Source: http://docplayer.es/11378093-De-los-antecedentes-que-obran-en-el-expediente-resulta.html
Timestamp: 2018-11-17 16:18:26+00:00

Document:
Carmelo Barbero Fidalgo
1 Expediente Núm. 223/2007 Dictamen Núm. 10/2008 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Bastida Freijedo, Francisco Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández Noval, Fernando Ramón Secretario General: García Gallo, José Manuel El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2008, con asistencia de los señores y señora que al margen se expresan, emitió el siguiente dictamen: El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de esa Alcaldía de 12 de noviembre de 2007, examina el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Gijón formulada por doña, en nombre y representación de don, por los daños materiales y personales sufridos al colisionar su vehículo con un bolardo que permite el acceso a una zona de circulación restringida. De los antecedentes que obran en el expediente resulta: 1. Con fecha 13 de julio de 2007, doña, en nombre y representación de don, presenta en el registro del Ayuntamiento de Gijón una reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con los daños personales y materiales que se derivan de la colisión de su vehículo con un bolardo que permaneció en
2 posición vertical tras aparecer la luz verde en el cajetín de tarjetas y estar ámbar el semáforo de acceso a su zona de residencia en... Inicia su escrito relatando que el pasado 14 de julio de 2006, sobre las 22:05 de la noche, (el reclamante) se disponía a acceder con su vehículo a la zona de su residencia habitual sita en, para lo cual existen unos dispositivos de acceso provistos de las siguientes partes: un cajetín en el que es necesario el uso de una tarjeta especial de residentes ( ) y que se encuentra situado unos metros antes de un bolardo que sube y baja para acceder o no al interior de la zona; para ello existe un semáforo que mediante una luz roja o ámbar te indica que puedes pasar o no. Los bolardos se encuentran situados en las calles de entrada y de salida a este barrio los cuales se bajan cuando el semáforo se pone en color ámbar para dejar paso a los vehículos, manteniéndose elevados si el semáforo se encuentra con la luz roja encendida. Continúa señalando que cuando se disponía a entrar en la zona y llevar a cabo el procedimiento anteriormente expuesto, una vez introducida la tarjeta es leída y aparece la luz verde en el cajetín, y tras comprobar fehacientemente que el semáforo que se encuentra unos metros más adelante está en ámbar, procede a reanudar la marcha. Siendo entonces cuando su vehículo colisiona con el bolardo que ha quedado, inexplicablemente, en posición vertical, sin descender como sería lo correcto al aparecer previamente la luz verde, provocando tal impacto daños no solo materiales sino también personales. Añade que conoce perfectamente el mecanismo de acceso, ya que vive en el barrio desde hace doce años, y que lo ha usado desde que se instaló, por lo que descarta cualquier confusión o error en su manera de proceder en el momento en que se produce la colisión de su vehículo con el bolardo. Indica que tras los hechos anteriormente citados el exponente precisa de asistencia médica debido a un cuadro de fuertes dolores de cabeza y pérdida de movilidad cervical que se le presenta y acrecienta conforme pasaban los 2
3 días; habiéndose visto obligado a acudir en fecha ( ) 25 de julio de 2006, mientras se hallaba trabajando en, al Servicio de Urgencias del Hospital donde, tras la oportuna exploración, se le diagnostica: cervicalgia o esguince cervical, producido por un latigazo cervical que le causa limitación en la movilidad del cuello y cefalea. Contractura muscular con limitación a los movimientos de flexiextensión y lateralidad del cuello. Contractura de los trapecios. Tras describir el tratamiento prescrito, señala que dada la repercusión de las lesiones y la lentitud de su curación, en aras de solucionar o paliar los efectos negativos de las lesiones padecidas se vio obligado a solicitar en fecha ( ) 26 de julio de 2006 el parte médico de baja de incapacidad temporal por contingencias profesionales, ya que las lesiones sufridas le impedían realizar sus funciones como trabajador autónomo. Por la especialidad de las lesiones causadas, realiza un seguimiento médico a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias, mediante consultas quincenales y del cual se expiden los consiguientes partes facultativos de confirmación, de fechas comprendidas entre el 1 de agosto de 2006 y el 9 de enero de El día 15 de enero de 2007 finaliza el seguimiento médico referido, emitiéndose el oportuno informe de alta. Tras lo expuesto, procede a valorar los daños y perjuicios sufridos. Así, el reclamante estima en 9.119,58 euros los días de incapacidad impeditivos, en 1.918,29 euros las secuelas y en 191,83 euros por el factor de corrección en función de sus ingresos. Con ello, la indemnización por daños personales asciende a once mil doscientos veintinueve euros con setenta céntimos (11.229,70 ). Pese a haber manifestado el reclamante que se le ocasionaron daños materiales, ni los cuantifica ni reclama indemnización alguna por dicho concepto. 3
4 Menciona también en su reclamación que, con fecha 10 de octubre de 2006, solicita ampliación o aclaración del atestado realizado por la Policía Local el mismo día del accidente, al considerar, después de revisar su contenido, que no especifica ni se atestigua por los agentes instructores en qué posición de paso (roja o ámbar) se encontraba el semáforo posterior al cajetín en el que se introduce la tarjeta. Dice que, con fecha 24 de noviembre y en contestación a dicho escrito, se le remite el informe realizado por el Instructor y el Secretario del atestado, en el que indican la imposibilidad de aclarar los extremos requeridos porque no disponen de otros datos que los reflejados en el informe. El reclamante sostiene que, ante la imposibilidad de probar de forma cierta por la Administración que el sistema de acceso a funcionó con normalidad, mantiene, en lo que se refiere a su actuación personal, que los hechos se produjeron como señala. Es decir, que una vez leída la tarjeta aparece la luz verde del cajetín y, tras comprobar que el semáforo que se encuentra un poco más adelante está en ámbar, procede a reanudar la marcha y es cuando el bolardo, sin saber porqué, queda en posición vertical, sin descender como era de esperar, lo que provoca que su vehículo colisione contra el mismo. Tras encuadrar el supuesto en el marco de la responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón, porque el daño se debe al mal funcionamiento de los dispositivos de seguridad y paso al..., que dependen de dicha entidad, solicita que se reconozca su derecho a percibir una indemnización por importe total de once mil doscientos veintinueve euros con setenta céntimos (11.229,70 ). Se acompaña a la reclamación copia de diversos documentos: a) Atestado de la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 14 de julio de 2006, en el que se indica que en la inspección ocular efectuada observan como el bolardo presenta daños y no funcionaba, daños que habían sido causados por el conductor del vehículo ( ), manifestando el mismo que 4
5 introduce la tarjeta y se pone una luz en verde situada en el poste o cajetín, momento en que inicia la marcha. Continúa destacando el atestado que, una vez en Jefatura, los agentes Instructor y Secretario consultan con la sala de control para observar la grabación ( ) realizada a las 22:05 horas del (mismo) día, donde se aprecia cómo se produce el choque cuando el vehículo ( ) se detiene frente al dispositivo de acceso a situado unos metros antes del bolardo, iniciando la marcha antes de que el bolardo descienda para dejar paso libre, chocando con su frontal contra el mismo. Quieren hacer constar que después del poste o cajetín donde se introduce la tarjeta para acceder a, existe un semáforo el cual está en rojo y hasta que no pasa a fase ámbar no desciende el bolardo, la luz verde que manifiesta el conductor es que ha leído la tarjeta. b) Informe del Área de Urgencias del Hospital, de fecha 25 de julio de 2006, con el diagnóstico de esguince cervical. c) Parte médico de baja de incapacidad temporal por contingencias profesionales del reclamante, de fecha 26 de julio de Partes de confirmación de la baja y parte médico de alta de incapacidad temporal por contingencias profesionales, de fecha 15 de enero de d) Copia del escrito remitido al Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Gijón, de 10 de octubre de 2006, en el que solicita una ampliación del atestado sobre el suceso ocurrido el día 14 de julio, ya que en él no se especifica en qué posición de paso (roja o verde) se encontraba el semáforo posterior al cajetín, de forma que se indique, a través de hechos objetivos y pruebas concretas, el color en el que se hallaba el semáforo en cuestión. e) Copia del escrito de la Jefatura de Inspección de Guardia de la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón, de 24 de noviembre de 2006, al que se adjunta el informe del Instructor y Secretario, firmado el día 23 de noviembre de 2006, en el que los agentes firmantes comunican que no disponen de otros 5
6 datos que los reflejados y detallados en las diligencias preventivas, lo que motiva que no se confeccione ampliación alguna del atestado. 2. Durante la instrucción del procedimiento fueron incorporados al expediente los siguientes documentos: a) A petición de la Jefa del Servicio de Reclamaciones Patrimoniales, se aporta, con fecha 26 de julio de 2007, copia de las diligencias y del informe elaborado por la Policía Local. b) Con fecha 2 de agosto de 2007, el Jefe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial informa, también a petición de la Jefa del Servicio de Reclamaciones Patrimoniales, que el sistema de control de accesos instalado en tiene el siguiente funcionamiento: en reposo, el semáforo está en rojo y el bolardo en la posición superior. Cuando un usuario solicita paso mediante la tarjeta autorizada, si ésta es correcta, el bolardo comienza a bajar mientras el semáforo continúa en rojo. Cuando el bolardo está totalmente oculto el semáforo pasa a ámbar intermitente, lo que indica que el vehículo puede avanzar con precaución. Una vez que el vehículo ha rebasado totalmente la entrada y si no se detecta un nuevo vehículo, el semáforo vuelve a ponerse en rojo y el bolardo comienza a subir hasta quedar en su posición superior. En el informe se deja constancia, además, que en la fecha indicada, 14 de julio de 2006, no tienen registrado en sus archivos ningún aviso de avería del control de accesos. c) A petición de la Jefa del Servicio de Reclamaciones Patrimoniales, se incorpora al expediente un escrito de la empresa adjudicataria del contrato de suministro e instalación de un sistema de acceso de vehículos al de la ciudad de Gijón, de 20 de agosto de Dicha empresa no remite un informe, tal y como se le había solicitado, sino lo que califica y formaliza como alegaciones en el trámite de audiencia. 6
7 d) Mediante escrito del Alcalde en funciones, de fecha 4 de septiembre de 2007, notificado el día 17 del mismo mes, se comunica al reclamante que ha finalizado la instrucción del procedimiento y se le concede un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar cuantos documentos estime pertinentes. 3. Con fecha 20 de septiembre de 2007, el reclamante comunica al Ayuntamiento de Gijón que autoriza a la letrada doña a examinar y obtener copia de los informes obrantes en el expediente, formular alegaciones, presentar documentos y llevar a cabo cualquier gestión que pudiera derivarse de su tramitación. 4. Con fecha 20 de septiembre de 2007, comparece ante el Servicio de Reclamaciones Patrimoniales doña, en nombre y representación de don, y, previo pago de las tasas correspondientes, obtiene una copia de los documentos que estima oportunos. 5. Mediante escrito presentado en el registro del Ayuntamiento de Gijón el día 3 de octubre de 2007, formula alegaciones el interesado, ratificando íntegramente su reclamación inicial de responsabilidad patrimonial y destacando que, en relación al informe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial, esta parte considera que ( ) nada aporta de interés al expediente, habida cuenta de que únicamente constata, una vez más, como es y de que manera funciona el sistema de control de accesos instalado en ; funcionamiento que el perjudicado respetó en todo momento y que conoce perfectamente dado que ha vivido 12 años en el citado barrio. Sostiene el reclamante que no guarda relación alguna con el hecho acaecido la afirmación contenida en el informe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial de que no se registra en ese día ningún aviso de averías, ya 7
8 que lo lógico es considerar que la avería se produce en el mismo momento en que el interesado accede a su domicilio, a las diez de la noche, y el hecho de que aquélla se materializó queda probado en el atestado de la Policía Local. Respecto a las argumentaciones de la empresa adjudicataria del contrato de suministro e instalación del sistema de acceso, considera que tampoco desvirtúan su versión de los hechos, ya que se limita a afirmar que no se registraron averías ese día, a describir el funcionamiento del mecanismo de acceso en un supuesto que no tiene relación con el presente y que la localización de los daños en el frontal del vehículo es lógica y normal a la vista de cómo ocurrió el accidente. Manifiesta que él no dudó en ningún momento que el bolardo había descendido una vez que la luz ámbar le permitía el paso y que el hecho de que, por avería del sistema, no hubiera descendido fue el motivo del choque del vehículo con el mismo. Confirma que la causa principal y única del siniestro fue el mal funcionamiento del sistema de acceso y reitera la petición de once mil doscientos veintinueve euros con setenta céntimos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 6. Con fecha 2 de noviembre de 2007, la Jefa del Servicio de Reclamaciones Patrimoniales formula propuesta de resolución en el sentido de desestimar la reclamación presentada. Para ello, alude al contenido literal del atestado de la Policía Local, en el que se recoge el resultado de la inspección ocular realizada el día 14 de julio de 2006, y donde consta que el conductor del vehículo manifestó a los agentes que introduce la tarjeta y se pone una luz verde situada en el poste o cajetín, momento en que inicia la marcha y que los agentes consultan con la sala de control para observar la grabación efectuada a las 22:05 horas del mismo día, en la que se aprecia cómo se produce el choque, cuando el vehículo ( ) se detiene frente al dispositivo de acceso a situado unos metros antes del bolardo, iniciando la marcha antes de que el 8
9 bolardo descienda para dejar paso libre, chocando con su frontal contra el mismo. Apoya su propuesta también en la descripción del funcionamiento del sistema que figura en el informe del Jefe del Servicio de Tráfico y Regulación Vial, de fecha 2 de agosto de 2007, así como en el que realiza la empresa adjudicataria del contrato de suministro e instalación del sistema de accesos el 15 de enero de 2007, en el que se indica cuál es el uso correcto de la tarjeta, y en el que se señala expresamente que se debe esperar siempre a que se active la luz ámbar del semáforo colocado al efecto, antes de iniciar su marcha. Sostiene la autora de la propuesta que no ha quedado acreditado el nexo causal, cuya prueba corresponde al reclamante, y que no se puede deducir conforme a las reglas del criterio racional un enlace preciso y directo entre el funcionamiento del servicio público y la lesión expresiva de esa dependencia entre ambos, del que resulte que la lesión es consecuencia inmediata, directa y exclusiva del funcionamiento normal o anormal del servicio público, y sin que en esa relación de causa a efecto intervenga la conducta del perjudicado. Se rompe por la conducta del perjudicado el nexo causal necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración, insistiendo en que de los hechos narrados no parecen concurrir las circunstancias que legal y jurisprudencialmente se exigen para que esta Administración responda, por cuanto no ha quedado constatado el nexo causal, es decir, que el daño sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que conlleven o interrumpan ese nexo causal (Sentencia de 27 de noviembre de 1993). 7. En este estado de tramitación, mediante escrito de 12 de noviembre de 2007, registrado de entrada el día 19 del mismo mes, esa Alcaldía solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre 9
10 consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Gijón objeto del expediente núm.., adjuntando a tal fin copia autentificada del mismo. A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en derecho: PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo según lo dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado b), y 40.1, letra b ), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente. SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está el interesado activamente legitimado para formular reclamación de responsabilidad patrimonial, por cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por los hechos que la motivaron. El Ayuntamiento de Gijón está pasivamente legitimado en cuanto titular de los servicios frente a los que se formula reclamación. TERCERA.- En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el artículo de la LRJPAC dispone que En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a 10
11 las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En el caso ahora examinado, la reclamación se presenta con fecha 13 de julio de 2007, habiendo tenido lugar los hechos de los que trae origen el día 14 de julio de Tratándose de daños de carácter físico, el dies a quo, en aplicación de la normativa señalada, ha de ser el de la fecha en que se produce la curación, considerándose como tal el del alta médica, que, según consta en los documentos aportados por el reclamante, se produce el día 15 de enero de 2007, por lo que es claro que lo fue dentro del plazo de un año legalmente determinado. CUARTA.- El procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la reclamación se encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, y, en su desarrollo, en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en adelante Reglamento de Responsabilidad Patrimonial), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites fundamentales de incorporación de informe de los servicios afectados, audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución. No obstante, advertimos la concurrencia de determinadas irregularidades formales en la tramitación del procedimiento. La primera de ellas consiste en que, como ya hemos señalado en dictámenes anteriores, no consta el órgano administrativo que tiene encomendada la instrucción, actuando en ella distintas personas y órganos, e incluso esa propia Alcaldía (comunicando la apertura del trámite de audiencia); trámites que debieran haberse resuelto por el órgano instructor. La segunda se produce porque no se ha dado cumplimiento a la obligación de comunicar al interesado, en los términos de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la LRJPAC, la fecha en que su solicitud ha sido recibida por el órgano competente, el plazo máximo legalmente establecido para la resolución 11
12 -y notificación- del procedimiento, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo. QUINTA.- El artículo de la Constitución dispone que Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC, ya citada, establece en su apartado 1 que Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y, en su apartado 2, que En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Por otra parte, el artículo 141 de la ley citada dispone en su apartado 1 que Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las circunstancias concurrentes en cada caso. 12
13 En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y atendida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurran, al menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de una lesión o daño antijurídico, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea producto de fuerza mayor. En el ámbito de la Administración local, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), establece que Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. SEXTA.- La reclamación se refiere a unos daños físicos de cuya existencia queda suficiente constancia en el expediente. El perjudicado sufrió un esguince cervical por el que se le expidió una baja de incapacidad temporal el día 26 de julio de 2006, y permaneció de baja por dicha contingencia hasta el 15 de enero de Ha de considerarse probado por el informe del Área de Urgencias del Hospital que el reclamante ingresó en dicha Unidad el día 25 de julio de 2006 y que la impresión diagnóstica fue de esguince cervical. No obstante, la existencia de un daño no puede implicar, sin más, la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública, sino que ha de examinarse si, en el presente caso, se dan las circunstancias que permitan reconocer al reclamante el derecho a ser indemnizado por concurrir 13
14 los requisitos legalmente exigidos. En consecuencia, debemos analizar si la lesión o daño alegado ha sido o no consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público y si se aprecia nexo causal entre las lesiones sufridas y el funcionamiento del servicio público. No son hechos discutibles los que se derivan del atestado preventivo levantado por los agentes de la Policía Local, que deja constancia de que el día 14 de julio de 2006, a las 22:05 horas, se personan en el lugar y observan como el bolardo presenta daños y no funcionaba, daños que habían sido causados por el conductor del vehículo ( ) al cual identifican. También se acredita en el atestado que el reclamante manifiesta a los agentes personados que introduce la tarjeta e inicia la marcha en el momento en que se pone una luz verde situada en el cajetín. Resulta probado en el mismo documento que, inmediatamente después de la inspección ocular en, consultan con la sala de control para observar la grabación, realizada a las 22:05 horas. En dicha grabación se aprecia cómo se produce el choque cuando el vehículo ( ) se detiene frente al dispositivo de acceso a situado unos metros antes del bolardo, iniciando la marcha antes de que el bolardo descienda para dejar el paso libre, chocando con su frontal contra el mismo. Sin embargo, este Consejo aprecia la falta de prueba de una serie de hechos que configurarían el necesario nexo causal entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento del servicio público municipal. El reclamante no ha acreditado que haya seguido correctamente los pasos del dispositivo de acceso al. Según la declaración realizada a los agentes en el momento y lugar de los hechos, emprendió la marcha cuando vio la luz verde en el cajetín, sin que de su exposición se deduzca que hubiese atendido al semáforo que indica la apertura de paso ni que hubiese esperado a que éste se pusiera en color ámbar. Tampoco el seguimiento de estos pasos excluiría totalmente la posibilidad de choque con un bolardo, ya que el encendido de la luz ámbar, según la descripción que se realiza del funcionamiento del mecanismo, sólo 14
15 indica que se puede avanzar con precaución. Por tanto, resulta atinado suponer que la maniobra correcta implica que el inicio de la marcha del vehículo ha de hacerse a una velocidad adecuada y con las precauciones mencionadas. El reclamante insiste en que emprendió la maniobra de paso cuando el semáforo se posicionó en luz ámbar, pero solo su declaración reiterada avala lo que dice, y tal declaración no es suficiente a los efectos pretendidos. Además, dicha versión contradice el contenido del atestado de la Policía Local que afirma que el conductor informó a los agentes de que prosiguió la marcha cuando vio una luz verde en el cajetín y, según esta manifestación del declarante, discordante con la sostenida después, la marcha se reanudaría cuando el cajetín realiza la lectura de la tarjeta y, al ser ésta correcta, se enciende la luz verde, siendo entonces posible que la luz del semáforo no estuviera en ese justo instante en ámbar, sino en rojo, indicando la prohibición de paso y con los bolardos en posición vertical. El uso habitual del dispositivo de acceso al barrio de su residencia desde que fue instalado puede avalar la presunción de un conocimiento del mismo pero no garantiza la ausencia de incidencias. Este Consejo no puede compartir la tesis sostenida en el escrito de reclamación, según la cual es el Ayuntamiento el que ha de acreditar y probar que el dispositivo funcionó y que la no aportación de tal prueba por la Administración desencadena su responsabilidad, fundamentalmente porque dicho juicio no coincide con la regulación positiva de la responsabilidad de las Administraciones Públicas, ni con sus interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales. La carga de la prueba del daño y del nexo causal recae con carácter general en el que reclama, y es éste el que debe probar la concurrencia de los requisitos y elementos que configuran la responsabilidad administrativa. Con base en ello, no podemos afirmar que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento del servicio público. A mayor abundamiento, observa este Consejo un dato que figura en los partes de baja, confirmación y alta aportados por el reclamante, y es que la 15
16 baja médica de incapacidad temporal figura expedida por la contingencia profesional de accidente de trabajo; ninguna referencia se hace por el interesado en todo el procedimiento de esta importante calificación. Si la baja médica responde a un accidente de trabajo, para que pueda relacionarse e imputarse al daño físico consecuencia del choque en el acceso al, habrá de corresponderse con un parte de accidente de la empresa, donde se describa el día, hora, circunstancias, etc. del accidente, según el modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo, de carácter normalizado y cumplimentación obligatoria. Se reflejaría en dicho parte la definición del accidente de trabajo como accidente in itinere, por producirse en el desplazamiento del trabajo a casa. Sin conexión de la baja laboral con un accidente de trabajo que coincida con los hechos en los que se base la reclamación, pierde relevancia también la posible influencia en el daño de la conducta del reclamante y su grado de participación en ellos. Este Consejo entiende que los partes médicos aportados, por sí solos, carecen de valor probatorio sobre la vinculación entre el daño físico por el que se reclama y los hechos a los que se imputa y también de que aquél esté relacionado inequívocamente con el accidente ocurrido el 14 de julio de El daño cervical se manifiesta y acredita por primera vez el día 25 de julio de 2006, transcurridos once días, cuando se produce el ingreso en el Servicio de Urgencias del Hospital... Es ese día cuando se diagnostica un esguince cervical y dicho daño parece ser la causa de la baja médica que se le expide con fecha 26 de julio y que se prolonga hasta el día 15 de enero de 2007, en que se produce el alta por curación. En el escrito de reclamación se declara que tras los hechos anteriormente citados el exponente precisa de asistencia médica debido a un cuadro de fuertes dolores de cabeza y pérdida de movilidad cervical que se le presenta y acrecienta conforme pasaban los días. Sin embargo, ninguna prueba se aporta sobre las molestias y las atenciones sanitarias recibidas tras el choque, el día 14, y el día 26 de julio de Tampoco figura en el atestado referencia alguna a molestias cervicales ni de 16
17 ningún otro tipo apreciadas por el conductor, lo cual sería probable si el choque provocara un latigazo cervical que motivara el diagnóstico de esguince cervical. Así pues, un análisis de las actuaciones obrantes en el expediente pone de manifiesto que no es posible, a juicio de este Consejo, apreciar la existencia de relación de causalidad entre el servicio público y el daño producido. En consecuencia, no concurren en este supuesto los requisitos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina que no procede declarar la responsabilidad patrimonial solicitada y, en consecuencia, debe desestimarse la reclamación presentada por doña, en nombre y representación de don... V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. Gijón, a EL SECRETARIO GENERAL, V.º B.º EL PRESIDENTE, EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. 17
Expediente Núm. 44/2008 Dictamen Núm. 57/2009 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Jiménez Blanco, Pilar Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández
Expediente Núm. 320/2006 Dictamen Núm. 82/2007 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Bastida Freijedo, Francisco Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández
Expediente Núm. 205/2007 Dictamen Núm. 69/2008 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Bastida Freijedo, Francisco Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández
Expediente Núm. 21/2008 Dictamen Núm. 53/2009 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Jiménez Blanco, Pilar Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 42
 resolución 
 artículo 139
 artículo 141
 artículo 54