Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520064.html
Timestamp: 2019-03-19 03:49:20+00:00

Document:
as201521064
TRIBUNAL SUPREMO DEJUSTICIA
Auto Supremo: 64/2015
Sucre: 30 de enero 2015
Expediente: LP – 152 – 14 - S
Partes: María Teresa Fernández Peñaranda. c/ Hugo Fernández Moya, María
Teresa Peñaranda de Fernández y Hugo Martín Fernández Peñaranda.
Proceso: División y partición de bienes inmuebles.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 140 a 141 y vta., interpuesto por María Teresa Fernández Peñaranda, contra el Auto de Vista signado como resolución S-294/2014 de 18 de agosto de 2014 de fs. 135 a 136 de obrados pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia – La Paz, en el proceso ordinario de división y partición de bienes inmuebles seguido por María Teresa Fernández Peñaranda contra Hugo Fernández Moya, María Teresa Peñaranda de Fernández y Hugo Martín Fernández Peñaranda; la respuesta al recurso de fs. 149 a 151 y vta.; el Auto de concesión de fs. 152; los antecedentes del proceso, y:
María Teresa Fernández Peñaranda, por memorial de fs. 11 a 12 adjuntado las literales de fs. 1 a 10 interpone demanda en la vía ordinaria división y partición de bienes inmuebles contra Hugo Fernández Moya, María Teresa Peñaranda de Fernández y Hugo Martín Fernández Peñaranda, señalando que adquirieron en calidad de compra en porcentajes iguales tanto en el precio como en acciones y derechos conjuntamente sus hermanos Hugo Martín Fernández Peñaranda y Viviana Carmiña Fernández Peñaranda; mediante minuta de fecha 12 de octubre de 1.984 y testimonio Nº 233/1.986 un lote de terreno con una superficie de 690 m2 ubicado en El Alto de La Paz, zona Los Andes, calle Arturo Valle Nº 3047 por el precio de $b. 200.00.- registrado su derecho en el folio real Nº 2.01.4.01.0017902.
Asimismo, mediante minuta de 26 de octubre de 1.974 y testimonio Nº 232/1.986 adquirieron un segundo lote de terreno con una superficie de 235 m2 ubicado en El Alto de La Paz, zona los Andes, calle Arturo Valle Nº 3563 por $b.180.000, inscrito en derechos reales en el folio Nº 2.01.4.01.0017912. Aclarando que al fallecimiento de una de las copropietarias Viviana Carmiña Fernández Peñaranda, sucedieron sus progenitores Hugo Fernández Moya y María Teresa Peñaranda de Fernández en la alícuota parte que le correspondía a la finada sobre los dos lotes de terreno objeto de Litis.
Finalmente refiere que los inmuebles se encuentra en lo pro indiviso, cuya posesión lo tienen los demandados y que la demandante desde que fueron adquiridos hasta la fecha no ha podido ejercer su derecho propietario ni disponer del mismos; porque los demandantes se opusieron por todos los medio a que disponga de los bienes que también son de su propiedad, no permitiendo siquiera su ingreso, viéndose en la necesidad de interponer la presente acción amparada en los arts. 354, 671, 676 y 681 y 10 inc. a) del Código de Procedimiento Civil y arts. 167 y 170 del Código Civil.
Citado legalmente los demandantes negaron la demanda en todas sus partes, alegando ser contradictoria en su contenido, que la demandante no tendría derecho alguno de reclamar los bienes inmuebles en cuestión, ya que no habría probado de donde provinieron los dineros con los que fueron adquiridos dichos bienes, señalando que fueron sus padres quienes con recursos propios habrían adquirido los terrenos a nombre de los hijos, pidiendo se declare improbada la demanda en todas sus partes.
Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez de Partido Tercero en Materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 247/2013 de 05 de diciembre de 2013 cursante de fs. 101 a 103 vta., declaró improbada la demanda con costas, en merito a que la parte actora demostró solamente su derecho propietario sobre los bienes, sin tener en cuenta que debió aportar pruebas que avalen el hecho de que el bien no podía permanecer en copropiedad, que el valor no era el real y si los bienes eran divisibles o no.
Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S294/2014 de fecha 18 de agosto de 2014, cursante a fs. 135 a 136., confirma la Sentencia apelada y el auto de complementación; en contra de esta última resolución de segunda instancia, la demandante María Teresa Fernández Peñaranda, recurre de casación en el fondo.
De manera sucinta manifiesta haber irregularidades en la Sentencia, misma que ingreso a despacho tres meses antes a ser puesta a vista, pues de los datos se tiene que la Sentencia fue elaborada el 05 de diciembre de 2013; sin embargo puesta a vista el 03 de febrero de 2014 de acuerdo al descargo del libro diario.
Señala que la resolución objeto de la apelación no guarda relación con los hechos sucedidos en razón a la errónea apreciación de la prueba, habiendo sido demostrado y justificado a través de la prueba documental adjunta a la demanda la legalidad y el derecho que le asiste sobre los bienes, asimismo señala que nadie está obligado a permanecer en comunidad, habiéndose constatado en audiencia de inspección judicial que los dos lotes de terreno se encuentran unidos por una construcción, haciendo imposible una cómoda división, situación que fue corroborada y considerada por la juez de instancia, considerando errónea la interpretación y aplicación del art. 1.245 del Código Civil, aclarando que los lotes en cuestión no son bienes hereditarios sino comunes.
Asimismo alega que para probar la división y partición se debe probar la copropiedad y que nadie está obligado a permanecer en comunidad; situación que ha sido admitida por la Juez de primera instancia y que contradictoriamente declara improbada la demanda corroborada de manera forzada por el Tribunal de Alzada señalando que en vigencia del periodo probatorio la demandante no habría demostrado los aspectos señalados por la Juez de instancia (indivisión y valor de los bienes), aclarando que las pruebas deben ser producidas dentro del periodo fijado, extremo que si ha sido demostrado con la prueba documental producida en el periodo vigente; cursante a fs. 1 a 10, detallando folios reales, ubicación, m2 de los lotes en cuestión y ratificadas en su oportunidad.
Indica también que habiendo demostrado y probado por todos los medios legales los puntos de hecho fijados por la juez de la causa mediante resolución Nº 103/13; y según los mismos se habría demostrado fehacientemente en hecho constitutivo de su derecho cual es ser copropietaria, no habiendo los demandados desvirtuado los extremos de la demanda y menos enervado la legitimidad de su acción.
Refiere que al haber violaciones claras de los art. 375, 376, 377 del Código de Procedimiento Civil y art. 167.I, 1245 del Código Civil, conforme el art. 253 1) y 3) del Código Adjetivo de la Materia y deliberando en fondo este Tribunal Supremo de Justicia declare probada la demanda de fs. 11 disponiendo en ejecución de Sentencia la subasta de los dos lotes previa tasación de los mismos y sea con costas.
Si bien el recurrente señala que su recurso es de fondo; sin embargo de la lectura del mismo se advierte la formulación de un agravio de forma, en el entendido de que hubiera habido retención del expediente por el lapso de cinco meses computados desde el decreto de autos hasta la emisión de la Sentencia, no obstante haber sido puesta en conocimiento del Tribunal de Alzada este agravio fue desestimado por falta de prueba, no correspondiendo su tratamiento en esta instancia.
Ingresando al fondo del caso de autos y luego de una revisión exhaustiva del recurso, se advierte que la recurrente María Teresa Fernández Peñaranda interpuso recurso de casación en el fondo por las causales 1) y 3) del Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la resolución S-294/2014 (Auto de Vista) habría afectado sus derechos civiles, constitucionales y otros, toda vez que las pruebas documentales de cargo producidas y ratificadas por la demandante en el transcurso del proceso se encuentran reguladas por el art. 158, 167, 1.283 y 1.286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo sido debidamente valoradas, consiguientemente señala haber sido vulnerado en su aplicación lo dispuesto por los arts. 375, 376 y 377 del Código de Procedimiento Civil. Así como los arts. 1.241 y 167.I del Código Civil, que atenta a la indivisibilidad del bien y a su derecho de no estar obligada a permanecer en copropiedad.
Conforme lo dispone el art. 180.I de la Constitución Política el Estado, que dispone que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, trasparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez que deben contener las resoluciones judiciales, consiguientemente corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:
La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.
En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales, en tal sentido el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.
En este sentido acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.
Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”, en este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, entre los cuales asume importancia esencial la comprobación de la verdad real de los hechos y para lograr esa verdad el Juez por el principio de Verdad Material consagrado en el art. 180 parágrafo I de la CPE, está revestido para hacer uso de las facultades necesarias para acceder a los medios de convicción idóneos en la verificación de los hechos afirmados por las partes, esto en función al principio de equidad, asumiendo un rol de director activo dentro el proceso, sin que por ello se pueda ver afectada su imparcialidad e independencia, por lo que en resguardo del principio de verdad material al caso concreto la juzgadora de instancia en su condición de directora del proceso; (art. 87 del Código de Procedimiento Civil) debió aplicar las facultades conferidas en el art. 378 del mismo cuerpo legal por la necesidad y pertinencia.
De lo manifestado precedentemente se tiene que la recurrente habría sufrido agravios con la sentencia de primera instancia, ya que los fundamentos jurídicos señalan que la demandante no habría probado con un dictamen de un perito entendido en la materia la extensión real de cada inmueble, conocer con exactitud los metros cuadrados, siendo también indispensable conocer y probar el valor exacto de cada inmueble, teniendo en cuanta que el valor de adquisición fue el $b., lo que ameritaba se acredite con pruebas fehacientes el valor real y actual de dichos bienes, habiéndose limitado la demandante a acreditar únicamente su derecho propietario.
Resolución confirmada por el Auto de Vista objeto del presente recurso, cuya fundamentación argumenta no haber agravios en la sentencia encontrándose la misma de acuerdo a procedimiento. Sin embargo cabe aclarar que es el Juez de primera instancia quien debe averiguar si el bien objeto de la acción admite o no cómoda división, pues es él quien ordenará esa petición de división y partición del bien común y liquidación de la comunidad, por lo tanto le incumbe determinar por todos los medios idóneos previstos por ley la admisibilidad de división o no del bien, no siendo única y exclusiva facultad de los sujetos procesales, en aplicación del principio de verdad material que debe aplicar el juzgador.
Por lo anteriormente señalado, este Tribunal Supremo considera que sí hubo vulneración al art. 105 del Código Civil en el entendido de que la recurrente María Teresa Fernández Peñaranda está siendo privada de ejercer su poder jurídico que le permite usar, gozar y disponer de una cosa sobre el que tiene derecho, así lo tiene demostrado con la documental adjunta a su demanda misma que merece la fe probatoria que le asigna el art. 1.297 del mismo cuerpo de leyes. Asimismo se habría vulnerado lo dispuesto por el art. 167-1 del Código Civil, ya que nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada propietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, así como el Art. 1.245 el mismo cuerpo legal, resultando por ello fundados los argumentos vertidos en el recurso de casación, correspondiendo fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los Arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil: CASA el Auto de Vista S-294/2014 de 18 de agosto de 2014 de fs. 135 a 136, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consiguientemente deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda interpuesta por María Teresa Fernández Peñaranda contra Hugo Fernández Moya, María Teresa Peñaranda de Fernández y Hugo Martín Fernández Peñaranda, disponiéndose que la Juez de primera instancia en ejecución de sentencia designe de oficio un perito entendido en la materia a efecto de que informe sobre la posibilidad de proceder o no a la división física de los bienes inmuebles y presente alternativas de división en favor de los copropietarios, sea en igualdad de proporciones; es decir una tercera parte para la demandante María Teresa Fernández Peñaranda, una tercera parte para el demandado Hugo Martín Fernández Peñaranda y una tercera parte para los esposos Hugo Fernández Moya y María Teresa Peñaranda de Fernández, debiendo sortearse la hijuelas correspondientes y en caso de no ser cómodamente divisible o su fraccionamiento se encuentre prohibido por ley o disposiciones administrativas, se proceda con la venta en subasta pública, cuyo importe sea dividido en partes iguales, conforme lo dispone el art. 170 del Código Adjetivo de la Materia. Con costas.
No siendo excusable el error, se impone multa a cada uno de los Vocales signatarios de la resolución recurrida, con un día de haber que les serán descontados por la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, debiendo proceder a su notificación.

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