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Timestamp: 2019-04-26 00:00:10+00:00

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Urbanismo y nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (II) - El Derecho
Foro 18-08-2016	Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
Lo primero que llama la atención es la falta de previsión norm...
El artículo 86.3 -EDL 1998/44323 prevé como se forma la Sala que conocerá del recurso de casación autonómico pero aquí se acaban las previsiones de legislador. Incluso el apartado XII de la Exposición de Motivos se olvida de las Salas Territoriales. No sabemos si el resto de la regulación que se establece para el recurso del que conoce la Sala Tercera del Tribunal Supremo también se aplicara a este recurso de casación por infracción de legislación autonómica.
El legislador ha sido sin duda cicatero si ponemos en comparación la nueva regulación con la del antiguo artículo 101 -EDL 1998/44323 cuando se ocupaba del recurso de casación en interés de ley autonómica o la del 99 en relación con el recurso de casación para unificación de doctrina autonómica. Por tanto, todo lo que se puede hacer es integrar la interpretación de unas normas previstas para el recurso de casación por infracción de legislación estatal que deben aplicarse supletoriamente y prácticamente “in toto”.
El art. 86 LJCA -EDL 1998/44323- se las trae. Ciertamente, su tenor lit...
El art. 86 LJCA -EDL 1998/44323 se las trae. Ciertamente, su tenor literal podría llevarnos a reparar en la imposibilidad de recurrir en casación, ante el Tribunal Superior de Justicia, las Sentencias sobre urbanismo, dictadas en única instancia por los Juzgados. Y ello, por dos motivos; a saber: por la limitación establecida en el apartado 1 del precepto legal que estamos comentando, que circunscribe las Sentencias de Juzgado casacionables a aquellas que fueran susceptibles de extensión de efectos (tributos, personal y unidad de mercado); y por la laguna que, a propósito de los Juzgados, se contiene en el apartado 3.
Y, por la misma razón, lo mismo ocurrirá con las que -con independencia de su sede urbanística resuelvan impugnaciones indirectas de instrumentos de planeamiento; con las que resuelvan conflictos interadministrativos de naturaleza urbanística (frecuentes en ese ámbito); o, en general, con aquellas dictadas en litigios urbanísticos de cuantía superior a 30.000 euros.
En cambio, en los Tribunales Superiores de Justicia el nuevo redactado de la LJCA configura una Sección “ad hoc” (Presidente de la Sala; dos Presidentes de Sección; y dos Magistrados más), que será la que deberá enjuiciar los recursos admitidos, amén -se presupone de encargarse previamente del trámite de admisión. Por lo tanto, los recursos de casación autonómica en materia de urbanismo (como ocurrirá con el resto de materias), deberán ser resueltos por un órgano colegiado no necesariamente integrado por especialistas en la temática de autos.
En el tema anterior comenté que una de las innovaciones que me parecía más...
En relación con los juzgados, le veo dos problemas. 1) El número 3 del artículo 86 de la modificada Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa -EDL 1998/44323 (en adelante “nueva LJCA”) no los menciona. Solo se refiere a las sentencias dictadas por la Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ, distinguiendo si el recurso cabe ante el TS o ante el propio TSJ en función de si lo aplicado es derecho estatal, o de la Unión Europea, o derecho autonómico. 2) El único punto en que se mencionan las sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo como susceptibles de casación es el número 1 del artículo 86 de la nueva LJCA, y este prevé que serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por lo que no se incluye competencia alguna de las Salas de los TSJ. Por tanto, se produce un vacío notable ya que no cabe recurso de casación ante la Sala del TSJ frente a las sentencias de los Juzgados que apliquen derecho autonómico. Pero es que, además, para que las sentencias de los Juzgados sean recurribles en casación se requiere no solo que su doctrina se repute gravemente dañosa sino que sean, además, susceptibles de extensión de efectos. Esto deja automáticamente fuera, en cualquier caso, incluso ante el Tribunal Supremo, las sentencias dictadas sobre urbanismo por los Juzgados independientemente de que apliquen derecho estatal o autonómico porque el artículo 110 LJCA limita la posibilidad de extensión de efectos a las materias tributaria, de personal y de unidad de mercado.
El segundo punto se refiere a la Sección de casación diseñada por el artículo 86, número 3, de la nueva LJCA -EDL 1998/44323 para conocer del recurso de casación a nivel autonómico.
En todo caso, esto de completar la Sección casación tampoco es tan fácil porque el régimen previsto en el artículo 199 LOPJ -EDL 1985/8754 se supedita a que los magistrados que se vaya a llamar estén inscritos en la relación anual de “miembros de la carrera judicial que voluntariamente quieran participar para ser llamados a completar Sala” (artículo 200 LOPJ) Así pues, los magistrados del mismo órgano que no estén contaminados deben, además, estar inscritos en la “relación de suplentes profesionales”, como la llama el artículo 199.1 LOPJ. Si no hay, se acude a jueces o magistrados ajenos al órgano, que se encuentren en la lista del artículo 200. Solo en caso de que esto falle se puede acudir, y entiendo que aquí ya no entra en juego la lista, a miembros de la carrera judicial del mismo orden y, en su defecto, a los del mismo órgano (puestos a entrar a la fuerza creo que el orden inverso sería más razonable, primero los del órgano y, luego, los otros, pero así es como está) Ya, por fin, si no hay más remedio, puede llamarse a un magistrado suplente no profesional.
Como señalaba en el comentario del foro anterior, referido a la casación an...
Como señalaba en el comentario del foro anterior, referido a la casación ante el Tribunal Supremo, todavía es pronto para valorar el impacto que tendrá la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, operada por LO 7/2015 -EDL 2015/124945-, y su huella en el ámbito urbanístico. Pero lo primero que se siente al leer la nueva redacción del artículo 86 de la Ley jurisdiccional -EDL 1998/44323 es sorpresa e incertidumbre. ¿No es decepcionante, por ejemplo, que se prevea un recurso de casación autonómico que luego no se regula? ¿Y que ni siquiera se menciona en el artículo 88 de la LJCA al hablar del interés casacional objetivo?.
En efecto, el artículo 86.1 de la LJCA -EDL 1998/44323 empieza reconociendo la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo (hay que entender que también los centrales). Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo olvida cualquier mención a las sentencias de los juzgados unipersonales, como si la casación se limitara a las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. Ya sabemos que la casación de las sentencias de los juzgados se limita a las que contengan "doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos", amén del "interés casacional objetivo". Pero ello no salva la contradicción interna del precepto.
El nuevo recurso de casación autonómico ante una sección dentro del TSJ recuerda un poco, al menos en cuanto al órgano competente para resolverlo, al derogado recurso de casación para la unificación de la doctrina por infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-. De hecho, hay párrafos prácticamente iguales, en concreto, los epígrafes 3 del derogado artículo 99 y del nuevo artículo 86 de la LJCA. La misma reforma de 2015 -EDL 2015/124945 que parece haber unificado todas las modalidades casacionales, opta por dar cierta continuidad al antiguo recurso de casación para la unificación de doctrina en su variante autonómica. Sin embargo, no existe ninguna regla parecida a la del apartado 4 del artículo 99 de la LJCA hasta ahora vigente, que permitía aplicar las reglas establecidas con carácter general para el recurso de casación para la unificación de la doctrina, "con las adaptaciones necesarias", y que servía para resolver las dudas planteadas. De todas formas, ese recurso de casación por infracción del Derecho autónomico ya había quedado muy limitado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, convirtiéndose casi en una "especie en extinción" en palabras de J.R. CHAVES.
La analogía con el recurso de casación autonómico para la unificación de la doctrina podría explicar por qué la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 ha olvidado mencionar las sentencias de los juzgados, porque conforme al modelo del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323 sólo eran recurribles las del propio TSJ. Sin embargo, si la reforma de 2015 pretende convertir el recurso de casación en un remedio eficaz contra las contradicciones de las sentencias de los juzgados unipersonales, éstas no deberían quedar al margen.
Quizás tendría más sentido limitar este nuevo recurso de casación autonómico a las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados unipersonales, no susceptibles de apelación, con el objetivo de reducir a la unidad criterios judiciales dispersos y contradictorios. Sin embargo, la literalidad de la Ley no nos lleva claramente en esa dirección, porque ya hemos dicho que el artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323 ha olvidado mencionarlos.
Ahora, del artículo 86.3 de la LJCA -EDL 1998/44323 parece deducirse justamente lo contrario. Se planteaba si era admisible o no presentar como pieza de contradicción, en el marco del recurso del artículo 99 de la LJCA, una sentencia emanada de la misma sección que dictó la que se recurre. El Tribunal Constitucional había dicho que la unificación de doctrina no estaba prevista para resolver supuestos de contradicción interna en el mismo órgano judicial. En el nuevo sistema de la casación autonómica, no se prevé que los magistrados que han dictado la sentencia impugnada puedan integrar la sala del TSJ encargada de resolver la casación.
Durante la tramitación parlamentaria de la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 este tema apenas suscitó debate, aunque no faltaron voces críticas que recordaron que, con base en los Estatutos de autonomía de última generación, se podría haber hecho un gesto para atribuir la casación ordinaria a los TSJ, quedando para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. La reforma de 2015 no ha ido por ese camino, desde luego, aunque ha introducido una casación autonómica descafeinada "cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma", que se atribuye a una sección propia del TSJ idéntica de la que conocía del recurso de casación para la unificación de la doctrina autonómica del artículo 99 de la LJCA -EDL 1998/44323-.
Se nos pregunta, en primer lugar, si, a la vista de la redacción del art. 86...
La duda trae causa de la literalidad del propio art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323-, que al atribuir competencias jurisdiccionales de carácter casacional al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia lo hace únicamente por referencia a la impugnación de sentencia -susceptibles de este remedio procesal dictadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia. De ahí podría inferirse que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales no serían en ningún caso objeto de “casación autonómica” y únicamente cabría su revisión en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Conviene, sin embargo, no precipitarse por la línea interpretativa apuntada pues si bien la regulación actual de la casación contenida en el art. 86 LJCA -EDL 1998/44323 procede de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio -EDL 2015/124945-, es preciso advertir que esta reforma adolece de algunos defectos de técnica legislativa.
Como no parece que el propósito de la reforma haya sido blindar esas competencias estatales sino impulsar la función nomofiláctica de la casación y habida cuenta de que el mantenimiento de la dicción del art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 parece deberse únicamente a una cierta desatención del legislador, todo apunta a la conveniencia de entender que las sentencias dictadas por los juzgados provinciales en materia urbanística serán susceptibles de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia.
Más difícil resulta elucidar el sentencia de la atribución del conocimiento de la casación autonómica a la sección aludida en el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 (“Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.”).
Pero no cabe, sin embargo, acudir a Magistrados destinados en otros órganos jurisdiccionales pues el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 deja meridianamente claro que quienes integren la Sala de casación autonómica deben ser Magistrados de la Sala(s) de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El problema se agrava si se pretende aplicar con todo su rigor el principio de imparcialidad judicial, de modo que no puedan formar Sala de casación quienes participar en la formación de la voluntad de la Sala que dictó la sentencia objeto de impugnación. Si así fuere, el art. 86.3 LJCA -EDL 1998/44323 ofrece un encorsetamiento tal que pudiera llegar a impedir completar una sala jurisdiccional susceptible de resolver el recurso, excepción hecha de la ya apuntada posibilidad de acudir a la figura de los Magistrados suplentes.
En una primera aproximación al recurso de casación a residenciar en los Tri...
Y es que si procedía dejar de lado en materia autonómica tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina -tan certeramente criticado por su tan limitada relevancia como el recurso de casación en interés de la ley -con las críticas que igualmente merece bien se puede comprender que lo más intuitivo hubiera sido apuntar una disposición que, con las necesarias adaptaciones o remisiones, hiciera partícipe el recurso de casación ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de lo establecido para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No ha sido esta la decisión adoptada por lo que la orfandad de su ordenación es manifiesta y plagada de dudas.
El que suscribe estas líneas no alcanza a ver diferencia alguna acerca de que si para un asunto dictado en única instancia (sic) por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo cabe el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo -a fundar en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora no deba ser susceptible de casación igualmente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del correspondiente Tribunal Superior de Justicia en atención al derecho público autonómico y en nuestro caso en derecho urbanístico autonómico.
En todo caso, incluso en este punto deberá estarse muy atento a la doctrina que se establezca en razón al artículo 86.1 párrafo segundo -EDL 1998/44323 en cuanto a la exigencia de que las sentencias contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
En definitiva, si la llamada al recurso de casación formalmente es inconmensurable a nivel de número de asuntos llamados a acogerse en su seno y a salvo la máxima cautela cualitativa que quizá debe esperarse en sede de interés casacional, quizá no resulta ocioso detectar que si ya ahora resulta perplejo observar materias más que sustanciales que no acceden al recurso de apelación en materia urbanística para las que se sostienen criterios discrepantes por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y por tanto sin posibilidad de sentar criterios de unificación por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -como en sede de gestión urbanística, titulación habilitante o protección de la legalidad urbanística en cuantías limitadas quizá sea una oportunidad para poder atender a esos supuestos.

References: artículo 86
 artículo 101
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 110
 artículo 86
 artículo 199
 artículo 199
 artículo 200
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 86