Source: https://es.scribd.com/doc/114952781/PROCEDIMIENTOS-ESPECIALES-PENALES
Timestamp: 2016-05-04 21:14:27+00:00

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PENALES
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Simplificación del procedimiento de investigación y demás trámites  Posibilidad de supresión de una o más fases del procedimiento  Abreviación de los plazos  De ordinario, su iniciativa corresponde al MP y el conocimiento a un Tribunal Unipersonal
I. PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
Procedimiento
por flagrancia Procedimiento por delitos menores Procedimiento por delitos con pena no privativa de libertad
LIMITACIONES A LA LIBERTAD PERSONAL (NORMATIVA VIGENTE)
 Fundamento
constitucional: Art. 44. Legal: Arts. 9 y 243 COPP Detención con base en una orden judicial Aprehensión en caso de flagrancia
LIMITACIONES A LA LIBERTAD PERSONAL (CONSTITUCIÓN 1961)
Detención judicial Detención en casos de flagrancia Detención policial por razones de “necesidad o urgencia”. En este caso, la Ley debía establecer el tiempo máximo de detención, considerándose que las medidas tomadas quedaban privadas de todo efecto si no se convalidaban en el plazo legal (Vid. COPP 1999: 259, primer ap.)
1. PROCEDIMIENTO POR FLAGRANCIA
 Justificación
como procedimiento abreviado
y definición.  Iniciativa del Ministerio Público  Procede sin consideración al delito o la pena  Supresión fase preparatoria y sustitución de la intermedia intermedia.
El que se esté cometiendo o acaba de cometerse. También aquel por el cual el imputado se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor (art. 248 COPP)
FLAGRANCIA. CLASIFICACIÓN
 Flagrancia
en sentido estricto: La persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el hecho y se procede a su aprehensión.  Cuasiflagrancia: El sujeto es aprehendido a poco de haberse cometido el hecho.
Actualidad Individualización
Aprehensión (12 horas) MP (36 Horas)
Acusación Decisión sobre las medidas de coerción y procedimiento aplicable (48 horas) No Flagrante
Proced.ordinario
FLAGRANCIA EN LA LOPNNA
Consideraciones detención
Flagrancia (557) Para identificación (558) Para asegurar la comparecencia preliminar (559) Como medida cautelar (560)
Trámite en caso de flagrancia: Remisión inmediata y decisión judicial en 24 horas. Juicio en los 10 días ss.
EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN FISCAL
El hecho punible merece pena privativa de libertad de 3 años o más en su límite máximo  Se decreta la libertad del imputado
LA APELACIÓN FISCAL SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN QUE DECRETA LA LIBERTAD * Situación del Art. 44.5 de la CRBV?
2. PROCEDIMIENTO POR DELITOS MENORES
 Facultad
del fiscal del Ministerio
Público  Determinación del primer acto de procedimiento.  Efecto: Limitación de la fase preparatoria y supresión de la intermedia.
DETERMINACIÓN DEL PRIMER ACTO DE PROCEDIMIENTO
Art. 71. Código Procesal Penal de Guatemala: “Cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal”. Art. 13. Código de Costa Rica: “...cualquier actuación judicial o policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él”. Art. 654. LOPNNA: “...cualquier indicación policial, administrativa, del Ministerio Público o judicial que señale a un adolescente como posible autor o partícipe de un hecho punible.”
II.- PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS
 Do.
Interno: Corte de la causa en providencia  Do. Comparado:
 Blea
bargaining (EEUU)  Conformidad (España)
Con los hechos  Con la acusación
Fundamento: Renuncia a un derecho  Requisitos de la admisión:
 a)
Expresa  b) Voluntaria  c) Personal  d) No condicionada
Finalidad  Críticas
 Oportunidad
Audiencia
ordinario abreviado
Procedimiento Procedimiento
Preliminar/ Juicio
 ¿Qué
hechos se admiten?
 Distinción
entre hecho y delito/ Sentencia condenatoria
En
caso de condena: consideración del bien jurídico afectado y el daño social causado.
Se prevé una rebaja en hasta un tercio de la pena cuando de trate de delitos cometidos con violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la Ley que regula la materia de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (hoy día LOD). En esos casos la pena impuesta no puede ser inferior al límite mínimo establecido para cada delito.
III.- PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Justificación Tribunal competente para la declaratoria de méritos para el enjuiciamiento
Naturaleza jurídica del antejuicio de mérito
Efectos Situación del Presidente de la República y demás altos funcionarios Situación de los parlamentarios
Atribuciones del T.S.J. Numerales 2 y 3 del artículo 266 Enumeración de los altos funcionarios. Taxatividad?
Caso Rectores del CNE. Fallo N° 934 del 09/05/06:
“…se declara sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por el ciudadano Exssel Alí Betancourt Orozco, contra la norma contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Electoral*, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002, y declara que los Rectores o Rectoras Electorales, en su condición de miembros del Consejo Nacional Electoral, gozan de la prerrogativa del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 266 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ”.
* “Artículo 11. Las Rectoras o los Rectores Electorales mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones, gozan de las prerrogativas procesales correspondientes al antejuicio de mérito, contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal para los altos funcionarios de los poderes públicos”.
Inmunidad parlamentaria y enjuiciamiento de los Diputados (as). Art. 200.
Caso de los Diputados a los Consejos Legislativos: Jurisprudencia de la Sala Constitucional TSJ (Fallo N° 1636 del 16/06/2003).
Situación del Defensor (a) del Pueblo.
REGULACIÓN LOTSJ (ART. 24 Y 110 SS.)
La legitimación activa corresponde al FGR (vid. Sentencia SC/TSJ). Admitida la solicitud se debe fijar una audiencia oral y pública (dentro de los 30 días ss.). En el caso de los diputados se debe proceder conforme al art. 200 CRBV Se exige aprobación de las 2/3 de los miembros cuando se trate de autorizar el enjuiciamiento del Presidente de la República o de dictar sentencia definitiva. Remite en lo no previsto al COPP y al CPC.
Querella (FGR o Víctima*)
Audiencia pública y oral
Autorización de la Asamblea
Declaratoria de méritos
Otros altos funcionarios
D. Común: Proc. Ordin.
Diputados (as) y Def. Pueblo
Allanamiento inmunidad
D. Político: Conoce T.S.J
* Conforme jurisprudencia y art. 115 LOTSJ
IV.- PROCEDIMIENTO DE FALTAS
Órgano competente para solicitar el enjuiciamiento  Vid. Art. 285 CRBV, 124 COPP y 1° CP.  El legitimado, para la citación a juicio, requiere del auxilio de la policía  La falta debe haberse consumado (Vid. Art. 80 CP) Tribunal competente para la tramitación del procedimiento La defensa es facultativa y la decisión irrecurrible  Vid. Arts. 49 y 23 CRBV.
 Citación a juicio  Con auxilio de la policía, expresión del Tribunal e indicación del plazo
 Audiencia:  Admisión de la culpabilidad: Decisión  Solicitud de enjuiciamiento: Debate
Se realiza con las pruebas que se incorporen. Caso contrario, el Tribunal decide sobre la base de los elementos de convicción que acompañaron la solicitud.
 Medidas
cautelares: Proporcionalidad
V.- PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN
Extradición activa y pasiva
Situación del imputado:
Trámite de la extradición activa
Solicita: MP al Juez de control, una vez acordada la privación de libertad Juez de Juicio
  
Situación del acusado:
Situación del penado:
 Juez
Procedimiento: Solicitud. Decisión (30 días ss)- Archivo o Remisión al MRE-Medidas cautelares.
Trámite de la extradición pasiva
Solicitud por parte del gobierno extranjero  Solicitud de medidas cautelares. Límites y efectos  Audiencia oral (con presencia del MP, el solicitado, su defensor y, si hubiere sido designado, el representante del gobierno requirente).  Decisión (en un plazo de 15 días ss a la audiencia)
PRINCIPIOS APLICABLES EN MATERIA DE EXTRADICIÓN
 RELATIVOS
 Doble
AL HECHO PUNIBLE
incriminación  Mínima gravedad del hecho  Especialidad  No entrega por delitos políticos
entrega del nacional
RELATIVOS A LA ACCIÓN PENAL, A LA PENA Y AL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS PROCESALES:
No entrega en caso de prescripción de la acción o la pena (Edo. requirente o requerido) No entrega si el delito tiene asignada pena de muerte o perpetua No entrega en caso de juzgamiento por tribunales adhoc
VI.- PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN DEPENDIENTE DE INSTANCIA DE PARTE
Inicio mediante acusación privada de la “víctima” Proposición ante el tribunal de juicio (Integración?) Admisión de una sola representación Solicitud de auxilio judicial (ante el juez de control)
Decisión Sala Constitucional del 14/03/05
Determinación del juez de control Recurribilidad de la negativa
 Admisión
(o inadmisibilidad) de la acusación
privada  Recurso contra la inadmisibilidad  Posibilidad de subsanar y nueva acusación  Audiencia de conciliación y/o juicio oral y público  Incomparecencia del acusado
 Trámite:
 Posible
resolución de excepciones  Admisión de los hechos  Posibilidad de desistimiento o abandono.
 Abandono:
Sentencia N° 1748 del 15/07/2005. SC/TSJ: Colide con el art. 49 Constitucional.
VII. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Órgano competente para solicitarlo: Ministerio Público  Naturaleza de la solicitud: Acusación (requisitos 326)  En caso de desestimación: Procedimiento ordinario  Procedencia: Sólo en caso de inimputabilidad.
 Inimputabilidad.
Noción y supuestos.
    
Incompatible con un procedimiento ordinario No se exige la declaración previa del imputado para presentar acusación. Posible exclusión del imputado y representación del defensor Inaplicabilidad de la suspensión condicional del proceso Naturaleza de la sentencia:
ABSOLUTORIA O CONDENATORIA  SENTENCIA DE CONDENA. Requisitos 367 COPP  COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN: Art. 479 COPP (encabezamiento)
 Aplicación
de la causal de sobreseimiento prevista en el art. 318.2 del COPP?  Procedimiento de la LOD
 ¿Atipicidad
o inimputabilidad?
VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Sistemas de ejercicio de la acción civil (arts. 49, 422 ss COPP y 113CP)
Una vez dictada sentencia condenatoria firme Ante el tribunal civil
Personas que pueden intentar la acción civil
Víctima (persona natural o jurídica dañada), art. 119 COPP; herederos de la víctima (123 CP), sus acreedores y parientes agraviados (122 CP) Perjudicado civilmente
Objeto de la responsabilidad civil derivada de delito
Restitución = De oficio Reparación = Cuando no es posible la restitución* Indemnización por daños y perjuicios* 393 CP (dote**) Bigamia (401 CP) Ofensa en estrados (447 CP) Ley sobre Delitos Informáticos
Indemnizaciones civiles especiales
*El perjudicado debe, por regla general, demandar esta responsabilidad ** Entrega de una suma de dinero. En el Código Penal de 1873 debía ser fijada en relación a la fortuna y posición social del ofendido y ofensor
Aplicación del procedimiento especial y tribunal competente Trámite: Proposición de la demanda  Admisibilidad y orden de reparación o indemnización de perjuicios  Objeción y audiencia de conciliación  Audiencia oral  Ejecución Situación en caso de admisión de los hechos
NULIDAD DEL PRIMER APARTE DE ART. 427 COPP (SC/TSJ SENTENCIA N° 2210 DEL 21/09/04)
“… Considera la Sala, que del articulado cuya nulidad se pide, sólo son nulas las normas que se refieren al civilmente responsable, por lo que el articulado del 422 al 431 del Código Orgánico Procesal Penal no se anula, ya que éste es apto para que la víctima pueda obtener reparación por parte del condenado. Sin embargo, debe anularse el segundo párrafo del artículo 427 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que mediante el procedimiento impugnado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, no pueden demandarse terceros civilmente responsables. En consecuencia, la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, que conforme al artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal puede ejercerse contra el autor, los partícipes del delito y el tercero civilmente responsable, en cuanto a éste último sólo se podrá incoar ante la jurisdicción civil, la cual puede igualmente conocer de la acción civil, si conforme al artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima o sus herederos, escogieran esta vía, y así se declara”.
IX. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Deroga la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia del 3 de septiembre de 1.998 vigente desde el 1° de enero de 1.999  Algunos antecedentes son: - Convención de Belem Do Pará -Sentencia N° 972 Sala Constitucional del 09/05/06
IX. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  Sancionada por la Asamblea Nacional el 25 de noviembre de 2006 y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.647 el 19 de marzo de 2007. Reimpresa por error material: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.668 del 20 de abril de 2007.  Carácter Orgánico: Sentencia Sala Constitucional N° 229 del 14 de febrero de 2007
Objeto: Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones Formas de violencia (art. 15) La ley derogada se refería a violencia física, psicológica y sexual, la nueva a:
Violencia Psicológica Acoso u hostigamiento Amenaza Violencia Física Violencia Doméstica Violencia Sexual
Acceso carnal violento Prostitución forzada Esclavitud sexual Acoso sexual Violencia laboral Violencia patrimonial y económica Violencia obstétrica Esterilización forzada Violencia mediática Violencia institucional Violencia simbólica Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Ley derogada  Amenaza  Violencia física  Acceso carnal violento  Acoso sexual  Violencia psicológica
Nueva Ley  Violencia psicológica  Acoso u hostigamiento  Amenaza  Violencia Física  Violencia Sexual  Acceso carnal con víctima especialmente vulnerable  Actos lascivos  Prostitución forzada  Esclavitud sexual  Acoso sexual  Violencia laboral  Violencia patrimonial y económica  Violencia obstétrica  Esterilización forzada  Ofensa pública por razones de género  Violencia institucional  Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes  Trata de mujeres, niñas y adolescentes  Obligación de aviso  Obligación de tramitar debidamente la denuncia  Obligación de implementar correctivo
CONDICIÓN DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL
“…Atendiendo a las necesidades de celeridad y no impunidad, se establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, ante un juez o jueza unipersonal para todos los casos, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Art. 94 y ss (todos los delitos inclusive flagrantes). Órganos jurisdiccionales especializados Reducción de plazos respecto al Código Orgánico Procesal Penal Aplicación supletoria del COPP y del CP en cuanto no se opongan a la Ley.
Limitación del lapso para la investigación: 4 meses más posibilidad de prórroga Oportunidad, trámite y prórroga para la presentación del acto conclusivo (vid. 103) Se excluye la participación ciudadana de la conformación del Tribunal de Juicio (vid. 106) Se regula el recurso de apelación contra la sentencia y su trámite dentro de las normas referidas al juicio oral. Se remite al Código Orgánico Procesal Penal en lo concerniente al recurso de casación.
Flagrancia  Conflictos de competencia  Acto de imputación  Actos conclusivos. Oportunidad
Sent. N° 272 del 15-02-07. Sala Constitucional: “…El test de la razonabilidad y de la proporcionalidad es el punto de apoyo de la ponderación entre bienes jurídicos de rango constitucional. Su aplicación implica: la adecuación de los medios implementados para conseguir un fin válido; la necesidad de instrumentar ese medio; y la proporcionalidad propiamente dicha entre el medio y el fin. De estos tres parámetros el segundo es el de mayor dificultad, porque implica que no debe existir un medio menos gravoso para lograr el objetivo. Trasladadas estas nociones a los delitos de género, la concreción del test de la razonabilidad y de la proporcionalidad implica que el fin constitucional (la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género) sólo puede ser logrado de forma efectiva, en lo inmediato, mediante las medidas cautelares de protección, entre ellas, la detención del agresor cuando es sorprendido in fraganti; pero determinar si esta medida cautelar de protección es la menos gravosa no puede ser hecha exclusivamente desde la óptica del agresor, que pretende el derecho a la libertad personal estipulado en el artículo 44 de la Constitución; sino también desde la óptica de la mujer víctima, que invoca su derecho a la vida libre de violencia con fundamento en los artículos 55 y 22.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sólo de este modo la ponderación de los bienes jurídicos constitucionales en conflicto adquiere una dimensión real en el ámbito del juzgamiento de los derechos constitucionales en conflicto, recayendo en el juez la responsabilidad de ponderar los aludidos bienes jurídicos, y de aquilatar la efectividad de la medida positiva de protección. El núcleo del asunto radica en la ponderación que merece los valores protegidos constitucionalmente a la mujer víctima y al agresor. Este ejercicio de razonabilidad evita que la detención del agresor o del sospechoso sea arbitraria, además de tenerse que cumplir con los requisitos legales establecidos para la flagrancia con las particularidades que para este tipo de delitos se desprende del tema probatorio. En definitiva, se instrumenta una medida de protección efectiva a favor de la mujer víctima de la violencia de género, y se le garantiza al agresor o sospechoso que cuando esa medida se instrumenta se hará en apego a los requisitos que para determinar la flagrancia instrumenta el ordenamiento jurídico; eso sí, con una visión real de las dificultades probatorias que aparejan los delitos de género”.
No puede entenderse ni presumirse “que en todos los casos de denuncia de violencia de género se presuponga, de entrada, [que] hay flagrancia”, pues tiene que corroborarse con otros indicios la declaración de la parte informante (vid. sent. SC/TSJ Nº 1597/2006 de 10 de agosto). De hecho, al recibir la petición del Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control debe determinar igualmente los tres supuestos a que se hicieron referencia (que hubo un delito flagrante, que se trata de un delito de acción pública, y que hubo una aprehensión in fraganti). Por tanto, la verosimilitud de estos tres supuestos no se deducen únicamente del dicho de la mujer víctima, se debe deducir también, como hemos venido diciendo, del cúmulo probatorio que es de fácil obtención; pues, al ser los delitos de género en su mayoría una subespecie de los delitos contra las personas, la identificación del agresor y la vinculación de éste con el delito deriva de las pruebas que, por lo general, se hallan en la humanidad de la mujer víctima y en la del victimario, o están en su entorno inmediato. (…Omissis…) En definitiva, la flagrancia en los delitos de género viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es, de integridad física de la mujer víctima”.
Lesiones recíprocas (hombre-mujer). Fallo No. 445 del 11/08/2008. Se declara competente a un Tribunal de Control “ordinario”.  Conexidad: Delito competencia de los tribunales penales ordinarios y delito competencia de los tribunales especiales. Se declara competente al tribunal penal ordinario (arts. 54, 55, 70 y 71 del COPP). Fallo No. 594 del 11/11/2008.
Víctima niña o adolescente. Fallo No. 60 del 12/03/2009
“…la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en forma expresa que el campo de aplicación de la misma, recae directamente sobre la persona que tiene la condición de mujer, destacando constantemente en su texto, que es precisamente dicha condición de mujer, basada en la no discriminación por el género, lo cual la constituye en la protegida por ésta legislación especial. En este sentido, establece el cuerpo normativo de la ley en análisis, que la protección objeto de la misma, será aplicable a toda mujer, sin discriminación alguna, es decir, de nacionalidad, origen étnico, religioso o cualquier otra condición o circunstancia personal, jurídica o social, disponiendo de los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella (…) En consecuencia, por la circunstancia especial de la mujer en la condición de niña o adolescente, no puede ésta ser excluida de la aplicación de la ley, ya que es precisamente su condición de mujer, lo que la convierte en el posible sujeto pasivo de la misma
Mujer inducida por hombre a lesionar a otra mujer: fallo No. 134 del 01/04/2009. Se declara competente al Tribunal de Control, Audiencia y Medidas.
Caso de “riña” entre tres personas del sexo femenino. Fallo No. 172 del 30/04/2009:
“En el presente caso, hasta el momento no se evidencia de la investigación realizada por el Ministerio Público la identificación de sujeto activo de género masculino, sino que se presume el delito de Riña entre tres personas de género femenino, cuya determinación definitiva de sujeto activo y víctima en la etapa preparatoria deberá ser realizada mediante el correspondiente acto conclusivo por parte de la representación fiscal” Por lo tanto, por cuanto no se evidencia la comisión de alguno de los delitos de “violencia de género” la Sala declara COMPETENTE a los tribunales de la Jurisdicción Penal ordinaria.
“… esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución -al aprehendidode uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece (sic)...”. (Resaltado de la sentencia). Fallo No. 276 SC del 20/03/2009 posteriormente ratificado en fallo No. 893 del 06/07/2009.
ACTO DE IMPUTACIÓN: SCP FALLO NO. 439 DEL 11/08/2009 (AVOCAMIENTO CL)
Después de reiterar el criterio vinculante de la SC de marzo de 2009 recuerda:
“es de resaltar, que la falta o ausencia del acto formal de imputación, debía ser alegada por el imputado o su defensa, por cuanto ésta, solo afectaba a este directamente, en sus derechos constitucionales. Por el contrario, como consta en las actas del expediente, el propio imputado y su defensa señalaron expresamente, que no han sido vulnerados los derechos al debido proceso y a la defensa, por cuanto han podido actuar, sin obstáculos de ninguna naturaleza, solicitando las diligencias que han considerado pertinentes, y ejercido los recursos respectivos (…) la Sala aprecia que el acto formal de imputación del ciudadano (…), fue satisfecho en este caso en particular, por el Ministerio Público en la oportunidad de la celebración de la correspondiente audiencia de presentación, cumpliendo dicho acto con todos los efectos procesales consiguientes. Así se declara.”
Visto que la Corte de Apelaciones decretó la nulidad de la sentencia absolutoria dictada por el tribunal juicio, decretó la nulidad del auto de apertura a juicio, la nulidad del acta de audiencia preliminar, la nulidad del escrito de acusación fiscal por no haberse cumplido con el acto de imputación formal durante la fase preparatoria y ordenó la remisión inmediata de las actuaciones a la fiscalía a los efectos la celebración del acto formal de imputación, la Sala estimó que con su actuación la CA vulneró “el principio de la doble instancia y la tutela judicial efectiva”, por cuanto la obligación de la Corte de Apelaciones era revisar la admisibilidad del recurso de apelación planteado por el MP. “Esto es así, en atención al principio de la doble instancia, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere: “toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en la ley”, ello con la finalidad, de que el juez de la segunda instancia específicamente conozca los puntos sobre los cuales recae la inconformidad del impugnante. La Alzada no puede, sin vulnerar principios constitucionales, impedir a las partes la oportunidad de ser escuchadas, en cuya garantía se fundamentan, los principios de igualdad y de administración de justicia. En razón de todas las consideraciones antes expuestas, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Mérida, violentó lo dispuesto en los artículos 437, 441, 455, 456 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a las causales de inadmisibilidad de los recursos, a la competencia, al procedimiento, a la audiencia y a la decisión de las Cortes de Apelaciones respectivamente; y la tutela judicial efectiva, el derecho a ser oído, al no resolver el recurso planteado por el Ministerio Público en la presente causa, en contra de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Segundo en Funciones de Juicio…”
INTERPRETACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
“…los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema, así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección a favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial…”. (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 486 del 24 de mayo de 2010).
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DEL ACTO CONCLUSIVO
 “Necesidad
natural de evitar que la persona o personas, sobre quien recaiga una individualización e imputación durante la fase preparatoria; quede sujeta a una investigación penal indefinida”  Interpretación de los artículos 39 y 42 de la Ley. Fallo No. 216 del 02/06/2011
1. Procesos penales en los cuales se haya decretado la medida de privación judicial preventiva de libertad
“…en la misma orientación de lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, prevé un lapso de duración de treinta (30) días para la presentación del acto conclusivo, contados a partir de la decisión judicial que decretó la medida privativa de libertad, lapso éste que pudiera prorrogarse por quince (15) días más, previa solicitud fiscal debidamente fundada y presentada con al menos cinco días de anticipación al vencimiento del lapso inicial. Previéndose como sanción, frente a la falta de presentación oportuna del acto conclusivo, el decaimiento de la medida y el otorgamiento de la libertad sin restricciones del imputado o la sustitución de ésta, por una medida cautelar sustitutiva, conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello a los fines de garantizar las resultas del proceso, si así lo considerare el respectivo Juez de Instancia”.
2. Procesos penales en los cuales se haya decretado la medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, o exista un juzgamiento en libertad sin restricciones
En estos casos “la fase de investigación está supeditada en cuanto a su duración, a dos plazos, que de acuerdo a la complejidad del asunto, pueden quedar sujetos o no a su agotamiento sucesivo (…) un plazo de duración inicial de hasta cuatro meses con una prórroga adicional que puede ir de quince a noventa días; y finalmente una prórroga extraordinaria que no excederá de diez (10) días continuos contados a partir de la notificación de la comisión, la cual opera, en los casos en que vencidos el plazo inicial o éste y su prórroga adicional, no se haya presentado el correspondiente acto conclusivo (…) tratándose de dos plazos debidamente diferenciados, estima esta Sala, que contrariamente a lo expuesto por el solicitante de la interpretación; la aplicabilidad de la prórroga extraordinaria a la que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no requiere el agotamiento previo y simultáneo tanto del plazo inicial señalado y la prórroga adicional regulados en el artículo 79 “eiusdem”…”
TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO (ARTS. 61 AL 63)
Indemnización civil especial La reparación debe ser acordada por el Juez que dicta la sentencia. Caso particular del acoso sexual: se fija legalmente el monto de la indemnización. No procede la aplicación del procedimiento especial para la reparación de daños y la indemnización de perjuicios previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (art. 422 y ss.)
X. LEY CONTRA CORRUPCIÓN ASPECTOS PROCEDIMENTALES
Obligación para la CGR de remitir la información vinculada con la posible responsabilidad penal o civil de las personas sujetas a la Ley (Num. 3 art. 41). Obligación para instituciones bancarias (Art. 92) Medidas Cautelares (Art. 93 y 94) Prescripción de las acciones (Art. 97). Ver: Art. 271 CRBV. Obligaciones CGR (Art. 98)
RESPONSABILIDAD CIVIL (ARTS. 87 Y 88)
Orden público Ejercicio de la acción Procedimiento (art. 89). Fallo N° 1251 del 30-11-2010 SC/TSJ:
“En apoyo de esta afirmación se observa que la referida decisión encuentra asidero jurídico en el Código Orgánico Procesal Penal -aplicable de forma directa por remisión expresa del artículo 91 la Ley Contra la Corrupción- que, como norma de categoría orgánica que rige en el proceso penal, prevé en el artículo 51 lo que sigue: “la acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal quede firme; sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil”. Resaltado de este fallo. El mencionado Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, regula en el Título IX todo lo correspondiente al procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Específicamente, en el artículo 442 eiusdem, señala lo siguiente: “Firme la sentencia condenatoria, quienes estén legitimados o legitimadas para ejercer la acción civil podrán demandar, ante el Juez o Jueza unipersonal o el Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal que dictó la sentencia, la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios”. Resaltado de este fallo De allí que esta Sala considera que, después de que se dicte la sentencia condenatoria y ésta se encuentre firme, el mismo tribunal de juicio debe proceder a admitir y conocer la demanda civil incoada por el Ministerio Público y pronunciarse sobre la responsabilidad civil de los condenados, por lo que, en consecuencia, la tramitación separada de ambas pretensiones no comporta un perjuicio para el Estado venezolano como víctima de los delitos cometidos y juzgados en esa causa penal”.
Valor probatorio de las “pruebas” obtenidas por la CGR. Lesión a los principios de inmediación y contradicción (Art. 29) Posibilidad de que el Ministerio Público comisione a la CGR para la práctica de diligencias (Art.32). Otras atribuciones del Ministerio Público en materia de corrupción (Art. 45) Otros actos conclusivos de la investigación fiscal (Art. 51).
Artículo 51. Terminada la investigación, si no resultaren probados los hechos averiguados, el Ministerio Publico hará declaración expresa de ello. En caso contrario, procederá de la forma siguiente: 1. Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta Ley, intentará la acción penal correspondiente. 2. Si resultare que el investigado está incurso en la comisión de hechos constitutivos de infracciones de índole fiscal, se remitirá a la Contraloría General de la República, a fin de que decida lo correspondiente, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público. 3. Si resultaren comprobados daños y perjuicios causados al patrimonio público, bajo supuestos distintos a los contemplados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ejercerá la acción civil respectiva.
X. LEY CONTRA CORRUPCIÓN OTROS ASPECTOS PENALES
Sentencia y pena accesoria (Art. 95) Consecuencias de la Condena (Art. 96)
Inhabilitación para optar a cargos públicos o de elección popular hasta por cinco (5) años, salvo caso del art. 83 (Jueces: 20 años)
Inhabilitación para ejercer cualquier cargo público (hasta por 15 años) sin perjuicio de las demás sanciones (Num. 4 y 5 art. 39):
Fiscales del Ministerio Público que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones correspondientes, no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, no cumplan los lapsos procesales o no coadyuven con la debida protección del imputado. Funcionarios o empleados públicos que hayan sido condenados por cualesquiera de los delitos establecidos en la Ley.
Artículo 96. El funcionario o empleado público que haya sido condenado por cualesquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, quedará inhabilitado para el ejercicio de la función pública y, por tanto, no podrá optar a cargo de elección popular o a cargo público alguno, a partir del cumplimiento de la condena y hasta por cinco (5) años, a excepción de lo establecido en el artículo 83 de esta Ley, caso en el cual se aplicará el tiempo establecido en esa norma.
El lapso de inhabilitación a que se refiere este artículo será determinado por el juez, de acuerdo con la gravedad del delito, en la sentencia definitiva que se pronuncie sobre el mismo.
Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Gaceta Oficial No. 36.211 del 22/05/97) Extradición Medidas sobre bienes Secreto Bancario  Delitos de “lesa patria”
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PENALES by marybencomobriceno56 viewsEmbedDownloadDescriptionPROCEDIMIENTOS ESPECIALES PENALES.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PENALES.Categories: Types, School WorkRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PPT, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less

References: artículo 266
 artículo 11

resolución 
 artículo 427
 artículo 49
 artículo 51
 Artículo 2
 artículo 44
 artículo 373
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 92
 artículo 103
 artículo 79
 artículo 91
 artículo 51
 artículo 442

Artículo 51

Artículo 96
 artículo 83