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Timestamp: 2020-01-22 08:35:30+00:00

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STC 27/2012, 1 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 379819866
La ley del Parlamento de Andalucía, con el fin de normalizar una situación singular de la función pública, convoca -por el sistema de concurso-oposición libre- plazas correspondientes a dotación de personal interino de la Administración General de la Junta de Andalucía. Mediante este sistema, se otorgará en la fase de concurso un máximo de 9.5 puntos por experiencia profesional, frente al resto de méritos valorables que como máximo se pueden puntuar sobre 5 puntos. Además se establecía una nota de corte para superar la fase de concurso de 4 puntos. El Tribunal declara inconstitucional y nula la parte referente a la valoración de los méritos en fase de concurso. La sentencia recuerda que si bien es cierto que el artículo 23.2 CE garantiza el derecho al acceso a las funciones en condiciones de igualdad, existen supuestos extraordinarios en los que las especiales circunstancias de una Administración y el momento concreto en el que se celebran los procesos selectivos, justifican la desigualdad de trato entre los participantes. No obstante, el caso concreto que aquí se analiza no se puede encuadrar dentro de estos supuestos excepcionales, en cuanto que no existe una justificación amparada en una situación excepcional, como exige el art. 23.3 CE. Es más, la Administración autonómica ya hizo uso, con anterioridad, de este sistema extraordinario basado en la excepcionalidad. Tampoco se trata de un proceso restringido, dado que no se impide la participación de aquellos ciudadanos que no hayan tenido, con anterioridad, relación con la Administración. Sin embargo, aun cuando el proceso no sea restringido, la puntuación que se otorga a los candidatos con experiencia profesional suma casi el doble de la que pudieran obtener el resto de aspirante, los cuales carecen de dicha experiencia. Por consiguiente, concluye el Pleno que, la valoración de la experiencia profesional, tal y como se contempla en la Ley 8/1997, implica un beneficio desproporcionado de unos participantes respecto de otros, desproporción que se pone de relieve, no sólo por la forma de valoración de la experiencia profesional sino también por la previsión en las bases de una nota de corte de 4 puntos para superar la fase de concurso.
Mediante escrito de 24 de octubre de 2001, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía remitió a este Tribunal Constitucional el Auto de 19 de septiembre anterior por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición transitoria cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, en relación con el baremo que figura como anexo a la misma, en lo relativo a la puntuación de la fase de concurso, por posible contradicción con los arts. 14 y 23.2 CE.
Según se reseña en el Auto de planteamiento, la presente cuestión de inconstitucionalidad se eleva en el seno del proceso contencioso-administrativo núm. 2494-1998, en el que se tramita el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Ana María Vargas Vázquez contra diversas Órdenes de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 19 de octubre de 1998, por las que se convocan pruebas selectivas para el sistema de oposición libre para ingreso en el cuerpo de gestión administrativa, especialidad de Administración General y en el cuerpo general de administrativos. Dado a los autos el trámite legalmente previsto, el 24 de julio de 2000 se dictó providencia por la que se acordaba oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que alegaran sobre la posible inconstitucionalidad de la disposición transitoria cuarta de la Ley autonómica 8/1997, de 23 de diciembre, en relación con el baremo que figura como anexo a la misma, en lo relativo a la puntuación de la fase de concurso, por posible contradicción con los arts. 14 y 23.2 CE. La Administración demandada defendió la plena constitucionalidad del precepto legal, en tanto que la actora se pronunció en sentido contrario; por su parte, el Ministerio Fiscal indicó que albergaba dudas acerca de la conformidad de la disposición con la Constitución.
La parte argumentativa de este nuevo Auto de planteamiento se abre con una referencia a la posibilidad, prevista en el art. 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de que fuera la Sala de lo Contencioso-Administrativo en su integridad la que, a la vista de la especial trascendencia que reviste la promoción de una cuestión de inconstitucionalidad, la planteara ante el Tribunal Constitucional. Se advierte, sin embargo, que “no lo ha entendido así el referido Tribunal y ateniéndonos a su criterio, deliberamos y votamos los Magistrados relacionados al margen, integrantes de la Sección Primera de esta Sala, como órgano encargado del conocimiento del asunto, el planteamiento de la cuestión por los motivos que se exponen a continuación”.
Por lo que hace a los requisitos de índole procesal, se apunta en primer término que no existen dudas acerca de la aplicabilidad y relevancia de la norma legal para la resolución del recurso. Antes al contrario, las partes personadas convienen en que no es posible decidir acerca de las Órdenes impugnadas sin aplicar, necesariamente, la norma legal cuestionada. Toda vez que aquéllas son reproducción de ésta se trata de determinar la conformidad del precepto legal con la Constitución. Dicho esto se recuerda que el asunto se encuentra ya pendiente para Sentencia y que, a juicio del órgano judicial promotor de la cuestión, la disposición transitoria cuestionada podría entrar en colisión con los arts. 14 y 23.2 CE en la medida en que establece un procedimiento distinto, privilegiado, para el acceso a la función pública de los empleados interinos, primándose en exceso la antigüedad respecto del mérito y la capacidad.
La primera duda que se resuelve en el Auto de planteamiento estriba en saber si nos hallamos ante un proceso de pruebas restringidas o de libre acceso pues son distintas las exigencias para uno u otro caso.
Sentado que estamos en presencia de pruebas restringidas, destaca el órgano judicial promotor de la cuestión que debe analizarse si “se ha creado una diferencia de trato irracional o arbitraria entre los opositores o concursantes” (STC 67/1989). La generalidad es el primero de los requisitos exigidos al efecto por la doctrina del Tribunal Constitucional, pues las reglas de procedimiento han de establecerse en términos generales, no mediante referencias individualizadas y concretas. No cabe duda, a este respecto, de que el reconocimiento de unos méritos, como son los servicios prestados a la Administración, no implica necesariamente incurrir en el vicio referido ya que si el mérito tiene una fundamentación objetiva puede concluirse que no favorece indebidamente a determinadas personas.
Retomando la doctrina constitucional relevante para este supuesto, se subraya que el problema de la igualdad no se plantea por la consideración como mérito de los servicios prestados, que pueden ser valorados en una fase posterior del concurso, sino por el hecho de constituir un requisito necesario para participar en el concurso, en los términos de la STC 60/1994. También surge el problema por la relevancia cuantitativa que pueda atribuir la convocatoria a dichos servicios o por operar doblemente en las distintas fases del proceso de selección (STC 67/1989). En este caso no hay valoración doble del mérito, pero entiende el órgano judicial que la relevancia cuantitativa concedida al mismo produce directamente el efecto de exclusión de los opositores libres.
A las razones expuestas para sustentar la duda de constitucionalidad que aquí se plantea, se añade que este Tribunal Constitucional ha aceptado la valoración, ciertamente estimable, de la antigüedad en otros supuestos, sobre la base de la excepcionalidad del procedimiento selectivo. Dicha excepcionalidad se ha apreciado en virtud de la concurrencia de razones objetivas y fines constitucionalmente lícitos, en particular la organización y eficiencia de la Administración. Sin embargo, en la doctrina de este Tribunal Constitucional se alza un claro límite al recurso a esta excepción pues sólo admite la constitucionalidad de procesos selectivos que primen intensamente la interinidad cuando se verifican por una sola vez.
A la discriminación contraria a los arts. 14 y 23.2 CE padecida por los “opositores libres” hay que añadir la sufrida por los funcionarios de carrera y otros interinos que ven valorada su antigüedad con 0,6 y 0,5 puntos respectivamente, frente a los 0,95 de los interinos propios de la Junta de Andalucía. En estos supuestos, “siendo quizás menos los posibles afectados, la contradicción con el mandato constitucional de no discriminación es aún mayor si cabe”. Aquí, la diferencia de trato se presenta sin el menor atisbo de justificación objetiva ya que unos y otros tienen la experiencia adquirida en un puesto de trabajo en la Administración pública. Y esta dispar valoración de la experiencia produce resultados arbitrarios, afectándose con ello al art. 9.3 CE. Concretamente, es arbitraria la distinta valoración de la antigüedad porque puede darse el caso —nada teórico— de que dos funcionarios interinos destinados en la misma Consejería, desarrollando idénticas funciones, vean reconocida su antigüedad con distinta valoración sólo porque uno de ellos se benefició de que su puesto fuera transferido a la Administración autonómica en tanto que el otro vio retrasada su integración por motivos ajenos a su voluntad. De suerte que una misma experiencia y antigüedad es objeto de diversa valoración, creándose un agravio insostenible en términos constitucionales. Como también se genera en la comparación entre interinos y funcionarios de carrera, quienes pese a haber superado pruebas objetivas, ven cómo la valoración de su experiencia es sensiblemente inferior a la de quienes desempeñan sus funciones en virtud de nombramientos provisionales (0,6 frente a 0,95). Por todo ello se concluye que el precepto legal contradice la proscripción de arbitrariedad del art. 9.3 CE.
Defiende la Administración autonómica que el art. 39 de la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, permite valorar, entre otros méritos, la experiencia en los puestos de trabajo convocados. En ello conviene el órgano judicial promotor de la cuestión, sin perjuicio de recordar que este precepto es posterior en el tiempo a la norma aquí cuestionada y de subrayar que lo discutido no es la posibilidad de valorar la experiencia sino la intensidad y desproporción que reviste esa valoración en la norma de aplicación al proceso a quo. Aun reconociendo que no es la cuestión central objeto de análisis, se recuerda que la norma se aprueba tras un proceso de negociación entre la Administración y los agentes sociales, explicando los sindicatos que la singularidad de que el baremo se incluya en una norma con rango de ley responde al propósito de dificultar su impugnación en vía jurisdiccional. Se perseguía así blindar una regulación peculiar del proceso de acceso a la función pública sobre cuya discutible adecuación a las exigencias constitucionales ya habría llamado la atención el Consejo Consultivo de Andalucía.
Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 26 de octubre de 2001 don Jaime Blasco Rodríguez, Procurador de los Tribunales y de distintas asociaciones de interinos de Andalucía, según consta suficientemente acreditado en el recurso contencioso-administrativo núm. 2494-1998 que se sigue ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, solicitó que se tuviera por cumplido el emplazamiento referido en el Auto de planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad.
Por providencia de 29 de enero de 2002, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado, así como al Parlamento y al Gobierno de la Junta de Andalucía, al objeto de que en el plazo común e improrrogable de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen pertinentes y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la Junta de Andalucía. Por otro lado, se acordó no acceder a lo solicitado por el Procurador don Jaime Blasco Rodríguez porque, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC el emplazamiento es improcedente ya que el legislador ha configurado el proceso al que dan lugar las cuestiones de inconstitucionalidad de forma tal que sólo se permite la comparecencia en él de los órganos taxativamente enumerados en el propio precepto y en los supuestos que contempla.
El día 11 de febrero de 2002 se registró en este Tribunal Constitucional escrito del Abogado del Estado quien, actuando en la representación que legalmente ostenta, señaló que al referirse este proceso constitucional a una ley autonómica aplicada en un procedimiento en el que no es parte el Estado, no formulará alegaciones, solicitando se le tuviera por personado a los efectos de que en su día se le notifiquen las resoluciones que se dicten.
El 12 de febrero de 2002 se recibió escrito de la Letrada del Parlamento de Andalucía, señalando que en las actuaciones remitidas para formular alegaciones no figuraban las correspondientes al recurso contencioso-administrativo en cuyo seno se ha promovido la presente cuestión de inconstitucionalidad. Por ello, al resultar imprescindible a efectos de personación y formulación de alegaciones, así como para la adecuada defensa de los intereses del Parlamento de Andalucía el conocimiento de dichas actuaciones, solicitaba la remisión de las mismas o, en su defecto, las correspondientes a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 935-2001, de la cual ésta parece una reiteración.
Por escrito presentado el 14 de febrero de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado, en la reunión celebrada el día 12 anterior, no personarse ni formular alegaciones en el presente proceso constitucional.
Ese mismo día 15 de febrero de 2002 la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que por su cargo ostenta, solicitó una ampliación del plazo de ocho días para formular el escrito de alegaciones.
Por nuevo proveído de 15 de febrero de 2002 se acordó remitir tanto al Parlamento como a la Junta de Andalucía copias de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 935-2001, concediéndoles un nuevo plazo improrrogable de quince días para formular alegaciones, sin que proceda la prórroga del plazo pedida por la Junta de Andalucía por ser improrrogable como dispone el art. 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El Fiscal General del Estado formuló sus alegaciones el 26 de febrero de 2002. Tras una pormenorizada exposición de los antecedentes de esta cuestión, expone las razones por las que considera que debe ser estimada, en los términos que más adelante precisaremos.
Antes de comenzar el análisis del fondo de la cuestión se apunta la necesidad de delimitar el ámbito de las dudas planteadas por la Sala promotora pues, en realidad, el Auto de planteamiento permite el análisis sucesivo de dos posibilidades. La primera permite preguntarse si lo cuestionado es toda la disposición transitoria cuarta, como se destaca en la parte dispositiva del Auto, o si la cuestión se circunscribe a determinados aspectos de la norma legal relativos a los criterios de valoración de méritos determinantes para la superación de la fase de concurso.
Subsidiariamente aborda el Fiscal General del Estado el estudio de la segunda de las grandes problemáticas que recoge el Auto de planteamiento: la desproporción del peso atribuido en el baremo a la antigüedad, que da como resultado la imposibilidad de que quienes concursen por el turno libre accedan a la fase de oposición. Para dilucidar esta cuestión sólo es preciso analizar el último inciso del apartado primero de la disposición transitoria (“para acceder a la fase de oposición será necesario obtener una puntuación mínima de 4 puntos”) y el apartado primero del baremo que figura en el anexo a la norma legal, referido a la valoración de la antigüedad en el desempeño de funciones públicas como mérito a ponderar para la obtención de la puntuación final de la fase de concurso. Es en estos pasajes de la norma cuestionada donde se plasmaría esa desproporción en la valoración de la antigüedad en unos términos que vulneran el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas proclamado en el art. 23.2 CE.
La Letrada de la Junta de Andalucía formuló sus alegaciones el 14 de marzo de 2002, en los términos que seguidamente se resumen:
Se interesa, en primer lugar, la inadmisión de la cuestión por no haberse cumplimentado el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC. Al respecto, se pone de relieve que las actuaciones son las mismas que las remitidas por el órgano judicial promotor de la cuestión núm. 935-2001. Es cierto que tanto ésta como la presente se elevan en el seno del mismo proceso judicial, lo que acaso pudiera justificar la ausencia de dicho trámite en aras del principio de economía procesal. El problema se plantea, sin embargo, desde el momento en que “las actuaciones procesales de referencia no se concretan exclusivamente a las propias del recurso contencioso-administrativo, sino que además, a los efectos constitucionales que nos interesan, también se refieren a las alegaciones vertidas por las partes y el Ministerio Fiscal conforme al trámite de audiencia que prevé el artículo 35.2 LOTC”.
También se solicita la inadmisión “por falta de relevancia constitucional de la cuestión elevada”. En este sentido se apunta que para la resolución del proceso contencioso-administrativo no es preciso el análisis de la constitucionalidad de la disposición transitoria cuestionada. Aquél —que se sustancia por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales— tiene por objeto la impugnación de las órdenes de convocatoria de 19 de octubre de 1998, de concurso-oposición libre de los Cuerpos de gestión administrativa, “especialidad Administración General (B1100) y General de Administrativos (C1000)”, ostentando la actora la condición de funcionaria de la Junta de Andalucía.
Se solicita, igualmente, la inadmisión de los argumentos empleados en el Auto de planteamiento relativos a la posible vulneración del art. 9 CE. A este precepto no se hizo mención en la providencia de 24 de julio de 2000 dando apertura al trámite de audiencia en la cuestión de inconstitucionalidad luego inadmitida por el ATC 217/2001, por lo que resultó sustraído a las consideraciones de las partes personadas y del Ministerio Fiscal. Por consiguiente, de acuerdo con la constante doctrina constitucional al respecto, debiera excluirse, cuando menos, el análisis de esta duda de constitucionalidad.
Entrando ya en el fondo de la cuestión destaca la Letrada de la Junta de Andalucía que estamos ante un sistema de acceso a la función pública “abierto o libre” que no contradice las exigencias constitucionales (por todas, STC 16/1998, de 26 de enero). Se trata de una convocatoria pública y libre que ha tomado la forma de concurso-oposición en la que se valoran los servicios efectivos prestados por los funcionarios interinos, con la única particularidad de que las órdenes de convocatoria entroncan directamente con las previsiones de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. No exigiéndose el haber prestado servicios en la Administración para participar en esta convocatoria no cabe hablar de pruebas restringidas sino de concurso-oposición abierto y libre en el que se valora la experiencia previa y sin que resulte inadecuada o extraña la exigencia de una puntuación mínima para la valoración de las pruebas —aquí, cuatro puntos para entender superada la fase de concurso—.
El escrito de alegaciones del Parlamento de Andalucía se recibió en este Tribunal Constitucional el 15 de marzo de 2002.
En primer lugar, y al igual que hiciera la Letrada de la Junta de Andalucía, se solicita la inadmisión de la cuestión por insuficiencia del juicio de relevancia.
También se interesa la inadmisión del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, por no ser de aplicación al caso. Este apartado se refiere a las convocatorias correspondientes a dotaciones de personal laboral existentes a 31 de diciembre de 1995. Amén de que en el Auto de planteamiento no se hace referencia alguna a este apartado se subraya que no resultaría de aplicación al proceso a quo, por lo que debiera quedar al margen del enjuiciamiento de este Tribunal Constitucional conforme a la doctrina constante plasmada, entre otras, en las SSTC 54/1983, FJ 1; 75/1983, FJ 1; y 161/1997, FJ 2.
Tras sintetizar la doctrina elaborada por este Tribunal Constitucional en torno al art. 23.2 CE que se entiende de aplicación al caso, se examina la naturaleza y características de los procesos selectivos regulados por la disposición transitoria cuarta de la Ley autonómica 8/1997, a fin de ilustrar sobre la inaplicabilidad a las mismas de las limitaciones que el Tribunal Constitucional ha impuesto a las pruebas restringidas.
Seguidamente se analizan las discriminaciones denunciadas en relación con los aspirantes que carecen de experiencia previa en la Administración. Frente a lo sostenido en el Auto de planteamiento se defiende que las previsiones legales no impiden a dichos aspirantes superar la fase de concurso.
Se examina en primer lugar la valoración de las titulaciones académicas. Para el Parlamento de Andalucía, cuestionar la puntuación dada a las mismas es tanto como discutir la potestad del legislador autonómico para determinar los méritos que deben ser valorados en el concurso y la importancia cuantitativa que se les debe atribuir, inmiscuyéndose en un ámbito atribuido al legislador por el art. 23.2 CE.
Sobre la valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento profesional se señala que carece de todo fundamento la afirmación, recogida en el Auto de planteamiento, de que sólo pueden aducir este mérito quienes ya presten servicios a la Administración. En opinión del Parlamento de Andalucía, se confunden los cursos previstos en el anexo de la ley con los cursos organizados por las Administraciones públicas para la formación y perfeccionamiento de su propio personal. Ante la generalidad y abstracción que presenta el apartado segundo del baremo, donde se recoge este mérito, y la multitud de tareas que pueden desempeñar los funcionarios de la Administración autonómica, la determinación de los concretos cursos impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros públicos susceptibles de ser subsumidos en el supuesto de hecho de la norma es tarea imposible, que además excede del ámbito del proceso constitucional ya que se trata de una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde a los tribunales encargados de resolver los procesos selectivos que se convoquen, a la vista de los méritos alegados por los participantes, o, en su caso, a los órganos judiciales que fiscalicen la actuación de estos tribunales. Sin perjuicio de lo cual se apunta que una interpretación como la sostenida en el Auto de planteamiento hubiera requerido que la ley únicamente hiciera mención expresa a los cursos de formación de funcionarios públicos, lo que no sucede en este caso, donde el baremo comprende cursos organizados por el Instituto Andaluz de Administración Pública o por las distintas Administraciones públicas para la formación y perfeccionamiento de su personal, hasta los cursos impartidos en materias relacionadas con las tareas propias del conjunto de puestos de trabajo por múltiples instituciones, entidades y centros públicos existentes abiertos no sólo a los funcionarios públicos sino al conjunto de ciudadanos, como es el caso de los cursos organizados por el INEM.
Sobre la relevancia cuantitativa de la experiencia previa comienza el Parlamento de Andalucía sentando como premisa la imposibilidad de discutir que aquélla constituya un mérito susceptible de valoración conforme al art. 23.2 CE. Así lo reconoce el órgano judicial promotor de la cuestión y así lo afirma la STC 83/2000, entre otras. Por otra parte, en el presente caso no hay doble valoración y los servicios prestados no se configuran como requisito de acceso al proceso selectivo, centrándose la discusión en la dimensión numérica concedida a este mérito.
Se analizan, seguidamente, la posibilidad de discriminación respecto de los funcionarios de carrera y los interinos de otras Administraciones públicas.
El escrito de alegaciones se cierra con una extensa “valoración final y legitimidad del procedimiento selectivo”.
Mediante Auto de 28 de febrero de 2012, el Pleno, en virtud de lo previsto en los art. 80 LOTC y 221.4 LOPJ, estimó la causa de abstención formulada por la Magistrada Sra. Pérez Vera en la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Por providencia de 28 de febrero de 2012 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 1de marzo de 2012.
Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta Sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición transitoria cuarta y el anexo de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, en relación con el baremo que figura como anexo a la misma, en lo relativo a la puntuación de la fase de concurso, por posible vulneración de los arts. 14 y 23.2 CE. El Fiscal General del Estado solicita la estimación de la cuestión en tanto que las representaciones de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía defienden la plena constitucionalidad de la disposición cuestionada e interesan, en consecuencia, la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
El examen del fondo de esta cuestión de inconstitucionalidad sólo es posible previa resolución de las dudas que respecto de su admisibilidad plantean tanto la Letrada de la Junta de Andalucía como la representación del Parlamento de Andalucía.
Sostiene en primer lugar la Letrada de la Junta de Andalucía que la presente cuestión de inconstitucionalidad debe ser inadmitida porque no se ha cumplimentado el trámite de audiencia previsto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Al respecto recuerda que esta cuestión de inconstitucionalidad tiene como antecedente inmediato la tramitada con el núm. 935-2001, elevada en el mismo proceso judicial que la actual, y que fue inadmitida a trámite por este Tribunal Constitucional (ATC 217/2001, de 17 de julio). La Letrada de la Junta de Andalucía asume, con mención expresa del ATC 42/1998, de 18 de febrero, que la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad por falta de los requisitos procesales no impide que vuelva a ser planteada por el mismo órgano judicial siempre y cuando se hayan cumplido, se satisfagan todos esos requisitos procesales. Pero ello no significa que se subsane la deficiencia advertida en la primera cuestión de inconstitucionalidad, que en rigor ya ha agotado su camino procesal, sino que se trata, a todos los efectos, de una nueva cuestión de inconstitucionalidad que da lugar a un nuevo proceso constitucional. El proceso constitucional ya concluido o que no llegó a iniciarse no se reabre sino que nos hallamos ante un nuevo proceso, de modo que es exigible el cumplimiento de todos los requisitos procesales y no sólo la depuración de los errores padecidos en la primera cuestión de inconstitucionalidad. En este caso el órgano judicial no ha dado traslado a las partes personadas en el proceso contencioso-administrativo para que pudieran alegar lo que estimasen acerca de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, tal y como prescribe el art. 35.2 LOTC, sin que la omisión de este trámite esencial pueda entenderse cubierta por la audiencia efectuada antes de que se dictara el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 935-2001. Las partes pudieran haberse limitado a reproducir sus alegaciones anteriores o podrían haber ofrecido nuevas razones para oponerse o postular el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, especialmente si hubieran variado las circunstancias fácticas o jurídicas como sucedería si entretanto este Tribunal Constitucional ya se hubiera pronunciado acerca de la validez del precepto legal controvertido.
Apuntan las representaciones de la Junta y del Parlamento de Andalucía la concurrencia de una segunda causa de inadmisión, como es la inadecuada realización del juicio de relevancia. Dentro de esta segunda alegación cabe distinguir dos vertientes, la primera de las cuales se refiere a la falta de tratamiento de una doble causa de inadmisión del propio proceso contencioso-administrativo en tanto que la segunda limita el alcance de la cuestión al plantear la inaplicabilidad en ese proceso de una parte de la disposición transitoria cuarta y del anexo de la Ley autonómica 8/1997, de 23 de diciembre.
Según recuerda la Letrada de la Junta de Andalucía, la representación de la Administración autonómica demandada en el proceso contencioso-administrativo adujo dos causas de inadmisibilidad del recurso: inadecuación del procedimiento utilizado —el previsto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona—, puesto que el problema planteado era de estricta legalidad, sin relevancia constitucional alguna, y falta de legitimación activa de la actora, quien ya ostenta la condición de funcionaria de la Administración autonómica y no consta que haya participado en los procesos selectivos que impugna. La primera de estas causas se planteó como alegación previa y dio lugar a la apertura de un incidente, con audiencia a la demandante y al Ministerio Fiscal, que no llegó a cerrarse con una resolución expresa sobre el particular controvertido. De la segunda se hizo mención en el escrito de contestación a la demanda sin que tampoco haya sido resuelta por el órgano judicial.
Apunta la representación del Parlamento de Andalucía que la cuestión de inconstitucionalidad no puede comprender el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley autonómica 8/1997, de 23 de diciembre, al no ser aplicable al caso. Debemos convenir con esta apreciación puesto que en el proceso a quo se impugnan dos Órdenes de convocatoria de acceso a sendos cuerpos funcionariales y el apartado indicado se refiere a convocatorias para personal laboral, de modo que el apartado segundo de la disposición transitoria mencionada ha de quedar fuera de nuestro análisis. Un análisis que tampoco puede comprender las previsiones relativas a la fase de oposición del baremo anexo a la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, y al que expresamente se hace remisión en el apartado primero de la disposición transitoria aquí cuestionada, toda vez que las dudas de constitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ciñen exclusivamente al tratamiento dispensado a los diversos candidatos en la fase de concurso.
Se apunta, por último, la inadmisibilidad parcial de la presente cuestión porque en el Auto de planteamiento se argumenta una posible vulneración del art. 9.3 CE pese a que en la providencia de apertura del trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC no se menciona este precepto constitucional. Debemos rechazar esta pretensión porque la referencia a los principios garantizados por el art. 9.3 CE en distintos pasajes del Auto de planteamiento pone de manifiesto que no se trata propiamente de un nuevo motivo autónomo de inconstitucionalidad sino de una alegación con la que se busca reforzar la consistencia de la exposición las dudas de constitucionalidad que sobre el precepto legal controvertido alberga el órgano judicial promotor de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Despejados los óbices procesales examinados en el fundamento jurídico anterior y de acuerdo con las conclusiones en él alcanzadas, es objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad el apartado primero de la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros. Dicho apartado presenta el siguiente contenido:
En caso de empate, el orden se establecerá ateniendo a la mayor puntuación de los ejercicios de la fase de oposición por orden inverso al de su celebración y, caso de persistir, atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo efectuado para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas.
Como ha quedado expuesto con amplitud en el relato de los hechos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, considera, en primer lugar, que de la norma impugnada se desprende que nos encontramos ante un proceso de pruebas restringidas, puesto que aunque de manera nominalista se pueden presentar todos los solicitantes, con independencia de que hayan tenido vínculos laborales con la Administración convocante, la realidad revela que, con la valoración de los méritos relativos a la experiencia profesional establecida, solamente aquellos que cuentan con la citada experiencia profesional pueden presentarse al proceso con alguna posibilidad d e éxito.
Entrando en el fondo de la cuestión debe apuntarse cuales son la líneas principales de la doctrina constitucional sobre el art. 23.2 CE.
Por lo tanto, a la vista de esta jurisprudencia y de las dudas de constitucionalidad planteadas sobre la norma impugnada debemos analizar como punto de partida si, como se afirma en al Auto de planteamiento, nos hallamos ante un proceso de selección restringido o cerrado.
Una vez constatado que no nos encontramos ante un proceso restringido, siguiendo un orden lógico en el examen de la presente cuestión, procede analizar si las valoraciones que se contienen en la norma impugnada sobre la experiencia profesional de los candidatos respetan el principio de igualdad que garantiza el art. 23.2 CE o si, por el contrario, existe una desproporción en beneficio de unos y perjuicio de otros que vulnere el citado precepto. Es necesario aclarar de manera previa este aspecto puesto que si se llegara a la conclusión de que la valoración cuestionada respeta el principio de igualdad contenido en el art. 23.2 CE, nada importaría que nos encontramos ante un proceso ordinario o excepcional, ya que esta última circunstancia sólo adquiriría relevancia, como antes hemos señalado, si se constatara que existe en la norma impugnada un trato desigual de los participantes en el proceso selectivo, que pudiera quedar amparado, precisamente, por la excepcionalidad del proceso.
En el presente caso, la experiencia profesional —dependiendo de dónde se haya adquirido— vale un máximo de 9,5 puntos, mientras que todos los demás méritos valorables, aun en su puntuación máxima posible, solamente alcanzan 5 puntos; es decir, el valor del mérito “experiencia profesional” tiene, prácticamente, el doble de valor que la suma de todos los demás méritos, con la circunstancia, no menor, de que la fase de concurso tiene carácter eliminatorio, siendo relevante además que es necesario obtener para superarla 4 puntos.
No obstante, aun habiendo alcanzado la conclusión de que la valoración de la experiencia profesional debe considerarse desproporcionada a favor de unos participantes respecto de otros, este hecho, por sí mismo no conduce a apreciar una lesión del art. 23.2 CE, sino que, como antes hemos señalado, en algunas circunstancias excepcionales se puede justificar la aplicación de criterios como los analizados en el presente proceso.
En definitiva, de lo expuesto en los fundamentos precedentes debe concluirse que el apartado primero de la disposición transitoria cuarta y el anexo, en la parte relativa a la valoración de los méritos en la fase de concurso, de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, vulneran el art. 23.2 CE, puesto que dispone una valoración desproporcionada del mérito relativo a la experiencia profesional sin que dicha desproporción, conforme la jurisprudencia antes señalada, pueda considerarse justificada.
Inadmitir parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, así como respecto de las previsiones relativas a la fase de oposición del baremo del anexo.
Estimar parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el apartado primero de la disposición transitoria cuarta y el anexo, en la parte relativa a la valoración de los méritos en la fase de concurso, de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 10 de esta Sentencia.
STSJ Castilla y León 903/2012, 11 de Mayo de 2012 (Funcion publica, Acceso)
SAP Girona 108/2012, 15 de Marzo de 2012

References: artículo 23
 resolución 
 artículo 35
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