Source: https://es.scribd.com/doc/135796199/Principios-Del-Derecho-Tributario
Timestamp: 2017-03-01 17:51:28+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseDr.José Luís Terán Suárez
El presente trabajo de investigación pretende analizar si existe o no el cumplimiento real y efectivo de los principios del Derecho Tributario en los procedimientos administrativo y contencioso tributarios, a favor de la seguridad jurídica y el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes.
Siendo tan frecuentes las vulneraciones y violaciones de los derechos, garantías y principios constitucionales, y en el caso de análisis de los principios del Derecho Tributario, los gobiernos de todos los países se han visto obligados a reforzar y modernizar el control tributario, creando organismos especializados, capacitando a sus recursos humanos, dictando nuevas normas legales, estableciendo sanciones a través de la modificación del Código Penal, desarrollando campañas educativas dirigidas a ciudadanos de todas las edades con la finalidad de desarrollar conciencia tributaria, etc.
A pesar de todos estos esfuerzos, la violación y la falta de aplicación de los principios del Derecho Tributario, continúan produciéndose y la propia Administración Tributaria y los jueces de las diferentes Salas de los Tribunales Fiscales Distritales, así lo han reconocido.
Con la ejecución del presente proyecto de investigación esperamos que la situación tributaria en el país mejore a favor de los contribuyentes.
Dr. José Luís Terán Suárez
El trabajo de investigación tiene como objetivo permitir a los autores la obtención del Diplomado Superior en Gestión Tributaria, teniendo como finalidad poner el trabajo al alcance de contadores públicos, auditores, magistrados, jueces, abogados, economistas, secretarios y auxiliares de justicia, así como para estudiantes universitarios de las profesiones citadas, pero fundamentalmente, poder llegar a la conciencia de cada una de las personas que en el rol en el cual se desempeñen en nuestra sociedad, puedan aportar al desarrollo sostenido de nuestro país.
Se ha enfocado el problema tanto desde la perspectiva teórica como desde el punto de vista de la Administración Tributaría y de la Jurisdicción Contencioso Tributaria, tratando de encontrar puntos de vista coincidentes en el análisis y en el planteamiento de soluciones.
La investigación abordará de manera crítica la construcción dogmática de la doctrina de los tributaristas, relativa a los principios generales y constitucionales del Derecho Tributario, tendiente a advertir si se cumple o no con el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes, fundamentada en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, como lo prescribe el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
De lo anterior se deriva la necesidad de proteger debidamente los derechos y garantías del contribuyente, esto es, conforme al bloque de constitucionalidad. Para tales efectos, en el primer capítulo se aborda la potestad y poder tributario, partiendo de la supremacía y control constitucional,
para luego tratar el tema de la tutela jurisdiccional de los derechos, el debido proceso y la seguridad jurídica en materia tributaria. En el Capítulo II, se explican y analizan los principios constitucionales y legales del régimen tributario. En el Capítulo III se analiza el cumplimiento de los principios del Derecho Tributario en el procedimiento administrativo y el rol que ha cumplido la Administración Tributaria en este aspecto. En el Capítulo IV se analiza el cumplimiento de los principios del Derecho Tributario en el procedimiento contencioso tributario y el rol que han cumplido los Tribunales Distritales de lo Fiscal en materia de principios tributarios; y, el Capítulo V, contiene las Conclusiones y Recomendaciones a las que arribamos después del análisis teórico, doctrinario y práctico sobre los principios de la tributación. La Bibliografía ha sido clasificada en Obras de Derecho Tributario, Derecho Financiero y Hacienda Pública, Derecho Constitucional Tributario y Derechos Humanos.
incompatibilidades. que determina la supremacía de sus normas con las cuales deben guardar armonía las leyes. José Luís Terán Suárez
1. el funcionamiento económico. que por otra parte. garantizando así la vigencia del orden jurídico. gozará de fuerza obligatoria e imperatividad. sus autoridades. los deberes y obligaciones ciudadanas. Es precisamente esa gradación de las normas jurídicas la que determina la supremacía constitucional. las normas que respeten los límites establecidos por la Ley Suprema para su formación y su contenido. El artículo 424 de la Carta Fundamental contiene este principio básico en los siguientes términos: "La Constitución es la norma suprema y prevalece
. así como los de los particulares. los actos de autoridades públicas. de lo contrario. reglamentos. falta de armonía entre las normas de menor jerarquía y las contenidas en la ley fundamental. el reconocimiento de sus derechos.Dr. determinan su falta de validez.-
Los denominados Estados de Derecho se hallan estructurados en base a una Ley Fundamental que es la que vértebra todo el ordenamiento jurídico. resoluciones y. Siendo de naturaleza jerárquica el ordenamiento jurídico de un Estado. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. político y social. debe ser declarada por el órgano respectivo. en general. la existencia de contradicciones. dada la importancia de sus instituciones orientadas al establecimiento de lineamientos generales para el funcionamiento de los órganos estatales.
José Luís Terán Suárez
sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. la realidad demuestra que no todas las normas o actos de autoridades públicas se ciñen a los contenidos constitucionales. En virtud del principio de supremacía constitucional se presume la constitucionalidad de todos los actos y normas jurídicas. a fin de garantizar la vigencia y efectividad de la supremacía de las normas constitucionales se han implementado mecanismos que permitan la vigilancia de la correspondencia de los actos estatales con los principios y normas de la Constitución. Respecto a la declaratoria de inaplicabilidad de un precepto jurídico contrario a la Constitución. en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”1.Dr. se trata del denominado "control constitucional" que permite revisar la validez no solo de las leyes y otros instrumentos jurídicos. es decir. razón por la cual. artículo 424.
. Esta es. adoptada por jueces o tribunales en los casos que conozcan. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales. con fuerza obligatoria en las causas en que se pronuncia. previo análisis de la constitucionalidad del referido precepto. en general. en términos generales. que los mismos gozan de validez por haber sido creados o adoptados en armonía con la normativa constitucional. Mas. la Corte Constitucional resuelve con carácter general y obligatorio. de los actos de los órganos y autoridades públicas. la estructura del control de la constitucionalidad prevista por nuestra Carta Fundamental para garantizar la
Constitución de la República del Ecuador. sino.
Tales violaciones son. sin perjuicio de la decisión que. Para decirlo de otra forma: implica una reforma llevada a cabo mediante procedimiento diferente del por ella expresamente instituido. La inconstitucionalidad puede provenir de leyes o actos
. como por ejemplo los Tribunales Fiscales). es característico de los países que se definen como Estados Sociales de Derecho. la creación y percepción de gravámenes están sometidas (como cualquier otro acto estatal) al control judicial de
Dentro de la separación de poderes que deriva de nuestro régimen de gobierno. no es admisible su facultad para declarar inconstitucionalidades. es decir la supremacía constitucional que. Pero sólo el Poder Judicial tiene a su cargo ese control. Es necesario entonces arbitrar el remedio para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución alterada.
En materia tributaria. donde la Constitución es rígida. el órgano a quien corresponde velar por el debido acatamiento a la constitución es el Poder Judicial. José Luís Terán Suárez
vigencia de su normatividad. “inconstitucionales”. en última instancia. toda violación a las garantías y derechos que ella protege.Dr. por ende. entraña de hecho su ilegítima modificación. como queda señalado. ya que cualesquiera que sean las facultades del poder administrador o cualquiera de sus órganos (aún con funciones jurisdiccionales.
En nuestro país. carecen de validez legal. o sea. Todos los jueces con competencia en el caso pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes. corresponde a la Corte Constitucional por vía del recurso extraordinario.
Este control judicial no se ejerce en forma abstracta. Ediciones DEPALMA. la estructura del control de la constitucionalidad prevista por nuestra Carta Fundamental para garantizar la
GORDILLO. se le estaría otorgando una facultad legislativa o colegislativa que no le compete” 3. Buenos Aires. Tomo I. Al contrario el control de constitucionalidad “fu nciona” dentro de las causas judiciales. o también de leyes o actos violatorios de la delimitación de potestades tributarias. Pág. en términos generales. derecho financiero y tributario. que contribuye a su
Esta es. Buenos Aires. sino sólo en los casos concretos y con efectos restringidos a esos casos.
Alguna doctrina se muestra contraria a este criterio y sostiene que: “…el principio de que no se pueda juzgar la inconstitucionalidad “en general”. 1974.Dr. Héctor. 7
VILLEGAS. 5ª. “Si se atribuyese al Poder Judicial la facultad de modificar o anular leyes en forma general. José Luís Terán Suárez
violatorios de las garantías constitucionales que en forma directa o indirecta protegen a los contribuyentes. No pueden los jueces tomar per se una ley tributaria cualquiera y declararla violatoria de una garantía constitucional. revisar la oportunidad o conveniencia de las leyes impositivas. Tratado de Derecho Administrativo. Curso de finanzas. o el acierto económico con los que el legislador estableció los tributos. en la medida que es pertinente para solucionar una controversia. establecer alícuotas en reemplazo de las declaradas confiscatorias.
. 187. Agustín. Edición. no pasa de ser un “principio inventado” por los jueces deterioro”2. 1992.
La potestad tributaria (o poder tributario) es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos. supremacía. Es decir: la existencia de un ente que se coloca en un plano superior y preeminente. es decir la supremacía constitucional que. Por el contrario. José Luís Terán Suárez
vigencia de su normatividad. por otro. Esto. por un lado. en otras palabras. y frente a él. como queda señalado. es característico de los países que se definen como Estados Sociales de Derecho.Dr. sujeción. Pero ella no es todavía un derecho de crédito contra un deudor determinado ni un derecho a exigir prestaciones formales. “La potestad tributaria. Instituciones de Derecho Tributario
Deseamos dejar bien en claro lo siguiente: la potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales
necesarios para tal obtención. cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. considerada en un plano abstracto. importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios. y.
2. a una masa indiscriminada de individuos ubicada en un plano inferior”. Poder Tributario y Potestad Tributaria. significa. cuyo destino es el de cubrir las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender necesidades públicas. no existen deberes concretos correlativos a la potestad
ALESSI-STAMMATI.
hacer o no hacer. La facultad estatal de crear unilateralmente tributos se convierte en la facultad de dictar normas jurídicas objetivas que crean tributos y posibilitan su cobro a los obligados .
El cambio fundamental se produce cuando los modernos Estados constitucionales deciden garantizar los derechos de las personas resolviendo que la potestad tributaria sólo pueda ejercerse mediante la ley. a un conglomerado de sujetos indeterminados. “Claro está que tal principio es sólo una garantía formal
. pero ello no entraña un “deber tributario”.Dr. Mientras ello no suceda y la potestad tributaria se mantenga en el plano abstracto como mera facultad.
Pero tal potestad no es omnímoda sino que se halla limitada en los modernos Estados de Derecho. abstractamente considerada. sino un status de sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito espacial. Tal status significa sometimiento de tales personas a las normas tributarias del Estado. frente a él tendrá a obligados a dar. es decir.
Tenemos entonces la primera y fundamental limitación a la potestad tributaria que los preceptos constitucionales consagran: la potestad tributaria debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad o reserva).
La potestad tributaria entonces se transforma. José Luís Terán Suárez
tributaria. el Estado encontrará a su frente a la comunidad en su conjunto.
Es necesario entonces tener presente que cuando el Estado se convierte en el titular de un derecho subjetivo tributario.
constituye. garantías y principios de la tributación.
El Poder Tributario. por otra parte. que se lo conoce también como supremacía tributaria. garantía de justicia y razonabilidad en la imposición ”. Hacienda y Derecho. el de ejercer comercios o industrias lícitas.
Es necesario advertir. 253. es decir. Ambos principios constituyen el estatuto básico del contribuyente que la Constitución ampara. etc. Tomo 3 Pág.Dr. el de transitar libremente por el territorio del país. por ejemplo. el de propiedad. por actividades o bienes situados en su territorio. que las cláusulas constitucionales no sólo limitan directamente la potestad tributaria.
SÁINZ DE BUJANDA. por sus leyes y por la ratificación de varios instrumentos internacionales vigentes sobre la protección internacional de los mismos.
. reconocidos y garantizados principalmente por la Carta Política de nuestro país. como. como significado de la facultad o posibilidad jurídica del Estado de crear y exigir contribuciones a personas. sino que también lo hacen en forma
indirecta y en cuanto garantizan otros derechos. mediante preceptos específicamente referidos a tributos. Fernando. las Constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva que constituye el límite material en cuanto al contenido de la
norma tributaria (así como el principio de legalidad o reserva es el límite formal respecto al sistema de producción de esa norma).5
Por eso. en sí mismo.
El Poder Tributario y su Potestad Tributaria están íntimamente relacionados con los derechos. José Luís Terán Suárez
productor de la norma.
los principios básicos sobre tributación se han recogido en normas de derecho público a las que se sujeta el poder tributario. en el artículo 300. que por su propia naturaleza es abstracto. Artículo 3. progresividad. se refiere en suma.
Código Orgánico Tributario. la actual Constitución de la República. José Luís Terán Suárez
potestad impositiva. Así. cuando al referirse a Poder Tributario. no puede considerarse como absoluto e ilimitado.
En los tiempos actuales de desarrollo del derecho tributario. permanente. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. superadas por la doctrina y los principios tributarios incorporados a la legislación positiva y a las normas constitucionales. criterio éste recogido por el Código Orgánico Tributario. se refiere a los principios tributarios de generalidad. simplicidad administrativa. características concretadas en la Constitución. que reconoce que se requerirá de ley para crear. modificar o extinguir tributos. prescribe: “Sólo por acto
legislativo de órgano competente se podrán establecer. tasas y contribuciones especiales o de mejoras. que implícitamente constituye manifestación del poder tributario. como ocurría en épocas pasadas. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana”6. irrenunciable e indelegable. potestad tributaria. derivado de la soberanía del Estado. eficiencia. a la facultad estatal de crear tributos concretados en las tres formas clásicas de: impuestos. en su artículo 3.
El poder tributario.Dr. poder fiscal o poder de imposición. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. modificar o suprimir tributos.
efectivamente. eficaces y
. es decir. como los contemplados en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario. toda actuación administrativa deberá someterse al principio de legalidad.
El deber fundamental del Estado de Derecho. es indispensable dotar a la Administración de un conjunto de prerrogativas que le permiten obtener la información suficiente para la verificación del real cumplimiento de las obligaciones tributarias. igualdad. al referirse a los principios de legalidad.
En un régimen tributario como el ecuatoriano. algunos de los cuales pertenecen a principios generales de la tributación aplicables a los procedimientos administrativo y contencioso tributarios. proporcionalidad e irretroactividad.
Es de vital importancia la búsqueda del equilibrio entre la Autoridad y el Derecho. equidad. transparencia y suficiencia recaudatoria. debiendo ser este equilibrio real y no meramente declarativo. sin embrago. se deberá velar porque éstas se desarrollen con estricto apego y respeto de las garantías y derechos de los contribuyentes.Dr. es cuidar el respeto efectivo de los derechos y garantías de los ciudadanos. en el cual la cultura tributaria todavía es escasa y en donde las relaciones con la Administración Tributaria se desarrollan sobre la desconfianza recíproca. generalidad. para ello es indispensable la existencia de recursos procesales idóneos. considerando que el ejercicio de estás facultades necesariamente se realizará invadiendo la esfera de derechos del administrado. deberán provenir de la voluntad del legislador y no de la voluntad arbitraria y discrecional de la Administración. José Luís Terán Suárez
Es un deber de la legislación. principalmente constitucional. el ejercicio de éstas en algún momento podría transgredir derechos de los contribuyentes. de aquellos principios que consisten en garantías procesales que corresponden a todos los ámbitos del derecho. de legalidad. nuestra Carta Política incorporó al régimen tributario algunos
. de irretroactividad de las leyes fiscales. de proporcionalidad. estos son: principio de reserva de ley. de capacidad contributiva y de no confiscatoriedad. el procedimiento administrativo y el contencioso tributario. José Luís Terán Suárez
sencillos. con la finalidad de hacer efectivo el goce de los derechos.
En la doctrina existen prácticamente uniformidad sobre los principios generales en el ámbito tributarios. debemos distinguir aquellos principios generales que rigen el derecho tributario. adicionalmente.Dr. de no existir estos medios. de generalidad. la sola consagración de los derechos resultaría vana.
Precisamente. es el medio que debe regular el ejercicio de las prerrogativas públicas y el camino que debe respetar la Administración Tributaria en sus actuaciones frente a las garantías de los contribuyentes. pues. y que atañen principal pero no exclusivamente a la fase de creación de los tributos. pues si bien se reconoce la necesidad de que el Estado goce de suficientes facultades para determinar la existencia de las obligaciones tributarias. de igualdad.
En materia constitucional. asegurar un adecuado equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y las garantías de los derechos de los contribuyentes. y que son de plena aplicación en el ámbito fiscal tributario.
el Código Tributario. en materia tributaria. ya que se proyectan tanto sobre el derecho tributario como sobre las restantes ramas del ordenamiento normativo. en donde el estado asume una triple condición. que establece un adecuado conjunto de principios que deberá
VALDES COSTA. Buenos Aires.Dr.
. Pág. carece de normativa que regule los procedimientos administrativos. la española. 1992. José Luís Terán Suárez
principios como: equidad. es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 35. entre otras. progresividad y eficiencia. Instituciones de Derecho Tributario. transparencia. suficiencia recaudatoria. señala que: “…es menester dar un tratamiento unitario a los principios fundamentales y procesales consagrados en los Constituciones de los Estados de Derecho. lo más cercano que posee nuestro ordenamiento jurídico. de acreedor de ella y de juez encargado de dirimir los conflictos que se presenten”7. Ediciones Depalma. el jurista Ramón Valdés Costa.
Respecto de estos principios que serán tratados detalladamente en el próximo Capítulo.
Frente a este problema general de la Administración. la peruana.
En Ecuador. de instituyente de la obligación. adquiriendo particular significado en el Derecho Tributario. la mexicana. a diferencia de una gran parte de legislaciones como la argentina. regulando los procedimientos tributarios y demás procesaos pues sus características son comunes en los más variados campos jurídicos. el contribuyente posee dos poderosos medios de defensa. Ramón. sin embargo.
deben ser entendidos como elementos que garantizan la tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes.
Constitución de la República del Ecuador. la Constitución de la República del Ecuador. José Luís Terán Suárez
observarse en los procedimientos tributarios y que ha sido valiosa herramienta frente a posibles abusos. Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. en general. administrativo o judicial. Artículo 11 numeral 3.
. para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”8. publicada el 20 de octubre de 2008.
El procedimiento. debe ser entendido como el camino. y de igual forma. que en el numeral 3 del artículo 11.
Esta disposición constitucional. y. resultan determinantes para lograr la realización del debido proceso. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento. y. sin lugar a dudas. de oficio o a petición de parte. garantiza una tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes en los procedimientos administrativo y contencioso tributarios. los principios que rigen los procedimientos administrativo y contencioso tributarios. Los derechos serán plenamente justiciables. dispone: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público.Dr. el proceso como aquel conjunto de pasos que deben realizarse para lograr la solución de un conflicto.
Pero en el área estrictamente judicial. acción de protección y acción extraordinaria de protección). 2. es un derecho que debe respetarse en cualquier proceso. tribunales. contempla derechos (facultades) y garantías (formas de proteger esos derechos) para todos los ciudadanos. tomando en cuenta que en un juicio se discuten: 1º los hechos a través de las pruebas. En uno u otro caso el Estado es responsable (responsabilidad objetiva) de esta violación al debido proceso. habeas data.Dr. estas garantías son de dos tipos:
La actual Constitución ecuatoriana como norma suprema de la República. las garantías del debido proceso pueden violarse por inadecuada administración de justicia o porque teniendo toda la estructura el juez no garantiza la tutela jurisdiccional por negligencia o corrupción. La tutela jurisdiccional de los derechos. siendo la prueba necesaria para ello. existiendo también el derecho de impugnación de tal resolución. El debido proceso como todos sabemos. Las que protegen las normas de la Constitución a través de la Corte Constitucional. etc. Por tanto. José Luís Terán Suárez
3. 2º se da la calificación de
.) y de las acciones (habeas corpus. ante cualquier autoridad que pretenda procesar y que al final dicte una resolución fundamentada y haga cumplir lo resuelto. el haber sido perjudicado y por una autoridad pública. luego se discute el derecho. Las que protegen los derechos a través de los órganos (juez. no solo en el judicial.
e) Ejecución de la sentencia firme. como integrante de una sociedad. b) El proceso entablado se desarrolle bajo las garantías del debido proceso. tenemos que una verdadera tutela jurisdiccional comprende: a) Poder acceder a los órganos judiciales. 3º se determina los efectos de la calificación. Según el autor Martel Chang: "El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquél por el cual toda persona. lo hace para solicitar la tutela jurídica de sus derechos e intereses y esto puede ser de dos formas: como derecho de acción o de contradicción. La persona que acude ante los órganos judiciales. puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses. con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. José Luís Terán Suárez
los hechos probados. lo resuelvan y ejecuten lo resuelto. y. que no son otras que las del debido proceso. Consecuentemente. en términos simples. para que dichas autoridades conozcan el caso. d) Las partes puedan impugnar la resolución si la consideran contraria a derecho. c) La autoridad competente dicte una resolución fundamentada. la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona de acudir a los jueces competentes y obtener su atención bajo las garantías procesales. El calificativo
Jesús. CALAMANDREI. cuando se produce el rechazo preliminar de una demanda invocándose una causal de improcedencia impertinente. llenándola de contenido"9. Piero. 1989.
CHANG. la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva puede tener lugar. Para Piero Calamandrei. finalmente. o con su inejecutabilidad. entre otras situaciones. Editorial Civitas. plantea que el derecho a la tutela judicial efectiva despliega sus efectos en tres etapas. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. José Luís Terán Suárez
de efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional. Pág. y con ejecución de la sentencia modificándose sus propios términos.
. que son: en el acceso al proceso y a los recursos a lo largo del proceso en lo que la doctrina conoce como derecho al debido proceso a litis con todas las garantías. La Tutela Jurisdiccional. En ese orden de ideas. Madrid. en la etapa de ejecutar la sentencia”11.Dr. con la inadmisión de un recurso ordinario o extraordinario. Jesús González Pérez señala que: “la tutela efectiva se resume en el derecho a que se „haga justicia‟. con la aplicación de la reformatio in pejus. Martel. en la instancia de dictar una resolución invocando un fundamento jurídico y. La Tutela Jurisdiccional Efectiva. GONZALEZ PEREZ. 26. “la tutela jurisdiccional se halla comprendida mejor bajo la denominación de garantía jurisdiccional de las normas jurídicas y son los diversos medios que el Estado prepara para reaccionar contra la inobservancia del derecho objetivo”10.
haciendo efectiva de esta manera la facultad que otorga la Constitución y las normas internacionales. El debido proceso en materia tributaria. por haber sido incorporada en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. que dicha ejecución es. entendiéndose como aquel conjunto de garantías que limitan las prerrogativas estatales. José Luís Terán Suárez
El autor Juan Bautista Bardelli añade además que: “la tutela solo será realmente efectiva cuando se ejecute el mandato judicial. parte vital y esencial del derecho consagrado en el texto constitucional. lesión o disminución jurídica de un derecho fundamental”12. el incumplimiento de lo establecido en una sentencia con carácter de cosa juzgada implica la violación. Juan Bautista.
Los actuales Estados de Derecho lo han integrado a sus Constituciones como derecho humano.Dr. 4.
. En sentido. La Tutela Jurisdiccional. ha alcanzado el rango de norma de jus cogens. de obtener una sentencia motivada y que esa sentencia se cumpla. las decisiones administrativas y jurisdiccionales que impliquen la intromisión en la
BARDELLI. por tanto. por tal motivo.
En el Ecuador. la tutela jurisdiccional es un derecho de toda persona para acudir libremente a la justicia buscando protección de sus derechos e intereses.-
El debido proceso legal (due process of law) como garantía universal. A nuestro criterio. el debido proceso y la imparcialidad del juez. se han caracterizado por ser tutelares de derechos y garantías.
. El Debido Proceso. cuando prescribe: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. deben ser adoptadas estrictamente conforme a derecho y en estricto apego al principio de legalidad. José Luís Terán Suárez
esfera de los derechos de los contribuyentes.Dr. Eduardo. Por su parte. mediante un simple procedimiento. que prive del derecho a defenderse y a dispensar de la garantía que constituye el poder judicial para todos los ciudadanos”14. ni por un trámite administrativo cualquiera. con la finalidad de alcanzar una justa administración de justicia. se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
ZABALA BAQUERIZO. los principios y las normas constitucionales legales e internacionales aprobadas previamente. Para Jorge Zabala Baquerizo.
En nuestra Carta Política. Couture. lo define así: “Se trata. en resumen. reconoce expresamente las garantías básicas del derecho al debido proceso. debido proceso: “Es el que se inicia. que nadie puede ser privado de las garantías esenciales que la Constitución establece. Fundamentos de Derecho Procesal y Civil. se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos. así como los principios generales que informan el derecho Procesal Penal. el artículo 76. provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano como un derecho”13. Jorge.
Corte Suprema de Justicia. 17-V-2008). 366-S. „sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales‟ a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”16. 11-VII-2001. Artículo 76.O. Caso No. garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”15. 167-07 y 252-06.
. Fallos Nos. 339-S. José Luís Terán Suárez
básicas: 1. 334-S. No.O. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial.
Este criterio ha sido recogido internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. llevar a cabo un adecuado procedimiento. podemos señalar.O. 12-V-2008). La Corte Suprema de Justicia del Ecuador17. su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto. 118-07(R.
Aplicando estos criterios del debido proceso en las facultades con las que cuenta la Administración Tributaria. y. también se ha adherido a este criterio.O. 366S. 26-III-07). considerando que las prerrogativas a ellos concedidas no son ilimitadas.O. que corresponde a la Autoridad Tributaria y a los Tribunales Fiscales. 030-2000-TC (R. 167-07 (R. 118-07. 11-VII-2001). Corte Interamericana de Derechos Humanos.Dr. 030-2000-TC. donde se señaló: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula „Garantías Judiciales‟. precisamente su ejercicio deberá enmarcarse en los límites
Constitución de la República del Ecuador. pues. 50. en los fallos No. emitidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo. 252-06 (R. R.
Un claro ejemplo en el ámbito de aplicación de los límites al ejercicio de las prerrogativas ya mencionadas. por tal motivo. numerales décimo noveno y vigésimo.
. por tanto debe encontrase protegida. al referirse a los derechos de libertad.. relacionadas con las obligaciones tributarias. Con relación al secreto fiscal. que sin dejar de ser legales. artículo 99 inciso primero. responsables o terceros.Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes. Código Orgánico Tributario. el inciso primero del artículo 99 del Código Orgánico Tributario. y principalmente en aquellos de carácter constitucional. serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria”19. que nuestra Constitución18 lo reconoce y garantiza en el artículo 66. etc. debemos señalar que la información que posea la Administración Tributaria sobre los contribuyentes. José Luís Terán Suárez
dispuestos por la propia ley. conceptos indeterminados. es el secreto fiscal.. numerales décimo noveno y vigésimo. Así. Artículo 66. son las potestades administrativas discrecionales. dispone: “Carácter de la información tributaria. su límite es difuso por provenir de oscuridad normativa.
Otro ejemplo de limitación a las prerrogativas de la Administración Tributaria. existe un margen en el cual la Administración Tributaria puede tomar una u otra decisión..Dr. falta de certeza. debe tener el carácter de personal y reservada. ya que su divulgación se encuentra expresamente prohibida salvo autorización del titular o el mandato de la ley.
5. Universidad Austral.
GARCIA de Enterría. sin embargo. es deber de la Administración justificar el por qué de tal decisión. Tomo II. Curso de Derecho Administrativo. puesto que se las utilizará para cumplir la finalidad considerada por la ley. García de Enterría. al respecto dice que: “El fin de las potestades discrecionales es también un elemento reglado de las mismas. José Luís Terán Suárez
Alejandro Altamirano.
ALTAMIRANO. podemos señalar que es imposible erradicar las facultades discrecionales de la Administración Tributaria. Buenos Aires. Pág. Alejandro. Eduardo. Madrid. siempre estará sometida a la ley que la faculta. Editorial Civitas. además no puede ser entendida como injusta y arbitraria.
. 2001.-
La seguridad jurídica es la estabilidad mínima que las instituciones que rigen la vida de una sociedad deben tener y la vigencia auténtica de la Ley. la finalidad pública o del interés general”21.
Por lo tanto. o en todo caso. se deberá velar porque éstas sean reducidas a su máxima expresión y que encuentren su límite en el principio de legalidad.
En conclusión. al haberse escogido una. al referirse a la discrecionalidad afirma: “La discrecionalidad importa la libertad de elección entre dos o más soluciones igualmente justas. como garantía de los administrados. y el por qué de la eliminación de las otras soluciones”20. pues sólo se tornará así cuando se aleje de la disposición legal que le da su origen.Dr. la discrecionalidad tiene límites. La Discrecionalidad Administrativa y la Motivación del Acto Administrativo de Determinación Tributaria. 87. La Seguridad Jurídica en materia tributaria.
La Constitución de la República del Ecuador22 . en especial en materia tributaria. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) “Toda persona tiene derecho a ser oída.Dr. de manera que toda persona natural o jurídica que desarrolle o quiera emprender en una actividad económica. Un reciente sondeo de opinión en la República del Ecuador ubica al valor “seguridad jurídica” como el más importante condicionante en el
momento de adoptar decisiones económicas. y que debe manifestarse. por medio de la tutela jurisdiccional.
. Es claro entonces que la seguridad de los derechos individuales del sujeto pasivo u obligado tributario es un valor fundamental del Estado democrático de derecho. en su artículo 82. Artículo 82. José Luís Terán Suárez
manifestada en el respecto a los derechos proclamados en la Constitución y en la Ley y en la posibilidad de que su amparo sea eficaz. por un juez
Constitución de la República del Ecuador. por encima de otros factores tales como la crisis económica global y la estabilidad política. Tal como expresa el art. Este es un elemento que abona en favor del mayor grado de desarrollo de un país. incluso. pueda realizar sus
proyecciones en base a reglas del juego previamente conocidas y medianamente estables. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. y. entre otros. reconoce en favor de los ciudadanos el derecho a la seguridad jurídica y debería hacerse manifiesta en todos los ámbitos.
Artículo 8. establecido con anterioridad por la ley.
. en lo que aquí interesa. independiente e imparcial. el acceso a la justicia. en general.
inexcusablemente. Pues bien. laboral. laboral. de una importancia superlativa. en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho. fiscal o de cualquier otro carácter. De ahí que los ordenamientos jurídicos deben garantizar. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. denigra una de las libertades fundamentales de todo ser humano. que al interpretar el Pacto dice: “…a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.Dr. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. cabe recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. al debido proceso que se aplica en materia penal”24. si se quiere. fiscal o de cualquier carácter”23. Bien entendido que ésta es únicamente la que se brinda y se asegura con tribunales independientes e imparciales. la rigurosidad de su respeto es. Dicho en otras palabras. si tener derecho es poder exigir su respeto a través de un Tribunal. el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 se aplica también a esas órdenes y por ende. un sistema que dificulta o impide el acceso a la justicia.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). José Luís Terán Suárez
o tribunal competente. Si proyectamos el alcance de la seguridad jurídica al campo tributario.
en los siguientes términos: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y e la existencia de normas jurídicas previas..Dr. La existencia de reglas de juego sólidas. Más aún. claras. y un argumento para defender privilegios y obstaculizar el cambio. Artículo 82. José Osvaldo: Ponencia argentina en las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Pero.pues todo ello. Constitución de la República del Ecuador. se refiere al derecho a la seguridad jurídica. por lo que resulta inconveniente sumarle más sorpresas…”25.
. José Luís Terán Suárez
Con suma precisión lo ha advertido Casás. La Constitución de la República del Ecuador. justas y bien hechas asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. públicas y aplicadas por las autoridades competentes”26. de por sí. constituye una genuina aspiración de la sociedad. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de
CASÁS. La seguridad jurídica es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y aplicados. hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa para mantener el statu quo. cuando señala que: “…es en materia tributaria donde el Estado se ve más propenso en efectuar bruscas alteraciones al sistema vigente “..lo cual es grave en una economía fundada en la libertad de iniciativa y de empresa que demanda un clima de seguridad jurídica y de previsibilidad del obrar gubernamental para adoptar decisiones de inversión previa estimación de costos y beneficios. está supeditado a los abundantes imponderables del mercado.
Solo con seguridad jurídica hay firmeza en las sentencias. y con el debate público.Dr. que el Estado. y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. se puede asegurar. y con el necesario aval moral de la sociedad para expedidas. porque solo sometiendo la revisión de la idoneidad de los actos y resoluciones administrativas a los tribunales. aunque fuese
relativamente. El principio de la unidad jurisdiccional y el derecho a impugnar judicialmente todos los actos de la administración pública. La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas. José Luís Terán Suárez
demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones. son otras manifestaciones del principio de seguridad jurídica. con el principio de legalidad en la actuación de la administración pública. con la atribución de competencia a los jueces. etc. etc. abierto y eficaz para cambiarlas. garantizan el apego a la Ley. y la institución de la cosa juzgada. cuyo objetivo final es examinar la legalidad de los fallos y ajustar las decisiones judiciales a los preceptos de la Ley. La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes. En el presupuesto de la seguridad jurídica se basa todo el sistema de administración de justicia. o la contraparte de un contrato. El mismo fundamento tiene el recurso de casación. obren con sujeción al Derecho y no en forma arbitraria.
Dr. pues lo cierto es que su consolidación es consecuencia de un dilatado proceso que ha ido vulnerando sus principios y sus diversas estructuras.
Sería vano efectuar un exhaustivo análisis histórico sobre el origen de la llamada justicia administrativa y contenciosa tributaria.
. los principios básicos sobre tributación se han recogido en normas de derecho público a las que se sujeta el poder tributario.
Los organismos administrativos y jurisdiccionales fueron concebidos para hacer más efectiva la tutela de los intereses públicos. Constituyen la respuesta a la necesidad de dar soluciones particulares a litigios específicos y complejos. irrenunciable e indelegable. que por su propia naturaleza es abstracto.
“administración tributaria” y “jurisdicción contencioso tributaria”. Introducción.-
En la actualidad. permanente. habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración Tributaria y a los Tribunales Distritales de lo Fiscal. José Luís Terán Suárez
existen principios específicos creados tanto constitucionalmente. Derecho Administrativo Alemán. publicada en el RO No.Dr. para la comprensión integradora de la ley y su proyección para la resolución de un litigio concreto.
La actual Constitución de la República del Ecuador. 449 de 20 de octubre del 2008.
. al referirse a los
Podemos de tal modo afirmar que no puede equipararse la función jurisdiccional. José Luís Terán Suárez
Mayer27 enseñaba que la función jurisdiccional podía ser ejercida tanto por los jueces del Poder Judicial como por funcionarios de la Administración. cuanto de forma legal. no lo hace con la independencia que define lo estrictamente jurisdiccional.-
Para la creación y aplicación de la normativa tributaria en el Ecuador. que si bien resuelve controversias declarando el derecho. interpreten y conjuguen su razonamiento aplicando y cumpliendo correctamente con los todos y cada uno de los principios de la tributación. Principios del Derecho Tributario. pero con la importante diferencia que la justicia administrativa era solo la desarrollada por una magistratura independiente dentro de un procedimiento reglado por la ley. Otto. es necesario que los actores involucrados en el tema tributario. que la encargada a un órgano incorporado dentro de la estructura de la misma administración.
Por consiguiente. en su artículo 300.
se refiere al principio de legalidad y de reserva de ley. generalidad. del texto de la ley tributaria.
Constitución de la República del Ecuador. irretroactividad.Dr. equidad. eficiencia. modificar. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer. se desprende además el principio de la no confiscación. como los contemplados en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario. exonerar y extinguir tasas y contribuciones. igualdad. Artículo 300.
El artículo 301 de la Constitución.
. que dispone: “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad. transparencia y suficiencia recaudatoria”28. Artículo 301. pertenecen a principios generales aplicables a los procedimientos administrativo y contencioso tributarios vigentes en el Ecuador. simplicidad administrativa. modificar. proporcionalidad e
irretroactividad”. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”29.
En nuestros días. José Luís Terán Suárez
principios tributarios prescribe: “El Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad. en los siguientes términos: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer. esos grandes principios pueden reconducirse a dos: el principio de legalidad tributaria y el principio de capacidad contributiva. Constitución de la República del ecuador.
Estos principios tributarios constitucionales. progresividad.
A más de los principios mencionados. exonerar o extinguir impuestos.
del texto constitucional se inferían los principios de:   
Legalidad Irretroactividad. en cambio.1. Generalidad
Además. José Luís Terán Suárez
De ahí que en esta perspectiva los principios tributarios no solo se entienden como la contrapartida de las garantías del contribuyente. para la aplicación de políticas integrales tendientes a redistribución y estimulará el empleo. los siguientes:   
Igualdad Proporcionalidad.
Principios tributarios constitucionales. sino como condiciones necesarias al Estado en su conjunto. No confiscatoriedad
La Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008. establecía expresamente como principios tributarios. establece como principios tributarios:   
Generalidad Progresividad Eficiencia
. la producción de bienes y servicios.Dr.
La Constitución Política del Ecuador. sociales y económicas
responsables. vigente hasta el 19 de octubre del 2008. y conductas ecológicas.
Dr. proporcionalidad e irretroactividad”30. generalidad.
Sin embargo de la disposición legal citada. varios autores del Derecho Tributario.El Código Orgánico Tributario. igualdad. en su artículo 5.2. el principio de legalidad.
2. artículo 5.
Principios tributarios legales. José Luís Terán Suárez
Simplicidad Administrativa Irretroactividad Equidad Transparencia Suficiencia recaudatoria
Se entiende también de su tenor. consideran que los principios por los cuales se rige el sistema tributario son los siguientes:      
Principio de legalidad Principio de generalidad Principio de igualdad Principio de proporcionalidad Principio de irretroactividad Principio de la no confiscación
. establece que: “El
régimen tributario se regirá por los principios de legalidad.
En virtud de este principio.
Este principio se recoge en la Constitución y en el Código Tributario. de manera conjunta. este principio apunta a que no puede existir tributo sin ley que lo establezca. estudiar y analizar cada uno de los principios constitucionales y legales mencionados. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Alfredo. debe existir la expresión de voluntad. a derecho. Bogotá 2002.Dr. reconocido universalmente por la doctrina y consagrado con mayor o menor rigor en las constituciones de los diferentes países consiste.
. Pág. esencialmente. Editorial Nomos S.A. al expresar que sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer. procedemos a revisar.
No hay tributo sin ley. es decir a través de una ley.
LEWIN FIGUEROA. manifestada en forma solemne.. el Estado se rige y acepta estar sometido a normas. modificar o extinguir tributos. de la siguiente manera:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD “El principio de legalidad. 20. “Principios Constitucionales del Derecho Tributario”. José Luís Terán Suárez
Para efectos del presente trabajo de investigación. nullum tributum sine lege. en que la obligación de pagar tributos tiene como única fuente la Ley. Expresado de otra manera. Este principio se identifica con el viejo aforismo de “no taxation without representation. legítimamente constituida. lo cual está íntimamente vinculado con una idea central: para que se creen o modifiquen tributos.”31
Este principio se encuentra dentro del marco del Estado de Derecho.
que dice: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer. Artículo 301. Nuestra Carta Política. José Luís Terán Suárez
El principio de legalidad es también conocido como principio de reserva de ley. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”32. modificación. modificar. modificar.Dr. exonerar o extinguir impuestos. exonerar y extinguir tasas y contribuciones. el principio de legalidad tiene jerarquía constitucional.
. así el artículo 11. pues determinan su existencia.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano. en nuestro ordenamiento. sólo puede ser mediante ley. acertadamente delimitó este principio únicamente a los impuestos. numeral 3 de la Constitución dispone: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. se refiere a que la creación.
En los Estados de Derecho.
Constitución de la República del Ecuador. ya que para la creación de las tasas y contribuciones especiales. el principio de legalidad es la piedra angular de las actuaciones administrativas. aunque en la doctrina jurídica existe una sutil diferenciación entre ambos conceptos. está contemplado en el artículo 301 de la Constitución. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer.
Este principio no es exclusivo de la materia tributaria. exoneración o extinción de los impuestos. se dispone esta facultad a los organismos seccionales autónomos.
El principio de reserva de ley.
Este aspecto se conoce en la doctrina con el nombre de principio de reserva de ley y tiene que ver. se establece que: “el principio de legalidad impone que tanto el procedimiento administrativo. José Luís Terán Suárez
(…) Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”33. que la actuación de la Administración debe ser absolutamente reglada y no discrecional”34. el principio de legalidad debe entenderse como del cual se deriva la
preeminencia de la ley en las actuaciones administrativas. Cit. para la modificación de los tributos. es decir. y con la precisión acerca de qué elementos y definiciones deben estar contenidos en ella.
Al respecto. al tema de la creación normativa de los tributos para establecer límites a las potestades del Estado y sus gobernantes. el que exige la conformidad de la actuación de la Administración a la ley”35.Dr. directamente. se conduzcan dentro de las normas que establezca la ley. Pág. XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. “Debe destacarse que el principio de legalidad no está restringido. con el tipo de norma que se requiere para la creación y. en las XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. LEWIN FIGUEROA. Ob.. en la quinta recomendación.
únicamente. numeral 3. Alfredo. es decir. Artículo 11. 20
. en general. como el acto final de determinación. También.
78. con tres diferentes aspectos a saber:
a) La representación popular en materia tributaria. están sometidos en forma estricta e imprescindible al principio de legalidad. y que contiene una norma jurídica”36. a favor del Estado. al menos. en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley. entendiendo ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución para la sanción de las leyes.
GARCIA BELSUNCE. Horacio. Estudios Financieros. los derechos y obligaciones tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes y responsables. todo el conjunto de las relaciones tributarias.Dr. José Luís Terán Suárez
El principio de legalidad dice García Belsunce. “constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario.
Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad.-
En cuanto al alcance del principio de legalidad en materia tributaria.
. una reciente sentencia de la Corte Constitucional colombiana tiene el mérito de establecer con claridad su alcance. por cuanto los tributos importan restricciones a ese derecho. pág. ya que en su virtud se sustrae. algo del patrimonio de los particulares.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre el alcance del principio de legalidad. el cual se relaciona.
De otro lado. Sentencias C-004 de 1999. según el cual no puede haber impuesto sin representación de los eventuales afectados. así como los hechos.Dr. M. 338). c) Las facultades tributarias de las entidades territoriales de conformidad con la Constitución y la ley. dentro de su autonomía. Por ello la Constitución autoriza únicamente a las corporaciones de representación pluralistas. esta Corporación ha precisado el alcance del principio de legalidad tributaria. Dijo la Corte: “En anteriores oportunidades. y por ende
Corte Constitucional Colombiana. puesto que Colombia es una país unitario.a imponer las contribuciones fiscales y parafiscales (CP art. José Luís Terán Suárez
b) La predeterminación de los tributos. M.como el Congreso. 338). y ha señalado que éste comprende al menos tres aspectos. Esto muestra entonces que las entidades territoriales .37 De un lado. las asambleas y los concejos. pueden establecer contribuciones pero siempre y cuando respeten los marcos
establecidos por la ley. Ciro Angarita Barón y C-084 de 1995. ya que fija los elementos mínimos que debe contener el acto jurídico que impone la
contribución para poder ser válido.
. Dr.P. Y. Alejandro Martínez Caballero. finalmente. pero de conformidad con la Constitución y la ley. las bases gravables y las tarifas (CP art. Dr. la Constitución autoriza a las entidades territoriales a establecer tributos y contribuciones. la Carta consagra el principio de la predeterminación de los tributos.P. puesto que ordena a que tal acto debe señalar los sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria. este principio incorpora lo que la doctrina ha denominado el principio de representación popular en materia tributaria.
Ed. José Luís Terán Suárez
los departamentos y municipales no gozan de soberanía fiscal (CP arts. Loja UTPL.
El principio de generalidad no es nuevo en nuestro sistema jurídico y es uno de los basamentos de todo régimen tributario.38 “…la generalidad positivamente equivale a la contribución de todos los administrados al impuesto. cualquiera que sea el carácter del sujeto. no son privilegios que atentan a este principio.
La generalidad implica que la imposición es para todos. sexo. y negativamente que nadie debe quedar exceptuado de la ley tributaria. Las exenciones son consideraciones especiales de carácter público.
Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan. y no referirse en concreto a determinadas personas o grupo de personas. reduciéndose las exenciones
VALLEJO ARISTIZÁBAL. Sandro.Dr.287 y 338)”. 2ª. sea concediéndoles beneficios. 2007. Según Vallejo Aristizábal. Régimen tributario y aduanas. esto quiere decir que las leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas. nacionalidad. la aparición del deber de contribuir. categoría social. exenciones o imponiéndoles gravámenes. según la ley.
El régimen tributario se rige por el principio de generalidad. este deber fundamental debe ser cumplido.
. edad o estructura.
Edición. como hecho
El límite de la generalidad está constituido por las exenciones y beneficios en materia tributaria. 1992. derecho financiero y tributario. linaje o casta. según la generalidad.
Estas exenciones y beneficios tributarios. No se trata de que todos deban pagar tributos. “Este principio de generalidad se refiere más a un aspecto negativo que positivo. clase. 5ª. el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona.
al mínimo y sólo en los casos de interés público establecidos en la ley. El poder de eximir o conceder dispensas tiene validez constitucional por no otorgarse por razones de linaje. de clase.Dr. Curso de finanzas. conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos pese a configurarse (real o aparentemente) el hecho imponible. que existen exenciones a favor de instituciones de beneficencia. o de promoción de ciertas
VILLEGAS. debe quedar sujeta a él”39. así. cuya situación coincida con la señalada generador del tributo. o a fomentar actividades convenientes para la convivencia o para el desarrollo del país”. Pág. sin embargo. y la facultad de otorgamiento no es omnímoda o general para todos los contribuyentes. pero nunca en razones de privilegios. raza o casta. Ediciones DEPALMA. 200. tienen carácter excepcional y se fundan en razones económicas. sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales. sociales o políticas. Buenos Aires. sino por otorgarse en función de circunstancias de orden económico y social tendientes a lograr una efectiva justicia social. Héctor. En otras palabras. Se observa.
Existen exenciones políticas a favor de bienes y personas extrajeras que se basan en razones diplomáticas y de reciprocidad. son precisamente las excepciones constantes en la ley. que apenas alcanzan para su subsistencia. Universidad Complutense. Fernando. Sáinz de Bujanda40 manifiesta que: “…el reparto de la carga tributaria exige la determinación cuantitativa concreta de la prestación tributaria de cada individuo. deben ser alentadas con la eximición impositiva. por tanto saber que han de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas quienes tengan capacidad contributiva.
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Respecto de la progresividad. No basta. Madrid.
culturales. éstas.
SÁINZ DE BUJANDA.
Uno de los mayores problemas de aplicación de este principio tributario.Dr. como es el caso de los escudos fiscales. José Luís Terán Suárez
actividades. También suele eximirse a manifestaciones mínimas de capacidad contributiva por estimarse que ciertas personas no pueden estar obligadas a contribuir por tener ingresos muy inferiores. Se ha dicho con acierto que ante la extrema pobreza. Lecciones de Derecho Financiero. 1979.
artísticas. que por beneficiar a la comunidad.
actividades. sino que es necesario determinar la medida que corresponde a cada sujeto”. el Estado pierde su derecho a exigir tributos. También se otorgan exenciones en beneficio de
ciertas actividades industriales o comerciales que se quiere promover con fines de regulación económica.
y con el de la justicia. “41 “Se ha sostenido por la doctrina.Dr. Se dice que la progresividad. asuma obligaciones mayores. y su cuantía sea más que
proporcional a esa mayor capacidad. como también la de Colombia. sino que. y los gravámenes no sean simplemente proporcionales. Este principio refleja más un concepto político que técnico. Es más. muy explorado por los economistas. al sistema tributario y no a cada tributo en particular. Alfredo. Cit. de la redistribución de la riqueza. La doctrina considera que el llamado principio de progresividad no es distinto al de la igualdad. José Luís Terán Suárez
En las constituciones de varios países. más propio de las disciplinas y de la filosofía. se contempla el principio de progresividad vinculado con el sistema tributario. 106
. que un sistema tributario no deja de ser progresivo si algunos de los impuestos son de naturaleza proporcional. entre las de España e Italia. de tal manera que el legislador atienda la
capacidad contributiva de las personas. lo convierte más en un pública que de derecho tributario. sino principio de hacienda
LEWIN FIGUEROA. como ocurre frecuentemente. Ob. como principio. Pág. para algunos.. Por otra parte. el hecho de que este principio se vincule. se considera que la referencia expresa en las constituciones no es necesaria. quien tenga mayor capacidad contributiva. tiene por objeto hacer justo el sistema. “El principio de la progresividad se ha ligado con el tema. la progresividad del sistema tributario no es más que una exigencia ineludible del principio de igualdad.
Editorial de Derecho Fina nciero. entendido como que el que más tiene. Madrid 1964. También. más pague y el que menos tiene menos pague. o con la dimensión de la transacción que es objeto de la imposición. y no simplemente el de los ingresos.
BERLIRI. los tributos que deben satisfacerse son progresivamente más altos. a mayor renta. “Principios de Derecho Tributario”. la tarifa aplicable para cuantificar la obligación es progresivamente mayor. José Luís Terán Suárez
que lo que importa es que la aplicación conjunta de unos y otros. incluyendo el lado de gastos. 1. el monto o cuantía de la obligación tributaria debe guardar proporción con la capacidad contributiva del sujeto pasivo. es decir. Por ejemplo.Dr. o que mientras más grande es la operación o negocio gravado. la confiscación. dé como resultado una tributación progresiva. y los mínimos exentos. o. por una parte. es decir. si se transfiere un bien de alto avalúo. es mayor el porcentaje aplicable para la determinación del impuesto a la renta.”42
Otra cuestión que se trata por la doctrina tiene que ver con los límites máximos y mínimos en la aplicación del principio de la progresividad.
Este principio guarda relación con el de proporcionalidad. En tanto que el principio de progresividad implica que a mayor capacidad contributiva es mayor la tarifa del tributo.
. Tanto el principio de progresividad como el principio de proporcionalidad se relacionan directamente con la cuantificación de la obligación tributaria. Antonio. el de la progresividad del sistema. vol.
ha sido de manera conjunta. quienes consideran los factores sociales en materia tributaria. ha planteado el problema de la proporcionalidad o de la progresividad de esta carga tributaria. enfrentando los elementos de eficiencia.-
En pocas ocasiones ha tenido la Corte Constitucional la oportunidad de referirse al principio de progresividad. se pronuncian a favor del impuesto progresivo. quizás por su misma naturaleza y por su íntima relación con los principios de equidad e igualdad. Cuando lo ha hecho. debe contar como eje central con un impuesto progresivo a la renta. José Luís Terán Suárez
En el sistema ecuatoriano este principio se plasma de manera precisa en el impuesto a la renta. lo que se evidencia de una revisión general de los sistemas impositivos modernos. invocando simultáneamente los otros principios y expresiones. Mientras los autores de tendencias fuertemente individualistas se inclinan a favor del impuesto proporcional.Dr. Resulta innegable que un sistema tributario que busque una adecuada redistribución y plasmar de la mejor manera el principio de equidad.
En relación con el alcance del principio de progresividad y su aplicación práctica en el análisis de constitucionalidad que corresponde a la Corte en cumplimiento de las facultades que le son propias y exclusivas y.
Actualmente. el régimen del impuesto a la renta en varios países. con los de justicia. respecto a si la progresividad debe reputarse en relación con
. particularmente. es decir.
ordenada en una ley ordinaria. se establecerá si la división organizativa de las notarías en categorías. debe obligatoriamente mantenerse por una ley tributaria imponiendo tasas diferenciales de conformidad con el mismo factor alrededor del cual ellas se han diferenciado funcionalmente. igualmente. las leyes singulares son los afluentes normativos del sistema que resulta de su integración y. desprovistos de control constitucional. ineficiencia y regresividad. podría aportar al sistema una dosis de manifiesta inequidad. “El actor sindica a la estructura proporcional de la tarifa del tributo especial como causante de la violación que denuncia al principio de progresividad.Dr. no puede ser aprehendida en una revisión de constitucionalidad de una ley singular. los principios. como se ha recordado. ello no quiere decir que su examen no pueda llevarse a cabo frente al contenido concreto de la norma acusada cuando la misma. ineficiencia o regresividad. José Luís Terán Suárez
el “sistema” o con cada tributo en particular. “En estas condiciones. Si
. La compatibilidad de un tributo proporcional con el principio de progresividad y
consagrado en la Constitución no puede definirse de manera general
abstracta sino a la luz de las características de cada situación planteada. tiene un cometido esencial de límites que. eficiencia y
progresividad. Finalmente. deben destacarse las siguientes dos providencias cuyos apartes pertinentes se transcriben: “Si bien la cualidad sistémica de los principios de equidad. el análisis se orientará a precisar si el tributo especial demandado introduce al sistema un ingrediente de manifiesta inequidad. quedarían inactuados. de otra parte. de conservarse.
Aparentemente no existe en la Doctrina un concepto único acerca de la eficiencia como principio. este principio se ha relacionado con las eventuales distorsiones en la asignación de los recursos de la economía. Dr.
. pero generalmente se relaciona con el ideal de impuestos que se recauden con el menor costo posible. con lasa conocidas secuelas de evasión y elusión que son las principales responsables de la inequidad de esta materia”.P. Fabio Morón Díaz. sólo por no obedecer a un diseño fiscal progresivo. También. la “eficacia”.P.
El jurista doctor Palacios Mejía. exige. M. estaría vedada. En cambio. quien “logra hacer efectivo un intento o propósito”.Dr. explica que la “eficiencia” es distinta a la “eficacia”. tanto para el Estado como para los contribuyentes. autor de una de las más destacadas obras sobre aspectos económicos. Sentencias C-364/93. no habría motivo alguno para sostener que su incorporación al sistema tributario. Es eficaz conforme el diccionario de la lengua española. “Si se interpreta el principio de progresividad en el sentido de que todos los tipos impositivos deben ser “progresivos”. amén de propiciar la ineficiencia en la administración y recaudo de los impuestos. M. se reduce ostensiblemente el repertorio de fuentes legítimas de exacción que aportan enormes recursos al erario – tributación “indirecta” – generando déficit fiscal. José Luís Terán Suárez
el tipo impositivo en sí mismo resulta razonable y equitativo. no sólo
Corte Constitucional Colombiana. Carlos Gaviria Díaz y C-080/96.
considerando que por regla general los tributos más justos resultan más complejos de administrar y por tanto suelen resultar menos eficientes desde la perspectiva económica. La “eficiencia”.”. Lo que se busca es que los impuestos no sean distorsionados y que por sí mismos no influyan en las conductas socioeconómicas de los contribuyentes. José Luís Terán Suárez
que se consigan resultados. supone la “eficacia”. posiblemente por esa razón.
El principio de la eficiencia es más de carácter técnico tributario que político y. y en las corrientes de pensamiento acerca de la relación entre el Derecho y la Economía. son aspectos centrales en los estudios relacionados con el análisis económico del derecho.
En el ámbito tributario. sino que se los alcance con los menores costos posibles. dice él. por sus debilidades en materia de recaudación y por sus afectaciones en la presión fiscal indirecta. pero no al revés. esto quiere decir que se debe procurar que el impuesto no interfiera en la asignación eficiente de los recursos.
Este principio tiene un fuerte contenido económico y puede ser entendido como una asignación económica que no puede ser reemplazada por otra que mejore la situación relativa de algún individuo sin empeorar la de otros.Dr. no está contemplado en la mayoría de las Constituciones de los respectivos países El concepto de “eficiencia” y su conflicto o relación con la “equidad”.
La aplicación práctica de este principio resulta difícil.
el precio de compra fijado en la escritura no podrá ser inferior a una suma en la cual el préstamo represente el 70% del total. la Corte analizó los cargos y dijo. con motivo de una demanda de inexequibilidad interpuesta contra el artículo 278 del Estatuto Tributario relativo al costo mínimo de los inmuebles adquiridos con préstamos y según el cual.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.Dr. entre otras cuestiones. las medidas analizadas se enderezan a restabl ecer la equidad e igualdad de la carga tributaria entre los contribuyentes y. lo siguiente: “En su conjunto.
En 1993. pues los parámetros no siempre resultan coincidentes.” “En este sentido. y sobre todo complejo de medir. de otra parte.. Ellas mismas. aproximar la cifra de recaudo efectivo a la cifra de recaudo potencial. deben examinarse los efectos de las medidas sobre las
relaciones comerciales y el libre movimiento de mercancías. José Luís Terán Suárez
Buscar un equilibrio adecuado entre equidad y eficiencia resulta siempre difícil. En algunas de ellas. la Corte Constitucional Colombiana ha dado aplicación práctica al principio de la eficiencia. capital y personas
En no muy numerosas sentencias.Principio de Eficiencia y principio de equidad. sin embargo no se sustraen al mandato constitucional que obliga a tomar en consideración el principio de eficiencia. lo ha hecho confrontando dicho principio con el de equidad. cuando se adquieren bienes raíces con préstamos de entidades sometidas a la vigilancia del Estado.
por lo menos en la hipótesis en la que la ganancia de equidad resulta ser mínima en comparación con la magnitud de pérdida que ella produce en eficiencia. M. El propósito de evitar el incumplimiento de las normas tributarias. en los mencionados ámbitos.” “La idea coexistencia de equidad y eficiencia. Difícilmente las normas adoptadas contra la evasión y la elusión fiscales. hasta el punto en que. José Luís Terán Suárez
. El indicado principio igualmente obliga a sopesar la medida respectiva en términos de su menor costo administrativo tanto para el contribuyente como para la administración. En un estado social de derecho que favorece la equidad y estimula la eficiencia.Dr. dejan de tener así sea un ligero efecto de distorsión en la actividad económica.vgr a través de una medida contra la evasión se justifica así sacrifique la eficiencia.”44
Corte Constitucional Colombiana. Dr. el logro de un mayor nivel de equidad. en las cuales una ganancia en equidad puede tener un costo en eficiencia y un incremento de ésta derivar en pérdida en aquélla. Sentencia C-015/93. por sí solo no puede crear graves distorsiones y traumatismos. atendidas las circunstancias históricas. so pena de quebrantar el principio de eficiencia. Eduardo Cifuentes Muñoz. no siempre se puede traducir con exactitud en la realidad normativa y en la praxis.P. en general. la libre iniciativa económica. un sacrificio mayor carezca de razonabilidad.
aun considerando que la administración tributaria de por sí tiene un costo alto por el nivel de especialización y tecnología que requiere. José Luís Terán Suárez
Este principio se refiere a que debe ser fácil y relativamente económico administrar los impuestos.
Su importancia radica en buscar los mecanismos más ágiles para el ejercicio de las facultades de la administración tributaria. se ha sostenido que la prohibición de la retroactividad de las leyes tiene como fundamento la garantía de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. desde Roma. En el campo civil. Tiene estrecha relación con el principio de eficiencia. y en el área penal. que condiciona el quehacer de sus funcionarios y guarda relación con lo que se denomina la presión fiscal indirecta. ni aplicársele una sanción que hubiere sido también previamente señalada en una ley.
. el que nadie pueda ser castigado por una conducta que no hubiere sido previamente tipificada como prohibida. pero que no forman parte de la recaudación fiscal. que representa los costes que debe asumir el contribuyente por efecto del sistema tributario.Dr.
Abundante literatura se ha producido alrededor del principio de irretroactividad de las leyes en diferentes áreas del Derecho.
y para intentar su adecuado tratamiento legal y
En cuanto al concepto en sí mismo de la retroactividad de una ley. en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos. la de grado mínimo. numerosos doctrinantes. testimonio de la preocupación por los
de las normas retroactivas y del esfuerzo que. cuando afecta derechos en curso. y de grado medio. afirman que ella puede ser de grado máximo o auténtica. en
diferentes épocas y países. el tema de la irretroactividad de las normas ha originado también muchos importantes efectos escritos. la de grado máximo. de grado mínimo (retrospectividad). José Luís Terán Suárez
En el campo tributario.Dr. es decir.
El principio de irretroactividad es fundamental para la aplicación de la normativa tributaria. Tiene dos supuestos para aplicarse: uno general y otro específico para el ilícito tributario. las leyes tributarias. La primera. han desarrollado los doctrinantes y los jueces. para comprender el fenómeno constitucional. sus reglamentos y circulares de carácter general.
De forma general. regirán en todo el territorio nacional. desde el día siguiente al de su
. (retroactividad) cuando la ley se aplica a efectos aún no nacidos de derechos adquiridos y situaciones consolidadas y de grado medio. ocurre cuando la ley afecta derechos consolidados ya integrados al patrimonio de un sujeto o sobre situaciones absolutamente definidas. en su mayoría civilistas.
términos de prescripción más reducidos. Artículo 3. y si la determinación o liquidación se realiza por periodos menores.). José Luís Terán Suárez
publicación en el Registro Oficial. 3 del Código Tributario que señala expresamente que: “…No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyente”46. cuando contemplen situaciones más favorables al infractor (supresión de sanciones. las normas tendrán efecto retroactivo únicamente..Dr. pues por principio general en el campo del Derecho Penal.
La norma citada puntualiza que las leyes que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deba realizarse por periodos anuales. 11 Código Tributario)45.-
La Corte Constitucional Colombiana ha tenido ya la oportunidad de pronunciarse sobre diversas leyes que han sido demandadas por presuntas o
Código Orgánico Tributario.Fundamento. Código Orgánico Tributario.
En estos términos resulta interesante la mención del Art.
. la irretroactividad tiene una excepción. son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario. sanciones más benignas. salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación (Art.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. esencia y finalidad del principio de la irretroactividad. por ejemplo el impuesto a la renta. se aplicarán desde el primer día del mes siguiente. etc.
En cuanto a la aplicación al campo penal tributario. Artículo 11. aún cuando exista sentencia condenatoria.
por violación irretroactividad.” “En general –escribe Valencia Zea-. y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. la existencia del principio de irretroactividad. que resulta exorbitante al sentido de la justicia. Y lo tiene que
. la Corte estimó necesario señalar los que son los fundamentos. existe verdadera
imposibilidad para regular el efecto retroactivo. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.Dr. por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente. El orden público exige.
Dijo la Corte: “El fundamento es la base sobre la cual se asienta o estriba una realidad. Porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación.
Con motivo de la demanda de inexequibilidad del artículo 75 de la ley 6 de 1992 sobre actualización del valor de las obligaciones tributarias pendiente de pago. el efecto retroactivo está prohibido por razones de orden público. en materia tributaria. de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada. José Luís Terán Suárez
reales razones de inconstitucionalidad. se observa que es la necesidad de dar estabilidad al
ordenamiento jurídico. y cuando se pregunta cuál es la base que funda la realidad jurídica del principio de irretroactividad. Además especialmente cuando e trata de la reglamentación de toda una institución jurídica. esencia y finalidad del principio de irretroactividad.
el sentido de la oportunidad normativa. con la siguiente trascripción: “Lo equitativo siendo lo justo. Vladimiro Naranjo Mesa. directa o indirectamente. pues éste riñe con toda falta de armonía”. S i la eficacia de una norma es fuera de oportunidad. M. no es lo justo legal. porque la noción de orden es la armonía de las partes entre sí y de éstas con el todo. Y no puede haber armonía si no existe adecuación jurídica y sentido de oportunidad de la ley en su aplicación en el tiempo.Dr. equivale a otorgar un efecto no adecuado a la verdadera causa. sobre todo cuando se impone una obligación de hacer.”47
La equidad es un postulado fundamental de la tributación y acerca de su noción se cita a Aristóteles. sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal.P. y al serlo se torna en inconveniente.
. “El tiempo. Sentencia C-549/93. y lo que es contrario al principio de conveniencia regulativa es también contrario. y entonces el acto de retrotraer abstractamente los efectos reales a situaciones de hecho. lo justo según la ley. La causa de
Corte Constitucional Colombiana. Dr. al orden público. por lógica coherencia. en su Teoría de la Justicia. José Luís Terán Suárez
exigir. modo y lugar. que en su momento generaron consecuencias jurídicas proporcionadas a las circunstancias de tiempo. el aspecto temporal es substancial. es inadecuada. Es evidente que la ley tributaria debe tener una eficacia temporal. dimensión necesaria para el entendimiento humano determina siempre. de ahí que.
es imprescindible corregirle y suplir su silencio. Del jurisconsulto Ulpiano viene la definición de equidad como “la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde”.”
Para Aristóteles la equidad desempeña un papel correctivo.Dr. la condición de las cosas prácticas. José Luís Terán Suárez
esta diferencia es que la ley necesariamente es siempre general y hay ciertos objetivos sobre los cuales no se puede estatuir convenientemente por medio de disposiciones generales.
. entonces. la ley se limita a los casos más ordinarios. expresó que “la justicia es el modo de
ARISTÓTELES. por su parte. Y así. la falta no está por entero en la naturaleza misma de las cosas porque ésta es. la única diferencia que hay entre ellos es que lo
equitativo es mejor aún”48. sin que disimule los vacíos que deja. Santo Tomás. La ley por esto no es menos buena. Por consiguiente. es decir haciendo la ley como él la habría hecho si hubiere podido conocer los casos particulares de que se trata. como él mismo lo haría si estuviera presente. Dicho filósofo lo sostiene que “lo equitativo y lo justo son una misma cosa. en la edad media. y siendo buenos ambos.
precisamente. . cuando la ley dispone de una manera general y en los casos prácticos hay algo
excepcional. viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber hablado en términos absolutos. Es un remedio para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. en todas las cuestiones respecto de las cuales es absolutamente inevitable decidir de una manera puramente general. sin que sea posible hacerlo bien. Teoría de la Justicia. y hablar en su lugar.
Con relación al principio de equidad. por el concepto de la generalidad concreta. por su parte.“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal.
La equidad vertical guarda relación con el concepto de progresividad y se califica sobre la base de tres aspectos: mayor capacidad de pago. se refiere a que quienes están en situaciones objetivas similares reciban un tratamiento similar. etc. es necesario aclarar que un sistema tributario debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos. da a cada cual su derecho. el principio o concepto de equidad ha estado más vinculado con el trato igual entre iguales y con el trato desigual con desiguales. se refiere a que quien se encuentra en mejores condiciones pague más que quien está en condiciones inferiores.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. existen dos acepciones distintas sobre el alcance de la equidad. La equidad vertical. La equidad horizontal..Dr. mayor nivel de bienestar económico y quien recibe mayores prestaciones del Estado. él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales.”
En materia tributaria. que concluye con el principio según el cual no se permite regulaciones diferentes de supuestos iguales o análogos y
. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta. edad. Desde la perspectiva económica tributaria. José Luís Terán Suárez
conducta según el cual un hombre por una voluntad constante e inalterable. es decir evitando cualquier tipo de discriminación por razón de raza. sexo.Objeto y alcance de los principios de equidad e igualdad.
ej. en la cual. sin que dicha discriminación estuviere basada en principios de equidad y de justicia. “La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad”49. contaduría). al cual se remiten decisiones posteriores de la Corte: “El objeto de la garantía ofrecida a toda persona en el artículo 13 de la Carta no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato dentro de una concepción matemática.Dr.
Otro de los pronunciamientos destacados de la Corte Constitucional colombiana que se refieren al objeto y alcance del principio de igualdad. es el contenido en una Sentencia de 1993. economía. A
continuación. se reproduce la parte sustantiva del fallo. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. el igualitarismo o simple igualdad matemática…. arquitectura. De acuerdo con los demandantes. Alcance del principio de igualdad. ya que al exceptuar ciertos servicios del IVA. ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la previsión y la práctica de razonables distinciones tendientes a evitar que por la vía de un igualitarismo ciego y formal en realidad se establezca. José Luís Terán Suárez
prescribe diferente formación a supuestos distintos. ingeniería. estas disposiciones eran violatorias del principio de igualdad. con la igualdad material. Para
Corte Constitucional colombiana. se decidió la demanda interpuesta contra los artículos 24 y 25 de la Ley 6 de 1992. Se supera también. se favorezca o se acreciente la desigualdad.
. Derecho. discriminaba a unas profesiones (p.
inmodificable y no susceptible de adaptaciones. adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados y protegiendo especialmente a las personas que por condición económica. que tiene fundamento en el concepto del Estado Social de Derecho. Esta función. el Estado procure el equilibrio.”50
Corte Constitucional Colombiana. Dr. física o mental. cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta. se encuentran en posición de debilidad manifiesta. la regla de la igualdad ante la ley. M. no puede desconocer en su determinación tales factores. con base en criterios proporcionados a aquellas. José Luís Terán Suárez
ser objetiva y justa. excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un rasero único.Dr.P. bien por las condiciones en medio de las cuales actúan.” “De allí el mismo artículo constitucional en mención haya estatuido que la actividad estatal se orientará al logro de la igualdad real y efectiva. José Gregorio Hernández
. Sentencia C-094/93. pues unas u otras hacen imperativo que . “La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales. ya por las circunstancias particulares que los afectan. ya que ellas reclaman regulación distinta para fenómenos y situaciones divergentes.
La lealtad del Estado.Dr. aunque es innegable que
VALLEJO ARISTIZÁVAL. José Luís Terán Suárez
El principio de transparencia es complementario del de simplicidad administrativa y guarda relación con el principio general de la Seguridad Jurídica.
. La protección de la confianza. El consentimiento en la formación de la ley. el tratadista Gerardo Ataliba. La representatividad de los gobernantes. La previsibilidad del Derecho. La certeza del Derecho. Sandro.
PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA
El principio de suficiencia recaudatoria. La interdicción de la arbitrariedad. Número 11. que fue ampliamente desarrollado en el capítulo anterior.51 se pronuncia en el sentido de que este principio se plasma a través de:        
La supresión de la incertidumbre y de la sorpresa en el obrar estatal. Se podría afirmar que guarda relación más con una política fiscal en conjunto. es tal vez el que resulta más novedoso en nuestro régimen constitucional tributario. y que resulta más difícil de entenderlo como parte del régimen tributario. Al respecto. Boletín del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario.
Este principio requiere un trato equitativo a todos los sujetos pasivos. que algunos autores.
El régimen tributario se rige también por el principio de igualdad. en igualdad de condiciones. por eso es necesaria su mención respecto de los criterios de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas. sexo. filiación política. Pablo Egas. todo esto en el marco del ejercicio de la actividad financiera del estado y de los objetivos que ésta debe cumplir. posición económica. existencia jurídica. principio que es de aplicación generalizada al estar contemplado
constitucionalmente. origen social. que daría lugar a las mayores injusticias. José Luís Terán Suárez
menciones de este principio se encuentran dentro de varios de los estudios sobre sistemas tributarios. “No se refiere este principio a la igualdad numérica. patrimonio. con exclusión de todo distingo
. vinculan a este principio.
Este principio debemos entenderlo como igualdad para contribuyentes en condiciones similares. color. como el Dr. sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones. concibiéndolo en el marco que delimita el sistema tributario en su conjunto al establecer como condición del mismo su vinculación presupuestaria a la ejecución del gasto público. sin que existan beneficios o gravámenes en función de raza. idioma.Dr. nacimiento. etc. religión.
. Pág. Pero seguidamente. Señala Jarach54 que este principio ha sido interpretado de manera distinta. Curso Superior de Derecho Tributario. Dino. y recibió su primera formulación legal en el derecho público surgido de la Revolución Francesa. Esto significa que imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación económica es tan injusto como que quienes iguales medios sean gravados en distinta forma. Adam Smith decía que los súbditos debían contribuir al Estado en proporción a sus respectivas capacidades. habitualmente se considera que la igualdad es una mera enunciación de tengan
principio. José Luís Terán Suárez
arbitrario. JARACH. 202 GIULIANI FONROUGE. Héctor. injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas”. 1980. Ob. 88.. Pág. Carlos. Buenos Aires. En los países europeos cuyas constituciones contienen el principio de igualdad de una u otra manera.Dr. y no una norma imperativa que obligue a los legisladores a un comportamiento determinado.52
En sus conocidas máximas sobre la imposición. el autor citado se encarga de aclarar que el principio de igualdad ha sido interpretado como un verdadero límite al poder fiscal y a su ejercicio por parte del Poder Legislativo. 303. según los regímenes constitucionales. Pág. Derecho Financiero. Cit. Dice bien Giuliani Fonrouge53. con la
VILLEGAS. que el principio de igualdad es inseparable de la concepción democrática del Estado. por oposición al régimen de privilegios de la época precedente.
un impuesto es “proporcional” cuando su alícuota es constante. que no se funde en una diferente capacidad contributiva.
El principio de proporcionalidad o capacidad contributiva es otro de los principio de la tributación.
En conclusión. la gran mayoría de los sistemas fiscales se basaban en la proporcionalidad. Héctor. como supremo intérprete de la Constitución. puede invalidar la ley que infrinja este principio. Ob. “Este principio exige que la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la Nación sea “en proporción” a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva.Dr. Para las finanzas públicas.
VILLEGAS. 205
. el Poder Judicial. Pág. Cit.
Hasta fines del siglo XIX. cualquiera que sea la cantidad gravada.. José Luís Terán Suárez
consecuencia de que si éste lo viola. no resulte
Pero en modo alguno el principio significa prohibir la progresividad del impuesto (un impuesto es financieramente “progresivo” cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada). Se lo reconoce con la aceptación de que “el que más tiene más pague y el que menos tiene menos pague”. ya que lo deseado es que el aporte “desproporcionado” en relación a ella”55. esta garantía de igualdad defiende a todo contribuyente que se considere objeto de un distingo discriminatorio y perjudicial.
vemos que numerosos países han incluido la capacidad contributiva como principio de imposición en los textos constitucionales. Moschetti. garantizando su “justicia y razonabilidad”
Observando el derecho comprado.
AMATUCCI. p.
. contribución que se hará de acuerdo con la capacidad contributiva de ellos. Tratado de Derecho Tributario. José Luís Terán Suárez
La capacidad contributiva es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria.. 2001. expresó: “En efecto. se establece la obligación básica de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del gasto público. Ernesto Leujene Valcárcel56. En esta formulación se encuentran los dos elementos identificadores del tributo como prestación ex lege: su finalidad de cobertura del gasto público y el criterio de la capacidad contributiva”. 229. en primer lugar.Dr. Ibíd. Andrea. Sobre este principio.57
contributiva es la idoneidad del sujeto a efectuar la prestación impuesta coactivamente y que tal idoneidad debe ser deducida de la existencia concreta del presupuesto económico relativo (…) Además ello „condiciona‟ también „la medida máxima del tributo en el sentido de que no puede fijarse en un nivel superior a la capacidad mostrada por el acto o el hecho‟ asumido como presupuesto”. Bogotá. p. 261.
Este impuesto afectó al principio de proporcionalidad. trajo consigo una buena recaudación económica y la obtención de un banco de datos que permitieron a la Administración Tributaria realizar cruces de información a fin de ejercer su facultad determinadora y aumentar la recaudación. en el aspecto objetivo y una evaluación de los gobernantes en ejercicio del poder fiscal. sin embargo. al momento de la creación de tributos prever las consecuencias económicas. que no de forma necesaria se veía reflejado en el movimiento de las cuentas de los contribuyentes. el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC).
JARAC. pues gravó un hecho: el movimiento financiero de capital. la creación de este impuesto no fue totalmente ventajoso para el país. Curso Superior de Derecho Tributario. Dino. 1980. Este concepto implica dos elementos constitutivos: la existencia de una riqueza o manifestación de riqueza. de la correspondiente idoneidad para contribuir al erario público”. sociales. buscaran lugares de inversión en el extranjero donde no se cobre ningún tipo de impuesto por las transacciones. 885
. pues hizo que los capitales depositados e invertidos en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano. Buenos Aires.
Es importante. independiente de la real capacidad contributiva del sujeto pasivo. Tomo LVI. etc. financieras. el ordenamiento tributario tiene que basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. José Luís Terán Suárez
Dino Jarach.58 define a la capacidad contributiva como: “…una apreciación de la riqueza de los contribuyentes y de su aptitud para contribuir a los recursos del estado. p. Así por ejemplo.
Pág. Manuel. la tributación no puede alcanzar tal magnitud que por vía indirecta haga ilusorias esas garantías: de aquí el afianzamiento de la doctrina de que las contribuciones públicas no deben ser confiscatorias. La Corte Suprema argentina ha dicho que: “…es confiscatorio lo que excede del límite que razonablemente puede admitirse como posible de un régimen democrático de gobierno. la reinversión. procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. así como su libre uso y disposición. el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. que ha organizado la propiedad con límites infranqueables que excluyan la confiscación de la fortuna privada. Derecho Tributario argentino.Dr. Manuel Andreozzi59 sostiene que para que un tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía no debe constituir un despojo.
PRINCIPIO DE LA NO CONFISCACION
La confiscación está constitucionalmente prohibida en el país. 108. Tomo II.
Desde el momento que las constituciones de los Estados de Derecho aseguran la inviolabilidad de la propiedad privada. ni por vía
ANDREOZZI. Además el Código Tributario nos dice que las leyes tributarias deben estimular la inversión. para lo cual debe respetar el derecho de propiedad.
La no confiscación en materia tributaria se manifiesta en el sentido de que ningún impuesto puede generar un detrimento de la propiedad privada de forma fundamental.
Corte Suprema de Argentina. del 4 al 7 de septiembre de 1989).
Los autores peruanos Hernández Berenguel y Vidal Henderson sostuvieron en las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (Buenos Aires.
. la confiscatoriedad se configura cuando la aplicación de un tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente. Sobre la base de esta idea.
En conclusión. ni valiéndose de los impuestos. cuando es ilimitado en cuanto a la elección de la materia imponible o a la cuantía. al aplicar una disposición tributaria en la cual el monto llega a extremos insoportables por lo exagerado de su quantum.Dr. que es uno de los pilares que sirve de base a ese tipo de la democracia. José Luís Terán Suárez
directa. que la facultad de establecer impuestos es esencial e indispensable para la existencia del gobierno. desbordando así la capacidad contributiva de la persona. garantía fundamental en todo estado democrático. que el principio de no confiscatoriedad protege al derecho de propiedad. lo que se deriva de la libertad. persona o institución tolerará el peso de un determinado tributo”60. en otro caso. y vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada. disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer su actividad. se dijo. Fallos 186-170. Precisando más este concepto. entendieron que existe confiscatoriedad tributaria cuando el estado se apropia de los bienes de los contribuyentes. desde que existe un límite más allá del cual ninguna cosa.
envuelve la posibilidad de destruir lo que lleva en su entraña. pero ese poder.
es decir. concretamente. siguiendo un procedimiento.
Es necesario delimitar el ámbito de ese régimen jurídico común y. extinción y reforma de los actos administrativos se rige por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.Dr. por los órganos y las personas jurídicas que tiene a su cargo la administración Pública del Estado que es de responsabilidad del Presidente de la República. El artículo 1 de la ERJAFE prescribe que: “El presente estatuto instituye principalmente la estructura general.
. a los actos administrativos que. para ese efecto. las que tienen rango reglamentario y que se refrieren.-
Todo procedimiento administrativo que conlleve la formación. son elaborados y expedidos. comenzamos afirmando que no está incluido en éste la normativa
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. José Luís Terán Suárez
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Introducción. artículo 1. el funcionamiento. el procedimiento administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva”61. extinguidos y reformados por las instituciones de la Función Ejecutiva.
aparece con claridad que el régimen
jurídico común
de las Administraciones Públicas tiene como contenido esencial la actividad con eficacia extrema de éstas. no obstante que si prevé la regulación de la potestad sancionatoria general. es decir. se encuentra excluida la potestad expropiatoria. Tampoco comprende la potestad disciplinaria que se encuentra regulada por la Ley de Servicio Civil y carrera Administrativa. el cual se prevé tanto en la Ley de Contratación Pública como en la Ley de Modernización del Estado. como es el caso de las instrucciones y órdenes que fluyen entre los diferentes órganos administrativos.
En consecuencia. la misma que se rigen por las normas del Código de Procedimiento Civil y otras leyes especiales.
En el caso del Ecuador. Sin perjuicio de regular ciertos aspectos de la organización interna de las propias Administraciones Públicas. Tampoco está comprendido en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas el procedimiento administrativo de la contratación y en las concesiones.
sustantiva que corresponde a ciertas potestades generales que están inmersas como parte del poder público administrativo como tal. por ejemplo. el ERJAFE se propone regular las instituciones jurídicas básicas de todas las actividades administrativas formales y unilaterales de las entidades que se precisan en forma expresa en el artículo dos del estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.Dr. así como los informes técnicos internos para la expedición de un acto administrativo y los demás actos de simple administración. la que tiene relevancia jurídica para los terceros que se sitúan fuera de ellas.
GORDILLO. tutela. tales regulaciones de procedimiento. t. como tal. Gordillo define el procedimiento administrativo como “la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y los principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa”63.. 2002. Editorial Ciudad Argentina. Martha Susana. 61. sino la que realizan los Poderes Legislativos y Judicial constituyendo los procedimientos uno de los segmentos más importantes. José Luís Terán Suárez
“El estudio de los procedimientos administrativos es una parte de la disciplina jurídica que conforma el Derecho Administrativo y. Pág. cooperación y coordinación. entendida ésta última como aquella función que efectúa no solamente la
Administración Pública. Las máximas autoridades
BRACCO. Pág.Dr. Tratado de derecho administrativo.
. vienen a constituir un límite al poder administrador y una garantía de defensa de los administrados frente a aquél”62. en el ordenamiento jurídico. Buenos Aires. Principios que rigen el procedimiento administrativo común. comprende el conjunto de normas que regulan la función administrativa. Derecho Administrativo Aduanero. ya que. según el caso.
2. Agustín A. 9.Prescribe el artículo 4 del ERJAFE que: “Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la
sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad. 2. bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa.
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Introducción al Derecho Administrativo. “concreta y continuada. no se comprende a la actividad administrativa sino como el ejercicio de una potestad. de carácter subordinado. artículo 4. 2003. y con ello la de los individuos que la componen.
. P. a) es una función del Estado. desagregada del poder público del Estado. Por tanto. o sea. es una actividad práctica. que no son otros que los fines superiores del Estado”. Buenos Aires. que se asigna a la Administración Pública para concretar el interés público. son prescripciones jurídicas y que.
En efecto. El interés público como fundamento del Derecho Administrativo. la citada actividad de las Administraciones Públicas. DEPALMA. práctica y espontánea. EDINO. 65 La actividad administrativa es. 1989. Pág. g) es una actividad subordinada.
ídem ZAVALA EGAS. por lo tanto. f) es una actividad continuada. “la actividad administrativa. h) y es. b) es una actividad concreta. H. c) procura la satisfacción directa de las necesidades de la colectividad.Dr. fundamentalmente. J. que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado. pues. Guayaquil. fundamentan en forma directa cualquier decisión en caso concreto.
ESCOLA. dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a éste” 66 y está sometida a los principio generales del Derecho Administrativo que de acuerdo al jurista Jorge Zabala Egas67 . Jorge. vale decir. d) está reglada por el orden jurídico. 42. 227. una actividad teleológica. que pretende alcanzar una finalidad y un objetivo. José Luís Terán Suárez
de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios”64.
que sea aplicable tomando en cuenta la prevalencia jerárquica del sistema normativo: Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos nacionales y ordenanzas seccionales, luego del cual se ubican los Principios Generales, aún antes que las normas del derecho Privado, pues, el Derecho Administrativo es un ordenamiento jurídico autónomo y no meramente especial, por lo que no integra sus lagunas con las normas del Código Civil68.
Es clara la existencia de los principios generales del procedimiento administrativo. En primer lugar, constituyen una especie del género principios generales del Derecho, es decir, “el planteamiento que aquí hacemos parte de la base de que los principios del procedimiento no son más que Principios Generales del Derecho en su proyección procedimental”69.
Para conocer qué son los principios generales de procedimiento es preciso salvar algunas diferencias que oscurecen su concepto: 1) En muchas ocasiones se toman como tales a verdaderos principios generales del derecho que, como tales, tienen incidencia sobre la normación del procedimiento, pero que realmente son de todo Ordenamiento. No son, por tanto, principios del procedimiento, sino principios comunes cuya plena inteligencia y operatividad no precisa de adaptaciones o formulaciones particularizadas en razón del
concreto campo donde hayan de actuar. Tal es el caso de los principios de legalidad, igualdad, interdicción de la arbitrariedad, buena fe, proporcionalidad,
COSCULLUELA, Luis. Manual de Derecho Administrativo. CIVITAS, Madrid, 1999. Pág. 129.
CRETELLA JUNIOR, José. Los principios fundamentales del Derecho Administrativo. DEPALMA, Buenos Aires, 1990, Pág. 427.
tipicidad y culpabilidad, presunción de inocencia. La diferencia radica en que estos principios generales son sustentadores de todo Ordenamiento jurídico, en su estado más diáfano y abstracto, diferentes a los principios particulares que operan tan sólo en el sector propio del procedimiento, sin que tengan incidencia en el resto del Ordenamiento, tal como el no bis in ídem, gratuidad, valoración de la prueba, etc. 2) Por otro lado, estos últimos principios que son auténticamente procedimentales no tienen referente en las normas escritas y, sobre todo, en las que regulan el procedimiento administrativo tributario, no obstante lo cual en nada dificultan su reconocimiento y aplicación. 3) También cabe segregar los principios que no hacen referencia, propiamente, al procedimiento administrativo tributario, sino los que se refieren, más específicamente a la actividad administrativa, tales como la competencia y todos sus aspectos o, bien son aplicables al régimen jurídico de los actos administrativos como la validez y eficacia de éstos, su conservación, su revocabilidad, etc.
El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva precisa algunos de estos principios generales en los que sustenta la Administración Pública el ejercicio de sus potestades y a ellos somete “las actuaciones de los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva”, esto es, se comprende los aplicables no sólo al procedimiento, sino también a la organización y a la consecuente actividad administrativa. Los principios ordenadores son los de:
Descentralización Desconcentración Legalidad Competencia Jerarquía Tutela Cooperación y coordinación Objetividad e imparcialidad Eficacia Buena fe Confianza legítima Transparencia. Celeridad Sencillez Economía procesal “Concebidos en términos generales los denominados principios
fundamentales del procedimiento constituyen un conjunto de directrices emanadas de la Constitución y la propia Ley, tendientes a garantizar la eficacia de la función administrativa a fin de satisfacer el interés público y el bien común y a la vez, constituyen la aplicación práctica de las garantías establecidas a favor de los administrados. Como tal, estos principios se aplican a todos los procedimientos administrativos, aun los especiales”70.
BRACCO, Martha Susana, Ob. Cit., Pág. 63
Entendiendo el principio de legalidad o legitimidad como aquella directriz que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico.-
Este comprende la impulsión de oficio de los procedimientos. en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo. que procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo. mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. la legitimidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa. José Luís Terán Suárez
Procedemos a revisar brevemente los principios más relevantes del procedimiento administrativo.
La legalidad se compone de dos facetas diferentes:
1) Por una parte. la legalidad. razonable y valioso.Dr. la instrucción de oficio y la búsqueda de la verdad material. 2) Por la otra. y de él derivan distintos principios fundamentales del procedimiento.
Principio de legalidad objetiva. su aplicación consiste un deber para la administración pública. mediante la limitación o el
condicionamiento del poder jurídico positivo.
éste representa la posibilidad de la administración de averiguar los hechos y.
Principio de la verdad material. a tal fin. debe ajustarse a los hechos materiales con prescindencia de que hayan sido o no alegados o probados por los particulares.
. disponer de oficio todas las medidas de prueba conducentes.-
Este principio comprende la obligación impuesta a la administración de proseguir todos los trámites de procedimiento.
administración revocar los actos emitidos con nulidad absoluta y ordenar la producción de todo tipo de pruebas. aun las no solicitadas por el administrado. actuando de oficio en la prosecución del interés público.Dr.-
Este principio significa que la administración.-
Ligado al principio anterior. sean éstos iniciados por ella misma o a petición de parte. al resolver. sin que la inacción del particular o interesado pueda paralizar el trámite. José Luís Terán Suárez
Principio de impulsión e instrucción de oficio.
Principio de instrucción.
el principio de debido proceso comprende el derecho de ser oído. es decir que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto sean conducentes a la solución del caso. Derecho Administrativo.-
Aplicación de una de las garantías básicas de la Constitución. 321. es decir de exponer el administrado las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Comprende también el derecho de ofrecer pruebas y que ellas se produzcan con el contralor de los interesados y sus profesionales. quienes podrán presentar alegatos y descargar una vez concluido el periodo probatorio. José Luís Terán Suárez
Principio de informalismo. superando los inconvenientes de índole
.Al decir de Cassagne71. el dictado de una decisión. t. además. Pág.Dr. este principio tiende a que el particular pueda logar formal. Juan Carlos. II. interponer recursos y hacerse patrocinar y representar
profesionalmente. Por aplicación de este principio. se establece el derecho de los particulares a una decisión fundada.
CASSAGNE.
La reclamación administrativa se dirige al titular de aquel órgano que emitió el acto. José Luís Terán Suárez
Principio de eficacia. a nivel nacional. El procedimiento administrativo tributario. Su actividad se desenvuelve mediante procedimientos jurídicos que se concretan en ACTOS ADMINISTRATIVOS económico-tributario respecto del contribuyente. el principio de eficacia se complementa con el principio de celeridad. complicados o lentos. en
. sencillez y economía de los trámites administrativos que se traduce en la obligación de evitar trámites costosos. corresponde a la Función Ejecutiva.
3. gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutividad.-
Traducido como una serie de obligaciones y derechos de los organismos administrativos que deben observarse en los procedimientos administrativos. Es un acto ceñido a la ley y debe cumplirse por la potestad de imperio de que está investido el Estado
El contribuyente tiene derecho a formular RECLAMO cuando estima que aquel acto de determinación ha vulnerado un derecho subjetivo suyo. que al concretar y determinar su obligación. dentro del principio de división de las funciones del Estado. tiene por objeto la revisión del acto de imposición y controlar.-
Es la parte de la administración tributaria que. por indebida o inadecuada aplicación de la ley o sobreestimación de los presupuestos de hecho de los que nace la obligación tributaria.
En el caso de que el órgano administrativo ante quien se presenta una consulta. Mayté. debe enviarlo ante la autoridad que si tuviere la competencia para atenderlo. salvo los casos de delegación o sustitución.
BENITEZ. aceptación tácita o silencio administrativo cuando la autoridad
correspondiente no ha resuelto el reclamo en el tiempo señalado por la ley. Tiene competencia administrativa. posee la potestad que otorga la Ley a determinada autoridad o institución. Pág.
. debe declararlo así dentro de tres días y en igual plazo.
Esta competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que loa tengan atribuida como propia. siempre que forme parte de la misma Administración Tributaria. José Luís Terán Suárez
la misma vía. petición.Dr. 289. para conocer y resolver asuntos de carácter tributario ”72.
Agotada la vía administrativa no es obligatorio que culmine con su resolución expresa y optativamente para el contribuyente con denegación tácita. reclamo o recurso se considere incompetente para resolverlo. queda expedita la acción contenciosa. Corporación de Estudios y Publicaciones. es decir. previstos por las leyes. “La Administración Tributaria comprende dos funciones distintas y separadas: la de determinación y recaudación de los tributos y la resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. si la actividad de sus funcionarios dependientes se ha ceñido a las normas legales y guarda conformidad con la realidad generadora de la obligación. Quito 2009. Manual Tributario.
debe avocar conocimiento de los asuntos que le competan y disponer que los restantes se cursen ante los organismos respectivos.Dr. debe ser resuelto por el superior jerárquico común en el plazo de ocho días de producido. sin perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los interesados. la autoridad receptora. dentro de tres días. petición.
Todo conflicto de competencia que se suscite entre autoridades de una misma Administración Tributaria. reclamo o recurso se refiere a varios tributos que corresponden a distintas administraciones tributarias.
La autoridad competente impulsará el procedimiento.
La autoridad llamada a dictar la resolución correspondiente podrá designar a un funcionario de la misma Administración para que. sustancie el reclamo o petición. y demás actuaciones necesarias para la tramitación de la petición o reclamo.
. Las resoluciones que tome el delegado tendrán la misma fuerza jurídica y podrán ser susceptibles de los recursos que tienen las resoluciones de la autoridad tributaria que delegó. José Luís Terán Suárez
Si la consulta. suscribiendo providencias. despachos. corresponde al Tribunal Distrital de lo
La tramitación de un reclamo administrativo conlleva un procedimiento de oficio. solicitudes. dirimir la
competencia que se suscitare o se promoviere entre autoridades de distintas administraciones tributarias. bajo su vigilancia y responsabilidad.
por razón de su cargo intervengan en la tramitación del reclamo. José Luís Terán Suárez
Sólo los reclamantes o sus abogados.Dr. tendrán derecho para examinar en las oficinas de la Administración los expedientes de sus reclamos e informarse de ellos en cualquier estado de la tramitación. Decidirá además. deben expedirse dentro del plazo máximo de 120 días. contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo.
. todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente o de los expedientes acumulados.
Para que la resolución surta efecto es fundamental que sea notificada al particular o interesado. Deberá estar motivada con cita de la documentación y actuaciones que la fundamentan y de la normatividad tributaria aplicada.
Ni con orden superior es permitido extraer de las oficinas de la Administración Tributaria los expedientes que le pertenezcan. salvo cuando lo ordene el Tribunal Distrital de lo Fiscal.
La resolución que emita la Administración será por escrito y contendrá las partes considerativa y resolutiva. ni la entrega de los mismos a quienes no sean los funcionarios o empleados que. La fecha de notificación es la que cuenta para poder impugnar en el futuro dicha resolución. o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa.
Las resoluciones del reclamo administrativo.
RO 545: 1-abr-2002. La prisión procede únicamente por el caso de infracciones tributarias. son susceptibles de los siguientes recursos. el silencio administrativo se constituirá en aceptación tácita73. José Luís Terán Suárez
Si no se contesta la solicitud. servirá de elemento de juicio para la sentencia. Recursos 39-98.
De apelación en el procedimiento de ejecución. si la resolución expresa admite en su totalidad el reclamo. 61-98.
Este procedimiento administrativo de ejecución recae sobre los bienes del deudor. si lo hace en parte.
. no surtirá efecto alguno. petición o reclamo del contribuyente en el plazo de 120 días. terminará la controversia.
El procedimiento de ejecución es aquel que le faculta a la Administración Tributaria. RO 167: 11-sep-2003.
Las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad tributaria. aunque se hubiere deducido acción contenciosa tributaria por el silencio administrativo. en la misma vía administrativa:
De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del que emanó el acto. Sin embargo. a proseguir la ejecución o el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos. pues no existe prisión por deudas. y.Dr. 35-99. En este evento. y si la resolución fuere íntegramente negativa.
Corte Suprema de Justicia. no sobre la persona. RO 11:4-feb-2003. el silencio administrativo no excluirá el deber de la Administración de dictar resolución expresa.
De acuerdo a ello.Dr. exteriorizan su gestión en acciones u omisiones que generan efectos jurídicos.
La actividad administrativa. generales y abstractos. es el ejercicio de la decisión de los individuos que en la realización de funciones públicas. en relación con los particulares. que cuando se manifiestan inciden sobre la esfera jurídica de terceros ajenos o no al Estado y tengan o no. efectos jurídicos. Artículo 75. habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones
Código Orgánico Tributario. para conocer y resolver asuntos de carácter tributario”74. entonces. el ordenamiento jurídico regula la organización de la administración. creando órganos adecuados para el ejercicio de cada una de las funciones relativas a las relaciones tributarias. por tanto. para hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos.
En el ámbito impositivo. José Luís Terán Suárez
La actividad del Estado es muy amplia y multiforme.
. el artículo 75 del Código Tributario señala que la competencia es: “…la potestad que otorga la ley a determinada Autoridad o Institución.
concebidos. y dotándolos de un conjunto de facultades y deberes para la pro9ducción de actos tributarios de eficacia jurídica. El rol de la Administración Tributaria. se expresa en un conjunto de decisiones.
Sistema Tributario Ecuatoriano. 2004. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. una serie de órganos y funciones a los que la norma les atribuye determinada competencia o facultad para actuar en el conjunto de relaciones jurídicas que surgen entre el Estado o entres acreedores del tributo y los contribuyentes. constituye entonces. para hacer efectivas. aún coactivamente.
Doctrinariamente se considera a la Administración Tributaria como el sujeto activo de la función pública y se la define como: “…el conjunto de
PATIÑO LEDESMA.
Sería vano efectuar un exhaustivo análisis histórico sobre el origen de la llamada justicia administrativa tributaria.
. las prestaciones pecuniarias definidas en las diferentes leyes tributarias”75. pues lo cierto es que su consolidación es consecuencia de un dilatado proceso que ha ido decantando sus principios y sus diversas estructuras. Constituyen la respuesta a la necesidad de dar soluciones particulares a litigios específicos y complejos. 209. la potestad de imposición requiere en la práctica de la Administración como ente que represente la expresión concreta del ejercicio de esa potestad y materialice en la práctica los presupuestos contenidos en la ley para hacer posible la actividad impositiva. Pág. “La Administración Tributaria. José Luís Terán Suárez
asignadas a la Administración.
En resumen. Rodrigo. Principios del Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo.Dr. Tomo Primero.
ALESSI. Instituciones de Derecho Administrativo. Editorial Bsch. Nuestro sistema tributario. “La actuación de la administración tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación. respecto a los tributos denominados nacionales cuyas prestaciones financian el presupuesto general de la nación. y. establece una serie de disposiciones encargadas de señalar cuáles son los órganos que deben ejercer las diversas funciones de la actividad tributaria. Órganos que en su conjunto integran la llamada Administración Tributaria. c) La Administración de Excepción.Dr. Barcelona. Artículo 73. Renato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Código Tributario. celeridad y eficacia”77.
Para el ejercicio de esta potestad la ley ha creado dos órganos: EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y la CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA.
. establece tres clases de
administraciones: a) La Administración Central.
La ley. Código Orgánico Tributario. b) La Administración Seccional.
Administración Central. 18. quien por disposición constitucional tiene a cargo la tutela de toda la administración financiera y la política económica. analizados anteriormente. Pág. José Luís Terán Suárez
órganos estatales a los que está atribuida en forma normal y característica el desarrollo de dicha función”76. La dirección de esta administración corresponde al Ejecutivo.-
Corresponde a la función del Estado.
bajo la Dirección General de Rentas. por delegación expresa de la ley. las Direcciones Regionales del S. así como de todas aquellas actividades que surgen de las relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes.O. con competencia para conocer y resolver los reclamos administrativos que planteen los contribuyentes respecto a los actos o resoluciones producidas en aplicación de las leyes tributarias. tales como la determinación. que funcionan en las ciudades sedes de los Tribunales Distritales de lo Fiscal. encargado de
. determinación. cuyo Director General del servicio de Rentas Internas. Los Directores Regionales.I. tiene por responsabilidad el control. recaudación de los tributos internos. fue creada con la aprobación de la Ley Orgánica de Aduanas publicada en el R. con competencias técnico-administrativas. emisión de títulos de crédito.I. recaudación. varias de las atribuciones del Director General. se han generado importantes cambios que han incidido en la disminución de los caso de corrupción administrativa y en una mejor aplicación de los principios constitucionales y legales del sistema tributario. cumple sus funciones a través de unidades
descentralizadas.R. ejercen en el ámbito territorial correspondiente. 359 de 13 de julio de 1998. El ejercicio de esta potestad está sujeto a las regulaciones del Código Tributario y de la Ley de Régimen Tributario Interno. No.).R. control tributario. esto es.Dr.. con igual jurisdicción asignada por la Ley a estos órganos de Administración de Justicia Tributaria. José Luís Terán Suárez
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
A partir de la aprobación de la Ley 41 de Creación del Servicio de Rentas Internas (S.
aforo y control de mercaderías y para sancionar los casos de contravenciones y faltas reglamentarias. está constituida por una persona jurídica de derecho público. con autonomía administrativa. los antecedentes y las mercaderías materia del presunto ilícito. e intervendrá como parte en los procesos que se instruyan.R. encargados en sus respectivas jurisdicciones de verificar y autorizar las operaciones aduaneras y ejercer el control de las mercaderías que ingresen o salgan del país y en general cumplir todas las actividades inherentes al servicio de aduanas.I.
. Tiene competencia para conocer y resolver los reclamos de los contribuyentes respecto a los actos de determinación tributaria o sobre las decisiones adoptadas con relación a los regímenes aduaneros.Dr. garantías. tiene su sede en la ciudad de Guayaquil con jurisdicción en todo el territorio nacional.
La CAE tiene una estructura similar a la del S. José Luís Terán Suárez
políticas relacionadas con el comercio
mercaderías y ejercer las facultades que son propias de la Administración Tributaria. administrativas y técnicas en el ámbito nacional están encargadas al Gerente General. Las funciones operativas. Si en el ejercicio de sus funciones advirtiera hechos que hagan presumir el cometimiento de un delito aduanero pondrá a órdenes del Juez Fiscal del Distrito.. técnica y financiera. quien ejerce la representación legal de la corporación y coordina su gestión con el Subgerente Regional que tiene su sede en Quito y como organismos descentralizados los Gerentes Distritales.
y otros con un régimen administrativo autónomo. José Luís Terán Suárez
Administración Seccional. consultas o recursos.
. Las Administraciones descritas gozan también de la potestad coactiva para la recaudación de los impuestos. han surgido entes de carácter nacional. que lo conforman los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales. de resolución de reclamos o recursos que planteen los sujetos pasivos y la potestad de imponer sanciones por infracciones a la ley o a sus reglamentos. constituyéndolos en sujetos activos de la obligación en unos casos y en otros asignándolos competencia para atender los requerimientos de los contribuyentes mediante la absolución de reclamos.
Estas entidades cumplirán las actividades que tienen relación con la aplicación de la ley en cada caso concreto. verificación. con funciones y poderes delimitados por la Constitución. unos como divisiones administrativas del poder estatal. pero con autonomía de gestión y están regulados por leyes específicas que determinan su existencia.Dr.-
El Estado ha creado entes descentralizados que hagan factible el cumplimiento de los fines del servicio público.
Administración Tributaria de Excepción. de determinación. mediante la sanción y promulgación de Ordenanzas.-
Como consecuencia de la intervención del Estado. que hagan posible la gestión tributaria que implica el ejercicio de las facultades reglamentarias. recaudación y administración de los tributos creados en su beneficio. con una estructura organizativa dependiente del Estado.
poco a poco se está eliminando la naturaleza impositiva de la prestación.Dr.
En todo caso. transformándose en un precio público sujeto al concepto económico empresarial.
Dr. en la que la jurisdicción es consustancial a la sociedad política. José Luís Terán Suárez
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
1. se institucionaliza y se extiende a ciertos ámbitos y contenidos concretos. sin perjuicio de las exigencias del bien común.
Actualmente el Estado por definición está sometido al Derecho. en la que el Derecho dota de una específica estructura y contenido a la comunidad política. es una forma de organización estatal. en el que se cumple una concepción de la justicia objetiva y válida. será jurisdicción administrativa-tributaria. primer
presupuesto de la jurisdicción
administrativa. “El Estado de Derecho. Introducción. y así se da la existencia de un Derecho Público que rige la esfera de la actividad estatal y que se aplica a la administración. esto es lo que se crea en el valor y dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales.-
La jurisdicción es contenciosa cuando hay motivo de pretensiones adversas de las partes y dentro de ésta cuando se reclame a la administración tributaria.
Como base fundamental de la jurisdicción administrativo-tributaria es la concepción moderna del “Estado de Derecho”. El Estado de Derecho es aquel que exige la
a que la soberanía como atributo del Estado se ejerza por órganos determinados cuya autoridad se imponga no por derecho propio sino por razón de orden jurídico”78. y por lo tanto se lo considera como elemento integrante del Estado de Derecho. Juan.Dr.
BOADA PÉREZ. para lo cual se considera eficaz el control jurisdiccional.
. administrativos y jurisdiccionales.
El Estado de Derecho supone límites jurídicos a la actividad administrativa y un sistema de control para que sus actuaciones se revistan de legalidad y justicia. del Dr. José Luís Terán Suárez
sumisión del poder a normas e que se „gobierna la Ley y no los hombres ‟. a la ley. Prólogo al Libro “Jurisprudencia Contencioso -Administrativa Ecuatoriana”. Galo Espinoza. posición que nos revela la importancia de este tema. surge el concepto de justicia administrativa.
íntimamente vinculada a la jurisdicción contenciosa. Lo que conduce a que la Administración esté no sólo moralmente obligada sino jurídicamente obligada a respetar el Derecho. Una posición doctrinaria dice que: “El Estado de Derecho es aquel es cuyo sistema jurídico positivo se halla instaurada la institución del recurso
contencioso-administrativo tributario”.
Como una consecuencia del desarrollo que ha tenido la Teoría General del Estado de Derecho. pues ésta lo que trata es de obtener el sometimiento de la Administración a la justicia de un modo
general y. se ha establecido los controles políticos. A fin de que el Estado obre de acuerdo al Derecho. por lo tanto.
. por lo que se justifica la necesidad de la justicia administrativa que garantice a los ciudadanos en sus múltiples relaciones con la Administración y que repare los derechos violados e intereses lesionados. Pág. aún cuando le guíen fines inherentes al bien colectivo. lo cual es muy lógico y natural y está de acuerdo al desarrollo. habida cuenta que ésta. un voto de desconfianza para la Administración y un voto de confianza para la justicia”79. Adolfo. en la actualidad ha aumentado sus prerrogativas y facultades discrecionales. “La justicia administrativa aspira al estudio global de los p rincipios jurídicos que están diseminados en las legislaciones sobre el control jurisdiccional. que son distintos de los de orden privado. 470. La Administración y la regla que aplica en los conflictos derivan de un derecho especial público.
La justicia administrativa lo que persigue es frenar lo que hay de ilegal e ilícito en la actividad de la Administración Pública. José Luís Terán Suárez
Merkl dice: “que el Estado de Derecho significa queriendo o sin querer. porque la justicia administrativa está impregnada por el carácter público de una de las artes.Dr. pero no por eso puede dejarse que ella sea arbitraria. con su evolución creciente. Busca la unificación de la materia contencioso-administrativa. entendiendo por ella la que deriva de todas las cuestiones en que la Administración Pública sea parte.
MERKL. Con ello se quiere formar una rama de la justicia que comprenda una materia especial. una organización de Tribunales con su procedimiento propio y una reglamentación en el accionar de los particulares. “Teoría General del Derecho Administrativo”.
Enrique. lo cual constituye un tema de los más difíciles que se presentan en el estudio de las Ciencias Jurídicas. “Lo Contencioso Administrativo”. inclusive las aduaneras y las que nazcan de la violación de las leyes tributarias.
. etc. estaríamos hablando exclusivamente del Código Tributario y demás leyes tributarias como la Ley de Régimen Tributario Interno. pero el profundizar equivaldría a tratar de enmarcar las relaciones
jurídicas que deben regularse bajo la forma de la jurisdicción contenciosa administrativa. y resolver acerca de la legalidad.
Al referirnos a las disposiciones legales de lo contencioso administrativo tributario.
JIRON VARGAS. conocer y resolver. 55. Editorial Jurídica de Chile.. actos y resoluciones de la Administración Pública o de las entidades semipúblicas. y. aquí se atribuye a los Tribunales Distritales de lo ContenciosoAdministrativo el conocimiento de las impugnaciones que las personas naturales o jurídicas hicieren contra los reglamentos.
Los principios de la jurisdicción contenciosa y los Tribunales en ella contemplados tienen plena vigencia desde la promulgación de la Constitución Política. igualmente acerca de lo concerniente a las violaciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. y la unificación en el accionar de los particulares recurrentes”80. su Reglamento. declarar la responsabilidad de la Administración. José Luís Terán Suárez
la plena jurisdicción de sus Tribunales en el conocimiento y juzgamiento de esas cuestiones.Dr. Y a los Tribunales Distritales de lo Fiscal se les atribuye el conocimiento y resolución de todo lo relacionado con las cuestiones contencioso-tributarias. Pág.
los cuales conocen de las
pretensiones o demandas de impugnación que presente el sujeto pasivo contra las resoluciones administrativas dictadas por todo el sector administrativo
. independiente del poder administrador. José Luís Terán Suárez
Hemos establecido que la jurisdicción contenciosa administrativa. en cuanto expresa la idea del litigio originado en virtud de la actividad tributaria estatal. tiene por objeto el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública que violen la ley. actividad que es muy amplia en la esfera administrativa por la diversidad de actos que origina. en cuanto se refiere a las cargas impositivas o a la obligación tributaria originada.
Los Tribunales tienen función propiamente jurisdiccional.
Una parte de esta actividad estatal es la que tiene como objeto especifico el campo de la tributación que está comprendida en la
correspondiente legislación que está comprendida en la correspondiente legislación. Esta jurisdicción supone el sometiendo de la actividad estatal al Derecho. Actualmente existe la jurisdicción contenciosa. litigio cuyo conocimiento y decisión debe ser atribuido a un organismo o tribunal de justicia especifica. competente para dilucidar las controversias entre la Administración y los administrados. de tal manera que lo contencioso-tributario es una parte de lo contenciosoadministrativo general. municipio y más entidades de Derecho Público autorizadas por la ley para exigir tributos y más obligaciones tributarias. proveniente de fisco. protegidos en sus derechos aún respecto del Estado mismo. o afecten a los derechos subjetivos de los administrados.Dr. en general. pues son organismos típicamente jurisdiccionales.
con procedimiento de juicio y carácter jurisdiccional.
La acción contencioso-tributaria se ejerce impugnando la resolución administrativa dictada por la autoridad tributaria competente. en donde surge demandante. pues se trata de una verdadera controversia.Dr.
La doctrina ha establecido que los derechos públicos subjetivos se desenvuelven en tres esferas que conciernen a los administrados. el de la
. seccional o de excepción. lo cual nos delimita la materia de lo contencioso-tributario con sus elementos sustanciales: ley. sujetos activo y pasivo. los contribuyentes y a los ciudadanos. sea porque se le imponga el pago de una contribución o se le establezca una sanción de carácter tributario. los que se hallan regidos. en su orden.
En el régimen tributario existen ciertos principios básicos como el que no se puede exigir tributos si no hay ley expresa que los haya creado. y hecho generador de la obligación tributaria. se constituye en la parte demanda. el Derecho Tributario y el Derecho Constitucional. por el Derecho Administrativo. en tanto que le
correspondiente autoridad tributaria ya sea central. Esta acción de impugnación corresponde al sujeto pasivo o responsable. Esta acción que se la formula ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal. administrativo central o seccional y las demás administraciones tributarias. y de acuerdo a los principios doctrinarios y de jurisprudencia del Derecho Tributario. en nuestra Legislación Positiva se la califica de demanda. y. José Luís Terán Suárez
público. sea el fisco. quien asume necesariamente la figura jurídica del
la posición de actor.
la composición de los Tribunales. por acto de autoridad”. mediante un juicio. constituye la esencia de lo contencioso-tributario. consideramos que no es propiamente la Administración sino la resolución de un órgano de ella o el acto mismo que se somete a juicio y decisión. en
sentido jurídico.Dr. Si la administración tributaria vulnera estos principios el contribuyente puede proponer la acción contencioso-tributaria. Aunque en sentido estricto. que implica una prestación mayor a los que más tienen. consecuentemente.
En lo contencioso-tributario aparece
la concepción de proceso. cuyo juzgamiento corresponde al organismo jurisdiccional denominado Tribunal Fiscal.
. “La materia puede hacer variar la competencia. Pero siempre habrá un común denominador para toda esa serie de actos. José Luís Terán Suárez
unidad e igualdad tributaria. respecto de las situaciones de Derecho o de hecho. laboral. su carácter ya destacado de medio idóneo para dirimir. etc.
La competencia y las formas son el accidente. actual Tribunal Distrital de lo Fiscal. el proceso contencioso-tributario acoge lo referente a la materia tributaria regida por el Código Tributario y más leyes especiales. Y este objetivo de dirimir un conflicto entre el contribuyente y la Administración Fiscal. así como existe un proceso civil. la sustancia es el hecho de dirimir el conflicto. Según Eduardo Couture. y los que se encuentran en idénticas condiciones económicas paguen iguales contribuciones. las formas de tramitación hasta la eficacia de los distintos procesos. un conflicto de intereses jurídicos. penal.
En esta fase del examen de los actos de la Administración. ésta aparece en igualdad absoluta con el administrado frente a un tercero que es el órgano jurisdiccional. pero no es únicamente la función satisfacer los requerimientos de justicia de los contribuyentes.
2. El Procedimiento Contencioso Tributario. cuyo
fundamento está en el Derecho Procesal Tributario.Dr.-
Es una controversia entre el contribuyente y la administración sobre asuntos relacionados con la aplicación de la Ley Tributaria que para dirimirla se somete a la decisión de un órgano jurisdiccional especializado a quien la ley le atribuye competencia. por actos o resoluciones en los que establezcan obligaciones de índole tributaria.
El procedimiento contencioso-tributario controla la actividad de la Administración respecto de la legalidad del procedimiento de imposición en relación al contribuyente afectado. sino también servir de
. Es fundamentalmente un proceso de partes y no un proceso absolutamente oficioso. responsable o tercero. supone un enjuiciamiento de la administración tributaria ante un órgano
jurisdiccional independiente.
Lo contencioso-tributario implica un procedimiento y una jurisdicción. que se inicia por DEMANDA contra la autoridad u órgano de la Administración que expide el acto lesivo. José Luís Terán Suárez
La jurisdicción contencioso-tributaria implica la potestad pública de conocer y resolver los litigios que se presentan entre la autoridad tributaria respectiva y el contribuyente.
fuente del Derecho Tributario y esclarecer la situación jurídica de los administrados en las determinadas contiendas.
El sistema de lo contencioso-tributario es una concepción moderna en la diversas legislaciones positivas, que aparece debido al influjo de la concepción del Estado de Derecho y la justicia administrativa, cuyos conceptos han ido adquiriendo más vigor con el transcurso del tiempo.
Nuestra legislación positiva acogió esos principios provenientes del viejo mundo y fue uno de los primeros en Latinoamérica en instaurar la jurisdicción contencioso-tributaria, cuyo sistema es de reciente creación ya que antiguamente el orden político estatal no lo concebía.
Nuestro sistema tributario era real, pues se componía de impuestos indirectos, impersonales y algunos gravámenes directos reales al patrimonio. No se grava a las rentas provenientes del trabajo ni a la propiedad urbana.
Mediante reforma constitucional de 5 de mayo de 1993, se suprimió el Tribunal Fiscal de la República y se crearon en sustitución los Tribunales Distritales de lo Fiscal, con la misma competencia del extinguido Tribunal Fiscal, para conocer y resolver causas en materia contencioso-tributaria, con diferente jurisdicción en cuatro provincias de país.
El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito tendrá jurisdicción en las provincias de: Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo, Sucumbíos;
El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, tendrá jurisdicción en las provincias de: Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos;
El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, con sede en la ciudad de Cuenca tendrá jurisdicción en las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe;
El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4, con sede en la ciudad de Portoviejo tendrá jurisdicción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas.
Concluida la revisión de los procedimientos administrativos que tratan de definir las reclamaciones de los sujetos pasivos tributarios o atender los requerimientos de reconocimiento de sus derechos, los asuntos que quedan pendientes, porque han sido rechazados, total o parcialmente por las autoridades, pueden pasar a conocimiento de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, en la vía judicial o contenciosa, a través de las acciones previstas en las normas aplicables a cada caso.
Así como los procedimientos administrativos se encuentran reglados, los procedimientos contenciosos están sometidos en la normativa ecuatoriana a las disposiciones contenidas básicamente en el Código supletoriamente en las otras ramas del Derecho. Tributario y
Según Villegas81, el derecho procesal está constituido por el conjunto de normas que regulan las múltiples controversias que surgen entre el fisco y los particulares, ya sea en relación con la existencia misma de la obligación
tributaría sustancial, a la forma (arbitraria o no) en que el fisco desea efectivizar la, a la validez constitucional de los preceptos normativos que rigen tal obligación, a los pasos que debe seguir el fisco para ejecutar forzadamente su crédito, a las consecuencia infracciones que atribuye y a las sanciones que en su aplica; e incluso en relación a los procedimientos
(administrativos y jurisdiccionales) que el sujeto pasivo debe emplear para reclamar la restitución de las cantidades indebidamente pagadas al fisco. Al referirse al proceso tributario Villegas82 parte del análisis del conflicto de intereses que se produce cuando a la pretensión del titular de uno de los intereses se opone la resistencia del titular del interés contrapuesto, dando lugar a la existencia de conflicto de intereses que, al ser sometido a conocimiento de un órgano jurisdiccional se convierte en litigio, aplicable al derecho común e igualmente al tributario, en el que el conflicto se produce entre el Estado como sujeto activo y los sujetos pasivos, que lo someten a la decisión de un tercero que ejerce un poder otorgado por el propio Estado pero que debe estar revestido de condiciones de independencia, idoneidad e imparcialidad.
VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980. Tercera Edición, Tomo I, Pág. 343.
VILLEGAS, Héctor, Ob. Cit., Pág. 346.
la anotación que hace el autor de que toda generalización encierra arbitrariedad y que ello se cumple en el proceso tributario. pero que ello no significa tampoco que se trate de un procedimiento dispositivo semejante al civil. Giuliani. con respecto al cual. Derecho Financiero. es difícil dar una definición amplia y precisa. con amplia libertad de apreciación aún apartándose de lo alegado por las partes. que se
FONROUGE.
Con esta conclusión el autor permite ver que en materia de reclamaciones o recursos administrativos no se puede hablar de procedimiento contenciosos. 748. Quinta Edición.Dr. se inicia una vez efectuada la determinación de la obligación tributaria y a causa de ésta. limitándose a señalar algunas de sus especificidades. tampoco se puede creer que la autoridad obligada a resolverlos ejerce función jurisdiccional por diferentes consideraciones que llevan a sostener que al conocer de asuntos como administración activa. Para Giuliani Fonrouge83 el verdadero proceso tributario. 1993.
. Pág. en el sentido de contienda entre partes. como las de que se trata de un proceso de parte y no es absolutamente oficioso. Buenos Aires. Ediciones Depalma. está perfeccionando con sus conclusiones el acto de determinación de la obligación. pues las "peculiares motivaciones de la obligación tributaria” requieren que la dirección y el impulso del procedimiento estén a cargo del órgano jurisdiccional. Volumen II.
El Código Tributario contiene las disposiciones relacionadas con los procedimientos administrativos sobre reclamos y recursos. José Luís Terán Suárez
Es interesante y para tomarse en cuenta. es decir el contencioso tributario. dice.
las tercerías en el procedimiento coactivo. en términos generales puede decirse que el punto de partida ordinario del procedimiento contencioso tributario es el pronunciamiento de la autoridad administrativa en última o única instancia y. apelaciones y otras. José Luís Terán Suárez
complementan a la vez con las disposiciones de las leyes especiales como la Ley de Régimen Tributario Interno. la Ley Orgánica de Aduanas y otras. en los casos del recurso de revisión. las acciones ante los tribunales distritales se inician con la demanda que el afectado presenta con oportunidad y cumplimiento de las formalidades que permitan su admisión.
extraordinariamente. como la de la Ley de Modernización del Estado que permite no agotar la vía administrativa.Dr. la presentación de excepciones al procedimiento coactivo.
El proceso contencioso tributario es el cauce jurídico previsto en la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos para tutelar los intereses legítimos y derechos subjetivos de los contribuyentes. las acciones directas previstas expresamente en el Código. en virtud de las cuales.
En los casos descritos. por medio de la
. al pago por consignación. para acudir directamente ante los tribunales.
Existen disposiciones específicas que también pueden ser antecedentes de acciones ante los tribunales distritales.
Esta potestad es ejercida de forma improrrogable e indelegable por: 
Los Tribunales Distritales de lo Fiscal como órganos de única o última instancia.Dr.
La Sala especializada de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia de Casación. Derecho Tributario I. p. Plaza Universitaria Ediciones. tercera edición. artículo 217. responsables o terceros. 2003. considerado ilegítimo y lesivo para sus intereses. cuya anulación solicitan.
GONZALEZ GARCIA.
Los Tribunales Distritales de lo Fiscal pueden actuar como órganos de única o última instancia. por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes. 654.84
El Código Tributario define a la jurisdicción contenciosa tributaria como: “… la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. o también como tribunales de recurso jerárquico en los casos de apelación o de nulidad.
Codificación del Código Tributario. José Luís Terán Suárez
impugnación de un acto impositivo. Eusebio. Salamanca. reglamentos o resoluciones de carácter tributario”.
o por instituciones del estado. De las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo o en parte reclamaciones de
. cuando se persiga la anulación total o parcial. de dichos actos. cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes. las causas y asuntos puestas en su conocimiento o que les corresponda por sorteo. resoluciones o circulares de carácter general. 3. 2. De sus providencias podrá apelarse para ante la Sala. dictadas en materia tributaria. dentro de tres días de notificadas. propuestas por los contribuyentes o interesados directos:
Los Tribunales Distritales de lo Fiscal. a quien corresponderá expedir las providencias de trámite de las causas y aquellas de suspensión del procedimiento coactivo en los casos previstos en el Código Tributario. sea por la entidad representativa de actividades económicas. son competentes para:
Conocer y resolver de las siguientes acciones de impugnación. sea por quien tenga interés directo.
En cada Sala del Tribunal se designará mensualmente un ministro de sustanciación. los colegios y
asociaciones de profesionales. José Luís Terán Suárez
Cada una de las Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal conocerá y resolverá con absoluta independencia. De las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal anterior. ordenanzas. De las que formulen contra reglamentos. con efecto general.Dr.
De las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad. 3. José Luís Terán Suárez
Conocer y resolver las acciones directas que ante él se presenten. De las demás que se establezcan en la ley. sus intereses y multas. Éstas son: 1. De las que se deduzcan para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios. 2. 7. dictadas en el recurso de revisión. responsables o terceros o las peticiones de compensación o de facilidades de pago. según la ley cuya violación se denuncie. en los casos establecidos en el Código Orgánico Tributario o en leyes orgánicas y especiales. De las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales. De las que se propongan contra decisiones administrativas. 5. De las que se presenten contra resoluciones definitivas de la administración tributaria. por silencio administrativo respecto a los reclamos o peticiones planteados. 8. en los casos previstos en este Código.Dr. y.
. 6. que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en exceso. . De las que se formulen contra un acto administrativo. De las de pago por consignación de créditos tributarios. 4.
2. estando tramitándose aquella. se convertirá en la de pago indebido. De las de pago indebido o del pago en exceso. cuando. 5. José Luís Terán Suárez
4. introdujo una importante norma relacionada con el procedimiento contencioso tributario. Esta norma se refiere al afianzamiento y dispone que las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria. De los recursos de apelación de providencias dictadas en el procedimiento de ejecución. 5. procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y
. De la nulidad del remate o subasta. 4.
También lo son para conocer los siguientes asuntos:
1. 3. y. De las tercerías excluyentes de dominio que se deduzcan en coactivas por créditos tributarios. cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue la reclamación de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria. Del recurso de queja.Dr. 6. De los conflictos de competencia suscitados entre autoridades de distintas administraciones tributarias. de los recursos de nulidad. 6. De las excepciones al procedimiento de ejecución. La acción de impugnación de resolución administrativa.
La Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. se pague la obligación. De los demás que le atribuya la Ley.
el tribunal pronunciará sentencia dentro de treinta días de notificadas las partes para el efecto. en relación directa a los mismos. aún supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho.
. intereses y multas. deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía. o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.
Una vez concluida la tramitación de la causa y en consideración a la prueba plena o a las semiplenas. así como los de abandono y desistimiento. el tribunal examinará los vicios de nulidad de los que adolezca la resolución o el procedimiento impugnado. con excepción de los incidentes relativos al afianzamiento de las obligaciones tributarias y suspensión del procedimiento coactivo. comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados. a falta de la primera.Dr.
La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que. José Luís Terán Suárez
procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos. se resolverán todos los incidentes que se provocaren en el trámite de la causa. que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada.
En sentencia. siempre que la omisión pudiere influir en la decisión de la causa.
También en sentencia. y declarará tal nulidad de todo lo actuado a partir de dicha omisión y dispondrá la reposición del proceso al estado que corresponda.
en ningún caso. La interpretación es un proceso lógico que se contrae a desentrañar el pensamiento y la intención del legislador respecto de aquellos casos que no han sido recogidos ni regulados en la ley positiva o que no se encuentran claros en su texto literal. José Luís Terán Suárez
Las sentencias que dicte el tribunal son definitivas y producen efecto de cosa juzgada. no podrá revocarse o alterarse su sentido. Por consiguiente.
Las Salas son independientes en sus decisiones de aplicación de justicia tributaria. salvo cuando se hubiere interpuesto recurso de casación ante la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Como hemos visto en el desarrollo de este trabajo. tramita y resuelve en vía jurisdiccional las acciones contencioso-tributarias. las excepciones al procedimiento de ejecución y los demás asuntos de su competencia sometidos a su consideración. ésta es obligatoria tanto para el mismo Tribunal como para las administraciones tributarías. pero podrán aclararse o ampliarse. por lo que hay que buscar el verdadero
. función primordial del Tribunal Fiscal es el control de legalidad de los actos administrativos tributarios. si se lo solicita dentro del plazo de tres días de notificadas. Así producida la
jurisprudencia. mientras por ley no disponga lo contrario
La jurisprudencia se halla contenida en las sentencias que dicta un organismo jurisdiccional de última instancia y es el resultado de la interpretación de la ley.Dr. siendo estas decisiones precedentes para la aplicación de la ley en casos similares y sirven de valiosos elementos de juicio para la formación de la jurisprudencia en resoluciones del Tribunal Pleno. cuando conoce.
en los mismos términos que lo son los jueces
La jurisprudencia adquiere la categoría de intangible mientras la ley no disponga lo contrario. a petición del presunto lesionado por la pretensión administrativa y al cabo de un proceso de conocimiento que reconoce iguales derechos a la administración y al particular en cuanto a la defensa y prueba de sus pretensiones. para cuyo proceso la ley y la doctrina ha propuesto varias reglas de interpretación.-
La actuación de los Tribunales Fiscales. independiente e imparcial en materia fiscal. Hoy por la Sala de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia. relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente. como control de legitimidad de los actos de la administración tributaria. José Luís Terán Suárez
sentido y alcance de la ley en base a un análisis profundo y exhaustivo de sus términos. pues constituyen una alternativa para discutir ante un Tribunal especializado.
3. imparcial e independiente determinados actos de la administración fiscal. no se solicite su modificación o derogatoria.
Los jueces de los Tribunales Distritales de los Fiscal son responsables en el ejercicio de sus funciones.Dr. no subordinándolos a normas o directrices de superioridad jerárquica alguna. se exhibe como decisiva. El rol de los Tribunales Distritales de lo Fiscal. si esto no sucede la administración tributaria no puede derogar una jurisprudencia establecida legalmente por el Tribunal Fiscal.
No hay duda que el Tribunal Fiscal satisface la previsión contenida en el Pacto de San José de Costa Rica.
con sujeción a los principios de
. con absoluta imparcialidad de juicio y sus decisiones son garantía tanto para la propia Administración como para los administrados. El Artículo 75 de la Constitución. su material y contenido es de orden técnico y en ello los litigantes son el Estado y los particulares.
El Tribunal Fiscal es una positiva garantía para el ejercicio cabal de la justicia. para ante la Corte Nacional de Justicia. Sus sentencias son definitivas y producen efecto de cosa juzgada. autonomía consignada en la Constitución de la República del Ecuador. imparcial y expedita de sus derechos e intereses.
Así como los procedimientos administrativos se encuentran reglados.Dr. admitiendo sin embrago el recurso de casación. mediante la tramitación del juicio contencioso-tributario.
Las controversias entre la Administración y los ciudadanos funcionan en forma independiente. José Luís Terán Suárez
El Tribunal Distrital Fiscal está dotado de autonomía para el ejercicio de su función jurisdiccional. dispone que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. los procedimientos contenciosos están sometidos en la normativa ecuatoriana a las disposiciones contenidas básicamente en el Código Tributario y supletoriamente en las otras ramas del Derecho.
Segunda Edición. Artículo 75. Teoría General del Procedo. 693. Artículo 169. Tercera Edición. de evitar que las normas y principios jurídicos resulten desvirtuados en los hechos. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”87. sino esencialmente. consideración aplicable también al campo tributario. Buenos Aires. No se trata. 39. en ningún caso quedará en indefensión. Hernando. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación. Derecho Financiero. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Universidad. durante los cuales es necesario asegurar a los particulares contra posibles violaciones del derecho. Buenos Aires. eficacia. celeridad y economía procesal. Para Hernando Devis Echandía88. señala que: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”86. no puede concebirse una sociedad humana sin conflictos de intereses y de derechos.
FONROUGE. Por su parte. porque las normas jurídicas que la reglamentan son susceptibles de ser violadas. de prestarles amparo frente a las extralimitaciones de los funcionarios. Giuliani. Pág.
ECHANDIA. el artículo 169 de la Carta Magna. 1984.
. Ediciones Depalma. uniformidad. En el capítulo sobre jurisdicción y proceso tributario Giuliani Fonrouge 89 expresa que la actividad del Estado relacionada con la aplicación y percepción de los tributos. inmediación. se desenvuelve mediante diversos actos procesales. Pág. Volumen II.
Constitución de la República del Ecuador. 1977.Dr. y harán efectivas las garantías del debido proceso. continúa. únicamente. José Luís Terán Suárez
inmediación y celeridad.
cuya jurisdicción y competencia recae en el Tribunal Fiscal creado mediante Decreto Ley de Emergencia publicado en el R.O.O. es aquella de que más que lo que las partes arguyan.Dr. 490 de 25 de junio de 1963 y. por las que consten en otras leyes tributarias y por las del Código de Procedimiento Civil y las del derecho común. sobre la naturaleza del proceso tributario. José Luís Terán Suárez
El procedimiento contencioso tributario. la solución de los problemas de carácter tributario estaba encomendada al Consejo de
. con la expedición del Código Tributario en diciembre de 1975. creado mediante Decreto Ley de Emergencia publicado en el R. interesa la realidad objetiva. No. entre otras. es innovador en nuestro país. Una importante observación. supletoriamente. no cabe que el proceso tributario se instaure oficiosamente y en cuanto al trámite. más aún. de 19 de julio de 1959 y su consolidación con la expedición del Código Fiscal. dándose al Tribunal Distrital de lo Fiscal amplísima libertad para
aprehender esa realidad y para establecer su significación. uno de los primero creados en América.
Se inicia con la demanda que propone el particular contra la administración.
En Ecuador se puede resumir la situación del contencioso tributario en los siguientes puntos:
a) Hasta la puesta en vigencia del Código Fiscal. puede proseguir por impulso de las partes o de oficio.
El proceso contencioso tributario se rige por las disposiciones expresas del Código Tributario y. Precisamente es por esta razón que en los próximos meses se celebrarán los cincuenta años de existencia del Tribunal Fiscal.
. se traslada el conocimiento de los problemas de carácter tributario a un órgano jurisdiccional especializado. Desde 1975 a 1992 el Tribunal Fiscal es órgano jurisdiccional de igual jerarquía a la Corte Suprema. entre los que estaban incluidos los tributarios. que difícilmente podía considerarse especializado para conocer las peculiaridades propias de la materia tributaria. órganos jurisdiccionales especializados de última instancia en la materia tributaria. a través de la correcta aplicación de los principios del Derecho Tributario y de la garantía del derecho de petición. de heterogénea conformación. Con la elevación de la Corte Suprema de Justicia en 1992 al nivel de Corte de Casación. c) La tutela jurídica tributaria se encuentra garantizada con la normatividad contenida en el Código Tributario. en lo relacionado con los procedimientos administrativos para atender reclamos y recursos y con los procedimientos contenciosos sobre las distintas acciones a las que tienen acceso los sujetos pasivos o terceros. paralelo por tanto a los órganos administradores de la justicia ordinaria.Dr. organismo encargado de resolver los asuntos contencioso administrativos. b) Con la expedición del Código Fiscal y la creación del Tribunal Fiscal. el Tribunal Fiscal centralizado y único se transforma en Tribunales Distritales de lo Fiscal. d) No puede dejarse de lado la normativa constitucional que ampara los derechos de los sujetos pasivos tributarios para acudir ante la propia administración y ante los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos. José Luís Terán Suárez
. al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.Dr. con la introducción de la figura de la aceptación tácita al silencio administrativo y la posibilidad de no agotar la vía administrativa como paso previo para acudir directamente a los tribunales. José Luís Terán Suárez
derecho a la seguridad jurídica y del derecho a acudir ante jueces y tribunales. e) Tampoco pueden desconocerse las innovaciones legales sobre modernización del Estado.
1. Conclusiones.-
Un verdadero Estado de Derecho es aquel en donde el Estado no sólo se somete a la ley sino que también se subordina a la justicia. Es claro entonces que la seguridad de los derechos individuales del sujeto pasivo u obligado tributario es un valor fundamental del Estado democrático de derecho, y que debe manifestarse, entre otros, por medio de la tutela jurisdiccional.
Los ordenamientos jurídicos deben garantizar, inexcusablemente, el acceso a la justicia, que se brinda y se asegura con Tribunales independientes e imparciales.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce en favor de los ciudadanos el derecho a la seguridad jurídica y debería hacerse manifiesta en todos los ámbitos, y, en especial en materia tributaria, de manera que toda persona natural o jurídica que desarrolle o quiera emprender en una actividad económica, pueda realizar sus proyecciones en base a reglas del juego previamente conocidas y medianamente estables.
En virtud del principio de supremacía constitucional se presume la constitucionalidad de todos los actos y normas jurídicas, es decir, que
los mismos gozan de validez por haber sido creados o adoptados en armonía con la normativa constitucional. Mas, la realidad demuestra que no todas las normas o actos de autoridades públicas se ciñen a los contenidos constitucionales, razón por la cual; a fin de garantizar la vigencia y efectividad de la supremacía de las normas constitucionales se han implementado mecanismos que permitan la vigilancia de la correspondencia de los actos estatales con los principios y normas de la Constitución, se trata del denominado "control constitucional" que permite revisar la validez no solo de las leyes y otros instrumentos jurídicos, sino, en general, de los actos de los órganos y autoridades públicas.  La potestad tributaria, constituye un conjunto de facultades de actuación que el ordenamiento jurídico otorga al Estado y a la Administración, y que les habilitan para obrar, confiriéndoles al efecto poderes jurídicos. Comprende la atribución de crear tributos; la de determinación y liquidación de los mismos, a más del potencial ejercido de todos los mecanismos e instrumentos necesarios para su recaudación. Todas estas prerrogativas se ejercen siempre con recaudos legales, que
implica una sumisión a las características esenciales del orden jurídico que nos rige, pues se enuncia diciendo que no basta con que la relación jurídico - tributaria se rija por lo que previa y expresamente determine la ley aplicable, sino que esta ley debe encontrarse además fundada en los correspondientes preceptos y principios constitucionales. Dicho en otras palabras, siempre debe existir una evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que se ha dado,
cumplimiento al expedir la primera, a las reglas que derivan de la jerarquía normativa.  El deber fundamental del Estado es cuidar el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos; por lo tanto, al dotar a la Administración Tributaria de un conjunto de prerrogativas, se deberá velar porque éstas se desarrollen con estricto apego y respeto de las garantías y derechos de los contribuyentes. En este sentido, durante el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, deberá velarse por una tutela efectiva de esos derechos y garantías. Precisamente, el procedimiento administrativo, es el medio que debe regular el ejercicio de las prerrogativas públicas y el camino que debe respetar la Administración Tributaria en sus actuaciones frente a los derechos y garantías de os contribuyentes.  Los textos constitucionales contienen, normalmente, los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de cada país, a través de los cuales se plasma positivamente el ideal de justicia que una comunidad organizada profesa en un momento histórico determinado. Esta idea de justicia también está presente en el ámbito del tributo y debe, asimismo, reflejarse en los principios constitucionales mediante los que se pretenda alcanzar el reparto justo de la carga tributaria. Tales principios constituyen los criterios básicos con arreglo a los cuales ha de ordenarse e interpretarse toda la materia tributaria y son, a su vez, los pilares sobre los que deben asentarse las distintas instituciones jurídicotributarias.
conviene insistir en que la eficacia limitativa de los principios del Derecho Tributario contenidos en las normas
constitucionales resultaría inoperante. en orden a garantizar la producción normativa de conformidad con determinados criterios y valores acogidos en el sistema jurídico por su carácter fundamental. En ambos casos su eficacia como elemento de ordenación social es prácticamente nula.  Nuestra Constitución enfoca al régimen tributario no solo desde la perspectiva de la relación Estado y ciudadano. si tales normas carecieran de efectos plenamente vinculantes y se configuraran como meros criterios pragmáticos u orientadores necesitados de desarrollo legislativo ulterior o si su vulneración no fuese alegable ante los tribunales. al ejercicio del poder que tiene encomendada su elaboración. Pero. José Luís Terán Suárez
El alcance de estos principios del sistema tributario en relación con el propio ordenamiento jurídico viene determinado por su carácter de valores básicos asumidos por la norma fundamental del Estado. en tal sentido puede decirse que cumplen una indudable función ordenadora que se refleja tanto en el terreno normativo como en el interpretativo. sino que incorpora los principios esenciales de la gestión de la Administración Tributaria y los
. En general cabe afirmar que los principios constitucionales y legales tienen un valor no sólo programático.Dr.
La constitucionalización de los principios tributarios. por consiguiente. también. se traduce en el establecimiento de ciertos límites materiales que se proyectan en la normativa posterior que va a configurar el sistema tributario y. sino también preceptivo.
y de igual forma. los principios
constitucionales y legales aplicables a los procedimientos tributarios. el proceso como aquel conjunto de pasos que deben realizarse para lograr la solución de un conflicto. deben ser
. Por lo tanto.  Los principios del Derecho Tributario. con la finalidad de proteger a los
administrados y brindando a éstos la posibilidad de defenderse cuando estos límites sean vulnerados. sino como condición necesaria al Estado en su conjunto. De ahí que. sean éstos constitucionales o legales. las decisiones que impliquen la intromisión en la esfera de los derechos de los ciudadanos. los principios que rigen los procedimientos administrativo y contencioso tributario. y conductas ecológicas. la producción de bienes y servicios. son los elementos que permitirán el respeto de los derechos de los contribuyentes al momento de la formación del acto administrativo. los principios no sólo se entienden como la contrapartida de las garantías del contribuyente. y. para la aplicación de políticas integradoras tendientes a la redistribución y estímulo del empleo. Por tal motivo. así como el efectivo ejercicio de sus garantías frente a posibles abusos de la Administración. deben ser entendidos como elementos que garantizan la tutela judicial efectiva de los derechos de los contribuyentes. sociales y económicas responsables. limitan el ejercicio de las potestades reconocidas a la Administración Tributaria. José Luís Terán Suárez
relativos al Sistema Tributario.Dr.  El procedimiento administrativo y el contencioso tributario deben entenderse como el camino. por tal razón. resultan determinantes para logar la realización del debido proceso.
por cuanto la complejidad del fenómeno tributario.
. para racionalizarlo. cada día va en aumento. Recomendaciones. especialmente en lo que comporta la correcta aplicación de los principios constitucionales y legales del sistema tributario.
Es necesario que las resoluciones administrativas. simplificarlo y enmarcarlo enteramente en los nuevos preceptos constitucionales. desarrollando campañas educativas dirigidas a ciudadanos de todas las edades con la finalidad de desarrollar la conciencia tributaria. creando organismos especializados. interpreten y conjuguen su razonamiento y motivación. a través de sus gobernantes.
2.Dr. así como los autos resolutorios y sentencias de los Tribunales Distritales de lo Fiscal. aplicando y cumpliendo correctamente con todos y cada uno de los principios de la tributación.
Es evidente la necesidad de crear un mayor número de Tribunales especializados en materia tributaria. dictando nuevas reformas legales. está obligado a reforzar y modernizar el control tributario. etc. José Luís Terán Suárez
adoptados estrictamente conforme a Derecho y en estricto apego a los principios del Derecho Tributario.-
Es necesario que en nuestro ordenamiento jurídico se promueva una reforma profunda del régimen tributario. capacitando a sus recursos humanos. estableciendo sanciones a través de la modificación del Código penal.
que son defectos frecuentes que conducen a la imperfección de la legislación tributaria. Por lo tanto.  Un Poder Judicial independiente e imparcial.  La supresión de la regla 'solve et repete' y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado e inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional. jerarquía e irretroactividad resultan indispensables para evitar la incertidumbre en los contribuyentes. es condición indispensable de la seguridad jurídica. así como la posibilidad de suspensión del acto impugnado. se subraya la necesidad de que los órganos
. frecuencia y proliferación de disposiciones.  Los principios de legalidad.  Es necesario que el ordenamiento tributario esté integrado por normas claras. sin perjuicio de la retroactividad de las normas sancionadoras más favorables.Dr. los reenvíos excesivos y las regulaciones oscuras.  La seguridad jurídica es requisito esencial para la plena realización de la persona y para el desarrollo de la actividad económica. A tal fin. debe evitarse la minuciosidad. precisas y estables. José Luís Terán Suárez
Trascribo a continuación las recomendaciones adoptadas en las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario :
constitucionales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. son necesarios para la igualdad de las partes. al que se someta el Estado en una situación de igualdad con las otras partes. las cláusulas derogatorias confusas.
Dr.  Debe reconocerse el derecho del contribuyente a consultar sobre el contenido y alcance de las normas a aplicar a cada caso concreto.
.  La seguridad jurídica requiere el mantenimiento estricto del principio de legalidad. La administración debe responder en un plazo breve y perentorio. En caso de que la Constitución autorice la delegación de facultades legislativas. vinculándose a su respuesta. la ley debe respetar las condiciones establecidas por la Constitución y fijar con precisión los parámetros a los que debe ceñirse el Poder Ejecutivo en el ejercicio de tales facultades. José Luís Terán Suárez
legislativos utilicen para la redacción de las normas tributarias comisiones específicas constituidas por expertos.
Quito 2009. Mayté. vol. Manuel. Corporación de Estudios y Publicaciones. José Osvaldo: Ponencia argentina Latinoamericanas de Derecho Tributario. en las XIV Jornadas
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