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Timestamp: 2020-01-20 15:25:32+00:00

Document:
Salvador Chiriboga vs. Ecuador | Sentencia CIDH | Dominio eminente | Caso de ley
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, relativo a una expropiación que vulneró el derecho a la propiedad.
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Reglamento de trámites contencioso electorales
SENTENCIA DE 3 DE MARZO DE 2011
Diego García-Sayán, Presidente ∗ ; Cecilia Medina Quiroga, Jueza; Sergio García Ramírez, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Leonardo A. Franco, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y Diego Rodríguez Pinzón, Juez ad hoc
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 30, 31, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte 1 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
∗ La Jueza Medina Quiroga cedió la Presidencia, en los términos del artículo 4.2 del Reglamento, al entonces Vicepresidente del Tribunal para el presente caso, Juez Diego García-Sayán.
1 El Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.
I. PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES ANTE LA CORTE
A) Sobre posibilidad de un peritaje internacional
Justa indemnización exigida por el artículo 21 de la Convención Americana11
Diligencias, peritajes y normativa en el trámite interno e internacional
a) Diligencias relevantes en el juicio de expropiación No. 1300-96
c) Normativa interna aplicable en el procedimiento expropiatorio
Determinación de la justa indemnización por esta Corte
a) Criterios de la justa indemnización en vía internacional
b) Valoración del justo equilibrio entre el interés general y particular
c) Determinación y pago de la justa indemnización
a) Modalidades de pago de la justa indemnización e intereses
Medidas de Restitución, Satisfacción y Garantías de no
1) Restitución
a) Publicación de la Sentencia
b) Solicitud de acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
3) Garantías de no repetición
a) Solicitud de medidas de capacitación para funcionarios administrativos y judiciales
Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados
V. PUNTOS RESOLUTIVOS
VOTOS DISIDENTES DE LOS JUECES: García-Sayán, Medina Quiroga, García Ramírez; Leonardo A. Franco, May Macaulay, y Rodríguez-Pinzón.
PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES ANTE LA CORTE
1. El 6 de mayo de 2008 la Corte 2 dictó Sentencia de excepción preliminar y fondo (en
adelante “la Sentencia” o “la Sentencia de fondo”), en la cual decidió:
Desestimar la excepción preliminar de falta [de] agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 40 a 46 de la […] Sentencia.
Por seis votos contra dos, que:
2. El Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos a las garantías y protección judiciales consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, todo ello en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de María Salvador Chiriboga, de conformidad con los párrafos 48 a 118 de la […] Sentencia.
3. No se ha comprobado que el Estado violó los artículos 24 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, ni que el Estado incumplió con el artículo 2 de dicha Convención, en perjuicio
de María Salvador Chiriboga, en los términos de los párrafos 123, 124, 129, 132 y 133 de la […] Sentencia.
4. La determinación del monto y el pago de la indemnización justa por la expropiación de los
bienes, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas en la presente Sentencia, se hagan de común acuerdo entre el Estado y los representantes, dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la […] Sentencia, de conformidad con el párrafo 134 del […] fallo.
5. Se reserva la facultad de verificar si dicho acuerdo es conforme con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y disponer lo conducente. En caso de no llegar al acuerdo, la Corte determinará las reparaciones correspondientes y gastos y costas, para lo cual continuará con el procedimiento respectivo, de conformidad con el párrafo 134 de la […] Sentencia.
La Jueza Medina Quiroga hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, el Juez Ventura Robles hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente y el Juez ad hoc Rodríguez Pinzón hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, los cuales acompañan [la] Sentencia.
2. Los días 13 y 18 de junio, 19 de agosto y 2 de septiembre de 2008 la República del
Ecuador (en adelante “el Estado” o “el Ecuador”) 3 , y los días 6 y 13 de junio, 5 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 los representantes, 4 informaron a la Corte sobre las
2 La Corte en esa ocasión estaba integrada por los Jueces: Cecilia Medina Quiroga, Presidenta; Diego García- Sayán, Vicepresidente; Sergio García Ramírez, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Leonardo A. Franco, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y Diego Rodríguez-Pinzón, Juez ad hoc.
3 El Estado designó a Erick Roberts Garcés, Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, como Agente Principal y Rodrigo Durango Cordero como Agente Alterno.
4 Los representantes de la víctima son Alejandro Ponce Martínez y Alejandro Ponce Villacís.
diversas acciones realizadas con el fin de alcanzar un acuerdo, conforme a lo ordenado en la Sentencia de fondo. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2008 el Estado solicitó una “extensión del plazo de seis meses previsto en los párrafos 134 y 4 de la parte dispositiva de la [S]entencia”. Al respecto, el 9 de diciembre de 2008 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta en consulta con el Pleno de la Corte, concedió la prórroga solicitada al Estado y a los representantes de la víctima (en adelante “los representantes”) hasta el 15 de febrero de 2009 para que continuaran con el proceso para alcanzar un acuerdo. Al concluir este plazo, mediante comunicaciones de 15 y 26 de febrero de 2009, los representantes y el Estado, respectivamente, coincidieron en manifestar al Tribunal que, en el plazo otorgado en la Sentencia y en la prórroga del plazo concedida al efecto, no fue posible llegar a un acuerdo. En razón de ello, los representantes y el Estado quedaron a la espera de un pronunciamiento de la Corte.
3. Dado lo anterior, el 10 de marzo de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la
entonces Presidenta de la Corte y en consulta con los Jueces y Juezas del Tribunal, informó a las partes que, de conformidad con el párrafo 134 de la Sentencia y el punto resolutivo cuarto del Fallo, se decidió proseguir con la etapa de reparaciones, de acuerdo con los artículos 63.1 de la Convención Americana y 57.1 del Reglamento. Además, señaló que:
[e]n el trámite de la etapa de reparaciones, la Corte tomará en cuenta lo anteriormente actuado en el proceso y examinará la prueba incorporada al acervo probatorio, considerada como un todo dentro del procedimiento del caso, lo cual deberá ser considerado por los representantes, el […] Estado y la Comisión al momento de presentar sus respectivos escritos ante este Tribunal. En consecuencia, se procede[rá] de la siguiente manera:
a) requerir a los representantes de las víctimas que, a más tardar el 13 de abril de 2009, presenten un escrito en el cual se refieran de manera técnica, precisa y clara a sus pretensiones de reparaciones, así como, de ser el caso, presenten las pruebas que estimen pertinentes;
b) requerir al Estado que un plazo de un mes, contado a partir de la recepción del escrito de los representantes de las víctimas, presente sus observaciones de manera técnica, precisa y clara a las pretensiones de los representantes, así como, de ser el caso, presente las pruebas que estime pertinentes; y
c) requerir a la Comisión que en un plazo de dos semanas, remita sus observaciones a los escritos presentados por los representantes y el Ilustrado Estado.
4. El 13 de abril de 2009 los representantes remitieron su escrito de pretensiones sobre
reparaciones (en adelante “escrito sobre reparaciones”), de conformidad con la comunicación
de 10 de marzo de 2009.
5. El 20 de mayo de 2009 el Estado indicó no haber recibido el anexo 4 del escrito sobre
reparaciones titulado “Informe pericial del avalúo preparado por la Arq. Jakeline Jaramillo Barcia y sus anexos”. Dado lo anterior, solicitó que el plazo de un mes concedido para presentar las observaciones sobre reparaciones “se suspen[diera] y sólo [r]ecurra” hasta tanto recibiera dicho informe pericial. El 22 de mayo de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, otorgó al Estado un plazo adicional, de carácter improrrogable, hasta el 11 de junio de 2009 para la presentación de sus observaciones.
6. El 10 de julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) 5 presentó sus observaciones al escrito sobre
reparaciones de los representantes.
5 La Comisión designó como delegados para el presente caso al Comisionado Evelio Fernández Arévalos; al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y a Ariel E. Dulitzky, Elizabeth Abi-Mershed, Mario López-Garelli y Lilly Ching como asesores legales.
7. El 6 de agosto de 2009 la entonces Presidenta de la Corte convocó a una audiencia
pública para escuchar las pretensiones sobre reparaciones de los representantes y las observaciones del Estado y de la Comisión.
8. El 21 de septiembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces
Presidenta, solicitó a los representantes y a la Comisión determinada prueba para mejor resolver.
9. La audiencia pública fue efectuada el 24 de septiembre de 2009, con el propósito de
escuchar las pretensiones sobre reparaciones y costas de los representantes y las observaciones del Estado y la Comisión Interamericana, durante el LXXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte, en la sede del Tribunal 6 .
10. El 24 de septiembre de 2009 los representantes remitieron la prueba para mejor
resolver solicitada el 21 de septiembre de 2009. Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2010 se concedió a la Comisión y al Estado plazo hasta el 19 de noviembre de 2009 para que
presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. El 20 de noviembre de 2009 la Comisión manifestó que no tenía observaciones qué formular respecto a dicha prueba y el Estado no presentó observaciones al respecto.
11. El 13 de enero de 2010 el Estado remitió un escrito denominado “observaciones del
Estado sobre algunas inquietudes planteadas en la audiencia sobre reparaciones y costas”, en el presente caso, al cual adjuntó varios anexos. Al respecto, el 14 de enero de 2010 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, concedió un plazo a los representantes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes e indicó que una vez recibidas la Corte valora[ría] la admisibilidad del escrito y sus anexos. Los días 28 de enero y 12 de febrero de 2010 los representantes y la Comisión remitieron sus observaciones, respectivamente, en las cuales manifestaron que la información presentada no fue solicitada por la Corte ni resultaba oportuna en relación con el estado de procedimiento, por lo que solicitaron que no debía ser aceptada por el Tribunal y ser declarada improcedente.
12. El 14 de mayo de 2010 los representantes informaron al Tribunal sobre la celebración
de una audiencia el 7 de abril de 2010 ante la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de
Pichincha, en relación con el proceso de expropiación que se lleva a cabo en la jurisdicción interna. Al respecto, el 26 de mayo de 2010 la Secretaría solicitó al Estado y a la Comisión observaciones. El 29 de junio de 2010 la Comisión informó que no tenía observaciones que formular sobre el particular. El 8 de julio de 2010 el Estado manifestó a la Corte la necesidad de un pronunciamiento internacional sobre el estado en que deben quedar los procesos locales respecto del objeto litigioso que, de manera subsidiaria, se encuentra bajo su conocimiento. Además, reiteró algunas observaciones realizadas por el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito y se refirió a los intereses.
A) Sobre la posibilidad de un peritaje internacional
13. Durante la audiencia pública celebrada el 24 de septiembre de 2009 los representantes
y el Estado indicaron haber llegado a ciertos puntos de acuerdo, entre ellos, que la Corte contaba con los suficientes elementos probatorios para fijar la justa indemnización que debería otorgarse en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte el 6 de mayo de 2008. No obstante, expresaron que, en caso de que lo consideraran necesario, estaban de acuerdo en
6 A esta audiencia pública comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Lilly Ching Soto y Karla Quintana Osuna; b) por los representantes: Alejandro Ponce Martínez y Alejandro Ponce Villacís; y c) por el Estado: Erick Roberts, Rodrigo Durango, Germán Hidrovo, Diego Guerra y María Gabriela Galeas.
que el Tribunal designara a una entidad internacional para que realizara un peritaje para tal fin. Además, manifestaron su disposición de que los costos que generara este eventual peritaje fueran pagados en partes iguales, siendo el Estado el que haría inicialmente el abono de la totalidad, y que posteriormente se descontara el cincuenta por ciento correspondiente que debería pagar la señora María Salvador Chiriboga (en adelante “María Salvador Chiriboga” o “señora Salvador Chiriboga”), en el momento de que se realizara el pago de la justa indemnización. Para ello, ofrecieron facilitar a la Corte una lista de las personas u organismos internacionales que podrían rendir el mencionado informe pericial. El 25 de septiembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, en consideración de lo expresado por los representantes y el Estado, les informó que el Tribunal estimaba útil y oportuno solicitar a los representantes y al Estado una lista de los nombres de las posibles personas o entidades internacionales que podrían efectuar el peritaje.
14. El 30 de septiembre de 2009 los representantes y el Estado remitieron,
respectivamente, los nombres de las posibles instituciones internacionales que consideraron adecuadas para la práctica del eventual peritaje. El 2 de octubre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, solicitó a las partes que, a más tardar el 9 de octubre de 2009, presentaran, según fuera el caso, las observaciones que estimaran pertinentes a las referidas listas.
15. El 6 de octubre de 2009 la Comisión informó que no tenía observaciones que formular
respecto a las referidas listas. El 9 de octubre los representantes presentaron sus observaciones a la lista de instituciones propuestas por el Estado. Por último, el 29 de octubre de 2009 el Estado presentó sus observaciones a la lista de las posibles personas o entidades internacionales ofrecidas por los representantes.
16. El 18 de noviembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, se refirió
a las listas de peritos presentadas por los representantes y el Estado, e indicó que luego de considerar dichas listas encontró que podrían existir coincidencias en cuanto al nombre de un perito, quien trabaja para una empresa propuesta por los representantes y que, a la vez, es afiliado a una entidad sugerida por el Estado. En razón de ello, solicitó a los representantes y al Estado que, a más tardar el 3 de diciembre de 2009, presentaran sus observaciones respecto a la posible coincidencia entre las entidades propuestas por ellos.
17. El 30 de noviembre de 2009 los representantes ratificaron lo señalado en la audiencia
pública celebrada el 24 de septiembre de 2009, respecto a la designación de una entidad internacional para que realizara un avalúo del inmueble. Al respecto, señalaron que existía coincidencia entre las entidades propuestas, ya que el Estado indicó como una potencial entidad para determinar el valor de la justa indemnización a una empresa, en la que sus miembros pueden rendir avalúos individualmente, y los representantes propusieron a una entidad que podría hacer el avalúo, y uno de sus integrantes es, a su vez, ejecutivo de la entidad propuesta por el Estado. En consecuencia, consideraron que la empresa propuesta por los representantes y su ejecutivo y avaluador se encuentran en plena capacidad de determinar pericialmente el valor de una justa indemnización, de acuerdo a la Sentencia de la Corte.
18. El 8 de diciembre de 2009 el Estado, luego de que la Secretaría le reiteró el
requerimiento de presentación de sus observaciones solicitadas el 18 de noviembre de 2009, manifestó que la entidad llamada a realizar el peritaje debe ser un grupo colegiado pluripersonal, imparcial e internacional de orden estrictamente técnico especializado en avalúos de bienes inmuebles 7 . El Estado reiteró su posición de que para la elaboración del peritaje se designe a una empresa gremial o cualquier otro órgano agremiado a ésta, sin
7 El 15 de junio de 2010 el Estado reiteró su posición respecto a la designación de un cuerpo colegiado para realizar el peritaje en el caso que se ordene, y además, indicó que se designe un funcionario de la Corte para que realice una visita in situ al Parque Metropolitano de la ciudad de Quito con el mencionado cuerpo colegiado.
presentar nombres de personas en particular, y señaló que no estaba de acuerdo con el nombramiento de una empresa privada ni una persona en particular. Por último, el Estado propuso como un acto para mejor resolver que la Corte envíe el presente caso a una discusión virtual en el Foro Americano de Tasaciones (FAT) y que el cuerpo colegiado designado y un funcionario de la Corte realice una visita in situ al Parque Metropolitano de la Ciudad de Quito.
19. En razón de lo expuesto anteriormente, la propuesta del Estado y los representantes de
nombrar un perito internacional para la práctica del eventual peritaje no prosperó. Por otra parte, el Estado y los representantes, en diversas oportunidades reiteraron que la Corte tenía los elementos probatorios suficientes para fijar la justa indemnización del inmueble expropiado.
20. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo
62.3 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
21. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la
jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver solicitada; las declaraciones testimoniales y periciales rendidas mediante affidávit y ante la Corte durante
la audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007, la cuales fueron ya admitidas en la Sentencia de fondo 8 .
22. De otra parte cabe señalar que, según la práctica reiterada del Tribunal, durante la
etapa de reparaciones, las partes deben señalar las pruebas que ofrecen en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con las potestades discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, ésta podrá solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiere 9 . Al respecto, cabe señalar que las pruebas presentadas durante el proceso de reparaciones serán integradas al acervo probatorio del caso, que se considera como un todo 10 . Por consiguiente, la Corte procederá a examinar la prueba aportada por las partes en el presente procedimiento de reparaciones.
8 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil.
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 51, y Caso Cabrera García y Montiel Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 24.
9 Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 37; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 68, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr.
10 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 78; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 71, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 58.
En este caso, como en otros 11 , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos
documentos presentados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente en la etapa de reparaciones que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en
El Tribunal incorpora al acervo probatorio, conforme al artículo 45 del Reglamento, los
documentos remitidos como prueba para mejor resolver por los representantes 12 .
25. Los representantes presentaron, junto con el escrito sobre reparaciones, un informe
pericial de avalúo preparado por Jakeline Jaramillo Barcia, autenticado ante fedatario público (supra párr. 4). En la audiencia pública y en un escrito presentado durante ésta, el Estado presentó observaciones relativas al contenido del documento y expresó su desacuerdo con ciertas afirmaciones y conclusiones del mismo. Asimismo, los representantes junto con el escrito sobre reparaciones remitieron un informe pericial elaborado por Rodrigo Borja Crizón sobre “Estimación de Producción”, el cual no fue objetado por ninguna de las partes. En consideración de lo anterior, la Corte incorpora al acervo probatorio dichos informes periciales como prueba documental, los cuales valorará en conjunto con la prueba y las reglas de la sana crítica.
26. En cuanto a los documentos aportados por el Estado en la audiencia pública de 24 de
septiembre de 2009 13 , relativos a sus observaciones sobre las reparaciones de los representantes, así como las observaciones al informe pericial preparado por la señora Jakeline Jaramillo Barcia, respecto de los cuales el Estado reprodujo oralmente algunos alegatos contenidos en éstos en la audiencia pública, la Corte observa que los referidos documentos ya habían sido presentados en un momento anterior y se consideró su presentación extemporánea 14 . No obstante lo anterior, los documentos presentados durante la audiencia pública fueron transmitidos a las partes, y no fueron objetados por ninguna de ellas.
27. Por otra parte, durante la audiencia pública la Corte solicitó al Estado y a los
representantes la remisión, si lo consideraban conveniente, de normativa relacionada con ordenanzas municipales, generales o reglamentos vinculados con la situación del inmueble expropiado. El 13 de enero de 2010, después de tres meses de celebrada la audiencia pública, el Estado presentó un escrito titulado “observaciones del Estado sobre algunas inquietudes planteadas en la audiencia sobre reparaciones y costas” en el presente caso, en el cual incluyó
11 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140; Caso Gomez Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 54, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 27.
12 A saber: a) peritaje rendido por Jesús Manuel Silva Vásconez ante el Juzgado Noveno de Instrucción el 20 de mayo de 2008 y sus anexos (expediente de reparaciones y costas, tomo IV, folios 651 a 655); b) tabla de intereses legales desde 1991 hasta el 2009 emitida por la entidad estatal competente (expediente de reparaciones y costas, tomo IV, folios 656 a 683), y c) cuadro de desglose y monto total de los impuestos que alegan los representantes como pagados (expediente de reparaciones y costas, tomo IV, folio 650).
13 A saber: a) oficio No. 09430 de 24 de septiembre de 2009; b) oficio No. 09436 de 24 de septiembre de 2009, y c) documento titulado “Observaciones al documento: informe técnico de avalúo de la propiedad de la señora María Salvador Chiriboga”, elaborado por la arquitecta Jakeline Jaramillo B, de fecha abril de 2009 (expediente de reparaciones, tomo III, folio 568).
14 Los días 22 de julio y 4 de agosto de 2009 el Estado remitió sus observaciones al “informe pericial del avalúo preparado por la Arquitecta Jakeline Jaramillo Barcia” y sus observaciones a los argumentos presentados por los representantes de la víctima en materia de reparaciones. El 6 de agosto de 2009 la Secretaría informó al Estado que debido a que el plazo que le fue concedido para la remisión de observaciones sobre reparaciones y prueba venció el 11 de junio de 2009, los referidos escritos presentados los días 22 de julio y 4 de agosto de 2009 eran extemporáneos y no podían ser admitidos (Cfr. Comunicación de la Secretaría de la Corte de 6 de agosto de 2009, expediente de reparaciones y costas, tomo III, folios 490 y 496) Asimismo, indicó al Estado que en la audiencia pública sobre reparaciones y costas a celebrarse en el presente caso, el Estado tendría la oportunidad de presentar las observaciones que estime pertinentes al respecto (Cfr. Resolución de la Presidente de la Corte de 6 de agosto 2009, expediente de reparaciones y costas, tomo III, folios 492 a 495).
diversos alegatos (supra párr. 11). Los días 28 de enero y 12 de febrero de 2010 en sus observaciones remitidas, respectivamente, los representantes y la Comisión manifestaron que dicho escrito no resultaba oportuno en relación con el estado del procedimiento de reparaciones, ya que la etapa procesal para presentar alegatos se encontraba cerrada, y solicitaron a la Corte la inadmisibilidad del escrito. Al respecto, los representantes señalaron, inter alia, que la información presentada por el Estado no responde a una resolución de la Corte en que se haya pedido información adicional, y que en dicha comunicación pretende dar contestación a las pretensiones de la víctima en materia de reparaciones, contenidas en su escrito de 13 de abril de 2009. Por su parte, la Comisión señaló la improcedencia del escrito porque el Estado lo presenta fuera de todo plazo; en el escrito entra a cuestiones de fondo del caso, desconociendo la Sentencia emitida por la Corte el 6 de mayo de 2008, y en algunos aspectos tiende a presentar alegatos sobre reparaciones, y sobre la pertinencia del pago de intereses del monto adeudado en relación con la expropiación. Dicho escrito fue transmitido a las partes, las cuales han tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa y al respecto los representantes y la Comisión presentaron las observaciones indicadas anteriormente. Además, la Corte nota que tal escrito contiene información útil sobre cuestiones relacionadas con la normativa que regula la situación del inmueble expropiado, así como sobre el cobro de los impuestos y multas por solar no edificado a la señora Salvador Chiriboga, que tienen relevancia para la resolución del presente caso.
28. En consideración de lo anterior, y del procedimiento sui generis de la etapa de
reparaciones en el presente caso, la Corte decide admitir la documentación señalada en los dos párrafos precedentes por resultar pertinente y útil para la resolución del presente caso, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento. En consideración de las observaciones de los representantes y la Comisión, y el conjunto del acervo probatorio, la Corte valorará la documentación, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
29. En lo que se refiere a los veintiún anexos adjuntados al escrito del Estado de 13 de
enero de 2010 y a los anexos presentados con las observaciones de los representantes el 7 de abril de 2010, este Tribunal hace notar que varios de los documentos ya habían sido oportunamente aportados 15 por las partes y se encuentran admitidos en el acervo probatorio del presente caso. Sin embargo, respecto al resto de la documentación 16 que no había sido
15 A saber: 1) Constitución de la República del Ecuador de 1984, artículos referidos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexos 12 a 16, folios 2143 a 2444); 2) Ley Orgánica de Régimen Municipal No. 331 de 15 de octubre de 1971, artículos referidos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 16, folios 2290 a 2677); 3) Código de Procedimiento Civil de 1987, artículos referidos (expediente de prueba para mejor resolver presentado por el Estado, folios 5125 a 5633); 4) Ordenanza No. 2818, límites del Parque Metropolitano Bella Vista de Quito (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado -II envío-, folio 7530); 5) Ordenanza No. 0181, Procedimiento expropiatorio y de establecimiento de servidumbres en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentas, anexo 23, folio 3021); 6) Resolución de declaratoria de utilidad pública de 13 de mayo de 1991 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 4 al 5, folio 1617); 7) Resolución modificatoria de 25 de septiembre de 1995 (expediente de anexos a la demanda, folios 60 a 62); 8) demanda y calificación a la demanda del Juzgado Noveno (anexos a la demanda, folios 63, 72, 221 a 223); 9) primer peritaje impugnado en el proceso judicial del Arq. Vicente Domínguez (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 6 al 8, folios 2032 a 2043; 10) Segundo peritaje impugnado en el proceso judicial del Ing. Manuel Silva (expediente de reparaciones y costas, tomo IV, folios 651 a 655); 11) Ordenanza No. 2776 de 1990 (expediente de prueba para mejor resolver presentado por el Estado, folio 7547); 12) El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito publicado en el Registro Oficial el 31 de diciembre de 1997 (extractos del código municipal, expediente de anexos a la demanda, anexo 16, folio 151); 13) Sentencia del Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha de 3 de abril de 2009 (expediente de reparaciones y costas, tomo II, folios 260 a 263); 14) Ley Orgánica de Régimen Municipal No. 337 del 15 de octubre de 1971, artículos referidos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 16, folios 2290 a 2677); 15) Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito publicada en el Registro Oficial el 27 de diciembre de 1993 (expediente de prueba para mejor resolver, folios 5932 a 5937), y 13) Resolución C704 (documentos presentados por el Estado en la audiencia pública de 19 de octubre de 2007, folios 4336 a 4338).
16 A saber: 1) Código Civil Ecuatoriano, artículos referidos (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folios 1094 a 1097); 2) Plano Parque Metropolitano Guanguiltagua (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1208; 3) Cuadros explicativos Parque Metropolitano Guanguiltagua (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folios 1209 a 1215; 4) Plano del Parque Metropolitano del Sur (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1216); 5) Cuadro Explicativo Parque Metropolitano del Sur (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1217); 6) Plano
presentada anteriormente, esta Corte decide admitirla por considerarla útil para la resolución del presente caso, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento.
30. En cuanto a la información presentada por los representantes el 14 de mayo de 2010
sobre la celebración en la jurisdicción interna de una audiencia el 7 de abril de 2010 ante la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, en el proceso de expropiación y sus anexos, la Corte observa que dicha diligencia ocurrió con posterioridad a la presentación de los escritos principales en este procedimiento. Este Tribunal considera que la referida información, así como la prueba presentada, cumple con los requisitos formales de admisibilidad y los admite como prueba superviniente, de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento.
31. Cabe reiterar que para el examen de las pretensiones de los representantes y las
observaciones del Estado y la Comisión en la presente etapa de reparaciones, este Tribunal analizará las pruebas presentadas y admitidas durante el proceso que han sido integradas a un solo acervo probatorio. La Corte se referirá indistintamente a las pruebas presentadas, entre ellas, a los diversos informes periciales presentados en el curso del proceso, tales como los
rendidos en la jurisdicción interna por Vicente Domínguez Zambrano y Manuel Silva Vásconez (cfr. párr. 21 de la Sentencia de 6 de mayo de 2008); los rendidos en el fondo del presente caso por Edmundo Gutiérrez del Castillo, Julio Raúl Moscoso, Gonzalo Estupiñán Narváez y
Edgar Neira Orellana (cfr. párrs. 26 y 32 de la Sentencia de 6 de mayo de 2008), así como los aportados en la presente etapa de reparaciones rendidos por Jakeline Jaramillo Barcia y Rodrigo Borja Crizón (supra párr. 25). Igualmente, tomará en cuenta la Sentencia dictada en
la jurisdicción interna el 3 de abril de 2009 por el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha (en
adelante “Juzgado Noveno”), la cual fue apelada por el Estado y los representantes, debido a su disconformidad con el monto indemnizatorio fijado en ésta, para lo cual tendrá en cuenta las observaciones de las partes respecto a ésta.
32. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha indicado
que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente 17 y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 18 .
33. En el párrafo 134 de la Sentencia dictada por la Corte el 6 de mayo de 2008, el Tribunal
consideró apropiado que la determinación del monto y el pago de la justa indemnización por la expropiación de los bienes, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas en perjuicio de la señora María Salvador Chiriboga en la Sentencia, se hiciera de
común acuerdo entre el Estado y los representantes, dentro de un plazo de seis meses contado
a partir de la notificación de dicha Sentencia. En el caso que no se llegara a un acuerdo, la
del Parque Metropolitano Chilibulo (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1218); 7) Cuadro explicativo Parque Metropolitano Chilibulo (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1219); 8) Oficio SG 554, devolución de impuestos por los predios expropiados y el Oficio DMF-T-3230 de 12 de octubre de 2009 emitido por el Tesorero Metropolitano y dirigido al Procurador Metropolitano (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folios 1223 y 1073), y 9) Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre publicado en el Registro Oficial el 22 de febrero de 1983 (expediente de reparaciones y costas, tomo VI, folios 1258 a 1284).
17 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 245, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 208.
18 Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. supra nota 9, párr. 50; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha de Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 245, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 255.
Corte determinaría las reparaciones correspondientes, así como las costas y gastos. Como se indicó, en el plazo conferido las partes no lograron alcanzar un acuerdo (supra párr. 2).
34. Dado lo anterior, de conformidad con el criterio fijado y reiterado en la jurisprudencia
de la Corte respecto de la naturaleza y el alcance de la obligación de reparar 19 , así como de las
consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en el Capítulo VI de la Sentencia de fondo, este Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por las partes sobre reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños derivados de las violaciones declaradas.
35. En específico, la Corte estima que el caso sub judice tiene características específicas al
tratarse de afectaciones derivadas de la falta de pago de una justa indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Convención. El propio artículo dispone que a fin de limitar el derecho a la propiedad privada se deberá otorgar el pago de una justa
indemnización, como parte del requisito de la norma para poder restringir este derecho. En este sentido, la Corte analizará los parámetros para fijar el valor de la justa indemnización en
jurisdicción internacional, y posteriormente determinará los daños materiales e inmateriales,
dispondrá las indemnizaciones correspondientes, así como otras medidas para su reparación
36. La Corte tomará como parte lesionada a la señora María Salvador Chiriboga, en su
carácter de víctima de las violaciones declaradas en su perjuicio en el Capítulo VI de la Sentencia de fondo dictada el 6 de mayo de 2008.
B) Justa indemnización exigida por el artículo 21 de la Convención Americana
37. Los representantes alegaron que debe considerarse como justa indemnización “aquella
que permita a la víctima mantener la integridad patrimonial”, es decir, que no resulte en un detrimento del patrimonio, de tal manera que el valor de la indemnización sea idéntico al valor del bien expropiado que ha salido del patrimonio del titular de la propiedad. Agregaron que una forma de medir el valor del terreno es tener en cuenta el valor del bien en el mercado o el valor necesario para adquirir otros bienes de similares características a aquel expropiado. Manifestaron su desacuerdo con el Estado respecto al hecho que la expropiación grava y reduce el valor del bien, por lo que sostienen la tesis de que dicho acto no puede en ningún caso afectar la justa indemnización 20 . Los representantes, en la etapa de fondo y reparaciones, manifestaron que el valor del bien en ningún caso podía ser menor a US$130,60 (ciento treinta dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos) por metro cuadrado, incluyendo el valor del bosque de eucalipto, y señalaron que el valor de la justa indemnización de la propiedad asciende a US$84.326.787,50 (ochenta y cuatro millones trescientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete dólares de Estados Unidos de América con cincuenta centavos) 21 , más sus intereses. Además, manifestaron en la audiencia pública de 19 de octubre de 2007, que un mecanismo adecuado para determinar el alcance de la reparación podría ser la entrega de tierras alternativas de igual extensión y calidad 22 .
19 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 17, párrs. 25 a 27; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 257, y Caso Cabrera García y Montiel Vs. México, supra nota 8, párr. 210.
20 De acuerdo al criterio del Tribunal Arbitral de Seattle en el caso Santa Elena contra Costa Rica, según lo expuesto de los representantes en la audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
21 El monto resultó de la multiplicación del área total por el precio del m 2 (645.687,5 x 130,6).
22 Los representantes afirmaron que lo anterior podría ser posible con base en lo establecido en los casos indígenas contra Paraguay (audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007 en la ciudad de Bogotá, Colombia).
38. Posteriormente en su escrito sobre reparaciones, los representantes señalaron que de
acuerdo al informe de la perito Jakeline Jaramillo Barcia el valor comercial del inmueble en el año 1991 era de US$42.180.504,47 (cuarenta y dos millones ciento ochenta mil quinientos y cuatro dólares de Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos), considerando únicamente el avalúo del suelo de la propiedad. Agregaron que el valor de la plantación forestal se debería incluir al monto establecido, el cual tenía un valor de US$1.174.735,00 (un millón ciento setenta y cuatro mil setecientos y treinta y cinco dólares de Estados Unidos). Por lo tanto, los representantes solicitaron el valor total de US$43.355.239,47 (cuarenta y tres millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y nueve dólares de Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos) por concepto de justa indemnización. En el escrito sobre reparaciones manifestaron que a este monto se debería añadir el interés compuesto devengado 23 .
39. El Estado manifestó que reconocería una “indemnización compensatoria […] que sea
fijada en el marco del litig[i]o nacional o interamericano y se sustente en una pericia imparcial y apegada al valor real del bien sin tomar en cuenta la plusvalía [que] se ajusta a la realidad
del país[,…] al presupuesto anual municipal y[,] sobre todo bajo el criterio expuesto por la Corte [… de que] una eventual indemnización no debe implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento [de] la víctima”. Señaló que los valores que exige la víctima por concepto de indemnización son excesivos, porque corresponden al valor por metro cuadrado de propiedades que han ganado plusvalía en la zona urbana a lo largo de los años y pueden ser ofertadas y demandadas libremente. Agregó que los representantes desconocen el hecho de que los terrenos en cuestión no tienen un futuro desarrollo habitacional y por ello no pueden valorarse como bienes que se encuentran en el libre mercado. Alegó que ni en a la sentencia rendida en la jurisdicción interna ni en el informe pericial de Jakeline Jaramillo Barcia, presentado por los representantes, fue considerado que el inmueble en cuestión se encuentra dentro de una zona de protección ecológica, conforme a lo señalado por esta Corte en la Sentencia de fondo 24 . El terreno posee coeficientes de ocupación mínimos del uno por ciento de su superficie y tiene además “varias limitaciones y prohibiciones”, las cuales influyen directamente en el precio o indemnización.
40. En ese sentido, el Estado estimó que, teniendo como base los criterios presentados por
el perito Gonzalo Estupiñán Narváez para realizar el avalúo del predio, el metro cuadrado equivaldría a la cantidad de US$9,36 por metro cuadrado (nueve dólares de los Estados Unidos de América con treinta y seis centavos), lo que daría un total de US$6.043.635,25 25 (seis millones cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con veinticinco centavos).
41. La Comisión señaló que se debe tener en cuenta que la víctima ha estado privada de la
posesión de su bien y ha luchado por años para obtener justicia en su caso. En ese sentido, mediante escrito de 10 de julio de 2009 y en la audiencia pública sobre reparaciones de 24 de septiembre de 2009, manifestó que la Corte debe basarse en los párrafos 96, 97 y 98 de su Sentencia de fondo en relación con la justa indemnización por la expropiación del inmueble en cuestión, en el sentido que ésta debe ser adecuada, pronta y efectiva. Agregó que para que la justa indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del bien anterior a la declaratoria pública, destacando que dicha indemnización “debe pagarse en un
23 Los representantes solicitaron la suma de US$56.730.723,69 (cincuenta y seis millones setecientos treinta mil setecientos veintitrés dólares de Estados Unidos con sesenta y nueve centavos) como interés compuesto devengado durante el tiempo que el Estado no ha pagado la justa indemnización, es decir desde el 13 de mayo de 1991 hasta el 13 de mayo de 2009. Mencionaron que si este pago se realiza con posterioridad a la fecha indicada, debe calcularse un interés bajo la misma fórmula hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago.
24 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 71.
25 Cfr. Alegatos finales del Estado de 28 de noviembre de 2007 (expediente de fondo, tomo V, folio 814); escrito del Estado de 24 de septiembre de 2009 (presentado en la audiencia pública de 24 de septiembre de 2009, y expediente de reparaciones, tomo III, folio 581).
década, la víctima no puede ejercer
efectivamente su derecho a la propiedad y se encuentra en un estado de incertidumbre jurídica.”
[dado
que] desde hace
42. A continuación la Corte procederá a analizar la prueba aportada a través de las
diligencias, peritajes y normativa en el trámite interno e internacional. Posteriormente, para la determinación de la justa indemnización, establecerá los criterios aplicables y fijará el monto y modalidades de pago.
43. A la luz del acervo probatorio presentado tanto en la etapa de fondo (primera etapa)
como en la etapa sobre reparaciones (segunda etapa), la Corte estima relevante referirse a los siguientes peritajes, diligencias, normativa y práctica internacional.
44. El 15 de febrero de 2007 el perito Vicente Domínguez Zambrano rindió un dictamen en
la jurisdicción interna ante el Juzgado Noveno 26 , mediante el cual determinó que la propiedad en cuestión no sería urbanizable debido al impedimento y resolución municipal 27 y que el valor actual a la fecha del peritaje, sería de US$78.09 por m 2 28 , por lo que la totalidad del terreno, que corresponde a 645.687,5 m 2 , tendría un valor de US$50.421.736,00. En la ampliación del informe de fecha 31 de mayo de 2007 29 sobre el valor del bosque de eucaliptos concluyó que éste corresponde a US$5.145.319,00 30 . En consecuencia, el avalúo total del predio incluyendo
dicho bosque sería de US$55.567.055,00.
45. El 19 de junio de 2007 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante, el
Municipio) impugnó el informe pericial de avalúo alegando error esencial. Al respecto, el 11 de
enero de 2008 el Juzgado Noveno concluyó que el Municipio “de ninguna manera legal había probado su alegación”, por lo que desechó la misma y mencionó que tanto el actor como el demandado 31 habían hecho observaciones al informe pericial, lo que demuestra que el mismo
26 Cfr. Peritaje y ampliación al peritaje rendidos por Vicente Domínguez Zambrano los días 15 de febrero de 2007 y 31 de mayo de 2007, respectivamente (expediente de anexos presentados por el Estado, folios 3960 a 4000).
27 El perito destacó que había considerado que el predio en cuestión forma parte de la mayor zona ecológica relativo a la avaluación del predio, y que éste no servirá para urbanizarse, implicando un avalúo inferior comparado con los inmuebles en la misma zona (teniendo precios de US$ 340 por m 2 ), que es de alta plusvalía comercial, debido a la resolución municipal y las condiciones de factibilidad, consolidación del suelo y las características físicas y topográficas, entre otras. Agregó que con la limitación y resolución municipal, acorde con la zonificación establecida para el parque, el predio deberá servir únicamente para mejorar el medio ambiente de la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos. Cfr. Ampliación al peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folios 3961 a 3965).
28 Para llegar al valor real actual, el perito manifestó que tuvo en cuenta criterios como los parámetros considerados por el Municipio de Quito, tales como los valores catastrales referenciales, oficiales, fijados por el Municipio y la sectorización establecida por éste de la ciudad de Quito en varias categorías económicas y los sectores considerados de protección ecológica, que proporcionan un parámetro para calcular el valor del terreno colindante sin obras de infraestructura, así como los proporcionados por los gremios y colegios profesionales que tienen relación directa con la construcción y el valor del suelo, las referencias de las empresas dedicadas al sector inmobiliario y a la comercialización de bienes raíces, el generado por la oferta y la demanda en relación con la disponibilidad de recursos legales, técnicos y económicos, como otros factores intervinientes debido a la extensión del predio, las regulaciones municipales y demás limitaciones; y deduciendo el valor de las obras de infraestructura. Cfr. Peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folio 3962). Agregó que considera como fundamento en la determinación del valor del predio lo expresado por el Municipio de Quito en el trámite de expropiación, y que concretamente se refiere a los datos técnicos (ubicación, superficie del predio y linderos) conforme a lo señalado en la demanda de expropiación. Cfr. Ampliación al peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folio 3962).
29 Cfr. Ampliación al peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folios 3960 a 4000.
30 Esta estimación se efectuó por medio de seis muestras de parcelas de 5.000 m 2 . De la muestra determinó un total de 2.917 árboles con un total de 3.853 metros cúbicos de madera. Después extrapoló esta cifra al terreno total, dando como resultado 54.672 árboles con un total de 72.215 m 3 de madera, y sumó un valor de US$106 por m 2 . Al final dedujo el costo por producción y pérdida del proceso de US$35 por m 3 Cfr. Ampliación al peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folios 3966 a 3969).
31 Mediante escrito de 12 de abril de 2007, los representantes solicitaron al Juez de la causa que el perito Vicente Domínguez Zambrano ampliara su informe pericial tomando en cuenta también el valor del bosque de
carece de suficiente claridad y en consecuencia nombró a Manuel Silva Vásconez para que rindiera un nuevo peritaje 32 .
46. El 20 de mayo de 2008 Manuel Silva Vásconez emitió un dictamen 33 , mediante el cual
estableció que el valor del metro cuadrado a la fecha del peritaje era de US$63,83 m 2 34 , que multiplicado por la extensión del terreno daría un valor total de US$41.214.233,12 35 . Asimismo, determinó el valor del bosque de eucaliptos en la suma de US$669.146,00 36 . Además, la Corte nota que el perito realizó un avalúo del terreno en el año 1996, fecha en que se dio inicio el trámite de expropiación en la jurisdicción interna, en el cual estableció el valor del metro cuadrado en US$28,19 por m 2 37 , lo que el valor total representa US$18.201.930,62.
47. El 3 de abril de 2009 el Juzgado Noveno dictó sentencia de primera instancia y con base
en el peritaje de Manuel Silva Vásconez ordenó el pago de la indemnización a favor de la víctima por el monto total de US$41.214.2333,12, y concedió al Municipio el término perentorio de ocho días para que depositara el dinero en esa judicatura. Dicha sentencia fue apelada por las partes. La señora María Salvador Chiriboga alegó que en la sentencia no se
consideró el informe presentado por el perito Vicente Domínguez Zambrano, así como que al momento de fijar el valor del bien como justa indemnización, no se consideró la norma contenida en el artículo 244 de la Ley de Régimen Municipal, según la cual debió reconocerse
un cinco por ciento adicional como precio de afectación. Por su parte, el Estado, alegó que “la
no es apegada a derecho ni a los fundamentos fácticos del caso[, ya que] el
no consideró que el proceso se inició en 1993, luego de la declaratoria de utilidad
pública para la creación del parque Metropolitano”, y que el inmueble se encontraba dentro de
Juez [
sentencia [
una zona de protección ecológica, declarada como tal en 1981 denominada “Plan Quito” y la ordenanza de 1990 que determinó los límites del Parque Metropolitano.
48. Actualmente, el caso se encuentra en consulta y apelación ante la Corte Provincial de
eucaliptos. Con posterioridad a dicha ampliación hicieron la observación que el perito se había fundamentado en documentos y estudios técnicos realizados por el Municipio de Quito y que, por consiguiente, el Juez Noveno de lo Civil fijara una fecha para que aquello comparezca y explique los parámetros susodichos (expediente de anexos presentados por el Estado, folios 3935 y 3950, y expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, tomo I, folios 4415 a 4417).
32 Cfr. Comunicación del Juzgado Noveno de 11 de enero de 2008 (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, tomo I, folio 4438).
33 Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 12, folios 651 a 655.
34 Para la determinación del avalúo actual a la fecha del peritaje (20 de mayo de 2008) el perito tomó en cuenta los precios comerciales de la zona, para lo cual se ha obtenido la información de “avisos clasificados” del periódico “El Comercio” (finales del 2007 y principios de 2008). Partiendo de estos precios comerciales de lotes urbanizados, el perito “castiga” este precio para asimilarlo al terreno en cuestión considerando un costo promedio por m 2 por obras de infraestructura de US$60 por m 2 , un costo de tamaño de lote de 60% y un factor de 70% por topografía. El resultado de esta metodología da un precio de US$63,83 por m 2 entre 2007 y 2008. Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 12, folio 652).
35 Además, el perito determinó el precio del bien raíz conjuntamente con sus construcciones (US$7.440) y el bosque de eucalipto (US$669.146) que corresponde en su totalidad a US$41.890.819,12. Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 12, folio 654.
36 Para la valoración del bosque el perito estimó el área plantada de 56.22 hectáreas, según una fotografía aérea del Instituto Geográfico Militar. Separó la propiedad en tres áreas y tomó una densidad de siembra en cada área de 1.111 plantas por hectárea. Estableció tasas de morbilidad y porcentajes de desarrollo diferentes del bosque para cada área, valorando cada árbol en US$10, US$20 o US$40 según el desarrollo estimado del fuste. El perito estimó un total de 62.460 árboles a los cuales les asignó un valor de US$669.146. Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 12, folios 653 y 654).
37 Para lo cual tomó la información de “avisos clásicos” del periódico “El Comercio” de 1996 y realizó el avalúo usando la misma metodología (con la diferencia de que aplicó US$50 por m 2 de costo de obras de infraestructura). Cabe señalar que los montos en Sucres se han dolarizado de acuerdo al valor vigente del dólar a la fecha. Para lo cual el perito tomó datos del Boletín Estadístico del Banco Central publicado el 31 de diciembre de 1998. Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 12, folio 655.
49. El 1 de octubre de 2007 Edmundo Gutiérrez del Castillo 38 , propuesto por la Comisión y
los representantes, rindió su peritaje ante fedatario público, y manifestó que los terrenos ubicados en la parte occidental del Parque Metropolitano, entre los que se encuentra el de los hermanos Salvador Chiriboga, poseen las características para estimar que su valor es US$90 por m 239 sin urbanizar, lo que implica un valor total de la propiedad correspondiente a US$58.111.875 40 .
50. El 1 de octubre de 2007 Julio Raúl Moscoso Álvarez 41 , propuesto por la Comisión y los
representantes, rindió su peritaje ante fedatario público, el cual versa sobre derecho ecuatoriano y no sobre el valor del predio 42 , no obstante, indicó que el valor del inmueble se
fija con arreglo al valor que tenga el bien expropiado al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras ampliaciones 43 .
51. El peritaje rendido por la perito Jakeline Jaramillo Barcia 44 , presentado por los
representantes en su escrito sobre reparaciones el 13 de abril de 2009 ante esta Corte, mediante el cual establece la “vocación urbana” 45 de la propiedad. Para realizar el avalúo del bien la perito utilizó el enfoque comparativo del mercado, que obtiene una estimación del valor de la propiedad, comparándola con precios de oferta de propiedades cercanas similares 46 , los cuales constituyeron bienes urbanizados en este caso. De acuerdo con dicho informe pericial, los representantes consideraron que el valor del suelo de la propiedad en el año 1991, anterior
38 Cfr. Peritaje de Edmundo Gutiérrez del Castillo rendido el 1 de octubre de 2007 (expediente de excepción preliminar y fondo, tomo IV, folios 502 a 511), y Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 19. e). El señor Gutiérrez del Castillo es perito técnico en el Ministerio Público y en los Centros de Mediación de las Cámaras de Comercio y de la Construcción.
39 Para realizar un avalúo del terreno en cuestión, el perito tomó en cuenta criterios tales como: a) ubicación (un terreno tiene más valor si ésta alejado de posibles desastres naturales); b) entorno de la zona (tienen un mayor costo los terrenos que se encuentren próximos a centros comerciales, etc.); c) servicios básicos de infraestructura; d) servicios comunales (tienen un mayor valor los terrenos que estén cerca de espacios verdes, parques etc.); e) superficie y forma del lote; f) terrenos similares que se hallan a la venta en el sector; g) demanda de la zona, h) facilidad de comercialización (también fijado por la oferta y demanda), y i) la zonificación (los terrenos donde se permita la construcción de edificios en altura superior a 9 m son más cotizados). Cfr. Peritaje de Edmundo Gutiérrez del Castillo, supra nota 38, folios 502 a 505.
40 En el peritaje no precisa la fecha exacta de su avalúo. Cfr. Peritaje de Edmundo Gutiérrez del Castillo, supra
nota 38.
41 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 19.f), y peritaje de Julio Raúl Moscoso Álvarez rendido el 1 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo IV, folios 512 a 548).
42 El señor Moscoso Álvarez rindió peritaje sobre la naturaleza de la declaratoria de utilidad pública, el proceso de apelación ante el Ministerio de Gobernación en el caso de expropiaciones, la formación y revocación de los actos administrativos, entre otros. Además, el perito explicó que se encuentra vigente un impuesto a los solares no edificados que gravan a los propietarios de terrenos dentro del perímetro urbano, quiénes no han levantado en ellos construcción alguna. En adelante dijo que no es extraño que inmuebles que han sido declarados en utilidad pública sigan pagando impuestos prediales, pues al ser los juicios de expropiación muy dilatados, los titulares de los predios continúan constando en el catastro municipal como propietarios del bien, aún cuando ya no se encuentran ocupando el mismo e inclusive cuando el mismo se encuentra ocupado por el ente estatal expropiante. Cfr. Peritaje de Julio Raúl Moscoso Álvarez, supra nota 41, folio 548.
43 Cfr. Peritaje de Julio Raúl Moscoso Álvarez, supra nota 41, folio 545.
44 Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia rendido en abril 2009 (expediente de reparaciones y costas, tomo II, folios 281 a 297).
45 La perito constató la “vocación urbana” de la propiedad en cuestión, debido a las condiciones específicas de su localización dentro de la ciudad de Quito, a la existencia de infraestructura y servicios en el área contigua, a las condiciones físicas de suave relieve y paisajísticas que podría ser objeto de otros usos urbanos, y también debido a la propia decisión de la autoridad municipal al asignarle un uso de equipamiento urbano desde 1980, fundamental para la construcción de la ciudad y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Al respecto mencionó que ya desde 1980 el Municipio de Quito a través del Plan Quito definió un uso de parque de recreación urbano a la zona donde se encuentra la propiedad en cuestión, y que dicho uso de suelo fue ratificado en el Reglamento Urbano de 1990 en su propuesta de Uso de Suelo y del Sistema de Ambiental y Recreativo. La perito agregó que mediante la ordenanza No. 2818 de octubre 1990 se estableció los límites del Parque Metropolitano y que por tanto, el Municipio había asignado a esos terrenos un uso de equipamiento de gran importancia para la ciudad de Quito. Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia, supra nota 44, folios 288 a 289).
46 Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia, supra nota 44, folio 294.
a la declaratoria de utilidad pública 47 , era de US$65,33 por m 2 48 , correspondiente a
US$42.180.504,47 del valor del terreno, al cual se debería sumar el valor de la plantación forestal de eucalipto, que, según el informe pericial de Rodrigo Borja Crizón 49 , también presentado por los representantes, tiene un valor de US$35m 3 correspondiente a US$1.174.735,00 por un volumen de madera de 33.596,86 m 3 50 .
52. El peritaje de Gonzalo Estupiñán Narváez 51 , presentado por el Estado, rendido tanto en
la audiencia pública de 19 de octubre de 2007 así como mediante los escritos del Estado 52 , el
cual destacó que el terreno expropiado “jamás fue considerado por la Planificación Municipal como terreno urbano o con posibilidad de urbanización” 53 y que la única posibilidad era el uso agrícola. Al respecto, el Estado se refirió en sus alegatos finales de 28 de noviembre de 2007,
47 La perito señaló que las expropiaciones de los gobiernos municipales se han regido históricamente con base a la Ley de Régimen Municipal, y al Código de Procedimiento Civil como complementario. Por ello, para la expropiación de un bien declarado de utilidad pública, se determinaría el precio del bien con base al valor que tenga a la fecha del inicio del expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación. Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia, supra nota 44, folio 293.
48 Para la evaluación del valor comercial del bien, la perito estableció cinco variables claves, seleccionadas para “homogenizar” la información de las ofertas de terreno, las cuales han sido recabadas del periódico “El Comercio” en los períodos de octubre 1990 y mayo 1991. Partiendo así de un valor urbano, lo ajustó considerando las variables claves, que otorgaron el valor final al bien: a) la localización (la perito otorgó un valor del factor 1); b) el nivel socioeconómico del sector donde esta ubicado el terreno (la perito otorgó un valor del factor 1); c) el uso destino (la perito otorgó un valor del factor 1); d) el tamaño de terreno, (el terreno en cuestión sería apropiado para urbanizaciones o también para fines recreativos donde se requiere grandes extensiones de suelo; la perito otorgó el valor del factor 0.9), y d) la existencia de infraestructura (considera el costo de introducir obras de servicios básicos a la propiedad; la perito otorgó el valor del factor 0.75). Así obtuvo un “coeficiente de homogenización” del factor 0.675, puesto que los factores que equivalen a 1 tuvieron similares atributos que los terrenos que utilizó la perito para obtener el precio comparativo. Partiendo de un valor comercial de referencia de los anuncios de prensa que corresponde a US$ 96.78, la perito llegó a un precio de US$65.33 por el terreno en cuestión usando la multiplicación siguiente: valor comercial US$/m 2 (96,78) x Coeficiente de Homogenización (0.675) = Valor final US$/m 2 (65,33) (expediente de reparaciones, tomo II, folio 295 a 296). Según los representantes, los valores en Sucres del m 2 de los terrenos en 1990 y 1991 han sido transformados a dólares por la perito con base en la cotización del Banco Central, utilizando los promedios para los años mencionados. Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia, supra nota 44, folios 300 y 301.
49 Cfr. Peritaje de Rodrigo Borja Crizón rendido en el año 2007 respecto al valor del bosque (expediente de reparaciones, tomo II, folios 349 a 355).
50 Según el informe “Estimación de Producción”, el primer objetivo fue determinar el volumen en metros cúbicos del bosque eucalipto. El perito estimó el área sembrada en 577.000 m 2 una vez deducidas las áreas de líneas eléctricas y tubería de agua potable que se encuentran en la propiedad. Para determinar el número de árboles y el desarrollo de éstos, procedió a muestrear seis sitios aleatoriamente (parcelas de 5000 m 2 ). Partiendo de esto, estimó el volumen de madera para el predio, utilizando la fórmula general de cubicaje. Así obtuvo un resultado de 33.569,86 m 3 . Para estimar después los ingresos a obtener de la explotación del rodal de eucalipto, el perito mostró dos opciones: en primer lugar, la venta de la madera para la obtención de pulpa a un precio de US$35 el m 3 , lo que dio un ingreso total de US$1.174.735 (precio US$/m 3 (35) x m 3 de madera en el predio (33.563,86), y por otro lado, la venta de madera procesada a un precio de US$150, lo que dio un ingreso total de US$2.166.585. El perito obtuvo los precios cotizados del SICA (expediente de reparaciones y costas, tomo II, folios 350 a 353). Al respecto, los representantes, hicieron la solicitud ante la Corte tomando cuenta la primera alternativa, la cual resulta en un ingreso menor que la segunda alternativa. Cfr. Peritaje de Rodrigo Borja Crizón, supra nota 49, folio 245.
51 Al mismo tiempo, el perito era, para ese entonces, Presidente de la “Asociación Ecuatoriana de Peritos”, según lo manifestó durante la audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
52 Cfr. Declaración pericial rendida en la audiencia pública de 19 de octubre de 2007; alegatos finales del Estado (expediente de fondo, tomo V, folios 809 a 814); escrito del Estado relativo a las pretensiones de reparaciones (expediente de reparaciones y costas, tomo III, folios 574 a 581), y observaciones al informe técnico de Jakeline Jaramilllo Barcia (expediente de reparaciones y costas, tomo III, folios 585 a 591).
53 Las observaciones del señor Estupiñán Narváez al informe pericial de Jakeline Jaramillo Barcia incluyen además otras críticas: a) alegó que la perito no conoce el método de avaluación basándose en la homogenización porque, por un lado, no comparó las características diferenciales de cada uno de los terrenos tomados como comparables con el objeto de avalúo y por otro lado, porque “[dispuso] arbitrariamente de la escala de valores que parece un juego de azar haber llegado al coeficiente 0.675”; b) no estuvo de acuerdo con la determinación del valor comercial, para lo cual la perito sacó un promedio de diez ofertas de terrenos urbanizados y lo multiplicó por el coeficiente respectivo. Él criticó el hecho que la perito comparó terrenos urbanizables con uno que no es y así consideró el terreno en cuestión también urbanizable por el fin de realizar una valoración más alta y que por eso, éste cálculo estaría “lleno de supuestos […], invenciones […] y vacío”, y c) recomendó a la Corte que solicite a la UPAV (Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación) el análisis de los avalúos practicados al terreno expropiado “para que su criterio especializado y su comentario técnico guíe la decisión [de la Corte]” (expediente de reparaciones, tomo II, folios 585 a 588).
al proceso de valoración de dicho perito para realizar el avalúo de “los terrenos de expropiación localizados en espacios declarados de protección ecológica”. Así, el Estado alegó que, dado que no se pueden implantar edificaciones en el predio en cuestión, se debería comparar la propiedad de la señora Salvador Chiriboga con predios rurales y, en consecuencia, aplicar criterios de valoración de inmuebles rurales, considerando su rentabilidad agropecuaria, ubicación y calidad del suelo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las ordenanzas municipales establecen una limitación casi total a los cultivos rentables en suelo colindante del área urbana; por ello, únicamente se permite su arborización para protección y un uso de recreación pasiva. Basándose en estos determinantes del proceso de valoración del perito, el Estado mencionó, que dada la ubicación del predio en la periferia de la ciudad, no resulta adecuado establecer un valor netamente rural; por consiguiente, se debe determinar un método de cálculo que también considere su localización urbana 54 . En consecuencia, usando el modo de cálculo 55 del perito Estupiñán Narváez, el Estado alegó que el avalúo total del predio corresponde a US$6.043.635,25, siendo US$9,36 por m 2 , a la fecha entre el 7 y 10 de julio de 1997, lo que refleja el momento cuando ocurrió la ocupación del inmueble por parte del Municipio.
53. Por otra parte, adicionalmente a los informes periciales anteriormente analizados, la
Corte considera útil tomar en cuenta otras fuentes complementarias que no fueron controvertidas y que contribuyen a valorar el justo precio. En primer lugar, se toma nota de las tablas 56 que muestran los valores que se han fijado en acuerdos transaccionales, permutas y sentencias judiciales 57 , respecto de varias propiedades que han sido expropiadas en la misma zona y, en particular, aquellas que disponen una superficie mayor a 30.000 m 2 . Entre ellas existe una gran variante en su costo, dependiendo la forma para alcanzar el monto definitivo, siendo las permutas los más bajos, dado el precio promedio de US$1,52 por m 2 , y los más costosos derivados de las sentencias judiciales, con un promedio de US$8,19 por m 258 . En segundo lugar, esta Corte toma en cuenta las valoraciones que han efectuado otros peritos en los juicios internos, así como las decisiones judiciales respecto de casos de expropiaciones de los predios en el área en cuestión, incluyendo terrenos urbanizados 59 . Al respecto, de los datos proporcionados en los Juzgados de Pichincha se desprenden pagos por un promedio de US$47,52 60 por m 2.
54. La Corte observa que en el período comprendido para el trámite de expropiación ante la
jurisdicción interna del predio en cuestión (desde el año 1991 a la fecha) son pertinentes los siguientes artículos de las diversas codificaciones a la Constitución Política del Ecuador.
Constitución Política de 1984, Art. 50. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro de conformidad con la ley.
54 Para fijar el precio de un “terreno localizado en la zona de protección ecológica” se debería tomar en cuenta
además que: a) Por tratarse de bienes inmuebles no “mercadeables”, no es factible establecer un valor de mercado, y b) que la clasificación legal de la propiedad en suelo de “protección ecológica” genera beneficios públicos de tipo social
y ambiental (control de inundaciones, paisaje, recreación pasiva etc.), los cuales deben ser valorados a través de los métodos utilizados para bienes públicos sin mercado y los cuales generalmente conducen a un valor superior (expediente de excepción preliminar y fondo, tomo V, folios 809 y 810).
55 Para realizar el avalúo del terreno en cuestión tomó en cuenta los siguientes criterios: a) se tomará el valor unitario de suelo rural más cercano al terreno expropiado (R); b) se tomarán los predios de los valores unitarios de suelo urbano más cercano tanto al terreno expropiado (Vx) como al suelo rural (Vp), y c) el valor promedio unitario del terreno expropiado (E) será igual al valor unitario de suelo rural multiplicado por el cociente formado por (Vx/Vp). E= R x (Vx/Vp). Aplicando los valores reales en la fórmula, el perito obtuvo un resultado de US$ 9,36 por
m 2 (expediente de fondo, tomo V, folios 810 a 814).
56 Cfr. Tablas presentadas por el Estado (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folios 1209 a 1215).
57 La tabla expone casos desde 1986 a 2008.
58 Acuerdos (en m 2 por dólar): Promedio 4,72,/ min. 1.8/máx. 19,84; permutas (en m 2 por dólar): min. 1.47 / máx. 3.6; sentencias (en m 2 por dólar): Min. 1.5 / máx. 19,39 (Tablas presentadas por el Estado, supra nota 56.
59 Cfr. Expediente de reparaciones, tomo IV, folios 706 a 792.
60 El precio mínimo por m 2 corresponde a US$ 0,32 y el precio máximo a US$ 200 por m 2 .
Constitución Política de 1978 codificada en 1997, Art. 62: Para fines de orden social, determinados en la Ley, el sector público, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen normas procesales, podrá expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que pertenezcan a los otros sectores. Se prohíbe toda confiscación.
55. De conformidad con la normativa aplicable en la sentencia del Juzgado Noveno en el
juicio de expropiación No. 1996-1300, el Tribunal nota que el procedimiento expropiatorio en el caso para fijar el justo precio está regido por las siguientes disposiciones relevantes, inter alia, artículos 321 61 y 323 de la Constitución Política, aprobada el 19 de julio de 2008; artículos 786 62 , 788 63 , 790 64 , 791 65 , 792 66 y 797 67 del Código de Procedimiento Civil, aprobado el 12 de julio de 2005, y artículos 242 68 , 243 69 y 244 70 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aprobada el 5 de diciembre de 2005.
61 Art. 321 (Constitución Política de 2008): El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.
62 Art. 786 (Código de Procedimiento Civil de 2005): A la demanda de expropiación se acompañarán los siguientes documentos: […] 3. Valor del fundo a que se refiera, en todo o en parte, la demanda de expropiación, el que se fijará con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiados al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras ampliaciones. Si el fundo no constare en el catastro, el Procurador General del Estado o los personeros de las instituciones del Sector Público, pedirán a la oficina correspondiente que practique el avalúo para que pueda acompañarse a la demanda […]. Al respecto, la Corte observa que ésta disposición se encuentra reproducida en el art. 242 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 2005 (infra nota 68).
63 Art. 788 (Código de Procedimiento Civil de 2005): Presentada la demanda y siempre que se hayan llenado los requisitos determinados en los artículos anteriores, el juez nombrará perito o peritos, de conformidad con lo establecido en este Código, para el avalúo del fundo. Al mismo tiempo, mandará que se cite a todas las personas a que se refiere el artículo anterior [(art. 787: “los dueños del predio y las personas que, según el certificado del registrador de la propiedad, tuvieron derechos reales o de arrendamiento sobre el fundo”)], para que concurran a hacer uso de sus derechos dentro del término de quince días, que correrá simultáneamente para todos. En el mismo auto se fijará el término dentro del cual el perito o peritos deben presentar su informe, término que no excederá de quince días, contados desde el vencimiento del anterior.
64 Art. 790 (Código de Procedimiento Civil de 2005): Para fijar el precio que debe pagarse por concepto de indemnización, se tomará en cuenta el que aparezca de los documentos que se acompañen a la demanda. Si se trata de expropiar una parte del predio avaluado, el precio se fijará estableciendo la correspondiente relación proporcional. Sin embargo, cuando lo que se quiere expropiar comprenda una parte principal del fundo, la de mayor valor, en relación con el resto; cuando se trate de la parte de mejor calidad, con respecto al sobrante, o en casos análogos; podrá establecerse un precio justo según el dictamen del perito o peritos.
65 Art. 791 (Código de Procedimiento Civil de 2005): El juez dictará sentencia dentro de ocho días de presentado el informe pericial, y en ella se resolverá únicamente lo que diga relación al precio que deba pagarse y a los reclamos que hayan presentado los interesados. Para fijar el precio el juez no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, ni por las municipalidades.
66 Art. 792 (Código de Procedimiento Civil de 2005): De la sentencia que se dicte, habrá recurso de apelación en el efecto devolutivo. Elevados los autos al superior, éste fallará por el mérito del proceso y sin otro trámite.
67 Art. 797 (Código de Procedimiento Civil de 2005): Cuando se trate de expropiación urgente, considerada como tal por la entidad que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el inmueble. Esta ocupación será decretada por el juez en la primera providencia del juicio, siempre que, a la demanda, se acompañe el precio que, a juicio del demandante, deba pagarse por lo expropiado. El juicio continuará por los trámites señalados en los artículos anteriores, para la fijación definitiva de dicho precio. La orden de ocupación urgente es inapelable y se cumplirá sin demora.
68 Art. 242 (Ley Orgánica de Régimen Municipal de 2005): Los avalúos se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiados al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras ampliaciones. Las mejoras realizadas con posterioridad a la iniciación del expediente de expropiación, no serán objeto de indemnización.
69 Art. 243 (Ley Orgánica de Régimen Municipal de 2005): Para determinar el precio que corresponde a los bienes objeto de expropiación se seguirán, además las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, Ley de Contratación Pública y en otras leyes.
70 Art. 244 (Ley Orgánica de Régimen Municipal de 2005): En todos los casos de expropiación se abonará al propietario, además del precio establecido convencional o judicialmente, un cinco por ciento como precio de afección.
56. En vista de lo anterior, el procedimiento para fijar el justo precio consiste en que: a) el
Estado puede declarar la expropiación de bienes por razones de utilidad pública, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley 71 ; b) tratándose de una expropiación urgente, la ocupación inmediata será decretada por el juez en la primera providencia del juicio, siempre que a la demanda se acompaña el precio que deba pagarse por lo expropiado y que el juicio continuará para la fijación definitiva de dicho precio 72 ; c) a la demanda de expropiación se deberá acompañar el valor del fundo, el cual se fijará con arreglo al valor al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación 73 ; d) presentada la demanda y llenados los requisitos determinados en el Código de Procedimiento Civil, el juez nombrará perito o peritos para el avalúo del fundo 74 ; e) para fijar la indemnización se tomará en cuenta el precio que aparezca de los documentos que se acompañan a la demanda y, cuando lo que se quiere expropiar comprenda una parte principal del fundo, podrá establecerse un precio justo según los peritajes 75 ; f) en todos los casos de expropiación se deberá pagar al propietario, además del precio establecido, un precio de afectación 76 , y g) para fijar el precio el juez no estará obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros ni las municipalidades, y dictará sentencia dentro de ocho días de presentado el informe pericial 77 .
57. Esta Corte nota que en el derecho internacional, a través de la práctica de diferentes
tribunales internacionales, no existe un criterio uniforme para establecer la justa indemnización, sino que cada caso es analizado teniendo en cuenta la relación que se produce entre los intereses y derechos de la persona expropiada y los de la comunidad, representados en el interés social. Por su parte, se puede observar que la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante “Corte Europea” o “Tribunal Europeo”) aplica distintos métodos de cálculo sobre los cuales fundamenta sus decisiones sobre reparaciones. Entre éstos destaca que para elegir el método de cálculo que servirá de base en la evaluación del valor del bien, toma en cuenta los precios en el mercado inmobiliario de bienes similares y examina las justificaciones a los avalúos propuestos por las partes 78 . En caso de existir una diferencia importante entre las evaluaciones de los peritajes, el Tribunal Europeo ha desechado alguno de estos como elemento de referencia 79 . Asimismo, la Corte Europea distingue entre expropiaciones lícitas 80 e ilícitas 81 , utilizando diferentes métodos de cálculo, dependiendo del caso, para determinar el monto de la justa indemnización. En su jurisprudencia reciente ha establecido nuevos criterios en casos de expropiaciones ilícitas 82 , el cual ha sido retomado en los últimos casos aplicándolo también para expropiaciones consideradas como lícitas 83 .
Conforme al art. 323 de la Constitución Política de 2008.
Art. 797 del Código de Procedimiento Civil de 2005, supra nota 67.
Art. 786 del Código de Procedimiento Civil de 2005, supra nota 62.
74 Art. 788 del Código de Procedimiento Civil de 2005, supra nota 63, y el art. 242 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, supra nota 68.
75 Art. 790 del Código de Procedimiento Civil de 2005, supra nota 64.
76 Art. 244 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 2005, supra nota 70.
77 Art. 791 del Código de Procedimiento Civil de 2005, supra nota 65.
78 Cfr. Eur. Court H.R., Case of Brumarescu v. Rumania. Judgement of January 23, 2001, para. 24, Eur. Court H.R. Case Dacia S.r.l. v. Moldavia. Judgement of February 24, 2009, para. 44.
79 Cfr. Eur. Court H.R., Case Yiltas YIDIZ Turistik Tesisleri A.S. v. Tukey Judgement of April 27, 2006, para. 33
80 Cfr. Eur. Court H.R., Case James y and others v
81 Cfr. Eur. Court H.R., Case Belvedere Alberghiera S.r.l. v. Italy. Judgement of October 30, 2003, y Eur. Court H.R., Case Carbonara Ventura v. Italy. Judgement of December 11, 2003.
82 Cfr. Eur. Court H.R., Case Guiso-Gallisay v. Italy. Judgement of December 22, 2009, para. 105.
83 Cfr. Eur. Court H.R., Case Schembri and others v. Malta. Judgement of September 28, 2010, para. 13.
United Kingdom. Judgement of February 21, 1986, para.
58. Por otro lado, la Corte Europea ha destacado que las limitaciones del derecho a la
propiedad por parte del Estado en casos en los que se persigue un motivo de protección del medio ambiente, se encuentra en el marco del interés general. Asimismo señaló que, la preservación de la naturaleza y los bosques constituye un valor cuya defensa trae consigo un interés constante y sostenido en la opinión pública y los poderes públicos. Al respecto, el Tribunal Europeo estableció que “las exigencias económicas e inclusive ciertos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la propiedad, no deben anteponerse frente a consideraciones relacionadas con la protección del medio ambiente” 84 . Además, en el análisis del “fair balance” (justo equilibrio) entre la protección del derecho a la propiedad y las exigencias del interés público, el Tribunal Europeo observa las circunstancias particulares de cada caso, tales como las modalidades previstas por la legislación interna 85 , la existencia de un recurso interno efectivo, el otorgamiento de una indemnización de la parte expropiatoria, el tiempo transcurrido o situaciones de incertidumbre de los derechos del propietario, para así determinar si la medida empleada por parte del Estado fue proporcional a su objetivo establecido. En razón de esa ponderación, si la carga que ha debido asumir el beneficiario ha sido excesiva, 86 y sumando los demás requisitos, puede encontrar una violación del derecho a
la propiedad, lo cual va a influir al fijar la justa indemnización.
59. Por su parte, la Corte Permanente de Justicia Internacional estableció que en casos de
expropiación el pago de una indemnización constituye un principio general en derecho internacional, y que una reparación equitativa es aquella que corresponde “al valor que tenía la empresa al momento de la desposesión” 87 . En la práctica de los tribunales de arbitraje internacional destaca que la fijación del monto de la indemnización se realiza sobre la base del “justo valor del mercado” 88 , lo que es equivalente a la reparación integral y efectiva por el daño sufrido 89 . Para determinar dicho monto, estos tribunales se basan normalmente en
peritajes, pero en ocasiones han también determinado el valor del bien sobre la base de una aproximación en atención a los avalúos propuestos por las partes 90 . Asimismo, los tribunales han tomado en cuenta otras circunstancias relevantes, incluyendo las “consideraciones equitativas” 91 y se observan diferentes criterios en cuanto a la fecha a partir de la cual se calcula el monto de la indemnización 92 . Además, la práctica internacional ha recogido los principios de que la indemnización deberá ser adecuada, pronta y efectiva 93 .
2. Determinación de la justa indemnización por esta Corte
84 Cfr. Eur Court H.R., Hamer v. Belgium. Judgement of November 27 de 2007, para. 79, y Eur. Court H.R., Köktepe v. Turkey. Judgement of July 22, 2008, para. 87.
85 Cfr. Köktepe v. Turkey, supra nota 84, para. 92.
86 Cfr. Eur. Court H.R., Case James and others v. United Kingdom, supra nota 80, para. 50; Eur. Court H.R., Case Hutten-Czapska v. Poland. Judgement of February 22, 2005, para. 150; Eur. Court H.R., Case Matos e Silva, Lda. And others v. Portugal. Judgement of September 16, 1996, para. 86; Eur. Court H.R., Case Sporrong and Lönnroth v. Sweden. Judgement of September 23, 1982, para. 69, y Eur. Court H.R., Case Schembri and others v. Malta. Judgement of November 10, 2009, para. 35.
87 Corte Permanente de Justicia Internacional (PCIJ), Asunto relativo a la fábrica de Chorzów (Alemania Vs. Polonia) Demanda de indemnización. Sentencia de 13 de septiembre de 1928. Serie A. No. 17, p. 126.
88 Cfr. Iran-US Claims Tribunal, INA Corporation and. The Government of the Islamic Republic of Iran. 8 Iran- U.S.C.T.R. 373 (13 de agosto de 1984), para. 380.
89 Cfr. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Amco Asia Corporation and Others Vs. Republic of Indonesia. First Arbitral Award of 1984. Case No. ARB/81/1.
90 Cfr. Iran-US Claims Tribunal, American International Group Inc. v Islamic Republic of Iran. Award No. 93- 2- 3. 4 Iran-U.S.C.T.R 96 (19 de diciembre de 1983).
91 Cfr. Iran-US Claims Tribunal, Philips Petroleum Co. and The Government of the Islamic Republic of Iran. Award No 425-39-2. 21 Iran-U.S.C.T.R. 79 (1989).
92 Cfr. Lauder V. Czech Republic, 2001 (UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law), y ICSID, Compañía del Desarrollo Santa Elena S.A. Vs. Costa Rica. Sentencia de 17 de febrero de 2000. ARB/96/1.
93 Cfr. Iran-US Claims Tribunal, INA Corporation V. The Islamic Republic of Iran, supra nota 88, 75 ILR, p. 595; Texaco Vs. Libya (1978). 17 ILM, pp. 3, 29; 53 ILR, pp. 389, 489, y Aminoil Vs. Kuwait (1982). 21 ILM, p. 1032; 66 ILR, p. 601.
60. Este Tribunal reitera que en casos de expropiación el pago de una indemnización
constituye un principio general del derecho internacional 94 , el cual deriva de la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y del propietario. Este principio ha sido reconocido en la Convención Americana en su artículo 21, lo cual dispone que a fin de privar a alguien de sus bienes se deberá otorgar el pago de una “indemnización justa”, por lo que dicho pago constituye en sí un requisito para poder restringir el derecho a la propiedad 95 .
61. La Corte nota que, en el presente caso, el proceso de expropiación mediante el cual se
fija el precio del bien en cuestión se encuentra pendiente en el fuero interno (supra párr. 48). No obstante, el caso fue sometido y resuelto en cuanto al fondo en esta jurisdicción internacional el 6 de mayo de 2008, y tanto el Estado como los representantes han insistido en que este Tribunal cuenta con los elementos suficientes para determinar el valor de la justa indemnización (supra párr. 19). Al respecto, la Corte reconoce que compete a los Estados fijar los criterios para determinar el pago de una indemnización en derecho interno por una expropiación, de acuerdo con sus normativas y prácticas 96 , siempre y cuando éstos sean razonables y de conformidad con los derechos reconocidos en la Convención. En el presente caso concedió a las partes un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia de fondo, para que alcanzaran un acuerdo, sin que lo lograran. Asimismo, la víctima ha esperado más de 19 años para la determinación de un monto definitivo como justo pago por la expropiación de sus bienes. En este sentido, sería irrazonable continuar esperando un fallo definitivo en sede interna cuando la Sentencia de fondo evidencia la violación del plazo razonable por parte del Estado para solucionar el asunto 97 . Por lo tanto, de conformidad con el objeto y fin de la Convención Americana para la protección efectiva del derecho a la propiedad privada, y atendiendo lo dispuesto en el párrafo 134 de la Sentencia de fondo, la Corte fijará el valor de la justa indemnización en vía internacional.
62. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 98 de la Sentencia de fondo, en casos de
expropiación, para que la indemnización sea justa y conforme a las exigencias del artículo 21 de la Convención Americana, “se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de éste, y atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular” 98 . De acuerdo con el párrafo 96 de la Sentencia de fondo, dicha indemnización deberá realizarse de manera adecuada, pronta y efectiva.
63. Primeramente, la Corte observa las diferentes ponderaciones de avalúos del bien
expropiado (supra párrs. 44, 46, 47, 49, 51 y 52), consistentes en: a) consignación del Municipio al momento de la presentación de la demanda de expropiación -de acuerdo al valor catastral- por 225.990.625,00 Sucres a favor de la víctima 99 ; b) el perito Vicente Domínguez Zambrano, en el fuero interno, fijó el avalúo de US$55.567.055,00 -incluyendo el bosque de eucaliptos-; c) el perito Manuel Silva Vásconez, en el fuero interno, fijó el avalúo en US$41.883,379,12 -incluyendo el bosque de eucaliptos-, y estimó un cálculo al año 1996 en
94 Cfr. Artículo 1 del Protocolo No. 1 de la Corte Europea, y Corte Permanente de Justicia Internacional (PCIJ), Asunto relativo a la fábrica de Chorzów (PCIJ), supra nota 87, párr. 68.
95 Artículo 21.2 de la Convención Americana: Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
96 Eur. Court H.R., Case Yiltas YILDIZ Turistik Tesisleri A.S. v. Turkey. Judgement of April 24, 2003, para. 38, y Eur. Court H.R., Case Dacia S.r.l. v. Moldova, supra nota 78, para. 45.
97 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párrs. 109 y 110.
98 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 98.
99 Dicha cantidad fue depositada por el Estado el 16 de julio de 1996, al momento de presentar la demanda de expropiación, en la cuenta corriente No. 00100508-1 del Banco del Pichincha C.A. mediante el cheque No. CY794572. Cfr. Demanda de expropiación presentada por el Municipio contra María y Julio Guillermo Salvador Chiriboga (proceso No. 1300-96, expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexos 6 a 8, folios 1802 a 1804). Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 103 y nota 97.
US$18.201.930,62; e) el Juzgado Noveno fijó en su sentencia de 3 de abril de 2009, la cantidad de US$41.214.233,12 como valor del predio expropiado; f) el perito Gutiérrez Castillo fijó el avalúo por US$58.111.875,00; g) la perito Jakeline Jaramillo Barcia fijó el precio en US$42.180.504,47; h) el perito Rodrigo Borja fijó el avalúo del bosque de eucaliptos en US$1.174.735,00, e i) el perito Gonzalo Estupiñán Narváez fijó el avalúo en US$6.043.635,25.
64. De los peritajes antes señalados se desprende que éstos parten en su mayoría de una
comparación de los precios comerciales de lotes urbanizados cercanos a la zona y luego efectúan ajustes considerando los distintos factores del predio. Por otro lado, se puede notar que el perito Estupiñán Narváez parte de un valor rural de dedicación agrícola en un área rural cercana y lo ajusta para ubicarlo en una zona de Quito, basándose en los precios comerciales de una y otra zona.
65. Al respecto, el Tribunal observa que las diferencias relevantes entre los avalúos
propuestos para la determinación de la justa indemnización tienen su origen en un desacuerdo entre las partes en lo relativo a la naturaleza jurídica del terreno y en particular las limitaciones jurídicas al uso del bien impuesto por la reglamentación de la Municipalidad de Quito, desacuerdo que repercute en los métodos de cálculo usados para la evaluación del bien.
66. Las partes aducen dos métodos diferentes de evaluación del terreno objeto de la
expropiación. Para fijar el valor comercial de éste, los representantes alegaron la “vocación urbana” del predio, fundamentando sus demandas sobre peritajes que usan como valores de referencia el valor de bienes urbanizados colindantes al terreno expropiado, prevaleciendo como criterio de evaluación la ubicación del terreno 100 . Por su parte, el Estado consideró que resulta ilógico equiparar el valor del bien expropiado y el valor comercial en los terrenos aledaños 101 . Añadió que por tratarse de un “predio rústico” 102 sin posibilidad de implantar edificaciones 103 , los criterios de valoración de inmuebles rurales pueden aplicarse tal como la rentabilidad agropecuaria, la ubicación y la calidad del suelo expropiado 104 . Además, el terreno se encuentra dentro de una zona de protección ecológica y de recreación, cuyo uso y ocupación es limitado y totalmente restringido a las necesidades del Parque Metropolitano 105 . De esta manera, si bien el Estado toma en cuenta la ubicación del terreno expropiado como criterio para fijar la justa indemnización 106 , hace prevalecer las limitaciones jurídicas al uso del bien impuesto por la reglamentación de la Municipalidad de Quito.
67. Esta Corte nota que la determinación del avalúo de un predio objeto de expropiación
por razones ambientales puede depender de varios elementos y no es siempre adecuado evaluarlo en comparación con bienes en el mercado que no presenten las mismas características. Por lo tanto, este Tribunal estima que, para fijar el valor de un bien objeto de expropiación, se debe tomar en cuenta sus características 107 esenciales, es decir, naturales (tales como su ubicación o sus características topográficas y ambientales) y jurídicas (tales como las limitaciones o posibilidades del uso del suelo y su vocación).
100 Según los representantes “[l]a justa valoración del bien debe ser realizada de manera independiente y ajustada a parámetros reales en los que se considere el valor comercial del bien en función de su ubicación y considerando de manera comparativa el valor que tienen en el comercio otros bienes en la misma zona”.
101 Escrito del Estado de 22 de septiembre de 2009 (presentado en la audiencia pública de 24 de septiembre de 2009, y expediente de reparaciones, tomo III, folio, 576).
102 El Estado argumentó que el justo precio del terreno expropiado debe ser establecido con base a valores de predios rústicos puesto que “nunca fue incluido en un sector calificado como área de expansión urbana”.
103 El Estado alegó además que “las áreas delimitadas dentro del Parque Metropolitano fueron consideradas áreas de protección ecológica 13 años antes de la resolución de la declaración de utilidad pública”.
104 Cfr. Expediente de excepción preliminar y fondo, tomo V, folio 809.
105 Cfr. Contestación a la demanda, expediente de fondo, tomo II, folio 226.
106 El Estado reconoce que “por su ubicación en la periferia de la ciudad o dentro de las zonas urbanas no resulta adecuado establecer un valor netamente rural, razón por la cual es necesario determinar un método que también considere su localización urbana”.
107 Cfr. Eur. Court. H.R., Case Kozacioglu v. Turkey. Judgement of February 19, paras. 71 y 72.
68. En relación con las características naturales del predio, la Corte observa que Vicente
Domínguez Zambrano en su dictamen y su ampliación 108 , señaló además que “el predio no serviría para urbanizarse debido al impedimento y resolución municipal, mas no por las condiciones de factibilidad, consolidación del suelo y muchas otras características físicas, topográficas, paisajísticas y muchas otras condiciones, que lo hacen de privilegiada atracción y requerimiento” 109 . Asimismo, indicó que el predio “no es urbanizable, es rústico, por el que atraviesan dos líneas de transmisión eléctrica de alta tensión […] que si fuera destinado a urbanización afectarían para la realización de edificaciones más no como espacios verdes y de jardinería” 110 . El perito Manuel Silva Vasconez hizo referencia a que de acuerdo a la hoja catastral del terreno “es de forma irregular, con una topografía variable y pendiente moderada en el sentido Este Oeste; no cuenta con obras de infraestructura, ni servicios, se localiza con frente a las [u]rbanizaciones que se han desarrollado en el sector” 111 . El perito Gonzalo Estupiñán Narváez expresó que “por su ubicación en la periferia de la ciudad o dentro de las zonas urbanas no resulta adecuado establecer un valor netamente rural, razón por la cual es necesario determinar un método que también considere su localización urbana” 112 . El informe pericial rendido por Jakeline Jaramillo refirió que esta propiedad posee excelentes atributos y enfatizó en su vocación urbana debido a las condiciones específicas de localización, infraestructura y servicios en el área, sus condiciones físicas de suave relieve y paisajísticas que podrían ser objeto de otros usos urbanos. Asimismo, describió que se encuentra
atravesado por 2 líneas de alta tensión que determinan un área de afectación y de retiro obligatorio 113 . La Corte nota también que el perito Edgar Neira Orellana manifestó que “el recargo al solar no edificado [impuesto a la víctima] no tiene sentido sobre predios que se encuentran en zonas rurales destinados a la explotación agrícola; tiene sentido cuando el inmueble está ubicado dentro de los perímetros urbanos y castiga la falta de edificación o estimula la edificación dentro de un determinado Municipio” 114 .
69. En relación con las características jurídicas del bien, la Corte considera que uno de los
factores que otorgan valor a un predio es su posible uso, vocación y su edificabilidad, por lo que se debe establecer, para efectos de evaluación en el presente caso, y entre otros criterios, las limitaciones jurídicas al uso de suelo que fueron impuestas al terreno expropiado antes de la declaración de utilidad pública.
70. Al respecto, este Tribunal observa que distintos peritajes coinciden sobre la existencia
de limitaciones legales al uso del terreno de la señora Salvador Chiriboga, anteriormente a la declaratoria de utilidad pública. Al respecto, en el informe pericial presentado por Vicente Domínguez Zambrano, y en su ampliación 115 , subraya que “el predio en cuestión no servirá para urbanizarse debido al impedimento y resolución municipal”. Asimismo, el perito Gonzalo Estupiñán Narváez señala que el terreno expropiado jamás fue considerado por la planificación municipal como terreno urbano o con posibilidad de urbanización 116 . El informe pericial rendido por la perito Jakeline Jaramillo reconoce que “[y]a desde 1980 el Municipio de Quito a través
108 Cfr. Peritaje y ampliación al peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folios 3960 a 4000.
109 Según el perito, el valor de un predio viene determinado por su ubicación, la dotación de infraestructura y equipamiento, la densidad del uso de suelo, el nivel socioeconómico de la zona (que es de alta plusvalía en este caso)
y la demanda de los constructores (ampliación al peritaje de Vicente Zambrano, supra nota 26, folios 3964 y 3965).
110 Además, señaló que “El inmueble también se encuentra parcialmente afectado por la línea matriz subterránea de transmisión de agua potable […] que atraviesa el inmueble […] con la afectación para edificaciones o forestación alta, mas no para jardinería y espacios verdes (ampliación al peritaje de Vicente Zambrano, supra nota 26, folio
3965).
111 Cfr. Peritaje de Manuel Silva Vásconez, supra nota 33, folio 651, con base en la foja 12 de la hoja catastral.
112 Cfr. Peritaje de Gonzalo Estupiñán Narváez (alegatos finales del Estado, expediente de fondo, tomo V, folio
113 Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo, supra nota 44, folios 287 y 291.
114 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, y peritaje de Edgar Neira Orellana rendido durante
la audiencia pública de 19 de octubre de 2007 celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia.
115 Cfr. Peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folios 3960 a 4000.
116 Cfr. Escrito del Estado de 22 de septiembre de 2009 de observaciones del perito Estupiñán Narváez al peritaje de Jakeline Jaramillo (escrito presentado en la audiencia pública de 24 de septiembre de 2009, y expediente de reparaciones y costas, tomo III, folio 585).
del Plan Quito definió un uso de parque de recreación urbano a la zona donde se encuentra incluida la propiedad [y que d]icho uso de suelo fue ratificado en el Reglamento Urbano de 1990 en su propuesta de Uso de Suelo y del Sistema Ambiental y Recreativo” 117 .
71. Adicionalmente a los peritajes allegados, este Tribunal toma en cuenta las ordenanzas
existentes con anterioridad a la declaratoria de utilidad pública del inmueble objeto de la expropiación, las cuales limitaron jurídicamente el uso del predio con anterioridad de dicha declaratoria. En atención a lo expuesto, la Corte nota que le fueron impuestas limitaciones jurídicas a la referida propiedad a través de los siguientes actos de autoridad:
a) Ordenanza Nº 2092 de 27 de enero de 1981 118 , mediante la cual se aprobó el “Plan Quito 1980”, el cual controla, norma y racionaliza el desarrollo físico espacial de la ciudad, frente a las nuevas condiciones socio-económicas y la dinámica urbana que sobrepasó los límites previstos en otros instrumentos técnicos y jurídicos. (f.7536, prueba para mejor resolver). El Parque Metropolitano fue concebido como reserva y compensación del déficit de áreas verdes, caracterizándose por mantener una diversidad de actividades recreacionales, de servicios y preservación ecológica 119 . Dentro de dicha área se encuentra el inmueble objeto de la expropiación (f.1146, fondo);
b) Informe sobre las propiedades particulares a expropiarse de 12 de abril de 1988,
mediante el cual la Dirección de Avalúos y Catastros especificó las propiedades a expropiarse para consolidar el Parque Metropolitano, incluida la propiedad de los herederos de Guillermo Salvador Chiriboga, “tomando en cuenta que la Comisión de Planificación y el Concejo estudiarán en forma inmediata la delimitación del citado parque”.
c) Oficios No. 0911, 912 y 913 de 5 de julio de 1988, mediante los cuales la
Municipalidad comunicó al “Registrador de la Propiedad” que se aprobó el Informe No. IC-88-134 de 16 de junio de 1988, “de la Comisión de Expropiaciones y Remates, declarando de utilidad pública, resolvi[endo] la expropiación y autoriz[ando] dictar el acuerdo de ocupación urgente de la totalidad del inmueble de propiedad de [entre otros,] los [herederos] de Guillermo Salvador Tobar […] afectado con las obras constantes en el referido informe”, relacionadas con la expropiación de los terrenos expropiados, necesarios para la implantación de la Planta de Tratamiento denominada “Bellavista”, contemplado dentro del Proyecto Papallacta, Parroquia de Caupicruz, sector El Batán de la ciudad de Quito. Asimismo, en el Registro de Prohibiciones de enajenar de 6 de julio de 1988, se inscribió el mencionado oficio No. 0912 del Municipio de Quito, ordenando la prohibición de enajenación de la totalidad del inmueble propiedad de la señora Salvador Chiriboga.
d) la Ordenanza No. 2776 de 2 de junio de 1990, mediante la cual el Municipio de Quito
definió los límites de la Ciudad y “se contempla al Parque Metropolitano como área de protección ecológica”, la cual está destinada a mantener el equilibrio ecológico, preservar el paisaje natural y evitar el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo de catástrofes naturales. Dicha normativa, reconoce dos áreas de gestión, el área urbana y el área de
117 Cfr. Peritaje de Jakeline Jaramillo Barcia, supra nota 44, folio 289.
118 Cfr. Ordenanza No. 2092 del Concejo Municipal de Quito, por medio de la cual se aprobó el “Plan Quito” (expediente de prueba para mejor resolver presentada por los representantes, folios 7536 y 7537). Esta ordenanza fue posteriormente derogada por la ordenanza No. 2816 del Concejo Municipal de Quito, por medio de la cual se aprobó el “Proyecto de Estructura Urbana para Quito” (prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7570). Sin embargo, la derogación de la primera ordenanza no afecta la vigencia de la creación del Parque Metropolitano, puesto que éste ha seguido contemplado dentro de la normatividad reciente. Se hace notar que en el documento no aparece con claridad el número de ordenanza.
119 Por la razón que en la ciudad de Quito se demostró la existencia de un desequilibrio entre las áreas urbanas y recreativas.
protección ecológica, en la cual están permitidos únicamente los usos agrícolas, forestales y de conservación de la vegetación, y
e) la Ordenanza Nº 2818 de 19 de octubre de 1990, mediante la cual se establecieron los nuevos límites del Parque Metropolitano en Bellavista de Quito, y define el carácter metropolitano del parque teniendo como objetivo fundamental ser la reserva y compensación del déficit en las áreas urbanas consolidadas, con diversidad de actividades recreacionales, de servicios y de preservación ecológica.
72. Este Tribunal observa que, de conformidad con los mencionados actos de autoridad,
anteriores a la declaratoria de utilidad pública, el predio objeto de la expropiación perteneciente a la señora María Salvador Chiriboga se encontraba limitado en su uso y goce, y restringidas sus posibilidades de edificación y de enajenación 120 . En consecuencia, el valor del terreno se vio afectado en cuanto a su potencial comercial 121 .
73. La Corte concluye que, de acuerdo a las características esenciales del terreno, así como
el acervo probatorio, se puede desprender que se trata de un predio rústico, en cuanto a la ausencia de edificaciones y algunas afectaciones del terreno, con características particulares debido a su localización urbana, al cual le fueron impuestas limitaciones a su uso y goce con la finalidad de alcanzar beneficios ambientales, ecológicos y recreativos, los cuales contribuyen a la preservación de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, siendo todo ello valorado para fijar su justo precio. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte observa que el Estado continuó cobrando impuestos sobre el inmueble objeto de la expropiación por falta de edificación, siendo que ya le había impuesto limitaciones para ello, lo cual será abordado en el apartado correspondiente.
74. Respecto del bosque de eucaliptos, la Corte observa los peritajes presentados al
respecto (supra párrs. 46 y 51). Especialmente valorará el peritaje rendido por Rodrigo Borja, en el cual se basan los representantes para establecer sus pretensiones y mismo que no fue objetado por el Estado. En consideración de lo anterior y del acervo probatorio, la Corte encuentra que, por un lado, no se desprende la fecha en que el bosque fue cultivado ni su destino. Sin embargo, es claro que dicha plantación forestal tenía un cierto potencial comercial, ya que ésta implicó una inversión importante que consistió en la siembra de 47.314 árboles con una extensión de 577.000 m 2 , lo cual se evidencia, dado que las especies encontradas en la propiedad de María Salvador Chiriboga no son nativas. Al respecto, el Plan Maestro del Municipio de Quito de diciembre 1994 señala que el Municipio había establecido un “programa de sustitución de eucaliptos por especies nativas, con el fin de convertirlas en verdaderos jardines botánicos silvestres” 122 . Por otro lado, la Corte entiende que las restricciones impuestas a la propiedad al declararla una zona ecológica, limitaron la explotación comercial de dicho bosque. Por tanto, el Tribunal tomará esta plantación como una mejora al predio 123 , lo cual será prudentemente valorado junto con el acervo probatorio e incluido en el monto total de la indemnización.
120 De acuerdo con el peritaje de Vicente Domínguez Zambrano rendido el 15 de febrero de 2007 basándose en el registro de prohibiciones de enajenar, fojas 154, no. 409, tomo 119, del 28 de junio de 1988 y fojas 158, no. 423, tomo 119, del 6 de julio de 1988.(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2034 y 2035).
121 Cfr. Escrito del Alcalde de Quito de 28 de junio de 1991 dirigido al Ministro de Gobierno (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexos 4 al 5, folios 1530 y 1531).
122 Plan Maestro de diciembre 1994 de la Dirección General de Planificación del Municipio Metropolitano de Quito, mediante lo cual se formuló los conceptos de lo que debe ser el Parque Metropolitano de Quito (expediente de anexos a la contestación de la demanda, folio 3552).
123 Cfr. Código Civil de Ecuador de 24 de junio de 2005: Art. 952. “El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: Si estas expensas se invirtieron en obras permanentes […] se abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución”. […] Art. 953. “El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de citársele con la demanda. Sólo se entenderá por mejoras útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.”
75. En los casos en los que existe una colisión entre derechos, el Tribunal ha aplicado
criterios de proporcionalidad para ponderar las restricciones y las consecuencias que podrían traer consigo éstas 124 . El Tribunal estableció que en “el caso de una expropiación, dicha
restricción demanda el cumplimiento y fiel ejercicio de requerimientos o exigencias que ya se encuentran consagradas en el artículo 21.2 de la Convención”, a saber: “el pago de una
indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley”, los cuales fueron analizados en la Sentencia de fondo.
76. Respecto a la justa indemnización, la Corte estableció en su Sentencia de 6 de mayo de
2008 que, en casos de expropiación, además de tomar como elemento de referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública, se debe atender “el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular 125 ”. Así, el
Tribunal refirió que “a fin de que el Estado pueda satisfacer legítimamente un interés social y encontrar [dicho] justo equilibrio […,] debe utilizar los medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona objeto de la restricción” 126 . Para ello, resulta
indispensable observar las “justas exigencias” de una “sociedad democrática”, valorar los distintos intereses en juego y las necesidades de preservar el objeto y fin de la Convención 127 . Todo ello será ponderado al momento de fijar el valor del bien como justa indemnización, en particular respecto de bienes que tienen un carácter ambiental.
77. Al respecto, el Tribunal recuerda que en su Sentencia de fondo indicó que la privación
del derecho de propiedad por parte del Estado se fundó en razones de utilidad pública y de interés social, y destacó que “un interés legítimo o general basado en la protección del medio ambiente, como se observa en el presente caso, representa una causa de utilidad pública legítima” 128 . Sin embargo, el Estado “no respetó los requerimientos necesarios para restringir el derecho a la propiedad acogidos en los principios generales del derecho internacional y explícitamente señalados en la Convención Americana” 129 . Asimismo, “el Estado incumplió con las formas establecidas en la ley al vulnerar la protección y garantías judiciales, ya que los recursos interpuestos han excedido para su resolución el plazo razonable y han carecido de
124 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 65: “[L]a Corte ha considerado que no es necesario que toda causa de privación o restricción al derecho a la propiedad esté señalada en la ley, sino que es preciso que esa ley y su aplicación respeten el contenido esencial del derecho a la propiedad privada. Este derecho supone que toda limitación a éste deba ser excepcional. De la excepcionalidad se deriva que toda medida de restricción debe ser necesaria para la consecución de un objetivo legítimo en una sociedad democrática, de conformidad con el propósito y fin de la Convención Americana. Por lo tanto, es necesario analizar la legitimidad de la utilidad pública y el trámite o proceso que se empleó para perseguir dicho fin”. Cfr. también: Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 96; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 144; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrs. 67 a 69; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 212; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Serie C No. 170, párr. 93; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de
2008. Serie C No. 177, párr. 54; Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 175, 176 y 180, y Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 129.
125 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 98.
126 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 63.
127 Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 67; La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 31, y Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr.75.
128 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 76.
129 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 116.
efectividad. Lo anterior ha privado indefinidamente a la víctima de su bien, así como del pago de una justa indemnización, lo que ha ocasionado una incertidumbre tanto jurídica como fáctica, la cual ha derivado en cargas excesivas impuestas a la misma, convirtiendo a dicha expropiación en arbitraria” 130 . En consecuencia, la Corte declaró responsable al Estado de la violación de los artículos 21.2 de la Convención, en relación con los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de ese tratado, en perjuicio de la víctima.
78. Adicionalmente, la Corte observa que según la prueba aportada, el terreno ha
pertenecido a la familia de María Salvador Chiriboga desde 1935 y a ella como propietaria a partir de 1967 131 . Además, la señora Salvador Chiriboga, en su declaración rendida ante esta Corte, manifestó que el terreno había sido adquirido por su padre Guillermo Salvador Chiriboga con “mucho sacrificio y mucha deuda”, con el objetivo de “dejársela a sus nietos”. Su padre además “regaló [al Municipio] la Plaza Bernal Casa” y vendió otros lotes a “precios muy insignificantes” para gente de escasos recursos. Además, ha quedado evidenciado que, luego de 19 años de la declaratoria de utilidad pública y hasta la fecha, la víctima no ha recibido indemnización alguna por concepto de la expropiación de su predio, y por el contrario, el
Estado siguió cobrando impuestos y multas por la falta de edificación respecto de dicho inmueble (ínfra párr. 114).
79. Por otra parte, la Corte nota que el Parque Metropolitano de Quito es un área de
recreación y protección ecológica de gran importancia para una ciudad con alta densidad de población 132 , el cual representa más del 55% de las áreas verdes de la ciudad 133 . Es considerado “el pulmón principal de la ciudad”, ya que mantiene el equilibrio del ecosistema con un gran valor en cuanto a flora y fauna silvestres 134 . Asimismo, en la actualidad es la mayor reserva de “bosque manejado como parque urbano en el país” 135 . A su vez, cabe destacar que el predio objeto de la expropiación representa el 11% 136 de la totalidad de la superficie del parque. Todo ello debe ser debidamente valorado.
80. En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el párrafo 98 de la
Sentencia de fondo, la Corte determinará “el valor comercial del bien expropiado anterior a la declaración de utilidad pública[,] y atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular”.
130 Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 117.
131 La propiedad fue adquirida por Guillermo Salvador Chiriboga Tobar y Elvira Chiriboga el 6 de diciembre de 1935. El 6 de septiembre de 1977, se concedió la posesión efectiva de los bienes dejados por Elvira Chiriboga, viuda de Salvador, a María Salvador Chiriboga sin perjuicio del derecho de terceros, y demás referencias de la interdicción del señor Guillermo Salvador Chiriboga. Cfr. Peritaje de Vicente Domínguez Zambrano, supra nota 26, folio 3960).
132 La población urbana de Quito correspondió, según el último censo en 2001, a 1.399.378 personas. Fuente:
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, http://www.inec.gov.ec (última visita el 3 de marzo de 2011).
133 Comparando las estadísticas de espacios verdes públicos en Quito de 1990 y 1993 se observa que la presencia del Parque Metropolitano de Bellavista más que duplicó (55.4%) el área total de espacios verdes públicos de la ciudad. (Total en 1990: 460 hectáreas; total en 1993: 1031 hectáreas). Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s04.htm (última visita el 4 de noviembre de 2010).
134 Cfr. Indicaciones del perito Edmundo Gutiérrez del Castillo, supra párr. 39, folio 1730. Además, según lo señalado en la Ordenanza No. 2776: “el Parque […] es un área destinada a mantener el equilibrio ecológico, preservar el paisaje natural y evitar el desarrollo urbano de zonas de alto riesgo vulcanológico, sísmico, morfodinámico y topográfico” (expediente de anexos a la demanda, folio 1147).
135 Sitio “Parque Metropolitano Guangüiltagua”, Información General, http://www.parquemetropolitano.ec/home/contenidos.php?id=21&identificaArticulo=169 (última visita el 4 de noviembre de 2010).
136 De la Ordenanza No. 2818 (Art. 2) se desprende que la “superficie del Parque Metropolitano en Bellavista es aproximadamente de 571,16 has” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1720). Por ello, el predio de María Salvador Chiriboga de 64, 6 has corresponde a aproximadamente 11% de la superficie total del Parque.
81. En consideración de las pretensiones de reparaciones, la Corte valoró en su conjunto la
prueba aportada por las partes, y la elaboración y conclusiones de los diversos peritajes, los cuales son diferentes e inclusive discrepantes. En todos ellos existen elementos útiles, aunque ninguno es determinante por sí mismo en forma integral. Por ello, el Tribunal considera esas opiniones como elementos para configurar los criterios establecidos en la presente Sentencia.
82. En cuanto a las características esenciales del terreno, la Corte encuentra que el predio
es rústico con características particulares debido a su localización urbana (supra párr. 73), el cual tenía una serie de limitaciones jurídicas con anterioridad a la declaratoria de utilidad pública. Al efecto, las Ordenanzas No. 2092 de 1981, y No. 2676 y No. 2818 de 1990 definieron desde dichas fechas ciertas áreas como parte del parque Metropolitano de Quito, así como otras áreas de protección ecológica, en donde solo estarían permitidos los usos agrícolas, forestales y de conservación de la vegetación natural. Debido a dicha reglamentación como de otros actos administrativos el predio no podía ser urbanizado, ni edificado ni transferirse con ese propósito (supra párr.71), ya que las limitaciones establecidas lo convirtieron en un inmueble destinado a la protección del medio ambiente. En razón de esto, cuando se emitió la
declaratoria de utilidad pública el 13 de mayo de 1991, el predio ya contaba con las limitaciones jurídicas de uso, y por consiguiente, su valor comercial había disminuido.
83. Adicionalmente, en la Sentencia de fondo la Corte estableció la existencia del interés
legítimo de la expropiación basado en las razones de utilidad pública con fundamento en la protección del medio ambiente, lo cual resulta en el beneficio social que genera el Parque Metropolitano, que es de vital importancia para la ciudad de Quito, y el predio expropiado representa un gran aporte no sólo para el parque en sí, sino para toda la sociedad y el medio ambiente en general (supra párr. 73). Sin embargo, el Estado incumplió con el pago requerido por el artículo 21.2 de la Convención y los criterios de plazos razonables en perjuicio de la víctima.
84. Por tanto, de acuerdo a las pretensiones de las partes, las restricciones jurídicas que
afectan el predio, las cuales impactaron sobre su valor, puesto que el inmueble objeto de la expropiación ha sido destinado a la protección ambiental y recreación, lo cual es de gran relevancia e interés público para la ciudad de Quito (supra párr. 79), en atención al justo equilibrio entre el interés público y el interés particular, la Corte, de acuerdo a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, fija la suma de US$18,705,000.00 (dieciocho millones setecientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de justa indemnización en sede internacional, la cual incluye el valor del inmueble expropiado y sus accesorios.
85. La Corte determinará la procedencia de los intereses en el apartado referente al daño
material de esta Sentencia (infra párrs. 91 a 101). Asimismo, con el fin de lograr que el pago sea pronto y efectivo, el Estado deberá liquidar los montos adeudados de conformidad con lo establecido en el apartado de Modalidades de pago referente al daño material de este Fallo (infra párrs. 102 y 103).
86. La Corte ha desarrollado el concepto de daño material y las situaciones en que
corresponde indemnizarlo 137 . Sin embargo, en el presente caso el Tribunal no analizará el daño material desde la perspectiva tradicional del daño emergente o pérdida de ingresos, sino
137 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 298, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 248.
derivado del incumplimiento en el pago de una justa indemnización, lo cual ha generado una afectación en la esfera material de la víctima y ha derivado la responsabilidad internacional del Estado.
87. Los representantes solicitaron que como reparación “por la apropiación del inmueble
[…] propiedad [de María Salvador Chiriboga] se ordene al Estado el pago del interés devengado durante el tiempo que éste no ha pagado la justa indemnización”. En razón de lo
anterior, en su escrito sobre reparaciones los representantes reclamaron el pago de un interés compuesto anual contado a partir de la declaratoria de utilidad pública de fecha 13 de mayo de
1991. Por lo que, señalaron que el Estado adeudaría hasta el 13 de mayo de 2009 la suma
total de US$56.730.723,69 (cincuenta y seis millones setecientos treinta mil setecientos veintitrés dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y nueve centavos) por ese concepto. Agregaron que si el pago de la justa indemnización se realiza con posterioridad a esa fecha, deberá hacerse un cálculo de intereses bajo la misma fórmula hasta que se realice efectivamente el pago, y que la tasa de interés será la Libor vigente en el mes de mayo de cada año.
88. Posteriormente, en la audiencia pública los representantes manifestaron que había
varios puntos de acuerdo entre ellos y el Estado, siendo uno de estos el que se debería fijar un monto por intereses, pero que persistía la discrepancia en cuanto al tipo de interés y la fecha a partir de la cual debía empezar a contarse. Solicitaron a la Corte que establezca dichos criterios. Al respecto, reiteraron al Tribunal que “debería fijar una fórmula de intereses compuestos como lo han resuelto varios tribunales arbitrales en materia de inversión” 138 . Agregaron que “este es el mismo principio que se debe aplicar, ya que si bien la materia en disputa no es directamente de inversiones no se puede negar que se trata de un idéntico derecho como es el derecho de propiedad”.
89. Por su parte, en la audiencia pública el Estado expresó que el 16 de julio de 1996 el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito presentó la demanda ante la “Corte de Justicia” 139 a fin de poder obtener la orden de ocupación, y que la legislación ecuatoriana prevé para estos casos, que para poder ocupar el inmueble, la consignación del justo precio. Según el Estado, en este caso, junto con la presentación de la demanda de expropiación se consignó el monto del justo precio que el municipio consideraba en esa época en 225.990.625,00 Sucres 140 . Esto quiere decir que el municipio jamás ha dejado de cumplir con sus obligaciones, y que hoy al pretender los representantes el cobro de intereses se está desconociendo las acciones legales que aplicó el municipio y se está procurando el pago de un interés que no corresponde. El pago de intereses es un pago adicional, el cual se genera debido a la falta de no haber honrado una
obligación. Al respecto, el Estado dejó constancia de lo indicado y expresó que en ningún momento quiere mermar el acuerdo que se ha llegado con la contraparte respecto a los intereses y manifestó su disposición de respetarlo.
90. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado manifestó que cualquier cálculo de los intereses
que haga la Corte debe hacerlo a partir del año 1997, entre los días 6 y 10 de julio de 1997.
138 Al respecto citaron como ejemplo la Sentencia rendida por el Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) en el Caso Compañía del Desarrollo Santa Elena S.A. Vs. Costa Rica, supra nota 92.
139 Cabe aclarar que en la Sentencia de fondo se estableció que la demanda de expropiación interpuesta por el Municipio Metropolitano de Quito contra María y Julio Guillermo Salvador Chiriboga fue presentada el 16 de julio de 1996. El juicio de expropiación fue identificado bajo el No. 1300-96, el cual fue iniciado ese mismo día ante el Juzgado Noveno. Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párrs. 4 y 103.
140 En los escritos principales, tanto de los representantes como el mismo Estado, se pronunciaron respecto a la cuantía del pago consignado junto a la demanda de expropiación en el proceso No. 1300-96. Los representantes señalaron que la cuantía de sucres consignada con el escrito de la demanda de expropiación correspondía a la fecha de presentación de ese escrito, a la suma de US$9.032.00 (nueve mil treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América) (escrito de solicitudes y argumentos, expediente de excepción preliminar y fondo, Tomo II, f. 145). Por su parte, el Estado señaló que el valor de la cantidad consignada al momento de realizar el pago, cuando se presentó la demanda de expropiación, representaba casi US$300.000,00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) (contestación a la demanda, expediente de excepción preliminar y fondo, Tomo II, f. 219).
Dicha fecha fue determinada por la Corte en la Sentencia de fondo como aquella en que ocurrió la ocupación del inmueble por parte del Municipio de Quito, y no desde el 13 de mayo de 1991, fecha de la declaratoria de utilidad pública, como lo solicitaron los representantes. Además, reiteró que “reconocer el monto iniciatorio diferencial que pretende la víctima es ajeno al concepto de justicia”.
91. De lo manifestado por los representantes y el Estado en la audiencia pública, la Corte
observa que están de acuerdo en que este Tribunal fije un interés como consecuencia de la falta de pago de una justa indemnización del inmueble expropiado 141 . En razón de ello, el Tribunal establecerá si procede o no la fijación de intereses y, en caso de proceder, definirá el tipo de interés y la fecha a partir de la cual deberá calcularse.
92. En la Sentencia de fondo se estableció que los recursos subjetivos o de plena
jurisdicción interpuestos por los hermanos Salvador Chiriboga, y la demanda de expropiación interpuesta por el Estado no fueron resueltos en un plazo razonable ni fueron efectivos, y que el procedimiento expropiatorio ha resultado arbitrario 142 . Además, la Corte ya resolvió en dicha
Sentencia que el Estado no ha pagado la justa indemnización, por lo que en esta etapa no es procedente reabrir la discusión sobre esa materia.
93. La Corte reitera que, a la fecha, el proceso de expropiación aún se encuentra en trámite
ante la jurisdicción interna, después de más de catorce años de haberse iniciado y se encuentra pendiente el pago de la justa indemnización, pese a que la señora María Salvador Chiriboga se ha visto desposeída de su propiedad. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que las medidas empleadas combinadas con la duración excesiva de la actuación judicial coloca a los peticionarios en una larga situación de incertidumbre, lo que agrava los efectos perjudiciales de estas medidas, por lo que éstos han tenido que soportar una carga especial que rompe con el justo equilibrio entre las exigencias del interés general y la salvaguarda del derecho al respeto de los bienes 143 , en casos como éste, la Corte Europea ha ordenado el pago de intereses calculados sobre la base de una tasa legal 144 .
94. Esta Corte observa que otros tribunales internacionales, en casos de expropiación, han
determinado el pago de intereses simples 145 o compuestos 146 para reparar el daño causado. Es así como el Tribunal Europeo, en casos de expropiación, ha resuelto fijar un interés simple 147 , mientras que los tribunales de arbitraje en materia de inversión, desde un enfoque comercial, reconocen que en varias circunstancias se justifica el otorgamiento de un interés compuesto 148 ,
141 Cabe señalar que el Estado en su comunicación de 13 de enero de 2009 sostuvo nuevamente que no existe una obligación líquida y tampoco existe estado de mora de la Municipalidad, por lo que en consecuencia no procede el pago de intereses. Reiteró lo señalado en la audiencia sobre la consignación de una cantidad desde la declaratoria de utilidad pública (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1069). Tanto la Comisión como los representantes señalaron que el Estado no podía cambiar de opinión, ya que había reconocido en la audiencia pública el pago de intereses. Al respecto, la Comisión pidió que se aplicara el estoppel (expediente de reparaciones y costas, tomo VI, folios 1242 y 1248).
142 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 113.
143 Cfr. Eur. Court H.R., Tsirikakis v. Greece. Judgement of January 17, 2002, para. 60 y 61.
144 Cfr. Eur. Court H.R., Tsirikakis v. Greece. Judgement of January 23, 2003, para. 11.
145 Entiéndase por interés simple: en cualquier período, tasa de interés multiplicada por un monto invariable del
146 Entiéndase por interés compuesto: en cualquier período, tasa de interés multiplicada por un monto cambiante del principal. El interés no pagado se suma al principal y se convierte en el principal del período nuevo.
147 Cfr. Eur. Court H.R., Case of Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece. Judgement of
December 9, 1994, para. 83; Eur. Court H.R., Case Guiso-Gallisay v. Italy, supra nota 82, para. 105, y Eur. Court H.R., Case Schembri and others s v. Malta, supra nota 83, para. 18.
148 Al International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) son sometidos casos que tienen una relevancia jurídica distinta, en donde la materia refiere a asuntos vinculados con motivos comerciales e inversión. Cfr. ICSID, Compañía del Desarrollo Santa Elena S.A. Vs. Costa Rica, supra nota 92, párrs. 96 -107; Metalclad Corporation Vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2000, ARB (AF)/97/1, párr. 128, y Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. Vs. República Árabe de Egipto. Sentencia de 12 de abril de 2002. ARB/99/6, párrs. 173-175.
con el fin de compensar de manera integral las pérdidas sufridas y otorgar una protección adicional a los inversionistas extranjeros en el contexto global.
95. Además, la Corte observa que en la Ley Orgánica del Régimen Municipal vigente,
aprobada el 5 de diciembre de 2005, en el artículo 244 149 establece que en casos de expropiación, además del precio establecido convencional o judicialmente, se abonará al propietario un cinco por ciento como precio de afectación.
96. Por otra parte, cabe señalar que también en el Código Civil ecuatoriano vigente,
aprobado el 12 de julio de 2005, en los artículos 1573 y 1575 150 se establecen reglas sobre indemnización de perjuicios por mora y, en el caso de que la obligación consista en pagar una cantidad de dinero, se disponen pautas sobre el cobro de intereses. Lo anterior indica que, de acuerdo a la legislación interna del Ecuador, es posible la fijación de intereses por la falta de cumplimiento de obligaciones.
97. En el presente caso, el Estado debió realizar, como lo establece el artículo 21 de la
Convención, el pago de la justa indemnización, la cual debía efectuarse de manera pronta, como se indicó en la Sentencia de fondo. Sin embargo, esto no ocurrió y derivó en la violación de los artículos 21.2, 8.1 y 25.1 de la Convención. Es deber del Estado respetar y garantizar la protección del derecho a la propiedad privada, el cual en el caso sub judice ha sido examinado por la Corte desde la perspectiva de un derecho humano, a la luz del objeto y fin de la Convención Americana, y no en consideración de intereses comerciales o de inversión que es propio de tribunales de otra índole.
98. Los representantes alegaron la tasa Libor para el cálculo de los intereses y el Estado no
se opuso específicamente al uso de esa tasa como referencia. En aras de satisfacer el propósito de que se cumpla con la justa indemnización y con el pago de los intereses correspondientes es necesario determinar éstos últimos, para evitar que su fijación sea sometida a otro trámite interno que dilataría su pago. Dado lo expuesto y debido a que no existe controversia entre la partes para aplicar dicha tasa, así como por considerarla razonable al caso concreto, esta Corte estima oportuno aplicar en el presente caso la tasa Libor para realizar el cálculo de los intereses respectivos. Además, este Tribunal considera inaplicable un interés compuesto, dada la naturaleza del presente caso.
99. En consecuencia, la Corte establece que el interés que es debido cubrir por la falta de
pago oportuno por parte del Estado, debe calcularse con base en un interés simple, aplicando la tasa Libor como referencia, sobre el monto de la justa indemnización que fijó este Tribunal (supra párr. 84).
100. Ahora bien,
intereses, los representantes y el Estado discrepan en cuanto a este punto (supra párrs. 87 y
fecha a partir de la cual debe contarse los
149 Corresponde al artículo 256 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal anterior, el cual fue aprobada el 15 de octubre de 1971, el cual dispone que “en todos los casos de expropiación se abonará al propietario, además del precio establecido convencional o judicialmente, un cinco por ciento como precio de afectación. El valor último resultante se entregará al propietario en dinero efectivo en la proporción y dentro de los plazos que establezca la municipalidad, de mutuo acuerdo con el expropiado; tales plazos no podrán exceder de cinco años. Las cuotas pagaderas a plazos ganarán interés legal. El pago del precio estará exento de toda clase de derechos, impuestos u otros gravámenes fiscales, municipales o de cualquier otra índole”.
150 Corresponde a los artículos 1600 y 1602 del Código Civil anterior, lo cual fue codificado el 20 de noviembre de 1970. El artículo 1600 literalmente señala que “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o, si la obligación es no hacer, desde el momento de la contravención.” El artículo 1602 dispone que “si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por mora está sujeta a las reglas siguientes: 1) se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de intereses corrientes, en ciertos casos; 2.) El acreedor no tiene necesidad de justificar cuando sólo cobra intereses. En tal caso basta el hecho del retardo; 3.) Los intereses atrasados no producen interés, y 4.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
90). Al respecto, este Tribunal observa que en el presente caso, si bien la declaración de utilidad pública es de 13 de mayo de 1991, fue hasta el año 1997 que se dio la desposesión de dicho inmueble. Asimismo, la Corte estableció en su Sentencia de fondo que la ocupación de la propiedad de la señora Salvador Chiriboga por parte del Municipio de Quito ocurrió entre los días 7 y 10 de julio de 1997 151 . Dado que es a partir de esa fecha que la víctima perdió el goce efectivo de la posesión del inmueble, este Tribunal considera adecuado establecer que a partir del 7 de julio de 1997 se debe efectuar el cálculo de los intereses correspondientes 152 .
101. Esta Corte concluye que el Estado debe pagar a la víctima los intereses simples
devengados de acuerdo a la tasa Libor sobre el monto de la justa indemnización a partir de julio de 1997 hasta febrero de 2011, cuyo monto asciende a US$9,435.757,80 (nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos).
102. El Estado debe realizar el pago, en dinero efectivo, del capital adeudado, que incluye la
justa indemnización y los intereses (supra párrs. 84 y 101) en cinco tractos equivalentes, en el período de cinco años, estableciendo los días 30 de marzo de cada año como fecha de pago,
a saber: el primer pago, el 30 de marzo de 2012, el segundo pago el 30 de marzo de 2013, el
tercer pago el 30 de marzo de 2014, el cuarto pago el 30 de marzo de 2015, y el quinto pago
el 30 de marzo de 2016.
103. En caso de que el Estado incumpla con el pago de la cuota correspondiente en las
fechas establecidas en la presente Sentencia, deberá pagar un interés sobre esta cuota, de
acuerdo al interés simple bancario moratorio en Ecuador, hasta la fecha en que se realice efectivamente el pago.
104. El
expropiación en la jurisdicción interna (supra párr. 63) deberá ser reintegrado al Estado
presentar la demanda de
consignado por el Estado
cuándo éste realice el pago de la primera cuota señalada anteriormente.
2. Daño inmaterial
105. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha
establecido que comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima
o su familia 153 .
106. Los representantes expresaron que en el presente caso la víctima “ha experimentado
mucha preocupación […] al encontrarse por varios lustros frente a una situación de total inseguridad respecto al destino de su patrimonio (y el de su familia), debido a la falta de resolución de los diversos procesos judiciales en relación a su propiedad”. Solicitaron la cantidad de US$25.000.00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial, para así reparar la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención.
151 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 72.
152 Cfr. Eur. Court H.R., Case Guiso-Gallisay v. Italya, supra nota 82, para. 105, y Eur. Court H.R., Case Schembri and others v. Malta, supra nota 83, para. 18.
153 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 305, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 255.
107. Por su parte, el Estado expresó que “es consciente que una violación a los derechos
fundamentales conlleva un daño moral a la víctima; sin embargo, no todas las violaciones acarrean los mismos efectos gravosos”. El Estado considera que, “si bien los derechos humanos son interdependientes y jerárquicamente de igual valor y trascendencia, no se puede considerar que una violación tan grave como una ejecución extrajudicial o una tortura, merece una reparación monetaria de igual valor por concepto de daño inmaterial que una violación a la propiedad privada y al debido proceso, esto deslegitimaría a la justicia internacional y menoscabaría gravemente la credibilidad del sistema interamericano”.
108. La Comisión consideró que resulta evidente el daño inmaterial, ya que la víctima tiene
más de “dieciséis” años de reclamar al Estado sin obtener una resolución definitiva hasta
La Corte observa que la señora Salvador Chiriboga manifestó en la audiencia pública
que los hechos del caso le han causado un impacto muy fuerte que ha afectado su salud 154 . Asimismo, Susana Salvador Chiriboga, en su declaración rendida ante fedatario público, manifestó que “[su] madre ha preferido continuar con los reclamos, a costa de su salud, a fin
de que se haga justicia” 155 . Por su parte, la testigo Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga enfatizó que su madre ha tenido que sobrellevar una carga emocional muy fuerte, que le ha afectado su salud 156 .
110. El Estado indicó respecto de lo anterior, que la señora Guadalupe Jessica Salvador
Chiriboga “hace mención a cuestiones afectivas que merecen respeto, pero que no son relevantes para efectos del juicio, y lo propio ocurre con los demás familiares que han presentado su declaración como si se tratara de una familia de escasos recursos y cuya salud se ha deteriorado como consecuencia de la acción municipal, lo cual dista en gran medida de la realidad”.
111. La Corte retoma lo establecido en la Sentencia de fondo 157 , en el sentido de que la
señora Salvador Chiriboga se encuentra en un estado de incertidumbre jurídica como resultado de la demora en los procesos, ya que no ha podido ejercer efectivamente su derecho a la propiedad, la cual se encuentra ocupada por el Municipio de Quito desde hace más de una década, sin que se haya definido a quien corresponde la titularidad del predio. Se ha generado una denegación de justicia por no haberse emitido un fallo definitivo que determine el monto de la justa indemnización del inmueble, que hizo que el procedimiento expropiatorio no sea efectivo y resulte arbitrario. Dicha situación persiste hasta hoy y ha producido una carga desproporcionada en perjuicio de la víctima, en detrimento del justo equilibrio 158 .
112. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido reiteradamente que una sentencia
constituye per se una forma de reparación 159 . No obstante, en consideración de lo expuesto, las circunstancias del caso sub judice, y de la violación declarada en la Sentencia de fondo del artículo 21.2 en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención y todo en relación con el
154 Cfr. Declaración de María Salvador Chiriboga rendida en la audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
155 Cfr. Declaración de Susana Salvador Chiriboga rendida ante fedatario público el 1 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo IV, folio 494).
156 Cfr. Declaración de Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga rendida ante fedatario público el 1 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo IV, folio 479).
157 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 24, párrs. 111 a 113.
158 Como se indicó en el párrafo 76 de la presente Sentencia, al restringirse el derecho de propiedad, el Estado debe cumplir con el objetivo de lograr un justo equilibrio entre el interés general y el del propietario, de modo que en el presente caso debió utilizar los medios menos gravosos para reducir la vulneración del derecho de propiedad de la víctima.
159 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 310, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 260.
artículo 1.1, en perjuicio de la víctima, esta Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación, en equidad 160 , por la suma de US$10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora María Salvador Chiriboga por concepto de daño inmaterial.
113. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño inmaterial
directamente a la beneficiaria dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN, SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
114. La Corte deberá considerar las cargas adicionales que se han presentado en detrimento
del patrimonio de María Salvador Chiriboga. En el párrafo 115 de la Sentencia de fondo, la Corte indicó que la señora Salvador Chiriboga ha tenido que incurrir en el pago indebido de
tributos y sanciones entre los años 1991 y 2007, y que el Estado reconoció el error en que incurrió respecto del cobro de impuestos y multas a dicha señora, por lo que decretó la devolución de lo indebidamente pagado, mediante una resolución del concejo municipal.
115. Durante la audiencia pública el Estado reiteró que el Consejo Metropolitano de Quito
emitió dos resoluciones 161 que disponen el cálculo y devolución de lo pagado por la familia Salvador Chiriboga y que este procedimiento está siendo utilizado también para otros propietarios afectados por obras públicas y expropiados. Según el Estado dichos errores han sido corregidos por la dirección financiera municipal y cualquier cobro que se haga por impuestos de predios declarados de utilidad pública serán devueltos o ya no serán emitidos. Agregó que no existe normativa respecto al pago de intereses sobre los montos pagados, ya que lo que se devuelve son los montos de impuestos cancelados. Posteriormente, en documentación presentada el 13 de enero de 2010 162 , se indica que el Estado con las resoluciones emitidas por el Municipio Metropolitano de Quito había cumplido con la Ley de Ordenanzas en materia de expropiaciones, “devolviendo el dinero pagado por la víctima con sus respectivos intereses[, y que] se encuentra un título de crédito a favor de los propietarios del predio que no ha sido retirado por los interesados”. La cantidad asciende a $23.984,82 (veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos) 163 , el cual se encuentra en custodia de la Tesorería del Municipio.
116. En cuanto al argumento del Estado de que ha devuelto los valores cobrados, los
representantes manifestaron que dicha “devolución no es real pues simplemente se trata de la emisión de títulos de crédito, instrumentos que únicamente pueden ser utilizados para el pago
160 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 56; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, supra nota 8, párr. 310, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 8, párr. 260.
161 Cfr. Resolución del Concejo Metropolitano de Quito No. C 0704 aprobada el 27 de septiembre de 2007, que dispone “la devolución de los valores cancelados por concepto de impuestos predial[es], adicionales y otros tributos desde el año de 1995 hasta el año 2007 y por concepto de recargo por solar no edificado a partir del 2001 hasta el año 2007 del predio No. 0210902 a nombre de SALVADOR TOBAR GUILLERMO HEREDEROS”, y la no emisión de más títulos de crédito por el predio expropiado (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1221). Según el Estado dicha resolución fue modificada por el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2007, en el sentido de que se dispone que adicionalmente se devuelvan los “intereses generados” (expediente de reparaciones y costas, tomo V, folio 1223).
162 Cfr. Oficio SG 554, devolución de impuestos por los predios expropiados y oficio DMF-T-3230 de 12 de octubre de 2009 del Tesorero Metropolitano (E) dirigido al Procurador Metropolitano. Cfr. Oficio SG 554, supra nota 16, folios 1073 y 1223.
163 De acuerdo al Oficio DMF-T-3230 de 12 de octubre de 2009 el Tesorero Metropolitano (E) informó que la Dirección Financiera de Rentas, el 11 de septiembre de 2007 procedió a emitir la “[n]ota de [c]rédto No. 8336 a [f]avor de SALVADOR TOBAR GUILLERMO HEREDEROS, por valor de USD$23.984,82 [(veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos)], la misma que no ha sido retirada y se encuentra en custodia de Tesorería. Cfr. Oficio DMF-T-3230, supra nota 16, folio 1073.
de obligaciones de carácter tributario con la misma administración municipal”. Agregaron que para los efectos de la devolución de los valores deben considerarse los pagos realizados a partir del año 1991, así como tomar en cuenta el tipo de cambio para los pagos realizados en sucres, y agregarse a dicho valor el respectivo interés. Según los representantes los valores pagados por impuestos y multas por solar no edificado, de acuerdo a los comprobantes aportados, asciende a US$33.805,84 (treinta y tres mil ochocientos cinco dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y cuatro centavos) 164 .
117. La Comisión solicitó a la Corte que, tal como lo mencionaron los representantes,
determine que el Estado debe hacer la devolución total de los montos indebidamente cobrados
a la víctima, en relación con tributos y sanciones entre los años 1991 y 2007.
118. La Corte observa que la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito No. C 0704
aprobada el 27 de septiembre de 2007, en sus considerandos, inter alia, estableció:
Que el día lunes 25 de septiembre de 1995 en sesión pública el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito al considerar el Informe IC-95-284 de la Comisión de Expropiaciones, Remates y Avalúos, resolvió autorizar la modificatoria de la Resolución del Concejo de 24 de febrero de 1992 en lo que tiene que ver con el cambio de nombre de los propietarios de los inmuebles expropiados en el Sector Bellavista, dentro de los límites del Parque Metropolitano, rectificando el nombre de los propietarios del lote no. 108:
señores HEREDEROS DE GUILLERMO SALVADOR CHIRIBOGA
Que el Art. 312 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal establece el impuesto predial urbano y el Art. 318 numeral 2 íbidem dispone el recargo por solar no edificado no afectará las áreas de parque;
Que el Art. 326 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece que: “Están exentos del pago de impuestos a que se refiere el […] capítulo, las siguientes propiedades: f) Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el Concejo Metropolitano y que tengan juicios de expropiación desde el momento de la citación al demandado hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en el registro de la propiedad y catastrada […]”;
Que el Art. 8 de la Ordenanza Metropolitana No. 181, que contiene el procedimiento expropiatorio y el establecimiento de servidumbres en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, expedida por el Concejo Metropolitano de 23 de mayo de 2006, publicada en el Registro oficial No. 376 de 3 de octubre de 2006 en el cual establece “ a partir de la fecha de notificación en persona o por la prensa de la Resolución del Consejo que contiene la declaratoria de utilidad pública, la Dirección Financiera de Rentas, de oficio sin necesidad de resolución adicional, dará la baja de valores correspondientes al pago del impuesto predial, adicional y multa por solar no edificado”;
[Resolvió]
Art. 1.- Disponer la devolución de los valores cancelados por concepto de impuestos predial, adicionales y otros tributos desde el año 1995 hasta el año 2007 y por recargo de solar no edificado a partir del 2001 hasta el año 2007 del predio No. 0210902 a nombre de SALVADOR TOBAR GUILLERMO HEREDEROS, conforme los considerandos expuestos en [la] Resolución”.
119. En consecuencia, el Estado indicó que la suma cobrada a la señora María Salvador
Chiriboga asciende a US$23.984,82 (veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos). Al respecto, el Tribunal hace notar que el Estado señaló la cantidad cobrada a la víctima sin hacer un detalle de los comprobantes
164 Los comprobantes aportados corresponden a los años 1991 a 1994, 1997 a 2003 y 2005. Cfr. Nota que se denomina “liquidación de valores pagados en impuestos y multas por solar no edificado S. María Salvador Chiriboga (según documentos anexo 56)” (expediente de reparaciones y costas, tomo IV, folio 650); tabla de cotizaciones de tipos de cambio de sucres a dólares entre 1980 y marzo de 2000 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, anexo 40, folios 3123 a 3125), y comprobantes (expediente de anexos al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, anexo 56, folios 3187 a 3211).
o rubros considerados al efecto, ni desglosar los montos correspondientes a los impuestos, a los recargos por solar no edificado ni intereses.
120. Por su parte, los representantes solicitaron la devolución de US$33.805,84 (treinta y
tres mil ochocientos cinco dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y cuatro centavos) por el pago de impuestos y multas por solar no edificado indebidamente cobrados por el Estado a partir de 1991.
121. De lo expuesto, este Tribunal desprende que no se ha concretado la devolución total de
los montos cobrados indebidamente a la víctima por concepto de tributos y multas, ya que según manifestaron los representantes el Estado hizo una emisión de títulos de crédito, por lo que “no es una devolución real”. Por otra parte, los representantes y la Comisión, y el Estado señalaron una fecha diferente a partir de la cual se debe hacer el cálculo, por lo que el monto solicitado por el pago indebido de tributos y multas resulta distinto. Además, el Tribunal nota que el Estado no controvirtió los comprobantes de pago aportados por los representantes. Por último, el Estado, si bien ordenó el pago de intereses, no especificó ni el tipo ni la forma de
El Tribunal reitera que las cargas adicionales consistentes en el pago de impuestos y

References: artículo 4
 artículo 21
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo
62
 artículo 45
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 Resolución 
 resolución 
 resolución 
sui generis
 resolución 
 artículo 45
 Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 45
 artículo 44
 artículo 63
 artículo 21
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 resolución 
 artículo 244
 artículo 21
 artículo 21
 Artículo 1
 Artículo 21
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 artículo 21
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 Artículo 30
 artículo 21
 artículo 244
 artículo 21
 artículo 256
 artículo 1600
 artículo 1602
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