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Timestamp: 2020-02-22 19:08:19+00:00

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STC 351/1993, 29 de Noviembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15355975
STC 351/1993, 29 de Noviembre de 1993
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.257/1989
1. Según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la decisión judicial de archivar unas diligencias previas, por estimar que los hechos objeto del proceso no son constitutivos de infracción penal, no es en sí misma lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que éste no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que la ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal (por todas, STC 203/1989) [F.J. 2] 2. También ha afirmado reiteradamente este Tribunal que el derecho fundamental del art. 24.2 C.E. no faculta para exigir la admisión judicial de cualesquiera pruebas que las partes puedan proponer, sino únicamente la recepción y práctica de las que sean pertinentes para la defensa, y que la apreciación de dicha pertinencia corresponde a los Tribunales ordinarios (STC 40/1986, entre otras muchas). Por ello, sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas que, siendo solicitadas en tiempo y forma oportunos, no resultase razonable y privase al solicitante de un medio de defensa necesario para probar hechos decisivos para su pretensión (STC 211/1991 y ATC 442/1985) [F.J. 2]. 3. No vulnera, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva una resolución de archivo de unas diligencias previas en virtud del art. 789.5.1. L.E.Crim. cuando los órganos judiciales entienden que los hechos imputados, al venir justificados por una causa de exclusión de la antijuridicidad, no son constitutivos de infracción penal. La incorrecta apreciación de la eximente de cumplimiento de un deber por parte de los órganos judiciales de instancia y de apelación únicamente podría ser revisada en esta vía de amparo constitucional si se violan las garantías constitucionales, entre las que se encuentra el agotamiento de los medios de investigación (SSTC 46/1982 y 40/1988), entendido no como un derecho a practicar todas las diligencias probatorias que la parte solicite, sino solamente aquellas que el Juez estime pertinentes [F.J. 4]. 5. No cabe considerar justificado en principio y sin ulterior examen un comportamiento penalmente típico, cuyos autores concretos no han sido identificados, por estimar que, dada su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso su conducta quedaría amparada por la eximente de cumplimiento de un deber, genéricamente apreciada en relación con la actuación global de ese colectivo. Pues aun cuando efectivamente pudiera concluirse que, en el presente caso, la actuación de la Guardia Civil había venido exigida por la necesidad de evitar la comisión de un delito de ultraje a la bandera española, ello no excusaría de averiguar si la fuerza utilizada contra el recurrente por miembros determinados de dicho Cuerpo -identificables, al decir del recurrente, mediante la prueba solicitada- era en verdad necesaria o, por el contrario, excedía de la autorizada. Toda otra conclusión de carácter generalizador llevaría a la impunidad de los posibles excesos que pudieran haber cometido determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [F.J. 5]. 6. Ha de concluirse que los órganos judiciales de instancia y de apelación, al aplicar la eximente de cumplimiento de un deber en relación con la genérica actuación del colectivo de la Guardia Civil y no con la concreta de ciertos miembros de este Cuerpo, fundamentando en ella la resolución de archivo de las diligencias previas y la denegación de la prueba de identificación propuesta, consistente en la visualización de un vídeo que sobre los acontecimientos de Villalar había difundido la televisión, han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente de amparo. Dicho de otra manera: la decisión judicial de archivo, poniendo fin al proceso, no podía preceder, en este caso, a la práctica de la prueba de identificación solicitada por el recurrente, y mucho menos fundamentar la denegación de la misma [F.J. 6].
Sentencia citada en: 1474 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 formularios
En el recurso de amparo núm. 2.257/89, interpuesto por don Luis O. P. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Beatriz Ruano Casanova, contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de octubre de 1989 y contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid de 23 de junio de 1989. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Alvaro Rodríguez Bereijo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de noviembre de 1989, la Procuradora de los Tribunales doña Beatriz Ruano Casanova, en nombre y representación de don Luis O. P. interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de octubre de 1989, por el que se confirmaba en apelación el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid de 23 de junio de 1989.
b) Denunciados los hechos ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid el 27 de abril de 1988, dieron lugar a la incoación de las correspondientes diligencias previas, prestando declaración el recurrente el día 24 de mayo de 1988, en la que hizo constar que podía reconocer a sus agresores a través de fotografías y videos y, en particular, a través del difundido por Televisión Española. A la vista de que el Juez no interesaba de oficio la remisión del citado video, con fecha de 6 de julio de 1989, el demandante de amparo solicitó al órgano judicial que requiriese su envío por parte de Televisión Española a efectos de proceder a la identificación de los agresores; respondiéndose a tal petición, por Auto de ese mismo Juzgado, de 23 de junio de 1989, en sentido denegatorio por estimarse que la actuación de la Guardia Civil en la ocasión de autos tuvo por objeto evitar la comisión de un delito grave, y procediéndose en esa misma resolución a decretar el archivo de las actuaciones.
c) Presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la anterior resolución, fue confirmada en todos sus extremos por el Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 5 de octubre de 1989, notificado al recurrente el día 23 de ese mismo mes y año. En la motivación de dicho Auto, además de confirmarse la opinión del Juez a quo en el sentido de concurrencia de la eximente de cumplimiento de un deber en la actuación de la Guardia Civil, se añadía que «las lesiones que sufrió el apelante no revisten los caracteres del delito, puesto que las mismas no tardaron en curar más de quince días».
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 de febrero de 1990, el Ministerio Fiscal, tras señalar que la documentación aportada hasta ese momento era excesivamente exigua, manifiesta su opinión en el sentido de que la denegación de la prueba interesada por el demandante de amparo no parece proporcionada al contexto y finalidad en el que se solicitó, a la vez que resalta las siguientes incorrecciones técnicas en el Auto dictado en sede de apelación: 1)no se precisa qué delito intentaba evitar la Guardia Civil; 2) tampoco se indica si el demandante participó en el mismo;3) se afirma que las lesiones padecidas por el demandante no constituyen delito porque no tardaron en curar más de quince días, sin advertirse que en todo caso podían constituir una falta de lesiones del art. 528 del Código Penal; 4) se confunde la tipicidad penal con la ausencia de antijuridicidad por existencia de una causa de justificación. No obstante lo cual el Fiscal se inclina, a la luz de la documentación remitida, por la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) LOTC, ya que, habiendo llegado tanto el Instructor como la Sala a la convicción de que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito alguno, la prueba denegada no resultaba ni esencial ni relevante en relación con la fundamentación del archivo.
Tras concluir que para archivar las diligencias previas los órganos judiciales únicamente pudieron basarse en la disposición contenida en el primer párrafo del art. 789.5.1 de la L.E.Crim., y que esta modalidad de archivo no puede entenderse como una modalidad subsumible en el sobreseimiento libre del art. 637 de la L.E.Crim. ni en el sobreseimiento provisional del art. 641 de ese mismo cuerpo legal, extrae el Ministerio Fiscal del análisis de dicho precepto las siguientes conclusiones: 1) en la expresión «infracción penal» que en el mismo se contiene se incluyen tanto los delitos como las faltas; 2) en su contexto no cabe un posible juego de las causas de exclusión de la responsabilidad criminal como el previsto en el art. 637.3 de la L.E.Crim., ya que éste únicamente sería aplicable en supuestos de sobreseimiento libre, lo que no es aquí el caso ya que el Auto de archivo es recurrible en apelación y no en casación como dispone el art. 636 de la L.E.Crim. en supuestos de sobreseimiento libre, por lo que ha de entenderse que el archivo no tiene carácter definitivo sino provisional; y 3) la expresión «hecho no constitutivo de delito» debe interpretarse como sinónima de «hecho no típico» y no como «hecho típico pero no antijurídico», con la consecuencia de que la apreciación de la causa de exclusión de la antijuridicidad consistente en el cumplimiento de un deber no podía servir para concluir que los hechos imputados no eran constitutivos de delito ni, por consiguiente, para decretar el archivo de las diligencias, lo que, por otra parte, concuerda con la filosofía expresada en la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 1985, en el sentido de recomendar que el debate de las eximentes contenidas en el art. 8 del Código Penal se produzca en el acto del juicio oral y no en sede de sobreseimiento, especialmente cuando se trata de un procedimiento abreviado en el que la decisión de sobreseer la adopta el propio Juez instructor
1. Aunque la demanda se dirige exclusivamente contra el Auto dictado en apelación por la Audiencia Provincial de Valladolid con fecha de 5 de octubre de 1989, las vulneraciones de derechos fundamentales que en ella se invocan, caso de haberse producido, serían asimismo imputables a los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid de 23 de junio y 22 de agosto de 1989.
Considera el recurrente que los órganos judiciales han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la utilización de los medios de prueba pertinentes, todos ellos comprendidos en los apartados 1 y 2 del art. 24 C.E., por un doble motivo: decretar el archivo de unas diligencias previas por estimar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito alguno dado que las lesiones, supuestamente causadas por dos miembros no identificados de la Guardia Civil, no tardaron en curar más de quince días y estaban amparadas por la eximente de cumplimiento de un deber, y, en segundo lugar, denegar, por esa misma razón, la prueba de identificación de los autores de la agresión, convirtiéndola así en irrelevante.
Desde la perspectiva constitucional de los derechos fundamentales en juego, ambas decisiones judiciales se presentan, sin embargo, íntimamente relacionadas, ya que se fundan en una misma motivación, a saber: que los hechos no eran constitutivos de delito dado que los autores obraron en el cumplimiento de un deber. De manera que la denegación, por innecesarias, de las pruebas de identificación propuestas por el recurrente -consistente en la visualización de un video sobre los actos de Villalar difundido por la Televisión- ha determinado que los órganos judiciales cerrasen ilegítimamente el acceso al proceso penal sin agotar todos los medios de investigación pertinentes; lesionando así los derechos fundamentales del recurrente y causándole indefensión.
Este es, en esencia, el objeto de la cuestión a dilucidar en el presente proceso de amparo. En diversas ocasiones este Tribunal ha reconocido las interrelaciones existentes entre la indefensión contemplada en el art. 24.1 C.E. y el derecho a los medios de prueba, y ha entendido como incluida dentro de los medios de defensa, cuya privación o desconocimiento puede constituir indefensión, también la posibilidad de aportación de medios de prueba, habiendo afirmado, en la STC 51/1985, que «la relación entre el derecho a las pruebas e indefensión, marca el momento de máxima tensión de la eventual lesión del derecho». De este modo la denegación de pruebas en determinadas circunstancias, pudiera haber provocado indefensión (STC 89/1986, fundamento jurídico 2.).
2. Según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la decisión judicial de archivar unas diligencias previas, por estimar que los hechos objeto del proceso no son constitutivos de infracción penal, no es en sí misma lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que éste no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que la ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal (por todas, STC 203/1989, fundamento jurídico 3.).
También ha afirmado reiteradamente este Tribunal que el derecho fundamental del art. 24.2 C.E. no faculta para exigir la admisión judicial de cualesquiera pruebas que las partes puedan proponer, sino únicamente la recepción y práctica de las que sean pertinentes para la defensa, y que la apreciación de dicha pertinencia corresponde a los Tribunales ordinarios (STC 40/1986, entre otras muchas). Por ello, sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas que, siendo solicitadas en tiempo y forma oportunos, no resultase razonable y privase al solicitante de un medio de defensa necesario para probar hechos decisivos para su pretensión (STC 211/1991, fundamento jurídico 2., y ATC 442/1985).
3. El juicio sobre la motivación de la resolución judicial sólo adquiere sentido si se pone en relación con los hechos que han dado lugar a la incoación de las diligencias previas. En éstas, el demandante había ejercitado la acción penal por las lesiones que había sufrido, causadas, según su denuncia, por dos miembros de la Guardia Civil. Como justificación de los hechos se comprobaron las lesiones mediante reconocimientos médicos que así las certificaban y, a su vez, la prueba testifical relativa al modo de causación de las heridas avalaba la versión del recurrente de que las heridas se las produjeron dos miembros de la Guardia Civil. Corolario de todo ello lo constituía la visualización de un video tomado por televisión cuyo objetivo era identificar a los dos agentes a quienes se imputaba la agresión.
Pues bien, antes de que el recurrente pidiera esta última diligencia, el Juez había resuelto, en providencia de 6 de junio de 1989, librar oficio a la Guardia Civil «para que se informe a este Juzgado si consta algún antecedente en la misma sobre los hechos a que las presentes se refieren». En cumplimiento de este requerimiento, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, en oficio de 16 de junio de 1989, remitió un informe que relata los acontecimientos ocurridos el 23 de abril de 1988 y los hechos que determinaron la intervención de la Compañía de Reserva del Cuerpo de León. Sobre este informe, en el que se afirma que no se puede precisar si determinadas personas -entre las que se encuentra el recurrente-, fueron las que promovieron o participaron en los incidentes, es sobre el que el Instructor y la Audiencia basan su juicio de que la actuación de la Guardia Civil estuvo justificada por obrar en cumplimiento de un deber.
4. A la vista del razonamiento contenido en los Autos recurridos, resulta evidente que los órganos judiciales basaron el archivo de las diligencias previas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 789.5.1. de la L.E.Crim., en la apreciación de que los hechos denunciados por el recurrente no eran constitutivos de infracción penal por estar justificados por la eximente de cumplimiento de un deber (art. 8.11 del Código Penal).
El modo en que deba interpretarse o aplicarse la legalidad ordinaria constituye una cuestión que no corresponde revisar, en vía de amparo, al Tribunal Constitucional siempre que ello no incida en el contenido esencial de un derecho fundamental distinto del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho o, más en general, el derecho a la tutela judicial efectiva; pues, de otra manera, quedaría convertido en una instancia casacional destinada a velar por la corrección interna de la interpretación que los Jueces hagan de la legalidad ordinaria (por todas, SSTC 24/1990, fundamento jurídico 4., y 146/1990, fundamento jurídico 2.). De acuerdo con ello, no vulnera, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva una resolución de archivo de unas diligencias previas en virtud del art. 789.5.1. L.E.Crim. cuando los órganos judiciales entienden que los hechos imputados, al venir justificados por una causa de exclusión de la antijuridicidad, no son constitutivos de infracción penal. La incorrecta apreciación de la eximente de cumplimiento de un deber por parte de los órganos judiciales de instancia y de apelación únicamente podría ser revisada en esta vía de amparo constitucional si se violan las garantías constitucionales, entre las que se encuentra el agotamiento de los medios de investigación (SSTC 46/1982, fundamento jurídico 3., y 40/1988, fundamento jurídico 3.) entendido no como un derecho a practicar todas las diligencias probatorias que la parte solicite, sino, como reiteradamente ha afirmado este Tribunal, solamente aquellas que el Juez estime pertinentes.
Como resulta de los antecedentes, las decisiones judiciales no han excluido que las conductas denunciadas pudieran ser constitutivas de una infracción penal, incluso el propio Auto de la Audiencia parece apuntar a que las mismas puedan ser apreciadas como una falta puesto que las lesiones no tardaron en curar más de quince días. Sin embargo, a partir de esta inicial apreciación, los órganos judiciales han tomado como punto de partida para su resolución un informe genérico sobre los acontecimientos ocurridos en la localidad de Villalar de los Comuneros el 23 de abril de 1988. Ahora bien, dicho informe justifica la necesidad de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero no menciona para nada la identidad de los autores de los hechos denunciados ni la conducta desplegada por éstos en su intervención ni la participación que tuvo el demandante en los actos que determinaron la actuación de la Guardia Civil. A pesar de ello, los órganos judiciales han deducido la concurrencia de una circunstancia eximente, general y abstracta, de responsabilidad penal que justifica la actuación concreta de los autores de una agresión origen de las lesiones del denunciante, cuando ambos extremos estaban aún por determinar.
6. Por todo lo dicho, ha de concluirse que los órganos judiciales de instancia y de apelación, al aplicar la eximente de cumplimiento de un deber en relación con la genérica actuación del colectivo de la Guardia Civil y no con la concreta de ciertos miembros de este Cuerpo, fundamentando en ella la resolución de archivo de las diligencias previas y la denegación de la prueba de identificación propuesta, consistente en la visualización de un video que sobre los acontecimientos de Villalar había difundido la Televisión, han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente de amparo. Dicho de otra manera: la decisión judicial de archivo, poniendo fin al proceso, no podía preceder, en este caso, a la práctica de la prueba de identificación solicitada por el recurrente, y mucho menos fundamentar la denegación de la misma.
Otorgar el amparo solicitado por don Luis O. P. y, en su virtud:
1. Reconocer al recurrente el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la utilización de los medios de prueba pertinentes.
2. Anular los Autos dictados respectivamente por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Valladolid, con fechas de 23 de junio y 22 de agosto de 1989, y por la Audiencia Provincial de esa misma ciudad, con fecha de 5 de octubre de 1989.
3. Restablecer al recurrente en la integridad de sus derechos fundamentales, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno.
STSJ Comunidad Valenciana , 10 de Mayo de 2005
STSJ País Vasco , 1 de Marzo de 2005
STS 375/2002, 28 de Febrero de 2002

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