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Timestamp: 2020-02-22 19:54:08+00:00

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Voto num. 62/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 355273222
Número de Resolución: 62/2009
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2009. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN: "COMO FUNDAMENTO DE TODOS LOS DERECHOS DE LOS SERES HUMANOS" Y "DESDE EL MOMENTO DE SU INICIO EN LA ... (ver resumen completo)
Voto concurrente que formula el señor M.L.M.A.M., respecto de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2009.
La acción de inconstitucionalidad de que se trata fue desestimada, pues si bien la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideramos que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos que, conforme a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requería para declarar su invalidez.
"Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso."
Como se advierte, la norma transcrita dispone, entre otras cuestiones, que el Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.
Así, nuestro sistema político federal es propio del desarrollo económico, político y social de México, de manera que el análisis de la naturaleza de las diversas instituciones, establecidas en la Constitución Federal, debe partir tanto de la concepción de la institución en sí como de la manera particular en que se encuentra configurada en nuestro sistema constitucional, como consecuencia de las circunstancias referidas. Como algún autor señala, "... la naturaleza jurídica del Estado (en este caso federal) tenemos que localizarla en el tipo de orden jurídico que lo rige."(15)
Cabe apuntar que si bien la Constitución Federal establece en el artículo 41 referido que la soberanía del pueblo se ejerce a través de los poderes tanto federales como estatales, a través de sus respectivas Constituciones y, además, en su artículo 40 atribuye a los Estados de la Federación la calidad de libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,(16) lo cierto es que, al margen de las discusiones doctrinarias respecto al concepto de soberanía, es indudable que la que se atribuye a los Estados de la Federación de ninguna manera puede entenderse de la misma manera que la soberanía de una nación, en el sentido de que tengan la facultad de autodeterminación y autolimitación, pues además de que dicha soberanía se acota a "su régimen interior" y a que se ejerza sin contravenir, en ningún caso, las estipulaciones del Pacto Federal, en la propia Ley Fundamental se señalan las bases mínimas a las que se deben ajustar dichas entidades, se establecen en relación con ellas diversas prohibiciones inhibiciones, y obligaciones e, incluso, se faculta a los poderes federales para intervenir, en determinados casos,(17) en la vida institucional de aquéllas.
En efecto, de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, en cuanto dispone que: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.", se llega a la ineludible conclusión que los derechos humanos sólo son materia de dicha Constitución General y, con ello reafirmar que el Constituyente deja para sí la facultad de establecer los derechos fundamentales de los que gozarán todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, y serán éstos y los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los que se entenderán reconocidos conforme a la Norma Fundamental.
Así, no pretendo afirmar que el establecimiento de los derechos fundamentales sea una facultad de la Legislatura Federal o de las Legislaturas de los Estados que la conforman, pues lo cierto es que se trata de una facultad que el Constituyente reserva para sí, ante la necesidad de reconocer y establecer ciertas instituciones que deben ser de aplicación generalizada y homogénea en todo el país y para todos sus habitantes, como lo es la definición conceptual de los derechos fundamentales. Atendiendo a que el "... Estado federal mexicano tiene una Constitución General que expresa el total del orden jurídico válido en todo el territorio nacional y que establece a la Federación y a los Estados como dos órdenes coordinados entre sí por el pacto federal y subordinados a dicha Constitución General."(20)
Las consideraciones anteriores se sustentan, además, en la naturaleza esencial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como "Ley Fundamental del Estado", sólo a ella corresponde establecer las instituciones y principios que dan regularidad al sistema constitucional en toda la República, tales como la forma de Estado, laforma de gobierno, el modo de organizar al Municipio libre, la estructura básica de los tres poderes, tanto a nivel federal como local, así como señalar y conceptualizar los derechos que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, en el plano individual o colectivo, pues de otra manera se trunca uno de los principios básicos de estos derechos: el ser aplicables por igual y con el mismo contenido a todo habitante sin distinción.
Imaginemos, por un momento, que las Constituciones de los Estados pudieran definir conceptualmente los derechos humanos fundamentales, ¿qué resultaría de ello? Según mi parecer se propiciaría un sistema federal desarticulado y hasta caótico, en donde cada entidad federativa estableciera el alcance y el concepto de un derecho fundamental, lo que originaría que a pesar de que esos derechos deben ser iguales para todos y en todo el territorio federal, podría tener un significado distinto según la entidad de la república en que se ubique determinado sujeto, así el concepto fundamental de la vida ya no será universal y general para todos los habitantes del país y la consecuente protección de tal derecho será distinta, un ser se considerará como un ente vivo de una manera diferente en cada lugar. Por ejemplo, llevándolo al extremo, un Estado, a diferencia de lo que dispone la Constitución de San Luis Potosí en su artículo 16, podría legislar y señalar que la vida se inicia en el momento del nacimiento, luego la vida, este derecho humano, y su protección no sería igual, ni tendría la misma protección, sino que variaría de acuerdo con la legislación estatal aplicable. Y la misma situación inconexa e, incluso, injusta, se puede dar respecto de cualquier otro derecho fundamental, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito y cualquier otro, que de esa forma tendrían significado y protección diferentes, contrario a la naturaleza universal y general de esa clase de derechos y que debe envolver a todo el territorio y proteger, por igual, a todo habitante de nuestro país.
Aún más, el que tan importante y decisiva determinación, como la que se contiene en la Constitución del Estado de San Luis Potosí y, según parece, en otras 17 Constituciones de otros tantos Estados de la República, sólo sea aplicable a un limitado número de habitantes del país deja a otro buen grupo fuera de esos alcances normativos, resultando, por lo menos, discriminatorio, por ello, la única e idónea medida para que este tipo de disposiciones definitorias de un derecho humano fundamental, sean para todos y sin distinción, no importe dónde vivan o en qué Estado de la República se encuentren, es que sólo se configure en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos protege a todos y obliga a cualquier autoridad del país.
Me parece importante destacar subrayadamente que de haberse decretado la invalidez de esta disposición de la Constitución de San Luis Potosí en nada se habría afectado a las disposiciones aún vigentes, y aquí no controvertidas, del Código Penal del Estado que, en sus artículos 128, 129 y 130(22) sanciona el delito de aborto en cuanto se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, disposiciones que han Estado vigentes desde el treinta de septiembre de dos mil, esto es, desde mucho antes de la reforma a la disposición constitucional combatida, lo que significa que aun sin esta disposición ha Estado tipificado este delito.
Así, nuestra Constitución General establece en su artículo 40 que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."; y dispone en su artículo 41 que: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."
Disponer en sus Constituciones y en las leyes orgánicas la forma en que se garantice la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados;
Desde luego que existen todas estas limitaciones y reservas del Constituyente Federal propias de la Federación y prohibidas a los Estados, pero ello no significa que desaparezca el sistema federal o se atente contra el federalismo, sino que refuerza el sentido de unidad consustancial al sistema federal, en tanto que gracias a estos principio rectores la Federación adquiere existencia propia, fuerza, unidad, fortaleza, pero sobre todo, propicia un mismo sistema coherente en los puntos esenciales del Estado Mexicano para todos los habitantes del país.
Porque, los principios básicos del Estado, como lo son los derechos humanos, no pueden sólo ser parte de una Constitución de un Estado de la Federación de aplicación limitada a un territorio y aplicables a un reducido número de habitantes, sino que para garantizar y dar realidad a su naturaleza universal, ello únicamente puede lograrse en la Constitución de todos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reservado al Constituyente Federal, precisamente para dar sentido a la federación como Unión. Y esta reserva deriva del artículo 1o. y se refuerza con lo dispuesto por el artículo 136.
Para mí es claro que el artículo 1o. de la Constitución General de la República en la expresión "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratadosinternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ..." está determinando limitativamente que los derechos humanos sólo están y pueden estar en la Constitución Federal y, desde luego, en los tratados internacionales, lo que excluye su configuración en las Constituciones de los Estados, precisamente porque constituyen una institución fundamental del Estado Mexicano con carácter universal que sólo se puede lograr de esa manera.
En consecuencia, ya que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí contiene la definición conceptual de un derecho fundamental humano como es el de la vida, el momento de su inicio, los sujetos protegidos y su consecuente protección, es claro que resulta inválido, en tanto que el legislador estatal no puede legislar sobre ello, ni, en consecuencia, la Constitución de un Estado puede contener dicha norma.
C. y C., J.V.G. y A., E.P., S.A. de C.V., decimoquinta edición, 2011, México, D.F., página 3.
S.M., J.N. y S.G., F.. Derechos Fundamentales, Bases para la Reconstrucción de la Jurisprudencia Constitucional, E.P., S.A. de C.V., 2009, México, D.F., páginas 5 y ss.
O.R., H.A. Breves Reflexiones sobre Derechos Humanos, cuarta edición, Grupo Editorial Ibáñez, 1982, Bogotá, Colombia, página 125 y ss.
V.G., C.A.. Proporcionalidad y Límites de los Derechos Fundamentales, Teoría General y su Reflejo en la Jurisprudencia Mexicana, E.P., S.A. de C.V., 2011, México, D.F., páginas 6 y ss.
Universidad Anáhuac, coordinador M.T.A.. Constitucionalismo Mexicano, P. en la Forma y Estructura, E.P., S.A. de C.V., 2009, México, D.F., página 87.
Peces-Barba, G.. Derechos Fundamentales, cuarta edición, Sección de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1983, página 66.
Cit. Pos Q.R., C.F. y N.D.S.P.. Derechos Humanos, quinta edición, México, D.F., 2009, página 20.
V.. Calzada Padrón, F.. Op. cit., prólogo, página X y ss.
Í., prólogo página XI.
V., por ejemplo, los supuestos de las fracciones V, VI y XI del artículo 76 constitucional, en el que se establecen como facultades exclusivas del Senado: "V. declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, y quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas. el funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. esta disposición regirá siempre que las Constituciones de los Estados no prevean el caso.—VI. resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la constitución general de la república y a la del Estado. … XI. resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes."
V.. M.C., L. delC.. Las Constituciones Locales en el Sistema Federal Mexicano ¿Son verdaderas Constituciones?, Editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, página 654 y ss.
V.. M.C., L. delC.. Op. cit. página 660 y ss.
L.S., L.. "Derechos del Pueblo Mexicano", T.V., página 130, E.M.Á.P..
Cit. Pos R.G., H.S., Vida Humana y Aborto, Ciencia, Filosofía, Bioética y Derecho, E.P., S.A. de C.V., 2009, México, D.F., página 47.
"Artículo 128. Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
"Este delito se sancionará con las siguientes penas:
"I. A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo;
"II. Al que lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo, y
"III. Al que lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a ciento sesenta días de salario mínimo."
"Artículo 129. Al profesionista de la medicina o partero que cause el aborto se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior y además será suspendido hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión."
"Artículo 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando:
"I.A. sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
"II. El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos, y
"III. De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora."
"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.—El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al Estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad." (Registro 165813, Novena Época, P., tesis aislada P. LXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 8).

References: ARTÍCULO 16
 artículo 16
 Artículo 105
 artículo 41
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 136
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 76
 artículo 1