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Timestamp: 2020-01-17 14:02:09+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Marzo de 1996, V. 46. XXV - Jurisprudencia - VLEX 39647227
V., Constancia y otro s/ contrabando.
S.C. V.46. L.XXV.
A fs. 38/39, el Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal confirmó la suspensión que el Colegio de Escribanos aplicó a la escribana A.M.D. de G. con motivo de su prisión preventiva, dispuesta en sede penal, donde se encuentra procesada como cómplice secundaria penalmente responsable del delito de contrabando agravado que contemplan los arts. 864, inc. "c" y 865, inc. "a" del Código Aduanero.
Disconforme, la nombrada interpuso el recurso extraordinario obrante a fs. 63/66 que, a mi modo de ver, es procedente en cuanto, por su intermedio, se cuestiona la validez del art. 4°, inc. c) de la ley 12.990 por resultar violatoria de distintas garantías constitucionales, planteo que fue resuelto por el a quo en forma adversa para el apelante.
Los agravios sometidos a decisión de V.E. guardan sustancial analogía con los que fueron materia de mi dictamen del 23 de agosto ppdo. en causa B.84. L.XXV., "Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 20 -Secretaría N° 160 s/ comunica resolución en causa N° 29.381 seguida contra R.N.B. y otras por el delito de falsedad ideológica".
Por ende, opino que corresponde remitirse brevitatis causae a las consideraciones allí expuestas en lo que fueren aplicables.
Además, sostiene la recurrente que, al desaparecer con el nuevo ordenamiento procesal la prisión preventiva sin privación de libertad, por virtud del art. 2° del Código Penal se transformó de pleno derecho en el auto de procesamiento, de tal forma que el Tribunal de Superintendencia no debió aplicar el inc. c) del art. 4° de la ley 12.990.
En tal sentido, cabe señalar, de acuerdo con lo declarado por la Corte, que lo referente a la interpretación y aplicación del citado art. 2° constituye una cuestión de derecho común ajena, en principio, a la instancia extraordinaria, aun cuando se invoque la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (conf. sentencia dictada el 24 de marzo de 1988, in re S.502.XXI. "Sicilia, S.A. y otross/ homicidio calificado, etc.".
Pienso que esa doctrina es aplicable en la especie, pues también ha declarado V.E. que la regla de la ley penal más benigna rige en materia penal y no cuando se controla el ejercicio del poder disciplinario (conf. sentencia del 17 de febrero y del 11 de junio de 1987, dictadas, respectivamente, en las causas P.116.XXI. "P. de B., M.M. c/ resolución 948 MAS" y R.269.XXI. "Rico, A.A. c/ Estado Nacional -Policía Federal- Ministerio del Interior"), al que apunta la medida precautoria aquí cuestionada.
Máxime cuando, de los propios dichos de la apelante (ver fs. 52, tercer párrafo) se desprende que, lejos de haber ejercitado la opción contemplada por la ley 24.121, pretende demostrar que igualmente rige la ley 23.984 en el
Vigil, Constancia y otro s/ contrabando.
S.C. V.46. L.XXV. tema de la prisión preventiva, afirmando que la opción sólo determinaría el tipo de trámite (oral o escrito). Tal inteligencia de normas procesales, al margen de su acierto o error, carece de aptitud, en mi concepto, para demostrar la arbitrariedad de lo resuelto por el a quo.
Finalmente, pienso que no corresponde tener por configurada la gravedad institucional que invoca la apelante, toda vez que aparece fundada en los mismos argumentos analizados en los dos capítulos anteriores.
Opino, pues, que procede confirmar la resolución de fs. 59/60 en lo que fue materia de recurso extraordinario.
V. 46. XXV.
V., C. y otro s/ contrabando.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1996.
Vistos los autos: "Vigil, C. y otro s/ contrabando".
) Que el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n° 5, en la causa n° 7371, decretó la prisión preventiva de la escribana A.M.D. de G., adscripta al registro notarial n° 518 de esta Capital, por considerarla prima facie cómplice secundaria penalmente responsable del delito de contrabando agravado. Ante la confirmación de este pronunciamiento por la cámara de apelaciones de dicho fuero, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, mediante resolución del 27 de mayo de 1992, inhabilitó preventivamente a la escribana mencionada.
La medida fue fundada en el art. 4°, inc. c), de la ley 12.990, que regula las funciones del notariado. Esta norma dispone que: "No pueden ejercer funciones notariales... c) Los encausados por cualquier delito, desde que se hubiera decretado la prisión preventiva y mientras ésta dure, siempre que no fuera motivada por hechos involuntarios o culposos;...". Este pronunciamiento fue apelado ante el Tribunal de Superintendencia del Notariado.
) Que contra la decisión de dicho tribunal que confirmó la medida de suspensión, la señora Dubovis de G. interpuso el recurso extraordinario de fs. 45/53, que
fue concedido a fs. 58.
La apelante sostiene que el art. 4°, inc. c), de la ley 12.990, es inconstitucional, porque afecta sus derechos de trabajar, de propiedad y de igualdad ante la ley. Además, cita la opinión del Colegio de Escribanos en cuanto había sostenido que la aplicación literal de la ley 12.990 hace que la prisión preventiva produzca los mismos efectos de la condena, efecto que violaría los arts. 14 y 18 de la Constitución Nacional, y que el daño que esta medida provoca al procesado, en caso de que se declare su inocencia, es irreparable, dada la larga sustanciación que demandan las causas penales.
) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues el apelante ha planteado la inconstitucionalidad de una norma local que regula la actividad del notariado y la decisión ha sido en favor de la validez de la norma impugnada (art. 14, inc. 2°, de la ley 48; causa C.882.XXII, "Colegio de Escribanos s/ verificación de libros de requerimiento de firmas del escribano E.J.I. Garrido", considerando 4° del voto de la mayoría y considerando 5° del voto de los jueces L. (h), B. y B., fallada el 23 de junio de 1992). Además, el pronunciamiento en cuestión -al tener por efecto impedir al recurrente el ejercicio de su profesión- resulta equiparable a una sentencia definitiva (doctrina de la sentencia dictada en los casos K.30.X. "Kacoliris, D. y otros s/ desbaratamiento de derechos acordados -causa n° 29.081", voto de la mayoría, considerando 6°, sentencia del 11 de mayo de 1993).
) Que esta Corte ha establecido que no resulta irrazonable, como principio general, la facultad otorgada por la ley 12.990 al organismo de control de la actividad de los escribanos para suspender preventivamente a éstos en tanto se sustancie el proceso penal, siempre que no se advierta, por su excesiva duración, el desconocimiento sustancial de un derecho constitucional (causa B.84.XXVI, "Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 20, S. n° 160, comunica resolución en causa n° 29.381 seguida contra R.N.B. y otras por el delito de falsedad ideológica", fallada el 7 de mayo de 1995).
) Que, en el precedente citado, el Tribunal no descartó que en otros casos se pudieran presentar circunstancias diversas que autorizasen una solución distinta, por lo que corresponde examinar la situación de este caso en particular para establecer si cabe extender, o no, la solución tomada en el recordado pronunciamiento (doctrina de las sentencias dictadas en las causas I.78.XXIV "Iachemet, M.L. c/ Armada Argentina s/ pensión [Ley 23.226]" considerando 11, fallada el 29 de abril de 1993; y V.262.XXIV "V., H.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro s/ accidente -ley 9688-" considerando 8°, fallada el 16 de diciembre de 1993).
) Que en este orden de ideas, cabe puntualizar que como surge de la contestación del oficio librado por esta Corte -como medida para mejor proveer- al Juzgado Nacio
nal en lo Penal Económico n° 5 (fs. 69), la causa penal está al 29 de junio de 1995 en la etapa de plenario, encontrándose abierta a prueba, lo que permite observar que lleva más de tres años de trámite desde que quedó firme la prisión preventiva y que la sentencia definitiva sólo será dictada una vez transcurrido un lapso de considerable duración, como el que demandará el cumplimiento de las etapas pendientes.
) Que esta Corte, en oportunidad de examinar un caso sustancialmente análogo, expresó que "...si, como en el caso, en virtud de la instrucción de un proceso penal que lleva cuatro años de duración y no se advierte la posibilidad de pronta resolución, se ha impuesto una suspensión como medida precautoria, existe una restricción al derecho de trabajar... que resulta irrazonable y excede la función de salvaguardar los valores que tiende a proteger" (Resolución n° 298/91 del 26 de marzo de 1991, dictada en el expediente de superintendencia n° 2499/89). Además, es doctrina de este Tribunal que la existencia de una dilación indefinida ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa y produce una privación de justicia (Fallos: 287:248, y sus citas; resolución n° 298/91 antes citada; y causa B.84.
XXVI mencionada en el considerando 4°).
) Que en las condiciones reseñadas, la prolongada duración de la causa penal sin que se haya resuelto definitivamente la situación de la recurrente genera un agravio directo e inmediato a las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, por lo cual la inhabilitación preventiva de la escribana es actualmente irrazonable y, en
V., C. y otro s/ contrabando. consecuencia, debe ser dejada de lado.
Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso interpuesto, se revoca el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia, se deja sin efecto la inhabilitación preventiva dictada a fs. 2/3. N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - E.S.P. -A.B. -G.A.F.L. -A.R.V..
Que las cuestiones planteadas en el sub lite resultan sustancialmente análogas a las resueltas por esta Corte en la causa B.84.XXV "Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 20 - Secretaría N° 160, comunica resolución en causa N° 29.381 seguida contra R.N.B. y otras por el delito de falsedad ideológica", -disidencia del juez Bellusciofallada el 7 de marzo de 1995, a la que se remite por razón de brevedad.
Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se desestima el recurso extraordinario. H. saber y devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 28 de Febrero de 2013 (caso " G., C. A. -Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portacion ilegítima de arma de fuego civil y de guerra en concurso real s/ QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD")

References: resolución 
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