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Timestamp: 2017-10-17 20:30:50+00:00

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LIBROS EN DERECHO: EL ARRAIGO DOMICILIARIO DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL TEORÍA Y PRÁCTICA
EL ARRAIGO DOMICILIARIO DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL TEORÍA Y PRÁCTICA
1 Libro. Autor José Luis Embris Vásquez Editor Flores
Uno de los dilemas más comunes es el camino de la vida personal e institucional es la “coherencia de las acciones”
Se puede predicar con grandilocuentes discursos, pero estos serán palabras vacías si en la práctica se hace todo lo contrario
En efecto, podemos pregonar a todos los vientos la construcción de un estado de derecho sustentado en la “justicia”
Pero si en la práctica sólo se observan detenciones infundadas, poca investigación para el esclarecimiento de los delitos, una enorme impunidad y condena de inocentes, entonces los hechos nos aproximan más a un estado autoritario contrapuesto al pregonado
En materia penal en México no se predica con el ejemplo, ello pese a que desde el Constituyente de Querétaro se hablaba de una revolución procesal y de la protección de la libertad como máximo baluarte
Pero, con el tiempo las prácticas procesales estuvieron marcadas por la falta de claridad sobre el significado del cuerpo del delito y, por ende, de las pruebas para acreditarlo, las cuales eran necesarias para dictar el auto de formal prisión al probable responsable de la comisión del delito
Esta tendencia se intentó corregir con la reforma de 1993 – 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación procesal, se sustituyó el cuerpo delito por los elementos del tipo penal y, sobre todo, se requirió que tanto éstos como la responsabilidad penal estuvieran plenamente acreditados para librar la orden de aprehensión y dictar el auto de formal prisión
Sin embargo, el grado probatorio era tan alto que cinco años después se dio marcha atrás y se volvió al viejo concepto de cuerpo del delito, el cual se definió en la legislación procesal y, sobretodo, se redujo el grado probatorio
Aun así los resultados no han sido los esperados y se ha buscado en el proceso penal acusatorio las soluciones a los problemas de inseguridad e injusticia
Es cierto, entre los principios fundamentales del proceso penal acusatorio se encuentra el de libertad y el de presunción de inocencia, lo cual implica que al vincular a proceso al probable responsable, debe ser tratado como inocente y, por tanto, se deben dictar medidas cautelares que le permitan gozar de libertad mientras enfrenta el proceso
Una de las medidas cautelares que más se acercaría al ideal antes expuesto es el “arraigo domiciliario” figura que surgió en 1983 como una extraordinaria alternativa para evitar el ingreso del presunto responsable al centro penitenciario, con todos los graves inconvenientes que ello supone y de alguna manera minimizar al máximo la restricción de garantías
El tiempo fue deformando aquella innovadora figura, se amplió su duración y se extendió a las llamadas casas de seguridad y posteriormente centros de arraigo
La mutuación de una figura noble en un verdadero monstruo ha quedado documentada en el informe del año 2010 del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Si ya con lo anterior se pueden constatar los contrasentidos de las garantías con dicha medida cautelar, ahora qué decir del ¿arraigo domiciliario de un testigo previsto en el Código de Procedimientos Penales Estado de México desde Marzo del año 2000?
Así, la pregunta es ¿el arraigo se incluye en la Constitución para proteger a la garantía o para legalizar su restricción?
Esta y muchas otras incógnitas son resueltas en este extraordinario trabajo que tengo el honor de prologar, el cual se convertirá en una obra de referencia obligada para quien desee conocer a profundidad los antecedentes, fundamentos y sobre todo, proyección práctica del arraigo domiciliario, pues el Dr. En D. José Luis Embres Vázquez no sólo es un extraordinario conocedor de la materia penal y procesal penal sino también ¡es un juzgador que lucha a diario por hacer valer todos los principios del Estado Social y Democrático de Derecho!
Profesor h.c. Dres Enrique Díaz – Aranda
Investigador titular del IIJ de la UNAM
La institución del arraigo domiciliario en materia penal fue incorporada al Código Federal de Procedimientos Penales como parte de las reformas promulgadas en diciembre de 1983, siendo Presidente de la República Mexicana el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, dentro de cuya exposición de motivos, concretamente en el epígrafe relativo a las providencias cautelares, se subraya la necesidad de que en la actividad investigadora, se defina la implementación de medidas cautelares de carácter personal y patrimonial tendientes a asegurar la debida marcha de la averiguación para lograr éxito en el ejercicio de la acción penal
La misma exposición de motivos, sostiene la apremiante adopción de estas medidas ante la posibilidad de que los responsables de un delito se sustraigan a la acción de la justicia, problemática ante la cual la autoridad investigadora carece de atribuciones suficientes para hacerle frente de manera adecuada y legal
Esta “innovación procesal” con gran prontitud fue blanco de reformas que fueron extendiendo los efectos de la medida de cautela restrictiva de la libertad a delitos graves
A lo largo de su existencia en el sistema jurídico mexicano, ha sido centro de ataque de la comunidad jurídica y de la sociedad en general, por ser una restricción de la libertad personal de un gobernado cuyos fines no convencen; erigiéndose sin duda, como un tópico álgido que ha originado gran polémica en el foro y en la praxis judicial e indagatoria, porque se advierte como una detención para investigar, actividades de indagación propias de un sistema despótico y totalitario; cuando la influencia nacional e internacional en pro de la salvaguarda de los derechos exigen precisamente lo contrario: investigar para detener
El lugar donde debe de permanecer el sujeto a quien se dirige el arraigo (lugar de la ejecución), de igual manera se apuntala como un dato inadmisible procedimentalmente hablando, otro centro de ataque de esta medida de cautela, ya que atentando contra su denominación (domiciliario), por prácticas indagatorias y a partir del discurso oficial que pretende justificar razones de seguridad, de facto no se ha llevado a cabo en el domicilio particular del indiciado, sino en casas –denominadas de seguridad- creadas ex profeso para tal efecto por las Procuradurías Federal o Estatales
En diversa taxativa, si de suyo es polémico el arraigo domiciliario del indiciado, con mayor razón lo es de un testigo, situación que posibilitan algunas legislaciones procesales como el caso del estado de México (el Código de Procedimientos Penales publicado en el mes de marzo del año 2000)
Factores como los resultados con anterioridad, constituyen la fuente para hacer algunas reflexiones sobre este instrumento de cautela, frente al cual, con la reforma constitucional publicada en el DOF el 18 de Junio de 2008, se eleva a la categoría de garantía individual
La elevación del arraigo domiciliario en materia penal a la categoría de figura procedimental constitucional en México, no fue una tarea legislativa sencilla –nota al pie-, ya que existieron posturas en contra de argumentos dignos de ser tomados en consideración; dentro de los opositores sobresalen los argumentos del Senador Ricardo Monreal, que en el debate dado en la cámara Revisora –nota al pie de página-, se apoya en que no se debe olvidar que el arraigo ya fue declarado inconstitucional; por tanto, la propuesta contiene una serie de extremos contrarios en su sentido al resto del texto constitucional, pugnando porque esta figura sea vista como una detención arbitraria
De igual manera, una actitud reacia es la adoptada por el senador Pablo Gómez Álvarez –nota de pie de página-, que debate el planteamiento de la propuesta de reforma, calificando a ésta figura como sin debido proceso, sin derecho de defensa, por mantener incomunicado al arraigado
Finalmente, el proyecto de reforma fue aprobado por mayoría y el arraigo quedó elevado a la categoría de una práctica constitucional, justificándolo con un argumento contextual como parte de un todo: la reforma penal del 18 de junio de 2008, de la que emerge un modelo garantista, de corte acusatorio, apoyando en la oralidad de los juicios penales
No se soslaya que parte de los motivos que permitieron que el Constituyente Permanente en México le diera el rango de constitucional al arraigo domiciliario, la gran polémica que éste ha presentado en el foro, las constantes presiones de las Comisiones de Derechos Humanos; pero sin duda, también encuentra antecedentes directos en los criterios discrepantes de la autoridad federal que formaron jurisprudencia en el sentido de que esta medida se consideró con afectación a la libertad personal mientras que otra jurisprudencia estimó que no afecta esta libertad, lo que originó la contradicción de tesis, misma que fue denunciada por el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviéndose en el sentido de que el arraigo domiciliario si afecta la libertad personal –nota al pie de la página-
Más aún, en el contexto nacional, específicamente en el estado de Chihuahua, nacen las acciones de inconstitucionalidad de donde se advierte que la SCJN resuelve en el sentido de que: el artículo 122 bis del Código de procedimientos Penales del estado de Chihuahua (el del sistema procesal de tipo mixto tradicional), es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violar la garantía de la libertad personal
Lo expuesto hasta este momento coloca de relieve la operatividad del arraigo domiciliario en la procuración y administración de justicia mexicana previa a la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, que brinda primeramente, fin a la polémica de su constitucionalidad al darle precisamente ese rango, pero más aún, estableciendo supuestos de procedencia más específicos y concretos
La citada reforma –de acuerdo a su exposición de motivos-, reconoce que el actual sistema de justicia penal es preponderantemente inquisitorial, donde el indiciado es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, modelo que ha sido superado por la realidad, logra por lo tanto, la implementación de un sistema acusatorio con estricto respeto de los derechos fundamentales de la víctima y ofendido así como del imputado, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la característica de la oralidad, pilar sobre el cual se busca fomentar la transparencia y exigir la intervención directa del juez y todos los actos procesales
Adopta esencialmente el reconocimiento de la presunción de inocencia, máximas sobre la que se deposita el modelo procesal, sin embargo, deja entrever severas contradicciones al mismo, como la elevación a rango constitucional del arraigo
De manera particular, el constituyente Permanente considera a esta práctica como un instrumento eficaz que permitirá hacerle un frente efectivo a la delincuencia organizada; por ello, lo eleva al rango de Constitucional, reservándolo de manera exclusiva para los casos de delincuencia organizada; aquí no puede quedar al margen que el tránsito del actual modelo procesal de corte mixto tradicional con prevalencia de prácticas inquisitoriales al acusatorio, adversarial y oral va a ser ordenado y gradual, lo que implica que en la vocatio legis de ocho años que se establecen para que las legislaturas locales lleven a cabo las respectivas reformas a sus leyes secundarias, no quede un enorme vació del cómo se aplicara el arraigo, situación que se ve solucionada con él a. 11 transitorio que permite el uso de esta medida de cautela en los casos de delitos graves
Por consiguiente, la referida reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, constituyo una exigencia para que el artículo 133 bis del CFPP fuera reformado por Decreto publicado en el DOF el 23 de enero de 2009, para quedar con una redacción acorde a las nuevas reglas constitucionales; con ello se presenta la necesidad de creación de los Juzgados Especializados en materia de Arraigo, Cateos e intervenciones de Comunicación privadas, mismos que a pesar de regirse por mecanismos que exige la nueva redacción constitucional en torno al arraigo, se ven muy limitados como para ser considerados juzgados de control del fuero federal, principalmente porque a nivel Federal, la reforma constitucional no ha visto el reflejo de implementación del sistema acusatorio, adversarial y oral, aun y cuando los avances legislativos en este momento sean aceptables
Sin duda estos nuevos Juzgados Federales especializados favorecerán la transmisión de un sistema de tipo tradicional, al acusatorio, adversarial y oral en la ley procesal penal del fuero federal
Paralelamente a lo descrito con anterioridad (y algunos casos previo a la reforma constitucional) en entidades federativas como Chihuahua, estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, se implementaron reformas a sus reglas procedimentales, con un giro drástico hacia un esquema hacia un esquema procedimental de tipo acusatorio, adversarial y oral, dentro del cual se definen conceptos y características de las medidas cautelares, dándoles la importancia que en la realidad representan estos instrumentos incluyendo el arraigo domiciliario
Bajo el panorama legislativo antes referenciado, hoy en día, se advierte que al escuchar la sola expresión arraigo, comúnmente lo primero que llega a la mente es relacionarlo con un acto privativo de libertad, y concretamente pensamos en las reglas del arraigo del sistema mixto tradicional que inicia su decadencia, cuando en realidad no se ha dimensionado, que el uso racional de éste instrumento procedimental, pero con las reglas del sistema acusatorio, adversarial y oral, puede ser una excelente alternativa a la prisión preventiva que permita combatir la sobrepoblación penitenciaria (y sus efectos) derivados de su uso excesivo y con ello, reducir los altos índices de presos sin condena
Temática como la planteada en párrafos precedentes, es motivo de desarrollo en el capitulado que brinda estructura al presente libro, a lo cual se adiciona la referencia realizada de legislaciones como la española y latinoamericana en cuanto a las reglas que aplican a este instrumento de cautela, al que denominan prisión o detención domiciliaria; de la cual se resaltan los usos que en torno a él se desarrollan, como parte de la trascendencia que consigo lleva el conocer y con ello aprender de la experiencia internacional
Desde luego, por lo que respecta a las entidades federativas que han incluido en su normatividad local el esquema procedimental de tipo acusatorio, adversarial y oral, como el caso de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo león, Oaxaca y Zacatecas, se hace referencia puntual de las características que en dichos cuerpos normativos se adoptan en torno al arraigo domiciliario, lo que posibilita llegar a interesantes conclusiones
No quiero pasar por alto expresar mi más sincera gratitud al profesor H. C. Dres. Enrique Díaz Aranda, a quien además de distinguirme con su amistad, le aprecio el tiempo dedicado a la lectura de las notas preliminares del presente libro que le permitieron elaborar el prólogo con el que realiza la presentación del mismo
LAS INSTITUCIONES DEL ARRAIGO DOMICILIARIO NOCIONES GENERALES:
1.1 Introducción: 1.2 Análisis conceptual. 1.3 Marco Constitucional y Legal. 1.4 Limitaciones legales. 1.5 Clases de arraigo: 1.5.1 Atendiendo a la Materia o Especialidad de las ramas procesales del Derecho: a) Penal, b) Civil y familiar, c) Laboral, d) Mercantil 1.5.2 Atendiendo al momento en que se hace necesaria la medida: a) Prejudicial b) Judicial 1.5.3 Atendiendo a la competencia por razón de fuero: a) Común, b) Federal 1.5.4 Atendiendo a la naturaleza del delito: a) Delincuencia organizada, b) Delitos graves, c) Delitos no graves 1.5.5: Por el lugar donde debe permanecer el arraigado: Domiciliario, b) Prohibición de abandonar una demarcación 1.5.6 Por los sujetos a quienes se dirige: a) De imputado, b) De testigo 1.6 Sujetos y fin de arraigo 1.7 Jurisprudencia 1.8 Función del arraigo domiciliario frente a la pena privativa de libertad: 1.8.1 Nociones preliminares 1.8.2 Fin de la pena privativa de libertad – cuestiones doctrinarias – 1.8.3 Fin de la pena privativa de libertad en México 1.8.4 Conclusión
EL ARRAIGO DOMICILIARIO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO:
2.1 El nuevo sistema de justicia penal mexicano 2.2 Los principios procesales del sistema acusatorio 2.3 Las etapas procedimentales del sistema acusatorio 2.4 La doble sospecha de la que parte la procedencia del arraigo: 2.4.1 Sospecha de culpabilidad, 2.4.2 Sospecha de sustracción a la acción de la justicia 2.5 El arraigo en los Códigos del sistema Acusatorio: 2.5.1 Chihuahua, 2.5.2 Estado de México, 2.5.3 Morelos, 2.5.4 Nuevo león, 2.5.5 Oaxaca, 2.5.6 Zacatecas 2.6 La Indemnización
EL ARRAIGO DOMICILIARIO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:
3.1 Introducción: 3.1.1 España 3.2 El caso de la legislación Española 3.3 Argentina 3.4 Bolivia 3.5 Chile 3.6 Colombia 3.7 Costa rica 3.8 Perú 3.9 Venezuela
LA OPERATIVIDAD DEL ARRAIGO DOMICILIARIO EN LA PRAXIS JUDICIAL E INDAGATORIA:
4.1 Del contenido de las resoluciones judiciales: 4.1.1 Derecho de petición 4.1.2 Noción de resoluciones judiciales 4.2 El arraigo ante la exigencia del debido proceso: 4.1.1 derecho de petición, 4.1.2 Noción de resoluciones judiciales 4.2 El arraigo ante la exigencia del debido proceso: Operatividad del arraigo domiciliario texto legal (nivel Federal) Texto Constitucional: 4.2.1 El debido proceso, 4.2.2 El principio de fundamentación, 4.2.3 El principio de motivación 4.3 La creación de los juzgados especializados: 4.3.1 Breves antecedentes, 4.3.2 Operatividad 4.4 Solicitud de arraigo fuero federal 4.5 Resolución judicial que concede el arraigo fuero federal 4.6 resolución judicial que niega la procedencia del arraigo fuero federal 4.7 Sobreseimiento de amparo indirecto solicitado por arraigo 4.8 Solicitud de arraigo fuero común 4.9 Resolución judicial que concede el arraigo domiciliario fuero común 4.10 Resolución judicial que niega la procedencia del arraigo domiciliario fuero común 4.11 Resolución que concede la ampliación de un arraigo decretado con anterioridad 4.12 La imposición del arraigo domiciliario en el sistema acusatorio
Anexos uno: Acuerdo general 75/2008 del Pleno del Consejo de la judicatura Federal
Anexo dos: Acuerdo general 25/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el diverso acuerdo general 75/2008, por el cual se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones
Anexo tres: Acuerdo general 6/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el diverso acuerdo general 75/2008, por el que se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos, e Intervención de Comunicaciones
Anexo cuatro: Acuerdo al que se concurren los tres poderes de la unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008
Anexo quinto: Acuerdo general 23/2009 del pleno del consejo de la judicatura federal que crea el juzgado séptimo federal penal especializado en cateos arraigos e intervención de comunicaciones
ISBN 978-607-610-003-5
Autor José Luis Embris Vásquez
Publicado por alfonso javier monárrez rios en 22:02
Etiquetas: CRIMINALISTICA, CRIMINOLOGÍA CRIMINALISTICA VICTIMOLOGÍA, DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL

References: artículo 122
 artículo 133
 Resolución 
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