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Timestamp: 2020-03-30 07:04:58+00:00

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Sentencia de Tutela nº 694/96 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 43560365
Sentencia de Tutela nº 694/96 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 1996
Proteccion a la mujer embarazada. Proteccion al menor de un año. Falta de pruebas. Negada.
Sentencia T-694/96
DERECHOS PRESTACIONALES DE MUJER EMBARAZADA-Protección especial/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Es inherente a la naturaleza humana proteger a la mujer embarazada y al hijo producto del embarazo, esto aparece expresamente consagrado en tratados y convenios internacionales que, al ser reconocidos por el congreso, prevalecen en el orden interno. Tratándose de la mujer trabajadora, el tema adquiere particular importancia porque antes de la Constitución de 1991, tales convenios apenas eran normas de aplicación supletoria y en cuanto no se opusieran a las leyes. Hoy la situación es radicalmente distinta. No solamente el artículo 93 de la C.P. le da fuerza vinculante a los tratados y convenciones internacionales, sino que además establece que para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta la interpretación debe hacerse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y si se trata de convenios internacionales del trabajo, hacen parte de la legislación interna. Lo anterior significa que han sido superadas las normas de simple rango legal por los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos y específicamente sobre derecho al trabajo. Hay un derecho a acciones positivas del Estado en favor de la madre y del recién nacido consagradas en las normas constitucionales e internacionales; estos derechos son constitucionales y subjetivos, luego son fundamentales. Esos derechos correlativamente implican un deber para el Estado, que corresponde al principio de solidaridad, piedra angular del Estado social de derecho. De especial énfasis en cuanto hace referencia a la protección de los sectores más vulnerables de la población. Tratándose de la mujer abandonada y desempleada que necesita atención tanto para ella como para el recién nacido, operativamente el cubrimiento recaerá en el Fondo de solidaridad. Denominándolo ahora Red de Solidaridad Social.
Referencia: Expediente T-105354
Solicitante: C.A.O.
Procedencia: Juzgado 15 Civil del Circuito de S. de Bogotá
Santa Fe de Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Dentro de la acción de tutela instaurada por C.A.O.G. contra el FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, distinguida con el No. de radicación T- 105354.
Pide doña C.A.O. que se le tutelen "los derechos a la salud, la protección de la mujer en estado de embarazo y en consecuencia se sirva ordenar a la entidad accionada prestar el servicio médico a que tengo derecho durante el período de gestación y lactancia, respectivamente".
1. Mediante Resolución MD-0173 del 7 de febrero de 1996, fui declarada insubsistente en el cargo de mecanógrafa, con efectos fiscales a partir del 12 de febrero del cursante año, dicha resolución se notificó mediante oficio del 8 de febrero y se me entregó orden de examen médico de retiro reglamentario.
2. Me presenté al departamento médico, con la orden antes citada con el fin de que se me practicaran los exámenes correspondientes, habiendo sido atendida por el doctor E.G. a quien manifesté que sospechaba encontrarme en estado de embarazo porque tenía un retraso de varios días, y no obstante mi manifestación descartó efectuar las pruebas que en estos casos suelen hacerse y me dijo que regresara en 10 días.
3. Ante esta situación viendo la injusticia que se me venía cometiendo conmigo acudí ante el doctor V.H.M., a quien expliqué dicha novedad, motivo por el cual expidió la orden para que se me practicara el examen de prueba y este fue realizado el 27 de febrero, informe Nº 30158 establece en su cuadro clínico sub-unidad beta de Gonadotropina CI.1860 M-U-M.; lo que significa que me encontraba en 3ª semana de gestación en el momento en que la administración decidió notificar la insubsistencia, cabe agregar que el facultativo V.H.M. adscrito a la entidad accionanda ordenó una ecografía obstétrica para verificar la prueba anteriormente practicada, resultado como se estableció mi embarazo de 5.4 semanas.
4. Como consecuencia de lo anterior le solicité a la Dra. H.L.A., J. (E) de Personal, informar de estos hechos a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Representantes quienes tienen la competencia de acuerdo a la Ley de la Revocatoria del Acto Administrativo por el cual se me declaró insubsistente, dicha petición fue realizada el 21 de marzo del cursante año.
6. El 30 de abril dirigí un oficio al Director de la entidad accionada Dr. C.M.P., solicitando la indemnización a que tengo derecho por haberme privado del trabajo en estado de gestación.
8. Mediante oficio Nº 1241 calendado 12 de junio el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República me informa que se niega los derechos médicos.
a- El 5 de marzo de 1996 el médico conceptúa que C.A.O. tiene un embarazo de aproximadamente 5 semanas, lo cual significa que su embarazo se inició en la primera semana de febrero.
b- La solicitante fue retirada de su cargo de mecanógrafa en la Cámara de Representantes el 12 de febrero del año en curso, es decir, cuando ya estaba embarazada.
c- En el obligatorio examen médico de retiro no se quiso constatar si estaba o no embarazada. La extrabajadora insistió y días después se le practicó el diagnóstico de embarazo.
d- Según el reglamento general de prestaciones médico-asistenciales del Fondo al cual estaba afiliada C.A.O., los servicios continuarían prestándosele hasta tres meses después del retiro del cargo, o sea hasta el 12 de mayo del año en curso y así se le dijo en comunicación del 12 de junio suscrita por el propio Director general del fondo, doctor C.M.P..
a- Se presentó el registro civil de quien se llama M.P.C.O., nacida el 23 de octubre de 1996.
b- La solicitante afirma, al instaurar la tutela, que carece de medios de fortuna y que es madre soltera. Pero, en el registro civil aparece el padre, reconoce su paternidad y no hay prueba de su inasistencia familiar, ni la tutela está dirigida contra él.
c- C.A.O.G., el 21 de marzo de 1996, le dirigió una solicitud a la J. de personal de la Cámara de Representantes, que expresamente dice:
"D.H., como mujer y algún día como gestora de un ser humano estoy segura de que comprenderá la difícil situación en que me encuentro pues como madre soltera he quedado desprotegida totalmente, así es que acudo a su espíritu de humanidad que siempre la ha destacado para salvaguardar mis derechos como trabajadora y como futura madre ordenando la revocatoria directa del acto administrativo que declara la insubsistencia".
El 22 de mayo de 1996, C.A.O. se dirige al Presidente de la Cámara de Representantes y hace referencia a la comunicación anteriormente transcrita del 21 de marzo. No hay constancia de que se le hubiera respondido por dicha Presidencia.
"Considera este estrado judicial, que el Estado como garantizador de la prestación de un servicio público, como es de la salud y la protección inmediata a la mujer embarazada, no lo hace a través de un ente cualquiera o que todas las entidades prestadoras del servicio de salud tengan que hacerlo, nó; el mismo Estado crea sus mismos entes por el cual se prestan tales servicios, cuando entre otros casos la mujer se encuentra en estado de embarazo, esa especial asistencia y protección del Estado se brinda conforme a una política social, para la cual se crean unas normas las que están dirigidas a unas personas en estados que la misma ley organiza y se crean unas entidades prestadoras de tales servicios; es decir, que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, dentro de su reglamentación no trae tal prestación después de desvinculado el trabajador. En suma, tal entidad no está obligada a la prestación de dicho servicio, por lo que la petente debe recurrir a otros entes prestadoras del servicio para la cual están instituidas en casos como el ocurrido y allí muy seguramente tendrá una atención durante su estado de embarazo y después, conforme lo dispone el art. 43 de la Carta Política, en armonía con el art. 50."
B- ASPECTOS JURIDICOS
Es inherente a la naturaleza humana proteger a la mujer embarazada y al hijo producto del embarazo, esto aparece expresamente consagrado en tratados y convenios internacionales que, al ser reconocidos por el congreso, prevalecen en el orden interno por mandato del artículo 93 de la Constitución Política. Tratándose de la mujer trabajadora, el tema adquiere particular importancia porque antes de la Constitución de 1991, tales convenios apenas eran normas de aplicación supletoria y en cuanto no se opusieran a las leyes, así lo establecía el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Hoy la situación es radicalmente distinta. No solamente el artículo 93 de la C.P. le da fuerza vinculante a los tratados y convenciones internacionales, sino que además establece que para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta la interpretación debe hacerse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y si se trata de convenios internacionales del trabajo, hacen parte de la legislación interna (artículo 53 C.P.). Lo anterior significa que han sido superadas las normas de simple rango legal por los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos y específicamente sobre derecho al trabajo.
En cuanto a las normas constitucionales que protegen a la mujer embarazada, al nasciturus y al recién nacido, el artículo 4 de la Carta señala como principio la supremacía de la Constitución y la obligación política de obedecerla. Son, pues, normas de obligatorio cumplimiento y quienes las incumplan son responsables (artículo 6 C.P.). Aunque en la anterior Constitución ya existía la llamada "excepción de inconstitucionalidad", la verdad es que los textos constitucionales de carácter dogmático (Titulo 3 de la Constitución de 1886 sobre derechos civiles y garantías sociales) necesitaron del rango legal mediante la incorporación al Código Civil (art. 52 de la Constitución de 1986) para que los funcionarios los llevaran a la práctica. Hoy el universo jurídico en el país se ha modificado y no existe la menor duda de la preferencia de la Constitución, la inmediata aplicación por parte de todos, tanto de las normas orgánicas como de las normas dogmáticas. Es más, aún en el caso de que una norma constitucional se autocondicione, en lo referente a los derechos humanos y el derecho al trabajo, el intérprete debe examinar si existe algún instrumento internacional ratificado por Colombia que permita superar la condición y, en todo caso, preferenciar el respeto a los derechos fundamentales.
De acuerdo a la Constitución Política y a los convenios y tratados internacionales con fuerza vinculante en nuestro país, existen actualmente protecciones suficientes para la estabilidad en el trabajo de la mujer embarazada, para la licencia y prestaciones debidas por tal condición, y, por otro aspecto, en ocasiones puede haber manutención y servicios gratuitos para aquella y su hijo, que, en casos especiales, serán satisfechos por el Estado. Aunque, hay que recordar que tratándose del niño, la obligación prestacional también corresponde a la familia y a la sociedad (art. 44 C.P.).
Especial protección a derechos prestacionales a la mujer embarazada
"Artículo 11. "2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para :
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales..."
2.12 Esta disposición armoniza con el Convenio 111 de la OIT que prohibe la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros motivos por el de sexo, y, respecto a la mujer embarazada específicamente está el Convenio 3, que entró en vigor el 13 de junio de 1921 y que en su artículo 3 dice:
2.13 A su vez, el artículo 10 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, establece que a las madres que trabajan se les concede una licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. (Pacto vigente en Colombia según la ley 74 de 1968).
Cuál alcance hay que darle a los artículos 3º del Convenio 3 de la O.I.T., al artículo 10 del referido Pacto y al artículo 11 del Convenio de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en armonía con la "protección especial a la mujer, a la maternidad " señalada en el artículo 53 de la Constitución?
" Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (negrillas no originales).
Ya la Corte había dicho en la sentencia T-179 de 1993 (Magistrado ponente Dr. A.M.C.):
"La necesidad de proteger a las mujeres en estado de embarazo radica en la protección como "gestadora de la vida". Esta condición que por siglos la colocó en una situación de inferioridad, sirve ahora para enaltecerla."
"Artículo 12. "2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo. el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia".
el Estado está obligado a la asistencia y protección de la mujer embarazada y además deberá prestarle el subsidio alimentario siempre y cuando se cumplan las condiciones de:
- Derecho prestacional respecto al recién nacido.
"Artículo 50. Derecho de los menores a la protección o seguridad social por parte del Estado. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia".
Primero.- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 15 Civil del Circuito de S. de Bogotá proferida en la tutela de la referencia, pero por las razones expuestas en este fallo.
Segundo.- Para efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el Juzgado de primera instancia hará la notificaciones y tomará las medidas adecuadas.
Tercero.- Envíese copia de este fallo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Defensor del Pueblo.
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 1700122130002016-00126-03 de 27 de Noviembre de 2017

References: artículo 93
 Resolución 
 resolución 
 artículo 93
 artículo 19
 artículo 93
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 53
 artículo 36