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Timestamp: 2019-03-26 04:52:01+00:00

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Caspe, 1932: el desahucio de los franciscanos y la apertura del Instituto de Segunda Enseñanza “Joaquín Costa” (parte I) - El AgitadorEl Agitador
Corría el año 1932. El día 3 de agosto, José Latorre Blasco, alcalde de Caspe en funciones, acompañado por una comisión municipal y varios guardias, se personaba en el convento de los franciscanos con el propósito de hacer efectivo el desalojo. Ante la negativa de los frailes se hacía necesaria la presencia de la Guardia Civil. Dos parejas de la Benemérita comandadas por el alférez del puesto de Caspe acudían, y, finalmente, el desahucio se ejecutaba. Las instalaciones conventuales, ubicadas en pleno centro de la ciudad, volvían, casi un siglo después, a manos municipales.
La Segunda República propiciaba la expulsión de los conventuales tras la aprobación de la Constitución del 9 de diciembre de 1931. Una corporación municipal valiente haría el resto. Adelantándose al artículo 26, en septiembre de 1931 el Ayuntamiento acordó en pleno “conseguir la reversión a favor del Concejo del uso y disfrute de las dependencias de propiedad municipal que en esta población ocupan los PP. Franciscanos”[1]. El propósito era habilitar en las dependencias conventuales un instituto de secundaria, manteniendo los religiosos la iglesia para el culto, como así se hizo.
Durante algunas etapas, Caspe ya había disfrutado de enseñanza media. Pero la durabilidad de la misma fue siempre exigua. En 1928 se hablaba de la carencia de educación secundaria como un “manoseado problema”[2]. En octubre de ese mismo año abría sus puertas el centro de secundaria “Sagrado Corazón de Jesús”, sito en la plaza de la Virgen. Contó con 3.000 pesetas de subvención municipal al año, dejándolas de recibir –lo que hizo muy difícil su sostenimiento- con la llegada de la Segunda República y la creación del centro oficial de secundaria[3].
La decisión municipal sobre el desalojo de los frailes se topó con feroces enemigos. Al margen de los sectores conservadores de Caspe, la prensa de derechas, tanto regional como nacional, cargó muy pronto las tintas contra la corporación:
“(…) el Ayuntamiento de dicha ciudad haya acordado que en el plazo de diez días desaparezca el Colegio de los Agustinos, en el que reciben educación más de 200 niños. Con esta medida, de llevarse a cabo, se ocasionarían graves perjuicios para los niños del pueblo, que carecerían de todo medio de instrucción”[4].
El párrafo precedente proviene del rotativo católico La Cruz, el cual daba a entender –no sabemos si desde la ignorancia o desde la mala intención- que el desalojo de los frailes y el fin de la enseñanza primaria supondría para Caspe un grave problema educativo. Sin embargo, parece olvidar el diario que Caspe ya contaba con un amplio centro educativo de educación primaria, el Grupo Escolar.
A Agustín Cortés Guiu, abogado de formación[5], y quien se definía así mismo como “republicano, conservador y católico”[6], no le tembló la mano a la hora de poner en marcha los trámites para recuperar el edificio: “en la alcaldía soy uno de los administradores de la ciudad”[7], declaraba en septiembre de 1931. Sin embargo, el asunto generó tal controversia que Cortés consideró necesario explicar a los lectores de La Voz de Aragón por qué el Ayuntamiento de Caspe se apropiaba del edificio –según Cortés, nunca había dejado de pertenecerle[8]-, y cuáles eran las irregularidades del préstamo de las instalaciones que se cometieron en el siglo XIX:
“La Junta de Gobierno de la provincia de Zaragoza cedió al Ayuntamiento de Caspe determinado edificio para que éste lo emplease en fines de enseñanza, Casa Consistorial y otros objetos de utilidad pública. Tal concesión fue confirmada por R.O. [Real Orden] de 17 de agosto de 1850. El Ayuntamiento de Caspe, en 1848, cedió este edificio a los clérigos regulares de San José de Calasanz para mientras tuvieran establecido en él un colegio de primera y segunda enseñanza regido por dichos religiosos cesionarios y así ocurrió hasta el año 1889, en que por no convenir a sus intereses continuar en el disfrute de la cesión se retiraron de Caspe, rescindiendo el contrato con el Ayuntamiento y entregando a éste, como propietario del mismo, el edificio cedido.
“Pretendió el Ayuntamiento que en Caspe continuase la enseñanza desempeñada por religiosos y, puesto al habla con la Orden de Franciscanos, ésta vino a Caspe encargándose de dar la enseñanza de latinidad y de la inspección y dirección moral de una escuela de 1ª enseñanza. El Excmo. Ayuntamiento les cedió gratuitamente el edifico de referencia, el cual volvería, como es lógico, al Ayuntamiento tan pronto los religiosos, por cualquier causa, tuvieran que abandonarlo o que cesaran en la enseñanza”[9].
Siguiendo la versión de Cortés, el Ayuntamiento de Caspe no tenía facultad legal para llevar a cabo la cesión a la Orden Franciscana; la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 se lo impedía, puesto que el traspaso del edificio se supeditaba a una autorización “superior” (entendemos que estatal). Aún con todo, la cesión se formalizó y escrituró el primer día de mayo de 1889 sin contar con la autorización citada.
En 1922 se produjo la primera amenaza de expulsión, cuando desde el Ayuntamiento se instó a que los padres impartieran estudios de segunda enseñanza[10].
Finalmente, en 1931 tenía lugar el primer acto del definitivo desahucio: el Ayuntamiento de Caspe volvía a la carga con el viejo anhelo solicitando al Estado la creación de un Instituto de Segunda Enseñanza. Pero para ello era necesario disponer, o bien de un edificio adecuado, o bien de los medios económicos necesarios para construir un nuevo centro de enseñanza. Como sabemos, la decisión fue recuperar las instalaciones cedidas a los padres franciscanos.
Basándose en un informe de dos letrados de Zaragoza, -uno de ellos tradicionalista- el Ayuntamiento de Caspe denunció la nulidad del contrato firmado con la Orden en 1889, documento nunca refrendado por “la Superioridad”. Se comunicaba a los franciscanos la invalidez del contrato de cesión, pidiéndoles que desalojasen las instalaciones. Sin embargo, los frailes hicieron caso omiso de la resolución municipal y continuaron ocupando el edificio anexo a la iglesia de San Agustín. Por tanto, la ciudad de Caspe se quedaba, por el momento, sin instituto.
Unos meses después se aprobaba la Constitución Republicana. En su polémico artículo 26 declaraba que: “El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero”[11]. Además, a todas las órdenes se les prohibía el ejercicio de la enseñanza y se advertía que sus bienes podrían ser nacionalizados. La aprobación de la Constitución proporcionaba más razones al Ayuntamiento de Caspe, pues, en la práctica, no podría colaborar económicamente con los franciscanos. La cesión del edificio significaba, según el artículo 26, infringir la ley.
Leemos de nuevo al alcalde Cortés:
“El Ayuntamiento de Caspe comprendió que venía obligado a acatar, a cumplir la ley fundamental, y se dispuso a cesar en el auxilio que venía prestando a los Franciscanos. A tal efecto adoptó los oportunos acuerdos y el alcalde los llevó a ejecución tomando la posesión material del edificio (la jurídica no la había nunca abandonado), sin violencia ni fuerza material, aun cuando otra cosa se haya dicho”[12].
El 30 de julio de 1932, unos días antes de hacer efectivo el desalojo, el alcalde interino de Caspe, José Latorre Blasco, se personaba en el Convento de San Agustín concediendo un plazo “improrrogable” de tres días a los frailes[13]. Y como antes hemos adelantado, el 3 de agosto de 1932 el Ayuntamiento de Caspe ejecutaba la reversión de su propiedad mientras los frailes ordenaban levantar acta notarial del desalojo.
Aquella misma noche se organizó una manifestación de protesta que fue contestada por otra de contraprotesta “constituida por elementos de izquierda”. Los ánimos se calentaron, los gritos dejaron paso a los insultos y, de nuevo, la Guardia Civil se vio obligada a intervenir. Junto a Manuel Piera, de 54 años, se distinguieron en la protesta los jóvenes –ninguno había cumplido los 30- Delfín Escorihuela, Vicente Escuín, Mariano Fabián y Tel futuro alcalde de Caspe Teodoro Fuster[14]. Es muy significativo señalar que, de los cinco detenidos, tres serían ejecutados cuatro veranos más tarde. Vicente Escuín sobrevivió a la guerra, pero perdió a su padre y a su hermano Jesús, fusilados ambos.
La salida de los frailes sería muy comentada por la prensa, haciéndose eco numerosos rotativos, especialmente los conservadores. Hemos localizado referencias sobre el asunto en El Día y El Diario, ambos de Alicante; en medios nacionales como La Cruz o ABC; en aragoneses como El Noticiero, Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón; en el valenciano Las Provincias; en El Día de Palencia, La Gaceta de Tenerife y El Diario de la Marina. Entre todos ellos, además del católico La Cruz, destacó la beligerancia de El Noticiero: desde sus páginas se lanzaron duros ataques contra los supuestos responsables de la expulsión de los franciscanos, amplificándose las críticas porque otros medios copiaron las crónicas del medio zaragozano:
“La autoridad no se vio por parte alguna para contener al reducido grupo de “jabalíes” que se dedicó a insultar a las numerosas personas que en forma correcta, pero enérgica, exteriorizaron su simpatía hacia los Padres Franciscanos y su protesta por el atropello de que le les hacía objeto.
“Vino el cambio de régimen y con él se desbordaron las pasiones de los que tienen un concepto equivocado de la libertad, y en Caspe, como en la mayoría de las poblaciones de España, se vive en un ambiente de sectarismo y demagogia que imposibilita el desenvolvimiento de la vida ciudadana y su progreso moral y material. Claro que todos esos elementos campan por sus respetos por la apatía de los elementos de derecha que en Caspe son los más numerosos, y por el egoísmo de muchas personas que se limitan a lamentar desde su casa que tal estado de cosas haya podido producirse, sin dar la cara y sin atreverse a llevar a cabo una actuación social que contrarreste la perniciosa gestión de los que se han erigido en árbitros de la vida local. Ese egoísta retraimiento es la causa de que en Caspe hayan podido producirse los hechos vergonzosos de los pasados días”[15].
Cargaron las tintas especialmente contra el gobernador civil, a quien consideraban cómplice tanto del desahucio como de los sucesos posteriores. El Noticiero calentó tanto los ánimos que dicho gobernador, Álvarez Ugena, se vio obligado a redactar una nota aclaratoria que incluía un aviso para navegantes:
“Todos estos hechos suponen, a juicio de este Gobierno civil, materia propia para que los Tribunales de Justicia incoen el oportuno procedimiento, en averiguación de la responsabilidad en que haya podido incurrir el diario aludido”[16].
Pero nada pudo detener el firme propósito de la corporación; ni la enconada polémica desatada tanto en la prensa como a pie de calle, ni las detenciones, ni la dimisión de un concejal, ni la recogida de firmas en contra de la decisión municipal, hicieron mella en los ediles caspolinos y, a mitad de noviembre de 1932, Caspe veía cumplido un viejo sueño: por primera vez iba a contar con un centro oficial de educación secundaria en la ciudad.
Sobre el centro de secundaria hablaremos la próxima semana.
[1] Archivo Municipal de Caspe, sesión plenaria del 6-9-1931. Curiosamente, el alcalde, Agustín Cortés Guiu, había sido presidente del Sindicato Agrario Católico, pero al respecto de la resolución plenaria declaró después en prensa “en la alcaldía soy uno de los administradores de la ciudad” (El Guadalope, edición del 20-9-1931).
[2] El Guadalope, 3-6-1928 en SERRANO DOLADER, Alberto: “Panorama docente en el Caspe de 1900 a 1936”, Cuadernos de Aragón, IFC, 1984, p. 256.
[3] SERRANO DOLADER, Alberto: “Panorama docente”, pp. 256, 260 y 261.
[4] La Cruz, diario católico. 4-11-1931, p6.
[5] SERRANO DOLADER, Alberto: Prensa católica caspolina a finales del XIX e inicios del XX. El movimiento social-católico, GCC, Caspe, 1985, pp. 94-96.
[6] CABALLÚ ALBIAC, Miguel y CABALLÚ HERNANDO, Ana: “Los Alcaldes de Caspe en los años treinta”. Cuadernos de Estudios Caspolinos X, GCC, Caspe, 1984, pp. 9-50.
[7] El Guadalope, 20-9-1931.
[8] Sin embargo, Alberto Serrano, quien estudió en profundidad el asunto en los años 80, apuntaba hacia una propiedad estatal del edificio, habiendo sido al Ayuntamiento de Caspe, según dedujo tras una meticulosa lectura de las actas municipales.
[9] La Voz de Aragón, 12-8-1932, p. 11.
[10] SERRANO DOLADER, Alberto: Prensa Católica, p. 32.
[11] Constitución de la República Española. Título III, Capítulo Primero, Artículo 26.
[12] La Voz de Aragón, 12-8-1932, p. 11
[13] La Cruz, 6-8-1932, p. 2.
[14] ABC (Madrid), 5-8-1932, p. 26, y La Voz de Aragón, edición del mismo día, contraportada.
[15] Las Provincias, 10-8-1932, p. 2 (la información proviene, según se cita al final del artículo, de El Noticiero, en concreto del texto editado el 2 de agosto de 1932, con el título “Para el Sr. Gobernador… y alguien más”
[16] La Voz de Aragón, 7-8-1932, p.10.

References: artículo 26
 resolución 
 artículo 26
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 Artículo 26