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Timestamp: 2018-08-14 07:00:32+00:00

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﻿ Sentencia 31943 de septiembre 9 de 2009
SENTENCIA 31943 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:CONCIERTO PARA DELINQUIR. NO SE PUEDE SEPARAR DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES PROPIAS DE LOS GOBERNADORES. EL TIPO OBJETIVO IMPLICA EL ACUERDO PARA COMETER DELITOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS QUE SE COMETAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL, GOBERNADOR, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, CONCIERTO PARA DELINQUIR, DELITO, FUNCIONES DEL GOBERNADOR, TIPO PENAL OBJETIVO, EJECUCIÓN DEL DELITO
Sentencia 31943 de septiembre 9 de 2009
Proceso 31.943
Estimó el Ministerio Público que la actuación en el asunto objeto de análisis, “no guarda relación alguna con su tarea pública” y, que el imputado, supuestamente, infringió la validez del orden jurídico penal cuando era candidato a la gobernación del ente territorial puesto de presente.
La afirmación hecha por el Fiscal General, tiene origen en las declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez y Edwar Cobos Téllez, dirigentes de las autodefensas unidas de Colombia, motivo por el cual, aún a pesar de haber perdido su condición de gobernador, estimó que para ese momento: “existe información sumaria de que el doctor Jorge Eliécer Anaya Hernández, en el ejercicio de su función pública o con ocasión de ella, promovió los intereses de la organización con la cual se concertó previamente, siendo interés en la investigación, esclarecer su vínculo con esas empresas criminales”.
Si para ese primigenio momento procesal, el Fiscal General fundamentó la competencia en las pruebas sumarias que le indicaban el presunto vínculo entre el mandatario departamental y los miembros de las autodefensas unidas de Colombia, en el estado actual no queda duda, con la prueba luego aducida y valorada en la resolución de acusación, que la actuación del ex mandatario Anaya Hernández, a partir de su elección y posesión, se encaminó al favorecimiento y promoción de las autodefensas y unidas de Colombia, a través del nombramiento en las secretarías de educación y hacienda, de personas de reconocida relación con dichas organizaciones, hecho que se constituye en la continuidad de la conducta delictiva descrita en el inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, en lo relacionado con la promoción y financiación de grupos armados al margen de la ley.
Como lo disponen los numerales 2º y 4º del artículo 235 de la Carta Política, el juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de los altos funcionarios del Estado, entre ellos los gobernadores, cuando hayan cesado en el ejercicio de sus funciones, solo se mantiene para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas, en voces del parágrafo del citado artículo.
Pero es que en este caso, del compromiso asumido por el candidato a la gobernación —que podía haber llegado hasta allí, como sucedió en otros departamentos, en los que al mandatario le tenían que recordar, cómo y de qué forma había logrado la elección y la contraprestación que debía otorgar—, se pasó a la efectiva materialización del pacto, a la manifestación palpable del acuerdo, que es la forma clara, desde el punto de vista de la tipicidad, de demostrar la comunidad de voluntades, sin ser esta necesaria, ya que el núcleo de la prohibición descansa en el convenio dirigido teleológicamente a organizar, promover, financiar o armar grupos al margen de la ley, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, vigente para la época de los acontecimientos que se investigan.
El ex gobernador Anaya Hernández, en ejercicio de sus atribuciones, como lo dispone el artículo 305 de la Constitución Política, nombró y delegó en el secretario de educación, funciones administrativas señaladas en la norma, como la de “crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas”, en cumplimiento de los compromisos asumidos y en contraprestación a los favores recibidos para lograr su elección.
Por tanto, los nombramientos de los dos secretarios de su despacho —educación y hacienda—, en cumplimiento de los pactos celebrados con los miembros de los grupos paramilitares, así como la delegación de funciones, son un ejemplo de la desviación del poder contemplado dentro de la órbita de sus atribuciones constitucionales y legales, como de manera puntual lo exige el parágrafo citado, para efectos de la determinación de la competencia.
Prueba de ello es el Decreto 0342 de abril 14 de 2004 (fl. 71, cdno.original. 2), por el cual se delega en el secretario de educación, que para ese momento era el señor Oswaldo Ayala Bertel, cuñado del comandante Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, quien se había posesionado en el citado cargo, el 2 de enero de 2004, las situaciones administrativas que se vienen presentando en el sector educativo del departamento de Sucre: “para que autorice en forma directa, las situaciones administrativas y novedades que se presenten dentro del sector educativo de Sucre, como nombramientos, aceptación de renuncias, retiros del servicio, traslados, encargos, asignaciones de funciones, permutas, licencias por incapacidad y maternidad, permisos, comisiones no remuneradas, aclaratorias de nombres y otorgamiento y disfrute de vacaciones”.
“Es necesario aclarar, con el fin de despejar cualquier duda al respecto, que solo por razones metodológicas la Sala estudió por separado las distintas manifestaciones del acuerdo ilegal, sin que eso signifique escindir la conducta o valorar cada episodio para conferirle una tipicidad autónoma. En efecto, en la resolución de acusación se expresó la necesidad de ‘conjurar los distintos momentos que como expresión de la voluntad del acuerdo ilegal se revelan en el expediente y no cada episodio como estanco de la acción por fuera del contexto histórico en el cual la conducta se inscribe’, dando origen a una imputación única por el delito de concierto para delinquir, de manera que guardando la congruencia entre la acusación como acto condición y la sentencia como acto final, la Sala condenará al procesado por un único delito”(1).
Por tanto, aunque el pacto que llevó a Jorge Eliécer Anaya Hernández a ser elegido gobernador del departamento de Sucre para el período 2004-2007 fue acordado antes de su posesión, el convenio se perpetuó en el tiempo y continuó en la permanente puesta en peligro del bien jurídico seguridad pública, como lo demuestran las actuaciones posteriores, que en ejercicio de sus funciones realizó el Gobernador, entre ellas, el nombramiento de los secretarios de educación y hacienda; y la delegación de funciones en el secretario de educación, de quien se probó sin duda alguna la relación con el extinto paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, líder indiscutible de las autodefensas unidas de Colombia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una posición mayoritaria(2) respecto de la interpretación del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, para estimar que el fuero se conserva para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas, siempre y cuando el hecho punible, a pesar de no ser de los denominados “delitos propios”, constituye una manifestación clara de la pertenencia a la organización a través de la competencia constitucional que le correspondía desarrollar, como en este caso, al ex gobernador Anaya Hernández.
Sobre la figura de la sentencia anticipada, la Corte Constitucional en Sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001, sostuvo que la aceptación de cargos constituye una confesión simple, con la cual tanto el Estado como el sindicado efectúan renuncias mutuas, pues aquel dejará de ejercer sus poderes de investigación, mientras este renuncia al agotamiento del trámite normal del proceso, así como a la controversia de la acusación y de las pruebas en que se funda.
Como lo ha sostenido esta Sala, “la aceptación de responsabilidad penal debe estar sustentada en elementos de juicio que la avalen, pues la sola manifestación del procesado no es suficiente soporte para el fallo”(3).
La distinción hecha por el legislador obedece no solo al beneficio que reporta al procesado o acusado como respuesta a su voluntad de declararse culpable; también tiene incidencia en la función de verificación y valoración de los medios de prueba, para que estos se constituyan en el respaldo a la asunción de la sentencia condenatoria.
2.1. Aceptación integral de los hechos.
“En los primeros incisos del precepto en mención se consagra que la formulación de los cargos y su aceptación por el procesado deben quedar consignadas en un acta suscrita por quienes hayan intervenido, cuando se tramita la sentencia anticipada en la fase sumarial, pudiéndose ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días, para mejor proveer.
Siendo ello así, y dejando claro que más que la jurisprudencia de la Sala, constantemente reiterada en este sentido, era la propia ley vigente para el momento en que se llevó a afecto la referida petición de sentencia anticipada, Ley 81 de 1993, artículo 3º, al igual que sucedió con la Ley 365 de 1997 y ahora con la legislación actual, Ley 600 de 2000, la sentencia anticipada en la causa solo procede “respecto de todos los cargos allí formulados”, esto es, en la resolución acusatoria”(4).
Cuando la ley se refiere a la aceptación de la totalidad de los cargos por los cuales se profirió la resolución de acusación, debe entenderse, como ya en reiteradas oportunidades también lo ha expuesto la Sala, son procedentes las aceptaciones parciales, aún en la etapa de juzgamiento, como cuando existe conformidad solo con algunos de los delitos imputados, caso en el cual resulta procedente romper la unidad procesal y proferir el fallo únicamente sobre aquellos comportamientos admitidos(5).
Por tanto, como aquella cumple con los requisitos objetivos de procedibilidad, será aceptada y por lo mismo, en la individualización de la pena se tendrá en cuenta para efectos de la disminución establecida en la ley.
2.2. La prueba que sustenta lo aceptado y su valoración.
Como se obvia el análisis de los elementos probatorios, se citará la parte de la resolución de acusación, que de manera conclusiva se refiere a la valoración de la prueba, en la providencia(6) que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la defensa contra la decisión calificatoria:
“Se refirió el despacho en extenso, con citas en lo pertinente, sobre los testimonios que dan cuenta de la forma como el procesado alcanzó sus pretensiones electorales, logrando el triunfo en la contienda para la gobernación del departamento de Sucre, en el periodo 2004-2007, gracias a pactos celebrados con jefes de los grupos de autodefensas que ejercían un importante dominio en esa región del país, sin cuyo aval, difícilmente hubiera alcanzado esa pretensión pública, todo a cambio de tener que promover a la misma organización paramilitar a través de un reconocimiento político expresado en el espacio burocrático que le brindó, designando en importantes cargos de la administración departamental a miembros de la empresa criminal y así permitirle consolidar el proyecto diseñado para alcanzar cada vez mayor cobertura en todos los estamentos del estado”.
3. La conducta punible.
“ART. 340.—Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años”.
“Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
“El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo de voluntades para promocionar, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley lo que le da sentido al injusto, en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso implica que se describen conductas secuenciales en escala de menor a mayor gravedad cuya lesividad se refleja precisamente en el tratamiento punitivo, como corresponde al principio de proporcionalidad.”
“En la escala progresiva de protección de bienes jurídicos, el acuerdo que da origen al concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, se diferencia de la efectiva organización, fomento, promoción, dirección y financiación del concierto, moldeando diferentes penas según la ponderación del aporte que se traduce en un mayor desvalor de la conducta y en un juicio de exigibilidad personal y social mucho más drástico para quien efectivamente organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien solo lo acuerda”(7)
En primer lugar, aceptando que el bien jurídico es el que le confiere sentido a los tipos penales(8), en el estado actual de la teoría, lo menos que se puede tener de él es una visión estática cuya única finalidad sea la ordenación sistemática de conductas. Al contrario, el bien jurídico surge como la manifestación comunicativa de una relación social, prejurídica y dialéctica que por su importancia para satisfacer necesidades fundamentales el legislador selecciona y protege(9). En ese orden, el concepto de seguridad pública al cual se afilia el tipo penal de concierto para delinquir no puede pretender la sola conservación del statuo quo, tal como se estilaba en el lenguaje del Estado demoliberal, sino garantizar las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de los derechos humanos, entre otros el de libertad.
Del análisis dogmático del tipo penal también se ocupó la calificación del sumario, cuando expuso que la sanción prevista en la ley se alcanza con el solo acuerdo o el simple pacto de varias personas para la comisión de delitos, provocando con ello la alarma social, la cual se hace más sensible cuando la actividad ilícita resulta ser el producto de una conjunción de voluntades dirigida a un estilo permanente de actuar con mira a la materialización de conductas punibles indeterminadas.
9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”(10).
Los límites determinados en el tipo penal —seis a doce años de prisión—, han de dividirse, para proceder a la fijación de la sanción específica, de la siguiente manera: el ámbito punitivo de movilidad es de dieciocho (18) meses; los límites mínimos y máximos son de setenta y dos (72) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, los que al dividirse en cuartos, quedarían de la siguiente forma: el primero de ellos, va de setenta y dos (72) meses a noventa (90) meses; los cuartos medios se encuentran entre noventa (90) meses un (1) día a ciento veintiséis (126) meses; y el último cuarto será de ciento veintiséis (126) meses un (1) día a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
En principio, y de conformidad a la resolución de acusación, se dedujo de manera expresa la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 599 de 2000 y nada se dijo en relación con el reconocimiento de circunstancias de menor punibilidad, estas consagradas en el artículo 55 del mismo estatuto, lo que en principio implicaría que la pena para el señor Jorge Eliécer Anaya Hernández estuviera ubicada en el último cuarto, vale decir, no inferior a ciento veintiséis (126) meses un (1) día, ni superior a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
Sin embargo, se advierte de la actuación procesal, que el acusado no registra antecedentes penales, lo que implica la presencia de la circunstancia de menor punibilidad prevista en el numeral primero del artículo 55 de la Ley 599 de 2000, por “la carencia de antecedente penales”.
Si bien es cierto, a esta circunstancia no se hizo alusión en la resolución de acusación, no por ello la Sala debe desconocerla para efectos de la dosificación punitiva, pues revisado el expediente se observa que en la resolución de apertura de instrucción se ordenó indagar “si contra el doctor Jorge Luis Anaya Hernández, cuenta con antecedentes penales o de policía”(11) y la respuesta obtenida, permite afirmar con certeza, que el procesado no registra antecedentes penales, en los términos del artículo 248 de la Constitución Política(12).
La Sala, en anterior oportunidad, en virtud del principio de justicia material, ha reconocido circunstancias que disminuyen la punibilidad cuando estas no han sido expresamente consideradas en la calificación y, aún no incluidas en la aceptación, cuando el procesado o acusado ha solicitado expresamente la sentencia anticipada conforme a los cargos allí formulados.
La Corte Suprema de Justicia se ha referido al tema(13), de la siguiente forma:
“Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con una simple revisión formal. No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y el debido proceso.
“[S]i en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y este además repercute sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio del estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada acusación”(14).
En esta medida, se estaría para efectos de la determinación del quantum punitivo, por hallarse una circunstancia de mayor punibilidad y una de menor, entre el primero y el segundo cuarto medio, que iría de noventa (90) meses un (1) día a ciento veintiséis (126) meses, por lo que el ámbito de discrecionalidad y de razonabilidad en cabeza del operador jurídico es mayor, como así lo dispone el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, cuando establece que el sentenciador solo podrá moverse dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, artículos 55 y 58 ibídem, estas últimas conocidas también como circunstancias genéricas de agravación punitiva, sentido en el que a ellas alude el artículo 61 del Código Penal(15).
“Ahora, una vez determinados los mencionados extremos, el paso a seguir es el de precisar el ámbito punitivo de movilidad, el que corresponde a la diferencia matemática existente entre el máximo y el mínimo ya fijados. A continuación, ese ámbito se divide en cuatro cuartos, de modo tal que puedan identificarse un cuarto mínimo, dos medios y uno máximo, labor que una vez realizada abrirá paso a la cabal aplicación del artículo 61 del estatuto penal, que se asienta en seleccionar en cuál de aquellos cuartos se va a ubicar definitivamente el fallador, con lo cual —a su vez— se reduce significativamente la amplia discrecionalidad de que gozaba en vigencia de los códigos anteriores. La concreción o la selección del cuarto mínimo obedecerá a la presencia exclusiva de circunstancias de atenuación o a la inexistencia conjunta de agravantes y atenuantes; en tanto que la ubicación en los cuartos medios se originará en la concurrencia simultánea de circunstancias de agravación y de atenuación, al paso que en el cuarto extremo se ubicará el juez por razón de la existencia exclusiva de agravantes.
Debe dejarse en claro que en este momento solo ha de tenerse en cuenta la existencia o presencia de agravantes y/o de atenuantes, resultando indiferente su número (singular o plural) a la hora de la selección del respectivo cuarto, así como expresamente ha de señalarse que en este específico paso del proceso punitivo no procede el análisis al interior de las circunstancias, vale decir, que solo se requiere —se itera— la comprobación de su existencia o presencia. De igual modo, quiere hacer claridad la Sala respecto a que las circunstancias que en este punto se manejan son las genéricas de mayor y de menor punibilidad reguladas por los artículos 58 y 55 del C.P., siempre que las mismas “no hayan sido previstas de otra manera”, esto es, que no se hayan consagrado normativamente —y con la misma naturaleza— como específicas o confortantes de la estructura del tipo, pues de así suceder, ellas ya han debido tener aplicación al fijarse inicialmente los límites mínimo y máximo, sin que tengan cabida nuevamente, so pena de aplicar una doble incriminación”(16).
“En estas condiciones, comienza por advertir la Sala que para nadie puede ser extraño que los delitos imputados a los tres sindicados revisten suma gravedad y que precisamente son de aquellos que han afectado sensiblemente a nuestra sociedad y, concretamente, a la comunidad sucreñaen los últimos años.
Conductas tales como la organización, conformación, promoción, financiación o patrocinio, entre otras, de grupos armados ilegales, han ocasionado no solo una desestabilización de las instituciones democráticas, una abierta alarma y temor en la sociedad, empezando por la población rural e indígena, sino un verdadero campo de muerte y desolación, develando para nuestro país un verdadero estigma de nación en la que se violan los derechos humanos”(17) (negrillas fuera de texto).
A lo anterior se suma la particular condición del procesado, quien era un reconocido político en la región, amén de ser un académico y pensionado como alto funcionario del Estado, con un ingreso mensual que le permitía una subsistencia digna. De él se afirmó, que: “Es decir, cuando, al parecer, se concertó con los grupos irregulares llevaba una vida privilegiada en la sociedad, sin tener motivo alguno para hacerlo ni en lo personal, ni en su función pública, con grave afectación a la comunidad, moviéndose por el interés personal de alcanzar un propósito y cuando lo obtuvo lo demostró a la empresa criminal con la cual se había asociado en cumplimiento del compromiso adquirido, previéndola a través del reconocimiento de espacios en el gobierno departamental”(18).
(Sic) 6. Beneficios por el acogimiento a la sentencia anticipada.
Ahora bien, el acogimiento a la figura de la sentencia anticipada comporta para el acusado la reducción de pena que, acorde con la posición mayoritaria de la Sala(19), la rebaja no puede ser inferior a la tercera parte, ni superior a la sexta parte, en virtud de la aplicación que por favorabilidad debe hacerse del artículo 356 de la Ley 906 de 2004.
La Sala también se ha referido a la relación existente entre la aceptación de cargos y el momento procesal en que esta se produce, lo que comporta una diferente reducción de la pena, así:
“Ahora bien, en lo que atañe a la aceptación de cargos, el legislador estableció los siguientes momentos y sus consecuentes descuentos punitivos:
c) La admisión de cargos determinados al inicio de la audiencia del juicio oral implica una rebaja de una sexta parte (art. 367, inc. 2º)”(20).
Desde el seis de julio de dos mil nueve, la Sala fijó fecha y hora para dar inicio a la diligencia de audiencia preparatoria y, solo hasta la culminación de la citada diligencia, que data del 29 de julio del presente año, se hizo mención expresa al artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por lo que la Corte Suprema de Justicia tuvo que ocuparse de responder a la petición de nulidad y a las solicitud de pruebas requeridas por la defensa del acusado y por el Ministerio Público, como se aprecia en el acta y la grabación en medio magnético de la audiencia, que reposan en el expediente.
Ahora bien, en lo que toca con la pena de multa, establecida también como principal por el artículo 340 del Código Penal, el monto oscila entre dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales, ámbito punitivo que dividido en cuartos, arroja para el primero de ellos un tope que va desde 2.000 hasta 6.500 salarios; los cuartos intermedios se mueven entre 6.500 y 15.500 salarios; y el cuarto último va desde 15.500 hasta 20.000 salarios.
7. La condena de ejecución condicional.
El factor objetivo exigido en el artículo 63 del Código Penal, no se cumple en este proceso, dado que el monto de la pena a imponer supera los tres (3) años de prisión, circunstancia que torna innecesario entrar en el análisis del factor subjetivo.
8. La prisión domiciliaria del artículo 38 de la Ley 599 de 2000.
La pena mínima prevista en la ley para el delito examinado, es superior a cinco (5) años y por ello claramente se aprecia que no se cumple el requisito objetivo contemplado en el numeral primero del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, según el cual, “que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos”.
“1. Al momento de la valoración médico legal, el señor Anaya, no presenta signos clínicos que indiquen que su vida se encuentra en inminente riesgo.
2. El cuadro clínico del señor Anaya se ha mantenido estable y durante el período transcurrido entre las cuatro primeras valoraciones y esta, no ha presentado complicaciones.
De todos modos, aunque el cuadro clínico del señor Anaya Hernández se encuentra controlado, es importante manifestar que ante cualquier posible complicación, este debe ser remitido a un centro especializado.
8. La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
(1) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de noviembre de 2008. Radicado 26.942.
(2) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 18 de abril de 2007. Radicado 26.942.
(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia anticipada. Radicado 22.452 de 26 de junio de 2008.
(4) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de 1º de diciembre de 1999. Radicado 11.474.
(5) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, auto de 3 de junio de 2009. Radicado 31.912. “1. Ha dispuesto la ley que las conductas punibles conexas deben ser investigadas y juzgadas conjuntamente, estableciéndose de este modo una unidad procesal cuyo rompimiento también se ha contemplado en el artículo 85 de la Ley 600 de 2000 en diversas hipótesis.
Una de ellas dispone el rompimiento de la unidad procesal cuando la resolución de acusación —o su equivalente, como se establece en el artículo 40 ibídem en relación con el acta de formulación de cargos una vez son aceptados en forma plena o parcial por uno de los procesados— no comprende todas las conductas punibles o a todos los autores o partícipes de ellas. El rompimiento de la unidad procesal impone la separación absoluta de la actuación originaria de aquella en virtud de la cual se produce este hecho en el trámite de un proceso, en forma tal que bien debe afirmarse su total y absoluta independencia”.
(6) Resolución de 18 de mayo de 2009. Despacho del Fiscal General de la Nación. Folio 54 cuaderno original 6.
(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 14 de mayo de 2007. Radicado 26.942
(8) En la exposición de motivos del proyecto de código penal presentado por el doctor Alfonso Gómez Méndez, al respecto se afirmó: “En la creación de la norma penal, no solo debe acogerse el principio de legalidad, como tipicidad objetiva, sino que las conductas reputadas como punibles deben poseer relación directa con el bien jurídico tutelado.”
(9) Hormazábal Malare, Hernán. Bien jurídico y Estado social y democrático de derecho. PPU, pág.151 y ss.
(10) El texto de este numeral en similar sentido corresponde al artículo 66, numeral 11 del Decreto-Ley 100 de 1980, sobre el cual la Corte Constitucional se pronunció declarándolo exequible mediante Sentencia C-038-98 del 19 de febrero de 1998.
(11) Folio 6 del cuaderno original 2.
(12) Folios 31, 39 y 41 del cuaderno original 2.
(13) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de casación de julio 8 de 2009. Radicado 31.280.
(14) Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de 27 de octubre de 2008. Radicación 29.979.
(15) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 14 de marzo de 2007. Radicado 25.666.
(16) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 27 de mayo de 2004. Radicado 20.642.
(17) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, auto de 8 de noviembre de 2006. Radicado 26.118.
(18) Resolución de 1º de septiembre de 2008. Folios 209 y 210 del cuaderno original 2.
(19) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencias de abril 8 de 2008 y 25.304 de abril 16 del mismo año Radicados 25.306 y 25.304, respectivamente.
(20) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 8 de julio de 2009. Radicado 31.063.

References: resolución 
 artículo 340
 artículo 235
 artículo 340
 artículo 305
 resolución 
 artículo 235
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 340
 resolución 
 artículo 58
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 artículo 248
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 356
 artículo 40
 artículo 340
 artículo 63
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 472
 artículo 85
 resolución 
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 66
 Resolución