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El derecho al debido proceso en el sistema interamericano sobre derechos humanos
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COMISION 1
Sub-Comisión: Derechos Humanos
Titulo de la Ponencia:
jportocarreroq@hotmail.com
La interpretación antojadiza que muchas veces se hace de los derechos humanos y su constante violación por los particulares o por los Estados hace imprescindible que los operadores jurídicos vuelvan la mirada sobre los preceptos e instituciones que legitiman todo ordenamiento jurídico, más allá de afanes económico - jurídicos (fantasma que merodea las facultades de derecho) o de una pretendida reforma judicial para los jueces y no para el litigante, es necesaria la difusión y estudio de los derechos fundamentales de las personas que son el significado y el significante del estado democrático de derecho.
En este sentido cobra importancia la legislación supranacional y sus órganos de aplicación, que en nuestra región conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema internacional que, bajo la competencia contenciosa de su corte, resguardara la vigencia de los derechos humanos. Cabe precisar cual es la naturaleza de esta Corte, dado que muchos confunden su existencia con la de un tribunal de naturaleza penal o como un tribunal de apelaciones de sentencias de los órganos jurisdiccionales internos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría ser ninguno se esto pues su fin no es determinar la culpabilidad o sancionar al responsable, ni siquiera es relevante la identificación del autor, lo que busca la Corte es amparar a las victimas y determinar la responsabilidad del Estado donde se cometieron los hechos y disponer la reparación.
A propósito de la reparación, este es un concepto que los estados han interpretado en su gran mayoría como indemnización, obviando otros extremos que la sentencia de la Corte pudiera haber tenido, como por ejemplo en crear las condiciones para que no se vuelvan a repetir los hechos o crear mecanismos para tratar de volver al estado anterior de la vulneración.
Uno de estos derechos fundamentales es el derecho al debido proceso, que es el derecho que sirve como medio de realización a los demás derechos fundamentales, un nexo entre la concepción abstracta de derecho fundamental y la praxis jurisdiccional.
La presenta ponencia girara entorno al debido proceso y su tratamiento por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llámese Convención Americana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el afán de exponer algunas precisiones entorno al tratamiento contemporáneo del debido proceso como garantía de un proceso adecuado y justo.
II. EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre.
Así derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, participación, intimidad y los derechos economico – sociales son la piedra angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las democracias. Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por parte de todos (1).
Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos denominar como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo legitimador de los cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad humana, mas alla de derecho fundamental, su razón de ser, limite y fin.
Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como parte integrante de los mismos.
El derecho al debido proceso esta concebido como garantía aseguradora de los demás derechos fundamentales, connatural a la (en palabras de Marlaux) Condición Humana, y no sólo un principio o atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional. De esta manera el debido proceso poseería dos dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica procedimental.
1. Debido proceso y tutela jurisdiccional.
1.1 Debido proceso:
El debido proceso adjetivo o formal.- Que entiende al debido proceso como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial (2). Es el derecho que tiene todo persona a que se ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las necesarias garantías legales.
Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de un proceso determinado (3)
Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados (corporaciones de particulares) que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales.
La protección – garantía que brinda este aspecto de debido proceso se manifiesta en el iter procesal, es decir cuando interactúan los actores del proceso. La hetero-composición representa el ultimo estado en los sistemas de resolución de conflictos, el sometimiento de las partes al juez, quien representa al Estado representa el reconocimiento del poder- deber que tiene este para con ellos, así el debido proceso es el eje sobre el cual gira la hetero-composición.
Pero esto no debe llevarnos a pensar que los postulados, principios y garantías tengan una naturaleza automática, la valoración de la casuísticas particular es previa al examen del debido proceso, p.e. en el caso Cayara, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se valoraron los principios del debido proceso a favor del Estado peruano, en detrimento de derechos humanos fundamentales, no implicando esto una violación al debido proceso, por el contrario, el fallo de la corte no obstante versar sobre temas meramente procedimentales (la elevación tardía de la Comisión del expediente a la Corte) respeto perfectamente el debido proceso, pues de lo contrario se estaría perjudicando a una de las partes en conflicto (el Estado peruano) poniendo en tela de juicio la objetividad de su decisión.
El debido proceso sustantivo.- En este aspecto, el debido proceso no se inserta en un constructo procedimental, sino que implica la compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los estándares de justicia o razonabilidad.
Se trata de un autentico juicio o valoración aplicado directamente sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone termino a un proceso, incidiendo en el fondo de las cosas (4).
Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un instrumento, si no que fundamental mente es una finalidad. En observancia a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 consagra los lineamientos generales del debido proceso legal, donde se aplique certeramente los derechos sustantivos y adjetivos.
Pero, cabria formularnos la pregunta: ¿Se estaría limitando la autonomía discrecional de los jueces al establecer este criterio? Para nosotros no cabria ello, dado a que los jueces al ser depositarios del poder deber de la jurisdicción deben, en virtud a ella, respetar los principios que (como diría Kant) sintetizan lo abstracto (a priori) de los derechos humanos. Es decir, la realización de los derechos humanos y el tratamiento que al titular de ellos (el hombre) corresponde frente a la labor de los magistrados. Ello impediría la existencia de fallos que, no obstante respetar el debido procedo adjetivo – formal no observan el debido proceso sustantivo deviniendo por tanto en injustamente correctos.
Luego de este breve excursus teórico, llegamos a la conclusión que el debido proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno sustancial que fundamenta una verdadera jurisdicción garantista.
1.2. La Tutela Jurisdiccional
Partiendo de los conceptos desarrollados en el acápite anterior, hemos de referirnos a la tutela jurisdiccional, ubicándola como etapa final del iter procesal. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, llegue a tutelar efectivamente la pretensión u derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona (5)
Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales para obtener protección a nuestros intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de este se encuentre asegurado. Esto traería como consecuencia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
1.3. Garantías Judiciales y Debido Proceso
Existe cierta incertidumbre (mas de orden semántico que conceptual), con relación a lo que la Convención Americana de Derechos Humanos, entiende por Garantías Judiciales y lo que entiende por el Debido Proceso.
En el artículo 8 de la Convención aparecen bajo la sumilla “Garantías Judiciales”, principios que se refieren al debido proceso adjetivo formal. Así la Comisión señala que el debido proceso legal o derecho de la defensa procesal, el cual abarca las condiciones que deben cumplirse u obligaciones que están bajo consideración judicial (6).
Las garantías, tienen por función primordial proteger o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Pero obviamente existirán ciertas garantías judiciales indispensables para la protección de aquellos derechos que no pueden ser suspendidos (7)
Según la Corte Interamericana, el término Garantías Judiciales se entiende como los mecanismos o recurso judiciales que permiten proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho (8).
En tal sentido deben entenderse como sinónimas las expresiones garantías judiciales y debido proceso. No obstante ello creemos que hubiera sido mas justo emplear la denominación debido proceso, pues denota mas claramente la idea de garantía protección de los derechos humanos, el termino garantía judicial hace mas bien referencia específicamente a la jurisdicción.
El artículo 8 hace también referencia a ciertas garantías mínimas para circunstancias específicas (inciso 8.2).
Hemos de reconocer por ello el ámbito de consideración del debido proceso, pues todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales esta obligado a respetarlo. Esto no haría mas reafirmas la idoneidad de la denominación debido proceso por sobre el restringida garantías judiciales.
III. EL DEBIDO PROCESO EN EL ARTÍCULO OCTAVO DE LA CONVENSION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Convención o Pacto de San José es un instrumento jurídico de carácter regional, que reconoce y protege derechos referidos a la persona humana y sus derechos fundamentales básicamente los referidos a las esferas de libertad, la vida y participación. La Convención tiene a su vez protocolos facultativos que desarrollan con mayor amplitud derechos como por ejemplo los derechos económicos sociales y culturales.
El Pacto de San José, en particular, se incluyen las competencias y facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismos pertenecientes ala OEA (9). El Sistema Interamericanos limita la soberanía nacional de los gobiernos y sus cortes nacionales, en aras de la defensa internacional de los derechos y libertades de la persona humana (10). La persona que no encuentre a nivel de la justicia nacional tutela judicial, podrá acudir al sistema supra-nacional en busca del amparo que requiere. En un primer momento presentaría su caso ante la Comisión Interamericana debido a que los particulares no tienen ius standi para accionar directamente ante la Corte, es decir que carece de legitimidad para obrar. La Comisión puede recurrir ante la corte y plantear por vía contenciosa una demanda por violación de lo dispuesto en la Convención Americana, contra un Estado que además de haber ratificado o adherido a la Comisión, haya aceptado la competencia contenciosa de la corte (11)
Una vez la denuncia ha sido analizada e intentada la conciliación con el Estado denunciado, la Comisión, haciendo las veces de fiscal, denunciara la violación a la Corte.
No obstante este aparente orden procedimental, desde la instalación de la Corte en 1980, han sido solo 38 casos los que la Comisión ha derivado a la Corte, lo cual es evidentemente insuficiente ante los miles de denuncias que se presentan a la Comisión año a año, representando también un atraso a la necesaria objetivización y respeto de los Derechos Humanos.
Esta breve introducción nos lleva al tema central que ha motivado la presente ponencia: el debido proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es que la Corte ha venido resolviendo, dentro de su aun poca jurisprudencia, las denuncias referidas a violaciones del derecho fundamental al debido proceso.
La Corte Interamericana, desarrolla a través del termino Garantías Judiciales el principio del debido proceso enunciando en su articulo octavo cuales son las garantías que se han de respetar en la praxis jurisdiccional.
Articulo 8º .- Garantías Judiciales
toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas.
Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa
Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor
Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, renunciando o no según la legitimación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por ley.
Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y obtener la comparecencia con testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos
Derecho de no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable y
Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
La confesión del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
De la lectura del artículo, podemos colegir que hay dos niveles de desarrollo de las garantías del debido proceso. Así en el inciso 1 se exponen preceptos fundamentales que todo fallo ha de observar tales como el derecho a ser oído, el plazo razonable, el juez natural, jurisdicción predeterminada por ley, independencia, imparcialidad; que son derechos tanto del denunciante como del denunciado (véase caso Cayara). Un segundo nivel de desarrollo esta referido mas concretamente al ámbito del derecho procesal penal, desde que se hable de inculpado de delito, presunción de inocencia y posteriormente en los literales se da un mayor alcance a los derechos que deben garantizarse al imputado dentro de los parámetros del debido proceso.
Acceso a la Jurisdicción.- El derecho de acción es un derecho abstracto, es el derecho acceder al órgano jurisdiccional para pedir tutela, poner en movimiento al sistema jurisdiccional. De esta manera se evita la auto composición, que implica un desconocimiento absoluto del poder del Estado para administrar justicia. Siendo esto así el acceso a la justicia debe de ser libre e irrestricta para todo aquel que quiera hacer valer una pretensión o solicitar la protección de un derecho, caso contrario nos encontraríamos ante un caso flagrante de negación de justicia.
La Convención en su artículo octavo recoge este principio manifestando que todo individuo tiene derecho a ser oído para resolución de sus controversias, con las garantías debidas y un tribunal competente, independiente e imparcial.
Entre las acciones concretas para mejorar el acceso a la tutela jurisdiccional no solo se ha de hacer reformas de carácter económico, como son las reducciones en el valor de las tazas judiciales, sino que primordialmente se ha de incidir en el acceso real y la eficacia del proceso, la simplificación procesal, celeridad, inmediación, son manifestaciones de una política real de una justicia accesible.
El ser oído implica que nadie pueda impedir el ejercicio de las acciones de garantía por los particulares cuando se produzcan hechos que amenacen o violen sus derechos constitucionales.
Derecho a un tribunal competente.- Independiente e imparcial.- Otro principio fundamental del debido proceso tiene que ver con el tribunal competente, no solo por razones de cuantía o territorio sino que principalmente con la jurisdicción determinada por ley o juez natural. No pueden crearse judicaturas ad hoc para ventilar casos que son competencia de la ordinaria. La competencia de un tribunal no solo mana de su idoneidad para conocer un conflicto de intereses, sino también de su reconocimiento y designación virtud de una ley.
En ese orden de ideas, el tribunal competente lo será en función a criterios formales de competencia como son el territorio, la cuantía o de la materia, el tribunal independiente se determinara en función a su no sujeción a otros poderes del Estado, en especial en sujeciones de carácter político; y finalmente el tribunal imparcial asegura su imparcialidad ante la parcialidad de las partes.
El derecho al plazo razonable.- Aquí hemos de realizar un test de razonabilidad, lo cual implica tanto la valoración razonable de tiempo a disposición del magistrado para emitir sentencia, así como la proporcionalidad del tiempo que la complejidad que el caso requiera, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
La presunción de inocencia.- El artículo 8 en su inciso 2 de la Convención Americana de Derechos humanos establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca lo contrario. Este es el principio del Indubio Pro Hominem, que tiene que ver con la idoneidad y efectividad de los medios probatorios para certificar la responsabilidad del imputado.
El derecho de defensa.- Las garantías que permiten asegurar el derecho de defensa en el marco de los proceso penales. Así el derecho que tiene el inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra, la concesión al inculpado a defenderse por si mismo a través de un defensor de su elección o nombrado por Ley.
Son actuaciones procesales que se condicen con el derecho a la defensa cuya violación implicaría una violación al debido proceso y mas aun al derecho fundamental de defensa.
Caso emblemático es el caso Castillo Petruzzi, quien junto a otros acusados fueron privados del derecho de defensa, así se les interrogaba vendados y enmarocados, se les impedía interpelar a los testigos que declaraban en su contra, se les limitó el derecho a ser defendidos por el abogado de su elección, etc.
Derecho a la doble instancia.- Toda persona tiene derecho s recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. La pluralidad de instancias es un derecho que a efectos de garantizar la sujeción a derecho del fallo se recurre a una instancia inmediata superior con el fin de que confirme o revoque la sentencia y genere cosa juzgada. La doble instancia busca por encima de los casos particulares generar estabilidad jurídica.
Prohibición del bis in idem.- no se puede volver a juzgar al mismo sujeto por los mismos hechos. La corte ha precisado que este principio busca protegerlos derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. Con relación a esto el tribunal Constitucional peruano reconoce que la hipótesis de doble medida sancionadora a consecuencia de los mismos hechos constituye una evidente e intolerable agresión del derecho constitucional al debido proceso y particularmente del non bis in idem o derecho a no ser procesado ni sancionado dos veces por la misma causa.
Publicidad del proceso.- el control social de la actividad jurisdiccional la participación de los ciudadanos en materia judicial, evita procesos secretos, sirviendo de garantía contra cualquier omisión al debido proceso.
IV. CONCLUSIONES
El derecho al debido proceso no solo es una garantía de correspondencia con el aspecto adjetivo – formal del procedimiento, sino también es una correspondencia del proceso con los estándares de justicia y criterios de razonabilidad.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el ente supra nacional que acoge las denuncias tanto de individuales como estados, ciando se hayan violado sus derechos fundamentales.
El número de fallos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se condice con la cantidad de denuncias presentadas ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos.
La observancia de los derechos fundamentales es el fundamento que legitima el ordenamiento jurídico en los estados democráticos de derecho
Haberle Peter, La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1997, Pag 55-56.
Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
Saenz Dávalos Luis R, La Tutela al Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Revista Peruana de Derecho Constitucional, Nº 1, Lima 1999, Pag 483.
Saenz Dávalos Luis R, op. cit. Pag 486.
Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
Documento de trabajo de la Comisión Andina de Juristas, elaborado por Alberto Huerta Guerrero, con la colaboración de Luís Enrique Aguilar Cardoso, Lima Marzo de 2001, 35 paginas, Pag 2.
Alonso Gonzáles Romero Verdusco, Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Porrua, Argentina, UNAM, México 2000, Pag 82.
Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de febrero de 1987.
Cançado Trindade Antonio, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en Landa Arroyo Cesar, Tribunal Constitucional y Estado Democrático, segunda edicion, Palestra, Lima 2003, Pag 500.
Landa Arroyo Cesar, op cit, Pag 500.ç
Remotti José Carlos Carbonell, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Idemsa, Febrero 2004, Pag 121.

References: resolución 
 artículo 8
 artículo 8
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 resolución 
 artículo 8