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El escrito de 14 de octubre de 2004 y sus anexos, mediante los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y 74 del Reglamento de la Comisión, con el propósito de que, inter alia, el Estado de Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) proteja la vida e integridad personal “de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como las de todas las personas que ingresen a tales centros carcelarios, entre ellas los empleados y funcionarios que prest[en] sus servicios en dichos lugares”.
2. La carta del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Presidente”) de 5 de noviembre de 2004, mediante la cual tomó nota de la posición expresada por el Estado de la Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) con respecto a la solicitud de medidas provisionales, así como de las diversas medidas que había venido adoptando en relación con la situación planteada y en respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana. A su vez, advirtió con preocupación que habían resultado muertas o heridas varias personas privadas de libertad, así como guardias penitenciarios, en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad penitenciaria Gustavo André, de Lavalle durante un período de siete meses. En particular, consideró de gravedad que, con posterioridad a la presentación de la solicitud de medidas provisionales y durante la vigencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión, haya resultado una persona muerta y otra herida, quienes se encontraban privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Al respecto, expresó la seguridad de que el Estado atendería las medidas cautelares solicitadas por la Comisión mientras la Corte decidía respecto de la solicitud de medidas provisionales, la cual decidió poner en conocimiento del pleno de la Corte. Finalmente, instó al Estado a que adoptara las providencias que fueren necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas a favor de quienes se solicitaron medidas provisionales.
3. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) de 22 de noviembre de 2004, mediante la cual resolvió:
4. La Resolución del Presidente de la Corte de 18 de marzo de 2005, mediante la cual resolvió convocar a la Comisión Interamericana, a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales y al Estado, a una audiencia pública que se celebraría en Asunción, Paraguay, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de ese país, a partir del día 11 de mayo de 2005 con el propósito de que la Corte escuchara sus argumentos sobre los hechos y circunstancias relativos a la implementación de las medidas.
4. La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada en Asunción, Paraguay, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de ese país, el 11 de mayo de 2005.
5. El acta suscrita por los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “los representantes”) y el Estado, presentada el 11 de mayo de 2005 ante la Corte durante dicha audiencia pública, mediante la cual manifestaron su conformidad de mantener vigentes las medidas provisionales y acordaron “elevar a la consideración de la […] Corte Interamericana […] el siguiente conjunto de medidas destinadas a que [el] Tribunal evalúe la posibilidad de especificar el contenido de la Resolución de 22 de noviembre de 2004, a fin de garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios de dicha resolución:”
Con respecto al personal penitenciario, adoptar medidas tendientes a:
En lo inmediato: incrementar el personal penitenciario destinado a garantizar la seguridad en los establecimientos;
variar los patrones de vigilancia de manera tal que asegure su adecuado control y la presencia efectiva en los pabellones;
a mediano plazo, llevar a cabo un proceso de depuración del cuerpo de agentes penitenciarios que garantice una adecuada prestación del servicio;
en forma constante, asegurar la capacitación y formación continua del personal penitenciario; y
requerir a las autoridades de la Inspección General de Seguridad de la Provincia que informen el resultado de las investigaciones sobre la responsabilidad funcional de las muertes y heridos en la Penitenciaría de Mendoza y de Gustavo André durante 2004/2005 y a expedirse en relación a los procesos administrativos en trámite.
Separación de los internos por categorías:
En lo inmediato: adoptar las medidas necesarias para separar a los internos procesados de los condenados y los [j]óvenes adultos de los adultos; y
en forma progresiva: desarrollar un mecanismo de clasificación teniendo en cuenta por lo menos los criterios establecidos en el artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Medidas para evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos:
Implementar acciones para que, de manera inmediata, sean requisadas las armas de todo tipo que pudieran existir en el interior de los establecimientos, con un adecuado monitoreo, y con presencia y control judicial, a efectos de garantizar su legalidad. Asimismo, se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para evitar el ingreso clandestino de armas, incluyendo [en] el control a los ámbitos destinados a los agentes penitenciarios.
De manera inmediata: se deberán adoptar las medidas que fueran necesarias a efectos de que, a la mayor brevedad, se notifique a la defensa de toda persona que sea objeto de un sumario administrativo tendiente a aplicarle una sanción, con el objeto de garantizar que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa; y
a mediano plazo: se deberán adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para establecer un régimen disciplinario conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables.
Mejoras Progresivas en las Condiciones de Detención:
De manera inmediata: implementar un relevamiento de las personas alojadas en el sistema penitenciario provincial, el que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza; el acceso a duchas y sanitarios que funcionen; se proveerá semanalmente artículos de higiene; se garantizará el acceso al agua potable suficiente; se adoptarán las medidas necesarias para que todas las áreas del penal estén iluminadas; se prohibirán los encierros prolongados y los grupos de represión de encapuchados y las restricciones de visitas; se prohibirá el acceso de personal con perros a los pabellones, como igualmente en la zona en que se encuentren las visitas;
a mediano plazo, se ampliará el registro de los internos, de conformidad [con] lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio, párrafo 132;
se informará bimestralmente del resultado del relevamiento del estado de salud de los internos indicando las historias clínicas confeccionadas, el tratamiento indicado y asegurando la provisión de medicamentos y la alimentación sugerida;
en un mediano plazo se implementará la atención psicológica, siquiátrica, odontológica y oftalmológica;
se garantizará el acceso equitativo de los internos a los Programas de Trabajo, recreación, educación formal y no formal y se crearán otros programas vinculados a la reinserción;
disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva (conforme con los criterios establecidos en el reciente fallo de la CSJN sobre las cárceles de Buenos Aires) para lo cual se deberán utilizar mecanismos alternativos a la prisión preventiva por ejemplo programas de libertad bajo palabra; y
en cuanto el hacinamiento se debe garantizar el efectivo cumplimiento del régimen progresivo de la pena.
Activación del sistema judicial:
Efectivo cumplimiento de los plazos de duración de los procesos judiciales conforme lo dictamina el Pacto de San José de Costa Rica y el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza;
investigación de los hechos de violencia acaecidos en la Penitenciaría de Mendoza y Gustavo André; y
efectivo cumplimiento de la obligación de visitar periódicamente las cárceles por parte de Jueces, Fiscales y Defensores Oficiales con detenidos y/o procesados a cargo de la dependencia del Poder Judicial de la cual son Titulares.
Creación de Comisión de Investigación ad hoc:
Tendrá como objetivo investigar los hechos de violencia y muertes sucedidos en los penales de la provincia de Mendoza desde enero de 2004 y hasta la fecha;
dicha Comisión tendrá las características de especialidad, independencia e imparcialidad. Desarrollará su accionar en el marco de los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, recomendadas por el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas en su Resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989; y
será nombrada por los gobiernos nacional y provincial conforme a las pautas referidas precedentemente.
Fortalecimiento de la Comisión de Seguimiento:
La comisión de seguimiento creada en noviembre de 2004, integrada por el gobierno nacional, por el gobierno de Mendoza, la Senadora nacional Marita Perceval, la Suprema Corte de Justicia provincial y por los peticionarios, será ampliada en su integración de modo de optimizar su horizonte de operación, evaluándose la posibilidad de incluir al [M]inisterio del Interior de la Nación, la Jefatura de Gabinete de la Nación y la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Asistencia y cooperación:
El Estado Nacional se compromete a asistir a la provincia de Mendoza con los recursos necesarios para la implementación de las medidas establecidas en el presente documento.
6. La Resolución de la Corte de 18 de junio de 2005, mediante la cual resolvió:
1. Reiterar al Estado que mantenga las medidas provisionales adoptadas en los términos de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2004 y disponga, en forma inmediata, las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas. Entre las medidas que el Estado debe adoptar figuran las contenidas en el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana, los representantes de los beneficiarios de las medidas y el Estado [(supra Visto 5)]
2. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses a partir de su último informe, sobre las providencias adoptadas para cumplir con todo lo ordenado por la Corte Interamericana, y requerir a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales ordenadas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones a dichos informes del Estado en un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contadas a partir de la recepción de los referidos informes del Estado.
7. El escrito de 21 de junio de 2005, mediante el cual los representantes presentaron un documento llamado “informe de la visita realizada el 13 de junio de 2005 a la Penitenciaría de Mendoza y solicita[ron] una visita de la Comisión Interamericana a dicha penitenciaría”.
8. El escrito de 22 de junio de 2005, mediante el cual los representantes informaron de la supuesta muerte del interno Ricardo David Videla.
9. La nota de 23 de junio de 2005, mediante el cual la Secretaría solicitó al Estado y a la Comisión que presentaran las observaciones pertinentes al escrito de 22 de junio de 2005 (supra Visto 8).
10. Los escritos de 22 y 23 de junio de 2005, mediante los cuales los representantes presentaron tres noticias de prensa relacionadas con el supuesto suicidio del joven Ricardo David Videla Fernández, supuestamente fallecido el 21 de junio de 2005, así como un documento mediante el cual “el abogado defensor del joven pone en conocimiento de [la Corte Interamericana] tal situación”.
11. El escrito de 23 de junio de 2005, mediante el cual el Estado informó del “lamentable deceso del interno Ricardo Videla Fernández [quien supuestamente] se habría suicidado cuando se encontraba en su celda”.
12. El escrito de 28 de junio de 2005, mediante el cual Argentina presentó copia del “informe de la Comisión de Seguimiento de la Situación Penitenciaria de la Provincia de Mendoza”, en el cual, inter alia, informó que: ningún pabellón se encuentra sin iluminación; algunos internos denunciaron que siguen produciéndose encierros prolongados; no hay jóvenes adultos conviviendo con la población de adultos; los principales problemas en materia educativa son la falta de espacio y la falta de recursos, y el acceso de los internos a los talleres de trabajo es limitado. Asimismo, “la Comisión de Seguimiento elaboró un proyecto de ley mediante el cual se modificaría el Código Procesal Penal de la Provincia e Mendoza estableciendo una segunda instancia en materia de ejecución ante la Cámara de Apelaciones para los casos en los que las decisiones del juez de ejecución impliquen una alteración sustantiva de la pena”.
13. El escrito de 1º de julio de 2005, mediante el cual los representantes presentaron una “denuncia penal [supuestamente] presentada por los peticionarios al Director de la cárcel de Mendoza, Sergio Miranda, para que se investig[aran] los [supuestos] delitos de torturas, severidades, vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia [y] abuso de autoridad.”
14. El escrito de 4 de julio de 2005, mediante el cual los representantes presentaron una nota de prensa en que se manifiesta que “los presos [supuestamente alojados en los pabellones de máxima seguridad] se est[aba]n cosiendo la boca por estar 23 horas encerrados en celdas unipersonales”.
15. El escrito de 5 de julio de 2005, mediante el cual los representantes solicitaron que el presente caso “se trat[ara] en el próximo período de sesiones de la Corte […], ya que las autoridades nacionales y provinciales demuestran un gran compromiso pero en los hechos concretos el acuerdo de Asunción y la resolución del 18 de junio de 2005 [emitida por la] Corte Interamericana […] no se cumple. Asimismo, el supuesto suicidio del joven condenado a prisión perpetua, Videla Fernández, en el pabellón 11 de la penitenciaría local, luego de jornadas de 22 horas de encierro, [amerita] que se trate también dicha situación en la Corte Interamericana[, ya que la petición referente al señor Videla Fernández] se encuentra en [trámite ante] la Comisión Interamericana”.
16. El escrito de 15 de julio de 2005, mediante el cual los representantes remitieron la resolución dictada el 14 de julio de 2005 por el Juez de Ejecución de la Provincia de Mendoza, en la que resolvió emplazar al poder ejecutivo de la Provincia de Mendoza para que respecto del Complejo Boulogne Sur Mer, inter alia, brinde las condiciones de higiene mínimas, entregue a los internos colchones y ropa de cama adecuados y necesarios, amplíe los horarios de recreo de los internos, suministre agua a los pabellones, reparare las instalaciones eléctricas, reacondicione las instalaciones de gas, repare las instalaciones sanitarias existentes y construya las necesarias, acondicione los lugares existentes y cree nuevos sectores de alojamiento.
17. El escrito de 18 de julio de 2005, mediante el cual la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al tercer y cuarto informes estatales, en las cuales manifestó, inter alia, que pese a que valoraba la voluntad estatal de adoptar medidas de mediano y largo plazo, le preocupaba el estado actual de cumplimiento de las medidas, ya que no había cambios concretos y seguía existiendo hacinamiento, falta de separación entre procesados y condenados, falta de un régimen adecuado de control y seguridad, así como falta de servicios básicos de higiene y salud. Además, la Comisión remitió la resolución dictada el 14 de julio de 2005 por el Juez de Ejecución de la Provincia de Mendoza (supra Visto 16).
18. El escrito de 28 de julio de 2005, mediante el cual los representantes remitieron información acerca de la supuesta “represión llevada a cabo [por el Estado] en el último motín efectuado”.
19. El escrito de 5 de agosto de 2005, mediante el cual los representantes presentaron sus “consideraciones a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 18 de julio de 2005” (supra Visto 17). Al respecto, la Secretaría entendió que dicho escrito correspondía a las observaciones de los representantes al cuarto informe estatal.
20. El escrito de 8 de agosto de 2005, mediante el cual el Estado solicitó la concesión de una prórroga de 10 días para presentar su quinto informe estatal, la cual fue otorgada.
21. El escrito de 12 de agosto de 2005, mediante el cual la Comisión Interamericana “transmit[ió] su profunda preocupación […] por el estado de implementación de las medidas provisionales […] y de los compromisos adquiridos por el Estado con ocasión de la audiencia pública celebrada en Asunción, Paraguay, el 11 de mayo de 2005, así como por una serie de recientes acontecimientos que evidencian las deficientes condiciones de seguridad imperantes en ambos establecimientos carcelarios […]”. Al respecto, hizo especial referencia a dos supuestos amotinamientos ocurridos y al supuesto “despliegue de fuerza con el propósito de develar estos motines”.
22. El escrito de 15 de agosto de 2005, mediante el cual los representantes informaron sobre “[…] la nueva muerte irregular de un interno en la Penitenciaría de Mendoza […] supuestamente electrocutado por manipular una conexión clandestina”.
23. El escrito de 26 de agosto de 2005, mediante el cual la Argentina presentó su quinto informe estatal en el cual informó, inter alia, sobre las medidas adoptadas para asegurar personal penitenciario; para realizar un registro completo con los datos de los internos; para llevar adelante una separación de la población carcelaria; para requisar armas; para notificar a la defensa técnica de los internos sancionados; para relevar la situación poblacional del establecimiento; para mejorar el estado sanitario, de iluminación y las condiciones generales de los establecimientos. Asimismo, el Estado manifestó que “se encuentra plenamente comprometido en cumplimentar acabadamente las medidas provisionales”. El 23 de septiembre de 2005 la Argentina presentó el original de dicho informe y los anexos al mismo.
24. El escrito de 29 de agosto de 2005, mediante el cual los representantes presentaron sus observaciones al tercer y cuarto informes estatales, en las cuales manifestaron, inter alia, que sigue existiendo impunidad, hacinamiento, insalubridad, convivencia de procesados y condenados, pésimas condiciones de higiene y seguridad laboral, inseguridad y represión. Ello crea “un clima tenso generado exclusivamente por la [supuesta] inoperancia de las autoridades provinciales que carecen de un Plan de Política Penitenciaria que debe asentarse prioritariamente sobre los compromisos internacionales.”
25. El escrito de 21 de septiembre de 2005, mediante el cual los representantes remitieron una “nota realizada por la U.N.C. sobre [la supuesta represión y abusos realizados en] la cárcel de Mendoza”.
26. El escrito de 20 de octubre de 2005, mediante el cual la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al quinto informe estatal, en las cuales manifestó, inter alia, que le preocupa el estado de cumplimiento de las medidas provisionales, pues la ejecución de éstas “ha sido deficiente”. Por tanto, el cumplimiento de lo ordenado por la Corte incluye “una mejora inmediata en las condiciones de seguridad”.
27. El escrito de 3 de noviembre de 2005, mediante el cual la Argentina solicitó la concesión de una prórroga de un mes para presentar su sexto informe.
28. La nota de 7 de noviembre de 2005, mediante la cual la Secretaría informó al Estado que la prórroga solicitada no había sido otorgada debido a que el plazo para la presentación del informe estatal había vencido el 26 de octubre de 2005. En consecuencia, solicitó al Estado que enviara el informe a la brevedad posible.
29. El escrito de 23 de noviembre de 2005, mediante el cual los representantes solicitaron que se incorporara al expediente un memorando de Amnistía Internacional dirigido al Gobernador de la Provincia de Mendoza, que se encuentra en el sitio web de dicha organización. Asimismo, informaron que el señor Alfredo Ramón Guevara había fallecido, por lo que ya no era representante de los beneficiarios.
30. El escrito de 5 de diciembre de 2005, mediante el cual los representantes informaron sobre supuestas ofensas a su estudio jurídico.
31. El escrito de 6 de diciembre de 2005, mediante el cual los representantes informaron que una semana antes había sido “herido […] de una puñalada el interno Sebastián Pablo Matías Esquivel […] y [que había muerto el] interno Antonio Gil Caballero […]”.
32. La nota de 9 de diciembre de 2005, mediante la cual la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió a la Argentina que informara, a más tardar el 19 de diciembre de 2005, respecto de los supuestos hechos mencionados en el escrito de los representantes de 6 de diciembre de 2005 (supra Visto 31).
33. El escrito de 12 de diciembre de 2005, mediante el cual los representantes presentaron información “[sobre el proceso judicial que se sigue en contra de uno de los penitenciarios de la granja penal de Gustavo André en relación con la muerte de cinco internos en el año 2004]”. Asimismo informaron que “el interno […] Ángel Bernardo Flores sufrió heridas leves en el Penal Mendocino”.
34. El escrito de 16 de diciembre de 2005, mediante el cual la Comisión Interamericana se refirió a la implementación de las medidas provisionales y a la no presentación del sexto informe estatal que debía haber sido remitido por Argentina el 26 de octubre de 2005 (supra Visto 28).
35. El escrito de 16 de diciembre de 2005, mediante el cual los representantes presentaron información sobre presuntas intimidaciones y amenazas sufridas por el señor Pablo Salinas, uno de los representantes.
36. La nota de 19 de diciembre de 2005, mediante la cual la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Argentina que, en su próximo informe se refiriera a la información presentada por los representantes el 12 de diciembre de 2005 (supra Visto 33).
37. El escrito de 19 de diciembre de 2005, mediante el cual Argentina se refirió a la información presentada por los representantes referente a “que fue herido […] de una puñalada el interno Sebastián Pablo Matías Esquivel […] y [que murió el] interno Antonio Gil Caballero […]”, solicitada al Estado mediante nota de Secretaría de 9 de diciembre de 2005 (supra Visto 32). Al respecto manifestó que el fallecimiento del interno Antonio Gil Caballero había sucedido por “causas naturales” y que no existía constancia alguna de las lesiones denunciadas respecto del interno Sebastián Pablo Matías Esquivel.
38. El escrito de 19 de diciembre de 2005, mediante el cual los representantes presentaron un documento referente a un pronunciamiento de Amnistía Internacional en relación con las supuestas intimidaciones denunciadas por los representantes, en especial respecto del señor Pablo Salinas.
39. La nota de 20 de diciembre de 2005, mediante la cual la Secretaría reiteró la solicitud de remisión del sexto informe estatal, ya que no había sido presentado en el plazo establecido. En consecuencia, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se solicitó al Estado que en el informe que debía presentar el 26 de diciembre de 2005, se refiriera a la implementación de las medidas provisionales, así como a las presuntas intimidaciones sufridas por el señor Pablo Salinas. Asimismo, se solicitó a la Comisión Interamericana que en sus observaciones al sexto informe estatal se refiriera a dicha información.
40. La nota de Secretaría de 9 de enero de 2006, mediante la cual solicitó al Estado que remitiera el sexto y séptimo informes, debido a que el plazo había vencido el 26 de octubre de 2005 y el 26 de diciembre de 2005, respectivamente, y éstos no habían sido recibidos. Asimismo, se le solicitó que en la presentación de los mencionados informes se refiriera a la información solicitada mediante nota de Secretaría de 20 de diciembre de 2005 (supra Visto 39).
41. El escrito de 11 de enero de 2006, mediante el cual el Estado presentó su sexto y séptimo informes estatales, en el cual informó, inter alia, acerca del estado de las investigaciones, sobre la situación de la población penal de jóvenes adultos, así como de las medidas tomadas para contrarrestar la desventaja numérica entre internos y personal penitenciario, y para capacitar al personal penitenciario. Además, renovó su voluntad para cumplimentar las medidas provisionales. Asimismo, hizo referencia a la información solicitada mediante nota de Secretaría de 20 de diciembre de 2005, sobre las presuntas intimidaciones sufridas por el señor Pablo Salinas, uno de los representantes de los beneficiarios. Al respecto manifestó que había “solicitado a las autoridades competentes […] toda la información […] respecto de tales hechos, así como […] acerca de las medidas efectivamente adoptadas para garantizar la seguridad e integridad física del [señor] Salinas, como […] para investigar tales denunciadas amenazas”. El 20 de enero de 2006 remitió el escrito original del mencionado informe, junto con sus anexos.
42. El escrito de 24 de enero de 2006, mediante el cual la Comisión Interamericana manifestó que “dada la importancia del anexo [faltante del informe estatal] para una correcta evaluación sobre los avances en el proceso de implementación de [dichas] medidas provisionales, la Comisión entiende que el plazo con el que cuenta para formular sus observaciones empezará a correr a partir del momento en que dicho documento le sea transmitido.” El 25 de enero de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a los representantes y a la Comisión el otorgamiento de una prórroga de 10 días, contados a partir de la fecha de finalización del plazo inicial de cuatro y seis semanas, respectivamente, para que presentaran las observaciones a dichos informes estatales.
43. El escrito de 1° de febrero de 2006, mediante el cual el Estado informó sobre el fallecimiento del interno Federico Alberto Minatti. Ese mismo día los representantes informaron sobre dicha muerte y presentaron información relativa a la implementación de las medidas provisionales.
44. El escrito de 1° de febrero de 2006, mediante el cual el Estado informó sobre “los hechos de violencia sucedidos en la Unidad No. 4 el […] 12 de diciembre de 2005”, respecto de los cuales informó las medidas y acciones que fueron llevadas a cabo por la Dirección del a Penitenciarías. Asimismo, el Estado se refirió “a la situación vinculada con las amenazas que habrían sufrido los [señores] Pablo Salinas, María Angélica Escayola y Alfredo Guevara”, respecto de los cuales manifestó que “tanto el [señor] Pablo Salinas como sus colegas han recibido de las autoridades la protección adecuada y se arbitraron de inmediato las acciones útiles tendientes a la identificación de los agresores.”
45. La Resolución de la Corte de 7 de febrero de 2006, mediante la cual resolvió convocar a la Comisión Interamericana, a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales y al Estado, a una audiencia pública que se celebraría en la ciudad de Brasilia, Brasil, en la sede del Superior Tribunal de Justicia de ese país, el día 30 de marzo de 2006, con el propósito de que la Corte escuchara sus argumentos sobre los hechos y circunstancias relativos a la implementación de las medidas.
46. Los escritos de 14 y 16 de febrero de 2006, mediante el cual los representantes presentaron información sobre el interno Ricardo Vilca, quien “apareció herido [de gravedad] en el mismo pabellón donde hace días apareció muerto [el interno Federico Alberto] Minnatti”.
47. El escrito de 21 de febrero de 2006, mediante el cual el Estado solicitó una prórroga para la presentación de su octavo informe estatal. Dicha prórroga fue otorgada para el 17 de marzo de 2006.
48. Los escritos de 27 de febrero de 2006, mediante los cuales los representantes presentaron “copia del [supuesto] hábeas corpus presentado por hechos sucedidos en el pabellón de menores adultos” del Penal De Boulong Sur Mer, así como copia de la “Resolución [tomada por el juez de ejecución y] recaída en autos no. 8732, Hábeas Corpus – Pabellón no. 2 de [la] Penitenciaría Provincial de Mendoza”.
49. El escrito de 6 de marzo de 2006, mediante el cual la Comisión Interamericana remitió sus observaciones al sexto y séptimo informe estatales.
50. La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada el día de hoy en Brasilia, Brasil, en la sede del Superior Tribunal de Justicia de ese país, en la que comparecieron:
Florentín Meléndez, Comisionado;
Santiago Canton, Secretario;
Juan Pablo Albán, Asesor, y
Manuela Cuvi, Asesora;
Carlos Eduardo Varela Álvarez, y
Pablo Gabriel Salinas;
Jorge Nelson Cardozo, asesor de Gabinete del Canciller;
Alejandro Acosta, Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza;
Alberto Javier Salgado, de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería;
Andrea Gualde, del Ministerio de Justicia;
Ciro Annichiaricco, del Ministerio de Justicia, y
Pilar Mayoral, del Ministerio de Justicia.
51. Los alegatos expuestos por la Comisión en la referida audiencia pública celebrada, entre los cuales manifestó que:
reitera su preocupación porque las personas que se encuentran en las penitenciarías continúan expuestas a una situación de extrema gravedad y urgencia que pone en riesgo su vida e integridad personal. La situación de riesgo no ha cambiado sustancialmente y subsiste una situación de violencia ejemplificada, entre otros, con los internos heridos, las muertes en circunstancias no esclarecidas, los motines, las huelgas de hambre, las riñas, las fugas y la confiscación de armas;
se han dado avances en la implementación de las medidas provisionales, tales como la designación de nuevos agentes penitenciarios, la creación de un nuevo juzgado de ejecución penal y de la defensoría de los derechos humanos de los internos. Asimismo, valora la proyección de medidas a largo plazo por parte del Estado y la voluntad política que existe en el gobierno nacional y el provincial, así como el diálogo entre las partes. Sin embargo, los avances han sido insuficientes y no idóneos, ya que no se han implementado medidas concretas de carácter sustantivo para superar la situación de crisis;
existe un deficiente control de la seguridad y un desgobierno de la cárcel por parte de los órganos de custodia, ya que los hechos sucedidos al interior de los pabellones pasan desapercibidos por las autoridades. Además, se ha utilizado fuerza excesiva para controlar los motines;
las autoridades judiciales han declarado con lugar dos de los habeas corpus presentados por los representantes y por varios internos y sus familiares, referentes a los encierros prolongados y a los problemas sanitarios y de tratamiento médico;
la gravedad de la situación ha sido reconocida por las más altas autoridades argentinas;
es necesario tomar medidas que formen parte de una reforma integral, tales como contratar más personal calificado, iluminar los pabellones, combatir el hacinamiento, separar a los internos condenados de los procesados, implementar medidas sanitarias que provea de baños y agua potable suficiente a los internos y controlar el ingreso de armas;
el hacinamiento no sólo se combate construyendo nuevos pabellones, sino otorgando medidas alternativas a la prisión preventiva;
no se ha cumplido con los compromisos inmediatos del acta suscrita en Asunción. Al respecto:
reconoce la contratación de nuevos agentes penitenciarios, pero se desconoce el perfil y el nivel de capacitación y formación de éstos;
no existe una investigación efectiva e imparcial, como tampoco sanciones legales penales, sólo disciplinarias. Asimismo, existe una actitud pasiva y de incumplimiento por parte de las autoridades legislativas y gubernativas provinciales frente a las autoridades judiciales;
la Comisión de Seguimiento de las medidas provisionales se encuentra inactiva;
pese a que reconoce que el número de muertes ha disminuido, no se ha erradicado el grave riesgo de muertes violentas;
solicita a la Corte que utilice todo su poder convencional para hacer cumplir las medidas provisionales y hacer que el Estado asuma su responsabilidad, tanto el gobierno estatal como el provincial;
no se trata de determinar a quién le compete la responsabilidad internacional en un Estado federal, ya que eso se encuentra desarrollado en la Convención y la jurisprudencia;
es necesario implementar una estrategia política de cumplimiento que considere:
la implementación en forma efectiva de las medidas provisionales en el ámbito provincial;
que el gobierno federal asuma su responsabilidad directa en el proceso;
que exista una coordinación efectiva y transparente del proceso de cumplimiento entre el gobierno federal y el provincial;
convocar a un diálogo con los sectores políticos de la Provincia de Mendoza que no reconocen las medidas provisionales ni su necesidad y trascendencia con el fin de integrarlos al proceso de implementación y cumplimiento de las mismas, y
involucrar a los demás entes estatales, además de la Cancillería y del gobierno de la Provincia de Mendoza, que brinden asesoría técnica, aporten recursos, y busquen soluciones concretas en un corto plazo para superar la situación de violencia.
es necesario un compromiso estatal concreto de acción inmediata que sea verificable en el corto plazo, y que en un mes la Corte sea informada en el 9º informe de implementación de lo consignado en el acta de Asunción que incluya:
variar los patrones de seguridad para que los guardias realicen rondas de forma regular en los pabellones y no al exterior de los mismos;
la reactivación inmediata de la Comisión ad hoc de investigación y de la Comisión de seguimiento, y
prohibir los encierros prolongados, complementar la iluminación en todas las celdas y llevar a cabo una reunión de reactivación a la brevedad posible.
52. Los alegatos expuestos por los representantes en la referida audiencia pública, en los cuales coincidieron en sus apreciaciones con la Comisión, y manifestaron además que:
disentían con la Comisión en cuanto a la supuesta voluntad política de parte de los gobiernos federal y provincial y en cuanto al supuesto mejoramiento de las condiciones en las prisiones del presente caso. Pese a que reconocen la labor personal de muchos agentes del gobierno, lo realizado no es suficiente para afirmar que se ha dado cumplimiento a las medidas provisionales;
no funcionan la Comisión de seguimiento, ni la Comisión ad hoc encomendada de investigar las muertes, lo cual favorece la impunidad;
no se saben las condiciones en la que trabaja la defensoría de los derechos de los internos;
la justicia federal mantiene en las penitenciarías de la provincia de Mendoza a más del 60% de los internos procesados sin condena, mientras que, por su parte, la justicia provincial, mantiene a un 45%;
pese a que autoridades judiciales han dado lugar a varios recursos de hábeas corpus, continúan existiendo encierros prolongados y tortura dentro de los pabellones;
respecto de la educación y la resocialización, sólo cuatro jóvenes internos asisten a una aula de pequeñas dimensiones. Además, al cumplir los 21 años y ser trasladados con los demás adultos, las autoridades no les continúan brindando dicha educación;
los guardias penitenciarios son presionados para trabajar a destajo;
a pesar de las medidas cautelares y provisionales, y de una reciente decisión de la Corte Suprema argentina, la proporción de personas detenidas en la provincia de Mendoza ha aumentado, mientras que las condiciones carcelarias y la estructura edilicia sigue siendo la misma;
el Estado debe elaborar un plan de cumplimiento de los acuerdos de Paraguay, en el cual se establezca el presupuesto y permita con transparencia el acceso a la información y el control del cumplimiento de las medidas provisionales, así como el involucramiento de las más altas autoridades estatales y provinciales, y
solicitaron a la Corte que se profundicen y mantengan las medidas provisionales.
53. Los alegatos expuestos por el Estado en la referida audiencia pública, en los cuales expresó, inter alia, que:
es necesario tomar en cuenta el contexto social en que la sociedad exige mano dura con los internos, así como mayores penas y menores posibilidades de otorgar beneficios para liberarlos;
como medidas particulares, los agentes estatales se han reunido con el juez de instrucción para “convencerlo de las medidas que debían de tomar” para otorgar beneficios a los internos, así como con autoridades judiciales federales y provinciales. Sin embargo, los resultados a nivel judicial son lentos;
ha realizado una relación de las personas que se encuentran en condiciones de obtener libertad provisional a través de los beneficios de excarcelación;
actualmente no se encuentran personas con encierros prolongados;
respecto de la Comisión de seguimiento, es difícil que se encuentren todos los que la integran por la distancia existente entre Buenos Aires y la Provincia de Mendoza;
el gobierno nacional no ha brindado respuesta al gobierno provincial respecto del tema de las penitenciarías en dicha provincia;
de los internos detenidos en las penitenciarías de Mendoza, 300 plazas son ocupadas por el gobierno federal, y la provincia es la que los solventa;
el poder judicial de la provincia de Mendoza mantiene a un 44% de las personas internas con todos los plazos vencidos sin acercarlas a un juicio;
el Gobierno Federal se encuentra dispuesto a trabajar en conjunto con las partes, la Corte Interamericana y la provincia de Mendoza para tratar de solucionar el problema del caso y de Argentina;
aunque admite que la situación de hacinamiento es grave, enfatiza en que ha habido una mejora;
Argentina tiene “en lanza” una declaración referente a las personas privadas de libertad para presentar ante la Asamblea General de la OEA y ya ratificó el Protocolo facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la tortura;
en el caso que se encuentra ante la Comisión se hizo una propuesta de solución amistosa que propone que el Estado cree un fondo fiduciario, cuyo fondo destinado a la implementación de las medidas provisionales de las penitenciarías de Mendoza sea administrado por la Comisión de seguimiento, y
comparte algunas de las propuestas de la Comisión Interamericana como prohibir los encierros y reactivar la Comisión de Seguimiento, y está abierto a recibir propuestas y a discutirlas. Además, aclaró que no elude su responsabilidad en el presente caso.

References: Resolución 
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 artículo 8
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