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Timestamp: 2013-05-24 14:04:28+00:00

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Informe 101. BOE febrero-2003.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 101 (BOE DE FEBRERO-2003).
* Jos� F�lix Merino Escart�n,
Registrador de la Propiedad de La Orotava (Tenerife)
* Alfonso de la Fuente Sancho, Notario
de Los Realejos (Tenerife)
* Joaqu�n Delgado Ramos, Registrador
de la Propiedad de Archidona (M�laga) y Notario excedente.
* Mar�a N��ez, Registradora de la Propiedad
de La Estrada (Pontevedra)
* Carlos Ballugera G�mez Registrador
de la Propiedad de Bilbao.
* Francisco M�nguez Jim�nez,
Inspector de Finanzas, adscrito D.G. Tributos.
* Miguel Gil del Campo, Inspector de
Nota: Los temas m�s interesantes
llevan estrellas (*) y las RR. m�s did�cticas una �D�.
* PROTECCI�N PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de protecci�n patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci�n del C�digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. (aprobado por el Consejo de Ministros de 14 de febrero). 1.- CREACI�N DEL PATRIMONIO ESPECIALMENTE PROTEGIDO:
Concepto: El Anteproyecto regula una nueva figura, la del "patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad" que, una vez constituido, queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacci�n de las necesidades vitales de la persona que padece esta circunstancia.
De esta forma se atiende la preocupaci�n de muchas familias que quieren prever la situaci�n en que quedar� su familiar discapacitado cuando los progenitores o tutores ya no est�n o ya no puedan hacerse cargo de �l, sin perjuicio de que el Estado despliegue la necesaria funci�n asistencial cuando proceda.
Beneficiarios: el discapacitado afectado por una minusval�a ps�quica igual o superior al 33 por 100 o los afectados por una minusval�a f�sica y sensorial igual o superior al 65 por 100.
Constituyentes: o bien la propia persona con discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo o, en caso de que �sta no tenga plena capacidad de obrar, sus padres o tutores. Asimismo, cualquier persona puede solicitar la constituci�n del patrimonio a los padres o tutores, haciendo una aportaci�n de bienes o derechos. En caso de negativa por parte de �stos, esa persona puede solicitar su constituci�n al juez.
Administraci�n: se regula con gran flexibilidad, de forma que podr� corresponder a quien constituya el patrimonio, sea la propia persona con discapacidad, sean sus padres. Esta administraci�n podr� tambi�n confiarse, si as� lo decide el constituyente, a terceras personas o a instituciones sin �nimo de lucro especializadas en la gesti�n de este tipo de patrimonios.
Salvo en los casos en que haya constituido el patrimonio el propio discapacitado, las reglas de administraci�n deber�n prever que se requiera autorizaci�n judicial en los mismos supuestos que, en la actualidad, la requiere el tutor respecto de los bienes del tutelado, si bien se permite que el juez pueda flexibilizar este r�gimen.
La supervisi�n de la administraci�n del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, al que deber� rendir cuentas de su gesti�n el administrador del patrimonio. Como �rgano de apoyo y auxilio del Ministerio Fiscal se crear� la Comisi�n de Protecci�n Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que participar�n representantes de la asociaci�n m�s representativa de los diferentes tipos de discapacidad. Esta Comisi�n llevar� el
Registro de Patrimonios Protegidos.
Extinci�n: se producir� por fallecimiento de la persona con discapacidad o porque �sta deje de padecer una minusval�a en los grados establecidos para ser beneficiario.
2.- BENEFICIOS FISCALES A) Para los aportantes:
Aportaciones dinerarias: Los parientes en l�nea directa o colateral hasta el tercer grado, el c�nyuge y los tutores o acogedores de una persona con discapacidad, podr�n deducirse de la base imponible de su IRPF un m�ximo de 8.000 euros anuales por las aportaciones dinerarias que realicen a un patrimonio protegido.
Aportaciones no dinerarias: Si las aportaciones fueran no dinerarias, se permite la deducci�n de su valor y, si �ste excediera de 8.000 euros, el exceso podr� deducirse durante los cuatro a�os siguientes, siempre que no se supere el m�ximo de 8.000 euros por a�o.
Adem�s, en caso de que la aportaci�n no dineraria pusiera de manifiesto un incremento de patrimonio en el aportante, dicho incremento se declara exento. Por ejemplo, si una persona hiciera como aportaci�n una vivienda, la plusval�a puesta de manifiesto al transmitir la vivienda no tributa en este caso en el impuesto sobre la renta, como es habitual.
Empresas: Tambi�n se permite que las empresas puedan realizar aportaciones, dinerarias o no, a los patrimonios protegidos de sus empleados o de los parientes de �stos, tambi�n con un l�mite de 8.000 euros anuales. Esta aportaci�n da derecho a una deducci�n de un 10 por 100 en la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
B) Para el discapacitado
Rendimiento de trabajo: Para el beneficiario de estas aportaciones, tendr�n consideraci�n de rendimiento de trabajo en la misma medida en la que dan derecho a deducci�n, es decir, hasta un m�ximo de 8.000 euros anuales. No obstante, se declara exenta una cantidad equivalente al doble del salario m�nimo interprofesional (actualmente 12.634 euros anuales). Adem�s, este rendimiento de trabajo no estar� sujeto a retenci�n.
Sucesiones y donaciones: Al tener la consideraci�n de rendimiento de trabajo, estas aportaciones, hasta un m�ximo de 8.000 euros anuales, no estar�an sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, s�lo en caso de que la aportaci�n superara este l�mite, el exceso estar�a sujeto a dicho tributo.
Esta fiscalidad, unida a los beneficios que a favor de las personas con discapacidad introduce la �ltima reforma tributaria, hace que s�lo haya tributaci�n cuando se aporten a los patrimonios protegidos grandes cantidades, o bienes de considerable valor, o cuando la persona con discapacidad tenga importantes ingresos. 3.- OTRAS MEDIDAS DE PROTECCI�N PATRIMONIAL
Adem�s de regular el patrimonio protegido, el Anteproyecto incorpora un conjunto de modificaciones del C�digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante las que se adoptan diferentes medidas que mejoran la protecci�n patrimonial de las personas con discapacidad.
A) Autotutela: Se permite que una persona, en previsi�n de una futura incapacitaci�n, por ejemplo cuando se le diagnostica una enfermedad degenerativa, pueda designar un tutor para s� mismo. Tambi�n se permite que cualquier persona pueda solicitar al juez su propia incapacitaci�n.
B) Modificaciones en el derecho de sucesiones:.
1. Se impide que, en ausencia de testamento, puedan heredar a una persona con discapacidad los parientes que no le hayan prestado las atenciones debidas durante su vida. 2. Se permite que cualquiera de los padres pueda atribuir la totalidad de la herencia, incluyendo la leg�tima, a su hijo judicialmente incapacitado. Cuando �ste fallezca, la leg�tima revertir� a sus hermanos o a los herederos de los mismos. 3. En caso de que un hijo con discapacidad conviva con su padre o madre, en el momento del fallecimiento de estos �ltimos se establece el derecho del hijo con discapacidad a disfrutar de la vivienda habitual de la familia sin que ello compute como parte de la herencia. C) Contrato de alimentos:
Se regula en el C�digo Civil el contrato de alimentos, por el que una persona prestar� vivienda, manutenci�n y asistencia a otra, a cambio de un capital en bienes muebles o inmuebles. Utilizando esta f�rmula, los padres de una persona con discapacidad podr�n entregar a su fallecimiento un capital a una instituci�n especializada, a cambio de que �sta atienda durante el resto de su vida a su hijo con discapacidad.
VALENCIA. LEY 12/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2003.
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-04/pdfs/A04607-04638.pdf
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS. ORDEN HAC/157/2003, de 30 de enero, por la que se eleva el l�mite exento de la obligaci�n de aportar garant�a en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 6.000 euros. Se aplica a las deudas tributarias gestionadas por la Agencia Tributaria o cuya recaudaci�n en periodo ejecutivo corresponda a los �rganos de recaudaci�n de la misma. No se extiende a los expedientes en tramitaci�n.
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030205_04780.gif
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-05/seccion1.html
CATALU�A. LEY 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del C�digo civil de Catalu�a.
La Ley establece la estructura (seis libros) y sistem�tica del C�digo Civil de Catalu�a y aprueba su Libro Primero.
Presenta una curiosa numeraci�n de los art�culos, formado por tres cifras (libro, t�tulo y cap�tulo), un gui�n y el n�mero propio del art�culo. As� el art�culo 1 es el 111-1.
Tan s�lo se publica el primer libro que, bajo la r�brica �Disposiciones Generales� est� dedicado a Disposiciones preliminares, prescripci�n y caducidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/seccion1.html#00002
ESTIMACI�N OBJETIVA. ORDEN HAC/225/2003, de 11 de febrero, por la que se desarrollan para el a�o 2003 el r�gimen de estimaci�n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y el r�gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor A�adido
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030212_05567.gif
ADMINISTRACI�N PERIF�RICA. REAL DECRETO 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisi�n interministerial de coordinaci�n de la Administraci�n perif�rica del Estado.
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030213_05831.gif
ASTURIAS. LEY 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030213_05832.gif
AUDITOR�A DE CUENTAS. REAL DECRETO 181/2003, de 14 de febrero, por el que se desarrolla el r�gimen de aplicaci�n de la tasa del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas por emisi�n de informes de auditor�a de cuentas. http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-15/seccion1.html#00002
CONTRATOS DE TRABAJO. REAL DECRETO 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicaci�n del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias b�sicas a los Servicios P�blicos de Empleo, y el uso de medios telem�ticos en relaci�n con aqu�lla.
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030219_06776.gif
AUDITOR�A DE CUENTAS. REAL DECRETO 180/2003, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas.
Se establece la obligaci�n de empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jur�dica, que hubiesen recibido subvenciones y ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones p�blicas o Uni�n Europea por un importe superior a 600.000 euros, de someter a auditor�a las cuentas anuales de dicho ejercicio y de aqu�llos en que se ejecuten las inversiones.
Tambi�n se produce esta obligaci�n para las empresas y entidades que realicen obras, gesti�n de servicios p�blicos, suministros, consultor�a y asistencia y servicios a las Administraciones por un importe superior a 600.000 euros, siempre que esta cifra represente m�s del 50 por ciento del importe anual de su cifra de negocios.
Igualmente, para las empresas y entidades que presenten cuentas anuales y no concurran las circunstancias previstas para formular balance abreviado.
No se podr� revocar a los auditores antes de que finalice el per�odo para el que fueron nombrados, salvo que concurra justa causa.
En el caso de entidades sometidas a supervisi�n, los auditores deber�n comunicar en el plazo de 10 d�as cualquier hecho o decisi�n relevante sobre la entidad auditada al Banco de Espa�a, la CNMV o la Direcci�n General de Seguros, seg�n proceda.
(Comentario extra�do de
Actualidad Fiscal de Febrero).
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07840-07843.pdf
BUROCRACIA SIN PAPEL. REAL DECRETO 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telem�ticas, as� como la utilizaci�n de medios telem�ticos para la sustituci�n de la aportaci�n de certificados por los ciudadanos. Este Decreto est� en la l�nea perseguida por el Gobierno de impulsar la implantaci�n de la �administraci�n electr�nica� y de desarrollar una nueva cultura administrativa en la que el papel, en la medida de lo posible, vaya siendo sustituido por los documentos telem�ticos, con los ahorros tanto econ�micos como de espacio f�sico que ello implicar�.
Regula reglamentariamente, de modo fundamental, lo siguiente:
1�.- NOTIFICACIONES TELEM�TICAS.
El art�culo 2 modifica el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizaci�n de t�cnicas electr�nicas, inform�ticas y telem�ticas por la Administraci�n General del Estado, a fin de desarrollar la regulaci�n de las notificaciones telem�ticas, los certificados telem�ticos y transmisiones de datos. Se le a�ade el siguiente art�culo 12:
Art�culo 12. Regulaci�n de las notificaciones telem�ticas.
1. Los �rganos administrativos y los organismos p�blicos podr�n habilitar sistemas de notificaci�n utilizando medios telem�ticos de acuerdo con lo dispuesto en el presente art�culo.
2. Podr� practicarse la notificaci�n por medios telem�ticos a los interesados cuando, adem�s de los requisitos especificados en el
art�culo 7 del presente real decreto, aqu�llos as� lo hayan manifestado expresamente, bien indicando el medio telem�tico como preferente para la recepci�n de notificaciones en su solicitud, escrito o comunicaci�n, o bien consintiendo dicho medio a propuesta del correspondiente �rgano u organismo p�blico.
3. Para la eficacia de lo dispuesto en el presente art�culo, todo interesado que manifieste su voluntad de ser notificado por medios telem�ticos en cualesquiera procedimientos deber� disponer, con las condiciones que se establezcan, de una direcci�n electr�nica habilitada para ello, que ser� �nica para todas las posibles notificaciones a practicar por la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos. La direcci�n electr�nica �nica deber� cumplir los siguientes requisitos:
b) Contar con mecanismos de autenticaci�n que garanticen la identidad del usuario.
La direcci�n electr�nica �nica tendr� vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocaci�n por el titular, por fallecimiento de la persona f�sica o extinci�n de la personalidad jur�dica, que una resoluci�n administrativa o judicial as� lo ordene o por el transcurso de tres a�os sin que se utilice para la pr�ctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitar� la direcci�n electr�nica �nica, comunic�ndoselo as� al interesado.
4. La notificaci�n se practicar� por medios telem�ticos s�lo para los procedimientos expresamente se�alados por el interesado. Durante la tramitaci�n del procedimiento, y �nicamente cuando concurran causas t�cnicas justificadas, el interesado podr� requerir al �rgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios telem�ticos, utiliz�ndose los dem�s medios admitidos en el art�culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico y del Procedimiento Administrativo Com�n, o en el art�culo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
5. El sistema de notificaci�n deber� acreditar las fechas y horas en que se produzca la recepci�n de la notificaci�n en la direcci�n electr�nica asignada al interesado y el acceso de �ste al contenido del mensaje de notificaci�n, as� como cualquier causa t�cnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores. Cuando existiendo constancia de la recepci�n de la notificaci�n en la direcci�n electr�nica, transcurrieran diez d�as naturales sin que acceda a su contenido, se entender� que la notificaci�n ha sido rechazada.�
Se aplica tambi�n a las notificaciones previstas en el
art�culo 105.3 y 8 de la Ley General Tributaria.
2�.- CERTIFICACIONES TELEM�TICAS.
Se a�aden los art�culos 13 y 14:
Art�culo 13. Sustituci�n de certificados en soporte papel.
1. Siempre que el interesado as� lo autorice o una norma de rango legal lo disponga, los certificados administrativos en soporte papel ser�n sustituidos por certificados telem�ticos o por transmisiones de datos.
2. En ambos casos, su expedici�n, tratamiento y efectos se regir�n por lo dispuesto en este real decreto con estricta sujeci�n a lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
Art�culo 14. Certificados telem�ticos.
1. El certificado telem�tico contendr� los datos objeto de certificaci�n y la firma electr�nica de la autoridad competente para expedirlos. 2. La expedici�n de un certificado telem�tico se realizar�:
a) A solicitud del interesado, a quien le ser� enviado o puesto a disposici�n para su remisi�n al �rgano que lo requiere.
A instancia del �rgano requirente, bien a iniciativa del interesado, o del propio �rgano requirente, siempre que cuente con el expreso consentimiento de aqu�l, salvo que el acceso est� autorizado por una ley. En este supuesto, la petici�n de certificado identificar� el tr�mite o procedimiento para el que se requiere y har� constar que se dispone del consentimiento expreso del interesado o la norma que lo except�e.
3. A estos efectos, el consentimiento del interesado para que el certificado sea requerido por el �rgano tramitador del procedimiento habr� de constar en la solicitud de iniciaci�n del procedimiento o en cualquier otra comunicaci�n posterior, sirviendo el recibo de presentaci�n de �sta como acreditaci�n del cumplimiento del requisito de presentaci�n del certificado.
4. Los certificados telem�ticos producir�n id�nticos efectos a los expedidos en soporte papel. A tal efecto, su contenido deber� poder ser impreso en soporte papel, en el que la firma manuscrita ser� sustituida por un c�digo de verificaci�n generado electr�nicamente que permita en su caso contrastar su autenticidad accediendo por medios telem�ticos a los archivos del �rgano u organismo emisor.
3�.- TRANSMISIONES TELEM�TICAS DE DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES.
Se a�ade el art�culo 15, aparte de dos Disposiciones Adicionales.
Art�culo 15. Transmisiones de datos. 1. Las transmisiones de datos sustituyen a los certificados administrativos en soporte papel por el env�o, a trav�s de medios telem�ticos y con los requisitos de seguridad previstos en el art�culo 4 del presente real decreto, de aquellos datos que sean necesarios para el ejercicio por un �rgano u organismo de sus competencias en el marco de un procedimiento administrativo.
2. La aportaci�n de certificados previstos en las vigentes normas reguladoras de procedimientos y actuaciones administrativas se entender�n sustituidos, a todos los efectos y con plena validez y eficacia, por las transmisiones de datos que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en este art�culo.
3. Para la sustituci�n de un certificado por la transmisi�n de los correspondientes datos, el titular de �stos deber� haber consentido expresamente la realizaci�n de la transmisi�n, salvo en los supuestos previstos en norma con rango de ley. Si no prestara su consentimiento, el interesado deber� solicitar y aportar el correspondiente certificado.
4. Toda transmisi�n de datos se efectuar� a solicitud del �rgano o entidad tramitadora en la que se identificar�n los datos requeridos y sus titulares, as� como la finalidad para la que se requieren.
En la solicitud se har� constar que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea necesario.
5. De la petici�n y recepci�n de los datos se dejar� constancia en el expediente por el �rgano u organismo receptor. A efectos de la verificaci�n del origen y la autenticidad de los datos por los �rganos de fiscalizaci�n y control, se habilitar�n mecanismos para que los �rganos mencionados puedan acceder a los datos transmitidos.�
4�.- REGISTROS TELEM�TICOS. En el art�culo 3 se introducen las modificaciones al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administraci�n General del Estado, la expedici�n de copias de documentos y devoluci�n de originales y el r�gimen de las oficinas de registro, al a�adir un nuevo cap�tulo en el que se regulan los registros telem�ticos.
A pesar de la denominaci�n de los mismos como registros, nos encontramos ante una figura radicalmente distinta a los registros convencionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento de los registros telem�ticos no pueden asimilarse al resto de los registros administrativos.
Art�culo 14. Creaci�n de registros telem�ticos.
1. La creaci�n de registros telem�ticos se efectuar� mediante orden ministerial o, en el caso de organismos p�blicos, mediante la disposici�n que prevea su correspondiente normativa reguladora�
Art�culo 15. Funciones de los registros telem�ticos.
�2. Los registros telem�ticos realizar�n las siguientes funciones:
a) La recepci�n y remisi�n de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los tr�mites y procedimientos que se especifiquen en su norma de creaci�n y que sean competencia del �rgano que cre� el registro.
b) La anotaci�n de los correspondientes asientos de entrada y salida de acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto y en los apartados 2 y 3 del art�culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
En ning�n caso, realizar�n funciones de expedici�n de copias selladas o compulsadas de los documentos que, en su caso, se transmitan junto con la solicitud, escrito o comunicaci�n.
Art�culo 16. Presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones en registros telem�ticos.
1. Los registros telem�ticos deber�n admitir la presentaci�n por medios telem�ticos de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los tr�mites y procedimientos que se especifiquen en su norma de creaci�n. En la direcci�n electr�nica de acceso al registro figurar� la relaci�n actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en aqu�l. Dicha presentaci�n tendr� car�cter voluntario para los interesados, siendo alternativa a la utilizaci�n de los lugares se�alados en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, con la excepci�n de los supuestos contemplados en una norma con rango de ley.
2. La recepci�n en un registro telem�tico de solicitudes, escritos y comunicaciones que no est�n incluidas en la relaci�n a que se refiere el apartado anterior, o que hayan sido presentadas por medios diferentes al telem�tico, no producir� ning�n efecto. En estos casos, se archivar�n, teni�ndolas por no presentadas, comunic�ndolo as� al remitente.
3. La presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones en registros telem�ticos tendr� id�nticos efectos que la efectuada por los dem�s medios admitidos en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Art�culo 17. Recepci�n.
1. La presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones podr� realizarse en los registros telem�ticos durante las 24 horas de todos los d�as del a�o. Los registros telem�ticos se regir�n por la fecha y hora oficial espa�ola, que deber� figurar visible en la direcci�n electr�nica de acceso al registro.
hora oficial, a efectos del registro telem�tico, ser� la correspondiente a la pen�nsula y el archipi�lago balear, salvo que el registro tenga como �mbito territorial la Comunidad Aut�noma de Canarias, en cuyo caso ser� la hora oficial correspondiente al archipi�lago canario�
3. El registro telem�tico emitir� por el mismo medio un mensaje de confirmaci�n de la recepci�n de la solicitud, escrito o comunicaci�n en el que constar�n los datos proporcionados por el interesado, junto con la acreditaci�n de la fecha y hora en que se produjo la recepci�n y una clave de identificaci�n de la transmisi�n. El mensaje de confirmaci�n, que se configurar� de forma que pueda ser impreso o archivado inform�ticamente por el interesado y garantice la identidad del registro, tendr� el valor de recibo de presentaci�n a efectos de lo dispuesto en el art�culo 6.3 de este real decreto.
El usuario deber� ser advertido de que la no recepci�n del mensaje de confirmaci�n o, en su caso, la recepci�n de un mensaje de indicaci�n de error o deficiencia de la transmisi�n implica que no se ha producido la recepci�n, debiendo realizarse la presentaci�n en otro momento o utilizando otros medios.
Art�culo 18. C�mputos.
La presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telem�ticos, su recepci�n, as� como las remisiones de escritos y comunicaciones por aqu�llos, se regir� a los efectos de c�mputo de los plazos fijados en d�as h�biles por los siguientes criterios:
a) Ser�n considerados d�as inh�biles para los registros telem�ticos y para los usuarios de �stos s�lo los as� declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual de d�as inh�biles. Para aquellos registros telem�ticos destinados a la recepci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a tr�mites o procedimientos cuya instrucci�n y resoluci�n corresponda a �rganos cuya competencia est� territorialmente delimitada a una comunidad aut�noma, provincia o municipio, ser�n tambi�n inh�biles los as� declarados en el �mbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un d�a inh�bil para el registro telem�tico se entender� efectuada en la primera hora del primer d�a h�bil siguiente.
A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribir�n como fecha y hora de presentaci�n aquellas en las que se produjo efectivamente la recepci�n, constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer d�a h�bil siguiente.
c) Los registros telem�ticos no realizar�n ni anotar�n salidas de escritos y comunicaciones en d�as inh�biles.�
Desarrolla su Disposici�n final 1� la ORDEN PRE/1551/2003, de 10 de junio. http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-28/pdfs/A08085-08090.pdf
TARJETA DE RESIDENCIA. REAL DECRETO 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-22/pdfs/A07397-07402.pdf
FACTURACI�N TELEM�TICA. RESOLUCI�N 2/2003, de 14 de febrero, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, sobre determinados aspectos relacionados con la facturaci�n telem�tica.
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030228_08058.gif
SECCION 2� BOE.
Don Jos� Luis Batalla Carilla, Registrador de la Propiedad de Zaragoza n�mero 8
Don Rafael Rodr�guez Garc�a, Registrador de la Propiedad de Madrid n�mero 22. El Notario de Valencia, don Jos� Samper Reig.
El Notario de Quartell don Roberto G�rriz Ruix.
El Notario de Barcelona don Jos� Alberto Mart�n Vidal.
D* 1. INSCRIPCION DE SERVIDUMBRES PERSONALES CON EFICACIA REAL ("OB REM"). R. 5 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
El due�o de un edificio (finca 1) constituye en favor de la sociedad arrendataria de un local cercano (finca 2) dos servidumbres personales negativas consistentes en la obligaci�n del due�o de la finca 1 de abstenerse de ejercitar determinadas actividades en el predio sirviente, concretamente no realizar actividades de exhibici�n de cine y espect�culos ,y de venta de golosinas (que se supone se van a realizar por la sociedad arrendataria en el local 2).
Faltan datos para conocer la situaci�n jur�dica exacta, pero parece deducirse del texto publicado que el beneficiario de las servidumbres no es el propietario del predio dominante (finca 2) sino el arrendatario, y que la intenci�n de los contratantes es que quede obligado no s�lo el propietario actual del predio sirviente, sino tambi�n los sucesivos. De ah� el car�cter personal del titular de la servidumbre (lo es la sociedad arrendataria, no el propietario del predio dominante) aunque con vinculaci�n "ob rem", (grava un predio sirviente, cualquiera que sea su propietario).
El registrador deniega la inscripci�n por considerar que estamos ante una servidumbre personal, que no ha de tener acceso al registro.
La DGRN considera, en base al principio de "numerus apertus" de nuestro sistema de constituci�n de derechos reales, que estamos en este caso ante una verdadera servidumbre real, que se sustenta en una relaci�n econ�mica generada por la realidad, y al obedecer a un inter�s leg�timo, y no contradecir la ley ni el orden p�blico, la considera inscribible. Considera, por lo dem�s, que tambi�n se pod�a haber configurado como una obligaci�n personal, pero para que sea oponible a terceros se necesita configurarla como un derecho real.
Como conclusi�n, para constituir un derecho real basta la voluntad de los interesados, que no haya raz�n legal o de orden p�blico que lo impida, y que el derecho se configure con las caracter�sticas y contenido de tal derecho real, fundamentalmente la voluntad de que sea oponible frente a terceros. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04952-04954.pdf
D* 2. DERECHO DE RETRACTO LEGAL ADMINISTRATIVO. R. 9 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Se pretende por la Administraci�n (Andaluza) inscribir a su favor una serie de fincas, sobre las que se ha ejercitado un derecho de retracto administrativo (al estar las fincas en el �mbito de un espacio protegido), de acuerdo con una Ley auton�mica (ley de 27 de Marzo de 1989, de Conservaci�n de los espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
El procedimiento seguido ha sido puramente administrativo, es decir no se ha obtenido el consentimiento del comprador-actual titular, y no se ha acudido supletoriamente a los tribunales para obtener una resoluci�n judicial. �nicamente se acredita el acta del pago del precio, mediante su dep�sito en la Caja de Dep�sitos, y la ocupaci�n de la finca. El Registrador deniega la inscripci�n porque considera que el principio de tracto sucesivo se lo impide. La administraci�n actuante considera que a los retractos administrativos no le son de aplicaci�n las normas civiles de los retractos legales, y s� por analog�a las normas de la expropiaci�n forzosa, al actuar la Administraci�n con el privilegio de su potestad administrativa.
La DGRN, siguiendo la jurisprudencia, diferencia entre "actos de la administraci�n" y "actos administrativos". S�lo a estos �ltimos les es de aplicaci�n la v�a administrativa. Pero cuando la Administraci�n act�a en relaciones de Derecho Privado con los particulares estamos en el primer supuesto, en el que corresponde seguir la v�a ordinaria; es b�sico y tradicional en Derecho Administrativo el principio de que la defensa del administrado frente a las injerencias de la Administraci�n en sus bienes particulares compete a los tribunales ordinarios, a menos que una Ley conceda expresamente esa potestad a la Administraci�n -como en los casos de Expropiaci�n-.
La LEC vigente (art�culo 249.7) refuerza actualmente este control de los tribunales ordinarios, pues establece que las acciones de ejercicio del derecho de retracto de cualquier tipo deben ejercitarse en los tribunales ordinarios. Se confirma por tanto la denegaci�n de inscripci�n. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04954-04955.pdf
3. DERECHO DE RETRACTO LEGAL ADMINISTRATIVO . R. 10 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
�dem que la anterior de 9 de Diciembre de 2002. Adem�s hay otras cuestiones en las que no se entra y hubiera sido interesante resolver, pues el registrador alega adem�s como defectos que el derecho de retracto se ejercita fuera de plazo (1 a�o), y que el t�tulo formal de la resoluci�n administrativa y la carta de pago del impuesto se presentan mediante fotocopias compulsadas y no en original. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04956-04957.pdf
4. DERECHO DE RETRACTO LEGAL ADMINISTRATIVO. R. 13 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
�dem que la anterior de 9 de Diciembre de 2002. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04960-04962.pdf
5. INSCRIPCI�N PRACTICADA. RESERVA TRONCAL. R. 11 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Los due�os en proindiviso de una casa la constituyen en r�gimen de propiedad horizontal. Una parte est� sujeta a una reserva del art�culo 811 del C�digo Civil, habiendo comparecido en la escritura los que ser�an reservatarios si en tal momento se produjera la consumaci�n de la reserva. La inscripci�n se practic� con la siguiente expresi�n: �todas las inscripciones practicadas quedan sujetas a la posible revocaci�n, incluso frente a terceros, en virtud de las garant�as establecidas a favor de los ulteriores beneficiarios de la reserva�.
No cabe recurso gubernativo para discutir esta especificidad del asiento practicado, sino tan s�lo contra la suspensi�n o denegaci�n de un asiento. Sugiere el Centro Directivo la v�a de una solicitud de rectificaci�n del Registro, ya que su hipot�tica denegaci�n s� podr�a ser objeto de recurso gubernativo.
Se plantea una interesante cuesti�n (no tratada por la DG al no poder entrar en el fondo): todos lo reservatarios actuales muestran su conformidad a que el tanto por ciento del car�cter del bien reservable, s�lo afecte a las fincas que se adjudican a la reservista. �Se liberan con ello los bienes adjudicados al otro comunero? (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04957-04959.pdf
6. MODIFICACI�N DE PROPIEDAD HORIZONTAL. R. 12 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
En la inscripci�n de un edificio constituido en r�gimen de propiedad horizontal se expresa que las boardillas o trasteros situados bajo la cubierta del inmueble pertenecen a los pisos cuatro a once inclusive, en proporci�n a sus respectivas superficies. Se presenta en el Registro una escritura por la que el Presidente de la comunidad, actuando �l solo, y cumpliendo acuerdos tomados por unanimidad de la Junta a la que concurrieron, presentes o representados, todos los propietarios, especifica el trastero que corresponde a cada uno de los pisos expresados, describiendo �stos y solicitando la correspondiente inscripci�n en el Registro.
Defecto primero (seg�n los Fundamentos de Derecho): No se especifica el nombre de los asistentes a la Junta. La DG lo revoca siguiendo la doctrina de la
R. 23 de mayo de 2001, entendiendo que, por tratarse de un acto colectivo no se requiere la constataci�n exigida por el Registrador. Estima que es necesaria la conformidad de la Junta con las correspondientes descripciones, al objeto de que no se invadan elementos comunes.
Ahora bien, aunque no lo haya previsto el Notario ni nada haya dicho el Registrador al respecto (al menos con los datos publicados), la DG echa de menos en la escritura el consentimiento individualizado de los titulares registrales de los pisos directamente afectados cuya intervenci�n podr�a haber servido tambi�n para que declarasen la superficie y dem�s elementos identificadores de sus respectivos anejos.
Defecto segundo: A1 no constar en el Registro la superficie que ten�an las buhardillas o trasteros, es necesario que por t�cnico competente se certifique la superficie. Se revoca porque es un requisito exigible en una declaraci�n de obra nieva y este t�tulo no lo es.
Curiosamente, la Direcci�n dice, al final, que estima el recurso parcialmente, cuando revoca los dos defectos, por lo menos tal como los resume, sobre todo el primero de ellos, en sus Fundamentos de Derecho. Tal vez lo que quiere es mantener la primera parte del primer defecto que reza: �para alterar el t�tulo constitutivo, y disponer de elementos privativos, se precisa el acuerdo un�nime de todos los propietarios seg�n el Registro, por exigencias del principio de tracto sucesivo�. El Registrador coincide con la DG al aludir al tracto sucesivo para exigir el control de los titulares registrales. Pero hay dos puntos de discrepancia ya que la Direcci�n s�lo centra el control en los propietarios de los pisos directamente afectados y puesto que exige su intervenci�n directa en la escritura. �Queda, en consecuencia, vigente esta parte de la nota? �Con las matizaciones de la DG? Una interpretaci�n integradora nos lleva a la conclusi�n de que se mantiene (estimaci�n parcial) pero con el sentido de los dos matices apuntados que tienen m�s bien un sentido did�ctico y orientador acerca de c�mo resolver el asunto: con la comparecencia ante Notario de los titulares registrales de los pisos haciendo al tiempo la descripci�n y fijaci�n de superficie de las correspondientes trasteros. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04959-04960.pdf
7. R�GIMEN ECON�MICO MATRIMONIAL DE EXTRANJEROS y HERENCIA. R. 16 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Un piso est� inscrito a nombre de don V. R. S., casado con do�a I. L. M., de nacionalidad argentina, �con arreglo a la legislaci�n de su pa�s�. Fallece el titular registral, habiendo adquirido la nacionalidad espa�ola, bajo testamento en el que nombra herederas a su esposa y a su �nica hija, y estableciendo que, en pago de sus respectivos derechos, se adjudicaran todos los bienes hereditarios a la viuda en usufructo y a la hija en nuda propiedad. Las dos herederas, mayores de edad, realizan la partici�n declarando que todos los bienes son gananciales, y adjudicando la mitad de ellos a la viuda, en pago de su haber en la sociedad, y, respecto de la otra mitad, en usufructo a la viuda y en nuda propiedad a la hija, conforme a lo establecido por el testador.
El Registrador suspende la inscripci�n por no acreditarse que el titular, en el momento de la adquisici�n, estuviera sujeto al r�gimen de gananciales.
La DG revoca la nota. La regla general para el caso en que un bien est� inscrito a nombre de un extranjero casado conforme a la legislaci�n de su pa�s consiste en que, en el momento de su enajenaci�n debe acreditarse el r�gimen matrimonial, al efecto de determinar la legitimaci�n para disponer.
acreditaci�n no es necesaria cuando quienes disponen del bien agotan todos los derechos sobre el mismo, lo cual puede darse, por ejemplo, si enajenaran ambos c�nyuges, o, como en el caso presente, si se trata de una herencia, agotando los comparecientes todos los intereses que sobre el bien pueden concurrir, y siendo mayores de edad. En definitiva, pueden adjudicarse el piso en la forma que tengan por conveniente, siempre que quede manifiesta la causa de la adjudicaci�n, requisito este �ltimo que no plantea duda alguna en el supuesto debatido. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04962-04963.pdf
8. DERECHO DE USO EN SEPARACI�N JUDICIAL. R. 17 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
No cabe la inscripci�n del derecho de uso acordado en sentencia firme de separaci�n conyugal, a favor de la esposa sobre determinado inmueble no inscrito a nombre del esposo demandado, sino de un tercero que no intervine en el procedimiento. Se confirma la calificaci�n registral ya que no cabe inscribir un t�tulo no otorgado por el titular o resultante de un procedimiento en el que no ha sido parte. Se vulneran, entre otros, el principio de tracto sucesivo y el principio de derecho a la tutela judicial efectiva con interdicci�n de la indefensi�n. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04963-04964.pdf
*9. PARTICION POR CONTADOR PARTIDOR: HA DE GUARDAR ESTRICTA IGUALDAD .R. 18 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Caso planteado: Si en una partici�n, efectuada por el albacea contador partidor, pero ratificada por todos los herederos, es necesaria la intervenci�n de defensor judicial y la posterior aprobaci�n judicial, que exige el art�culo 299 del CC, cuando uno de los herederos, la viuda, interviene adem�s de en su propio nombre, en representaci�n de otro, judicialmente incapaz y sobre el que ejerce la patria potestad prorrogada. Alega el recurrente que no hay tal conflicto, ya que los herederos se han limitado a aprobar la partici�n efectuada por unos terceros, que eran los albaceas testamentarios. Entiende sin embargo, el Registrador, que no se trata de una partici�n efectuada por un contador partidor, ya que se ha omitido un tr�mite esencial, cual es la citaci�n del representante legal del incapaz del Art. 1057.3 CC por lo que tal partici�n es nula y de ah�, que sea necesaria la ratificaci�n de los herederos.
La Direcci�n General, aunque considera que la omisi�n de la citaci�n del representante legal de la incapaz para la formaci�n del inventario que exige el art�culo 1057 del C�digo Civil, (seg�n la STS de 8 de marzo de 1999) es causa de mera anulabilidad y como tal convalidable con posterioridad y a los solos efectos de subsanar la omisi�n de la notificaci�n para el inventario de los bienes hereditarios, en la ratificaci�n de �ste por la madre de la incapaz no se da contraposici�n de intereses que exija la intervenci�n de un defensor judicial (por ser los intereses paralelos y no contrapuestos) desestima el recurso y entiende que, como en el cuaderno particional se hacen adjudicaciones de bienes en met�lico, lo que excede de un acto meramente particional para incidir en el de los actos dispositivos, que no entran en las funciones del contador partidor, tales actuaciones suponen una extralimitaci�n en sus funciones por parte de los autores del cuaderno, que tan s�lo la ratificaci�n por los herederos, dando a la partici�n car�cter contractual, pueden salvar; y la ratificaci�n por la madre en nombre de su hija a la que legalmente representaba supone una actuaci�n en la que ha de apreciarse una clara contraposici�n de intereses, pues no estamos ante una estricta igualdad en los lotes y derechos que la excluir�a.(MN)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04964-04966.pdf
10. RECTIFICACI�N DE NEGOCIOS INSCRITOS. R. 19 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Caso planteado: si para la rectificaci�n de un pretendido error material padecido en tres t�tulos inscritos: la compraventa de una finca previa segregaci�n, una declaraci�n de obra nueva sobre ella y su venta posterior, basta la intervenci�n del que fuera en su d�a transmitente y el actual titular registral, como entiende el
Notario recurrente, o si por el contrario, como mantiene el Registrador, ha de prestar su consentimiento quien fuera titular intermedio entre uno y otro.
Entiende la Direcci�n General que el consentimiento exigido por el Art. 40 d) de la Ley Hipotecaria, no es solo un consentimiento del titular registral para practicar el asiento de rectificaci�n, sino que es un requisito necesario pero como aditamento, en su caso, del acto o negocio jur�dico determinante de la rectificaci�n, ya que si bien habr� supuestos en los que al ser objeto de rectificaci�n un acto o negocio unilateral del titular registral se estar�n confundiendo el acto o negocio rectificatorio con el consentimiento para su reflejo registral, por lo general este consentimiento no es sino un complemento necesario de aquel acto o negocio. Si lo que realmente se rectifica no es un error del Registro sino de negocios que ya han accedido al mismo, ser� necesario para su reflejo tabular, el consentimiento del titular registral, pero tambi�n para que tales rectificaciones sean eficaces por s� mismas y esa eficacia no puede admitirse si no es consentida por todos los que fueron parte en aqu�llos.(MN)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04966-04967.pdf
11. CARGAS POSTERIORES A LA CERTIFICACI�N: PUEDEN CANCELARSE SIN CONSIGNAR EL SOBRANTE R. 20 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Caso planteado: si es necesario, en un procedimiento de ejecuci�n de hipoteca seguido por los tr�mites del antiguo art�culo 131 de la Ley Hipotecaria, para cancelar las cargas posteriores y que han accedido al Registro una vez expedida la certificaci�n de cargas, que el sobrante se haya consignado a disposici�n de aquellos acreedores posteriores.
Entiende la Direcci�n General, respecto de los acreedores posteriores cuyo derecho accede al Registro una vez expedida la certificaci�n de cargas, que la garant�a de sus intereses compete a los propios interesados a trav�s de la actividad que pueden desplegar compareciendo por propia iniciativa en los autos para hacer valer en ellos sus posibles derechos (cfr. art�culo 1516 de la anterior LEC), sin que el Juez deba en otro caso tomar medidas en defensa de derechos cuya existencia ignora. Y que el sistema legal de limitaci�n de la responsabilidad por raz�n de intereses opera tan s�lo en relaci�n con terceros (cfr. art�culos 14 y 146 de la Ley Hipotecaria); pero que ha de tener el concepto de tal el que, sin haber intervenido en la hipoteca, adquiere o inscribe el dominio u otro derecho real sobre la finca, pero con relaci�n a un momento temporal, el de la iniciaci�n del procedimiento judicial a instancia de un acreedor hipotecario, y m�s concretamente, a la fecha de la anotaci�n preventiva del embargo en el juicio ejecutivo o el de la nota marginal en el especial sumario, por lo que quedan excluidos del concepto de tercero, a efectos de extensi�n de la hipoteca a intereses y costas, los inscribientes posteriores. Por eso, si la cancelaci�n de los derechos inscritos con posterioridad a una hipoteca que se ejecuta exige que el sobrante obtenido en la realizaci�n se ponga a disposici�n de los titulares de esos derechos, el Registrador est� llamado a ejercer el control de legalidad de su calificaci�n en cuanto a esa puesta a disposici�n, pero tan s�lo en cuanto a terceros cuya llamada al procedimiento sea obligada, no en cuanto a aqu�llos en que no proceda.(MN)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04967-04969.pdf
*12. EMBARGO DE CUOTA GANANCIAL R. 23 de diciembre de 2002, DGRN. BOE del 6 de febrero.
Si es suficiente para la inscripci�n en el Registro de la Propiedad de una escritura de liquidaci�n de sociedad de gananciales y de adjudicaci�n de herencia, que intervenga, con los dem�s interesados, el adjudicatario (en expediente de enajenaci�n forzosa por apremio fiscal) de los derechos de uno de los copart�cipes en los patrimonios ganancial y hereditario.
Registrador deniega la inscripci�n de una escritura por no haber intervenido en su otorgamiento el viudo (como cotitular del patrimonio ganancial disuelto, como legatario de parte al�cuota de la causante y como heredero, por derecho de transmisi�n.
A pesar de que el principio de responsabilidad patrimonial universal (art�culo 1911 del C�digo Civil) permite embargar cualquier derecho o situaci�n jur�dica de contenido patrimonial, no todos los derechos embargables son susceptibles de enajenaci�n directa: el embargo de cuotas abstractas en un patrimonio colectivo en liquidaci�n es una medida cautelar que no produce m�s efecto que el de anticipar el embargo sobre los �bienes futuros� que se adjudiquen (si se adjudican) al deudor en la divisi�n del caudal. En resumen: respecto de la sociedad de gananciales disuelta es posible embargar la cuota abstracta de un c�nyuge, pero no subastarla, pues la traba est� llamada a ser sustituida por los bienes que se adjudiquen al deudor, que ser�n objeto de ejecuci�n espec�fica (cfr. 1.373 del C�digo y si se subasta la cuota el adquirente s�lo recibe un derecho imperfecto, dependiente de una situaci�n respecto de la que es tercero: La liquidaci�n, que no efect�a �l sino los c�nyuges o sus herederos. Y no habiendo intervenido el deudor, al menos en las operaciones de liquidaci�n de gananciales, y siendo �stas antecedentes de las hereditarias, propiamente dichas, (sin prejuzgar, como, se dijo, los efectos de la adjudicaci�n en subasta de los derechos hereditarios propiamente dichos) hay que confirmar el defecto, si bien, en cuanto puede subsanarlo el c�nyuge viudo mediante su ratificaci�n, debe calificarse como defecto subsanable.(MN)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-06/pdfs/A04969-04971.pdf
15. COMPRA POR MATRIMONIO EXTRANJERO SIN ESPECIFICAR REGIMEN MATRIMONIAL. R. 3 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
Se presenta en el Registro escritura p�blica por la que unos c�nyuges extranjeros �en r�gimen legal de su nacionalidad� adquieren �para su comunidad de bienes� una determinada finca urbana. El Registrador suspende la inscripci�n por no manifestarse cu�l es el r�gimen ni acreditarse �ste. El Notario recurre la calificaci�n, y la DGRN la revoca, estimando el recurso al recordar su doctrina de que �Si bien el Registro, con car�cter general, debe expresar el r�gimen jur�dico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9� del art�culo 51 del Reglamento Hipotecario exige que se haga constar el r�gimen econ�mico matrimonial, la pr�ctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, despu�s, entendieron que lo m�s pr�ctico, en el caso de c�nyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el r�gimen en la inscripci�n, difiriendo el problema para el momento de la enajenaci�n posterior, pues dicha expresi�n de r�gimen pod�a obviarse si despu�s la enajenaci�n o el gravamen se hac�a contando con el consentimiento de ambos (enajenaci�n voluntaria), o demandando a los dos (enajenaci�n forzosa). Por ello, el art�culo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripci�n que el bien se adquiere �con sujeci�n a su r�gimen matrimonial�. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07906-07907.pdf
16. COMPRA POR MATRIMONIO EXTRANJERO SIN ESPECIFICAR REGIMEN MATRIMONIAL. R. 7 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. De contenido id�ntico a la de 3 de enero de 2003. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07907-07908.pdf
17. COMPRA POR MATRIMONIO EXTRANJERO SIN ESPECIFICAR REGIMEN MATRIMONIAL. R. 20 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. De contenido id�ntico a la de 3 de enero de 2003. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07922-07923.pdf
18. COMPRA POR MATRIMONIO EXTRANJERO SIN ESPECIFICAR REGIMEN MATRIMONIAL. R. 28 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. De contenido id�ntico a la de 3 de enero de 2003. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07929-07930.pdf
*19. EMBARGO, SUBASTA Y ADJUDICACI�N DE DOS FINCAS REGISTRALES COMO UNA SOLA. R. 8 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
El registrador suspende la inscripci�n de la adjudicaci�n en subasta de dos fincas registrales (que en el procedimiento son embargadas y ejecutadas como una unidad jur�dica) por no especificarse el precio de remate de cada una de ellas.
El Presidente del TSJ revoca su calificaci�n, y el registrador recurre a la DG, la cual da la raz�n al registrador. Dice la DGRN que, en principio, nada impide en nuestro ordenamiento jur�dico la venta alzadamente o en globo de varios bienes o derechos por un �nico precio. Tampoco los art�culos 10 y 11 de la Ley Hipotecaria imponen objeci�n al respecto, pues, al no constituirse garant�a real que obligue a la diferenciaci�n contem�plada en el segundo de los de los preceptos citados (sin prejuzgar ahora el concreto alcance del mismo), bastar� con expresar que el precio fue global para las dos fincas.
Lo que ocurre en el caso debatido es que sobre cada una de las fincas registrales pesaba, al tiempo de iniciarse la ejecuci�n (y as� constaba en la certificaci�n prevenida en el art�culo, entonces, 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), varias cargas distintas respecto a cada una de las fincas, lo que en conjunci�n con el derecho de los titulares respectivos al sobrante resultante de la ejecuci�n (cfr. art�culo 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), impide que sin su conformidad se proceda a la enajenaci�n global de aqu�llas como un todo, enajenaci�n global que crear� despu�s dificultades dif�cilmente superables para repartir el rema�nente resultante entre cada una de las fincas registrales. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07908-07910.pdf
20. MARIDO QUE VENDE ALEGANDO TENER PODER DE SU ESPOSA, SIN ACREDITARLO. R. 9 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
En una escritura de compraventa de un bien ganancial, el vendedor act�a en su propio nombre y derecho y, adem�s, con poder de su esposa que no acredita.
La DGRN confirma la calificaci�n registral, diciendo que �De conformidad con los art�culos 1.301, 1.322 y 1.375 del C�digo Civil resulta evidente que para inscribir la venta de un bien ganancial se precisa el consentimiento de ambos c�nyuges, y en el caso concreto, al actuar uno de ellos en representaci�n del otro sin acreditar dichas facultades representativas (el poder que invoca ni lo exhibe al Notario al tiempo del otorgamiento calificado, ni lo aporta al Registrador al tiempo de la calificaci�n), no puede tenerse por acreditado el consen�timiento del c�nyuge representado, por lo que el supuesto calificado debe encuadrarse en los previstos en el art�culo 1.259 del C�digo Civil, sus�pendi�ndose la inscripci�n en tanto no se acredite debidamente la repre�sentaci�n invocada, o medie la conformidad del consorte que no intervino en el otorgamiento.� (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07910-07911.pdf
21.- INSCRIPCI�N DE RENUNCIA ABDICATIVA DE PROPIEDAD. R. 10 de Enero de 2003, DGRN. BOE de 27 de Febrero de 2003.
El registrador deniega una inscripci�n de una escritura de renuncia abdicativa, unilateral, y gratuita, sobre el dominio de unas fincas, por no ser t�tulo inscribible seg�n el art�culo 2 de la Ley Hipotecaria, interpretando que el p�rrafo 2 de ese art�culo s� lo menciona para los derechos reales, y sin embargo el p�rrafo 1 no lo menciona para el dominio.
La DGRN ordena la inscripci�n porque interpreta que la enumeraci�n del p�rrafo 1 del art�culo 2 no es exhaustiva, y que el art�culo 1 de la LH sienta previamente el principio general de que el Registro tiene por objeto la inscripci�n de todos los actos relativos al dominio y dem�s derechos reales. En otros art�culos de la LH se incluyen actos no mencionados por el art�culo 2, como la extinci�n misma del dominio en el art�culo 20-1 y 79. Sobre los efectos de la renuncia, parece dar a entender que su criterio es que produce autom�ticamente la p�rdida del derecho para el renunciante (art�culo 6 de la L.H.) y la adquisici�n simult�nea por el Estado (art�culo 19 y 21 de la Ley de Patrimonio del Estado), aunque no entra a valorar ese punto. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07911-07913.pdf
*22.- EXTRALIMITACI�N EN EL EJERCICIO DE LA ACCION REAL HIPOTECARIA. EFECTOS DE LA HIPOTECA ENTRE PARTES Y CON TERCEROS. R. 13 de Enero de 2003, DGRN. BOE de 27 de Febrero de 2003.
En el Registro se ha inscrito una hipoteca, distribuida entre varias fincas, con embargos posteriores. Se ejecuta la hipoteca sobre una de las fincas que responde de 10 millones de pesetas de principal y sus correspondientes intereses, reclamando la totalidad del pr�stamo pendiente de pago (unos 16 millones).
La registradora deniega la inscripci�n de una ejecuci�n hipotecaria en el procedimiento judicial sumario del art�culo 131 de la Ley Hipotecaria, con adjudicaci�n a favor del Banco y cesi�n a un tercero, porque entiende que hay extralimitaci�n en el ejercicio de la acci�n hipotecaria en perjuicio del propietario; seg�n su criterio, el derecho real de hipoteca est� configurado en su contenido por la inscripci�n, de forma que si s�lo se garantizan 10 millones, m�s all� no hay derecho de hipoteca ni acci�n real hipotecaria. Como defecto a�adido, el requerimiento de pago no puede exceder de la cantidad garantizada, y aqu� ha habido extralimitaci�n en el requerimiento.
La DGRN revoca la nota y ordena la inscripci�n, porque se trata de un solo pr�stamo, con una sola garant�a real, aunque sean varias las fincas hipotecadas. Por tanto puede ejecutarse la garant�a sobre cualquiera de las fincas por la totalidad de la deuda. Adem�s, la hipot�tica pluspetici�n no excluye la legitimidad del acreedor para la venta (art�culo 558 de la LEC de 2000). La distribuci�n de la responsabilidad hipotecaria y su l�mite opera �nicamente como garant�a de terceros poseedores: As�, 1�.- pueden liberar la finca pagando �nicamente la responsabilidad hipotecaria de que responde registralmente la finca ejecutada. 2�.- el precio obtenido en el remate no puede destinarse para pagar al actor sino hasta el l�mite de la responsabilidad registral. Todas estas garant�as son materia judicial, que ya el juez habr� tenido en cuenta. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07913-07915.pdf
23.- NULIDAD DE UNA INSCRIPCI�N, EXISTIENDO UNA ANOTACI�N DE LA DEMANDA DE NULIDAD YA CANCELADA. EFECTOS FRENTE A TITULARES REGISTRALES POSTERIORES. R. 14 de Enero de 2003, DGRN. BOE de 27 de Febrero de 2003.
Una sentencia judicial declara la nulidad de un t�tulo (una adjudicaci�n hipotecaria) en virtud del cual A adquiri� la propiedad y logr� la inscripci�n. A transmiti� luego a B el 7 de diciembre de 1988; la demanda se anot� el 18 de Diciembre de 1988, y luego B inscribi� a su favor con posterioridad a la anotaci�n. La anotaci�n fue prorrogada, pero en 1999, cuando se presenta la sentencia de nulidad solicitando la cancelaci�n de todos los asientos posteriores, la anotaci�n hab�a sido ya cancelada, al parecer por caducidad (no se sabe bien si debida o indebidamente).
La DGRN confirma la no inscripci�n de la sentencia de nulidad, pues si la anotaci�n de demanda ha sido cancelada quedan liberados de sus efectos los titulares registrales posteriores. Por tanto no puede inscribirse directamente la sentencia judicial que declara la nulidad, cancelando los asientos posteriores, sin consentimiento de sus titulares registrales.
Todo ello sin perjuicio del derecho del beneficiario de la sentencia de iniciar un declarativo contra los titulares a fin de cancelar sus derechos y poder inscribir la citada sentencia. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07915-07916.pdf
24.- CONFESI�N DE PRIVATIVIDAD POR PODER. R. 15 de Enero de 2003, DGRN. BOE de 27 de Febrero de 2003.
En 1953 una se�ora casada adquiere una finca, sin mayores precisiones sobre la procedencia del precio, por lo que se inscribe con car�cter presuntivamente ganancial.
En 2002, haciendo uso de un poder conferido por el marido en 1952, confiesa la privatividad del precio. El registrador deniega la rectificaci�n registral alegando que dichas manifestaciones van contra sus propios actos, y que adem�s s�lo en el momento de la adquisici�n se pueden realizar manifestaciones sobre el car�cter de los bienes.
La DGRN revoca los defectos ya que en 1953 s�lo hubo silencio sobre el car�cter ganancial o privativo del bien adquirido, por lo que es excesivo considerar que dicho silencio fue una manifestaci�n de ganancialidad. Rechaza tambi�n el segundo defecto, citando el art�culo 95.6 del RH, que expresamente regula la confesi�n con posterioridad a la inscripci�n. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07916-07917.pdf
25.- CAMBIO DEL CAR�CTER DE UN BIEN POR SENTENCIA, DE GANANCIAL A PRIVATIVO, Y POSICI�N DEL ACREEDOR HIPOTECARIO. R. 16 de Enero de 2003,DGRN. BOE de 27 de Febrero de 2003.
Un marido demanda a su esposa, de la que llevaba separado de hecho desde 1967, solicitando la declaraci�n del car�cter privativo de un piso, comprado en 1975 constante matrimonio, aunque se supone que por el marido s�lo, y consigue una sentencia favorable.
En virtud de dicha sentencia se ordena rectificar la inscripci�n de 1975 en la que consta el bien inscrito con car�cter ganancial, en favor del marido y de la mujer (como cotitulares, no a favor del marido, titular registral, casado con..). Consta tambi�n inscrita una hipoteca a favor del Instituto Nacional de la Vivienda en garant�a del precio aplazado.
El Registrador deniega la inscripci�n porque alega que no consta el consentimiento del acreedor hipotecario. La DGRN ordena la inscripci�n pues en nada afecta al derecho de hipoteca la rectificaci�n del Registro. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07917-07918.pdf
26.- EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDAR EL TRACTO: EXPRESI�N DEL T�TULO MATERIAL DE ADQUISICI�N. R. 17 de Enero de 2003, DGRN. BOE de 27 Febrero de 2003.
Se presenta un Auto judicial ordenando la reanudaci�n del tracto interrumpido; dicho Auto no expresa el t�tulo material por el que se ordena la inscripci�n a favor del propietario actual, por lo que la registradora deniega la inscripci�n.
La DGRN da la raz�n a la registradora porque la expresi�n del t�tulo material es imprescindible para determinar los efectos de la inscripci�n, diferentes seg�n sea el t�tulo oneroso o gratuito. Esta exigencia no supone intromisi�n en la labor judicial, pues bastar� la presentaci�n del t�tulo material acompa�ando al auto o certificado judicial, a la vista del expediente tramitado. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07918-07919.pdf
*27.- EXISTENCIA DE ASIENTOS DE PRESENTACI�N YA CADUCADOS, INDICATIVOS DE DOBLE O TRIPLE VENTA DE UNA FINCA. ACREDITACION DE LA SEPARACI�N DE BIENES POR CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL. R. 27 e febrero. BOE de 27 Febrero de 2003.
El Registrador deniega la inscripci�n de una escritura de venta alegando que constan en el Registro asientos de presentaci�n ya caducados, contradictorios con el nuevo t�tulo, indicativos de una doble o triple venta. Exige adem�s la presentaci�n de las capitulaciones matrimoniales de separaci�n de bienes de la adquirente, rechazando el certificado del Registro Civil.
La sospecha de existir un delito, de doble o triple venta de una misma finca, derivada de asientos de presentaci�n ya caducados, no es impedimento para que el registrador califique e inscriba, en su caso, la nueva venta presentada, pues el registrador no tiene potestad jurisdiccional para lo contrario, y todo ello sin perjuicio de su obligaci�n de colaborar con la justicia poniendo en su conocimiento los hechos que considere delictivos.
La acreditaci�n del r�gimen de separaci�n de bienes es suficiente con el certificado del Registro Civil, sin que quepa exigir la presentaci�n de la escritura de capitulaciones. (AFS)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07919-07921.pdf
28. INMATRICULACI�N POR EXPEDIENTE DE DOMINIO. R. 20 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
Se confirma la calificaci�n de la Registradora, la cual suspendi� la inscripci�n por ser la finca parte de otra inscrita que se�ala. Al comienzo del expediente, el interesado obtuvo una certificaci�n negativa de la inscripci�n, si bien en la propia certificaci�n consta que la finca, tal y como se describe, no est� inscrita, pero que existe otra -que tambi�n se describe- de la que podr�a proceder por segregaci�n la que se pretende inmatricular. No cabe, pues, inscribir como inmatriculaci�n, pues se producir�a una doble inmatriculaci�n, ni como reanudaci�n del tracto sucesivo porque, como argumento fundamental, no ha sido citado el titular registral, por lo que se producir�a una indefensi�n del mismo, proscrita por el art�culo 24 de la Constituci�n. Nota: aunque la certificaci�n fuese totalmente negativa, ello no vincula al Registrador a la hora de inscribir, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir. Por otra parte, queda la duda de si ser�a inscribible un expediente de dominio llamado de inmatriculaci�n si se hubiesen seguido las formalidades del de tracto sucesivo interrumpido y se diese el caso. (JFME)
29. COMPRA POR SEPARADO JUDICIAL. R. 21 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. La compradora declara estar separada judicialmente. Tal circunstancia no ha de ser acreditada, bastando con la declaraci�n de la interesada para practicar la inscripci�n. Se confirma as� el criterio marcado por diversas Resoluciones. Notas: - Tal criterio resulta razonable desde un punto de vista pr�ctico y va en la l�nea de tampoco precisar demostraci�n las declaraciones de solter�a, viudez y divorcio, conforme aleg� el Notario. Pero no dejan de tener peso las razones del Registrador como la de que las sentencias firmes sobre separaci�n matrimonial son constitutivas de esa situaci�n jur�dica y no causan efecto de cosa juzgada material frente a todos sino desde su inscripci�n en el Registro Civil o que, dado que las inscripciones provocan presunci�n de exactitud a todos los efectos legales, ser�a contrario al sistema registral y al principio de seguridad jur�dica que establece el art�culo 9 de la Constituci�n que se hiciera constar en el Registro de la Propiedad una adquisici�n con car�cter privativo no acreditado sino por la sola declaraci�n de la interesada. Entiende que todo ello es contrario a la seguridad jur�dica preventiva que el Registro debe proporcionar.
- En la R. 16 de noviembre de 1994, la DG estim� que la exigencia del art. 266 RRC se refiere s�lo a los supuestos en que sean las mismas capitulaciones o el mismo hecho que afecte al r�gimen del matrimonio el que haya de reflejarse en el Registro de la Propiedad por afectar a la titularidad o r�gimen de un derecho inscrito o inscribible que hubiera sido adquirido con anterioridad a la separaci�n o a las capitulaciones. En la R. de 5 de julio de 1995 se valor� que "separada legalmente" es equivalente a "separada judicialmente". (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07923-07924.pdf
30. EMBARGO CONTRA LOS IGNORADOS HEREDEROS DEL DEUDOR. R. 22 de enero de 2003,
DGRN. BOE del 27 de febrero. 1. Se confirma la nota en el sentido de que ha de expresarse la fecha de fallecimiento del titular registral, aportando el certificado de defunci�n. E1 acreedor recurre alegando que el procedimiento se dirige contra la titular registral y, subsidiariamente, contra sus herederos, pues ignora si dicha titular ha fallecido o no. Pero en el mandamiento presentado se dice que el procedimiento se sigue contra los �ignorados herederos� de la deudora titular registral, por lo que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de �ste, contra sus herederos, pero, en tal supuesto es preciso acreditar el fallecimiento del titular, mediante la aportaci�n del correspondiente certificado de defunci�n. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07925-07925.pdf
***31. NOTAS DE CALIFICACI�N MERCANTILES Y DE PROPIEDAD. DECIMALES DE EURO. R. 23 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
La DG, aludiendo al nuevo art�culo 19 bis de la Ley Hipotecaria, echa de menos los fundamentos de derecho en la nota de calificaci�n de un Registrador Mercantil. Considera que la forma de practicar la calificaci�n ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley Hipotecaria, en la medida en que no sean incompatibles con la regulaci�n del Registro Mercantil, m�xime si se tiene en cuenta que el art�culo 80 del Reglamento del Registro Mercantil se remite, en todo lo no previsto en su T�tulo I (relativo, entre otros extremos, a la calificaci�n y los recursos) a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte compatible.
A continuaci�n dice textualmente el Centro Directivo: �al resolver el recurso gubernativo no deben ser tenidos en cuenta los argumentos jur�dicos consignados en el informe y no en la calificaci�n de la Registradora. Este motivo es suficiente para revocar dicha calificaci�n...�
Comentario: este dur�simo criterio, que ser�a de aplicaci�n tambi�n a los Registradores de la Propiedad, porque a la Ley Hipotecaria se est� remitiendo, impone que toda nota de calificaci�n tenga la carga de trabajo de un recurso gubernativo y que el informe se convierta en papel mojado si no es como mero corolario o ampliaci�n de detalles de la nota de calificaci�n o referencia a meros actos de tr�mite. Realmente es muy diferente que se proscriba un defecto no incluido en una nota a que no puedan ser aceptados m�s razonamientos jur�dicos que los dados en la nota de calificaci�n. Desde un punto de vista pr�ctico resulta incompatible una exigencia de agilidad m�xima en el despacho de documentos con una tendencia a imponer un mayor formalismo y complejidad en la actividad registral cotidiana. La DG parece derivar su planteamiento de la conexi�n del art�culo 19 bis, cuando expresa que en la calificaci�n negativa habr�n de constar las causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivaci�n jur�dica de las mismas, con el art�culo 326, seg�n el cual, �el recurso deber� recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificaci�n del Registrador, rechaz�ndose cualquier otra pretensi�n basada en otros motivos�. Creo que los motivos del 326 solo tiene sentido relacionarlos con las causas (o defectos) del 19 bis. Lo contrario dar�a lugar a las siguientes dr�sticas consecuencias:
- Que la DG revocara una causa de suspensi�n simplemente porque no se han hecho constar fundamentos jur�dicos suficientes, aunque los tenga.
- Que la propia DG no podr�a dar razonamiento jur�dico alguno distinto de los que el Registrador haya introducido en su nota de calificaci�n. Tan s�lo se podr�a centrar en si esa causa sustentada en los motivos aludidos es suficiente para no inscribir. Esto es incongruente con su proceder (incluso en esta misma Resoluci�n), creo que por fortuna, porque de ser coherente, se cercenar�a dr�sticamente su importante labor interpretadora del derecho privado. En resumen, expreso mi disconformidad con esta l�nea interpretativa.
Pasando al caso concreto, se discute acerca de si, pasado el periodo transitorio de introducci�n del euro, la cifra de capital y el valor de las participaciones pueden convenirse con m�s de dos decimales. La DG revoca la nota entendiendo que:
- En la escritura calificada no se realiza operaci�n alguna de ajuste al c�ntimo conforme al art�culo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducci�n del euro.
- No es admisible el criterio de la Registradora de que legalmente no cabe en instrumento jur�dico alguno posterior a 1 de enero de 2002 usar mas de dos decimales de euro. Este criterio choca con las obligaciones que a la misma le vienen impuestas por la disposici�n adicional primera del Real Decreto 1322/2001, de 30 de noviembre, la cual excepciona de la obligaci�n de que los importes monetarios est�n expresados en euros, a los que sean de fecha fehaciente anterior, en cuyo caso habr� de procederse a su redenominaci�n de oficio. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07925-07927.pdf
32. CESI�N DE DERECHOS. R. 24 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. Se presenta en el Registro escritura por la que una entidad mercantil cede a una Asociaci�n �todos los derechos que ten�a, tiene o pueda tener a su favor dimanantes de la escritura p�blica de compraventa realizada con fecha 4 de agosto de 1980 ante el Notario...�. Se acompa�a esta �ltima escritura que coincide en todos sus datos con los transcritos, excepto en su fecha, que es de 4 de julio de 1980.
El Registrador deniega la inscripci�n porque de la expresi�n transcrita �no resulta que el derecho transmitido sea el dominio y que el objeto de la transmisi�n sean inmuebles�. En su informe argumenta acerca de la indeterminaci�n del negocio en s� y de tres elementos esenciales del mismo (derecho transmitido, objeto del derecho y adquirente del derecho).
La DG reconoce que la escritura presentada como t�tulo adolece de imprecisi�n (que trata de justificar por estar redactada con arreglo a minuta), pero, como de la escritura de 1980 que se acompa�a resulta que la Sociedad An�nima cedente adquiri� ciertas fincas r�sticas, deduce que es el derecho que la cedente tiene sobre dichas fincas lo que se transmite, y que, por tanto, lo que se cede es el derecho de propiedad sobre determinados bienes inmuebles, revocando la nota. Afirma que el Registrador no tiene duda sobre la identidad de la escritura a la que las partes se remiten. Sin embargo, dicha discordancia es uno de los argumentos que obran en el informe del Registrador. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07927-07928.pdf
33. C�NYUGES EXTRANJEROS COMPRADORES. R. 27 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. Se presenta en el Registro escritura p�blica por la que unos c�nyuges extranjeros -daneses- casados �en r�gimen legal de su nacionalidad� adquieren �para su comunidad de bienes� una determinada finca urbana.
El Registrador suspende la inscripci�n por no manifestarse, conforme al art�culo 54 del Reglamento Hipotecario, la proporci�n en que adquieren los compradores. Se apoya tambi�n en el art�culo 10.1 del C�digo Civil.
En su informe alude a un certificado de vigencia de leyes donde se afirma que �los c�nyuges daneses podr�n disponer de los bienes inmuebles que cada uno adquiera durante el matrimonio sin el consentimiento del otro�
La DG estima el recurso del Notario. El art�culo 54 s�lo es aplicable cuando se trata de una comunidad romana, pero no cuando se adquiere para un r�gimen sin cuotas, por lo que no pueden establecerse las mismas. El Registrador debe inscribir a nombre de los adquirentes expresando que la inscripci�n se realiza �con sujeci�n a su r�gimen matrimonial�.
Reitera tambi�n el criterio del Reglamento Hipotecario y de la DG de que, por razones pr�cticas, en el caso de c�nyuges extranjeros, no es necesario expresar el r�gimen en la inscripci�n, difiriendo el problema para el momento de la enajenaci�n posterior, pues dicha expresi�n de r�gimen pod�a obviarse si despu�s la enajenaci�n o el gravamen se hac�a contando con el consentimiento de ambos o demandando a ambos. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07928-07929.pdf
34. USUFRUCTO DE CUOTA INDIVISA CON CONCRECI�N TERRITORIAL. R. 29 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero. Se trata de una escritura p�blica por la que los c�nyuges titulares reg�strales de dos fincas ceden a t�tulo gratuito a varios hermanos del marido el usufructo de determinadas partes indivisas de dichas fincas. Se establece como forma de ejercicio del usufructo que cada uno de los usufructuarios cesionarios ejercitar� su derecho de manera exclusiva sobre una parte determinada de las fincas que se describe. Tambi�n se establece que el usufructo se transmitir� a los herederos de los usufructuarios, con las limitaciones del art�culo 781 y que dichos usufructos se extender�n desde el d�a de hoy hasta que un cambio en la normativa administrativa o en la calificaci�n de las fincas permita la divisi�n en los t�rminos de un acuerdo privado que se protocoliza.
El Registrador deniega la inscripci�n por infringir lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley de Concentraci�n Parcelaria de Castilla y Le�n, constituyendo fraude de ley, as� como por ser necesaria la autorizaci�n de la Junta de Castilla y Le�n para la divisi�n de una explotaci�n agr�cola. La DG estima el recurso en los siguientes t�rminos:
- La inscripci�n de la cesi�n gratuita de participaciones indivisas en usufructo de unas fincas no se encuentra prohibida por la legislaci�n citada, la cual �nicamente proh�be la divisi�n de fincas, que no se da en el presente supuesto.
- No es inscribible la ��concreci�n� de dichas cuotas indivisas sobre partes determinadas de las fincas. En ning�n lugar del documento presentado se dice que haya de darse a la misma car�cter real. El propio recurrente alega su mera eficacia inter-partes. (JFME)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07930-07931.pdf
RESOLUCIONES MERCANTIL Y OTRAS.
13. DEP�SITO DE CUENTAS. R. 9 de enero de 2003, DGRN. BOE del 26 de febrero.
Se rechaza considerar defecto de la nota de calificaci�n el que se utilice la expresi�n �denegar la inscripci�n� en vez de �denegar el dep�sito de cuentas�, ya que la palabra inscripci�n tiene una acepci�n amplia relativa a todo asiento practicable en el Registro Mercantil.
Punto 1�: El Registrador pone de manifiesto determinados errores impl�citos derivados de la lectura del soporte magn�tico, entre ellos, el total de ingresos del a�o anterior. La DG confirma el defecto. Esto errores est�n definidos en la
Instrucci�n de 30 de diciembre de 1999 (BOE de 8 de enero de 2000). Punto 2�: Falta de identificaci�n del socio �nico: se revoca, pero sin explicaciones.
Punto 3�: El balance y la cuenta de p�rdidas y ganancias deben realizarse en los modelos normalizados aprobados por �rdenes de 14 de enero de 1994 y
30 de abril de 1999. Se confirma. El interesado no aport� los documentos originales. A�ade la DG que es una contradicci�n hacer la presentaci�n en soporte magn�tico y en soporte papel.
Punto 4�: Las cuentas que se presenten para su dep�sito tienen que estar numeradas y correlativamente identificadas en la certificaci�n del acta de la Junta. Se confirma, porque el art�culo 366.1.3� del Reglamento del Registro Mercantil exige su identificaci�n.
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-26/pdfs/A07742-07743.pdf
14. CONFUSI�N EN LA DENOMINACI�N SOCIAL.R. 2 de enero de 2003, DGRN. BOE del 27 de febrero.
El registrador mercantil deniega la inscripci�n de la constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada que adopta la deno�minaci�n de �Club de F�tbol Ciudad de Albacete, Sociedad Limitada� y, que tiene como objeto social, las siguientes actividades: �a) La promoci�n de acti�vidades deportivas; b) La gesti�n de derechos y activos deportivos; c) Las actividades propias de agencia publicitaria.�
La DG confirma la calificaci�n registral en el sentido de que la denominaci�n adoptada induce a error o confusi�n en el tr�fico mercantil sobre la propia identidad y naturaleza de la sociedad, pues la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte en sus art�culos 14 y 15 se�ala que los clubes deportivos son asociaciones privadas integradas por personas f�sicas o jur�dicas que tienen por objeto la promoci�n de una o varias actividades deportivas y que han de inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas. S�lo las que participan en competiciones de car�cter oficial y estatal han de adoptar la forma de sociedades an�nimas deportivas. Por todo lo cual no puede inscribirse una sociedad con la denominaci�n de club de f�tbol, ya que, o bien es una sociedad an�nima deportiva con los requisitos que ello implica, o si es un simple club se trata de una asociaci�n que ha de inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas. (JDR)
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-27/pdfs/A07904-07906.pdf
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el 4 de febrero de 2003. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en archivo aparte.
7. ADQUISICI�N POR UNA UNI�N TEMPORAL DE EMPRESAS. Se plantea el modo de inscripci�n de unos bienes adquiridos por una Uni�n Temporal de Empresas. El art. 11 RH en lo que concierne a las Uniones Temporales de Empresas fue derogado por la STS de 31 de enero de 2001, por lo que respecto de la inscripci�n de bienes a favor de las mismas es preciso tener en cuenta la doctrina establecida por la DGRN con anterioridad en la resoluci�n de 25 de marzo de 1993 que previene la inscripci�n de los bienes con expresi�n de la cuota que corresponde a cada empresa, pero haciendo constar la afecci�n de los mismos a la Uni�n Temporal, lo que viene a poner de manifiesto el especial r�gimen de administraci�n y disposici�n que le corresponde, ya que conforme al art. 392.II CC, no nos encontramos ante una comunidad ordinaria sino ante una especial. Por ello, y conforme a la menciona resoluci�n, se deber� hacer constar en la inscripci�n los Estatutos de la Uni�n, el Gerente �nico, la existencia o no de un fondo operativo com�n, as�, como, en su caso, la proporci�n o m�todo para determinar la participaci�n de las distintas Empresas miembros en la distribuci�n de resultados conforme al t�tulo III de la Ley 18/1982 que disciplina la materia.
http://www.notariosyregistradores.com/casos-practicos/04-02-2003.htm
REVISTA E-FOLIO.
http://www.Registradores.org/e-folio/
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos y La Estrada, a 10 de marzo de 2003.
LISTA DE INFORMES Visita n� desde el 7 de abril de 2009

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
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 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
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 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 REAL DECRETO 
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