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Timestamp: 2020-01-27 15:15:28+00:00

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Agriculces 71 años, con varios desafíos pendientes | Urgente 24
Mar, 10/12/2019 - 10:32am
71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ¿Se aplica o es pura espuma? Cómo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la volvió obligatoria para los Estados.
Eleanor Roosevelt sostiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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El horror de dos guerras mundiales que dejaron 80 millones de muertos, millones de personas mutiladas o desaparecidas, destrucción total en Europa y en el Lejano Oriente y crisis económica y humanitaria en todo el planeta, obligó al sistema internacional a ordenarse en un todo orgánico –la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- que garantizara a la humanidad no volver a sufrir jamás las escenas dantescas que debió enfrentar durante la primera mitad del siglo XX. Tras la caída del nazismo, el mundo se volvió refractario a pensar en la posibilidad de una guerra abierta; sin embargo, el orden bipolar emergente dio inicio a un período inquietante. La Guerra Fría, una entente invisible entre el capitalismo y el comunismo, mantuvo en vilo a la política internacional por varias décadas y produjo sus propias víctimas silenciosas, de ambos lados de la grieta global.
Con esa amenaza potencial en mente, la Asamblea General de la ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) –acuerdo no vinculante entre estados- y 28 años más tarde, dos tratados que sí impusieron obligaciones concretas a las naciones signatarias: El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Ambos entraron en vigor entre enero y marzo de 1976 y se los conoce como los Pactos de Nueva York.
A la integración de éstos con la DUDH, se la denomina Carta Internacional de Derechos Humanos. Alcanzar estos acuerdos, como veremos, fue una empresa difícil, que insumió ingentes negociaciones durante décadas entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU –el organismo que los elaboró- con las naciones firmantes. Habían sido presentados a la Asamblea General en 1954, aprobados en 1966 y puestos en vigencia recién 10 años más tarde, en 1976. Es decir, insumieron 12 años para ser aprobados y 22 para entrar en vigor, pero tuvieron un gran mérito: fueron ratificados por los países detrás de la Cortina de Hierro, algo que no había ocurrido en 1948 con la aprobación de la DUDH.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por 167 países y es un instrumento jurídico que regula los derechos, deberes y libertades de todas las personas. Éstos derivan de las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados, para que promuevan el respeto universal y efectivo de la dignidad inherente a la persona humana en todos los ámbitos. En las páginas que siguen discutiremos sus características y alcance.
Los derechos civiles y políticos son inalienables
¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Civiles y Políticos? Comencemos por lo esencial.
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Estas tres ideas encierran las prerrogativas básicas que tiene cualquier ser humano, sólo por el hecho de haber nacido. Esto que parece tan obvio en las sociedades occidentales modernas, debió, sin embargo, ser puesto por escrito en un tratado que vincule a los Estados con esta obligación, o sea, que los conmine a cumplirla en toda su extensión. Hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP).
En su artículo 6, inciso 1, su texto señala que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
Todos los Estados Partes se han comprometido a cumplir con estas normas básicas de convivencia; sin embargo, tal y como leemos en las noticias diarias, con frecuencia sus conductas violan sus términos en todo el planeta, incluso en el que solemos llamar “mundo libre”. Es que el PIDCP adoptado en 1966 ordena a las naciones firmantes a respetar y a proteger los derechos civiles y políticos de individuos y grupos en una amplia gama de ámbitos, incluido el derecho a la libertad de religión, la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad, la libertad de reunión, la participación en los asuntos públicos y el derecho a las debidas garantías procesales, así como el derecho a un juicio imparcial.
Si observar el cumplimiento del PIDCP por parte de los países firmantes representa una tarea ingrata para las Naciones Unidas, mucho más tortuoso fue el proceso que llevó a la creación del pacto por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ya anticipamos que la DUDH de 1948, por sus propias características, no impone obligaciones vinculantes a los Estados firmantes. Por este motivo, la Comisión se propuso escribir un par de pactos sobre derechos humanos que materializaran la carga sobre los Estados y les impusieran obligaciones concretas para respetarlos.​
Los desacuerdos entre los representantes de varios Estados sobre la importancia relativa entre derechos negativos y positivos, se transformaron en la fuente de importantes debates. Los derechos negativos consisten en la abstinencia, o no acción, del Estado, para garantizar las libertades y el libre albedrío de los ciudadanos sin producir interferencias. Surgen del iusnaturalismo y básicamente son los derechos Civiles y Políticos. Los derechos positivos, por el contrario, requieren de algún tipo de acción legal o moral del Estado para su cumplimiento: Bajo esta clasificación están los derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Algunos Estados no estaban dispuestos a reconocer ambos tipos de derechos; por lo tanto, en lugar de materializar la DUDH en un solo pacto, se dividió en dos: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos proyectos fueron presentados a la Asamblea General de la ONU en 1954 y fueron aprobados en 1966. En términos específicos, el PIDCP fue dictado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y fue ratificado por 167 estados.
Sin embargo, recién estos pactos entraron en vigor una década más tarde: El PIDESC el 3 de enero del 1976; y el PIDCP, el 23 de marzo de 1976. Irónicamente, entró en vigencia en el mundo un día antes de que la República Argentina entrara en la noche más oscura, la dictadura militar, con violación sistemática de derechos humanos, entre ellos, los civiles y políticos.
Nuestro país se encuentra entre los Estados signatarios del Pacto. Lo firmó en 1968 y aprobó por Ley Nro. 23.313, del 17 de abril de 1986, el PIDCP, el PIDESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos fueron ratificados el 8 de agosto de ese mismo año, con algunas reservas.
Manifestó sólo dos reservas respecto del Pacto. Por un lado, señaló:
“La República Argentina rechaza la extensión de la aplicación del PIDESC y del PIDCP (…) a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que fue notificada por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Secretario General de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 1976 y reafirma sus derechos de soberanía sobre los mencionados archipiélagos que forman parte integrante de su territorio nacional.”
Se refería, sin dudas, al derecho de autodeterminación de los kelpers. Por otro lado, nuestro país cuestionó la segunda parte del artículo 15 del PIDCP, al expresar:
“El gobierno argentino manifiesta que la aplicación del apartado segundo del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional”.
Tanto el PIDCP como el PIDESC y el Protocolo Facultativo adquirieron jerarquía constitucional a partir de su inclusión en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, incorporado en 1994.
La evolución de los derechos civiles y políticos
El Derecho Internacional Humanitario ofreció el constructo jurídico que dio forma a toda normativa vinculada con la puesta en vigor de todos los derechos considerados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entre ellos, los derechos que nos ocupan en este trabajo, incluidos en el PIDCP. Pero la lucha humana para alcanzar esos derechos llevó siglos de historia, millones de vidas humanas y mucha sangre derramada, evolución social y política que llevó tres siglos.
Según el sociólogo británico Thomas Marshall, el proceso de la consagración de los principales derechos del hombre llevó tres siglos.
Marshall postula que los derechos civiles y políticos ponen en condición de igualdad a todas las personas, aun cuando éstas provengan condiciones económicas y sociales diferentes. El sujeto de los derechos civiles, políticos y sociales es el ciudadano, y el ejercicio de la ciudadanía otorga derechos, pero también plantea deberes.
La universalización de la ciudadanía, que se otorga sólo a los miembros plenos de una sociedad, fue un proceso dificultoso que se desarrolló en tres etapas, como resultado de la aparición de los tres elementos que la componen: Un grupo de derechos civiles (s. XVIII), otro de derechos políticos (s. XIX) y un tercero de derechos sociales (s. XX).
Los derechos civiles son aquellos esenciales para la libertad de la persona: el derecho a la vida, a la libertad de palabra, pensamiento y fe, derecho de propiedad, de comerciar y de recibir justicia (los garantizan los tribunales de Justicia). Los derechos políticos son los derechos a participar del ejercicio del poder político, como miembro y elector de un organismo dotado de autoridad (parlamento o gobierno local). Mientras que derechos sociales se centran en el derecho de defender y afirmar todos los derechos propios en términos de igualdad con otros y mediante el debido proceso legal (mayormente representados en las instituciones del sistema educacional y de los servicios sociales).
Los derechos civiles tuvieron una larga evolución, ya que provienen del derecho natural de las personas y de los usos y costumbres, o sea, del derecho consuetudinario. Los derechos políticos tuvieron su mayor evolución cuando se consolidaron las libertades civiles. Al nacer el siglo XIX, la ciudadanía en Inglaterra gozaba de derechos civiles universales, pero aun no políticos: el sufragio universal recién se implementó allí en 1918. La historia inglesa marca la transición entre dos ficciones de la representación política entre los siglos XVII y XIX, a través de un proceso que evolucionó desde la monarquía –gobierno cuya autoridad emana de Dios-, hasta el gobierno del pueblo, de orden parlamentario y representativo.
Uno de los principales precursores de los derechos civiles y políticos fue John Locke, quien en 1689 publicó sus Dos Tratados sobre el Gobierno Civil. En el primero refuta la ficción monárquica. En el segundo desarrolla su Teoría del Estado, que propone tres poderes: El Legislativo (el que gobierna, o sea, el Parlamento), el Ejecutivo (que ejecuta las leyes que aprueba el Parlamento) y el Federativo (que supervisa las relaciones exteriores y la guerra). Locke sugiere que los derechos iusnaturalistas a la vida, a la libertad y a la propiedad sean convertidos en Derechos Civiles. Postula que, a partir de la consagración de estos derechos, cada hombre es igual en dignidad ante Dios. De esta manera, abre el camino hacia la ficción de la soberanía popular.
El historiador estadounidense Edmund Morgan explica que la invención del concepto de soberanía popular comenzó con una disputa entre el Parlamento y la monarquía inglesa durante la década de 1640. El conflicto entre ambos bandos devino en guerra civil y terminó con la ejecución de Carlos I, la abolición de la corona y el establecimiento de un breve período de república parlamentaria. La disputa tuvo su origen en el debate sobre la fuente del poder. Instalada la nueva ficción de la representación popular, se desató la crisis de la ficción monárquica: El Parlamento cuestionó la autoridad del rey. La construcción de la soberanía del pueblo, por lo tanto, llegó para justificar la autoridad del gobierno parlamentario. Así como en la ficción monárquica, el rey ejercía un poder que emanaba de Dios, según esta nueva visión ahora Dios expresaba su autoridad sólo a través del pueblo, que por lo tanto quedaba por encima de todos sus gobernantes. Según esta nueva idea, el pueblo que en el pasado había aceptado al rey luego por lo tanto podía resistirlo, en tanto el soberano se apartara de los preceptos de su función real.
El acento de la fuente de autoridad recaía así en los derechos de los hombres, que se anteponía por primera vez a los deberes de éstos hacia Dios. La argumentación de los antimonárquicos socavaba la base de sustentación del rey, y llevaba a resistirlo. Los monárquicos, perspicaces, se preguntaban de dónde venía “el pueblo” y lo mostraron como una masa en constante cambio, que excluía, de hecho, a la mayoría de los hombres, y a la totalidad de las mujeres y niños, quienes no elegían representantes. También sostenían que, si el pueblo era realmente soberano, debía tener entonces la posibilidad de expulsar a los parlamentarios que los defraudaran. Los debates constitucionales consecuentes se enfocaron, entonces, en las restricciones que tendrían tanto las minorías (élites) que gobiernan como las mayorías gobernadas, y en última instancia, cuáles serían los derechos de esas mayorías a nivel político, social y religioso, que estarían por encima del propio gobierno. Así nacieron los derechos negativos.
Para el historiador francés Pierre Rosanvallon, la igualdad política –un hombre, un voto- es la primera condición de la democracia, y el sufragio universal, la piedra angular de todo sistema político. Toma a Locke y dice que la igualdad civil que nació en el siglo XVII plantea que cada hombre es igual en dignidad ante Dios, y que la salvación es personal. Este mismo principio, según Rosanvallon, rige para la igualdad social y para la igualdad económica, en cuanto a la equivalencia de dignidad y el deseo de una protección recíproca equivalente entre los miembros de la sociedad como un todo. Dos siglos más tarde, la igualdad política abraza un individualismo radical y rompe con las estructuras jerárquicas. Así, en nombre de esa igualdad se superan las diferencias entre el saber y el poder: Lo mismo vale el voto del aristócrata que el del pobre; da igual el criterio del sabio ilustrado que el del ignorante. Desde lo social, esto supone el nacimiento de una sociedad de iguales, que trasciende su intrínseca búsqueda de derechos compartidos: Rosanvallon dice que el derecho al sufragio universal produce a la propia sociedad.
En Francia, este camino que llevó a la consagración de los derechos políticos del ciudadano puso su piedra fundamental en la Revolución Francesa de 1789, y también fue progresivo: De hecho, Rosanvallon explica que esa noción evolucionó en especial durante el siglo XIX, La igualdad política abraza un individualismo radical y rompe con las estructuras jerárquicas: La sociedad francesa toma los aportes de los grandes autores liberales y establece el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo que surge del Contrato Social Rousseauniano.
El lector perspicaz puede considerar que todos los autores mencionados, al igual que las teorías políticas y las evoluciones históricas citadas, provienen de la tradición occidental y tienen anclaje en la democracia liberal. Es verdad. De allí la enorme dificultad que tuvo el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para consensuar dos pactos vinculantes como el PIDCP y el PIDESC con tantas naciones de culturas, tradiciones y configuraciones políticas tan diversas. El hecho de que hoy estos instrumentos estén vigente y suscriptos por la mayoría de las naciones del planeta, representa en sí mismo una verdadera epopeya, digna de destacar.
Estructura y alcances del Pacto
El PIDCP comprende un Preámbulo y 53 artículos, divididos en seis partes. El PIDCP integró con posterioridad dos protocolos facultativos: El primero crea los mecanismos y condiciones para hacer operativo al Pacto. El segundo, insta a los países a abolir la pena de muerte.
Presentado por los Estados Partes, el preámbulo abre el pacto y destaca en primer lugar los ideales de libertad, justicia y paz que enuncia la Carta de las Naciones Unidas como fuente de reconocimiento de la dignidad “inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. Señala de inmediato la dificultad de materializarlos tal como se expresan en la DUDH, “a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”. La cita apunta no sólo a las dificultades objetivas de imponer dichos derechos, sino que elípticamente alude al hecho de que la DUDH no es vinculante.
En su parte final, el Preámbulo del PIDCP destaca que “la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.” Y hace extensivos esos deberes a cada individuo, respecto de otros individuos, y de la comunidad a la que pertenece, a través del Pacto.
Representa el derecho a la libre determinación de los pueblos. “En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”, afirma el texto. También habilita a los Estados a disponer de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional. El punto 1.3 es un llamado a acatar los procesos de descolonización que parece dirigirse, sobre todo, a las potencias coloniales.
Garantía de los Estados de no exclusión del citado Pacto por condiciones sociales, personales y económicas, de los individuos que integran cada Estado Parte y otros derecho tendientes a su protección; casos que suspenden las obligaciones contraídas en función del PIDCP; prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando al Pacto.
Parte III (Artículos 6 a 27)
Cita en forma concreta todos los derechos que garantiza el PIDCP:
Artículo 6: Derecho a la vida, prohibición de la privación arbitraria de la libertad, limitación de la pena de muerte.
Artículo 7: Integridad física, prohibición de experimentación médica sin consentimiento.
Artículo 8: Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio.
Artículo 9: Libertad/seguridad personal, prohibición de prisión arbitraria, habeas corpus.
Artículo 10: Dignidad de trato en las prisiones.
Artículo 11: Prohibición de prisión por deudas civiles.
Artículo 12: Libre tránsito.
Artículo 13: Prohibición de expulsión arbitraria del territorio de un Estado.
Artículo 14: Debido proceso.
Artículo 15: Irretroactividad de la ley penal.
Artículo 16: Reconocimiento de la personalidad jurídica.
Artículo 17: Vida privada.
Artículo 18: Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Artículo 20: Prohibición de la propaganda de guerra y apología del odio racial.
Artículo 21: Libertad de reunión.
Artículo 22: Libertad de asociación.
Artículo 23: Familia, libertad de matrimonio.
Artículo 24: Derechos de los niños.
Artículo 25: Derechos políticos.
Artículo 26: Igualdad ante la ley.
Artículo 27: Protección de las minorías.
Parte IV (Artículos 28 a 45)
Comité de Derechos Humanos, forma de elección de los 18 miembros (todos pertenecientes a los estados partes), duración de mandatos, remoción, vacantes, emolumentos, normas de funcionamiento y derechos de los Estados Partes.
Parte V (Artículos 46 y 47)
Relación del PIDCP con otros tratados internacionales. Se aclara que ninguna disposición del Pacto deberá tomarse “en menoscabo de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas” (artículo 46). El artículo siguiente establece que ningún contenido del PIDCP debe interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos y de su pleno derecho de utilizar sus riquezas y recursos naturales.
Parte VI (Artítulos 48 al 53)
Regula la ratificación, entrada en vigor y la modificación del PIDCP.
Primer Protocolo Facultativo del PIDCP
Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Busca asegurar la aplicación de las disposiciones del PIDCP. Faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Para enero de 2010, el Primer Protocolo tenía 113 miembros y 35 signatarios.
Las partes acuerdan reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para considerar las denuncias de individuos o grupos que sostengan que sus derechos resguardados bajo el Pacto han sido violados.
Los querellantes deberán haber agotado todos los recursos domésticos antes de hacer sus denuncias ante el Comité de Derechos Humanos y no se permiten las denuncias anónimas.
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP
Está destinado a establecer la abolición de la pena de muerte. Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991.
Este protocolo compromete a los miembros a la abolición de la pena de muerte al interior de sus fronteras, aunque el artículo 2.1 supone una excepción, ya que permite la ejecución en caso de crímenes graves en tiempos de guerra.
Inicialmente, Chipre, Malta y España presentaron esas reservas y, subsecuentemente, las retiraron.
Azerbaiyán y Grecia todavía mantienen reservas en la implementación del Protocolo, a pesar de que ambos prohibieron la pena de muerte bajo todas las circunstancias.
Una cuestión espinosa: La pena de muerte
Los Estados firmantes del PIDCP tienen la obligación primaria de preservar la vida de las personas, por tratarse del derecho natural más elemental, que enmarca al resto de los derechos. Sin embargo, la aplicación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP –el que apunta a la abolición de la pena de muerte- avanza a una velocidad demasiado lenta. Para enero de 2017, tenía 85 miembros y 38 Estados signatarios. La cuestión de la pena capital es fundamental en relación con el derecho a la vida.
Los países y territorios abolicionistas en los que la ley no prevé la pena capital para ningún delito son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Camboya, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Congo (República del), Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Fiji, Filipinas, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Italia, Kiribati, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldova (República de), Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niue, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia (incluido Kosovo), Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Timor-Leste, Togo, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu y Venezuela (República Bolivariana de).
Brasil, Chile, El Salvador, Israel, Kazajstán y Perú son países en los que la legislación prevé la pena capital sólo para los delitos cometidos bajo leyes militares u otras circunstancias excepcionales.
Los países que, si bien conservan la pena de muerte para los delitos ordinarios como el asesinato, pueden ser considerados abolicionistas de hecho, pues no han realizado ninguna ejecución en los últimos diez años y se cree que tienen una política o una práctica establecida de no llevar a cabo, como también los países que han contraído el compromiso internacional de no aplicar la pena de muerte. Ellos son: Argelia, Benín, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camerún, Corea del Sur, Eritrea, Federación de Rusia, Ghana, Granada, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nauru, Níger, Papua Nueva Guinea, República Centroafricana, Sierra Leona, Sri Lanka, Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Tonga, Túnez y Zambia.
Los países y territorios retencionistas, que conservan la pena de muerte para delitos ordinarios, son: Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Chad, China, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Gambia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica de), Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina (Estado de), Qatar, República Democrática del Congo, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen y Zimbabue.
El PIDCP apunta esencialmente a evitar la aplicación de la pena de muerte por parte de los Estados de todas las formas que sea posible. Un Manual Parlamentario sobre Derechos Humanos de la ONU pone de manifiesto este intento de avanzar en esta práctica civilizatoria, al afirmar que la pena capital debería estar exenta para personas menores de edad, para adultos mayores, para mujeres embarazadas o para personas con discapacidad mental. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también despliega acciones continuas para forzar la suspensión de las ejecuciones, según lo consigna en un trabajo reciente:
“El derecho internacional prevé que las garantías a un juicio imparcial deben ser escrupulosamente respetadas en todos los Estados, también en los que aplican la pena capital. El Comité de Derechos Humanos observa que la imposición de una condena a muerte como resultado de un juicio en que no se han respetado las disposiciones del artículo 14 del PIDCP constituye una violación del derecho a la vida (tal como se adoptó en la comunicación N°250/1987). Un abogado debe asistir a las personas acusadas de delitos capitales en todas las etapas de los procedimientos. En virtud del artículo 6 4) del PIDCP, no se debe proceder a la ejecución mientras haya pendiente una apelación u otro recurso, y el individuo debe poder solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.”
En los lugares donde no ha sido abolida, la pena de muerte debe ser un castigo excepcional, siempre administrado de acuerdo con el principio de proporcionalidad. El artículo 6 del PIDCP se refiere a “los más graves delitos” y, de acuerdo con las Salvaguardias del ECOSOC, la definición de los “delitos más graves” que puedan castigarse con la pena de muerte “se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves”. El Comité de Derechos Humanos también ha concluido que una sentencia obligatoria a muerte por un delito concreto no es compatible con el derecho de los derechos humanos en tanto que no toma en cuenta las circunstancias de cada caso”.
Regímenes no democráticos como China, Irán, Arabia Saudita o Corea del Norte están a la cabeza de las ejecuciones; sin embargo, la primera democracia occidental del planeta, Estados Unidos de Norteamérica, aún sigue ejecutando prisioneros: Desde 1977, según Amnistía Internacional, ejecutó a más de 1.400 personas.
Si bien en 2018 las ejecuciones en el mundo se redujeron a 690 frente a las 993 del año anterior, el sistema internacional todavía está demasiado lejos de superar esta vergüenza global. El número citado no incluye las ejecuciones en China, país en el que el dato es un secreto de Estado. Más allá de estos datos desalentadores, el PIDCP demostró ser un instrumento idóneo para lograr que los Estados dejen progresivamente de lado la aplicación de la pena capital.
Los tratados que integran la Carta Internacional de Derechos Humanos –la DUDH, el PIDESC y el PIDCP- han permitido el mundo dar vuelta a la página y avanzar contra los efectos devastadores y horrorosos de la guerra, tanto en el derecho a la vida como en la condena política internacional hacia prácticas aberrantes como la tortura, los procesos judiciales irregulares, las violaciones a las libertades personales y los atentados contra la soberanía y autodeterminación de los Estados.
Sin embargo, a nuestros ojos este avance, esfuerzo loable de la Organización de las Naciones Unidas y de su Comité de Derechos Humanos, tiene aún demasiadas materias pendientes. Sí, el Derecho Internacional Humanitario ofrece instrumentos para detener el abuso de los Estados y garantizar, o al menos denunciar, las prácticas aberrantes de las naciones que no tienen el mínimo respeto por la vida, la libertad y la dignidad humana; pero al mismo tiempo, no parecen alcanzar para que éstas sean respetadas, tal como debiera corresponder a la sociedad global del siglo XXI.
La evolución en la conciencia sobre los derechos civiles y políticos y su puesta en vigor ha sido, tal como ya señalamos, un logro de la cultura occidental. Pero ese ideal kantiano de la Paz Perpetua, ese respeto irrestricto y sacramental a la vida humana, ese estado de naturaleza del hombre bueno que Locke había presentado por oposición a Hobbes y su idea de “el hombre como lobo del hombre”, no parece verificarse, en gran medida, en las principales naciones de Occidente.
Los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional Humanitario son utilizados políticamente con demasiada frecuencia por organismos internacionales como la ONU –sobre todo, por su Consejo de Seguridad, controlado por las potencias hegemónicas- para condicionar a aquellos países que se ponen enfrente de sus intereses geopolíticos. Esa banalización de la sacralidad de la existencia humana lleva al relativismo moral: Violaciones que son análogas en sus características, son tratadas sin embargo con un doble estándar por los organismos internacionales, según el país que las cometa.
Sorprende que sólo 85 de los 167 países firmantes del PIDCP hayan adherido al Segundo Protocolo Facultativo, el que se refiere a la abolición de la pena de muerte. Más aun nos llena de preguntas que los Estados Unidos de Norteamérica, nación que se erigió como gendarme del mundo y se muestra como “adalid del mundo libre” (además de ser la principal aportante de recursos económicos a la ONU) sea también una de las primeras en borrar con el codo lo que escribe con la mano, y el sujeto indolente de continuas violaciones a los derechos civiles y políticos en varias latitudes del planeta.
¿Invalidan estos comentarios pesimistas los esfuerzos que el Derecho Internacional Humanitario realiza en pos de la vida, de la libertad y de la dignidad humana? En absoluto. Gracias a la existencia de esta fuente del Derecho, hoy la comunidad global cuenta con valiosos instrumentos para separar la paja del trigo, diferenciar el mal del bien y denunciar a aquellos Estados que violan los derechos inalienables de las personas.
Por eso, nuestra última lectura en materia del PIDCP en el contexto del Derecho Internacional Humanitario es agridulce. Sí, aun se violan los derechos, y los violadores son las principales naciones del planeta. Sin embargo –y esto nos alienta-, poco a poco, la comunidad internacional y el Derecho Internacional Humanitario están logrando que los barbarismos de cualquier tipo vayan siendo abandonados.

References: artículo 3
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 15
 Artículo 15
 artículo 18
 artículo 75

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 6