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Timestamp: 2020-04-05 10:11:17+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 179 del 08/06/2004
Dictamen : 179 del 08/06/2004
C-179-2004
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a la solicitud de declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos administrativos mediante los cuales se “... otorgó el reconocimiento de un pago de 3.5 por ciento del salario base por concepto de aumentos anuales al Señor XXX, funcionario del anterior Centro de Inteligencia Antidrogas, hoy Instituto Costarricense sobre Drogas.” (artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública).
Con la solicitud de dictamen se acompaña el expediente administrativo 013-02-MP, así como el respectivo legajo de pruebas que comprende un Tomo.
El expediente administrativo que contiene la Instrucción Formal del Procedimiento, consta de 70 folios, debidamente numerados.
1.- Que mediante Oficio N° 15118 (FOE-GU-802 de 19 de diciembre del 2001), el licenciado José Luis Alvarado Vargas, Gerente del Área de Servicios Gubernamentales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, remite al licenciado Francisco Seguro Montero, en ese entonces Director Ejecutivo del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, el “Informe N° FOE-GU-25/2001 sobre los resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2002, del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas”. De ese Informe, para nuestro interés, destacamos lo siguiente:
2.- Que mediante resolución N° 55-02 de las 10:15 hrs del 21 de mayo del 2002, la Dirección Ejecutiva del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) instauró procedimiento administrativo a efectos de adecuar el porcentaje de anualidades de los funcionarios de ese Centro, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 2166 (Ley de Salarios de la Administración Pública) y el citado Informe FOE-GU-25/2001 de la Contraloría General de la República. Esa Dirección, sobre el particular, resolvió lo siguiente:
3.- Que en la resolución N° 117-02 de las 08:00 hrs del 22 de julio del 2002, la Dirección Ejecutiva del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD), anuló las anteriores resoluciones, al considerar que:
En la misma resolución, la Dirección Ejecutiva se declaró inhibida para emitir criterio o resolución en el procedimiento, y acordó también que la Asesoría Legal de ese Centro tenía impedimento para tramitar esos procedimientos. Todo ello, en virtud de que ambos órganos tenían un interés directo, actual y patrimonial, en el asunto. Por tal motivo, ordenó la remisión de los autos a la Junta Administrativa del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas “... a efecto que nombre un Órgano Director de Procedimiento para determinar la aplicación de la normativa jurídica vigente al cálculo del porcentaje de anualidades de los funcionarios del CICAD, y que determine lo que en Derecho corresponda con respecto al remanente que pueda existir al dejar de aplicar el 3.5% del salario base por concepto de anualidad que a la fecha se le cancela a los funcionarios del CICAD, y que establezca la conservación de los actos que considere pertinentes, para cumplir con lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el oficio de cita.” (folios 17 a 25)
4.- Que mediante resolución N° 017-2002 de las 12:00 hrs del 11 de octubre del 2001, el Ministerio de la Presidencia ordenó la apertura del procedimiento administrativo ordinario (artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), a efectos de determinar si las Acciones de Personal: N° 151-00, con rige de 11 de setiembre del 2000; N° 164-00, con rige de 11 de setiembre del 2000; N° 04-01, con rige de 1° de enero del 2001; N° 66-01, con rige de 26 de marzo del 200; N° 83-01, con rige de 1° de abril del 2001; N° 71-02, con rige de 26 de marzo del 2002;“... en las que se reconoce a XXX un pago del 3,5 por ciento del salario base por concepto de aumentos anuales, se encuentran viciadas de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por no estar aparentemente fundamentadas en una norma legal que justifique el pago del porcentaje de anualidad en 3,5%.”. A su vez, en esa resolución, también se nombra un órgano colegiado para que funja como Director del Procedimiento Administrativo. (folios 26 a 34)
5.- Que en el Considerando Segundo de la resolución del Ministerio de la Presidencia (No. 017-2002 de las 12:00 hrs del 11 de octubre del 2002), se señala que esas Acciones de Personal “... autorizan el pago por concepto de aumentos anuales en un porcentaje de 3,5% del salario base con fundamento en el artículo 15 de la Ley 6995...”, numeral que establece lo siguiente:
“Artículo 15.- De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 6835, se reconocerán aumentos anuales a los funcionarios públicos nombrados interinamente. El primero de estos aumentos se reconocerá a partir del 1° de enero de 1985 a los funcionarios que tengan un año o más de servir interinamente o conforme cumplan un año de servicio, el segundo aumento anual se reconocerá en el año 1986, y así sucesivamente. El Servicio Civil reglamentará lo establecido en este artículo.” (folios 26 a 34)
6.- Que en el Considerando Tercero de la resolución No. 017-2002 del Ministerio de la Presidencia, indicó:
Por las consideraciones antes indicadas, podría existir una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en las acciones de personal señaladas en el Considerando Segundo de esta Resolución, por cuanto reconocen el pago de un porcentaje de 3,5% por concepto de anualidades al funcionario XXX sin que exista aparentemente un fundamento legal para tal reconocimiento. En virtud de lo anterior, los actos administrativos de reconocimiento de anualidades podrían adolecer de todos los elementos esenciales para su validez, a saber, motivo, contenido y fin (...).” (folios 26 a 34)
7.- Que el Auto de Apertura del Procedimiento Administrativo tendente a la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de las citadas Acciones de Personal, se emitió a las 10:40 hrs del 22 de octubre del 2002. En él se consignó que “... el procedimiento tiene por objeto determinar si existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en las siguientes acciones de personal: (...). Lo anterior con la finalidad de cesar el pago por concepto de anualidades en un porcentaje de 3,5%, si se determina que los actos que sustentan el pago son absolutamente nulos.”
(...)” (folios 35 a 40)
8.- Que la celebración de la audiencia oral y privada se fijó para el día 3 de diciembre del 2002, a las 10:30 hrs. Sin embargo, el funcionario XXX no se presentó (folio 42).
9.- Que mediante resolución No. 002-2003 de las 13:05 hrs del 10 de enero del 2003, el Ministerio de la Presidencia concedió al Órgano Director del Procedimiento una prórroga por un plazo de dos meses calendario, para concluir la fase de instrucción (folio 45).
10.- Que el Órgano Director del Procedimiento en resolución de las 16:20 hrs del 9 de enero del 2003, amplió el plazo de dos meses para tramitar los diligencias pendientes a la fecha. (folios 46)
11.- Que el Órgano Director del Procedimiento rindió Informe Final el día 6 de marzo del 2003. En él, se analizó la figura de la Acción de Personal como acto administrativo; de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta; y, de los Derechos Adquiridos. En ese Informe se concluyó lo siguiente:
2. Que las acciones de personal a) N° 164-00 con rige 11 de setiembre de 2000, b) N° 66-01 con rige 26 de marzo de 2001, c) N° 71-02 con rige 26 de marzo del 2002, se encuentra viciadas de nulidad absoluta por cuanto todos los elementos que conforman el acto administrativo (motivo, contenido y fin) se encuentran viciados de nulidad absoluta.
3. Que la nulidad absoluta además es evidente y manifiesta, por cuanto es notoria la falta de fundamento legal para autorizar el pago. Además, esta nulidad es grave, por cuanto implicó una erogación económica del erario público.
4. Que la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta no debe tener efectos retroactivos en perjuicio del funcionario público, por cuanto éste actuó de buena fe.
5. Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, debe solicitarse el criterio correspondiente a la Procuraduría General de la República.” (folios 89 a 108)
Para nuestros efectos, de los documentos que componen el expediente administrativo, interesa destacar que mediante resolución No. 117-02 de las 08:00 hrs del 22 de julio del 2002, la Dirección Ejecutiva del CICAD anuló todas las resoluciones administrativas que previamente había adoptado en torno al tema, y se declaró inhibida para seguir conociendo del asunto en virtud de que tenía un interés directo, actual y patrimonial. De igual manera, dictó impedimento para la Asesoría Legal por los mismos motivos, ordenando el envío de “... los autos a la Junta Administrativa del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas a efecto que nombre un Órgano Director del Procedimiento para determinar la aplicación de la normativa jurídica vigente para el cálculo del porcentaje de anualidad de los funcionarios del CICAD, y que determine lo que en Derecho corresponde con respecto al remanente que pueda existir al dejar de aplicar el 3.5% del salario base por concepto de anualidad que a la fecha se le cancela a los funcionarios del CICAD, y que establezca la conservación de los actos administrativos que considere pertinentes, para cumplir con lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el oficio de cita.” (ver en el aparte de Antecedentes, el No. 3)
Ahora bien, y en lo que se refiere propiamente al fondo del asunto sometido a dictamen, consignamos que la Administración pretende la declaratoria de la nulidad absoluta evidente y manifiesta de Acciones de Personal específicas, emitidas a nombre del funcionario XXX. La lista que se expone a continuación contiene el número, la fecha y la “Explicación” de esas Acciones:
1) N° 151-00 con rige de 11 de setiembre del 2000. “Explicación: De conformidad con el memorando No. M-DE-267-00 del 08 de setiembre, 2000, suscrito por la Dirección Ejecutiva a.i., se nombra a partir de fecha rige.” (folio 17 del Tomo de Pruebas)
2) N° 164-00 con rige de 11 de setiembre del 2000. “Explicación: Se reconoce lo correspondiente a anualidades y Carrera Profesional, según estudio realizado de la documentación aportada por el interesado.” (folio 38 del Tomo de Pruebas)
3) N° 004-2001 con rige de 1° de enero del 2001. “Explicación: De conformidad con el oficio No. M-DE-200-00 se nombra en forma interina en la plaza No. 31.” (folio 62 del Tomo de Pruebas)
4) N° 066-01 con rige de 26 de marzo del 2001. “Explicación: De conformidad con la Ley 6835, Artículo 15, Alcance II, Gaceta 140 del 24-07-85, se le reajusta aumento anual número diecisiete.” (folio 68 del Tomo de Pruebas)
5) N° 083-01 con rige de 1° de abril del 2001. “Explicación: Con base en el formulario “Evaluación del Desempeño” No. 006, se nombra en propiedad a partir de fecha rige.” (folio 84 del Tomo de Pruebas)
6) N° 071-02 con rige de 26 de marzo del 2002. “Explicación: De conformidad con la Ley 6835, Artículo 15, Alcance II, Gaceta 140 del 24-07-85, se le reajusta aumento anual número dieciocho.” (folio 107 del Tomo de Pruebas)
En la resolución del Ministerio de la Presidencia (No. 011-2002 de las 10:30 hrs del 11 de octubre de 2002), se señala que esas Acciones de Personal “... autorizan el pago por concepto de aumentos anuales en un porcentaje de 3,5% del salario base, con fundamento en el artículo 15 de la Ley 6995” , y que “... el fundamento legal utilizado para justificar el pago de 3.5% pareciera no ser la normativa aplicable, en virtud de que los artículos 4 y 5 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley N° 2166 del 7 de octubre de 1957 y sus reformas, regulan el monto a pagar por concepto de aumentos anuales a los funcionarios de la Administración en un porcentaje de 1,94%”. (folios 26 a 34)
En primer lugar, tal y como se puede apreciar en la lista que supra se expuso, no todas las Acciones de Personal consignan la leyenda que se refiere a la aplicación del artículo 15 de la Ley 6995; por tal motivo, aún cuando todas consignan en el aparte “Aumentos Anuales” un 3.5%, las Acciones de Personal números: 151-00, 164-00, 004-2001 y 083-01, no encajan dentro del supuesto que estableció la Administración para justificar la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Nótese que ellas se refieren a distintos movimientos del funcionario durante el desarrollo de su carrera administrativa. Ni tampoco esas Acciones muestran fórmula alguna de cálculo para el componente “anualidad” que le corresponde al funcionario, aún cuando en el aparte de “aumentos anuales” establecen un porcentaje del 3,5%.
Por tales motivos, no encontramos fundamento alguno para promover la gestión anulatoria contra esas Acciones de Personal, y así debe declararlo expresamente esta Procuraduría.
En segundo lugar, y no obstante las Acciones de Personal números: 066-01 y 071-02, hacen referencia directa al numeral 15 de la Ley 6995 de 22 de julio de 1985, por la forma en que está redactada el aparte “Explicación”, no se puede concluir, en forma “evidente y manifiesta”, que éstas son contrarias a lo que estatuye el ordenamiento jurídico. Para fundamentar esta afirmación, permítasenos exponer la relación de normas y resoluciones que se genera a partir de la leyenda que justifica las Acciones.
“Explicación: De conformidad con la Ley 68355, Artículo 15, Alcance II, Gaceta 140 del 24-07-85, se le reajusta el aumento anual número ...” (entiéndase Ley 6995)
2.- No se encuentra fundamento alguno para que la Administración promueva la gestión anulatoria contra las Acciones de Personal números: 151-00, 164-00, 004-2001 y 083-01, toda vez que éstas no encajan dentro del presupuesto técnico-jurídico que estableció la Administración para promover el procedimiento anulatorio. Siendo así, al tenor de lo que establece el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría no se pronuncia sobre la situación jurídica de ellas.
3.- Los actos administrativos (Acciones de Personal 066-01 y 071-02, a nombre del funcionario XXX) que el Ministerio de la Presidencia reprocha afectos a una nulidad absoluta, no manifiestan la calificación de “evidente y manifiesta”. Por tal motivo, no se emite el dictamen favorable de nulidad que se pide.
Adjunto: Expediente de la Instrucción del procedimiento (No. 013-02-MP) y un tomo de legajo de pruebas.-

References: resolución 
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