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Timestamp: 2018-06-19 06:57:52+00:00

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qué hacer ante un accidente de trabajo | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Sergio | El 22, Oct 2015
¿Cuándo hay un accidente o enfermedad laboral? ¿Qué pasos tengo que seguir y qué debe dar la aseguradora de riesgos de trabajo – ART? ¿Cómo debe pagarse la indemnización? Se modificó el decreto que modifica la regulación para agilizar los plazos, incorporar a la empresa a la etapa donde se gestiona la denuncia y establecer que el trabajador deberá contar con un abogado desde el momento cero. Además, se acaba de modificar la resolución sobre el pago de indemnizaciones. Actualizado a octubre de 2017
Qué deben cubrir
La ART debe cubrir todas las enfermedades que liste la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, aunque los jueces han extendido a otras dolencias si se puede probar que provienen del trabajo. También deben cubrir accidentes laborales o camino al trabajo o de regreso al trabajo (accidentes in itinere). Y hechos de inseguridad, por ejemplo un robo, si generó daños.
Si el trabajador está en negro, también debe ser cubierto, aunque se dirime en un procedimiento especial.
Hace poco, en Francia, una productora de radio de 39 años fue considerada incapacitada por un tribunal de su país para desempeñar su trabajo debido a que sufre alergia a los campos electromagnéticos que emiten los dispositivos electrónicos. Según le explicó al juez, sufre problemas de corazón cuando se expone a las ondas electromagnéticas. Debido a su dolencia en 2010 tuvo que dejar su domicilio en la ciudad para trasladarse a un área rural, donde reside desde entonces sin electricidad ni agua caliente. Ahora recibe una pensión de €800 mensuales.
Nuevo afiche de la SRT
Hace poco, una señora chocó con el auto cuando volvía del trabajo. Los jueces de cámara entendieron que, al bajarse del auto en el que circulaba con motivo de una tarea de su trabajo, interrumpió el trayecto. Lo había hecho para dejar que una compañera suya descendiera del vehículo. Sin embargo, para la corte bonaerense, la ART es responsable y ese hecho, cuando la chocaron al bajar, debía ser cubierto, resarcidos los gastos médicos y abonada una indemnizacion.
La ART puede rechazar la denuncia por ser enfermedad preexistente acreditada en examen preocupacional, por dolo del trabajador (se auto-dañó), o por ser extraña al laburo. La Aseguradora no podrá rechazar la pretensión con fundamento en la inexistencia de la relación laboral reconocida por el empleador.
Condiciones legales de trabajo… Nueva tarjeta! pic.twitter.com/D82hTbtwiH
— Derecho enZapatillas (@dzapatillas) September 16, 2015
La decisión de las comisiones médicaas, sea por el alta o por otra causal de las enunciadas, es recurrible, el trabajador lo puede impugnar. Para ver más sobre las comisiones médicas, click acá.
El nuevo procedimiento agiliza los trámites, pero a nivel legal las cosas no están tan bien… La última reforma no solo pone al trabajador ante el dilema de cobrar algo de la ART inmediatamente o bien esperar el resultado de un juicio sino que, además, su caso solo podrá ser tratado por el fuero civil, tradicionalmente menos favorable al trabajador y con plazos más breves. La creación de un fuero laboral específico había sido uno de los puntos que se consideraron un progreso en la legislación sobre derechos sociales, sobre todo por la celeridad para responder frente a un problema que puede necesitar ayuda urgente.
Como contracara a la eliminación del fuero laboral, la nueva LRT incentiva la opción de cobro rápido para las prestaciones continúas (cuando el trabajador queda incapacitado) con un ajuste semestral, mientras que para el resto es en un pago único dentro de un plazo máximo de 15 días, cuando antes podía tardar meses. Y la nueva reforma de hoy agiliza esto y le obliga al trabajador a tener un abogado, incluso gratuito, que lo defienda. Pero todo trabajador debe saber que si elige cobrar algo de la ART, renuncia al fuero judicial. Atento a eso.
Hace unos días se aclaró el pago de indemnizaciones, mediante una resolución que podés leer abajo. También se actualizó el importe de las multas que deben pagar las ART.
¿Indemnización integral o tarifada?
En distintos casos, los tribunales (empezando por la propia corte por el caso “Aquino”) dijeron que el trabajador tenía derecho a una indemnización plena, en oposición a la tarifada que marca el régimen de la ART. Para esto, declararon la inconstitucionalidad de la ley.
En el caso que podés leer abajo (está la sentencia), el trabajador se amputó por accidente la mano izquierda mientras trabajaba. Los jueces ordenaron resarcirlo sobre la base de una incapacidad del 74%, con más de medio millón de pesos. Para tal fin, declararon la inconstitucionlidad de la indemnización tarifada que le ofrecía la ART.
La actualización de la indemnización también para accidentes in itinere
Hace poco, los jueces resolvieron que por un accidente in itinere (en camino al trabajo o de regreso, que también debe ser cubierto por la ART, el trabajador también tiene derecho a la indemnización adicional De Pago Único Del 20% Del Total De La Indemnización.
En el caso, al trabajador le tiraron un tiro en la espalda, con motivo de un hecho de inseguridad, lo robaron a la salida del laburo. Los jueces aplicaron la actualización de las sumas, según lo establece la ley, y aparte extendieron la indemnización en un 20%, según lo dispone esta norma de la ley de riesgos de trabajo:
“…Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma…”
Por tal motivo, los accidentes in itinere también deben ser resarcidos de igual forma, y actualizarse las prestaciones si es que quedó algún daño al trabajador. Abajo podés leer la sentencia completa.
Un mini resumen en caso de que hayas tenido un accidente de trabajo:
1) El accidente laboral puede ser en la empresa, en camino de ida o vuelta o en el almuerzo. El desvío por trámite personal no está cubierto.
2) Toda persona que sepa del accidente tiene que denunciarlo a la ART. Pedir constancia. O podría negarse a cubrirlo.
3) La ART tiene que dar, de inmediato, atención médica y farmacéutica, rehabilitación y muletas, sillas de ruedas, etc.
4) La ART debe informar sobre la recalificación profesional en caso que corresponda, por ejemplo, tareas livianas.
5) Trabajador sigue cobrando sueldo y si llegase a tener un incapacidad por más mínima que sea, al trabajador le corresponde una indemnización.
6) El reclamo es contra la ART y no contra el empleador.
Abajo está la nueva normativa y algunas sentencias. ¿Cómo fue tu experiencia con la ART? ¿Se cumplen las normas de seguridad laboral en Argentina? Podés dejar tu comentario.
Qué hacer si la ART rechaza la denuncia de accidente de trabajo o enfermedad laboral
La Superientendencia de Riesgos de Trabajo explicó qué pasos deben seguirse en caso de que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo haya rechazado la denuncia de accidente sucedido en el ámbito laboral. A continuación se transcriben.
Luego de haber realizado la denuncia por un accidente laboral o enfermedad profesional, la ART tiene un plazo máximo de 10 días para expedirse al respecto, con opción a 10 días más si notifica fehacientemente al trabajador y el empleador que hará uso de esa prórroga.
Si la aseguradora decide rechazar la denuncia, el damnificado puede solicitar ante la SRT que se analice su caso. El trámite puede iniciarlo en la mesa de entrada de Comisión Médica de su jurisdicción o a través del correo postal.
En ambas opciones quien inicie el trámite debe presentar la denuncia del accidente de trabajo o enfermedad profesional; el rechazo fundado de la contingencia por parte de la aseguradora, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado; y la documentación que acredite su identidad con el original de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta de Enrolamiento (L.E.) o Libreta Cívica (L.C.).
El trámite puede ser iniciado por los ascendientes y descendientes, sin límite de grado, y los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado acompañados por las partidas de nacimiento o libretas de matrimonio en donde conste la inscripción de hijos; el cónyuge, con el acta de matrimonio o libreta de matrimonio; en caso de unión civil es necesario presentar el acta de inscripción emitida por los registros competentes; el conviviente acompañando un certificado de convivencia emitido por autoridad pública; y los curadores, con el testimonio judicial pertinente. También puede designar a una persona como apoderado otorgándole un poder ante escribano público o una Carta Poder según el modelo establecido.
Luego la SRT le remitirá un expediente a la ART o empleador autoasegurado para que actúe según el caso. Si el rechazo no se hubiese realizado en tiempo y forma, debe citar al trabajador para brindarle las prestaciones dentro de las 48hs. En caso de que la ART/EA considere que no se trata de un supuesto rechazo o el mismo fue realizado dentro los tiempos legalmente estipulados, deberá acreditar dicha situación y no citará al trabajador.
Si el rechazo fue realizado correctamente, la ART deberá remitir el informe del caso dentro de los 5 días hábiles de haber recibido el requerimiento inicial correspondiente al expediente SRT con los todos antecedentes necesarios para emitir dictamen. El mismo deberá contener la denuncia de la contingencia, la reseña de la historia clínica de la contingencia, los informes de estudios complementarios, en caso de haberse realizado, la notificación fehaciente de rechazo debidamente fundado, y de suspensión de plazos en caso de corresponder, al trabajador y al empleador; y el fundamento del rechazo de la contingencia debidamente acreditado.
La Comisión Médica podrá convocar a las partes para la realización de una audiencia. Para ello, determinará una fecha para su celebración, la que será informada a la ART por Ventanilla Electrónica. Por su parte, la ART deberá notificar fehacientemente al trabajador, sus derechohabientes y su representante, la fecha asignada para la celebración de la audiencia, dentro de los 3 días hábiles contados desde la fecha en que fuera informada por la SRT.
Durante la audiencia, un profesional médico asignado procederá a la realización de un examen médico tendiente a resolver las diferencias planteadas. Deberán concurrir a la audiencia el médico autorizado por el Área Médica de la ART, del Empleador no asegurado o del Empleador asegurado, si interviniera en las actuaciones; y el damnificado, quién podrá estar acompañado de su asesor letrado y un médico. Los asesores letrados, cualquiera sea la parte que representen, no podrán presenciar el examen físico del damnificado. No obstante, finalizado el mismo estarán facultados a ingresar nuevamente a la audiencia, para la suscripción del acta correspondiente.
Las partes podrán aportar estudios particulares y/o complementarios que serán devueltos cuando el dictamen se encuentre firme. Las Comisiones Médicas podrán indicar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución. Los estudios estarán a cargo de la Aseguradora.
Las Comisiones Médicas se expedirán para resolver los planteos de las partes a través de dictámenes. Finalizada la junta médica, si el médico interviniente se encontrara en condiciones de resolver, se procederá a la emisión del correspondiente dictamen, el que será notificado a las partes en el acto.
En el caso que tampoco está de acuerdo con el nuevo dictamen podrá apelar ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Debe efectuarse por escrito y presentarse ante la Comisión Médica Central, dentro de los 10 días hábiles desde la notificación del dictamen. La apelación debe efectuarse por escrito y presentarse ante la Comisión Médica Central, dentro de los 10 días hábiles desde la notificación del dictamen.
Anexo con el nuevo decreto y demás normativa
Bs. As., 14/03/2016
VISTO el Expediente N° 15.697/09 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.417, los Decretos N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, N° 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009, la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 28 de fecha 18 de febrero de 2016, y
Que el artículo 32, apartado 1 de la Ley N° 24.557 establece que el incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y de compañías de seguros de retiro de las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs, (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.
Que el artículo 13 del Capítulo II —Disposiciones Complementarias— de la Ley N° 26.417 estableció la sustitución de todas las referencias concernientes al Módulo Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por una determinada proporción del haber mínimo garantizado, según el caso que se trate.
Que, asimismo, el Decreto N° 1.694/09 determinó que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) será la encargada de publicar el importe actualizado que surja de aplicar la equivalencia prevista en el artículo 15 del referido decreto, en cada oportunidad en que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) proceda a actualizar el monto del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo que prevé en el artículo 8° de la Ley N° 26.417.
Que el artículo 5° de la Resolución de la A.N.S.E.S. N° 28 de fecha 18 de febrero de 2016 actualizó el valor del haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2016, fijándolo en la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.958.97).
Que corresponde que la S.R.T. publique el importe actualizado que surge de aplicar la equivalencia prevista en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694/09, respecto de la Resolución A.N.S.E.S. N° 28/16.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, incisos b), c) y e) de la Ley N° 24.557 y el artículo 15 del Decreto N° 1.694/09.
ARTÍCULO 1° — Establécese en PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46/100 ($ 1.636,46) el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 28 de fecha 18 de febrero de 2016.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Cdor. GUSTAVO D. MORÓN, Superintendente de Riesgos del Trabajo.
Resolución sobre el pago de indemnizaciones
Resolución 3440/2015
VISTO el Expediente N° 37.652/15 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), las Leyes N° 24.557, N° 26.773, los Decretos N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, N° 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009, N° 472 de fecha 01 de abril de 2014, y
Que el artículo 45 de la Ley N° 24.557 determina como situación especial a la sucesión de siniestros, encomendando al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de normas complementarias.
Que en cumplimiento de dicha manda legal, a través del artículo 14 del Decreto N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, se reglamentó el citado artículo 45, estableciendo que en caso de sucesión de siniestros, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) responsable de la cobertura de la última contingencia debe abonar las prestaciones dinerarias correspondientes a la incapacidad incremental, salvo que el trabajador se hubiera encontrado en situación de incapacidad de carácter definitivo y que además, por la incapacidad integral correspondiera una prestación dineraria cuya modalidad de pago difiera de la prestación dineraria correspondiente a la incapacidad previa a la producción de la última contingencia, en cuyo caso debía abonar a su exclusivo cargo la prestación dineraria conforme la incapacidad integral del damnificado.
Que asimismo, determina que se entenderá por incapacidad incremental a la diferencia que surja entre el porcentaje de incapacidad integral y el de la incapacidad previa a la producción de la última contingencia. El porcentaje de incapacidad integral surgirá de sumar las incapacidades resultantes de cada contingencia aplicando el criterio de capacidad restante, excepto que en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales el porcentaje previsto para la pérdida derivada de todas las contingencias fuera mayor, en cuyo caso se lo tomará como el porcentaje de incapacidad integral.
Que previo a la sanción de la Ley N° 26.773, la modalidad de pago para las prestaciones dinerarias que le correspondían a los trabajadores como consecuencia de una Incapacidad Laboral Permanente Definitiva igual o menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) era de pago único; mientras que las de grado mayor era mensual, para lo cual el damnificado debía contratar una Renta Periódica (ILP Parcial Definitiva: menor al 66%) o una Renta Vitalicia (ILP Total Definitiva: igual o mayor al 66%), según el capital determinado por el obligado al pago. Que en los casos de ILP Definitivas mayores al CINCUENTA POR CIENTO (50%), además de la indemnización prevista en el apartado 2, inciso b) del artículo 14 o en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley N° 24.557, las ART debían abonar a los damnificados la Compensación Adicional de pago único (artículo 11 de la Ley N° 24.557).
Que, por su parte, la Ley N° 26.773 estableció que el principio general indemnizatorio para las contingencias ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia -27 de octubre de 2012-, es de pago único, por lo que derogó los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley N° 24.557.
Que dicha norma, además de las prestaciones dinerarias de la Ley N° 24.557, estableció una indemnización adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) para los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador.
Que el Decreto N° 472 de fecha 01 de abril de 2014 reglamentó la mencionada Ley N° 26.773 determinando las fórmulas que se deben tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones dinerarias por incapacidades superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) y menores al SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%).
Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente las prestaciones dinerarias que le corresponden a un trabajador damnificado por una incapacidad superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) serán en un pago único, las previstas en el apartado 2 inciso a) del artículo 14 o en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley N° 24.557, la compensación adicional de pago único -establecido en el artículo 11 del citado cuerpo normativo- y de corresponder, el adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 3° de la Ley N° 26.773.
Que asimismo, el Decreto N° 472/14 facultó a la SRT a regular la adecuación de las situaciones especiales establecidas en el artículo 45 de la Ley N° 24.557 al régimen creado por la citada Ley N° 26.773.
Que por lo tanto, corresponde adecuar la situación de sucesión de siniestros a lo establecido en la Ley N° 26.773, atento que al instituir como principio indemnizatorio el pago único, las excepciones establecidas en el artículo 14 del Decreto N° 497/97 quedan sin efecto.
Que el Servicio Jurídico de esta SRT ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 472/14 y los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.
ARTICULO 1° — Establécese la adecuación al “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” -Ley N° 26.773- de los supuestos previstos en el punto I, apartado a), del artículo 14 del Decreto N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, de la siguiente manera:
Cuando la fecha de Primera Manifestación Invalidante (PMI) de la última contingencia fuese posterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 26.773 y el grado de la Incapacidad Laboral Permanente Integral fuese superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%), la Aseguradora responsable de su cobertura deberá abonar el capital de la prestación dineraria correspondiente a la Incapacidad Laboral Permanente Integral, pudiendo descontar la preexistencia. A tal efecto, deberá considerar para el cálculo de ambas incapacidades, la fecha de PMI de la última contingencia.
En caso de corresponder, también deberá abonar la indemnización adicional de pago único del VEINTE POR CIENTO (20%), conforme lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 26.773, la que se determinará en función de las prestaciones dinerarias antes mencionadas.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.
e. 22/10/2015 N° 159483/15 v. 22/10/2015
En la ciudad de La Plata, a 9 de diciembre de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.075, “BBB , Norma M. contra Provincia A.R.T. S.A. Accidente in itínere”. A N T E C E D E N T E S El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial La Plata rechazó la demanda, imponiendo las costas a la parte actora (fs. 143/147 vta.). Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 153/159 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 160. Dictada la providencia de autos (fs. 163) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo: I. El Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata rechazó la demanda promovida por Norma Mabel BBB contra la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba percibir indemnización por la incapacidad derivada del accidente in itinere que protagonizó el día 18 de abril de 2011. Así lo hizo -por mayoría- por considerar que el descenso de la actora de su vehículo para permitir que una compañera de trabajo bajara del mismo (oportunidad en la que se resbaló y cayó al asfalto), interrumpió momentáneamente el recorrido que la accionante emprendió en su automóvil desde el establecimiento educativo en el que prestaba tareas hacia su domicilio, configurando tales circunstancias una interrupción del trayecto en cuestión por causas ajenas al trabajo (fs. 145 vta.). II. Contra dicho pronunciamiento la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y errónea aplicación de los arts. 44 inc. “d” de la ley 11.653 y 22 del decreto 491/1997; violación del principio de congruencia y de la teoría de los actos propios y de los arts. 163 inc. 6, 272 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (fs. 153/159). En síntesis, afirma que cuando el tribunal resolvió como lo hizo cometió no uno, sino varios desaciertos que explica. En su opinión, el a quo violó el principio de congruencia porque, al rechazar la demanda por los motivos que expresó, decidió sobre cuestiones que no se encontraban sujetas a juzgamiento, entre ellas, la existencia del accidente in itinere. Tal lo que surge no sólo de los propios términos de la contestación de demanda, sino del expediente 5100-18754/12 acompañado por Provincia A.R.T. Entiende que los juzgadores incurrieron en absurdo por no lograr interpretar el verdadero alcance de los reconocimientos allí realizados por la accionada, lo que supuso además la violación de la doctrina de los propios actos dado que la demandada no sólo reconoció la existencia del accidente in itinere sino que además otorgó a la accionante prestaciones médicas entre los meses de abril y septiembre de 2011 sin alegar jamás la interrupción del itinerario del viaje. Afirma, por último, que la única cuestión puesta a consideración del tribunal de origen fue la relativa a la incapacidad padecida por la actora. III. El recurso prospera. De modo liminar, estimo necesario -a fin de dar adecuado y más claro tratamiento a los agravios relativos al alcance de los reconocimientos realizados por la accionada-, poner de relieve que, pese al error de carátula que padecen las actuaciones, la demanda fue interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires y no contra Provincia A.R.T. (v. escrito de inicio a fs. 42 y traslado de demanda ordenado a fs. 59). a. Sobre el particular, el a quo consideró que, no obstante cierta contradicción en los argumentos defensivos del Estado empleador -quien afirmó, por un lado, que “… el accidente in itinere padecido fue debidamente atendido” y sostuvo, por otro, que no le constaban las circunstancias del presunto accidente, supuestamente in itinere-, correspondía ubicar allí el tema de disputa, a su juicio, insoslayable (fs. 143 vta.) y decidió luego, por mayoría, que el invocado accidente in itinere “quedó signado por la condición negativa” consistente en “… una interrupción del trayecto en cuestión ‘por causas ajenas al trabajo’…” (fs. 146 vta.), precisando a continuación que lo que pudo interpretarse como un tácito reconocimiento del Estado empleador al recorrer el procedimiento pautado por la Ley de Riesgos de Trabajo en modo alguno puede erigirse en obstáculo para juzgar íntegramente el derecho de las partes (fs. 146). b. Al respecto se sabe que, como regla, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso queda reservada a los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal; sin embargo esa regla reconoce, a fin que lo decidido pueda ser revisado en casación, una excepción: el absurdo (conf. causas L. 117.226, “Guajardo”, sent. del 25-II-2015; L. 117.071, “García”, sent. del 9-IV- 2014, entre muchas otras). Y cuando de los agravios relativos a la violación del principio de la congruencia se trata, por estar vinculados con la interpretación de dichos escritos, deben ser acompañados de la denuncia e imprescindible demostración de aquella anomalía (conf. doct. L. 90.828, “Infante”, sent. del 30-XI-2011). c. Por lo que de seguido explicaré, considero que ese vicio se encuentra configurado en la especie. Observo en primer lugar que frente a la terminante afirmación de la actora relativa a que ante la aceptación del siniestro -respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo y la accionada- era aplicable el decreto 491/1997 y sólo restaba fijar la incapacidad de la reclamante a los fines de determinar el importe indemnizatorio (fs. 48 y 49), la demandada se limitó a hacer una negativa general y una serie de negativas particulares entre las que no incluyó que el accidente hubiese sido in itinere (v. fs. 67/68) para citar luego jurisprudencia que -dijo- revelaba la sinrazón de la demandante al pretender “rubros que corresponden a la normativa civil” cuando la reparación correspondiente sería la prevista en la ley 24.557, por lo demás, ya cumplida por la administradora de riesgos del trabajo (fs. 68 vta./70) afirmando luego que “… el accidente in itinere padecido fue debidamente atendido con las prestaciones médicas pertinentes por parte de Provincia ART, la cual realizó un seguimiento médico exhaustivo determinando el alta sin incapacidad” (fs. 70). En ese contexto, la negativa de las circunstancias del hecho por no constarle (fs. 69) y la afirmación genérica relativa a que los accidentes in itinere requieren una acreditación eficaz de que el referido trayecto no fue interrumpido en interés particular o por razones extrañas al trabajo (fs. 69 vta.) quedan despojadas de la necesaria rotundez, y resultan por consiguiente no categóricas, a fin de evaluar como desconocidos los hechos alegados por la actora al demandar (arts. 29, 44 inc. “d”, 47 y 63, ley 11.653; 354 inc. 1°, del C.P.C.C.). d. Entiendo, además, en otro plano, que tal análisis por parte del a quo no pudo realizarse ignorando los reconocimientos expresados en el expediente 5100- 18754/12, incorporado a la causa por la propia demandada. Surge de dichas actuaciones el informe de Provincia A.R.T. S.A. relativo a que la actora sufrió accidente de trabajo in itinere el día 18 de abril de 2011 por el cual esa aseguradora brindó prestaciones en el marco de la ley 24.557 y otorgó alta médica a la señora BBB sin incapacidad laboral derivada de tal infortunio (segunda foja sin foliar del expediente 5100-18754/2012). e. A fin de valorar adecuadamente la incidencia de ese reconocimiento formulado por la aseguradora de riesgos del trabajo en la posición del Fisco empleador, estimo imprescindible poner atención al vínculo existente entre ambos. A la fecha del infortunio que se analiza, la provincia de Buenos Aires ya había instrumentado el retorno a la opción de autoseguro de los riesgos del trabajo mediante decreto 3858/2007 (P.B.O., 18-I-2008). A través de esa norma no sólo se ratificó el convenio de rescisión del contrato de afiliación con Provincia A.R.T. S.A. sino que se hizo lo propio con el convenio de administración del autoseguro entre la Provincia y la misma aseguradora (art. 1°) y se designó a la Secretaría General de la Gobernación como autoridad de aplicación del régimen en cuestión. En lo que aquí interesa, en la cláusula cuarta del convenio ratificado, la Provincia -aquí demandada- encomendó a Provincia A.R.T. S.A. la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiendo por tales los ocurridos a partir de las 0.00 horas del día 1° de enero de 2007) por cuenta y orden de la Provincia. Luego, a través de resolución conjunta S.S.N. 33034 y S.R.T. 573 del 22-V- 2008, se autorizó al Gobierno bonaerense a autoasegurar los riesgos del trabajo. f. Con ese marco normativo fue que Provincia A.R.T. S.A. Administradora del Autoseguro GPBA identificó el infortunio de autos como “in itinere-moderado sin internación” en la planilla de evolución de siniestro, autorizó traslados, consultas y derivaciones de la prestación cuyo proveedor originario fue el Hospital Municipal de Brandsen, a la vez que remitió cartas documento a la actora (v. fs. 27 y 36) a fin de expresar aspectos diversos relativos al infortunio de referencia, sin que en ninguna de todas esas oportunidades se cuestionara la naturaleza in itinere del accidente, descripto por la directora del establecimiento en el que prestaba servicios la actora como ocurrido “volviendo del trabajo” (v. solicitud de asistencia médica obrante a fs. 16). No existe constancia, a lo largo de ese proceso previo al judicial, de que la provincia haya objetado la aceptación del siniestro realizada por la entidad aseguradora a la que ella misma instituyó como administradora -por su cuenta y orden- del régimen de autoseguro instrumentado. Por el contrario, todo el trámite se desarrolló sin oposición alguna hasta el momento en el que la actora, por no avenirse al alta sin discapacidad otorgada, interpuso demanda a fin de revertir esa conclusión y obtener una reparación. Pretender desconocer en esta instancia los alcances del reconocimiento del infortunio efectuado por Provincia A.R.T. S.A. cuando la provincia no auditó el proceso en general ni las determinaciones en particular -como la autoriza la cláusula cuarta del convenio citado anteriormente- (tampoco lo hizo en este juicio en el que, por el contrario, respaldó lo actuado por la aseguradora), configura una conducta contraria al principio de obrar de buena fe que -claramente- no puede ser respaldada. IV. En razón de todo lo expuesto, propongo revocar el fallo de origen en cuanto rechazó la demanda por considerar que el de autos no fue un accidente in itinere y declarar que el infortunio padecido por la actora reviste esa calidad. Los autos deben volver al a quo para que, nuevamente integrado y con la renovación de los actos procesales que estime necesarios, dicte el pronunciamiento que corresponda conforme lo aquí resuelto. Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, C.P.C.C.). Voto por la afirmativa. Los señores jueces doctores Kogan, Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó la demanda por considerar que el de autos no fue un accidente in itinere y se declara que el infortunio padecido por la actora reviste esa calidad. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado y. previa renovación de los actos procesales que estime necesarios, dicte el pronunciamiento que corresponda conforme lo que aquí se ha resuelto. Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, C.P.C.C.). Regístrese y notifíquese. LUIS ESTEBAN GENOUD HECTOR NEGRI HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI ANALIA S. DI TOMMASO
Anexo con la ley de riesgos de trabajado actualizada
Anexo con sentencia sobre el alta médica de la ART
Causa nº 62580/2014/CA1 – “GGGCarlos Alberto c/ Prevencion Aserguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/accidente–ley especial” – CNTRAB – SALA III – 30/04/2015
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30/04/15, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.-
Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada, con motivo del recurso de apelación deducido por el actor a fs. 35.-
El accionante se agravia de la sentencia recaída en autos el 2 de febrero de 2015, que resolvió rechazar in limine la acción deducida en los términos del art.377 CPCCN, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre el fondo.-
Alega que el juez de anterior grado, resolvió así, por entender que ante la falta del alta médica, no se encuentra habilitado para reclamar judicialmente la indemnización por el daño sufrido.-
Observo, que el sentenciante entendió que dicho instrumento resulta ser un acto de trascendencia jurídica tal, que encontrándose el actor aun en tratamiento, no ha operado la consolidación jurídica del daño.-
Sostuvo que carece la demanda del requisito de fundabilidad que la viabilice, que le permita dictar un pronunciamiento a fin de resolver las cuestiones planteadas en el escrito de inicio.-
En atención a estos fundamentos, el a quo consideró inadmisible formalmente la demanda, e improponible la pretensión objeto del presente reclamo en los términos del art. 377 del CPCCN. Por lo tanto, resolvió rechazar in limine la acción deducida (fs.35vta.).-
El accionante en su apelación manifestó, respecto de la decisión tomada por el magistrado de anterior grado, que la ley no establece de modo alguno este recaudo formal para habilitar la posibilidad de reclamar judicialmente. A lo que agregó que: “este hecho jurídicamente relevante es efectuado de modo unilateral por la ART….”. “Que no puede exigir formalmente que le sea otorgada el alta médica…”.Por ello, aclaró que: “hasta tanto la ART no otorgue el alta médica, el trabajador se encuentra entonces impedido de efectuar reclamo, y de poder acudir a la justicia…” (sic).-
Arguye que la resolución atacada sostiene: “la imposibilidad de determinar la incapacidad psicofísica y por ende la incapacidad laboral permanente del actor a raíz del infortunio” (sic). Pero, Guerreros afirma que nada de ello es cierto, pues en el propio proceso- en su etapa probatoria-, se dispone el modo pertinente de acreditar los hechos alegados en la demanda. Por tal motivo, entendió, que en la especie, se trata de un prejuzgamiento.-
Sentado lo cual, observo que el actor sostuvo en el inicio, que se encontraba prestando tareas bajo relación de dependencia con la empresa “FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.F.I.A.”, firma dedicada a la instalación de equipos de climatización, desde el día 01 de octubre de 1998. Refirió que cumplía una jornada laboral de 8 a 18 horas, efectuando las tareas correspondientes a la categoría laboral “auxiliar A”, percibiendo al momento del accidente una remuneración mensual de $9.332,93. Narra que al tiempo de su incorporación su estado de salud era óptimo, pues así lo indicaron los exámenes preocupacionales efectuados.-
Continuó relatando que el día 9 de abril de 2014, siendo aproximadamente las 10hs, se encontraba realizando tareas inherentes a su puesto de trabajo en las instalaciones de un cliente de la firma aquí demandada, ubicadas en la calle … de esta ciudad, valiéndose para ello de una escalera. Sostiene que repentinamente, tambaleó perdiendo el equilibrio, cayendo sobre su brazo y mano derecha.-
Así sufrió lesiones de gravedad, por las que fue trasladado en primer término al Hospital Argerich, y luego derivado al Sanatorio Güemes.-
En dicho nosocomio le efectuaron exámenes, diagnosticándole Tendinitis en el Hombro Derecho y Síndrome de Sudeck por fractura de muñeca derecha con atrofia muscular y dolor neuripático.-
Luego de cumplidos 64 días de atención médica y cuidados ambulatorios, la demandada le otorgó el alta médica el día 12 de junio de 2014.-
Manifiesta que persistiendo los dolores en su mano derecha, solicitó el reingreso ante la aseguradora, el que tuvo lugar en el 19/06/2014, y que en dicha oportunidad le fueron indicadas sesiones de kinesiología a cargo de la demandada en el “Clínica Privada Monte Grande”. Aclara que tanto la asistencia médica, como los controles efectuados, fueron a cargo de la demandada de autos.-
Así, refiera que al cabo de 194 días de atención y cuidados ambulatorios se encuentra aún en tratamiento, sin alta médica impidiéndole la normal movilidad de su mano, y brazo derechos. Razón por la cual, y en atención a los daños padecidos, solicita la indemnización pertinente.-
Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley 24557, así como de la ley 26773, y practica liquidación a fs. 25/26 en virtud de las incapacidades anátomofuncionales, y psicológica sufridas.-
En tales condiciones, corresponde entonces analizar los agravios sostenidos por el accionante.-
Por un lado, argumentó que la resolución recurrida le deniega el acceso a la justica. Ello, pues de modo alguno puede exigir que la aseguradora le otorgue el alta médica, encontrándose por lo tanto, impedido de efectuar el reclamo pertinente ante un Tribunal del Trabajo.-
Por otro lado, aclaró que en la etapa probatoria surge de la pericial médica, el grado de incapacidad laboral permanente que padece, razón por la cual, lo dispuesto por el juez de anterior grado resulta ser incorrecto.-
Es aquí donde deviene ser verdaderamente importante preguntarnos, ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nunca debemos dejar de observar, y de valorar al analizar, como en la especie, un reclamo fundado en el daño padecido por un trabajador? ¿Cuáles son entonces los principios generales del derecho del Trabajo? Porque, ¿podemos hacer a un lado una petición fundada en cuestiones de salud por aspectos de tipo formal? Encuentro que no, en virtud del marco normativo, donde el trabajador es un individuo que goza de preferente tutela en los términos del art.14 bis de la Constitución Nacional y los tratados de DDHHFF conforme al art. 75 inc.22 del mismo cuerpo legal. Debemos entonces siempre recordar los principios propios del derecho del trabajo, y tomar la decisión que resulte más beneficiosa para el trabajador. En esta inteligencia, no existe justificativo alguno para resolver en sentido contrario.-
Digo así pues, ante tales interrogantes merece la pena ser recalcado, lo que en el marco actual del paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales (art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), es considerado como un derecho prioritario. Esto es, el acceso a la justicia, pues es el que asegura el ejercicio eficaz del resto de las prerrogativas.-
Este, es un marco normativo superador del constitucionalismo social, no solo el aspecto adjetivo del derecho (carácter que sin duda alguna, tiñe al derecho procesal) es el principal protagonista, como instrumento asegurador del acceso a la justicia de quienes se encuentran en peores condiciones (principio pro homine e in dubio pro operario), sino también la eficacia del derecho.-
En este sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, “la obligación de los Estados no es sólo negativa -de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia”. http://www.cidh.org/countryrep/ accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm- Asimismo, como surge del Resumen Ejecutivo, sobre “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, “hay una relación directa entre la idoneidad de los recursos judiciales disponibles y la posibilidad real de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre el particular, tanto la Corte IDH como la CIDH han comenzado a precisar aquellos elementos que componen el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana respecto a los procedimientos de índole social, que presentan algunas características diferenciales respecto de otros procedimientos criminales o civiles, además de compartir también algunos rasgos comunes”.-
I.- Revocar la Sentencia de fs. 35/36, y remitir las actuaciones al Juzgado que sigue en orden de turno a fin de dar curso a la presente demanda.- II.- Líbrese oficio al Tribunal de origen con copia de la presente resolución.- III.- Sin costas, ante la falta de controversia.- Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.-
Fdo.: Diana R. Cañal – Néstor M. Rodríguez Brunengo
Ante mí: Silvia Susana Santos, Secretaria
Anexo con sentencia sobre demostración del daño en un caso de caída de la trabajadora
Causa 36.732/2012 – “XXX. c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial” – CNTRAB – SALA I – 29/05/2015
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Mayo de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
I)- El Señor Juez “a-quo”, a fojas 294/296, desestimó el reclamo de la trabajadora tendiente a la reparación de las dolencias sufridas con motivo del accidente de trabajo sufrido. Tal decisión es apelada por ambas partes: el accionante lo hace en virtud de las manifestaciones vertidas a fojas 297/301 y la demandada, en mérito de las expresiones expuestas a fojas 306/307. Las quejas presentadas merecieron oportunas réplicas de sus contrarias según se desprende de la presentación de la demandada a fojas 310/311 y de la accionante a fojas 315/vta.-
II)- Memoro que la Señora V. ingresó a trabajar el 5 de abril de 2010 a las órdenes de OSDE – Organización de Servicios Directos Empresarios, derivada por la agencia de servicios eventuales Adecco Argentina S.A. para la realización de tareas normales, habituales y permanentes de aquella, cumpliendo tareas generales administrativas, en una jornada de lunes a viernes de 8 a 16 horas.-
Surge de autos que el 6 de julio de 2010 la demandante sufrió un accidente de trabajo: al bajar de las escaleras, tropezó y cayó de frente al piso, golpeándose fuertemente la cara, la boca y los dientes (se le partió el diente incisivo central derecho, ubicado en el maxilar superior). Refiere que fue deriva a la ART y que le brindaron el tratamiento y las prestaciones odontológicas pertinentes. Precisa que si bien la demandante solo sufrió la ruptura de uno de los dientes, para poder arreglar esa pieza dentaria, se requería un tratamiento que contemplara el reemplazo de todas las piezas dentarias superiores porque la actora posee pernos y coronas que impide la reparación aislada de un diente sino un tratamiento dental complejo.-
No se discute en esta etapa que la Señora V. sufrió el accidente relatado, ya que la A.R.T. demandada reconoció el infortunio y brindó las prestaciones correspondientes, es decir, Provincia ART SA brindó cobertura por el siniestro y otorgó las prestaciones odontológicas y las prótesis -provisorias y definitivas- pertinentes.-
III)- En cuanto al fondo de la cuestión debatida, considero que los argumentos esgrimidos por la quejosa tendrán parcial recepción. Estimo que de las constancias de la causa no surge ningún elemento de convicción idóneo que permita desatender las conclusiones adoptadas en Primera Instancia en punto a que la demandante no logró demostrar la incapacidad laborativa que afirma padecer. Por otra parte, no puede soslayarse que la Señora V. tiene una prótesis defectuosamente realizada por los profesionales designados por la ART demandada.-
Cabe destacar que si bien es cierto que la demandante sufrió el accidente en cuestión, no es menos cierto que resulta contundente el dictamen del experto médico odontólogo interviniente en la causa al afirmar que la Señora V. no presenta incapacidad al momento del examen practicado y que los baremos consultados -Dto.659/96, Altube-Rinaldi, Tabla de Bertini y Tabla de Bertini modificada- no asignan ninguna incapacidad para rotura o pérdida de prótesis dentales de ningún tipo (ver informe de fojas 173/178 y aclaraciones de fojas 228/229). En este punto, en el memorial en análisis el recurrente no logra precisar en forma concreta ni razonada las minusvalías que el infortunio sufrido le ocasiona en el plano laboral, como tampoco patentiza las limitaciones que sus consecuencias representan en la vida familiar y de relación sino que se limita a afirmar genéricamente que “…se comprobó que la prótesis colocada a la actora tras la rotura de su diente incisivo central derecho se encuentra a la fecha en forma totalmente deficiente…” (sic, fojas 298; conf.art.116 Ley 18.345).-
Si bien las normas procesales no acuerdan al dictamen médico el carácter de prueba legal y permiten a quien juzga formar su propia convicción al respecto, es indudable que para apartarse de la valoración de los médicos actuantes, la Judicatura debe hallarse asistida de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al derecho. Y en el presente la accionante no ha acompañado ninguna prueba que conduzca en forma inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que el médico especialista ha hecho de su conocimiento científico.-
En las especiales circunstancias del caso, advierto que las genéricas manifestaciones vertidas en el memorial en estudio referidas a la minusvalía que presentaría la accionante no distan de ser meras formulaciones dogmáticas, que resultan insuficientes a los fines pretendidos. No obstante, entiendo que también se desprende de las constancias de la causa que la demandante presenta una prótesis colocada tras la rotura del diente incisivo central que es defectuosa y que le ocasiona una oclusión deficiente.-
Por ello y teniendo en cuenta que la situación fue detalladamente descripta en el escrito inicial (ver especialmente relato de fs.6/8), corroborada con el informe pericial odontológico (conf. dictamen de fs.173/178) y planteada en el memorial en estudio (ver especialmente fs.297/299), de conformidad con el principio “iura curia novit”, corresponde tener por cierto que, si bien la Señora V. no es portadora de incapacidad, sí pudo verificarse que la prótesis colocada por la prestadora designada por la ART demandada presenta serias deficiencias que podrían generar limitaciones en las funciones propias masticatorias.-
En definitiva y por todos los motivos expuestos, considero que los gastos por la reposición de la prótesis odontológica que requiere la demandante para su recuperación no puede ser sustituida en dinero y deben ser otorgada en especie, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo. En consecuencia, corresponde condenar a Provincia ART SA a rehacer la prótesis pertinente y efectuar su correcta colocación, que permita cumplir adecuadamente con las funciones masticatorias.-
IV)- En cuanto a la forma en que fueron impuestas las costas de grado, cabe recordar que el 2° párrafo del artículo 68 del CPCC faculta al juez a apartarse del principio general que rige en la materia ‘siempre que encontrare mérito para ello. En el caso de autos, estimo que la demandante pudo considerarse asistida con derecho para litigar, teniendo en cuenta los accidentes sufridos y la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en la causa. Por ello, propongo que sean mantenidas en el orden causado y las comunes por mitades (arts.68, 71 y c.c. CPCC).-
V)- De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en Primera Instancia, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios fijados en grado a favor de la representación letrada de la parte demandada y Señor Perito odontólogo lucen adecuados, por lo que propicio su confirmación (art. 38 LO y art.14 de la ley 21.839).-
VI)- Las costas de Alzada deberían imponerse de igual modo que las de la anterior etapa, es decir, en el orden causado (art.68, 2º CPCC), a cuyo efecto corresponde regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 297/301-315/vta. y fojas 306/307-310/311 en las respectivas sumas de $…- y $…- (art.38 LO y art.14 de la ley 21.839).-
En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; b) Condenar a Provincia ART SA a otorgar el tratamiento odontológico indicado en los términos del artículo 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo; c) Fijar las costas de Alzada en el orden causado; d) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 297/301-315/vta. y fojas 306/307-310/311 en las sumas de $…- y $…- respectivamente.-
Coincido con los fundamentos y conclusiones plasmadas en el voto emitido por la distinguida colega Dra. Graciela González. Tengo en cuenta, en este caso en particular, que la actora no padece incapacidad laborativa alguna y que por otra parte, pese a que la Aseguradora en dos oportunidades le otorgó el tratamiento completo lo cierto es que de acuerdo al dictamen médico especializado la prótesis presenta deficiencias e inestabilidad que podrían generar limitaciones en sus funciones, aconsejándose que se le otorgue un tratamiento completo lo antes posible (v. fs. 175 y 178). En este contexto, es claro que tales deficiencias pueden ser superadas mediante el tratamiento adecuado que debe otorgar la Aseguradora (art. 20 apartado 1, inc. b y apartado 3), por ello y sin que implique abdicar de mi postura respecto a otros supuestos donde existen patologías que por sus características no pueden ser revertidas, adhiero al voto que antecede.-
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; b) Condenar a Provincia ART SA a otorgar el tratamiento odontológico indicado en los términos del artículo 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo; c) Fijar las costas de Alzada en el orden causado; d) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 297/301-315/vta. y fojas 306/307-310/311 en las sumas de $…- y $…- respectivamente.-
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.- Fdo.: Graciela A. González – Gloria M. Pasten de Ishihara. Ante mi: Verónica Moreno Calabrese
Anexo con sentencia sobre reparación plena en régimen de ART, inconstitucionalidad de la LRT
Dictamen que la corte compartió.
En lo que aquí interesa, la Sala VIII de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo confrrmó, en lo principal, la sentencia de la anterior instancia y
redujo el monto de condena determinado en concepto de indemnización por incapacidad
parcial permanente -74% de la total obrera-, de $420.000 a $277.430, en el marco de lo
dispuesto por los artículos 1068, 1113 Y concordantes del Código Civil (cfr. fs. 877/891,
966/971 Y 1003).
Para así decidir arguyó, en suma, que la indemnización por daño
patrimonial debe reducirse a $207.430 y adicionarse a ello el importe frjado en primera
instancia en concepto de daño moral, por el sufrimiento provocado por la amputación de
la mano izquíerda del operario ($70.000). En defrnitiva, estimó el capital de condena en
$277.430.
En cuanto a los agravios de la actora dirigidos a objetar el monto
reconocido por el juez de grado, la alzada decidió desestimar el planteo con fundamento
en que la fórmula “Méndez”, invocada, resulta un sofrsma. Precisó que la reparación del
daño en la persona de la víctima que afecta a sus facultades, da cuenta del lucro cesante
y de la pérdida de chance que encuadran en el artículo 1068 del Código Civil. Descartó
por insufrciente el gravamen alegado como daño emergente, pues apreció que el planteo
soslayó la formulación concreta del fallo que se requiere y la que había realizado el juez
Contra el pronunciamiento la actora interpuso el recurso federal,
que fue contestado y concedido con base en la doctrina de la arbitrariedad (fs. 974/993,
1008/1010 y 1017/1019).
Ante la declaración de nulidad del auto de concesión del recurso
por no haber realizado un análisis circunstanciado de la presentación efectuada, el a qua
decidió concederlo nuevamente con apoyo en que la resolución apelada: a) se apartó del
precedente “Arostegui … ” de la Corte, en cuanto no atendió al daño a la vida en relación
del actor; b) no se fundó la cuantificación del daño moral; c) ponderó que el actor había
percibido una indemnización sin que mediase prueba; y, d) no hizo referencia al agravio
relativo a la necesidad de tratamiento psicológico y kinesiológico (cfse. fs. 1038/1039 y
1046/1 048).
Con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, el apelante se
agravia, en suma, porque el fallo se aparta de la doctrina constitucional sentada por esa
Corte en el precedente “Arostegui”. También cuestiona que no se haya tenido en cuenta,
para el cálculo de la pérdida de chance, la imposibilidad de ascender en el empleo y de
volver a conseguir trabajo al ser portador de una capacidad remanente de sólo el 26% de
la total obrera. Destaca que al momento del siniestro tenia treinta y un años. Cita Fallos:
333:1361, entre otros.
Respecto al daño moral, se agravia porque se omite la gravedad
del perjuicio y su repercusión en el proyecto de vida del damnificado. Plantea la falta de
tratamiento de lo referido a los gastos por kinesioterapia y psicoterapia, con fundamento
en el artículo 1086 del Código Civil. Por último, sostiene que la sentencia asevera que el
actor percibió una reparación por el daño futuro y eventual, sin que medie prueba que lo
acredite. Denuncia vulnerados derechos reconocidos en los artículos 16 a 19 de la Carta
Magna, entre otros.
Ha reiterado ese Tribunal que lo inherente a la reparación de los
daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, en tanto remite al examen de
cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, materia propia de los jueces de la
causa, resulta ajeno a la instancia del artÍCulo 14 de la ley 48, salvo arbitrariedad, que se
configura, entre otras hipótesis, cuando los jueces omiten el examen de prueba decisiva
y de planteos conducentes oportunamente articulados por las partes, de forma tal que el
fallo satisface sólo en manera aparente el requisito de la debida fundamentación (Fallos
330:4459 y sus citas).
En ese marco, le asiste razón al recurrente en cuanto la sentencia sostiene que el actor percibió una indemnización por el daño futuro y eventual (párr. 2°), sin que exista constancia alguna de un pago parcial, lo que toma a la decisión
carente de apoyatura en las constancias de la causa y por ende, en arbitraria, por basar el
fallo en un hecho inexistente (doctr. de Fallos: 217:986; 220:249; 239:445 y 327:5581).
Dicho extremo, entre otros, motivó la concesión del recurso extraordinario (cf. fs. 1047,
punto III, párr. 2°, ap. c).
En un orden análogo, cabe atender al reproche de la apelante en
cuanto sostiene que, sin aportar nuevos argumentos y a pesar de haber sido invocada en
los agravios (fs. 904vta./906), la Cámara se apartó de la doctrina sentada por la Corte en
“Arostegui” (Fallos: 331 :570). Es que en el memorial recursivo, la actora había alegado
que debía determinarse una indemnización prescindiendo de las. fórmulas matemáticas,
puesto que tales pautas fueron catalogadas por la Corte como reduccionistas y opuestas
a la reparación integral del menoscabo, atento a que atienden a la persona humana en su
faz exclusivamente laboral, sin apreciar los otros órdenes de la vida del trabajador que
se ven afectados por el daño. Lo anterior, sin embargo, no fue receptado en la sentencia
En tal sentido, cabe recordar que en el precedente “Aquino”, esa
Corte destacó que, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, debe
tenerse en cuenta la consideración plena de la persona y los imperativos de justicia de la
reparación seguidos por nuestra Constitución y, de consiguiente, por el Tribunal, que no
deben cubrirse sólo en apariencia (v. Fallos 327:3753, cons. 7°). La descalificación de la
LRT en los términos de esa doctrina obedeció, precisamente, a que la regla no reconocía
otro daño que no fuese la pérdída de la capacidad de ganancias, pues sólo indemnizaba
daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias,
que evaluaba, asimismo, menguadamente (cfse. Fallos: 327:3753, cons. 6°; cons. 9° del
voto de los ministros Belluscio y Maqueda; y cons. 11 ° del voto de la jueza Highton de
Nolasco).
Tales extremos no fueron justipreciados por el pronunciamiento
en crisis, el que -sin más- redujo el monto de condena con la sola referencia a que en el
sistema financiero, el capital respectivo, podria otorgar una renta del 8.25% anual según 3 ~ ,~V'” /
la tasa pasiva del Banco de la Nación, con lo que se podría obtener un ingreso mensual
equivalente al 74% del salario ($1.725,37), es decir, $1.276,50 por mes. Sobre esa base,
en té=inos meramente conjeturales, dispuso un capital nominal de $ 207.430, aunque,
lo reitero, sin proveer razones que justifiquen la reducción a ese importe en relación con
los factores tenidos en cuenta en primera instancia y los demás elementos que la actora
puntualizó en sus agravios.
En el caso, el actor añadió que debía tenerse en cuenta la pérdida
de la chance futura, en cuanto le resta una capacidad del 26% de la total obrera, que le
imposibilita el acceso a un nuevo empleo que le pe=ita mantener a su familia -esposa y
tres hijos menores- como lo venía haciendo hasta la ocurrencia del infortunio, máxime,
cuando no existió recalificación. Ello afecta no sólo su aptitud laboral, sino también su
vida de relación, extremos que fueron considerados en los antecedentes citados y que no
se abordaron en el sub lite .
Esos aspectos debieron también considerarse a fin de evaluar el
daño moral, por la gravedad del detrimento y su repercusión en el proyecto de vida del
damnificado. En tal sentido, la Corte sostuvo que el valor de la vida humana no resulta
apreciable sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata
de mensurar en té=inos monetarios la exclusiva capacidad económica de las victimas,
lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones
según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el
trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los
hombres (Fallos: 327:3753; cons. 3°; voto de los jueces Maqueda y Belluscio, cons. 6°;
y voto de lajuezaHighton de Nolasco, cons. 10°. Asimismo, Fallos: 329:473, voto de la
jueza Argibay, cons. 7°; y Fallos: 331 :570, cons. 5°).
A su vez, en el precedente “Milone” (Fallos: 327:4607), la Corte
sostuvo que debía evaluarse si la indemnización consagraba una reparación equitativa, o
sea, que resguarde el sentido reparador en concreto; al tiempo que, con cita de tratados
sobre Derechos Humanos, aseveró que una reparación inadecuada mortifica el marco de (\. libertad constitucionalmente protegido resultante de la autonomía del
usualmente el trabajador y, en su caso, la familia de éste- que experimenta una profunda
reformulación de su proyecto de vida (en esp., cons. 5° a 7° y 9°; Fallos: 331 :570, cons.
6°, y Fallos: 331 :1510; en esp., cons. 2° a 4° y 7°).
Procede añadir que la Sala omitió el abordaje del planteo tocante
a los gastos de tratamiento de kinesioterapia y de psicoterapia, que no fue atendido por
“insuficiente” (cfse. fs. 969, in fine), cuando en los agravios se invocó el derecho a una
reparación por el daño emergente, con sustento en el artículo 1086 del Código Civil, en
cuanto reconoce todos los gastos de curación y de convalecencia del damnificado, y se
hizo hincapié en el informe del perito que expuso la necesidad de tales tratamientos (cfr.
fs. 403, punto “q”, 913vta., ítem E).
En definitiva, el tribunal fijó un monto indemnizatorio que no se
corresponde con los criterios delineados por esa Corte y que han sido tenidos en cuenta
en numerosos antecedentes, además de no atender a planteos claramente deducidos. En
tales circunstancias, la resolución se toma descalificable, sin que ello implique anticipar
criterio sobre el fondo del tema, cuestión, por otra parte, propia de los jueces de la causa
y ajena -por norma- a la vía de excepción.
Por lo dicho, considero que corresponde declarar procedente el
recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir las actuaciones al
tribunal de origen para que, por quien competa, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo
expuesto. /) ______ Buenos Aires, 8 de julio de 2014.
La corte compartió el dictamen.
Anexo con sentencia completa sobre accidente laboral – accidente in itinere – indemnización
Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA VII 23.956/2014
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 47988
CAUSA Nº 23.956/2014 – SALA VII – JUZGADO Nº 21
En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de septiembre de 2015, para dictar sentencia en los autos : “RRR EMILIANO HERNAN C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL” se procede a votar en el siguiente orden:
I.- En este juicio se presenta el actor e inicia demanda contra GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor.-
Aduce que ingresó a trabajar en la empresa BRAKE MET con fecha 10-122013 para cumplir tareas generales de operario, aclarando que la actividad de aquélla consiste en la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores.-
Afirma que con fecha 17-01-14, habiendo ya finalizado su jornada de trabajo, cuando se dirigía a su domicilio fue abordado por cuatro delincuentes quienes querían robarle, siendo que al intentar huir de ellos recibió un impacto de bala en su espalda.
Da cuenta de los tratamientos médicos recibidos y dice que en la actualidad se encuentra incapacitado por lo que pretende el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley 24.557, aunque plantea la inconstitucionalidad de algunas de sus normas.-
La demandada responde a fs. 48/81vta. y, tras la negativa de rigor, impugna liquidación y pide el rechazo de la demanda.
La sentencia de primera instancia obra a fs. 165/170, en la que la “a-quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido parcialmente favorable a las pretensiones de la parte actora.-
Hay recursos de ambas partes (fs. 173/179 y fs. 188/191).
Por una cuestión de mejor orden metodológico trataré los agravios articulados por las partes en el siguiente orden:
II.- En cuanto al Decreto 472/14 cuya aplicación al caso pretende la demandada, adelanto que no le veo razón. La norma establece lo siguiente: “…Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la Ley nº 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto nº 1694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1º de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley nº 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la Ley nº 26.417…”.
Como se puede advertir dicha norma tiende a excluir situaciones que claramente se encuentran contempladas en la Ley 26.773, como la que se da en el caso concreto de autos, correspondiente a la prestación por incapacidad permanente parcial del art. 14, inc. 2) apartado a) de la Ley 24.557.-
Agrego también que la Ley 26.773 no se limita a actualizar exclusivamente las prestaciones aludidas por el decreto, sino que estables claramente en su artículo 17 inc. 6 que “las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE”. De este modo entiendo que son pasibles de actualización no sólo aquéllas prestaciones adicionales de pago único y los pagos que mencionan la Ley 24.557 y el decreto 1694/09, sino también aquéllas prestaciones como las previstas en el art. 14 inc. 2 ap. A) y b) o la prevista en el art. 15 de la Ley 24.557, cuya enunciación a modo de fórmula no excluye su carácter indemnizatorio (ver en igual sentido esta Sala in re PELLICO ROGELIO JORGE C/ LIBERTY ART S.A. S/ ACCIDENTE – LEY EPECIAL” SD 46.823 del 30-06-2014, entre otros).
No dejo de advertir que en el presente caso el actor no ha planteado la inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda. Sin embargo, no veo obstáculo, en las particulares circunstancias señaladas, en tratar el tema de todos modos, como ya he expresado en un precedente en el que he votado integrando la Sala VI: “Herrero Carlos Alberto c/ ESSO S.A.)”, sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII “Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería S.A. S/ Despido”, sent. 38.760 del 13-09-05.-
Sostengo esto porque la función del juez que se enuncia con el adagio latino “iura novit curia”, es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso.- Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que “el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar”.-
Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público.-
Por otra parte, no puede argüirse en contra de lo expuesto la posible violación del derecho de defensa o de una posible indefensión, ya que la doctrina mayoritaria, sostiene ya hace tiempo, que frente al “derecho aplicable” no se puede argumentar el derecho de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional, dentro de ese derecho de defensa y no tenerlo en cuenta por las partes, sólo sería una imprevisión que puede atenderse y que sólo sería imputable a ellas.
En tal sentido, no sólo Bidart Campos ha manifestado su adhesión a esta doctrina, sino otros autores de talla, como Hitters, Juan Carlos (ED 116-20) y Ramirez Bosco (DT XLIII-B).-
Este último autor destaca asimismo la vinculación de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad con el principio de irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo y, a su vez, como derivación necesaria o derivada del principio protectorio.-
Asimismo es del caso recordar que el más Alto Tribunal de la República ha señalado que “es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ellas (Fallos 311:2478, entre muchos otros).-
Sobre la base de lo expresado entiendo que la norma es inconstitucional por lo que cabe desestimar este planteo de la apelante.
III.- La parte actora se agravia en tanto sostiene que el RIPTE que se debió aplicar en el caso debió ser el correspondiente al 1º de enero del año 2010, según dispone el art. 17 de la Ley 26.773, mas no le veo razón en su planteo.
En efecto, la norma aludida es clara. La fecha que indica es un parámetro, un punto de partida, para la actualización, en caso de tratarse de un accidente ocurrido con anterioridad. Por ello es que expresamente reza “desde el 1º de enero del año 2010”.
Por tanto, cabe sin más confirmar el fallo en este ítem.
Tampoco resulta atendible el planteo de la apelante relativo a la inconstitucionalidad del IBM. Dicho artículo establece: “… se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los DOCE (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a UN (1) año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado…El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30,4…”.
Ello es precisamente lo que se ha realizado en el fallo donde se hizo el cálculo con base en el informe de la AFIP de fs. 92.-
Por lo demás, agrego que en los términos planteados por el apelante, carece de validez la pretendida impugnación ya que no resulta adecuado para postular la declaración de inconstitucionalidad de una norma, el planteo meramente genérico y esquemático, carente del desarrollo y solidez impuestos por la gravedad de esa descalificación institucional, considerada la “ultima ratio” del orden jurídico, que implica la más delicada de las funciones que puede encomendarse a un tribunal de justifica y que por ende exige se demuestre cumplidamente que existe una insuperable contradicción entre la norma de que se trate y los preceptos de la Carta Magna (en igual sentido, entre otros, esta Sala en “Meza, Marcelino c/ Alpargatas SA”, sent. Del 27-06-02).-
IV.- La parte demandada cuestiona que se haya hecho lugar al reclamo del adicional de pago único previsto por el art. 3 de la Ley 26.773.
Estimo que debe descartarse este planteo.- La norma mencionada textualmente reza: “…Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma…”.
Comparto la corriente doctrinaria que sostiene que los accidentes in itinere también se encuentran al amparo de este adicional, pese a lo confuso de su redacción. Así, debe interpretarse que el legislador quiso buscar una expresión asimilable a “en ocasión del trabajo” (el trabajador está fuera del lugar de trabajo pero está a disposición de su patrón pues se dirige a la empresa desde su casa o viceversa) todo ello en consonancia con lo
dispuesto por el art. 9 de la L.C.T. y el principio de progresividad admitido en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tales condiciones, propongo también la confirmación de la sentencia de primera instancia en este segmento.-
Ello me lleva también a descartar el agravio de la parte actora acerca de la falta de condena al pago por los gastos de tratamiento psicológico y médico ordenados, habida cuenta de que es obvio que se encuentran subsumidos por el mencionado artículo cuando dice “indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas…”.
V.- La demandada objeta la tasa de interés cuya aplicación sobre el monto de condena se dispuso en el fallo (cfr. Acta CNAT 2601 de mayo/2014).-
No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en grado.
Cabe recordar que con fecha 21 de mayo de 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que integro estableció un nuevo criterio (Acta 2601, tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses) que morigera los efectos del envilecimiento de la moneda y el consecuente deterioro de los créditos laborales.
De lo contrario se vería perjudicado el trabajador, al ver disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo.-
Luego, encuentro una génesis distinta en torno a la aplicación del índice RIPTE previsto por la Ley 26.773 y la aplicación de intereses, como accesorios del capital, pues en el primer caso se trata de la aplicación de un coeficiente de actualización mientras que el segundo responde a la privación que sufrió el acreedor por el no uso del capital.
En tales condiciones y dado que la apelante no señala ningún elemento de juicio eficaz para revertir el fallo, propongo su confirmación.-
VI.- Los honorarios regulados en favor de los profesionales me parecen equitativos en atención al mérito y extensión de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados ( arts. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).
VII.- De tener adhesión mi voto, sugiero se declaren las costas de alzada a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-
Luego de un detenido análisis de las constancias de autos adelanto que he de disentir con la opinión de mi colega preopinante.
La sentencia de primera instancia, que hizo lugar en lo principal a los reclamos del inicio viene recurrida por ambas partes en lo que hace a la forma en que se aplicó al caso la actualización prevista por la Ley 26.773, que se encontraba vigente en el momento del infortunio.
En mi opinión en este aspecto ambas recurrentes están parcialmente asistidas de
Me explico. De acuerdo con el criterio que he venido sosteniendo en casos análogos, en mi opinión corresponde atenerse a lo dispuesto por el art. 8 Ley 26.773, art. 17 Dec. 472/2014 y Resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación vigentes a la fecha del decisorio.
En ese orden de ideas no puedo dejar de advertir que lo actuado en primera instancia no resulta ajustado a lo que surge de dichas normas, en especial atendiendo a lo establecido por la Res. S.S.S. Nº 6/2015, vigente al momento de adoptarse el fallo en crisis.
Pues bien, partiendo del grado de incapacidad ponderado en primera instancia, y el Ingreso Base Mensual –aspecto en el que adhiero a la propuesta del primer voto en tanto sugiere confirmar lo actuado en grado-, la suma resultante de $ 270.725,53 es claramente inferior al mínimo establecido en el art. 2º de la Res. S.S.S. Nº 6/15 que deviene de aplicar el porcentaje de incapacidad a la suma de $ 713.476.
En consecuencia, propongo modificar lo actuado en primera instancia y fijar la indemnización en la suma de $ 358.521,69.
Por otra parte, a dicho monto se le debe adicionar la indemnización de pago único prevista por el art. 11 LRT correspondiente al caso en tanto se supera el 50% de incapacidad.
Por ello, y conforme lo establecido en el art. 1º de la Res. S.S.S. Nº 6/15, la suma de pago único asciende en este caso a $ 396.376, lo que lleva el monto indemnizatorio a la suma de $ 754.897,69.
La parte demandada se agravia porque se aplicó en este caso la indemnización prevista en el art. 3º Ley 26.773, pero en mi opinión no le asiste razón.
En ese sentido, tal como tuve oportunidad de señalar en un caso análogo al presente, considero que no se requiere apelar a una medida extrema como es la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma, ello por cuanto la lectura de la misma permite concluir que la reparación que prevé corresponde en caso de que el trabajador padezca el daño estando a disposición del empleador.
Pues bien, si tenemos en cuenta que lo que justifica que la norma especial contemple el accidente denominado “in itinere” es precisamente que el dependiente no se hubiera encontrado expuesto al daño padecido de no haber tenido que llevar a cabo el recorrido en cuestión para estar a disposición de su empleador, en mi opinión no existe razón jurídica para excluir al accidente in itinere de la reparación del art. 3º Ley 26.773.
En consecuencia, por tal concepto corresponde derivar a condena la suma de $ 150.979,53, lo que eleva el monto nominal de la indemnización en el presente caso a la suma de $ 905.877,22.
En lo que hace a la queja de la actora por los gastos de tratamiento adhiero a la propuesta del primer voto por lo que propongo confirmar lo actuado.
La parte demandada apela lo que considera una incorrecta aplicación de la tasa de interés y afirma que se estaría produciendo en este caso una triple actualización. En parte ese argumento ya fue tenido en cuenta al revisar la forma de aplicar la ley 26.773, pero lo cierto es que también en el caso de los intereses corresponde modificar lo actuado.
Al respecto no puedo soslayar que en este caso se está llevando a cabo una actualización del monto indemnizatorio sobre la base de un índice de incremento de salarios, lo que configura una clara excepción frente a la prohibición de indexar que se encuentra vigente.
Por ello, en mi opinión considero que la aplicación lisa y llana de la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2601 resulta inadecuada.
Por ello, de conformidad con lo previsto por el art. 622 primer párrafo “in fine” C.Civil de Velez Sarsfield, y arts. 767, 768 y concs. C.Civil y Comercial de la Nación, y la doctrina de la Corte Suprema en in re “Bco. Sudameris c. Belcam S.A. y ot.”, según la cuál la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos de los arts. 508 y 622 del C.C. como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos, sin que ello implique lesionar garantías constitucionales en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión, considero que en el caso en examen, ante la aplicación de un índice de actualización del capital de condena, corresponde morigerar la tasa de interés aplicable, la que sugiero fijar en el 12% anual desde la exigibilidad del crédito y hasta el vencimiento del plazo de la intimación prevista por el art. 132 L.O.
A partir de ese momento, y ante el eventual incumplimiento del deudor, propongo aplicar la tasa fijada en primera instancia.
Sin perjuicio del nuevo monto de condena al que arribo, considero que los porcentajes de honorarios establecidos en primera instancia lucen ajustados a las tareas cumplidas y resultados alcanzados correspondiendo confirmarlos, aclarando que los mismos deberán aplicarse sobre el nuevo capital de condena e intereses.
Atendiendo a las cuestiones planteadas, y en tanto la parte demandada ha sido vencida en lo sustancial de su recurso, propongo que le sean impuestas las costas de alzada, fijando los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo que les fue regulado en primera instancia.
Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada fijando el monto nominal de condena en la suma de $ 905.877,22 (Pesos Novecientos cinco mil ochocientos setenta y siete con 22/100), sobre la cuál se devengarán intereses al 12% anual desde que dicho monto fue exigible y hasta el vencimiento del plazo previsto por el art. 132 L.O. A partir de ese momento y ante un eventual incumplimiento de la demandada, se aplicarán los intereses establecidos en primera instancia. 2) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y fuera materia de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a la parte demandada y fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo que les fue regulado en primera instancia.
I. En primer lugar, encuentro que la ley 26.773 no se limita a elevar exclusivamente estas prestaciones, sino que establece claramente en su artículo 17 inc. 6 que “las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE”. De este modo, entiendo que son pasibles de actualización no sólo aquéllas prestaciones adicionales de pago único y los pisos que mencionan la ley 24.557 y el decreto 1694/09, sino también aquéllas prestaciones como las previstas en el art. 14 inc. 2 ap. a) y b) o la prevista en el art. 15 de la ley 24.557, cuya enunciación a modo de fórmula no excluye su carácter indemnizatorio.
II. En segundo lugar, considero que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación, por parte del deudor. Es decir que los intereses compensatorios constituyen el reconocimiento de la privación que sufre el damnificado por no disponer del capital desde que naciera la deuda. De lo contrario resultaría perjudicado el trabajador, al ver disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo y por ende su naturaleza es distinta a la de la actualización.
Memoro que desde las Primeras Jornadas de Derecho, celebradas en San Nicolás en el año 1964, organizadas por el Instituto de Estudios legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) donde fue anfitrión el Colegio de Abogados de San Nicolás, se declaró que: “Cuando hubiere mora, la deuda de valor no excluye el accesorio de los intereses moratorios, ya que éstos no están destinados a cubrir la depreciación monetaria, sino el daño sufrido por el acreedor por la privación del uso del capital durante el lapso de la mora y hasta el momento del cumplimiento”, subrayando así la diferencia ontológica entre ambos conceptos.
En consecuencia, toda vez que he expresado mi voto afirmativo en el Acta CNAT 2.601 que dispuso establecer que la medida de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; y que dicho rasero sea aplicable desde que cada suma resultó debida, propondré su aplicación al presente caso.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios incluso en materia de honorarios. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada. 3) Regular honorarios a los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de los determinados para la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.
Un balance de la ley de riesgos de trabajo El monto de la indemnización a cargo de la ART Las ART y los caranchos En juicios por accidentes laborales no se pueden pactar honorarios
abogado accidente de trabajo accidente in itinere accidente laboral ART aseguradora de riesgos de trabajo comisiones médicas derecho laboral derechos del trabajador enfermedad laboral enfermedad profesional patrocinio gratuito patrocinio letrado procedimiento ante la ART riesgos de trabajo seguro
clarisa de arce
La comision medica central se atribuye funcion jurisdiccional; es inconstitucional que se pretenda seguir desplazando la competencia del poder judicial,juez natural.etc en el ppder ejecutivo.Por otra parte, si el patrocinante del trabajador es gratuito, quien paga los honorarios, como y cuanto? O el trabajador debera conformarse con um abogado provisto por el estado,sin poder designar uno de su confianza?
Es buena comentario, Clarisa, veremos cómo se implementa. Un saludo grande.
“También deben cubrir accidentes laborales o camino al trabajo o de regreso. Y hechos de inseguridad, por ejemplo un robo, si generó daños.” Si salís a hacer un trámite en la hora de almuerzo estas cubierto?
Hola, no es tan simple de responder, y el tema genera controversia: http://extrared.sancorseguros.com/noticias/ampliacion.jsp?id=458&idnodo=1
Consulta, se puede negar la art a dar el diagnostico escrito y a darme mis estudios?
Es un derecho pedirle a la ART copia de los exámenes médicos.
Mi consulta viene porque estoy trabajando en una concesionaria de Autos cumpliendo efectivamente labores de Chofer de un Camión tipo carretón pequeño donde transporto autos a las distintas sucursales de la empresa.La consulta es porque en mi recibo de Sueldo figuro como personal de Maestranza y no como Chofer de Camión, si tuviera un accidente en la ruta de traslado de los vehículos estaría cubierto por la A.R.T.??
Hola, Fernando. Tendría que ver la ART. Podés consultar esto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tienen un 0800. Un saludo y después contame. Sergio
Los cambios en las comisiones medicas deberian estar destinados al estricto control sobre los medicos y personal admijistrativo corruptos impuestos por la campora y entongados con las art. Lo del abogado gratuito tambien termina perjudicando al ejercicio de la profesion de quienes pataleamos todas la mañanas y por supuesto ese privilegiado colega tambien se va a sumar a los entongues ya existentes.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 15

ARTÍCULO 1
 artículo 15
 Resolución 

ARTÍCULO 2

Resolución 

Resolución 
 artículo 45
 artículo 14
 artículo 45
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 68
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 1068
 resolución 
 artículo 1086
 artÍCulo 14
in fine
 artículo 1086
 resolución 
 artículo 17
in fine
 artículo 17