Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/10/03/sancion-por-mal-desempeno-del-abogado-al-decretarse-la-caducidad-de-instancia-en-la-causa/
Timestamp: 2019-09-16 22:08:43+00:00

Document:
Sanción por mal desempeño del abogado al decretarse la caducidad de instancia en la causa – AL DÍA | ARGENTINA
Sanción por mal desempeño del abogado al decretarse la caducidad de instancia en la causa
Partes: D. G. S. D. c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art. 53
Cita: MJ-JU-M-88003-AR | MJJ88003 | MJJ88003
Se sancionó a un abogado por mal desempeño en el ejercicio profesional, a raíz de su inacción en un proceso, lo que provocó la caducidad de la instancia con anterioridad a la revocación de su mandato.
1.-Si un profesional permite que el juicio en el que actúa en interés de su cliente finalice con la declaración de la caducidad de instancia, ello conlleva, como principio, un proceder negligente que transgrede el deber de atender los intereses que le fueron confiados con el debido celo, saber y dedicación,; así como también implica una conducta que, como regla, resulta reprochable dado que configura una omisión en el cumplimiento de las obligaciones profesionales. La demandada, al acusar la perención tuvo en cuenta la falta de impulso del expediente durante la actuación del sancionado y más allá de la falta o no de notificación del juzgado de que el expediente se encontraba en letra, el abogado no podía desentenderse de su control, era el encargado de revisar el expediente y conducirlo hacia el dictado de la sentencia definitiva y debe hacerse cargo de los errores o negligencia en su proceder.
2.-Las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina son faltas deontológicas, es decir, infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano que sanciona, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos.
3.-El art. 12 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina establece que el plazo máximo de duración del proceso por ante el Tribunal de Disciplina será de veinticuatro meses, contados desde que la causa ingrese al registro del Tribunal, y si vencido el plazo, no se hubiere aún dictado sentencia definitiva, la causa será resuelta por la misma Sala que estuviere conociendo, dentro de los treinta días hábiles siguientes, acordándose al trámite calidad de preferente despacho. Para el computar los plazos establecidos precedentemente se deberá descontar el tiempo que insuman los trámites necesarios que sean ajenos a la actividad y diligencias del Tribunal y las ferias judiciales. Sin embargo no se encuentra prevista en norma alguna la pérdida automática de la competencia del tribunal por el hecho de que el procedimiento se hubiera extendido más allá del tiempo previsto en el reglamento y, ante la falta de consecuencias para el caso de su vencimiento, es dable inferir que éste sólo reviste carácter ordenatorio. En el caso, examinado las actuaciones que se efectuaron en el marco del sumario se desprende que la decisión cuestionada fue dictada dentro de un plazo razonable, por ello no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del procedimiento.
4.-La misión que tiene el abogado patrocinante no se restringe a la preparación de escritos, sino que debe asumir la plena dirección jurídica del proceso con el empleonde la diligencia requerida por las circunstancias, para conducirlo de la mejor manera posible hasta su finalización. En el caso, el abogado tenía el deber de controvertir debidamente los fundamentos del pedido de perención para impedir que caducara la instancia, conducta que no adoptó.
5.-El procedimiento disciplinario administrativo- en el caso ejercido por el colegio profesional- no importa el ejercicio de jurisdicción criminal, razón por la cual no rigen los principios del derecho penal con igual rigor. Por ello, la invocación del principio in dubio pro matriculado o del principio de inocencia en el recurso interpuesto, no puede conducir a que se libere de reproche la conducta profesional adoptada, mas teniendo en cuenta los elementos de juicio obrantes.
El recurso de apelación deducido a fs. 80/93 por el doctor D.G. A contra la resolución obrante a fs. 74/75 vta.; y
I. Que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició actuaciones sumariales contra el abogado S.D.D.G., como consecuencia de la denuncia formulada por la doctora G.H.C. por el mal desempeño del referido profesional en el juicio caratulado “C.G.H. c/ Consejo de la Magistratura s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”, radicado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que había finalizado por haberse declarado la caducidad de la instancia, con costas (cfr. fs. 9/10).
II. Que la Sala I del Tribunal de Disciplina del referido colegio, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2013, impuso al abogado un “llamado de atención”, en los términos del art. 45, inc. a, de la ley 23.187, por violación a lo dispuesto por el art. 19, inc. a, del Código de Ética (fs. 74/75 vta.).
Para resolver de ese modo, tuvo en cuenta, en sustancia, que de la lectura de la causa judicial ya citada se desprendía la inacción del abogado durante su curso, lo que había provocado el pedido de caducidad finalmente admitido.
Expresó al respecto que, el 18 de junio de 2010, el demandado había acusado la caducidad de la instancia, ordenándose su traslado el 22 de ese mes y año. El 23 de agosto de 2010 se había presentado la actora en el expediente con un nuevo letrado patrocinante planteando la perención del incidente de caducidad, alegando que su exposición era temporánea ya que el traslado de la caducidad se había notificado en el domicilio constituido con anterioridad.Conjuntamente, había acompañado una carta documento de fecha 20 de agosto de 2010 dirigida al abogado acusado para relevarlo de su patrocinio.
Agregó que, mediante resolución del 11 de noviembre de 2010, se había rechazado el pedido de perención del incidente de caducidad y se había hecho lugar a la caducidad planteada por el demandado. El recurso interpuesto contra esa decisión se había declarado desierto el 29 de noviembre de 2011, habiendo la actora desistido del remedio interpuesto ante el Superior Tribunal el 5 de marzo de 2012.
Es decir, del análisis efectuado surgía la inactividad procesal producida durante el patrocinio del letrado con anterioridad al acuse de caducidad y de ello se colegía que el sumariado había violentado uno de los deberes fundamentales del abogado, como era el de atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación, según lo previsto en el art. 19, inc. a, in fine, del Código de Ética, por lo que correspondía adoptar un temperamento sancionatorio.
III. Que, contra dicha sentencia, el sancionado dedujo recurso de apelación (cfr. fs. 80/93). Se remitió, en lo pertinente, a su descargo obrante a fs. 38/58 y expresó, en sustancia, que:
a) La resolución era nula toda vez que se había dictado vencido el plazo previsto por el art. 12 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio que establecía el término de 24 meses como plazo máximo de duración del proceso contado desde la entrada de la causa en su registro, vencido el cual, el Tribunal disponía de un máximo de 30 días para dictar la resolución final. En el caso, acotó, la causa había durado casi 3 años, a pesar de haber sido declarada de puro derecho.
El señalado requisito de “plazo razonable” era conteste con lo previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional y, por ende, aplicable al caso.
b) La sentencia no era tal ya que no se encontraba debidamente fundada.En efecto, la sintética reseña era insuficiente para sustentar la sanción impuesta. Además, la resolución era imprecisa, pues había hecho referencia a la caducidad de “un recurso de hecho por apelación denegada que frustra una expectativa” que no se identificaba, ni emergía de los antecedentes citados o de las constancias de la causa.
c) El Tribunal había hecho mérito de circunstancias acaecidas en el expediente judicial con posterioridad a la presentación de la denuncia, motivo por el que, acerca de ellas, no había podido ejercer debidamente su derecho de defensa. En este marco consideró que la sentencia debió
haberse ceñido inexorablemente a los hechos denunciados oportunamente, sin que resultara válido examinar los ocurridos ulteriormente. En ese sentido indicó que al 20 de diciembre de 2010, fecha de la denuncia, no existía resolución firme acerca de la caducidad de la instancia y la sentencia de primer grado, dictada el 11 de noviembre
de 2010, era posterior a la revocación de su patrocinio ocurrida el 20 de agosto de 2010.
d) En la resolución no se habían examinado la inexistencia del hecho denunciado (por no existir a ese momento caducidad firme) y la excepción de falta de acción basada en lo precedentemente expuesto, cuestiones que habían sido oportunamente planteadas al contestar su descargo. Tampoco se había efectuado referencia alguna a su impugnación al dictamen de la unidad de instrucción de fs. 32/33 en cuanto en él se había hecho referencia a una sentencia de Cámara que hasta entonces no se había verificado. Todo ello justificaba también la declaración de nulidad de la sentencia.
e) Tal como había sostenido la actora para fundar el recurso de apelación contra la declaración de caducidad de la instancia, la inactividad del expediente no era imputable ni a ella ni a su letrado, sino a la falta de notificaciones esenciales que se encontraban a cargo del juzgado y de la contraparte.Lo expuesto por la denunciante en sede judicial no hacía más que ratificar la ausencia de negligencia descuido o desidia imputados a su parte. Además, la demandada no tenía expedita la vía incidental toda vez que había sido condenado en costas en un incidente anterior y no las había abonado. Afirmó que, al momento de la denuncia, la sentencia de primera instancia no se encontraba firme y todas las resoluciones dictadas con posterioridad le resultaban ajenas e inoponibles por no haber participado del proceso, a raíz de la revocación del patrocinio, no siéndole imputable la estrategia utilizada y la torpeza incurrida por la denunciante como abogada en causa propia y por su nuevo patrocinante, como ser el vencimiento del plazo para contestar la caducidad. Consideró que toda vez que, a su criterio, la perención declarada carecía de fundamentos, porque la alegada inacción era consecuencia del proceder de la demandada y del juzgado actuante, debieron aplicarse los principios de inocencia e in dubio pro matriculado, previstos por el art. 15 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina y eximirlo de condena alguna.
IV. Que, en esta instancia, se ordenó correr el pertinente traslado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (fs. 101), quien lo contestó y solicitó el rechazo del recurso (fs. 110/112).
VI.Que, ante todo, es preciso recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más
que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala I, “A. I., W. A. c/Colegio Público de Abogados del Capital federal”, 29/8/00; Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, 27/07/09; esta Sala, “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)”, 4/08/11, entre otras).
Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado
indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. esta Sala, causa “Pavicich Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)”, sentencia del 23/02/12 y sus citas, entre otras).
VII. Que, por otra parte, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).
En ese marco, cabe adelantar que los agravios del recurrente no resultan suficientes para enervar los fundamentos de la resolución que se impugna.
VIII. Que el art.12 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina prevé: “el plazo máximo de duración del proceso por ante el Tribunal de Disciplina será de veinticuatro meses, contados desde que la causa ingrese al registro del Tribunal.
“Si vencido el plazo, no se hubiere aún dictado sentencia definitiva, la causa será resuelta por la misma Sala que estuviere conociendo, dentro de los treinta días hábiles siguientes, acordándose al trámite calidad de preferente despacho”.
“Para el cómputo de los plazos establecidos precedentemente se deberá descontar el tiempo que insuman los trámites necesarios que fueren ajenos a la actividad y diligencias del Tribunal y las ferias judiciales”.
De las actuaciones sumariales surge que -en el caso- el plazo establecido en el art. 12 citado anteriormente, estaría vencido. No obstante ello, esa circunstancia no lleva -como pretende el recurrente- a declarar la nulidad de la decisión.
En efecto, no se encuentra prevista e n norma alguna la pérdida automática de la competencia del tribunal por el hecho de que el procedimiento se hubiera extendido más allá del tiempo previsto en el reglamento y, ante la falta de consecuencias para el caso de su vencimiento, es dable inferir que éste sólo reviste carácter ordenatorio (confr. esta Sala, causa “Cela Fernando Javier c/ CPACF (Exp 13368/00)”, sentencia del 1/3/05).
Además, examinado las actuaciones que se efectuaron en el marco del sumario se desprende que la decisión cuestionada fue dictada dentro de un plazo razonable.
Por ello, no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del procedimiento efectuado por la apelante en su memorial, con sustento en esa causa.
En otro orden de ideas, tiene dicho el Tribunal que el hecho de que un profesional permita que el juicio en el que actúa en interés de su cliente finalice con la declaración de la caducidad de instancia conlleva, como principio, un proceder negligente que transgrede el deber de atender los intereses que le fueron confiados con el debido celo, saber y dedicación, en los términos del art. 19, inc.a, in fine, del Código de Ética; así como también implica una conducta que, como regla, resulta reprochable en los términos del art. 44, inc. e, de la ley 23.187, dado que el supuesto mencionado configura una omisión en el cumplimiento de las obligaciones profesionales (conf. “Peralta Tanco María Lidia y otro C/ CPACF (EXP 13819/01)” y “Cohen, Liliana Rosa C/ CPACF (EXP 13819/01)”, sentencias del 17/7/08).
En el caso, no se encuentra discutido que el letrado en cuestión actuó como abogado patrocinante en la causa de referencia y que, en ella, se planteó la caducidad de la instancia (posteriormente admitida), el 18 de junio de 2010, esto es con anterioridad a la revocación de su patrocinio.
No puede dejar de advertirse que la demandada al acusar la perención tuvo en cuenta la falta de impulso del expediente durante la actuación del sancionado y más allá de la falta o no de notificación del juzgado de que el expediente se encontraba en letra, el abogado no podía desentenderse de su control.
Por otra parte, la reseña efectuada por el Tribunal de Disciplina es suficiente para sustentar su decisión pues se basa en las actuaciones judiciales que tuvo a la vista al momento de dictar sentencia y que no fueron sustancialmente controvertidas por el apelante. En efecto, no demostró que la caducidad de la instancia no se encontrara firme.
Por lo demás, no resulta relevante si la resolución mediante la que se declaró la caducidad fue dictada con posterioridad a la revocación de su patrocinio y si los recursos presentados por otro abogado fueron rechazados, pues, surge con meridiana claridad que la falta de impulso denunciada por la demandada en esos autos data de la época en que aquél era el encargado de revisar el expediente y conducirlo hacia el dictado de la sentencia definitiva y debe hacerse cargo de los errores o negligencia en su proceder.En ese marco, de haber advertido en tiempo oportuno el planteo de perención, tenía el deber de controvertir debidamente los fundamentos de tal pedido para impedir que caducara la instancia, conducta que no adoptó.
En efecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que la misión del abogado patrocinante no se restringe a la preparación de escritos, sino que debe asumir la plena dirección jurídica del proceso con el empleo de la diligencia requerida por las circunstancias para conducirlo de la mejor manera posible hasta su finalización (Fallos: 325:1498 ; entre otros). Y, en el caso, el impulso del proceso hace claramente a esa diligencia.
IX. Que, en esos términos, la solución no cambia por la invocación del principio in dubio pro matriculado o del principio de inocencia realizada en su recurso, toda vez que su aplicación al caso no puede conducir a que, con los elementos de juicio que se encuentran presentes, se libere de reproche la conducta profesional adoptada.
En efecto, no se soslaya que en materia de sanciones administrativas resultan, en su caso, de aplicación supletoria algunos principios provenientes del derecho penal. Sin embargo, tiene dicho esta Cámara, con base en jurisprudencia del Máximo Tribunal, que el procedimiento disciplinario administrativo -en el caso ejercido por el Colegio Público de Abogados- no importa el ejercicio de jurisdicción criminal, razón por la cual no rigen los principios del derecho penal con igual rigor (conf. esta Sala, causa “Pavicich” ya citada).
X. Que, en conclusión, por las consideraciones expuestas, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados, no se advierte en autos la existencia de arbitrariedad, vulneración del derecho defensa, ni desproporción manifiesta entre la sanción aplicada al abogado y la infracción cometida, razón por la cual corresponde rechazar la apelación
deducida; con costas.
XI. Que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6°, 7°, 8° -modificado por el art. 12, inc. e, de la ley 24.432-, 9°, 19, y lo preceptuado en los arts.37 y 38 -por analogía- y concordantes de la ley 21.839, habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción de llamado de atención impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 110/112), corresponde regular en la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) los honorarios del doctor J.P.E., quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar la apelación deducida contra la sentencia de fs. 74/75 vta.; con costas (art. 68 del CPCyCN). 2) Regular en cinco mil pesos ($ 5.000) los honorarios profesionales del doctor J.P.E. de conformidad con lo dispuesto en el considerando XI.
MARCELO DANIEL DUFF
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estudio romero resek	 7 marzo 2015 de 1:25 AM
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Romero Resek Abogados
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