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Timestamp: 2018-08-21 22:18:35+00:00

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EL PROFE7: Democracia Hoy: el jueves 5 de octubre de 2017
Democracia Hoy: el jueves 5 de octubre de 2017
-------- Mensaje reenviado -------- De: Blanca Cayo Quintana blanca.cayo.quintana@gmail.com Para: undisclosed-recipients:; Fecha: viernes, 06 octubre 2017, 02:50PM -05:00 Asunto: Fwd: Democracia Hoy: el jueves 5 de octubre de 2017
Desde Piura va la información de AYER JUEVES 5 DE OCTUBRE.
Diario UNO, el jueves 5 de octubre de 2017
No hay mejor resumen de lo que ha sido la vida política de Alan García (alias AG), que la planteada por el fiscal Castellanos esta semana al ampliar por tres años la investigación que se le sigue, y que incluye a su cogollo nuclear y ampliado, y a varias empresas vinculadas al presidente peruano percibido como el más corrupto según una reciente encuesta.
Cuando Castellanos señala que AG sería el líder de una presunta organización criminal con tres niveles de testaferros, estructurada desde su primer gobierno hasta la actualidad para lavar activos de todo lo que le robó al Estado, no hace otra cosa que resumir en una investigación fiscal, un largo periodo que va desde las épocas centaveras del AG presidente de los ochenta, cuando le decía al empresario Alfredo Zanatti: ¿y cómo es la mía? cobrándole una coima por los dólares MUC; hasta el momento, veinte años después, en que AG ya era experto en seguir amasando fortuna aprovechándose de los recursos públicos en su segundo gobierno, cuando le decía a Jaime Bayly: "No seas cojudo hombre, la plata llega sola", animándolo a postular a la presidencia.
Del "¿y cómo es la mía?" al "la plata llega sola" hay todo un aprendizaje para ser impune que incluye una serie de operadores apristas muy leales, o muy conscientes de que con AG no se juega, dispuestos a pagar cárcel cerrando la boca si es necesario. Varios de ese grupo pasaron de clase media a clase alta tras el primer gobierno de AG (1985-1990), como es el caso de Luis Nava y Hernán Garrido-Lecca, hoy investigados como presuntos integrantes de una organización criminal.
Ya en su segundo gobierno, AG no se conformaba con ser muy rico, sino que junto con otros de su cogollo aspiraba a ser parte del Jet Set local. Basta ver al Tío George posando en todos los actos sociales posibles que registran las revistas de las élites, y aunque aún éste no aparezca en el primer círculo de "cuadros de confianza" de AG para el lavado de activos según la Fiscalía, no se puede pasar por alto el salto que dio desde una quinta austera de Barranco a codearse con los ricos y famosos.
Es que aparte de los casos de mega corrupción que hoy persiguen a AG y su cogollo, como el tren eléctrico, el proyecto Olmos, los colegios emblemáticos, el Estadio Nacional, el proyecto Collique y muchos más en los que están vinculadas Odebrecht, Graña & Montero, Cosapi, DH Mont, etc., varios empresarios privados más chicos, pueden dar cuenta de una metodología de corrupción capilar con AG, que consistía en que sus funcionarios los contactaban para pedirles gastos operativos y bonos de éxito a fin de garantizarles trámites administrativos con rapidez.
AG que usaba su poder político para garantizar su impunidad, hoy se encuentra en problemas precisamente por ya no ser una locomotora electoral. Y pese a que se ha pegado como sanguijuela al fujimorismo para tener correlación de fuerzas, ha sufrido este revés de la justicia.
Con todo, AG sabe muy bien cómo hacer para que sus casos se archiven, prescriban, se anulen con amparos de favor o en última instancia irse del país. El golpe del 92 le cayó como perilla tras su primer gobierno, y en la actualidad se encuentra corrido en España desde que explotó Lava Jato. Todo ello forma parte de su búsqueda de impunidad.
Correo, el jueves 5 de octubre de 2017
ALAN CRUCIFICADO
Conozca toda la investigación
CORREO accede a la investigación en su integridad
Fiscalía: "Organización vinculada a Alan García tenía código de honor, propio de mafia Camorra"
Según hipótesis del magistrado José Antonio Castellano Jara, ex mandatario era el líder de una estructura dedicada al lavado de activos y constituyó, junto a su esposa, una fundación, se presume, para canalizar fondos de origen ilícito.
Documento de la Fiscalía sindica al ex presidente como líder de una organización criminal dedicada al lavado de activos similar a la Camorra italiana, cuyos integrantes tenían un código de silencio para beneficiar a su jefe.
El fiscal de lavado de activos José Castellanos Jara amplió la investigación al expresidente Alan García, su ex esposa, separada pero no divorciada, Pilar Nores, y otras 31 personas a 36 meses, al considerar que se trata de un caso complejo, el cual amerita ser analizado bajo la figura de una presunta organización criminal.
Toda la bancada aprista (o sea 5 gatitos ... incluida a Luciana) respaldó a su jefe AG, Alan Gabriel Ludwig García Pérez.
El Ministerio Público investiga al líder del partido aprista, Alan García, como un presunto cabecilla de una organización criminal, con la hipótesis de que la supuesta comisión del delito de lavado de activos se dio al estilo de las mafias italianas Camorra y Ndrangheta.
obtuvo la disposición N° 7, que emitió el fiscal de lavado de activos, José Castellanos, el pasado 28 de setiembre, sobre la investigación que se le sigue al ex presidente, su ex esposa Pilar Nores, y otras 31 personas por el delito de lavado de activos. En dicha disposición, Castellanos, de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, refiere que se trataría de una actuación ejecutada de manera coordinada y sistematizada, con la participación de otros investigados, personas de confianza y entorno amical, que en muchos casos ostentaron cargos en la función pública.
Tales acciones, indica el documento, no podrían haber sido ejecutadas de manera independiente y solitaria.
El fiscal también sostiene que se "evidenciaría" una escala coordinada de mando desde el más alto nivel, con la presunta finalidad de evitar que se detecte al líder de la organización criminal; encubrir el contacto directo del líder con los activos de origen ilícito; facilitar la operatividad y continuidad de los actos de lavado de activos utilizando a diversas personas empresas y operaciones comerciales y evitar el descubrimiento de las actividades criminales previas generadoras de los activos materia de blanqueo.
En otra parte, Castellanos indica que varios de los integrantes de la presunta organización criminal ostentaron cargos públicos, pero habrían tenido un fin oculto: facilitar el lavado de activos.
"(...) El integrante de la presunta organización criminal no era cualquiera, sino que se trataría de alguien que tenga vocación de permanencia y demostrara confianza absoluta y capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición: una suerte de código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (Mafia Camorra, Ndrangheta, etc.). Esta confianza tendría como objetivo el pleno beneficio del líder o jefe, y el funcionamiento regular de la organización criminal", dice el documento.
Junto a García son investigados Pilar Nores, Wally Palacios, Carlos Camino, Carlos Nava, José Nava Mendiola, Luis Nava Mendiola, Jean Pierre Nava Mendiola, Juan Hueza, Gustavo Jorge, Hernández Pérez-Albela, Julio César Olórtegui, Esmeralda Rodríguez, Deysi Puicán, Dora Marquina, Luis Facundo Niño de Guzmán, Edmy Infante, Luis Nava Guibert, Aurelio Pastor, Hernán Garrido-Lecca, José A. Chang, Asabedo Fernández, María Gamarra, Pedro Morales, Luis Huaylinos, Carlos Arana, Jorge Barco, Miguel Facundo Chingel, Hammer Zavaleta, Umberto Olcese y Julio Herrera. El fiscal José Castellanos, dividió a los investigados como presuntos testaferros de primer nivel. Ellos son, Pilar Nores, Hernán Garrido-Lecca, José Chang, Aurelio Pastor y Luis Nava Guibert.
A otras diez personas sitúa en el segundo nivel: Asabedo Fernández, María Gamarra, Pedro Morales, Alberto Huaylinos, Carlos Arana, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel, Edmundo Zavaleta, Umberto Olcese y Julio Herrera.
Los involucrados del primer nivel presentarían vinculación con instituciones y empresas: Inversiones Quijote SAC, Librería Santilla SAC, Librerías El Crisol SA (director Alan García), Universidad de San Martín de Porres, Inturandes SRL, empresa Alpamayo Entertaiment SAC
Dentro del grupo, el fiscal señala sobre Pastor y Garrido-Lecca que se evidencia movimientos de dinero realizados en el sistema bancario nacional e internacional, y transferencias y depósitos de dinero a empresas. Sobre Nava Guibert, indica que existe un vínculo con la empresa constructora brasileña Odebrecht Perú Ingeniería y Construcciones SA, Petrobras, Vega Upaca SA y otras, pues -señala-, están vinculados sus hijos (José y Luis Nava Mendiola), quienes están en condición de coinvestigados. Sobre el grupo del segundo nivel, el fiscal sostiene que existirían testaferros que estarían involucrados en delitos de corrupción y contra la administración pública, durante el segundo gobierno de Alan García.
GARCÍA Y NORES
En el año 1994, Alan García y Pilar Nores constituyeron la Fondation des Rayons du Soleil, asentado en el Principado de Lischtenstein (situado en la vieja Europa).
Al respecto, Castellanos señaló que fue eliminada el 19 de setiembre de 1995. "Se presume que sirvió para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción u otros delitos contra la administración pública cometidos en el Perú, mediante transferencias bancarias y otros", se lee en el documento.
Como se recuerda, en el año 2011, al término del segundo gobierno de Alan García, la "Megacomisión" del Congreso, encargada de investigar su gestión a cargo de Sergio Tejada, derivó un informe a la Fiscalía, el cual recayó en José Castellanos.
A inicios de este año, la militante aprista Ángela Valdez Rivera presentó una denuncia penal contra García y su ex esposa Pilar Nores por el presunto delito de lavado de activos, tras acusarlos de haber adquirido "más de una veintena de inmuebles". Ante ello, el fiscal Castellanos incluyó esta denuncia dentro de la investigación preliminar que realiza en base al informe de la "Megacomisión".
El Comercio, el jueves 5 de octubre de 2017
Lucha contra Lavado de activos:
Fiscalía cierra filas en torno a
Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, niega que exista una intención política detrás de
Magistrado José Antonio Castellanos compara a presunta organización criminal dirigida
por el ex presidente con mafias italianas.
El líder aprista afirma que el Ministerio Público busca crear un "escándalo" con su caso.
Defensa del ex presidente presentará una acción de amparo contra la resolución que lo
califica de presunto cabecilla de una organización criminal.
El máximo representante del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, defendió la labor del fiscal para casos de lavado de activos José Antonio Castellanos, quien decidió ampliar la investigación preliminar al ex presidente Alan García, al que calificó como el cabecilla de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.
Sánchez salió al frente luego de las críticas que realizó García, tras ser notificado de la decisión fiscal que ampliaba a 36 meses la investigación que se le seguía. El caso, además, fue adecuado a la ley de crimen organizado.
"Creo que el fiscal ha hecho un gran trabajo de investigación. Él sigue su línea [en las indagaciones] y yo respeto su trabajo", dijo Sánchez en declaraciones a la prensa.
El fiscal de la Nación descartó cualquier intención política en la decisión de Castellanos. "Los fiscales no hacemos política", enfatizó.
Las comparaciones del fiscal
Siete años después de haber dejado Palacio de Gobierno, el ex presidente García será investigado como parte de una presunta agrupación criminal cuyo modo de operar, según la resolución del fiscal Castellanos, se asemeja al de la Camorra italiana y otras organizaciones criminales.
Así lo sostiene la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, en la que se señala que la presunta organización dirigida por García "no era cualquiera", sino que estaba integrada por personas "de confianza absoluta".
Los integrantes de esta presunta organización -indica Castellanos- debían tener "la capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición, una suerte de código de honor propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (mafia, Camorra, 'Ndrangheta', etc.)".
En el documento de 30 páginas, se sostiene que los fondos ilícitos para cometer el presunto delito de lavado de activos provendrían de actos de corrupción cometidos durante el primer gobierno (1985-1990) y el segundo gobierno (2006-2011) de García.
Entre ellos, se mencionan los negocios que mantuvo la empresa brasileña Odebrecht durante la segunda gestión aprista, en la que la constructora era la "principal ejecutora de obras en el Perú".
"Es necesario indicar que presuntamente existe conexión de los integrantes de la presunta organización criminal con actividades delictivas con grupos, relacionados específicamente con la empresa Odebrecht", sostiene el citado fiscal.
Según Castellanos, "este contexto habría acarreado el aumento de patrimonio" de los investigados y de la presunta organización criminal, que se habría favorecido con los negocios ilícitos.
La resolución menciona que el director ejecutivo de Odebrecht, Jorge Simoes Barata, se ha convertido en colaborador eficaz en el Perú y ha asumido su responsabilidad penal.
En su defensa, el ex presidente Alan García sostuvo ayer que la fiscalía lo incluye dentro de una "organización criminal" para crear "escándalo".
El líder aprista utilizó su cuenta de Twitter para criticar a la fiscalía por mezclarlo con personas y empresas que dijo no conocer.
Además, mostró un documento del 2016, en el que el fiscal José Castellanos sostenía que no había elementos para continuar investigándolo por el delito de lavado de activos.
"Esto dictaminó el fiscal Castellanos en el 2016. Hoy dice que existe una organización criminal. ¿Qué o quién lo hizo cambiar?", cuestionó.
El abogado defensor de García, Genaro Vélez, señaló a este Diario que interpondrán una acción de amparo contra la resolución por "haberse vulnerado derechos constitucionales" y calificó de "prevaricadora" la decisión fiscal. "Está llamando organización criminal a hechos de su imaginación. No hay prueba o indicio de que el ex presidente Alan García esté liderando algo así. Ni siquiera está el cuerpo del delito", comentó Vélez.
Los informes de la megacomisión
En el 2011 se creó la llamada megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García. En el 2012 se aprobaron los informes que implicaban a García: colegios emblemáticos, programa Agua para Todos, BTR y 'narcoindultos'. El ex presidente recurrió al Poder Judicial vía un amparo y en el 2014 se anularon los informes que lo inculpaban.
Un caso archivado en la fiscalía
En febrero del 2013, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, abrió una investigación al ex presidente Alan García por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, un año después el caso fue archivado, debido a que no se encontró desbalance patrimonial del ex jefe del Estado.
El Caso Odebrecht y el metro de Lima
A pedido de la procuraduría ad hoc asignada al caso de Odebrecht, el equipo especial de la fiscalía anticorrupción incluyó al líder del Partido Aprista en las indagaciones que lleva a cabo por la supuesta receptación de coimas para la licitación de las rutas 1 y 2 del metro de Lima.
La bancada aprista critica el trabajo del fiscal Castellanos
https://twitter.com/_/status/915700994482241537
La bancada del Partido Aprista cuestionó el trabajo del fiscal José Antonio Castellanos, quien amplió por 36 meses la investigación por lavado de activos a Alan García, Pilar Nores y otras personas vinculadas a su segundo mandato.
En conferencia de prensa, el vocero de la bancada, Jorge del Castillo, afirmó que la indagación de Castellanos viola dos principios jurídicos: el de cosa juzgada y el de cosa decidida. Explicó que los hechos ya fueron investigados antes y que incluso la Fiscalía de la Nación decretó su archivo definitivo.
"Se acusa de manera infame a Pilar Nores de ser partícipe y ser parte del primer círculo de esta [supuesta] banda organizada", afirmó.
A su turno, Mauricio Mulder aseveró que le parece extraño que se haya decidido ampliar las pesquisas dos semanas luego de que el ex presidente Ollanta Humala -quien cumple prisión preventiva- señalara en un tuit que García debería ser investigado.
"Este fiscal parece cumplir la orden del señor Ollanta Humala [...]. Su acusación es absolutamente aberrante, insultante, agresiva y carente de todo tipo de argumentación", indicó.
Javier Velásquez Quesquén, en tanto, indicó que es evidente que existe una "carga política" y que Alan García nunca se ha negado a ser investigado.
elcomercio.pe, el jueves 5 de octubre de 2017 - 19:10 a.m.
¿Por qué lo investigan bajo
la Ley de Crimen Organizado?
El fiscal José Antonio Castellanos decidió investigar de manera preliminar al ex presidente Alan García, a la ex primera dama Pilar Nores y a cuatro ex ministros, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Medida que ha sido duramente cuestionada por el líder aprista. Genaro Vélez, abogado de García Pérez, adelantó que tomarán acciones legales para dejar sin efecto la disposición del fiscal Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso y detalla a continuación:
El ex presidente Alan García, de acuerdo a la fiscalía, es el líder de una presunta organización criminal, "cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos" originados en "actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros".
Según el Ministerio Público, los ex ministros José Antonio Chang Escobedo (PCM y Educación), Hernán Garrido Lecca (Vivienda), Aurelio Pastor (Justicia) y Luis Nava (Producción) así como la ex primera dama Pilar Nores formaron parte del primer círculo de confianza del ex mandatario. En el segundo estuvieron 10 ex funcionarios, entre los que figuran Carlos Arana, ex jefe de Sedapal, y Miguel Facundo Chinguel, ex director de la Comisión de Gracias Presidenciales. Este último cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los 'narcoindultos'.
En el punto 14 de la disposición de Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso, este señala que varios integrantes de la presunta organización criminal liderada por el Alan García "desempeñaron funciones en diversas instituciones públicas", en especial a las vinculadas con "contrataciones estatales y obras de infraestructura de gran envergadura".
También afirma que no cualquier persona podía ser integrante de la organización, sino solo aquellos con "vocación de permanencia" y que demuestren "capacidad de guardar silencio".
El fiscal agrega que cualquier acto de traición era castigado, debido a que el grupo se rige "bajo un código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres", como la "mafia Camorra" de Italia.
"Los objetivos y la operatividad de la presunta organización criminal es que el dinero y activos de origen ilícito penal aparezcan a nombre de empresas y corporaciones nacionales debidamente constituidas con patrimonio propio y aparentemente sólidas y relativo prestigio y de empresas constituidas en el extranjero y corporaciones 'off shore' ubicadas en paraísos fiscales o en países no cooperantes con la justicia, utilizando cuentas a efectos de que no se pueda identificar al verdadero titular de los activos procurando que los activos se mezclen con otros de naturaleza lícita para que no se pueda identificar el origen de los activos ilícitos ni se logre su incautación por las autoridades", se lee en la disposición fiscal en el punto 22.
El Ministerio Público indica que las empresas de los llamados "testaferros externos" habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). La institución agrega que estas compañías mantuvieron relación con el líder aprista, una vez que este dejó el poder.
"[Esto] hace inferir que los patrimonios habrían sido trasladados años posteriores [al segundo mandato aprista], concretándose un ocultamiento y posesión permanente y transformación inmediata y sucesiva de los activos ilícitos, siendo la única finalidad evitar que se identifique el origen ilícito de los activos", reza la disposición que declara a los investigados como integrantes de una presunta organización criminal.
El fiscal Castellanos también indica que existiría una conexión entre los integrantes de la presunta organización criminal que lidera Alan García "con las actividades delictivas" de otros grupos, "específicamente con la empresa Odebrecht", que fue el principal ejecutor de obras en el Perú durante la segunda administración aprista.
La República, el jueves 5 de octubre de 2017
Apra responde:
Fiscal desconoce la cosa juzgada
Jorge del Castillo afirma que hace un año el magistrado Castellanos archivó la causa
y que ahora extiende la investigación "al tema de una organización criminal"
Desde la sede del Congreso, la bancada aprista inició la defensa del ex presidente Alan García.
La bancada aprista cuestionó la investigación que realiza el fiscal José Castellanos Jara contra el ex presidente Alan García por lavado de activos, y demostró que busca desacreditarla.
"Se están trasgrediendo principios que son fundamentales y que hacen que este pronunciamiento fiscal tenga un elemento prevaricador", dijo el congresista Jorge del Castillo en alusión a la ampliación de la investigación preliminar por 36 meses.
Sin embargo, para defender su posición, echó mano a algunos trucos retóricos.
Por ejemplo, afirmó que "hace un año este mismo fiscal declaró que no había mérito para seguir avanzando en la investigación y archivó la causa. Un año después, se desdice y ahora extiende el tema a una organización criminal".
Lo cierto es que Castellanos, que había engavetado el caso en octubre del 2016, reabrió el caso por disposición del fiscal superior Marcos Villalta Infante. Fue un asunto de obediencia jerárquica, no un cambio de opinión.
Del Castillo, quien acusó al fiscal de "filtrar información de manera difamatoria", también dijo que "en dieciocho meses Castellanos no convoca a nadie" y que actúa "sin haber escuchado a las partes"; siendo eso algo propio de una investigación preliminar, donde el objetivo es acopiar toda la información disponible sobre el presunto delito para poder interrogar a los implicados en una fase posterior, tras la formalización de la denuncia.
Con el fin de defender a su líder, que se encuentra a 9.500 kilómetros de distancia, en Madrid, el vocero aprista también señaló que las pesquisas del fiscal Castellanos "toman, aunque parezca mentira, los mismos casos de enriquecimiento ilícito de los años 90, 91 y 92, en que se investigó a Alan García desde los años 70 hasta los 90".
Luego de recordar que la Corte Suprema archivó esa denuncia, añadió que "esos temas son cosa juzgada y este fiscal, de manera prevaricadora, los pone como un elemento de enriquecimiento ilícito perteneciente a una organización criminal".
Lo que omitió decir fue que ahora García ya no está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, sino por lavado de activos, y que la mención a las indagaciones de los años setenta y noventa solo forma parte de los antecedentes del expediente del fiscal Castellanos.
Para Mauricio Mulder la ampliación de la investigación contra su líder es una "acusación absolutamente aberrante, insultante, agresiva y carente de todo tipo de argumentación".
Ante la prensa, afirmó que Castellanos está repitiendo cosas que, dijo, "está seguro de que en su vida ha leído este señor fiscal". Por ejemplo, de una fundación en Liechtenstein, que fue una seudodenuncia que se sacó en el año 1991, se probó que no existía ese año. Alguien se lo ha contado, de hecho no lo ha leído".
Lo cierto es que la fundación Rayons de Soleil ("Rayos de sol", en español) la constituyeron Alan García y su ex esposa Pilar Nores en el principado de Liechtenstein en septiembre de 1994. Cuando se notició de su existencia, en junio de 1995, las autoridades peruanas solicitaron información al principado, que no accedió a las consultas. De modo que no se pudo acreditar oficialmente su existencia.
La última vez que estuvo en Lima, el ex presidente Alan García dijo que volvería entre el 15 y el 20 de octubre.
Abogado del ex presidente anuncia acción de amparo
Genaro Vélez, abogado de Alan García Pérez, declaró ayer que su patrocinado invocará garantías constitucionales. "No se puede permitir que un funcionario, como un fiscal, haga denuncias falsas. Vamos a recurrir a una acción de amparo", dijo.
Vélez agregó que el fiscal José Antonio Castellanos Jara, titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, está llamando una organización criminal a hechos de su imaginación. "No hay prueba o indicio de que el ex presidente Alan García esté liderando algo así. Ni siquiera está el cuerpo del delito", afirmó.
Como se recuerda, Alan García usó una acción de amparo para dejar sin efecto el informe de la Megacomisión Tejada.
"Estamos en momentos en que podrían empezar a presentarse delaciones y declaraciones, y esas declaraciones nos llevan a informaciones, y estas nos llevan a rastreo de cuentas específicas, y transferencias, pueden llegar a personas más cercanas vinculadas a García, o eventualmente al propio García, y esto ya motive una decisión de una medida cautelar más restrictiva", dijo.
"Por eso no quiere decir quiénes son los aportantes individuales que han contribuido a ese fondo", apuntó.
Perú.21, el jueves 5 de octubre de 2017
Partido Aprista acusaría a magistrado
que investiga a Alan García
Legisladores apristas salieron en defensa de ex mandatario y arremetieron contra
magistrado José Castellanos, quien lo indaga bajo la Ley de Crimen Organizado.
"Este es un tema violatorio del debido proceso", dijo Jorge del Castillo.
"Es una denuncia que no vamos a tolerar", advirtió Mauricio Mulder.
"Alan García no debería molestarse", indicó Andrés García Belaunde.
Los buenos peruanos defienden nuestros colores con garra y corazón
Futbol peruano retorna a La Bombonera, Buenos Aires
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Fiscalía lo sindica como líder de una organización criminal
Su banda estaría integrada por Hernán Garrido-Lecca, Aurelio Pastor,
José Antonio Chang, Luis Nava y Pilar Nores ...
Pablo Sánchez respalda labor del fiscal Castellano
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó la labor emprendida por el fiscal José Antonio Castellanos Jara luego de retomar la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado de activos. "El fiscal ha hecho un gran trabajo de investigación. Él sigue su línea y yo respeto su trabajo", declaró.
Fue al conocerse parte del documento de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos que investiga a García. "Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos", dice el fiscal.
Duberlí Rodríguez: "La investigación es correcta"
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostuvo que la investigación fiscal sobre García Pérez, como presunto líder de una organización criminal, es correcta. "Quien selecciona a quién investigar y a quién perseguir es el Ministerio Público, no el Poder Judicial. Si la Fiscalía ha seleccionado a García para investigarlo, como puede seleccionar a cualquier otro ciudadano, está dentro de sus atribuciones", señaló.
Recordó que el Poder Judicial recién entrará en el proceso en caso de que la investigación requiera alguna medida cautelar, prisión preventiva o embargo de algún tipo. "Si hubiera acusación, recién en el juicio oral los jueces harán escuchar su palabra", concluyó.
Caretas Edición 2508, el jueves 5 de Octubre de 2017
A Alejandro Toledo lo tenemos libre en Stanford y con sus abogados estadounidenses decididos a mantenerlo en libertad y en California. Estos, los abogados, tienen a su favor la torpeza con la que el gobierno intentó lograr su arresto. En la corte gringa, los abogados de Toledo, que conocen la política latinoamericana y las corruptelas partidario-judiciales, argumentarán, con buena posibilidad de éxito, que si se lo extradita, no tendrá en el Perú un debido proceso sino un linchamiento leguleyo.
"Está claro que Jorge Barata omitió hechos importantes
en su delación premiada.
Omitir no es igual a mentir, si no se le preguntó en forma clara;
aunque también hay contradicciones en lo que confiesa".
Solo en el caso de las presuntas contribuciones de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, ya hay contradicciones por resolver. Keiko Fujimori ha afirmado enfáticamente que no recibió ninguna contribución de Odebrecht para su campaña. Cuando escribí el artículo "La nota misteriosa" le hice directamente la pregunta a través de su encargado de comunicaciones, Víctor Medina y me respondió que "nunca ha recibido nada" de Odebrecht.
Pero Marcelo Odebrecht afirmó todo lo contrario. En su declaración en Curitiba el 15 de mayo, no solo dijo que le indicó a Barata que le diera más a Keiko (es decir, más de los tres millones que iba a entregar a Humala), sino que luego, en ese mismo interrogatorio, agregó que estaba seguro que se había apoyado con dinero a Keiko Fujimori. Además está la anotación en su celular de darle "500 más a Keiko". ¿500 más sobre qué suma previa?
Fuerza Popular recaudó
más de S/ 4 millones en cocteles
pero no se sabe de quiénes
El partido que lidera Keiko Fujimori organizó cinco reuniones durante
la última campaña electoral, entre diciembre del 2015 y mayo del 2016.
Hasta el momento no se ha hecho pública la relación de los asistentes
Por Enrique Patriau / María Elena Hidalgo
La suma exacta equivale a S/ 4'383,591.64, de acuerdo a los reportes oficiales entregados por FP a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que fueron revisados por este diario.
Alan y Keiko podrían tener la misma situación de Ollanta y Nadine, dice ex procurador Yván Montoya
Uno el 10 de mayo, con una recaudación de S/ 806,395.83. Y un quinto, el 24 de mayo, a diez días de la votación. Fue el de mayor rentabilidad, de acuerdo con los reportes de FP: S/ 1'434,073.90.
Los S/ 4'383,591.94 fueron englobados bajo el título de "ingresos por actividades de financiamiento proselitista".
Cócteles: Fondos opacos
"Como la relación (de asistentes) no estaba en los informes originales sino en los informes complementarios, entiendo que la ONPE no los ha hecho públicos. La entidad encargada de la verificación de los fondos es la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidario. Es su obligación definir si la información estaba sustentada. Si la ONPE ha auditado esos informes y ha encontrado algún tipo de duda acerca del origen de los fondos, tendría que haber pedido nueva información. Si encontró algún delito, tendría que haber oficiado a la Fiscalía para que proceda a investigar y acusar", dijo Medina.
Según Percy Medina, lo que se intentó impulsar en el debate de la reforma electoral era garantizar que las fuentes de financiamiento de los partidos provengan de fuentes lícitas.
"El riesgo de englobar recursos en actividades de campaña es que podría entrar dinero ilícito. Por eso los aportes deben ser públicos y conocidos", dijo.
De acuerdo al secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, fue el 31 por ciento de los ingresos del partido Fuerza Popular que provinieron de actividades proselitistas como la de los cocteles: "Fuerza Popular dijo que el 31% de sus ingresos provenían de esas actividades, por lo tanto no estamos hablando de poco dinero sino de un tipo de actividades cuyos montos se han incrementado significativamente y por lo tanto es muy importante prestarle atención a ese tipo de actividades".
Joaquín Ramírez, exonerado de investigación
por lavado de activos,
el mismo día que llegó misión GAFILAT
La misión del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT) aterrizó en Lima en días críticos en la lucha contra el lavado de dinero. El viernes 29, la misión presidida por Eugenio Curia de Argentina, se entrevistó con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno.
"La presidencia del GAFILAT se presenta ante las autoridades del más alto nivel del gobierno de los países que van a ser evaluados, para marcar del presidente hacia abajo y a los diferentes poderes del Estado la importancia de brindar adecuado tratamiento y responsabilidad a la evaluación que se va a llevar a cabo", declaró Curia a CARETAS.
En la primera quincena de agosto, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César Hinostroza Pariachi, resolvió que el delito de lavado de activos debe ser probado por el "delito fuente" o precedente.
El llamado casatorio 92 -2017 implica un grave retroceso en la tipificación de ese delito, de acuerdo a la Fiscalía de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Fiscalía advirtió que el precedente jurídico puede echar por la borda los juicios penales por lavado de dinero en curso, como el caso Sánchez Paredes, entre otros.
El mismo día que la misión de GAFILAT se entrevistó con el presidente Kuczynski, la fiscal Sara Vilar archivó la investigación por lavado de activos contra el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y Keiko Fujimori, en base a la polémica resolución de Hinostroza Pariachi. La resolución marcha en contra de la doctrina jurídica que ahora esboza la Fiscalía y que afirma que no es necesario probar la actividad criminal para condenar al lavador de dinero.
El contencioso jurídico desembocó en un Pleno Casatorio de la Corte Suprema para definir la tipificación del delito de lavado, el lunes 2 pasado. El Pleno se pronunciará en tres semanas, pero la fiscal Vidal se adelantó a los hechos. El Fiscal de la Nación Pablo Sánchez declaró que investigará esa resolución.
La tipificación adecuada del delito de lavado de dinero es la piedra de toque del sistema antilavado. De persistir la indefinición, el Perú no superará la severa evaluación de la GAFILAT, advirtió Sergio Espinosa, jefe de la UIF - Perú (CARETAS 2407).
La misión GAFILAT tenía prevista una reunión protocolar en Palacio de Gobierno, pero el presidente Kuczynski la recibió en compañía de los ministros de Justicia e Interior, el presidente de la Fiscalía de la Nación, la Superintendente de la SBS y de la SUNAT, y la jefa de DEVIDA. El intercambio de ideas se prolongó durante una hora. Acto seguido, Curia y los delegados del GAFILAT se reunieron con el presidente del Congreso Luis Galarreta y el vicepresidente Mauricio Mulder.
"El Perú tiene algunas lagunas, tiene que trabajar, pero está en una buena situación. No está empezando de cero por dos motivos: el Perú ha trabajado ordenadamente; segundo, porque el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, es un hombre aclimatado, con mucha experiencia. Él se desempeñó durante dos años como presidente del Grupo Egmont, que es el grupo que nuclea las diferentes UIF del mundo", sostuvo Curia a CARETAS.
A pesar de los innegables avances registrados por el Perú en los últimos años, aún existen importantes deficiencias que pueden ser problemáticas respecto del resultado de la evaluación:
Ausencia de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito (el proyecto, cuya versión original es de 2004, está para discusión en el pleno del Congreso).
Informalidad del sector cambiario y alto índice de uso de dólares en la economía.
Altos índices de corrupción.
Porosidad de las fronteras.
Falta de investigaciones sobre lavado de activos en los casos de denuncias por delitos precedentes (narcotráfico, corrupción, minería ilegal, trata de personas, etc.)
Escaso número de condenas por lavado de activos.
Escaso nivel de bienes incautados.
Escasez de recursos en la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
Bajo nivel de regulación del financiamiento de la política.
El equipo evaluador del GAFILAT llegará a nuestro país en mayo del 2018, durante dos semanas. Sus conclusiones se presentarán el diciembre del mismo año. Si el Perú desaprueba el examen, será incluido en una lista negra con graves consecuencias al prestigio y flujo de capitales. Curia sostuvo "difícil" que el Perú sea considerado en la lista negra del GAFILAT,, "pero uno nunca puede negar la posibilidad".
"Se evaluará el principio de efectividad, cómo se aplica y cuáles son los resultados", dijo. Dos detalles escalofriantes. El Perú es el principal productor de cocaína del mundo, pero el Poder Judicial apenas ha sentenciado 30 casos de lavado de activos en su historia.
¿Quién lava dinero? ¿Cómo se prueba?
El juez supremo César Hinostroza Pariachi manifestó que la casación 92 - 2017 se refiere a un caso de autolavado de dinero, no para los casos de Lavado de activos cometidos por terceros. La declaración pareció rectificar parcialmente su polémica sentencia (CARETAS 2407).
El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez; Rafael Vela, coordinador de las fiscalías superiores contra el lavado de activos, y el fiscal superior Frank Almanza defendieron la tesis contraria de que el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que solo requiere de indicios generales del delito previo o actividad criminal. La fórmula abierta "cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales" previsto en el Art. 10 del Decreto Legislativo 1106 no es abstracta y es clara, sostuvieron.
Los libros contables de 10 empresas de Joaquín Ramírez
desaparecieron en un insólito hurto.
Joaquín Ramírez es un empresario cajamarquino quien pegó el salto de cobrador de micro a millonario -según su relato-, hasta encaramarse como secretario general de Fuerza Popular y mano derecha de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales del 2016. Entre 2011/2016 fue congresista fujimorista y durante ese lustro consolidó su emporio empresarial. Una serie de operaciones inusuales de reconocimiento de deudas entre las empresas del congresista y aumentos recurrentes de capitales motivaron a la Procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe ordenar investigar a Ramírez, en septiembre del 2014.
Curiosamente apenas seis semanas después del inicio de la investigación, los libros societarios de las 10 empresas de Ramírez se perdieron durante el robo del vehículo en el que eran trasladados, el 25 de octubre del 2014. Los delincuentes fueron tras lo más voluminoso en el automóvil -que no era la billetera de Ramírez-, y fugaron con los volúmenes cuyo valor en La Cachina es incierto. Las empresas de Ramírez son Mondreau SAC, Norgrifo SRL, Capriconio Import SAC, Ofisoft.com SAC, Constructora Inmobiliaria Habitaria SAC, Milestone Group SAC, Lima Ingeniería y Construcción SAC, Sociedad Agroindustrial San José SAC y la empresa Inmobiliaria e Inversiones RB SAC.
La denuncia policial por el extravío de los documentos fue presentada el 12 de diciembre del 2014, 48 días después del hurto.
En mayo del 2016, el informante de la DEA Jesús Vásquez reveló que Joaquín Ramírez le dijo que recibió US$ 15 millones de Keiko Fujimori para "lavar" en una cadena de grifos. La denuncia selló la suerte de Ramírez como secretario general de FP, pero su purga no pudo evitar la derrota de Keiko en la segunda vuelta electoral. La Fiscal Villar tenía el encargo de verificar la denuncia de Vásquez. Esta semana, sin esperar la documentación de la DEA sobre la materia, ni la decisión del pleno casatorio, resolvió que Ramírez estaba libre de polvo y paja.
Operación quirúrgica para prolongar la falta de
democracia y transparencia en los partidos políticos
La Comisión de Constitución aprueba desde hace semanas dictámenes que descuartizan el proyecto de Código Electoral preparado el año pasado por el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre
. Estas decisiones implican una operación quirúrgica cuyo propósito es esquivar una reforma electoral integral y renovadora del sistema político, e intentan simular frente a la sociedad cambios profundos.
Una de estas decisiones aprobadas por el fujimorismo y sus aliados del Apra es el portazo a la democracia interna. El dictamen aprobado evita la participación obligatoria de los organismos electorales en los procesos de elección interna de los candidatos, prolongando el secuestro de la democracia interna en manos de las cúpulas nacionales de los partidos, contra el ejercicio de los derechos de los afiliados a los partidos. El dictamen señala que la asistencia técnica de los organismos electorales en las elecciones internas solo se realizará si así lo requiere la organización política. Así, no será posible que la ONPE se encuentre a cargo de la organización de las consultas internas. Estas se llevarán a cabo con las modalidades conocidas de secretismo, como en Fuerza Popular, o en procesos cuestionados que dividen a los partidos, como ha sucedido en los últimos años con Somos Perú, PPC y Apra.
Otra decisión se refiere al financiamiento partidario. Si bien es positiva la prohibición de aportes de personas condenadas u objeto
de prisión preventiva por narcotráfico, corrupción, terrorismo, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal o lavado de activos, y que se disponga que los aportes mayores a una UIT se bancaricen, no se propone prohibir los aportes anónimos, de modo que los partidos pueden seguir consignando aportes "hormiga", de pocos montos y que no están en la obligación de investigar.
Precisamente, en circunstancias en que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por la fiscalía por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales a través de sospechosos cocteles y polladas y otros actos proselitistas, cuyo tope se ha establecido en la alta cifra de 25 UIT. El dictamen omite la obligación de los partidos de identificar a cada uno de los aportantes en estas actividades que, como se sabe, forman parte del financiamiento ilegal "hormiga". No se trata de poco dinero, sino de más de un tercio de los recursos sobre los que dan cuenta a la ONPE los partidos más importantes. En este rubro, el de las actividades proselitistas, la Comisión de Constitución ha desoído la propuesta de la Comisión de Integridad Presidencial que recomendó un tope de 10% del total de recaudación partidaria.
No nos engañan. De hecho, nos encontramos ante una contrarreforma que es mal disimulada con medidas efectistas que, al ser analizadas, remachan los vicios que impiden la democracia interna y dejan la puerta abierta para actos ilegales
por los cuales están investigados dos ex presidentes, uno de ellos en prisión, y una ex candidata presidencial.
Mayoría fujimorista flexibiliza ley de
entrega de dádivas en elecciones
Pleno aprueba dictamen que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo
que la exclusión del candidato solo procede cuando reincide en la infracción
Para el pleno del Congreso la entrega de dádivas se sanciona
con la expulsión del candidato cuando reincide.
El pleno del Congreso, de mayoría fujimorista, aprobó anoche un dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y entre los cambios más saltantes figura la flexibilización de la cuestionada entrega de dádivas en campañas electorales.
El dictamen será sometido a segunda votación en un lapso mínimo de siete días, en cumplimiento del reglamento del Congreso. Si es aprobado será aplicado en los comicios 2018, en los que participarían más de 100 mil candidatos.
Con 72 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones se acordó, en primera votación, el dictamen del proyecto de ley que fue sustentado por la legisladora de Fuerza Popular Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución.
El artículo 42 de la referida norma, que está en vigencia, sanciona la entrega de dádivas con la exclusión directa. Así ocurrió en los comicios presidenciales del 2016 con el candidato de Fuerza Popular a la segunda vicepresidencia, Vladimiro Huaroc, por haber entregado víveres en Junín. También con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña, por regalar y ofrecer dinero en Chosica y Piura.
El dictamen aprobado anoche establece que el candidato está prohibido de "entregar o prometer dinero , regalos, alimentos, medicinas, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros o de la misma organización política". Pero si viola la norma será multado con 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/ 120 mil. No se establece una sanción si incumple el pago, solo si reincide será expulsado del proceso.
Para la congresista Indira Huilca, de Nuevo Perú, esta "flexibilización" permite la compra de votos y conciencias "que no pueden ser parte de la política". Su colega Marisa Glave dijo que no había razones jurídicas para modificar las sanciones por dádivas.
Letona respondió que el dictamen resume las propuestas de todas las bancadas y el cuestionado artículo fue planteado por el Jurado Nacional de Elecciones.
Yonhy Lescano, de Acción Popular, dijo que se está empeorando el sistema electoral.
El dictamen plantea también modificaciones al financiamiento público directo -encargándose la fiscalización a la ONPE-, aportes privado -obliga a la bancarización y uso de libros contables-, entre otros.
No se castiga a partidos
Para Gerardo Távara, secretario de Transparencia, es "preocupante" que el dictamen facilite la realización de rifas y cocteles, pudiéndose recaudar en cada uno hasta 250 UIT (más de S/ 1 millón)
Observó también que si bien se sanciona con la exclusión al candidato si es reincidente en la entrega de dádivas, no se castiga con la suspensión al partido político que reciba dinero de fuentes prohibidas por la misma norma.
se coordinó con Ejecutivo
Congreso publicó los temas que priorizará en el periodo 2017-2018.
Se enmarca en los objetivos y las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional.
En la tarde de ayer, el Congreso de la República publicó, a través de la resolución 004-2017-2018-CR, la agenda legislativa para el periodo parlamentario 2017-2018.
En el primer párrafo del documento, se informa que, "al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar en dicho periodo".
Se dice, además, que la mencionada agenda "es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate de los proyectos de ley ahí contenidos tienen prioridad, tanto en las comisiones como en el Pleno".
Temas a priorizar
La agenda se enmarca en los objetivos y las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional.
1) Democracia y Estado de derecho.
2) Equidad y justicia social.
3) Competitividad del país.
4) Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Se buscará fortalecer el régimen democrático, el sistema de partidos políticos y el civismo. También se quiere reducir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades sin discriminación, el acceso a la educación universal y gratuita, a los servicios de salud y a la seguridad social.
El esfuerzo también estará centrado en el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, en la política de desarrollo agrario y rural, entre otros.
La agenda también busca la cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando, además de la eliminación del terrorismo.
El día de ayer fue aprobada la agenda legislativa 2017-2018, la cual lista los temas que serán tratados a lo largo del periodo, dentro de los objetivos y las políticas de Estado concertados en el Acuerdo Nacional (AN). Esto no tendría nada de llamativo si no fuera por un pequeño par de detalles: el primero, que este valioso instrumento de políticas públicas y acuerdos políticos se puso de lado durante los quinquenios aprista y nacionalista; y el segundo, que este acuerdo logra consensuar un temario de actividades entre actores que, de otra forma, solo interactúan bajo presión o conflicto (me refiero, por cierto, al Ejecutivo y Legislativo).
La idea de crear una agenda legislativa fue puesta en práctica en 2001, siendo Carlos Ferrero presidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo. Desde entonces, la mayoría de gobiernos contaron con una ligera mayoría (sea propia o en acuerdo) en el Legislativo.
Lamentablemente, como suele ser, esta buena iniciativa fue puesta de lado por los gobiernos aprista y nacionalista (solo se usó, de manera decorativa, en 2012-2013). Recién hoy, bajo la presidencia de Luis Galarreta, es que se vuelve a poner en práctica. En simple, la agenda no es sino un listado de temas a ser debatidos durante el periodo en cuestión (para este caso, 2017-2018), siguiendo las pautas del AN, y nutriéndose de las diferentes bancadas y el aporte del Ejecutivo. Esto, en simple, vuelve predecible el calendario legislativo, así como pone en blanco y negro las expectativas a trabajar para cada una de las bancadas, sirviendo, además, los objetivos planteados por los diferentes actores reunidos en el AN.
Entre los temas a tratar, los más resaltantes son el fortalecimiento de las instituciones, la reforma electoral, revisar la descentralización, formalización y reactivación de la economía, entre otros.
Cierto, que exista un listado óptimo de políticas públicas no significa que lograremos llevarlas a cabo. Pero sin un listado, una estructura y un acuerdo previo, sería imposible. Saludamos, entonces, la puesta en práctica y esperamos evaluar, en 2018, los resultados.
Escenarios futuros del
El gabinete Aráoz es, sin duda, un gabinete conversado y acordado entre el gobierno de PPK y el Apra con la aparente aquiescencia del fujimorismo. Este acuerdo se expresará con claridad en el voto de confianza que el Apro-fujimorismo brindará al gabinete Aráoz el 12 de este mes.
¿Cuál es el alcance político y social del gabinete Aráoz?, ¿es sólo un acuerdo con el Apra?, ¿cuál es el nivel de compromiso de los naranjas con el nuevo gabinete?, ¿convocará el nuevo gabinete a otros personajes más cercanos al fujimorismo?, ¿qué fuerzas sociales lo respaldan? ¿Qué papel juegan otras bancadas menores? ¿Cuál es la posición de las izquierdas frente al gabinete conversado?
La respuesta a estas preguntas obliga a imaginar cuatro escenarios posibles.
El primero es la consolidación del gabinete conversado (que es, en un lenguaje del pasado, una especie de convivencia del gobierno con el Apra respaldada por FP). Este gabinete ha recibido el espaldarazo de la CONFIEP, de los medios concentrados y de casi toda la derecha.
El segundo escenario es la incorporación al gabinete conversado de algunos personajes que, sin pertenecer a las filas del fujimorismo, tienen estrecha relación con él. Este gabinete se aproximaría a lo que podría llamarse un gobierno (simulado) de PPK con el Apra y con FP o, para usar los términos del pasado, un gobierno de Superconvivencia.
El tercer escenario es la reducción del gabinete conversado a un acuerdo de PPK con el Apra sin el respaldo del fujimorismo. Este sería un gabinete muy débil e inestable, sobre todo si el fujimorismo despliega una oposición dura y avasalladora como producto de malos entendidos con el gobierno y de las tensiones con el Poder Judicial, en particular con la Fiscalía. Es muy temprano para predecir las consecuencias políticas de las acusaciones fiscales de crimen organizado al Apra y a FP.
Un cuarto escenario posible es la ruptura del gabinete conversado por desacuerdos entre sus integrantes. Esto implica el retorno de la crisis política y del dilema de un nuevo sometimiento del Ejecutivo al fujimorismo o de la disolución del Congreso naranja. ¿Qué posición asumirá el Ejecutivo en este nuevo escenario?
¿Cuánto durará el gabinete conversado? Su duración depende, en gran medida, del grado de compromiso del Apra y de FP con el gobierno, del respaldo de los poderes fácticos y de los medios concentrados. Si el compromiso es más o menos amplio y se consolida, entonces el gabinete conversado (con pequeños cambios) podría durar. Si el compromiso es estrecho y se debilita, durará muy poco.
Se señala el papel que quieren jugar el Apra y FP en las elecciones regionales y locales como un factor que debilita su compromiso, pero la competencia y la dinámica de las elecciones regionales se concentran desde hace un buen tiempo, no en los partidos nacionales, sino en los partidos regionales.
Me parece que el gabinete conversado traza la cancha política y social de una manera nueva que obliga a las izquierdas a redefinir sus estrategias y sus tácticas en relación con el gobierno y con el fujimorismo y con las clases medias y populares.
La actualidad del velasquismo
El tres de octubre, apenas hace un par de días, se cumplieron cuarentainueve años del golpe militar que encabezó el general Juan Velasco Alvarado que derrocó al presidente Fernando Belaunde y dio inició a lo que se llamó en esos años el "Proceso Revolucionario de las Fuerzas Armadas".
El próximo año se cumplirá medio siglo de este proceso, que pasó a la historia con el nombre de velasquismo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la polémica sobre su significado político, social, económico y cultural, continúa. Para unos, para los sectores de derecha y neoliberales, el velasquismo ha sido el causante de casi todo o todos los males que hasta ahora nos aquejan como país; para otros, fue el inicio de una revolución que cambió definitivamente el rostro social de la nación.
Esta controversia que se expresa hasta ahora, en medio de odios y pasiones, no es extraña ya que todo proceso histórico, incluso al margen de simpatías, siempre está sujeto a este tipo de desacuerdos. Sin ánimo de establecer comparaciones, François Furet, unos de los grandes historiadores de la Revolución Francesa, afirma que los franceses, recién después de un siglo, lograron establecer una suerte de consenso mínimo sobre su significado.
Si aceptamos lo dicho hasta aquí debemos reconocer que el velasquismo fue un gran acontecimiento histórico que no solo cambió el país de esos años, sino que también dejó una huella y un camino por el cual los peruanos seguimos transitando.
El velasquismo buscaba crear nuevas reglas y garantías de regulación de las disputas entre el capital y el trabajo, redefinir de manera sustantiva a la propia democracia representativa como era vivida hasta ese momento en el Perú, redefinir las relaciones entre el campo y la ciudad, entre la nación y el sistema internacional, emancipar al campesinado mediante el fin del gamonalismo y de los terratenientes y el acceso a la propiedad de la tierra. La radicalidad del velasquismo, en este contexto, se basó no solo en la aplicación de un conjunto de reformas que afectaban a determinados grupos tradicionales, sino también en que intentó fundar un nuevo orden social, lo que significó una nueva visión sobre nuestra historia. Su símbolo fue Túpac Amaru y la promesa de una segunda independencia.
Por eso al velasquismo podemos definirlo como una "revolución política", entendida esta como la separación radical entre el poder político y la propiedad y más específicamente la propiedad de la tierra. Este tipo de revolución conduce, siguiendo a Carlos Marx, a poner fin a la exclusión del individuo del conjunto del Estado. En una estructura donde poder y propiedad están ligados estrechamente y donde este emana de la propiedad, como lo fue en el período oligárquico, el poder del Estado es "incumbencia especial de un señor disociado del pueblo y de sus servidores". La revolución política, en ese sentido, eleva "los asuntos del Estado a asuntos del pueblo", es decir, constituye al Estado "como incumbencia general", destruyendo privilegios que separan al pueblo de la comunidad.
Dicho con otras palabras, el velasquismo sentó las bases no solo para el advenimiento de la democracia moderna y antioligárquica sino también para el nacimiento de un pueblo libre, capaz de autodeterminarse. Su propuesta fue construir un país de "plebeyos" sin "señores". Por ello, una demanda permanente de los peruanos es su inclusión, y más concretamente la participación del "pueblo", en los asuntos políticos, es decir, en el poder.
Lo paradójico de este proceso es que esa democratización radical que se vivió, se hizo bajo un régimen autoritario que negaba, con su práctica, sus fines democráticos. Esto tampoco nos debe extrañar. Todo proceso que se plantea la igualdad entre los que integran una sociedad -que no es lo mismo que la igualdad de oportunidades- es siempre radical y conflictivo. Desata pasiones y odios. Por eso creo, más allá que mucho de lo que planteó ha sido superado por la historia, que ni la huella ni el camino que dejó y abrió el velasquismo han desaparecido. Mientras exista una cultura señorial-oligárquica y los peruanos no seamos iguales ni tengamos capacidad de autodeterminarnos, y nuestra nación continúe subordinada al juego de las grandes potencias, el velasquismo -o el pensamiento progresista o de izquierda- tendrá no solo sentido sino también una tarea histórica por delante.
Expreso, el jueves 5 de octubre de 2017
Congreso pide explicar destino de
US$ 2,000 millones para Refinería de Talara
Citación a ministra Aljovín
y a titular de Petroperú
Parlamentarios temen que proyecto se convierta en otro elefante blanco
y por eso solicitarán información detallada sobre la millonaria transacción
El destino de los US$ 2,000 millones en bonos que se emitieron para financiar la modernización de la Refinería de Talara hasta el momento no se aclara, motivo por el cual diversas comisiones del Congreso han citado a la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, y al presidente de Petroperú, Luis García Rosell, para que den las explicaciones del caso.
Como se sabe la transacción hecha por Petroperú se realizó en dos tramos: US$ 1,000 millones a 15 años de plazo y una tasa de 4,75 % anual, y otros US$ 1,000 millones a 30 años de plazo.
Pero resulta que el 100 % de estos últimos bonos soberanos o semisoberanos (US$ 1,000 millones) a 30 años y cuyo pago será avalado por el Gobierno, no se sabe dónde están. Y es que no aparecen en las cuentas ni del Banco Central de Reserva (BCR) ni en las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En tanto los otros $ 1,000 millones de bonos corporativos tienen que haber ingresado a la cuenta de Petroperú. En ambos casos, los parlamentarios necesitan conocer cuál es la cuenta nacional, extranjera o mixta donde están depositados los dos tipos de bonos, cuánto de estos US$ 2,000 millones se utilizaron y cuánto interés está ganando el saldo que no se ha usado.
Justamente para preguntarle sobre este tema, la Comisión de Energía y Minas citó a Luis García Rosell, presidente de Petroperú; sin embargo la sesión se frustró porque la reunión no estaba siendo transmitida por el canal del Congreso.
Consultado por EXPRESO, el titular de dicho grupo de trabajo, Miguel Román Valdivia, anunció que solicitará por escrito a Petroperú la información detallada de la transacción cuando su titular, Luis García Rosell, se vuelva a presentar a dicha comisión a finales de octubre o principios de noviembre próximo.
"Que nos explique a plenitud y con exactitud cómo se ha llevado esta operación que, si bien es usual que se emitan bonos, también lo normal es que se transparenten las operaciones para evitar estas dudas o sombras que no deberían ser secretas, ya que se trata de una empresa del Estado", dijo el acciopopulista.
Sobre la modernización de la Refinería de Talara, Román Valdivia opinó que no fue una decisión acertada efectuar dicho proyecto que le está costando al país una millonaria suma de dinero, pero al estar avanzada en un 60 %, lo único que queda es fiscalizarla para que no se convierta en "un elefante blanco".
Convocan a Aljovín
En horas de la mañana, la Comisión de Fiscalización acordó citar a la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, a fin de que explique sobre el supuesto incumplimiento de la ley que establece la contratación de Petroperú por parte de Perupetro para la exploración y explotación del Lote 192, así como el destino de los US$ 2,000 millones en bonos para la modernización de la refinería de Talara.
"El tema de los bonos también lo estamos viendo en la Comisión de Fiscalización y vamos a aprovechar la venida de la ministra para que responda sobre esta situación poco clara, antes del 12 de octubre que se presentará el gabinete ministerial a fin de pedir el voto de confianza", dijo Román Valdivia.
Por su parte, el ex titular de la Comisión de Energía, Armando Villanueva (AP) dijo que pedirá investigar el destino de los US$ 2,000 millones de los citados bonos emitidos si Petroperú no explica en qué cuentas bancarias se encuentran.
"Si no nos satisfacen las contestaciones de los representantes de Petroperú y de Energía y Minas, estaremos viendo la posibilidad de iniciar una investigación desde la Comisión de Energía y Minas. Hay que preguntarle a la ministra de Energía o al presidente de Petroperú, porque se supone que son los intermediarios de los recursos que están destinados fundamentalmente a financiar la modernización de la Refinería de Talara", indicó.
Explicación parcial que no convence
Los $ 2,000 millones en bonos para la modernización de la Refinería de Talara fueron abonados en distintas cuentas de Petroperú y han sido utilizados en amortizar pasivos y la diferencia se mantiene en caja, dijo a EXPRESO el presidente del directorio de Petroperú, Luis García Rosell.
"Esas son las transacciones formales, normales que tiene cualquier empresa en el sistema financiero, de esa manera se procede", indicó García, quien añadió que el pago de comisiones fue del 0.25 % que es una porcentaje muy bueno.
Cuando se le preguntó sobre los detalles de la transacción de los bonos soberanos, contestó que no son soberanos sino que son bonos de Petroperú.
"Son bonos de Petroperú que emite la empresa que es un mecanismo de financiamiento, que se coloca en el mercado, se recibe el dinero, semestralmente se pagan los intereses, y en quince años se cancelará el principal de 1,000 millones del bono que tiene vencimiento en quince años y en 30 años el otro de mil millones que tiene ese vencimiento", aseguró.
García Rosell dijo creer que se trató de una acertada transacción para la modernización de la Refinería de Talara que por ley fue declarada de interés nacional.
Expertos consultados sobre la materia señalaron que estando de por medio solo respuestas generales o medias verdades, por la salud moral de la nación y del Tesoro Público, sería bueno que García Rosell informe al Congreso quiénes son las diez primeras personas jurídicas o naturales a las que ha pagado, además los montos precisos, fechas y bancos desde donde se han hecho los desembolsos.
Son datos que podrían ayudar a despejar las dudas, según los entendidos en temas energéticos y financieros que han venido expresado sus temores de que la subida de la gasolina -a contrapelo de la tremenda baja del crudo en el mercado internacional en los últimos años- se esté usando para solventar, al margen de los bonos, lo que llaman el elefante blanco de la Refinería de Talara.
De otra parte, según los mismos expertos, si aceptamos como dato verdadero la comisión de 0.25 % que informa el titular de petrolera del Estado, tenemos que llegar a la conclusión de que por el total de los US$ 2,000 millones -con el citado porcentaje- se habría cobrado 5 millones de dólares de comisión por un trabajo sencillo de colocar los bonos en el mercado exterior, esto sin calcular los gastos de viajes y otros de este tipo de operaciones financieras.
La web gatoencerrado.net informó que por comisiones en la colocación de los bonos por US$ 2,000 millones para la modernización de la refinaría de Talara se llegó a cobrar la friolera de 24 millones de dólares, sin que fuera rectificado el reportaje.
Mejores precios en los minerales y un perfil más bajo de conflictos en la minería vienen creando optimismo frente a esta actividad. Lo cual se viene traduciendo en algunas cifras impactantes sobre inversiones futuras, y nuevas esperanzas ante los proyectos bloqueados o abandonados. La locomotora de la economía estaría volviendo a resoplar fuerte.
La parte de los mejores precios es real. Liderados por el cobre, que ahora empieza a recuperarse de unos cinco años la baja, los minerales tienen algo de su anterior lustre. Luego de un escepticismo inicial, los analistas coinciden en que la nueva situación del cobre puede mantenerse un buen tiempo. Los inversionistas están escuchando el mensaje.
Quizás el proyecto emblemático en este momento es Michiquillay, en el distrito minero de Cajamarca. Abandonado hace unos años por los bajos precios del cobre, los altos costos del mercado y la sombra del conflicto (es la zona de Conga), ahora el yacimiento tiene ocho postores, tres de ellos peruanos, para una licitación de Proinversión el próximo mes.
Pero si la conflictividad social, sobre todo de base ambiental, parece en receso, no está ni remotamente superada, ni se da solo en casos puntuales. En el Congreso da vueltas otra vez un antiguo proyecto para excluir las zonas de cabeceras de cuencas de toda nueva actividad minera. Muchos proyectos mineros están ubicados allí, o en las inmediaciones.
Como era de esperar los empresarios mineros han empezado a protestar, temerosos de que la nueva norma se convierta en un bloqueador de buena parte del negocio. Un argumento es que bajo ciertas condiciones la cabecera de una cuenca puede terminar como sinónimo de toda el agua que una mina emplea, a cualquier altura. Sombras de la laguna de Conga.
Sin embargo hay un discurso optimista según el cual tanto las empresas como las comunidades (y sus intermediarios) han aprendido reglas de coexistencia fructífera que antes no estaban sobre el tapete. Un panorama de negociaciones más largas y trabajosas, pero menos burocratizadas, y capaces de llegar a un acuerdo razonable.
En esa tónica Southern Perú parece convencida de que ya está cerca la hora de empezar un nuevo intento para un acuerdo en torno al proyecto de Tía María, en Arequipa.
Lorena miente
La denuncia de la periodista Lorena Álvarez, que acusa al economista Juan Mendoza de agredirla física y psicológicamente (que le toca a la justicia juzgar y sancionar), ha puesto en evidencia lo difícil que resulta intentar defenderse en un mundo en el que a la mujer se la minimiza, se la considera mentirosa y manipuladora.
Lorena hizo su denuncia en silencio y cumplió con los requisitos (médico legista, peritaje psicológico) que la ley exige. La prensa se enteró de la acusación y publicó la historia que, disculpen señores, de ninguna manera es privada. Como era predecible, automáticamente aparecieron los prejuiciosos(as) de siempre:
1) Los escépticos. Nunca faltan. Citan dos o tres casos raros (siempre los mismos) en los que la mujer miente para justificar su posición: "Por qué tenemos que creerle a ella, si es una soberbia". "Quiere volverse famosa" (como si lo necesitara). Lorena lleva años en televisión y nunca ha protagonizado un escándalo, pero eso no importa. Hay que tratarla como bruja intrigante, porque las mujeres se inventan estas denuncias para fregar al marido.
2) Los inclusivos. Creen que los hombres (que, por supuesto, también son agredidos por sus parejas) son las verdaderas víctimas. Imposible explicarles que la abrumadora cifra mundial de las mujeres maltratadas hace de la violencia contra nosotras un fenómeno social calificado de epidemia y que la que sufren los hombres (también condenable) resulta una excepción.
3) Los ideológicos. Están los que se ubican a la izquierda, que, como alguna vez la periodista fue grosera con Verónika Mendoza, resulta que si le pegan, que se sobe. Y están los de la derecha, que la descalifican porque, según algún extraño razonamiento, lo que busca Lorena es atacar a un economista cuyos comentarios son afines a la causa fujimorista. (Por cierto, ser fujimorista o izquierdista tampoco te vuelve un agresor a priori, así que el prejuicio hay que combatirlo en ambas direcciones).
4) Los eruditos. Consideran que como el señor Mendoza es un buen profesor y un excelente economista (no cuestionamos sus capacidades académicas), no puede ser un agresor. Lamento decirles que nuestra sociedad está llena de gente que parece muy honorable y maltrata a las mujeres de manera impune. No hay que ser un borracho de la esquina para pegarle a la pareja.
5) Las negacionistas. En este grupo encontramos mujeres que, en virtud de defender equivocados valores de unión familiar, consideran que las chicas empoderadas son peligrosas. Los argumentos de "qué habrá hecho ella, pues" o el no menos popular "dejen de exagerar, a mí nadie me discrimina" saltan automáticamente.
6) El forense. Exige pruebas contundentes. Inapelables. Si no hay video de tu amorcito arrastrándote calata por el suelo, no vale. Puro invento.
Hay quienes sostienen que a Juan Mendoza ya lo lapidaron antes de escucharlo. Puede ser.
Pero a Lorena también.
Procuraduría de Justicia también apeló
archivamiento del caso de las esterilizaciones
"La procuraduría del sector Justicia impugnó porque ellos están defendiendo al Estado por los delitos de peculado, que también se está investigando", refirió el abogado de Demus Milton Campos.
"En este delito el agraviado es el Estado y quien defiende esta parte de la investigación es el Ministerio de Justicia a través de su procuraduría especializada en anticorrupción. Esta procuraduría mantiene su tesis de que no puede haber excusa para no investigar estos hechos", manifestó el abogado.
Y agregó que el manejo indiscriminado del dinero también se manifiesta en el caso de Mamérita Mestanza, fallecida a causa de la esterilización, cuyo esposo Jacinto Salazar recibió dinero del director de Salud de Cajamarca para no seguir con la denuncia. Sucedió igual con el esposo de Celia Ramos, a quien el director de Salud de Piura dio dinero para que desista. "Lo hizo, y se archivó el caso en ese momento", dijo.
"Gareca está detrás de los jugadores": Ketín Vidal y el vendaval de los 25 años de la
captura de Abimael Guzmán.
Marco Miyashiro es un mitómano", explota finalmente Antonio Ketín Vidal (73) sobre
el ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, actual congresista de Fuerza Popular.
El general retirado de la Policía pudo ser un gran protagonista de la reciente conmemoración de los 25 años de la captura de Abimael Guzmán, pero prácticamente desapareció de la foto histórica. O aparece manchado, entre sombras. A tal punto que en la taquillera película La Hora Final -en realidad una ficción en torno a la captura- es un personaje pusilánime que coordina con Vladimiro Montesinos unas brutales torturas a las que son sometidos los agentes del GEIN.
El huanuqueño Vidal fue el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) entre 1991 y 1992. Guzmán cayó durante su gestión y Vidal resistió los intentos de Montesinos y del expresidente Alberto Fujimori de llevarse los laureles de una captura hecha sin disparar un tiro, con el máximo respeto de los Derechos Humanos. Así fueran los de un asesino genocida. En contraste, durante ese mismo período, el Grupo Colina perpetró, con el patrocinio de Fujimori y Montesinos, la Masacre de Barrios Altos, la desaparición de los campesinos en el Santa y la matanza de La Cantuta.
Hoy Vidal revela que, cuando pasa de trabajar en contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a ser el número dos de la Dircote pudo observar que los miembros del Colina, encabezados por Santiago Martín Rivas, visitaban esa sede policial para sacar información e incluso tenían asignado un espacio.
"Yo terminé con eso y le dije a Miyashiro que a partir de entonces iban a canalizar todo conmigo".
En el último libro del periodista Carlos Paredes -titulado La Hora Final como la película, pero que no es una ficción sino una crónica periodística- Miyashiro acusa a Vidal de haberle revelado a Guzmán durante los interrogatorios en los que participó que quien tuvo la idea de presentarlo con traje a rayas fue el coronel PNP Manuel Tumba, quien fuera asesinado en supuesta represalia senderista en noviembre del mismo 1992. Vidal aclara que Tumba no era parte del GEIN sino que cumplía trabajo administrativo.
"Yo sería un animal, un anormal si hubiera dicho algo así", contesta sobre la supuesta traición. Añade que lo del traje a rayas fue una orden que vino de "estamentos superiores".
Como Gareca
"En mi carrera he tenido que soportar una serie de desventuras", lamenta. "La Policía Nacional es la síntesis del propio país. No hay valores. Gana quien pueda, como sea. Un maquiavelismo chicha".
Recuerda que, cuando llega a la Dircote, "el terrorismo estaba en su peor momento. Eso no quiere decir que los que me antecedieron estuvieran cruzados de brazos", y recuerda los golpes previos donde la policía le sopló la nuca a Guzmán, los de las casas en Monterrico y Bellavista. Vidal dice que encontró ocho grupos "Delta" y uno de ellos estaba al mando del mayor Benedicto Jiménez.
"No había un trabajo sistemático. Saqué al 95% del personal. Le doy dimensión nacional a la Dircote. El GEIN tenía buena información pero de siete agentes que encontré los elevo a 90. Traje alféreces recién egresados, no contaminados".
Para sustentar su versión, Vidal menciona una entrevista que quien fuera ministro de Economía, Carlos Boloña, ofreció en 1999 a CARETAS 1587. Allí recuerda dónde recibió la noticia de la captura de Guzmán:
"Estaba en un cóctel en la Embajada Británica, con los ministros de Defensa y del Interior, y ninguno sabía nada de la captura. La noticia me dio un tremendo gusto, no solo por lo que significaba para el país, sino también porque en abril de ese año conocí al general Ketín Vidal, cuando fue a hacernos una exposición de su trabajo, y lo hizo con tanto convencimiento que ordené que se le destinara un millón de dólares para su labor de inteligencia. Recuerdo que cuando lo visité para conocer en qué condiciones trabajaba, lo encontré en una oficina sin lunas, con una PC sin disco duro, dos disketes, una cámara fotográfica sin rollos, y me dije ¿así vamos a ganarle al terrorismo? Cuando empezó a recibir la partida, Vidal me llamó para agradecerme y me dijo: "Estamos detrás de algo grande", y así fue".
Vidal se precia de haber "convertido esa posada en un hotel 5 estrellas. Había habitaciones, ambientes amplios. Llegó un grupo electrógeno y un sistema de comunicaciones independiente, con antena en Chorrillos. Los agentes llegaban de hambre, con problemas familiares. A todos les dimos un bono equivalente a su sueldo. Tenían peluquería gratis, servicios médicos, conferencias. Fueron a capacitarse a Alemania".
Señala que se reunía todas las noches para ser informado de los avances del GEIN. No se atribuye participación sobre el terreno operativo, "pero cuando los jugadores salen a la cancha, Gareca está detrás. Cuando los músicos toman sus asientos con sus instrumentos, al frente de ellos está el director de orquesta".
Califica la noche de la captura como "el momento más emblemático" de su rol. "Escucho bulla fuera y le digo, oye Benedicto, me llevo a Guzmán y Elena Iparraguirre a la Dircote. Un rato después se presenta Alberto Pinto del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Se le veía impotente porque se les había escapado el jamón completo. Tenía la orden de llevárselos al Pentagonito por razones de seguridad. Yo le digo mire, Pinto aquí en la Dircote nunca se ha escapado un solo galifardo pero hace un mes se ha escapado Samuel Dyer ¿Dónde está la seguridad? Si se lo va a llevar yo pido en el acto mi pase al retiro. Ahí no estaban los que me intrigaban y no es justo que hagan estas cosas conmigo. Duele. Son hechos reales. ¿Quién defendía a la institución?"
De héroes y rumbas
La relación con Montesinos ha perseguido durante años a Vidal. Las denuncias periodísticas se remontan a la mención de su nombre en el atestado policial del caso del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, por lo que le habrían dado supuestamente de baja en 1985. Luego, según estas denuncias, habría entrado a trabajar al estudio de su viejo compañero de la escuela militar, de donde Vidal se había retirado al segundo año.
"Nunca trabajé en el estudio de Montesinos", responde. "Lo busqué porque se corrió la voz que ayudaba a los policías a ser restituidos. Montesinos me quiso cobrar US$ 1,000 que yo no tenía por llevar mi caso. Al final quien firma el recurso es mi esposa, no Montesinos". Niega también haber sido cómplice de la organización de Rodríguez López. Fue restituido por fallo de la Corte Suprema en 1988.
Descarta tajantemente haber tenido responsabilidad en la desarticulación del GEIN. "Al único que sacaron fue a mí después de la captura, que me mandaron al "huesero" de Inspectoría. Jiménez y Miyashiro se fueron becados a Japón. Luego Miyashiro se va a Chiclayo y Jiménez a Taiwan. Se encuentran en Lima el 93, Jiménez trabaja en el SIN con Montesinos como Director Nacional de Pacificación y ahí comienzan a elucubrar cosas contra mí. Miyashiro se va a la SUNAT en un organismo interno de labor sospechosa, con mucho más sueldo. Esa es la famosa desarticulación".
Fue director de la Policía entre 1996 y 1997. Apareció en un vladivideo, en charla con el ex asesor. Luego se sumó a los esfuerzos contra la re-reelección de Fujimori. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Transición y en esa calidad coordinó con Interpol la captura de Montesinos en Caracas. Trajo a Lima a su viejo conocido y lo entregó a la justicia.
Los años siguientes los pasó entre juicios que entabló a periodistas y a Jiménez. Vidal vive en su casa de San Borja, un tanto desvencijada. "Estas son mis grandezas", ironiza desde su sala. Jiménez fue investigado por filtrar en 2003 al narcotraficante Fernando Zevallos, como agregado policial en Panamá, los nombres de los policías que lo investigaban. Tras ser candidato frustrado a la alcaldía de Lima por el APRA, terminó corrompido por la organización mafiosa de Rodolfo Orellana y manejó el pasquín de lodazal Juez Justo, desde donde ajustaba las cuentas a quienes osaban investigar al gánster.
Vidal no fue declarado "héroe de la democracia" por el gobierno, como sí se hizo con los 86 agentes del GEIN, a excepción de Jiménez que enfrenta su proceso judicial, ahora con arresto domiciliario. "Estos muchachos siempre tuvieron esos impulsos primarios como los de salir a marchar en los desfiles. Está muy bien que los reconozcan, pero en la Dircote tuvimos 10 muertos y otros se encargaron, por ejemplo, de desarticular la cúpula del MRTA".
Algo de sarcasmo se detecta cuando recuerda que el trabajo "heroico" consistía en practicar el viejo oficio policial del seguimiento y la vigilancia.
Misa del Papa en la base Las Palmas:
Evalúan ampliar el aforo a un millón de fieles
Tras la elección de la sede se informó que solo entrarían 830 mil
personas, pero el ministro de Trabajo dijo que cifra puede aumentar.
Municipios coordinan mejora de accesos
http://f.rpp-noticias.io/2017/10/03/38644-palmas_493950.mp4
Con la sede confirmada, la expectativa por la misa del papa Francisco en el Perú sigue en aumento. En tal sentido, si bien se había anunciado que la base área de Las Palmas solo recibiría a 830 mil personas, las autoridades no han descartado ampliar ese aforo.
Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien preside la comisión multisectorial que organiza la visita del Sumo Pontífice.
"Hasta ahora hay un aforo inicialmente previsto de 830 mil personas, que es lo que Indeci ha determinado para la zona central de Las Palmas. Tenemos que evaluar si se puede ampliar, no digo para llegar a un millón y medio, que sería exagerado, pero sí para acercarnos al millón de personas", dijo el funcionario.
Grados reconoció que las vías aledañas a la base no son "tan amplias", pero que se disponen de alternativas suficientes para garantizar el acceso fluido desde "los cuatro puntos cardinales".
A diferencia de la Costa Verde, agregó el ministro, esta zona de Surco se caracteriza por su "geografía plana", lo que reduce el riesgo en caso se tenga que realizar una evacuación de emergencia.
El día central, el interior de la base se dividirá en cuadrantes, cada uno con 40 mil o 50 mil personas y con espacio suficiente para permitir el traslado de las unidades de auxilio rápido. El ingreso a cada sector se realizará por turnos y horarios que se comunicarán después.
Debido a que la misa se celebrará durante el verano, también se ha previsto que los asistentes puedan disponer de servicios higiénicos, hidratación y acceso a protectores solares en el lugar.
Acciones de comunas
El alcalde de Surco, Roberto Gómez, anunció que se mejorarán las vías existentes para facilitar el desplazamiento de los feligreses. Se intervendrán las avenidas Jorge Chávez, El Sol, Aguilar Pastor, entre otras. Estos trabajos se coordinarán con las autoridades de Chorrillos, Miraflores, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, entre otras jurisdicciones cercanas.
Al respecto, la comuna de Barranco adelantó que ha iniciado estudios para determinar el impacto vehicular que tendrá la misa en el distrito.
El circuito de playas se descartó como sede de la misa porque el proceso de evacuación ante emergencias es más complicado. También por los acantilados y la posible caída de rocas.
La ambivalencia, la verdad nunca dicha del todo, el cajón que queda un poco abierto, la apariencia y la sospecha de la esencia. Soportes que podrían explicar cómo es que la iglesia católica es la institución más antigua del mundo en vigencia actual, dos mil y tantos años de ejercicio de poder material y espiritual hoy sobre 280 millones de personas, el 17 por ciento de la población mundial.
La apariencia: el papa Francisco viene al Perú en enero de 2018 y para todo el cristianismo peruano se trata de un hecho invalorable que renovará su fe y quizás traerá la paz y la concordia a este país de jirones. La sospecha de la esencia: no todos están connatos y el más descontento es sin duda el cardenal Cipriani quien desde el anuncio de la visita no ha hecho sino ensuciar la noticia con una serie de dimes y diretes, sobre todo con el escandalete de la indefinición sobre el lugar en el que se habrá de realizar una misa para por lo menos un millón y medio de personas en cuerpo presente.
La apariencia: la iglesia como un solo puño organiza la visita y los conflictos en torno a esta se deben a desencuentros con el poder civil, al que Cipriani ha acusado de agorero de calamidades, o algo peor. La verdad de la apariencia: la vieja distancia entre los jesuitas y el Opus Dei está en su punto con el asunto de la visita. El papa y Cipriani no se pueden ver ni en obleas. Según me explicó hace unos años uno de los más altos directivo de la Sociedad de Minería, la piedra de toque de esta bronca radica en las respectivas posiciones frente a la extracción minera. Según mi fuente, los jesuitas se oponen a esta en defensa de los recursos naturales y sobre todo, de los derechos de las comunidades locales. En cambio el Opus Dei, integrado por representantes de la derecha dura, pugnan por liberar todos los candados que frenan al extractivismo salvaje. Un túnel sin luz de salida al frente.
Cipriani ha demostrado su total incontinencia verbal desde que comenzó a aferrarse al pode político que adquirió con Fujimori, cuando era obispo de Ayacucho. Él sabe que clientela confesional no tiene, pero sí un relativo caudal político, y lo quiere aprovechar metiendo ruido -en apariencia- acerca de la conflictiva sede de la tal misa, aunque en realidad lo que está consiguiendo es teñir de materialidad un hecho que, también en apariencia, va más bien por la ruta de la espiritualidad.
"Aunque seguramente hay otra esencia
encima de Cipriani: el poder del dinero"
El asunto no tendría mayores bemoles si se tratara de un conflicto privado entre dos opciones religiosas cuales quiera, pero no es el caso. Acá no estaríamos escribiendo lo mismo si los actores fueran musulmanes, judíos, ortodoxos o evangélicos. Se trata del cristianismo, la religión a la que PPK se consagró a través del Corazón d Jesús en un acto francamente vergonzoso, tanto como el arrodillarse en el oratorio de Cipriani al costado de la señora Fujimori. ¿Y cómo le paga el cardenal? Descalificándolo como presidente de la República.
En julio de este año el Vaticano oficializó a la Costa Verde como sede de la misa multitudinaria. El vice ministro del Interior, Ricardo Valdez, experto en temas de seguridad y defensa civil, opinó que se trataba de un desatino por el riesgo que supondría reunir a tantísima gente en un espacio que no ofrece ninguna garantía ante un desastre, ya sea un sismo, un tsunami o una estampida humana.
La reacción de Cipriani no se hizo esperar: descalificó a Valdez con grosería y poco menos que se comprometió a que durante la misa en la Costa Verde no iría a ocurrir ninguna desgracia. ¿Celular directo con dios, superchería medieval, manipulación pura? Y no contento con eso, pocos días después el purpurado declara a viva voz que PPK no es quien decide adónde el Papa hace sus misas. Nadie le retrucó: ¿quién gobierna entonces el Perú? Es que nadie parece tenerlo por seguro, hay ambivalencia, hay apariencia, hay sospecha de esencia.
Como Laura Bozzo, como Peluchín, como Lady Gaga, el cardenal Cipriani no puede soportar que le apaguen las luces de la marquesina, alguna ya quiñadas con lo que perdió en la Católica. A medida que se reduce su poder espiritual, quiere extender el material a cualquier precio. No importa si en el intento se lleva la fe de millones de peruanos que quieren estar cerca de su sumo pontífice. Al final, quien parece decidir sobre todo es Cipriani, aunque seguramente hay otra esencia encima de él: el poder del dinero.
Publicado por ELPROFE7 a las 3:01:00 p. m.

References: resolución 
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 artículo 42
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