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Timestamp: 2017-10-18 21:50:57+00:00

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Henry Molina | Archivos del Autor
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La función pública obliga a todo el que la ejerce a comportarse con transparencia y ética. Esto es garantía de la integridad en la gestión administrativa de los distintos poderes del Estado, bajo la condición de velar por la gobernabilidad, democracia y economía de la República.
Tenemos el compromiso de actuar en cumplimiento de la Ley, pero además, ese es nuestro deber ante un pueblo que ha decidido, por segunda vez, dar un voto de confianza a la gestión del presidente Danilo Medina. Un presidente que tiene la plena conciencia de que los efectos de un gobierno que se maneja con transparencia va en dirección al desarrollo.
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio estamos obligados a presentar ante la Cámara de Cuentas el inventario de bienes que constituyen nuestro patrimonio y el de nuestro cónyuge, en un plazo de 30 días a partir de la designación a un cargo público. Llevar a cabo este proceso me llena de satisfacción y no lo tomo como una obligación, sino más bien un deber ciudadano.
Al ver que como país hemos avanzado bastante en materia de transparencia, y siendo funcionario de este gobierno, siento la necesidad de hacer pública el Acta de Declaración Jurada que contiene las informaciones requeridas por Ley.
Este espacio virtual estará siempre disponible para compartir información de interés. En esta ocasión comparto mí Declaración Jurada de Patrimonio ante esta nueva designación frente al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana:
Declaración Jurada Henry Molina 2016
En fecha 8 de febrero de 2016, un artículo del periódico Hoy se hizo eco de unas declaraciones que versan sobre los siguientes aspectos:
Que el Presidente debe tomar una licencia para realizar su activismo político a la luz de la Ley 41-08 de Función Pública.
Los funcionarios públicos no pueden participar en la campaña política a luz de lo que estipula el artículo 80 de la Ley 41-08 de Función Pública.
Que el Presidente utiliza los recursos del Estado para su reelección.
2. Sobre la participación del Presidente en las campañas electorales
Según el artículo publicado en el periódico Hoy, se indica “que el presidente Medina debe tomar una licencia para que haga su activismo político.” Esto fundado en “que la ley 41-08, sobre función pública, dispone en su artículo 80 que ningún servidor público puede hacer proselitismo político…”.
Esto queda desmentido al leer el artículo 2 de la Ley 41-08 de Función Pública el cual dice:
“Quedan excluidos de la presente ley:
El personal militar y policial, aunque esté asignado a órganos de seguridad e inteligencia del Estado.”
En tal sentido, por ser el Presidente de la República un funcionario elegido por el voto popular, la citada ley no le es aplicable, por lo que la prohibición de participar en “activismo político” no posee fundamento ni base legal.
Por otro lado, siendo que el artículo 124 de la Constitución de la República faculta al Presidente a “optar por un segundo periodo constitucional consecutivo”, y la forma de ejercer dicho derecho es la participación activa en las elecciones, tal y como lo prevé la ley 291-97 y sus modificaciones, pues queda claro que el presidente de la República puede participar libremente en la contienda electoral, realizando todas las gestiones y ejecutorias que le están permitidas a los demás candidatos, siempre que al realizarlas no descuide sus deberes como Presidente.
3. Sobre la participación de funcionarios públicos en las campañas electorales
Según el artículo publicado en el periódico Hoy, se indica “que la ley 41-08, sobre función pública, dispone en su artículo 80 que ningún servidor público puede hacer proselitismo político…” y continúa diciendo: “y no solamente durante el tiempo que está trabajando, porque los fines de semana también es servidor del Estado”.
A este respecto el artículo 80 de la Ley 41-08 de Función Pública, numeral 13 dice lo siguiente:
“A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes:
13) Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución;”
Según se puede observar en el artículo citado, lo que le está prohibido al funcionario o servidor público no es su derecho a simpatizar por un partido político o de participar activamente en la campaña electoral por el partido de su preferencia, lo que de hecho constituye un derecho ciudadano que le asiste.
Por el contrario, lo que se prohíbe en el presente artículo es el activismo político a lo interno de la institución para la que este labora, valiéndose de su investidura de funcionario público, o bien realizarlas durante su jornada de trabajo. Por ello le está prohibido, como bien dice el artículo: organizar o dirigir demostraciones (en la institución), pronunciar discursos partidistas (en la institución), distribuir propaganda de carácter político (en la institución)… en fin el funcionario o servidor público, dentro del ejercicio de sus funciones no puede ni debe realizar actividad política ni dentro de su horario laboral, ni dentro de la institución para la cual labora.
No obstante, no podemos obviar que el funcionario o servidor público es un ciudadano que posee todo el derecho de realizar, fuera de su horario laborable, las actividades de su preferencia, sean estas políticas o de otra índole. De prohibírsele esto, se le estaría coartando una de sus facultades ciudadanas previstas en el numeral 1 del artículo 22 de la Constitución: “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;”.
Asimismo, la sugerencia de tomar una licencia para participar en actividades proselitista no posee base legal y queda a discreción del funcionario público.
4. Sobre el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales
Según el artículo publicado en el periódico Hoy, “el presidente (Danilo Medina) utiliza los recursos del Estado en procura de su reelección…”.
El uso de los recursos del Estado está prohibido por en el segundo párrafo del artículo 47 (Fuentes de Ingresos) de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, donde se indica:
“Se prohíbe a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas, o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley. La Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado.”
En tal sentido debe especificarse, concreta y específicamente cuáles son los recursos del Estado que se están utilizando en la campaña, quien los utiliza y luego denunciarlo ante la JCE, órgano competente para tomar medidas al respecto.
Es por esto que según las instrucciones de Presidente Danilo Medina, el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo remitió una circular a los Servidores Públicos, donde les recuerda que está prohibido utilizar los recursos del Estado, fuera de su servicio.
Artículo publicado por la Presidencia de la República, en fecha 13 de agosto de 2015.
Que la patria es ara y no pedestal, frase de José Martí, fue uno de los contenidos fundamentales del discurso de rendición de cuentas del Presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero.
En lugar de ser una instancia para recibir honores, el concepto de patria nos refiere a los esfuerzos y sacrificios compartidos para mantener la libertad y lograr el bienestar de todos los que componemos la nación dominicana.
La patria es ara en la que hacemos un ritual, el altar de la ofrenda común que nos representa y nos unifica en propósitos compartidos. La patria es la gente que forma este pueblo que somos y es el trabajo por darnos sentido de pertenencia, seguridad, protección y acogida. No es la patria un sentimiento de exclusión y negación del otro, del extranjero, del desvalido que venga a nuestro suelo con esperanzas y disposición de integrarse al esfuerzo común.
Desde esta visión, la patria es ciudadanía y es democracia. Porque la democracia no es más que la forma de ordenarnos y hacer juntos el trabajo necesario para convivir con armonía.
La patria no es encono sino hermandad, pertenencia común que se sustenta en la colaboración y el interés de unos por otros.
Esta noción de patria solo es posible en democracia, lo que supone como imprescindible el estado de derecho y las garantías que protegen los derechos individuales y colectivos.
Esta es la concepción de patria que refleja el discurso del Presidente Medina: un quehacer compartido, torrente de esfuerzos individuales y colectivos que va haciendo un cauce, una trayectoria que nos permite compartir el pasado, pero sobre todo el futuro en el que nos comprometemos con las mejores de las intenciones y los valores: desde el respeto, la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la confianza.
Artículo publicado en Santo Domingo, en fecha 5 de marzo de 2015, en el periódico El Día.
La incertidumbre genera en la sociedad percepciones que dificultan emprender las largas tareas del desarrollo humano y el progreso social.
La incertidumbre social no siempre viene determinada por la dificultad inherente a los problemas que enfrenta una sociedad en sus circunstancias inmediatas ni de mediano plazo, sino que deriva de otras deficiencias.
Por ejemplo, cuando los ciclos de vida en los cuales la gente está afectada por mayor vulnerabilidad –primera infancia y tercera edad— no cuentan con mecanismos sociales de protección que aseguren a las personas que los problemas fundamentales de ambas etapas serán solidariamente resueltos por el colectivo social, se contribuye a la desafección respecto de las normas sociales y el sentido de pertenencia.
Cuando el acceso al ejercicio de derechos fundamentales no está garantizado y sostenido en prácticas institucionales, sino que depende de la arbitrariedad o la conexión personal con los que deberían ser administradores del sistema de garantías pero en realidad se apropian del mismo, se reduce la actitud de previsión porque si el curso de la vida de las personas no cuenta con cierto grado de previsibilidad (si hago esto y de esta manera llegaré a alcanzar una determinada situación deseada), también se reduce y dificulta el apego a las normas y la capacidad de pensar a mediano y largo plazo.
Las acciones necesarias para superar estos problemas son fundamentales para avanzar hacia la equidad. Estos temas son inherentes a la agenda pública que debería estar concentrando los mejores esfuerzos y las mayores energías de la sociedad.
Superemos los falsos dilemas y asumamos retos verdaderos.
Artículo publicado en Santo Domingo, el 29 de enero de 2015 en el periódico El Día.
Unir los puntos, poner los elementos en un orden, sucesión o relación; develar la trayectoria. Ese era uno de los consejos de Steve Jobs a una audiencia compuesta por estudiantes universitarios. La trayectoria tiene importancia para comprender el sentido de los acontecimientos tanto como para establecer los probables modos de accionar en el porvenir inmediato.
Cuando uno une los puntos a lo largo de estos últimos doce meses de la administración del Presidente Danilo Medina puede distinguir cómo en el accionar cotidiano, en las “rutinas de gobierno” y en los hitos puntuales y significativos hay factores muy constantes: fortalecer o crear capacidades, fomentar la inclusión, esfuerzos dirigidos a superar brechas y deuda social acumulada, estimular la productividad y la producción, fortalecer o crear un régimen de garantías, propiciar que la gente tenga más opciones, proteger o desarrollar el ejercicio de derechos fundamentales.
Ese ha sido el sustrato de la actuación de esta administración a contrapelo de constreñimientos y condicionantes muy fuertes que son parte de la cultura política y la organización social de los dominicanos y dominicanas.
El gobierno de Danilo Medina ha sido, durante 2014 un ejercicio de gestión que ve la administración pública como fundamento de la cohesión y el desarrollo social, el desarrollo humano.
Esta administración ha sido consecuente con la visión de que las capacidades y opciones de que dispongamos como sociedad serán las determinantes del desarrollo humano y el ejercicio de la libertad.
Y en la base de este concepto está el principio de que la justicia, la equidad como equiparación de capacidades y opciones, constituyen el fundamento de la cohesión social.
Así, es fácil prever cómo seguirá siendo esta administración: un esfuerzo dedicado a la construcción de garantías, a hacer posible una sociedad de derechos.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 31 de diciembre del 2014, ver publicación en el Periódico El Día

References: artículo 80
 artículo 80
 artículo 2
 artículo 124
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 47