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Timestamp: 2018-03-24 19:18:12+00:00

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Comentarios, noticias, fotos, videos, un poco de mi ser plasmado en forma digital!: TODOS A APOYAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL, 'REVOCACION DE MANDATO'
TODOS A APOYAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL, 'REVOCACION DE MANDATO'
El Complejo Petroquimico de Deer Park en Houston, fue desarrollado al 50/50 por PEMEX y SHELL, Carlos Salinas de Gortari, es el que autoriza esta asociación. Es la 6a Refineria mas grande de Estados Unidos, refina 340,000 barriles por dia de petroleo mexicano, se estableció en 1993 y entró en operación en 1994.Tuvo una inversión de 1,000 millones de dólares, da empleo a 1,000 personas, produces gasolinas, Jet Fuel, Kerosene, Diesel, Combustoleo y Asfalto y ademas el controvertido MTBE (componente cancerigeno segun la ciudad de Nueva York), segun esto es un componente para oxigenar las gasolinas y reducir las emisiones de monoxido de carbono, pero esto esta bajo sospecha de ser uno de los causantes de generar una pandemia de cancer en México. Todo ello es necesario saberlo para demostrar que se hace necesaria una Auditoria Integral y Ciudadana sobre Deer Park, es el hoyo negro de PEMEX International o PMI, adicionalmente ¿hay ganancias? suponemos que si, ¿en donde estan reflejadas?, ¿cuales son los precios de transferencia de Campeche a Houston?, ¿cuanto de los otros derivados petroliferos se vende en México y cuanto en EUA o el resto del mundo?. Hay muchas preguntas tecnicas y financieras de Deer Park y PMI.
Les estoy enviando el Acta de acusación penal de traición a la Patria contra Felipe Calderón preparada por eminentes juristas como Jaime Cárdenas, entre otros. El tiempo corre ya en contra nuestra, del País. La maquinación de entregar a la Patria, todo lo evidencia, la tienen programada para fines de septiembre, con la complicidad PRI-PAN y la suciedad que resta del PRD. La acusación de traición a la Patria aparece, a estas alturas, como la única forma de detenerlos antes de que cometan el atropello:después, tardaremos generaciones en echarlos para atrás. Por ello, este recurso tiene el propósito de enviar un mensaje a los legisladores que están listos a respaldar la entrega del petróleo de que pueden ser, también, acusados del mismo delito. Es igualmente importante dar a los cientos de miles de mexicanos en defensa del País un elemento más de conciencia y de lucha, incluso institucional, la ley misma, para que no cejen en su afán patriótico. Si lo conseguimos, y aún, si no lo hiciéramos, la acusación penal 'durante su encargo', como dice la Constitución, sentará un precedente histórico, político y psicológico en el devenir de nuestro País. Desde luego, la urgencia nos obliga a recabar miles, cientos de miles de firmas en todo el País antes de que echen a andar la aplanadora. Para ello les envío también una hoja-resumen que deberá reproducirse por miles y servirá para que los potenciales firmantes se enteren de manera contundente y precisa de lo que van a apoyar: una demanda penal ciudadana, NO obra de los partidos. Los ciudadanos deberán poner su nombre, firma autógrafa y número de su credencial de elector. El día 15 de septiembre, en El Grito de las 9 de la noche, habrá módulos para recoger esas firmas y recibir los paquetes de las ya recabadas. Estas horas son cruciales; demandan prontitud y determinación para operar esta iniciativa. Con un abrazo fraternal. Virgilio Caballero 04455 1732 8171
PRIMERO. Los hechos denunciados consisten en el ejercicio con fines ilícitos que presuntamente ha hecho FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, en su calidad de Presidente de la República, según la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, al promover ante el Congreso de la Unión seis iniciativas de ley cuya consecuencia directa consiste en beneficiar al capital privado extranjero en demérito de la independencia, soberanía e integridad de la Nación Mexicana. Calderón pretende que la representación de la voluntad general de la sociedad –el Congreso de la Unión- apruebe leyes que son totalmente contrarias al texto y espíritu de la Ley Fundamental de la República, con la finalidad de entregar a la iniciativa privada extranjera, bienes naturales de dominio directo, inalienables e imprescriptibles de la Nación, así como áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado a través del sector público, además de otorgar a naciones e intereses extranjeros la facultad de intervenir en lo que sólo corresponde atender y resolver a los mexicanos.
b) Se prevé un Comité de Remuneraciones que propondrá al Consejo de Administración de PEMEX las retribuciones de la alta burocracia de esa empresa estatal –artículo 24-, lo que se opone a los artículos 49, 73, 74, 75 y 126 constitucionales, pues los salarios de los funcionarios previstos en ley necesariamente deben determinarse en el presupuesto o en ley posterior. Es decir, el Comité de Remuneraciones viola el principio de división de poderes y las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados y del Congreso.
f) Faculta a PEMEX para contratar deuda externa –artículo 38 fracción II- sin tomar en cuenta al Congreso y a la propia Secretaría de Hacienda, lo que constituye una contradicción, entre otros, del artículo 73 fracción VIII de la Constitución que concede al Congreso la facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo –sólo él en los términos del artículo 80 de la Constitución- puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación.
g) Incorpora –en su artículo 41- bonos ciudadanos, según esto para que todos los ciudadanos recibamos los beneficios de la explotación del petróleo y los hidrocarburos, en donde se permite la participación de los intermediarios financieros (Afores, bancos y hasta casas de bolsa) y establece que la Secretaría de Hacienda los regulará. La existencia de estos bonos beneficiará sobre todo a los bancos, no a los mexicanos, y dará a la Secretaría de Hacienda enormes poderes que no le corresponden, en tanto que el artículo 73 fracción X de la Constitución confiere facultades exclusivas al poder legislativo para emitir leyes en materia de hidrocarburos y servicios financieros. Además, resulta al menos debatible jurídicamente, que los propietarios –los mexicanos- adquieran deuda de algo que es suyo.
h) Propone en su artículo 45 no llevar a cabo licitaciones públicas –invitaciones que hace el gobierno para que todos los proveedores que quieran puedan participar- para adquirir bienes, servicios u obras, lo que infringe el artículo 134 de la Constitución, que obliga a la realización de licitaciones públicas en las mejores condiciones para el gobierno como una regla general de las compras gubernamentales.
j) Prevé información escasa a los ciudadanos sobre el funcionamiento de PEMEX –artículos 47 y 48- sin cumplir con los mínimos del artículo sexto constitucional que establecen el principio de máxima publicidad. Es decir, las normas citadas contemplan satisfacer el derecho de acceso a la información de manera acotada, y siempre y cuando la información sea parte de los informes anuales o trimestrales que PEMEX entregará al Congreso, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los tenedores de los bonos ciudadanos.
k) Favorece que se aplique el derecho extranjero y que los tribunales extranjeros resuelvan conflictos en la materia –artículo 49-, lo que implica una limitación y violación a los principios de exclusividad del sector público sobre los recursos petroleros por ser parte del área estratégica del Estado, seguridad y soberanía nacionales y, por tanto, una violación a los artículos 25 y 28 constitucionales.
Contempla permisos a particulares en el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica –artículo 4-, lo que viola los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pues no puede haber concesiones, permisos[1] o contratos sobre las distintas fases de la explotación del petróleo.
El artículo 4 A indica que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizarán los actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados internacionales que los Estados Unidos Mexicanos celebren para la exploración y desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos. La Ley Reglamentaria, en olvido del derecho consuetudinario internacional, no se ocupa de los principios que deben orientar y regir esos tratados, tales como: la obligación de no causar daño y si éste se produce eliminarlo, mitigarlo o compensarlo; la obligación de cooperar sobre la base de la igualdad soberana, la integridad territorial, los beneficios mutuos y la buena fe; y, la obligación para el intercambio regular de datos e información. Tampoco la ley reglamentaria remite a los dos tratados bilaterales celebrados con Estados Unidos en la materia: el “Tratado de Límites Marinos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América” firmado el 4 de mayo de 1978 y, el “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México Más Allá de las 200 Millas Náuticas”, firmado el 9 de junio de 2000, el que fue aprobado por el Senado mexicano el 28 de noviembre de 2000. La Ley Reglamentaria no señala que la aplicación de estos tratados o de cualquier otro debe hacer siempre de Estado a Estado, no con empresas trasnacionales, y de acuerdo a la Constitución –artículos 25, 27, 28 y 133- y con atención a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia Económica del año 2005.
Este ordenamiento insiste en permisos a los particulares sobre los recursos energéticos en casi todo su texto –artículos 3 y 8 entre otros -, los que están prohibidos por el artículo 27 de la Constitución. Además, la ley citada refuerza el control del ejecutivo federal sobre la Comisión del Petróleo, pues sus cinco comisionados serán nombrados por el presidente de la República y, la naturaleza jurídica que se establece para la Comisión es la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Se busca que la Comisión del Petróleo tenga una función técnica fundamental para optimizar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como en el otorgamiento de permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos. Igualmente se quiere funcione como una suerte de registro de la propiedad pública, social y privada para efectos de las declaratorias de utilidad pública que se encaminen a la expropiación de esas propiedades con la idea de subordinar la propiedad de la nación a favor de las trasnacionales del petróleo y en franca violación del derecho de propiedad, de las garantías de legalidad y seguridad jurídica y de las competencias de las entidades federativas en materia de Registro Público de la Propiedad (artículo 8 del proyecto).
Todas esas iniciativas se oponen a la Constitución[2] porque limitan la soberanía del país, diluyen el concepto de área estratégica sobre el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica, previstos en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución. Su propósito es el de beneficiar a inversionistas nacionales y extranjeros poderosos en contra del interés del pueblo, que es el propietario del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica. Las iniciativas de Calderón someten los intereses de la nación a intereses extranjeros porque destruyen el concepto de industria petrolera nacional estratégica, exclusiva en su propiedad y control del sector público. Parte de la industria nacional se entrega en las iniciativas de Calderón al control y propiedad del capital extranjero. Así, los extranjeros vía contratos y permisos participarán, según en las iniciativas de Calderón, en la exploración, extracción, refinación, almacenamiento, distribución, transporte y, hasta ventas de primera mano del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica. Además, recibirán beneficios en proporción al éxito de los proyectos según la figura de los contratos incentivados o de desempeño prohibidos en el artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Por el peso económico que tendrían las empresas trasnacionales del petróleo determinarían el control absoluto de la industria petrolera: en dónde se debe explorar, cuántos recursos se deben extraer del subsuelo, cuánto refinar, transportar, almacenar, a cuánto vender los productos, etcétera.
Cierto es que hay casos en que la discordancia de una norma secundaria con la Ley Fundamental no es del todo clara, ya sea por cuestiones sintácticas o semánticas. Sin embargo, para estas situaciones, el propio sistema jurídico mexicano ha diseñado procedimientos para expulsar de su derecho positivo cualquier norma contraria a su Ley Fundamental, como son el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Empero, también hay casos en que la propuesta de ley es innegablemente incompatible o contradictoria con la Constitución. Cuando esto ocurre, al margen de que los legisladores tengan el deber de no aprobarla, es incuestionable que quien la promueve está cometiendo una conducta antijurídica por incumplir con la protesta de guardar la Constitución, al realizar actos aptos para invalidarla. Si además, esta propuesta tiene el deliberado objetivo o consecuencia de menoscabar los intereses o afectar la soberanía, independencia e integridad de la Nación en benéfico del interés privado extranjero es más que un ilícito o una propuesta afectada de nulidad absoluta: es un delito. ¿Acaso no el derecho penal es un el último recurso del Estado para proteger los bienes jurídicos de sus ciudadanos? ¿Acaso existe un bien jurídico que pertenezca a un solo individuo –sea el que sea- que tenga mayor valor que aquel que comprenda a los intereses elementales de toda una Nación? No es la respuesta evidente. De esta suerte, -paradójicamente- la facultad de promover leyes puede convertirse en un medio para cometer un ilícito.
[2] No sólo se oponen a la Constitución sino al capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde el Estado mexicano se reservó para sí mismo: la inversión y la prestación de servicios y el desarrollo de las cadenas de la industria petrolera nacionalizada. En este sentido, si el Congreso mexicano aprueba las reformas propuestas por Calderón, el Estado mexicano no podrá reasumir libremente la reserva que hizo para sí.
Publicadas por Supervisor a la/s domingo, septiembre 07, 2008
Etiquetas: 'REVOCACION DE MANDATO', amlo, supervisor

References: artículo 71
 artículo 73
 artículo 80
 artículo 41
 artículo 73
 artículo 45
 artículo 134
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 28
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