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Timestamp: 2020-04-02 22:12:31+00:00

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recurso de impugnación - ANÁlisis comparativo del tribunal administrativo de contrataciones públicas de la república...
ANÁlisis comparativo del tribunal administrativo de contrataciones públicas de la república de panamá frente al tribunal administrativo de contratos públicos de aragóN”
título ANÁlisis comparativo del tribunal administrativo de contrataciones públicas de la república de panamá frente al tribunal administrativo de contratos públicos de aragóN”
recurso de impugnación, es decir, la fase precontractual de los actos públicos, contempla:
El acto de adjudicación (Cuando la entidad pública adjudica a una determinada empresa por considerar que es la que cumple con las exigencias del pliego de cargos y la Ley).
La declaratoria de deserción (Cuando la entidad pública declara que ninguna de las propuestas cumple con los requerimientos solicitados).
El rechazo de ofertas (Cuando por causas de orden público o de interés social, la entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaído adjudicación).11
Las acciones de reclamo que no hubiesen sido evacuadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (Cuando haya sido imposible su tramitación luego de cinco días de su interposición).12
En cuanto al recurso de apelación, con la existencia de un contrato previo, podrá el Tribunal de Contrataciones Públicas determinar básicamente el incumplimiento alegado por la entidad pública en contra de un contratista, así como la consecuencia sancionatoria como lo es la inhabilitación del contratista.
Importante es señalar que al inicio del precitado artículo se hace una especificación sobre la competencia privativa por naturaleza de los asuntos que tramite el Tribunal, ello se traduce en que el ámbito de aplicación de la Ley 22 de 2006, no necesariamente vincula el caso a efectos de ser dirimido por la instancia jurisdiccional administrativa.
A manera de algunos ejemplos tenemos que en el caso de entidades como la Caja de Seguro Social en materia de medicamentos cuya Ley 1 de 2001 sobrepasa la especialidad de la Ley 22 de 2006 que es utilizada también como norma supletoria, mantiene vigente sus artículos referentes a los conflictos que se den con ocasión de los actos públicos de medicamentos los cuales no da opción al control por parte de la Administración sino que se la reserva estrictamente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Otro buen ejemplo, que por la naturaleza del asunto es importante, es el Ministerio de Educación que posee su propia Ley 18 de 2010 de en el caso de sus compras, pero finalmente sus conflictos son dilucidados ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.
Podemos entonces arribar a la conclusión, que la utilización de la Ley 22 de 2006 o su ámbito de aplicación no determina que la vía recursiva recaiga en todo momento sobre el Tribunal de Contrataciones Públicas.
En cuanto a las medidas cautelares que pudiese decretar el colegiado, no existen, pese a que la norma lo contempla, por desproporcionado que parezca, el efecto es devolutivo con la interposición del recurso de impugnación en la fase precontractual jamás es suspensivo, por cuanto hay una norma posterior que literalmente así lo dispone, pero cabe señalar que no se impondrá sanción por temeridad o mala fe derivada de esta actuación por parte del recurrente.
Los magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas de Panamá, sólo atenderán a proponentes, es decir aquellos que hayan presentado una oferta, asegurándose de que previamente hayan cumplido con los requerimientos para considerarse proponentes, nos referimos a la inscripción electrónica en “PanamáCompra” y a la presentación de una fianza de propuesta para concurrir al acto público, considerando dentro de esta indicación a los actos públicos por renglón13.
Puede un tercero en interés de Ley, intervenir únicamente en la fase de admisión del recurso de impugnación con alegaciones, por lo general será la empresa a la que se le ha adjudicado el acto público en su defensa.
Para asegurar que no existan demandas dilatorias e indiscriminadas, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá. impone la presentación de una fianza por el 15% de su propuesta, lo que ha hecho que las demandas sean previamente pensadas por quienes concurren, en consecuencia a mi juico, el recurrente que acude estará seguro de su argumento, porque cabe la posibilidad de que ese dinero se integre al Tesoro de la Nación.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
Respecto de los recursos especiales en materia de contratación públicas:
Contratos de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada, así como los contratos de obras por un monto superior a 1000000 de euros y de suministros y servicios por el valor de superior a 100000 euros.
Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer, establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 5000 000 euros y el plazo de duración sea superior a cinco años.
Los anuncios de licitación, los pliegos, los actos de trámite siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos o interese legítimos y los acuerdos de adjudicación.
Observamos de inmediato que el recurso especial se focaliza en los contratos que pretendan concertar los poderes adjudicadores, sin embargo, no se referiré a la revisión del procedimiento utilizado para llegar a dicho contrato o el acto administrativo decisorio.
En el segundo punto, observamos igual situación, daría la impresión que se revisan son los contratos más no el modo que fue utilizado para concertarlo, vemos montos altísimos para la revisión de estos actos, no se especifica las causales para recurrir el acto, ni cuando el recurso especial puede ser objeto de activación, nos referimos a si antes o después de una adjudicación, que es cuando la entidad adopta una decisión, no obstante, lo inferimos cuando se indica en la norma “el contrato que se pretenda concertar”, lo que nos lleva a pensar que se trata de cualquier momento hasta antes de la firma de un contrato.
En cuanto al punto tres nos parece que cabe demandar en la fase inicial sobre aspecto de la convocatoria del acto y a la vez su pliego, pero también podría demandar sobre el acuerdo de adjudicación, es decir, que cabe la posibilidad de demandar en dos momentos distintos sobre el mismo acto.
Nos preguntamos si esta última directriz corresponde solo a los actos de selección de contratistas por los montos definidos en los puntos uno y dos, o si por el contrario será recurrible para otros montos, esto es así ya que la norma pareciera limitarse al momento que indica, regirá para los contratos que pretendan concertarse por la Administración, lo que nos lleva a reflexionar si se refiere a contratos, seria sobre los mencionados y sus montos únicamente.
Se predeterminan montos específicos para a la atención de dichos recursos y advertimos que son realmente elevados, por lo que el resto de los contratos, creemos sigue quedando en la revisión de la entidad que adjudica el acto, dado que algún medio deberá existir para atender las quejas de aquellos contratos que no lleguen a los montos descritos para que el Tribunal de Aragón tenga competencia.
Esta situación es abordada en el artículo “LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO” del profesor Martín Mª.Razquin Lizarraga quien señala: “En el fondo de la LCSP late una gran división entre la contratación «mayor» y la contratación «menor». La contratación mayor es aquella que se mueve dentro del ámbito de superación de los umbrales comunitarios (contratos SARA) o bien que, sin superarlos, puede calificarse así por su cuantía o por su importancia.
En el ámbito local, lo más común es que los contratos que celebran la mayor parte de los entes locales sean contratos no SARA e, incluso, contratos de poco relieve o de escasa cuantía. De ahí que en estos casos la contratación de los entes locales se mueve dentro de las figuras del contrato menor o del procedimiento negociado sin publicidad.”14
Al igual que en Panamá, el grueso de los actos de selección de contratista obedecen a las compras menores, por lo que lógicamente también son los más demandados, en nuestro país el Tribunal de Contrataciones evacua todo monto por encima de los Tres Mil Dólares, de manera que cubre las compras menores, no obstante, tal como nos aclara el profesor Razquin Lizarraga, aquellos montos que no son cubierto dentro de las competencias del Tribunal de Aragón, es decir los NO SARA, “..‘ siguen sometidos al régimen ordinario de los recursos administrativos, previstos en la LRJPAC [Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común], y jurisdiccionales, contemplados en la LJCA10‘ [Ley de jurisdicción contencioso-administrativo].”15
Con todo respeto creemos que se ha dejado, fuera de la jurisdicción gubernativa a los contratos cuyo monto son los que más se celebran y que en nuestra experiencia como país, obedecen, en su gran mayoría a los nacionales, se les ha cercenado el derecho de acceso a una justicia de la administración especializada en el tema, creada para ser eficaz y darle celeridad a las respuestas, a las que deben tener igual derecho por igualdad, en nuestra opinión, se crean diferencias importantes que nos hace pensar que existe justicia selectiva, quedando bajo protección las grandes obras y por lo tanto, los intereses de alto perfil, por llamarle de alguna manera, no se protege con una jurisdicción especializada independiente a sus nacionales, dejándoles al abrigo, del criticado sistema de juez y parte del órgano contratante que emite el acto administrativo adjudicatario y que al mismo tiempo resuelve, los recursos de siempre.
En otro tema y en cuanto a las cuestiones de Nulidad el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es el que establece las causales para decretar la nulidad sobre dichos contratos.
Las medidas cautelares o provisionales se pueden presentar antes que el recurso, tiene carácter accesorio y concluyen con la decisión de fondo, están destinadas entre otras a suspender la ejecución de cualquier decisión adoptada por el órgano de contratación16, ya que en cuestión de nulidad no se suspende el acto automáticamente. Será igual en el caso del recurso especial, salvo que cuando se recurra la adjudicación se suspende de inmediato la tramitación con la interposición del recurso, en cualquier otro caso relacionado a este recurso deberá decretarse la suspensión.
Respecto a la indemnización, el Tribunal podrá decretar que se indemnice a la persona interesada por daños y perjuicios que le hay producido la transgresión legal que dio origen al recurso, debiendo cubrir como mínimo los gastos incurridos en la preparación de oferta.
La legitimación para recurrir la posee toda persona natural o jurídica cuyo interés legítimo se haya visto perjudicado o pueda verse afectados con la decisión.
Las decisiones que podrá revisar de la Administración serán:
Entidades Locales Aragonesas.
Demás entidades vinculadas/dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador17.
El Proyecto de Reglamento del Tribunal de Contratos de Aragón sugiere en su artículo 27, que cuando se aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o la reclamación, acordará en la resolución que dicte la imposición de una sanción pecuniaria al recurrente.
El profesor Iñigo Sanz Rubiales, realiza una critica sobre esta sanción, relacionándola a la reformatio in peius, indica que su imposición “apreciadas discrecionalmente por el órgano competente; no es, pues, de aplicación automática por el mero hecho de no ver estimada su petición. Pero en un marco de gratuidad de los recursos llama la atención que se pueda (no otra cosa es la multa) al recurrente con la obligación de pago de una multa que, lógicamente, supone empeorar su situación inicial.”18 En este mismo sentido, se refiere a las medidas cautelares pero no desde el punto de vista del recurso propiamente sino contra las actuaciones de las entidades gestoras de servicios.
ALCANCE DE SUS DESICIONES.
Luego de analizar los actos sobre los que tiene competencia la instancia, deberemos examinar que pronunciamientos puede hacer la misma y ciertamente, no es en la Ley 22 de 2006 que se ubica, se encuentra el Decreto Ejecutivo N° 366 de 2006, cuyo artículo 354, esta especificidad es aplicable, según sea el caso, tanto para el recurso precontractual y contractual y básicamente faculta a:
CONFIRMAR lo actuado por la entidad contratante
MODIFICAR lo actuado por la entidad contratante,
REVOCAR lo actuado por la entidad contratante, restableciendo el derecho vulnerado,
ANULAR lo actuado por la entidad contratante
Sobre este, mucho se ha discutido, particularmente sobre el punto tres, el revocar y restablecer el derecho vulnerado, pues algunos sostienen que no es deber del Tribunal el Adjudicar los actos públicos.
Para explorar tal aseveración nos proponemos revisar los elementos y escenarios posibles partiendo de:
El artículo 120 de la Ley 22 de 2006 (Texto Único) crea el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con competencia privativa, según la naturaleza del asunto para conocer en única instancia, el recurso de impugnación en contra el acto de adjudicación, la declaratoria de deserción o el acto o resolución por la cual se rechazan las propuestas emitidas por las entidades, en los procedimientos de selección de contratista.
Señala la norma 319 y 354 del Decreto Ejecutivo de 2006, que el Tribunal panameño está facultado para Revocar y Restablecer el derecho vulnerado.
El artículo 133 de la Ley 22 de 2006 (Texto Único) establece que Una vez publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra” la resolución que resuelve el recurso de impugnación, queda agotada la vía gubernativa.
Luego de citar las referidas normas para nuestro análisis, emergen dos preguntas básicas:
¿Cómo se restablece el derecho vulnerado?
¿Cómo se agotaría la vía gubernativa a la que alude la Ley?
Veamos el escenario de aquellos que opinan que el Tribunal, deba devolver el expediente administrativo a la entidad, para se sirva adjudicar o declarar desierto el acto, porque indiscutiblemente alguna instancia administrativa es la que debe dictar el acto definitivo en la vía gubernativa, para que pueda subir entonces a Sala Tercera de ser el caso.
Así las cosas, este nuevo acto administrativo tendrá que conceder los recursos correspondientes, es decir, cabría la posibilidad de que vuelva al Tribunal para su revisión, pues es un nuevo acto que decide, entonces cuantas veces podrá venir a ser controlado por el Tribunal, antes de que alguna de las partes legitimada deje de replantear el asunto? nos asalta la duda entonces en qué momento se agotaría la vía gubernativa? o será, que con el nuevo acto administrativo emitido por la entidad pública que adjudica, conforme lo “ordenado” por el Tribunal, es el que agotaría la vía? al menos, esto no es lo que dice la norma de contratación públicas, en el artículo 133 del texto único.
El sentido común, nos lleva a pensar que los actos que dicta el Tribunal de Contrataciones Públicas tienen necesariamente que “crear estado”, para agotar la vía, conforme el artículo 133 de la Ley 22 de 2006 y para que, quienes no estén de acuerdo con la decisión puedan acudir al Contencioso Administrativo.
Desde el punto de vista doctrinal y desde la óptica constitucional los Tribunales sean judiciales o administrativos tienen de manera connatural el carácter o facultad de decidir.
Es un tanto difícil que la instancia a la que se le revoca el acto restablezca el derecho vulnerado por que se ha creado un juicio, cuando no busca otra salida para evadirlo, al menos esta es la experiencia que ha tenido en principio la República de Panamá.
Por lo antes expuesto, es que nacen a nuestro juicio los Tribunales independientes de Contrataciones, entonces al desaparecer su capacidad de conocer y decidir dentro de la administración, lo tramitado y resuelto por las entidades públicas, de manera concreta, pierde total sentido y naturaleza.
Ahora, una entidad que sigue siendo parte de la administración, dirime los conflictos en la materia especialísima, otra cosa es el control judicial del acto administrativo que en nuestro país, lo ejerce de manera privativa y excluyente la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Otras de las posibles cuestiones que ha llevado, a que las facultades legales de Tribunal de Contrataciones Públicas se cuestionen, podría ser la forma como el Magistrado del Contencioso Administrativo restablece el derecho vulnerado en comparación como lo hace el operador jurídico del Tribunal de Contrataciones.
El Honorable Magistrado de Sala Tercera transcribe lo siguiente en la parte resolutiva en sus fallos: DECLARA la Nulidad…y ORDENA al Ministerio…la restitución del servidor público…, ORDENA a la Autoridad…adjudicar el acto…, en otras palabras ordena un hacer a la administración.
En efecto es así y no puede ser de otra manera la instrucción, por lo que indicamos a continuación:
El artículo 2 de la Constitución versa sobre la Estructura de Estado y precisa, cuales son las Rama del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), además se refiere a la separación de dichos poderes pero en armoniosa colaboración; esto resulta de suma importancia para nuestro enfoque, debido a que nos responde lo siguiente ¿A qué rama de ese poder público pertenece Sala Tercera? pues definitivamente a la Judicial, entonces es imposible que se trasgreda la orden constitucional y que el Magistrado de la Sala directamente adjudique o declare desierto un acto público, esto es imposible.
Seguimos insistiendo en que aquellos que no conozcan el modelo o nuevas tendencias de la Administración Pública, no podrán entender, que no se trata de un concurso entre que puede hacer el Magistrado de la Sala Tercera y lo que puede hacer el operador jurídico del Tribunal gubernativo, los Honorables Magistrados de la Corte se encuentran dentro de la Rama Judicial por eso ordenan a la Administración, ahí estaría aplicando la armónica colaboración, porque está ayudando con su pronunciamiento a la Administración, sobre un asunto que no pudo resolver ella misma, por inconformidad de alguna de las partes.
En cambio que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se encuentra dentro de la Administración, bajo el parámetro de nuestra construcción teórica puede directamente tomar la decisión porque es un organismo más de la Administración creado para sustituir lo que antes hacia la entidad, en la evacuación de recursos de reconsideración y apelación, aquí no existe transgresión al orden constitucional que ordena la separación de los poderes.
Una cuestión es tener la competencia para dirimir un conflicto y otra es el alcance de esa decisión, en la adjudicación directa que realiza el Tribunal de Contrataciones Públicas no existe relación alguna con la competencia prorrogada ni el conflicto de competencia, las entidades públicas no prorrogan ni compiten por la facultad de adjudicar, que si bien en este último caso, lo tiene inicialmente la entidad contratante, luego que es traído al Tribunal de Contrataciones de Panamá, será esta instancia la encargada de hacer la adjudicación o la declaratoria de desierto, en todo caso, previo control del acto administrativo.
En este sentido, lo que cabe entonces es hacer una interpretación integral de normas de la propia Ley 22 de 2006, la competencia del Tribunal no es prorrogada, aquí ninguna de las partes decide a dónde acudir está completamente determinada, los proponentes y sus abogados entienden que con este Tribunal se agota la vía, porque así lo dicta la Ley en los Artículos 55 (Adjudicación de los actos) y 133 (vía recursiva) de la Ley 22 de 2006, así como también el hecho no solo de Revocar sino de Restablecer el derecho vulnerado establecido en el Decreto Ejecutivo 366 de 2006, en correspondencia de los Principios de Economía, Celeridad en los procesos, Eficiencia, Eficacia, en cumplimiento de la instrucción Constitucional del Artículo 215:
“Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios:
La Ley sabiamente está diseñada en un contexto secuencial y cronológico, con el único propósito de resolver situaciones como la que hoy día se cuestiona un pequeño grupo, en la Ley 22 de 2006 hay un ámbito de aplicación, un glosario, un capítulo de los distintos actos de selección de contratistas que explica desde su convocatoria, celebración, hasta la adjudicación del acto, luego se legisla sobre los contratos, así llegamos a la vías recursivas, y finalmente al agotamiento de la vía gubernativa.
No es capricho este orden, recordemos además que una de las reglas más utilizada por la hermenéutica “las normas posteriores tienen prelación sobre las redactadas en los artículos anteriores cuando existan contradicción entre ellas”, lo que deseamos dejar claro es que no puede en la cronología del acto público mezclar las situaciones o normas a conveniencia; porque se pierde el orden para el que se dictada una Ley, además de violar el debido proceso.
La transcripción del artículo 55 de nuestra Ley de contratación reafirma mi posición sobre el orden de las situaciones en la Ley, en una misma norma concentra fase por fase en que estadio nos encontramos y a quien corresponde en determinado escenario, por lo tanto si bien, este artículo menciona al representante legal de la entidad contratante como aquel adjudica el acto público, esto es en su etapa original, que puede ser objeto de un recurso que luego decidirá el Tribunal Administrativo de Contrataciones, en consecuencia no posee sustento alegar que el único trazo de la norma, que literalmente establece la adjudicación se le otorga al representante legal o delegado de la entidad pública.
Finamente he de señalar que el próximo mes se estará presentado el Ejecutivo un proyecto de reformas al Decreto 33 de 2006 que reglamenta la Ley 22 de 2006, a fin de adecuarlo a las modificaciones que ha sufrido la Ley y en el se ha incluido la facultad de restablecer el derecho vulnerado adjudicando o declarando desierto el acto público directamente por parte del Tribunal de Contrataciones.
El artículo 317 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece el alcance de las decisiones del Tribunal Administrativo de Contratos Público de Aragón.
De los pronunciamientos de fondo efectuados por el Tribunal de Aragón, pudimos deducir que en la parte decisoria del Acuerdo, se estima o desestima cuanta pretensión se proponga. En el caso que nos interesa exaltar, cuando exista una adjudicación por parte de órgano de contratación, lo que hace es Anular la Adjudicación y retrotraerla hasta el punto llevado en contravención con la norma.
Esto nos lleva a preguntarnos, si con posterioridad se dicta otro acto administrativo por parte del órgano de contratación, pues con este pronunciamiento del Tribunal, el acto original desaparece y solo queda una instrucción de su parte, es decir, no existe un acto administrativo que instaure un estado concreto que pueda ser susceptible de ser llevado al Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a nuestro juicio.
Entendemos que tras el pronunciamiento del tribunal, el expediente retornará al órgano de contracción para validar las instrucciones giradas por el Tribunal, pero cuando entonces se debe entender agotada la vía? será con este Acuerdo que más bien ordena retrotraer pero que no Adjudica propiamente.
Los Tribunales tienen un efecto connatural de decidir concretamente, para que luego se pueda demandar en alzada o ante la próxima instancia, en el caso del Derecho Administrativo cuya relación es con el Estado, deben contarse con actos administrativos definitivos para que la jurisdicción sucesiva pueda revisar dicho acto.
Entendemos que el término de dos meses para acudir al Contencioso Administrativo, se cuenta a partir de generada el Acuerdo del Tribunal, que no estabiliza el acto administrativo, pues necesita su complementación para poder asumir que hay Adjudicación debido a que no se puede decidir hasta que las ofertas sean revaluadas.
En la siguiente instancia que en sede judicial ¿qué habría que demandarse?, la razón nos dice que la decisión del Tribunal de Aragón, pero la respuesta sería que no ha decidido porque faltan elementos para hacerlo, se ha instruido a una entidad pero todo dependerá de su cumplimiento, es un acto trámite tal como se conoce en derecho administrativo, que no son demandables ya que son solo actos preliminares que toma la administración para tomar una decisión definitiva, luego, los que pueden ser impugnados ante esta jurisdicción son los actos definitivos, que deben causar estado, pues recogen el vicio que tuvo origen en su trámite.
Entendemos que lo demandado es la instrucción del Tribunal Aragón, no así el cumplimiento de esta por parte del órgano de contratación, pero luego de ejecutada la acción, es preciso que se emita un acto administrativo que Adjudique ahora si a quien sea el vencedor, una vez verificadas las ofertas, este nuevo acto administrativo que da estabilidad jurídica a la situación podrá ser demandado nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón creando una espiral quizás interminable.
Esto es necesario, ya que al Anular la Adjudicación primera jurídicamente no existe Adjudicación, solo queda unos elementos que complementar para que nazca otra decisión de parte de la entidad que pretende contratar y darle forma a la situación jurídica.
Entre las diferencias sustanciales que encontramos, tras la revisión integral de los Tribunales Administrativos objeto de análisis, destacan las siguientes:
En torno a la denominación vemos diferencias, por cuanto Panamá prefirió la adopción del nombre de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que de manera más amplia incorpora conceptualmente, no solo la fase contractual sino también la precontractual que mantiene dentro de sus competencias. En tanto la Comunidad Autónoma de Aragón acoge el calificativo de Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, lo que parece limitar su acepción a los contratos, más no al procedimiento previo a la formalización del vínculo entre partes.
En relación al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se crea como un órgano independiente, no adscrita a ninguna de la ramas del poder público ni a ninguna entidad de la Administración en el organigrama, solo se vincula a sus magistrados con el Presidente de la República desde la perspectiva disciplinaria, para lo que adopta su postura como Máxima Autoridad Administrativa del Estado, ya que sus magistrados deben responder por sus conductas disciplinarias ante alguna instancia.
Por su parte, advertimos que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se creó igualmente como órgano independiente para efecto de sus funciones jurisdiccionales, sin embargo, se adscribe en el organigrama al Departamento competente en materia de contrataciones públicas, lo cual parece vincularlo con otra entidad de la Administración, a nuestro juicio con el máximo respeto, se desvirtúa en alguna medida esa independencia que se pretende, lo que está adscrito, pertenece tal como se desprende de su significado.
Vemos una diferencia en la designación de los miembros, es decir, de quienes decidirán las causas, en el caso panameño, los tres magistrados poseen igualdad en todos los sentidos sin distinguir a ninguno frente a otro, para efectos de la Presidencia se da una selección interna y se mantiene la alternabilidad en el aspecto de la administración operativa del tribunal, más no crea ninguna diferencia en cuanto a las decisiones jurisdiccionales. En el caso de España observamos que se da una categoría inicial de Presidente frente a dos vocales, por lo que establece diferencias en cuanto al tiempo de experiencia profesional, no permite alternar la presidencia y hasta lo que entendemos, en el caso del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se pretende poseer privativamente las consideraciones sobre medidas provisionales y otros aspectos procedimentales, este último ítems, demasiado abierto y amplio, preocupante ya sin lugar a dudas tiene injerencia directa en la decisión de fondo, en manos de un solo magistrado, el Presidente, en adición el Proyecto de Reglamento del Tribunal indica que los Acuerdos se adoptarán por mayoría entre los asistentes, con voto de calidad del Presidente en el caso de empate, lo que nos lleva a pensar que cuando concurra un solo vocal la decisión estará en manos del Presidente, debido a que en la actualidad son tres sus miembros, en nuestra opinión es demasiada y marcada la diferencia entre estos miembros considerando que es un Tribunal Colegiado, pero esta posibilidad pareciese contradecirse incluso con el numeral 1 del Artículo 9 del Proyecto de Reglamento del Tribunal que dispone: “1. Los miembros del Tribunal están obligados a asistir a las sesiones a las que sean convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de decisiones…” Esta disposición no permite la posibilidad que falte alguno de sus miembros.
El Magistrado Presidente del Tribunal de Contrataciones de Panamá, es quien administrativamente velará por la funcionalidad de la entidad, es su representante legal administrativamente y en cuando a la materia jurisdiccional se limitara a la firma de los informes de conducta que deba presentar en lo Contencioso Administrativo y los Amparos de Garantías Constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero en ningún momento podrá tener mayor preponderancia frente a la decisión del resto de los magistrados.
Nos parece que el Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, no es alternado en ningún espacio, por cuanto es designado en propiedad desde un inicio por quienes le escogen, a nuestro juicio existe problema con la independencia requerida, es peligroso porque concentra demasiada diferencia frente al resto de los miembros, considerando que es un colegiado.
Los miembros del Tribunal de Contrataciones Públicas de Panamá son designados por un período de cinco años y podrán reelegirse para el cargo, en tanto los integrantes del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón serán elegidos por un período de seis años y no podrán prorrogarse.
En el caso panameño, la designación se hará mediante una terna presentada por los Ministros de Seguridad, Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, para que la Suprema Autoridad Administrativa del país seleccione al miembro que remplazará al magistrado saliente. Respecto a la designación de los miembros del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón señala la norma se hará a propuesta del Consejero competente en materia de contratación pública, más no indica que entidad finalmente decidirá la designación, vemos que se deja en manos de un solo funcionario tal apreciación sin que aparentemente exista la posibilidad de estimar varios candidatos.
Las causales de amonestaciones respecto a los Magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas de Panamá y sus consecuencias se encuentran normadas, sin embargo, no están definidas claramente tal como lo exige el derecho disciplinario administrativo, por su parte, el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón mantiene la remoción como consecuencia por el incumplimiento grave de sus obligaciones, no obstante, para tales efectos, según nuestra interpretación deberá acudirse a la Ley de Procedimiento Administrativo General y a las normas reguladoras de los funcionarios de carrera, para la determinación de aquella conducta grave, pues no existe en la Ley una definición para ello.
En cuanto a su remuneración, el magistrado del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá tiene un salario fijo y está permanentemente en el Tribunal los siete días a la semana dedicado exclusivamente a dirimir los conflictos. En cambio, los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón poseen dietas establecidas por el Gobierno de Aragón, quienes laboran parcialmente dependiendo de los casos recibidos en el Tribunal y son funcionarios de la Administración a parte de sus labores como magistrados, por lo que deben hacer que sean compatibles.
En relación a las inhabilidades y restricciones en el caso panameño la norma se equipara a las dictadas para los Magistrados de los Tribunales Superiores Judiciales, pero en una norma específica prohíbe puntualmente el ejercicio de abogado incluso interpuesta persona , ejercer el comercio de ninguna forma y solo permite tener otro cargo profesor de centros educativos, pero no se prohíbe la relación con partidos políticos ni sindicatos u otras organizaciones bajo ninguna limitación, sin embargo, en la práctica hasta el momento ningún aspirante al cargo ha mantenido esta relación y se tiene por prohibida de hecho aun cuando no se indique. En cambio, el Proyecto de Reglamento del Tribunal Administrativo de Aragón pretende hacer incompatible el mandato representativo con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, también lo hace incompatible con el ejercicio de las carreras judiciales y fiscales.
En relación a los montos que deberán alcanzarse para lograr la jurisdicción, en el caso de Panamá cubrirá desde las compras menores hasta toda licitación sin estimar montos, por su parte, en España se tienen montos elevados, dejando de lado las compras menores y en consecuencia, creando diferencias entre las empresas multinacionales frente a los nacionales que son quienes enfrentan la mayor parte de las compras estatales.
La motivaciones que dan lugar a los recursos en el caso de Panamá, están declarados sobre las bases de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias respecto a la adjudicación, declaración de desierto, rechazo de oferta o cualquier acto sobre la que tenga afectación el acto de selección de contratistas. (Ver art. 130 Ley 22 de 2006), en tanto, que en la Comunidad Autónoma de Aragón no se establece las casuales sobre las que demandar ante su Tribunal de Contratos Públicos.
Respecto a las decisiones de los Tribunales, resulta de importancia sus publicaciones por la transparencia, pero en el caso de Panamá no solo se trata de un asunto de interés público, sino que al contar con un sistema totalmente electrónico, se hace vital las publicaciones para que surtan efecto jurídicos en el trámite las notificaciones, pues en nuestro país no hay otro medio de notificación que no sea a través del portal oficial “PanamaCompra”, de manera que todo interesado en el acto público debe por ordenamiento legal, estar constantemente visitando el sitio web en el que reposa el acto al que acudió, el cual se distingue por un secuencial numérico único en el que se encuentran todos los documentos desde la convocatoria del acto público hasta el contrato mismo, así como todas las incidencias que incluyen la impugnación ante el Tribunal y lo que este resuelva, como se puede observar es vital para la consecución de las gestiones, paso por paso debe elevarse al sistema electrónico todo lo relacionado a ese acto público.
Sabemos que para el Tribunal de Aragón es importante las publicaciones para la transparencia, pero en el numeral 3 del artículo 3 del Proyecto de Reglamento de funcionamiento del Tribunal de Aragón, sugiere que las decisiones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que sean de interés público serán publicadas en su sede electrónica, por lo que debe entenderse que no todas serán elevadas al su sitio web, nos asalta la duda acerca de cuál sería la definición de interés público para este caso, en nuestra humilde opinión y con todo respeto es necesario publicar toda Resolución y Acuerdos, lo cual a nuestro juicio es posible por los montos que se deben alcanzar para la revisión del acto administrativo decisorio, en número seria posible su publicación respecto de todas las incidencias de los casos.
En la República de Panamá, tenemos a tres instancias revisoras de todo lo relacionado a las Contrataciones Públicas, tal como hemos dicho tenemos una Dirección General de Contrataciones Públicas que concentra toda la organización e instructivos para los procedimientos de selección de contratista así como el manejo del sistema electrónico “PanamaCompra”, entre sus competencias esta la atención de un derecho petición llamada “Acción de reclamo” y opera en contra todo acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista de la siguiente manera:
Cualquier persona puede activar esta reclamación antes de la celebración del acto público es decir, antes de recibir y abrir las ofertas.
Los proponentes puede activarla antes de que sea adjudicado el acto por medio de un acto administrativo, una resolución.
Lo quiere decir que esta instancia revisa todo lo relativo a la convocatoria del acto, pliegos de cargos, plazos, la consecución adecuada del procedimiento de selección de contratista que se lleva a cabo, hasta antes de la emisión de una resolución o acto administrativo adjudicatario.
Con posterioridad a la resolución que adjudica el acto público, declara desierto o rechaza las ofertas, la competencia se mantiene en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas a través de un recurso, obviamente precontractual llamado “Recurso de Impugnación” en contra todo acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista y en este caso, únicamente se atenderá la causa de aquel que se haya constituido en proponente, su efecto es devolutivo poniendo en peligro la estabilidad del recurso.
Existe un espacio muy pequeño de alegaciones en la fase de admisión para los terceros en interés de ley o particular, que por general será la empresa a que se le adjudicó el acto público, su defensa la hará en todo caso la entidad pública que le adjudico el acto público.
Sobre lo que puede ser objeto de revisión, diremos que en principio se realiza sobre las pretensiones, sin embargo, como custodios de la cosa pública e interés general, cuando se trata de aspectos documentales que validan legalmente la oferta, el magistrado realiza una revisión integral para el cumplimiento no solo de la Ley 22 de 2006, sino del resto de leyes complementarias como las fiscales, medidas de retorsión, registro público de las sociedades, certificaciones, documentos provenientes del extranjeros, entre otras, de esta manera se hace una revisión implícita al pliego de cargos, ya que aunque no solicite un requisito de la Ley complementaria se entiende incorporada y debe ser cumplida, sin que se interprete que el proponente no puede cargar el error de la Administración, si alguna de las proponentes la presento se le valida o si por el contrario ninguna lo presento se considera la nulidad de lo actuado, por ser un acto cuyo contenido es imposible. En el caso contrario, si se advierte una condición más allá de lo exigido por las leyes en comento, es nula de pleno derecho, se toma por no puesta y se continúa con la revisión, pero los actos no se pierden si no hay motivos reales, cada hora hombre y gasto incurrido por parte del Estado y de los proponentes es considerado.
Ahora bien, en el aspecto técnico en donde interviene los peritos pagados por el propio Tribunal, el magistrado no interviene, sino sobre lo que determinen los mismos, en este tema se ve limitado exclusivamente a lo que argumenta el recurrente, pero que pudiese incluso variar cuando la verdad material se deje ver.
Entonces, este magistrado se asegura del cumplimiento estricto de las leyes que acompañan a la de Contrataciones Públicas, pero se circunscribe en cuanto al aspecto técnico que no maneja, para este recurso puede decretarse en teoría medidas cautelares, pero ante el efecto devolutivo pierde vigencia esta normativa, por lo enfática e impositiva, no da oportunidad de decretar la suspensión del acto administrativo.
Se atiende otro recurso llamado “Recurso de Apelación” relacionado a la Resolución Administrativa del Contrato por incumplimiento del contratista, para lo cual se anuncia en la entidad pública y se sustenta el Tribunal, cuyo efecto es suspensivo automáticamente, básicamente se busca la verdad material con ayuda de peritos para comprobar o no el incumplimiento.
En ninguno de los dos recursos que atiende el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se sobrepone a montos, pueden concurrir a partir de tres mil balboas en adelante, pues lo montos inferiores se hacen por un procedimiento muy sencillo llamado “Caja Menuda”.
Para ambos recursos, lo primero que determina el Magistrado es la legitimación y luego las causales de nulidad absoluta por desconocimiento abrupto a la Ley, no tendría sentido alguno avanzar con el estudio del caso y se ahorran costos en cuanto a peritajes que deba cancelar el Tribunal.
El tercer actor en relación de las contrataciones públicas es la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que atiende las demandas en contra de los actos resueltos por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, de ser el caso y las competencias para la nulidad de contratos así como las indemnizaciones por daños son privativas del Poder Judicial, pero lo que son gastos incurridos por un proponente al que se le rechaza la oferta es cancelada por la entidad pública.
En relación al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se observa que en el “Recurso Especial” precontractual se refiere a Contratos y no a la revisión de los procedimientos que se utilizaron para llevar a cabo un contrato, se establecen montos definidos que nos lleva a pensar que existe justicia selectiva, toda la revisión del pliego, convocatoria del acto, entre otras situaciones descritas en el artículo 310 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se limitan a los contratos por el monto normados, no opera para otros contratos por montos inferiores.
Cuando se trata del recurso en contra de la adjudicación se suspende de inmediato el acto, para lo demás habrá que decretarlo. En la fase precontractual Panamá tiene serios problemas ya que con la interposición del recurso deriva el efecto devolutivo, por increíble que parezca, la tramitación del contrato podrá continuar hasta su perfeccionamiento, de ninguna manera podemos sustentar esta directriz nefasta para el sistema.
En cuanto a las Cuestiones de Nulidad el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón puede decretar la nulidad de Contratos, cuyo efecto no es suspensivo de inmediato, esto es imposible en el caso panameño pues esta competencia es exclusiva del Contencioso Administrativo, lo que puede hacer el magistrado del Tribunal de Contrataciones es declarar nulo los actos.
La activación de la Cuestión de Nulidad ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón no posee efecto suspensivo inmediato y para los recursos en comento están legitimados quien tuviera interés legítimo, lo cual nos parece amplio.
El Tribunal puede decretar Medidas Cautelares e Indemnizaciones por daños y perjuicios, que en este último caso y tal como dijéramos anteriormente en Panamá solo es atendido por el Magistrado del Poder Judicial.
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá, puede textualmente según la norma:
CONFIRMAR lo actuado por la entidad contratante,
ANULAR lo actuado por la entidad contratante.
Estas disposiciones pueden ser decretada sea para las resoluciones decisorias del recurso de impugnación como el de apelación, una vez se pronuncie el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en agota la vía gubernativa y el único recurso que podrá utilizarse es el correspondiente ante sede judicial, es decir ante Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Con la resolución que dicte el Tribunal quedará adjudicado directamente el acto administrativo porque revoca y restablece el derecho vulnerado para darle un estado definitivo y no provocar un efecto de espiral interminable, pues se hace uso de informes, prácticas de pruebas, tres peritajes; uno por parte del recurrente, otro por parte de la entidad pública y el del Tribunal de Contrataciones que se cancela a sus costas, y como custodios del interés general se revisan los documentos legales integralmente de todas las ofertas, sin temor a la incongruencia, porque la propia Ley 22 de 2006 ordena adjudicar a la oferta más ventajosa para el Estado que cumpla con todas las exigencias de las leyes complementarias y el pliego de cargos, es la manera que a encontrado Panamá de hacerlo, pese a que el mecanismo lo activó un proponente se le revisa su oferta y dependiendo del tipo de Licitación se revisaran todas, en lo que respecta a la materia técnica ya queda en manos de los especialistas técnicos quienes darán su dictamen.
En el Tribunal panameño, la labor de retrotraer el acto público hasta la fase de hacer una nueva evaluación de las ofertas se hace desde el Tribunal, sin ceder competencia, el expediente original se devuelve a la entidad que deba realizar la reevaluación y luego que tiene el resultado es devuelto al Tribunal donde se adopta directamente la decisión por parte del Tribunal panameño.
Las pretensiones se responderán una a una, pero dentro del contenido analítico de la Resolución que decide, finalmente se decidirá conforme lo normado y le creará un estado al acto administrativo definitivo con el que poder demandar en lo Contencioso Administrativo.
En cambio se puede ver que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en sus Acuerdos de fondo, Estima o Desestima cada pretensión del recurrente, así como también anula la adjudicación y ordena retrotraerla hasta determinada actuación cediendo el expediente y pasando nuevamente la competencia de Adjudicar el acto de selección de contratista al órgano de contratación, sin embargo, tal como señalaremos en el contenido de este ensayo, esto no es un acto que realmente sea definitivo porque depende, es un acto que ordena, por lo que en consecuencia es una acto trámite, luego de cumplir con lo ordenado y que todo esté en orden, debe en principio generarse un nuevo acto que Adjudique en propiedad, por cuanto al Anular la Adjudicación el Tribunal de Contratos de Aragón, jurídicamente no existe, solo se mantiene vigente la tramitación, hasta antes de la adjudicación, se necesita dar orden, estabilidad jurídica a la situación, lo que a nuestro juicio puede ser demandado nuevamente ante el Tribunal de Aragón. Si bien la Guía del Procedimiento del Tribunal en el Recurso Especial establece que podrá decidir adjudicar a otro licitador, en nuestra revisión a los Acuerdos publicados no hemos advertido tal situación aún, siendo que en el tema particular, todos los casos se Anula la Adjudicación y se retrotrae para que se verifique nuevamente las ofertas.
Las Nulidades Absolutas que en el Tribunal podrán decretarse sobre los actos de la entidad son: por falta a la Ley y a la Constitución, Actos de imposible cumplimiento, actos que constituyan delitos, por la pretermisión absoluta del procedimiento legalmente establecido, esta Nulidad aplica tanto para el recurso precontractual como el de naturaleza contractual sobre los actos de la entidad en cuanto al incumplimiento alegado.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, tiene la competencia de Anular los Contratos provenientes de la Adjudicación, por causas básicamente de incumplimiento de los términos para suscribir el contrato y la imposibilidad del derecho de defensa.
En nuestro país la posibilidad de Anular un Contrato es competencia privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Respeto a la sanción pecuniaria por la temeridad y mala fe de los recurrentes, el Tribunal de Contrataciones de Panamá lo maneja a través de una fianza establecida en la Ley 22 de 2006, llamada “Fianza de Impugnación” por el monto del 15% de su oferta, la cual es devuelta una vez, se concluye los tramites dentro del Tribunal de no haber ningún indicio de las actuaciones mencionadas.
En cambio, vemos en el Proyecto de Reglamento del Tribunal de Contratos de Aragón que en su artículo 27, numeral dispone: “Cuando el Tribunal aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o la reclamación, acordará en la resolución que dicte la imposición de una sanción pecuniaria al recurrente…”.
Para los efectos de quienes pueden ir al Contencioso con posterioridad a la decisión de los Tribunales, se produce en el caso de Panamá sobre aquel que recurrió ante el Tribunal de Contrataciones y el tercero en interés general que alego, que por lo general es el adjudicatario a quien se le pretende revocar, esto es realmente importante en el Recurso de Impugnación en donde concurren varios proponentes, el resto a pesar de habérseles revisado posiblemente su oferta, no podrán acudir.
En el caso del Tribunal de Aragón iría al Contencioso el recurrente y el órgano de contratación que agotaron la vía.
Como quiera que sea, este Tribunal panameño revisa todas las ofertas aun cuando ninguna de las demás empresas haya impugnado, esto es así en virtud del interés general que el magistrado custodia, hace de la congruencia un aspecto muy particular en esta esfera porque el procedimiento de seleccionar un contratista es visto como un medio no como un fin, su labor está en procurar el cumplimiento de todas las leyes complementarias a la de contrataciones, pero en lo técnico se limita a lo establecido por los peritos quienes incluso, también hacen una verificación de todas las ofertas cuando se trate de una Licitación Por Mejor Valor es donde hay ponderación y con ello puede variarse el enfoque demandado inicialmente, en el caso de las compras menores y la Licitación Pública serán verificadas hasta encontrar la del menor precio que cumpla las especificaciones técnicas. Lo que se busca es la verdad material y cumplimiento de los documentos que validen esa oferta frente a la Administración, por esta razón decimos que se le garantiza el derecho de todos los participantes y en consecuencia el interés general.
El acto público demandado jamás regresa a la esfera del Tribunal, porque es un acto que cierra la opción a la administración, a que disponga nuevos juicios sobre el acto administrativo, todo el tramite se hace desde el Tribunal.
En cuanto al Recurso Especial, el acto podrá ser demandado tanto en la fase de inicio como lo sería su convocatoria y el pliego, pero también podrá demandarse en la fase de adjudicación, incluso por un mismo recurrente, nos parece que más allá de la decisión del Tribunal de Contratos de Aragón podría demandarse otra vez, la nueva Adjudicación que ha surtido con ocasión de la Nulidad de la primera y la instrucción de retrotraer el acto para su nueva verificación. Referente a la Cuestión de Nulidad se advierte en la Guía de la Cuestión de Nulidad visible en la página web del Tribunal que indica que se inadmitirá cuando:
“el interesado hubiera interpuesto recurso especial sobre el mismo acto, habiendo respetado el órgano de contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada….”.
Al respecto una de las causales para decretar la nulidad establece (Artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público):
“c.)Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 310 y siguientes, se lleve a efecto la formalización del contrato sin tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido…”.
A nuestro entender lo determinante para inadmitir es la no suspensión del acto, si no fue suspendido automáticamente por el órgano contratante si se tratase de una Adjudicación y aun no se hubiese emitido la decisión que mantiene o no esa suspensión, lo cual supone un pronunciamiento de fondo, se podrá interponer la Cuestión de Nulidad, la pregunta sería si podrían estar ambos recursos al mismo tiempo en el Tribunal? Nos resulta interesante el planteamiento.
Mientras en nuestro país se dan tres fases para la revisión de los actos públicos en distintas instancias, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Tribunal de Contrataciones y la Sala Tercera de Contencioso Administrativo que además de la revisión de los actos administrativos, posee la competencia exclusiva de la Nulidad de los Contratos e Indemnizaciones por Daños y Perjuicios derivados, en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón pareciera acogerse de manera concentrada todas las fases del acto público y el contrato mismo, es un Tribunal poderosísimo, pero a nuestro juicio y con todo respeto, mantiene ciertos problemas técnicos jurídicos que inciden en la eficacia y que distan de los principios de eficiencia y celeridad de parte de la Administración.
En realidad hay muchas diferencias entre los Tribunales objeto de estudio, lo que daría materia para una tesis doctoral, pero que por lo limitado de nuestro trabajo debemos resumir. Relevante es la disposición y desarrollo conceptual que ellos generan frente al mecanismo que busca oxigenar el sistema, darle mayor trasparencia y celeridad.
Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
DIRECTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo.
Proyecto de Decreto___/2013 de___de___,del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicas de Aragón y de los procedimientos de revisión en materia de Contratación del Sector Publico de su competencia, Departamento de Hacienda y Administración Publica, Secretaria Técnica General, Disponible en: www.aragon.es
Guía de procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón Recurso Especial del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, http://www.aragon.es/trb/_Informacion_practica
Guía de procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón Cuestión de Nulidad del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, http://www.aragon.es/trb/_Informacion_practica
Revista de Administración Pública, Número 186. Septiembre-Diciembre de 2011 y Número 190 Enero-Abril 2013. Disponible en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1 .
Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, con las reformas aprobadas por la Ley 35 de 2006, Ley 2 de 2007, Ley 21 de 2008, Ley 41 de 2008, Ley 69 de 2009, Ley 80 de 2009, Ley 12 de 2010, Ley 30 de 2010, Ley 66 de 2010 y Ley 48 de 2011.
Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006, "Por el cual se reglamenta la ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública y dicta otra disposición".
Ley 38 de 2000 sobre el Procedimiento Administrativo General de Panamá.
Constitución de Política de Colombia de 1991.
CASSAGNE, Juan Carlos; Derecho Administrativo I, Séptima Edición Actualizada, editorial Lexis-Nexis/Albeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000.
GUERREO BERROCAL, Luis Enrique; Manual del Acto Administrativo, Quinta Edición, Librería Ediciones del Profesional LTDA, Bogotá, 2009.
LOZANO PADILLA, Anabelle, Realidad de las Contrataciones Públicas en Panamá a la luz del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas “Así Vote”, Imprenta Articsa, Panamá, 2012.

References: artículo 37
 artículo 27
 resolución 
 artículo 354
 artículo 120
 resolución 
 artículo 133
 resolución 
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 2
 Artículo 215
 artículo 55
 artículo 317
 Artículo 9
 artículo 3
 Resolución 
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 artículo 310
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 artículo 27
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