Source: https://derechomercantilespana.blogspot.com/2017/03/
Timestamp: 2019-08-21 20:30:29+00:00

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En la Resolución de la DGRN de 16 de agosto de 2016 se lee
Por ello, desde una perspectiva general puede afirmarse que el acto realizado infringiendo el deber de lealtad pudiera tenerse por eficaz, desde el punto de vista representativo, (dejando acaso la salvedad de supuestos en que del documento presentado resulte patente su nulidad) en tanto no se declare judicialmente su ineficacia, para lo cual parece que habría de concurrir también otro elemento, ajeno al juicio de suficiencia de la representación, como es el de la producción de un daño a la compañía, aunque en este punto cabe reconocer que la doctrina científica no se muestra unánime. El conflicto de intereses no supone, en realidad, un supuesto de actuación sin autorización, en el sentido del artículo 1259 del Código Civil, que prevé que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado, porque en este caso, la legitimación para actuar se deriva de ser administrador de la sociedad y como es sabido el poder de representación de los administradores se extiende a todo el objeto social, siendo ineficaz frente a terceros toda limitación de los poderes de los administradores, quedando incluso la sociedad obligada frente a terceros de buena fe y sin culpa grave cuando dichos actos exceden del objeto social (véase artículo 10 de la Directiva 2009, 101, CE del Parlamento y el Consejo de 16 de septiembre de 2009).
¿No se ha dado cuenta la DGRN que el art. 234 LSC exige la buena fe del tercero para que el poder de representación de los administradores sea eficaz? Si el administrador de una sociedad vende un inmueble de ésta a su cónyuge sin cumplir con los requisitos del art. 230 LSC, es obvio que la adquisición por parte del cónyuge no queda protegida por el art. 234 LSC por la sencilla razón de que el cónyuge no es un tercero de buena fe. De manera que un caso de transacción vinculada, el conflicto afecta al “propio ámbito representativo”.
Continúa la DGRN
Los supuestos de conflicto de intereses y la relación de personas vinculadas a los administradores, que enumera el artículo 231, con carácter general, debe quedar sujeto al régimen de los artículos 227.2 y 232 de la Ley de Sociedades de Capital y su control ha de ser judicial, en el ámbito procesal en que se pueda ejercer el derecho a la defensa y llevar a cabo una prueba contradictoria, salvo que el conflicto sea notorio y afecte al propio ámbito representativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital
Redondo ha publicado un breve comentario a la Resolución. Comienza Redondo citando a Paz-Ares y a Villarubia, el cual, sigue a Massaguer: no hay duda en la doctrina científica de que la
“acción de anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con infracción del deber de lealtad aludida en el art. 232 LSC es la acción de nulidad del art. 1300 CC que, en particular, encuentra su fundamento en la causa ilícita del art. 1275 CC”
(en Juste (dir) Comentario de la reforma del Régimen de las Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo (Ley 31/2014) sociedades no cotizadas.
Y cita Redondo también la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1997 en el Asunto 104/96 en cuya parte dispositiva se lee
«El régimen de oponibilidad frente a terceros de los actos realizados por los miembros de órganos sociales en situaciones de conflicto de intereses con la sociedad representada no está comprendido en el marco normativo de la Directiva 68, 151, CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, y es competencia del legislador nacional».
en consonancia con lo que había dicho en sus Conclusiones el Abogado General.
En el caso, se alegaba por el administrador concursal de Mediasafe que un contrato celebrado por el administrador de ésta con HD G era nulo y que tal nulidad no se salvaba por el hecho de que el poder de representación de los administradores sea ilimitado – dentro del objeto social – e ilimitable:
el acuerdo de compensación celebrado el 11 de diciembre de 1989 no podía surtir efectos puesto que entre HD G —que había celebrado los acuerdos, en particular, en nombre de Mediasafe en su condición de administrador único— y Mediasafe existía un conflicto de intereses en el sentido de los apartados 3 y 4 del artículo 12 de los Estatutos de Mediasafe y del artículo 256 del Libro 2 del Código civil neerlandés. Por consiguiente, HD G no podía representar a Mediasafe en la celebración de dicho acuerdo.
El Tribunal de Justicia (¡qué sentencias tan breves se hacían en esa época!) dice:
Cabe recordar que el párrafo primero del apartado 1 del artículo 9 de la Primera Directiva establece que la sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, salvo que dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos.
Sin embargo, hay que subrayar que tanto del tenor literal como del contenido de dicha disposición se deduce que se refiere a los límites de los poderes tal como están repartidos legalmente entre los diferentes órganos de la sociedad y no es su finalidad coordinar las legislaciones nacionales aplicables cuando un miembro de un órgano se halle, por su situación personal, en una situación de conflicto de intereses con la sociedad representada.
Además, el régimen de oponibilidad que resulta de dicho precepto se refiere a los poderes que la ley atribuye o permite atribuir a los órganos sociales, ley que pueden invocar los terceros, y no a la cuestión de si un tercero tenía conocimiento de un conflicto de intereses o no podía ignorarlo, habida cuenta de las circunstancias del caso.
En consecuencia, hay que señalar que el régimen de oponibilidad frente a terceros de los actos realizados por los miembros de los órganos sociales en dichas situaciones no está comprendido en el marco normativo de la Primera Directiva y es competencia del legislador nacional.
Luego añade el art. 10 de la Propuesta de 5ª Directiva que, con toda claridad, establecía
(apartado 1) todo negocio en que la sociedad sea parte y en que uno de los miembros del órgano de dirección o de vigilancia tenga un interés, aun indirecto, deberá estar autorizado, al menos, por el órgano de vigilancia.
(apartado 4) «La falta de autorización del órgano de vigilancia o la irregularidad de la decisión por la que se otorga dicha autorización sólo podrá oponerse frente a un tercero si la sociedad aporta la prueba de que éste conocía la falta de autorización o la irregularidad de la decisión o no podía ignorarla habida cuenta de las circunstancias
El Abogado General había dicho que las transacciones vinculadas – las realizadas en conflicto de interés – son una cuestión de “parte general”, es decir, afecta “efectivamente a todos los supuestos de representación, y no solo a los relativos al ámbito de las sociedades” por lo que no podía considerarse que la 1ª Directiva quisiera regularlos.
La situación de anomalía que caracteriza al representante en caso de conflicto de intereses no está regulada por la Directiva, como tampoco lo están las situaciones de incapacidad natural o legal o de los vicios de la voluntad que pueden incidir sobre la validez de los actos realizados por el mismo representante.
Redondo, sin embargo, considera que estamos ante un caso de falta de poder y que es aplicable el art. 1259 CC. Yo creo que es mejor considerarlo como un supuesto de abuso de poder. El administrador que vende a alguien de su familia el principal activo social, actúa dentro de los límites formales del poder de representación pero utiliza éstos para una finalidad distinta de aquella para la que se le han otorgado. Como el objetivo, en estos casos, es apropiarse de bienes o derechos que pertenecen a la sociedad, la causa es ilícita. Pero el art. 234 LSC es aplicable en cuanto a los efectos de la nulidad. Basta con considerar que, en los casos de transacciones vinculadas realizadas por el administrador sin cumplir con los requisitos del art. 229.1 a) LSC (independencia, transparencia y equidad) el tercero – el familiar del administrador que adquiere el activo – no goza de la protección del art. 234 LSC, simplemente, porque no es un tercero de buena fe que haya actuado sin culpa grave. Porque, imagínese que en lugar de venderlo a un pariente, el administrador, por pura inquina hacia sus consocios, malvende un activo social a un tercero que se aprovecha de estos malos sentimientos del administrador. En tal caso, el tercero quedará protegido en su adquisición porque la causa ilícita no es común a ambas partes.
En consecuencia, el contrato que articula la transacción vinculada es nulo y su nulidad puede pedirse en el marco del art. 232 LSC por cualquiera de los socios. En la medida en que es nula de pleno derecho y que estamos en el ámbito del Registro de la Propiedad (no en el registro mercantil) que es un registro de derechos y, por lo tanto, en el que es absolutamente imprescindible que los terceros puedan confiar en las titularidades que proclama el registro (no así en el Registro Mercantil que es un registro de personas), la DGRN debió confirmar la calificación de la Registradora si ésta tenía a su disposición todos los elementos documentales para apreciar la existencia del conflicto de interés.
O no. Hay un hecho que resulta decisivo: si se trataba de una sociedad de socio único y el administrador es, a la vez, el socio único, puede excluirse el conflicto de interés y, por lo tanto, la transacción vinculada es perfectamente válida. No hay interés social más allá del interés de todos los socios y el socio único puede disponer de los bienes sociales a favor de quien le parezca (y qué mejor que a favor de su cónyuge) siempre que respete las normas del Derecho de sociedades de protección de los acreedores (capital).
En el caso, la sociedad aportó un documento
en el que indica que «en la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la sociedad, celebrada en el domicilio social el día 29 de febrero de 2016, se adoptó por unanimidad ratificar y aprobar en todas sus partes la mencionada escritura»
La registradora, sin embargo, se mantuvo en sus trece por la naturaleza del documento presentado. Una exageración porque ese análisis debió dejarlo al Notario. De modo que la conclusión es que se excluyó el conflicto de interés y que la DGRN acertó, aunque por las razones equivocadas.
Francisco Redondo, La ineficacia de la representación como consecuencia de la infracción del deber de lealtad de los administradores y las situaciones de conflicto de interés Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 759, págs. 513 a 529
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 18:59 3 comentarios: Entradas relacionadas
Alaska, Diego Kora
El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos «al otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen «girarse» hacia su influjo.
“El acceso a la pensión de viudedad en el caso de mujeres separadas o divorciadas que hayan sido víctimas de violencia de género exige la concurrencia de unos requisitos objetivos… No obstante (sic)… al tratarse de una modalidad de viudedad (sic) vinculada a una situación de violencia de género, se hace imprescindible la integración de la dimensión de género para la resolución de la questio litis por expreso mandato del art. 4 de la LO 3/2007.
Las características de género son construcciones socioculturales que varían a través de la época (sic), la cultura y el lugar, y se refieren a rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera ‘masculino’ o ‘femenino’ (sic). Es decir, define la posición que asumen mujeres y hombres en relación a unas y otros y la forma en que construyen su identidad (sic). Por ello, en todos los casos que involucren relaciones asimétricas (sic), prejuicios y patrones estereotípicos por razón de género (sic), deberá aplicarse en la impartición de justicia una metodología de análisis que integradora de la perspectiva de género (sic). La violencia de género física y/o psicológica deriva directamente de las referidas asimetrías endémicas y estructurales (sic)
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva la impartición de justicia con base en una perspectiva de género. Debe priorizarse el reconocimiento de derechos sustantivos de carácter constitucional frente a consideraciones principialistas (sic) e integrar el valor de igualdad de los sexos en la aplicación de una norma que, debiendo considerarlo, no ha considerado ese valor, evitando determinados efectos perversos (sic).
Jueces posmodernos invaden la jurisdicción laboral
Estos son algunos pasos de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Sala de lo social – de 7 de marzo de 2017. La ponente está orgullosa. No debería. Ha dañado a las mujeres maltratadas, a los hijos de las mujeres maltratadas y al respeto social por las decisiones judiciales que, en los tiempos que corren, debería estar en lo más alto de las preocupaciones de los jueces y, en particular, del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
Es un ejemplo acabado de cómo nuestros jueces de lo social están, en medida significativa, fuera de la Ley y del sometimiento al Derecho. Animados por la Sala IV del Supremo y por el Tribunal Constitucional, (que ha corregido en los últimos tiempos esta tendencia) se han dedicado a hacer justicia para el obrero y las mujeres maltratadas y se han olvidado de que su modesta función es la de hacer cumplir la ley empezando por ellos mismos. Como el papel lo aguanta todo, tenemos que leer, en decisiones vinculantes para los particulares y para la Administración pública, afirmaciones como las que he transcrito que están entre la ensalada verbal; lo que producen las máquinas que “aprenden” y las discusiones de un seminario de humanidades en alguna universidad de tercera categoría.
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 14:32 6 comentarios: Entradas relacionadas
Etiquetas: derecho del trabajo, medios de prueba, posmodernos
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 17:24 No hay comentarios: Entradas relacionadas
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 16:22 2 comentarios: Entradas relacionadas
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 12:39 2 comentarios: Entradas relacionadas
A través de la Reseña de Novedades de Gestión del Conocimiento Mercantil de Cuatrecasas, tenemos noticia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de noviembre de 2016. La sociedad ejercita la acción social de responsabilidad contra los antiguos administradores porque éstos habían realizado determinadas inversiones que resultaron en pérdidas para la sociedad. La Audiencia desestima la demanda porque no aprecia negligencia de los administradores. Los de Cuatrecasas resumen el contenido de la sentencia como sigue: los demandantes presentan unos
emitidos años después de las operaciones de adquisición de determinados inmuebles
“que arrojan valoraciones sensiblemente inferiores al precio que, en su momento, pagó la compañía por las adquisiciones realizadas. La Audiencia trata de desentrañar si, al adoptar las decisiones de inversión que se cuestionan, los administradores demandados conocían –o era exigible que conocieran –la realidad de los desfases en los precios de los inmuebles adquiridos puestos de manifiesto en los informes de peritos aportados con posterioridad”
Y la Audiencia desestima la demanda de responsabilidad de los administradores tras analizar si, por parte de éstos, se tomó una decisión “estratégica y de negocio”, sin conflicto de interés, con la información adecuada y siguiendo un procedimiento aceptable para la toma de decisiones . Esto es, verificó que se daban todos los presupuestos de la business judgment rule ahora consagrada en el art. 227 LSC (los hechos son anteriores a la reforma de la LSC de 2014)
De interés en la sentencia es, en primer lugar, que el tribunal se niega a entrar en una valoración comparativa de estos informes periciales con los que encargaron y tuvieron en cuenta los administradores para adoptar la decisión de adquirir esos inmuebles: aunque el
“tribunal alcanzase la conclusión de que son más acertadas las valoraciones de (unos informes que las de otros), esta… conclusión carecería del menor interés para la resolución del litigio si, al propio tiempo, no contásemos con razones fundadas que nos permitieran deducir con solvencia que los demandados, quienes por obvias razones no tuvieron a la vista los informes IBERTASA/FOREST y sí únicamente los informes DIRECCION000 / DIRECCION001 , sabían o debían saber que los valores que arrojaban estos últimos se encontraban alejados de la realidad.
Esto es, parece decir el Tribunal, que la decisión no fuera disparatada. Y si los administradores debían ser expertos en tasación inmobiliaria, entonces, viene a decir el tribunal, ¿para qué habían de pedir los informes? Los administradores tienen derecho a confiar en los expertos y la diligencia exigible se limita a la responsabilidad in eligendo e in vigilando. Que unos administradores que se hubieran movido exclusivamente por la prudencia y la más estricta aversión al riesgo no hubieran confiado en esos informes es irrelevante en el marco de la acción social de responsabilidad. Precisamente, la business judgment rule trata de reducir la aversión al riesgo de los administradores y ponerlos al abrigo de acciones indemnizatorias basadas en que se arriesgaron “demasiado” al tomar la decisión empresarial.
En otras palabras, la circunstancia de que a la hora de adoptar esa decisión inversora los administradores de COLONIAL no hayan operado con los criterios de la ORDEN ECO 805/2003, entre otras cosas porque esa aplicación no era legalmente exigible, no convierte a la decisión en imprudente si, atendidas determinadas incertidumbres relativas al desarrollo del planeamiento urbanístico, y, asumiendo el riesgo que siempre es inherente a ese tipo de incertidumbre, aquellos actuaron bajo la suposición -eventualmente insegura pero no obligadamente infundada- de que los problemas de esa naturaleza acabarían resolviéndose de manera provechosa para la sociedad que representaban.
Con ello, la Audiencia descarta el reproche de ilegalidad en la actuación de los administradores.
También tiene interés lo que dice la Audiencia sobre la competencia de la Junta y de los administradores en relación con
Está bien que los jueces no desincentiven a los administradores a facilitar el máximo de información posible a la Junta cuando ésta tiene que adoptar una decisión en el ámbito de sus competencias ante el temor de que hacerlo perjudique a los administradores porque eleve su exposición a acciones de responsabilidad o, lo que es más frecuente, impida la inscripción de los acuerdos correspondientes en el Registro Mercantil. El hecho de que la operación no se hiciera exactamente en los términos narrados por los administradores a la junta no genera responsabilidad de los administradores porque esos términos no formaban parte del acuerdo de aumento de capital adoptado por ésta. Por tanto, no hubo infracción alguna de sus deberes por parte de los administradores. El hecho de que los suscriptores del aumento de capital dinerario obtuvieran los fondos correspondientes mediante la venta de inmuebles a la propia sociedad que realizaba el aumento no convierte aquél en un aumento contra aportaciones no dinerarias. Esto es relevante también porque la Audiencia excluye la consideración de la operación como fraudulenta (para evitar aplicar las normas sobre el aumento de capital no dinerario, los administradores la configuran como la suma de un aumento dinerario más una adquisición de inmuebles). En este punto, la Audiencia reprocha a la sociedad demandante, una contradicción
En efecto, en el informe FOREST, cuyo contenido se supone asumido por parte de COLONIAL por el solo hecho de presentarlo en apoyo de sus pretensiones, se explica con total claridad que los bienes y derechos a los que nos hemos venido refiriendo en los precedentes ordinales no eran aptos, por su falta de certeza y por las incertidumbres que sobre ellos se cernían, para constituir el contravalor de una aumento de capital con aportaciones no dinerarias. Por lo tanto, resulta por completo contradictorio sostener, por un lado, que era inviable haber llevado a cabo un aumento con aportaciones no dinerarias representadas por dichos bienes y derechos, y, por otra parte, mantener que eso y no otra cosa es lo que debería haberse hecho
Obsérvese que las normas sobre el aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias tratan de proteger a los acreedores, mientras que la acción de responsabilidad trata de proteger el patrimonio social y, por tanto, a los accionistas. No puede, por tanto, aceptarse alegremente la existencia de un fraude de ley cuando los administradores – y la junta – deciden articular la operación como un aumento dinerario previa adquisición de los inmuebles por parte de la sociedad que aumenta su capital en lugar de recurrir a la vía del aumento de capital no dinerario. Precisamente, la protección de los acreedores está mejor servida por esta segunda vía, de manera que no puede haber tal fraude. Es una cuestión semejante a la que se ha planteado con la posibilidad de articular una operación de adquisición de activos por vía de aportación no dineraria (de rama de actividad) en lugar de hacerlo por vía de escisión.
La Audiencia analiza también si hubo
por parte de la sociedad a aquellos que suscribieron el aumento de capital dinerario en la proporción del exceso en el precio pagado por la sociedad en la adquisición de los inmuebles, precio que fue destinado por los vendedores de esos inmuebles a suscribir las acciones de la sociedad. La Audiencia dice que no hubo asistencia y que si hubo sobreprecio, la cuestión debería analizarse en términos de incumplimiento de sus deberes por parte de los administradores (habrían regalado el patrimonio social) y, si analizada en estos términos, no se aprecia negligencia ni despilfarro del patrimonio social, no puede afirmarse que los administradores estuvieran asistiendo financieramente a los vendedores de los inmuebles para que éstos suscribieran el aumento de capital.
La Audiencia confirma, pues, íntegramente, la sentencia del juzgado que había desestimado íntegramente la demanda de responsabilidad de los administradores. Uno, que no sabe nada de los hechos que condujeron a que los nuevos accionistas de Colonial decidieran presentar una demanda de responsabilidad por una cuantía de 308 millones de euros contra sus antiguos administradores, se queda perplejo. Colonial tenía que saber que, alegando negligencia, su demanda no prosperaría. Esta demanda ha debido de costar una buena cantidad de dinero a Colonial. ¿Por qué se presentó la demanda? ¿por qué no se alegó que los administradores demandados realizaron las operaciones inmobiliarias que resultaron dañinas, gravemente dañosas, para la sociedad incurriendo en conflicto de interés? Nadie compra inmuebles a un precio disparatadamente alto si no es porque tiene interés en el “bienestar” del que se los vende. Probablemente, porque no pudieron probarlo. Pero, si la sociedad tuvo acceso a toda la información relativa a esas operaciones una vez destituidos los administradores demandados, ¿no debió deducir de la falta de pruebas del conflicto de interés que estábamos ante unas operaciones arriesgadas que salieron mal? ¿No es esto el núcleo de la business judgment rule? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, queda en el aire la sospecha de que la presentación de la demanda y del recurso de apelación fue ad pompam vel ostentationem como una forma de hacer público el desagrado de los nuevos accionistas con la gestión de los antiguos administradores. O algo peor.
¿Qué debería hacer el PP y qué debería hacer Ciudadanos? Empecemos por Ciudadanos. Fiat iustitia, pereat mundus y pacta sunt servanda. Si el pacto dice lo que dice, Ciudadanos debe votar a favor de la moción de censura y que salga el sol por Antequera. Al día siguiente de que triunfe la moción, el gobierno no podrá sacar ni una ley adelante y el flamante presidente del PSOE tendrá que convocar nuevas elecciones. Como esto es lo que pasará, el PP tiene que decidir qué es lo que más le conviene. Es quien tiene más que perder. Pero el PP no puede dudar ni por un instante que Ciudadanos votará a favor de la moción de censura. Un futuro tan irrevocable como el pasado. Así es como se trata con chantajistas.
Pero hay una cuestión más general que atañe al PP. Veamos lo de Puerto Lumbreras. Este alcalde metió la pata – si no la mano – en el proyecto más relevante de los realizados en su pueblo (aquí, aquí, y aquí). El presupuesto de Puerto Lumbreras es, más o menos, de 1000 euros por habitante. O sea, unos 14 millones de euros de gastos. El proyecto del Auditorio era de 6 millones de euros. Puede decirse, pues, que era un proyecto megalómano que sólo pudo pagarse con una subvención regional. Si hubieran preguntado a sus habitantes si estaban dispuestos a gastar el 40 por ciento de sus impuestos de un año en un auditorio, no creo que hubieran votado a favor.
Lo que observamos es que el único proyecto de cierta dimensión llevado a cabo en Puerto Lumbreras resulta un desastre donde se incumplen todas las normas; hay sujetos particulares claramente favorecidos y el resultado es un auditorio inútil e inacabado.
La conclusión no se deja esperar: no sabemos – todavía – si este hombre es un delincuente, pero lo que sabemos es que es un chapucero que no se entera de nada y que no se enteró, según sus propias palabras, de lo que pasaba con el mayor proyecto que nunca se había construido en su pueblo. No supervisó nada ni intentó enterarse de nada. Igual que Mas, igual que Rajoy, igual que Chaves, igual que Griñán, igual que Aguirre, igual que Camps… Los políticos se ocupan de detalles insignificantes pero no ven a sus subordinados cuando estos roban a cara descubierta y a plena luz del día.
Y ¿qué hace el PP con ese alcalde? Lo propone para presidente de la Comunidad Autónoma. Lo mismo que ha venido haciendo el PP históricamente en casi todos los ámbitos. ¿Qué favores ha hecho a quién Pedro A. Sánchez en el PP para acabar de presidente? Huele a que, efectivamente, no se enteró de nada de lo que ocurrió con el auditorio porque era el PP de Murcia el que decidía respecto de esa y de muchas otras obras que se hicieron en la región en las dos últimas décadas. Yo creo que Pedro A. Sánchez no robó para él, sino para el partido (o permitió que el partido robara con ocasión de la obra del Auditorio) y que el PP de Murcia también se financió ilegalmente con obras como esa.
No puedo probarlo, claro, pero los antecedentes en toda España conducen a pensar que Murcia ¡qué hermosa eres! no tiene por qué ser diferente de Valencia, Madrid, Castilla-León, Cantabria o cualquier otro sitio donde el PP ha sido dominante durante décadas.
Pedro A. Sánchez ha sido elegido para presidir Murcia porque es un buen “soldado” del PP. Uno de esos a los que en The Wire llaman “muscle”. Alguien que no discute las órdenes, que se limita a obedecer sin rechistar por muy bárbaro que sea el encargo que le hacen sus jefes. Porque su selección para presidente no puede ser un premio por lo bien que lo ha hecho como alcalde. ¿No hay en el PP de Murcia nadie con más talento, capacidad de gestión y currículo que Pedro A. Sánchez? (vean su cv que da un poco de vergüenza ajena, sobre todo, porque como buen cristiano no debería alardear de las obras de caridad que hizo en su juventud). El PP – igual que las bandas de The Wire – mantiene sin cambios su estrategia frente a la corrupción: negar que la haya y, cuando no puede seguir negándola, abandonar a su suerte al que han pillado (normalmente, a un “soldado”, a “muscle”) y tratar de que los daños no asciendan hacia la cúpula.
Publicado por JESÚS ALFARO AGUILA-REAL en 11:43 1 comentario: Entradas relacionadas
foto: Gloria Campelo
La racionalidad necesaria para resolver rompecabezas y la más útil para lidiar con la vida
Tomemos, por ejemplo, el famoso problema de “Linda, la cajera”. Kahneman lo enmarca en los siguientes términos: “Linda tiene 31 años de edad, es soltera, franca, y muy brillante. Se especializó en filosofía. Cuando era estudiante, estaba muy preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, y participó en manifestaciones anti-nucleares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Linda es más probable? '
Linda es cajera en un banco'
'Linda es cajera en un banco y participa activamente en el movimiento feminista'.
La respuesta más frecuente es la segunda alternativa: es más probable que Linda sea cajera de banco y feminista, lo que es claramente erróneo porque las reglas de la probabilidad conducen a que la probabilidad compuesta por dos eventos no puede ser mayor que la probabilidad de uno de esos dos eventos. Pero para horror de Kahneman y sus colegas, muchas personas seguían afirmando que la segunda descripción es la más probable, incluso después de señalarles y explicarles el “error”.
Pero (es que)… el significado del discurso depende no sólo de las palabras y frases usadas, sino de su contexto. La descripción que comienza con la biografía de Linda y termina con “Linda es una cajera de banco” no es, sin más información, una explicación satisfactoria. Ante tal narrativa en la vida real, se podría buscar una explicación adicional para resolver la incongruencia aparente y, ante la falta de tales explicaciones, los destinatarios se muestran reacios a creer y mucho menos a actuar sobre la información presentada.
Kahneman y Tversky reconocieron que preferimos contar historias a pensar en términos de probabilidad. Pero esto no permite afirmar que hay un fallo cognitivo. Contar historias es cómo damos sentido a un mundo complejo de las cuales a menudo sabemos y entendemos, poco. En la vida real, nos enfrentamos a preguntas mal definidas que pueden darnos respuestas que resuelvan “misterios” igual de mal definidos, lo que Gregory Treverton, el Presidente saliente del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, distingue de “rompecabezas”, que son problemas determinados con respuestas correctas e incorrectas. Y los sujetos de los experimentos Kahneman-Tversky se enfrentaban a rompecabezas, y no se les permitía señalar que sabían muy poco sobre el contexto, y que sin el contexto, no podían resolverlos. Porque no había ningún contexto en los problemas planteados en los experimentos, o ninguno que tuviera sentido…
Por lo tanto, debemos tener cuidado en nuestra interpretación de los resultados de los economistas del comportamiento. El entorno en el que se llevan a cabo estos experimentos es muy artificial. Un problema bien definido con una respuesta directa… se enmarca en una forma diseñada específicamente para dilucidar la “irracionalidad” de comportamiento que el experimentador identifica triunfalmente. Y, de tales ejercicios no puede deducirse que la gente toma decisiones erróneas o perjudiciales de forma sistemática en el mundo real, donde las cuestiones sobre las que ha de decidirse están, típicamente, poco definidas y donde, ni siquiera ex post facto, es posible determinar cuál habría sido el mejor curso de acción”.
Desde otra perspectiva, se puede argumentar que aparentes decisiones irracionales sistemáticas no son irracionales en absoluto. En un mundo incierto… empleamos reglas y procedimientos prácticos que funcionan bastante bien la mayor parte de las veces…. el título de uno de los libros de Gerd Gigerenzer <<reglas heurísticas para gente inteligente>> transmite bien la intuición detrás de sus argumentos. Que haya fallos en la racionalidad no dice nada acerca de la utilidad general de las reglas heurísticas “rápidas y frugales” de Gigerenzer
En el libro de Kahneman Pensar rápido , las referencias a Gigerenzer se limitan a dos notas al pie… Hemos oído decir que Tversky “no podía mencionar el nombre de Gigerenzer sin usar la palabra canalla. Al parecer, Kahneman y Tversky opinaban que la crítica de Gigerenzer “ignoraba las reglas habituales de las batallas intelectuales"
John Kay “On the weaknesses of behavioural economics: a review of The Undoing Project”

References: Resolución 
 artículo 1259
 artículo 10
 artículo 231
 artículo 234
 artículo 58
 artículo 12
 artículo 256
 artículo 9
 resolución 
 resolución