Source: https://es.scribd.com/doc/116554712/ley-lepina
Timestamp: 2016-05-26 01:40:02+00:00

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Dr. José Belarmino Jaime Presidente del Órgano Judicial Lic. José Manuel Melgar Henríquez Ministro de Justicia y Seguridad Pública Lic. Romeo Benjamín Barahona Meléndez Fiscal General de la República Lic. Sonia Elizabeth Cortez de Madríz Procuradora General de la República Lic. David Gonzalo Cabezas Flores Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura
Unidad Técnica Ejecutiva
Dr. Rafael Flores y Flores Director General
Fátima, mirada de vida. Vende semillas y mangos en carretera a Comalapa. Foto: Desirée Mazier. El Salvador/Nov. 09.
Publicación de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia a través de la Unidad Técnica Ejecutiva, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de “Proyecto de Formulación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia” UTE/UNICEF.
Lic. Jorge E. Martínez Ramos Director del Área de Educación Pública y Reforma Legal de la UTE. Licda. Luisa Rivera de Peralta Directora del Área de Medios de Comunicación de la UTE Licda. Vanesa Martínez Consultora UTE/UNICEF
Diseño gráfico Celdas Estudio, S.A. de C.V. www.celdasestudio.com Impresión Procesos Gráficos 1,000 ejemplares 1a. edición, febrero 2010
340.1 G563 Glosario de términos jurídicos de la LEPINA / comp. Comisión Coordinadora del Sector Justicia. -- 1a. ed. -- Salvador, sv El Salv. : Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, Unidad Técnica Ejecutiva, 2010. 60 p. ; 21 cm. ISBN 978-99923-923-2-4 1. Términos jurídicos de la LEPINA-Glosario, vocabularios, etc. 2. Jurisprudencia-Diccionarios. I. Comisión Coordinadora del Sector Justicia, comp. II. Título. BINA/jmh
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido ni todo ni en parte, ni transmitido o registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sin el permiso previo y por escrito de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia 7a. Calle Poniente No. 5143, Colonia Escalón, San Salvador. Tel.: 2263-2144 fax: 2263-2275 www.ute.gob.sv
Presentación Glosario Artículos de la LEPINA relacionados con comunicaciones Definiciones contenidas en la LEPINA Principios rectores de la LEPINA Tratados internacionales vigentes en El Salvador a los que hace referencia la LEPINA Legislación salvadoreña a la que hace referencia la LEPINA Instituciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia Siglas que aparecen en la LEPINA Contenidos de la LEPINA
i 1 32 36 37 39 40 40 41 41
En el mes de julio de 2006, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia acuerda apoyar, por medio de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), el proceso de formulación del proyecto de ley para la protección de la niñez y la adolescencia de El Salvador, con la asistencia técnica y financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Luego de un amplio y reflexivo proceso de consulta y redacción, el 1 de octubre de 2008 el proyecto de ley recibió la iniciativa de ley correspondiente. El mismo fue aprobado por unanimidad del Pleno de la Asamblea Legislativa el día 26 de marzo y fue sancionado por el Presidente de la República el día 15 de abril, ambas fechas de 2009. De tal forma, UNICEF, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), formuló el proyecto denominado “Implementación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”, el cual fue presentado y avalado por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia el día 25 de febrero de 2009, y comprende, entre otros componentes, la divulgación más amplia posible de esa ley. La UTE es la encargada de gestionar directamente el componente de “Divulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia –LEPINA–”, perteneciente al proyecto de implementación relacionado; contando actualmente con un plan que enmarca las actividades a desarrollar en el mismo, en los ámbitos de información, comunicación y sensibilización.
Una de estas actividades es el documento que ahora se presenta, el cual se denomina “Glosario de términos jurídicos de la LEPINA”, y que servirá como un instrumento de trabajo para los servidores de las instituciones involucradas en la aplicación de esta legislación, así como para los periodistas de los diferentes medios de comunicación que cubren las noticias relacionadas con la misma. Para tal fin, en este documento se han enlistado los términos jurídicos que presenta la ley y se les ha definido de manera sencilla y práctica, se presentan también los artículos de la ley relacionados con el trabajo comunicacional, las definiciones contenidas en esa ley, los principios rectores de la LEPINA, la legislación internacional y nacional a la que hace referencia la misma, las instituciones que participan en su implementación, las siglas que se utilizan y un listado de sus contenidos. Estimados lectores: Esperamos que esta herramienta les sea útil en su trabajo diario en pro de la niñez y la adolescencia, lo que sin duda contribuirá al fortalecimiento de un verdadero Estado Democrático de Derecho y a la construcción de un mejor país para todas y todos.
Abandono inexcusable: Es la situación de carencia injustificada en
que se encuentra un niño, niña o adolescente y que afecta su protección y formación integral en los aspectos material, psíquico o moral, por acción u omisión.
Abuso sexual: Toda conducta tipificada en el Código Penal que
atente contra la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente, para obtener una ventaja o provecho de cualquier clase.
Acción de protección: Es la petición o mecanismo por medio
del cual se pretende la protección judicial de intereses colectivos o difusos (intereses comunes a un grupo de niños, niñas y adolescentes determinados o indeterminados) de la niñez y adolescencia, mediante la imposición de una determinada prestación o conducta al funcionario, autoridad o particular responsable de su vulneración.
Acogimiento de emergencia: Es una medida excepcional y
provisional, emitida en situaciones de extrema urgencia o necesidad a favor de una niña, niño o adolescente, que puede consistir en la separación de su entorno familiar, y por la cual se confía su cuidado a personas idóneas con las cuales le unen vínculos de parentesco o al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), como forma de transición a otra medida administrativa o judicial de protección.
Acogimiento familiar: Es una medida adoptada por el
juez competente, de carácter temporal, que permite a una familia, que no es la de origen nuclear, acoger a una niña, niño o adolescente que se encuentra privado temporal o permanentemente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre, madre o de ambos, o porque a éstos se les ha suspendido o han perdido la autoridad parental. Comprende dos modalidades: colocación familiar y familia sustituta.
Acogimiento institucional: Constituye una medida judicial de
protección, de carácter estrictamente temporal y excepcional. Se aplicará en los casos en que la niña, niño o adolescente se encuentre privado de su medio familiar y no sea posible implementar alguna de las modalidades del acogimiento familiar.
Actuaciones: Es el conjunto de actos, diligencias o trámites que
integran un expediente, procedimiento o proceso; pudiendo ser estas actuaciones de carácter judicial o administrativo según se realicen ante los tribunales o ante instancias administrativas.
Adolescente: Es la persona comprendida desde los doce años
cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad.
Es un requerimiento, advertencia reprensión, que puede realizarse de forma oral o escrita.
Asociaciones de Promoción y Asistencia a los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Son formas de organización legalmente
constituidas para la protección local de los derechos de la niñez y de la adolescencia e integradas en la Red de Atención Compartida.
Audiencia inicial: Es la primera oportunidad del proceso o
procedimiento en que el funcionario judicial o administrativo se reúne con las partes para oírlas, a fin de resolver la disputa presentada.
Audiencia única: Es la audiencia que se realiza en el procedimiento
administrativo o bien en el proceso judicial abreviado. En ella se fijarán los hechos sobre los que se discutirá a efecto que las partes se pronuncien sobre éstos, se aportará prueba y, finalmente, se pronunciará una resolución definitiva.
Auto de apertura: Es una decisión justificada que se pronuncia al
Auto motivado: Es una decisión que se adopta dentro de
un proceso o procedimiento y se encuentra adecuadamente fundamentada o justificada.
Autoridad competente: Es el servidor público revestido por la
ley de algún poder, mando o autoridad para resolver un litigio o pleito.
Autoridad judicial competente: Es el juez o tribunal al
que le corresponde la resolución de un asunto sometido a su conocimiento.
Autoridad parental: Es el conjunto de facultades y deberes, que
la ley otorga e impone al padre y la madre sobre sus hijos menores de dieciocho años de edad, para que los protejan, eduquen, asistan y preparen para la vida, y además para que los representen y administren sus bienes.
Buenas prácticas: En general se refiere a toda experiencia que
se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una perspectiva determinada o a un parámetro consensuado, así como toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto.
Carga de la prueba: Es la obligación de probar los hechos
alegados; corresponde a cada parte comprobar lo que ha afirmado en su demanda o contestación.
Casas de lenocinio: Casas en las que se ejerce la prostitución y
se comercia con ella.
Castigos corporales o físicos: Es todo castigo en el que se utilice
la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor o malestar, aunque éste sea leve. En la mayoría de los casos consiste en pegarle a un niño, niña o adolescente con la mano u otra parte del cuerpo o con un objeto.
Castigos psicológicos: Consiste en la agresión que realiza
cualquier persona con la intención de sancionar, corregir o controlar a un niño, niña o adolescente a través de un trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador. Incluye la deshonra, el descrédito o menosprecio del valor o dignidad personal, el aislamiento, rechazo, negligencia, abandono, las comparaciones destructivas, la amenaza de separación de los padres o familiares; así como todos aquellos actos que causan daños emocionales y psicológicos que conllevan a disminuir la autoestima o bien a perjudicar o perturbar el pleno desarrollo del niño, niña o adolescente.
Certificación de partida de nacimiento: Documento mediante
el que se asegura la verdad de la inscripción del nacimiento de una persona. Es extendida por el Registro del Estado Familiar del respectivo municipio.
Colocación familiar: Consiste en la ubicación de una niña,
niño o adolescente con un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta modalidad garantiza la permanencia y atención de la niña, niño o adolescente con
personas con las cuales le unen vínculos de parentesco; estas personas deberán ser previamente calificadas, registradas y estarán sujetas a supervisión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Comités locales: Son órganos administrativos municipales, cuyas
funciones primordiales son desarrollar políticas y planes locales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, así como velar por la garantía de los derechos colectivos de todas las niñas, niños y adolescentes.
Condenación en costas: Es el pronunciamiento en la sentencia
en virtud del cual se obliga a una de las partes a pagar los gastos que el juicio ha ocasionado a la contraria.
Control judicial: Es la comprobación, examen o inspección de
una situación o caso que realiza una autoridad judicial en ejercicio de sus atribuciones legales.
Contravención: Es la falta que se comete al no cumplir con
lo ordenado o lo que está mandado; puede constituir una transgresión a la ley.
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores: Es un convenio
internacional elaborado en La Haya, el 25 de octubre de 1980, y constituye ley de la República por haber sido aprobado y ratificado por el país en octubre del año 2000, que garantiza la restitución inmediata de las niñas, niños y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilegal en un país.
Corrección moderada: Es una censura, reproche o castigo que
los padres pueden imponer a sus hijos en virtud de la autoridad parental, sin que en ningún caso pueda constituir un maltrato.
Corresponsabilidad: Es el compartir la responsabilidad de
una situación o actuación determinada entre varias personas e instituciones. Las personas e instituciones corresponsables poseen los mismos deberes y derechos para responder por sus actuaciones en las situaciones que están a su cargo.
Denegación de derecho: Es el no conceder el derecho que se
pide o solicita.
Desaparición forzada: Designa un tipo de delito complejo que
supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está
como desaparecidos. El crimen de desaparición forzada, definido caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la Ley.
Directores de la sociedad: Representantes de las organizaciones
de la sociedad civil organizada ante la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Emplazamiento: Es el llamamiento o convocatoria que se hace a
una persona por orden de un juez o tribunal para que comparezca a la sede judicial dentro del plazo que se le indique, con el objeto que pueda oponerse a la demanda, defenderse de los cargos que se le hacen, usar de sus derechos o cumplir lo que se le ordene.
Equidad: Del latín equitas que significa igualdad, es entendido
como lo ecuánime o justo, es dar a cada persona lo que le corresponde.
Erogación: Acción de distribuir o repartir bienes o caudales.
También hace referencia al gasto de dinero.
Explotación económica: Se denomina explotación el acto de
obtener un beneficio de algo o alguien. Más allá de las diversas variantes de sentido del término, lo cierto es que generalmente se encuentra relacionado al plano social y económico; por lo que explotación económica es utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona.
Explotación sexual: Cualquier forma de abuso sexual mediante
retribución en dinero o en especie, con intermediación o sin ella.
Extracción de órganos o tejidos humanos: Es el acto de extraer
o sacar un órgano o tejidos que se encuentran dentro del cuerpo humano.
Familia ampliada o familia extendida: Es aquella estructura
de parentesco que habita en una misma unidad doméstica u hogar y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos y los miembros de las generaciones ascendentes –abuelos, tíos abuelos, bisabuelos–. Además, puede abarcar parientes no consanguíneos, como hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste con la familia nuclear.
Familia nuclear: Es la que se encuentra integrada por padres e
hijos y que cumple con funciones sociales que les son inherentes.
Familia sustituta: Constituye una modalidad de acogimiento
familiar y es aquella familia que no siendo la de origen, acoge en su seno a una niña, niño o adolescente asumiendo la responsabilidad de suministrarle protección, afecto, educación y, por tanto, obligándose a su cuidado, protección y a prestarle asistencia material y moral.
Familiares por afinidad: Son los parientes resultantes de la
relación existente entre uno de los cónyuges o convivientes y los parientes consanguíneos del otro.
Familiares por consanguinidad: Son las personas que descienden
unas de otras, o de un ascendiente común.
Filiación: Es el vínculo de familia existente entre la hija o hijo y sus
padres. Respecto del padre se denomina paternidad y respecto de la madre maternidad.
Impericia: Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir
a una persona en su profesión, arte u oficio.
Improcedencia: Falta de oportunidad, de fundamento o de
derecho. Es también una fórmula empleada para el rechazo de una solicitud o demanda.
Inalienable: Aquello que no puede ser transmitido o entregado
por algún obstáculo natural o por prohibición convencional o legal.
Incomparecencia: Es la falta de comparecencia o presentación
ante una autoridad que cita, convoca o emplaza.
Indelegable: Que no puede ser transmitido, otorgado, cedido,
enviado o mandado a otra persona.
Institucionalización: Es el acto de ingresar a una persona en una
institución de carácter público o privado.
Interés superior de la niña, niño y adolescente: Toda situación
que favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social de la niña, niño o adolescente, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad.
Integridad personal: Es un derecho que posee toda persona,
en particular las niñas, niños y adolescentes, y que comprende la integridad física, psicológica, moral, emocional y sexual.
Intransigible: Implica que no pueden hacerse concesiones en lo
que es objeto de litigio o de contienda, admitiendo los argumentos contrarios para llegar a un acuerdo o arreglo.
Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia:
Son dependencias administrativas departamentales del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), con autonomía técnica; cuya función primordial es la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local, para lo cual pueden dictar medidas de protección.
Juzgados Especializados y Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia: Son los tribunales competentes para conocer de
los procesos regulados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Libertad probatoria: En un proceso judicial, significa que
todo puede ser probado y por cualquier medio de prueba; sin embargo, el orden jurídico generalmente impone limitaciones a esta libertad. La dignidad de la persona humana, el derecho de defensa, el debido proceso y el rol de las partes y del juzgador son parámetros que limitan la actividad probatoria.
Lugares de acogida: Son lugares que cubren, con carácter
temporal, las necesidades básicas de los desplazados, refugiados o solicitantes de asilo, que carezcan de medios económicos y se encuentren en situación de vulnerabilidad, para atender sus necesidades y las de sus familias.
Maltrato: Toda acción u omisión que provoque o pueda
provocar dolor, sufrimiento o daño a la integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de una niña, niño o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus padres u otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuido, cualesquiera que sean los medios utilizados. Asimismo, es el descuido en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la prestación de alimentación nutritiva y balanceada, atención médica, educación o cuidados diarios y la utilización de las niñas, niños y adolescentes en la mendicidad.
Medidas cautelares: Son las medidas adoptadas por el juez
en un proceso judicial con el objeto de asegurar los bienes o mantener las situaciones existentes al tiempo de presentación de la demanda y asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva que se pronuncie. Se utilizan también en los procedimientos administrativos.
Medidas de protección: Son órdenes de obligatorio cumplimiento
que impone la autoridad competente a favor de las niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, cuando hay amenaza o violación a sus derechos e intereses legítimos.
Medidas disciplinarias: Son las medidas que se aplican para
generar un cambio positivo de conducta en la persona, así como para evitar que se repita la infracción de las normas establecidas.
Medidas judiciales de protección: Son las órdenes de obligatorio
cumplimiento dictadas por los Jueces de Niñez y Adolescencia. Pueden consistir en acogimiento familiar o acogimiento institucional.
Menoscabo: Acción de reducir, acortar o disminuir una cosa,
también es entendido como el deterioro de la misma. Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama.
Negligencia: Es una omisión de la diligencia o cuidado que debe
ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas.
Niña o niño: Es toda persona desde el instante mismo de la
concepción hasta los doce años cumplidos.
Obligación indeclinable: Obligación que no puede rehusarse o
Obligación ineludible: Obligación que no se puede eludir o
Opinión vinculante: Dictamen o juicio que se forma de
algo cuestionable y que debe ser observado para emitir una resolución.
Parte dispositiva: Es la parte de la sentencia que contiene el
pronunciamiento del juez sobre la cuestión debatida. Se le conoce también como fallo.
Persona jurídica: Organización de personas o bien de personas
y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las asociaciones, sociedades y fundaciones.
Persona natural: Todo ser humano sujeto de derechos, con
capacidad para adquirir bienes o derechos, contraer y cumplir obligaciones y responder por sus actos.
Políticas de participación: Comprenden las orientaciones o
directrices bajo las cuales las personas se involucran directamente en su propio desarrollo y en el de su comunidad y Estado.
Políticas de protección especial: Comprenden las acciones
estatales encaminadas a la protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia que se encuentren amenazados o hayan sido vulnerados.
Políticas de protección jurídica: Comprenden todas las
actuaciones encaminadas a establecer y mantener los mecanismos legales que permitan la efectiva defensa de todos los derechos de la niñez y la adolescencia.
Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia: Es el conjunto sistemático de objetivos y directrices
de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Políticas públicas: Son orientaciones, directrices o mecanismos
mediante los cuales las autoridades públicas toman decisiones y acciones orientadas a dar solución a la problemática social o a temas de interés general.
Políticas sociales básicas: Comprenden las condiciones mínimas
y universales que garanticen el desarrollo de toda la población y en particular de la niñez y adolescencia, como son las relativas a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el empleo.
Políticas sociales de asistencia: Comprenden las condiciones
necesarias para proteger sectores de la niñez y adolescencia que se encuentran en situaciones de exclusión social, debido a la extrema pobreza, los desastres u otras condiciones que impidan su desarrollo integral.
Pornográfico: Espectáculo, texto o producto audiovisual que
utiliza la pornografía, entendida ésta como una presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. En el Segundo Simposio Nacional Multidisciplinario de Sexualidad Humana celebrado en Argentina, se ha considerado que la actual pornografía desvirtúa la sexualidad humana, expresándola en formas violentas, explícitas o implícitas, y siempre en una relación de poder y servidumbre de la mujer hacia el hombre o, en ocasiones, inversamente.
Potestad disciplinaria: Es la facultad que tiene una persona o
autoridad para investigar y sancionar a alguien cuando incurre en una falta disciplinaria.
Potestad sancionadora: Es el conjunto de poderes, facultades y
atribuciones para imponer sanciones.
Prelación: Es la preferencia o antelación que en el tiempo debe
concederse a algo con respecto a otra cosa con la cual se le compara.
Presunción: Es una suposición, indicio, señal o sospecha. Hecho
que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado.
Principio dispositivo: Regla jurídica que explica el poder de
disposición que las partes tienen sobre el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y sobre la pretensión debatida en el proceso.
Principio de concentración: Regla jurídica en virtud de la cual
la actividad del proceso se realiza en el menor número de actos y empleando el menor tiempo posible.
Principio de contradicción: Regla jurídica infaltable en la idea
del proceso. Según este principio, el proceso es un enfrentamiento entre dos partes –el demandante y el demandado–, que debe ser resuelto por el juez, quien actúa como un árbitro imparcial. Se exige que ambas partes tengan oportunidad de acceder al proceso para ser escuchadas, practicar pruebas y recurrir, con la finalidad de que ninguna de ellas esté indefensa frente a la otra.
Principio de gratuidad: Regla jurídica de acuerdo a la cual un
servicio público se presta sin costo a la colectividad, siendo el Estado el que sufragará los gastos que ese servicio entrañe, por ejemplo la administración de justicia.
Principio de igualdad: Regla jurídica que materializa la
aplicación universal y por igual de todos los derechos para todas las personas, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición. En el proceso, supone la garantía para ambas partes de contar con posibilidades y cargas equivalentes para apoyar y acreditar sus posiciones.
Principio de inmediación: Regla jurídica que exige el contacto
personal y directo del juez o tribunal con las personas que intervienen en un proceso y las pruebas del mismo.
Principio de oralidad: Regla jurídica según la cual los actos del
proceso, en general, tienen que llevarse a cabo de viva voz ante el juez o tribunal, salvo algunas actuaciones que la ley obliga a las partes a formular por escrito. Este principio se observa de modo estricto en las audiencias.
Principio de legalidad: Regla fundamental del Derecho Público
conforme a la cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad particular del
servidor público. La observancia de este principio provee seguridad jurídica a los particulares.
Principio de publicidad: Regla jurídica que asegura el
conocimiento de la actividad de los procesos judiciales por el público en general, pudiendo involucrar a los medios de comunicación; de esta manera el pueblo puede fiscalizar el servicio de administración de justicia.
Prioridad absoluta: Significa que el Estado debe adoptar medidas
hasta el máximo de los recursos para garantizar la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación internacional, asimismo, que se le dé prioridad al destino de los recursos públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en cualquier circunstancia y a protección preferente frente a situaciones de amenaza, violación o negación de derechos, y que también se castigue y sancionen preferentemente estas violaciones.
Privación de libertad: La expresión correcta es privación ilegal
de la libertad, en el caso de que sea por una autoridad sería “detención ilegal”, y esta se consuma con el simple hecho de impedir el libre transito de las personas, no es necesario que transcurra un tiempo determinado, nadie puede ejercer violencia física o moral para detener ilegalmente a otro.
Procedimientos administrativos: Es el cauce formal de la serie
de actos en que se concreta la actuación administrativa para
la realización de un fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión.
Proceso abreviado: Es un proceso con plazos más cortos y actos
sencillos, desarrollado en el art. 230 de la LEPINA.
Proceso contencioso administrativo: Es el mecanismo que
tiene por finalidad controlar judicialmente las actuaciones de las instituciones publicas sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva protección de los derechos e intereses de los particulares.
Proceso general de protección: Es el proceso Judicial seguido
ante los Juzgado Especializados de Niñez y Adolescencia regulado en el art. 226 de la LEPINA, en el cual se aplican las disposiciones de la Ley Procesal de Familia con las particularidades señaladas en la LEPINA.
Procesos constitucionales: Son los procesos establecidos en la
Constitución de la República para la protección de los valores, principios y derechos constitucionales, siendo éstos el amparo, el habeas corpus y la inconstitucionalidad, que son conocidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Proceso judicial: Es el instrumento o mecanismo a través del cual
los juzgados y tribunales resuelven los asuntos sometidos a su conocimiento.
Programas de orientación y apoyo socio-familiar: Son una
secuencia de acciones desarrolladas por personas o entidades con fines pedagógicos, de protección, atención, capacitación, inserción social, fortalecimiento de relaciones afectivas y otros valores, en los que se trabaja con grupos familiares con diversas problemáticas y garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Prohibición de lucro: Es la prohibición de la obtención de una
ganancia, provecho, utilidad o beneficio de alguna cosa.
Prostitución ajena: Según el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, se trata de un delito que puede cometer toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: a) Concertare la prostitución de una persona; o b) Explotare la prostitución de otra persona, no importando el consentimiento de ésta.
Protección integral: Es el conjunto de políticas, acciones, planes
y programas, que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes gocen, de manera efectiva y sin discriminación,
de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados, o determinado grupo de niños que han sido vulnerados o están amenazados en sus derechos.
Proxenetismo: Acto de fomento de la prostitución a través de
la administración, dirección o sostenimiento de lupanares u otro lugar donde se ejerza la prostitución ajena, por cualesquiera actos de favorecimiento o tercería.
Recurso de casación: Es un medio de impugnación que se
interpone para la revisión de una sentencia, por infracción de la ley o de las formas esenciales del juicio.
Recurso de revisión: Es un medio de impugnación contra las
decisiones de una autoridad administrativa o judicial.
Red de Atención Compartida: Es el conjunto coordinado de
entidades de atención. Sus miembros tienen como funciones principales la protección, atención, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Referencia y contra referencia (servicios de salud): Es un
procedimiento administrativo de coordinación que deriva del modelo de atención a la salud para población abierta. Las diferentes instituciones involucradas asumen los derechos y obligaciones correspondientes y conforman una red de servicios de salud.
Registro del Estado Familiar: Es el registro público bajo
responsabilidad de cada municipalidad de la República, en el cual se inscriben los hechos y actos jurídicos que constituyen, modifican o extinguen el estado familiar de las personas naturales; tales como: nacimientos, adopciones, matrimonios y defunciones.
Reincidencia: Es la reiteración de una misma culpa o defecto. Rendición de testimonio: Es el acto de dar una declaración por
parte del testigo en el juicio.
Representación jurídica: Es el obrar o actuar jurídicamente en
Representación legal: Es la representación que ejercen los
padres con relación a sus hijos sujetos a la autoridad parental, los tutores judicialmente nombrados para dicho efecto o la que ejerce el Procurador General de la República respecto de las niñas, los niños y los adolescentes que no tienen padres y no se les ha nombrado judicialmente un tutor.
Representante: Es la persona que ejerce la representación de
otra, ya sea por designación de la ley, del juez o por un acuerdo o convención.
Resarcimiento: Acción de indemnizar, reparar o compensar el
daño, perjuicio o agravio ocasionados.
Resolución definitiva: Es la decisión final de un asunto, conflicto
o litigio, en el ámbito administrativo o judicial.
Resolución judicial: Es la decisión tomada por un juez o tribunal
para la resolución de un proceso.
Responsable: Es la persona obligada a responder por algo o por
Retención ilícita: Se define como la situación en que un pariente
cercano sustrae a una niña, niño o adolescente de su residencia habitual, en principio de forma lícita y con una autorización, pero posteriormente no lo devuelve en la fecha acordada, reteniéndolo contra su voluntad; por lo que se produce una infracción al derecho de custodia atribuido a una persona, institución o cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención.
Reunificación familiar: Volver a unir a los miembros de una
Revictimización: Es el proceso por el que nuevamente se hace
pasar a la víctima por situaciones indeseadas. En el sistema judicial ocurre cuando se le exige que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que afectan su dignidad, honor e intimidad. El proceso de revictimización en general no es intencional, pero sí es perjudicial.
Salud primaria: Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos
y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. La atención primaria forma parte tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico de la comunidad.
Sancionar: Es la acción de aplicar una sanción o castigo; también
puede ser entendido como la acción de autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre.
Sentencia: Es la resolución final de un proceso que legítimamente
dicta un juez o tribunal, decidiendo el caso de acuerdo a la ley y los hechos probados.
Sentencia estimatoria: Sentencia favorable a la demanda
Servidumbre: Sometimiento grave u obligación inexcusable de
hacer algo. Es la condición o trabajo del siervo, es decir, de aquella persona que debe trabajar forzosamente para otra.
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: Es el conjunto coordinado de órganos, entidades
e instituciones públicas o privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Subsanación de defectos: Es el acto de corregir o enmendar un
error o defecto presente en una solicitud o demanda.
Sujeto de derechos: Es la persona a quien se atribuyen derechos
y deberes; esto es, aquel individuo sobre el que la ley efectúa imputaciones directas, arrogándole facultades y obligaciones.
Sustancia psicotrópica: Es un agente químico que actúa sobre
el sistema nervioso central, y que trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento de la persona.
Trata de personas: Es la captación, transporte, traslado,
acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona o de aquel que tenga autoridad sobre ésta, con fines de explotación.
Victimización: Es concebida como el proceso que conduce
a que una persona se convierta en víctima de delito. Algunos autores distinguen entre victimización primaria (la que resulta de ser ofendido por el delito) y victimización secundaria (que deriva de la exposición de la víctima a los rigores del sistema penal).
Vulneración: Es el transgredir una ley, precepto o mandato;
también es entendido como dañar o perjudicar.
• Artículos de la LEPINA relacionados con comunicaciones • Definiciones contenidas en la LEPINA • Principios Rectores de la LEPINA • Tratados Internacionales vigentes en El Salvador a lo que hace referencia la LEPINA • Legislación Salvadoreña a la que hace referencia la LEPINA • Instituciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia • SIGLAS • Contenidos de la LEPINA
ARTICULOS DE LA LEPINA RELACIONADOS CON COMUNICACIONES Art. 46.- Derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada e intimidad personal y familiar; sin perjuicio del derecho y deber de las madres, padres, representantes o responsables de ejercer supervisión y vigilancia sobre cualquier actividad que pueda poner en peligro la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Se prohíbe, a través de cualquier medio, divulgar, exponer o utilizar la imagen de niñas, niños y adolescentes en contra de su voluntad y sin el conocimiento y aprobación de sus madres, padres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad personal y familiar. Se prohíbe la intervención de la correspondencia y todo tipo de comunicación
telefónica o electrónica de niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de lo establecido en la parte final del inciso primero de este artículo. Art. 47.- Prohibiciones específicas frente a la utilización de la imagen y afectación de la intimidad personal de niñas, niños y adolescentes. Se prohíbe la utilización de la imagen de niñas, niños y adolescentes en: a) Programas, mensajes publicitarios y producciones de contenido pornográfico; b) Programas, mensajes publicitarios y producciones cuyos contenidos inciten a la violencia o sean inadecuados para su edad; c) La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que de manera directa o indirecta identifiquen a las víctimas de maltrato o abuso;
d) La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación directa o indirecta o la individualización de una niña, niño o adolescente víctima de cualquier delito; y e) La publicación del nombre, así como de la imagen de las niñas, niños o adolescentes procesados o sentenciados por delitos o faltas. Art.48.- Derecho respuesta de rectificación o
i) Disponibilidad de material divulgativo, informativo y de orientación sobe los pro cesos judiciales y procedimientos administrativos para la defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia; Art.95.- Derecho información de acceso a la
En caso de violación de la intimidad, el honor o la propia imagen de una niña, niño o adolescente por un medio de comunicación, se garantiza el derecho de rectificación o respuesta, a través de la vía judicial, el cual podrá ser utilizado por la niña, niño o adolescente o a través de su madre, padre, representantes o responsables. Art. 51.- Derecho de acceso a la justicia Se garantiza a las niñas, niños y adolescentes el acceso gratuito a la justicia; lo cual incluye, entre otros elementos, los siguientes: (…)
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar información a través de los diferentes medios, bajo la debida dirección y orientación de su madre, padre, representante o responsable y de acuerdo a su desarrollo evolutivo, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Es deber de la familia, el Estado y la sociedad asegurar y garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban una información plural, veraz y adecuada a sus necesidades, así como proporcionarles la orientación y educación para el análisis crítico. El Estado debe garantizar el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes a servicios públicos de información y documentación, bibliotecas y demás servicios similares que satisfagan sus diferentes necesidades informativas, entre ellas las culturales, científicas, artísticas, recreacionales y deportivas.
El servicio de bibliotecas públicas, así como todo servicio de información o documentación público, es gratuito para la niñez y adolescencia. Art. 96.- Protección frente a información nociva o inadecuada Para la protección de niñas, niños y adolescentes, se prohíbe: a) Difundir o facilitarles el acceso a espectáculos públicos, publicaciones, videos, grabaciones, programas televisivos, radiales y a cualquier otro medio de comunicación que contenga mensajes inadecuados o nocivos para su desarrollo y formación; b) Difundir información, programas, publicidad o propaganda inadecuada o nociva para aquéllos, en medios televisivos en horarios de franja familiar; y c) Comercializar productos destinados a aquéllos con envoltorios o cubiertas que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados o nocivos para su desarrollo.
El Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente, definirá las franjas horarias de los programas televisivos y radiales aptos para las niñas, niños y adolescentes, debiendo informar sobre la naturaleza de los mismos y las edades para los que se recomienda. A los efectos de esta Ley se consideran como inadecuados o nocivos los materiales que contengan apologías de la discriminación, la violencia, la pornografía, el uso de alcohol y drogas, así como también aquéllos que exploten el miedo o la falta de madurez de niñas, niños y adolescentes, para inducirles a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal. Estas prohibiciones se aplican a los medios y servicios de comunicación, públicos y privados, así como a empresas de publicidad. Art. 97.- Obligación de los medios de comunicación Los medios de comunicación, tales como la televisión, radio y prensa escrita, deben destinar espacios para la difusión de los derechos, garantías y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, tiene la obligación de difundir los programas y mensajes dirigidos exclusivamente a la niñez y adolescencia, atendiendo sus necesidades
informativas, entre ellas las educativas, culturales, científicas, artísticas, recreativas y deportivas. Art. 113.- Contenidos esenciales mínimos. Sin perjuicio de otros contenidos, la PNPNA (Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia) deberá contener decisiones y pautas encaminadas a la consecución de los siguientes fines: (…) g) La promoción, difusión y formación en derechos de la niñez y de la adolescencia; y, Art. 198.- Deber de confidencialidad Los servicios que presten las Asociaciones de Promoción y Asistencia están sujetos a un deber de confidencialidad en la medida en que su quebrantamiento signifique una afectación del interés superior de la niña, niño o adolescente atendido. En todos los casos, las Asociaciones de Promoción y Asistencia deberán garantizar que la información personal que recaben sobre los beneficiarios de sus servicios permanezca protegida de cualquier forma de conocimiento o difusión ilegítima. El padre y la madre en el pleno ejercicio de su autoridad parental o quien ejerza la representación legal de los niños, niñas
y adolescentes tienen derecho a conocer toda la información que dichas asociaciones tengan sobre sus hijos e hijas. No podrá invocarse el deber de confidencialidad para con ellos, excepto en los casos de adopción. No obstante, las Asociaciones de Promoción y Asistencia podrán utilizar para fines estadísticos la información que no revele la identidad de sus beneficiarios. Art. 202.- Faltas graves Se considerarán faltas graves las siguientes: (…) l) Utilizar o exhibir el hombre o la imagen de niñas, niños o adolescentes en noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística, que permita la identificación o individualización de aquellos cuando se trate de víctimas de maltrato, abuso o cualquier otro delito; m) Publicar el nombre o la imagen de adolescentes procesados o sentenciados por delitos o faltas; n) Exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan afectación en su vida privada o intimidad personal y familiar;
Artículo 247.- Registro de audiencias El juez o tribunal podrá ordenar la grabación de las audiencias que celebre conforme a esta Ley por medios audiovisuales, cuando existan los recursos materiales necesarios para tal efecto y siempre que se salvaguarde el derecho a la propia imagen de las niñas, niños y adolescentes. El registro audiovisual, cualquiera que fuese el medio de almacenamiento, se incorporará al expediente judicial, debiéndose levantar un acta donde conste el día, lugar, hora, autoridad judicial ante quien se celebró, proceso al que corresponde y los nombres de las partes, abogados, peritos, testigos e intérpretes que intervinieron. Las partes podrán solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubiera quedado grabada la audiencia. DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEPINA Acción positiva: Aquellas disposiciones, políticas o prácticas estatales orientadas a remover los obstáculos sociales, políticos y económicos que en la práctica impiden
o restringen el ejercicio de los derechos reconocidos a favor de las niñas, niños y adolescentes. Acciones inmediatas para su eliminación: Toda medida inmediata y eficaz cuya finalidad es conseguir la prevención, prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Emergencia médica: La situación médica en que se encuentre un niño, niñas o adolescente: en la cual esperar implique una probabilidad alta de muerte o de sufrir daños irreparables en su salud física. Peores formas de trabajo infantil: Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niñas, niños y adolescentes, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización , el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la prostitución,
la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los Tratados Internacionales pertinentes vigentes en El Salvador: y el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas, niños y adolescentes. Programa: Serie organizada de actuaciones desarrolladas por cualquier entidad de atención pública, privada o mixta. Responsables: Son aquellas personas mayores de edad que tienen bajo su responsabilidad el cuidad, vigilancia y protección de la niña, niño o adolescente, en atención de su cargo o relación con éstos. Salud integral: La garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones contentes a la conservación o la recuperación de la salud de las niñas, niños y adolescentes. Sociedad: Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos,
con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida; y Sucedáneo de leche materna: Todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin. PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEPINA (Capítulo II, Principios Rectores) Art. 9. Principio del rol primario y fundamental de la familia: La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado. Es el medio natural para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Art. 10. Principio de ejercicio progresivo de las facultades: Los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes serán ejercidos por estos de manera progresiva tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, la dirección y orientación apropiada de sus padres o de quien ejerza la representación legal, y de las disposiciones establecidas en la LEPINA.
Art. 11. Principio de igualdad, no discriminación y equidad: Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la Ley. Por tal motivo, no podrá justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en criterios tales como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, filiación, origen nacional, étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física o mental, nacimiento o cualquier otra condición de las niñas, niños, adolescentes o de sus madres, padres, representantes y responsables. Art. 12. Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente: En la interpretación, aplicación e integración de toda norma: en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías.
Elementos para ponderar el principio del interés superior en situaciones concretas: a) La condición de sujeto de derechos y la no afectación del contenido esencial de los mismos; b) La opinión de la niña, niño o adolescente; c) Su condición como persona en las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo; d) El bienestar espiritual, físico, psicológico, moral, material y social de la niña, niño o adolescente; e) El parecer del padre y madre o de quienes ejerzan la representación legal, según sea el caso; y; f) La decisión que se tome deberá ser aquella que más derechos garantice o respete por mayor tiempo, y la que menos derechos restringe por el menor tiempo posible. Art. 13. Principio de corresponsabilidad. La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la familia, al Estado y la sociedad.
Dicho principio conlleva un ámbito de responsabilidad directa del padre, la madre, la familia ampliada y el representante o responsable, según corresponda por participar en el ambiente natural e idóneo en el cual se favorece el desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. El Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible mediante políticas, planes, programas y acciones de crear las condiciones para que la familia pueda desempeñar su rol de manera adecuada. Art. 14. Principio de prioridad absoluta. El Estado debe garantizar de forma prioritaria todos los derechos de la niñez y de la adolescencia mediante su preferente consideración en las políticas públicas, la asignación de recursos, el acceso a los servicios públicos, la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad y en cualquier otro tipo de atención que requieran. Art. 15. Naturaleza de los derechos y garantías: Todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en la Constitución de la República, Tratados internacionales vigentes en El Salvador en la materia objeto de esta Ley y los contenidos en la presente Ley son irrenunciables, inalienables, indelegables, intransigibles, indivisibles e interdependientes.
TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES EN EL SALVADOR A LOS QUE HACE REFERENCIA LA LEPINA •	•	Declaración Universal Derechos Humanos. de los
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Declaración de los Derechos del Niño. Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Convenio Relativo a la Protección del Niño a la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Convención sobre los Derechos del Niño.
•	•	•	•	•	•	40
•	Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía.
•	•	•	Ley General de Educación. Ley Procesal de Familia. Ley de Salarios.
•	INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Sistema de Protección Integral: Es el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones, públicas y privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. Este sistema está integrado por: •	Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, en cuyo Consejo Directivo participa la máxima autoridad de las siguientes instituciones: -	-	-	-	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Educación. Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
LEGISLACIÓN SALVADOREÑA A LA QUE HACE REFERENCIA LA LEPINA •	•	Constitución de la República. Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. Código de Trabajo. Código de Familia. Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Código Penal.
-	-	-	-	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Procuraduría General de la República. Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. Representantes de la sociedad civil organizada elegidos por la Red de Atención Compartida.
SIGLAS LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. PNPNA: Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. CONTENIDOS DE LA LEPINA LIBRO I DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES Art. 1. Finalidad Art. 2. Definiciones Art. 3. Definición de niña, niño y adolescente Art. 4. Presunción de niñez y adolescencia
•	•	•	•	Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia. Asociaciones de Promoción y Asistencia. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia -ISNA-. Órgano Judicial. Procuraduría General de la República. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Red de Atención Compartida.
Art. 5. Sujetos de derechos Art. 6. Ámbito de aplicación Art. 7. Sujetos obligados Art. 8. Deberes del Estado CAPÍTULO II. PRINCIPIOS RECTORES Art. 9. Principio del rol primario y fundamental de la familia Art. 10. Principio de ejercicio progresivo de las facultades Art. 11. Principio de igualdad, no discriminación y equidad Art. 12. Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente Art. 13. Principio de corresponsabilidad Art. 14. Principio de prioridad absoluta Art. 15. Naturaleza de los derechos y garantías TÍTULO I. DERECHOS DE SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO INTEGRAL CAPÍTULO I. DERECHO A LA VIDA Art. 16. Derecho a la vida Art. 17. Derecho a la protección de las personas por nacer Art. 18. Medidas para la salvaguarda del derecho a la vida
Art. 19. Prohibición de experimentación y prácticas que afecten contra la vida Art. 20. Derecho a un nivel de vida digno y adecuado CAPÍTULO II. DERECHO A LA SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE Art. 21. Derecho a la salud Art. 22. Gratuidad del servicio de atención médica Art. 23. Obligación de atención médica de emergencia para la niña, adolescente o mujer embarazada Art. 24. Embarazo precoz Art. 25. Obligaciones del Sistema Nacional de Salud Art. 26. Responsabilidades de la familia frente al derecho a la salud Art. 27. Responsabilidades de la sociedad frente al derecho a la salud Art. 28. Derecho a la lactancia materna Art. 29. Promoción de la salud de la niñez y adolescencia Art. 30. Salud primaria y familiar Art. 31. Salud mental Art. 32. Salud sexual y reproductiva Art. 33. Prohibición de venta o distribución de material o sustancias que puedan generar daño a la salud mental y física
Art. 34. Derecho a la seguridad social Art. 35. Derecho a un medio ambiente sano Art. 36. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad. TÍTULO II. DERECHOS DE PROTECCIÓN CAPÍTULO I. INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD Art. 37. Derecho a la integridad personal Art. 38. Protección frente al maltrato Art. 39. Protección frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes Art. 40. Protección frente a la privación de libertad, internamiento e institucionalización Art. 41. Protección frente a la trata de niñas, niños y adolescentes Art. 42. Libertad de tránsito Art. 43. Protección especial frente al traslado y retención ilícitos Art. 44. Viajes fuera del país Art. 45. Derecho de reunificación familiar Art. 46. Derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad Art. 47. Prohibiciones específicas frente a la utilización de la imagen y afectación
de la intimidad personal de niñas, niños y adolescentes Art. 48. Derecho de rectificación o respuesta Art. 49. Derechos de refugio y asilo Art. 50. Defensa material de sus derechos Art. 51. Derecho de acceso a la justicia Art. 52. Derecho al debido proceso Art. 53. Garantía de reserva Art. 54. Protección especial en casos de desastres y conflictos armados Art. 55. Protección frente al abuso y explotación sexual Art. 56. Protección contra otras formas de explotación CAPÍTULO II. PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA Art. 57. Protección frente al trabajo Art. 58. Derecho a la protección en el trabajo Art. 59. Edad mínima para el trabajo Art. 60. Jornada de trabajo Art. 61. Relación del trabajo con la educación Art. 62. Aprendizaje y formación técnicoprofesional Art. 63. Previsión y seguridad social Art. 64. Trabajo doméstico
Art. 65. Discapacidad y trabajo Art. 66. Registro de adolescentes trabajadores Art. 67. Credencial para el trabajador Art. 68. Examen médico Art. 69. Inspección y supervisión Art. 70. Denuncia Art. 71. Protección judicial TÍTULO III. DERECHO AL DESARROLLO CAPÍTULO I. DE LA PERSONALIDAD Art. 72. Derecho al libre desarrollo de la personalidad Art. 73. Derecho a la identidad Art. 74. Derecho a la identificación Art. 75. Registro en las instituciones de salud Art. 76. Inscripción del recién nacido Art. 77. Normas para la identificación Art. 78. Derecho a conocer a su madre y padre y ser criados por ellos Art. 79. Derecho a mantener relaciones personales con su madre y padre Art. 80. Derecho a ser criado en familia CAPÍTULO II. EDUCACIÓN Y CULTURA Art. 81. Derecho a la educación y cultura
Art. 82. Derecho a la educación gratuita y obligatoria Art. 83. Acceso a la educación y cultura Art. 84. Discapacidad y educación Art. 85. Educación privada Art. 86. Responsabilidad del Estado en materia de educación Art. 87. Responsabilidad de las madres, padres, representantes o responsables en materia de educación Art. 88. Responsabilidad de los centros educativos públicos y privados Art. 89. Disciplina escolar Art. 90. Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego Art. 91. Espacios e instalaciones para el descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego TÍTULO IV. DERECHO DE PARTICIPACIÓN CAPÍTULO ÚNICO Art. 92. Derecho de petición Art. 93. Derecho a la libertad de expresión Art. 94. Derecho a opinar y ser oído Art. 95. Derecho de acceso a la información
Art. 96. Protección frente a información nociva o inadecuada Art. 97. Obligación de los medios de comunicación Art. 98. Libertad de pensamiento, conciencia y religión Art. 99. Libertad de reunión Art. 100. Libertad de asociación TÍTULO V. DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Art. 101. Disposición común Art. 102. Deberes LIBRO II. SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA TÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES AL SISTEMA CAPÍTULO ÚNICO Art. 103. Definición y objetivo del Sistema de Protección Integral Art. 104. Principios del Sistema de Protección Integral Art. 105. Composición del Sistema de Protección Integral
Art. 106. Declaratoria de interés público y nacional Art. 107. Deber de colaboración Art. 108. Responsabilidad en caso de incumplimiento TÍTULO II. POLÍTICAS Y PLANES PÚBLICOS CAPÍTULO I. POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Art. 109. Definición y objeto Art. 110. Interés superior y prioridad en la asignación de recursos Art. 111. Tipología y coherencia Art. 112. Principios rectores Art. 113. Contenidos esenciales mínimos Art. 114. Participación en la formulación de la PNPNA CAPÍTULO II. PLANES LOCALES Art. 115. Definición y objetivo Art. 116. Finalidad Art. 117. Tipología Art. 118. Adecuación y registro
TÍTULO IV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Art. 119. Definición Art. 120. Tipos de medidas de protección Art. 121. Reglas de aplicación Art. 122. Competencia Art. 123. Acogimiento de emergencia CAPÍTULO II. MEDIDAS JUDICIALES Art. 124. Acogimiento familiar Art. 125. Colocación familiar Art. 126. Familia sustituta Art. 127. Condiciones del acogimiento familiar Art. 128. Opción para adoptar niños acogidos Art. 129. Acogimiento institucional Art. 130. Obligaciones de las entidades de atención que ejecuten las medidas de acogimiento familiar e institucional CAPÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES Art. 131. Terminación del acogimiento familiar e institucional Art. 132. Prelación Art. 133. Recursos económicos y prohibición de lucro
TITULO V. COMPONENTE ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I. CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES Art. 134. Naturaleza y funciones Art. 135. Competencia Art. 136. Informes Art. 137. Estructura Organizativa SECCIÓN SEGUNDA. DEL CONSEJO DIRECTIVO Art. 138. Consejo Directivo Art. 139. Suplentes de los miembros representantes de la sociedad civil Art. 140. Quórum y decisión colegiada Art. 141. Presidente del Consejo Art. 142. Representantes de la sociedad Art. 143. Pérdida de la calidad de miembro por parte de la sociedad Art. 144. Dietas
SECCIÓN TERCERA. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Art. 145. Dirección Ejecutiva Art. 146. Competencias Art. 147. Atribuciones del Director Ejecutivo Art. 148. Delegación y designación administrativa SECCIÓN CUARTA. RÉGIMEN FINANCIERO DEL CONNA Art. 149. Patrimonio Art. 150. Cooperación técnica y financiera Art. 151. Financiamiento Art. 152. Fiscalización CAPÍTULO II. COMITÉS LOCALES DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Art. 153. Naturaleza y funciones Art. 154. Establecimiento de los Comités Locales y asistencia Art. 155. Competencia Art. 156. Composición Art. 157. Representantes de la comunidad Art. 158. Pérdida de la condición de miembro
CAPÍTULO III. JUNTAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Art. 159. Naturaleza y función Art. 160. Organización Art. 161. Competencias Art. 162. Composición Art. 163. Requisitos para integrar las Juntas de Protección Art. 164. Funcionamiento Art. 165. Decisiones Art. 166. Excusas y recusaciones Art. 167. Pérdida de la condición de miembro Art. 168. Recurso de revisión CAPÍTULO IV. RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES Art. 169. Definición Art. 170. Coordinación de la Red de Atención Compartida Art. 171. Naturaleza de los miembros de la Red Art. 172. Registro de los miembros de la Red de Atención Compartida y acreditación de sus programas Art. 173. Revalidación periódica
Art. 174. Condiciones mínimas de programas vinculados con las medidas de protección. Art. 175. Denegación de la acreditación de un programa Art. 176. Informe Anual de la acreditación de un programa Art. 177. Supervisión y potestad sancionadora SECCIÓN SEGUNDA. INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Art. 179. Continuidad y naturaleza Art. 180. Competencia Art. 181. Ejecución y supervisión de las medidas aplicadas por los Tribunales de Menores Art. 182. Estructura organizativa Art. 183. De la Junta Directiva Art. 184. Directores de la sociedad Art. 185. Sesiones, quórum y decisión colegiada Art. 186. Atribuciones de la Junta Directiva Art. 187. Atribuciones del Presidente de la Junta Directiva Art. 188. Director Ejecutivo Art. 189. Atribuciones del Director Ejecutivo
Art. 190. Patrimonio Art. 191. Cooperación técnica y financiera Art. 192. Fiscalización SECCIÓN TERCERA. ASOCIACIONES DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Art. 193. Definición Art. 194. Servicios Art. 195. Prestación de servicios jurídicos Art. 196. Requisitos para el registro de las Asociaciones de Promoción y Asistencia Art. 197. Gratuidad del servicio Art. 198. Deber de confidencialidad TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO I. REGLAS COMUNES Art. 199. Potestad sancionadora Art. 200. Reglas para la determinación de la sanción CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Art. 201. Infracciones leves Art. 202. Faltas graves
TÍTULO VII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CAPÍTULO ÚNICO Art. 203. Finalidad Art. 204. Principio de oficiosidad Art. 205. Inicio del procedimiento Art. 206. Aviso Art. 207. Denuncia Art. 208. Auto de apertura Art. 209. Audiencia Única Art. 210. De la prueba Art. 211. Recurso de revisión Art. 212. Control judicial Art. 213. Aplicación supletoria LIBRO III. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TÍTULO I. DE LA COMPETENCIA CAPÍTULO ÚNICO Art. 214. Tribunales competentes Art. 215. Procesos aplicables Art. 216. Aplicación Territorial de la ley Art. 217. Competencia por razón del territorio
TÍTULO II. DE LAS PARTES CAPÍTULO ÚNICO Art. 218. Capacidad jurídica procesal Art. 219. Legitimación activa Art. 220. Instituciones del Ministerio Público TÍTULO III. PRINCIPIOS Y ACTIVIDAD PROCESAL CAPÍTULO ÚNICO Art. 221. Principios rectores del proceso Art. 222. Adopción de medidas cautelares Art. 223. Invalidez de las actuaciones procesales Art. 224. Inaplicabilidad de la suspensión del proceso TÍTULO IV. PROCESO GENERAL DE PROTECCIÓN CAPÍTULO ÚNICO Art. 225. Regla especial Art. 226. Asuntos sujetos al proceso general de protección Art. 227. Acción de protección Art. 228. Carga de la prueba Art. 229. Sentencia
TÍTULO V. PROCESO ABREVIADO CAPÍTULO I. ACTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA Art. 230. Asuntos sujetos al proceso abreviado Art. 231. Examen inicial Art. 232. Subsanación de defectos Art. 233. Señalamiento de audiencia Art. 234. Contestación de la demanda Art. 235. Actividad Probatoria Art. 236. Incomparecencia de las partes CAPÍTULO II. AUDIENCIA ÚNICA Art. 237. Audiencia Art. 238. Prueba Art. 239. Alegatos finales Art. 240. Sentencia TÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO Art. 241. Recursos Art. 242. Actuaciones judiciales Art. 243. Prohibición de fuero Art. 244. Duración de los procesos Art. 245. Exención de costas, daños, perjuicios y multas
Art. 246. Exención de tasas registrales Art. 247. Registro de audiencias TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA CAPÍTULO ÚNICO Art. 248. Revisión de la situación de las niñas, niños y adolescentes en internamiento Art. 249. Programa de inscripciones tardías Art. 250. Implementación inicial del CONNA Art. 251. Adecuación del ISNA conforme a esta Ley Art. 252. Procedimientos administrativos pendientes y contratos vigentes Art. 253. Entidades de atención acreditadas ante el ISNA Art. 254. Formación y capacitación judicial Art. 255. Fortalecimiento y creación de tribunales Art. 256. Propiedad por Ministerio de Ley Art. 257. Aporte inicial de instalación Art. 258. Derogatorias Art. 259. Reglamentos Art. 260. Vigencia
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Artículo 247