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Timestamp: 2019-04-19 10:37:10+00:00

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Ley de Arrendamientos Rústicos (Ley 83/1980, de 31 de diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 138368
Ley de Arrendamientos Rústicos (Ley 83/1980, de 31 de diciembre)
Publicado en: BOE Num. 26 (1981)
CAPÍTULO I. De los arrendamientos - arts. 1 a 11
CAPÍTULO II. Partes contratantes - arts. 12 a 19
CAPÍTULO III. Forma y prueba del contrato - arts. 20 a 24
CAPÍTULO IV. Duración - arts. 25 a 30
CAPÍTULO V. Renta - arts. 31 a 46
CAPÍTULO VI. Gastos y mejoras - arts. 47 a 69
CAPÍTULO VII. Subarriendo, cesión y subrogación - arts. 70 a 74
CAPÍTULO VIII. Terminación del arrendamiento - arts. 75 a 83
CAPÍTULO IX. Formas de acceso a la propiedad - arts. 84 a 99
CAPÍTULO X. Expropiación - art. 100
CAPÍTULO XI. Arrendamiento parciario - art. 101
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 102 a 106
CAPÍTULO II. Forma del contrato y valoración de las aportaciones - arts. 107 y 108
CAPÍTULO III. Duración - arts. 109 y 110
CAPÍTULO IV. Derechos y obligaciones de las partes - arts. 111 a 114
CAPÍTULO V. Revisión - art. 115
CAPÍTULO VI. Mejoras - art. 116
CAPÍTULO VII. Extinción - art. 117
CAPÍTULO VIII. Formas de acceso a la propiedad - art. 118
CAPÍTULO IX. Conversión de la aparcería de arrendamiento - art. 119
CAPÍTULO X. Expropiación - art. 120
TÍTULO III. Jurisdicción en materia de arrendamientos rústicos y aparcerías - arts. 121 a 137
Norma citada en: 7959 sentencias, 744 artículos doctrinales, 41 temas prácticos, 36 formularios, 89 resoluciones administrativas, 154 noticias
La presente Ley ha sido derogada por la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.
TÍTULO I Disposiciones generales Artículos 1 a 101
CAPÍTULO I De los arrendamientos Artículos 1 a 11
Artículo citado en: 323 sentencias, 19 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Incluir, además de las tierras, edificaciones, instrumentos u otros elementos destinados a la explotación.
Consistir el precio en una cantidad alzada para todo el tiempo del arrendamiento o, en todo o en parte, en la mejora o transformación del fundo arrendado.
Artículo citado en: 188 sentencias, 19 artículos doctrinales
Una misma finca puede ser susceptible de diversos arrendamientos simultáneos cuando cada uno tenga como objeto distintos aprovechamientos compatibles y principales.
Salvo pacto expreso, en el arrendamiento de una finca para su aprovechamiento agrícola o ganadero no se considerarán incluidos los aprovechamientos de otra naturaleza, como la caza o los aprovechamientos forestales.
Artículo citado en: 176 sentencias, 20 artículos doctrinales
Los contratos en cuya virtud el dueño del suelo cede, contra un canon o participación fija o variable, su uso por tiempo superior a doce años para plantar y aprovechar viñas, naranjos, olivares u otras especies arbóreas no forestales se regirán por las normas de Derecho común y, en particular, con las variaciones en su caso pertinentes en los territorios de Derecho especial, por las del artículo 1656 del Código Civil.
Cuando después de terminado el plazo del contrato, continuare el usuario en el uso y aprovechamiento de la finca con consentimiento tácito del cedente, se considerará establecido un arrendamiento por seis años, con posibles tácitas reconducciones por períodos de tres años. La renta, en defecto de acuerdo entre las partes, se determinará conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado cuatro del artículo 121.
Artículo citado en: 99 sentencias, 9 artículos doctrinales, una resolución administrativa
No se considerarán arrendamientos rústicos los contratos de recolección de cosechas a cambio de una parte de los productos ni en general, los de realización de alguna faena agrícola claramente individualizada, aunque se retribuya o compense con una participación en los productos o con algún aprovechamiento singular.
Aprovechamientos de rastrojeras, pastos secundarios, praderas roturadas, plataneras, montaneras y, en general, aprovechamientos secundarios distintos siempre de los principales y compatibles con éstos.
Artículo citado en: 184 sentencias, 22 artículos doctrinales, un tema práctico
Tampoco se aplicarán las normas de esta Ley a los arrendamientos que tengan por objeto, inicial o posteriormente, fincas en las que concurran alguna de las circunstancias siguientes:
Ser accesorias de edificios o de explotaciones ajenas al destino rústico siempre que el rendimiento ajeno al rústico sea notoriamente superior a éste.
Tener, por cualquier circunstancia ajena al destino agrario un valor en venta superior al doble del precio que normalmente corresponda en la comarca o zona a las de su misma calidad o cultivo.
Si, vigente el contrato, sobreviniere alguna de las circunstancias determinadas en el apartado anterior, el arrendador podrá poner término al arrendamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 83.
Artículo citado en: 411 sentencias, 33 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 58 sentencias, 9 artículos doctrinales
Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas de la presente Ley, salvo los casos en que ésta expresamente lo autorice.
No puede imponerse al arrendatario condiciones o prestaciones diferentes de las que le son propias conforme a lo establecido en esta Ley, ni gastos por reparaciones u otros conceptos que por Ley no se le corresponden.
Artículo citado en: 80 sentencias, 11 artículos doctrinales
El arrendatario tiene derecho a determinar el tipo de cultivo, sin perjuicio de su obligación de devolver la finca, al terminar el arriendo, en el estado en que la recibió y de lo dispuesto sobre mejoras en la presente Ley. Serán nulos los pactos que impongan al arrendatario cualquier restricción sobre los cultivos o sobre el destino de los productos, salvo los que tengan por fin evitar que la tierra sea esquilmada o sean consecuencia de disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando la determinación del tipo o sistema de cultivo implique transformación de destino sólo podrá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.
Artículo citado en: 22 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Sólo serán renunciables los derechos del arrendatario desde el momento en que puedan ser ejercitados. La renuncia deberá constar en documento público.
Los derechos del arrendador son renunciables con arreglo a las normas ordinarias.
Artículo citado en: 69 sentencias, 12 artículos doctrinales
CAPÍTULO II Partes contratantes Artículos 12 a 19
Para dar fincas en arrendamientos sujetos a esta Ley se exige la misma capacidad que para enajenarlas.
Los padres o tutores podrán dar en arrendamiento las fincas de los menores sujetos a su patria potestad o tutela por término no superior al que falte a dichos menores para alcanzar la mayoría de edad. Estos arrendamientos serán improrrogables. Expirado el plazo del arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho a continuar en posesión de la finca hasta la recolección de la cosecha pendiente.
Artículo citado en: 46 sentencias, 15 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 75 sentencias, 24 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Sólo pueden ser arrendatarios, y, en su caso, subarrendatarios de fincas rústicas los profesionales de la Agricultura.
No podrán ser arrendatarios las personas y sociedades extranjeras. Se exceptúa no obstante:
Las personas y sociedades nacionales de los demás Estados que apliquen a los españoles el principio de reciprocidad en esta materia.
Artículo 14, apartado 2 modificado por la Ley 5/1991, de 28 de febrero, de modificación parcial del artículo 14 de La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos.
Artículo citado en: 168 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Artículo 15 modificado por la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de las Explotaciones agrarias.
Artículo citado en: 353 sentencias, 20 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
Se considerará cultivador personal a quien lleve la explotación por sí, o con la ayuda de familiares que con él conviven, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por exigencias estacionales de la explotación agraria. No se perderá la condición de cultivador personal, aunque se utilicen uno o dos asalariados, en caso de enfermedad sobrevenida o de otra justa causa que impida continuar el cultivo personal.
El cultivador personal será considerado en todo caso como profesional de la agricultura a los efectos de esta Ley.
Artículo citado en: 474 sentencias, 32 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En los contratos celebrados con quienes no sean profesionales de la agricultura o, aun siéndolo, superen los límites que resulten de la aplicación del artículo siguiente, si el arrendador, previo requerimiento del IRYDA, no hiciese uso en el plazo de 30 días del derecho que le otorga el artículo 76, dicho Organismo tendrá la facultad de arrendar la finca, abonando como renta la usual en la comarca.
No podrán ser arrendatarios de fincas rústicas las personas físicas que, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, sean ya titulares de una explotación agraria o varias cuyas dimensiones y demás características serán fijadas en las distintas comarcas del país por los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas o por el Ministerio de Agricultura, sin que puedan exceder en total de 500 ha de secano o 50 de regadío.
Respecto del IRYDA y demás Entidades públicas, Sociedades estatales y Organismos autónomos, a que se refieren los apartados c) y d) del artículo 15, no existirá limitación de superficie.
En cuanto a las Entidades comprendidas en el apartado b) del artículo 15, el límite se determinará reglamentariamente en función de las características de aquéllas.
Los requisitos de superficie y demás características a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán igualmente aplicables a las Sociedades mencionadas en el apartado e) del artículo 15. A tal efecto, se considerará que cada socio es arrendatario del número de hectáreas que resulte de aplicar a la superficie total arrendada por la Sociedad el porcentaje de participación de aquél en el capital social.
Si las Sociedades no redujeren o anularen la participación del socio en la medida que exceda de los límites señalados en el apartado anterior, a los arrendamientos concertados por las mismas les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.
En el caso de fincas mixtas, para la determinación del límite máximo total se computará cada hectárea de regadío por diez de secano y cada dos hectáreas de terreno forestal o ganadero por una de secano.
Podrá, no obstante, por una misma persona, tomarse en arrendamiento, previa autorización del IRYDA, una finca cuya superficie sea superior a los límites que resulten del desarrollo normativo de los apartados uno y tres de este artículo, siempre que constituya una unidad de explotación cuya división menoscabe sustancialmente su rentabilidad.
Cuando se trate de fincas cuyo destino sea forestal y los arrendatarios industrialicen la totalidad de los productos forestales obtenidos en ellas no regirán los límites de superficie establecidos en este artículo, pero corresponderá al Ministerio de Agricultura o a los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas señalar la superficie máxima que se puede tomar en arrendamiento de acuerdo con las características de la Empresa y podrá limitar las especies, métodos de plantación y tratamiento selvícola que pretendan utilizarse, cuando puedan alterar el equilibrio ecológico de la zona.
Artículo citado en: 30 sentencias, 6 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En el caso de que, durante el arrendamiento, el arrendatario dejare de ser profesional de la agricultura o arrendare explotaciones que rebasen los límites a que se refiere el artículo anterior se aplicará lo dispuesto en el artículo 17.
Los contratos a que se refiere el apartado anterior quedarán convalidados si, antes de que el arrendador o, en su defecto, el IRYDA ejercite su derecho, recupera el arrendatario la condición de profesional de la agricultura o se resolvieran o extinguieran otros arrendamientos de modo que las tierras que puedan explotar el arrendatario queden reducidas a los límites permitidos.
CAPÍTULO III Forma y prueba del contrato Artículos 20 a 24
Artículo citado en: 55 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Las partes podrán compelerse recíprocamente al otorgamiento del contrato-tipo correspondiente.
Antes de que el arrendatario entre en posesión de la finca o dentro de los dos meses siguientes las partes podrán compelerse a formalizar inventario que describa el estado de la finca, de las edificaciones y demás bienes incluidos en el arrendamiento. Los gastos del inventario se pagarán por mitad.
Artículo citado en: 12 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Incumbe la carga de la prueba a quien invoque la existencia de estipulaciones que se aparten de las normas dispositivas o de las cláusulas que para los arrendamientos correspondientes estén establecidas en el contrato-tipo que corresponda utilizar en la comarca.
Cuando no constare el tiempo o precio convenidos, se presumirá que se concertó por la duración mínima fijada en el artículo 25 de la presente Ley y por el precio que se acostumbre en la comarca.
Salvo pacto expreso en contrario, se presume que el arrendamiento lo es a renta fija.
Artículo citado en: 40 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, un formulario
Por Real Decreto, a propuesta de los Ministerios de Justicia y Agricultura se organizará un Registro Especial de Arrendamientos Rústicos, el cual pasará a depender en los territorios autónomos de los Órganos correspondientes.
CAPÍTULO IV Duración Artículos 25 a 30
Los arrendamientos tendrán una duración mínima de seis años.
Terminado el plazo contractual, el arrendatario tendrá derecho a una primera prórroga por seis años y a prórrogas sucesivas de tres años cada una, entendiéndose que utiliza este derecho si al terminar el plazo inicial o el de cada prórroga no renuncia a seguir en el arrendamiento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. No obstante, el arrendatario podrá rescindirlo al término de cada año agrícola, dando al arrendador un preaviso de seis meses.
En todo caso el tiempo total de prórrogas legales no excederá de quince años, transcurridos los cuales se extinguirá el contrato y el arrendador podrá arrendar nuevamente la finca a quien tuviere por conveniente en los términos señalados por el artículo 14.
Artículo citado en: 415 sentencias, 32 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Podrá oponerse a cualquiera de las prórrogas establecidas en el artículo anterior el arrendador que se comprometa a cultivar directamente la finca arrendada durante seis años, por sí o por su cónyuge o para que la cultive alguno de sus descendientes mayores de dieciséis años en quien concurra o se proponga adquirir la condición de profesional de la agricultura.
El arrendador que se proponga oponerse a cualquiera de las prórrogas deberá notificarlo fehacientemente al arrendatario con antelación mínima de un año al comienzo de aquélla, expresando la causa de la oposición.
Artículo citado en: 318 sentencias, 20 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 formularios, 12 resoluciones administrativas
Ejercitado por el arrendador el derecho a la denegación de la prórroga y declarada judicialmente la temeridad de la oposición del arrendatario, se considerará a éste poseedor de mala fe desde la fecha en que, a tenor de la sentencia, debió abandonar la finca.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 26 para oponerse a la prórroga dará derecho al arrendatario a la reanudación del arrendamiento sin computar el tiempo que hubiese durado la interrupción y a que se le indemnicen en cuantía no inferior a un año de renta, los daños y perjuicios que hubiese sufrido si la causa no es justificada. En todo caso, el arrendatario conservará, si la finca hubiese sido enajenada, los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente, regulados en los artículos 86 y siguientes de la presente Ley.
Artículo citado en: 106 sentencias, 8 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En los contratos de larga duración éste será al menos de dieciocho años y el arrendador al terminar el plazo pactado, podrá recuperar la finca sin sujeción a ningún requisito o compromiso salvo el de notificarlo fehacientemente al arrendatario al menos con un año de antelación.
Para que surta los efectos reconocidos al mismo en la presente Ley este contrato de larga duración habrá de constar necesariamente por escrito y reconocer al arrendatario la facultad de hacer libremente mejoras útiles indemnizables al final del contrato.
Si al término del contrato no se recaba la finca por el arrendador se entenderá el contrato tácitamente prorrogado por tres años, y así sucesivamente, pudiéndose ejercitar al término de cada prórroga el derecho de recuperación, previa la notificación establecida.
Artículo citado en: 25 sentencias, 8 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO V Renta Artículos 31 a 46
La renta se fijará en dinero y será la que estipulen las partes, sin perjuicio de lo que establece la presente Ley en cuanto a actualización y revisión.
Si, no obstante, la fijaren en especie, el contrato será válido, pero cualquiera de las partes podrá exigir la conversión de la renta en dinero, conforme a los criterios establecidos en el artículo 38.
Artículo citado en: 32 sentencias, 8 artículos doctrinales
La renta se pagará por años, en la fecha pactada, y, en su defecto, con arreglo a la costumbre del lugar.
Cuando el precio se fije en una cantidad alzada para todo el tiempo del arrendamiento se dividirá por la duración pactada para determinar la cantidad que habrá de ser pagada anualmente como renta a los solos efectos de establecer el momento del pago.
Artículo citado en: 29 sentencias, 5 artículos doctrinales
Todas las cantidades que hubiere de pagar el arrendador y que por disposición legal sean repercutibles al arrendatario podrán ser exigidas por aquél desde el momento en que las haya satisfecho, expresando el concepto, importe y disposición que autorice la repercusión.
El impago de tales cantidades equivaldrá al impago de la renta.
El derecho a repercutir prescribirá al año de haberse efectuado el pago por el arrendador.
Para resolver las cuestiones a que dé lugar la fijación de la renta su actualización o su revisión se estará a lo que dispone la letra a) del apartado tres del artículo 121.
Podrá acordarse por las partes la actualización de la renta para cada anualidad por referencia al último índice anual de precios percibidos por el agricultor, establecido por el Ministerio de Agricultura para los productos agrícolas en general o para alguno o algunos de los productos principales de que sea susceptible la finca, atendidas sus características y la costumbre de la tierra.
Del mismo modo, tratándose de fincas cuyos principales productos sean ganaderos, podrá también referirse la actualización al índice de los precios de alguno o algunos de los productos.
En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 no habrá lugar, salvo pacto escrito en contrario, a la actualización de la renta, sin perjuicio de la revisión que en su caso fuera procedente.
Artículo citado en: 51 sentencias, 2 artículos doctrinales
Cualquiera de las partes podrá en defecto de acuerdo solicitar del Juez que añada al contrato la cláusula de actualización que corresponda conforme a los criterios señalados en el artículo anterior y previo el procedimiento previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 121.
Artículo citado en: 65 sentencias, 4 artículos doctrinales
Cualquiera de las partes podrá solicitar revisión extraordinaria de la renta o participación por haber cambiado las circunstancias que influyeron en su determinación, dando lugar a una lesión superior al 15 por 100 de la renta justa.
Si se accede a la revisión extraordinaria a solicitud del arrendador el arrendatario podrá optar por la cesación de la relación arrendaticia.
Reducción o exoneración
Procederá la reducción e incluso la exoneración de la renta cuando, por caso fortuito o fuerza mayor y tratándose de riesgos ordinariamente no asegurables se perdiere antes de terminar todas las operaciones de recolección más de la mitad de los productos que ordinariamente produzca la finca. La renta se reducirá en igual porcentaje en que hayan quedado reducidos los productos de la finca, teniéndose siempre en cuenta, al estimarlos, la indemnización recibida y, en su caso, la repercusión a que se refiere el artículo 36.
Artículo citado en: 14 sentencias, 7 artículos doctrinales
CAPÍTULO VI Gastos y mejoras Artículos 47 a 69
Arrendador y arrendatario están obligados a permitir la realización de las obras, reparaciones o mejoras que deba o pueda realizar la otra parte contratante.
Tales reparaciones o mejoras se realizarán en la época del año y circunstancias que menos perturben, salvo las que no puedan diferirse.
Artículo citado en: 40 sentencias, 8 artículos doctrinales
Si, requerido el arrendador, no realizare las obras a que se refiere el artículo 52, el arrendatario podrá optar por compelerle a ello judicialmente, resolver el contrato, obtener una reducción de la renta proporcional a la de la productividad de la finca o realizarlas por cuenta propia, pudiendo reintegrarse mediante compensación con las rentas pendientes a medida que vayan venciendo, siempre que en este último caso obtenga informe previo favorable del IRYDA sobre la necesidad e importe de las obras.
Podrá además el arrendatario reclamar indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del arrendador.
Las obras de reparación que tengan su origen en daño doloso o negligente producido por el arrendatario o persona que trabajen en la finca bajo su dependencia serán de su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en la causa quinta del apartado uno del artículo 75.
Mejoras útiles y sociales.
Son mejoras útiles las obras incorporadas a la finca arrendada que aumenten, de modo duradero, su producción, rentabilidad o valor agrario.
Son mejoras de carácter social las que, quedando igualmente incorporadas a la finca, faciliten la prestación del trabajo en condiciones de mayor comodidad o dignidad o tengan por objeto la promoción de los trabajadores. Las mejoras de carácter social estarán sujetas al mismo régimen que las útiles.
Artículo citado en: 82 sentencias, 12 artículos doctrinales
El arrendador puede por sí solo realizar en la finca, previa autorización del IRYDA, oído el arrendatario, cualquier mejora de las determinadas en el apartado uno del artículo anterior, siempre que no menoscabe por ello su rendimiento ni el uso agrícola a que ha sido destinada en el arrendamiento y sin perjuicio del derecho del arrendatario a la reducción de la renta mientras duren las obras y a la indemnización de los demás daños y perjuicios que se le causen.
Realizada la mejora, el arrendador tendrá derecho a elevar la renta en proporción a la mayor productividad o rentabilidad conseguida, según determinación del IRYDA.
En el caso especial de plantaciones forestales o aprovechamientos más intensos del arbolado se estará a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 5/1977, de 4 de enero, sobre Fomento de la Producción Forestal.
Notificada por el arrendador la nueva renta que corresponde a la finca mejorada, dentro de los tres meses siguientes a la notificación el arrendatario tendrá derecho a su elección:
A que no se eleve la renta restringiendo el arrendamiento a una parte de la finca que, teniendo en cuenta la nueva rentabilidad de la tierra, corresponda con la renta vigente antes de las obras, siempre que a juicio del IRYDA, la tierra restante pueda ser objeto con independencia de explotación viable.
Si el arrendatario no comunica otra cosa al arrendador dentro de los tres meses, se entiende que opta por continuar en el arrendamiento sujetándose a la nueva renta.
El arrendatario podrá realizar las mejoras útiles y sociales a que se refiere el artículo 57, siempre que no menoscaben el valor de la finca. Para llevarlas a cabo el arrendatario comunicará por escrito previamente al arrendador el plan circunstanciado de las mejoras proyectadas, que se entenderán consentidas por el último si no da respuesta en el término de un mes. En caso de expresar oposición el arrendatario podrá emprender las obras con informe favorable del IRYDA, oído el arrendador.
Artículo citado en: 101 sentencias, 5 artículos doctrinales
Cuando se trate de mejoras que supongan una transformación de la finca por variar su destino productivo, como la puesta en regadío, roturación y otras semejantes que lleven consigo una inversión superior a nueve anualidades de renta y el arrendador no las realizare, previamente requerido por el arrendatario, podrá éste acometerlas por sí, previa autorización del IRYDA, con tal que a juicio de éste, se garantice la terminación de las obras en el plazo previsto.
En este supuesto quedará en suspenso durante nueve años y por una sola vez durante la vigencia de la relación arrendaticia la facultad del arrendador de recuperar la finca por expiración del período contractual o de cada una de las prórrogas legales. Cuando por razones excepcionales de fuerza mayor o impedimento físico u otras análogas el arrendatario no pudiere atender el cambio de explotación que la mejora trae consigo podrá entonces subarrendar a quien tenga aptitud legal para ser arrendatario.
Si se aumenta al menos y como consecuencia de ellas, en un cincuenta por ciento el valor agrario.
Terminado por cualquier causa el arrendamiento, el arrendatario podrá optar:
Por retirar las mejoras realizadas por él, si la finca no sufriere deterioro.
Por exigir al arrendador que, a elección de éste, se le abone, en compensación por las mejoras, bien el mayor valor que por causa de las mejoras subsiguientes tenga entonces la finca, bien el coste actual que supondría la realización de las que todavía subsistan en el estado en que se encuentren.
Si el arrendatario exige que se le abonen las mejoras se determinará por acuerdo entre las partes o, en su caso, por resolución judicial la cantidad que deba ser reembolsada por el arrendador, así como la renta que correspondería a la finca mejorada. Si el arrendador no cumpliese su obligación de abonar las mejoras el arrendatario podrá reclamar judicialmente el pago o continuar en el arrendamiento con facultad de subarriendo en los supuestos excepcionales previstos en el apartado dos del artículo 61, mientras no se le liquide la deuda, abonado solamente la renta pactada, con la actualización que corresponda, y aplicará a la compensación de lo que se le adeude la diferencia hasta la mayor renta determinada para la finca como consecuencia de la mejora.
Artículo citado en: 200 sentencias, 10 artículos doctrinales
Las partes no podrán pactar en el contrato que el arrendador recupere la finca arrendada con sus mejoras sin indemnización ni, en general, modificar los derechos reconocidos al arrendatario en materia de mejoras, sin perjuicio de lo dispuesto sobre éstas en el artículo 2 circunstancia tercera, de esta Ley.
Artículo citado en: 35 sentencias, 4 artículos doctrinales
Artículo citado en: 33 sentencias, 12 artículos doctrinales
Tanto el propietario como el arrendatario pueden participar en las mejoras promovidas o fomentadas por la Administración, aplicándose a las relaciones entre aquellos lo establecido en los artículos anteriores.
Tanto el arrendador como el arrendatario pueden, a su costa, realizar sobre la finca las mejoras de mero lujo, adorno o recreo que tengan por conveniente, siempre que no sufran detrimento los intereses de la otra parte.
Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido la finca, si ésta no sufriera deterioro. El arrendador podrá en todo caso exigírselo.
CAPÍTULO VII Subarriendo, cesión y subrogación Artículos 70 a 74
Artículo citado en: 112 sentencias, 10 artículos doctrinales
El subarriendo de temporada de la vivienda que sea parte integrante de la finca rústica arrendada y los subarriendos que tengan por objeto aprovechamientos secundarios de la finca. Cuando lo percibido anualmente por el arrendatario como renta, por todos estos subarriendos, exceda de la renta anual del arrendamiento, la mitad de dicho exceso la abonará el arrendatario al arrendador.
La cesión, incluso por precio, al IRYDA o a los Organismos similares de la Comunidades Autónomas.
Artículo citado en: 60 sentencias, 8 artículos doctrinales
El arrendatario podrá subrogar en el contrato a su cónyuge o a uno de sus descendientes si en él concurre el mismo carácter de profesional de la agricultura y, en su caso, de cultivador personal.
Será requisito indispensable la notificación fehaciente hecha por subrogante y subrogado al arrendador.
Artículo citado en: 244 sentencias, 8 artículos doctrinales
El adquirente de la finca, aun cuando estuviere amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendador.
Artículo citado en: 38 sentencias, 32 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO VIII Terminación del arrendamiento Artículos 75 a 83
Causar graves daños en la finca con dolo o negligencia manifiesta.
Artículo citado en: 360 sentencias, 9 artículos doctrinales
Artículo citado en: 121 sentencias, 8 artículos doctrinales
Artículo citado en: 16 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En caso de fallecimiento del arrendatario, tendrá derecho a sucederle en el arrendamiento, por orden de preferencia, salvo lo dispuesto en el apartado d) del artículo 71:
El heredero o legatario que al abrirse la herencia fuere subarrendatario de la finca o cooperador de hecho en su cultivo.
En todo caso el sucesor habrá de ser profesional de la agricultura.
Artículo citado en: 252 sentencias, 24 artículos doctrinales
Cuando existieran varias personas con el mismo derecho sucederá en el arrendamiento aquel que elijan por mayoría los que tienen derecho a continuar el arrendamiento. Esta elección será notificada fehacientemente al arrendador antes de los dos meses siguientes al fallecimiento del arrendatario; de no recibirse la comunicación, el arrendador, previo requerimiento para que realicen la elección antes de los quince días siguientes, elegirá al que prefiera.
En el caso de ser varios los arrendatarios, al fallecimiento de cualquiera de ellos los que le sucedan se integrarán en la relación arrendaticia, sin que por ello se altere el carácter indivisible de ésta. Si no existieren personas con derecho a suceder en el arrendamiento o no lo ejercieren el contrato continuará con los demás arrendatarios.
Artículo citado en: 85 sentencias, 6 artículos doctrinales
Si la finca dada en arrendamiento se perdiera totalmente por caso fortuito o fuerza mayor, el arrendamiento quedará extinguido, sin derecho a indemnización para ninguna de las partes. En los casos de pérdida parcial, el arrendatario podrá optar entre continuar el arriendo con la reducción proporcional de la renta o pedir la resolución del contrato.
Si la pérdida se debiera a culpa o dolo de una de las partes, tendrá la otra derecho a la indemnización correspondiente.
El arrendamiento se extingue y el arrendador podrá instar el desahucio:
Por haber expirado el último período de prórroga legal, salvo que hubiere habido tácita reconducción, en cuyo caso ésta tendrá la duración establecida en el Código Civil.
Si, vigente el contrato, sobreviene cualquiera de las dos primeras circunstancias mencionadas en el artículo 7, apartado 1, el arrendador o su causahabiente podrá dar por finalizado el arriendo avisando con seis meses de antelación al arrendatario, que deberá dejar libre la finca a la terminación del año agrícola. En tales casos el arrendatario tendrá derecho a la doceava parte del precio de la tierra, según el que tengan las fincas rústicas de su misma calidad y cultivo en la zona, en concepto de indemnización por las perturbaciones y gastos que le ocasione el cese inmediato, y otro tanto por cada uno de los años que le restarían de vigencia al contrato, sin computar las futuras prórrogas y sin que pueda nunca rebasarse el precio total de la finca arrendada, valorada como rústica. Las indemnizaciones por mejoras o gastos realizados hasta el cambio de circunstancias no entrarán a componer las estimaciones de valor referidas y se pagarán aparte, conforme a lo establecido en la presente Ley.
Si sobreviene la tercera de las circunstancias mencionadas en el artículo 7, apartado 1, el arrendador o su causahabiente sólo podrá poner término al arriendo, con los mismos requisitos e indemnización determinados en el apartado anterior, en el caso de que se proponga edificar, establecer instalaciones industriales o destinar la tierra o cualquier obra a actividad no agraria. Si en el plazo de un año desde que quede libre el predio no dieren comienzo las obras u operaciones necesarias para realizar las citadas obras o actividades por causas imputables al arrendador, o se simularen o interrumpieren maliciosamente, podrá el arrendatario obtener judicialmente la reposición en el disfrute de la finca y una indemnización suplementaria no inferior a dos anualidades de renta que los Tribunales determinarán en función de la malicia que aprecien y de los perjuicios ocasionados.
En el juicio que en cualquiera de los supuestos previstos se siga para poner término al arriendo quedarán determinadas en su caso las indemnizaciones que corresponda percibir al arrendatario y si recayese sentencia de desahucio no podrá ser ésta ejecutada sin el previo pago o consignación de dichas indemnizaciones.
Si las circunstancias a que se refiere este artículo afectaran solamente a una parte de la finca arrendada podrá acordarse judicialmente, a petición del arrendatario que se restrinja para el futuro el arrendamiento a lo que reste la finca, con la consiguiente reducción de la renta, limitándose en este caso las indemnizaciones que corresponden al arrendatario a la parte de la finca en que cese el arrendamiento.
Artículo citado en: 342 sentencias, 8 artículos doctrinales
CAPÍTULO IX Formas de acceso a la propiedad Artículos 84 a 99
El arrendatario de una finca rústica tendrá la facultad de acceder a la propiedad de la misma por los siguientes medios:
Ejercitado el derecho de acceso, el arrendatario que adquiera la propiedad de la finca arrendada no podrá, salvo que lo haga en favor del IRYDA, enajenarla, arrendarla o cederla en aparcería hasta que transcurran seis años desde la fecha de adquisición. Si hipotecase la finca, la acción del acreedor no podrá tener efectividad mientras no transcurra dicho plazo.
Si el arrendatario incumpliere cualquiera de las prohibiciones establecidas en el apartado anterior, el arrendador podrá pedir la resolución del contrato ordinario, recuperando la propiedad de la finca, con la consiguiente resolución, según proceda, de la transmisión, arrendamiento o cesión efectuados.
Artículo citado en: 116 sentencias, 21 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Tanteo, retracto y adquisición preferente.
Artículo citado en: 200 sentencias, 25 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 3 formularios, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 96 sentencias, 19 artículos doctrinales
El arrendatario tendrá un plazo de sesenta días hábiles desde que hubiera recibido la notificación para ejercitar su derecho de adquirir la finca en el mismo precio y condiciones, notificándolo así al enajenante también de modo fehaciente. En defecto de notificación del arrendador el arrendatario tendrá derecho de retracto durante sesenta días hábiles a partir de la fecha en que, por cualquier medio, haya tenido conocimiento de la transmisión.
Artículo citado en: 274 sentencias, 24 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 44 sentencias, 20 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 5 formularios, 2 resoluciones administrativas
Ejercitado en forma legal cualquiera de los derechos establecidos en los artículos anteriores la escritura se otorgará dentro de los treinta días siguientes.
El pago se realizará en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de transmisión, siendo de cuenta del arrendatario los reembolsos determinados en el artículo 1518 del Código Civil.
Si el arrendatario no ejercitase su derecho, quedará libre el oferente para enajenar la finca a la persona indicada.
Artículo citado en: 64 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En toda escritura de enajenación de fincas rústicas el transmitente deberá declarar, bajo pena de falsedad, si la que es objeto de la misma se halla o no arrendada y, en este último supuesto, si ha hecho uso en los seis años anteriores a la transmisión del derecho que reconoce al arrendador el artículo 26.1 de la presente Ley. Sin esta declaración no podrá inscribirse la transmisión en el Registro de la Propiedad. Caso afirmativo, el fedatario no la autorizará sin que se le acredite de forma fehaciente la práctica de la notificación a la que se refieren los artículos anteriores.
En todo caso, la escritura de enajenación se notificará de forma fehaciente al arrendatario al efecto de que pueda ejercitar el derecho de retracto o, en su caso, el de adquisición, si las condiciones de la enajenación, el precio o la persona del adquirente no correspondieran de un modo exacto a las contenidas en la notificación previa. El mismo derecho tendrá si no se hubiere cumplido en forma el requisito de la notificación previa. En este caso, el retracto o el derecho de adquisición preferente podrán ser ejercitados durante el plazo de sesenta días hábiles a partir de la notificación.
Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de adquisición intervivos de fincas rústicas arrendadas deberá justificarse la práctica de la notificación que establece el apartado anterior.
Artículo citado en: 81 sentencias, 36 artículos doctrinales, 9 temas prácticos, 6 formularios, 10 resoluciones administrativas
En la permuta de fincas rústicas cuando se efectúe para agregar una de las fincas permutadas a otra de cualquiera de los permutantes y siempre que sean inferiores a diez hectáreas de secano, o una de regadío, los predios que se permutan.
Artículo citado en: 13 sentencias, 11 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, 4 formularios, 2 resoluciones administrativas
Cuando sean varios los arrendatarios de una misma finca habrá que cumplir con cada uno de ellos los requisitos anteriores, y el derecho de tanteo y retracto y el de adquisición preferente podrán ser ejercitados por ellos separadamente, referidos a la porción o porciones de fincas ocupadas, respetando las normas vigentes sobre unidades mínimas de cultivo.
Si uno o varios arrendatarios renuncian al derecho de tanteo o retracto la Junta Arbitral establecerá la preferencia de los restantes sobre las porciones renunciadas en función de la viabilidad de las explotaciones resultantes.
Artículo citado en: 118 sentencias, 22 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 38 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 10 sentencias, 9 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 25 sentencias, 13 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 24 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico
En los arrendamientos anteriores al Código Civil el arrendatario que traiga causa de quien lo fuera a la publicación de dicho Cuerpo legal podrá acceder a la propiedad de la finca, pagando al arrendador al contado y en metálico el precio de la misma, determinado en vía civil, conforme a las normas de valoración que establece la legislación de expropiación forzosa.
Cuando se trate de censos enfitéuticos, el acceso a la propiedad se regirá por las normas de su redención.
Artículo 98, apartado 1 derogado por la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de arrendamientos rústicos históricos.
Artículo citado en: 223 sentencias, 34 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En los contratos de arrendamiento anteriores a 1 de agosto de 1942, cuya renta hubiera sido regulada por una cantidad de trigo no superior a cuarenta quintales métricos y en los que la finca venga siendo cultivada personalmente por el arrendatario, éste tendrá derecho a adquirir la propiedad de la misma cuando concurran circunstancias determinadas en los apartados siguientes.
Finalizada la prórroga legal que se halle en curso a la entrada en vigor de esta Ley, el arrendador podrá recabar la entrega de la finca para cultivarla personalmente, por sí o por alguno de sus herederos forzosos, notificando fehacientemente al arrendatario su propósito en tal sentido con seis meses de antelación, como mínimo, a la finalización del año agrícola correspondiente y comprometiéndose a llevar a cabo en dicha forma la explotación durante el plazo mínimo de seis años. La acción de recuperación, cuando sea necesaria, deberá entablarse dentro de los tres meses siguientes a la expiración de la prórroga.
Si el arrendador no ejercita tal derecho, el arrendatario podrá ejercitar el de adquisición de la propiedad en el plazo de un año a partir de la terminación de la prórroga o, en su caso, desde que recayere resolución judicial declarando la improcedencia de la recuperación o caducase la instancia para hacer ésta efectiva. El arrendatario que ejercite su derecho de adquisición deberá pagar al contado y en metálico al propietario el justo precio de la finca, determinado en vía civil conforme a las normas de valoración que establece la legislación de expropiación forzosa y tendrá igualmente la obligación de cultivar personalmente durante seis años como mínimo la finca adquirida.
El incumplimiento de la obligación de cultivo personal por el arrendador en caso de recuperación de la finca arrendada facultará al arrendatario para ejercitar su derecho de adquisición con indemnización de los daños y perjuicios que hubiere sufrido.
Si fuera el arrendatario quien incumpliera su obligación de cultivo personal, el arrendador podrá resolver la transmisión con derecho a indemnización de daños y perjuicios y recuperar la finca libre de arrendatarios u ocupantes.
En el caso de que el arrendatario no hiciera uso de su derecho de adquisición forzosa en el plazo y con las condiciones determinadas en el apartado 3 de este artículo, el arrendamiento quedará sujeto, por el tiempo de duración de las prórrogas legales, al régimen normal establecido en esta Ley, especialmente en lo que respecta al derecho de recuperación que corresponde al arrendador conforme al artículo 26 de la misma.
Artículo 99 derogado por la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de arrendamientos rústicos históricos.
Artículo citado en: 98 sentencias, 23 artículos doctrinales, una resolución administrativa
CAPÍTULO X Expropiación Artículo 100
Al importe de una renta anual actualizada y además al de una cuarta parte de dicha renta por cada año o fracción que falte para la expiración del período mínimo o el de la prórroga legal en que se halle. Cuando la expropiación sea parcial, estos importes se referirán a la parte de renta que corresponda a la porción expropiada.
En los casos de fincas que tuvieran la condición de rústicas al iniciarse el arrendamiento y que hayan adquirido un plus-valor en el expediente de expropiación por corresponderle en tal momento distinta calificación, el propietario expropiado deberá abonar al arrendatario, con cargo a dicho plus-valor, una doceava parte del precio de la tierra por cada año que le reste de vigencia al contrato, valorada la tierra según el precio que tengan las fincas rústicas similares a la arrendada y sin que lo que abone el propietario pueda alcanzar nunca el valor total atribuido a las fincas ni la mitad del plus-valor.
Artículo citado en: 208 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
CAPÍTULO XI Arrendamiento parciario Artículo 101
Cuando se ceda la tierra a cambio de una participación en los productos que se obtengan de la misma, si el cedente no aporta, además de la tierra, el ganado, la maquinaria y el capital circulante o lo hace en proporción inferior al 25 por 100, el contrato se considerará como de arrendamiento parciario y se regirá por las normas establecidas para el arrendamiento en la presente Ley con las modificaciones que se indican en los apartados siguientes de este mismo artículo.
Las mejoras realizadas por el arrendatario determinarán la elevación de la participación en proporción a la mayor productividad conseguida por el mismo, según determinación de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos, conforme al artículo 121, apartado 4.
Las partes contribuirán al seguro concertado por cualquiera de ellas, en proporción a sus respectivas participaciones.
En caso de expropiación, la renta a que se refiere la letra a), apartado 1 del artículo 100, será la media del último quinquenio.
En el arrendamiento parciario será también causa de resolución del contrato a instancia del arrendador la deslealtad o fraude por parte del arrendatario en la valoración o en la entrega al arrendador de los frutos que le correspondan.
El arrendamiento parciario se convertirá en arrendamiento ordinario sobre la totalidad de la finca si alguna de las partes lo pidiere dentro de los dos meses anteriores al comienzo del nuevo año agrícola. La renta en metálico será la usual en el lugar para fincas análogas y su actualización se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.
Artículo citado en: 140 sentencias, 12 artículos doctrinales
TÍTULO II De las aparcerías Artículos 102 a 120
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 102 a 106
Por el contrato de aparcería el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total del ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos por partes alícuotas, en proporción a sus respectivas aportaciones. El cedente será considerado como cultivador directo.
Se presumirá, salvo pacto en contrario, que el contrato de aparcería no comprende relación laboral alguna entre cedente y cesionario; de pactarse expresamente esa relación, se aplicará, además, la legislación correspondiente.
Artículo citado en: 115 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Recibir de las partes una denominación distinta de la de aparcería.
Incluir en el contrato, además de las tierras propiamente dichas, edificios, construcciones, instalaciones u otros elementos destinados a la explotación, estén sitos o no en las propias fincas objeto de la aparcería.
Artículo citado en: 31 sentencias, 4 artículos doctrinales
CAPÍTULO II Forma del contrato y valoración de las aportaciones Artículos 107 y 108
En el contrato de aparcería, que deberá formalizarse por escrito, se hará constar el valor de las respectivas aportaciones de los contratantes o los criterios para su valoración o, cuando menos, la indicación del porcentaje que representa la aportación de cada uno. Del propio modo se hará constar la participación en los productos.
En el caso de que no figure en el contrato más que la participación en los productos, se presumirá que la valoración de las respectivas aportaciones coincide con ella, y lo mismo cuando, valoradas las aportaciones, nada se diga de la participación.
En los casos en que no figure en el contrato y faltare la prueba de la participación de las aportaciones y en los productos, o de sus circunstancias, se entenderá que rigen las acostumbradas en la localidad o en la comarca.
Cuando el aparcero aporte exclusivamente su trabajo personal deberá serle garantizado, en todo caso, el salario mínimo que corresponda al tiempo de su actividad que dedique al cultivo de las fincas objeto del contrato de aparcería y cumplirse, en general, lo previsto en la legislación laboral y de seguridad social.
Igualmente se procederá cuando lo que corresponda aportar al aparcero, además de su trabajo personal, sea inferior al 10 por 100 del valor total del ganado, maquinaria y capital circulante.
En estos casos, el aparcero tendrá derecho a exigir que se le pague semanalmente tal salario, sin perjuicio de que se considere, al hacer la liquidación de los frutos obtenidos, como cantidad percibida a cuenta de su participación en el caso de que le correspondieran productos valorados en cantidad superior a lo cobrado.
CAPÍTULO III Duración Artículos 109 y 110
El plazo mínimo de duración de las aparcerías será el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo.
Para extinguir las aparcerías de duración superior a un año será imprescindible el preaviso, en forma fehaciente, del cedente al aparcero con un año de antelación al menos a la fecha de su conclusión.
A falta de este preaviso, la aparcería se prorrogará por otra rotación del cultivo y así sucesivamente mientras no se produzca el preaviso, en forma fehaciente, con el año de antelación a la terminación de cualquiera de ellas.
Recibido el preaviso por el aparcero, éste podrá optar por el abandono al cedente del cultivo de la finca, o por su continuación como arrendatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de esta Ley.
Artículo citado en: 146 sentencias, 12 artículos doctrinales
En las aparecerías que el cedente aporte la tierra preparada y labrada por él, para que el aparcero, mediante su trabajo personal, la dedique a un determinado cultivo de carácter estacional e inferior a un año, la duración del contrato será la del cultivo que se trate, sin los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente o conservación en arrendamiento, regulados en los artículos 118 y 119 de esta Ley.
Sin perjuicio de la participación pactada, en todo caso le quedará garantizado al aparcero el salario mínimo aplicable al tiempo que dure el contrato por la actividad realizada y tendrá derecho a que el cedente se lo anticipe semanalmente a cuenta de lo que le corresponda en la liquidación final.
CAPÍTULO IV Derechos y obligaciones de las partes Artículos 111 a 114
La liquidación de los frutos obtenidos y su adjudicación a los contratantes se practicará en el tiempo y forma que exprese el contrato o, en defecto del mismo, de acuerdo con las costumbres locales o comarcales.
En defecto de pacto o costumbre, se practicará anualmente o al terminar la recolección del fruto.
La práctica de una liquidación y adjudicación presume que están realizadas las anteriores.
Todo anticipo que el cedente haga al aparcero para que éste pueda realizar las aportaciones que le son propias según el contrato de aparcería, incluido el adelanto de jornales, tendrá a efectos de prelación la consideración establecida, en el número 6 del artículo 1922 del Código Civil.
El anticipo por el aparcero al cedente a cuenta de la cosecha futura está prohibido, siendo nula y teniéndose por no puesta la cláusula que lo estableciera.
Los frutos o productos separados, sobre los que cedente y aparcero tengan participación, se consideran bienes comunes de ambos y ninguno de ellos puede retirarlos sin el consentimiento del otro, salvo pacto en contrario.
En ningún caso podrán ser adjudicados al acreedor del aparcero o del cedente productos de la aparcería sin estar previamente hecha la liquidación anual de la misma, limitándose el derecho del acreedor a la parte que en dicha liquidación le sea adjudicada a su deudor.
Serán, en todo caso, de cargo del cedente el pago de los gravámenes, contribuciones, impuestos y arbitrios de todas clases que recaigan sobre la propiedad de la finca.
Serán de cuenta del cedente y del aparcero, en proporción a su participación, los gravámenes, contribuciones, impuestos o arbitrios de todas clases que recaigan sobre los productos.
Respecto de las cuotas por Seguridad Social y, en su caso, Cámaras Agrarias, se estará a lo que dispongan las disposiciones o Estatutos que las regulen.
Los tratamientos obligatorios contra plagas o similares serán satisfechos por ambas partes de conformidad con lo que disponga la Ley que los establezca y, a falta de ella o de pacto, uso o costumbre, en proporción a su participación en la aparcería.
Ambos contratantes contribuirán a los seguros concertados por cualquiera de ellos en proporción a los riesgos que efectivamente les afecten.
CAPÍTULO V Revisión Artículo 115
CAPÍTULO VI Mejoras Artículo 116
Las mejoras existentes en las fincas explotadas en régimen de aparcería o incluidas en la misma se presumen, salvo prueba en contrario, que han sido costeadas por la parte contratante a quien incumbe su realización, según lo establecido en los artículos 48 y 49.
Respecto de las mejoras útiles y sociales y las de adorno o recreo se aplicarán las normas establecidas en esta Ley para el arrendamiento.
Los gastos por deterioro que procedan del uso natural de las cosas serán pagados por los contratantes en proporción a su participación.
CAPÍTULO VII Extinción Artículo 117
Serán causas de extinción de las aparcerías las siguientes:
Cualquiera otra causa que resulte del contrato o de los usos y costumbres locales, siempre que no se opongan a lo establecido en esta Ley. En estos casos, sin embargo, el aparcero podrá optar por continuar como arrendatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de esta Ley.
La muerte o invalidez del aparcero, no producirá la extinción de la aparcería, que asumirán los familiares del causante que vinieran cooperando en la explotación.
Artículo citado en: 123 sentencias, 8 artículos doctrinales
CAPÍTULO VIII Formas de acceso a la propiedad Artículo 118
El aparcero tendrá derecho en toda enajenación intervivos de la finca rústica que explote en aparcería, de su nuda propiedad, de porción determinada o de participación indivisa de la misma, a acceder a la propiedad de ella mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto y adquisición preferente con los mismos requisitos, condiciones y efectos que se establecen para el arrendatario en esta Ley.
El tercer adquirente de la finca no viene obligado a continuar la aparcería y para ello deberá preavisar de extinción al aparcero, quien, en tal caso, tendrá los derechos que se deriven de la existencia de mejoras realizadas por el mismo en la finca y liquidación de productos, así como la posibilidad de optar por la conversión en arrendamiento que se regula en el artículo 119 de esta Ley.
Artículo citado en: 36 sentencias, 7 artículos doctrinales, un tema práctico
CAPÍTULO IX Conversión de la aparcería de arrendamiento Artículo 119
En los casos en que proceda la conversión de la aparcería en arrendamiento y las partes no hubieran llegado a un acuerdo mediante comparecencia ante la Cámara Local Agraria el IRYDA formulará propuesta sobre el canon arrendaticio y la ubicación de la tierra sobre la que ha de recaer el arrendamiento, atendiendo a la viabilidad de las explotaciones resultantes y de modo que el aparcero obtenga rendimientos análogos a los que le producía la aparcería.
Si persiste el desacuerdo entre las partes, cualquiera de ellas podrá plantear la cuestión ante el Juzgado competente.
La duración del arrendamiento será como mínimo de seis años contados desde la conversión y el arrendatario tendrá derecho a las prórrogas que en esta Ley se establecen, deduciendo de las mismas el tiempo que hubiere durado la aparcería. El aparcero dispondrá del tiempo que dure el arrendamiento para indemnizar anualmente al cedente del capital mobiliario mecánico y vivo aportado por éste.
No procederá la conversión si el aparcero no reúne las condiciones exigidas en esta Ley para ser arrendatario.
CAPÍTULO X Expropiación Artículo 120
En caso de expropiación de una finca cedida en aparcería se estará a lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, considerándose como renta a los efectos establecidos en el apartado 1 a) de dicho artículo la que le correspondería en caso de conversión del arrendamiento.
TÍTULO III Jurisdicción en materia de arrendamientos rústicos y aparcerías Artículos 121 a 137
Todas las atribuciones asignadas al IRYDA y a las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos en la presente Ley se entenderán siempre sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados para plantear la cuestión en vía civil ante el Juzgado correspondiente. Cuando la resolución judicial confirme el informe o determinación del IRYDA o la decisión de la Junta Arbitral se impondrán de oficio las costas al vencido.
Las Juntas Arbitrales, de oficio o a instancia de parte, podrán intentar la avenencia en las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta Ley.
La determinación de la cantidad que el arrendador haya de abonar al arrendatario por las mejoras que éste opte por dejar en la finca de acuerdo con el artículo sesenta y dos de la presente Ley.
Las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos decidirán, también como trámite previo a cualquier contienda judicial y con carácter ejecutivo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a los Tribunales de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, las cuestiones que se planteen acerca de:
La preferencia a que se refiere el artículo 93, apartado 2.
Cada Junta Arbitral estará constituida por un Presidente, un Secretario y por seis Vocales, tres de ellos exclusiva o predominantemente arrendadores y los otros tres exclusiva o predominantemente arrendatarios. El ámbito de la Junta Arbitral será el de las Comarcas definidas según corresponda por la Administración Central o la Autonómica.
La determinación del ámbito de las Juntas Arbitrales corresponde a las Comunidades Autónomas.
Las Juntas Arbitrales podrán recabar de la Administración los asesoramientos técnicos que estimen precisos para el ejercicio de sus funciones, bien por vía de informe, bien convocando a los funcionarios que hayan de prestar dicho asesoramiento para que asistan a la sesión con voz pero sin voto.
Artículo 121, apartado 5, último párrafo modificado por la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de las Explotaciones agrarias.
Artículo citado en: 158 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Cuando por razones de urgencia, o por tratarse de plazos perentorios, se presente la demanda judicial sin el previo informe del IRYDA, sin el previo intento de avenencia ante la Junta Arbitral o sin la resolución de ésta y estos trámites fuesen preceptivos de acuerdo con la presente Ley, el Juez acordará que se cumplimenten antes de dar trámite a la demanda, sin perjuicio de adoptar las medidas precautorias que procedan.
Será competente la Junta Arbitral de la comarca en que se encuentre la finca a que se refiera la cuestión planteada. Si la finca se encontrase en más de una comarca, la competencia de la Junta Arbitral se determinará por las mismas normas que la del Juzgado.
Aunque medie sumisión expresa a la jurisdicción de otro Juzgado, será competente en todo caso el que correspondiere al lugar en que se hallare la finca, entrando el asunto a turno donde hubiere varios.
Si por razón del lugar fueren competentes distintos Juzgados, la competencia se atribuirá al que corresponda al lugar en que se encuentra la parte principal de la finca, considerando como tal el de situación de la casa, labor del arrendatario o aparcero y, en su defecto, la parte de mayor cabida.
Artículo 123 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 66 sentencias, 7 artículos doctrinales
La cuantía litigiosa la determinará en los arrendamientos la renta anual.
En las aparcerías la cuantía litigiosa vendrá dada por la valoración de la aportación del litigante, si estuviera determinada, y, en su defecto, la valoración de la participación que al mismo haya correspondido en la liquidación del año precedente, sin que existiere prueba escrita de la misma. En defecto de ello se estimará como de cuantía indeterminada.
Cuando el litigio verse sobre una reclamación concreta, la cuantía se determinará por el valor de lo efectivamente reclamado.
Artículo 124 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 69 sentencias, 3 artículos doctrinales
Artículo 125 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 59 sentencias, 3 artículos doctrinales
Igualmente podrá acumular las acciones que le competan contra distintos arrendatarios o aparceros cuando unos y otros lo sean de la misma finca, salvo que la competencia corresponda a Juzgados distintos y siempre que se fundamenten en hechos comunes.
No obstante, unos y otros podrán litigar con representaciones y defensas diferentes.
Artículo 126, apartado 1, modificado por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 126 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 79 sentencias, 5 artículos doctrinales
Artículo 127, apartados 1, b), y 2, c) modificados por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Artículo 127 modificado por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 127 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 80 sentencias, 7 artículos doctrinales
Sólo cuando el pago o consignación se realice hasta el mismo día señalado para el juicio, y antes de su celebración, podrá éste proseguirse por las costas, y en tal caso si el demandado intentare acreditar el ofrecimiento de las rentas al actor con anterioridad a la presentación de la demanda se admitirán otras pruebas procedentes en Derecho además de las que autoriza el párrafo segundo del artículo 1579 de la Ley Procesal Civil.
El demandado podrá rehabilitar de plena vigencia el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición, depositándolo incluso en poder del encargado de ejecutar la diligencia, que en todo caso lo tomará y dará recibo, el importe de las cantidades que por principal debiera en dicho instante, el 25 por ciento del mismo y los intereses legales a contar éstos desde la fecha de la demanda, por las sumas vencidas y, desde el día en que el pago debió hacerse, por las pendientes.
Artículo 128 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 146 sentencias, 9 artículos doctrinales
Artículo 129 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 63 sentencias, 5 artículos doctrinales
Artículo 130 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El Juez para mejor proveer, podrá acordar toda clase de pruebas, pedir antecedentes y asesoramientos y dentro de cinco días dictará sentencia.
Artículo 131, párrafo primero modificado por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 131 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 203 sentencias, 8 artículos doctrinales
Artículo 132, apartado 3 modificado por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Artículo 132 modificado por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 132 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 298 sentencias, 8 artículos doctrinales
Artículo 133 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
En las sentencias que pongan término al juicio se hará pronunciamiento expreso sobre costas. Las de primera instancia se impondrán, tanto en las que se sigan ante los Juzgados de Distrito como ante los de Primera Instancia, a los litigantes cuyos pedimentos fueran totalmente rechazados, y si sólo se estimaran parcialmente, cada parte abonará las causas a su instancia y las comunes por mitad.
En las apelaciones y en los recursos la Audiencia o Tribunal hará sobre las costas del recurso el pronunciamiento que repute justo, en consideración a si aprecia o no temeridad en el apelante o recurrente. Cuando el recurso se declare desierto se impondrán las costas al recurrente.
En los juicios de desahucio por falta de pago las costas se impondrán al demandado cuando se declare haber lugar al mismo o que ésta hubiera procedido de no mediar el pago o la consignación, y al actor en los demás casos.
En los pleitos que versen sobre aumento, reducción o exoneración de renta, si no se accediera a la petición, será preceptiva en todas las instancias la imposición de costas al demandante.
En los pleitos a que se refiere el artículo 39, entablados para que por el Juez se añada al contrato de arrendamiento la cláusula de actualización, si el arrendatario se opusiera a su existencia será condenado en costas, y si se opusiere en cuanto al módulo para fijar la renta o su cuantía, se hará pronunciamiento sobre costas, pudiendo serle impuestas al demandante o demandado según la apreciación de la buena o mala fe del litigante.
En los litigios para fijar la renta a la porción de fincas sobre la que ha de recaer el arrendamiento por conversión de la aparcería las costas serán por mitad para ambos litigantes.
En lo pertinente se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 121.
Artículo 134, apartados 1 y 2 modificados sin contenido, por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 134 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 429 sentencias, 5 artículos doctrinales
Cuando se inste una resolución judicial que haya de surtir efectos en el futuro, como en los casos de conversión de la aparcería en arrendamiento, denegación de prórroga del arrendamiento o de la aparcería, entre otros, podrá plantearse la acción inmediatamente con el fin de sustanciar el litigio antes de que se produzca la fecha en que debe alcanzar efectividad el pronunciamiento, aun cuando no se ejecute hasta que la misma llegue y siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a la resolución.
Artículo 135, número 1º modificado, por la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de medidas urgentes de reforma procesal.
Artículo 135 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 127 sentencias, 6 artículos doctrinales
En los casos en que se discuta la cuantía de la renta el arrendatario deberá consignar previamente ante el Juzgado la pactada, de la cual podrá disponer el arrendador. Tratándose de aparcería, si fuera conocida la participación del cedente, deberá hacerse la consignación de la figurada con los mismos efectos que la renta. Si no fuera conocida o determinada el aparcero consignará o pondrá a disposición del cedente lo que estime adecuado, pudiéndose hacer cargo de ello el propietario, sin que ello implique conformidad, y el Juez, en la sentencia que dicte, atendiendo a las circunstancias del caso, prevendrá lo procedente en cuanto a lo que debe ser objeto de consignación.
En los casos de revisión, reducción o condonación de renta el Juez podrá autorizar al arrendatario o aparcero a que consigne sólo una parte o dispensarle totalmente de consignar.
Los plazos de renta que venzan durante la sustanciación del pleito deberán ser consignados, bajo pena de tener por desistido de la reclamación o del recurso al arrendatario o aparcero.
Artículo 136 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 120 sentencias, 5 artículos doctrinales
Artículo 137 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 76 sentencias, 5 artículos doctrinales
No obstante, cuando se trate de cultivadores personales en los términos que define el artículo 16 de la presente Ley, éstos tendrán derecho a las prórrogas que la misma determina, hasta el límite de 21 años, contados desde la iniciación del contrato.
Disposición transitoria primera, regla tercera, prorrogada y vigente hasta el 31 de diciembre de 1988 en la Comunidad Autónoma de Galicia por la Ley 2/1986, de 10 de Diciembre, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia.
Disposición citada en: 517 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
La Presidencia y la Secretaría de las Juntas Arbitrales serán cubiertas de acuerdo con lo indicado en el artículo 121, apartado 5.
La aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales en todos los territorios del Estado donde existan normas peculiares al respecto.
Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los bienes comunales, los de propios de las Corporaciones Locales y los montes vecinales en mano común, cuyo disfrute, incluso en supuestos arrendaticios, se regulará por normas específicas.
Quedan derogadas las Leyes de 15 de marzo de 1935, 28 de junio de 1940, 23 de julio de 1942, 18 de marzo de 1944, 18 de diciembre de 1946, 17 de julio de 1953, y 15 de julio 1954, sus Reglamentos y cuantas se opongan a la presente Ley.
DECRET de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació.

References: artículo 1656
 artículo 121
 resolución 
 artículo 83
 artículo 61

Artículo 14
 artículo 14

Artículo 15
 resolución 
 artículo 76
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 artículo 25
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 38
 artículo 121
 artículo 32
 artículo 121
 artículo 36
 artículo 52
 artículo 75
 artículo 34
 artículo 57
 resolución 
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 71
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 1518
 resolución 
 artículo 26

Artículo 98
 resolución 
 resolución 
 artículo 26

Artículo 99
 resolución 
 Artículo 100
 resolución 
 Artículo 101
 artículo 121
 artículo 100
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 artículo 119
 artículo 1922
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 artículo 119
 Artículo 118
 artículo 119
 Artículo 119
 Artículo 120
 artículo 100
 resolución 
 artículo 93

Artículo 121
 resolución 
 resolución 

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 127

Artículo 127
 artículo 1579

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 132

Artículo 132

Artículo 133
 artículo 39
 artículo 121

Artículo 134

Artículo 134
 resolución 

Artículo 135

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137
 artículo 16
 artículo 121