Source: https://www.scribd.com/doc/150901444/Recurso-de-Nulidad-Tratado-Vnzla-Usa
Timestamp: 2017-01-19 16:17:59+00:00

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Recurso de Nulidad Tratado Vnzla Usa
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinI RECURSO DE NULIDAD En el escrito contentivo del presente recurso, los recurrentes solicitaron la nulidad del Acta de Ratificación delConvenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América con el objeto de evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre La Renta y sobre el Patrimonio, así como su Protocolo Adicional, e igualmente solicitaron la nulidad de los artículos 8, 10, 11, 12 y 26.1 de dicho Convenio, el cual será designado con dicho nombre a lo largo de este fallo. En primer lugar, se refirieron al proceso de aprobación y ratificación de dicho Convenio, manifestando lo siguiente: 1.- Que, el 25 de enero de 1999, el ciudadano Miguel Ángel Burelli Rivas, en su carácter de Ministro de Relaciones Exteriores, y el ciudadano John Francis Maisto, en su condición de Embajador de los Estados Unidos de América, suscribieron en la ciudad de Caracas el mencionado tratado internacional. 2.- Que, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución de 1961, esos instrumentos fueron enviados por el ciudadano José Vicente Rangel, en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores al entonces Congreso Nacional para su consideración y decisión, siendo ...dichos proyectos aprobados íntegramente por el Órgano Legislativo, en los mismos términos en que fueron suscritos por el Órgano Ejecutivo, mediante la sanción de la correspondiente Ley Aprobatoria del tratado y su protocolo adicional...”. 3.- Que la Ley Aprobatoria fue sancionada por el Congreso de la República el 15 de julio de 1999 y promulgada por el Presidente de la República el 30 de diciembre de ese mismo año, siendo el Convenio referido y el Protocolo Adicional FUERON publicados en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.427 Extraordinario del 5 de enero del 2000. 4.- Que la Cámara del Senado del Congreso de los Estados Unidos de América, mediante Resolución del 5 de noviembre de 1999, tomada con el voto favorable de las dos terceras partes de los senadores presentes, dio su consentimiento al contenido de los citados proyectos de acuerdos internacionales, pero los sometió a unas condiciones “...denominadas en idioma inglés ‘understandings’. En castellano, estas condiciones traducidas literalmente significaron ‘Entendimientos’. Tales ‘Entendimientos’ según el Senado de los Estados Unidos de América significan que aa (sic) determinadas normas de los instrumentos internacionales debe atribuírseles un sentido o significado determinado. Las normas objetos (sic) de tal interpretación unilateral fueron los artículos 7, 14 y 11-A del Convenio principal y el Parágrafo (a) del Párrafo 10 del Protocolo adicional (sic) respectivo”. 5.- Que “...si nos atenemos exclusivamente al contenido del Acta de Ratificación venezolana de los Convenios Internacionales nombrados, ésta no hace ninguna referencia ni emplea ninguna expresión que permita pensar que el Presidente Hugo Chávez Frías no hubiere aceptado los citados proyectos de convenios sino en los términos originales en que fueron aprobados por el entonces Congreso de la República. Ateniéndonos a ella, podríamos concluir que el Presidente Hugo Chávez Frías no aceptó las reservas formuladas por el Presidente William J. Clinton. Sin embargo, el texto de la Nota Verbal de la Cancillería, de la misma fecha del Acta de Ratificación, permite pensar que la Cancillería Venezolana ha pretendido aceptar los ‘Entendimientos’, propuestos por la Embajada de los Estados Unidos de América, los cuales como hemos indicado exceden en buena medida a los contenidos en el Acta de Ratificación de los Estados Unidos de América...”. 6.- Que los “Entendimientos” planteados en su oportunidad por la Cámara del Senado del Congreso de los Estados Unidos de América
a la Convención y su Protocolo, “...al ser asumidas por el Presidente en el Instrumento de Ratificación, tienen la naturaleza y deben calificarse como Reservas a los instrumentos internacionales suscritos y aprobados. Reservas que en el caso específico la práctica internacional denomina ‘Declaraciones Interpretativas’...”. 7.- Que las reservas son admisibles sólo en los tratados multilaterales y que “(l)a Doctrina Internacional es conteste y pacífica en cuanto a que: 1) Las Reservas son inadmisibles en los tratados bilaterales, y 2) La formulación de Reservas por una de las Partes en un tratado bilateral sólo puede interpretarse como una oferta de renegociación de lo convenido y suscrito”. 8.- Que “...en el texto de la referida Acta de Ratificación de los Convenios, no existe referencia o alusión a los ‘Entendimientos’ o ‘Declaraciones’, reservas formuladas por el Presidente de los Estados Unidos de América el 5 de Noviembre de 1999, en el Acta de Ratificación suscrita por éste. Por lo que válidamente deducimos que la ratificación venezolana recayó, exclusivamente, sobre el texto original de los convenios, tal como fueron aprobados en su oportunidad por el entonces Congreso de la República de Venezuela”. 9.- Que “...habría que llegar forzosamente a la constatación de una divergencia e incompatibilidad entre las Actas de Ratificación hechas por el Presidente de Estados Unidos de América y por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a los mismos Convenios Internacionales en cuestión. Lo que debería conducir forzosamente a una reapertura de la negociación inicial de los mismos tratados que con posterioridad a su negociación y firma una de las partes ha pretendido alterar unilateralmente”. 10.- Que “...hay que considerar necesariamente como falsa la afirmación de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, dirigida a quién (sic) suscribe en oficio N° 000521 (sic) fecha 22 de Marzo de 2000, de que los cuestionados tratados entraron en vigor el 1° de Enero del año 2.000, simplemente
11. contenidas en el Acta de Ratificación de la otra parte. tanto en la Constitución de 1961 como en la vigente. Con relación al contenido del Convenio.Que de la nota verbal N° 2. 30 de Diciembre de 1999 implica que el Presidente Hugo Chávez Frías aceptó los ‘Entendimientos’ como Reservas que pretendían ser en su oportunidad.. del Ministerio de Relaciones Exteriores..230 del 30 de diciembre de 1999. estimaron que las “reservas” efectuadas por el Presidente William Clinton al momento de la ratificación de los proyectos deben entenderse como una oferta para renegociar los referidos convenios por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América y que.los ‘entendimientos’ que hizo el Presidente de los Estados Unidos de América al momento de la ratificación de los convenios objeto de análisis fueron aceptados por la Cancillería Venezolana”.que “... los recurrentes indicaron lo siguiente:
.en el caso negado de que se apreciare que la Nota Verbal N° 002230 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la misma fecha de la supuesta Acta de Ratificación Venezolana de los instrumentos internacionales en cuestión. “. Por ello.porque tales convenios no se han perfeccionado hasta ahora y carecen por tanto de existencia jurídica”.Que la citada Acta de Ratificación recae sobre un Convenio Internacional y su Protocolo que eran inexistentes como tratados internacionales para el momento de dicha ratificación y continúan siéndolo todavía porque no han cumplido con el proceso constitucional pautado para la validez y entrada en vigor de los tratados. debe concluirse que el 30 de Diciembre de 1999 ambos Presidentes renegociaron los tratados suscritos entre la Cancillería Venezolana y el Embajador de los Estados Unidos de América el 25 de enero de 1999. o simplemente suscribieron uno nuevo”. dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América se desprende -en su criterio. 12.. es decir..
y 2) Las empresas de Estados Unidos. 3.... cuyos beneficios ‘sólo pueden someterse a imposición en ese Estado’.. en ninguna forma ‘está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional’. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional’. 2...(e)l hecho de que se privilegia a las empresas estadounidenses con una tasa de tributación menos gravosa que la aplicable a los venezolanos se evidencia con toda claridad en el Informe sobre el Convenio de Doble Tributación entre Venezuela y Estados Unidos emitido en abril de 1999 por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del entonces Congreso de la República con número 99-006.dicha discriminación colide con el artículo 301 de la Constitución de la República Bolivariana. según el cual ‘no se podrá otorgar a empresas y organismos o personas o empresas extranjeras regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales.. y que “. es obvio que una inversión extranjera que no paga impuestos en el país o goza de exenciones atribuidas por su condición de foránea.Que “.Que “. bajo la excusa de que cancelarán en el exterior impuestos que podrían ser menos gravosos.”. crea dos categorías de empresas que operan buques o aeronaves en Venezuela: 1) Las empresas venezolanas. Por una parte.”.. que no pagan impuestos sobre sus beneficios obtenidos en Venezuela. 4.1.todo el articulado que establece privilegios y diferencias de la misma índole”.. en cuya página 4 se opina
.Que debe declararse la nulidad absoluta del artículo 10 del Convenio y de “. Por otra parte..... que pagan la totalidad de los impuestos causados por los beneficios obtenidos en sus actividades productivas en nuestro país.. mientras que los extranjeros no cancelan ninguno...Que el artículo 8 del Tratado impugnado “.el Convenio o Tratado consiste en un conjunto de normas destinadas a lograr exactamente lo contrario: que la inversión extranjera esté sujeta en Venezuela a condiciones diferentes y menos gravosas de las que rigen para la inversión nacional”. es decir.. como hemos señalado los contribuyentes venezolanos cancelan al Fisco Nacional la totalidad de los tributos que adeudan..
pues mientras los nacionales deben cancelar al fisco venezolano la totalidad de los impuestos que fueren causados por sus regalías. según los casos.
. 7.”. por cuanto crea en el ámbito territorial de la República dos categorías de contribuyentes...”. “.”.. 5..Que el artículo 12 también colide con el artículo 316 de la Constitución vigente así como con el artículo 301 eiusdem... y ello -en su criterio..textualmente que ‘los efectos fiscales positivos originados por un universo tributario de compañías americanas más amplio en el mediano y el largo plazo debieran superar los efectos fiscales negativos de corto plazo originados por una tasa impositiva más baja’.“(s)i se admite que quien suscite controversias del Convenio ‘podrá someter su caso a la autoridad competente de cualquiera de los Estados contratantes’...da lugar a que las cargas públicas recaigan de manera desproporcionada sobre las personas o empresas venezolanas “. ya que -en su criterio... mientras que las personas o empresas estadounidenses que obtienen ingresos causados en nuestro país no contribuyen de manera proporcional a las cargas indispensables para mantener el funcionamiento de los poderes públicos que en parte hace posible la obtención de dichas ganancias.”.Que el numeral 1 del artículo 26 del Convenio colide con lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 156 de la Constitución. los extranjeros están exonerados del pago de ellos o deben cancelarlos de acuerdo con tasas impositivas que no excederán del 4% al 10% del monto bruto de dichas regalías..Que el artículo 11 del Convenio referido es violatorio del artículo 316 de la Constitución vigente que consagra el principio de la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. entes extranjeros decidirán las querellas suscitadas por la aplicación de las leyes tributarias venezolanas ‘con independencia de los recursos previstos por el derecho interno’.. 6...
presentó escrito en el cual se hace parte en nombre de su representada en el recurso de nulidad. actuando en su carácter de Presidente de la Junta Directiva y de representante legal del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI).. II ESCRITO DE CONAPRI El 13 de diciembre de 2000.. su Protocolo Adicional y su respectiva Acta de Ratificación.. asistido por los abogados identificados al inicio de este fallo..(y que su representada). como la representación de un grupo de ciudadanos cualquiera.8. la legitimación para actuar como parte opositora sería el simple interés. con el objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta sobre el Patrimonio.. en defender la constitucionalidad del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América.Que “(d)e principio a fin. detenta un grado de legitimación mayor.. el ciudadano ALEJO PLANCHART CUERVO..
. sino que es justamente una organización no gubernamental encargada de promover la inversión privada en nuestro país. el Convenio o Tratado consiste en un conjunto de normas destinadas a lograr exactamente lo contrario: que a la inversión extranjera esté sujeta en Venezuela a condiciones diferentes y menos gravosas de las que rigen para la inversión nacional”. con fundamento en lo siguiente: 1. objeto de impugnación. Solicitó que la nulidad solicitada sea declarada sin lugar. argumentando que “(e)n el presente caso.Que “.. ya que no sólo estaría interesada.las observaciones planteadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Diplomática N° 491. la cual se vería seriamente afectada de declararse CON LUGAR el recurso que incoa este proceso”. ya que éste es el exigido para intentar las acciones de nulidad por inconstitucionalidad .
que está destinado a evitar la doble imposición.2)... esto es.Que tampoco pueden considerarse como una propuesta de renegociación del Tratado como lo pretenden los recurrentes. el mismo simplemente está destinada (sic) a aclarar la aplicación del artículo 11-A del Convenio.en el ordenamiento constitucional. ya que simplemente se trata de entendimientos (‘understandings’). y en qué medida podría ser aplicado ese impuesto.aceptada posteriormente por la Cancillería Venezolana. dicho entendimiento tendría una aplicación provisional.. entrará en vigencia el 1º de enero de 2001. declaraciones destinadas a una más clara interpretación del contenido del convenio. lo cual no modifica en modo alguno el contenido de dicho artículo 11-A. 3. en momento alguno constituyen ‘reservas’. que es el que debe tenerse en cuenta en este caso. sin que ellas impliquen una modificación sustancial del mismo”. como lo pretenden hacer ver los accionantes. ya que el sistema de renta mundial. en el que dichos parámetros ya se encuentran previamente definidos”. ya que “.. en cuanto a lo que debe entenderse por ‘impuesto adicional al impuesto sobre beneficios’. y no a crear beneficios adicionales para los residentes de los Estados Partes.en cuanto al entendimiento identificado a.. 4. De igual forma.Que “.Que los entendimientos formulados por el Gobierno de los Estados Unidos de América no requerían aprobación por parte del Congreso de la República ni de la Asamblea Nacional.. 2. En lo tocante al entendimiento identificado a. conviene señalar que. por cuanto -en
..1) que el mismo está destinado no a una modificación de las cláusulas 7 y 14 del Convenio sino a aclarar los efectos de dichas disposiciones mientras la República de Venezuela no haya adoptado el sistema de renta mundial. el cual gravaría las sucursales que una compañía residente en uno de los Estados posea en el territorio del otro Estado Contratante. lo cual se enmarca dentro del espíritu y propósito del tratado. de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Impuesto sobre La Renta. por cuanto la finalidad de este procedimiento es la revisión de la constitucionalidad del convenio”. en todo caso.
el objetivo económico puede estar centrado en la apertura o acceso a atractivos mercados de inversión que ofrezcan mayores variables a sus inversionistas.. S.que se ha otorgado un tratamiento común y uniforme en materia de tráfico internacional.su opinión.Que del contenido de las normas incorporadas a los distintos Convenios suscritos por Venezuela para establecer los mecanismos para reducir o evitar la doble imposición. como lo es evitar la doble tributación internacional”. por su parte.. por tanto..declaraciones que pretenden dar claridad a las mismas. constituye un instrumento de expansión económica que justifica un aumento de las inversiones de capital proveniente de los países desarrollados en un ambiente mínimo de seguridad jurídica.Que “. un tratamiento igualitario a sus ciudadanos en el intercambio económico con el otro Estado contratante”. 5. 7. servicios o inversiones de que se trate. en función de los intereses que se identifican con su condición particular para el flujo o tráfico de bienes.. Para los países en desarrollo. 6.ya el Tratado había pasado por el control del Poder Legislativo y dichos entendimientos no suponen una modificación a las cláusulas del Convenio sino “..(t)odo Tratado para evitar la Doble Imposición tiene.A. como puede suceder en el caso de Petróleos de Venezuela. “.. dividendos. entre
. Para los países desarrollados.el beneficio que percibirá el accionista norteamericano de la tenencia de acciones en sociedades venezolanas es similar al que recibirá un accionista venezolano de acciones en sociedades norteamericanas. a todo evento. cual es la finalidad de la suscripción de un Tratado para evitar la Doble Imposición”.. intereses y regalías. un fin último de atracción de capitales y estímulo de la inversión internacional. dentro de un ámbito de seguridad jurídica o certeza. se desprende -en su criterio.donde cada Estado está dispuesto ha (sic) limitar parte del ejercicio del Poder Tributario.. tecnología. dentro del propósito para el cual fue celebrado... asegurando...Que del texto del Tratado puede evidenciarse que “. a la luz de los principios de reciprocidad y no discriminación.
al igual que se aplicará el mismo gravamen a los residentes extranjeros domiciliados o constituidos en el país que decreten y paguen dividendos a un residente venezolano.Que el Tratado. para los residentes de ambos Estados Contratantes.. el artículo 10 del Convenio no prevé como se denunció una preferencia de los extranjeros frente a los nacionales.. de modo que “. que serán aplicadas con absoluta igualdad a nacionales y a extranjeros. serán gravados por la legislación venezolana en la medida que sean considerados residentes venezolanos o residentes extranjeros domiciliados o constituidos en el país. es decir. 9. la eliminación de la doble tributación se garantiza en mayor término para sus destinatarios. es decir. pues acoge en su artículo 4 como factor de conexión a la residencia..Que respecto a la actividad de transporte marítimo y aéreo regulada en el artículo 8 del Convenio. sino la aplicación de normas objetivas de retención sobre las utilidades repartidas. se establecen topes máximos de retención de impuestos para los residentes venezolanos o extranjeros domiciliados o
.otros. a través de la adopción de un mecanismo distinto al de establecimiento permanente. 10.”. en iguales términos.Que “(s)i los dividendos son pagados por un residente venezolano a otro residente venezolano. que esa (sic) la misma legislación será aplicada a los extranjeros.Que en materia de dividendos... garantiza la igualdad y reciprocidad.. indistintamente de su nacionalidad. dependiendo del lugar de origen y destino de los dividendos. 11. cuya nulidad se pretende. En igual orden de ideas. en la medida que desarrollen actividades económicas en Venezuela siguiendo el criterio internacional de establecimiento permanente”. cual es el lugar de ubicación de la sede o dirección efectiva de la empresa que desarrolla la actividad... aplicará la totalidad del gravamen previsto en la Ley de Impuesto sobre la Renta para tales casos (34%).los contribuyentes. 8.
Que el Tratado establece supuestos objetivos en el caso de los intereses y regalías a que se refieren los artículos 11 y 12 del mismo. que podrá ser imputado al impuesto a ser pagado en el país de la residencia. precisamente con el objeto de evitar la incidencia de una doble carga tributaria sobre los intervinientes.por la posibilidad de que el Estado de la residencia de quien recibe el pago pueda aplicar su gravamen (aunque atendiendo a los mecanismos de créditos de impuesto establecidos) y..se perciben las finalidades positivas desde el punto de vista fiscal y económico a mediano y largo plazo. representan su disentimiento con “..constituidos en el país que paguen dividendos a residentes extranjeros (5% y 15%.Que los alegatos de los recurrentes más que representar un cuestionamiento de la legalidad y de la constitucionalidad de los artículos 8. 13.. en segundo lugar.las posibles consecuencias de la Política Fiscal y Económica adoptada por el Gobierno de Venezuela...”. financiera y las necesidades de Venezuela. dividendos recibidos por residentes venezolanos de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior o empresas constituidas en el exterior y domiciliadas en el país.. lo cual se traduce en un gravamen del 5% y 15% en el país de la fuente. que a su juicio supone un sacrificio fiscal exagerado no adaptado a la realidad económica..”...Que le llama la atención que los recurrentes han pretendido derivar el establecimientos de supuestos de discriminación en el Tratado de Doble Imposición...”. 10. y en ningún caso ello obsta para la aplicación del artículo 69 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 12. 14. como parte de la Política
.... por la previsión de topes máximos de retención para los casos de transferencias de intereses de un residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante. en el que exclusivamente refiriéndose al impacto económico del Tratado “.. “. del informe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del entonces Congreso de la República. de acuerdo al caso). esto es. Pero esos mismos topes máximos son aplicados en el caso opuesto. 11 y 12 del Tratado.
inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 13..el procedimiento de acuerdo mutuo en momento alguno supone un enervamiento de las funciones de los tribunales competentes según la legislación interna. actuando en su condición de representante de la República. en el cual solicitó se declare sin lugar la nulidad solicitada.. la distribución de la potestad tributaria entre los Estados contratantes. los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario-.. consignó escrito contentivo de sus conclusiones. ni mucho menos aún la posibilidad de que autoridades administrativas del otro Estado Contratante (los Estados Unidos de América) puedan imponer coactivamente decisiones adoptadas en relación con un caso planteado por un residente de Venezuela”. de la Constitución vigente”.316. la abogada OLGA PÉREZ DE CONTRERAS. ni un mecanismo que implica la injerencia de autoridades extranjeras en la aplicación de la ley. III ESCRITO DE INFORMES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto oral de informes oral en el presente recurso.. 15..Que el artículo 26 del Convenio en modo alguno supone “. lo cual trae como consecuencia. numeral 31.Tratados o Convenios para evitar la doble imposición internacional. son acuerdos bilaterales que regulan el marco jurídico aplicable a los hechos imponibles que se realizan en este ámbito.. por lo que no afecta el contenido el (sic) artículo 156. Asimismo. tienen como finalidad fundamental. la eliminación simultánea de doble
.. con fundamento en lo siguiente: 1.Que los “. 16..una merma a los poderes de los órganos jurisdiccionales venezolanos competentes –esto es.Que “..Tributaria y Económica acogida”. ya que las controversias se resuelven amistosamente entre ambos Estados Contratantes.
. 11 y 12 no contradicen ninguna de las normas del texto constitucional señaladas por los recurrentes..imposición y la evasión fiscal internacional”. toda vez que ellos se establecen en materia de rentas provenientes del transporte aéreo y marítimo. pues los beneficios derivados del mismo “. dividendos.. ya que ambos países por igual. las controversias que se presenten entre las Partes con motivo de su interpretación o ejecución...Que de acuerdo al artículo 155 de la Constitución vigente “.. 4.potestad tributaria compartida que se enmarca en el artículo 11.. un tratamiento unitario e igualitario para Venezuela y Estados Unidos.Que los artículos 8. pues la “. deberán contener cláusulas por la (sic) las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas por el derecho internacional.Que no es cierto que el Convenio haya creado dos tipos de contribuyentes como lo señalan en su escrito los recurrentes. 5.se aplican por igual tanto a las inversiones venezolanas en los Estados Unidos como a las inversiones norteamericanas en Venezuela. 3. y no prevé tratamientos diferenciales ni discriminatorios. a fin de estimular el flujo de inversiones entre ambos países..
.los Tratados celebrados por la República.. sin que ello desvirtúe la competencia atribuida a los órganos jurisdiccionales venezolanos prevista en el numeral 31 del artículo 156 del texto fundamental”. regalías e intereses y procedimiento de mutuo acuerdo.. Esta disposición constitucional. que puede configurarse en una carga tributaria excesiva.Que el Convenio respeta los principios que en materia tributaria consagra la Constitución vigente. sólo busca el alivio de una posible doble imposición. permite el uso de este procedimiento de acuerdo mutuo. bajo parámetros de tributación internacionalmente aceptados”.. 10. renunciaron a porcentajes de gravamen sobre determinados tipos de ingresos.”. como una vía alternativa para resolver conflictos derivados de los acuerdos firmados por la República. 2..
no existe referencia o alusión a los ‘Entendimientos’ o ‘Declaraciones’. de que los cuestionados tratados entraron en vigor el 1º de Enero del año 2... los recurrentes después de resumir las etapas del proceso de conclusión de los tratados internacionales. 4.IV ESCRITO DE INFORMES DE LOS RECURRENTES En su escrito de informes. simplemente porque tales convenios no se han perfeccionado hasta ahora y carecen por tanto de existencia jurídica”. reservas formuladas por el Presidente de los Estados Unidos de América el 5 de Noviembre de 1999. al acordar condiciones más ventajosas a personas y capitales extranjeros que para
.Que el tratado adolece de nulidad absoluta por ser -en su criterio... Por lo que válidamente deducimos que la ratificación venezolana recayó. 3..Que “EL TRATADO CONTRA LA DOBLE TRIBUTACIÓN NO EXISTE COMO TAL PORQUE ESTADOS UNIDOS LE FORMULÓ ‘RESERVAS’ O ‘ENTENDIMIENTOS’ QUE DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNA NUEVA OFERTA QUE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A SU VEZ NO HA ACEPTADO”.. se desprende que “. señalaron lo siguiente: 1. sobre el texto original de los convenios.. exclusivamente.000. 2. tal como fueron aprobados en su oportunidad por el entonces Congreso de la República de Venezuela”. dirigida a quién (sic) suscribe en Oficio Nº 000521 (sic) fecha 22 de Marzo de 2000.manifiestamente contrario a la Constitución.hay que considerar necesariamente como falsa la afirmación de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.Que “..Que del texto del Acta de Ratificación de los Convenios suscrita el 30 de diciembre de 1999 por el Presidente de la República. en el Acta de Ratificación suscrita por éste.
tal como lo previene el artículo 429 aludido. El signado “B” con sus páginas marcadas B1 y B2 es el original de la traducción que un intérprete público hace de un documento
. tendrá la carga de acompañar el escrito con un ejemplar o copia del acto impugnado.los nacionales. Los actores acompañaron a su demanda copias fotostáticas de los documentos públicos marcados A. los instrumentos públicos pueden ser reproducidos mediante copias fotográficas. B. de acuerdo a los principios generales que rigen el derecho documental en Venezuela. si ellas reúnen las características del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. o copias no certificadas. D. se deduce que el ejemplar debe ser un instrumento auténtico. pero al guardar silencio el artículo sobre la naturaleza de la copia que reproduce al acto auténtico. pueden aceptarse: copias certificadas. así como los documentos que vaya a hacer valer en apoyo de su solicitud. quien demanda la nulidad de un acto de efectos generales. aplicable igualmente al proceso de nulidad de acto de efectos particulares. El marcado “A” reproduce un instrumento público: el instrumento de ratificación del Tratado cuya nulidad se pide. fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de esos instrumentos. C. De la lectura de dicha norma. En consecuencia. por mandato del artículo 122 eiusdem. V PUNTOS PREVIOS Y NULIDAD DEL ACTA DE RATIFICACION A) PRUEBAS PRODUCIDAS CON LA DEMANDA Conforme al artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. E y F.
ya que él se refiere a una copia de un documento en idioma inglés. por lo que los documentos que contienen las traducciones emanadas de esos profesionales titulados deben ser auténticos. lo que hace presumir que lo traducido corresponde a la copia
. traducción e instrumento traducido. el documento que contiene la traducción es auténtico. carece de cualquier signo de autenticidad que permita tenerlo por público o auténtico. y hasta puede ser reproducido conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.no pueden producir actos auténticos. y así se decide.supuestamente emanado del Presidente de los Estados Unidos de América. C-2 y C-3). pero siempre debe acompañase. y por ello ambos. En ese sentido. además del sello de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas. tal como lo señala la Ley de Intérpretes Públicos. se trata de profesionales que son autorizados por el Estado para ejercer su profesión. Distinta es la situación con el instrumento traducido marcado “C” (páginas C-1. o los privados reconocidos o tenidos legalmente por tal. acepta como fidedignas las traducciones realizadas por un intérprete público. motivo por el cual el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. Los intérpretes públicos no son funcionarios públicos y por tanto -en principio. incluso conforme al artículo 429 señalado. el documento signado “B” podría ser aceptable. si se hubiese acompañado el instrumento auténtico original traducido. ya que son los de naturaleza pública. así fuera en copia fotostática. acompañado e identificado “B3” (que es el traducido). y cuyo título expedido por el Estado debe registrarse en la Oficina de Registro Principal. los que según el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil pueden ser reproducidos fotográfica o fotostáticamente. el documento auténtico original que fue traducido. que tiene estampados los sellos de recepción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. De acuerdo a lo expuesto. deben ser desechados. sin necesidad de que éste concurra al Tribunal a reconocer la autoría de la traducción. pero éste. sin embargo.
de un instrumento auténtico (identificado en la demanda como el “C-4” a “C-6”) y que la traducción se refiere a él. Por lo que se trata de una prueba instrumental admisible y así se declara. También es admisible la copia del documento público oficial que enviara el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América datado el 30 de diciembre de 1999, y que se acompañó en copia fotostática, pero que refleja los sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores, símbolos de la autenticidad, al menos para Venezuela por mandato de la Ley de Sellos. El instrumento marcado “E” es un documento público emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 22 de marzo de 2000, el cual se admite como tal. Como documento “F” los actores acompañaron una copia de un instrumento que no fue reproducido por completo, y que carece de cualquier signo de autenticidad, por lo cual se desecha. Tratándose de documentos públicos, reproducidos mediante el procedimiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, tales documentos se admiten como prueba y se valoran, excepto los que expresamente se desechan en este capítulo. Los actores pidieron en su demanda que el Tribunal solicitara al Ministerio de Relaciones Exteriores, copia certificada de los documentos identificados de la “A” a la “F”, pero el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, en auto del 23 de marzo de 2000, no proveyó sobre dicho pedimento, ni los demandantes instaron a tal provisión, ni apelaron del auto de admisión donde ha debido ordenarse o negarse la petición, motivo por el cual, tal prueba -que no cumplió con los requisitos del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil ni con los del 91 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia- debe ser desechada, y así se declara. B) PRUEBAS DEL TÉRMINO PROBATORIO
En escrito del 4 de julio de 2000, los accionantes promovieron pruebas, las cuales fueron admitidas por auto del Juzgado de Sustanciación del 3 de agosto de 2000, donde solo se desechó la prueba de testigos promovida. Como resultado de la admisión, se incorporaron a los autos, el documento identificado SNT, 99, 5492, fechado el 12 de diciembre de 1999, emanado del Superintendente Nacional Tributario, el cual es un documento público y, como tal, se valora. Copia certificada de la nota diplomática Nº 002230 del 30 de diciembre de 1999, la cual se corresponde con el documento público que en copia fotostática se produjo con el libelo signado “D”, y que se admite como documento público. Posteriormente, en escrito del 1º de agosto de 2000, los accionantes produjeron copia de un informe que pasara el Gerente Jurídico Tributario del SENIAT al Ministro de Hacienda, fechado 11 de agosto de 1997 y que tiene impresa la mención de Informe Confidencial. Se trata de un documento interno de la Administración, que no está dirigido en forma directa o indirecta a terceros, y que como tal no es un documento público revestido de autenticidad, cuyo valor probatorio dependía de que se hubiese pedido su exhibición, conforme al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y que al presentarlo en autos la Administración, como parte de la exhibición de los instrumentos que reposan en sus archivos oficiales, podría adquirir el carácter de un documento auténtico en sentido estricto. Como se trata de una copia fotostática de un documento que no es ni público, ni auténtico, sino presuntamente interno del Estado el mismo no puede ser reproducido por la vía del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto es inadmisible como prueba, y así se declara.
Igualmente, es inadmisible la copia de un documento privado emanado a título personal del ciudadano Humberto D’Ascoli Centeno, datado el 25 de enero de 1999 y que contiene sus comentarios sobre el Tratado hoy impugnado. Tal copia fue promovida por los accionantes el 1º de agosto de 2000. La Sala hace constar que los terceros adherentes no promovieron pruebas, y que fuera de los instrumentos referidos no se ofrecieron mas pruebas. Dichos documentos demuestran: 1) que el Convenio fue ratificado formalmente; 2) que los Estados Unidos de América hizo unas interpretaciones llamadas entendimientos, según documento del 12 de abril de 2000; 3) que el Ministerio de Relaciones Exteriores no objetó los llamados entendimientos; 4) que el 1º de enero de 2000 entró en vigencia el Convenio; y 5) que el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria emitió opiniones que hizo saber al Ministerio de Relaciones Exteriores. C) AUSENCIA DEL INSTRUMENTO FUNDAMENTAL La demanda de nulidad incoada, ataca el acto de ratificación del Tratado o Convenio referido, así como diversos artículos de dicho Tratado. No consta en autos, ni en original ni en copia, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.427 Extraordinario, de 5 de enero de 2000, donde se publicó la Ley Aprobatoria del Convenio impugnado. Por mandato del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que desarrolla las normas procesales que rigen los juicios de nulidad de los actos de efectos generales, el solicitante de la nulidad acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado.
. y que él debe cumplir. evitando con tal señalamiento la preclusión de la oportunidad para producir dicho documento. prevenido en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. debe acompañarse con la demanda. la carga de presentarlo en autos hasta los últimos informes. Siendo el Código de Procedimiento Civil supletorio en los procedimientos que se ventilan ante el Máximo Tribunal. y por lo tanto. o que contiene errores de copia u otros vicios semejantes. que permita al demandado en el juicio de naturaleza civil. De allí. el cual tendrá la carga el actor de consignarlo después en autos?. en los procesos de nulidad de actos de efectos generales. surge la pregunta ¿si las normas sobre los instrumentos fundamentales de dicho Código tienen vigencia como supletorias. La oficina o lugar donde se encuentren estos instrumentos propuestos pero no acompañados junto a la demanda. consultar el documento y preparar su defensa. La razón para la existencia de tal carga radica en que es necesaria una identificación precisa del acto impugnado. si el demandante en estos procesos. que el legislador precisó que se acompañe el original o la copia del acto impugnado. ya que se trata de una actividad que el legislador especificó al accionante. solo queda al demandante que instruyó al demandado de los datos sobre el documento. tal como lo dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. a fin que el juez conozca la prueba y pueda decidir en base a ella. Y ante tal posibilidad garantista del derecho de defensa. debido a su naturaleza. debe ser una oficina o lugar público o de acceso al público. y señalar la oficina o lugar donde se encuentre.Se trata de la carga del accionante de producir el instrumento fundamental en que basa su demanda y que. de manera que no se forme una litis alrededor de un acto que no es el verdadero. puede no producir con su escrito de demanda al instrumento contentivo del acto impugnado. Esta última carga no la puede suplir el juez.
la ausencia del acto impugnado. Los motivos se señalan en la solicitud. pareciera que no es necesario para el juez tener frente a
. no perjudica a nadie. Pero. que crea la carga para el accionante de acompañar al escrito un ejemplar o copia del acto impugnado. propios del proceso civil que tutela intereses privados o particulares. a tenor de lo previsto en el artículo 84. ya que en esos supuestos. debido al carácter supletorio que éste tiene. pero en algunos casos donde el juzgador puede decidir sobre la admisibilidad de la acción sin necesidad de tener frente a él el acto impugnado. ¿funcionarán igual estos principios.5 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. el equilibrio que debe existir entre las partes dentro de sus respectivas posiciones y derechos procesales. en la jurisdicción constitucional?. ya que si ello lo hiciera.Ni siquiera por la vía del auto para mejor proveer puede el juez suplir la negligencia de la carga incumplida por el accionante. se aplica la letra del artículo 113. Pero. ya que ese es el régimen único que existe sobre los instrumentos fundamentales. Este es el caso que ocurre cuando se incoa la acción de nulidad de leyes. a pesar de la letra del artículo 113 señalado. lo cual permitirá al juez verificar si la acción es o no admisible. A juicio de esta Sala. su producción en autos por las partes. es diferente al proceso civil. y para verificar la admisibilidad. Por ello. el accionante tendrá la indefectible carga de producir tal instrumento hasta los últimos informes. estaría rompiendo la igualdad procesal. es aceptable que el instrumento fundamental no se produzca con el escrito de demanda. puede darse curso a la excepción de producción con la demanda contemplada en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. siempre que se indique con precisión la oficina o lugar donde se encuentra el original del acto impugnado. y aunque el procedimiento desarrollado en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para las nulidades de los actos de efectos generales y particulares.
Esto permite a quien demanda la nulidad de una ley. que como proceso. exigirle al accionante la producción de la ley. lo que no sucede con los actos administrativos en los cuales puede ser necesario controlar otros aspectos. sino de la
. ya que el Tribunal se va a limitar a examinar si la acción. debe ser adquirida a diario por los Tribunales. exigir una formalidad que muy bien puede ser obviada.sí el documento que reproduce la ley. Pero. Por ello. aunque sí especificó. surge una especial situación en procesos. y producirla luego. y el juez con esos datos juzgaría si la acción incoada es o no admisible. al accionante le bastaría señalar de cuál ley se trata y cuáles son sus vicios. es admisible o no. como el de la presente causa. La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. no la pretensión. es un exceso de rito. identificarla plenamente en su escrito de demanda. y ese conocimiento diario de la legislación es imperativo para el Tribunal Supremo de Justicia en todas sus Salas. y ello no depende en el caso de leyes. de la propia ley. con las leyes en general que se publican en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. que incluso contraría la justicia eficaz. cuando ella es conocida por el juzgador?. En criterio de esta Sala. no solo de cuál ley se trataba. un Estado Social de Derecho y de Justicia). El juzgamiento sobre la inconstitucionalidad de una ley no puede quedar frustrado porque el actor no produjo el ejemplar auténtico de la Ley. y siendo así ¿no resulta un formalismo excesivo. a fin de conocer las leyes nacionales que allí se publican y poder aplicar el principio iura novit curia. con todos sus datos. que persigue la justicia (por ser Venezuela conforme al artículo 2 constitucional. por mandato constitucional está exento de formalismos innecesarios.
Se trata de un Convenio Internacional.
D) TRATADOS Y CONVENIOS Establecido lo anterior. pasa la Sala a examinar lo demandado. y éste es el caso de autos. sobre las pruebas promovidas. 1690 y 6681) se definen de la siguiente forma:
. págs. 154 o 217 Constitucionales se refieren a ellos. mandan que sean aprobados por ley emanada del Poder Legislativo Nacional. que fue identificada en la demanda. cuando los artículos 74. como la contentiva de la Ley impugnada. Resulta contrario al Estado de Derecho y de Justicia. el cual fue correctamente identificado en la demanda de nulidad. 1689. Por ello. Tratado internacional y convenio o convención internacional son figuras de igual entidad. no vaya a ser ponderado por el juez. en la Enciclopedia Jurídica Básica (Editorial Civitas. Esencialmente tratados y convenios son lo mismo. a pesar que los actores no produjeron la Ley Aprobatoria del Convenio que impugnaron.fecha y número de la Gaceta Oficial donde fue publicada. la cual es la referente a la edición del 5 de enero de 2000. y es en base a esas consideraciones. procede a analizar los vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen a la Ley impugnada y así se decide. entra a conocer los vicios denunciados. que esta Sala. N° 5427 Extraordinario. y que luego sean ratificados por el Poder Ejecutivo. Así. ya que la Sala puede ubicar sin problemas la edición de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. y tratándose de derecho (y no de hechos) la Sala que ya anexó a los autos dicho ejemplar. tomos I y IV. porque el accionante no consignó la Gaceta Oficial contentiva de la ley a la cual el juez debía acceder obligatoriamente para ejercer su ministerio. y ello se desprende de las definiciones que al respecto la Doctrina ha esgrimido. que el derecho que ha sido cuestionado por inconstitucional.
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Si el Ejecutivo tuviese dudas sobre la constitucionalidad del tratado. antes de proceder a ratificar (artículo 336. normalmente la renta y el patrimonio.. Primero. que la publicará ateniéndose a los usos internacionales y a razones de conveniencia nacional (artículo
. puede consultar a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. “CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN (D° Financiero y Tributario): Se denominan convenios de doble imposición aquellos tratados internacionales cuyo objeto principal es el establecimiento de reglas de reparto de la competencia para gravar las manifestaciones de riqueza sobre las que se proyecta el tributo o tributos a los que afecta el convenio. segundo. al constatar que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales..”. La ratificación del Ejecutivo. las partes suscriben el texto que han acordado. dicho texto se envía al Congreso de la República (durante la vigencia de la Constitución de 1961) o a la Asamblea Nacional (conforme a la vigente Constitución) que lo aprueba mediante Ley. E) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS TRATADOS La formación de los tratados internacionales pasa por varios pasos. la cual es suscrita por el Presidente de la República. lo que efectúa el Poder Ejecutivo.5 de la vigente Constitución). y el momento de promulgación de dicha Ley queda a criterio del Ejecutivo. o las adquisiciones a título gratuito”. no se refiere sino al contenido de la Ley Aprobatoria Venezolana del Tratado a ratificarse. en la Ley Aprobatoria emanada del Legislativo. el Ejecutivo Nacional lo ratifica. y tercero.“TRATADO (D° Internacional Público): Un tratado es un acuerdo internacional celebrado entre Estados u otros sujetos y regido por el Derecho internacional.
Tal ratificación no puede versar sino sobre el texto aprobado por el legislativo. sin poder salirse del mismo. que no es otro que el aprobado por el Legislativo.. (2) IMPUESTO VENEZOLANO A LAS GANANCIAS DE SUCURSALES . sometió al proyecto de acuerdo que se convirtió en el Tratado de Doble Tributación. El iter formador de los tratados para que ellos comiencen a surtir sus efectos jurídicos plenos. habiendo concurrido allí las dos terceras partes de los Senadores presentes. y así se declara... cualquier variación del texto aprobado que se efectúe en el acto de la ratificación vicia de nulidad tal acto.217 Constitucional).... debido a que los accionantes consideran que el Congreso de los Estados Unidos de América en la Cámara del Senado. y si esta variación no existe expresamente. el acto es nulo. dio su dictamen y consentimiento para la ratificación del Convenio con un Protocolo. y si ello ocurriese. se solicita la nulidad del acto de ratificación. se lee lo siguiente: “El Senado de los Estados Unidos de América mediante su Resolución del 5 de noviembre de 1999. a unas condiciones llamadas entendimientos. como cualquier acto administrativo.. (1) PREVENCIÓN DE DOBLE EXENCIÓN .. Dentro de ese orden de ideas. En el caso de autos. finaliza con la ratificación y publicación de los mismos. ya que lo que ha de ratificarse es el Tratado. y en el documento que la contiene. con sujeción a los entendimientos siguientes.omissis.omissis. lo ratificado es el texto de la Ley Aprobatoria del Tratado. La ratificación del Convenio por parte del Presidente de los Estados Unidos de América se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1999.
Presidente de los Estados Unidos de América. y así se declara. modificar lo aprobado conforme a la Ley.. William J. no pudiendo una nota verbal de la Cancillería venezolana. el acto ratificatorio mantiene plena validez y es el que junto con la Ley Aprobatoria rigen. y así se declara. que los Entendimientos emanados del Senado del Congreso de los Estados Unidos de América. ratificó y confirmó los referidos Convenio y Protocolo.
. cuya nulidad se solicita. fue muy claro.RATIFICO en nombre de la República de Venezuela y en ejercicio de las facultades que la Constitución me confiere. para que se cumplan sus cláusulas y tenga efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere. sujeto a las reservas antes mencionadas”. POR LO TANTO. Considera esta Sala. En el Acta del 30 de diciembre de 1999 suscrita por el Presidente Hugo Chávez Frías. la cual no contiene menciones diferentes a las de su texto. no fueron incluidos. Clinton. dichos entendimientos no formaron. ni forman parte de la ratificación. en lo siguientes términos: “. el Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América con el Objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo”. De allí.AHORA BIEN. en principio. y para nada se refiere a los “entendimientos”. Yo. se ratificó el Convenio también impugnado. el Convenio. sino a la Ley Aprobatoria emanada del Congreso de la República. y que la Embajada de dicho país sugirió que se incluyeran en el instrumento de ratificación. y por lo tanto.. Por tanto. que el acto de ratificación del Convenio y el Protocolo cuestionados. del 30 de diciembre de 1999.
establece en su artículo 8.. 2.VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Decidido lo anterior.1 del Convenio impugnado. toca a esta Sala pronunciarse acerca de la denunciada inconstitucionalidad de los artículos 8. los beneficios de la explotación de buques o aeronaves sobre base completa (de tiempo o viaje) (‘full time or voyage basis’). Los beneficios derivados por una empresa por el transporte interno de bienes o pasajeros dentro de cualquiera de los Estados Contratantes serán considerados como beneficios de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional. Los beneficios derivados por una empresa por el transporte interno de bienes o pasajeros dentro de cualquiera de los Estados Contratantes serán considerados como beneficios de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional si dicho transporte se realiza como parte
. 12 y 26. 11. 10. lo siguiente: “ARTICULO 8 Transporte Marítimo y Aéreo 1.. se observa: 1) El Convenio impugnado.A los fines del presente Artículo. o si las rentas derivadas del arrendamiento son incidentales a los beneficios resultantes de la operación de naves o aeronaves en tráfico internacional. si dichos buques o aeronaves sean operados en tráfico internacional por el arrendatario. y con tal propósito.Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. También incluyen los beneficios derivados del arrendamiento sobre base de casco solo de buques y aeronaves (‘bare boat basis’).
las razones de Estado por las cuales se planifica una política comercial. sino de los beneficios obtenidos por las empresas de transporte marítimo y aéreo de los Estados contratantes. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. El transcrito artículo 8 del Convenio.. en el tráfico internacional.Las disposiciones de los parágrafos 1 y 3 se aplican también a los beneficios derivados de la participación en un ‘pool’. o del arrendamiento de contenedores (incluyendo remolques. 4. 3. El artículo 301 constitucional que se dice violado por el 8 del Convenio impugnado. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. no se refiere a una inversión realizada por empresarios de transporte en ninguno de los países miembros. con la cual defenderá las actividades económicas de las empresas nacionales públicas o privadas. mantenimiento. Sin que la Sala entre a diferenciar entre políticas comerciales y fiscales. Dicha norma es del tenor siguiente: “Artículo 301. sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. se refiere a la política comercial del Estado.Los beneficios de una empresa de uno de los Estados Contratantes procedentes del uso.del tráfico internacional. un consorcio o en una agencia operadora internacional”. no son
. ya que ello no ha sido planteado por los actores. empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. barcazas y equipo relacionado para el transporte de contenedores) utilizados en tráfico internacional. No se podrá otorgar a personas..
a menos que ellas infrinjan paladinamente normas constitucionales. ya que ello constituiría una intromisión de este Poder en el Poder Ejecutivo. nace de una situación fáctica mas no jurídica. 2) Se solicita la nulidad del artículo 10 del Convenio. La conclusión que ellos exponen surgen de una situación de hecho. En consecuencia. por ser -en
. y que con el Convenio ello estaría sucediendo. que pueden surtir efecto a corto o largo plazo. En consecuencia. bajo análisis. fundados en opiniones y juicios. no existe infracción constitucional per se por la firma de este tipo de convenio que incida sobre el comercio. están otorgando a empresas extranjeras regímenes más beneficiosos que los establecidos para las nacionales. en la forma contemplada en el artículo 8 del Convenio. posibilidad de que ocurra lo alegado por los accionantes. y no por ello puede considerarse que jurídicamente -en función del impugnado artículo 8. Es responsabilidad de este último toda la formulación y desarrollo de las políticas comerciales. además. Señalan. mas no de la letra del artículo 8. y así se declara. como el mismo artículo 301. ya que lo contemplado en la norma es igual para las empresas de ambos Estados Contratantes.existe un régimen más beneficioso a favor de los extranjeros. ya que a las empresas de ambos Estados se los coloca en igual plano. pero por lo regular se trata de estrategias. de planes. No encuentra la Sala en el texto de la norma.censurables por los tribunales. contenidas en el artículo 8 del Convenio. lo que incluye la posibilidad de transporte interno en el territorio de los Estados Contratantes. El que uno de los Estados Contratantes pudiera tener mayor número de empresas marítimas o aéreas dedicadas al transporte internacional. no infringe el comentado artículo 8 al artículo 301 constitucional. y que no es el Poder Judicial quien debe juzgarlos o cuestionarlos. los accionantes que las normas impositivas relativas al transporte aéreo y marítimo.
el impuesto así exigido no podrá exceder del: a) 5 por ciento del monto bruto de los dividendos. El artículo en cuestión. si el beneficiario efectivo es una compañía propietaria de al menos 10 por ciento de las acciones con derecho a voto de la compañía que paga los dividendos. reza: “ARTICULO 10 Dividendos 1. se aplicará el subparágrafo b) del parágrafo 2. 2. el subparágrafo b) del parágrafo 2 tampoco se aplicará a menos que: a) el beneficiario efectivo de los dividendos sea
. En el caso de dividendos pagados por un RIC. Este parágrafo no afecta a la imposición de la compañía respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos. antes transcrito. El subparágrafo a) del parágrafo 2 no se aplicará en el caso de dividendos pagados por una Compañía de Inversión Regulada (RIC) o un Fideicomiso de Inversión de Bienes Raíces (REIT). Sin embargo. Los dividendos pagados por una compañía residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 3.también contrario al artículo 301 constitucional. según la legislación de ese Estado. salvo lo dispuesto en el parágrafo 3. b) 15 por ciento del monto bruto de los dividendos en todos los demás casos. si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante.criterio de los recurrentes. En el caso de dividendos pagados por un REIT. pero. dichos dividendos también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la compañía que pague los dividendos.
siempre que en cada caso los dividendos no provengan de la explotación de un comercio o negocio o de una empresa asociada. b) los dividendos son pagados en relación con una clase de acciones negociada públicamente y el beneficiario efectivo de los dividendos es una persona que posea un interés que no exceda el 5 por ciento de cualquier clase de acciones del REIT. que contengan el derecho a participar en. c) el beneficiario efectivo de los dividendos es una persona que posea un interés que no exceda del 10 por ciento del REIT y el REIT sea diversificado.
. que permitan participar en los beneficios. o determinar con relación a. 5. así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones en la legislación del Estado en que resida la compañía que realice la distribución. los dividendos pueden no estar sujetos a imposición en el Estado Contratante del cual la compañía que paga los dividendos es residente si el beneficiario efectivo de los dividendos es el otro Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales o un residente del otro Estado Contratante que sea una entidad gubernamental exclusivamente constituida y operada para administrar o suministrar beneficios de pensiones. El término ‘dividendos’ también incluye rentas por arreglos. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos.una persona natural que posea un interés que no exceda el 10 por ciento del REIT. los beneficios en la medida en que así sean caracterizados por las leyes del Estado Contratante en el cual surja la renta. excepto deudas. 4. No obstante el parágrafo 2. incluyendo las obligaciones por deudas. El término ‘dividendos’ empleado en este Artículo significa las rentas derivadas de acciones u otros derechos. 6.
7. no pueden ser controlados por los
. A juicio de esta Sala. empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. del que es residente la compañía que paga los dividendos. a través de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta servicios personales independientes desde una base fija situada en él y los dividendos sean atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. No se podrá otorgar a personas. El artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios Personales Independientes). De nuevo. En estos casos. ambos se encuentran en un plano de igualdad ante la Ley. como se señaló supra dispone lo siguiente: “Artículo 301. Un Estado Contratante no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por una compañía que sea residente del otro Estado Contratante. De la confrontación de ambas normas. según proceda. salvo en la medida en que estos dividendos sean pagados a un residente de ese Estado o los dividendos sean atribuibles a un establecimiento permanente o a una base fija situada en ese Estado”. la norma impugnada no discrimina a los nacionales a favor de los extranjeros. con sus posibles limitaciones provenientes de situaciones reales existentes. que el diseño de las políticas del Estado. La inversión extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. no se colige que haya un trato más beneficioso a las empresas extranjeras en comparación con las nacionales.siendo residente de un Estado Contratante. realiza negocios en el otro Estado Contratante. la Sala apunta.
órganos jurisdiccionales. el impuesto así
. Los artículos impugnados son del tenor siguiente: El artículo 11 reza: “ARTICULO 11 Intereses 1. quienes deberían contribuir con el Estado proporcionalmente a lo que ganan en el país. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y percibidos por un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. a menos que se infrinjan normas constitucionales. pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado Contratante. Se trata de políticas que a futuro pueden dar o no resultados. 3) Se denuncia que el artículo 11 del Convenio. pero que por su formulación legal y en base a unos futuros y condicionales resultados no pueden ser considerados violatorios de la Constitución. Los artículos 11 y 11-A se refieren al pechaje de los intereses y a los impuestos adicionales sobre los beneficios en materia de sucursales. y que las opiniones sobre como funcionará a futuro un régimen fiscal. el cual siempre tendrá variables conforme al desarrollo de los países donde se aplique. en este caso los Estadounidenses. ya que las cargas públicas recaen sobre los venezolanos mayoritariamente y no sobre los extranjeros. Como tampoco pueden serlo el que en un Estado haya más empresas o más inversión en su territorio que en los de otro Estado. estos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado. 2. es violatorio del artículo 316 Constitucional. Sin embargo. no es materia que per se constituya infracción constitucional.
beneficios u otro flujo de caja del deudor o persona relacionada. y pagado a un residente del otro Estado también pueden ser sometidos a imposición en el Estado Contratante donde este surja.exigido no puede exceder del: a) 4. por este otro Estado o una entidad totalmente de la propiedad de dicho Estado. con cualquier cambio en el valor de cualquier propiedad del deudor o de una persona relacionada o con cualquier dividendo. si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante. y b) 10 por ciento en todos los demás casos. y la conformidad con las leyes de este Estado. distribución de sociedad de personas o pago similar realizado por el deudor a una persona relacionada. 3. si el beneficiario efectivo de los intereses es alguna institución financiera (incluyendo una empresa de seguros). sin embargo. b) el beneficiario efectivo sea el otro Estado Contratante o una subdivisión política o autoridad local del mismo o una entidad totalmente de la propiedad de dicho otro Estado. garantizado o asegurado. ventas. o c) el beneficiario efectivo del interés es un residente del otro Estado y el interés es pagado en relación con las deudas que se hayan realizado.95 por ciento del monto bruto de los intereses. el monto total del interés puede ser sometido a imposición a la tasa que no
. a) No obstante las disposiciones del parágrafo 2. No obstante las disposiciones del parágrafo 2. los intereses que surjan en el Estado Contratante estarán exentos de impuestos en ese Estado si: a)el interés es pagado por ese Estado o una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales. directa o indirectamente. rentas. el interés pagado por un residente de un Estado Contratante y que se determine en relación con los ingresos. 4.
Las rentas a las que se refiere el Artículo 10 (Dividendos) y las multas por pagos retrasados no serán considerados como intereses para los fines del Convenio. realiza negocios en el otro Estado Contratante. se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios Personales Independientes). siendo residente de un Estado Contratante. El término ‘intereses’. del que proceden los intereses.exceda la tasa prescrita en el subparágrafo b) del parágrafo 2 del Artículo 10 (Dividendos). con o sin garantías hipotecarias o con o sin cláusula de participación en los beneficios del deudor. y especialmente las rentas de títulos gubernamentales y rentas de bonos u obligaciones. y b) no obstante las disposiciones de los parágrafos 2 y 3. 5. incluidas las primas y premios unidos a estos títulos. 7. Para los fines del presente Artículo. empleado en el presente Convenio. En estos casos. los intereses que sean exceso (‘excess inclusion’) en relación con el interés residual en un vehículo de inversión con hipoteca inmobiliaria (‘real estate mortgage investment conduit’) puede ser sometido a imposición por cada Estado de conformidad con sus respectivas leyes internas. 6. 3 y 4 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses. bonos u obligaciones. según proceda. significa las rentas de deudas de cualquier naturaleza. por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado. Las disposiciones de los parágrafos 1. los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante
. así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado Contratante de donde procedan considere como intereses. o presta servicios personales independientes desde una base fija situada en él y los intereses son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. 2.
y dicho interés deriva de dicho establecimiento permanente o base fija o es asignable a dichos beneficios entonces ese interés se considerará procedente del Estado Contratante donde están situados el establecimiento permanente o la base fija o de donde procedan tales beneficios. Cuando por razón de una relación especial entre quien paga los intereses y el beneficiario efectivo de los mismos o entre ambos y alguna otra persona. una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo.cuando el pagador sea el propio Estado. exceda del monto que hubieran convenido el pagador y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones. la parte en exceso de los pagos seguirá siendo gravable. las disposiciones de este Artículo sólo se aplicarán a este último monto. teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio”. una compañía residente de un Estado Contratante podrá estar sujeta en el otro Estado Contratante a un impuesto adicional al impuesto sobre
. de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante. teniendo en cuenta la deuda de la cual derivan. En tal caso. En el artículo 11-A se establece. el monto de los intereses. 8. una de las subdivisiones políticas. cuando la persona que pague los intereses. tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija o perciba beneficios que sean gravables sobre una base neta en este Estado según el parágrafo 5 del Artículo 6 (Rentas Inmobiliarias) o el parágrafo 1 del Artículo 13 (Ganancias). sea o no residente de un Estado Contratante. lo siguiente: “ARTICULO 11A Impuestos sobre Sucursales No obstante cualquier otra disposición de este Convenio.
el impuesto aplicable conforme al presente subparágrafo no podrá ser gravado con una tasa que exceda del 4. Igualmente. según los accionantes al artículo 316 constitucional. atendiendo al principio de progresividad.los beneficios. El artículo 316 Constitucional es del tenor siguiente: “Artículo 316. Cuando se trate de las personas a que se refiere el subparágrafo (a) del parágrafo 2 del Artículo 11 (Intereses). para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos”. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas publicas según la capacidad económica del o la contribuyente. se denuncia como infringido el artículo 12 del Convenio al ser contrario. así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. dicho impuesto adicional no excederá del: a) 5 por ciento de la ‘cantidad equivalente al dividendo’ (‘dividend equivalent amount’) de los beneficios de la compañía que sean atribuibles a un establecimiento permanente en ese otro Estado o estén sometidos a imposición en ese otro Estado sobre una base neta conforme al Artículo 6 (Rentas Inmobiliarias) o al parágrafo 1 del Artículo 13 (Ganancias). “ARTICULO 12 Regalías 1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y percibidas por un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en
.95 por ciento”. y b) 10 por ciento del ‘interés excedente’ (‘excess interest’). Sin embargo.
o el derecho de usar. o b) por el uso. siendo residente de un Estado Contratante.ese otro Estado. fórmula o procedimiento secreto. plano. El término ‘regalías ‘ también incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes en la medida en que dichas ganancias sean contingentes a la productividad. u otro derecho de propiedad similar. 2. cualquier derecho de autor sobre una obra literaria. dibujo o modelo. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías. 4. 3. el impuesto así exigido no excederá: a) 5 por ciento del monto bruto de las regalías descritas en el subparágrafo (a) del parágrafo 3. o por información relativas a experiencias industriales. equipo industrial. musical. marca de fábrica o de comercio. comercial o científico. uso o disposición de los mismos. dramática. por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado. Sin embargo. o presta en ese
. dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado. El término ‘regalías’ empleado en el presente Convenio significa los pagos de cualquier clase recibidos en contraprestación: a) por el uso. y b) 10 por ciento del monto bruto de las regalías descritas en el subparágrafo (b) del parágrafo 3. o el derecho de usar. cualquier patente. incluidas las películas y cintas cinematográficas y obras registradas en otros medios de reproducción de imagen o sonido. artística o científica. pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratrante. comerciales o científicas. realiza negocios en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías.
el monto de las regalías. así como una denuncia velada de que el Convenio es impugnable “de principio a fin”. es necesario que previamente la Sala haga unas consideraciones generales para entender los objetivos perseguidos por el Convenio en la economía internacional. 11 A y 12 del Convenio por ser violatorios de los artículos 301 y 316 constitucionales. las disposiciones de este Artículo se aplicarán sólo al último monto mencionado. el exceso del pago seguirá siendo gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante. 6. información o experiencia en dicho Estado. que permite inversiones o traslados de capitales del territorio de unos países a otros. según proceda. En estos casos se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios Personales Independientes). exceda el monto que hubieran convenido el pagador y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones. o el derecho de usar. o entre ambos y alguna otra persona. derecho o información por la que son pagadas. ha intensificado el problema de la doble imposición de las rentas de todos aquellos individuos y empresas que trabajan o invierten más allá de los
. Se considera que las regalías se originan en un Estado Contratante cuando las regalías sean en contraprestación por el uso.otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada en ese otro Estado. En tal caso. Cuando por razón de relaciones especiales entre el pagador y el beneficiario efectivo. y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. propiedad. 5. tomando en cuenta el uso. A) El fenómeno llamado de la globalización o mundialización de la economía. teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio”. Para decidir la denunciada inconstitucionalidad de los artículos 11. por los residentes de dichos países.
los cuales pueden ser subjetivos u objetivos. Así. imponerles pesadas cargas tributarias no solo en el país de origen.límites de sus países de origen. la doble imposición y los mecanismos que la combaten deben ser enfocados desde una doble perspectiva: nacional e internacional. capaz de lograr las relaciones armónicas y el desarrollo común de los pueblos. para configurar una distribución de competencia fiscal entre Estados para gravar rentas y obtener ingresos públicos. El enfoque unilateral del tema daría lugar a distorsiones interesadas del mismo y no conduciría a una solución integralmente justa y equitativa. Esta doble imposición genera difíciles cuestiones no sólo en el ámbito interno por el imperativo constitucional de realizar la justa distribución de las cargas públicas entre los habitantes de cada Nación (Equidad Interindividual). Dentro de los segundos se encuentran la fuente de la renta y el establecimiento permanente. actividades o inversiones. Desde hace mucho tiempo. empresas. que por sus vínculos con esos individuos. Dentro de los primeros se encuentran la residencia del contribuyente y su nacionalidad (numerales 1 de los artículos 11 y 12 del Convenio). tienen la legítima pretensión de imponer tributos a las rentas generadas por ellos (Equidad entre Naciones). sino con la escogencia de hechos o circunstancias (factores de conexión) que vinculen justificadamente dicho poder con los sujetos pasivos de la tributación. sino donde quiera que vayan. los límites dentro de los cuales un Estado puede ejercer su poder de imposición e identificar a sus contribuyentes es mucho más que un asunto interno. sino también por la exigencia de asegurar la justicia económica entre las naciones. de tránsito y de recepción de esas actividades o inversiones. y podría resultar sumamente injusta al permitirle a las personas que trasladan sus capitales o globalicen sus inversiones. por el ejercicio concurrente de los poderes soberanos de imposición fiscal de los Estados de procedencia. se ha dicho que los Estados legitiman su poder de imposición de las rentas no sólo con la invocación de su soberanía. Por esta razón. Se ha dicho también que los Estados desde los cuales se exportan capitales productores de rentas han adoptado mayoritariamente el factor de la
la cual origina a su vez multiplicidad de conflictos de diversa naturaleza: residencia-fuente. con el reconocimiento de una racional distribución de competencias. residencia-residencia-. aunque reconociendo -por justicia. los países importadores de capitales y receptores de inversión foránea.residencia y excepcionalmente el de la nacionalidad. Efectos que se complican además con la utilización múltiple de criterios de vinculación. La adopción prevaleciente de factores subjetivos o personales en los Estados de naciones desarrolladas. entre los cuales predominan los países en desarrollo. principio territorial) en los Estados de naciones en desarrollo o subdesarrollados. provocó el creciente fenómeno de la doble o múltiple imposición de las mismas rentas por parte de dos o más Estados (Estado de la residencia-Estado de la fuente). contrario al desarrollo ordenado del permitido legalmente intercambio económico internacional. a través de la adopción de medidas unilaterales. encaminadas a armonizar el ejercicio soberano del poder de imposición.en mayor o menor grado los impuestos pagados fuera de su territorio. exportadoras de capitales.que todos los Estados integrantes de la comunidad internacional hagan concesiones en sus pretensiones de gravar las rentas derivadas de ese masivo y cada vez más extendido intercambio. La solución de este grave fenómeno. etc. con la finalidad de gravar las rentas producidas por sus habitantes con independencia del lugar en que se hayan producido. adoptaban plenamente el factor de la fuente por tener el efecto de vincular objetivamente la gravabilidad de la renta con el territorio en la cual se origina. Por el contrario. frente a la adopción prevaleciente de factores objetivos (criterio de la fuente. bilaterales o multilaterales. y perjudicial para todas las naciones e individuos. el
. y sobre todo con medidas orientadas a evitar el exceso de los límites de la carga tributaria admisible que pesa sobre los sujetos de ese intercambio económico. fuente-fuente. exige -afortunadamente a falta de una autoridad mundial única. con el perjudicial efecto individual de llevar a extremos insoportables la acumulación de cargas tributarias sobre las mismas y con la consiguiente confrontación entre los Estados para asegurar una mayor participación en la gravación de las rentas conectadas con dos o más países.
o sobre el patrimonio existente en el país. el concepto jurídico no incluye todos los supuestos de doble
. Esa medida unilateral es complementada con la celebración de tratados bilaterales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal con otros países. con lo cual se busca en forma unilateral atenuar los desbalances internacionales en la tributación surgidos de la exportación de capitales de las personas naturales y jurídicas venezolanas. los poderes tributarios concurrentes deben ser soberanos. respecto a la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo”. por lo cual no es admisible un enfoque unilateral de la justicia que sólo tenga en consideración la comparación de las situaciones normativas de los contribuyentes nacionales y extranjeros frente al Impuesto Sobre la Renta de Venezuela. B) Según el concepto adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “La doble imposición jurídica internacional puede definirse de forma general como el resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente. debe ser necesariamente apreciada con la doble observación de la justicia tributaria en su aspecto interno y en su aspecto externo. Se desprende de ese concepto modélico que debe haber igual naturaleza en los tributos concurrentes. simultaneidad en el tiempo.cual podría resultar injusta. De allí. identidad en el sujeto pasivo de la obligación tributaria. así como también. criterio que viene a coexistir con el tradicional principio territorial sustentado por la legislación nacional. la adopción por parte de Venezuela de un criterio de ‘renta mundial’ para gravar las rentas de sus residentes y domiciliados. debe haber coincidencia en el hecho imponible. En esta perspectiva. que pueden ser idénticos o equivalentes. la conformidad constitucional del Convenio para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal entre Venezuela y los Estados Unidos de América. la participación en medidas multilaterales derivadas de sistemas de integración económica. publicado el 5 de enero del 2000. como ocurre con la Comunidad Andina de Naciones.
así como tampoco restringen los beneficios fiscales existentes o que posteriormente concedan unilateralmente los Estados Contratantes. ya sea atribuyéndosela exclusivamente a alguno de los dos o dividiendo la base imponible o la alícuota aplicable entre ambos Estados. Venezuela y Estados Unidos han acordado distribuir la competencia para gravar las rentas de sus residentes y nacionales. en el cual se prevén los métodos para lograr dicho efecto en cualquiera de los Estados Contratantes cuando la renta deba ser gravada por el otro Estado. los cuales tienen la función de perfeccionar la distribución de la competencia de gravar. Incluye el Convenio impugnado un artículo (el 24) intitulado “Eliminación de la Doble Tributación”. con la finalidad de mantener la carga tributaria acumulada por la concurrencia de los poderes de ambos Estados dentro de umbrales individuales razonables y justos (capacidad económica del contribuyente) y repartir equitativamente la imposición de las rentas conectadas con ambos Estados. asumido en la generalidad de los tratados bilaterales suscritos en el mundo para evitar la doble tributación. Dichos métodos son principalmente la exención de la renta y el crédito impositivo equivalente al impuesto pagado al otro Estado. porque evitan exceder la carga tributaria soportable. las normas del Convenio establecen un marco jurídico para el ejercicio del poder tributario.imposición económica. que implican la combinación del criterio general de la residencia (renta mundial). según el tipo de rentas en cuestión. del criterio de la fuente y del criterio intermedio del establecimiento permanente o base fija para los beneficios empresariales. ya que esta última no exige identidad en los contribuyentes. con subordinación a los requisitos y límites de la legislación interna. ni similitud en los impuestos concurrentes. Sobre la base de ese concepto. pero no crean tributos ni obligan a ninguno de los Estados a ejercer dicho poder. sin afectar la capacidad de pago del contribuyente. En todo caso. según modelos internacionalmente reconocidos y que han sido objeto de otros Tratados para evitar la doble tributación que se han convertido en leyes del país.
han impugnado el Convenio “de principio a fin” porque el mismo viola presuntamente las normas de los artículos 301 y 316 de la Constitución vigente. En forma congruente con los objetivos señalados del Convenio. el artículo 30. Sistema sin el cual podría fracasar el propósito del Estado Venezolano de gravar dichas rentas provenientes de la exportación de capitales de las personas naturales y jurídicas venezolanas.El Convenio establece también un sistema de “Intercambio de Información” (artículo 27) destinado a prevenir la evasión fiscal por parte de los contribuyentes de ambos Estados Contratantes y particularmente. que contribuyen con los gastos públicos de acuerdo con el nivel de los ingresos que obtienen en el país. a los efectos de propiciar modificaciones legislativas compensatorias en cualquiera de los dos Estados. gravables a partir del 1º de enero de 2001 por el Fisco Nacional. los recurrentes además. Así como también.2 del mismo establece un procedimiento para determinar “el balance de beneficios” producido por la aplicación del instrumento en ambos Estados. y los estadounidenses. Estos mecanismos contradicen la afirmación de los demandantes de que el Convenio crea dos categorías de contribuyentes. porque “Es obvio que el principio de justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente se vulnera cuando se crean en el ámbito territorial de la República dos categorías de contribuyentes: los venezolanos. para apoyar a la Administración Tributaria de Venezuela en la aplicación del nuevo criterio de “renta mundial”. orientadas a corregir desbalances que afecten la justicia tributaria interna e internacional en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. referente principalmente a las rentas externas de los residentes y domiciliados en Venezuela. C) En el presente caso. ya que persiguen que “la inversión extranjera esté sujeta en Venezuela a condiciones diferentes y menos gravosas de las que rigen para la inversión nacional”. siendo una desproporcionada sobre los venezolanos. quienes dejan de cancelar la totalidad o
por causa únicamente de las rentas de fuente venezolana. mientras que las personas o empresas estadounidenses que obtienen los ingresos causados en nuestro país no contribuyen de manera proporcional a las cargas indispensables para mantener el funcionamiento de los poderes públicos que en parte hace posible la obtención de dichas ganancias”. como ya se apuntó. En el mismo sentido. En el primer supuesto se atribuye al Estado de la residencia (al cual pertenezca la empresa) la imposición exclusiva de los beneficios de la operación de buques y de aeronaves en tráfico internacional. 11 (Intereses) y 12 (Regalías). se divide o comparte la imposición entre el Estado de la residencia y el Estado de la fuente y la atribución de la imposición residual al Estado de la residencia. En especial. demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 8 (Transporte Marítimo y Aéreo). En los demás supuestos. 10 (Dividendos). contenidos en el Convenio. La posición sostenida por los recurrentes. Las cargas públicas recaen así de manera desproporcionada sobre las personas o empresas venezolanas. mira la moneda por un solo lado e ignora el otro. Lo anterior es complementado con algunas exenciones a ciertas categorías de sujetos públicos y con disposiciones de no sujeción de determinadas rentas destinadas a precisar la competencia de gravar de ambos Estados Contratantes. sin tener en cuenta que la ley de Impuesto Sobre la Renta de 1999.gran parte de los tributos que deben de acuerdo con nuestras leyes tributarias por las rentas o beneficios obtenidos en Venezuela. porque hace caso omiso del aspecto internacional de la justicia tributaria. cuyos argumentos solo se refieren a las consideraciones antes reseñadas. también grava la renta mundial de los residentes y domiciliados en Venezuela. para circunscribirse en su aspecto interno. con una simple comparación de lo que supuestamente pagarían los Venezolanos y los estadounidenses (sic) por concepto de Impuesto Sobre la Renta al Estado Venezolano. supuesto
. los recurrentes parecen partir de la premisa errada de que el sistema tributario venezolano vigente sólo grava las rentas obtenidas en el territorio nacional. según las normas del Convenio. la cual incluye las rentas obtenidas en el territorio de los Estados Unidos de América.
antes expuestos. como lo hacen los accionantes. desfiguran los objetivos del Convenio y del conjunto de principios destinados a evitar la doble imposición internacional. y el modo de solución de este desbalance serían los
. para buscar el equitativo reparto de los tributos sin descuidar la concepción integral (nacional e internacional) de las cargas individuales de los contribuyentes de los dos países. al mismo tiempo que procura limitar la carga tributaria de los contribuyentes de Venezuela y Estados Unidos relacionados con el intercambio económico internacional entre ambos países. Desde luego que si. que implican renunciar al gravamen de ciertas rentas y autolimitar el gravamen de otras.en el cual dichos residentes y domiciliados tendrían frente al Fisco de los Estados Unidos las mismas garantías que acuerda el Convenio a los residentes y nacionales de ese país norteamericano en Venezuela. con respecto a las rentas derivadas de los capitales exportados por los venezolanos. acuerda una distribución del ejercicio del poder soberano de imposición de ambos Estados sobre las rentas de esos contribuyentes. no son alcanzados los objetivos del Convenio y se llega a producir un desbalance en los beneficios. como claramente surge de los numerales 2 y 3 de los artículos 11 y 12 del Convenio. al mismo tiempo que niegan la ampliación potencial de la recaudación fiscal a la cual coadyuva el Convenio. Al hacer un enfoque unilateral de la cuestión. Pero ello dependería de la ejecución del Convenio y no de la compatibilidad abstracta de sus normas con la Constitución Venezolana. por la desigual recaudación de impuestos entre rentas territoriales y no territoriales. Desatienden también los recurrentes que el Convenio. desfavorable al país. entonces podría haber una injusta y desigual distribución de las Cargas Públicas entre los residentes y domiciliados en Venezuela. en la práctica. puesto que se trata de un tratamiento recíproco en ambos países. así como también una inequitativa distribución de la participación en la imposición de ambas naciones. mediante el cual dichos Estados hacen mutuas concesiones. en aras de la justicia económica entre naciones.
Pero considera la Sala útil analizar las supuesta infracciones también en relación con el artículo 301 constitucional. así como también las vías legislativas compensatorias autorizadas por el mismo Convenio. sino principalmente por desconocer los objetivos del Convenio y los principios recogidos en el Derecho Internacional. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. sin que sea admisible un enfoque
. No se podrá otorgar a personas. que comprenda los aspectos interno e internacional de la justicia tributaria. la conformidad constitucional de las normas del Convenio denunciadas tiene que ser apreciada en una visión integral. cuando expresan que las normas del Convenio violan “de principio a fin” los principios y normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expresa el artículo 301 citado: “El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. la contradicción de dichos artículos es relacionada por los actores. no sólo por la falta de precisión de esa afirmación.mecanismos propios del Derecho Internacional. destinados a evitar la doble imposición a nivel internacional y a prevenir la evasión fiscal en el tráfico jurídico y económico que traspasa las fronteras nacionales. Como se ha dicho precedentemente en este fallo. Las consideraciones generales expuestas. a pesar que con relación a la denunciada inconstitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Convenio. conducen a desechar la denuncia genérica que hacen los recurrentes. D) Con atención de esas mismas consideraciones antes expuestas. pasa esta Sala a analizar si las normas del Convenio denunciadas por los recurrentes violan las disposiciones de los artículos 301 y 316 de la Constitución. con el artículo 316. empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales.
porque no otorgan a los sujetos jurídicos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. la imposición de las rentas de operaciones en tráfico internacional. sino de un principio de
. el artículo 8 del Convenio asigna exclusivamente al Estado de la residencia de la empresa que explota el buque o aeronave. Con esa visión integral. Por lo que respecta al “Transporte Marítimo y Aéreo”. estarán exentos de impuestos en el otro Estado Contratante”. con poca variación.unilateral en la cuestión planteada. cuando el tráfico internacional sea con Estados Unidos. No se trata entonces de un régimen que beneficie especialmente a los sujetos extranjeros que exploten esa actividad del transporte marítimo y aéreo de tráfico internacional. debido a que sus rentas tienen conexión con muchos países. razón por la cual las rentas de operaciones respectivas de las empresas explotadas por residentes o domiciliados en el país sólo serán imponibles en Venezuela. 11 y 12 del Convenio no violan la norma del artículo 301 constitucional. Este tratamiento fiscal es recíproco entre ambos Estados. lo cual incluye el transporte interno accesorio a ese tráfico. Este tratamiento fiscal es substancialmente el mismo que acuerda a dicha actividad el Convenio de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Tributación con respecto al Transporte Marítimo y Aéreo. obtenidos por una empresa de un Estado Contratante. ni se viola el principio de igualdad de tratamiento de las inversiones extranjeras y nacionales. Según este Convenio precedente “los beneficios e ingresos derivados de la operación internacional de naves y aeronaves. como ya se dijo. esta Sala estima que las normas de los artículos 8. a fin de evitar la múltiple imposición que podría afectar al transporte internacional. publicado el 19 de julio de 1988. Lo cual recoge el tratamiento universal que se da a esa actividad. 10. por encima del principio territorial que algunos países conservan en sus legislaciones tributarias.
Así. 11 y 12 del Convenio (Dividendos. En cuanto a la presunta violación del artículo 316 de la Constitución. el cual aprovecha por igual a las empresas venezolanas de la materia cuando operen en tráfico internacional. Intereses y Regalías). de modo de repartir equitativamente entre el Estado de la residencia y el Estado de la fuente el ejercicio de ese poder. por las razones siguientes:
. Se persigue con ello la neutralidad internacional en el tratamiento de las inversiones y no crear privilegios a favor de inversionistas nacionales o extranjeros. las normas respectivas acuerdan un sistema de distribución del poder de imposición sobre esas rentas específicas entre ambos estados. que busca preservar dicha actividad del efecto confiscatorio de la acumulación de cargas impositivas y establecer un sistema neutral en la tributación a las inversiones respectivas. contrariándose así las afirmaciones de los accionantes. esta Sala estima que las normas denunciadas del Convenio no atentan contra ella.distribución de la competencia impositiva entre Estados. cuando se trate de inversiones efectuadas en Venezuela. de igual modo que aprovecha a los residentes y nacionales de este último país cuando inviertan en Venezuela. a través del establecimiento de topes a las alícuotas de impuesto imponibles por el Estado de la fuente de las rentas y la atribución de la imponibilidad residual al Estado de la residencia del beneficio de las rentas. Por lo que respecta a los artículos 10. es compensada en forma simétrica con la ventaja de igual naturaleza y medida que obtienen los venezolanos cuando invierten en Estado Unidos. la ventaja que procura al inversionista norteamericano la limitación de la alícuota aplicable por el Estado venezolano. que asume la justicia como valor substancial del sistema tributario. Ese tratamiento fiscal uniforme en ambos Estados Contratantes es recíproco y aprovecha a los residentes y domiciliados de Venezuela cuando inviertan en Estados Unidos.
razón por la cual esa justa distribución de las cargas públicas debe realizarse no solo frente al Fisco Nacional.Expresa dicha disposición constitucional: “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o de la contribuyente. según la capacidad económica del contribuyente. como se ha dicho anteriormente. así como a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población. así como tampoco podría estarlo con los demás factores de conexión o causas de
. no se agota en la distribución de las cargas públicas entre los habitantes de Venezuela frente al Fisco Nacional. a la coexistencia armónica de las naciones. En esa disposición constitucional se evidencia el contenido múltiple de la justicia tributaria. y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos”. atendiendo al principio de progresividad. sino frente a la concurrencia de los poderes soberanos de imposición de todos los Estados. Pues bien. cabe señalar que actualmente la justicia tributaria no está identificada con el principio territorial. la existencia de un sistema eficiente de recaudación que permita al Estado financiar los gastos públicos e impedir la injusta distribución de hecho de las cargas públicas. que legítimamente pretenden exigir a sus habitantes contribuir con sus gastos. el bienestar de la población como fin último de las cargas tributarias. aunque las rentas tengan su origen fuera de sus fronteras. En el mismo sentido. la noción integral de justicia tributaria que asume la Constitución. sino que trasciende hoy en día. la protección de la economía nacional como base de la tributación. así como también. de acuerdo con la justa distribución de las cargas públicas. complementada con la progresividad y limitada con la prohibición del efecto confiscatorio de los tributos. ya que ella comprende la generalidad del deber de contribuir a los gastos públicos. por efecto de la llamada globalización económica.
sino que es la resultante de la ordenada y equitativa combinación de los diversos criterios de legitimación mencionados. los cuales son uniformes para las dos partes e inferiores a las normales de ambas legislaciones internas. se agrega que los Estados Contratantes acuerdan en esas normas denunciadas del Convenio (Intereses) beneficios fiscales
. Admite la Sala que las alícuotas máximas fijadas. lo cual sólo sería determinable globalmente en el país de la residencia. cuyo máximo común se ubica en el 34% aproximadamente. De acuerdo a lo anterior. aplicables a la imposición de los dividendos. Esto se hace con el propósito final de que ambos Estados Contratantes puedan gravar al mismo tiempo esas rentas específicas sin que se exceda la carga tributaria razonable. A lo anterior. por parte del Estado de la fuente. en las normas impugnadas del Convenio. Ello quiere decir que las limitaciones impuestas deben prever que dichos ingresos y regalías. del enriquecimiento o renta neta gravable obtenidos por esos conceptos específicos. intereses y regalías. así como también la aplicación de los gastos generales del contribuyente a la obtención de todas sus rentas. por las personas amparadas por el Convenio. que podría ser indistintamente Venezuela o Estados Unidos. los topes de imposición del Convenio para el país de la fuente deben ser necesariamente muy inferiores a la máxima alícuota de su legislación interna.legitimación para la imposición de cargas fiscales. se hace necesario señalar que las normas denunciadas del Convenio establecen topes o límites máximos a las alícuotas impositivas. están referidas a ingresos brutos recibidos y no a rentas netas obtenidas por los contribuyentes. De allí que los tratados para evitar la doble o múltiple imposición y combatir la evasión fiscal vienen a completar la ordenación para el logro de la justa distribución de las cargas públicas entre los individuos y el justo reparto de la competencia de los Estados para imponer cargas y recaudar ingresos. por esto. con el objeto de no gravar costos y gastos y de no gravar la porción de las rentas netas que corresponde gravar al Estado de la residencia.
que tiene el deber de contribuir a los gastos públicos del Estado de residencia y del Estado de la fuente de la renta en proporción a las rentas atribuibles a cada uno. sobre esas rentas. habida consideración de los importantes ingresos que perciben en territorio de los Estados Unidos de Américaciertas entidades o empresas públicas venezolanas.de exención total o parcial. Estos beneficios son particularmente significativos para el Fisco Venezolano. Se añade también que el Estado de la residencia deberá reconocer como crédito fiscal. las normas denunciadas del Convenio (artículos 11. y en particular. solo que pagadas a los dos Estados cuyos poderes impositivos concurrirían sobre las mismas rentas. las rentas por dividendos. según las limitaciones de la legislación interna. intereses y regalías se acumularían en dicha renta global y serían objeto de alícuotas gradualmente progresivas similares en el Estado de la residencia del contribuyente. con la finalidad de que esas rentas exentas únicamente puedan ser gravadas por el Estado de pertenencia de esos sujetos. con una visión bilateral de la capacidad económica del sujeto. sino que soportarían cargas equiparables. Por consiguiente. puesto que es un hecho ampliamente difundido que tanto la legislación venezolana como la legislación de los Estados Unidos relativas al Impuesto Sobre la Renta contienen tarifas progresivas para gravar la renta global de los contribuyentes. porque esa distribución de cargas se hace frente a las necesidades de ingreso y poderes impositivos de ambos Estados Contratantes. a favor de entes públicos y empresas del Estado pertenecientes a los mismos. De manera que ni los residentes de Venezuela ni los residentes de Estados Unidos pagarían menos impuestos. el impuesto pagado al Estado de la fuente por el contribuyente. Por supuesto que un funcionamiento deficiente de los
. Tampoco atentan contra el principio de la progresividad. 11 A y 12) no atentan contra el principio constitucional de la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica de los contribuyentes. uniformes y recíprocos. ya fuera Estados Unidos o Venezuela.
mecanismos recaudatorios y la insuficiente operatividad de las administraciones tributarias podrían impedir o dificultar el logro de los objetivos del sistema del Convenio. La organización y administración nacional de la justicia. y así se declara. cuando prevé en su numeral 1 del artículo 26. y los límites temporales previstos en dicho derecho para presentar reclamos para reembolso podrá someter su caso a la autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes. a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. VII NULIDAD DEL ARTICULO 26 DEL CONVENIO Por último. como se dijo con anterioridad. con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de estos Estados. se esforzará en resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante.Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes resultan o resultarán para ella en una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio. Siempre que se haya interrumpido la prescripción de conformidad con las medidas
. lo siguiente: “ARTICULO 26 Procedimiento de Acuerdo Mutuo 1. del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo”. señalan los recurrentes que el Convenio viola el numeral 31 del artículo 156 de la Constitución que señala que “(e)s de la competencia del Poder Público Nacional: 31. La autoridad competente. 2. pero ello estaría en el ámbito de la ejecución del mismo y no en la constitucionalidad de sus normas. si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria.
mediante la cual órganos legalmente considerados dirimen conflictos utilizando procedimientos prevenidos en las leyes. créditos o asignaciones entre personas. Entre las funciones de la soberanía del Estado. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los parágrafos anteriores”(Resaltado de esta Sala). 3. se encuentra la jurisdiccional. deducciones. c) la misma caracterización de elementos particulares de renta. y g) la aplicación de las disposiciones del derecho interno en relación con las multas e intereses de manera consistente con los fines del Convenio. cualquier acuerdo deberá ser implementado y cumplido. créditos o asignaciones de una empresa de un Estado Contratante para su establecimiento permanente situado en el otro Estado Contratante. En particular.designadas por el derecho interno. no obstante los límites de tiempo u otras limitaciones de procedimiento en el derecho interno de los Estados Contratantes. d) la misma aplicación de las reglas de las fuentes de la renta a elementos particulares de renta. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se esforzarán en resolver de mutuo acuerdo las dificultades o dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio. y hacen ejecutar sus sentencias. f) aumentos de cualquier cantidad específica referida en el Convenio para reflejar los desarrollos económicos o monetarios. e) un significado común de un término. 4. lográndose así la tutela efectiva a que se
. b) la misma asignación de renta. las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden acordar: a) la misma asignación de renta. deducciones.
podría interpretarse. por órganos jurisdiccionales extranjeros o por árbitros. cuando se trate de controversias sobre inmuebles situados en el territorio de la República. o 51 del Código Orgánico Procesal Penal. La función jurisdiccional se adelanta mediante el Poder Judicial y los medios alternativos de justicia. o si lo litigado interesa al orden público o a las buenas costumbres. la cual se ejerce tanto por el Poder Judicial como por la justicia alternativa. numerales 31 y 32) que mediante leyes van organizando la función jurisdiccional con la atribución de competencias. la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. quienes conocerán los asuntos que la ley les señala. de la lectura del artículo 2 antes señalado. La organización legal de la función jurisdiccional determina la jurisdicción venezolana (artículos 2 y 53 del Código de Procedimiento Civil. Tal prohibición de derogar la jurisdicción venezolana a favor de una extranjera. y la creación o reconocimiento de sistemas alternativos de justicia. también forman parte de la jurisdicción. Tanto la organización y administración nacional de la justicia. si ellas versan sobre bienes inmuebles situados en Venezuela.refiere el artículo 26 constitucional. que puede ser derogada legalmente. se colige que ni siquiera la ley puede derogar la jurisdicción venezolana para que las controversias se resuelvan en el exterior. Esta última no puede derogar convencionalmente la jurisdicción venezolana. la conciliación. en los supuestos del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. siempre que realicen la justicia mediante un proceso legalmente contemplado o permitido. sin embargo. El arbitraje. como parte de los medios alternativos. o sobre materias que interesen al orden público o a las buenas costumbres. como la legislación procesal son competencias del Poder Nacional (artículo 156 constitucional. ya que el citado artículo 2 expresa que en los demás
. y por ende del poder jurisdiccional. por argumento a contrario. por ejemplo).
creado por la Ley Aprobatoria del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. organismos internacionales o nacionales de otros países. es donde se aplicarán los tratados y convenciones internacionales suscritos por Venezuela. la justicia alternativa (arbitral).casos distintos a aquellos donde la prórroga de la jurisdicción está prohibida. tales como -por ejemplo. jurisdiccionales o arbitrales. la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Gaceta Oficial Nº 36519 del 18 de agosto de 1998). Por su parte. Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la República (artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal). como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. que la ley remita a tribunales. según lo establecido en el Código Penal y los Tratados. o con árbitros de otros países. o entre nacionales (venezolanos) y entes o nacionales de otros Estados. pueden dirimir válidamente conflictos que pertenecen o donde está interesada la jurisdicción venezolana. o la Ley Aprobatoria del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos (Gaceta Oficial Nº 35269 del 6 de agosto de 1993). o la sección quinta de la Ley Aprobatoria de la Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. siempre que la ley así lo determine. contempla la jurisdicción venezolana. la cual ha permitido que el Poder Legislativo dictare leyes aprobatorias a acuerdos bilaterales para la protección de inversiones recíprocas entre Estados. o los Tratados para la Protección de Inversiones convertidos en leyes venezolanas. la solución de conflictos entre nacionales (personas naturales o jurídicas venezolanas). el Código Orgánico Procesal Penal para el proceso penal.la Convención sobre el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. tal como lo contempla la Ley de Arbitraje Comercial. Así. con sede en otros países. de los cuales son ejemplos. Estas disposiciones permiten. y con las limitaciones que ella misma
los fallos que se dicten por esos organismos. prevenida en la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre
. y los órganos de composición referidos. ratificado el 31 de octubre de ese mismo año. y que no llegaran a ser resueltos amigablemente por las partes contratantes (lo que de nuevo abre la puerta de conciliación extraprocesal como parte del sistema de justicia). en los contratos de interés público. como se desprende de los artículos 48 y 49 de la Ley de Arbitraje Comercial. Igualmente. a pesar de las normas señaladas. también contemplados en las leyes venezolanas. se refieren a materias donde pueden participar particulares. por lo que en esta área. Así. si no fuese improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos. y la Corte Internacional de Justicia emitirá fallos ejecutables (artículo 61. por mandato constitucional (artículo 151). y ante el supuesto del artículo 151 se excluye la función jurisdiccional alternativa. son ejecutables en el país. el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. o entre éstos y órganos estadales públicos. con aprobación legislativa del Congreso del 24 de septiembre de 1945. o del artículo 54 de la Ley Aprobatoria sobre la Convención para el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Tratándose de actos jurisdiccionales. La solución de controversias por las vías señaladas. las dudas y controversias que pudieren suscitarse sobre dichos contratos. o del 2 de la Ley Aprobatoria del Tratado de Creación del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Andina. producto de Tratados Internacionales. prevé que dicho órgano está destinado a dirimir litigios entre Estados (artículo 34). la Corte Interamericana de Derechos Humanos. son distintos a aquellos creados para la solución exclusiva de conflictos internacionales entre Estados. Sin embargo. que hasta se hable del proceso transnacional.establezca. a veces sin necesidad de legalización o de exequátur. serán decididas por los tribunales competentes de la República.3 que se refiere al cumplimiento de los mismos). De allí.
fue creada para que sólo los Estados Partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 61) puedan actuar ante ella. o entre éstos y organismos estadales
. estos últimos en todos sus variantes) que produzcan actos jurisdiccionales ejecutables en el país. por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la nación. deberán ser aplicados por todos los órganos (ordinarios o alternativos. ellos. Venezuela acepta que Tribunales jurisdiccionales o arbitrales situados fuera del país. En consecuencia.Derechos Humanos (Pacto de San José). y a la protección de la Constitución. imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. así se trate de una justicia alternativa de equidad (artículo 334 constitucional que no hace diferencias). como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. los Tribunales que ejercen la jurisdicción venezolana así sean parte de la justicia alternativa en la forma señalada. y en ese sentido. También es un órgano destinado a dirimir problemas entre Estados el Comité de Derechos Humanos contemplado en el artículo 28 y siguientes de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. por lo que las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales. velará porque todos los órganos jurisdiccionales interpreten uniformemente y apliquen la Constitución. por inconstitucionales. se harán inejecutables. administren justicia en determinadas áreas. y producirá fallos ejecutables (artículo 68-2 de la citada Ley Aprobatoria). Con relación a los órganos de justicia internacional. Ahora bien. Caso de no ser así y no adaptarse al sistema constitucional venezolano. el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. y como máximo y último intérprete de la Constitución. que resuelven conflictos entre Estados.
Congruente con este concepto se encuentra el último aparte del artículo 31 constitucional. literal I. sus sentencias para ser reconocidas y acatadas en el ámbito interno. el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) (artículo 3. deben estar garantizados en los países signatarios con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales. En consecuencia. ya que de ser así atentaría contra la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. otorgado por organismos internacionales competentes. numeral 1. la Sala colige que él instaura un mecanismo de naturaleza administrativa y no en ninguna forma jurisdiccional. no pueden violar en ninguna forma ni las normas constitucionales venezolanas. el Secretario del Tesoro. de las Definiciones Generales). contradictorio con el numeral 31 del artículo 156 constitucional. reconoce que los derechos y libertades mencionados en dicha Convención. pasa esta Sala a analizar el artículo 26 del Convenio. porque no se trata de la resolución de conflictos a ser conocidos por la administración de
.de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley. Dentro del orden de ideas expuestas. que al referirse al amparo a los derechos humanos. las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.de derecho internacional público. y en el caso de Venezuela. el cual antes fue transcrito en este fallo. De la lectura del artículo copiado. se trata de un procedimiento administrativo “con independencia de los recursos previstos en el Derecho Interno de estos Estados”. el citado artículo 26. ya que conforme al artículo 3 del Convenio. El artículo 2 -por ejemplo. reza: “El Estado adoptará. No resulta por lo tanto. las autoridades competentes son. ni las interpretaciones vinculantes de esta Sala. en el caso de Estados Unidos.
. la Sala. por la justicia alternativa de naturaleza jurisdiccional. y todo el artículo. no siendo las reclamaciones del artículo 26 de tal naturaleza. los cuales -como lo apuntó la Sala. aisladamente. En el caso de autos. como coadyuvantes con la validez de la ley impugnada. en base al criterio señalado. así se declare inadmisible o improcedente la demanda y hayan intervenido en el proceso terceros. Así se decide. no colide con la competencia del Poder Público Nacional. y que además. no se refiere a controversias a ser conocidas por los órganos jurisdiccionales. particulares. y así se decide. Los accionantes solicitaron la nulidad del primer numeral del artículo 26. les reconoce el valor cívico. esta Sala declara sin lugar el presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad. de organizar la administración de justicia. Por los motivos expuestos en este fallo.pueden ser resueltos en los casos señalados en la Ley. además de exonerar de costas a los actores. VIII COSTAS Esta Sala reitera que en las acciones de nulidad por inconstitucionalidad no hay condena en costas. ya que el numeral impugnado.justicia. el cual no puede leerse fuera del contexto de los otros numerales de dicha norma. de obrar en beneficio del interés público. así el fallo les resulte desfavorable.
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 artículo 8
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 artículo 316
 artículo 301
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 artículo 156
 artículo 11
 artículo 316
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 69
 artículo 26
 artículo 156
 artículo 155
 artículo 11
 artículo 156
e contrario
 artículo 429
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 artículo 122
 artículo 113
 artículo 429
 artículo 185
 artículo 429
 artículo 429
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