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Timestamp: 2020-08-04 11:57:18+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-00796/0470-2016 DE ABRIL 11 DE 2018
SENTENCIA 2013-00796 DE 11 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN LA CONDICIÓN DE HERMANO DEL CAUSANTE. SE EXPLICÓ QUE EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN SU CONDICIÓN DE HERMANO DEL CAUSANTE, DEBERÁ CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I. DEMOSTRAR LA AUSENCIA DE OTROS BENEFICIARIOS CON MEJOR DERECHO, ES DECIR, QUE NO EXISTA CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE, HIJOS CON DERECHO O PADRES, PUES EN CASO DE EXISTIR, DESPLAZARÍAN A LOS HERMANOS CON DERECHOII. EL PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD CON EL FALLECIDO, EL CUAL SE DEBE PROBAR CON EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, CONSIDERADO COMO EL DOCUMENTO IDÓNEO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS LO RELATIVO AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS O EN SU DEFECTO LA PARTIDA ECLESIÁSTICA DE BAUTISMOIII. LA CONDICIÓN DE INVÁLIDO Y IV. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA TOTAL CON RESPECTO DEL CAUSANTE. ASÍ MISMO, ESTA SALA SEÑALÓ QUE, LOS DICTÁMENES EXPEDIDOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, SE CONSTITUYEN EN EL SOPORTE TÉCNICO A TRAVÉS DEL CUAL SE GENERA EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN MÍNIMA DE SOBREVIVIENTES, DECISIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, BENEFICIOS DEL TRABAJADOR
Sentencia 2013-00796/0470-2016 de abril 11 de 2018
Rad.: 05001233000201300796 01
Núm. Int.: 0470-2016
Demandante: Inés Enriqueta Jiménez de Zuluaga
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y Departamento de Antioquia.
Tema: Sustitución pensión de sobrevivientes
Segunda instancia - Ley 1437 de 2011
Bogotá D.C., once de abril de dos mil dieciocho.
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Se trata de determinar si en el presente asunto, la señora Inés Enriqueta Jiménez de Zuluaga tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en su condición de hermana inválida y dependiente económicamente, de la pensión gracia reconocida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, así como la pensión ordinaria de jubilación reconocida por el Departamento de Antioquia a la señora Rosa María Jiménez Gómez.
Para el efecto se analizará la legalidad de la Resolución UGM 039448 del 22 de marzo de 2012 y el acto administrativo ficto o presunto surgido ante el silencio de la administración expedidos por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación (hoy UGPP) y, las resoluciones 26842 del 30 de septiembre de 2011, 47594 del 30 de noviembre de 2011 y 13418 del 28 de febrero de 2012, expedidas por el Departamento de Antioquia, por medio de las cuales se le negó la pensión de sobrevivientes que en vida disfrutaba la señora Rosa María Jiménez Gómez.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Hechos probados.
De lo allegado al expediente, se estableció:
— Obra a folio 9 del expediente, copia del registro civil de defunción de la señora Rosa María Jiménez Gómez, en la que se observa que falleció por muerte natural, el 16 de marzo de 2010.
— Se allegó partida de bautismo de la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez (fl. 15), expedida por la Parroquia Nuestra de Señora de Chiquinquirá de la Diócesis de Sonsón (Rionegro) en la que se lee que la demandante nació el 14 de junio de 1933, hija de los señores Juan Esteban Jiménez y María Antonia Gómez, conforme al registro civil de matrimonio obrante a folio 14 del expediente.
— A folio 17 del expediente, obra partida de matrimonio en que se advierte que la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez contrajo nupcias con el señor Mario Rodrigo Zuluaga Pineda, quien falleció el 2 de octubre de 1980 (f.18).
— De la misma forma, obra partida de bautismo de la señora Rosa María Jiménez Gómez, expedida por la Parroquia Nuestra de Señora de Chiquinquirá de la Diócesis de Sonsón (Rionegro) en la que se observa que nació el 20 de diciembre de 1926, y cuyos progenitores fueron los señores Juan Esteban Jiménez y María Antonia Gómez (fl. 16).
— La Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución 4993 del 16 de octubre de 1978 (fl. 10 - 11) le reconoció una pensión gracia de jubilación a la señora Rosa María Jiménez Gómez.
— De la misma forma, el Departamento de Antioquia por Resolución 338 del 4 de marzo de 1977 (fls. 12 - 13), le reconoció una pensión vitalicia de jubilación a la causante, a partir del 28 de diciembre de 1976.
— La demandante mediante apoderada judicial, solicitó ante la Caja Nacional de Previsión EICE en Liquidación, el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, radicada el 11 de noviembre de 2011. Mediante Resolución UGM 039448 del 22 de marzo de 2012 (fls. 19 - 23) se le negó la prestación solicitada en consideración a que no reunió los requisitos establecidos en la ley, toda vez que la peticionaria no dependía económicamente de la causante al momento de su fallecimiento, en razón a que la fecha de estructuración de la invalidez expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se determinó el 21 de marzo de 2011, fecha posterior a la muerte de la pensionada, ocurrida el 16 de marzo de 2010.
— Por otra lado, la demandante el 26 de septiembre de 2011, radicó la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su condición de hermana invalida ante el Departamento de Antioquia, el cual mediante Resolución 026842 del 30 de septiembre de 2011, dio respuesta desfavorable a la petición, en razón a que no se acreditó la condición de invalidez con anterioridad a la muerte de la causante, y “no entiende en consecuencia que la asistencia económica y espiritual se generara como ocasión de una incapacidad para prohijarse su propio sustento (...).”
— Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones 47594 del 30 de noviembre de 2011 (fls. 26 - 28 reverso) y 013418 del 28 de febrero de 2012 (fls. 29 - 32 reverso), respectivamente, confirmando la decisión recurrida bajo los mismos considerandos.
— A folios 33 a 34 reverso del expediente, obra copia del Dictamen 37396 del 8 de septiembre de 2011, realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la que se observa que la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez obtuvo una calificación de invalidez total del 76,29% de perdida de la capacidad laboral, conforme con lo establecido en el Decreto 917 de 1999, y cuya fecha de estructuración se determinó el 21 de marzo de 2011 (fl. 34 reverso), conforme a la ponencia obrante a folio 35 del expediente.
— Contra la decisión anterior, la interesada interpuso recurso de reposición y/o apelación, en contra del dictamen mencionado, por no encontrarse de acuerdo con la fecha de estructuración de la invalidez otorgada. Mediante oficio JRCIA 4259-11 del 13 de octubre de 2011, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, resuelve el recurso de reposición, ratificando la perdida de la capacidad laboral equivalente al 76,29% y con fecha de estructuración del 21 de marzo de 2011.
— La Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen 21958389 del 1º de agosto de 2012, desata el recurso de apelación interpuesto por la interesada, confirmado la decisión tomada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
— A folio 41 del expediente, obra declaración extra proceso rendida por la demandante en la cual manifestó bajo la gravedad del juramento, que dependía económicamente de su hermana Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.), la cual duró hasta el día de su fallecimiento ocurrido el 16 de marzo de 2010; afirmó que nunca trabajo, vivió toda la vida con la hermana, incluso después de que se casó, y nunca ha tenido sueldo, pensión, ni bienes de ninguna clase, ni siquiera recibe una pensión como beneficiaria de su esposo fallecido en 1980.
— De la misma forma, los señores Javier de Jesús Orrego Arango y Ana Eva Londoño Ramírez, bajo la gravedad del juramento, manifestaron que conocieron a la señora Rosa María Jiménez Gómez por más de 15 años, declararon que no hizo vida marital de hecho con ninguna persona, ni se casó por ningún rito, no tenía hijos reconocidos o por reconocer, ni hijos adoptivos y resida bajo el mismo techo familiar con su hermana Inés Enriqueta Jiménez Gómez, quien era una persona muy enferma y dependía económicamente de Rosa María, y era quien pagaba la EPS de la demandante (fl. 42).
— A folio 43 del expediente, obra declaración extraproceso de la señora Ana Dolores Jiménez Gómez, y bajo la gravedad del juramento declaró: “que mi hermana Inés Enriqueta Jimenez de Zuluaga dependía económicamente de un todo y por todo de nuestra hermana Rosa Maria Jiménez Gómez, esta dependencia duró hasta el día del fallecimiento de Rosa María, incluso después de haber contraído matrimonio. Rosa María, siempre fue la encargada del sostenimiento económicamente de Inés Enriqueta, quien ha sido una persona muy enferma, nuca ha tenido sueldo ni pensión ni tiene bienes de ninguna clase, y tampoco recibió pensión o bienes en herencia al momento del fallecimiento de su esposo hecho ocurrido en el año 1980.”
— La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, al resolver la impugnación presentada por la demandante en contra de la acción de tutela decidida por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín, revocó la decisión tomada, y en su lugar, amparó los derechos fundamentales presuntamente transgredidos, concedió de manera transitoria la acción de tutela, dejó sin efectos los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y le ordenó a CAJANAL EICE en Liquidación y al Departamento de Antioquia, para que en el término de 48 horas reconociera y pagara el derecho prestacional pretendido por la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez. Sin embargo, le ordenó a la accionante para que en el término de 4 meses, acuda a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el reconocimiento definitivo de su pensión (fls. 46 - 60).
— La gobernación de Antioquia mediante Resolución 067968 del 12 de diciembre de 2012, reconoció de manera temporal una pensión de sobrevivientes en cumplimiento a la orden judicial, hasta tanto el juez competente decida la procedencia del derecho pensional (fls. 61 - 62 reverso).
— Por Resolución 004152 del 21 de febrero de 2013 (fls. 166 - 167), el Departamento de Antioquia, ordenó el reconocimiento de la mesada pensional temporal a partir del 7 de diciembre de 2012, en favor de la demandante. Contra esta decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (fls. 168 - 169). Mediante Resolución 006101 del 19 de marzo de 2013 (fls. 170 - 172) se confirmó la decisión tomada; sin embargo, a través de la Resolución 0Resolución 030150 del 8 de mayo de 2013 (fls. 173 - 175) el Secretario General (E) revocó parcialmente el acto recurrido, en lo relativo a la decisión tomada en el artículo segundo y en su lugar ordenó el reconocimiento del pago de la mesada causada entre el 27 al de noviembre de 2012, entre el 1 al 5 de diciembre de 2012 y la mesada adicional de diciembre de 2012.
— Mediante audiencia de pruebas celebrada el 19 de junio de 2014, se recepcionaron los testimonios de los señores Javier de Jesús Orrego Arango, Esther Lucía Gómez Aristizábal y Ana Eva Londoño Ramírez, quienes respecto a los hechos de la demanda, manifestaron:
— La demandante mediante apoderada judicial, solicitó ante la Caja Nacional de Previsión E.I.C.E en Liquidación, el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, radicada el 11 de noviembre de 2011. Mediante Resolución UGM 039448 del 22 de marzo de 2012 (fls. 19 - 23) se le negó la prestación solicitada en consideración a que no reunió los requisitos establecidos en la ley, toda vez que la peticionaria no dependía económicamente de la causante al momento de su fallecimiento, en razón a que la fecha de estructuración de la invalidez expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se determinó el 21 de marzo de 2011, fecha posterior a la muerte de la pensionada, ocurrida el 16 de marzo de 2010.
— La Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen 21958389 del 1 de agosto de 2012, desata el recurso de apelación interpuesto por la interesada, confirmado la decisión tomada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Declaración del señor Javier de Jesús Orrego Arango
Manifestó que conoce a las señoras Jiménez Gómez hace 18 años y sostuvo que “las visitaba con frecuencia y rezaba el rosario todas las noches con ellas, y sabia como vivían y de quien dependían cada una económicamente. Rosa era pensionada del Magisterio, Lola también y doña Inés vivía en la casa dependiendo de ellas, más que todo de Rosa.” Al preguntársele por la dependencia económica que tenía la demandante con la señora Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.), depuso que: “Inés dependía económicamente de Rosa en todo sentido, en alimentación, en servicio médico, en el vestuario, en la recreación inclusive, todo dependía Inés de Rosa.” Al indagársele sobre si la demandante tenía medios económicos con los que fuera capaz de suministrar lo necesario para su subsistencia, contestó que “Inés no tenía nada, dependía en todo sentido de la señorita Rosa, las visitaba mucho, fui administrador del edificio por 10 años (...) yo conocía muchas intimidades de las familias, y la que pagaba la administración era la señorita Rosa y Lola, ellas se turnaba, Rosa y Lola, porque Inés no tenía recursos”. Al preguntársele respecto del estado de salud de Inés Enriqueta Jiménez Gómez sostuvo que “no tenía la capacidad, ella era enferma, tenía muchas dificultades de salud, no podía trabajar, yo la conocí hace, repito, 18 años, ella tenía muchas falencias de salud.” Al concederle el uso de la palabra a la entidad demandada, esta le preguntó sobre que gastos sufragaba la señora Rosa María Jiménez a la demandante, a lo cual contestó que “le pagaba la salud, el vestuario, la alimentación, los servicios públicos.”
Declaración de la señora Esther Lucía Gómez Aristizábal
Al declarar sobre los hechos de la demanda, manifestó que “las conozco hace más de 45 años, vivíamos en el pueblo, en el Santuario, conocí a los papas, supe que Inés se casó, fui compañera de una de las hermanas, de Lolita, yo iba mucho a la casa de ellas. Inés se casó, después se separó, el marido se murió, (…), sé que Rosita también trabajaba, la conocí trabajando, ella es pensionada también del Magisterio, (...) Inés no trabajaba ella se separó del esposo y pues ella no hacía, no desempeñaba ningún trabajo y Rosita, que yo sepa, era la que pagaba su salud y la que veía por ella”. Manifestó que “vivió con Rosa María más de 30”. Al concederle el uso de la palabra a la apoderada, se le indagó respecto a la dependencia económica de la demandante con su hermana, a lo cual contestó: “la dependencia económica, pues toda, sobre todo sé que la salud, ella era la que la tenía en la salud, porque inclusive cuando Rosa se murió fue muy dificultoso para la pensión, casi que no porque ella también estaba discapacitada.” Al indagársele respecto a la incapacidad de la demandante, manifestó que “Inés no podía trabajar, ella no podía trabajar, sufría mucho de los brazos, y después fue incapacitada por los pies, ella no se podía desplazar, necesitaba ayuda” y afirmó que esta ayuda fue por más de 20 años, y siempre Rosa María Jiménez Gómez, estuvo pendiente de su hermana, Inés Enriqueta. Sostuvo que la demandante no tuvo bienes, ni herencia, ni pensión, pues no desempeño ningún trabajo.
Declaración de la señora Ana Eva Londoño Ramírez
Al deponer sobre los hechos de la demanda, manifestó “las conozco hace más o menos diez años, sé que viven en Boston, yo las frecuente mucho, lo que pasa es que ahora cuido a mi mamá y ahora no puedo, (...) sé que se murió Rosa, Rosa (sic) era la que veías más por Inés (...), que son pensionadas, Inés no.” Al concederle el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante, le preguntó sobre la asistencia que Rosa María Jiménez le proporcionaba a Inés Enriqueta Jiménez, a lo cual contestó que: “lo que más se, es que le pagaba la salud, siempre supe que era la fuerte ahí (...) yo supe que ella no tenía nada, dependía totalmente (...) vivía con las dos, pero siempre supe que dependía de Rosa”. Al preguntársele respecto del estado de salud de la demandante, sostuvo que: “(...) muy deterioradito (sic) siempre, siempre” y al indagársele si la actora trabajo, obtuvo pensión, manifestó que: “no, yo supe que ella fue casada, pero a ella no le quedó ninguna pensión ni nada, sé que no recibía nada.”
Para estudiar, el caso puesto en consideración de la Sala, se ha de establecer si la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez (q.e.p.d), en su condición de hermana de la señora Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.), reunía los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, para ser beneficiaria de una pensión gracia de sobrevivientes junto a una ordinaria de jubilación, en especial, lo relacionado con acreditar el estado de invalidez y la dependencia económica, como presupuestos necesarios para su reconocimiento.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP y el Departamento de Antioquia al resolver la solicitud del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecado, sustentaron su decisión en que la fecha en que se estructuró la invalidez de la demandante, conforme al dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, fue posterior a la muerte de la causante, ocurrida el 16 de marzo de 2010, por lo que no le asiste el derecho al reconocimiento pretendido.
Así las cosas, la Sala debe establecer si procede o no el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en las modalidades gracia y ordinaria de jubilación, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que para la fecha en que falleció la señora Rosa María Jiménez Gómez, es la norma vigente y bajo la cual se debe analizar la situación de la demandante. Para tales efectos, se procede a realizar un análisis de la normatividad aplicable al caso controvertido.
La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de sobrevivientes, destacando que su creación tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante, y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de un pensionado de quien dependía su sustento.
En sentencia T-701 de 22 de agosto de 2006, se advirtió respecto a la pensión de sobrevivientes, que la misma tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador queden desamparadas ante su ausencia definitiva y a quien le correspondía el sostenimiento del grupo familiar. Dijo la Corte, en esa oportunidad:
“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.
Así las cosas, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad, atender la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico que le daba al grupo familiar, y con el fin de evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, el legislador reguló lo concerniente a la seguridad social, con el objeto de proteger los derechos irrenunciables de las personas y las contingencias en que se puedan ver afectados. Respecto del régimen de pensiones estableció que su fin primordial, es garantizar el amparo contras las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y demás prestaciones determinadas en la misma ley.
Fue así como se previó la pensión de sobrevivientes, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte de una persona, con el objetivo principal de suplir la ausencia económica que daba el afiliado al grupo familiar y evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.
Los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, disponen que tendrán derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que fallezca, teniendo en cuenta el siguiente orden:
PAR.—Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.” (Resalta la Sala).
Conforme a la norma transcrita, se observa los beneficiarios a la pensión de sobrevivientes, excluyentes entre sí, pues a falta de uno lo sucederá el otro, teniendo en cuenta el siguiente orden: i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; ii) padres que dependían económicamente del causante; y, iii) los hermanos inválidos del causante que dependieran económicamente de éste. Teniendo en cuenta, el objeto de la controversia, se procederá a estudiar los requisitos que deben cumplir por el tercer grupo de beneficiarios mencionado.
Así las cosas, quien pretenda el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en su condición de hermano del causante, deberá acreditar los requisitos establecidos en el literal e) de la norma transcrita, los cuales se resumen en: i) demostrar la ausencia de otros beneficiarios con mejor derecho, es decir, que no exista cónyuge o compañera permanente, hijos con derecho o padres, pues en caso de existir, desplazarían a los hermanos con derecho; ii) el parentesco de consanguinidad(3) con el fallecido, el cual se debe probar con el registro civil de nacimiento, considerado como el documento idóneo en el cual se encuentran consignados lo relativo al estado civil de las personas o en su defecto la partida eclesiástica de bautismo(4); iii) la condición de inválido; y, iv) la dependencia económica total, respecto del causante.
Procede entonces la Sala a referirse respectos a los dos presupuestos relativos a la calidad jurídica de inválida de la demandante y la dependencia económica respecto de la causante, en los siguientes términos:
Es el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el que regula el estado de invalidez de una persona, a saber:
“ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”
De tal suerte que, el estado de invalidez, debe ser calificado mediante dictamen, en el cual se determine el origen, la pérdida de la capacidad y la fecha de estructuración teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el Decreto 917 de 1999, que consagra el Manual Único para la Calificación de la Invalidez y vigente para el momento de ocurrencia de los hechos.
El Decreto 2463 de 2001, “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”, en el artículo 9, dispone los fundamentos para la calificación del origen y grado de pérdida de la capacidad laboral, en los siguientes términos:
“ART. 9º—Fundamentos para la calificación del origen y grado de pérdida de la capacidad laboral.
1. Los fundamentos de hecho que debe contener el dictamen con el cual se declara el grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral o de la invalidez y la fecha de estructuración, son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual incluye historias clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en general, los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal, tales como certificado de cargos y labores, comisiones, realización de actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que se relacionen con la patología, lesión o condición en estudio.
2. Los fundamentos de derecho, son todas las normas que se aplican al caso de que se trate.”
Conforme con lo anterior, los dictámenes expedidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, se constituyen entonces, en el soporte técnico a través del cual se genera el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
La Corte Constitucional mediante sentencia T-014 del 20 de enero de 2012, con ponencia del doctor Juan Carlos Henao Pérez, al referirse a los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, precisó que “(...) estos documentos no pueden ser simples formatos en los cuales se llenan para el caso los espacios en blanco, cada una de estas opciones deben estar fundamentadas expresamente en un criterio técnico o médico, con mayor razón si se trata de un tema tan trascendental como la fecha de estructuración de la invalidez de la cual depende el régimen legal aplicable por lo que puede hacer la diferencia entre el reconocimiento o la negación de una pensión de invalidez, parte del derecho fundamental a la seguridad social (...).”
Ahora bien, respecto a la fecha de estructuración de la invalidez, es el artículo 3 del Decreto 917 de 1999(5), el que la define de la siguiente forma:
“ART. 3º—Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”
En la misma sentencia T-014 de 2012, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la fecha de estructuración de la invalidez, así:
“(...) La fecha de estructuración de la invalidez es el momento a partir del cual la persona pierde de manera permanente y definitiva su capacidad laboral y de esta manera, la capacidad de generar los ingresos que él y su familia demandan, motivo por el cual para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia médica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. (...)”.
De todo lo anterior, se concluye que una persona es considerada invalida, cuando se le determina una pérdida igual o superior al 50% de su capacidad laboral, conforme a su estado de salud física o psíquica, y para tales efectos, es necesario que la Junta Médica de Calificación de Invalidez expida un dictamen debidamente motivado y soportado en la historia clínica y exámenes médicos realizados al interesado, en el cual se determine su condición jurídica de invalidez, la fecha de estructuración de la invalidez, la cual aún puede llegar a ser anterior a la fecha de la calificación.
Ahora bien, esta Sección en sentencia del 25 de mayo de 2006, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla, dentro del radicado interno No. 7507-05, se refirió a la dependencia económica, así:
“En cuanto a dependencia económica, la Sección Segunda de esta Corporación tuvo la oportunidad de referirse sobre el tema. Así:
“(...) Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos.
La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros.
(...) Sentencia de abril 11 de 2002, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Exp. 2361, actor: Escuela Nacional Sindical.”.
Es decir que la dependencia económica, se predica de la condición de supeditación a la que se encuentra sujeta una persona respecto de otra, en relación a la falta de condiciones materiales mínimas para subsistir, y por no poseer los medios suficientes para mantenerse, en condiciones dignas.
Sentado lo anterior, procede la Sala a analizar si en el presente caso, se cumplen con los presupuestos mencionados, para que la UGPP y el Departamento de Antioquia le reconozcan a la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez, una pensión de sobrevivientes, en su condición de hermana de la señora Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.).
Respecto a la ausencia de otros beneficiarios, la Sala advierte que no existe prueba que permita determinar que la señora Rosa María Jiménez Gómez, hubiese estado casada o en unión marital de hecho, como tampoco que hubiese tenido descendencia. Más aun de la declaración extraproceso allegada al plenario, realizada por el señor Javier de Jesús Orrego Arango y la señora Ana Eva Londoño Ramírez (fl. 42), se ratifica que “era soltera” y “no había conformado vida marital de hecho con ninguna persona, no se había casado por ningún rito (religioso, católico, civil, etc.), no tenía hijos legítimos, reconocidos o por reconocer o adoptivos (…).” De la misma forma se estableció, que no entraban a reclamar sus padres, por haber fallecido; de modo tal, que ante la ausencia de los primeros beneficiarios, conforme a los órdenes sucesorales, la única con derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes, era la demandante, en su condición de hermana de la fallecida.
Por otro lado, se estableció la relación familiar existente entre la demandante con la causante, pues con la demanda se aportó los registros eclesiásticos de bautismo, que por haber nacido antes de 1938 (fls. 15, 16), son los documentos idóneos para demostrar el parentesco entre ellas; adicionalmente se allegó la partida de matrimonio de los progenitores de la actora (fl. 14). De lo anterior se desprende, que la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez y Rosa María Jiménez Gómez, tenían como padres a los señores Juan Esteban Jiménez y María Antonia Gómez, con lo que queda demostrado que entre ellas existía parentesco, en su condición de hermanas, lo que le daba derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes.
De la misma forma, se acreditó en el expediente la existencia de la dependencia económica de la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez respecto de la señora Rosa María Jiménez Gómez, lo cual se puede comprobar de las declaraciones extraproceso allegadas y los testimonios recepcionados en el plenario, que dan fe de la continua asistencia que la primera de las mencionadas tenía con la demandante.
Ahora bien, para acreditar el estado de invalidez de la solicitante, al plenario se allegó copia del Dictamen 37396 del 8 de septiembre de 2011 realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la que se determinó que la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez obtuvo una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 76,29% y cuya fecha de estructuración se determinó el 21 de marzo de 2011 (fls. 33 - 34 reverso), conforme a la ponencia obrante a folio 35 del expediente. Esta decisión fue confirmada al desatar el recurso de reposición mediante oficio JRCIA 4259-11 del 13 de octubre de 2011, ratificando el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración (mar. 21/2011), en los siguientes términos:
2. La osteopenia, no da deficiencias según el Decreto 917 de 1999; la osteoporosis sin fractura puede dar hasta un 10% como máximo de deficiencia, por lo tanto en estas condiciones la paciente no era una paciente inválida al momento de tener estas patologías, lo que realmente la hace una persona invalida, es la condición de osteoporosis, con una fractura patológica por trauma mínimo en la columna, en la cual el Decreto 917 de 1999, otorga por esta secuela, un valor del 40%; de esta secuela solo se tiene referencia la evaluación de ortopedia del 15 de julio de 2011, donde se señala que usted presentó caída el 21 de marzo/11, y que los Rx que le practicaron a usted, reportaron aplastamiento de más del 70% del T11 y osteoporosis severa de columna.
3. La artrosis de la rodilla derecha, que es la única señalada en la historia clínica, fue calificada en el dictamen realizado por la Junta, otorgándole un valor en las deficiencias del 13%.
4. Por error de transcripción, se consignó en el dictamen, que no requería ayuda de terceros; la Junta determina que en su condición actual, si requiere la ayuda de terceros.
6. La Junta Regional ratifica la P.C.L., de 76.29%, el origen común de las secuelas, y la fecha de estructuración del 21 de marzo de 2011; concede el recurso de apelación ante la Junta Nacional.
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al decidir el recurso de apelación interpuesto contra el anterior dictamen, ratificó la decisión mediante Dictamen 21958389 del 1º de agosto de 2012, con fundamento en la documentación aportada, estableciendo que:
“ (...) la Junta Regional con base en la existencia de osteoporosis idiopática con fractura patológica, le determina una pérdida de la capacidad laboral del 76.29% originada en las secuelas funcionales de una enfermedad común, teniendo en cuenta que la paciente presenta diferentes eventos traumáticas, y que solamente a partir del 21 de marzo de 2011, se confirma la existencia de una osteoporosis severa que le ocasiona fractura patológica, con aplastamiento de cuerpo vertebral de T11 de más del 70%.
Con base en lo expuesto esta Junta Nacional considera que el valor que le fue asignado a la pérdida de la capacidad laboral por parte de la Junta Regional, se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 917 de 1999, al igual que la fecha de estructuración, por lo que decide confirmar el dictamen número 37396 del 08/09/2011, emitido en el caso de la señora Inés Enriqueta Jiménez de Zuluaga (...).”
Conforme a lo expuesto, si bien la demandante acreditó el estado de invalidez por presentar una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% que el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(6) consagra, conforme al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, ratificado por la Junta Nacional de Calificación, se observa que la misma se estructuró el 21 de marzo de 2011, es decir, con posterioridad a la fecha de deceso de la señora Rosa María Jiménez Gómez (mar. 16/2010); sin que sea procedente acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al no haber demostrado su condición de invalida, previo al fallecimiento de la causante.
Ahora bien, respecto a que la estructuración de la invalidez de la demandante establecida con posterioridad al deceso de su hermana, la Sala trae a colación la sentencia T-187 de 2016 de la Corte Constitucional, que en lo atinente estableció:
5.2.8.1. La fecha de estructuración de la invalidez del hijo mayor de edad o hermano del cotizante o pensionado, debe ser anterior a su fallecimiento porque, siendo el principal propósito de la pensión de sobrevivientes conjurar la desestabilización social y económica que enfrenta la familia como consecuencia directa y exclusiva de la muerte de quien proveía el sustento, es necesario acreditar que (i) entre ellos existía una dependencia económica a raíz de la invalidez del solicitante, y (ii) que como consecuencia de la muerte del trabajador o pensionado, la persona perdió su única fuente de ingresos, quedando desprotegida y sin posibilidad de procurarse su propio sustento.
5.2.8.2. En este sentido, si la estructuración de la invalidez es posterior al deceso, significa que la persona, o bien no dependía, o bien podía no depender de su familiar, al estar en edad y en capacidad de trabajar. Por ende, la crítica situación económica que resulte de la disminución en su capacidad laboral no será consecuencia del fallecimiento de su ser querido y de los ingresos que dejó de percibir, sino de un hecho posterior e independiente, el cual deberá afrontar solicitando la pensión de invalidez causada con sus propios aportes.
5.2.8.3. Ahora bien, hay casos que no se ubican con claridad en uno de los dos lados. Esto ocurre cuando la fecha de estructuración consignada en el dictamen médico es posterior al fallecimiento del familiar del solicitante, pero en su historia clínica se observa que su enfermedad tuvo origen antes de tal suceso. Frente a un caso como ese, las entidades pensionales y los jueces de la república deben ofrecerle un tratamiento diferencial al interesado por tratarse de una persona en condición de invalidez, valorando todo el acervo probatorio y constatando la situación material de desprotección, sin limitarse a aquella consignada en el dictamen médico. En este sentido, deben tomar como fecha de estructuración aquella donde la enfermedad o el accidente le impidieron a la persona trabajar”.
Conforme con lo anterior, a lo largo del proceso se estableció que la fecha de estructuración de la invalidez por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y confirmada por la Junta Nacional de Calificación realizada a la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez, fue con posterioridad al fallecimiento de su hermana, sin que obre en el expediente prueba siquiera sumaria, que permita determinar que dicha discapacidad se hubiese presentado de tiempo atrás o que su invalidez tenga origen congénito, a efectos de prevalecer la realidad material sobre la consignada en la valoración médica. La parte demandante hubiese podido allegar material probatorio (historia clínica y exámenes médicos), tendiente a demostrar las enfermedades padecidas y que evidencian el deterioro en el estado de salud, desde antes del fallecimiento de la causante, tal y como así fue alegado en el recurso de apelación, para cumplir con el requisito de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con el objeto de acreditar que el estado de invalidez es pre-existente al momento de morir la causante; situación que no fue probada en el curso del proceso.
Si bien la exigencia de una fecha de estructuración de la invalidez de la beneficiaria previa al deceso del pensionado es razonable, garantiza en cierta medida la sostenibilidad del sistema pensional; sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones excepcionales que permiten establecer que la discapacidad se presenta con anterioridad a la fecha registrada en el dictamen, y en un determinado momento permitirían que se acceda al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes; circunstancia que como ya se observó, no se presentó en el sub lite ni fue demostrado por la parte demandante, lo que permite confirmar la decisión tomada por el a quo, en la sentencia objeto de estudio.
Así las cosas, la Sala observa que la señora Inés Enriqueta Jiménez de Gómez (q.e.p.d.), no cumplió con los presupuestos necesarios, en especial, el relativo a demostrar la invalidez previo al fallecimiento de su hermana Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.), para ser beneficiaria de la pensión gracia reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación (hoy UGPP), como tampoco para el otorgamiento de la pensión ordinaria de sobrevivientes por parte del Departamento de Antioquia, conforme fue decidido en los actos administrativos demandados.
Lo anterior, permite concluir que no se desvirtuó la legalidad de los actos demandados, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala confirmará la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez (q.e.p.d.), en su condición de beneficiaria de la señora Rosa María Jiménez Gómez (q.e.p.d.), por no reunir los presupuestos necesarios para acceder a la prestación reclamada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el veintidós (21) de septiembre de dos mil quince (2015), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Inés Enriqueta Jiménez Gómez (q.e.p.d.), en contra del Departamento de Antioquia y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. RECONÓZCASE a la doctora Judy Rosanna Mahecha Pez, abogada con T.P. 101.770 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la UGPP, en los términos y para los efectos de la escritura pública visible a folios 264 a 285 del expediente.
3. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
2 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
3 Artículos 35 y 54 del Código Civil.
4 En forma excepcional, se puede probar el estado civil, con la partida eclesiástica de bautismo, siempre que la persona haya nacido con anterioridad a 1938, conforme lo sostuvo esta Corporación en la sentencia del 22 de agosto de 2013, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón, dentro del radicado 13001-23-31-000-2000-00332-02 (39307). Actor: Daniel Morales del Toro y otros:
“(...) para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1.938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones).
Para entender correctamente esta primera orientación del nuevo sistema, conviene tener en cuenta que las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1.938 conservan todo su valor. En tal caso el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado, por ello respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco, una vez celebrado el bautismo, la copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1.938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues éste sólo documento constituye plena prueba de su estado civil, razón por la cual en el presente caso DANIEL MORALES DEL TORO debe ser considerado como padre del occiso ya que demostró en debida forma tal calidad conforme a las disposiciones jurídicas que para tal momento regulaban la materia. […]” (Negrillas de la Sala)
5 Manual Único para la Calificación de la Invalidez.
6 “ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”.

References: artículo 150
 Resolución 
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 artículo 38
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 38