Source: https://tc.vlex.es/vid/2004-30973661
Timestamp: 2019-08-20 20:56:16+00:00

Document:
STC 94/2007, 7 de Mayo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 30973661
Número de Recurso: 5703-2004
Recurso de amparo 5703-2004. Promovido por don"F.Á.frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó su demanda contra la Dirección General de Policía sobre reclasificación como personal técnico operativo. Supuesta vulneración de los derechos a la prueba y a la tutela judicial efectiva: denegación de prueba motivada; adjudicación de puestos de trabajo de policía científica.
Sentencia citada en: 538 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 5703-2004, promovido por don"F.Á., representado por el Procurador de los Tribunales don Alfonso Blanco Fernández, contra la Sentencia núm. 612/2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 14 de julio de 2004, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Policía, de fecha 3 de junio de 2003, desestimatoria a su vez del recurso de reposición planteado contra la de 14 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la reclasificación del recurrente en amparo como personal técnico operativo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, ha comparecido el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 21 de septiembre de 2004 el Procurador de los Tribunales don Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de don"F.Á., interpuso demanda de amparo constitucional contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento por entender que vulnera el art. 24. 1 y 2 CE.
Con fecha 25 de septiembre de 2002 se dicta Resolución por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones por la que se aprueba el catálogo de puestos de trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, adscritos a la Dirección General de la Policía, que sustituye al de 1995. De acuerdo con este catálogo la dotación para la brigada operativa especialista auxiliar en policía científica es de tres funcionarios en la comisaría provincial del cuerpo nacional de policía de Ourense, y la forma de provisión de puestos es mediante concurso específico de méritos.
En atención al aprobado catálogo de puestos de trabajo, por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 14 de noviembre de 2002, se reclasificó el puesto de trabajo del policía del cuerpo nacional de policía don"F.Á., adscrito a la comisaría provincial de policía de Ourense, asignándole el puesto de personal operativo policía.
Con fecha 20 de noviembre de 2002 fue notificado al recurrente en amparo escrito formalizado PF 25-R, procedente de la División de Personal de la Dirección General de Policía, de formalización de reclasificación de puesto de trabajo. Mediante escrito de 9 de diciembre de 2002 el Sr. álvarez Rodríguez presentó instancia formulando alegaciones. En relación con dicha instancia el comisario jefe provincial de la comisaría de policía de Ourense emitió el correspondiente informe el día 13 de diciembre de 2002, cuyo contenido es el siguiente:
En cuanto a la reclasificación que de forma arbitraria dicen que hizo el Comisario Jefe puesto en el punto cuarto dice que ‘iba a cesar al del bigote, refiriéndose al dicente, por hallarse éste como afiliado al SUP’, se informa lo siguiente:
De los cuatro policías básicos que están en policía científica, tres tienen bigote y cuatro, incluido el inspector-jefe de policía científica, pertenecen al SUP y el otro a la UFP.
En cuanto a las expresiones despectivas que dice manifestó el comisario, se hace constar que preguntado al policía don"F.Á., en presencia del jefe de policía científica, del inspector de personal y del secretario general de esta comisaría, manifestó que él nunca las había oído.
Por otra parte se informa que el criterio que siguió el Jefe para reclasificación de los funcionarios fue el de concurso especial de méritos, ya que el Sr. Vallejo Touza y el Sr. Pérez Cerredelo tienen hechos más cursos de policía científica y el Sr. García Salgado tiene más méritos que el policía Sr. álvarez Rodríguez, ya que éste en fotografías que hizo en actos oficiales sacó a todas las autoridades de espalda, como se puede ver en las fotos números 1, 2 y 3 que se acompañan; llegando incluso el jefe superior de policía a decir que eran unas fotos impresentables y al decirle que habían sido hechas por uno del gabinete le dijo al comisario que suscribe: ‘Quítalo de ahí’
El Sr. álvarez Rodríguez presentó nueva instancia el día 14 de marzo de 2003. Informado de que su petición se tramitaba como recurso de reposición, el Sr. álvarez Rodríguez presentó el correspondiente escrito, alegando entre otros motivos que, conforme a sus méritos y antigüedad, le hubiera correspondido ser reclasificado como especialista auxiliar en policía científica y no, como ha sido, como personal técnico operativo. Este recurso de reposición fue desestimado por Resolución de la Dirección General de la Policía de 3 de junio de 2003.
Don"F.Á.interpuso recurso contencioso-administrativo contra la señalada Resolución de 3 de junio de 2003. En su recurso sostiene que su reclasificación como personal técnico operativo revela “una actuación discrecional y arbitraria del que fuera Comisario del CNP en Ourense”. Señala en concreto que el comisario jefe había afirmado que “iba a cesar al del bigote”. En este mismo orden de cosas la demanda expone que en el expediente administrativo constaba informe, de fecha 10 de diciembre de 2002, del señalado comisario en el que se citaba una conversación con el jefe superior de policía sobre unas fotografías en estos términos: “llegando incluso el Jefe Superior de Policía a decir que eran unas fotos impresentables y al decirle que habían sido hechas por uno del Gabinete le dijo al Comisario que suscribe ‘quítalo de ahí’”.
En Auto de 8 de marzo de 2004 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara no haber lugar a la apertura del período probatorio por no estimar que sea trascendente el testimonio del jefe superior de policía sobre si manifestó “quítalo de ahí”. Don"F.Á.formuló recurso contra esta decisión, argumentando que esa declaración era necesaria para acreditar que su reclasificación era una actuación arbitraria y no un proceso de selección por méritos. En Auto de 25 de marzo de 2004 se desestimó el recurso por no haberse desvirtuado la apreciación de la Sala. En sus conclusiones don"F.Á.reiteró sus argumentos sobre la falta de relación de méritos de los aspirantes y la arbitrariedad de su reclasificación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. álvarez Rodríguez por Sentencia de 14 de julio de 2004.
Con fundamento en este itinerario procesal el recurrente presenta recurso de amparo. En su demanda considera que la resolución recurrida vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), así como su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24. 2 CE).
La Sección Tercera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 21 de febrero de 2006, acordó, antes de entrar a resolver sobre la admisibilidad del recurso, dirigir atenta comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 542-2003.
Por resolución de 1 de junio de 2006 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio Fiscal plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimavan oportunas en relación a la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo. Por la representación procesal de la parte demandante se presentaron alegaciones el día 22 de junio de 2006. En ellas reiteró el contenido de su demanda de amparo. Por escrito registrado el 23 de junio de 2006 el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la admisión a trámite del amparo.
Por resolución de 19 de septiembre de 2006 la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, proceda al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso judicial previo, excepto al demandante de amparo, para que en el término de diez días pudiesen comparecer en el presente recurso si lo estimaran conveniente. Igual comunicación se acordó dirigir a la Dirección General de la Policía, Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos, Servicio de Recursos (Ministerio del Interior), a fin de que en plazo no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada del expediente administrativo núm. 4568-1992.
Por diligencia de ordenación de 15 de diciembre de 2006 del Secretario de Justicia, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional tuvo por personado y parte al Sr. Abogado del Estado. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de enero de 2007 la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, en trámite de alegaciones, interesó la desestimación del amparo sobre la base de los siguientes argumentos:
En primer lugar, señala que el recurso de amparo no se dirige contra el acto administrativo y que no alude a la violación del art. 23.2 CE, sino que se refiere tan sólo a las resoluciones judiciales dictadas en el recurso contencioso-administrativo 542-2003, alegando únicamente violación del art. 24 CE.
Por escrito registrado el 11 de enero de 2007 el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la estimación del amparo. En su escrito el Ministerio Fiscal comienza recordando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a utilizar los medios de prueba. A continuación señala que la Sala afirmó que las alegaciones de que la reclasificación se debía a represalias de tipo personal “no pueden ser acogidas toda vez que resultan infundadas y carentes del más mínimo sustento probatorio”, cuando la prueba testifical se propuso a partir de una base documental que constaba en el expediente. Por otra parte el examen del expediente administrativo lleva al Fiscal a considerar que no ha existido ninguno de los trámites propios de un concurso de méritos sin que siquiera figuren en el expediente los curricula de los policías que trabajaban en el gabinete de identificación. Las únicas referencias a los méritos respectivos se hallan en el informe del comisario jefe provincial. La lectura del mismo —afirma el Fiscal— no permite decir que la afirmación de que los adjudicatarios de las plazas en cuestión posean más méritos, resulte ser una afirmación que se ajuste a los elementos de hecho que constan en el expediente administrativo.
El 22 de enero de 2007 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones presentado por la representación del recurrente, en el que se insiste en las alegaciones mantenidas con anterioridad en su recurso de amparo.
Por providencia de 3 de mayo de 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia núm. 612/2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 14 de julio de 2004, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Policía, de fecha 3 de junio de 2003, desestimatoria a su vez del recurso de reposición planteado contra la de 14 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la reclasificación del recurrente en amparo como personal técnico operativo.
En el examen de las quejas articuladas por el actor debemos seguir un orden lógico, en atención a los criterios expuestos en nuestra doctrina, que otorgan prioridad a aquéllas de las que pudiera derivarse la retroacción de actuaciones y, dentro de éstas, a las que, al determinar la retroacción a momentos anteriores, hacen innecesario nuestro pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 2; y 100/2004, de 2 de junio, FJ 4, entre otras). Pues bien, de acuerdo con dichos criterios se puede observar que la eventual estimación de las quejas referidas a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva determinaría la anulación de la Sentencia impugnada para que la Sala dictara una nueva resolución respetuosa con tal derecho fundamental del recurrente. En cambio, si se produjera la estimación de la queja relativa a la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, no sólo se produciría la anulación de la resolución judicial combatida, sino también la retroacción de las actuaciones para que se practicaran en legal forma la prueba omitida y la realizada irregularmente y para que, posteriormente, la Sala dictara una nueva sentencia en la que diera contestación a las pretensiones del actor teniendo en cuenta el conjunto de la prueba practicada.
El examen del motivo de amparo expuesto requiere que recordemos la consolidada doctrina constitucional sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, recogida de forma sistematizada, más recientemente, entre otras, en la reciente STC 23/2007, de 12 de febrero, FJ 6, expresada en los términos que recoge en su fundamento jurídico 3, la STC 247/2004, de 20 de diciembre:
Esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada se proyecta, según nuestra jurisprudencia, también en un doble plano: por un lado, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -comprobado que el fallo del proceso a quo pudo, tal vez, haber sido otro si la prueba se hubiera practicado-, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita el amparo constitucional
En el supuesto examinado el recurrente fundó la demanda presentada en el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la existencia de desviación de poder en la Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 3 de junio de 2002, desestimatoria de recurso de reposición planteado contra otra de 14 de noviembre de 2002 por la que se acuerda reclasificación del actor como personal operativo policía. El actor entendía que tales decisiones resultaban arbitrarias, en primer lugar, porque no tuvieron en cuenta su mayor antigüedad y capacidad y sus méritos más relevantes que los adjudicatarios de las plazas de especialista auxiliar en policía científica, plaza que es la que, a su juicio, le correspondía y, en segundo lugar, porque tales decisiones obedecían a represalias por su mala relación con el anterior comisario jefe.
Por Auto de 8 de marzo de 2004 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró no haber lugar a la apertura del período probatorio por “no estimar que el recibimiento a prueba sea trascendente para la resolución del presente litigio”. Frente esta decisión don"F.Á.interpuso recurso de súplica. En el Auto de respuesta al señalado recurso (Auto de 11 de mayo de 2004) se ofrece un razonamiento algo más detallado y que singulariza la razón jurídica en el caso. En el mismo puede leerse: “las alegaciones hechas valer por la parte actora en su escrito de recurso no desvirtúan la apreciación y el criterio mantenido por la Sala al dictar la resolución impugnada, que ha de ser objeto de íntegra confirmación, toda vez que la práctica de la prueba testifical interesada (se solicitaba el testimonio del Jefe Superior de Policía sobre si manifestó “quítalo de ahí”), escasa luz vendría a arrojar, como es obvio, en orden a la definitiva solución del conflicto litigioso, por lo que en consecuencia procede desestimar el recurso de súplica interpuesto, sin hacer imposición de costas”. La Sala, en fin, estimó innecesaria la declaración testifical para corroborar lo que ya figuraba en el expediente a través de un informe firmado.
Esta última afirmación nos lleva a considerar el último de los requisitos exigidos por la doctrina constitucional a las decisiones judiciales relativas a la legalidad y pertinencia de las pruebas. Este último elemento es, como se ha señalado, que la prueba propuesta sea una prueba decisiva en términos de defensa cuya práctica hubiera podido alterar el resultado del proceso.
Es preciso, a continuación, examinar la segunda queja formulada por el recurrente en amparo. Esta queja se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). A este respecto conviene recordar los rasgos fundamentales de la doctrina consolidada de este Tribunal en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales como contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 CE.
Sirviéndonos a este fin de la precisa síntesis contenida en la STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4, cabe subrayar que: “
El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; b) El deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial (SSTC 14/1991, 175/1992, 105/1997, 224/1997), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (STC 165/1999, de 27 de septiembre) y, en segundo lugar, una fundamentación en Derecho (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, y 173/2003, de 29 de septiembre); c) La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4)”.
Desestimar la demanda de amparo promovida por don"F.Á..
STS 1037/2013, 27 de Diciembre de 2013
SAP Pontevedra 524/2005, 16 de Noviembre de 2005
STSJ Castilla y León 678/2010, 25 de Noviembre de 2010
ATC 491/2005, 13 de Diciembre de 2005

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