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Timestamp: 2020-08-15 14:03:02+00:00

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Principio de mayor beneficio en sentencias del TFJFA | Tandem Consultores Legales
En fecha 20 de mayo del 2016, fue publicada la tesis IV.1o.A.42 A (10a.) de Tribunales colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, misma tesis que tiene como rubro: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE LA FACULTAD PARA SUSTITUIRSE AL CRITERIO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE RESULTE COMPETENTE, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO QUE RIGE EN EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS.
¿Qué es lo interesante de ésta tesis aislada? Sin duda, es el sentido que nuestro Máximo Tribunal le da al principio del mayor beneficio al gobernado cuando se dictan sentencias por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se interpone en un juicio de nulidad agravios de fondo tendientes a anular el acto administrativo y no sólo por falta de competencia de la autoridad administrativa al dictar el acto.
El fundamento del principio de mayor beneficio se encuentra en el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su penúltimo párrafo señala: “El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.” Lo anterior tiene como consecuencia la posibilidad de que se dicte la nulidad lisa y llana de un acto administrativo siempre y cuando carezca de competencia la autoridad emisora del acto, no obstante, no haya sido expresado en dicho sentido por el promovente del juicio. En la especie, supone una forma de control obligatorio por el Tribunal sobre la legalidad de la competencia de la autoridad administrativa, presupuesto necesario para la existencia de un acto administrativo en términos de la ley de la materia.
En la práctica, una posible determinación de nulidad por falta de competencia de la autoridad podría dejar a la autoridad (que sí resulte competente) en posibilidad de emitir el acto de molestia posterior, al no haber estudiado argumentos para atacar el fondo del asunto. Aquí radica la importancia de la tesis que se analiza, ya que el Poder Judicial Federal.
La tesis en análisis clarifica ésta situación al otorgar las máximas garantías al gobernado y además evitar la posibilidad de los “juicios en cascada”, contribuyendo a una justicia pronta y expedita. Esta resolución supone un avance respecto de una postura previa generada con la tesis VII-P-1aS-1135 Tesis de la Primera Sección de Sala Superior del TFJFA, publicada en mayo de 2015, cuyo rubro se denomina: PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.- INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Con la tesis en comento se realiza una interpretación armónica de ambos conceptos, el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la interpretación de la contradicción de tesis para efectos del alcance del mayor beneficio, determinando, que el Tribunal administrativo puede entrar al fondo de lo planteado, cuando así se haya hecho valer por el promovente, aun y cuando se trate de un supuesto en donde se determine la nulidad lisa y llana de conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 51 de la ley federal del procedimiento administrativo federal, razón por la cual debemos de considerar nuestros argumentos, siempre encaminarlos al fondo del asunto, para que el tribunal los analice a la luz del mayor beneficio.
Es importante señalar, que en el caso de la Sala Regional Centro I adscrita a nuestra ciudad de Aguascalientes, dicho criterio se viene aplicando desde el año pasado, razón de más para no dejar pasar este criterio que ahora se reafirma en tesis aislada por el Poder Judicial de la Federación.
Texto de la tesis jurisprudencial:
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE LA FACULTAD PARA SUSTITUIRSE AL CRITERIO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE RESULTE COMPETENTE, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO QUE RIGE EN EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS. La reforma al artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 11 de diciembre de 2010, tuvo como ratio legis el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, que consideró: «…esta iniciativa prevé la reforma al cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de evitar mayores dilaciones en los juicios que se tramitan ante el mismo (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)…para evitar la reiteración del acto impugnado que esta vez sea emitido por una autoridad auténticamente competente y que con ello se dé inicio a un nuevo juicio.». Luego, en la discusión sustentada en el Senado, que actuó como Cámara de Origen, se determinó: «…Por su importancia para salvaguardar el principio de mayor beneficio al justiciable el dictamen recoge la propuesta de obligar al tribunal a que, al emitir sus resoluciones, analice no solamente la competencia de la autoridad, sino también los agravios hechos valer por las partes; es decir, las cuestiones de fondo.-Esto significa recuperar en todos los casos la esencia de la justicia, que es superar la mera forma para atender lo que al ciudadano le importa más…En síntesis…el dictamen…se dirige a cumplir tres objetivos fundamentales: …Dos. Resolver invariablemente el fondo de los asuntos con base en el principio del mayor beneficio para el justiciable, para evitar reenvíos innecesarios y juicios interminables y costosos.». Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 107, estableció que en el amparo directo «…cuando la incompetencia de la autoridad resulte fundada y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán analizarlos, y si alguno de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.», pues «…debe privilegiarse el estudio de los argumentos que, de resultar fundados, generen la consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto…las Salas referidas deben examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada…». Por consiguiente, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, al examinar la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declare la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió el acto y advierta que existen conceptos de impugnación encaminados a combatir el fondo del asunto, conforme al principio de mayor beneficio que rige en el dictado de las sentencias del procedimiento contencioso, no debe conceder la protección constitucional sólo para que declare la nulidad del acto, sino que el alcance de la sentencia protectora debe obligar a la Sala a sustituirse al criterio discrecional de la autoridad administrativa que resulte competente, y a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada, ya que de no hacerlo, dejaría en aptitud a la autoridad que realmente resulte competente en posibilidad de reiterar lo que dijo la incompetente, con la consecuente instauración de un nuevo juicio de nulidad, necesario para impugnar esa diversa resolución.
Dr. Armando Robledo Márquez
Abogado especialista en Derecho fiscal y administrativo.
Socio fundador de Tandem Consultores Legales, S.C.
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