Source: https://resourceequity.org/2019/09/
Timestamp: 2020-06-06 07:23:17+00:00

Document:
September 2019 | Resource Equity
Enhancing Women’s Land Rights in the Americas
We are pleased to introduce our summer 2019 legal intern, Justin Loveland. A third-year student at Seattle University School of Law, Justin has helped us draft an international law practice guide, looked over translations of French and Spanish, and assisted in various research projects. He is currently based in Geneva, where he is working with the UN Office of the High Commissioner for Human Rights.
The principal human rights treaty of the Americas, the American Convention on Human Rights (ACHR) is a key source of positive rights, enshrines important duties on the part of states parties, and establishes the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. As of 2019, 23 states have ratified the Convention. Importantly, Article 1 of the ACHR bestows an obligation on states parties to respect the other rights without discrimination, and makes the rights within the ACHR actionable in a litigation or adjudicatory context.
Protegiendo el derecho a la tierra de las mujeres en la región de América
La distribución de tierra es una cuestión vinculada de manera innata a la desigualdad que se vive en la región de América Latina y el Caribe, la cual es considerada como la región más desigual en el mundo. Dicha desigualdad incluye, entre otros temas, la disparidad de riqueza, la corrupción política y la discriminación de género tanto en la práctica laboral como en la explotación de recursos naturales.
La igualdad en la región sólo se puede alcanzar direccionando todos los esfuerzos a la protección de los derechos de los grupos más pobres e históricamente marginados quienes han sido despojados de su tierra y recursos naturales. A lo largo de los últimos 200 años, la distribución desigual de la tierra ha jugado un gran papel en los 35 países de la región, siendo ésta la causa de guerras regionales, desplazamiento de poblaciones, conflictos sociales y políticos y el hambre.
Una de las principales claves de la desigualdad ha sido la discrepancia entre el derecho a la tierra de mujeres bajo sistemas jurídicos formales y sistemas consuetudinarios, es decir, el acceso de mujeres a la tierra en la práctica. Aunque ha habido olas de feminismo periódicas lo largo del siglo 20, las cuales ayudaron a expandir los derechos de propiedad de las mujeres dentro un marco más amplio de derechos políticos y civiles, las alzas fueron graduales y fragmentadas y no siempre se traducían en una posesión real de la tierra.
La creación y expansión de marcos políticos regionales fundamentados en los derechos humanos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han jugado un papel cada vez más importante a lo largo de los últimos 75 en la promoción y protección del derecho a tierra de mujeres.
El compromiso de dichos sistemas jurídicos respecto con los derechos a la tierra está muy arraigado: la propia Carta de la OEA en el Artículo 34(d) considera la necesidad específica para sistemas de tenencia de tierra equitativos y eficientes y un uso aumentado de tierra para alcanzar igualdad de oportunidad y la eliminación de la pobreza extrema. La Carta de la OEA establece estándares de derechos humanos para todos los países miembros, sin importar si son estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tratado principal de derechos humanos de la región, y se puede hacer referencia a la Carta en quejas individuales.
A continuación se muestra un resumen de los instrumentos regionales de derechos humanos de América que tienen como una de sus finalidades el mejoramiento del acceso a la tierra y la seguridad de tenencia para mujeres.
Uno de los instrumentos de derechos humanos más viejos, más viejo aún que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre provee un punto de partida importante para el desarrollo y protección del derecho a la tierra para mujeres en la región.
De igual forma que la Carta de la OEA, la Declaración Americana no es un tratado y por eso no es jurídicamente vinculante. Sin embargo, puede ser referido y usado como un marco que reconoce derechos humanos e ideales importantes. En el contexto del derecho a la tierra para mujeres, se destacan las provisiones de igualdad y no discriminación en el Artículo 2, además del derecho de cada persona a poseer propiedad privada como aspecto fundamental de la dignidad humana, el cual se consagra en el Artículo 23.
Convención Americana de Derechos Humanos (1969, entró en vigencia en 1978)
El tratado principal de derechos humanos del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) es una fuente clave de derechos positivos, consagra deberes importantes de parte de los estados partes y establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del año 2019, 23 estados han ratificado la Convención. Es importante destacar que en el Artículo 1 de la CADH se plasma el deber que tienen los estados partes de respetar todos los otros derechos en el tratado sin discriminación y hace que los derechos de la CADH sean justiciables en un contexto contencioso o consultivo.
El Artículo 21 provee el derecho de cada persona al uso y goce de su propiedad. El Artículo 17 contiene un precepto que contempla la “igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio.” Este derecho puede ser interpretado para proveer acceso a la tierra para mujeres quienes no posean el título de propiedad pero usen la tierra que forma parte de la finca de su esposo. Es posible que a partir de una interpretación más amplia del artículo 17 se pueda postular que los derechos y las prácticas de herencia, los cuales, debido a su enfoque en el tema de acceso a la tierra para mujeres, son valiosos y esenciales para mejorar y contribuir con los derechos a la tierra para mujeres.
Sin embargo, por otra parte, la Convención puede ser ambigua en el tema del derecho a la propiedad, ya que confiere únicamente el derecho al uso y goce sin mencionar el derecho a poseerla. La CADH también permite la subordinación del uso y goce de propiedad “al interés social” y permite la privación de propiedad en ciertas circunstancias, por ejemplo, con la condición del pago de una indemnización justa.
Protegiendo el derecho a la tierra para mujeres en la región
En el caso de una o varias violaciones a los derechos humanos, cualquier individuo, grupo u organización pueden someter peticiones o solicitudes de medidas cautelares por un sistema confidencial a la Comisión Interamericana para la investigación, adjudicación y decisión del fondo del asunto planteado. Si el estado en cuestión ha ratificado la Convención Americana, la Comisión puede basarse en los derechos humanos consagrados en dicho tratado para argumentar cuales fueron violentados. Si el estado no ha ratificado la Convención pero es un estado miembro de la OEA, la Comisión sólo puede recibir peticiones que aleguen violaciones de la Declaración Americana u otros tratados interamericanos subordinados ratificados por el estado.
Después de la sumisión e investigación existe una variedad de medidas de reparación y compensación que la Comisión puede exigir en el caso de que el Estado haya cometido alguna violación a derechos humanos, incluso puede facilitar “soluciones amistosas” o expedir recomendaciones al estado. Aunque el cumplimiento estatal continúa siendo un problema de discusión en cada foro de derecho internacional, el cumplimiento regional (o por lo menos el cumplimiento parcial) de las recomendaciones de la Comisión representa en realidad un nivel alto. Por ende, se espera que este mecanismo provea un camino para la protección y expansión del derecho a la tierra para mujeres en América.
Si usted considera que sus derechos o los de alguien conocido en la región de América han sido violentados, o siente que ha sufrido discriminación en alguna transacción de tierra o se le ha negado el acceso a la tierra o a los recursos naturales de manera ilegal, una vía para obtener una compensación y reparación es presentar una queja ante la Comisión Interamericana. Asimismo, el presentar una queja ante la CIDH puede atraer la atención de los medios de comunicación, lo cual es favorable en el caso concreto, además de que puede incitar al estado que participe en un proceso de negociación. Se pueden utilizar las recomendaciones en esta guía como punto de partida y de esta manera accionar el derecho internacional para exigir a los estados que sostengan sus compromisos en el ámbito de derechos humanos y así alcanzar la misión perpetua del reconocimiento, protección y respeto del derecho a la tierra para todas las mujeres en la región.

References: Artículo 34
 Artículo 2
 Artículo 23
 Artículo 1
 Artículo 21
 Artículo 17
 artículo 17