Source: http://www.derechoycambiosocial.com/revista005/habeas%20data.htm
Timestamp: 2018-01-23 22:06:13+00:00

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EL PROCESO DE HABEAS DATA EN EL DISEÑO DEL
Leny Palma Encalada (*)
El objetivo del presente trabajo, se orienta a precisar algunas consideraciones sobre el hoy denominado proceso de hábeas data, no tanto desde una perspectiva conceptualizadora o meramente descriptiva, sino más bien desde el punto de vista de su importancia, de su eficacia y de algunos de los problemas que conlleva la regulación de las instituciones implícitas en ella; todo ello enfocado dentro de la lógica que plantea el Código Procesal Constitucional recientemente puesto en vigencia[1].
Trascendencia del Hábeas Data a partir de los derechos constitucionales que tutela.
Conforme lo establece el Art. 200° inciso 3) de la Constitución Política de 1993, el proceso de hábeas data “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere los incisos 5 y 6, del artículo 2º, de la Constitución”.
Quepa recordar , adicionalmente, que en el texto original de la citada Constitución, también se establecía que entre los derechos susceptibles de protección, figuraban los reconocidos en el inciso 7), del referido Artículo 2°; sin embargo, bien pronto y como es de conocimiento general, se efectuaría una modificación por conducto de la Ley N° 26470, del 12 de Junio de 1995 (dicho sea de paso, la primera reforma constitucional), la misma que terminaría por excluir del ámbito de protección del hábeas data los derechos al honor, buena reputación, intimidad personal y familiar y el derecho de rectificación, los mismos que ahora forman parte de la enumeración de derechos que tutela el amparo; por lo que a la fecha el hábeas data, al menos en nuestro ordenamiento nacional y en perspectiva compartida en la mayor parte de los países latinoamericanos[2], se encuentra orientado a la protección de los derechos reconocidos en los incisos constitucionales anteriormente mencionados y que son concretamente, los relativos al derecho de acceso a la información y al derecho a la autodeterminación informativa.
Lo señalado implica, que desde la modificación constitucional antes señalada, y lo que ahora desarrolla, el artículo 61° del Código Procesal Constitucional de manera más precisa (al que luego nos referiremos) quedan superadas las deficiencias de concepción en torno de dicho proceso, sobre todo en lo que respecta a la autodeterminación informativa; siendo indiscutible que sólo son dos derechos, los que conforman el ámbito de protección tutelado por el hábeas data.
Desde la perspectiva descrita, entonces procede delimitar el contenido elemental de ambos derechos y la importancia que le es consustancial a fin de comprender de mejor manera la trascendencia y justificación en la existencia de un proceso constitucional como el hábeas data.
El derecho de acceso a la información, en primer término, puede ser entendido como aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas en el texto constitucional (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que la persona puede tener acceso a toda información que se encuentra en cualquier entidad estatal[3] y de este modo intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción, a la par que fomentaría en la ciudadanía el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.
El derecho a la autodeterminación informativa se traduce[4], por otra parte, en aquella facultad que tiene toda persona de preservar y disponer de todo dato directamente concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial, reside en que a través del mismo, no sólo se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales.
Advertida esta preliminar constatación, quepa plantearse la pregunta ¿es necesario la implementación de un mecanismo eficaz que garantice el normal desarrollo del derecho ante una posible violación o agravio del mismo frente a la posibilidad que la administración pública, pretenda reservarse la información de la que dispone como propiedad suya? o ¿si acaso, frente al llamado “poder informático” surgido como resultado de la constante evolución tecnológica e informática en la vida contemporánea, y en virtud del cual se tiene la capacidad de influir en decisiones políticas, económicas, etc., mediante el manejo de información almacenada en registros o bancos de datos, no se hace necesario implementar instrumentos que eviten la lesión de derechos fundamentales tan importantes como la intimidad, el honor o la dignidad de las personas?.
Pues una conclusión de pronto preliminar, es indudablemente la de ratificar la necesidad de contar con un mecanismo que efectivamente garantice éstos derechos. Consideramos, en otras palabras, que a través de la implementación de un proceso como el hábeas data, no sólo se puede colocar un freno a las posibilidades de agravio o a los eventuales excesos, sino contribuir decididamente al robustecimiento de libertades, como las aquí señaladas. Y así lo ha entendido el legislador en la mayoría de los ordenamientos que buscan proteger derechos fundamentales, por eso desde sus inicios, en el modelo norteamericano con el Freedom of Information Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el hábeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones, entre ellas, la peruana, muy a pesar de que dicha autonomía haya sido muchas veces criticada y haya encontrado, como veremos inmediatamente, no pocos detractores.
Cuestionamientos al hábeas data como proceso autónomo
De los cuestionamientos que se suele hacer con relación al hábeas data, el más frecuente, como acabamos de anticipar, tiene que ver con la pertinencia de mantener la existencia de este proceso constitucional dentro del ordenamiento nacional, si se le debe mantener o no como proceso autónomo, o si constituye realmente una opción suficientemente tuitiva del derecho o derechos que se busca proteger, o si por el contrario, el margen de protección que otorga es inferior al proporcionado [5] por otro tipo de procesos.
Con respecto a la pertinencia de mantener la existencia de este proceso constitucional como un proceso autónomo, se ha generado diversos debates. Así por ejemplo, un sector de la doctrina suele defender la tesis de que los derechos tutelados por el hábeas data deberían pasar al ámbito de protección del Amparo, justificado tal razonamiento en el hecho de que el hábeas data no resulta siendo otra cosa que un amparo especializado y que sus instituciones cumplen funciones similares a las de este proceso constitucional; entonces se preguntan ¿por qué y para qué crear una vía procesal específica, si por el contrario, se le podría incluir en el amparo?
Contrario sensu, otro sector de la doctrina, con el que concordamos nosotros, justifica la pertinencia del hábeas data en las finalidades específicas que le corresponden a este proceso, el cual evidentemente protege al individuo ante el inmenso y potencial riesgo en la vulneración de sus derechos a raíz del mal uso del llamado “poder informático” o ante la denominada “cultura del secreto” en las actividades públicas.
El caso es que desde la aprobación de la Constitución Brasileña de 1988, la alternativa preferida por la que se ha optado en América latina ha sido la de un progresivo reconocimiento de un medio procesal específico, como lo demuestra su incorporación en las constituciones, hoy vigentes, de Colombia (1991), Paraguay (1992) y Perú (1993); reforzándose mucho más en nuestro caso, a raíz de lo normado por el Código Procesal Constitucional.
Una muestra más de lo que venimos sosteniendo y que abona en favor de la autonomía del proceso de hábeas data, se corrobora en la diversidad bibliográfica referencia que se vienen dando al respecto, ya sea para sistematizar o reforzar dicho instrumento de protección, como en el caso del distinguido jurista argentino Nestor Pedro Sagües, quien incluso nos proporciona una interesante tipología de modalidades o variantes[6], estructuradas a partir de los objetivos específicos de este proceso.
Tipos de Hábeas Data. Viabilidad de su Reforzamiento como Proceso Autónomo.
Justamente tomando como referente la clasificación doctrinal mencionada y sobre la base de los alcances que incorpora nuestro Código Procesal Constitucional; creemos que la jurisprudencia peruana, tras la entrada en vigencia de dicho instrumento normativo, podría recoger un abanico de opciones como ya ocurrió en otro momento, con la clasificación que se dio al hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional[7] y que ha sido posteriormente corroborada a través de múltiples sentencias.
En tal sentido podría hablarse en primer término del Hábeas Data Informativo, que sería aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante y que en un inicio le fuera denegada; es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del artículo 61° del Código Procesal Constitucional. De acuerdo con el mismo Sagües, este tipo de hábeas data presentaría los siguientes subtipos: exhibitorio, previsto para conocer qué se registró; finalista, destinado a determinar para qué y para quién se realizó el registro; y autorial, para averiguar quién obtuvo los datos incluidos en el registro.
El Hábeas Data Aditivo, por su parte, sería aquella variante, que buscaría agregar más datos a aquellos que ya figuran en el registro. Esta adición podría consistir en una actualización del dato (subtipo actualizador) o en una inclusión o incorporación de alguno que no fue registrado (subtipo inclusivo). En este caso, el hábeas data serviría para proteger dos de los aspectos de la autodeterminación informativa (actualización e inclusión de datos), y que en nuestro ordenamiento jurídico están previstos en el inciso 2) del acotado artículo 61° del Código.
El Hábeas Data Rectificador o Correctivo, estaría encaminado a proteger otro de los aspectos de la autodeterminación informativa, a saber, la rectificación o corrección de datos inexactos, falsos o erróneos que se registran sobre la persona, y que por su propia naturaleza podrían vulnerar otros derechos constitucionales.
Por otro lado, el Hábeas Data Reservador, tendría por finalidad asegurar que un dato sensible[8] o privado que involucre otros derechos constitucionales, no sea proporcionado a cualquier persona, sino únicamente a quienes estén legalmente autorizados para ello. Como se observa, lo que se estaría protegiendo con este tipo de hábeas data sería la confidencialidad de ciertas informaciones.[9]
Por último, el Hábeas Data Exclutorio o Cancelatorio estaría destinado para la eliminación o exclusión de aquellos datos que razonablemente hablando, no debieran estar registrados, por constituir de alguna forma afectaciones a la vigencia y eficacia de otros derechos constitucionales.
Aciertos del Código Procesal Constitucional en la regulación del hábeas data. Diferencias con la Ley N° 26301.
Si bien en nuestro medio, el hábeas data resulta siendo un mecanismo procesal relativamente nuevo al haber sido recién incorporado con la Constitución de 1993; la primera regulación otorgada sobre tal proceso y que la encontramos en la Ley N° 26301, resultó bastante precaria, poniendo bien pronto de manifiesto, sus notorias insuficiencias y evidentes limitaciones en comparación con modelos semejantes a nivel del derecho comparado.
El Código Procesal Constitucional procura llenar el vacío, desarrollando y sistematizando de mejor manera este proceso, sobre todo en lo que respecta a los contenidos de los derechos que protege, proyectándose de esta forma como un instrumento de protección integral de los derechos que resguarda.
En este sentido, una primera mejora que incorpora el Código con respecto a este proceso, es la de desarrollar de mejor manera el inciso 6) del artículo segundo de la Constitución, habida cuenta que si se hiciera una interpretación literal del mismo precepto, pareciera que por autodeterminación informativa pudiera sólo entenderse la posibilidad de que el titular del derecho se oponga a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, suministren informaciones que afecten su intimidad personal y familiar, no considerándose en cambio los de actualizar, rectificar, suprimir o incluir datos.
Justamente para evitar confusiones e integrar el derecho referido, el Tribunal Constitucional ya se había anticipado en similar derrotero mediante su sentencia recaída en el Exp. N° 666-1996-HD/TC. En dicho pronunciamiento ha precisado los alcances de esta norma, extendiendo el derecho referido hacia los aspectos a los que hoy precisamente se refiere el inciso 2) del artículo 61° del Código Procesal Constitucional, vale decir a los de conocer, actualizar, incluir, y suprimir o rectificar la información o datos referidos a la persona, así como suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales.
Cabe además resaltar, que este dispositivo del Código ya no sólo se refiere a que esos datos puedan afectar la intimidad personal o familiar únicamente, sino que va mucho más allá, y establece que la persona puede acudir a dicho proceso cuando esos datos afecten “derechos constitucionales”. Como se observa, el ámbito de protección resulta más amplio, y esto nos parece valedero, por cuanto con un dato inexacto que se haya registrado sobre una persona, no solo se podría vulnerar su intimidad personal y familiar, sino que también podría contravenirse su derecho al honor, a la imagen, a la no discriminación o en fin, a la igualdad, entre muchos otros.
Otro aspecto sobre el que habría que puntualizar elementos meritorios en el nuevo modelo procesal tiene que ver con los llamados requisitos de procedibilidad. En efecto, a diferencia de la actual legislación (Ley N° 26301) el Código elimina la indebidamente denominada “vía previa” según la cual se exigía que para interponer la demanda de hábeas data, la persona que reclamaba el derecho, previamente debía haber cursado carta notarial con una antelación no menor a 15 días. Ahora, el Código, ya no habla de “vía previa”, sino de “requisito especial de la demanda” (artículo 62°); por otra parte ya no se exige el requerimiento por conducto notarial, sino que únicamente se establece la necesidad de contar con un “documento de fecha cierta” que acredite el reclamo del derecho; por ejemplo, el haber solicitado a una entidad pública determinada información.
Se precisa además, que “…excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir daño irreparable…” caso en el cual el demandante deberá acreditarlo; lo que evidentemente también nos parece positivo, habida cuenta que muchas veces por la urgencia de amparar el derecho no se nos hace posible cumplir con requisitos como éstos, ya que cabe la posibilidad de que ante la reclamación formulada y la tramitación de requisitos preliminares, pueda tornarse ineficaz lo solicitado o generarse irreparabilidad en el derecho invocado. Por otro lado, dice además el Código, que a parte del requisito del documento de fecha cierta “no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir”, lo que no hace sino ratificar el temperamento por eliminar el ya conocido argumento del reclamo administrativo preliminar.
Como se observa, la lógica del Código es pues la de facilitar y fomentar el acceso a la justicia en los casos en se vulnere el derecho de acceso a la información o a la autodeterminación informativa, haciendo del hábeas data un proceso eficaz e idóneo para los fines con los que fue establecido.
Resulta importante puntualizar, dentro de la lógica planteada por el artículo 62° del Código, que de alguna forma se le estaría dando mayor relevancia al derecho de autodeterminación informativa que al derecho de acceso a la información. Esto último, en tanto se dispone que para la procedencia del hábeas data, una vez que el demandante haya reclamado por documento de fecha cierta el respeto de sus derechos, el demandado “… no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o dentro de los 2 días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2° inciso 6) de la Constitución”. Como se advierte, el plazo de falta de contestación por parte del demandado ante el reclamo del derecho a la autodeterminación informativa, a fin de que proceda el hábeas data, es menor en 8 días que para el de acceso a la información. Y esto responde naturalmente a que cuando se vulnera alguno de los aspectos de la autodeterminación informativa, colateralmente se pone en juego otros derechos fundamentales de la persona como la intimidad por ejemplo, en cuyo caso la demora de la contestación de la solicitud en un plazo mayor, podría convertir en irreparable el derecho. Por consiguiente, creemos que éste también representa un acierto por parte del Código.
Otro aspecto que trae como novedad el Código con respecto a la Ley N° 26301, es el referido al patrocinio facultativo del Abogado. En efecto, la ya derogada legislación en esta materia, exigía como requisito formal de la demanda el necesario patrocinio del Abogado, lo cual generaba muchas veces que el quejoso considerara como obstáculo dicha imposición a los efectos de interponer su demanda correspondiente. El Código elimina en definitiva este requisito y dispone en su artículo 65° el patrocinio de abogado con carácter facultativo.
Como se advierte, los cambios mencionados pretenden eliminar las barreras que pudieran existir para acudir al hábeas data en aquellos casos que se estime pertinente, y antes bien, hacer atractivo el proceso en procura del resguardo de derechos constitucionales comprometidos.
Algunas consideraciones sobre las deficiencias advertidas en la regulación del hábeas data en el Código Procesal Constitucional.
El Código no sólo ha reflejado virtudes o beneficios en la regulación del proceso de hábeas data, que dicho sea de paso seguramente van a contribuir a su mejor sistematización; sino que también ha dejado abiertas algunas interrogantes en torno de específicas deficiencias u omisiones, que aunque desde luego, son en menor proporción que las ventajas, de todos modos vale la pena precisarlas.
En primer lugar, el Código Procesal Constitucional, no contiene reglas de competencia específica respecto de este proceso, por lo que ha estarse a lo dispuesto en la primera parte de su artículo 65°.[10]
En efecto, en el citado dispositivo, el Código establece que el procedimiento de hábeas data será el mismo que el previsto para el proceso de amparo, salvo la ya citada eximencia en el patrocinio de abogado. Dentro de dicho marco, habrá entonces que recurrir a lo dispuesto por los artículos 12° y 51° del Código, conforme a los cuales, son competentes para conocer de este proceso los jueces civiles de turno del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado o donde domicilia el autor de la infracción, a elección del demandante.
Establecer las reglas de competencia en un proceso resulta a nuestro modo de ver de vital importancia, porque sólo así sabemos dónde y ante quién acudir para reclamar un determinado derecho. Si no se tiene definida la competencia de alguna forma se vería enervada la protección del derecho que se pretende reclamar. Un ejemplo de esto, se dio precisamente, cuando el hábeas data aún carecía de regulación en la Ley N° 26301.
Aún se recuerda el primer proceso de hábeas data promovido en nuestro medio aproximadamente hacia el año 1994. Su propulsor, un distinguido abogado, había acudido al Poder Judicial con el objeto de que el Canal 4 rectificase la información difundida en uno de sus programas noticieros (“La Revista Dominical” que conducía el periodista Nicolás Lúcar) donde se le presentaba como asesor de un conocido personaje por entonces cuestionado judicialmente, involucrándosele en la compra de los llamados “bonos alemanes” en perjuicio de los ahorristas de CLAE. Por entonces y ante la incertidumbre legal se optó por presentar la demanda ante el Juez Penal, bajo la consideración que lo más idóneo era asimilar la figura del hábeas data a la del hábeas corpus. Sin embargo, el Juzgado Penal al cual se acudió declaró inadmisible la demanda por considerar que la vía idónea para resolver esta controversia era el Amparo, puesto que estos derechos antes eran protegidos por dicho proceso. Recurrida dicha resolución ante las instancias judiciales pertinentes, la Corte Suprema decidió remitir la demanda al Juez especializado en lo Civil de Lima para que continúe con la tramitación del proceso, quien finalmente consideró que mientras no existan las reglas procesales para este proceso, correspondía al Amparo la tutela de los derechos invocados.
Si bien, ahora ya se ha precisado la vía y la competencia orgánica que corresponde a la tramitación de este proceso, no se le ha dado al hábeas data, ni tampoco al proceso de cumplimiento, una regla de competencia específica, lo que como ya se anticipo, hace que su procedimiento supletorio sea del amparo. Ello de alguna forma proporciona argumentos a favor de quienes cuestionan la autonomía de este proceso y correlativamente postulan su supresión.
Por otro lado y a pesar de que ya ha sido advertido en otras legislaciones (como la argentina por ejemplo) el riesgo en un eventual uso del hábeas data como mecanismo para vulnerar el secreto profesional (el que por ejemplo guardan los abogados o los médicos) no ha sido previsto ni contemplado nada sobre el particular por parte de nuestro Código Procesal Constitucional, así como tampoco se ha previsto lo relativo al secreto de las fuentes de información periodística[11].
Consideramos que al respecto el Código debió prever normas especiales a fin de evitar tales supuestos, por ejemplo contemplando como causales de improcedencia en la interposición de la demanda, el uso del hábeas data como medio para revelar el secreto profesional o las fuentes de información periodística o cualquier otra investigación, que por su propia naturaleza haya sido fruto de la confianza depositada en un profesional o del esfuerzo en buscar nuevas verdades.
Sin embargo, al respecto, el debate queda abierto y será la jurisprudencia quien se encargue de llenar los vacíos o suplir las posibles deficiencias que se generen a consecuencia de la aplicación de este proceso.
[1] El Código Procesal Constitucional aprobado por la Ley N° 28237, entró en vigencia el primero de diciembre del 2004, conforme lo estableció su Segunda Disposición Transitoria.
[2] Al respecto, el artículo 5°, LXXII de la Constitución de la República Federal del Brasil de 1988 (que, dicho sea de paso, fue la primera en América Latina en establecer la denominación de hábeas data) dispone la procedencia de dicho proceso:
a. Para asegurar el conocimiento de las informaciones relativas a la persona del solicitante, que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público;
b. Para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por proceso secreto, judicial o administrativo”.
[3] Debemos entender por entidades de la Administración Pública, al menos en lo que respecta a nuestro ordenamiento nacional, aquéllas señaladas en el artículo II del T.P. de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; la misma que comprende a:
4. Los Gobiernos Regionales
5. Los Gobiernos Locales
6. Los organismos a los que la CP y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se considera sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen.
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.
[4] Esta denominación ha sido recogida por nuestro ordenamiento a partir de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y que a su vez han hecho suyo diversos criterios manejados por el Tribunal Constitucional alemán. En ellas se desarrolla el contenido del inciso 6 del artículo 2° de la Constitución, lo que ahora queda reforzado por lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 61° del Código Procesal Constitucional.
[5] Cfr. Eloy Espinoza-Saldaña Barrera: “El Hábeas Data en el Derecho Comparado y en el Perú, y algunas notas sobre su real viabilidad y la pertinencia en nuestro país”, en Derecho Procesal Constitucional, Susana Ynes Castañeda Otsu (Coordinadora), Jurista Editores E.I.R.L. Lima-Perú, 2004, Tomo II, p. 886.
[6] Dicha clasificación ha sido desarrollada en Subtipos de Hábeas Data en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, edición del 20 de diciembre de 1995. (citado por Eloy Espinoza en el ya citado colectivo “Derecho Procesal Constitucional”. Op.cit, p. 892).
[7] Cfr. al respecto la sentencia recaida en el Exp. N° 2663-2003-HC/TC.
[8] Dato sensible, a decir de Sagúes, es la información no registrable en bancos de datos o con un área mínimo de ser registrado, son los datos a través de los cuales se puede afectar la intimidad personal y familiar de la persona. En nuestro caso lo extenderíamos a las limitaciones del derecho de acceso a la información que prevé el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución, vale decir a las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
[9] La reserva de la información y la confidencialidad de las mismas se tiene que aplicar de conformidad con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tal como ya lo ha manifestado el Tribunal Constitucional.
[10] Del mismo modo ocurre con el proceso constitucional de Cumplimiento, por lo que en este caso habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 74 del Código.
[11] Al respecto, podemos encontrar una anotación en el Artículo VI de los Principios de Lima (del 16 de noviembre de 2000) cuyo texto establece: “ningún periodista puede ser obligado por el poder judicial o cualquier otro funcionario o autoridad pública a revelar sus fuentes de información o el contenido de sus apuntes y archivos personales y profesionales”.
(*) Abogada, Asesora Parlamentaria. Estudios de Maestría en Derecho Constitucional UNFV. Adjunta de Docencia del Curso de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
E-Mail: lenypal@hotmail.com

References: artículo 2
 Artículo 2
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 65
 resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 74