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Timestamp: 2017-07-24 14:54:14+00:00

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Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos. TÍTULO 3. Dirección y autonomía de gestión de los centros públicos de la Generalidad
TÍTULO 3Dirección y autonomía de gestión de los centros públicos de la Generalidad
Capítulo 1Gestión de personal
Definición de las plantillas y de los puestos de trabajo docentes 1. Corresponde al Departamento de Educación, de acuerdo con los criterios generales que debe fijar el mismo Departamento y a propuesta de la dirección del centro, la definición de su plantilla de profesorado. Cada curso escolar se publican en el DOGC las plantillas de profesorado, que deben definir los contenidos funcionales mínimos de cada puesto de trabajo de acuerdo con el artículo 114.4 de la Ley de educación y específicamente con los detalles previstos en el artículo 114.2 de la misma Ley. Al establecer las plantillas docentes, el Departamento de Educación debe determinar el sistema de provisión de cada puesto de trabajo docente.
2. Los centros educativos públicos disponen de autonomía en el ámbito de gestión de recursos humanos en los términos incluidos en la Ley de educación y otra legislación vigente. En ejercicio de esta autonomía, corresponde a las direcciones de los centros formular propuestas sobre la definición de los puestos de trabajo docente, siempre que cumplan las prescripciones y los criterios generales sobre plantillas fijados por el Gobierno y el Departamento de Educación. La resolución administrativa del Departamento de Educación sobre definición de la plantilla de un centro que no incorpore las propuestas formuladas en tiempo y forma por la dirección deberá ser motivada y comunicada formalmente al director o directora.
3. En aplicación de lo que prevé el apartado anterior, la dirección de cada centro público puede proponer al Departamento, en función de las necesidades derivadas del proyecto educativo y concretadas en el proyecto de dirección del centro, requisitos de titulación y capacitación profesional docente respecto de determinados puestos de trabajo docentes a proveer por el procedimiento de concurso general. Asimismo puede proponer los puestos de la plantilla docente a los cuales se les otorga un perfil singular de acuerdo con el proyecto educativo que se deben proveer mediante el procedimiento de concurso y la definición de los perfiles profesionales de los puestos de especial responsabilidad que dan apoyo a los órganos de gobierno del centro para el desarrollo del proyecto educativo y la aplicación del proyecto de dirección. Estos últimos puestos se proveen por el procedimiento de provisión especial.
4. Las prescripciones y criterios para la definición de las plantillas de los centros deben tener en cuenta los principios siguientes:
b) Flexibilidad y polivalencia de las atribuciones docentes.
c) Corresponsabilidad de los centros en la definición de la plantilla.
d) Suficiencia de recursos asignados a la plantilla docente.
5. En la regulación reglamentaria del procedimiento de definición de las plantillas y de los sistemas de provisión de los puestos que corresponde al Gobierno se determinan los procedimientos y condiciones para la formulación de las propuestas a las que se refieren los apartados anteriores. En todo caso, en los procedimientos de provisión por concurso específico y de provisión especial se garantiza la intervención de la dirección del centro en la selección de las candidaturas.
Otros aspectos referidos a la gestión de personal 1. En materia de gestión de su personal, los órganos de gobierno de los centros públicos pueden fijar objetivos adicionales y definir las estrategias para alcanzarlos; organizar el centro; determinar los recursos que necesita, definir, de acuerdo con el proyecto de dirección vigente, los procedimientos para aplicar el proyecto educativo y, en general, concretar aspectos específicos de política de personal y de evaluación del centro. Las concreciones organizativas deben buscar la mayor sistematización de las actividades del centro, la implicación de todo el personal en el trabajo en equipo y favorecer el crecimiento de los niveles de motivación y de satisfacción.
2. Las personas miembros del equipo directivo, como responsables de la gestión del proyecto de dirección, deben rendir cuentas de los resultados de la gestión del personal destinado al centro y deben preparar propuestas para mejorar esta gestión, con medidas que adecuen la estructura de la plantilla y de la organización propia del centro a la consecución de los objetivos fijados en el proyecto educativo.
3. Corresponde al director o directora del centro, en el marco de los sistemas de control de la jornada y el horario del personal, resolver sobre las faltas de asistencia y de puntualidad no justificadas. A estos efectos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, debe comunicar periódicamente al director o directora de los servicios territoriales o al órgano competente del Consorcio de Educación de Barcelona la parte de jornada no realizada que determina la deducción proporcional de haberes correspondiente. Esta deducción no tiene carácter sancionador. Asimismo, la dirección debe comunicar las jornadas no trabajadas cuando el personal del centro ejerza el derecho de huelga, a los efectos de aplicar las deducciones proporcionales de haberes que correspondan, que tampoco tienen carácter de sanción.
4. Corresponde al director o directora del centro imponer sanciones disciplinarias por las faltas leves que se relacionan en el artículo 117 del Texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalidad de Cataluña aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, cometidas por el personal del centro en relación con sus deberes y obligaciones. Debe hacerse por el procedimiento disciplinario sumario regulado en el Reglamento de régimen disciplinario de la función pública de la Administración de la Generalidad, que el Departamento de Educación adaptará a las características específicas de los centros educativos, y con audiencia a la persona interesada. La resolución del procedimiento sumario se podrá recurrir en altura ante la dirección de los servicios territoriales o de la gerencia del Consorcio de Educación de Barcelona, según corresponda.
5. Corresponde al director o directora proponer la incoación de expediente disciplinario por faltas graves o muy graves del personal del centro presuntamente cometidas en relación con sus deberes y obligaciones, así como proponer la incoación de expedientes contradictorios y no disciplinarios cuando haya indicios razonables de incapacidad para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo. Sin perjuicio de que el órgano competente pueda adoptar medidas cautelares de acuerdo con el régimen disciplinario, corresponde a la dirección del centro la adopción de medidas organizativas provisionales, mientras se tramiten los expedientes, cuando sea imprescindible para garantizar la prestación adecuada del servicio educativo. Estas medidas pueden suponer la reasignación de tareas docentes de la persona afectada. En estos casos, y previa audiencia de la persona interesada, se le asignarán tareas complementarias, concordantes con su categoría profesional y titulación, en la parte del horario afectada por las medidas organizativas provisionales.
6. El director o directora puede nombrar, de acuerdo con los criterios y procedimiento que establezca el Departamento de Educación, el personal interino docente para cubrir sustituciones temporales en su centro, seleccionando directamente la candidatura más adecuada para el puesto de trabajo en el centro, respetando la prelación de las personas aspirantes, entre las que hayan accedido a la bolsa de trabajo por medio de las convocatorias públicas previstas en el artículo 122.1 de la Ley de educación, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el nombramiento de las sustituciones, la dirección deberá respetar el procedimiento de gestión y los criterios de ordenación de la bolsa de trabajo que determine el Gobierno.
7. De manera concordante con los contratos de servicios suscritos con las empresas correspondientes, corresponde a la dirección del centro velar a fin de que la prestación del servicio se adecue a las condiciones del centro.
Capítulo 2Gestión económica, de servicios y de recursos materiales
Principios que rigen la gestión económica de los centros 1. Los centros públicos de la Generalidad de Cataluña disfrutan de autonomía en materia de gestión económica, que se ajusta a los principios de eficacia, de eficiencia, de economía y de caja y presupuesto únicos. La gestión económica de cada centro se debe someter también al principio de presupuesto inicial nivelado en la previsión de ingresos y gastos y al principio de rendimiento de cuentas. Asimismo, los centros disfrutan de autonomía para la contratación de servicios y recursos materiales en el marco de lo que prevé la legislación general en esta materia.
2. El director o la directora del centro autoriza los gastos, ordena los pagos y hace las contrataciones necesarias para el mantenimiento, los servicios y los suministros de acuerdo con el presupuesto del centro y con sumisión a los principios recogidos en el apartado anterior. Si procede, puede contratar también operaciones de tesorería para financiar el déficit temporal transitorio de recursos financieros por un importe que no supere los ingresos devengados y pendientes de cobro.
El presupuesto del centro 1. El presupuesto del centro es anual y único, refleja la previsión de todos los ingresos y todos los gastos a los que hace referencia el artículo 103.2 de la Ley de educación, con la condición de que quedan explícitamente excluidas del ámbito de gestión económica del centro, de acuerdo con la normativa aplicable, las contrataciones laborales de personal docente y no docente así como, en su caso, los servicios de mantenimiento, de vigilancia y de conservación del centro que correspondan al ayuntamiento. Tampoco se incluye en el ámbito de la gestión económica del centro la gestión económica del servicio de comedor, si lo hay, que se rige por normativa específica.
2. El presupuesto anual es aprobado por el consejo escolar antes del 31 de enero del año correspondiente, a propuesta de la dirección del centro. Durante el ejercicio presupuestario el director o directora, si procede, propone al consejo escolar las modificaciones que considere oportunas. El centro no puede comprometer gastos superiores al presupuesto vigente.
3. El consejo escolar, directamente o a través de su comisión económica, hace el seguimiento de la ejecución del presupuesto y comprueba la aplicación dada a los recursos totales del centro. Al finalizar el ejercicio, el consejo escolar aprueba la liquidación presupuestaria y la incorporación de los eventuales remanentes al presupuesto del año siguiente. La liquidación del presupuesto anual se presenta al Departamento de Educación dentro del primer trimestre del año siguiente a los efectos informativos y, si procede, de los controles financieros previstos legalmente.
Capítulo 3Gestión del uso social de los centros educativos públicos
Criterios a los que se ajusta el uso social de los centros públicos 1. El Departamento de Educación, los ayuntamientos y los centros públicos promueven el uso social de los edificios e instalaciones de los centros educativos públicos, fuera del horario escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas u otras de carácter social y que no suponen el establecimiento de obligaciones jurídicas contractuales o de cualquier otro tipo. Con este efecto, siempre que sea posible se deben agilizar las tramitaciones que se establecen en este capítulo y establecer, cuando proceda, las modificaciones pertinentes en el acceso a las instalaciones de los centros.
2. El uso social de los centros públicos no debe interferir, impedir o dificultar las actividades ordinarias de los centros dentro del horario escolar. Con estos efectos, se entiende por horario escolar el periodo temporal que comprende el horario lectivo, el interlectivo del mediodía, así como el periodo anterior o posterior al horario lectivo en qué se desarrollan actividades, sean extraescolares o complementarias, aprobadas por el consejo escolar y previstas en la programación anual del centro.
Requisitos y procedimientos para la autorización del uso social de los centros públicos 1. Corresponde a la dirección del centro resolver motivadamente sobre el uso social cuando, excepcionalmente, deba tener lugar dentro del horario escolar, sin perjuicio del acuerdo previo del ayuntamiento cuando tenga la propiedad demanial de la escuela o centro educativo del que se trate.
2. Corresponde a los ayuntamientos resolver sobre el uso social, fuera del horario escolar, de los edificios de las escuelas y otros centros educativos de los que tengan la propiedad demanial. Cuando la realización de la actividad requiere, además, el uso de equipamientos o material del centro, cuya titularidad es de la Generalidad de Cataluña, se requiere la previa conformidad expresa de la dirección del centro. El ayuntamiento, previamente a la realización de la actividad, notifica a la dirección del centro la autorización concedida. El ayuntamiento adopta las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones utilizadas, responde que los equipamientos y materiales del centro eventualmente utilizados para el ejercicio de la actividad permanecen en perfecto estado de uso y garantiza que, si la actividad comporta gastos para el centro, quien utilice las instalaciones del centro compensa al centro por los gastos ocasionados.
3. Corresponde al director o directora de cada instituto y de cualquier otro centro público cuya propiedad demanial es de la Generalidad, autorizar el uso social de las instalaciones del centro fuera del horario escolar, así como revocar la autorización cuando no se respeten las condiciones en que fue otorgada o no se aprecie el uso social. Asimismo, la dirección del centro puede suscribir convenios con personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para favorecer el uso social de estos centros, de acuerdo con los criterios que haya aprobado el consejo escolar del centro. En todo caso, el ayuntamiento del municipio donde está el centro es el usuario preferente.
4. Cuando proceda, la dirección de los centros a los que se refiere el apartado anterior fija el importe de la compensación económica derivada de la actividad a desarrollar, la cual debe responder a la finalidad de dar cobertura a todo el gasto generado, tanto corriente como de reposición de material y de reparación de instalaciones y equipamientos eventualmente estropeados, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo escolar. No se pueden destinar otros recursos propios del centro para hacer frente a los gastos derivados del uso social de sus edificios, instalaciones o servicios.
5. Las personas físicas o jurídicas autorizadas para el uso de edificios, instalaciones o servicios de los centros educativos públicos deben contratar, en todos los casos, una póliza de seguros que cubra su responsabilidad civil y la del personal a su servicio, derivada del uso y de la actividad y por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar durante su realización, por unas sumas aseguradas mínimas de 150.000 euros por víctima individual y de 1.200.000 euros por siniestro, que el Gobierno puede actualizar periódicamente.
6. Contra las resoluciones de las direcciones de los centros se puede presentar recurso ante la dirección de los servicios territoriales del Departamento de Educación, o del órgano competente del Consorcio de Educación de Barcelona, cuya resolución pone fin a la vía administrativa.
7. El Departamento de Educación debe establecer, con criterios de analogía, el procedimiento de autorización del uso social de los centros públicos de la Generalidad en los casos de propiedad demanial no previstos en este artículo.

References: artículo 114
 artículo 114
 resolución 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 122
 artículo 103
 resolución