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Timestamp: 2018-01-23 09:58:15+00:00

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Proyectos | Carlos Aguinaga - Part 2
La Provincia de Mendoza dictó la Ley 7970 publicada en el Boletín Oficial el 06/12/2009, que ratifica el decreto del Poder Ejecutivo Nº 3166 de fecha 15/11/07, por el que se homologan dos Actas Paritarias celebrada con fecha 19/10/07 entre la Comisión Negociadora de la Administración Central y el Poder Ejecutivo Provincial, relacionada con la implementación del Régimen de Concursos y la efectividad de los cargos de agentes de la Administración Central de Mendoza.
Artículo 1º – Prohíbase el nombramiento de Personal, cualquiera sea su figura, Permanente, Temporario, Interino y/o Contrato de Locación de Servicio, para los agentes comprendidos en el Escalafón General establecido para el Personal de la Administración Pública Provincial, Ley N° 5126; Escalafón del Personal de Parques y Zoológico, Ley N° 7162 y modificatorias, Personal de la Empresa Provincial de Transportes y aquellos agentes que no estén comprendidos en otros regímenes especiales, hasta tanto no se aplique la Ley 7.970.
Artículo 2º – Los funcionarios públicos o autoridad competente de la Provincia que no cumplan con lo establecido en el Art. 1º, se les aplicará una multa consistente en el monto equivalente a la asignación de su clase, además de las actuaciones correspondientes desde apercibimiento, suspensión o cesantía en caso de reincidencia. A tal efecto, se habilita la instancia sumarial con el fin de aplicar la sanción que se estime.
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Ley de Emergencia Económica y Social por granizo
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto declarar en estado de emergencia económica y social a los Departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, San Rafael y General Alvear, a raíz del desastre natural que ocasionó la granizada que afectó gravemente la producción agrícola en diversas zonas de los mencionados departamentos.
El fenómeno meteorológico de lluvia y granizo que, ayer 14 de Octubre, azotó distintas zonas los departamentos mencionados, afectó gravemente la producción agrícola, ha conformado un estado de emergencia económica y social.
Podemos decir que un desastre natural, por lo general, suele ser inesperado y grave, está concentrado en el espacio y en el tiempo generando daños en la vida social de los habitantes de nuestros pueblos, ya que impide el cumplimiento de sus actividades básicas.
Es por ello que tanto el granizo como la helada, son considerados como desastre natural que afecta de manera sorpresiva, provocando daños severos en los cultivos. Si bien en este caso el daño no consiste en pérdidas humanas, sin embargo, el daño afecta indirectamente a la sociedad. Estos fenómenos ocurren con frecuencia en la provincia, dejando numerosas pérdidas a nivel de producción agrícola donde, prácticamente, la economía se ve sustentada por dicha producción.
Siendo de consideración la gravedad la situación descripta, y por razones de bien común y de interés general, es necesario contemplar la disposición de medidas que permitan atenderla con prontitud, acordando lo necesario para la permanencia y recuperación de las actividades productivas de la zona impactada, hoy afectada por causa de la emergencia y social suscitada por aquélla.
La Dirección de Defensa Civil informó que a raíz de la tormenta de lluvia y granizo se produjeron pérdidas de entre el 40 y 100 por ciento en cultivos de distintas distritos de San Carlos.
De acuerdo al reporte brindado por el coordinador de Defensa Civil en San Carlos, Leonardo Martínez, las zonas afectadas son los distritos de Paso de las Carretas, Pareditas, Chilecito y Tres Esquinas.
El Valle de Uco, y especialmente San Carlos, fue la zona más afectada. La intensa tormenta de lluvia y granizo comenzó después del mediodía y afectó especialmente al Valle de Uco, San Rafael, General Alvear, así como a algunos distritos de Luján de Cuyo.
Una de las zonas más afectadas fue el departamento de San Carlos, donde la tormenta provocó la caída de árboles y pérdidas de entre el 40 y el 100 por ciento en las zonas cultivadas.
Ciudad de Mendoza, 15 de Octubre de 2012.-
Art. 1°: Declárase en Estado de Emergencia Económica y Social a los Departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, San Rafael y General Alvear, a raíz del desastre natural que ocasionó la granizada que afectó gravemente la producción agrícola en diversas zonas de los mencionados departamentos.
Art.2°: Suspéndase durante un plazo de doce (12) meses los trámites de ejecución de sentencias para los productores que han sido afectados, en jurisdicción de los mencionados departamentos.
Art.3°: Los jueces de las causas deberán disponer de oficio la suspensión durante el plazo establecido en el art. 2°.
Art.4°: Atender la obligación de los afectados con la Dirección General de Rentas, el Departamento General de Irrigación, EDEMSA y otras instituciones, para lo cual el Poder Ejecutivo Provincial deberá aplicar lo dispuesto por la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 4.304 y sus modificatorias.
Art.5°: De forma.
Media Sanción Expte. Nro.: 0000062919$PROYECTO DE LEY
Artículo 1°- Las declaraciones de Emergencia Agropecuaria, Social y Habitacional en las distintas zonas, originadas por los accidentes climáticos que se produzcan en el territorio de la Provincia, serán realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial de acuerdo con la información que provean los municipios y los organismos específicos del Estado.
Art.2°- El Poder Ejecutivo podrá gestionar ante el Gobierno Nacional “fondos no reintegrables” a fin de dar cumplimiento a la atención productiva, social y habitacional.
Art.3°- Se establece que los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Agroindustria y Tecnología, y de Trabajo, Justicia y Gobierno, o los que en el futuro los reemplacen, deben elaborar un plan de contingencias en todos los niveles prestacionales.
Art. 4° – Se faculta al Poder Ejecutivo a:
a) Prestar asistencia crediticia o subsidio a damnificados de la emergencia habitacional, que el Poder Ejecutivo determine, con los fondos que se obtengan en virtud de lo dispuesto en el Art. 2° de la presente Ley. Esta operatoria podrá realizarse mediante convenio con los municipios involucrados.
b) Disponer eI traslado de las cuotas vencidas y/o a vencer, por el término de un (1) año al final del plazo pactado, para aquellos adjudicatarios de viviendas financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.
c) Reasignar las partidas necesarias que sean de origen provincial para atender esta problemática, inclusive el Fondo Solidario Agrícola, debiendo informar a ambas cámaras legislativas.
d) Otorgar financiaciones, a través del Fondo de Transformación y Crecimiento, a productores afectados por emergencias climáticas, previo informe de las oficinas técnicas que correspondan.
e) Gestionar ante los organismos nacionales de recaudación, estrategias de financiamiento o diferimiento de las obligaciones patronales o empresariales de los afectados, en forma similar al convenio de corresponsabilidad gremial que rige en la Provincia, y/o también a la normativa provincial respecto de la recaudación de los impuestos en caso de emergencia climática.
Art.5 °- El Poder Ejecutivo Provincial debe gestionar la incorporación de los afectados, a los programas de subsidio de sostenimiento del empleo existentes en el orden nacional, entre ellos:
a) Empleados permanentes de pequeños productores con superficies cultivadas iguales o menores de 25 has., afectados por granizo con daños superiores al 50%;
b) Empleados permanentes de aquellas explotaciones con daño superior al 90% independientemente del tamaño de predio;
c) Contratistas de viñas y frutales, afectados por contingencias climáticas, cualquiera sea el tamaño de la finca en la que se desempeñan
d) Pequeños productores con superficies cultivadas iguales o menores de 25 has., afectados por granizo con daños superiores al 50%, que no tengan ningún personal permanente beneficiado por los sistemas de los ítems a) o c).
e) El personal permanente de las plantas procesadoras de frutas ubicadas en zona de catástrofe climática que vean seriamente comprometido su abastecimiento en la presente campaña;
f) Aquellos trabajadores temporarios de esas mismas plantas que se hubieran incorporado a la actual campaña y que se encuentren registrados como trabajadores de dichas plantas en al menos dos meses del periodo enero/abril del año de la emergencia.
Art. 6 °- Se suspende por el plazo de ciento ochenta (180) días la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobro de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia, contra las personas comprendidas en la presente norma. Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado. Por el mismo periodo queda suspendido el curso de los términos procesales de la caducidad de instancias. Este plazo puede ser prorrogado por única vez y por igual término por Decreto del Poder Ejecutivo.
Art. 7°- A todos los efectos el Poder Ejecutivo Provincial puede realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a esta norma.
Art. 8 °- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9 °- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil doce.
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA Sdora. MIRIAM GALLARDO
Secretario Legislativo Presidenta Provisional
H. Cámara de Senadores H. CAMARA DE SENADORES A/C de la Presidencia
MENDOZA H . Cámara de Senadores
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Las actividades de las organizaciones, sean ellas de producción o servicio, sin duda generan en la Provincia de Mendoza un impacto – positivo o negativo – en su entorno y público relacionamiento.
El artículo 41 de la Constitución de la Nacional Argentina garantiza que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras
En ese sentido, existe la inquietud tendiente a involucrar a las empresas en acciones que importen un positivo compromiso social, que se traduzca en la calidad de vida tanto interna (accionistas, empleados) como externa (consumidores, clientes, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad) de la organización.
En nuestro País, existen ya organizaciones que se han enrolado en las prácticas tendientes a difundir una nueva forma de accionar empresario, en el cual el fin de las mismas excede largamente el fin de lucro, implementando principios éticos de naturaleza universal y ejecutando acciones comprometidas con el desarrollo sustentable, a la vez del mejoramiento de la sociedad en la cual se hallan insertas, conocida como Responsabilidad Social Empresaria.
Entendemos la Responsabilidad Social como la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad y al ambiente que les permitió crecer y desarrollarse.
En los últimos tiempos, las organizaciones han experimentado las ventajas de ser socialmente responsables, pues, además del mejoramiento de la calidad de vida de entorno, les genera oportunidades comerciales en los países donde la forma de hacer negocios hace imprescindible la Responsabilidad Social Empresaria.
No existen dudas acerca de que, las iniciativas de mejoramiento del comportamiento social y ambiental hace más eficiente la labor de las organizaciones, a la vez que pueden derivar en reducciones de costos de explotación.
También los inversores tienen en cuenta la actitud de las empresas frente a las cuestiones ambientales y sociales antes de decidir invertir su capital.
Una de las formas de expresar esta responsabilidad social se verifica a través del Balance Social, el cual en nuestro país se ha estipulado obligatorio a través de la Ley No. 25.877 para las empresas que poseen más de 300 empleados
Debe comprenderse el Balance Social como una herramienta que permite informar, evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los aspectos no solo económicos, sino también ambientales y sociales.
Las organizaciones que efectúan prácticas responsables, generan un beneficio en la comunidad en la cual se desarrolla, que resulta interesante medir, como así también conocer la forma en la cual se distribuye ese valor agregado. Esta información resulta obtenible de los Estados Financieros que habitualmente presentan.
Además del Balance Social, las organizaciones pueden presentar informes o reportes de sostenibilidad, basados en indicadores, que se fueron desarrollando en el plano internacional.
Así, podemos mencionar que existen organismos sin fines de lucro, que dictan principios y guías para la presentación de información que exponga la gestión socialmente responsable, a través de informes sociales.
En tal sentido, merecen destacarse el Pacto Global de las Naciones Unidas, Globlal Reporting Initiative (GRI3.1), AccountAbility 1000 (AA1000) del Institute of Social and Ethical Accountability, Social Accountability 8000 (SA 8000).
Estos reportes, si bien son de presentación voluntaria, marcan la diferencia de las organizaciones con conciencia social.
Sin duda, quienes en su política empresaria destacan la importancia del mejoramiento de la calidad de vida de su entorno, merecen que se les reconozca de alguna manera esa diferencia, lo cual motiva a que en la presente ley se establezcan incentivos para las organizaciones que, sin estar obligadas, cumplan con la presentación de Balance Social o certifiquen la Responsabilidad Social.
A su vez, el Estado debe promover que, aquellas empresas que le provea de bienes o de servicios, deben necesariamente ser responsables, y comprobar el efectivo cumplimiento de las premisas que ello implica.
La preparación de la información que se propone en la presente ley, debe ser realizada por profesionales que respondan a las ciencias y técnicas requeridas para su confección tales como ciencias económicas, otras ciencias sociales y naturales.
Es de suma relevancia que la información preparada por las empresas, sean sometidas a auditoría para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados para su confección. Para ello es menester que el o los profesionales intervinientes, encabezados por un contador público en cuanto a procesamiento y exposición de la información, produzcan un informe con firma certificada por el Consejo Profesional pertinente. Destacando que la presente iniciativa surgió en Mendoza, en el marco del Programa “Parlamento Abierto” que desarrolla la Legislatura Provincial en el interior de la provincia, coordinado por la Vicegobernacion de la misma, a propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, habiéndose logrado el avance en consenso de la mayoría de los bloques parlamentarios.
Por todo lo expuesto, resulta imprescindible promover acciones de responsabilidad social y creemos que esta ley puede significar el inicio de una cultura responsable tanto social como ambiental.
Artículo 1º – Objeto- El objeto de la presente ley es promover conductas socialmente responsables de las empresas y organizaciones en general, en el diseño y materialización de sus políticas, con el fin que se cumpla una objetiva valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera. Para ello se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (BRSAE).
Artículo 2°- Exigibilidad- La aplicación de esta ley es obligatoria para aquellas empresas que cuenten con una dotación de más de trescientos (300) trabajadores y asimismo tengan una facturación que supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 147/06, siendo voluntaria para las demás que no se encuadren en las características referidas.
Artículo 3º- Ámbito de Aplicación- Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las organizaciones que tengan domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza o desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento en la misma, desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean privadas o estatales, nacionales o extranjeras.
DEL BALANCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA
Artículo 4º – Definición – A los efectos de la presente ley se entiende por Balance Social y Ambiental, al Instrumento para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política social y ambiental de la organización. En este documento se recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.
Artículo 5º – Presentación y publicidad del BRSAE – Los BRSAE deben reflejar los procedimientos internos aplicables por las empresas y que satisfagan los requisitos de: objetivos mensurables, trazables y auditables. Su presentación será anual, en la fecha de cierre de cada ejercicio económico. Una vez presentados, de conformidad con la normativa que establezca la autoridad de aplicación, serán públicos y de libre acceso por parte de la población.
Artículo 6º – Contenido – El contenido para la presentación de los BRSAE será establecido por la autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos en los BRSAE estarán basados en indicadores que permitan mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de la comunidad, el ambiente y su personal, como así también la magnitud de su impacto social, teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI en su versión G3.1), que como Anexo I, forma parte de la presente y sin perjuicio, de las modificaciones reemplazos y actualizaciones que se implementen al respecto, para la mejor consecución de los fines buscados en esta norma. Asimismo, se tomarán en cuenta los estándares que en el futuro se creen a nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros.
Artículo 7º – Índice de Responsabilidad Social Empresaria – La Autoridad de aplicación debe elaborar un Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) considerando los indicadores establecidos mediante los mecanismos mencionados anteriormente, como instrumento de medición y evaluación del aporte integral de las empresas al bienestar de la sociedad mendocina.
Artículo 8º- Auditoría – El BRSAE debe ser auditado por un contador público independiente quien emitirá su informe de acuerdo a normas profesionales, cuya firma será certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia.
I – DE LA CERTIFICACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Artículo 9º- Obtención del distintivo socialmente responsable – Las organizaciones podrán obtener el certificado de “Empresa socialmente responsable” que servirá para acreditar que alcanzaron o superaron las pautas fijadas en el IRSE (Indice de Responsabilidad Social Empresaria).
El Distintivo será otorgado por la Autoridad de Aplicación y tendrá una vigencia de un (1) año, pudiendo en este sentido, obtenerlo de acuerdo a distintas y progresivas categorías. El mantenimiento de la certificación exige de la auditoría de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad se ha certificado, pudiendo ser revocado antes del vencimiento por incumplimiento de las condiciones que lo fundamentaron, lo que implica la pérdida automática de todo beneficio que se establece en esta ley.
II- USO Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACION
Artículo 10 – Utilización – La empresa tiene el derecho de utilizar públicamente el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación.
Artículo 11 – Beneficios – Las Empresas que obtengan el “Certificado de Empresa Socialmente Responsable” y que no estuvieren obligadas por ley, podrán acceder, de acuerdo a las pautas y categorías que oportunamente determine la autoridad de aplicación, a los siguientes beneficios:
a) Prioridades en las contrataciones con el Estado Provincial y/o Municipal, cuando exista igualdad de condiciones en la oferta.
b) Mejor y mayor posibilidad de acceso a líneas de crédito y financiación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la Provincia, así como de toda entidad financiera, pública o privada, que así lo disponga mediante convenio con el Estado Provincial. Asimismo podrán habilitarse líneas de créditos para aquellas empresas que no habiendo sido certificadas, inicien el trámite para acceder al CESR con el compromiso de afectar los fondos obtenidos para solventar los gastos que demanden las medidas necesarias para obtener dicha certificación, atendiendo principalmente a las Pequeñas y Medianas empresas.
c) Las empresas acreedoras del premio anual a la RSE, mencionado en el artículo 12 de la presente, podrán contar con una bonificación de hasta un 10% en el pago de impuestos provinciales, u otro tipo de beneficios fiscales, según lo determine la reglamentación.
Artículo 12 – Premio anual – Se crea el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables, cuya reglamentación quedará formalizada por la Autoridad de Aplicación de la presente.
Artículo 13 – Autoridad de Aplicación – El Ministerio de Agroindustria y Tecnología, o el que en un futuro lo remplace, a través del organismo que considere pertinente, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Artículo 14 – Responsabilidades de la Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación tiene las siguientes responsabilidades:
b) Reglamentar los requisitos de la auditoría que establece la presente ley.
c) Elaborar el Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE).
d) Otorgar el certificado de “Empresa socialmente responsable”, previa verificación de los requisitos correspondientes.
e) Llevar un Registro actualizado de Empresas Socialmente Responsables, el cual tendrá carácter público y donde se inscribirán las empresas que obtienen la certificación, como también sus revocaciones.
f) Emitir un informe anualmente sobre el grado de implementación de la ley, que debe remitir a la H. legislatura.
g) Elaborar y dar a publicidad un “Manual de Buenas Prácticas” destinado a promover, generar y sugerir a las Empresas con asiento en la Provincia de Mendoza, acciones concretas relativas a la RSE, dotándolas de herramientas de gestión, redes y mecanismos de información e intercambio de experiencia y colaboración recíproca.
h) Promover el cumplimiento de esta norma a través de la participación y promoción de la misma por parte de los tres poderes del Estado y los Municipios de la Provincia, procurando la consolidación definitiva de la cultura de la RSE.
i) Reglamentar el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables
Artículo 15- Cooperación – La Autoridad de aplicación puede convocar a participar en el desarrollo de la instrumentación de la presente ley a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales que desarrollen actividad empresaria, así como a especialistas del ámbito empresario y/o toda organización profesional con vinculación en lo temático y social en materia de RSE, priorizando El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
En el marco de esta norma, puede realizar acuerdos y convenios con entidades provinciales, nacionales y/o internacionales similares o análogas, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y fundamentalmente para la realización de cursos, talleres de capacitación y formación en RSE.
Artículo 16- Reglamentación – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de la misma.
Artículo 17- Invitar a los municipios a adherir a la presente norma.
Articulo 18- De forma
Media Sanción Expte. Nro.: 0000062729$PROYECTO DE LEY
Art. 2°- Exigibilidad- La aplicación de esta ley es obligatoria para aquellas empresas que cuenten con una dotación de más de trescientos (300) trabajadores y asimismo tengan una facturación que supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 147/06, siendo voluntaria para las demás que no se encuadren en las características referidas.
Art. 3º- Ámbito de Aplicación- Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las organizaciones que tengan domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza o desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento en la misma, desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean privadas o estatales, nacionales o extranjeras.
Art. 4º – Definición – A los efectos de la presente ley se entiende por Balance Social y Ambiental, al Instrumento para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política social y ambiental de la organización. En este documento se recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.
Art. 5º – Presentación y publicidad del BRSAE – Los BRSAE deben reflejar los procedimientos internos aplicables por las empresas y que satisfagan los requisitos de: objetivos mensurables, trazables y auditables. Su presentación será anual, en la fecha de cierre de cada ejercicio económico. Una vez presentados, de conformidad con la normativa que establezca la autoridad de aplicación, serán públicos y de libre acceso por parte de la población.
Art. 6º – Contenido – El contenido para la presentación de los BRSAE será establecido por la autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos en los BRSAE estarán basados en indicadores que permitan mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de la comunidad, el ambiente y su personal, como así también la magnitud de su impacto social, teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI en su versión G3.1), que como Anexo I forma parte de la presente, y sin perjuicio de las modificaciones, reemplazos y actualizaciones que se implementen al respecto, para la mejor consecución de los fines buscados en esta norma. Asimismo, se tomarán en cuenta los estándares que en el futuro se creen a nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros.
Art. 7º – Índice de Responsabilidad Social Empresaria – La Autoridad de aplicación debe elaborar un Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) considerando los indicadores establecidos mediante los mecanismos mencionados anteriormente, como instrumento de medición y evaluación del aporte integral de las empresas al bienestar de la sociedad mendocina.
Art. 8º- Auditoría – El BRSAE debe ser auditado por profesionales independientes especialistas en la materia, quienes emitirán su informe de acuerdo a normas profesionales, cuyas firmas serán certificadas por el Consejo Profesional Respectivo.
Art. 9º- Obtención del distintivo socialmente responsable – Las organizaciones podrán obtener el certificado de “Empresa socialmente responsable” que servirá para acreditar que alcanzaron o superaron las pautas fijadas en el IRSE (Indice de Responsabilidad Social Empresaria).
Art. 10– Utilización – La empresa tiene el derecho de utilizar públicamente el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación.
Art. 11– Beneficios – Las Empresas que obtengan el “Certificado de Empresa Socialmente Responsable” y que no estuvieren obligadas por ley, podrán acceder, de acuerdo a las pautas y categorías que oportunamente determine la autoridad de aplicación, a los siguientes beneficios:
a) Prioridades en las contrataciones con el Estado Provincial y/o Municipal que adhiera a la presente ley, cuando exista igualdad de condiciones en la oferta.
d) Podrá el Estado Provincial y/o Municipal que adhiera a la presente, proveer un espacio físico a los fines que las empresas publiciten sus productos o servicios en eventos públicos de índole provincial o municipal.
e) Podrán representar a la Provincia con sus productos o servicios en las ferias nacionales e internacionales en las cuales la Provincia concurra con un stand.
Art. 12° – Premio anual – Se crea el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables, cuya reglamentación quedará formalizada por la Autoridad de Aplicación de la presente.
Art. 13- Autoridad de Aplicación – El Ministerio de Agroindustria y Tecnología, o el que en un futuro lo remplace, a través del organismo que considere pertinente, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14– Responsabilidades de la Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación tiene las siguientes responsabilidades:
b) Reglamentar los requisitos de la auditoría que establece la presente ley, pudiendo suscribir con la Universidad Nacional de Cuyo un convenio a los fines de coordinar un posgrado de especialización en la materia.
g) Elaborar y dar a publicidad un “Manual de Buenas Prácticas” destinado a
promover, generar y sugerir a las Empresas con asiento en la Provincia de Mendoza, acciones concretas relativas a la RSE, dotándolas de herramientas de gestión, redes y mecanismos de información e intercambio de experiencia y colaboración recíproca.
Art. 15- Cooperación – La Autoridad de aplicación puede convocar a participar en el desarrollo de la instrumentación de la presente ley a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales que desarrollen actividad empresaria, así como a especialistas del ámbito empresario y/o toda organización profesional con vinculación en lo temático y social en materia de RSE, priorizando el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
Art. 16- Reglamentación – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 17- Invitar a los municipios a dictar las normas necesarias para la aplicación de la presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 18°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
H. Cámara de Senadores H. CAMARA DE SENADORES A/C de la Presidencia MENDOZA H . Cámara de Senadores
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Artículo 2

Artículo 1
 artículo 41
in fine

Artículo 1

Artículo 2
 Resolución 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 Resolución