Source: https://es.scribd.com/document/39332790/PNAin-2008-2010
Timestamp: 2020-06-04 12:32:31+00:00

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PNAin_2008-2010 | Exclusión social | Pobreza
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Vinocour y Halperin 2004 Pol.social Argentina 90
Exclusion, Conflicto y Psicosintesis.pdf
Origenes-resumenes Jackie (1)
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22000088‐‐22001100
‐ ÍNDICE ‐
1. AVANCES CONSEGUIDOS EN EL PNAIN 2006 ‐ 2008
2. DESAFÍOS CLAVE, OBJETIVOS PRIORITARIOS Y METAS
F OMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA
3.1 FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
3.2 GARANTIZAR RECURSOS ECONÓMICOS MÍNIMOS
3.3 ALCANZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD
AFRONTAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS SOBRE LA POBREZA Y LA
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES
3.5. GARANTIZAR LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
OTRAS MEDIDAS DE ACCESO DE TODOS A LOS RECURSOS, DERECHOS Y
SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD
7. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA
Nota: El presente documento, así como los anexos al mismo, se encuentran en la página Web del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte http://www.mepsyd.es/politica ‐social/inclusion‐ social/inclusion‐social ‐ espana/marco‐ union‐ europea/plan‐ nacional ‐ inclusion‐ social.html y en la de la Unión Europea http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/strategy_reports_en.htm
‐ Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2008 ‐ 2010 ‐
El Comité de Protección Social y la Comisión Europea acordaron sobre la base del Método
Abierto de Coordinación (MAC) mantener los objetivos comunes para los Informes
Nacionales de Estrategias de Protección Social e Inclusión Social, conforme se adoptaron por
el Consejo Europeo de marzo de 2006 y mantener un ciclo de tres años paralelo al establecido
para las Directrices integradas para el crecimiento económico y el empleo.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008 ‐ 2010, como los planes anteriores, ha
sido elaborado en el marco de la estrategia europea para la inclusión social y siguiendo los objetivos comunes europeos.
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, ha liderado en esta ocasión el proceso de elaboración, favoreciendo una participación y coordinación más activa
y directa de todos los actores implicados, en las actuaciones a favor de la integración e
Para la elaboración de este Plan 2008 ‐ 2010, se ha tenido en cuenta la configuración del modelo de políticas y acciones y la descentralización de competencias en materia de protección social entre las diferentes Administraciones Públicas.
Los agentes invitados a participar han sido la Administración General del Estado (a través de los Ministerios implicados), la Administración Autonómica, la Administración Local (a través de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP)), las ONG, los interlocutores sociales, el Consejo Económico y Social (CES) y otros expertos en política e intervención social.
La población objetivo del Plan no sólo atiende a los tradicionales perfiles fácilmente identificables de aquellos grupos de población más afectados por la exclusión social, sino que también incluye la atención de necesidades y problemas de las personas que se sitúan alrededor del umbral de pobreza relativa, y que según sus circunstancias, generalmente laborales, fluctúan por encima o por debajo de dicho umbral.
A partir del análisis de la situación española se han establecido los desafíos, objetivos
prioritarios y metas correspondientes a los aspectos donde es necesario una mayor concentración de esfuerzos en el actual momento del proceso de inclusión social y que definen la estrategia española de inclusión social concretada en este Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2008 ‐ 2010.
Los desafíos siguen estando vinculados al mercado laboral, la política de rentas, la educación, la integración de la inmigración y las personas en situación de dependencia, manteniéndose los cinco objetivos prioritarios ya planteados en el período 2006 ‐ 2008 con las nuevas actuaciones pertinentes, pero enmarcados en una doble dirección estratégica de política social: en primer lugar, fomentar la inclusión social activa , es decir, impulsar la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y con el acceso a unos servicios de calidad, especialmente a los servicios educativos, y en segundo lugar, abordar el impacto producido por el crecimiento de la inmigración y el envejecimiento de la población en la exclusión social.
Así, de los cinco objetivos prioritarios que a continuación se enumeran, los tres primeros responden al núcleo de la inclusión social activa, mientras que con los dos siguientes se pretende afrontar la reducción de los niveles de pobreza derivados de los cambios sociodemográficos:
Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Apoyar la integración social de los inmigrantes.
Garantizar la equidad en la atención a las personas en situación de dependencia.
Para lograr estos objetivos, el Plan fija unas metas claramente definidas y cuantificadas situadas en el escenario del 2010, en coherencia con el Programa Nacional de Reformas.
También se ha considerado necesario mantener un apartado dedicado a otras medidas de acceso de todos a los recursos, derechos y servicios necesarios para la participación en la sociedad, en el que se incluyen medidas agrupadas por áreas (salud, servicios sociales, vivienda, justicia e inclusión en la sociedad de la información) y por actuaciones dirigidas a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
El apartado dedicado a Gobernanza engloba las actuaciones y medidas en las que se han establecido mecanismos de participación de los agentes implicados en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social y en la lucha contra la exclusión social.
Por último, es imprescindible destacar el tratamiento de una perspectiva de género en la determinación de las metas y las medidas del PNAin de una manera transversal, con desagregación por sexo de los datos existentes y de la información disponible. De igual modo, se han tenido en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en la elaboración del PNAin, así como en la determinación de sus objetivos y medidas.
Este Plan se ejecutará en los ejercicios presupuestarios 2008, 2009 y 2010, adecuándose al ciclo de programación de la estrategia europea de inclusión social.
Con el horizonte de 2010 como Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social,
estrategia nacional de inclusión social se verá sin duda reforzada mediante la participación
el compromiso de todos y cada uno de los actores en la ejecución de las medidas
contenidas en este Plan.
En España el desarrollo de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (PNAin) ha sido el modo institucional específico de situar la política española de inclusión social en el marco europeo, a la vez que se han producido importantes avances en el diálogo con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los interlocutores sociales y se ha mejorado la coordinación entre las Administraciones Públicas: General del Estado, Autonómica y Local.
Se ha estimulado la participación de las ONG en la elaboración y evaluación de los Planes, reforzando una gobernanza activa y abierta. La creación de redes y plataformas ha facilitado la interlocución social e institucional y potenciado la participación. Además, la importancia de la lucha contra la exclusión ha favorecido el debate, la investigación y actividades por parte de diferentes ONG y entidades, desarrollados a través de foros, seminarios y proyectos conjuntos de las ONG con las Administraciones Públicas.
Igualmente, en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes, se ha consolidado la participación y colaboración del conjunto de las Administraciones Públicas: la Administración General del Estado, por medio de la Comisión Interministerial, y las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por medio de la Comisión Especial para el seguimiento del PNAin, así como la participación de las ONG, a través del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
Respecto a los Objetivos prioritarios contenidos en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006 ‐2008, puede afirmarse que se ha avanzado en su consecución, registrándose avances totales ‐ o parciales en algunos casos ‐ en casi todas sus actuaciones.
El principal avance realizado en relación con el Objetivo de fomentar el acceso al empleo, promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social, viene marcado por la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el empleo, derivada del “Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo”, que contiene medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo y la contratación indefinida, destacando el nuevo Programa de Fomento del Empleo y la mejora de la protección por desempleo de colectivos específicos. Al año de vigencia de este Programa se habían celebrado 2,3 millones de contratos indefinidos, consiguiéndose una reducción de la tasa de temporalidad de más de 4 puntos a finales del año 2007. La reducción de la tasa de temporalidad es muy importante para reducir la tasa de pobreza, ya que afecta de manera especial a las personas que están en los márgenes del mercado de trabajo.
Para favorecer la formación de los trabajadores a lo largo de la vida, mejorando su capacidad profesional y promoción personal, especialmente de los grupos más desfavorecidos, es importante destacar la firma del Acuerdo Nacional de Formación Profesional para el empleo en febrero de 2006, y la consiguiente publicación del Real Decreto 395/2007, que regula el nuevo modelo de formación profesional en el ámbito laboral vinculado con el Sistema Nacional de cualificaciones y Formación Profesional, regulado en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Además el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, ha regulado los certificados de profesionalidad, como instrumento
de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo regulado en el citado Real Decreto 395/2007.
La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos ha recibido un impulso decisivo con la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo, mientras que la Ley de Empresas de Inserción establece un marco que promueve la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de este tipo de empresas.
Con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se hace efectivo el principio de igualdad de trato y de eliminación de toda discriminación por razón de sexo tanto directa como indirecta, en cualquier ámbito de la vida o actuación pública o privada.
Respecto a la garantía de recursos económicos mínimos, se destacan fundamentalmente los avances realizados en la mejora, por un lado, de los niveles de renta de los trabajadores con ingresos más bajos, a través del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (registrándose incrementos del 5,4% para el 2006 y del 5,5% en 2007) y por otro, la mejora de los niveles de renta de los pensionistas, gracias a la política de revalorización de las pensiones llevada a cabo en los últimos años, especialmente de las pensiones mínimas de nivel contributivo.
En el año 2006 se aplicaron unas mejoras adicionales a la revalorización del 4,5% para titulares con cónyuge a cargo y del 3% sin cónyuge a cargo. Con estas mejoras, las pensiones mínimas de nivel contributivo se incrementaron en el periodo enero 2004/diciembre 2006 entre un 14,1% y un 17,4%. En el año 2007, las pensiones mínimas de nivel contributivo, han experimentado una revalorización del 5%.
La aprobación a finales del 2007 de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social ha supuesto la puesta en marcha de actuaciones de consolidación del sistema: apoyo a la familia (mejorando la protección de huérfanos, personas con discapacidad y viudas con hijos menores) y medidas dirigidas a alargar la vida laboral y aumentar la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones (aseguramiento del sistema) con mejora de pensiones y adaptación a los cambios sociales.
En cuanto al Objetivo prioritario de alcanzar una educación con equidad, se han desarrollado las actuaciones previstas en la Ley Orgánica de Educación (LOE), publicándose el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. El Real Decreto posibilita la organización de programas de diversificación curricular para el alumnado que precise una organización de contenidos, prácticas y materias de currículo diferentes a las establecidas con carácter general, así como la organización de Programas de Cualificación Profesional Inicial, vinculados al nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para los jóvenes con dificultades para la superación de la Educación Secundaria Obligatoria, que han comenzado de forma generalizada en las Comunidades Autónomas en septiembre de 2008.
El citado Real Decreto, también establece la obligación de organizar la educación con principios de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas que concretan esa atención
a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar los objetivos de competencia y la titulación correspondiente.
Por otro lado, el estudio “Datos básicos de la Educación en España en el curso 2006 ‐2007”, pone de manifiesto que las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio en 2007 se incrementaron un 16,14% con respecto a 2006, suponiendo una inyección adicional de 157 millones de euros.
La escolarización de niños menores de tres años se ha incrementado en el año 2007 en un 17,4% respecto al año 2006.
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) contempla como uno de sus objetivos “consolidar la tendencia a la baja en el abandono escolar prematuro”. En el curso 2006 ‐ 2007, se aplicó en 1.165 centros, con una inversión de 44 millones de euros. En el curso 2007 ‐2008, son 2.500 los centros que cuentan con estos Planes, con un presupuesto superior a los 97 millones de euros, financiados al 50% entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
En relación al “ Apoyo a la Integración social de los inmigrantes ” el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el refuerzo educativo, ha sido el principal instrumento financiero para promover y potenciar las políticas públicas en materia de su integración.
El Fondo ha tenido una dotación en el año 2006 de 182,4 millones de euros, lo que representó un aumento del 52% respecto al ejercicio anterior, y durante el año 2007 de 200 millones de euros lo que representa un 9,6% de incremento sobre 2006, distribuidos en 98 millones destinados a acogida e integración, 90 a refuerzo educativo y 10 millones para la atención de menores extranjeros no acompañados.
Otro de los instrumentos para la integración social de los inmigrantes ha sido el Foro para la integración social de los inmigrantes, regulado por el Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, en su composición, competencias y régimen de funcionamiento. Constituido formalmente en junio del 2006, es un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes actualmente adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Además la aprobación del Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, ha establecido la cualificación profesional de Mediación Comunitaria para dotar, a través de la formación profesional del sistema educativo y de los certificados de profesionalidad de la administración laboral, de técnicos que promuevan la integración de colectivos mediante la mediación.
Así mismo, hay que hacer referencia a la aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007 ‐ 2010, cuyo presupuesto asciende a 2.005 millones de euros, distribuidos por las diversas áreas de intervención, destacando el área de educación, que recibirá el 40% del total, el área de acogida el 20% y el área de empleo el 11% del total.
Con relación al Objetivo prioritario “Garantizar la atención a las personas en situación de dependencia“, destacar la entrada en vigor en enero de 2007 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de
Dependencia, que establece como principio el acceso a los servicios y prestaciones en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación. Para esta promoción se han incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, correspondiente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad dos cualificaciones que han permitido la aprobación del Real Decreto 1379/2008 de los Certificados de profesionalidad de “Atención sociosanitaria de personas en el domicilio” y de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”. Además en la familia profesional de Sanidad se aprobó la cualificación de Audioprótesis, que ha conducido a la aprobación del título de Técnico Superior en Audiología Protésica mediante el Real Decreto 1685/2007. Por otra parte se han aprobado la cualificación profesional de “Educación de habilidades de autonomía personal y social” y la de Ortoprotésica, que permitirá a través de la formación profesional del sistema educativo y de los certificados de profesionalidad de la administración laboral, de técnicos que promuevan la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia.
En los últimos meses, se ha aprobado y dispuesto el marco normativo desde la Administración General del Estado (AGE), para articular la puesta en marcha de los contenidos de esta Ley, desarrollándose toda una serie de Decretos relativos a la aprobación de baremos de valoración, nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, Seguridad Social de los cuidadores, acuerdos de cooperación interadministrativa, procedimiento para reconocimiento de las prestaciones y cuantías de las prestaciones económicas. Así mismo, se han constituido el Consejo Territorial de la Dependencia y el Comité Consultivo.
En cuanto al desarrollo y mejora de la gobernanza, han sido múltiples las actividades realizadas por los diferentes actores implicados en el cumplimiento de los objetivos y medidas del Plan.
Cabe destacar el trabajo en el Parlamento centrado en las comparecencias en el Congreso de los Diputados para la presentación del Plan y en las iniciativas de diversos grupos parlamentarios sobre la inclusión social.
En otro ámbito se ha consolidado la implantación de Planes Territoriales de inclusión en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales.
La organización de seminarios celebrados en la mayoría de las Comunidades Autónomas, con la participación de las administraciones públicas y ONG, han contribuido a difundir el PNAin y los Planes de Inclusión de las Comunidades Autónomas, a promover la extensión a los planes locales y a movilizar el debate sobre la Estrategia Europea de Inclusión Social.
Para dar continuidad a la estrategia nacional planteada en el período 2006 ‐ 2008, la cual ha contribuido al avance social de los últimos años, en España se seguirán desarrollando y consolidando los progresos de la política social propia del Estado del bienestar más adelantado, con el objetivo de garantizar la convivencia y la cohesión social sobre los valores constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad, avanzando en justicia redistributiva y en calidad de vida para todos. Todo ello mediante el diálogo social como instrumento esencial para desarrollar la economía y asegurar el aumento del bienestar.
La economía española siguió creciendo de forma sostenida en 2007 por encima del conjunto de la Unión Europea (UE), presentando hoy fortalezas que le otorgan ventajas comparativas para reducir los efectos de la posible materialización de los riesgos producidos por la fase de crisis económica actual.
La evolución del mercado de trabajo en 2007 ha sido muy positiva, con un dinamismo acompañado de una mejor calidad en la contratación y un gran avance en la productividad. No obstante, dada la coyuntura laboral actual, en 2008 la tasa de paro se ha incrementado respecto al mismo período del año anterior, afectando especialmente a los grupos que tradicionalmente en nuestro país ostentan mayores tasas de desempleo: jóvenes, mujeres y trabajadores menos cualificados.
Gracias a la gestión rigurosa y transparente de los últimos años, se está llevando a cabo un refuerzo constante para mantener la viabilidad futura del sistema de pensiones, traduciéndose en una mejora constante en la acción protectora de las prestaciones sociales como principal requisito para ejercer la solidaridad. Sin embargo, habrá que continuar haciendo esfuerzos frente al reto de alcanzar un grado de convergencia real con la UE en cuanto a gasto social se refiere, que mitigue las elevadas tasas de pobreza de determinados grupos de edad en nuestro país: los más pequeños y los mayores.
La educación es el primer factor de progreso individual y social, el instrumento que permite crear un “círculo beneficioso” entre crecimiento, empleo e igualdad en nuestra sociedad. El avance en el nivel educativo de la población española de los últimos años es continuo, pero las mejoras son apreciables a medio plazo. España, a pesar de ello, y como se ha señalado, todavía presenta una de las tasas más elevadas de la UE de abandono prematuro de la enseñanza, entendida su definición como aquellos jóvenes de 18 a 24 años que han completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no siguen ningún estudio o formación.
Las causas que explican el volumen y la rapidez del fenómeno de la inmigración en España hay que encontrarlas básicamente en el modelo de crecimiento intensivo en mano de obra del mercado de trabajo en la última década. La aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social, el aumento en la dotación económica destinada al Fondo de Acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes y la aplicación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración han representado los instrumentos más efectivos para abordar este fenómeno bajo políticas
de legalidad, convivencia e integración y no discriminación. Se debe avanzar en la gobernabilidad de la inmigración y en su integración allá donde surjan nuevas necesidades sociales que pudieran transformarse en causas de exclusión social de la población inmigrante.
La aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha consolidado un derecho de ciudadanía y ha atendido las necesidades de aquellas personas más vulnerables, los Grandes Dependientes, durante su primer año de vigencia, constituyendo un hito histórico en nuestro sistema de bienestar. El progresivo envejecimiento de la población mayor de 65 años da lugar a más situaciones de dependencia, con la consiguiente demanda de las prestaciones sociales, por lo que es necesario dotar de suficiente solidez a este sistema de nueva creación.
Ante todos estos desafíos extraídos del análisis de la sociedad española y atendiendo a los retos futuros de la UE que se desprenden del Informe Conjunto sobre Protección Social e Inclusión Social 2008, así como a las recomendaciones específicas para España, en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008 ‐ 2010 se establece una línea de continuidad y refuerzo de los cinco objetivos prioritarios del Plan 2006 ‐ 2008, por considerarse válidos y apropiados para seguir afrontando con éxito el proceso de inclusión social iniciado en Lisboa. Además el horizonte de 2010, Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, bajo la Presidencia española de la UE, incluye un gran esfuerzo adicional para el cumplimiento de muchos de estos retos.
Bajo un enfoque global más preventivo y ambicioso en el planteamiento del PNAIN, que incluya, no solo a los perfiles tradicionales de población en situación de exclusión social, sino, además, a todas las personas situadas cerca de los límites del umbral de pobreza relativa, se enmarcan estos cinco objetivos prioritarios en una doble dirección estratégica: en primer lugar, el fomento de la inclusión social activa , es decir, impulsar la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y con el acceso a unos servicios de calidad, especialmente a los servicios educativos, y en segundo lugar, abordar el impacto producido por el crecimiento de la inmigración y el envejecimiento de la población en la exclusión social.
Para el fomento de la inclusión social activa se contemplan los tres objetivos prioritarios siguientes:
Fomentar el acceso al empleo: promover las políticas de inclusión activa.
Garantizar y mejorar recursos económicos mínimos.
Para afrontar la reducción de los niveles de pobreza derivados de los cambios sociodemográficos:
De ahí, que para alcanzar un progreso real hacia una sociedad que evolucione en su modelo social superando las múltiples causas de la exclusión, es imprescindible llevar a cabo políticas en todos los ámbitos descritos que conduzcan a reforzar la cohesión social.
Por este motivo, el Gobierno de España mantendrá los compromisos contraídos respecto a la política social, a pesar de la línea de austeridad presupuestaria para abordar la actual crisis económica, sin reducir ni congelar el conjunto del gasto social ni el gasto productivo.
Este Plan también sigue comprometiéndose con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, mediante la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, e integrando el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las políticas de inclusión social.
En el ámbito del empleo, los retos fundamentales serán concentrar la atención en políticas activas para aquellas personas situadas en los márgenes del mercado laboral y en aquellos grupos más vulnerables, como inmigrantes, jóvenes, mujeres, trabajadores mayores y personas con discapacidad, así como abordar la reducción de la tasa de desempleo que generará en los próximos años la crisis actual con políticas de creación, mantenimiento y mejora de la calidad en el empleo, especialmente con la reducción de la tasa de temporalidad.
Así mismo, una mayor participación en el mercado laboral contribuye a asegurar la sostenibilidad y adecuación del sistema de pensiones. Por ello, en materia de garantía de recursos mínimos, y desde el mantenimiento de un sistema de pensiones equitativo, sostenible y equilibrado, el reto planteado es aumentar las pensiones y las prestaciones de apoyo a las familias, con especial dedicación a la garantía de recursos económicos destinados a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza relativa en nuestro país, con el objetivo de reducir las desigualdades en materia de ingresos.
Todo lo hasta ahora expuesto, junto a un esfuerzo global para alcanzar la consecución de los objetivos educativos previstos para 2010, principalmente, la reducción de la tasa de abandono prematuro de la enseñanza, contribuirá a romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Promover un modelo educativo de calidad es la base para una sociedad democráticamente avanzada y en continuo proceso de cambio. El acceso a servicios educativos de calidad, especialmente en el ámbito de la primera infancia, contribuirá notablemente a la inclusión social activa de las personas con menos recursos.
Para hacer frente al impacto producido por el crecimiento de la inmigración en la exclusión social, en lo que se refiere a la integración de la población inmigrante, se seguirá fomentando la igualdad plena de derechos y deberes de aquellos que residen regularmente en España, la mejora de dotaciones sociales y la garantía del acceso a todos los servicios públicos desde un marco de convivencia para toda la ciudadanía.
Finalmente, en lo referido al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, es necesario consolidar el recién implantado SAAD, para favorecer la igualdad de oportunidades y la equidad del mismo, mediante un proceso de coordinación de servicios que suponga una nueva estrategia integral a los ciudadanos y ciudadanas basada en la organización de recursos y la puesta en red de todas las posibilidades a las que tienen derecho.
Además de estos objetivos prioritarios el PNAin actual español, como en planes anteriores, continúa contemplando medidas para consolidar el progreso conseguido en otras áreas sensibles a la exclusión social como la vivienda, la salud, la inclusión en la sociedad de la información, así como una serie de acciones directas destinadas a los grupos más vulnerables de la población.
Para lograr los mencionados objetivos prioritarios, se han establecido las siguientes METAS, teniendo en cuenta algunas de las ya incluidas en el Programa Nacional de Reformas de España y en los Objetivos educativos españoles y europeos 2010:
Aumentar la tasa de empleo hasta el 66% en el 2010.
Aumentar la tasa de empleo femenina hasta el 57% en 2010.
Reducir la tasa de desempleo juvenil hasta el 18,6% en 2010.
Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional.
Incrementar progresivamente el poder adquisitivo de las pensiones mínimas.
Incrementar la tasa neta de escolarización en educación infantil a los 2 años al 45% y a los 3 años al 99% en 2010.
Incrementar la tasa de alumnos titulados en educación secundaria obligatoria hasta alcanzar el 80% en 2010.
Incrementar la tasa bruta de hombres graduados en educación secundaria segunda etapa (CINE3) hasta alcanzar el 43% en bachillerato y 23% en ciclo formativo de grado medio en 2010.
Disminuir el porcentaje de personas de 18 a 24 años que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria (CINE 2) y no sigue ningún estudio o formación hasta alcanzar el 15% en 2010.
Mejorar el rendimiento del alumnado reduciendo el porcentaje de niveles bajos de puntuación en las siguientes competencias clave para 2010: comprensión lectora al 16%, lenguas extranjeras al 11% y matemáticas al 17%.
Incrementar el porcentaje de alumnos titulados en educación secundaria superior (CINE 3) en las edades de 20 a 24 años hasta alcanzar el 80% en 2010.
Incrementar el porcentaje de adultos que recibe formación permanente hasta alcanzar 12,5% en 2010.
Asignar anualmente un 45% del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes así como al refuerzo educativo a programas educativos en los ámbitos de educación formal, de la educación de adultos, programas educativos de entorno y programas encaminados a facilitar el acceso del alumnado inmigrante a los ciclos de educación infantil y a etapas post obligatorias del sistema educativo.
Destinar anualmente como mínimo un 40% de los recursos del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos a los programas de integración desarrollados en el ámbito local.
Desarrollar el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) garantizando la atención a las personas en situación de dependencia según el calendario de aplicación de la Ley.
Para concluir, respecto al panorama internacional de lucha contra la pobreza, la ayuda oficial al desarrollo ha representado el 0,42% de la Renta Nacional Bruta en 2007, siendo su dotación presupuestaria para 2008 de 5.509 millones de euros (0,5% RNB) y contribuyendo al avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Se continuará realizando esfuerzos para la mejora de las condiciones de vida de los países receptores de esta ayuda.
A) Fomentar la inclusión social activa
3.1 Fomentar el Acceso al Empleo: Promover la Participación en el Mercado Laboral y Luchar contra la Pobreza y la Exclusión Social
El acceso al empleo debe ser uno de los objetivos fundamentales para aquellas personas excluidas que están en edad de trabajar y son potencialmente activas. La promoción del empleo de calidad es un elemento clave para fortalecer la cohesión social. Aunque no es el único factor que garantiza la inclusión social, la falta de acceso al mercado laboral o el acceso en condiciones precarias, ‐ las tasas de pobreza de los ocupados se sitúan en torno al 10% ‐ , constituye en muchos casos la principal y más inmediata causa de pobreza.
Si analizamos el impacto real que el empleo ejerce en los niveles de pobreza y exclusión social se observa, por un lado, que la tasa de pobreza relativa se reduce a la mitad en la población ocupada con respecto a la población general y, por otro, que dicha tasa también se ve reducida cuando al menos uno de los miembros del hogar está trabajando. Por el contrario, cuando ninguno de los miembros activos del hogar esta empleado la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 70%.
Desde finales del año 2007, debido a la crisis económica, los niveles de alto crecimiento de empleo registrado en los últimos años se han ido reduciendo, previéndose que continúe esta tendencia, con la consecuente subida de las tasas de desempleo, la expulsión del mercado laboral de trabajadores más vulnerables y el aumento de las dificultades de incorporación al mercado laboral de trabajadores con escasa empleabilidad.
Hacia estos sectores sociales de mayor vulnerabilidad es necesario dirigir los esfuerzos de tal manera que a través de las políticas activas de empleo en combinación con una política adecuada de rentas y la prestación de servicios sociales, se posibilite la salida definitiva de esa situación de riesgo de exclusión social. El amplio sector de personas que fluctúan en la entrada y salida a las situaciones de pobreza situándose por encima y por debajo de los umbrales de pobreza relativa en diferentes períodos (alrededor de la mitad del total de personas situadas bajo ese umbral), viene determinado en gran medida por la vinculación o no con el empleo, y por lo tanto constituye un reto fundamental el diseño de políticas activas más eficaces para su inserción.
El desempleo en general, y en especial el de larga duración, provoca de manera inevitable la privación de ciertos bienes y servicios fundamentales para el acceso a unas condiciones de vida dignas, a la vez que un deterioro en las capacidades profesionales de los trabajadores repercutiendo muy negativamente en las posibilidades de conseguir un empleo de calidad. Además, la falta de empleo remunerado es la principal causa de exclusión social y de desigualdad en los niveles de renta.
Determinados grupos de personas trabajadoras presentan situaciones de vulnerabilidad que hacen que se queden al margen del mercado laboral, presentando mayores tasas de riesgo de
pobreza, como es el caso de los jóvenes, más propensos a sufrir precariedad en el empleo, las personas mayores (especialmente a partir de 55 años), con baja cualificación o no adaptadas
a las necesidades del mercado, las personas con discapacidad, los inmigrantes, los parados
de larga duración…, y por tanto es a ellas a las que fundamentalmente deben ir dirigidas las políticas de mercado de trabajo para evitar su exclusión social.
La mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y su acceso al mercado de trabajo contribuye, sin duda, a eliminar las trampas de pobreza, convirtiéndoles en miembros activos generadores de recursos y utilidad a la sociedad, no sólo a través de su trabajo, sino también por su contribución a la sostenibilidad de los sistemas de protección y seguridad social.
Así mismo, se ha insistido en el hecho de que el proceso de reintegración social no termina a las puertas de un puesto de trabajo, sino que se han de buscar fórmulas de trabajo adecuadas
y flexibles que les ayuden a conciliar su vida laboral afrontando otro tipo de desventajas sociales.
Constituye por tanto un reto fundamental fomentar el acceso al empleo y su permanencia en el mismo de aquellas personas que estando capacitados para trabajar, se sitúan en los márgenes del mercado laboral, ofreciendo las políticas activas de empleo idóneas y adaptadas a sus necesidades con el objetivo de su inserción.
En este sentido la integración social de las personas con discapacidad –uno de los grupos de la población más vulnerable ‐ a través del empleo, se configura como un objetivo de primer orden y se concibe a través de un nuevo enfoque estratégico desde el que se aborde tanto la política de empleo y la legislación laboral como otros ámbitos directamente relacionados con éstos, superando la adopción de medidas puntuales de proyección limitada. A este objetivo da respuesta el real Decreto 1368/2007, por el que se ha incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la de Inserción laboral de personas con discapacidad.
En cuanto a las diferencias por sexo, España continúa registrando indicadores desfavorables de empleo femenino. Aunque en los últimos años el crecimiento del empleo de las mujeres ha sido muy considerable y superior al masculino, lo que ha permitido que la tasa de empleo de las mujeres se encamine hacia el objetivo de la Estrategia de Lisboa, su tasa de paro sigue siendo elevada respecto a la media europea por lo que es necesario seguir reduciendo las diferencias por razón de género en el mercado laboral y avanzar en la igualdad de oportunidades.
Para la contratación laboral y el reforzamiento de la estabilidad profesional, tanto de las personas desempleadas como de las expuestas a la exclusión del mercado laboral, el gobierno ha diseñado un Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, con una dotación inicial de 201 millones de euros para los años 2008 y 2009.
La aportación de los Fondos Estructurales a los objetivos de empleo y, en especial del Fondo Social Europeo (FSE), es determinante, ya que a través de los tres objetivos estratégicos del FSE en España, se promueven intervenciones dirigidas a facilitar la inserción en el mercado
laboral de estas personas que, por sus especiales características, pueden quedar excluidas del mismo, en especial el objetivo encaminado a atraer a más personas al mercado laboral, fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre mujeres y hombres e impulsando la integración de personas jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Además de estas aportaciones, es fundamental destacar la transferencia de buenas prácticas que el desarrollo de la Iniciativa EQUAL ha proporcionado en materia de inserción laboral de personas con especiales dificultades de inserción laboral; así como la ejecución del Programa Operativo de lucha contra la discriminación en el nuevo Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) que vuelve a promover la integración laboral de los grupos más vulnerables.
El objetivo de promover la inclusión activa de aquellas personas que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad supone situar el empleo en interacción con una política de garantía de rentas y el acceso a unos servicios

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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