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Timestamp: 2019-05-25 12:18:23+00:00

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En Colombia, los fallos de la Corte Constitucional han suscitado una de las controversias más interesantes en la ya clásica discusión sobre las fuentes del derecho. En
especial, el fenómeno conocido como ‘constitucionalización del derecho’, ha traído
consigo numerosas modificaciones, principalmente, en el campo del derecho civil y
comercial (muchas de ellas sumamente polémicas). Sin duda, este libro constituye
uno de los más serios intentos por analizar críticamente los efectos de la intervención de la Corte Constitucional en el Derecho Colombiano.
Este trabajo reúne los más refinados y agudos comentarios sobre los principales
casos de constitucionalización del derecho. Se trata de una colección de ensayos
escritos con agudeza e ingenio, un momento singular en la lucha por el derecho en
Profesor de las universidades de los Andes y del Rosario
Fabricio Mantilla Espinosa (Coordinador), Juan Antonio García Amado,
Javier Tamayo Jaramillo, Jaime Vidal Perdomo, Rodrigo Pombo Cajiao,
Alberto Arango Montes, Carlos Mario Molina Betancur,
Juan Manuel Arboleda Perdomo, Fernando Alberto García Forero,
Gustavo de Greiff Restrepo, Francisco Ternera Barrios, Marcela Anzola Gil,
Antonio José Núñez Trujillo, Gloria Amparo Rodríguez
Fabricio Mantilla Espinosa (Coordinador), Juan Antonio García Amado, Javier Tamayo Jaramillo, Jaime Vidal Perdomo, Rodrigo Pombo Cajiao,
Alberto Arango Montes, Carlos Mario Molina Betancur, Juan Manuel Arboleda Perdomo, Fernando Alberto García Forero, Gustavo de Greiff Restrepo,
Francisco Ternera Barrios, Marcela Anzola Gil, Antonio José Núñez Trujillo, Gloria Amparo Rodríguez
La lucha por el control de las fuentes del derecho es una de las
preocupaciones centrales de la teoría jurídica contemporánea.
Esta lucha ha dividido a los juristas en dos grandes escuelas.
Por una parte, están aquellos doctrinantes que consideran al
imperio de la ley como el valor fundamental de un ordenamiento
jurídico. La seguridad jurídica, la paz social y la legalidad de las decisiones judiciales serían
ideales mucho más importantes que la supremacía constitucional o la homogeneidad de la
jurisprudencia. Por otra parte, están aquellos juristas que consideran a la jurisprudencia, la
costumbre y la doctrina constitucional como valores fundamentales de un ordenamiento
jurídico legítimo.
Fabricio Mantilla Espinosa (Coordinador)
Alberto Arango Montes
Juan Manuel Arboleda Perdomo
Fernando Alberto García Forero
Francisco Ternera Barrios
Marcela Anzola Gil
Antonio José Núñez Trujillo
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–Coordinador–
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© 2009 Editorial Universidad del Rosario
© 2009 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
© 2009 Fabricio Mantilla Espinosa
© Juan Antonio García Amado, Javier Tamayo Jaramillo, Jaime Vidal Perdomo,
Rodrigo Pombo Cajiao, Alberto Arango Montes, Carlos Mario Molina Betancur,
Juan Manuel Arboleda Perdomo, Fernando García Forero,
ISBN: 978-958-8378-69-5
Primera edición: Bogotá D.C., enero de 2009
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: Leonardo Holguín Rincón
Diseño de cubierta: Lucelly Anaconas
Diagramación: Ángel David Reyes
Impresión: Logoformas
Carrera 7 No. 13-41, of. 501 • Tel.: 297 02 00 Ext.: 7724
Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito
de la Editorial Universidad del Rosario
Controversias constitucionales / Fabricio Mantilla Espinosa (coordinador).
—Facultad de Jurisprudencia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008.
488 p. — (Colección Textos de Jurisprudencia).
Derecho constitucional / Colombia – Constituciones / Derecho privado / Propiedad /
Derechos civiles / I. Título / II. Serie.
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Constitución y controversia ...............................................................
Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores ..............................
Análisis de la interpretación valorista del derecho .............................
Consideraciones generales sobre la constitucionalización
del derecho .................................................................................
Sobre la cualidad constitucional. Una propuesta diferente
para el mismo problema de siempre ............................................
Sustitución y reforma de la Constitución de 1991 ..............................
Problemas actuales de la justicia en Colombia: el protagonismo
de la Corte Constitucional ............................................................
Corte Constitucional o Corte Constituyente .........................................
El “no obstante” como fundamento de cierta hegemonía
constitucional .............................................................................
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Del incumplimiento y el desacato en la tutela. ¿Dos soluciones
distintas y una sola verdadera? ..................................................
Constitucionalización del derecho privado .........................................
“Propiedad” o “pseudo propiedad”: “el cuchillo sin hoja
al que le falta el mango” .............................................................
La constitucionalización de preceptos económicos:
el caso colombiano ......................................................................
Herramientas analíticas de análisis de eficiencia y equidad.
Metodología y aplicación a un caso del sector financiero .............
El derecho a gozar de un medio ambiente sano.
¿Utopía o realidad? .....................................................................
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Ésta es la paradoja: cuando es posible decir
en voz alta y sin cortapisas que no existen ni
el diablo ni las brujas, en realidad ya no es
necesario decirlo.*
* Hubert Schleichert, Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón. Introduccón al pensamiento subversivo, trad. Jesús Alborés, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 2004, p. 98.
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Constitución y controversia*
Fabricio Mantilla Espinosa**
Hasta hace poco tiempo, el derecho constitucional sólo le interesaba a un reducido grupo de juristas especializados que se dedicaba a analizar disposiciones
abstractas que parecían muy alejadas de la realidad cotidiana. El estudio de
la Constitución era una suerte de privilegio de unos cuantos eruditos románticos, elevados por encima de los problemas y de las preocupaciones del resto de
los miembros de la sociedad. Esos tiempos terminaron.
Hoy en día, la Constitución se invoca en casi cualquier escenario: como
sustento jurídico de una pretensión de indemnización de perjuicios, en la parte
motiva de un fallo que condena al pago de alimentos, en el discurso en plaza
pública del caudillo político, como argumento en la carta de reclamo que envía
el usuario a la empresa de servicios públicos, en los cafés atiborrados de abogados aledaños a la Plaza de Bolívar y durante el juego de canasta de las señoras en el club social.
En la actualidad, resulta difícil mantenerse ajeno a este importante fenómeno. Vivimos en un “mundo constitucionalizado”. Pero ¿a qué se debe esto?
De entrada, podríamos pensar que la causa radica en la novedad del tema. En
efecto, la Constitución,1 entendida como el conjunto de disposiciones que regula
la organización del Estado y sus relaciones con los ciudadanos, sólo apareció
* Todas las citas de textos en francés son traducciones libres.
** Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá); es profesor de Contratos civiles y mercantiles
y fue admitido en el Colegio de Abogados de París (C.A.P.A.). Secretario de Tribunales arbitrales del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Abogado senior de Asesoría &
Litigios. Ternera, Mantilla y Asociados.
El vocablo “Constitución” tiene distintos significados que dependen de los diferentes usos que
de él se hacen. Así, pues, antes de embarcarnos en una discusión sobre la Constitución, es importante
determinar claramente el sentido en el que se está utilizando la palabra en cuestión. Véase al respecto:
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Introducción. Constitución y controversia
hasta finales del siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos como límite al poder político –del rey o del parlamento–.2 Sin embargo, este estatus superior en
la jerarquía de la normas, aunque con grandes resistencias, parece haber sido
aceptado hace ya mucho tiempo.3
¿Qué explica, entonces, este papel protagónico que ha venido adquiriendo la Constitución a partir de la segunda mitad del siglo XX –y en el caso colombiano, a partir de la carta política de 1991–? Personalmente, creo que entre
las múltiples razones que dan cuenta de este fenómeno hay que resaltar dos
de especial importancia.
Por un lado, la nueva lectura de la expresión “derechos humanos”. En
efecto, inicialmente fueron asociados al estado de naturaleza que implicaba
la guerra perpetua entre los hombres, y que los llevó, en virtud de la Razón
–Reason–, a tomar la decisión de sacrificar su libertad para someterse a un soberano que garantizara el orden y la paz; luego, los derechos humanos –y del
ciudadano4– pasaron a justificar las reivindicaciones de la burguesía en contra
del absolutismo: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de
los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” (artículo 2 de
la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto
de 1789).5 Con la aparición de los regímenes totalitarios de los años veinte y
Riccardo Guastini, “Sobre el concepto de constitución”, en Estudios de derecho constitucional, trad.
Miguel Carbonell. Col. DJC, México, Fontamara, 2003, pp. 29-45.
Consúltese: Daniel Mendonca, Análisis constitucional. Una introducción. Cómo hacer cosas con
la Constitución, Asunción, Intercontinental, 2008, pp. 31-38. Esta obra será publicada próximamente
en Colombia por la Editorial Universidad del Rosario.
Véase: Hans Kelsen, Teoría pura del derecho. Introducción a la problemática científica del derecho, trad. Jorge Tejerina, Buenos Aires, Osada, 1941, pp. 108-126.
También fueron entendidos como “derechos del ciudadano” porque se debían respetar aun dentro de la sociedad civil y no eran susceptibles de claudicación a favor del soberano que debía garantizar la paz.
“Considero fundada la crítica de Marx, en La cuestión judía, contra las fórmulas de la Declaración
de 1789 que son un resultado de la doctrina de Locke. Estos derechos humanos ‘formales’ (libertades)
no son para todos, sino sólo para unos cuantos. Ellos sirvieron para la destrucción de la monarquía,
pero la sustituyeron por la oligarquía. Significaron así la dominación política de la clase burguesa, en la
economía del capitalismo”. Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1998, p. 152.
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treinta,6 y principalmente como reacción a los crímenes del Tercer Reich, nuevas
declaraciones “universales” de derechos humanos –ya no son del ciudadano,
sino de todos los hombres–7 pretendieron, nuevamente, justificar la imposición
de límites y dar respaldo a la censura; pero ¿cuál sería el fundamento de estos
derechos humanos? Si su función es, precisamente, criticar un ordenamiento
de derecho positivo que se considera “violatorio”, su fundamentación no puede encontrarse en el derecho positivo mismo.8
Textos como la Declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas (1948) y la Convención europea de derechos humanos (1950)
pretenden reconocer un sistema de normas universalmente válidas y cognoscibles que proporcionan parámetros para juzgar la justicia de los ordenamientos
de derecho positivo.9 Ahora bien, estas normas fueron integradas, en mayor o
menor medida, al ordenamiento jurídico de ciertos países mediante disposiciones constitucionales, como sucedió en Colombia (1991).10
“Las ‘democracias socialistas’, la constitución stalinista (y hasta la de Uganda) tienen sus ‘derechos humanos’ y se jactan de ello. Para alcanzar la felicidad, la salud, la cultura a las cuales todos
tienen ‘derecho’ y, por fin, satisfacer todas estas ‘justas reivindicaciones’, ¿hay que ignorar los hechos
de la GPU?”. Ibídem, p. 153.
Sobre la inexistencia de un derecho aplicable a todos los hombres, tanto en la antigüedad como
en la Edad Media, véase: Ibídem, pp. 81-130.
“En este sentido parece claro que los derechos humanos no pueden reducirse a la regulación normativa de un orden jurídico positivo, pues ellos ofrecen justamente el marco dentro del cual es posible
la crítica de las leyes o instituciones del derecho positivo”. Eugenio Bulygin, “Sobre el status ontológico
de los derechos humanos”, en Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, Análisis lógico y derecho, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 619.
Sin embargo, esta pretensión de validez universal de los derechos humanos no está exenta de
críticas. En efecto, si tenemos en cuenta que todo derecho es creado por los hombres –de forma más
o menos reglada– (i) y que las normas, como prescripciones que son, no pueden ser evaluadas con
criterios de verdad o falsedad (ii) tenemos que concluir, necesariamente, que no hay normas absolutas, ni morales ni jurídicas. “Es claro que si no hay normas morales absolutas, objetivamente válidas,
tampoco puede haber derechos morales absolutos y, en particular, derechos humanos universalmente
válidos”. Ibídem, p. 624.
“Si no existe un derecho natural o una moral absoluta, entonces los derechos humanos son
efectivamente muy frágiles, pero la actitud correcta no es crear sustitutos ficticios para tranquilidad
de los débiles, sino afrontar la situación con decisión y coraje: si se quiere que los derechos humanos
tengan vigencia efectiva hay que lograr que el legislador positivo los asegure a través de las disposiciones constitucionales correspondientes y que los hombres respeten efectivamente la constitución”.
Ibídem, pp. 624-625.
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Vemos cómo la Constitución pasó de ser el conjunto de disposiciones que
regulaban la organización del Estado a ser tenida como el texto en donde se
cristalizan unas normas que reivindican un valor universal y absoluto y que
se encontrarían por encima de cualquier sistema de derecho positivo (arts. 93,
94 y 95 num. 4 C.N.). Ahora bien, si tomamos en cuenta el gran despliegue
en los medios de comunicación que han tenido los crímenes y atropellos más
recientes cometidos en países como Argentina, Chile, la antigua Yugoeslavia,
Irak y Colombia –en buena medida debido a la intervención de instituciones como Human Rigths Watch y Amnesty International–, no debemos extrañarnos
de que la Constitución haya pasado de ser un texto de interés exclusivo de un
grupo de juristas especializados para constituirse en un tema de importancia
capital para toda la sociedad.
Por otro lado, el significado del vocablo “Estado” también sufrió cambios
importantes. En efecto, dentro del lenguaje del liberalismo clásico, el Estado sólo debía preocuparse por conservar el orden de derechos y oportunidades existentes y por garantizar a los individuos el mayor grado de libertad posible para
que pudieran, ellos mismos, propender a su bienestar personal.
Desde esa perspectiva, el Estado debía limitarse a garantizar las libertades
civiles, políticas y económicas11 para así asegurar a los individuos un marco
mínimo de protección contra la interferencia del Estado mismo y de los otros
miembros de la sociedad. Sin embargo, esta protección mínima parecía favorecer principalmente a la clase burguesa, que poseía los medios de producción
y controlaba el proceso político. Así las cosas, el proletariado industrial y los
grupos económicamente menos favorecidos comenzaron a exigir una inter-
“Es corriente la distinción entre libertades civiles políticas y económicas, aunque las fronteras entre
unas y otras no siempre sean claras y estables. Se asocian a las primeras la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio, los registros y las comunicaciones, la libertad de residencia y la libre determinación de las relaciones emergentes de lazos familiares. Las segundas, en cambio,
guardan relación con la participación de los individuos en el proceso político y cuentan entre ellas las
libertades de asociación, organización y reunión, el derecho al sufragio activo y pasivo y a la igualdad
de oportunidades para el acceso a cargos públicos. Las últimas, finalmente, abarcan todo aquello relacionado con la libre determinación económica, como la elección de la profesión, la libre competencia, la
libre disposición de la propiedad y la libertad contractual”. Daniel Mendonca, Pobres y desiguales. Notas
sobre la pobreza y la desigualdad en Paraguay, Asunción, Intercontinental, 2007, pp. 76-77.
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vención directa del Estado para responder a los problemas de miseria, enfermedad y desempleo.12
Estas nuevas funciones asumidas por (algunos de) los Estados, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, determinaron una nueva
concepción del Estado como ente que interviene directa y activamente en las
relaciones entre los particulares con el fin de propender hacia el bienestar social, mediante políticas encaminadas a nivelar los desequilibrios económicos,
en desarrollo de una nueva concepción de justicia distributiva. Así, pues, la
palabra “Estado” sufrió un importante cambio de significado, lo cual ha llevado a que actualmente se acompañe con calificativos como “de bienestar” o
“social de derecho”, como lo denomina el artículo 1 de la Constitución Política
de Colombia.13
En este orden de ideas, la Constitución colombiana no sólo dispone la elaboración de planes de desarrollo económico y social, sino que, además, consagra
los famosos derechos sociales, económicos y culturales o “derechos a”, como el
derecho a la educación y la cultura (arts. 44, 67 y 70 C.N.), a la honra (art. 21
C.N.), a la igualdad (arts. 13 y 43 C.N.), a la paz (art. 22 C.N.), a la salud (arts.
44, 48 y 49 C.N.), a no ser discriminado (art. 13 C.N.), etcétera.14
El texto constitucional pasó, entonces, a consagrar los objetivos generales
del Estado en cuanto a su intervención directa en las relaciones entre los particulares en busca del bienestar y la solidaridad. Así las cosas, dentro del lenguaje del Estado social de derecho –Estado de bienestar–, “[l]a idea es que la
Constitución deba ser inmediatamente aplicada también en las relaciones entre
particulares, al menos siempre y cuando la controversia de que se trate no pue12
Véase: Michel Villey, op. cit., pp. 151-154 ; y Daniel Mendonca, Pobres y desiguales…, op.
cit., pp. 77-80.
Consúltese al respecto: François-Xavier Merrien, L’État-providence, coll. Que sais-je?, Paris, PUF,
2007, y y Daniel Mendonca, Pobres y desiguales…, op. cit., pp. 76-92.
“Para conferir un derecho es suficiente una norma redactada, precisamente, como norma atributiva de derechos (por ejemplo: ‘todos tienen derecho a profesar su propia fe religiosa’). Para garantizar
un derecho no es suficiente atribuirlo: es necesario también establecer instrumentos aptos para protegerlo. […] En resumen, un derecho de un determinado sujeto es susceptible de tutela jurisdiccional si,
y sólo si, le corresponde un deber de otro sujeto bien determinado y si el deber en cuestión se refiere a
un comportamiento igualmente determinado. Sobre esta base podemos distinguir los ‘verdaderos’ derechos de los derechos ‘sobre el papel’”. Riccardo Guastini, “Derechos”, en Distinguiendo, trad. Jordi
Ferrer Beltrán, Barelona, Gedisa, 1999, p. 185.
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da ser resuelta sobre la base de la ley, ya sea porque la ley muestra lagunas, o
porque la ley sí ofrece una solución, pero tal solución parece injusta”.15
Desde ese punto de vista, tanto los derechos humanos como los sociales,
económicos y culturales fueron calificados como “fundamentales” y su protección garantizada mediante la acción de tutela –acción de amparo– (art. 86 C.N.,
D 2591/1991, D. 306/1992 y D. 1382/2000).16 Ahora bien, la locución “derechos fundamentales” resulta bastante ambigua,17 ya que, por un lado, sirve
para designar los derechos que fundamentan el sistema jurídico; por otro, aquellos que no requieren fundamento en el sistema jurídico. Los primeros, desde
una perspectiva positivista, hacen referencia a las relaciones del Estado con los
ciudadanos e inciden en la organización de los poderes públicos. Los segundos
existen, supuestamente, con independencia del ordenamiento jurídico y tienen
un valor absoluto, como los derechos humanos, las libertades civiles, políticas
y económicas y los derechos sociales –con una clara visión iusnaturalista–.18
Sin embargo, no hay que olvidar que la expresión “derechos fundamentales”
también resulta bastante vaga:19 “La cuestión de cuáles normas deben ser consideradas como fundamentales es una cosa obviamente opinable, desde el momento en que ‘fundamental’ no denota una propiedad empírica (calificar una
cosa como ‘fundamental’ es, en última instancia, un juicio de valor)”.20
Precisado lo anterior, podemos entender en gran medida a qué se debe el
protagonismo que ha adquirido el derecho constitucional en los últimos años
Riccardo Guastini, “La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, en
Estudios de derecho constitucional, p. 161.
En principio, en nuestro ordenamiento jurídico los denominados derechos de segunda y tercera
generación, son protegidos mediante las acciones populares o de grupo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha calificado algunos derechos académicos y culturales como fundamentales por conexidad,
para garantizar su protección mediante la acción de tutela.
“Una formulación normativa es ambigua cuando, en un contexto dado, es posible asignarle dos
o más significados. Una formulación normativa ambigua expresa más de una norma”. Daniel Mendonca. Análisis constitucional. Una introducción…, op. cit., p. 83.
Consúltese al respecto: Guastini, Riccardo. “Derechos”, en Distinguiendo…, op. cit., pp. 186-
“Una formulación normativa vaga es una expresión lingüística desprovista de precisión en cuanto a su contenido significativo”. Daniel Mendonca. Análisis constitucional. Una introducción…, op.
cit., p. 86.
Riccardo Guastini. “Sobre el concepto de constitución”…, op. cit., p. 32.
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y cómo pasó a ser parte integrante de la vida cotidiana de los colombianos. No
obstante, este cambio de forma de vida,21 que implicó la adopción del lenguaje
constitucional en todas las ramas del derecho, ha dado lugar a importantes
controversias22 que gravitan en torno a la inclusión de ciertas disposiciones en
el cuerpo mismo de la Carta Política –como el caso de los modelos económicos–23 y, sobre todo, respecto de la interpretación de los textos por parte de la
Corte Constitucional. Pero ¿por qué resulta tan controvertida la aplicación de
las disposiciones de la Carta Política por parte del juez constitucional? Antes
de responder a este interrogante, es necesario hacer una precisión terminológica: siempre que hablamos de interpretar el derecho legislado, como el texto
constitucional, partimos del supuesto de su expresión en lenguaje escrito, es
decir, en puntos y líneas a los cuales, mediante intencionalidad colectiva, se
les atribuye una función simbólica.24 Así, pues, la conexión entre el símbolo y
lo que él simboliza es establecida por seres humanos, y no existe, de ninguna
“Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta
no es una concordancia de opiniones sino de forma de vida”. Ludwig Wittgenstein, Investigaciones
filosóficas, trad. Alfonso García Suárez y Ulises Moulines, Barcelona, Crítica, 1988, p. 217, proposición 241.
“Controversia: […] Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas”. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. I, Madrid, 2001, p. 646.
“Las leyes deben ser efectivas y eficaces. La función de las leyes no es la de declarar simplemente principios morales o de justicia. Las leyes tienen funciones directivas y deben conseguir los objetivos
que pretenden, en ese caso son efectivas. […] [C]uando se habla de eficacia se hace referencia a si la
norma es obedecida y/o aplicada. Ahora bien, una norma puede ser eficaz –es decir, obedecida– y, sin
embargo, no alcanzar el objetivo que pretendía. En este caso la norma está mal diseñada porque es }
eficaz pero inefectiva. […] Una norma es efectiva si consigue el objetivo que pretende. Una norma
es eficiente si consigue este objetivo con el mínimo coste posible”. Albert Calsamiglia, Racionalidad y
eficiencia del derecho, México, Fontamara, 1997, pp. 62, 66.
“El rasgo del lenguaje esencial para la constitución de hechos institucionales es la existencia de
mecanismos simbólicos, como las palabras, que, por convención, significan, o representan, o simbolizan
algo que va más allá de ellos mismos. […] El lenguaje, según estoy utilizando aquí la noción, contiene esencialmente entidades que simbolizan; y en el lenguaje, a diferencia de los estados intencionales
prelingüísticos, esas capacidades intencionales no son intrínsecas a las entidades, sino que le son impuestas por –o derivan de– la intencionalidad intrínseca de los humanos. Así, la sentencia ‘Estoy hambriento’ es parte del lenguaje porque tiene capacidades representatorias o simbólicas por convención.
Pero la sensación real de hambre no es parte del lenguaje representa intrínsecamente sus condiciones
de satisfacción. Ustedes no necesitan del lenguaje, ni de ninguna otra clase de convenciones, para sentirse hambrientos”. John Searle, La construcción de la realidad social, trad. Antoni Doménech, Barcelona, Paidós Básica, 1997, pp. 76-77.
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manera, una relación necesaria entre esto y aquel.25 No podemos, entonces,
descubrir ni hallar los significados verdaderos, naturales o intrínsecos de las
expresiones lingüísticas, por la sencilla razón de que tales significados no existen. “El significado de una palabra es su uso en el lenguaje”.26
Siguiendo a la doctrina más autorizada27 denominaré “formulación normativa” a la expresión lingüística y reservaré el vocablo “norma” para el significado que a aquella se le atribuye. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta
la ambigüedad y vaguedad propias de los lenguajes naturales, podría afirmarse
que, en ciertos casos, de un mismo texto se pueden interpretar normas distintas. Así las cosas, la interpretación constitucional, como cualquier interpretación jurídica, implica un alto grado de discrecionalidad, ya que es una decisión
respecto del significado, antes que una descripción del significado.28 La función
del juez constitucional estaría, entonces, orientada a atribuirle significación a
los signos lingüísticos de las formulaciones normativas.
En este orden de ideas, hay que admitir que “Constitución” sería el conjunto de normas vigentes29 interpretadas a partir de las formulaciones del texto de la Carta Política.30 Sin embargo, es importante precisar que tales normas
Es más, hay muchas expresiones lingüísticas que no designan ninguna realidad.
“Cuando decimos: ‘toda palabra del lenguaje designa algo’ todavía no se ha dicho con ello, por de
pronto, absolutamente nada, a no ser que expliquemos exactamente qué distinción deseamos hacer.
Bien pudiera ser que quisiéramos distinguir las palabras del lenguaje de palabras ‘sin significado’ como
las que aparecen en los poemas de Lewis Carroll o de palabras como ‘ixuxú’ en algunas canciones”.
Ludwig Wittgenstein, op. cit., proposición 13, p. 29.
Véase también: Eduardo Silva Romero, Wittgenstein et la philosophie du droit, Paris, PUF, 2002,
Ludwig Wittgenstein, op. cit., proposición 43, p. 61.
Georg-Henrik von Wright, Norma y acción. Una investigación lógica, trad. Pedro García Ferrero, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 109-121.
Véase: Riccardo Guastini, “Reencuentro con la interpretación”, en Distinguiendo, op. cit., pp.
201-210.
Vigencia: “Una norma es vigente si, y sólo si, hay buenas razones para afirmar que sería aplicada en caso de que se dieren las condiciones para su aplicación”. Eugenio Bulygin, “Sentencia judicial y creación de derecho”, en Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, Análisis lógico y derecho…, op.
cit., p. 364.
“Cuando existe una Constitución escrita, el texto es, por lo común, identificable y cognoscible
por todos. Éste, sin embargo, es apenas un punto de partida en el conocimiento de la Constitución. Sucede que las interpretaciones que se ofrecen del texto constitucional son tan diversas, cambiantes y
subjetivas que calificarlas de ‘verdaderas’ o ‘falsas’ se parece más a una aproximación estadística que
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no tienen un carácter obligatorio general;31 por esta razón, los jueces no están
obligados a aplicar las reglas creadas por otros jueces –únicamente son obligatorias, para las partes en el juicio, las normas individuales que de ellas deducen–
(art. 230 C.N.),32 lo cual no es óbice para que sean vigentes, en el entendido
de que, si provienen de un juez de alta jerarquía y la solución que consagran
parece plausible, existen buenas razones para creer que la regla sería aplicada
en caso de presentarse la ocasión –máxime cuando las providencias pueden
llegar a ser revisadas a través de la apelación, casación o tutela. Esto es lo que
se suele denominar precedente judicial.33
Además de esto, la interpretación del texto de la Constitución34 conlleva
dificultades particulares que se encuentran en el origen de la gran mayoría de
las controversias. Como bien lo expresa Daniel Mendonca:
La interpretación constitucional plantea, así, dificultades singulares. Tales
dificultades aparecen, por cierto, en relación con la interpretación de cualquier texto jurídico; pero normalmente se ven agravadas cuando se trata de
cláusulas constitucionales: en el texto constitucional, algunas formas de imprecisión son más frecuentes de lo habitual.
Esta característica provee una ocasión propicia para que la interpretación
constitucional suscite mayores controversias. Pero no sólo hay ocasión, si-
a un juicio de la razón. Como sucede con el lenguaje, en general, hay tantas Constituciones como interpretaciones o reconstrucciones admisibles se ofrezcan para comprender su texto”. Daniel Mendonca.
Análisis constitucional. Una introducción…, op. cit., pp. 237-238.
Obligatoriedad: “Una norma es obligatoria si, y sólo si, las autoridades encargadas de su aplicación tienen el deber de aplicarla (es decir, el deber de usarla para la fundamentación de sus decisiones).
[…] En particular, una norma general es obligatoria, cuando los jueces tienen el deber de aplicarla (es
decir, el deber de usarla para la fundamentación de sus decisiones)”. Eugenio Bulygin, “Sentencia judicial y creación de derecho”…, op. cit., p. 364.
El artículo 17 del Código Civil colombiano establece: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza
obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces
proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria”.
Véase: Eugenio Bulygin, “Sentencia judicial y creación de derecho”…, op. cit., pp. 362-369 y
Eugenio Bulygin, “Creación y aplicación del derecho”, en Lagunas del derecho. Una controversia sobre el derecho y la función judicial., Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 43-44.
Véase: Riccardo Guastini, “¿Especificidad de la interpretación constitucional?”, en Distinguiendo, op. cit., pp. 287-303.
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no también móvil: dada la condición suprema de la Constitución, la interpretación constitucional puede proyectar sus consecuencias en todo el derecho
positivo de un Estado, así como de las relaciones políticas de sus poderes. Y
no hay que olvidar, además, que la interpretación constitucional lleva consigo una pesada carga política e ideológica.
A partir de tales observaciones, se afirma que, si hubiese necesidad de destacar las notas principales de la interpretación constitucional, cabría decir que
se trata de una cuestión importante, polémica y tendenciosa. Importante,
porque la suerte de la propia Constitución y de sus instituciones depende, en
gran medida, de su interpretación; polémica, porque encubre normalmente
una disputa entre posturas ideológicas, conservadoras o progresistas, autoritarias o liberales; y tendenciosa, porque, con frecuencia, la interpretación
propuesta protege en forma no siempre bien encubierta poderosos intereses
sectoriales.35
En pocas palabras: el lenguaje constitucional es altamente impreciso –para
convencerse de ello basta con analizar expresiones como “principios constitucionales”, “derechos fundamentales”, “derechos sociales, económicos y culturales”,
“núcleo esencial de los derechos”–; la Corte Constitucional goza de una gran
discrecionalidad para determinar su significado; toda decisión respecto de las
normas constitucionales tiene una gran incidencia en un sistema normativo
como el colombiano, en donde aquellas reglas ocupan una posición privilegiada en la jerarquía normativa (art. 4 C.N.); las normas interpretadas a partir del
texto constitucional presentan un gran interés para la comunidad en general
–principalmente, cuando se refieren a temas tales como la salud y el empleo– y
para los órganos que detentan el poder –en especial, cuando regulan la estructura misma del Estado. Así, pues, el impacto de estas decisiones es enorme, ya
que en últimas de ellas van a depender las políticas generales del Estado y en
gran medida la suerte de todos los colombianos.
Si tenemos en cuenta que el ejercicio del poder público en Colombia se
encuentra regido por el principio de frenos y contrapesos entre sus distintas
Daniel Mendonca. Análisis constitucional. Una introducción…, op. cit., pp. 62-63.
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ramas, podremos entender perfectamente la incidencia política de las decisiones de la Corte Constitucional;36 y si a esto le sumamos el gran despliegue que
todas estas decisiones tienen en los medios de comunicación, el resultado es
inevitable: la controversia.
Estas “controversias constitucionales” no sólo son naturales sino convenientes. Temas de tal importancia deben estar siempre sometidos al debate y a
la crítica.37 La tolerancia, la deferencia y la humildad son las únicas vías para
llegar a soluciones de equilibrio entre los distintos intereses políticos y las diferentes tendencias ideológicas –esta es la misma clase de tolerancia y humildad
propugnadas por la Carta Política colombiana en sus artículos 18, 19 y 20.38
Esta obra colectiva tiene por único fin alimentar la controversia y el debate
en un clima de respeto y con una visión pluralista en donde cada autor expresa
sus ideas libremente y desarrolla su argumentación de manera rigurosa, a la
espera de que sus posiciones sean tomadas en consideración y se sopesen sus
virtudes y defectos.39 Así, este libro está lejos de tener una orientación ideológi“[D]etrás de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos se ocultan hoy día dos teorías del derecho que los han inspirado y determinado: la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y el realismo jurídico norteamericano. […] La influencia de la teoría de Kelsen se observa, en especial, en el culto que se
le rinde en América Latina a la ‘norma fundamental’ de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos,
esto es, a la Constitución Política. […] Por otra parte, la influencia del realismo jurídico norteamericano –y, dentro de éste, la importancia que se le atribuye a la función del juez en la creación y desarrollo
del derecho– se observa en la importancia que, en ordenamientos jurídicos como el colombiano y el
venezolano, se le concede al llamado ‘juez constitucional’”. Eduardo Silva Romero, “De la inexorable
colisión de filosofías en la constiticionalización del derecho internacional en América Latina”, en Christian Larroumet y Sebastián Ríos Labbé, Constitucionalización del derecho privado. Actas del tercer
congreso internacional de la Association Andrés Bello des juristes franco-latinoaméricains, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia-Universidad del Rosario, 2007, pp. 341-342.
“El constitucionalismo, por su parte, ha sustituido la dogmática religiosa por una dogmática
política no menos rigurosa, en la que hay que aceptar ciertos principios como artículos de fe, sin posibilidad de crítica; en la que hay una línea clara que separa la ortodoxia de la heterodoxia; y donde las
ideas y las personas de la heterodoxia más que refutadas son condenadas al silencio y al olvido. En lo
que aquí importa operan dos dogmas intangibles: el de que la organización política se encarga de dotar
a la sociedad de leyes justas y el de que aquélla garantiza la aplicación de éstas a través de funcionarios justos. Quien cuestione estos dogmas se automargina sin remisión”. Alejandro Nieto, Balada de la
justicia y la ley, Madrid, Trotta, 2002, p. 56.
“De todas las religiones, la cristiana es, sin lugar a dudas, la que debe inspirar mayor tolerancia,
aunque hasta ahora los cristianos hayan sido los más intolerantes de todos los hombres”. Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, Flammarion, 1964, p. 365.
“[H]ay un mínimo que los interlocutores parecen, por principio mismo, reconocerse mutuamente, incluso cuando se encuentran en el desacuerdo más radical: se reconocen recíprocamente una
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ca única y de expresar una posición unánime, ni de la Universidad del Rosario
ni de los autores que tan gentilmente aceptaron participar en él.
Antes de terminar esta introducción tengo que agradecer muy especialmente el apoyo incondicional que le brindó a este proyecto el doctor Alejando
Venegas Franco, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario, y el arduo trabajo que desarrollaron las doctoras Yira López Castro y
Salua Hasbun Abudinen, tanto en la parte investigativa como en la revisión
y corrección de los textos. Sin su respaldo y ayuda esta obra nunca hubiera
visto la luz.
Bulygin, Eugenio, “Creación y aplicación del derecho”, en Lagunas del derecho.
Una controversia sobre el derecho y la función judicial., Madrid, Marcial
Pons, 2005.
____, “Sentencia judicial y creación de derecho”, en Carlos Alchourrón y Eugenio
Bulygin, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
____, “Sobre el status ontológico de los derechos humanos”, en Carlos Alchourrón
y Eugenio Bulygin, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1991.
Calsamiglia, Albert, Racionalidad y eficiencia del derecho, México, Fontamara,
presunción de racionalidad que se manifiesta a través de la aceptación mutua de que ambos pueden
pronunciarse respecto de la verdad de los enunciados que se hallan en juego y por la capacidad de justificar una proposición. […] Reconocer solamente el estatus de argumentos a aquéllos que les resultaren convincentes equivaldría a sólo tomar en cuenta lo que les pareciere un argumento válido. Así,
pues, quien adoptara esta actitud no tomaría en consideración los argumentos que estimare mediocres
o débiles, más precisamente, aquéllos que contradijeran sus ideas y que, por ende, consideraría poco
convincentes. No otorgaría entonces valor alguno a las opiniones contrarias a las que él defiende, puesto
que los argumentos que las sustentan no serían más que simples farsas. Frente a sus ojos, sus adversarios no harían nada distinto que acumular errores, afirmaciones gratuitas y pseudoargumentos. Así
las cosas, se negaría el principio mínimo de racionalidad que los interlocutores deben concederse por
el hecho mismo de argumentar. Sólo esperamos no vivir en un mundo tal en el que la intolerancia y el
sectarismo reinen sin tregua”. Michel Dufour, Argumenter. Cours de logique informelle, Coll. U, Paris,
Armand Colin, 2008, pp. 35-36.
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Dufour, Michel, Argumenter. Cours de logique informelle, Coll. U, Paris, Armand
Colin, 2008.
Guastini, Riccardo, Estudios de derecho constitucional, trad. Miguel Carbonell. Col.
DJC, México, Fontamara, 2003.
____, Distinguiendo, trad. Jordi Ferrer Beltrán, Barelona, Gedisa, 1999.
Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho. Introducción a la problemática científica
del derecho, trad. Jorge Tejerina, Buenos Aires, Osada, 1941
Mendonca, Daniel, Análisis constitucional. Una introducción. Cómo hacer cosas
con la Constitución, Asunción, Intercontinental, 2008.
____, Pobres y desiguales. Notas sobre la pobreza y la desigualdad en Paraguay,
Asunción, Intercontinental, 2007.
Merrien, François-Xavier, L’État-providence, coll. Que sais-je?, Paris, PUF, 2007.
Nieto, Alejandro, Balada de la justicia y la ley, Madrid, Trotta, 2002.
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. I, Madrid, 2001.
Searle, John, La construcción de la realidad social, trad. Antoni Doménech, Barcelona, Paidós Básica, 1997.
Silva Romero, Eduardo, “De la inexorable colisión de filosofías en la constiticionalización del derecho internacional en América Latina”, en Christian Larroumet
y Sebastián Ríos Labbé, Constitucionalización del derecho privado. Actas
del tercer congreso internacional de la Association Andrés Bello des juristes franco-latinoaméricains, Bogotá, Universidad Externado de ColombiaUniversidad del Rosario, 2007.
____, Wittgenstein et la philosophie du droit, Paris, PUF, 2002.
Terestchenko, Michel, Philosophie politique, t. I. Coll. Les fondamentaux, Paris,
Hachette, 1994.
Villey, Michel, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1998.
Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, Flammarion, 1964.
Von Wright, Georg-Henrik, Norma y acción. Una investigación lógica, trad. Pedro
García Ferrero, Madrid, Tecnos, 1979.
Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones filosóficas, trad. Alfonso García Suárez y
Ulises Moulines, Barcelona, Crítica, 1988.
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Sobre el neoconstitucionalismo
y sus precursores
Juan Antonio García Amado*
1. Planteamiento y nociones de partida1
Se suele señalar que el llamado neoconstitucionalismo2 es una doctrina de caracteres un tanto difusos. Entre los autores más mencionados que a menudo
son adscritos a la misma están Dworkin, Alexy, Nino y Zagrebelsky. Entre ellos
las diferencias son ciertamente importantes, y esto marca una primera dificultad
para decantar esos elementos comunes que permitirían identificar esa doctrina
neoconstitucionalista, a veces calificada como nuevo paradigma. Posiblemente la formulación más radical y terminante del neoconstitucionalismo aparece
en el libro El Derecho dúctil, de Gustavo Zagrebelsky, obra que ha tenido importante eco, pero que no deja de ser un producto de menor enjundia que los
escritos capitales de los otros autores mencionados. En cualquier caso, nos hallamos ante una teoría que no ha encontrado aún plasmación completa y coherente en una obra central y de referencia, por lo que sus caracteres deben ser
espigados de aquí y de allá, más construidos como descripción del común denominador de una tendencia genérica actualmente dominante y presente en la
teoría constitucional y iusfilosófica de hoy, en particular en la propia jurisprudencia de numerosos tribunales constitucionales, que como balance a partir de
* Profesor de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.
Este trabajo hace parte del proyecto de investigación titulado “Teoría del Derecho y proceso. Sobre
los fundamentos normativos de la decisión judicial”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia
de España, del que soy investigador principal y cuya referencia es SEJ2007-64496.
En ocasiones también se habla de “constitucionalismo avanzado” o “constitucionalismo de derechos” Cfr. S. Sastre Ariza, “La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo”, en M. Carbonell (ed.),
Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003, p. 239.
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una obra canónica con perfiles bien precisos y delimitados. Esa impregnación
neoconstitucionalista hoy está muy presente en numerosos escritos teóricos y
sentencias, pero puede que esa falta de definición clara, de rigor analítico y de
empeño fundamentador en sus propios cultivadores sea una de las bazas que
alimentan el éxito del neoconstitucionalismo.
Lo muy vago e impreciso de las tesis de partida la convierte en teoría superficialmente atractiva y aparentemente novedosa, al tiempo que en la práctica cumple a la perfección lo que me parecen sus cometidos principales que,
por un lado, serían reforzar la influencia política de la presunta ciencia jurídicoconstitucional y, por otro, impulsar un judicialismo que subvierte la relación
entre los poderes constitucionales, pone en jaque el principio democrático y la
soberanía popular y desdobla las propias constituciones, haciendo que ciertos
derechos “materializados” y fuertemente vinculados a valores morales sustanciales imperen absolutamente sobre los derechos constitucionales de tipo político, participativo y procedimental.
El equilibro entre derechos humanos y soberanía popular, en el que tanto
insiste por ejemplo Habermas, se rompe a favor de una concepción moralizante y absolutizadora de los primeros, con la consecuencia de que acaba por
promoverse un nuevo soberano que no es otro que la judicatura, y en especial
la jurisdicción constitucional, en alianza con la doctrina. Es lo que podríamos
llamar el complejo académico-judicial que, desde su afán de excelencia ética y
de elitismo político, pretende suplantar los dictados de un pueblo que las constituciones dicen soberano, pero que es tenido por incapaz (por sí mismo o por
sus representantes en democracia) de calar en esos contenidos morales que formarían el cimiento de las constituciones y en los que solo logran penetrar con
propiedad los profesores y los jueces de las más altas cortes.
Por razón de ese grado de indefinición teórica del neoconstitucionalismo y del designio preferentemente político de sus cultivadores, admítanlo o no, siempre acecha el riesgo de errar en la descripción de dicha doctrina
o tendencia y de proyectar las críticas sobre molinos de viento, sobre un espantajo teórico que no se corresponda en verdad con ninguna teoría efectivamente operante en la actualidad. Si así lo hiciéramos, incurriríamos en parecida
caricatura a la que muchos de los que se dicen neoconstitucionalistas hacen
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Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores
del positivismo jurídico, al imputarle unos atributos teóricos y una percepción del
Derecho que es propia únicamente, si acaso, del ingenuo y muy metafísico positivismo decimonónico, el de la Escuela de la Exégesis o la Jurisprudencia de
Conceptos. Y no es casual que la disputa se desarrolle en esos términos, ya que
en realidad ese positivismo decimonónico es el que en el neoconstitucionalismo se ve reflejado como en un espejo, esto es, invertido. Pues al positivismo
del siglo XIX y al neoconstitucionalismo les son comunes una serie de notas:
la confianza en el carácter en el fondo perfecto y completo de los sistemas jurídicos; el desdoblamiento del ordenamiento jurídico en una parte superficial,
que es defectuosa por indeterminada y por estar llena de lagunas y antinomias,
y una parte profunda o esencial, que contiene solución predeterminada para
cualquier caso difícil; la afirmación de un método que permite hacer de la actividad judicial una tarea más de conocimiento que propiamente decisoria (el
método meramente subsuntivo en el positivismo decimonónico, el método de
la ponderación en el neoconstitucionalismo), y la consiguiente negación de la
discrecionalidad judicial.
Positivismo jurídico decimonónico y neoconstitucionalismo actual son extremos que se tocan y que se combaten por razón de su semejanza estructural
y de sus pretensiones políticas similares. Donde aquel tomaba como axioma la
idea del legislador racional, este adopta con similar convicción el del juez racional; donde aquel quería ver en el legislador un mero portavoz de los intereses
objetivos de la nación o de las esencias inmutables y necesarias del Derecho,
y en la ley la plasmación perfecta de la justicia ideal, este hace de la Constitución la quintaesencia de la verdad moral y de la justicia objetiva, y de los jueces los traductores seguros de esas verdades axiológico-jurídicas a decisiones
materialmente justas y objetivamente correctas, sin asomo de subjetivismo ni
desfiguración por intereses políticos o gremiales.
Así como ese Derecho, que en el siglo XIX se afirmaba como perfecto y
objetivamente verdadero, se consideraba que debía pulirlo, encauzarlo y en
buena medida sentarlo la ciencia jurídica, asimilada a razón cuasicientíficonatural, así este Derecho de hoy, que el neoconstitucionalismo ve como derecho básicamente constitucional o sólo constitucional, se pretende que debe ser
alumbrado también por la ciencia jurídica que interpreta la Constitución a base
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de bucear en el orden axiológico que es su esencia, si bien los profesores serían
ahora depositarios de los saberes supremos de una muy real y objetiva razón
práctica, más que de una razón científico-natural.
De ahí que entre las notas distintivas del neoconstitucionalismo, por
contraste con el positivismo jurídico, se suela mencionar la impugnación de la
neutralidad de la ciencia jurídica y se haga la apología de una ciencia constitucional militante, moralmente comprometida con la verdad y las exigencias de los
supremos valores, éticamente confesional. El entramado funciona a la perfección
porque los jueces ven en esa doctrina la justificación perfecta para la ampliación de sus poderes frente al legislador y de su condición de oráculos de la Constitución profunda, mientras que los profesores colman sus aspiraciones cuando
ven a los jueces construir la nueva Constitución con los elementos que ellos
les van proponiendo. Eso sí, cuando los jueces no obedecen a los académicos,
estos echan mano de sus arcanos saberes axiológico-constitucionales, no para
reprocharles un mal uso de la discrecionalidad judicial, sino que, puesto que se
parte de negar o reducir sumamente la presencia de tal discrecionalidad, se les
dice a los jueces simplemente que se equivocan, que han errado la decisión, que
no han sabido dar con el fallo verdadero y necesario, Constitución en mano.
Cuando al doctrinante neoconstitucionalista le gusta el contenido de una
sentencia, señala que esta es verdadera porque traslada al caso la solución que
los valores constitucionales le prescriben y presenta esa resolución como un
ejercicio de ponderación acertado, aun cuando en la sentencia en cuestión no
haya ni rastro explícito del método ponderativo y aunque la motivación del fallo sea sumamente deficiente y esté llena de inferencias erróneas, sofismas y
paralogismos. Pues no importa la argumentación, sino el contenido del fallo.
De nuevo como en el positivismo de hace siglo y medio. Si el dictar sentencia, incluso en los casos más difíciles y complicados a tenor de los hechos o de
las normas concurrentes, tiene más de saber que de decidir, es normal que se
piense que la voz cantante la han de llevar los que más saben, los que mejor
han estudiado, los que se manejan más fluidamente con las intimidades de la
Constitución y, por extensión, del ordenamiento todo: los profesores. Una vez
más, como hace siglo y medio.
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Por todas esas razones, un profesor neoconstitucionalista nunca dirá de
una sentencia que puede ser correcta, vistos los hechos y Derecho en mano,
pero que él discrepa por tales o cuales motivos; dirá simplemente que es errónea porque el tribunal no ha ponderado como es debido y porque no da cuenta
de lo que la axiología constitucional, la Constitución sustancial, dicta para ese
caso. Y basta conocer cuál es la adscripción política del neoconstitucionalista de
turno y con qué patrones morales comulga para poder anticipar con toda certeza qué fallo reputará como el único correcto para cada caso que, a tenor de su
ideología, le parezca relevante. Así, acaba por haber tantos derechos únicos y
verdaderos y tantas únicas soluciones constitucionalmente correctas para cada
caso como neoconstitucionalistas nos topemos con ideologías diversas. Todos
sacerdotes de un único credo, la Constitución como sistema objetivo de valores, pero pluralidad de iglesias, de dogmas incompatibles y de teologías, y cada cual llevando el agua a su molino, pero diciendo que no es el molino suyo,
sino la Constitución objetiva.
Asumamos, pues, el riesgo de decantar las notas definitorias de ese
neoconstitucionalismo que hace virtud de su propia indefinición y que se afirma ante todo por contraste con un positivismo jurídico que no es el de ninguno
de los positivistas del siglo XX, como Kelsen, Hart, Ross o Bobbio, sino aquel
positivismo antiguo del que todos estos autores abominaron por metafísico, elitista, antidemocrático y simplón. Sintetizaré en diez esas notas definitorias del
modelo neoconstitucionalista. Pero téngase en cuenta que, aun cuando en su
rotundidad las diez no se den en ningún autor de tal corriente, se trata de una
cuestión de grado o escala: tanto más merecerá la calificación de neoconstitucionalista un autor cuantas más de esas notas aparezcan en él. Y la gran mayoría de ellas están presentes en todos, aunque respecto de muchas de ellas no
se halle en ninguno una explicitación o una fundamentación suficiente. Esos
diez caracteres definitorios serían los siguientes:
1. Dato histórico: la presencia en las constituciones contemporáneas de
cláusulas de derechos fundamentales y mecanismos para su efectiva
garantía, así como de cláusulas de carácter valorativo cuya estructura
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y forma de obligar y aplicarse es distinta de las de las “reglas”. Se trataría del componente material-axiológico de las constituciones.
2. La muy relevante presencia de ese tipo de normas, que conforman
la constitución material o axiológica, implica que las constituciones
tienen su parte central o su pilar básico en un determinado orden de
valores, de carácter objetivo.
3. Así entendida, la Constitución refleja un orden social necesario, con
un grado preestablecido de realización de ese modelo constitucionalmente prefigurado y de los correspondientes derechos.
4. Ese orden de valores o esa moral constitucional(izada) poseen una
fuerza resolutiva tal como para contener respuesta cierta o aproximada para cualquier caso en el que se vean implicados derechos, principios o valores constitucionales. Tal respuesta será una única respuesta
correcta o parte de las respuestas correctas posibles. La pauta de corrección es una pauta directamente material, sin mediaciones formales ni semánticas.
5. Esa predeterminación de las respuestas constitucionalmente posibles
y correctas lleva a que deba existir un órgano que vele por su efectiva plasmación para cada caso, y tal labor pertenece a los jueces en
general y a los tribunales constitucionales en particular, ya sea declarando inconstitucional normas legisladas, ya sea excepcionando,
en nombre de la Constitución y sus valores y derechos, la aplicación
de la ley constitucional al caso concreto, o ya sea resolviendo con objetividad y precisión conflictos entre derechos y/o principios constitucionales en el caso concreto.
6. Puesto que en el orden axiológico de la Constitución quedan predeterminadas las soluciones para todos los casos posibles con relevancia
constitucional, el juez que resuelve tales casos no ejerce discrecionalidad ninguna (Dworkin) o la ejerce sólo en aquellos casos puntuales en los que, a la luz de las circunstancias del caso y de las normas
aplicables, haya un empate entre los derechos y/o principios constitucionales concurrentes (Alexy).
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7. En consecuencia, y dado que las respuestas para esos casos con relevancia constitucional están predeterminadas en la parte axiológica
de la Constitución, el aplicador judicial de la misma ha de poseer la
capacidad y el método adecuado para captar tales soluciones objetivamente impuestas por la Constitución para los casos con relevancia
constitucional. Tal método es el de ponderación.
8. La combinación de constitución axiológica, confianza en la prefiguración constitucional –en esa parte axiológica– de la (única) respuesta
correcta, la negación de la discrecionalidad y el método ponderativo
llevan a las cortes constitucionales a convertirse en suprainstancias
judiciales de revisión, pero, al tiempo, les proporcionan la excusa
teórica para negar ese desbordamiento de sus funciones, ya que justifican su intromisión revisora aludiendo a su cometido de comprobar
que en el caso los jueces “inferiores” han respetado el contenido que
constitucionalmente corresponde necesariamente a cada derecho.
9. Puesto que los fundamentos de ese neoconstitucionalismo –por las razones expuestas en los puntos anteriores– son metafísicos y se apoyan
en una doctrina ética de corte objetivista y cognitivista, en las decisiones correspondientes de los tribunales, y en particular de los tribunales
constitucionales, hay un fuerte desplazamiento de la argumentación
y de sus reglas básicas. Dicha argumentación adquiere tintes pretendidamente demostrativos, puesto que no se trata de justificar opciones
discrecionales, sino de mostrar que en la decisión se plasma la respuesta
que la constitución axiológica prescribe para el caso. Con ello, la argumentación constitucional se tiñe de metafísica y adquiere visos fuertemente esotéricos.
10. El neoconstitucionalismo, en consecuencia, posee tres componentes
filosóficos muy rotundos. En lo ontológico, el objetivismo derivado
de afirmar que por debajo de los puros enunciados constitucionales,
con sus ambigüedades y su vaguedad, con sus márgenes de indeterminación semántica, sintáctica y hasta pragmática, existe un orden
constitucional de valores, un sistema moral constitucional, bien preciso y dirimente. En lo epistemológico, el cognitivismo resultante
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de afirmar que las soluciones precisas y necesarias que de ese orden
axiológico constitucional se desprenden pueden ser conocidas y consecuentemente aplicadas por los jueces. En lo político y social, el elitismo de entender que solo los jueces o prioritariamente los jueces, y
en especial los tribunales constitucionales, están plenamente capacitados para captar ese orden axiológico constitucional y lo que exactamente dicta para cada caso, razón por la que los jueces tienen el
privilegio político de poder enmendar al legislador excepcionando la
ley y justificando en el caso concreto la decisión contra legem, que
será decisión pro constitutione, por cuanto es decisión basada en algún valor constitucional.
En este trabajo no podremos desmenuzar en detalle cada uno de estos
puntos y nos referiremos solamente a los tres primeros, atendiendo de modo
destacado a los precedentes de esa idea de que las constituciones contemporáneas tienen su esencia en un orden objetivo de valores que prefigura un solo
mundo constitucionalmente posible, determina la solución correcta para cada
conflicto de derechos y permite arrinconar la discrecionalidad política del legislador y la capacidad configuradora de la ley, que solo será aplicable cuando, en
general o para el caso, no esté reñida con dichos valores que forman el núcleo
metafísico de la Constitución y de los que conocen los jueces mejor que nadie
y, desde luego, mejor que el pueblo antes soberano y que el legislador que lo
2. Dudosas novedades
Es lugar común comenzar la justificación del neoconstitucionalismo mencionando la presencia en las constituciones contemporáneas de cláusulas de derechos
fundamentales y mecanismos para su efectiva garantía, así como de cláusulas que enuncian valores, cuya estructura y forma de obligar y aplicarse, la de
todas ellas, es distinta de las de las “reglas”. Se trataría del componente material-axiológico de las constituciones.
El neoconstitucionalismo siempre resalta esa peculiaridad de las constituciones contemporáneas, de la que se seguiría con necesidad una modificación
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en el valor normativo de dichas constituciones, que ya no serían meramente
normas jerárquicamente superiores a la ley y al resto de las normas del ordenamiento, sino también –y principalmente– plasmación de los supremos valores
objetivos que han de regir la convivencia social, garantizada por el Derecho.
Limitados a este aspecto, la novedad es escasa. En España, ya la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, decía en su artículo 6 que “El amor
a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y
asimismo el ser justos y benéficos”. Y el artículo 14, por poner sólo otro ejemplo, establecía que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que
el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos
que la componen”. ¿Qué tipo de normas constitucionales serán esas? ¿Principios? ¿Directrices? ¿Meros valores constitucionalizados? En cualquier caso,
ya estaban ahí. Y, si se trata de que la Constitución refleje un orden objetivo
de valores, qué decir del artículo 12, a tenor del cual “la religión de la Nación
española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
cualquier otra”. Por otro lado, tampoco parece que digan mucho del novedoso constitucionalismo moral esas cláusulas que apelan a valores a mansalva,
comenzando por el de la justicia. En la España de la dictadura franquista ya
se sabía algo de eso en las Leyes Fundamentales, sucedáneo de Constitución
con pretensiones de normas supremas. Así, el Fuero del Trabajo, de 1938, en
su cláusula segunda decía que “por ser esencialmente personal y humano, el
trabajo no puede reducirse a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste”.
Y, puestos a proclamar derechos, la cláusula octava establecía que “todos los
españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión
primordial del Estado”. Sin duda, se tratará de una directriz constitucional o
paraconstitucional. El Fuero de los Españoles, de 1945, también estaba bien
adornado de moral objetiva positivada. Por ejemplo, su artículo 22 sentaba lo
que sigue: “El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural
y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a
toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas”. Ciertamente, tomando en serio
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el concepto liberal-democrático de Constitución, es escarnio tratar como tal las
Leyes Fundamentales franquistas. Pero pretendían ser el equivalente de una
constitución, los tribunales las invocaban y hasta los defensores del uso alternativo del Derecho proponían, a comienzos de los años setenta, que se aplicaran al pie de la letra en lo que conviniera para subvertir el sistema.
Así pues, poca novedad hay en el hecho de que las Constituciones reales o pretendidas se llenen de proclamaciones axiológicas y se inflen a base de
predicar la verdadera moral y la fe debida. Por otro lado, en los preceptos jurídicos infraconstitucionales tampoco es ninguna innovación reciente la presencia de normas que no tienen la estructura de las reglas, sino la que ahora se
predica de principios cuando de ciertas normas constitucionales se trata. Sin ir
más lejos, el Código Civil español, de 1889, alude reiteradamente a la buena fe,
mientras que el BGB alemán, de 1900, en su parágrafo 242 sienta el principio
o Grundsatz de buena fe (Treu und Glauben) en estos términos: el deudor está obligado a rendir su prestación tal como exija la buena fe a tenor de los usos
del tráfico. Y de nuevo en el Código Civil español la moral asoma por múltiples
lugares, como cuando el artículo 1271 dispone que “pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, o cuando el 1328 dice que “será nula cualquier estipulación
contraria a las Leyes o a las buenas costumbres”. ¿Moral objetiva jurídicamente
positivada o cláusula para ser rellenada con los contenidos que en cada momento dicte la cambiante moral social positiva? El mismo asunto que para las cláusulas valorativas de las constituciones, solo que estas hoy también consagran
como valor el pluralismo, y si entendemos que en él entra igualmente el pluralismo moral, queda por definición excluido que se constitucionalice “la” moral
objetiva y verdadera.
En cualquier caso, y volviendo a los códigos, ¿significan esos principios
de carga moral, en ellos presentes, que el juez que los aplique deba ponderar
en lugar de o además de subsumir? Si la respuesta es negativa y las leyes se
aplican interpretando y subsumiendo, mientras que los principios constitucionales se aplican ponderando, ya no serán los contenidos morales constitucionalizados la razón de que la ponderación sea un método específicamente
constitucional, y habrá que buscar una explicación distinta para esa disyunción
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metodológica entre leyes y Constitución. Si se responde que la ponderación
es el método mediante el cual se resuelven los conflictos entre derechos constitucionales, contenidos en normas que son principios y no reglas, no se hace más que trasladar la cuestión, pues también en las leyes se sientan derechos, también esos derechos son susceptibles de justificación moral y también
entre derechos legales hay conflictos. ¿Por qué, pues, no se resuelven mediante una ponderación metodológicamente idéntica los conflictos entre derechos
legales?3 En suma, el neoconstitucionalismo se ve abocado a justificar la especificidad de las normas constitucionales mediante alguna propiedad que no sea
ni su mayor indeterminación semántica ni su superioridad jerárquica, y sólo
lo consigue a base de resaltar que la naturaleza de la Constitución, diga lo que
diga, es prioritariamente moral, mientras que la de la ley, diga lo que diga, es
prioritariamente jurídico-positiva.
Otras dos notas de las constituciones contemporáneas se suele destacar
para justificar la novedad que tales constituciones suponen en cuanto normas
jurídicas y fundamentar así la índole peculiar del razonamiento que las aplique:
su carácter rígido y la garantía jurídica de su efectividad, que hace que sus
normas no tengan un valor puramente programático. Ahora bien, estas dos
particularidades, sin duda ciertas, refuerzan la superioridad jerárquica de las
constituciones dentro del sistema jurídico, pero poco tienen que ver con la naturaleza moral de las mismas, con la condición de la Constitución como “orden
objetivo de valores”, tal como en 1958 definió el Tribunal Constitucional alemán la Ley Fundamental de Bonn, en sintonía con la definición idéntica que
daban algunos comentaristas, con Dürig a la cabeza.
En efecto, que el legislador ordinario no pueda modificar mediante el procedimiento legislativo ordinario todas o algunas normas constitucionales hace
Súmese a esto el hecho de que la gran mayoría de los derechos legales son reconducibles a derechos y principios constitucionales, de los que serían desarrollo o plasmación. Por consiguiente, siempre
estaría en manos del juez la posibilidad de reconducir o traducir un conflicto entre derechos legales a
conflicto entre derechos constitucionales y optar así por resolverlo ponderando a la luz de las circunstancias del caso concreto. Si esto es cierto, tendríamos que el juez siempre puede elegir el método preferible y que mejor se adapte a la índole de la decisión que quiera tomar y al tipo de fundamento que le
resulte más cómodo: la letra de la norma, interpretada, o la justicia del caso concreto, establecida mediante la ponderación.
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a estas resistentes frente al legislativo, de la misma manera que las normas legislativas son resistentes frente a la Administración, pues donde la ley es superior al reglamento la Administración no puede cambiar la ley mediante norma
reglamentaria. En cuanto al control de la efectividad de las normas constitucionales mediante la judicatura o mediante un tribunal constitucional, también
tenemos idéntico paralelismo, pues a la jurisdicción contencioso-administrativa
corresponde tanto velar por la legalidad de los actos administrativos como anular los reglamentos ilegales. Y tanto este control específico como la resistencia
de las leyes frente a los reglamentos no ha servido ni tiene por qué servir para
afirmar que la ley encierre contenidos morales objetivos que justifiquen tales
propiedades o para convertir a la jurisdicción contencioso-administrativa en una
jurisdicción cuyo razonamiento tenga que ser prioritariamente moral, preocupada más por la justicia del caso que por la seguridad jurídica, y aplicadora de
un método ponderativo en lugar de uno interpretativo-subsuntivo.
No se ve por qué ha de confundirse la importancia de una norma jurídica con su mayor contenido moral. Que una norma jurídica sea más relevante
como regla del juego social no implica necesariamente que su carga moral o
su sintonía con normas morales presuntamente objetivas sea mayor. Tampoco la exigencia de procedimientos especiales o mayorías cualificadas para la
elaboración o reforma de ciertas normas es sinónimo de superioridad moral de
las mismas, sino indicio de la mayor relevancia social que se les atribuye. Que
en el Derecho español, y a tenor del artículo 81 de la Constitución, determinadas
materias deban regularse como ley orgánica y no como ley ordinaria no indica
mayor cualidad moral o más proximidad a los fundamentos morales del sistema,
sino mayor importancia en los esquemas organizativos del Estado y de la sociedad. Un Estatuto de Autonomía, que ha de ser aprobado mediante ley orgánica, ni tiene más entidad moral ni afecta en más a los valores morales más
destacados que una ley de reproducción asistida, una ley de ventas a plazos o
una ley del suelo.
En las constituciones se recogen las normas jurídicas más importantes
para la comunidad, las que marcan las reglas de juego esenciales. Es cierto que
ese juicio de importancia, esa jerarquización de las normas, se basa en razones
morales, normalmente razones de moral positiva, de la moral social imperante,
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al menos cuando las constituciones se elaboran por procedimientos democráticos. Pero ese fundamento moral fáctico no hace que varíe su condición de
normas jurídicas, de jerarquía superior, pero jurídica, convirtiéndolas en normas a medio camino entre la moral y el Derecho o en normas morales constitucionalizadas pero que hayan de ser aplicadas mediante un razonamiento que
sea más moral que jurídico y que esté más atento a la justicia que a la letra. De
la misma manera que la superioridad jerárquica de la ley sobre el reglamento
y el hecho de que se reserve a la ley la regulación de materias que se consideren más importantes o dignas de cuidado y control no supone que las normas legales tengan una naturaleza moral superior a los reglamentos, un tipo
de validez jurídica distinta de la de estos ni un método de aplicación específico
y con mayor presencia de las consideraciones de justicia o de la misteriosa razón práctica. En suma, la jerarquía de las normas jurídicas no es directamente
traducible a jerarquía moral, aunque de hecho refleje un juicio de importancia
moralmente condicionado.
Tal vez estamos asistiendo a lo que podríamos denominar la “canonización” de las normas constitucionales, dando a esta expresión el sentido que se
explica a continuación. El derecho canónico se compone de las normas mediante las que la Iglesia católica se organiza como institución al servicio de la
Verdad y el Dogma trascendente que la inspira y mediante el cual disciplina las
acciones de sus fieles dentro de la Iglesia. Todo este entramado jurídico tiene su
base en una (considerada) Verdad suprema, apoyada en la Revelación y en la
interpretación de los Textos Sagrados por las autoridades que, a tenor del mismo dogma, actúan inspiradas por el Espíritu Santo. De esa suprema Verdad de
fe deriva una concreta moral, dogmática e incuestionable mientras se esté dentro de la Iglesia, y de esa Verdad y de esa moral dogmática también son plasmación las normas jurídicas que conforman ese particular sistema jurídico. Ahí
sí hay una moral (que se pretende) objetiva como base de ese Derecho y ahí sí
que queda perfectamente establecido desde qué fundamentos morales deben
interpretarse y aplicarse ad intra esas normas jurídicas. Una moral objetiva y
la única verdadera, unos intérpretes del dogma moral de base que se dicen inspirados por el mismo Dios o una de sus Personas, y unas normas jurídicas que
deben cumplirse y aplicarse en sintonía plena con esa moral única. Cuando el
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Derecho canónico consagra la indisolubilidad del matrimonio, su legislador no
ha tomado la opción que le pareció mejor o más ajustada a los tiempos, sino la
única acorde con aquella moral y con el dogma que la impregna. Por eso el Derecho canónico no puede ser democráticamente elaborado por los fieles. Entre
otras cosas, porque el pluralismo queda por definición excluido cuando el Derecho refleja verdades supremas, dogmas de fe.
¿Ese es el caso de las constituciones modernas? Rotundamente no. Que
se inspiren en la moral propia del liberalismo ilustrado, a la que se suman componentes sociales derivados del marxismo y de las luchas sociales de los siglos
XIX y XX, no significa que en ellas cristalice, a modo de dogma, un orden objetivo de valores, las supremas verdades morales. Al contrario, establecen las
reglas de juego mínimas para que en la sociedad puedan convivir sistemas
morales distintos con la única condición de aceptar unos mínimos puntos de
partida morales y que hasta pueden ir cambiando de interpretación con el paso del tiempo. De ahí que en esas constituciones no sólo se recojan esos fundamentos morales elementales, como el valor de la vida y de la libertad, sino
que también se institucionalice el libre juego de la política y se aseguren los
derechos políticos. Dentro de la Iglesia no hay derechos políticos ni puede haberlos, pues la Verdad está preestablecida y sus concreciones en cada tiempo y
para cada caso las hacen los “sacerdotes” de esa fe, los guardianes del dogma.
Pero en un Estado constitucional y de Derecho no puede hacerse de la Constitución el depósito de las supremas verdades morales omniabarcadoras y con
capacidad de producir solución por sí para cualquier cuestión, concretadas por
los jueces y los tribunales constitucionales a base de enmendar al legislador
en razón de la justicia de cada caso concreto y haciendo, de este modo, ocioso
el juego de la política y vano el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Si a los ciudadanos y a sus representantes en los parlamentos no les queda
más alternativa que la de acertar con los desarrollos de la Constitución que le
parezcan al guardián de la Constitución las verdaderamente exigidas por unas
normas constitucionales que sólo son indeterminadas en su dicción, pero que
son perfectamente precisas en su sustrato moral y que encierran en sí la predeterminación de un único modelo social posible hasta en sus más mínimos
detalles, los ciudadanos no tienen propiamente alternativa y el desempeño de
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los derechos políticos se convierte en un puro ejercicio de adivinación y, en el
fondo, en un patético ejercicio de sumisión al juez último de la verdad constitucionalmente revelada.
Que las constituciones modernas hayan recogido el derecho natural, positivándolo como Derecho, como tantas veces se repite, ni es tanta verdad
ni es tan relevante. No es tanta verdad porque habría que preguntarse cuál
iusnaturalismo o cuáles iusnaturalismos son esos que se han constitucionalizado. Que la justicia sea supremo valor constitucional y que todos los iusnaturalismos la sitúen como altísimo valor moral y jurídico dice poco o nada del
contenido concreto de lo justo, pues cada iusnaturalismo de los que han sido y
son la dota de un contenido material distinto. Que el supremo valor de la vida
y la dignidad humanas esté afirmado en las constituciones nada resuelve por sí
sobre si con tal valor constitucional es compatible la permisión del aborto o de
la eutanasia, la guerra, las largas condenas de prisión o la tortura en casos extremos, pues cada iusnaturalismo y cada iusnaturalista que interprete y aplique
la Constitución le va a dar un alcance distinto a aquel valor para estos asuntos.
Será propiamente interpretación de la Constitución y decisión legítima de los
órganos constitucionalmente competentes la que resuelva tales interrogantes
jurídico-constitucionales, pero no aplicación de una moral objetiva plasmada
en la respectiva cláusula constitucional y, menos aún, aplicación del iusnaturalismo constitucionalizado. Habrá que pedir a tales órganos competentes que
justifiquen sus decisiones y aumenten legitimidad de las mismas mediante una
argumentación exigente y lo más convincente posible, no que tiñan su razonamiento con tintes demostrativos, de puro ejercicio de una razón práctico-moral
que es simultáneamente jurídica, ni se disfracen de puros aplicadores de normas que ahí estaban, en los arcanos de la Constitución, en su esotérico trasfondo, esperando ser conocidas y hechas valer por sus más altos sacerdotes.
Que esa supuesta constitucionalización del iusnaturalismo no es tan relevante, queda de manifiesto si pensamos lo siguiente. Todo derecho positivo es trasunto de una determinada moral, pues las normas jurídicas no caen
del cielo, sino que provienen de las ideas y de las ideologías de sus autores o,
quizá, de la moral social positiva. Además, todo derecho positivo es susceptible de enjuiciamiento crítico desde cualquier sistema moral. ¿Qué cambia por el
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hecho de que las constituciones hubieran recogido una determinada moral, en
este caso la moral iusnaturalista? No cambia nada, salvo que le otorguemos
al iusnaturalismo un trato privilegiado, una suprema condición ontológica y
epistemológica. Si el iusnaturalismo contiene la moral verdadera, la constitucionalización de sus principios convertiría a la Constitución en Derecho verdadero, en el Derecho materialmente supremo. Pero si el iusnaturalismo es
una moral más o si los iusnaturalismos no son sino una parte del repertorio de
las morales posibles y operantes, que haya sido constitucionalizada esa moral
es asunto puramente contingente y tan poco relevante para el estatuto jurídico
de las normas constitucionales o para las condiciones de su aplicación como
si se hubiera constitucionalizado otro sistema moral cualquiera. Que la naturaleza de las constituciones cambie por insertarse en ellas los valores iusnaturalistas es algo que sólo puede ser afirmado desde el iusnaturalismo, desde
un constitucionalismo iusnaturalista que pone el derecho natural por encima
de la Constitución y que sólo reconoce la superioridad jurídica de la Constitución si en ella se recoge y protege el derecho natural. Pero si no se es iusnaturalista, entrar en ese juego es manifestación de irreflexión o de precipitada
ingenuidad. Para un no iusnaturalista, incluso esa Constitución que ampare los
valores iusnaturalistas seguirá siendo suprema norma jurídica si tal jerarquía
está efectivamente articulada y jurídicamente garantizada, y no norma moral. La Constitución seguirá siendo lo que la Constitución dice y lo que de ella
hagan sus intérpretes legítimos, no lo que ese iusnaturalismo mantenga supuestamente constitucionalizado. Ahora bien, si se consigue que los tribunales
constitucionales crean que la Constitución no es lo que sus disposiciones dicen
o lo que de ellas se interpreta con respeto a las reglas de nuestro lenguaje y al
sentido común, sino lo que dicta para cada caso la justicia tal como la entiende
el iusnaturalismo o cualquier otro sistema moral, la Constitución pasará a ser
nada más que lo que quieran los tribunales constitucionales. Y su texto estará
de más, será exactamente papel mojado. La suprema fuente del Derecho será el oráculo y no habrá más órgano constitucional que un extraño personaje
a medio camino entre Salomón y el Espíritu Santo.
Resumamos lo que en este apartado se ha querido decir. En primer lugar,
que la mención de valores o la positivación directa de normas de algún siste39
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ma moral en las constituciones no es un descubrimiento de hace cuatro días,
ni mucho menos. En segundo lugar, que tales cláusulas obligan en función de
dos cosas: su grado de determinación, el grado de determinación precisa de sus
contenidos, y el tipo de garantías que en general tenga la Constitución y, dentro
de ellas, esas cláusulas. Una invocación constitucional a la justicia o a la libertad, por ejemplo, como valores superiores, no hace a la Constitución comulgar
con ninguna concepción material de dichos valores y, por consiguiente, deja
libertad a los intérpretes para asignarles discrecionalmente un valor u otro. En
cambio, la presencia de una norma constitucional que diga que una determinada religión es la única fe verdadera sí compromete dicha Constitución con una
moral determinada. En tercer lugar, y por consiguiente, que una Constitución
instaure la garantía judicial de sus normas no las compromete con ningún sistema de valores determinado a la hora de precisar lo que en sus enunciados sea
indeterminado; que haya una garantía judicial reforzada de los derechos fundamentales tampoco compromete a la Constitución con más contenido preciso
de ellos que el que se derive de lo precisa que sea su enunciación. Una Constitución no se “materializa” más ni por contener cláusulas valorativas ni por
contener garantía específica de sus normas y derechos; tampoco porque sus
normas y derechos sean directamente aplicables. La única pauta real operante
aquí es la siguiente: a mayor indeterminación lingüística de tales enunciados,
y a mayor presencia de sistemas morales concurrentes en la sociedad pluralista
para rellenarlos de contenido, mayor discrecionalidad de sus intérpretes y aplicadores; y cuando esas normas, así enunciadas, se aplican directamente, sin
mediación legal, también mayor discrecionalidad de sus aplicadores a efectos
de configurar y precisar sus contenidos concretos.
3. ¿Valores? ¿Cuáles y qué tan ciertos?
Para el neoconstitucionalismo, la muy relevante presencia de ese tipo de normas, que conformarían la constitución material o axiológica, implica que las
constituciones tienen su parte central o su pilar básico en un determinado orden de valores, en una determinada moral.
La idea de que la Constitución tiene su esencia o sustancia principal en un
orden de valores, del que es plasmación y al que traduce a supremo Derecho,
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tiene ya cierta antigüedad, pues halló su más rotunda y clara expresión a fines
de los años cincuenta del siglo XX en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional alemanas. A este respecto hay que mencionar muy destacadamente el
comentario que en 1958, en el tratado de Maunz/Dürig, escribió Günter Dürig4
al artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, y la sentencia que en el mismo
año pronuncia el Bundesverfassungsgericht en el caso Lüth. Resumamos brevemente ambas aportaciones.5 Luego veremos también los antecedentes del
neoconstitucionalismo en la Jurisprudencia de Valores, alemana igualmente.
3.1. La Constitución son valores y los valores son Constitución
El comentario de Dürig comienza con un párrafo ya bien significativo: “En la
conciencia de que la vinculatoriedad y la fuerza obligatoria de una Constitución también y en última instancia sólo puede fundarse en valores objetivos,
el legislador constitucional, una vez que la referencia a Dios como el origen
de todo lo creado no pudo ser mantenida, ha hecho profesión de fe en el valor moral de la dignidad humana. Mediante tal asunción del valor moral de la
dignidad humana en la Constitución positiva, este valor se ha hecho al mismo
tiempo (precisamente desde el punto de vista del derecho positivo) valor jurídico, de manera que su consideración jurídica (reconocidamente difícil, pero
no inusual) es mandato jurídico-positivo”.6
Desde el principio Dürig insiste en que un valor así existe por sí mismo y
atribuye, por sí y al margen de cualquier juicio o transacción, a los seres hu-
Uwe Wesel dice que Dürig es el “inventor (Erfinder) del ‘sistema de valores’ (Wertsystem) de los
derechos fundamentales, noción de la que en adelante se sirvió el Tribunal Constitucional, a partir del
caso Lüth. De su biografía cuenta brevemente que nació en 1920 en Breslau, fue oficial profesional
del ejército alemán y en la guerra resultó gravemente herido. Tras la guerra estudió Derecho y en 1954
llegó a Professor de Derecho Constitucional en Tübingen. Falleció en 1996 (Cfr. U. Wesel, Der Gang
nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik, Manchen, Karl
Blessing, 2004, p. 131).
En la doctrina en español se encuentra una excelente exposición a este respecto en el libro de Luis
M. Cruz de Landázuri, La Constitución como orden de valores, Granada, Comares, 2005.
Citamos por la “Sonderdruck” que la editorial Beck ha realizado del comentario de Dürig a los artículos 1 y 2 de la Ley Fundamental de Bonn en el Tratado Maunz-Dürig (Günter Dürig, Kommentierung
der Artikel 1 und 2 Grundgesetz, München, Beck, 2003). Las citas se harán según el sistema habitual
en este tipo de publicaciones, indicando el artículo y apartado comentado y la nota marginal correspondiente: M-D, Art. X Abs Y nm. x (Maund-Dürig, artículo X, apartado Y, nota marginal x).
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manos una propiedad moral irrenunciable e ineliminable. El carácter absoluto
de tal valor moral hace que, una vez que el derecho positivo constitucional lo
ha recogido, rija como obligación absoluta para el Estado de evitar toda mácula
de la dignidad humana, y de ahí que haya de protegerlo también en lo referido
a las relaciones interpersonales en la sociedad y no solo respecto de las actuaciones directas del propio Estado (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 3). De esta tesis
nacerá la Drittwirkung o efecto horizontal de los derechos fundamentales, por
obra de la sentencia del Bundesverfassungsgericht en el caso Lüth.
Lo que en el artículo 1 se ha recogido es “el más alto principio constitutivo de todo derecho objetivo” (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 4). Lo que así se dispone
es la “base para un completo sistema de valores” (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 5).
Como es difícil fundar en la enunciación de ese solo valor todo un sistema de
pretensiones, dicho valor se ha desplegado y subdividido en los derechos fundamentales particulares, por obra del apartado II del artículo 1.7 Eso tiene dos
consecuencias: esos derechos fundamentales poseen valor puramente declaratorio en el texto constitucional, pues son emanación de ese valor dignidad
reconocido en el primer enunciado de la Constitución; y, porque surgen de la
dignidad, y sólo por eso, tales derechos tienen un contenido necesario (M-D.
Art. 1 Abs. I, nm. 6). El apartado III de ese artículo 18 “actualiza” dichos derechos humanos (Menschenrechte) como “derechos fundamentales” (Grundrechte), convirtiéndolos en “derechos públicos subjetivos”, pero “sin quitarles su
contenido preconstitucional”9 (M-D. Art. 1 Abs., I nm. 7). Cuando el artículo
19 de la Constitución fija la obligación de respetar en todo caso el “contenido
esencial”10 (Wesensgehalt) de esos derechos, se está dando forma positiva a
Que reza así: “El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables
del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”.
A tenor del cual “Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al poder
legislativo, al poder ejecutivo y a los tribunales a título de derecho directamente aplicable”.
Más adelante Dürig insiste en que cuando la norma constitucional actualiza y concreta los derechos humanos no los constituye, sino que los reconoce como preexistentes, y preexistentes en toda su
juridicidad. Positivarlos no es lo mismo que juridificarlos, pues ya son jurídicos, en tanto que derechos
prepositivos. “Normas suprapositivas pueden ser presentadas públicamente (publizieren) mediante
su inclusión en la Constitución positiva, pero con ello no se desnaturalizan, no se modifica su ‘especial
carácter’” (M-D. Art. 1 Abs. II, nm. 73).
Por el compromiso del artículo 1 con una idea material y objetiva de dignidad, con una moral
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esa “decisión valorativa previa”: la de entender que esos derechos anteceden
al Estado mismo y a todo derecho positivo y que por ello no pueden ser objeto de disposición previa por el Estado (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 7). Lo mismo
significaría su protección frente a la reforma constitucional, a tenor del artículo 79 III: quedan protegidos frente a cualquier mayoría posible, pues su radical
indisponibilidad tiene que ver con su prepositividad.
Según Dürig, lo que los artículos 2 y siguientes hacen es desarrollar más
precisamente ese contenido que ya está por entero presente en el artículo 1. I,
y tal desarrollo11 se da dividido en derechos de libertad y en derechos de igualdad. Y aquí otra vez esa relación de más a menos general. El supremo derecho de libertad, primera concreción de la libertad y núcleo desarrollado en las
demás libertades, es el presente en el artículo 2. I, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 11).
En cuanto a los derechos de igualdad, todos son desarrollo o despliegue
del “derecho principal de igualdad” contenido en el artículo 3. I.12 Ese derecho
funciona como “lex generalis” respecto de los demás derechos de igualdad recogidos bajo la forma de normas constitucionales positivas concretas.
Tanto aquel derecho generalísimo de libertad del artículo 2. I como este
derecho generalísimo de igualdad del 3. I guardan en sí los contenidos tanto de
esos otros derechos concretos, que son meras concreciones de esos dos, como
capacidad para rellenar cualquier laguna en el sistema de derechos de libertad
y de igualdad respectivamente. A lo que se suma que han de guiar la interpretación de esos derechos positivados concretos de libertad y de igualdad, pues
ninguna interpretación de ellos puede contradecir esos contenidos materiales
objetivos de la libertad y de la igualdad en aquellos dos artículos recogidos (M-D.
determinada, esa noción de “contenido esencial” de cada derecho fundamental no es puramente formal o susceptible de ser rellenada de contenidos muy diversos, sino de un concreto contenido, que es
el contenido debido (Cfr. M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 15).
¿De qué tipo es ese desarrollo o despliegue? Dürig dice que no se trata de una deducción a partir de una premisa mayor lógica, pero que no se puede perder de vista que el sistema positivado de los
derechos de libertad en todo caso también es “un sistema jurídico-lógico, en cuanto que la Ley Fundamental, de conformidad con el artículo 1, en relación con el artículo 19. II y el 79. III, erige un sistema
valorativo intocable (ein unantatsbares Wertsystem)” (M-D. Art. 1 Abs. 1 nm. 11).
Que dice: “Todos los hombres son iguales ante la ley”.
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Art. 1 Abs. I, nm. 11). Pocas veces podremos ver mejor y más coherentemente
reflejado ese planteamiento antipositivista de las normas constitucionales de
derechos, planteamiento que luego se apropiará el neoconstitucionalismo.
Por debajo de los enunciados constitucionales de derechos está un sistema
completo de valores, con su jerarquía. Esa jerarquía tiene en su vértice la dignidad y en su escalón inmediatamente inferior, como primeras concreciones
de ese valor omniabarcador y generalísimo, la libertad y la igualdad. El contenido de los sucesivos derechos constitucionales no puede ser otro que el
dictado desde esos valores “objetivos”; más aún, también son contenidos constitucionales necesarios aquellos que sean despliegue ineludible de tales valores
presentados en los artículos 1, 2. I y 3. I, de forma que: a) hay más derechos
constitucionales que los plasmados en el resto de los enunciados de derechos o
subsumibles bajo ellos desde un punto de vista semántico; b) en el sistema de
derechos, por tanto, no hay lagunas y todo lo que sea desarrollo de la dignidad
tendrá su correspondiente derecho fundamental, lo recoja expresamente o no
la Constitución; c) el sentido que a esos enunciados puede darse, sea cual sea
su grado de indeterminación o sean cuales sean los significados posibles de sus
palabras, semántica usual en mano, viene limitado por la compatibilidad con el
contenido objetivo de esos valores superiores.
Perdidos en esos pantanos infestados de valores, el razonamiento se hace
sumamente curioso, y así se aprecia en Dürig. En puridad, si el artículo 1, con
su derecho a la dignidad, acoge en sí ya todos los derechos, sus ulteriores concreciones son propiamente prescindibles, pues los derechos de la Constitución
serían los mismos aunque el artículo 1 fuera la única cláusula de derechos. Pero, una vez que existen aquel derecho principal de libertad del artículo 2. I y el
principal de igualdad del artículo 3. I, el artículo 1 es el que resultaría igualmente prescindible. Ha reaparecido el pensamiento genealógico que fuera propio de
la más radical Jurisprudencia de Conceptos. Dürig dice que no es pensable ningún caso en el que un atentado estatal contra la dignidad no quede abarcado o
por aquel derecho principal de libertad o por aquel otro de igualdad, sin que por
ello sea necesaria la construcción del derecho de dignidad del artículo 1 como
derecho público subjetivo (M-D. Art. 1 Abs. 1 nm. 13).
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Ahora bien, ¿de dónde viene el contenido necesario de esos valores que
son “objetivos” y cuyo papel no es meramente formal, como categorías a rellenar contingentemente, sino de determinación “material” de los contenidos
posibles de la ley? Dürig no se oculta, aunque suela explayarse más bien a pie
de página. Se trata de la ética cristiana, presente en el iusnaturalismo cristiano. Sus razonamientos a este respecto son bien curiosos. Mantiene que “no se
debería debatir sobre los conceptos de esa impregnación valorativa” y que se
puede afirmar que el artículo 1 es la plasmación del iusnaturalismo moderno.
En la Ley Fundamental no se apreciaría ninguna discrepancia entre iusnaturalismo cristiano y iusnaturalismo profano. Pero “nadie es mal jurista si para la
interpretación del derecho prepositivo y preestablecido que en la Constitución es
recibido utiliza específicamente la doctrina moral cristiana”. Además –y aquí lo
más espectacular, casi esperpéntico del razonamiento– la idea cristiana del derecho natural está en sintonía con aquellos contenidos del derecho natural profano que sean válidos, sin que por eso se quiera dar por bueno el derecho natural
profano en su conjunto. En realidad, y según nuestro autor, apenas puede hallarse ninguna idea laicista moderna de los valores que no tenga su origen en el
pensamiento valorativo del cristianismo. Y, por si nos quedan dudas de que los
contenidos axiológicos del artículo 1.I de la Ley Fundamental son los que son,
y son los preestablecidos en la moral cristiana, Dürig pone un ejemplo: sin duda,
contrario a la idea de dignidad de toda persona es el aborto.13 ¿Admitirían esto
todos los neoconstitucionalistas? ¿O cada uno lo admitirá o no según el sistema de valores con que él “cargue” las cláusulas valorativas de la Constitución,
si bien pretendiendo que esos valores no son los que a él le convencen más,
sino los verdaderos, los mejores y los que objetivamente la Constitución, por
En el capítulo II de su comentario Dürig precisa los contenidos bien concretos de la dignidad y,
con ello, determina los alcances posibles de los subordinados derechos de libertad y de igualdad. Esos
contenidos corresponden plenamente con los que dicta la moral oficial católica. Dürig afirma taxativamente que toda vida humana es depositaria de ese derecho básico a la dignidad y que la vida humana
empieza con la concepción (M-D. Art. 1 Abs. I nm. 24). Alguna duda más le plantea el caso del “monstrum” (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 25). Entre los comportamientos que por clarísimamente opuestos a la
“intocable” dignidad de la persona el Estado debe evitar en sí e impedir en los particulares, sin ponderación posible, está también la inseminación artificial, en particular la heteróloga y sobre todo cuando
se garantiza el anonimato del donante de semen, tanto si la mujer es casada como soltera (M-D. Art.
1 Abs. I, nm. 39).
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tanto, está asumiendo? Dürig al menos tiene la honradez y la valentía de poner
sus cartas morales sobre la mesa, aunque sea a pie de página.
Mención aparte merece la idea de Dürig, que maneja también el Bundesverfassungsgericht en su Lüth-Urteil, de que el mandato de respeto a la dignidad
humana no se plantea sólo frente a los posibles atentados del Estado contra la
misma, sino que también rige en las relaciones entre particulares, debiendo los
órganos del Estado velar porque en las relaciones jurídico-privadas la dignidad
no se vea dañada. Obviamente, serán los jueces los que, en nombre de la dignidad, tendrán que excepcionar la aplicación del principio de autonomía de la
voluntad o cualquier otra regla de derecho privado que se use con esos fines o
esos resultados de menoscabar la dignidad. Estamos hablando, obviamente, del
llamado Drittwirkung o efecto frente a terceros de los derechos fundamentales.
Pero aquí hay que distinguir dos cosas que a menudo se entremezclan. Una,
si los derechos fundamentales también ponen límite a los contenidos posibles
de las relaciones jurídicas entre particulares; hoy es prácticamente unánime la
respuesta afirmativa a esta cuestión. Otra, distinta, es la de con qué grado de
precisión los jueces pueden controlar el respeto a los derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares. Desde una perspectiva positivista, se podría
decir que en lo que los enunciados constitucionales de derechos no determinen
funcionaría una especie de principio pro autonomía de los particulares, pues
aquello que en la Constitución no queda precisado como límite no puede oponerse, como tal límite, por los jueces frente a la libertad de los individuos. Igual que
en la dimensión vertical y en el control de constitucionalidad de la ley obraría
el principio in dubio pro legislatore, en las relaciones jurídico-privadas operaría el de in dubio pro libertate. Esto, naturalmente, siempre que se crea, como
suele creer el positivismo, que los jueces no tienen mejor manera que el propio
legislador o que los propios particulares para saber cuál es la mejor concreción
posible de un mandato constitucional de entre aquellos candidatos que no vulneran su tenor literal, visto en su contexto normativo, etcétera. Pero cuando
se parte de que la Constitución es ante todo orden de valores, que el contenido
de esos valores está plenamente presente, aunque sea comprimido, en alguna
noción axiológica central, como la de dignidad, y que, en consecuencia, esa
Constitución axiológica configura el contenido necesario o los límites axiológicos
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plenamente objetivos de cualquier relación jurídica, ya sea jurídico-pública o
jurídico-privada, se estará propugnando, por pura coherencia, que el juez limite la autonomía del Estado o la de los particulares desde algo distinto y más
profundo que la semántica, la sintaxis y la pragmática del texto constitucional: desde esos valores “objetivos” que son la esencia de la Constitución.14 Así,
pues, no conviene confundir la admisibilidad de la Drittwirkung de los derechos
fundamentales con el pretexto para dar, en nombre de los derechos fundamentales, cualquier contenido que el juez quiera a las relaciones jurídico-privadas.
Porque, además, y para mayor complicación, la libertad también es un valor
constitucional o un derecho fundamental o fundamentalísimo.
Seamos justos con las tesis de Dürig y, de paso, clasifiquemos el grado
y la forma en que las cláusulas de derechos determinan las decisiones de los
operadores jurídicos y hasta las decisiones admisibles de los particulares. Distingamos tres posturas. La primera sería la de la plena determinación y se podría adscribir, al menos en principio, a aquellos autores que sostienen la teoría
de una única respuesta correcta para los asuntos jurídicos en los que está implicada la moral de los derechos. La segunda sería la de quienes sostienen que
la vinculación de los derechos a valores objetivos que forman el cimiento de la
Constitución marca unos contenidos irrebasables, pues atentan contra tales valores, pero dejan ámbitos de disposición, aquellos que son indiferentes para el
contenido esencial de tales valores. Dürig encajaría en esta postura: “Para cada
derecho fundamental en particular hay un límite valorativo absoluto, ante el
que se detiene toda posibilidad de disposición por el Estado”. Ese límite está allí
donde el valor jurídico de la dignidad humana resulta tocado. Desde ese valor
de la dignidad se constituyen los contenidos intocables de los particulares derechos15 (M-D. Art. 1 Abs. I, nm. 80). La tercera postura, a la que propenderán
Y justamente ahí se sitúa el planteamiento de Dürig: puesto que al proteger los derechos fundamentales se está protegiendo ante todo “valores morales preestablecidos” a la propia Constitución, tales valores han de verse como “valores absolutos” que no pueden admitir vulneración ni en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado ni en las de los ciudadanos entre sí. Con base en esa “unidad de la
moral jurídica” se explica que los derechos fundamentales sean derechos absolutos, que salvaguardan
frente a cualquier ataque, y no meros derechos públicos subjetivos que protejan sólo frente a las vulneraciones provenientes del Estado (M-D. Art. 1 Abs III, nm. 102).
Dürig, al comentar el art. 1. II de la Ley Fundamental de Bonn, lo resume así: dicho artículo obliga a “que determinado contenido de cada derecho de libertad se contemple como enraizado en derecho
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las teorías positivistas, entiende que, por mucho que sea indudable que a las
constituciones y sus repertorios de derechos subyace una determinada moral
histórica e históricamente tenida por verdadera o preferible, los límites de la
disposición posible de los derechos vienen marcados por los límites del significado posible de los enunciados constitucionales y, todo lo más, esa moral que
históricamente inspira puede ser uno más de los criterios de interpretación al
optar entre interpretaciones posibles, pero no el determinante “objetivo” ni de
la única solución correcta ni de un repertorio completo de soluciones descartables por materialmente incorrectas con independencia de que choquen o no
con los enunciados constitucionales.
El planteamiento de Dürig tiene consecuencias prácticas importantes y
que él mismo explicita. En primer lugar, deja abierta la posibilidad de normas
constitucionales inconstitucionales. Serían aquellas normas de la Constitución
que le permiten al legislador una configuración incompatible con ese contenido axiológico previo y prepositivo del derecho en cuestión. Pero al juez le toca
evitar tal inconstitucionalidad de la norma constitucional, interpretando sus términos en clave de tales valores previos y haciendo que el poder de disposición
que dichos términos otorguen al legislador sea sólo en lo que no se vulnere ese
contenido moral que es propio y constitutivo de ese derecho (M-D. Art. 1 Abs.
II, nm. 83). Vemos, por tanto, cómo el eje de la interpretación constitucional
son esos contenidos morales, contenidos de esa moral bien determinada que
es la esencia de la Constitución.
En segundo lugar, en el sistema de derechos fundamentales no hay lagunas, sea cual sea la lista de derechos concretos que la Constitución enumere y
sean cuales sean los términos con los que los recoja, pues, como sabemos, el
artículo 1 posee una fuerza y alcance regulativo –plasmado en primer lugar en
el derecho principal de libertad (artículo 2. I) y en el derecho principal de igualdad (artículo 3. I)– como para convertir en violación de derecho fundamental
cualquier atentado contra la dignidad humana (M-D. Art. 1 Abs II, nm. 86).
suprapositivo y que precisamente ese contenido de derechos humanos quede sustraído a todo poder de
disposición estatal o autónomo. Qué contenido valorativo sea ése es algo que queda señalado de manera indubitada por la propia Constitución a través de su artículo 1. I y confirmado de manera jurídicopositiva en su artículo 19. II, con garantía del contenido esencial” (M-D Art. 1 Abs.II , nm. 81).
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Aunque sólo existiera el artículo 1 y ni una cláusula más de derechos fundamentales, el sistema de derechos fundamentales no tendría lagunas.
En tercer lugar, ese contenido axiológico de la dignidad sirve de pauta
para una interpretación extensiva de los derechos fundamentales concretos, a
fin de que dar con “la en abstracto mejor posibilidad jurídico-constitucional de
subsunción” (Art. 1 Abs. II, nm. 89).
Esa sumisión de la práctica a los valores queda clara también desde el primer párrafo del comentario de Dürig al apartado III del artículo 1:16 “El sentido
del artículo 1. III es el de transformar de cualquier modo posible en un sistema
indiscutible de pretensiones el sistema de valores preestablecido a la Constitución y recibido como un todo por el artículo 1, apartados I y II, de la misma”
(Art 1 Abs III nm. 91). Esto es muy importante para calar en el sentido que
diferencia una doctrina así, como la de Dürig, y en buena medida la del posterior constitucionalismo. No se trata meramente de que en la Constitución, a
partir de consideraciones morales, se haya tratado de poner límites a los contenidos posibles de las acciones del legislativo, el ejecutivo y el judicial, límites
directamente operantes. Esto lo puede admitir perfectamente el positivismo,
entendiendo que esos límites vienen lingüísticamente marcados en los enunciados constitucionales y que la interpretación de los mismos, que acontece
discrecionalmente, pero dentro de los límites que la semántica y la sintaxis de
tales enunciados permita, puede tener uno de sus auxilios en la toma en cuenta de esos fines materialmente protectores de tales disposiciones constitucionales. Pero aquí Dürig, como precursor, está afirmando algo diferente, que va
a concretar más a continuación: el sentido último de la acción legislativa, ejecutiva y judicial es “actualizar” esos contenidos valorativos aludidos por los
dos apartados primeros del artículo 1, transformando tales contenidos axiológicos previos en normas positivas.
Cuando Dürig comenta la vinculación del legislador a los derechos fundamentales comienza con un párrafo que es toda una declaración de principios que el neoconstitucionalismo posterior seguirá al pie de la letra y elevará
Que, recordemos, dice así: “Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan a la legislación, al poder ejecutivo y a la judicatura como derecho inmediatamente válido”.
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a uno de sus tópicos principales. Dürig dice: “Desde un punto de vista intelectual y de historia jurídica, la extensión al legislador de la vinculación a los derechos fundamentales es una clara ruptura con la fe en el poder omnímodo del
legislador que era propia del positivismo jurídico”17 (Art. 1 Abs. III, nm. 103). Y
añade que no se trata sólo de desconfianza, sino de un cambio en el modo de
ver la relación entre la ley y el Derecho.
¿En qué positivismo jurídico estará pensando Dürig al decir esto? Sin duda, en el mismo en el que pensará siempre, después de él, el neoconstitucionalismo, en el positivismo metafísico del siglo XIX, al estilo de la Escuela de la
Exégesis. Porque no puede estar pensando en el positivista por antonomasia
en el tiempo en que Dürig escribe –Kelsen– pues, entre otras muchas razones
que podrían aquí aducirse, es nada menos que el creador del sistema de control
concentrado de constitucionalidad y con ello del mismo sistema de control del
legislador que la Ley Fundamental de Bonn recoge. Seamos claros de una vez
por todas: lo que al iusmoralismo de Dürig, de los iusnaturalistas confesos y
de los criptoiusnaturalistas llamados ahora neoconstitucionalistas molesta no
es que el positivismo afirme la omnipotencia del legislador, cosa que no hace
ningún positivista que señale la superioridad jerárquica de la Constitución sobre la ley y la existencia de controles de constitucionalidad de las leyes, sino la
independencia del Derecho frente a la moral. Lo que el positivista del siglo XX
combate no es, en absoluto, que la ley pueda ser anulada por inconstitucional (¡faltaría más!), sino que la ley pueda ser anulada por inmoral y que como
pretexto se ponga a la Constitución, diciendo que, al margen y por debajo de
lo que digan sus disposiciones, la Constitución es ante todo un orden objetivo
de valores morales y que, en consecuencia, la ley inmoral será, al tiempo, ley
inconstitucional. Con la secuela, obvia, de que los guardianes de la verdadera
moral en que consiste la verdadera Constitución son los jueces, así puestos por
Curiosamente, Dürig puntualiza que al hablar del legislador aquí se refiere también al “legislador
constitucional”. Que se justifique así esa falta de fe incluso en el legislador constitucional sólo se puede
explicar desde los presupuestos de Dürig: la verdadera Constitución no está en lo que el “legislador
constitucional” determine, sino en el orden objetivo de valores que antecede a la legislación constitucional y que sirve de límite al autor de la Constitución. En consecuencia, los supremos valores constitucionales son valores “preconstitucionales”, en el sentido de previos a toda opción positiva del legislador
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encima del legislador, del que se desconfía por sistema, como si en el siglo XX
los jueces no hubieran hecho fechorías e inmoralidades,18 incluso en esa Alemania en la que Dürig escribe y en la que parece que todos los desaguisados
bajo el nazismo los realizaron los legisladores y que los jueces se conservaron
como espíritus puros e incontaminados.19
Al comentar cómo el poder ejecutivo queda también vinculado a los derechos fundamentales, Dürig hace una llamativa excepción, pese a su insistencia
anterior en el carácter absoluto de tales derechos, unido a la afirmación de su
efecto horizontal. Dice que, por razón misma de otros derechos fundamentales, el Estado no puede dejar de reconocer la autonomía normativa de las asociaciones privadas y las iglesias y no puede entrar a hacer valer los derechos
fundamentales dentro de ellas (Cfr. M-D. Art. 1 Abs III, nm. 114). O sea, y si
entendemos bien, que si una asociación o iglesia viola ad intra, en sus normas
y actuaciones internas, la dignidad de los individuos, tal violación no compromete al Estado ni lo obliga a actuar, como sí estaría obligado a actuar si esa
limitación de la dignidad aconteciera en otras relaciones jurídico-privadas, como un contrato, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia? Me parece que no hace
falta dar muchas vueltas para dar con la respuesta. Dejemos que el lector, sabedor ya de la fe y las prioridades de Dürig, la imagine.
Muy significativamente, Dürig dice que aquella ruptura con el mito positivista de la omnipotencia del legislador “psicológicamente obedece en gran medida a una desconfianza frente a los modernos parlamentos y sus obras (leyes), una desconfianza que desde el punto de vista de la organización
constitucional, tiene su reflejo en un aumento, hasta ahora inédito, del poder de los jueces” (M-D. Art.
1 Abs. III, nm. 103). Y hasta apunta que una base para ello está en las “malas experiencias” anteriores, aunque no deba ser ese el único factor a tener en cuenta. Es un insufrible sarcasmo que se pueda
mantener tal cosa en el momento en que los altos tribunales alemanes, incluido el Bundesverfassungsgericht, se estaban “repoblando” a base de jueces que no sólo lo habían sido bajo el nazismo y no sólo no habían objetado a la aplicación de la legislación nazi, sino que, además y en muchísimos casos,
habían militado libremente en el partido de Hitler y hasta habían mostrado un celo desmesurado en la
aplicación de sus normas más aberrantes. Que se acabe haciendo virtud jurídica de la infamia y guardianes de los supremos valores morales a tan inmorales sujetos, es una de las más insufribles paradojas de la teoría del Derecho del siglo XX.
De entre la amplia bibliografía hoy existente, véase en particular I. Müller, Furchbare Juristen.
Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München, Kindler Verlag, 1987, pp. 210 ss. Muy interesantes consideraciones sobre actitudes y personajes pueden verse también en B. Rüthers, Geschönte
Geschichten –Geschonte Biographien, Tübingen, Mohr, 2001, especialmente pp. 92 ss.
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Por fin, cuando se refiere a la vinculación de los jueces a los derechos fundamentales, y muy especialmente en el recurso ante el Tribunal Constitucional
por vulneración de los derechos fundamentales, Dürig sienta algo que será determinante para la autoatribución posterior de la condición de superinstancia
de apelación por parte de las cortes constitucionales, atribución tan negada de
palabra como afirmada en los hechos. La sentencia judicial cuestionada habrá
de verse como inconstitucional por atentatoria contra el derecho fundamental
afectado cuando contenga una limitación del mismo constitucionalmente injustificable. Y eso ocurrirá no sólo cuando el juez haya aplicado una norma
inconstitucional, sino también cuando, al aplicar una norma perfectamente
constitucional que contenga una limitación –no inconstitucional– de un derecho
fundamental, la interprete de un modo constitucionalmente insostenible (M-D.
Art. 1 Abs. III, nm. 125). El neoconstitucionalismo sólo necesitará añadir ulteriormente que siempre que el juez que aplique una ley no inconstitucional no dé,
sin embargo, con la interpretación de la misma que para el caso el derecho fundamental en juego exige, esa sentencia debe ser anulada en vía constitucional,
aun cuando para nada vulnere el tenor de la norma que aplica y cuya constitucionalidad, repetimos, no se cuestiona. Por supuesto, un modo tal de razonar
presupone dos cosas: que la respuesta más acorde con el derecho fundamental
existe y que es cognoscible por el Tribunal Constitucional con más fundamento y rigor que por el juez ordinario. Y, en consecuencia, que la discrecionalidad
no existe, o no existe apenas, en materia de derechos fundamentales.
Vamos ahora con algunas consideraciones sobre la sentencia del Tribunal
Constitucional Alemán en el caso Lüth,20 seguramente la decisión que más ha
influido sobre los tribunales constitucionales, al menos sobre los europeos. Su
párrafo más importante es el que traducimos a continuación:
Sin duda, los derechos fundamentales se orientan en primer lugar a asegurar una esfera de libertad de los particulares frente a las agresiones del poder
público. Son derechos defensivos del ciudadano frente al Estado. Así resulta
La sentencia, de 15 de enero de 1958, tiene la siguiente referencia, conforme al sistema alemán:
BVerfGE 7, 198-Lüth. Una buena exposición de los hechos del caso y de las correspondientes circunstancias históricas puede verse en U. Wesel, Der Gang nach Karlsruhe, op. cit., pp. 132 ss.
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tanto del desarrollo intelectual de la idea de derechos fundamentales como
de los procesos históricos que han llevado a que las constituciones de los distintos estados recojan los derechos fundamentales. Ése es también el sentido que tienen los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn,
la cual, al anteponer el capítulo de los derechos fundamentales, ha querido
resaltar la prioridad de los seres humanos y su dignidad frente al poder del
Estado (…) Pero igualmente cierto es que la Ley Fundamental, que no quiere ser un orden valorativamente neutral, en su capítulo sobre derechos fundamentales también ha plasmado un orden objetivo de valores y que así se
expresa un importante refuerzo de la capacidad normativa de los derechos
fundamentales. Este sistema de valores, que tiene su centro en la personalidad humana, desarrollada libremente dentro de la comunidad social, y en su
dignidad, debe valer como decisión constitucional fundamental para todos
los sectores del Derecho. Legislación, Administración y Jurisprudencia reciben de ese sistema orientación e impulso. Naturalmente, influye también en
el Derecho civil. Ningún precepto jurídico-civil puede estar en contradicción
con él y cada uno debe ser interpretado según el espíritu de ese sistema.
Se mezclan en la decisión y en ese párrafo dos asuntos y tal entremezcla
será, en mi opinión, fatídico para el futuro. Por un lado, se trata de fundar la
eficacia horizontal (Drittwirkung) de los derechos fundamentales. Si se hubiera negado tal eficacia de los derechos fundamentales también en las relaciones
jurídico-privadas, habría tenido que rechazarse la pretensión que en el caso se
planteaba y que el Tribunal aceptó. Por otro lado, como razón para admitir tal eficacia horizontal se da la de que la Constitución contiene en su parte de derechos
fundamentales un sistema u orden objetivo de valores que busca realizarse en
todo tipo de relaciones sociales, tanto jurídico-públicas como jurídico-privadas.
Y la pregunta que podemos plantearnos es la siguiente: ¿Lleva necesariamente
lo uno a lo otro? ¿No se podría haber aceptado la Drittwirkung sin necesidad
de desdoblar la Constitución añadiéndole ese cimiento de una moral objetiva
y sistemática? Nos parece obvio que sí, aunque aquí no podemos extendernos
sobre el particular. Pero el caso es que desde entonces quedó sentado un dogma
que será determinante para la posteridad y que hallará gozosa recepción en el
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neoconstitucionalismo: la única manera de garantizar la plena eficacia de los
derechos fundamentales es entendiendo que la Constitución los ancla –y con
ello se ancla ella misma– en un sistema objetivo de valores, en una moral objetiva, de carácter prepositivo y con un grado de precisión y una capacidad de
determinación de las soluciones constitucionalmente correctas muy superior a
la de los puros enunciados constitucionales.
Permítaseme aquí una pequeña comparación, a modo de excurso y para
que se aprecie mejor lo que venimos debatiendo. Pensemos en el reglamento que
preside la práctica oficial del fútbol en competición. Qué duda cabe de que detrás de sus normas subyace una determinada moral del juego, una idea del fair
play vinculada a las peculiaridades prácticas del fútbol como deporte de competición. También es perfectamente admisible que ese trasfondo “material” puede
ayudar a la interpretación de las normas del reglamento en los casos dudosos.
Ahora bien, seguramente nos escandalizaría que la letra del reglamento se pudiese saltar en nombre de consideraciones meramente morales sobre el sentido del deporte o de ese deporte. Por ejemplo, un defensa central hace lo que
formalmente debería sin duda ser calificado como penalti, pero el árbitro no lo
pita porque tiene en cuenta las siguientes razones en conjunto: a) ese defensa
es mucho más pequeñito que el delantero centro al que echó la zancadilla; b)
el defensa cobra mucho menos en su equipo que el delantero centro en el suyo; c) el defensa está pasando por una difícil crisis personal que a veces lo pone
inexplicablemente agresivo; d) el defensa se está acabando de recuperar de una
grave lesión y todavía no es capaz de coordinar bien sus movimientos. ¿Qué
pensaríamos de ese árbitro y de su decisión así justificada? Que es un pésimo
árbitro y que la decisión es absolutamente antirreglamentaria. ¿Por qué ha de
ser distinto un tribunal constitucional? Y no digamos si confundimos la aplicación del reglamento con la predeterminación del resultado de los partidos de
fútbol. ¿Qué opinaríamos si se entendiera que las normas del reglamento futbolístico, que velan por el fair play, tienen como cometido último ayudar a que
cada partido lo gane el equipo que más lo merece y las utilizáramos como disculpa para que la Federación de Fútbol diese como ganador de cada encuentro
al equipo que en justicia merece más la victoria por la calidad y limpieza de su
juego, en lugar de tener en cuenta los goles que cada uno metió y que pueden
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servir para que gane, por pura aritmética, el equipo con memores merecimientos “objetivos”? Pues habríamos acabado con el fútbol. ¿Por qué debe ser distinta la aplicación de las demás normas jurídicas?
Pero sigamos con el Lüth-Urteil. Recojamos un segundo párrafo importantísimo de esta sentencia:
El Tribunal Constitucional ha de examinar si el tribunal ordinario ha juzgado
correctamente el alcance y el efecto del derecho fundamental en el Derecho civil. De ahí resulta, al mismo tiempo, la limitación de su revisión: no es asunto
del Tribunal Constitucional el examinar las sentencias del juez civil desde el
punto de vista de todos sus posibles defectos. El Tribunal Constitucional tiene
meramente que juzgar del ‘efecto de irradiación’ (Austrahlungswirkung) de
los derechos fundamentales sobre el Derecho civil y que hacer valer el contenido valorativo del enunciado constitucional. El sentido del instituto de la
Verfassungsbeschwerde21 es el de que todos los actos del poder legislativo,
ejecutivo y judicial deban ser controlados en cuanto a su ‘adecuación a los
derechos fundamentales’ (Grudrechtsmässigkeit) (§ 90 BVerfGG). Tanto como no está el Tribunal Constitucional llamado a convertirse en una instancia
de revisión o de ‘superrevisión’ frente a los tribunales civiles, tanto menos
puede abstenerse del control de tales sentencias y dejar de lado el desconocimiento que en ellas se haga de las normas y pautas (Normen und Masstäbe) de derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, a día de hoy sigue pronunciando palabras similares unos cientos de veces al año al resolver recursos de
amparo. Pero con ese planteamiento estamos ante una de las más insondables
aporías de la justicia constitucional y una de sus supremas paradojas. Traducido
al lenguaje de los tribunales constitucionales, como el Tribunal Constitucional
español, tenemos que, puesto que no pueden ser instancias de superrevisión y
supercasación, les está vedado dirimir sobre la valoración de la prueba o sobre
la interpretación de la legislación que haya hecho el tribunal ordinario en la de-
Que sería el equivalente del recurso de amparo español.
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cisión que se juzga. Sin embargo, puesto que han de medir el resultado de esa
decisión para ver si en ella se hace a los hechos del caso la justicia que el contenido constitucional del derecho fundamental en juego requiere, lo que el Tribunal Constitucional acaba necesariamente por realizar es una nueva valoración
de esos hechos e incluso una nueva interpretación de la norma, por mucho que
lo niegue para disimular el hecho de que en realidad se ha convertido en esa superrevisión que, conforme a la legalidad constitucional, no debería ser. Y todo
ello es consecuencia de una creencia de fondo, que ya se apuntó en este caso
Lüth: la creencia de que para cada caso en la Constitución está predeterminado
el peso y alcance exacto del derecho fundamental respectivo, cosa que es creíble sólo al precio de pensar que el derecho fundamental es un valor objetivo y
de contornos materiales precisos y cognoscibles, y no un mero enunciado más
o menos indeterminado y con un trasfondo moral, sí, pero nunca tan concreto
como para determinar por sí mismo el peso exacto de tal derecho en el caso. Es
lo que venimos llamando la práctica sacerdotal u oracular del Derecho constitucional por los tribunales constitucionales y que en la sentencia del caso Lüth
encuentra su mejor precedente y su excusa eterna.
El esquema que en la sentencia del caso Lüth queda diseñado puede sintetizarse así. El juez ha de ver si en la aplicación de un precepto legal a un caso
queda afectado negativamente un derecho fundamental. Si resulta que sí, el juez
debe modificar “la interpretación y la aplicación de ese derecho fundamental”.22
No estamos hablando meramente de que haga prevaler la interpretación más
favorable a los derechos fundamentales, sino de que en nombre del núcleo de
valor de ese derecho fundamental que resulta afectado se haga una excepción
a la aplicación de esa norma legal que es constitucional y que vale, se supone,
con carácter general. Todo esto estaría bien si esa afectación negativa del derecho y su alcance exacto fuera algo que el juez pudiera conocer con certeza
y objetividad. Pero tememos que no es así. El juez ve una luz, capta un deste-
La sentencia que ahora comentamos dice: “En virtud del mandato constitucional, el juez ha de examinar si el precepto material jurídico-civil que está aplicando está afectado por un derecho fundamental
del modo descrito. En caso afirmativo, al interpretar y aplicar el precepto jurídico-civil ha de atenerse a
la modificación del Derecho privado que de ahí resulta. Éste es el sentido de la vinculación también del
juez civil a los derechos fundamentales (art. 1, apartado 3 de la Ley Fundamental)”.
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llo, percibe el efecto de irradiación (Austrahlungswirkung) del valor-derecho
sobre el caso. Más precisión que la que pueda haber en esa metáfora naturalista,
de tanto éxito posterior, no se detecta aquí. Con idéntico rigor se podría haber
dicho que el juez oye voces o dialoga con espíritus. Se nos dice en la sentencia
que es “el específico valor” del derecho fundamental lo que ata y determina al
juez. Como si ese valor específico de un derecho fundamental en un caso dado
fuera una magnitud objetiva de la que el juez levanta acta.
¿Y esos valores objetivos dónde viven? El Bundesverfassungsgericht en
esta sentencia se apunta a una de las doctrinas al respecto y difiere en esto de
Dürig. Dice que “se ha de partir ante todo de la totalidad de las ideas de valor
que ha alcanzado en un determinado momento de su desarrollo espiritual y
cultural y que ha fijado en su Constitución”.23 Y se añade que la vía de entrada
en el derecho privado de esos contenidos valorativos propios de los derechos
fundamentales está en las cláusulas generales del tipo de las que apelan a la
buena fe o las buenas costumbres.
3.2. Si el Derecho son valores, la jurisprudencia sólo
puede ser jurisprudencia de valores
Un segundo precedente muy importante del neoconstitucionalismo lo encontramos en aquella dirección de la metodología jurídica alemana que se conoce con
el nombre de Jurisprudencia de Valores (Wertungsjurisprudenz). Situemos esta
doctrina en su contexto histórico y veamos en resumen cuáles son sus tesis.
La crítica a la Jurisprudencia de Conceptos que dominó en Alemania durante el siglo XIX comenzó muy destacadamente con el segundo Jhering, que
inaugura la corriente de la Jurisprudencia Teleológica. Frente al ontologismo
idealista anterior, Jhering insiste en que las normas jurídicas no caen del cielo ni las esencias jurídicas flotan en un éter intemporal. Cada sociedad se da
sus normas en su contexto histórico y para resolver los conflictos y problemas
concretos que en esa sociedad se presentan. El legislador no anda traduciendo
entelequias jurídicas universales y abstractas a normas de derecho positivo,
Tiene gracia que esto se escriba en serio en Alemania en 1958, a sólo trece años del final de aquel
especial desarrollo espiritual y cultural que el pueblo ario alemán alcanzó entre 1933 y 1945.
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legislado, sino que las normas jurídicas se dictan en todo caso con un fin bien
práctico y adquieren, pues, ese carácter instrumental. Ese fin de resolver problemas mediante el Derecho es el que da razón de ser a cada norma y es la clave
para calar en el sentido último de cada una. En consecuencia, el juez que aplica Derecho debe ante todo interrogarse sobre la función práctica de las normas
que vienen al caso y ha de guiar su interpretación por la atención preferente a
ese elemento teleológico. De tal manera, el canon o criterio teleológico cobra
una importancia central en la técnica de aplicación del Derecho, alcanzando así
tal criterio el lugar preferente que aún posee. Lo que en las palabras de la ley
pueda resultar impreciso, dudoso, se aclara mediante la consideración del fin,
debiendo optar el aplicador por aquel significado de los enunciados legales que
mejor sirva a la teleología de la norma, a la finalidad que le otorga su sentido
último. Por tanto, tales consideraciones pragmáticas y esa visión instrumental de la norma desplazan el planteamiento cientificista anterior, que veía en
la interpretación un acto de conocimiento de esencias jurídicas, esencias que se
insertaban en un sistema ideal que se pretendía completo, coherente y capaz
de sentar la solución para cada caso como resultado meramente de ese conocimiento que penetra en la ontología preestablecida de lo jurídico.
En la doctrina alemana la Jurisprudencia de Intereses, creación fundamentalmente de Philip Heck, desplazará la Jurisprudencia Teleológica. Se asume la
teleología de Jhering, pero se pretende una mayor concreción metodológica mediante la indicación de criterios más precisos y manejables. La tesis principal
de la Jurisprudencia de Intereses es que, siendo cierto que el fin es componente
crucial del sentido de la norma, ese fin es siempre el de dirimir un conflicto de
intereses. El legislador toma conciencia de un conflicto entre intereses contrapuestos respecto de un asunto, y mediante la ley da preferencia a uno de tales
intereses en pugna. El conflicto de intereses es el que genéticamente explica la
norma, cuyo fin, en consecuencia, queda así mejor concretado. El intérprete
y aplicador debe, en primer lugar, tomar conciencia de cuál es esa contraposición de intereses a la que la norma responde, en segundo lugar, debe constatar
cuál fue la preferencia que el legislador quiso sentar entre esos intereses enfrentados y, por último, tiene que optar por aquella interpretación y forma de
aplicación que permitan actualizar dicha preferencia en el caso concreto que
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se decide. Heck sintetiza ese planteamiento metodológico diciendo que el juez
ha de aplicar la norma mediante un acto de “obediencia pensante”. “Obediencia” porque no son sus preferencias particulares las que han de predominar al
fijar para el caso el sentido de la norma, sino aquella preferencia del legislador
al dirimir entre intereses contrapuestos. Y “pensante” porque, una vez decaída
la vieja confianza en la perfección del sistema jurídico, en su carácter completo, coherente y claro, el juez no se limita a constatar, a averiguar mediante un
mero acto de conocimiento, mediante un razonamiento puramente “científico”, el significado indubitado de la norma para el caso, sino que tiene propiamente que decidir, debe valorar en medio de la incertidumbre provocada por la
indeterminación semántica de los enunciados legales, las posibles antinomias
y las eventuales lagunas. Pero en lo que se insiste es en que a la hora de llevar
a cabo tales valoraciones el juez ha de situarse en la perspectiva del legislador
y reproducir sus preferencias, de modo que las preferencias subjetivas del juez
diriman solamente cuando no se encuentra norma aplicable o cuando se encuentra ante una antinomia insalvable. Con esto Heck también está tomando
partido por la llamada teoría subjetiva de la interpretación, a tenor de la cual
son los valores del legislador, esos valores que explican la prioridad que el legislador sienta a favor de uno de los intereses, los que han de marcar la pauta
de la interpretación y aplicación de la norma, en lugar de los valores personales del juez o de los valores socialmente dominantes en el momento en que el
caso se decide.
Después de 1945, en Alemania la Jurisprudencia de Intereses será desplazada por la Jurisprudencia de Valores. Ese tránsito responde a varios motivos.
Uno, muy destacado, tiene que ver con la crisis en que cae la teoría subjetiva
de la interpretación, a la que Heck se adscribía. No toda la legislación promulgada en tiempos del nazismo será derogada y se mantendrán en vigor muchas
de aquellas leyes que no estaban directamente impregnadas del racismo asesino y totalitario de Hitler y sus secuaces. No perdamos de vista que bajo Hitler
sirvieron con entusiasmo muchas de las mejores cabezas jurídicas de la época, personajes cuya competencia técnico-jurídica era muy alta, aun cuando su
miseria moral resulte sobrecogedora e inexplicable. Así que, a la hora de interpretar y aplicar tales normas que se originaron en tiempos tan turbios, habrá
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que renunciar al criterio de interpretación subjetiva, pues sería un sarcasmo
pretender que su sentido último ha de hallarse averiguando los valores que
movían al legislador nacionalsocialista. Serán necesarios criterios objetivos de
interpretación y los valores que den sentido a la norma no podrán ser los valores subjetivos de su autor, sino los que permitan una aplicación de esas normas
desvinculada de aquella ideología totalitaria, racista y genocida.
Tampoco es desdeñable, a la hora de explicar esa mutación doctrinal,
la propia peripecia personal de muchos de los autores que la realizan. La mayoría
de ellos habían contribuido con la mayor entrega a construir la teoría jurídica
nazi y habían escrito páginas vergonzosas de exaltación de la voluntad del
Führer como suprema fuente del Derecho, de defensa de la muerte civil y la ausencia de derechos de los judíos, de promoción de la idea de pueblo (Volk) como
supremo principio rector del Derecho e inspirador de la interpretación y aplicación del Derecho, o habían justificado las violaciones radicales de la Constitución
de Weimar, nunca formalmente derogada, como “revolución constitucional”
que realiza los valores más profundos de aquella Constitución mediante la vulneración de sus partes accesorias o menos esenciales para la vida del Estado y
la salud del pueblo alemán. Después de 1945, uno solo de aquellos juristas del
nazismo, Carl Schmitt, hizo de cabeza de turco y pagó por todos los demás, pese a que bien pronto había caído en desgracia bajo el propio régimen de Hitler
y a que, pese a lo atroz y radical de muchos de sus escritos entre 1933 y 1936,
no ocupó en tal régimen los puestos de mayor influencia y mayor compromiso
en las instituciones académicas, normativas y judiciales. Tras la guerra y en la
Alemania de la Ley Fundamental de Bonn, serán otros, no menos convencidos
nazis anteriormente, los que vuelvan a ocupar las cátedras y a copar los parlamentos y los altos tribunales.24 Por mencionar sólo algunos nombres, piénsese
en Hermann Weinkauff, Presidente en los años cincuenta del Tribunal Supremo
Alemán e impulsor de la jurisprudencia de corte fuertemente iusnaturalista de
Sobre esto último, véase por ejemplo el documentado estudio de Marc von Miquel, “Juristen:
Richter in eigener Sache”, en N. Frey (ed.), Hitlers Eliten nach 1945, München, dtv, 2ª ed., 2004,
pp. 165 ss.
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dicho Tribunal en ese tiempo; o en Kart Larenz, uno de los máximos impulsores
de esta Jurisprudencia de Valores a la que nos estamos refiriendo.25
Sin embargo, una cosa conservan todos esos autores, pues la mantuvieron después de 1933 e igualmente en los años cincuenta: su aversión al
positivismo y su desprecio a Kelsen. Sólo que cuando Hitler afirmaban que el
“perro judío” Kelsen disolvía las verdaderas esencias del Derecho alemán con
su doctrina liberal y su teoría formal de la validez jurídica, mientras que, caído el
nazismo, lo utilizarán como chivo expiatorio para explicar que el Derecho nazi
y la entregada obediencia de todos ellos a sus normas habían sido posibles por
estar, bajo el nazismo, impregnada de positivismo kelseniano la teoría jurídica
alemana. Siempre la fobia a Kelsen en nombre de los valores “jurídicos”, aunque cambiando de valores cuando cambiaban los tiempos.
Puede que tampoco sea ocioso preguntarse a qué intereses políticos servía
esa lectura de la Ley Fundamental de Bonn en clave axiológica, como orden
objetivo de valores, y la consiguiente relectura de todo el ordenamiento jurídico
en esa clave “constitucional”, en una República Federal Alemana férreamente dominada en aquellos tiempos por un muy conservador partido demócratacristiano y, con ese partido, la Administración y la alta judicatura plagados de
antiguos militantes, funcionarios, fiscales y jueces del nazismo. Pero ese es tema en el que no toca profundizar aquí y que sería competencia de una exigente
y útil Sociología del Derecho, si la hubiera.
La lista de nombres de grandes juristas con pasada militancia nazi y fervorosos propagandistas
de la teoría jurídica hitleriana que se pasan con armas y bagajes a la fe iusnaturalista y/o se convierten
en defensores encendidos de una concepción axiológica del Derecho y de una visión de la Constitución
de 1949 como orden de valores suprapositivos es amplísima. Mencionemos algunos: Henkel, Forsthoff,
Hamel, Maunz, Scheuner, Koellreuter, Huber, W.Weber, Wieacker, Hueck, Nipperdey, Palandt, Schaffstein, W.Merkl, H.Gerber, Ipsen, Herrfahrdt, Berber, Schwinge, Larenz... (Cfr. D. Majer, Grundlagen des
nationalsozialistischen Rechtssystems, Stuttgart, etc., Kohlhammer, 1987, p. 26. Tal vez el caso más
sonado acabó siendo el de Theodor Maunz, sobre el que puede verse el contundente veredicto de M.
Stolleis, “Theodor Maunz –Ein Staatsrechtslehrerleben”, en Stolleis, M., Recht und Unrecht. Studien zur
Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Frankfurt M., Suhrkamp, 1994, pp. 306 ss. No se olvide,
por mencionar otro caso espectacular, lo que sobre Metzger, el gran penalista, acabaron revelando las
contundentes investigaciones de Muñoz Conde en época aún reciente (Cfr. F. Muñoz Conde, Edmund
Metzger y el Derecho penal de su tiempo: los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y
finalismo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000).
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Después de esas pinceladas sobre el contexto, retomemos las tesis de la
Jurisprudencia de Valores. Se asume lo que de acertado había en la Jurisprudencia Teleológica y en la Jurisprudencia de Intereses, pero, de nuevo, se insiste en
que hay que ir un paso más allá y concretar mejor las pautas metodológicas.
Las normas jurídicas dirimen conflictos de intereses, pero tales elecciones no
han de verse ni como preferencias coyunturales del legislador ni como puro y
simple imperio de la política cotidiana sobre el Derecho. Las prioridades que entre intereses disponen las normas deben contemplarse como expresión de los
valores que en el fondo gobiernan todo verdadero Derecho. Las preferencias
manifestadas por el legislador de la ley o bien son plasmación de tales valores o bien deben completarse o corregirse, en el momento de la interpretación
y aplicación de la ley, tomando en cuenta los valores objetivos del verdadero
Derecho, del Derecho materialmente correcto (richtiges Recht), del derecho
justo. El sistema jurídico es, en su esencia o en sus cimientos, un sistema de
valores, ordenados por su grado de generalidad, de modo que los valores más
generales, comenzando por el de la justicia, se despliegan y concretan en valores más precisos, y así sucesivamente en una escala descendente. Están en la
cima los valores primeros y más abarcadores, que son la inspiración y dan el
sentido último al sistema todo. En el siguiente escalón aparecen aquellos grandes valores, primera concreción de esos más altos, que alientan el Derecho público y el Derecho privado. Seguidamente, en orden descendente, nos topamos
con los valores que otorgan razón de ser a cada rama del Derecho público o a
cada una del Derecho privado. Por ejemplo, si hablamos de Derecho privado,
son valores específicos los que justifican la autonomía disciplinar y funcional
del Derecho mercantil o del Derecho Civil. Descendiendo un peldaño más en
el sistema, cada sector del Derecho civil (el Derecho de familia, el Derecho de
los derechos reales, el Derecho de obligaciones…), por ejemplo, está presidido
por sus propios valores, concreción sucesiva de aquellos otros anteriores. Y, por
seguir ejemplificando, cada apartado disciplinar del Derecho de familia (el derecho matrimonial, el Derecho de menores…) recibe su coherencia sistemática
de valores específicos. Así hasta llegar a cada norma en particular, que deberá
ser interpretada, completada, integrada y, en su caso, incluso, corregida por el
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juez desde la consideración de ese sustrato axiológico que le otorga su sentido,
que es, por consiguiente, un sentido axiológico.26
Una vez más reaparece en la doctrina jurídica alemana la idea del sistema
jurídico como orden escalonado de entidades ideales, supraempíricas, jerarquizadas por su grado de generalidad, tal como era propio de la Jurisprudencia
de Conceptos. Pero donde esta ponía categorías jurídicas abstractas de contenido intemporal (negocio jurídico, contrato, testamento, propiedad, compraventa, arrendamiento…, con la autonomía de la voluntad en la cúspide de la
pirámide), la Jurisprudencia de Valores va a situar otro tipo de entes ideales:
valores de contenido objetivo. Aquella ontología idealista específicamente jurídica es ahora reemplazada por una ontología, también idealista, pero cuyas
entidades son entidades morales. Con ello, la moral pasa a ser parte del Derecho, pues el sentido último de las normas jurídicas y el fundamento de su significado práctico no puede ser sino un sentido moral derivado de la naturaleza
moral que en el fondo tiene el sistema jurídico, tanto en su conjunto como en
cada una de sus partes.
Se produce así un desdoblamiento radical del sistema jurídico,27 en el que
se superponen dos partes. Una, superficial, que consta de las normas positivas, formalmente jerarquizadas y sometidas a esquemas formales de validez.
Otra, profunda y esencial, compuesta por valores. La primera es la que se ve,
es la parte empírica; la segunda es la que sólo se puede captar mediante un esmerado esfuerzo de la razón práctica, pues es supraempírica, ideal, filosófica.
De la misma manera que cuando vemos un edificio alto de muchos pisos nos
engañamos sobre su estructura y su fundamento arquitectónico si desconocemos que son los profundos cimientos y las sólidas estructuras internas los que
permiten que se mantenga en pie tan vistosamente, una teoría o una práctica del Derecho que sólo se atenga a la letra de los enunciados jurídicos y a los
mecanismos formales, “externos”, de validez, de relación entre sus normas,
Posiblemente la exposición más completa y acabada de tales planteamientos la podemos encontrar en la obra de Claus-Wilhelm Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, cuya
primera edición es del año 1969. Este libro ha sido traducido por mí al castellano, con el titulo El sistema en la Jurisprudencia (Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1998).
Malévolamente también se podría hablar de un sistema jurídico esquizofrénico, con dos personalidades mejor o peor avenidas, pero dos.
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desconocería que el verdadero sustento de todo Derecho posible, su cimiento,
está conformado por los valores que le insuflan su sentido y por las columnas
que forman unas relaciones entre esas normas que son relaciones “materiales”,
esquemas sustanciales de validez, no meramente formales.
La imagen del Derecho que así se proyecta resulta sumamente atractiva
con tal de que no nos preguntemos por la fuente o el fundamento de tales valores “objetivos” y por el tipo de relación que entre ellos se traba. ¿Cómo son y
de dónde provienen esas entidades axiológicas que soportan el edificio jurídico
y que, según la Jurisprudencia de Valores, deben ser la guía de toda interpretación y aplicación de las normas? En este punto los diversos autores que pueden
ser adscritos a esta doctrina se van a diferenciar grandemente. Muy socorrido
en los primeros de ellos será el recurso a una filosofía material de los valores
del tipo de la propugnada por Max Scheler o Nicolai Hartmann. Aquí podemos
mencionar como representativo a Hubmann. Otros, como Larenz, tratarán de
elaborar los contenidos esenciales de un sistema de valores “jurídicos”, aun
cuando su impronta originaria sea moral. En fin, otros argumentarán que tales
valores, que son guía y soporte del Derecho, son los valores vigentes en la comunidad o los valores culturales que aglutinan a dicha comunidad. Este último
enfoque estaba muy presente en la doctrina alemana de los años cincuenta,
tal vez como resabio del “comunitarismo” radical del que se había participado
en tiempos del totalitarismo anterior. Por supuesto, esta “socialización” de los
valores morales esenciales, esa asignación a los valores fundamentales que
inspiran la moral social que subyace al sistema jurídico en cada momento, nos
lleva a pensar en lo que posteriormente será la teoría de Dworkin, aun cuando es más que dudoso que Dworkin tuviera alguna información mínimamente
solvente sobre los parentescos de su doctrina con la Jurisprudencia de Valores
alemana anterior a él. Por fin, no puede desconocerse que algunos de los más
influyentes autores de esta corriente están dando por sentado los valores propios de un iusnaturalismo de raíz religiosa. En esto último cabe mencionar al
mismo Dürig, antes citado, quien, al sostener que la Constitución tiene su raíz
y su esencia en un orden objetivo de valores, da por evidente, como vimos, que
tales valores son los propios del cristianismo.
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Así pues, la Jurisprudencia de Valores se mueve entre la duda y la indefinición a la hora de establecer dónde se encuentran, cómo son, cuál es el contenido y cómo se conocen con una mínima certeza esos valores que formarían
el esqueleto moral del sistema jurídico y que deben dirigir la labor judicial. A
tal inconcreción se añaden algunas dificultades más, especialmente la que se
deriva de lo que podemos denominar el armonicismo axiológico que se presupone. Refirámonos a esto último.
Llamamos armonicistas a aquellas concepciones axiológicas o moralizantes del Derecho que afirman no sólo que a las normas jurídicas y al sistema
jurídico todo subyacen valores morales, sino que estiman que ese sistema de
fondo, moral y jurídico al tiempo, se articula de modo coherente y, además, tiene la capacidad para proporcionar la solución correcta para cada caso, o poco
menos. Los valores se estructuran y conviven armónicamente en tal sistema,
de manera que cada uno tiene su ámbito de aplicación y abarca los casos que
le pertenecen. De esa manera, los conflictos entre esos valores “jurídicos” se
resuelven mediante la prevalencia objetiva de uno u otro valor y de su correspondiente solución, quedando descartados los conflictos entre valores desde
los que se propugnen soluciones diversas para los casos o dándose por sentado que hay vías de conocimiento en el aplicador del Derecho para que esos
conflictos axiológicos se resuelvan mediante la constatación objetiva de cuál
es en el fondo la solución verdadera y, como tal, debida, dictada unívocamente por el sistema.
Que el sistema jurídico y sus normas son el reflejo de elecciones valorativas, que, como dato fáctico, los contenidos del Derecho positivo no caen de las
nubes, sino que reflejan los valores y el sistema moral con el que comulgan los
autores de la norma o que son admisibles por el conjunto de la sociedad, es dato
que no negará ni el más recalcitrante positivista. Y menos aún se discutirá que
cabe una lectura (o varias) moral de las constituciones. Lo que se cuestionará
desde perspectivas positivistas serán dos cosas, conjunta o alternativamente.
Una, que la objetividad de esos valores vaya más allá del dato empírico, del hecho de ser las preferencias personales de un individuo o un grupo, preferencias
ideológica, social e históricamente condicionadas. Por consiguiente, se pondrá
en duda la “objetividad” de esos valores en cuanto entidades morales ideales y
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más allá de su objetividad puramente empírica como preferencias personales.
Que una Constitución refleje, al menos en sus mínimos, una concepción de la
justicia socialmente vigente no implica que esa justicia sea un valor objetivo y
cuyos contenidos sean ajenos a o independientes de esas preferencias. Lo otro
que se pondrá en duda es que la convivencia entre esos valores morales juridificados sea pacífica, armónica. A tal armonicismo se opondrá una idea dia
léctica o conflictualista de los valores morales que inspiran o materialmente generan los contenidos de la legalidad. Es fácil y poco menos que tópico afirmar
que el Derecho civil tiene su eje valorativo en la idea de libertad individual, que
como principio jurídico se traduce en la noción de autonomía de la voluntad.
E igualmente es bastante obvio que el Derecho laboral se apoya en un principio
protector de la paridad de las partes, amparador de la parte más débil a la hora
de establecer las condiciones del contrato de trabajo o de la prestación laboral,
con lo que el Derecho laboral tiene su razón de ser precisamente en restringir
la libertad, la autonomía de la voluntad de las partes en la relación de trabajo,
restricción que acontece en nombre de la igualdad. ¿Conviven, pues, pacíficamente dentro del sistema jurídico libertad e igualdad? ¿Se acompasan armónicamente, de modo que, en los casos difíciles, de conflicto entre ambos valores,
unas veces amablemente cede el uno y otras el otro, siendo esa cesión dato objetivo que el propio sistema jurídico-axiológico determina y no pura preferencia
mediante la que el juez resuelve una disputa que tiene en cada uno de sus polos
sustento en valores jurídicos y en principios y derechos constitucionales? Hace
falta un optimismo idealista más que notable para creer lo primero.
Las mismas constituciones contemporáneas ciertamente pueden verse como juridificadoras de valores, pero de valores plurales, heterogéneos y que entran en conflicto en los casos difíciles, que son aquellos en los que cada una de
las partes argumenta respaldada por un principio o derecho constitucional. En
la Constitución está la libertad como valor que expresamente se afirma y que se
plasma en numerosos derechos de libertad, en libertades constitucionalmente
garantizadas. Pero también está la igualdad, tanto la igualdad material como la
igualdad formal o prohibición de discriminación en la ley o en la aplicación de
la ley. Cuando un tribunal constitucional juzga, por ejemplo, de la constitucionalidad o no de medidas legales de discriminación positiva o acción afirmativa,
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¿acota, mediante su interpretación de las respectivas cláusulas constitucionales, el alcance de los respectivos derechos o averigua, descubre, constata lo que
objetivamente dispone como solución para ese caso la Constitución axiológica,
el orden objetivo de valores en que la Constitución consiste en última instancia?
Si es esto último, no hay más remedio que creer que el sistema jurídico, así entendido como orden objetivo de valores, reviste aquellas viejas cualidades que
en el siglo XIX le asignaba el positivismo ingenuo, aunque con otra base: es
completo, coherente y claro, por todo lo cual él es el que aporta las soluciones
que el juez se limita a descubrir mediante el adecuado método de conocimiento
jurídico. En cambio, si se concede que es lo primero, que por mucho que estén
presentes valores en la Constitución y por muy objetivos que estos se pretendan en sus contenidos, tales valores no son capaces de resolver por sí sus propios conflictos, dándole al juez la solución para el caso, se torna metodológica
y prácticamente intrascendente tal afirmación de que en la Constitución vive un
orden objetivo de valores. A estos efectos, y sólo a estos, da igual decir que el
juez interpreta y concreta esos valores o que interpreta y concreta los enunciados lingüísticos en los que las normas jurídicas consisten, pues, a fin de cuentas, las soluciones para los casos las pondrá el juez mediante sus preferencias
y con sus argumentos personales, y no el sistema jurídico mismo.
Recapitulando lo hasta aquí dicho, en este punto vemos que las aparentemente novedosas tesis del neoconstitucionalismo actual tienen completísimo
precedente en esa síntesis entre la corriente doctrinal denominada Jurisprudencia de Valores y el constitucionalismo axiológico que dominó la teoría y la práctica constitucional alemana en los años sesenta del siglo XX. Sumado lo uno
y lo otro, tendríamos que el sistema jurídico es en su fondo o principal sustancia un sistema axiológico, que los valores que están en la cima de tal sistema
han sido positivados en la Constitución y que, en consecuencia, la Constitución
es simultáneamente la norma suprema del sistema jurídico y del sistema de
la moral objetiva. El Derecho se moraliza y la moral se juridifica, y moral objetiva y verdadera y Derecho objetivo y verdadero serán la misma cosa. Lo que
para cada caso ese sistema bipolar o desdoblado determine lo descubrirán en
última instancia los jueces, que habrán de ser, se supone, no sólo buenos técnicos del Derecho, sino supremos sacerdotes de la verdad moral, intérpretes ya
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no sólo del significado de los enunciados constitucionales y legales, sino, y por
encima de eso, sumos garantes de la vigencia y objetiva efectividad de la verdadera moral y la auténtica justicia.
A la hora de construir por acumulación de materiales el corpus del neoconstitucionalismo actual, se sumarán ulteriormente otros dos aportes capitales. El
primero, el de Dworkin y su reconstrucción antihartiana del sistema jurídico y
de los fundamentos de la decisión judicial correcta. El segundo, el de Alexy y su
reelaboración y síntesis del “método” que venía siendo empleado por algunos
tribunales constitucionales, y paradigmáticamente el alemán, para presentar
sus decisiones en los casos de conflictos entre principios y/o derechos constitucionales como resultado de una apreciación objetiva y no como preferencias
legítimas y argumentadas del que tiene la última palabra. Ese método es el de
la ponderación. Pero para hablar de estas cuestiones ya no queda espacio en
Cruz de Landázuri, Luis M., La Constitución como orden de valores, Granada, Comares, 2005.
Dürig, Günter, Kommentierung der Artikel 1 und 2 Grundgesetz, München, Beck,
Majer, D., Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems, Stuttgart,
Kohlhammer, 1987.
Müller, I., Furchbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz,
München, Kindler Verlag, 1987.
Muñoz Conde, F., Edmund Metzger y el Derecho penal de su tiempo: los orígenes
ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, Valencia, Tirant
lo Blanch, 2000.
Rüthers, B., Geschönte Geschichten –Geschonte Biographien, Tübingen, Mohr,
Sastre Ariza, S., “La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo”, en: M. Carbonell (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003.
Stolleis, M., Recht und Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Frankfurt M., Suhrkamp, 1994.
Controversias constitucionales_final.indd 68
Von Miquel, Marc, “Juristen: Richter in eigener Sache”, en N. Frey (ed.), Hitlers
Eliten nach 1945, München, dtv, 2ª ed., 2004.
Wesel, U., Der Gang nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik, Manchen, Karl Blessing, 2004.
Controversias constitucionales_final.indd 69
Carteles WTF? Absurder You had one job FAILs
antonio martinez baez ~ el trasfondo constitucional del movimiento
Nº 3 - Universidad de Palermo
¡Los sindicatos exigen comercio justo!
Ver Documento - Poder Judicial
Mil años de poesía europea Francisco Rico
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References: artículo 1
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 resolución 
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 1271
 artículo 81
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo
19
 artículo 1
 artículo 79
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
in dubio
in dubio

artículo 1
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
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