Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831086.html
Timestamp: 2019-09-15 20:12:32+00:00

Document:
se201831086
Sentencia Nº 86
Magistrada Relatora:
027/2017-C
Contencioso-Nulidad de Convenios de Pago N° 003/08 de 11 de agosto de 2008 y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008.
Evelyn Edme Barrero Mendieta y Jhonny Jesús Ortiz Bello
Juan Edwin Mercado Claros en su calidad de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).
Dra. María Cristina Díaz Sosa.
La demanda contenciosa de Nulidad de los Convenios de Pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, por ser contrarios a la Ley y la rehabilitación de la Renta de Compensación de Cotizaciones, cursante de fs. 29 a 31; citación por Provisión Citatoria al demandado SENASIR de fs. 44; la contestación a la demanda presentado por el abogado apoderado de SENASIS Daniel Abraham Flores Baptista de fs. 51 a 55; por decreto de fs. 63 traba la relación procesal, califica el proceso como contencioso de puro hecho; el decreto de autos para sentencia de fs. 108; actuaciones procesales que se tuvieron presente y todo lo demás que ver convino a fin de resolver, y;
Los recurrentes en su demanda contenciosa presentada el 13 de enero de 2017, manifiestan que:
Los convenios de pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008, y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, suscritos con el SENASIR son nulos de pleno derecho porque violan el art. 179 del Código de Procedimiento Civil (abrogado pero vigente a momento de la firma de los mencionados convenios), el art. 318 de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, art. 45 de la C.P.E. que indica que todas y las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, el art. 199 del Código de Seguridad Social y 481 de su Reglamento que establece que las prestaciones en materia de Seguridad Social son inembargables, irrenunciables e intransferibles, y el art. 549 núm. 5) del Código Civil, que determina que el contrato será nulo en los demás casos determinados por Ley (por ser contrarios a la Ley) toda vez que el SENASIR ilegalmente hubiera determinado, que de la renta de jubilación a través de la compensación de cotizaciones, les descuentan el 20%, estableciendo además muy aparte de este descuento la cancelación del 40% de la suma total adeudada que deben cancelar en forma mensual, lo que en franca vulneración a la Ley el SENASIR pretende que depositen el 60% de la renta de vejez que perciben, sin embargo al no haber podido cumplir con este abuso, el SENASIR procedió a la suspensión de sus rentas, lo que ocasionó que a estas alturas se queden en la calle sin importarles que son adultas mayores ya que les cortaron todo ingreso que les permita llevar el pan de cada día a sus hogares.
Manifiesta también que, conforme a la Resolución Ministerial 384.04 de 11 de junio de 2004, que adjuntan en calidad de prueba, dicha norma solo faculta al SENASIR descontarles de sus rentas de Cotización de Compensaciones el 20% de lo que percibían, sin embargo de manera abusiva e ilegal con estos convenios nulos de pleno derecho les obligaron a cancelar muy aparte del 20%, otros 40% del total adeudado aspecto imposible de pagar.
Concluye su fundamento, solicitando la Nulidad del Convenio de Pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008, firmado por Yoni Yamil Exeni León en su calidad de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR y el señor Johnny Jesús Ortiz Bello; y el Contrato de Convenio de Pago Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, firmado por Yoni Yamil Exeni León en su calidad de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR y la señora Evelyn Edme Barrero Mendieta, y consecuentemente la rehabilitación de sus rentas a través de la Compensación de Cotizaciones.
Recepcionado el escrito de demanda en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, previo ingreso al Sistema Informático IANUS, es remitido a la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, que admite la demanda contenciosa por decreto de 2 de febrero de 2017; corriendo traslado al demandado para que asuma defensa; citado mediante Provisión Citatoria al demandado SENASIR, conforme consta en la diligencia de fs. 44 de obrados.
Contestación de la institución demandada
Daniel Abraham Flores Baptista en representación de Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR por escrito de 13 de abril de 2017, de fs. 51 a 55, se apersono a la demanda contenciosa y respondió indicando lo siguiente:
a).- CASO: EVELYN EDME BARRERO MENDIETA.-
Que al existir error en la edad en la renta complementaria de vejez con reducción de edad y calificación de renta básica de vejez con reducción de edad pagadera a partir del mes de junio de 1999, la Comisión de Calificación de Rentas emitió la Resolución Nº 3425 de 11 de abril de 2006, que resuelve: suspender definitivamente la Renta Única de Vejez con reducción de edad, otorgada a favor de Evelyn Edme Barrero Mendieta, asignándole la fecha de nacimiento de 23 de enero de 1954, posteriormente emitir antecedentes a Revisión de Rentas a fin de elevar el correspondiente Convenio de Pago por lo indebidamente cobrado, con el cual se notifica a la asegurada teniendo el plazo de 30 días para presentar su recurso de reclamación, pero mediante nota de 5 de marzo de 2007, indica que acepta en su totalidad la Resolución Nº 3425 de 11 de abril de 2006, además ratificándose en su pedido de la emisión de un convenio de pago y el certificado de Compensación de Cotizaciones, por lo que inicia su trámite de Compensación de Cotizaciones en el procedimiento manual, y el 20 de junio de 2008 reitera su solicitud de firma de convenio de pago.
El 25 de agosto de 2008, Evelyn Edme Barrero Mendieta de forma voluntaria sin que medie presión o violencia alguna que anule su consentimiento suscribe el convenio de pago Nº 014/2008, en la cual reconoce adeudar la suma de Bs. 247.941,27 que será cancelada mediante descuento automático del 20% de la modalidad de compensación de cotizaciones, adicionalmente se compromete a depositar el 40% de la suma total adeudada en forma mensual en la cuenta bancaria del Banco Mercantil, en consideración al monto elevado que adeuda el asegurado.
Que en la cláusula 4ª (Clausula Resolutoria de Convenio de Pago Nº 012/2008) se convino: “El convenio será resuelto sin necesidad de aviso o intervención intervención judicial previa, por falta de depósito del 40% de dos meses consecutivos en la cuenta bancaria señalada en la cláusula 3ª parágrafo 2º, en aplicación de lo previsto en el art. 569 del Código Civil. En este caso el SENASIR tendrá la potestad de suspender transitoriamente el beneficio otorgado por compensación de cotizaciones hasta el monto del correspondiente pago de los montos devengados, incluidos los intereses generados a la fecha”.
b).- CASO: JOHNNY JESUS ORTIZ BELLO, MAT. 471229OBJ.-
Que siendo el señor Johnny Jesús Ortiz Bello beneficiario de la Renta Única de Vejez a partir de abril de 1999, debido a la inconsistencia en la fecha de su nacimiento, decide renunciar a dicha renta por lo que la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR emite la Resolución Nº 3424 de 11 de abril de 2006, que resuelve: suspender definitivamente la renta única de vejez, otorgada a favor de Johnny Jesús Ortiz Bello, asignándole la fecha de nacimiento de 29 de diciembre de 1947, posteriormente remitir antecedentes a revisión de rentas a fin de elaborar el correspondiente Convenio de Pagos por lo Indebidamente Pagado.
El 11 de agosto de 2008, Johnny Jesús Ortiz Bello de forma voluntaria sin que medie presión o violencia alguna que anule su consentimiento suscribe el convenio de pago Nº 003/2008, en la cual reconoce adeudar la suma de Bs. 449.909,61 que será cancelada mediante descuento automático del 20% de la modalidad de compensación de cotizaciones, adicionalmente se compromete a depositar el 40% de la suma total adeudada en forma mensual en la cuenta bancaria del Banco Mercantil, en consideración al monto elevado que adeuda el asegurado.
Que en la cláusula 4ª (Clausula Resolutoria de Convenio de Pago Nº 012/2008) se convino: “El convenio será resuelto sin necesidad de aviso o intervención judicial previa, por falta de depósito del 40% de dos meses consecutivos en la cuenta bancaria señalada en la cláusula 3ª parágrafo 2º, en aplicación de lo previsto en el art. 569 del Código Civil. En este caso el SENASIR tendrá la potestad de suspender transitoriamente el beneficio otorgado por compensación de cotizaciones hasta el monto del correspondiente pago de los montos devengados, incluidos los intereses generados a la fecha”.
Señala que en aplicación de la verdad material establecida en el art. 180-I de la C.P.E. debe considerarse que nunca existió presión o violencia alguna que anule su consentimiento, a efectos que los demandantes suscriban un convenio de pago, menos que el SENASIR tenga la potestad que en beneficio otorga.
Concluye su respuesta a la demanda solicitando que: se declare improbada la demanda y consecuentemente se declare infundado lo pretendido por los demandantes sea previa las formalidades de rigor.
El objeto de la demanda como punto de controversia consiste en determinar: “Si los Convenios de Pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 (fs. 5 a 7) y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008 (fs. 1 a 3), son contrarios a la Ley, por lo que serían nulos de pleno derecho, correspondiendo así la rehabilitación inmediata de sus Rentas de Compensación de Cotizaciones suspendidas”.
A tal efecto, se debe tomar en cuenta que para su tramitación el art. 775 del Código de Procedimiento Civil establece: (Proceso contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo) “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327. El art. 2.1 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, atribuyó esta competencia a las Salas Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Especializada del Tribunal Supremo de Justicia. Esta acción debe ser calificada como ordinario de hecho o de derecho”. En ese sentido, la solicitud de nulidad de los convenios de pago controvertidos por las partes en la presente demanda contenciosa, al devenir de contratos en el que se acordó el pago de una deuda entre particulares con el Estado (SENASIR) por el pago de rentas indebidamente cobradas por los particulares que llegarían a constituirse como deudores y que ahora son los demandantes, y como acreedor el SENASIR, que es un ente Estatal, el cual busca la recuperación de dicha deuda; de lo que se infiere que, si bien de este convenio supuestamente no puede existir contención, por devenir de un acuerdo de voluntades entre las partes, que se encuentra plasmado en un documento, en este caso “convenio de pago”, la contención surge cuando los deudores ahora demandantes, perciben supuestas anormalidades de orden legal estipuladas en dos de las cláusulas del documento extrañado, que lo harían nulo para su validez en la vida jurídica porque iría en contra de los intereses de los demandantes, y al ser parte contraria el Estado del convenio o contrato como se lo quiera denominar, el mimo, por sus características llegaría a constituirse como un contrato administrativo en consideración que: “los contratos administrativos, donde interviene como sujeto contractual el Estado, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público, por lo que los términos del contrato preestablecido pertenece al Derecho Administrativo”. Bajo esta premisa y además que los hechos demandados se configuran a los parámetros establecidos en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, esta demanda debe ser tramitado y resuelta en la vía contenciosa, conforme lo establece el art. 2.1 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014.
Definida y explicada la competencia de este Tribunal para analizar y resolver la presente demanda contenciosa, como la controversia en litigio, previamente corresponde realizar las siguientes consideraciones de orden legal y doctrinal a efecto de establecer la validez o no del contrato administrativo que es la pretensión deducida en la demanda.
Entre los varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde citar al Auto Supremo Nº 1037/2015 de 16 de noviembre de 2015, que sobre el objeto del contrato señaló lo siguiente: “La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del C.C., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la Resolución.
Establecido lo anterior, resulta necesario señalar en términos generales que el contrato puede definirse como el acuerdo de dos o más voluntades, por el que se crean, modifican o extinguen obligaciones y otras relaciones jurídicas de contenido contractual.
Entre las causales de nulidad que señala el art. 549 del código Civil se encuentran 1) Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la Ley como requisito de validez. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la Ley 3) Por ilicitud de motivo que impuso a las partes a celebrar el contrato 4) Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato 5) En los demás casos determinados por Ley.
Las partes que demandan la nulidad de un contrato deben señalar de manera concreta en cuál de las causales establecidas en la norma se encuadra la nulidad pretendida de un contrato o en su caso del documento, toda vez que en base a la prueba aportada al proceso el Juez que conoce y resuelve la causa debe determinar la nulidad del contrato o del documento en cuestión y fundamentar su resolución conforme la valoración de la prueba presentadas por la partes y consignar la causal que haga procedente la nulidad.
Por otro lado, el Capítulo V de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2012, respecto a la Nulidad en su art. 35 establece: (NULIDAD DEL ACTO). I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.
Con carácter previo a resolver la problemática formulada por Evelyn Edme Barrero Mendieta y Jhonny Jesús Ortiz Bello, corresponde dejar claramente establecido que la presente demanda contenciosa se tramita como contencioso de hecho, situación que no fue observada por ninguna de las partes, demandantes ni demandado; referida a la solicitud de nulidad de Convenio de Pagos Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, suscrito entre los demandantes con Juan Edwin Mercado Claros en su calidad de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).
En función a lo previsto en el Art. 549 numeral 5) del Código Civil (En los demás casos determinados por la Ley), los demandantes amparan su fundamento a la solicitud de nulidad de los Convenios de Plan de Pagos Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, indicando que a raíz de una deuda de los ahora demandantes con SENASIR contraídas por los supuestos cobros indebidos por concepto de Renta Complementaria de Vejez con Reducción de Edad y Renta Única de Vejez, suscribieron los convenios de pago mencionados, por lo que estos convenios estarían en franca violación a la Ley, citando al efecto los artículos 179 del Código de Procedimiento Civil, 318 de la Ley 439, 45 de la C.P.E., 149 del Código de Seguridad Social y 481 de su Reglamento, y la Resolución Ministerial N° 384.04 de 11 de junio de 2004, ya que no sería legal que SENASIR por el convenio de pagos extrañado les descuenten de forman mensual el 60%, de sus rentas de jubilación, y más aún que al no poder cumplir con esos pagos mensuales, se les haya suspendido dichas rentas.
Ingresando al análisis del caso, del contenido del convenio de pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008, se evidencia que el convenio de pago Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008 cursante a fs. 1 a 3, fue suscrito entre Evelyn Edme Barrero Mendieta y Yoni Yamil Exeni León en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), que conforme la cláusula segunda: (DETERMINACION DEL MONTO ADEUDADO) el deudor Evelyn Edme Barrero Mendieta, reconoció haber cobrado indebidamente al SENASIR la suma total de Bs. 247.941,27; y en la cláusula tercera: (FORMA DE PAGO) el monto adeudado de Bs. 247.941,27 será cancelada mediante el descuento automático del 20% de la Modalidad de la Compensación de Cotizaciones elegida; Adicionalmente, el deudor se compromete a depositar el 40% de la suma total adeudada, en forma mensual en la cuenta bancaria del TGN; clausula cuarta (CLAUSULA RESOLUTORIA) El convenio quedaría resuelto sin necesidad de aviso o intervención judicial previa, por falta de depósito del 40% de dos meses (2) consecutivos en la cuenta bancaria señalada en la cláusula tercera parágrafo 2do. En aplicación de lo previsto por el art. 569 del Código Civil; En este caso el SENASIR tendrá la potestad de suspender transitoriamente el beneficio acordado por Compensación de Cotizaciones, hasta el momento del correspondiente pago de los montos devengados, incluidos los intereses generados hasta la fecha.
Del convenio de pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 cursante a fs. 5 a 7, suscrito entre Johnny Jesús Ortiz Bello y Yoni Yamil Exeni León en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), se evidencia que: conforme la cláusula segunda: (DETERMINACION DEL MONTO ADEUDADO) el deudor Johnny Jesús Ortiz Bello, reconoció haber cobrado indebidamente al SENASIR la suma total de Bs. 449.909,61; En la cláusula tercera: (FORMA DE PAGO) el monto adeudado de Bs. 449.909,61 será cancelada mediante el descuento automático del 20% de la Modalidad de la Compensación de Cotizaciones elegida; Adicionalmente, el deudor se compromete a depositar el 40% de la suma total adeudada, en forma mensual en la cuenta bancaria del TGN; clausula cuarta (CLAUSULA RESOLUTORIA) El convenio quedaría resuelto sin necesidad de aviso o intervención judicial previa, por falta de depósito del 40% de dos meses (2) consecutivos en la cuenta bancaria señalada en la cláusula tercera parágrafo 2do. En aplicación de lo previsto por el art. 569 del Código Civil; En este caso el SENASIR tendrá la potestad de suspender transitoriamente el beneficio acordado por Compensación de Cotizaciones, hasta el momento del correspondiente pago de los montos devengados, incluidos los intereses generados hasta la fecha.
Del contenido de los convenios de pago up supra, se colige que ambos contienen el mismo tenor en sus cláusulas segunda, tercera y cuarta, disposiciones que a decir de los demandantes estarían contrarias a la Ley, mas propiamente respecto al 40% adicional del depósito a cancelar de forma mensual, como de la suspensión transitoria del pago de su beneficio otorgado por Compensación de Cotizaciones en caso de incumplimiento de pago de los 40% adicional por más de dos meses consecutivos, aspectos observados que serían motivo de nulidad de los convenios de pago.
Ahora bien, en el presente caso, conforme a la causal invocada por los demandantes (art. 549 núm. 5) del Código Civil) y en consideración que toda demanda de nulidad de un contrato debe identificar de manera concreta en cuál de las causales establecidas en la norma se encuadra la nulidad pretendida, a tal efecto se debe identificar si las normas denunciadas por los demandados fueron vulneradas, para ello: si bien el DS. 26189 de 18 de mayo de 2001, faculta al SENASIR a la revisión de rentas y prestaciones concedidas, sino también la obligación de exigir la devolución o restitución total de los montos indebidamente percibidos, porque estas rentas se pagan con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) de acuerdo a la Ley Nº 2197 de fecha 9 de mayo de 2001 modificatoria del artículo 57-III de la Ley de Pensiones Nº 1732, por lo que el SENASIR tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo conforme dispone el artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001, y que en previsión del artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 384/04 de 11 de junio de 2004, la recuperación de esos montos indebidamente cobrados se debe realizar con el descuento solo del 20%.
Por otro lado, el Auto Supremo N° 326/2014 de 10 de noviembre, de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia estableció: “De esta manera, se tiene establecido que una reducción de la pensión de jubilación, resultaría la privación de su única fuente de recursos que permite la subsistencia del asegurado y la de su familia, afectando además, no solo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud.
Por lo que, en protección de los derechos de jubilación y a la seguridad social, que buscan evitar las consecuencias negativas que emergerían de una falta de recursos económicos para cubrir las contingencias básicas de subsistencia al no desempeñar ya el asegurado, funciones en el mercado laboral, resultando así, su calidad de inembargable e imprescriptible en virtud de lo establecido por el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado.
Así, el SENASIR, mediante Auto Nº 0010707 de 7 de octubre de 2008, fusionó las rentas de esa institución con las de COSSMIL, y como correctamente se apreció un excedente en el tope de la renta, se estableció un importe indebidamente percibido de Bs.241.486, 24.- mismo que fue modificado por el Auto Nº 0002865 de 6 de abril de 2009, en un total de Bs.157.898, 67.- debiendo ser descontado por COSSMIL en el equivalente al 20% mensual de la renta fusionada”.
En aplicación de la norma y jurisprudencia precedentemente señalada, en el caso de autos, si bien el SENASIR tiene plena potestad para la
recuperación de los montos indebidamente cobrados, los convenios de pagos extrañados por los recurrentes, exceden y vulneran de sobre manera el orden legal para su validez, ya que el monto adicional a pagar mensualmente del 40% establecido en la cláusula tercera de ambos convenios, afectan el monto percibido mensual de los demandantes, máxime si, a ello se debe sumar el 20% más, establecido en la misma clausula, que evidentemente hace el 60% de descuento mensual, lo que indudablemente contraviene la Ley conforme se ha expuesto, afectando la validez de estos convenios de pago, cuando también se establece que: “el SENASIR tendrá la potestad de suspender transitoriamente el beneficio acordado por Compensación de Cotizaciones, hasta el momento del correspondiente pago de los montos devengados, incluidos los intereses generados hasta la fecha” (sig), lo que implica que la suspensión de sus rentas la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además, este hecho puede afectar no sólo su economía, sino su estado emocional y por ende la afectación de su salud, lo que vulnera sus derechos y garantías como lo acusan los demandantes.
Bajo el mismo razonamiento, se pronunció el art. 179 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que estableció que: “Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente son inembargables, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar”, precepto jurídico refrendado por el actual Código Procesal Civil en su art. 318.2, de lo cual realizando una interpretación de los preceptos jurídicos señalados, se tiene que las rentas de vejez y jubilación, entre otras, se encuentran especialmente protegidas, resguardo que impide a cualquier instancia disponer su retención, ni si quiera en un porcentaje mínimo, siendo la única excepción la deducción por asistencia familiar, puesto las rentas citadas tiene un fin eminentemente social, que no caben poner en tela de juicio.
Por todo lo manifestado, este Supremo Tribunal concluye que si bien los convenios de pago provienen de un acuerdo de partes en los que ambos actores de libre y espontánea voluntad suscribieron un acuerdo para sanear una deuda, empero conforme establece el art. 549 núm. 5) del Código Civil, en concordancia al art. 35 inc. d) y e) de la Ley 2341, este acuerdo o convenio se encuentra viciado de nulidad y habiendo solicitado al Órgano Jurisdiccional la declaración de esta nulidad, es que corresponde atender la pretensión demandada declarando lo que en derecho es pertinente.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.1 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando PROBADA la demanda contenciosa interpuesta por Evelyn Edme Barrero Mendieta y Jhonny Jesús Ortiz Bello cursante a fs. 29 a 31, en consecuencia, declara la nulidad de los Convenios de Pago Nº 003/08 de 11 de agosto de 2008 (fs. 5 a 7) y Nº 014/08 de 25 de agosto de 2008 (fs. 1 a 3), a tal efecto se ordena a SENASIR inmediatamente reestablecer el pago mensual de sus beneficios por Compensación de Cotizaciones, como también suscribir nuevos convenios de pago en el que solo consignen el descuento automático del 20% de la Compensación de sus Cotizaciones, para la recuperación de los montos que fueron indebidamente cobrados por los demandantes, debiendo tomar en cuenta también los descuentos ya ejecutados anteriormente.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 327
 resolución 
 Resolución 
 artículo 57
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución