Source: https://tc.vlex.es/vid/637874893
Timestamp: 2020-08-13 16:25:58+00:00

Document:
STC 82/2016, 28 de Abril de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 637874893
Número de Recurso: 9888-2007
Sentencia citada en: 21 sentencias, 16 artículos doctrinales, 13 temas prácticos, una noticia
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez- Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY S E N T E N CI A
Se inicia recordando que la LREMV ha declarado expresamente en su exposición de motivos que el propósito perseguido con su promulgación es el de que sea "el primer paso en la recuperación del Derecho foral valenciano, con el objetivo y la intención de poder desarrollar en el futuro un Código de Derecho foral valenciano que englobe las distintas leyes sectoriales que se promulguen”. En este sentido, ya en el art. 1 LREMV se afirma que la regulación del régimen económico matrimonial valenciano “(...) se lleva a cabo desde la recuperación del derecho foral civil valenciano y su pertinente desarrollo y adaptación a los valores y principios constitucionales, así como a las nuevas demandas sociales". Y con esta misma finalidad la Disposición final segunda dispone que "el Código civil, en todas las materias regidas en esta ley, tendrá vigencia, con carácter de derecho supletorio, en defecto de la presente ley, la costumbre, los principios generales del ordenamiento jurídico valenciano, en materia económica matrimonial, y la doctrina jurisprudencial civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".
El legislador valenciano pretende amparar la recuperación de los antiguos fueros en el art. 49.1.2o EACV, en relación con el art. 7 y la Disposición Transitoria Tercera del texto estatutario. Así también resulta de su exposición de motivos : "de esta manera, el derecho civil alumbrado en el ejercicio de la competencia del art. 49.1.2o del Estatuto entronca incuestionablemente con el que fuera nuestro derecho foral civil, del que se separa sólo en aquello en lo que se debe dar respuesta a las exigencias más urgentes de nuestra sociedad y en lo que exige el respeto a los valores y principios de nuestra Constitución, la cual opera, precisamente, desde esos mismos principios y valores, como causa irrenunciable de la reintegración a los valencianos del que fue su derecho foral civil, llenando así con esa actualizada y constitucionalizada reintegración, una parte del contenido de la competencia que en el artículo 49.2a del Estatuto de Autonomía reconoce
en exclusiva a la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 y la Disposición Transitoria Tercera de ese mismo texto legal." En idéntico sentido se pronuncia la Disposición Final Primera al proclamar que "la presente ley se dicta al amparo de la competencia que el artículo 49.1.2o del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat, para conservar, modificar y desarrollar el derecho foral civil valenciano, recuperando su contenido en lo concerniente al régimen económico matrimonial en plena armonía con la Constitución y la realidad social y económica valenciana, tal y como preceptúan el artículo siete y la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomía".
Para la Abogacía del Estado, la LREMV rompe con la pacífica interpretación del art. 149.1.8 CE, en cuya virtud las comunidades autónomas sin derecho foral compilado sólo tienen competencia para legislar las costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido. Interpretación que la Generalitat aceptó la primera vez que ejerció de forma inmediata la competencia sobre derecho civil con la Ley 6/1986, de 15 diciembre, de Arrendamientos Históricos Valencianos. En su preámbulo ya reconocía que, tras la abolición del derecho foral por los Decretos de Nueva Planta, "en la práctica habitual y cotidiana quedaron al menos vestigios o retazos del antiguo régimen foral, en buena medida amparados por el sistema de libertad de pactos y de formas que históricamente ha caracterizado el derecho castellano". Fue por tanto la Comunidad Valenciana la que aceptó que su competencia sobre derecho foral civil exigía acreditar la subsistencia de una costumbre derivada de los antiguos fueros. Sin embargo, tras la promulgación de la reforma de su Estatuto de Autonomía (LO 1/2006, de 10 abril), en el que se atribuye competencia exclusiva para la conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano (art. 49.1.2o), ha considerado que la competencia autonómica derivada del precepto estatutario no sólo tiene como presupuesto la vigencia de un derecho consuetudinario en el momento de entrar en vigor de la Constitución, sino que su contenido se extiende al desarrollo de las materias reguladas en los Fueros del Reino de Valencia que deben armonizarse con los principios y valores constitucionales. Para el representante del Gobierno de la Nación es evidente pues, que, a través de la modificación estatutaria, lo que se ha pretendido es forzar una diversa interpretación del art. 149.1.8 CE, sin que tal objetivo haya sido alcanzado, porque, en todo caso, cualquier ley civil valenciana queda sometida a la Constitución y a la doctrina constitucional sobre el art. 149.1.8 CE.
Por lo demás, recuerda que el término “desarrollo” del art. 149.1.8 CE solamente permite legislar sobre “instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta” y no ilimitadamente (STC 88/1993,
156/1993 y 127/1999) y, por consiguiente, la conclusión que ha de alcanzarse es clara: las competencias autonómicas en materia de Derecho civil exigen la existencia y vigencia efectivas del Derecho foral, incluido el consuetudinario, pues no se puede conservar, modificar o desarrollar aquello que no es una realidad normativa reconocible.
Los Estatutos de Autonomía están jerárquicamente subordinados a la CE, según resulta de sus arts. 147.2.d) y 161.1.a) y del 27.2.a) LOTC. Por tanto, dado que no pueden ampliar sus competencias, más allá de lo permitido en la Norma fundamental, se insta a llevar a cabo una interpretación constitucionalmente respetuosa del art. 7 y de la disposición adicional tercera EACV, cuando aluden a la recuperación de los Fueros del histórico Reino de Valencia. En tal sentido, la Abogacía del Estado sostiene que el art. 7.1 EACV es un precepto competencialmente neutro, que no atribuye competencias a la Generalitat, sino que establece un principio de actuación conforme a la CE que habrá de informar el ejercicio de las competencias autonómicas. Idéntica interpretación conforme debe hacerse de la disposición adicional tercera del EACV, que alude a la recuperación y actualización de la “normativa foral del histórico Reino de Valencia” y lo hace “en los términos establecidos por este Estatuto”, es decir, por el art. 49.1.2 EACV, y “al amparo de la Constitución Española”, esto es, con plena sujeción al art. 149.1.8 CE. En definitiva, el art. 7 y la disposición adicional tercera del EACV presuponen una competencia que no se amplía y que se remite al art. 49.1.2 EACV, es decir, a la competencia exclusiva sobre la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”, con el contenido y alcance antes expresado. Por último, recuerda lo dicho en la STC 31/2010, FJ 76, a propósito del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y afirma la que la competencia estatal del art. 149.1.8a CE es “invulnerable” al legislador estatutario.
Sentado lo anterior, y recordando que el Decreto de Nueva Planta promulgado el 29 de junio de 1707 supuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia -que nunca se recuperaron, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios- el representante del Gobierno de la Nación concluye que tras casi tres siglos de vigencia del Derecho civil común en aquella Comunidad autónoma, el Derecho civil valenciano que pueda estar vigente es exclusivamente de carácter consuetudinario, y vinculado esencialmente a costumbres de carácter agrario o pesquero, además de los arrendamientos históricos. Por ello, aunque la opinión doctrinal mayoritaria admite la posibilidad de recuperar esas costumbres, rechaza sin embargo la “recuperación romántica o indiscriminada” del Derecho foral valenciano. Así pues, la razón de la impugnación de la LREMV radica en que no refleja una realidad consuetudinaria efectivamente existente, como condición constitucional imprescindible, sino que la crea ex novo, sin conexión alguna con sus
usos vigentes, tratando además de resucitar prácticas ya abandonadas por haber sido formalmente derogadas.
Finaliza sus argumentos en defensa de la inconstitucionalidad de la totalidad de la LREMV recordando que, dado que la competencia legislativa civil en este caso la ostenta de manera exclusiva el Estado, aunque la norma valenciana se limitara tan sólo a reproducir exacta y fielmente la norma estatal, sería inconstitucional. Es más, el riesgo de esta práctica legislativa adquiere una especial intensidad cuando concurre el vicio de incompetencia material de la Comunidad Autónoma, «porque si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia (STC 35/1983). En este sentido, cumple recordando lo declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (FJ 8) y más recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4, apartado b)] y 147/1993 (FJ 4), es decir que la simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas».
Como antes avanzamos, el escrito de dirige un segundo reproche de inconstitucionalidad directamente a los arts. 27.2 y 39 LREMV, que regulan la inscripción en el Registro civil de determinados actos, pues no sólo carecen de conexión alguna con una costumbre que derivada de los antiguos fueros subsista en la Comunidad Valenciana, sino que inciden en el título "ordenación de los registros e instrumentos públicos" (art. 149.1.8 CE) que es, en todo caso, materia reservada al Estado.
Mediante Providencia de 17 de abril de 2008, el Pleno, a propuesta de la sección primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y a las Cortes valencianas, al objeto, de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Se dispuso tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art.161.2 CE, lo que produce la suspensión establecida en el art. 30 LOTC, comunicándolo a los Presidentes del Gobierno y al de las Cortes valencianas. Por último,
se ordenó publicar la formalización del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana.
Recuerda que los fueros, privilegios prácticas y costumbres del Reino de Valencia se abolieron mediante el Decreto de 1707 pero, desde entonces, pervivieron usos y costumbres relativos a ciertas costumbres nupciales para concretos supuestos sucesorios. A todo ello suma la tradición valenciana sobre diferentes aspectos diferentes como los sistemas de transmisión de la propiedad; la explotación de recursos naturales; las formas de explotación de la tierra; los contratos para las empresas agrarias o las sucesiones mortis causa. Esos usos y costumbres también se han mantenido en las atribuciones por razón de matrimonio, con influencia en el régimen económico
matrimonial, como ha sido defendido por prestigiosos juristas y catedráticos de las universidades valencianas desde hace muchos años hasta fechas recientes.
Posteriormente, subraya que ya el art. 3 EACV de 1982, reconocía a la Generalitat Valenciana competencia exclusiva sobre la conservación, modificación y de desarrollo del Derecho civil valenciano en idénticos términos al Estatuto de Galicia (art.27.4) y del Estatuto de Cataluña (art. 9.2) e, incluso, en materia de Derecho civil contenía alguna peculiaridad no compartida con aquellos, como fue considerar los bienes de herencias intestadas, cuando el causante ostentara la condición política de valenciano, al describir la composición del patrimonio de la Generalitat en su artículo 51.I.c). Pero es que, yendo más allá, para el Letrado del Parlamento autonómico no se debe olvidar que el propio Tribunal Constitucional, bajo la vigencia del anterior EACV de 1982, reconoció la existencia de un derecho civil valenciano y la indubitada competencia que la Generalitat Valenciana “para legislar sobre instituciones que han tenido una configuración consuetudinaria específica en su ámbito territorial" (STC 121/1992, de 28 de septiembre).
La reforma estatutaria de 2006 asume la constitucionalidad de la recuperación y plena actualización del Derecho civil foral y, por consiguiente, no puede llevarse a cabo una “interpretación reduccionista” de la competencia autonómica en materia de Derecho civil que la limite a normas consuetudinarias. En opinión del representante de las Cortes Valencianas, en el actual art. 49.1.2
EACV figura ahora la competencia exclusiva de la Generalitat para la "conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano", y la disposición transitoria tercera EACV, la reafirma, señalando que "la competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución española". Por consiguiente, la incorporación del término “foral” en el nuevo art. 49.1.2a EACV de 2006 despeja definitivamente todas las dudas sobre la plena capacidad legislativa en materia foral, y zanja, de una vez por todas, el debate doctrinal acerca de la expresión “allí donde existan” (art. 149.1.8 CE). A partir de este momento, ya no cabe interpretar el derecho civil autonómico referido sólo a la entrada en vigor de la CE, sino también a cualquier momento anterior, aunque en 1978 se encontrara derogado. Concluye recordando que la reforma del EACV de 2006, por la que se asumió competencia exclusiva en legislación civil valenciana, no ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad y si legislar supone innovar, esta posibilidad debe reconocerse no sólo a las comunidades autónomas que compilaron su propio derecho civil, sino a todas aquellas en las que su Estatuto de Autonomía
haya recogido dicha competencia legislativa, quedando siempre reservadas al Estado las materias que excluye el propio art. 149.1.8 CE de la acción legislativa autonómica.
En cuanto al primer bloque relativo a la negociación habida en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana reitera las alegaciones realizadas con ocasión del levantamiento de la suspensión. Así, recuerda que, en fecha de 28 de mayo de 2007, se remitió un informe del Director General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de las Administraciones Públicas a la Secretaría Autonómica de Política Institucional de la Generalitat de Valencia, en el cual mostraban la posible inconstitucionalidad de una serie de concretos preceptos de la LREMV, proponiendo el cauce de cooperación previsto en el art. 33.2 LOTC como fórmula adecuada para la discusión y posible acuerdo de la citada discrepancia.
Constituida la Comisión Bilateral de Cooperación, se acordó, en fecha 7 de junio de 2007, iniciar negociaciones para resolver exclusivamente las discrepancias sobre los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 LREMV, no cuestionando, como posteriormente harían en el recurso, si están acreditadas las costumbres sobre el régimen económico matrimonial propio de los valencianos, sino que se parte en todo momento de la tesis de las "instituciones conexas" desarrollada por el Tribunal Constitucional en su doctrina sobre el ejercicio de la competencia legislativa en materia civil y, aunque es cierto que cita la STC 121/1992, relativa al derecho civil valenciano y la conexión del desarrollo de esta competencia con la existencia de costumbres propias, lo hace de forma tangencial.
Tras mantener diversas reuniones para alcanzar un acuerdo sobre los preceptos en conflicto, en la fase final de la negociación (reunión de la Comisión Bilateral de 20 de noviembre de 2007), la Abogacía del Estado decide plantear recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la LREMV, basándose en la doctrina emanada de la STC 121/1992, según la cual, sólo la existencia probada de una costumbre vigente habilita al legislador valenciano para el ejercicio de la competencia para la "conservación, modificación y desarrollo" de su derecho civil foral (ex art. 149.1.8 CE).
En consecuencia, debe anudarse a la patente falta de lealtad institucional la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de inconstitucionalidad en todo aquello que exceda de los concretos preceptos que fueron objeto de discusión en la Comisión Bilateral. En tal sentido, se recuerda que el plazo ordinario de tres meses para la interposición del recurso de inconstitucionalidad del art. 33.1 LOTC resulta legalmente prorrogado a nueve meses cuando se plantean ante la Comisión Bilateral de Cooperación "las discrepancias" mantenidas respecto de la ley, disposición o acto con fuerza de ley a impugnar [art. 33.2 b) LOTC], con la finalidad de que pueda producirse un acuerdo que evite el posible recurso. Ahora bien, la prórroga no se extiende a aquellas materias o preceptos que no son objeto de negociación, a las que debe aplicarse el plazo general y, en caso, de que posteriormente se incluyan en el recurso, inevitablemente debe ser considerado parcialmente extemporáneo.
Seguidamente,dentroyadelbloquedenominado“aspectossuntantivos",sellevaacabo,en primer lugar, una breve introducción histórica sobre la evolución del derecho civil foral valenciano, desde su abolición en el año 1707 hasta nuestros días, para concluir que, aun
reconociendo la evidente ausencia de una compilación de normas forales valencianas en el momento de aprobar la Constitución, la reivindicación de la recuperación de tal cuerpo legal ha sido una constante histórica.
A continuación, se procede a un detallado análisis sobre el ejercicio de la competencia autonómica en materia de derecho civil foral, que puede resumirse básicamente en las siguientes ideas: en primer lugar, la competencia en legislación civil fue delegada por el Estado a favor de la Generalitat (art. 150.2 CE), primero a través de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia de competencias de titularidad estatal a la Comunidad Autónoma Valenciana (en adelante, LOTRAVA), cuyo fin fue equiparar a esta Autonomía con las del art. 151 y disposición transitoria segunda CE, y después fue asumida plenamente por mediante la Ley Orgánica 5/1994, de 5 de marzo, de reforma del EACV. En segundo término, esa competencia “trae causa (...) de lo prevenido en el citado art. 149.1.8 CE”, tal y como proclamó la STC 121/1992, FJ 1, y por consiguiente, tenía por objeto tutelar la foralidad civil valenciana. Sin embargo, la posición expresada en esa misma STC 121/1992, FJ 1, de que la competencia autonómica en materia civil “no puede estimarse referida sino al Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma” es inasumible desde un punto de vista técnico-jurídico, por dos razones: ante todo, porque las costumbres forales fueron derogadas, como los mismos fueros, en 1707. En consecuencia, a partir de entonces las costumbres que han observado los valencianos son costumbres primero de Derecho castellano y después de Derecho común, de suerte que no puede sostenerse con rigor que en la actualidad estén vigentes costumbres forales. A ello hay que añadir que la simple conversión de esas costumbres en normas legales chocaría con la limitación de su ámbito territorial, de imprecisa y difícil fijación, pues lo normal es que los usos sean locales y no uniformes, así como también con la competencia exclusiva e indelegable del Estado para regular la aplicación y eficacia de las normas jurídicas de acuerdo con el art. 149.1.8 CE.
En segundo lugar, la doctrina de la STC 121/1992 encorseta el contenido de las leyes valencianas en términos incompatibles con el ejercicio constitucional y estatutario de la competencia civil, conduciendo a su vaciado e inutilidad, porque es obvia la inexistencia de leyes civiles valencianas posteriores a la de arrendamientos históricos, a la que se refirió la citada STC 121/1992. Frente a ello, el EACV de 2006 pretende “el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como Nacionalidad Histórica por sus raíces históricas, por su
personalidad diferenciada, por su lengua y cultura y por su Derecho civil foral”. Los arts. 7.1, 49.1.2 y disposición transitoria tercera EACV de 2006 parten del contenido de los fueros vigentes al tiempo de su abolición, en el año 1707, para dotar así de sentido a esa competencia previamente transferida (Ley Orgánica 12/1982) y luego asumida (Ley Orgánica 5/1994), respetando siempre, eso sí, los valores y principios constitucionales y estatutarios. De manera que la Ley Orgánica 5/1994 habría derogado la Ley Orgánica 12/1982 “por innecesaria”, pues la citada LO 5/1994 también había modificado la disposición adicional tercera EACV de 1982, en el sentido de descalificar las competencias como transferidas para darles a todas un carácter plenamente estatutario. Para enfocar correctamente este recurso el representante de la Generalitat considera esencial advertir que la competencia legislativa de la Generalitat en materia de Derecho civil no deriva de la aplicación del art. 149.1.8 CE, sino de la transferencia llevada a cabo por la LOTRAVA, tal como reconoce el propio Tribunal Constitucional en su STC 121/1992. En definitiva -se argumenta-, la finalidad de la reforma radica en que la Generalitat pueda ejercer su competencia para legislar Derecho civil valenciano como si no hubiera existido abolición, aunque ello suponga llevar a cabo una reinterpretación del bloque de la constitucionalidad.
En un apartado dedicado al derecho comparado autonómico, se pone de manifiesto la clara intención del EACV, desde su inicial aprobación en el año 1982, de equipararse a los Estatutos de los territorios que gozaban de unos derechos forales compilados en el momento de entrada en vigor de la CE, alejándose de aquellos otros Estatutos como el asturiano, el extremeño o el murciano, carentes de dicho acerbo jurídico y cuya forma de enfocar sus competencias en materia civil estaba claramente volcada a la tutela de las costumbres que pudieran subsistir.
e)	Por último, agrupados bajo el epígrafe "Otros aspectos sustantivos contenidos en el recurso interpuesto contra la Ley 10/2007", la Abogacía de la Generalitat responde a los concretos reproches de inconstitucionalidad que se realizan a la Ley impugnada.
El Presidente del Gobierno impugna la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV), por considerar que incurre en un doble motivo de inconstitucionalidad. En primer lugar, uno de naturaleza competencial, derivado del origen de la norma, al invadirse la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil derivada del art. 149.1.8a CE, desoyendo la doctrina establecida en la STC 121/1992, de 28 de septiembre, que limita el ámbito de la competencia asumible por la Comunidad Valenciana en la materia al “Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, haya subsistido” Es más, se vulneraría el art. 149.1.8 CE, aunque la norma valenciana se limitara a reproducir exacta y fielmente la norma estatal. El segundo reproche de inconstitucionalidad se dirige contra los arts. 27.2 y 39 LREMV, que regulan la inscripción en el Registro civil de determinados actos, pues no sólo tal materia carece de conexión con costumbre alguna subsistente en la Comunidad Valenciana, sino lo que todavía es más grave, incide en el título "ordenación de los registros e instrumentos públicos", donde nunca puede entenderse que tenga competencia legislativa una Comunidad Autónoma con derecho civil propio, pues es una materia reservada al Estado, en todo caso y sin excepción (art. 149.1.8 CE).
Los representantes de la Generalitat y de las Cortes valencianas niegan uno y otro reproche y defienden la plena constitucionalidad de la Ley impugnada, apoyándose en los argumentos que han quedado detalladamente expuestos en los antecedentes 7 y 8 de esta resolución. Especialmente, la Generalitat defiende que el calificativo “foral” incluido en el art. 49.1.2a y en la disposición transitoria tercera EACV tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, para referirse al Derecho civil valenciano, resulta esencial para el entendimiento y resolución de este litigio, por ser el que justifica la plena recuperación del derecho [S] histórico Reino de Valencia, contenido en sus antiguos Furs. Por su parte, la representación de las Cortes Valencianas ahonda en la patente falta de lealtad institucional, que conllevaría a la inadmisión, por su extemporaneidad, del recurso de inconstitucionalidad, en todo aquello que exceda de los concretos preceptos que fueron objeto de discusión en la Comisión Bilateral. Por último, se subraya el significado de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal y en el respeto a doctrina de la STC 121/1992 que ya afirmaba que la competencia legislativa de la Generalitat en materia de Derecho civil no deriva de la aplicación del art. 149.1.8 CE, sino de la transferencia llevada a cabo por la LOTRAVA.
En primer término, debe resolverse el óbice de extemporaneidad que plantea el Letrado de la Generalitat Valenciana, quien considera que no procede admitir la impugnación en aquellos aspectos que excedan de las discrepancias fijadas en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado y Generalitat Valenciana, de 8 de junio de 2007 y, dado que el citado acuerdo las circunscribe a los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 LREMV, la impugnación únicamente debe incluir dichos preceptos.
También, con carácter previo al enjuiciamiento del fondo, resulta necesario determinar la vigencia de la controversia competencial en los términos en que ha sido planteada, a la vista de las modificaciones operadas en la Ley que es objeto del presente recurso. En efecto, durante la tramitación de este procedimiento, la LREMV ha sido objeto de reforma en virtud de la Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de determinados preceptos de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano. En ésta, concretamente, se derogaron los arts. 30, 37, 47 y 48, y se modificaron tanto el último párrafo del Preámbulo, como los art.15.2, 17.2, 27.2, 33.1, 39, 42.2 y 46. Dicha Ley 8/2009 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por lo que, habiendo sido publicada el 10 de noviembre de 2009, entró en vigor el 11 de noviembre de 2009, como precisa la propia disposición final segunda de la Ley de modificación.
La doctrina de este Tribunal acerca de la pérdida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial es la siguiente: a) en primer lugar, no pierden objeto cuando la norma impugnada es derogada y sustituida por otra que plantea esencialmente
los mismos problemas competenciales, para lo cual resulta necesario realizar un contraste entre la ley impugnada y la ley vigente (así, SSTC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 7; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 3; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2; 147/1998, de 2 de julio, FJ 5; 233/1999, de 12 de diciembre, FJ 3; 148/2000, de 1 de junio, FJ 3; STC 72/2003, de 10 de abril, FJ 2, y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3, por todas); b) lo mismo se ha afirmado cuando la norma impugnada no ha sido derogada, sino simplemente modificada, siempre y cuando el resultado de esa modificación permita concluir que el nuevo texto legal continúa suscitando, en esencia, los mismos problemas competenciales (así, SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y 133/2012, de 19 de junio, FJ 2), pues en caso contrario habrá de concluirse que el recurso de inconstitucionalidad ha perdido su objeto (por todas, STC 143/2012, de 5 de julio, FJ 2 y c) de acuerdo con ese mismo criterio objetivo, si la norma impugnada es lisa y llanamente derogada sin que otra venga a sustituirla, o si la que la sustituye ya no plantea el mismo problema competencial, o si estamos ante una modificación en la que el nuevo texto legal resultante altera la controversia competencial planteada, la conclusión habrá de ser la aplicación de la regla general, según la cual el recurso de inconstitucionalidad se extingue en caso de derogación o modificación normativa, por desaparición sobrevenida del objeto del proceso constitucional.
Constituye el tercer bloque la derogación de los arts. 30 y 37 y la disposición transitoria segunda, así como la supresión del último inciso del art. 33.1 LREMV, todos ellos referentes a aspectos vinculados con el derecho sucesorio. Así, el art. 30 LREMV regula la eficacia de la
carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales tras la muerte de uno de los cónyuges y el art. 37 se ocupa de la colación de las donaciones propter nutcias. Por su parte, la disposición transitoria segunda LREMV supedita esta materia a la futura aprobación de un derecho sucesorio propio, aplicando transitoriamente las normas del Código civil y el último inciso del artículo 33.1 LREMV contenía la mención a la posibilidad de realizar la donación propter nupcias con carácter sucesivo a favor de los hijos o las hijas con ocasión del matrimonio, para el caso de defunción de uno de ellos.
Las partes coinciden en el encuadramiento material de los preceptos impugnados, que se insertan en el ámbito relativo al régimen económico matrimonial, y cuya pertenencia a la materia civil no se discute. El ámbito material en el que deben incardinarse las normas cuestionadas es, por tanto, el relativo a derecho civil, por ser ésta la materia directamente afectada, tal y como queda, asimismo, confirmado por la remisión que el Preámbulo de la LREMV realiza al art.
149.1.8 CE. Por tanto, los preceptos de referencia para la resolución de este conflicto son los arts. 149.1.8 CE y 49.1.2 EACV. Según el primero, “[e]l Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”. Por su parte, el art. 49.1.2 EACV dispone que “[l]a Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”.
Para los representantes autonómicos, a través de la LOTRAVA la Comunidad Autónoma ha asumido plenamente la competencia exclusiva para legislar en materia de Derecho civil. Asunción que fue confirmada posteriormente por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del EACV de 1982 y, finalmente, por la reforma de este mismo Estatuto en 2006. De esta manera, es la LOTRAVA y no el EACV la que proporciona la solución a este conflicto.
Por la presente ley, el Estado, de acuerdo con el artículo ciento cincuenta y dos, dos (sic, quiere decir ciento cincuenta, dos), de la Constitución, transfiere a la Comunidad
Autónoma Valenciana todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad estatal comprendidas en el Estatuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias configuradas en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, de acuerdo con los siguientes criterios:
b) La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto no se encuentre reservada al Estado por la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la amplitud prevista en el artículo ciento cincuenta de aquélla
Pasando ahora al examen del art. 7.1 y de la disposición transitoria tercera EACV, también alegados por los representantes de la Comunidad Autónoma para justificar una reinterpretación del bloque de la constitucionalidad y para solicitar de este Tribunal un apartamiento o matización de la doctrina contenida en la STC 121/1992, debemos igualmente recordar que el actual art. 7.1 EACV establece:
El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía
La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española
Si bien las previsiones estatutarias pueden de algún modo contribuir a interpretar otras normas de ese mismo Estatuto (interpretación sistemática, prevista en el art. 3.1 del Código civil), y perfilar las competencias reservadas al Estado en el art. 149.1 CE, de acuerdo con su función primordial consagrada en el art. 147.2.d) CE, lo que no pueden hacer en modo alguno es negar o impedir con ello el ejercicio de las competencias propias y exclusivas del Estado, según ese mismo art. 149.1 CE. Estas competencias son indisponibles para el legislador estatutario, como
poder constituido que es (STC 247/2007, FFJJ 8 a 10). Precisamente por la subordinación de los Estatutos a la CE, “el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico”, es el que “debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución” (SSTC 247/2007, FJ 6, y 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1 y 31/2010, FJ 3).
Aclarado lo anterior, una primera aproximación a los preceptos del Estatuto revela que no contienen norma alguna atributiva de competencias. Más bien, presuponen esa atribución, al tomar como premisa de su mandato “las competencias de la Generalitat” (art. 7.1) y “competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano” (disposición transitoria tercera). Y ese otro lugar no puede ser más que el art.49.1.2a EACV, ubicado en el Título IV rubricado “Las competencias”.
Hemos de afirmar que la Comunidad Valenciana ha asumido estatutariamente la competencia en materia de “conservación, modificación y desarrollo” de su Derecho civil foral (art. 49.1.2 EACV) y que el calificativo “foral” incluido en la reforma estatutaria referido al derecho civil foral valenciano (arts. 49.1.2 y disposición transitoria tercera EACV), no puede alterar el techo competencial del art. 149.1.8 CE. Por iguales motivos, debe considerarse irrelevante que la norma estatutaria haya antepuesto el término “desarrollo” al de “modificación”, pues no estamos en presencia de fases legislativas cronológicamente ordenadas, sino de finalidades emprendidas con la tarea legislativa. En último lugar, hay que subrayar que ni la LOTRAVA, ni otros principios informadores de la actuación de los poderes públicos autonómicos contenidos en el EACV (en concreto en su art. 7.1 y disposición transitoria tercera ) permiten modificar o superar ese ámbito permitido por el art. 149.1.8 CE.
En síntesis, debemos afirmar que si bien la Comunidad Autónoma Valenciana posee competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano, tal y como expresa su EACV,
ésta, como cualquier otra Comunidad Autónoma con derecho civil propio, debe ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE, es decir, con la finalidad de conservar, modificar o desarrollar las normas legales o consuetudinarias que formen parte de su acervo jurídico a la entrada en vigor de la CE. Que dicha competencia se obtuviera en virtud de la LOTRAVA en nada empece dicha conclusión, pues el límite a dicha competencia se encuentra claramente señalado por el art. 149.1.8 CE.
La expresión “allí donde existan” referida a los derechos civiles forales o especiales, como presupuesto indispensable para ejercer la competencia legislativa ex art. 149.1.8 CE alude a la previa existencia de un Derecho civil propio (SSTC 28/2012, de 1 de marzo, FJ 3, y 81/2013, de 11 de abril, FJ 4). Una preexistencia que no debe valorarse además con referencia a cualquier coordenada temporal, como se pretende desde la Comunidad Autónoma, sino muy precisamente “al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución” (STC 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 1) o “a la entrada en vigor de la Constitución” (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 76), sin que sea lícito, , remontarse a cualquier otro momento anterior.
Ahora bien, y como también tuvimos ocasión de señalar precisamente en relación con la Comunidad Valenciana, “[el]l amplio enunciado de esta última salvedad ("derechos civiles forales o especiales") permite entender que su remisión alcanza no sólo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a la Constitución” y que “tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma, siendo notoria la inexistencia de toda regla escrita que, antes de la Ley hoy impugnada, ordenara en dicho ámbito cualquier instituto civil de modo especial respecto al Derecho común” (STC 121/1992, FJ 1). Y en el mismo sentido nos hemos pronunciado en la STC 182/1992, FJ 3, aunque ésta en relación con la Comunidad Autónoma de Galicia.
El contenido de esa competencia está siempre vinculado a la “conservación, modificación y desarrollo” de ese Derecho civil foral o especial previamente existente. De modo pues que como dijimos en la STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, los concretos términos empleados por la Constitución (“conservación, modificación y desarrollo”) son los que “dan positivamente la medida y el límite primero de las competencias así atribuibles y ejercitables y con arreglo a los
que habrá que apreciar -como después haremos- la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en tal ámbito dictadas por el Legislador autonómico”. Y esta doctrina se ha reiterado igualmente en la SSTC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1 a), y 31/2010, de 28 de junio, FJ 76, y 4/2014, de 16 de enero, FJ 4 e).
Por lo que se refiere a cualquier institución jurídico civil, haya sido recogida por norma positiva o consuetudinaria, hay que señalar que, para el ejercicio de la competencia legislativa, la acreditación de su existencia en el momento de entrada en vigor de la CE se erige en presupuesto indispensable. Por tanto, no cabe más que volver a afirmar lo declarado en la STC 121/1992, FJ 2: “la existencia de un especial régimen consuetudinario para determinados arrendamientos rústicos en el actual territorio de la Comunidad Autónoma valenciana se constituye en auténtico presupuesto ex art. 149.1.8 para el válido ejercicio de la competencia conferida por el art. 31.2 del Estatuto de Autonomía y que dicha competencia solo podrá ejercerse en la medida en que tal régimen consuetudinario sea efectivamente reconocible sobre el objeto ordenado, hasta la adopción de la Ley hoy impugnada, por la costumbre”. La reforma del EACV producida en el año 2006, no permite modificar esta interpretación que impone la letra de la norma constitucional.
En relación con los conocidos antecedentes históricos que proporcionan el sustrato de legitimidad de la reivindicación y la denuncia que hace la Generalitat Valenciana acerca de su discriminación y desigualdad de trato en comparación con otras Comunidades Autónomas con competencias más amplias en materia de Derecho civil, hemos de aclarar que si han podido asumir esas competencias más amplias es precisamente por cumplir las condiciones establecidas en el art. 149.1.8 CE, recordando en todo caso que la igualdad de trato ex arts. 14 y 139.1 CE no es predicable de las Comunidades Autónomas, ni puede permitir alterar el régimen de distribución de competencias resultante de la CE y del bloque de la constitucionalidad, (por todas, STC 20/2013, de 31 de enero, FJ 10).
Es preciso advertir, también, que una interpretación razonada y no arbitraria del art. 149.1.8 CE solamente permite reiterar y no rectificar la doctrina de la STC 121/1992, y, en consecuencia, entender, en una interpretación de acuerdo con la CE, que el art. 7.1 y la disposición transitoria tercera EACV, se refieren a las normas forales cuya aplicación siga perdurando en ese territorio autonómico. Dicho de otra manera, el art. 149.1.8 CE permite entender que la garantía de foralidad se extiende no sólo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de entrada en vigor de la CE, sino también a normas civiles de ámbito
regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a aquel momento. Conviene destacar, además, que el respeto constitucional proclamado en el art. 149.1.8 CE alcanza también al sistema de fuentes normativas establecido en cada uno de los derechos forales, pues así se dispone expresamente en la norma constitucional citada (“y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto en este último caso, a las normas de Derecho foral o especial”). En el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia, como ya pusimos de manifiesto, la costumbre es susceptible de legislarse, de tal modo que el ejercicio de la competencia legislativa autonómica, el derecho consuetudinario pasa a ser derecho legislado.
Según la STC 88/1993, si la “conservación” permite -por lo que a la Comunidad Valenciana interesa- “la formalización legislativa de costumbres efectivamente vigentes en el propio ámbito territorial” (FJ 2), y la modificación, añadimos ahora, presupone esa norma anterior que es la que
se reforma o modifica, el “desarrollo”, por su parte, habilita para “una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con el más restringido de "modificación"” (FJ 3). Cabe pues, continúa aquella sentencia, “que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación [entiéndase aquí, ya vigentes como costumbre] dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral” pero sin que ello “signifi[que], claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar” (loc. cit.). Esta doctrina ha sido igualmente reiterada en las SSTC 156/1993, 31/2010 y 4/2014, ya citadas.
Por último, no basta la posible conexión entre los antiguos y derogados Furs del Reino de Valencia y las instituciones económico-matrimoniales reguladas en la LREMV, pues lo que debe probarse es la pervivencia de las costumbres que le sirven de punto de conexión. A este respecto, a diferencia de lo sucedido con los arrendamientos históricos, no se ha acreditado la vigencia de tales costumbres [STC 121/1992, FJ 2 a)], como le correspondía hacer de conformidad con nuestra doctrina (SSTC 121/1992, FJ 2, y 182/1992, FJ 3). No se olvide que de acuerdo con el art. 1.3 del Código civil, dedicado a las “Fuentes del derecho”, “[l]a costumbre sólo regirá...siempre que... resulte probada”. Y no es la primera vez que este Tribunal acude al Título preliminar del Código civil para reconocer instituciones generales de nuestro ordenamiento, como la buena fe (STC 198/1988, de 24 de octubre, FJ 2) o el fraude de ley.
Sentado todo lo anterior, este Tribunal estima necesario, al amparo del art. 39 LOTC, además de la inconstitucionalidad de los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 LREMV que son los únicos impugnados que no se han declarado extemporáneos declarar la inconstitucionalidad del resto de normas que integran la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano impugnada por conexión o consecuencia, dado
que la vulneración competencial declarada concurre en todas las disposiciones que en ella se contienen.
Nuestro pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, pues este Tribunal entiende que si durante la vigencia de la LREMV, que ahora se declara inconstitucional, los cónyuges sujetos al derecho civil foral valenciano no han hecho uso
de su facultad de capitulación, se debe a su voluntad de someterse al régimen subsidiario en primer grado que aquélla establece.
Ha decidido Estimar el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:
1o. Declarar inconstitucionales y nulos los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 8.
2o. Declarar igualmente inconstitucionales y nulos por conexión con lo dispuesto en el apartado primero de este Fallo, el resto de artículos y disposiciones de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano con los efectos previstos en el fundamento jurídico 7.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. Dada en Madrid, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.
STSJ Murcia , 22 de Abril de 1998

References: artículo 49
 artículo 7
 artículo 49
 artículo 51
 resolución 
 artículo 33
 resolución