Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v6.html?page=10
Timestamp: 2019-08-23 13:23:42+00:00

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Alegatos de la Comisión - Corte interamericana de derechos humanos
La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado pagar una suma en equidad como indemnización por concepto del daño inmaterial causado a las víctimas en el presente caso. Al respecto, alegó que:
el Estado debe pagar a la Comunidad Yakye Axa y a sus miembros por los sufrimientos, angustias e indignidades a las que se les ha sometido durante los años en que han esperado una respuesta efectiva a su reclamo territorial. Los miembros de la Comunidad Yakye Axa han soportado el rechazo a su legítimo reclamo y han estado expuestos a constantes presiones tanto de particulares como de agentes estatales encaminadas a lograr el desistimiento de su reclamo;
deben valorarse las condiciones de vida inhumanas a las que han estado sometidos los miembros de la Comunidad, incluidos niños, niñas, ancianos y mujeres, con motivo de la falta de garantía por parte del Estado del derecho de propiedad de la Comunidad a su territorio ancestral. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la muerte de varios de los miembros de la Comunidad ha afectado tanto a sus familiares como a la propia Comunidad, y
el Estado debe crear, tomando en cuenta la afectación global de derechos que ha producido, un fondo especial de reparaciones que tenga por objeto financiar programas educativos, de capacitación, de atención psicológica y médica para los miembros de la Comunidad, cuya implementación requerirá el previo consentimiento de los interesados, conforme a sus usos y costumbres.
Por su parte, los representantes alegaron que:
el Estado debe pagar a la Comunidad Yakye Axa y a sus miembros una suma en equidad como indemnización por la tristeza y el sufrimiento que han padecido al ver rechazado su legítimo reclamo territorial, así como por la angustia e impotencia que han padecido como víctimas de amenazas y hostigamientos de parte de autoridades estatales y de personas particulares durante los años que llevan esperando la restitución de su tierra ancestral;
el Estado debe pagar una suma en equidad como indemnización por el dolor y tristeza que han padecido los familiares de los dieciséis miembros de la Comunidad fallecidos en el actual asentamiento de ésta. Asimismo, el Estado debe pagar a la Comunidad una suma por el sufrimiento, angustia, impotencia e indignidad que han tenido que soportar sus miembros ante la muerte de los niños y niñas y de las personas mayores de la Comunidad, y
las reparaciones respecto de los padecimientos sufridos por los miembros de la Comunidad Yakye Axa deberán contemplar la constitución de un fondo pecuniario especial que tenga por objeto financiar programas educativos, de capacitación, y de atención psicológica y médica para los miembros de la Comunidad, cuya implementación requerirá el previo consentimiento de los interesados, conforme a sus usos y costumbres.
El Estado alegó que los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados en el presente caso no han sido reclamados ante la justicia del Estado, y que no hay relación entre las muertes de algunos miembros de la Comunidad y la cuestión de las tierras ancestrales. Por otro lado, el Estado reconoció que existe la necesidad de los miembros de la Comunidad de dar a las tierras que se le entreguen un rendimiento productivo que pueda sustentar las necesidades de la Comunidad y permitir el desarrollo adecuado de las mismas. Para tal efecto, pondrá en ejecución un proyecto de desarrollo adecuado de las tierras, inmediatamente después de que haya sido consultado y aceptado por la Comunidad en forma directa, sin interferencias de terceros que obstaculicen el desarrollo de la negociación.
El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de las reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir y que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas217. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente.
La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye, per se, una forma de reparación. No obstante, tomando en cuenta las circunstancias del presente caso, las alteraciones de las condiciones de existencia de las víctimas y sus consecuencias de orden no material o no pecuniario, la Corte estima pertinente que los daños inmateriales deben ser reparados218.
Al valorar los daños inmateriales causados en el caso sub judice, la Corte ha tomado en consideración lo manifestado por el señor Albino Fernández en su declaración rendida ante fedatario público (supra párr. 38.a), y por los señores Esteban López, Tomás Galeano e Inocencia Gómez en sus testimonios rendidos ante este Tribunal durante la audiencia pública (supra párr. 39.a, 39.b y 39.c), en cuanto a que los daños ocasionados a éstos son representativos de aquellos producidos al resto de las víctimas, quienes en su totalidad pertenecen a la Comunidad indígena Yakye Axa. Igualmente, esta Corte ha tomado en cuenta lo manifestado por los señores José Alberto Braunstein y Teresa de Jesús Vargas en sus declaraciones rendidas ante fedatario público (supra párr. 38.d y 38.e), y por los señores Rodrigo Villagra y Bartomeu Melia i Lliteres en sus declaraciones rendidas ante esta Corte durante la audiencia pública (supra párr. 39.e y 39.f).
Este Tribunal observa que la falta de concreción del derecho a la propiedad comunal de los miembros de la Comunidad Yakye Axa, así como las graves condiciones de vida a las que se han visto sometidos como consecuencia de la demora estatal en la efectivización de sus derechos territoriales deben ser valoradas por la Corte al momento de fijar el daño inmaterial.
De igual forma, la Corte observa que la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para la Comunidad Yakye Axa en particular (supra párr. 137 y 154), implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a las futuras generaciones.
Asimismo, la Corte toma nota que el Estado se allanó parcialmente a la pretensión de los representantes de las víctimas respecto de la garantía de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales establecida en el artículo 26 de la Convención Americana, pero con la salvedad de que ello se ve sensiblemente afectado por las limitaciones propias del Paraguay en su condición de país de menor desarrollo relativo y por las inequidades del comercio internacional.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como las distintas facetas del daño aducidas por la Comisión y por los representantes, la Corte, conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente del daño inmaterial, estima pertinente que el Estado deberá crear un programa y un fondo de desarrollo comunitario que serán implementados en las tierras que se entreguen a los miembros de la Comunidad, de conformidad con los párrafos 215 a 217 de esta Sentencia. El programa comunitario consistirá en el suministro de agua potable e infraestructura sanitaria. Además del referido programa, el Estado deberá destinar la cantidad de US $950.000,00 (novecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), para un fondo de desarrollo comunitario, el cual consistirá en la implementación de proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud en beneficio de los miembros de la Comunidad. Los elementos específicos de dichos proyectos deberán ser determinados por un comité de implementación, que se describe a continuación, y deberán ser completados en un plazo de dos años, contados a partir de la entrega de la tierras a los miembros de la Comunidad indígena.
El comité al que se refiere el párrafo anterior estará encargado de determinar las modalidades de implementación del fondo de desarrollo, y estará conformado por tres miembros. El referido comité deberá contar con un representante designado por las víctimas y otro por el Estado; el tercer miembro de dicho comité será designado de común acuerdo entre las víctimas y el Estado. Si dentro de los seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia el Estado y los representantes no hubieren llegado a un acuerdo respecto de la integración del comité de implementación, la Corte los convocará a una reunión para decidir sobre este asunto.
La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado ejecutar las siguientes medidas, de común acuerdo con la Comunidad Yakye Axa:
a) entregar a título gratuito a la Comunidad Yakye Axa las tierras que reclama como su hábitat tradicional o territorio ancestral. Estas tierras deberán ser habilitadas con servicios básicos, educación y salud que permitan a la Comunidad desarrollar una vida digna de acuerdo a sus propias pautas culturales;
b) proteger las tierras reclamadas por la Comunidad con el fin de asegurar que del territorio reclamado no se extraigan sus recursos naturales, en especial sus bosques, ni se afecte la práctica de sus actividades tradicionales de subsistencia;
c) adoptar normas de derecho interno que garanticen los derechos reconocidos en la legislación del Paraguay a favor de los pueblos indígenas. En especial, el Estado deberá establecer un recurso efectivo que permita a los pueblos indígenas del Paraguay acceder a su hábitat tradicional, de acuerdo con los derechos que le reconoce la legislación interna, y
d) realizar, a través de un acto simbólico acordado previamente con las presuntas víctimas y sus representantes, un reconocimiento público de su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos cometida en perjuicio de la Comunidad Yakye Axa y sus miembros.
Los representantes se adhirieron in totum a las pretensiones de reparación señaladas por la Comisión en su demanda, y señalaron que:
el Estado deberá entregar a la Comunidad Yakye Axa la tierra ancestral y el territorio y hábitat que le es propio, lo que permitirá a sus miembros acceder a condiciones de vida dignas y mantener y legar al futuro una identidad, una cultura y una forma de vida. Se repararían, de esta manera, los largos años de espera, de padecimientos y sufrimientos que han vivido los miembros de la Comunidad desde el momento en que ellos y sus líderes decidieron regresar a su tierra;
la entrega de la tierra ancestral deberá hacerse otorgando a la Comunidad la debida titulación que garantice su derecho de propiedad comunitaria sobre la misma, en una extensión mínima necesaria para garantizar el mantenimiento y desarrollo de su propia forma de vida. Respetando la voluntad de los miembros de la Comunidad, la extensión mínima correspondería a las 18.189 hectáreas que conforman el territorio de Yakye Axa, hoy conocido como “Estancia Loma Verde”;
la tierra reivindicada y sus recursos naturales deberán ser cauteladas mientras se produce la entrega efectiva de la tierra a la Comunidad;
el Estado deberá constituir un fondo destinado a cubrir el pago de las tierras ancestrales de la Comunidad, con base en el valor promedio de mercado de las tierras en el área reivindicada, calculado sobre la extensión mínima reclamada;
la tierra reivindicada deberá ser habilitada con servicios básicos, incluyendo agua potable e infraestructura sanitaria, un puesto de salud y un establecimiento escolar. Asimismo, el Estado deberá entregar, en forma permanente, atención médica y educacional a los miembros de la Comunidad, y
el Estado deberá crear mecanismos de aplicación efectiva del Convenio No. 169 de la OIT y del Capitulo V de la Constitución Nacional del Paraguay, que satisfagan los reclamos de los pueblos indígenas y garanticen los derechos de posesión y propiedad de los mismos sobre sus tierras ancestrales.
Respecto de las otras formas de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes, el Estado señaló que:
está en la disposición de entregar a título gratuito a la Comunidad Yakye Axa, tal como lo dispone la Constitución y la legislación vigente, la cantidad de 7.901 hectáreas dentro de su territorio delimitado en el Chaco paraguayo, asiento tradicional del pueblo Enxet-Lengua, siempre dentro de lo que la legislación nacional permite y sin afectar derechos de terceros que justifiquen derechos de propiedad y racional explotación, ya sea por la adquisición consensuada con los propietarios de tales tierras o expropiación según la legislación nacional;
está de acuerdo con establecer un fondo destinado exclusivamente a cubrir el pago de las tierras que se adjudicarían a la Comunidad, al precio que determinen la negociación y las condiciones habituales de la oferta;
se allanó a la solicitud de establecimiento de un puesto de salud, una escuela, provisión de agua potable e infraestructura sanitaria para la Comunidad indígena, en el lugar que el Estado pueda establecer dichos servicios, lo más cerca posible de un asentamiento provisorio, fuera del lugar de la ruta donde está establecida actualmente. Asimismo, se allanó al pedido de entregar atención médica y educativa a los miembros de la Comunidad, conforme los planes de educación y de salud previstos;
la legislación vigente en la materia es perfectible y por lo tanto justifica una disposición especial que contemple un recurso efectivo y rápido que dilucide la colisión entre el derecho de propiedad ancestral y el derecho de los propietarios actuales de inmuebles de dominio privado, y
no tiene inconvenientes de otorgar reconocimiento público, siempre y cuando se defina en qué consiste la pretensión expuesta por la Comunidad Yakye Axa. El acto simbólico debe definirse, si existe acuerdo entre el Estado y la Comunidad Yakye Axa, respecto de los allanamientos propuestos. Asimismo, se podría plantear la firma de un acuerdo de finiquito del presente caso por medio amistoso.
En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública. Estas medidas tienen especial relevancia en el presente caso por el carácter colectivo de los daños ocasionados219.
a) Entrega de los territorios tradicionales a la Comunidad indígena Yakye Axa
Las violaciones a los derechos humanos ocasionadas a los miembros de la Comunidad Yakye Axa declaradas en la presente Sentencia tienen como base común primordialmente la falta de materialización de los derechos territoriales ancestrales de los miembros de la Comunidad, cuya existencia no ha sido discutida por el Estado. Además, el Estado ha manifestado a lo largo del presente trámite ante la Corte su disposición de entregar tierras a los miembros de la Comunidad. Así, en su escrito de contestación a la demanda señaló que
[t]eniendo en cuenta el interés general que persigue la cuestión de fondo, aun no compartiendo los fundamentos de la demanda, el Estado de Paraguay se allana al pedido de reparación y en consecuencia, dispondrá por medio de las autoridades competentes la restitución de las tierras de la [C]omunidad peticionaria, dentro del territorio ancestral de la [C]omunidad, en la cantidad autorizada por la legislación vigente, es decir, 100 hectáreas por familia, para lo cual comprometerá recursos financieros que ya se han solicitado al Congreso de la Nación […].
El inmueble a ser entregado a la [C]omunidad será adquirido por el Estado en la forma y condiciones que le permita la legislación vigente, sin afectar derechos de terceros igualmente protegidos por esta, y la Convención Americana, por lo que no compromete ningún tipo de confiscación ni expropiación ilegítima […].
El Estado agregó que
ratifica su disposición de entregar a título gratuito a la Comunidad Yakye Axa, tal y como lo dispone la Constitución Nacional y la legislación vigente, la cantidad de 7.901 hectáreas a favor de la citada [C]omunidad, dentro de su territorio delimitado en el Chaco paraguayo, asiento tradicional del pueblo Enxet-Lengua, siempre dentro de lo que la legislación nacional permite y sin afectar derechos de terceros que justifiquen derechos de propiedad y racional explotación, ya sea por la adquisición consensuada con los propietarios de tales tierras o expropiación según las leyes de la República.
En los alegatos orales vertidos en la audiencia pública del presente caso, el Estado señaló que
no es cualquier tierra […] la que el Estado pretende otorgarles a los miembros de esta [C]omunidad. Es la tierra que ellos determinen en su momento dentro del territorio ancestral y dentro de lo que esa comunidad Chanawatsan en su momento ha manifestado ser parte de ese territorio, que por cierto reitero, es mucho más amplio que las dieciocho mil hectáreas que hoy se reclama como un territorio insustituible […].
En sus alegatos finales escritos el Estado
reiter[ó] su voluntad indeclinable de dar solución definitiva al caso en cuestión mediante la negociación directa con la Comunidad […] en el sentido de otorgar a la Comunidad Yakye Axa, una extensión de tierra acorde con sus necesidades comunitarias, conforme con la Constitución Nacional, el Convenio [No.] 169 de la OIT y la legislación especial respectiva, dentro del territorio CHANAWATSAN.
A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la Comunidad indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y garantizado el derecho a la propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo ha hecho en la presente Sentencia (supra párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras, de conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia.
Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen hasta hoy conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que tenían un modo de ocupación tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 50.3). La posesión de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan.
Por lo expuesto, el Estado deberá identificar ese territorio tradicional y entregarlo de manera gratuita a la Comunidad Yakye Axa, en un plazo máximo de tres años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. En caso de que el territorio tradicional se encuentre en manos privadas, el Estado deberá valorar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la expropiación o no de esas tierras con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática, conforme a lo expuesto en los párrafos 144 a 154 de esta Sentencia. Para ello, deberá tomar en cuenta las particularidades propias de la Comunidad indígena Yakye Axa, así como sus valores, usos, costumbres y derecho consuetudinario. Si por motivos objetivos y fundamentados, la reivindicación del territorio ancestral de los miembros de la Comunidad Yakye Axa no fuera posible, el Estado deberá entregarle tierras alternativas, que serán electas de modo consensuado con la Comunidad, conforme a sus propias formas de consulta y decisión, valores, usos y costumbres. En uno u otro caso, la extensión de las tierras deberá ser la suficiente para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la propia forma de vida de la Comunidad.
A efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, el Estado, de ser necesario, deberá crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a la Comunidad Yakye Axa, en un plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, fondo que será destinado bien sea para la compra de la tierra a propietarios particulares o para el pago de una justa indemnización a los perjudicados en caso de expropiación, según corresponda.
b) Suministro de bienes y servicios básicos
La Comisión y los representantes en sus escritos principales manifestaron la necesidad de brindar servicios básicos a los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, incluyendo agua potable e infraestructura sanitaria, un centro de salud y un establecimiento escolar. Igualmente evidenciaron la necesidad de entregar atención médica y educacional pertinente culturalmente en forma permanente a los miembros de la Comunidad, teniendo presente las costumbres y tradiciones de la misma. Por su parte, el Estado señaló que
se allana igualmente a la solicitud de establecimiento de un puesto de salud, una escuela, provisión de agua potable e infraestructura sanitaria para la Comunidad, en el lugar que el Estado pueda establecer dichos servicios lo más cercano posible de un asentamiento provisorio.
en lo posible se allana [al pedido de entregar] atención médica y educacional conforme a los planes de educación y de salud previstos por el Estado.
En vista de lo anterior, el Tribunal dispone que, mientras la Comunidad se encuentre sin tierras, dado su especial estado de vulnerabilidad y su imposibilidad de acceder a sus mecanismos tradicionales de subsistencia, el Estado deberá suministrar, de manera inmediata y periódica, agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la Comunidad; brindar atención médica periódica y medicinas adecuadas para conservar la salud de todas las personas, especialmente los niños, niñas, ancianos y mujeres embarazadas, incluyendo medicinas y tratamiento adecuado para la desparasitación de todos los miembros de la Comunidad; entregar alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes para que los miembros de la Comunidad tengan las condiciones mínimas de una vida digna; facilitar letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado a fin de que se maneje efectiva y salubremente los desechos biológicos de la Comunidad; y dotar a la escuela ubicada en el asentamiento actual de la Comunidad, con materiales bilingües suficientes para la debida educación de sus alumnos.
c) Adecuación de la legislación interna a la Convención Americana
En el presente caso, la Corte estableció que el Paraguay violó los artículos 8, 21 y 25 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por la falta de efectividad de la legislación nacional para satisfacer los derechos territoriales de las víctimas consagrados en la Constitución paraguaya.
El Estado señaló al respecto que
es necesario que una nueva ley contemple la situación de los pueblos indígenas cuya necesidad de tierra propia tiene además la connotación de ser necesarias para el desarrollo de su peculiar estilo de vida.
se allana igualmente al pedido de implementar una legislación que contemple un recurso efectivo y rápido que dilucide una situación de colisión de derechos como se plantea en el caso Yakye Axa y otras comunidades del pueblo Enxet Lengua para lo cual promoverá las consultas a los beneficiarios directos, los pueblos indígenas, conforme lo establece el Convenio [No.] 169 [de la OIT], y una vez consensuado el proyecto de ley se dará trámite ante el Congreso de la Nación […].
La Corte considera que es necesario que el Estado garantice el goce efectivo los derechos reconocidos en su Constitución Política y en su legislación, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado, en un plazo razonable, deberá adoptar en su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.
d) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
Como lo ha dispuesto en otros casos220, la Corte considera necesario, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, acordado previamente con las víctimas y sus representantes, en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia. Este acto deberá realizarse en el asiento actual de la Comunidad Yakye Axa, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros de la Comunidad que residen en otras zonas, acto en el cual se debe dar participación a los líderes de la Comunidad221. El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar la presencia de dichas personas en el acto mencionado222. Además, el Estado debe realizar dicho acto tanto en el idioma enxet como en el idioma español o guaraní y difundirlo a través de los medios de comunicación223. En ese acto el Estado debe tomar en cuenta las tradiciones y costumbres de los miembros de la Comunidad. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
e) Publicación y difusión de las partes pertinentes de la Sentencia de la Corte
Como lo ha ordenado en otras oportunidades224, la Corte estima que, como medida de satisfacción, el Estado debe publicar dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de esta Sentencia. Asimismo, el Estado deberá financiar la transmisión radial del contenido de los párrafos 50.12 a 50.16, 50.18, 50.22, 50.24, 50.58, 50.59 y 50.92 a 50.100 del capítulo VI de Hechos Probados, de los párrafos 135, 154, 155, 161, 162, 169, 172 y 175 de los capítulos IX y X, y de los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de la presente Sentencia, en idioma enxet y guaraní o español, en una radio a la cual tengan acceso los miembros de la Comunidad Yakye Axa. La transmisión radial deberá efectuarse al menos por cuatro ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una.
La Comisión alegó que una vez escuchados los representantes de las presuntas víctimas, ordene al Estado el pago de las costas originadas a nivel nacional en la tramitación de los procesos seguidos en el fuero interno, así como las originadas a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y la Corte, que sean debidamente probadas por dichos representantes.
Por su parte, los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas originadas a nivel nacional en la tramitación de los procesos judiciales, administrativos y legislativos seguidos en el fuero interno así como las originadas a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y la Corte. Al respecto, indicaron que el Estado deberá pagar la cantidad de US $25.668,86 (veinticinco mil seiscientos sesenta y ocho dólares con ochenta y seis centavos de los Estados Unidos de América) a favor de la organización no gubernamental Tierraviva, así como la cantidad de US $5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) a favor de CEJIL por concepto de costas y gastos.
El Estado señaló que no acepta el pago de la suma reclamada por los representantes de las presuntas víctimas por concepto de costas y gastos. En este sentido, el Estado alegó que:
son los abogados de la Comunidad los que “por negligencia han perdido el caso en el cual se podía haber dilucidado la cuestión de mejor derecho”, por lo cual no se puede “venir a pedir que [la] Corte imponga costas, cuando los tribunales y la Corte Suprema de Justicia han determinado conforme con las leyes internas que las mismas deben ser soportadas en el orden causado, favoreciendo a la Comunidad indígena en este caso”, y
“no se ha justificado la pertinencia de los viajes, comunicaciones, papelería y envíos, [… t]ampoco se ha justificado que los honorarios del Doctor Balmaceda se hayan establecido [con] base [en] algún parámetro [ni] que los trabajos hayan sido efectivamente realizados”.
Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores225, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas y sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable.
La Corte toma en cuenta que los miembros de la Comunidad Yakye Axa actuaron a través de representantes, tanto en el ámbito interno como ante la Comisión y esta Corte. A tal efecto, el Tribunal estima equitativo ordenar al Estado que pague la cantidad de US $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda paraguaya, que deberá ser entregada a los líderes de la Comunidad, por concepto de costas y gastos en el proceso interno y en el procedimiento seguido ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
233. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño material (supra párr. 195), el reintegro de costas y gastos (supra párr. 232), la creación del fondo destinado a la adquisición de tierras para la Comunidad (supra párr. 218), el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional (supra párr. 226) y la publicación y difusión de los extractos de la presente Sentencia (supra párr. 227) dentro del plazo de un año. Asimismo, el Estado deberá identificar, delimitar, demarcar, titular y entregar gratuitamente las tierras tradicionales de la Comunidad Yakye Axa o las tierras alternativas cuando lo anterior fuese imposible, conforme a los párrafos 211 a 217 de esta Sentencia, dentro de un plazo máximo de tres años. Todos estos plazos se contaran a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Además, el Estado debe implementar el programa y el fondo de desarrollo comunitario en un plazo que no excederá dos años, contado a partir de la entrega de las tierras (supra párrs. 205 y 206). Mientras tanto, el Estado deberá suministrar inmediatamente y de manera periódica, agua, alimentos, atención médica, medicinas y materiales escolares a los miembros de la Comunidad (supra párr. 221).
El Estado deberá adoptar en su derecho interno las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, de conformidad con los términos del párrafo 225 de la presente Sentencia, dentro de un plazo razonable.
Los pagos correspondientes al reintegro de costas y gastos generados por las gestiones realizadas por los representantes de la Comunidad en el proceso interno así como en el internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se realizará según lo dispuesto en el párrafo 232 de la presente Sentencia.
El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que las reciban dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria paraguaya solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados.
Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnización del daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.
En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Paraguay.
Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Paraguay deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento.
242. Por tanto,
1. el Estado violó los derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial consagrados en los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1. y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, en los términos de los párrafos 55 a 119 de la presente Sentencia.
Disiente parcialmente el Juez Ramón Fogel Pedroso.
2. el Estado violó el derecho a la Propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, en los términos de los párrafos 123 a 156 de la presente Sentencia.
Disiente el Juez Ramón Fogel Pedroso.
3. el Estado violó el Derecho a la Vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa en los términos de los párrafos 160 a 176 de la presente Sentencia.
Por cinco votos contra tres,
4. no cuenta con elementos probatorios suficientes para demostrar la violación del Derecho a la Vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de dieciséis miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, en los términos de los párrafos 177 a 178 de la presente Sentencia.
Disienten los Jueces Alirio Abreu Burelli, Antônio A. Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles.
5. esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 200 de la presente Sentencia.
6. el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de manera gratuita, en un plazo máximo de tres años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 211 a 217 de la presente Sentencia.
7. mientras los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia, en los términos del párrafo 221 de la presente Sentencia.
8. el Estado deberá crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa, en un plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 218 de la misma.
9. el Estado deberá implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 205 y 206 de la presente Sentencia.
10. el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas, en los términos del párrafo 225 de la presente Sentencia.
11. el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 226 de la misma.
12. el Estado deberá publicar, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de ésta. Asimismo, el Estado deberá financiar la transmisión radial de esta Sentencia, en los términos del párrafo 227 de la misma.
13. el Estado deberá efectuar los pagos por concepto de daño material y costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 195 y 232 de esta Sentencia.
14. la Corte supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 241 de la misma.
El Juez Alirio Abreu Burelli hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, los Jueces Antônio A. Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles hicieron conocer a la Corte su Voto Disidente Conjunto y el Juez ad hoc Ramón Fogel Pedroso hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Concurrente y Parcialmente Disidente. Dichos votos acompañan esta Sentencia.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 17 de junio de 2005.

References: artículo 26
 artículo 2
 artículo 63
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4