Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/09/07/se-excluye-a-un-contribuyente-del-regimen-de-monotributo-porque-sus-gastos-exceden-el-limite-maximo/
Timestamp: 2019-12-12 10:42:31+00:00

Document:
Se excluye a un contribuyente del régimen de Monotributo, porque sus gastos exceden el límite máximo – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Peruzzo César José Luis c/ Estado Nacional – AFIP DGI s/ dirección general impositiva
Cita: MJ-JU-M-110759-AR | MJJ110759 | MJJ110759
Se confirma la exclusión de un contribuyente del régimen de Monotributo, porque sus gastos, a simple vista, exceden el límite máximo.
I.- Que el Sr. Peruzzo dedujo demanda contra el Estado Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva a efectos de que se declarase la nulidad de la Resolución Nº 1500/17 (DI CRSS), por medio de la cual se confirmó la Resolución Nº 190/16 (DV FMOO) por la que se había dispuesto su exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) – Monotributo con efecto retroactivo al mes de octubre de 2014 y el alta en el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y el Régimen Previsional de Trabajadores Autónomos, tabla 2, Categoría II desde esa última fecha. En subsidio, solicitó que se ordenase a la demandada que autorice su recategorización a partir del mes de octubre de 2014 y que “. se declare y autorice a facturar, discriminando el I.V.A. sobre la totalidad de las facturas/recibos emitidos en el período OCT 014/MAY 017 y otorgando a los contribuyentes inscriptos destinatarios de los mismos la posibilidad de computar ese crédito en el período en el cual resulte facturado para mí, deduciendo, a su vez todo el IVA que hubiera pagado a nivel de 27% o 21% por cada una de mis compras” (fs.9).
Expresó que el 19 de mayo de 2015 se notificó de un acta labrada el 14 de ese mes y año en el marco de la Orden de Intervención 1266111, por la que se dispuso su exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por la causal establecida en el artículo 20, inciso e), del Anexo de la Ley Nº 26.565.
Señaló que el artículo 20, inciso e), de la Ley Nº 26.565, que le resultaba aplicable, establecía que la exclusión del régimen de pleno derecho del contribuyente “que bien podría estar encuadrado en otra categoría y no necesariamente ser sujeto del régimen general” (fs. 3); mientras que con posterioridad se dispuso en esos casos ya no procedía la exclusión sino la recategorización.Agregó que en la medida en que la exclusión del régimen implicó la imposición de una sanción, debieron aplicarle los principios del derecho penal, tales como la aplicación de la ley más benigna.
Relató que con relación al acto que dispuso su exclusión del régimen formuló su descargo, en el que, entre otras cosas, detalló las diversas fuentes de ingresos que justificaban su nivel de gastos para el período octubre 2013 – septiembre 2014 o noviembre 2013 – octubre 2014 y el exceso de 42.326,02 pesos, que se encontraban exentos de impuestos, y ofreció la prueba correspondiente. Expuso que las fuentes de ingresos consistían en parte de una indemnización laboral percibida en el mes de agosto de 1998, dinero proveniente de la venta y los frutos de dos inmuebles que había heredado, y dinero percibido por la venta de otro inmueble de su propiedad.
Indicó que, no obstante ello, el 12 de abril de 2016 le notificaron la Resolución Nº 190/2016 (DV FMOO) por la que se desestimaron las pruebas ofrecidas y se rechazó su descargo; respecto de la cual interpuso el recurso administrativo, que también fue rechazado por medio de la Resolución Nº 1500/17 (DI CRSS).
Por otro lado, precisó que por la Resolución Nº 190/2016 (DV FMOO) se dispuso que la exclusión cuestionada operaba desde el 1º de octubre de 2014 en razón del monto de los gastos verificados del período octubre 2013 – septiembre 2014; mientras que al resolver el recurso administrativo interpuesto por su parte, por la Resolución Nº 1500/17 (DI CRSS) se modificó esa fecha en su perjuicio al 30 de septiembre de 2014, por considerar que el período verificado había sido noviembre 2013 – octubre 2014, cuando de ese razonamiento debió haberse concluido que la fechade exclusión debía ser el 1º de noviembre de 2014. En tal sentido, dijo que el exceso en el nivel de gastos detectado se corresponde al mes de septiembre de 2014, por lo que no es válido que se lo excluya con anterioridad al mes de octubre de 2014.
En ese marco, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a que se ordenara la suspensión de su obligación de presentar declaraciones juradas y pagar el Impuesto al Valor Agregado por el período septiembre 2014 – mayo 2017, ya que desde junio de 2017 ha facturado como responsable inscripto, y el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2014 – 2016, y el devengamiento de intereses resarcitorios y/o punitorios sobre los montos que deban liquidarse respecto de los referidos tributos. Con relación al peligro en la demora, afirmó que la exigencia del pago de los referidos tributos le causaría un gran perjuicio patrimonial, en tanto debería pagar alrededor 240.000 pesos por el Impuesto al Valor Agregado adeudado y los intereses, lo que equivaldría a cerca del 50% de sus ingresos por cada año, y que, además, a los 120 días de la notificación de la Resolución Nº 1500/17 podrían inhabilitarle transitoriamente la CUIT por el incumplimiento de obligaciones formales.
II.- Que a fs. 118/120 vta.la juez de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora.
III.- Que, contra esa resolución, la parte actora interpuso y fundó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio a fs.121/124 vta.
A fs. 125 la magistrada de la anterior instancia rechazó la revocatoria y concedió el recurso de apelación.
Expresa que la invalidez de la causal de exclusión prevista en el artículo 20, inciso e), de la Ley Nº 26.565 fue reconocida implícitamente por la demandada aldisponer por medo de la Resolución General N° 3990/17 que ante el mismo supuesto corresponde la recategorización, en lugar de la exclusión.
IV.- Que en toda medida cautelar la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho parezca verosímil. El resultado de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene, en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá verificar si la hipótesis corresponde a la realidad (cfr. Piero Calamandrei, Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Buenos Aires, Librería El Foro, 1996, pág. 77).
Por otra parte, también debe considerarse que la finalidad de las medidas cautelares, en general, radica en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la eventualidad de que se dicte una sentencia favora ble. Es decir, se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten insustanciales los pronunciamientos que den término al litigio (cfr. esta Sala, in re: “Acegame S.A c/ DGA -resol 167/10 [expte.12042-36/05]-“, del 9/09/2010).
V.- Que, en ese orden de ideas, cabe añadir que cuando, como en el sub examine, está de por medio un obrar estatal que goza de presunción de legitimidad (artículo 12 de la Ley Nº 19.549), la concurrencia de los requisitos normalmente exigibles para la procedencia de la cautela pretendida debe ser analizada con mayor rigor y especial prudencia, sin que esto suponga un prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo (cfr. esta Sala in re: “Jumbo-Tours-Cargas SRL c/ EN-CNC [expte 1315/09] s/ medida cautelar [autónoma]”, sentencia del 23 de abril de 2013, entre otros).
VI.- Que de las constancias de las actuaciones administrativas Nº 17059-208-2016 acompañadas por la parte demandada resulta que a fin de verificar la situación fiscal del demandante, que se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con principal actividad económica declarada “Servicios Jurídicos”, la AFIP inició una fiscalización que culminó con el dictado de la Resolución Nº 190/16 (DV FMOO) por medio de la cual el Jefe (Int.) de la División Fiscalización Monotributo Oeste de la Dirección de Control de Monotributo (SDG TLSS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso su exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, en los términos del artículo 20, inciso e), de la Ley Nº 26.565, desde el día 30 de septiembre de 2014.Asimismo, en ese acto se ordenó el alta retroactiva en el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y el Régimen Previsional de Trabajadores Autónomos, Tabla 2, Categoría II, desde el 1º de octubre de 2014.
Contra la Resolución Nº 190/16 (DV FMOO) el demandante interpuso el recurso administrativo previsto en el artículo 74 del Decreto Nº 1397/79, que fue rechazado por la Resolución Nº 1500/17 (DI CRSS), con remisión al Dictamen Nº 757/17 (DV REVA), en el que se había expresado que en la Resolución General Nº 3328/12 se establecía que al presentar el descargo debían adjuntarse todos los elementos de prueba que permitieran demostrar de manera inequívoca que las erogaciones habían sido solventadas con ahorros o ingresos adicionales; y que, además, las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias presentadas el 22 de junio de 2016 habían sido aportadas extemporáneamente y no era posible constatar el origen de los fondos allí declarados (fs.70/73 vta. y 90/95).
VII.- Que, en tales condiciones, a priori y de un examen preliminar de la cuestión, no surge que la decisión adoptada por el organismo fiscal sea manifiestamente arbitraria ni ilegítima, a los fines de justificar el dictado de la medida cautelar solicitada.
En efecto, prima facie, se advierte que el procedimiento llevado a cabo a los efectos de excluir al demandante de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes se ha llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General N° 2847/10 y se ha ajustado a los términos de la Resolución General N° 3328/12, en cuyo artículo 2°, inciso a), se dispone que al presentar el descargo previsto en la resolución referida anteriormente el contribuyente “. deberá adjuntar los elementos que considere pertinentes a los fines de demostrar: (.) que dichas adquisiciones o gastos han sido pagados con ingresos acumulados en ejercicios anteriores y/o con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el Régimen Simplificado (RS), que resulten compatibles con el mismo” (el destacado no pertenece al original).
VIII.- Que, a mayor abundamiento, y en cuanto al examen del requisito del peligro en la demora, cabe señalar que su existencia debe resultar en forma objetiva de las consecuencias económicas concretas que podría provocar la aplicación de la resolución impugnada, y de su particular gravitación económica en el patrimonio del contribuyente (cfr. Fallos:318:30 ; 319:1277 ; 325:388 ).
En el sub examine, no se invoca que el Fisco Nacional hubiera determinado de oficio los tributos adeudados y, además, el demandante no explica detalladamente, ni acredita de qué manera la exclusión del régimen del “monotributo” y el alta de oficio en el régimen general de impuestos, con la consecuente obligación de presentar declaraciones juradas y pagar el Impuesto al Valor Agregado por el período septiembre 2014 – mayo 2017 y el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2014 – 2016, hasta que se resuelva el fondo del asunto, le ocasionaría un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, en tanto no se han demostrado de forma concreta las consecuencias patrimoniales que provocaría su cumplimiento.
De tal manera, a simple vista, no es posible concluir que las obligaciones derivadas de la exclusión del régimen del “monotributo” y el “alta” de oficio en el régimen general de impuestos, coloquen a la interesada en una situación irreversible, en el supuesto de obtener el dictado de una sentencia favorable a su reclamo (cfr. Fallos: 323:3853 ; 329:789 ).
IX.- Que, en tales condiciones, dentro del limitado ámbito cognoscitivo que impone el procedimiento cautelar y sin formular un juicio definitivo acerca de la cuestión que se controvierte en el proceso, a criterio de este Tribunal no se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 13 de la Ley Nº 26.854, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada por medio de la cual se denegó la medida cautelar solicitada por la parte actora.
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.
Tag: CONTRIBUYENTES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTOS, MEDIDAS CAUTELARES, MONOTRIBUTO, PELIGRO EN LA DEMORA, RESPONSABLES TRIBUTARIOS, VEROSIMILITUD DEL DERECHO
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 artículo 2
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 artículo 230
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