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Timestamp: 2019-03-25 22:08:21+00:00

Document:
as20151L210
AUTO SUPREMO Nº 210/2015-RRC-L
Sucre, 10 de mayo de 2015
Expediente : Chuquisaca 10/2010
Parte imputada : Marcelo Condori Velásquez y otro
Delito : Abigeato
Por memorial presentado el 19 de enero de 2010, cursante de fs. 219 a 222, José Lizardo Larrazabal Benítez y Ernesto Taborga Arancibia, apoderados legales de Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 390/09 de 21 de diciembre de 2009, de fs. 211 a 213 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Zenobia Martínez Barja y Freddy Reyna Martínez contra los recurrentes Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano, por la presunta comisión del delito de Abigeato, previsto y sancionado por el art. 350 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación fiscal y particular presentada por el Ministerio Público y la parte querellante (fs. 7 a 13 y fs. 17 a 18 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia Penal de Monteagudo del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció la Sentencia 009/2009 de 6 de octubre (fs. 164 a 172 vta.), declarando a los imputados Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano, autores y culpables de la comisión del delito de Abigeato, previsto y sancionado por el art. 350 del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de Monteagudo; con costas a favor del Estado y de la parte querellante. En aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió el perdón judicial.
Contra la referida Sentencia, los imputados Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano, formularon recurso de apelación restringida (fs. 180 a 185 vta.), resuelto por Auto de Vista de 390/09 de 21 de diciembre de 2009 (fs.211 a 213 vta.), emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca que, sin ingresar en el fondo, rechazó por inadmisible el recurso de apelación restringida.
Del memorial de recurso de casación (fs. 219 a 222) y del Auto Supremo 107/2015-RA-L de 04 de marzo (fs. 232 a 234), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, aspecto sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Los recurrentes alegan que el Auto de Vista rechazó su recurso señalando que no cumplieron con la previsión del art. 408 del CPP, referido a la fundamentación de la disposición legal que se considera violada o erróneamente aplicada, como tampoco habrían indicado de manera separada cada violación con sus fundamentos, sin considerar que en su memorial de subsanación se indicó que la Sentencia incurre en dos defectos, el primero por falta de fundamentación previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, al no explicar el grado de participación de cada imputado, violándose la citada norma; como segundo defecto de la Sentencia, alegaron defectuosa valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], en especial respecto de las declaraciones de Juana Prado, Lorgio Liliano Gonzales La Fuente, Edmundo Reyna Martínez y la contradicción del informe pericial. Con relación a que no se indicó separadamente cada violación, los recurrentes alegan que cumplieron lo dispuesto por el art. 407 del CPP, al señalar en su memorial de subsanación que la Sentencia incurrió en los defectos contenidos en el art. 370 inc. 5) y 6) del CPP, siendo fundamentado de manera clara e inequívoca, señalando la disposición violada y solicitando la nulidad de la Sentencia. Además, manifiestan que, conforme el art. 407 del CPP, se determina la admisibilidad del recurso de apelación cuando se reclama oportunamente el saneamiento, se efectúa reserva de recurrir o cuando se trate de vicios de la Sentencia de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 del CPP, cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 407 y 408 del CPP. En el apartado titulado “petitorio” manifiestan que el Auto de Vista viola y quebranta los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y su derecho a la segunda instancia. Invocan como precedente el Auto Supremo 573 de 4 de octubre de 2004.
Los apoderados legales de los imputados Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano solicitan la admisión del recurso, determinándose dejar sin efecto el fallo recurrido y la emisión de una nueva resolución conforme la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 107/2015-RA-L de 04 de marzo, cursante de fs. 232 a 234, este Tribunal admitió el recurso formulado por los apoderados legales de los imputados para su análisis de fondo.
Concluido el juicio oral, con el voto disidente de dos miembros, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Monteagudo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dictó Sentencia condenatoria contra Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano por la comisión del delito de Abigeato, condenándoles a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: i) Que el presente caso deviene de la apropiación indebida e ilegal de un ganado vacuno por parte de los imputados y vendido a terceros, siendo faenado en el matadero de Monteagudo y cuyo cuero fue identificado por las marcas “SM” y “M”, propiedad de los querellantes, como se demostró por la prueba introducida a juicio; ii) Que, tanto los querellantes así como el imputado Cosme Cerezo realizaron su registro de marcas posteriormente al hecho, sin que aquello implique que los dueños de los animales no tengan su derecho o la forma de demostrar la propiedad de sus animales, esto en razón a que en la práctica, por desconocimiento de las normas o por comodidad, dada las distancias, no siempre se registran las marcas; iii) Que, por las pruebas DMP-3, DMP-4, DMP1.2, DMP-6, DQP b), DEQ c) y DQP f) se motivó la imputación formal de los acusados; iv) Que, habiéndose admitido que en las fechas del hecho, los imputados llevaron ganado vacuno y porcino a Monteagudo para su comercialización; y, que ante la pérdida de un ganado vacuno por parte de la madre de Cosme Cerezo, ambos imputados tenían la intención de recuperar el animal, procediendo a subir al animal que era manso y se encontraba pastando, trasladándolo ilegal e indebidamente a Monteagudo donde lo vendieron; asimismo, por las declaraciones de Pedro Reina y Edmundo Reina, Segundina Medrano, quien perdió un animal, habría manifestado que el cuero secuestrado no era de ella y que no vendía a Marcelo Cerezo ningún animal hace más de cuatro años, fundamentos con los cuales se establece que los imputados adecuaron su conducta al tipo penal acusado.
Los imputados interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 180 a 185); en cuyos argumentos, denunciaron como agravios: i) Que la Sentencia vulnera el art. 370 inc. 10) del CPP, por no ser transparente e imparcial porque se emitió en sujeción a la lástima que produjo la querellante; ii) Que, se les condenó sin tomar en cuenta que los animales de Segundina Mamani y Zenobia Martínez tenían marca parecida y con color similar; sin embargo, no se dio curso al principio in dubio pro reo; iii) Que la Sentencia no explica el grado de participación de cada imputado, ello por una mala valoración de la prueba, infringiendo los arts. 370 incs. 6), 8) y 11); 169. 3) 173 y 359 del CPP; iv) Violación de la Ley Nº 80 de Ganadería (marcas y señales) de 05 de enero de 1961 y Decreto Reglamentario Nº 29251 de 29 de agosto de 2007, debido a que la prueba de cargo signada como PDQ-b) [(certificado de registro de marcas)] señalan que la marca SM corresponden a Pedro Reyna y Zenobia Martínez B, que fue registrada el 23 de septiembre de 2008; y, el hecho acusado es de 8 de agosto de 2008, por tanto no serían propietarios del animal perdido, por cuanto no corresponde justificar que la vida alejada en las comunidades y el desconocimiento de normas, facultan que se infrinjan, probando la titularidad con solo prueba testifical; al no existir materia justiciable ni cuerpo del delito para inculparles y al asumir declararles culpables con premeditación justificada con la indulgencia concedida, caen en “usurpación de funciones” (sic) establecida en los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30 de la LOJ; v) Que, las pruebas testificales de los policías Fidel Jiménez y Napoleón Ríos dejan de tener valor por contravenir el art. 215 del CPP, 6 y 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), sin que exista prueba que sindique a Marcelo Condori la autoría del delito endilgado. Asimismo, la prueba testifical de cargo, un 95% correspondería a familiares de los querellantes y las testificales de descargo justificaron su inocencia manifestando que presenciaron e intervinieron en el marcado del novillo que vendió, que tenía marcas borrosas de SM; y, por una equivocación se la marcó de esa forma; vi) Que, el muestrario fotográfico está al margen de lo dispuesto por el art. 215 del CPP y 6to del Ministerio Público, porque no existe cadena de custodia para la conservación de las pruebas, además que en las fotografía se evidencia que el cuero es de color negro osco barroso, negro pardo o negro taracchi y no simplemente negro y que el cuero incorporado a juicio además de no tener el color negro, tampoco tiene marcas visibles, no teniendo asidero la justificación de que fue sometido el cuero a la cal. El citado muestrario, no cuenta con el acta de producción ni el nombre de quien tomó las fotos, por cuanto la valoración de las pruebas contiene dudas vulnerándose los arts. 215, 370 incs. 4) y 6), 173 y 359 del CPP; 6 y 63 de la ley Orgánica del Ministerio Público; otra vulneración constituye que no se consideró que la boleta del SENASAG, fue entregada por Cosme Cerezo al comprador Faustino Morales; asimismo, el querellante Freddy Reyna Martínez manifestó haber abordado al perito y que el cuero era color negro con blanco en la panza y el lomo medio café y ante la exhibición del cuero, señaló que no sabía si correspondía al cuero objeto de la pericia porque sólo tenía la letra M. El referido recurso de apelación restringida fue observado mediante proveído de 13 de noviembre de 2009 (fs. 197), siendo subsanado el mismo (fs. 200 a 203).
Radicada la causa en la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, éste resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 390/2009 de 21 de diciembre (fs. 211 a 213 vta.), en el cual concluyó que: i) Habiéndose concedido el plazo para subsanar las observaciones para que los apelantes citen las normas habilitantes, las normas violadas o erróneamente aplicadas de manera separada con sus respectivos fundamentos, así como cuál la aplicación que pretenden respecto de cada una; estas observaciones no fueron cumplidas en lo que se refiere a: la fundamentación de la disposición legal que considera violada o erróneamente aplicada, incumpliendo con los párrafos segundo e in fine del art. 408 del CPP, como es indicar separadamente cada violación de las normas, con sus fundamentos; siendo genérica la alegación de la violación de la Ley Nº 80 de 5 de enero de 1961 y DS Nº 29251 de 29 de agosto de 2007; asimismo, que resulta confuso e incongruente manifestar la violación de los arts. 169 incs. 3) y 4), 370 inc. 6) del CPP y 108 de la CPE, cuando corresponde relacionar el defecto de la Sentencia con una norma adjetiva o sustantiva vulnerada o erróneamente aplicada de manera separada; situación que no se evidenció; por otro lado, tampoco existiría fundamentación específica de hechos y de derecho objetivamente sustentados en el contenido de la Sentencia confutada para emitir pronunciamiento sobre el mismo; ii) Los apelantes realizan observaciones a las pruebas de cargo y descargo en general, para luego, de manera confusa y desordenada argumentar la violación de los arts. 215, 370 incs. 4) y 6), 173 y 359 del CPP y 6, 63 de la LOMP, incurriendo en la misma omisión de no indicar separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, incumpliendo con la carga recursiva; iii) En ambos puntos apelados incumplen con expresar la aplicación que pretenden de la norma que invocan conforme señala el art. 408 primer párrafo in fine del CPP, realizando afirmaciones genéricas que no responden a la exigencia legal referida; y, iv) Pese a la otorgación del plazo de subsanación, los defectos subsisten. Con esos argumentos, rechazó por inadmisible el recurso de apelación restringida.
III. DEL PRECEDENTE CONTRADICTORIO
Los recurrentes alegan que el Auto de Vista rechazó su recurso de apelación restringida sin considerar que los puntos apelados referían defectos de la Sentencia como son la falta de fundamentación y defectuosa valoración de la prueba, contradiciendo el Auto Supremo 573 de 4 de octubre de 2004; la citada resolución fue emitida dentro de un proceso penal por contrabando, en el cual la parte recurrente alegó que el Tribunal de alzada rechazó su recurso de apelación restringida por considerar que el recurso fue planteado sin sujeción a la regla establecida por el art. 407 del CPP que establece que este recurso sólo será admisible si el interesado reclamó oportunamente su saneamiento o formuló reserva de recurrir, analizados los fundamentos del Auto de Vista, el Tribunal de casación determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado en razón a que el Ad quem debió otorgar el plazo previsto por el art. 399 del CPP, a objeto de que la parte apelante subsane los errores y omisiones de su recurso de apelación.
“La doctrina legal aplicable al caso de autos, establece que no se debe rechazar un recurso por defectos de forma, sino que se debe conceder al recurrente el plazo establecido por ley para que corrija o amplíe su recurso y, por ello, el tribunal de alzada, después de advertir que las cuestiones de forma no fueron cumplidas, debió conminar al apelante a que aclare lo observado y no optar por un rechazo que hizo perder a éste la oportunidad de subsanar defectos de forma, aplicando de esa situación la previsión contenida en el art. 399 del Cód. Pdto. Pen.
Que cuando se advierten defectos de procedimiento o vicios en la sentencia, se abre de oficio la competencia del tribunal jerárquico superior a fin de que se enmienden omisiones o errores procesales que afecten los derechos o garantías constitucionales y pongan en riesgo el sistema procesal penal”.
Este Tribunal admitió el presente recurso, circunscrito a la verificación de la posible contradicción en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada con relación a los fundamentos de la doctrina legal del Auto Supremo 573 de 4 de octubre de 2004 invocado como precedente.
Del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que la denuncia cuyo análisis de fondo corresponde, se halla directamente vinculada al reclamo de que el Tribunal de alzada, ante la denuncia de defectos absolutos, debió aperturar su competencia a objeto de verificar la falta de fundamentación de la Sentencia denunciada en su recurso de apelación restringida así como la defectuosa valoración de la prueba; sobre el particular, corresponde señalar que, revisado el recurso de apelación restringida (fs. 180 a 185 vta.), los apelantes realizan una ampulosa argumentación respecto de los hechos acontecidos que dieron lugar a la presente causa penal; denunciando en concreto dos agravios: 1) Que la Sentencia se emitió en sujeción a la lástima que produjo la querellante con “falta de convicción probatoria legal” (sic), tergiversando la prueba en su correcta valoración o con la intensión de favorecer a la parte querellante; dándoles una misma sanción “con una orientación desequilibrada” (sic.) respecto al grado de culpabilidad y responsabilidad de cada uno, “infringiendo el texto de los Arts. 370 casos 6), 8) y 11; 169 caso 3), 173 y 359 del procedimiento penal” (sic.), Por otro lado alegan la violación de la Ley Nº 80 de 05 de enero de 1961 de Ganadería –marcas y señales y su Decreto Supremo 29251 de 29 de agosto de 2007, manifestando que la marca SM de los querellantes fue registrada en fecha 23 de septiembre de 2008 y que, si el animal fue faenado el 08 de agosto de 2008, entonces los querellantes no serían propietarios del animal por cuanto no existiría materia justiciable ni cuerpo del delito, violándose los arts. 169 casos 3) y 4), 370 caso 6) del CPP y 108 de la CPE; y, 2) Que las pruebas de cargo corresponde en un 95% a los familiares de los querellantes y las de descargo justificaron su inocencia; que no existe prueba que sindique a Marcelo Condori; que el muestrario fotográfico está al margen del art. 215 del CPP y 6 de la Ley del Ministerio Público además de no contar con el acta de producción ni el nombre de quien tomó las fotos, vulnerándose los arts. 215, 370 incs. 4) y 6), 173 y 359 del CPP; 6 y 63 de la LOMP. De igual manera en el memorial de subsanación (fs. 200 a 203), pese a la conminatoria del Tribunal de alzada (fs. 197), en el entendido de que el recurso no cumplía con las previsiones del art. 408 del CPP; por cuanto, no señalaron las normas que consideraron vulneradas y cual la aplicación pretendida de cada una; los recurrentes nuevamente inciden en realizar argumentaciones sobre la falta de explicación del grado de participación de cada acusado, lo que constituye un defecto de la Sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP; sobre la defectuosa valoración de la prueba, los impugnantes realizan un resumen de sus observaciones sobre las pruebas testificales y documentales; sin embargo, no señalan el valor otorgado por el Tribunal de instancia que pueda ser considerada como defectuosa, ni la norma que consideran vulnerada o la aplicación que pretenden.
De lo expuesto, se advierte que los entonces apelantes, no realizan una denuncia clara y expresa respecto a que la Sentencia carezca de fundamentación y menos si la falencia corresponde a la fundamentación fáctica, inherente a la relación verosímil y coherente de los hechos; la fundamentación probatoria, que a su vez implica la fundamentación descriptiva e intelectiva relacionada con los medios probatorios, su valoración individual y conjunta de manera armónica, conforme las reglas de la sana crítica; o la fundamentación jurídica que resulta la base legal, constituido por las normas constitucionales, especiales, sustantiva y adjetiva aplicables al caso concreto, que respaldan la decisión asumida por el juzgador. En lo concerniente a la defectuosa valoración de la prueba alegada en el recurso de apelación restringida, los recurrentes se limitan a expresar que las declaraciones de los policías dejarían de tener valor por contravenir los arts. 6 y 63 de la LOMP; sin embargo, no señalan las razones por las cuales carecerían de valor y por qué contravienen las referidas normas; sobre las declaraciones de los testigos de cargo que – a criterio de los recurrentes- resultarían en un 95% vertidas por familiares, tampoco precisan las normas que se vulneraron, sea por su producción, introducción o valoración; similar situación se advierte en el contenido de los argumentos donde hacen referencia a las demás atestaciones consideradas defectuosamente valoradas; o las documentales como el muestrario fotográfico, la prueba DQP. c) [(registro de la Intendencia Municipal)] y la prueba pericial, olvidando los recurrentes que, en su apelación restringida, correspondía impugnar y fundamentar cuál el error en la asignación de valor probatorio del juzgador, trabajo que tiene que ver con la aplicación de la sana crítica; es decir, la operación lógica del Juez, además de señalar qué aspectos o principios lógicos que hacen a la sana crítica habrían sido vulnerados (identidad, contradicción, tercero excluido o razón suficiente) y cómo se habría generado tal vulneración; es decir, identificar la falta cometida por el Juez de instancia en sus razonamientos lógico objetivos sobre la valoración de las pruebas que influya en la confiabilidad de su decisión y no limitarse a expresar sus propias conclusiones sin confrontarlas con los razonamientos considerados errados del Tribunal a quo respecto de las pruebas observadas.
En ese contexto, el Tribunal de alzada, percatándose de las referidas omisiones, otorgó a los apelantes el plazo previsto por el art. 399 de CPP, para que identifiquen las normas que consideraron vulneradas, indicando de manera fundamentada cada violación y la aplicación que pretendían; si bien los recurrentes manifiestan que la Sentencia habría vulnerado los arts. 169 y 370 del CPP, cabe precisar, que el art. 169 del CPP, describe específicamente los casos en los cuales la resolución contiene defectos absolutos que no pueden ser convalidados; revisados el recurso de apelación restringida y el de subsanación, no se advierte denuncia alguna que se vincule con alguno de los tres incisos del referido artículo; por otra parte, el art. 370 del CPP, en sus once incisos, son normas que señalan los vicios en los que puede incurrir una resolución que necesariamente deben estar vinculados a la infracción de una norma en específico o algún derecho, fundamento o garantía constitucional para que pueda ser objeto de nulidad por configurarse en defecto absoluto insubsanable, sólo constituyen una norma habilitante que, bajo ninguna circunstancia pueden ser violadas, como erróneamente afirman los recurrentes; toda vez, que los supuestos descritos en el citado artículo, no imponen mandato ni prohibición alguna; sino, simplemente se limita a citar y describir los supuestos en que la Sentencia puede ser viciada de nulidad; pero, siempre en función a otra normativa, o el quebrantamiento de garantías jurisdiccionales, derechos fundamentales o principios constitucionales, debiendo entenderse que cuando se incurre en alguno de los vicios descritos en el artículo referido, no se violó ningún supuesto; sino, se inobservó o restringió otra norma, que es la que debe acusarse como vulnerada.
Ahora bien, respecto a la revisión de oficio que debe realizar el Tribunal de Alzada, debe tenerse presente que el mismo no implica desconocer las diferentes instancias y sus recursos, de acuerdo con la naturaleza de las pretensiones cuya satisfacción se insta y de las normas que las fundamentan; para ello, el legislador ha establecido un sistema de recursos, configurando así la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de un modo concreto y determinado, en ese contexto, las partes dentro de un proceso están obligados a utilizar los recursos legalmente previstos en la forma y con los requisitos que la ley prevé, tanto ordinarios como extraordinarios; por ello, el derecho de impugnación, si bien está reconocido constitucionalmente, está circunscrito por determinadas normas, correspondiendo a los órganos judiciales la verificación y control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el acceso a los mismos; no resulta suficiente alegar defectos de la Sentencia para aperturar la competencia de los Tribunales de apelación. El art. 396 inc. 3) del CPP, establece entre una de las reglas generales, que los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en ese código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución, regulando en ese sentido el recurso de apelación restringida en las disposiciones contenidas en los arts. 407 a 415 del cuerpo legal citado; pero, además dispone en su art. 399, que: “Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo…” (el resaltado es propio); por su parte, el art. 408 del CPP, dispone que el recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia, debiendo citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y expresarse cuál es la aplicación pretendida. Además, deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, no pudiendo invocarse otra violación en forma posterior; estos requisitos de forma tienen por finalidad facilitar a la autoridad judicial la determinación del objeto de la impugnación, ello en razón a que el límite de la competencia queda establecida por los puntos apelados, siendo éstos los que deben ser resueltos conforme prevé el art. 398 del CPP.
En el caso de autos, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 408 del CPP y la finalidad de las formas establecidas por la ley para el recurso de apelación restringida, el Tribunal de apelación cumplió con las exigencias previstas por la norma adjetiva penal, pues por una parte, al establecer que el recurso no cumplía con las exigencias previstas por el citado art. 408 del CPP, e identificando la omisión en la que incurrieron los recurrentes, dispuso su subsanación, otorgándole el plazo previsto por la ley; notificados los recurrentes con tal determinación, no subsanaron las omisiones observadas, conforme se evidencia del memorial de subsanación, en el que se limitaron a reiterar de manera resumida los puntos de su recurso; pero, sin precisar las normas vulneradas con la debida fundamentación y de manera separada, aspectos que constituyen una carga procesal para las partes que intervienen en la tramitación de la causa y que pretenden impugnar la Sentencia a través del recurso de apelación restringida; debe tenerse presente, que las formas exigidas por ley, entre otras de sus finalidades, contribuye a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de dicho recurso.
En consecuencia, habiendo correspondido al Tribunal de apelación, el control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el acceso al recurso de apelación restringida y que por los antecedentes del caso, se tiene establecido que dicho control fue realizado en la forma más favorable a la efectividad del recurso, pues advertidas las omisiones como se tiene señalado, se otorgó el plazo correspondiente a los recurrentes para su subsanación y no lo hicieron; se concluye que, el rechazo del recurso fue determinado dentro de los márgenes establecidos por la norma procedimental y precedido de la concesión del plazo previsto por ley para su subsanación.
Por lo expuesto, al estar demostrado que la decisión asumida en el impugnado Auto de Vista 390/09 de 21 de diciembre, se sustentó en la previsión contenida en los arts. 399 y 408 del CPP, sin que los recurrentes hubieran subsanado las observaciones realizadas, se concluye que los fundamentos de rechazo del Ad quem, no resultan contradictorios a la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 573 de 4 de octubre de 2004; por lo que, corresponde declarar infundado el recurso que se analiza.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marcelo Condori Velásquez y Cosme Cerezo Medrano, de fs. 219 a 222.

References: resolución 
in dubio
in fine
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución