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Timestamp: 2019-07-19 22:42:05+00:00

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Estimados: Conforme lo solicitado remito sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial actualmente a mi cargo, incluyendo la sentencia confirmatoria del Superior Tribunal de Justicia
Estimados: Conforme lo solicitado remito sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial actualmente a mi cargo, incluyendo la sentencia confirmatoria del Superior Tribunal de Justicia.- Cordialmente.-Dra Maria Ester Anadon Ibarra de Lago.-
Resistencia,...... de febrero de 2011.- Nº_____/
Para resolver en esto autos caratulados: "FERRAU MARCO ANTONIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte.Nº 3738, año 2010, y
I.- Que acceden esto autos a la Alzada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décimo Cuarta Nominación en virtud de los siguientes recursos: a) de apelación interpuesto y fundado a fs. 171/177 por el apoderado de la Municipalidad de La Leonesa, contra la sentencia obrante a fs. 78/88; que se concede a fs. 223 en relación y con efecto devolutivo, corriéndose traslado a la contraria del memorial de agravios presentado.- A fs. 260/263 es contestado por la parte actora.- b) de apelación interpuesto y fundado a fs. 201/207 por el apoderado del Intendente de la Municipalidad de La Leonesa, Sr. Víctor Hugo Armella, contra la sentencia obrante a fs. 78/88; que se concede a fs. 223 en relación y con efecto devolutivo, corriéndose traslado a la contraria del memorial respectivo, quien contesta a fs. 264/267.- A fs. 280 se ordena la elevación de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. A fs. 284 obra resolución del Tribunal Contencioso donde se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones y remite la causa a esta Alzada.- Recibidas a fs. 287, se radican ante esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, a fs. 289, y sin perjuicio que de las constancias del presente no surge que la cuestión de competencia haya sido resuelta.-
II.- Contra la sentencia obrante a fs. 78/88 que en el Punto I de la parte Resolutiva hace lugar a la medida cautelar innovativa peticionada y, en consecuencia, suspende la fumigación y/o pulverización, con cualquier tipo de agroquímico o producto de los relacionados en la postulación (ley 24051-art. 2-Anexo I-Y4), en los Establecimientos arroceros ubicados en las localidades de La Leonesa y de Las Palmas, de propiedad de SAN CARLOS S.R.L. y CANCHA LARGA S.A., en una distancia no menor a los un mil (1.000) metros, para fumigaciones y/o pulverizaciones terrestres, y de dos mil (2.000) metros, para fumigaciones y/o pulverizaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana del Barrio "La Ralera"; como de los establecimientos de educación, E.G.B. Nº 17 (JOSE ZUBIAUR) y U.E.P. Nº 68; como así también contarse la misma distancia desde los canales o cursos de agua, que tengan derivas, y descargas en las LAGUNAS "EL MONCHOLO", y "PALMAR"; RIACHO "TATANE"; ARROYOS "QUIA", "SAN FERNANDO2 y "CARACOL", y hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental, que deberán presentar los establecimientos ut-supra citados en el plazo de 90 días como máximo, todo sin perjuicio de las restantes prohibiciones legales, y bajo apercibimiento de ley, de tener por incumplida la orden judicial, a sus efectos, y/o disponer la medida o tomarse la decisión que se considere menester.- Que en el Punto II, dispone con carácter cautelar se realicen las acciones que detalla en siete ítems, a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad; se alzan la Municipalidad de La Leonesa y su Intendente, por las razones que pasaremos a exponer.-
III.- Recursos interpuestos por la Municipalidad de La Leonesa (fundado a fs. 171/177) y por el Intendente Sr. Víctor Hugo Armella (fundado a fs. 201/207):
Liminarmente debemos señalar que el contenido de los memoriales de agravios resultan ser de idéntico tenor, y por ello procederemos a efectuar un solo relato y también un único tratamiento de las apelaciones citadas.-
Manifiestan al comienzo del escrito recursivo que constituye deber para su parte establecer la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en la tramitación de la presente medida atento a la declaración de incompetencia formulada por el Sr. Juez de la causa en el expediente principal (s/ Acción de Amparo",Expte.Nº 3535/10), donde se ha formado el incidente de oposición a la competencia que fuera asignada en resolutorio de fecha 29/04/10, y que fuera elevado al Superior Tribunal de Justicia.-
Que debe tenerse presente que en este incidente el sentenciante no formuló la vía de la cuestión de competencia por inhibitoria, sino que se declaró incompetente, oponiéndose a la competencia que le fuera asignada, lo que se traduce el la pérdida indeclinable de su competencia.-
Agrega que no obstante ello, los arts. 12 y 196 del C.P.C.C., de aplicación subsidiaria en materia de amparo disponen que la medidas cautelares pueden ser dictadas por Jueces incompetentes.-
Sostienen que al conocer el presente escrito, lo primero que debe hacer el Tribunal es analizar si resulta competente para seguir la tramitación del mismo y sus eventuales modificaciones.-
Solicitan la intervención como Tribunal de Alzada de la Cámara Contencioso Administrativa del Chaco que el Estado, es parte en el presente expediente cautelar.-
Expresan que en todo el decurso de la sentencia cautelar que hoy se cuestiona, el Sr. Juez A-quo no cita para nada la actuación, la intervención, u omisión de las Municipalidades de Las Palmas y de La Leonesa, salvo en el Punto 6º de la parte Resolutiva, donde le impone obligaciones , sobre todo la de producir Informes.-
Critican el fallo toda vez que el Sr. Juez no fundamentó estos deberes impuestos a los Municipios referidos, violando en primer lugar los arts. 161 y 162 del C.P.C.C., en cuanto determina que toda sentencia desde los interlocutorios hasta las definitivas, deben contener los fundamentos y luego la decisión expresa, positiva y precisa de la cuestiones planteadas.-
Que por ello devienen irrazonables y nulos los deberes obligatorios que se les imponen el en Punto 6º de la resolución.-
Asimismo impugnan la sentencia recurrida en cuanto a la violación de los arts. 16 y 18 de la Ley Nº 25.675 de "Ley General de Ambiente", en tanto el primero de ellos les impone a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas el deber de proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.-
Manifiestan que las Municipalidades obligadas en el Punto 6% de la sentencia, desarrollan actividades previstas en el art. 182 y siguientes de la Constitución del Chaco reformada en 1994, y por el articulado de la Ley Orgánica Municipal Nº 4233.-
Que de las legislaciones referidas no se establecen ningún deber de los Municipios para actuar en estos temas ambientales normativizados por la Ley Nº 25.675.-
Que causa agravio a su parte, la violación de la Ley Nº 24.051 de "Residuos Peligrosos", en especial en su art. 1º y sus concordantes, ya que estas Municipalidades no generan, no manipulan, no transportan y no hacen tratamiento y diposición final de residuos peligrosos.-
Destacan que también el sentenciante ha violado el art. 59 de le ley citada porque puso en cabeza de las Municipalidades, deberes y obligaciones que corresponde a la autoridad de aplicación y el Poder Ejecutivo tanto Nacional como Provincial, no han determinado que esta Municipalidades sean autoridad de aplicación, y por ello no tienen la atribuciones y deberes que les impone el art. 60 de la Ley 24.051, entre ellas las de entender en el ejercicio del Poder de Policía Ambiental.-
Que tampoco tienen facultades para entender en la elaboración y fiscalización y aplicación de las normas relacionadas con la contaminación ambiental (Ley Nº 24051, art. 60º inc. e) ); que tampoco tienen la obligación de realizar la evaluación de Impacto Ambiental respecto de todas las actividades relacionadas con los Resíduos Peligrosos, ni las de dictar normas complementarias en materia de Resíduos Peligrosos (Ley Nº 24.051 - Art. 60º incs. g y h- ).-
Destacan que el art. 67º de la legislación referida, invita a las provincias y a los respectivos municipios a dictar normas de igual naturaleza que la presente ley, pero en el área de su competencia.-
Que semejante claridad legislativa exime a su parte de mejores comentarios sobre esta materia que serán salvados por la criteriosa aplicación de le ley, realizada según las reglas de la sana crítica, por el Tribunal de Alzada que intervenga.-
Continúan señalando los recurrentes que el sentenciante ha ignorado completamente la normativa de la Ley Provincial N º 4358 que establece el sistema provincial de áreas naturales protegidos en el cumplimiento del art. 38º inc.4º) de la Constitución Provincial, creando para ello una autoridad de aplicación, que no son precisamente las Municipalidades de Las Palmas y de La Leonesa.-
En idéntico sentido, destacan que también ha ignorado el Juez A-quo la Ley Provincial Nº 3946 (Régimen de Residuos Peligrosos), donde la Provincia toma a su cargo la invitación que le hace la Ley Nacional Nº 24.501, dejando de lado la actividad de los Municipios.- Que la legislación provincial referida determina como autoridad de aplicación en el Régimen de Residuos Peligrosos en su Capítulo X art. 53º al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; que ni siquiera las Municipalidades están facultadas para integrar el Consejo Consultivo de carácter honorario creado por el art. 56ª Ley 3946.-
Que a pesar de la ignorancia legal referida con relación a las Municipalidades, el sentenciante se encarga de perjudicar y de agraviar con irrazonable sentencia, imponiéndoles a su parte deberes que no están a su cargo y más allá de todo regimen legal.-
Alegan en el mismo sentido que la Ley de Biocidas Provincial Nº 3378, establece en el art. 4º como autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, mediante el área específica.- Transcriben al respecto el art. 23º (obligaciones, facultades y responsabilidades) de dichos organismos, en la materia en estudio.-
Que así existe en el proceder del sentenciante un exceso en cumplimiento de sus funciones, lo que agravia a su parte porque les impone deberes inexistentes, violándose con ello el debido proceso legal.- Solicitan se haga lugar al recurso.-
IV.- En primer lugar corresponde expedirnos con relación a lo peticionado por los apelantes, quienes requieren nos expidamos sobre la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en la tramitación de la presente medida atento a la declaración de incompetencia formulada por el Sr. Juez de la causa en el expediente principal (s/ Acción de Amparo", Expte.Nº 3535/10), donde se ha formado el incidente de oposición a la competencia que fuera asignada en resolutorio de fecha 29/04/10, y que fuera elevado al Superior Tribunal de Justicia.-
Al respecto, y tal como surge de las constancias de autos esta Alzada a fs. 289 hace saber a las partes que la cuestión de competencia se encuentra pendiente de resolver, conforme surge a fs. 84 del Expte.Nº 3535/10 que la causa caratulada:"Juez Civil y Comercial Nº 14 de la Provincia del Chaco en autos:"FERRAU MARCO ANTONIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO", Expte. 3535/2010 s/ ELEVACION A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION S/ COMPETENCIA", que fue remitido a la Corte Suprema de la Nación, proveído de fecha 25/11/2010.-
Y consecuentemente, sin perjuicio de ello atendiendo a la naturaleza de la presente acción, considerando las previsiones del art. 196 del C.P.C.C., segundo párrafo, se radican los autos en esta Sala Primera, con la salvedad de encontrarse pendiente de resolverse en definitiva la cuestión de competencia suscitada en la causa principal y su accesoria, lo que nos exime de mayores consideraciones.-
V.- Ingresando al análisis de los recursos interpuestos, cabe acudir a las constancias de autos, partiendo de la sentencia recurrida, donde el Juez A-quo en la parte Resolutiva de la misma, Punto II: Dispone con carácter cautelar, entre varios ítems, lo siguiente: "6) REQUERIR A LOS MUNICIPIOS de las localidades de LAS PALMAS Y LA LEONESA, para que en el término de QUINCE (15) días, efectúen un informe detallado acerca de las medidas concretas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes - cualquiera sea su naturaleza - provenientes de los Establecimientos arroceros de porpiedad de SAN CARLOS S.R.L. y CANCHA LARGA S.A.- Como asimismo, informen acerca de las medidas adoptadas respecto al control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los referidos Establecimientos, indicando en su caso, el tratamiento conferido a los respectivos ítems en particular. Asimismo, se comunicará en el mismo, si se han constatado algún tipo de infracción al particular por parte de los establecimientos arroceros indentificados, debiendo en tal supuesto informar sobre las mismas, como la aplicación de multas...".-
En el caso de autos, luego de un estudio minucioso de las legislaciones aplicables al proceso ("Ley General de Ambiente" Nº 25675, Ley Nº 24051 de "Residuos Peligrosos") así como las disposiciones contenidas en la Constitución Provincial referidas a lo que hace al Régimen Municipal, y Ley Orgánica Nº 4233, en concordancia con las premisas constitucionales que en la materia se encuentran contenidas en la Constitución Nacional, entendemos que no le asiste razón a los apelantes, cuando se oponen a la elaboración del informe requerido, por entender que su parte (organismo municipal e intendente) carecen de algún tipo de responsabilidad en materia ambiental, y por ello que no se les puede imponer una obligación que escapa a la esfera de su accionar.-
El tema referido a la protección del medio ambiente, constituye uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional (art. 41), siendo su aplicación obligatoria en todo el territorio de la nación, con la supremacía que establece el art. 31 y 75 inc.22 de la C.N.-
Y justamente todos aquellos organismos que participan de la categoría de ejercer los poderes públicos, entre ellos los Municipios, no se encuentran ajenos a los postulados constitucionales referidos, en cuanto al control y tutela del medio ambiente, más aún tratándose de organismos que se encuentran vinculados en forma inmediata con el entorno, los habitantes y los distintos problemas que se pueden generar dentro del área donde ejercen su poder de policía y de seguridad.-
Asimismo y siendo los Municipios uno de los poderes del Estado, no escapa a su esfera de actuación el participar de los postulados mínimos que hacen al ambiente, bajo pretexto de la ausencia de disposiciones locales que así lo impongan.-
Abundando en la idea que no le asiste razón a los recurrentes, no podemos pasar por alto una serie de disposiciones contenidas en la Constitución Provincial vinculadas al tema que nos ocupa, así podemos citar al art. 38 en cuanto prescribe que constituye un deber de los poderes públicos la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales; el art. 205 señala claramente que constituyen atribuciones y deberes del poder municipal ( mediante sus Consejos) el dictado de la normativa vinculada con la protección del medio ambiente y de los intereses colectivos (inc.5) de la C.P.-
Por su parte la Ley Orgánica 4233 establece en el art. 10 inc.b) que es propio de la competencia municipal el dictado de normativas relativas a la cuestión ambiental, vinculadas con la salubridad y condiciones de explotación adecuadas a los parámetros que el tema exige.-
Asimismo, debemos destacar que lo requerido por el sentenciante a los apelantes, halla su sustento además de lo ya dicho la especial circunstancia que los establecimientos en cuestión se encuentran dentro del ejido municipal, y en tal condición participan de la cualidad de actividades sometidas al control de esta unidad de acción que es el municipio, sin que ello implique en modo alguno la absorción de competencias de los otros entes del Estado, que también participan dentro del control y políticas de prevención y seguridad en lo que hace al medio ambiente.-
Por los fundamentos expuestos, entendemos que corresponde confirmar la sentencia recurrida, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
IV.- Atento a la forma en que se resuelve el presenta recurso, las costas en esta Instancia, se imponen a los apelantes vencidos, en virtud del principio objetivo de la derrota, sustentado en el art. 68 del C.P.C.C.-
Los honorarios de los profesionales intervinientes se difieren para la oportunidad que existan pautas de valoración.-
Por ello, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
I.- CONFIRMAR la Sentencia obrante a fs. 78/88.-
II.- COSTAS en esta Instancia a los apelantes vencidos (art.68 del C.P.C.C.).- Los honorarios de los profesionales intervinientes, se difieren para la oportunidad indicada en los considerandos.-
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.-
Dra. MARIA GRACIELA LLUGDAR Dra. MARIA ESTER ANADON IBARRA DE LAGO
JUEZ - SALA PRIMERA JUEZ - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
------------------------------------------------------ Expte. N°: 70.876/11 FERRAU, MARCO ANTONIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS S/MEDIDA CAUTELAR SENTENCIA Nº313 S"El agua, factor de inclusión social". Ley 6.750 Nº__313___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil once, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “FERRAU, MARCO ANTONIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR”, Nº 70.876 año 2011, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 319 y vta. C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO: 1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 319 y vta. a las Municipalidades de la Leonesa y de Las Palmas, contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 299/303 vta. Elevada la causa, la misma se radica a fs. 328 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra con los suscriptos. A fs. 336/337 vta. emite su dictamen N° 910/11 el señor Procurador General y a fs. 339/342 vta. se glosa el memorial potestativo de la recurrida. A fs. 343 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta. 2.- Atento las facultades de este Tribunal como juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal de los que ahora considero, con independencia del criterio sustentado por el tribunal concedente. En este cometido, congruente con el dictamen del Sr. Procurador General, extraigo de la lectura del memorial de la parte impugnante que sólo interpuso fundadamente el de inconstitucionalidad, por lo que ceñiré el análisis a este único recurso, propiciando se tenga por no interpuesto el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. 3.- a) Recurso de inconstitucionalidad: En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del remedio en trato, constato un obstáculo a su procedencia, cual es el incumplimiento de reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia y su Anexo, que reglamenta los escritos de interposición de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal como, asimismo del libelo de queja por denegación de aquéllos. Concretamente del escrito recursivo advierto el no cumplimiento de lo dispuesto por el inciso i) del Art. 2° del precitado Anexo, que establece que en la respectiva carátula deberá consignarse en forma clara y concisa las cuestiones planteadas como de índole constitucional, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema en la forma establecida por el art. 9º de la misma normativa. Tampoco individualiza en la referida carátula el remedio que interpone, al referirse a ambos recursos extraordinarios, en contravención a lo dispuesto por el inciso a) del citado artículo 2º. Además del escrito recursivo advierto la inobservancia de lo dispuesto por el inc. d) del art. 3 de la aludida Resolución, y sus referidos apartados. Lo afirmado en cuanto carece de un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso, ya que el recurso no se basta a sí mismo pues su examen no resulta idóneo para la comprensión del caso, al haberse omitido la exposición clara y precisa de los hechos, y ello es necesario, por cuanto de la mera lectura del escrito debe conocerse cuál es la problemática del litigio, los puntos cuestionados y la secuela del juicio. Por el contrario, se ingresa directamente a criticar en forma genérica y dogmática algunos aspectos del fallo de segunda instancia, sin un previo detalle al menos sucinto de la forma en que quedó trabada la litis ni tampoco del contenido de las sentencias de ambas instancias. Tales deficiencias determinan que deba desecharse el recurso de marras, en un todo de conformidad a lo dispuesto por el art. 11º, 1er. párrafo de tal normativa. No obstante ello y aún superando tal circunstancia, cabe destacar que la parte impugnante no ha demostrado la verificación de una hipótesis que permita excepcionar tal regla a tenor de lo establecido por la última parte del 1er párrafo del precitado art. 11°. Lo anticipado ya que del análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan el recurso de inconstitucionalidad, encuentro un obstáculo a su procedencia cual es la falta de sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso interpuesto, lo que torna inadmisible el mismo. En el caso de marras coincido con el representante del Ministerio Público en cuanto destaca que “…no participa de tal carácter la decisión que confirma el pronunciamiento de fs. 77/88 en cuanto dispone con carácter cautelar, el requerimiento a los Municipios de las localidades de Las Palmas y La Leonesa, para que efectúen un informe detallado acerca de las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes provenientes de los establecimientos arroceros de propiedad de San Carlos S.R.L. y Cancha Larga S.A., como asimismo informen acerca de las medidas adoptadas respecto al control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los referidos establecimientos, debiendo comunicar, además, si se ha constatado algún tipo de infracción al particular por parte de dichos establecimientos arroceros e informar sobre las mismas, como la aplicación de multas, atento la provisoriedad y mutabilidad de la medida y de acuerdo al criterio doctrinario y jurisprudencial del más Alto Tribunal Nacional que tiene dicho que: 'Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sean que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario' (Fallos 301:947)” (fs. 337 in fine y vta.), Funcionario que agrega que “Tampoco lo resuelto resulta equiparable a definitivo, ya que para la procedencia de la equiparación es imprescindible la demostración de la imposibilidad o insuficiencia de la reparación, cosa que no ocurrió en el sub iúdice.” (fs. 337 vta.). Esto último ya que los municipios impugnantes no han expresado los perjuicios que les ocasionaría lo decidido en cuanto se les solicita dicha información en el marco de una medida cautelar accesoria a un proceso constitucional de amparo ambiental. Al respecto se tiene adoctrinado que el agravio irreparable debe demostrarse y no solo alegarse (conf. cita de fallos de la CSJN, en Derecho Procesal Constitucional, “Recurso Extraordinario”, Néstor Pedro Sagués, T. I, edic. 1992, pág. 343). Es decir, que para la procedencia de la equiparación solicitada, es menester, sino imprescindible, la demostración de la imposibilidad o insuficiencia de la reparación. Pero, en consideración a los intereses que se encuentran en juego y la posibilidad de reiteración de casos análogos, aún colocándome en la hipótesis más favorable a los Municipios-recurrentes -esto es si se tuviera por superado el recaudo de falta de definitividad de la decisión en crisis-, destaco que el recurso de todos modos sería improcedente. Es que de ninguna manera puede considerarse arbitraria la decisión de la Cámara en cuanto confirmó el informe requerido luego de un análisis minucioso de las normas constitucionales y legales aplicables, del que surgen que los poderes públicos municipales tienen responsabilidad ambiental, esto es que resultan sujetos obligados a la tutela de uno de los derechos fundamentales como lo es la tutela del medio ambiente, encontrándose los establecimientos en cuestión dentro del ejido municipal, por lo que también participan del control y políticas de prevención que hacen a la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales. Por el contrario, considero ajustada a derecho la misma por la tamaña trascendencia de los derechos en juego -vida y salud de los habitantes-, sin que los Estados Municipales hayan invocado y menos demostrado siquiera alguna dificultad en evacuar los informes requeridos. Al respecto no puedo dejar de recordar los principios de prevención y precautorio vigentes en materia ambiental. También que como lo señala calificada doctrina en la temática “A los funcionarios públicos se les ha otorgado una función, que además es remunerada, para dar respuestas a los problemas de la comunidad, y cuando no lo hacen deben responder por su omisión. La sociedad actual está inmersa en la contaminación del medio, y además desbordada por una gran cantidad de problemas ambientales, que parecen no despertar en los funcionarios la atención que su dimensión evidente merece.” (conf. Héctor Jorge Bibiloni, “El Proceso Ambiental”, Lexis Nexis, Bs. As., 2005, pág. 306). También lo dispuesto por el art. 25 de la Constitución de nuestra Provincia que se refiere al mandamiento de ejecución y a la responsabilidad del funcionario que omitió el cumplimiento del acto debido (conf. aut. y ob. cit., pág. 301, nota al pie Nº 289) y la circunstancia de que “Por su condición de garantes constitucionales del ambiente, le corresponde a los poderes públicos la mayor cuota de responsabilidad en su preservación, y paradójicamente los más graves daños al entorno derivan siempre de la conducta activa o permisiva (omisiva) del Estado” (conf. aut. y ob. cit., págs. 314/315). Las referidas menciones a la importancia del rol del Estado y sus funcionarios, y la consecuente mayor responsabilidad por todo lo referido a la preservación del medio ambiente, se relacionan con que en el caso de marras únicamente se les está solicitando a los municipios un informe acerca de las medidas adoptadas para el tratamiento de los residuos contaminantes provenientes de los establecimientos arroceros, como asimismo de las tomadas respecto al control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos que vienen de los mismos. Por ello y, reitero, estando en juego los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes, no puedo menos que proponer se exhorte a las Municipalidades de Las Palmas y de La Leonesa a cumplir en forma inmediata con el suministro de la información requerida en las resoluciones de primera y segunda instancia cuya confirmación propicio. Al respecto ha dicho Lorenzetti que “La sentencia exhortativa contiene una declaración sobre la vigencia de un valor o principio constitucional cuya implementación corresponde a otros poderes, y una 'exhortación' para que lo haga efectivo.” (Ricardo Luis Lorenzetti, “Justicia Colectiva”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 179). En virtud de ello entiendo deberá desestimarse el recurso en trato, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO. I.- A LA PRIMERA CUESTION LA SRA. JUEZA MARÍA LUISA LUCAS, DIJO: Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO. II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO: Atento a la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se tenga por no interpuesto el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 314/318 por las Municipalidades de la Leonesa y de Las Palmas, contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 299/303 vta. Las costas correspondientes a esta instancia, en atención al resultado que propicio y lo normado por el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a las recurrentes vencidas. Los honorarios profesionales deberán regularse de conformidad a las pautas de los arts. 3, 4, 6, 7, 25, 20 y 11 de la ley arancelaria, tomando como base el monto del salario mínimo, vital y móvil vigente en la Provincia. Efectuados los cálculos correspondientes los estimo de la siguiente manera: los del abogado Pablo M. Fernández Barrios en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA ($460,00), como patrocinante; y los del abogado Wilfrido Santiago Romero en las de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($322,00) y de PESOS CIENTO VEINTINUEVE ($129,00), como patrocinante y apoderado, respectivamente. ASÍ TAMBI-N VOTO. II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA SRA. JUEZA MARÍA LUISA LUCAS, DIJO: Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y estimación de honorarios profesionales. ES TAMBI-N MI VOTO. Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todos por ante mí, Secretaria, que doy fe. Dra. MARÍA LUISA LUCASROLANDO IGNACIO TOLEDO Jueza Presidente Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA MARCELA DELLAMEA Abogada Secretaria Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S E N T E N C I A N°__313___/ RESISTENCIA, 25 de agosto de 2011. AUTOS Y VISTOS: Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E: I.- TENER por no interpuesto el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. II.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 314/318 por las Municipalidades de la Leonesa y de Las Palmas, contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 299/303 vta. III.- IMPONER las costas de esta instancia a las recurrentes-vencidas. IV.- REGULAR los honorarios profesionales del abogado Pablo M. Fernández Barrios en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA ($460,00), como patrocinante; y los del abogado Wilfrido Santiago Romero en las de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($322,00) y de PESOS CIENTO VEINTINUEVE ($129,00), como patrocinante y apoderado, respectivamente. V.- EXHORTAR a las Municipalidades de Las Palmas y de La Leonesa al cumplimiento inmediato de lo ordenado por las decisiones de primera y segunda instancia que aquí se confirma, suministrando la información allí requerida. VI.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la Sra. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen. Dra. MARÍA LUISA LUCASROLANDO IGNACIO TOLEDO Jueza Presidente Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SI-/// ///-GUEN LAS FIRMAS. MARCELA DELLAMEA Abogada Secretaria Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA -

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 artículo 2
in fine
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