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La Comisión Europea pone en marcha el Escudo de la privacidad UE-EE.UU ( Privacy shield )
viernes, 15 julio 2016 10:56
El 12 julio la Comisión Europea adoptó un nuevo acuerdo para la transferencia internacional de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, el “Privacy Shield”.
La necesidad de este nuevo marco surgió a raíz de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado octubre en relación con el asunto “Schrems”. Mediante su resolución, el órgano europeo apuntaba las graves deficiencias de las que el acuerdo anterior, el “Safe Harbor”, adolecía, hasta el punto de devenir inválido [Véase comentario en este mismo blog].
A este respecto, en febrero de 2016, se anunció el advenimiento de un nuevo programa que reflejaría las garantías necesarias para permitir un flujo transatlántico de datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios. Es preciso destacar que ese mismo mes, el organismo francés de protección de datos (la Comisión Nacional de Informática y Libertades o CNIL) instó a Facebook a que dejara de almacenar datos de usuarios que no tuvieran cuenta en la red social, así como de transferir dichas informaciones a EEUU, provocando así una creciente conciencia en torno al tránsito de datos a través del Atlántico en todo el territorio europeo.
Es por ello que, desde que se concibió, este nuevo marco ha estado en el punto de mira de varios sectores.
La redacción final del texto pretende reflejar los siguientes principios:
Obligaciones rigurosas para las empresas que trabajan con datos
Obligaciones en materia de transparencia y salvaguardias claras para el acceso de la administración estadounidense
Protección eficaz de los derechos individuales
Mecanismo de revisión conjunta anual
Ello se verá reflejado en factores como que las compañías estadounidenses que traten datos de ciudadanos europeos deban inscribirse en la lista del “Privacy Shield” y auto-certificar que cumplen con las condiciones establecidas por el acuerdo; además, se implementarán mecanismos de resolución de litigios accesibles para aquellos ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos en el marco de este sistema, así como una cooperación entre la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Las medidas anteriores no buscan sino asegurar un nivel de protección adecuado de los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, así como garantías para las empresas estadounidenses que, al operar en el mercado, estén tratando dichos datos.
La decisión de adecuación ha entrado ya en vigor, aunque las compañías estadounidenses no podrán inscribirse en la mencionada lista hasta el 1 de agosto de 2016. En cuanto a los ciudadanos europeos, la Comisión Europea ha anunciado que publicará una guía para ayudar a poner en marcha los procedimientos de reclamación frente a las empresas; por el momento, junto con el comunicado de prensa, ha facilitado información en formato FAQ
Como es natural en un tema tan trascendental, las condiciones de este nuevo acuerdo no han sido una cuestión pacífica.
Así, figuras como la del eurodiputado Jan-Philipp Albrecht consideran que, si bien el pacto puede parecer garantista a primera vista, la aplicación práctica de sus mecanismos pueden dejarlo vacío de contenido. Destaca lo intrincado y complejo del sistema de denuncia por parte de un ciudadano frente a un uso no autorizado, debido al gran número de intermediarios que deben participar, tales como órganos de arbitraje y autoridades nacionales. Del mismo modo varios sectores han destacado que la redacción en torno a la vigilancia masiva reproduce de forma casi literal la del “Safe Harbor”.
No obstante, cabe recordar que el “Privacy Shield” ha sido modificado a lo largo de su elaboración para acomodar las sugerencias y opiniones de órganos tan exhaustivos en la materia como el Grupo de Trabajo del Artículo 29, el Parlamento Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
De este modo se proporciona una herramienta más para el fomento del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos partiendo de una visión más garante de los derechos del ciudadano.
Autores: Fernando Díaz y Martín Bello
miércoles, 13 julio 2016 13:31
Recientemente han visto la luz dos estudios encargados por la Comisión Europea referentes a una revisión económica y a una revisión legal o jurídica de la protección por diseño industrial en Europa con el objeto de evaluar y revisar el funcionamiento de la protección por diseño industrial en Europa.
La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos modelos buscó la aproximación y armonización de las legislaciones nacionales en materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 2001, la creación del sistema de protección por dibujos y modelos comunitarios, alineado con la Directiva anterior y cuyas primeras solicitudes se presentaron en la EUIPO (entonces OAMI) en 2003, supuso un hito importante para la protección del diseño industrial en Europa, al permitir obtener una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea mediante una única solicitud.
El propósito del estudio sobre la revisión legal ha sido analizar si el marco jurídico actual de la UE para la protección del diseño está contribuyendo a su estrategia en relación con la innovación y, en su caso, proponer recomendaciones. El objetivo de esta estrategia es crear un entorno favorable que haga más fácil la transformación de las ideas en productos, con el consecuente crecimiento de la economía y la creación de empleo.
Una conclusión muy positiva es la constatación de que se ha alcanzado un nivel de armonización muy alto en varios aspectos del sistema de diseños, debido en gran medida al papel armonizador y de convergencia ejercido por la práctica y las decisiones de la EUIPO relativas a los diseños comunitarios. En este sentido se hace referencia a los programas de convergencia de la EUIPO, como acuerdos entre la EUIPO y varias oficinas de patentes nacionales de países europeos para armonizar una práctica común sobre dibujos y modelos.
Asimismo, se ha destacado el esfuerzo de las oficinas de patentes nacionales y de los tribunales nacionales en alinear sus decisiones con las interpretaciones de la EUIPO o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, el estudio ha detectado algunos puntos controvertidos, como la propia definición de dibujo o modelo –design– o varios conceptos, como el de “funcionalidad”, “divulgación” o “ámbito de protección”.
En cuanto a las recomendaciones que propone el estudio, cabe destacar la aclaración de los conceptos de carácter singular y sector industrial. El estudio sugiere que al determinar el carácter singular de un diseño, las oficinas de patentes nacionales y los tribunales también deben referirse a la naturaleza del producto, la forma de su uso, el propósito al que se destina y el sector industrial al que pertenece o por el que circula.
También propone la revisión de las actuales nociones de “visibilidad” y “uso normal”, indicando que la definición de “dibujo” o “modelo” debe implicar que todos los diseños deben ser visibles” para poder ser protegidos. Asimismo son destacables las recomendaciones relativas a las representaciones gráficas para los diseños industriales. A este respecto, el Programa de Convergencia CP6 de la Euipo ya ha abordado la convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo.
El estudio también aborda dos temas clave relacionados con la protección por diseño industrial: la impresión 3D y la cuestión de las piezas de recambio. Las tecnologías de impresión 3D son un área de estudio relativamente reciente, cuyo impacto no sólo afecta a los diseños, sino también a otras modalidades de protección como las patentes, las marcas o el copyright. El estudio es extremadamente cauto en este tema, indicando la necesidad de profundizar más en él desde todos los puntos de vista, y realizando recomendaciones sobre posibles disposiciones acerca de infracciones directas o indirectas de diseños.
En cuanto a la cuestión de las piezas de recambio, ya se encontraba contemplada en la Directiva 98/71/CE, que instauraba una solución transitoria de “congelación más liberación”. Este régimen permitió a cada país mantener las disposiciones legales vigentes al respecto, pero en caso de realizar cambios en las mismas deberían ser tendentes a la liberalización del mercado de los componentes con fines de reparación de productos complejos. No obstante, las legislaciones nacionales no se encuentran armonizadas, pues en algunos países -y para los diseños comunitarios – no se pueden ejercer los derechos derivados del diseño de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido con fines de reparación, mientras que en otros –como Francia o Alemania- sí que es posible. El estudio urge a poner fin a esta situación y recomienda abordar el tema de las piezas de recambio junto con el de la impresión 3D, ya que esta tecnología puede afectar a la fabricación y distribución de las piezas de recambio.
Con la Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la mayoría de edad y tras más de 13 años con el sistema de protección de dibujos y modelos comunitarios en marcha en la EUIPO, era necesario iniciar un proceso de actualización, por lo que se ha hecho un alto en el camino para evaluar la situación actual y proponer mejoras, que deberán ser contrastadas por todas las partes interesadas en el sistema de protección de diseños industriales.
N.B. Artículo publicado originalmente en Iuris & Lex
viernes, 01 julio 2016 09:38
En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.
Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.
Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJUE:
En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.
A esta pregunta el TJUE responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.
La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:
(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.
La respuesta a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.
Para responder a la segunda cuestión, el TJUE lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:
Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.
Todo ello confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.
A la luz de las anteriores consideraciones, el TJUE respondió a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:
1) El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2) El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.
Autora: Ana Sanz

References: resolución 
 Artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 102
 resolución 
 artículo 9