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Timestamp: 2018-08-15 22:13:52+00:00

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﻿ Sentencia 1998-02366 de marzo 6 de 2013
SENTENCIA 1998-02366 DE 06 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS AUTOMOTORES. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, ES LA LICENCIA DE TRÁNSITO, DE TAL SUERTE QUE AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA DESAPARICIÓN DEL AUTOMOTOR LA PERSONA SOLO TENÍA POSESIÓN POR CUANTO NO HABÍA LEGALIZADO EL TRASPASO ANTE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO, ELLO NO LO LEGITIMA EN LA CAUSA PARA RECLAMAR LA PÉRDIDA DEL MISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, VEHÍCULO AUTOMOTOR, LICENCIA DE TRÁNSITO
Sentencia 1998-02366 de marzo 6 de 2013
Rad.: 050012331000199802366 01
Exp. 25.912
Demandante: Edgar Ochoa Múnera
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 5 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, en el caso sub examine.
2.1. Copia autenticada del Oficio 1314 DIV2-BR-14-B2-AJ-259 del 18 de agosto de 2000 dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquía y suscrito por el comandante de la decimocuarta brigada, coronel Luis Felipe Molano, en el que se señaló:
“... me permito informar a ese despacho que revisados los archivos de la sección B2, oficina de control comercio y armas - Auditoría principal de guerra de la decimocuarta brigada, aparecen registrados los siguientes datos:
Literal (a) numeral (1º):
Los señores LUIS ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, MIGUEL ÁNGEL AMARILES ZAPATA, LUIS ALFONSO PELÁEZ VEGA, FRANCISCO FABER TORO TORO, DARUBIN CIFUENTES SÁNCHEZ Y ÁLVARO DE JESÚS CARMONA FRANCO, el 14-AGO.-96 en las horas de la tarde, voluntariamente ingresaron a la decimocuarta brigada específicamente a la oficina de control comercio de armas para renovar sus salvoconductos para porte de armas de fuego y asimismo solicitar la compra de otras más. Una vez allí, estudiados y reunidos cada uno de los requisitos se les expidió los respectivos salvoconductos (...). El16-AGO.-96 a través de la Unidad de Fiscalía del municipio de San Roque (Ant.), se tuvo conocimiento de la desaparición de los señores Luis Alfonso Martínez Suarez, Alfonso Peláez Darubin Cifuentes, Francisco Toro Toro y Ramón Agudelo quienes se desplazaban en el vehículo Nissan amarillo con blanco de placas LWH 407 en la vía Puerto Berrío-San Roque (Ant.); hechos ocurridos el 14-AGO.-96”. (fl. 50) (mayúscula sostenida en el original).
2.2. Oficio 1257 del 27 de julio de 2001 dirigido al jefe sección de policía judicial DEANT suscrito por el jefe unidad investigativa de policía judicial de Puerto Berrío en el que se indicó:
“El suscrito funcionario de policía judicial, una vez tuvo conocimiento del contenido del exhorto, procedió a tomar contacto con las diferentes autoridades de la zona con el fin de hallar algún antecedente que corroborara o desvirtuara los hechos denunciados por el señor Édgar Ochoa Múnera, en contra de la Nación, Mindefensa, Policía y Ejército. Para lo cual se procedió a oficiar a las diferentes autoridades así:
6. Oficio 1138 del 24-07-2001, solicitud antecedentes a la jefatura Grupo Automotores Sijín Deant, con el fin de verificar si en el archivo sistematizado a nivel nacional que se lleva en esa dependencia el vehículo de placas LWH-407, registra algún pendiente por hurto; a la anterior solicitud dicha Jefatura dio respuesta mediante Oficio 0284 del 26-07-2001, informando que a el (sic) vehículo en mención no le figuran pendientes por hurto a la fecha y anexa- historial del mismo. Así mismo dentro de este historial aparece corno último propietario el señor Juan de Jesús Barrera Valencia, identificado con la C.C. 3.585.230 expedida en San Roque. Ant.”.
2.3. Historia del vehículo campero Nissan Patrol, placas LWH 407, modelo 1.973, motor P-099007, chasís LG 60-33906, serie LG 60-33906 del 24 de julio de 1998, expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal de Envigado en la que se señala que el 31 de mayo de 1995 Juan de Jesús Barrera lo adquirió de Nohelia Jaramillo y en la que figura como último propietario el primero de ellos (fl. 5).
2.4. Formulario único nacional del Ministerio de Transporte, sin fecha, diligenciado a mano en el que se señala:
”Trámite solicitado: traspaso
Clase de vehículo: Campero. Marca: Nissan Patrol, Modelo: 1973.
Datos del propietario: Barrera Valencia Juan de Jesús.
Datos del nuevo propietario: Ochoa Múnera Edgar”.
3. En relación con la acreditación de la propiedad de los automotores, esta sección, en reciente providencia que se cita in extenso, razonó así(1):
“Los anteriores postulados finalísticos, programáticos y principialísticos quedaron concretados en la normatividad expedida por el ejecutivo al amparo de y/o en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el cuerpo normativo al cual se acaba de hacer alusión; de especial trascendencia en relación con los registros inmobiliario y automotor resulta la normatividad que conjuntamente se ocupa de ellos y que contiene el Decreto-Ley 1250 de 1970, significativamente intitulado “[P]or el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” y entre cuyas regulaciones no siempre se repara con detenimiento que se incluye el registro público de vehículos automotores, lo cual despeja cualquier inquietud o vacilación que pudiere existir en torno a la evidente asimilación que en punto a la naturaleza, los propósitos, la técnica, los alcances y los efectos del registro se ha llevado a cabo en la legislación colombiana tratándose de la propiedad y de los demás derechos reales respecto tanto de inmuebles como de vehículos automotores; el tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido estatuto del registro de instrumentos públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirioó la Ley 8ª de 1969, es suficientemente elocuente e ilustrativo de cuanto se viene explicando:
ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, sí no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.
ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos.
La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará él vehículo y se expresarán su destinación, el nombre del propietario inscrito y el número de la placa.
ART. 2º—Los actuales propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de este decreto, presentarán al instituto nacional de transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud acompañada de copia auténtica de la matrícula o licencia de tránsito, a fin de que sean incluidos en el inventario nacional automotor.
ART. 5º—A medida que se inscriban en el inventario automotor, el Instituto Nacional del Transporte abrirá a cada vehículo una ficha o folio, en el cual, se anotará todo acto o contrato que lo afecte, y dará cuenta de ello al servicio nacional de inscripción, a solicitud de éste”.
El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperiosa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(2), en el registro público correspondiente(3).
Posteriormente, con la expedición de la Ley 53 de 1989 se iteró la obligación de registrar los actos y negocios jurídicos que implicaren disposición de derechos reales sobre automóviles y, en consecuencia, se reafirmó la perentoriedad de dicha exigencia como requisito —junto al título para acreditar la propiedad respecto de un vehículo automotor; en el anotado orden de ideas, el artículo 6º del referido cuerpo normativo definió el registro terrestre automotor como
“[E]l conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”(4).
De otro lado, el Acuerdo 34 del 12 de agosto de 1991, proferido por la junta directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —Intra—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(5), toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que “[N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.
“ART. 193.—Reformado por el Decreto 1809 de 1990. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo automotor que no lo inscriba dentro de los sesenta (60) días siguientes a su adquisición en el respectivo registro terrestre automotor. En igual sanción incurrirá quien no inscriba todo acto o contrato , providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.
“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (resaltado fuera del texto original)(6).
Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con el asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:
(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento éste que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República Italiana en esta materia;
4. De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia citada, se tiene que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo automotor, es la licencia de tránsito, de tal suerte que aun cuando el demandante en los hechos de Ia demanda afirmó que al momento de la desaparición del automotor solo tenía su posesión por cuanto no había legalizado el traspaso ante las autoridades de tránsito, ello no lo legitima en la causa para reclamar la pérdida del mismo, máxime cuando en el historial del automotor expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal de Envigado, aparece como propietario Juan de Jesús Barrera y, el formulario único nacional del Ministerio de Transporte, en el que se solicita el traspaso, carece de fecha, siendo absolutamente impropio otorgarle valor probatorio alguno.
Así las cosas, la ausencia de titularidad de propiedad del bien respecto del cual se predica el daño, contraviene, en el sub examine, el principio de interés para pedir y el de la legitimación en la causa (legitimatio ad causum), según el cual, quien formula peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue, por cuanto existen peticiones que solo corresponde hacerlas a ciertas personas y frente o contra otras determinadas, y no por o contra la demás.
Sobre el particular, el tratadista Hernando Devis Echandía(7) sostuvo:
Conforme lo anterior, se torna estéril cualquier análisis en cuanto a los elementos de responsabilidad, comoquiera que nos encontramos en presencia de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, lo que de suyo impone su declaratoria y con ello la denegatoria de lo pretendido.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.
(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(2) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13395.
(3) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
(4) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.
(5) Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, p. 38.
(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, magistrado ponente Germán Giraldo Zuluaga.
(7) Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal-Teoría general del proceso, tomo I. Decimotercera edición. Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 1994. Págs. 269 y 270.

References: artículo 922
 artículo 6
 artículo 94
 resolución 
 artículo 922
 artículo 87
 artículo 922
 artículo 88