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Timestamp: 2020-04-10 10:08:11+00:00

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Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo. TÍTULO SÉPTIMO. De la protección de la legalidad urbanística (Vigente hasta el 29 de Julio de 2005).
1. Todas las acciones u omisiones que presuntamente comporten vulneración de las determinaciones contenidas en la presente Ley o en el planeamiento urbanístico, sujetas a sanción de conformidad con lo establecido por la presente Ley y el reglamento que la desarrolle, deben dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguientemente, o bien directamente, si no se requiere información previa, a la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística.
2. La potestad de protección de la legalidad urbanística es de ejercicio preceptivo. El ejercicio de esta potestad da lugar a la instrucción y resolución de uno o más procedimientos que tienen por objeto, conjunta o separadamente, la adopción de las siguientes medidas:
c) La determinación de los daños y perjuicios causados.
Artículo 191 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de ejecución o no se ajustan a las condiciones que se señalan en la misma, el alcalde o alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legalidad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la resolución de suspensión provisional dentro de los quince días posteriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días que se otorga a los afectados al notificarlos la primera resolución.
2. En el caso de ratificación de la resolución de suspensión, o si se acuerda la incoación de un expediente de restauración de la realidad física alterada, se requiere a la persona interesada para que, en el plazo de dos meses contados desde la notificación correspondiente, solicite la licencia pertinente o, si procede, ajuste las obras a la licencia o a la orden de ejecución, excepto en el caso de que éstas sean manifiestamente ilegalizables. Este requerimiento también procede cuando las obras no autorizadas o no ajustadas a las condiciones señaladas ya se han ejecutado.
3. La suspensión provisional, en el supuesto de que no se ratifique en el plazo de quince días, queda automáticamente sin efecto, sin perjuicio de que la administración pueda posteriormente dictar una nueva resolución de suspensión, con la incoación del expediente de restauración.
4. El director o directora general de Urbanismo, en el supuesto de presuntas infracciones graves o muy graves, puede acordar la medida cautelar de suspensión y, si procede, la ratificación ulterior de ésta si, una vez requerido el ayuntamiento a tales efectos, el alcalde o alcaldesa no adopta la medida correspondiente en el plazo establecido por el artículo 192.3. Igualmente, el director o directora general de Urbanismo puede requerir a la persona interesada para que legalice las obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a los términos de ésta si el ayuntamiento no lo hace en los plazos establecido por el artículo 192.3.
Artículo 197 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. Una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el artículo 197 sin que se haya solicitado la licencia correspondiente, o sin que se hayan ajustado las obras o las actuaciones a las condiciones señaladas, el ayuntamiento, mediante la resolución del procedimiento de reposición, debe acordar el derribo de las obras, a cargo de la persona interesada, y debe impedir definitivamente los usos a que podían dar lugar. Debe proceder del mismo modo si las obras son manifiestamente ilegales o si la licencia se deniega porque el otorgamiento de ésta sería contrario a las prescripciones del ordenamiento urbanístico.
2. Si, en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la persona interesada no ejecuta el acuerdo en el plazo de un mes, el alcalde o alcaldesa puede acordar su ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas de acuerdo con el artículo 217.
3. Si, en el supuesto regulado por el apartado 1, no se produce la actuación municipal correspondiente, el director o directora general de Urbanismo, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas graves, o el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas muy graves, una vez hecho el requerimiento pertinente, debe acordar la medida de reposición y, si la persona interesada no lo ejecuta en el plazo de un mes, puede acordar su ejecución subsidiaria.
Artículo 198 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
La acción para requerir la legalización de las obras o de las actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licencia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescribe a los seis años, a contar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno derecho, que quedan sujetos a lo establecido por el artículo 202.
Artículo 199 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
3. Si las obras autorizadas se encuentran en curso de ejecución, el órgano competente para acordar la incoación del expediente de revisión debe suspender la ejecutividad del acto administrativo y ordenar la paralización inmediata de las obras iniciadas al amparo de este acto.
4. El ayuntamiento debe acordar, si procede, mediante el pertinente procedimiento de reposición de la realidad física alterada, el derribo de las obras llevadas a cabo, siempre sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles conforme a lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 200 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
a) Los actos de parcelación, urbanización, edificación y uso del suelo y subsuelo que se lleven a cabo sin licencia u orden de ejecución en terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes públicas o espacios libres de edificación de carácter público, así como los que se lleven a cabo en terrenos clasificados como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.a. Letra a) del número 1 del artículo 202 modificada por la letra c) del número 1 de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre), por la que se sustituye la anterior remisión al artículo 32.1.a.primero por la remisión al artículo 32.a.Vigencia: 31 diciembre 2004
2. La falta de los títulos administrativos concretos que, de acuerdo con la presente Ley, habilitan para llevar a cabo los actos de parcelación, urbanización, edificación o uso del suelo, o el cumplimiento de estas actuaciones vulnerando el contenido de dichos títulos constituye una infracción urbanística de carácter muy grave, grave o leve, según proceda, en función de los supuestos contenidos en los artículos 205, 206 y 207. Igualmente, constituye una infracción urbanística leve el cumplimiento de actuaciones que requieren una comunicación previa en sustitución de la licencia urbanística si se llevan a cabo sin haberla presentado o bien sin respetar el contenido de la comunicación.
Artículo 204 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
a) Los actos de parcelación urbanística, urbanización, uso del suelo y el subsuelo y edificación contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.a, así como en terrenos reservados, en cualquier clase de suelo, en sistemas generales o bien en zonas verdes, espacios libres y zonas deportivas públicas. Letra a) del artículo 205 modificada por la letra d) del número 1 de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre), por la que se sustituye la anterior remisión al artículo 32.2 por la remisión al artículo 32.a.Vigencia: 31 diciembre 2004
c) La vulneración, hasta un 10%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que se refiere el artículo 205.c.
d) El incumplimiento del deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, rótulos e instalaciones en general en condiciones de salubridad y decoro público.
e) Los actos a que se refieren los artículos 205 y 206 que sean legalizables y se ajusten a lo establecido por el artículo 208.
g) La tala o abatimiento de árboles sin la licencia urbanística correspondiente, si lo exigen el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales.
Artículo 207 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Artículo 210 Operaciones que tienen por objeto la constitución de elementos privativos
2. Debe incorporarse, a la escritura de las operaciones a que se refiere el apartado 1, un testimonio de la licencia urbanística en que conste expresamente el número de viviendas o de establecimientos permitidos. Para poder hacer la inscripción ulterior en el Registro de la Propiedad debe cumplirse este requisito.
Artículo 210 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. En el caso de que sobre un mismo sujeto se instruya un expediente sancionador por más de una infracción entre las que haya conexión de causa y efecto, debe imponérsele la sanción que corresponda a la infracción cometida más grave, para cuya graduación debe tenerse en cuenta el resultado final perseguido y el daño causado.
2. Deben imponerse a los responsables, en los supuestos de concurrencia de dos o más infracciones urbanísticas diferentes de los regulados por el apartado 1, las multas correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, si bien mediante un único expediente de protección de la legalidad urbanística. En tal caso, el órgano competente para imponer las multas es el que tiene atribuida la competencia para imponer la sanción de más cuantía.
3. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, en los mismos supuestos regulados por el apartado 2, cuando este departamento ejerce la protección de la legalidad urbanística y concurren infracciones graves o muy graves con otras leves, la instrucción del expediente que las engloba, con la correspondiente adopción, si procede, de medidas provisionales, la imposición de todas las multas y la adopción de las medidas de restauración y de determinación de daños y perjuicios. El órgano competente para imponer las sanciones y adoptar estas últimas medidas es el que tiene atribuida la competencia para imponer la sanción de más cuantía.
Artículo 216 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
En el caso de que la legislación en materia de vivienda establezca nuevas medidas de estímulo de la vivienda asequible, los planes de ordenación urbanística municipal que se aprueben a partir de su entrada en vigor pueden reservar, además del 20% establecido por el artículo 57.3, un mínimo del 10% del techo destinado a uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, para la construcción de viviendas objeto de estas nuevas medidas. Esta reserva mínima del 10% es obligatoria en los municipios de más de diez mil habitantes y las capitales de comarca.
Disposición Adicional 8.ª introducida por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Los ayuntamientos que tengan un planeamiento urbanístico general que delimite ámbitos de actuación urbanística susceptibles de generar cesiones de suelo de titularidad pública con aprovechamiento, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley, deben diferenciar, como patrimonio separado del resto de bienes municipales, los bienes que integran el patrimonio municipal de suelo y vivienda. Además, deben constituir un depósito específico para ingresar los fondos obtenidos mediante la enajenación y gestión de los bienes del patrimonio municipal de suelo y vivienda.
Disposición Adicional 9.ª introducida por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Los municipios comprendidos en el ámbito territorial de un planeamiento general plurimunicipal aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 pueden formular y tramitar su propio programa de actuación urbanística municipal, cuya aprobación definitiva corresponde al órgano que establecen, según proceda, los artículos 77 y 78.
Disposición Adicional 10 introducida por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Los plazos para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico y de gestión urbanística establecidas por la presente Ley se amplían en un mes, en el supuesto de que coincidan total o parcialmente con el mes de agosto.
Disposición Adicional 11 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, a iniciativa del titular del departamento correspondiente, la adopción de las medidas preventivas establecidas por la legislación sectorial que comporten la aplicación en un determinado ámbito de un régimen de suelo diferente del atribuido por el planeamiento urbanístico. Si el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas disiente de dicha iniciativa, corresponde al Gobierno decidir si procede o no adoptar la medida propuesta y, en su caso, adoptarla.
Disposición Adicional 12 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de la presente Ley.
Disposición Adicional 13 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. El régimen urbanístico del suelo establecido por la presente Ley es aplicable desde el momento de la entrada en vigor, atendiendo, por lo que respecta al suelo urbano, a las siguientes reglas:
a) Mientras no se produzca la adaptación a la presente Ley del planeamiento general vigente, el suelo urbano incluido en virtud de este planeamiento en polígonos o unidades de actuación y en sectores de desarrollo mediante un plan especial de reforma interior o demás tipos de planeamiento derivado pasa a tener la condición de suelo urbano no consolidado, así como pasa a tenerla el suelo urbano que, con el fin de poder ser edificado, debe ceder terrenos para calles o vías. Es suelo urbano consolidado todo el suelo en que concurren las condiciones establecidas por el artículo 30.
b) En el caso de planeamiento general aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley, es de aplicación el deber de cesión de suelo con aprovechamiento establecido por el artículo 43, en los ámbitos de actuación urbanística y en los sectores sujetos a un plan urbanístico derivado que tengan alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 68.2.a, siempre y cuando no dispongan de un proyecto de reparcelación, de compensación o de tasación conjunta aprobado inicialmente a la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley.
c) En las modificaciones de planeamiento general no adaptado a la presente Ley, relativas a polígonos de actuación urbanística o sectores de mejora urbana en suelo urbano no consolidado que tengan alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 68.2.a, es de aplicación el deber de cesión de suelo con aprovechamiento establecido por el artículo 43.
2. A la hora de aplicar el régimen urbanístico del suelo establecido por la presente Ley, es preciso atender, por lo que respecta al suelo urbanizable, a las siguientes reglas:
a) El suelo urbanizable programado y el suelo apto para ser urbanizado pasan a ser suelo urbanizable delimitado desde la entrada en vigor de la presente Ley.
b) El suelo urbanizable no programado pasa a tener la condición de suelo urbanizable no delimitado desde la entrada en vigor de la presente Ley. A tal efecto, hasta que el planeamiento general no se haya adaptado a las determinaciones de la presente Ley, es obligatoria la consulta regulada por el artículo 73 antes de la tramitación del plan parcial de delimitación, de cara a constatar la adecuación de la propuesta a las determinaciones del planeamiento de rango superior y a las determinaciones establecidas por el artículo 3. El carácter negativo de cualquiera de los dos informes de la consulta impide la formulación y tramitación del plan parcial de delimitación.
Disposición Transitoria 1.ª redactada por el artículo 2 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. El planeamiento urbanístico general vigente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley debe adaptarse cuando, en virtud de las propias previsiones, o bien anticipadamente, en los supuestos regulados por el artículo 93, se haga la revisión de dicho planeamiento o del programa de actuación urbanística correspondiente.
2. Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 1, los ayuntamientos pueden formular y tramitar programas de actuación urbanística municipal, que deben contener la reserva para la construcción de viviendas de protección pública, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57.3 y, si procede, la reserva establecida por la disposición adicional octava.
3. De no existir un programa de actuación urbanística municipal, las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general no adaptados a la presente Ley, el planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones pueden establecer reservas de suelo para viviendas de protección pública, mediante la calificación de suelo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57.5, y, si procede, la reserva establecida por la disposición adicional octava. Estas reservas, en el caso de los municipios de más de diez mil habitantes y las capitales de comarca, deben aplicarse preceptiva e inmediatamente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57.3 y, si procede, la disposición adicional octava, a los sectores de mejora urbana en suelo urbano no consolidado que prevean usos residenciales de nueva implantación y a los sectores de suelo urbanizable con uso residencial. Se exceptúan de esta obligación los sectores que tengan un planeamiento derivado aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley. Dichas reservas también deben aplicarse, preceptiva e inmediatamente, cuando se tramite una modificación del planeamiento general de cualquier municipio si ésta implica un cambio de la clasificación del suelo no urbanizable con la finalidad de incluir en el mismo nuevos usos residenciales, siempre y cuando la modificación no esté aprobada inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley.
4. Los instrumentos de planeamiento urbanístico derivado que desarrollan planeamiento urbanístico general aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley y que no contengan la memoria social que exige el artículo 59 deben incorporar una que defina los objetivos de producción de vivienda protegida y, si procede, de los demás tipos de vivienda asequible determinados por la ley. Esta exigencia no es de aplicación a los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados aprobados inicialmente antes de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley.
Disposición Transitoria 2.ª redactada por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Los estudios de detalle exigidos expresamente por el planeamiento vigente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, así como los que resulten necesarios, pueden tramitarse de acuerdo con la normativa anterior a la presente Ley, hasta que el planeamiento incorpore las nuevas determinaciones sobre ordenación volumétrica.
Disposición Transitoria 4.ª redactada por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. Las determinaciones de la presente Ley sobre sistemas y modalidades de actuación urbanística son de aplicación, desde el momento de la entrada en vigor de ésta, a los ámbitos de actuación para los que aún no se hayan presentado a trámite ante la administración competente los correspondientes proyectos de compensación, reparcelación o tasación conjunta. A tales efectos, cuando el sistema de actuación previsto es el de compensación, es de aplicación el régimen propio del sistema de reparcelación en la modalidad de compensación básica, mientras que, cuando el sistema de actuación es el de cooperación, es de aplicación la modalidad de cooperación del sistema de reparcelación.
2. Las determinaciones de la presente Ley sobre sistemas y modalidades de actuación urbanística son de aplicación cuando se acuerde la sustitución de un sistema de actuación, incluso en el caso en que se haya aprobado definitivamente el correspondiente proyecto de compensación, reparcelación o tasación conjunta. La sustitución debe llevarse a cabo por el procedimiento establecido por el artículo 113 y de acuerdo con lo establecido por el artículo 115.3, con notificación individual, en todos los casos, a los propietarios afectados.
3. Las determinaciones sobre la modalidad de compensación por concertación en el sistema de reparcelación que establece la modificación de la presente Ley son de aplicación, desde la entrada en vigor de dicha modificación, a los ámbitos de actuación urbanística que tengan concretada esta modalidad, siempre y cuando no se haya aprobado aún el convenio a que se refería el artículo 132 de la presente Ley anterior a su modificación.
4. Los sectores de urbanización prioritaria que se delimiten a partir del momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sujetos a la regulación de ésta.
5. En los ámbitos de actuación urbanística en que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las circunstancias de tener que ejecutar obras de urbanización o bien de tener que adecuarlas a la normativa sectorial vigente y de estar la junta de conservación inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Dirección General de Urbanismo, dicha junta, en el plazo de cinco años, puede formular un proyecto de reparcelación económica simultáneamente a la modificación de los estatutos, de tal modo que la junta pase a ser de compensación y conservación y su objeto y facultades comprendan también la ejecución o la adecuación de las obras de urbanización, hasta la entrega reglamentaria de estas obras.
Disposición Transitoria 5.ª redactada por el artículo 6 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
Mientras no se transponga la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial, el régimen de evaluación ambiental aplicable a las figuras de planeamiento urbanístico no resueltas definitivamente en el momento de la entrada en vigor de la modificación de la presente Ley es el siguiente:
c) El planeamiento urbanístico derivado para la implantación en suelo no urbanizable de equipamientos y servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos, las instalaciones y las obras necesarias para la prestación de servicios técnicos, las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red viaria, y las construcciones destinadas a las actividades de camping.
2. La documentación de las figuras de planeamiento a que se refiere el apartado 1 debe incluir un informe ambiental con el contenido establecido por el artículo 5 y el anexo 1 de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
5. Los instrumentos de planeamiento urbanístico y las actuaciones que prevean la transformación de un ámbito continuo de superficie superior a 100 hectáreas de suelo clasificado como no urbanizable, o de más de 10 hectáreas de suelo clasificado como no urbanizable en los supuestos a que se refiere el grupo 9.b del anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, deben someterse al procedimiento de declaración de impacto ambiental establecido por el Decreto 114/1988, de 7 de abril. En estos casos, la aprobación del plan o de la actuación corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, sin perjuicio de la competencia del Gobierno en los supuestos a que se refiere el artículo 5 del Decreto 114/1988.
Disposición Transitoria 10 introducida por el artículo 4 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004
1. En los supuestos de ausencia de planeamiento general, el suelo se clasifica en suelo urbano y no urbanizable. El suelo urbano comprende los núcleos de población existentes que disponen de los servicios urbanísticos básicos definidos por el artículo 26.1 o que se integran en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable.
2. En el supuesto a que se refiere el apartado 1, las nuevas edificaciones comprendidas en el ámbito del suelo urbano no pueden tener más de tres plantas ni superar en altura el promedio de la de las edificaciones vecinas, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean de aplicación.
Disposición Transitoria 11 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2004

References: resolución 

Artículo 191
 artículo 9
 artículo 179
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 192
 artículo 192

Artículo 197
 artículo 9
 artículo 197
 resolución 
 artículo 217

Artículo 198
 artículo 9
 artículo 219
 artículo 202

Artículo 199
 artículo 9

Artículo 200
 artículo 9
 artículo 32
 artículo 202
 artículo 32
 artículo 32

Artículo 204
 artículo 9
 artículo 32
 artículo 205
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 205
 artículo 208

Artículo 207
 artículo 9

Artículo 210

Artículo 210
 artículo 9

Artículo 216
 artículo 9
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 43
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 93
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 113
 artículo 115
 artículo 132
 artículo 6
 artículo 5
 Real decreto 
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 7