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Timestamp: 2019-06-15 20:33:22+00:00

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STC 233/2007, 5 de Noviembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 34093510
STC 233/2007, 5 de Noviembre de 2007
Número de Recurso: 6219-2005
Recurso de amparo 6219-2005. Promovido por doña "E.A.frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid que desestimaron su demanda contra Roceña de Turismos, D.A., en litigio de tutela de derechos fundamentales. Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: inexistencia de postergación profesional de una trabajadora a causa de su maternidad (STC 182/2005).
Sentencia citada en: 257 sentencias, 23 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 233/2007, de 5 de noviembre de 2007
En el recurso de amparo núm. 6219-2005, interpuesto por doña "E.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Gamazo Trueba y asistida por la Letrada doña María Rosa Rodríguez González, contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 2005 desestimatoria del recurso de suplicación núm. 2870-2005, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid, de 28 de enero de 2005, en autos sobre tutela de derechos fundamentales núm. 1098-2004. Ha sido parte Roceña de Turismos, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Javier del Campo Moreno y asistida por el Letrado don David López González. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de septiembre de 2005 la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Gamazo Trueba, actuando en nombre y representación de doña "E.A., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de la que se deja hecho mérito en el encabezamiento.
La demandante ha venido prestando sus servicios para Roceña de Turismos, S.A., desde el 8 de febrero de 1998, ocupando la categoría profesional de oficial de segunda administrativo.
La indicada sociedad mercantil suscribió con don José Manuel Crespo Esteban contrato de trabajo a tiempo completo, eventual por circunstancias de la producción, por aumento de tareas en el área contable. Su categoría era la de oficial de primera administrativo y la duración del contrato pactada comprendía desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 29 de febrero de 2004. Este contrato fue finalmente convertido en indefinido con efectos de 31 de agosto de 2004.
En el cuadro que recoge el hecho probado tercero de la resolución judicial, indicativo de diversas vicisitudes de la relación laboral de la recurrente, con las correspondientes fechas de baja y alta y la determinación del motivo de éstas, establece lo siguiente:
Desde el año 2000 la actora ha permanecido los períodos que se expresan de baja por el motivo que se indica:
AñO 2000 BAJA ALTA MOTIVO […] AñO 2003 1 enero a 8 de marzo Maternidad Resto año Excedencia maternidad AñO 2004 1 enero a 8 de marzo Excedencia maternidad […]
Al no aceptar el cambio de trabajo la empresa dejó de dar ocupación a la recurrente, quien pasó a permanecer durante toda su jornada laboral sin puesto de trabajo físico donde situarse, sin mesa, sin silla y sin ordenador (hecho probado séptimo). Por tal motivo presentó el 26 de mayo de 2004 ante la Inspección de Trabajo denuncia, que reiteró el día 23 de septiembre de 2004, levantándose acta de infracción con fecha 3 de agosto de 2004. En ella se indica que la trabajadora denunciante no tenía trabajo efectivo y ni siquiera lugar físico para trabajar desde su reincorporación el día 8 de marzo de 2004 y, asimismo, que los representantes de Roceña de Turismos, S.A., reconocieron que el trabajo que le habían encargado no era el mismo que tenía antes de la excedencia para el cuidado de su hijo, ya que ese trabajo lo estaba realizando otro trabajador que habían contratado durante el período de excedencia de la denunciante.
Desde el día 10 de septiembre de 2004, fecha en la que la trabajadora se reincorporó nuevamente al trabajo (tras un periodo de incapacidad temporal por enfermedad común), cuenta con los mismos medios que el resto de administrativos, salvo el ordenador, pues a ella aún no se lo han cambiado, al igual que ocurre en el taller de chapa, mientras que sí lo han hecho con los demás trabajadores. Quedan igualmente acreditados otros hechos, como que la trabajadora percibe su salario por encima de lo previsto en el convenio colectivo aplicable, a diferencia de otros compañeros administrativos; que la empresa nunca ha puesto problemas para sus ausencias; o que la Sra. Alconada Pérez ha elegido su horario, siendo la única que disfruta de una jornada de 9:00 a 16:00 horas con trabajo en sábados alternos.
La trabajadora presentó demanda por vulneración de sus derechos fundamentales, denunciando un acto de discriminación por razón de sexo y solicitando que se apreciara dicha vulneración, se declarase el cese inmediato de la misma y se reparasen las consecuencias derivadas del acto, con abono de una indemnización por daños y perjuicios en cuantía de 180.000 euros. El Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid dictó Sentencia de 28 de enero de 2005 desestimando la pretensión, por estimar que no se había producido la vulneración del derecho fundamental alegado al no existir motivación discriminatoria, con independencia del derecho a la reserva del puesto de trabajo que reconoce el art. 46 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y la correlativa acción que, en relación con esa reserva, pudiera corresponder a la trabajadora al margen del proceso especial de tutela de derechos fundamentales.
Recurrida la Sentencia en suplicación, se dictó la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de enero de 2005, que confirmó la resolución de instancia. Con ocasión del examen de las revisiones fácticas solicitadas (todas ellas rechazadas por la Sentencia), afirma la Sala que no es necesario dejar constancia en los hechos probados de circunstancias ya declaradas, como que el Sr. Crespo Esteban fue contratado temporalmente para realizar el trabajo de la actora, que se le hizo fijo una vez incorporada esta última o que, tras adquirir la condición de fijo, siguió con la ocupación propia de aquélla; que, ciertamente, se produjo un cambio de funciones profesionales antes y después de la situación de excedencia, así como, según la Inspección de Trabajo, una falta de ocupación efectiva, sin que se haga constar en las actuaciones inspectoras, en cambio, que los trabajos asignados tras la reincorporación correspondiesen a actividades de inferior categoría profesional.
La recurrente en amparo denuncia que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). A su juicio los hechos probados acreditan que su complicado embarazo, con varias bajas y consiguiente maternidad y sucesiva excedencia por el cuidado de su hijo prematuro, han motivado las conductas discriminatorias de la empresa, que no le ha reservado su puesto de trabajo (art. 46.3 LET), contratando a un varón para que realice sus tareas, que le ha privado de ocupación efectiva, de sitio físico donde estar, de herramientas de trabajo y le ha encomendado un trabajo de inferior categoría profesional. Destaca la conexión temporal entre la maternidad y la excedencia por el cuidado de su hijo y dichas conductas empresariales, y afirma haber ofrecido no sólo un panorama indiciario de la lesión que aduce, sino la acreditación plena de la conexión causal entre los hechos denunciados y el motivo jurídicamente relevante que los fundamentó (la maternidad y la sucesiva excedencia por el cuidado de su hijo). Frente a ello, a su juicio, no se ha aportado ninguna prueba que cabal y racionalmente rompa el nexo causal descrito. Al contrario, queda demostrado que se aplicó un criterio de relegación económica (pues a la recurrente no se le incrementó el salario como a los demás trabajadores) y profesional (al encargarse su trabajo a otro empleado), pese a que el art. 46.3 LET dispone el derecho de reserva de su puesto de trabajo (pues se reincorporó a la actividad dentro del primer año de excedencia, el día 8 de marzo de 2004 —hecho probado sexto—, y no el día 9 de marzo, como por error indica la Sentencia que se recurre). Perjuicios económicos y profesionales discriminatorios, ya que tienen fundamento en su maternidad y, sobre todo, en el disfrute de su derecho a la excedencia.
Por providencia de 19 de abril de 2007 la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Primera, la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del recurso núm. 2870-2005, y del Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid la de las correspondientes a los autos núm. 1098-2004 así como el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si tal fuera su deseo, en el presente proceso constitucional.
El día 30 de mayo de 2007 tuvo entrada en este Tribunal escrito del Procurador de los Tribunales don Javier del Campo Moreno en el que solicitaba se tuviera por personada en este procedimiento de amparo a Roceña de Turismos, S.A. En posterior diligencia de ordenación, de 5 de junio de 2007, se acordó en el sentido solicitado. Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se procedió a dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo al Ministerio público y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para que, dentro de él, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
La recurrente en amparo evacuó ese trámite el día 9 de julio de 2007, ratificándose íntegramente en las alegaciones contenidas en su demanda. A continuación refiere hechos que tuvieron lugar en un momento posterior a la presentación del recurso de amparo. Singularmente que formuló demanda por extinción del contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 50.1 c) LET, celebrándose el acto de conciliación judicial en el Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid el día 20 de diciembre de 2005, y acordando las partes la extinción contractual con efectos de esa fecha e indemnización de 13.703 euros. Sin embargo señala que en el posterior recibo de finiquito, que firmó el día siguiente, hizo constar la expresión “no conforme”, al encontrarse pendiente de resolución el presente recurso de amparo.
Roceña de Turismos, S.A., presentó sus alegaciones el día 11 de julio de 2007. Sobre la admisibilidad del recurso mantiene que la recurrente atribuye a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de julio de 2005 un error judicial a la hora de valorar los hechos, razón por la que debería haber intentado la reclamación prevista en el art. 292 y siguientes LOPJ.
El Ministerio público presentó escrito de alegaciones el día 13 de julio de 2007, interesando el otorgamiento del amparo. Mantiene que los hechos declarados probados contienen la afirmación de que la actora había solicitado y obtenido la excedencia por tiempo de un año para cuidado de su hijo, teniendo derecho a la reserva de su puesto de trabajo, y que en ese tiempo Roceña de Turismos, S.A., había contratado a otro contable que al incorporarse la actora no fue trasladado del puesto que interinamente ocupaba. Así, dice el Fiscal, la causa que los órganos judiciales tácitamente establecen como originadora del traslado de puesto de trabajo de la recurrente fue exactamente su previa situación de excedencia, puesto que en la hipótesis de no haberse disfrutado ésta no habría existido la necesidad de sustituir su labor en la empresa ni consiguientemente la de ocupar su puesto de trabajo. Esto así, los órganos judiciales no se han ajustado escrupulosamente a las exigencias de la doctrina constitucional, pues al afirmar que la falta de ocupación efectiva en la empresa no se debió a una decisión empresarial, sino a una negativa de la trabajadora a aceptar el cambio de puesto, estarían obviando la relevante circunstancia del empleo por la trabajadora de su derecho a la excedencia, que fue la causa determinante de su situación laboral, ya que suprimiendo imaginariamente tal evento el cambio de puesto de trabajo nunca se habría producido.
Por providencia de 31 de octubre 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 de noviembre del mismo año.
Conforme se ha dejado expuesto en los antecedentes la recurrente interpone demanda de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de julio de 2005, denunciando que dicha resolución judicial vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de garantía de indemnidad, y, con carácter principal, su derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). La Sentencia recurrida confirmó la dictada en instancia por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid, de fecha 28 de enero de 2005, que había desestimado la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por la trabajadora que recurre en amparo. Los pronunciamientos judiciales (denuncia la demandante) no aprecian que su complicado embarazo, con varias bajas y consiguiente maternidad, y la sucesiva excedencia para el cuidado de su hijo prematuro motivaron las conductas discriminatorias que denuncia, pues la empresa no le reservó su puesto de trabajo tras la excedencia, contrató a un empleado varón para la realización del trabajo que ella desarrollaba antes de su maternidad (incumpliendo de ese modo lo que dispone el art. 46.3 de la Ley del estatuto de los trabajadores: LET), le privó de ocupación efectiva, de sitio físico donde estar y de herramientas de trabajo, y le encomendó, tras su reincorporación, un trabajo de inferior categoría profesional al que desempeñaba con anterioridad, circunstancias todas ellas acreditadas y discriminatorias y que, a su juicio, los órganos judiciales no tomaron en consideración.
Antes de entrar en consideraciones de otra naturaleza debemos rechazar la alegación de falta de agotamiento de la vía judicial previa por no utilización del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, regulado en los arts. 292 y siguientes LOPJ. En efecto, tal óbice debe decaer ante el silencio de la representación procesal de Roceña de Turismos, S.A., sobre los precisos motivos o razones por los que estima que era idóneo ese procedimiento a fin de reparar las lesiones que se denuncian en este proceso constitucional. Como es sabido, para que pueda apreciarse por el Tribunal Constitucional la falta de agotamiento de la vía judicial no basta alegar de contrario la abstracta procedencia de un determinado cauce procesal que ha resultado omitido por el demandante de amparo, sino que, de admitirse a trámite la demanda de amparo, como aquí ha sucedido, corresponde a la parte personada que aduce dicha procedencia acreditar la posibilidad razonable y justificada de recurrir a esa vía en el supuesto concreto (por todas, SSTC 250/2005, de 10 de octubre, FJ 2, y 41/2007, de 26 de febrero, FJ 2). Y esta exigencia no ha sido satisfecha en el caso, no ya porque de las propias alegaciones de Roceña de Turismos, S.A., parecería deducirse la oposición a la existencia del error, lo que en buena lógica implicaría la improcedencia de la fórmula de reacción procesal a la que alude, sino sobre todo porque, aun aceptando que el planteamiento del óbice esté justificado en su derecho a contradecir el alegato de la parte recurrente, lo cierto es que Roceña de Turismos, S.A., se limita a vincular el error judicial con el procedimiento regulado en los arts. 292 y siguientes LOPJ, sin razonar y justificar la idoneidad del empleo en el presente caso de dicho procedimiento, atendiendo para ello al concreto significado que se atribuye al error en la alegación de la parte, al objeto del proceso judicial en el que este recurso de amparo tiene su origen (proceso de tutela frente a una posible discriminación vedada por el art. 14 CE) o a la pretensión que, en coherencia con dicho objeto, formula la Sra. Alconada Pérez ante este Tribunal Constitucional.
En otro orden de cosas, y aun cuando ninguna de las partes personadas ponga este elemento en cuestión, convendrá aclarar que el hecho de que la relación laboral se haya extinguido a posteriori de los hechos denunciados y de la presentación del recurso de amparo que ahora resolvemos, según hace constar en el trámite de alegaciones la Sra. Alconada Pérez, no hace perder al recurso su objeto. En efecto, este Tribunal ha admitido que tal desaparición puede darse en aquellos casos en los cuales, en el curso del proceso que dio origen al recurso de amparo, los propios órganos judiciales han reparado las lesiones del derecho invocado, o bien en aquellos otros en los cuales la reparación se ha producido por desaparición de la causa o acto que inició el proceso (por todas, STC 13/2005, de 31 de enero, FJ 2, y las en ella citadas). No obstante, y a pesar de la desaparición de la lesión, el amparo puede seguir teniendo razón de ser considerando factores como el tiempo durante el que la lesión surtió efectos, el que el demandante no considere satisfecha extraprocesalmente su pretensión o el mantenimiento de la controversia de fondo que dio origen al amparo más allá de la decisión formalmente impugnada, así como cuando se haga preciso pronunciarse sobre los eventuales daños o perjuicios ocasionados por la resolución judicial recurrida con independencia de que ésta haya quedado vacía de contenido, si era cautelar, al dictarse una resolución definitiva (a todos esos supuestos se hace referencia en la STC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 3). De modo que no siempre que desaparecen de hecho los efectos prácticos del acto recurrido o se modifica por otras causas la situación por él originada puede decirse que, de manera automática, desaparecen, desde la perspectiva constitucional, las eventuales vulneraciones del derecho fundamental (STC 87/1996, de 21 de mayo, FJ 2).
Procede examinar, consiguientemente, las distintas denuncias que sustentan el recurso, advirtiendo ya que, pese a alegarse la lesión de dos derechos fundamentales (en relación al art. 14 CE, por discriminación por razón de sexo, y al art. 24.1 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad), la propia trabajadora recurrente reconduce la queja, en exclusiva, al primero de ellos. Como afirma expresamente en su recurso, el hecho que constituye el fundamento de la invocación de la garantía de indemnidad (a saber: que el cambio de puesto de trabajo supuso una represalia por las denuncias ante la Inspección de Trabajo) se considera no sólo, ni siquiera tanto, un acto contrario a la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE cuanto una expresión adicional o final de una secuencia discriminatoria por razón de sexo (art. 14 CE). Por ese motivo la propia demanda de amparo integra aquella queja en ésta, lo que explica que el suplico del recurso se refiera únicamente a la vulneración del art. 14 CE, sin citar el art. 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad.
Centrado así el objeto de nuestro enjuiciamiento, debemos comenzar recordando nuestra doctrina sobre la prohibición de discriminación que consagra el art. 14 CE. Entre tantas otras, la STC 39/2002 del Pleno de este Tribunal, de 14 de febrero de 2002 (FJ 4), sienta los principios básicos en la materia:
Al respecto tiene declarado que, a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, con cita de las SSTC 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 75/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6). También resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos que quedan genéricamente dentro de la cláusula general de igualdad del art. 14 CE, al venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el art. 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la religión, el nacimiento y las opiniones (STC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 2)
A esos perfiles generales de la prohibición de discriminación se añaden otros específicos respecto de la que se produce por razón de sexo (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, y 3/2007, de 15 de enero). En lo que ahora interesa para la solución del caso procede recordar que tal tipo de discriminación comprende, sin duda, aquellos tratamientos peyorativos que se fundan, no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan una conexión directa e inequívoca con el sexo, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que incide de forma exclusiva sobre las mujeres (STC 173/1994, de 7 de junio, FJ 2; 136/1996, de 23 de julio, FJ 5; 20/2001, de 29 de enero, FJ 4; 41/2002, de 25 de febrero, FJ 3; 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 175/2005, de 4 de julio, FJ 3; 342/2006, de 11 de diciembre, FJ 4, o, más recientemente, 17/2007, de 12 de febrero, FJ 3).
Esto así, convendrá realizar ciertas precisiones. Nos centraremos en esta ocasión, atendiendo a los perfiles del caso que debemos resolver, en las situaciones en las que puede llegar a producirse una vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) originada por una disconformidad entre las decisiones empresariales y la regulación legal de esos derechos asociados a la maternidad.
La peculiar incidencia que respecto de la situación laboral de las mujeres tiene el hecho de la maternidad otorga una caracterización constitucional a la regulación de los derechos que, ligados a ésta en los términos expuestos, contempla la Ley, en cuanto responden a la idea de compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo y para la conciliación de su vida laboral y familiar soporta la mujer a diferencia del hombre. En ese sentido la reciente STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 5, refiriéndose en ese caso a una reducción de jornada para el cuidado de hijos, destacó la incidencia que la denegación del ejercicio de uno de los permisos parentales establecidos en la Ley puede tener en la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras.
Como la restricción de los derechos ligados a la maternidad o la atribución de efectos laborales desfavorables a su ejercicio conecta íntimamente con la prohibición de discriminación por razón de sexo de las trabajadoras (art. 14 CE), el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar el derecho fundamental en juego, quedando obligados los Jueces y Tribunales a dar una respuesta que no sea meramente formal y aparentemente motivada, sino materialmente acorde con la cobertura que el art. 14 CE prescribe.
Una vez enunciada la relación entre los derechos asociados a la maternidad y el art. 14 CE procede ya concretar la tutela que la Constitución ofrece en la tipología de casos que nos ocupa.
Sentados esos criterios, para resolver la cuestión planteada en el presente recurso de amparo hemos de partir de los hechos probados, pues la lectura de las alegaciones de las distintas partes del proceso revela en esta ocasión fuertes discrepancias sobre lo ocurrido. Será necesario superarlas concretando los hechos que resultan acreditados, cuya invariabilidad nos impone el art. 44.1 b) LOTC, dado que la revisión del factum judicial está vedada a nuestra jurisdicción, como hemos proclamado con reiteración desde las iniciales SSTC 2/1982, de 29 de enero, y 11/1982, de 29 de marzo.
No se da una coincidencia absoluta en las tareas profesionales que desempeñaba la recurrente antes y después de la excedencia. En efecto, al reincorporarse al trabajo tras el ejercicio de ese derecho (lo que tuvo lugar, según los hechos probados tercero y sexto de la Sentencia de instancia no modificados en suplicación, el día 8 de marzo de 2004), la empresa le comunicó verbalmente que sus funciones anteriores iban a variar, al ocuparse de una parte de ellas otro trabajador, don José Manuel Crespo Esteban, contratado durante su excedencia. En concreto, al regresar a la actividad laboral se le encargan a la trabajadora únicamente las funciones administrativas que genera el taller de chapa y no las correspondientes al área contable, que antes de su maternidad y sucesiva excedencia compatibilizaba con aquéllas (y que quedan atribuidas al trabajador mencionado).
El Sr. Crespo Esteban suscribió inicialmente un contrato temporal por acumulación de tareas (como se ha dicho, para realizar una parte del trabajo que previamente desarrollaba la actora —el trabajo administrativo en el área contable). Posteriormente su relación laboral se convirtió en indefinida (lo cual tuvo lugar en una fecha en la que ya se había producido la reincorporación al trabajo de la recurrente en amparo) y, tras adquirir la condición de fijo, siguió desarrollando las tareas administrativas en el área contable
El trabajo en el taller de chapa había aumentado en 2004 y se había incrementado la plantilla del taller. Según el ordinal sexto del relato de hechos el trabajo de administración que generaban chapa y venta era similar.
La actora no aceptó el cambio de trabajo, quedando vinculada en los hechos probados a esa circunstancia la razón por la que la empresa dejó de darle ocupación.
Las denuncias ante la Inspección de Trabajo tuvieron fundamento en esa falta de ocupación efectiva, formulándose, como lógicamente impone una pauta puramente cronológica, en un momento posterior al de su reincorporación a la empresa tras la excedencia, y, por ello, en unas fechas posteriores en el tiempo al conflicto sobre la asignación de funciones a la actora.
3) Tampoco constan otros perjuicios aparejados al ejercicio de su derecho de excedencia, por ejemplo relativos a su horario (según los hechos probados doña "E.A.ha elegido su horario, siendo la única empleada que disfruta en la empresa de una jornada de 9:00 a 16:00 horas con trabajo en sábados alternos). En particular no ha llegado a declararse en ningún momento que las tareas administrativas en el taller de chapa que le han sido asignadas resulten inferiores a las otras que también desempeñaba antes de la excedencia (área contable) o sean desacordes con su categoría profesional.
Pues bien, partiendo de los hechos probados y aplicando la doctrina recogida en el fundamento jurídico séptimo, no podemos apreciar la existencia de la vulneración denunciada. Esa conclusión se alcanza incluso partiendo de las apreciaciones fácticas e interpretaciones de legalidad que realiza la recurrente sobre el art. 46.3 LET. En efecto, aun cuando se aceptara que, como aduce, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera incurrido en un error sobre la fecha de su reincorporación al trabajo (lo que, ciertamente, parece desprenderse de los hechos probados tercero y sexto), y aun aceptando, igualmente, que la asignación de funciones no exactamente idénticas a las que anteriormente desempeñaba pudiese suponer un incumplimiento del derecho de reserva del art. 46.3 LET, la conclusión a que habría de llegarse no variaría, pues incluso en la hipótesis de que se hubiera producido tal infracción legal no se habría causado la discriminación que denuncia la recurrente.
Empezando por esta última aproximación (perjuicios derivados del incumplimiento legal que quepa subsumir en la prohibición de discriminación del art. 14 CE), conviene tener presente que el párrafo quinto del art. 46.3 LET, que resulta de aplicación al caso enjuiciado, establece lo siguiente: “El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente”.
Como se adelantaba anteriormente, tampoco se aprecia una motivación discriminatoria en el examen de la conducta empresarial (supuesto de discriminación igualmente enunciado en el fundamento jurídico séptimo de la presente resolución).
También es relevante para alcanzar la conclusión apuntada la valoración global que realizan de los hechos probados los órganos judiciales, particularmente el juzgador a quo, que, aun no haciéndolo de manera demasiado explícita, resalta la favorable conducta de la empresa hacia la trabajadora en aspectos diversos (horario, salario, etc.) y destaca también los actos de la propia demandante tras la excedencia (como su intento de resolución consensual del contrato de trabajo cuando se produjo la discrepancia sobre las funciones, o el hecho de que la denuncia ante la Inspección de Trabajo la realizara tras su intento infructuoso de llegar a aquel acuerdo extintivo —fundamento de Derecho tercero de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid, de 28 de enero de 2005).
No ha quedado acreditada en el caso, en fin, la existencia de una motivación discriminatoria conectada con el derecho ejercitado, y tampoco que se haya producido una devaluación o un deterioro de las condiciones de trabajo de la trabajadora que quepa relacionar con el disfrute del derecho a la excedencia para el cuidado de su hijo. De suerte que, aun en el caso de que pudiera hablarse, conforme a una determinada interpretación del art. 46.3 LET, de una limitación de las garantías legales que le asisten a la recurrente por no haberse respetado la reserva de su puesto de trabajo, no habría fundamento del que derivar la existencia de una lesión del art. 14 CE asociada a ese incumplimiento. Como no lo habría, del mismo modo, para apreciar que estamos ante un supuesto de discriminación indirecta, al no estar en cuestión en el recurso que las normas de referencia, tal como están configuradas o tal como han sido interpretadas o aplicadas, produzcan efectos desfavorables en el grupo caracterizado por el factor protegido (por todas, STC 154/2006, de 22 de mayo, FJ 6), limitándose la recurrente, por el contrario, a reclamar los derechos y las garantías legales de que se siente privada.
Desestimar la demanda de amparo interpuesta por doña "E.A..
STC 258/1993, 20 de Julio de 1993
SAP Madrid 627/2005, 15 de Septiembre de 2005
ATS 1247/2014, 10 de Julio de 2014

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