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Timestamp: 2019-12-15 21:41:36+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 239 del 08/11/2016
Dictamen : 239 del 08/11/2016
Consultante: Molina Murillo Minor
Texto Dictamen 239
C-239-2016
Sr. Minor Molina Murillo
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio ALC-853-2016 de 13 de octubre de 2016.
En el memorial ALC-853-2016 de 13 de octubre de 2016 se nos consulta sobre una posible supresión por derogatoria tácita del artículo 75.d del Código Municipal por la promulgación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal.
De otro lado, se consulta si las municipalidades pueden dar mantenimiento y construir aceras adyacentes a vías públicas pertenecientes a la Red Vial Nacional.
A efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el consultante ha adjuntado el criterio de su Asesoría Jurídica, oficio LEG 191-2016 de 13 de setiembre de 2016 el cual concluye que en su criterio el artículo 75.d del Código Municipal ha sido derogado tácitamente y que corresponde a las Municipalidades construir y dar mantenimiento a las aceras pero exclusivamente aquellas de la Red Vial Cantonal.
Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar los siguientes extremos: a. El artículo 75.d del Código Municipal no fue derogado por la promulgación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, b. En relación con la coordinación y colaboración interinstitucional para el mantenimiento y construcción de las aceras de la Red Vial Nacional.
La primera cuestión jurídica planteada por el aquí consultante en su oficio ALC-853-2016 de 13 de octubre de 2016 ya ha sido examinada y analizada por este Órgano Superior Consultivo.
En efecto, recientemente otro gobierno local nos consultó en orden a determinar la derogatoria tácita del artículo 75.d del Código Municipal por la promulgación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley N.° 9329 de 15 de octubre de 2015.
Luego, mediante el dictamen C-188-2016 de 8 de setiembre de 2016, la Procuraduría General emitió su criterio en relación con dicha cuestión.
En este sentido, el dictamen C-188-2016 dilucidó el tema jurídico planteado y concluyó que que no existe incompatibilidad entre la Ley N.° 9329 de 15 de octubre de 2015 y el artículo 75.d del Código Municipal, por lo que este último no se debe entender derogado por aquella.
Así las cosas, es evidente que el dictamen C-188-2016 ya ha resuelto el primer extremo de la consulta hecha a través del oficio ALC-853-2016, por lo que debe indicarse al aquí consultante que se debe entender que, no obstante la promulgación de la Ley N.° 9329, el artículo 75.d del Código Municipal se encuentra vigente.
A. LA PROMULGACIÓN DE LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL NO HA DEROGADO EL ARTÍCULO 75.D DEL CÓDIGO MUNICIPAL.
n)Elaborar, coordinar y ejecutar, a cargo de la Dirección de Gestión Municipal del MOPT, planes de formación y capacitación para los Gobiernos Locales y demás organizaciones involucradas en la gestión vial municipal, pudiendo coordinar con las instituciones y programas vinculados con el sector municipal.
En consecuencia, debe reiterarse lo señalado en el dictamen C-188-2016 en el sentido de que no existe incompatibilidad entre la Ley N.° 9329 de 15 de octubre de 2015 y el artículo 75.d del Código Municipal, por lo que este último no se debe entender derogado por aquella.
B. EN RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS DE LA RED VIAL NACIONAL.
De forma adicional, a través del oficio ALC-853-2016, la Municipalidad de Grecia consulta si las municipalidades pueden dar mantenimiento y construir aceras adyacentes en las vías públicas pertenecientes a la Red Vial Nacional.
Sobre este tema importa reiterar, en primer lugar, lo dicho también en el dictamen C-188-2016 en el sentido de que las aceras forman parte del derecho de vía y que integran la sección adyacente a la calzada de rodamiento. (Sobre este tema puede verse, también el dictamen C-400-2014 de 14 de noviembre de 2014)
En segundo lugar, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico contiene una definición precisa de acera. Esta definición actualmente se encuentra en el artículo 2.2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial el cual indica que las aceras son las vías destinadas al tránsito de peatones.
En tercer lugar, conviene apuntar que, por consecuencia, las aceras forman parte de la vía pública. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo I.3 del Reglamento de Construcciones.
Al respecto, es oportuno transcribir el dictamen C-257-2004 de 1 de setiembre de 2004, reiterado por el C-243-2009 de 3 de setiembre de 2009:
A lo dicho se añade que las aceras como “parte de la vía pública, normalmente ubicada en sus orillas, que se reserva para el tránsito de peatones” (artículo I.3 del reglamento de construcciones) son inalienables e imprescriptibles y, por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común. En el caso de las municipalidades, éstas son responsables de vigilar el uso racional de las aceras, así como de dictar las medidas necesarias para garantizar que el tránsito de peatones sea fácil, cómodo y seguro (artículos 4, 5, 13, 34, 35 y 36 de la ley de construcciones).
Así las cosas, debe entenderse que las aceras de las vías pertenecientes a la Red Vial Nacional forman parte de ésta.
Ergo, y conforme el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060 de 22 de agosto de 1972, se debe interpretar que la construcción y mantenimiento de estas aceras – específicamente las de las vías nacionales - es una competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al cual se le ha atribuido, en términos generales, la administración de la Red Vial Nacional.
En todo caso, es importante señalar que el artículo 2.a de la Ley N.° 3155 de 5 de agosto de 1963 expresamente ha establecido que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene una competencia regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional, lo cual, evidentemente, incluye sus aceras. Se transcribe la norma de interés:
Artículo 2º.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto:
Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de Vialidad, planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial nacional. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de dicha red existentes o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos. Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, considerada por separado y en integración con la red vial nacional.(…)
No obstante lo anterior, lo cierto es que las municipalidades, en virtud de su competencia local – atribuida por el numeral 15 de la Ley de Planificación Urbana - para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de su territorio, tienen un deber público de coordinar y cooperar con la administración central en relación con las carreteras de la Red Vial Nacional que atraviesen el respectivo cantón. Verbigracia, el artículo 3 de la Ley General de Caminos Públicos, establece que la designación de las carreteras nacionales que atraviesen las ciudades, debe hacerse previa coordinación y consulta entre las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Así las cosas, la Sala Constitucional ha indicado que en materia de mantenimiento de las aceras de la Red Vial Nacional, las Municipalidades deben coordinar con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar que exista una adecuada infraestructura peatonal y que se le dé el debido mantenimiento.
En este orden de ideas, conviene apuntar de que a pesar de que es notorio que el Ministerio de Obras Públicas es el principal responsable de velar por las aceras de la Red Vial Nacional, la Sala Constitucional ha sido enfática que la seguridad peatonal – en tanto materia de derecho urbano - es también un asunto de interés local que obliga a los gobiernos locales a garantizar a los munícipes un tránsito seguro y por tanto, a coordinar con la administración central el desarrollo y mantenimiento de las aceras de la Red Vial Nacional. Sobre este punto, conviene citar la sentencia de la Sala Constitucional N.°15129-2012 de las 2:30 horas del 30 de octubre de 2012:
Sobre el derecho. La seguridad peatonal es un asunto de interés local que las municipalidades no puede soslayar, por lo que éstas deben actuar -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro; en particular, a los menores y a los adultos mayores (ver sentencia número 2006-11263 de las 9:29 hrs. del 1 de agosto del 2006). Lo que incluye el deber de las municipalidades de utilizar los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico les otorga, para hacer cumplir a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles su obligación de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, para así poder asegurar a los peatones que no se vean expuestos a un inminente peligro al tener que movilizarse por espacios en donde se ponga en riesgo su vida o su salud (ver, en este sentido, la sentencia número 2007-05051 de las 15:27 hrs. del 13 de abril del 2007). En cuanto a este punto, el inciso d) del artículo 75 del Código Municipal establece la mencionada obligación de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, y el deber de las Municipalidades de estar vigilantes ante esta situación y en caso de omisión suplir los trabajos. En este caso, el recurrente se queja que en el sector de la entrada a San Juan Norte hasta la entrada al camino Chirraca en Turrialba las aceras se encuentran en mal estado. La Alcaldesa y el Presidente del Concejo Municipal de Turrialba refieren al contestar este amparo que no son competentes en la ruta Nacional 32 San José- Turrialba, pues le corresponde al MOPT. Pero lo cierto es que se trata del mantenimiento de las aceras en el sector de la entrada a San Juan Norte hasta la entrada al camino Chirraca en Turrialba, sin que se demuestre que ya haya acudido ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes u otra institución para lograr una actuación conjunta en el presente caso y poder dar mantenimiento a las aceras aludidas. Por su parte, los funcionarios del Consejo de Seguridad Vial dicen que no han recibido denuncia de aceras o carreteras en mal estado en la ruta nacional 32 San José- Turrialba. Respuesta que no puede ser aceptada, pues, como ya se indicó, corresponde a todas las autoridades públicas velar por la vida e integridad física de las personas y, en el caso particular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, velar por un tránsito vehicular y peatonal con el mínimo de peligro para la vida humana. De hecho, lo que se evidencia en el presente caso es que la Municipalidad de Turrialba y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no han sabido coordinarse, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en procura de solucionar el mencionado problema. Coordinación administrativa que adquiere particular relevancia en un caso como el presente, en que se requiere que tales autoridades puedan ordenar y conjugar debidamente sus específicas funciones y potestades, para que a través de su actuación conjunta se pueda proteger de forma oportuna y efectiva el derecho fundamental de los peatones a la protección de su vida e integridad personal (véase en igual sentido la sentencia número 2011-005807 de las dieciséis horas y catorce minutos del diez de mayo del dos mil once). Bajo este panorama, se declara con lugar el recurso con las consecuencias de ley.”(En igual sentido, puede verse la sentencia N.° 151-2012 de las 14:50 horas del 11 de enero de 2012)
En conclusión, es claro que existe un deber de las municipalidades de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el desarrollo y mantenimiento de las aceras de las carreteras, pertenecientes a la Red Vial Nacional, que atraviesen el respecto cantón. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad peatonal de los munícipes.
Con fundamento en lo expuesto se reitera lo dicho en el dictamen C-188-2016 en el sentido de que no existe incompatibilidad entre la Ley N.° 9329 de 15 de octubre de 2015 y el artículo 75.d del Código Municipal, por lo que este último no se debe entender derogado por aquella.
Igualmente se concluye que existe un deber de las municipalidades de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el desarrollo y mantenimiento de las aceras de las carreteras, pertenecientes a la Red Vial Nacional, que atraviesen el respecto cantón. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad peatonal de los munícipes.

References: artículo 75
 artículo 4
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 ARTÍCULO 75
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 artículo 2
 artículo 1
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 artículo 3
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