Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20171219s00502525074.html
Timestamp: 2018-08-18 04:37:23+00:00

Document:
50ª Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2017
N.º 50 - TOMO 576 - 19 DE DICIEMBRE DE 2017
50.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta
5)	Pedido de informes
–	El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con un llamado a licitación para la instalación de un angiógrafo digital neurovascular en el hospital Maciel.
Oportunamente fue tramitado.
7), 13) y 17) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Aviaga, Payssé, Coutinho, Carámbula, Alonso, Mujica y Tourné.
–	Quedan convocados los señores senadores Asiaín, Gomori, Pesce, Castillo, López Villalba, Lazo y Pardiñas.
8)	Designación de fiscales adscriptos
9)	Señor Enrique Ribeiro Crestino. Designación como embajador
–	Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto.
10)	Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la Nación
11)	Planteo de asunto político
–	Manifestaciones del señor senador Lacalle Pou por presencia del señor presidente de la república en un comité de base.
12) y 14) Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre trabajo nocturno, 1990
15)	Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia
16)	Proyecto presentado
–	Los señores senadores Besozzi y Delgado presentan un proyecto de ley por el que se crean un fideicomiso de garantía y un fideicomiso financiero para el sector lechero.
Pasa a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
18)	Moratoria en el uso de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales
–	Proyecto de ley por el que se prohíbe el fracking y se crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica.
19)	Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017
–	Proyecto de ley por el que se prorroga su artículo 116.
20) Protocolos relativos a enmiendas al convenio sobre aviación civil internacional
21)	Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana
22) Asociación Coral Guarda e Passa
–	Proyecto de minuta de comunicación por el que se la declara de interés cultural.
«Montevideo, 15 de diciembre de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 19 de diciembre, a las 09:30, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a varios doctores.
Carp. n.º 985/17 - rep. n.º 581/17 y anexo I
2.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto, al señor Enrique Ribeiro Crestino.
Carp. n.º 957/2017 - rep. n.º 571/17
3.º) por el que se aprueba el Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.
Carp. n.º 623/2016 - rep. n.º 567/17 y anexo I
4.º) por el que se aprueba el Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre trabajo nocturno, 1990, adoptado en la 77.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, en el año 1990.
Carp. n.º 989/2017 - rep. n.º 572/17
5.º) por el que se aprueba la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, suscrita por la República Oriental del Uruguay en La Antigua, República de Guatemala, el 6 de junio de 2013.
Carp. n.º 982/2017 - rep. n.º 573/17
6.º) por el que se prohíbe el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales y se crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica.
Carp. n.º 979/2017 - rep. n.º 563/17
7.º) por el que se deroga el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2016.
Carp. n.º 976/2017 - rep. n.º 569/17
8.º) por el que se aprueban los Protocolos relativos a enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, adoptados en la ciudad de Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, en el marco del 39.º Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Carp. n.º 915/2017 - rep. n.º 570/17
9.º) por el que se aprueba el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de mayo de 2017.
Carp. n.º 891/2017 - rep. n.º 574/17
10) Informe de la Comisión de Educación y Cultura relacionado con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura la declaración de interés cultural a la Asociación Coral Guarda e Passa.
Carp. n.º 967/2017 - rep. n.º 576/17
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Carrera, De León, Delgado, García, Garín, Gomori, Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Pesce; y con posterioridad ingresan a sala los señores senadores Castillo y Pintado.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Coutinho, Moreira, Payssé y Tourné, y se retira con posterioridad el señor senador Carámbula; con aviso el señor senador Larrañaga; y por ingreso del titular el señor senador Baráibar.
– El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los puntos que figuran en el orden del día.
Se va a votar el levantamiento del receso.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se designa Salvador Curtina el liceo rural de la localidad de Curtina, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se modifica el régimen jubilatorio previsto por la Ley n.º 16713, de 3 de setiembre de 1995.
Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se crean normas contra la violencia hacia las mujeres basada en el género.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a varios doctores.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2016.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.
La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se prohíbe el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales y se crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura la declaración de interés cultural de la Asociación Coral Guarda e Passa.
•	por el que se aprueba el Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre trabajo nocturno, 1990, adoptado en la 77.ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, en el año 1990;
•	por el que se aprueba el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de mayo de 2017;
•	por el que se aprueban los Protocolos relativos a enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, adoptados en la ciudad de Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, en el marco del 39.º período de sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);
•	por el que se aprueba la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 6 de junio de 2013.
Asimismo, eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto, al señor Enrique Ribeiro Crestino.
•	por el que se designa Doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo el liceo n.º 1 de la ciudad de Artigas, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se designa Gonzalo Arrarte Corbo la escuela n.º 62, ubicada en el paraje Paso Mazangano, departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se designa Marta Elena Vivas Borbonet el jardín de infantes n.° 203 de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se designa Profesor Leónidas Larrosa el liceo de Villa Velázquez, departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se designa Elsa Meneghetti Fabris la escuela n.º 297 de tiempo completo de la ciudad de Canelones, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del bicentenario de la fundación de la Armada nacional.
La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informado un proyecto de ley por el que se designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta n.º 11, en el trayecto comprendido entre el km 2 y el km 28.700, la intersección con la ruta nacional n.º 45.
La Junta Departamental de Río Negro remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Juan Serrés, relacionadas con el pago de deudas a trabajadores municipales que realizan tareas insalubres.
La Junta Departamental de Soriano remite copia del proyecto Inclusión social de personas con discapacidad motriz en el ámbito educativo, presentado por estudiantes del Instituto José María Campos, así como copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en sala.
–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR BESOZZI».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con un llamado a licitación para la instalación de un angiógrafo digital neurovascular en el hospital Maciel.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 13 de diciembre faltó con aviso el señor senador Larrañaga y, sin aviso, el señor senador Viera.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 11 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Aviaga, Cardoso, Coutinho y Tourné.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 12 de diciembre faltó con aviso el señor senador Bianchi.
A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 12 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Aviaga y Cardoso.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 13 de diciembre faltó con aviso el señor senador Cardoso.
A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios integrada con la de Medio Ambiente del 13 de diciembre faltó con aviso el señor Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 14 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Amorín, Heber y Moreira.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 14 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Bianchi y Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 14 de diciembre faltó con aviso el señor senador Larrañaga.
A la sesión de la Subcomisión para el estudio del proyecto de ley de contrato de seguros del 15 de diciembre faltó con aviso el señor senador Camy.
7)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 18 de diciembre de 2017
De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días miércoles 20 y jueves 21 del corriente, por motivos personales.
Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 19 de diciembre.
El motivo es personal.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para la sesión del día martes 19 de diciembre del corriente.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de diciembre de 2017
Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, el día 21 del corriente.
Solicito, además, se convoque al suplente respectivo.
Queda convocado el señor Juan Castillo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
8) DESIGNACIÓN DE FISCALES ADSCRIPTOS
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a varios doctores. (Carp. n.º 985/2017 - rep. n.º 581/17)».
Esta solicitud de designación de varios fiscales adscriptos en el escalafón N en la Fiscalía General de la Nación viene acompañada del correspondiente expediente concursal. Hace ya bastante tiempo la fiscalía realizó un concurso entre varios postulantes, y estableció un orden de prelación.
Con anterioridad a la solicitud que estamos considerando en el día de hoy, este Cuerpo había otorgado la venia a quienes precedían en el orden a estos que se proponen ahora. Lo que ha hecho el fiscal, entonces, es proceder a designar a los que les siguen. Se da el caso de que hay dos que renunciaron a ser designados y, por ende, su lugar en la propuesta está ocupado por los siguientes.
En esta nómina restan aún varios por ser designados. El procedimiento es el adecuado, y es el mismo que se había seguido para los casos anteriores.
También hemos analizado los currículos de las personas propuestas, que cumplen con los requisitos legales y, por eso, la Comisión de Asuntos Administrativos propone al Cuerpo, por unanimidad, la aprobación de estas venias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Concédense al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para ocupar los cargos de Fiscales Letrados Adscriptos (Escalafón “N”) a las doctoras María Alejandra Domínguez Manitto, Irena Paola Penza Lamboglia, Lucila Aldacor Machado, Laura Sara Menéndez Maresca y Carina Maribel Fernández Barrios y a los doctores Hermes Washington Antúnez Souza y Joaquín Suárez Bozzolo».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar, en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto, al señor Enrique Ribeiro Crestino (Carp. n. º 957/2017 - rep. n.º 571/17)».
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales pone a consideración de este Cuerpo el acuerdo solicitado para acreditar al señor Enrique Ribeiro en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Árabe de Egipto.
El embajador Enrique Ribeiro es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y tiene una vasta experiencia diplomática. No voy a leer su extenso currículo porque todos lo tenemos en el repartido correspondiente, pero quiero destacar que entre los años 2014 y 2017 fue embajador ante el Estado de Palestina. A propósito del informe que presentó a la comisión con relación a la experiencia adquirida y al contacto con la cultura árabe, luego de tres años consecutivos como embajador del Uruguay en el destino mencionado, estoy segura de que ello será de gran utilidad y mucho ayudará al mejor desempeño y eficacia de sus nuevas responsabilidades diplomáticas, en caso de concedérsele la venia por parte de este Cuerpo.
Como decía el embajador, Egipto es una región de Oriente Medio con conflictos internos, amenazas terroristas, alianzas que se rompen y otras que se crean. Es una de las regiones más importantes desde el punto de vista geopolítico y, al mismo tiempo, una de las más intrincadas y complejas.
Quienes seguimos de cerca la situación en aquella región, sabemos que la tensión social y política ha provocado dos revoluciones en poco más de tres años: en el 2011 fue derrocado el entonces presidente Mubarak, y en el 2013 el mismo destino alcanzó al presidente Mohamed Morsi.
Del vasto informe que hacía el señor embajador, queremos destacar la relación de esa república con América Latina. Sin duda, Egipto está dando continuidad al esfuerzo para fortalecer los relacionamientos bilaterales. Prueba de ello es que en el año 2010 se firmó un acuerdo de libre comercio entre Egipto y el Mercosur, el primero entre la unión subregional y un país árabe, que recientemente ha entrado en vigencia con las aprobaciones parlamentarias correspondientes.
La relación bilateral Uruguay-Egipto es de larga data. Si uno analiza las relaciones consulares, observa que tuvieron comienzo allá por el año 1923, y el establecimiento de relaciones diplomáticas fue en el año 1932, con la firma de un Tratado de Amistad en Roma. Se considera que ese fue el primer tratado firmado por Egipto con un país latinoamericano. No obstante, las relaciones bilaterales fueron formalmente establecidas con el intercambio de embajadores recién en 1952.
Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Egipto se han mantenido, más allá de que a nivel comercial los acuerdos han sido pequeños y poco significativos. En el 2016, Egipto ocupó el lugar 49 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay. La estructura de bienes exportados hacia ese destino se caracteriza por ser de productos primarios, y el saldo de la balanza comercial entre ambos países ha sido oscilante. En efecto, en 2010 las exportaciones alcanzaron un nivel aproximado a USD 20:000.000, mientras que en 2014 alcanzaron la cifra de USD 181:000.000.
En cuanto a los propósitos que menciona en el informe el embajador Ribeiro – sobre todo en lo que hace al plan de gestión–, se encuentra el de profundizar estas relaciones comerciales y concentrarse, sobre todo, en aquellos productos que exportamos a aquel país.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que Egipto es la puerta de entrada a África y que, de acuerdo con las decisiones de la Cancillería, nuestro país quiere ingresar con sus productos a ese continente y tener un mayor relacionamiento con los países africanos, sobre todo en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur, la tarea y el papel que va a desempeñar en el futuro el embajador Ribeiro, en caso de que este Cuerpo le otorgue la venia, van a ser de gran significación e importancia.
Conocemos muy bien al señor Enrique Ribeiro. Además de buena persona, es un profesional preparado y experiente. Por todas estas razones, señora presidenta, recomendamos al Cuerpo la aprobación de esta venia.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Delgado.
SEÑOR DELGADO.- Más allá del informe que hizo la Comisión de Asuntos Administrativos y de las palabras de la señora senadora Alonso, queríamos dejar constancia de la labor desempeñada por el embajador Ribeiro en Palestina. Tuvimos oportunidad de visitarlo en la ciudad de Ramala –cuando estuvimos de visita en Israel y Palestina–, y pudimos constatarlo. Tuvo que abrir una embajada y generar vínculos diplomáticos y políticos, y su actuación ha sido muy satisfactoria. Es un embajador de carrera que ha sabido cumplir plenamente su labor y sortear muchos desafíos.
Por todo lo expuesto, vamos a acompañar este nuevo destino del embajador Ribeiro.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto al señor Enrique Ribeiro Crestino».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación. (Carp. n.º 623/2016 - rep n.º 567/ 17 y anexo I)».
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha aprobado el presente proyecto de ley por el cual se establecen los derechos, deberes y garantías de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Debemos señalar en primer lugar que la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo que dispone la Ley n.º 19334, de 14 de agosto de 2015, se transformó en un servicio descentralizado. En mérito a eso y en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 literal E) de la Constitución de la república, el Poder Ejecutivo envía a consideración de este Cuerpo el proyecto de ley relativo al Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.
Esta iniciativa estuvo en discusión durante varias sesiones en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, siendo aprobada la gran mayoría de sus artículos por unanimidad. Su elaboración tuvo como base la Ley n.º 19121, de 20 de agosto de 2013, que rige para la Administración central.
El proyecto de ley recoge el principio constitucional que establece que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. La relación funcional es el vínculo jurídico especial que une al individuo, en cuanto funcionario, con la entidad estatal, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación, y su naturaleza se caracteriza por ser estatutaria, de origen constitucional y legal, que el estatuto crea unilateralmente y que se puede modificar en cualquier momento.
Esta iniciativa consta de cinco títulos, dentro de los cuales hay noventa artículos.
El título I, «De los funcionarios presupuestados y contratados», consta de tres capítulos que comprenden hasta el artículo 32.
En el capítulo I, «Disposiciones generales», el artículo 1.º establece el objeto: regular las relaciones de trabajo de la Fiscalía General de la Nación.
El artículo 2.º establece el ámbito de aplicación, dejando explícitamente claro que regirá para todos los funcionarios no fiscales, dejando excluido del presente estatuto a los funcionarios fiscales.
El artículo 3.º define quién es el funcionario de la fiscalía y los subdivide en presupuestados y contratados. Los primeros tendrán derecho a la carrera administrativa dentro de la institución.
El artículo 4.º establece los principios fundamentales y factores organizacionales, partiendo de la base de que los funcionarios están al servicio de la nación y que el funcionario hace a la función –como ya se dijo– y no la función al funcionario.
El artículo 5.º establece los requisitos formales para el ingreso a la función pública.
El capítulo II, «Condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades», comprende los artículos 6.º al 30. En ellos se determina la jornada ordinaria de trabajo, el descanso semanal, las horas a compensar, el trabajo nocturno, los feriados comunes y pagos, la reducción de la jornada laboral por motivos de certificación médica, lactancia y adopción, además de establecerse también lo referente a la comisión de servicio, licencia anual reglamentaria, licencias especiales por enfermedad, estudio, maternidad, paternidad, adopción, donación de sangre, órganos y tejidos, realización de exámenes, duelo, matrimonio, trámites jubilatorios, comisiones receptoras de votos y licencia sin goce de sueldo. También están comprendidos en este capítulo los siguientes conceptos: acumulación de licencias, su pago, remuneraciones, descuentos y retenciones, sueldo anual complementario, hogar constituido, asignación familiar, prima por antigüedad, matrimonio o concubinato, nacimiento y adopción, Fondo Nacional de Salud, seguro por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Además, están incluidas la jubilación, la libertad sindical y los deberes y obligaciones de los funcionarios, así como también las prohibiciones e incompatibilidades.
El capítulo III, «Evaluación del desempeño», consta de dos artículos. En el artículo 31 se establecen principios generales como la objetividad y la imparcialidad, la transparencia y la no discriminación, entre otros, que deberán ser tenidos presente a la hora de realizar la evaluación.
En el artículo 32 se define la evaluación del desempeño.
El título II, «De los funcionarios de carrera», consta de ocho capítulos.
El capítulo I consta de un artículo, el 33, que tiene que ver con el acceso del funcionario a un cargo presupuestal luego de haber pasado por la etapa de provisoriato durante doce meses y habiéndose desempeñado satisfactoriamente.
En el capítulo II queda establecido el sistema escalafonario de los funcionarios del organismo, que son: operativo, administrativo, especializado, técnico-profesional, profesional y científico, gerencial, de particular confianza, y sus respectivas descripciones las encontraremos en los artículos que van del 36 al 42. Cabe acotar que figura allí el escalafón N –que es parte del organismo– y su descripción, aunque no queda al amparo de este régimen estatutario.
En los artículos 44 a 46 se definen el cargo y su titularidad, así como las funciones.
El capítulo III refiere al ascenso, al derecho a él y a los principios y procedimientos a seguir para brindarlo.
El capítulo IV establece el sistema de rotación comprendido y comprende los artículos 50 y 51. En ellos queda manifiesto que el director general podrá realizar cambios de la función y traslados, respetando el nivel del cargo, las labores, los oficios, los trabajos técnicos, administrativos o profesionales, y la asignación de una nueva función o cargo, no requiriéndose vacancia del mismo. Deberá atender, sí, las necesidades de gestión y la planificación de los recursos humanos.
Los directores de Área, de División o de Departamento podrán disponer traslados dentro de sus dependencias, que deberán ser comunicados al director general.
Del artículo 52 al 57 se definen las funciones gerenciales, la línea jerárquica y las funciones de director de Departamento, de División y de Área. El artículo 57 establece que la asignación de las funciones gerenciales se realizará mediante la implementación de concurso de oposición, presentando proyectos y méritos a evaluar. Mientras no se realicen los concursos, el director general podrá asignar la tarea a los funcionarios del organismo.
En el artículo 58 se establecen las condiciones para la suscripción del compromiso de gestión, y en el artículo 59 se prevén los procedimientos para la asignación de funciones. En primer término se evaluará a los postulantes del organismo y, si el llamado resultara desierto, se realizará un llamado público y abierto.
El artículo 60 establece el régimen de cuarenta horas semanales y la exigencia de dedicación exclusiva para las jefaturas de los departamentos, las divisiones, las áreas y responsabilidades similares, siendo compatibles con la docencia universitaria, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, siempre que no se origine en una relación de dependencia.
El capítulo VI, «Subrogación», establece la obligación de subrogar en caso de ausencia temporaria o acefalía, y el procedimiento a utilizar, estableciendo que ninguna podrá superar los dieciocho meses, tiempo dentro del cual se deberá proveer la titularidad de acuerdo a las reglas de ascenso, determinando el derecho del funcionario de percibir la diferencia salarial correspondiente.
El capítulo VII consta de diez artículos que establecen la responsabilidad disciplinaria. Luego de constatada una irregularidad o ilícito en el servicio, se deberá instruir el proceso disciplinario que corresponda según la situación, estableciéndose la sanción correspondiente si fuera necesario. También se establecen los principios de acuerdo a los que se ejercerá la potestad disciplinaria como, por ejemplo, el de proporcionalidad, presunción de inocencia, del debido proceso, non bis in idem, y de reserva, y se definen faltas y sanciones, las que van desde la anotación en el legajo personal del funcionariado a la destitución.
En el artículo 67 se clasifican las faltas en leves, graves y muy graves, atendiendo a determinadas circunstancias, como el deber funcional violentado, grado de vulneración de la normativa aplicable, daños causados y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
En el artículo 68 queda establecido el procedimiento disciplinario abreviado para faltas leves, mediante el cual se deberá dar vista previa al funcionario de la observación y amonestación con anotación en el legajo. Además, se fija un plazo de 72 horas para realizar una investigación de urgencia si la falta ameritara una suspensión de diez días.
En el artículo 69 se dispone que la responsabilidad disciplinaria será apreciada y sancionada, independientemente de la responsabilidad civil o penal.
El artículo 70 refiere a casos de reincidencia; el artículo 71, a la clausura de los procedimientos; el 72, a la prescripción de las faltas; y el 73 remite a que en esta materia regirán las disposiciones contenidas en la Ley n.º 19121, de 20 de agosto de 2013, y su decreto reglamentario, en todo lo no previsto por este estatuto.
En el capítulo VIII, «Recursos administrativos», se dispone que se podrá recurrir de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la república y en las normas jurídicas de menor rango que sean aplicables.
En el capítulo IX, «Desvinculación del funcionario público», se establecen como causales de cese o extinción de la relación laboral la destitución, la renuncia, la jubilación, la edad y otras, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley n.º 19121.
El artículo 76 refiere a las causales por destitución y define el alcance de los conceptos de ineptitud, omisión o delito.
En el artículo 77 se establece el mecanismo para la renuncia del funcionario.
El título III, «De los funcionarios contratados», abarca los artículos 78 a 87, en los cuales está previsto el régimen general para la contratación, el personal en régimen de provisoriato, etcétera. El contrato de provisoriato solo se podrá realizar cuando existan vacantes de ingreso y no haya personal a redistribuir que pudiera ocuparlas. Además, establece lo referente al personal de función gerencial con contrato de trabajo, los mecanismos de selección de postulantes, la información que debe recibir el personal en régimen de provisoriato y la conformación de un tribunal de evaluación del personal de provisoriato.
En el artículo 85 se establece cuándo quedará establecida la prohibición de celebración de contratos.
En este capítulo también queda definido que la Fiscalía General de la Nación podrá rescindir contrato en cualquier momento previo al vencimiento del plazo estipulado, por razones de servicio debidamente fundadas.
En el título IV se determina que la reglamentación del presente estatuto estará a cargo del director general de la fiscalía.
El título V refiere a normas transitorias –artículos 89 y 90– y establece que, a partir de la vigencia de esta ley, no serán de aplicación todas aquellas disposiciones generales que se opongan o sean contrarias a las mismas.
En el artículo 90 se garantiza a aquellos funcionarios que ingresaron al organismo previo a la vigencia de la Ley n.º 19334, de 14 de agosto de 2015, que mantendrán su derecho a la inamovilidad, requiriéndose en estos casos a la Cámara de Senadores la venia de destitución correspondiente para su remoción.
En base a lo expuesto, sugerimos a este Cuerpo la aprobación del presente estatuto.
SEÑORA AYALA.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
En consideración los artículos 1.º a 90.
SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: casi que a modo de constancia y sin pretender generar un debate en el día de hoy, simplemente queremos encender una luz amarilla, no en base a lo que pasó, sino a lo que pueda pasar en el futuro.
El numeral 5.º del artículo 77 de la Constitución de la república establece lo siguiente: «El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral».
Los colegas intuirán que estoy hablando de la participación que tuvo el presidente de la república en un comité, después de salir de un casamiento. Entiendo que en estas fechas estamos más contentos y, a veces, nos aflojamos un poco, pero también considero que acá hay una zona gris. No se trata de hacer un planteo a rajatabla, pero cuando escuchamos hablar a catedráticos, surge esa zona gris con respecto a la participación del presidente de la república.
A cualquier hijo de vecino se le exige cumplir con la Constitución y la ley a rajatabla, pero como existe esa zona gris –estoy de acuerdo con que existe, por lo cual no habría ningún elemento para establecer otro tipo de acción, desde mi punto de vista–, el presidente de la república debería cuidarse un poco más, sobre todo porque a fines del año que viene vamos a comenzar con la campaña electoral, va a haber una competencia y todos tenemos que mantener cierto nivel. No podemos perder de vista que el Gobierno es de todos los uruguayos; es electo por una parte de ellos, pero es de todos los uruguayos, y el presidente –nos guste o no– va a ejercer hasta el 1.º de marzo de 2020. En Uruguay respetamos mucho esa institución, y por eso nos pareció oportuno que el Senado se manifestara y advirtiera –sin levantar el tono y sin declaraciones altisonantes– que antes de entrar en el área grande o en el área chica es mejor quedarse en la media cancha para que siga siendo el presidente de todos y no de un partido, como algunos desean y nosotros queremos evitar.
Simplemente quería señalar que mantenerse fuera de las zonas grises le hace bien al país.
SEÑOR BARÁIBAR.- Creo que es razonable el planteo…
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: solo podemos discutir sobre lo que está en el orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Discúlpeme, señor senador Baráibar. La Mesa va a hacer las consultas pertinentes para proceder de la manera correcta.
De acuerdo con lo que me señala la secretaría, las cuestiones políticas deben ponerse a votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador para poder tratar este asunto político.
–12 en 28. Negativa.
SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Para fundar el voto, tiene la palabra –de acuerdo con el orden de las solicitudes– en primer lugar la señora senadora, y posteriormente los señores senadores Baráibar y Mieres.
SEÑORA XAVIER.- El planteo ha sido hecho en términos correctos, pero sobre el fondo del asunto queremos decir que estamos absolutamente tranquilos de que el presidente no incurrió en ninguna violación del numeral 5.º del artículo 77 de la Constitución de la república. En este momento no estamos en campaña electoral, el presidente pasaba por allí –efectivamente, los hechos fueron así y hay que conocerlos– debido a un evento social que tuvo al lado de donde se estaba celebrando una fiesta de fin de año de un comité de base, y era lógico que saludara a los compañeros. Del mismo modo, si el presidente de la república hubiese sido blanco, colorado o independiente y se estuviera festejando el fin de año en la vereda, habría sido razonable que el presidente de todos los saludara; lo raro hubiese sido que por la existencia de un grupo de militantes políticos del color que fuera, cruzara o fuera para el otro lado.
Creemos que no se da ninguna de las causales que prevé el numeral 5.º del artículo 77 porque no forma parte de comisiones o clubes políticos, no actúa en organismos directivos de los partidos y no interviene, en ninguna forma, en propaganda política de carácter electoral; sencillamente, pasó por donde había un grupo de militantes políticos y saludó, como corresponde a cualquier otro ciudadano y también al presidente de la república.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quiero decir que el planteo del señor senador Lacalle Pou fue hecho en términos respetuosos y cuidados, y creo que vale la pena destacarlo porque es un capital político de todos los partidos uruguayos. Si miramos lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países muy cercanos a nuestra región, veremos a los presidentes de la república actuando en política y haciendo campaña, a veces por ellos mismos y otras veces por sus candidatos. En ese sentido, en Uruguay hay una práctica que prevé la Constitución; eso es un tesoro de la democracia uruguaya que tenemos que cuidar y, frente a un episodio como este, que puede generar cierta sensibilidad, no está de más destacarlo.
Ayer tuve oportunidad de encontrarme con el presidente de la república en la celebración por el aniversario de la Policía nacional y comenté este episodio; fue algo casual. Sería incomprensible que fuera a un casamiento con su esposa, María Auxiliadora, a un lugar que queda casi enfrente al comité de base –ahí, en la calle Gonzalo Ramírez, por lo que pasó prácticamente por la puerta–, y no se acercase; no sería entendible que el presidente de la república, que fue con su esposa a una actividad que no tenía nada que ver con el comité –no se había preparado, en absoluto, para que asistiera el presidente–, no se acercara a saludar a los compañeros de muchos años, algunos de ellos de toda la vida.
Por lo tanto, creo que es correcto lo que ha hecho el señor senador Lacalle Pou y también lo que hizo el presidente de la república; me parece que el episodio no da para más que estos comentarios y esta incidencia en el Senado.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: simplemente votamos a favor de la cuestión política en el mismo tono y con la misma actitud que el planteo que hizo el señor senador Lacalle Pou y que han señalado los demás senadores.
Es bueno que el Senado no deje pasar sin llamar la atención, con el tono que corresponde, sobre situaciones que pueden estar en una frontera difícil de determinar con respecto a lo que establece el artículo 77 de la Constitución, en su numeral 5.º. Me parece que eso vale la pena; el mensaje se da y la preocupación espero que sea compartida colectivamente –así lo creo– por todo el sistema político. Estas son las cosas que hay que cuidar.
SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: me parece que este es un planteo importante y necesario. Creo que aquí, en el Senado, debemos tomar estas cosas con seriedad. Estamos hablando de una actitud del presidente de la república que está, por lo menos, en el límite de la violación de la Constitución y me parece que respecto a esto todos nos tenemos que expresar con tranquilidad y sin exageraciones.
El presidente Vázquez es el presidente de todos los uruguayos y no solo fue a saludar a sus compañeros del Frente Amplio, sino que hizo algunos comentarios que, desde mi punto de vista, no corresponden. Así que me parece positivo que este tema se discuta, por lo menos, de esta manera, con fundamentos de votos. Creo que este es un mensaje al país todo –y también al presidente de la república– de que hay un Senado preocupado por estas cosas.
12) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO N.º 171 SOBRE TRABAJO NOCTURNO, 1990
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre trabajo nocturno, 1990, adoptado en la 77.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, en el año 1990. (Carp. n.º 989/2017 - rep. n.º 572/17)».
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: siguiendo el procedimiento establecido en los numerales 7.º) del artículo 85 y 20) del artículo 168 de la Constitución de la república, el proyecto de ley fue remitido a la Asamblea General como mensaje del Poder Ejecutivo el 28 de agosto de 2017. Ingresó a la Cámara de Representantes el 30 de agosto de 2017, donde fue sancionado el 12 de diciembre de este año, fecha en la que ingresó a la Cámara de Senadores, que hoy lo tiene para su consideración.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, corresponde señalar que esta convención refiere al estatuto internacional adoptado para las y los trabajadores que desempeñan trabajo nocturno. Se indica que conforme a estimaciones de la propia OIT, en dicho horario de labor se desempeña entre el 10 % y el 15 % de la población económicamente activa. Concretamente, en América Latina esa cifra oscila entre 12 % y 16 %, ratio que se ajusta a la situación de nuestro país.
Se señala, asimismo, que en líneas generales y desde el punto de vista teórico, el presente convenio internacional contempla derechos y garantías de los trabajadores que desempeñan su labor en horario nocturno, con un énfasis especialmente marcado en cuanto a la protección de su salud.
Su ratificación no impondría a nuestro país demasiados apartamientos de la legislación, de las políticas y de las prácticas profesionales que se desarrollan en la actualidad respecto del trabajo nocturno, por lo cual se la considera oportuna.
Se destaca que consultada la Comisión Consultiva Tripartita, creada conforme a lo dispuesto en el Convenio Internacional del Trabajo sobre la consulta tripartita –n.º 144 de 1976–, tanto el sector trabajador como el gubernamental, han manifestado su posición favorable a la ratificación del convenio, mientras que el sector empleador manifestó su posición negativa. También se señala que este instrumento internacional ha sido ratificado por quince naciones.
En cuanto a su estructura jurídica, podemos decir que el convenio consta de un preámbulo y diecinueve artículos. Los aspectos esenciales contenidos en el articulado son los siguientes.
En el artículo 1.º se definen los conceptos de trabajo y de empleado nocturnos.
El artículo 2.º refiere al ámbito de aplicación y se prevé para todos los trabajadores asalariados con excepción de los que trabajen en la agricultura, la ganadería, la pesca, los transportes marítimos y la navegación interior. Asimismo, se prevé la facultad del miembro que ratifique el convenio de excluir en forma total o parcial del campo de aplicación a categorías limitadas de trabajadores.
En el artículo 3.º se establecen medidas específicas mínimas que se deben adoptar en beneficio de los trabajadores nocturnos que comprenden las previstas en los artículos 4 a 10 de la convención, a fin de proteger la salud de los trabajadores y ayudarles a cumplir con sus responsabilidades familiares y sociales. Estas medidas deben comprender el ámbito de la seguridad y de la protección de la maternidad en favor de los trabajadores que realizan tareas nocturnas.
El artículo 4.º prevé el derecho de los trabajadores a que se realice una evaluación gratuita de su estado de salud y que se les asesore sobre formas de atenuar o evitar problemas de salud vinculados a su trabajo.
El artículo 5.º prevé la obligación del empleador de poner a disposición de los trabajadores que realizan trabajos nocturnos servicios adecuados de primeros auxilios.
El artículo 6.º establece que los trabajadores nocturnos que por razones de salud sean declarados no aptos para este tipo de labor, sean asignados, cuando sea factible, a un puesto similar para el que estén aptos.
El artículo 7.º regula el trabajo nocturno para las trabajadoras grávidas, estableciendo la posibilidad de que antes y después del parto desempeñen una labor fuera de ese horario.
El artículo 8.º reconoce el derecho de una remuneración especial por este tipo de trabajo.
El artículo 9.º dispone la creación de servicios sociales, cuando se precise, para los trabajadores que realizan, específicamente, trabajo nocturno.
El artículo 10.º consagra el deber del empleador de consultar a los representantes de los trabajadores previo a introducir regímenes de horario nocturno.
El artículo 11 establece que las disposiciones del convenio podrán aplicarse tanto por la legislación nacional, como por los convenios colectivos, los laudos arbitrales, las sentencias judiciales, o mediante una combinación de todos estos mecanismos señalados.
El artículo 12 prevé que las ratificaciones formales del convenio deben ser comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo.
El artículo 13 determina las condiciones para obligar a los Estados y fecha de la entrada en vigor del instrumento.
El artículo 14 consagra la posibilidad de denunciar dicho convenio en determinados plazos que se pautan específicamente.
El artículo 15 refiere al procedimiento de notificación a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo sobre el registro de ratificaciones, declaraciones y denuncias.
El artículo 16 prevé la obligación del director general de la Organización Internacional del Trabajo de comunicar al secretario general de Naciones Unidas información completa sobre las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia.
El artículo 17 consagra la facultad del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo de presentar ante la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y aspectos vinculados a su revisión total o parcial.
El artículo 18 refiere a la circunstancia de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente convenio.
Finalmente, el artículo 19 dispone que las versiones en idiomas inglés y francés del texto de este convenio son igualmente auténticas.
Tomando en cuenta estas consideraciones, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores recomienda al Cuerpo la ratificación del Convenio n.º 171 de la OIT sobre el trabajo nocturno, que fuera sancionado el 12 de diciembre de 2017 por la Cámara de Representantes, mediante la aprobación del proyecto de ley enviado por parte del Poder Ejecutivo.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: el Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre el trabajo nocturno genera un marco o un piso necesario para trabajar sobre el otro tema, que es el de fondo: la nocturnidad.
Más allá de la negociación colectiva, en este tema se avanzó con la Ley n.º 19313, de julio de 2015, que regula el trabajo nocturno con carácter general en Uruguay. Allí se establece un beneficio para los trabajadores que prestan tareas en horario nocturno por más de cinco horas consecutivas, quienes cobran una sobretasa del 20 % por el trabajo que desarrollen entre las 22:00 y las 06:00, o su equivalente en reducción horaria, porque se aplican las dos modalidades. Esto es lo que hoy está vigente. En aquel momento se dio una discusión acerca de si era necesario hacerlo por vía de ley o impulsarlo a través de una negociación colectiva, como generalmente la propia OIT lo hace en materia típica de convenios colectivos. Es más, en un gran porcentaje de los cerca de 140 convenios colectivos existentes –negociados y vigentes al día de hoy– se establece la negociación por nocturnidad.
También se debatió acerca de si esto era materia de una ley integral sobre seguridad y salud laboral –porque tiene mucho que ver con eso– y recuerdo que en la discusión que se dio en el año 2015 se dijo que, como paso previo y base de discusión, era necesario aprobar el Convenio internacional del trabajo n.º 171 sobre el trabajo nocturno que todavía no había sido ratificado por Uruguay.
En aquel entonces entendimos que quizás lo más importante era empezar por el principio y generar el marco internacional incorporado a nuestro derecho positivo, es decir, el convenio n.º 171 que regula mínimamente el trabajo nocturno, para luego trabajar en la negociación colectiva o, cuando esta no fuera posible, en una legislación marco aplicable a los trabajadores de nuestro país. Sin embargo, no se aprobó el convenio, pero se avanzó más. Ahora la Cámara de Representantes le dio media sanción a un proyecto de ley que modifica el artículo 4.º de la ley que hoy está vigente, mediante el que se elimina la exigencia del mínimo de cinco horas consecutivas. Este proyecto de ley, que está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, ha sido motivo de consulta con el Poder Ejecutivo y con actores sociales, y creo que todos llegamos a la conclusión de que antes de seguir discutiendo esta nueva variación –es un tema discutible donde, obviamente, hay opiniones encontradas e impactos diferentes– es importante avanzar en el marco general y aprobar el Convenio n.º 171 sobre el trabajo nocturno, que regula el piso mínimo por el que debe velar el Estado. Después, como lo dice el propio convenio, cada rama de actividad o nivel de empresa regulará o reglamentará el tema usando, fundamentalmente, los ámbitos bipartitos o tripartitos previstos e impulsados por la propia OIT.
En consecuencia, convencidos de que esto es necesario y que debió haber sido el primer paso para avanzar después en legislaciones más específicas –quizás sea el impulso para incorporar el tema en la discusión sobre seguridad y salud laboral–, vamos a acompañar la ratificación del Convenio n.º 171 de la OIT por parte del Parlamento uruguayo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.
Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, los días 19 y 20 del corriente.
Solicito además se convoque al suplente respectivo.
14) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO N.º 171 SOBRE TRABAJO NOCTURNO, 1990
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado retoma la consideración del cuarto punto del orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora Passada.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: estamos convencidos –un poco en el sentido de las palabras del señor senador Delgado– de la necesidad de que nuestro país ratifique este convenio que tiene que ver con la nocturnidad.
Si bien el proyecto de ley a que hacía referencia el señor senador –que tiene media sanción– fue presentado y aprobado por todos los partidos políticos, cuando llegó a la comisión vimos la necesidad de hacer una consulta más amplia a los efectos de tener los elementos para definir lo más importante, que es el trabajo nocturno, a quiénes compete, los horarios y vincularlo al tema de la seguridad y salud laboral.
Cuando comencemos a discutir el proyecto de ley que está en la comisión, con este texto ya aprobado, vamos a tener que vincularlo al tema de la salud porque no todos los trabajadores y las trabajadoras están en condiciones de cumplir la nocturnidad. Entonces, hay que definir no solo el tipo de trabajo, sino también las situaciones personales. También debemos discutir si tenemos que ir por el camino solamente del resguardo del trabajo de la nocturnidad, o si se debe abordar una discusión más amplia en cuanto a si está bien el trabajo nocturno; habrá que ver si no es parte de una discusión del tema de salud y protección de los trabajadores y las trabajadoras.
Por lo tanto, creo que estamos ante una buena oportunidad. Si bien el convenio dice que es bueno que esto sea parte de la negociación colectiva –lo compartimos y lo defendimos desde nuestra bancada en la propuesta de la ley de negociación colectiva–, a veces quedan fuera muchos sectores que no poseen quizás la fuerza que puede tener una organización grande como para que esos convenios sean respetados. De manera que esta posibilidad de ratificar el convenio sobre trabajo nocturno nos va a permitir atender a todo ese espectro de trabajadoras y trabajadores.
Recalco que en la comisión estuvimos de acuerdo en que este convenio era necesario para empezar a discutir el proyecto que tenemos a estudio.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo, Nº 171 sobre el trabajo nocturno, 1990, adoptado en la 77ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el año 1990».
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: dado lo largo que es el orden del día, preferí dar mi posición por esta vía.
Creemos que es muy bueno que se aprueben convenios de la OIT y por eso hemos votado este, pero también es importante que se cumplan. Hoy hay algunos convenios que han merecido observaciones de la OIT, en especial en lo que hace a la negociación colectiva, a la extensión o no del derecho de huelga y a la posibilidad de los trabajadores de ingresar a trabajar cuando hay huelga. En esos puntos Uruguay está omiso y ha merecido observaciones de la OIT desde hace mucho tiempo que indican que los estamos violando. Por lo tanto, sería bueno que no solo aprobemos estos convenios, como lo estamos haciendo hoy, sino que también es fundamental que los cumplamos.
15) CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, suscrita por la República Oriental del Uruguay en La Antigua, República de Guatemala, el 6 de junio de 2013. (Carp. n.º 982/2017 - rep. n.º 573/17)».
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: queremos decir que hace relativamente poco tiempo hicimos una ratificación que va de la mano con esta, cuyo nombre –para que no nos confundamos– es: Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Como se verá, la que estamos considerando tiene una finalidad complementaria. Si bien estos proyectos de ley fueron remitidos en el mismo momento, la aprobación fue cruzada para ambas cámaras.
Siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 7.º) del artículo 85 y el numeral 20) del artículo 168 de la Constitución de la república, el proyecto fue remitido a la Asamblea General como mensaje del Poder Ejecutivo el 22 de diciembre de 2015; ingresó a su presidencia el 5 de enero de 2016; fue remitido a la Cámara de Representantes, que lo sancionó el 6 de diciembre de 2017, y luego se envió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado el 7 de diciembre de 2017.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se destacan los antecedentes normativos vinculados a la temática y, en ese sentido, se señala que la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, dio inicio, a nivel internacional, a un proceso de elaboración y desarrollo normativo sobre la protección de los derechos humanos. Este proceso ha promovido el desarrollo de las legislaciones y prácticas nacionales para adecuar y hacer efectivos los niveles de protección internos de los países según los estándares internacionales.
La cuestión de la discriminación racial ha sido objeto de atención en prácticamente todos los instrumentos de carácter general, pero también en los que abordan específicamente el tema, como la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Es relevante destacar que nuestro país ha sido activo partícipe de este proceso, habiendo suscrito, ratificado o adherido a los instrumentos más importantes. A modo de ilustración se enumeran las convenciones de alcance universal y regional que abordan el tema y de las cuales la república es parte. Me refiero al Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; el Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos; la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio; la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos, «Protocolo de San Salvador».
También debemos citar como antecedentes de esta convención varios instrumentos internacionales de protección de derechos humanos específicos de los que Uruguay también es parte: la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la convención que aprueba la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo; la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; los convenios de la OIT n.os 100, 111 y 156 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el ámbito interno, en nuestro país se han promulgado diversas normas vinculadas a la cuestión de la discriminación, inspiradas en el principio de igualdad ante la ley. En ese sentido, podemos citar la ley de derechos civiles de la mujer, la de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la que refiere a la prohibición de discriminación laboral por sexo y varias otras disposiciones antidiscriminatorias contenidas en leyes sobre discriminación, género y discapacidad que han sido aprobadas.
Además, cabe mencionar otras medidas legislativas como la de incorporar al Código Penal los delitos de incitación al odio, desprecio o violencia a determinadas personas; la ley sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, que crea la comisión honoraria; la ley de migración; la ley del derecho al refugio y a los refugiados, y la ley de afrodescendientes, que crea normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral.
La convención consta de un preámbulo y cinco capítulos que contienen veintidós artículos. El capítulo I refiere a definiciones, el II a derechos protegidos, el III a deberes de los Estados, el IV a mecanismos de protección y seguimiento de la convención, y el V a disposiciones generales.
En el preámbulo se exponen los motivos de hecho y de derecho, así como los fines que persiguen los Estados miembros al adoptar este instrumento.
En el artículo 1.º se establecen las definiciones de discriminación racial, discriminación racial indirecta, discriminación racial múltiple o agravada, racismo e intolerancia.
En los artículos 2.º y 3.º se consagran los derechos protegidos: el derecho de todo ser humano a la igualdad ante la ley y la protección contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
El artículo 4.º prevé los deberes del Estado y en tal sentido se compromete a prevenir, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de la convención, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
El artículo 5.º establece el compromiso para los Estados partes de adoptar políticas y acciones afirmativas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos que sean sujetos de racismo, discriminación racial o formas conexas de intolerancia.
El artículo 6.º consagra la obligación de formular y aplicar políticas de trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, entre ellas, medidas vinculadas a lo educativo, a lo laboral o a lo social.
El artículo 7.º refiere al compromiso de los Estados partes de adoptar legislación que prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, tanto en el ámbito público como en el privado.
El artículo 8.º prevé la garantía de los estados en cuanto a que la adopción de medidas de cualquier tipo en materia de seguridad no discrimine directa o indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios antes mencionados en la convención.
El artículo 9.º consagra el compromiso de asegurar que los sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de las sociedades.
El artículo 10 prevé el compromiso de asegurar a las víctimas del racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, un trato equitativo y no discriminatorio.
El artículo 11 refiere a la obligación de los Estados partes de considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia.
El artículo 12 prevé el compromiso de realizar acciones de estudio sobre la naturaleza, causas y manifestaciones del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
El artículo 13 consagra el compromiso de los Estados partes, de conformidad con su normativa interna, de establecer o designar una institución nacional que sea responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la convención. Una vez que esto se concrete, debe ser comunicado a la Secretaría General de la OEA.
El artículo 14 tiene que ver con el compromiso de promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, y ejecutar diversos programas respecto a esta temática.
El artículo 15 refiere a los mecanismos de protección y seguimiento de la convención. Además, se prevé la posibilidad de realizar peticiones que contengan denuncias o quejas por violaciones a la convención, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, prevé la posibilidad de realizar consultas a dicha comisión relacionadas con la efectiva aplicación de la convención, así como solicitar asesoramiento y cooperación.
El artículo 16 hace referencia a aspectos de interpretación de la convención y dice que nada de lo dispuesto podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados partes que ofrezca protecciones o garantías iguales o mejores a las establecidas en esta materia.
El artículo 17 tiene que ver con el depósito del instrumento en la Secretaría General de los Estados Americanos.
El artículo 18 regula los aspectos vinculados a la firma y ratificación.
El artículo 19 establece la facultad de las partes de formular reservas a la convención al momento de su firma, ratificación y adhesión, siempre que ellas no sean incompatibles con su objeto.
El artículo 20 define aspectos de entrada en vigor de la convención.
El artículo 21 prevé la posibilidad de denuncia mediante notificación escrita, dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos.
El artículo 22 establece la posibilidad de cualquiera de las partes de someter a consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales, con la finalidad de ser incluidos progresivamente en el régimen de protección de la convención.
Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo convalidar la mencionada convención mediante la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que fuera sancionado por la Cámara de Representantes el pasado 6 de diciembre de 2017.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, suscripta por la República Oriental del Uruguay en La Antigua, República de Guatemala, el 6 de junio de 2013».
16) PROYECTO PRESENTADO
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Guillermo Besozzi y Álvaro Delgado presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un fideicomiso de garantía y un fideicomiso financiero para el sector lechero.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 19 de diciembre de 2017
Por la presente solicito a usted licencia para los días 20 y 21 de diciembre del corriente, por motivos personales.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, durante el día 20 de diciembre de 2017.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 20 de diciembre.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se prohíbe el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales y se crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica. (Carp. n.º 979/2017 - rep. n.º 563/17)».
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: si bien este proyecto de ley fue considerado por la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios integrada con la de Medio Ambiente, queremos destacar el trabajo realizado por la Cámara de Representantes con relación a este asunto. Allí participaron decenas de delegaciones que dieron su opinión con respecto a un tema que ha generado mucha sensibilidad, como todo lo que está vinculado a la potencialidad petrolera de nuestro país y a las tecnologías que se puedan desarrollar a su alrededor. En ese sentido, uno de los temas que más preocupación ha generado es la posibilidad de la utilización de la técnica de fracking en el Uruguay.
Debemos destacar que aquí, en el Senado, tenemos el antecedente del señor senador Bordaberry, quien presentó una iniciativa que iba en la misma línea de buscar alternativas para manejar este tema en nuestro país.
Creo que lo más importante de este proyecto de ley es que, por un lado, establece la moratoria –es decir, prohíbe, sí, pero por un período determinado, en este caso, de cuatro años, la utilización de esta técnica– y, por otro, dispone la creación de una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica, aspecto que me parece fundamental. En definitiva, se va a prohibir por cuatro años, a través de una moratoria, la utilización del fracking, y al mismo tiempo se va a crear un instrumento con la participación de organismos estatales, de la academia y de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los temas ambientales.
Sin lugar a dudas, este proyecto de ley contempla las distintas posiciones que hay hoy en el país porque, como expresa la propia iniciativa, decenas de países han planteado distintas alternativas, que van desde la prohibición absoluta o el establecimiento de una moratoria, hasta la utilización de la tecnología. Por ejemplo, Estados Unidos pasó de ser un importador de petróleo a uno de los principales exportadores a partir de la utilización de esta tecnología en su territorio. Como decíamos, este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo contempla todas las posiciones que se han visto en estos tiempos en el Uruguay.
También hay que destacar que hasta el momento no se ha encontrado petróleo ni gas en el Uruguay y que esta tecnología sirve para su explotación. Además, Ancap ni ninguna empresa petrolera con contratos vigentes en nuestro país tiene previsto utilizar la técnica de fractura hidráulica en la etapa de exploración siquiera, porque están enfocadas en identificar la presencia y la potencialidad de las rocas generadoras. En función de las potenciales rocas generadoras de petróleo y gas se definirán las tecnologías a ser utilizadas. Por estos motivos, se ha tomado la decisión con base en algo que consideramos central en un país y en una sociedad: el principio de precaución. Es decir que por la situación de incertidumbre científica ante el desconocimiento de los impactos que pueda generar determinada tecnología a utilizar en el futuro, o ante las amenazas que pueda ocasionarle al medioambiente o a la salud, se toman estas medidas que, en este caso, conforman el proyecto de ley a consideración, con la intención de prevenir los potenciales daños.
Como decíamos, este proyecto de ley contempla, por un lado, prohibir la tecnología por un período de cuatro años y, por otro, la creación de una comisión, cuya integración creemos que es lo más importante, pues se conforma de la siguiente manera: el Ministerio de Industria, Energía y Minería –que la va a presidir–, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y las organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas de protección ambiental. Asimismo, tendrá los cometidos de estudiar en profundidad el tema, de recopilar información a nivel internacional y nacional, de evaluar los materiales geológicos que se vayan encontrando, así como de identificar las mejores prácticas disponibles de extracción de hidrocarburos no convencionales, en el ámbito tanto nacional como internacional.
Es así que, si se aprueba este proyecto, en cuatro años la comisión contará con información nacional e internacional recopilada y analizada, y se podrá tomar una posición definitiva con respecto a este tema. De esa manera los uruguayos tendremos la tranquilidad de que se dieron todas las condiciones para que las distintas posiciones sean contempladas, pero además para que se estudie en profundidad la potencialidad del uso de esta nueva tecnología, que es el fracking.
En definitiva, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios integrada con la de Medio Ambiente recomienda al Cuerpo la aprobación de esta iniciativa.
SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: disentimos con el señor senador De León con respecto a las certidumbres científicas; hoy en día sí hay grandes certidumbres científicas en cuanto a que el fracking es una técnica altamente contaminante. Por ese motivo, creemos que hubiera sido mucho mejor y más coherente que la prohibición que establece el proyecto de ley estuviera sujeta a revisión cada cuatro años por medio de informes técnicos, para darnos seguridad de que vamos a estar protegidos si en algún momento cambia la técnica y es posible hacer fracking sin que contamine.
Básicamente, nuestra preocupación pasa por las certidumbres científicas que hay hoy en el mundo en cuanto a que la técnica de extraer hidrocarburos no convencionales es altamente contaminante. Nosotros tenemos un legado que preservar, que es el agua. El oro blanco del Uruguay y de esta región de América Latina es el agua. El acuífero Guaraní no es una entidad etérea; es algo real sobre el que se ubican Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. En el año 2007, si no me equivoco, estos países –que tienen responsabilidad sobre el acuífero– participaron de un proyecto, financiado por el Banco Mundial, de evaluación y diagnóstico, para ver dónde estábamos parados con respecto a la calidad del agua del acuífero Guaraní. Con base en ese extenso, profundo y muy serio trabajo que se hizo en nuestra región –en el que participaron técnicos y científicos de los cuatro países–, se llegó a conclusiones específicas sobre qué debía hacer cada país con respecto a la preservación, al cuidado y a la sostenibilidad de la calidad del agua del acuífero Guaraní. Eso llevó a que en el año 2010 se firmara un tratado multilateral entre los cuatro países, en el que cada uno se comprometía a poner de su parte para preservar el acuífero. En el año 2012 el tratado fue ratificado por ley en esta casa y también lo fue en Argentina. Precisamente, en ese momento empezó a diluirse el trabajo que tan fuertemente se había iniciado en el 2007. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2013 el Gobierno uruguayo empezó a dar permisos para perforar y buscar hidrocarburos convencionales y no convencionales –porque así dice el contrato que se firmó con la empresa a través de Ancap– en el territorio que está sobre el acuífero Guaraní en Uruguay. Entonces, a partir de 2013 todo lo que se había hecho desde el 2007 con respecto a las intenciones y al trabajo que había que realizar para preservar nuestra mayor riqueza –que es el agua– empezó a ir para atrás. Eso hizo que organizaciones sociales y políticas –no solo de Uruguay, sino de Argentina, Brasil y por suerte ahora también de Paraguay– empezaran a transitar caminos de renovación de ese espíritu, viendo cuál había sido la evolución de todo ese trabajo, desde 2007 a la fecha. Lamentablemente, tanto en Brasil como en Argentina, y a partir del 2013 en Uruguay, los avances de subastar bloques o dar permisos de perforaciones sobre el acuífero Guaraní en búsqueda de hidrocarburos convencionales y no convencionales se fueron renovando. En vastas zonas de Brasil el Gobierno autorizó esas búsquedas; lo mismo sucedió en Argentina y después también en Uruguay.
Hemos sido parte de ese trabajo en conjunto que se viene haciendo desde 2015 a la fecha, en el que organizaciones sociales, científicas y políticas de la región han estado tratando –y digo «tratando» porque no lo hemos logrado suficientemente– de recomponer esa visión que se ha venido diluyendo con el correr del tiempo. Este tema estuvo en el Parlamento durante dos años; fue, como muy bien decía el senador De León, muy estudiado y trabajado, con varios proyectos: dos de prohibición y uno de moratoria.
El senador Bordaberry presentó, al comienzo de la presente legislatura, un proyecto de moratoria en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Es un tema que nos preocupa a todos; eso se sabe, se nota y está en la gente. Quizás tengamos distintas visiones sobre cómo llevar adelante e instrumentar la preservación de nuestro medioambiente y favorecer el desarrollo en el país.
Nos preocupa fuertemente el tema y hubiéramos preferido estar hoy votando la prohibición del fracking en Uruguay hasta que informes técnicos nos convencieran de que se trata de una técnica inocua para el medioambiente y para la calidad de nuestra agua. Lamentablemente, no hemos tenido éxito en lograr un consenso que nos permitiera llegar a ese punto.
Con respecto a este proyecto de ley, hay ciertos aspectos que nos parecen insuficientes, razón por la cual hemos presentado sustitutivos al artículo 1.º y al literal G) del artículo 5.º. Creemos que el proyecto de ley no contempla la planificación a largo plazo, porque establece una moratoria de cuatro años. Con relación a estos temas, creemos que el país debería, de una vez por todas, dejar de ser cortoplacista y pensar más allá de una elección y de un período electoral. A su vez, entendemos que este proyecto de ley no asegura la transparencia de la información. Si bien se establece que se darán informes y resúmenes, pensamos que debería estar específicamente asegurada la transparencia de los informes técnicos y el acceso a ellos. Y lo más importante es que este proyecto de ley no asegura –a nuestro juicio– que la decisión final de hacer o no fracking, pasados los cuatro años, sea tomada por este Parlamento. No sabemos quiénes estarán en el Parlamento dentro de cuatro años, pero creemos que la decisión final de si se hace o no fracking en Uruguay no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo de turno ni de informes técnicos que estén a favor o en contra porque, más allá de todo, se trata de decisiones políticas y de políticas de Estado.
En función de lo expuesto, vamos a presentar estos textos sustitutivos. De todos modos, peor es nada. Ojalá que dentro de cuatro años estemos viendo a un Uruguay que utiliza las energías renovables –que se han desarrollado, y mucho, en nuestro territorio–, abandonado los combustibles fósiles, a lo que nos hemos comprometido internacionalmente.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que estamos ante un muy buen proyecto de ley. Obviamente, me comprenden las generales de la ley –valga la redundancia– porque presentamos un proyecto en 2011 y lo reiteramos en 2015. Repito que creo que es un muy buen proyecto de ley y, sobre todo, muy sensato.
Cuando en el año 2011 nadie hablaba sobre este tema y nadie se rasgaba las vestiduras con el fracking, tuvimos acceso a un estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocido como el Global Shale Gas Initiative –iniciativa global para el gas de esquisto– que proponía extender la experiencia estadounidense en el fracking, especialmente en el área de gas de esquisto, a otras partes del mundo. Nos llamó mucho la atención y por eso formamos un equipo que estudió seriamente el tema.
Desconozco si los señores senadores conocen en profundidad lo que es el fracking. En pocas palabras, el fracking es una técnica para extraer gas o petróleo, que consiste no solo en hacer un pozo vertical, sino al final hacer pozos horizontales. En lugar de ubicar el gas o el petróleo en bolsones, este se desprende de la piedra en que se encuentra. Para lograr eso, a través del pozo vertical y después del horizontal, se introducen agua, químicos y cerámicas a presión bajo la tierra, para que explote y suba. Ese fracturamiento hidráulico –de ahí fracking– tiene antecedentes en el siglo xix y sus primeras aplicaciones en los años 1950. Pero fue en los años 1980 que se empezó a aplicar en Texas. Una de las primeras aplicaciones rentables en los Estados Unidos fue en los montes Apalaches de Pensilvania. Obviamente, cuando se empezó a aplicar esa técnica comenzó a generar preocupaciones ambientales lógicas y muy válidas. Eso llevó a que países como Francia, Australia, Irlanda o Bulgaria prohibieran –algunos definitivamente y otros provisoriamente con moratorias– esta actividad hasta que la información científica y técnica permitiera afirmar que los perjuicios ecológicos podían ser controlados o mitigados razonablemente.
Señora presidenta: ante el desconocimiento –nos pasa siempre con respecto al medioambiente y a otras cosas en Uruguay–, la reacción humana y lógica es prohibir para siempre; se mete la cabeza debajo de la tierra como el ñandú y se dice: «Vamos a prohibir». En realidad, antes de la prohibición lo que hay que hacer es analizar y conocer y, efectivamente, contar con la información científica suficiente como para definir si lo permito o lo prohíbo. Sin información no se pueden tomar buenas decisiones. Dicen todos los expertos en medioambiente que el mejor instrumento de gestión en esta materia es la información; sin ella, no se puede hacer nada.
Este proyecto de ley, justamente, apunta a la información: se establece una moratoria por cuatro años –se prohíbe por cuatro años– y se crea una comisión para que reúna toda la información. Esto es lo que han hecho muchos países en el mundo, algunos lo permiten, unos pocos lo prohíben, pero considero que los más sensatos establecen una moratoria y empiezan a reunir información. Además, lo que hoy puede ser malo, mañana –con el desarrollo de la tecnología– puede ser bueno, porque la velocidad a la que avanza la tecnología, hoy en día, es tremenda.
Mientras no se conoce, el peligro de realizar concesiones o que alguien se presente y pida –o asuma– derechos mineros es que, después, si la técnica no es autorizada, podemos terminar enfrentando un juicio contra el Estado. De ahí esa iniciativa del año 2011 –reiterada en 2015–, que es la que hoy vamos a aprobar.
En cuanto a los riesgos, uno es el excesivo uso de agua porque el fracking requiere una gran cantidad de este recurso. Un solo pozo consume entre 8 a 38 millones de litros de agua para producir el proceso de fracking, obviamente, dependiendo de la permeabilidad de la roca. Consume también arena. Cada pozo puede consumir un orden de 2000 toneladas de arena o pequeñas partículas. Consume, asimismo, sustancias químicas potencialmente tóxicas, cuya cantidad varía. Entre 0,5 % y 2 % del total del líquido de fractura está compuesto por estas sustancias químicas. Resulta obvio que si usamos arena, productos químicos, cerámicas y agua podemos afectar el medioambiente bajo la tierra y producir contaminación.
Hay todo tipo de experiencias en la materia. Por ejemplo, hubo derrames accidentales –que, sin duda, siempre se pueden prevenir–, también hay experiencias no del todo rigurosas desde el punto de vista científico, en lo que hace al subsuelo. Para quien quiera verlo, hay un documental muy famoso realizado en los Estados Unidos que se titula Gasland, que muestra a una señora abriendo una canilla de la que no sale agua, y al acercarle un encendedor se enciende, porque sale gas: el pozo del fracking había contaminado el agua; pero la comunidad científica no le otorga un gran valor pues se considera que no está debidamente documentado. Sí hay otros casos documentados por la EPA –organismo que en Estados Unidos estudia el medioambiente–, que demuestran que hay contaminación en las aguas subterráneas y un ejemplo claro se encuentra en el Estado de Colorado.
Donde hay más evidencia y se han comprobado las consecuencias del fracking es en el aumento de la actividad sísmica –la ocurrencia de terremotos–, que es uno de los peligros más grandes. El caso más documentado es el que ocurrió en Arkansas, donde pasaron de tener entre 0 y 14 sismos entre 1909 y 1969, a varios cientos desde 1979 al 2010. Este problema llegó al periodismo y a las cadenas informativas. Lo interesante es que cuando se prohibió el fracking en ese lugar, volvió a disminuir la actividad sísmica. O sea que hay comprobación científica en cuanto a que, en determinados casos, el aumento de la actividad sísmica puede ser provocado por el fracking.
En la misma línea, un estudio llevado a cabo en la localidad de Blackpool, en Gran Bretaña, demostró que cuando se comenzó con esta actividad se detectó un terremoto de 1,5 en la escala de Richter en el año 2011, a dos kilómetros de donde se estaba haciendo.
¿Qué ha hecho el mundo con esto? En algunos lugares ha sido prohibido. En otros, ha sido mejorado. En los Estados Unidos, la Administración del presidente Obama, que era especialmente cuidadoso con el tema del medioambiente –todos recordamos a los demócratas, con Al Gore a la cabeza y su política sobre el cambio climático, acciones que hoy se están dejando de lado–, mejoró y amplió las reglas relativas al empleo de la técnica del fracking. Como es obvio, empezaron a desarrollar iniciativas para obligar a las empresas a comunicar las sustancias químicas utilizadas y a regular su utilización. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos –EPA– está trabajando con estudios científicos en profundidad. Los principales estudios –que, supongo, son a los que recurrirá la comisión que se está creando– son los que se están desarrollando en los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países. A su vez, tanto en Canadá como en Estados Unidos y en Australia se desarrollan audiencias públicas, lo que nos parece muy importante porque en ellas participan las comunidades.
Es bastante interesante lo que pasó en Australia porque nos afecta a nosotros. En Western Australia se detectaron depósitos de este tipo y, por supuesto, se comenzó a hacer fracking. En este caso, como los depósitos eran más leves, la técnica utilizada también lo era y no causaba perjuicios. Es decir, no importa solamente la técnica que se emplea, sino también dónde se aplica. Por ejemplo, si la piedra no es tan dura, la potencia que se utiliza es menor. Sin embargo, en Nueva Gales del Sur, Australia, esta técnica se prohibió. Y las empresas Schuepbach y Petrel, que eran las que exploraban en Cerro Padilla –al norte de nuestro país–, son de Nueva Gales del Sur y se dedicaban a esa actividad en Australia. Más adelante, hicieron lo mismo en España y después de que se les prohibiera actuar en varios lugares, llegaron al Uruguay. Si uno sigue estos temas, verá que estas empresas, así como buscaron otros lugares, llegaron acá. Muchas de estas empresas –no digo que todas ni estas–, por lo general, buscan descubrir el yacimiento, desarrollar el proyecto y venderlo o conseguir financistas para que lo lleven a cabo. Cotizan en bolsa y, una vez que encuentran un yacimiento a partir de esta técnica, sus acciones suben porque, obviamente, hay una expectativa de que la empresa va a tener mayores ganancias.
Por tanto, recurrir a la moratoria –en especial, en estos tiempos de búsqueda, de exploración– es fundamental porque quien esté explorando tiene que saber que hoy hay una moratoria y que Uruguay no ha autorizado esta técnica. Si la técnica no es la adecuada, el país no la va a autorizar. Ahora bien, si no tenemos nada, como ha pasado hasta el momento, corremos el riesgo de que encuentren algo y, en el caso de que aprobemos después una ley, el Estado incurriría en responsabilidad por acto legislativo. Esto haría, a su vez, que estas empresas que son especuladoras, al ubicar yacimientos de este tipo se encuentren con un buen juicio y los uruguayos terminemos pagando para defender nuestro medioambiente. De ahí, la sensatez de la moratoria y de los estudios mencionados.
En Bulgaria, en el 2012 se prohibió el fracking, al igual que en Francia. Estos países son los que lo han hecho a nivel mundial. En Canadá, en la provincia de Quebec, se estableció una moratoria como la que estamos planteando hoy. En New Brunswick y en British Columbia están en un proceso similar al nuestro. En España –como ya dije– todavía no se prohibió, o sea que está autorizado, pero hay grandes manifestaciones en favor de establecer, por lo menos, una moratoria. La misma empresa que está trabajando en nuestro país, tiene acciones en España. Por otro lado, está Repsol, que es la que encontró el yacimiento en Vaca Muerta, Argentina. Francia lo prohibió, pero ya había dado permisos, por lo que –obviamente– va a enfrentar reclamos. En el caso de Irlanda, por más que tiene el movimiento más grande que existe hoy –el Fracking Free Ireland–, no lo ha podido prohibir. Otros países están planeando, como nosotros, establecer una moratoria: la República Checa y Rumania.
Quizás lo más interesante sea –por lo parecido a nosotros– lo que está haciendo Nueva Zelanda. La comisionada parlamentaria para el medioambiente, Jan Wright, estipuló la elaboración de un análisis independiente, de la tecnología empleada en el fracking, y en la provincia de Canterbury ya se solicitó una moratoria, como en nuestro caso.
Me quiero detener en este punto, señora presidenta, porque he tratado de incursionar en el tema del fracking y he consultado a expertos, pero la verdad es que no lo domino; estudié derecho, sería un caradura si dijera que lo domino. Como dije antes, consulté a expertos y fue así que hablé con químicos y geólogos, con quienes analizamos las normas desde el punto de vista legal y lo que pasa en el derecho comparado. Considero que en el Parlamento tenemos una carencia con relación al conocimiento de los temas ambientales. Viene alguien y nos plantea: «El fracking destruye todo» y ahí salimos todos atrás; viene otro y nos dice: «Con el agua está pasando tal cosa» y otra vez salimos todos atrás de eso. Nos falta alguien que haga un seguimiento e informe a los legisladores sobre lo que realmente está pasando con el medioambiente. En Nueva Zelanda hay un comisionado parlamentario para el ambiente al igual que nosotros lo tenemos para las cárceles. ¡Vaya si salíamos desesperados los legisladores, cada vez que había un motín o un muerto en las cárceles, a ver qué había pasado, hasta que un día creamos la figura del comisionado parlamentario para las cárceles! Hoy ese cargo lo ocupa una persona de confianza de todos los parlamentarios y de todos los partidos, que es independiente, que hace un seguimiento y nos brinda información en base a la cual nosotros podemos actuar y tomar medidas, y eso nos ha dado tranquilidad.
Pues bien, es necesario que tengamos un comisionado parlamentario para el medioambiente que, como el de Nueva Zelanda, se dedique al seguimiento de este tema sin sustituir a la Dinama ni a nadie, de la misma forma en que el comisionado parlamentario para las cárceles no sustituye al Ministerio del Interior ni a la Dirección Nacional de Cárceles. En ese sentido, hay un proyecto de ley radicado en la Comisión de Medio Ambiente que quizás podamos aprobar el año que viene, lo que nos permitirá recibir la información de primera mano: de un técnico. En mi opinión, este es un tema vital para el Uruguay para que no pase como hasta ahora, que un día vienen a plantearnos lo que pasa en la cuenca del río Negro; otro, lo que ocurre con las algas en las lagunas del este o con las tortugas y todos seguimos sin tener realmente el conocimiento necesario para saber qué hacer y sin poder hacer el seguimiento que corresponde. Pienso que la situación lo amerita. Quizá ese comisionado parlamentario –como Jan Wright, en Nueva Zelanda– nos proponga lo que hoy estamos haciendo: aprobar la moratoria y realizar estudios científicos independientes, lo que nos va a dar garantías a todos.
El caso de Sudáfrica es muy interesante, prohibió el fracking en la región de Karoo y en el resto del país está autorizado. Estableció la prohibición porque en dicha región consiguieron que se instale el mayor radiotelescopio del mundo, el SKA, pero como no puede soportar actividad sísmica, una de las exigencias para su instalación fue que se prohibiera el fracking.
En Alemania se han puesto de acuerdo para no autorizarlo, pero no está prohibido, y en Estados Unidos están llevando adelante una cantidad de regulaciones que no voy a detallar para no aburrir al Senado.
Pienso que este proyecto de ley –que no es exactamente igual al que presentamos, porque nadie hace iniciativas perfectas y las modificaciones que se le introdujeron son correctas– sigue el camino lógico y sensato que debemos tomar como país: establece una moratoria, que nos protege de cualquier acción legal, y crea una comisión que va a juntar la información. Nosotros proponíamos una moratoria de cinco años y acá se habla de una moratoria de cuatro, pero considero que está bien; es un avance. Hay quienes sostienen que habría que prohibirlo ahora, pero me pregunto si tenemos toda la información para hacerlo. No la tiene Estados Unidos, no la tiene Francia, no la tiene Gran Bretaña, pero acá decimos: prohibámoslo para siempre, sin tener la información. ¿Parece lógico? No. Prohibámoslo por cuatro años, juntemos la información y, soberanamente –aunque, como he adelantado, no voy a estar–, si la información indica que el fracking causa daño, el próximo Parlamento establecerá la prohibición hacia el futuro. Por el contrario, si la comisión manifiesta que no causa daño o que hay que regularlo, soberanamente, ese Parlamento lo hará o no prorrogará la moratoria.
Con todo el cariño que le tengo a la senadora Aviaga –que sé que es mutuo– no voy a acompañar su propuesta, en primer lugar, porque me parece que hay que valorar lo que estamos logrando. Hasta hoy estaba permitido; pues bien, ahora logramos prohibirlo por cuatro años. ¡Vaya si es un avance! Más aún, si alcanzamos a reunir la información para poder tomar una mejor decisión. Pienso que esta decisión es buena, no creo que sea un «peor es nada».
A mi juicio, es un avance, pero un gran avance, que pone al resguardo al Uruguay y nos permitirá tener información para tomar mejores decisiones. Además, la toma de decisión no se deja librada al Poder Ejecutivo de turno, sino al próximo Poder Legislativo, que es el que dicta las leyes y las aprueba. Es ese nuevo Poder Legislativo el que dirá «se prorroga o no se prorroga la moratoria». Alcanzará con que se incluya en una rendición de cuentas o en un presupuesto, al final del inciso Ministerio de Industria, Energía y Minería –dentro de esos artículos que pocos leen–, una norma que establezca algo así como: «Prorrógase lo dispuesto por la ley tal y cual por cuatro años más», porque el informe técnico lo indica, y ya está.
En cuanto a la redacción sustitutiva propuesta, no estoy de acuerdo con ella porque establece que se prohíbe por cuatro años, pero sin perjuicio de lo dispuesto en el literal G), del artículo 5.º. Eso se traduce como que se prohibiría por cuatro años, pero luego se dice que sin el informe no se podrá levantar la referida prohibición. No lo comprendo porque si se prohíbe por cuatro años eso no significa levantar la prohibición, sino prorrogarla. Igualmente, esa es una cuestión de técnica legislativa que no hace a la cuestión. Entendemos el concepto de lo que se quiere lograr; no lo compartimos.
En síntesis, señora presidenta, consideramos que este es un muy buen proyecto de ley. Cuando esta norma se apruebe será incluida en las agencias de noticias que informan sobre el mercado y las empresas vinculadas con el fracking. También estará en los informes de los operadores de bolsa de Australia, donde cotiza la empresa que está en nuestro país y, obviamente, los accionistas y el público van a saber que sus expectativas de ganancias serán menores porque hay una moratoria y un estudio en curso. Por supuesto, esto va a resguardar al Uruguay de cualquier acción futura. ¡Qué lástima que esta medida no se tomó en 2011, cuando esa empresa todavía no estaba haciendo exploración, pero, bueno… todavía estamos a tiempo!
Por todos esos motivos, vamos a acompañar el proyecto de ley y no los artículos sustitutivos presentados.
SEÑOR PARDIÑAS.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que viene –sin lugar a dudas– como consecuencia de un debate que se está dando en la sociedad en torno a esta herramienta utilizada en la explotación de hidrocarburos. Pero también se está avizorando que en nuestro país hemos avanzado fuertemente –luego de muchos años sin decidir investigar– en el conocimiento de un recurso natural, respecto a su volumen o, incluso, su existencia en nuestro territorio. Entonces, que nuestro país haya comenzado a evaluar la posibilidad de encontrar recursos de hidrocarburos y de conocer su potencial, ha sido una transformación que nos permite contar con elementos para diseñar políticas a futuro, justamente, políticas de largo plazo que muchas veces entendemos necesario concebir. Evaluar la existencia y el potencial de los recursos energéticos del país es necesario para la construcción estratégica de largo plazo. Justamente, vinculo esto con uno de los aspectos que acá se han referido: que este proyecto de ley no tiene una mirada de largo plazo porque establece una moratoria de cuatro años. Creo que no es con esa mirada que lo tenemos que analizar, sino al revés: es pensando en la perspectiva de largo plazo que establecemos una moratoria, por un tiempo determinado en el cual se van a cumplir ciertas actividades. ¿Cuál es el largo plazo? El largo plazo implica no cerrar las puertas al desarrollo y al avance de la tecnología, no cerrar las puertas a las necesidades de conocer y utilizar recursos naturales que tenga nuestra población, todos los recursos, y en primer lugar, hidrocarburos y el agua. Me parece que esto está inserto en esa mirada tendiente a construir políticas de largo plazo y hay que establecer la moratoria durante cierto período en el cual necesitamos adquirir conocimiento para poder avanzar.
¿Por qué, a su vez, creo que esto sintoniza con lo que hoy ocurre en el mundo? Porque realmente esta tecnología, al igual que otras –el señor senador Bordaberry acaba de mencionar ejemplos–, está avanzando y modificándose paulatinamente. Y muchas de esas modificaciones no están pensadas para obtener mayor rendimiento en la extracción del gas o del petróleo no convencional, sino que hoy en día apuntan fuertemente a la preservación ambiental. ¿Por qué? ¡Porque es lo lógico! Es lógico que la sociedad reaccione ante una tecnología que ha generado problemas en algunos lugares, y eso obliga, tanto a los científicos como a quienes explotan estos recursos, a emprender acciones tendientes a minimizar impactos. Si no hay inteligencia en el desarrollo de la tecnología –inclusive, por quienes la utilizan–, a la larga puede suceder que no sea posible utilizarlas más y que la prohibición establecida en algunos países se vaya generalizando en otros.
Por eso, el desarrollo del conocimiento tecnológico está haciendo que esta tecnología se modifique, se amplíe y –sin lugar a dudas– avance en la perspectiva de la protección ambiental, pero también nos permite conocer con mayor exactitud la estructura de nuestro suelo rocoso –con diferentes mecanismos tecnológicos–, y saber qué es lo que hay dentro aunque no lo estemos mirando, cómo es su comportamiento, qué tipo de rocas tenemos, cuál es la riqueza mineral aunque no la estemos observando directamente. Por ejemplo, hoy los estudios microsísmicos permiten obtener una estimación en 3D de lo que pasa en una estructura rocosa.
¡Así es el mundo del desarrollo tecnológico y, por ende, tenemos que contemplarlo! Para incluirlo, es preciso tener un tiempo de moratoria durante el cual esta tecnología no se aplique en el país porque, justamente, debemos aprovechar que estamos en la etapa de exploración. No estamos en una fase en la que podemos pensar: tenemos el recurso y hay que explotarlo. ¡No! Hoy Uruguay sigue transitando una etapa de exploración de los recursos a base de hidrocarburos.
Me parece, sí, que tenemos que afianzar el desarrollo del conocimiento propio, y el funcionamiento pleno –está recogido en el proyecto de ley– de las garantías constitucionales que rigen los temas medioambientales. El artículo 47 de la Constitución nos obliga a que este tipo de acciones pasen por un involucramiento de la sociedad, no solo a través de las audiencias públicas, sino también haciendo fluir el conocimiento que pueda obtener esta comisión especializada que el proyecto de ley crea. Considero que ese aspecto es importante y estamos tratando de aplicarlo al aprobar esta ley.
Por otra parte, señora presidenta, no comparto determinadas actitudes, pero cada país resuelve lo que quiere hacer. ¿Por qué hay siempre un manto de cuestionamiento a esta tecnología de fractura hidráulica, o por qué se generan a veces resistencias tan fuertes? Y bueno, porque Estados Unidos –que es el país donde más se utiliza– tiene normativas específicas sobre los temas ambientales que no se aplican a la actividad petrolera. ¡No se aplican! Entonces, pese a que tiene una institucionalidad que analiza y estudia las consecuencias derivadas de la explotación de recursos a base de hidrocarburos –contaminantes, con verificaciones concretas de contaminación que, inclusive, llevan a prohibir la actividad en determinados pozos petroleros o de gas, como recién refería el senador Bordaberry–, sin embargo, al sector de los hidrocarburos no se le exigen todos los términos que, en general, rigen la normativa medioambiental en los Estados Unidos.
Estas contradicciones son las que generan, en otros países, reacciones: «Esto es malo» o «Es tanta la protección que tiene en Estados Unidos la industria petrolera, que vamos a ponerle freno, cosa que a nuestro país no llegue».
En principio, creo que en naciones como la nuestra no debemos negarnos, por lo menos, hasta no conocer realmente cuáles son los recursos existentes en materia de hidrocarburos o si se pueden catalogar como convencionales o no. ¿Por qué se autoriza la prospección y la exploración para convencionales y no convencionales? ¡Porque queremos saber en qué situación están! Después evaluaremos si autorizamos su explotación o no.
Por eso, señora presidenta, creemos que es bueno que se haga este avance y se siga debatiendo sobre la necesidad que tiene el país de saber cuáles son sus riquezas minerales. Y consideramos necesario, importante y significativo seguir trabajando por tener un medioambiente protegido, en el cual las normas se apliquen, y que lo hagamos con inteligencia, evaluando las situaciones. Me parece que esta normativa va en esa línea de acción, que –reitero– para nuestra fuerza política y para el Gobierno es sustantiva. Nosotros creemos que es necesario tener políticas públicas de protección ambiental y seguir desarrollándolas con conocimiento de la tecnología, siempre desde la perspectiva de proteger el medioambiente.
La protección del medioambiente también implica que el progreso debe traer aparejado trabajo para la gente, que permita su inserción social. En función de eso, no podemos negarnos a ninguna perspectiva, a priori, de desarrollar innovación ni, sobre todo, a la posibilidad de obtener áreas de producción que hoy no existen en este país. En esa línea, creemos que aprobar este proyecto de ley genera una herramienta con la que Uruguay se posiciona bien en torno a estos temas, que son muy discutidos, que a veces están fuertemente condicionados por la propaganda o los clichés que nos llegan desde otros países, pero también debemos construir, ¡con soberanía!, nuestro posicionamiento. Y este proyecto de ley creo que apunta a eso.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: simplemente quiero decir algo a modo de complemento, en virtud de que aquí se ha hablado sobre el acuífero Guaraní.
A mi modo de ver, este proyecto de ley reúne virtudes y es muy bueno, precisamente, tomando prevenciones porque el fracking se estaría realizando sobre la parte uruguaya del acuífero Guaraní. Primero que nada, hay que recordar que este acuífero tiene 1:175.000 km2. El 70 % de sus miles y miles de kilómetros cuadrados le corresponde a Brasil, el 20 % a Argentina, entre un 5 % y un 6 % a Uruguay –es decir, está en tercer lugar– y un 3 % a Paraguay.
Hay que decir –porque se aludió muy al pasar el tema del acuífero–, precisamente, que en el primer gobierno del Frente Amplio el conflicto sobre el tema del acuífero Guaraní –en simultáneo con todos los otros que teníamos en la región– se encapsuló, pero se siguió trabajando a nivel de las Cancillerías para llegar al acuerdo. En realidad, los países que están sobre el acuífero tienen soberanía plena en esas aguas subterráneas. Entonces, se llega a un acuerdo multilateral, precisamente para dar una supranacionalidad al dominio de todo ese bien acuífero.
Eso es muy importante, pero sucede que no está en vigor. Uruguay ya cumplió y creo que también Argentina –como dijo la señora senadora Aviaga–, pero Brasil creo que no lo ha aceptado todavía ¡y tiene el 70 % del acuífero! En mi opinión, el Senado, que es responsable también de gobernar, tendría que llamar –a una sesión constructiva o a una reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales o de la Comisión de Medio Ambiente– al canciller Nin Novoa para que se intente incluir este tema en la próxima reunión cumbre del Mercosur, a efectos de ver los avances que ha tenido en los demás Parlamentos.
Uruguay signó un acuerdo –que terminó siendo la Ley n.º 18913– que, a mi modo de ver, es ventajoso por ser el primer instrumento que trataba de darle un Gobierno supranacional. Como muy bien decía el senador Bordaberry, este tema de la información es vital. A tal punto es así, que en los artículos 8 y 9 del acuerdo sobre el acuífero Guaraní precisamente trata eso, al decir: «Las Partes procederán al intercambio adecuado de información técnica sobre estudios, actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní». Y así siguen varios artículos más, refiriendo al intercambio de información.
Al mismo tiempo, en el artículo 15, se dice: «Se establece,» –algo que es fundamental que entre en vigor y por eso es importante que los otros Parlamentos de la región lo voten– «en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata, y de conformidad con el Artículo VI de dicho Tratado, una Comisión integrada por las cuatro Partes, que coordinará la cooperación entre ellos para el cumplimiento de los principios y objetivos de este Acuerdo. La Comisión elaborará su propio reglamento».
Creo, señora presidenta, que esta parte sobre el tema del acuífero ha ido lento, pero Uruguay puede sumar el nuevo elemento de esta ley de fracking –que estamos votando hoy– que marca claramente la tendencia del país en cuanto a la preservación y el cuidado del medioambiente, fundamentalmente –como muy bien se ha dicho aquí– en cuanto a las aguas del acuífero, que son fundamentales para el desarrollo futuro del Uruguay.
Por eso digo que este proyecto de ley es bueno y que hay que votarlo afirmativamente. Pero, además, pienso que deberíamos continuar con el tema, en la comisión que sea –la senadora Aviaga se está especializando en el tema; lo bien que hace–, y mantener una reunión en buenos términos con el canciller para profundizar en esto y, al mismo tiempo, que el país siga insistiendo ante sus socios de la región a efectos de que definitivamente cobre vigor el acuerdo sobre el acuífero Guaraní.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora senadora.
Simplemente, quiero dejar constancia de que, a pesar del sustitutivo que presentamos, vamos a acompañar este proyecto de ley en el entendido de que, realmente, en la región esto va a significar un avance en materia de derechos.
La razón por la que hemos presentado el proyecto sustitutivo es que en el literal G) del artículo 5.º del proyecto se expresa: «Elaborar, cada cuatro años, para su presentación al Poder Ejecutivo, antes del vencimiento del plazo de la prohibición prevista en el artículo 1.º de la presente ley, un informe de evaluación final sobre el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) o la continuidad de la prohibición dispuesta por la presente ley». Hemos propuesto agregar en este literal que sea a través de una ley dictada por este Parlamento que se establezca si se sigue o no con la prohibición o con la moratoria. Esto no se especifica en el artículo y creemos que es fundamental que dentro de cuatro años, a pesar de que el informe sea elevado al Poder Ejecutivo, también se eleve al Poder Legislativo, y sea aquí donde se decida si se continúa o no con la moratoria.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: esta es una buena ley, primero porque durante cuatro años no se pueden dar permisos para esta actividad, con esta técnica; y, segundo –lo más importante–, porque se va a producir un informe que va a determinar lo que harán los Poderes Ejecutivo y Legislativo al respecto.
Si tuviéramos una ley de un solo artículo que hablara de la prohibición y no se creara esta comisión que estudiara todo lo referente a esta técnica –porque la estamos prohibiendo–, no me quedaría nada tranquilo. Sinceramente, cuando se prohíbe y no hay estudios que avalen lo bueno o lo malo de una tecnología, lo que ocurre es que un día cambia el Gobierno y la habilita, y una vez que sucede eso, no hay marcha atrás. Entonces, para mí es mucho más importante esta suspensión y el estudio, que la prohibición. En ese sentido, creo que se hace bien en ir por este camino.
Ahora bien, lo que estamos tratando es de cuidar el medioambiente. Y yo no quisiera que en esta sesión, cuando hablamos de medioambiente, estemos preocupados por una tecnología cuando, en realidad, la preocupación no es que se extraiga petróleo de tal o cual forma –por supuesto que hay formas peores y mejores–, sino que el problema es el petróleo. ¡Quemamos millones, millones y millones de barriles por día! Hemos estado en ciudades en las que hemos visto automóviles automáticos, con aire acondicionado y demás, guiados por una sola persona, transitando a velocidad de peatón –porque esas ciudades están absolutamente colapsadas– y que gastan muchísimo petróleo. Ese es el problema que tenemos. Y la humanidad, que ahora va a toda velocidad, está preocupada porque el petróleo se acaba, no porque perjudique el medioambiente. Ese es el gran tema.
Fíjese, señora presidenta, que nosotros hemos sido destacados a nivel mundial por tener energía eléctrica renovable, cuando sabemos que hay otros países que están quemando petróleo para tener energía eléctrica. Sin embargo, la otra mitad de la economía, la economía móvil, se mueve por petróleo, ¡es decir que Uruguay sigue quemando petróleo! Mientras el mundo queme petróleo, no hay prohibición que valga. El día que se necesite más petróleo, porque no lo sustituimos, todos los países que tienen prohibiciones –como los que se han mencionado–, ¿lo van a aguantar? ¿Lo harán a USD 100, a USD 200 o a USD 300 el barril? ¿Y en qué momento algunos dirán «me paso»? Porque, además, otros países van a contar con esta tecnología y nosotros vamos a estar comprando el petróleo que se produce con ella.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- El tema de los motores a combustión es mucho más actual –como bien lo está diciendo el señor senador Michelini– de lo que nos imaginamos. Uno de los países productores de petróleo, como Noruega, acaba de prohibir la fabricación y la circulación de automóviles con motores a combustión a partir del año 2030, y se pasó a los eléctricos.
En la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios se presentó un proyecto de ley que busca llevar a Uruguay a esa situación: prohibir la importación y la fabricación a partir de 2030, y la circulación a partir de 2035. Francia lo acaba de hacer y las principales empresas automotrices europeas ya están anunciando que van a dejar de producir automóviles con motores a combustión.
El señor senador De León y quien habla estamos trabajando, justamente, a partir de la propuesta de la prohibición de los automóviles a combustión, en todo lo que es la movilidad, porque ya no se trata solamente de autos eléctricos o motos eléctricas, sino que también hay tractores eléctricos. La gran revolución no es solamente el motor y la generación de electricidad; es la batería de litio que hoy carga mucho más que las baterías tradicionales. El gran tema de los vehículos a electricidad es su autonomía, que en un principio era de entre setenta y cien kilómetros. Sin embargo, hoy existe un avión que da la vuelta al mundo; en la actualidad, los autos que se venden en plaza, en Uruguay, tienen una autonomía de casi quinientos kilómetros. El gran tema es la recarga, que es el mismo problema que teníamos con los celulares; recuerden que había que cargarlos durante toda la noche, pero hoy con un poco más de una hora, ya los recargamos.
Adaptar el Uruguay a ese mundo que se vendrá dentro de diez años –tal vez menos– es vital, porque mientras tanto estamos metiendo USD 500:000.000 en la refinería de La Teja para los motores a combustión. El negocio de Ancap hay que remodelarlo y reducirlo, porque el 50 % de ese mercado de los motores de combustión –a mi juicio, mucho más– se lo va a comer la energía eléctrica, ¡se lo va a comer! En definitiva, la gran gananciosa va a ser la UTE. Tenemos un excedente –por sobrecompra– en materia de energía eléctrica y, por ende, plantear estos temas, como lo está haciendo el señor senador Michelini, me parece vital.
Haríamos un gran bien al Uruguay de los próximos diez o quince años si aprobáramos una ley que pusiera un mojón sobre este tema, porque ese autito con motor a combustión, de USD 7000 u USD 8000, que compra el uruguayo de hoy, dentro de diez años no va a valer nada porque la Ancap va a tener que redimensionarse e invertir en otro lado. El negocio de la distribución de energía eléctrica va a cambiar porque no solamente se usará en los hogares sino también en la vía pública para que la gente se conecte y pague. ¡Hay tanto para hacer! A veces lo urgente nos quita el foco sobre lo importante, y me parece que esto es muy importante.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Michelini.
SEÑOR DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador De León.
SEÑOR DE LEÓN.- Simplemente para complementar, quiero decir que estamos tratando el tema del fracking porque hay una decisión multipartidaria de avanzar en temas como el petróleo y las energías renovables a partir de la política de Estado que empezó a promoverse en 2005 y que ha contado con el apoyo de todos los partidos políticos. Es importante destacarlo porque, si no, no estaríamos discutiendo estos temas, lo que es muy bueno.
Con respecto a la prohibición, tengo un matiz. Como creo que frente a un problema no hay que prohibir –por eso coincido con este proyecto de ley–, no estoy de acuerdo con que haya que prohibir los motores a combustión. Lo que sí creo que hay que hacer es promover, en base a las disponibilidades energéticas y a las diversas formas de energía que hay en el país, alternativas tecnológicas que nos permitan diversificar el futuro parque automotor que Uruguay debe tener. Obviamente, esto no se hará eliminando todos los vehículos a combustión ni pensando que vamos a tener un país 100 % eléctrico desde el punto de vista del transporte. Para eso hay que tener en cuenta todo el trabajo que el país viene desarrollando en prospectiva, desde el punto de vista de la institucionalidad, con relación a qué parque automotor y qué tipo de transporte vamos a tener en los próximos treinta años en base a las nuevas energías.
Por lo tanto, simplemente quería aclarar que, más allá de que compartimos la promoción de la disponibilidad eléctrica como una muy buena alternativa para los vehículos, los trenes, etcétera, el matiz está en no partir de la base de la prohibición de lo que hoy es importante –lo es y lo seguirá siendo por muchos años más– no solo en Uruguay sino en la mayoría de los países del mundo; me refiero a los motores a combustión.
SEÑOR MICHELINI.- Los señores senadores Bordaberry y De León –más ansiosos que yo– se adelantaron, porque los iba a nombrar para decir que el problema –a pesar de que este proyecto de ley sea muy bueno– no es cómo se extrae el petróleo sino cómo lo quemamos todos los días, y que en eso hay que trabajar. Les iba a dar un impulso o a ofrecer mi ayuda para poder avanzar en el tema energético de los autos, los camiones y los ómnibus, pero en la medida en que ingresaron al tema –como lo mencioné, los obligué a salir– quiero hacer algunas acotaciones.
En primer lugar, más allá de lo que hayan costado los cambios en Ancap, ellos fueron absolutamente necesarios. Hoy la refinería estaría obsoleta y no podríamos vender un solo litro de combustible si no se hubiesen efectuado las modificaciones que se hicieron.
En segundo término, si hoy pasáramos todos los autos a energía eléctrica, tendríamos un problema en ver cómo la generamos, porque se necesita energía firme. Si esto es así, de nada vale sacar el combustible de petróleo de los autos para después generar energía eléctrica en tierra firme con petróleo. El mundo no tiene resuelto el tema vinculado a cómo generar energía eléctrica –en la abundancia, ya hoy– sin salir del carbón y de la energía fósil, del petróleo. Es bastante complicado.
Estoy de acuerdo con el señor senador De León en el sentido de que nadie sabe para dónde van las cosas. Tal es el caso, por ejemplo, de Motorola que, a los que podían, les vendía aquellos celulares enormes que tenían conexión satelital, con una inversión que iba a ser de USD 12.000:000.000, y luego vino Nokia que, con sus bases de cercanía, terminó haciendo que esa inversión fuera obsoleta.
Nosotros deberíamos encargarnos de ese tema: de cómo seguimos quemando combustible en Uruguay. De nada vale quejarse de cómo se saca el combustible, si se sigue quemando, y, además, si seguimos quemando combustible que proviene del fracking. Esta es una actitud un poco hipócrita: por un lado, combatimos el trabajo esclavo y, por otro, compramos productos que tienen trabajo esclavo. Eso no es correcto; no vale la pena ni podemos aceptarlo.
En función de lo expuesto, creemos que con esta iniciativa se está dando un buen paso, pues es mucho más inteligente que la prohibición y, además, nos va a dar insumos para que el próximo Parlamento pueda expedirse sobre ella.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: no íbamos a hacer uso de la palabra en el día de hoy, pues las intervenciones de varios señores senadores representan en parte lo que pensamos al respecto. Quizá la opinión que tengamos del tema sea mucho más integral.
Yo no soy opuesto ni defensor férreo de ninguna de las hipótesis que se manejaron aquí; creo que, de por sí, las técnicas no son ni buenas ni malas, sino que muchas veces dependen de la forma cómo se implementen.
Considero que este proyecto de ley, tal como fue presentado –luego de algunos antecedentes de proyectos del Partido Nacional que se impulsaron en la Cámara de Representantes y otros aquí, en el Senado, por parte del señor senador Bordaberry–, da una solución que, a nuestro juicio, es bastante garantista y seria, por cuanto genera una moratoria a la fractura hidráulica. Además, ello nos permite ponernos a estudiar, en el ámbito de una comisión multidisciplinaria y muy bien integrada por todos los actores, lo que tiene que ver con el avance tecnológico. No podemos negarnos a analizar el tema del avance tecnológico; después veremos pero, mientras tanto, esta moratoria que, en realidad, utiliza la palabra «prohibición», nos da garantías a todos, no solo a este Gobierno, sino a los dos primeros años del siguiente.
Quería dejar algunas constancias porque algún señor senador preopinante hizo referencia a ciertas inversiones que se hicieron en Ancap. Todos estamos de acuerdo con que había que hacer algunas inversiones en forma necesaria…
SEÑOR MICHELINI.- Yo no saqué el tema; lo hizo el señor senador Bordaberry.
SEÑOR DELGADO.- No es mi intención reeditar la discusión, pero que había que sacarle azufre a los combustibles era necesario. Ahora bien, a mi juicio, fue sobredimensionado, porque salió mucho más caro de lo previsto: empezó en USD 80:000.000 y terminó en USD 417:000.000. Además, voy a dar la información de que se utiliza solo el 20 % de la planta desulfurizadora en la refinería de La Teja.
SEÑOR DELGADO.- No, escúcheme. En realidad, este tema no lo introdujimos nosotros, sino que hicieron referencia a él…
–No quiero dejar pasar algunas afirmaciones sin contar toda la verdad y todo el relato.
SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto, cuando termine.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Por favor, no dialoguen.
SEÑOR DELGADO.- Al final, se hizo referencia al futuro vinculado a los autos a energía eléctrica. Creo que al respecto existe una experiencia muy embrionaria de la UTE. El mundo va hacia ahí y, en realidad, el Uruguay viene bastante retrasado en este tema.
Yo, que fui un defensor de esta política de Estado –porque participé de ella y la convalidé, por entender que fue de las pocas buenas noticias que hubo hace poco tiempo al generarse un acuerdo marco en materia de política energética para el 2020, lo cual fue firmado por todos los partidos políticos–, creo que, analizándola en perspectiva, nos faltó hacer mucho más hincapié en el desarrollo de la locomoción o del transporte vía eléctrica, porque se menciona pero, en realidad, no está detallado como se debiera o como avanzó en otros lugares del mundo. Ello tiene que ver con políticas impositivas y con capacidades logísticas pero, sobre todo, con un Estado liderando una dirección en cuanto al uso de la energía eléctrica como motor de locomoción, ya sea en autos eléctricos o en transporte colectivo.
Me parece que sobre el tema de la energía eléctrica deberíamos ponernos a discutir rápidamente. Mientras tanto, esta es la realidad que influirá en el precio internacional del petróleo, en el precio de las energías renovables y en una cantidad de canastas de commodities que, en materia energética, determinan la oportunidad o el costo de oportunidad de usar cierto combustible de un origen u otro.
Coincido con el señor senador Michelini en el sentido de que se da la siguiente paradoja: el Uruguay tiene algunas prohibiciones pero, en realidad, muchas veces utiliza insumos –como, en este caso, la energía– sin la trazabilidad necesaria. Acá tenemos la prohibición de utilizar energía eléctrica de origen nuclear, y sin embargo, cuando importamos energía eléctrica, no medimos su trazabilidad y muchas veces viene de Argentina, país en donde está permitida la generación nuclear de energía eléctrica. Con el petróleo va a pasar lo mismo: vamos a tomar una moratoria por cuatro años –que compartimos–, pero cuando tengamos que comprar petróleo, muchos de los países a los que Uruguay le compra utilizan esta metodología, ya sea por el tema del shale gas, del shale oil o porque la tecnología avanzó hacia formas no convencionales de exploración de los hidrocarburos.
SEÑOR HEBER.- ¿Con Michelini coincidió?
SEÑOR DELGADO.- Sí, coincidí con el señor senador Michelini. ¡El señor senador Heber no está muy conforme con la coincidencia!
–Ese es un dato de la realidad y, a la vez, una paradoja: nosotros tomamos una decisión, pero la realidad es siempre más fuerte y la necesidad mucho más fuerte que la realidad. Es obvio que no podemos trabajar ni operar sobre ella –si no, nos estaríamos atando de pies y manos–; por eso, debemos ir camino a una política de Estado a impulso de las vías de locomoción a energía eléctrica. Uruguay está muy retrasado en este tema; no hay una política de estímulo ni de incentivos tributarios para generarlo y hacerlo más barato. Hoy no solo tenemos problemas logísticos de carga, sino también una cantidad de adicionales impositivos que muchas veces hacen que la importación de este tipo de vehículos sea casi prohibitiva.
Con respecto a este proyecto de ley, más allá de las aspiraciones que hubo por parte del Partido Nacional –me consta que la señora senadora Aviaga es una estudiosa del tema, militante de siempre y no de ahora; lo aclaro porque hay mucho oportunismo político y le reconozco a la senadora una convicción muy profunda y mucha coherencia ideológica en este tema–, vamos a acompañar esta iniciativa, al igual que lo hicimos en la Cámara de Representantes, donde se terminó votando por unanimidad, incluso con el voto de algunos señores representantes que querían una prohibición permanente, quienes rectificaron su votación para que saliera con la señal política de apoyo de todos los partidos. Desde ya adelanto que vamos a proponer el desglose del artículo 1.º y del literal G del artículo 5.º –que no vamos a acompañar– en tanto hemos presentado textos sustitutivos, tal como anunció la señora senadora Aviaga en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios integrada con la de Medio Ambiente.
Reitero que votaremos este proyecto de ley, que creo que está bien logrado, de una manera sólida y seria, y que genera una moratoria a este Gobierno pero también involucra los dos primeros años del próximo. Asimismo, se crea una comisión de estudio para evaluar la evolución técnica de las buenas prácticas en el uso de tecnología de explotación de hidrocarburos.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, con excepción del artículo 1.º y del literal G del artículo 5.º, cuyo desglose fue solicitado por el señor senador Delgado.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar la moción formulada.
En consideración todo el articulado, con excepción del artículo 1.º y del literal G del artículo 5.º.
Léase el texto sustitutivo del artículo 1.º.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1.º (Prohibición).- Prohíbese por un período de 4 (cuatro) años, a partir de la entrada en vigor y sin perjuicio de lo dispuesto en el literal G del artículo 5 de la presente ley, el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales».
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1.º tal como viene de comisión.
–19 en 25. Afirmativa.
En consideración el literal G del artículo 5.º.
Léase la propuesta sustitutiva para este literal.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «G) Elaborar, cada cuatro años, para su presentación al Poder Ejecutivo, antes del vencimiento del plazo de la prohibición prevista en el artículo 1.º de la presente ley, un informe de evaluación final sobre el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) o la continuidad de la prohibición dispuesta por la presente ley.
Sin dicho informe no podrá levantarse la referida prohibición, lo cual se hará por ley».
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal G del artículo 5.º tal cual vino de comisión.
–20 en 26. Afirmativa.
SEÑOR MIERES.- Muy brevemente, quiero manifestar que hemos votado el proyecto de ley tal como venía de comisión porque nos parece que la propuesta es equilibrada y toma en consideración la evolución eventual de las tecnologías en esta materia. Por lo tanto es razonable plantearnos hoy una moratoria con un plazo, que se prorrogará si efectivamente hay motivos para hacerlo una vez que este transcurra. No nos parece que sea bueno cerrar las posibilidades que luego implican una modificación legislativa. Aquí hubo un estudio en profundidad, hubo preocupación por el cuidado del ambiente y, en definitiva, el resultado de este proyecto de ley –que como Partido Independiente también acompañamos– es el mejor posible, ya que habla de una mirada con responsabilidad y en profundidad de un asunto que, ciertamente, es muy relevante. Algunos señores senadores que han estudiado más a fondo el tema han dicho que esta iniciativa va en la dirección correcta y es compartible.
Por esas razones hemos acompañado el proyecto de ley en su versión original.
SEÑOR DELGADO.- Con las disculpas del caso, antes de fundar el foto, solicitamos que se reconsideren el artículo 1.º y el literal G del artículo 5.º, porque al no ser aprobados los textos sustitutivos presentados por la señora senadora Aviaga, con la firma de los senadores del Partido Nacional, creo que sería una buena señal que el proyecto de ley fuera aprobado integralmente con el voto de todos los partidos.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar si se reconsideran el artículo 1.º y el literal G del artículo 5.º.
En consideración nuevamente el artículo 1.º del proyecto de ley venido de comisión.
En consideración nuevamente el literal G del artículo 5.º del proyecto de ley venido de la comisión.
19) LEY N.º 19535, DE 25 DE SETIEMBRE DE 2017
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2016. (Carp. n.º 976/2017 - rep. n.º 569/17)».
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- En discusión general.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: antes que nada queremos decir que este es un proyecto de ley que nos importa informar, que logró consenso de todos los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. A su vez, la Comisión de Hacienda junto con la de Asuntos Laborales y Seguridad Social mantuvo distintas reuniones con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, con la Unión de Exportadores del Uruguay y con el Centro de Navegación, que nuclea a las empresas que están vinculadas con la operativa de todo el espacio portuario. También se mantuvieron reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a partir de las cuales se promovieron instancias con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con la Administración Nacional de Puertos, para ver la posibilidad de una propuesta de prórroga de la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535 de 2017 –esto es lo que estaría marcando este proyecto de ley–, aprobado en la rendición de cuentas para que estos trabajadores zafrales o eventuales tengan derecho, mediante ese registro, al uso y a la aplicación del Fonasa. Esto nos permitió tener un espacio de diálogo. Debemos destacar –y lo habrán visto en la carpeta del proyecto de ley– que en la comisión también había una iniciativa para derogar este artículo. Creo que es bueno resaltar el trabajo que hicieron en conjunto la Comisión de Hacienda y la de Asuntos Laborales y Seguridad Social para buscar una salida lo más acordada posible y que pusiera sobre la mesa, por un lado, la protección de los trabajadores y, por otro, la mirada de las empresas –se produjo un debate en ese sentido– que, de alguna manera, justificaba que este artículo se prorrogara.
En esas conversaciones de trabajo se manejó la posibilidad de que tuvieran derecho al Fonasa y, a su vez, se propuso generar en el ámbito del Poder Ejecutivo una comisión lo más amplia posible, con representantes del propio ejecutivo, convocatoria que va a ser instrumentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los actores sociales y empresariales. Incluso, la comisión que integro le trasmitió al Poder Ejecutivo la voluntad de trabajar, de manera de ser convocados por ese ámbito de trabajo para participar.
En definitiva, esto nos lleva a hablar del trabajo que se va a tener que hacer a posteriori. Nosotros tenemos que pensar no solo en soluciones respecto a la atención, que son particulares y parciales, sino también –y en esto hay acuerdo entre todos los integrantes de la comisión– en un proyecto de ley más abarcativo, que contemple el tema de los trabajadores eventuales o zafrales, la protección de sus condiciones de trabajo y que tenga en cuenta a todos aquellos que tienen este régimen de actividad. Apostamos a que desde esa comisión se puedan elaborar elementos para trabajar en esa lógica.
Esta normativa debe asegurar esa protección, pero como decíamos antes, se debe trabajar hacia el futuro para garantizar una ley que abarque a todos estos trabajadores eventuales y zafrales. De esa manera, se plantea dar la posibilidad al Poder Ejecutivo de que si no le dan los tiempos para llegar al 30 de abril de 2018 con una propuesta, pueda extenderse la prórroga hasta ciento ochenta días.
Me parece que es bueno destacar el trabajo que se realizó. A veces nos cuesta lograr acuerdos, pero en este caso fue posible gracias a las dos comisiones, al Poder Ejecutivo, a los empresarios y a los trabajadores.
Por lo expuesto, aconsejamos la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR DELGADO.- El artículo 116 de la Ley n.º 19535, de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, de fecha 25 de setiembre de 2017, establecía que las empresas prestadoras de los servicios en depósitos portuarios o extraportuarios, o en muelles o explanadas, deberán mantener una dotación de personal estable para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizando a dicho personal un mínimo de trece jornales. En caso de que se alcance ese mínimo, se considerará una remuneración no menor a 1,25 veces la base de prestaciones y contribuciones, a los efectos de asegurar su acceso a los servicios de salud.
Este artículo no vino del Poder Ejecutivo sino que se incluyó en la Cámara de Representantes, sobre las dos de la madrugada, cuando se estaba considerando la rendición de cuentas, y cuando llegó al Senado estuvimos discutiendo bastante en profundidad el tema. Recuerdo la exposición del señor ministro Rossi, quien dijo textualmente: «El artículo 116 nosotros no lo promovimos en el mensaje, tal como se dijo acá. No lo hicimos porque es un tema que tiene una historia con distintas situaciones. Estos temas también estuvieron presentes en las últimas discusiones en los consejos de salarios, han tenido idas y vueltas pero nunca se ha podido concretar una resolución de carácter general». Con esto quedó de manifiesto que fue incorporado en sala por los legisladores durante la discusión de la rendición de cuentas, en la Cámara de Representantes. Cuando vino al Senado se advirtió de esta situación después de haber recibido al Centro de Navegación, a la Unión de Exportadores del Uruguay y a varios de los operadores portuarios, según los cuales este artículo los afectaba sobremanera, ya que les aumentaba los costos en forma muy importante. Todos los partidos políticos tuvieron voluntad de revisarlo con el objetivo de tratar de asegurar la cobertura de salud, pero lo que no se podía garantizar eran los trece jornales. En aquel momento la entonces señora senadora Topolansky y quien habla manifestamos en sala que había voluntad para que una vez que se aprobara la rendición de cuentas –ya que por cuestiones políticas el Frente Amplio no tenía posibilidad de abrir la discusión en el Senado–, y antes de que este artículo entrara en vigencia, el 1.º de enero de 2018, se buscara una solución legislativa para conseguir un objetivo similar pero sin causar ese perjuicio a los operadores portuarios. La verdad es que empezamos a trabajar en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y en la Comisión de Hacienda –se recibió a todos los operadores portuarios, al Centro de Navegación, a la Unión de Exportadores del Uruguay y al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social– y vimos que la casuística de los operadores era muy diferente según el rubro de actividad en el cual trabajaran. El tema era mucho más complejo de lo que parecía; sin embargo, había algo que no estaba en discusión: el artículo, así como estaba, generaba unos costos exorbitantes que obviamente iban a encarecer el costo portuario de nuestro país, en momentos en que, además, la competitividad está bastante cuestionada. Y se manejaron alternativas. Con el señor senador Camy presentamos un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para derogar el artículo y generar una comisión bicameral de la Asamblea General con un plazo bastante amplio para estudiar la situación particular y la situación general de los trabajadores zafrales. Esa hubiera sido una solución que habría traído muchas certezas jurídicas a muchos de los que se ven perjudicados por esta ley –sobre todo con este artículo–, que todavía no entró en vigencia pero que ya fue aprobada.
La semana pasada el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social vino a la Comisión de Hacienda –en la que también estuvieron presentes miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social– a plantear una solución bastante razonable. Él había trabajado con los operadores portuarios, con el Centro de Navegación, con la Unión de Exportadores del Uruguay y con los trabajadores portuarios –que también fueron recibidos por esa comisión– y propuso que se prorrogara la entrada en vigencia –tal como lo establece el artículo 1.º de este proyecto de ley– hasta el 30 de abril de 2018, es decir que no empezaría a regir el 1.º de enero. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pidió ser el ámbito de referencia para que, con varios operadores, actores sociales, trabajadores y empresarios pudiera buscarse una solución más de fondo, lo que implica que el BPS tenga que estar en línea con esta solución porque tiene que haber compensaciones entre las altas y las bajas.
En el artículo 3.º se establecía que a partir del 1.º de enero empezaría a regir una garantía de parte de los empresarios para que los trabajadores, independientemente de los jornales que trabajen, tuvieran los aportes al Fonasa conforme a la normativa vigente o, si correspondiere, el complemento de la cuota mutual. Quiere decir que a partir del 1.º de enero de 2018, los trabajadores jornaleros portuarios y extraportuarios van a contar con la cobertura del Fonasa.
En la sesión del pasado jueves de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se discutió el proyecto de ley que habíamos presentado con el señor senador Camy, y se optó por la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la que se le hicieron pequeñas modificaciones de redacción y se le agregó un último artículo –que obviamente fue consultado– por el que se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar la fecha del 30 de abril por ciento ochenta días.
Quiero dejar en claro cuál es el espíritu de esto. Puede ocurrir que al 30 de abril esta comisión interdisciplinaria –porque también están representados los actores sociales– no haya llegado a confeccionar un informe, o que lo tenga pero que no se llegue a tiempo para aprobar un proyecto de ley, y por esa razón no queríamos generar nuevamente una discusión a fines de abril, en medio de una negociación colectiva, porque creo que el convenio colectivo de los trabajadores portuarios vence en junio o julio.
Se le dio al Poder Ejecutivo la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de lo que establece el artículo 116, y ocurrirá lo mismo si la comisión necesita más tiempo para seguir estudiando una propuesta y el Parlamento para aprobar un proyecto de ley. Es bueno que quede claro que en el caso de que se utilice la facultad que se le confiere al Poder Ejecutivo para prorrogar la fecha establecida por ciento ochenta días, los trabajadores portuarios van a seguir manteniendo los beneficios del Fonasa independientemente de los jornales trabajados. En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se llegó a esta resolución por unanimidad. Lo cierto es que este tema fue muy discutido y generó mucho nerviosismo porque, en la medida en que no se encontrara una solución, se comenzaría a aplicar la ley como está aprobada a partir del 1.º de enero. Pero con esta propuesta a la que arribamos, por lo menos ganamos tiempo para encontrar la solución de fondo –que no es esta– sin plazos que apremien, y generando las garantías necesarias para que todas las partes puedan participar y dar su opinión. No se innovó, excepto en lo que tiene que ver con el beneficio del Fonasa, que los trabajadores portuarios lo podrán tener desde el primer día.
Como estamos contra reloj, porque este proyecto de ley tiene que aprobarse en el Senado y en la Cámara de Representantes antes del 1.º de enero de 2018, vamos a acompañarlo y a tratar de que se apruebe en el día de hoy.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social acompañamos este proyecto de ley. Nos parece que lo que busca –tal como se ha señalado– es darnos tiempo para encontrar una solución satisfactoria. El origen del problema es ese artículo 116 que se votó en forma inesperada en la discusión de la Cámara de Representantes, y al llegar al Senado, como la rendición de cuentas no se abrió, quedó aprobado, y por lo tanto entraría en vigencia a partir del 1.º de enero de 2018. Obviamente lo que todos los partidos hemos registrado es que, así como está, ese artículo genera afectaciones a la actividad portuaria en su competitividad y en los costos, y al mismo tiempo, debemos encontrar una solución que preserve los derechos de los trabajadores que son el objeto de ese artículo 116.
Evidentemente, los tiempos transcurridos desde la aprobación de la rendición de cuentas hasta ahora no han sido suficientes para encontrar una solución legislativa alternativa. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es patear la pelota para adelante; esa es la realidad. Nos preocupó el plazo, porque el 30 de abril es muy exiguo.
Cuando compareció el ministro Murro planteamos la posibilidad de que el plazo fuera más extenso, pero nos manifestó que los acuerdos alcanzados no permitían una extensión mayor, y por eso es que a nivel del Poder Legislativo, en el Senado, encontramos este camino por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a que otorgue una nueva prórroga por ciento ochenta días más en el caso de que el 30 de abril no se alcance; de lo contrario, podría suceder que tuviéramos otra vez una urgencia y, en marzo, quizás, estuviéramos corriendo detrás de una nueva prórroga y de un nuevo acuerdo legislativo.
Saludamos que haya una mesa de diálogo y que se pueda encontrar –esperemos– un mecanismo que articule los dos derechos: la no afectación de la actividad portuaria desde el punto de vista de su rentabilidad y de su competitividad –porque así como está, estaría afectada, y esto lo han dicho diversos operadores portuarios; todo el sector– y, al mismo tiempo, el reconocimiento del derecho de los trabajadores con relación a los jornales y al Fondo Nacional de Salud. Estamos logrando lo posible, y obviamente hoy vamos a votar para que en el transcurrir de las próximas jornadas la Cámara de Representantes también lo apruebe y, de este modo, se convierta en ley antes del 1.º de enero, evitando así los perjuicios correspondientes.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: me han señalado que notoriamente hay un problema con el artículo 4.º en cuanto a su redacción, porque está diciendo que se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la entrada en vigencia de los artículos precedentes, pero, en realidad, los artículos precedentes ya están en vigencia a partir de que aprobamos la ley. A mi juicio, la redacción no es correcta. Es más, el artículo 3.º entra en vigencia ahora y hasta que no se derogue sigue vigente.
Creo interpretar que lo que quisieron hacer con este proyecto de ley es dar la facultad de prorrogar la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, no de los artículos precedentes. Por ello creo que habría que sustituir la expresión «la entrada en vigencia de los artículos precedentes» por «la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, hasta el 30 de abril de 2018». Pero como tampoco es hasta esa fecha porque se estaría prorrogando la entrada en vigencia de un artículo que va hasta 2018, creo que lo único que habría que establecer es «la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017» y punto. De esa manera se lograría lo que se está buscando. No sé si se me entendió.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Proponemos votar en general el proyecto, luego los tres primeros artículos y, en todo caso, hacer un cuarto intermedio de cinco minutos para encontrar una redacción definitiva al artículo 4.º, que es el que tiene problemas.
SEÑORA PASSADA.- Estamos de acuerdo con la propuesta que planteó la señora presidenta en el sentido de votar primero en general y luego los tres primeros artículos. En cuanto al artículo 4.º, debo señalar que ya le encontramos una solución que esperamos se acompañe; si no es así, discutiremos el artículo 4.º, pero creo que la solución está casi acordada.
SEÑOR DELGADO.- El artículo 4.º fue una innovación de la comisión a la que se llegó de común acuerdo y por unanimidad porque, reitero, teníamos mucho temor de que no se llegara a los plazos, se volviera a una discusión –ya se debatió bastante en la comisión– y se arribara al 30 de abril sin una solución de fondo. Además, no solo se necesita que se expida esta comisión, sino que, además, debe haber un proyecto de ley que se apruebe en ambas cámaras. Entonces, corremos ese riesgo, y para no ingresar de vuelta en la discusión podemos otorgar una cláusula gatillo al Poder Ejecutivo para que pueda prorrogar la entrada en vigencia. Obviamente, prorroga la entrada en vigencia del artículo 116 hasta el 30 de abril, tal como establece el artículo 1.º, y el artículo 4.º le da la posibilidad de prorrogarlo por ciento ochenta días más; pero no solo queremos prorrogar eso. Si la comisión no llega a una solución el 30 de abril de 2018, también queremos que se prorrogue. El espíritu de lo que se votó es que los beneficios de los trabajadores también queden prorrogados hasta tanto haya una solución integral y legal.
Por ende, señora presidenta –quizás no es la mejor redacción, pero sí se mantiene el espíritu–, proponemos que en el artículo 4.º se quite la palabra «entrada» y solamente se deje «la vigencia de los artículos precedentes».
SEÑOR MIERES.- Creo que el problema está en que se buscan dos cosas con efectos distintos, lo que no se puede resolver con una sola frase. Concretamente, estamos buscando prorrogar la entrada en vigencia del artículo 116 y, al mismo tiempo, prorrogar la vigencia de los otros dos artículos. Me parece que no hay forma de resolver esto con una sola frase, por lo que deberíamos encontrar una redacción que estableciera esa distinción. Por eso me parece bien el planteo que hizo la señora presidenta en el sentido de votar en general, luego votar en bloque los tres primeros artículos y, finalmente, tratar de encontrar una redacción satisfactoria para no terminar generando otro efecto que tampoco hemos buscado.
SEÑOR MICHELINI.- Creo que eliminar la expresión «entrada en», si bien no sería la mejor redacción tampoco perjudicaría el espíritu de la ley, porque debemos tener una solución antes del 30 de abril; de lo contrario, habrá algún mes más. Y no hace mal que el Poder Ejecutivo pueda prorrogar la entrada en vigencia de los artículos precedentes. De todos modos, para mí el artículo 3.º debería estar en forma permanente hasta que haya un proyecto de ley, que en ese tiempo se va a lograr. Me conforma la solución de la señora senadora Passada y el señor senador Delgado en el sentido de eliminar la expresión «entrada en» y dejar «la vigencia», porque evita confusiones y vamos a estar discutiendo este tema en cuatro meses o, en el peor de los casos, en seis meses, porque va a necesitar otra instancia legal.
SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR PINTADO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1.º a 3.º, inclusive.
SEÑOR BORDABERRY.- Me parece que sustituir las palabras «entrada en» no soluciona el problema porque el artículo 1.º dice «hasta el 30 de abril de 2018». Entonces, vamos a votar un artículo que va a estar vigente hasta el 30 de abril de 2018.
Por tal motivo, solicito un cuarto intermedio por el término de cinco minutos.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar.
(Así se hace. Son las 13:50).
–Léase el texto sustitutivo del artículo 4.º.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «A partir de la fecha estipulada en el artículo 1.º de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta por 180 días la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017.
Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar por el mismo plazo el ámbito de negociación y los beneficios establecidos en los artículos 2.º y 3.º de la presente ley».
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado vote el artículo 4.º tal como vino de comisión.
–0 en 22. Negativa.
A continuación, ponemos a votación el texto que acaba de ser leído.
20)	PROTOCOLOS RELATIVOS A ENMIENDAS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban los Protocolos relativos a enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, adoptados en la ciudad de Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, en el marco del 39.º Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). (Carp. n.º 915/2017 - rep. n.º 570/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: como el informe está escrito, vamos a tratar de ser bien sintéticos.
Se trata de dos protocolos sencillos que cambian algunos artículos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Precisamente, la Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de temas aéreos y aeronáuticos –tanto de la industria como de las comunicaciones–, políticas de aeropuertos, etcétera.
Los cambios que propone este proyecto de ley se podrían sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, son consecuencia del aumento de estados miembros de la OACI, que se creó en 1944 en Chicago. Uruguay adhirió a ella en 1953. De la cantidad incipiente de Estados que la integraban, hoy estamos en una situación en la que 191 miembros son parte de la organización. Para mantener los equilibrios regionales y de todo el esquema de la Organización de Aviación Civil Internacional, es necesario incrementar, tanto el número de miembros del Consejo de la organización como de la Comisión de Aeronavegación, que es muy importante.
Los protocolos establecen eso, es decir, la modificación de los artículos del acuerdo inicial y el aumento del número de miembros, tanto del consejo como de la comisión. El consejo va a pasar de 36 a 40 miembros mientras que la Comisión de Aeronavegación, de 19 a 21 miembros.
Cabe señalar que el Consejo se inició con 21 integrantes y que la Comisión de Aeronavegación tenía 12 miembros en 1944, que hoy prácticamente se han duplicado.
También como consecuencia del crecimiento, se establece que el número necesario de Estados contratantes que ratifiquen los distintos acuerdos –para que el convenio y las ratificaciones entren en vigor– es de 128 miembros. Es decir que de los 191 miembros, 128 tienen que ratificar el instrumento para que este entre en vigencia.
La otra consecuencia que esto tiene –y con esto termino mi exposición– es que el aumento de miembros, tanto del Consejo como de la Comisión de Aeronavegación permite al Uruguay, por ejemplo, garantizarse un asiento en los distintos organismos. Las regiones no están divididas en la OACI como ocurre en otros organismos internacionales. Nosotros integramos una subregión con Chile y Paraguay y nos vamos rotando con ellos para ocupar asientos, tanto en el Consejo como en la Comisión de Aeronavegación.
En la medida en que se amplía el número de miembros, hay menor competencia con todo lo que es el número general y, por lo tanto, las posibilidades que tienen el país y la región de ocupar un asiento en estos dos organismos –que son de tremenda importancia– también se incrementan.
Por todas estas razones, los integrantes de la comisión votaron por unanimidad y hoy solicitan que el Cuerpo apruebe las enmiendas a los artículos 50 a) y 56 del protocolo de la OACI, así como también las normas relativas al número de miembros que se fija para que entre en vigor el acuerdo y los idiomas en los que el secretario general tendrá que redactar las distintas resoluciones, que se ampliaron por las razones que antes explicamos.
Por estos motivos, repito, estamos recomendando la votación de estos protocolos de enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébense los Protocolos relativos a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (enmienda al Artículo 50 a) y a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (enmienda al Artículo 56) adoptados en la ciudad de Montreal, Canadá, el 6 de octubre de 2016, en el marco del 39º Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el noveno punto del orden del día: «Proyecto de ley por que se aprueba el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de mayo de 2017. (Carp. n.º 891/2017 - rep. n.º 574/17)».
Este texto, que solicitamos sea aprobado en la mañana de hoy, consta de un preámbulo y veinticuatro artículos.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que la firma de este instrumento bilateral acompaña el desarrollo progresivo de la cooperación internacional, junto con los convenios de asistencia jurídica en materia penal y traslado de personas condenadas.
Las relaciones de extradición entre los dos Estados se contemplan primordialmente en tratados bilaterales, algunos firmados hace mucho tiempo. En realidad, la Convención para la Extradición de Criminales es del año 1879 y, sin duda, requiere de su actualización porque un texto moderno no solo va a tener incluidas las nuevas modalidades criminales a nivel nacional e internacional, sino que también va a instrumentar los mecanismos adecuados de cooperación tendientes a la entrega recíproca de las personas reclamadas, para hacer viable su procesamiento o el cumplimiento de una condena ya dictada. En ese sentido, este texto cumple con esas características de modernizar el tratado.
Hay que dar cuenta de que esto fue producto de la intensificación de relaciones que se dio en este año, en particular, entre las dos repúblicas. Entre ellas, destacamos la visita que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, realizó a nuestro país a principios de este año.
El texto del tratado que actualmente rige responde a la época y, sin duda, a modalidades delictivas en desuso; allí faltan muchas de las conductas que hoy causan enorme preocupación en el mundo como el terrorismo, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y otros que no se consideran delitos políticos, cuyas manifestaciones locales e internacionales, así como su tipificación penal, datan de apenas algunas décadas.
Como decíamos, el nuevo texto representa un importante avance e incluye previsiones no taxativas respecto a los tipos de delitos que habilitan a solicitar y conceder la extradición, dando la flexibilidad suficiente para ajustarse a los tipos penales de ambas partes, que tienen sustantivas diferencias. De todas formas, se mantienen los principios esenciales en la materia, como la doble incriminación y el respeto al principio non bis in idem, por el que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
Vamos a hacer un breve detalle de los 24 artículos de este tratado. En el artículo 1.º se establece la obligación recíproca de las partes de concederse la extradición de las personas que se encuentran en su territorio respecto de las cuales exista, en la parte requirente, una medida privativa de libertad dispuesta en el transcurso de una actuación penal o por una sentencia de condena firme y en condición de ser ejecutada.
En el artículo 2.º se consagran previsiones no taxativas respecto a los delitos por los cuales se puede solicitar la extradición, dando flexibilidad suficiente para ajustarse a los tipos penales de ambas partes y rigiéndose por el criterio de la gravedad de la pena, a saber, los punibles con una pena privativa de libertad de, por lo menos, 2 años, y bajo el requisito del principio de la doble incriminación.
En el artículo 3.º se establecen los motivos de denegación obligatorios. Como principio general, la extradición no se concede por delitos políticos o como un delito conexo con un delito político. En especial, no se concederá si la parte requerida tiene fundados motivos para considerar que la solicitud de la extradición ha sido presentada a fin de perseguir o castigar a la persona reclamada por motivos de raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad u opiniones políticas; si el delito por el cual se solicita la extradición pudiera ser castigado en la parte requirente con la pena de muerte o con una pena que implique un trato cruel, inhumano o degradante; si el delito por el cual se solicita la extradición pudiera ser castigado en la parte requirente con una pena privativa de libertad a perpetuidad, salvo que esta brinde seguridades de que se aplicará una pena no mayor a la máxima admitida en la ley penal de la parte requerida; si la sentencia se hubiere dictado en rebeldía; si la persona reclamada ya ha sido juzgada por las autoridades competentes de la parte requerida y ha recaído sentencia firme; si cualquiera de las partes ha otorgado amnistía, indulto o gracia; si la acción penal o la pena estuvieren prescriptas en cualquiera de las partes; si el delito constituye un delito militar en cualquiera de las partes; si la parte requerida ha concedido en la parte requirente asilo político, refugio u otras formas de protección internacional a la persona reclamada y si la parte requerida considera que la concesión de la extradición puede comprometer su soberanía, seguridad, orden público y otros intereses esenciales del Estado o bien determinar consecuencias que estén en conflicto con los principios fundamentales de su legislación nacional.
El artículo 4.º prevé motivos de denegación facultativos. Establece que la extradición podrá ser denegada, si el delito por el cual se solicita la extradición está sujeto a la jurisdicción de la parte requerida conforme a su propio derecho interno y la persona reclamada se encuentra sometida o será sometida a procedimiento penal por las autoridades competentes de la misma parte, por el mismo delito por el que se solicita la extradición.
El artículo 5.º es de singular importancia y supone un gran avance respecto del anterior tratado y consagra el hecho de que la nacionalidad de la persona requerida no podrá ser invocada para denegar la extradición.
El artículo 6.º prevé cuáles serán los órganos y autoridades ante los cuales se presentarán las solicitudes de extradición y los encargados de su transmisión. En la República Oriental del Uruguay el órgano encargado será la Autoridad Central de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Educación y Cultura, y nos pareció oportuno –y lo adjuntamos al informe escrito– un informe de parte de la misma donde hace los énfasis que estamos haciendo en este, con relación a lo antiguo que es el tratado que nos rige hasta el momento y la necesidad de dar cuenta de las nuevas modalidades delictivas e incorporar un tratado que tenga modernidad al respecto. La contraparte en la República Italiana es el Ministero della Giustizia.
El artículo 7.º identifica la información que deberá acompañar la solicitud y a través de qué formalidades se establece la solicitud de la documentación para acompañar una traducción al idioma de la parte requerida.
El artículo 8.º prevé la facultad de la parte requerida de solicitar información complementaria, a efectos de tomar la decisión dentro de determinado plazo.
El artículo 9.º consagra aspectos vinculados a la decisión de solicitud de extradición, previendo que la parte requerida resolverá de conformidad con los procedimientos previstos en su propio derecho interno.
En el artículo 10 se consagra el principio de especialidad. Implica que la persona extraditada no podrá ser sometida a ninguna medida restrictiva o privativa de la libertad personal en la parte requirente por un delito cometido anteriormente a la entrega y distinto del que haya dado lugar a la extradición.
En el artículo 11 se regulan las condiciones de reextradición a un tercer Estado.
El artículo 12 refiere a la solicitud de detención provisional de la persona reclamada con vistas a la presentación de la solicitud de extradición y establece los aspectos formales y procedimentales de la solicitud.
El artículo 13 prevé la situación de la parte requerida que recibe solicitudes de extradición presentadas por varios Estados para la misma persona, por el mismo delito o por delitos distintos.
Los artículos 14 y 15 refieren al procedimiento y condiciones de entrega de la persona; en su caso la entrega diferida y entrega temporal. Se explicita el plazo para la entrega de la persona reclamada.
El artículo 16 establece un procedimiento simplificado de extradición, refiere a aquellos casos en que la persona cuya extradición se solicita declare consentir en la misma.
El artículo 17 consagra aspectos vinculados a la incautación y entrega de bienes a la parte requirente.
El artículo 18 regula el tránsito de una persona entregada a la otra parte por un tercer Estado.
El artículo 19 determina la forma de distribución de los gastos relacionados con el procedimiento de extradición.
El artículo 20 establece la obligación de la parte requirente, a instancias de la requerida, de brindar información posterior a la entrega.
El artículo 21 consagra el relacionamiento o cooperación en materia de extradición con otros tratados de los que ambas sean parte.
El artículo 22 prevé el deber de confidencialidad. A su vez, las partes convienen preservar la documentación y la información utilizadas en el procedimiento de extradición, conforme a los términos previstos en sus respectivas legislaciones internas.
El artículo 23 establece los mecanismos para resolver controversias que puedan surgir en la interpretación o aplicación del tratado.
El artículo 24 prevé la entrada en vigor, modificación y denuncia. Refiere que se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, inclusive cuando los correspondientes delitos hayan sido cometidos con anterioridad a dicha fecha.
Obviamente, hay casos particulares que motivaron un estudio profundo de este nuevo tratado, ya que podrían tener algún impacto que importaba que, en todo caso, informáramos al Cuerpo, aunque no parece ser esa la situación. En fin, tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo convalidar el mencionado tratado mediante la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 11 de mayo de 2017».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Educación y Cultura relacionado con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura la declaración de interés cultural a la Asociación Coral Guarda e Passa. (Carp. n.º 967/2017 - rep. n.º 576/17)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la Comisión de Educación y Cultura, en sesión celebrada el 8 de noviembre, recibió, a solicitud del señor senador Martínez Huelmo, a la Asociación Coral Guarda e Passa, primer coro no oficial del Sodre. La delegación estuvo integrada por Luis Aramís Suárez, Mercedes Araújo, Danilo Lima, Susana Bastos y Jorge Scorza.
En esta institución, que ya ha cumplido sus cien años, han surgido espectaculares artistas. Alcanza con mencionar una de sus últimas promociones, la soprano María José Siri, coronada en el teatro La Scala, de Milán, como una de las más grandes artistas contemporáneas. Dicha soprano formó parte de los cuadros de Guarda e Passa.
En el transcurso de varias décadas esta institución ha hecho mucho por la construcción de la cultura nacional y del arte en nuestro país. La aspiración de la asociación es obtener la declaración de interés cultural de parte del Ministerio de Educación y Cultura. Hace poco tiempo, consiguió la exoneración de los aportes municipales de parte de la Intendencia de Montevideo. Vale la pena recordar que en su momento, el Fonam financiaba los gastos correspondientes a maestros y directores de coro, pero un día eso se terminó.
Guarda e Passa es una asociación sin fines de lucro y sus finanzas están compuestas por los aportes de todos sus integrantes. Además, realizan eventos culturales para recaudar fondos. Cabe aclarar que esta institución, por tener personería jurídica, se encuentra registrada en todos los organismos recaudatorios que exigen aportes. Con esta modalidad de ingresos, pagan la personería jurídica y los sueldos de los maestros y pianistas. Reitero que, como han expresado las autoridades de Guarda e Passa, la asociación no tiene fines de lucro y simplemente se sostiene gracias a la cooperación de todos sus integrantes.
Por lo expuesto, solicitamos al Senado que se apruebe un proyecto de minuta de comunicación, por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura la declaración de interés cultural para la Asociación Coral Guarda e Passa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Se solicita al Ministerio de Educación y Cultura tenga a bien considerar la declaración de interés cultural para la Asociación Coral “Guarda e Passa”, por su trayectoria al servicio de la cultura nacional».
23)	LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
(Así se hace, a las 13:26, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Ayala, Bordaberry, Carrera, Castillo, De León, Delgado, Garín, Gomori, Heber, Martínez Huelmo, Michelini, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Pesce, Pintado y Xavier).

References: artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 59
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 52
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 85
 artículo 90
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 85
 artículo 168
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
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 artículo 9
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 artículo 12
 artículo 13
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 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 85
 artículo 168
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 47
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 116
 resolución 
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
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 artículo 1
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 artículo 24
in fine