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Timestamp: 2019-04-25 10:35:58+00:00

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El TJUE corrige la doctrina «de Diego Porras»: no procede indemnización de 20 días en extinción de contrato temporal por fin del término (Montero Mateos y Grupo Norte Facility) | UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES
5 junio, 2018 24 marzo, 2019 ibdehereComentarios Jurisprudencia
La doctrina del TJUE en el caso «de Diego Porras», reconociendo el derecho de los trabajadores temporales a percibir la misma indemnización que los indefinidos (esto es 20 días), junto con las dos sentencias fechadas el mismo 14 de septiembre de 2016 (Casos «Martínez Andrés y Castrejana López» y «Pérez López») han provocado una conflictividad extrema a nivel interno.
En efecto, como se ha recogido en diversas entradas de este blog (ver Recopilatorio de entradas y en la «Guía«) son muchas las controversias interpretativas que se han planteado desde entonces, describiendo, a su vez, múltiples contradicciones, a priori, susceptibles de unificación de doctrina en casación: en la jurisdicción social (al menos que tenga constancia) 6 y una admitida a trámite (el propio caso «de Diego Porras»); y, en la contenciosa (al menos que conozca) se han admitido a trámite dos.
No obstante, probablemente, la nota más evidente de este desconcierto (con la consiguiente inseguridad jurídica que conlleva) ha sido la formulación de 12 nuevas cuestiones prejudiciales vinculadas directa o indirectamente a este caso y que están pendientes de resolución (dos de ellas formuladas, respectivamente, por las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, ésta última, precisamente, a resultas del caso «de Diego Porras» – ver aquí).
En esencia, como reza el título de esta entrada, el TJUE ha corregido la doctrina «de Diego Porras», al entender que existe una razón objetiva que justifica el trato diferenciado entre la extinción por el cumplimiento del término de la resolución por causas de empresa. De modo que el fin del término no justifica una indemnización de 20 días.
Las Conclusiones de la AG apuntan a una corrección de la doctrina del caso «de Diego Porras», en aras, precisamente, a respetar la facultad de los Estados miembros de mantener la distinción entre los contratos temporales y los indefinidos.
– en primer lugar, se aboga por una conceptuación «no estricta» (o expansiva) del concepto «condición de trabajo» (incluyendo como tal a las indemnizaciones por extinción del contrato); y,
– en segundo lugar, reitera que las diferencias de trato entre trabajadores temporales quedan extramuros del principio de no discriminación que proclama la Directiva 1999/70 (cláusula 4ª) – aunque recuérdese que en los que afecta a la cláusula 5ª (no abuso) el TJUE no ha tenido problemas para compararlos entre sí (caso «Martínez Andrés y Castrejana López»).
Por otra parte, es importante advertir que la AG también apunta que, para el caso de que se entendiera que las situaciones eran comparables, no existía motivo alguno que justificara la diferencia indemnizatoria entre los contratos temporales de interinos y los indefinidos; y sí en cambio, entre los contratos indefinidos y los vinculados a un contrato de relevo (dados los objetivos de política social a los que están asociados)
El TJUE tras constatar el carácter temporal de la relación de la Sra. Montero Mateos y ratificar que la conceptuación expansiva del concepto «condición de trabajo», incluyendo a las indemnización por extinción del contrato, recuerda que la cláusula 4ª se refiere a las diferencias de trato entre trabajadores temporales e indefinidos. Y al respecto recuerda que dicha cláusula
«exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado».
«este concepto requiere que la desigualdad de trato observada esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto».
«Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro».
«se produjo en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores».
«las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato».
En cambio, prosigue, la extinción ex art. 52 ET se produce por «circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral».
«compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole, y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar, en la fecha en que se produce la ruptura, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación».
«no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables, ya que el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte días de salario por año de servicio en favor del trabajador, con independencia de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo».
«no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva».
En este sentido, la argumentación del TJUE es idéntica a la descrita, entendiendo como especificidad que «cabe considerar que el objeto específico de las indemnizaciones previstas en el artículo 49, apartado 1, letra c), y en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente, cuyo abono forma parte de contextos fundamentalmente diferentes, constituye una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida».
«Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que se jubila parcialmente, como el contrato de relevo controvertido en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, es inferior a la indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva».
Lo que no quita que, dada la elevada tasa de temporalidad que sufre nuestro mercado de trabajo, estime que deberían adoptarse medidas para disuadir de forma drástica el uso fraudulento de los contratos temporales. Y, probablemente, el incremento de la indemnización podría ser una de ellas. En este sentido, desde el punto de vista de política legislativa, la doctrina «de Diego Porras» era una oportunidad (o pretexto) para alcanzar este objetivo.
A su vez, como ya ha apuntado el Profesor Molina Navarrete, está por ver qué implica que el Tribunal remitente, dada la «imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga», deba evaluar si el contrato de interinidad (pese a ser lícito) ha de ser recalificado como «contrato fijo». Y, un desarrollo específico de esta cuestión puede consultarse en esta entrada.
Por otra parte, a la luz de esta doctrina, en la medida que el TS acaba de dictaminar que los indefinidos no fijos vuelven a ser «temporales» (aunque de forma coetánea en el tiempo también ha sostenido que pueden ser fijos discontinuos – ver extensamente aquí), está por ver cómo justifica que sigan percibiendo una indemnización de 20 días en caso de cobertura reglamentaria de la plaza.
Aunque aún le quedan muchos «coletazos», después de 1 año y medio de un desconcierto extraordinario, parece que la saga llega a su fin … (sin que pueda decirse lo mismo respecto de las doctrinas «Martínez Andrés y Castrejana López» y «Pérez López»).
Etiquetado con Acuerdo Marco, art. 49.1.c ET, Castrejana López, contrato temporal, de Diego Porras 1, Directiva 1999/70, Grupo Norte Facility, indemnización, Martínez Andrés, Montero Mateos, Moreira Gómez, Pérez López
3 comentarios en “El TJUE corrige la doctrina «de Diego Porras»: no procede indemnización de 20 días en extinción de contrato temporal por fin del término (Montero Mateos y Grupo Norte Facility)”
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 49
 artículo 53