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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2010-11491
Documento consolidado BOE-A-2010-11491
Publicado en: «BOJA» núm. 122, de 23/06/2010, «BOE» núm. 174, de 19/07/2010.
Referencia: BOE-A-2010-11491
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Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 15/12/2017 Modificación publicada el 29/12/2016 Texto original publicado el 23/06/2010
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 15/12/2017»
Ir a: Exposición de motivos TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 Artículo 2 TÍTULO I CAPÍTULO I Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 CAPÍTULO II Sección 1 Artículo 6 Artículo 7 Sección 2 Artículo 8 Artículo 9 Artículo 10 Sección 3 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14 Artículo 15 Sección 4 Artículo 16 Artículo 17 Artículo 18 Artículo 19 Artículo 20 Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Sección 5 Artículo 24 Artículo 25 TÍTULO II CAPÍTULO I Sección 1 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 28 Artículo 29 Artículo 30 Artículo 31 Artículo 32 Sección 2 Artículo 33 Artículo 34 Artículo 35 Artículo 36 Artículo 37 Artículo 38 Artículo 39 Artículo 40 Artículo 41 Artículo 42 Artículo 43 Artículo 44 CAPÍTULO II Artículo 45 Artículo 46 Artículo 47 Artículo 48 Artículo 49 TITULO III Artículo 50 Artículo 51 Artículo 52 Artículo 53 TÍTULO IV CAPÍTULO I Artículo 54 Artículo 55 Artículo 56 CAPÍTULO II Artículo 57 Artículo 58 Artículo 59 TÍTULO V CAPÍTULO I Artículo 60 Artículo 61 Artículo 62 CAPÍTULO II Sección 1 Artículo 63 Artículo 64 Artículo 65 Artículo 66 Artículo 67 Artículo 68 Artículo 69 Artículo 70 Artículo 71 Artículo 72 Artículo 73 Artículo 74 Artículo 75 Artículo 76 Artículo 77 Sección 2 Artículo 78 Artículo 79 Artículo 80 Artículo 81 Artículo 82 Sección 3 Artículo 83 Artículo 84 Artículo 85 CAPÍTULO III Artículo 86 Artículo 87 Artículo 88 TÍTULO VI CAPÍTULO I Artículo 89 Artículo 90 Artículo 91 CAPÍTULO II Sección 1 Artículo 92 Artículo 93 Artículo 94 Sección 2 Artículo 95 Artículo 96 Artículo 97 Artículo 98 Artículo 99 Sección 3 Artículo 100 Artículo 101 Artículo 102 Artículo 103 Artículo 104 CAPÍTULO III Artículo 105 Artículo 106 Artículo 107 Artículo 108 TÍTULO VII CAPÍTULO I Artículo 109 Artículo 110 CAPÍTULO II Artículo 111 CAPÍTULO III Sección 1 Artículo 112 Artículo 113 Artículo 114 Artículo 115 Artículo 116 Sección 2 Artículo 117 Artículo 118 Artículo 119 Artículo 120 Artículo 121 Sección 3 Artículo 122 Artículo 123 Artículo 124 Artículo 125 Artículo 126 Artículo 127 Artículo 128 Artículo 129 Artículo 130 Artículo 131 Artículo 132 Disposición adicional primera Disposición adicional segunda Disposición adicional tercera Disposición transitoria primera Disposición transitoria segunda Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera Disposición final cuarta Disposición final quinta Disposición final sexta Disposición final séptima Disposición final octava Disposición final novena Disposición final décima Disposición final undécima [Firma]
Artículo 3. Organización territorial de Andalucía.
1. Los municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma de Andalucía, integran un único nivel de gobierno.
2. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.
3. La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función, de conformidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Por ley, o de acuerdo con la presente ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias, que no alterarán en ningún caso la estructura territorial de Andalucía y estarán dirigidas a favorecer el ejercicio de las competencias municipales y provinciales.
Artículo 4. Autonomía local.
1. Los municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad.
2. La autonomía local comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio de municipios y provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización y ordenación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio, y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas.
3. Al amparo de la autonomía local que garantiza esta ley, y en el marco de sus competencias, cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.
4. Los municipios y provincias gozan de plena personalidad jurídica para el ejercicio de su autonomía. Las entidades locales complementarias gozarán de capacidad jurídica en los términos de esta ley o de las leyes especiales que las regulen.
Artículo 5. Potestad de autoorganización.
1. Las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pueden dotarse, con objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias habrán de contar con los órganos necesarios, previstos en la legislación básica sobre régimen local, para su gobierno y administración. Su funcionamiento, su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se ajustarán a lo que aquella legislación establezca, garantizándose, en todo caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la representación proporcional en sus órganos asamblearios, conforme al principio de legitimación democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará a lo que respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local.
3. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª de este capítulo.
Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales.
1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:
a) Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión urbanística.
c) Redacción de ordenanzas y reglamentos municipales, así como de cualquier otra disposición normativa.
d) Implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración electrónica.
e) Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier materia de competencia municipal.
f) Asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional.
g) Formación y selección del personal, así como la elaboración de instrumentos de gestión de personal, planes de carrera profesional y evaluación del desempeño.
h) Diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y desarrollo de competencias para representantes locales.
i) Integración de la igualdad de género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales.
j) Cualquier otra que la provincia determine por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos.
2. Por norma provincial se determinarán los requisitos de asistencia y las formas de financiación, que en cada caso correspondan, de acuerdo, al menos, con los criterios de atención preferente a los municipios de menor población y a los municipios de insuficiente capacidad económica y de gestión, así como la urgencia de la asistencia requerida.
3. La solicitud de asistencia técnica se tramitará mediante un procedimiento basado en los principios de eficacia, transparencia y celeridad. La decisión que adopte la diputación provincial será motivada con referencia a los criterios normativos establecidos.
1. La provincia asistirá económicamente a los municipios para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales.
2. Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:
a) La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares.
b) Conforme a la información recabada, la diputación provincial fijará los criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales. En todo caso, entre dichos criterios se incluirá el apoyo preferente a los municipios de menor población.
c) Considerando los criterios básicos aprobados por la diputación provincial, cada ayuntamiento formulará su propuesta priorizada de asistencia económica.
d) Partiendo de las propuestas municipales, la diputación provincial formulará un proyecto de plan o programa de asistencia económica, cuyo contenido tendrá en cuenta las prioridades municipales con criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.
e) El proyecto de plan o programa de asistencia económica provincial se someterá a un trámite de consulta o audiencia de los ayuntamientos, dirigido a la consecución de acuerdos.
f) Terminado el trámite de audiencia, la diputación provincial introducirá las modificaciones oportunas en el proyecto. Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios municipios, la diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios interesados.
g) La aprobación definitiva del plan o programa de asistencia económica corresponderá a la diputación provincial. Cualquier rechazo de las prioridades municipales será motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o servicio incluido en la relación de prioridades elaborada por el ayuntamiento, el cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.
h) Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e), f) y g).
3. Cada municipio está obligado a aplicar la asistencia económica a los proyectos específicos aprobados en el plan o programa provincial. La aplicación del plan o programa estará sujeta a seguimiento y evaluación por parte de la diputación provincial, con la colaboración de los ayuntamientos.
4. La diputación provincial efectuará una evaluación continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa de asistencia económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa provincial pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del intercambio informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización de los estudios de impacto pertinentes.
4 bis. A las entidades locales que sean destinatarias y se incluyan como beneficiarias en planes y programas provinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica de las Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad Social.
Se añade el apartado 4 bis por la disposición final 4 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-1098
Se añade, con vigencia exclusiva para el año 2017, el apartado 4 bis por la disposición final 15 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-658.
Texto original, publicado el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/07/2010.
1. La provincia prestará los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este así lo solicite. Corresponderá a la provincia la determinación de la forma de gestión del servicio y las potestades inherentes a su ejercicio.
2. Asimismo, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, prestará obligatoriamente, a petición del municipio, al menos, los siguientes servicios municipales:
a) Inspección, gestión y recaudación de tributos.
b) Disciplina urbanística y ambiental.
c) Disciplina del personal funcionario y laboral.
d) Representación y defensa judicial.
e) Suplencias en el ejercicio de funciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, en el caso de que un municipio incumpla su obligación de prestar los servicios básicos, la diputación provincial, previo requerimiento, actuará por sustitución.
4. La diputación provincial podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo la creación de redes intermunicipales para la prestación de servicios de competencia municipal, a la que podrán incorporarse los ayuntamientos en las condiciones que previamente se establezca mediante norma provincial, que incluirá las formas de financiación.
5. La provincia, en los términos que prevea la legislación sectorial, ejercerá competencias de titularidad municipal, cuando su naturaleza no permita una asignación diferenciada y las economías de escala así lo aconsejen.
Artículo 15. Competencias materiales de la provincia.
1. Carreteras provinciales.
2. Los archivos de interés provincial.
3. Los museos e instituciones culturales de interés provincial.
Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación.
1. En el marco de la normativa vigente y respetando la voluntad de las entidades afectadas, por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias.
2. Las instituciones jurídicas de la transferencia y delegación de competencias servirán al principio de diferenciación y vendrán fundamentadas en cada caso por las distintas características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos entes locales.
3. El ejercicio de las competencias objeto de transferencia o delegación podrá ser ejercido por otros entes locales de los que formen parte los municipios, cuando así se prevea expresamente en la ley de transferencia o en el decreto de delegación.
Artículo 17. Transferencia de competencias.
1. A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, podrán ser transferidas a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante ley, que, en todo caso, determinará los recursos financieros para su ejercicio y los medios personales, materiales y económicos, de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Mediante decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, se concretará el traspaso de bienes, recursos y medios para el ejercicio de las competencias transferidas.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá reservarse, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.
3. El Consejo Andaluz de Concertación Local resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del proceso de transferencia.
Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia.
1. Por razones de interés general, en caso de grave incumplimiento de las obligaciones que los municipios afectados asumen en virtud de las transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía o cuando se detectara notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender por tiempo determinado, no superior a un año, el ejercicio de la competencia por el municipio, estableciendo las medidas necesarias para su normal desarrollo, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas.
2. Asimismo, la Comunidad Autónoma podrá proponer al Parlamento la revocación de la transferencia, que deberá aprobarse por ley, que regulará los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas provocados por la transferencia, así como la devolución de bienes.
Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias.
1. La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La delegación comportará que la entidad local ejerza las potestades inherentes a la competencia que se delega sin que, no obstante, se altere su titularidad.
2. La delegación respetará, en todo caso, la potestad de autoorganización de la entidad local, y la competencia delegada se ejercerá con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control que puedan establecerse en el decreto de delegación. Para la efectividad de la delegación se requiere la aceptación expresa de la entidad local delegada y la cesión de uso de los medios materiales, las dotaciones económicas y financieras y, en su caso, la adscripción de los recursos humanos necesarios para su desempeño.
Artículo 20. El decreto de delegación.
1. El decreto de delegación será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, y deberá tener, al menos, el siguiente contenido:
c) Medios materiales, personales económicos y financieros que, en su caso, se ponen a la disposición de la entidad delegada, su valoración y el procedimiento de revisión.
d) Valoración del coste efectivo del servicio.
e) Fecha de efectividad de la delegación y duración.
f) Condiciones, instrucciones y directrices que formule la Comunidad Autónoma, así como los mecanismos de control y requerimientos que puedan ser formulados y supuestos en que procederá la revocación de la delegación.
2. Las facultades de dirección y control que se reserve la Comunidad Autónoma podrán ser:
a) La potestad reglamentaria sobre la materia, pudiendo el ente en que se delegue reglamentar el servicio.
b) El establecimiento de recurso de alzada ante los órganos de la Comunidad Autónoma que se determinen, contra las resoluciones dictadas por el ente local.
c) Promover la revisión de oficio en relación con dichas resoluciones.
d) Elaborar programas y dictar directrices sobre la gestión de las competencias, así como dictar instrucciones técnicas de carácter general.
f) Formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
g) Cualesquiera otras de análoga naturaleza.
Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada.
1. Cumplir los programas y directrices que la Comunidad Autónoma pueda, en su caso, establecer.
2. Proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias, así como atenerse a los requerimientos para la subsanación de las deficiencias formuladas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
3. Mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación.
4. Cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.
Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias.
1. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto de delegación, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias.
2. Las entidades locales delegadas podrán renunciar a la delegación en los casos establecidos en el decreto de delegación o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias o, en su caso, de las transferidas.
3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo, los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas provocados por la delegación.
Artículo 23. La encomienda de gestión.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión.
2. La encomienda se formalizará mediante un convenio interadministrativo, que determinará, al menos, su alcance, la habilitación normativa y el plazo de vigencia.
3. La efectividad de la encomienda requerirá que vaya acompañada de la dotación económica o incremento de financiación, a favor de las entidades locales receptoras, de los medios económicos para llevarla a cabo.
Artículo 24. Colaboración financiera.
1. La aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la financiación de las competencias locales propias y transferidas se realizará fundamentalmente a través del mecanismo de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma previsto en el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma podrá establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas. La determinación de las entidades beneficiarias responderá a criterios objetivos y estará supeditada a su aceptación.
3. En la elaboración de estos programas deberán participar las entidades locales. Así mismo, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales participará en la definición de los parámetros a tener en cuenta para la aplicación de los recursos que la Administración de la Junta de Andalucía ponga a disposición de los entes locales.
4. Los programas y recursos derivados de los mismos serán objeto de desarrollo y regulación en los términos que reglamentariamente se establezcan, por la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones.
Artículo 26. Servicios locales de interés general.
Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general.
Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general.
Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado.
Artículo 31. Servicios públicos básicos.
Artículo 32. Servicios públicos reservados.
Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público.
6. En el expediente que se tramite para la constitución de las entidades previstas en las letras b a g del apartado 3 de este artículo deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la modalidad de prestación respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá un estudio económico financiero del coste previsible de su implantación.
Artículo 34. Agencia pública administrativa local.
Artículo 35. Agencia pública empresarial local.
Artículo 36. Agencia local en régimen especial.
Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales.
Artículo 38. Sociedad mercantil local.
Artículo 39. Sociedad interlocal.
Artículo 40. Fundación pública local.
Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local.
Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local.
Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada.
Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general.
Artículo 45. Iniciativa económica local.
Artículo 46. Empresa pública local.
Artículo 47. Creación de la empresa pública local.
Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras.
Artículo 50. Concepto del patrimonio local.
Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición.
Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio.
Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales.
Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías.
j) Actividad económica-financiera.
Artículo 55. Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos.
Artículo 57. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
2. Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de
Artículo 58. Coordinación administrativa.
Artículo 59. Planes sectoriales.
La cooperación territorial
Artículo 60. Fines.
1. Propiciar un modelo territorial acorde con los criterios básicos de desarrollo sostenible y de cohesión económica, social y territorial.
2. Adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional existente.
3. Mejorar la calidad y la gestión de los servicios y equipamientos públicos, así como de las infraestructuras básicas del territorio considerado en su conjunto, propiciando la optimización de los recursos.
4. Garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales y aumentar su capacidad organizativa para desarrollar las iniciativas y proyectos demandados por la sociedad con criterios de economías de escala.
5. Dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera.
6. Favorecer el desarrollo de proyectos comunes que incrementen la competitividad del ámbito territorial afectado.
7. Favorecer unos niveles adecuados de calidad de vida, a través de la protección y gestión conjunta del patrimonio natural, social, histórico y cultural.
8. Crear mecanismos para la articulación y defensa de los intereses comunes de los cooperantes ante terceros.
Artículo 61. Principios de la cooperación territorial.
1. La cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá por los principios generales de autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad.
2. No podrán coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo objeto. En el supuesto anterior, el expediente de creación de la nueva entidad deberá incluir, en todo caso, la fórmula y procedimiento de absorción de la entidad preexistente.
Artículo 62. Tipología.
1. La cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía se podrá llevar a cabo a través de las entidades e instrumentos que se enumeran en los apartados siguientes.
2. Son entidades de cooperación territorial:
b) Los consorcios.
c) Cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley.
3. Son instrumentos para la cooperación territorial:
a) Los convenios de cooperación.
b) Las redes de cooperación.
c) Cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que no dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley.
Entidades e instrumentos para la cooperación
Artículo 63. Definición y objeto.
1. Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia.
2. El objeto de la mancomunidad deberá ser determinado y no podrá comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios.
Artículo 64. Ámbito territorial de las mancomunidades.
1. El ámbito territorial de actuación de las mancomunidades será el de los municipios en ellas integrados. Para que los municipios se mancomunen no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que exista entre ellos continuidad territorial, si esta no es requerida por la naturaleza de los fines de la mancomunidad.
2. Para la constitución de mancomunidades con municipios pertenecientes a otras comunidades autónomas será necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de las comunidades autónomas a las que pertenezcan aquellos.
3. En cualquier caso, una mancomunidad de municipios de Andalucía podrá prestar sus servicios a municipios de otra comunidad autónoma que lo soliciten con carácter provisional. En este caso será necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el cumplimiento de los requisitos o autorizaciones que se establezcan en la normativa de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los municipios que efectúen la solicitud.
Artículo 65. Personalidad y régimen jurídico.
1. Las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico será el establecido en sus propios estatutos, que deberán respetar, en todo caso, lo dispuesto en la presente ley, así como en las normas que la desarrollen.
2. Las potestades de las mancomunidades serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
Artículo 66. Contenido de los estatutos.
1. La denominación y la sede de la mancomunidad.
2. Los municipios que la integran.
3. Su objeto, fines, potestades y servicios y obras que asume.
4. El órgano de representación municipal, sus atribuciones, incluyendo funciones de control de gobierno, composición, forma de designación y cese de sus miembros.
5. Los órganos de gobierno y administración, sus atribuciones, composición, forma de designación y cese de sus miembros.
6. Las normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de la gerencia, en su caso.
7. Los recursos económicos, con especial referencia a las aportaciones que deban efectuar los municipios integrantes. Tales aportaciones deberán responder a criterios de proporcionalidad.
9. La duración de la mancomunidad.
10. El procedimiento de modificación de los estatutos.
11. El procedimiento de incorporación y separación de municipios.
12. Las causas y procedimiento de disolución.
13. Las normas sobre la liquidación de la mancomunidad.
14. Los derechos y obligaciones de los municipios mancomunados.
15. El régimen indemnizatorio aplicable a los municipios por incumplimiento de sus obligaciones con la mancomunidad.
16. Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen de la mancomunidad.
Artículo 67. Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades.
1. Sin perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, de sus atribuciones y régimen de funcionamiento, sus estatutos garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta.
2. Los representantes en el órgano citado se designarán, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.
Artículo 68. Iniciativa para la constitución de las mancomunidades.
Artículo 69. Aprobación inicial de los estatutos.
1. El proyecto de estatutos de la mancomunidad será redactado por los concejales de los municipios promotores constituidos en asamblea, o por una comisión designada a tal fin por la propia asamblea de entre las personas representantes de cada uno de los municipios. Igualmente, se establecerá por la asamblea el régimen de funcionamiento y el calendario de trabajo para redactar el proyecto de estatutos. En cualquier caso, la presidencia y la secretaría de la asamblea serán desempeñadas por las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren las sesiones.
2. Una vez redactado el proyecto de estatutos deberá ser aprobado inicialmente por la asamblea, precisando dicho trámite el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.
Artículo 70. Información pública e informes.
Artículo 71. Aprobación de los estatutos.
Artículo 72. Ratificación de acuerdos.
1. Una vez aprobados definitivamente los estatutos, en el plazo de diez días los ayuntamientos remitirán certificación del acuerdo a la asamblea de concejales, o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto único.
2. La asamblea remitirá a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos por cualquier medio que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.
Artículo 73. Publicidad de las mancomunidades.
1. La asamblea, en el plazo de tres días, remitirá al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad para su publicación. La publicación tendrá carácter constitutivo, y determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
2. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos, deberán constituirse los órganos de gobierno de la mancomunidad y comenzar su normal funcionamiento.
3. La Administración de la Junta de Andalucía comunicará a la Administración General del Estado la constitución de la mancomunidad.
Artículo 74. Modificación de los estatutos.
1. La modificación de los estatutos se regirá por lo previsto en los mismos, que deberá respetar, en todo caso, lo establecido en la presente ley.
2. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad, y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal. En su procedimiento serán trámites obligatorios el sometimiento a información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que la informen en plazo no inferior a un mes.
3. Adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos se remitirá al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado.
Artículo 75. Adhesión de municipios.
1. Constituida una mancomunidad podrán adherirse voluntariamente a la misma los municipios que lo deseen, con sujeción al procedimiento que los estatutos determinen. En todo caso, será necesaria la aprobación de la adhesión y de los estatutos de la mancomunidad por la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno del ayuntamiento que pretende adherirse, así como el trámite de información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas en los términos y plazos establecidos en el artículo anterior.
2. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remitirá al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunicará a la Administración General del Estado.
Artículo 76. Separación de municipios mancomunados.
4. Adoptado el acuerdo de separación de un municipio, la mancomunidad lo remitirá, junto con la modificación producida en los estatutos, al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local.
Artículo 77. Disolución de mancomunidades.
1. La disolución de mancomunidades se ajustará al régimen establecido en sus propios estatutos, que deberán respetar, en todo caso, lo establecido en la presente ley.
2. En caso de disolución de una mancomunidad, esta mantendrá su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio.
3. El acuerdo de disolución se comunicará a la consejería competente sobre régimen local, que lo trasladará a la Administración General del Estado.
4. La asamblea remitirá el acuerdo sobre disolución al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para su oportuna publicación. La extinción de la mancomunidad se producirá con la publicación.
[Bloque 101: #s2-3]
Artículo 78. Definición y composición de los consorcios.
1. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho Administrativo.
2. Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan finalidades de interés público concurrentes.
3. Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación territorial a los efectos de esta ley.
4. Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
Artículo 79. Estatutos de los consorcios.
1. Denominación y sede del consorcio.
2. Entes que lo integran.
4. Órganos de gobierno.
5. Normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso.
6. Régimen financiero, presupuestario y contable.
7. Duración del consorcio.
8. Procedimiento de incorporación y separación de miembros.
9. Procedimiento de modificación de los estatutos.
10. Causas, procedimiento de disolución y normas sobre la liquidación del consorcio.
11. Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen del consorcio.
Artículo 80. Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutos.
1. Las entidades que pretendan consorciarse deberán aprobar un convenio fundacional en el que detallarán todos los requisitos, hitos y consideraciones que estimen relativos al proceso constitutivo. A dicho convenio podrán incorporar, como anexo, un proyecto de estatutos del consorcio. La suscripción del referido convenio fundacional por parte de las entidades locales deberá ser autorizada por sus respectivos órganos plenarios, por mayoría absoluta de su número legal de miembros.
2. En todo caso, el proyecto de estatutos deberá ser sometido a información pública por un plazo mínimo de un mes y se remitirá a las diputaciones provinciales afectadas, si no fueran parte del convenio fundacional, para que lo informen en el mismo plazo de un mes.
3. La aprobación de los estatutos por todos los entes consorciados se realizará de conformidad con su legislación específica, que en el caso de las entidades locales corresponderá a sus respectivos órganos plenarios por mayoría absoluta de su número legal de miembros.
4. La publicación de los estatutos del consorcio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» tendrá carácter constitutivo y determinará el nacimiento del mismo y el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 81. Órganos de gobierno de los consorcios.
1. Los órganos de gobierno estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutariamente establecida y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta.
2. En aquellos consorcios en los que, junto con entidades locales, participe la Administración de la Junta de Andalucía a través de cualquiera de sus consejerías, agencias o empresas públicas de ellas dependientes, aportando medios materiales o financieros, el órgano de gobierno de aquellos deberá integrar un número de miembros en representación de la Comunidad Autónoma que, sin que pueda suponer la mayoría absoluta respecto al número de miembros total del órgano, garantice la proporcionalidad de su aportación económica.
Artículo 82. Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio.
Artículo 83. Convenios de cooperación.
1. Los municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias.
2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector o población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de las competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo a las anteriores.
3. Los instrumentos de formalización de los convenios de cooperación deberán especificar:
a) Las partes que suscriben el convenio.
b) El objeto y fines del convenio.
c) La competencia que ejerce cada administración.
e) La definición de los mecanismos de asistencia técnica y de actuación conjunta prevista para hacer efectiva la cooperación.
f) Los derechos y obligaciones de las partes.
g) El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las partes firmantes.
h) Los mecanismos de solución de conflictos o de denuncia del convenio y la extinción por causas distintas a la anterior, así como las actuaciones pertinentes en el supuesto de extinción.
4. Cada convenio deberá ir acompañado de una memoria donde consten los antecedentes, razones de oportunidad y objetivos perseguidos con su formalización.
5. La celebración de convenios que así lo requiera podrá prever, junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello comporte en ningún caso el ingreso en la función pública de una administración pública diferente a la propia de cada persona.
6. Una vez aprobados los convenios, se remitirá copia de los mismos a la consejería competente sobre régimen local.
Artículo 84. Redes de cooperación territorial.
1. La cooperación territorial de las entidades locales podrá desarrollarse también a través de redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional, de conformidad con la normativa que les resulte de aplicación. A los efectos de esta ley, las redes de cooperación territorial podrán estar integradas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general local.
2. Los miembros de las redes de cooperación territorial podrán crear entidades con personalidad jurídica para la gestión de sus intereses, que se regularán por la normativa que les resulte de aplicación.
3. Las redes de ciudades constituyen el nivel básico y preferente de este tipo de instrumento.
4. Las redes de cooperación de ámbito andaluz deberán promover estructuras organizativas y funcionales flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción consensuada de decisiones. Igualmente, deberán establecerse los mecanismos e instrumentos operativos más adecuados en cada momento para asegurar la continuidad de los flujos de información entre los distintos miembros de las redes.
5. Constituida la red de cooperación, deberá darse cuenta de ello a la consejería competente sobre régimen local.
Artículo 85. Órganos paritarios de colaboración.
1. El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición, y funcionamiento se regularán por su propia ley de creación
2. La creación de otros órganos de colaboración se realizará por ley, la cual determinará, en todos los casos:
a) Las funciones atribuidas y el ámbito material y territorial de actuación del órgano.
b) La composición y funcionamiento del órgano.
3. Los órganos paritarios de colaboración tendrán carácter deliberante o consultivo.
4. Lo dispuesto por el presente artículo se entiende sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sectoriales de coordinación.
[Bloque 111: #ciii]
Régimen económico de las entidades locales de cooperación
Artículo 86. De los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperación.
1. La hacienda de las entidades locales de cooperación territorial estará integrada por los siguientes ingresos:
b) Tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y actividades atribuidos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las haciendas locales.
e) El producto de las multas y sanciones.
f) Transferencias, en su caso, de otras administraciones públicas.
g) Aportaciones de los municipios integrantes de las entidades de cooperación, en su caso.
h) Cualquier otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda según la legislación aplicable.
2. De conformidad con lo previsto en el apartado anterior, los recursos concretos que integren la hacienda de las entidades locales de cooperación serán los previstos, en el marco de lo establecido en esta ley y demás normas reguladoras de las haciendas locales, por sus respectivos estatutos o leyes de creación.
3. El régimen financiero de las entidades locales de cooperación no alterará el propio de los municipios u otras entidades locales que las integren.
4. En todos los demás aspectos relativos al régimen de financiación, presupuestario, de intervención y de contabilidad se aplicarán las normas generales de la legislación reguladora de las haciendas locales.
Artículo 87. De las aportaciones de los municipios integrantes de las entidades locales de cooperación.
1. Las aportaciones municipales a las haciendas de las entidades locales de cooperación se establecerán de conformidad con los siguientes criterios:
a) El régimen económico de las entidades garantizará en todo caso la distribución proporcional de las cargas entre todos los municipios integrados.
b) Las aportaciones de los municipios se determinarán teniendo en cuenta, como parámetros de proporcionalidad, el número de habitantes de los municipios y el aprovechamiento de los servicios prestados por la entidad local de cooperación, así como la participación de aquellos en los tributos e ingresos del Estado y los votos que ostenten dentro del máximo órgano de gobierno de dicha entidad local de cooperación. Podrán incluirse índices correctores relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios de prestación de los servicios fundamentales de su competencia.
2. Las aportaciones de los municipios a la entidad local de cooperación serán determinadas anualmente por el máximo órgano colegiado de gobierno de la entidad, previa consulta a los municipios integrantes de la misma.
3. Los municipios estarán obligados a transferir, en los periodos que se fijen, el importe de las aportaciones que les correspondan y, a tales efectos, consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas para atender, en los sucesivos ejercicios económicos, las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con la entidad local de cooperación a la que pertenezcan.
4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación a otras entidades locales que integren la entidad local de cooperación, con las particularidades que se deriven de su propia naturaleza.
5. Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso de las aportaciones de los miembros que integren la entidad local de cooperación territorial, esta podrá solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la deducción del importe de las entregas mensuales que le corresponda hacer a favor de aquellos y efectúe el ingreso de dichas cantidades en la hacienda de la entidad local de cooperación territorial. En todo caso se dará audiencia a los miembros afectados.
6. Asimismo, y con el propósito de garantizar el abono de las aportaciones a la entidad local de cooperación, cualquiera de sus miembros, así como la propia entidad, podrá impugnar los presupuestos de aquellos, cuando no estuviera prevista la partida correspondiente a las aportaciones a efectuar a la entidad local de cooperación.
7. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será aplicable también a los demás consorcios regulados en la presente ley.
Artículo 88. Cooperación en materia de ingresos de Derecho Público.
[Bloque 116: #ci-5]
Artículo 89. Concepto de término municipal.
Artículo 90. La delimitación de los términos municipales.
Artículo 91. Modificaciones de los términos municipales.
[Bloque 120: #cii-5]
Artículo 92. La fusión de municipios.
Artículo 93. La segregación de términos municipales.
Artículo 94. La incorporación de municipios.
Artículo 95. Iniciativa.
Artículo 96. Formación del expediente.
3. En los expedientes de fusión de municipios también figurará la propuesta a que se refiere el apartado 2 a de este artículo.
Artículo 97. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de iniciativa municipal.
Artículo 98. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos iniciados por la consejería competente sobre régimen local o por la diputación provincial.
Artículo 99. Resolución del procedimiento.
[Bloque 131: #s3-3]
Artículo 100. Gobierno de los municipios en caso de segregación.
Artículo 101. Gobierno de los municipios creados por fusión.
Artículo 102. Gobierno de los municipios en caso de mera alteración de términos municipales.
Artículo 103. Estatuto de las personas integrantes de la comisión gestora.
Artículo 104. Administración interina.
[Bloque 137: #ciii-2]
Artículo 105. Concepto de capitalidad.
Artículo 106. Causas de la alteración de la capitalidad.
Artículo 107. Cambio de denominación.
Artículo 108. Procedimiento de cambio de nombre y de capitalidad.
1. El nombre y capitalidad de los municipios podrá ser alterado a través de un procedimiento que, en todo caso, requerirá acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, información pública por plazo de treinta días, informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. La resolución se publicará en los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Andalucía, así como en el «Boletín Oficial del Estado». La modificación se inscribirá en los registros de entidades locales estatal y andaluz.
[Bloque 142: #tvii]
[Bloque 143: #ci-6]
[Bloque 144: #a109]
Artículo 109. Organización territorial del municipio.
a) Desconcentradas, que podrán ser denominadas distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones de análoga significación
[Bloque 145: #a110]
Artículo 110. Principios de la organización territorial del municipio.
[Bloque 146: #cii-6]
[Bloque 147: #a111]
Artículo 111. Órganos de gestión desconcentrada.
[Bloque 149: #s1-5]
Artículo 112. Las entidades de gestión descentralizada.
Artículo 113. Tipología de entidades descentralizadas.
Artículo 114. Iniciativa para la creación de entidades descentralizadas.
Artículo 115. Instrucción del procedimiento de creación de entidades descentralizadas.
4. En el plazo máximo de cuatro meses desde su nombramiento, la persona instructora elevará al pleno la memoria con la propuesta. Una vez recibida, el pleno, si considera viable la creación de la entidad, antes de someter la propuesta a deliberación, someterá el expediente a información pública por un periodo de treinta días y lo remitirá a la respectiva diputación provincial y a la consejería de la Junta de Andalucía competente sobre régimen local, para que emitan informe.
Artículo 116. Aprobación de la creación de entidades descentralizadas.
c) Las competencias municipales que se les delegan;
d) Delimitación territorial mediante una detallada descripción literal y cartografía a escala adecuada para inserción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
4. En el plazo de un mes desde la aprobación del instrumento de creación de la entidad vecinal o de la entidad local autónoma, este deberá ser enviado a la consejería de la Junta de Andalucía competente sobre régimen local para su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y, una vez constituidos sus órganos de gobierno, se procederá a su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
[Bloque 155: #s2-5]
Artículo 117. Organización y funcionamiento de las entidades vecinales.
[Bloque 157: #a118]
Artículo 118. Personal de las entidades vecinales.
[Bloque 158: #a119]
Artículo 119. Suficiencia financiera de las entidades vecinales.
[Bloque 159: #a120]
Artículo 120. Presupuestos de las entidades vecinales.
[Bloque 160: #a121]
Artículo 121. Supresión de las entidades vecinales.
[Bloque 161: #s3-4]
[Bloque 162: #a122]
Artículo 122. Potestades y prerrogativas de las entidades locales autónomas.
[Bloque 163: #a123]
Artículo 123. Competencias propias de las entidades locales autónomas.
[Bloque 164: #a124]
Artículo 124. Participación de las entidades locales autónomas en asuntos municipales.
[Bloque 165: #a125]
Artículo 125. Órganos de gobierno de las entidades locales autónomas.
[Bloque 166: #a126]
Artículo 126. La titularidad de la presidencia de las entidades locales autónomas.
[Bloque 167: #a127]
Artículo 127. La junta vecinal de las entidades locales autónomas.
Artículo 128. Impugnación de actos y responsabilidad patrimonial de las entidades locales autónomas.
Artículo 129. Personal de las entidades locales autónomas.
Artículo 130. Recursos financieros de las entidades locales autónomas.
4. Las asignaciones serán aprobadas por el pleno del ayuntamiento, cuyo acuerdo podrá ser impugnado por la entidad local autónoma ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Artículo 131. Presupuesto de las entidades locales autónomas.
Artículo 132. Supresión de las entidades locales autónomas.
[Bloque 173: #daprimera]
Disposición adicional primera. Procedimientos de intervención y control que quedan sin efectos.
[Bloque 174: #dasegunda]
Disposición adicional segunda. Mantenimiento de las discontinuidades territoriales existentes.
[Bloque 175: #datercera]
Disposición adicional tercera. Relaciones de los municipios y provincias con las instituciones de la Junta de Andalucía.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria segunda. Régimen jurídico de las entidades locales autónomas creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
[Bloque 178: #ddunica]
2. Permanecen vigente los plazos y sentido del silencio en los procedimientos contemplados en los anexos I y II de la Ley 9/2001, de 12 de julio, que establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales de los ciudadanos, modificada por el Decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter administrativo.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
«Artículo 6. Desafectación de bienes comunales.
«Artículo 21. Procedimiento de adjudicación directa.
«Artículo 7 bis. Mutación demanial externa.
Disposición final segunda. Modificación del artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía.
«Artículo 13. Información de existencia de símbolos idénticos o que induzcan a error o confusión.
Previamente a la resolución del procedimiento, y con el fin de que el símbolo que se vaya a aprobar no sea idéntico o induzca a error o confusión con otros validamente inscritos, se podrá solicitar al Registro Andaluz de Entidades Locales información al respecto.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
«Artículo 77. Órganos competentes.
[Bloque 183: #dfquinta]
Disposición final quinta. Corrección de las discontinuidades territoriales existentes.
[Bloque 184: #dfsexta]
Disposición final sexta. Procedimientos de deslinde.
[Bloque 185: #dfseptima]
Disposición final séptima. Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.
[Bloque 186: #dfoctava]
Disposición final octava. Adaptación de mancomunidades y consorcios.
[Bloque 187: #dfnovena]
Disposición final novena. Adaptación de las entidades instrumentales locales.
[Bloque 188: #dfdecima]
Disposición final décima. Desarrollo y ejecución de la ley.
[Bloque 189: #dfundecima]

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
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 Artículo 37
 Artículo 38
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 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
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 Artículo 61
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 Artículo 63
 Artículo 64
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 Artículo 74
 Artículo 75
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 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
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 Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90
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 Artículo 93
 Artículo 94
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 Artículo 98
 Artículo 99
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 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 10

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 192

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

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Artículo 41

Artículo 42

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Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

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Artículo 80

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Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99
 Resolución 

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
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Artículo 119

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Artículo 132
 artículo 13
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