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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1995-24262
Documento consolidado BOE-A-1995-24262
Publicado en: «BOE» núm. 268, de 09/11/1995.
Referencia: BOE-A-1995-24262
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 31/10/2015 Modificación publicada el 18/07/2006 Modificación publicada el 05/11/2004 Modificación publicada el 31/12/2003 Modificación publicada el 05/11/2003 Modificación publicada el 10/07/2003 Modificación publicada el 13/12/2002 Modificación publicada el 23/11/2002 Modificación publicada el 31/12/2001 Modificación publicada el 04/10/2001 Modificación publicada el 30/12/2000 Modificación publicada el 28/07/2000 Modificación publicada el 08/01/2000 Modificación publicada el 14/12/1999 Modificación publicada el 31/12/1998 Modificación publicada el 10/12/1998 Modificación publicada el 31/12/1997 Modificación publicada el 31/12/1996 Modificación publicada el 28/12/1995 Texto original publicado el 09/11/1995
Ir a: [Preámbulo] TÍTULO I Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 TÍTULO II CAPÍTULO I Artículo 6 Sección 1 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 Artículo 10 Sección 2 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14 Artículo 15 CAPÍTULO II Sección 1 Artículo 16 Artículo 16 bis Artículo 17 Artículo 18 Artículo 19 Sección 2 Artículo 20 Artículo 20 bis Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 24 CAPÍTULO III Sección 1 Artículo 25 Sección 2 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 28 Artículo 28 bis Sección 3 Subsección 1 Artículo 29 Artículo 30 Artículo 31 Subsección 2 Artículo 32 Artículo 33 Artículo 34 Subsección 3 Artículo 35 Artículo 36 Artículo 37 Subsección 4 Artículo 38 Sección 4 Artículo 39 Artículo 39 bis Sección 5 Artículo 40 Artículo 41 Artículo 42 Artículo 43 Artículo 44 Artículo 45 Artículo 46 Artículo 47 Artículo 48 CAPÍTULO IV Sección 1 Artículo 49 Artículo 50 Artículo 51 Artículo 52 Artículo 53 Artículo 54 Sección 2 Artículo 55 Sección 3 Artículo 56 CAPÍTULO V Artículo 57 Artículo 58 CAPÍTULO VI Artículo 59 Artículo 60 Artículo 61 Artículo 62 Artículo 63 CAPÍTULO VII Artículo 64 Artículo 65 Artículo 66 Artículo 67 Artículo 68 CAPÍTULO VIII Sección 1 Artículo 69 Sección 2 Artículo 70 Artículo 71 Artículo 72 Artículo 73 Artículo 74 Sección 3 Artículo 75 Artículo 76 Artículo 77 TÍTULO III CAPÍTULO I Sección 1 Artículo 78 Artículo 79 Artículo 80 Artículo 81 Artículo 82 Sección 2 Artículo 83 Artículo 84 Sección 3 Artículo 85 Artículo 86 CAPÍTULO II Artículo 87 Artículo 88 Artículo 89 Disposición adicional primera Disposición adicional segunda Disposición adicional tercera Disposición adicional cuarta Disposición adicional quinta Disposición adicional sexta Disposición adicional séptima Disposición adicional octava Disposición adicional novena Disposición adicional décima Disposición adicional undécima Disposición adicional duodécima Disposición adicional decimotercera Disposición adicional decimocuarta Disposición adicional decimoquinta Disposición adicional decimosexta Disposición adicional decimoséptima Disposición transitoria primera Disposición transitoria segunda Disposición transitoria tercera Disposición transitoria cuarta Disposición transitoria quinta Disposición transitoria sexta Disposición transitoria séptima Disposición transitoria octava Disposición transitoria novena Disposición transitoria décima Disposición transitoria undécima Disposición transitoria duodécima Disposición transitoria decimotercera Disposición transitoria decimocuarta Disposición transitoria decimoquinta Disposición transitoria decimosexta Disposición transitoria decimoséptima Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera [Firma]
Disposición derogada, con las excepciones indicadas, por la disposición derogatoria única.a) del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18908.
Las referencias a la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, según establece la disposición adicional 10 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-28472.
Además, el fenómeno de progresiva integración de la actividad aseguradora dentro del marco jurídico del Derecho Comunitario Europeo y del Espacio Económico Europeo ha requerido la adaptación, en línea de tal homogeneización, de numerosas Directivas. Recientemente, por Ley 21/1990, de 19 de diciembre, se incorporó la Directiva de libre prestación de servicios en seguro directo distinto del seguro de vida; ahora resulta necesario adaptar el resto de las Directivas aprobadas por la Unión Europea e incluidas en el ámbito del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, hecho en Oporto el 2 de mayo de 1992 y adaptado en Bruselas el 17 de marzo de 1993, y que todavía no han sido objeto de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Ha de tenerse en cuenta, además, que entre éstas se encuentran las fundamentales Terceras Directivas en seguros distintos al de vida y en seguros de vida que regulan la denominada «autorización administrativa única» con la que se sientan las bases, en principio definitivas, de la armonización en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo.
La siguiente Ley de 16 de diciembre de 1954 no tuvo un desarrollo sistemático por lo que, al mantener la misma concepción del control, sin dotarle de medios e instrumentos para adoptar las medidas correctoras oportunas, dejó mermada la efectividad de la acción de ordenación y supervisión administrativa. El transcurso del tiempo revelaba la separación de esta Ley de la situación real del mercado, separación que nunca pudo acortarse, pese a la profusión de normas dictadas, ya que lo preciso era una nueva concepción del control de solvencia, así como la adopción de medidas que racionalizaran el mercado de seguros, dotándole de una mayor competitividad y transparencia.
– Normalizar el mercado, dando a todas las entidades aseguradoras la posibilidad de participar en el mismo régimen de absoluta concurrencia y sin tratamientos legales discriminatorios.
– Fomentar la concentración de entidades aseguradoras y, consiguientemente, la reestructuración del sector, con el objeto de dar paso a grupos y entidades aseguradoras más competitivos, nacional e internacionalmente, y con menores costes de gestión.
– Potenciar el mercado nacional de reaseguros, a través del cual se aprovechase al máximo el pleno nacional de retención.
– Lograr una mayor especialización de las entidades aseguradoras, sobre todo en el ramo de vida, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea y las tendencias internacionales sobre la materia.
– Clarificar el régimen de formas jurídicas que pueden adoptar las entidades aseguradoras, ordenando la estructura de las insuficientemente reguladas mutualidades de previsión social, y dando entrada a las cooperativas de seguro.
Al objeto de lograr todos estos fines, y al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución, la Ley de 1984 dictó las bases de la ordenación de los seguros, dotadas de la necesaria amplitud para que la actividad aseguradora se desarrollase cumpliendo la ley de los grandes números y atendiese a su perspectiva internacional. Ello exigió en el momento de dictar dicha Ley –y se mantiene hoy en todo su vigor– cierta uniformidad de las normas reguladoras de la ordenación y supervisión de la actividad aseguradora con el objeto de facilitar la relación de unas entidades aseguradoras españolas con otras, de todas ellas con las radicadas en la Unión Europea –en este sentido, el sector de seguros es uno de los más armonizados del Derecho Comunitario Europeo a través del sistema de Directivas– y en el Espacio Económico Europeo y de todas ellas con los mercados internacionales, cuyas prácticas resulta indispensable respetar. Además, dada la importancia financiera del sector de seguros dentro de la economía nacional y por su carácter primordialmente mercantil, que debe considerar la unidad de mercado, las competencias de las Comunidades Autónomas han de respetar la competencia exclusiva estatal en la legislación mercantil y, aún en el supuesto de asunción de competencias –incluso exclusivas en materia de mutualidades de previsión social–, deben quedar sometidas al alto control financiero del Estado a fin de lograr la necesaria coordinación de la planificación general de la actividad económica a que se refiere el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
– Regular las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad aseguradora, potenciando las garantías financieras previas de las entidades aseguradoras y consagrando el principio de solvencia, acentuado y especialmente proyectado a sus aspectos técnico y financiero.
– Sanear el sector, evitando, en la medida de lo posible, la insolvencia de las entidades aseguradoras. En supuestos de dificultad para las mismas, adoptar las medidas correctoras que produzcan el mínimo perjuicio para sus empleados y los asegurados.
– Protección al máximo de los intereses de los asegurados y beneficiarios amparados por el seguro, no sólo mediante el control administrativo genérico de las entidades aseguradoras, sino mediante la regulación de medidas específicas de tutela, entre las que destacan la preferencia de sus créditos frente a la entidad aseguradora y la protección de la libertad de los asegurados para decidir la contratación de los seguros y para elegir asegurador; asimismo, a través de la adopción de medidas, incluso sancionadoras, en los supuestos que los asegurados y los beneficiarios comunicaren a la Dirección General de Seguros las prácticas de las aseguradoras contrarias a la Ley o que afectasen a sus derechos.
Este esquema básico de principios rectores y líneas directrices, que inauguró la Ley de 2 de agosto de 1984, permanece en las ulteriores reformas y su esencia se mantiene viva y en plena actualidad en la presente Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Las modificaciones que introduce respecto de la regulación de la Ley de 1984 –como ya se anticipó y a continuación va a desarrollarse– responden al doble fundamento de adaptación de Directivas de la Unión Europea e incorporación al Espacio Económico Europeo y de la línea de convergencia que se han trazado los países miembros de ambos, que exige que la ordenación y supervisión pública de la actividad aseguradora vaya paralela a la dinámica de la misma. Todo ello partiendo de que el marco de actuación de la actividad aseguradora viene configurado por las reglas del mercado y la libre competencia.
– Directiva 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida).
Su adaptación a nuestro Derecho supone la recepción del concepto de «autorización administrativa única» en los seguros de vida. Ello significa que las entidades aseguradoras españolas podrán operar en todo el ámbito del Espacio Económico Europeo en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios sometidas, exclusivamente, al control financiero de las autoridades españolas. Lo mismo resulta aplicable a las entidades aseguradoras domiciliadas en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo, que podrán operar en el resto de la misma –y, por tanto, también en España– en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios sujetas al control financiero del Estado de origen.
– Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida).
– Segunda Directiva 90/619/CEE, del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE.
Su introducción en nuestro ordenamiento jurídico implica, en lo concerniente al seguro de vida, recoger las normas de Derecho Internacional Privado aplicables a los contratos de seguro y el derecho del tomador a resolver unilateralmente el contrato. Y –al igual que en la Directiva que a continuación se referirá– exige que deban determinarse las normas aplicables a las sociedades dominadas por entidades sometidas al Derecho de un Estado no miembro de la Unión Europea y a la adquisición de participaciones significativas por parte de tales sociedades dominantes, todo ello en materia de seguros directos de vida.
– Directiva 90/618/CEE, del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, que modifica, en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, referentes a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida.
La adaptación de esta Directiva exige –amén de recoger las normas aplicables a las sociedades dominadas y a la adquisición de participaciones por sociedades dominantes sometidas al Derecho de un Estado no miembro de la Comunidad Económica Europea, antes mencionadas, pero referidas ahora al seguro directo distinto del de vida– la ampliación al seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles del régimen de libertad de prestación de servicios –que estaba expresamente excluido en la Directiva 88/357/CEE– con sus peculiaridades propias, consistentes, sobre todo, en la designación de un representante –que en ningún caso tiene la consideración de sucursal de entidad extranjera– de las entidades aseguradoras que, en este ramo, operen en España en régimen de libre prestación de servicios.
– Directiva 91/674/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguro.
– Directiva 95/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 junio de 1995, por la que se modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las entidades de crédito, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de vida, la Directiva 93/22/CEE, relativa a las empresas de inversión y la Directiva 85/611/CEE sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar la ordenación y supervisión prudencial.
– Tercera Directiva 90/232/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles.
– Requisitos de la autorización administrativa de entidades aseguradoras españolas y de la adquisición en las mismas de participaciones significativas.
– Los artículos 6 y 21 se refieren, respectivamente, a ambas materias, regulando los requisitos de acceso a la actividad aseguradora y perfeccionando el régimen de ordenación y supervisión administrativa en la toma de participaciones significativas, con adecuación al Derecho Comunitario Europeo, tanto en seguros directos de vida como en seguros directos distintos al de vida, siempre, unos y otros, dentro del ámbito de las potestades regladas, sin perjuicio del margen de apreciación en la valoración por la Administración de los conceptos jurídicos indeterminados que forman parte de los requisitos exigibles.
– Protección del asegurado.
– Procedimientos administrativos de ordenación y supervisión.
En esta línea, y con carácter particular, merecen destacarse las regulaciones del artículo 70.3, referida al procedimiento de ordenación y supervisión general –que se integra en el procedimiento administrativo general–, y del artículo 72.7, referida al procedimiento de ordenación y supervisión por inspección, que recoge un procedimiento especial respecto del cual las normas del procedimiento administrativo general únicamente se aplicarán con carácter supletorio.
Consideración separada merecen los regímenes de revocación de la autorización administrativa, de disolución y liquidación de entidades aseguradoras, y de adopción de medidas de control especial. La finalidad que persiguen todos ellos es adecuar las causas y el procedimiento de revocación y disolución, así como el régimen de liquidación, al general de sociedades mercantiles –inspirándose en la Ley de Sociedades Anónimas– de modo que sólo se recojan las que han de ser especialidades del propio sector asegurador. Por lo que al procedimiento de disolución administrativa se refiere, coordina las garantías a la propia entidad aseguradora –a través de la imposición de la obligación a los administradores, junto con el derecho de los socios, de instar la disolución– con una eficaz actuación de la Administración cuando ni uno ni otro hayan tenido lugar. Y en cuanto a la liquidación de la entidad aseguradora afecta, aclara y especifica el régimen de ordenación y supervisión sobre la entidad en liquidación y sobre sus liquidadores en particular y regula, en los supuestos de liquidación administrativa, el régimen jurídico de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, con carácter potestativo, permitiendo también la designación de otros liquidadores por el Ministro de Economía y Hacienda.
Finalmente, en lo que concierne a las medidas de control especial –que han venido a sustituir a las hasta ahora denominadas medidas cautelares– se precisan y especifican las mismas y se establece una correlación entre los supuestos de hecho determinantes de su adopción y las medidas a adoptar, como exigen la seguridad jurídica y las Directivas comunitarias.
– Modificación en el régimen de las Mutualidades de Previsión Social.
– Régimen de nulidad de los contratos de seguro.
La experiencia ha determinado la necesidad de dotar de una nueva redacción al número 6 del artículo 6 de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado –que pasa a ser número 2 del artículo 5 de la presente Ley– con el objeto de fijar los supuestos en que el contrato de seguro queda viciado de nulidad radical de pleno derecho, así como las consecuencias de tal nulidad, siempre con la mira puesta en la protección del asegurado. El eje de la nulidad ya no es el de la «entidad no inscrita» sino el de la «entidad no autorizada, cuya autorización haya sido revocada, o transgrediendo los límites de la autorización administrativa concedida».
– Determinación legal del importe de la responsabilidad patrimonial derivada de los daños ocasionados a las personas en accidentes de circulación.
Además de las modificaciones que se introducen en la antigua Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor derivadas de la Directiva 90/232/CEE, se recoge un sistema legal de delimitación cuantitativa del importe de las indemnizaciones exigibles como consecuencia de la responsabilidad civil en que se incurre con motivo de la circulación de vehículos de motor. Este sistema indemnizatorio se impone en todo caso, con independencia de la existencia o inexistencia de seguro y de los límites cuantitativos del aseguramiento obligatorio, y se articula a través de un cuadro de importes fijados en función de los distintos conceptos indemnizables que permiten, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y dentro de unos márgenes máximos y mínimos, individualizar la indemnización derivada de los daños sufridos por las personas en un accidente de circulación.
– Reforma del interés de demora aplicable a las aseguradoras.
Se establece, también, la no acumulación de los intereses que se devengan por aplicación de este artículo 20 con los previstos en el artículo 921 de la Ley Enjuiciamiento Civil.
Con la experiencia adquirida desde 1987 en la aplicación de esta norma, se ha considerado preciso, en la línea de paralelismo –que no confluencia– que ha de seguir la ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y la de planes y fondos de pensiones, completar, actualizar y perfeccionar el régimen administrativo sancionador, ampliándolo a los expertos que emiten los dictámenes actuariales, introducir un sistema de medidas de control especial que garantice, en todo caso, la finalidad para la que los planes de pensiones fueron en su día regulados, articular las causas de disolución de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones y las de terminación de los planes de pensiones, determinar cuándo puede ser acordada administrativamente así como la intervención en la liquidación y, finalmente, precisar la revocación de la autorización administrativa de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones, todo ello en paralelo a los de las entidades aseguradoras.
Asimismo, y con el objeto de proteger los intereses de los trabajadores, aun en los supuestos en que se haya extinguido su contrato de trabajo, frente a posibles insolvencias del empresario en orden al cumplimiento de los compromisos por pensiones asumidos por éste se incorpora un precepto –dando nueva redacción a su disposición adicional primera– a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, adaptando así el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE.
La recepción de todos estos mandatos normativos ha supuesto, como ya se dijo, su plasmación en una nueva Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, amén de la estructuración de la parte final con las necesarias disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. La Ley se articula en tres Títulos, referidos, respectivamente, a la determinación del ámbito normativo de la Ley, a la ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras españolas –dedicando un capítulo a su actuación en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios–, y a las entidades aseguradoras extranjeras que operen en España –distinguiendo el régimen aplicable a las aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo del que afecta a las domiciliadas en terceros países–. Es, básicamente, en las disposiciones adicionales donde se han recogido las modificaciones de otras Leyes afectadas por la presente reforma: en concreto, la Ley de Contrato de Seguro (en la sexta), la Ley de Mediación en Seguros Privados (en la séptima), la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (en la octava), el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros (en la novena), la Ley de Seguros Agrarios Combinados (en la décima), la Ley reguladora de Planes y Fondos de Pensiones (en la undécima), la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social (en la duodécima) y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en la decimotercera).
Última actualización, publicada el 05/11/2004, en vigor a partir del 06/11/2004.
Texto original, publicado el 09/11/1995, en vigor a partir del 10/11/1995.
Se deroga por la disposición derogatoria única.a) del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18908.
Artículo 5. Operaciones prohibidas y sanción de nulidad.
Artículo 6. Necesidad de autorización administrativa.
Se añade el apartado 2.g) por el art. 32.1 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Téngase en cuenta la disposición transitoria 4 en cuanto a la aplicación del apartado 2.g).
Modificación publicada el 23/11/2002, en vigor a partir del 19/01/2003.
Se modifica el apartado 2 por el art. 13.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29117.
Se modifica el apartado 3.a) por la disposición final 27.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13813.
Artículo 16 bis. Cobertura de créditos preferentes.
Se añade por el art. 1.1 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
[Bloque 29: #s2-2]
[Bloque 31: #a20bis]
Se añade por el art. 90 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936.
Artículo 22. Cesión de cartera.
Artículo 23. Transformación, fusión, escisión y agrupación.
Artículo 24. Estatutos, pólizas y tarifas.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 por la disposición adicional 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-23750.
Modificación publicada el 14/12/1999, en vigor a partir del 14/01/2000.
Artículo 25. Causas de la revocación y sus efectos.
[Bloque 39: #s2-3]
Artículo 27. Liquidación de entidades aseguradoras.
Se modifica el apartado 3.c), se renumera el apartado 6 como 7 y se añade un nuevo apartado 6 por el art. 1.3 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se modifican los apartados 2.b) y 3.b) y e) por el art. 11.1.1 a 3 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Modificación publicada el 05/11/2003, en vigor a partir del 19/04/2003.
Artículo 28. Acciones frente a entidades aseguradoras sometidas a procesos concursales o en liquidación.
Se modifica el apartado 3 y se añade el apartado 4 por el art. 1.4 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 27.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13813.
Se modifica el apartado 1 por el art. 11.1.4 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
[Bloque 43: #a28bis]
Artículo 28 bis. Procesos concursales.
Se añade por el art. 1.5 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se modifica por el art. 1.6 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se suprime por el art. 1.6 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Artículo 29. Naturaleza y adscripción.
Se deroga por la disposición derogatoria única.e) de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Se modifica por el art. 67.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Se modifica por el art. 67.2 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Artículo 31. Objeto y funciones.
Subsección 2. Organización, régimen de funcionamiento y recursos económicos
Artículo 32. Órganos de gobierno y administración.
Artículo 33. Régimen de funcionamiento.
[Bloque 53: #ss3]
Artículo 35. Normas generales de liquidación.
Se modifica el apartado 3 por la disposición final 27.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13813.
Se deroga el apartado 5 por la disposición derogatoria única.e) de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Artículo 36. Beneficios de la liquidación.
Se modifica el apartado 5 por el art. 11.1.5 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Artículo 37. Procedimiento de liquidación.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 por el art. 1.7 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330.
Se modifican los apartados 1, 10 y 11 por la disposición final 27.4 a 7 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13813.
[Bloque 57: #ss4]
Artículo 38. Anticipo de gastos de liquidación y satisfacción de créditos.
Se modifica por la disposición final 27.8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13813.
Se modifica por el art. 1.8 a 10 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
[Bloque 61: #a39bis]
Artículo 39 bis. Medidas de garantía de la solvencia futura de las entidades aseguradoras.
Se añade por el art. 1.11 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Modificación publicada el 05/11/2003, en vigor a partir del 01/01/2004.
Texto añadido, publicado el 05/11/2003, en vigor a partir del 01/01/2004.
Se añaden los apartados 3.q) y 4.q) y se modifica el apartado 5.b) por el art. 35.3 y la disposición adicional 7 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Redactado el apartado 5.b) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2003. Ref. BOE-A-2003-2510
Se modifican los apartados 1.d), 2.c) y 3 por el art. 44.1 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Se convierten a euros las cuantías contempladas por el apartado 1 y el anexo de la Resolución de 28 de septiembre de 2001. Ref. BOE-A-2001-18591.
Se modifican los apartados 3 y 4 por el art. 44.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Se convierten a euros las cuantías contempladas en los apartados 3.c) y 4.b) por el apartado 1 y el anexo de la Resolución de 28 de septiembre de 2001. Ref. BOE-A-2001-18591.
Artículo 50. Cesión de cartera.
Se añade el párrafo segundo del apartado 2 por el art. 1.12 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se modifica el apartado 2 por el art. 1.13 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se modifica el apartado 2.a) por el art. 1.14 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Artículo 58. Plenos de retención.
[Bloque 87: #cvi]
Artículo 59. Crédito singularmente privilegiado.
Se modifica por el art. 1.15 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se derogan los párrafos segundo a cuarto del apartado 2 y los apartados 3 y 4 por la disposición derogatoria única.e) de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Se añaden los párrafos segundo a quinto del apartado 2, el apartado 3 y el apartado 4 por el art. 70.1 a 3 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357.
Artículo 63. Defensor del asegurado.
Se modifica el apartado 3 por el art. 70.4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357.
Se modifica el apartado 1 por el art. 71 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-24965.
Se modifica el apartado 2.b) por el art. 1.16 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
[Bloque 99: #cviii]
[Bloque 100: #s1-5]
[Bloque 104: #a71]
[Bloque 106: #a73]
Artículo 73. Junta Consultiva de Seguros.
Se modifica por el art. 1.26 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se modifica por los arts. 9 y 11.1.6 y la disposición adicional 6.1 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
[Bloque 111: #a77]
[Bloque 113: #ci-2]
[Bloque 114: #s1-6]
Se añaden los apartados 4 y 5 por el art. 1.17 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se modifica el apartado 1 por el art. 11.1.7 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
[Bloque 120: #s2-6]
[Bloque 123: #s3-4]
Se modifica el apartado 1 por el art. 1.18 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se modifica el apartado 2 y se añaden los apartados 3 y 4 por el art. 32.3 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
[Bloque 126: #cii-2]
Se modifica el apartado 1.c) y se añade el apartado 3 por el art. 1.19 y 20 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se añade el apartado 1.g) por el art. 32.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Téngase en cuenta la disposición transitoria 4 en cuanto a la aplicación del apartado 1.g).
Se suprime el apartado 3 por el art. 1.21 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Se añade el párrafo segundo del apartado 1 por el art. 1.22 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Disposición adicional primera. Ramos de seguro.
Disposición adicional segunda. Seguro de caución a favor de Administraciones públicas.
Disposición adicional tercera. Seguro de defensa jurídica.
[Bloque 133: #dacuarta]
Disposición adicional cuarta. Moneda exigible en compromisos y riesgos.
b) El punto 2.a.3.ª, queda redactado así:
Se derogan los apartados 1 a 3 y 5 por la disposición derogatoria única.a).1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18908.
Disposición adicional sexta. Modificaciones de la Ley de Contrato de Seguro.
10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.»
«1. Un contrato de seguro tendrá la calificación de coaseguro comunitario a los efectos de esta Ley si reúne todas y cada una de las siguientes condiciones:
«1. El tomador del seguro en un contrato de seguro individual de duración superior a seis meses que haya estipulado el contrato sobre la vida propia o la de un tercero tendrá la facultad de resolver el contrato dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en la que el asegurador le entregue la póliza o un documento de cobertura provisional.
Disposición adicional séptima. Modificaciones de la Ley de Mediación en Seguros Privados.
Se deroga por la disposición derogatoria.b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio. Ref. BOE-A-2006-12916.
Se suprime el inciso destacado del apartado 2 por la disposición adicional 13 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-1995-27752.
Disposición adicional octava. Modificaciones en la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor.
Se deroga por la disposición derogatoria única.c) del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18911
Téngase en cuenta la disposición transitoria única en cuanto a la subsistencia de cuantías indemnizatorias.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la tabla V.B) y lo destacado del apartado 2.c), en la forma indicada en el último fundamento jurídico, por Sentencia del TC 181/2000, de 29 de junio. Ref. BOE-T-2000-14342.
Se modifica la redacción dada a la disposición adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor por la disposición final 13 de la Ley 1/2000, de 7 de enero.Ref. BOE-T-2000-323.
Se modifica la tabla V.A) por la disposición adicional 15.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Téngase en cuenta la disposición adicional 15.2 en cuanto a la aplicación de esta modificación.
Modificación publicada el 28/07/2000, en vigor a partir del 28/07/2000.
Disposición adicional novena. Modificaciones en el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
Se deroga por la disposición derogatoria única.b) del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18910
Disposición adicional décima. Modificaciones en la Ley de Seguros Agrarios Combinados.
«3. Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas de los seguros comprendidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados aprobados por el Gobierno, se ajustarán al régimen previsto en el artículo 24, apartado 5, letra c), de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.»
«3. En el caso de que no se alcanzara por el conjunto de las entidades aseguradoras la totalidad de la cobertura prevista en esta Ley, el Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la cobertura del riesgo en la forma y cuantía que determine el Ministro de Economía y Hacienda.»
Disposición adicional undécima. Modificaciones en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
Se deroga por la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-24252.
Última actualización, publicada el 13/12/2002, en vigor a partir del 14/12/2002.
Disposición adicional duodécima. Modificación de la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social. Conciertos de entidades aseguradoras con organismos de la Administración de la Seguridad Social.
«Disposición adicional undécima. Formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal.
Se deroga el apartado 2 por la disposición derogatoria única.a).7 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18908.
Disposición adicional decimotercera. Modificaciones a la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
[Bloque 143: #dadecimocuarta]
Disposición adicional decimocuarta. Contravalor del ecu.
Disposición adicional decimoquinta. Integración en la Seguridad Social de los colegiados en Colegios Profesionales.
Se deroga por la disposición derogatoria única.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11724.
Se modifica por el art. 33 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Disposición adicional decimosexta. Régimen especial de las entidades aseguradoras suizas.
Se modifica el apartado 3 por el art. 1.23 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
[Bloque 146: #dadecimoseptima]
Disposición adicional decimoséptima. Obligaciones de carácter fiscal del representante designado por las entidades de seguros que operen en libre prestación de servicios.
Se añade por el art. 1.25 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
Disposición transitoria primera. Validez de la autorización administrativa en todo el Espacio Económico Europeo.
Disposición transitoria segunda. Adecuación de los actuales ramos de seguro a los regulados en la presente Ley.
Disposición transitoria tercera. Modificaciones exigidas por la adaptación a la presente Ley.
Se modifican los apartados 1.b) y c) y los párrafos primero y segundo del apartado 1.d) por el art. 13.2 a 4 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29117.
[Bloque 150: #dtcuarta]
Disposición transitoria cuarta. Entidades aseguradoras autorizadas para operar en seguro de vida y en seguro distinto al de vida.
Disposición transitoria quinta. Adaptación de las Mutualidades de Previsión Social.
Se deroga el párrafo tercero del apartado 3 por la disposición derogatoria 1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Disposición transitoria sexta. Subsistencia provisional de las normas reglamentarias reguladoras de las provisiones técnicas.
[Bloque 153: #dtseptima]
Disposición transitoria séptima. Normas transitorias sobre porcentajes de provisiones técnicas, regulación de provisiones técnicas en que España sea el Estado miembro del compromiso o localización del riesgo, y sobre sucursales y prestación de servicios.
[Bloque 154: #dtoctava]
Disposición transitoria octava. Influencia notable a efectos de participación significativa.
[Bloque 155: #dtnovena]
Disposición transitoria novena. Transformación de medidas cautelares en medidas de control especial.
[Bloque 156: #dtdecima]
Disposición transitoria décima. Transformación de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
[Bloque 157: #dtundecima]
Disposición transitoria undécima. Beneficios de la adaptación y beneficios fiscales de la transformación de mutualidades de previsión social.
[Bloque 158: #dtduodecima]
Disposición transitoria duodécima. Límites provisionales del aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil ocasionada por la circulación de vehículos automóviles.
[Bloque 159: #dtdecimotercera]
Disposición transitoria decimotercera. Identificación de la entidad aseguradora en los accidentes de circulación.
[Bloque 160: #dtdecimocuarta]
Disposición transitoria decimocuarta. Régimen de los compromisos por pensiones ya asumidos.
Se amplía el plazo del párrafo primero del apartado 1 hasta el 16 de noviembre de 2002, por la disposición adicional 25 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357.
Se amplía el plazo del párrafo primero del apartado 1 hasta el 1 de enero de 2001, por la disposición adicional 13 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Texto original, publicado el 09/11/1995, en vigor a partir del 09/05/1996.
[Bloque 161: #dtdecimoquinta]
Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones.
Se modifica el párrafo sexto del apartado 4 por la disposición adicional 18 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Ref. BOE-A-2002-22807.
Se amplía el plazo de los apartados 1 y 2 hasta el 16 de noviembre de 2002, por la disposición adicional 25 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357.
Se amplía el plazo de los apartados 1 y 2 hasta el 1 de enero de 2001, por la disposición adicional 13 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155.
Se modifica el apartado 5 por la disposición adicional 11.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-28472.
Se modifica por los arts. 31.1 y 120 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1997-28053.
[Bloque 162: #dtdecimosexta]
Disposición transitoria decimosexta. Régimen fiscal transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones.
Se añade el último párrafo del apartado 1 por la disposición adicional 11.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-28472.
Se modifica el apartado 1 por el art. 31.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1997-28053.
[Bloque 163: #dtdecimoseptima]
Disposición transitoria decimoséptima. Adaptación de los agentes de seguros.
[Bloque 164: #ddunica]
[Bloque 165: #dfprimera]
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo que sean complemento indispensable de la misma para garantizar los objetivos de ordenación y completar la regulación básica por ella definida tienen la consideración de bases de la ordenación de los seguros, excepto los siguientes preceptos o apartados de los mismos:
a) Artículo 22, número 1, letras a) y d), y número 2; artículo 23; artículo 24, números 4 y 6; artículo 26, número 4; artículo 27, en la letra a) del número 2, en las letras b) y e) del número 3, y el número 4; artículo 28, números 1 y 3; artículos 29 a 38; artículo 58; artículo 61; artículo 62, número 2; artículo 63; artículo 64, la letra j) del número 3; artículo 72, números 4, 5, 6 y 7; artículo 73, y artículo 74; que no tendrán el carácter de básicos.
b) Las disposiciones que el número 2 subsiguiente declara de competencia exclusiva del Estado.
a) Con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, las materias reguladas en el artículo 28 bis y en las disposiciones adicionales sexta, octava, novena, décima y undécima en sus apartados 1 a 13, 15, 19 y 21, asimismo las contenidas en las disposiciones transitorias duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimoséptima.
b) Con arreglo al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, las materias reguladas en el artículo 28, apartado 2, y en el artículo 80, apartados 4 y 5.
c) Con arreglo al artículo 149.1.14.ª de la Constitución, las materias reguladas en la disposición adicional octava en lo relativo a las indemnizaciones pagadas con arreglo al sistema de valoración de los daños y perjuicios contenido en el anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en la disposición adicional undécima 16, 17 y 22, en la disposición adicional decimotercera y en la disposición transitoria decimosexta.
d) Con arreglo al artículo 149.3 de la Constitución, en materia regulada en los apartados 14, 15, 18 y 20 de la disposición adicional undécima.
Se deroga en la forma indicada en la disposición derogatoria única.a).2 a 6 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2004-18908.
Se modifican los apartados 2.a) y b) por el art. 1.24 de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-20330
[Bloque 166: #dfsegunda]
[Bloque 167: #dftercera]
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta entrarán en vigor a los seis meses de dicha fecha.
El régimen sancionador en materia de ordenación y supervisión de los seguros privados y en el ámbito de ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones previsto en esta Ley será de aplicación a las infracciones tipificadas en la misma que se cometan a partir de su fecha de entrada en vigor.
[Bloque 168: #firma]

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