Source: https://libroscijuso.org.ar/?search=1&seccion=27
Timestamp: 2018-08-17 09:57:57+00:00

Document:
EDICIONES CIJUSOEBOOKS JURÍDICOSFALLOS DESTACADOSARTÍCULOS JURÍDICOS ONLINEVIDEOTECAREVISTAS JURÍDICAS ONLINENORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL ONLINESITIOS DE JURISPRUDENCIABOLETÍNES OFICIALES
Secciones EDICIONES CIJUSO EBOOKS JURÍDICOS FALLOS DESTACADOS ARTÍCULOS JURÍDICOS ONLINE VIDEOTECA REVISTAS JURÍDICAS ONLINE NORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL ONLINE SITIOS DE JURISPRUDENCIA BOLETÍNES OFICIALES
HSBC Bank Argentina S.A. e/ Gutiérrez, Mónica Cristina ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR,DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL CSJN FALLOS DESTACADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sentencia del 4 de Julio de 2017
Si la prenda con registro garantiza 'una operación de crédito para consumo', la ejecución prendaria debe tramitar ante el juez del domicilio real del consumidor.
El Máximo Tribunal recordó que "...el artículo 36 , último párrafo, de la ley 24.240, texto según la reforma operada por la ley 26.361, establece que "será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor".
Por otro lado, "...según inveterada doctrina de esta Corte, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación..."
Además, "...resulta con prístina claridad que, en el caso, el negocio jurídico concertado entre el acreedor y el deudor -contrato de mutuo con garantía prendaria- queda comprendido en la regla de competencia contenida en la norma bajo análisis, al tiempo que el carácter de las partes intervinientes en aquel coincide con la formulación normativa que corresponde a los sujetos (consumidor y proveedor, respectivamente) de la relación de consumo (arts. 1°, 2° Y 3° ley 24.240, texto según ley 26.361)."
Por lo tanto, "...por aplicación de la regla contenida en el art. 36 de la ley 24.240, texto según ley 26.361 , resulta competente para conocer en "las actuaciones, el juez con jurisdicción sobre el domicilio real del deudor consumidor sin que sea un óbice la naturaleza de este proceso".
Por ello, "...y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia ordinaria de la Provincia de Mendoza, a la que se le remitirán".
Surge del referido dictamen que las partes pactaron la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el supuesto de controversias.
Sin embargo, el Procurador Fiscal subrogante consideró que "la indole del vínculo establecido entre los contratantes, las circunstancias personales -actividad financiera de la actora y calidad de persona física de la demandada- así como el monto de la obligación, permiten concluir que se trata de una operación de crédito para el consumo, motivo por el cual...resulta de aplicación la ley 24.240, texto según ley 26.361", por lo que "resulta apto para intervenir en el secuestro del automotor sobre el que recae la prenda, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, que reside en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, siendo nulo cualquier pacto en contrario..."
Reseña: Dr. Jorge Oscar Rossi
pdf 2170-15-43-57-COMPETENCIA SECUESTRO PRENDARIO.pdf
FUENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Banco Hipotecario S.A. c/ Leotta Insúa Maximiliano s/ ejecución hipotecaria ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR,DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL CNCOM SALA D FALLOS DESTACADOS
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 30/03/17
El juez del domicilio real del accionado es competente para tramitar la ejecución de una letra hipotecaria librada en el marco de una operación de consumo.
Coincidiendo con el dictamen de la Fiscal de Cámara, la Sala resolvió que el juez del domicilio real del accionado es competente para tramitar la ejecución de una letra hipotecaria librada en el marco de una operación de consumo.
El juez de primera instancia declaró oficiosamente su incompetencia para conocer en las presentes actuaciones, con base en que la relación subyacente entre las partes sería "de consumo" y el ejecutado se domiciliaría en extraña jurisdicción.
Apelado por la ejecutante, la Fiscal de Cámara, Dra. Boquín, advirtió que "la vinculación de las partes del presente proceso configura una relación de consumo (de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 de la ley de defensa del consumidor y el art.1092 del CCCN), toda vez que quien ejecuta es una persona jurídica abocada al servicio de financiaciones de consumo, y quien resulta demandado es un usuario financiero de aquella entidad que suscribió un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con creación y emisión de letra hipotecaria escritural como destinatario final.
La afirmación expuesta en el párrafo que antecede, impone la aplicación de todo el bagaje normativo que comprende a la protección jurídica de los consumidores y usuarios.
En este sentido, adquiere total relevancia lo regulado por el art. 36 de la ley 24.240, pues de dicho precepto se desprende que el juez que deberá conocer en los procesos iniciados contra un consumidor, que se basen en una "deuda de consumo", es el del domicilio real del consumidor. A su vez, el art. 73 del CCCN determina que, "la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual".
El Tribunal de Alzada coincidió con el dictamen y agregó que "en la especie no se ha desvirtuado la presunción de que entre las partes subyace una operación de crédito para el consumo (conf. CNCom., en pleno, 29.6.11, "Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores"). Y, en tanto una operación financiera y/o crédito para ese fin (art. 36, ley 24.240) a través de cualquier instrumento o título ejecutivo (vgr. pagaré, cheque, letra hipotecaria, etc.) es susceptible de enmarcarse en una relación de consumo (conf. arts. 1092/1093, CCiv.yCom.; art. 3, ley 24.240), no cabe sino confirmar la resolución apelada en este aspecto".
Por lo anterior, se confirmó la resolución apelada.
pdf 2190-11-15-25-DICTAMEN FALLO HIPOTECARIO.pdf
pdf 2190-11-15-42-FALLO BANCO HIPOTECARIO.pdf
Fontevecchia y otros c/ República Argentina ARGENTINA 2017 DERECHOS HUMANOS,DERECHO CONSTITUCIONAL CSJN FALLOS DESTACADOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación - Sentencia del 14 de Febrero de 2017
Reseña: El Superior Tribunal desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa 'Fontevecchia y otros c/ República Argentina', se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda. El voto conjunto consideró que no correspondía hacer lugar a lo solicitado en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una 'cuarta instancia' revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional.
En este sentido, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.). Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme --en razón de lo ordenado en la decisión 'Fontevecchia' de la Corte Interamericana-- implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.
Sentencia de la CSJN - PDF DESCARGABLE http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documento
Informe de la Procuración General de la Nación - P http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documento
CEPIS c/ Ministerio de Energia y Mineria s/ Amparo ARGENTINA 2016 DERECHO CONSTITUCIONAL,DERECHO PROCESAL,AMPARO COLECTIVO,TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CSJN FALLOS DESTACADOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación - Sentencia del 18 de Agosto de 2016
Tarifa de gas: Audiencia pública obligatoria y "gradualidad" en el reajuste "como condición de validez jurídica"
La Corte Suprema destacó el derecho a la información y a la protección de los intereses económicos de los consumidores (art. 42 CN) a la hora de confirmar la nulidad de las resoluciones que fijaban reajustes tarifarios, pero limitó esa decisión "al colectivo de usuarios residenciales del servicio de gas natural", por entender que, respecto de los "no residenciales", no estaba demostrado ni aparecía evidente en el caso que "el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible", es decir, que fuera "necesario" tramitar su reclamo por un proceso colectivo.
Así lo decidió en autos "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energia y Mineria s/ amparo colectivo".
El Máximo Tribunal decidió:
"1°) Declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto a la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, decisión que se circunscribe al colectivo de usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario aquí examinado;
2°) Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación; y
3°) Recordar a los tribunales federales y nacionales al riguroso
cumplimiento de la acordada 32/2014 de esta Corte Suprema de Justicia y oportunamente de la acordada 12/2016."
Sin perjuicio de las diversas cuestiones tratadas en el fallo, en esta oportunidad transcribimos los siguientes considerandos del voto emitido en forma impersonal (los ministros Maqueda y Rosatti lo hicieron según su voto):
12 "...solo respecto de los "usuarios residenciales" (conforme decreto 2255/92 -Anexo "B", Subanexo 11-, decreto 181/2004 Y resolución ENARGAS 409/2008) es posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto solo en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional señalada..."
13 "...respecto del resto de los usuarios (no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas..."
18 "...en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio."
18 "Estas audiencias constituyen una de las varias maneras de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en tanto el artículo 42 -como se expresó- no las prevé ni explícita ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión del mecanismo que mejor asegure aquella participación en cada caso."
18 "La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información "adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan."
21 "...cuando el Estado Nacional pretende justificar su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no es posible soslayar que si bien la expresión remite semánticamente a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento para el usuario implica un aumento sustancial de su factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen definitivo o integral.
Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada por el poder administrador -que data del año 2005-, no es legítimo señalar que sea "adecuadau a los fines informativos de los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas."
30 "...este Tribunal estima necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos similares.
Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación."
32 "...todo reajuste tarifario, con más razón frente a un retraso como el que nos ocupa, debe incorporar como condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional que consagra el derecho de los usuarios a la protección de sus "intereses económicos" (art. 42 de la Constitución Nacional)- el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad antes referido. En efecto, la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar, elemento que ha merecido la oportuna ponderación de este Tribunal..."
Union de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Rios S.A. s/ Ordinario ARGENTINA 2015 DERECHO CONSTITUCIONAL,DERECHO DEL CONSUMIDOR CSJN FALLOS DESTACADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sentencia del 30 de Diciembre de 2014.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que no corresponde imponer costas a una asociación de consumidores, por aplicación del art. 55 de la ley 24.240, que consagra el beneficio de justicia gratuita. De esta manera, el Máximo Tribunal expresamente adoptó la postura 'amplia' en la cuestión, que entiende que el beneficio de justicia gratuita equivale al de litigar sin gastos.
Sentencia de la CSJN 2447-10-13-33-fallocsjncostas.pdf
Malma Trading S.R.L. c/ Estado Nacional -Min. de Econ. y Obr. y Serv. Pub. s/ Proceso de Conoc. ARGENTINA 2014 DERECHO ADMINISTRATIVO,DERECHO CONSTITUCIONAL,RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CSJN FALLOS DESTACADOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación - Sentencia del 15 de Mayo de 2014.
El acto estatal es lícito, pero igual hay que indemnizar
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando la teoría de la responsabilidad por actos lícitos, condenó al Estado Nacional a indemnizar a una empresa argentina que había celebrado un contrato con una firma japonesa con el fin de adquirir determinada cantidad de ciclomotores usados, contrato que no pudo concluir por haberse dictado una resolución ministerial que prohibió tal tipo de importaciones.
El Máximo Tribunal, por mayoría, consideró que la actora había acreditado un daño "especial", distinto del de los demás afectados por la resolución administrativa, que implicaba un "sacrificio desigual" que "no tiene la obligación de tolerar sin la debida Compensación económica, por imperio de la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional". En cambio, rechazó otros rubros por entender que "constituyen riesgos propios del giro comercial, circunstancia frente a la cual cobra mayor virtualidad aquel principio según el cual en nuestro ordenamiento jurídico no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones ni a su inalterabilidad".
Sentencia de la CSJN 2450-10-33-59-b330fallorespestado.pdf
Cabrera, Pablo David Contra Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y Perjuicios ARGENTINA 2016 RESPONSABILIDAD CIVIL,INTERESES SCBA FALLOS DESTACADOS
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires - (15/06/16)
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió que los intereses en un juicio de daños y perjuicios se liquiden según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago.
Es interesante destacar que el fallo recurrido dispuso una "tasa pura", en relación a los rubros por incapacidad sobreviniente y daño psicológico.
Sentencia 2452-12-33-53-fallocabrerascba.pdf
FUENTE: SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
G., A. C. Contra 'Pasema S.A.' y Otros. s/ Daños y Perjuicios ARGENTINA 2015 RESPONSABILIDAD CIVIL,DERECHO DEL CONSUMIDOR SCBA FALLOS DESTACADOS
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires - (01/04/15)
Defensa de Consumidor: El deber de colaboración procesal de los proveedores
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revocó la sentencia que había rechazado una demanda por los daños sufridos por dos menores, como consecuencia de la intoxicación de estos por la ingesta de alimentos adquiridos en un local de Mc Donald's. Tanto en primera instancia como en Cámara se consideró que la actora no pudo probar el nexo causa. En cambio, el Máximo Tribunal bonaerense señaló que, por aplicación de las normas de Defensa del Consumidor, los demandados debían haber colaborado, adoptando en el caso "los recaudos que imponía la gravedad de los hechos de cuyo acaecimiento tomaran temprana noticia" y conservando muestras del alimento supuestamente contaminado con la bacteria "Escherichia Coli", lo que hubiera permitido la averiguación exacta del origen del daño.
Las actuaciones fueron iniciadas por la señora A. C.G. , en representación de sus hijos menores de edad J. I. y L.F. , con motivo de la supuesta intoxicación padecida por el consumo de los alimentos adquiridos en el local de la cadena de comidas rápidas "Mc Donald's", situado en la localidad de Escobar, explotado por la codemandada "Pasema S.A.". La demanda fue fundada en la responsabilidad civil contemplada en el art. 40 de la ley 24.240 y, con base en esta norma, también accionaron contra las firmas "Arcos Dorados S.A." y "Mc Key Argentina S.A." como intervinientes en la cadena de comercialización de tales productos.
Tanto en primera instancia como en la Cámara se rechazó la demanda por considerar que la actora no había probado la relación de causalidad entre el daño a la salud de los menores (síndrome urémico hemolítico), y la ingesta del producto cuestionado ("nuggets de pollo"). Concretamente, no se había demostrado la existencia de contaminación (la presencia de "Escherichia Coli") en la comida adquirida a la demandada.
En el Máximo Tribunal bonaerense los ministros de Lázzari y Hitters, cada uno con su voto, se pronunciaron por hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Interpuesto por la actora. Los restantes ministros que participaron del acuerdo, Dres Genoud y Kogan adhirieron a los votos de de Lázzari y Hitters, respectivamente.
En definitiva, se resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir las actuaciones a la instancia de origen a fin de que se determine la cuantificación del daño reclamado.
Sentencia 2454-12-45-17-fallonuggets.pdf
Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución ARGENTINA 2006 DERECHO POLÍTICO,INTANGIBILIDAD DE LAS REMUNERACIONES CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN FALLOS DESTACADOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación (07/03/06)
La intangibilidad es garantía de la independencia del Poder Judicial, y cabe considerarla, conjuntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado (de los votos de los jueces Zaffaroni, Lorenzetti y Highton de Nolasco).
La intangibilidad de los sueldos de los jueces, prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional, es una garantía institucional, y su respeto es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno. Por ello es que esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado (de los votos de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti y la disidencia del juez Fayt).
Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - Ley 25.873 Dec. 1563/04 s/ Amparo Ley 16.986'. ARGENTINA 2009 ACCIONES COLECTIVAS,DERECHOS INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS CSJN FALLOS DESTACADOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación - (24/02/09)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet.
El fallo adquiere carácter de leading case, por cuanto el Máximo Tribunal fundamentó los efectos erga omnes de la sentencia, al entender que se estaba ante una acción de amparo colectivo, en defensa de intereses individuales homogéneos, reconocida por el art. 43 de la Constitución Nacional, plenamente operativo a pesar de la falta de regulación legislativa, "-la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido-".
La causa fue iniciada por un abogado, por derecho propio, y se presentaron como "amicus curiae" la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La Corte considera que en el caso se encuentran cumplidos los requisitos para las acciones colectivas en defensa de intereses individuales homogéneos.
"En efecto, existe un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.
La pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. La simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi.
Finalmente, hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de los elementos señalados en el considerando anterior."
Cuadernos de Cijuso - N°5 Seguir leyendo...
Cuadernos de Cijuso - N°7 Seguir leyendo...

References: artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 resolución