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Timestamp: 2020-07-05 17:24:20+00:00

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#ÚLTIMO | TC rechazó hábeas corpus presentado por Antauro Humala | LP
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#ÚLTIMO | TC rechazó hábeas corpus presentado por Antauro Humala
[Actualizado el 18.6.2020]
El Tribunal Constitucional declaró improcedente en parte e infundado en otro, la demanda de hábeas corpus presentado por la defensa de Antauro Humala Tasso para ser trasladado a un hospital, debido a la pandemia por el coronavirus (covid-19).
El organismo constitucional se pronunció en ese sentido en el Expediente 01134-2020-PH/TC contra la dirección del establecimiento penitenciario Ancón II, donde Huamala Tasso cumple una condena por el caso Andahuaylazo.
Durante la audiencia de vista del recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Antauro Humala, el procurador del Instituto Nacional Penitenciario indicó que el interno se había recuperado del coronavirus.
[Actualizado el 29.5.2020]
SALA MIXTA DE EMERGENCIA
EXPEDIENTE: 02531-2020-0-1801-JR-PE-54
BENEFICIARIO: ANTAURO IGOR HUMALA TASSO
PROCESO: HABEAS CORPUS
EMPLAZADO: MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dr. Josué Pariona Pastrana.
Dr. Duberlí Rodríguez Tineo.
Dr. José Antonio Neyra Flores.
Dr. Jorge Calderón Castillo.
Dr. Jorge Santa María Morillo.
AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como ponente el Juez Superior Lizárraga Rebaza, llevada a cabo la vista de la causa mediante el sistema de video conferencia, conforme a la constancia que antecede.
I.- DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN
Es materia de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha
La defensa técnica del beneficiario Antauro Igor Húmala Tasso, argumenta esencialmente, lo siguiente:
El 22 de abril de 2020, que resuelve Rechazar Limine la demanda de Habeas Corpus interpuesta por Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, a favor de Antauro Igor Humala Tasso, dirigida contra los Jueces Supremos Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, Duberlí Rodríguez Tineo, José Antonio Neyra Flores, Jorge Calderón Castillo y Jorge Santa María Morillo, quienes al emitir la resolución de fecha 23 de junio de 2011 (R.N. 890-2010), por el cual se declaró no haber nulidad en la sentencia de vista de fecha 16 de septiembre de 2009 (Exp. 20-2005), habrían vulnerado su derecho constitucional a la defensa, al debido proceso, así como al derecho al libre acceso al órgano jurisdiccional, derecho a probar -mediante la reconstrucción de los hechos-; derecho al contradictorio, derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto a los previsto en la ley, y derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y otros.
II. – FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que,la presente demanda es interpuesta por detención arbitraria en contra del beneficiario, a razón de haberse dictado sentencia condenatoria efectiva en su contra, por evidente vulneración al derecho de la prueba -no se realizó una reconstrucción del hecho en la escena del crimen-, a fin que mediante inspección ocular y con las pericias de balística forense practicadas, se reconstruya el crimen y se acredite que era imposible que los reservistas al mando de mi patrocinado Antauro Igor Humala Tasso, pudieran haber asesinado a los policías, hecho que tiene incidencia directa con el Presidente de la Corte Suprema, al ser este último quien ordenó a los magistrados sentenciar y condenar al beneficiario en el más breve término.
Consideraciones por las cuales, al existir evidente vulneración a los derechos invocados, se solicita que se revoque la resolución apelada.
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA ATENDIENDO:
Primero.- Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; debiéndose tener presente el principio de congruencia procesal y por el cual el órgano revisor al resolver la impugnación solo debe avocarse y pronunciarse sobre los agravios formulados por las partes al proponer sus recursos, sin emitir decisión sobre aquellos aspectos no denunciados por ellas, salvo que se trate de errores graves y trascendentes que hayan generado una actividad procesal nula.
SEGUNDO. – Que, en el presente caso, la defensa técnica del beneficiario Antauro Igor Humala Tasso, interpone la demanda de habeas corpus con la finalidad de que se declare Nula una resolución expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, por haberse vulnerado su derecho de defensa.
TERCERO.- Que, los procesos constitucionales, conforme lo señala la propia doctrina constitucional, son aquellos establecidos por el propio ordenamiento supra legal, como la Constitución Política del Estado, y los Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos, que tiene por objeto defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, reparando un derecho conculcado o disuadiendo una real amenaza de su vulneración; así como preservar la supremacía de la Constitución; a estos efectos se señala que: “(…) todos los procesos constitucionales – incluyendo aquellos orientados a la tutela de derechos fundamentales – gozan de una dimensión objetiva orientada a preservar el ordenamiento constitucional como una suma de valores institucionales” . Sobre el particular, el Tribunal Constitucional recién entrado en vigencia el Código Procesal Constitucional tuvo de oportunidad de expresar que: “(…) en los procesos constitucionales se busca no sólo la protección de los derechos fundamentales, sino también la constitucionalidad del derecho objetivo. De ahí que se haya señalado que dichos procesos deben ser capaces de comprender no sólo la tutela subjetiva de los derechos constitucionales, sino también la tutela objetiva de la Constitución”.
CUARTO.- Que, por su parte el proceso de hábeas corpus, conforme lo señala el artículo 25° del Código Procesal Constitucional procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere los derechos a la libertad individual, como también de los derechos constitucionales conexos con la aludida libertad, especialmente cuando se trate dela tutela judicial efectiva y el debido proceso; dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva, se ha de tener en consideración el derecho al debido proceso.
QUINTO.- Que, de la resolución recurrida se verifica, que el Juez para sustentar su decisión, consideró, básicamente, quelos cuestionamientos y presuntas vulneraciones alegadas por el demandante, en buena cuenta, constituyen cuestionamientos de connotación jurídica ordinaria, los mismos que exceden del objeto de los procesos constitucionales de la libertad individual, puesto que es claro, que en lo que se pretende es la declaratoria de nulidad de la Resolución Suprema emitida con fecha 23 de junio de 211, por el cual se declaró no haber nulidad en la sentencia de vista de fecha 16 de septiembre de 2009, luego, tales cuestionamientos corresponden dilucidarse en el marco del propio proceso ordinario o la atención directa de los órganos de control.
SEXTO. – Que, este Superior Colegiado encuentra arreglado a ley la resolución materia de alzada, pues, el A quo realizó una debida valoración en la resolución que es materia de alzada de fecha 22 de abril de 2020. Bajo este contexto se realizan las siguientes precisiones: a) El demandante considera que la sentencia de vista de fecha 16 de septiembre de 2009, en la que se le condena a pena privativa de la libertad efectiva, se vulneró el derecho a la defensa -argumenta que no se realizó una reconstrucción del hecho en la escena del crimen-, siendo ello así, la primera oportunidad que tuvo para advertir ante la justicia ordinaria dicha supuesta afectación, sin considerar los mecanismos que pudo emplear intra-proceso, fue el recurso impugnatorio ala sentencia de vista antes mencionada, a efectos de que el Superior Jerárquico pueda pronunciarse al respecto, dicha pretensión no ha sido advertida en los argumentos de la presente demanda. b) Aún en el supuesto de haberse presentado alguna vulneración al derecho de defensa y esta no hubiera sido alegado por el impugnante, el Superior Jerárquico (en este caso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República) pudo haberlo advertido en la resolución que hoy la parte demandante pretende se declare nula; no obstante ello, al no evidenciarse vulneración alguna es que los magistrados integrantes de la Sala Penal Permanente, declararon No Haber Nulidad en la sentencia recurrida. c) La parte demandante no solo tuvo las vías antes mencionadas para cuestionar la sentencia dictada o alegar vulneración a sus derechos constitucionales, pues, se aprecia que con fecha 25 de junio de 2013, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia N° 02092- 2012-HC/TC, en mérito al recurso de agravio constitucional planteado a favor del ahora beneficiario, quien debió alegar en su momento todas las posibles vulneraciones que pretendió se declaren fundada, la que también fue desestimada. Consideraciones por las cuales, lo pretendido por el demandante es que se realice un re-examen sobre algo que ya fue materia de cuestionamiento y pronunciamiento en la vía ordinario, así como, en sede constitucional, por lo que no debe ampararse su pretensión, procediéndose a confirmar la resolución materia de alzada.
Por los fundamentos precedentemente expuestos, los integrantes de la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia a nombre de la Nación; RESUELVEN: CONFIRMAR la resolución de fecha 22 de abril de 2020, que rechaza ln Limine la demanda de habeas corpus interpuesta por Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, a favor de Antauro Igor Humala Tasso, dirigida contra los Jueces Supremos Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, Duberlí Rodríguez Tineo, José Antonio Neyra Flores, Jorge Calderón Castillo y Jorge Santa María Morillo, quienes al emitir la resolución de fecha 23 de junio de 2011 (R.N. 890-2010), por el cual se declaró no haber nulidad en la sentencia de vista de fecha 16 de septiembre de 2009 (Exp. 20-2005), habrían vulnerado su derecho constitucional a la defensa, al debido proceso, así como al derecho al libre acceso al órgano jurisdiccional, derecho a probar -mediante la reconstrucción de los hechos-; derecho al contradictorio, derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto a los previsto en la ley, y derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y otros.Oficiándose y notificándose.
MONTOYA PERALDO
LIZÁRRAGA REBAZA
[Actualizado el 5.5.2020]
Sumilla: En cuanto derecho constitucional, la salud de las personas recluidas es también una facultad vinculante al Estado. Por lo tanto, los reclusos, tienen un derecho constitucional a la salud al igual que cualquier persona. Pero, en este caso, es el Estado el que asume la responsabilidad por la salud de los internos, siendo el Instituto Nacional Penitenciario quien debe proporcionar una adecuada y oportuna atención médica. Asimismo, ante esta situación de emergencia nacional adoptar las medidas necesarias para la atención oportuna del beneficiario, siendo de su competencia establecer su traslado a un centro médico oportunamente de ser requerido.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUENTE PIEDRAVENTANILLA
SALA MIXTA DE EMERGENCIA DE LOS DISTRITOS DE ANCON, SANTA ROSA Y PUENTE PIEDRA
SENTENCIA DE VISTA N° 2530-2020-0-3398
EXPEDIENTE: N° 02530-2020-0-3398-JR-PE-01
APELANTE: CARMEN HUIDOBRO ESPINOZA
PROCESO: CONSTITUCIONAL – HÁBEAS CORPUS
PROCEDENCIA: JUZGADO TRANSITORIO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUENTE PIEDRA
RESOLUCIÓN N° 13
Ventanilla, dos de mayo De dos mil veinte.-
VISTOS: Habiéndose llevado a cabo la vista de la causa el día 30 de abril del presente con el informe oral de la impugnante y sustento de su defensa técnica, y la participación del representante de la Procuraduría Pública del INPE, se procede a resolver; y, CONSIDERANDO:
I.- DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN:
Es materia de apelación la resolución N° 6 de fecha nueve de abril de dos mil veinte [fs.164/173], que declara IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus interpuesto por Carmen Huidobro Espinoza, a favor de Antauro Igor Humala Tasso, en contra de Edith Ramón Chocano Directora del Establecimiento Penitenciario, con lo demás que contiene.
II.- ANTECEDENTES DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS:
2.1 Con fecha 1 de abril del presente, CARMEN HUIDOBRO ESPINOZA interpone demanda de hábeas corpus correctivo por afectación a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena, en el caso concreto el beneficiario, en conexión con el derecho a la libertad personal, emplazando a la Directora del Establecimiento Penitenciario Ancón II, pretendiendo que se disponga que el beneficiario reciba atención médica necesaria por la dolencia que sufre y como consecuencia de haber sido atendido por el odontólogo Luis Riega Viru la semana próxima pasada, quien ha dado positivo para el contagio de COVI-19, el estado actual de la salud del beneficiario esta en grave riesgo para su vida, amerita su traslado a un establecimiento de salud dispuesto para las personas que han estado en contacto con agentes contagiados o en su defecto al Hospital Militar, pues su vida ya se encuentra en estado de vulnerabilidad.
2.2 Mediante Resolución N° 2 [ver fs.19/22], el Juzgado admitió a trámite la demanda y dispuso: 1) Oficiar al Establecimiento Penitenciario Ancón II para que presente informe; y 2) Recibir la declaración indagatoria del beneficiario.
2.3. Por escrito de fecha 6 de abril del presente, la demandante adjunta copias simples de supuestas publicaciones periodísticas, en las que se señala que COVID19 llegó a cárceles3 , miembros del INPE dan positivo coronavirus en Penal Ancón II4 y que abogada Carmen Huidobro señala que su patrocinado puede haberse contagiado con el odontólogo que lo atendió y dio positivo al COVID-19- Antauro en peligro por pandemia.
2.4. El Procurador Público del INPE presentó sus descargos6 señalando que no se ha acreditado lo alegado por el beneficiario, es decir inminente peligro o vulneración de su derecho a la vida, la salud, integridad física y psicológica, procediendo a exponer las medidas adoptadas por el Estado en los establecimientos penitenciarios ante esta pandemia, precisando que el odontólogo Luis Riega Viru conforme al Oficio N° 184-2020-INPE se encuentra trabajando diariamente, sin haber puesto aviso de que está enfermo.
2.5. El día 6 de abril del presente el órgano jurisdiccional recibió las declaraciones indagatorias de: i) EDITH BEATRIZ RAMON CHOCANO (Directora del Establecimiento Penitenciario Modelo Ancon II)7, quien señaló que el Penal cuenta con una clínica y todos los protocolos de acuerdo a las estrategias sanitarias del Ministerio de Salud, que ésta ha sido evaluada y certificada desde el año pasado. Que en el penal que dirige no existe ningún caso de COVID 19 sustentándose en el Informe Médico del Penal que se encuentra firmado por el médico cirujano y refrendado por el Sub Director de Salud Penitenciaria, el odontólogo Luis Riega Viru de fecha 6 de abril de 2020, informe que lo tiene en el acto, preguntando cómo lo puede hacer llegar al Juzgado; y ii) ANTAURO IGOR HUMALA TASSO (beneficiario del proceso constitucional)8 precisando que la última vez que fue atendido en el Establecimiento Odontológico fue hace una semana por el doctor Luis Riega Viru, y que en un medio de circulación nacional LA RAZON, un técnico del INPE de donde yo estoy internado Juan Carlos Sánchez Aguilar hizo una declaración que no ha sido desmentida por ninguna autoridad del penal ante los internos, en razón a eso por mi integridad biológica me comuniqué con mis abogados por lo que se efectuó este habeas corpus solicitando se me efectúe el despistaje respectivo; que fue revisado por un médico y autorizado para que sus familiares le compraran medicamentos y los ingresaran y ahorita estoy siguiendo ese tratamiento. Toda la población penal está en un proceso de estrés tremendo encima sin abogados, no tengo la oportunidad de conferenciar con ellos; que han escuchado en la radio que los empleados del INPE que están infectados van a ser aislado en unos ambientes que están próximos al Penal Ancón II, de ser cierto eso, la preocupación se va a incrementar, estoy pidiendo que se me tome la prueba médica respectiva para descartar en mi caso si estoy infectado o no, lo relevante es que se efectúe mi chequeo.
III.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION APELADA:
3.1. La sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 06218-2007-PHC/TC considera que para la aplicación de la causal de improcedencia debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta: a) El Juez debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados; b) El Juez debe identificar la verdadera pretensión del demandante; y c) El Juez debe analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus (ver fundamentos 9 del punto 4).
3.2. De la demanda y su lectura integral se desprende que la verdadera pretensión del demandante es que se disponga su traslado a un establecimiento de salud dispuesto para aquellas personas contagiadas o en su defecto al Hospital Militar, pretensión que forma parte del contenido constitucionalmente protegido a través del presente proceso (ver fundamento 10 del punto 4).
3.3. Para analizar la controversia, es necesario determinar si el demandante en efecto ha sido contagiado por el virus COVID-19 en el Establecimiento Penitenciario Piedras Gordas II por parte del odontólogo Luis Riega Viru, si se están produciendo actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que cumple la pena, es decir, si se han tomado u otorgado oportunamente las medidas de seguridad y/o preventivas en el marco del estado de emergencia (según fundamento 11 del punto 5).
3.4. Al cumplimiento de lo requerido, se tiene el Oficio N° 184-2020-INPE-18-244-D, de fecha 06 de abril de 2020, que precisa que de acuerdo con el Oficio N° 136- 2020 INPE/18-244-SDSP-LRV de fecha 03/04/2020, emitido por el C.D Luis Riega Virú, Sub Director de Salud Penitenciaria del EP Ancón II, el interno Antauro Igor Humala Tasso, recibió atención médica desde los días 12 y 13 de noviembre de 2019, hasta el 23 de marzo de 2020, en la que fue su última atención, siendo falso que no recibe o se brinde atención médica, como es falso que dicho médico se encuentre contagiado con COVID-19. Respecto a los protocolos y medidas de seguridad dispuestas en el Establecimiento Penitenciario están cumpliendo desde el 16 de marzo (conforme se lee del fundamento 15 del punto 5).
3.5. Como es de observarse, y de todos los medios de prueba, el favorecido con la presente demanda, no ha sido contagiado con el virus COVID-19, por los evidentes signos que ha mostrado en su declaración por video conferencia, a menos que sea asintomática, tan igual sería el médico odontólogo quien dice le habría contagiado y esto en contraste con los medios de prueba presentados, descartándose además por subjetivo los anuncios propalados en un medio informativo denominado La Razón de fecha 31 de mayo de 2020, así como la declaración de un técnico del INPE que refiere el demandante que no ha sido desmentido (Según el fundamento 16 del punto 5).
La abogada defensora del líder etnocacerista Antauro Humala Tasso, interpuso hábeas corpus a su favor, debido al riesgo de contagio del coronavirus que tiene en el penal Ancon II, donde cumple su condena.
La letrada Carmen Huidobro señaló que tenían información de que el médico que tuvo una cita con Humala la semana pasada dio positivo en la prueba del covid-19. Se trataría del odontólogo del penal. Por ello, la letrada ha solicitado que le hagan el hisopado a su patrocinado y que se disponga el traslado de su defendido a un establecimiento de salud.
El lunes 6 de abril, al mediodía, se llevará a cabo, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, a cargo de la jueza Cris Ruiz Cárdenas, la audiencia preliminar para recibir la declaración del etnocacerista y de la directora del penal Ancón II, Edith Ramón Chocano.
Como se recuerda, el líder del partido Unión por el Perú viene cumpliendo una condena de 19 años por ser uno de los líderes del “Andahuaylazo”, el 2005.
Cabe indicar que el miércoles, una sala de apelaciones ordenó la excarcelación del exgobernador regional y ex primer ministro, César Villanueva, para que cumpla detención domiciliaria por 18 meses, debido al riesgo potencial del contagio de la enfermidad viral.
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