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Timestamp: 2019-05-23 15:05:08+00:00

Document:
Proposición de Ley de modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:275 (IX Legislatura)
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2018, ha calificado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, presentada por el G.P. Popular, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Diputación General a los efectos establecidos en el artículo 180.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 19 de septiembre de 2018.
María del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición de Ley.
Las fuertes crisis financieras, económicas e incluso de valores por las que ha atravesado occidente en este último decenio, han cambiado muchos aspectos de nuestra sociedad. Las consecuencias de esas crisis han generado grandes e importantes cambios en nuestro día a día; Cambios a los que necesariamente nos tenemos que adaptar. Todos esos cambios y adaptaciones han influido también en las mentalidades de las personas, de los individuos, de los ciudadanos y de la Sociedad y ha permitido una mayor toma de conciencia del lugar que ocupamos en la sociedad, como individuos y como colectivo.
Nos han hecho más exigentes en general. Por supuesto, más exigentes ante nuestros representantes, no solo ante aquellos representantes políticos, sino también ante los representantes sectoriales, generando un aumento de los mismos y una mayor calidad en la forma de ejercer ambas representaciones,
Esos cambios no afectan, sin embargo, al ansia de algunas personas de lograr sus objetivos sin tener en cuenta derechos de nadie, ni las consecuencias en los demás que pueden ser de gravedad, incluso fatales. Estas personas desarrollan sistemas cada vez más sofisticados y complejos para lograr sus fines —generalmente el lucro económico— con unas consecuencias cada vez más devastadoras —estas ya, no sólo económicas— llegando a afectar a la salud de las víctimas o incluso a la vida misma.
Generalmente, estos métodos cada vez más sofisticados de actuar —nuevas formas de comunicación masiva, Redes Sociales...— para un fin que no es tan novedoso —las estafas—, suelen afectar de manera más grave, profunda y de más difícil solución en personas con especial vulnerabilidad. La Ley aragonesa que data del año 2006, ya identifica claramente a un tipo de consumidor y usuario merecedor de especial protección, porque es en estos casos donde las consecuencias, además de más graves, son más injustas y de mayor dificultad en su reparación.
Por ello, a la mayor exigencia social en defensa y protección de los consumidores, a las cada vez mayores y más graves consecuencias en colectivos de personas especialmente vulnerables —no sólo consecuencias de carácter económico sino de graves afecciones a la salud e incluso a la propia vida— obliga a los poderes públicos a tratar de desarrollar herramientas que mejoren esa protección y cuando ésta ya no es posible, a instaurar sistemas de defensa mejores.
Una de esas herramientas es que sea la propia administración pública competente en la materia para la defensa y protección de los consumidores y usuarios, con sus legítimos representantes a la cabeza la que por criterios de oportunidad política pueda ejercer esa defensa de los consumidores más vulnerables o especialmente protegibles mediante el ejercicio de la acción penal, más allá de la que ejerce el Ministerio Fiscal. Dicho de manera más directa, que las administraciones públicas competentes en la materia puedan ejercer la Acción Popular en un juicio.
Para que se pueda ser parte de un proceso penal en ejercicio de la Acción Popular, existe reserva de ley habilitante para su ejercicio, es decir, tal y como fijan el Artículo 125 de las Constitución y el 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que existir una Ley que expresamente autorice las administraciones públicas a ese ejercicio. Por ello, sus respectivos parlamentos autonómicos, incluidas estas Cortes de Aragón, han introducido con diferentes redacciones, requisitos y exigencias, esa autorización a las administraciones públicas para el ejercicio de la acción popular en casos de violencia sobre la mujer.
Bien es cierto que no siempre ni en todos los casos donde existan consumidores o usuarios víctimas de delitos, la administración ha de entrar a dar respuesta a esa mayor exigencia de intervención de los poderes públicos en su defensa, para eso existen ya los mecanismos habituales, pero sí que es recomendable que, en aquellos casos que afecten a una amplia pluralidad de personas y que además estas tengan las características de pertenecer a uno de los colectivos que la propia Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón califica como especialmente protegibles, el Gobierno de Aragón pueda ejercer la acusación popular, si así lo considerara, en ejercicio de la competencia material exclusiva de Aragón como es la protección y defensa de los consumidores y usuarios (Art. 71.26 del Estatuto de Autonomía de Aragón).
Eso sí, una vez que la Legislación autonómica contempla esa posibilidad del ejercicio de la acusación popular por parte de la Administración autonómica en defensa y protección de los consumidores y usuarios aragoneses especialmente protegibles, la forma y modo de hacerlo es ya competencia de esa regulación procesal estatal. Y ello, del mismo modo que ya se contempló con anterioridad para las cuestiones de violencia sobre la mujer sin invadir por ello la competencia estatal en materia de legislación procesal y sin que tampoco en este caso pueda entenderse la existencia de un choque o invasión de competencias.
Por ello entendemos que bastaría para el fin indicado añadir un artículo 16 Bis en la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, que disponga expresamente la posibilidad de que las Administraciones públicas de Aragón que tenga competencia en la materia de protección y defensa de los consumidores aragoneses puedan ejercer la acción popular en procedimientos penales ante los juzgados y tribunales de justicia españoles.
Expuesto esto, también se impone por las razones anteriores que sólo quepa esa autorización en aquellos en los que se vean afectados, de manera grave, una amplia pluralidad de aragoneses y que además estos tengan la condición de consumidores y usuarios merecedores de una especial protección, del artículo 5 de la propia Ley. Para los casos en que no se dieran estas circunstancias, la función del Ministerio Fiscal se antoja por el momento, suficiente.
Se añade un artículo 16 bis a la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 16 bis.– Ejercicio por la Administración pública aragonesa de la acción popular en procedimientos penales de fraude masivos específicos.
Las administraciones públicas de Aragón, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y defensa de los consumidores, podrán ejercer la acción popular en procedimientos penales siempre y cuando afecten a una amplia pluralidad de consumidores y usuarios especialmente protegidos y residentes en Aragón.»
Zaragoza, 13 de septiembre de 2018.

References: artículo 180
 artículo 179
 Artículo 125
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 16