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Timestamp: 2017-10-22 00:27:15+00:00

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Relación entre supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Orden jerárquico de las fuentes. Tratados internacionales constitucionalizados y no constitucionalizados. Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados: artículos 27 y 46. Jurisprudencia internacional y Corte Suprema de Justicia de la Nación.
I. INTRODUCCIÓN. El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la norma jurídica fundamental, primaria y fundante del orden jurídico1 y, como tal, quien determina la ubicación del resto de las normas que lo conforman. Este principio establece un orden jerárquico de normas jurídicas, en donde las normas inferiores se deben subordinar a las superiores y todo el conjunto a la Constitución.2 A continuación observaremos que el estudio del principio de supremacía constitucional puede ser abordado desde distintos ángulos y en relación a otros conceptos también fundamentales de la teoría constitucional. Efectuaremos un repaso de los mismos para culminar esbozando la conformación del orden jerárquico de las fuentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Como señala Gelli, siguiendo a Diez Picazo, puede admitirse que un ordenamiento jurídico sea algo más que un orden normativo pues constituye una compleja y variada organización del Estado y la sociedad, determinada por una serie de mecanismos y engranajes en las relaciones de autoridad. Sin embargo no hay duda acerca de que las normas jurídicas son un elemento necesario y constitutivo de tal orden jurídico. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, Tercera edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 367. 2 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, t. 1, Buenos Aires, Ediar, 2001, p. 334.
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1. La Constitución como criterio de validez del ordenamiento jurídico. Cuando en el parágrafo anterior indicamos la existencia de un orden jerárquico normativo, renunciamos a considerar al orden jurídico como un conjunto de normas unas al lado de las otras, en un mismo nivel. Existen diferentes grados o escalones normativos. Ahora bien, ¿cómo reconocemos normas de un mismo orden jurídico?, ¿cuál es el elemento que determina su unidad? Vamos a intentar responder estas preguntas siguiendo el razonamiento que utiliza Kelsen. La unidad de estas normas está dada porque la creación de una de ellas, de grado más bajo, se encuentra determinada por otra, de grado superior, cuya creación es, a su vez, estipulada por otra de grado más alto. La unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que se produce un regreso lógico que termina en la norma de grado más alto o norma básica. Y esta norma de grado más alto representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. Kelsen la denomina norma fundamental, pues su validez3 no deriva de una norma superior4 en sentido positivo.5 Remarquemos entonces algunos conceptos: • norma fundamental es aquella en la que se basa la unidad del orden jurídico, y • todas las normas cuya validez puede ser referida a la misma norma fundamental constituyen un orden o sistema normativo. 6 De esta forma “Constitución” es norma jurídica, tanto en su contenido como en sus efectos. Y como norma tiene la máxima jerarquía, razón por la cual reúne la doble calidad de ser norma obligatoria y criterio de validez de las restantes normas subordinadas.
No vamos a avanzar más con relación al tema del presupuesto de validez de la norma fundamental para Kelsen pues excede el motivo de este trabajo. 4 Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, México, Imprenta Universitaria, 1949. P. 114 y cc. 5 Podemos agregar también que Kelsen propone un salto desde el concepto de Constitución jurídicopositivo, que es la norma jurídica positiva suprema, al concepto de Constitución lógicojurídica que, siendo la norma fundamental hipotética no positiva, es aquella que instituye un órgano creador del derecho no determinado por ninguna norma superior de derecho positivo. 6 “La norma fundamental de un orden jurídico es la regla suprema de acuerdo con la cual los preceptos de tal orden son establecidos y anulados, es decir, adquieren y pierden su validez”; “es la regla básica de acuerdo con la cual las diversas normas del propio orden tienen que ser creadas”. Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, México, Imprenta Universitaria, 1949. P. 117 y cc.
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2. La Constitución como dispositivo de control del poder. Pero no vamos a quedarnos exclusivamente con este enfoque7 para el abordaje del principio de supremacía de la Constitución. Hemos estudiado que, para el Constitucionalismo, la Constitución se convirtió en el “dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”8 en la búsqueda de la preservación de la libertad y dignidad del ser humano. En primer lugar, y por su propia definición, la existencia de una norma jurídica suprema importa la obligación de que todos, incluso los detentadores del poder, subordinen su accionar a las reglas que ella determina. Esta obligatoria sujeción de los poderes constituidos a la Ley es el principal valladar contra el abuso del poder y la arbitrariedad. Por otro lado, y en virtud de la clásica técnica de división funcional del poder establecida en la Constitución al crear y reglar los órganos del Estado, delimita los alcances del mismo y facilita su control.9 Estos conceptos constituyen el núcleo medular de la teoría de la supremacía constitucional dentro del constitucionalismo clásico, como garantizador de un espacio de libertad y dignidad humana frente al poder. 3. Relación entre la supremacía de la Constitución y el control de constitucionalidad. No tiene sentido hablar de supremacía constitucional sin la existencia, dentro de ese ordenamiento jurídico, de un mecanismo que haga inaplicables aquellas normas inferiores que contradigan los preceptos constitucionales. Afirmamos entonces que el control de constitucionalidad de las leyes es una derivación razonada del principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía de la Constitución no dejaría de ser más que una mera declaración teórica si las normas inferiores contradicen lo establecido en la Constitución y ello es aceptado, pues si esto ocurriera
Que Gelli califica como de “conceptualización avalorativa”. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, Tercera edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 366. 8 Loewenstein, Kart, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1976, p. 149. 9 “De esta forma el principio de la supremacía de la Constitución constituye la más eficiente garantía de la libertad y la dignidad del individuo, al imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la ley fundamental. Si los actos emanados de dichos poderes tuvieran la misma jerarquía jurídica que las normas constitucionales, la Constitución, y con ella todo el sistema de amparo de la libertad y la dignidad humana que consagra, podría ser dejada sin efecto en cualquier momento por los órganos institucionales a los cuales aquéllas pretende limitar en su actuación”.Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Tomo 3, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978, p. 309.
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estaríamos en presencia de una ley que modifica la Constitución y no de una ley inconstitucional. Resumiendo: El principio de supremacía de la Constitución imprescindible a efectos de determinar cuando una norma jurídica contraria a la Constitución, pero la existencia de un sistema de control constitucionalidad es imprescindible para restaurar o restablecer supremacía violada. es es de la
4. Relación entre la supremacía de la Constitución y la teoría del poder constituyente. Es por eso también que debemos relacionar el concepto de supremacía constitucional con el de poder constituyente. Los poderes de gobierno son poderes ordinarios, creados, limitados y regulados por el poder constituyente, que es extraordinario y supremo. En esto se funda la supremacía de la Constitución como creadora del orden jurídico. Siguiendo el razonamiento ya propuesto es válido apreciar que, si la normativa dictada mediante procedimientos ordinarios por los poderes constituidos permanece vigente se está vulnerando la división entre poder constituyente reformador y poderes constituidos y, desde luego, si así ocurre se destruye la supremacía constitucional. Enfocando el mismo fenómeno desde otro punto de vista, dejan de ser tipológicamente rígidas aquellas Constituciones que pueden ser reformadas por el Poder Legislativo con el mismo procedimiento que éste utiliza para la sanción de las leyes ordinarias. En estos sistemas, que poseen una Constitución flexible, no puede existir contradicción entre la ley y la Constitución pues, como señalamos en el punto anterior, “una ley que contradice la Constitución es, en realidad, una ley que modifica la Constitución”.10 5. Interpretación del orden jerárquico de las fuentes en nuestro ordenamiento jurídico antes de la reforma constitucional del año 1994. Luego de revisar estos conceptos relacionados con el principio de supremacía constitucional y encuadrarlos en la teoría constitucional, es hora de estudiar qué ocurre en nuestro ordenamiento jurídico. Es la propia Constitución Nacional quien, en su artículo 31, proclama su supremacía11 y establece el orden jerárquico de las fuentes que
Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 6ª edición española, 3ª reimpresión, Barcelona, Ariel, 1984, p. 175. 11 Esta manifestación no resulta uniforme. Manili sostiene que el principio de supremacía constitucional “ha sido extraído por la doctrina de las normas constitucionales que
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componen nuestro ordenamiento jurídico. La primera implicancia que se desprende del artículo señalado es la delimitación de las cuestiones de competencia nacional y de las de competencia provincial. En las áreas de competencia nacional (aquellas que las provincias no delegaron por la Constitución, de conformidad con el artículo 121, o se reservaron, conforme el 122 y 123)12, las leyes y constituciones provinciales deben subordinarse a la normativa nacional. Pero como tiene dicho nuestro Tribunal Supremo “no todas las leyes de la Nación (no toda la normativa nacional agregaríamos nosotros), por el mero hecho de ser tales, tendrán supremacía sobre las de las provincias; la tendrán, si han sido dictadas en consecuencia de la Constitución, es decir, en consecuencia o virtud de los poderes que, de modo expreso o por conveniente implicancia, ha otorgado aquella al Congreso. Una ley nacional puede no ser constitucional frente a una ley de provincia que sí lo es; en este supuesto, tiene supremacía la segunda. La supremacía final, en tal caso, es como siempre la de la Constitución, porque ambas órdenes de gobierno, el nacional y el provincial, actúan dentro del marco de poderes que les está señalado por dicha ley fundamental”. 13 Es claro entonces que nuestra Constitución ocupa el lugar más alto en nuestra pirámide jurídica. Ahora bien, ¿resultaba indiscutible la jerarquía de las normas por debajo de la Constitución Nacional que se desprende de la interpretación literal del artículo 31? La respuesta debe ser negativa. Basta efectuar un repaso de las opiniones doctrinarias para darnos cuenta que existían distintas posiciones sustentadas al respecto a lo largo de nuestra historia constitucional. No haremos una descripción de cada una de las mismas. Sólo nos avocaremos a reseñar brevemente posturas significativas adoptadas por nuestro Tribunal Cimero en importantes precedentes. Históricamente la Corte Suprema sostuvo que tanto los tratados internacionales como las leyes de la Nación se encontraban en igualdad jerárquica dentro del ordenamiento jurídico, de lo cual desprendía que, ante cualquier inconveniente, era aplicable el principio en virtud del cual las normas posteriores derogan las anteriores. Así lo afirmó en el caso “Martín
establecen su superioridad jerárquica respecto de las leyes (art. 28), respecto de los tratados (art. 27) y respecto del derecho local (art. 31). La Constitución textual en ninguna de sus normas establece dicho principio con carácter absoluto ni dogmático, es simplemente una enseñanza de los autores, un corolario extraído del espíritu de la carta magna. Por lo tanto, para un análisis científico y desapasionado de este punto debemos empezar por desmitificarlo, y sustraerlo al carácter de dogma absoluto que a veces se le asigna”, agregando en otro momento que “no alcanzamos a advertir dónde ni cómo esa norma (está refiriéndose al artículo 31) establece orden jerárquico alguno entre las distintas normas que menciona, toda vez que… fue introducida para garantizar la supremacía del derecho federal sobre el local” (la negrita nos pertenece). Manili, Pablo Luis, El Bloque de Constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2005 1ª reimpresión, p. 258 y 159 12 Ver el Cuadernillo de Jurisprudencia Nº 1. 13 Fallos 186:201, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Nación Argentina”, año 1938.
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& Cía. Ltda. S.A. v. Administración General de Puertos”,14 al indicar que las “leyes y tratados, son igualmente calificados como ley suprema de la nación, y no existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango a ninguno… se sigue de lo dicho respecto de ambas clases de normas, en cuanto integrantes del ordenamiento jurídico interno de la República, el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores”. Del fallo se desprende una postura que hace hincapié en la convivencia de dos ordenamientos jurídicos independientes y con prelaciones jerárquicas autónomas. Es así que la norma internacional tiene, para esta postura, una doble naturaleza: es convenio entre naciones dentro del derecho internacional15 y es norma del ordenamiento interno a partir de su recepción (en este caso aprobación y ratificación del tratado), brindándole en este último caso la misma jerarquía que las leyes y siendo factibles, entonces, de ser “derogados” por ley posterior. En definitiva la doctrina judicial emanada de este pronunciamiento asimila, en el orden interno, al tratado con la ley aprobatoria del mismo. Esta posición fue criticada por parte de la doctrina nacional con fundamento en que, “en caso de que una ley posterior prevaleciese sobre un tratado anterior, se violentaría la regla de derecho de gentes que sostiene que los pactos deben cumplirse y generaría, desde luego, responsabilidad internacional”.16 Resulta muy discutible que pueda una ley “derogar” a un tratado. A lo sumo, lo viola o incumple, con la consiguiente responsabilidad constitucional derivada. En el muy renombrado precedente “Merk Química Argentina c. Gobierno de la Nación”17, sobre la convalidación del secuestro e incautación de propiedad enemiga durante la Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema llegó a sostener que en tiempos de paz la República se conduce dentro de las orientaciones de la teoría dualista, en donde al desdoblarse los sistemas jurídicos, ningún tratado puede contradecir a la Constitución en el orden interno. Pero cuando nos encontramos en períodos de guerra en causa propia “la cuestión se aparte de aquellos principios generales y coloca a la República y a su gobierno político, en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el rigorismo de que puedan estar animados”. Esta posición “no se compadece con los principios más elementales del movimiento constitucionalista y del Estado de Derecho,
Fallos 257:101 (1963). Con respecto a este punto, la Corte sostiene que la posible “cuestión de orden internacional” (es decir el incumplimiento del tratado), es ajena, como principio, a la jurisdicción de los tribunales de justicia internos. Vamos a observar cuando estudiemos los Fallos propuestos, la modificación radical que se produjo en esta posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 16 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, Tercera edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 374. 17 Fallos 211:204/208.
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olvidando que la Constitución es un documento destinado a regir tanto en tiempos de paz como de guerra, en épocas normales y anormales, a cuyo efecto consagra los remedios de excepción a los cuales deben acudir los gobernantes para encontrar las soluciones apropiadas para resolver los problemas que plantea una situación de emergencia”.18 6. El caso Ekmekdjian y una nueva interpretación sobre la jerarquía de las fuentes. El caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otro” , del año 1992, es muy rico en cuanto a las temáticas tratadas: cuestiones relacionadas con la operatividad o programaticidad de las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica, con la legitimación activa, libertad de prensa, derecho de rectificación o respuesta, derecho a la intimidad y al honor e incluso se puede avizorar cierta postura “consecuencialista” en la resolución del pleito y la satisfacción a los reclamos.
En el tema que nos convoca, resulta ser un fallo imprescindible, que marcó un punto de inflexión en las posturas sostenidas, pues la Corte releyó su anterior doctrina judicial relacionada con el orden de prelación normativa dentro del ordenamiento jurídico y, más precisamente, la ubicación de los tratados internacionales. Expresamente indicó que “la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados -aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980- confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno”.20 Agregó expresamente que, “esta convención ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino… pues ya no es exacta la proposición jurídica según la cual "no existe fundamento normativo para acordar prioridad" al tratado frente a la ley. Tal fundamento normativo radica en el art. 27 de la Convención de Viena, según el cual "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". La necesaria aplicación de esta norma
Badeni, Gregorio, Instituciones de Derecho Constitucional, Tomo I, Buenos Aires, AdHoc, 2000, p. 189. 19 “Ekmekdjian, Miguel Angel c. Sofovich, Gerardo y otros”, Fallos 315:1492. 20 Se ha sostenido que la norma contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados ya era obligatoria por vía de la costumbre en el orden público internacional antes de su codificación en dicho tratado. Ver al respecto Manili, Pablo Luis, El Bloque de Constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2005 1ª reimpresión, p. 164.
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impone “a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27” (la negrita nos pertenece).21 Derivación necesaria de lo comentado, y muy importante a los efectos de los temas que vamos a analizar en los Fallos que pondremos a consideración, la Corte sostuvo que la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso para destacar por haber sido dictado con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994 y que transita el mismo camino que “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otro” es el Fallo “Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”22 del año 1993. En él la Corte sostuvo que: “La necesaria aplicación de este artículo (el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) impone a los órganos del Estado Argentino -una vez asegurados los principios de derecho público constitucionales- asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria”. Se puede observar en el texto señalado que nuestro más Alto Tribunal efectúa un ejercicio de armonización entre el precepto convencional y el artículo 27 de la Constitución. Si bien la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria, esto acontece una vez asegurados los principios de derecho público constitucional que es lo que precepta el artículo 27 de nuestra Constitución (y en cierto aspecto el artículo 46 de la Convención señalada, ya volveremos sobre este punto). Recordemos que este caso se trataba de un recurso de hecho deducido por el perito contador Arturo José Vázquez Ávila contra la decisión del Tribunal Arbitral de Salto Grande que rechazó el recurso extraordinario por considerar que sus decisiones son totalmente
En esta cuestión agregó que, “en el mismo orden de ideas, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hechos que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso”. 22 “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Fibraca Constructor SCA v. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, Fallos 316:1669.
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independientes de la jurisdicción argentina. La Corte Suprema sostiene que no puede alegarse válidamente privación de justicia ya que existe una jurisdicción internacional aceptada por nuestro país y a la que las partes voluntariamente se sometieron “y menos aún, pretender que esta Corte, sobre la base de las argumentaciones desarrolladas por el recurrente, revise la decisión del Tribunal Arbitral pues ello entra en contradicción con el espíritu de la norma internacional que ambas partes acordaron”.23 Por todo lo expuesto se rechazó la presentación efectuada. Otros precedentes (“Hagelin, Ragnar”24, “Cocchia”25 y “Cafés la Virginia S.A.”26) dictados aplicando normativa anterior a la reforma ratifican la postura descripta en las sentencias anteriores y muestra un camino que tuvo su expresa recepción constitucional en la reforma del año 1994. 7. Antes de adentrarnos en el orden jerárquico después de 1994, un breve comentario sobre los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El art. 27 de la Convención de Viena señala que "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". Es de destacar que este artículo precede al que recepciona el principo de “pacta sunt servanda” que, en el artículo 26 de dicha Convención, señala que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. ¿Cómo se armoniza e integra este artículo con el 27 de nuestra Constitución que dice que “el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”? Pues, como hemos dicho, si bien la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria, esto debe efectuarse una vez asegurados los principios de derecho público constitucional que es lo que precepta el artículo 27 de nuestra Constitución. Asimismo no debemos olvidar que el artículo 46 de la Convención señalada indica que un Estado puede alegar la nulidad de un tratado cuando fue celebrado en violación de una norma de competencia, de importancia fundamental y en forma manifiesta.
Considerando 4º. Fallos 312:626. 25 Fallos 316:2624. 26 Fallos 317:1282.
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8. Orden jerárquico después de 1994. La discusión suscitada con relación al texto de la Constitución histórica demostraba la necesidad de plasmar en una norma constitucional expresa la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Ekmekdjian”. El constituyente de 1994 receptó esta problemática estableciendo que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” (art. 75 inc. 22, primer párrafo) saldando el debate sobre la ubicación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico y su posibilidad de “derogación” por la sanción de una ley posterior. Así el tratado y la ley que lo ratifica resultan ser de jerarquía superior que el resto de las leyes. Esta norma debe articularse con el artículo 27 de la Constitución que obliga al Gobierno federal “a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución” (la negrita nos pertenece). Por lo tanto, y salvo el caso de inconstitucionalidad de un tratado, el estado argentino no podrá en lo sucesivo ampararse en una norma interna para incumplir un tratado. Pero ¿tienen los tratados internacionales jerarquía superior a la Constitución? Consideramos que, y pese a algunas interpretaciones doctrinarias en contrario, 27 no puede afirmarse que la reforma constitucional del año 1994 haya modificado nuestra estructura jerárquico normativa28 hasta el punto de reconocer a los tratados internacionales jerarquía supraconstitucional.
Con respecto al tema de la supremacía constitucional y el derecho interno, y en contra de lo que sostenemos, Bidart Campos se ha interrogado: “¿Se ha extraviado o dejado de existir la supremacía de la constitución? Más bien cabría sostener que hay un reacomodamiento de la misma… Por eso, en el retoque de “aggiornamiento” que hacemos hoy a la doctrina de la supremacía de la constitución, decimos que esa doctrina subsiste y que la constitución sigue siendo suprema en cuanto siempre es fuente primaria y fundante del orden jurídico estatal y decide su prelación, aunque ella misma –al establecer la gradación jerárquica de ese ordencede acaso el primer nivel al derecho internacional o al derecho de integración. Lo que no podemos omitir es el siguiente punto de vista personal: teniendo presente que en el derecho internacional hay un principio básico que es el de su prelación sobre el derecho interno, juzgamos incoherente que el estado que da recepción al derecho internacional en su ordenamiento interno lo coloque por debajo de la constitución y no por encima –o, al menos, a su mismo nivel-. En efecto, parece elemental decir que si el Estado consiente el ingreso del derecho internacional, es de muy escasa congruencia que no lo haga aceptando aquel principio de su primacía sobre el derecho interno”, Bidart Campos, Germán, op. cit., p. 340. 28 ¿Podría haberlo hecho? Es una pregunta difícil de responder. En principio creemos que no. El limitante interpuesto en la etapa de iniciativa por el Congreso en el dictado de la declaración de necesidad de reforma (Ley N° 24.309) en cuanto a la imposibilidad de reformar los primeros artículos de la Constitución (art. 7 de la mencionada Ley), no hubiera permitido la modificación del artículo 31 y, por lo tanto, la supervivencia del artículo en cuestión habría determinado que cualquier solución que se hubiera intentado en ese camino no hubiese sido lo suficientemente determinante.
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9. Tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. De la interpretación armónica del artículo 31 con el 75 inciso 22 y con el 27 de la Constitución, inferimos que la Ley Fundamental ha mantenido su supremacía sobre los tratados pero con una excepción: los Tratados de Derechos Humanos expresamente enumerados en el artículo 75 inciso 22 segundo párrafo29 o los que en el futuro adquieran jerarquía constitucional de acuerdo al procedimiento estipulado en el mismo artículo en su párrafo tercero.30 Estos tratados internacionales “tienen jerarquía constitucional”. ¿Qué quiso decir el constituyente con esta frase? ¿Se encuentran los mencionados instrumentos internacionales “dentro” de la Constitución? ¿Cómo debe interpretársela en atención al texto que lo continúa, que dice “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”? Consideramos que los tratados con jerarquía constitucional conforman el Bloque de Constitucionalidad. 31 Se encuentran en el mismo peldaño que la Constitución pero no incluidos en ella. Y esto es importante pues cada norma conserva su fuente: en el caso de la Constitución es el poder constituyente, y en el caso de los instrumentos internacionales, es la conjunción de múltiples voluntades (en principio de miembros de la comunidad internacional, pero también de los poderes constituidos del Estado). De esta forma afirmamos que toda la Constitución en común, con los instrumentos internacionales jerarquizados del artículo 75 inciso 22, componen un bloque que tiene una igual supremacía. Todas las normas y todos los artículos de este bloque tienen un sentido y un efecto que es el de articularse en el sistema sin que ninguno cancele a otro, pues forman un conjunto coherente.32
Son: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. 30 Hasta el momento adquirieron jerarquía constitucional por este mecanismo la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas en el año 1997 y la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad en 2003. 31 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, t. 1, Buenos Aires, Ediar, 2001, p. 347.
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Este bloque normativo es la lex superior, “aquella que sienta los valores supremos de un ordenamiento y desde esa supremacía es capaz de exigir cuentas, de erigirse en el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas del sistema”.33 En este camino “la supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste… en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales”,34 debiendo privar siempre el deber de buscar en la vía interpretativa una concordancia entre las normas infraconstitucionales y la Constitución. Si este deber es rector de todo el ordenamiento normativo infraconstitucional, mucho más lo será para las normas que cuentan con igual jerarquía constitucional. Esta cuestión nos da pié para responder la tercer pregunta que formulamos. El artículo 75 inciso 22 contiene una explícita pauta interpretativa en cuanto señala que los mencionados tratados internacionales no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, debiendo entenderse como complementarios de los mismos. De este claro precepto derivamos la imposibilidad de declarar inconstitucionales a dichos instrumentos internacionales, pues no puede efectuarse una interpretación de los mismos contraria a la parte dogmática de nuestra Constitución. Debe recordarse que la Corte Suprema ha sostenido al respecto que los convencionales constituyentes de 1994 efectuaron el análisis de compatibilidad entre aquellas dos fuentes normativas (la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente), verificando que no se produce derogación alguna de la primera parte de la Constitución, por lo que no cabe a los magistrados judiciales más que armonizarlas en los casos concretos.35 Resumiendo: Si la Constitución señala que los instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional debe entenderse que tienen la misma jerarquía que la Constitución. El concebirlos complementarios no implica considerarlos accesorios, sino que adicionan, amplían o extienden el marco de protección de los derechos fundamentales.
Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, t. 1, Buenos Aires, Ediar, 2001, p. 347. 33 García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1994, p. 123. 34 García de Enterría, Eduardo, op. cit., p. 95. 35 Conf. "Monges, Analía c. Universidad de Buenos Aires", CS (1996); "Chocobar, Sixto" Fallos 321:885 (1998), y "Petric" Fallos 321:885 (1998), LA LEY, 1997-C, 143; 1998-C, 284; 1998-D, 335; 1998-F, 58; DJ, 1998-2-377; LLC, 1998-911.
10. ¿Y cómo debe entenderse la frase “en las condiciones de su vigencia”? Ya hablamos algo del tema de la ubicación jerárquica de los Tratados. Avanzaremos en intentar interpretar qué debe entenderse por condiciones de vigencia de los mismos. Consideramos que las condiciones de vigencia de los tratados se refieren a tres cuestiones: a) La primera, que tal vez resulta la más obvia, es que los instrumentos internacionales que se incorporan al derecho argentino deben tener vigencia en el ámbito internacional, es decir que haya entrado en vigor en sede internacional.36 b) La segunda cuestión se refiere al modo en que fueron aprobados y ratificados por la República Argentina, es decir, el alcance de la obligación internacional derivada de las eventuales reservas a las que el Estado se hubiere acogido.37 Este tema se encuentra normado por el artículo 2.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que determina que la reserva es “la declaración unilateral… hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”. En general las reservas se realizan al momento de ratificar o adherirse a un tratado debido a las observaciones que puede realizar el órgano legislativo al momento de aprobar el instrumento. Por otro lado las declaraciones interpretativas que formulan los Estados se asimilan a las reservas en el caso en que impliquen dan un alcance menor a la obligación que emerge del tratado. De todos modos la aprobación de un tratado con reservas tiene límites generales establecidos por la mencionada Convención de Viena, buscando siempre que éstas no sean incompatibles con el objeto y fin del tratado. c) Y la tercera cuestión se refiere a cómo interpretan las cláusulas de los instrumentos internacionales los órganos internacionales (en general
Un Tratado entra en vigor según sus propias reglas a tal efecto o, en caso de no tenerlas, según las reglas que estipula la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 37 Por ejemplo, fueron aprobados con reservas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (B.O 25/04/56 -Adla, XVI-A, 273-); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (B.O. 13/05/86); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (B.O. 13/05/86 -Adla, XLVI-B, 1107-); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (B.O. 03/06/85 -Adla, Adla, XLV-B, 1088-); con una reserva y tres declaraciones, la Convención sobre los Derechos del Niño (la declaración señala que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”) (B.O. 22/10/90 -Adla, L-D, 3693-); y la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo condición de reciprocidad (ley aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, B.O. 27/03/84).
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creados por el mismo instrumento) encargados de hacerlo. En el ya citado “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otro” nuestra Corte Suprema, en la Opinión Consultiva Nº 7 de la Corte Interamericana, había afirmado que debía guiarse por la jurisprudencia de dicha Corte Interamericana. Sostiene Gelli que “aunque las condiciones de vigencia de los tratados implica el modo en que éstos rigen en el orden internacional, y esa vigencia deriva de los instrumentos emanados de los organismos internacionales en la aplicación de aquellos, entiendo que no todos esos actos revisten igual valor ni son aplicables del mismo modo en el orden interno del país de que se trate. Por cierto, la vigencia de los tratados de derechos humanos y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana -más aun después de la jerarquía constitucional reconocida a aquellosproducen efectos sobre el ordenamiento interno, pues abogados y jueces recurren a ellos a fin de argumentar casos y fundar decisiones judiciales. Así, de modo creciente las normas y la interpretación de los tratados de derechos humanos se discuten en los tribunales nacionales”.38 Esta cuestión, es decir el ingreso de lo que se denomina la jurisprudencia internacional, en nuestro ordenamiento jurídico, revisa la idea de la supremacía de nuestra Corte frente a la protección internacional de los derechos humanos y las competencias respectivas de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los temas esenciales abordados en los Fallos que analizaremos. 11. ¿Dónde se encuentran ubicados los Tratados Internacionales que no tienen jerarquía constitucional? Los Tratados Internacionales son Ley Suprema de la Nación. Como tales se encuentran por encima de las leyes pero por debajo de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional.39 Hagamos un alto y recordemos como se incorporan los Tratados Internacionales a nuestro ordenamiento normativo: 1) El presidente de la Nación, en virtud de ser el jefe del estado, negocia, concluye y firma las convenciones, los tratados y los concordatos con la Santa Sede (artículo 99, inciso 11). 2) El Congreso Nacional tiene la competencia para aprobar o desechar esos acuerdos internacionales (artículo 75, incisos 22 y 24). Si bien dicha aprobación se efectúa mediante una ley formal,
Gelli, María Angélica, La supremacía de la Corte Argentina y la jurisprudencia internacional, LA LEY 2003-F, 1454. 39 Es decir aquellos que se encuentran enumerados en el artículo 75 inciso 22 segundo párrafo de la Constitución Nacional o aquellos que se incorporen mediante el procedimiento estipulado en el tercer párrafo de dicho artículo.
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consideramos que dicho acto importa principalmente una declaración de carácter político efectuada por el Congreso de la Nación y, por lo tanto, no puede ser vetada. 3) Si el tratado es aprobado debe ser ratificado por el Poder Ejecutivo. Como se observa, los Tratados Internacionales son actos complejos de naturaleza federal, que requieren la concurrencia de la voluntad de dos órganos constituidos quienes, dentro del marco competencial asignado por la Constitución, confluyen dando nacimiento a una norma que, en definitiva, resulta ser la manifestación acabada de la voluntad estatal. Por lo tanto, los Tratados Internacionales no son una simple ley del Congreso. Tampoco son exclusivamente una manifestación de la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo. La Ley en sentido formal constituye la manifestación de la voluntad política e institucional del Congreso y no es, por si sola, el acto de incorporación de dicho tratado a la normativa nacional.40 12. La Supremacía Constitucional y los Tratados de Integración. Los tratados de integración plantean otra cuestión problemática al sistema de supremacía normativa, pues el artículo 75 inciso 24 establece que las normas dictadas como consecuencia de los tratados de integración tienen jerarquía superior a las leyes. Como la disposición no determina expresamente el alcance de esa frase, cabe la posibilidad de tres interpretaciones distintas del texto. Que las normas superiores a las leyes sean: a) las que crean los organismos que ejerzan las competencias y la jurisdicción delegada; b) las disposiciones emanadas de esos organismos; c) ambos tipos de normas. 13. La Supremacía de la Corte Federal y la Jurisprudencia Internacional
Con el respeto que nos merece Vanossi, no estamos de acuerdo, por los motivos expuestos, con la afirmación que realiza “Estamos frente a tratados que son ley del Congreso” (sic) en Vanossi, Jorge R., “De nuevo: ¿Poder Judicial y Tribunales Arbitrales o “Tribunales Administrativos”?, Jurisprudencia Argentina, 22 de junio de 2005, Lexis Nº 0003/011334.
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Se ha cuestionado la subsistencia de la supremacía del propio Tribunal en atención a la creciente importancia que ha cobrado la jurisprudencia internacional, en especial las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Constitución permitió que otras normas compartan con ella su nivel jerárquico, ¿son los órganos internacionales creados por dichos tratados superiores a nuestro Tribunal Cimero? ¿Cuál es el grado de vinculatoriedad que nuestra Corte reconoce a la denominada “jurisprudencia internacional”? 14. Final de la INTRODUCCIÓN. Vamos a analizar los FALLOS. Los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a continuación analizaremos abordan de forma más o menos expresa varios de los temas e interrogantes planteados en esta Introducción. El eje resolutorio en cada uno de ellos roza, con mayor o menor intensidad, cuestiones relacionadas con el orden de prelación y con la forma en que se introduce la denominada “Jurisprudencia Internacional” en nuestro orden jurídico. Encontraremos en primer lugar el Fallo propuesto y luego, a modo de sucinta guía de lectura, una serie de preguntas y comentarios que nos permitirán subrayar los puntos que consideramos sustanciales del pronunciamiento del Alta Tribunal en relación a la temática estudiada. La metodología propuesta aborda cuestiones de derecho desde el análisis crítico de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resulta pertinente aclarar que dicha actividad debe complementarse con la lectura de los textos que conforman la bibliografía obligatoria indicada por la cátedra.
II. FALLOS. 1. GIROLDI, HORACIO. FALLOS 318:514. CORTE SUPREMA, 07/04/1995. 1.a. Fallo. “Opinión del Procurador General de la Nación de la Nación.
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de la Capital Federal, condenó a Horacio Giroldi y a Raúl B. Hatchondo, a la pena de 1 de mes de prisión de cumplimiento en suspenso como
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coautores de tentativa del delito de robo simple (arts. 26, 29 inc. 3º, 42, 44, 45 y 164, Cód. Penal). A fs. 126/132 la Defensora Oficial interpuso recurso de casación, el que fue concedido a fs. 114. La apelante en aquella instancia, fundó sus agravios en la violación a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional) en que había incurrido el Tribunal Oral en lo Criminal, al no observar las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa y sentencia, lesionando, además, las disposiciones concernientes a la insistencia y representación del imputado (art. 167. Incs. 2º y 3º, Cód. Procesal Penal de la Nación). Defectos que, a su criterio, conllevan la nulidad de la sentencia y que consideró enmarcados de las previsiones de los dos incisos del art. 456 de Código adjetivo para la habilitación de la vía casatoria. En cuanto a la procedencia formal de aquel recurso, sostuvo que el limite establecido en el inc. 2º del art. 459 del Cód. Procesal Penal, no resulta aplicable en situaciones en las que, como en el caso, se encuentra gravemente afectada a la garantía de defensa en juicio y donde se han conculcado principios básicos del debido proceso referidos a la necesaria intervención del acusador y la defensa. Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de la referida norma procesal, ya que, a su criterio, el limite que establece lesiona el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Constitución Nacional), argumentando a este respecto que un condenado a 7 meses de prisión por un delito correccional puede recurrir en casación, en tanto que a otro condenado a igual pena por un tribunal en lo criminal, le está vedado acceder a aquella vía recursiva. Sostuvo, por último, que el limite del art, 459, inc. 2º del Cód. adjetivo, restringe la plena vigencia de las normas constitucionales que hacen a la garantía del debido proceso y a la defensa en juicio (art 18, Constitución Nacional), al impedir la Cámara Nacional de Casación Penal examinar cuestiones que afectan derechos de raigambre constitucional por razones de montos de penas, máxime cuando el art. 8, inc. 2º, apart. H) del Pacto de San José de Costa Rica, garantiza a todo imputado al derecho de recurrir ampliamente el fallo ante un tribunal superior. II. La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, con fecha 22 de septiembre de 1993, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 459, inc 2º del Cód. Procesal Penal de la Nación y declaró inadmisible el recurso de casación que fuera concebido por el tribunal Oral en lo Criminal Nº 6. Contra dicho pronunciamiento el Defensor Oficial ante la Cámara de Casación, interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria dio origen a la articulación de esta queja. Sustancialmente, la cuestión se presenta análoga a la planteada en la causa "Martini, Simón A. s/ robo y atentado a la autoridad" (M. 820, XXIV) en la que tuve oportunidad de dictaminar con fecha 1 de febrero del corriente año, y donde propicié la declaración de inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2 del Cód. de Proced. en Materia Penal, en cuanto limita la posibilidad de recurrir en casación de la sentencia del tribunal oral en lo criminal, que impone una pena inferior a los 3 años de prisión; a lo que debo añadir que, en dicho dictamen, fueron tenidos en cuenta los argumentos esgrimidos por la Cámara Nacional de Casación Penal en la sentencia que aquí se recurre. Ello así, corresponde, en honor a la brevedad que me remita, en lo pertinente, a los fundamentos de aquel dictamen, evitando incurrir en inneceserarias repeticiones. III. Por lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja revocando la sentencia apelada y que, en consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2º del Código de Procedimiento en materia penal, a fin de que la Cámara Nacional de Casación Penal trate los agravios respectivos de acuerdo con lo expuesto. Marzo 20 de 1995 .- ANGEL N. AGÜERO ITURBE.
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Considerando: 1. Que el tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de la Capital Federal condenó a Horacio D. Giroldi a la pena de 1 mes de prisión en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa. Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial interpuso recurso de casación. Sostuvo, en cuanto al fondo del litigio, que la sentencia del tribunal oral violaba la garantía de la defensa en juicio. Consideró, además, a fin de fundar la admisibilidad del mencionado recurso, que era inconstitucional el limite impuesto por el art. 459, inc. 2º del Cód. Procesal Penal de la Nación41, por contrariar lo dispuesto en el art. 8º inc. 2º, apart. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que otorga a todas persona inculpada de delito el derecho "...de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior". 2. Que la Cámara Nacional de Casación Penal (sala I) rechazó el planteo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declaró inadmisible el recurso de casación. Para llegar a ese resultado, el a quo invocó, en lo que interesa, el caso "Jauregui" (Fallos: 311: 274), en el que esta Corte resolvió que el requisito de la doble instancia judicial en materia penal quedaba satisfecho con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Casación, la defensa interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja. 3. Que el recurso es admisible en tanto se ha puesto en tala de juicio la validez de una ley nacional por ser contraria a normas de la Constitución Nacional y de un tratado internacional al que ella hace referencia, y la decisión ha sido adversa al derecho fundado en esta últimas (art. 14, inc. 3º, ley 48). 4. Que el a quo sostuvo que: "Por virtud de los limites objetivos fijados en los arts. 458 a 462 del Cód. Procesal Penal no hay posibilidad de recursos de casación ni inconstitucionalidad... y la causa ha fenecido en instancia única, por lo que su sentencia es final y contra ella cabe el recurso extraordinario de apelación". 5. Que la reforma constitucional de 1994 ha conferido jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales (art. 75, inc. 22, párr. 2º), entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su ya recordado art. 8º párr. 2º, inc. h, dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".
Este inciso señala que solo podrán recurrirse las sentencias del tribunal en lo criminal que condenen a más de tres años de prisión.
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6. Que en virtud de lo expuesto corresponde determinar si dentro del ordenamiento procesal penal existen el órgano y los procedimientos para dar adecuada satisfacción a la garantía constitucional antes invocada. En ese sentido, la inexistencia de recurso en la ley de rito ha conducido al a quo a sostener que la sentencia del tribunal oral era susceptible del recurso extraordinario ante esta Corte. Sobre la base del procedente, "Jauregui" (citado). 7. Que en el caso antedicho, el tribunal consideró que el requisito previsto en el ya señalado art. 8º, párr, 2º, inc. h. de la Convención se hallaba satisfecho por la existencia del recurso extraordinario federal ante este tribunal (Fallos: 311: 274, consid. 6º del voto de la mayoría, 7º del voto del juez Caballero y 6º del voto del juez Petracchi). Sin embargo, las reglas y excepciones que en aquella época determinaban la competencia apelada de la Corte Suprema sufrieron modificaciones a partir de la reforma introducida en el año 1990 por la ley 23.774, que otorgó al tribunal la facultad de rechazar, por la sola aplicación del art. 280 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. 8. Que en tales condiciones pueden sostenerse hoy con nuevos fundamentos que, en hipótesis como la de autos, el recurso extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como "garantía mínima" para "toda persona inculpada de delito" (art. 8º, párr. 2º, apart, h. Convención) 9. Que, asimismo, las reformas introducidas por las leyes 23.984 y 24.050 respecto de los distintos órganos judiciales que conforman los "tribunales inferiores de la Justicia nacional (art. 75.inc.20, Ley Fundamental). incluyeron la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal. Estas circunstancia modificó la organización del Poder Judicial de la Nación existente para la época en que fue fallado el caso "Jauregui" - que no contemplaba un "tribunal intermedio" entre la Corte Suprema y las Cámaras Nacionales o Federales de Apelación -. La Cámara Nacional de Casación Penal ha sido creada, precisamente, para conocer, por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad – y aun de revisión – de las sentencias que dicten, sobre los puntos que hacen a su competencia, tanto los tribunales orales en lo criminal como los juzgados en los correccional. 10. Que lo expuesto determina que la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8°, inc. 2°, apart. H), es declarar
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la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc, 2 del Cód. Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra la sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena. 11. Que la ya recordada "jerarquía constitucional" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, "en las condiciones de su vigencia" (art. 75, inc. 22, párr, 2°) esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr, arts.75, Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054). 12 Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde –en la medida de su jurisdicción - aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional. En tal sentido, la Corte Interamericana precisó el alcance del art. 1° de la Convención, en cuanto los Estados parte deben solamente "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella", sino además "garantizar su libre y pleno ejercicio a todas personas sujeta a su jurisdicción". Según dicha Corte, "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del art. 1.1 de la Convención (opinión consultiva N° 11/90 del 10 de agosto 1990 – "Excepciones al agotamiento de los recursos internos" párr. 34-). Garantizar entraña, asimismo, "el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (íd., parág. 23). 13. Que síguese de lo expresado, que la solución que aquí se adopta permite, desde el punto de vista de las garantías del proceso penal, cumplir acabadamente los compromisos asumidos en materia de derechos humanos
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por el Estado nacional a la vez que salvaguarda la inserción institucional de la Cámara Nacional de Casación Penal en el ámbito de la Justicia Federal y respeta el sentido del establecimiento de órganos judiciales "intermedios" en esa esfera, creados para cimentar las condiciones necesarias para que el tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado sea porque ante ellos pueden encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sea porque el sujeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más elaborado (Fallos: 308:490, consid. 5°, con cita del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, período de 1901, Congreso Nacional, Buenos Aires, 1961). Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Acumúlese al principal y devuélvase al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a lo resuelto en el presente. JULIO S. NAZARENO.- EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR. – CARLOS S. FAYT. – AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO. – ENRIQUE S. PETRACCHI.- ANTONIO BOGGIANO.” 1.b. Guía de lectura. 1. ¿Por qué resulta procedente el Recurso Extraordinario Federal? 2. ¿Cuál resulta ser la garantía supuestamente violada en el Fallo analizado? ¿De qué norma se desprende tal garantía? ¿Qué jerarquía tiene? 3. ¿Qué planteaba la Corte Suprema en el precedente “Jáuregui”? ¿Por qué consideraba que estaba satisfecho el requisito de la doble instancia judicial en materia penal? 4. La Corte Suprema de Justicia de la Nación justifica su cambio jurisprudencial en virtud de la reforma del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación realizada por la Ley N° 23.774. ¿Qué instituto regula el artículo 280 del mencionado cuerpo legislativo? ¿Considera que esta nueva reglamentación justifica el cambio jurisprudencial en cuestión? ¿Constituía el Recurso Extraordinario Federal realmente “una segunda instancia” antes de dicha reforma? ¿Eran sólidos los argumentos esbozados en “Jáuregui”? 5. ¿Cómo define la Cortes Suprema de Justicia “condición de vigencia” de los tratados internacionales en el Fallo analizado? 6. ¿Por qué la Corte Suprema sostiene que le corresponde “aplicar los tratados”? ¿Qué fuerza vinculante tiene la denominada “jurisprudencia internacional” para la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
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7. ¿Cómo define la Corte Interamericana el deber de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Quién es el sujeto obligado a tal garantía? ¿Por qué tal definición obliga al Estado argentino en general y a la Corte Suprema en particular?.
2. BRAMAJO, HERNÁN J. FALLOS 319:1840. CORTE SUPREMA, 12/09/1996. 2.a. Fallo. “Buenos Aires, setiembre 12 de 1996. Considerando: 1. Que contra la resolución de la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que concedió la excarcelación de Hernán J. Bramajo, el Fiscal de Cámara dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la presente queja. 2. Que de las constancias de la causa surge: a) que el procesado Bramajo fue detenido el 1° de julio de 1992, habiendo sido excarcelado por aplicación del art. 1° de la ley 24.390, al cumplir tres años de detención en prisión preventiva; b) que el fiscal acusó al procesado por el delito de homicidio calificado "criminis causae" en concurso material con el de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas, en poblado y en banda y requirió la pena de reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. 3. Que el tribunal anterior en grado concedió la excarcelación por estricta aplicación de lo dispuesto por el art. 1° de la ley 24.390. En relación a este aspecto estimó que "los plazos fijados por la ley 24.390 no resultan irrazonables ya que el propio legislador es quien los ha establecido y tampoco se vislumbra que esa determinación conculque alguna garantía fundamental". No obstante lo expuesto concedió la excarcelación bajo caución real debido a la gravedad de los delitos atribuidos al procesado, la pena solicitada por el fiscal y la circunstancia de que registra una condena. 4. Que en el escrito de apelación federal el representante del Ministerio Público cuestiona la validez del art. 1° de la ley 24.390 debido a que se hallaría en colisión con lo dispuesto por el art. 7° inc. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto aduce que bajo el pretexto de reglamentar un tratado internacional la ley 24.390 lo ha
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desvirtuado, pues "convierte una cuestión subjetiva, como es el determinar cuál plazo es razonable, en una cuestión netamente objetiva, supeditada al simple cumplimiento de un plazo fijo". Añade que al establecer la ley 24.390 plazos fijos la excarcelación se ha convertido "en algo automático y en un beneficio que debe otorgárseles sin importar la índole o mayor o menor gravedad del delito que se les impute". Considera que continúan siendo aplicable la jurisprudencia de este tribunal en la causa "Firmenich" (Fallos: 310:1476 --La Ley, 1987-E, 274--). 5. Que el recurso federal resulta procedente en la medida en que se ha cuestionado la validez de una ley nacional (24.390) por ser contraria a un tratado internacional y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en la última (art. 14, inc. 3°, ley 48), a lo que cabe agregar que la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva pues se trata de una cuestión que reviste gravedad institucional, en tanto el criterio adoptado por el a quo compromete la administración de justicia al afectar la forma de aplicación de la ley procesal penal. 6. Que bajo esos supuestos, corresponde señalar que las consecuencias de la aplicación de la doctrina cuestionada por el recurrente comprometen al tribunal --en su especifica misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales-- a ponderar cuidadosamente aquéllos a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada del contexto de la disposición que reglamenta, conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad. 7. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en el art. 7°, inc. 5°, que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso". Por su parte la ley 24.390, que se autodefine como reglamentaria del art. 7°, inc. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9°) determina un plazo fijo de dos años, con una prórroga de un año y otra de seis meses para los procesados que habiendo cumplido aquel lapso de detención en prisión preventiva no hubiesen sido juzgados en forma definitiva (arts. 1° y 2°). Además dispone que transcurrido el plazo mencionado, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión (art. 7°).
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8. Que la "jerarquía constitucional" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecido por voluntad expresa del constituyente, "en las condiciones de su vigencia" (art. 75, inc. 22, párr. 2°) esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana, art. 2° de la ley 23.054 (confr. doctrina de la causa G.342.XXVI. "Giroldi, Horacio D. y otro s/ recurso de casación", sentencia del 7 de abril de 1995 --La Ley, 1995-D, 462--). 9. Que sobre la base de tales pauta y a los efectos de determinar si la ley 24.390 armoniza con el art. 7°, inc. 5°, del Tratado Internacional mencionado, resulta pertinente reseñar la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desarrollada en el informe sobre el caso 10.037 de la República Argentina del 13 de abril de 1989 el que, si bien es anterior a la vigencia de la ley 24.390 resulta de significativa importancia para el caso debido a que el mencionado organismo internacional ha fijado las pautas que los Estados Partes deben tener en cuenta al reglamentar lo que se ha denominado "Plazo razonable de detención sin juzgamiento". Así, consideró la Comisión que "...la determinación del plazo razonable en el derecho interno argentino surge en cada caso de la consideración armoniosa de estas dos disposiciones --hizo referencia al art. 379, inc. 6° y al art. 380 del Cód. de Proced. en lo Criminal-- quedando librada esa consideración al criterio del juez que debe decidir en base a los parámetros que la ley le marca taxativamente para que los valore en forma conjunta". 10. Que en el informe citado en el párrafo anterior la comisión continuó refiriendo que "la razonabilidad del plazo se encuentra fijada por los extremos del art. 380 del Código de Procedimiento Penal de la Argentina, junto con la apreciación que de ellos hace el juez de la causa", temperamento que --según dijo-- coincide con lo manifestado por la Corte Europea cuando dice: "El Tribunal opina igualmente que para apreciar si, en un determinado caso, la detención de un acusado no sobrepasa el límite razonable, corresponde a las autoridades judiciales nacionales investigar todas las circunstancias que, por su naturaleza, lleven a admitir o a rechazar que existe una verdadera exigencia de interés público que justifique la derogación de la regla del respeto a la libertad individual (caso
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"Neumeister", sentencia del 27 de junio de 1968, TEDH-5, p. 83, "Fundamentos de Derecho", parágrafo 5). Concluyó expresando que "si bien cuatro años no sería un plazo razonable, en el presente caso por las circunstancias propias del mismo y por la complejidad de las causas envueltas en su desarrollo, ello no constituiría un retardo injustificado en la administración de justicia" (el Ministerio Público había solicitado la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas). 11. Que en tales condiciones, cabe tener presente que el espíritu que determinó la sanción de la ley 24.390 y el fin último por ella perseguido, surge del debate parlamentario, el que puede sintetizarse en la necesidad de resolver la situación de los detenidos en prisión preventiva sin haber sido juzgados, los cuales, no obstante gozar de la presunción de inocencia por no haber sido condenados, continúan detenidos sin sentencia definitiva, más allá de lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos denomina "plazo razonable de detención". En relación a este último concepto, en la Cámara de Senadores se expresó que "el origen de la razonabilidad de este plazo de dos años debe buscarse en el antiguo Código de Procedimientos en lo Criminal, que establecía que la instrucción debía durar dos años". 12. Que si bien la ley 24.390 fija plazos para la procedencia de la libertad caucionada, de ello no se deriva que vulnere lo establecido por el art. 7°, inc. 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que la comisión no prohíbe que cada Estado Parte establezca plazos de duración de la detención sin juzgamiento, lo que no admite es la aplicación de aquéllos en forma automática sin valorar otras circunstancias. Así, en el informe del caso 10.037 de la República Argentina la comisión expresó que "...el Estado Parte no está obligado (por la convención) a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de sus circunstancias ... quedando el concepto de plazo razonable sujeto a la apreciación de la gravedad de la infracción, en cuanto a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable". A ello corresponde agregar que la ley 24.390 no ha derogado las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del Código de Procedimientos en Materia Penal y del Código Procesal Penal. 13. Que bajo los presupuestos enunciados, este tribunal considera que la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Cód. de
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Procedimiento en Materia Penal y Cód. Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable. 14. Que la conclusión expuesta no significa desconocer las palabras de la ley, sino interpretarla a la luz del tratado con jerarquía constitucional que aquélla reglamenta. Además, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados en otro de rango superior y produzca consecuencias notoriamente disvaliosas, resulta necesario dar preeminencia al espíritu de la ley, a sus fines, al conjunto armonioso del ordenamiento jurídico y a los preceptos fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento normativo. De lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (confr. doctrina de Fallos: 302:1284 --La Ley, 1981-A, 401-- y la jurisprudencia allí citada). 15. Que por los argumentos expuestos, en el caso sometido a estudio del tribunal, el examen de las condiciones personales del procesado, la gravedad de los hechos que se le imputan, la condena anterior que registra --que eventualmente ha de ser unificada con la que pueda resultar en la presente-así como la pena solicitada por el fiscal, hacen presumir que en caso de obtener la libertad intentará burlar la acción de la justicia, razón por la cual debe revocarse la resolución impugnada, puesto que la interpretación efectuada por el a quo del art. 1° de la ley 24.390 ha sido incompatible con la jurisprudencia elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la establecida por esta Corte en la causa "Firmenich" (Fallos: 310:1476). Por ello, se rechaza la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley 24.390 y se revoca la resolución impugnada. Hágase saber y vuelva al tribunal de origen para que se dicte nuevo fallo con arreglo a derecho. Agréguese la queja al principal. - JULIO S. NAZARENO. - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR. CARLOS S. FAYT (EN DISIDENCIA). - AUGUSTO C. BELLUSCIO (EN DISIDENCIA). - ANTONIO BOGGIANO. - GUILLERMO A. F. LÓPEZ. - GUSTAVO A. BOSSERT (EN DISIDENCIA). - ADOLFO R. VÁZQUEZ. Disidencia de los doctores Fayt, Belluscio y Bossert.
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Considerando: Que el recurso extraordinario cuya denegación motiva esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14, ley 48). Por ello, se rechaza la queja. Notifíquese, devuélvanse los autos principales. - CARLOS S. FAYT. - AUGUSTO C. BELLUSCIO. - GUSTAVO A. BOSSERT.” 2.b. Guía de lectura. 1. ¿Por qué resulta procedente el Recurso Extraordinario Federal? ¿Estamos en presencia de una sentencia definitiva o equiparable a tal? ¿Qué resuelve al respecto el voto de la disidencia? 2. ¿Qué alcance le reconoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 3. Pese a que en el presente Fallo la Corte Suprema considera que aplica la doctrina emanada de Giroldi, ¿estamos en presencia de pronunciamientos provenientes del mismo órgano de la Convención Americana? 4. ¿Qué norma pretende reglamentar la Ley 24.390? ¿Cuál es el fin que tuvo en miras dicha Ley? ¿Vulnera tal reglamentación lo establecido por el artículo 7° inciso 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Es un plazo razonable el que estipula la Ley? ¿La Convención define un plazo específico? ¿Cuál es el elemento que determina la razonabilidad del plazo a estipular? 5. Si la Corte Suprema rechaza la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 24.390, ¿cuál es la norma o acto que resulta inconstitucional?, ¿por qué?, en definitiva ¿qué es lo que declara inconstitucional la Corte Suprema? 6. Tanto en los primeros considerandos del voto mayoritario como en los últimos, encontramos elementos que nos permiten detectar la pauta interpretativa que utiliza la Corte Suprema de Justicia de la Nación para aplicar las normas necesarias en la resolución del caso. Intente efectuar una definición de dicha pauta interpretativa.
3. CANTOS, JOSÉ MARÍA. FALLOS : . CORTE SUPREMA, 21/08/2003. 3.a. Fallo. “Buenos Aires, agosto 21 de 2003. Considerando: 1. Que se inician estas actuaciones con motivo de la
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presentación efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que este Tribunal instrumente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de septiembre de 2002 en el caso "Cantos" (La Ley, 1997-F, 567). 2. Que en dicho pronunciamiento, en cuanto al caso concierne, se decidió que el Estado Argentino violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los arts. 8.1. y 25 en relación con el art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decidió que: "1. El Estado debe abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma; 2. El Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C. 1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina...; 3. El Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior; 4. El Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos, para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados". 3. Que la petición efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación no puede ser atendida por este Tribunal, so riesgo de infringir ostensiblemente cláusulas de inequívoca raigambre constitucional que amparan los derechos cuya titularidad corresponde a diversos profesionales que han intervenido en la causa C. 1099, XX. "Cantos, José María c. Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/cobro de pesos", con patente y deliberada renuncia de su más alta y trascendente atribución, para cuyo ejercicio ha sido instituida como titular del Poder Judicial de la Nación, que es ser el custodio e intérprete final de la Constitución Nacional. 4. Que ello es así, pues la reducción del monto de los honorarios fijados por este Tribunal a favor de los profesionales intervinientes sin darles siquiera la posibilidad de resistir una eventual petición del interesado en tal sentido -que en su caso debiera formularse, como es obvio, en el marco de la ejecución de la decisión de esta Corte- vulneraría elementales garantías constitucionales de los así afectados. Ello, por cuanto los profesionales beneficiarios de esos derechos creditorios no han sido parte en el procedimiento desarrollado ante la instancia internacional. Por lo demás no corresponde sustanciar el pedido en estudio fuera de una causa judicial, confundiendo de este modo la intervención que a la Corte en todo caso podría corresponderle en orden al gobierno del Poder Judicial de la Nación, con la que resulta de su competencia originaria en materia judicial. La primera de las apuntadas circunstancias importaría la violación de garantías judiciales y del derecho de propiedad, expresamente tuteladas por la Constitución Nacional (arts. 17 y 18) como por la Convención Americana
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de Derechos Humanos (arts. 8, 21 y 25; Fallos 325:28). Así bajo el ropaje de dar cumplimiento con una obligación emanada de un tratado con jerarquía constitucional (art. 63.1, de la Convención), llevaría a la inicua -cuanto paradójica- situación, de hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional por afectar garantías y derechos reconocidos a los profesionales, precisamente, en el instrumento cuyo acatamiento se invoca. La segunda, por su parte -más allá de su improcedencia- no parece imprescindible. Una decisión como la aquí indicada implicaría asumir que el Estado Nacional seguirá adelante con la ejecución de la tasa judicial y su multa no obstante la decisión de la Corte Interamericana; que en el ámbito de esa ejecución, el ejecutado no podrá esgrimir defensa alguna sobre la base de la decisión internacional o que, en su caso, ella habrá de ser desestimada. Finalmente, debe tenerse en cuenta que ni el Estado Nacional ni la Provincia de Santiago del Estero requieren de decisión alguna del Tribunal para dar cumplimiento al pago de los honorarios de los profesionales que los asistieron en juicio y de los peritos intervinientes. 5. Que en las condiciones expresadas corresponde declinar la intervención que se requiere. Por ello se resuelve: Desestimar la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación. - CARLOS S. FAYT. - ENRIQUE S. PETRACCHI (según su voto). - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR. ANTONIO BOGGIANO (en disidencia). - GUILLERMO A. F. LÓPEZ (según su voto). - ADOLFO R. VÁZQUEZ (según su voto). - JUAN C. MAQUEDA (en disidencia).
Voto de los doctores Petracchi y López: Considerando: Que se inician estas actuaciones con motivo de la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que este Tribunal instrumente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de septiembre de 2002 en el caso "Cantos". Que en las circunstancias del caso, esta Corte carece de atribuciones para modificar pronunciamientos jurisdiccionales amparados por el atributo de cosa juzgada, por lo que el Poder Ejecutivo de la Nación deberá adoptar las medidas que, en ámbito de sus competencias, considere apropiadas, o -en todo caso- tomar la iniciativa que contempla el art. 77 de la Constitución
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Nacional por ante el Congreso de la Nación, a fin de dar cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana. Por ello, se resuelve: Desestimar la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación. - ENRIQUE S. PETRACCHI. - GUILLERMO A. F. LÓPEZ.
Voto del doctor Vázquez: Considerando: 1. Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que este Tribunal instrumente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de septiembre de 2002 en el caso "Cantos". 2. Que en dicho pronunciamiento la Corte Interamericana estableció que "En cuanto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada el 7 de septiembre de 1996, resulta difícil establecer que constituya per se una infracción a la Convención. Esto ocurriría sólo si dicha sentencia fuera en sí misma arbitraria. En general, puede decirse que la sentencia debe ser derivación razonada del derecho vigente, según las circunstancias de hecho obrantes en la causa. Pero no bastaría que una decisión dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser considerada arbitraria. Una sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios de tal gravedad que la descalificarían como acto judicial válido. En el presente caso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia argentina se funda en las normas sobre validez y nulidad de los actos jurídicos, principalmente en el análisis del convenio suscripto en 1982 y en la prescripción liberatoria que debe aplicarse en razón de la invalidez de aquél. A criterio de esta Corte, ese acto no puede ser considerado como una sentencia arbitraria" (párrafo 63). 3. Que sin perjuicio de lo antedicho, la Corte Interamericana observó que la aplicación al caso de la ley de tasa de justicia (23.898) y de honorarios profesionales (21.839 y 24.432) condujeron a que se pretendiera cobrar al actor -vencido en el expediente tramitado en sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, una vez terminado el juicio, sumas económicas que calificó como exorbitantes, y en esa línea de ideas decidió que el Estado Argentino había violado el derecho de acceso a la justicia consagrado en los arts. 8.1. y 25 en relación con el art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dispuso que: "1. El Estado debe abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma; 2. El Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso c.1099 de la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación Argentina ...; 3. El Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior; 4. El Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos, para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados". 4. Que esta Corte ha sostenido de manera reiterada (Fallos: 319:1389 y 2805, entre muchísimos otros, votos del juez Vázquez) que del propósito de afianzar la justicia que se encuentra incorporado al Preámbulo de la Carta Magna, resulta la consecuencia de que el servicio de justicia debe ser irrestricto, por donde a tal carácter "irrestricto" las leyes de fondo y de forma deben ajustarse, y con mucha más razón la interpretación jurisprudencial. Que dicho mandato constitucional tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e independiente que se ocupe de administrar justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella en base a un plexo normativo que le brinde suficiente apoyatura. Que el medio más propicio para asegurar que el servicio de justicia sea irrestricto para toda y cualquier persona sólo se logra mediante su gratuidad, cuando menos desde el acceso a él y hasta que el derecho sea decidido; es decir, hasta el momento en que los jueces se expidan definitivamente en la causa, dando a cada uno lo suyo. En tal sentido, el principio del acceso a la jurisdicción sin pago previo alguno, tiene raigambre constitucional, porque de ese modo se asegura efectivamente a cada persona la posibilidad de recurrir a los estrados de los tribunales, brindándose, en consecuencia, un amparo igual para todos en el ejercicio del derecho (confr. Rocco, "L'Interpreta-zione delle leggi processuali", p. 46, Roma, 1906, citado por Eduardo Couture, "Protección constitucional de la justicia gratuita en caso de pobreza", reg. en Estudio de Derecho Procesal Civil, t. I, "La Constitución y el proceso civil", p. 113, N° 3, texto y nota N° 3, Buenos Aires, 1948). Que lo desarrollado no es sino la necesaria inferencia del único sentido que el derecho de acceso a la justicia tiene en la Constitución Nacional, tal como lo idearon los constituyentes de 1853, y que fue mantenido en iguales términos, sin excepciones, en las sucesivas reformas constitucionales (particularmente en la de 1994 mediante la adopción -con jerarquía constitucional- de diversos pactos y tratados internacionales que se refieren a la materia), es decir, como un derecho ejercible con prescindencia de
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restricciones de tipo monetario, operativo por sí mismo; y ello con el elevado fin de que la seguridad jurídica y el estado de derecho no se conviertan en ilusorios. 5. Que la protección constitucional mencionada implica, a su vez, que el justiciable en caso de resultar vencido, está obligado a oblar la tasa, pues el hecho de prevalerse de una garantía constitucional incondicionada, no puede ser óbice para burlar la ley que lo ha establecido y que, a no dudarlo, tiende a resarcir a la comunidad los gastos irrogados por un obrar no ajustado a derecho desalentando la utilización indebida del acceso a la justicia, sea mediante demandas, recursos, quejas por denegación de recursos, etc., penalizando pecuniariamente a quien peticionó sin derecho poniendo en marcha una instancia judicial -con su consiguiente costo para el erario público- y dilatando en el tiempo, si ese fuera el caso, el cumplimiento de su obligación. De lo expuesto hasta aquí no debe inferirse que deba tenerse por letra muerta las diversas normas que imponen la obligación a abonar tasas de justicia o depósitos, sino que solamente implica que, en caso de no haberse efectuado, esta Corte debe igualmente examinar los planteos traídos a su conocimiento, y si los desestimare, y el obligado no pagare o garantizare el mismo, previa intimación para su cancelación bajo apercibimiento de ley, se proceda a su ejecución por vía de apremio. Todo sin perjuicio de cualquier acción que pudiera eventualmente corresponder, incluso la concursal del obligado. 6. Que ello es lo que aconteció en el caso habida cuenta de que esta Corte analizó, trató y resolvió todos y cada uno de los planteos articulados por el señor José María Cantos en forma principal o incidental, sin obligarlo previamente a satisfacer la tasa de justicia y aun cuando el beneficio de litigar sin gastos ensayado por el actor había sido rechazado. 7. Que la petición efectuada por el Señor Procurador del Tesoro de la Nación no puede ser atendida por este Tribunal, so riesgo de infringir ostensiblemente cláusulas de inequívoca raigambre constitucional que amparan los derechos cuya titularidad corresponde a diversos profesionales que han actuado en la causa C.1099.XX. "Cantos, José María c. Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/cobro de pesos", con patente y deliberada renuncia a su más alta y trascendente atribución, para cuyo ejercicio ha sido instituida como titular del Poder Judicial de la Nación, que es ser el custodio e intérprete final de la Constitución Nacional. 8. Que ello es así, pues la reducción del monto de los honorarios fijados por esta Corte en favor de los profesionales intervinientes -mediante pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada- sin darles siquiera la posibilidad de resistir una eventual petición del interesado en tal sentido
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-que en su caso debiera formularse, como es obvio, en el marco de la ejecución de la sentencia de esta Corte- vulneraría elementales garantías constitucionales de los así afectados. Ello, por cuanto los profesionales beneficiarios de esos derechos no han sido parte en el procedimiento desarrollado ante la instancia internacional, de manera que toda restricción de tales acreencias afectaría de modo directo e inmediato garantías judiciales y el derecho de propiedad que tutelan expresamente tanto nuestra Constitución Nacional (arts. 17 y 18) cuanto la Convención (arts. 8, 21 y 25; Fallos: 325:28). De ahí pues, que la instrumentación postulada por el peticionario bajo el ropaje de dar cumplimiento con una obligación emanada de un tratado con jerarquía constitucional (art. 36.1. de la Convención), llevaría a la inicua -cuanto paradójica- situación de hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional por afectar garantías y derechos constitucionales reconocidos a los profesionales, precisamente, en el instrumento cuyo acatamiento se invoca. 9. Que por las consideraciones mencionadas corresponde declinar la intervención que se requiere. Por ello, se resuelve: Desestimar la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación. - ADOLFO R. VÁZQUEZ.
Disidencia del señor doctor Boggiano: Considerando: 1. Que se inician estas actuaciones con motivo del oficio librado por el Procurador del Tesoro de la Nación en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2002 en el caso "Cantos", a fin de que este Tribunal instrumente su cumplimiento. 2. Que en dicho pronunciamiento, en cuanto al caso concierne, se decidió que el Estado Argentino violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los arts. 8.1, 25 en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decidió que: "1. El Estado debe abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma; 2. El Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C.1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.... 3. El Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior. 4. El Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los
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bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados". 3. Que, corresponde a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, aplicar en la medida de su jurisdicción, los tratados internacionales al que el país está vinculado a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida (Fallos: 318:1269 y sus citas, entre muchos otros). 4. Que tanto de los términos expresos de la Convención Americana de Derechos Humanos como de su contexto se desprende que cuando ese instrumento convencional ha querido asignar carácter obligatorio a las decisiones emanadas de sus órganos de aplicación lo hizo en forma explícita. En este sentido la Convención dispone que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en el Pacto dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado. Los Estados parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes -art. 68.1- (Fallos: 321:3555 voto de los jueces Boggiano y Bossert). 5. Que, en consecuencia, corresponde que la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga de ejecutar la tasa de justicia y la correspondiente multa por falta de pago, y que el Estado Nacional asuma el pago de los honorarios de los peritos y profesionales que representaron a los demandados, lo que así se declara. 6. Que, que en cambio, en lo atinente a la reducción de los emolumentos y al levantamiento de embargos y otras medidas adoptadas corresponde dar traslado a los profesionales interesados que no fueron parte en el procedimiento en la instancia internacional. De otro modo se afectarían sus garantías judiciales y el derecho de propiedad que la Convención tutela expresamente (arts. 8, 21 y 25), pues pese a los términos en que está redactada la sentencia de la Corte Interamericana, corresponde indagar su verdadero sentido, ya que no es dable suponer que ésta, como garante final de los derechos que el Pacto reconoce, consagre semejante menoscabo a ellos. De estar a los términos literales de la sentencia se produciría un detrimento que a su vez haría incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional, hipótesis ésta que cabe aventar. En efecto, sería incongruente reparar una lesión en los términos del art. 63.1 de la Convención causando otra a terceros. Esto sencillamente importaría una violación al Pacto. Por ello se resuelve: 1) Declarar que el Estado Nacional debe abstenerse de perseguir el cobro de la tasa de justicia y la correspondiente multa y asumir el pago de los honorarios de los peritos y profesionales que representaron a
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los demandados. 2) Dar traslado a los profesionales interesados a los fines precedentemente señalados. 3)Hágase saber al Procurador del Tesoro. ANTONIO BOGGIANO.
Disidencia del doctor Maqueda: Considerando: 1) Que se inician estas actuaciones con motivo del oficio librado por el Procurador del Tesoro de la Nación en virtud de la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantos (sentencia CDH-11.636). 2) Que según surge de dicho oficio y de las constancias con él acompañadas resulta que la Corte Interamericana resolvió que el Estado argentino: 1. Debe de abstenerse de cobrar a José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma. 2. Debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C1099 de este Tribunal, en los términos de los párrafos 70.b. y 74 de la sentencia. 3. Debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior; y 4. Debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados. 3) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso en el capítulo IX de la sentencia citada que el Estado debe rendir a ese tribunal un informe cada seis meses sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a aquélla, el que será valorado por ese Tribunal. El Procurador del Tesoro sostiene que de ello se desprende que las medidas solicitadas deberán ser adoptadas y arbitradas por el Alto Tribunal de la República que entendió en la causa C 1099 . 4) Que los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen el carácter de definitivos e inapelables (art. 67, Convención Americana sobre Derechos Humanos) sin que resulte de las actuaciones remitidas por el Procurador del Tesoro de la Nación que el Estado Nacional haya pedido la interpretación acerca de los alcances de lo decidido en el pronunciamiento CDH -11.636.
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5) Que el art. 68.1 de la misma Convención establece que los Estados se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (conf. Fallos 321:3555, considerando 9°) y es en el marco de ese proceso de ejecución de una sentencia que se ha pedido la intervención de esta Corte para remediar los supuestos derechos afectados a raíz del fallo dictado por el Tribunal en la causa C. 1099 L. XX, "Cantos, José María c. Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/cobro de pesos". 6) Que esta Corte ha reconocido que los tribunales locales deben adoptar las medidas necesarias para evitar que el Estado incurra en responsabilidad por incumplimiento de un tratado (Fallos: 315:1492; 316:1669; 317:1282). A la luz de esa interpretación corresponde, además, tener en cuenta la importancia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del marco del nuevo ordenamiento institucional que resulta de la Reforma Constitucional del año 1994 que ha conferido jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional). 7) Que, asimismo, corresponde a esta Corte velar porque la buena fe que rige la actuación del Estado Nacional en el orden internacional para el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional no se vea afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos internos (Fallos: 315:1492, consid. 19 "in fine" y 318:373, consid. 4°). Esos deberes se extienden a todos los jueces aun ante la inexistencia de reglamentación legislativa indicativa del curso judicial a seguir frente a informes o recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto están obligados a atender a su contenido con el fin de procurar la protección de los derechos humanos involucrados, pues en esta materia aquélla no es requisito indispensable (Fallos: 321:3555, voto de los doctores Boggiano y Bossert, considerandos 15 y 16). Tales criterios resultan de plena aplicación en el presente caso tanto más si se tiene en cuenta que no se trata de una recomendación de dicha Comisión, sino de una sentencia dictada en términos inequívocos por la Corte Interamericana con el alcance indicado en el considerando 4° de este pronunciamiento. 8) Que la remoción de tales obstáculos corresponde a esta Corte tanto en lo que se refiere a la disposición para que el Estado se abstenga de cobrar la tasa judicial, la multa respectiva y los honorarios correspondientes como a la parte dispositiva en cuanto manda adecuar tales honorarios a las pautas previstas en la sentencia CDH-11.636. Formular distinciones con un supuesto sustento en la diversa naturaleza de las cuestiones resueltas y de los sujetos involucrados implica una decisión sin fundamento suficiente, cuyos efectos conducirían a la instrumentación de un procedimiento de ejecución parcial de las sentencias de la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos, que altera el cumplimiento efectivo del pronunciamiento, ajeno y, por lo tanto, contrario a la normativa de la Convención. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido en diversos precedentes, al referirse al concepto de reparación y definir su alcance, en los términos del art. 63.1, que aquéllas no pueden ser modificadas o incumplidas por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno (fs.36 - Cap.VIII de la sentencia de la Corte Interamericana). 9) Que no resulta obstáculo a ello la ausencia de un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias de la Corte respecto de la parte dispositiva de la sentencia que no prevé carácter indemnizatorio, puesto que resulta ínsito al espíritu mismo del Tratado -al que la República Argentina se adhirió y que es parte de la Constitución Nacional en los términos del art. 75, inc. 22- el hecho de que se retiren los obstáculos que afecten tales derechos humanos. 10) Que, naturalmente, la índole del Tratado en cuestión que tiende a proteger los derechos humanos y no a los Estados mismos lleva a la convicción en el sentido de que esta remoción debe producirse de inmediato y sin demoras que impidan el cumplimiento estricto de la sentencia CDH11.636. 11) Que este ha sido, además, el espíritu que emana de la Convención Constituyente de 1994 en cuanto allí se señaló que lo que se pretendía establecer "es una política constitucional, cual es la de universalizar los derechos humanos, reconocer los organismos supranacionales de solución de conflictos como lo son la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promover opiniones consultivas de la Corte Interamericana, para que informen sobre el alcance de las normas consagradas en el Pacto, así como también sobre leyes y disposiciones conforme a sus propias resoluciones para asegurar que estén en armonía con el Poder Ejecutivo... La historia nacional y universal ha probado que cuando los Estados nacionales violan los derechos humanos, esto sólo puede revertirse por la presencia coactiva de organismos internacionales que aseguren el respeto de los mismos. Los derechos consagrados internamente se convierten en letra muerta cuando el Estado nacional decide no cumplirlos" (Convencional Alicia Oliveira en la 22a. Reunión, 3a. Sesión ordinaria del 2 de agosto de 1994 de la Convención Constituyente de 1994, Diario de Sesiones, t. III, p.2861). 12) Que por consiguiente, el Estado Nacional debe ajustar las interpretaciones de las normas respectivas a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que -en el marco estricto de
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este caso- ha considerado que el cobro de honorarios profesionales regulados con base en el monto de la litis, en los términos en que se ha hecho en este caso particular, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en definitiva, en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia con afectación de lo dispuesto por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver considerandos 54 a 56 de la sentencia CDH-11.636). 13) Que, por todo lo expresado, corresponde a este Tribunal adoptar -de inmediato- las medidas necesarias para asegurar los derechos afectados que han sido puntualizados en la sentencia de la Corte Interamericana y que, precisamente, se refieren a la cuantía de los honorarios fijados en la causa C. 1099 L. XX., para adecuarlos a las pautas establecidas en dicho pronunciamiento. La misma Corte Interamericana ha señalado en la sentencia en el caso Genie Lacayo -dictada el 29 de enero de 1997- que habiendo encontrado que se ha producido una violación de los derechos humanos protegidos por la Convención, los Estados nacionales deben poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y, como consecuencia de esta obligación, deben procurar el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la violación señalada (considerando 96). 14) Que no resulta obstáculo a lo decidido el hecho de que no hayan intervenido los letrados en cuyo favor han sido regulados los honorarios respectivos, porque este Tribunal debe acatar la decisión de la Corte Interamericana en cuanto a su interpretación de lo decidido en la causa C. 1099, sin que el planteamiento de eventuales hipótesis lleve a una dilación del Estado Nacional. En tal sentido, resulta una pauta orientadora -de acuerdo con la referida jurisprudencia de esta Corte- lo decidido por aquel Tribunal internacional en cuanto ha considerado, en el proceso de ejecución de sentencia del caso Castillo Páez, que su fallo -de carácter definitivo e inapelable (art. 67 de la Convención)- debe ser prontamente cumplido por el Estado en forma íntegra (considerando 5 de la resolución del 27 de noviembre de 2002). 15) Que -a la luz de lo expresado- el hecho que dio lugar a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es otro que la sentencia dictada por este Tribunal el 3 de septiembre de 1996 y por consiguiente -ante el pedido formulado por el Procurador- corresponde a esa Corte disponer las medidas pertinentes en el marco de su competencia para remediarlas sin demora. Es dentro de ese marco que corresponde hacerle saber al Estado Nacional que deberá adoptar las medidas pertinentes para que se abstenga de ejecutar la tasa de justicia y la multa por falta de pago y para que asuma el pago de los honorarios de los peritos y profesionales que representaron a los demandados. Asimismo, corresponde reducir los emolumentos de acuerdo con las pautas fijadas por la sentencia de la Corte y
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ordenar -una vez cumplido- el levantamiento de las medidas cautelares, lo que se dispondrá una vez notificados los profesionales de los nuevos emolumentos. 16) Que a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75, inc. 22°, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello se resuelve: 1) Declarar que el Estado Nacional debe abstenerse de perseguir el cobro de la tasa de justicia y la correspondiente multa y asumir el pago de los honorarios de los peritos y profesionales que representaron a los demandados 2) Disponer la reducción de los honorarios de los profesionales conforme las pautas y criterios indicados en la sentencia N° 11.636 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una vez notificada la resolución correspondiente disponer el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas contra el demandado. - JUAN C. MAQUEDA.”. 3.b. Guía de lectura. 1. Identifique los votos emitidos en el presente fallo por los Señores Jueces. ¿Cuántos votos conforman la mayoría resolutiva? ¿Cuántos votos diferentes en cuanto a sus fundamentos encuentra en la mayoría resolutiva? ¿Cuántos votos diferentes en cuanto a sus fundamentos encuentra en la disidencia? 2. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 28 de septiembre de 2002 en el caso "Cantos"? 3. ¿Por qué razón considera la Corte Suprema en su voto mayorirtario que no puede ser atendida la petición efectuada por el Procurador del Tesoro? ¿Estamos en presencia de una “causa”? ¿Es asimilable la presentación que efectuara el Señor Procurador a una “causa”? 4. ¿Es solamente una obligación de la Corte Suprema como poder del Estado nacional dar cumplimiento a las sentencias emanadas de los órganos internacionales? 5. El voto de los Dres. Petracchi y López concurre a la formación de la mayoría resolutiva, pero emplea algunos argumentos diferentes a los utilizados por los Dres. Fayt y Moliné O´Connor. ¿Cuál es el principio sobre el que hace girar su línea argumental para desestimar la presentación del Procurador del Tesoro?
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6. ¿Qué temática resalta el Dr. Vázquez en los fundamentos de su voto? ¿Utiliza dicha argumentación como eje central de su resolución? 7. ¿Qué doctrina parece seguir el voto del Dr. Boggiano? ¿Cómo resuelve la cuestión relacionada con el derecho de los terceros involucrados? 8. Para el Dr. Maqueda, ¿por qué corresponde a la Corte Suprema disponer las medidas necesarias en el marco de su competencia para cumplir con lo resuelto por la Corte Interamericana? 9. ¿Se aparta la Corte Suprema en este Fallo de la doctrina emanada de, por ejemplo, los Fallos “Giroldi” y “Bramajo” ya estudiados? 3.c. Comentarios. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 99/2006 ordenó el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída en el caso "Cantos" CDH 11.636, mediante los siguientes cursos de acción:
Instrúyese a la AFIP a fin de que ajuste su obrar al contenido de la Sentencia Internacional y se abstenga de ejecutar la tasa y la multa por falta de pago oportuno de la misma. Convócase a las partes interesadas a efectos de establecer las bases para la ejecución de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo al pago de los honorarios regulados en el caso C-1099 de la CSJN en las condiciones indicadas en la Sentencia de dicho Tribunal. Encomiéndase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la realización de las gestiones necesarias para la instrumentación de la convocatoria a que alude el párrafo precedente.
Este Decreto del Poder Ejecutivo confirma lo planteado por la Corte Suprema en cuanto a que el resto de los Poderes del Estado podían, y debían, cumplir lo resuelto por la Corte Interamericana.
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