Source: http://ignacioconstantino.com/2011/04/
Timestamp: 2018-09-22 11:31:46+00:00

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abril 2011 - Ignacio Constantino
Aspectos a tener en cuenta en la RENTA 2010
25/04/2011 /0 Comentarios/en Noticias /por emartin
Los borradores que se envían desde el Ministerio de Economía y Hacienda en muchos casos contienen errores. Recomendamos que se revisen antes de confirmarlos.
En este sentido los errores más comunes son los siguientes:
– Matrimonios o separaciones producidos en 2010: estos datos no suelen estar actualizados y tanto las pensiones alimentarias a los hijos como las compensatorias al ex cónyuge desgravan. Así mismo en el caso de los matrimonios separados, el cónyuge que abandona la vivienda, aunque ya no viva en ella, puede deducirse la parte proporcional de la hipoteca que sufraga.
– Nacimientos o adopciones en 2010: la desaparición de las ayudas por nacimiento o adopción entró en vigor el 1 de enero de 2011 con lo cual sí que debe tenerse en cuenta en la declaración del 2010.
– Desajustes en el importe global de la deducción por maternidad. Aquí debe tenerse en cuenta que, en el caso de madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, puede deducirse hasta 1.200 euros anuales por cada niño. A veces puede haber desajustes, sobre todo si se cobra del INEM, porque en los borradores no se discierne el tiempo de desempleo, aunque se tenga derecho a deducción.
– Vivienda habitual: aunque la desgravación por vivienda ha desaparecido este año, en el ejercicio del año 2010 las compras de primeras residencias sí que desgravan. Además, en el caso de las cuentas vivienda con varios titulares (por ejemplo una pareja) debe revisarse que aparecen los dos interesados ya que muchas veces hay errores.
– Seguros por incendios del hogar o de vida exigidos al constituir la hipoteca: estas cantidades pueden incluirse en la desgravación por vivienda.
– Compensación de porcentajes incrementados de deducción por vivienda. Se tiene derecho a una Compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual por la diferencia de normativa vigente hasta 2.006 (los primeros 4.500 euros de cuotas hipotecarias pagadas a los tipos incrementados del 20%, o 25% en los dos años siguientes a la compra, y el resto de cuotas hipotecarias pagadas al 15%) frente a la nueva deducción anunciada esa fecha (únicamente el 15%).
– Las donaciones que son deducibles no suelen aparecer en el borrador si no existen certificados.
– Hay que revisar que las novedades en materia fiscal de la Comunidad Autonómica está contempladas y, por tanto, los posibles beneficios.
– Por último, si en otros ejercicios se hubieran declarado rentas de trabajo no sujetas a retención y no se hubiera corregido, seguirán apareciendo en el borrador.
Hemeroteca Mayo 2011
20/04/2011 /0 Comentarios/en Hemeroteca /por emartin
UPTA PIDE QUE LOS JÓVENES QUE SE HAGAN AUTÓNOMOS PUEDAN BONIFICARSE EL 100% DE LAS CUOTAS
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido que los jóvenes que decidan ejercer una actividad por cuenta propia puedan bonificarse el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social en lugar del 30%, como sucede actualmente.
La organización de autónomos ha recordado que el nuevo plan de choque contra el paro bonifica el 100% de las cuotas a aquellos empresarios con menos de 250 trabajadores que contraten a tiempo parcial a jóvenes o parados de larga duración.
UPTA ha explicado que una de las medidas que ha tenido un mayor estímulo en los últimos años entre los jóvenes fue la de poder acceder a bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en un 30%, medida aprobada en 2007.
SALGADO CALCULA QUE LA REFORMA DE LAS PENSIONES SUPONDRÁ UN AHORRO DE 3,5 PUNTOS DEL PIB EN 2050
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el esquema de reforma de pensiones que plantea el Gobierno permitirá un “ahorro” de 3,5 puntos del PIB, que permitirá reducir a la mitad el incremento previsto del gasto en pensiones hasta 2050 y situará a España en la media de los grandes países europeos, al tiempo que reducirá la percepción de riesgo de la economía española.
Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha defendido que se trata de la “mejor de las posibles” porque cuenta con el aval de los agentes sociales y el Pacto de Toledo, y garantizará “más y mejores pensiones” para el futuro.
Durante la comparecencia de ambos ante la Comisión del Pacto de Toledo para defender la reforma de las pensiones, Salgado ha asegurado que la reforma permitirá pasar de un “riesgo alto” a un “riesgo medio” en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que llegará a “bajo” gracias al proceso de consolidación fiscal.
Y es que Salgado ha justificado la necesidad de aprobar esta reforma “ahora que hay tiempo” porque la evolución demográfica de España a futuro repercute en la valoración hoy mismo de la economía española y de la prima de riesgo, lo que ocasionaría más subidas de los tipos, con el consiguiente encarecimiento de la deuda pública y la financiación de los hogares, ha asegurado.
OCAÑA ASEGURA QUE HACIENDA NO IRÁ «EN CONTRA DE LOS PARADOS» AL INVESTIGAR RENTAS SIN DECLARAR EN 2011
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha asegurado que la intención de Hacienda de estrechar el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y al mismo tiempo cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social responde a la necesidad de reducir la economía sumergida y “no va en contra de los parados”.
Ocaña hizo estas aclaraciones en rueda de prensa conjunta con el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López-Carbajo, en la que avanzaron las directrices del plan de prevención y lucha contra el fraude para 2011.
Así, la persecución de las rentas no declaradas será uno de los puntales de las actuaciones de inspección este año, para lo que la AEAT prevé realizar actuaciones conjuntas con la Seguridad Social “en poco tiempo”, según López-Carbajo.
Por otro lado, Ocaña explicó que el plan de lucha contra el fraude de 2011 dará “continuidad” a las actuaciones de la agencia y potenciará actuaciones de investigación enfocadas en los procesos de ingeniería fiscal a gran escala y de planificación fiscal dirigida al fraude, es decir, aquellos fraudes con mayor grado de “sofisticación”.
Asimismo, Hacienda tratará de reforzar las actuaciones sobre las operaciones de cobro en efectivo y ampliar la colaboración con las comunidades autónomas para un mejor control de los tributos cedidos.
En total, ATA ha remitido a los partidos políticos cuatro enmiendas. En otra, la organización de autónomos plantea la implantación de exenciones, devoluciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para determinados colectivos de autónomos que hayan experimentado caídas en su actividad, todo con el objetivo de que no opten por la economía sumergida.
Asimismo, la organización que preside Lorenzo Amor pide que las subidas anuales de las bases de cotización sean consensuadas con los representantes de los autónomos y discutidas en el marco del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.
Los técnicos de Hacienda proponen cambios para un mejor reparto de las cargas fiscales y mejorar el control del gasto público.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012
El 57,13% de las compañías no respetan las condiciones de pago pactadas con sus proveedores, según un estudio realizado por Informa D&B con datos a 31 de diciembre de 2010. Así pues, las empresas que cumplen con los pagos a tiempo retroceden al 42,87%, frente al 44,94% que lo hacía a 30 de junio. Los importes de las facturas analizadas suman 8.130.582.697 euros, de los que se pagó puntualmente el 26,99%. El plazo medio de retraso de pago sobre las condiciones pactadas fue de 20,87 días, una ligera mejora de 0,05 días respecto al mismo dato a 30 de junio de 2010.
Por tipo de empresas, el 50,03% de las microempresas y el 41,42% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados frente al 7,95% de las medianas y el 8,21% de las grandes empresas. Sin embargo, una vez superados los 120 días de retraso, las empresas pequeñas tienen más dificultades, pues un 7,22% de micros y un 5,03% de pequeñas empresas se encuentran en esta situación, frente al 1,39% y el 2,37% de medianas y grandes empresas, respectivamente.
LOS 426 EUROS HAN BENEFICIADO A 824.270 PERSONAS, DE LOS QUE EL 34% HA ENCONTRADO EMPLEO
La secretaria del Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que el programa temporal por desempleo e inversión (PRODI), que contempla ayudas de 426 euros mensuales a parados sin prestación ni subsidio y estará en vigor hasta el 15 de febrero, ha beneficiado ya a un total de 824.270 personas, de las que un 34% lo han abandonado al encontrar empleo.
Rodríguez ha admitido que el “grado de eficacia” de cada uno de los programas “difiere mucho”, si bien ha destacado que la principal política activa de empleo, la destinada a la recualificación profesional, ha permitido que 6 de cada 10 de sus beneficiarios sean contratados en los tres meses siguientes al recibir los cursos, un dato que resalta aún más en el mercado laboral actual, que mantiene un “bajo dinamismo”.
Respecto al programa que sustituirá al PRODI, Rodríguez ha explicado que se basa en el “derecho” de los beneficiarios a entrar en los itinerarios, a participar en acciones de formación y “en algunos casos, según sus rentas” a percibir una ayuda económica de acompañamiento. No obstante, para llegar a esta última fase hay que pasar antes por los dos requisitos anteriores, de forma que esté vinculada con el carácter de política activa del programa. “Eso es lo que quiere la persona en situación de desempleo”, ha remarcado Rodríguez.
EL GOBIERNO PONE 600 MILLONES EN AVALES A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES Y PYMES
El Gobierno ha puesto 600 millones de euros en avales a disposición de emprendedores y PYMES a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), organismo adscrito al Ministerio de Industria Turismo y Comercio, según ha anunciado la secretaria general del Departamento, Teresa Santero.
Concretamente, el Ejecutivo asegura una cobertura de la mitad de los 1.200 millones de euros de garantías financieras que las sociedades de garantía recíproca (SGR) esperan otorgar a más de 8.000 emprendedores y pymes, la mayoría para proyectos innovadores, lo que podría movilizar hasta 2.500 millones de inversión.
El objeto de los contratos firmados es la cobertura parcial de las provisiones y los fallidos que se deriven del riesgo asumido en 2011 por estas sociedades de garantía recíproca con emprendedores y pymes. Las SGR ofrecen garantías financieras a proyectos viables, mejoran las condiciones de financiación ofrecidas por entidades financieras y desarrollan labores de asesoramiento financiero.
Para asumir la mitad del riesgo, Cersa ha incrementado sus recursos propios un 38% a través de una ampliación de capital, incremento que se suma al crecimiento de más del 60% acometido a lo largo del pasado ejercicio, agregó la secretaria general de Industria.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y el director adjunto de esta patronal, José María Méndez, asistieron a la firma de contratos de reafianzamientos entre Cersa y las 23 sociedades de garantía recíproca.
Normativa Mayo 2011
20/04/2011 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5/3/2011)
Contabilidad Septiembre 2011
20/04/2011 /0 Comentarios/en Contabilidad /por emartin
Nueva información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010
La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 presenta dos novedades respecto los ejercicios anteriores. En primer lugar, aparece la obligación por parte de los administradores de informar de cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con el interés de la sociedad y comunicar su participación directa o indirecta en sociedades con la misma o análoga actividad. En segundo lugar, se incorpora la obligación de informar sobre el número de días en que la empresa supera los plazos de pago a los proveedores fijados por la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
A lo largo de este artículo, queremos detallar la nueva información que la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2010 deberá de contener, y que supone una novedad con respecto a lo que se venía exigiendo en la memoria en ejercicios anteriores. A su vez, analizaremos la dificultad que puede acarrear la obtención de la información solicitada en la memoria, especialmente en relación a los plazos de pago de proveedores.
En concreto, son dos las novedades que afectan a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales.
En primer lugar, hay que hacer mención al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En base al artículo 229 de dicho texto refundido se establece lo siguiente:
Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados anteriores serán objeto de información en la memoria.
Este nuevo artículo 229, viene a derogar el artículo 127-ter de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, por lo que la información relativa a las situaciones de conflicto de intereses ya no sólo se hace exigible a las Sociedades Anónimas, sino a todas las contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, también a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, y las Sociedades Comanditarias por acciones.
A continuación se detallan las personas, físicas o jurídicas, que se consideran vinculadas a los administradores, de acuerdo con el artículo 231 del citado texto refundido:
1. Tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores:
La segunda novedad que afecta a la memoria, la encontramos en la Ley 15/2010, de 5 de julio de 2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En base a dicha Ley, todas las Sociedades, deberán informar, de forma expresa, sobre los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales, siendo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas quien resolverá sobre la información oportuna a incorporar en las mismas.
Así, el 29 de diciembre de 2010 el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dictó resolución sobre la información a incorporar en la memoria en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En base a dicha resolución nos gustaría destacar los siguientes aspectos:
Tienen la obligación de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores las empresas que deban elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o aquellas que las elaboren de manera voluntaria. Las empresas que formulen las cuentas anuales consolidadas también tienen la obligación de informar al respecto, si bien se incluyen exclusivamente a las empresas radicadas en España que se consoliden por el método de integración global o proporcional.
Se exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Así, y puesto que la Sociedad puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien o servicio del que se trate, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento, se ha considerado emplear el indicador Plazo medio ponderado excedido de pagos (PMPE).
PMPE =
∑ (cada uno de los pagos realizados a proveedores con aplazamiento superior al legal * Nº de días de aplazamiento excedido)
/ ∑ total de pagos realizados en el ejercicio con aplazamiento superior al legal
El deber de información afecta exclusivamente a las operaciones comerciales de pago, es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios. Por lo tanto, quedan fuera de la norma los acreedores o proveedores que no cumplan tal condición como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.
Con objeto de poder apreciar el grado de cumplimiento de la norma, las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:
La denominación de nota será la siguiente: «Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio».
Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo entre los que se hayan realizado dentro del plazo máximo legal de los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.
Saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio que acumule un aplazamiento superior al permitido por la Ley.
TOTAL PAGOS EJERCICIO 100 100
Aplazamiento que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal
** El plazo máximo legal será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad.
En relación a este punto, debemos mencionar que las pequeñas y medianas empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del PMPE. No obstante, tan sólo en el supuesto en que dichas empresas se incluyan en el conjunto consolidable de una sociedad española, se verán obligadas a cumplimentar la totalidad de la información, incluyendo el PMPE.
La información de las cuentas anuales consolidadas estará referida a los proveedores del grupo, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas dependientes y, en su caso, de las empresas multigrupo. El cuadro sólo recogerá información correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.
A continuación y a modo informativo, adjuntamos un cuadro resumen con los plazos legales marcados por la Ley de lucha contra la morosidad:
Período Plazo máximo de pago régimen general y productos de alimentación no frescos o no perecederos Plazo máximo de pago para los productos de alimentación perecederos Plazo máximo de pago para las Administraciones Públicas Plazo máximo de pago para las empresas constructoras de
Desde la entrada en vigor de la Ley hasta el
31/12/2010 85 días 30 días 55 días 120 días
1/01/2011 hasta
el 31/12/2011 85 días 30 días 50 días 120 días
1/01/2012 hasta
el 31/12/2012 75 días 30 días 40 días 90 días
1/01/2013 60 días 30 días 30 días 60 días
La resolución del ICAC establece una disposición transitoria relativa a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación, es decir, de la memoria del ejercicio 2010. Así, en este primer ejercicio de aplicación, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Tampoco se presentará información comparativa al respecto.
Finalmente, debemos mencionar que, si bien conceptualmente los requisitos de información exigidos por la resolución del ICAC son claros, la obtención de la información solicitada, especialmente a partir del segundo año de aplicación requerirá sin duda alguna la adaptación de los sistemas de información de las empresas, con el consiguiente coste que ello pudiera acarrear.
Mercantil y Civil Mayo 2011
20/04/2011 /0 Comentarios/en Mercantil y civil /por emartin
Reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital. Comentarios al Proyecto de Ley
Como ya comentamos en nuestra revista de diciembre, el pasado 1 de septiembre de 2010 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La norma, haciendo gala de la decidida voluntad de provisionalidad a que hacía referencia el apartado V de la Exposición de Motivos, no ha tardado en verse modificada. En Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2011 se aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Sociedades de Capital, y a este texto es al que vamos a dedicar el comentario de ahora.
FINALIDAD Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
El Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2011, viene a modificar y completar la Ley de Sociedades de Capital, con la clara intención de recorrer el camino que dirige a una modernización de la regulación de las sociedades mercantiles, en muchos casos decimonónica.
La norma presentada por el Gobierno tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del Derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.
En segundo lugar, y en otro orden de cosas, la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, forma también parte del paquete de normas que el Gobierno presenta.
Desde la primera perspectiva, la norma puede calificarse de proyecto de ley de reforma parcial, la segunda, en cambio, pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.
La reducción de costes, en la línea que ya plasmó el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se consigue mediante la eliminación de algunos requisitos de publicidad en prensa, oficial o privada, que pese a estar justificados en épocas pasadas, han perdido significado en el momento presente. Entre las medidas más significativas destaca la relativa a la forma de convocatoria de la junta general de socios, generalizando a las sociedades anónimas el régimen vigente para las sociedades de responsabilidad limitada. Se suprime, así, el carácter obligatorio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. Se mantienen, sin embargo, dos excepciones, para los supuestos en que las acciones emitidas sean al portador, y para aquellos otros en que estemos en presencia de sociedades cotizadas.
Asimismo, se procede a la derogación de la exigencia legal de que determinados acuerdos de modificación de los estatutos sociales tengan que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro. Se suprime igualmente la exigencia de que la disolución de la sociedad anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social. Finalmente, se elimina la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, durante el período de liquidación de la sociedad anónima, del denominado “estado anual de cuentas”.
Abundando en las medidas reductoras de costes, se considera importante, y por ello se modifica, la admisión de que los estatutos de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida estructura del órgano de administración, puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando así que, sin necesidad de modificación de dichos estatutos, la junta general de accionistas pueda optar sucesivamente por aquel que considere preferible, lo que supone un ahorro de costes al que hasta ahora sólo tenían acceso las sociedades de responsabilidad limitada.
En materia de cuentas anuales se proponen dos medidas tendentes a reducir el coste de su depósito, facilitando así el grado de cumplimiento de esta obligación. Por un lado, la eliminación del requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización. Y, por otro lado, la supresión de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación de depósito, de escasa utilidad desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. En este sentido, la norma es consciente de que las actuales posibilidades de acceso telemático al Registro Mercantil suplen con creces las funciones que años atrás podía cumplir la publicación de las listas de sociedades que habían depositado las cuentas anuales.
Y en lo referente a la liquidación, se pone fin a la exigencia de que, en la liquidación de las sociedades anónimas, los bienes inmuebles tuvieran que venderse en pública subasta. Ello pese a que tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan tratado de restringir el ámbito de este requisito, la norma entiende que ya no existen argumentos para mantenerlo por más tiempo.
De las normas de modernización del Derecho de las sociedades de capital que la Ley introduce –procedentes de la “Propuesta de Código de Sociedades mercantil”, de 2002, redactado por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación– destacan dos que se refieren al Consejo de administración: la primera, la regulación, por primera vez en norma de rango de ley, del régimen jurídico del administrador persona jurídica, con una específica referencia a la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante; y la segunda, la facultad de convocatoria del Consejo de administración por los administradores que representen, al menos, un tercio de los componentes del órgano, cuando el presidente, a pesar de haber sido requerido para ello, no lo hubiera convocado.
ELIMINACIÓN DE DIFERENCIAS DE RÉGIMEN ENTRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LAS LIMITADAS
En cuanto a la eliminación de diferencias de régimen entre las sociedades anónimas y las limitadas, resulta preciso hacer mención a la unificación del contenido de determinadas disposiciones. Así, en relación con la convocatoria de las juntas generales (en la línea anticipada por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre):
• la admisibilidad también para las sociedades anónimas de la posibilidad de introducir en los estatutos causas de exclusión de accionistas;
• la unificación de las causas legales de disolución aplicando a todas las sociedades de capital la relativa a su inactividad;
• la generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los administradores de la sociedad, y
• la unificación del régimen jurídico de los liquidadores de sociedad cancelada.
Estas diferencias que no pudieron incorporarse en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, toda vez que excedían de los límites de la habilitación concedida por las Cortes Generales –como reconoció expresamente el Consejo de Estado– se superan ahora con el propósito de perfeccionar el régimen legal de las formas jurídicas preponderantes en la realidad económica española. Por ello, se lleva a cabo la corrección de la contradicción entre el plazo que debe mediar entre la publicación de la convocatoria de la junta general de accionistas y el plazo para la celebración de la junta a solicitud de la minoría y la ampliación del ámbito de las sanciones de las conductas prohibidas en el capítulo relativo a los negocios sobre las propias acciones y participaciones sociales.
LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE
La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas tiene por objeto facilitar y promover, en el ámbito de la Unión Europea, el ejercicio de los derechos de información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. A través de las normas contenidas en la norma comunitaria se pretende garantizar que las juntas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiempo para que todos los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razonada en el momento y emitir el voto. Al objeto de conseguir tal fin, la Directiva aboga por suprimir los obstáculos que dificultan el voto de los accionistas, así como remover los obstáculos legales para la participación electrónica en las juntas, a excepción de los necesarios para la verificación de la identidad del accionista y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se hace especial hincapié en permitir a los accionistas no residentes en el Estado miembro ejercer sus derechos con la misma facilidad que los residentes, eliminando los obstáculos que dificultan su acceso a la información y el ejercicio del voto sin necesidad de asistir físicamente a la reunión.
Al mismo tiempo, se regulan otras formas de participación del accionista en las juntas, como la introducción de nuevos puntos en el orden del día de la reunión, la presentación de propuestas de acuerdos sobre puntos del orden del día o el ejercicio del derecho de información sobre dichos puntos, y, finalmente, se suprimen los obstáculos que dificultan el ejercicio del voto por representante para aquellos accionistas que optan por no acudir físicamente a la junta y que tampoco participan por medios telemáticos.
La aspiración del legislador a que exista un único cuerpo legal que contenga la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles empieza a cobrar forma. El proceso de refundición iniciado con la Ley de Sociedades de Capital, seguido de las modificaciones a que estamos asistiendo, no es más que un nuevo paso dirigido hacia la necesidad de modificar el Código de Comercio decimonónico vigente o, en su defecto, aprobar un nuevo Código de las Sociedades Mercantiles acorde a la realidad económica en que se mueven las sociedades y los operadores jurídicos. Quizá la mención de la decidida voluntad de provisionalidad con que nació la Ley de Sociedades de Capital, pese a ser una manifiesta enemiga de la seguridad jurídica, sea, por una vez, un buen indicador.
Fiscal Mayo 2011
20/04/2011 /0 Comentarios/en Fiscal /por emartin
Apuntes para la declaración de renta 2010. Novedades y cambios
Al enfrentarnos un año más a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2010 resulta conveniente tener presentes las novedades que en el seno de este impuesto se han ido produciendo. No son pocas las modificaciones que se han originado. Algunas –aunque de gran calado– han pasado desapercibidas. Otras, en cambio, han tenido mayor repercusión mediática.
I. LA INCIDENCIA DE LAS NORMAS DE IMPULSO A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
A partir del mes de mayo del 2011, se abre el plazo para que se proceda a autoliquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Resulta ocioso decir que a la fecha de publicación de este comentario ya poco se puede hacer para optimizar fiscalmente el resultado de la factura tributaria, lo que no debe ser óbice para que nos refiramos a las principales novedades que debemos tener presente a la hora de saldar cuentas con Hacienda.
El motivo fundamental por el que tratamos este tema reside en las distintas medidas de estímulo económico dictadas a lo largo del pasado ejercicio. Medidas destinadas no sólo a la recuperación de la economía, sino también a mantener el tejido empresarial y laboral.
Buena parte de las medidas a las que nos referiremos no son ni muchísimo menos novedosas, y las hemos comentado ya con anterioridad. De hecho, empezaron a aparecer a finales del año 2008, cuando ya la recesión era conocida, aunque aún lejos de los preocupantes índices que alcanzaría a lo largo del 2009. El año 2010, continuista respecto a su predecesor en materia de aprobación normativa tributaria, ha seguido sumando esfuerzos en el camino apuntado. Sirva de ejemplo de lo que decimos la copiosa producción legislativa a la que venimos asistiendo desde el año 2008. Así, y a simple título de ejemplo, podemos hacer mención del Plan de medidas de estímulo económico, aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008, que perseguía inyectar recursos adicionales a las familias y a las empresas, con un conjunto de estímulos económicos de diversa naturaleza (entre las que destacaban medidas de carácter tributario) que se fueron materializando a lo largo de todo el año en distintos Decretos Leyes que introdujeron:
la deducción de 400 euros aplicable a los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, con el fin de mejorar la renta disponible de las familias y, así, incentivar el consumo;
la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, y más adelante,
el anticipo del disfrute de la deducción por inversión en vivienda habitual mediante la toma en consideración, bajo determinadas circunstancias y cumpliendo determinados requisitos de dicha deducción, a efectos de determinar el importe de los pagos a cuenta del IRPF.
En el año 2009, las normas de carácter tributario cedieron su protagonismo a las normas de carácter financiero, y así se sucedieron:
el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas;
el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica;
el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, y
el Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos, entre tantas otras normas.
Fue, sin embargo, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de 2008, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 la que, con carácter sustantivo, incidió en la configuración del Impuesto sobre la Renta, a los efectos de su liquidación.
En el año 2010, distintos Decretos y Reales Decretos aparecidos a lo largo del ejercicio, volvieron a la senda de las modificaciones en materia tributaria, en sede, entre otros, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
II. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE IRPF
La producción normativa, en materia tributaria, haciendo y deshaciendo y adaptando a las cambiantes condiciones económicas, no ha hecho más que reflejar el profundo desfase existente entre la previsión reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y la realidad económica. Ello ha provocado la aparición de determinadas medidas tributarias que han acompañado al difícil panorama económico en el que nos movemos. En este orden de cosas, y quizá por ello con carácter general, consideramos necesario referirnos a las medidas más novedosas aparecidas a lo largo del pasado ejercicio, con independencia de que, con carácter puntual, descendamos a analizar algunas medidas concretas.
En primer lugar, la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, introdujo una serie de novedades en materia tributaria, con su correspondiente reflejo para el impuesto que estamos tratando. En particular, y a los efectos del cálculo del impuesto, interesan las siguientes:
Se modifica el importe exento en las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único. Así, con efectos desde el 1 de enero de 2010, se eleva la exención para las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único de 12.020 euros a 15.500 euros.
En materia de deducción por rendimientos del trabajo o de actividades económicas, desde 1 de enero de 2010, se modifica la deducción de 400 euros por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas. En concreto, serán deducibles:
– 400 euros anuales, cuando la base imponible sea igual o inferior a 8.000 euros.
– 400 euros, menos el resultado de multiplicar por 0,1 la diferencia entre la base imponible y 8.000 euros anuales, cuando la base imponible está comprendida entre 8.000,01 y 12.000 euros anuales.
Para bases imponibles superiores no podrá aplicarse la deducción. En consonancia con esta novedad, la Ley y el Reglamento del Impuesto se han visto modificados, cambiando por tanto las reglas de cálculo de las retenciones e ingresos a cuenta, adaptando de igual modo los límites excluyentes de la obligación de retener.
Con efectos desde el 1 de enero de 2010, se elevan los tipos de gravamen del ahorro, del 18% vigente en el ejercicio anterior a los siguientes:
– 19%, aplicable para los primeros 6.000 euros de base liquidable del ahorro.
– 21%, a partir de 6.000,01 euros de base liquidable del ahorro.
En consonancia con la modificación de los tipos de gravamen de las rentas del ahorro, se incrementa del 18% al 19% el tipo de retención e ingreso aplicable a las siguientes rentas:
– Con carácter general, los rendimientos del capital mobiliario.
– Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.
– Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos.
– Arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles urbanos.
– Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual o industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento de los bienes anteriores. Queda exceptuada la explotación de los derechos de imagen, cuyo tipo de retención se mantiene en el 24%.
Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por el mantenimiento o creación de empleo, para los períodos impositivos 2009, 2010 y 2011. Podrá reducirse el rendimiento neto de actividades económicas en un 20%, siempre que:
– el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de las actividades desarrolladas por el contribuyente sea inferior a 5 millones de euros;
– la plantilla media sea inferior a 25 empleados;
– se mantenga o cree empleo.
Para el cómputo de la plantilla media será necesario que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de los periodos impositivos citados, la plantilla media del empresario no sea inferior a la unidad ni inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009. Pese a todo, si el empresario ha iniciado la actividad dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período. Si, en cambio, se ha constituido a partir de 1 de enero de 2009, se entenderá que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero. Los empresarios que hubiesen iniciado la actividad dentro de 2009, 2010 o 2011 y cuya plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad podrán aplicar el tipo reducido en su primer año de inicio, a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión del primer período impositivo, la plantilla media no sea inferior a la unidad.
En todo caso, el importe de la reducción no podrá ser superior al 50% del importe de las retribuciones satisfechas al conjunto de sus trabajadores.
En lo referente a la deducción por vivienda habitual la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ha incorporado un nuevo régimen aplicable a esta importante deducción, si bien su aplicación efectiva se verá en la renta del presente ejercicio, el 2011, en el próximo año. Mientras tanto, y para la autoliquidación del impuesto correspondiente al ejercicio 2010, la deducción se aplicará con el régimen vigente en dicho momento.
Al mismo tiempo, y aún en sede de deducción por vivienda habitual, la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas modificó sustancialmente la regulación de la deducción por inversión en vivienda habitual, al eliminar los porcentajes incrementados de deducción. Tras la modificación, el porcentaje de deducción por este concepto quedó fijado en un 15% sobre las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de la vivienda habitual, mientras que con el régimen anterior se permitía un incremento de los porcentajes de deducción durante los dos años inmediatamente posteriores a la adquisición de la vivienda. A los efectos de compensar la minoración de la deducción, se reguló un sistema de compensación para los contribuyentes que cumplieran determinados requisitos. Concretamente, que la vivienda habitual se hubiera adquirido antes del 20 de enero de 2006 y que se hubiera utilizado financiación ajena para su adquisición. Dicha compensación fiscal se mantiene en el cálculo del año 2010.
Se modifica el régimen aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español que, como consecuencia de dicho desplazamiento, adquieran su residencia fiscal en España. Hasta el momento, el régimen era aplicable para contribuyentes que adquirieran su residencia fiscal en España y que no lo hubieran sido en los últimos 10 años, siempre que el desplazamiento a territorio español se produjera como consecuencia de un contrato de trabajo, los trabajos se realizaran efectivamente en España, y dichos trabajos se realizaran para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. Asimismo, se requería que los rendimientos del trabajo no estuvieran exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cumpliendo estas condiciones, los trabajadores podían optar por tributar en España por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aun siendo residentes, en el ejercicio de cambio de residencia y en los cinco siguientes. La modificación introducida por la Ley de Presupuestos consiste en la introducción de un requisito adicional: un límite cuantitativo, de tal suerte que el régimen no podrá ser aplicado por aquellas personas cuyas retribuciones anuales previsibles del trabajo superen, en alguno de los años de aplicación del régimen, los 600.000 euros.
En otro orden de cosas, la Orden de Módulos de IRPF e IVA, EHA/99/2010, de 28 de enero, desarrolló para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas manteniendo la estructura de la vigente para el año anterior, si bien introdujo algunas pequeñas modificaciones, en concreto, en relación con el IRPF, una reducción general del 5% del rendimiento neto para todos los contribuyentes que tributen por este régimen.
Por último, el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, introdujo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una exención en la tributación del impuesto de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con un límite de 1.500 euros; creando igualmente una nueva deducción por obras de mejora en la vivienda habitual, destinada a aquellos contribuyentes con bases imponibles inferiores a 53.007,20 euros. En virtud de esta disposición será deducible el 10% de las cantidades satisfechas desde el 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012 por obras realizadas en la vivienda habitual o en el edificio en la que esta se encuentre, con un máximo de 12.000 euros por vivienda habitual. Las obras deberán tener por objeto, entre otros y sin ánimo de exhaustividad, la mejora de la eficiencia energética, la utilización de energías renovables y la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros.
III. ALGUNOS APUNTES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO
La Ley de Presupuestos para el año 2011 ha incorporado, como viene siendo habitual, medidas de calado en el ámbito tributario. En sede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la escala general y complementaria del impuesto, comprenderá dos nuevos tramos en la escala de gravamen estatal para rentas superiores a 120.000,20 euros y a 175.000,20 euros, incrementándose el tipo de gravamen respecto al máximo anterior en un 1% y un 2%, respectivamente. Por otro lado, se suprime la deducción por nacimiento de hijos o adopción, con efectos desde el 1 de enero de 2011. En otro orden de cosas, se establece un límite cuantitativo para la reducción del 40% en rendimientos irregulares, establecida en 300.000 euros anuales.
En lo referente a la deducción por inversión en vivienda habitual, a partir del 1 de enero de 2011, sólo podrán aplicarla los contribuyentes cuyas bases imponibles sean inferiores a 24.107,20 euros anuales. Afecta a este límite tanto las cantidades satisfechas para la compra o rehabilitación, como las cantidades depositadas en cuentas vivienda, así como las inversiones realizadas en obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por discapacidad. La base máxima de la deducción será de 9.040 euros para contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 17.707,20 euros, disminuyendo progresivamente para aquellos cuya base imponible se sitúe entre 17.707,20 y 24.107,20 euros. Para aquellos contribuyentes que hubieren adquirido o rehabilitado su vivienda antes del 1 de enero de 2011, se mantiene el régimen anterior.
Por último, y respecto a la reducción por arrendamiento de vivienda, con efectos desde 1 de enero de 2011, se ve incrementado del 50 al 60% el porcentaje de reducción del rendimiento neto por arrendamiento de vivienda. Por lo que se refiere a la reducción del 100% existente con la anterior regulación, queda limitada a los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2011, a aquellos supuestos en los que el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años, rebajando así la edad máxima para acceder a este beneficio fiscal.
20/04/2011 /0 Comentarios/en Editorial /por emartin
Como es habitual en esta época, uno de los temas que centra más la atención, tanto entre los asesores como entre sus clientes, es la campaña de renta. Al enfrentarnos un año más a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2010 resulta conveniente tener presentes las novedades que en el seno de este impuesto se han ido produciendo. No son pocas las modificaciones que se han originado. Algunas –a pesar de su importancia– han pasado desapercibidas. Otras, en cambio, han tenido mayor repercusión mediática. Por ello, el motivo fundamental por el que tratamos este tema en nuestro comentario fiscal, reside en las distintas medidas de estímulo económico dictadas a lo largo del pasado ejercicio. Medidas destinadas no sólo a la recuperación de la economía, sino también a mantener el tejido empresarial y laboral.
La productividad laboral es asunto de todos

References: Real Decreto 
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 127
 artículo 231
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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