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Timestamp: 2020-01-25 18:10:54+00:00

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Boletín de Novedades núm. 4/2012 del mes de Abril
El Gobierno del Estado ha seguido impulsando un conjunto de medidas con las que poder hacer frente a la crisis económica, medidas centradas fundamentalmente en la contención del déficit público y el logro de la estabilidad presupuestaria y financiera.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera afirma en este sentido que la “estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria”. Todo pasa, pues, por el logro de la estabilidad presupuestaria.
La citada ley añade a lo anterior que este objetivo debe ser permanente, y por ello incluye en su título el concepto de “sostenibilidad financiera” y determina que se aplicará al Estado, Comunidades Autónomas, Entes locales y Seguridad social. En sus disposiciones prohíbe el déficit estructural, fija el límite general e individualizado de la deuda autonómica, establece medidas preventivas, correctivas y coercitivas y crea un sistema de alerta temprana para poner en marcha las formas de reacción. A destacar también el capítulo V, dedicado a la transparencia, como vía para recuperar la credibilidad del sistema público español.
Este mismo fin, la consecución del inexcusable objetivo de la estabilidad presupuestaria derivada del marco constitucional y de la Unión Europea, se concreta sectorialmente en los ámbitos educativo y sanitario a través de los Reales Decretos leyes de 14 y 16 de 2012. En ambas normas se trata de reducir el déficit con medidas organizativas que no afecten al contenido y calidad de las prestaciones, y en el caso de la sanidad garantizando la igualdad de trato de todos los españoles. La importancia de ambas normas nos lleva a cuestionar que se haya recurrido al Real Decreto ley para su aprobación.
Por último mencionaremos las Ordenes PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, y PRE/774/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, con las que se complementa el mecanismo de pago a proveedores por las deudas de entes locales y Comunidades Autónomas anteriores a uno de enero de 2012.
De la actividad normativa catalana tan sólo destacaremos la Resolución ECO/657/2012, de 11 de abril, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno de 3 de abril de 2012, por el que se solicita la inclusión de la Generalidad de Cataluña en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas. Como es sabido, en el caso de las Comunidades Autónomas la inclusión en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores impulsado por el Gobierno del Estado requería la expresa aceptación por parte de la Comunidad. Cataluña, mediante este Acuerdo, aceptó su inclusión en el mismo, lo que le permitirá disponer de los fondos especiales creados con este fin.
III. El libro del mes. EMBID IRUJO, A. La constitucionalización de la crisis económica. Ed. Iustel, Madrid 2012.
El alcance de la crisis económica en Europa, con una moneda única y con unas economías y sistemas financieros especialmente interrelacionados, ha llevado al convencimiento de que se requería una intervención garantizada en los niveles normativos más altos, Tratados europeos y Constituciones internas.
Esta nueva realidad es la que examina el libro que destacamos este mes. Un libro, que como nos dice su autor, se cierra en febrero de 2012, y que por tanto puede verse afectado por un devenir político y económico incierto y variable.
IV. El artículo del mes. CERRILO I MARTINEZ, A. Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la administración local. Anuario del Gobierno Local, 2011. pág. 277-313.
Cuando se ha puesto en marcha el proceso de tramitación de la ley española de transparencia administrativa, y lamentablemente siguen aflorando casos de corrupción en el mundo local, la lectura del trabajo del profesor Cerrillo tiene un particular interés, en la medida en que nos advierte del papel decisivo que puede jugar la transparencia como principio de buena gobernanza con el que hacer frente a la corrupción.
• Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación (BOE núm. 81, de fecha 4 de abril de 2012).
• Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido dentro de la disposición transitoria séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 86, de fecha 10 de abril de 2012).
• Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre las modificaciones de los contratos (BOE núm. 86, de fecha 10 de abril de 2012).
• Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales (BOE núm. 92, de fecha 17 de abril de 2012).
• Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas (BOE núm. 92, de fecha 17 de abril de 2012).
• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE núm. 96, de fecha 21 de abril de 2012).
• Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio (BOE núm. 96, de fecha 21 de abril de 2012).
• Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE núm. 98, de fecha 24 de abril de 2012).
• Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial (BOE núm. 100, de fecha 26 de abril de 2012).
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 103, de fecha 30 de abril de 2012).
• Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
• Proposición de Ley relativa a cancelación de limitaciones de disposición en el Registro de Vehículos.
• Proposición de Ley Orgánica sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal.
• Resolución ECO/657/2012, de 11 de abril, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno de 3 de abril de 2012, por el que se solicita la inclusión de la Generalidad de Cataluña en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas (DOGC núm. 6107, de fecha 13 de abril de 2012).
• Resolución de 10 de abril de 2012, por la que se da publicidad a los acuerdos del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, de 19 de enero y 8 de junio de 2010, y de 13 y 27 de marzo de 2012 que establecen el contenido del extracto de los expedientes de contratación (DOGC núm. 6110, de fecha 18 de abril de 2012).
• Orden ECO/105/2012, de 18 de abril, por la que se da publicidad a las tasas con carácter general de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y del Departamento de Economía y Conocimiento (DOGC núm. 6116, de fecha 26 de abril de 2012).
• Decreto 43/2012, de 24 de abril, de los laboratorios de salud ambiental y alimentaria y de los laboratorios de control oficial (DOGC núm. 6116, de fecha 26 de abril de 2012).
• Resolución JUS/763/2012, de 25 de abril, por la que se aprueban los modelos oficiales JUS001SOLC, JUS001COMP y JUS002, de autoliquidación de la tasa para la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia, y el modelo oficial JUS003, de autoliquidación de la tasa para la utilización o aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la Administración de Justicia (DOGC núm. 6117, de fecha 27 de abril de 2012).
• Proposición de ley de exención del pago de tasas por los servicios prestados por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra en las pruebas deportivas.
• Proposición de ley de la renta mínima de inserción.
• Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.
06/2012. Boletín de Novedades núm. 5/2012 del… 04/2012. Boletín de Novedades núm 3/2012 del…

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución