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Timestamp: 2019-12-08 02:26:43+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 201, de 31/10/2012
cve: DSCD-10-CO-201
Año 2012 X Legislatura Núm. 201
- Proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (Número de expediente 121/000018) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY DE POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. (Número de expediente 121/000018).
Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de Justicia con dos puntos del orden del día. El punto 1.º es la ratificación de la ponencia designada para informar sobre la siguiente iniciativa legislativa: el proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La ponencia encargada de informar el referido proyecto de ley por los grupos parlamentarios la componen las siguientes señoras y señores diputados: Beatriz Escudero Berzal, María Jesús Moro Almaraz y María Teresa Angulo Romero, del Grupo Popular; Antonio Camacho Vizcaíno y Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Socialista; Mercé Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo de La Izquierda Plural; Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco; y Joan Tardà i Coma, del Grupo Mixto. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (El señor Llamazares Trigo: No).
Señor Llamazares, tiene la palabra su señoría.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Pediría que se sometiera a votación.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la ratificación de la ponencia para informar de la siguiente iniciativa legislativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda ratificada la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. (Número de expediente 121/000018).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al 2.º punto del orden del día, que es la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Señorías, en principio la defensa de las enmiendas irá del grupo menor al grupo mayor y por un tiempo global de diez minutos para la defensa del paquete de las enmiendas.
En primer lugar, defenderíamos las enmiendas 8, 9, 10, 11, 12 y 13, así como las 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69, todas ellas del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, ya anuncio que mi intervención será muy breve. Hace pocos días ya quedó fijada la posición en el Pleno del Congreso de los Diputados, a raíz de la presentación por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, de una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley. De manera que allí quedaron fijadas nuestras argumentaciones. Debo decirles que en consecuencia presentamos un conjunto de enmiendas, que usted mismo ahora ha relacionado, razón por la cual consideramos que estamos legitimados, como el resto de los grupos parlamentarios, para ahora transmitirles nuestra protesta ante la manera como se ha procedido al trámite parlamentario.
Me explico. Entendiendo que es una ley muy, muy, importante que afecta a un servicio público tan básico como el sistema judicial ya nos costó entender -si me permiten la expresión- que la mayoría parlamentaria no entendiera la necesidad de avocar a Pleno el proyecto de ley. La mayoría
parlamentaria consideró que no debía avocarse a Pleno, con lo cual todo quedaba restringido al trámite en Comisión. Debo decirles que aun entendiendo la buena disposición de los compañeros del grupo mayoritario -nuestra crítica no desborda lo estrictamente político y procedimental- hoy mismo se ha celebrado una segunda ponencia, de la cual yo diría -si me equivoco, pienso corregir- que ni tan solo yo mismo era conocedor de la existencia de la misma, atendiendo que ya existió una anteriormente a la cual evidentemente asistí. El grupo mayoritario apuntó la posibilidad de trasladarnos algún tipo de documentación que permitiera avanzar en aquello que es óptimo de alcanzar en un debate parlamentario, es decir, en consensos, pactos y acuerdos.
Al parecer se ha celebrado esta mañana una ponencia. Yo estaba en el Pleno, no estaba en el bar, se lo aseguro y se ha convocado una Comisión para esta tarde. Por tanto aun entendiendo que todo es perfectible, empezando por el trabajo del diputado que les habla, creo que hemos cruzado una línea roja y que el trabajo parlamentario se está deteriorando un tanto. De manera que doy por defendidas las enmiendas, pero este diputado a partir de aquí ya se ausenta y no digo que con su pan se lo coman, porque sería un tanto patán, pero casi, casi.
El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado a la Comisión la representante del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila y será quien defienda las enmiendas 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, pido disculpas pero pensé que habría algún tiempo entre Pleno y Comisión para respirar un poquito. Sin embargo, las prisas con las que estamos haciendo las cosas en la Comisión de Justicia en asuntos tan importantes como este proyecto de ley, cuyas enmiendas estamos hoy debatiendo, justifica la rapidez de empezar también la reunión hoy. Desde el Bloque Nacionalista Galego queremos dejar nuestra posición clara en relación con la defensa de las enmiendas, que las damos por defendidas sobre todo porque todas ellas están en la misma línea, es decir, o suprimen o modifican artículos que o bien incrementan las tasas judiciales, o bien extienden las tasas a otros órdenes de la justicia como es el orden social. El Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo con ambas cuestiones y además lo hemos manifestado en nuestra enmienda de devolución.
Nuestro grupo también votó favorablemente la avocación al Pleno de este proyecto de ley porque entendemos que no solamente este sino todos los que en estos momentos el Gobierno tiene previsto llevar a cabo merecen el suficiente debate, sobre todo con la reflexión y tranquilidad necesarias que permitan que definitivamente aprobemos unas leyes lo más acordes posible con la realidad, unas leyes que no creen el malestar que están creando las propuestas que este ministro está haciendo en relación con la justicia. Primero fueron las tasas, que crearon malestar, unas tasas que a quien más afectan es a la ciudadanía ya que se le encarece el acceso a la justicia, a algunas personas incluso les va a crear muchas dificultades para acceder a ella. Pero también afectan a los profesionales; los proyectos que tiene el Gobierno para modificar, como el del Consejo General del Poder Judicial o el de la Fiscalía General del Estado, están generando incluso que tanto jueces como fiscales estén dispuestos a llevar a cabo medidas movilizadoras. Es decir, nos parece terrible que el Gobierno trate de resolver estas cuestiones legislativas con la premura que lo está haciendo pero sobre todo con ese talante autoritario -que no de auctoritas-, un talente totalmente autoritario. Tienen una mayoría y aquí no es cuestión de llegar a acuerdos, ni a discusiones, ni a consensos en una ponencia ni en una Comisión, ni mucho menos ir al Pleno.
Por eso desde el BNG queremos manifestar nuestra posición y nos sumamos a la propuesta que acabamos de oír del diputado Tardà, por lo que una vez que manifestada nuestra posición y defendidas nuestras enmiendas, y expresando nuestro malestar por esta forma de hacer las cosas, nos vamos a ausentar.
El señor PRESIDENTE: A efectos de constancia en el "Diario de Sesiones", cuando hemos sometido a votación la ratificación de la ponencia, hemos dicho que el resultado era 14 votos a favor y 7 en contra, y eran 14 a favor y 9 en contra, porque no se habían computado los votos de los miembros de la Mesa del Grupo Socialista. En consecuencia, el resultado, a efectos del "Diario de Sesiones", es 14 votos a favor, 9 votos en contra.
A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, las enmiendas 42 a 53 y 55 a 60. Para su defensa tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, le agradezco la pertinente aclaración.
Se va a producir en esta Comisión, señor presidente, una paradoja una paradoja de las que seguramente existirán pocos precedentes en esta Cámara. Mi grupo ya anuncia su intención de no quedarse al acto de votación final, tanto de las enmiendas transadas y de las no transadas, como del proyecto de ley. Las explicaciones justificantes de esta posición hacen referencia -como ya han expuesto algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- a lo que podríamos considerar, señor presidente, como una degradación absoluta y una degradación peligrosa del procedimiento administrativo. Algunos que tenemos cierta experiencia en esta Cámara, vemos qué se está produciendo, y particularmente de forma muy concreta en las iniciativas legislativas que se están presentando en esta Comisión, pero no solo en esta porque yo, que tengo la fortuna de pertenecer a diez comisiones, puedo decir que también se produce en otras.
Señor presidente, no estoy en condiciones de convalidar con mi voto una degradación del procedimiento legislativo que ralla en la falta de decoro institucional, y permítame que utilice esta expresión. No le voy a contar historias que podrían calificarse como las historias del abuelo Cebolleta, pero llevo muchos años en esta Cámara y he asistido a ponencias que han tenido una duración de tres meses, y le voy a citar una que puede resultar paradigmática. Se trabajó tres meses en régimen de ponencia en la ley que regula el mercado de valores, con ponentes importantes como Rodrigo Rato, el profesor Lasuén y otras personas relevantes, todos relevantes salvo el que está haciendo uso de la palabra en este momento, que era un humilde diputado con veintiséis años que entonces afrontaba sus responsabilidades legislativas, pero con un sistema de legislar más adecuado y coherente con los requerimientos constitucionales relativos a la función legislativa que esta degradación a la que estamos asistiendo de forma brutal, pero sobre todo de forma brutal en relación con proyectos de ley que no son neutros ni irrelevantes.
Este es particularmente relevante, señor presidente, y es a usted al que menos explicaciones le tengo que dar. Este hace referencia al contenido esencial de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva y este hace referencia también al derecho a la tutela judicial que pueden obtener los justiciables -justiciables es una expresión anfibológica y poco utilizada, mejor dicho, a los ciudadanos-. Se trata de un derecho fundamental y su contenido esencial queda perturbado en mi opinión en algunos de los preceptos que se consignan en el contenido material de este proyecto de ley. Cuando se habla de tasas, se está hablando de obstáculos adicionales -como la jurisprudencia constitucional ha consignado expresamente en una sentencia ya conocida y muy glosada de 2012- en cuanto al acceso de los ciudadanos con menos recursos económicos a la tutela judicial efectiva, a la tutela de los jueces y tribunales.
Cuando además se utiliza el concepto de tasas pervirtiendo su propia naturaleza jurídica, tal como está configurada por la Ley General Tributaria y la Ley de Tasas y Precios Públicos, estamos acometiendo una operación jurídica que no merita un procedimiento -iba a utilizar la expresión rápido, pero no me atrevo a utilizar la expresión rápido, vamos, procedimiento casi sumario- de estas características, en tanto en cuanto la tasa está vinculada a la obtención por un ciudadano en concreto, a través de un régimen de bilateralidad de los servicios, de un beneficio concreto, y no debe ser destinada o derivada la tasa a la financiación otras funciones de naturaleza jurídico-pública que afectan a la generalidad de los ciudadanos, como la financiación del justicia gratuita.
Cuando estamos hablando de una ley que establece distintos procedimientos de obstaculización del acceso a la función jurisdiccional, estamos hablando de la relativización de la jurisprudencia constitucional y del derecho a la tutela judicial efectiva, como antes le comentábamos, pero estamos hablando también de una ley, señor presidente, donde las deficiencias técnico-jurídicas de su articulado no son pequeñas ni irrelevantes. Hay que establecer una serie de límites...(Rumores). Señor presidente, una dificultad diferente a las cuestiones de orden o de procedimiento que le estoy planteando están dificultando la atención de su señoría.
Como decía, cuestiones que hacen referencia a las insuficiencias manifiestas de este proyecto de ley desde múltiples perspectivas analíticas: la falta de respeto desde la perspectiva tributaria a la Ley de concierto económico del convenio económico de Navarra; desde la perspectiva de los aspectos tributarios -no de las tasas sino de los aspectos tributarios stricto sensu-; a la posibilidad de acceder a los beneficios de la justicia gratuita, no solo del ministerio fiscal y de las administraciones públicas sino también de otras personas jurídicas, en congruencia con otros preceptos que contradictoriamente se vulneran por el artículo 1 de este proyecto de ley; en relación con tabulación de un límite bajo el cual -nosotros considerábamos que el límite de 3.000 euros sería razonable- tendría que consignarse una
especie de exoneración de tasas para todos los ciudadanos o todos los justiciables que hicieran uso del servicio público de la justicia; la incorporación en el ámbito concursal de la exoneración de tasas no solo a los que se vean avocados a un concurso, o a una situación preconcursal que aquí no se consigna, no solo de carácter necesario sino también de carácter obligatorio; a las cuestiones atinentes a la exoneración de las tasas a los procedimientos vinculados a las sucesiones, a las familias y al estado civil de las personas, una laguna importantísima del proyecto de ley. Podríamos seguir una larga relación, como la no exoneración de las tasas a aquellas figuras o instituciones afectas y beneficiadas por la Ley 49/2002, de régimen fiscal especial de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo; de la exoneración de las tasas a los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidad de reducida dimensión económica.
En definitiva, señor presidente, estoy comentando nuestras reservas más relevantes. Serían muchas más las reservas, pero estas son las reservas a la ontología que justifica un proyecto de ley que se caracteriza fundamentalmente por la obstaculización y el establecimiento de barreras que impiden un servicio público esencial, un derecho público fundamental, que debe tener carácter gratuito en virtud de la previsión del precepto constitucional que lo regula, el artículo 24, y su desarrollo a través de prolija jurisprudencia constitucional. Reconozco, sin embargo, que la ley de 2002 sí incorpora al ordenamiento jurídico la posibilidad de determinadas tasas para obtener determinados servicios del servicio público de la justicia, pero solo a determinadas entidades o sociedades con una entidad económica relevante.
Dicho lo cual, señor presidente, voy a acabar mi intervención reafirmando mi oposición al procedimiento legislativo que se está utilizando para leyes de esta dimensión. Solo he puesto algunos ejemplos de los preceptos que quedan concernidos y que son por esta razón objeto de un procedimiento legislativo absolutamente aberrante, en tanto en cuanto estamos hablando del contenido esencial de derechos fundamentales que afectan al universo, a la totalidad de los ciudadanos, a la totalidad de los justiciables. Estamos hablando de la vulneración de la jurisprudencia constitucional con relación a la definición del contenido esencial del derecho que preconiza el artículo 24 de la Constitución y con relación a la tutela judicial efectiva.
Estamos hablando, en definitiva, señor presidente, de una ley que va a provocar problemas -no hace falta más que contactar con las asociaciones de jueces y con otros operadores jurídicos- y que no ha recibido el beneplácito de ninguno de los operadores jurídicos, empezando por los que vertebran la administración de justicia, sus asociaciones judiciales, los colegios de la abogacía, los colegios de procuradores, los colegios de notarios y otras organizaciones colegiales. En definitiva, un proyecto de ley que no tiene más que el aval del partido político que usted, señor presidente, representa. Un aval sobre una ley tan importante, aunque sea cuantitativamente suficiente, en nuestra opinión cualitativamente no lo es, o políticamente no sería suficiente. Eso añadido a un procedimiento legislativo viciado por las prisas, las premuras, la realización de actos extra formam, como ponencias coincidentes con el Pleno, con compresión de los trámites legislativos hasta límites en que el debate jurídico no tiene la profundidad que requiere o que exige un proyecto de estas características y de esta envergadura, todo esto nos lleva a la misma conclusión que el señor Tardà ha anunciado, y es que yo no me siento legitimado para continuar con la tramitación de este proyecto de ley y anuncio mi intención de abandonar la sala en el momento en que se proceda a las votaciones que haya que realizar.
El señor PRESIDENTE: Simplemente quiero decir a su señoría y al resto de diputados que han intervenido hasta el momento, para que quede constancia, que la tramitación se ha sujetado a la norma reglamentaria y en ningún momento se ha vulnerado el Reglamento de la Cámara. Otra cosa es que se haga ajustando los plazos, pero en todo caso de acuerdo a lo que el Reglamento permite. También quiero decir a sus señorías que en ningún momento se ha producido una ponencia extra reglamentaria, mientras se celebraba la sesión plenaria, porque lo que ha habido es una reunión informal, y así se advirtió a las personas que fueron llamadas, a efectos de intercambio de una serie de informaciones, pero no tiene nada que ver con el contexto de una ponencia. El día que se celebró la ponencia se abrió un abanico de opciones en función de la fecha final en que esta Cámara debería tramitar este proyecto de ley por el contenido que tiene y por la necesidad de su entrada en vigor en los próximos días.
Dicho eso, le corresponde ahora la defensa de las enmiendas al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Serían las enmiendas 129 a 134 y 136 a 138. Para su defensa la diputada señora Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No me extenderé -lo ha hecho el señor Olabarría, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco- sobre la importancia que tiene esta ley, que se mide, como no podía ser de otra manera, en la repercusión que tiene en los ciudadanos a los que afecta. Baste recordar el número de enmiendas a la totalidad que tuvo, que se discutieron en fecha 22 de octubre, hace cuatro días prácticamente, que no tuvieron ningún éxito en el trámite del plenario. Ese debate, además, tampoco consiguió que finalmente esta ley volviera a Pleno y pudiéramos tener una segunda lectura o un segundo debate finalizado el trámite en ponencia y en Comisión. O sea, que no insistiré en la importancia de la misma porque, como digo, la importancia de la ley está en los efectos considerables que va a tener en las personas a las que se les aplique.
El grupo en nombre de quien les hablo fue uno de los grupos que presentó una enmienda a la totalidad, y ya expliqué en Pleno los motivos de su presentación. No los repetiré en este momento. Coherentemente con esa enmienda a la totalidad, este grupo presentó diez enmiendas que conocen sus señorías y que voy a dar por defendidas porque el trámite final en el que nos encontramos hoy será legal, no lo dudo. Usted lo ha dicho y seguramente formalmente es legal. Es verdad, ha habido una ponencia esta mañana mientras estábamos en Pleno, pero era una ponencia informal. Es una fórmula para, cambiando los nombres a las cosas, hacer que las cosas parezcan otras distintas a lo que son. Era una ponencia. La llamaron ustedes informal porque no podían llamarla formal, ya que entonces vulnerarían frontalmente el Reglamento y nos quedaríamos con la posibilidad de presentar una denuncia no solo de forma sino incluso de fondo. Presidente, no podemos cambiar las cosas llamándolas de otra manera.
Este trámite parlamentario con esta ley -con cualquiera sería importante, pero más con esta ley tan importante, insisto, por las consecuencias que tiene y por cómo afecta a las personas- refleja una actitud antiparlamentaria. Es el ejemplo del antiparlamentarismo. Lo que hemos hecho con este trámite es el ejemplo del antiparlamentarismo. Yo lo quiero denunciar aquí dentro, ante mis compañeros y mis colegas. Esto no es un trámite para que nos escuchemos, para que debatamos, para que tratemos de mejorar, para que las mayorías luego decidan en función de una mayoría que tienen legítimamente. No. Se han vulnerado hasta las formas, y en democracia las formas son fondo y los trámites tienen un objetivo que no es guardar las formas, sino guardar el fondo. Estamos aquí para legislar, somos legisladores, estamos aquí para escucharnos, para atendernos, para hacer algo más que encontrar la fórmula que evite que nos puedan denunciar ante otro órgano. Eso no se resuelve cambiando el nombre y anteponiendo al nombre otro adjetivo, que es informal. Es verdaderamente lamentable y yo doy por defendidas las enmiendas porque es tan lamentable que por el respeto que le tenemos todos a la institución, y desde luego yo también -no más que otros, pero menos tampoco-, es por lo que estoy sentada aquí en este momento. Lo que ustedes han hecho es como para expulsarnos. La forma en la que han planteado todo este trámite es una fórmula para el desistimiento. No está la democracia como para que desde el partido mayoritario nos empujen al desistimiento, desde ningún partido, pero desde luego desde el partido mayoritario menos. Por eso doy por defendidas las enmiendas y no diré nada más.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, que serían las enmiendas 14 a 41 y las enmiendas 61 y 62, tiene la palabra el diputado señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como saben sus señorías, mi grupo parlamentario está en contra de esta iniciativa legislativa del Gobierno porque creemos que quebranta la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de nuestra Constitución. No están los tiempos para quebrantos, y mucho menos para quebrantos del derecho a la tutela judicial efectiva. Pero hoy lo que quiero defender aquí es la tutela parlamentaria efectiva, porque, señorías, el trámite exprés y atropellado que hemos vivido en este proyecto de ley, sin ser inédito, porque ha habido otras ocasiones en la Cámara en que seguramente se han producido situaciones parecidas, nos parece especialmente desafortunado. Lo es por la importancia de la materia y lo es también porque de alguna forma en estos momentos la institución democrática está en el ojo del huracán y deberíamos cuidar este tipo de procedimientos. No es este procedimiento, y no ha sido declarado así en ningún caso, un procedimiento de excepción; tampoco por parte del Gobierno se ha planteado como real decreto-ley, pero se le parece mucho, y hemos vivido un trámite que podríamos exprés, un trámite de urgencia atropellada. El presidente ha hablado de respeto a la legalidad. Yo creo que no ha sido escrupulosamente así. En todo caso, concediendo ese respeto a la legalidad, no ha sido un dechado de procedimiento parlamentario. En esta ley hemos tenido muy poco tiempo para la reflexión y mucho menos tiempo para el diálogo y la negociación. En ese sentido, mi grupo parlamentario, coincidiendo
con el resto de los grupos, no va a defender sus enmiendas, que son conocidas y están por escrito, y tampoco va a votar esta iniciativa, respecto a la cual la Comisión tiene competencia legislativa plena, pero creemos que no se dan las condiciones para que ese voto se emita. Es más, algunos de los que estamos aquí ni siquiera vamos a asistir a esa votación, que en buena parte, con este procedimiento, no nos concierne.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que serían las enmiendas 70 a 99. Para su defensa tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, aunque la existencia de tasas judiciales no es ninguna novedad, lo cierto es que las previsiones del proyecto de ley que estamos viendo suponen un salto cuantitativa y cualitativamente tan importante que Convergència i Unió, aun pudiendo estar de acuerdo con la existencia de tasas e incluso con una prudente revisión de las mismas obligada por la actual coyuntura económica, planteó -lo hicieron todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, como ya se ha señalado aquí- una enmienda a la totalidad por diversos motivos, pero el central, el motivo de fondo por el que nos opusimos y por el que nos seguimos oponiendo, el motivo nuclear es el aumento desmesurado de las tasas, un aumento que va del 33 % al 167 %, según se recoge en el informe del Consejo General del Poder Judicial. Este aumento iba a impedir en muchos casos y a muchos ciudadanos el acceso a la justicia, y de esta manera se les iba a conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva que les garantiza la Constitución. Es cierto que continúa existiendo el beneficio de justicia gratuita para aquellos que se pueden acoger a ella, y hemos de recordar que se pueden acoger aquellos cuyos ingresos no superen el doble del salario mínimo interprofesional, es decir, 1.282,8 euros al mes por unidad familiar, a estos se les va a exonerar de pagar tasas, y es cierto que las personas tanto físicas como jurídicas en situación económica acomodada van a poder pagarlas también, pero, a nuestro juicio, la amplia capa de clases medias que va de estos 1.282 euros a las clases acomodadas, estas clases medias van a verse impedidas muchas veces en el acceso a la justicia porque sumar elevadas tasas a los honorarios de abogados y procuradores no va a serles asumible económicamente para reclamar según qué cantidades o para acudir a según qué procedimientos, sin ir más lejos a una separación o a un divorcio. Y no quiero dejar de mencionar el efecto colateral que esto va a producir en los colectivos de abogados y procuradores que, en definitiva, son personas y familias cuyos ingresos provienen en su gran mayoría de honorarios ajustados de la gran mayoría de procedimientos con cuantías más bien medias o bajas. Porque no podemos olvidar que de los casi 120.000 abogados ejercientes que hay hoy en España, la gran mayoría son medianos y sobre todo pequeños despachos y también abogados jóvenes. A juicio de Convergència i Unió, el objetivo final de este proyecto no es únicamente recaudatorio, que también, sino principalmente disuasorio, disuadir de acudir a un servicio público esencial en un Estado de derecho, que es la administración de justicia. Este es un objetivo que hemos manifestado reiteradamente que no compartimos y con el que ni estamos ni vamos a estar de acuerdo. Motivos, pues, de fondo en primer lugar.
Presentamos enmienda a la totalidad y hemos presentado también enmiendas parciales. Las voy a dar por defendidas todas ellas. Voy a señalar únicamente un par para llamar su atención. Por ejemplo, las enmiendas que piden que no se apliquen las tasas al procedimiento sobre sucesiones, familia y estado civil de las personas, porque si bien el proyecto dice que no se aplicarán a aquellos procesos matrimoniales que versen exclusivamente del tema de menores y alimentos a los menores, quita de esta exoneración, y por tanto obliga a pagar tasas, por ejemplo, a todos los matrimonios que quieren separarse o divorciarse, cuando en realidad esto es una cuestión de orden público, es decir, que uno no puede divorciarse ni separarse en ningún otro sitio que no sea el juzgado. Es un derecho no disponible y no se puede transigir sobre este pronunciamiento de separación o de divorcio. Es más, tal como está redactado se puede producir la paradoja de que una pareja de hecho no casada, que tiene un cese de la convivencia y quiere reclamar la custodia o alimentos para los hijos, va a verse exento de tasas, mientras que otra pareja en esa misma situación pero que está casada, tiene que pagar las tasas. Es un proyecto que de alguna manera da ventajas, no entendemos por qué, a las parejas de hecho sobre los matrimonios en un determinado tipo de procedimientos que, como digo, son de orden público.
Pero la parte más importante es el grandísimo aumento de las cuotas actualmente vigentes. Es verdad que se han rebajado algunas, y haré mención después, pero quiero ejemplificar únicamente en el tema
insostenible de los 800 euros que se mantienen para la apelación. Se originó al respecto una polémica durante el debate de totalidad, y además de manifestar mi acuerdo al respecto con lo dicho entonces por don Emilio Olabarría, he de añadir que, aunque es cierto que cuando se acude a la apelación ya se dispone de una primera resolución, también lo es el que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se revocan en apelación un 35% de las sentencias dictadas en primara instancia, porcentaje nada desdeñable y por lo que no se puede alegar entonces temeridad a la hora de ponderar el acudir a una segunda instancia. Pero es que además, aunque en esa segunda instancia te den la razón -ese 35% de los casos-, esos 800 euros de tasa, que suponen un aumento del 166% respecto a lo actual, no se recuperan porque en segunda instancia no hay condena en costas si hay revocación. Es decir, te dan la razón pero no puedes recuperar las tasas pagadas a través de las costas.
Quiero aludir también a otras enmiendas particularmente importantes, que son las que aluden a la llamada doble imposición en los territorios en los que tenemos tasas autonómicas. Para ello pedimos que, puesto que estas tasas tienen como finalidad atender la justicia gratuita, el ministerio transfiera a la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia gratuita, para destinarlo a este mismo fin, el 40% de lo ingresado en el territorio por este concepto. El Estado va a recoger estas tasas en todo el territorio, pero únicamente gestiona directamente siete de las comunidades autónomas. Por lo tanto, va a afectar a esas comunidades autónomas el dinero que ha recogido en todo el territorio cuando lo normal y equitativo, hablando en términos de justicia, sería transferir a las comunidades autónomas que gestionan y que pagan este servicio de la justicia gratuita el 40% de lo que se recoja en su territorio por este concepto. Además, y enlazando con esto, también solicitamos, y es importante, que puesto que el proyecto habla de tasas estatales y de tasas autonómicas en su artículo primero, que se recoja que las tasas autonómicas, junto con las tasas estatales, puedan verse recogidas cuando te imponen las costas. Es decir, que las costas recojan las tasas estatales, como se hace ahora, y también las tasas autonómicas.
Quiero agradecer, porque no sería de justicia no hacerlo, la actitud de los ponentes del Grupo Popular en la tramitación del proyecto de ley, también de la Mesa de la Comisión, porque a pesar de los motivos de forma, a los que luego aludiré, se han mostrado especialmente sensibles por recoger algunas de las pretensiones recogidas en las enmiendas que planteábamos los grupos. Yo creo que así el proyecto se ha podido mejorar algo, por ejemplo en los verbales, pero ya en los monitorios recoge la ponencia que hasta 2.000 euros no se pagarán las tasas. Se recoge también, o parece ser que se va a recoger por las reuniones informales que hemos mantenido, que en la jurisdicción social -otra de las objeciones importantes que hacíamos- va a haber una bonificación de hasta el 60%, así como otras propuestas que se nos han hecho en orden a mejorar el proyecto de ley; mejorarlo, es decir, hacerlo menos malo, por decirlo de alguna manera, pero que no justifican el nosotros no nos opongamos.
Además, creemos sinceramente que la forma es muy importante y este es un proyecto de capital importancia que va a afectar al conjunto de la ciudadanía, que va a producir efectos en cooperadores jurídicos, lo que a nuestro juicio casa mal, muy mal, con la celeridad impuesta por el Gobierno para su tramitación. Se ha aludido aquí a que no se ha querido ni avocar por el Pleno, esto es así, pero además es que no se ha podido producir algo tan normal como son las comparecencias de los colectivos que nos han propuesto las enmiendas para que pudiéramos escuchar cuáles eran sus razones. Esta celeridad además viene dada por algo que no tiene nada que ver con el contenido del proyecto de ley, y es que el Gobierno, a través del Grupo Popular, ha introducido en el trámite de enmiendas la enmienda 149, que tiene como objetivo la modificación del Real Decreto-ley 20/2012 para posibilitar la supresión de la paga extra a jueces, fiscales y secretarios judiciales, y como tiene que estar definitivamente aprobada para el mes de noviembre, se ha impuesto esta tramitación parlamentaria. Francamente a Convergència i Unió no le parece admisible que una ley de la importancia de la que estamos debatiendo se vea realmente abocada a estar aprobada en este tiempo tan acelerado pura y simplemente por una enmienda que es completamente extravagante -y lo digo en el sentido literal- a lo que aquí estamos discutiendo. No nos parece admisible. Y no nos parece admisible porque al final las formas son también el fondo y el Parlamento no solo es un lugar por donde pasan las leyes como pasa la luz a través de un cristal, sino que de alguna manera se pasa por el Parlamento para fomentar el debate, para fomentar el enriquecimiento, para tener en cuenta las distintas sensibilidades y aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Nos parece que hacerlo de esta manera es desvalorizar muchísimo el trabajo de la institución, algo que justamente no es lo que hay que hacer en estos momentos, desvalorizar las instituciones. Por todo ello, señorías, señor presidente, finalizo diciendo que mi grupo, cuando menos, no va a proceder a realizar las votaciones.
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, enmiendas 100 a 128. Para su defensa, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: EL Grupo Parlamentario Socialista coincide en cuanto al fondo de la ley y también en cuanto a la forma de tramitación con lo que han manifestado el resto de los grupos parlamentarios. Nos enfrentamos hoy, en un procedimiento no ya acelerado, sino aceleradísimo, con competencia legislativa plena, a un texto fundamental desde el punto de vista de que regula el acceso de los ciudadanos a la última garantía en todo Estado de derecho, que es la administración de justicia. Nos enfrentamos a un texto de ley que está firmado por dos ministerios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, pero donde la huella del Ministerio de Justicia no se ve por ningún lado. Es una ley extraordinariamente recaudatoria que tiene por objetivo la obtención de fondos económicos, como dice la propia exposición de motivos, para hacer frente a una situación de crisis económica y en la que el Ministerio de Justicia no ha puesto el freno en aquellos asuntos, en aquellos aspectos de la ley que afectan a la regulación de un derecho fundamental: el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero el Grupo Parlamentario Socialista no solo está de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, sino con el resto de elementos que dentro de la sociedad civil y dentro del ámbito jurídico se han pronunciado en relación con esta norma. Todas y cada una de las asociaciones de jueces, de fiscales, de funcionarios, el Consejo General de la Abogacía, la procuraduría, la notaría, todos han hecho un juicio muy negativo en torno al contenido de la ley y en torno a lo que supone desde el punto de vista de la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. El Grupo Parlamentario Socialista ya dijo en el debate de totalidad que su rechazo iba más allá del rechazo político, que era un rechazo moral en la medida en que impedía el libre e igualitario acceso a la administración de justicia, bien por el importe de las tasas, que van a impedir que una parte muy importante de la sociedad española pueda acceder a la administración de justicia, pueda acceder a exigir la aplicación del ordenamiento jurídico por los tribunales en aquellos supuestos en los que esté en desacuerdo, como también por la conformación del sistema, que conlleva que en muchos supuestos la reclamación que ha de efectuarse desde un punto de vista económico sea inferior al gasto que el ciudadano tiene que hacer en la tasa para poder acceder a la administración de justicia.
Desde un punto de vista formal, es cierto que el presidente ha dicho que no se han incumplido formalmente ninguno de los hitos que requiere el procedimiento legislativo de acuerdo con el Reglamento del Congreso, pero no debemos quedarnos en las formas. El plazo de enmiendas ha sido un plazo donde no se ha permitido ningún tiempo más allá del estrictamente obligatorio. La ponencia se ha constituido formalmente, pero ha durado pocos minutos; los necesarios para que el grupo mayoritario informara de que solo se iban a admitir en el informe de ponencia sus enmiendas. Se ha convocado la sesión de la Comisión a la semana de haber discutido en el Pleno la enmienda a la totalidad y creo que en el Parlamento, además de cumplir con las formas, hemos de cumplir también con el fondo. Es necesario, con independencia de cuál sea el régimen de mayorías del Parlamento, el debate y la discusión, que son propios de la democracia, sobre todo en un momento en el que los ciudadanos están y son fundamentalmente críticos acerca de la forma de dirigir los asuntos públicos, en un momento en el que los ciudadanos nos piden menos democracia formal y más democracia material. Por lo tanto, compartimos el criterio de todos los grupos y vamos a mantener la misma posición. El Grupo Parlamentario Socialista va a hacer lo mismo que el resto de los grupos y no va a votar el texto de la ley porque consideramos que todos debemos hacer un esfuerzo por que la democracia sea en este país, en cada momento y sea cuál sea la situación económica, más profunda; que sea, en definitiva, una democracia más real. Por lo tanto, el hecho de que en este momento, y fruto de unas elecciones, exista una mayoría absoluta por parte del Partido Popular no ha de llevarnos a prescindir materialmente del sentido que el legislador le dio a cada uno de los trámites en leyes tan importantes como esta, en la que se ve afectado directamente un derecho fundamental. Por lo tanto, máximo rechazo a lo que supone esta ley, máximo rechazo a la vulneración, sin duda, del derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución y máximo rechazo también a las formas a través de las cuales se ha conducido la tramitación de una ley, hurtando un debate que es necesario en todo texto legal, pero esencialmente en aquellos en los que la mayor parte de la oposición, la totalidad de la oposición, entiende que se ve afectado un derecho fundamental esencial.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en contra de las enmiendas y para fijar posiciones por parte del Grupo Popular, van a intervenir tres ponentes. En primer lugar, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: En primer lugar, quiero decir que voy a intervenir muy brevemente para exponer una línea general, más que sobre el proyecto de ley, sobre lo que está ocurriendo en esta sala esta tarde, con posterioridad intervendrá la señora Moro Almaraz para fijar posición en lo que respecta a las tasas judiciales y finalizará la señora Angulo Romero fijando posición en relación con las enmiendas presentadas a las tasas del Instituto Nacional de Toxicología. Quiero agradecer primeramente las palabras que ha pronunciado la ponente y representante del Grupo Parlamentario de CiU. Las palabras que nos ha dedicado a las ponentes y al grupo se las agradezco de corazón.
Asisto perpleja a lo que está ocurriendo en esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En lugar de estar debatiendo sobre un proyecto de ley que dicen ustedes que es importantísimo para la ciudadanía, están más preocupados por la pose que van a teatralizar dentro de unos minutos de dejar solo al grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Todos hablan de la importancia de esta materia, todos hablan de la importancia de la ley, todos hablan de la importancia y de lo que les preocupan a ustedes los ciudadanos, y lo único que yo he podido percibir en esta sala es un contubernio de algunos grupos parlamentarios para tener una pose de desplante al Gobierno y a este grupo. (Rumores). El proyecto de ley lo tenemos desde hace dos meses, el mismo tiempo que han tenido otros colectivos ciudadanos para presentar mejoras al proyecto de ley, para informar sobre el proyecto de ley. El mayor o menor tiempo en la tramitación parlamentaria siempre que se cumpla con los trámites legales, como es el caso en este proyecto de ley, no es garantía de excelencia en la legislación ni de nada en la vida, señorías. Los tiempos cambian, la reflexión sobre el proyecto de ley se ha podido hacer, como lo han hecho -y lo tenemos documentado- otros colectivos. Aquí preocupa la tutela judicial efectiva no si los parlamentarios debemos trabajar con mayor o menor intensidad. Hablan de la tutela judicial parlamentaria; no, aquí preocupa la tutela judicial efectiva de las personas. Se van a la forma y no al fondo. Y sin fondo tampoco hay forma, pero la mayoría de ustedes no se ha preocupado de entrar en un debate sobre el fondo sino sobre la forma. Es una vuelta de tuerca más, como le gusta decir a algún parlamentario del Grupo Socialista, pero una vuelta de tuerca más a la seriedad legislativa porque para algunos hoy importa más la noticia de prensa de mañana o el minuto en el telediario, les preocupa a algunos hoy mucho más eso que la tutela judicial efectiva, que mejorar o participar en la elaboración de un proyecto de ley, que mejorar un texto legislativo. Esto a lo que he asistido hoy, que es la primera y única vez quizás porque no llevo todavía un año pero dudo que esto se repita muchas veces, solo puedo calificarlo como una trápala parlamentaria tratando de que no se vote un proyecto de ley que ustedes califican de esencial; tratando de que no se debata sobre un proyecto de ley que ustedes califican que afecta a la tutela judicial efectiva. ¿Dónde están sus aportaciones, señorías? Nos hubiera gustado haberlas visto plasmadas en el texto legislativo. En el Grupo Popular lo hemos hecho y estamos contentos y orgullosos del trabajo que hemos realizado recogiendo y analizando propuestas de colectivos a los que les afecta directamente la ley y que hemos podido asumir como enmiendas nuestras para -creemos- dotar de mayor realidad y realismo al texto legislativo, que hoy es lo que nos preocupa.
Acabo. Señorías, estamos en un momento en que dejar pasar el tiempo cuesta mucho dinero y nos lo han demostrado los últimos cuatro años, que por dejar pasar el tiempo y no adoptarse ninguna medida estamos donde estamos. Les guste o no, teatralicen o no el desplante no a un Gobierno, no a un grupo parlamentario, no al Congreso de los Diputados sino el desplante a la sociedad española, este grupo parlamentario ha cumplido estrictamente con la legislación en materia de plazos. Esto es inatacable y lamentamos la postura que van a adoptar algunos grupos parlamentarios y el rechazo que hacen a este proyecto de ley. Como dijo ayer el portavoz de la Comisión de Justicia en el Pleno en un debate parlamentario de otro proyecto de ley, a ustedes no es que no les guste este proyecto de ley, lo que no les gusta es este Gobierno. (Aplausos.-Varios señores diputados: No nos gusta.-El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, está en el turno el Grupo Popular. Espere que termine y a continuación pide la palabra.
En segundo lugar, tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Como ha señalado mi compañera, me corresponde hacer alusión a las enmiendas presentadas a la parte del texto relativo a las tasas en la Administración de Justicia. Voy a tratar de agrupar teniendo en cuenta cuál ha sido la situación del debate, en la que no voy a entrar porque creo que ha sido muy bien reflejada por mi compañera.
Como todos ustedes saben, se han presentado al conjunto del proyecto de ley ciento cuarenta y nueve enmiendas. De esas ciento cuarenta y nueve enmiendas, una gran mayoría a las tasas en la Administración de Justicia. El Grupo Popular ha presentado a este capítulo nueve enmiendas, que han sido incorporadas en la ponencia. Puede parecer que entre el total y las enmiendas presentadas por el Grupo Popular formalmente hay una gran divergencia respecto a las objeciones que a través de las enmiendas se han trasladado al proyecto de ley, sin embargo voy a tratar de demostrar de forma breve que no es así y que hemos coincidido en objetivos que hemos priorizado desde el grupo parlamentario porque creemos que con eso reflejamos también las prioridades marcadas por el Gobierno. Creemos que con el trabajo -se puede hacer en poco tiempo pero de forma muy intensa- hemos mejorado el texto y lo hemos hecho en aquellos aspectos que son centrales y que se repiten, vayan a aceptarse o no en sus propios términos, en las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios.
Diré además que en este trámite ofrecemos también tres enmiendas transaccionales -si puede decirse así- que explicitaré. En esa exposición de conjunto quiero señalar lo siguiente. Creemos que con las enmiendas ya incorporadas en ponencia del Grupo Popular y las transacciones que vamos a plantear en esta Comisión se mejora el texto favoreciendo un trato más ajustado y equilibrado, teniendo en cuenta que la Administración no puede resultar favorecida por la inactividad o la ineficiencia en las relaciones con los ciudadanos; que no pueden recibir trato distinto los funcionarios del resto de empleados públicos y trabajadores cuando se dirimen cuestiones de su propio estatuto en la jurisdicción contenciosa; que queremos -y ofrecemos una de esas transacciones- una atención especial a trabajadores por cuenta ajena y autónomos buscando una exención del 60 % en los recursos de suplicación y casación en la jurisdicción social. Hemos trabajado potenciando los instrumentos que agilicen las reclamaciones de cantidad, que se producen en mayor número, pero al mismo tiempo favoreciendo que esas reclamaciones se puedan presentar sin aquello que ha venido criticándose tanto en este proyecto de ley, de ahí la fijación de los 2.000 euros como mínimo exento tanto para los monitorios -estoy abreviando la referencia- como también -y ofrecemos esa segunda transacción- respecto a los verbales. De esta manera, impediremos que se incremente la morosidad, que las comunidades de propietarios no puedan hacer frente a sus cuentas o que los consumidores no tengan dificultades para el ejercicio de los derechos. Del mismo modo hemos trabajado por una mayor precisión técnica. En las enmiendas hemos tratado de dar coherencia al texto en algunas de las cuestiones que se han ido incorporando o en algunas cuestiones que quedaban desajustadas: así en la exposición de motivos, así respecto a la enmienda 145 sobre la ejecución de títulos judiciales se ha querido un mayor ajuste a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, en la valoración de los procedimientos de cuantía indeterminada, y en esto hay una gran coincidencia con todos los grupos, o cuando se produce una imposible determinación de cuantía. También hemos querido corregir o hemos querido precisar técnicamente, mejorando el texto, comenzando por la propia definición del hecho imponible: estamos ante el ejercicio de la potestad juridisccional, y este es el hecho imponible; también a la hora de precisar algunos actos procesales, de tal manera que no sea el recurso contencioso sino la demanda. Al mismo tiempo, creemos que hablando de devolución y bonificación clarificamos aquellas situaciones en las que se pretende dar un trato favorable a aquellos supuestos de racionalización de los procesos en los juzgados. Se ha trabajado también con el objetivo de conseguir un mejor trato a actuaciones que agilizan el servicio de la justicia y que son consideradas buenas prácticas procesales: es el caso de la acumulación de acciones, que se considera en virtud de esta enmienda un único hecho imponible; hemos tratado de evitar la provisionalidad a la hora de determinar el importe final de la tasa con la enmienda 147 y con la bonificación de la tasa en los casos de acumulación de procesos porque permite esa racionalización del trabajo de los tribunales, como decía.
En definitiva, se ha tratado de garantizar que el modelo de reparto de costes perjudique lo menos posible a aquellos ciudadanos que se encuentren en una posición de mayor debilidad, bien por sus bajos ingresos, con el juego conjunto de esta norma en la que se regula la justicia gratuita y que, como ha anunciado el ministro de Justicia, se modificará en breve abundando en la ampliación del ámbito subjetivo de la misma y con una mejora del sistema. También se ha hecho, buscando una ampliación de las exenciones, devoluciones y bonificaciones, más allá de ese marco de la justicia gratuita, y con ello conseguimos una mayor progresividad y una mayor proporcionalidad de la norma, tal y como entró en esta Cámara. También hay que mencionar aquí que ese mismo espíritu ha guiado la no aceptación de algunas enmiendas, algunas enmiendas de grupos que hoy dicen que no van a votar, que hoy han dado por defendidas sus enmiendas, pero que perseguían, por ejemplo, incluir la solicitud de concurso voluntario, es decir, aumentar los supuestos de devengo de las tasas, puesto que en ese caso parece, este grupo ha
entendido, que no debe agravarse la posición del deudor que, para una mejor ordenación de sus cuentas con el objetivo de poner todos los remedios posibles para el mantenimiento de su empresa, insta la declaración que permitirá un trato más equilibrado de los acreedores y adoptar las medidas oportunas para continuar con su actividad comercial o empresarial. Llama, por tanto, la atención que distintos grupos pero en particular Izquierda Plural insistan tanto en su incorporación, nosotros no lo creemos.
Más allá, por tanto, como ven, del número de enmiendas, de su aceptación y rechazo en sus propios términos, como decía, entendemos que los objetivos más significativos perseguidos por todas estas enmiendas y la oferta de transacción han reflejado el objetivo prioritario de todos los grupos que viene a recoger el espíritu de las enmiendas más importantes de los grupos, de todos ellos, incluso de los que han dicho que no van a votar esta tarde, y el debate ha existido, ha sido corto, ha sido intenso y ha sido fructífero. No les voy a cansar con el número, pero hemos coincidido en distintas enmiendas en materia de responsabilidad de los abogados y procuradores, cuando se intenta agilizar la presentación de la autoliquidación por otros; ofrecemos esa transacción no porque creamos que no quedaba clara después de la enmienda del Grupo Popular, sino para tranquilizar a los colectivos. Hemos tenido en cuenta, muy en cuenta, las alegaciones hechas por los colectivos de procuradores y de abogados y, por tanto, si se tranquiliza, ofrecemos ese complemento que también ha sido propuesto por otros grupos. Hemos coincidido prácticamente todos los grupos en el tema de cuantía indeterminada, y está en la ponencia y estará en el texto que aprobemos esta tarde; hemos coincidido en materias como exención con soluciones extrajudiciales; hemos coincidido en los mínimos exentos y proponemos no solo ya en la enmienda que teníamos sobre monitorio, sino también el mínimo exento de los 2.000 euros respecto a los verbales; hemos coincidido en este caso en el espíritu de que en la jurisdicción social tratemos de rebajar la imposición de las tasas, y así lo ofrecemos en esa transacción. Y a partir de aquí nos encontramos con un número de enmiendas que desgajan determinados aspectos pero que creemos que la mayoría, no todas evidentemente, en lo esencial se recogen en este espíritu. Por tanto, vamos a rechazar las enmiendas en sus propios términos, pero pensando que muchas de ellas pueden entenderse ya aceptadas: la 54, la 85, la 106, la 135, la 39, la 57, la 88, la 109 y así podría seguir, y además entendiendo que al artículo 3.2 se puede adicionar al final del texto que el procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago; que en el artículo 4.1 se puede incorporar una nueva letra e), en la que decimos que la presentación de petición inicial de procedimiento monitorio, que ya estaba en ponencia, y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere los 2.000 euros, serán exentos en el texto que proporcionaremos a la Mesa; y en tercer y último lugar, incorporando un número 3.º al artículo 4.2 para una mayor claridad, aunque sin duda es una exención parcial subjetiva, en el que se dirá: en el orden social los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación. Y rogamos que en el buen trabajo que hacen las letradas, cuando se apruebe además tengan en consideración la adaptación de la exposición de motivos, para que queden reflejados todos estos cambios. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno del Grupo Popular, tiene la palabra la diputada señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Con su venia, presidente, intervengo para referirme al contenido del título II de la ley, relativo a la tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el Registro de productos químicos, al que se han presentado dieciocho enmiendas, solo de tres grupos parlamentarios, entre los que se incluye el propio Grupo Parlamentario Popular. Somos conscientes de que este titulo, aunque parece ser el hermano pobre de la ley, tiene su importancia, que me gustaría destacar hoy aquí en nombre de nuestro grupo. Desde el año 1971 el Servicio de Información Toxicológica actúa como centro antitóxico asumiendo las funciones de prevención y asesoramiento de intoxicaciones y exposición a sustancias tóxicas, atendiendo además todas las consultas de particulares y profesionales de toda España y estando disponible las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Esta atención tiene repercusión directa tanto en el interés público, al ser el organismo que facilita respuesta sanitaria de urgencia por las posibles intoxicaciones derivadas de los productos químicos en el mercado, lo que conlleva, además de este beneficio directo -como digo- para el interés público, un beneficio directo e indirecto para las empresas comercializadoras de estos productos, al minorarse los efectos de una posible toxicidad y con ello las posibles responsabilidades para esas empresas. Y así, la función de contribuir a la prevención de intoxicaciones es lo que ha obligado al Ministerio de Justicia a la adecuación
de los medios personales y materiales necesarios para garantizar la calidad del servicio, puesto que tras la entrada en vigor de la Ley 8/2010, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los reglamentos europeos, ha tenido mucha incidencia en el Servicio de Información Toxicológica, al declararse este como el organismo responsable de recibir la información desde la entrada en vigor de la norma, estableciéndose obligaciones específicas para las empresas que comercializan los productos que por su clasificación puedan tener efectos para la salud. Esta situación es lo que justifica, pues, que quienes se benefician de la atención del Instituto Nacional de Toxicología contribuyan a la financiación del mismo y es el motivo de la creación de la tasa recogida en la presente ley, máxime ante el considerable aumento del volumen de fichas que se prevé.
Por ello, en lo que respecta a las enmiendas presentadas a este título, entendemos que con las enmiendas números 148 y 139 del Grupo Parlamentario Popular incorporadas a la ponencia queda recogida, en primer lugar, la aclaración relativa al hecho imponible de la tasa, en lo que se refiere al modo en que este puede producirse, bien de forma voluntaria o por imperativo de la normativa vigente en la materia, que proponían las enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Socialista, así como la adecuación en la exposición de motivos al reglamento 1272/2008, al que también se refería la enmienda 127 del Grupo Socialista. Respecto al resto de las enmiendas que, como digo, solo dos grupos han presentado a este título, entendemos no procede su aprobación por cuanto para la elaboración de este título se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas por las asociaciones representativas de fabricantes y distribuidores del sector químico, así como las observaciones del propio Instituto Nacional de Toxicología, habiéndose incorporado al texto del proyecto de ley muchas de ellas, incluidas las relativas a la exención prevista en el artículo 15 para las pymes, que son el 98% de las eventualmente afectadas, en relación con la disposición transitoria segunda respecto a la exención temporal de la tasa hasta el 31 de mayo de 2015 a todas aquellas que han contribuido a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Toxicología, o también la del límite total a las tasas que aparece en el artículo 17, como decimos, también sugerencia de las asociaciones del sector. Por lo tanto, entiende este grupo que no procede enmendar lo que ha sido incorporado a través de las aportaciones de los propios afectados.
Termino, señorías, diciendo que en este título de lo que se trata, con la creación de la nueva tasa, es de garantizar la calidad de un servicio que desempeña la importante función de prevención de riesgos para la salud pública.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, el diputado señor Olabarría me había pedido la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Para un trámite de difícil identificación reglamentaria, señor presidente, puesto que por parte de la portavoz del Partido Popular se han realizado una serie de juicios de intenciones y de alusiones a la práctica totalidad de los demás grupos de la Cámara sobre los que me gustaría hacer alguna matización.
El señor PRESIDENTE: Señoría, yo creo que si no ha habido una alusión a su señoría...
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: A todas las señorías. (La señora Ramón Utrabo: A todos).
El señor PRESIDENTE: A todas las señorías, y ya ha hecho una defensa, ha mostrado la postura de un grupo; yo le voy a dar a usted la palabra por tiempo de un minuto pero para que se refiera a las alusiones que haya tenido para con su señoría. No habrá un debate generalizado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, yo siento que la señora portavoz del Grupo Popular -me gustaría que me escuchara- se haya sentido preterida en su honor, en el honor de su grupo parlamentario al que representa, que haya sentido preterido o refutado el honor del Gobierno al que también soporta y no sé a cuántas beneméritas instituciones más pero no era nuestra intención. En primer lugar, porque ninguna de las alusiones o imputaciones de intención que nos ha hecho son veraces. De la misma manera que le dije al ministro de Justicia que no es veraz nada de lo que comentó cuando defendió la ley, tengo que decirle que ninguna es veraz, primero, porque no votar y ausentarse es un derecho reglamentario que nos corresponde a los diputados; en segundo lugar, porque el artículo 81 de la Constitución, que prevé el procedimiento legislativo, no se corresponde con este procedimiento que hemos seguido -formalmente quizá sí, materialmente no- porque, como bien ha sido indicado, las prisas están condicionadas por una suerte de ahorro precipitado al que está urgido el Gobierno
pretendidamente y estas prisas están justificadas por la exoneración o la expoliación, mejor dicho, de la paga extraordinaria de Navidad al personal al servicio de la Justicia, tanto a los jueces y magistrados como al personal al servicio de la Justicia, y en tercer lugar, porque no puede considerarse una patraña el ejercicio de un derecho legítimo que los diputados tenemos reconocido reglamentariamente. No se pueden hacer juicios de intenciones de esta naturaleza.
Ya en lo atinente a mi persona, yo le puedo asegurar a la portavoz del Grupo Popular que yo no estoy buscando un minuto en el telediario. Para encontrar un minuto en el telediario ya tiene mecanismos el Partido Popular seguramente para evitar que ese minuto se pueda producir en relación con los partidos de la oposición. (Aplausos). Pero al margen de esta circunstancia, señor presidente, no estamos buscando más que dignificar la función legislativa que a todos nos corresponde y si eso es una patraña, señor presidente, yo me apunto a la patraña. Defender la institución, el honor, el decoro y la dignidad de esta institución no puede ser nunca calificado como una patraña. Por tanto, yo le pediría con toda la amistad a la señora portavoz del Grupo Popular que retire esa expresión de su intervención.
El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Popular no quiere intervenir; en consecuencia, se da por finalizado el debate.
Vamos a someter a votación las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, así como el dictamen que realice la Comisión. (Todos los diputados presentes en la Comisión abandonan la misma quedando únicamente los diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular).
Señorías, les ruego a los servicios jurídicos que a efectos del quórum determinen el número de miembros de esta Comisión que se encuentran presentes, que me comunican que son veintitrés, que sería la mitad más uno de los miembros; en consecuencia, hay quórum suficiente para someter a votación las distintas enmiendas. En primer lugar, votaríamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, defendidas por la diputada señora Fernández Davila, números 8 a 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23.
Votamos a continuación las enmiendas del señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, números 63 a 69.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, de la 42 a la 53 y de la 55 a la 60.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, 129 a 134 y 136 a 138.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, números 14 a 41 y las números 61 y 62.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, números 70 a 99.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que van de la número 100 a la 128.
A continuación, señorías, votamos las enmiendas transaccionales. En primer lugar, enmienda al artículo 4.1.e) nuevo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23.
A continuación votamos la enmienda al artículo 4.3 nuevo.
Votamos a continuación la enmienda transaccional al artículo 3.2.
A continuación votamos las correcciones técnicas a la exposición de motivos que tienen sus señorías.
Pasamos, para finalizar, a la votación del texto del proyecto de ley según el informe de la ponencia con las enmiendas aprobadas e incorporadas por la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Eran las seis y diez minutos de la tarde.

References: artículo 1
in fine
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 81
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3