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Timestamp: 2020-06-03 13:37:57+00:00

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Tarija: Superficie cultivada (En Has.) Chuquisaca: Producción Agrícola (En TM), 2000 - 2009 Inversión Pública Departamental , en Millones de Dólares, 2000 - 2009 Cochabamba: Producción Agrícola (En TM), 2000 - 2009 Bolivia: Importacion de productos agrícolas, agroindustriales y de carnes, en Dólates, 2000 - 2008
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orgánica, de una estructura legislativa especifica[1], es decir, asegurarse que haya leyes que precisen, respalden y articulen el derecho a la alimentación con programas específicos ejecutados y orientados a su concreción. La efectividad del derecho a la alimentación y a la nutrición requiere de esta implementación práctica, debiendo hacer operativo la protección y promoción de este Derecho mediante normas y medidas sectoriales concretas y precisas.
Sin embargo, el Estado en que está actualmente el reconocimiento de este Derecho, resulta todavía interesante establecer si el derecho a la alimentación y/o sus componentes están protegidos explícitamente como derechos fundamentales.
En primer lugar, un análisis de las disposiciones constitucionales, permite afirmar que se ha ampliado el catálogo de derechos fundamentales. Éste es un avance importante con respecto a la anterior Constitución, tanto a nivel cuantitativo –porque incluye casi todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales al respecto–, como cualitativo, porque incluye los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), y las obligaciones estatales que conciernen.[2]
De manera general el Artículo 13 de la nueva Constitución es muy importante en razón de ese avance, puesto que en su inciso I) establece la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, en consonancia con la Declaración de Viena de 1993. Además, señala las obligaciones estatales de promoción, protección y respeto de los derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, se debe señalar que el concepto de promoción no parece tener una fuerza normativa igual al significado habitual de la doctrinal, que es el de realización del derecho. En efecto, mientras este ultimo se entiende como el hecho de concretar o hacer efectivo un derecho, es decir, la acción de materializar un derecho a través de medidas, en cambio el término promoción parece mucho más débil, y con un alcance menor. El hecho de promover un derecho se interpreta más como intento, aspirando a hacerlo adoptar, de favorecer su desarrollo, de fomentarlo, pero sin asegurar un resultado efectivo.[3] De hecho, la voluntad de promover los derechos, que es aconsejable en el plan ético, no puede ser más que un complemento a la obligación jurídica de realizarlos, aunque de forma progresiva. En este sentido, hubiera sido adecuado incluir el término realización, del mismo modo que se procede en relación al desarrollo doctrinal en materia de Derechos Humanos. Otro elemento innovador y más positivo se encuentra en el inciso IV del mismo Artículo 13, que –leído en concordancia con el Artículo 256– proclama la supremacía de los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos sobre las normas internas, incluyendo la Constitución, lo que significa que todo derecho humano reconocido en un tratado internacional que haya sido ratificado por Bolivia debe gozar del reconocimiento del Estado y prevalecer sobre el ordenamiento legal interno.
El derecho a la alimentación está textualmente reconocido en la nueva Constitución[4], al igual que otros derechos vinculados (salud, educación, derechos de las y los consumidores, etc.).[5] Si bien existen algunos ejemplos similares (Colombia, Ecuador, África del Sur), el reconocimiento explicito del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria para todas las personas no se encuentra en muchas Constituciones del mundo. Esta nueva posición del Estado boliviano en gran medida es resultado de las movilizaciones sociales, que lograron poner en la agenda del poder político el tema, lo que demuestra un paso importante en la realización del DHAA.
Sin embargo, el Artículo 16 de la nueva Constitución no define el contenido normativo del derecho reconocido. Este Artículo hubiera adquirido mayor fuerza si en su formulación se hubiera añadido el término “adecuada”, además de especificar con mayor detalle el significado del derecho incorporado y describiendo sus varias dimensiones. Quizás en el razonamiento de los constitucionalistas primó la idea de que en una Constitución no es necesario detallar en profundidad todos sus Artículos, pues para ello estarían las normas sectoriales y especificas que complementen, precisen y concreten los derechos constitucionales. Además, es también evidente que el análisis de cada Artículo debe realizarse en concordancia con los Artículos 13 y 256 y sus características. Empero, aún aceptando la validez de estos argumentos, no deja de ser cierto que un contenido más claro y completo del derecho a la alimentación añadiría mayor valor al Artículo 16 de la nueva Constitución boliviana.
Es más, excluyendo el Artículo 16, en el resto de los Artículos pertinentes son mínimos los contenidos explícitos en materia de derecho a la alimentación y a la nutrición (de hecho, éste último no se encuentra en el texto constitucional). Es posible que para algunos especialistas que se identifican con el enfoque habitual, pero inadecuado, la nutrición adecuada se perciba como sinónimo de la alimentación, lo que conduciría a asumir que el derecho a la nutrición estaría incluido en el Artículo16. Si fuera así, es un error porque si se considera el carácter multidimensional de la nutrición, sería necesaria su consideración de forma separada de la alimentación[6]. Otra lectura posible es que el derecho a una nutrición adecuada en la Constitución pueda estar implícita a través de otras disposiciones cercanas, por ejemplo, en el derecho a la salud y a la seguridad social[7], vinculados con la maternidad segura y el derecho a asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos pre y post natal.
Por último, la única referencia explicita entre el derecho a la educación en relación con el DHAA se encuentra en el Artículo 82, que prevé programas alimentarios para los sectores estudiantiles con menos recursos económicos. No obstante, los contenidos citados quedan imprecisos y no permiten deducir con mayor claridad el derecho a la nutrición tal cual.
En conclusión, el nuevo texto constitucional expresa un avance significativo en la realización del DHAA en Bolivia, por su reconocimiento explicito. La constitucionalización del mismo es una afirmación estatal clara a favor del DHAA que merece ser subrayado, más aún cuando se conoce que pocas Constituciones en el mundo han avanzado sobre este tema. Sin embargo, este avance queda limitado a causa de algunas debilidades señaladas en este pequeño ensayo, particularmente en lo que se refiere a la ausencia de una definición concreta del DHAA, es decir, falta de precisiones sobre las dimensiones del mismo y, en particular, sobre sus aspectos nutricionales.
[1] FAO, Guide on Legislating for the Right to Food, Roma, 2009. En particular las paginas 51-181por este tema.
[2] AIPE, “La Alimentación como Derecho Humano”, El Atisbador, Boletín No 26, Octubre 2009, p. 13
[3] Interpretaciones basadas en definiciones del diccionario “El Mundo.es” (http://diccionarios.elmundo.es)
[4] El Artículo esta enunciado de la siguiente manera: Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
[5] Para un análisis más detallada de la NCPE y de los derechos fundamentales, Cf. AIPE, “La Alimentación como Derecho Humano”, El Atisbador, Boletín No 26, Octubre 2009, pp. 10-14
[6] Es importante considerar la diferencia entre el derecho humano a la nutrición y el derecho humano a la alimentación. Si bien es evidente que la nutrición no está reconocida en ningún instrumento internacional vinculante de forma específica y explícita, esta constatación no es más que la expresión de que el concepto de nutrición suele estar erróneamente vinculado a un enfoque esencialmente alimentario, percibido como una simple lucha contra la falta de alimentos. En cambio, partiendo del hecho de que la nutrición es un proceso biológico de ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo humano, la desnutrición está causada por el hambre, por los métodos defectuosos de alimentación, por la mala calidad de alimentos y por enfermedades. De ahí que es posible que una persona, a pesar de que consuma diariamente una cantidad adecuada de calorías, le falten nutrientes esenciales que deben formar parte de su alimentación. En consecuencia, si la realización del derecho a la alimentación adecuada significa básicamente eliminar la desnutrición, entonces la seguridad nutricional incluye la seguridad alimentaria, pero abarcando un conjunto de componentes vinculados a otros derechos humanos, aunque los de alimentación y salud son los determinantes.
[7] Los Artículos 35 y 45, respectivamente
Antoine Durieu, Pasante de la Universidad Libre de Bruselas

References: Artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 256
 Artículo 16
 Artículo 16
 Artículo 16
 Artículo16
 Artículo 82