Source: http://asapmi.org.ar/publicaciones/jurisprudencia/articulo.asp?id=211
Timestamp: 2020-04-09 06:12:07+00:00

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SENTENCIA NUMERO: SETENTA En la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de agosto de dos mil cuatro, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de los señores Vocales doctores Aída Tarditti y Luis Enrique Rubio, a los fines de dictar sentencia en los autos "M.J.C. p.s.a. Abuso Sexual, etc. Recurso de Casación" (Expte. "M", 44/02), con motivo de los recursos de casación interpuestos por el Dr. Daniel Buteler Novillo, en representación del actor civil y por el Dr. Ramón José Sánchez, por la defensa del imputado J. C. M. , en contra de la Sentencia número cuarenta y siete, del primero de noviembre de dos mil dos, dictada por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de esta Ciudad de Córdoba.
Primera Cuestión: ¿Es nula la sentencia en el aspecto civil, por ausencia de fundamentación?
Segunda Cuestión: ¿Se han inobservado los arts. 1067, 1068 y 1077 del C.C.?. Tercera Cuestión: ¿Qué resolución corresponde dictarse?
Los señores vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Luis Enrique Rubio.
A LA PRIMERA CUESTION La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: I. Por Sentencia N° 47, del 1°/11/02, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba resolvió, en lo que aquí interesa:
"...I) Absolver a J. C. M. ,... por los hechos que el requerimiento fiscal de fs. 202 nomina como 6to., 7mo. y 8vo., y califica legalmente como abuso sexual con acceso carnal, con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, en forma continuada, sin costas (arts. 550 y 551, C.P.P.), y declarar que el nombrado es autor responsable de abuso sexual sin acceso carnal reiterado dos hechos (los nominados 1ro y 2do. hechos), y abuso sexual con acceso carnal reiterado tres hechos (los nominados 3ro., 4to. y 5to.), todo en concurso real y en los términos de los arts. 119 primer párrafo, primer supuesto, 55, 119 tercer párrafo en relación al primer párrafo, primer supuesto, 55 y 55 del Código Penal, e imponerle la pena de seis años de prisión, con trabajo obligatorio, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 40, 41 del C.P.; 550 y 551 del C.P.P.).
II) Hacer lugar parcialmente a la acción civil resarcitoria interpuesta por A. B. en nombre y representación de su hija menor S. B., en contra de J. C. M. y en consecuencia, condenar al nombrado a abonar al actor civil en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia, los siguientes rubros, a saber: 1) gastos médicos (tratamientos sicológicos): la suma de cuatro mil pesos; 2) Daño Moral: la suma de cinco mil pesos....".-
II. Contra la sentencia señalada, dedujo recurso de casación el Dr. Daniel Buteler Novillo, en representación de los actores civiles, invocando el motivo formal (art. 468 inc. 2° C.P.P.) (fs. 298/302). Alega que, al juzgar sobre la responsabilidad civil, el sentenciante debió establecer el nexo entre conducta y daño consecuente. Determinado el obrar reprochado (delito), sólo restaba valorar el impacto de éste en la psiquis de la damnificada. Para ello, el juez sólo debía valerse de un único elemento probatorio la pericia sicológica por cuanto, en un delito de violación en contra de una menor, el principal y casi único daño es el moral.
Agrega que la experiencia sexual prematura sólo puede ser valorada en la psiquis, ya que solamente en ésta deja rastros. Sin embargo, el razonamiento del tribunal en este sentido, padeció de errores lógicos, privando por ello a la sentencia de fundamentación, pues su yerro se encuentra en el punto de partida, que se refleja en la conclusión. En efecto, a fin de determinar si hay responsabilidad civil se debió precisar si la conducta está prohibida por la ley. Conocer el daño, explica, requería analizar lo que pasa después de la violación, cuando ésta ya ha sucedido.
La causa de un hecho es la explicación racional que nos permite comprender su existencia histórica. La consecuencia es la modificación disvaliosa en la víctima, a causa del hecho delictivo. Precisamente esto produce el derrumbe del fallo en sus aspectos civiles, ya que el imputado M. fue condenado por violación y es el único sometido a juicio en este proceso por su obrar dañino, que el juez debió juzgar y evaluar. No han sido motivo del proceso ni la menor violada, ni sus padres; por eso, de ningún modo el fallo pudo mencionar la existencia de culpa concurrente y menos aún disminuir la indemnización del daño.
La conclusión en tal sentido, está claramente inmotivada, opina el impugnante. Explica que cuando se menciona el término culpa concurrente, se hace alusión a la actividad conjunta de varios sujetos que realizan una conducta reprochable en derecho (dolosa o culposa) que produce un resultado dañoso a un tercero que es la víctima. Ello implica una culpa jurídicamente concebida, es decir, un obrar imprudente o negligente que la ley tipifica, o un obrar ilícito directamente delictual como el de autos, agregando que, según la ley, todos los que participan en ese obrar son responsables. Empero, considera que en el presente caso "jamás podría hablarse de una culpa concurrente sencillamente porque ni la niña violada ni sus padres tienen participación jurídica en el hecho delictivo" (fs. 299).
La confusión entre causa y consecuencias, lleva claramente a un vaciamiento de toda la motivación en el fallo. Sólo concurren en la culpa los partícipes del hecho, y se requiere además que esa participación sea motivo del juicio. En definitiva, entiende que el error del tribunal finca en confundir relación de causalidad con responsabilidad. Ello así, pues el juzgador considera que la conducta de la menor y la de sus padres, además de la de M. , desembocaron en la violación. Esto es, que tres conductas son la causa del delito.-
Agrega que, aun admitiendo esta hipótesis, la causación de un hecho por sí sólo no trae aparejado responsabilidad legal. Destaca que la doctrina y el sentido común limitan la relación de causalidad que no puede ser infinita y esta limitación alcanza también a lo que es objeto del juicio.
En esa línea, razona entonces el recurrente recurriendo al absurdo, "en lo que nos ocupa, estaría también en la relación de causalidad aquellos educadores que no enseñaron a ser padres de la menor, y los productores de televisión que le enseñaron lo que después ésta reprodujo con M. ..." (fs. 299 vta.).
Por más que se estime que los padres y la hija entran en la relación de causalidad de los hechos, de ninguna manera puede inferirse que sean responsables y que la indemnización del daño deba disminuirse. Es que cualquiera fuera lo avezado de la menor o el descuido de sus padres, el imputado debe responder sobre las consecuencias de la violación y no sobre sus causas.
Agrega que no se discute si la niña ha coadyuvado o no en la violación, ni la mala paternidad endilgada en la sentencia, pero –señala ambos no son “hechos” de la causa e importan valoraciones morales anteriores a la violación y sin prueba efectiva de su existencia.
Aun cuando el juez crea que los padres y la hija entran en la relación de causalidad de los hechos, de ningún modo ello permite inferir que deban ser responsables y por ende disminuir la indemnización del daño. Los padres y la hija "participan" o viven esa historia delictiva, pero no por ello son responsables. La culpa concurrente implica responsabilidad legal y no simplemente participación histórica. Entonces, si en el caso el juez afirma que sólo corresponde pagar parcialmente el daño moral por cuanto concurre, junto con el obrar del imputado, la conducta de la víctima y sus padres, "esa afirmación es una razón aparente ya que es totalmente errónea" (fs. 301). Critica de este modo que esos hechos integren el razonamiento jurídico como premisa para la conclusión, que es pagar menos de indemnización a la menor. O sea –remata "la conclusión del silogismo que es esta última, está basada en postulados erróneos.-
En definitiva, de la "participación" de la menor y sus padres en el hecho, no puede inferirse que deba pagársele menos a ésta" (fs. 301 vta.). Es que si se confunde la causa con su consecuencia, no se responde a lo que es motivo esencial de la resolución.
En síntesis, el fundamento por el cual el a quo restringió la indemnización por existir culpa concurrente, resulta inválido y por ello requiere la nulidad del decisorio en crisis, por carecer de fundamentación, exigencia de naturaleza constitucional, agregando, ya bajo el título de "reserva e introducción de la cuestión federal", que en la sentencia se los condena a los padres de la menor como corresponsables de un daño, y a esa conclusión se le da valor jurídico, tanto que por ello M. , que es el único juzgado en la presente causa, paga menos y por ello, arbitrariamente se reduce el daño por violación debido a que existiría un daño causado por los padres anterior al delito.
III. Al tratar la Primera Cuestión, el sentenciante declaró a M. autor responsable de abuso sexual reiterado –dos hechos y abuso sexual con acceso carnal reiterado –tres hechos que se le atribuyen nominados primero a quinto y los dejó acreditados tal como se relatan en la acusación, razón por la cual se remite a ésta (fs. 289 vta).
A continuación, se consignaron los extremos fácticos tenidos por comprobados por el Tribunal de juicio que sustentaron la condena, en base a los elementos de juicio incorporados al debate que, en lo que aquí interesa, fueron los siguientes: En orden a los Hechos Primero y Segundo, ocurridos el día 27 de agosto y noviembre de 1999, el encartado J. C. M. –de aproximadamente 50 años de edad habría irrumpido indebidamente en el ámbito corporal de S. B. (menor de doce años) besándola en sus labios –en un caso y recostándose sobre ella, y efectuó movimientos simulatorios al acto sexual, rozándole por encima de las prendas de vestir el miembro viril sobre la zona puberal de la niña –en el otro. Todo ello a sabiendas de la minoridad de la víctima y aprovechándose en consecuencia de la imposibilidad por parte de ésta, de poder comprender la significación del acto.
En cuanto a los Hechos Tercero, Cuarto y Quinto, se fijó que en fecha aproximada a los anteriores, durante el transcurso del mes de diciembre –el tercero, entre este último mes y 16 de junio de 2000, los otros dos, el imputado de la edad mencionada, inspirado en un móvil libidinoso y con el objeto de satisfacer su propio desfogue sexual, irrumpió en el ámbito corporal la menor B. (de 12 años de edad) accediéndola carnalmente por vía vaginal –tercer hecho, e idéntica conducta habría desplegado en un número de veces no determinado –en alternancia con el resto de los hechos fijados pero posiblemente una vez por semana y por vía vaginal, en tanto eventualmente y en algunas ocasiones la menor le habría succionado el pene y éste habría hecho lo propio en la vagina, sabiendo de la minoridad de la víctima y aprovechándose de su imposibilidad de poder comprender la significación del acto de la niña cuarto y quinto hechos.-
A continuación, en el desarrollo de la Primera Cuestión, el juzgador pondera específicamente las pericias psicológicas efectuadas a la víctima menor, que a su ver, explican su protagonismo en los sucesos de autos a partir de las características de su personalidad, destacando carencias afectivas tempranas en su entorno familiar y escasa contención y control que la tornarían más vulnerable entre otros conceptos (fs. 288/289). Destaca entre tales circunstancias, que el padre la conoció cuando tenía diez años y quiso trabar una relación afectiva fuerte con la víctima, pero su esposa se opuso que la llevara a su casa. Por otra parte, la madre quien ejercía la guarda de la menor reconoció que trabajaba todo el día, S. estaba sola en la casa ya que por razones económicas no podía pagar a nadie para que la acompañara y la cuidara. Valora actuaciones judiciales labradas ante el fuero de menores, en las que la abuela y tía de la menor hermana de la madre pusieron en conocimiento que ésta descuidaba a la menor y en ocasiones le pegaba fuertemente, si bien los golpes fueron negados por la propia Sofía. Sobre tales probanzas el Juzgador infiere que "...Unicamente la soledad de la menor, la falta de afecto, apoyo y contención explican que los hechos ocurrieran de la manera en que lo fueron. La menor, buscando en M. , como ya se dijo citando a las pericias psicológicas, gratificación, protección y seguridad, lo involucró en un juego amoroso de seducción mutua al que el acusado, hombre adulto, no supo o no quiso evitar, poniendo límites que la edad de la niña y su condición de casado y padre de familia le exigían..." (fs. 289) (el resaltado es mío).
Al dar respuesta a la Segunda Cuestión, al calificar la conducta del imputado, el fallo sostiene que este caso demuestra palmariamente que “a veces se debe castigar no el abuso, ni la perversidad o la depravación, sino la debilidad” y que M. , como se vio en la cuestión anterior, “cedió ante los ‘avances’ y requerimiento de una niña que, aunque necesitada de cariño y protección, demostraba con sus acciones una clara intención erótica” (fs. 290).
En la Tercera Cuestión, evaluó –entre las circunstancias agravantes la naturaleza de los hechos y sostuvo que el acusado, en conocimiento de la edad de la víctima, no puso los límites que la ley exige y por eso su conducta es reprochable (fs. 291). Al momento de tratar el aspecto civil, en la Cuarta Cuestión, el juzgador puntualizó: "...no hay duda que la menor S. B. sufrió daño sicológico y moral que el acusado J. C. M. debe indemnizar en la medida de su culpa... Con las salvedades apuntadas, la demanda debe prosperar por lo que se debe establecer el porcentaje de culpa concurrente y los montos de los rubros indemnizatorios. Ello porque el daño psicológico, agravado por la conducta de M. , ya existía en S. B., causado por la conducta de sus padres...".
Reitera que el acusado no puso límites que la edad de la niña y su condición de casado y padre de familia se lo exigían. De allí infiere que tanto el imputado, como la víctima y sus padres contribuyeron a la ocurrencia de los hechos y al consecuente daño (fs. 292 vta. in fine/293). Sobre tales premisas, estableció la procedencia del tratamiento psicológico que se reclamó por la suma de $ 9.600 (fs. 292), en defecto de plena prueba lo fijó prudencialmente en la suma de $ 4.000. Al examinar el daño moral, expone que no hay duda que la conducta del acusado produjo en la víctima lesiones de esta naturaleza “Ello porque despertó en la menor fantasías de protección, afecto y seguridad que no podía cumplir, agravando sus problemas emocionales y afectivos” (fs. 293). Finalmente, el sentenciante acogió el rubro, disminuyendo ostensiblemente la suma reclamada en razón de la culpa concurrente acreditada, precisando al respecto: "...Tengo en cuenta también el hecho, cuya ocurrencia tuvo lugar por culpa concurrente, la naturaleza del delito, la situación personal y familiar de la víctima y del acusado... y en función de todo ello, el monto de este rubro lo estimo en cinco mil pesos ($ 5.000)..." (fs. 293/293 vta.).
IV.1. El núcleo del gravamen traído por el recurrente, reside en determinar si la conclusión del fallo en orden a la disminución del daño moral mandado a pagar en la decisión en crisis, resulta arbitraria por carecer de la debida fundamentación. Es que la ley requiere que toda resolución debe estar debidamente fundada (arts. 155 Const. Pcial., 142, 408 inc. 2º y 413 inc. 4º CPP). La ley procesal, reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 CN y 155 Const. Pcial.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la lógica, de las ciencias y de la experiencia. Fundar o motivar las decisiones importa el consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene (TSJ, Sala Penal, S. nº 1, "Feraud", 16/2/61; más recientemente, S. nº 16, 20/3/98, "Altamirano”; S. nº 28, 7/4/98, “Algarbe”), siendo dicha inobservancia sancionada con nulidad (T.S.J., Sala Penal, "Zaya", S. 69, 16/8/00). 2. Ahora bien, ajustando estos conceptos a lo que constituye materia de agravio, esto es, la motivación que deben observar las sentencias a la hora de precisar el daño moral, este Tribunal tiene dicho que no es motivo legal por el que proceda el recurso de casación (C.P.P., art. 468), la discusión del ejercicio de las facultades discrecionales del tribunal de sentencia conforme a la facultad delegada por el art. 29 del C.P., como lo es la determinación del monto del daño moral (T.S.J., "González", A. n° 66, del 12/11/84, pub. S.J., n° 567; "Urbano", A. n° 61, del 8/10/85, pub. S.J. n° 599; "Maggione", A. n° 77, del 19/11/85, pub. S.J. n° 599; "Delgado", A. n° 13, del 15/4/86, S.J. n° 612; "Sosa", S. n° 57, del 6/12/96; "Garza", A. 42, 11/3/98). La revisión sólo se habilita en el supuesto extraordinario de un ejercicio arbitrario de dicha potestad. Dentro de ese estrecho margen de recurribilidad, común a todas las facultades prudenciales del Juez de mérito, se ha fijado el estándar de control casatorio en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (T.S.J., Sala Penal, "Carnero", A. nº 181, 18/5/99; “Esteban”; A. n° 169, 5/6/00, "Gallardo"; A. n° 95, 16/3/01, "Sosa"; A. n° 218, 29/7/02, "Ramazzotti"; entre otros). Se ha sostenido, en este sentido, que el ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades (T.S.J., Sala Penal, S. n° 3, 11/2/00, "Villacorta"; A. n° 193, 14/5/01, "Arévalo"; A. n° 296, 17/9/02, "Menghi"; entre otros).-
3. Delimitado de este modo el marco dogmático y jurisprudencial que ciñe el análisis del agravio traído por el impugnante, adelanto desde ya mi opinión en sentido favorable para su pretensión, pues el tribunal de mérito no ha cumplimentado la obligación de motivar la sentencia. Doy razones:
A.a) El fallo, al resolver la cuestión civil afirma que el acusado M. debe indemnizar el daño psicológico y moral, en la medida de "su culpa" y morigera los montos reclamados en base a la culpa concurrente de éste, la víctima y sus padres que estima probada (fs. 293).
El impugnante, por su parte, cuestiona esta atribución de culpa, sólo en cuanto al daño moral y sostiene que ni los padres, ni la víctima fueron partícipes del hecho delictivo, confundiendo relación de causalidad con responsabilidad por el daño proveniente de un delito, cuya indemnización pretende el actor civil en nombre y representación de la menor (fs. 291 vta./292).
b) Cabe señalar que el imputado M. –tal como se consignó supra, fue condenado a la pena de seis años de prisión, como autor responsable de cinco hechos contra la integridad sexual, que entendió acreditados y se encuentra firme, por no haber sido recurrida en este aspecto.
c) Ello explicitado, circunscribiéndome al motivo de agravio, se debe examinar si en la faz civil, al momento de estimar el daño moral producido por el delito, la supuesta contribución de la menor y sus padres, puede serles atribuída a título de culpa, tal como lo expresó el sentenciante.-
1. En primer lugar, auscultaré si el juzgador ha fundado debidamente la responsabilidad civil endilgada a los padres de la menor S. B.. Claro está que, tal como lo señala el impugnante, el error en la fundamentación del a quo se finca en su punto de partida, pues si bien sostiene ciertamente que la menor S. B. sufrió daño psicológico y moral que el acusado M. debe indemnizar, aclara que procede "en la medida de su culpa" (fs. 292 vta.). En el consecuente análisis, coloca como causa originaria del daño sicológico y moral reclamados, la conducta de sus padres y como circunstancia agravante, la del acusado M. (fs. 293). De allí infiere la culpa de los padres y de la propia víctima para morigerar el reclamo por el daño moral –en lo que aquí interesa con olvido de que el rubro pretendido se funda en el perjuicio causado por el delito de naturaleza sexual inferido a la menor. En efecto, a partir de un examen parcializado de las pericias psicológicas, el Tribunal sostiene que la menor, buscando en M. gratificación, protección y seguridad, lo involucró en un juego amoroso de seducción mutua al que el acusado no supo o no quiso evitar, poniendo límites que la edad de la niña y su condición de casado y padre de familia se lo exigían (el resaltado me pertenece) (fs. 293). De este modo, el a quo sostiene que no hay duda que la conducta del acusado produjo lesiones espirituales en la víctima. Ello –dice “porque despertó en la menor fantasías de protección, afecto y seguridad que no podía cumplir, agravando los problemas emocionales y afectivos que tienen incidencia en la pérdida de afectos y la falta de credibilidad en las personas adultas como paradigmas a seguir... cuya ocurrencia tuvo lugar por culpa concurrente...” (fs. 293 y vta.). Sin embargo, a pesar de las afirmaciones precedentes, el juzgador entiende que tanto el imputado, como la víctima y sus padres contribuyeron a la ocurrencia de los hechos y al consecuente daño. 2. Cabe señalar al respecto, que es cierto que la pericia psicológica destaca a nivel socioafectivo, las carencias de esta índole, la imagen negativa de los padres y la escasa contención que pudieron haber promovido o favorecido la instauración de una conciencia moral de características permisivas tornándola más vulnerable (ver pericia psicológica, fs. 193). Sin embargo, también es verdad que la perito, en la ampliación del informe, precisa que “el daño psicológico radica en cómo los hechos presentes repercuten en la menor y lo harán en su vida futura, ya que por su edad, no dispone de madurez psicológica suficiente para desplegar una relación afectiva y sexual de connotaciones adultas tal como las que ha vivido. Ello le impide en la actualidad dimensionar la trascendencia de esta experiencia, ya que aún por su edad no ha culminado el proceso de consolidación de su identidad psicosexual... manifestándose en lo conductual con rasgos de aspecto masculino... como un elemento quizá inconsciente de confusión en relación a la sexualidad” (fs. 263/264) (resaltado me pertenece). Tales aseveraciones, que han sido por completo ignoradas por el sentenciante, ponen de manifiesto que la responsabilidad penal del acusado M. provocó un daño psicosexual en la menor, con independencia del daño psicoafectivo. El juzgador parece no advertir que, tal como se ha consignado supra, conforme los hechos acreditados, el condenado, a sabiendas de la minoridad de la víctima [12 años de edad] y aprovechándose en consecuencia de la imposibilidad, por parte de ésta de poder comprender la significación del acto, la abusó y accedió carnalmente en diversas oportunidades y fue este perjuicio, el reclamado por el padre en representación de la menor con el consentimiento de la madre en virtud de la cual instó la acción civil resarcitoria (fs. 292). Repárese asimismo, que el sentenciante dejó comprobado que las prácticas sexuales tuvieron sus orígenes en una relación entre una niña de 12 años y un hombre de cincuenta años el condenado M. (fs. 286 vta. y 287) y no obstante, a la hora de cuantificar la indemnización por ese daño, trae la responsabilidad de los padres por omisión de los deberes de cuidado, estimándola concurrente con el ataque a la integridad sexual para morigerarlo. En apoyo a tal conclusión, el juzgador ponderó las características del entorno familiar de la víctima, en cuanto su padre recién la conoció cuando tenía 10 años y si bien a partir de allí trató de ocuparse de ella, no pudo hacer todo lo que hubiera querido porque su esposa se opuso a que la llevara a su casa. Además, que su madre –quien ejercía la guarda trabajaba todo el día, ya que por razones económicas no podía pagar a nadie para que la acompañara y cuidara, por lo cual la niña se encontraba sola, según sus propios dichos (fs. 288 vta). Valoró igualmente la denuncia ante un juzgado de menores efectuada por la abuela materna y la tía materna, que pusieron en conocimiento que la madre descuidaba a la menor y en ocasiones la golpeaba fuertemente. Y si bien, los golpes fueron negados por la menor, pondera el informe interdisciplinario que da cuenta de la grave crisis de adolescencia de la víctima, agravada por la ausencia del padre y la falta de contención de sus progenitores, lo que a su ver, “explican que los hechos ocurrieran de la manera en que lo fueron” (fs. 289)(el resaltado me pertenece).
Dicha conclusión, no repara que tales circunstancias sólo tenían idoneidad para afectar su equilibrio “psíquicoafectivo”, extremo que contribuyó a hacer más vulnerable a la menor, por la falta de contención y carencia afectiva que padecía (ver pericia de fs. 193) y “explican” los hechos históricamente acaecidos. Sin embargo, de ninguna manera por sí mismas tienen aptitud como para reputárselas causa generadora o coadyuvante de responsabilidad civil, de los atentados de carácter sexual que repercuten en el desarrollo de su temprana sexualidad, por los que resultó condenado M. . En ese sentido este Tribunal tiene dicho, en orden a la relación de causalidad en materia de responsabilidad civil, que la “teoría de la causa adecuada” ha tenido acogimiento legal en el artículo 906 del Código Civil, que establece que en ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad. Se analiza así el asunto causal en función de una noción de regularidad apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Con el fin de establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sujetos, debe formularse un juicio retrospectivo de probabilidad, para conocer si la acción que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia (cfr. Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 32/33). Es que elevar el rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya concurrencia determina precisamente ese resultado, "significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los hechos" (ob. cit. pág. 22) (T.S.J., Sala Penal, “Allende”, S. 22, del 11/4/03). Cuestión ésta que, por otra parte, ha sido aceptada por la doctrina unánimemente (Orgaz, Alfredo, “El Daño Resarcible”, ed. Lerner, Córdoba, pág. 43/45; Alterini, J.H. y otros, “Derecho de Daños”, Ed. La Rocca, 2000; “Causalidad Adecuada y factores extraños”, por Ramón D. Pizarro fs. 255/302; Loutayf Ranea, Roberto G Costas, Luis Felix “La Acción civil en Sede Penal”, ed. Astrea Bs. As.,2002, parágrafo 444, pág. 760 entre otros) En el subexamine, no estaba sometido a juicio el comportamiento de los padres por lo que el sentenciante no podía emitir opinión atribuyéndole una conducta omisiva culposa de la que derivara responsabilidad civil por el hecho ilícito cometido por el acusado. El abuso sexual de M. , en el marco de una relación causal objetiva, constituye una consecuencia remota en relación a la acción omisiva de los padres, sin que medie nexo adecuado de causalidad, conforme lo normado por los arts. 904 y 905 CC., requieren que tal resultado, el abuso sexual, fuera previsto o estuviera en la mira de los padres al momento de su conducta omisiva, circunstancia que, por otra parte, no ha sido acreditada. La conclusión del fallo, se asienta sobre una interpretación arbitraria de la prueba invocada, pues de “la soledad y las carencias afectivas de la menor” consignadas en la pericia psicológica, no puede extraerse indefectiblemente un reproche culposo en la contribución del resultado derivado de un ataque sexual que es el sustrato del daño indemnizable aun cuando mediare desapego o ausencia de contención en los padres que repercuten en el ámbito psiquicoafectivo de la menor, pero no, en su desarrollo psicosexual. De tal suerte que, si los padres no pudieron prever la posibilidad del daño al desarrollo sexual, no se le puede atribuir omisión culpable. Por consiguiente, el juicio de previsibilidad, se debió realizar conforme con la naturaleza particular del hecho y las circunstancias de tiempo y lugar (T.S.J., Sala Penal, “Piñol”, S. 53, 19/7/03). B.1. En segundo lugar, en relación a la responsabilidad endilgada a la víctima, el a quo omitió dar las razones por las que a su ver, la intervención de la menor S. B. en el devenir histórico de los hechos dados por acreditados en el fallo, importa un reproche culposo que incide en la cuantificación del daño moral reclamado. Para fundar su aserto, el Tribunal debió necesariamente escudriñar sobre la relevancia del consentimiento que tiene su repercusión en la faz civil. En relación a ello, resulta útil acudir a nuestro ordenamiento jurídico que, si bien no regula genéricamente el consentimiento del damnificado, sea en su faceta penal como en la civil, lo hace en supuestos muy particulares en los que se reputan relevantes (tales las normas de los arts. 85 inc. 2°, 125, 130, 131,150, 181 del C. Penal). El consentimiento del damnificado importará entonces una causa de justificación, esto es, tornará el hecho dañoso en legítimo, siempre que no choque contra una prohibición legal o contra las buenas costumbres o contra el orden público, o que no sea ineficaz por otras razones (Bueres Highton, "Código Civil y normas complementarias Análisis doctrinario y jurisprudencial", Tomo 3 A, ed. Hammurabi, Bs. As, 1999, pág. 82/83, nota al 1066, nota al pie de pag. N° 71 y N° 73) Así, la ley penal considera irrelevante el prestado por un menor de 13 años, en el abuso sexual del art. 119, 1er. y 3er. párrafos del C.P., por el que se presume iuris et de iure que carece de capacidad para comprender la significación del acto, tal como se precisa en los hechos tenidos por acreditados por el juzgador y por consiguiente, no podrá otorgárselo a la hora de determinar la procedencia de la acción civil intentada. Ello así, porque tal razonamiento plasma un vicio lógico, en cuanto vulnera el principio de no contradicción, dejando así la sentencia inmotivada. En este sentido esta Sala ha dicho que la resolución contiene una fundamentación contradictoria, que equivale a falta de fundamentación, cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho o viceversa y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho (T.S.J, Sala Penal, “Cesarín”, S. n° 15, del 17/5/96; “Faraig”, S. n° 22, del 7/4/00 entre otros). De consiguiente, si en el aspecto penal, la resolución consideró que la menor no comprendía la significación del acto y por lo tanto su consentimiento era irrelevante, no podía asignársele en el aspecto civil, sin caer en una flagrante contradicción, que igualmente conlleva a la ausencia de fundamentación de la decisión en crisis. 2. Además, en su razonamiento, el a quo tampoco ha considerado que en materia civil, la doctrina es pacífica en cuanto señala que el obrar doloso del autor absorbe el hecho culpable o no de la víctima y se decide como si el autor del dolo fuese el único causante del daño. En estos casos, la culpa no tiene relación causal con el daño y ha sido solamente un instrumento del dolo (Alterini J.H. y otros, “Derecho de Daños”. ed. La Rocca, 2000,"Causalidad adecuada y factores extraños", por Ramón D. Pizarro, pág. 273/274; Orgaz, Alfredo “La Culpa”, ed. Lerner, Córdoba, 1992, n° 91, pág. 232; Goldenberg, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, ed. Astrea, Bs. As, 1984, pág. 16; Bueres Highton, op. cit., Tomo 3 A, ed.Hammurabi, Bs. As, 1999, pag. 435, nota al art. 1111 CC; entre otros). C. En conclusión, tal como lo sostiene el recurrente, cualquiera fuera lo avezado de la menor o el descuido de sus padres, el imputado debe responder civilmente, por las consecuencias de su obrar doloso sobre el que recayó condena en el aspecto penal y en mérito a lo expuesto, el fallo que ordenó la reducción del resarcimiento en orden al daño moral, resulta inmotivado (art. 155 C. Prov. y arts. 142, 408 inc. 2°, 413 inc. 4° C.P.P.), lo que acarrea su nulidad. Así voto. La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: La señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. A LA SEGUNDA CUESTION La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battitelli, dijo: I. El Dr. Ramón José Sánchez, por la defensa del encartado mencionado, deduce en contra de la sentencia indicada supra, recurso de casación (fs. 303/307), aclarando que circunscribe su pretensión impugnativa a la procedencia parcial de la acción civil interpuesta por el padre de la damnificada. El recurrente señala que fue decisivo el rol parental para que se consumaran los hechos, y la actitud de los "avances" de la propia menor. Es decir, la conducta desplegada por M. alcanza (aún con reservas y disensos legales) para un reproche penal, pero no para hacerle cargar en sus espaldas con un tratamiento sicológico y daño moral, rubros éstos que se solicitan sean rechazados, por no corresponder. El primero, porque el tratamiento psicológico que debería hacer toda la familia (padre, madre e hija), es necesario y conveniente, no por el hecho que ahora se analiza, sino por el grado de desprotección y falta de cumplimiento de sus roles parentales desde siempre. Es decir, opina el impugnante, "si esta causa no existiera, lo mismo la familia Buteler necesitaría de la asistencia sicológica" (fs. 305 vta.). El segundo, porque el daño moral no tiene carácter punitorio, sino compensatorio, ya que procura reparar las afecciones y sufrimientos de la víctima, es decir, ese "dolor" que produce un hecho lesivo que genera un desasosiego en el ánimo de quien lo padece. En el caso, explica, no hubo ningún sufrimiento interior, por el contrario reproduciendo los términos de la sentencia, la menor "aunque necesitada de cariño y protección, demostraba en sus acciones una clara intención erótica". Entonces, bajo la rúbrica "apartamiento del derecho positivo", expone el recurrente que la sentencia, para fundamentar el resarcimiento económico, invoca, por ejemplo, los arts. 1067, 1068 y 1077 del C.C. Con ello pretende señalar que en todo el articulado del Libro II, Sección 2da., Cap. 1 del C.C., "campea la necesidad de la existencia del "daño o perjuicio" causado a otra persona a través del hecho punible o delictual" (fs. 306). Empero, en el caso, no se le puede reprochar al imputado como lo hace la sentencia, haber causado daño alguno a nadie. En rigor, quienes produjeron el daño a la menor son sus propios padres. De lo expuesto, entiende el impugnante que en el caso no procede la aplicación de los artículos citados por el Tribunal, sino aquellos que marcan el insoslayable deber de proteger que tienen los padres en relación a sus hijos incapaces (art. 264 C.C.), quienes están bajo su autoridad o cuidado (art. 265 íbid.), y que ese deber implica también la necesidad de vigilancia para impedir que se causen daños o que se los causen a otras personas. La omisión de ese deber de vigilancia, protección y contención afectiva, ha sido la causa eficiente de las carencias sicológicas que tiene la menor, cuyo tratamiento en vez de hacérselos cargar a los padres, como es su obligación legal y moral hacerlo, la sentencia se lo hace pasar a un tercero, el que a su vez fue víctima del "avance" de la menor. Por lo expuesto, considera que la indemnización por tratamiento psicológico y daño moral, no deben pesar sobre el imputado ya que éste no generó daño y/o perjuicio alguno; ergo, la aplicación de los artículos del Código Civil para legitimar la procedencia de la indemnización constituye un apartamiento de la ley de fondo. II. La conclusión arribada al tratar la primera cuestión, que acarrea la nulidad de la sentencia en orden a la condena civil dispensada a título de daño moral, cuanto las razones puestas allí de manifiesto torna abstracto el tratamiento de la presente. Así voto. La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: La señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. A LA TERCERA CUESTIÓN La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: I. A mérito de la votación que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el Dr. Daniel Buteler Novillo, en representación del actor civil A. B. (quien actúa en nombre y representación de su hija menor de edad S. B.) y en consecuencia, declarar la nulidad (art. 468 inc. 2°, 480, 413 inc. 4°, 142 C.P.P.) de la Sentencia N° 47, del 1° de Noviembre de 2002, dictada por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de esta Ciudad de Córdoba, sólo en lo que atañe a la condena civil dispuesta en orden al rubro "daño moral" a raíz de la acción civil instaurada por A. B. en nombre y representación de su hija menor de edad, en contra del imputado J. C. M. (primera cuestión), debiendo reenviarse los presentes obrados al Tribunal de origen a fin de que dicte una nueva resolución conforme a derecho (art. 190 íbid.). Sin costas, atento el éxito obtenido (arts. 550/551 C.P.P.). II. Corresponde asimismo declarar abstracto el tratamiento de los agravios deducidos en el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia señalada por el Dr. Ramón José Sánchez, por la defensa del imputado J. C. M. (segunda cuestión). Así voto. La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: La señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. En este estado, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal, RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido por el Dr. Daniel Buteler Novillo, en representación del actor civil A. B. (quien actúa en nombre y representación de su hija menor de edad) y, en consecuencia, declarar la nulidad (art. 468 inc. 2°, 480, 413 inc. 4°, 142 C.P.P.) de la Sentencia N° 47, del 1° de Noviembre de 2002, dictada por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de esta Ciudad de Córdoba, sólo en lo que atañe a la condena civil dispuesta en orden al rubro "daño moral" a raíz de la acción civil instaurada por el nombrado A. B. en nombre y representación de su hija menor de edad, en contra del imputado J. C. M. (primera cuestión), debiendo reenviarse los presentes obrados al Tribunal de origen a fin de que dicte una nueva resolución conforme a derecho (art. 190 íbid.). Sin costas, atento el éxito obtenido (arts. 550/551 C.P.P.). II. Declarar abstracto el tratamiento de los agravios deducidos en el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia señalada por el Dr. Ramón José Sánchez, por la defensa del imputado J. C. M. (segunda cuestión). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y los señores Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

References: resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 906
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución