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Timestamp: 2018-07-19 00:18:36+00:00

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Derecho Público: agosto 2015
EL EQUILIBRIO DE PODERES Y EL PAPEL DE LA PROCURADURIA EN COLOMBIA
Por, William Andrés Linares & Libia Magali Duque Bravo [1]
1. CONTROL Y EQUILIBRIO
a. EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE PODERES
El principio de separación de poderes surgió como una respuesta del pensamiento político a los abusos derivados de la concentración del poder en una sola entidad o institución que en la edad moderna (siglos XV en adelante) estaba representada en la monarquía propia de los países de la Europa continental. La teoría de la separación de poderes encontró en el Barón de Montesquieu a uno de sus principales constructores, y en su obra El Espíritu de las Leyes, entre otros aspectos, hace referencia a la existencia de distintas clases de poderes concebidos para operar independientemente y coexistir armónicamente sin caer en la confusión de los mismos o en la supremacía de uno sobre los otros y de esta forma mantener a salvo los valores superiores que gobiernan la sociedad como la libertad y la vida de los asociados.
b. EL EQUILIBRIO DE LOS PODERES
El equilibrio de los poderes esta dado en la configuración de las estructuras que conforman el poder público organizadas en lo que se conoce como ramas del poder público, que garantice el ejercicio separado de las funciones que por su naturaleza están llamadas a cumplir, provistas de los mecanismos que les permitan coexistir y colaborarse entre sí, también ejercer los controles necesarios para evitar posibles excesos derivados de una interpretación distorsionada de su alcance que puedan afectar la estabilidad del modelo institucional y derive en situaciones que afecten derechos y valores superiores de la sociedad, afectando a la vez su legitimidad.
c. ANTECEDENTES EN COLOMBIA – ANTES DE 1991
Este principio fue acogido en Colombia desde los inicios de su vida republicana como base de los postulados de la organización del poder, y, si bien dicha transición no fue nada pacífica, dichos postulados mantuvieron su vigencia y se vieron reflejados en mayor o menor medida en los textos de las numerosas constituciones que gobernaron los destinos del país en el siglo XIX, posición refrendada en la Constitución Política de 1886 vigente en Colombia durante más de cien años, que entendió al poder público como uno solo dividido en tres ramas con funciones separadas sin perjuicio de la colaboración armónica entre las mismas para la realización de los fines del Estado (Art. 55 ibídem)
d. ORIGEN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
El Ministerio Público ha estado presente en Colombia desde los inicios de su vida institucional, actuando como representante de los intereses de la Nación en las diferentes instancias judiciales y administrativas. Así mismo, en su calidad de representante del poder ejecutivo, ejerció un papel de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley, promoviendo a su vez el cumplimiento de las decisiones judiciales y la promoción del orden público.
Es la Constitución de 1830 la que consagra el ejercicio del Ministerio Público en cabeza de un agente del Poder Ejecutivo con el título de Procurador General de la Nación (Art. 100), al cual le encomendó la defensa de los intereses nacionales, el orden público y la vigilancia de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
Con el establecimiento de los órdenes constitucionales posteriores, el ejercicio del Ministerio Público por parte del Procurador General de la Nación y de los Fiscales ante las autoridades judiciales fue ensanchándose en la medida en que las necesidades institucionales y sociales lo fueron requiriendo. De su evolución van dando cuenta las disposiciones de orden constitucional y legal que consagraron sus funciones y competencias, tal como se observa en el artículo 143 de la Constitución de 1886, al precisar las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio Público: ‘Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de la Nación; promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social’.
La Constitución Política de 1991 deja en manos del Procurador General de la Nación la suprema dirección del Ministerio Público, escindiendo así de la Rama Ejecutiva a la Procuraduría General de la Nación e integrándola a lo que la Constitución Política denominó órganos de control (Art. 117), para formar parte los órganos autónomos e independientes a los que se refiere en el artículo 113 ibídem, ‘…para el cumplimiento de las demás funciones del Estado’.
Los orígenes de este órgano de control se remontan a los años 20 del siglo pasado, producto de la implementación por parte del Gobierno Nacional a las observaciones de la Misión Kemmerer, tal como lo registra la Contraloría General de la República en alusión a sus orígenes[2] cuando observa:
La Misión Kemmerer recomendó la creación del Departamento de Contraloría, por considerar que podía establecer los medios para imponer una estricta observación de las leyes y reglamentos administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos públicos.
Por medio de la Ley 42 de 1923 ‘sobre reorganización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría’ a cargo del Contralor General de la República con competencia, entre otros asuntos, para conocer de ‘…todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, pagar y custodiar fondos o bienes de la Nación…’, de igual forma tenía bajo su competencia el examen y revisión de los asuntos relacionados con la administración de los recursos del Tesoro Nacional y de la contabilidad pública.
Desde su creación y hasta la época actual, la Contraloría fue estructurando su funcionamiento en virtud de las nuevas demandas que el ejercicio del control fiscal iba requiriendo, en la medida del crecimiento del Estado y por ende de su complejidad. De esta forma con la Ley 20 de 1975 ‘por la cual se modifican y adicionan las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control fiscal y se dictan otras disposiciones’, la Contraloría adquiere, por ejemplo, competencia para ejercer vigilancia y control fiscal sobre las personas que a cualquier título manejen recursos de la Nación y la implementación en sus procesos de auditoría de los controles previo, perceptivo y posterior (Art. 3º).
Con la Constitución Política de 1991 (Art. 267), el control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República adquiere otras características como la de ser ejercido de forma posterior y selectiva, incluyendo el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, con criterios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales (inciso 3º ibídem).
2. ESTADO SOCIAL DE DERECHO
El marco general de Estado Social y Democrático de Derecho, tuvo relevancia jurídica y trascendencia social a partir de la expedición de la Constitución de 1991. Una de las épocas tal vez más productivas y ricas jurisprudencialmente que dieron vida a esa nueva concepción de Estado, la encontramos en el periodo que le sigue inmediatamente a la Constitución esto es desde el año 1992, cuando instituciones nacientes como la Corte Constitucional se ocupó de ser la vocera y en muchas oportunidades la manifestación misma de la intención del constituyente primario.
Por ello sentencias tan enigmáticas como la de CIRO ANGARITA BARON[3], establece que esa nueva configuración, más allá de lo solamente formal del Derecho, se erige más allá de una “muletilla retórica”, comporta procurar el logro del valor justicia en términos de mayor respuesta del derecho a la realidad.
Se cita en la referida pieza jurídica:
“La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto”
Y es importante partir de este análisis de la nueva concepción de Estado porque siendo la Carta Magna, el eje toral de la estructura jurídica del Estado, el ejercicio de lo público debe circunscribirse a ella. Constituye entonces el centro axiológico de la nueva Constitución el respeto por los derechos y la maximización de las garantías, derecho y deberes incorporados en el título II.
Esta concepción social del Estado, y por ende de todas sus manifestaciones e instituciones jurídico políticas se comprende mejor, si se recuerda que se acompaña con otros elementos tales como el señalamiento de los fines del Estado (Artículo 2); la prevalencia de los derechos humanos (Artículo 5); el catálogo de derechos fundamentales; la acción de tutela como herramienta para la protección inmediata de los mismos y la aplicación analógica o extensiva de las normas sobre derechos y garantías de las personas (Artículo 94 C.N.)
Dentro de la Carta Magna de 1991 se dispuso en el artículo 113 que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de los fines estatales, procurando con ello el equilibrio entre los poderes públicos lo cual se hizo manifiesto en propugnar por la independencia de la rama judicial y su renovada participación en la garantía del pleno funcionamiento del Estado en todos sus niveles; la renovación del congreso y su capacidad legislativa con sentida participación de las regiones; la autonomía de las entidades entre otras del Banco de la República y el fortalecimiento de los órganos de control del Estado.
Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia C-288 de 2012, con ponencia de LUIS ERNESTO VARGAS SILVA se ocupó del tema de equilibrio de poderes de la siguiente manera, la cual se traen in extenso, por su importancia:
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que existen “dos modelos de separación de poderes.” El primero de estos modelos defiende una delimitación funcional rigurosa, como medio para acotar el poder, a partir del entendimiento de que una distribución precisa y equilibrada de las labores estatales, en la cual cada órgano cumple una tarea preestablecida, es una condición suficiente para mantener a dichos órganos del poder dentro de sus límites constitucionales. A su vez, la separación funcional rígida es concebida como una estrategia que permite asegurar las libertades de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el equilibrio de los poderes es una consecuencia natural de la autonomía de órganos con funciones constitucionalmente bien delimitadas. En consecuencia, el control que ejerce un órgano sobre otro en relación con el cumplimiento de sus propias funciones, es básicamente un control político, que se da de manera tanto espontánea como ocasional, y sólo frente a casos extremos. Precisamente, la rigidez de la separación de poderes condenaba este modelo al fracaso, por la dificultad de su implementación práctica, pues la falta de vasos comunicantes entre los distintos órganos estatales conducía a enfrentamientos difíciles de solucionar en la práctica, cuyo resultado natural y obvio tendía a ser la reafirmación del poder en los órganos, autoridades o funcionarios que se estiman política y popularmente más fuertes. El segundo modelo también parte de una especialización de las labores estatales, cada una de las cuales corresponde a un órgano específico, sin embargo, le confiere un papel preponderante al control y a las fiscalizaciones interorgánicas recíprocas, como reguladores constantes del equilibrio entre los poderes públicos. Este modelo constitucional denominado de frenos y contrapesos (checks and balances) no presupone que la armonía entre los órganos que cumplen las funciones clásicas del poder público sea una consecuencia espontánea de una adecuada delimitación funcional y de la ausencia de interferencias en el ejercicio de sus competencias. Por el contrario, el balance de poderes es un resultado que se realiza y reafirma continuamente, mediante el control político, la intervención de unos órganos en las tareas correspondientes a otros y las relaciones de colaboración entre las distintas ramas del poder público en el ejercicio de sus competencias. En otras palabras, cada órgano tiene la posibilidad de condicionar y controlar a los otros en el ejercicio de sus respectivas funciones.”
La separación de poderes, asociado más al Estado de Derecho que al Estado Social de Derecho, dado que se trata del ejercicio del poder otorgado por la Constitución, donde el papel que ejerce la Procuraduría General de la Nación, resulta de transcendencia al ser un órgano de control del ejercicio público, que incide en el funcionamiento de todas las ramas del poder público.
Por ello, debemos ir más allá de lo formal para analizar la importancia de la Procuraduría General de la Nación, cómo máximo órgano del Ministerio Público, su misión constitucional y legal para la sociedad Colombiana a través de sus diferentes áreas de acción, y su trascendencia en el ámbito de la consecución de los fines y cometidos estatales, que a la postre son la garantía a la sociedad colombiana de sus derechos y garantías.
a. DEBATE EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Como antecedente relevante podemos indicar que la Constitución de 1886 en su artículo 145, otorgaba al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría, cuatro frentes de acción fundamentales:
a) Defensa de los intereses judiciales de la Nación (representación legal);
b) Promoción de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas;
c) supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y
d) conocer y atender los hechos que alteraran el orden público.
Siendo nombrado por el Presidente de la República, con lo cual no era independiente, quedaba sujeto a las directrices del gobierno nacional.
La reforma constitucional de 1945 reasignó las funciones del Ministerio Público al Procurador y lo faculta para que nombre y remueva libremente a sus empleados. La Cámara de Representantes asume la responsabilidad de nombrarlo de terna presentada por el Presidente, quien hasta ese entonces era el nominador.
Con la ley 4 de 1990 se faculta al Procurador General de la Nación para que asuma la investigación y juzgamiento de genocidios, desapariciones y torturas, se renueva institucionalmente ya que se fortalece y asegura nuevas funciones a las procuradurías regionales; introduce acciones más eficaces en la necesaria defensa de los bienes e intereses de la Nación a través de la Procuraduría Delegada en lo Civil e incorpora la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales, entre otras disposiciones.
El Informe-Ponencia rendido el 18 de abril de 1991[4] por la Subcomisión de la Comisión Tercera encargada de estudiar el tema sobre la Estructura del Estado y que culminó con la redacción en ese mismo sentido de los artículos 3 y 113 de la Constitución Política vigente, señaló lo siguiente:
“El Estado, en la práctica y no en sus textos, en cuanto se refiere a su organización y funciones, ha rebasado las doctrinas tradicionales y ha evolucionado tanto que la actual distribución del poder público en tres ramas en verdad ya no corresponde ni en la teoría ni en la práctica a la Estructura real del Estado moderno.
Y esa afirmación es cierta, porque, como ser verá, hay órganos que no encuadran en ninguna de las tres ramas del poder público, porque sus funciones ni son legislativas, ni administrativas, ni judiciales. Sus instituciones ejercen primordialmente unas funciones propias, específicas y distintas y, por lo mismo, no encajan dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que, a nuestro juicio, hay necesidad de hacer una enumeración adicional”.
La Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada del debate de 33 propuestas sobre la conveniencia de la creación de la figura del Defensor del Pueblo, finalmente determinaría que el Ministerio Público se conformaría por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y así se materializa en la Constitución de 1991.
Así la nueva carta magna, modificó notablemente la estructura del Ministerio Público, por cuanto la Constitución anterior establecía, en el artículo 142, que el Ministerio Público era ejercido “bajo la suprema dirección del Gobierno por un Procurador General de la Nación”, ahora el máximo representante del ministerio público es el Procurador General de la Nación, sin sujeción a otra autoridad.
Dado que nuestra actual estructura estatal emana de la Constitución de 1991, es valioso realizar un análisis histórico de
3 CONSTITUCIÓN DE 1991
En su texto primario, como lo hemos planteado en precedencia, el artículo 113 de la Carta Suprema al ocuparse de la estructura del Estado Colombiano ilustra:
“Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado“.
Seguidamente, en el artículo 117 señala como órganos de control al Ministerio Público y la Contraloría General de la República, explicando que el primero de estos será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley (Artículo 118).
a. LA LABOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público en virtud el artículo 275 de la Constitución Política, y al Ministerio Público le corresponde ‘…la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas’, según el artículo 118 ibídem.
El Ministerio Público y la Contraloría General de la República forman parte de los órganos de control que consagró la Constitución Política en el artículo 117, así mismo son parte de los órganos autónomos e independientes a los que hace referencia el artículo 113 ibídem, establecidos ‘…para el cumplimiento de las demás funciones del Estado’.
Es en estos términos como la Carta Política dimensiona la labor de la Procuraduría General de la Nación y ubica su posición como un órgano independiente de las demás ramas del poder público en Colombia para ejercer las funciones que la misma Constitución le encomienda (Art. 277), entre otras, la de Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos (numeral 1º); vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (numeral 6º); intervenir en sede judicial o administrativa cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales (numeral 7º).
Además de estas atribuciones, el constituyente dejó en manos del legislador la facultad de determinar las demás que considere pertinentes para instrumentalizar y garantizar el ejercicio de las funciones que la Constitución estableció en el artículo 277. (Numeral 10), atendiendo las necesidades y las demandas propias de la especificidad de cada uno de los ámbitos donde se hace necesaria la presencia del Ministerio Público en ejercicio de dichas funciones constitucionales como representante de la sociedad.
A partir del artículo 277 de la Constitución encontramos las funciones atribuidas al Procurador General de la Nación, las cuales se relacionan con:
“1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
Y el artículo 278 sigue diciendo
“1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
En orden a lo establecido en el artículo 277 constitucional, el Decreto 262 de 2000 que, entre otras disposiciones, modifica el régimen de competencias interno de la Procuraduría General, establece en su artículo 23 las siguientes funciones:
“ARTÍCULO 23. Funciones. Las procuradurías delegadas ejercerán funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales, de conformidad con la Constitución Política, las leyes y lo dispuesto en este título, cuando lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto”. […]
La función preventiva comprende la realización de un conjunto de actividades ‘…tendientes a promover la garantía de los derechos, la protección del patrimonio público y evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la normatividad vigente, atribuibles a agentes del Estado o a particulares que ejerzan funciones públicas’.[5]
La función de intervención está determinada como la actuación de los agentes del ministerio público en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos ‘…con sujeción a las exigencias, oportunidades y disposiciones procesales, con el fin último y primordial de defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales’. [6]
Cabe anotar que incluido en el proceso de intervención se encuentra el subproceso de conciliación, el cual comprende la conciliación en materia civil y comercial y la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. La conciliación se presenta como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y es una forma amigable y voluntaria de resolver controversias, cuando la ley lo prevea como requisito de procedibilidad para acudir a otras instancias como la jurisdiccional o la arbitral.
En la caracterización de la función disciplinaria, el objetivo de este proceso misional se describe como ‘Investigar y/o sancionar las conductas de los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, originadas en el cumplimiento de deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de los regímenes de prohibiciones, de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses y demás formas imperativas’. [7]
b. LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y SU PAPEL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Como se señaló en precedencia la fórmula adoptada por el Constituyente de 1991 va más allá de la clásica tridivisión de poderes, al reconocer los organismos autónomos e independientes, como instituciones con personería jurídica de derecho público, ajenas a la persona jurídica del Estado central denominada la Nación, y que sin pertenecer a ninguna de las ramas ni organizaciones del poder público, gozan de un determinado grado de autonomía e independencia y que por virtud de la misma carta política, se les ha determinado su estructura y marco de funcionamiento para coadyuvar armónicamente con el funcionamiento del Estado.
“La autonomía e independencia de los órganos de control respecto de los demás órganos del Estado, particularmente de los titulares de las distintas ramas del Poder público, es una de las condiciones esenciales para la garantía de la prevalencia de un verdadero Estado Social de Derecho y es, así mismo, nota característica de la estructura funcional de tal Estado”[8].
En particular sobre la importancia del Ministerio Público el artículo 118 Constitucional informa que le “corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”
4. QUÉ PARTICIPACIÓN O INJERENCIA TIENE LA PGN EN EL EQUILIBRIO DE PODERES.
La Procuraduría General de la Nación, como Ministerio Público, bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación, al no formar parte de las Ramas del poder público y tener dentro de sus funciones la de Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los actos administrativos y las decisiones judiciales, contribuye a que Colombia, como Estado social de derecho, conserve de las instituciones que conforman el poder público la sujeción a las normas que la gobiernan, traducidas en este aspecto a que el ejercicio de ese poder público se conserve dentro de los linderos que en virtud de la Constitución y la ley están llamados a observar, y de esta forma evitar que por acción u omisión desconozcan la verdadera naturaleza de la función que están llamadas a cumplir.
Cuando la Constitución Política establece que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad y como parte de sus atribuciones está la defensa de los derechos humanos, del orden jurídico, del patrimonio público, del medio ambiente y de los derechos y garantías fundamentales, permite que el Ministerio Público actúe en los eventos en los que advierta que los órganos del poder público desbordan sus competencias, con el objeto de que los mismos observen los lineamientos que definen su campo de acción y de esta forma contribuye a evitar y/o corregir cualquier arbitrariedad o abuso por parte de las autoridades.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, como ‘…titular del ejercicio preferente del poder disciplinario…’, está facultada para investigar disciplinariamente y, en caso de encontrar responsabilidad, aplicar las sanciones correspondientes, en los términos de la normatividad disciplinaria. El ejercicio de esta facultad contribuye a que los funcionarios públicos y los particulares que detentan estas responsabilidades orienten sus acciones al cumplimiento de los fines del Estado y respeten los límites que impone el ordenamiento jurídico al ejercicio de sus funciones y competencias.
5. EL EQUILIBRIO DE PODERES EN EL 2015
El acto legislativo No. 02 del 1 de julio de 2015, introduce la modificación constitucional denominada “reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”, la modificación contentiva de 26 artículos retorna a la estructura clásica de la no reelección de altos funcionarios tales como el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional.
De igual manera estableció reglas relativas a la elección de Magistrados de las Altas Cortes en búsqueda de evitar que sean nombrados en cargos públicos o vinculados mediante contrato a quienes hayan intervenido en su postulación o elección o sus allegados, recabando en la publicidad que debe mediar en la elección de Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Señalando una inhabilidad específica de un año para ser elegido en uno de los altos cargos si se ha desempeñado en otro de los señalados (Artículo 2 del acto legislativo que modifica el artículo 126 Constitucional).
Se crea la Comisión de Aforados, artículo 178 A Constitucional (Artículo 8 acto legislativo) conformada por cinco miembros para un periodo de ocho años elegidos por el Congreso, que investigará y acusará a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Fiscal General de la Nación.
Se crea el Sistema de Gobierno y Administración judicial, que estará a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia de la Rama Judicial, suprimiendo en consecuencia el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la labor que actualmente cumple la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura será reemplazado por la Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial encargada de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Artículo 257)
En resumen modifica 22 de sus artículos, adiciona uno (178A) y deroga dos (256 y 261).
a. IMPACTO FRENTE A LA PROCURADURIA
En cuanto a las modificaciones específicas respecto de la Procuraduría se tienen los siguientes impactos:
· No puede ser reelecto el Procurador.
· Se aplica inhabilidad para nombrar a sus postulantes, electores o familiares, contenidas en el artículo 126.
· Quien haya sido Procurador no podrá, en el año siguiente a la dejación del cargo, ser presidente o vicepresidente, ni candidato de elección popular como tampoco Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde. (Artículo 197 Constitucional)
· Se modifica la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo que deja de estar bajo la dirección del Procurador General de la Nación (Artículo 281 modificado por el artículo 24 del acto Legislativo 02 de 2015)
b. ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015
Las modificaciones introducidas por el texto del acto legislativo 02 de 2015 es el siguiente:
Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales.
Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia.
Artículo 1°. Adiciónense los incisos cuarto, quinto y sexto al artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:
En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.
Parágrafo Transitorio. La asignación de las curules mencionadas en este artículo no será aplicable para las elecciones celebradas en el año 2015.
Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.
Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.
Modificánse los incisos 2° y 3° del artículo 127 así:
Adiciónanse dos incisos finales del artículo 127 así:
Derogado por el art. 3, Acto Legislativo 02 de 2015. Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales, antes de ese lapso, el Presidente o el Vicepresidente podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.
Derogado por el art. 3, Acto Legislativo 02 de 2015. Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.
Artículo 3°. Deróguense los incisos 5° y 6° del artículo 127 de la Constitución Política.
Modificado por el art. 6, Acto Legislativo 01 de 2009. así:
Parágrafo Transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.Texto anterior:
Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 1993, así: Las faltas absolutas o temporales de los Miembros de las Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.
Artículo 4°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:
En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad.
Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.
Parágrafo Transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas:
i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.
Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Artículo 5°. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Artículo 6°. Modifíquense los incisos segundo y cuarto del artículo 176 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley.
Inciso cuarto
Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.
Artículo 7°. El numeral tercero del artículo 178 de la Constitución Política quedará así:
3. Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.
Artículo 8°. Adiciónese a la Constitución Política el artículo 178-A:
Artículo 178-A. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos.
Una Comisión de Aforados será competente para investigar y acusar, conforme a la ley y los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados en el inciso anterior, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y cuando hubiere lugar, presentará la acusación ante la Cámara de Representantes. En ningún caso se podrán imponer otras penas que la de suspensión o destitución del empleo. La decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. El Congreso en ningún caso practicará pruebas. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción.
Si la investigación se refiere a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelante el juzgamiento. En el caso de juicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los conjueces serán designados por el Consejo de Estado.
La Comisión contará con un plazo de sesenta días para presentar la acusación cuando se trate de falta disciplinaria de indignidad por mala conducta, y la Cámara de Representantes tendrá treinta días para decidir. En todo caso, la Comisión podrá continuar con la investigación de la causa criminal de haber lugar a ello y, de encontrar mérito para acusar, adelantará el trámite previsto en el inciso anterior, en el término que disponga la ley.
La Comisión estará conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley.
Los miembros de la Comisión de Aforados deberán cumplir con las calidades exigidas para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estarán sujetos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Las Salas Plenas de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrán solicitar a la Comisión de Aforados la suspensión de uno de sus miembros mientras se decide la acusación por faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta.
La ley establecerá el procedimiento para determinar la responsabilidad fiscal cuando los aforados señalados en este artículo ejerzan funciones administrativas.
Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 178, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes mantendrá, durante un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, la competencia para investigar los hechos ocurridos antes de la posesión de los magistrados de la Comisión de Aforados, que se le imputen a los aforados citados en este artículo y a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La Cámara de Representantes adoptará las decisiones administrativas necesarias para que en ese lapso, los representantes investigadores puedan:
a). Dictar resolución inhibitoria en los casos que no ameriten apertura formal de investigación cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es objetivamente atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad.
b). Remitir la investigación a la autoridad competente si se trata de hechos cometidos por fuera del ejercicio de sus funciones y el investigado hubiere cesado en el ejercicio de su cargo.
c). Ordenar la apertura de investigación cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten y remitirla a la Comisión de Aforados para que asuma el proceso.
d). Presentar la acusación ante la Plenaria de la Cámara de Representantes en relación con investigaciones abiertas, cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten.
e). Remitir a la Comisión de Aforados todas las demás investigaciones, en el estado en que se encuentren, incluidas las adelantadas contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Mientras la ley no adopte el procedimiento aplicable, la Comisión de Aforados se regirá por el régimen procesal utilizado en las investigaciones que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación y las normas que lo sustituyan y lo modifiquen.
Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos".
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcaldes.
Artículo 9°. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 10. Elimínense los incisos segundo y tercero del artículo 204 de la Constitución Política.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 11. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.
Artículo 12. Modifíquese el numeral cuarto del artículo 232 de la Constitución Política, el cual quedará así:
4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.
Artículo 13. El numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución Política quedará así:
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
[..]11.Darse su propio reglamento.
Artículo 14. Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas:
Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.
Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
Artículo 18. Transitorio. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1° de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.
1. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así:
a). Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
b). Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial.
c). Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de este, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial.
d). La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.
e). La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.
f). Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.
g). Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura.
h). Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.
3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3; artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1; artículo 99, numerales 1 a 9; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo 131, numeral 9 de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de Carrera.
4. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.
Artículo 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
Parágrafo Transitorio 1°. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.
Artículo 262. Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos Políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección.
Artículo 20. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y quedará así:
Artículo 263 A
Artículo 21. El artículo 263A de la Constitución Política pasará a ser el 263 y quedará así:
Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.
La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.
En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria.
Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda
Artículo 22. Modifíquense los incisos quinto y sexto del artículo 267 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
Inciso quinto
Inciso sexto
Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo.
Artículo 23. Modifíquense los incisos cuarto y octavo del artículo 272 de la Constitución Política.
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso.
Inciso Octavo:
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.
Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.
Artículo 24. El artículo 281 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 281. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.
Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo
Artículo 25. El artículo 283 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo administrativa y presupuestalmente.
Articulo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.
Artículo 264. Consejo Nacional Electoral […] Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 266. Registrador Nacional del Estado Civil […] Podrá ser reelegido por una sola vez y […]
Artículo 261. Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente
Artículo 26. Concordancias, vigencias y derogatorias.
Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Comisión Nacional de Disciplina Judicial" en el artículo 116 de la Constitución Política.
Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 156 de la Constitución Política.
Elimínese la expresión "y podrán ser reelegidos por una sola vez" en el artículo 264 de la Constitución Política.
Elimínese la expresión "Podrá ser reelegido por una sola vez y" en el artículo 266 de la Constitución Política.
Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" con "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 341 de la Constitución Política.
Sustitúyase el encabezado del Capítulo 7° del Título VIII con el de "Gobierno y Administración de la Rama Judicial".
Deróguese el artículo 261 de la Constitución Política y reenumérese el artículo 262 que pasará a ser el 261.”
[1] Funcionarios Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública
[2] http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/historia
[3] Sentencia T-406 de 1992, del 5 de junio de 1992
[4] Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional No. 59, del 25 de abril de 1991, p. 1 a 13
[5] En: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/mapa_proceso//30_CAR-PRO-PR-001_V3.pdf
[6] En: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/mapa_proceso//904_CAR-PRO-IN-001.pdf
[7] http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/mapa_proceso//79_CAR-PRO-DI-001_(MA).pdf
[8] Corte Constitucional T-06 de 1994
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 artículo 113
 artículo 113
 artículo 145
 artículo 142
 artículo 113
 artículo 117
 artículo 275
 artículo 118
 artículo 117
 artículo 113
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 277
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 118
 artículo 126
 artículo 178
 artículo 126
 artículo 24

Artículo 1
 artículo 112
 artículo 263
 artículo 127
 artículo 127

Artículo 3
 artículo 127

Artículo 4
 artículo 134

Artículo 5
 artículo 174

Artículo 174

Artículo 6
 artículo 176

Artículo 7
 artículo 178

Artículo 8
 artículo 178

Artículo 178
 artículo 178
 resolución 

Artículo 9
 artículo 197

Artículo 10
 artículo 204

Artículo 11
 artículo 231

Artículo 231

Artículo 12
 artículo 232

Artículo 13
 artículo 235

Artículo 14
 artículo 241

Artículo 18
 artículo 85
 artículo 79
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 99
 artículo 131
 artículo 85
 artículo 85

Artículo 257

Artículo 262

Artículo 20
 artículo 263

Artículo 263

Artículo 21
 artículo 263

Artículo 22
 artículo 267

Artículo 23
 artículo 272

Artículo 281

Artículo 24
 artículo 281

Artículo 281

Artículo 283

Artículo 25
 artículo 283

Artículo 283

Artículo 264

Artículo 266

Artículo 261

Artículo 26
 artículo 116
 artículo 156
 artículo 264
 artículo 266
 artículo 341
 artículo 261
 artículo 262