir a situaciones injustas y que no garantizarían el hallazgo de la verdad”. Ver Asensio Mellado (José María). Derecho Procesal Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, España, pp. 27.
3. Asensio Mellado (José María). Derecho Procesal Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, España, pp. 70.
5. “... tal calidad se asume desde el primer momento de la investigación, en virtud de cualquier acto que implique persecución penal en contra de una persona. Y desde ese mismo inicial momento, nace -con limitaciones...”. Ver Vásquez Rossi, Jorge Eduardo: La Defensa Penal, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 3ra. edición actualizada, 1.996, pp. 148 y 149.
6. Se encuentra compuesta por 362 funcionarios, de los cuales 240 son Defensores (as) Públicos (as), 51 asistentes jurídicos, 65 administrativos y 6 investigadores. Fuente: Presupuesto Poder Judicial. Unidad Administrativa de la Defensa Pública.
7. Dicho numeral reza lo siguiente: “Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de defensa es irrenunciable. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él”.
8. Ver Voto No 2005-00260 de las nueve horas diez minutos del ocho de abril de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
9. “Las partes deberán litigar con lealtad, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede”.
10. Asensio Mellado (José María). Derecho Procesal Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, España, pp. 70- 71.
11. Maier (Julio). Introducción al Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires, pp. 547.
12. Ver Voto No 2005-00284 de las nueve horas quince minutos del quince de abril de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
13. "d) El derecho de defensa en sí:
También se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en resumen; el derecho del reo a ser asistido por un traductor o interprete de su elección o gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado, en su caso también proveído gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para defenderse personalmente, opción esta última que el juez debe, no obstante, ponderar en beneficio de la defensa misma; [...]"
Así las cosas, la defensa debe ser técnica y especializada, en razón de la materia, por cuanto el ámbito sancionatorio comprende muchas variables, que en el área de la defensa se manifiesta en secciones especializadas, tales como la agraria, la ejecución de la pena, pensiones alimentarias y asuntos disciplinarios, e inclusive, y con mayor razón, la penal juvenil. Ver Voto No 1739- 92 citado por el Voto No 2003-10689 de las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de septiembre del dos mil tres ambos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
14. Gómez Colomer. El Proceso Penal Alemán Introducción y Normas Básicas. Bosh, Casa Editorial, S. A., Barcelona, España, pág. 128.
15. Algunos autores hablan de una verdad formal también, aunque para Llobet Rodríguez siguiendo a BETTIOL (Instituciones ..., pp. 210- 212) esa verdad carece de sentido. Ya que “En efecto tanto el proceso penal como el proceso civil buscan resolver el asunto discutido conforme a los hechos que habrían ocurrido.
16. Llobet Rodríguez (Javier). Proceso Penal Comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003, pp. 215.
17. Ver Voto No 2000-04526 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del treinta y uno de mayo del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
18. Ibídem, página 142.
19. González Álvarez (DANIEL). “La Prueba en los procesos penales centroamericanos”. Contenido en la Revista de Ciencias Penales No 17. San José, 2000, pp. 127. Citando a José María Asensio Mellado. La prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2, en “Poder Judicial” No 4, Madrid, p. 38.
20. Entendiendo por ésta, todo “... aquel medio probatorio, dirigido a influir en el ánimo del juzgador con miras a acreditar el hecho, que es prohibido en sí mismo considerando, o, siendo lícito, fue obtenido mediante una infracción constitucional”. Ver Porras Villalta (Mario), y Sanabria Rojas (Rafael) “Prueba Ilícita en la Jurisprudencia Constitucional y Penal”. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2002. Pág. 9
21. Voto No 2003-01727 de las catorce horas con treinta y tres minutos del cuatro de marzo del dos mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
22. Al respecto pero en el ámbito penitenciario nacional se puede ver: García Aguilar (Rosaura) y otro. “Los Derechos Fundamentales tras los muros de la prisión”. CONAMAJ, San José, 2003.
23. Ver Voto No 2000-0283 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de marzo del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
25. González Álvarez (Daniel) y Dall” Anese Ruíz (Francisco). “Alcances prácticos de la Reforma Procesal en Costa Rica”. Contenido en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales No 21, San José, Año 2003, pp. 153.
26. Según consulta realizada vía telefónica al Departamento de Personal, Sección Salarios el día 25 de octubre de 2005.
27. Ver Voto No 2005-01093 de las once horas del catorce de setiembre de dos mil cinco de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
28. “Dentro del llamado legajo paralelo, cuyo fundamento legal no existe, pero se trata de una práctica generalizada y de alguna forma acordada, dentro del Ministerio Público...”. Ver Respuesta de la Comisión de Asuntos Penales, 23 de junio de 1999. Contenida en www.poder-judicial.go.cr/salatercera
29. Ver Voto No 2003- 1727 del 4 de marzo de 2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
30. González Álvarez (Daniel) y Dall” Anese Ruíz (Francisco). “Alcances prácticos de la Reforma Procesal en Costa Rica”. Contenido en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales No 21, San José, Año 2003, pp. 153.

References: resolución 
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 artículo 294
 artículo 294
 artículo 292
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 275
 artículo 24
 artículo 39
 artículo 8
 artículo 24