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Timestamp: 2019-09-18 14:54:33+00:00

Document:
62007CJ0381_ES
En el asunto C‑381/07,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Conseil d’État (Francia), mediante resolución de 4 de junio de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2007, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (Ponente) y L. Bay Larsen, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mazák;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de junio de 2008;
– en nombre de la Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS, por el Sr. P. Jeanson, vicepresidente de esta asociación;
– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y Sra. A.-L. During, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M. de Grave, en calidad de agente;
– en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. S. Pardo Quintillán y el Sr. J.-B. Laignelot, en calidad de agentes;
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6 de la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DO L 64, p. 52).
2. Esta petición ha sido presentada por el Conseil d’État francés en el marco de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS con el fin de solicitar la anulación, en concreto, del Decreto nº 2006-881, de 17 de julio de 2006, por el que se modifica el Decreto nº 93-743 de 29 de marzo de 1993 relativo a la nomenclatura de las operaciones sometidas a autorización o a declaración en aplicación del artículo 10 de la Ley nº 92-3 de 3 de enero de 1992 sobre el agua y el Decreto nº 94-354 de 29 de abril de 1994 relativo a las zonas de reparto de las aguas (JORF de 18 de julio de 2006, p. 10786), así como el Decreto nº 2006-942, de 27 de julio de 2006, por el que se modifica la nomenclatura de las instalaciones clasificadas (JORF de 29 de julio de 2006, p. 11336).
3. La Directiva 2006/11 que, con arreglo a su artículo 1, letra a), se aplica en particular a las aguas interiores superficiales, es decir, a tenor de su artículo 2, letra a), a «todas las aguas continentales superficiales estancadas o corrientes situadas en el territorio de uno o varios Estados miembros», establece en sus considerandos sexto a octavo lo siguiente:
«6) Para garantizar una protección eficaz del medio acuático de la Comunidad es necesario establecer una primera lista, denominada lista I, que incluya determinadas sustancias individuales escogidas principalmente por su toxicidad, persistencia y bioacumulación, con excepción de las biológicamente inofensivas o que se transforman rápidamente en sustancias biológicamente inofensivas, así como una segunda lista, denominada lista II, que incluya sustancias que tengan un efecto perjudicial sobre el medio acuático, que pueda sin embargo limitarse a una determinada zona y que esté en función de las características de las aguas receptoras y su localización. Todo vertido de dichas sustancias debe someterse a una autorización previa que fije las normas de emisión.
7) Debe suprimirse la contaminación causada por el vertido de las diferentes sustancias peligrosas incluidas en la lista I. […]
8) Es necesario reducir la contaminación de las aguas causada por las sustancias incluidas en la lista II. Con tal fin, los Estados miembros deben establecer unos programas que incluyan normas de calidad medioambiental para las aguas que respeten las directivas del Consejo si las hubiere. Las normas de emisión aplicables a dichas sustancias deben formularse en función de dichas normas de calidad medioambiental.»
4. El artículo 3 de la Directiva 2006/11 dispone:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la contaminación de las aguas indicadas en el artículo 1 causada por las sustancias peligrosas incluidas en las categorías y grupos de sustancias enumerados en la lista I del anexo I, denominadas en lo sucesivo “sustancias de la lista I”, así como para reducir la contaminación de dichas aguas ocasionada por las sustancias peligrosas incluidas en las categorías y grupos de sustancias enumerados en la lista II del anexo I, denominadas en lo sucesivo “sustancias de la lista II”, de conformidad con la presente Directiva.»
5. Con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2006/11, cuyo tenor es idéntico al del artículo 7 de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DO L 129, p. 23; EE 15/01, p. 165), que fue derogada por la Directiva 2006/11:
«1. Para reducir la contaminación de las aguas indicadas en el artículo 1 por las sustancias de la lista II, los Estados miembros establecerán unos programas para cuya ejecución aplicarán, en particular, los medios especificados en los apartados 2 y 3.
2. Todo vertido efectuado en las aguas indicadas en el artículo 1 que pueda contener una de las sustancias de la lista II requerirá una autorización previa, expedida por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, en la que se señale la norma de emisión. Estas normas se calcularán en función de las normas de calidad medioambiental establecidas de conformidad con el apartado 3.
3. Los programas indicados en el apartado 1 incluirán unas normas de calidad medioambiental para las aguas, que se establecerán respetando las directivas del Consejo si las hubiere.
6. La lista II de categorías y grupos de sustancias que figura en el anexo I de la Directiva 2006/11, contemplada en los artículos 3 y 4 de esta última, menciona en su apartado 8 las sustancias que influyen desfavorablemente en el balance de oxígeno, en particular, el amoníaco y los nitritos.
7. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva marco del agua»), que es anterior a la Directiva 2006/11, pero cuyas disposiciones sustituirán las de esta última a partir del 22 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 22, apartado 2, de la Directiva marco del agua, establece en su artículo 11 lo que sigue:
«1. Los Estados miembros velarán por que se establezca para cada demarcación hidrográfica, o para la parte de una demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio, un programa de medidas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis exigidos con arreglo al artículo 5, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. […]
2. Cada programa de medidas incluirá las “medidas básicas” especificadas en el apartado 3 del presente artículo y, cuando sea necesario, “medidas complementarias”.
3. Las “medidas básicas” son los requisitos mínimos que deberán cumplirse y consistirán en:
g) para los vertidos de fuente puntual que puedan causar contaminación, un requisito de reglamentación previa, como la prohibición de la entrada de contaminantes en el agua, o el requisito de autorización previa, o el de registro basado en normas generales de carácter vinculante, que establezca controles de la emisión de los contaminantes de que se trate, incluyendo controles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 16. […]
8. El artículo 22, apartado 3, letra b), de la Directiva marco del agua contiene la disposición transitoria siguiente:
«a efectos del artículo 7 de la Directiva 76/464/CEE, los Estados miembros podrán aplicar los principios establecidos en la presente Directiva para determinar los problemas de contaminación y las sustancias que los ocasionan, fijar normas de calidad y adoptar medidas.»
9. Bajo el título «Agua y medios acuáticos», las disposiciones del code de l’environnement (código del medio ambiente) relativas a la autorización o a la declaración de las instalaciones, obras, trabajos y actividades tienen por objeto, según el artículo L. 211-1 de este código, permitir una gestión equilibrada y sostenible de los recursos de agua con el fin de garantizar, entre otras cosas, la protección de las aguas y la lucha contra toda contaminación. El artículo L. 211-2 del code de l’environnement prevé en particular que las normas generales de preservación de la calidad y de reparto de las aguas superficiales se establezcan mediante decreto del Conseil d’État. Con arreglo a este artículo, dichas normas generales fijan en particular las normas de calidad y las medidas necesarias para el restablecimiento y la preservación de dicha calidad, las condiciones en las que pueden prohibirse o regularse los derrames, desagües, vertidos o depósitos directos o indirectos de materia y, en general, toda actividad susceptible de alterar la calidad de las aguas y del medio acuático, al igual que las condiciones en las que puede ordenarse la adopción de medidas necesarias para preservar dicha calidad. En complemento de estas normas generales, se fijan también mediante decreto del Conseil d’État disposiciones nacionales o específicas para determinadas partes del territorio.
10. El artículo L. 214-1 del code de l’environnement dispone:
«Estarán sometidas a las disposiciones de los artículos L. 214-2 a L. 214-6 las instalaciones que no figuran en la nomenclatura de las instalaciones clasificadas, las obras, trabajos y actividades realizados con fines no domésticos por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, y que impliquen […] derrames, desagües, vertidos o depósitos directos o indirectos, permanentes u ocasionales, aunque no sean contaminantes.»
11. A tenor del artículo L. 214-2, párrafo primero, del code de l’environnement:
«Las instalaciones, obras, trabajos y actividades a las que se refiere el artículo L. 214-1 estarán definidos en una nomenclatura, establecida mediante decreto del Conseil d’État previo dictamen del Comité national de l’eau, y estarán sometidos a autorización o a declaración según los riesgos que presenten y la gravedad de sus efectos sobre los recursos de agua y los ecosistemas acuáticos, habida cuenta en particular de la existencia de las zonas y los perímetros establecidos para la protección del agua y de los medios acuáticos.»
12. El artículo L. 214-3 del code de l’environnement establece:
«I. Están sujetos a autorización de la autoridad administrativa las instalaciones, obras, trabajos y actividades que puedan presentar riesgos para la salud y la seguridad pública, perjudicar el libre flujo de las aguas, reducir los recursos de agua, incrementar considerablemente el riesgo de inundación, perjudicar gravemente la calidad o la diversidad del medio acuático, concretamente de las poblaciones piscícolas.
II. Están sujetos a declaración las instalaciones, obras, trabajos y actividades que, aunque no presenten tales riesgos, deban respetar las disposiciones establecidas en aplicación de los artículos L. 211-2 y L. 211-3.
En el plazo fijado mediante decreto del Conseil d’État, la autoridad administrativa podrá oponerse a la operación proyectada si resulta incompatible con las disposiciones del plan rector de ordenamiento y de gestión de las aguas o del plan de ordenamiento y de gestión de las aguas, o perjudica tan gravemente los intereses mencionados en el artículo L. 211-1 que ninguna disposición podría remediar el perjuicio. Las obras no podrán empezar antes de que expire este plazo.
Si el respeto de los intereses mencionados en el artículo L. 211-1 no queda garantizado mediante la ejecución de las disposiciones establecidas en aplicación de los artículos L. 211-2 y L. 211-3, la autoridad administrativa podrá, en todo momento, establecer mediante orden gubernativa todas las disposiciones particulares que sean necesarias.
13. Los artículos R. 214-32 a R. 214-40 del code de l’environnement comprenden las disposiciones aplicables a las operaciones sujetas a declaración. La declaración debe remitirse, según el primero de estos artículos, al préfet del departamento o de los departamentos correspondientes quien, en el plazo de los quince días siguientes a la recepción de la declaración, remitirá al declarante, en aplicación del artículo R. 214-33 del mismo código, cuando la declaración sea incompleta, un acuse de recibo indicando los escritos o informaciones que falten o, cuando la declaración sea completa, un comprobante de declaración indicando o bien la fecha en la que, en ausencia de oposición, la operación proyectada podrá comenzar, o bien la ausencia de oposición que permite comenzar la operación sin plazo. El mismo artículo establece que, en su caso, se adjunte a este comprobante una copia de las disposiciones generales aplicables. El plazo que se concede al préfet para que pueda oponerse a una operación sujeta a declaración queda fijado por el artículo R. 214-35 de dicho código en dos meses a partir de la recepción de una declaración completa.
14. Las instalaciones, obras, trabajos o actividades correspondientes deben, según el artículo R. 214-38 del code de l’environnement, ser implantados, realizados y explotados de conformidad con el expediente de declaración y, en su caso, con las disposiciones particulares mencionadas en los artículos R. 214-35 y R. 214-39 de este código. Este último artículo prevé que la modificación de las disposiciones aplicables a una instalación pueda ser solicitada por el declarante al préfet, quien decidirá mediante orden gubernativa, y que también pueda ser ordenada por el préfet sobre la base del artículo L. 214-33, II, párrafo tercero, de dicho código. Además, el artículo R. 214-40 del mismo código dispone que toda modificación que el declarante aporte al proyecto tal como fue declarado y que provoque un cambio notable de los datos del expediente de declaración inicial debe ser comunicado antes de su realización al préfet, quien podrá exigir una nueva declaración que estará sujeta a las mismas formalidades que la declaración inicial.
15. El Decreto nº 2006-881, del que se pide la anulación en el asunto principal, procedió a una refundición de la nomenclatura mencionada en el artículo L. 214‑2, apartado 1, del code de l’environnement, que figura en el anexo del artículo R. 214-1 de este código bajo el título «Nomenclatura de las operaciones sujetas a autorización o a declaración en aplicación de los artículos L. 214‑1 a L. 214‑3 del code de l’environnement». Según la rúbrica 3.2.7.0 de esta nomenclatura, en su versión modificada, las pisciculturas de agua dulce (en lo sucesivo, «pisciculturas») están de ahora en adelante sujetas, en el marco de la política de gestión del agua, al procedimiento de declaración, mientras que antes lo estaban a una autorización o a una declaración en función de que dieran lugar a un estudio a una nota de impacto medioambiental.
16. Además, con arreglo al artículo L. 511-1 del code de l’environnement, quedan sujetas a las disposiciones de este código relativas a las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente las instalaciones que puedan presentar riesgos o inconvenientes, en particular, para la salud, la seguridad y la salubridad públicas, para la agricultura y para la protección de la naturaleza y del medio ambiente. En aplicación del artículo L. 511-2 de dicho código, estas instalaciones se definen en la nomenclatura de las instalaciones clasificadas, que las sujeta a autorización del préfet o a declaración en función de la gravedad de los riesgos o de los inconvenientes que pueda presentar su explotación.
17. El Decreto nº 2006-942, cuya anulación se solicita en el asunto principal, modificó esta nomenclatura. De ello resulta que las pisciculturas sólo están en lo sucesivo sujetas a autorización, con ar reglo a la política de gestión de los establecimientos clasificados para la protección del medio ambiente, cuando su capacidad de producción anual sea superior a 20 t.
18. La Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS sostiene, en apoyo de sus recursos de anulación de los Decretos n o 2006-881 y 2006-942 ante el Conseil d’État, que estos Decretos son contrarios a las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 2006/11.
19. Tras haber señalado que los vertidos de piscicultura contienen amoníaco y nitritos, sustancias enumeradas en la lista II, y que el artículo 6 de la Directiva 2006/11 sujeta los vertidos que puedan contener tales sustancias a una autorización previa que fije las normas de emisión, el órgano jurisdiccional remitente observa en su resolución que, con excepción de las que tienen una capacidad de producción anual superior a 20 t, que requieren autorización con arreglo a la legislación relativa a las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente, las pisciculturas no están sujetas como tales a un régimen de declaración.
20. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente indica que, a la vista del carácter considerado poco contaminante de las instalaciones de piscicultura, este régimen se basa en el objetivo de simplificación de los procedimientos administrativos y de mejor reparto de los medios de control. Señala que el préfet, en el marco de este régimen, dispone de un derecho de oposición a las obras, las cuales no pueden empezar antes de que haya transcurrido un plazo de dos meses, y que puede condicionar su no oposición al cumplimiento de prescripciones técnicas que permiten proteger los intereses mencionados en el artículo L. 211-1 del code de l’environnement, en especial mediante la fijación de valores límite de emisión de productos contaminantes. En estas circunstancias, considera que la cuestión de si el artículo 6 de la Directiva 2006/11 puede interpretarse en el sentido de que permita a los Estados miembros establecer un régimen de este tipo plantea una seria dificultad.
21. Así pues, el Conseil d’État decidió suspender el procedimiento por lo que se refiere a las pretensiones del recurso de anulación dirigidas contra el Decreto nº 2006-881, en la medida en que sujeta las pisciculturas a un régimen de declaración con arreglo a la política de gestión del agua, y también por lo que se refiere al recurso de anulación del Decreto nº 2006/942, y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Puede interpretarse el artículo 6 de la Directiva 2006/11 […] en el sentido de que, una vez adoptados, en aplicación de este artículo, programas de reducción de la contaminación de las aguas que comprendan normas de calidad medioambiental, permite a los Estados miembros establecer, para determinadas instalaciones consideradas poco contaminantes, un régimen de declaración en el que se incluye una referencia a estas normas y se confiere a la autoridad administrativa el derecho a oponerse a la apertura de la explotación o de imponer valores límite de vertido específicos para la instalación de que se trate?»
22. Para responder a la cuestión planteada, procede señalar, en primer lugar, que la Directiva 2006/11 no tiene por objeto someter la apertura de las explotaciones que puedan verter sustancias peligrosas en el medio acuático a un régimen particular, de autorización o de declaración, en función de las características de dichas explotaciones. Tiene en cambio por objeto, como se desprende en particular de sus considerandos sexto a octavo y de su artículo 3, eliminar la contaminación de las aguas comprendidas en su ámbito de aplicación producida por las sustancias de la lista I y reducir la contaminación de estas mismas aguas causada por las sustancias de la lista II, como el amoníaco y los nitritos. Así pues, la Directiva 2006/11 no tiene por objeto obligar a los Estados miembros a adoptar medidas específicamente aplicables a ciertas explotaciones o instalaciones como tales, sino que les impone la adopción de medidas apropiadas para eliminar o para reducir la contaminación de las aguas causada por los vertidos que puedan contener sustancias peligrosas, según la naturaleza de éstas.
23. Así, con el fin de reducir la contaminación de las aguas causada por las sustancias de la lista II, el artículo 6 de la Directiva 2006/11 dispone en concreto que los Estados miembros han de elaborar programas que incluyan normas de calidad medioambiental para las aguas, establecidas de conformidad con las directivas del Consejo si las hubiere. Para la ejecución de estos programas, dicho artículo 6 dispone, en su apartado 2, que todo vertido efectuado en las aguas indicadas en el artículo 1 de la misma directiva y que pueda contener una de esas sustancias requerirá una autorización previa, expedida por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, en la que se señalen las normas de emisión, y que estas normas se calcularán en función de las normas de calidad medioambiental.
24. Procede subrayar, en segundo lugar, que la Directiva 2006/11 no establece ninguna excepción a la regla enunciada en su artículo 6, apartado 2. Así pues, por las razones expuestas en el apartado 22 de esta sentencia, dicha disposición no efectúa ninguna distinción según las características de las instalaciones de las que emanan los vertidos y, en particular, según que estas instalaciones se consideren muy contaminantes o poco contaminantes. Tampoco efectúa ninguna distinción según la importancia de los vertidos. Por consiguiente, un régimen de declaración como el que se describe en la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente sólo se podría considerar permitido por el artículo 6 de la Directiva 2006/11 si obligara a la autoridad administrativa competente a adoptar en todos los casos de vertido una decisión que pudiera considerarse equivalente a una autorización previa en el sentido de este artículo.
25. Ahora bien, además de que debe ser previa a todo vertido que pueda contener una de las sustancias de la lista II, la autorización prevista en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/11 debe señalar las normas de emisión, que se calcularán en función de las normas de calidad medioambiental contenidas en un programa establecido por el Estado miembro con arreglo a los apartados 1 y 3 del mismo artículo. Por otro lado, como ya ha declarado repetidamente el Tribunal de Justicia, se deduce del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, cuyo tenor es idéntico al del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/11, que las autorizaciones deben contener las normas de emisión aplicables a los vertidos individuales autorizados y calculados en función de los objetivos de calidad establecidos previamente en un programa, en el sentido del apartado 1 de dicho artículo 7, destinado a proteger las aguas de las lagunas y cursos de agua de que se trate (véase, en particular, la sentencia de 2 de junio de 2000, Comisión/Irlanda, C‑282/02, Rec. p. I‑4653, apartado 68 y la jurisprudencia citada). El Tribunal de Justicia también ha precisado, respecto a este mismo artículo 7, apartado 2, que las normas de emisión fijadas en las autorizaciones previas deben calcularse en función de los objetivos de calidad establecidos en uno de esos programas, sobre la base del análisis de las aguas receptoras (véase la sentencia de 25 de mayo de 2000, Comisión/Grecia, C‑384/97, Rec. p. I‑3823, apartado 41).
26. De ello se desprende que una autorización previa en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/11 implica un examen caso por caso de todas las solicitudes presentadas con este fin y que no puede ser tácita (véase, tratándose en particular del artículo 7 de la Directiva 76/464, sentencia de 14 de junio de 2001, Comisión/Bélgica, C‑230/00, Rec. p. I‑4591, apartado 16).
27. En efecto, por una parte, un examen previo y específico de cada vertido proyectado que pueda contener sustancias de la lista II es necesario para ejecutar programas de reducción de la contaminación de las aguas adoptados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/11, según el cual la sujeción de todo vertido de esta naturaleza a una autorización previa constituye uno de los medios de ejecución de estos programas. Un examen de este tipo es también necesario para establecer, en cada caso de vertido autorizado, las normas de emisión que se determinan en función de las normas de calidad medioambiental incluidas en estos programas y dirigidas a reducir los vertidos que contengan una o varias sustancias de la lista II. Este examen requiere además una apreciación del estado concreto de las aguas receptoras que debe ser tenido en cuenta para determinar las normas de emisión. Por otra parte, una autorización tácita no es compatible con el requisito de fijación, en la autorización previa, de normas de emisión determinadas según las modalidades descritas más arriba.
28. A la luz de estas consideraciones, un régimen de declaración como el del asunto principal, en el que se incluye una referencia a las normas de calidad medioambiental incluidas en los programas de reducción de la contaminación de las aguas y se confiere a la autoridad administrativa el derecho a oponerse a la apertura de la explotación o de imponer valores límite de vertido específicos para la instalación de que se trate, no cumple los requisitos arriba mencionados del artículo 6 de la Directiva 2006/11, puesto que no garantiza que todos los vertidos que puedan contener una sustancia de la lista II den previamente lugar a un examen específico que conduzca a la fijación de normas de emisión que les sean propias, determinadas en función de las normas de calidad medioambiental aplicables y del estado concreto de las aguas receptoras. Un régimen de este tipo no obliga por consiguiente a la autoridad administrativa competente a adoptar una decisión que pueda considerarse equivalente a una autorización previa en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/11.
29. Además, la existencia de normas generales de preservación de la calidad de las aguas superficiales y de disposiciones nacionales o particulares para determinadas partes del territorio, como las previstas en los artículos L. 211-2 y L. 211-3 del code de l’environnement y como las disposiciones aplicables a las pisciculturas establecidas mediante orden gubernativa adoptada el 1 de abril de 2008 con arreglo a las indicaciones dadas durante la vista, incluso acompañadas de sanciones, o la comunicación al declarante de una copia de las disposiciones generales aplicables, como la que impone el artículo R. 214-33 del mismo código, no suplen la ausencia de fijación de normas de emisión aplicables a los vertidos individuales, determinadas en función de las normas de calidad medioambiental establecidas y del estado concreto de las aguas receptoras.
30. Por consiguiente, contrariamente a lo que afirma el gobierno francés, un régimen de declaración como el del procedimiento principal no cuenta con disposiciones que puedan asimilarlo en la práctica a un régimen de autorización simplificado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Directiva 2006/11.
31. Del conjunto de las consideraciones precedentes se deduce que, contrariamente a lo que han sostenido los gobiernos francés, italiano y neerlandés en sus observaciones escritas u orales, un régimen de declaración que incluya un derecho de oposición, incluso si se basa en un objetivo de simplificación de los procedimientos administrativos y de mejor reparto de los medios de control, como el del procedimiento principal, no puede considerarse equivalente al régimen de autorización previa establecido en el artículo 6 de la Directiva 2006/11.
32. No desvirtúa esta conclusión el argumento basado en la Directiva marco del agua que alegó el gobierno neerlandés durante la vista y que cuenta también con el apoyo del gobierno francés.
33. Con arreglo a la disposición transitoria del artículo 22, apartado 3, letra b), de la Directiva marco del agua, es cierto que los Estados miembros ya pueden aplicar a efectos del artículo 6 de la Directiva 2006/11 «los principios establecidos en la [Directiva marco del agua] para determinar los problemas de contaminación y las sustancias que los ocasionan, fijar normas de calidad y adoptar medidas». En particular, como recordó la Comisión de las Comunidades Europeas durante la vista, el artículo 11, apartado 3, letra g), de la Directiva marco del agua permite, para los vertidos de fuente puntual que puedan causar contaminación, adoptar un régimen de registro y no impone pues necesariamente un régimen de autorización previa.
34. Sin embargo, este régimen de registro sólo se concibe, incluso con carácter transitorio, en el marco de la aplicación de la Directiva marco del agua. Pues bien, dicho régimen de registro no se puede aplicar independientemente de otras medidas previstas por esta Directiva –cuya existencia en el contexto del asunto principal no se desprende ni de la resolución de remisión ni de las observaciones presentadas por el gobierno francés– y supone en particular, tal y como se deriva del artículo 11 de esta misma directiva, la identificación previa de demarcaciones hidrográficas, la realización de análisis para cada una de ellas y la elaboración de un programa de medidas que tengan en cuenta los resultados de estos análisis, así como la definición de los controles de emisión para los contaminantes de que se trate.
35. Como consecuencia de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 6 de la Directiva 2006/11 no puede interpretarse en el sentido de que, una vez adoptados en aplicación de este artículo programas de reducción de la contaminación de las aguas que comprendan normas de calidad medioambiental, permite a los Estados miembros establecer, para determinadas instalaciones consideradas poco contaminantes, un régimen de declaración en el que se incluye una referencia a estas normas y se confiere a la autoridad administrativa el derecho a oponerse a la apertura de la explotación o de imponer valores límite de vertido específicos para la instalación de que se trate.
36. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
El artículo 6 de la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, no puede interpretarse en el sentido de que, una vez adoptados en aplicación de este artículo programas de reducción de la contaminación de las aguas que comprendan normas de calidad medioambiental, permite a los Estados miembros establecer, para determinadas instalaciones consideradas poco contaminantes, un régimen de declaración en el que se incluye una referencia a estas normas y se confiere a la autoridad administrativa el derecho a oponerse a la apertura de la explotación o de imponer valores límite de vertido específicos para la instalación de que se trate.

References: artículo 234
 resolución 
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 11
 resolución 
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 6