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Timestamp: 2018-11-18 20:36:11+00:00

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Recortes de Prensa Sábado 26 Enero 2008
Carta de una madre reclamando la Junta de Galicia el derecho de su hija a ser educada en su lengua materna, el español.
Nota del Editor 26 Enero 2008
Una madre está luchando por conseguir que su hija no sea maltratada por la imposición lingüistica de la Junta de Galicia y que se le conceda la exención que marca la ley. Ella sola se ha documentado en Internet, mostrando un coraje y una voluntad tremendos para defender los derechos de su hija a la educación y por consiguiente el desarrollo y vida de su hija, en contra de la clara pretensión de la Junta de Galicia de marginar a todos los estudiantes español-hablantes causándoles un daño irreparable y sometiéndoles a condiciones inhumanas para que sean primero fracasados escolares y luego fracasados sociales, fácilmente manipulables por los profesionales de la política.
A continuación copiamos la reclamación que ha presentado a la Junta de Galicia, que demuestra los disparates que los políticos normalizadores están infligiendo a numerosas familias español-hablantes y otras muchas.
Delegación Provincial La Coruña
Edifico Administrativo de Monelos
Plaza de Luis Seoane, s/nº
15071 – La Coruña
Atn. Sr. D. Jose Manuél Mouriz Cabalo
En … a 16 de Enero de 2008.
Yo, .…….., Natural de ……., nacida con fecha ……………………., con DNI ………...viviendo en Galicia desde ………. 2007, con domicilio a efectos de notificación en la ……………(La Coruña), madre de la alumna …………………………, que cursa sus estudios en el centro ..... (La Coruña), y en relación a su escrito de fecha 30 de Noviembre, recibido por mí el 17 de Diciembre de 2007, cuya resolución negativa a la exención de lengua gallega solicitada no es de mi conformidad, por esta razón,
1) Que el propio artículo 13 del Decreto 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, que regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo, a la hora de regular el uso del gallego en las materias que han de impartirse en este idioma ya establece el inciso con carácter general, lo cual en palabras del propio Consejo Consultivo de Galicia, en su Dictamen 366/07, es una cláusula de excepcionalidad, que además no está especificada.
2) Que la redacción de este artículo, con tal cláusula de excepcionalidad es impropia de un Reglamento, ya que vulnera los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrados en el artículo 9.3 de la CE, siendo más propio de un Reglamento el establecer criterios claros de utilización del gallego por parte de los alumnos y que no supongan la vulneración de preceptos de rango superior. En tanto no se establezcan tales criterios, mi hija puede acogerse sin límite a la cláusula de excepcionalidad, porque la lengua materna de mi hija es el español.
3) Que el propio Tribunal Constitucional, sobre todo como consecuencia de la Sentencia 337/1994, ha avalado con suficiencia la potestad de la Administración para imponer la lengua docente, si bien con ciertas cautelas y garantías; pero que de tal potestad no puede deducirse que la Administración tenga competencia para determinar la lengua que han de utilizar los alumnos de entre las lenguas oficiales de una determinada Comunidad Autónoma. Así lo interpreta también el propio CCG al decir en su Dictamen 366/07 que “la implantación de esas materias en lengua gallega actualiza la potestad organizativa del sistema de enseñanza que corresponde a los poderes públicos, y, como ya se ha indicado, frente a tal determinación no es oponible un pretendido derecho a recibir la educación en una sola lengua de modo exclusivo, pero el ámbito decisorio disponible para el reglamento se agota en el terreno de la impartición de las materias, pues el uso de la lengua como instrumento vehicular no está sujeto a la evaluación directa en esas materias, y la imposición de su uso a través de un mandato directo de excepción – no especificada por cierto en el texto del Decreto – choca con la inexistencia de un deber estatutario o legal del uso del gallego, por el que los alumnos pueden invocar su derecho al empleo de su lengua de preferencia entre aquellas que son oficiales.
4) Que, abundando en la cuestión, esa inexistencia de un deber estatutario o legal del uso del gallego se deduce, por una parte, del artículo 5 del Estatuto de Autonomía, que establece lo siguiente:
2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y de usarlos. Este artículo lo incumplen ustedes al obligar a mi hija a estudiar todas las asignaturas denominadas “fuertes” en gallego, puesto que los libros de texto vienen en gallego, Está siendo discrimada por ustedes.
4 3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán de los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Esto también lo incumplen ustedes, puesto que todas las notificaciones oficiales de la Junta las envían sólo en gallego cuando la lengua materna de mi familia es el español.
5 Nadie podrá ser discriminado por causa de la lengua, sin embargo, ustedes discriminan a mi hija no sólo por haberle negado la exención de lengua gallega, sino porque por decretazo, ha de estudiar las asignaturas mencionadas en gallego y mi hija desconoce dicho idioma.
6 Por otra parte la Ley 3/1983, de Normalización Lingüística, de 15 de junio, establece en su artículo 2 que “los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma”.
5) Que asimismo, el CCG, en el citado dictamen considera que existen dos ámbitos perfectamente deslindables y no intercambiables:
a) Uno es el que corresponde al deber de conocer el gallego como concreción del deber de estudio de dicha lengua y la capacitación en igualdad de condiciones con el castellano que exige y ampara con suficiencia la LNL.
b) Otro, claramente distinto, el ámbito del deber de uso de dicha lengua, que con el marco legal, actualmente existente, es exigible a los alumnos sólo en las clases de literatura gallega, como correlato lógico de la previsión de la enseñanza de la lengua gallega que la ley contempla.
6) Que el propio Parlamento de Cataluña, en sus alegaciones a la cuestión de inconstitucionalidad (Sentencia del TC 337/1994) planteada contra la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, y para justificar la constitucionalidad de la misma exponía argumentos como los que siguen:
a) Pero no se alcanza a entender cuál puede ser la afectación que una norma como la cuestionada puede producir en la libertad de las personas, puesto que en ningún momento se limita la libertad lingüística de los alumnos, es decir, su derecho a usar una lengua u otra durante el desarrollo de las actividades escolares.
b) En todo caso, no parece razonable sostener que mediante el artículo cuestionado se obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad si la transmisión de conocimientos y el proceso de capacitación discurren en una lengua distinta de la habitual del alumno cuando es una lengua comprensible para el mismo. La dignidad del alumno tampoco resulta afectada por proporcionarle la enseñanza en una lengua distinta de la suya habitual si él puede seguir utilizando ésta y no es impedida o dificultada su comunicación con el enseñante.
c) El art. 14.2 de la Ley cuestionada, considerado en relación con otros preceptos de la misma Ley, se enmarca dentro de estos límites, pues habilita para una introducción progresiva del catalán como lengua vehicular de la enseñanza (asegurando la previa capacitación de los alumnos para su comprensión), sin imponer su uso activo a los alumnos, ordenación que se justifica en la finalidad de promover la integración social y al mismo tiempo proteger eficazmente la lengua catalana sin producir ningún perjuicio a la lengua castellana, para cuya enseñanza se prescribe la misma intensidad.
6) Que la exigencia planteada en su día por el artículo 1 del Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, de que todos los documentos administrativos correspondientes a los centros de enseñanza fuesen redactados exclusivamente en gallego fue rechazada por el TSJG en su sentencia nº 131 1996, que procedió a anular los puntos 1, 2 y 3 del artículo 1 del citado Decreto. Dicha sentencia dio lugar a un nuevo Decreto 66/1997, de 21 de marzo, que introdujo también en este caso la apostilla “con carácter general”, pero que, como es lógico, no puede dejar sin efecto la Sentencia del TSJG, que reconocía la cooficialidad de los dos idiomas, dejando claro la Sentencia que se podría utilizar en la elaboración de documentos el castellano. Y si esto afectaba a los empleados públicos que están sometidos a un estatuto funcionarial, y, en consecuencia, a más obligaciones que los ciudadanos usuarios de un servicio público, con más razón cabe interpretar la apostilla “con carácter general” en el caso de los alumnos en el sentido de que quedan habilitados para utilizar la lengua de su elección, tanto en las pruebas de evaluación, como en los trabajos académicos o el material didáctico a utilizar en el aula. En este sentido el interesado se reafirma en que la doctrina del TC faculta a la Administración para imponer la lengua docente, pero no la que han de emplear los alumnos.
7) Que, por otra parte, ha de recordarse que en materia de derecho sancionador rige el principio de legalidad y el de tipicidad, acorde con el aforismo "nullum crimen sine lege"; es decir, que nadie puede ser castigado por ejercer u omitir una conducta si ello no está tipificado previamente por la ley u otra norma sancionadora.
Al interesado no se le alcanza a saber en cuál de los tipos establecidos en le Decreto 732/1995, de 5 de mayo, va a encuadrar la conducta del alumno. Tal Decreto sólo faculta a un profesor para amonestar verbalmente o por escrito a un alumno, o, en casos de indisciplina grave que perturbe gravemente el desarrollo de la clase, decretar su presencia inmediata ante el Jefe de Estudios. Honestamente, el que suscribe no cree que se pueda considerar que un alumno perturba gravemente el desarrollo de una clase por el mero hecho de que escribe en un determinado idioma, que además es oficial, o que un alumno utiliza en clase un libro escrito en un idioma que él cree que facilita su aprendizaje.
Además, de manera incomprensible, el citado Decreto ha omitido tipificar las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, a las que se hace referencia en el artículo que tipifica las conductas gravemente perjudiciales para la c, se establece centro. Tan sólo se hace una remisión en el artículo 41 al establecimiento de normas de convivencia del centro, que serán recogidas en el RRI del centro. Estas normas podrán concretar los deberes de los alumnos y establecerán las correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas; pero todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el título IV del real Decreto 732/1995.
Los derechos humanos de carácter lingüístico y cultural están protegidos por diversos tratados y declaraciones internacionales suscritos por España, País al que pertenece la Comunidad Autónoma Gallega, entre los que se destacan:
l Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 2 consagra que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
l Acuerdo de la UNESCO relativo al uso de la lengua en la enseñanza, de 1954, que establece que la lengua materna es la más adecuada para que el niño reciba sus primeras enseñanzas y que las autoridades docentes han de procurar impartir todos los conocimientos iniciales en dicha lengua.
l Convención de la UNESCO relativa a la recomendación sobre la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960.
l Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discrimanación racial, de la ONU, de 1965.
l Convención de los Derechos del Niño de la ONU, de 1989, que dispone que “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar una asistencia y protección apropiados con miras a establecer rápidamente su identidad” (artículo 8.2) y que “los Estados Partes convienen en que la educación del niño debe estar encaminada a inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultura, de su idioma y sus valores...”
l Conferencia Mundial de Derechos Humanos,de la ONU, de 1993, que establece el derecho de las colectividades humanas, por pequeñas que sean, a su “propia cultura (...) y a emplear su idioma en público y en privado, con toda libertad y sin injerenciasexternas ni ningún tipo de discriminación”.
Ø Prohíben la discriminación por razón de la lengua.
Ø Garantizan la libre circulación y residencia en el territorio del Estado.
Ø Amparan el derecho de cualquier comunidad y de cualquier ciudadano de un estado a cultivar y conservar su propia lengua y cultura (que en este caso concreto es el español).
Ø Tutelan el derecho de los niños a ser educados en su propia lengua materna y prohíben ser privados de su identidad cultural.
Ø Consagran el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que han de dar a sus hijos, lo que incluye la libre elección de su lengua y cultura.
Por todo lo anterior, considero que ustedes están vulnerando el derecho de mi hija a proseguir sus estudios en su lengua materna, que como he explicado en párrafos anterios, es el español.
Cabe por último suponer que no se puede negar a un alumno la calificación en una materia en una evaluación por haber utilizado el idioma oficial de su preferencia (salvo en los casos especiales ya citados). Tal sanción no está prevista en la normativa vigente, y ningún profesor puede aplicarla.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el Decreto 124/2007 se halla recurrido en los aspectos en los que se trata en esta solicitud, el que suscribe,
1.- Que mi hija pueda seguir estudiando las asignaturas de Física y Química, Matemáticas, Biología, Ciencias Sociales en español, recibiendo las preguntas y efectuando los correspondientes exámenes en mencionado idioma, tal y como lo ha llevado a cabo desde que fue escolarizada en España, concretamente en Madrid, en el año 1998, haciendo uso del español como lengua materna.
2.- Que se facilite a los profesores u órganos de gobierno del centro en qué lengua deben expresarse los alumnos en sus actividades docentes, con la única excepción de las clases o actividades relacionadas con una determinada lengua, en este caso el gallego, en cuyo caso sí está justificada, y amparada por la doctrina del TC, la imposición por parte de la Administración.
3.- Que en caso de responder a este escrito, lo efectúen en español o en su defecto, en alemán, ya que no sé gallego.
Ignacio Villa Libertad Digital 26 Enero 2008
El proceso de ilegalización de las franquicias de ETA-Batasuna que el Gobierno ha puesto en marcha este viernes se puede considerar ya como una de las estrategias más toscas de Rodríguez Zapatero en esta legislatura. Se puede pensar que es fruto de la torpeza y del nerviosismo habitual en vísperas electorales; también hay quien sugiere que es el resultado del engreimiento del poder; incluso se puede apuntar que se ha decidido ante la angustia de una posible derrota. Son muchas las posibilidades reales, aunque en este caso es ciertamente indiferente. Aquí la gravedad recae especialmente en una cuestión: estamos ante una nueva mentira del Gobierno Zapatero.
Los socialistas llevan cuatro años en el poder. En este tiempo han abierto un proceso de rendición ante los terroristas etarras. Han abierto las puertas de los Ayuntamientos a las franquicias batasunas. Han devuelto al entorno etarra al Parlamento europeo. Han abierto el grifo de la financiación pública para los terroristas. Les han tratado siempre con guante de seda y con una exquisitez que nunca han utilizado con el Partido Popular, que, al fin y al cabo, es el primer partido de la oposición. Durante estos cuatro años en el Gobierno, además, han hecho más fuerte a ETA: le han dado más alas y más consistencia cuando estaban arrinconados, derrotados y fuera de órbita. Han sido cuatro años de conchabeo con los terroristas.
Con ese panorama y a dos meses de las elecciones, pretenden que ahora, con un juego de manos, con una pirueta en el vacío y con cuatro afirmaciones aparentes se solucione todo. Eso no es así. Han tenido cuatro años para ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca y al Partido Comunista de las Tierras Vascas y no lo han hecho. Ahora, cuando ya no da tiempo para esa ilegalización, resulta que han descubierto que estas franquicias terroristas son muy malas y que por lo tanto no pueden presentarse a las elecciones generales. Pues bien, a estas alturas ya no hay más tiempo para nuevas mentiras. Han sido muchas, demasiadas, para que otra mentira haya que aceptarla obligatoriamente. Si hubieran querido lo hubieran hecho antes. Ahora ya, hagan lo que hagan, no hay plazo legal para ejecutarlo.
Estamos ante una gran filfa, la penúltima filfa de este Gobierno. Con todos los actores posibles. El juez Garzón, el ministro Bermejo, el fiscal general del Estado y la vicepresidenta De la Vega. Todos en su sitio, con su parte de protagonismo, intentado retomar una iniciativa perdida y conscientes de tener la credibilidad por los suelos. Han pretendido engañar a todos, pero esta vez, sinceramente, no ha colado.
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2008
Es evidente que el Gobierno pretende hacernos creer que las cosas están mejor de lo que están. Si asumiéramos buena intención por su parte, podríamos llegar a creernos que lo hacen porque saben que las expectativas de consumidores e inversores son importantes para el funcionamiento de la economía y no quieren que éstas decaigan, que es por lo que Zapatero habría llamado "antipatriotas" a quienes expresan en voz alta y clara su preocupación por la mala marcha de nuestra economía.
Por lo menos, Caldera no ha emulado a su jefe de filas y culpado de la crisis hipotecaria estadounidense a las "políticas neoconservadoras" y a un modelo económico alabado por "el señor Pizarro". Pero todo se andará. No parece, sin embargo, que el modelo "guerra de Irak para todo" que ha utilizado el PSOE para defender su torpeza en la gestión durante toda la legislatura vaya a dar mucho más de sí. En cualquier caso, y aun con un nuevo Gobierno, estos años perdidos harán más difícil la recuperación. Esperemos que no imposible.
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Enero 2008
José María Marco Libertad Digital 26 Enero 2008
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 26 Enero 2008
Ya lo advertimos en el mes de septiembre del año pasado y, como en todos estos cuatro años, no nos hemos equivocado. Dijimos que el Gobierno de Zapatero necesitaría tapar las vergüenzas del proceso de rendición de cara a las elecciones y mostraría un nuevo rostro. O mejor, una careta que es lo que toca en época de carnaval. De carnaval electoral. Una careta que oculta a los que defendieron de forma desmesurada e indecente durante tres años la legalidad del PCTV y posteriormente ANV. Se me ha criminalizado, criticado, calumniado y perseguido por las plumas al servicio del Gobierno por decir lo mismo que hoy dice el Fiscal General del Estado y por decir lo mismo que los que hoy dicen enarbolar la bandera de la aplicación de las leyes.
¡Qué vergüenza! Eso sí, sólo para los que la tenemos. Es increíble ver cómo no se ruborizan al tiempo que insultan la inteligencia y el sentido común de millones de españoles. Con este nuevo giro buscan de forma descarada la utilización de la lucha antiterrorista como arma electoral.
Como víctima, aunque algunos me nieguen el dolor de haber enterrado a mi hermano y a mis dos sobrinas gemelas en ese afán de destruir a la familia, me siento utilizado por el Gobierno de Zapatero. Pero además me escandaliza y me preocupa que miles de ciudadanos tengan como gobernantes en los ayuntamientos y en el Parlamento Vasco a una organización terrorista. Una organización que mata, secuestra y tortura. Serán los miembros de esta banda criminal los que gestionen sus impuestos y les den los servicios del agua y la limpieza –aunque ellos sean la basura a limpiar–, entre otras muchas responsabilidades que ante un ciudadano tiene un concejal o un alcalde. Eso sin entrar a valorar lo preocupante que es que éstos tengan información y financiación a costa de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.
Perderán sus siglas, pero seguirán sentados en sus sillones, dentro de uno (el PCTV) y tres años (ANV). Sólo cambiarán el nombre como si de empresas fantasma se tratase.
Recordemos que los programas y revistas que toda la prensa, incluida la rosa, dedicaron semanas y meses al escándalo del Ayuntamiento de Marbella. Era lo lógico por lo mucho que afectaba a sus ciudadanos la gravedad que su gestión. Pero no busquen ese trato y esa comprensión para los ciudadanos vascos y navarros decentes que tienen como gobernantes a personajes cuya actividad produce más repugnancia que quienes han desfalcado, llevado a la quiebra económica o construido en zonas protegidas. Los ciudadanos vascos y navarros, en vez de tener casas ilegales en torno a sus pueblos, tienen los zulos y las guaridas de sus asesinos. De sus impuestos no se pagan lujosos coches o piezas de caza mayor, no. Se paga la pervertida solidaridad con quienes cazan a personas inocentes, así como los desplazamientos para alentar en las prisiones la labor de los asesinos.
Pero la cosa no quedará así. Veremos desfilar a comandos enteros de históricos y siniestros asesinos y un sinfín de despreciables de la organización asesina ETA, que contribuirán a vender la idea de que se está por la derrota de ETA. Todo esto a pesar de que el pasaporte al cambalache y a la revisión de la situación de los asesinos sigue vigente gracias a la resolución parlamentaria que habilita al Gobierno a negociar con ETA.
Lo dicho. Empieza el carnaval y ésta es la primera de las caretas que compondrá el atuendo que intentará disfrazar y tapar la realidad. Por ello es muy importante que identifiquemos a los lobos vestidos de corderos, a los demonios con cuernos disimulados por las alas de los ángeles, a los buitres que se alimentan de la muerte de los demás, pero que se visten de palomas de la paz. No podemos permitir que tapen la cruda realidad de que, después del 9 de marzo y si los ciudadanos no lo impiden, cuando termine el carnaval, los españoles estaremos expuestos de nuevo a la mentira y a la rendición con los terroristas.
Gabriel Morís Libertad Digital 26 Enero 2008
El fraude nacionalista
M. MARTÍN FERRAND ABC 26 Enero 2008
Descoordinación antiterrorista
GEES Libertad Digital 26 Enero 2008
El espectáculo de dos ministerios afirmando cosas distintas respecto al mismo caso pone de manifiesto una de las principales características del Gobierno de Zapatero; sus miembros rara vez muestran capacitación profesional, y las más de las veces están en sus puestos, o por fanatismo ideológico –como es el caso del ministro Bermejo, de quien se conocen más declaraciones de corte tabernario que institucional–, o por su capacidad para controlar situaciones que rozan la legalidad constitucional, caso del ministro Rubalcaba, en cuyo currículum se encuentran vilezas como la del 13-M, y oscuros episodios como el de los gobiernos del GAL.
Ninguno de los dos ha demostrado capacitación profesional para ocupar ambas carteras. El espectáculo dado por los dos ministerios, el de Interior y el de Justicia, a propósito de los islamistas detenidos en Barcelona, muestra hasta qué punto la decisión de Zapatero de dotarse de un Gobierno ideologizado hasta la médula y dedicado a la fontanería interna tiene sus consecuencias. ¿Qué ocurre con la descoordinación a propósito de los islamistas de Cataluña? Pues ocurre que ni Rubalcaba ni Bermejo están a lo que deben estar; a cazar terroristas el primero y a meterlos en la cárcel, el segundo. Y no lo están porque ninguno de los dos fue nombrado para eso.
Rubalcaba fue nombrado para controlar qué hacían y qué no las Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a ETA. Bajo su mandato, las denuncias sobre directrices para aflojar la presión sobre los etarras se multiplicaron; el escándalo llegó a la cúspide con el chivatazo del bar faisán. Dedicado a vigilar el proceso de negociación entre Zapatero y ETA, ha descuidado totalmente sus funciones en otras materias; es el caso de la seguridad ciudadana, y, hoy, en terrorismo islámico. Sólo el buen hacer de los profesionales de los cuerpos policiales ha evitado y evita males mayores. Para ellos, Rubalcaba es un lastre.
De Bermejo puede decirse algo semejante. Profesionalmente limitado, fue nombrado por Zapatero en virtud de su fanatismo ideológico. Durante su ejercicio en el ministerio, su principal función ha sido ejercer de cortafuegos jurídico para las marcas electorales de ETA. Inaudito ha sido ver a un ministro español defendiendo a capa y espada la legalidad de los grupos etarras. Si Rubalcaba trataba de controlar a las fuerzas de seguridad, Bermejo hacía lo propio con la Fiscalía del Estado. Más allá de eso, y de jugar a bolchevique con el sueldo y el coche oficial que todos le pagamos, Bermejo ni sabe, ni contesta.
Rubalcaba y Bermejo fueron nombrados por Zapatero con el único objetivo de controlar su principal apuesta para la legislatura; la negociación política con ETA. Más allá de usar a las FSE y a la fiscalía para proteger el proceso, los dos han mostrado sus carencias en otros temas de manera clamorosa. No es que el caso de la célula islamista de Barcelona sea una negligencia, un error o una dejación de funciones. Es que ni uno ni otro dan para más. Son, más allá de los oscuros objetivos que Zapatero les fijó, unos ministros incapaces.
Batasuna connection
Tonia Etxarri El Correo 26 Enero 2008
Si, con toda la información que tenía la Fiscalía sobre la conexión descarada entre Batasuna y sus formaciones absorbidas (EHAK y ANV) antes de las elecciones, no ordenó activar el proceso de ilegalización hasta después del atentado de Capbreton, cabe decir que el Gobierno ha apurado los plazos hasta el último minuto pero que, al final, ha reaccionado a la presión de la opinión pública. Está haciendo, justamente, lo que se le pedía desde la oposición y tantos sectores próximos a las víctimas del terrorismo. Y esta vez, sin la ceremonia confusa de ilegalizar la mitad de unas listas que puedan estar contaminadas, como ocurrió con ANV en las elecciones municipales.
El PP ya no pide que Zapatero reconozca que su política contra el terrorismo ha dado un giro de 180 grados. ¿Qué gobernante reconoce sus errores? A algunos les gustaría ensañarse dejando en evidencia a quienes, como el fiscal Conde-Pumpido, hace tan sólo unos meses, decían que quienes pedían la ilegalización de los satélites de Batasuna querían convertir Euskadi en un 'Guantánamo electoral' pero los pragmáticos, como Rajoy, se conforman con recordar: «Nosotros teníamos razón». El presidente del Gobierno no dice nada de su corrección. Pero los gestos avalan el cambio.
Habrá que ver si el entorno de ETA busca otras siglas de maquillaje o, directamente, promueve los votos nulos para contabilizarlos. No era preciso conocer el burdo intercambio de 'sms' entre Batasuna y EHAK para ser conscientes del estrecho vínculo de la formación de Otegi con los grupos que iban aterrizando en la escena para coger su testigo. Mucho antes de conocer la existencia de la caja única de fondos, los propios representantes de Batasuna se esforzaban en recalcar que todos servían a la misma causa, aunque fuera el ministro Bermejo quien les matizase que una cosa era la izquierda abertzale y otra, Batasuna.
En fin, que ahora «ya lo aconseja la jugada» (lo volvió a decir ayer el ministro unas cuantas veces). ¿Qué más pruebas se necesitaban después de oir decir a las 'nekanes' que su partido actuaría solo en el Parlamento y que, para el discurso político, estaba Batasuna?
Constatado el cambio del Gobierno, el PNV quiere presionar. Hoy sale a la calle, con EA y EB para protestar por la condena judicial a Atutxa. Poco sirve ya presionar a los jueces, pero el paseo le vendrá bien para iniciar una campaña victimista, que siempre le ha dado réditos electorales. Urkullu habla de «escarmiento para los vascos» (¿todos los vascos?). Y de «venganza» del alto tribunal (insólito concepto vindicativo de la Justicia).
El socialista Patxi López no se desvía de la línea correcta: acatar las sentencias y utilizar los resortes previstos para recurrirlas en caso de desacuerdo. Con presión sólo se contribuye a desestabilizar las instituciones. Pero el gobierno tripartito, ni caso. Madrazo se manifestará hoy, pero él no tolera las críticas a la manifestación.
Consensos indeseables
Fernando Savater El Correo 26 Enero 2008
No hace falta que lo repitamos ni una vez más: en las cuestiones políticas más relevantes, alcanzar consensos operativos entre los grandes partidos o fuerzas sociales es por lo común deseable puesto que garantiza estabilidad y eficacia. Sin embargo, también puede ser en ocasiones un modo de asfixiar las voces que reclaman salvaguardias contra la razón de Estado o de rechazar planteamientos nuevos que trastornan la plácida rutina vigente. En tales ocasiones, esos consensos resultan más opresivos que beneficiosos.
Por ejemplo, y no menor: durante gran parte de la legislatura hemos añorado decisiones unánimes de socialistas y populares frente al terrorismo, tanto en sus aspectos milicianos como políticos. No los hemos tenido, por culpa de las flagrantes falsedades gubernamentales y de la truculencia sin matices de la oposición. Finalmente se han puesto de acuerdo, pero en una cuestión escabrosa, que poco hace a favor de nuestras garantías legales (base de las libertades civiles): han aprobado conjuntamente rechazar la petición de las minorías parlamentarias que reclamaban la comparecencia del ministro de Interior para aclarar en la medida de lo posible las sospechas de tortura a los dos últimos etarras detenidos.
Por supuesto, investigar posibles abusos delictivos no supone desconfiar de antemano de la Guardia Civil ni negar su presunción de inocencia. Y eso lo sabe mejor que nadie la propia Guardia Civil, parte de cuya imprescindible tarea es indagar y despejar sospechas sobre cualquier ciudadano. Ni ustedes ni yo perdemos nuestra dignidad cívica -aunque sí demasiado tiempo a veces, la verdad- pasando controles en los aeropuertos o dejándonos cachear a la puerta de los edificios oficiales. Son medidas para evitar los delitos, no acusaciones personales que cuestionen nuestra honradez. Lo mismo pasa cuando hay denuncias de tortura. Por desgracia la tortura ha existido y todo indica que ocasionalmente sigue existiendo, según han señalado insistentemente instancias nacionales e internacionales que no siempre van a estar al servicio de la conspiración terrorista como pretende la derecha cerril (ahora apoyada por los cuentistas progubernamentales, que habrían reaccionado de otro modo si el ministro de Interior hubiera sido Mayor Oreja, por ejemplo). Aclarar caso por caso lo ocurrido es una garantía para defender la profesionalidad de las fuerzas de seguridad y también para poder exigir responsabilidades penales, sea por calumnias a unos o por malos tratos a otros. Por eso hubiera sido aconsejable escuchar la explicación parlamentaria de Rubalcaba, cuya forzada ausencia no favorece a las instituciones que pretendemos defender.
No es el único consenso mayoritario que tiene poco de progresista, es decir, de políticamente emancipador. Hace unos meses, ERC propuso debatir sobre la Renta Básica de Ciudadanía, una asignación fija para todos los ciudadanos -sea cual fuere su renta o incluso si carecen de ella- que sustituiría a las formas actuales de seguridad social y replantearía la idea misma de la obligación laboral basada en la mera productividad. O sea, un nuevo concepto de trabajo donde abundan las máquinas y sobra mano de obra. Es un tema aún teórico, con múltiples dificultades prácticas y con ribetes utópicos pero que se discute en muchos foros europeos ilustrados y que no merece ser despachado con un simple encogimiento de hombros. Sin embargo, ésa fue su suerte en el Parlamento. Suscitó algo peor que el rechazo, el desinterés ridiculizador y barato: algunos parlamentarios, como el peneuvista Emilio Olabarria, lo descalificaron diciendo que propone pagar a la gente por no trabajar, jo, jo, una visión tan perspicaz como la de quienes ante un cuadro de Kandinsky aseguran que éso lo hace mejor su nene de cuatro años.
Suerte parecida sufrió otra propuesta, ésta de IU, para despenalizar el uso de cannabis, en razón de la completa inocuidad del producto (causa más trastornos por reacciones alérgicas la aspirina que la marihuana) y en nombre de la autonomía individual. Pues nada, horrorizado rechazo general. Una diputada del PP, a la que se le nota la cultura médica e histórica, dijo que sería como «legalizar el genocidio». Menciono estas dos propuestas de grupos cuyas otras opiniones no comparto en muchos casos para subrayar que las ideas interesantes o razonables, aunque vayan a contracorriente, deberían ser apoyadas por los progresistas vengan de donde vengan. Espero que UPyD, cuando esté en el parlamento, lo haga así y no se sume a los cómodos consensos de los rutinarios.
Pero tales connivencias indeseables (sobre todo cuando faltan las que serían realmente imprescindibles) no son exclusivas de los partidos políticos. También las practican con todo desahogo los medios de comunicación en algunos casos. Por ejemplo, el silencio apenas alterado en torno a los cada vez más vergonzosos episodios el día de la izada en la fiesta de San Sebastián y en la concurrente tamborrada de Azpeitia. Este año ha habido más pancartas y símbolos de apoyo a ETA (directamente a ETA, sin los habituales intermediarios) que nunca, tanto en la plaza de la Constitución y entre los asistentes al festejo mismo. O sea lo mismito que dice el concejal socialista Ernesto Gasco: «Ha sido una fiesta extraordinaria desde todos los puntos de vista, con más gente que nunca y todo ha funcionado a la perfección». De modo que todo el mundo punto en boca, desde el más modesto gacetillero dedicado a hacer 'ñoñostiarrismo' de ocasión a destajo hasta el ínclito Iñaki Gabilondo, con el tambor de oro como mordaza y los otros tambores por corbata. Y en Azpeitia aún peor, claro, porque aquello ya no lo comentan ni los escasos medios que aún se preocupan de lo que ocurre en San Sebastián, capital al fin y al cabo. Tiene gracia en cambio que los mismos que no prestaron atención o silenciaron el akelarre batasunero de Azpeitia se hayan admirado del desparpajo con que el etarra Martín Sarasola corre tan tranquilo la San Silvestre en esa misma villa, entre bomba y bomba. ¿Hombre, por qué se va a privar! Los que no podríamos participar en la prueba ni siquiera presenciarla tranquilamente seríamos María San Gil o yo, entre otros muchos. Pero con que todos nosotros nos quedemos en casa, renunciemos a ir a la plaza de la Constitución para poner carteles contra ETA y no le estropeemos la fiesta a quienes han decidido que con no mirar al logotipo del hacha y la serpiente ya está todo arreglado, unas fiestas de lo más estupendo, oiga. ¿Ni siquiera han asesinado a alguien en cualquier sociedad gastronómica, como otras veces! De modo que la cosa ya se va arreglando. Con razón asegura nuestro lehendakari que esta sociedad vasca tan consensuada va a acabar con el terrorismo cualquier día de éstos, en cuanto le dejen los malvados jueces madrileños y la perversa Guardia Civil Pues nada ya saben: a creérselo todo el mundo.
El destapado de Blanco
Vicente A.C.M. Periodista Digital 26 Enero 2008
Antes se le llamaba el adelantado, pero ahora se inventan nombres como "matriuskas"."el tapado", todo para volver a sacar al enemigo Aznar y si se puede otra vez la guerra de Irak, los islamistas, aunque sean sin bombas y todo lo que se tercie. Esta sí que es una guerra, pero sucia, donde a falta de programa y de ideas, todo se vuelve en denigrar la independencia real de D. Mariano Rajoy.
Mucho daño están haciendo no solo los fichajes como el de Pizarro y los descartes como el de Gallardón, sino también el que se saquen las vergüenzas de una legislatura, basada en la gestión incompetente, en el endeudamiento descontrolado, en el aumento del paro, en el crack económico de la burbuja inmobiliaria y en el fracaso de un proceso de paz con el rearme de ETA y el fortalecimiento de su brazo político.
Un panorama desolador que ahora se empeñan en acallar con esas acusaciones de ver en todo y en todos la mano larga del Sr. Aznar. Sin duda el nerviosismo está transformándose en pánico. La idea de perder las elecciones está calando cada vez más en las filas de un socialismo que solo ha cosechado fracasos y ha perdido ese tan cacareado "talante". Las mentiras y los golpes de efecto como la detención de unos teóricos suicidas islamistas en Barcelona, solo aumentan el ridículo y evidencian la descoordinación entre los responsables de la inexistente lucha contra el terrorismo.
Blanco asegura que España merece un presidente que no meta miedo. Eso excluye por completo al Sr. Zapatero, porque nadie mete más miedo que él cuando se ha demostrado que es capaz de mentir y negarlo con la misma cara impasible. España no se puede fiar de un Presidente que mintió, que miente y que sigue dispuesto a mentir para seguir en el cargo. España no puede fiarse de un destapado como Zapatero, que se ha quitado el disfraz sin importarle que le vean su verdadero rostro.España no se puede fiar de quien le dice que "no pasa nada en la economía", que ahora se va a actuar contra el entorno de ETA porque ya se disponen de datos inculpatorios. ¿Cuantas mentiras más pueden soportar los españoles sin exigir responsabilidades?.
Pues más destapados no pueden haber quedado, están absolutamente desnudos y sus vergüenzas y deformaciones a la vista pública. En marzo del 2004 muchos votaron con el corazón, engañados por una propaganda mezquina. Esperemos que este marzo se vote con la razón y con la conciencia limpia y no prolongar más la mentira de esta legislatura.
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Enero 2008
POLÉMICA LINGÜÍSTICA Rajoy tensiona la «autoidentificación» del PP gallego
Los populares parecen haber arrinconado la política del idioma defendida por Fraga
Domingos Sampedro La Voz 26 Enero 2008
El foguete preelectoral lanzado por Mariano Rajoy para garantizar por ley la enseñanza del castellano «en toda España y en todas las etapas educativas» provocó algunos chispazos en el PP de Galicia e incluso sorprendió con el pie cambiado a Alberto Núñez Feijoo que, muy cauto y usando el gallego, se reservó su opinión hasta conocer por escrito el programa de los populares. La matraca de Rajoy cumplió el propósito de llevar al primer plano el debate identitario, donde el PP brega con soltura con el PSOE y los nacionalistas, aun a riesgo de causarle un daño irreparable a la imagen galleguista del PPdeG.
Es cierto que el partido de la gaviota siempre mantuvo períodos de mayor o menor fidelidad con el galleguismo político. Pero desde las autonómicas de 1981, con aquel lema de Galego coma ti, supo preparar bien su estómago para engullir ese nacionalismo templado representado por los restos de Coalición Galega o los cuatro diputados de Centristas de Galicia que, en 1989, se pusieron la camiseta del PP para darle a Fraga su primera mayoría absoluta.
Eran otros tiempos. Tiempos en los que el PPdeG instauraba los símbolos identitarios de Galicia, promulgaba una ambiciosa Lei de Normalización Lingüística que se encargó de rebajar el Constitucional o en los que Fraga actuaba como el ideólogo del galleguismo de la «autoidentificación» y se emocionaba citando a Castelao.
Pero todo eso ha cambiado. En el PPdeG acostumbran a estimar que su alma galeguista equivale a entre 3 o 4 diputados en O Hórreo. Cuando hace menos de un mes tenía lugar el sepelio del ex conselleiro Xosé Cuíña de algún modo «se enterró también al PP gallego», razonó un miembro de la ejecutiva de los populares. El mismo político que consideró «estéril», al menos en Galicia, el empecinamiento de Rajoy y de la dirección nacional en azuzar debates identitarios que a poco más contribuyen que a darle alas al Bloque o a empujar al PPdeG hacia posiciones políticas extremas.
De todas formas, no todos en el partido comparten la tesis de que el escoramiento alentado desde Génova vaya a tener un coste electoral en Galicia. Uno de los conselleiros más destacados del último tramo del fraguismo asegura que «el PP en Galicia siempre tuvo la G y la sigue teniendo». Y agrega: «Es posible que el discurso de Mariano nos haga perder el apoyo de algunos intelectuales, pero no los votos porque es el discurso que conecta con la gente».
Las generales del 9-M, en cualquier caso, brindarán una oportunidad muy difusa y parcial de comprobar en qué se queda el galleguismo del PPdeG. La verdadera lectura llegará con las autonómicas del 2009, cuando Feijoo tenga que confrontarse con las marcas logradas por el Fraga galeguista y el Cuíña que quería llegar hasta la frontera de la autodeterminación.
BAJO EL LEMA: "¿VAS A SEGUIR TRAGANDO?¡COGE AIRE!"
C's se presenta en toda España con un programa que censura los nacionalismos
Ciudadanos anunció este sábado que se presentará en todas las circunscripciones de España a las elecciones generales con un programa "valiente" basado en la necesidad de defender los derechos y libertades de las personas y su posición contraria a los nacionalismos. Albert Rivera erigió a su partido como el contrapunto a la "sobredosis" de PSOE y PP.
Agencias Libertad Digital 26 Enero 2008
"Hoy empieza el día de la oxigenación", afirmó Rivera, quien desgranó que su partido defenderá políticas en materia lingüística para que en "cualquier comunidad del Estado, los padres tengan el derecho constitucional de educar a los hijos en cualquiera de las lenguas cooficiales de su territorio". "No pienso dejar que los nacionalistas se apoderen también de mi lengua", dijo Rivera expresamente en catalán ante un auditorio lleno de militantes y simpatizantes de C's, y con la presencia de algunos de los candidatos que se presentarán a las elecciones.
Rivera, que achacó este debate a la "omisión" del PSOE y el PP en este ámbito, afirmó que no piensa "dejar que la lengua se convierta en una arma", por lo que anunció "movilizaciones en la calle para defender los derechos y libertades individuales" de las personas. "Conseguiremos que en unos años se reconozca la cooficialidad de las lenguas", subrayó. En este sentido, Rivera pidió que la política española "recupere el sentido común" y que España esté "unida" para evitar el enfrentamiento entre "las dos españas".
El candidato de C's, que definió a su formación como "partido de las obviedades", apuntó también a la educación pública como una de las bases de su programa para conseguir "igualdad de oportunidades para todos", y anunció que pedirán guarderías públicas. "Hablaremos menos de cuotas, y sí de guarderías públicas para todos los padres", afirmó Rivera, quien también se mostró en contra de la "política de cheques" del Gobierno socialista.
En vivienda, el líder de C's reprochó al PSOE y al PP no haber creado legislación en este ámbito, y apostó también por la necesidad de potenciar las nuevas tecnologías, destacando que "un ciudadano no informado no es libre".
El modelo de Estado que quiere C's fue presentado en el acto por el candidato por Madrid a las elecciones generales, Fernando Landecho, quien destacó que los nacionalismos evitan que se resuelvan los problemas de los ciudadanos y crean "desigualdades". Por ello, explicó que plantearán una reforma de la Ley Electoral para conseguir una "distribución equitativa entre votos y escaños", la apertura de las listas, una reforma de la administración de justicia, rebajar de 500.000 a 200.000 las firmas necesarias para debatir una iniciativa legislativa popular, un Estado cohesionado que tenga el "liderazgo de las grandes políticas pública", así como la supresión de los derechos históricos y privilegios forales.
La número dos de la lista por Barcelona, Esperanza García, defendió una nueva regulación del aborto para que sean la mujeres "quienes decidan si quieren llevar o no adelante un embarazo" y una regulación de la prostitución, un problema "al que no hay que girar la cara".
"¡COGE AIRE!".
"¿Vas a seguir tragando? ¡Coge aire!" es el lema de la campaña electoral que aparece en el cartel de C's y en el anuncio televisivo, que presentaron este sábado junto con el programa electoral.
El diagnóstico que se hace es una "sobredosis de PSOE y PP" y "ansiedad y 'cabreo' crónicos", y el tratamiento que se recomienda es "tomar dosis masivas de regeneración democrática, libertades y aire fresco". El médico figura que es el candidato Albert Rivera, que aparece con un fonendoscopio.
Minuto Digital 26 Enero 2008
El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, ha afirmado que “el goteo de cartas de extorsión” enviadas por ETA a empresarios de la Comunidad foral es “constante” y ha advertido de que en las misivas se exigen “importes elevados de dinero”.
En concreto, José Manuel Ayesa ha asegurado, que todas las cartas a las que él ha tenido acceso exigen a los empresarios extorsionados más de 100.000 euros.
El presidente de la CEN no ha detallado cuántos casos de extorsión ha conocido en los últimos meses, pero ha insistido que “rara es la semana en la que no aparece una nueva carta” y ha añadido que el chantaje afecta “a empresarios de todo tipo, pequeños y grandes”.
Además, ha afirmado que el tono de las misivas es “duro”, como viene haciendo la banda terrorista ETA desde la ruptura del alto el fuego permanente en junio de 2007.
Mientras ha durado la tregua, los terroristas enviaron varias remesas de cartas de extorsión en las que llegaban a dar las gracias “de antemano” a los empresarios y les brindaban un “cálido saludo revolucionario”.
El presidente de la CEN ha explicado que “la banda terrorista necesita financiación a través de la extorsión porque otros canales los tiene cerrados” y ha apuntado que ETA “está enviando incluso varias cartas a los mismos extorsionados”.
Ayesa ha pedido a los empresarios “que se mantengan firmes, porque la banda está muy debilitada, de eso no hay ninguna duda”, y ha advertido de que “el que paga está dentro de la red de extorsión de ETA y comprometido con esa red de extorsión”.
El presidente de la CEN ha señalado que “cualquier decisión de los empresarios es muy respetable, porque no todos soportan de igual manera la extorsión que se ejerce sobre ellos”, pero ha apuntado que el hecho de acceder al pago del ‘impuesto revolucionario’ “no evita que el empresario vuelva a ser extorsionado en el futuro”.
En el periodo de alto el fuego, la primera remesa contra empresarios navarros llegó en abril de 2006, apenas un mes después de que ETA decretara la tregua. Ya en junio, fueron los empresarios vascos quienes recibieron las misivas y de nuevo en julio se registró otra remesa en Navarra.
Tras el verano de 2006, ETA volvió a enviar cartas de extorsión a los empresarios navarros en el mes de octubre, con un tono similar al de las remesas que envió desde el inicio del alto el fuego, invitando a los destinatarios a “colaborar” con el denominado proceso de paz. En las misivas se hacía alusión al “momento de cambio político que vive Euskal Herria”.
Tras varios meses en los que no hubo constancia de nuevas cartas, en mayo de 2007 Ayesa volvió a denunciar que tanto empresarios navarros como vascos habían recibido misivas amenazantes, siempre en el mismo tono que utilizaba ETA durante el alto el fuego.
El 3 de junio, unos días antes de que ETA declarará formalmente la ruptura de la tregua, Ayesa volvió a advertir de que empresarios navarros volvieron a recibir cartas de extorsión en tono “amable”, y fue definitivamente tras el fin del alto el fuego cuando la banda terrorista recuperó el tono “duro” para chantajear mediante las cartas.
Desde entonces, las cartas vuelven a apelar a la aportación que el empresario debe hacer para “la construcción de Euskal Herria” y utilizan un tono más amenazante.
ARCADI ESPADA, El Mundo 26 Enero 2008

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 41
 real Decreto 
 artículo 2
 resolución