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Timestamp: 2019-12-14 23:09:26+00:00

Document:
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del día doce de noviembre de dos mil catorce.
Agréguense a sus antecedentes los escritos firmados por la Fiscal de la Corte y la parte actora, mediante los cuales evacuan el traslado que les fue conferido.
Previo a emitir el pronunciamiento que corresponda, es necesario realizar las siguientes consideraciones:
I. 1. A. El presente proceso de amparo ha sido promovido por el señor Pedro Antonio Guerra Guardado, por medio de su apoderado, el abogado Óscar Nelson Fuentes Ramírez, contra el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), por la vulneración a sus derechos a la propiedad, a una resolución de fondo motivada y congruente y a recurrir.
B. Por medio de la resolución del 25-VII-2012, se admitió la demanda para controlar la constitucionalidad de: (i) la supuesta omisión del Director Ejecutivo del CNR de calificar la escritura de compraventa otorgada a favor del señor Pedro Antonio Guerra Guardado y presentada para inscripción el día 16-VII-1991; y (ii) la inscripción de la escritura de compraventa —otorgada a favor del señor Manuel Antonio Lara el día 21-XI-1996— bajo la matrícula n° […]-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro.
Dicha admisión se fundamentó en el hecho de que la supuesta omisión del Director Ejecutivo del CNR de calificar la escritura presentada por el señor Guerra Guardado el 16-VII-1991 le impidió tener conocimiento de los motivos por los cuales no se observó o denegó su presentación y hacer uso de los recursos que la ley establece. Asimismo, tal presunta omisión permitió que se inscribiera la escritura de compraventa sobre el mismo inmueble de fecha 21-XI-1996 presentada por el señor Manuel Antonio Lara, pese a que ya existía una escritura de compraventa presentada para inscripción que no había sido calificada.
2. A. Por su parte, el Director Ejecutivo del CNR alegó que la demanda debió ser dirigida en contra de los funcionarios competentes para realizar los actos reclamados, debido a que él carecía de facultades para calificar los instrumentos que son presentados para inscripción. Pese a ello, explicó que la escritura de compraventa presentada por el demandante fue objeto de observaciones por el respectivo registrador auxiliar, pero estas nunca fueron subsanadas por el interesado. Por todo lo anterior, solicitó que el presente proceso fuera sobreseído por falta de legitimación pasiva.
B. Mediante resolución del 11-VII-2014, se declaró sin lugar el sobreseimiento solicitado por el Director Ejecutivo del CNR, ya que en ese momento se consideró que dicho funcionario al ejercer la representación legal de la institución se encontraba legitimado pasivamente para comparecer en el presente proceso en calidad de autoridad demandada. Además, se consideró que los argumentos ofrecidos estaban más orientados a revelar que no existía vulneración constitucional, razón por la cual debían decidirse en sentencia definitiva.
II. Expuesto lo anterior, con el objeto de resolver adecuadamente el caso en estudio, corresponde exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se emitirá, para lo cual es necesario hacer una breve referencia a la falta de legitimación pasiva en el proceso de amparo.
En lo que concierne a la figura jurídica de la legitimación procesal, el art. 66 del Código Procesal Civil y Mercantil —de aplicación supletoria en el proceso de amparo—establece que tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. Tal disposición también señala que se le reconocerá dicha legitimación a las personas a quienes la ley permite expresamente actuar en el proceso por derechos o intereses de los que no son titulares.
Al respecto, en el Auto de fecha 13-VII-2011, Amp. 129-2010, se indicó que la legitimación procesal alude a una especial condición o vinculación de uno o varios sujetos con un objeto litigioso determinado que les habilita para comparecer, individualmente o con otros, a un proceso concreto con el fin de obtener una sentencia de fondo. De este modo, para el caso particular del proceso de amparo, resulta imprescindible que se legitimen activa y pasivamente las personas que han intervenido en la relación fáctica o jurídica controvertida. Ello dado que la legitimación no es condición de la pretensión, sino de una sentencia, esto es, de una resolución judicial que entre a conocer el fondo de lo planteado. De lo contrario, la inactividad o actividad fallida del pretensor en este punto ocasiona, por economía procesal, un rechazo de su demanda en el desarrollo del proceso.
En ese orden de ideas, la legitimación pasiva se entiende como el vínculo existente entre el sujeto o sujetos pasivos de la pretensión y su objeto generado por la acción u omisión de una autoridad que, aparentemente, ha lesionado los derechos fundamentales del peticionario. Ello implica que el presunto perjuicio ocasionado por el acto sometido a control constitucional debe emanar de las actuaciones de las autoridades que han decidido el asunto controvertido, razón por la cual se exige que, para el válido desarrollo de los procesos de amparo, la parte actora, al momento de plantear su demanda, la dirija contra los órganos que hayan desplegado efectivamente potestades decisorias sobre el acto impugnado en sede constitucional.
C. Así, en el supuesto de incumplimiento de tal condición, se sostuvo en la Resolución del 19-VI-2001, Amp. 95-2000, que, de conformidad con lo establecido en los arts. 14 n° 2 y 31 ord. 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L.Pr.Cn.), si la autoridad demandada no es precisamente aquella que emitió el acto reclamado que constituye el sustrato fáctico de la pretensión, dicho proceso no puede finalizar con una sentencia definitiva, pues tal autoridad no podría ser considerada legítima contradictora.
III. Corresponde ahora analizar la posibilidad de aplicar las consideraciones anteriormente expuestas al caso en estudio.
El Director Ejecutivo del CNR manifestó que no poseía la facultad de calificar los instrumentos que se presentan al registro para su inscripción, por lo cual no podía ser el funcionario responsable de las vulneraciones que la parte actora alegaba y, en consecuencia, la autoridad demandada en este proceso. Así, expresó que la demanda debió ser dirigida en contra de los funcionarios a los que legalmente les compete desarrollar esa función.
A. Al respecto, en la Resolución del 5-IV-2006, Amp. 119-2005, se reseñó que el art. 4 de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (LRRPRH) establece que los registradores auxiliares tienen las mismas facultades en cuanto a calificación e inscripción de documentos, así como los mismos deberes y responsabilidades, que el Registrador Jefe. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 letra d) del reglamento de la ley antes citada, corresponde a los registradores auxiliares autorizar con su firma las actuaciones registrales relacionadas con la inscripción.
En ese sentido, en tal resolución se coligió que el Registrador Jefe de la Propiedad, Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro no era la autoridad que había emitido el acto cuya constitucionalidad se impugnaba. Por ello, en ese caso no se había demandado a la autoridad que efectivamente había emitido el acto que supuestamente causó una vulneración a los derechos del demandante y, en consecuencia, el proceso debía finalizar mediante la figura del sobreseimiento, por falta de legitimación pasiva.
B. De lo anterior, se advierte que los funcionarios competentes para calificar —inscribir, observar o denegar— los instrumentos que son presentados al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas son los registradores auxiliares, a quienes, de acuerdo con el art. 32 letra d) del Reglamento de la LRRPRH, les corresponde "autorizar con su firma las actuaciones registrales relacionadas con la inscripción o denegatoria de inscripción de los documentos sometidos a su examen".
En consecuencia, pese a que el Director Ejecutivo del CNR es quien ejerce la representación legal de dicha institución, se concluye que este no fue la autoridad —porque no tenía la competencia para hacerlo— que, por una parte, omitió calificar la escritura de compraventa otorgada a favor del señor Pedro Antonio Guerra Guardado y presentada para inscripción el día 16-VII-1991 y, por otra parte, inscribió la escritura de compraventa del mismo inmueble —otorgada a favor del señor Manuel Antonio Lara el día 21-XI-1996— bajo la matrícula n° […]-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro. En ese sentido, no existe un vínculo entre la autoridad demandada y la omisión y actuación contra las cuales reclama la parte actora, por lo que el presente proceso no puede finalizar con una sentencia definitiva, pues tal autoridad carece de legitimación pasiva para intervenir en él.
C. Por consiguiente, al quedar establecido que en el presente proceso no se ha demandado al funcionario que, de acuerdo con la LRRPRH y su reglamento, era el competente para emitir los actos que reclama la parte actora, debe sobreseerse por existir un defecto en la pretensión —falta de legitimación pasiva— que impide su terminación normal, de conformidad con el art. 31 ord. 3° de la L.Pr.Cn.
Recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 89/2003
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de mayo...

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