Source: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/05/14/20
Timestamp: 2019-04-19 04:29:48+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1986-12192
Documento BOE-A-1986-12192
«BOE» núm. 120, de 20 de mayo de 1986, páginas 17864 a 17867 (4 págs.)
BOE-A-1986-12192
https://www.boe.es/eli/es/l/1986/05/14/20
De acuerdo con el articulo 45 de la Constitución, es deber de los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida. Ello implica la necesidad de corregir el deterioro ambiental que ocasiona la contaminación del suelo, del agua y del aire a causa de la generación de residuos tóxicos y peligrosos. Resulta preciso, en consecuencia, en orden al cumplimiento del mandato constitucional, establecer una regulación adecuada del tratamiento de esta clase de residuos, llenando así el vacío normativo existente en nuestro ordenamiento y proceder, además a la adaptación del mismo a las previsiones del Derecho comunitario.
La Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, preveía en su Disposición adicional la elaboración de una Ley que regulase el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Como consecuencia, se dictó la Ley 42/1975, de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que, tal como se señalaba en su exposición de motivos, pretendía –dentro de la limitación de su ámbito y finalidad– lograr una solución armónica de las disposiciones ya existentes, más que crear un sistema nuevo. No obstante, la complejidad e importancia de los problemas derivados de la existencia y diversificación de los residuos llevó al citado texto legal a incluir dentro de su ámbito de aplicación a los industriales y agrícolas, al tiempo que preveía que determinadas categorías de residuos fueran objeto de disposiciones especiales.
La existencia de residuos industriales que por sus características especificas permiten la equiparación en cuanto a su régimen jurídico a los de origen doméstico, sometidos a la citada Ley 42/1975, no excluye que un amplio sector de los mismos, teniendo origen industrial, necesite de unas prescripciones especiales para su gestión a causa de los graves riesgos que representan para la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. Este hecho aconseja la promulgación de una disposición del mismo rango, que llene esta laguna tan necesitada de regulación, habida cuenta de la falta actual de mecanismos de control en una materia tan directamente relacionada con la salud y el medio ambiente.
Dicha regulación especifica, es habitual en el Derecho comparado en general y en la normativa elaborada por la OCDE y la Comunidad Económica Europea en particular. Así, por ejemplo, en esta última, mientras la Directiva de 15 de julio de 1975 (75/442/CEE) contiene unas prescripciones generales sobre residuos, la de 20 de marzo de 1978 (78/319/CEE) se refiere únicamente a los tóxicos y peligrosos, previendo la aplicación a los mismos de normas especiales sobre su recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y destino final. Operaciones todas ellas que se comprenden en la gestión integrada que prácticamente agota los contenidos de la Directiva.
La Ley contiene en consecuencia, un régimen jurídico básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, para este tipo de residuos, que incluye tanto medidas preventivas en su fase de producción como la regulación de todas las fases de la gestión, que tiene en cuenta las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación, de forma integrada, en función del destino final más adecuado a las características de cada residuo. A este objetivo responden las técnicas de autorización previa, control, bolsas de gestión de residuos, identificación de éstos y planeamiento de las actividades que los generan.
Gestión: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final mas adecuado de acuerdo con sus características y en orden al cumplimiento del articulo 1 de la presente disposición. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación de los mismos.
1. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación tanto a los residuos tóxicos y peligrosos como a sus recipientes y a los envases vacios que los hayan contenido.
2. Se excluyen de su ámbito de aplicación: los residuos radiactivos, los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes cuyo vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar, esté regulado por la normativa vigente. No obstante, dicho vertido habrá de llevarse a cabo respetando, en todo caso, lo dispuesto en el articulo 6.3 de la presente Ley.
1. La instalación de industrias o actividades generadoras o importadoras de residuos tóxicos y peligrosos o de productos de cuyo uso pudieran derivarse residuos de este carácter, requerirá autorización de la administración ambiental competente, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, y previa presentación de un estudio cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
2. En todo caso, las operaciones de gestión deberán asegurar que el destino final de los residuos tóxicos y peligrosos no suponga un peligro para la salud humana, los recursos naturales o para el medio ambiente.
3. Las actividades de transporte propias de dicha gestión requerirán un documento especifico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se determine reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre transporte de mercancías peligrosas.
1. Todas las actividades e instalaciones relativas a la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos estarán sometidas al control y vigilancia de la Administración publica competente.
1. Las infracciones a lo establecido en la presente Ley serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los articulos siguientes, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.
– La importación, producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos o de productos de cuyo uso puedan derivarse residuos de este carácter, sin las autorizaciones previstas en la presente Ley o con incumplimiento de las condiciones fijadas en la misma.
– El abandono, vertido y deposito incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos.
– La transformación de estos residuos que implique el traslado de la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor.
– La mezcla de los residuos tóxicos y peligrosos entre sí o con los residuos urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en el artículo 5.º, c).
– La entrega, venta o cesión de los residuos a persona físicas o jurídicas que no posean la debida autorización para la gestión de los mismos.
– La resistencia a una inspección y control sobre la producción, transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperación y eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.º, 2.
– La omisión o incumplimiento del documento específico de identificación previsto en el artículo 8.º, 3.
– El falseamiento de cualquier dato referido a las operaciones de producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, así como la negativa a suministrar la información solicitada por la Administración Pública competente o el retraso intencionado en cumplimentar la información solicitada.
– Clausura definitiva o temporal total o parcial de las instalaciones.
– Cese definitivo o temporal de las actividades.
– Prohibición definitiva o temporal del ejercicio futuro de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
– Multa de hasta 100 millones de pesetas.
– Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones.
– Cese temporal de las actividades.
– Prohibición temporal del ejercicio futuro de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
– Multa de hasta 50 millones de pesetas.
– Clausura temporal parcial de instalaciones.
– Multa de hasta un millón de pesetas.
3. La valoración de los daños ocasionados a la salud humana, recursos naturales y medio ambiente se llevara a cabo por la Administración competente con audiencia de los interesados.
– Coste teórico de la restitución.
– Valor de los bienes dañados.
– Coste del proyecto o actividad causante del daño.
– Beneficio obtenido con la actividad infractora.
1. En el supuesto de que la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración dará traslado del expediente al Ministerio Fiscal, quedando en suspenso la actuación sancionadora en vía administrativa. Sin embargo, la vía penal no paralizará el expediente que se hubiere incoado en orden al restablecimiento de la situación anterior o, en su caso, al abono de daños y perjuicios por parte del infractor, a que éste se encontrara siempre obligado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Si la resolución judicial fuera absolutoria, se proseguirán las actuaciones para la imposición de la sanción administrativa en caso de que procediera. En el caso de que fuere condenatoria y, por cualquier circunstancia, se hubieran impuesto sanciones administrativas de naturaleza análoga por los mismos hechos con anterioridad al traslado del expediente al Órgano jurisdiccional, quedarán aquellas sin efecto y su importe será reintegrado al infractor si hubiere sido hecho efectivo.
1. Las instalaciones para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos autorizadas en el momento de la publicación de la presente Ley se adaptarán en un plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de las normas de desarrollo de la misma a las condiciones técnicas que en éstas se determinen.
2. En el mismo plazo señalado en el apartado anterior los productores de residuos tóxicos y peligrosos se adaptarán a lo establecido en esta Ley.
1. El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, dictara las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución.
El Gobierno podrá modificar la relación de sustancias tóxicas y peligrosas contenidas en el anexo, así como complementarla con el establecimiento de las cantidades y concentraciones significativas para las sustancias incluidas en la misma.
Reglamentariamente se especificarán las empresas que, en función de su volumen de actividad, no estarán sujetas a las prescripciones establecidas en los articulos 4.º y 5º. de la presente Ley.
Relación de sustancias o materias tóxicas y peligrosas
1. El arsénico y sus compuestos de arsénico.
2. El mercurio y sus compuestos de mercurio.
3. El cadmio y sus compuestos de cadmio.
4. El talio y sus compuestos de talio.
5. El berilio y sus compuestos de berilio.
7. El plomo y sus compuestos de plomo.
8. El antimonio y sus compuestos de antimonio.
9. Los fenoles y los compuestos fenólicos.
10. Los cianuros orgánicos e inorgánicos.
11. Los isocianatos.
12. Los compuestos órgano-halogenados, con exclusión de los polímeros inertes y otras sustancias mencionadas en esta lista.
13. Los disolventes clorados.
14. Los disolventes orgánicos.
15. Los biocidas y las sustancias fitosanitarias.
16. Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de refino y los residuos alquitranados procedentes de operaciones de destilación.
17. Los compuestos farmacéuticos.
18. Los peróxidos, cloratos, percloratos y nitruros.
19. Los éteres.
20. Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.
21. El amianto (polvos y fibras).
22. El selenio y sus compuestos de selenio.
23. El teluro y sus compuestos de teluro.
24. Residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio.
25. Los compuestos aromáticos policiclicos (con efectos cancerígenos).
26. Los carbonilos metálicos.
27. Los compuestos solubles de cobre.
28. La sustancias ácidas y/o básicas utilizadas en los tratamientos de superficie de los metales.
29. Los aceites usados minerales o sintéticos, incluyendo las mezclas agua-aceite y las emulsiones.
SE DEROGA por la Ley 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).
SE SUSTITUYE el anexo, por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1997-14934).
con el art. 11.1, aprobando el Plan Nacional de Residuos industriales: la Resolución de 24 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-17974).
con el art. 11.1, regulando ayudas del Plan Nacional de Residuos industriales: el Real Decreto 937/1989, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1989-17973).
con la disposición adicional 1, aprobando el Reglamento de ejecución, por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (Ref. BOE-A-1988-18848).
TRANSPONE la Directiva 1978/319/CEE, de 20 de marzo (Ref. DOUE-L-1978-80070).
Directiva 1975/442/CEE, de 15 de julio (Ref. DOUE-L-1975-80173).
Ley 22/1973, de 23 de julio (Ref. BOE-A-1973-1018).

References: artículo 149
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 8
 resolución 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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