Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2017-0123_ES.html
Timestamp: 2020-07-05 08:46:37+00:00

Document:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón
Ciclo relativo al documento : B8-0123/2017
B8-0123/2017
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0120/2017
PE598.434v01-00
sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón (2017/2510(RSP))
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge en nombre del Grupo S&D
Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón (2017/2510(RSP))
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la democracia y el Estado de Derecho en varios países africanos, en particular en la República Democrática del Congo (RDC), en especial las de 10 de marzo de 2016(1), 23 de junio de 2016(2) y 1 de diciembre de 2016(3),
– Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 4 de enero de 2017, en la que acoge positivamente el acuerdo de paz global e integrador en la República Democrática del Congo,
– Vista la Declaración del Consejo de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2016 en la que se adoptan sanciones contra siete personas responsables de actos violentos en la República Democrática del Congo,
– Visto el informe final de 2016 de la misión de observación electoral de la Unión enviada a Gabón,
– Vista la declaración conjunta emitida el 24 de septiembre de 2016 por la vicepresidenta / alta representante (VP/AR), Federica Mogherini y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, a raíz del anuncio por parte del Tribunal Constitucional de Gabón de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales,
– Visto el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el 27 de julio de 2015, sobre la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la RDC,
– Vistas las declaraciones de la Delegación de la UE sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, en particular las de 23 de noviembre de 2016 y 24 de agosto de 2016,
– Vista la declaración conjunta realizada el 11 de septiembre de 2016 por la portavoz de la VP/AR, Federica Mogherini, y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica,
– Visto su debate en la sesión plenaria del 13 de septiembre de 2016 sobre la situación en Gabón,
– Vistas las declaraciones de la Unión Europea, de 25 de junio de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, y de 2 de agosto de 2016 y 24 de agosto de 2016 sobre el proceso electoral en la RDC, realizadas a escala local como consecuencia del inicio del diálogo nacional en la RDC;
– Vista la Constitución de Gabón,
– Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la RDC, de 23 de mayo de 2016 y 17 de octubre de 2016,
– Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,
A. Considerando que, mientras numerosos países africanos siguen debatiéndose con la corrupción, las crecientes desigualdades sociales y económicas y el debilitamiento de las instituciones estatales, los actos de violencia ponen de manifiesto una legislación problemática que se debe principalmente a los nombramientos partidistas y al dominio de un partido único, y que esto a menudo da lugar a muertes y graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
B. Considerando que las elecciones son de crucial importancia, y que la celebración pacífica, transparente, sin trabas y pronta de las mismas contribuiría en gran medida a consolidar los avances conseguidos por esta democracia en desarrollo;
C. Considerando que, en opinión de los organismos humanitarios, la inestabilidad política está sumiendo a estos dos países en el caos y provocando que su población, ya debilitada por las distintas crisis pasadas y actuales, caiga en la pobreza extrema y la inseguridad, por lo que, ahora más que nunca, millones de personas necesitan asistencia;
D. Considerando que las protestas que se produjeron en la crisis postelectoral en Gabón en agosto de 2016 y contra el Gobierno del presidente Kabila en la RDC cuando, el 19 de diciembre de 2016, expiró su mandato han generado un grave deterioro de la situación de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación, caracterizado por un incremento de la violencia entre la población civil y las detenciones selectivas por las autoridades de ambos países;
E. Considerando que las autoridades han clausurado al menos diez medios de comunicación y emisoras de radio durante los últimos dos años en la RDC;
F. Considerando que Joseph Kabila es presidente de la RDC desde 2011; que el segundo y, según la Constitución, último mandato de Kabila debía concluir el 19 de diciembre de 2016; que el presidente Kabila ha retrasado las elecciones y ha permanecido en el poder más allá del final de su mandato constitucional, el 19 de diciembre, y que ello ha provocado tensiones políticas sin precedentes, disturbios, violencia y numerosas muertes en todo el país; que en la RDC, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, 40 personas perdieron la vida, 107 resultaron heridas y al menos 460 fueron detenidas durante las diversas manifestaciones de finales de diciembre de 2016;
G. Considerando que, el 31 de diciembre de 2016, tras varias semanas de disputas y falsas salidas, los dirigentes de la oposición del Congo, con la mediación de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo y bajo los auspicios de la Unión Africana, firmaron un acuerdo político global e inclusivo con el partido del presidente Joseph Kabila en Kinshasa, que sigue al acuerdo político alcanzado el 18 de octubre de 2016, por el cual el presidente deberá retirarse tras las elecciones que han de celebrarse antes de que acabe 2017;
H. Considerando que, el 18 de enero de 2017, la coalición en el poder en el Congo puso en marcha un «centro electoral», con el objeto de ofrecer apoyo logístico y sensibilizar a los ciudadanos de cara a las elecciones previstas para finales de 2017;
I. Considerando que, el 31 de agosto de 2016, Ali Bongo, presidente saliente de Gabón, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales tras la publicación por el Ministerio del Interior de los resultados provisionales basados en los datos proporcionados por la Comisión Electoral Nacional (CENAP);
J. Considerando que Jean Ping y sus seguidores cuestionaron y condenaron inmediatamente este resultado; que se interpuso ante el Tribunal Constitucional de Gabón un recurso en el que se alegaban irregularidades en relación con las elecciones y se pedía un recuento de votos;
K. Considerando que los observadores internacionales y, en particular la misión de observación electoral de la Unión Europea, detectaron anomalías en la compilación de los resultados, en especial en la provincia de Alto Ogoué; que la oposición también ha solicitado un recuento de votos en dicha provincia, donde el presidente Bongo supuestamente obtuvo el 95 % de los votos, con una participación del 99 %; que, además, miembros de la CENAP han cuestionado el escrutinio de los votos de la provincia de Alto Ogoué;
L. Considerando que otras anomalías denunciadas incluyen la negativa a proceder al recuento de los votos y comparar las actas redactadas por los dos bandos; que tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de los Estados del África Central solicitaron la publicación de los resultados de cada una de las mesas electorales; que las autoridades de Gabón no han aceptado esta solicitud; que, por el contrario, las papeletas electorales se quemaron, lo que dificulta la comprobación de los resultados de las elecciones;
M. Considerando que, el 24 de septiembre de 2016, el Tribunal Constitucional anunció el resultado oficial definitivo de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria de Ali Bongo; que, no obstante, el examen del recurso no ha disipado todas las dudas en torno a los resultados de las elecciones presidenciales;
N. Considerando que, desde el día posterior a las elecciones, se bloqueó el acceso a Internet durante un mes; que, el 31 de agosto de 2016, tras el anuncio de los resultados provisionales, estallaron manifestaciones callejeras en todo el país; que, durante la noche del 31 de agosto de 2016, miembros de las fuerzas de seguridad asaltaron la sede central de la campaña de Jean Ping, y que se desató una gran violencia que produjo varias muertes y dejó centenares de detenidos;
O. Considerando que, debido a la negativa a realizar un recuento de los votos y a comparar las actas oficiales elaboradas por ambos bandos, aún no se han disipado las graves dudas que pesan sobre el resultado de las elecciones presidenciales;
P. Considerando que numerosos informes, tanto anteriores como posteriores a las elecciones de 2016, han vinculado al régimen de Bongo con violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y la muerte o secuestro de personas o periodistas que habían manifestado su oposición al régimen o a la reelección de Bongo, siendo el último ejemplo de ello la detención de periodistas de Echos du Nord el 3 de noviembre de 2016;
Q. Considerando que, en respuesta a una petición de las autoridades gabonesas en la que se citaban «pruebas de incitación al genocidio y a crímenes contra la humanidad» por parte de los partidarios de la oposición, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado la apertura de una investigación preliminar de la situación postelectoral en Gabón;
R. Considerando que la misión de observación electoral de la Unión Europea, que se ha mostrado muy crítica con el proceso electoral, ha sido objeto de repetidos actos de intimidación y una amplia campaña en las redes sociales para poner en entredicho su credibilidad; que la campaña ha sido alimentada por declaraciones de representantes de las autoridades de Gabón, como queda reflejado en los artículos —publicados, en particular, en el Journal du Dimanche— que dan a entender que los servicios secretos gaboneses espiaron a miembros de dicha misión de observación, y en la apertura de una investigación encaminada a desacreditar a la misión y sus conclusiones;
1. Lamenta la pérdida de vidas en las manifestaciones de los últimos meses en la RDC y Gabón y muestra su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas;
2. Condena con firmeza las constantes amenazas, ataques, actos de fuerza y severas restricciones e intimidaciones que sufren los manifestantes pacíficos, la oposición, los defensores de los derechos humanos y los periodistas en Gabón y la República Democrática del Congo; pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos;
3. Recuerda que, en virtud del Acuerdo de Cotonú, la RDC y Gabón se han comprometido a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que comprenden la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el buen gobierno y la transparencia de los cargos políticos;
4. Pide a la Delegación de la Unión que siga de cerca los acontecimientos, tanto en Gabón como en la RDC, y que emplee todos los instrumentos oportunos para apoyar a los defensores de los derechos humanos y los movimientos en favor de la democracia, y que entable un diálogo político reforzado con las autoridades, según lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;
5. Pide a los Gobiernos de Gabón y de la RDC que lleven a cabo una revisión exhaustiva y rápida de los procedimientos electorales y que apliquen sin demora las reformas necesarias para mejorarlos y devolver a los ciudadanos la confianza en sus gobernantes;
6. Elogia los incansables esfuerzos realizados por los mediadores de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) para facilitar el acuerdo de alcanzar una solución de compromiso consistente en un período de transición que podría llevar a la celebración de las muy demoradas elecciones presidenciales antes de que acabe 2017 sin tener que modificar la Constitución; pide a autoridades y oposición que se abstengan de todo acto o declaración que pueda provocar más disturbios;
7. Lamenta que en la RDC el Gobierno y la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) no hayan organizado las elecciones presidenciales dentro del plazo constitucional; reitera su llamamiento en favor de la pronta y satisfactoria celebración de elecciones que respeten plenamente la Constitución congoleña y la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, e insiste en la responsabilidad del Gobierno congoleño de garantizar un entorno propicio para celebrar, lo antes posible, elecciones transparentes, creíbles e inclusivas;
8. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos y la creciente limitación del espacio político en la RDC, y en particular por la instrumentalización del sistema judicial y por la violencia y la intimidación de que son objeto los defensores de los derechos humanos, los opositores políticos y los periodistas; pide la puesta en libertad inmediata de todos los presos políticos; solicita a las autoridades que revoquen de inmediato todas las restricciones a los medios de comunicación;
9. Celebra la adopción de sanciones específicas de la Unión contra los responsables de la violenta represión y de la obstrucción del proceso democrático en la RDC, entre las que figuran la prohibición de viajar y la congelación de activos; pide al Consejo que considere la posibilidad de ampliar estas medidas restrictivas en caso de nuevos actos violentos;
10. Reitera su disposición a colaborar con los socios internacionales para garantizar la puesta en marcha de un plan claro y exhaustivo para financiar las elecciones congoleñas y a divulgar este plan ampliamente, siempre que exista un calendario creíble y una clara voluntad política de seguir adelante con las elecciones, de modo que la falta de recursos no sea un obstáculo para la celebración de elecciones según lo establecido en la Constitución;
11. Considera que los resultados de las elecciones presidenciales no son transparentes y despiertan grandes dudas, lo cual pone en tela de juicio la legitimidad del presidente Bogo;
12. Pide, por consiguiente, que la cuestión del recuento de los votos no solo se someta al Tribunal Constitucional, sino también a la Unión Africana y las Naciones Unidas; pide que se ponga en marcha la misión poselectoral de la Unión Africana, programada originalmente para septiembre de 2016;
13. Pide a los Estados miembros de la Unión que entablen un diálogo político intensificado con el Gobierno gabonés al objeto de obtener compromisos de fortalecimiento de la democracia, el buen gobierno y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, que son valores consagrados en el Acuerdo de Cotonú y en el Acta Constitutiva de la Unión Africana;
14. Insta al Consejo Europeo a que inicie un proceso de consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú en cuanto se perciba una falta de progreso en el diálogo político intensificado; insta a la Unión a que, de resultar imposible un acuerdo en el marco del proceso de consultas, adopte las medidas oportunas, como restricciones de viaje y congelación de fondos, contra las instituciones y personas responsables de la manipulación de los resultados de las elecciones y las violaciones de los derechos humanos tras las elecciones;
15. Lamenta que el procedimiento de recurso que llevó a la declaración de Ali Bongo como vencedor de las elecciones se llevara a cabo de forma opaca, con lo que ha sido imposible despejar todas las dudas sobre el resultado final, y que el Tribunal Constitucional no tomara debidamente en consideración las irregularidades detectadas en varias provincias;
16. Sigue profundamente preocupado por la eficacia de la CENI, de la que depende en gran medida la legitimidad del proceso electoral; recuerda que debe ser una institución imparcial e inclusiva, dotada de recursos suficientes para permitir un proceso integrador y transparente;
17. Condena con la máxima firmeza la intimidación y las amenazas sufridas por los miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea, y los ataques que ponen en entredicho su neutralidad y transparencia, e insta a las autoridades de Gabón a que respeten plenamente las recomendaciones del informe final de dicha misión;
18. Lamenta que, en contra de lo establecido en el memorando de entendimiento firmado por la Unión Europea y el Gobierno de Gabón, solo se permitiera un acceso limitado de la misión de observación electoral de la Unión Europea al escrutinio centralizado en las comisiones electorales locales y en la sede central de la CENAP en Libreville y, posteriormente, al procedimiento de recurso de constitucionalidad;
19. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los presidentes, primeros ministros y Parlamentos de la República Democrática del Congo y de Gabón, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0085.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0290.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0479.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 

Resolución 
 artículo 8
 artículo 96
 Resolución