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Gabinete Jurídico. Informe 0299/ PDF
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Irene Medina Calderón
1 Informe 0299/2009 La consulta plantea, si la Mutua para las que trabaja la consultante tiene la consideración de responsable o encargadas del tratamiento conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Según se desprende de los escuetos términos de la consulta, parece deducirse que la mutua, trata por su cuenta los datos de sus clientes, por lo que tendría la consideración de responsable del tratamiento, conforme a la definición otorgada por el artículo 3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. No obstante, es importante destacar que la Agencia ha emitido diversos informes como el de fecha 5 de mayo de 2008, en el que se analizaba la figura de las Mutuas señalando que: Respecto de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son, según resulta del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo objeto principal es colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Los empresarios que formalicen la protección del personal a su servicio frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, pueden optar entre hacerlo en la entidad gestora correspondiente de la Seguridad Social o asociándose a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social, Por otro lado, la mencionada Ley General de la Seguridad Social regula la obligatoria afiliación a la misma de los Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las distintas ramas de actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajadores a domicilio, y con independencia, en todos los casos, de la categoría profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza especial o común de su relación laboral (artículo a.). 1
2 El artículo 99 de dicha norma establece la obligación de los empresarios de afiliación de sus trabajadores y establecer bien la protección de los mismos a través de una entidad gestora o de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como establece el apartado primero de dicha norma al indicar: Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que haya de asumir la protección por estas contingencias del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 De dichos preceptos legales deriva la obligación legal, de comunicar por parte de los empresarios los datos de sus trabajadores a las indicadas Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuando se haya optado por estas como medio de protección de tales contingencias. Como tal, la naturaleza en cuanto dichos datos cedidos por Ley a la Mutua correspondiente tiene mejor encaje en el concepto de responsable del tratamiento conforme a la definición de la Ley, "Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento" (artículo 3.d).). Por su parte, es encargado del tratamiento, según el artículo 3 g) "La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento". En consecuencia cuando la empresa contrate con una Mutua la protección de las contingencias profesionales de los trabajadores o la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, será considerada responsable del tratamiento de datos que realizan de acuerdo con las funciones que tiene legalmente atribuidas, y no con un mero tratamiento por cuanta de terceros. Podemos concluir que tanto las empresas encargadas de la Prevención de Riesgos Laborales como las Mutuas de Accidentes tienen la consideración de responsables del tratamiento de datos que realizan, al amparo de las funciones que tiene legalmente atribuidas. 2
3 Respecto de la posición que ostenta el consultante, está claro, que al actuar por cuenta de la Mutua, tiene la consideración de encargado del tratamiento. En ese supuesto, la actuación de la consultante quedará sujeta al régimen previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Capítulo III del Título II de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, caracterizado por las siguientes notas: a) En primer lugar, será preciso que la actuación del encargado del tratamiento se limite a la prestación de los servicios objeto de la contratación. A tal efecto dispone el artículo 20.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado. b) En lo que atañe a los requisitos formales, el artículo 12.2 de la Ley Orgánica impone que la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. c) Por lo que respecta al periodo de conservación de los datos, el artículo 12.3 establece que una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. Añade el artículo 20.3 del Reglamento que no obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa indicación expresa del responsable, comunique los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en el presente capítulo. El artículo 22.1 reitera esta previsión, al indicar que una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. d) Por otra parte, a fin de preservar los derechos del encargado frente a posibles responsabilidades derivadas de su actuación, dispone el artículo 22.1 del Reglamento que el encargado del tratamiento conservará, debidamente 3
4 bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. e) En lo referente a la posible subcontratación de los servicios prestados, el artículo 21 del Reglamento permite esta posibilidad en caso de que el responsable del fichero apodere al encargado para la celebración del segundo contrato en nombre de aquél o cuando se den los requisitos especificados en el apartado 2 del citado precepto: - Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar. SI dicha circunstancia no se hubiera previsto en el contrato, deberá procederse a su modificación posterior, conforme al artículo Igualmente, en caso de que en el contrato no conste la identificación de la empresa subcontratista será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la identifiquen antes de proceder a la subcontratación. - Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero. - Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica. f) En cuanto a las medidas de seguridad que hayan de ser adoptadas por quienes realicen trabajos de tratamiento de datos por cuenta de tercero, habrán de ser, en principio, las mismas que las impuestas al responsable del fichero, tal y como se desprende de lo previsto en los artículos 9 y 12.2 de la Ley Orgánica, detallando el artículo 82 del Reglamento el modo en que deberán implantarse las medidas. g) En cuanto al ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el artículo 26 del Reglamento dispone que cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. h) Por último, según el artículo 12.4, en el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, siendo, en consecuencia, de aplicación el régimen 4
5 sancionador establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ley, sujetando el primero de ellos al encargado del tratamiento a dicho régimen. 5
- Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán ambas responsables del tratamiento.
Informe 0257/2011 I La consulta plantea hasta un total de doce cuestiones relacionadas con la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

References: artículo 3
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 99
 artículo 70
 artículo 3
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 21
 artículo 12
 artículo 82
 artículo 26
 artículo 12