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Timestamp: 2018-05-27 15:49:44+00:00

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VOTO DE AGRADECIMIENTO AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Que gracias a la hospitalidad del pueblo y el Gobierno de la República Dominicana, ha sido posible la celebración del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 6 de junio de 2006;
Que las delegaciones tuvieron oportunidad de mantener un diálogo fructífero y productivo en torno a la gobernabilidad y el desarrollo en la sociedad del conocimiento, así como en temas de gran importancia para el Hemisferio; y
Que durante el transcurso de la Asamblea General, las delegaciones destacaron su profundo reconocimiento al Excelentísimo señor Carlos Morales Troncoso, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, por la acertada conducción de los debates, que llevó a la adopción de importantes declaraciones y resoluciones sobre temas de alta prioridad para la agenda hemisférica,
Expresar su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República Dominicana por su cálida y generosa hospitalidad y su contribución al éxito del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Expresar su reconocimiento y felicitación al Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Excelentísimo señor Carlos Morales Troncoso, por la destacada labor que cumplió como Presidente del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Expresar su reconocimiento y gratitud al Embajador Roberto Álvarez Gil, Representante Permanente de la República Dominicana ante la OEA, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y miembros de la Delegación de la República Dominicana, quienes con gran eficiencia, dedicación y profesionalismo contribuyeron al exitoso desarrollo del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 1948 y entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, el cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, el cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Estados miembros. Además, la Organización ha otorgado categoría de Observador Permanente a 59 Estados, así como a la Unión Europea.
ISBN 0-8270-5031-3
OEA/Ser.P/XXXVI-O.2 ACTAS Y DOCUMENTOS VOLUMEN I AG/DEC. 46 a 51 (XXXV-O/06) AG/RES. 2158 a 2258 (XXXV-O/06) AG
1Estados Unidos deja constancia de sus reservas a todas las referencias del proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, porque considera que el Grupo de Trabajo no debería iniciar el proceso de negociaciones sobre una nueva convención contra el racismo. Dado que ya existe un régimen de tratados mundial sólido en esta materia, notablemente la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la cual 170 países son Estados Partes, un mecanismo regional no es necesario y corre el riesgo de crear incongruencias con este régimen mundial. Estados Unidos considera que el Grupo de Trabajo debería centrarse más en acciones para hacer frente al flagelo del racismo y la discriminación. Dicho grupo de trabajo debería analizar las formas y fuentes del racismo y la discriminación en el Hemisferio e identificar medidas prácticas que los gobiernos del Hemisferio podrían adoptar para combatir el racismo y otras formas de discriminación, incluidas las prácticas óptimas en la forma de legislación nacional y una mejor implementación de los instrumentos internacionales existentes. Esto tendría por objetivo lograr una protección inmediata y verdadera contra la discriminación.
21. La Delegación de El Salvador presentó una declaración con respecto a esta resolución. El texto de esta declaración consta en las actas del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
3. Reserva de los Estados Unidos: Estados Unidos ha estado preocupado durante mucho tiempo por las persistentes violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos que ocurren en todo el mundo. Estados Unidos continuará siendo un firme defensor del principio de responsabilidad por crímenes de guerra, el genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero no puede respaldar la Corte Penal Internacional por considerar que tiene deficiencias. En consecuencia, Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y no tiene la intención de hacerlo. En vista de esta posición, Estados Unidos no puede unirse al consenso sobre una resolución de la OEA que promueva la Corte.
4. La “conversión de las Américas en una zona libre de minas terrestres antipersonal” es incompatible con la política actual de los Estados Unidos de América en materia de minas terrestres, la cual establece claramente que no seremos Parte de la Convención sobre la Prohibición, el Uso, el Almacenamiento, la Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa). Estados Unidos permanece comprometido con la acción humanitaria contra las minas y a cooperar para adoptar medidas prácticas a fin de poner fin al legado pernicioso de las minas terrestres. Estados Unidos continuará respaldando los esfuerzos de la OEA para eliminar la amenaza humanitaria de todas las minas terrestres persistentes y declarar a los países “libres del impacto de las minas”.
5. Estados Unidos no apoya el TPCEN y no tiene intención de hacerse parte del mismo. Continuará trabajando, según corresponda, con grupos de trabajo de la Comisión Preparatoria de la OTPCEN y con su Secretaría Técnica Provisional del Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) y actividades conexas. Estados Unidos continúa observando la moratoria de ensayos nucleares y no tiene planes de realizar ningún ensayo de explosiones nucleares.
6. La delegación de Colombia desea hacer la siguiente declaración en relación con el párrafo resolutivo 1 de la resolución “Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio”.
Colombia ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Adicional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y está plenamente comprometida con su aplicación.
Sin embargo, Colombia ha señalado que no ratificará los Protocolos contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Colombia no comparte la formulación del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, sobre su ámbito de aplicación. Colombia hubiera preferido que el protocolo se aplicase a todas las transferencias de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, para contribuir realmente a prevenir y combatir su tráfico ilícito, y para que las transferencias entre Estados, al igual que cualquier otra transferencia, quedasen sujetas a los mecanismos de control previstos en el protocolo.
Es preciso tener en cuenta la definición de “tráfico ilícito” contenida en el literal e) del artículo 3 del protocolo, según la cual para que una transferencia sea lícita se requiere la autorización de todos los Estados Parte involucrados en ella. Una cláusula de salvamento como la que figura en el artículo 4 contradice esta definición al implicar que un Estado puede transferir armas sin la autorización o consentimiento de alguno de los Estados concernidos. Esto no solo haría de esa transferencia un acto ilícito, sino que abre la posibilidad de que transfieran armas a actores no estatales.
Colombia, país que se ha visto gravemente afectado por el “tráfico ilícito” de armas, no puede aceptar que se excluyan de las medidas de control del protocolo ciertas transferencias de armas como las transferencias a actores no estatales, las cuales constituyen a nuestro juicio un grave delito, y las transferencias entre Estados y, por ello, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados tomó soberanamente la decisión de no ratificar este Protocolo.
Con respecto al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Colombia ha señalado que no lo ratificará porque considera que dicho instrumento contiene disposiciones que están diseñadas para legitimar la repatriación forzosa de migrantes que no necesariamente hayan sido objeto de tráfico ilícito. Este enfoque fue impulsado durante las negociaciones del Protocolo por los países receptores, ninguno de los cuales ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y sus familias de 1990.
Colombia considera que la cláusula contenida en el párrafo 4 del artículo 6, puede dar lugar a la criminalización del migrante, cuando el objeto del Protocolo es perseguir a los grupos delictivos, no a los migrantes.
Por lo anterior y de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Colombia tomó soberanamente la decisión de no ratificar este Protocolo.
*Venezuela reitera el contenido de sus reservas al ALCA formuladas en las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de las Américas (párrafo 15 de la Declaración de Quebec y párrafo 6-A del Plan de Acción; y párrafo 12 de la Declaración de Nuevo León), así como en la resolución AG/RES. 2014 (XXXIV-O/04) “Comercio e Integración en las Américas” y anteriores resoluciones con igual título.
71. La Asamblea General encomendó a la Comisión de Reuniones y Organizaciones, mediante la resolución AG/RES. 1531 (XXVII-O/97), que estudiara los costos de las reuniones y formulara políticas sobre distribución de costos que indicaran con claridad el monto que financiará la Organización en los casos en que un Estado Miembro u organización ofrezca ser sede de la reunión.
82. La Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 457 (IX-O/79), encomendó a la Secretaría General que basara sus cálculos de costos de las conferencias en el costo de celebrarlas en la sede.
93. “3. Establecer que el ofrecimiento oficial de sede para celebrar una reunión de la OEA deberá ser presentado formalmente por el país anfitrión y recibido por la Secretaría General antes de la suscripción de un acuerdo entre el país sede y la Secretaría General, de conformidad con el punto resolutivo 4 de esta resolución”.
“4. Encomendar a la Secretaría General que, cuando se preparen los acuerdos de reuniones de la OEA fuera de la sede: (a) se verifique debidamente la observancia de los requisitos establecidos en las resoluciones AG/RES. 457 (IX-O/79), AG/RES. 1531 (XXVII-O/97), AG/RES. 1757 (XXX-O/00), AG/RES. 1974 (XXXIII-O/03) y AG/RES. 2059 (XXXIV-O/04); (b) se especifiquen claramente que los compromisos financieros que serán asumidos por la Organización o por el país sede y/o, cuando corresponda, aquellos que serán sufragados con fondos específicos, (c) se asegure que los acuerdos sean firmados por las partes por lo menos con 60 días de antelación al inicio de las reuniones”.
104. “6. Establecer que todos los fondos para las reuniones depositados en la Secretaría General por el país sede y, cuando corresponda, por otros donantes, de conformidad con el acuerdo, sean administrados por la Secretaría General y sean depositados en ésta por lo menos 60 días antes del inicio de la reunión; y que, en caso de que los recursos no estén depositados en la Secretaría General dentro del plazo establecido en el acuerdo, la Secretaría General informe automáticamente al Consejo Permanente para que se celebre la reunión en la sede”.
111. Venezuela reitera el contenido de la reserva formulada al párrafo 15 de la Declaración de Quebec y al párrafo 6-A del Plan de Acción, en cuanto a la entrada en vigor del ALCA en el año 2005.
Venezuela reafirma el contenido de la reserva formulada al párrafo 12 de la Declaración de Nuevo León, cuyo contenido es el siguiente: “Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos establecidos. Ratificamos nuestro compromiso con la consolidación de un bloque regional y de comercio justo, como base para fortalecer los niveles de integración. Este proceso debe considerar las especificidades culturales, sociales y políticas de cada país; la soberanía y la constitucionalidad, el nivel y tamaño de sus economías para garantizar un trato justo”.
Venezuela reitera que las negociaciones para la constitución de cualquier organismo de integración regional debe tomar en cuenta la amplia agenda social de los pueblos de las Américas, con el objeto de contribuir a erradicar la pobreza, elevar los niveles de vida de los sectores excluidos de nuestras poblaciones, incrementar el empleo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, promover la inclusión social, fortalecer el diálogo social y la protección social, mejorar los niveles de salud y educación y proteger mejor el medio ambiente, así como respetar la diversidad cultural y valorar la diversidad cultural consagrada en la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 2001.
12. www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_foros.asp
131. La Delegación de los Estados Unidos no participó en el consenso sobre el punto resolutivo 6 de esta resolución. Los Ministros de Justicia y Procuradores Generales del Hemisferio, reunidos en la República Dominicana, han solicitado otra reunión, la Segunda Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias, para examinar los mismos asuntos contenidos en este párrafo en el que se solicita esa labor al Consejo Permanente. La Delegación de los Estados Unidos considera que esta solicitud al Consejo Permanente no es apropiada porque se duplicaría el mandato.
141. Estados Unidos entiende que esta será una declaración con fuerza moral y política y participa en la importante labor que realiza este Grupo de Trabajo sobre la base de este entendido. Canadá comparte este entendido.
15. La República Bolivariana de Venezuela considera de suma importancia la Declaración de la IV Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión Europea adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la reunión celebrada en Viena, en mayo de 2006, en la cual rechazaron con firmeza todas las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial contrarias al derecho internacional y a las normas generalmente aceptadas de libre comercio, y coincidieron en que este tipo de prácticas representan una amenaza grave para el multilateralismo. Por ello consideramos también que siendo un tema del Consejo Permanente, debe efectuarse una sesión para abordar dicha problemática.
16. Estados Unidos observa que esta resolución incluye parcialmente caracterizaciones inexactas de la Carta de la OEA y del derecho internacional, en su tercero, cuarto y quinto párrafos del preámbulo y en su primer párrafo dispositivo. Estados Unidos es parte de la Carta y acepta las declaraciones de la Carta sobre los temas de los mencionados párrafos. No obstante, Estados Unidos no puede asociarse al consenso sobre esta resolución en la medida en que estos párrafos caracterizan con inexactitud la Carta y el derecho internacional.
17. La República Bolivariana de Venezuela reitera el planteamiento formulado a pie de página en la resolución AG/RES.2121 (XXXV-O/05) en relación a que la CIDH incluya en el estudio que le fuera encomendado en el operativo 9 de dicha resolución, tomando en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a buscar, recibir y difundir información, cómo puede el Estado garantizar ese derecho a las poblaciones social y económicamente excluidas, en el marco de los principios de la transparencia de la información, cuando esta es difundida a través de los medios de comunicación, y con base al derecho de igualdad de las personas ante la ley.
1. México nota inconsistencia entre la resolución AG/RES. 2240 (XXXVI-O/06) “Combate a la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio” y la resolución AG/RES. 2256 (XXXVI-O/06) “Esfuerzos hemisféricos para combatir la trata de personas: Recomendaciones y conclusiones de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas” en lo referente al foro competente para abordar el fenómeno de la trata de personas en la OEA. México considera que la trata de personas debe ser abordada con un enfoque transversal e integral por lo que subraya que el foro apropiado para hacerlo es el Consejo Permanente en tanto la Organización no cuente con un foro idóneo.”
18. La Delegación de los Estados Unidos de América se opone a este párrafo.
19. La Delegación de los Estados Unidos de América se opone a este párrafo.
20. Incluida, pero no limitada a la implementación de los mandatos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer $100,0
21. Incluida la implementación del Plan Estratégico del IIN y del Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Menores por uno de sus Padres $100,0
22. Incluye $20,0 adicionales para traducciones.
23. Incluye $32,0 para gastos operacionales.
24. Incluye $60,0 para gastos operacionales.
25. El Consejo Permanente, en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2006, solicitó a la Secretaría General que el párrafo se interprete conforme a lo expresamente establecido en el artículo 80, literales (a) y (b), de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General; y, que es el entendido de las delegaciones que el 15% se calcula sobre el monto contribuido al FEMCIDI durante el año 2006, para ser ejecutado en el año 2007.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 80