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« Respuesta #3340 en: 20 de Noviembre de 2019, 17:41:19 pm »
Sí la administración trama mal, en general, a sus funcionarios, el Ejército trata aún peor a sus soldados profesionales, que ni siquiera son funcionarios . . .
« Respuesta #3341 en: 24 de Noviembre de 2019, 11:14:23 am »
Cuánto gana un militar en España: el sueldo base y los complementos dependen del rango
23 Nov 2019 08:45h.
mayores exportadores armas Arabia
Koldo Hormaza/ Wikimedia Commons
La retribución de los soldados españoles es pública y puede consultarse tanto en el BOE como en el Ministerio de Defensa.
Dependiendo del rango que ocupen en las Fuerzas Armadas, los militares reciben complementos que se suman a su salario base.
A continuación, se detalla el sueldo de un militar en España: la base mínima estipulada y la retribución que corresponde a cada escalafón.
Si quieres obtener un puesto en las Fuerzas Armadas, te interesa conocer cuál es el sueldo de un militar en España, además de los diferentes rangos y escalas que existen en el Ejército y la retribución que llevan aparejada.
En la página web del Ministerio de Defensa se aclara el sueldo base de un militar español, así como el salario de un soldado en formación.
La retribución de un soldado o marinero es de 1.016,62 euros/brutos mensuales. Se trata de un sueldo base al que se suman complementos según el rango que se ocupe en el Ejército.
Por otro lado, el sueldo de un militar en formación (alguien que aún no ha adquirido la condición de soldado o marinero) es de 359,55 euros/brutos mensuales.
Hay que tener en cuenta que el salario que perciben aquellos que trabajan en un escalafón superior es más elevado.
Leer más: Este es el sueldo de un notario en España en 2019: lo que ganarás si superas las oposiciones y obtienes la plaza.
En el BOE aparecen publicadas las retribuciones completas según el rango que ocupa un soldado en el Ejército. Además, se estipulan complementos dependiendo de distintos factores: por ejemplo, si se llevan a cabo servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo.
A continuación, se detalla la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y los complementos que se abonan para cada rango.
El salario de un soldado en España
La jerarquía en el Ejército sigue la misma lógica que la de los funcionarios civiles, aunque conservando las denominaciones del ámbito militar. La escala es la aiguiente:
Funcionario A1: de General del Ejército, Almirante General o General del Aire hasta Teniente o Alférez de navío.
Funcionario A2: de Alférez o Alférez de fragata hasta Sargento.
Funcionario C1: de Cabo Mayor a Soldado o Marinero.
Funcionario C2: de Cabo primero a Soldado o Marinero.
El portal especializado en formación y empleo Campus Training señala que la retribución para el grupo A1 es de 1.148,34 euros. Para el grupo A2 son 992,94 euros; para el C1, 745,53 euros; y para el C2, 620,48 euros.
A estas cantidades hay que sumarles otras retribuciones como los complementos y trienios. Son los siguientes:
Complemento de empleo: en función del puesto específico que se ocupa en el Ejército. Oscila entre los 273,91 euros de un soldado o marinero a los 1.473,92 euros de un general.
Complemento específico: depende de las características de cada puesto de trabajo. Un soldado o marinero recibe 116,88 euros y, un general, 1.283 euros.
Antigüedad: según los años de servicio. Se acumula en forma de trienios.
Otros conceptos: aquí entran las misiones en el extranjero y los servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo.
Si quieres conocer esta profesión de una forma más detallada, puedes leer los documentos que publica el Ministerio de Defensa en su página web. En ellos se explica cómo ingresar en las Fuerzas Armadas y las peculiaridades de trabajar en el Ejército, así como los tipos de labores que desempeñan los soldados en España.
« Respuesta #3342 en: 27 de Noviembre de 2019, 06:40:07 am »
Expulsado del Ejército un cabo por emitir expresiones contra la Constitución y la monarquía
Publicó en redes sociales imágenes y opiniones contra el rey, a favor de los agresores de los guardias civiles de Alsasua, el logo de los CDR...
26/11/19access_time 10:11
“Acuerdo la imposición al encartado en el expediente disciplinario por falta muy grave [...] con la imposición al encartado, Cabo Don Marco Antonio Santos Soto, de la sanción de resolución de compromiso”: así se indica en la resolución del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército Francisco Javier Varela Salas, que impone una sanción a un cabo de las Fuerzas Armadas expedientado.
El cabo en cuestión ha sido considera autor responsable de una falta muy grave de “realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones y órganos constitucionalmente reconocidos, cuando sea grave o reiterado”, en concurso ideal con la falta muy grave de “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical o las limitaciones en el ejercicio de las libertades de expresión”.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital. La firma del JEME lleva fecha del 13 de noviembre, y la resolución sancionadora le fue notificada al militar afectado el 18 de noviembre.
Noticias injuriosas contra la Constitución
Los hechos probados se refieren a una serie de publicaciones que este cabo realizó en sus perfiles públicos de redes sociales, así como artículos de opinión que ha publicado sobre supuesta “corrupción” en las Fuerzas Armadas.
El instructor del expediente reflejó que Marco Antonio Santos Soto había publicado en su perfil de Facebook “post, imágenes, noticias y enlaces a otros contenidos, accesibles al público en general, en los que se vierten comentarios irrespetuosos hacia la Corona, en contra de determinadas formaciones políticas de la escena española, de sus idearios, programas y representantes, se cuestionan algunas intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se exhiben logos y símbolos contrarios al ordenamiento constitucional”.
Se considera que publicó “determinadas noticias claramente injuriosas e infamantes, y contrarias a la Constitución y a instituciones y órganos con relevancia constitucional”.
Por ejemplo, publicó una información sobre la prisión preventiva de los responsables de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), y difundió un “cartel de no bienvenida a los Reyes de España y sus hijas, en Asturias, por ser la ‘Monarquía parasitaria’”.
En otra publicación calificaba la bandera nacional como bandera facha; difundió, dos días antes del 1-O, una viñeta de una mano con símbolos independentistas catalanes y con el dedo corazón extendido y una corona real; “múltiples fotografías de políticos y de S.M. el Rey a los que se insulta o se les ponen en su boca manifestaciones injuriosas”; exhibió el logo de los CDR (Comités de Defensa de la República en Cataluña).
Por último, firmó un artículo-denuncia en la web de la Federación Republicanos en la que hablaba de “corrupción generalizada en el Ejército, alcoholismo de mandos, la percepción del complemento de productividad por personal militar de oficinas dado de baja o los abusos que pueden realizar los altos mandos del Ejército a la vista de todo lo anterior y que concluye con la frase ‘Salud y república popular’”.
Firmó un manifiesto contra Franco
El cabo Marco Antonio Soto fue uno de los firmantes de un manifiesto de respuesta contra otro que reivindicaba la figura de Franco, y además se ha presentado en ocasiones como “miembro del colectivo de militares demócratas Anemoi”, de tendencia republicana.
El militar expedientado se defendió en todo momento asegurando que la publicación de noticias en una red social constituye el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, y que la emisión de opiniones está constitucionalmente protegido por los derechos de libertad de expresión y opinión.
En su escrito de descargo, el cabo también argumentaba que había sido “ilícita, por inconstitucional, la actuación de la inteligencia militar de vigilancia de las redes sociales [...], sin previa denuncia”. Y terminaba negando que hubiera infringido su deber de neutralidad política, “porque la Constitución no prohíbe a los militares tener opiniones políticas”.
Todos estos argumentos de descargo son negados por el instructor de este expediente en el Ejército de Tierra. Desde el inicio señalan que “resulta evidente que los hechos relatados resultan ciertamente constitutivos de las faltas muy graves de la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones y órganos constitucionalmente reconocidos, cuando sea grave o reiterado”, en concurso ideal con la falta muy grave de “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical o las limitaciones en el ejercicio de las libertades de expresión”.
Ambas faltas están tipificadas en los apartados 1 y 13 de la Ley Orgánica, 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y el instructor del expediente considera que en estos casos se cumplen “todos y cada uno de cuantos requisitos resultan precisos para la integración de los tipos disciplinarios descritos”.
Señala que todas y cada una de las publicaciones señaladas “pueden tenerse por graves”, y que además se “colma con creces el concepto de reiteración” ya que la conducta se realizó en tres o más ocasiones en el período de dos años.
Contradice la jura de bandera
En el expediente se aborda la compleja ponderación de la libertad de expresión en el caso de los militares. El Ejército señala que “nada obsta para que el interesado tenga, en su ámbito más personal, las opiniones e inclinaciones sociales, políticas, económicas o de cualquier otra índole y extensivas a las instituciones constitucionales que tenga por pertinentes”.
El problema, “lo que es reprochable es la exteriorización de esa opinión en unión a la condición de militar”.
De hecho, se destaca que resultaría “harto contradictorio que el artículo 8 de la Constitución imponga a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar el ordenamiento constitucional”, y al mismo tiempo “se permita o tolere que sus integrantes [...] emitan públicamente y con ostentación de su condición militar frases, comentarios, fotografías u opiniones frontalmente contrarias a las instituciones que se establecen en ese ordenamiento constitucional que debe salvaguardar como misión principal”.
Más concretamente, el expediente señala que la publicación en su perfil de Facebook de carteles contrarios a la Monarquía o a los miembros de la Familia Real (de los que resalta su “zafiedad”), así como de signos en favor de tendencias separatistas de parte del territorio nacional “choca frontalmente con aquellas misiones constitucionales asignadas a las Fuerzas Armadas”.
Es más, lo relaciona con el juramento o promesa ante la bandera que tuvo que realizar el cabo ahora expulsado de las Fuerzas Armadas, como todos los militares; juramento en el que se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey...”.
También se considera probado que ha infringido reiteradamente su deber de neutralidad política, que para los militares “supone no participar en ninguna de las opiniones en conflicto en el ámbito político, bien sea para alabarlas o para criticarlas”.
Por contra, el cabo habría hecho manifestaciones contrarias al deber de neutralidad política, con carácter reiterado y de nuevo a través de un perfil público en una red social en abierto.
Se destaca especialmente como ejemplificativa la frase “Salud y república popular” con la que concluyó su artículo en la web de la Federación Republicanos, ya que “claramente evidencia y difunde una inclinación política”.
El Ejército señala que “la exigencia del debido respeto a los órganos constitucionales y a las autoridades civiles y militares resulta un límite legítimo a la libertad de expresión de los militares”.
Denuncia corrupción “sin aportar datos”
Sobre la denuncia, en un artículo, de la corrupción generalizada en las Fuerzas Armadas, se considera como “un grave y frontal ataque a la institución a la que pertenece y que está dotada de una especial significancia constitucional”.
Además, el instructor de Tierra subraya que el cabo “proyecta ante la opinión pública la imagen de una institución en la que la arbitrariedad, el abuso de autoridad y la corrupción constituirían prácticas cotidianas”, y lo hace “sin aportar dato fáctico alguno que permita una mínima corroboración empírica”.
La Sección de Inteligencia y Seguridad
Una alegación que descarta el instructor es que haya habido una actuación ilícita de la inteligencia militar “por el mero hecho de haber formulado el parte disciplinario que ha dado lugar a este expediente”.
En primer lugar, lo rechaza porque las publicaciones objeto del expediente disciplinario fueron obtenidas de fuentes abiertas, públicas y notorias, por lo que se obtuvieron “sin infracción de derecho fundamental alguno”.
En segundo lugar, porque -según indica el instructor- “la Sección de Inteligencia y Seguridad, dependiente de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército es el organismo al que se le encomienda la misión de seguridad interna de velar por que de parte del personal que integra dicha institución militar no se lleven a cabo conductas y actuaciones contrarias a las leyes por la vulnerabilidad que representa para la misma”.
De ahí que “el Ejército articula los medios precisos para tener conocimiento, conforme a la ley, de que su personal adecua en todo momento su comportamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
Así ha sido, aseguran, también por parte de la Sección de Inteligencia y Seguridad “cuando se ha constatado la existencia, por parte de personal militar, de actuaciones, opiniones y manifestaciones de contenido político diferente” al expresado por el cabo Marco Antonio Santos.
Especialmente grave el ataque al rey
Por último, se argumenta que la sanción de resolución de compromiso -al ser militar profesional de Tropa- es proporcional, por la naturaleza y gravedad objetiva de las conductas sancionadas.
En este sentido, se destaca que ha conculcado gravemente su deber de “respeto y consideración debidos a quien al frente de la Corona encarna la máxima institución del Estado, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, el rey.
Cabe señalar que el comandante jefe interino de la unidad a la que pertenece este militar -la Agrupación Hospital de Campaña, en Madrid, que está en extinción- declara que la permanencia del cabo “podría afectar a los compañeros presentes o futuros [...] por haber manifestado públicamente sus afinidades políticas, y haber emitido expresiones contrarias a la Institución Militar y a la Corona, máxime cuando el Rey ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas”.
Por otro lado, el informe pone de relieve que la conducta del expedientado “ha afectado al interés del servicio que prestan las Fuerzas Armadas pues trata de trasladar la participación política de un militar en activo, dando una imagen de falta de cohesión interna ante la que hay que dar una respuesta enérgica para mantener los principios de disciplina y unidad”.
Como se da la circunstancia que el cabo cumplirá en marzo de 2020 los 45 años, fecha máxima de permanencia en las Fuerzas Armadas como militar profesional de Tropa sin vinculación permanente. De ahí que se considere que la única sanción útil es la resolución de su compromiso, ya que otras como la suspensión de empleo no tendría apenas efecto.
Confidencial Digital ha podido saber que el cabo Marco Antonio Santos Soto, tiene decidido recurrir esta sanción que supondrá su expulsión del Ejército. La propia resolución del JEME señala que no se pone fin a la vía administrativa, y que tiene el plazo de un mes para interponer recurso de alzada ante la ministra de Defensa.
« Respuesta #3343 en: 27 de Noviembre de 2019, 15:57:02 pm »
Dos titulares...ante una misma noticia.
26 DE NOVIEMBRE DE 2019 (12:34 H.)
El JEME decreta su expulsión mediante escrito confidencial.
El cabo Marco Antonio Santos Soto ha sido expulsado del Ejército por sus críticas a Francisco Franco.
La decisión, notificada por vía interna (confidencial) por parte del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) Francisco Javier Varela Salas, llega tras la apertura de un expediente por las opiniones vertidas por este cabo en redes sociales.
En un comunicado, el Colectivo de Militares Demócratas por la República ANEMOI, denuncia que ha sido expulsado “injustamente” y que dicha decisión (que califican de “agresión jurídico-militar”) “violenta derechos fundamentales”.
“Ante la expulsión del Cabo del Ejército Marco Antonio Santos Soto expresamos nuestro más absoluto rechazo e indignación por este atropello a los derechos pretendidamente protegidos por la Constitución”, señalan en el escrito.
El colectivo considera que desde el inicio de las actuaciones contra el cabo han sido vulnerados su derecho a la libertad de expresión, al trabajo, al respeto a su privacidad, a la libertad ideológica y a tener un juicio justo, “dada la gravedad del perjuicio producido al afectado”.
El proceso contra Marco Antonio Santos (en la imagen) se originó después de que un grupo de generales y almirantes, secundado por cientos de oficiales, la mayoría en la reserva o retirados, publicara un manifiesto amenazante contra la decisión de exhumación del dictador, decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Dos de ellos fueron además fichados por el partido ultraderechista Vox como candidatos a las elecciones generales del 28 de abril pasado.
Poco después, el Capitán de Navío de la Armada Arturo Maira Rodríguez, encabeza un escrito de rechazo al citado manifiesto, que firman, entre otros, Marco Antonio Santos.
Ello deviene en la apertura de un expediente disciplinario por falta grave en el que se le acusa de haber firmado el escrito de rechazo al manifiesto militar-franquista y de haber dicho “salud y república”. “A continuación ordena a la Guardia Civil que efectúe una investigación sobre la ideología de nuestro compañero, espiando sus opiniones particulares en las redes sociales”, denuncia ANEMOI.
El propio Arturo Maira escribió un artículo publicado en Nuevatribuna en defensa del cabo, peguntándose, entre otras cuestiones, “¿en virtud de qué puede ser castigado el cabo Santos? ¿Su valentía, su ciudadanía, su defensa de la Constitución, su atrevimiento como miembro de la Escala de Tropa y Marinería al juzgar a ex altos mandos de la Escala de Oficiales, desleales con lo que han jurado defender desde 1978?”.
Tras ser investigado en sus redes sociales, Marco Antonio Santos vuelve a ser expedientado disciplinariamente por “falta muy grave”. Tras el informe del capitán jurídico instructor, el JEME “decreta” su expulsión del Ejercito.
Estos hechos demuestran, a juicio de ANEMOI, que “la cúpula militar española viene actuando desde el inicio de la llamada “modélica Transición” con un doble rasero, según la ideología de las opiniones expresadas por sus subordinados, en abierta contradicción con la pretendida neutralidad política del Ejército español, muy diferente a la actitud democrática de los Ejércitos en los países europeos de nuestro entorno, que no se erigen en garantes de ninguna Constitución y están disciplinadamente a las ordenes de sus gobiernos legítimos”.
En una reciente entrevista en este mismo periódico, Arturo Maira denunciaba a las claras que "el franquismo sigue siendo la ideología dominante en el Ejército".
El colectivo de militares demócratas recuerda que países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, “supieron oponerse con las armas a las agresiones fascistas a los pueblos europeos, ya fuese formando parte de sus Fuerzas Armadas, ya fuese desde la resistencia, o alistándose en las Brigadas Internacionales en defensa del pueblo español, al contrario del genocidio perpetrado por el Ejército de Franco.
El cabo Marco Antonio Santos es presidente del Colectivo Republicano de Redondela (Pontevedra) , federado en Unidad Cívica por la República (UCR).
« Respuesta #3344 en: 30 de Noviembre de 2019, 06:19:03 am »
ENTREVISTA A MARCO ANTONIO SANTOS
Marco Antonio Santos pedirá a la ministra de Defensa que revoque su expulsión del Ejército.
Tras 22 años de servicio en el Ejército de Tierra, el cabo Marco Antonio Santos ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Esta semana recibió la noticia a través de su abogado con notificación firmada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) Francisco Javier Varela Salas. Acaba así el vía crucis en el que durante meses ha sido expedientado, sancionado e investigado por atreverse a firmar estando en activo un manifiesto antifranquista: “Ahí empezó el calvario”, nos cuenta.
santos 1Marco Antonio Santos, natural de Pontevedra, entró en el Ejército en 1999, con 22 años. Estuvo en Transmisiones y después en Sanidad. Entre los años 2000 y 2001 estuvo dos veces en Kosovo, la primera 4 meses y 6 meses la segunda como efectivo de la Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo (KFOR), liderada por la OTAN, una experiencia que nunca olvidará. -Has hecho un buen servicio a España: “A España no, a los españoles”, precisa.
Enrique Santiago y Juan Moreno son los abogados que llevan su causa y fueron los que le notificaron la orden de expulsión. Marco se lo esperaba, pero no tan pronto: “Pensaba que iba a durar un poquito más, que me dejarían las Navidades tranquilo y estas cosas como buenos católicos que son. Pero no, parece ser que no”, ironiza. El siguiente paso será presentar una alegación a la ministra de Defensa, la socialista -ahora en funciones- Margarita Robles: “La última palabra la tiene la ministra, que es a la que vamos a alegar, ella es la que tiene que decidir si esa orden de expulsión se revoca o no se revoca”.
El calvario al que alude Marco comenzó cuando firmó el manifiesto ‘en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas’. La iniciativa partió de un grupo de militares y viudas de militares demócratas atónitos ante el escrito firmado por otros ‘colegas’ en 2018 reivindicando la figura de Franco a raíz de la decisión del Congreso de aprobar la exhumación del dictador. El escrito sigue sumando adhesiones por decenas. Adhesiones de altos mandos, cuatro de ellos fichados en las candidaturas de Vox al Congreso. Nada que objetar: “Cada uno puede meterse en el partido que quiera”. Ahora bien, “se han quitado la careta”.
“En esencia, la cúpula del Ejército es opresora, heredera del franquismo"
Santos considera que la firma del manifiesto en defensa del dictador es “un acto de cobardía, ¿por qué no lo dijeron antes cuando no estaban en la reserva?”, se pregunta. Sobre que el franquismo existe en la cúpula militar no tiene ninguna duda: “Lo de ¡arriba España! Lo he escuchado muchos años”, como también conocer que en algunos cuarteles todavía se recuerda a Franco cada 20 de noviembre a modo de efeméride “en una orden del día que se lee directamente a los subordinados. Esto se viene viendo muchas veces. El Ministerio de Defensa pide perdón o el cuartel pide perdón, que fue un error… pero esos errores se cometen todos los años”.
“En esencia, la cúpula del Ejército es opresora, heredera del franquismo -insiste-. Ellos tienen sus chiringuitos y no quieren moverse de ahí y nadie en política es capaz de decirles, -oiga señores, que aquí los que mandamos somos nosotros no ustedes”, dice y pone como ejemplo cuando un coronel del Ejército amenazó con la intervención militar en Cataluña,“y no pasó nada, ni media. ¡Eso es hablar de un golpe de Estado y estaba en activo!”, exclama.
Mientras él ha sido expulsado, se habló de que a los militares pro-franquistas en la reserva se les iba a abrir un expediente “pero está bajo secreto de sumario y seguirá en secreto”, lamenta. Santos fue inicialmente sancionado por firmar el manifiesto antifranquista y también por conceder una entrevista al eldiario.es. “A mi me expulsan por estar a favor de la decisión del Congreso de los Diputados”, afirma en alusión a la aprobación para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos que fue ratificada por los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
A partir de ahí empezaron a investigar sus redes sociales donde, entre otras cosas, encontraron el apoyo a una recogida de firmas solicitando a la ministra de Defensa la readmisión del exteniente Luis Gonzalo Segura. En total, 123.000 firmas. Santos se ha prodigado mucho en las redes, principalmente en Facebook pero en su perfil nunca se ha significado como militar y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera es el autor sino que comparte ciertos comentarios. La Guardia Civil le abrió un expediente de 80 folios con capturas de esos comentarios, él se defiende: “en Facebook nunca digo que sea militar, son expresiones de una persona civil. Nos dicen que no nos pagan por pensar, no nos pagan por pensar cuando llevo el uniforme, cuando no llevo el uniforme, si puedo votar, puedo expresarme como persona, no como militar, que es lo que hice”.
En estos meses previos a su expulsión llegaron a dejarle la nómina en -354 euros. Las sanciones se sucedieron, había meses que cobraba 285 euros y otras en negativo: “Me sancionaron incluso cuando mis abogados no habían acabado con las alegaciones”, denuncia. Adía de hoy, ni siquiera sabe si tiene derecho a paro. Su expulsión se produce a tres meses de que dejara de ser cabo, justo a los 45 años de edad, edad límite establecida en 2006.
Santos, que se auto declara republicano y que gusta de rubricar con un “Salud y República” apelando a los principios de “igualdad, libertad y fraternidad” que “ellos ven como una ofensa”, es presidente del Colectivo Republicano de Redondela (Pontevedra), federado en Unidad Cívica por la República (UCR). En cierta manera dice sentirse liberado, pero también dolido “por lo que fue tu trabajo durante tantos años”.
Ni se arrepiente, ni rectifica, ni pedirá perdón: “No me arrepiento de nada ni me arrepentiré. No voy a dar un paso atrás. No tengo que pedir perdón por nada. Una y mil veces volvería a hacerlo, por ser fiel a mis principios y a mi ideología”. Y “por ser fiel al pueblo” -añade- “el Ejército tiene que estar por y para el pueblo, por eso nos pagan. A mí no me paga el Ibex 35, ni me paga el rey, ni me paga el Estado, a mi, quien me paga es el pueblo”.
Se queda con sus experiencias de tantos años, con el cariño de compañeros y asume su expulsión con la conciencia tranquila: “hice lo que creí conveniente como demócrata como defensor de la democracia”, afirma.
« Respuesta #3345 en: 02 de Diciembre de 2019, 06:31:16 am »
Va a contratar a una empresa para hacer un seguimiento de prensa escrita, digital, radio y televisión
02/12/19access_time 1:04
« Respuesta #3346 en: 02 de Diciembre de 2019, 16:53:48 pm »
Pués tampoco me parece mal . . .
« Respuesta #3347 en: 04 de Diciembre de 2019, 06:39:34 am »
“No se puede pedir entusiasmo bélico a España”, “no es la Defensa Nacional un tema de debate que nos interese”, “carecemos de una cultura de seguridad y de defensa”, “rara vez hablan los españoles de lo militar”...
Estas frases no corresponden al discurso de ningún experto en asuntos de Defensa, ni a ningún político. Las ha escrito en un libro un almirante en la reserva, que hasta hace un año era Almirante de la Flota, en la práctica el número tres de la Armada español por debajo del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema) y del Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Responsable de la Flota de la Armada
El almirante Juan Rodríguez Garat pasó a la reserva en septiembre de 2018. Ocupaba el cargo de Almirante de la Flota desde hacía dos años.
La Flota se define como “el elemento fundamental del poder naval de la Armada, núcleo básico de la Fuerza Naval para realizar operaciones militares en cualquier escenario geográfico de interés, y base de la aportación del componente naval para contribuir a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas”, y su potencial de combate lo constituyen “buques de superficie y submarinos, unidades de guerra de minas, unidades aéreas, unidades de guerra naval especial y órganos de mando a flote, junto con la Infantería de Marina”.
Tras cuarenta años en la Armada, que culminaron con ese cargo de Almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat ha publicado un libro con el título ‘Manual del usuario de la Armada’, con el objetivo de explicar a los españoles cómo, cuándo y para qué usar la Armada, y en general divulgar la parte naval de la llamada Cultura de Defensa.
El libro está prologado por el actual Ajema, y la Armada lo difunde en su propia página web corporativa.
El autor parte de reflexiones de carácter más filosófico hasta descender a análisis muy concretos sobre las necesidades que ve en la Armada.
Entre otros, destaca el capítulo 6, que trata “De la visión del pueblo español”, en el que “se da cuenta de la contradicción que supone el que una opinión pública que aprecia a sus Fuerzas Armadas no entienda su necesidad”.
El “fracaso” que muestra el CIS
En este capítulo, el ex número tres de la Armada refleja cierta decepción por lo que define expresamente como un “fracaso” en el empeño del Ministerio de Defensa por que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales”, como establece la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
El almirante en la reserva recurre a datos del CIS, que señalan que si bien las encuestas muestra una buena valoración de los españoles hacia las Fuerzas Armadas, también indican que “rara vez hablan los españoles de lo militar”; falta de interés que se traduce en desconocimiento.
Del análisis de las encuestas del CIS también saca otra nota negativa. “Si el conjunto de la sociedad nos valorara con un aprobado alto, la nota sería más valiosa que si, como parece ocurrir hoy, ese promedio se lograse por la existencia de un mayor número de incondicionales inasequibles al desaliento que de detractores inamovibles. No son buenas las divisiones cuando obedecen a posturas extremas, y eso es algo que aún tenemos que trabajar”, resalta el almirante en la reserva Rodríguez Garat.
Y pone otro ‘debe’: “También tenemos que seguir esforzándonos por mejorar la opinión de nuestra juventud, que se mantiene por debajo de la media”.
Crítica a los documentos estratégicos de Defensa
De ese “fracaso” en el objetivo de que la sociedad española se identifique con las Fuerzas Armadas, según la ley de 2005 (“Doce años después, el informe del CIS nos obliga a reconocer que no hemos tenido mucho éxito”), quien fuera Almirante de la Flota apunta una idea que supone una crítica directa a los responsables de los documentos de estrategia de Defensa de España en los últimos años.
“Quizá tenga la culpa”, desliza el almirante en la reserva, “el que nuestros documentos oficiales hayan insistido durante años en que España no tiene enemigos”, y abunda en ello: “España no es lo mismo que los EE.UU. y, probablemente, no es con ejes del mal con lo que uno se gana la confianza de los españoles. Pero tampoco era necesario haberse ido al extremo opuesto y declarar que todo el mundo es bueno, como se ha hecho en el pasado en alguna de nuestras Directivas de Defensa Nacional. Afortunadamente hoy se escuchan voces mucho más centradas, pero los sentimientos de los pueblos no cambian de un día para otro”.
De ahí, Juan Rodríguez Garat concluye que “la situación es la que es: carecemos de una cultura de seguridad y de defensa”, entre otras cosas porque, enlazando con el desinterés antes citado, “no es la Defensa Nacional un tema de debate que nos interese”.
Ni siquiera, señala, se debatió sobre la Defensa Nacional después de los ataques yihadistas en Cataluña en agosto de 2017: “Crímenes como ese, en París y Londres abrieron debates públicos, acertados o no, sobre la manera de combatir al DAESH, autor intelectual de una cadena de atentados que aspira a ensangrentar nuestras calles. No así en España, donde a la política de gestos -que es necesaria pero insuficiente- y a las también necesarias medidas policiales no siguió -al menos no en el debate público- la respuesta militar al agresor”.
Y lamenta que “rara vez debatieron los españoles sobre lo que, junto a muchos otros, hicieron -y hacen todavía- nuestros soldados en Irak para contribuir a la derrota militar del DAESH”.
Desencanto con lo militar
El anterior Almirante de la Flota bucea en posibles causas históricas de ese desapego de los españoles por los asuntos militares y de Defensa: “No parece que nuestra sociedad haya superado el desencanto de las derrotas que enmarcaron la ya lejana pérdida del imperio; ni el horror de la menos lejana guerra civil, inmediatamente seguida por la segunda guerra mundial; ni la ilusión y el posterior desengaño que acompañaron al movimiento pacifista global nacido, sobre todo, a causa de las contradicciones de la guerra de Vietnam”.
Como consecuencia de todo ello, “muchos de nuestros conciudadanos viven hoy con la certeza -que como casi todas las certezas tiene algo de irracional- de que el uso de la fuerza militar es, cualquiera que sea la razón reprobable”.
Lo peligros, a juicio de Juan Rodríguez Garat, es que “esa certeza podría coartar la libertad de acción de los Gobiernos que elegimos cuando, por reprobable que sea, la fuerza es la única respuesta posible, como indudablemente lo fue en las circunstancias en que Ignacio Echeverría recurrió a su monopatín”. El libro es un homenaje al español que murió asesinado por unos yihadistas tras tratar de defender a las víctimas de un ataque en Londres.
El análisis sobre “la contradicción que supone el que una opinión pública que aprecia a sus Fuerzas Armadas no entienda su necesidad”, que trata en el capítulo sobre “la visión del pueblo español”, concluye con una propuesta algo abstracta, pero que incide en la necesidad de que España fije un rumbo claro en materia de Defensa, sobre todo en sus intervenciones en el exterior:
-- “Tenemos que dejar nuestra huella. Pero no podemos dejar esa huella si ni siquiera estamos seguros de hacia dónde queremos ir. Así pues, necesitamos crear una opinión pública que tenga precisamente eso, opinión. Y para que esa opinión sea fundamentada, debemos deshacernos, como si de un pesado lastre se tratase, de esa colección de lugares comunes y prejuicios que se oponen a nuestro pensamiento racional”.
« Respuesta #3348 en: 05 de Diciembre de 2019, 06:35:53 am »
El soldado escribió a su cabo para decirle que se encontraba en urgencias por un ataque de asma. Un capitán comprobó en la clínica que sólo había acudido a conseguir un justificante
05/12/19access_time 1:02
“Resulta probado y así se declara: que el día 20 de abril de 2017, antes de la primera formación de la mañana, el soldado Infantería de Marina, comunicó vía whatssap al Cabo que no se presentaría en su destino por encontrarse en el servicio de urgencias de la Clínica Isla Salud, debido a un ataque de asma”.
Así comienza el relato de hechos probados de una sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo que el Tribunal Supremo ha confirmado al resolver el recurso de casación del infante de Marina condenado por este asunto.
El soldado no había ido al médico
Ante ese aviso de estar en urgencias por un ataque de asma, el cabo superior del soldado se acercó a la clínica en cuestión, en la provincia de Cádiz (en San Fernando) para interesarse por el estado del infante de marina. Entonces comprobó no sólo que el soldado no estaba allí: no había estado en ningún momento de esa mañana en la clínica, y no había recibido asistencia médica ninguna.
El cabo escribió de nuevo por WhatsApp al soldado, que le contestó diciéndole que él seguía en la Clínica Isla Salud, aquella en la que el cabo había comprobado que no estaba.
El asunto de esta baja por enfermedad no quedó ahí. El cabo le contó el asunto al sargento, y al final del día le envió un nuevo mensaje al soldado: al día siguiente devía presentar en su unidad el justificante médico de enfermedad por haber faltado a su destino.
Como respuesta, el soldado de Infantería de Marina le contestó que estaba enfermo, con fiebre alta, por lo que si seguía así tampoco podría ir a su unidad al día siguiente.
Finalmente el lunes 24 de abril el soldado se presentó en su destino y le dijo al capitán de su compañía que no disponía del informe médico. Sin embargo, poco después entregó un documento médico justificativo de asistencia a la Clínica Isla Salud, fechado en San Fernando el día 20 de abril de 2017.
Un justificante manipulado
¿Qué hizo el capitán? Llamó por teléfono a la Clínica Isla Salud, y allí le dijeron que el soldado sí había ido a conseguir un justificante de asistencia. Pero en los registros no aparecía que dicho infante de Marina hubiera acudido a consulta -como él dijo- el 20 de abril.
De hecho, el certificado que aportó para justificar su ausencia había sido expedido en realidad el 24 (cuando se reincorporó a su puesto) por una trabajadora de la clínica, que se lo dio sin rellenar el apartado de la fecha de la asistencia recibida. Fue el soldado el que escribió la fecha para acreditar que había sido atendido el 20 de abril.
Ante estos hechos se instruyó un expediente que acabó en el Tribunal Militar Territorial Segundo (con sede en Sevilla). Dicho tribunal terminó condenando al soldado como autor de un delito consumado de simulación para eximirse del servicio, tipificado en el artículo 29 del Código Penal Militar.
Se le impuso una pena de siete meses de prisión, con la accesoria de suspensión militar de empleo, cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Contra dicha sentencia interpuso el soldado un recurso de casación que recientemente la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo desestimó, confirmando así la condena impuesta.
Reclamó los mensajes de WhatsApp
Uno de los argumentos de casación que desestiman los jueces del Supremo hace referencia a un supuesto quebrantamiento de forma que habría cometido el tribunal juzgador por no haber admitido una prueba solicitada.
La defensa del soldado había solicitado que “se oficiara a la empresa de mensajería instantánea Whatsapp Inc. copia de las conversaciones mantenidas entre el número de teléfono perteneciente al Cabo y el perteneciente al encausado, soldado de Infantería de Marina, o, en su lugar, se oficie a la unidad correspondiente de la Guardia Civil para que efectúe el volcado correspondiente de los mensajes referidos”.
El jefe del Área de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil respondió a esa petición, tramitada por el tribunal, con un informe en el que explicaba que Whatsapp Inc. “no conserva en los Servidores los mensajes durante la prestación normal de sus Servicios. Una vez que se entregan los mensajes (incluidos tus chats, fotos, vídeos, mensajes de voz, documentos e información de tu ubicación), se eliminan de los servidores. Los mensajes se almacenan en el propio dispositivo”.
De ahí que “la única posibilidad de extraer los mensajes sería a través del análisis de los terminales telefónicos desde los que se mantuvieron los chats, con las mismas características en que se encontraban en ese momento (mismas tarjetas SIM y de memoria), al objeto de extraer de los mismos las bases de datos de las conversaciones mantenidas y sus claves de descifrado”.
Todo ello con objeto de analizar el intercambio de mensajes entre el soldado y el cabo a cuenta de la baja por enfermedad del primero.
Con esa respuesta de la Guardia Civil, el tribunal descartó hacer más averiguaciones sobre los mensajes de WhatsApp, y el Supremo considera que eso no vulneró ningún derecho del encausado.
La protección de los datos médicos
Tampoco consideran los magistrados del Tribunal Supremo que se produjera la “grave afectación al derecho a la intimidad que dice la Letrada haber sufrido su representado al haberse accedido sin su consentimiento a datos pertenecientes a su esfera más íntima como son los relativos a cualquier información relativa a su salud”.
Esta queja la rechaza el Supremo, que subraya el “impecable razonamiento” del Tribunal Militar Territorial Segundo: “Lo que no es objeto de protección legal son los datos que pudiéramos considerar ‘inocuos’ y que por tanto quedarían fuera de la intimidad legalmente protegida, que es lo que sucede en el presente caso. Considerar que la información proporcionada por la trabajadora del Centro Médico Isla Salud, constreñida a facilitar el dato de la asistencia a dicho centro del encausado, resulta ser un dato totalmente inocuo dentro del historial del paciente que en nada afectaría a su privacidad, ni forma parte del contenido de su historia clínica recogido en el artículo 15 de la Ley de Autonomía del Paciente”.
Además, “fue el propio encausado el que suministró esa información que finalmente resultaría falsa”. Por todo ello, desestima el recurso y confirma la condena de siete meses de prisión por este caso.
« Respuesta #3349 en: 18 de Diciembre de 2019, 06:33:47 am »
Siete meses de cárcel a un cabo mayor del Ejército que pegó dos puñetazos a un soldado en unas maniobras
El condenado participó junto a su mujer en un ejercicio de los boinas verdes en Fuerteventura, en el que mostraron “una violencia excesiva e inadecuada”
18/12/19access_time 1:02
Un ejercicio del Grupo de Operaciones Especiales y otro regimiento del Ejército de Tierra en Fuerteventura, que se desarrolló en junio de 2017, ha conducido a la confirmación de una condena de siete meses de cárcel para un cabo mayor por parte del Tribunal Supremo.
Confidencial Digital ha consultado esta sentencia de la Sala Quinta, de lo Militar, que tras una extensa argumentación jurídica termina desestimando el recurso de casación de este cabo mayor, y mantiene las condenas impuestos por el Tribunal Militar Territorial Quinto.
Los hechos probados relatan una situación llamativa, ya que indican que el cabo mayor condenado participó en este ejercicio junto a su esposa. La mujer no era militar, sino guardia civil, y se encontraba de baja médica, pero terminó participando en un ejercicio militar del Ejército de Tierra, y concretamente de una unidad de élite como el GOE.
Ejercicio con los ‘boinas verdes’
Entre el 17 y el 24 de junio de 2017 se desarrolló en la isla de Fuerteventura el Ejercicio MOEFAOE-MCANA 17, que tenía por objetivo continuar con la implementación del concepto FAOE (Fuerza de Apoyo a Operaciones Especiales).
En el ejercicio participó un equipo operativo del Grupo de Operaciones Especiales “Caballero Legionario Maderal Oleaga”, GOE XIX. Este grupo tiene su origen en la antigua Bandera de Operaciones Especiales de la Legión, ahora ha recuperado su espíritu legionario, pero depende del Mando de Operaciones Especiales (MOE) y se localiza en su sede de Alicante.
Además de estos ‘boinas verdes’, también intervinieron militares del Regimiento de Infantería ‘Tenerife’ 49, de la base de Hoya Fría, en Tenerife.
Para la noche del 23 de junio de 2017, siempre dentro del ejercicio MOEFAOE-MCANA 17, se programó un ejercicio nocturno simulado. Consistía en “la inserción de un equipo operativo del GOE XIX, que tenía por objeto capturar a un elemento hostil (un supuesto terrorista)”.
Para ello, se formó un doble anillo de protección por el Regimiento de Infantería ‘Tenerife’ 49, que tendría que rodear el objetivo en el que se insertarían los ‘boinas verdes’.
En un momento dado, irrumpiría un elemento hostil secundario al terrorista a capturar. Ahí entraba en escena el cabo mayor juzgado por este asunto.
Un cabo mayor y su mujer guardia civil
Según recoge la sentencia, el director del ejercicio, un comandante del Ejército de Tierra, decidió que como elemento hostil secundario ejercieran un cabo mayor al que él conocía, y en el que había coincidido anteriormente en destinos de Operaciones Especiales.
El cabo mayor participaría junto a su mujer, guardia civil de baja como antes se ha indicado. El motivo para recurrir a ellos es que no se podía contar con el personal designado reglamentariamente para el apoyo a dicho Ejercicio pertenecientes al Regimiento de Infantería ‘Soria’ IX, de Fuerteventura.
Esta participación es definida en la sentencia como “irregular”. El problema es que el simulacro acabó desbordándose en cierto momento, cuando aparecieron en escena precisamente el cabo mayor y su esposa.
“Violencia excesiva e inadecuada”
A las once de la noche, el teniente que mandaba el segundo cordón de seguridad recibió por radio el aviso de que un vehículo civil, una furgoneta Mercedes Vito negra y roja, había sorteado el primer cordón exterior de seguridad.
El teniente dio orden para detener a los dos ocupantes, que eran el citado cabo mayor y su esposa, según las órdenes de operaciones verbales recibidas.
Todo era un simulacro, un ejercicio. Pero, según la sentencia del Tribunal Militar Territorial Quinto en unos hechos probado que recoge el Supremo, “a la vista de la resistencia y agresividad que mostraban el acusado y su esposa para ser reducidos por el personal actuante, lo que sorprendió e impresionó por la violencia excesiva e inadecuada con que actuaban esos dos supuestos elementos hostiles”, el teniente “dispuso entonces que en esa función de contención y neutralización de los dos intrusos participaran también los cuatro conductores de los vehículos de apoyo al GOE allí presentes, entre los cuales se encontraba el Soldado” que terminó denunciando los hechos.
Puñetazos en la frente y en la boca
El soldado, que vestía uniforme reglamentario con chaleco antifragmento, casco y armamento, siguió las indicaciones de un sargento y se acercó al cabo mayor que hacía de terrorista.
Le tocó con la mano en la espalda y le indicó que estaba “reducido”. En ese momento, el cabo mayor “se giró y, sin pronunciar palabra alguna, propinó con sus manos cerradas dos puñetazos al soldado, alcanzándole uno en la parte derecha de la frente y otro en la boca, en el labio inferior, que le produjo sangrado”.
El cabo mayor “escapó corriendo del lugar, al igual que lo hizo su esposa, regresando ambos minutos después al lugar de autos, subiéndose a su furgoneta particular y abandonando la zona”.
Collarín y baja por síndrome ansioso
Como consecuencia de esos puñetazos, a su vuelta al Campo de Maniobras y Tiro de madrugada en el convoy el soldado empezó a sentir mareos, dolores en la cabeza y en el cuello, y padeció vómitos. Acudió al botiquín del cuartel y le mandaron a una clínica en Puerto del Rosario, donde le extendieron parte de lesiones por un golpe en la frente y en el labio, como “ligera inflamación del labio (con pequeña pérdida de la piel del mismo) e inflamación en región frontal derecha”.
Le prescribieron Voltaren, Ibuprofeno y Nolotil, y volvió al cuartel. No quedó ahí el problema. Al acabar el ejercicio, fue a un centro médico en Santa Cruz de Tenerife, donde le detectaron “afta en el labio inferior, laceración en región frontal, cervicalgia a la movilidad lateral y a la flexoextensión; dolor en región lumbar, y contractura paravertebral”.
Días después, el especialista en traumatología vio que sufría “gran sintomatología cervical de dolor y contractura a la palpación de niveles cervicales altos, con restricción del movimiento activo, recomendando el uso de collarín cervical blando”.
Cogió la baja, y permaneció de baja médica reglamentaria para el servicio entre el 28 de junio de 2017 y el 25 de agosto siguiente (59 días) por síndrome ansioso, que le fue prescrito por un especialista en Neuropsiquiatría.
Siete meses de prisión y 1.000 euros
Los hechos fueron denunciados por el soldado víctima de los puñetazos. El Tribunal Militar Territorial Quinto le dio la razón y en 2018 condenó al cabo mayor del Ejército de Tierra como autor responsable de un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de maltrato de obra a inferior, previsto en el artículo 46 del Código Penal Militar.
Además, se añadió a la condena la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal consistente en la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de siete meses de prisión, con las accesorias legales de suspensión de empleo militar y suspensión de empleo y cargo público, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo, todas ellas durante el tiempo de la condena principal.
También fue condenado por un delito consumado leve de lesiones, previsto en el artículo 147.2º CP 95, con la concurrencia de [la] circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal consistente en la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y catorce días de multa, a razón de cuatro euros diarios.
En concepto de responsabilidad civil, se señaló la cantidad de 1.000 euros con intereses para indemnizar al soldado.
En su recurso ante el Supremo, el cabo mayor se defendió diciendo que no tenía ninguna intención de agredir ni golpear al soldado, y que “si hubo contacto, fue únicamente como consecuencia de la situación que se encontraban recreando, la reducción y detención de un terrorista o persona vinculada al mismo que le servía de apoyo, por lo que lo ocurrido solo buscaba contribuir a la mejora de la instrucción del equipo operativo que se encontraba en la zona”.
Los jueces del Supremo dan por buenos los testimonios que avalan los puñetazos, y desestiman el motivo.
También desmontan el argumento de que no pudo haber abuso de autoridad “ya que tal relación de subordinación no puede afirmarse, toda vez que en ningún momento el recurrente ha tenido bajo sus órdenes al Soldado y que el ejercicio en que ocurrieron los hechos no formaba parte de la instrucción propia del Soldado, que acudió al mismo solo como conductor, ni de la del cabo mayor hoy recurrente, que únicamente colaboró, en calidad de civil -por sus conocimientos en este tipo de ejercicios-, con quien había sido su mando anteriormente”.
Tras citas numerosísima jurisprudencia propia, la Sala de lo Militar del Supremo argumenta que para que se dé el maltrato de obra por un superior a un subordinado deben cumplirse tres requisitos: “1º) La condición de militares en el momento de la comisión de los hechos de quien abusa y de su víctima; 2º) la existencia de una relación jerárquica de subordinación y 3º) que se haya producido un maltrato de obra al inferior, consistente en una agresión física o varias susceptibles de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de la integridad, salud y capacidad de la misma”.
Para los jueces del Supremo, “en el caso de autos resulta incontrovertible la concurrencia de los tres requisitos”, habida cuenta de los puñetazos y de que el autor de los mismos era cabo mayor y la víctima, soldado.
Además, subrayan que “hemos dicho que la relación jerárquica entre los militares es de carácter permanente, que se proyecta fuera del servicio y que se mantiene con independencia de cualquier condicionamiento”.
Descarta los argumentos de la defensa diciendo que “en el caso de autos el hoy recurrente era plenamente consciente, al iniciar la agresión de que hizo objeto al soldado, tanto de su condición de superior jerárquico de este como de que el agredido era su subordinado, y que se encontraba ejecutando un acto de servicio, orientándose su acción, desde el inicio de la misma, a la agresión de aquel, siendo dicha acción, por lo tanto, plenamente dolosa”.
Los jueces desgranan una extensísima lista de ejemplos, de distintas agresiones o choques físicos entre superior y subordinado que llegaron a ser enjuiciados.
Y señalan que “hemos de concluir que si el mero contacto físico no constituye, sin más, el tipo básico del delito configurado en el artículo 46 del vigente Código Penal Militar de 2015, sí lo integra cuando goce de la virtualidad precisa para afectar los bienes jurídicos objeto de protección en dicho precepto legal, y ello aun cuando resulte ser un acometimiento de entidad menor, sin resultado lesivo, pues el mero acto de agresión o violencia física en que este consiste es susceptible de conculcar tales bienes jurídicos en un contexto, cual es el propio de las Fuerzas Armadas o el de la Guardia Civil, en el que, según se ha puesto de relieve por esta Sala, merecen aquellos -además de la disciplina militar, con los que en modo alguno son incompatibles, sino, por el contrario, absolutamente complementarios- una tuición reforzada”.
Así que “propinar un superior jerárquico sendos puñetazos a un subordinado” constituye “un episodio agresivo que no puede sino calificarse como legalmente constitutivo de un delito de abuso de autoridad en su modalidad de maltrato de obra a un subordinado”. De ahí que desestime el recurso y confirme la condena de siete meses de cárcel para el cabo mayor.
« Respuesta #3350 en: 19 de Diciembre de 2019, 07:02:29 am »
Las madres violadas por los cascos azules en Haití demandan a la ONU por la manutención de sus bebés
En un acto inédito, 10 mujeres víctimas de abuso han emprendido acciones legales contra la ONU.
19 diciembre, 2019 03:11
Marie (nombre ficticio) tenía 14 años cuando Miguel, un brasileño que trabajaba en la misión de manutención de paz de la ONU en Haití, la dejó embarazada. Primero dijo que la ayudaría con el niño pero luego volvió a Brasil.
Después de enterarse de que estaba embarazada, el padre de Marie la obligó a abandonar la casa familiar y ella se fue a vivir con su hermana. Su hijo ahora tiene cuatro años y Marie aún no ha recibido ningún apoyo de la ONU o del estado haitiano. Trabaja por un salario de 26 céntimos de euro por hora para que ella y su hijo puedan comer.
Marie no es un caso aislado. Durante las operaciones de manutención de la paz en Haití de la ONU, cientos de cascos azules abusaron de jóvenes haitianas, las dejaron embarazadas y luego las abandonaron, a ellas y a sus bebés, en la más completa pobreza. Muchas eran niñas menores de edad que intercambiaban sexo por comida o "por unas pocas monedas" mientras luchaban por sobrevivir a raíz de la agitación política y el terremoto que asoló el país en 2010.
Estas conclusiones están plasmadas en un extenso estudio sobre el impacto de uno de los despliegues de mantenimiento de la paz más largos de la ONU, publicado por la página web The Conversation y el periódico The Times. El documento dice que "las niñas, algunas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente por el personal de mantenimiento de la paz que, después de dejarlas embarazadas, las abandonó en la miseria para criar a sus hijos solas".
María, la psicóloga que no llevó a sus dos hijas al cole por temor a la sociedad: las acabó matando
Ahora, diez mujeres haitianas con la misma historia que Marie han emprendido acciones legales contra la ONU para establecer la paternidad y reclamar la manutención de esos menores. Las mujeres cuentan con el apoyo de la Oficina de Abogados Internacionales y el Instituto de Justicia y Democracia en Haití, que presentaron sus demandas en los tribunales haitianos en diciembre de 2017.
"La ONU dice que no hay inmunidad para su personal acusado de abuso sexual, pero todavía estamos luchando para obtener información crítica que permita que las demandas de estas mujeres avancen", ha dicho Sandra Wisner, abogada de los demandantes a The Times. "Hasta donde sabemos, estos casos son los primeros de su tipo y por eso son tan importantes. Estamos sentando las bases para futuros casos".
"Pequeños Minustah"
El problema es de tal forma recurrente en Haití, que que la gente local hasta ha puesto un mote a estos niños: los "pequeños Minustah", basado en el acrónimo de la misión de paz de la ONU en el país.
Sabine Lee, la investigadora de la Universidad de Birmingham que dirigió el equipo de investigación desvela que se hicieron más de 2,500 entrevistas en las que el tema de los bebés de la ONU, salió a la luz de forma espontánea por 265 veces. Es imposible cuantificar con precisión los bebés nacidos de estos abusos pero Lee señala que "la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que 'cientos' es una estimación creíble".
"Es un problema generalizado, no son casos aislados. La multitud de historias y el hecho de que la explotación sexual, el abuso y la existencia y el abandono de los niños engendrados por los cascos azules hayan aparecido una y otra vez en las entrevistas, indica que este es un problema muy importante", ha zanjado.
La ONU ha proporcionado resultados de ADN para nueve de los 10 casos presentes en la demanda e instó a los gobiernos con tropas en la misión de mantenimiento de paz a asumir la responsabilidad por sus actos. "La paternidad y la manutención de los hijos son, en última instancia, asuntos de las autoridades nacionales. También son responsabilidad individual y personal de quienes engendraron a estos niños", ha señalado un representante de la organización.
"No obstante, las Naciones Unidas se comprometen a dar todos los pasos posibles para apoyar a los demandantes en estos casos, facilitar el proceso que conduzca a la confirmación de la paternidad y trabajar con los Estados miembros involucrados para facilitar una resolución final", ha añadido.
« Respuesta #3351 en: 24 de Diciembre de 2019, 09:16:59 am »
Defensa declara desierto el mayor contrato de armamento de la historia del Ejército de Tierra
El ministerio rechaza la oferta de la empresa Santa Bárbara y convocará una licitación pública por el blindado 8x8
Madrid 24 DIC 2019 - 09:14 CET
« Respuesta #3352 en: 26 de Diciembre de 2019, 06:43:24 am »
Un tercio de los efectivos de la Armada se jubilará en diez años y tendrá que ser recolocado
Un alto cargo de la Jefatura de Personal del Cuartel General advierte que las bajas por edad se irán incrementando hasta rozar las 600 al año
26/12/19access_time 1:04
Unos 250 en 2020, cerca de 300 en 2021, casi 400 en 2023, por encima de 500 en 2026 y unos 600 en 2029: son las bajas anuales que tendrá la Armada en los próximos años cuando el personal militar de la Escala de Tropa y Marinería cumpla los 45 años y, al no tener compromiso permanente, sólo temporal, tenga que abandonar las Fuerzas Armadas.
Los datos los aporta Carlos García de Paredes Ucero, teniente coronel destinado en la Jefatura de Personal del Cuartel General de la Armada, concretamente en la Subdirección de Reclutamiento e Integración.
Confidencial Digital ha consultado un artículo que este responsable del personal de la Armada escribió para el último número de la Revista General de Marina, editada por la Armada, con el título “La reinserción laboral del personal MTM [militares de tropa y marinería]: una responsabilidad compartida”.
Un tercio ‘se jubilará’
Este teniente coronel advierte que “la fecha de llegada a los 45 años se está empezando a hacer efectiva para muchos de estos militares de tropa” en la Armada. El asunto no es baladí, ya que como escribe en otro punto del artículo, “durante el decenio 2019-2029 está prevista la desvinculación forzosa de un tercio de los efectivos MTM de la Armada”.
LA Escala de Tropa y Marinería es la más baja en las Fuerzas Armadas. Incluye a los soldados (o marineros, en el Cuerpo General de la Armada), soldados o marineros de 1ª, cabos, cabos primeros y cabos mayores.
Salvo un pequeño cupo que puede pasar a ser permanente, la mayoría del personal de la Escala de Tropa y Marinería sale de las Fuerzas Armadas al cumplir la edad límite de 45 años.
Y esto, según el autor del artículo, destinado en la Jefatura de Personal, supone un problema importante, ya que la Armada, como los otros ejércitos, trata ayudar a sus militares a buscar una ocupación fuera de las Fuerzas Armadas.
No se ha evitado la desvinculación a los 45
“Debido a los sucesivos cambios legislativos, la creación de la condición de permanente y otras medidas como la reincorporación retroactiva de personal ya desvinculado, la percepción o el anhelo de gran parte del colectivo MTM no permanente era que la Administración acometería otro cambio que evitara la desvinculación forzosa de miles de militares”, escribe el teniente coronel Carlos García de Paredes Ucero.
Sin embargo, no fue así, lo que lleva a buscarles una salida a esos miles de militares que se van a tener que buscar un trabajo una vez dejen la Armada con 45 años.
Y señala que “ante la inminencia del fin de compromiso, la mayor preocupación de este personal tiene que ver con su sustento económico y suele expresar grandes dudas sobre su futuro laboral y algún tipo de queja, como la citada al principio de este artículo: «No voy a encontrar trabajo en la calle porque las Fuerzas Armadas no se han preocupado por mí». Esta afirmación, como veremos, es, cuando menos, inexacta”.
El militar también debe ser responsable
En primer lugar, destaca que “la puesta en práctica de medidas efectivas de formación profesional y orientación laboral para ellos requiere un gran esfuerzo de toda la estructura, comenzando por el Ministerio de Defensa y terminando en el propio individuo”.
Y es que, aunque admite la responsabilidad de Defensa y de la Armada, subraya que la reorientación laboral de los militares de Tropa y Marinería es una responsabilidad compartida:
-- “No parece realista pretender que en 20 años de servicio de que dispone un MTM antes de cesar en la Armada no haya podido encontrar un hueco para acogerse a medidas de formación académica o profesional”.
También destaca que el propio militar afectado ha de acometer un cambio de mentalidad, para hacer un esfuerzo y situarse en la mejor disposición de aprovechar “el abanico de oportunidades” derivadas del “Plan Integral de Orientación Laboral” del Ministerio de Defensa.
Las unidades son más pequeñas
Pero también admite que la Armada tiene la necesidad de poner en marcha medidas, en algunos casos con cierta urgencia, para afrontar con garantías la salida de un tercio de sus militares de Tropa y Marinería en esta década; sobre todo, porque ciertas particulares de la Armada dificultan esta labor.
“En el caso de la Armada, es necesario considerar las peculiaridades de sus pequeñas unidades desplegables para una correcta aplicación del plan integral”, apunta el teniente coronel de la Jefatura de Personal.
Esas particularidades propias dificulta, por ejemplo, la impartición de cursos de formación para que los marineros y soldados de la Armada adquieran capacidades y títulos para trabajar en la vida civil una vez cumplan 45 años:
-- “Existen varios motivos por los que este tipo de cursos tiene difícil encaje en el ámbito de la Armada. En primer lugar, las unidades de la Armada reúnen un número menor de personal que, pongamos como ejemplo, las del Ejército de Tierra. Además, la mayoría de las unidades de la Flota, excepto en los períodos de baja disponibilidad, tienen un tiempo de despliegue mayor al número permitido de faltas durante los cuatro o seis meses que dura el curso, y casi todos los puestos del barco tienen difícil reemplazo por el especial régimen de «vigilancias» de los buques.
Los que aún podrían realizarlos se encuentran con que se imparten por la tarde, fuera del horario laboral, lo cual les supone un sacrificio personal; a esto se suma el agravio de que los Ejércitos de Tierra y Aire los desarrollan en horario de mañana. Por último, deben contar con el visto bueno del jefe de la unidad. Por si todo esto no fuera poco, la responsabilidad de organizar el curso, buscar los profesores e impartir las clases recae en las unidades.
Todo ello da como resultado que el número y variedad de cursos a impartir anualmente sea muy limitado, si bien es cierto que en el último año se está llevando a cabo una planificación integral cuyo objetivo es doblar el número de estos. Como resultado final, tenemos que en 2018 un total de 122 MTM no permanentes de la Armada finalizaron algún curso de formación para el empleo”.
Habrá que adaptar las plantillas de la Armada
En conclusión, el teniente coronel García de Paredes Ucero resalta que “aunque ya se están poniendo en práctica numerosas medidas, otras no ofrecerán resultados a corto plazo, por lo cual todos los escalones involucrados deben tener una actitud «proactiva» que beneficie al personal afectado sin repercutir negativamente en la operatividad de la Fuerza y en el buen funcionamiento de las unidades de apoyo”.
Y pone el foco en un punto importante, el de la estructura de unidades pequeñas de la Armada que dificulta que algunos efectivos puedan dedicar parte de su tiempo a formación:
-- “A nivel Ejércitos/Armada es necesario adaptar las plantillas orgánicas y los procedimientos de gestión para que el personal MTM mayor de 40 años pueda ocupar destinos que les permitan enfocarse en alcanzar los títulos y diplomas necesarios para el acceso al empleo público o privado. Aunque, como hemos indicado en el punto anterior, se han de desarrollar acciones en este sentido, la inminencia de la desvinculación de cientos de efectivos MTM aconseja ser proactivo”.
« Respuesta #3353 en: 26 de Diciembre de 2019, 11:38:28 am »
Nada, todos para las PPLL's . . .
« Respuesta #3354 en: 27 de Diciembre de 2019, 10:17:13 am »
Militares retirados exaltan a Franco y arremeten contra la "mariconería" de las leyes de igualdad
La revista 'Militares', publicada por la Asociación de Militares Españoles (AME), arremete contra el PSOE y defiende a Franco en su última publicación, de diciembre de 2019.
SOCIEDAD 26.12.2019 22:51 A. TENA
La Asociación de Militares Españoles (AME), conocida en los círculos castrenses por su defensa del franquismo, publica una revista mensual que, con el nombre Militares, suele plasmar la ideología autoritaria y la defensa de los valores del régimen de Franco. Esta vez, con el cierre de año a la vista, la entidad –compuesta por miles de socios que han prestado servicio en las Fuerzas Armadas– dedica la mayor parte de sus páginas a revolverse contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y exaltar su figura.
Leopoldo Muñoz Sánchez, director de la revista de la AME y coronel de Intendencia retirado, abre la publicación con un artículo de opinión contra los políticos "pusilánimes" que han sacado al dictador de Cuelgamuros. El militar, que acompaña sus letras con una foto del féretro de Franco a hombros de sus herederos, acusa a la Administración de ejercer un "acoso y derribo" contra "el invencible e invicto Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde".
El acto de reparación que sacó el pasado mes de octubre a la momia de Franco del Valle de los Caídos no ha gustado demasiado a este anciano coronel, quien ha aprovechado la publicación para cargar sin miramientos contra los "herederos" de las víctimas del franquismo, "barridas y reducidas a hojaresca seca" durante la Guerra Civil.
Muñoz Sánchez muestra su sorpresa por el "auxilio o beneplácito" que la Justicia ha dado a la Administración para conseguir exhumar al dictador. No solo eso, sino que increpa a la Conferencia Episcopal por, según su visión, "haberse dejado avasallar" por "los salteadores y profanadores de tumbas, templos y recintos religiosos".
Para su fortuna, todos ellos, aquellos que han decidido avanzar hacia la reparación de las víctimas de la dictadura, tendrán que dar explicaciones a Dios, quien "les pedirá cuentas en la Tierra y cuando se presenten ante él".
"Es cinismo por parte de los herederos de quienes querían cambiar el régimen monárquico, éste sí, legal y legítimo, mediante un golpe de Estado, olvidar que, si no estamos ahora como cualquier país de la órbita soviética, es gracias a una clase media creada por la persona que los derrotó y barrió en la Guerra Civil", zanja el militar.
El PSOE: "golpista", "antisistema" y "antiespañol"
Un par de páginas más adelante, la revista vuelve al tema de la exhumación de Franco. Está vez, el coronel de Infantería Enrique Domínguez Martínez Campos pregunta a los lectores "qué les parecería que el Gobierno decidiera por ellos dónde tienen que ser enterrados sus padres y madres", equiparando de manera velada la vida de un ciudadano de a pie con la de un dictador que utilizó cerca de 20.000 presos políticos republicanos para construir el Valle de los Caídos, donde su momia ha descansado plácidamente durante más de cuarenta años.
El coronel, autor de libros como España Humillada o El PSOE: de problema a pesadilla, recrudece sus palabras y señala de manera pública a la formación socialista, a la que acusa de ser un partido con una historia "cuajada de hechos revolucionarios antiespañoles" y unos planteamientos "antisistema, y, hasta 1979, netamente marxistas".
El partido de Pedro Sánchez es la diana de este militar de 78 años. Tanto, que el alto mando pone en tela de juicio la democracia y acusa a la formación socialista de manipular la justicia a su antojo para conseguir sacar a Franco de Cuelgamuros. Sin embargo, también tiene párrafos reservados a "los partidos llamados de derechas", Ciudadanos y PP, que "siempre" terminan "asumiendo lo que exijan las izquierdas".
Realmente, lo que Domínguez Martínez Campos "ha echado en falta" ha sido el apoyo de quienes, "vistiendo el mismo uniforme" que Franco, saben que "salvó a España de la revolución comunista y logró hacer de España la novena potencia mundial del mundo". En resumen, el coronel se ensueña con una mayoría militar que manifieste su apoyo público al dictador.
Asimismo, en otro artículo de la publicación, el mismo autor tilda la Ley de Memoria Histórica de "putrefacta" y argumenta que con ella "sólo se busca el pensamiento único totalitario" de la izquierda. El militar en retiro etiqueta esta medida legislativa como una de las obras de "ingeniería social" diseñadas por los gobiernos socialistas, como la "Ley LGTBIJKLM... que promueve la mariconería y el lesbianismo", o la Ley de Violencia de Género, que "enfrenta a hombres y mujeres", según argumenta este coronel, que se declara abiertamente votante de Vox.
Este medio se ha intentado poner en contacto en varias ocasiones con la Asociación de Militares Españoles (AME) para conocer el modo en el que sufragan los gastos de esta publicación, pero no ha obtenido respuesta. La AME forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) –tal y como aparece en la web del Ministerio de Defensa– en representación de los profesionales del Ejército retirados, aunque no tiene ningún cargo dentro del organigrama.
Durante el Gobierno del PP, la ministra María Dolores de Cospedal llegó a conceder subvenciones de hasta 5.000 euros a esta asociación, además de un espacio oficial en el Acuartelamiento San Nicolás del Ejército de Tierra de Madrid, donde editaban las publicaciones, algo que ya no ocurre desde diciembre de 2018.
« Respuesta #3355 en: 27 de Diciembre de 2019, 12:02:23 pm »
Si solo fuesen los militares.
« Respuesta #3356 en: 28 de Diciembre de 2019, 06:33:42 am »
El TS anula la condena a un militar que zarandeó a una subordinada y la llamó "inútil" en público
Tres jueces denuncian una "regresión" en la protección de los derechos los miembros del Ejército, en particular de las mujeres.
28 diciembre, 2019 03:08
Conflicto en la Sala de lo Militar del Supremo. Un sargento primero ha visto anulada su condena a tres meses de prisión después de que, con una fuerte contestación interna y la opinión contraria del fiscal, la mayoría de los magistrados haya decidido que su conducta -agarrar "fuertemente" por el brazo a una subordinada, sacarla "bruscamente" de la fila del comedor en la que se encontraba, hacerle reproches en público y llamarla "inútil"- no merece ser castigada como maltrato debido a su "mínima entidad".
Por cinco votos frente a tres, la Sala de lo Militar ha estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en nombre del sargento primero Enrique J.P. y le ha absuelto del delito por el que fue condenado por el Tribunal Militar Territorial Cuarto. Los tres magistrados discrepantes han presentado votos particulares en los que consideran que la decisión de la Sala es una "flagrante involución" en la protección de la dignidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente las mujeres.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2004 en la Academia de Artillería de Segovia, donde Enrique J.P. impartía la especialidad de artillería antiaérea a los alumnos de tercer curso de la EMIES, la enseñanza militar de formación para la incorporación a la escala de suboficiales.
Entre esos alumnos se encontraban Julia M.A. y Adán D.M., ambos sargentos. Los dos realizaron juntos el examen de recuperación de la parte práctica de la asignatura y durante el ejercicio cometieron un fallo grave al no calzar las ruedas de la pieza de artillería.
"Cuando se percató de dicho fallo", señalan los hechos probados de la sentencia dictada tras el juicio, el sargento primero Enrique "llamó a los dos alumnos y les reprendió, explicando que era un error grave y que podría tener consecuencias para la seguridad, añadiendo que les impondría una sanción académica".
Ese mismo día, en el comedor del acuartelamiento, el sargento primero "escuchó cómo la sargento alumna Julia mantenía una conversación con Adán, explicando que lo que les había ocurrido con Enrique J.P. era porque le tenía manía, mientras su compañero le decía que reconociese que habían cometido un fallo".
"Al escuchar esta conversación, el sargento primero Enrique se dirigió a la alumna Julia, cogiéndola por el brazo izquierdo fuertemente y sacándola de la fila de comedor con un movimiento brusco, mientras le decía en un tono enfadado 'que coño decía, qué persecución', recriminándole su conducta, diciéndole que reconociese que había cometido un error grave y diciéndole que era una inútil".
Marcas en el brazo
Después del incidente, otra alumna "pudo observar cómo el brazo de Julia presentaba un enrojecimiento en la zona por la que decía que había sido agarrada por el sargento primero con las marcas de los dedos y le recomendó que diera parte de los hechos, contestando ésta que no lo haría porque no serviría para nada", declaró probado el tribunal militar que juzgó los hechos.
La condena a tres meses y un día de prisión impuesta en primera instancia a Enrique J.P. ha sido revocada por el Supremo con el criterio contrario del fiscal togado, que pidió su mantenimiento. La Sala no ha encontrado encaje de los hechos probados en el artículo 104 del Código Penal castrense, que castiga al "superior que maltratare de obra a un inferior".
El tribunal afirma que "no se aparta" de su doctrina al considerar que los hechos "carecen de aptitud" para integrar el delito de maltrato de obra "pues no contienen, por su mínima entidad, una agresión ni la potencialidad bastante para incidir sobre aquellos bienes que constituyen objeto de protección del tipo penal".
La sentencia añade que el comportamiento del suboficial "se aparta de la cortesía, respeto y tratamiento entre militares, incluso de las más elementales normas de buena crianza, pero ello no quiere decir que toda desconsideración o incorrección con los subordinados esté criminalizada en el ordenamiento castrense como constitutivas de delito".
"¿Y si lo hiciera un soldado?"
Los magistrados Jacobo López Barja de Quiroga, Fernando Pignatelli y Clara Martínez de Careaga votaron a favor del mantenimiento de la condena, que había sido impuesta en su grado mínimo (la más baja posible de acuerdo con el Código).
El primero de ellos sostiene en un voto particular, al que los otros dos se adhirieron, que en el ordenamiento penal castrense existen dos delitos "espejo", que son el insulto al superior y el maltrato al inferior, y se pregunta que ocurriría si un subordinado tratase a un superior del mismo modo que el sargento primero a la alumna.
"Se trata", señala, "de una persona que agarra fuertemente del brazo a otra, hasta el punto de dejarle marcas en el brazo, la saca de la fila del comedor y, seguidamente, delante de otras personas la llama inútil (lo cual a mi modo de ver es un insulto que implica una forma de humillación a otra persona en presencia de otras y teniendo en cuenta que al tratarse de un superior existe una situación de prevalimiento, pues una contestación del subordinado puede considerarse bien delito, bien falta disciplinaria)".
"Este hecho merece la absolución", añade. "Entonces la pregunta es: si un soldado realizara ese hecho respecto de un general ¿ha de concluirse en una absolución? ¿tiene que ver que la subordinada así tratada sea una mujer?". "Considerar esa acción como una falta de cortesía me parece una banalización", subraya.
Fernando Pignatelli ha redactado otro voto, que cuenta con la adhesión de los otros dos magistrados discrepantes, en el que pone de manifiesto que la mayoría de la Sala ha llegado a una conclusión absolutoria "omitiendo" un hecho probado de especial relevancia, los "efectos visibles en el brazo de la víctima", que, a su juicio, "ponen claramente de releve que la actuación del recurrente sobre la víctima tuvo una entidad y una potencialidad más que suficientes" para ser considerada un maltrato.
Para Pignatelli, esa marca de los dedos de Enrique J.P. en el brazo de la alumna no sólo demuestra una incidencia de su acción en la integridad física de la subordinada sino también en la "dignidad personal, gravemente afectada por una conducta violencia como la relatada, llevada a cabo, además, en público y acompañada de la despectiva expresión 'inútil'".
Para el magistrado, "reducir" la actuación del hoy brigada Enrique J.P. a una mera falta de cortesía es "concebir la relación entre el superior jerárquico y el subordinado a partir de un concepto paternalista pues, al parecer, la víctima debió soportar la actuación que sobre ella desplegó el suboficial, y que le dejó visibles señales de violencia física, ya que, al parecer, se trataba simplemente de una acción carente de buena crianza".
"Flagrante involución"
Pignatelli afirma que la absolución acordada por la Sala "comporta una flagrante involución" de una doctrina que hasta ahora era "pacífica" sobre la protección de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Así, recuerda que el Supremo ha considerado delito de maltrato de obra conductas como dar un empujón en el pecho a un soldado desplazándole hacia atrás cuando se encontraba en posición de revista; propinar con el envés de la mano dos o tres golpes en el pecho a un soldado; dar a un inferior "un ligero cachete en la cara" para que siguiera las explicaciones en clase; o "en el curso de una recriminación, coger un cabo a un soldado por las solapas de la chaquetilla del uniforme y moverlo o zarandearlo".
En su opinión, la sentencia que ha prosperado respecto a la alumna de la Academia de Segovia representa una "linea regresiva" en la "acendrada defensa de la dignidad personal del militar frente a las extralimitaciones y malos tratos físicos de sus superiores jerárquicos".
"Parece que la tan reiterada y loable política legislativa dirigida a evitar -y sancionar penalmente- las agresiones de que es víctima la mujer, que debe extremarse en su aplicación en un entorno tan sumamente jerarquizado como son los Ejércitos (...), no se ha interiorizado por todos los encargados de su aplicación", añade el magistrado.
Por su parte, los magistrados Javier Juliani y Francisco Menchén firman un voto concurrente en el que consideran que, en los casos en que "se produce una ofensa o una falta de respeto al subordinado que, por su naturaleza o gravedad, no excede de dicho ámbito, la respuesta proporcionada para dichas ofensas ha de encontrarse en el régimen disciplinario" y no en un castigo penal.
« Respuesta #3357 en: 02 de Enero de 2020, 06:30:48 am »
Ahogar los ruidos de sables?
Margarita Robles promete a los militares una mayor subida de sueldo
02/01/20access_time 1:02
El Gobierno de Pedro Sánchez cerró el año 2019 aplazando, por el momento, distintas subidas como la de las pensiones públicas, la del Salario Mínimo Interprofesional y la del salario de los empleados públicos.
En este último caso, está previsto que las nóminas de los funcionarios experimenten este 2020 un aumento del 2,3%; aumento que ahora se retrasa, en principio, hasta que Pedro Sánchez consiga ser investido y ya lo apruebe en un Consejo de Ministros sin estar en funciones, sino con el Gobierno a pleno rendimiento.
Confidencial Digital ha podido saber que uno de los ministros de Sánchez prometió en las últimas semanas de diciembre una subida aún mayor a un colectivo de empleados públicos: los militares.
Robles, en el Consejo de Personal
Así lo explican fuentes de las asociaciones profesionales de militares que participan en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Fue el 13 de diciembre, y dirigieron la reunión el subsecretario de Defensa y el secretario general técnico.
Representantes de varias asociaciones preguntaron a los responsables del ministerio por el asunto de la mejora de sus retribuciones: un proyecto de María Dolores de Cospedal, que heredó Margarita Robles y que lleva más de un año pendiente de un informe, un estudio en profundidad qué posibilidades habría de desarrollar cierta “equiparación salarial” de los militares con las Fuerzas de Seguridad.
La respuesta de los altos cargos de Defensa fue que dicho estudio estaba prácticamente terminado, a falta de algunos puntos y del visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Fuentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) señalan a ECD que cuando estaba finalizando el pleno del COPERFAS llegó Margarit Robles. La ministra de Defensa es, si asiste, la presidenta del consejo.
Ese día llegaba justo del Consejo de Ministros, y quiso pasarse por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para saludar a los representantes de las asociaciones y felicitarles la Navidad.
Su llegaba no quedó sólo en ese gesto de cortesía: desde AUME destacan que Robles aseguró a los representantes de lo militares que tiene la decisión firme, y es asunto preferente para ella, de sacar adelante una mejora de las retribuciones de los militares.
En los Presupuestos de 2020
La ministra fue más allá que el subsecretario y que el secretario general técnico, y expresó el compromiso de aplicar ya en 2020 la subida salarial que refleje ese informe, que según ella está ya terminado, a la espera que ponerlo en marcha.
Eso sí, Margarita Robles condicionó la aplicación de la mejora de las retribuciones en las Fuerzas Armadas a que haya investidura y se forme Gobierno, como en el caso de otros aumentos de gasto que tiene pendiente el Ejecutivo socialista en funciones, pero también a que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Es decir, los planes del Ministerio de Defensa pasarían por reflejar en el proyecto de Presupuestos para este mismo año -que se tendrán que aprobar a lo largo de 2020- subidas en el salario de los militares.
Robles no entró a detallar porcentajes, cantidades ni cifras concretas de esta prometida subida salarial, ya que todo se referencia a ese informe de Defensa que aún tendría que recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y que las asociaciones profesionales de militares no han podido consultar aún.
En todo caso, ese fue el compromiso de palabra que la ministra quiso trasladar a las asociaciones de militares en el último COPERFAS del año: que no se preocuparan, que su idea era poner en marcha este asunto en cuanto el Gobierno pudiera funcionar con normalidad.
Desde AUME acogen con cautela este anuncio de Robles, ya que admiten que será un tema muy complicado de plasmar en unos Presupuestos: “Si la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil fue complicada, la nuestra lo sería aún más”, subrayan.
Por su parte, otras asociaciones como la Unión de Militares de Tropa (UMT), también con presencia en el Consejo de Personal, rebajan el posible efecto real que tenga esa promesa de Robles: “Si tienen las pensiones congeladas... la subida de sueldo de los militares se terminará quedando en nada”, y añaden: “A los militares de Tropa que se van a la calle con 45 años, ¿de qué les sirve que les suban ahora mínimamente el sueldo?”.
« Respuesta #3358 en: 02 de Enero de 2020, 11:26:44 am »
Yo ahora estoy leyendo "Recordarán tu nombre", de Lorenzo Silva y uno de los grandes errores de la República fue precisamente ese, el no mantener el estatus de los militares africanistas, como Franco, que con la reforma del ejercicio pasó a ser el número cincuenta y tantos del escalafón, con ello se generó un malestar entre los que después se alzaron contra el Gobierno legítimo de la República que defendían su propia posición, incluso llevando a España a una Guerra Civil, más que defender la vuelta del Rey o el cambio de régimen, de ahí que hubo militares, que no habían empeorado su posición personal, sino más bien al contrario, la habían mejorado con la República, que se mantuvieron fiel a ella y la defendieron con su vida, ahora esto queda lejos, pero no está de más darle una zanahoria de las de Montoro, a un colectivo que escora mucho a estribor, aunque sean del Arma de Infantería.
« Respuesta #3359 en: 03 de Enero de 2020, 06:39:26 am »
Manifestación de militares en febrero contra el “olvido” en el pacto PSOE-Podemos
Una asociación ha comenzado a movilizar a sus afiliados para protestar por la ausencia de medidas a favor de las Fuerzas Armadas en el acuerdo de Gobierno
03/01/20access_time 1:04
“Declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura...”: es la única referencia “militar” en las 50 páginas del documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, que firmaron el lunes 30 de diciembre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
El documento traza las líneas principales por las que discurrirán, en teoría, las políticas del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos si llegara a tener éxito la votación de investidura de Pedro Sánchez.
La ausencia total de medidas para los militares ha provocado reacciones inmediatas entre este colectivo. Distintas asociaciones profesionales han criticado duramente este ‘olvido’ por parte de los dos principales partidos de izquierdas.
Confidencial Digital ha podido saber que ya hay al menos una asociación que ha decidido movilizarse en la calle para tratar de hacer valer su posición y reclamar medidas para algunos de los problemas que, a su juicio, aquejan a los miembros de las Fuerzas Armadas.
La Unión de Militares de Tropa (UMT), con presencia en la Escala de Tropa y Marinería, anunciará próximamente la convocatoria de una manifestación de protesta por esa actitud de los partidos políticos que presumiblemente formarán el nuevo Gobierno de España.
Así lo explica a ECD su presidente, Francisco Bellón. Su idea es anunciar la concentración próximamente, y comenzar a enviar cartas a sus afiliados y simpatizantes, así como en general a militares y a otros colectivos que apoyan sus reivindicaciones, para movilizarles para el 8 de febrero.
Para ese día tienen previsto organizar una concentración de militares en Madrid, seguramente en las cercanías del Ministerio de Defensa, para tratar de poner encima de la mesa asuntos como el de la salida de los militares de la Escala de Tropa y Marinería a los 45 años.
Pablo Iglesias se comprometió en un mitin
Esa es una de las promesas electorales que ahora esta asociación, así como muchos militares en redes sociales, están echando en cara a Pablo Iglesias por haberla incumplido.
Pese a que Unidas Podemos no firmó con la Unión de Militares de Tropa (UMT) el compromiso para dar una solución a este problema, como sí hicieron Ciudadanos, Vox y Más País, durante la campaña del 10-N Iglesias sí se pronunció al respecto.
Fue en un mitin en Murcia. Un representante de la Unión de Militares de Tropa (UMT) acudió a un mitin del líder de Podemos y en un turno de preguntas le planteó el problema de los militares que a los 45 se ven obligados a abandonar las Fuerzas Armadas, lo que deja a muchos en una situación laboral y personal muy complicada.
Ante ese asunto, Pablo Iglesias se comprometió a estudiar en la nueva legislatura una solución a este asunto, y a tratarlo en unas eventuales negociaciones para formar Gobierno.
Es por ello que desde la UMT y otros colectivos militares han visto defraudados que no hay ni una palabra sobre el tema de los 45 años en el documento del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.
Asunto camino de los tribunales de justicia
Este ha sido el detonante de la concentración que prepara la Unión de Militares de Tropa. Esta asociación comenzó hace unos meses una estrategia para que unos 400 militares próximos a cumplir los 45 años denunciaran en los tribunales esos compromisos temporales que les obligan a dejar las Fuerzas Armadas a esa edad.
En paralelo a esta estrategia, que se encauza con recursos por vía administrativa y llegará a la justicia, plantean ahora la manifestación en la calle para hacer visible sus reivindicaciones.
El tema de los ‘despidos’ a los 45 años no será el único punto de su concentración. Según explica a ECD su presidente, Francisco Bellón, recogerán una serie de demandas sobre las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas para las que llevan años reclamando solución y que no avanzan.
Además de la mejora de las retribuciones a que ahora se ha comprometido Margarita Robles -también condicionada a que se forme nuevo Gobierno-, exigirán la actualización de las asignaciones que reciben los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED), pedirán medidas para favorecer la conciliación laboral en los ejércitos, en la línea que planteó Robles a su llegada al ministerio, y también plantearán que se potencie la carrera de los militares de Tropa y Marinería con carácter permanente.
A la concentración la UMT invitará a colectivos afines, por ejemplo sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil con problemáticas similares en algunos casos, así como a los partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones: reivindicaciones que, según lamentan, se han visto completamente ignoradas en el acuerdo PSOE-Podemos.
“Decepción en los cuarteles”
También la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reaccionado con dureza a la falta total de medidas hacia su colectivo en el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Según AUME, “la decepción comienza a correr por los cuarteles como la pólvora. Una vez más el militar vuelve a sentirse engañado por aquellos que le representan en las instituciones del Estado y que, además, han venido realizando promesas en sus mejoras laborales, salariales y sociales”.
Y es que ven “inverosímil” que la actual situación de los militares, “con promesas incumplidas por parte de los gobiernos anteriores incluido el actual”, no tenga mención alguna en el documento PSOE-Podemos.
“Se augura un año malo para los militares, un año caliente para nuestras reivindicaciones”, avanzan también por su parte, y avisan que utilizarán todas las herramientas legales para llevar sus reivindicaciones “hasta el extremo, no podemos seguir siendo ninguneados de esta forma tan descarada. Nuestros gobernantes se podrán olvidar de nosotros, pero nosotros no nos vamos a olvidar de ellos”.
Reprochan también, en este caso al PSOE y al actual equipo del Ministerio de Defensa, que “durante más de un año nos han tratado de mantener pasivos y neutralizados argumentando la situación de “gobierno en funciones”: ahora vemos que no había mucha intención de atender nuestra situación, pero sí de dejar neutralizadas nuestras reivindicaciones”.
Ya hubo renuncias en la negociación de verano
Cabe señalar que ya en los documentos que intercambiaron el pasado verano PSOE y Podemos para tratar de alcanzar un pacto que fracasó, el partido morado rebajó notablemente su programa militar, y concretamente renunció a incluir siquiera en su documento base de negociación el asunto de frenar los despidos en la tropa a los 45 años.
Frente a las acusaciones de antimilitarismo, Pablo Iglesias se empeñó desde los inicios de Podemos de mostrarse cercano hacia los miembros de las Fuerzas Armadas, elogiándolos y sobre todo reivindicando mejoras de carácter laboral y social para ellos, en vez de cuestiones como aumentar el gasto en programas de armamento.
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References: resolución 
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 resolución 
 artículo 8
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 resolución 
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 artículo 46
 artículo 147
 artículo 46
 resolución 
 artículo 104