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Timestamp: 2018-10-18 12:36:58+00:00

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Segunda VICTORIA del promotor solar fotovoltaico en el ICIO fotovoltaico de Palencia.
Ya contamos con dos sentencias favorables en Palencia, a favor del promotor solar fotovoltaico por las injustas liquidaciones de ICIOS con las que tratan de enriquecerse muchos ayuntamientos.
Tras que el pasado día 22 de septiembre de 2.009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por Sentencia nº 380/2009, desestimara el recurso de apelación promovido por un Ayuntamiento Palentino, condenándole a reintegrar al promotor solar, la cantidad cobrada indebidamente por injusta liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras + info aquí, el pasado 15 de febrero de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede Valladolid) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 15-2-2010, nº 361/2010, ha dictado sentencia a favor del promotor solar en injusta liquidación de ICIO fotovoltaico.
PRIMERO.- En el procedimiento del que dimana esta apelación se dictó Sentencia de fecha 4 de mayo de 2009 por la que desestimando el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por promotora solar contra la Resolución del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero (Palencia) de 8 de mayo de 2008, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la liquidación tributaria practicada en relación al Impuesto de Construcciones por licencia de obras para instalación de plantas solares fotovoltaicas , y al considerar correcto y ajustado a la legalidad el cálculo operado para la determinación de la base imponible del referido tributo, declaró que la actividad administrativa era ajustada a Derecho, sin establecer especial condena en costas.
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia la promosolar solar interpuso recurso de apelación solicitando su revocación y que, en su lugar, se dicte otra anulando el acto impugnado y excluyendo de la base de la liquidación de los tributos la cantidad correspondiente a su aplicación sobre los elementos móviles mencionados en el cuerpo de la demanda, con imposición de costas a la Administración demandada.
TERCERO.- Admitido el recurso por el Juzgado y conferido el oportuno traslado, el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero se opuso al mismo solicitando la confirmación de la sentencia con expresa imposición de costas a los apelantes.
La sentencia objeto de apelación desestimó el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por promotora solar contra la Resolución del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero (Palencia) de 8 de mayo de 2008, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la liquidación tributaria practicada en relación al Impuesto y Tasa por licencia urbanística para instalación de plantas solares fotovoltaicas , considerando correcto y ajustado a la legalidad el cálculo operado para la determinación de la base imponible del referido tributo, y declarando que la actividad administrativa era ajustada a Derecho, por entender, en esencia, que pretendiendo la parte actora excluir de la base imponible el material de instalación fotovoltaica (módulos fotovoltaicos , seguidores e inversores), tales elementos son equipos necesarios y fundamentales para la captación de la energía solar y su posterior transformación en energía eléctrica, es decir, son elementos indispensables para el funcionamiento del parque solar y el cumplimiento de su finalidad de obtención de producción de energía, careciendo de singularidad propia e identidad diferenciada respecto a la construcción realizada, incorporándose en la instalación del parque con innegable vocación de permanencia, por lo que forman parte del coste real y efectivo de la instalación conforme a la dicción literal del artículo 100 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La promotora solar alega en apelación que la sentencia de instancia desconoce la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, y de distintos Tribunales Superiores de Justicia, conforme a la que para el cálculo de la base imponible del ICIO se ha de estar solo al valor de la instalación y no al valor de lo instalado.
El Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero se opone a la apelación alegando el acierto de la sentencia de instancia, conforme con la STSJ de Extremadura de 13 de marzo de 2009 .
Pues bien, el texto originario del artículo 103.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, instauradora del impuesto que aquí nos ocupa, se limitaba a señalar que "La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra". La nueva redacción dada por el artículo 18.27 de Ley 50/1998, de 30 diciembre de 1998, vigente hasta el 31 de diciembre de 2002, añadió "del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras". Por último, el artículo 34.1 de Ley 51/2002, de 27 diciembre de 2002, con finalidad clarificadora del concepto de base imponible, y asumiendo los criterios del Tribunal Supremo sobre la cuestión -según reconoce la propia Exposición de Motivos- reformó nuevamente el artículo 103.1 de la LHL, pasando a tener la redacción incorporada al actual artículo 102.1 del texto refundido, que dice "La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material", añadiendo el artículo 103.1 que "Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible: a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo... Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda".
Entre los antecedentes citados la STS de 18 de junio de 1997 enjuiciaba precisamente la cuestión de "si la base imponible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante ICIO), devengado por la construcción de una planta industrial debe estar constituido exclusivamente por el importe de la obra civil ejecutada como pretende la entidad recurrente, o la misma ha de comprender, también, el importe de la maquinaria destinada a instalarse en ella, como sostienen el Ayuntamiento de la imposición y la sentencia apelada", y declaró que "Aún cuando el artículo 103.1 LHL EDL1988/14026 parezca considerar como base imponible del ICIO, tratándose de instalaciones, el coste de estas, el concepto ha de depurarse en atención a la definición del hecho imponible, puesto que la base imponible no puede comprender la valoración de una manifestación de capacidad contributiva no incluida en la determinación de aquél, y lo que el artículo 101 LHL EDL1988/14026 sujeta al ICIO es la realización de instalaciones siempre que para ello se exija la correspondiente licencia de obras o urbanística, lo cual remite a los artículos 178 de la Ley del Suelo y 1º del Reglamento de Disciplina Urbanística, pero no en toda su extensión sino únicamente en cuanto se trate de una actividad de transformación del terreno necesaria para la colocación de las instalaciones industriales. Como ya ha declarado esta Sala, en sentencias de 3 de abril, 29 de mayo y 28 de junio de 1996, el objeto del ICIO no está constituido por el valor de lo instalado sino por el coste de su instalación", fallando anular por no ser ajustada al ordenamiento jurídico la liquidación girada por Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente a "la construcción de una "planta de ensacado, paletizado y enfardado automático", declarando que la base imponible del referido tributo ha de determinarse según el coste de la obra civil ejecutada, con exclusión de la maquinaria que en ella habría de colocarse".
TERCERO.- Sobre la aplicación de la anterior doctrina a las instalaciones fotovoltaicas . Criterio de esta Sala. Estimación del recurso.
De un lado, la que sostiene la exclusión de estos elementos en el cómputo de la base imponible y ello al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo arriba referenciada en los apartados a), b) y c). Así, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (25 de junio de 2009, construcción de una central eléctrica), Castilla y León, sede en Burgos (4 de noviembre de 2009, instalación de un parque solar para la producción de energía eléctrica), Asturias (8 de junio de 2009, respecto de una línea de alta tensión), Castilla-La Mancha (6 de abril de 2009, aerogeneradores y torre meteorológica de un parque eólico), Valencia (17 de diciembre de 2008, proyecto de producción de energía fotovoltaica ), Navarra (21 de septiembre de 2000, construcción de un parque eólico, ó 12 de marzo de 2008, en relación con una "huerta solar", citada en la sentencia de instancia), o Cataluña (4 de febrero de 2008, construcción de una central térmica).
Por lo demás, la STS de 29 de mayo de 2009, en relación con la interpretación que ha de darse a la expresión "La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva estará constituida por el valor real del coste de la obra nueva que se declare" a que se refiere el art. 70.1 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, no viene sino a corroborar la improcedencia de acudir en estos casos al criterio del valor del inmueble, genuino del ámbito catastral. Así, tras poner de manifiesto que la interpretación de dicha expresión no es uniforme en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores, señala que "Ante el silencio de la ley y la previsión reglamentaria de que la base estará constituida por el valor real de coste de la obra, la doctrina mayoritaria se inclina por encontrar suficiente identidad de razón con la regulación del Impuesto sobre Construcciones (art. 102 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)"; y que "Por otro lado, la Norma 12 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles, a la hora de establecer el valor de las construcciones para el que se utiliza el valor de reposición, se refiere al coste actual de la construcción, como un componente de aquél, y dicho coste actual es el resultado de sumar el coste de ejecución, incluidos los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los tributos que gravan la construcción. Lo que evidencia que el coste de ejecución no se integra por esas partidas, formando parte únicamente del coste actual", y concluye "Así las cosas, la doctrina, en su mayoría, se inclina por considerar, en la misma línea que la tesis sostenida en la sentencia recurrida, que el valor real del coste de la obra al que se refiere el Reglamento IAJD no puede ser otro que el de ejecución material de la obra, porque es el más coherente con la supuesta manifestación de capacidad económica que se pretende gravar en la declaración de obra nueva, que es la incorporación al mundo jurídico de un elemento patrimonial anteriormente inexistente. Así entendido, nada impide que la normativa del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras sirva para realizar una interpretación integradora de las insuficiencias de la normativa del ITP y AJD en relación con las escrituras de declaración de obra nueva...
El valor real de lo edificado no puede conducir a la valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva; no es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tiene por qué coincidir, pues por ejemplo en la valoración del inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso que no tienen por qué afectar al coste de ejecución".
A juicio de esta Sala, acogiendo la tesis de los Tribunales Superiores de Justicia partidarios de la exclusión del valor de lo instalado, no el coste de su instalación, amparada a su vez en la doctrina del Tribunal Supremo arriba referenciada, lo decisivo para considerar excluidos de la base imponible los elementos, componentes y sistemas cuestionados radica en que: (1) son todos ellos equipos y elementos construidos por terceros fuera de la instalación y susceptibles de funcionamiento autónomo una vez incorporados a la obra, sin que el proceso constructivo aporte nada diferente a su consideración originaria, salvo la propia incorporación o ensamblaje a la obra global resultante; (2) la licencia urbanística no comprende las especificaciones técnicas de la instalación, por más que los elementos cuestionados figuren en el proyecto para el que se solicitó -dichos elementos no necesitan por sí mismos licencia urbanística-, ya que aquélla se proyecta sobre la conformidad o no con la normativa urbanística de la transformación del terreno (uso del suelo) necesaria para la implantación de la instalación; y (3) en que tales elementos no integran el concepto de ejecución material de la instalación en el sentido de estricto coste de obra civil. Las SSTS de 16 de diciembre de 2003 y 5 de octubre de 2004, referidas a viviendas, no contradicen la anterior conclusión -ni la propia doctrina del Alto Tribunal- cuando afirman que "lo esencial es que tales instalaciones, aparte de inseparables de la obra (de las viviendas, en este caso), figuren en el mismo proyecto de ejecución que sirvió de base para obtener la licencia de obras (como en este supuesto de hecho acontece), pues no puede reducirse la obra sometida al ICIO a la que integran las partidas de albañilería (cimentación, estructura, muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc.), sino que alcanza también a aquellas instalaciones, como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas normalmente discurren por conducciones empotradas, y sirven, además, para proveer a la construcción de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización", y es que, partiendo precisamente de su doctrina sobre calificación de instalaciones externas que no integran el coste real efectivo de la obra -salvo en su colocación-, lo que están delimitando estas resoluciones es el propio concepto de obra civil como no reconducible únicamente a las partidas de albañilería sino como comprensivo asimismo de los servicios esenciales que describen pero sin que a los efectos que nos ocupan, y sin perjuicio de incluir todos estos servicios caso de que la instalación fotovoltaica los contemplara en el proyecto, puedan identificarse los módulos fotovoltaicos , seguidores e inversores de un parque solar con los ascensores de un edificio; aquellos elementos y equipos gozan de una extraordinaria singularidad, autonomía funcional e identidad propia en relación con la instalación en la que se integran -siendo lo accesorio la estructura soporte y sistema de fijación de los módulos- naturaleza de la que, desde luego, carecen los ascensores respecto del edificio al que sirven, aflorando así de modo genuino y paradigmático la doctrina que el Tribunal Supremo simplifica con la conocida expresión, de que "el objeto del ICIO no está constituido por el valor de lo instalado sino por el coste de su instalación", aunque dicho coste, añadimos, sea ínfimo en relación con el valor de lo instalado, razones todas ellas que nos llevan a la estimación de la apelación, con revocación de la sentencia de instancia.
ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la promotora solar contra la Sentencia de fecha 4 de mayo de 2009 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palencia, la que se revoca y, en su lugar y con estimación del recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto contra la Resolución del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero (Palencia) de 8 de mayo de 2008, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la liquidación tributaria practicada en relación al Impuesto de Construcciones por licencia de obras para instalación de plantas solares fotovoltaicas , se anula la resolución impugnada por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, debiendo practicarse nueva liquidación con exclusión de los módulos fotovoltaicos e inversores de la instalación, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales de ninguna de las instancias.
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References: Resolución 
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 artículo 103
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 artículo 34
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 artículo 103
 artículo 103
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 Real Decreto 
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