Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A317-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 20:09:48+00:00

Document:
A317-08
Auto 317/08
ACCION DE TUTELA-Competencia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
Referencia: expediente ICC-1189
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Acción de tutela promovida por Marybel Segura Ramírez contra el Presidente de la República, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, la Universidad Nacional de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Fiduciaria la Previsora S.A.
1. La señora Marybel Segura Ramírez, el 10 de octubre de 2007, interpuso acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, la Universidad Nacional de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Fiduciaria la Previsora S.A., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al trabajo y a la igualdad en razón a que los entes accionados desde noviembre de 1999 no han cancelado los derechos laborales de que es titular como trabajadora del Hospital Universitario San Juan de Dios.
2. El escrito de tutela fue dirigido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que mediante auto del 11 de octubre de 2007, consideró que después de analizar los hechos en que se funda la acción, de todas las entidades tuteladas, la única legitimada para atender el reclamo de protección incoado es la Beneficencia de Cundinamarca, según lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de marzo de 2005.
3. En consideración a que la naturaleza jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca es la de un establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de Salud, en aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000, consideró que el expediente debía ser tramitado por un juzgado del circuito o con esa categoría, por lo cual remitió la actuación a la Oficina Judicial para que efectuara el respectivo reparto.
4. Cumplido lo anterior, el expediente fue asignado al Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, el cual a través de auto de 23 de octubre de 2007, concluyó que al haber sido la acción de tutela dirigida contra autoridades del orden nacional, en aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000, el conocimiento del reclamo de protección constitucional corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por lo cual dispuso el envío de la actuación a dicha colegiatura.
5. Recibida la acción de tutela en la Sala Civil del citado Tribunal, por auto del 1º de noviembre de 2007 advirtió que de la revisión del expediente se infiere la existencia de una colisión de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá y por lo mismo dispuso que el expediente fuera remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que resolviera el conflicto planteado.
6. Mediante providencia del 21 de noviembre de 2007, el Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de pronunciarse sobre la colisión de competencia por cuanto conforme a la regla jurisprudencial que surge del Auto 023 de 2006 de la Corte Constitucional, al no existir superior jerárquico común entre los despachos en conflicto, es a esta Corporación a quien corresponde dirimir dicho conflicto. Así, dispuso remitir el expediente para que determine el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de protección constitucional.
De esta manera resultó contrario a los principios de economía, eficacia y celeridad[3] con fundamento en los cuales deben actuar los jueces de tutela que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá haya remitido el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, puesto que como acertadamente éste lo señaló, no le asistía la competencia para dirimir la colisión planteada.
El asunto de la referencia versa sobre el aparente conflicto que se generó entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, en consideración al errado entendimiento que se dio al Decreto reglamentario 1382 de 2000.
En efecto, esta Corporación debe reiterar[4] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[5]
Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta en esta oportunidad, la Sala Plena considera contrario a los principios que informan el trámite de la acción de tutela y los propios de la administración de justicia (arts. 2, 4, 7 y 9 Ley 270/96) que el Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca se haya declarado incompetente para asumir el conocimiento de un reclamo de protección constitucional aduciendo un enunciado normativo que no regula la competencia en materia de tutela. En el mismo sentido, debe cuestionarse, por infundada, la decisión del Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá.
De otra parte, la Sala constata que la acción de tutela de la referencia fue interpuesta, entre otras entidades, contra la Presidencia de la República cuya naturaleza jurídica es la de una autoridad pública del orden nacional[6] por lo que la regla de reparto aplicable, para el asunto de la referencia, era la contenida en el numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000 según el cual “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.”(Resaltado fuera de texto)
No obstante, la claridad de esta regla de reparto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca decidió escoger entre los tutelados a la Beneficencia de Cundinamarca, sin percartarse que conforme a la indicación de la acción de tutela, el accionante consideró que también otras entidades del orden nacional eran causantes de la violación de los derechos fundamentales invocados.
Frente a dicha decisión la Corte reitera[7], que ni a dicho Consejo Seccional ni a cualquier otro juez o corporación que ejerza jurisdicción constitucional[8] corresponde determinar a priori contra quiénes se dirige la acción de tutela, puesto que si bien es posible que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos, también lo es que durante el trámite de la acción se advierta que es necesario vincular a otros no indicados por el accionante (Art. 13 Decreto 2591/91).[9] Además, la designación que éste hace de los tutelados, no constituye, por regla general, factor de competencia, salvo en el caso previsto en el inciso final del artículo 37 íbídem. De allí que los funcionarios judiciales que integran la jurisdicción constitucional no pueden soslayar que al tutelante le asiste derecho para dirigir la acción ante el juez o corporación de su elección.[10]
En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario[11], es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional.
De esta manera, conforme lo ha precisado esta Corte[12], si el Presidente de la República, autoridad, entre otras, contra la que la accionante interpuso la solicitud de amparo constitucional, es o no responsable de la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que, precisamente, deberá ser resuelto al momento de adoptar el fallo con el cual habrá de concluir el trámite de instancia por la autoridad judicial a la cual se repartió el escrito de tutela conforme a las reglas del Decreto reglamentario 1382 de 2000, en este caso, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Finalmente, en observancia del principio que surge del artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada a los despachos judiciales en colisión para prevenir la ocurrencia de casos violatorios de la Carta Política[13], como el del accionante, en el que a pesar de haberse instaurado la acción de tutela en octubre de 2007, a la fecha, no existe pronunciamiento de fondo sobre el particular y todo por el desconocimiento de los funcionarios judiciales de las reglas constitucionales[14] como jurisprudenciales que, sobre el Decreto reglamentario 1382 de 2000, ha fijado esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional.
Primero.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que de forma inmediata, asuma el conocimiento de la solicitud de protección constitucional de la referencia conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.-. Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión, la decisión adoptada en esta providencia para los fines allí indicados.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 317 DE 2008
Referencia: ICC-1189
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[15] Dice así la disposición citada:
[3] Decreto 2591 de 1991, artículo 3.
[4] Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[6] Cfr. Artículo 38-1 literal a) de la Ley 489 de 1998.
[7] Cfr. Corte Constitucional. Autos 187 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 242 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 259 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 270 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 112 de 2006, 230 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 237 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 278 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 346 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 032 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 033 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 073 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 097 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 137 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, 173 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 184 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 203 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, 300 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 023 y 030 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto.
[8] Cfr. Artículo 43, inciso segundo de la Ley 270 de 1996.
[9] Cfr. Corte Constitucional. Auto 271 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Cfr. Corte Constitucional. Auto 298 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículo 93 Superior) cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
[14] De conformidad con el artículo 86 Superior “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”
[15] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 86
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 41
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 3
 Artículo 38
 Artículo 43
 artículo 86