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La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas (A propósito de la efímera prehistoria de la Revista Española de Control Externo)
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Sofia Blanco Ortiz de Zárate
1 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas (A propósito de la efímera prehistoria de la Revista Española de Control Externo) Manuel Aznar López Consejero del Tribunal de Cuentas Resumen En el segundo lustro del decenio de los cincuenta del siglo xx se llevó a cabo en España una reforma administrativa de hondo calado y de dilatados efectos temporales. En el año 1958, un grupo de funcionarios del Tribunal de Cuentas del Reino tuvo la iniciativa de promover una revista, en cuyo primer y único número se incluyó un artículo sobre la reforma administrativa, en el que se proponía la adopción de una serie de medidas, para cuya implantación fue necesaria una larga espera. Si el entonces Tribunal de Cuentas del Reino permaneció prácticamente al margen de la operación reformadora que se llevó a cabo en aquella época, el actual Tribunal de Cuentas corre el riesgo de quedar nuevamente preterido de la reforma que exige el actual contexto económico. De hecho, ni se le ha dado entrada formalmente en los mecanismos establecidos para concretar las medidas a adoptar, ni en las disposiciones aprobadas o en proyecto aparece reflejada en grado suficiente la función fiscalizadora que tiene atribuida. Para que el Tribunal no pierda el tren de la reforma sería necesario modificar la Ley 7/1988, de 5 de abril, así como implan- 392 40 Revista Española de Control Externo tar instrumentos de gestión de la calidad y de la excelencia con vistas a mejorar la eficiencia de su actividad. 1. La reforma administrativa del segundo lustro de los años cincuenta del siglo xx En el año 1954, el entonces Instituto de Estudios Políticos 1 reeditó la obra de Alejandro Oliván «De la Administración Pública con relación a España», cuya primera edición, como Eduardo García de Enterría recuerda en el prólogo, había aparecido en , si bien en el año anterior se había incluido bajo la voz «Administración» en la Enciclopedia Española del siglo xix 3. La reedición de esta obra, que el prologuista consideraba enfáticamente como «una de las claves de nuestra historia contemporánea» 4, además de ser una demostración del interés doctrinal sobre la reforma administrativa, puede considerarse como una suerte de premonición de las importantes medidas que en el plano legislativo se adoptarían en el lustro siguiente. Oliván dedica el capítulo V de su obra a examinar las reformas administrativas en España para lo que se guiaría seguramente no solo de sus conocimientos teóricos, sino de su propia experiencia administrativa 5, entre la que figuraba la atesorada en el desempe- 1 Más tarde, Centro de Estudios Constitucionales y, en la actualidad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2 Oliván, A.: De la Administración Pública con relación a España. Madrid, Boix, En este mismo año se declaró anticipadamente la mayoría de edad de Isabel II, siendo precisamente Oliván uno de los firmantes del Dictamen emitido por la Comisión nombrada al efecto por el Congreso de los Diputados. 3 García de Enterría, E.: Prólogo a Oliván A.: De la Administración Pública con relación a España. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954, pág. 3. La publicación de este artículo de Oliván es coetánea de la creación, por Decreto de 29 de diciembre de 1842, de la Escuela Especial de Administración Pública, para cuya cátedra de Principios de la Administración y Derecho Administrativo será nombrado el 6 de enero de 1843 José Posada Herrera, quien, en opinión de Francisco Sosa Wagner, tenía a la obra de Oliván «por arbotante de lo que él mismo se hallaba también construyendo» (cfr. Sosa Wagner, F.: «El reformismo de la Unión Liberal y Posada Herrera», en Reformistas y reformas en la Administración Española. Madrid, INAP, 2005, pág. 95). 4 García de Enterría, E.: Prólogo a Oliván A.: De la Administración Pública con relación a España, cit., pág. 8. En la recensión de esta obra, J. Gascón Hernández la califica de «maravilloso epítome que inicia con precisión y elegancia en el conocimiento de la temática administrativa» (cfr. Revista de Administración Pública nº 14, 1954, pág. 330). 5 Primero en la Administración Militar y más tarde como Secretario de la Comisión para la Reforma de la Enseñanza y como Secretario de la Sección de Indias3 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 41 ño del cargo que ocupó, en una época azarosa, en la Secretaría de Estado y de Despacho de la Gobernación del Reino 6. En este capítulo, además de hacer una especial referencia, al examinar los proyectos de reformas, a su falta de claridad y de explicación en materia de presupuestos y de cuentas 7, critica la ausencia de un plan concertado y el modo de proceder a impulsos de cada momento 8. Pues bien, parece que los artífices de la reforma administrativa del segundo lustro de los años cincuenta del pasado siglo tomaron buena nota de la admonición de Oliván, puesto que la operación reformadora respondió a una cuidadosa planificación, cuyo origen debe situarse en la creación, por Decreto-Ley de 20 de diciembre de 1956, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, a la que de modo expreso la disposición citada encomendaba funciones de estudio y documentación, asistencia técnica, coordinación y planificación, relativas en especial a «la reforma y perfeccionamiento de la organización y actividad administrativas» 9. Como titular del órgano staff que acababa de crearse fue nombrado Laureano López Rodó, catedrático de Dedel Consejo Real (ver Jordá Fernández, A.: «Alejandro Oliván ( ) y la Administración del territorio», en Reformistas y reformas en la Administración Española, cit., págs ). 6 Del desempeño de este último cargo deja, por cierto, constancia George Borrow en su famoso libro The Bible in Spain, en el que relata tres entrevistas mantenidas en 1836 con Oliván, en un intento, infructuoso por la oposición de éste, de imprimir la Biblia. Según la Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine (www.enciclopedia-aragonesa.com Voz «Oliván y Borruel, Alejandro»), Borrow opinaba de Oliván que, si bien era inteligente, «no era guapo, ni de elegantes maneras, ni afable», pero lo cierto es que la opinión de Don Jorgito, el inglés, como era popularmente conocido Borrow en el Madrid de entonces, influida acaso por la negativa de Oliván a acceder a su pretensión, se circunscribe a estas últimas consideraciones, mientras que no emite una opinión propia sobre la inteligencia de Oliván, limitándose a transcribir que no a hacer suya la de Antonio Alcalá Galiano, titular a la sazón de la cartera de Marina (ver Borrow: La biblia en España. Madrid, Cid, 1967, págs ). El hecho de que en esta obra aparezca el apellido del altoaragonés como «Oliban», hace que Martín Retortillo, L.: «Un retrato y un discurso de Alejandro Oliván», en Revista de Administración Pública nº 57, 1968, págs , se pregunte si se trata realmente de Alejandro Oliván, duda que resuelve en sentido positivo. 7 Oliván, A.: ob. cit., pág. 252 de la edición del Instituto de Estudios Políticos. 8 Oliván, A.: ibid., pág Pone de relieve Crespo Montes, L. F.: Las reformas de la Administración Española ( ). Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pág. 38, que el hecho de que la creación de este órgano se produjera mediante Decreto-Ley significaba que la reforma administrativa contaba con apoyo al más alto nivel político.4 42 Revista Española de Control Externo recho Administrativo de la Universidad de Santiago desde Poco antes, en el número 27 de Nuestro Tiempo 11, correspondiente a septiembre de 1956, López Rodó exponía ya, avant la lettre, los principales aspectos que habría de abarcar una reforma administrativa, que para el articulista debía ser triple: orgánica, funcional y burocrática 12. En este trabajo, en el que se reproducía la conferencia con la que el 15 de septiembre de 1956 había clausurado el VIII Curso Internacional de Verano de Santiago de Compostela 13, López Rodó exponía una serie de aspectos que más tarde serían objeto de atención en las leyes que impulsaría como titular del órgano antes mencionado: la desconcentración, el establecimiento de las que denominaba «comisiones permanentes de Ministros», una nueva división ministerial acomodada a las transformaciones sociales, la simplificación de las normas de procedimiento, y la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios. Entre estos aspectos se incluía precisamente el relativo a la necesidad de contar con un órgano central de coordinación, al que, aparte de las funciones estrictamente coordinadoras, se le encomendara el estudio de los métodos de trabajo y de organización administrativa, además de todo lo referente al funcionariado. Y, finalmente, se ocupaba de los medios para implantar la reforma, haciendo alusión a las aportaciones doctrinales acerca de los instrumentos necesarios para ello, así como a las experiencias foráneas sobre las comisiones encargadas de estudiar las medidas correspondientes, a la participación de los usuarios de los servicios y a los órganos ejecutivos La propuesta de crear la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno había sido incluida en una Nota que López Rodó envió al Ministro de Justicia el 15 de noviembre de 1956 (ver sobre esta Nota Crespo Montes, L. F.: Las reformas de la Administración Española ( ), cit., págs ). 11 Revista que dirigía a la sazón Antonio Fontán, quien la había fundado dos años antes. 12 López Rodó, L.: «La reforma administrativa del Estado», en Nuestro Tiempo nº 21, 1956, pág Ver Crespo Montes, L. F.: Las reformas de la Administración Española ( ), cit., pág. 26. Así se colige también de lo que señalan Vallina Velarde, J. L. de la: «La reforma administrativa de López-Rodó», en Reformistas y reformas en la Administración Española, cit., pág. 181, en especial la nota 10, y Diego González, A. De: «El controvertido nombramiento de Laureano López Rodó como Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno», en Reformistas y reformas en la Administración Española, cit., págs Considera Crespo Montes, L. F.: Las reformas de la Administración Española ( ), cit., págs , que el artículo carecía de precisión técnica en algunos pasajes, presentaba en algunos aspectos importantes lagunas o exageraba otros, añadiendo que podría resaltarse la superficialidad y falta de rigor en mu-5 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 43 Interesa, empero, de un modo especial la referencia que López Rodó hacía en este trabajo al papel de los tribunales de cuentas de los países de nuestro entorno más próximo en la implantación de medidas de simplificación de la organización y de la mejora de los métodos de trabajo desde la perspectiva de la fiscalización conforme al parámetro de eficacia. En concreto, se citaba la experiencia francesa relativa a la creación, en 1946, de un «Comité Central para la fiscalización del costo y rendimiento de los servicios públicos», cuyo Presidente era el de la Cour des comptes, así como el establecimiento, en Portugal, en 1951, de una «Comisión central de encuestas y estudios sobre la eficacia de los servicios públicos», presidida por el Subsecretario de Hacienda y entre cuyos miembros figuraba un magistrado del Tribunal de Contas 15. Sin embargo, pese a la referencia a estas experiencias foráneas, no parece que, en España, el Tribunal de Cuentas del Reino desempeñara papel alguno en la reforma administrativa que se llevaría a cabo a partir de La reforma administrativa era definida por dos miembros del Bureau of the Budget, Executive Office, del Presidente de los Estados Unidos de América, en la ponencia general al tema tercero del orden del día («Estudio de los procedimientos para la preparación y la realización de reformas administrativas») del X Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, celebrado en Madrid del 3 al 8 de septiembre de , como «las mejoras del aparato administrativo, desde las fundamentales de su estructura hasta las relativamente menores en los métodos de trabajo de un Departamento o un Ministerio». Para los autores de esta ponencia, «pueden contrichas de las cuestiones, pero no se podía negar que estaba bien estructurado, ordenado sistemáticamente y con abundantes referencias a la doctrina y al Derecho comparado. Y pone de relieve que fue la primera vez que se utilizó un lenguaje nuevo, sencillo, atractivo y exento de complicados tecnicismos jurídicos para hablar de la Administración. Este mismo autor destaca especialmente que López Rodó no tenía en aquel momento un pensamiento muy elaborado sobre la reforma funcional (ver Crespo Montes: Mitos y ritos de la Administración española. Madrid, INAP, 2003, págs ). 15 López Rodó, L.: «La reforma administrativa del Estado», cit., págs López Rodó habría utilizado la documentación de este Congreso para su conferencia de Santiago de Compostela (ver Diego González, A. de: ob. cit., pág. 396). En este Congreso, por lo demás, habían participado algunos miembros del Tribunal de Cuentas (ver Martín-Retortillo, S.: «El X Congreso Internacional de Ciencias Administrativas», en Revista de Administración Pública nº 21, 1956, pág. 293).6 44 Revista Española de Control Externo buir al progreso de la Administración tanto los reajustes relativamente pequeños y poco notorios en la organización y métodos como las reformas más drásticas y generales» 17. La reforma administrativa, por lo demás, debería tener el triple contenido antes señalado. a) La reforma orgánica La primera de las vertientes de la reforma atañía al aspecto orgánico. La traducción en el Derecho positivo se produjo con la aprobación sucesiva del Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957 y de la Ley de 20 de julio de 1957, disposiciones ambas que fueron objeto de refundición por el Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este texto se recogieron propuestas avanzadas por López Rodó en el artículo publicado en Nuestro Tiempo, como eran la reorganización de la Administración Central del Estado, la creación de Comisiones Delegadas del Gobierno, la enumeración de las principales competencias de los órganos superiores y directivos de la Administración Central, el establecimiento de una Oficina de Programación y Coordinación Económica 18, la previsión de la posibilidad de establecer Secretarías Generales Téc- 17 Finan W. F. y Dean A. L.: «Procedimientos para la preparación y realización de reformas administrativas», en Revista de Administración Pública nº 21, 1956, pág El primero de ellos ocupaba el cargo de Director Adjunto de Management and Organisation y el segundo era analista en el órgano citado. En esta ponencia se subrayaba (págs. 192 y 197) la importancia de disponer de un organismo central especializado en organización (central management unit) e insertado, dentro de la estructura existente, en un punto clave respecto de los asuntos administrativos y, más en concreto, lo más cerca posible del Presidente o Primer Ministro, idea a la que precisamente se acomodó la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. 18 A tenor de la exposición de motivos, a esta Oficina le correspondía elaborar los planes de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para el desarrollo de la economía y los programas de realizaciones económicas. El artículo 9 encomendaba su dirección a una Comisión presidida por el Ministro Subsecretario de la Presidencia e integrada por los Secretarios Generales Técnicos de la Presidencia y de los Ministerios económicos, así como por un Consejero del Consejo de Economía Nacional. Por Orden de 3 de marzo de 1962, la Oficina pasaría a depender del Comisario del Plan de Desarrollo, cargo que precisamente ocuparía López Rodó. Para Beltrán Villalva, M.: «La Administración», en Jover Zamora J. M. (dir.): La historia de España (Menéndez Pidal), tomo XLI, vol. I. Madrid, Espasa Calpe, 1996, pág. 604, la modesta denominación de la Oficina encubría un importantísimo centro de poder, que entró en conflicto con el Ministerio de Hacienda en el seguimiento del Plan de Estabilización.7 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 45 nicas en los Ministerios civiles 19, con funciones de estudio y documentación, de planificación y de coordinación, y el establecimiento de un plazo para que los Departamentos Ministeriales propusieran la desconcentración de funciones dentro de su ámbito competencial 20. No obstante, la Ley desbordaba el ámbito puramente orgánico para contemplar una serie de medidas de gran importancia, que constituyen pilares fundamentales del régimen jurídico-administrativo 21, como son el principio de jerarquía normativa, la reserva de ley, la publicidad de los reglamentos, el principio de inderogabilidad singular de éstos, la ejecutividad de los actos administrativos y la responsabilidad patrimonial del Estado 22. b) La reforma funcional El aspecto funcional de la reforma tendría su reflejo en el Derecho positivo con la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, que sustituiría al decimonónico texto básico de No obstante, esta ley iría más allá, para incorporar algunas materias organizativas. Su calidad téc- 19 Aunque con anterioridad existían órganos con esta denominación en algunos Ministerios civiles, el contenido de sus competencias no se correspondía con las que le atribuía la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (ver Vallina Velarde J. L. de la: ob. cit. págs ). 20 Entrena Cuesta, R.: «El texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957», en Revista de Administración Pública nº 24, 1957, págs , destaca, entre estas medidas, la excepcional importancia que adquiría la Subsecretaría de la Presidencia, cuyo titular se había convertido en un verdadero Vicepresidente del Gobierno, y, como consecuencia de ello, la potenciación de la Secretaría General Técnica de la Presidencia. 21 Entrena Cuesta, R.: ob. cit., pág. 256, pone de relieve el avance que representaba la ley, destacando que recogía principios antes dispersos en diversas disposiciones, consagraba otros declarados por la jurisprudencia e introducía modificaciones del mayor interés. Desde los respectivos ámbitos de la sociología y de la historia, Beltrán Villalva, M.: ob. cit. pág. 600, opina que la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado supuso «un avance muy estimable en el establecimiento de límites a la arbitrariedad de la actuación administrativa», y Cañellas Mas, A.: «La reforma administrativa en España ( )», en Revista de Estudios Políticos nº 148, 2010, pág. 216, sostiene que esta Ley «impregnaba de juridicidad la actuación administrativa del Gobierno, confiriendo a la norma un carácter casi constitucional». 22 Que tenía el precedente de lo establecido en esta materia en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 e, incluso, en el ámbito local, en la Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950.8 46 Revista Española de Control Externo nica ha sido, con razón, ensalzada en el ámbito doctrinal 23. Incluso, podría sostenerse que, en ciertos aspectos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lugar de mejorar la regulación recogida en la Ley de 1958, la empeoró 24. c) La reforma burocrática El trípode de la reforma administrativa no se completaría en la década de los cincuenta del pasado siglo, ya que los textos fundamentales sobre el aspecto funcionarial no serían aprobados hasta el bienio Esta circunstancia, empero, no es óbice para señalar que a finales del decenio en cuestión se adoptaron medidas encaminadas a implantar la reforma burocrática y, así, es inexcusable mencionar la creación, por Orden Comunicada del Ministro Subsecretario de la Presidencia de 22 de septiembre de 1958, del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, integrado orgánicamente, con el nivel de Sección, en la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno 26. El Centro, embrión del que más tarde será Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 27, desempeñó una destacada tarea 23 Ver, por ejemplo, Crespo Montes, L. F.: Mitos y ritos de la Administración española, cit., págs ; Garrido Falla, F.: «El procedimiento administrativo de 1950 a hoy», en Revista de Administración Pública nº 150, 1999, págs , que pone de relieve el afán unificador y la finalidad codificadora. También Vallina Velarde J. L. de la: ob. cit., págs Ver García de Enterría, E.: «Nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo. Más errores que aciertos», en Otrosí, febrero 1993, pág. 9; Garrido Falla, F.: ob. cit., págs ; González Pérez, J.: «Laureano López Rodó, in memoriam», en Anales. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas nº 77, 2000, pág Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado de 20 de julio de 1963 y Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprobó el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 26 El Centro comenzó sus actividades en unos locales del Boletín Oficial del Estado, sitos en la calle Trafalgar de Madrid, hasta que por el Decreto 1140/1959, de 9 de julio, le fue afectado el edificio de la que fuera Universidad de Alcalá de Henares, inaugurado, tras obras de restauración, el 15 de diciembre de 1960 (ver López Rodó, L.: «El Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios/ La Escuela Nacional de Administración Pública ( )», en El Instituto Nacional de Administración Pública: cuarenta años de historia. Madrid, INAP, 2000, págs Se trata, por cierto, de un breve artículo póstumo, ya que la publicación de la obra en que se inserta tuvo lugar en octubre de 2000 y López Rodó había fallecido el 11 de marzo de dicho año). 27 Anterior fue, sin embargo, el Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL), creado por Ley de 6 de septiembre de 1940, que le atribuye, entre otros9 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 47 en el desarrollo de la Ciencia de la Administración en España, no solo a través de la realización de acciones formativas con esta orientación 28, sino también mediante una intensa actividad editorial, que incluyó traducciones de obras específicamente dedicadas a la reforma administrativa 29. A la difusión de la Ciencia de la Administración contribuyó, además, la aparición de la nueva revista Documentación Administrativa, editada por la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, cuyo primer número se publicó en enero de Pretendía ser un boletín mensual de la citada Secretaría General Técnica y desde su nacimiento quedó entroncada con la reforma administrativa, puesto que, según se declaraba en el citado número, su finalidad primaria era informar y facilitar documentación sobre dicha reforma, intentando difundir en la sociedad española la preocupación por los problemas administrativos y crear un clima favorable a aquélla. A este efecto, se señalaba que la reforma administrativa no era tan sencilla que pudiera conseguirse por medio de la sustitución de unas leyes por otras, sino que era necesario preparar el medio social para que pudiera arraigar. En consonancia con ello, el número inicial de la revista estaba dedicado fundamentalmente a la reforma, siendo el primero de los trabajos incluidos en el número en cuestión un artículo de López Rodó en el que, fines, el atinente a la formación y al perfeccionamiento del personal de dicha Administración. Por Real Decreto 1437/1987, de 25 de noviembre, quedaron refundidos el citado Instituto y el Instituto Nacional de Administración Pública, bajo esta última denominación. 28 Ver, respecto de los años iniciales de funcionamiento del Centro, Oliva de Castro, A. de la: «El Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios (1958): La Escuela Nacional de Administración Pública ( )», en El Instituto Nacional de Administración Pública: cuarenta años de historia, cit., págs Cito a título de ejemplo la traducción de la obra de Otto Nass: Verwaltungsreform durch Erneuerung der Verwaltungswissenschaft, publicada en Tubinga en el año Esta traducción fue realizada por Celestino Fernández de la Vega, incluyéndose un prólogo de José Luis Villar Palasí. Fue editada por el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios en el año 1964, bajo el título Reforma administrativa y Ciencia de la Administración. Años antes, en 1960, la Secretaría General Técnica de la Presidencia había editado la traducción del libro de Eduard Bonnefous: La réforme administrative, publicado en el año 1958 por Presses Universitaires de France. La obra traducida fue publicada en la colección «Estudios Administrativos», de la que más adelante se haría cargo el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. 30 Documentación Administrativa venía así a añadirse, con otra perspectiva, a la Revista de Administración Pública, que había comenzado a publicarse en 1950, con una orientación fundamentalmente jurídica.10 48 Revista Española de Control Externo bajo el título «La reforma administrativa en España», se reproducía una versión extractada y traducida del inglés de una conferencia que, con el título de The administrative reform in Spain, había pronunciado el día 7 de noviembre de 1957 en la London School of Economics and Political Science 31. d) Otros textos legales de la época Para obtener una visión completa del conjunto de textos legales que modificaron por aquel entonces el panorama de las Administraciones Públicas e, incluso, el de la jurisdicción contenciosoadministrativa, es menester remontarse a la aprobación del Texto Articulado de la Ley de Bases del Régimen Local de 24 de junio de A finales del año siguiente se aprobaría la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, texto legal memorable, a decir de la doctrina, que pone de relieve su calidad técnica, la claridad y concisión de su parte dispositiva y su espléndida exposición de motivos 32, si bien esta ley ha sido considerada como precedente de la reforma, más que como un texto perteneciente a ella 33. Por lo demás, el ciclo 31 En esta conferencia, López Rodó, tras mencionar las medidas ya adoptadas, se refería a las proyectadas para el futuro inmediato, entre las que figuraban la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo, la del estatuto de los funcionarios y la de una ley sobre el régimen jurídico de los organismos autónomos. 32 Por cuanto «hasta su vigencia apenas existía en España una sombra de verdadera justicia administrativa administrada, además, por unos llamados tribunales que no eran tales y que carecían de cualquier cualificación técnica y aun de verdadera consistencia jurisdiccional» (cfr. García de Enterría, E. y Fernández, T. R.: Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 11ª ed. Madrid, Thomson-Civitas, 2008, págs ). García de Enterría, E.: «Sobre la formación del Derecho Administrativo Español contemporáneo», en Revista de Administración Pública nº 174, 2007, pág. 28, considera también esta Ley como «verdadero milagro, a la vez que un formidable acierto técnico». Para González Pérez, J.: «Evolución de la legislación contencioso-administrativa», en Revista de Administración Pública nº 150, 1999, págs , la nueva Ley «supuso un paso decisivo en la estructuración de un régimen de garantías del administrado», ocupando un lugar destacado en el Derecho comparado, si bien pone de relieve la incompatibilidad de algunos de sus preceptos con la tutela judicial efectiva, por lo que, a raíz de la Constitución de 1978, el texto había sido depurado, al considerarse dichos preceptos derogados por inconstitucionalidad sobrevenida. Cita asimismo este autor (ob. cit., pág. 228) a Alcalá-Zamora, que califica como un progreso indudable la técnica constructiva de la Ley, sobria y diáfana («Nueva Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa», en Revista de la Facultad de Derecho de México XI, 1958, págs ). 33 Beltrán Villalva, M.: «La Administración», cit., págs y, en especial, 635, nota 77. Sin embargo, López Rodó, en la conferencia pronunciada, en11 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 49 reformador se cerraría, dentro del decenio de los cincuenta, con la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas 34, dirigida a solucionar el problema derivado del carácter fragmentario e incompleto de la legislación que regulaba a la sazón tales entidades, aunque, como se ha señalado, se completaría, ya en el primer lustro de los sesenta, con la aprobación de las leyes atinentes a la vertiente burocrática de la reforma. En suma, la reforma administrativa del segundo lustro de los años cincuenta del siglo xx tuvo la virtud de operar una racionalización en el plano organizativo, de establecer los instrumentos para la tecnificación y la modernización de la Administración española 35 y de orientar en sentido garantista para el administrado el régimen jurídico-administrativo, tanto en el aspecto sustantivo, como en el ámbito procedimental, lo que fue aún más meritorio, si se tiene en cuenta el contexto en que la reforma debía realizarse, no precisamente proclive al reconocimiento de derechos al ciudadano 36. A la vista de ello, podría incluso afirmarse que existía una cierta disociación entre los regímenes jurídico-administrativo y los regímenes jurídico-político 37, aun noviembre de 1957, en la London School of Economics and Political Science, había incluido a ésta y a otras leyes aprobadas desde 1950 hasta 1957 en la reforma administrativa (ver López Rodó, L.: «La reforma administrativa en España», en Documentación Administrativa nº 1, 1958, págs. 5-7). 34 Si bien esta ley estaba auspiciada por el Ministerio de Hacienda, aunque López Rodó podría haber intervenido en su elaboración (ver Crespo Montes: Las reformas de la Administración Española ( ), cit., pág. 69). 35 En opinión de Beltrán Villalva, M.: ob. cit., págs , «aunque frustrada en buena parte en sus propósitos, la reforma en su conjunto supuso una visible renovación de la Administración Pública, llevada a cabo con criterios de aumento de la eficacia y de racionalización de la actividad administrativa». Reitera esta opinión en «Las reformas de la Administración Española: una visión de conjunto», en Arenilla Sáez, M. (coord.): La Administración Pública entre dos siglos (Ciencia de la Administración, Ciencia Política y Derecho Administrativo). Homenaje a Mariano Baena del Alcázar. Madrid, INAP, 2010, pág Señala sobre ello Chinchilla Marín, C.: «Dos grandes momentos en cien años de Derecho Administrativo: la década de los cincuenta y la Constitución de 1978», en El Derecho Español en el siglo xx. Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2000, págs , que «por insólito que pueda parecer, a primera vista, y hasta por antipático que nos resulte el hecho de tener que reconocerlo, el caso es que en plena dictadura franquista alcanzó su madurez el Derecho Administrativo». 37 Garrido Falla, F.: ob. cit., págs , se refiere a que en la década de los cincuenta del siglo xx se construyó lo que denomina «El Estado administrativo de Derecho» y considera que las reformas realizadas en aquella época consiguieron «alcanzar la sorprendente meta de enredar en las mallas del Derecho a un régimen totalitario». Aventura asimismo la explicación de que12 50 Revista Española de Control Externo cuando, a la postre, la finalidad de la reforma administrativa fuera la de consolidar el régimen político 38, o el afianzamiento de éste fuera una consecuencia de aquélla. 39. La reforma, por lo demás, debe entenderse enmarcada en el inicio del acelerado proceso de modernización que la sociedad española experimentaría en los años posteriores y que estuvo aparejado a la orientación tecnocrática del régimen 40. Es interesante, por otra parte, constatar que, aun cuando la operación reformadora encontrara en general sus fundamentos teóricos en otros países, principalmente en Francia y en los Estados Unidos de América 41, no dejaba de estar entroncada con la tradición administrativista española, ya que Alejandro Oliván, un siglo antes, había sostenido que «un sistema de gobierno sea el que quiera, puede considerarse en el aire si no consigue fundar una buena administración» 42. Por lo demás, la longevidad de las normas legales aprobadas en aquel entonces y la supervivencia postconstitucional, por un amplio periodo de tiempo, de la mayoría de sus preceptos son demostración de las bondades técnico-jurídicas de los textos en los que se plasmó aquella reforma 43. muchos de los juristas que en aquel tiempo ocupaban altos cargos ministeriales sentían una suerte de «complejo de ilegitimidad de origen», en relación con el régimen político existente, que compensaron asegurando el principio de legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento al ordenamiento jurídico vigente. 38 Cañellas Mas, A.: ob. cit., pág González Cuevas, P. C.: «La derecha tecnocrática», en Historia y Política nº 18, 2007, pág. 36, opina que la reforma tuvo como consecuencia la consolidación del Estado en el conjunto español. 40 Ver, en este sentido, González Cuevas. P. C.: ob. cit., pág. 27. Por su parte, Nieto; A.: «De la República a la Democracia: La Administración española del franquismo (II)», en Revista Española de Derecho Administrativo nº 15, 1977, págs , sostiene que, en realidad, el régimen, a partir de los años cincuenta, era una pseudotecnocracia en manos de unos criptopolíticos, ya que no era un gobierno de técnicos, sino de políticos encubiertos con una legitimación técnica. 41 Más extensamente sobre estos fundamentos, Cañellas Mas, A.: ob. cit., págs Y añadía que, «al contrario, en un país bien administrado subsistirá por cierto espacio de tiempo el gobierno, aun cuando decayese y dejase de desear» (cfr. Oliván, A.: ob. cit., pág. 69). Como recuerda Cañellas Mas, A.: ob. cit., pág. 201, Oliván había también indicado que «el gobierno forma la Administración, pero la Administración sostiene a los gobiernos». 43 Incide en esta idea Chinchilla Marín, C.: ob. cit., págs. 35 y 38-39, que resalta la calidad de estas leyes no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto al fondo, si bien matiza que el hecho de que sobrevivieran a la Constitución de13 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 51 Sobre ello, Javier Tusell en la necrología de López Rodó, tras evocar el paralelismo del papel desempeñado por éste con el de López Ballesteros en la época de Fernando VII y con el de Bravo Murillo en el reinado de Isabel II, señalaba: «Se suele recordar en este sentido su papel al frente de los planes de desarrollo, pero quizá más importante fue la modificación que hizo de la legislación contencioso-administrativa a finales de los años cincuenta» 44. Suscribo esta opinión, sin perjuicio, no obstante, de que me parezca obligado enmendar parcialmente a Tusell, ya que comete el error de atribuir a López Rodó la modificación de la legislación contencioso-administrativa, confundiendo ésta con la legislación administrativa. No me consta, en efecto, que López Rodó interviniera en la preparación de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, cuya publicación coincidió, por lo demás, con pocos días de diferencia, con la creación de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Y si la tuvo, su aportación no pasaría de ser episódica y marginal, puesto que la elaboración del anteproyecto fue encargada por el entonces Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, a Manuel Ballbé y a Jesús González Pérez 45, quienes, en cambio, tuvieron, si se atiende a lo que señala el último de los citados, una importante 1978 no obsta a la necesidad de que fueran modificadas o sustituidas por otras, debido a las deficiencias que presentaban en algunos aspectos. En cualquier caso, lo cierto es que el Texto Articulado de la Ley de Bases de Régimen Local subsistió hasta la aprobación del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; que la vigencia de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 se extendió hasta 1998, en que fue aprobada la Ley 29/1998, de 13 de julio; que el Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, aun cuando fue parcialmente derogado por Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no feneció en su totalidad hasta la aprobación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; que la Ley de 23 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, pervivió hasta ser derogada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; y que algunos preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo podrían incluso considerarse aún vigentes aunque degradados a rango reglamentario. 44 Tusell, J.: «Necrología de Laureano López Rodó», en El País de 13 de marzo de El encargo se produjo a raíz de una conferencia sobre La reforma de la Jurisdicción contencioso-administrativa, pronunciada por González Pérez el 8 de febrero de 1954 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (ver González Pérez, J.: «Evolución de la legislación contencioso-administrativa», en Revista de Administración Pública nº 150, 1999, págs ).14 52 Revista Española de Control Externo intervención en la redacción del anteproyecto de la Ley de Procedimiento Administrativo La Revista del Tribunal de Cuentas En este contexto de vorágine reformadora de la Administración a la que fiscalizaba, surge en el seno del Tribunal de Cuentas del Reino un proyecto de revista, del que se publicó, con la denominación epigrafiada pero incluyendo el término «proyecto» un número, correspondiente al primer trimestre de No se trataba, según se desprendía del preámbulo de la revista, de una iniciativa de carácter institucional, ya que la idea había surgido, al parecer, de un grupo de funcionarios, cuya identificación se omite en la publicación, por lo que, a falta de averiguaciones más precisas, cabe aventurar la hipótesis de que los promotores serían precisamente los autores de los artículos insertos en el volumen, de 63 páginas, tamaño folio, multicopiado y encuadernado precariamente en rústica. El papel de los órganos rectores del Tribunal, a tenor de las palabras del anónimo autor, al parecer colectivo, de dicho preámbulo, se ceñiría a actuar como «fervientes patrocinadores de nuestro trabajo» y a responder con «un eco entusiasta» a la iniciativa, juicio, sin lugar a dudas, desmesurada e injustificadamente optimista, puesto que el patrocinio no sería tan ferviente, ni el eco tan entusiasta, si se atiende a que el número publicado sería el primero y el último. Constaba la Revista -o acaso más exactamente el Proyecto de Revista de siete artículos: «La contabilidad nacional», cuyo autor era José Luis San Martín Menéndez 47 ; «El Tribunal de Cuentas y la reforma administrativa» y «El control y fiscalización de las entidades total o parcialmente financiadas por el Estado», escritos ambos por Manuel Domínguez Alonso; «Del ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal en el juicio y fallo de las cuentas» 48 y «Dietas 46 González Pérez, J.: «Laureano López Rodó, in memoriam», cit., pág Lo confirman García de Enterría, E.: «Sobre la formación del Derecho Administrativo Español contemporáneo», cit., pág. 28, y Vallina Velarde, J. L. de la: ob. cit., pág Nació el 17 de junio de Ingresó en el Tribunal de Cuentas del Reino en En el año 1989, se integró en el nuevo Cuerpo de Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. Es autor de «La fiscalización el Sector Público (La Auditoría de Gestión del Sector Público)», en Crónica Madrid, Tribunal de Cuentas de España, Cita este artículo Mendizábal Allende, R. de: «Función y esencia del Tribunal de Cuentas», en Revista de Administración Pública nº 46, 1965, pág. 41,15 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 53 y viáticos en los Ministerios Civiles», firmados por Luis Simón Díaz 49 ; y «Liquidación de los gastos de servicios telefónicos, suministros de agua, gas, fluido eléctrico y carbón, en el ramo de Marina» y «La fiscalización económica de los Ministerios Militares», cuya autoría correspondía a Carlos Martínez Lage 50, que se ocupaba asimismo del apartado relativo a la legislación extranjera, mientras que el referente a la legislación española era asumido por Fructuoso García Gil 51. nota 58. Este trabajo de Mendizábal se reproduce en la Revista Española de Control Externo nº 8, Nació el 5 de enero de Ingresó en el Tribunal de Cuentas del Reino en En 1989, optó por integrarse en el nuevo Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. Publicó sendos trabajos relativos a la función de enjuiciamiento: «De las responsabilidades contables», en Seminarios Madrid, Tribunal de Cuentas, 1985; y «Del enjuiciamiento por la jurisdicción contable de los activos (sic) administrativos de carácter discrecional», en La función de los Tribunales de Cuentas en la sociedad democrática. Madrid, Tribunal de Cuentas, Este último es una comunicación presentada en el Encuentro Internacional celebrado en Santander durante los días 10 y 11 de septiembre de 1984 en colaboración con la Universidad Menéndez y Pelayo. A la brevedad propia de una comunicación, se une un título incomprensible, que es debido a un error, por cuanto el autor no se refiere a ningún «activo administrativo», sino a los actos administrativos. 50 Nació el 6 de agosto de Ingresó en el Tribunal de Cuentas del Reino en En 1989, se integró en el nuevo Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. Fue profesor universitario y ejerció la Abogacía. 51 Nació el 23 de abril de Ingresó en el Tribunal de Cuentas del Reino en En 1989, se integró en el nuevo Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. Es autor de un significativo número de trabajos sobre el Tribunal. En orden cronológico, se citan los siguientes: «Comentarios en torno a la futura Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas», en Presupuesto y Gasto Público nº 7, 1980; «La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas», en Crónica Madrid, Tribunal de Cuentas, 1981; Consideraciones en torno al Proyecto de «Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas». s. l., 1981; «La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas», en Presupuesto y Gasto Público nº 9, 1981; «Modalidades de control a ejercer por el Tribunal de Cuentas en la actuación de su fiscalización sobre las cuentas y gestión económica del Estado y del sector público», en Crónica 1981, vol. segundo. Madrid, Tribunal de Cuentas, 1982; «Algunas cuestiones relacionadas con la responsabilidad contable», en Seminarios Madrid, Tribunal de Cuentas, 1985; «Los juicios de cuentas: su apertura de oficio», en La función de los Tribunales de Cuentas en la sociedad democrática. Madrid, Tribunal de Cuentas, 1985; «Cuentas y cuentadantes» y «La pieza separada», en Crónica Madrid, Tribunal de Cuentas, 1992.16 54 Revista Española de Control Externo17 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 55 La fugaz Revista del Tribunal de Cuentas si es que se acepta que llegó a pasar de la fase de proyecto constituye un antecedente directo de la Revista Española de Control Externo y, por tanto, su efímera prehistoria, ya que otras publicaciones posteriores editadas por el Tribunal de Cuentas 52 no se ajustan, en mi opinión, al formato propio de una revista 53. Tal antecedente, por lo demás, no es muy conocido, si bien tampoco ha quedado totalmente sepultado en el olvido. En tal sentido, puede traerse a colación la cita que de la Revista hace Mendizábal Allende, quien la califica de «feliz iniciativa, lamentablemente frustrada, reveladora de un acuciante interés por el perfeccionamiento de la institución sentido por un selecto grupo de sus funcionarios», a la vez que se lamenta de que el propósito no llegara a fructificar La reforma administrativa en la Revista del Tribunal de Cuentas Uno de los promotores de la frustrada revista era Manuel Domínguez Alonso. Había nacido el 20 de noviembre de 1929 y, pese a ser el más joven de los impulsores del proyecto, había ingresado en el Tribunal de Cuentas casi dos años antes que los demás, concretamente en Además de Censor del Tribunal de Cuentas, fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Nacional de Administración Local, así como Secretario, Interventor y Depositario de Fondos de esta Administración. Publicó, ya en situación de excedencia en el Tribunal, sendos trabajos sobre este órgano de relevancia constitucional 55, siendo asimismo autor de diversas publicaciones sobre contabilidad pública 56 y sobre 52 Como «Crónica» o «Seminarios», editadas en las décadas de los ochenta y de los noventa del siglo xx. 53 A excepción del Boletín del Tribunal de Cuentas, pero esta publicación no pertenece a la prehistoria de la Revista Española de Control Externo, ya que el primer número de aquél es de abril de 1999, mientras que ésta comenzó a publicarse en enero del mismo año. 54 Mendizábal Allende, R. de.: «La efímera vida del Tribunal de Cuentas del Reino», en Anales. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación nº 38, 2008, pág. 376, nota 85, donde reitera lo ya expresado en «Función y esencia del Tribunal de Cuentas», cit., pág. 19, tercer párrafo de la nota «Las relaciones entre las Cortes Generales (Poder Legislativo) y el Tribunal de Cuentas (Órgano de Control Financiero)», en Crónica 1981, vol. 2º. Madrid, Tribunal de Cuentas, 1982; «Responsabilidad de la gestión de fondos y efectos públicos», en Seminarios Madrid, Tribunal de Cuentas, Así, «Consideraciones sobre la posible reforma de la contabilidad del sector público español», en Revista Española de Financiación y Contabilidad vol. I, nº 1, 1972; Manual de Contabilidad de las Entidades Locales. Madrid, IEAL, 1978.18 56 Revista Española de Control Externo presupuestación y fiscalización de la Administración Local 57. Al ejercer, en el año 1989, la opción otorgada a los miembros del Cuerpo Especial Técnico de Censores Letrados y Contables, quedó integrado en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. Tal y como se ha indicado, entre las aportaciones de Manuel Domínguez Alonso al primer número de la Revista del Tribunal de Cuentas, figuraba el titulado «El Tribunal de Cuentas y la reforma administrativa», en el que, tras comenzar recordando la creación de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, a la que había sido encomendada la tarea reformadora, se ocupaba de los problemas, hasta un total de siete, que tenía planteados, en opinión del autor, el Tribunal de Cuentas del Reino en relación con la reforma de la Administración, si bien advertía que no pretendía enumerar aquéllos de forma exhaustiva. Las dos primeras cuestiones estaban referidas a la rendición de cuentas por los organismos autónomos y por las entidades locales. Respecto de los primeros, ponía de relieve el autor la falta de una regulación general sobre su creación, gestión y control, señalando que las normas vigentes a la sazón únicamente contemplaban aspectos fragmentarios y con olvido, además, de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, por cuanto databan de la época en que se interrumpió su funcionamiento 58. Para solucionar la preterición del Tribunal proponía Domínguez que se le atribuyese el control de la gestión económica de dichas entidades, si bien no en ejercicio de la función jurisdiccional, sino tan solo con un carácter informativo y consultivo, a través de informes, de carácter reservado, dirigidos a la Jefatura del Estado y al Gobierno de la Nación. Sobre ello, puede recordarse que, como antes se ha dejado constancia, a finales del mismo año 1958, se aprobaría la Ley de Entidades Estatales Autónomas, cuyo capítulo VII del título I está dedicado específicamente a la regulación de la contabilidad de los organismos autónomos, estableciéndose la obligación de rendir 57 Presupuestos, contabilización y fiscalización en las corporaciones locales. Madrid, IEAL, Recuérdese que el Tribunal de Cuentas estuvo varios años «hibernado» (ver sobre las vicisitudes del Tribunal en aquellos años Mendizábal Allende, R. de: «El Tribunal de Cuentas en el eclipse de la democracia», en Anales. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 2005, págs ).19 La reforma administrativa y el Tribunal de Cuentas 57 cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas del Reino y determinándose la documentación que debía acompañarse a ellas, así como las actuaciones que el Tribunal podía llevar a cabo. La Ley iba más allá de lo que Domínguez propugnaba en su artículo, si bien contemplaba también la posibilidad sugerida por él de elaborar un informe sobre las operaciones comerciales, industriales o análogas que realizaran los organismos autónomos, con destino al titular del Ministerio de adscripción y traslado al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Economía Nacional. La Ley declaraba asimismo aplicables a los servicios administrativos sin personalidad jurídica las normas recogidas para los organismos autónomos en el citado capítulo VII del título I, con algunas especificidades, y establecía, para las empresas nacionales en las que la participación del Estado excediera del 75 por 100 de su capital, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas del Reino copias autorizadas de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como un Informe explicativo, declarando también aplicable a estas empresas lo anteriormente señalado respecto del informe que el Tribunal podía elaborar 59. Lo dispuesto en esta Ley, así como en la de Tasas y Exacciones Parafiscales, de la misma fecha, en la que se encomendaba al Tribunal de Cuentas del Reino la comprobación de las cuentas relativas a estas figuras tributarias, dio lugar a que, mediante la Ley 87/1961, de 23 de diciembre, se modificara la de 3 de diciembre de 1953, por la que se regía el Tribunal 60. El segundo de los aspectos referidos a la rendición de cuentas afectaba a las de las entidades locales. Respecto de esta cuestión, denunciaba Domínguez la invasión del ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas, iniciada por la Ley de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y culminada con la efectiva creación del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, dentro del cual habían sido establecidas las Comisiones Central y Provinciales de Cuentas. Ahora bien, Domínguez no reclamaba para el 59 Esta Ley tenía una acentuada preocupación por los aspectos financieros, presupuestarios y contables, en especial por el control de los fondos que manejaban las entidades estatales autónomas (ver Crespo Montes. L. F.: Mitos y ritos de la Administración española, cit., pág. 168). 60 En el preámbulo de la Ley 87/1961, de 23 de diciembre, se señala expresamente que la modificación de la Ley de 3 de diciembre de 1953 es consecuencia de la aprobación de las Leyes de entidades estatales autonómicas y de tasas y exacciones parafiscales, donde se reconocen las tradicionales funciones del Tribunal de Cuentas.20 58 Revista Española de Control Externo Tribunal de Cuentas del Reino las competencias en la materia, sino que se limitaba a reivindicar la armonización de esta situación con la función encomendada al Tribunal, mediante la atribución a éste de los recursos contra las decisiones recaídas en el examen de las cuentas practicado por dichas Comisiones. Esta reivindicación de la asunción de la competencia relativa al control externo de las entidades locales alcanzó más tarde carácter institucional, ya que fue realizada al menos en dos ocasiones por el Tribunal de Cuentas del Reino. La primera fue hecha en 1964, en el que se propugnó que, sin perjuicio de mantener el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, se encomendara al Tribunal la fiscalización externa de los entes locales, teniendo en cuenta que ya tuvo atribuida la de Diputaciones y Ayuntamientos de categoría superior 61. Tres años después, esta reivindicación se modificó en sentido de reclamar que la fiscalización de las Diputaciones Provinciales, de los Ayuntamientos de capitales de Provincia y de los Ayuntamientos de una «población suficiente», fuera hecha por el Tribunal, «en cuentas y expedientes, por intermedio del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de Entidades Locales, previa resolución por éste en vía gubernativa». Se añadía que «las cuentas y expedientes de las Corporaciones Locales de menor envergadura serían resueltas con carácter final por el indicado Servicio Nacional, dándose contra dichas resoluciones los oportunos recursos judiciales ante el Tribunal de Cuentas» 62. Respecto de este asunto, es menester recordar que la competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar a las Corporaciones Locales le vino reconocida por el artículo de la Constitución de 1978 y por los artículos 1, 2.a y 4.1.c de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. El tercer aspecto del que trataba el artículo atañía a las subvenciones con fondos estatales, respecto de las cuales el autor hacía hincapié en las dificultades que para la actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas del Reino se derivaba de la ausencia de preceptos legales que establecieran claramente su competencia para 61 Memoria relativa a las Cuentas Generales del Estado 1935 a Madrid, Tribunal de Cuentas del Reino, 1964, pág Memoria relativa a las Cuentas Generales del Estado Madrid, Tribunal de Cuentas del Reino, 1967, pág. 71. Mostrar más
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