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BOE.es - Documento BOE-A-2018-15455
Documento BOE-A-2018-15455
Instrumento de adhesión a la Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 1961.
«BOE» núm. 274, de 13 de noviembre de 2018, páginas 110084 a 110101 (18 págs.)
1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá:
a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o
b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada.
2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo a una o más de las condiciones siguientes:
a) que la solicitud se presente dentro de un período fijado por el Estado contratante, que deberá comenzar a más tardar a la edad de 18 años y que no podrá terminar antes de la edad de 21 años, entendiéndose que el interesado deberá disponer de un plazo de un año, por lo menos, para suscribir la solicitud personalmente, y sin habilitación;
b) que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período fijado por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni que el período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años;
c) que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una pena de cinco o más años de prisión por un hecho criminal;
d) que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente artículo, todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado si de otro modo sería apátrida.
4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de residencia exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya nacionalidad se solicita determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad así determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser presentada por la persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en la forma prescrita por la legislación del Estado contratante.
5. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del presente artículo a una o varias de las condiciones siguientes:
a) que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años;
b) que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho período exceda de tres años;
c) que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. La nacionalidad a que se refiere este párrafo se concederá:
2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de la nacionalidad, según el párrafo 1 del presente artículo, a una o varias de las condiciones siguientes:
c) que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional;
1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o a la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.
2. Si, de conformidad con la legislación de un Estado contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad de dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, se le ofrecerá la posibilidad de recobrarla mediante una solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo 2 del artículo 1 de la presente Convención.
1. a) Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad.
b) La disposición del apartado a) del presente párrafo no se aplicará cuando su aplicación sea incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.
3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o cualquier otra razón análoga.
4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad.
5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación de ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente.
6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención.
1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante:
a) en los casos en que, con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir que pierda su nacionalidad;
b) cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados contratantes podrán conservar la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si en el momento de la firma, ratificación o adhesión especifican que se reservarán tal facultad por uno o varios de los siguientes motivos, siempre que éstos estén previstos en su legislación nacional en ese momento:
a) cuando, en condiciones incompatibles con el deber de lealtad al Estado contratante, la persona,
I) A pesar de una prohibición expresa del Estado contratante, haya prestado o seguido prestando servicios a otro Estado, haya recibido o seguido recibiendo dineros de otro Estado, o
II) Se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado;
b) cuando la persona haya prestado juramento de lealtad o hecho una declaración formal efe lealtad a otro Estado, o dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que debe al Estado contratante.
4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona de su nacionalidad, en las condiciones definidas en los párrafos 2 ó 3 del presente artículo, en conformidad con la ley, la cual proporcionará al interesado la posibilidad de servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano independiente.
1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas disposiciones figuren en todo tratado de esa índole que concierten con un Estado que no sea parte en la presente Convención.
2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio.
1. En relación con un Estado contratante que no conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el párrafo 1 del artículo 1 o el artículo 4 de la presente Convención, en el momento del nacimiento de la persona, una u otra disposición, según sea el caso, serán de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.
2. El párrafo 4 del artículo 1 de la presente Convención será de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.
3. El artículo 2 de la presente Convención se aplicará solamente a los expósitos hallados en el territorio de un Estado contratante después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado.
1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado deberá, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o adhesión a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplicará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión.
2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del Estado contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se aplique a dicho territorio, el Estado contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro del término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notificación desde la fecha en que la reciba el Secretario General.
3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General de los resultados de las consultas celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales están encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente Convención haya quedado pendiente.
1. La presente Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de agosto de 1961 al 31 de mayo de 1962.
2. La presente Convención quedará abierta a la firma:
a) de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas;
b) de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la supresión o la reducción de la apatridia en lo porvenir;
c) de todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión.
3. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo Estado puede formular reservas a los artículos 11, 14 y 15.
2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente Convención.
1. La presente Convención entrará en vigor dos años después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión o en la fecha de entrada en vigor de la Convención de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si esta última fecha es posterior.
1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto respecto de dicho Estado un año después de la fecha en que el Secretario General la haya recibido.
2. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 la presente Convención se haya hecho aplicable a un territorio no metropolitano de un Estado contratante, éste, con el consentimiento del territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en cualquier momento al Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho territorio. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida la notificación por el Secretario General quien informará de dicha notificación y de la fecha en que la haya recibido a todos los demás Estados contratantes.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estadas Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 16:
a) las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas en el artículo 16;
b) las reservas formuladas con arreglo a lo previsto en el artículo 17;
c) la fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18;
d) las denuncias previstas en el artículo 19.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas señalará a la atención de la Asamblea General, a más tardar después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la cuestión de la creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del organismo mencionado en ese artículo.
a) Con vistas a la eliminación de los casos de apatridia, a las personas que sean apátridas en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954;
b) Con vistas a la prevención de la apatridia o de la conservación de la nacionalidad, a los nacionales alemanes en el sentido de la Ley Fundamental (Constitución) de la República Federal de Alemania.
1. cuando dicha persona haya adquirido la nacionalidad belga a resultas de un comportamiento fraudulento, mediante informaciones falsas, falsedad documental y/o utilización de documentos falsos o falsificados o mediante fraude para obtener el derecho de residencia;
2. cuando incumpla de forma grave sus deberes de ciudadano belga;
3. cuando haya sido condenada, como autor, coautor o cómplice, a una pena de prisión de al menos cinco años sin suspensión de la ejecución por alguno de los siguientes delitos:
4. cuando haya sido condenado como autor, coautor o cómplice, a una pena de prisión de al menos cinco años sin suspensión de la ejecución por un delito cuya comisión haya sido manifiestamente facilitada por la posesión de la nacionalidad belga, siempre que el delito se hubiera cometido en los cinco años siguientes a la fecha de la obtención de la nacionalidad belga».
1 Ninguna de las Partes contratantes de la Convención notificó al Secretario General, en el plazo de un año desde la fecha de la notificación del depositario por la que se comunica la declaración (C.N.916.2009.TREATIES-3 de 29 de diciembre de 2009), objeción alguna ni al depósito ni al procedimiento previsto. En consecuencia, dicha declaración interpretativa se tuvo por aceptada en depósito al término del plazo indicado anteriormente, es decir el 29 de diciembre de 2010.
Nueva Zelanda2.
a) hubiera adquirido la nacionalidad o la ciudadanía de otro país mediante cualquier acto voluntario y oficial, y se hubiera conducido de una manera perjudicial para los intereses esenciales de Nueva Zelanda; o
b) hubiera ejercido deliberadamente un privilegio o cumplido deliberadamente un deber inherentes la nacionalidad o ciudadanía de otro país que pudiera poseer, de una manera perjudicial para los intereses esenciales de Nueva Zelanda.
2 Con aplicación territorial a las Tokelau.
i) a pesar de una prohibición expresa de Su Majestad británica contratante, haya prestado o seguido prestando servicios a otro Estado, o haya recibido o seguido recibiendo emolumentos de otro Estado, o
ii) se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales de Su Majestad Británica;
1. Cuando ocupe un cargo en algún servicio público de un Estado extranjero o en un ejército extranjero y lo conserve una vez transcurrido el plazo de un mes desde que el Gobierno de Túnez le haya requerido que abandone dicho puesto, a menos que quede acreditado que le era imposible hacerlo.
2. Cuando haya sido condenado por un acto tipificado como un delito leve o grave contra la seguridad exterior o interior del Estado.
3. Cuando realice, en beneficio de un Estado extranjero, actos incompatibles con su condición de ciudadano tunecino y perjudiciales para los intereses de Túnez.
4. Cuando haya sido condenado en Túnez o en el extranjero por un acto tipificado como delito por la legislación tunecina que lleve aparejada la condena a una pena de prisión de al menos 5 años.
5. Cuando haya sido condenado por sustraerse a las obligaciones que le impone la Ley sobre reclutamiento militar.
6. Cuando se ponga de manifiesto, con posterioridad al decreto de naturalización, que el interesado no reunía los requisitos exigidos por la ley para poder ser naturalizado.
7. Cuando el extranjero haya hecho una declaración falsa, empleado medios fraudulentos o presentado deliberadamente un documento que contenga alguna declaración falsa o incorrecta a efectos de conseguir la naturalización.
a) La Convención se aplicará a los siguientes territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino Unido: Antigua, Bahamas, Barbados, Basutolandia, Bermudas, Bechuanalandia, Dominica, Fiyi, Gibraltar, Granada, Guyana británica, Honduras británica, Hong-Kong, islas Anglo-Normandas, islas Caimán, islas Malvinas, islas Gilbert y Ellice, Isla de Man, Isla Mauricio, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes, Montserrat, Protectorado de las islas Salomón británicas, San Cristóbal, Santa Elena, Santa Lucía, San Vicente, Seychelles, Suazilandia.
b) La Convención no se aplicará a Adén, al Protectorado de Arabia del Sur, a Brunei, a Rodesia del Sur ni a Tonga, que no han dado su consentimiento para la aplicación de la Convención.
Madrid, 31 de octubre de 2018.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.
Fecha de disposición: 30/08/1961
Adhesión por Instrumento de 3 de septiembre de 2018.
Entrada en vigor: de forma general el 13 de diciembre de 1975 y para España el 24 de diciembre de 2018.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 31 de octubre de 2018.

References: artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 1
 Resolución