Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-tribunal-supremo-num-1062010-29-06-2012
Timestamp: 2013-12-08 19:54:11+00:00

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Portada > Informaci�n Jur�dica > Jurisprudencia > Civil	El Supremo da la razón a Pons en su polémica con De la Vega El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la exvicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra el dirigente del PP Esteban González Pons al entender que éste no vulneró su derecho al honor cuando hizo unas declaraciones sobre su empadronamiento en Beneixida (Valencia) y la reclasificación de unos terrenos de su propiedad.
Marginal: PROV\2012\239759
Tribunal: Tribunal Supremo, Madrid Sala 1 (Civil) Secci�n 1
Recurso de Casaci�n n�m. 106/2010
Ponente: Francisco Mar�n Cast�n
DERECHO AL HONOR Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN EN UN CONTEXTO DE CONTIENDA POLÍTICA: Rueda de prensa del primer candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia criticando a la Vicepresidenta del Gobierno por haberse empadronado en un municipio de Valencia para encabezar la lista de candidatos del PSOE. Calificar el empadronamiento de "secreto" y atribuir a la demandante haber dado un "pelotazo" al vender como suelo industrial la finca donde estaba la casa identificada como domicilio habitual no sobrepasa el margen de exageración o provocación tolerable entre rivales electorales cuando lo cierto era que la demandante no tenía su residencia habitual en el lugar del empadronamiento.
Número Marginal: PROV\2012\239759
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil doce.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados
indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por la
demandante Dª Ruth , representada ante esta Sala por el procurador D. Isidro
Orquín Cedenilla, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2009 por la
Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº
385/09 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nº 289/08 del Juzgado
de Primera Instancia nº 63 de Madrid, sobre protección civil del derecho
fundamental al honor. Ha sido parte recurrida el demandado D. Benigno ,
representado ante esta Sala por el procurador D. José Luis Ferrer Recuero, y
también ha sido parte, por disposición de la ley, el Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO El 15 de enero de 2008 se presentó en el Decanato de los
Juzgados de Valencia demanda interpuesta por Dª Ruth contra D. Benigno
solicitando se dictara sentencia por la que se declarase: "1.- Que D. Benigno ha llevado a cabo una intromisión ilegítima en
el derecho al honor de mi representado, y ello a través de las manifestaciones
vertidas en la convocatoria a los medios celebrada por él mismo en fecha de 5
de diciembre de 2007 y, en concreto, a través de las imputaciones y juicios de
valor individualizados en los hechos de la presente demanda. 2.- Que se condene al Sr. Benigno a publicar íntegramente y a su costa la
sentencia condenatoria en dos de los periódicos de publicación diaria de mayor
tirada en la Comunidad Valenciana, uno de los cuales de ámbito nacional, y en
un plazo no superior a 15 días desde la publicación de la sentencia. 3.- Que se condene a D. Benigno a abonar en concepto de indemnización por
los daños y perjuicios causados a la demandante la cantidad de 1 € (un euro), o
subsidiariamente, el importe que se determine por el Juzgador de instancia. 4.- Condene a D. Benigno al pago de las costas procesales." . SEGUNDO Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 25 de
Valencia, dando lugar a las actuaciones nº 79/08 de juicio ordinario, y pasadas
las mismas, para informe sobre posible falta de competencia territorial de los
Juzgados de Valencia para conocer del asunto, al Ministerio Fiscal, este
dictaminó que procedía requerir a la demandante para que determinara su domicilio
a los efectos de este procedimiento, ya que conforme al art. 52-6º LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) la
competencia territorial correspondía a los Juzgados de Primera Instancia del
domicilio del demandante y era público y notorio que la demandante desempeñaba
el cargo de Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, con sede en Madrid. TERCERO Personado en las actuaciones el demandado D. Benigno alegando
haber tenido conocimiento de la demanda interpuesta contra él y presentado por
la demandante un escrito alegando que el fuero del art. 52-6º LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) se establecía
a favor del ofendido en su honor, quien por tanto podría renunciar a este
privilegio, no teniendo en este caso la demandante Dª Ruth "inconveniente
alguno en litigar en los Juzgados de Valencia, domicilio del demandado y lugar
donde se produjeron los hechos" , la magistrada-juez titular del
Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Valencia dictó el 5 de febrero de 2008
declarando su falta de competencia territorial por corresponder esta a los
Juzgados de Madrid, lugar en que la demandante tenía su domicilio. CUARTO Recibidas las actuaciones en el Decanato de los Juzgados de
Madrid, repartidas al Juzgado de Primera Instancia nº 63, admitida a trámite la
demanda, dado traslado de la misma al Ministerio Fiscal y emplazado el
demandado, el Ministerio Fiscal presentó escrito de contestación a la demanda
sin tomar partido por demandante ni demandado, y el demandado compareció en las
actuaciones para plantear declinatoria por falta de competencia objetiva,
alegando que la competencia objetiva, para conocer del asunto correspondía a la
Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
por la condición del demandado de diputado de las Cortes Valencianas y portavoz
del grupo parlamentario del Partido Popular. QUINTO Tras oponerse a la declinatoria tanto la parte demandante,
alegando que el demandado ya no era diputado de las Cortes de la Comunidad
Valenciana, como el Ministerio Fiscal, aduciendo que los hechos no se habían
producido con ocasión de un debate parlamentario, la magistrada-juez titular
del Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid dictó auto el 18 de abril de
2008 rechazando la falta de competencia objetiva planteada por el demandado. SEXTO No sin interponer previamente recurso de reposición contra
dicho auto, el demandado contestó a la demanda invocando a su favor el art. 20
de la Constitución , la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y solicitando se
desestimara íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la
demandante. SÉPTIMO Desestimado por auto de 28 de mayo de 2008 el recurso de
reposición interpuesto por el demandado contra el auto de 18 de abril, el 12 de
junio siguiente, a petición de las partes en la audiencia previa celebrada el
mismo día, dictó otro auto acordando la suspensión del curso de las actuaciones
por un plazo de sesenta días. OCTAVO Reanudado el curso de las actuaciones a petición de la
demandante, alegando la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el demandado
por no aceptar este otra solución que la retirada de la demanda, a lo que
contestó el demandado manifestando que nunca se había opuesto a llegar a un
acuerdo, por providencia de 2 de octubre de 2008 se concedió a la demandante el
plazo de cinco días para que se manifestara sobre la propuesta de acuerdo del
demandado. NOVENO Presentado por la demandante un escrito ratificando su
petición de que se reanudara el curso de las actuaciones, se señaló día y hora
para la continuación de la audiencia previa. DÉCIMO Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la
magistrada-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid dictó
sentencia el 5 de marzo de 2009 desestimando la demanda, absolviendo de la
misma al demandado e imponiendo las costas a la demandante. UNDÉCIMO Interpuesto recurso de apelación por la demandante, al que
se opusieron tanto el demandado como el Ministerio Fiscal, y correspondiendo el
conocimiento de la segunda instancia, en actuaciones nº 385/09, a la Sección
13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, esta dictó sentencia el 17 de
noviembre de 2009 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e
imponiendo a la recurrente las costas de la segunda instancia. DUODÉCIMO Anunciado por la demandante-apelante recurso de casación al
amparo del art. 477.2-1º LEC ( RCL 2000\34
, 962 y RCL 2001, 1892) , el tribunal sentenciador lo tuvo por preparado y, a
continuación, dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal mediante un solo
motivo fundado en infracción del art. 18.1 en relación con el art. 20.1d),
ambos de la Constitución , así como del art. 7.7RCL
1982\1197 de la Ley Orgánica 1/1982 , de 5 de mayo ( RCL 1982\1197 ) , de protección al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. DECIMOTERCERO Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas
ante la misma ambas partes por medio de los procuradores mencionados en el
encabezamiento, el recurso fue admitido por auto de 18 de enero de 2011, a
continuación de lo cual la parte recurrida presentó escrito de oposición
solicitando se declarase inadmisible el recurso o, alternativamente, se
desestimara en su integridad, con expresa imposición de costas a la recurrente,
y el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso por el contexto de
contienda política en el que el demandado había hecho sus manifestaciones. DECIMOCUARTO Por providencia de 28 de marzo del corriente año se
nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin
celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 5 de junio
siguiente, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,
PRIMERO .- El presente recurso de casación se interpone por la
demandante, Dª Ruth , contra la sentencia de apelación que confirmó la
desestimación de la demanda interpuesta por ella contra D. Benigno por
intromisión ilegítima en su derecho al honor con ocasión de unas declaraciones
del demandando en rueda de prensa convocada por él mismo, el 5 de diciembre de
2007, dentro del edificio sede las Cortes Valencianas pero no en el salón de
sesiones. El texto íntegro de la transcripción de las declaraciones del Sr. Benigno
acompañado con la demanda de la Sra. Ruth es el siguiente, con algunas
correcciones ortográficas y de puntuación: "La rueda de prensa para hacer algunas valoraciones nuevas sobre el
caso de Ruth en función de las noticias que fuimos teniendo a lo largo del día
de ayer. La más importante de todas de momento, es que el Gabinete de
Vicepresidencia del Gobierno no rectificó ni desmintió ninguna de las
informaciones que se dieron, si bien, yo les reconozco que creo que pude
cometer un error. Un error que a Vicepresidencia del Gobierno no le interesó
Yo dije principalmente tres cosas:
La primera, que la Vicepresidenta del Gobierno se había empadronado de la
mano de la Alcaldesa de Beneixida hacía unos 15 días y, que lo había hecho en
secreto, lo cual es verdad, no me equivoqué, es raro que una Vicepresidenta del
Gobierno que además es candidata se empadrone en secreto. Podemos hacer cada
uno la valoración que queramos pero es verdad.
Dije en segundo lugar que las gestiones del empadronamiento se las había
hecho un primo. Y es verdad, tampoco ha sido desmentido, se las ha hecho un
primo, de hecho hoy mismo creo que para intentar arreglar el asunto tiene
previsto la Alcaldesa de Beneixida, entregarle en Delegación del Gobierno a la
Vicepresidenta, su Certificado de Empadronamiento que creo que lo firmó ayer o
antes de ayer a la vista de las informaciones que se estaban publicando.
Me da la sensación que se lo iban a dar al primo o a ella discretamente
y, no sé si hoy lo va a tener que hacer de una manera más pública.
Algunas de las defensas que hoy se han publicado de la Vicepresidenta
están basadas en las paellas que hacía Rosita, creo que se desmontarán cuando
la Alcaldesa de Beneixida en medio de un acto público o bien sea discreta o
abiertamente le entregue su certificado de empadronamiento.
Pero he dicho que me equivoqué en una cosa. Yo les dije que me chocaba
que la Vicepresidenta del Gobierno se empadronara en un naranjal y, a la
salida, oí el comentario en pasillo de un Diputado socialista que decía: 'eso
no es un naranjal es un Polígono Industrial', y me llamó la atención como
supongo se la llamaría a todos ustedes, eso quería decir que la Vicepresidenta
Ruth tuvo en su día un naranjal que hoy se ha convertido en un Polígono
Industrial. Es decir, que la Vicepresidenta Ruth era propietaria de un suelo
rústico que se convirtió en suelo industrial, eso quiere decir que la
Vicepresidenta Ruth es una de la beneficiarias de la legislación urbanística
valenciana que su Gobierno tanto ha atacado. En política se puede ser muchas cosas menos hipócrita, en política la
manga es muy ancha pero la hipocresía debería estar particularmente castigada
por los partidos políticos y por los ciudadanos. Si es verdad que la
vicepresidenta del Gobierno es propietaria de unas tierras que se
reclasificaron con arreglo a la legislación urbanística valenciana, nunca como
Vicepresidenta del Gobierno tenía que haber consentido que se criticara desde
el Gobierno de Zapatero la legislación urbanística valenciana que a ella le
había dado beneficios.
Si es verdad lo que se ha afirmado por parte de algún diputado socialista
y que yo he escuchado de que ese suelo ya no es agrícola, que es industrial,
caben dos posibilidades: que la casa en la que se ha empadronado haya quedado
dentro del polígono industrial, en cuyo caso ella no podría empadronarse en un
polígono industrial, o que la casa en la que se ha empadronado haya quedado
fuera del polígono industrial y entonces, fíjense, si este es el caso, tendrá
que explicar el Ayuntamiento socialista cómo hace un polígono industrial a la
medida de una dirigente nacional del partido, cómo hace un polígono industrial
en el cual recorta del polígono industrial solo la casa de la Vicepresidenta,
mete todas las tierras, que es lo que se puede vender, y deja fuera del
polígono industrial la casa, de modo y manera que cuando el polígono industrial
termine de construirse la vivienda quedará inserta entre las distintas naves
industriales, algo que normalmente nunca hacen los Ayuntamientos.
Si de verdad eso era suelo agrícola y ahora es industrial, que eso es lo
que tendremos que ir investigando a lo largo del día de hoy; si de verdad era
suelo agrícola y ahora es industrial, habrá que ver en qué situación queda la
casa. O la casa está dentro del polígono industrial, y por lo tanto la
Vicepresidenta no puede empadronarse allí, o la casa está fuera del polígono
industrial y por lo tanto el Ayuntamiento tendrá que explicar cómo puede
dibujar un polígono industrial en el que deja fuera la casa de un alto
dirigente del partido al que pertenece el Ayuntamiento. Pero aún va a tener que
explicar más cosas la Vicepresidenta hoy, si es verdad que se produjo una
reclasificación de suelo con arreglo a la legislación urbanística valenciana.
Si ella es propietaria del suelo que antes era rústico y ahora es
industrial ¿cuánto ha ganado con la reclasificación? Si ya no es propietaria
porque ha vendido ese suelo, si lo vendió antes de que se produjera la
reclasificación o el mismo año en el que se había producido la reclasificación.
Porque esa venta comúnmente, no digo yo que lo haya pegado, se llama pelotazo
cuando alguien tiene un suelo agrícola y lo vende en el momento que es
reclasificado, eso se llama pegar un pelotazo. Ganar todo el beneficio que se
obtiene por la mera reclasificación, si yo tengo un suelo agrícola, lo
reclasifican a industrial y entro en el desarrollo del PAl y hago naves y hago
lo que tengo que hacer en un suelo industrial, entonces me estoy beneficiando
de una reclasificación, pero estoy atribuyéndole al suelo el uso que le
corresponde. Si yo tengo un suelo agrícola pero me lo reclasifican a industrial
y el mismo año en el que se produce la reclasificación yo cojo y lo vendo,
obviamente eso es lo que en el común se sigue llamando un pelotazo.
Y si no fuera en verdad ninguna de las anteriores, pues entonces tendrá
que explicar por qué se ha empadronado en una finca agrícola como los
granjeros, porque obviamente ella se ha empadronado aquí para fingir.
Es un empadronamiento trampa, es un empadronamiento para engañar al
pueblo valenciano, fingiendo que estaba empadronada aquí, y no va a estarlo
solo porque le gustaban las paellas de Rosita. Se habrá empadronado obviamente
por razones políticas, porque unas elecciones generales dentro de unos meses y
ella es la número uno dentro de un partido político, y lo ha hecho con
nocturnidad y en silencio para que no nos enteremos que se estaba empadronando.
Bueno, pues tendrá que explicar por qué se ha empadronado en una finca
agrícola, que ya dije ayer que es un caso muy parecido al de Antella; entonces
tendremos que ir a preguntarle al Fiscal.
Pero hoy, a lo largo del día de hoy vamos a tratar de aclarar, y espero
que ella misma nos ayude aclarándolo, si ella sigue siendo propietaria del
suelo que antes era agrícola a ahora puede que sea industrial y si lo vendió,
si lo vendió antes de que fuera reclasificado o lo vendió una vez que había
sido reclasificado o lo vendió el mismo año que obtuvo la reclasificación definitiva.
Porque les digo una cosa: si a lo largo del día de hoy se comprueba que la
Vicepresidenta de Zapatero ha sido una de las beneficiarias de la legislación
urbanística valenciana, yo del PSOE la retiraba de candidata mañana, porque no
se puede conciliar el discurso sobre el urbanismo que ha tenido el PSOE durante
estos años con tener de candidata a una persona que se ha beneficiado de esa
legislación urbanística. Me parece que es clarísimo, verde y con asas.
Sé que la Vicepresidenta es un adversario peligroso, todos vimos cómo se
liquidó a su compañero de partido D. Jose Antonio en 24 horas, pero hay cosas
que se pueden pasar por alto en política y la hipocresía es una de las que no
se pueden pasar por alto. Si efectivamente ese suelo no se ha reclasificado, no hay un polígono
industrial, si sigue siendo un suelo agrícola volvemos al discurso de ayer y
pediré simplemente que se me explique por qué se empadrona en un suelo
agrícola, pero si es verdad lo que yo oí aquí decir a los Diputados del PSOE,
que ese es ahora suelo industrial, me parece que es honesto, legítimo y decente
que yo pida que se me explique cuándo se reclasificó, si se ha reclasificado
con arreglo a la legislación urbanística valenciana tan criticada por el
Gobierno Central de la que ella es Vicepresidenta Primera y si ella es
propietaria aún y está dándole al suelo industrial el uso que le corresponde o
si aprovechó la reclasificación para vender en el mismo año en que la
reclasificación se produjo. Me parece que es fácil aclararlo. Nos podemos
quedar todos tranquilos y a lo largo del día de hoy podemos ir viendo todos la
información de la que disponemos unos y otros."
SEGUNDO .- Los fundamentos de la sentencia de primera instancia para
desestimar la demanda fueron, en síntesis, los siguientes: 1) Los hechos "se
produjeron en el marco del debate político, intensificado en aquellos momentos
por la proximidad de unas elecciones generales" ; 2) el demandado, Sr.
Benigno , era por entonces sindic (portavoz) del grupo parlamentario
Popular en las Cortes Valencianas, mientras que la demandante, Sra. Ruth , era
vicepresidenta del Gobierno de España y diputada del Congreso elegida por la
circunscripción de Madrid en las listas del Partido Socialista Obrero Español
(en adelante PSOE); 3) la Sra. Ruth y el Sr. Benigno iban a encabezar las
listas de sus respectivos partidos políticos para las elecciones generales del
9 de marzo de 2008; 4) ambos eran, pues, dos políticos relevantes, con "una
extraordinaria capacidad para el acceso a los medios de comunicación social, en
los que sus afirmaciones tienen un notable eco" ; 5) el lugar en que
se celebró la rueda de prensa convocada por el Sr. Benigno "fue el
edificio de la sede parlamentaria con mayor importancia institucional de la
Comunidad de Valencia" , en momento de "una gran intensidad
política" , y las declaraciones del demandado "no dejaron de
estar relacionadas con la actividad política de la demandante" ,
porque "si la elección de domicilio por un particular, y subsiguiente
empadronamiento, es un acto estrictamente privado, deja de serlo en el momento
en que tal hecho determina que esa persona pueda presentarse como candidato a
unas elecciones generales al Congreso de los Diputados por una circunscripción
concreta" ; 6) conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la
doctrina del Tribunal Constitucional, en los momentos previos a unas elecciones
los límites a la libertad de expresión son más permisivos, para que los
ciudadanos puedan formar un mejor juicio sobre su intención de voto, y quienes ejercen
cargos de responsabilidad pública tienen mayor obligación de soportar las
críticas que los particulares, sea o no en campaña electoral; 7) las
informaciones facilitadas por el Sr. Benigno eran de interés general, su
intencionalidad era claramente política y no podían menoscabar la dignidad y
fama de la Sra. Ruth puesto que "solo criticó el hecho de su
empadronamiento en el municipio de Beneixida" ; 8) la expresión "empadronamiento
trampa" puede considerarse "poco afortunada, o molesta, pero
por incorrecta que pueda considerarse, en ningún caso atentatoria para el honor
de la demandante dentro del debate político actual" ; 9) en cuanto a
la afirmación de que la Sra. Ruth se hubiera beneficiado a resultas de la
operación urbanística con terrenos de su propiedad en los que estaba la casa en
que se había empadronado, "no puede deducirse de la misma que se
refiera a un beneficio ilícitamente obtenido" , sino que suponía ante
todo una crítica, "posiblemente cargada de pretendida ironía"
, al hecho de que la Sra. Ruth resultara favorecida por la misma normativa
urbanística, promovida en la Comunidad Valenciana por el Partido Popular (en
adelante PP), que tanto había censurado el PSOE; 10) en suma, las declaraciones
del Sr. Benigno , conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la
jurisprudencia civil del Tribunal Supremo en multitud de sentencias, se
encontraban dentro de los amplios "límites de la crítica permisible en
la discusión pública sobre asuntos de interés general que afecten a personas
con relevancia pública" . TERCERO .- Los fundamentos de la sentencia de apelación para
confirmar la sentencia de primera instancia son, en esencia, los siguientes: 1)
La confrontación entre derechos fundamentales no se limita a la del derecho al
honor de la demandante con el derecho a la libertad de información del
demandado sino que, por el contrario, se extiende también al derecho de este a
la libertad de expresión, hasta el punto de que el propio escrito de demanda
aludía también a este otro derecho fundamental y citaba sentencias del Tribunal
Supremo que trataban del mismo; 2) en cuanto a la libertad de información y al
requisito de que la información sea veraz, la doctrina del Tribunal
Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo no exigen que la
veracidad sea absoluta, sino que el informador haya actuado con diligencia en
la búsqueda de la noticia y en su comprobación; 3) de la prueba practicada
resulta "que la demandante -y con anterioridad su familia- era
propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Beneixida (Valencia); que,
como consecuencia de su reclasificación, pasaron a ser terreno industrial y
que, tras el desarrollo del PAI y urbanización del polígono industrial en que
se encontraban dichas tierras, el precio del terreno ascendió de 9€/metro
cuadrado (rústico) a 'de 70 a 100€/metro cuadrado' (industrial) según reconoció
el testigo D. Leonardo , representante legal de la empresa que intervino como
agente urbanizador del polígono industrial" ; 4) también se ha
probado, "por así haberlo declarado D. Victorio -primo de la
demandante- que, tras la recalificación y posterior urbanización de aquellos
terrenos se procedió a su venta por 72.000€" ; 4) aunque ciertamente
las expresiones condicionales del Sr. Benigno en la rueda de prensa ( "si
es verdad que...", "si de verdad..." ) pudieron sugerir que
la Sra. Ruth había obtenido un beneficio económico prevaliéndose de su poder
político, lo que no es cierto por haberse probado que su familia se había
opuesto a la recalificación de los terrenos, esto no supone que la sentencia de
primera instancia hubiera manipulado los hechos, "en cuanto se ha
probado el beneficio económico obtenido por la actora cuando procedió a la
venta de los terrenos que previamente habían sido reclasificados y urbanizados,
en la medida en que la información proporcionada no puede aislarse del contexto
en que se produce, dentro de la confrontación política que enfrentaba a los
ahora litigantes" ; 5) tanto el lugar en que se convocó y celebró la
rueda de prensa como el contenido de las declaraciones del Sr. Benigno revelan
su carácter eminentemente político, no de juicio personal sobre la actividad
privada de la demandante; 6) las declaraciones relativas al empadronamiento de
la Sra. Ruth , que según la demandante calificaban su conducta, "cuando
menos, de irregular" , no constituyen una intromisión ilegítima en su
honor, porque "es notorio el sentido amplio en que, frente a lo
recogido en los artículos 53 y siguientes del Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio ( RCL 1986\2662 ) , por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales, los políticos de distinto signo aprecian su 'vecindad' y 'residencia
habitual' a fin de distribuirse las candidaturas de las diferentes
demarcaciones electorales aun cuando en el desempeño de sus actuaciones
profesionales, habitualmente residen en distinto lugar" ; 7) por lo
tanto, sin entrar en una posible infracción de dicho Real Decreto por la
demandante, al no ser objeto del juicio, su conducta relativa al empadronamiento
podría ser perfectamente calificada de "irregular" sin por
ello lesionar su fama o atentar contra su propia estimación; 8) el argumento
del recurso de apelación negando un conflicto entre honor y opiniones para, en
cambio, centrar el debate en el incumplimiento por el demandado de su
obligación de comprobar si la noticia proporcionada era o no cierta, no puede
aceptarse, pues según la jurisprudencia representada por hasta siete sentencias
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en los casos de conflicto entre honor y
libertad de información hay que atender no solo a la veracidad de la
información y a su relevancia pública sino también al contexto en el que se
transmite; 9) sobre la información relativa a que la Sra. Ruth se había
empadronado unos quince días antes "en secreto" , que las
gestiones del empadronamiento "se las había hecho un primo" y
que "se había empadronado en un naranjal", no pueden
considerarse ilícitas, porque lo cierto es que el propio primo de la Sra. Ruth
había reconocido "que empadronó a aquella mediante un poder" ,
que "su prima le comunicó su decisión de empadronarse en aquella
localidad sin explicarle el motivo de aquella decisión" y, en fin, "que
su domicilio habitual estaba en Madrid" , por lo que, aun cuando no se
ha probado que el empadronamiento fuera en rigor "secreto"
sino "por poder" o "mediante apoderamiento" ,
la diferencia carece de relevancia bastante para determinar una intromisión
ilegítima; 10) en cuanto a las fórmulas expresivas condicionales del Sr.
Benigno ( "si esto es así..." , "si lo
verificamos..." ), tal vez en un contexto diferente podrían revelar
falta de diligencia del informador, pero no en el contexto político de las
declaraciones enjuiciadas, "con continuas referencias al cargo político
de la demandante y a la actuación del partido al que pertenece" y
cuando demandante y demandado encabezaban "las candidaturas de dos
grupos políticos rivales en campaña electoral" , trance en el que "con
frecuencia utilizan duras críticas con el fin de obtener ventaja política sobre
sus adversarios" , de modo que la libertad de información del
demandado ha de prevalecer sobre el derecho al honor de la demandante; 11) "[e]s
cierto que de la prueba testifical practicada -consistente en un vecino de
aquella localidad, el administrador de la sociedad que llevó a cabo la
urbanización de los terrenos y el precitado primo de la demandante- no cabe
deducir que el empadronamiento de la actora fuese ilícito o ilegal, ni que ésta
se benefíciase ilegítimamente de la operación urbanística, ni que existiese
tráfico de influencias y trato de favor urbanístico del Ayuntamiento de
Beneixida, pero no es menos verdad que de la prueba practicada se infiere tanto
el carácter irregular de reiterado empadronamiento -con una particular interpretación
de 'residencia habitual' con la que tuvo lugar- así como el beneficio
patrimonial obtenido por la demandante en virtud de la reclasificación y
posterior urbanización de sus terrenos, que luego fueron vendidos.";
12) del contenido de las declaraciones del demandando relativas a los terrenos
resulta, de un lado, una petición de explicaciones al Ayuntamiento, y, de otro,
una crítica a la demandante por "haber pegado un pelotazo"
caso de haber vendido un suelo inicialmente agrícola; 13) "[e]n cuanto
al primero de los extremos, la crítica aparece dirigida contra el Ayuntamiento
de Beneixida, sin imputar a la demandante - que, por otra parte, no sólo no se
ha probado, sino que se ha acreditado documentalmente la oposición de la
familia de la actora al proyecto de reclasificación (folio 53) y la
justificación de la empresa que llevó a cabo la urbanización de los terrenos
para excluir de la misma a la vivienda de la demandante- y, en cuanto al
segundo, el beneficio patrimonial obtenido a resultas de aplicar la legislación
urbanística valenciana, además de haberse probado testificalmente, sólo se
considera desde la perspectiva de la crítica política a que nos hemos
referido".
CUARTO .- El recurso de casación de la demandante contra la sentencia
de apelación, formulado y admitido al amparo del art. 477.2-1º LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , se funda en
infracción del art. 18.1 en relación con el art. 20.1 d), ambos de la
Constitución , y del art. 7.7RCL 1982\1197
de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo ( RCL
1982\1197 ) , de protección civil del derecho al honor , a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Los argumentos del motivo para sostener que la sentencia recurrida infringe
las normas citadas son, en esencia, los siguientes: 1 )" [L]a cuestión
jurídica planteada se centra esencialmente en el conflicto entre la libertad de
información y el derecho al honor" , por lo que "este
conflicto precisa una valoración de la veracidad" ; 2) en
consecuencia, hay que determinar si el demandado Sr. Benigno "desplegó
la diligencia exigible a un político-informador de manera que la información
que suministró pueda calificarse como de información veraz" para
luego, de no serlo, determinar si la información "supone una ingerencia
o intromisión ilegítima en el honor de mi representada" ; 3) la
sentencia impugnada "persiste en no resolver la controversia jurídica
planteada por esta parte y se separa de la doctrina sustentada por el Tribunal
Supremo y el Tribunal Constitucional" , porque justifica las
declaraciones del demandado "o por el contexto o por el carácter
político de su emisor, pero no de su receptor, pues se dirigían a
periodistas" ; 4) hasta tal punto esto es así, que "en la
sentencia se llega a interpretar la imputación de un empadronamiento secreto
como un empadronamiento por poderes" ; 5) además, "en un
malabar justificativo de las declaraciones del demandado" , la
sentencia justifica sus declaraciones sobre el empadronamiento "porque
la información derivaba de una fuente fidedigna cual es el padrón
municipal" , cuando lo cierto es que el demandado se fundaba en lo que
había oído por los pasillos; 6) el demandado "estaba imputando a la
demandante una conducta que considera reprochable, un ilícito administrativo,
cuando no un ilícito penal" , ya que la ley no admite el
empadronamiento secreto; 7) en cuanto a la calificación de los terrenos, el
demandado no hizo el más mínimo esfuerzo por comprobar la noticia, pues tal
calificación provenía de los años 1982 y 1983 y no pudo haber "pelotazo"
alguno; 8) pese a la carga peyorativa de la palabra "pelotazo"
la sentencia recurrida no aprecia nada ultrajante ni vejatorio en imputar esa
conducta a la demandante, ajena por completo a la recalificación y a toda
negociación; 9) "justificar la expresión 'pegar un pelotazo' por la
obtención de un beneficio patrimonial en una compraventa es de todo punto
inaceptable" , máxime cuando resulta que la familia de la Sra. Ruth no
quería vender y se vio sujeta a un proceso urbanizador; 10) en definitiva, la
recurrente adquirió los terrenos por sucesión mortis causa , cuando los
adquirió ya habían transcurrido más de veinte años desde su calificación y,
pese a todo ello, se tacha de "pelotazo" el haberlos vendido
obteniendo un beneficio neto de aproximadamente 50.000 euros; 11) en este punto
el demandado " actuó como informador, generando una noticia que antes
no existía como tal, utilizando una rueda de prensa ya convocada (con otro
objeto)" , y por esta razón lo que debe enjuiciarse es "si las
citadas declaraciones realizadas en rueda de prensa suponen un ejercicio
constitucionalmente legítimo del derecho a la libertad de información
veraz" ; 12) el demandado, en realidad, "manipuló los hechos
hasta convertirlos en mero pretexto de su verdadera intención : dañar el
prestigio de mi representada" ; 13) además, el demandado dominaba los
conceptos y las categorías jurídicas, actuaba como portavoz de un grupo
parlamentario del que era diputado autonómico y con anterioridad había sido
precisamente Conseller de Urbanismo; 14) si el demandado entendía "que
el empadronamiento fue irregular o que había un delito de influencia o un
pelotazo urbanístico, hubiera debido proceder a denunciarlo ante las
autoridades judiciales competentes y no organizar una rueda de prensa"
. QUINTO .- El demandado-recurrido, en su escrito de oposición al
recurso, pide en primer lugar, al amparo del art. 485 párrafo segundo LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , que se
declare inadmisible el recurso por incurrir en la causa de inadmisión prevista
en el art. 483.2-2ª de la misma ley , al no pretenderse por la parte recurrente
"otra cosa que la revisión del relato fáctico de la resolución
recurrida" . Subsidiariamente, para el caso de no apreciarse la alegada causa de
inadmisión, se pide la desestimación del motivo único del recurso con base, en
síntesis, en los siguientes argumentos: 1) La petición de la demanda no era
resolver un debate entre el derecho al honor y la libertad de información, "sino
determinar si las manifestaciones realizadas por mi representado vulneraban el
Derecho al honor de la actora" ; 2) "[e]s evidente que el Sr.
Benigno no es un mero informador, un agente de noticias, un presentador, un
periodista" , sino un político que " como tal, expone un hecho
de interés público" ; 3) del recurso parece desprenderse que la
condición de candidata de la Sra. Ruth por un partido político rival del PP,
por el que a su vez se presentaba a las elecciones el Sr. Benigno , y en plena
etapa electoral, no suponía un marco de debate político; 4) las expresiones del
Sr. Benigno de haberse enterado de las noticias en los pasillos no eran más que
una fórmula dialéctica; 5) la Sra. Ruth "se sirvió de la demanda para
articular su propia campaña electoral, formalizando y presentando ésta el mismo
día en el que fue proclamado mi representado como candidato de un partido
rival" ; 6) lo manifestado por el Sr. Benigno fue veraz, y su
propósito era "criticar a su rival político y no injuriar a una
persona" ; 7) de aplicar al caso la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala
no puede resultar más que la desestimación del recurso. SEXTO .- El Ministerio Fiscal, que por disposición de la ley es parte
en los procesos civiles sobre derechos fundamentales, ha interesado la
desestimación del recurso razonando que lo que hay que plantearse es si los
requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional y por esta Sala para
considerar constitucionalmente amparada la libertad de información del
periodista "son exigibles también a los políticos en el ámbito de la
crítica política, y en el margen de las campañas electorales en sentido amplio,
o si son distintos los requisitos de los políticos al usar de su libertad de
información de los exigidos a los periodistas" . Mediante una ilustrada exposición doctrinal de autores que a su vez se
fundan en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal
Constitucional y en la jurisprudencia de esta Sala, el Ministerio Fiscal
recalca sobre todo que "las libertades de expresión e información
adquieren una importancia especial cuando se ejercen por un representante
político" , que es particularmente importante, "en periodos
preelectorales, permitir circular libremente opiniones e informaciones de toda
índole" , que "[e]n el contexto de una competición electoral
la vivacidad de las expresiones es más tolerable que en otras
circunstancias" y, en fin, que el "hecho originario"
fue el empadronamiento de la Sra. Ruth , este hecho determinó a su vez la
respuesta del Sr. Benigno y, en el presente caso, debe prevalecer su libertad
de información aplicando la jurisprudencia de esta Sala en casos similares de "contienda
política" . SÉPTIMO - No se aprecia la causa de inadmisión propuesta por el
demandado-recurrido para que en este acto se aplique como razón para desestimar
el recurso, pues el contenido objetivo de sus declaraciones, es decir cuáles
fueron sus palabras en la rueda de prensa, no ha sido objeto de controversia, y
tampoco se advierte que el recurso contradiga los hechos que la sentencia
recurrida declara probados. La circunstancia de que la parte recurrente destaque aquellos hechos que más
interesan a su pretensión de que se case la sentencia recurrida no equivale a
una falta de respeto a los hechos que la sentencia recurrida declara probados.
Antes bien, tanto del encabezamiento del motivo como de su desarrollo
argumental se desprende que lo impugnado por la recurrente es el juicio del
tribunal sentenciador de que conforme a los hechos probados, esto es las
declaraciones del demandado más los que la propia sentencia impugnada declara
probados, y aplicando a estos hechos los artículos 18.1 y 20.1 (letras a . y
d.) de la Constitución y 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo ( RCL 1982\1197 ) , de protección civil del derecho
al honor , a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en adelante
LO 1/82), el demandado no incurrió en una intromisión ilegítima en el derecho
al honor de la demandante. Es cierto que el recurso se centra en un conflicto puro entre derecho al
honor y derecho a la libertad de información, pero este planteamiento, lejos de
suponer una falta de respeto a los hechos probados, no es más que una opción
del recurrente para defender la tesis, primordialmente jurídica, de su motivo
de casación, a la que responden tanto el recurrido como el Ministerio Fiscal
rebatiéndola con argumentos más de derecho que de hecho.
Por último, es jurisprudencia de esta Sala que cuando la resolución del
recurso de casación afecta a derechos fundamentales no hay que partir de una
incondicional aceptación de las conclusiones probatorias de las sentencias de
instancia, sino que cabe realizar, asumiendo una tarea de calificación
jurídica, una valoración de los hechos en todos sus extremos relevantes para
apreciar la posible vulneración de los derechos fundamentales de que se trate (
SSTS 7-12-05 , 27-2-07 , 18-7-07 y 25-2-08 entre otras), pues, como declara el
Tribunal Constitucional , la falta de veracidad de la información y el carácter
vejatorio o no de las opiniones son cuestiones de estricto carácter jurídico
vinculadas a la ponderación sustantiva de los derechos fundamentales en
conflicto ( STC 100/2009 ). OCTAVO .- El análisis del recurso debe comenzar precisamente por su
tesis inicial o punto de partida, pues de que se acepte o no dependerá en gran
medida la selección de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, del Tribunal Constitucional y de esta Sala aplicable para decidir
sobre la infracción normativa alegada, ya que el ingente número de sentencias
de estos tres tribunales sobre el derecho al honor en relación con la libertad
de expresión y la libertad de información, y el demostrado conocimiento de su
jurisprudencia tanto por la demandante, el demandado y el Ministerio Fiscal
como por la juez de primera instancia y el tribunal de apelación, aconsejan
prescindir de lo que ya es bien sabido por todos para, en cambio, centrarse en
aquellas sentencias que se hayan pronunciado sobre el conflicto entre aquellos
derechos fundamentales a partir de unos hechos asimilables o próximos a los
enjuiciados en el presente caso. El punto de partida del desarrollo argumental del motivo es, de un lado, que
"la cuestión jurídica se centra esencialmente en el conflicto entre la
libertad de información y el derecho al honor" , por lo que resultaría
esencial el análisis de la veracidad de la información; y de otro, que el
demandado Sr. Benigno actuó como "político-informador" y, por
tanto, "[l]o que se debe juzgar es si el informador comprobó
mínimamente, o pudo comprobar con la mínima diligencia, la noticia
proporcionada" . Pues bien, lo primero no es exacto y lo segundo no se corresponde con la
No es exacto que la esencia del presente asunto sea el conflicto entre la
libertad de información y el derecho al honor porque, como resulta de la propia
demanda interpuesta en su día por la hoy recurrente, lo que se plantea es si
las declaraciones del Sr. Benigno en la rueda de prensa de 5 de diciembre de
2007 constituyen o no una intromisión en el derecho al honor de la demandante,
y para decidir sobre esta cuestión habrá que atender a todos los factores
concurrentes, incluida la libertad de expresión de los políticos en campaña
electoral, y no solo a aquellos que la demandante-recurrente quiere acotar para
mejor defender así su tesis jurídica. Y precisamente por esto no se corresponde
con la realidad que el demandado Sr. Benigno hiciera sus declaraciones como "político-informador"
obligado a una previa diligencia extrema de comprobación para que todo lo que
manifestara fuese indiscutiblemente cierto. Muy al contrario, tanto por el
lugar (edificio sede de las Cortes Valencianas), como por la ocasión
(proximidad de elecciones generales), como por los protagonistas (ambos
candidatos a esas elecciones, siendo además la demandante Vicepresidenta del
Gobierno de España y el demandado portavoz del grupo parlamentario popular en
las Cortes valencianas), como, en fin, por el contenido de las declaraciones
(empadronamiento de la demandante, para poder ser candidata por la provincia de
Valencia, en una casa situada en terreno que había sido objeto de
recalificación urbanística), no cabe equiparar al demandado con un informador
profesional. Antes al contrario, cuando convocó la rueda de prensa era, ante
todo y sobre todo, un político que se dirigía a informadores profesionales para
criticar a su más directa rival política del momento proporcionando una serie
de datos que dotaban de fundamento a su crítica pero sin por esto desvirtuar
que junto a la información había mucho de opinión. De ahí que, como en tantas ocasiones, el conflicto no se limite en este caso
al del derecho al honor con el derecho a la libertad de información, según se pretende
en el recurso, sino que se extienda también al existente entre el derecho al
honor de la demandante y el derecho del demandado a expresar y difundir
libremente pensamientos, ideas y opiniones [ art. 20.1.a) de la Constitución ].
NOVENO .- Sentado lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de esta Sala más pertinente
al caso se puede resumir así, siempre desde la consideración general de que las
sentencias que se van a citar se fundan a su vez en otras anteriores del propio
tribunal: 1) Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "en el contexto de
una competición electoral, la vivacidad de las propuestas es más tolerable que
en otras circunstancias" . De su jurisprudencia resulta que, "aunque
todo individuo que participa en un debate público de interés general, como lo
es por definición una campaña electoral, está obligado a no rebasar ciertos
límites en lo que concierne al respeto -principalmente- de la reputación y de
los derechos ajenos, se le permite recurrir a cierta dosis de exageración,
provocación, es decir, de ser poco inmoderado en su propuesta" . Hay,
por tanto, un margen a la exageración y a la provocación, "teniendo en
cuenta que los límites de la crítica son más amplios cuando se trata de un
político, en su condición de tal, y no de un particular: a diferencia del
segundo, el primero se expone inevitablemente y conscientemente a un control
exhaustivo de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por los
ciudadanos; debe, por tanto, mostrar gran tolerancia a estas críticas"
( STEDH 22-11-2007, caso Desjardin contra Francia , en el que el Sr. Amador ,
candidato por un partido ecologista a elecciones cantonales, acusó en unos
folletos al antiguo alcalde de un municipio de contaminar el agua, apdos. 48 y
49). La tolerancia para con ciertas dosis de exageración y provocación, esta vez
en relación con las declaraciones de un político en rueda de prensa, se ha
reafirmado por la STEDH 15-3-2011 (caso Guillermo contra España, en el que el
Sr. Guillermo , como portavoz del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak
, expuso su valoración sobre la situación del periódico Egunkaria y en
un momento dado manifestó que el Rey de España era el jefe de aquellos que
habían torturado a los detenidos en el marco de una operación policial contra
dicho diario, apdo. 54). Esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se sienta al
interpretar y aplicar el artículo 10 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de
1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, que engloba dentro de la libertad de expresión tanto la libertad
de opinión como la libertad de recibir o de comunicar informaciones, y su
consideración resulta obligada porque el artículo 10.2 de nuestra Constitución
dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la propia Constitución reconoce se interpreten de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 2) Según el Tribunal Constitucional, la frase "el alcalde mintió en
la declaración de bienes" , pronunciada por un concejal, es más un
juicio crítico o juicio de valor que una información, en cuanto la finalidad
del mensaje era expresar la apreciación personal del concejal pero también la
posición del grupo político que representaba sobre un tema de interés general.
Reiterando, pues, la dificultad de distinguir en la práctica entre juicios de
valor y narración de hechos, se concluye que "[a]l tratarse de un
juicio crítico o valoración personal..., su enjuiciamiento deberá efectuarse
con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión y no al canon de
la veracidad" ( STC 11/2000, de 17 de enero ( RTC 2000\11 ) , FJ 7º). 3) Según esta Sala, que siempre ha subrayado, no solo como tribunal de
casación sino también como tribunal de única instancia, la muy considerable
amplitud de las libertades de expresión e información en el ámbito del debate
político (así, STS 3- 5-2004 en asunto nº 4/2003 , iniciado por demanda de D.
Mariano Fernández Bermejo, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, contra D. José María Michavila Muñoz por unas declaraciones de este
siendo Ministro de Justicia, FJ 3º), debe descartarse que la imputación de un "pelotazo"
en el contexto de una contienda política implique siempre y necesariamente una
intromisión ilegítima en el derecho al honor ( SSTS 17-6-2004 ( RJ 2004\3620 ) en rec. 1178/99 y 25-9-2088 en
rec. 2378/02 ). DÉCIMO - De aplicar lo antedicho a las declaraciones del demandado
sobre el empadronamiento de la demandante calificándolo de "secreto"
, circunstancia esta que parece ser determinante para considerarlas ilícitas
según el recurso, resulta claro que no son constitutivas de la intromisión
ilegítima en el derecho al honor prevista en el art. 7.7RCL 1982\1197LO 1/82 ( RCL 1982\1197 ) , según el cual tendrán la consideración de
intromisión ilegítima "[l]a imputación de hechos o la manifestación de
juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo
lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación".
El Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio ( RCL
1986\2662 ) , vincula el empadronamiento al lugar en que se resida
habitualmente, hasta el punto de disponer que "[q]uien viva en varios
municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al
año" (art. 56.1), y considera vecinos del municipio no a los que
formalmente se encuentren inscritos en el padrón municipal sino a los que lo
están por "residir habitualmente" en el municipio (art. 55.1).
Son hechos probados que la demandante, a la sazón vicepresidenta del
Gobierno de España y diputada del Congreso por Madrid, no tenía su residencia
habitual en Beneixida (Valencia) sino en Madrid, como por demás acabó alegando
ella misma en el escrito sobre competencia territorial mencionado en el
antecedentes de hecho tercero de la presente sentencia; que sin embargo se
empadronó en Beneixida, y no directamente o en persona sino mediante poder
otorgado a favor de su hermano; y en fin, que encabezaba la lista de candidatos
del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia.
A la vista de estos hechos probados carece de consistencia atribuir al
demandado una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante por
la sola circunstancia de que el empadronamiento no hubiera sido en puridad "secreto"
sino por poder. La realidad es que la demandante, al incurrir en una práctica
política no por habitual menos sustraida a la crítica social, asumió
necesariamente el riesgo no solo de esa crítica sino también de que quien iba a
ser su principal adversario político en las próximas elecciones generales se
aprovechara de esa decisión de la demandante para despertar o agitar la crítica
social, pues no en vano iba a tener que enfrentarse electoralmente a una rival
de primerísimo nivel. Desde esta perspectiva, tachar de "secreto"
un empadronamiento que en realidad había sido por poder entraba claramente
dentro del margen de exageración o provocación tolerable en el debate político,
máxime si se valora que no es habitual empadronarse por poderes y que, en
cierto modo, el hacerlo ya es un indicio de que no se reside habitualmente en
el municipio. En suma, no es la sentencia impugnada la que en esta cuestión del
empadronamiento infringe las normas citadas, sino el recurso, al impugnarla por
esta razón, el que revela un grado de intolerancia para con la crítica política
tan elevado que, en verdad, resulta incompatible con una sociedad democrática.
UNDÉCIMO .- Por lo que se refiere a las declaraciones del demandado
sobre la recalificación de los terrenos y el "pelotazo"
urbanístico, estas presentan aspectos que las distinguen de las estrictamente
referidas al empadronamiento, puesto que está probado no solo que la demandante
Dª Ruth estuvo completamente al margen de que el suelo antes rústico pasara a
ser industrial sino también que su familia se opuso a esta modificación. Sin embargo esa diferencia, por importante que sea, no determina que el
demandado cometiera una intromisión ilegítima en el honor de la demandante al
referirse en sus declaraciones a irregularidades urbanísticas, atribuyendo a la
demandante el haber dado "un pelotazo" . Las razones del juicio de valor de esta Sala son las siguientes:
1ª) Como demuestra la trascripción de las declaraciones del Sr. Benigno
acompañada con la demanda, la rueda de prensa se convocó como continuación de
otra centrada en el empadronamiento de la demandante en Beneixida, acerca del
cual el Sr. Benigno comenzó recordando lo que había declarado con anterioridad
porque el objeto de la rueda de prensa iba a ser "hacer algunas
valoraciones nuevas sobre el caso de Ruth en función de las noticias que fuimos
teniendo a lo largo de ayer" . 2ª) Lo que el demandado denominó "caso de Ruth " era, pues, el
hecho de su empadronamiento en Beneixida para disputarle a él, político valenciano,
las elecciones al Congreso de los Diputados precisamente por la provincia de
Valencia. De aquí que comenzara por referirse al empadronamiento "secreto"
de la demandante en Beneixida y a la circunstancia de que las gestiones se las
hubiera hecho un primo. 3ª) Fue al hilo de este asunto, por el que pedía explicaciones públicas,
cuando el demandado se extendió sobre la condición urbanística de los terrenos,
pero siempre para mostrar su extrañeza de que el domicilio facilitado para el
empadronamiento estuviera bien en un naranjal, bien en suelo industrial.
4ª) Como también está probado que la familia de la demandante consiguió
mantener la casa familiar mediante una negociación con el agente urbanizador y
que la demandante vendió el suelo antes rústico cuando ya era industrial, no
cabe considerar ilícito, siempre en el contexto de la contienda política, que
el demandado, pese a ser necesariamente conocedor de todos los detalles
urbanísticos por haber sido Conseller de Urbanismo, se aprovechara de
las singulares circunstancias en que había quedado la casa identificada como
lugar de residencia habitual de la demandante para desgastar políticamente a
quien, merced al empadronamiento, iba a ser una rival de primerísimo nivel en
las próximas elecciones generales y, aprovechando la ocasión, también al PSOE,
es decir, al partido rival, por haber criticado la política urbanística del PP
en la Comunidad Valenciana, siendo así que su primera candidata había resultado
beneficiada al poder vender como suelo industrial lo que antes era suelo
rústico. 5ª) Que las declaraciones sobre cuestiones urbanísticas guardaban una
relación directa con el empadronamiento de la demandante y con las críticas del
PSOE a la política urbanística del PP lo demuestra no solo la introducción de
la rueda de prensa sino también su intermedio ( "Bueno, pues tendrá que
explicar por qué se ha empadronado en una finca agrícola..." ) y su
final ( "no se puede conciliar el discurso sobre el urbanismo que ha
tenido el PSOE durante estos años con tener de candidata a una persona que se
ha beneficiado de esa legislación urbanística...", "Sé que la
vicepresidenta es un adversario peligroso...", "pediré simplemente
que explique por qué se empadronó en suelo agrícola..." ). 6ª) De lo anteriormente razonado se desprende que todas las insinuaciones
formuladas por el demandado mediante expresiones condicionales ( "si es
verdad...", "si de verdad...", "si ella es
propietaria..." ) o referidas a fuentes de información no precisadas (
"oí el comentario en pasillo de un diputado socialista...",
"lo que se ha afirmado por parte de algún diputado socialista..."
) merecen la consideración jurídica de figuras retóricas o recursos dialécticos
para desgastar a una adversaria política de altísimo nivel poniéndola en el trance
de tener que dar explicaciones públicas, fáciles por demás dada la talla y el
poder político de la demandante. 7ª) En definitiva, el juicio de valor de esta Sala es que las declaraciones
del demandado sobre la finca en la que estaba la casa identificada como
residencia habitual de la demandante en el padrón de Beneixida tampoco
traspasaron los límites de la provocación o exageración tolerables en el ámbito
de la contienda política, porque en la rueda de prensa la crítica fue un
elemento claramente dominante sobre la información.
DUODÉCIMO .- En consecuencia, al no haber incurrido la sentencia
impugnada en las infracciones normativas alegadas y, por el contrario,
ajustarse plenamente su juicio de ponderación a la doctrina del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia
de esta Sala, procede desestimar el recurso y, conforme a los arts. 487.2 y
398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC ( RCL
2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , imponer las costas a la recurrente.
1º DESESTIMAR EL RECURSO CASACIÓN interpuesto por la demandante Dª
Ruth contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2009 por la Sección 13ª
de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 385/09 . 2º Confirmar la sentencia recurrida.
3º E imponer las costas a la parte recurrente.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con
devolución de los autos y rollo de Sala.
.-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Francisco Javier Arroyo
Fiestas.-Francisco Javier Orduña Moreno.-FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.-
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco
Marin Castan, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando
celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución

 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 Real Decreto