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Timestamp: 2019-04-22 22:50:38+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 299, de 18/04/2013
cve: DSCD-10-CO-299
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 299
- Proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre). (Número de expediente 121/000031) ... (Página2)
- Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Presentada por el señor Batllori i Bas. (Número de expediente 120/000006) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe resultante del acuerdo de las ponencias del día 16 de abril de 2013 sobre:
- Proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (Número de expediente 122/000101) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000031).
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. PRESENTADA POR EL SEÑOR BATLLORI I BAS. (Número de expediente 120/000006).
Como sus señorías conocen, en primer lugar tenemos la ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre. En segundo lugar, proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.
¿Se ratifican las ponencias? (Asentimiento).
Se ratifican por asentimiento.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME RESULTANTE DEL ACUERDO DE LAS PONENCIAS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2013, SOBRE:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 122/000101).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe resultante del acuerdo de las ponencias del día 16 de abril 2013, sobre proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Procede, como sus señorías saben, de la refundición del proyecto de ley número de expediente 121/000031 y de la proposición de ley con número de expediente 120/000006.
Como saben, se informó anticipadamente a todos los grupos de que habrá un turno de diez minutos para cada grupo. Empezamos por el Grupo Socialista. La señora Iglesias tiene la palabra.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: En primer lugar, acabamos de ratificar las ponencias de la Comisión y lo primero que nos gustaría hacer es denunciar un procedimiento un tanto tramposo y sin voluntad política de acuerdo que hemos tenido durante la tramitación de todas las iniciativas legislativas en este Parlamento. Es la realidad a la que nos sometemos. Este proyecto de ley, la iniciativa que hoy vamos a debatir, no ha pasado por el Pleno del Congreso de los Diputados y no se ha ejercido sobre ella ninguna voluntad de acuerdo por parte de ese grupo parlamentario. Hoy podría ser un buen día para dar solución a los problemas de la gente, pero probablemente vaya a ser un mal día en el que no se dé solución a la realidad de las familias que están sufriendo la crisis financiera.
No quiero entrar al trapo, no quiero hacer una intervención de entrar al trapo, de provocaciones y mentiras; no voy a utilizar ni responder al argumentario del Grupo Parlamentario Popular. No quiero señalar la utilización que está haciendo de noticias falseadas, como la de la agilización de los juzgados sobre procedimientos hipotecarios, que nunca existió. No quiero entrar al trapo sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, ni sobre las provocaciones que hoy en la prensa han intentado colar en relación con una dación en pago universal que posibilite que todo el mundo se libere de su casa, o esas otras de la señora Cospedal en las que dice que son solo los militantes del Partido Popular o los votantes del Partido Popular los que pagan su deuda. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Es mentira!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego a todos los grupos que mantengan el respeto debido a cada uno de los intervinientes.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: No es tiempo de eso; no es tiempo de responder a provocaciones y tampoco de hacer reproches, de recordar quién aprobó la tramitación del procedimiento de ejecución
hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o quién hinchó la burbuja inmobiliaria, como reconoció la patronal bancaria en esta misma Cámara. Es tiempo de defender alternativas. Es tiempo de decir que se puede. Es tiempo de manifestar que hoy tenemos una oportunidad de intentar hacer las cosas bien. Es tiempo de defender nuestras enmiendas (muestra unos documentos). Muestro esto para quien diga que solo tenemos una posición política presentada una y otra vez en el Pleno y en las Comisiones del Congreso de los Diputados. Es tiempo de que nos decidamos a la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria para la gente que está sufriendo la crisis financiera. Es tiempo de evitar todas las prácticas abusivas y no solo aquellas que vienen de una cuestión prejudicial muy concreta. Es tiempo sobre todo de que legislemos para dar una segunda oportunidad a las familias, que permitamos que haya reestructuraciones de deuda con intermediación, con garantías, con transparencias públicas y para todos, con arbitraje para los ciudadanos que están pasándolo mal. Es tiempo de que hagamos ese tipo de procedimientos que no han supuesto la quiebra de ningún país de nuestro entorno ni el hundimiento del sistema financiero de ellos pero sí un salvamento para muchas familias. Es tiempo de decidir que se pueden hacer liberaciones de deuda y no solo para las entidades financieras. Es tiempo de decir que puede ser viable la dación en pago también para las familias, para aquellos que son solo el 4% de la morosidad de nuestro país y no para aquellos que aportan el 30% de la morosidad de este país, que se les hace la dación en pago a través del banco malo. Es tiempo de crear un parque de vivienda y de uso público de la misma, no de que los ciudadanos tengan que ir al departamento de atención al cliente de las entidades financieras a reclamar el acceso a la vivienda, que es una vergüenza colectiva. Es tiempo de denunciar las trampas y olvidos que contiene la iniciativa que el Partido Popular nos ha presentado no en el Pleno del Congreso de los Diputados sino en el trámite de ponencias para que no haya sido debatida a la luz pública, y seguramente hoy también se imposibilite el debate y la participación de muchas personas. Es tiempo de decir por qué no estamos de acuerdo con el texto que se pretende aprobar.
Es tiempo de hablar de María, una madre soltera con un hijo; María, una persona que gana 900 euros al mes, que paga 600 para su hipoteca y que ha sufrido un ERE -antes cobraba 1.600-, por lo que le quedan 300 euros para pagar la casa y está en pleno procedimiento de desahucio; María, como su hijo tiene cuatro años no suspenderá su procedimiento de ejecución hipotecaria. Es tiempo de hablar de Salvador, una persona mayor de sesenta y cinco años con incapacidad, con una pensión no contributiva que se decidió a comprar hace pocos o muchos años su vivienda -da igual- y que quiere dación, no le importa perder lo aportado hasta ahora, quiere irse a su pueblo a vivir en una residencia de mayores pero resulta que su banco, que es el que tiene la última voluntad en todo lo que va a legislar el Partido Popular hoy, no ha firmado el código de buenas prácticas; Salvador no tendrá dación en pago ni segunda oportunidad. Es tiempo de hablar de Paula, de Miguel, de Francisco, de Mohamed, de Rosario, de Manuel. Es tiempo de hablar de esa gente, de esas más de treinta mil familias que cada quince minutos durante el año 2013 perdieron su vivienda hace unos meses. No pudieron pagar ni siquiera tres meses consecutivos de su alquiler y solo tendrán una quita, solo exclusivamente, en el caso de que paguen el equivalente a un año seguido de su hipoteca, de la deuda que tienen pendiente. Es tiempo de hablar de cientos de trabajadores autónomos, de miles de trabajadores autónomos, de personas que pusieron como garantía para la compra de su vivienda su local comercial, su actividad de trabajo, esa gente que va a perder su casa y además lo que le permite pagar su casa porque se va a quedar también su trabajo en un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Consideren esto si quieren un escrache, es de lo que la gente de la calle les ha querido hablar durante estos días. Cuando hablan de entidades y cuando hablan de macroeconomía se olvidan muchas veces de que hablamos de estas personas y el colmo de la indecencia es seguramente que pensemos en hacerles quitas y hacerles daciones a las entidades financieras que no tienen nombre, que no tienen rostro y que no están viviendo estas situaciones. Nuestra voluntad durante todo este tiempo es la de que probaran nuestras enmiendas. Hoy posiblemente sea la última oportunidad que tenemos por delante. Hoy posiblemente se finiquite y se cierre en falso un proceso en el que no se da soluciones a toda esta gente que hemos nombrado y que significa la realidad de la sociedad de nuestro país, pero seguiremos trabajando. Es posible que hayan intentado coartar el debate, el trámite de iniciativa en esta Cámara, pero no podrán esconderlo pese a su mayoría absoluta. Es posible que lleguemos tarde y que tengamos que reconocer errores del pasado también desde el Partido Socialista, pero cuenten los ciudadanos con nuestra determinación para seguir trabajando y aportando soluciones, para que no desviemos la atención y para que este día hoy no nos olvidemos de hablar de las personas en las que deberíamos estar pensando en todo momento.
Si hacemos un rescate a las familias estaremos haciendo un rescate a las entidades financieras. Si hacemos un rescate a las entidades financieras nos estamos olvidando en muchos casos de las familias y esto, señorías del Partido Popular, no va a solucionar el problema. Les hacemos un llamamiento una vez más. Tengan en cuenta el trabajo y las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Aquí se traen respuestas muy buenas, respuestas que no ponen en riesgo ningún sistema financiero, respuestas que rescatan a las familias y además al sistema financiero, respuestas que dan una oportunidad a la gente para no perder su casa. Gente a la que condenamos a contraer un crédito hipotecario para poder acceder a la vivienda, gente a la que no estamos dando soluciones directamente en una situación de crisis financiera y gente sobre la que hemos permitido que haya una legislación hipotecaria tremendamente desequilibrada; el deudor, que simplemente quiso acceder a su casa, que no quiere la dación en pago para comprarse una segunda o una tercera vivienda para poder especular, sino para poder acceder a una vivienda, quiere una respuesta por parte de las administraciones públicas.
Sentimos que el fracaso de hoy no es solo el fracaso del Grupo Parlamentario Popular, sino que puede ser el fracaso de la política y por eso insistiremos cada día desde mañana en proponer nuevas iniciativas que de verdad piensen en las ciudadanas y en los ciudadanos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: De parte de mi grupo parlamentario quisiera empezar esta exposición hablando primero de las formas que se han seguido en la tramitación de todo este proyecto. En primer lugar, por el hecho de que se ha sustraído del debate el texto completo de la iniciativa legislativa popular que el Pleno de esta casa aceptó a trámite por parte de todos los grupos parlamentarios, y finalmente no ha podido ser así. Después nuestra disconformidad por el hecho de no poder seguir el presente debate en el Pleno de la Cámara. Entendemos que es un debate que levanta muchísima expectación y la situación despierta la necesidad por parte de los ciudadanos de seguir este debate, por tanto, teníamos a nuestro entender la obligación de dar respuesta a esta expectativa, y sustraer el debate del Pleno desde nuestro grupo parlamentario no lo vemos apropiado ni nos ha gustado. Además, el texto que hoy saldrá aprobado de esta Cámara recoge únicamente las enmiendas del Grupo Popular. El cuerpo de las enmiendas del resto de grupos parlamentarios no ha sido en su inmensa mayoría atendido, excepto algunas consideraciones muy puntuales y casi anecdóticas. Solo recoge una realidad que es la realidad del Partido Popular. Nuestro grupo entiende que la realidad es poliédrica y que a pesar de que el Partido Popular tenga la mayoría absoluta hemos dicho muchas veces que no tiene la verdad absoluta, luego el texto presentado no recoge la pluralidad de la Cámara ni las distintas sensibilidades al respecto.
Cáritas nos dice que la primera ayuda asistencial que prestan es en concepto de alimentos y que la segunda es por motivo de las cuotas hipotecarias, pero es que además primero es el tema de los alimentos porque las personas dejan antes de comer que de pagar sus cuotas hipotecarias para no verse en la calle. La magnitud de estas asistencias nos tiene que hacer pensar que la cuestión es extremadamente sensible y como tal debería haber sido tratada. Señorías, no sabemos de quién son votantes estas personas que dejan de comer antes de no pagar su hipoteca. Lo que sí sabemos en Convergència i Unió es que hay que darles una solución, y no solo a ellas sino también a las personas que están pasando penurias para seguir pagando. Para nosotros primero son las personas que son vulnerables por este motivo. Además tenemos también que proteger los esfuerzos de aquellas que siguen pagando. Desde nuestras propuestas entendemos que estábamos ante una situación excepcional y que de los polvos de la alegría crediticia, en unos momentos en los que en este país era más fácil comprar un piso que una nevera, vienen ahora estos lodos: una crisis acuciante, una elevada tasa de paro, una bajada en los ingresos de las familias y problemas lacerantes por no poder hacer frente a las cuotas hipotecarias. Este problema tendría que haber sido afrontado con corresponsabilidad, corresponsabilidad por las personas afectadas, por los organismos reguladores y por tanto por el Estado que falló en sus mecanismos de control, y también por las entidades financieras que otorgaron esta serie de créditos en su momento. Por tanto, aplicando la razonabilidad hay que buscar una solución e intentar evitar que estos errores se puedan repetir en el futuro.
Todas nuestras enmiendas iban dirigidas a estos tres focos. En primer lugar, intentar ampliar el abanico de las personas a proteger por el Real Decreto inicialmente número 27. Queremos incluir también a los avalistas, en muchas ocasiones los padres que avalaron la compra de las viviendas de sus hijos y que ahora mismo se ven en la tesitura de ser lanzados de sus casas. También queríamos suspender no solo
los lanzamientos sino también los procesos para que esas personas pudiesen acudir a una intermediación y analizar caso por caso para dar soluciones ad hoc a cada una de estas personas. Quiero recordar que hay una propuesta de directiva europea que está trabajando en hacer obligatoria la intermediación en la protección de los consumidores y usuarios en materia de derechos de créditos hipotecarios. Por tanto, se debería incorporar esta intermediación en el ordenamiento jurídico para conseguir revisar la eventualidad de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos en referencia a los intereses moratorios, negociar quitas, hablar de alquileres sociales y permitir los alquileres sociales a las personas en lugar de que se viesen obligadas a perder su casa. Incluso presentamos el leasing social -nosotros lo llamamos así- que consiste en que como consecuencia de haber sufrido un lanzamiento, se pudiese renegociar con la entidad financiera la posibilidad de quedarse en la vivienda pagando un alquiler recalculado de acuerdo con sus circunstancias económicas para que a la larga, si así lo decidían y podían, recuperasen la propiedad de la finca que en su día perdieron como consecuencia de la ejecución hipotecaria. Pedíamos también la dación en pago para personas que estuviesen encuadradas en este abanico de supuestos, por causa de insolvencia sobrevenida -insolvencia de buena fe, lógicamente- y cuyos ingresos representasen más del 40% de la cuota hipotecaria a pagar. Además queríamos ampliar el código de buenas prácticas, en el sentido de que fuese obligatorio, en el caso de los deudores vulnerables recogidos en el Real Decreto 27, incrementar el valor de las viviendas que podían ser objeto de este código de buenas prácticas. Todo esto, ¿para que? Para evitar procedimientos judiciales que acaban inexorablemente con el lanzamiento de las familias de sus casas. Sobre todo, evitar que en el futuro se repita y, por lo tanto, conseguir que se tramite a corto plazo una ley concursal para las familias.
Queremos también poner nuestra atención en los pisos sociales, en los pisos del Sareb. Esos pisos tienen vida, no son solo un apunte bancario. Tenemos que ser conscientes de que la titularidad de estos pisos devengan obligaciones, ya sea con las comunidades de propietarios, ya sea con los impuestos municipales. Convergència i Unió aporta una enmienda que presentaba una solución para el caso de impagos de las comunidades de propietarios que tampoco ha sido atendida. Queríamos también que este fondo social fuese gestionado por comunidades autónomas y por ayuntamientos en aplicación del principio de subsidiariedad. Estas son las administraciones que tienen más proximidad con las necesidades de las personas de su entorno y las que conocen mejor las responsabilidades de la propiedad. Con estas enmiendas queríamos poner, como hemos hecho, la atención en las cláusulas abusivas. Señorías, llevamos veinte años de retraso en el tratamiento correcto en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en materia de cláusulas abusivas. Veinte años de retraso son muchos y son muchas las personas que han visto seguir un procedimiento judicial en su contra aplicando estas cláusulas abusivas. Por tanto, en el texto que hoy se nos trae a debate no se adapta correctamente esta sentencia europea. ¿Por qué? Porque no se da una solución adecuada a los procesos en curso. Se obliga a las personas a contratar abogado y procurador para poder oponerse a las cláusulas abusivas en el procedimiento ejecutivo. Además, no da solución tampoco a las ejecuciones ya realizadas y, por tanto, como decía, seguidas en aplicación de cláusulas abusivas. La actual ley tampoco permite que el procedimiento declarativo ordinario permita suspender la ejecución en curso mientras se está conociendo de la eventualidad o no de la existencia de unas cláusulas abusivas.
Por todos estos motivos, entendemos que esta ley que se va a aprobar hoy es completamente insuficiente. Además, tampoco da atención a las consecuencias de la dación en pago para que eventualmente se pudiese acordar la aplicación del código de buenas prácticas de forma harto restrictiva. Incluso así devenga obligaciones como el pago del impuesto de IRPF o la plusvalía municipal. Quizá no se regulan estas consecuencias de la dación porque el subconsciente nos dice que difícilmente se va a acordar ninguna. Tampoco esta ley aborda a corto plazo la tramitación de una ley de sobreendeudamiento familiar. En este punto quiero recordar que la exposición de motivos del Real Decreto 27 decía que, sin perjuicio de las medidas que se adoptasen en aquel cuerpo del real decreto, estaba pendiente la tramitación de una ley de sobreendeudamiento para las familias. Vimos con desánimo que en el siguiente texto que se nos trajo a conocimiento de los grupos había caído esta voluntad de la exposición de motivos, luego no es voluntad del Gobierno o del Partido Popular traer a esta Cámara una ley de sobreendeudamiento para las familias, como tienen muchos de los países de nuestro entorno.
Para concluir, señor presidente, no podemos dar nuestro voto favorable -es más, votaremos en contra- a este texto presentado por el Partido Popular, puesto que entendemos que se va a aprobar dando la espalda a la realidad social actual. Es insuficiente para dar respuesta tanto a los problemas de los deudores hipotecarios que no pueden pagar sus cuotas hipotecarias como a los que las están pagando pero con extrema dificultad.
El señor COSCUBIELA CONESA: Una vez más -ya son muchas en estos dieciséis meses- el Partido Popular vuelve a dar la espalda a la realidad, al drama humano y social de los desahucios. Esta tramitación legislativa que, por cierto, ha sido forzada por las movilizaciones sociales y los tribunales de este país y también europeos, debía dar respuesta a cinco grandes retos, y el informe de la ponencia, votada únicamente por el Partido Popular, los ignora absolutamente. Creo que es oportuno dejar claro que el Partido Popular ha ninguneado las propuestas de la iniciativa legislativa popular impulsada por una plataforma de entidades sociales, sindicatos y la propia PAH y avalada por casi 1,5 millones de firmas. Esta es la concepción que algunos tienen de la democracia en nuestro país. El Partido Popular está haciendo una aplicación absolutamente cicatera de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, tanto que me atrevo a afirmar que muy pronto esta ley va a ser desbordada de nuevo por las sentencias de los tribunales si no es de nuevo impugnada por la nueva sentencia que está a punto de caer a instancias del Jugado de Catarroja. El PP continúa negándose a incorporar al ordenamiento jurídico español una ley de segunda oportunidad manteniendo a España como uno de los pocos países de la Unión Europea que no dispone de esta segunda oportunidad para las familias; manteniendo una discriminación incomprensible entre familias y sociedades mercantiles, a las cuales la Ley Concursal sí que tiene reconocido el derecho a reestructurar sus deudas. El Partido Popular le ha intentado hacer un lavado de cara al código de buenas prácticas, que durante estos meses ha demostrado todo menos ser útil a las necesidades de las familias hipotecadas; un lavado de cara que no puede esconder lo evidente: deja fuera a una inmensa mayoría de familias, es voluntario para los bancos, y además la voluntad última siempre depende de las entidades financieras y no hay mecanismo distinto a este para buscar un acuerdo; las condiciones son puramente inaceptables en este aspecto. De nuevo el Partido Popular desoye a la ciudadanía en relación con el alquiler social, mantiene una propuesta que es una verdadera tomadura de pelo, deja a la inmensa mayoría del parque de viviendas vacías, que están en poder de los bancos, algunos nacionalizados, y del banco malo, fuera de ese posible parque de alquiler social. Se trata de una resistencia profundamente antisocial, y sobre todo en términos económicos absurda, porque poner en alquiler estas viviendas, además de resolver un grave problema social, serviría para darle una función social a viviendas hoy vacías, en un porcentaje brutal, que supera sin duda varios millones de viviendas, y además le daría una salida airosa a la acumulación de activos ociosos hoy en poder de los bancos. Por eso, nosotros nos hemos concentrado en esos cinco grandes puntos y hemos presentado enmiendas como el resto de grupos.
El Partido Popular debería preocuparse y debería preguntarse por qué rechaza no solo la iniciativa legislativa popular, sino por qué hace oídos sordos a las propuestas -algunas tremendamente encajables en sus propias condiciones- que hemos presentado los diferentes grupos. Lo de las cincuenta enmiendas aceptadas al resto de los grupos es otra de las neolenguas utilizadas por ustedes; todo menos la verdad. Estas semanas y meses el Partido Popular está consiguiendo la unanimidad en la sociedad y en el Congreso: tiene a todos los grupos en contra, ha conseguido que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluso los votantes del Partido Popular, apoyen las reivindicaciones sociales de la vivienda y de la plataforma de afectados, y sobre todo que expresen la cerrazón del Partido Popular.
Llegados a este punto creo que es importante que alguien les pregunte por su comportamiento. Estamos ante un caso de profunda insensibilidad social: no solo rechazan un millón y medio de votos, que están detrás de la iniciativa legislativa popular, sino que lo más grave son los argumentos utilizados por ustedes para descalificarlos, entre ellos los de la señora Cospedal. El Partido Popular ha exagerado hasta límites inconcebibles la descualificación de los movimientos sociales, está hablando con frivolidad sobre lo que significa quedarse sin vivienda o pasar hambre. Espero que el señor Martínez-Pujalte aproveche su intervención para pedir disculpas o rectificar en relación con que el verdadero deseo de algunos de los que están hipotecados es la dación en pago para comprarse otra casa. Eso es insensibilidad social absoluta. No es descartable que esa sea la única razón, pero en el fondo creo que hay otra, creo que hay otra razón que lo explica más: como siempre los poderosos intereses económicos. Ustedes se están acostumbrando a hacer leyes y a gobernar al servicio de los poderosos; lo han hecho en estos momentos con el Decreto Sáenz, para darle absoluta libertad de actualización a alguien que fue condenado por meter en la cárcel a tres inocentes, lo han hecho en otras muchas circunstancias, y ahora lo van a hacer dentro de poco con las leyes civiles en relación con el aborto. Pero, es más, con esta actuación ustedes demuestran que detrás de su comportamiento lo que hay es la defensa de intereses corporativos que les
tienen atrapados, en el mejor sentido de la palabra. En España las sociedades mercantiles deudoras tienen una segunda oportunidad, las familias no; en España los bancos acceden de manera generalizada a la dación en pago, las familias no; en España, cuando se trata de escoger entre familias y mercados financieros, el Partido Popular siempre está durante esos meses apostando por defender los intereses de los mercados financieros.
Disculpe, señor Martínez-Pujalte, usted el otro día citó a su padre, y yo creo que es un honor, porque yo también suelo citar al mío. Mi padre me decía una cosa: no te fijes nunca en lo que habla la gente, sino en lo que hace; no en lo que dice, sino en cómo se comporta. Si mi padre estuviera hoy aquí, me diría clarísimamente que me fijara no en lo que ustedes dicen, no en los títulos del proyecto de ley, sino en cómo ustedes se comportan, y le pondría un nombre, que yo hoy me abstengo de decir, en honor a mi padre y en honor a muchas otras cosas, y a todos los que como él han luchado. Se lo hemos dicho muchas veces durante este periodo, nosotros nos hemos comportado de una manera distinta, pero nos quieren meter en el mismo saco: en el 2007 Joan Herrera presentó propuestas; en el 2011 las volvimos a presentar; durante esta legislatura nos hemos cansado de presentar propuestas que ustedes han rechazado, incluso recuerdo, en el mes de junio, una proposición no de ley que el portavoz del Grupo Popular dijo: nos parece muy bien, está muy bien articulada, muy bien técnicamente, pero la vamos a votar en contra. ¿Por qué? ¿Es solo insensibilidad social? Creo que no, creo que ustedes saben perfectamente que detrás de eso hay un mercado de cédulas hipotecarias, hay unos intereses, esa estabilidad del mercado hipotecario que ustedes dicen querer garantizar, aunque sea a costa de las familias.
Hemos demostrado en muchas ocasiones que tenemos alternativas; lo hicimos cuando gobernábamos en Cataluña con el tripartito, presentando una ley de habitatge, en la línea del decreto-ley de Andalucía, que por cierto al cabo de muy pocos meses Convergència i Unió y el Partido Popular se cargaron con la Ley Ómnibus. Lo hemos vuelto a hacer ahora con el decreto-ley de Andalucía. Dejen de manipular con esa norma, se trata estrictamente de cumplir la Constitución y el uso social de la propiedad, se trata de la expropiación temporal de la posesión de un bien, no de la propiedad, y que nunca afecta a particulares, sino a sociedades mercantiles que han especulado y que tienen ociosas sus viviendas mientras hay miles y miles de personas que están en la calle, sin poder hacer uso del derecho -también como el de la propiedad- a la vivienda. Ustedes han mantenido durante este proceso una airada oposición que solo puede tener una explicación, y es que para ustedes la propiedad privada de los poderosos es un derecho sacrosanto sin límite, que puede rebasar cualquier otro derecho, y que puede pasar por encima del derecho de la gente a vivir bajo un techo y la propiedad por encima, aunque sea a costa de que la gente y sus familias vivan en la calle en la más absoluta miseria. Deberían saber que las soluciones aportadas en estos momentos por el decreto de Andalucía no son nuestras, no son del siglo XIX, como me dijo hace unos días don Teodoro, son cosas que están en la legislación comparada europea, que practican Gobiernos de centroderecha y que lo mantienen, como por ejemplo en el caso de Dinamarca. Lo que pasa es que este país tiene la desgracia de tener la derecha más carpetovetónica de toda Europa, y la derecha más reaccionaria (Rumores.-Protestas), que no es capaz...
El señor COSCUBIELA CONESA: Sí, sí, carpetovetónica y reaccionaria son conceptos que están en el diccionario. Ustedes no son capaces de aceptar lo que la derecha europea acepta en términos de igualdad. (Un señor diputado: No seas demagogo).
Termino, señores del Partido Popular, de la misma manera que he terminado mis anteriores intervenciones. Si el PP le da otra vez la espalda a las familias desahuciadas y al drama social y humano de los desahucios, si el PP prefiere defender la estabilidad del mercado hipotecario y los intereses de los tenedores de cédulas hipotecarias antes que los de las familias desahuciadas, que sepa que está cerrando en falso el drama de estas familias y lo está haciendo con una ley que nace si no muerta, herida de muerte. Escuchen lo que les digo, no me extrañaría que muy pronto los tribunales de justicia de este país superen y de largo lo que ustedes han interpretado como una adaptación de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Se lo están diciendo. Los jueces y los tribunales de este país tienen infinitamente más sensibilidad que toda la que puedan aportar ustedes como grupo. Lo que va a suceder es lo que ha sucedido hasta ahora. Se negaron en el mes de febrero, se negaron en el mes de julio, se negaron en el mes de septiembre, y la movilización social les ha obligado a volver a abrir el tema. Les adelanto que es
bastante probable que sea la movilización social de las organizaciones sociales y también los tribunales los que vuelvan a poner sobre la mesa de este Parlamento de nuevo este conflicto, y de verdad la búsqueda de las soluciones.
Hoy -y lo digo solemnemente- nuestro grupo se siente más identificado con quienes en la calle están manifestándose contra lo que consideramos una espectacular estafa democrática. Se han ventilado ustedes la iniciativa legislativa popular con subterfugios, sin haber dado la cara en un debate, hubiéramos podido ver y escuchar sus argumentos en relación con la iniciativa legislativa popular. Se lo han pulido fácilmente. (El señor García Egea: ¿Esto qué es? ¿Esto no es un debate?) No, ustedes saben que esto no es así, por eso no quieren el debate en el Pleno, por eso no quieren un debate transparente. Hoy nos sentimos más identificados con quienes en la calle están manifestando su opinión contraria a esta espectacular estafa que con quienes desde aquí utilizan la mayoría absoluta de manera totalmente absolutista. Hoy en este país algunos apostamos por las familias desahuciadas y otros apuestan por el mercado financiero. Creo que los ciudadanos lo van a entender bastante bien.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Nuestro grupo va votar que no al texto presentado por el Gobierno porque no nos han dado otro remedio, no ha habido otra alternativa, porque básicamente -como ya se ha dicho y explicaré ahora-, por desgracia y dejando pasar una oportunidad de oro, este texto no entra en las cuestiones de fondo, y por lo tanto no resuelve el problema de fondo que es el problema de los desahucios como consecuencia de las deudas impagables, consecuencia a su vez de la crisis económica, es decir, de deudas sobrevenidas en muchísimos casos. Es doble o triplemente lamentable, porque además ha habido otras ocasiones anteriores en que tampoco se ha aprovechado para resolver esta cuestión, que sin duda alguna es una de las que más preocupan a día de hoy a la sociedad española por razones que son evidentes y que creo que no hace falta enumerar, básicamente por la enorme injusticia de personas que se han visto atrapadas en una crisis que ellas mismas no han creado, de la que no son personalmente responsables, pero que les ha llevado a perder el empleo o a reducir sus ingresos de tal manera que no pueden hacer frente una hipoteca que en su momento sí pudieron suscribir.
La posibilidad que existe dentro del propio sistema en el que estamos de resolverla, que es muy alta, como enseguida voy a explicar, está siendo negada por la decisión que nos parece de una obcecación irracional por parte del Grupo Popular y por parte del Gobierno en llegar a un acuerdo, que no es otra cosa que el utilizar los mecanismos jurídicos que tiene nuestra propia legislación y la legislación europea para solucionar un problema que, por otra parte, como dicen los propios bancos, el propio sistema financiero, no es tan grave desde el punto de vista económico, puesto que la morosidad sigue siendo relativamente baja y el número de desahucios, siendo altísimo, insoportable, no es tampoco masivo, pero que sin embargo es un drama social y personal de enormes proporciones. Por eso mismo es de una insensatez que raya en lo delirante que en un momento de máximo desprestigio de las instituciones, y cuando los mensajes que había que enviar a la sociedad es que las instituciones democráticas son las que pueden y deben resolver los problemas consecuencia de una crisis como en la que vivimos, se envíe el mensaje contrario de que a las instituciones no les interesan sus problemas o que si les interesa, no es tanto como para realmente entrar en el fondo de la cuestión.
En este sentido tengo que decir que nuestro propio grupo ya presentó en diciembre del año 2011 nada menos un proyecto de ley sobre dación en pago en solución de las deudas impagables sobrevenidas, que ya entonces fue rechazado por el Grupo Popular. Pero lamentablemente en el tiempo transcurrido desde entonces observamos con asombro que se han negado a aprender de la experiencia y a aprender de lo que está ocurriendo. Se han negado y han decidido permanecer al margen de algo que en sí mismo es bastante desusado y valioso, que es que todos los demás grupos de la oposición -y somos grupos muy distintos en muchas cosas y que estamos en bastante descuerdo en cuestiones importantes- sin embargo hemos coincidido de una manera realmente significativa en las soluciones que proponemos al problema de los desahucios. No deja de ser bastante impresionante que nacionalistas, que La Izquierda Plural, que nosotros, el Partido Socialista, hayamos acabado concluyendo y convergiendo en que hay determinadas reformas legales no demasiado complicadas que podrían resultar y resolver el problema, y que el único grupo que se ha negado a aceptar esto sea el Grupo Popular.
La mayoría absoluta es muy importante y es muy legítima, pero no da la razón ni la quita, pero desde luego sí la quita cuando uno se empeña y se empecina en la irracionalidad. Es irracional no querer
entender que no solamente ha habido cambios sociales que exigen una respuesta política, es que además ha habido cambios jurídicos -sobre todo a propósito de la sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que van a traducirse, quieran ustedes o no, en actuaciones de los jueces que ya se han citado aquí, y que yo comparto porque coincido en el diagnóstico, que van a desbordar el propio texto legal que hoy se va a aprobar aquí por su rodillo parlamentario. Es decir, es no querer entender que lo que se está creando es una situación todavía peor porque va a crear más inseguridad jurídica, más desigualdad en el derecho a la tutela judicial efectiva, y más tratamiento diferencial y distinto de los infinitos casos que hay en el problema de los desahucios. Hacer deliberadamente una ley que no solamente no resuelve el problema de fondo, sino que además está abriendo las puertas a todo un desastre, un desorden, una litigiosidad prácticamente ilimitada es algo francamente incomprensible, y como es incomprensible nosotros no le vamos a acompañar en este viaje.
Hablando de las enmiendas que nuestro grupo ha presentado, que como digo han ido coincidiendo con las de los demás grupos, ha existido esta convergencia tan interesante, tan creativa, tan valiosa, y desgraciadamente convertida en inútil por su obcecación, nosotros nos hemos propuesto sobre todo que se resolviera mediante una ley de segunda oportunidad, que no es otra cosa que un mecanismo jurídico para lograr lo que ya hacen las sociedades anónimas con responsabilidad limitada, es decir, que mediante una reforma de la Ley Concursal, los particulares que se ven involucrados en desahucios puedan parar el lanzamiento hipotecario o resolverlo con la dación en pago de su bien, o bien negociando la hipoteca, renegociando el crédito pendiente con la entidad bancaria. Pero para que los bancos renegocien con los deudores hay que estimularles a que lo hagan, y ustedes sistemáticamente aplican el principio contrario, in dubio, pro banco. Es lo que ustedes han hecho. Es decir, en caso de duda que sea el banco el que tenga la razón. Están consagrando la desigualdad, la asimetría absoluta entre los deudores particulares y los grupos financieros. Y nosotros, que sí creemos que es bueno que haya bancos, que ganen mucho dinero y que paguen muchos impuestos, no podemos aceptar ese principio. No puede ser que ante la más mínima sospecha de posible perjuicio que se le pueda causar a un sistema financiero, que no olvidemos que ha tenido que ser rescatado con dinero público en un porcentaje altísimo, se decida que el mismo deudor cuyos impuestos han servido para rescatar esas cajas de ahorros nacionalizadas esté a su vez obligado a dejar su vivienda en condiciones precarias, y además seguir con una deuda impagable que le perseguirá hasta la tumba, solamente porque eso es lo que conviene a las reglas hipotecarias que se decidieron a finales de siglo y fueron reformadas nada menos que en 1946, con una situación social y unos hábitos financieros radicalmente distintos a los actuales.
También les ofrecimos una vía alternativa, la de variar la Ley de Enjuiciamiento Civil aprovechando y explotando las posibilidades, que son muchas, que tiene la sentencia de Luxemburgo. Tampoco han querido ustedes. Es decir ustedes han rechazado que haya una ley de segunda oportunidad y se lo dijimos con toda claridad: si no hay ley de segunda oportunidad, nosotros no podemos apoyar el proyecto de ley que haga el Gobierno por mucho que hayan ustedes avanzado o incorporado pequeños detalles en las subastas extrajudiciales, en los intereses de demora, en la tasación de la propiedad, etcétera. Todo eso es completamente insuficiente ¡porque eso no es el problema! El problema es la deuda impagable que persigue hasta la tumba al deudor y ustedes se niegan a entenderlo y a aceptarlo. Esto es lo irracional.
Yo no me creo las teorías conspiranoicas de que detrás de ustedes está la banca. ¡No hace falta que esté detrás, es que está delante! ¡Es que ustedes van detrás de ellos! Y entonces llegamos a una situación completamente absurda en la que cuando había una solución fácil, que estamos todos de acuerdo en que se podría articular, ustedes no. Y ustedes mismos me dijeron en algún momento de las conversaciones -que tampoco han servido para nada, para variar- que podría haber una alternativa también a la Ley Concursal o a la Ley de Enjuiciamiento Civil: que sería una ley de sobreendeudamiento. ¡Tampoco lo han hecho! ¡Tampoco lo han presentado! Ni han aceptado ni han potenciado otras figuras que aparecieron aquí en las comparecencias y en el debate en Comisión como la de anticrisis o el alquiler social que proponen otros. En fin fórmulas que al final lo único que pretenden es solucionar problemas, que al final, por cierto, también son dobles porque tampoco creo que a la banca en general le interese convertirse en inmobiliaria. Y sin embargo todo eso se está haciendo. Es la repetición, es como una pesadilla, como El día de la marmota de esas decisiones equivocadas una tras otra que nos han llevado al desastre de las cajas de ahorros, a la estafa de las preferentes. ¡Pues otra vez, de nuevo, la misma receta!
No aceptan la realidad. No quieren ver el problema. Un poquito de maquillaje y a ver si escampa, pasa el follón y la gente se olvida de lo que ha ocurrido. ¡No se les va a olvidar! La crisis no se va a terminar pasado mañana, ustedes lo saben; incluso los plazos que prevén para el código de buenas prácticas,
etcétera, es demasiado limitado. Dentro de dos años seguirá habiendo muchísimos deudores que seguirán en paro porque no se va a crear empleo pasado mañana, ni siquiera aunque empiece a crecer algo el PIB, y ustedes lo saben perfectamente. Y sin embargo insisten en ignorarlo. En fin, la verdad es que esto, en nuestra opinión, es una jornada de luto, lo digo de verdad, para el régimen parlamentario. Es lamentable que el Congreso de los Diputados haya acabado terminando en una delegación del Gobierno donde hay un grupo que ha renunciado a tener iniciativa y se limita a hacer de correa de transmisión de los intereses del Gobierno, y me refiero al Grupo Parlamentario Popular. Es lamentable que ustedes ya no solamente incumplan su programa, sino que ni siquiera quieran recordar además sus propios compromisos en el sentido de conseguir que la segunda oportunidad sea algo al acceso de cualquier deudor, no solo de las corporaciones y de las empresas. Y es completamente lamentable el que hoy ustedes efectivamente vayan a conseguir una victoria porque tienen mayoría absoluta, pero hoy se ha hablado mucho de citas en el Pleno y les voy a dar otra que les viene muy bien para este momento. Es una de Pirro, rey de Epiro: Otra victoria como ésta y estamos perdidos. Y van ustedes a ganar; pero les aseguro que esto lo vamos a lamentar todos y más que nadie ustedes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, nuestro grupo parlamentario considera que a lo largo de este proceso de tramitación parlamentaria habría sido deseable llegar a un acuerdo lo más amplio posible entre los grupos parlamentarios en un tema tan importante, tan candente en los aspectos social y político, y que afecta a tantísimas personas y familias que están esperando una respuesta política que esté a la altura de las circunstancias.
Señores del Partido Popular, aún estamos a tiempo. No sé si soy excesivamente ingenuo, pero yo tengo que decir que aún estamos a tiempo. Si quieren nuestro voto afirmativo y quizá también el de otros grupos parlamentarios saben perfectamente cuáles son nuestras condiciones. Se las hemos dado firmadas y por escrito. Hemos renunciado incluso, en aras del consenso, a la mitad de las enmiendas que hemos presentado. Pero insisto en que si quieren nuestro voto no tienen más que votar favorablemente a nuestras enmiendas números 33, 35, 36, 37, 43, 45 y 46. Creo sinceramente que aprobarlas mejoraría sensiblemente la propuesta y solventaría el problema de miles de familias que con el texto aprobado en ponencia, y con el que me temo que se aprobará hoy con los solos votos del Grupo Parlamentario Popular, se encontrarán seriamente desprotegidas. Seamos valientes. Los ciudadanos nos exigen una respuesta adecuada al problema: miles de familias están sufriendo la pérdida de sus viviendas y de sus hogares donde desarrollar un proyecto de vida -eso además de haber perdido previamente el empleo- y además de perder su vivienda en muchos casos tienen que seguir pagando una deuda pendiente a la que no pueden hacer frente o si lo hacen es en base a esfuerzos sobrehumanos. Sabíamos que el problema existía, que venía de lejos, pero la profundización de la crisis con 6 millones de parados -más del 25% de la población activa, tasa que supera el 50% en el caso de los jóvenes- ha aumentado su intensidad, y sin adoptar las medidas contundentes aún irá empeorando.
También es destacable el papel de los movimientos sociales y plataformas que nos han ido mostrando la realidad de los desahuciados día tras día. Por ello, insisto en que no podemos dar la espalda a esta realidad. Una realidad en la que también están interviniendo las propias entidades financieras, muchos ayuntamientos, comunidades autónomas, jueces y hasta el Tribunal de Luxemburgo, que ha calificado de abusivas e impropias las cláusulas contempladas en las hipotecas. Un dinero barato y abundante, una enorme burbuja inmobiliaria especulativa nos ha conducido a la crisis económica, a la necesidad de rescatar el sistema financiero, y a la pérdida de vivienda de muchas familias con recursos limitados. Una respuesta timorata e insuficiente puede ser superada por la realidad en breve, tal y como se ha señalado por otros intervinientes, por Europa, por la justicia y por la conflictividad política y social que se deriva, lógicamente, de un problema de esta naturaleza.
De las catorce enmiendas presentadas por el Grupo Vasco le hemos trasladado siete al Grupo Popular que nos parecen realmente fundamentales. Con las números 33, 35, 36 y 37 pretendemos ampliar o relajar las condiciones que han de cumplir aquellos ciudadanos y familias con el fin de que se suspendan los desahucios. Cuando convalidamos el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 noviembre, les señalábamos que nos parecía insuficiente, que las condiciones eran excesivamente estrictas, y que considerábamos necesario eliminar, modular ciertas restricciones para que el real decreto alcanzará a un mayor número de personas.
La enmienda 33 propone ampliar de dos a tres años el período de suspensión de los desahucios dada la situación económica. Efectivamente es muy posible que no veamos mejorar un poco la situación hasta dentro de tres años. Démonos y demos a los afectados un mayor periodo para que tengan más posibilidades de buscar empleo y de recomponer sus vidas.
La enmienda 34 plantea que en la función protectora de la proposición no se limite la edad del menor a tres años. Consideramos igualmente que la condición de desempleados es suficientemente grave como para añadirle que se le haya terminado la prestación por desempleo, esa es nuestra enmienda 36. De igual manera nos parece más adecuado que el conjunto de los ingresos pueden alcanzar hasta cuatro veces el Iprem, en lugar de las tres que recoge la proposición.
Estas condiciones consideradas en las citadas enmiendas son las que planteamos también en la enmienda número 46 relativa a la dación en pago con carácter retroactivo. A algunos les podrá parecer insuficiente pero consideramos que esta enmienda 46 puede ser un punto de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Creemos que con su aprobación se daría un salto cualitativo y cuantitativo muy considerable. Su aprobación sería muy importante para muchos ciudadanos que están esperando una respuesta valiente.
Asimismo pedimos al Grupo Popular y al resto de grupos que la voten favorablemente en aras de un consenso que, como decía, aguardan muchos ciudadanos afectados directamente por el problema de los desahucios. Creemos, tal y como propone nuestra enmienda, que es muy importante resolver el problema de aquellas personas y familias que se encuentran en los supuestos de especial vulnerabilidad y en circunstancias económicas difíciles. Esta es nuestra enmienda más importante y está pensada tanto para los afectados como para buscar un acuerdo amplio y satisfactorio entre los grupos parlamentarios.
La enmienda 45, relativa a la dación en pago de cara al futuro, recoge literalmente el texto de la iniciativa legislativa popular aprobada esta Cámara, y que tras incorporar las enmiendas del Grupo Popular ha desaparecido el texto de la ponencia. Por otro lado, consideramos imprescindible que el código de buenas prácticas aprobado por Real Decreto 6/2012, de 1 de marzo, sea de obligado cumplimiento por parte de las entidades de crédito. Esta es la enmienda número 43. Como señalaba anteriormente, todos -también las entidades financieras- deben ayudar a solucionar este problema generado en muchas ocasiones y precisamente por malas prácticas bancarias. Estas son las enmiendas centrales de nuestro grupo, aunque no quisiera olvidarme del resto de las presentadas.
La 34 establece que las medidas previstas en esta ley se apliquen igualmente a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual, y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. La 40 limita los intereses moratorios a 3 puntos porcentuales sobre los intereses remuneratorios ya pactados. La 41 por su parte establece que el 80% -en lugar del 70% que propone el Grupo Popular- sea el porcentaje mínimo de adjudicación del bien dado en garantía, cuando el adjudicatario sea el ejecutante o persona que actúe por su cuenta. El resto de las enmiendas las puedo dar también por defendidas porque me temo que el resultado de todas ellas va a ser parecido. De todas formas desde el Grupo Vasco creemos que hemos realizado un esfuerzo real y considerable para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio que muchas personas y muchas familias están esperando. Insisto en que hoy tenemos la oportunidad -yo diría que la obligación política- de dar una respuesta valiente entre todos, sin ponernos ninguno la medalla, y poniéndoles si acaso las medallas a los ciudadanos. Les animo a ello. Si el acuerdo no es posible, si el Grupo Popular no acepta las propuestas que hemos planteado y a las que me he referido, sintiéndolo mucho votaremos en contra del dictamen de la proposición, y digo sintiéndolo mucho porque habremos perdido la oportunidad de resolver un problema realmente importante, y votaremos con absoluta libertad las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios. Si el acuerdo es posible lógicamente lo celebraremos y votaremos a favor del dictamen, como esperamos y nos gustaría que lo hicieran el resto de los grupos de la Cámara, aunque me temo que no.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto se dividirán el turno el señor Larreina y la señora Fernández Davila; cinco minutos cada uno. Tiene la palabra en primer lugar el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Desde Amaiur, antes de entrar en la defensa de las enmiendas concretas que hemos presentado a esta ley, creemos que es importante referirnos al contexto en que se produce este debate: una profunda crisis económica, perpetuada con una recesión alimentada a su vez por una serie de decisiones políticas de carácter económico y social -yo más bien diría de carácter antieconómico y antisocial- que han sido impulsadas por este Gobierno, que es un Gobierno que ha salido con prontitud en auxilio y rescate de la banca, de los especuladores, de los evasores fiscales, y
frente a esta diligencia y dedicación del Gobierno contrasta la lentitud en la práctica y el desinterés en dar respuesta a las urgencias y necesidades de la gente de la calle, de las personas que están sufriendo los rigores de una crisis que no han generado. Pero lo que nos parece más grave, más injusto si cabe es que en las últimas semanas se haya querido incluso criminalizar a todas esas personas de buena fe que están sufriendo la crisis, y que se ven acuciadas por la angustia de perder su propia vivienda, aplicándoles el principio de presunción de culpabilidad. Decir por ejemplo que los afectados por los desahucios lo que quieren es especular y comprar otra vivienda es inadmisible y tremendamente injusto.
No voy a entrar en ese juzgar las intenciones, y como leía esta mañana a un profesor universitario hablando sobre la toma de decisiones, pienso que en esas declaraciones de representantes del Partido Popular hay más insensatez que mala intención. El problema que ustedes tienen es que su preocupación está centrada en los intereses y preocupaciones de las entidades financieras en vez de centrarse en las angustias de las personas, de las familias que sufren los desahucios. Están más preocupados en evitar los desahucios de la banca, de los especuladores, de quienes han ocasionado la crisis que en escuchar la voz de la gente de a pie evitando más sufrimiento a los que ya han sufrido demasiado. Ustedes están muy atentos a los mensajes de la banca, de la gran empresa, de la CEOE, y toman sus decisiones como si estuviésemos en una mera realidad económica en donde las personas son simples circunstancias.
Desde Amaiur pensamos que las personas deben estar en el centro de la actuación política, en el centro de la realidad económica y que tienen que estar por encima de esas cifras macroeconómicas y de esos intereses muchas veces espurios. Porque estamos hablando de personas concretas. Supongo que ustedes también habrán recibido correos electrónicos, nosotros hemos recibido más de mil en los que se nos exponían circunstancias muy angustiosas, la mayoría de esas personas, además, son de España, no son de nuestro país, y sin embargo pensamos que hay que darles respuesta a todos. Voy a citar frases concretas de estas personas para que se vea que no se trata de un interés especulativo, que no es una situación de oportunismo, de especulación, sino que son realidades concretas. Decían: No somos más que un grupo de familias desesperadas por poder seguir luchando para mantener nuestros hogares y poder dar un techo digno a nuestros hijos. Otro decía: No puedo permitírmelo puesto que cobro una ayuda de 375 euros mensuales y tengo una cuota de hipoteca de 447 euros, gracias a unas cláusulas suelo, ya que en estos momentos debería pagar solo 360 euros. Otro decía: Nos ponen tan en desventaja frente a los bancos y en esta época de incertidumbre donde muchos hemos perdido el empleo, esta cláusula suelo en nuestro caso del 5% nos pone al borde del abismo. Hay muchos más, comento otro: Soy ingeniero con 40 años de edad, padre de familia, con mi esposa en paro y con incapacidad permanente, diecisiete años trabajando ininterrumpidos y cotizados a la Seguridad Social, estoy afectado por un ERE donde casi 1.000 trabajadores hemos ido a la calle sin recibir nuestra indemnización y nuestras últimas nóminas. Algún día cobraremos del Fogasa algunas migajas de eso. Tengo cero euros en mi cuenta corriente y varias facturas sin pagar. Esta es la situación de otra persona que ve que pierde su familia. Otro: Tengo dos hijos pequeños, estoy mal, muy mal; estoy desesperado por lo que están haciendo conmigo y con mi familia, prefiero morir y que se queden bien a seguir con este calvario de la hipoteca; solo por la famosa cláusula suelo pago 180 euros de más y tengo dos hijos, no puedo más. Ustedes son los que nos pueden ayudar. Esperanza, ninguna, sí una: que, si me muero, se le quedará pagada y habré hecho algo por ellos. Actualmente estoy de baja por depresión y cobro 750 euros, con un hijo con una enfermedad también. Dice él: Ya no puedo más.
Todas estas circunstancias son reales, de personas reales y vuelvo a lo de antes: hay que dar respuesta a estas personas, no a los intereses de la banca y los especuladores que han creado la crisis. Estas personas no son responsables de la crisis y hay que dar también voz -y con esto acabo, señor presidente- a la gente de la calle; la iniciativa legislativa popular responde a un clamor que hay en la calle, a mucha más gente que el millón y medio de personas, y eso no se puede dejar al margen, no hay que darle la espalda. Esta ley al final evita el desahucio de la banca y desprecia y pisotea la voz de la gente de la calle, de la ciudadanía. Por eso nosotros vamos a votar en contra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Empezaré defendiendo las enmiendas presentadas por nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, a las dos iniciativas: una proposición de iniciativa legislativa popular y el proyecto de ley, procedente del real decreto del Gobierno, porque aunque lleguemos a esta Comisión con un solo texto de ponencia estaban estas dos iniciativas sobre la mesa, y a las dos el Bloque Nacionalista Galego ha presentado enmiendas.
En el caso de la iniciativa legislativa popular, compartimos la propuesta que nos hace ese más de millón y medio de personas que la firman, y manteniendo por lo tanto como preferente la alternativa de la dación de pago, nuestro grupo presentó otras alternativas al desahucio como la renegociación de la deuda o la conversión de la hipoteca en alquiler. Con estas enmiendas pretendíamos que se regulasen causas legales de oposición, además de la dación en pago, que pudieran ser valoradas por los juzgados y tribunales en función de la situación económica y social del deudor, habilitando la intervención de los jueces para arbitrar medidas justas alternativas que eviten el desahucio. Incorporábamos también, aprovechando esta iniciativa legislativa popular, con una enmienda, la doctrina de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 14 de marzo que concluye que la normativa española vulnera la directiva sobre protección de consumidores y usuarios. Y, señorías, en la enmienda número 30 que presentábamos al real decreto proponíamos -proponemos- que desde el ámbito judicial y procedimental se deberían arbitrar medidas destinadas a personas que han asumido en su ámbito doméstico un alto nivel de deudas para que puedan acudir a un procedimiento específico que les permita abordar la situación, porque, si bien en teoría la normativa concursal lo permite, en la práctica está diseñada para afrontar la liquidación del patrimonio personal.
Ante las propuestas de solución temporal y paliativa del Real Decreto 27/2012 a un problema estructural, como es el sobreendeudamiento, por un lado, y la posición privilegiada de las entidades financieras respecto a las personas firmantes de hipotecas, por otro, hemos presentado otras enmiendas, como la número 31, una disposición adicional nueva en la que proponemos diferentes modificaciones de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, a fin de afrontar una reforma a fondo de la legislación procesal que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de una ejecución hipotecaria cuando el deudor ha actuado de buena fe y el bien hipotecado constituye la vivienda habitual.
Señorías, con nuestras enmiendas al texto de la ponencia que unifica la ILP y el real decreto-ley quisimos hacer un esfuerzo por ser especialmente fieles y respetuosos con la iniciativa legislativa popular, pero debemos lamentar el falso gesto del grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo Popular. Ustedes admitieron a trámite la ILP, pero para ignorarla, para eliminarla y desecharla. Fue una pose inicial para salir del paso ante la enorme presión social y política, pero escondían su auténtica jugada, que es hacer siempre lo que consideran sin acuerdos y sin consensos.
Esta actitud del Grupo Popular es un auténtico ejercicio de cinismo, señorías, cinismo político, porque con su comportamiento no han hecho más que una exhibición de prepotencia y desprecio absoluto a la sociedad que se moviliza para conseguir ese millón y medio de firmas, a la sociedad que entiende necesaria la modificación de la ley y a los diferentes ámbitos de la justicia, jueces, abogados y fiscales, que claman por una ley que les permita impartir justicia. Hoy podemos definir este día como el día de la frustración, porque hoy se esperaba mucho de esta Cámara, porque hoy se esperaba mucho del Poder Legislativo, y la mayoría -porque no todos los que estamos aquí lo hicimos-, el Gobierno y el Grupo Popular, están dejando toda esta situación que quedó paralizada desde el mes de diciembre -los jueces estaban esperando la ley que les permitiera impartir esa justicia que están reclamando- a los mismos niveles del mes de noviembre y diciembre del año pasado. Señorías, no hemos avanzado. Dejan ustedes la reclamación popular ante la necesidad de resolver los problemas de las familias hipotecadas en una situación que ya no sabemos cómo definir.
Las negativas del Grupo Popular a todas las enmiendas que ha propuesto la oposición para conseguir una ley justa o medianamente justa que resuelva los problemas de los ciudadanos ustedes ni siquiera las han argumentado, ni siquiera han intentado negociar absolutamente nada. Tenemos que conocer respuestas de responsables del Partido Popular o de portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que no son más que exabruptos, a través de los medios de comunicación y que tenemos que censurar. Los días de ayer y de hoy son días para sentirnos avergonzados por declaraciones de responsables políticos que realmente son un insulto a las mayorías sociales. Por lo que dicen ustedes de alguna manera, sobre todo en el día de ayer, uno acaba pensando que se autoconvencieron de que esas personas que padecen la situación de hipoteca no les han votado y que por eso no se van a esforzar en hacer nada en su beneficio. (Rumores y protestas). Si, es así, señorías, es así. Es importante que la sociedad tome nota de lo que está pasando...
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Porque realmente lo que está pasando es que la mayoría que en este momento tiene la posibilidad de tomar las decisiones en las Cortes está gobernando contra esa mayoría social. Por tanto, es importante que la mayoría social tenga esto en cuenta, porque está claro... (Rumores).
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...por las arengas que internamente se están haciendo en el Partido Popular que entienden que esa gente no es su gente y que, por tanto, no la tienen que defender. (Protestas). Como dijo antes otro diputado, su gente es otra y sobre esa gente es sobre la que están legislando, y en este caso son las entidades financieras y la banca. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego no va a votar esta ley que apoya el Grupo Popular, el Gobierno, porque es todo lo contrario que impartir justicia y todo lo contrario de lo que necesita en estos momentos la sociedad.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular va a repartir el turno entre los señores Martínez-Pujalte y García Egea. Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, el turno lo va a utilizar mi compañero, pero quiero hacer una precisión al señor Coscubiela y no he querido pedir la palabra en el turno de alusiones.
Quiero decirle que nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social. Mi grupo cree que decenas de miles de personas se van a beneficiar hoy al aprobar esta ley. Otros pueden entender lo que quieran, pero decenas de miles de personas se van a beneficiar de paralización de ejecuciones, de reestructuración de su deuda, de alquileres sociales. Por tanto, estamos mirando a los ojos a las personas. Me parece muy bien, señor Coscubiela, la frase de su padre: lo que se dice y lo que se hace; me parece muy bien esa frase. Además, quiero decirle que a Mohamed Aziz le desahució una entidad financiera donde usted tenía compañeros. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor García Egea, tiene la palabra.
Por favor, señorías, no intercambien ahora opiniones.
El señor GARCÍA EGEA: Señorías, llevo muy poco en esta Cámara y esperaba encontrarme con muchas cosas aquí, pero nunca jamás esperaba encontrarme con que alguien utilizara el dolor ajeno para hacer política. (Aplausos). Si Mohamed Aziz fuese hoy desahuciado, no lo sería gracias a la aprobación de esta ley, porque cumple los requisitos, y no tendría una deuda de 120.000 euros, como entonces, tendría una deuda de 43.000. Además, podría haberse beneficiado de la dación en pago, de la reestructuración de la deuda y del alquiler social. María, de la cual ha hablado la portavoz socialista, si hubiera estado aprobada esta ley también podría haberse acogido a ella. Señor Larreina, los supuestos de los que usted ha hablado se paralizan con esta ley. Y yo le voy a dar otro ejemplo porque nosotros no estamos en el populismo; le puedo contar el caso de una empleada de supermercado a la que una entidad financiera, gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno, le ha permitido pagar su hipoteca a 100 euros al mes durante un periodo determinado para poder tener un margen para reestructurar su deuda.
Hoy yo no voy a dedicar ni un minuto de mi intervención a recordar las diez veces que el Partido Socialista negó la dación en pago en el pasado. (Rumores). No voy a dedicar ni un solo segundo a mencionar las medidas llevadas a cabo en el pasado para agilizar los desahucios. Tampoco me voy a dedicar a recordar que el 16 de octubre de 2010 hubo un portavoz socialista que calificó la dación en pago como una medida que lanzaría un mensaje a los mercados que se volvería contra el sistema acabando con todo. (Rumores). Y tampoco voy a gastar energías -pueden hacerlo ustedes consultando el "Diario de Sesiones"- en recordar cómo hace muy pocos meses, el 14 de junio de 2011, una portavoz socialista afirmaba que la dación en pago con proceso retroactivo era imposible y estábamos creando falsas expectativas cada vez que hablábamos de este tema. ¿Siguen pensando eso o ahora decimos dación en pago ya cuando antes decíamos dación en pago ya no? Hoy no venimos a hablar de esto, pero sí les quiero decir una cosa, señores de la oposición, ni España ni los ciudadanos nos merecemos pagar las peleas irresponsables entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. (Aplausos). No nos merecemos pagar esas peleas para ver quién es el más irresponsable y quién es el más radical, quién expropia más. Reúnanse a solas, decidan lo que son y vuelvan luego al debate real. No utilicen al ciudadano para solucionar sus problemas ideológicos y menos en un problema tan importante como este. Por cierto, señor Coscubiela, en Cataluña fueron los ciudadanos los que les dijeron que no siguieran en el Gobierno
tras el decreto. ¡Qué fácil es para algunos empujar a la gente y qué difícil les resulta ayudarles de verdad! La gente debe saber la verdad sobre lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Esta es la casa de la verdad, de la palabra, de las leyes y no es la casa del enredo, la demagogia, la manipulación y las realidades paralelas.
Algunos grupos han venido a esa Comisión con el firme propósito de hacer su particular circo. Hoy aprobamos una buena ley que da un paso de gigante para la protección de los deudores hipotecarios respecto de lo existente anteriormente y hemos hablado con todos ustedes. Hemos dicho que vamos a incluir en el futuro una ley de segunda oportunidad. Hemos hablado de retos. Hemos tenido en cuenta más de cincuenta enmiendas para hacer la ponencia. ¿Por qué siguen en esa senda? No vamos a mantener esa actitud de enfrentar todo. Señorías, el texto que hoy votamos es la suma de varias propuestas que tiene un objetivo claro: que aquella familia que pierda su empleo o pierda ingresos no pierda también su casa y quede con una deuda de por vida que no le permita levantar cabeza. Este es el principal objetivo por el que nos movemos todos. Independientemente de la redacción textual de la ley y de los matices políticos que se quieran introducir, todos los que vamos a votar hoy queremos que en el BOE se publique una ley que permita conseguir este objetivo: protección para los deudores hipotecarios, para el cien por cien de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca. Esta ley da una segunda oportunidad a las personas.
Para acabar con la desfiguración permanente de la realidad que han hecho hoy ustedes, vamos a repasar juntos el texto de la ponencia que hoy votamos para demostrarles que este texto suma la iniciativa legislativa popular, el proyecto de ley impulsado por el Grupo Popular, por el Gobierno, los dos reales decretos y decenas de enmiendas presentadas por todos ustedes. Es la primera vez, señorías, que se introduce la dación en pago para liberar de la deuda a la persona que no puede pagar la hipoteca. La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda y además incluye una posibilidad de alquiler social, una vez que esa persona ha entregado para cancelar la deuda su casa.
Respecto a la paralización de los desahucios, podemos también remitirnos al texto que hoy votamos para ver cómo en su primera parte se paralizan los desahucios de aquellos que no pueden pagar su hipoteca y han tenido una bajada de ingresos. Hay grupos que creen que los umbrales son insuficientes -hemos escuchado hoy el debate y lo respeto-, pero creo que esta ley es muy buena y, como ha dicho anteriormente el diputado Martínez- Pujalte, va a beneficiar a miles de familias que no se merecen el espectáculo que hemos visto hoy aquí. Según datos recientes, estas medidas pueden llegar a proteger a más de 120.000 familias y cuando hablamos de umbrales tenemos que decir a la gente la verdad, de los 17 millones de hogares existentes en España, 7 millones están por debajo de esos 19.000 euros.
Si hablamos de alquiler social, en tercer lugar, tenemos las 6.000 viviendas a disposición de todas aquellas familias que han sido desahuciadas a partir del 1 de enero de 2008 y no solo eso, sino que también se ha admitido una propuesta del diputado Carlos Salvador para permitir ampliar el umbral que da acceso a esas 6.000 viviendas. Recordemos entonces los ingredientes de este texto que hoy votamos: dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social. ¿Verdad que les suena? Están en línea con la iniciativa legislativa popular. No mientan, señorías. Desde el Grupo Popular creemos que la dación en pago no es la solución. Una persona que pierde su vivienda después de haber estado pagando puntualmente su hipoteca y haber cancelado una gran parte de su deuda la pierde cuando accede a la dación en pago. Por eso defendemos otras vías para dar solución a este problema. La gente tiene que poder seguir viviendo en su casa mientras se buscan fórmulas de aplazamiento de la deuda o incluso que el banco realice una quita sobre el total.
Al margen de estas medidas, que lógicamente muchos de la oposición han obviado, hay que destacar otras de suma importancia en las que nosotros desde el Grupo Popular nos centramos para trabajar por las personas, que es algo que se ha oído mucho en este debate, pero que se ha centrado muy poco. Esta ley, señorías, impone de forma clara la independencia entre tasadora y banco, no solo limitando la posesión a un 10%, sino también en la relación mercantil que existe entre ambas y además el ciudadano puede aportar una tasación independiente y el banco está obligado a aceptarla. El código de buenas prácticas, del que escuchamos en muchas ocasiones hablar a la oposición como si fuera un código de aplicación voluntaria, es ley a partir de hoy si esto se llega a aprobar. En ese sentido se puede comprobar también que la mayoría de entidades financieras han suscrito este código y están obligadas a cumplirlo. Se amplía a tres meses el plazo de impago por la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución. Se limitan los intereses de demora hasta un límite máximo que no lastre la recuperación del deudor. Se establece que
el valor de tasación para la subasta no pueda ser menor del 75% del valor de tasación en escritura. Se incrementa hasta el 70% el porcentaje de deuda que cancela la adjudicación. Y los intereses de la deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán a su vez intereses. Además, hablando de segunda oportunidad, se establece una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes, un descuento del 35% si uno paga en esos cinco primeros años y de un 20% si lo hace en los diez primeros.
El señor PRESIDENTE: Señor García Egea, vaya terminando, por favor.
El señor GARCÍA EGEA: Voy concluyendo, señor presidente.
Se establece la paralización de los desahucios si existen cláusulas abusivas. Dejemos ya de manipular con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No admito las críticas que han hecho hoy, señorías, a la labor del Gobierno en este sentido. La sentencia del tribunal europeo se produce con una hipoteca que se firma en época del Partido Socialista y todo el proceso se sigue con ese Gobierno. Con lo cual nosotros, desde el Grupo Popular hemos incluido en esta ley esa posibilidad de actuar de oficio o a solicitud del deudor si se detectan cláusulas abusivas. ¿Por qué mienten? Además de esto, hemos incluido algo que ustedes han obviado reiterada y voluntariamente. Debe existir un manuscrito por parte del deudor en el que manifieste que se le ha informado correctamente de todas las cláusulas y los términos del contrato. Esto que incluye el Partido Popular en esta ley que deben leer -se lo aconsejo- va a evitar muchas situaciones de falta de información en la firma de hipotecas.
Señorías, voy terminando. Por favor, no utilicen la demagogia para desfigurar este gran avance. Este debate ha sido una demostración de la capacidad de muchos diputados para vestir las ideas menores con las palabras mayores. Perfecta definición de demagogia que hizo un ilustre hace no mucho. En este debate existen dos posiciones. Los que creemos que el enfrentamiento no es la solución, que enfrentar lo público contra lo privado, el deudor contra el acreedor no es la solución y traerá más problemas y aquellos que creen que el enfrentamiento va a paralizar los desahucios. Me llena de esperanza que las generaciones futuras tendrán el "Diario de Sesiones" de hoy de una perfecta forma para comprobar cómo la oposición ningunea una iniciativa muy importante para la sociedad y que va a beneficiar a miles de familias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la votación. Es solo un poco complicada, pero no demasiado. Vamos a ver si lo hacemos rápido y bien.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, correspondientes al señor Salvador Armendáriz. Comenzamos con la enmienda número 1.
Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 1; abstenciones, 20.
Enmiendas 3 a 6.
Pasamos, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, a las enmiendas del señor Baldoví Roda. Enmiendas 7 a 12.
Del mismo Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, las enmiendas 13 a 20.
Enmiendas 239 a 246.
Enmiendas 247 y 248.
Del Grupo Parlamentario Mixto, pasamos ahora a las enmiendas correspondientes a la señora Jordà i Roura. Enmiendas 22 a 25.
Del Grupo Mixto, enmiendas correspondientes al señor Larreina Valderrama. En primer lugar, las enmiendas 26 a 29.
Votamos ahora la enmienda 30.
Enmiendas 31 y 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17, en contra, 24, abstenciones, 2.
Pasamos al Grupo Parlamentario del PNV. En primer lugar, la enmienda 38.
Votamos la enmienda 40 del PNV.
Enmienda 46 del mismo grupo.
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, las enmiendas 53 y 80.
Votamos ahora las enmiendas 55 y 82.
Votamos la enmienda 52 del mismo grupo.
Votamos las enmiendas 67 y 85.
Enmiendas 68 a 70.
Resto de enmiendas del UPyD.
Pasamos a La Izquierda Plural. En primer lugar votamos las enmiendas 92, 94, 95 y 96.
Votamos la enmienda 93 de La Izquierda Plural.
Pasamos al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Aquí hay dieciséis votaciones. En primer lugar, enmiendas 122, 123 y 124.
Votamos la enmienda 126.
Votamos la enmienda 127.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 23; abstenciones, 14.
Votamos ahora las enmiendas 128 a 130.
Votamos las enmiendas 131 y 132.
Enmienda 133.
Votamos las enmiendas 134 y 135.
Votamos la enmienda 136.
Votamos ahora las enmiendas 137 a 139.
Votamos la 141.
Votamos la 142.
Enmienda 145.
Enmienda 148.
Por último, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmiendas 149 a 152.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmiendas 156 a 165, 177, 183, 189, 195, 220, 221 y 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 3.
En segundo lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 176, 203, 211 y 222.
Pasamos a votar el informe conjunto de las ponencias con las correcciones técnicas sugeridas por la señora letrada de la Comisión.
Queda aprobada por la Comisión la ley con competencia legislativa plena y será remitida para su posterior tramitación en el Senado.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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e contrario
in dubio
 real decreto 
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