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================ Ref. Queja nº ================ Asunto: Reclamación de intereses por deuda económica del Ayuntamiento. - PDF
================ Ref. Queja nº ================ Asunto: Reclamación de intereses por deuda económica del Ayuntamiento.
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Clara Peralta del Río
1 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 11/02/ Ayuntamiento de Alboraya Sr. Alcalde-Presidente Miraculosa, 17 ALBORAYA (Valencia) ================ Ref. Queja nº ================ Asunto: Reclamación de intereses por deuda económica del Ayuntamiento. Sr. Alcalde-Presidente: Se recibió en esta Institución escrito firmado por D. (...), vecino de Alboraya, que quedó registrado con el número arriba indicado. Sustancialmente manifestaba que el 23 de Abril de 2009 le ingresaron euros en concepto de la deuda económica que el Ayuntamiento de Alboraya tenía con él desde 1994 por valor de pesetas. Con fecha 4 de Mayo de 2009 el firmante del presente expediente dirigió un escrito al citado Ayuntamiento reclamando los intereses de esta deuda, del cual no ha obtenido ninguna respuesta. Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, fue admitida a tramite, dándose traslado de la misma a Vd. de conformidad con lo determinado en el artículo 18.1 de la citada Ley. Con el objeto de contrastar las alegaciones formuladas por dicho ciudadano, le requerimos para que en el plazo máximo de 15 días nos remitiera información suficiente sobre la realidad de las mismas, y demás circunstancias concurrentes en el presente supuesto, especialmente, nos informará sobre por qué el citado ciudadano no ha recibido ninguna respuesta a su escrito de reclamación y si se han planteado el pago de estos intereses por la deuda adquirida en El Ayuntamiento de Alboraya, tras varios requerimientos, en fecha 18 de septiembre de 2009 nos remite escrito al que se adjunta el siguiente informe: Que, según consta en los registros contables de este departamento, con fecha 21 de abril de 2009 se procedió al pago de 945,91 euros a D. (...) en ejecución de resolución 1318/2007 y en concepto de devolución de cantidades aportadas por PERI Vera. C/. Pascual Blasco, ALACANT. Tels / Fax
2 Que, resultando procedente el abono de intereses de demora por las citadas cantidades, la fecha determinante para el inicio del cómputo de los mismos es la de 28 de mayo de 1.999, en la que se produce la aprobación definitiva por el Pleno del Plan de Actuación Integrada "Playa Patacona" que incluía los costes del proyecto entre aquellos a repercutir a los propietarios afectados y que, en consecuencia, determina la improcedencia a partir de esa fecha de las cantidades aportadas por D. Cristóbal. Que los intereses procedentes según lo anterior se detallan en anexo, debiendo procederse a su reconocimiento y posterior pago. El citado informe le fue remitido al promotor de la queja, el cual en escritos de fecha 5/10/2009, 24/11/2009, 27/11/2009 y 16/12/2009, se ratifica en el contenido inicial de la queja, si bien en el último de ellos viene a indicar que el Ayuntamiento de Alboraya ha procedido a abonarle el importe de la deuda principal más los intereses, si bien, respecto de estos últimos, únicamente desde el 28 de mayo de 1999 y no desde el año 1994 que es cuando abonó el ingreso del principal que posteriormente fue declarado como indebido. Llegados a este punto pasamos a resolver la presente queja, si bien para tal fin ha de estarse no únicamente al expediente de la misma, sino al contexto de la misma, y dentro del mismo se encarna la queja , en donde el Ayuntamiento de Alboraya reconoció mediante la resolución 1318/2007, que D. (...) solicitó, el 14 de octubre de 2005 y nº de orden , se le reintegrase por el Ayuntamiento pesetas (618,17 ) con sus intereses legales, correspondientes al pago efectuado en 1993 a solicitud del Ayuntamiento para la redacción de los Proyectos de Urbanización de la zona del Plan Especial de Reforma Interior de Vera, al ser propietario de la parcela catastral En análogo sentido solicitó, en calidad de heredero, la devolución de pesetas (327,74 ) con sus intereses legales por el pago que efectuó D. (...), como propietario de la parcela ; y en base a ello, ese ayuntamiento reconoció que figuraba en los archivos municipales el expediente 21/93 que se refiere a la contratación del Equipo Técnico para trabajos de desarrollo urbanístico de varias zonas del término municipal y cuya financiación se iba a efectuar a través de la aportaciones que iban a hacer los afectados y que tras las modificaciones habidas al respecto se determinaba, tras el informe favorable emitido por los servicios municipales, la procedencia de la solicitud de devolución con sus intereses legales. De dicho contexto y resolución administrativa se desprende que, aunque en la misma no se indica la fecha de retroacción de los intereses, ésta no puede ser otra, por traer causa del mismo acto, que la fecha a la que se retrotraen los efectos de la declaración de la improcedencia de pago principal efectuado por el promotor de la queja, esto es, al año 1994, que es cuando atendiendo a la liquidación que le fue girada por el Ayuntamiento de Alboraya, el promotor de la queja satisfizo el pago de la deuda principal, en concepto de gastos de urbanización, que posteriormente fueron declarados indebidos. Por tanto, la fecha determinante para el inicio del cómputo de los mismos no puede ser la de 28 de mayo de 1.999, fecha en la que se produce la aprobación definitiva por el Pleno del Plan de Actuación Integrada "Playa Patacona", por cuanto el cambio de criterio municipal no puede ser motivo o causa de perjuicio para la ciudadanía.
3 Por otro lado, el principio de eficacia (art de la Constitución Española) exige de las Administraciones Públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, y harto relevante, el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 de marzo de 2001, que es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los arts. 24.1, y CE. En consecuencia, habría que coincidir en que el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material (proscritas por los arts. 9.3 y 24.1 de la Constitución Española), y que, tal y como ha expuesto el Síndic de Greuges en sus sucesivos informes anuales a Les Corts Valencianes, obliga a los ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo, por ello, en inoperante, la vía administrativa. Por ello, nuestro Legislador Autonómico, al regular esta Institución en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, le atribuye, en su art. 17.2, la específica función de velar y controlar que la Administración resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados; y el art. 9.2 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reconoce el derecho de todos los ciudadanos a que las Administraciones Públicas traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable. Teniendo en cuenta cuanto antecede, conviene recordar a mayor abundamiento que el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación posterior contenida en la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece que: el plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulan por los interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de 3 meses. El derecho a obtener una resolución sobre lo peticionado a la Administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo. Claramente lo formula la exposición de motivos de la citada Ley el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado.
4 La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de los que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo. La obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley y según los principios garantizados por la Constitución española en su artículo 9.3. En virtud de todo cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas en punto a la defensa y efectividad de los derechos y libertades comprendidos en los Títulos I de la Constitución (art. 18.1, 43, 45 y 47) y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el art de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, estimamos oportuno RECOMENDAR al Ayuntamiento de Alboraya: 1.- Que, en situaciones como la analizada, extreme al máximo los deberes legales que se derivan de los artículos 42 y siguientes de Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y dicte resolución motivada en contestación a todas y cada una de las cuestiones planteadas por el autor de la queja en su reclamación, dentro de los plazos legalmente establecidos. 2.- Que se retrotraiga el pago de los intereses a la fecha a la que se retrotraen los efectos de la declaración de la improcedencia del pago principal efectuado por el promotor de la queja, esto es, al año Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 29 de la Ley 11/1988, reguladora de esta Institución. Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la Institución. Agradeciendo por anticipado la remisión del preceptivo informe, le saluda atentamente. José Cholbi Diego Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 artículo 9
 resolución