Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55567
Timestamp: 2020-02-18 08:13:22+00:00

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Gaceta: LXII/3SPR-10/55567
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PARA QUE INVESTIGUE LA EXISTENCIA DE POSIBLES CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO, EL ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE Y SE SANCIONE LA COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO POR PARTE DEL EXCANDIDATO A GOBERNADOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR EL ESTADO DE COLIMA, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ.
Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes:
La cultura de la confianza como sustrato de la credibilidad, no ha logrado arraigar, ni constituirse en eje alrededor del cual debieran girar las propuestas políticas de varios candidatos que, a través del pasado proceso electoral, buscaron verse favorecidos con el voto ciudadano para arribar a diferentes cargos de elección popular.
En efecto, hay algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana.
Un caso emblemático de esa situación, es el del excandidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima Jorge Luis Preciado quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.
Lo más grave es que la sociedad se ha enterado de esa situación, antes que por el reconocimiento o por voz propia de ese candidato respecto a la posesión de bienes y propiedades, a partir precisamente de informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, los que han acabado por demostrar la simulación con la que se conduce el excandidato a gobernador por esa organización política [*].
Él, por el contrario, ha manifestado en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de esos medios.
Se conocen al menos dos declaraciones de ese excandidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima.
Es de señalarse que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.
Lo real, sin embargo, conforme a la investigación realizada por el medio referido, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y excandidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos.
Es decir, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el excandidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad.
Se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia.
Tal vez a ello se deba que en reiteradas ocasiones el hoy candidato a la gubernatura, pero aún antes, estando como senador, haya sido cuestionado de diversas maneras, en relación con el empleo de dinero para diferentes asuntos: reparto de tarjetas durante su campaña, al menos en dos municipios del estado, para el acceso a recursos materiales a cambio de proporcionar los datos de las credenciales de elector; o acusaciones diversas sobre una presunta compra de votos.
Y, lo más escandaloso quizás: la construcción de un hotel, “el Castillo de Montitlán” levantado en cuatro predios no manifestados, ampliamente documentado y denunciado en los medios desde agosto de 2014.
En todo caso, ya con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.
Como puede apreciarse, no han sido precisamente la credibilidad y la confianza las que han distinguido al excandidato del PAN por la gubernatura de Colima, sino todo lo contrario: el ocultamiento de la mayor parte de su patrimonio, la opacidad y la simulación con las que pretende mediante evasivas, hacerse del apoyo de la gente para arribar al gobierno de esa entidad.
Tan solo en lo que toca a la cuestión patrimonial que es la esencia de este punto de acuerdo, y de ser comprobado el origen desconocido, inexplicable o incluso ilícito de su patrimonio, el hoy candidato debiera ser objeto de investigaciones, las cuales tendrían sustento en el Título Cuarto de la Constitución, referido a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.
Y, de manera más específica, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre los que se encuentran incluidos los senadores y los diputados, la cual prescribe en su artículo 6, entre otras de sus obligaciones, en la fracción XIII respecto a no obtener o pretender beneficios en el caso del candidato, pudiese bien ser objeto de investigación; en tanto que respecto de la XV, ahí sí no hay duda, pues el candidato habría incurrido en falta de veracidad al haber presentado sus declaraciones patrimoniales. Y si bien por el momento en virtud de su licencia, no es servidor público, lo cierto es que lo fue en el tiempo en el que pudiesen haberse cometido algunos de los ilícitos que se señalan, para lo cual aplicaría el artículo 13 del propio ordenamiento, que señala entre otras cosas que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Es de señalarse que de acuerdo con el artículo 8, la falta de veracidad en la declaración patrimonial está tipificada como delito grave, pues en efecto según el artículo 36 se tiene la obligación de presentar la declaración bajo protesta de decir verdad. De hecho, de acuerdo con Código Penal Federal, artículo 224 se trataría en este caso, de una situación de enriquecimiento ilícito de llegar a comprobarse, según la siguiente disposición en la que se prescribe que Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
Cabe destacar por último, que estos presuntos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el excandidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…” [*]
Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido. El pueblo de Colima merece conocer el origen de esos recursos…. si mintió al Senado de la República, en su declaración patrimonial, entonces habrá que desconfiar de que los informes financieros que Preciado entregue al INE sobre los gastos de su campaña sean fidedignos…”
Por otra parte, y aunado al tema, la compra de votos, por sí misma, es una práctica ilegal y reprobable ya que viola la libertad de sufragio, es decir, no permite que el voto de los ciudadanos se emita con base en la reflexión sobre la oferta política que más conviene a la colectividad. Solicitar votos por paga, promesa de paga u otra contraprestación con recursos de origen inexplicable es ilegal, reprobable y totalmente deleznable.
A finales del mes de abril, se dio a conocer la noticia sobre la detención en por autoridades del estado de Colima, de a tres personas como probables responsables de realizar acciones relacionadas con la compra de votos a favor del excandidato del PAN a la gubernatura Jorge Luis Preciado Rodríguez, los hechos ocurrieron en en la ciudad de Tecomán y Villa de Álvarez [*].
Los presuntos implicados, se identificaron como Clara Abarca Landa y Julio César Cobián Rincón, quienes según la dependencia fueron detenidos en flagrante delito cuando ofrecían a la gente tarjetas electrónicas con diversos beneficios a cambio de que los ciudadanos comprometieran el voto de cinco personas a favor del panista, bajo promesa de que una vez que éste ganara la elección, les harán efectivos los apoyos.
Estos hechos fueron atestiguados por una persona, quien de inmediato reportó los hechos a los elementos de Policía Estatal, y estos corroboraron la denuncia al entrevistarse con un ciudadano que recibió de los hoy detenidos una tarjeta cuando le solicitaron su voto y el de otras personas a favor del excandidato del PAN al gobierno del estado, con la promesa de que les entregarían despensas y otros beneficios. Al momento de la detención les fueron asegurados documentos con la imagen de dicho candidato y las tarjetas de referencia.
Es preciso señalar que el excandidato Jorge Luis Preciado acompañado del ex senador Santiago Creel Miranda acudieron a la entidad para manifestar su respaldo a la campaña del PAN, arribaron a la Policía Estatal para exigir la inmediata liberación de los simpatizantes panistas.
Creemos que con lo que se ha señalado anteriormente hay elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el excandidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.
Más aún, el pasado 2 de junio de los presentes, aparecieron en un basurero de Tecomán, Colima, aproximadamente 30 mil listas con nombres y datos de ciudadanos de toda la entidad a quienes el PAN les entregó tarjetas del Programa “Vengan esos 5”. Hay que recordar que esas tarjetas son repartidas por brigadistas del PAN prometiéndoles a las personas que podrán intercambiarlas por apoyos económicos y en especie sólo si votan por Jorge Luis Preciado Rodríguez [*].
Si bien esto motivó una queja del PRI ante el Instituto Electoral del Estado, que repercutió en la medida cautelar de ordenar la suspensión de la entrega de dichas tarjetas, el hallazgo de esa lista de ciudadanos puede constituir una nueva evidencia de que ese programa panista que busca coaccionar y comprar el voto aún se está implementando en Colima.
Cabe señalar que el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala que “Se impondrán de cincuenta a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo de urgente resolución.
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que informe a ésta soberanía sobre la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y concluya las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise el estado de las declaraciones fiscales 2006-2015 del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales a que, a través del Ministerio Público, procedan de oficio con el inicio de las investigaciones y sanciones penales contra el excandidato del PAN a la gubernatura de Colima por la coacción y compra del voto con las tarjetas del programa panista “Vengan esos 5”.
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 17 de junio de 2015.
[*] Preciado oculta riqueza; el candidato de PAN falsea datos. Excélsior, 5 de mayo de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3. Fecha de consulta: 16 de mayo de2014
[*] Demanda Federico Rangel al MP investigar riqueza de Preciado. Ocultó al Senado su situación patrimonial, afirma líder del PRI. En: Diario de Colima, Jueves 14 mayo 2015.http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/. Fecha d consulta: 16 de mayo de 2015
[*] Para obtener mayor información se consulto la página: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-en-colima-a-tres-personas-por-supuesta-compra-de-votos-a-favor-de-preciado.html
[*] http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/localizan-en-basurero-listas-de-tarjetas-del-pan-repartidas-en-colima.html

References: artículo 6
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 36
 artículo 224
 artículo 7