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BOLETÍN INFORMATIVO 60 EDITORIAL SUMARIO RECORTES EN LAS LIBERTADES BOLETIN INFORMATIVO JUECES PARA LA DEMOCRACIA - PDF
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Eduardo Miguel García Cruz
1 BOLETÍN INFORMATIVO 60 Editado por el Secretariado de Jueces para la Democracia Diciembre 2013 EDITORIAL RECORTES EN LAS LIBERTADES Alguien escribió que en una dictadura lo que no está prohibido es obligatorio. Al contrario, un rasgo muy característico de una democracia avanzada es que únicamente establece las prohibiciones más esenciales para garantizar la convivencia. Tampoco un sistema verdaderamente democrático puede imponer adhesiones obligatorias a un determinado credo moral, religioso o político. Sin embargo, en nuestro país se tambalean principios que parecían consolidados. Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se encuentra en una situación de alarmante crisis de futuro incierto. Los recortes en los servicios públicos y las intensas limitaciones de los derechos sociales han fracturado el consenso constitucional de la transición. Y ahora le ha llegado el turno a los ataques a las libertades. Se suele considerar que el Código Penal es la Constitución en negativo. En contraste con los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, las leyes penales fijan los límites de las libertades. Y el proyecto de reforma que ha impulsado el Gobierno implica, entre muchas otras cuestiones, una clara apuesta por castigar con severidad injustificada conductas muy relacionadas con el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Desde la penalización de determinadas formas de ciberactivismo hasta la ocupación pacífica de una entidad bancaria, así como la agravación de otras conductas relacionadas con la crítica a la gestión política. Del mismo modo, el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana también se centra en castigar con sanciones económicas desproporcionadas las más diversas conductas que se puedan producir en el ámbito del ejercicio del derecho de manifestación. En gran parte los hechos que se pretende perseguir ya habían sido enjuiciados por nuestros tribunales, que de forma casi unánime han considerado que, más allá de la comunicación administrativa, las manifestaciones pacíficas, los escraches o las acciones de protesta para detener lanzamientos hipotecarios no suponen delito ni falta. Ante el fracaso de sus expectativas en la vía judicial, el poder ejecutivo pretende disuadir con graves amenazas de castigo pecuniario las diversas formas de crítica a su acción de gobierno. No obstante, no existen motivos razonables para estos propósitos de criminalización de la disidencia. Como indican los propios datos oficiales, la inmensa mayoría de las manifestaciones celebradas en el último año se desarrollaron sin ningún incidente, a pesar de la gravedad de la situación económica, lo cual es una muestra más de la madurez de nuestra sociedad. Esta actitud de responsabilidad contrasta con los afanes represivos de un gobierno que no es capaz de convencer a la población con argumentos sobre el hipotético carácter positivo de su gestión y ha optado de manera poco disimulada por castigar las expresiones más visibles de disconformidad. Debemos exponer necesariamente nuestra preocupación ante estas iniciativas autoritarias que recortarán nuestras libertades. Sin duda, resultan manifiestamente contrarias a la sociedad plural en la que debe basarse cualquier sistema democrático. Secretariado de Jueces para la Democracia Editorial SUMARIO Actualidad y Carrera Judicial Una reforma para confiar en la justicia penal El escenario del acto del juicio oral: el orden de los factores que sí altera el producto Ubicación del acusado en el juicio Juezas tejiendo encajes de bolillo Justicia agobiada. Jueces estresados Las enseñanzas del Prestige Crónica de un Congreso: Pamplona 2013 Internacional Criminalidad, represión, violencia e impunidad en Centroamérica Manifiesto del Foro de Jueces Democráticos e Independientes Jueces en primer destino Juez de apoyo a juez de adscripción territorial Comisiones JpD Jornadas de Derecho Penal Comisión de Sindical Ventana abierta a las Secciones Territoriales ST de Castilla La Mancha ST de Castilla y León Entrevista a Margarita Robles BOLETIN INFORMATIVO JUECES PARA LA DEMOCRACIA Redacción: Secretariado de JpD Directora: María Calvo Coordinación: José Rivas, Urko Giménez y Fátima Mateos Núñez Morgado 3, 4º B MADRID 12 ACTUALIDAD Y CARRERA JUDICIAL UNA REFORMA PARA CONFIAR EN LA JUSTICIA PENAL GONZALO QUINTERO OLIVARES Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) En el Congreso de los Diputados se está debatiendo (mejor: ojalá debatieran) el Proyecto de Ley de enésima Reforma del Código penal. La necesidad de que los fallos sean predecibles, que puedan ser percibidos como justos y que se fortalezca la confianza en la Administración de Justicia constituyen las razones profundas del pre-legislador para explicar las modificaciones que se proponen. Esa declaración es meramente retórica y no tiene nada que ver con los cambios, salvo que se quiera dar a entender que los españoles solo confiarán en la justicia si se impone con frecuencia la llamada cadena perpetua, por ejemplo. En cuanto a la predictibilidad de los fallos judiciales la experiencia es ya larga, y es el modo críptico con el que se envuelve la reducción del arbitrio judicial o se incrementan las normas que necesariamente se han de aplicar sin margen alguno. Otro argumento que se da es el de las nuevas formas de criminalidad, que, considerando que la última Reforma fue el 2010, habrán aparecido en el espacio de dos años más o menos. Claro que estos últimos tiempos han visto profusión de problemas de gestión financiera y de corrupción, y el cándido observador puede creer, equivocado, que el legislador se refiere a eso. Las condiciones de la percepción de un fallo como justo nos conducirían al complejo tema del significado del ideal de justicia. Lo justo no es algo que esté visiblemente impregnado en las propuestas normativas sería ingenuo creer eso sino algo que o se valora así por algunos o expresa un acuerdo medio sobre la mejor solución. Pero pronto se comprueba que en el ánimo del pre-legislador solo el aumento de la dureza de la represión penal (por supuesto que no en todos los ámbitos) engendrará esa sensación de que la ley es justa. Es por demás cierto que en las múltiples reformas que ha sufrido el malhadado Código penal de 1995 si en algo han coincidido es en endurecer penas, sin importar las pautas represivas que puedan seguirse en otros Estados de la UE, que, en su incuria jurídica carecen, y es solo un ejemplo, de un sistema de valoración de la reincidencia como el nuestro, único en su género. Allá ellos. En el ánimo del pre-legislador sólo el aumento de la dureza de la represión penal (por supuesto que no en todos los ámbitos) engendrará esa sensación de que la ley es justa. Es deseable la comprensibilidad de las decisiones judiciales, pero también es preciso fomentar la posibilidad de comprender, y contra eso va la demagogia en cabeza la constante comparación entre los cientos de años impuestos y los pocos cumplidos y las jeremíacas expresiones de acatamiento de los fallos sin compartirlos cuando decepcionan las expectativas antes sectariamente alimentadas, y así, de paso, se dirige el dedo acusador a la gente de toga. Claro que luego, si se tercia, siempre se puede resolver el tema con un oportuno indulto que para eso está el derecho de gracia. La Reforma coloca cual mascarón de proa que avanza hacia el futuro, la prisión permanente revisable, que visto lo visto no parece peor que los posibles cuarenta años de cumplimiento íntegro que ya permite el derecho vigente. Pero hay endurecimientos no tan visibles que son de gran importancia, mezclados con algunas mejoras, cual sucede con el régimen de la sustitución y suspensión de la ejecución de la pena, que no compensan regresiones como la posibilidad de que se acuerde con fuerza retroactiva la revocación de la suspensión si se descubriera que el sujeto había cometido un delito antes de recibir el beneficio. Una mezcla similar se da con la expulsión de extranjeros, pues se evita el automatismo pero a la vez no se concede importancia al hecho de que el sujeto tenga residencia legal en España. Es deseable la comprensibilidad de las decisiones judiciales, pero también es preciso fomentar la posibilidad de comprender, y contra eso va la demagogia en cabeza la constante comparación entre los cientos de años impuestos y los pocos cumplidos y las jeremíacas expresiones de acatamiento de los fallos sin compartirlos cuando decepcionan las expectativas antes sectariamente alimentadas La libertad vigilada, que entró en el CP con la Reforma de 2010, ensancha su campo de acción, y, de paso, sirve a nuestro pre-legislador para asegurar que como es una medida de seguridad puede imponerse junto a la pena sin que pueda decirse que se infringe el límite non bis in idem, pues, por si no lo sabíamos, la característica máxima del sistema dualista (que incultamente creíamos que era el ser un sistema de doble vía, con penas y medidas fundadas en culpabilidad o peligrosidad) es que gracias a la diferencia de naturaleza entre pena y medida es posible imponer ambas conjuntamente, lo que no es óbice para que nos diga después que en algunos casos las penas son 23 inevitablemente cortas o, al menos, de una duración insuficiente, y eso no se puede permitir, y, por lo tanto, el sistema dualista ofrece la solución óptima: imponer las dos. Las medidas de seguridad de internamiento terapéutico también son modificadas en lo que a duración respecta, al desvincularse de la de la pena que hubiera sido imponible. La idea es aceptable, siempre que los seguimientos y controles de la evolución del interno sean rigurosos. La figura de la libertad condicional es, sin más, destruida. Aunque se diga que en lo esencial se mantiene el régimen, nada es más falso, pues la libertad condicional había sido siempre la última etapa en el sistema progresivo de ejecución de las penas y el tiempo de libertad condicional era tiempo de cumplimiento de la pena. Ahora es solo un supuesto de suspensión y si el penado reincide, deberá cumplir toda la pena que le quedaba pendiente cuando salió de prisión. Sin duda poderosas serán las fuerzas o razones que llevan a modificar de nuevo el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, haciendo que sea mucho más difícil su imputación, y de paso se favorece el consumo de normas de conducta o programas de prevención, cuya sola existencia puede actuar como cortafuegos bastante para evitar que la actuación de individuos concretos, cualquiera que sea su poder decisor, pueda transferir responsabilidad penal al ente en cuyo interés actúan. Sin duda poderosas serán las fuerzas o razones que llevan a modificar de nuevo el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, haciendo que sea mucho más difícil su imputación Los concursos de infracciones no se libran de la mano correctora: la reforma del delito continuado se orienta a que haya menos supuestos en que éste pueda ser apreciado, y que nunca pueda ser beneficioso. De las ideas de único hecho y de pena única no queda nada, y siendo así, mejor sería prescindir de esa figura, aunque sea bueno que se prohíba la continuidad en los delitos contra la libertad sexual. Desaparece también la tradicional equiparación punitiva entre el concurso ideal y el concurso medial de delitos, y la misma regla de individualización de la pena prevista para el delito continuado, resultará también aplicable al concurso y será la pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, sin exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos En cabeza de las reformas de la Parte Especial hay que colocar, sin duda, la supresión del Libro III del CP. Eso había sido solicitado desde tiempo y desde muchos sectores, pero no para en su lugar aumentar desmesuradamente el número de delitos leves, que en todo caso permiten imponer penas severas (p.e., un hurto de mil euros cometido por un miembro de un grupo que vaya acompañado puede conllevar hasta cuatro años de prisión, según el nuevo art.235 bis-2º). En el afán supresor cae la falta de imprudencia leve en el entendimiento de que la muerte y las lesiones producidas desde esa clase de culpa pueden encontrar adecuado tratamiento jurídico a través de la llamada culpa Aquiliana, lo cual habrá de provocar seguros problemas. La Reforma del delito de asesinato es realmente llamativa, y no porque pueda llegarse a la pena de prisión permanente, sino por los criterios: que sea medial, como si no existiera la regla del concurso, o que se cualifique por una razón subjetiva si el autor pertenece a una organización criminal o subsiga a un delito contra la libertad sexual da igual que sea una violación o un acoso -. Pueden verse notables signos de los tiempos, como es la desfiguración del delito de administración fraudulenta ( ) algo queda fuera de duda: los negocios especulativos y la infidelidad, si no desciende el patrimonio social, serán atípicos. No es posible continuar con el examen de todas las modificaciones que sufre el Libro II, pues eso desbordaría los límites que me he propuesto. Pero creo significativo lo que sucede en los delitos patrimoniales. Ya he dicho antes que la reforma del hurto, aprovechando la desaparición del libro III, es 34 de una dureza espectacular y es lo que encabeza los delitos patrimoniales. Pues bien, sin movernos de ellos pueden verse notables signos de los tiempos, como es la desfiguración del delito de administración fraudulenta. El pre-legislador parte de una afirmación que basta para comprender lo que luego hará: según él el CP de 1995 tipificó la administración desleal como un delito societario (como en el derecho comparado) cuando es realmente un delito patrimonial, subforma de la apropiación indebida. Añade que la jurisprudencia así lo había entendido, lo que no es verdad pues lo único que se dijo es que además de la incorporación al propio patrimonio también era apropiación indebida el dar destino no autorizado provocando igualmente la mengua patrimonial. La administración fraudulenta, tipo sin duda necesitado de reforma, era otra cosa: la traición del administrador que utiliza su poder de disposición para hacer negocios en su provecho y no del ente que le ha otorgado su confianza, aunque el patrimonio social no mengue sino que solamente deja de crecer lo que hubiera normalmente podido. Transformar ese delito en patrimonial implica en el fondo el regreso a la tesis de que no son precisos los delitos financieros o económicos, y para que no haya duda se elimina la referencia a un "perjuicio económicamente evaluable" (art.295 CP) que permitía, diciendo que propiciaba un concepto económico de patrimonio (desconociendo que eso quiere decir totalidad del patrimonio disponible se tenga o no lícitamente) cuando o que permitía era un concepto económico de perjuicio. Pero algo queda fuera de duda: los negocios especulativos y la infidelidad, si no desciende el patrimonio social, serán atípicos. financiera que, en el caso de bancos y cajas, puede ser el inicio de una catástrofe; pero no parece que el pre-legislador aprecie aquí la necesidad de cambio o tipificación específica de especie alguna: el único problema real es el del hurto de mil euros. La sensación de que el criterio rector es el imparable crecimiento del derecho penal, domina por desgracia cualquier valoración. En materia de insolvencia se continúa, eso sí, con la línea emprendida en 2010: agravar el hecho si el deudor es la Hacienda pública, la Seguridad social o una Administración pública. La razón profunda de que esos entes sean de mejor condición penal que el españolito de a pié no se compensa con imprecisas cualificaciones para los casos en los que se haya perjudicado a un gran número de personas. La relación de delitos que son reformados es muy larga, y como antes dije estas notas no son un comentario al total de la Reforma, sino una mera ojeada crítica a contenidos cargados de significación. Muchos de mis colegas se ocuparán puntualmente de todos los temas que merecen aprobación que los hay o censura. Pero la sensación de que el criterio rector es el imparable crecimiento del derecho penal, domina por desgracia cualquier valoración. La Reforma necesaria del delito de concurso, quiebra o bancarrota es merecedora de aprobación, pues era precisa una mínima sintonización con los modelos de incriminación que para ese delito se observan en los Estados de la UE, prescindiendo de alguna insólita idea, cual es la de colocar como indicador de delictuosidad en orden a la retroacción, entre otros, al haber participado en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica. Que la especulación, denostada sistemáticamente, pueda ser admitida como una práctica respetable si rinde beneficios, es lamentable. Pero más allá de esas pequeñeces, sorprende que no se dedique ni una sola palabra a las crisis de las entidades financieras (bancos, cajas) con todo lo que ha llovido. Es cierto que éstas rara vez llegan a la insolvencia porque acude en su ayuda el Estado salvador portando dinero de todos, pero lo correcto sería que se advirtiera que esas situaciones han de ser tratadas a todos los efectos como insolvencias, en su caso delictivas, sobre todo una vez que se comprueba que de haber estado vigente lo que hoy es Proyecto muchos habrían sido alcanzados de lleno pero es asombroso que no se dé muestra de haber aprendido la lección, y otro tanto puede decirse del falseamiento o deformación de la información 45 EL ESCENARIO DEL ACTO DEL JUICIO ORAL: EL ORDEN DE LOS FACTORES QUE SÍ ALTERA EL PRODUCTO Rosa Fernández-Palma, Magistrada y Yolanda Rueda Soriano, Magistrada I.- El clásico escenario del acto del juicio oral. Nuevas propuestas. El axioma matemático de la propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, no opera en el acto del juicio oral en el que la no conmutatividad es fundamental. De esta forma, no es lo mismo el juez que tiene una intervención activa durante el interrogatorio a un testigo, que el juez que interviene solamente al final de dicho interrogatorio, y a los solos efectos de una aclaración puntual sobre lo que ha declarado dicho testigo. No es lo mismo resolver sobre la prueba ilícita con carácter previo al juicio oral que resolver sobre su nulidad en sentencia cuando ya es irremediable el contacto con los resultados de la prueba que va a ser declarada nula. No es lo mismo que una víctima especialmente vulnerable declare en presencia del acusado, o que lo haga a través de medios técnicos que eviten la confrontación visual con aquél. Según el orden de los factores, y por tanto, según las condiciones que envuelvan la formación de la prueba, el resultado comparativo entre las diversas posibilidades, desde el punto de vista de la consecución del proceso justo y equitativo que exige el artículo 6 CEDH, al que estamos obligados en virtud del artículo 10 CE, es sustancialmente diferente. Según el orden de los factores, y por tanto, según las condiciones que envuelvan la formación de la prueba, el resultado comparativo entre las diversas posibilidades, desde el punto de vista de la consecución del proceso justo y equitativo que exige el artículo 6 CEDH, al que estamos obligados en virtud del artículo 10 CE, es sustancialmente diferente. El derecho de defensa reconocido en el artículo 6 CEDH es interpretado por el TEDH como el derecho del acusado a estar presente en la vista oral y el de defenderse por sí mismo o estar asistido por un defensor, pudiendo dirigir efectivamente su defensa, dar instrucciones a sus abogados, interrogar a los testigos La finalidad del Convenio es proteger los derechos de forma concreta y efectiva, no teórica o ilusoria, teniendo en cuenta el papel preeminente que el derecho a un juicio justo, del que deriva el derecho de defensa, juega en una sociedad democrática (STEDH Ártico contra Italia). En la Sentencia 91/2000, nuestro Tribunal Constitucional, en la línea marcada por el TEDH, sostiene que la opción por la asistencia jurídica gratuita o por la de un letrado de elección no puede entenderse como renuncia o impedimento para ejercer la defensa por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo que la defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa. La supervivencia de la escenografía clásica del acto del juicio oral al marco jurídico constitucional, en particular al conjunto de garantías del art. 24 CE, a la doctrina del Tribunal Constitucional, al Convenio de la Unión Europea y la doctrina del TEDH, resulta llamativa, porque no sólo la estructura del juicio no abona el desarrollo del derecho fundamental de defensa que asiste al acusado, sino que en algún caso lo entorpece de manera injustificada. Es curioso que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 nada diga con relación a la posición que deba ocupar el acusado en el acto del juicio oral, y sin embargo, en el actual escenario del acto de juicio oral se ubique generalmente al acusado en el banquillo, lejos de su abogado y de espaldas a los testigos. Asimismo, resulta asombroso, que la Ley del Jurado que nace tras la Constitución y cuya vocación es la consolidación del sistema acusatorio, ordene expresamente en su artículo 42 que el acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores, y que, no obstante, el usus fori y el actual diseño de la sala de juicios, no permitan la comunicación el acusado con su abogado, anclándose en una vieja inercia de clara inspiración pre constitucional que no es compatible ni con los principios constitucionales ni con el concepto de juicio justo que exige el Convenio Europeo de Naciones Unidas, convirtiendo al acusado en (lo que se ha llamado por algunos autores) el convidado de piedra en su propio juicio, aislándole en el banquillo y generando con esta ubicación un efecto estigmatizante contrario a la presunción de inocencia como regla de juicio. Es curioso que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 nada diga con relación a la posición que deba ocupar el acusado en el acto del juicio oral, y sin embargo, en el actual escenario del acto de juicio oral se ubique generalmente al acusado en el banquillo, lejos de su abogado y de espaldas a los testigos La ley procesal tampoco regula la prueba de interrogatorio del acusado, ni determina el momento en que debe practicarse. Sin embargo, la jurisprudencia ha transformado el obsoleto sistema de absolución de posiciones del artículo 700 LECrim, en prueba de interrogatorio, que, además, el devenir práctico exige que se realice al inicio del juicio, como primera prueba. Los tintes inquisitivos de esta estructura son obvios porque de este modo se introducen en acto del juicio, y se pregunta al acusado, por meras diligencias de instrucción, que no han sido confirmadas o negadas en el plenario. 56 Es doctrina del Tribunal Supremo, expresada en sentencias como la de 17 de marzo de 2009, que la práctica del interrogatorio al inicio del juicio no lesiona el derecho de defensa del acusado, aunque no se obvia en la resolución que otras opciones podrían ser preferibles. Existen, en nuestro entendimiento, razones de peso en el actual contexto constitucional, donde se contemplan como derechos fundamentales el de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24 CE), para desterrar el uso generalizado de que el acusado declare en primer lugar. No apreciamos, además, obstáculo legal alguno para alterar el orden de la prueba, conforme al artículo 701 LECrim, cuando exista una petición de la defensa en este sentido, como tampoco para que sea el propio juez quien al inicio del juicio abra un turno de intervenciones con este objeto. El derecho del acusado a la última palabra no colma las exigencias del proceso justo, porque debe decidir a ciegas, en ese primer momento, si declara o guarda silencio; como tampoco neutraliza el riesgo de perversión del sistema acusatorio, por la inercia de que la prueba posterior se pueda dirigir en exclusiva a desmontar su versión y no a confirmar la hipótesis acusatoria. Existen, en nuestro entendimiento, razones de peso en el actual contexto constitucional, donde se contemplan como derechos fundamentales el de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24 CE), para desterrar el uso generalizado de que el acusado declare en primer lugar II.- El tratamiento en los borradores de anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tanto la ubicación del acusado en la sala de juicios, como el interrogatorio del acusado, han suscitado en los últimos años una amplia reflexión en el ámbito jurídico (vid., en este sentido, López Ortega, J.J. (2010), Cuestiones 2 y 3; en VVAA, 99 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, págs. 43 a 67), que ha conducido a que el prelegislador se haya posicionado sin fisuras conforme a la visión del acto del plenario que aquí se ha aplicado. En efecto, el artículo 558 del Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 2011, reguló la ubicación del acusado en la sala de juicios en un lugar inmediatamente próximo a su defensor, de forma que sea posible la comunicación constante y directa entre ellos durante el desarrollo del juicio. En relación al interrogatorio del acusado el anteproyecto, en el artículo 567, establece El acusado sólo prestará declaración si así lo desea, a instancia de su abogado, en el turno de prueba de la defensa y en el momento que ésta considere oportuno. Del mismo modo, el artículo 442 del Anteproyecto de Código Procesal Penal de 2013, prevé que El encausado ocupará en la sala, excepto en su caso durante el desarrollo de su interrogatorio, un lugar que le permita la comunicación constante y directa con su letrado durante la audiencia preliminar y el juicio ; por su parte, el artículo 448, regula que el encausado preste declaración única y exclusivamente a instancia de su Letrado. La declaración del encausado podrá ser propuesta por su Letrado en cualquier momento del juicio hasta la terminación de la fase probatoria, aun cuando no haya sido incluida en el escrito de defensa. El Tribunal en ningún caso podrá rechazarla. En todo caso, se llevará a cabo en el turno de prueba de la defensa y cuando haya finalizado la práctica de todos los medios de prueba restantes. Y no es que pretendamos adelantar la aplicación de lo que no es hoy ley vigente, sino que, este orden de cosas, constituye la plasmación del mandato constitucional de interpretación del tenor literal de las normas conforme a la realidad y evolución social y jurídica y constituye un imperativo categórico derivado del estatuto fundamental del acusado, recogido en el artículo 24 CE. Ninguna de las medidas adoptadas, reubicación del acusado frente a su defensa e inicio de la práctica de la prueba con el arsenal acusatorio, seguido del de la defensa para concluir con la exploración del acusado, se enfrentan al derecho procesal vigente, que en absoluto empece ninguna de ellas. Antes al contrario, como ya se ha señalado y es menester recordar, el desarrollo actual de ambas cuestiones es más una cuestión de usus fori (carente de eficacia normativa alguna) que de Derecho positivo. Tanto la ubicación del acusado en la sala de juicios, como el interrogatorio del acusado, han suscitado en los últimos años una amplia reflexión en el ámbito jurídico ( ), que ha conducido a que el prelegislador se haya posicionado sin fisuras conforme a la visión del acto del plenario que aquí se ha aplicado. III.- La experiencia práctica. En mayo de 2013 decidimos proyectar en nuestros juicios las reflexiones anteriores, ubicando al acusado junto a su defensa y abriendo al inicio del acto del juicio un turno de intervención para 67 las partes con relación al orden en que consideran debe practicarse la prueba de interrogatorio, por si resultara conveniente su alteración conforme al art. 701 LECrim. La comunicación entre el acusado y su defensa, por el diseño actual de las salas de juicios, solamente se logra situando al acusado en estrados. Se conforma así un espacio del juicio muy diferente, en el que el banquillo se destierra como tal y sirve simplemente para las declaraciones de testigos, periciales e interrogatorio del acusado, de modo que cuando las partes y otros intervinientes acceden a la sala hallan una organización diferente. La comunicación entre el acusado y su defensa, por el diseño actual de las salas de juicios, solamente se logra situando al acusado en estrados. Se conforma así un espacio del juicio muy diferente, en el que el banquillo se destierra como tal Contra la ubicación propuesta se han esgrimido razones que aluden al uso habitual en otros juzgados; de seguridad, porque al situar al acusado frente a los testigos, pudiera dirigirles miradas atemorizantes; o formales, porque el acusado se halla en estrados careciendo de la condición de profesional togado. Ninguna de estas razones puede ser atendida por colisionar frontalmente con el derecho de defensa. No es necesario insistir en la inconsistencia de la validez del uso para atacar esta estructura del juicio, pero sí en que el artículo 187 LOPJ determina qué personas deben ocupar un lugar en estrados (Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores), pero no excluye ni prohíbe la presencia de otros intervinientes. Y, finalmente, conviene recordar que la regla general de nuestro proceso penal es la publicidad y la confrontación del acusado con los testigos, que únicamente, de forma motivada y en supuestos tasados puede excepcionarse, no siendo admisible obstaculizar, a priori y de forma general, el derecho de autodefensa del acusado, con base en un juicio de peligrosidad carente de sustento alguno y contrario a la presunción de inocencia. La práctica del interrogatorio en el turno de prueba de defensa ha ido también sumando detractores en el camino. No han faltado razones de oposición de las partes acusadoras, porque consideran que la prueba debe practicarse en el orden interesado en sus escritos de calificación provisional; porque la declaración del acusado al inicio del juicio no limita su derecho de defensa si cuenta con el derecho a la última palabra; porque el interrogatorio del acusado puede perder espontaneidad si responde tras la contemplación de la prueba de acusación; o, finalmente, porque en el uso habitual de otros juzgados el acusado siempre declara al inicio del juicio. Si se pretende que el interrogatorio del acusado, al menos, sea también prueba de defensa y no solo de acusación, debe comenzarse por desterrar el uso generalizado de que el acusado declare en primer lugar, porque en ese momento solo podría interrogársele por los hechos objeto de acusación en relación con la instrucción realizada, pero no respecto de la prueba practicada en el plenario, que aún no ha tenido lugar. Tal modo de proceder entorpece de forma injustificada el derecho de defensa del acusado y lo erige en interrogatorio inquisitivo impropio de un estado democrático de Derecho y de las garantías que deben acompañar en el proceso la búsqueda de la verdad material. El artículo 701 LECrim permite alterar el orden de las pruebas propuesto por las partes, cuando el juez lo considere conveniente para el más seguro descubrimiento de la verdad, y no cabe duda que la verdad ha de ser descubierta de la manera más justa y equitativa, y que el proceso justo, espacio en el que se busca la verdad, debe garantizar la efectividad del derecho de defensa, que únicamente se puede ejercitar de forma efectiva, cuando el acusado no declara a ciegas sino cuando conoce toda la prueba existente. No cabe duda que la verdad ha de ser descubierta de la manera más justa y equitativa, y que el proceso justo, espacio en el que se busca la verdad, debe garantizar la efectividad del derecho de defensa, que únicamente se puede ejercitar de forma efectiva, cuando el acusado no declara a ciegas sino cuando conoce toda la prueba existente Esta estructura del juicio no es extraña en algunos juzgados y tribunales y con toda probabilidad se irá imponiendo, no sólo porque es el criterio adoptado por el prelegislador penal, sino porque la experiencia arroja resultados positivos para todos los partícipes en el proceso. El juicio se transforma de este modo en un escenario que propicia el debate en igualdad de armas, donde el acusado participa activamente ejerciendo su derecho a la autodefensa, permanece entre los inocentes y puede ser preguntado por el contenido de la prueba concretamente practicada y no por la apariencia de prueba derivada por la instrucción. El orden de los factores altera, humaniza y moderniza un producto que a fuerza de haberse mantenido más de un siglo ha quedado obsoleto, aunque posee la fuerza de la tradición y el inmovilismo Sea como fuere, no es aventurado afirmar que quien celebre un acto de juicio con esta estructura, probablemente, no querrá volver a retomar al esquema anterior. El orden de los factores altera, humaniza y moderniza un producto que a fuerza de haberse mantenido más de un siglo ha quedado obsoleto, aunque posee la fuerza de la tradición y el inmovilismo. Nos consta que la experiencia suma progresivamente simpatías, sobre todo entre aquéllos que creen que no es lo mismo el juicio constitucional y democrático, el europeo, que el del año8 UBICACIÓN DEL ACUSADO EN EL JUICIO JORGE JUAN HOYOS MORENO. Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Hace ya aproximadamente un año que en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa decidimos que durante la celebración de los juicios penales el acusado en la Sala de vistas ocupara un lugar, en estrados, junto a su Letrado. El propósito de esta medida es claro: favorecer de manera efectiva el ejercicio del derecho a la autodefensa, lo cual se consigue estableciendo las condiciones que permitan que la comunicación entre el acusado y su Letrado defensor sea directa, fluida e inmediata. Recordemos que ya en la LO 5/1995 del Tribunal del Jurado se preceptúa (art. 42) que el acusado se encontrará situado de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores. El propósito de esta medida es claro: favorecer de manera efectiva el ejercicio del derecho a la autodefensa, lo cual se consigue estableciendo las condiciones que permitan que la comunicación entre el acusado y su Letrado defensor sea directa, fluida e inmediata Una de las tradicionales y recurrentes objeciones o reticencias que se arguyen ante la posibilidad de ubicación del acusado junto a su Letrado es que tal hecho puede originar situaciones incómodas o incluso violentas para los testigos que depongan en el plenario, sobre todo, si además tienen la condición de víctimas, o bien que se puedan producir por parte del acusado eventuales conatos de intimidación o amedrentamiento hacia éstos o en definitiva que, de alguna otra manera, la cercanía o proximidad espacial entre el acusado y los distintos intervinientes pueda entorpecer o perturbar el desarrollo del juicio oral. En nuestra experiencia y transcurrido ya más de un año desde la adopción de esta medida hemos de reseñar que no se ha producido ningún episodio negativo de esta naturaleza. Antes al contrario, podemos afirmar que tal práctica resulta altamente satisfactoria y cuenta con la anuencia y el beneplácito de todos los profesionales intervinientes (Fiscales, abogados defensores o abogados que actúan en el ejercicio de la acusación particular). Además se constata que de esta manera se reducen los ocasionales incidentes motivados por la actitud de la persona acusada sentada en su tradicional ubicación (el denominado banquillo), tales como interrumpir verbalmente a los testigos, realizar aspavientos o gestos ostensibles o llamar la atención de cualquier otra forma, ya que (y es una impresión subjetiva) con esta nueva localización parece más consciente e implicado en su papel y en su protagonismo en el juicio, cercenándose así la posible sensación de considerarse preterido. Tal práctica resulta altamente satisfactoria y cuenta con la anuencia y el beneplácito de todos los profesionales intervinientes ( ) se constata que de esta manera se reducen los ocasionales incidentes motivados por la actitud de la persona acusada sentada en su tradicional ubicación (el denominado banquillo), tales como interrumpir verbalmente a los testigos, realizar aspavientos o gestos ostensibles o llamar la atención de cualquier otra forma Asimismo observamos que la ubicación del acusado junto a su Letrado resulta más necesaria y acuciante en procedimientos de especial complejidad probatoria, sobre todo, documental (v. gr., estafas o apropiaciones indebidas agravadas, blanqueo de capitales, alzamientos de bienes, etc.), procedimientos en los que se acrecienta la necesidad de que el acusado (que incluso es probable que tenga un conocimiento más detallado y preciso de los hechos que se están enjuiciando que su propio Letrado) pueda consultar determinada documentación, realizar anotaciones, repasar contabilidades o movimientos bancarios, para lo cual se antoja necesario que se encuentre situado en un lugar cómodo, con total posibilidad y facilidad para el manejo de los distintos documentos. Por otro lado, en los procedimientos en los que se ejerce la acusación particular y a fin de garantizar la plena igualdad y el equilibrio procesal tanto desde una perspectiva formal como material, también ofrecemos la posibilidad al acusador particular de sentarse en estrados junto a su abogado (si la acusación es ejercida por una persona jurídica tal posibilidad se ofrece al representante legal de la misma). 89 No obstante, tal medida no la podemos poner en práctica en aquellos juicios en los que son varias las personas acusadas (normalmente a partir de cuatro, sobre todo, si además se defiende con letrados distintos) pues evidentemente las limitaciones escenográficas propiciadas por la concreta dimensión de la Sala de vistas impiden que los acusados puedan situarse en estrados junto a sus letrados. También hemos podido observar que quizá debido a tradicionales inercias que rigen el desarrollo del acto del plenario (entre las que destaca la ausencia de arraigo de la cultura de la autodefensa) en muchas ocasiones el diálogo y la comunicación entre el acusado y su Letrado no reviste todavía la necesaria fluidez y continuidad, motivo por el que parece adecuado que se debe propiciar y estimular al máximo el diálogo directo y confidencial entre el inculpado y su abogado durante la celebración del juicio. Con la ubicación en la Sala de vistas del acusado junto a su Letrado se facilita la materialización del ejercicio del derecho a la defensa por parte del propio acusado, derecho recordemos de contenido más amplio que el de la asistencia letrada En definitiva, con la ubicación en la Sala de vistas del acusado junto a su Letrado se facilita la materialización del ejercicio del derecho a la defensa por parte del propio acusado, derecho recordemos de contenido más amplio que el de la asistencia letrada, pues como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la autodefensa del acusado significa la posibilidad de dirigir realmente su defensa, sugerir la formulación de determinadas preguntas a los testigos o dar instrucciones con carácter general a su abogado. JUEZAS TEJIENDO ENCAJES DE BOLILLO CLARA PENÍN ALEGRE. Magistrada Hace tiempo que a la Administración cántabra le llegó la hora de repercutir su urbanización+iva. Una media de 20 años de ejecución (los incidentes ante el TS tienen efecto suspensivo) dedicados a duros requerimientos, multas coercitivas y testimonios al Fiscal que finalmente nos han convertido en una jurisdicción de mentira: no derribamos lo ilegalmente construido. El coste económico nos lo ha facilitado el Tribunal de Cuentas: 600 x habitante, advirtiendo de las disfunciones financieras sobre los Ayuntamientos afectados. Los jueces debemos solventar conflictos a través de una respuesta en derecho, la sentencia. Pero si se condena a la Administración a la demolición de una construcción particular, la propia resolución genera nuevos conflictos que deja sin resolver Los jueces debemos solventar conflictos a través de una respuesta en derecho, la sentencia. Pero si se condena a la Administración a la demolición de una construcción particular, la propia resolución genera nuevos conflictos que deja sin resolver. La principal, la expropiación de facto al adquirente de buena fe de su vivienda sin haber sido parte en el proceso. Es más. No se le indemniza hasta consumado el derribo obligándole a iniciar otro procedimiento y nadie le exime de seguir pagando su hipoteca. El TSJ vivió los primeros escraches antes de que la palabra adquiriese fama cuando ordenó a la empresa pública TRAGSA que fuera su mano ejecutora (las juezas del Tribunal no tenemos pico y pala) con serio riesgo de entrar en concurso. El Parlamento europeo nos llamó a los contenciosos jueces lentos y no preparados para combatir la corrupción urbanística (informe Auken 2008/2249). Y cuando las excavadoras iban a tirar las primeras casas, el Gobierno autonómico legisló entrometiéndose en la ejecución judicial. En abril de 2013 el TC ha considerado inconstitucional esta normativa (STC 92/2013). Pero por primera vez mostró sensibilidad frente a estos adquirentes de buena fe a los que hasta el momento les había negado el agua si la incumplidora era la Administración: «los órganos judiciales deberán ponderar la totalidad de los intereses en conflicto a la hora de hacer ejecutar sus resoluciones» sin «descartar acomodar el ritmo de la ejecución material de las demoliciones a las circunstancias concretas de cada caso». En la ejecución contenciosa no se prevé la mediación. Pero sí se confieren amplias facultades al Tribunal al amparo del art. 108 LJCA y se contemplan incidentes sobre la forma en que va a desarrollarse. Tras aprobar un acuerdo transaccional en una orden judicial de demolición, tres mujeres del TSJ, las tres de JpD, decidimos convocar a todos los interesados en las principales ejecuciones e intentar hacer encaje de bolillos: que derribe la Administración en plazos razonables indemnizando a los propietarios y dando satisfacción al derecho a la ejecución de la actora, una asociación ecologista. Nos pertrechamos de palos y zanahorias jurídicas y apelamos al hecho conocido de que un acuerdo (gracias a los planeamientos urbanísticos en trámite) sería mejor que un elefante judicial en ejecución. Ahí oímos hablar de concesiones medioambientales e indemnizaciones a través de terrenos, música celestial frente a las caceroladas de los jueves. 910 En la ejecución contenciosa no se prevé la mediación. Pero sí se confieren amplias facultades al Tribunal al amparo del art. 108 LJCA y se contemplan incidentes sobre la forma en que va a desarrollarse Sabemos que tras las primeras vistas se ha iniciado un diálogo que, por el momento, ha fructificado en ofertas con cronogramas de actuación (incluidas las conversaciones con los bancos hipotecantes), ni aceptadas ni rechazadas. Mientras, sobrevuela el fantasma de unas licencias contra sentencia reguladas en una nueva ley, la vuelta al cucharón contra el cazo y el temor a haber desperdiciado el tiempo intentando lograr un acuerdo que no es mediación pero sí avenencia: «encaje de bolillos». JUSTICIA AGOBIADA. JUECES ESTRESADOS ANTONIO SEONA GARCÍA. Magistrado Son muchos los factores conocidos que obligan a concluir que la Administración de Justicia española está sujeta a unas tensiones irresistibles: Un insuficiente número de jueces con relación a la población, de partida. Sin parangón entre los países de nuestro contexto. Número congelado y que, en términos reales decrece por razones vegetativas, muerte y jubilación, y por la amortización de la práctica totalidad de la justicia sustituta (cifrada en unos jueces), que obliga a las sustituciones voluntarias y obligatorias y a las llamadas auto-sustituciones (asunción de la propia carga no resuelta por el disfrute de vacaciones o permisos legales). Las extraordinarias facilidades para huir de la función judicial conservando no sólo el status, sino incluso el destino concreto, el cómputo de servicios e incluso la cotización, aumentan ese déficit. Ni que decir tiene que las consecuencias son la incapacidad funcional colectiva y una estructura crecientemente envejecida, que retroalimenta aquélla. Una de las más altas tasas de litigiosidad, con causas nunca estudiadas, que se ha pretendido solucionar a capón con una indiscriminada Ley de Tasas, creadora de tensiones adicionales y desigualdad en el acceso a la justicia. A la que se une una de las más elevadas tasa de abogados en ejercicio por tramo poblacional, acentuada en los últimos meses por la modificación del sistema de acceso. Que se corresponde con una falta de cualificación profesional y especialización, a las que debe adicionarse la práctica desregulación profesional, ya que la normativa de aplicación resulta ser meramente formal. La frenética actividad legislativa en que las reformas se solapan y se superponen a un ritmo desenfrenado. Que las más de las veces sólo responde a los caprichos de los grupos de interés, a las mareas mediáticas o al propósito de ministros, secretarios y subsecretarios de dejar su impronta en la historia (lo que se ha llamado complejo Alonso Martínez ). Únanse a lo anterior unas técnicas legislativas deficientes generadoras de inseguridad jurídica. Como la del amontonamiento legislativo que permite abordar en una misma norma la modificación del Régimen de Empleados del Hogar junto a la determinación de los precios de los hidrocarburos Este disparatado funcionamiento, en que lo importante cede el paso a lo urgente, impide la tarea interpretativa e integradora encomendada a los Tribunales que requiere pausa y reposo, que exige estabilidad legislativa y se articula como un trabajo de perfeccionamiento progresivo que opera sobre los antecedentes. En el actual contexto, la tarea doctrinal se configura como una tarea destinada a producir artículos de usar y tirar, en que lo contingente niega la generalización y en que el esfuerzo más serio bien puede consistir en la determinación de cuál sea la norma de aplicación en virtud de los criterios de vigencia temporal. La clamorosa ausencia de medios materiales y personales que se concreta en el abandono de cualquier proyecto innovador o de modernización, en la descapitalización del patrimonio judicial, la dispersión y multiplicación de sedes judiciales (en Madrid, cercana a la setentena), evidencian desprecio a la función judicial 1011 La crisis económica, política y moral en que estamos ínsitos que exige de quienes integramos la jurisdicción resoluciones dolientes en que frecuentemente ha de estudiarse el marco normativo nacional a la luz de la Constitución, el derecho comunitario, los Tratados internacionales y los principios generales del derecho. Unas resoluciones que tienen un signo inequívocamente político por cuanto han de valorar la validez y eficacia de unas normas emanadas de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado a la luz de principios superiores y que exigen un posicionamiento ético del Juez, que se erige en última trinchera en defensa de los derechos de los ciudadanos y objetivamente en un contrapoder del Estado. La intensidad de esta tensión es tanto mayor cuando, desde hace dos años, cuando menos, asistimos a una destrucción sistemática del Estado Social y Democrático de Derecho que constituye el modelo constitucional (art. 1 CE) A la vista de ese marco de fuerzas, intereses, tensiones no es difícil concluir cuál es el eslabón más débil de la cadena, cuál es el más proclive a romperse: el Juez, como sujeto individual, como persona. Los riesgos para su integridad física y moral son evidentes La exacerbación en nuestro país de los factores de relativización de la independencia judicial que ha acabado por negar la misma independencia judicial. La concentración de los poderes legislativo y ejecutivo por el cemento de la partitocracia y la preocupación por el control de los jueces han acabado por configurar un poder judicial dependiente. El sistema de nombramientos para el TS, cumbre de la jurisdicción, cargos judiciales y del CGPJ, el funcionamiento de la Fiscalía, la ausencia de una auténtica Policía Judicial, la carencia de medios propios que obliga a recurrir al préstamo de los mismos por las Administraciones Públicas, el aforamiento han acabado por convertir la independencia judicial en un mero desiderátum, algo que sólo existe como mero gesto moral individual del Juez que no opta por la autocensura. A fuerza de control, de ser debilitado y aislado el Juez es, finalmente y en el mejor de los casos, sólo conciencia moral. Es el gusano que vive y come en manzana ajena El desgobierno y la ausencia de gestión fruto de la multiplicación de gobernantes y gestores y los perversos sistemas de designación que impiden que nada sea posible en estos ámbitos. Se ha construido una pirámide invertida en que los generales superan a los soldados y son incapaces de ponerse de acuerdo entre sí. La tricefalia CGPJ/Ministerio de Justicia/Comunidades Autónomas es el caldo de cultivo de la disfuncionalidad y la inoperancia. La clamorosa ausencia de medios materiales y personales que se concreta en el abandono de cualquier proyecto innovador o de modernización, en la descapitalización del patrimonio judicial, la dispersión y multiplicación de sedes judiciales (en Madrid, cercana a la setentena), evidencian desprecio a la función judicial y que cualquier realización práctica reposa exclusivamente en el esfuerzo personal de jueces y funcionarios. A la vista de ese marco de fuerzas, intereses, tensiones no es difícil concluir cuál es el eslabón más débil de la cadena, cuál es el más proclive a romperse: el Juez, como sujeto individual, como persona. Los riesgos para su integridad física y moral son evidentes, por más que no haya estudios ni datos objetivos contrastados. Frente a los evidentes riesgos, fruto de la contraposición de las superestructuras con la fragilidad personal del Juez y su aislamiento, durante mucho tiempo hemos visto denegada cualquier aplicación de principios preventivos. Durante mucho tiempo sólo la declaración de jubilación por incapacidad constataba la incapacidad del sistema para impedir la consumación de tan graves consecuencias, para actuar antes de que tuviera lugar. Frente a los evidentes riesgos, fruto de la contraposición de las superestructuras con la fragilidad personal del Juez y su aislamiento, durante mucho tiempo hemos visto denegada cualquier aplicación de principios preventivos Y este es el debate en el que estamos inmersos y en el que ya hemos logrado una mínima victoria: la instauración de los reconocimientos médicos periódicos, a los que ningún Juez debería renunciar y que deberían ser objeto de un control de calidad. Pero quedan batallas importantes a librar: la necesidad de una evaluación personal de los riesgos psicofísicos de nuestro trabajo en atención a las condiciones individuales de cada uno y la evaluación de los centros y puestos de trabajo. Pero, sobre todo, la determinación de cuál sea la carga máxima de trabajo compatible con la excelencia exigida en la resolución de los asuntos que tenemos encomendados, el desarrollo de una vida personal saludable y la conciliación de la vida familiar. 1112 LAS ENSEÑANZAS DEL PRESTIGE LUIS VILLARES NAVEIRA. Magistrado La sentencia conocida el pasado noviembre en el caso Prestige obliga a unas reflexiones jurídicas sobre lo acontecido y lo que está por venir. La sentencia conocida dilucida posibles responsabilidades penales de los intervinientes en la gestión de la catástrofe, de conformidad con los preceptos relativos al medio ambiente del Código Penal. Aunque socialmente sea difícil de entender, debe subrayarse que la resolución no agota el recorrido del control judicial sobre la actuación de particulares o administración sobre lo sucedido. La jurisdicción penal es preferente y debe pronunciarse antes, pero las responsabilidades civiles, administrativas y políticas no fueron evaluadas aquí, por lo que es ilícito pretender presentar el resultado como sinónimo de aval judicial de la actuación pública o política de los responsables de la gestión de la catástrofe. La sentencia absolutoria penal deja imprejuzgada la acción civil, lo que significa que la tutela de los tribunales en este ámbito está por decidirse. Allí tendremos oportunidad de ver cómo las acciones relativas al intento de cobro de las indemnizaciones por los daños causados por el siniestro están fuertemente limitadas por los convenios internacionales firmados por el Estado Español en la materia, singularmente el convenio de Responsabilidad Civil por daños causados por hidrocarburos (Bruselas, versión 1992), lo que implica que en la práctica la mayor parte del perjuicio deberá ser asumido por quienes sufrieron los daños o los pagos, sean administraciones o particulares, lo que anticipa una próxima frustración en esta vía, supuestamente indemnitaria, es decir, prevista para la restauración del daño causado. Aunque socialmente sea difícil de entender, debe subrayarse que la resolución no agota el recorrido del control judicial sobre la actuación de particulares o administración sobre lo sucedido La cuestionable gestión administrativa podría desembocar también en una responsabilidad patrimonial de las instituciones públicas en aquellos casos en que se considere que el daño causado sea consecuencia de una actuación negligente de la administración dentro de su ámbito competencial, ya que entre la avería del buque y su hundimiento la influencia de las decisiones administrativas es innegable, estando por resolver que las decisiones adoptadas, por más que irrelevantes penalmente, no puedan generar responsabilidad en la vía contenciosa. En este sentido ha habido reclamaciones presentadas paralizadas por el proceso penal (no sólo en derecho interno, sino también presentadas por instituciones francesas contra el Estado) que 1213 ahora deberán continuar su curso procedimental. Si bien la mayoría de las reclamaciones que los particulares españoles podían ostentar contra las administraciones fueron renunciadas y cedidas a favor del Estado en los sucesivos reales decretos indemnizatorios de 2003 y 2004 (en los que se condicionaba la concesión de ayudas a estas renuncias), existen casos de particulares, empresas y entidades que no se acogieron a este sistema, por lo que aún falta el desenlace de este frente administrativo y con toda seguridad, judicial. Finalmente, a nivel político nada decide la sentencia porque nada puede decidir. La absolución penal de la decisión de alejar el buque o el tiempo tardado en iniciar el salvamento no despejan las dudas técnicas y éticas de una decisión que como era previsible fue más contaminante y más dañosa, para personas y el medio natural. La exigua y aparente decisión técnica de alejar el buque, escondió una intención clara de evasión de las propias responsabilidades, como si expulsando el barco de nuestras aguas nuestro problema desapareciese. Y no fue así. Y a este asunto hace falta responder a nivel político, no jurídico. La ética política no puede soportar que la decisión de alejar el agente contaminante sabiendo que el naufragio era el final seguro quede impune, porque no es aceptable que quien decide que el vertido lo sufran otros países preferentemente del tercer mundo, como se pretendió- y subsidiariamente las aguas internacionales, con una amplificación de los daños agudizada por la indeterminación competencial en la reparación del daño, vea su actuación refrendada socialmente. Pero es más, al día siguiente del siniestro, en el momento de la gestión de lo que ya era una catástrofe, se incurrió en errores de los que también se debe derivar responsabilidad: la sentencia ni absolvió de la manipulación informativa ni de la falta de transparencia en la gestión, pues no eran objeto del proceso. Entonces, qué enseñan la catástrofe y el proceso? El siniestro demuestra que los tipos penales en materia ambiental están redactados en forma que se dificulta sobremanera la tutela penal del medio natural. Si no queremos otra sentencia como esta no hay que cambiar los jueces, sino la Ley permitiendo la represión eficaz de las conductas intencionales o negligentes con repercusión ambiental, pero advirtiendo que el derecho penal no es la solución a casi ningún problema, porque lo que todos/as deseábamos no era la cárcel de nadie, sino una justicia reparadora, que dejara las costas como eran antes, y el derecho penal no puede devolver los peces a la vida. La absolución penal de la decisión de alejar el buque o el tiempo tardado en iniciar el salvamento no despejan las dudas técnicas y éticas de una decisión que como era previsible fue más contaminante y más dañosa, para personas y el medio natural El paso de estos once años evidencia que el sistema de salvamento de buques ha mejorado sólo lenta y limitadamente, puesto que el Sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina no se aprobó hasta este mismo año y las causas de demora en la actuación de los medios de salvamento (el sistema de disponibilidad, que sustituyó lo de exclusividad, basándose en criterios privatistas de gestión, que en la emergencia se revelaron como ineficientes, ya que hubo que traer los barcos de otras latitudes donde estaban prestando servicio, o el régimen contractual para acordar el salvamento) se mantienen de forma esencial, de suerte que el protocolo administrativo de actuación sigue siendo deficiente en los momentos críticos de la intervención. El siniestro demuestra que los tipos penales en materia ambiental están redactados en forma que se dificulta sobremanera la tutela penal del medio natural. Si no queremos otra sentencia como esta no hay que cambiar los jueces, sino la Ley Tampoco se modificó de forma sustancial el sistema de responsabilidad civil, de suerte que sigue recayendo sobre las víctimas, particulares e instituciones, el pago del daño causado por unas substancias (los hidrocarburos) que generan un riesgo (los vertidos) cuyo beneficio es privado para los accionistas de las empresas petroleras pero cuyo daño sufrimos y pagamos todas y todos. Con la versión actual de los Tratados, la reparación del daño causado en este siniestro, si se volviera a producir, no alcanzaría el 10%. Sólo una denuncia de todos los convenios limitadores de responsabilidad civil por daños causados por hidrocarburos y una nueva legislación, unilateral o convencional a nivel europeo-, basada en el principio indemnitario y articulada sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada de los principales agentes causantes del daño, generadores del riesgo y beneficiarios de la actividad, que además contemple la reparación del daño ambiental puro y todo el efectivamente causado a nivel económico todo lo cual está hoy excluido en el Convenio vigente- pode vislumbrar un sistema civil más justo que tenga como consecuencia la elevación de los estándares de seguridad y prevenga situaciones de resultado catastrófico en la que perece para siempre una parte del mundo en que vivimos. El Prestige enseñó mucho. Sólo falta que nosotros tengamos voluntad de aprender. 1314 INTERIOR CRÓNICA DE UN CONGRESO: PAMPLONA 2013 El XXVIII Congreso de Jueces para la Democracia que tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo en Pamplona-Iruña, se desarrolló en el magnífico marco del salón de actos del INAP cedido por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. Además de la calidez humana y el trabajo desarrollado por la Sección Territorial, gracias a cuyo empeño y al de la Oficina Técnica disfrutamos de un magnífico Congreso, con abundantes espacios para la reflexión y el diálogo en un entorno privilegiado, fue destacable la exquisita dirección de la Mesa, presidida por Esther Erice, que hizo posible un clima de cordialidad y respeto incluso en la discrepancia. Tras la inauguración oficial en la que participaron el Consejero, Javier Morrás Iturmendi y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez y la constitución de la Mesa, formada por Esther Erice Martínez, Francisco García Romo y José María Fernández Seijo, se inició la jornada de trabajo con el Informe de Gestión del Secretariado sobre la base de un escrito previo para el debate político que, en principio, no tenía como destino el ser objeto de votación, por su propia naturaleza pero que, ante las críticas en tal sentido en el diálogo abierto tras su exposición por Ximo Bosch y José María Fernández Seijo, finalmente lo fue. Tras el debate en el que se suscitaron esa y otras cuestiones, fue aprobada la gestión realizada por el órgano de dirección política con 49 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Seguidamente el Profesor Roldán Jimeno, que imparte Historia del Derecho como profesor titular en la Universidad Pública de Navarra, desarrolló una interesante ponencia sobre la dura realidad de la represión franquista en la Administración de Justicia entre 1936 y 1945, centrada en el territorio navarro. Además de la calidez humana y el trabajo desarrollado por la Sección Territorial, gracias a cuyo empeño y al de la Oficina Técnica disfrutamos de un magnífico Congreso, con abundantes espacios para la reflexión y el diálogo en un entorno privilegiado, fue destacable la exquisita dirección de la Mesa, presidida por Esther Erice, que hizo posible un clima de cordialidad y respeto incluso en la discrepancia. Tras ello el primer día del Congreso se produjo la intervención de tres de los vocales designados a propuesta de JpD en el Congreso General del Poder Judicial, Margarita Robles, Félix Azón y Carles Cruz a la que siguió el correspondiente y animado debate, clausurando la jornada la Primera Mesa Redonda sobre Justicia y calidad de la Democracia con la presentación de Carlos López Keller y la intervención de Daniel Innerarity, Catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco a cuya ponencia siguió el correspondiente turno de intervenciones. El Congreso prosiguió con la presentación por parte de José Manuel Ortega, en nombre de la Comisión Penal de JpD, de un documento crítico en el que se analizaba la propuesta de texto articulado de Código Procesal Penal. Tras ello se suscitó un debate en el que se puso de manifiesto lo insostenible de la situación actual, ante la evidencia de la necesidad de sustitución o, en último caso, reforma que plantea la vetusta LECrim y se analizaron críticamente algunas de las propuestas esenciales del texto que sirvió de base al informe, indicando las líneas en las que debería trabajar la asociación para alcanzar el objetivo de coadyuvar a la necesaria modificación de la base procesal penal española. JpD rubricó con ello su postura de no participación, en las condiciones reseñadas, en el proceso de selección y elección de 1415 los nuevos Vocales del Consejo General del Poder Judicial Tras ello el programa planteaba un momento clave como era la constitución de la Mesa Electoral para la presentación, por parte de la asociación, de candidatos a vocales para el próximo Consejo General del Poder Judicial. En este punto y a instancia de la Sección Territorial de Cataluña, expuesta por Joan Francesc Uría, se debatió y votó la propuesta de no presentación de candidatos a vocales por parte de JpD, como medio de escenificar la rotunda oposición de la asociación al modelo de Consejo subyacente a la entonces reforma legislativa en trámite sobre su estructura y funciones, decisión que estaba condicionada al mantenimiento de dicha reforma en sus líneas fundamentales por parte del Ejecutivo y a su aprobación en tales términos por el Poder Legislativo. Tras un intenso y apasionado debate, la propuesta fue aprobada por 60 votos a favor, 29 en contra y 3 abstenciones. JpD rubricó con ello su postura de no participación, en las condiciones reseñadas, en el proceso de selección y elección de los nuevos Vocales del Consejo General del Poder Judicial. El texto aprobado fue el siguiente: En las actuales circunstancias y en la medida en la que el gobierno ha presentado en el Parlamento una reforma del sistema de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del Poder Judicial, que supone una burla a las reglas democráticas que ha suspendido de modo absolutamente injustificado el proceso natural de renovación, imponiendo un modelo no consensuado de Consejo que responde a intereses partidistas y al objetivo de someter al CGPJ a un inequívoco control por parte del poder ejecutivo, el 28º Congreso de la asociación judicial Jueces para la Democracia ha decidido no participar en el proceso interno dirigido a proponer candidatos para la renovación del Consejo, condicionando la futura participación a la derogación de la ley que ha suspendido el proceso electoral iniciado con arreglo a la legislación vigente y se retire del Parlamento el proceso de reforma legislativa en curso de una institución tan trascendental para el funcionamiento del Estado de Derecho como es el CGPJ. A ello siguió el tradicional espacio reservado para la discusión y votación de las propuestas de Comisiones y Secciones Territoriales que incluyó en esta ocasión (el texto completo de todos los comunicados y propuestas aprobadas en el Congreso pueden consultarse en la página web de la asociación A. La aprobación por mayoría cualificada de una redacción de los Estatutos de la asociación en lenguaje no sexista elaborada por la Comisión de Igualdad. B. El rechazo de la propuesta de modificación estatutaria para la supresión del voto por correo postal (manteniendo el voto por correo electrónico) realizada por la Sección Territorial catalana (aprobada la propuesta por mayoría simple, no reunió los votos exigidos estatutariamente para prosperar) C. La aprobación por unanimidad de la propuesta de la Sección Territorial del País Vasco en orden a que la asociación reclame de los poderes públicos la elaboración y aprobación de una Ley de Inembargabilidad que asegure el mínimo vital de personas y familias, garantizando su dignidad; la garantía legal de que una parte del patrimonio sea inembargable en cualquier proceso judicial, sea del orden jurisdiccional que sea, y de ejecución administrativa, incluso cuando sean concurrentes; la inclusión dentro de ese ámbito inembargable del derecho a realojo de las familias que se vean privadas de su vivienda; la imposibilidad de desahucio en procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que un nuevo adquirente vaya a ocupar el inmueble, garantizando de este modo la función social que la propiedad ha de cumplir y evitando que las viviendas permanezcan vacías; la extensión de los límites de la inembargabilidad a un importe, cuando menos, del doble del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, que asegure los recursos precisos para salvaguardar el derecho a acceder a un nivel digno de alimentación, educación y salud; y la encomienda al Ministerio Público de la labor de control y vigilancia para evitar abusos en la ejecución, en particular cuando se vea afectada la infancia, dotándole de instrumentos que le permitan paralizar aquéllos procedimientos en los que los afectados no hayan sabido o podido defenderse. D. La aprobación por mayoría de la propuesta de la Sección Territorial de Madrid sobre el procedimiento de renovación del Consejo, en congruencia con la decisión de no participar. E. La aprobación por unanimidad del documento presentado por la Comisión de Privado en el que se denuncia la situación legislativa en materia de endeudamiento familiar y social. Se reprocha el que se haya desaprovechado la oportunidad de elaborar una legislación de consenso que dé una respuesta adecuada y justa a la demanda que la sociedad española ha 1516 expresado a través de la Iniciativa Legislativa Popular de Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social; que la ley 1/13 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social contiene preceptos que siguen sin ajustarse a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; que no se ha abordado aún una reforma del proceso monitorio, pese a haber sido declarado contrario a la protección que el derecho comunitario dispensa a los consumidores por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2.012; que sigue sin elaborarse una ley de sobreendeudamiento que proporcione protección a los deudores de buena fe que se ven condenados de por vida al pago de una deuda que sigue creciendo a lo largo del tiempo y que les imposibilita su recuperación económica; que no existe voluntad política de dispensar protección a pequeños ahorradores ante prácticas absolutamente condenables de entidades financieras que incumpliendo reglas básicas de información y lealtad contractual les han ofertado productos financieros de riesgo que han provocado la pérdida de todos o una parte considerable de sus ahorros (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas.); que el arbitraje fomentado por el Gobierno para solucionar el problema de las preferentes sigue favoreciendo exclusivamente al sistema financiero conculcando los derechos de los ciudadanos; que en aras a una pretendida agilidad de la administración de Justicia se ha rebajado la protección jurisdiccional a los ciudadanos que se ven obligados a desistir en la defensa o protección de sus intereses bien por la imposibilidad de afrontar el pago de las tasas judiciales, bien porque se les ha cercenado la posibilidad de recurso en procesos declarativos de cuantía inferior a euros; y que el Gobierno, valiéndose de su mayoría parlamentaria, ha convertido en norma la utilización del Decreto Ley para legislar, prescindiendo de todo debate dentro y fuera del Parlamento, imponiendo normas que entran en vigor el mismo día de su publicación, incluso con preceptos aplicables retroactivamente, todo ello para servir al sector bancario-financiero, socialmente muy cuestionado, pero legislativamente muy favorecido. F. La aprobación por unanimidad de la propuesta de la Comisión de Violencia de Género, que presentó un texto crítico sobre los efectos de la crisis en la atención a las víctimas de esta clase de violencia, reclamando que se implementen efectivamente en todos los juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de instrucción de guardia, unidades de valoración del riesgo integral y que las mismas examinen y valoren también a los/las menores, insistiendo en la importancia de la respuesta del conjunto social para la efectividad de la aplicación del ordenamiento, poniendo de manifiesto el retroceso que supondrá la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ya que en la misma no se contempla la educación en igualdad de sexos ni la formación para la prevención y resolución de conflictos, como está previsto tanto en la Ley de Igualdad como en la Ley Integral, recordando que la educación es un medio imprescindible para avanzar en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género y mostrando particularmente la más enérgica repulsa por el asesinato de cuatro mujeres durante la celebración de este 28º Congreso, que tristemente se suman a los otros 22 casos de muerte por violencia de género ocurridos a lo largo de este año. G. La aprobación por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Social, del texto titulado Justicia y Calidad de la Democracia: Imposible sin Justicia Social. En el mismo se denuncia el que los asalariados están sumidos en una pérdida de poder adquisitivo que parece imparable, que la percepción es la de que se ha producido un abandono de la justicia social y de la democracia en las políticas adoptadas frente a la crisis, situación en la que los Poderes Públicos tienen evidente responsabilidad; así se criminaliza a los perceptores de prestaciones sociales, se intenta justificar el recorte de derechos de los trabajadores activos a favor de quienes han perdido el empleo y el recorte de las prestaciones de éstos en el fomento de una búsqueda activa de empleo, mientras se abandonan políticas activas de empleo que corresponde a los poderes públicos promover. JpD sostiene en dicho texto que una sociedad sin trabajo no es justa 1617 y en tanto que la voluntad de los ciudadanos deja de ser libre, se abandonan por la ciudadanía las reglas del juego democrático. Es de los poderes públicos la responsabilidad en atajar de inmediato tanto el empobrecimiento de los asalariados como la insoportable tasa de desempleo, en especial del desempleo juvenil. La subordinación de los derechos sociales a las exigencias del mercado rompe las reglas de la propia democracia y hay que alertar sobre sus consecuencias. H. Por último se aprobó por unanimidad la propuesta de comunicado del Secretariado reclamando la reforma de la legislación hipotecaria, reiterando la apuesta de la asociación por una legislación en materia hipotecaria que sea respetuosa con los derechos fundamentales y que incorpore los necesarios mecanismos de protección social. El Congreso de Pamplona abordó tras ello la II Mesa Redonda, bajo la rúbrica de Políticas de Igualdad y Calidad de la Democracia, presentando Ignacio Espinosa a la ponente, Maggy Barrère, Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco quien abordó el tema en una interesante conferencia tras la cual se abrió un turno de debate e intercambio de ideas. en especial el C.G.P.J o algunos de sus integrantes y que le corresponde igualmente al Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de su potestad disciplinaria, depurar la posible responsabilidad profesional de los jueces y tribunales, pero, en ningún caso, incidir en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, cuya revisión corresponde, en cualquier caso, a los tribunales que resuelven los recursos interpuestos contra esas resoluciones, se calificaban de incomprensibles las críticas públicas realizadas a la llamada instrucción del caso EREs y el anuncio de la posible iniciación de un expediente disciplinario a la Magistrada Instructora, máxime si se tiene en cuenta que estas declaraciones se produjeron con ocasión de encuentro con el Presidente de la Junta de Andalucía, concluyendo que si existen motivos de responsabilidad de algún Juez al Consejo compete su resolución y, si no existen, sobran manifestaciones de su Presidente poniendo en cuestión dicha responsabilidad. Conduciéndose ya hacia su clausura, tuvo lugar un sentido y sencillo homenaje a la labor de Perfecto Andrés Ibáñez al frente de la Revista Jueces para la Democracia: Información y Debate que conmemoraba los 27 años y 75 números Conduciéndose ya hacia su clausura, tuvo lugar un sentido y sencillo homenaje a la labor de Perfecto Andrés Ibáñez al frente de la Revista Jueces para la Democracia: Información y Debate que conmemoraba los 27 años y 75 números de la Revista con la intervención de José Luis Ramírez como miembro del Consejo de Redacción y la proyección de un documental sobre cómo se gestó y cómo han transcurrido estos años de producción literaria comprometida con la calidad jurídica y el compromiso cultural. La intervención de Perfecto, seguida de una general y larga ovación concluyó el acto. Por último José Luis Ramírez agradeció en nombre del Secretariado a la Sección Territorial de Navarra el esfuerzo realizado que cristalizó en tres magníficos días de encuentro personal, debate y trabajo, presididos por el respeto y el afecto, con las imprescindibles notas de disfrute lúdico, en un marco inmejorable. Tras esta Mesa Redonda, la Sección Territorial de Andalucía Occidental, a través de José Manuel Balerdi, presentó al Congreso una propuesta de comunicado crítico en relación a las declaraciones que el presidente del Consejo había realizado en el curso de la jornada sobre la Magistrada que instruía el caso de los ERE andaluces. Tras el correspondiente debate, el texto fue aprobado por mayoría. En el mismo, tras recordar que entre las funciones primordiales del Consejo General del Poder Judicial se encuentra la de garantizar la independencia judicial frente a todos, así como asegurar que los jueces no sean inquietados en su quehacer profesional, por órganos de gobierno del Poder Judicial, 1718 INTERNACIONAL CRIMINALIDAD, REPRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD EN CENTROAMÉRICA Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos, Tegucigalpa, 31 de octubre y de noviembre de 2013 José Luis Ramírez Ortiz. Magistrado. Miembro del Secretariado de JpD Centroamérica es uno de los lugares más violentos del planeta. Paradigmática es la situación de Honduras, Estado que tiene el dudoso honor de encabezar la estadística mundial de homicidios en países que, formalmente, no se encuentran en guerra, con una tasa de 85 muertes violentas por cada habitantes. Exactamente, una cada 70 minutos. No es, por tanto, extraño, que la inseguridad ciudadana sea uno de los principales problemas en la región. Numerosos factores contribuyen al mantenimiento de este estado de cosas, entre los que destacan la tremenda brecha social, los altísimos niveles de desempleo o la inexistencia de un sistema efectivo de protección social. La ausencia de alternativas para un 70 % de la población, en situación de marginalidad, que malvive en una zona geográfica marcada por ser el corredor de la droga entre Sudamérica y Norteamérica, favorece la expansión de la delincuencia organizada, que resulta atractiva para una juventud sin futuro. Pero más inquietante que la conjunción de tales causas explicativas es la destacada relevancia de un factor al que, paradójicamente, se apela como solución: el institucional. En otros términos, el propio sistema de persecución penal. A las deficiencias de un cuerpo policial, la Policía Nacional, con apenas 15 años de existencia separada de la Fuerzas Armadas y en permanente tentación de militarización, controlado partidistamente, dotado de grandes atribuciones represivas e integrado por funcionarios, por lo general, de escasa formación y mal retribuidos, se unen las del Ministerio Público y, singularmente, las del Poder Judicial, precisamente el llamado a desempeñar la función de garantía. Un Poder Judicial partitocráticamente dirigido mediante el control de la cúpula: la Corte Suprema de Justicia y el recientemente creado Consejo de la Judicatura. Un Poder Judicial que carece de estatuto autónomo, de algo parecido a la llamada carrera judicial y cuyos miembros pueden ser elegidos, trasladados y removidos arbitrariamente. En este contexto, quienes intentan ejercer honestamente la jurisdicción, no sólo se enfrentan a la amenaza interna. También a la externa, pues son frecuentes los asesinatos de miembros del Poder Judicial y Fiscal, al igual que los de los periodistas que los investigan. Asesinatos, por otra parte, nunca adecuadamente investigados. La conclusión es obvia: una Policía con amplios poderes, con gravísimos problemas de corrupción, cuya actividad no puede ser dirigida por un Ministerio Público dependiente ni controlada por un Poder Judicial integrado, por lo general, y dejando a un lado las honrosas excepciones de quienes se juegan la vida a diario, por un personal poco formado y servil, es, precisamente, garantía de impunidad y, con ello, de más violencia y represión. Es sintomática la bajísima tasa de esclarecimiento de delitos graves, que, en muchos casos, no supera el 5 % de las infracciones denunciadas. Un Poder Judicial que carece de estatuto autónomo, de algo parecido a la llamada carrera judicial y cuyos miembros pueden ser elegidos, trasladados y removidos arbitrariamente. En este contexto, quienes intentan ejercer honestamente la jurisdicción, no sólo se enfrentan a la amenaza interna. También a la externa, pues son frecuentes los asesinatos de miembros del Poder Judicial y Fiscal, al igual que los de los periodistas que los investigan. Frente a ello, desde la mayoría de la clase política, sólo se proponen soluciones que pasan por dotar de mayores poderes a las fuerzas de seguridad, no faltando propuestas de supresión de la Policía Nacional y atribución al Ejército de las funciones de seguridad interior. Soluciones que sólo contribuyen a incrementar la espiral de represión, violencia e impunidad. En este marco se comprende perfectamente la realidad aludida por el término populismo punitivo. Varios ejemplos recientes evidencian las contradicciones de la situación: se reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal para introducir la obligatoriedad de la prisión preventiva en 1819 determinadas categorías de delitos, entre ellos, la prevaricación judicial, al tiempo que se eligen los miembros del recién creado Consejo de la Judicatura excluyendo de su composición, para lo que se violenta la normativa legal, a compañeras y compañeros de la asociación Jueces para la Democracia, se introducen pruebas de confianza, que incluyen el uso del polígrafo, para descubrir a los malos funcionarios dentro del Poder Judicial y depurarlos, y se estancan las investigaciones para esclarecer el asesinato de la Jueza Mireya Mendoza Penal, miembro de la Junta Directiva de Jueces para la Democracia, muerta el pasado 24 de julio. Para analizar la situación de los derechos humanos, la justicia y la independencia judicial en Centroamérica, y, en especial, Honduras, se celebró un encuentro en la ciudad de Tegucigalpa los pasados 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013, promovido y organizado por la Asociación Jueces para la Democracia de Honduras y Neue Richtervereinigung de la República Federal de Alemania, y financiado por la Embajada alemana en Tegucigalpa. Durante la mañana del primer día tuvieron lugar las intervenciones de los ponentes que analizaron la situación de la independencia del Poder Judicial en sus respectivos Estados, Mandell Pandy Yates (Jueces para la Democracia Honduras), Martin Wenning-Morgenthaler (Neue Ricthervereinigung, Alemania) Beatrice Morgenthaler (socióloga, Alemania), José Luis Ramírez Ortiz (Jueces para la Democracia, España), Ramón Cadena (Comisión Internacional de Juristas, Guatemala), Martín Rogel Zepeda (Foro de Jueces Democráticos, El Salvador), Mario Díaz (Jueces para la Democracia, Honduras), Sergio Cuarezma (ex Magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua) y Adriana Orocú (Asociación Costarricense de la Judicatura). Por la tarde intervino el conferenciante Víctor Meza, del Centro de Documentación de Honduras, ex ministro de Gobernación durante la Administración de Manuel Zelaya y miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad. Mendoza Penal, miembro de la Junta Directiva de Jueces para la Democracia, muerta el pasado 24 de julio. La mañana del segundo día se produjeron las intervenciones de Guillermo López Lone, miembro de Jueces para la Democracia de Honduras, sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia judicial, Ingrid Heinlein, magistrada jubilada, miembro de Neue Ricthervereinigung, quien habló sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la misma materia, y de Miguel Mörth, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Thomas Pastor, Magistrado y secretario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en los años 2010 y 2011, quienes abordaron el tema de la lucha contra la impunidad en un contexto de violación masiva de derechos humanos. Seguidamente, se constituyó una Comisión, de la que formaron parte los ponentes que intervinieron a lo largo del encuentro, que elaboraron una declaración que posteriormente fue leída en rueda de prensa a la que asistieron numerosos medios de comunicación, y que incorporamos al presente boletín. Desde Jueces para la Democracia queremos agradecer la iniciativa de las asociaciones organizadoras y, en especial de Ingrid Heinlein, resaltar la máxima importancia de encuentros de esta naturaleza, y confiar en que compañeros y compañeras represaliados e injustamente expulsados de la carrera judicial como Tirza Flores, Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramón Enrique Barrios, vuelvan pronto a ejercer una jurisdicción que, con su ejemplo, dignifican. Varios ejemplos recientes evidencian las contradicciones de la situación: se reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal para introducir la obligatoriedad de la prisión preventiva en determinadas categorías de delitos, entre ellos, la prevaricación judicial ( ) se eligen los miembros del recién creado Consejo de la Judicatura excluyendo de su composición ( ) a compañeras y compañeros de la asociación Jueces para la Democracia, se introducen pruebas de confianza, que incluyen el uso del polígrafo, para descubrir a los malos funcionarios ( ) y depurarlos, y se estancan las investigaciones para esclarecer el asesinato de la Jueza Mireya 1920 INTERNACIONAL MANIFIESTO DEL FORO DE JUECES DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES (TEGUCIGALPA 2013) Para analizar la situación de los derechos humanos, la justicia y la independencia judicial en Centroamérica, y, en especial, Honduras, se celebró un encuentro en la ciudad de Tegucigalpa los pasados 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013, promovido y organizado por la Asociación Jueces para la Democracia de Honduras y Neue Richtervereinigung de la República Federal de Alemania, y financiado por la Embajada alemana en Tegucigalpa. Producto de aquél encuentro, en el que estuvo presente Jueces para la Democracia representada por José Luis Ramírez Ortiz como miembro del Secretariado, fue el siguiente manifiesto: La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD); la Nueva Asociación de Jueces de Alemania (Neue Richtervereinigung); el Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador (JDI); la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); la Asociación Jueces para la Democracia de España (JpD); la Fundación Jueces para Jueces (Rechters voor Rechters) de Holanda; la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia (FECAJUD) y la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ), expresamos: El 31 de octubre y 1 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el foro denominado Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos: experiencias sobre la defensa de la independencia judicial. Durante el mismo, se tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias en torno a las amenazas que hoy día persisten en contra de la independencia judicial y las medidas que los estados de Centroamérica deben tomar para fortalecer los diferentes sistemas de justicia en la región. El foro reconoce el papel fundamental que tienen todos los jueces y juezas en la construcción y consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho en Centroamérica; las y los participantes expresan su preocupación porque aún existen serias amenazas a la independencia judicial, entendiéndose dicha independencia como una garantía para los ciudadanos y ciudadanas. En tal sentido, los estados centroamericanos deben respetar plenamente la independencia del Poder Judicial. El foro considera que los estados deben regular un estatuto que garantice la inamovilidad y mecanismos claros y transparentes de ingreso y promoción de jueces y juezas, así como fortalecer sus mecanismos de formación y capacitación, debiendo dotar de los recursos necesarios a las escuelas de estudios judiciales de cada país centroamericano. Las facultades de derecho de las universidades privadas y estatales de la región, también deben revisar el contenido de sus pensums de estudio, para mejorar la formación de futuros jueces. El foro expresa que los poderes judiciales de la región deben contar con normas legales claras, precisas y concretas relativas al régimen disciplinario, para establecer sanciones adecuadas y proporcionadas a aquellos jueces y juezas que ejercen su función con negligencia, mala fe o abuso; esta 2021 imposición debe respetar las reglas del debido proceso. El foro lamenta que en algunos países como Guatemala, Honduras y Nicaragua la regulación o el desarrollo de la carrera judicial son casi inexistentes. En aquellos casos en los que la carrera judicial es precaria, los jueces y juezas son más vulnerables a sufrir presiones por medio de la aplicación de medidas disciplinarias sin fundamento legal, por medio de traslados sin su consentimiento o despidos injustificados. Por tales razones, el foro expresa en forma contundente su respaldo al Estatuto de la Jueza y el Juez Centroamericano (a) aprobado en la ciudad de San José, Costa Rica el 20 de agosto del presente año y solicita a los tres poderes de cada Estado de Centroamérica, reconocerlo como un instrumento de carácter vinculante y respetar su contenido. En este campo, el foro concluye que las ausencias de regulación fomentan los abusos y arbitrariedades por parte de los poderes políticos, que al afectar la independencia judicial, debilitan el papel de los jueces. No obstante, el foro concluye que las soluciones no son solo normativas y no basta que las leyes únicamente reconozcan la independencia judicial, sino que son necesarias prácticas institucionales que doten de contenido real al principio de independencia. Existe consenso entre las y los participantes del foro que los procesos vigentes para la elección de los magistrados y magistradas de los más altos tribunales de justicia constituyen una seria amenaza a la independencia judicial ya que no garantizan que las y los candidatos que lleguen a ocupar los puestos, sean los más idóneos, independientes y funcionarios de carrera; además, el foro pide que dichos procesos se lleven a cabo sin discriminación por razón de pertenencia étnica, pensamiento político, género, ni discriminación de ninguna otra naturaleza. Por tal razón, el foro urge a los diferentes estados de la región de Centroamérica a promover más transparencia durante la implementación de dichos procesos y a facilitar la auditoría social. Todas las audiencias de los procesos de elección deben ser públicas y las y los candidatos deben pasar por una entrevista, que permita a la sociedad conocer su pensamiento y evaluar sus conocimientos para optar a cargos tan importantes. El foro lamenta la extrema violencia que afecta a la mayoría de países de la región, especialmente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Por su función, las juezas y los jueces están mayormente expuestos a ser víctimas de dicha violencia. El foro nota con preocupación, que en la mayoría de los países de la región los sistemas de protección personal de jueces y juezas son débiles; la situación de vulnerabilidad es más grave aún, cuando se dan amenazas del crimen organizado y de empresas privadas nacionales y transnacionales principalmente en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. El foro urge a los estados de Centroamérica a perseguir y castigar los atentados en contra de la vida de jueces y juezas, así como en contra de su independencia y a establecer mecanismos eficientes y transparentes de protección a dichos operadores de justicia. El asesinato de la Jueza Mireya Mendoza Peña, integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y prosecretaria de la Junta Directiva Nacional en el período actual, ha conmovido a la sociedad hondureña y demuestra que la inseguridad que se vive en el país alcanza a jueces y juezas que cumplen con su función en forma independiente. Ante este abominable crimen, el foro exige a las autoridades hondureñas encargadas de la persecución penal, que se investiguen los hechos y se identifique y juzgue a los autores tanto materiales, como intelectuales. Por la función pública que cumplen, los jueces y las juezas son susceptibles de cometer actos de corrupción o bien de recibir ofrecimientos de grupos, empresas privadas nacionales y transnacionales, partidos políticos u organizaciones criminales, para que comprometan su independencia. En este sentido, los estados de la región, deben tomar acciones concretas para combatir el flagelo de la corrupción, que tanto daño hace a las sociedades. El foro recuerda que la existencia de un Poder Judicial débil, facilita el tráfico de influencias y permite que la independencia judicial se afecte desde adentro, fenómeno que es mucho más difícil de combatir. El foro toma nota de las deficiencias en la educación y formación profesional de jueces y juezas y las carencias de las escuelas de estudios judiciales de la región. Al respecto urge a los poderes judiciales de la región a orientar la formación de jueces y juezas hacia la ética judicial, subrayando siempre los valores constitucionales y la independencia e imparcialidad de sus actos, así como orientar la formación hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fomentar y fortalecer el asociacionismo debe ser parte fundamental de cualquier estrategia para que el Poder Judicial pueda consolidar su independencia. Además, debe entenderse como un mecanismo que permite a jueces y juezas recuperar derechos y no únicamente lograr mejoras económicas o materiales. Sin embargo, el foro lamenta con preocupación que existe una evidente falta de apoyo por parte de los poderes 2122 INTERNACIONAL judiciales de la región, hacia el desarrollo, construcción y consolidación del asociacionismo; incluso en algunos casos se adversa frontalmente el asociacionismo y este rechazo llega al extremo de expresarse mediante represalias a jueces y juezas en ciertos países. Los países de la región, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, están seriamente afectados por fenómenos de intolerancia, que se expresan de diferentes formas. El foro toma nota de la difamación y amenazas en contra de jueces y juezas que cumplen su función en forma independiente; en contra de abogados y abogadas; así como en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. El foro urge a las autoridades correspondientes de los países de Centroamérica, a llevar a cabo una investigación rigurosa para determinar quién está detrás de estos hechos. Existe una relación directa entre impunidad y falta de independencia judicial. Un juez en cuyas decisiones pesan consideraciones ajenas a la estricta aplicación de las leyes nacionales e internacionales, deja el campo abierto a la impunidad y a la corrupción. El foro lamenta que la impunidad existente en Guatemala haya terminado con la anulación de la sentencia condenatoria por el delito de genocidio y delito contra los deberes de humanidad. En este sentido, el foro expresa su apoyo decidido al Tribunal de Mayor Riesgo A, por romper el ciclo de la impunidad en dicho caso. El foro considera que la contribución de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, tanto Interamericano como Europeo, al desarrollo de una jurisprudencia a favor del respeto de la independencia judicial y lucha contra la impunidad es muy importante. En la región centroamericana, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inciden en el Poder Judicial de cada país y permiten que los jueces nacionales asuman una lucha más clara en contra de la impunidad y en forma independiente. El foro nota que es necesario promover un mayor intercambio de análisis y reflexión entre jueces europeos y americanos, con el objeto de profundizar estos temas. En cuanto a la región de Centroamérica, el foro reconoce que los tribunales nacionales generalmente no se fundamentan en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni citan con frecuencia en sus sentencias dicha jurisprudencia. Sin embargo, esta ausencia de aplicación depende de la carencia de conocimiento de dichas disposiciones y de los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ausencia que debe ser revisada en las diferentes facultades de derecho de las universidades privadas y estatales y en las escuelas de estudios judiciales de la región. Finalmente, las y los participantes del foro Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos: experiencias sobre la defensa de la independencia judicial expresan su agradecimiento a la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y a la Nueva Asociación de Jueces de Alemania (Neue Richtervereinigung) por la organización de este evento; agradecen al pueblo hondureño su hospitalidad y expresan su compromiso de seguir luchando juntos a favor de la independencia judicial y en contra de la impunidad. Tegucigalpa 1 de Noviembre de23 PRIMER DESTINO PRIMER DESTINO: JUEZ DE APOYO A JUEZ DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL (JAT) Helena Gil Esteve. Juez de Apoyo a JAT El 25 de marzo de 2013, 231 compañeros de la promoción 63 de la Escuela Judicial supimos cuál sería nuestro destino inmediato. Ese día 41 eligieron despacho y por tanto plaza de Juez titular, y el resto (190) quedamos en expectativa de destino". De esos 190, 147 ocupan plazas que quedaron disponibles tras la oferta de comisiones de servicio realizada por el Consejo y 43 quedamos en situación de juez de apoyo a Juez de Adscripción Territorial de alguna provincia concreta. Desde entonces me considero afortunada por ejercer la profesión que me gusta, pero la ilusión que sentí cuando tomé posesión se está desvaneciendo con los meses. Escribo este artículo porque actualmente todos los compañeros en expectativa de destino estamos en una situación precaria, sin saber qué ocurrirá a partir de abril (fecha en que expira nuestro nombramiento), y sin que la solución que se propone de convertirnos en Jueces de Adscripción Territorial en adelante JAT a todos los que no obtengamos un juzgado concreto me parezca satisfactoria ni para nosotros, ni para el buen funcionamiento de la justicia en general. Yo soy JAT de refuerzo y me siento sustituta de sustitutos, no tengo sensación de haber terminado la Escuela, no me siento ni independiente ni inamovible, ni tengo una mínima estabilidad ni capacidad de decisión respecto a mis condiciones laborales. La figura del Juez de Adscripción Territorial se creó por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que modificó la LOPJ e introdujo el artículo 347bis. Los primeros JATs empezaron a ejercer en octubre de 2010, pero es ahora cuando se pretende generalizar esta figura utilizando para ello a los jueces de las nuevas promociones. La regulación se encuentra en el artículo 347bis de la LOPJ y artículos 110 a 123 del reglamento de la carrera judicial, y la redacción de los preceptos es tan ambigua que permite a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia utilizarnos para los juzgados que consideren, sin que exista un protocolo de nombramientos y sin que conozcamos a priori las razones por las cuales se nos manda a uno u otro juzgado. Nuestro régimen jurídico no es nada claro, y en la práctica existen tantas maneras de funcionar como TSJ. Por ejemplo, el artículo 115 del reglamento prevé que nuestro nombramiento sea de tres meses y, "excepcionalmente", por tiempo superior al mes, sin especificar más. En principio, se nos tiene que preguntar acerca de nuestras preferencias, si bien a continuación el mismo reglamento dispone que se respetarán estas preferencias "salvo que las necesidades del servicio requieran lo contrario". "Preferentemente" seremos nombrados para los juzgados enumerados en el artículo 116 del reglamento (principalmente, mixtos) aunque a continuación añade que el nombramiento será en aquellos juzgados en que el interés del servicio" lo aconseje. Actualmente todos los compañeros en expectativa de destino estamos en una situación precaria, sin saber qué ocurrirá a partir de abril (fecha en que expira nuestro nombramiento) Por la experiencia que estamos teniendo, nuestras preferencias no son tenidas muy en cuenta. Alguno ha sido destinado a otra provincia sin preguntar ni avisar y sin cobrar las dietas enunciadas en el artículo 347bis.3 de la LOPJ. Otros se han enterado de su cese y nombramiento para otro juzgado mediante un fax recibido la misma mañana, sin ningún procedimiento previo. Hay quien está en órganos especializados sin ninguna formación específica, con las dificultades que supone y las consecuencias que ello puede provocar en los justiciables. Otros actúan como refuerzo en Juzgados especialmente colapsados (incluso mixtos y penal a la vez), sin que se haya dotado de funcionarios o secretarios de refuerzo al órgano reforzado, y sin los medios más elementales como ordenador, mesa de trabajo o siquiera un espacio en el que trabajar. Además, la regulación de los JATs establece nuestra prioridad de elección respecto a los sustitutos (véase artículos 210 y 213 de la LOPJ), prioridad que en calidad de jueces en expectativa de destino tenemos también conforme al artículo de la LOPJ. En la práctica, cada TSJ interpreta estos 2324 PRIMER DESTINO preceptos de una manera. En algunas comunidades autónomas se ha cesado a sustitutos cuando los JATs querían una plaza ocupada por aquéllos. En otras opinan que sólo si al cesar el JAT hay alguna vacante en ese momento opera la preferencia, pero no cesan a los sustitutos ya nombrados. Finalmente hay quien ha optado porque las vacantes de larga duración (como excedencias y maternidades) se cubran siempre con sustitutos, pues en esos casos el ministerio paga, y de ese modo pueden utilizar al JAT para las vacantes inestables o los refuerzos, con lo que se cuenta con un recurso más para esa provincia. En esos últimos casos el JAT se convierte en sustituto de sustitutos, sin período mínimo ni estabilidad en cada destino, con lo que difícilmente puede involucrarse en el trabajo del juzgado. A veces nos hemos encontrado con que el titular vuelve sin avisar, y de un día para otro hay que buscar otro juzgado, con lo que nuestra maleta de expedientes pendientes es cada vez más voluminosa. Lo cierto es que se agradecería compañerismo a los que estáis de baja, ya que de vuestra incorporación depende nuestro trabajo y a veces incluso nuestra residencia, así como también se agradecería a la hora de señalar cuando el titular sabe que celebrará y resolverá el JAT/sustituto. Todas estas circunstancias hacen que sea muy difícil desempeñar el trabajo con las mismas ganas con las que empezamos. No parece lógico que nuestro destino dependa de los contactos que tengamos para averiguar y pedir una vacante concreta, ni que cada nombramiento tengamos que hacer llamadas, protestar y pedir ayuda para proponer posibles destinos. La realidad es que no se nos ofrecen todas las vacantes que hay, y no hay manera de conocer cuáles son esas plazas, por lo que la sensación que tenemos es que ir a un sitio u otro depende de la capacidad de movernos, la gente que conozcamos y de la voluntad del presidente del TSJ de la Comunidad Autónoma. Considero que es necesario el mismo procedimiento de nombramiento para todos, que se ofrezcan todas las plazas vacantes y se justifique en cada caso por qué se nos manda a una plaza y no a otra que teníamos puesta como preferente. Está claro que hace falta una bolsa de jueces "sustitutos" porque en nuestra carrera hay mucho movimiento, enfermedades e imprevistos, pero lo que no se puede hacer es dejar la figura del JAT en esta ambigüedad y oscuridad. Hay quien está en órganos especializados sin ninguna formación específica, con las dificultades que supone y las consecuencias que ello puede provocar en los justiciables. Otros actúan como refuerzo en Juzgados especialmente colapsados ( ), sin que se haya dotado de funcionarios o secretarios de refuerzo al órgano reforzado, y sin los medios más elementales como ordenador, mesa de trabajo o siquiera un espacio en el que trabajar. El año que viene seremos muchos más afectados, pues se dice - nada oficial todavía que habrá titularidades y refuerzos de JAT, y los de la promoción 64 serán prácticamente todos JAT de refuerzo. Por tanto, seremos bastante más de 200 jueces formando una bolsa de "sustitutos" adscritos a cada TSJ dependiendo directamente de su presidente. Jueces de carrera recién ingresados, con un régimen jurídico un tanto ambiguo, sin estabilidad y en cierto modo sin independencia, pues la verdad es que hay miedo a recurrir un nombramiento, salirse de lo establecido o quejarse en general, por si el siguiente destino es peor aún. Jueces de carrera recién ingresados, con un régimen jurídico un tanto ambiguo, sin estabilidad y en cierto modo sin independencia, pues la verdad es que hay miedo a recurrir un nombramiento, salirse de lo establecido o quejarse en general, por si el siguiente destino es peor aún. En mi opinión, el modo en que se aplica el régimen jurídico de los JATs compromete el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la inamovilidad, la independencia, e incluso la seguridad jurídica, al tener cada Comunidad Autónoma una forma de actuar, y debemos reparar esta situación. Entiendo que los JAT son una figura de reciente creación y como todo lo nuevo, debe mejorar, así que no esperemos más, por favor. 24 Mostrar más
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References: artículo 6
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 42
e contrario
 artículo 700
 resolución 
 artículo 701
 artículo 558
 artículo 567
 artículo 442
 artículo 448
 artículo 24
 artículo 187
 artículo 701
 resolución 
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 artículo 184
 artículo 184
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 347
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 artículo 301
 Artículo 440
 artículo 11
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 Artículo 23
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 17
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 Artículo 1

Resolución