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Timestamp: 2018-04-19 19:37:11+00:00

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Torturas y otros delitos contra la integridad moral y de la trata de seres humanos - Apuntes UNED
Torturas y otros delitos contra la integridad moral y de la trata de seres humanos
Dispone el artículo 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”
Se castiga en el art. 173.1 CP al “que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”.
Sujeto activo puede ser cualquiera. En realidad serán los particulares, incluso pueden ser funcionarios públicos a los que se refieren los arts. 174 y 175 CP, siempre que actúen como particulares, no con abuso de su cargo.
Del texto se desprende tres cuestiones que deben ser valoradas: degradante, gravemente, e integridad moral. Para que se perfeccione el delito es necesario, de una parte, “un trato degradante”, y de otra, que se menoscabe “gravemente” la “integridad moral” de una persona. Al tratar de las injurias se verá como la humillación encaja en este delito en diversos supuestos. Resulta muy problemático determinar lo que debe entenderse por “integridad moral”. El CP no lo resuelve, aunque al ocuparse de la tortura en el art. 174.1 CP, especifica como actos contrarios a la integridad moral aquellos que supongan “sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión”. Otra cuestión que se plantea es si es suficiente con un acto de trato degradante, o se precisa una conducta reiterada. Será suficiente un acto si es suficientemente grave; si es leve la conducta será constitutiva de falta (art. 620.2º CP).
Sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona.
Algunos autores estiman que esta nueva figura de delito refuerza la protección de los derechos fundamentales, aún reconociendo que el concepto de integridad moral resulta sumamente abstracto.
La jurisprudencia dice que se trata de un tipo residual.
Actos hostiles o humillantes en el ámbito local o funcionarial
Se castiga en el párrafo segundo del art. 173.1 CP a los que “en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”.
Pena: De prisión de seis meses a dos años.
Realización reiterada de actos hostiles o humillantes. La conducta repetida habrá que entenderla que tiene lugar en espacios de tiempo bastante próximo, y en varias ocasiones. Los actos humillantes, han de ser de intensidad moderada, pues si son graves la conducta daría lugar al delito del párrafo primero, y si son de escasa entidad podrían dar lugar a la falta de injurias.
Los actos hostiles o humillantes no han de constituir trato degradante, pero han de suponer un grave acoso contra la víctima. Estamos ante situaciones difíciles de compaginar.
La conducta ha de tener lugar en “el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial”, lo que comprende una gran gama de situaciones, en ambos campos.
El sujeto activo del delito ha de realizar los actos hostiles o humillantes “prevaliéndose de su relación de superioridad”. Aquí la superioridad hay que entenderla en la relación de dependencia o subordinación del sujeto pasivo del delito.
Actos hostiles o humillantes para impedir el disfrute de la vivienda
Se castiga en el art. 173.1, al “que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.
Se castiga en el art. 173.2 CP al “que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar; así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”.
Pena: Prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.
El bien jurídico es muy complejo. No obstante se protege, además de la integridad corporal y la salud físico o psíquica, la dignidad de la persona en el ámbito doméstico. Estamos ante un delito de peligro abstracto, por lo que no es necesaria la producción de ningún resultado lesivo. La referencia que se hace al “que habitualmente ejerza violencia física… sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica” lleva a que en el tipo se contemplen tanto la repetición de agresiones constitutivas de delito de falta, o la concurrencia de unas y otras.
En estos delitos no puede apreciarse el agravante de parentesco pues es inherente al mismo, como así se recoge en el art. 67 CP. En realidad aquí el parentesco lleva una agravación de pena mucho mayor que la que pudiera corresponder por aplicación de la circunstancia mixta recogida en el art. 23 CP.
La pena se eleva notablemente cuando se trata de repetición de agresiones físicas constitutivas de falta, pues éstas se castigan con localización permanente o multa. Con la incorporación de la violencia psíquica se crea una situación que tendrá serias dificultades para poder resolverse de forma satisfactoria, pues los jueces no están preparados para tratar sobre estas cuestiones de tipo psicológico, donde hay que tener en cuenta la simulación. De otra parte, en las lesiones constitutivas de falta no se hace referencia a la violencia psíquica. En el art. 617.1 CP se recoge “el que, por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión no definida como delito en este Código”; en el 617.2 CP se castiga al “que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión”.
Dispone el párrafo primero del art. 173.2 CP en su inciso final: “sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieren concretado los actos de violencia física o psíquica”. Estaremos ante un concurso de delitos cuando quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre las personas a que se refiere el art. 173.2 CP, cause lesiones tipificadas como tales en otros preceptos del CP. Por ejemplo, el que habitualmente ejerza violencia física contra su cónyuge será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. Si además, en una de tales agresiones le ha causado una grave deformidad incurrirá en el delito del art. 149 CP, imponiéndosele otra pena de prisión de seis a doce años. En alguna ocasión podría violarse el principio de non bis ídem.
Dispone el art. 173.3 CP que “para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores”. Tanto la jurisprudencia como parte de la doctrina, siguiendo el criterio que se establece para la habitualidad en la receptación, consideran que para que se de la habitualidad es necesario la repetición de tres hechos en un período de tiempo no muy lejano. Este criterio está evolucionando en el sentido de considerar suficiente la reiteración de conductas de contenido similar; en estos supuestos sería necesario, al menos, dos conductas homogéneas.
Se contempla en el párrafo segundo del art. 173.2 CP un supuesto agravado para situaciones previstas en el párrafo primero. Tiene un contenido muy similar al del párrafo segundo del art. 153 CP. Dispone: “Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno a algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de éste Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza”.
Otros atentados contra la integridad moral
En el art. 175 CP se contemplan una serie de supuestos agravados. Se recogen en el art. 175 CP, que castiga a: “La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo ... atentare contra la integridad moral de una persona”, fuera de los casos comprendidos en el art. 174 CP. Este tipo agravado proviene de ser el sujeto activo autoridad o funcionario público, de ahí que se trate de un delito especial. A diferencia de lo que sucede en el art. 173 CP, también se castigan los supuestos de atentados que no sean graves. Es necesario que la autoridad o funcionario público actúe con “abuso de su cargo” lo que impide apreciar la agravante 7ª del art. 22 CP. Solo son posibles las conductas dolosas. La pena está en función de la gravedad del atentado contra la integridad moral.
Pena: Prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de seis meses a dos años si no lo fuere, además, en ambos supuestos se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.
Delito en comisión por omisión
Se castigan en el CP los supuestos en que la autoridad o funcionario público consintiere la ejecución de un delito contra la integridad moral del art. 175 CP. Es necesario que la omisión de impedir el delito sea consecuencia de faltar a “los deberes de su cargo”, que en este caso exige impedir la ejecución. Se castiga en el art. 176 CP “a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos” en los artículos anteriores.
La autoridad o funcionario está en situación de garante respecto al comportamiento de sus subordinados. Para que se perfecciona el delito es necesario que aquéllos falten “a los deberes de su cargo”, lo cual en este caso, debe entenderse en el sentido de que conocen el comportamiento delictivo de sus subordinados y no lo impiden cuando tienen el deber de hacerlo. Pena: La establecida en el art. 175 CP y en su caso en el art. 173 CP.
Supuestos equiparados a la tortura
En el art. 174.2 CP se castiga “a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos”, los actos de tortura recogidos en el núm. 1 de éste artículo.
Pena: Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de uno de tres si no lo es. Además, y para ambos casos, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
Las autoridades o funcionarios de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores no tienen como función la de investigar delitos; pueden cometer las torturas tipificadas en el artículo 174.1 CP bajo la forma de castigo por un hecho cometido o se sospeche ha cometido el interno.
Según el art. 174.1 CP. “Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral”.
Pena: Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de uno a tres si no lo es. Además, y para ambos casos, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años. La pena está en función de que el atentado sea o no grave, resultando problemático en muchos casos el concepto de gravedad.
Cuando la conducta no persiga las finalidades anteriores, no se castigará por este precepto, sino por el que corresponda en cada caso.
El bien jurídico protegido es la integridad moral de todos los ciudadanos, sin ninguna excepción.
Estamos ante un delito especial, pues sólo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos, e incluso dentro de estos normalmente serán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía judicial, jueces o fiscales. Estos son los encargados de investigar (interrogar) a los presuntos autores de un delito, y hay que entender que los supuestos previstos en el artículo 174.1 CP sólo se pueden dar en el abuso del cargo de tales autoridades o funcionarios públicos. De todos modos el texto es confuso, lo que conlleva una notable inseguridad jurídica.
Las formas son dos:
para obtener una confesión o información de una persona, y/o
castigarla por cualquier hecho cometido o se sospeche que ha cometido.
Muy problemático resulta conocer cuál debe ser el límite para que pueda apreciarse delito respecto a la “supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión”. La prueba obtenida será nula cuando se obtenga violentando los derechos o libertades fundamentales.
Abuso de su cargo: Esta referencia resulta perturbadora. La frase “abusando de su cargo” parece indicar que se admite la tortura legalmente, y sólo se prohíbe cuando se da ese abuso. Desde luego, y teniendo en cuenta que sólo son posibles las conductas dolosas, en ningún caso puede estar autorizado el comportamiento de autoridad o funcionario que viole la integridad moral de cualquier ciudadano; los supuestos en los que pudiera apreciarse la posibilidad de apreciar una causa de justificación nada tienen que ver con las obligaciones del cargo, pues no cabe estimar la eximente de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7º CP).
Sólo es posible la comisión mediante dolo directo. Ha de concurrir el elemento subjetivo del injusto de someter el sujeto pasivo a determinadas condiciones para intentar obtener una confesión o información. No cabe el dolo eventual. Las formas imprudentes no se recogen para este delito en el CP, por lo que no pueden castigarse, aunque técnicamente tampoco serían posibles.
La consumación del delito se produce en el momento en que el sujeto activo ha realizado cualquiera de los actos previstos en el art. 174.1 CP que atenten contra la integridad moral del sujeto pasivo. No es necesario que consiga el resultado que persigue.
Respecto a las formas de ejecución, además del delito consumado, es posible la tentativa, estamos ante un delito de resultado.
Torturas en comisión por omisión
Hay autoridades o funcionarios que por su posición de garante tienen el deber de evitar que sus subordinados realicen cualquiera de las conductas tipificadas en el art. 174 CP. Cuando se viole este precepto, por incumplimiento de las obligaciones de su cargo, incurrirán en un delito de tortura en comisión por omisión. Se castiga en el art. 176 CP “a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos” en el art. 174 CP. La autoridad o funcionario ha de tener conocimiento de los actos de tortura, que son ejecutados por un subordinado, y sin embargo, no impide que se realicen cuando podía hacerlo. Pena: Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de uno de tres si no lo es. Además, y para ambos casos, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
Dispone el art. 177 CP: “Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o faltas cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente penado por la Ley”. El concurso se limita a una serie de bienes concretos. En el inciso final donde se hace referencia a “excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley” se pretende evitar la violación del principio non bis in ídem (castigar dos veces por los mismos hechos).
Se castiga en el art. 177 bis.1 CP “como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:
La extracción de sus órganos corporales”.
La consumación de estos delitos se produce con la conducta típica de captar o transportar, etc. con la finalidad prevista en los apartados a), b) y c). Si con posterioridad se llega a cometer alguno de estos delitos, estaremos ante un concurso.
Trabajo o servicios forzados
En el art. 177 bis.1 a) se castiga “la imposición de trabajo o servicios forzados”.
Este supuesto se contempla en el art. 177 bis, 1, a). Por esclavitud, en el terreno laboral de acuerdo con la Decisión marco, habría que entenderla como el sometimiento incondicional de una persona a otra que la explota desde el punto de vista económico como una simple mercancía. En el párrafo último del art. 607 bis CP, dentro de los delitos de “lesa humanidad”, se recoge: “Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque”.
Prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre
La Sección III de la Convención de 1956 se ocupa de las “Disposiciones comunes a la esclavitud y a las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud”, cuestión que resulta muy compleja. En el CP se contempla la explotación laboral en el Tít. XV del Lib. II que figura bajo la rúbrica: “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”.
En el art. 177 bis, 1, a) también se contempla la mendicidad.
Explotación sexual incluida la pornografía
Se contempla en el art. 177 bis, 1, b).
Extracción de órganos corporales
Se recoge en el art. 177, bis, 1, c).
Recoge el art. 177 bis, 2: “Aún cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicada en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación”.
En este supuesto se tiene en cuenta que el sujeto pasivo sea menor de 18 años y la finalidad sea la explotación. Si concurren los supuestos del apartado 1 se cometerá el delito tipificado en el mismo.
Irrelevancia del consentimiento
Dispone el art. 177 bis, 3 CP que “el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo”.
Establece el art. 177, bis, 4 CP que “se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:
con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima (no se especifica a que tipo de peligro se refiere aunque hay que entender que será la vida o la integridad física),
la víctima sea menor de edad (es decir, menor de 18 años),
la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación (se trata de personas que se encuentren desamparadas y que apenas pueden ofrecer resistencia a terceros).
Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior”.
Delito cometido por autoridad, agente de la misma o funcionario público
Dispone el apartado 5 que “se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior”.
Pertenecer a una organización o asociación, a sus jefes, administradores o encargados
Según el párrafo primero del art. 177 bis. 6 “se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior”.
En el párrafo segundo se establece que “cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se le aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo”.
Establece el apartado 7 que “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 CP bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de: Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 CP.
Establece el apartado 8 que “la provocación, conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos, serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
Establece el apartado 9 que “en todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de lo que corresponda en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación”.
Reincidencia internacional
Establece el apartado 10 que “las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo, producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español”.
Supuestos de exención de pena por infracciones penales cometidas por las víctimas de trata de seres humanos
Dispone el art. 177, bis, 11 CP que “sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado”.

References: artículo 15
 artículo 48
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 33
 artículo 318