Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc117705.html
Timestamp: 2019-08-26 03:48:22+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-1177_2005]
1.2. Respecto de la limitación de la ampliación de denuncia a "una sola vez" aduce que cuando en el denunciante no concurre la calidad de víctima, su actuación se contrae al momento de la denuncia y su ampliación, lo cual no obsta para que pueda acudir al proceso en calidad de testigo o aportar las pruebas de que tenga conocimiento. Si se trata de la víctima, adquiere la condición de interviniente y puede en consecuencia acceder al proceso en las oportunidades previstas para el efecto.
2.2. A cerca de la limitación de la ampliación de denuncia "por una sola vez", dice textualmente la Fiscalía:
"(...) ampliar la denuncia y limitar esta actividad a una ocasión, no constituye restricción maligna y tanta (sic) que atropelle o desconozca la Constitución Política. Se pretende responsabilizar al denunciante para que desde la primera comparecencia sea bien explícito e integral en su denuncia y adquiera verdadera conciencia de su rol. Volverse el denunciante un contertulio del funcionario sobre la denuncia; o atosigarlo con cambios, recambios, mudanzas, correcciones o ampliaciones, deslustran la manifestación, entorpecen la justicia y no deja de suscitar desconfianza en la persona que incurren en esa impropiedad y conflictos con el estamento fiscal." (Fol. 6 de la intervención del Fiscal General de la Nación (E))
En cuanto a la expresión que limita la ampliación de la denuncia "por una sola vez", la juzga acorde con principios constitucionales que propugnan por que el proceso sea ágil, eficaz y justo.
La representante del Ministerio Público solicita la inexequibilidad del inciso 2° del artículo 69, y la exequibilidad de la expresión "por una sola vez"del inciso 3°.
En cuanto a la expresión "por una sola vez" del inciso 3°, para la Procuraduría ésta resulta acorde a la Constitución, en cuanto atiende la necesidad de racionalizar y organizar el acceso de los particulares a la administración de justicia. A diferencia de lo que acontece con el inciso 2°, en este evento la expresión demandada no impide a la persona poner en conocimiento de las autoridades un hecho presuntamente delictivo, sino que fija las condiciones para el ejercicio de su derecho de acción.
- ¿La limitación que introdujo el legislador en el inciso 3° de la misma disposición, respecto de la ampliación de denuncia, limitándola a "una sola vez", infringe el derecho a un debido proceso, y restringe indebidamente el acceso a la administración de justicia?.
El alcance de la expresión "sin fundamento". Determinación del sentido compatible con la Constitución.
El grado de afectación del derecho a acceso a la justicia. La necesidad de fundamentación de la denuncia:
La Defensoría del Pueblo señala al respecto que "La norma no define lo que debe entenderse por denuncias sin fundamento, con lo cual se deja al funcionario un margen de discrecionalidad que desdice de la precisión y exactitud que debe existir en las consagración de las funciones y actividades a cargo de los servidores encargados de impartir justicia" (...) "(D)ejar a discreción del funcionario lo que debe entenderse por ¨fundamento¨ sin duda contraría la garantía de protección y seguridad que debe dispensarse a los asociados"[20].
Similares preocupaciones expresa la Procuraduría General de la Nación en su intervención al señalar que la expresión acusada es violatoria del principio de legalidad en razón a que "no precisa cuál es o en qué consiste el fundamento de una denuncia, es decir, de qué debe adolecer una denuncia para provocar su inadmisión, omisión conceptual que permite el abuso o uso caprichoso y arbitrario de la facultad consagrada en el inciso 2° demandado" (...) No puede decirse que el fundamento, cuya ausencia sanciona la norma con la inadmisión, es el relato pormenorizado de los hechos conocidos por el denunciante, pues de acuerdo con la redacción del precepto acusado, pueden presentarse eventos en que a pesar de hacerse tal relato, el fiscal ¨en todo caso¨ considere que la denuncia carece de fundamento y decida su inadmisión" [21].
La prestación del juramento[24].
Partiendo del sentido atribuido por la Corte a la expresión "en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", y del sentido natural de la expresión "por una sola vez" referida a la ampliación de la denuncia, corresponde analizar si las medidas que tales expresiones introducen al derecho de acceso a la administración de justicia pretenden fines constitucionalmente legítimos, y si las mismas resultan idóneas para alcanzarlos.
Sobre el particular puso de presente la Corte que (...) "el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta (...) la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto. Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador"[36].
Concluye así la Corte que la expresión "En todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento" del inciso 2° del artíuclo 69 es compatible con la Constitución, siempre y cuando se entienda que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
Así entendida la primera expresión demandada, encuentra la Corte que (i) las expresiones "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento", inciso 2°, y "por una sola vez", inciso 3°, del artículo 69, constituyen un ejercicio legítimo de la potestad del legislador para reglamentar, en términos razonables, el derecho de aceso a la administración de justicia en materia penal; (ii) sometidas las medidas a un juicio de razonabilidad en los términos que lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, se encontró que las medidas promueven finalidades constitucionalmente legítimas; ellas no imponen cargas excesivamente gravosas e insuperables para los denunciantes; (iii) y las mismas se presentan como idóneas y adecuadas para alcanzar los fines superiores que promueven. En conseceuncia, se declarará su constitucionalidad en el sentido establecido en este fallo.
[1] El artículo 67 de la Ley 906 de 2004 establece que el deber de denunciar radica en "Toda persona".
[2] Aunque el artículo 69 de la Ley 906 de 2004, a diferencia del artículo 29 de la ley 600 de 2000, no prevé de manera explícita el requisito de que la denuncia se formule "bajo juramento", tal requisito es deducible no solamente de la naturaleza incriminatoria del acto, que por ende genera responsabilidades, sino del segmento final del artículo 69 que señala que "quien la recibe (la denuncia) advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal". En concordancia con este precepto los artículos 435 y 436 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) contemplan los delitos de falsa denuncia, y falsa denuncia contra persona determinada, los cuales exigen para su estructuración el elemento normativo "bajo juramento".
[6] . Ver entre otras las sentencias C-059 de 1993, MP, Alejandro Martínez Caballero; C-544 de 1993, MP, Antonio Barrera Carbonell; T-538 de 1994, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037/96, MP, Vladimiro Naranjo Mesa; T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell; C-215/99, MP(E), Martha Victoria Sáchica Méndez; C-163/99, MP, Alejandro Martínez Caballero; SU-091/00, MP, Álvaro Tafur Galvis; y C-330/00, MP, Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C- 426 de 2002, MP, Rodrigo Escobar Gil.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell. En este fallo, la Corte sostuvo que el "acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso".
[28] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación 23017, auto de diciembre 1° de 2004. En esta oportunidad la Corporación inadmitió una denuncia penal en la cual su autor se limitó a exponer una generalizada y crítica opinión acerca de las políticas estatales, en los ámbitos económicos, de salud, educación, medio ambiente, en las últimas décadas, señalando que: "Por todo eso deben responder los presidentes y congresistas de los últimos 54 años, (...) lo mismo que los 13 ministros de hacienda y todos los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del país, por el manejo de los presupuestos y por el endeudamiento." A lo que respondió la Corte que: "Examinada la denuncia formulada (...) puede percibirse que se trata de un escrito superficial, contentivo de meras y simples generalidades, en el cual no aparece fundamento atendible capaz de excitar la atención del órgano jurisdiccional. De manera escueta, simplemente se dedica a hacer un recuento de situaciones de la vida del país con las que se muestra inconforme, tildándolas como merecedoras de severa sanción, pero sin que concrete en quién puede recaer la responsabilidad, o sin que aparezca especificación del acto o comportamiento que resulte susceptible de investigarse, y sin que aporte el menor elemento que permita encauzar en una directriz clara, en una hipótesis verificable, cualquier pesquisa. Nada deja explícito el denunciante, se reitera, en orden a dirigir una eventual investigación por un derrotero específico; al contrario, lo que enseña es un desacuerdo global con la adopción de políticas desarrolladas por diferentes estamentos institucionales, que no tienen un peso más significativo que el de sus propias opiniones, aunque respetables, insuficientes para dinamizar el aparato jurisdiccional."
[30] O como lo señaló la Corte en la sentencia C-1154 de 2005, " la expresión ¨motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito ¨ corresponden a tipicidad objetiva".

References: artículo 69
 artículo 69
 artículo 67
 artículo 69
 artículo 29
 artículo 69