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Timestamp: 2013-12-13 02:50:46+00:00

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SALTA – LEY 7273 / REGULACION SEGURIDAD PRIVADA | CAESI
SALTA – LEY 7273 / REGULACION SEGURIDAD PRIVADA
Ref. Expte. Nº 90-14.153/99
Ambito de Aplicación — Objeto
Artículo 1º.- El Estado conserva y no delega la facultad y el deber del uso de la fuerza pública en materia de prevención, represión y seguridad con relación a personas y bienes de la comunidad.
Art. 2º.- Se regirán por la presente Ley las personas físicas o sociedades comerciales que realicen con carácter privado dentro del territorio de la provincia de Salta tareas de investiga-ción, vigilancia, custodia, estudios y planificación de seguridad, prestación de servicios de seguridad, sea en forma personal o mediante sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentos idóneos en general y seguridad informática, aunque fueran sucursales, filiales o agencias de las mismas, habilitadas en diferentes jurisdicciones.
Las prestaciones anteriormente mencionadas serán únicamente de prevención.
Art. 3º.- Deberá entenderse por:
a) Investigación: Procedimiento por el cual se procura información sobre hechos y actos requeridos por cualquier persona física o jurídica en salvaguarda de sus derechos subjetivos o intereses legítimos debidamente acreditados. Las tareas de investigación privada no po¬drán ejercerse en materia penal, salvo en los delitos de acción privada.
b) Vigilancia: Servicio de protección y seguridad de edificios públicos o privados destina-dos a habitación, oficinas u otra finalidad, conjuntos habitacionales, recintos, locales y esta-blecimientos empresariales y en general la protección y seguridad de los bienes y personas que se encuentran en dichos lugares, con arreglo a lo que se disponga en la reglamentación.
c) Custodia: Consiste en el servicio de acompañamiento, defensa y protección de bienes o mercaderías que son transportadas de un lugar a otro, y el servicio, con carácter exclusivo de acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas.
d) Estudios y Planificación de Seguridad: Análisis y proyectos a efectos de dotar de una adecuada protección a un establecimiento, personas y/o bienes.
e) Seguridad mediante sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentos idó¬neos en general: Es la actividad realizada en el lugar o a distancia empleando elementos técnicos legalmente autorizados.
Comprende la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad para la protección de bienes, personas y contra el fuego u otros siniestros y de sistemas de observación y registro, de imagen y audio; en cuanto se efectúe la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y/o registro de las señales y alarmas.
f) Seguridad informática: Tiende a preservar la confidencialidad de todos los datos de un computador o una red determinada.
Art. 4º.- Será de aplicación la legislación nacional, sin perjuicio de las facultades atribui¬das a la Provincia, a las personas físicas o sociedades comerciales que desarrollen servicio de transporte de caudales y servicio de custodias personales.
Autoridad de Aplicación y Fiscalización
Art. 5º.- La Secretaría de la Gobernación de Seguridad será la Autoridad de Aplicación o el órgano que en el futuro la reemplace.
Art. 6º.- Las personas físicas o sociedades comerciales comprendidas en esta Ley, ejerce¬rán sus funciones únicamente luego de haber sido habilitadas por la Autoridad de Aplica¬ción.
Las habilitaciones son intransferibles. Las sociedades comerciales deberán comunicar las modificaciones de sus estatutos, autoridades societarias u órgano de dirección a la Autoridad de Aplicación dentro de los cinco (5) días, la que resolverá acerca de la continui¬dad de la habilitación.
Art. 7º.- Las personas físicas o sociedades comerciales que desarrollen las actividades comprendidas en la presente Ley, deberán contar con seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños que pudieran ocasionarse a terceros y a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, quien controlará periódicamente la vigencia de la cobertura de la póliza y conforme a los requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 5º.- Son requisitos para obtener la habilitación la presentación de las exigencias que a continuación se enuncian, además del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Comercial, Tributario, Previsional y toda otra normativa que resulte aplicable:
1. Ser ciudadano argentino, con cuatro (4) años de residencia efectiva.
2. Nombre y domicilio real del titular.
3. Lugar y fecha de nacimiento del titular.
4. Nombre de los padres, del cónyuge y de los hijos, en su caso.
5. Tipo y número de documento del solicitante y de las personas señaladas precedente-mente.
6. Nómina del personal que se desempeñará en la empresa, con detalles de filiación completa, tipo y número de documento y domicilio real.
7. El solicitante y el personal que se desempeñará en las empresas deberán contar con cédula de identidad expedida por la Policía de la Provincia.
8. Constancia de inexistencia de condenas judiciales por delitos dolosos y acreditar que no registra antecedentes por violación a los derechos humanos de acuerdo a los datos obrantes en los registros de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales, del Ministerio del Interior.
9. Reglamento interno para su aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación.
10. Certificado de aptitud psicofísica del titular y del personal bajo su dependencia de acuerdo a las funciones que desempeñará, según Anexo 1 de la presente.
11. Constancia de capacitación del personal bajo dependencia y demás requisitos esta-blecidos en esta Ley.
12. Listado de vehículos que serán afectados a la actividad, informando su dominio y demás datos identificatorios.
13. Individualización del o de los inmuebles que serán destinados a la actividad.
14. Consignar la denominación y/o nombre de fantasía a utilizar, el domicilio legal de la empresa en la provincia de Salta y sus sucursales o agencias.
15. Designar un Director Técnico y un Subdirector Técnico.
16. Declarar los equipos técnicos y armas en general que utilizan las empresas, para el supuesto de estar expresamente autorizados por la Autoridad de Aplicación, la que podrá otorgarla restrictivamente y solo para fines de vigilancia y custodia determinada.
b) Sociedades comerciales:
1. Copia autenticada del Contrato Social con la constancia de su inscripción en el Regis-tro Público de Comercio correspondiente.
2. Nombre y domicilio real de los integrantes del órgano de Dirección de la Sociedad, tipo y número de documento de identidad. Asimismo se indicará datos filiatorios de los padres, cónyuges e hijos de las personas señaladas en el párrafo anterior.
3. Declaración jurada conteniendo nómina de socios y/o accionistas de la empresa, la que deberá contar con participación de capital nacional, con especificación del porcentaje societario de cada uno, de cuya modificación deberá informarse a la Autoridad de Aplicación en el plazo de treinta (30) días de producida.
4. Capital social mínimo proporcional a la cantidad de personal contratado por la empresa o del valor de los bienes propios denunciados por ésta.
5. Cumplir tanto el personal directivo como sus empleados, con las condiciones exigidas para las personas físicas.
Art. 9º.- El servicio de evaluación y seguimiento médico psicológico de aptitudes podrá ser realizado por terceros, con especialidad en la materia. En tal caso, el servicio será selec-cionado a través de procedimientos que posibiliten la intervención de pluralidad de interesa-dos.
Director Técnico y Subdirector Técnico
Art. 10.- El Director Técnico será el responsable de la organización y conducción de las actividades específicas establecidas en la presente Ley. Los únicos requisitos que deberán reunir y mantener, serán los siguientes:
a) Ser ciudadano argentino y tener como mínimo veinticinco (25) años de edad. Tener residencia efectiva de dos (2) años en la Provincia, inmediatamente anteriores a la solicitud.
b) No registrar condenas por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de sus fun-ciones y acreditar que no registra antecedentes por violación a los derechos humanos de acuerdo a los datos obrantes en los registros de las Secretarías de Derechos Humanos y Sociales de la Nación y de la Provincia.
c) No registrar inhabilitación civil o comercial.
d) Acreditar idoneidad profesional para la función, previo examen ante la Autoridad de Aplicación. Se presumirán idóneos los licenciados en seguridad y los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario.
e) Disponer de certificado psicofísico, el cual deberá renovarse cada dos (2) años.
f) No haber sido dado de baja por sanción, destitución o exoneración en las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario.
g) No registrar procesamiento firme en su contra, con motivo o en ejercicio de su función.
h) No haber sido cesanteado o exonerado de la Administración Pública Nacional, Provin-cial o Municipal.
Art. 11.- No podrán ejercer la función de Director Técnico y Subdirector Técnico de una empresa de seguridad e investigaciones:
a) Quien se desempeñe como Director Técnico o Subdirector Técnico de otra empresa del mismo rubro y mientras no haya presentado renuncia expresa al cargo.
b) Quien reviste como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario.
c) Quien preste servicios como funcionario o agente de la Administración Pública Nacio-nal, Provincial o Municipal, sea por designación o cargo electivo.
d) Quien desempeñe cargos en asociaciones gremiales y/o sindicales, salvo las que se organicen como consecuencia de las actividades previstas en la presente Ley.
e) Quien se encuentre inhabilitado por la Autoridad de Aplicación.
Art. 12.- Ante la ausencia o impedimento del Director Técnico para ejercer su función el Subdirector Técnico lo reemplazará con las mismas facultades. En ningún caso la Dirección quedará acéfala. De ser necesario se designará un nuevo Director Técnico dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, que cumpla con los requisitos establecidos y en todos los casos, en el mismo plazo se comunicará tal extremo a la Autoridad de Aplicación para su aproba¬ción. Su incumplimiento será considerado falta grave.
Art. 13.- El Subdirector Técnico colabora con el Director Técnico en la organización, planeamiento y conducción de la empresa. Para ser Subdirector Técnico se exigen los mis¬mos requisitos que para ser Director Técnico.
Art. 14.- Para poder pertenecer a las empresas mencionadas en la presente Ley en carác¬ter de vigilador, el personal deberá cumplir y mantener los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y tener una edad mínima de veintiún (21) años, y estudios secundario o polimodal aprobado.
b) Disponer de certificado psicofísico el cual deberá renovarse cada dos (2) años. Su costo será absorbido por la Empresa de Seguridad que lo solicite, o en su caso por el interesado.
c) No haber sido dado de baja por sanción, destitución o exoneración en las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario, ni encontrarse en actividad en los referidos organismos.
d) No registrar condenas por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de sus fun-ciones y acreditar que no registra antecedentes por violación a los derechos humanos de acuerdo a los datos obrantes en los registros de las Secretarías de Derechos Humanos y Sociales de la Nación y de la Provincia.
e) No haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de cesantía o exoneración de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
f) Contar con una capacitación adecuada con la función a desempeñar, conforme a las disposiciones de la presente Ley.
g) No hallarse inhabilitado civil ni comercialmente.
Art. 15.- Cuando la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada considere que el postulante no reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo para el que fuere propuesto, denegará la autorización. Asimismo, exigirá la inmediata separación como perso¬nal de seguridad a todo aquel que pierda las condiciones requeridas en el artículo anterior.
Art. 16.- El personal de las empresas deberá contar con un legajo de antecedentes en el cual se detallará la siguiente información:
a) Alta de la Autoridad de Aplicación.
b) Número de CUIT y/o CUIL.
c) Cumplimiento de los requisitos de capacitación exigidos en la presente Ley y su reglamentación.
d) Certificación de prácticas de tiro, en caso que lo necesite.
e) Constancias de ingreso y egreso de cada empresa en la que presta o prestó servicio.
f) Constancia de jerarquización y otras capacidades adquiridas.
Art. 17.- El cese del personal será comunicado por escrito a la Autoridad de Aplicación por parte de la empresa, dentro de los tres (3) días subsiguientes de ocurrido, indicándose la fecha en que se dieron por terminadas sus funciones con mención de su causal, la cual se acreditará fehacientemente.
Igual derecho tendrán los empleados.
Art. 18.- Los miembros de las empresas de seguridad de acuerdo a la presente Ley, según la posición que ocupen en las mismas y función que desempeñen, deberán realizar los cursos de capacitación organizados y dictados por capacitadores autorizados por la Autoridad de Aplicación y conforme a los perfiles determinados en la reglamentación.
Art. 19.- Además de los respectivos cursos que pueda organizar la Autoridad de Aplica-ción, los servicios de capacitación podrán ser realizados por terceros previamente habilita¬dos, ajustándose ambos a los contenidos mínimos establecidos en el Anexo II de la presente.
Podrán presentarse para solicitar la habilitación como tal, los institutos de enseñanzas académicas o entidades cuyo objetivo social contemple la realización de actividades de capacitación afines a la seguridad o vigilancia, debiendo contar en estos casos con un cuerpo profesional de capacitación con experiencia docente, con idoneidad en las materias incluidas en el plan de capacitación.
El servicio será seleccionado a través de procedimientos que posibiliten la intervención de pluralidad de interesados.
Art. 20.- Los programas y contenidos del curso de capacitación deberán ser aprobados por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación.
El plan de capacitación deberá brindar conocimiento en derecho, seguridad, relaciones humanas, ingestación de casos, métodos de ordenamiento en caso de catástrofes, defensa personal, comunicaciones, tendiente a la formación integral del vigilador, generando conoci-miento y capacidad.
Art. 21.- El costo de capacitación será absorbido por las empresas de seguridad que postulen aspirantes o por los mismos interesados.
Art. 22.- Las empresas comprendidas en esta Ley deberán contar para su sede, con un local adecuado para su funcionamiento, debiendo cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Ser de uso exclusivo para el desarrollo de las actividades de la empresa, consecuente-mente no podrá ser parte integrante de una vivienda familiar, a menos que sean unidades funcionales independientes.
b) Deberá contar como mínimo con una recepción y un privado totalmente independiente de las otras dependencias. El lugar destinado a la guarda de armamentos deberá contar con las medidas de seguridad suficientes a criterio de la Autoridad de Aplicación y no podrá ser compartido para realización de otras actividades.
c) La seguridad de los locales deberá ser prioritaria.
d) El local deberá contar con habilitación municipal actualizada.
e) La Autoridad de Aplicación habilitará los locales de la sede principal y sucursales previa presentación de croquis con indicación de las actividades y funciones que se desa¬rrollarán en cada una de las dependencias, inspección y verificación de los requisitos antes enunciados.
Art. 23.- Las empresas de seguridad e investigaciones podrán estar equipadas y ser propietarias de equipos de comunicaciones, los que podrán ser fijos y/o móviles.
Art. 24.- En todos los casos y sin excepción, los equipos deberán estar denunciados ante la Autoridad de Aplicación y contar con la autorización de la frecuencia de trabajo otorgada por el órgano competente.
Art. 25.- Los vehículos con que cuenten las empresas, deberán estar perfectamente individualizados respecto a la firma a la que pertenecen y sus identificaciones no deberán confundirse con las de los vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario. En caso de poseer vehículos no identificables, deberán ser denunciados y autorizados por la Autoridad de Aplicación.
Art. 26.- El Director Técnico, deberá dar cuenta dentro de las veinticuatro (24) horas a la Autoridad de Aplicación, de toda actividad que le fuera encomendada y/o modificaciones producidas con posterioridad.
Asimismo, informarán de inmediato a las autoridades competentes, el conocimiento que adquieran, por cualquier medio o a través de sus responsables o empleados, de todo hecho que durante la investigación, tarea o servicio, pudiere dar lugar a un delito perseguible de oficio o afectare de un modo grave el interés público.
Quienes presten los servicios regidos por esta Ley, estarán obligados previo requeri¬miento a colaborar con las fuerzas de seguridad y demás fuerzas policiales de la Nación y de los Estados Provinciales, seguir sus instrucciones y prestarle auxilio.
Art. 27.- Las empresas que funcionen bajo las previsiones de la presente Ley, llevarán obligatoriamente un archivo de legajos que contendrá:
a) Datos personales del peticionante del servicio con su firma.
b) Asunto a investigar o misión a cumplir detallado y consentimiento del peticionante con su firma.
c) Personal afectado a cada tarea debidamente identificado.
La documentación será reservada y sólo podrá ser compulsada por requerimiento de autoridad judicial competente.
Art. 28.- El Director Técnico estará obligado a:
a) Comunicar a la Autoridad de Aplicación cualquier modificación de las circunstancias que, por lo dispuesto en la presente, hubiese anteriormente informado, dentro del término máximo de diez (10) días de ocurridas, siempre que por ésta Ley no se disponga un plazo menor.
b) Exhibir en la sede de la entidad, en lugar visible al público, la resolución de habilitación de la empresa, como así también la nómina completa de sus responsables.
Art. 29.- Las empresas que soliciten su habilitación o reempadronamiento, deberán abo¬nar los aranceles que fijará la reglamentación e ingresarán a los fondos de la Policía de la provincia de Salta.
Las empresas referidas en el Titulo XIII abonarán un arancel diferenciado por la autoriza-ción.
La reglamentación determinara el canon especial que deberán abonar las empresas que presten servicio mediante sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentos idóneos en general, teniendo en cuenta las particularidades de cada empresa.
Art. 30.- Los montos recaudados por los distintos conceptos establecidos en la presente ley, serán depositados en una cuenta bancaria habilitada a tal efecto y administrada por la Policía de la Provincia.
Art. 31.- Las personas físicas o sociedades comerciales que presten servicios en el marco de esta Ley, no podrán lesionar o poner en peligro por ningún medio el derecho al honor, la intimidad personal y demás derechos constitucionales garantizados.
Art. 32.- Está prohibido a las personas comprendidas por esta Ley, la prestación de servicio con cualquier tipo de armas, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplica¬ción por resolución fundada, la que se condicionará, en su caso a las disposiciones legales vigentes y a las normas del Registro Nacional de Armas (RENAR) y Registro Provincial de Armas (REPRAR).
La autorización de la prestación de servicio con armas de fuego se merituará con carácter restrictivo y de acuerdo al objetivo en cuestión.
El uso de armas y fuerzas que pudiesen ejercer las personas motivo de esta Ley, se rigen por las normas de derecho común.
Art. 33.- Queda prohibido a las personas físicas o sociedades comerciales que presten servicios de seguridad o vigilancia y a los integrantes o personal de las mismas que se encuentren en cumplimiento de sus funciones:
a) Intervenir en conflictos políticos o laborales.
b) Intervenir en actividades sindicales o de finalidad política.
c) Recibir encargos o tareas de entidades o personas que no acrediten fehacientemente su personería o identidad.
d) Divulgar o comentar secretos u otras informaciones obtenidas en razón de sus funciones.
e) Subcontratar los servicios o delegar las funciones para las cuales están autorizadas, salvo que tal delegación o subcontratación sea respecto de empresas autorizadas por esta Ley y consentidos por el contratante del servicio.
f) Extender sus actividades al ejercicio de funciones propias de la policía.
g) Efectuar requisas personales.
h) Retener o secuestrar bienes o documentación personal.
i) Detener a persona alguna, excepto en los supuestos de detención por un particular previstos en el Código Procesal Penal.
j) Utilizarlas menciones “República Argentina”, “Provincia de Salta”, “Policía”, “Policía Privada” o “Policía Particular”, sellos, escudos, uniformes, siglas o denominaciones simila¬res a las oficiales, que pudieran inducir a error o confusión a quienes les sean exhibidas.
k) Utilizar nombres, denominaciones, uniformes o siglas autorizadas a otras empresas.
Art. 34.- En particular queda prohibido a las personas físicas o sociedades comerciales:
a) Intercepción y/o captación del contenido de comunicaciones, ya sean postales, telefó-nicas, telegráficas, electrónicas, radiofónicas, satelitales, o cualquier otro medio de transmi¬sión de cosas, voces, imágenes o datos, e ingresar ilegítimamente a fuentes de información computarizadas.
b) Adquisición de información a través de aparatos electrónicos, mecánicos o de cual¬quier otro tipo, a excepción de la realización de tareas legítimas de vigilancia por cuenta del propietario o tenedor del bien en el que se realiza tal actividad.
c) Obtención de cualquier información, registro, documentos o cosa para la cual fuera necesaria el ingreso físico o virtual en domicilios privados o edificios públicos o la obtención del acceso a cosas, o bien la búsqueda, remoción, retomo o examen de cualquier tipo; salvo conformidad expresa y por escrito del propietario del domicilio del que se trate o del legítimo tenedor de las mismas.
d) Ejercicio de vigilancia u obtención de datos o confección de archivos o bases de datos relativos a aspectos u opiniones raciales, religiosas, políticas, ideológicas o sindicales de las personas.
Art. 35.- La Autoridad de Aplicación, entregará a los autorizados, una credencial la que se renovará cada dos (2) años, cuyo procedimiento de confección, otorgamiento y caracte¬rísticas se determinará por vía reglamentaria. Los gastos y aranceles que ocasione el cumpli¬miento de la presente disposición estarán a cargo exclusivo de las empresas solicitantes.
Art. 36.- Será obligatoria la exhibición de la credencial a que se refiere el artículo anterior, toda vez que con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus funciones le sea requerida.
El personal uniformado deberá llevar una identificación visible.
Art. 37.- Al cesar en sus funciones, el personal habilitado deberá hacer entrega inmediata de la credencial a la empresa, quien la elevará a la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la comunicación establecida en la presente Ley.
Art. 38.- Las empresas privadas que por sus características tengan acceso al público en general, podrán contar con servicios propios de control interno, debiendo estar previamente autorizadas y designar un responsable ante la Autoridad de Aplicación al formalizar su petición. Los Celadores no podrán portar armas.
El personal afectado a dichas tareas y el responsable designado deberán estar en rela¬ción de dependencia con la empresa donde presten servicios, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos para el personal y adecuarse a la reglamentación.
Quedan sujetos al control, fiscalización y penalidades de la Autoridad de Aplicación.
Penalidades — Procedimientos
Art. 39.- Toda violación de las prohibiciones e incumplimiento de las obligaciones previs¬tas en esta Ley y su reglamentación, serán sancionadas por la Autoridad de Aplicación, mediante la adopción separada o conjunta, según el caso, de las penalidades que a continua¬ción se enuncian:
1.- Para las empresas, sean Personas Físicas o Sociedades Comerciales:
b) Multa desde Pesos Cien ($ 100) hasta Pesos Veinte Mil ($ 20.000).
c) Revocación definitiva de la autorización y/o habilitación concedida por la Autoridad de Aplicación.
2.- Para el Director y/o Subdirector Técnico:
b) Multa desde Pesos Cincuenta ($ 50) hasta Pesos Mil ($ 1.000).
c) Inhabilitación de hasta diez (10) años.
Las multas aplicadas por resolución firme, deberán ser pagadas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, constituyendo título ejecutivo. En caso de incumplimiento queda suspen-dido el infractor hasta el efectivo pago, el que podrá ser oblado en cuotas.
Art. 40.- En el caso de concurrencia de dos o más hechos, las multas que se apliquen, en ningún caso podrán exceder el doble del máximo previsto en el artículo anterior.
Art. 41.- Habrá reincidencia cuando se cometiere una nueva infracción dentro del plazo de dos (2) años a contar desde la sanción firme antes aplicada, independientemente de su pago.
En caso de reincidencia, las multas previstas, se podrán elevar desde un tercio hasta la mitad, sin perjuicio de ello se podrán aplicar las sanciones de revocación definitiva y la inhabilitación.
El apercibimiento administrativo formal no se tendrá en cuenta a los efectos de la reinci-dencia.
Art. 42.- La acción prescribe al año de consumada la falta, a contar desde el día en que se cometió o en que cesó de cometerse si fuera continua. No existen causales de interrupción ni suspensión de la acción.
Las sanciones prescriben a los dos años a contar de la resolución firme que las impuso.
Art. 43.- Las infracciones serán comprobadas mediante actuaciones escritas y sumarias, cuya resolución deberá dictarse en un plazo máximo de sesenta (60) días. En casos graves y complejos dicho plazo podrá prorrogarse por igual término, mediante resolución fundada por la Autoridad de Aplicación.
Art. 44.- Toda persona podrá denunciar ante la Autoridad de Aplicación cualquier irregu-laridad que advirtiera en la prestación de los servicios de seguridad privada.
La Autoridad de Aplicación deberá realizar las investigaciones necesarias para estable¬cer la exactitud de los hechos denunciados y si los mismos constituyen infracciones admi¬nistrativas o contravenciones. La desestimación de la denuncia sólo podrá ser por causa fundada, la que deberá ser comunicada al denunciante.
Cuando la Autoridad de Aplicación adquiera conocimiento de un delito penal perseguible de oficio, tendrá obligación de denunciar.
Art. 45.- La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada a clausurar locales y oficinas que no cuenten con la correspondiente habilitación o autorización a que se refiere esta Ley.
Art. 46.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días le promulgada la misma.
Art. 47.- Las personas físicas o sociedades comerciales en actividad, deberán adecuarse a las prescripciones de la presente Ley en el plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la reglamentación.
El personal de las empresas de seguridad en funciones, deberá someterse a los cursos de actualización que determine la Autoridad de Aplicación.
Art. 48.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley deberá ajustar su operatoria y establecer su funcionamiento dentro del plazo de noventa (90) días desde su vigencia.
Art. 49.- Se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a celebrar convenios con la Nación y/o con otras Provincias, a los fines de la presente Ley y en el marco por ella dispuesto.
Art. 50.- Quedan derogadas todas las normas referentes a la materia que se opongan a la presente Ley.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
Dr. Manuel Santiago Godoy Carlos Daniel Porcelo
Presidente Senador Provincia
Cámara de Diputados – Salta Více-Presidente Segundo en Ejercicio de la Presidencia
Cámara de Diputados – Salta Cámara de Senadores — Salta
Para garantizarla eficiencia y eficacia en el cumplimiento del rol de seguridad privada, es necesario efectuar una evaluación de aptitud psicofísica en base a un perfil que estipula las condiciones que deber reunir el aspirante a desempeñar tales funciones.
Dicho examen, como lo estipula el artículo 72 inciso 10) de la presente Ley, deberá ser realizado indefectiblemente por médico especializado en medicina del trabajo, psicólogo laboral y neurólogo que acreditarán, a través de la realización de los estudios pertinentes, la aptitud psico-neurofísica del postulante.
El diagnóstico se efectuará a través de la aplicación de técnicas psicométricas y proyectivas, tendientes a evaluar la organización de personalidad, capacidades y aptitudes para la función:
a) Nivel intelectual — grado de escolaridad.
b) Coordinación viso motora.
e) Evaluación de destrezas y aptitudes para la función: atención, memoria, capacidad de observación y reacción, toma de decisiones, análisis y organización, capacidad de planifica-ción y anticipación.
d) Equilibrio emocional, control de impulsos.
e) Capacidad para asumirse como figura de autoridad: objetividad y seguridad en sí mismo.
f) Habilidad para las relaciones interpersonales.
El examen físico estará dirigido a determinar lo normado en la Ley de Higiene y Seguri¬dad Nº 19.587 o Ley de Riesgo del Trabajo Nº 24.557, tendiente a determinar las condicio¬nes físicas y neurológicas que requerirá el vigilador para el cumplimiento de sus funcio¬nes:
a) Examen físico completo con toma de agudeza visual con corrección en caso de ser necesario.
b) Examen de laboratorio: Citológico completo, eritrosedimentación, glucemia, uremia, Machado Guerreiro, colesterolemia, triglicéridos, orina completa.
c) Electrocardiograma.
d) Electroencefalograma para descartar trastornos neurológicos.
e) Radiografías de tórax y columna lumbo-sacra.
g) Examen bucodental.
Perfil del Vigilador
Para poder garantizar eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, es necesario que las personas que las ejerzan, reúnan las condiciones y capacidades necesa¬rias.
a) Buen nivel intelectual.
b) Habilidad para las relaciones humanas.
c) Equilibrio emocional.
e) Conducta ética.
1) Iniciativa y responsabilidad.
Presidente Senador Provincial
Cámara de Diputados – Salta Vice-Presidente Segundo en Ejercicio de la Presidencia
Ramón R. Corregidor Dr. Guillermo Albedo Catalano
Materias Básicas Obligatorias del Curso de Capacitación Especial para Vigiladores.
El curso tendrá una duración mínima de cien (100) horas cátedras, y deberá cubrir el desarrollo de las siguientes materias;
1.- Nociones Legales
Brindar al cursante conocimientos básicos que le permitan concientizarlos del marco legal en el cual se debe encuadrar, haciéndole conocer los límites normativos, sus responsa¬bilidades y el concepto de los aspectos principales que se relacionan con las armas y su portación.
a) Constitución Nacional. Derechos y Garantías. Legalidad y Reserva. Nuevos Derechos. Constitución Provincial. Breve noción sobre los poderes del Estado.
b) Los Derechos Humanos.
c) Derecho Penal. Derecho Procesal Penal. Derecho Contravencional. Concepto y conte-nidos.
Bolilla ll
a) Poder de Policía: Concepto.
b) Estado Policial: Concepto.
e) Portador de armas de fuego: Concepto, alcance, limitaciones y responsabilidades.
d) Flagrancia. Presentación del detenido sin orden. Detención por un particular.
e) Registro Domiciliario y Requisa Personal.
a) Causas de Justificación. Nociones.
e) Legítima Defensa.
d) Otras justificantes.
Bolilla lV
a) Clasificación legal de armas de fuego.
b) Concepto del legítimo Usuario. Vigilador. Tenencia y Portación. Transporte de armas de fuego.
a) Primeros Auxilios – concepto y finalidad.
b) Hemorragias: definición, interrupción, torniquetes. Heridas de bala. Heridas de arma blanca.
a) Electrocución: Definición y tratamiento.
b) Asfixia: Definición. Causas.
e) Técnicas de resucitación cardiorespiratoria.
a) Fractura: Definición. Tipos. Inmovilización a la espera del médico.
b) Quemaduras: definición, clasificación y tratamiento.
e) Asistencia en partos.
3.- Armas y tiro
Deberá ser desarrollado por Entidades de Tiro y/o instructores de tiro con intervención de las mismas, debidamente inscriptos y habilitados por RENAR.
Propiciar la capacitación del cursante en el funcionamiento y utilización del armamento. Buscar la adaptación a la condición: «Hombre – Arma».
Instrucción básica para el cuidado y conservación del material. Utilización de agresivos químicos y armas electrónicas defensivas.
a) Pólvoras y Explosivos.
b) Armas de Fuego: concepto.
e) Revólver. Concepto y funcionamiento.
d) Pistola. Concepto y funcionamiento.
e) Subfusiles. Concepto y funcionamiento.
f) Escopetas. Concepto y funcionamiento.
g) Agresivos químicos y armas electrónicas defensivas. Concepto y utilización.
a) Teoría de tiro. Medidas de Seguridad.
b) Utilización del armamento. Posiciones de tiro.
e) Uso racional.
Deberá ser desarrollado por profesionales capacitados en psicología laboral o especialis¬tas en la materia.
Brindar al cursante un panorama de los alcances de la seguridad, la promoción de cond¬uctas de seguridad con un sentido ecológico, la prevención de riesgos y accidentología.
Definición de la Seguridad Integral. Higiene y Seguridad Ambiental. Condiciones amb-ientales de trabajo. Condiciones físicas y psicológicas del personal. Aspectos económicos o la seguridad. Costos y rentabilidad de la Seguridad. Clasificación de las técnicas de seguridad. Medios y recursos.
Principios básicos de la prevención. Prevención y administración de riesgos. accidentología. Prevención de accidentes: Identificación de las causas de accidentes.
Prevención de robos: Control de entrada y salida del personal. Control de entrada y salida de vehículos. Rondas por el interior y el predio total externo. Registro de equipos.
Prevención de incendios: clasificación de incendios. Métodos de extinción de incendios.
EL uso indebido de sustancias psicoactivas: alcohol, drogas.
Deberá ser desarrollado por profesionales especialistas en la materia.
Brindar al cursante un panorama de los mismos escenarios de las Organizaciones, los cambios socio culturales y los nuevos perfiles organizacionales y profesionales. Así tam¬bién lograr una concientización sobre los conocimientos, destrezas y habilidades tendientes a desarrollar los recursos humanos, para lograr un servicio de calidad.
Los nuevos escenarios de las Organizaciones. Los cambios de la cultura organizacional. Los nuevos paradigmas. Las organizaciones como sistemas.
El recurso humano factor de éxito. La capacitación como recurso. Valor agregado. Evalua-ción de desempeño. El mejoramiento continuo. Relaciones humanas.
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Expediente Nº 90- 14.153/04
VISTO el proyecto de ley sancionado por las Cámaras Legislativas, en sesión de fecha 24 de febrero del corriente año, mediante el cual se aprueba la Ley sobre Seguridad Privada; y,
Que habiendo sido comparado el Proyecto sancionado con el que fuera remitido por el Poder Ejecutivo, se advierte que existen diferencias sustanciales en cuanto a técnica legisla-tiva, las que sin embargo, no afectan el espíritu del mismo;
Que en primer lugar, el Artículo 10 del Proyecto sancionado establece que «Los únicos requisitos que deberán reunir y mantener…», el Director Técnico y Subdirector Técnico como responsable de la organización, se establecen en el articulado a través de sus ocho incisos, a manera de enunciación taxativa pero, de la lectura del artículo siguiente (11), se puede apreciar que la norma enumera una serie de situaciones que además, impedirían el ejercicio de la función, con lo que se confunde el principio de «números clausus»;
Que en tal sentido se considera prudente en atención a una mejor interpretación, la supresión de la palabra «únicos» del primer párrafo del artículo citado.
Que en cuanto al inc. b) del mismo Artículo 10 establece como requisitos para ser director o subdirector «…no registrar condenas por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de sus funciones…» sin especificar a cuáles funciones se refiere. De tal modo y, toda vez que se trata de una restricción a la garantía constitucional de trabajar y ejercer industria lícita (Art. 14 C.N. y 28 Const. Pcial.), no aparece como una reglamentación razonable (Art. 14 C.N. y 16 Const. Pcial.), toda vez que no se precisa con claridad la causa de la limitación;
Que por lo demás, si la restricción estuviera referida a las funciones como personal de empresas de seguridad privada, tampoco resultaría útil en la práctica, ya que podrían darse casos de personas que nunca antes se hubieran desempeñado en empresas de ese tipo y registraran condenas por delitos que hicieren inconveniente autorizarlas a prestar servicio en dichas empresas;
Que en el caso se estima pertinente, dada la naturaleza de la función de resguardo que conlleva el proyecto, establecer como causal de inhabilitación a todos los delitos dolosos y no sólo a los cometidos durante el ejercicio de sus funciones, por lo que se propone vetar la frase «cometidos durante el ejercicio de sus funciones»;
Que el mismo cuestionamiento le cabe al inc. g) del mismo artículo en tanto se refiere al procesamiento firme, por actos cometidos “…con motivo o ejercicio de su función”, debien¬do agregarse, en este particular, que además de contradictoria con lo dispuesto en el inc. b), esta previsión resultaría contraria al status de inocencia que establece y garantiza el Artículo 18 de la Constitución Nacional (20 Const. Pcial.). Al respecto se aconseja el veto del inciso completo;
Que el requisito de “no registrar condenas por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de sus funciones…”, contenido en la primera parte del inciso d) del Artículo 14, es pasible del mismo cuestionamiento formulado «ut supra» en relación al Artículo 10, inc. b), al que se remite, por lo que corresponde también su observación;
Que en el Artículo 17 se exige, entre otras cosas, acreditar fehacientemente la causal de cese del personal, dentro de los tres días de ocurrido (cfr. última frase del 1º párrafo). Tal exigencia resulta de muy difícil cumplimiento, en el exiguo plazo previsto y, eventualmente, contraria al derecho de defensa, ya que la acreditación de los extremos que configuren, en cada caso, la causal de despido justificado, debe ser hecha en el pertinente proceso judicial y su avaluación corresponde a los jueces;
Que consecuentemente correspondería el veto de la expresión final del primer párrafo del artículo en análisis: «la cual se acreditará fehacientemente»;
Que por último cabe considerar que el Artículo 42 del proyecto sancionado invade facul-tades propias del Congreso, delegadas al gobierno federal por las provincias, al momento de constituirse la Nación Argentina;
Que conforme al Artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, corresponde al Congre¬so dictar el código civil, cuyo Artículo 3947 ha instituido la prescripción, como modo de adquirir o perder derechos, regulándola en los títulos I y II de la sección Tercera del Libro IV. De tal modo, las provincias no pueden dictar leyes sobre materias que, como la relativa a la prescripción, corresponden al Poder Legislativo Nacional (Art. 121 C.N.);
Que en tal sentido, si bien las provincias pueden dictar normas relativas a la caducidad de las acciones procesales, cabe señalar que la redacción del referido Artículo 42, resulta con¬fusa, puesto que de su texto no surge, con la claridad necesaria, si la acción a la que se refiere es la de imponer sanciones, o la de cobrar las multas impuestas. Consecuentemente, se aconseja el veto del Artículo 42;
Que en tal sentido se ha expedido Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 145/04;
Que la Secretaría de la Gobernación de Seguridad y la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos, han tomado la intervención que le compete;
Que por la fundamentación expuesta se aconseja el veto parcial del proyecto de ley objeto del presente, debiéndose observar los artículos mencionados promulgándose la parte no observada, por tener ésta autonomía normativa y no afectar la unidad y el sentido del proyecto.
Artículo 1º.- Obsérvase en forma parcial el Proyecto de Ley sancionado por las Cámaras Legislativas en sesión realizada el 24 de febrero del corriente año, destinado a regular las actividades relativas a la Seguridad Privada, conforme a lo establecido en los Artículos 131 y 144, inciso 4 de la Constitución Provincial y en el Artículo 11 de la Ley Nº 7.190, ingresado bajo Expediente Nº 90-14.153/04, en fecha 26/02/04, en los siguientes artículos por los moti-vos expuestos en los considerandos de este instrumento:
Artículo 10: En el primer párrafo, la palabra «…únicos…».
Artículo 10: En el inc. b), la frase «…cometidos durante el ejercicio de sus funciones».
Artículo 10: Integramente el inc. g).
Artículo 14: En el inc. d), la frase: «…cometidos durante el ejercicio de sus funciones».
Artículo 17: La frase «…la cual se acreditará fehacientemente».
Artículo 42: Integramente.
Art. 2º.- Promúlgase el resto del articulado como Ley Nº 7273
Art. 3º.- Convócase a las Cámaras Legislativas a sesiones extraordinarias para el trata¬miento del mismo por el plazo previsto en el Art. 131 de la Constitución Provincial.
Art. 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ROMERO – Salum – David

References: Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 72
 Artículo 10
 Artículo 10
 Artículo 18
 Artículo 14
 Artículo 10
 Artículo 17
 Artículo 42
 Artículo 75
 Artículo 3947
 Artículo 42
 Artículo 42

Artículo 1
 Artículo 11

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 42