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Timestamp: 2019-12-10 20:15:02+00:00

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Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. TÍTULO II. MEDIDAS FINANCIERAS (Vigente hasta el 20 de Diciembre de 2006).
1. El párrafo único del artículo 22 queda como apartado 1 del mismo, y se añade un nuevo apartado 2 a dicho precepto con el siguiente contenido:
«2. Las deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, cuando el deudor sea una Administración o Entidad de Derecho Público, podrán compensarse de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. Asimismo, a instancia de la entidad deudora podrán compensarse las deudas que estén en plazo de ingreso en período voluntario.»
2. El tercer párrafo del número 3 del artículo 37, en la redacción dada al mismo por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, queda redactado en los siguientes términos:
«En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del presupuesto de adjudicación. Esta retención, que se aplicará al ejercicio en que se prevea realizar el pago de la certificación final, computará a efectos de los límites establecidos en este apartado.»
3. Se añade un segundo párrafo al número 3 del artículo 38-bis, con la siguiente redacción:
«No obstante, el Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, podrá autorizar la ampliación de las referidas anualidades y porcentajes.»
4. Se añade un segundo párrafo al número 10 del artículo 52 con la redacción siguiente:
«Cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen, podrá exceptuarse de la prestación de garantías el abono anticipado, en la forma y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.»
5. Se añade un nuevo artículo 62-bis con la siguiente redacción:
«1. En relación con las operaciones de endeudamiento autorizadas y dentro de los límites establecidos por la Ley, corresponde al titular del departamento competente en materia de hacienda:
a) Proceder a la emisión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma o de Tesorería, estableciendo la forma de representación, plazo, tipo de interés y demás características, así como la formalización, en su caso, de la operación en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
b) Adjudicar las emisiones de valores mediante subasta o cualquier otra técnica que no suponga una desigualdad de oportunidades para los potenciales adquirentes, según su naturaleza y funciones. En este segundo supuesto, se tratará de aprovechar posibles ventajas, en términos de coste o de mejor funcionamiento de los mercados, y se podrán convenir las cláusulas y condiciones habituales para este tipo de operaciones en los mercados financieros.
c) Proceder a la contratación de préstamos, créditos u otras operaciones de similar naturaleza, estableciendo el documento en que se formalizarán, plazo, tipo de interés y demás características, así como su formalización en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
e) Adquirir en el mercado secundario valores negociables de Deuda Pública, con el fin de amortizarlos.
f) Proceder, al amparo de lo dispuesto en las correspondientes normas de emisión o contratación, o por mutuo acuerdo con los acreedores, al reembolso anticipado, total o parcial, de las operaciones de endeudamiento, así como a la revisión de sus condiciones.
g) Acordar cambios en las condiciones de las operaciones de endeudamiento, que obedezcan exclusivamente a su mejor administración, siempre que no perjudiquen los derechos económicos del acreedor.
h) Acordar o concertar la refinanciación de las operaciones de endeudamiento a largo plazo, aun cuando esto suponga la novación del contrato o la ampliación del plazo inicialmente previsto.
i) Acordar o concertar operaciones voluntarias de amortización, canje, conversión, prórroga, cambio en la forma de representación y otras análogas, que supongan la modificación de cualesquiera de las condiciones de las operaciones de endeudamiento. En estas operaciones, se podrán convenir las cláusulas y condiciones habituales en los mercados financieros.
j) Concertar operaciones financieras que, por su propia naturaleza, no incrementen el volumen de endeudamiento y tengan por objeto asegurar o disminuir el riesgo, o el coste de la deuda a largo plazo, tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros u otras operaciones de cobertura de tipos de interés o de cambio. En estas operaciones, se podrán convenir las cláusulas y condiciones habituales en los mercados financieros.
k) Convenir, en las operaciones de endeudamiento exterior, en divisas o euros, las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones, incluso, de manera excepcional, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o a tribunales extranjeros.
2. En el ejercicio de las competencias que se establecen en el apartado anterior, cuando se pacten las cláusulas y condiciones habituales en los mercados financieros deberá observarse en todo caso lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.»
6. Se añade un nuevo artículo 62-ter con el siguiente contenido:
«El titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá concertar las operaciones financieras activas que tengan por objeto rentabilizar los excedentes de tesorería que se produzcan en la ejecución de los Presupuestos de cada ejercicio.»
7. Se modifica el apartado 1 del artículo 76, quedando redactado en los siguientes términos:
«1. La Tesorería de la Comunidad responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses de las operaciones avaladas, si así se estableciera y sólo en el caso de imposible cumplimiento de tales obligaciones por el deudor principal o primer avalista, pudiendo convenirse la renuncia al beneficio de excusión previsto en el artículo 1830 del Código Civil para el supuesto en que el beneficiario de los avales fueran organismos autónomos de la Comunidad, corporaciones locales de Canarias o consorcios públicos participados por éstos o por la Administración de la Comunidad Autónoma.»
8. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 95, con la siguiente redacción:
«Asimismo, se adjuntará a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio la liquidación de los presupuestos de las universidades canarias.»
9. Se añade un nuevo artículo 102-bis, con el siguiente contenido:
«1. Corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias la contratación centralizada de la prestación de servicios derivados de la utilización de los edificios de servicios múltiples, así como de aquellos servicios y suministros que acuerde el Gobierno, salvo las que legalmente estén atribuidas a otro órgano.
4. Lo establecido en los apartados anteriores no será de aplicación respecto de los suministros de material sanitario y medicamentos, que se regirán por su normativa específica.»
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 35 de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, con la siguiente redacción:
«3. Las subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la gestión de centros, servicios y programas de atención a las toxicomanías podrán formalizarse en convenios de colaboración con financiación plurianual. Estos convenios deberán prever, al menos, lo siguiente:
De los citados convenios se dará cuenta al Parlamento de Canarias en el plazo de un mes, desde la fecha de su firma.»
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo:
1. Se modifica el artículo 27 al que se añade un nuevo apartado 6 del siguiente tenor:
«6. No será necesario el trámite previo de calificación territorial, en concordancia con el apartado 1 de este artículo, cuando el proyecto de edificación o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o agrícola a que se refiere el artículo 55.c) de esta Ley siempre que el planeamiento haya establecido para ellos la ordenación pormenorizada.»
2. Se modifica el artículo 201-bis quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 201-bis Destino del importe recaudado por las sanciones impuestas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
Los ingresos procedentes de las sanciones impuestas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se destinarán a financiar los programas de ésta para la protección, restauración o mejora del territorio canario.»
Se modifica la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en los siguientes términos:
1. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 16, con la siguiente redacción:
«No obstante, no será precisa dicha autorización para la suscripción de convenios que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas, cualquiera que sea su importe.»
2. Se añade un segundo párrafo al artículo 58, con el siguiente contenido:
«En el supuesto de delegaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en el decreto de delegación deberá establecerse, en su caso, la forma en que se librarán los fondos públicos necesarios para el ejercicio de las competencias delegadas. Asimismo, en estos casos, la función interventora se efectuará por el órgano municipal que tenga atribuida tal competencia con sujeción a las normas establecidas por la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio del control que, en todo caso, se ejercerá por la Intervención General, mediante procedimiento de auditoría una vez ejecutado el gasto correspondiente.»
Se modifica la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de coordinación universitaria, y de creación de universidades, centros y estudios universitarios, en los siguientes términos:
1. Se modifica el artículo 6 quedando redactado de la siguiente forma:
No obstante lo anterior, se pierde la condición de miembro de cada Consejo Social por fallecimiento, renuncia, incapacitación o incompatibilidad para el ejercicio del cargo. Asimismo, podrán perder la misma cuando así lo acuerden con respecto a sus representantes, el Gobierno de Canarias o los respectivos cabildos insulares.»
2. Se añade una disposición adicional cuarta con el siguiente texto:
« Cuarta
Las universidades estarán obligadas a remitir antes del 30 de mayo de cada año a las consejerías competentes en materia de hacienda y de educación el presupuesto correspondiente a dicho año, la liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior y la memoria económica prevista en los Estatutos de la Universidad de La Laguna y en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicha liquidación se adjuntará y figurará separadamente en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de cada ejercicio que debe remitirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias para su fiscalización.»
Se añade una nueva letra n) al apartado 1 del artículo 60 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, con el siguiente texto:
«n) Incoar y resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial que deriven de la actuación del Servicio Canario de la Salud.»
No están sujetos a fiscalización previa los expedientes de responsabilidad patrimonial que pudieran derivarse de la actuación del Servicio Canario de la Salud.

References: artículo 22
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 52
 artículo 62
 artículo 44
 artículo 62
 artículo 76
 artículo 1830
 artículo 95
 artículo 102
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 55
 artículo 201
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 60