Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/538
Timestamp: 2019-11-20 19:32:59+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 158/1985
SENTENCIA 158/1985, de 26 de noviembre
ECLI:ES:TC:1985:158
En el recurso de amparo núm. 676/1984, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Tomás Cuevas Villamañán, en nombre y representación de «Desguaces Mastía, Sociedad Anónima» (DEMASA), bajo la dirección del Letrado don Juan Fernando Casamayor Coloma, contra las Sentencias de 5 y 10 de julio de 1984, dictadas por el Tribunal Central de Trabajo, en los recursos de suplicación núms. 1.579 y 2.013 de 1984, planteados frente a las correspondientes Sentencias de la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Murcia, recaídas en los procedimientos 1.501 y 1.502 substanciados ante la misma. Han comparecido el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), representado por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián, bajo la dirección del Letrado don Juan Fernando Casamayor Coloma, y ha sido Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 22 de septiembre de 1984 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional escrito del Procurador de los Tribunales don Tomás Cuevas Villamañán, en nombre y representación de DEMASA, por el que interponía recurso de amparo contra las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 5 y 10 de julio, también de 1984. De ese escrito y de los documentos que lo acompañan resulta, en síntesis, lo siguiente:
C) Paralelamente, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Murcia impuso a la Empresa, en base al accidente relatado y a la omisión de falta de medidas de seguridad apreciada por el acta de la Inspección de Trabajo, un recargo de un 30 por 100 en las prestaciones causadas por don Andrés Márquez Alonso y don Miguel Mateo Pérez, con ocasión del accidente ocurrido en el tanque del buque en desguace «Holly Star». Planteada y desestimada reclamación previa contra las anteriores resoluciones, la hoy recurrente en amparo promovió demandas ante la jurisdicción ordinaria del orden laboral, siendo las mismas desestimadas y confirmadas las resoluciones administrativas por Sentencias de la Magistratura de Trabajo núm. 1 de las de Murcia, de fecha 28 de abril de 1983. Contra estas Sentencias la recurrente interpuso sendos recursos de suplicación.
2. Por providencia de 14 de noviembre de 1984 la Sección Primera de este Tribunal Constitucional acordó, entre otros extremos, admitir el recurso a trámite, requerir de los órganos judiciales correspondientes las actuaciones originales o testimonio de las mismas, así como el emplazamiento de quienes fueron parte en los procedimientos anteriores. En virtud de dichos requerimientos comparecieron el Abogado del Estado y el INSS, representados por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián. Se recibieron las actuaciones solicitadas, y por providencia de 19 de diciembre de 1984 se acordó conceder a todos los personados un plazo común de veinte días para que formulasen las alegaciones que estimasen pertinentes.
4. Pero, si todo lo dicho es cierto, y si el respeto a la independencia de cada órgano judicial es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado (STC 77/1983, de 3 de octubre), y que esta negación del principio de contradicción vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española. Con gran claridad lo ha expresado la STC 62/1984, de 21 de mayo, que hace superfluos más comentarios sobre el tema:
Tipo y número de registro Recurso de amparo 676-1984
Fecha de resolución 26/11/1985
Resoluciones judiciales contradictorias dictadas por órganos jurisdiccionales distintos en materia jurídico-laboral
Existen materias jurídico-laborales atribuidas a la jurisdicción laboral y otras que corresponden al conocimiento de la Administración del Trabajo, y que son revisadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero el reparto de competencias obedece, en gran medida, a razones históricas y convencionales, y no a un principio general.
Con independencia del principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, que reclama el respeto a la independencia de cada órgano judicial, no es menos cierto que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado (STC 77/1983), y que esta negación del principio de contradicción vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la C.E. (STC 62/1984).
No se oculta al Tribunal Constitucional la dificultad que ofrece arbitrar medios para resolver contracciones entre resoluciones judiciales, teniendo en cuenta la recordada independencia de los órganos jurisdiccionales. Sería, sin duda, de desear que el legislador previese este tipo de conflictos, estableciendo mecanismos para su solución dentro de la justicia ordinaria. Pero mientras esto no ocurra, y no haya otra vía más que la del recurso de amparo para garantizar el derecho vulnerado, este Tribunal ha de buscar los medios de asegurar ese derecho, que de otro modo quedaría sin protección.
El art. 160 de la Ley de Procedimiento Laboral debe ser interpretado, como todo precepto, conforme a la Constitución, de acuerdo con lo que, en forma expresa, establece ahora el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No puede interpretarse que la prohibición de admitir escritos o alegaciones de las partes que establece el art. 160 LPL sea tan absoluta que impida también excepcionalmente hacerlo cuando el escrito que se presenta contiene elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.
Si existe una resolución firme dictada en un orden jurisdiccional, otros órganos judiciales que conocen del mismo asunto deberán también asumir como ciertos los hechos declarados tales por la primera resolución, o justificar las distintas apreciaciones que hacen de los mismos. Esta situación no supone la primacía o la competencia específica de una jurisdicción, que sólo se producirá cuando así lo determine el ordenamiento jurídico, como ocurre, por ejemplo, cuando una decisión tiene carácter prejudicial respecto a otra. Fuera de este supuesto, lo que cuenta es que el Estado, a través de uno de sus órganos jurisdiccionales, ha declarado la existencia o inexistencia de unos hechos y no cabe que otro órgano jurisdiccional del mismo Estado desconozca esta declaración. No se trata de que una jurisdicción haya de aceptar siempre de forma mecánica lo declarado por otra jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada de acuerdo con la reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros, el de obtener una resolución fundada en Derecho. Cuando resulta que, en principio, la resolución que un órgano judicial va a dictar puede ser contradictoria con la ya dictada por otro órgano, el que pronuncia la segunda debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio.
Artículo 138.6, f. 2
Artículo 138.9, f. 2
Artículo 160, ff. 5, 7
Independencia judicialIndependencia judicial, f. 4
Órganos judicialesÓrganos judiciales, ff. 4, 6
Resolución fundada en DerechoResolución fundada en Derecho, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Resoluciones judiciales contradictoriasResoluciones judiciales contradictorias, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Conflictos de competencia judicialConflictos de competencia judicial, f. 4
Contradicción de jurisdiccionesContradicción de jurisdicciones, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Diligencias para mejor proveerDiligencias para mejor proveer, f. 5
Hechos probados en otro orden jurisdiccionalHechos probados en otro orden jurisdiccional, f. 6
Límites de la prohibición de diligencias para mejor proveerLímites de la prohibición de diligencias para mejor proveer, f. 5
Órdenes contencioso-administrativo y socialÓrdenes contencioso-administrativo y social, ff. 2, 3
Órdenes jurisdiccionalesÓrdenes jurisdiccionales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Principio de contradicciónPrincipio de contradicción, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Valoración diversa de unos mismos hechosValoración diversa de unos mismos hechos, ff. 4, 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 138

Artículo 138

Artículo 160

Resolución