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Timestamp: 2019-05-19 21:41:21+00:00

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El delito de trata de personas by Red PAR - Issuu
CUADERNILLO INSTRUCTIVO PARA COMUNICADORES
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS SU ABORDAJE PERIODÍSTICO
Intervienen en esta publicación
Fundación María de los Ángeles es una organización que lucha contra el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y asiste gratuitamente de forma integral a las víctimas de este flagelo social. La Fundación inició sus labores el 19 de octubre de 2007 en San Miguel de Tucumán por la iniciativa de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida desde el 3 de abril de 2002. Entre las acciones que realiza, se encuentra la asistencia legal, psicológica para las víctimas y sus familias y asistencia social; también realiza prevención mediante charlas a la comunidad y capacita a jueces, fiscales y fuerzas policiales. Red PAR Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista es un colectivo conformado en 2006 por más de 130 periodistas mujeres y varones de distintos lugares del país, que trabajan por la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Con el propósito de “construir una comunicación no sexista libre de toda discriminación que atente o violente los derechos de las mujeres” la Red elaboró y publicó en 2008 la primera edición del Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que ha sido reeditado en 2010, traducido a diversos idiomas y difundido en varios países a través de redes e instituciones de comunicación y periodismo y un Decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, que reproducimos en esta publicación.
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, tiene como objetivo prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de personas. En ese marco, la UFASE procesa información y elabora estadísticas públicas sobre secuestros extorsivos y trata de personas que contribuyen al diagnóstico y tratamiento ajustado de la temática. Junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ha producido dos informes públicos sobre la situación del delito de trata de personas en Argentina, un extracto del cual reproducimos en esta publicación. Programa Memoria en Movimiento Comunicación y Derechos Humanos fue creado en 2011 en el marco de la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el propósito de fortalecer la comunicación pública de las políticas de derechos humanos mediante la producción de contenidos, la publicación de documentos y libros, la organización de debates públicos, el diseño e implementación de actividades artísticas y la elaboración de campañas y propuestas comunicacionales. Desde su creación, ha realizado numerosas capacitaciones destinadas a la formación de periodistas y comunicadores en temáticas de derechos humanos.
El delito de trata de personas consiste en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. El consentimiento dado por la víctima no constituye en ningún caso causal de eximición de responsabilidad de los tratantes. El Protocolo de Naciones Unidas del año 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, la ley 26364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, y su reforma, la ley 26842, precisaron cuáles son las relaciones entre individuos que suponen explotación: a) mantener o reducir a una persona a una situación de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; d) promover, facilitar o comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; e) forzar a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; f) promover, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. En particular, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual es una grave violación a los derechos humanos de las víctimas que lo padecen, en su mayoría mujeres, constituyendo un caso extremo de violencia de género. En nuestro país, la temática comenzó a cobrar interés público en los últimos años y la sociedad comenzó a debatir este problema que afecta a miles de mujeres, niñas, adolescentes y adultas. En numerosas ocasiones el tratamiento periodístico de esta problemática reproduce esquemas de estigmatización y victimización de las mujeres que se encuentran sometidas a las redes delictivas, aumentando su situación de vulnerabilidad y la de sus familias. La mayor exposición del tema debería ser acompañada de un tratamiento periodístico respetuoso e informado, que desnaturalice las distintas formas de sometimiento de las víctimas, evite la ocultación del delito y sus perpetradores, contribuya a la prevención y erradicación del mismo y al cuidado y protección de las mujeres que lo padecen. Este cuadernillo contiene información sobre las características generales del delito de trata de personas en los casos que la explotación se da bajo la forma de comercio sexual, recomendaciones para el tratamiento periodístico de la temática y una guía básica de recursos y fuentes confiables para su correcta cobertura.
Situación actual deL DELITO DE trata en la Argentina
Metodología Para realizar el informe se privilegió la combinación de herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas, a los fines de poder atender la especificidad de la problemática. De este modo, se realizó, en primer lugar, un relevamiento de la totalidad de los procesamientos dictados en los juzgados federales que fueron informados a la UFASE, durante el período comprendido desde la sanción de la Ley 26.364 en abril de 2008 hasta abril del 2011 inclusive. En el caso de las tres provincias de estudio del proyecto, Santa Fe, Tucumán y Misiones, se realizó además, una búsqueda directa de causas en todas las fiscalías o juzgados federales locales. En estos casos, se analizaron en profundidad los procesamientos y las sentencias, en tanto se tuvo acceso a las causas completas. En segundo lugar, se desarrolló un relevamiento de casos de trata con fines de explotación sexualen los medios gráficos de tirada nacional (Clarín, La Nación, Página 12, Infobae y Perfil) comprendiendo los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Asimismo, se realizaron entrevistas con los/las funcionarios/as a cargo de las distintas fuerzas de seguridad naciona-
les y provinciales (Policial Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Interpol, Prefectura Nacional Argentina), funcionarios del ejecutivo nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Seguridad de la Nación). Se utilizaron entrevistas en profundidad, no estructuradas, con preguntas no direccionadas, llevadas a cabo entre el año 2010 y el 2011. Se realizaron también talleres participantes con miembros de las fuerzas federales, provinciales, ONGs locales, funcionarios públicos y operadores de la justicia federal.
Víctimas La investigación pretendió relevar información detallada respecto del perfil social de las víctimas (alfabetización, escolaridad, hijos a cargo, y otros). Pero estos datos en su mayoría, no fueron relevados judicialmente, o al menos no han sido incorporados en las piezas judiciales materia de análisis. Perfil de las víctimas SEXO
La problemática de la trata con fines de
Los datos estadísticos que se publican son un resumen del Informe producido por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”, 2011, cuyo texto completo puede consultarse en www.abrepuertas.inecip.org
explotación sexual en la Argentina afecta principal y casi exclusivamente a las mujeres (98% de las víctimas). En este sentido, todas las fuentes analizadas coinciden sin mayores divergencias. Sin dudas, estos datos demuestran la relación del delito con el sentido que la sexualidad femenina adquiere en las relaciones sociales y, en particular, en la relaciones entre los géneros. Las instancias de dominación y control sobre la sexualidad femenina, se expresan en la posibilidad de acceso de los hombres a los cuerpos de mujeres y niñas en el “mercado” y la industria del sexo. De cualquier modo, esto no significa afirmar con valor de dogma que la problemática de la trata en su modalidad de explotación sexual sea absolutamente ajena a los hombres. De hecho, es posible que existan más casos que el hasta ahora identificado. Es necesario además señalar que la identidad de género no es relevada por los operadores, lo que en principio permite suponer que esta población está sub-representada en el registro. Esta situación se replica en la información obtenida a partir de las entrevistas a las fuerzas de seguridad, donde se sostiene que, si bien en algunos casos se
han encontrado en los lugares allanados personas travestis, transexuales y transgénero, éstas no han sido identificadas como víctimas. EDAD
Los datos arrojados por el relevamiento permiten hacer una primera distinción entre las víctimas mayores y menores de 18 años, aunque no arrojan datos significativos en relación a los rangos etarios implicados en cada caso. En el relevamiento de causas se identifica un 27% de víctimas menores y un 72% de víctimas mayores, lo que indicaría que existe una mayoría de víctimas mayores afectadas por la problemática. El relevamiento de medios proyecta estas mismas proporciones; del total de las víctimas, un 53 % ‐94 casos‐ fueron mayores y un 30 % ‐54 casos‐ resultaron menores. También coinciden con estas proporciones los datos obtenidos a partir de las sentenciascondenatorias dictadas hasta la fecha en el país por trata sexual. En este sentido, un 70% de las víctimas fueron mayores de edad y el restante 30% resultaron menores. Tomando un período temporal similar al utilizado para elaboración de este Informe, la Oficina de Rescate y Acompa-
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ñamiento a las Personas Damnificadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informa que hasta marzo de 2011, las víctimas rescatadas mayores eran 1576 y las víctimas menores 282 (dato que no se encuentra desagregado en relación a la trata laboral y sexual).
Edad y Nacionalidad
Las edades de las víctimas menores encontradas oscilan entre los 11 años (1 víctima); de 13 a 15 años (19 víctimas); y de 16 a 17 (34 víctimas). En 65 casos no se conoce la edad de las víctimas menores. La mayor cantidad de casos se registra en el rango etario de 15 a 17 años (42 víctimas), información que resulta coincidente con los datos arrojados por el relevamiento de medios, donde la misma franja refleja un 44% (21 víctimas). Sobre las víctimas mayores se desconocen generalmente las edades. Estas cifras no necesariamente conducen a suponer que la problemática no afecta a menores de 18 años, por el contrario, probablemente estén dando cuenta de las limitaciones de las investigaciones, y la modalidad operatoria de los tratantes en relación a las víctimas menores. En las entrevistas realizadas, se sostiene que resulta realmente dificultoso encontrar víctimas menores en los allanamientos. Esta situación podría estar evidenciando una mutación del delito post‐sanción de la ley. Los tratantes tomarían mayores recaudos con las víctimas menores. Los mayores esfuerzos de los tratantes por evitar ser descubiertos con víctimas menores de edad, podrían dar cuenta de una virtual inaplicabilidad de los delitos de explotación (o delitos conexos) previo a la sanción de la ley de trata. Concretamente, por ejemplo, desde 1937 a la fecha no ha habido ninguna condena por la Ley 12.331.
Las proporciones entre mayores y menores se modifican al observarse en función de la nacionalidad de las víctimas; en el caso de las víctimas de nacionalidad paraguaya dicha proporción se separa del promedio general dando sólo un 9 % de menores. En el caso de las argentinas, aparece un 46% de víctimas menores y un 54 % de víctimas mayores. Cada 8 víctimas argentinas menores aparece una víctima paraguaya de esa misma edad. Estos datos arrojan en principio dos conclusiones. La primera de ellas, tal como se desprende de las entrevistas realizadas, es que probablemente el universo de víctimas menores afectadas por la problemática sea considerablemente mayor que lo que la Justicia ha constatado. La segunda, es la proximidad entre el porcentaje de víctimas argentinas menores y mayores. Esto pone en evidencia el concepto de “víctima” que con frecuencia manejan los operadores judiciales y funcionarios policiales; definiéndose casi únicamente a partir de la condición de menores o extranjeras. En este sentido, presumiblemente buena parte de las víctimas argentinas mayores se encuentren invisibilizadas en su condición de tales. Esta situación se ve de igual forma reflejada en el relevamiento de medios. Allí se observa no sólo una paridad entre las mayores y menores argentinas, sino una leve diferencia entre ambas; existen aún más casos de víctimas menores argentinas (28) que víctimas mayores argentinas (25). Del mismo modo, se evidencian las proporciones mencionadas en el relevamiento de expedientes para el caso de
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
las víctimas de nacionalidad paraguaya, siendo más las víctimas mayores (38) que las menores (20). Cabe mencionar que en ninguno de los dos relevamientos se advierte la presencia de víctimas menores que no sean de nacionalidad argentina o paraguaya –éstas siempre en menor medida‐, pese a registrarse, en ambos casos, presencia de otras nacionalidades, como dominicanas por ejemplo. Esto puede deberse, entre otras cosas, a la mayor dificultad de sortear los controles fronterizos cuando la persona es menor de 18 años de edad. NACIONALIDAD
Del análisis realizado sobre las causas, se concluye que existe una leve preeminencia de víctimas argentinas (51%) en relación a las víctimas extranjeras, aunque se observa un porcentaje realmente significativo de mujeres paraguayas (36%). En menor medida, aparecen tras-nacionalidades: dominicanas, colombianas, brasileñas. Esta información, puesta en relación con el país de captación de la mayoría de las víctimas, (un 57% de las víctimas fueron captadas en Argentina), abona las conclusiones ya alcanzadas por el informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acerca de la preponderancia de la trata interna por sobre la trata internacional en el país. El “Informe NOA‐NEA sobre primera etapa del relevamiento de casos judicializados de trata de personas” realizado por UFASE sobre 93 expedientes de seis provincias del noreste y noroeste argentino, concluyó también que en el 83% de los casos, el reclutamiento de las víctimas se produjo en la República Argentina y en el 94% de los expedientes el lugar de
destino era también en este país. LAS VÍCTIMAS EXTRANJERAS: CONDICIONES MIGRATORIAS
Las fuentes consultadas coinciden en afirmar que las víctimas extranjeras ingresan al país documentadas y por pasos habilitados. De los datos que aparecen relevados, 26 víctimas estaban documentadas y sólo 1 no lo estaba. Del relevamiento surge que, en prácticamente la mayoría de los casos donde se pudo obtener la información, las víctimas ingresaron por un paso fronterizo habilitado, siendo en todos los casos: Posadas. Sólo 1 víctima, no documentada, ingresó por un paso no habilitado. De cualquier forma, como sucede con algunos otros indicadores, muchas veces no existe información sobre la situación migratoria, ni sobre el ingreso al país de las víctimas extranjeras. Ello da cuenta de la falta de información sobre las fases previas a la explotación, que en la mayoría de los casos no es relevada por los operadores judiciales. La situación de documentación no siempre se condice con la situación migratoria en nuestro país. Pese a estar documentadas en su país de origen, en algunos casos fueron encontradas en situación migratoria irregular. Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones establece que la principal transgresión de las mujeres migrantes en situación de prostitución, es la no regularización de su situación migratoria, luego de haber permanecido en el país por encima del tiempo permitido a su ingreso como turista, o encontrarse en el país con la categoría de “turista vigente”. En este sentido, “la situación de `indocumentada´ o `irregu-
lar´”, las ubica en condiciones de mayor vulnerabilidad.” La condición de migrante ilegal es un factor determinante del riesgo de victimización.
conoce en la ocasión del reclutamiento.
El circuito de la trata: captación, traslado y explotación de la víctima CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA PREVIAS A LA CAPTACIÓN
Si bien en la mayoría de los procesamientos no se reconstruye la historia personal de cada una de las víctimas, los operadores judiciales incluyen algunas de sus declaraciones para definir la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran. En este sentido, un denominador común es que las víctimas han manifestado ser madres, con hijos a cargo, y con graves problemas económicos. Esta situación las incitó a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención. Del mismo modo, en ocasiones, las víctimas han manifestado en sus declaraciones la presencia de problemas familiares serios, antecedentes de abuso sexual y de violencia familiar. LA CAPTACIÓN
La captación puede ser analizada desde tres variables principales. La primera de ellas, hace referencia a dos tipos básicos de captación, por secuestro o engaño. La segunda, indica el medio con que se produce la captación, si se hace personalmente, a través de publicidades gráficas, Internet, etc. La tercera y última, refiere a la relación del captador con la víctima, si es un familiar, un vecino, o si lo
TIPOS DE CAPTACIÓN: EL ENGAÑO Y EL SECUESTRO
El engaño se presenta como el tipo de captación más utilizado (49%). En este punto coinciden todas las fuentes relevadas. El secuestro, tal como ya se sostenía en el informe de la OIM del 2008, no es una modalidad que se advierta comúnmente. Según el relevamiento analizado sólo se encontró secuestro en 2 oportunidades. En la mayoría de los casos, el engaño opera sobre ofertas de trabajo, siendo estos trabajos precarios: trabajos domésticos, trabajo en whiskerías como coperas o meseras, niñeras, etc. Esta situación permite dar cuenta, por un lado, de la condición de vulnerabilidad socio-económica previa de las víctimas, y por el otro, del tipo de estructura más elemental y rudimentaria que necesitan las redes para efectivizar el engaño, a diferencia del tipo de estructura necesaria para concretar un secuestro. Las fuerzas de seguridad distinguen dos variantes de captación: captación dura (cuando se produce secuestro u otra forma agravada de privación de libertad) o blanda (cuando básicamente se da el engaño). Al respecto, las fuerzas coinciden que en nuestro país, la modalidad utilizada para la captación es la “trata blanda”. La información obtenida a través del relevamiento de medios refuerza estas mismas hipótesis; allí también se advierte una preeminencia del engaño, por sobre el resto de las modalidades de captación posibles, siendo ésta un 42% por sobre un 5% de casos de privación de libertad. Cuando se analiza la forma en que se
realiza el engaño, se encuentra que en la mayoría de los casos éste opera respecto al tipo de actividad que se promete (68%). De acuerdo con esta información, la trata supone una forma, entre otras posibles, de ingreso forzado de mujeres al circuito de explotación sexual. Sin embargo, debe mencionarse que también existe engaño en relación a las condiciones en las que se ejercería la actividad prometida (32%). Es decir, aquellos casos en los que las víctimas “aceptan” el ejercicio de la prostitución, pero bajo condiciones distintas a las que finalmente se ven sometidas (porcentajes de remuneración, horarios, condiciones de higiene, multas, abusos, etc). En base a esta información, se pueden pensar otros vínculos entre situaciones de explotación y trata. La OIM sostiene que uno de los métodos de captación frecuentes en la Argentina, es el utilizado por la figura del proxeneta, entendiendo como tal aquel que controla una o más mujeres pero no regentea los prostíbulos, sino que sostiene una relación “sentimental” con ellas y acuerda con los regentes un porcentaje de la explotación. Un punto a considerar, a diferencia de las conclusiones arrojadas por el estudio de la OIM, es la poca cantidad de casos en los que se ha evidenciado la captación a través del engaño sobre la relación personal con el captador (proxeneta o “fiolo”). En este sentido, según el relevamiento realizado, esta situación aparecería con menor frecuencia de lo presumiblemente esperado. De todas formas, en los talleres realizados con la policía provincial y con los miembros del Poder Ejecutivo local de Santa Fe, como así también en las entrevistas realizadas
a miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Policía Federal Argentina (PFA) en la misma provincia, se identificó al engaño en la relación personal con el captador como la segunda modalidad más frecuente de captación. MEDIOS PARA LA CAPTACIÓN
En los casos en los que se pudo obtener la información, la captación se produce mayoritariamente en forma personal, cara a cara. Es realmente insignificante la proporción de casos en los que median otro tipo de formas como el chat, Internet, mensajes de texto o teléfono. Menor aún es el porcentaje de casos en donde la captación se ha producido por medio de publicidad gráfica. Ello por cuanto generalmente, la captación ocurre en pequeñas ciudades. Según se desprende del análisis, el 49% de las víctimas argentinas fueron captadas en ciudades de menos de 70.000 habitantes. En este sentido, estos datos coinciden con lo expresado por las fuerzas provinciales en los talleres realizados en la provincia de Santa Fe, donde dan cuenta de la modalidad de captación como una captación “hormiga”, “uno a uno”, de persona a persona. RELACIÓN DEL RECLUTADOR CON LA VÍCTIMA
En la mayoría de los casos en los que se pudo obtener la información, los captadores son conocidos por las víctimas en ocasión del reclutamiento y no antes. En el porcentaje restante, las formas de vinculación anteriores a la captación se desagregan entre conocido de antes, familiar inmediato, familiar no inmediato, pareja, amigos, vecinos en ese orden. RUTAS
Del análisis realizado se observa con
claridad, como se ha mencionado, la predominancia de la ruta Paraguay ‐ Argentina, donde nuestro país es, en principio, destino de las víctimas paraguayas.
víctimas de trata.
Por otro lado, se evidencia también la ruta noreste‐centro del país, donde Buenos Aires aparece como centro de explotación y lugar de confluencia de víctimas de distintas provincias. El relevamiento realizado no da cuenta de diversas dinámicas de intercambio internacional a excepción de la ruta Paraguay‐Argentina, donde nuestro país aparece como destino de un porcentaje muy alto de víctimas paraguayas. En este sentido, si bien no debe asumirse que no existen rutas que vinculen a la Argentina como país de tránsito o de origen de víctimas que serían trasladas al exterior, debe mencionarse que al menos del análisis de los expedientes, no parecería posible imaginar esta situación con el tipo de red delictiva que se observa. Asimismo, esta situación se ve corroborada en los datos obtenidos a partir del “Informe NOA‐NEA sobre primera etapa del relevamiento de casos judicializados de trata de personas” efectuado por UFASE sobre seis provincias del noreste y noroeste argentino29, donde en el 94% de los expedientes el lugar de destino era la República Argentina, mientras que sólo el 4% era la República de Paraguay y el 2% la República de Chile. De la web de Interpol se conoce que están buscando a 20 chicas, pero se desconoce si las búsquedas de paradero internacional que existen publicadas en esa página se vinculan a casos de trata. De acuerdo a información de los medios gráficos de comunicación, al menos 10 de estas chicas podrían ser
A excepción del Departamento Trata de la GNA, el resto de las divisiones especiales de las fuerzas de seguridad federales, no informa conocer víctimas argentinas en el exterior, o dicho de otra manera, rutas que vinculen a la Argentina como país de origen o tránsito. A partir de la experiencia de UFASE en la tramitación de investigaciones preliminares o colaboraciones con fiscalías de todo el país, se han detectado algunos casos de ciudadanas argentinas desaparecidas en el extranjero que podrían haberse visto afectadas por el delito de trata de personas. Los destinos posibles en estos casos, que no son muchos y cuyas investigaciones o han arribado a instancia de auto de procesamiento, colocan como lugar de destino a México, España y Chile. EL TRASLADO
En relación a la etapa del traslado, si bien no abundan los datos al respecto, sí han sido relevados en buena medida, los medios de transporte utilizados para llegar al lugar de explotación, siendo en su mayoría colectivos y autos. En gran parte de los casos, el traslado en colectivos se efectúa a través de empresas conocidas que realizan el servicio regularmente. Más aún, en algún expediente se da cuenta de la vinculación de los choferes de las empresas con los tratantes a través de paradas extra‐recorrido, donde las víctimas son esperadas. No obstante, en la mayoría de los procesamientos analizados no se señala una línea de investigación sobre esta etapa. Si bien no abundan los datos acerca de con quiénes viajaron las víctimas, de la
información que fue relevada, en 42 casos viajaron con los tratantes, y en 24 víctimas viajaron solas. Estas situaciones están en sintonía con lo mencionado por los funcionarios de las fuerzas de seguridad en las entrevistas, que dan cuenta de las mutaciones de las modalidades delictivas. Si en un comienzo podía advertirse la compañía en casi todos los casos de los captadores en la instancia del traslado, actualmente se observa un número creciente de casos en los que las víctimas viajan solas o acompañadas “bajo vigilancia”, dificultando la identificación de casos por las fuerzas a través de tareas de prevención. LA EXPLOTACIÓN Lugar de explotación
En relación a los lugares de explotación, existe una predominancia clara de las whiskerías, pubs y pooles (74%) por sobre los privados (22%). Ello da cuenta, en primer lugar, que la actividad judicial está dirigida casi en su totalidad, a lugares públicos, identificables, muchas veces inclusive habilitados por los municipios. Esta situación se ve confirmada tanto en el relevamiento de causas como en el de medios. Esto resulta significativo en tanto la mayoría de estos lugares están expuestos al público, y a controles policiales y municipales. En este sentido, aparecen en reiteradas oportunidades vinculados a rutinas donde se ven involucrados diversos actores institucionales; registro de las víctimas en sede policial, obtención de libretas sanitarias –expedidas por la municipalidad‐; laboratorios encargados de realizar análisis clínicos a las víctimas, que llamativamente no aparecen en ningún caso investigados
en los procesamientos. La preponderancia de las whiskerías por sobre los privados deja al descubierto también la orientación de las investigaciones realizadas hasta el momento, no habiendo numerosos casos de allanamientos a bares o privados en las grandes ciudades. Los lugares de explotación alcanzados por la Justicia, están más asociados a ciudades del interior de las provincias, que son fácilmente reconocibles e identificables y, en la gran mayoría de los casos, habilitados por organismos locales. En un 49% las víctimas fueron explotadas en ciudades pequeñas con menos de 70.000 habitantes, más aún casi un 32% de las víctimas fueron explotadas en ciudades con menos de 25.000 habitantes, la mayoría de ellas entre 15.000 y 5.000 habitantes. En un 23% las víctimas fueron explotadas en ciudades de más de 140.000 habitantes, entre las que se destaca fundamentalmente Mar del Plata. El bajo número de procesamientos en grandes ciudades, permite esgrimir razones a la desproporción entre privados y whiskerías. Son realmente insignificantes la cantidad de procesamientos en grandes centros urbanos, a excepción de Mar del Plata. En este sentido, estas variables –privados vs whiskerías y centros urbanos vs ciudades del interior‐ deben ser puestas en diálogo. Es posible que en los centros urbanos exista una mayor proporción de privados a la que aparece en las ciudades del interior del país, o en ciudades a la vera de las rutas, pero no opera sobre éstos ningún tipo control oficial. Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires UFASE ha detectado y denunciado
la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados. En varios de estos casos existían indicios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han presentado ningún avance significativo.
mente como resultado del foco de la persecución en las whiskerías.
Por otro lado, debe resaltarse que distintos miembros de las fuerzas de seguridad coinciden en que la práctica delictiva va mutando e incluso modificando los lugares donde se produce la explotación. Esta predominancia de lugares públicos, muestra cómo el delito de la trata ha puesto al descubierto otros delitos vinculados que, previo a la sanción de la ley, no eran visualizados como tales, aunque no redunde en una política de persecución sobre ello. Muestra de esto son los casos de víctimas explotadas en las mismas ciudades en las que residen, ‐11 casos en Misiones, 4 en Salta, 1 en Santa Fe‐; en todos ellos los operadores han conceptualizado como trata situaciones que se corresponden más bien con delitos de explotación. Uno de los mayores problemas que se advierten en el relevamiento, es la invisibilización que existe de la problemática y el delito de explotación sexual, en aquellas situaciones en las que no hay trata. Los casos en los que no opera la captación y el traslado, la explotación sexual en sí misma queda invisibilizada. Un dato llamativo es la ausencia de situaciones de trata en calle, posible-
Principales zonas de explotación
De acuerdo al relevamiento de causas, las principales zonas de explotación serían: provincia de Buenos Aires y Misiones. En aquellas provincias en las que se manifiesta una voluntad política frente a la problemática de la trata con fines de explotación sexual, la cantidad de víctimas halladas en situaciones de explotación, se ve notoriamente incrementada en relación al resto de las provincias, tal es el caso de Misiones y Buenos Aires. Más aún, si bien puede presumirse que Buenos Aires es uno de los principales centros de explotación, no sucede lo mismo con Misiones, generalmente más vinculada a la etapa de reclutamiento que a la etapa de explotación. Que Misiones registre mayor cantidad de víctimas explotadas en su provincia que la Ciudad de Buenos Aires o el sur del país, no pone en discusión que en Misiones se capten mujeres para esos destinos, sino que seguramente de cuenta de la influencia de una voluntad política dispuesta a visualizar y atender a la problemática. Es todo un dato que la CABA registre al momento del relevamiento sólo un procesamiento. En este punto, la información recolectada en autos de procesamientos dista de aquella relevada de expedientes judicializados (tal vez en estado incipiente), durante el año 2009, para la producción del informe de casos de NOA y NEA realizado por UFASE, en donde Misiones poseía una importante cantidad de casos en trámite, pero se presentaba fundamentalmente, como un lugar de reclutamiento y no de explotación sexual. El análisis del relevamiento de medios
proyecta un escenario similar a los datos obtenidos en el relevamiento de causas. Buenos Aires aparece también aquí, como la provincia con mayor cantidad de víctimas explotadas (83 casos). Del mismo modo, Misiones aparece en relación al resto con una significativa cantidad de víctimas explotadas en la provincia; siguiéndola Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Curiosamente, en medios tampoco se registran numerosas víctimas explotadas en las provincias del sur del país, siendo prácticamente imposible pensar que esto no sea una realidad de la zona.
bulos: llegar tarde, no tener limpia la habitación, “peleas entre las chicas”, quejas del “cliente”, etc.
Principales formas de sometimiento
Los datos obtenidos en el relevamiento de medios dan cuenta de una preponderancia de la restricción de la libertad ambulatoria por sobre el resto de las modalidades de sometimiento. Del mismo modo, se registra en los casos analizados, una mayor presencia de violencia física que en el relevamiento de causas.
Este apartado se refiere a las principales formas de sometimiento en torno a la fase de explotación. En este sentido, se considera que es necesario avanzar en un análisis más exhaustivo respecto a estas modalidades en tanto explican el modo en que se promueve y sostiene la explotación sexual. Dentro de las modalidades de sometimiento más utilizadas, se observa una preponderancia de la afectación a la autonomía económica, visualizada a través de la retención de salarios y la deuda económica. El sistema de endeudamiento promueve modalidades de sometimiento y de explotación extremas que pueden ser largamente sostenidas en el tiempo. La deuda se inicia a partir del pago de los pasajes para el traslado por parte de los/ as tratantes y un adelanto de cobro, además de descuentos que se aplican por alojamiento, comida, limpieza y vestimenta, principalmente. Alimenta el sistema de deudas, la aplicación de diversas multas dinerarias, por “faltas” al régimen de vida impuesto en los prostí-
Esto sumerge a las víctimas en un círculo o burbuja de coerción del cual les resulta imposible salir, en tanto nunca logran “cobrar”, todo lo que producen se ve destinado a pagar la constante deuda que mantienen con los tratantes. Otras formas de sometimiento que aparece con frecuencia son las amenazas y la violencia psíquica. Aunque no se especifica de qué tipo son, aparecen como una modalidad más frecuente que la utilización de la violencia física.
La no retención de documentos, así como la restricción por sobre la privación de la libertad, reflejan otras mutaciones que se observan en la dinámica delictiva. Los tratantes han encontrado alternativas en las modalidades de sometimiento que impiden su sencilla visualización; las víctimas tienen en su poder sus documentos y en buena parte de los casos, pueden salir del lugar, porque, en definitiva ello no pone en riesgo un posible escape, en tanto el sometimiento opera de otro modo. No hay numerosa información que dé cuenta del sistema de plazas en la etapa de explotación. Más aún, muy pocas veces se ha podido constatar su existencia en el relevamiento de causas judiciales. No obstante, debe resaltarse que en la mayoría de los casos, las vícti-
mas rescatadas han sido explotadas por un breve lapso de tiempo, pocos meses, muchas veces semanas e inclusive días. Ello podría explicar, en alguna medida, la poca información en relación al sistema de plazas al que aluden con frecuencia las fuerzas de seguridad. Puede suceder que este no sea un dato indagado por la Justicia, o bien que no estén contempladas como víctimas aquellas mujeres que permanecieron en la red por largos períodos de tiempo.
abonan esta hipótesis.
Resulta significativo el indicador que refiere a la presencia de personal de las fuerzas de seguridad en el lugar de explotación (13 de los 70 casos relevados). Sin embargo, este dato no se corresponde la mayoría de las veces con una imputación por algún tipo de participación delictiva de dichos funcionarios, aún cuando en muchos casos surge la posible identificación de los mismos. Sólo en uno de ellos se imputó y proceso a un policía en actividad.34 El desconocimiento en el resto de los casos respecto de este dato, da cuenta de que no fue relevada tal circunstancia en el procesamiento judicial.
Imputados PERFIL DE LOS IMPUTADOS SEXO Y OCUPACIÓN
Existe casi una paridad en el porcentaje de mujeres y hombres implicados en los procesamientos analizados. El alto porcentaje de mujeres implicadas en las causas, pone en discusión la posibilidad de que algunas de éstas hayan sido previamente tratadas o explotadas. La situación de mujeres paraguayas, dominicanas, inclusive argentinas imputadas
Así, del análisis surge que el 43% de las personas procesadas son mujeres. Este porcentaje que de algún modo se mantiene si se tiene en cuenta la información de sentencias condenatorias (32% de condenadas mujeres ), es llamativo si se lo compara con las cifras de condenados por delitos en general en todo el país, donde las mujeres no superan el 10%. Este dato, unido al rol delictivo de alta exposición que suele asignarse a las mujeres dentro del proceso de trata (en general como captadoras o regentes de whiskerías o privados), debe conducir hacia un análisis más profundo y cualitativo acerca de la posible “criminalización” de víctimas de trata “reconvertidas” luego de su etapa de sometimiento, en engranaje útil de organizaciones criminales. Las “ahora” autoras podrían ser las “antes” mujeres explotadas. Ya en el informe anual de UFASE para el período 2011 se advertía con relación a sentencias condenatorias que, para ese tipo de situación, el actual régimen legal no contiene soluciones paliativas claras, y las resoluciones judiciales no han abordado el punto considerando especialmente estas particularidades, salvo una sentencia absolutoria que opera como excepción. NACIONALIDAD
Existe una predominancia clara de argentinos implicados por sobre el resto de las nacionalidades. Esto se ve verificado en buena parte de las entrevistas realizadas a las fuerzas de seguridad. Aunque, como se mencionó, si bien hay un porcentaje mayor de hombres, el porcentaje de mujeres implicadas es realmente significativo.
Se observa que el rol predominante de los imputados es de explotadores y administradores, situación que opera para ambos sexos, aunque en este rol existe un mayor porcentaje de hombres. Los roles donde la presencia de hombres y mujeres se equipara son la captación y la recepción. Los datos referidos a las ocupaciones de los imputados reflejan la preeminencia de actividades convencionalmente identificadas como empleos precarios. En un 16% se registran ocupaciones ejercidas por mujeres: ama de casa y empleada doméstica. Un 24% de los imputados se dedican al comercio, en su mayoría esto refiere a aquellos que cumplen el rol de regentes dentro de los lugares de explotación. Los restantes porcentajes menores se desagregan en otros oficios y empleos precarios. No se registra ninguna profesión. Resultan llamativos los casos del policía en actividad, del ex policía y del ex servicio penitenciario, que han sido identificados como tales, aunque ello no haya redundado en una investigación sobre las posibles vinculaciones de los mismos con dichas fuerzas de seguridad. Por otro lado, deben resaltarse las ocupaciones registradas como “prostitutas” o “alternadoras”, en tanto abonan las hipótesis de mujeres que pueden haber sido previamente tratadas o explotadas, o más aún, lo siguen siendo. LAS REDES. ORGANIZACIONES CRIMINALES DETRÁS DEL DELITO DE TRATA.
Existe cierta propensión a pensar el crimen organizado desde la perspectiva del fenómeno del narcotráfico, cual si el resto de los mercados criminales tuvieran características semejantes, diluyen-
do la especificidad de cada mercado y la caracterización propia de su emplazamiento territorial. En los casos abordados por la justicia argentina imperan redes de trata con estructuras precarias por sobre organizaciones criminales complejas en sentido clásico. En el relevamiento realizado no ha podido constatarse la existencia de este tipo de organizaciones. Sin embargo, el abordaje de lo que el sistema persigue deja siempre pendiente la duda respecto a la complejidad de lo que existe. Igual que en otros delitos es posible que la persecución en estos casos también alcance a los sectores más vulnerables, directamente involucrados en la fase de explotación. Las redes que se observan, en aquellos casos judicializados, no indican un alto alcance territorial. Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas, sin una organización jerárquica, con poca diferenciación interna de roles, muchas veces de carácter familiar, y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. Estas características no dan cuenta de un grado significativo de complejidad organizativa. Lo que es distinto a sugerir que no existe organización. Una particularidad de este delito es la alta rentabilidad que genera, consecuencia de que la actividad requiere de bajos niveles inversión. Si bien de se distinguen las diversas etapas; captación, traslado y explotación, no se observa, tal como se mencionó, la existencia de diferen-
tes células con roles diferenciados articuladas entre sí.
telefónicas que implicaban a la comisaría de la zona con los tratantes; y presencia policial en los lugares de explotación.
Definir los grupos criminales dedicados a la trata de personas en términos de redes delictivas, supone entender que en torno a la actividad existen actores directamente responsables por la comisión, y actores que de una u otra manera hacen posible el delito. En este sentido, la problemática de la trata de personas no puede ser entendida ni analizada por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial. En el relevamiento realizado se identificaron varias situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los prostíbulos. En términos generales, la presencia de funcionarios policiales se debe interpretar como un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. En entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad, por otro lado, surge la vinculación que habría entre jueces y/o fiscales locales y los lugares de explotación que se traduce en dilatación en el tiempo de la concreción de los pedidos de allanamiento, o el descarte arbitrario de posibles situaciones de trata que las fuerzas de seguridad acercan a los órganos jurisdiccionales. Del relevamiento de medios se desprende que en un 22% de los casos existe una suposición de complicidad de funcionarios públicos o policiales. En general, esto se reflejó como trabas reales de las comisarías en donde las familias radicaban las denuncias; demoras en las investigaciones policiales; escuchas
Sobre la base de esta información, es posible afirmar, preliminarmente, que la existencia de estos mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su naturalización. Tan es así que influyen en la percepción que las propias víctimas tienen sobre la actividad. Socialmente se desdibuja el límite entre lo legal y lo ilegal. Es sobre estas difusas fronteras que se erige la participación, connivencia o protección los grupos delictivos desde los a sectores que deberían prevenir y perseguir el delito.
Decálogo para el ABORDAJE periodístico de la trata y la explotación sexual El presente Decálogo y sus Anexos fueron elaborados por la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red - por una comunicación no sexista). Septiembre 2012.
DECÁLOGO 1. Entendemos por trata de personas el delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, el fraude o el engaño; el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación. Es fundamental que vinculemos el delito de trata para explotación sexual con la prostitución y que, al hacerlo, pongamos en evidencia la trama social, cultural y económica que los relaciona. 2. La trata es una violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Por lo tanto es preciso visibilizar este delito y remarcar el impacto devastador que tiene sobre las víctimas, al hacer explícito que se ha ejercido sobre ellas violencia física y psicológica.
3. Consideramos importante explicar en nuestras coberturas los modos de captación de las mujeres, adolescentes y niñas. Dejaremos en claro así que la idea de consentimiento es una falacia, sea cual fuere la edad de las víctimas. 4. Al referirnos a una mujer, una adolescente, una niña o cualquier otra persona en situación de trata o de prostitución, tendremos presente que es la consecuencia de una red de complicidades y de responsabilidades que involucran el sistema político, judicial y policial (sistema prostituyente). 5. No hablaremos de cliente sino de hombre-prostituyente o varónprostituyente. Al hacerlo pondremos en claro que existe una relación de poder y, como tal, desigual, y no una transacción comercial entre pares. Visibilizamos así los delitos de proxenetismo y de trata de personas con fines de explotación sexual. 6. Al realizar una cobertura periodística sobre prostitución y/o trata de personas no utilizaremos las expresiones “servicio sexual”, “trabajo sexual”, “trabajadora sexual” ni “trabajadora del sexo”, sino
“víctima de explotación sexual” o “víctima de trata de personas”. Tampoco utilizaremos el término “prostituta”, sino “mujer prostituida”, ni emplearemos la expresión “prostitución infantil”, sino “explotación sexual infantil”. Del mismo modo cuidaremos de no utilizar eufemismos ni expresiones que naturalicen o encubran estos delitos.
desaparecidas que se sospecha han sido secuestradas por redes de trata.
7. Respetamos los derechos de la persona víctima. Por eso nos comprometemos a no dar su nombre real, ni a difundir imágenes o datos que puedan facilitar su identificación o ubicación. 8. Nuestro relato debe ayudar a entender las causas y a identificar a las víctimas como tales; por lo tanto, también deberá cuestionar que se las arreste por estar en un prostíbulo o por no disponer de su documentación en regla. Haremos conocer sus derechos a la víctima, si no los supiera, y le informaremos dónde puede recibir orientación, asistencia y protección. 9. En el mismo sentido, no haremos ningún juicio de valor sobre su situación. Evitaremos la revictimización y la culpabilización; por eso no daremos detalles de los sometimientos sexuales que padecieron. 10. Buscaremos alentar la denuncia de situaciones de trata y de explotación sexual, para lo cual incluiremos los teléfonos y las direcciones de los lugares donde hacerlo. Del mismo modo publicaremos los teléfonos y las direcciones de servicios de asistencia a las víctimas. Y trataremos de difundir en forma periódica, con la anuencia de sus familiares o del juzgado interviniente, las fotografías y los datos de las personas
AMPLIACIONES AL DECÁLOGO Sobre el punto 1 El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños” del año 2002, que complementa la “Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (2000), más conocido como Protocolo de Palermo define la trata de personas y caracteriza los tipos de explotación: »»la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual »»los trabajos y servicios forzados »»la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud »» la servidumbre »»la extracción de órganos. La trata puede ser interna o internacional. La definición de este delito complejo en diversas fases señala el grado de sistematización en la organización, con funciones claramente delimitadas y, en consecuencia, la participación necesaria de actores cómplices para lograr el objetivo de obtener beneficios económicos y materiales. Esta realidad indica, al menos, la persistencia de relaciones desiguales entre varones y mujeres, la naturalización de la prostitución como “alternativa laboral”, y la reproducción que hacen los medios de comunicación de la representación de las mujeres en tanto objeto sexual. Esto se agrava debido a carencias y/o
negligencia en la detección, denuncia y persecución del delito. La trata de personas para explotación sexual, al igual que la prostitución como sistema organizado, reduce a las mujeres a la condición de objeto sexual, disponible para los varones en los términos de una transacción comercial. En tal sentido constituye un delito que vulnera la libertad, la integridad y la dignidad de las personas. Es, fundamentalmente, una consecuencia de la naturalización de la prostitución. Por eso es acertado afirmar que sin hombres-prostituyentes no habría prostitución, y sin prostitución no habría trata. »»La inmensa mayoría de las víctimas de trata y explotación sexual son mujeres –se estima que el 87 por ciento –, ya sea adultas, adolescentes o niñas. »»Cuando nos referimos a la red de trata de personas con fines de explotación sexual, entendemos como tal el grupo de delincuencia organizada que, al menos en una cantidad de tres integrantes, actúan coordinadamente durante un lapso determinado con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales, y cometen uno o varios delitos sometiendo sexualmente sobre todo a mujeres, adolescentes y niños/as. La definición de trata con fines de explotación sexual alude a las distintas etapas que conforman este delito: 1º Captación a través de engaño (laboral, económico, amoroso, etc), al aprovechar la vulnerabilidad de la víctima, y/o por medio de la violencia física (por ejemplo, el secuestro). En algunas ocasiones, personas del entorno familiar, amistoso o barrial de la víctima ofician de “entregadoras”.
2º Traslado o transporte de la víctima a otra localidad, ciudad e incluso a otro país, por sus propios medios o privada de su libertad, con el fin de alejarla de cualquier posibilidad de ser ayudada. Ese traslado es posible gracias al descuido o a la complicidad de integrantes de las fuerzas de Seguridad y de Migraciones y, en algunos casos, también a la negligencia de las empresas de transporte público de pasajeros. Con frecuencia, cuando alguien de su familia, amistades o entorno van a denunciar la desaparición ante la Policía o en sede judicial, se les responde que la víctima se ausentó por su propia voluntad y quienes debieran buscarla se niegan a hacerlo, lo que da tiempo a sus captores/ reclutadores para alejarla de su lugar de origen. Las primeras 24 a 48 horas son cruciales para su hallazgo. 3º “Ablande”. La víctima, ya totalmente privada de su libertad y despojada de sus documentos, es sometida a violaciones sistemáticas y a otras formas de violencia, para quebrar su voluntad. Otras veces es prostituida por su captor, antes de ser entregada o vendida a la red de trata. 4º Explotación sexual en un prostíbulo. La víctima, en especial durante los primeros tiempos, está sometida al encierro. Aunque parezca existir una aparente posibilidad de desplazamiento, las continuas amenazas hacia ella y su familia, el desconocimiento del lugar donde se encuentra, la falta de documentos y la imposición de una falsa deuda con los/ as tratantes –entre otros mecanismos de dominación– la paralizan y le impiden poner en práctica recursos para salir de esa situación. 5º Sucesivos y periódicos traslados a
prostíbulos de otras ciudades o provincias y, a veces, de otros países.
durante el período de esclavitud sexual les deja secuelas muy penosas y difíciles de superar: les cuesta formar una pareja sin replicar el esquema de dominación que las tuvo como víctimas; y el maltrato corporal les genera enfermedades crónicas que dificultan su embarazo y/o son causa de malformaciones congénitas o discapacidad en sus hijos/as.
Sobre el punto 2 Para sensibilizar a la sociedad es preciso explicar y recalcar que las víctimas de trata con fines de explotación sexual no sólo han perdido su libertad, sino también han sido reducidas corporal y psíquicamente. Las coberturas periodísticas sobre el tema deben insistir en la necesidad de que las autoridades cumplan con la legislación, y brinden asistencia psicológica, vivienda, capacitación y salida laboral a las víctimas. Es necesario recordar que durante el cautiverio y la explotación, las víctimas son sumamente vulnerables a contraer enfermedades –en especial infectocontagiosas, en primer lugar las de trasmisión sexual, como VIH/sida–, y habitualmente, a causa de su situación de clandestinidad, no tienen acceso a los servicios de salud. Se hallan además en riesgo extremo de ser sometidas a abortos en condiciones sépticas. Con frecuencia se las fuerza al consumo de alcohol y de drogas, lo que no sólo les genera adicciones, sino también dependencia de quienes la explotan, como un arma más para reducir sus posibilidades de huida. Tampoco debe obviarse el hecho de que al ser rescatadas o al lograr salir de la red de trata o de la explotación sexual deben enfrentar la discriminación y la estigmatización, no sólo en sus lugares de origen sino en instancias judiciales, policiales, políticas y asistenciales que deberían velar por sus derechos. La devastación física y psicológica sufrida
Sobre el punto 3 Con frecuencia, la alta vulnerabilidad social y/o la fuerza de los patrones patriarcales de sometimiento de las mujeres dentro del grupo familiar, inciden en que las mujeres sean prostituidas. Las redes, a través de los/las captores/as, reclutadores/as, encuentran en estos contextos familiares el ámbito propicio para tentar con ofertas engañosas a las jóvenes mujeres que luego serán trasladadas a distintos puntos del país. Las víctimas de trata y de explotación sexual se encuentran en una situación de vulnerabilidad, entendida en sentido amplio (afectiva, familiar, social y económica, a menudo en forma concomitante). De acuerdo con las investigaciones judiciales que se conocen, y con estudios de casos realizados por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), mayoritariamente se podría caracterizar a las víctimas de trata por su condición de adolescentes y/o mujeres jóvenes, nacionales o migrantes, provenientes de hogares pobres y/o de familias desestructuradas, o en las que son víctimas de maltrato o violencia familiar –sobre todo física y psicológica– y/o de abuso sexual, por lo que buscan dejar su lugar de origen o de residencia con la intención de mejorar su situación y/o la de su familia. No obstante, si consideramos los casos de Florencia Pennacchi,
Marita Verón y Fernanda Aguirre, no se puede limitar a esas características los perfiles de las víctimas potenciales de trata y de explotación sexual. Quienes las capturan lo saben y, al apuntar a estos perfiles de víctimas, recurren a métodos de captación acordes con esas características:
captar sobre todo adolescentes y niñas, por lo que las notas periodísticas deben insistir en la precaución y la supervisión constante que deben mantener las personas adultas que las tienen a cargo, así como en crear conciencia de que no deben subir fotos ni videos íntimos a la red, ni enviarlos por ningún medio electrónico.
»»Fraude amoroso: el captor “le hace el novio” a la víctima –en especial en el caso de niñas y adolescentes– y la convence de que se vaya con él. Tras una primera etapa de seducción, y mientras va conociendo el entorno familiar y social en el que se mueve la víctima, el captor busca agudizar las situaciones conflictivas entre la joven o niña y su familia. Le insiste en que ella ya es lo suficientemente grande como para tener que obedecer órdenes de otras personas, y que junto a él será definitivamente feliz. A menudo el captor intenta seducir a tres o cuatro jóvenes al mismo tiempo, y cuando logra llevarse a una, desaparece del lugar sin dejar rastros y corta el contacto con las restantes.
»»Ingreso al mercado de las drogas, para generar adicción y que esta sea “solventada” mediante la explotación sexual.
»»Oferta laboral falsa, por lo general en otra ciudad, otra provincia u otro país. El empleo ofrecido depende del tipo de prostíbulo al que los/las tratantes quieran destinar sus víctimas: si apuntan a un nivel socioeconómico alto de varones -prostituyentes, ofrecen empleos para los que se requiera buena presencia, como promotoras, modelos, recepcionistas, camareras, o un casting de actuación. En cambio, si el perfil de hombres-prostituyentes es menos exigente, ofrecen trabajo como empleadas domésticas o niñeras.
En Argentina, la legislación exige que, cuando la víctima es mayor de 18 años, se pruebe ante la Justicia que no prestó su consentimiento para ser explotada o esclavizada. Este requisito ha generado numerosas críticas porque, como hemos explicado en los párrafos anteriores, jamás existe una situación de libertad total y de igualdad que pudieran dar legitimidad semejante consentimiento.
»»Contacto vía Internet a través de las diferentes redes sociales, falseando la identidad y la edad. Es un método para
»»Entrega o venta de la víctima. »»Secuestro con violencia (lo menos frecuente). Algunos/as especialistas hablan también de víctimas potenciales de trata con fines de explotación sexual, para definir a mujeres, adolescentes de ambos sexos, niñas y niños que, por hallarse en extrema vulnerabilidad –en especial en situación de calle–, corren serios riesgos de ser prostituidas o prostituidos para poder comer, lo que termina siendo el primer paso para la explotación sexual o la trata con fines de explotación sexual.
En el apartado b) del artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas se indica que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido al engaño, la coacción, la
fuerza o cualesquiera de los medios prohibidos. Por consiguiente, es irrelevante utilizar el consentimiento como defensa para eximir a una persona de responsabilidad penal.
los hechos, la convivencia de los sistemas abolicionista, reglamentarista y prohibicionista se traduce en ordenanzas municipales que permiten la habilitación de locales donde tienen lugar los delitos de trata y de explotación sexual, bajo los nombres eufemísticos de whiskerías, cabarets, night clubs, saunas, entre otros. La complicidad del Estado municipal se manifiesta también en ordenanzas de espectáculos públicos que definen a las mujeres explotadas como “alternadoras”, una figura que invisibiliza la acción de prostituir.
Sobre el punto 4 Así como la extrema vulnerabilidad de las víctimas tiene lugar en contextos sociales en los que el Estado no asume las responsabilidades constitucionales que le corresponden, las distintas etapas de la trata también son facilitadas por una cadena de negligencias y complicidades por parte de funcionarios con capacidad de decisión en los distintos poderes del Estado. Los traslados de las víctimas, por ejemplo, son factibles por la ausencia de controles o directamente la corrupción del personal y de las autoridades de las fuerzas de seguridad y de migraciones, y de los organismos estatales de documentación. En la mayoría de las ciudades de Argentina, como así también en otros países de la región y del mundo, las redes de trata y la explotación sexual operan gracias a una trama de complicidades, lo que pone en evidencia las articulaciones entre las redes de tratantes y los sectores de poder, tanto del Estado como de grupos influyentes de la sociedad. Desde el Estado, estos delitos son favorecidos a través de la habilitación de locales nocturnos por parte de autoridades municipales que, si bien lo hacen en nombre de normas legales, al mismo tiempo permiten la violación de las leyes 12.331 (Ley de Profilaxis) y 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas). Si bien las normas vigentes definen al Estado argentino como abolicionista, en
En algunos casos, los municipios incluso llevan registros y fichas de las mujeres provenientes de diferentes lugares, que son explotadas en los locales habilitados “legalmente”. Los servicios públicos de salud también “legalizan” a los tratantes y explotadores, cuando otorgan una libreta sanitaria a las mujeres víctimas, en la que certifican que están libres de enfermedades de trasmisión sexual, con el objetivo de cuidar a los prostituyentes e implícitamente el negocio de los tratantes. Las fuerzas de seguridad (Policías provinciales, Federal y Metropolitana; Gendarmería y Prefectura) son también parte de una cadena en la cual intervienen por omisión o por acción directa, al recibir beneficios económicos del circuito prostibulario, ya sea como método extorsivo para permitir la comisión del delito, como pago por la seguridad del lugar, o bien como partícipes del negocio en términos de propiedad. También son parte de la trama de complicidades los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que no hacen cumplir la legislación vigente en el país, no clausuran en forma definitiva esos
locales o no velan por el cumplimiento de dicha clausura, y que mantienen una actitud pasiva o complaciente en la investigación y persecución del delito; los agentes policiales y judiciales que desatienden denuncias y los que no las atienden en tiempo y forma; los que desvían las investigaciones; los que administran justicia sin perspectiva de género, desde los prejuicios sexistas y desde la ignorancia de la legislación nacional e internacional; aquellos que, al mantener la impunidad, realimentan estos delitos; y los particulares que facilitan, contribuyen y naturalizan, de manera activa o con su silencio, las condiciones de trata y de explotación sexual. Sobre el punto 5 Los hombres- prostituyentes son quienes, de manera velada, tienen una activa participación en el negocio de las redes. Su actitud es la que expone con más claridad la complicidad social, al tolerar las prácticas prostibularias y al invisibilizar la vulneración de los derechos de las mujeres quienes, a través del circuito de burdeles, van pasando de ciudad en ciudad para cubrir las “plazas” que requieren de nuevas mujeres para ser explotadas. Los medios, así como reproducen mitos y estereotipos, y reiteran juicios de valor que contribuyen a perpetuar las condiciones culturales y sociales que fomentan y permiten la existencia de la trata y la explotación sexual, también son herramientas valiosas para desnaturalizar y sancionar los discursos que convierten a los cuerpos femeninos en objetos pasibles de ser poseídos. La Organización de las Naciones Unidas llamó la atención sobre este aspecto al sugerir, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer ,
que los medios se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior, y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, para facilitar su inserción en los procesos de desarrollo y progreso. La visibilización del tema, a partir de su inclusión en la agenda informativa, es tan importante como la forma como se lo aborda y explica en los medios de comunicación masiva. La producción de un discurso periodístico implica la elección de los términos que permitirán explicar una situación, desarrollar un tema o caracterizar a una persona; es decir que las palabras elegidas fijarán significados. Por eso es necesario señalar que la palabra “cliente” –término utilizado generalmente para referirse al varón que paga para tener sexo con una mujer, o sea, para prostituirla– remite a un sistema de oferta y demanda, de libre circulación de productos y mercaderías. En la trata y en la explotación sexual de personas, estas “mercaderías” son el sexo y el cuerpo de las personas, reducidas a objetos para ser consumidos por los hombres, que se convierten así en prostituyentes. El dinero no tiene cabida en las relaciones y en las prácticas sexuales libres y voluntarias. En cambio, cuando el sexo se intercambia por dinero, el hombre/ prostituyente impone su sexualidad y su deseo, y define de este modo una relación asimétrica, de poder, una forma de violencia contra las mujeres. Lejos de producirse en condiciones de libertad y de igualdad, la trata y la explotación sexual se alimentan del sometimiento de las mujeres Cuando producimos un material periodístico, es preciso recalcar que la “oferta” de mujeres y niñas existe, porque existe una “demanda” por parte
de los varones. Por ese motivo nos oponemos sin concesiones a cualquier forma de publicidad de oferta y/o demanda de sexo, las que consideramos deben ser impedidas y eventualmente sancionadas, conforme lo establece el decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional (ver Anexo Normativa).
‘cliente’, ‘usuario’, ‘consumidor’. Las personas que son ‘objeto’ de la acción prostituyente son ‘personas prostituidas’. No es posible que alguien se prostituya a sí misma. El trastocamiento del lenguaje se manifiesta también cuando un ‘proxeneta’ se convierte en un ‘empresario de la noche’; una ‘mujer o persona prostituida’, en ‘trabajadora del sexo’ o ‘prestadora de servicios sexuales’; y el ‘mundo prostibulario’, en ‘mercado del sexo’. Para quienes pagan por sexo, la ‘demanda’ –las mujeres, sus cuerpos–, son como si fueran objetos de uso y consumo”.
Sobre el punto 6 El concepto de trabajo supone una relación lícita, de acuerdo contractual entre las partes. No existe el trabajo en una relación sexual basada en la subordinación, en el control sobre el cuerpo y la subjetividad de otra persona. Coincidimos con la socióloga Silvia Chejter en que “prostituir es un verbo que habitualmente se conjuga con un sujeto trastocado”: suele decirse que una mujer “se prostituye”, mientras que nadie diría que el esclavo “se esclaviza” o que el obrero “se explota” a sí mismo. Comprendemos a las mujeres que, sin intermediación –es decir, sin ser explotadas por proxenetas ni esclavizadas por tratantes–, tienen en la prostitución la fuente de ingresos para su subsistencia; y acordamos que, tal como lo establece la legislación, no deben ser perseguidas ni estigmatizadas. No obstante consideramos que, como bien señala Chejter , hablar de clientes coloca a los hombres-prostituyentes en un papel de receptores pasivos, en un resultado producido por la oferta, invirtiendo el papel de la demanda, lo que implica una tácita aceptación del derecho de los varones a convertir a otras personas en objetos pasibles de un precio. Citamos a Chejter: “El sujeto es el ‘prostituyente’, llamado –en el lenguaje mercantil travestido que se utiliza–
En tanto profesionales que trabajamos con las palabras, pensamos que, cuando hablamos de prostitución, de explotación sexual y de trata, emplear los términos correctos contribuye a hacer visibles los delitos. Nuestro lenguaje tiene que apuntar a contrarrestar la naturalización de las diferentes formas de sometimiento y de ocultamiento del proxenetismo y de la esclavitud sexual. En ese sentido, debemos prestar atención para no utilizar eufemismos, ni expresiones de uso muy difundido que, en realidad, aluden a prácticas prohibidas por la ley y condenadas por los tratados internacionales. Por ejemplo, cometeríamos un error –conceptual e informativo– si habláramos simplemente de una whiskería, y no de una whiskería y prostíbulo, o de un prostíbulo con fachada de whiskería. Sobre el punto 7 Respetaremos las condiciones pactadas para la entrevista con la víctima, y tendremos en cuenta que incluso datos en apariencia insignificantes, pueden permitir su identificación y, por lo tanto, exponerla a situaciones discriminatorias o incluso a peligrosas. Aún cuando se
nos haya autorizado la publicación de su imagen y/o de sus datos personales, en cada caso evaluaremos cuidadosamente si esa difusión no podría acarrearle trastornos o riesgos, a ella y/o a las personas más allegadas (familia, amistades). Si se trata de una víctima que está desaparecida, consultaremos –a las personas a cargo de su búsqueda, o representante legal que acompaña a la familia– qué información debemos mantener en reserva, para no entorpecer la investigación y facilitar su aparición.
víctima en la red de trata, ni especularemos con la posibilidad de que hubiera podido escapar del cautiverio o de la situación de explotación sexual (ver Sobre el punto 2). Del mismo modo, tampoco sostendremos la exigencia de que efectúe la denuncia policial y/o judicial, ya que quizá no se sienta segura, o lo suficientemente contenida. Sin embargo cabe considerar que estamos tomando conocimiento de un delito y que, sin vulnerar los derechos de la víctima, debemos dar cuenta de ello.
Es conveniente hablar antes con el/la profesional que atiende a la víctima y, de ser necesario, permitir su presencia durante el encuentro. No entrevistaremos bajo ninguna circunstancia a personas en estado de shock (por ejemplo, inmediatamente después de un allanamiento.
Un artículo periodístico centrado en estas cuestiones contribuirá a reconocer y comprender el problema y los peligros que encierra. Y también ayudará a rescatar a quienes puedan estar en una situación de trata y explotación sexual, al alertar a las personas que pudieran entrar en contacto con las posibles víctimas, y al público en general.
Sobre el punto 8
Sobre el punto 9
Los medios de comunicación masivos son instrumentos eficaces para influir sobre la opinión pública, ya que en forma cotidiana crean una agenda de temas para el debate público con determinados enfoques. Constituyen así un poder que genera a las y los periodistas la obligación ética y profesional de presentar una información veraz y, al mismo tiempo, de garantizar la protección de las fuentes ante cualquier daño que pueda resultar de la divulgación de información.
Una mujer víctima de trata es revictimizada cuando es desacreditada, estigmatizada o culpabilizada por la situación en la que estuvo inmersa.
Es necesario describir el contexto en el que fue captada la víctima –y destacar en especial la condición de vulnerabilidad en su más amplio sentido–, para dejar en claro quiénes son los/las autores y los/las responsables del delito.
Sobre el punto 10
No cuestionaremos la permanencia de la
El tratamiento de los hechos en forma morbosa y amarillista contribuye a la estigmatización de las mujeres que han sufrido trata y explotación sexual. No reconocerlas como una interlocutora válida, no escucharlas con respeto es una forma de violar nuevamente sus derechos.
Es preciso crear conciencia de que, si la trata y la explotación son delitos, incluso cuando la legislación vigente aún no los sancione ni condene, los hombresprostituyentes son cómplices de esos delitos, al igual que otras personas que
saben de la existencia de víctimas y no lo denuncian. Por eso es imprescindible divulgar en forma permanente las diferentes formas de efectuar la denuncia, para ayudar a liberar a las víctimas y para cortar con la impunidad.
Es más explícito repetir una palabra, y no correr el riesgo de que no se comprenda que se está hablando de lugares prohibidos por la ley.
A veces, las víctimas consiguen huir, pero no se atreven a hacer la denuncia ante la Justicia o en sede policial, y consecuentemente no saben adónde recurrir para recibir ayuda psicológica, económica, laboral, etc. Por esa razón es necesario que en los medios reiteremos los lugares a los que pueden acercarse en busca de apoyo, y sin recibir presiones de ningún tipo. Por último, centenares de mujeres desaparecen cada año por el accionar de las redes de trata. La insistencia en tenerlas presentes en los medios será un aporte más para su localización y rescate, y contribuirá a instalar en la sociedad la conciencia de que la trata y la explotación sexual son gravísimas violaciones a los derechos humanos
GLOSARIO CRÍTICO El lenguaje puede ocultar, enmascarar, naturalizar y hasta legitimar situaciones delictivas vinculadas con la trata de personas y la explotación sexual. Por esa razón consideramos esencial prestar atención al lenguaje utilizado, en especial al vocabulario, para lo cual acercamos algunas sugerencias. La palabra prostíbulo tiene varios sinónimos: burdel, lupanar, lenocinio, casa de lenocinio, mancebía, quilombo. Sin embargo, la mayoría ha caído en desuso.
Otras palabras empleadas usualmente como sinónimos, en realidad no lo son, porque dan una pátina de respetabilidad a –vale la pena reiterarlo– lugares prohibidos por la ley. Por lo tanto sugerimos no utilizar los términos casa de citas, casa de tolerancia, casa de ablande, casa pública, casa de camas, privado. Tampoco son sinónimos otras expresiones que ponen el acento en la culpabilización de la mujer en situación de prostitución, como casa de putas, puterío y ramería. »»Los eufemismos también encubren delitos: en el contexto de la trata y la explotación sexual, una whiskería, un cabaret, una casa de masajes, un pub, un sauna, un club de alterne son lisa y llanamente prostíbulos, y así deben ser llamados; o bien whiskería y prostíbulo, o bien prostíbulo con fachada de whiskería, de cabaret, etc. »»Es válido utilizar esas palabras entre comillas, siempre y cuando se aclare que es así como los proxenetas y los tratantes denominan al prostíbulo. De lo contrario, las comillas solas, de por sí, no explican nada. »»Con el mismo criterio, una alternadora y una copera no son más que mujeres en situación de prostitución. Y una agencia de acompañantes es, en realidad, una empresa de explotación sexual que envía mujeres a domicilio. »»Existe un grupo numeroso de palabras y expresiones que naturalizan la explotación sexual y legitiman el derecho de los varones a hacer uso de los cuerpos de
otras personas como si se trataran de mercancías: Una mujer prostituida o en situación de prostitución no es una trabajadora del sexo, ni una trabajadora sexual, ni una prestadora de servicios sexuales. Menos lo es una esclava sexual, o víctima de trata con fines de prostitución o con fines de explotación sexual. Ninguna de ellas trabaja de prostituta, ni ejerce la prostitución. La prostitución no es el oficio más viejo del mundo. No es un oficio, no se estudia, no se practica. No se es aprendiz de prostituta. Nadie se recibe de prostituta. El sexo pago no es un favor sexual, ni un servicio sexual a un usuario. No existe el turismo sexual, sino el turismo de prostitución. Del mismo modo, no existe la prostitución infantil, sino la explotación comercial sexual infantil (también llamada por sus iniciales, ECSI), y l@s niñ@s prostituid@s. »»Es necesario desterrar el frondoso vocabulario que avala y consolida el discurso prostituyente, y que comienza con la expresión ir de putas. »»Para designar a una mujer en situación de prostitución, el Diccionario Analógico de la Lengua Española da la extraordinaria cifra de 103 (ciento tres) sinónimos, entre los que no están incluidos los vocablos populares utilizados en cada país. La gran mayoría son explícitamente denigrantes para la mujer, como por ejemplo puta, golfa, ramera, zorra, mujer de mal vivir, mujer pública, perdida, pecadora (los dos últimos, como sustantivos). »»En cambio, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
no existen más que dos palabras específicas –por otra parte, coloquiales– para designar al varón que paga por tener sexo: putañero y putero; palabras que, una vez más, cargan la culpa sobre la mujer. En las definiciones de cliente y de consumidor –los términos más utilizados– no existe ninguna referencia a que ese consumo es de sexo pago; por el contrario, aluden a una relación de trato comercial que invisibiliza la desigualdad de poder que somete a las mujeres en esas situaciones. Las ONGs y otras asociaciones contra la trata de personas y la explotación sexual prefieren el término prostituyente, para indicar esa circunstancia. »»A diferencia de los presos, que utilizan la jerga tumbera, los tratantes y los proxenetas emplean un lenguaje “normal” para designar lo delictivo y lo clandestino, que es necesario explicar pero, sobre todo, desenmascarar: Marido es el proxeneta, el rufián, el fiolo, el cafiolo, el cafishio. Mujer es la mujer explotada o esclavizada por el proxeneta, quien puede tener varias “mujeres”. Cuñadas son las demás mujeres explotadas del mismo proxeneta. Don –solo, como sustantivo, o seguido de un nombre propio– es el dueño o regente del prostíbulo. Doña es la mujer explotada o esclavizada favorita del don, quien la obliga a convivir con él durante un tiempo. Pase es el acto de pagar para tener relaciones sexuales con una mujer. El verbo es pasar; viene de pasar del salón a la pieza. Códigos son las sanciones establecidas por los proxenetas para penalizar a las
mujeres explotadas que no cumplen con sus órdenes (rechazar a un cliente-prostituyente, defenderse si éste es violento, acceder con desgano en la relación sexual, no alcanzar el mínimo de ganancia exigida, etc.). Plaza es una temporada –de 15 días a un mes o dos– durante la cual una mujer prostituida permanece en un prostíbulo. Las expresiones son hacer una plaza, cubrir la plaza y cumplir la plaza. Plaza adentro es vivir dentro del prostíbulo, disponible para los varones las 24 horas, a menudo en situación de encierro. »»Cuando una menor de edad es inducida a dejar su hogar por un hombre adulto que la sedujo, para explotarla sexualmente o venderla a una red de trata, no se debe hablar de novio, ya que es una de las formas habituales de captación de víctimas de trata y demora el inicio de la búsqueda. »»Es incorrecto decir trata de blancas, ya que las víctimas son de cualquier grupo étnico. Lo correcto es trata con fines de explotación sexual o trata con fines de prostitución. »»Por último, también es incorrecto hablar de prostíbulo legal o clandestino: en la Argentina, todos los prostíbulos son ilegales.
recursos para estar informados
NORMATIVA VIGENTE 1. Constitución Nacional La Constitución Nacional, en el capítulo cuarto, artículo 75, inciso 22, establece que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; y el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php
2. Tratados internacionales de derechos humanos: 2.1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW, su sigla en inglés). Aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Suscripta por la Argentina el 17 de julio de 1980; ratificada por la ley Nº 23.179 (sancionada el 8 de mayo de 1985, promulgada el 27 de mayo de 1985); y en vigencia desde el 14 de agosto de 1985. www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
Leyes vinculadas: Ley 26.171: Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Sancionada: 15 de noviembre de 2006. Promulgada: 6 de diciembre de 2006. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ anexos/120000-124999/122926/norma.htm
Ley 26.486: Discriminación contra la Mujer - Apruébase la Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sancionada: 11 de marzo de 2009. Promulgada: 1 de abril de 2009 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152115/norma.htm
2.2. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Adoptada por Argentina mediante Ley 23.849, sancionada el 27 de setiembre de 1990 y promulgada el 16 de octubre de 1990. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
Leyes vinculadas: Ley 25.043: Apruébase una Enmienda al Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York. Sancionada: 28 de octubre de 1998. Promulgada: 26 de noviembre de 1998.
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; conocido como Protocolo de Palermo. Suscripto por la Argentina el 12 de diciembre de 2000, ratificado el 19 de noviembre de 2002 por la Ley Nº 25.632, y en vigencia desde el 25 de diciembre de 2003.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ anexos/50000-54999/54611/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77329/norma.htm
Ley 25.457: Creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Sancionada: 8 de agosto de 2001. Promulgada: 5 de septiembre de 2001. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ anexos/65000-69999/68738/norma.htm
Ley 25.616: Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Sancionada: 17 de julio de 2002. Promulgada: 9 de agosto de 2002. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ anexos/75000-79999/76726/norma.htm
2.3. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Convención de 1949). Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 317 (IV), del 2 de diciembre de 1949; en vigencia desde el 25 de julio de 1951. Ratificado por la Argentina el 15 de noviembre de 1957 por el decreto-ley 11.925, confirmado por la ley Nº 14.467/58 y por la ley 15768/60. http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/CONVENIO_PARA_LA_REPRESION_DE_LA_TRATA_DE_ PERSONAS.pdf
2.4. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
2.5. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Adoptada en México el 18 de marzo de 1994. Aprobada por Argentina por la Ley Nº 25.179, sancionada el 22 de septiembre de 1999 y promulgada el 20 de octubre del mismo año. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60748/norma.htm
3. Leyes nacionales: 3.1. Ley 26.364. Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, conocida como Ley de Trata. Sancionada el 9 de abril de 2008; promulgada el 29 de abril de ese año. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm
Normas vinculadas: Resolución 2.149/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143388/norma.htm
Resolución 1679/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: instruye a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina
y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a crear unidades específicas a los fines de ejercer acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142010/norma.htm
Resolución 99/2009 de la Procuración General de la Nación, mediante la cual se instruye a los fiscales en materia penal de todo el país que actúen en causas en las que se investigue la comisión de delitos de trata de personas, así como también la de otros delitos conexos, disponiendo los mecanismos para realizar los allanamientos. http://www.mpf.gov.ar//resoluciones/PGN/2009/ PGN-0099-2009-001.pdf
Decreto 936/2011, firmado por la Presidencia de la Nación, por el cual se prohíbe “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”. Buenos Aires, 5 de julio de 2011. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184133/norma.htm
Resolución 1.180/11 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: establece que la Oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia de ese Ministerio. Determina las sanciones que se impondrán por incumplimiento de lo establecido en el Decreto 936/11. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/185870/norma.htm
3.2. Ley 26.842. Reforma la ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Sancionada: 19 de diciembre de 2012.
Promulgada: 26 de diciembre de 2012. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm
3.3.Ley 25.871. Ley de Migraciones. 21/01/2004. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm
3.4. Ley 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, conocida como Ley de violencia contra las mujeres. Sancionada el 11 de marzo de 2009; promulgada el 1º de abril de 2009; reglamentada en 2010 mediante el Decreto 1011. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
Resolución 120/2011, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, crea la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, conocida como CONSAVIG. Buenos Aires 15/2/2011. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179425/norma.htm
4. Otros artículos del Código Penal de la Nación. Están comprendidos en el Libro Segundo, Título III, Delitos contra la Integridad Sexual. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#17
5. Resoluciones
Resolución 1679/2008: instruye a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a crear unidades específicas a los fines de ejercer acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ASESORÍA GENERAL TUTELAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD Alsina 1826 - 1º Piso 011-5297-8015 / 8016 agt@jusbaires.gov.ar BRIGADA NIÑ@S CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 0800-222-1717 Atiende las 24 horas durante los 365 días del año. Actúa sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. COMITÉ ARGENTINO DE SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CASACIDN) 011- 4952 0810 casacidn@casacidn.org.ar www.casacidn.org.ar CONSEJO NACIONAL DE MUJERES Avenida Paseo Colón 275 - Piso 5° 011- 4345-7384/85/86 011- 4342-9098/9120/7354 cnm@cnm.gov.ar DEPARTAMENTO DE TRÁFICO ILEGAL Y TRATA DE PERSONAS Prefectura Naval Argentina Ministerio de Seguridad de la Nación Edificio Guardacostas, Avenida Eduardo Madero 235 – Piso 6º 011-4318-7400 interno 2638 dier-trata@prefecturanaval.gov.ar DIVISIÓN ANTIDROGAS Y TRATA DE PERSONAS Gendarmería Nacional Ministerio de Seguridad de la Nación 011-4310-2713 OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación San Martín 323, Piso 4º 011-5300-4014 o 011-5300-4042 oficinarescate@jus.gov.ar Recibe denuncias las 24 horas, los
365 días del año OFICINA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VÍCTIMA DEL DELITO (OFAVI) Procuración General de la Nación Presidente Perón 2455, Piso 1º 011-4959-5900 int. 4 – 4959-5983 ofavi@mpf.gov.ar ORGANIZACIÓN INTER NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 011-4322‐7041 0800-999-2345 www.oimconosur.org POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS Ministerio de Seguridad de la Nación Avenida Ingeniero Huergo 608 011-4342-7352/0289 PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 011-4954-8415 y 4959-5983 UNIDAD FISCAL DE ASISTENCIA EN SECUESTROS EXTORSIVOS Y TRATA DE PERSONAS (UFASE) 25 de Mayo 179 – Piso 3º 011- 4478-0166 ufase@mpf.gov.ar UNIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y PROSTITUCIÓN INFANTIL (UFI-SEX) Lavalle 662 – Piso 10º, Oficina 402 ufiprosinf@mpf.gov.ar DEFENSORÍA DEL TURISTA Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Área para proteger a niñas, niños y adolescentes del abuso sexual comercial por parte de l@s turistas Piedras 445 – Piso 8º 011-4338-5581 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Línea gratuita para denuncias: 0800-666-8537 0800-33-FISCAL (47225) ASOCIACION DE MUJERES ARGENTINAS POR LOS DERECHOS HUMANOS (AMMAR Capital) Bartolomé Mitre 2815 – 4º piso, oficina 401
ASOCIACIÓN DE ESTUDIO Y TRABAJO SOBR E LA MUJER (ATEM) 25 DE NOVIEMBRE (ATEM) 011- 4374‐ 0389 atem@cpacf.org.ar ASOCIACIÓN NEWEN CONTRA LA TRATA, EL TRÁFICO Y ABUSO DE PERSONAS 011-156-483-9631 ong.newen.cba@gmail.com LA CASA DEL ENCUENTRO Avenida Rivadavia 3917 011-4982- 2550 lacasadelencuentro@yahoo.com.ar www.lacasadelencuentro.com.ar CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DOCTOR FERNANDO ULLOA Esmeralda 138 011-4328-2463 caesm@derhuman.jus.gov.ar COALICIÓN DE ONGS ALTO A LA TRATA Y A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL altoalatrata@yahoo.com.ar www.altoalatratayesci.org.ar FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA (FOINTRA) Suipacha 570 – Piso 7° A 011-4322-7041/6534 fointramrfbuenosaires@iom.it FUNDACIÓN EL OTRO 011-4735-4461 fundacion@elotro.org.ar www.elotro.org.ar FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES Arenales 1805 – Piso 10º A 011-4815-8550 info@fundacionmariadelosangeles.org NUESTRAS MANOS Guayaquil 755 – Planta Baja A 011-4901-1453 www.nuestrasmanos.org.ar RED NACIONAL ALTO AL TRÁFICO, LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (RATT Nacional) General Urquiza 65 – 2º 34 011-432-2211 011-15-3643-2622 011-15-5324-0532 (las 24 horas)
nnya@ratt.org.ar www.ratt.org.ar RED NO A LA TRATA 011-4362-6117 sarita@arnet.com.ar RED SOLIDARIA 011- 4796-.5828 redsolidaria@fibertel.com.ar www.redsolidaria.org.ar
PROVINCIA DE BUENOS AIRES CENTRO PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA Ministerio de Justicia y Seguridad Provincia de Buenos Aires Calles 3 y 525 (Tolosa – La Plata) 0221-4262340/42/43/51/52/53 0800-666-4403 www.cpv.gov.ar COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 0221-429-3000 DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Avenida 7 Nº 840 – La Plata 0800-222-5262 www.defensorba.org.ar MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-333-5502 (lu. a vie. de 7 a 19) tratadepersonas@mseg.gba.gov.ar UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES Departamento Judicial La Plata Avenida 7 entre 56 y 57 La Plata 0221-427-4984 CASA DE LA MUJER AZUCENA VILLAFLOR 0221-155-345-735 lasazucenas@hotmail.com.ar La Plata NEXO MUJER Capacitación en Prevención deTrata de Personas 0221-4141759 0221-15-408-0800 nexomujer@hotmail.com.ar La Plata
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Secretaría de Salud Municipio de Morón Mitre 877 – Morón 011-4489-7782/3 politicasdegenero@moron.gov.ar FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD (MEI) Urquiza 1385 – Florida 011-4791-0821 noalatrata@tau.org.ar DIRECCIÓN DE LA MUJER Municipalidad de General Pueyrredón Teodoro Bronzini 1147. Mar del Plata 0223- 499-6625 Línea Malva: 108 HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. OSCAR E. ALENDE Servicio de Articulación Institucional para la Inclusión Social Avenida Juan B. Justo 6700 Mar del Plata 0223-477-0263 al 65 – interno 576 derechoshumanod@higamdp.gov.ar FUNDACIÓN LA ALAMEDA 0223-154-988-997 alamedamardelplata@gmail.com Mar del Plata LAS JUANAS prensajuanasmdp@gmail.com 0223-155-606069 Mar del Plata RED NACIONAL ALTO AL TRÁFICO, LA TRATA Y A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (RATT) Libertador 7533 – Moreno
CATAMARCA DIRECCIóN DE DERECHOS HUMANOS Subsecretaría de Asuntos Institucionales San Martín 792 Catamarca 03833-437883 ddhhcatamarca@cedeconet.com.ar DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO HUMANO Dirección de Familia y Redes Sociales Chacabuco 169 – Catarmarca Línea 102
03833- 435-446 – 03833-451-849 PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES Ministerio de Salud 03833-437-533
CÓRDOBA TELÉFONO 102 Consultas y denuncias sobre maltrato, abuso y abandono de niñas y niños CASA DE ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Consejo Provincial de la Mujer 0800-555-MUJER (68537) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA República de Chile s/n – Parque Sarmiento – Córdoba 0351-598-7620/25 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL DELITO Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba Rivadavia 77 – Córdoba 0351-434-1500 asistenciaalavictima@cba.gov.ar FISCALÍA DE DISTRITO III TURNO 3º Fructuoso Rivera 720 – Córdoba 0351- 4266-870 Fiscalía provincial, con competencia casi exclusiva en trata de personas FISCALÍA DE DISTRITO IV TURNO 3º Fructuoso Rivera 720 – Córdoba 0351- 4266-862 SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Dirección de Promoción d e Derechos Humanos Secretaría de Derechos Humanos Rivera Indarte 33. Piso 5º Terminal de Ómnibus. Local B42 Córdoba 0351-434-1502/03/04 0351-434-2507
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos General Paz 70. Piso 7º – Córdoba 0351-434-1056 / 0351 0351-468-8400 / 9500 secretariadeprevenciondelatratadepersonas@cba.gov.ar UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER Y EL NIÑO Rondeau 258 – Córdoba 0800-555- 5834 0351-152-309-630 DIPLOMADO UNIVERSITARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS, NARCOTRÁFICO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Universidad Nacional de Villa María y Asociación Civil Vínculos en Red 0353-154-087-978 – 0353-453-5740 (informes) PROGRAMA DE GÉNERO Universidad Nacional de Córdoba Av. Haya de la Torre s/n Pabellón Argentina Ciudad Universitaria Córdoba genero@seu.unc.edu.ar ASOCIACIÓN NEWEN CONTRA LA TRATA, EL TRÁFICO Y ABUSO DE PERSONAS D. Quirós 395 – 1er piso – Córdoba ong.newen.cba@gmail.com CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER MALTRATADA (CAIMM) Centro Ecuménico Cristiano Lima 266 – Córdoba 0351-421-0251 CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR Y ASESORAMIENTO LEGAL (CECOPAL) Consultorios Jurídicos Barriales Av. Colón 1141 – Córdoba 0351-422-3528 – 0351-425-4923 cecopal@cecopal.org http://cecopal.org ASOCIACIÓN VÍNCULOS EN RED CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Marcos Juárez 1854 - Barrio Parque Norte – Villa María 0353-453-5740 – 0353-54-087-978 www.vinculosenred.com.ar CENTRO DE PROTECCIÓN FAMILIAR (CEPROFA) San Luis 337 - Bº
Villa Estela. La Falda 03548-422-577 03548-54-7179 03548-156-38685 ceprofa.blog.arnet.com.ar
CORRIENTES SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Ministerio de Gobierno y Justicia Salta 511 – Corrientes 03783-475-833/835 RED INFANCIA ROBADA forocorriententes@infanciarobada.org.ar Articula acciones de sensibilización, capacitación y asistencia a víctimas de tráfico y trata de personas, abuso infantil, explotación sexual infantil y adicciones. red@infanciarobada.org.ar redinfanciarobada.org.ar
CHACO COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE DERECHOS HUMANOS Casa de Gobierno – Marcelo T. de Alvear 115 – Piso 4º – Resistencia 0362-456-445 DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS – POLICÍA DEL CHACO Avenida 25 de MAYO 1420 Resistencia 0362-446-3105 al 3107 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – DELEGACIÓN RESISTENCIA División Delitos Federales y Complejos Colón 234 – Resistencia 03722- 422-053 – 429-129 Línea gratuita 131 Línea de los chic@ 102 SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO Mitre 109 – 1º piso – Resistencia 0362-428-319 – 0362- 453-174/75 0362-424-276 subseddhh.chaco@gmail.com FISCALÍA FEDERAL Mitre 369 – Presidencia Roque Sáenz Peña 0364-431-453
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DU GRATY Área de Niñez, Adolescencia y Familia Mariano Moreno 332 Coronel Du Graty 03735-498-415/6
CHUBUT SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Conesa 284 – Rawson 02965-483-710/738 ddhh@chubut.gov.ar INADI – Delegación Chubut Mitre 384 – Puerto Madryn 0280 – 472-108 prensachubut@inadi.gov.ar ASOCIACIÓN CIVIL VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA 0280-445-3875 Puerto Madryn asoc-victimasdelincuencia-ptomadryn@hotmail.com iglesiasmirta2004@yahoo.com.ar CASA DE LA MUJER Mitre 384 – Puerto Madryn 02965-47184 pm_madrynsyg@yahoo.com.ar
ENTRE RIOS DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PARANÁ Monte Caseros 159 Paraná 0343 421-1029 0343-420-2322 0800-777-1112 defensoriaparana@gigared.com INADI – Delegación Entre Ríos 25 de Mayo 114 – Paraná 0343-423-2034 Línea gratuita para denuncias: 0800-999-2345 DIVISION TRATA DE PERSONAS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RïOS Churruarín y Ayacucho – Piso 2º Paraná 0343-156-222-278 0343-54-602-021 0343-434-4726
RED INFANCIA ROBADA FORO SOCIAL GUALEGUAYCHÚ forogualeguaychu@infanciarobada.org.ar FORO SOCIAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY foroconcepciondeluruguay@ infanciarobada.org.ar http://reddealertaer.blogspot.com.ar FORO SOCIAL PARANÁ foroparana@infanciarobada.org.ar
FORMOSA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA José María Uriburu 208 – Formosa 03717-436-189 subderechoshumanos@formosa.gov.ar ASOCIACIÓN CIVIL EL AMANECER Casa 163 – B° Colluccio – Formosa 03717-452-053 elamanecer@arnet.com.ar www.elamanecer.org.ar RED INFANCIA ROBADA – FORO SOCIAL CLORINDA http://www.infanciarobada.org.ar ÑANDE ROGA GUAZÚ Integra la Red Infancia Robada Clorinda www.nanderogaguazu.com.ar
JUJUY CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER Independencia 665/9 San Salvador de Jujuy 0388-431-1774 mujerjujuy@gmail.com DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS Y LEYES ESPECIALES Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Jujuy Alvear 412 – San Salvador de Jujuy 0388-423-7740 daic_invest@jujuy.gob.ar PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DEL DELITO Ministerio de Bienestar Social y Secretaría de Salud Pública. San Martín 330 – San Salvador de Jujuy 0388-422-1305 – int. 222
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROV. DE JUJUY Hipólito Irigoyen 636 San Salvador de Jujuy 0388-423-5877 – Fax 0388-423-5887 0800-777-39872 sddhhjujuy@yahoo.com.ar DIRECCIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Municipalidad de S. S. de Jujuy. Bustamante 84 – San Salvador de Jujuy 0388-402-0216 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Secretaría de Desarrollo Humano Dirección de Salud Mental Municipalidad de S. S. de Jujuy. Bustamante 84 – San Salvador de Jujuy 0388-402-0265 ÁREA INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS DE LA MUJER Y DE GÉNERO Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy Otero 262 – San Salvador de Jujuy 0388-422-1568 ORGANIZACIÓN JUANITA MORO Gral Paz 320 – San Salvador de Jujuy 0388-424-2123 – 0388-155-174-005 CENTRO DE ASISTENCIA A LA MUJER MALTRATADA Avenida Siria 199 – Dto.12 – Block A – Bº. Salvador Mazza – San Pedro 03884-424-631
LA PAMPA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA Moreno 512 – Santa Rosa 02954- 437-132 – 418-388 0800-333-1376 (DDHH) SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Municipalidad de Santa Rosa Brasil 755 – Santa Rosa 02954-455-356 – 02954-421-963 FISCALÍA FEDERAL Avenida Roca 360 – Santa Rosa 02954-427-007 – 02954-433-345
LA RIOJA DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS DE LA POLICÍA DE LA RIOJA 03822-453-712 OFICINA DE TRATA DE PERSONAS Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos San Martín 117 – Edificio Federación, Piso 7º “G” – La Rioja 03822-152-90019 prensaddhhlarioja@gmail.com
MENDOZA COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Subsecretaría de Justicia Ministerio de Gobierno Palacio de Gobierno Avenida L. Peltier 351 – Piso 3° Mendoza 0261-449-2168 DIRECCIÓN DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos Palacio de Gobierno, ala Este, Piso 1º Mendoza 0261-449-2102 al 08 PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL MALTRATO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Ministerio de Salud Palacio de Gobierno – Avenida L. Peltier 351 – 5° Piso – Cuerpo Central –Mendoza Línea 102 0261-427-3221 0261-449-3063 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y JUVENTUDES Secretaría de Gobierno – Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 9 de Julio 500 – Piso 3º – Mendoza 0261-449-5304 politicasdegenero@ciudaddemendoza.gov.ar ÁREA GÉNERO Dirección de Desarrollo Social Municipalidad de Las Heras San Miguel 1457 – Las Heras 0261-4378126 – Conmutador: 0261-430-4000 0261437-8202 desarrollosocialasheras@hotmail.com.ar
ÁREA DE LA MUJER Dirección de Desarrollo Humano y Familia Municipalidad de Maipú Barcala 155 – Maipú 0261-497-4285 0261-481-5358 areadelamujermaipu@hotmail.com DIVISIÓN MUJER Y FAMILIA Dirección de Desarrollo Social – Municipalidad de Godoy Cruz Perito Moreno 280 – Piso 2º – Godoy Cruz 0261-413-3249
MISIONES DIRECCIÓN TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones Estado de Israel 2781 – Posadas 03752-444-8724 – 03752-447-959 DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Ministerio de Desarrollo Social Félix de Azara 1321 – Pisos 1º y 2º – Posadas 03752- 447-257 – 03752447-256 Línea gratuita 102 dvf_linea102@yahoo.com.ar HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Centro de referencia para asistencia médico legal de víctimas de abuso sexual, violencia de género y trata de personas Calle 3 y 13 – Barrio A3/1 – Agrupa – Posadas 03752-444-343 Servicio de emergencias las 24 hs DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES – DELEGACIÓN PUERTO IGUAZÚ Centro de Fronteras – Piso 1º – Ruta 12 03757-422-795 03757-423-116 del.iguazu@migraciones.gov.ar UNIDAD DE GÉNERO Y SALUD Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones 03753- 447-866/7811 msp_generoysalud@misiones.gov.ar RED ALTO AL TRÁFICO Y A LA TRATA 25 de Mayo 502 – Posadas 03752-435-686 www.ratt.org.ar
PROGRAMA LUZ DE INFANCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL EN PUERTO IGUAZÚ 03757-422-640
NEUQUÉN CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER Alderete 401 – Neuquén 0299-155-833-836 0299-448-3905 cpmnqn@gmail.com CENTRO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE DELITO Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén Ministerio de Coordinación de Gabinete Mendoza esq. Alderete Neuquén 0299-443-9993 cavdnqn@neuquen.gov.ar SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN Ministerio de Coordinación de Gabinete Don Bosco 252 – Neuquén. 0299-449-5600 CENTRO DE INFORMACIÒN SOBRE NIÑEZ Y FAMILIA Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la Ciudad de Neuquén Santa Fe 22 – Neuquén 0299-449-1200 int. 4362 piinfa8n@muninqn.gov.ar SERVICIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Subsecretaria de Acción Social Teniente Ibáñez 524 – Neuquén 0299-422-377 JUZGADO DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS 0299-443-1659 JUZGADO FEDERAL DE NEUQUÉN Santa Fe 318 – Neuquén 0299-442-2005 POLICÍA FEDERAL DELEGACIÓN NEUQUÉN Santiago del Estero 136 – Neuquén 0299-4424192 0299-443-0674
Línea gratuita 101 Línea Mujer: 0800-1226853 Subsecretaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia Secretaria de Desarrollo Humano Municipalidad de Neuquén LAS IRENES 0299-154-535-773 http://fundacionirene.blogspot.com.ar fundacionirene@gmail.com SIN CAUTIVAS bergminn@hotmail.com LA REVUELTA 0299-154-722-616 colectivalarevuelta@gmail.com www.larevuelta.com.ar
RÍO NEGRO DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro Brown 353 – Viedma 02920-428-398 dhrionegro@yahoo.com.ar UNIDADES EJECUTORAS LOCALES EN VIOLENCIA FAMILIAR Ministerio de Familia de la Provincia de Neuquén Consejo de Promoción Familiar Coordinación General en Viedma Perito Moreno 273 – Viedma 02920-425-383 02920-424-322 GRUPO DE AYUDA MUTUA ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR “MANOS ENTRELAZADAS” Hogar Castila de la Mujer (Centro Comunitario San Pantaleón) 14 de Abril 567 – Barrio del Pinomir – Allen 02941-450-106 02941-452-547
SAN JUAN DIRECCIÓN DE LA MUJER Y LA FAMILIA Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. 25 de Mayo 451 Oeste – San Juan 0264-422-2713 Línea Rosa: 0-800-666-6351 (las 24 horas, todo el año) sanjuanmujer@gmail.com
CENTRO INTEGRAL DE VIOLENCIA “TERESA CALCUTA” Dirección de la Mujer y la Familia Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. 25 de Mayo 451 Oeste – San Juan 0264 - 422-2713 COMISARÍA DE LA MUJER División Brigada Femenina de la Policía de San Juan. Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento 38 San Juan 0264-423-4739
SALTA DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS Ministerio de Seguridad Mendoza 1078 – Salta 0387-437-3220 divisiontratadepersona@salta.gov.ar Atienden las 24 horas SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE SALTA España 1350 – Salta 0387-432-1572 opten@arnet.com.ar sjdh@salta.gov.ar 0800-444-4488 – línea gratuita en la que se puede realizar denuncias sobre trata de personas, menores extraviados y otros delitos. PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Secretaría de Niñez y Familia Ministerio de Desarrollo Social Güemes 562 – Salta 0387-432-0032/0101 – int. 228 y 229 secfamilia@salta.gov.ar COMISIÓN DE LA MUJER Universidad Nacional de Salta Buenos Aires 177 – Salta 0387-425-5558 mujer@unsa.edu.ar ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER Mendoza 50 – Salta 0387-4373-496 INADI DELEGACIÓN SALTA 0387-155-132-549 0-800-999-2345 www.inadi.gov.ar
OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Bolivia 4671 – Ciudad Judicial – Salta 0387-425-8000 SERVICIO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS Ministerio Público Fiscal Alvarado 697 – Salta 0387-437-3042 0387-437-3040
SAN LUIS PROGRAMA DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad Autopista de las Serranías Puntanas Km. 783 Edificio Estrategias – Bloque 2 – Terrazas del Portezuelo 02652-452-000 – int. 3251 derechosygarantias@sanluis.gov.ar CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL DELITO Caseros 734 – San Luis 02652-423-581 – 02652-451-238 victimasdelitosl@sanluis.gov.ar victimasdelitovm@sanluis.gov.ar cavdsanluis@yahoo.com.ar CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER MALTRATADA (CAIMM) Mitre 1247 – San Luis COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Ayacucho 934 – Planta Baja – San Luis 02652-451-038/411 ddhhsl@sanluis.gov.ar PROGRAMA DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano 9 de Julio 934 – 3° Piso Casa de Gobierno – San Luis 02652-451-372 ÁREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Urquiza 74 – Centro Cívico – Villa Mercedes 02657-422-111 fanmiliasolidaria@sanluis.gov.ar
SANTA CRUZ SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Fagnano 482 – Río Gallegos
02966-156-39106 (las 24 horas) 02966-156-27027 secderechoshumanos@santacruz. gov.ar ORGANIZACIÓN DESAFÍOS Y COMPROMISOS Rawson 63 – Casa 15 – Río Gallegos 02966-155-64751 (las 24 horas)
SANTA FE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS – DELEGACIÓN NORTE Secretaría de Estado de Derechos Humanos Saavedra 2057 – Santa Fe 0342-457-2565/67 derechoshumanos@arnet.com.ar EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia Secretaría de Promoción Comunitaria San José 1701 – Santa Fe 0342-457-2888 SUBSECRETARíA DE DERECHOS HUMANOS – DELEGACIÓN SUR Secretaría de Estado de Derechos Humanos Monseñor Zaspe 1701 – Rosario 0341-472-1466/8 CENTRO DE ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA SEXUAL Italia 2153 – Planta Alta (Comisaría 5ª) – Rosario 0341-472-8523 comisariamujerrosario@hotmail.com CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Defensoría del Pueblo de Santa Fe Eva Perón 2726 – Santa Fe 0342-457-3904 – 0342-457-3374 Pasaje Alvarez 1516 – Rosario 0341-472-1112/13 CASA DE LA MUJER San Nicolás 281 – Rosario 0341-430-2341 info@casadelamujer.org.ar www.casadelamujer.org.ar FORO SOCIAL SANTA FE (INFANCIA ROBADA) forolasrosas@infanciarobada.org.ar CENTRO DESARROLLO PARA LA FAMILIA Y LA MUJER (CEDEIFAM) Callao 170 bis – Rosario
0341-448-9092 0341-15-541-2941 Vespucio 2155 Granadero Baigorria cedeifam@tau.org.ar INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS SOCIALES DE LA MUJER Salta 2420 – Rosario 0341-4351244 www.indesomujer.org.ar
SANTIAGO DEL ESTERO DIRECCIÓN DE GÉNERO Subsecretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia Trabajo y Derechos Humanos Salta 326 – Santiago del Estero 0385-450-446/448 secretaria_ddhh@yahoo.com.ar PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 25 de Mayo 47 – Santiago del Estero 0385-424-2052
TIERRA DEL FUEGO MINISTERIO DE GOBIERNO Avenida San Martín 450 – 1º Piso – Of. 243 y 244 – Ushuaia 02901-441-275/1218 secgobjus@tierradelfuego.gov.ar COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO SANITARIO Ministerio de Salud y Acción Social San Martín y Roca – Ushuaia. 02901-421-888/212/213 OFICINA DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Kayen 151 – Ushuaia 02901-421-937/157 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y ASISTENCIA DE LA VÍCTIMA Secretaría de Derechos Humanos Barrio 60 Vviviendas – Tira 6 – Casa 39 – Ushuaia 02901-432-400
TUCUMÁN DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS DE LA POLICÍA DE TUCUMAN Don Bosco 1886 – San Miguel de Tucumán 0381-451-4911 tratapoltuc@hotmail.com SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 25 de Mayo 90 – Planta Baja – San Miguel de Tucumán 0381-484-4000 – int. 337 ddhhtuc@tucuman.gov.ar FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES Córdoba 381 – San Miguel de Tucumán 0381-421-4255 CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS “DOCTOR FERNANDO ULLOA” 0381-156-426-709
Edición de textos: Programa Memoria en Movimiento Fundación María de los Ángeles Diseño: Mariana Migueles Programa Memoria en Movimiento El Directorio de Centros de Referencia fue realizado por: Gabriela Barcaglioni, Sibila Camps, Romina Ruffato, Mónica Molina Recopilación de datos: Marcela Arce, Noor Jiménez Abraham, Marisa Vázquez Corrección: Sibila Camps Colaboración de l@s pares de todo el país que aportaron sus datos para la confección del listado de recursos: Mónica Ambort, Myriam Arancibia, Lisa Barrios, Luciana Basso, Mabel Corrales, Gustavo Diaz Fernandez, Claudia Florentín, Marcela Gabioud, Silvina Molina, Pate Palero, Paula Rey, Tamara Sander, Leila Torres, Susana Yappert, Ana Zeliz, María Inés Zigarrán. Coordinación: Gabriela Barcaglioni Impreso en Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa. Roque Sáenz Peña 511.
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS SU ABORDAJE PERIODÍSTICO BUENOS AIRES, ABRIL 2013
Cuadernillo para el abordaje periodístico de la trata de personas. Realizado por la Red PAR en cooperación con la Fundación María de los Ang...

References: artículo 3
 artículo 75
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 artículo 20
 Artículo 43
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