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Timestamp: 2020-07-02 13:52:24+00:00

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Resumen Constitucional Guatemala
José Antonio Tirado Barrera *
En el presente trabajo el autor nos presenta una excelente selección de pronuncia- mientos del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, res- pecto de diversos temas ambientales; tales como el principio precautorio, principio de prevención, áreas naturales protegidas, uso sostenible del agua y los recursos foresta- les, manejo de recursos hídricos, entre otros temas. De esta forma, el lector podrá identificar, claramente, el criterio que maneja este colegiado respecto a las distintas materias mencionadas.
La presente recopilación de sentencias del Tribunal Constitucional 1 está orientada a brindar a los usua- rios interesados en materia ambiental un conjunto representativo de pronunciamientos del supremo in- térprete de la Constitución, respecto del alcance y sentido del derecho a un medio ambiente adecuado, así como de las atribuciones de la Administración Pública en procura de la defensa del medio ambien- te. En este sentido, resulta especialmente importante señalar que una revisión somera de la jurispruden- cia constitucional ambiental nos permitirá apreciar cómo el Tribunal Constitucional ha ido configuran- do de manera detallada las atribuciones que poseen las administraciones públicas para una adecuada protección del medio ambiente.
A continuación, presentamos los principales temas tratados por la jurisprudencia del Tribunal Constitu- cional a través de una breve reseña de sus pronun- ciamientos:
1. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALTAMENTE CONTAMINANTES
«(…) Finalmente, y dando respuesta al cuarto y último extremo de la demanda, esencial para dilucidar la presente controversia, este Cole- giado estima que, aunque no se ha detecta- do hasta la fecha omisión en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, ni amenaza sobre los derechos constitucionales invocados, el hecho de que la planta de de- pósito y almacén de la empresa codemanda-
da se encuentre en una zona aledaña a vi- viendas y asentamientos humanos, obliga a tomar en cuenta un factor adicional al estric- tamente administrativo. Dicho factor resulta, por lo demás, especialmente gravitante en casos como el presente, pues de los actuados se puede apreciar que, aunque se han cum- plido los trámites legalmente establecidos y las autoridades competentes han emitido sus in- formes técnicos, hasta la fecha no se ha to- mado en cuenta la opinión de la comunidad vecinal, la que por lógica, sería la llamada a preocuparse por eventuales contingencias o situaciones riesgosas, máxime cuando no han quedado suficientemente precisadas las me- didas de seguridad necesarias para la pro- tección de dicha comunidad. Este criterio participativo es consecuencia directa de lo establecido en el artículo 84° del Decreto Le- gislativo Nº 613, que aprueba el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y que prohíbe de manera expresa la instalación de industrias o la realización de actividades que produzcan o puedan originar efectos con- taminantes en el suelo, subsuelo, aire o agua,
o signifiquen algún grado de contaminación
en zonas ocupadas por asentamientos huma- nos y sus correspondientes áreas de influen- cia inmediata. Por ende, si se origina alguna forma de contaminación o se advierte algún grado de peligrosidad sobre la población, es
evidente que dicho dispositivo sería plenamen-
te aplicable, y que, en cambio, resultaría im-
pertinente si no se acredita su peligrosidad.
En consecuencia, sólo dentro de dichos tér-
* Abogado con estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1 Toda la información jurisprudencial se ha obtenido del portal institucional del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe) disponible hasta el 25 de mayo de 2008.
minos podría entenderse como legítima la ins- talación y funcionamiento de la planta cues- tionada, así como la garantía correlativa de que con ello no se vulneren o amenacen los derechos fundamentales invocados». (Exp. Nº
921-2003-AA/TC)
«(…) ¿Forma parte del contenido constitucio- nalmente protegido del inciso 22) del artículo 2° de la Constitución evitar la reducción del área de los denominados parques metropoli- tanos? La respuesta de esta interrogante, des- de luego, no puede darse de espaldas a lo que nuestro ordenamiento califica como «par- ques metropolitanos». Conforme al artículo 9° del Decreto Supremo N° 04-95-MTC, se en- tiende por «parques metropolitanos» aquellos «grandes espacios dedicados a la recreación pública, activa o pasiva, generalmente, apo- yados en características paisajistas o de re- servas ecológicas, cuyas funciones y equipamiento se dirigen al servicio de la po- blación de un área metropolitana». Según se ha sostenido a lo largo del proceso, el deno- minado Parque Metropolitano Humedales de Villa María no sólo es un espacio dedicado a la recreación pública, activa o pasiva, sino que es asiento de reservas ecológicas, como los denominados pantanos, a los que se hace mención en los documentos antes citados. En consecuencia, el Tribunal Constitucional con- sidera que una de las prestaciones estatales que se derivan del inciso 22) del artículo 2° de la Constitución, es aquella en la que el le- gislador (nacional, regional o local), dentro de sus deberes de conservar y prevenir el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de las personas, mantiene in totum el área de un parque metropolitano con las características ecológicas de las que goza el denominado Hu- medales de Villa María. A mayor abundamien- to, es necesario subrayar que el legislador se encuentra obligado a prevenir que dicho espa- cio no sea objeto de reducción territorial. En lo que queda de estas zonas ecológicas, no cabe que, so pretexto de regular una materia que por mucho tiempo no lo fue, los gobiernos locales como la demandada, puedan considerarse au- torizados para revertir la condición natural de estos espacios ecológicos. Como antes se ha manifestado, lejos de suponer la aceptación de una situación de hecho como irreversible, se encuentra la obligación, dentro del ámbito de sus competencias, de adoptar todas las medi- das necesarias para conservarlas». (Exp. Nº
0018-2001-AI/TC)
«Las áreas naturales protegidas son los espa- cios continentales y/o marinos del territorio nacional que se encuentran reconocidos, es-
tablecidos y protegidos legalmente por el Es- tado. Dicha condición surge por la importan- cia de la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados con el interés cultural, paisajístico y científico, amén de su contribución al desarrollo sostenible del país. La declaración de área natural protegi- da conlleva a que se constituya en patrimo- nio de la nación y sea objeto de dominio público, lo que genera que la propiedad no puede ser transferida a particulares. En ese orden de ideas, la declaración de área natu- ral tiene por propósitos: a) Asegurar la conti- nuidad de los procesos ecológicos y evolutivos dentro de áreas suficientemente extensas y re- presentativas de cada una de las unidades ecológicas del país; mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisa- jes y formas fisiográficas, en especial de aque- llos que representen la diversidad única y distintiva del país; evitar la extinción de espe- cies de flora y fauna, en especial aquellas de distribución restringida o amenazadas, así como impedir la pérdida de la diversidad ge- nética; mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una pro- ducción estable sostenible; manejar los recur- sos de la fauna, incluidos los recursos hidrobiológicos para la producción de alimen- tos y como base de actividades económicas, incluyendo las recreativas y deportivas. b) Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permita desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encon- trar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e in- dustriales; e igualmente en lo relativo a las condiciones funcionales de las cuencas hi- drográficas de modo que se asegure la cap- tación, flujo y calidad de las aguas, y se controle la erosión y sedimentación; propor- cionar medios y oportunidades para activida- des educativas, así como para el desarrollo de la investigación científica; proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del ambiente, oportunidades para la recrea- ción y el esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales del país; mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e históricos ubica- dos en su interior; restaurar ecosistemas dete- riorados. c) Proteger, cuidar o mejorar sitios de reproducción o de refugio, rutas de migra- ción, fuentes de agua o de alimento en épo- cas críticas, sitios frágiles, monumentos y sitios históricos en coordinación con las autorida- des competentes; conservar formaciones geo- lógicas y geomorfológicas, y asegurar la continuidad de los servicios ambientales que prestan». (Exp. Nº 300-2002-AA/TC)
3. CLAUSURA DE LOCALES COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
«(…) Debe tenerse presente que, si bien en el ordenamiento constitucional coexisten diver- sos derechos constitucionales, hay circunstan- cias que legitiman la restricción de unos derechos en salvaguarda de otros, atendien- do a finalidades superiores del mismo orde- namiento constitucional. Bajo esta perspectiva, si el respeto a los derechos invocados en la demanda supone menoscabar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los vecinos, convirtiéndolos en irreparables, es evidente que deben prevalecer estos últimos, por estar vinculados al principio de protec- ción al ser humano, contenido en el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, en vir- tud del cual la defensa de la persona huma- na y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y sin cuya vigencia carecerían de sentido todos los demás derechos constitucionales. Es eviden- te, también, que el interés individual no pue- de primar sobre el interés colectivo. Por otro lado, los gobiernos locales tienen atribucio- nes de fiscalización y control de los estableci- mientos comerciales e industriales; por lo que en aquellos casos en que el funcionamiento de los mismos sea contrario a las normas re- glamentarias o perjudicial para la salud o tranquilidad del vecindario, pueden disponer su clausura transitoria o definitiva, tal como lo prevé el artículo 119° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853. En con- secuencia, las resoluciones cuestionadas han sido expedidas por los emplazados en el ejer- cicio regular de sus atribuciones». (Exp. Nº
2071-2002-AA/TC)
«(…) La Ordenanza Nº 212 establece en su artículo segundo como sanción una multa equivalente a 1 UIT y como medida comple- mentaria la clausura definitiva. Esta norma no resulta contraria al principio de razonabi- lidad. La grave intensidad de la afectación que un entorno acústicamente sano ocasiona en el derecho al medio ambiente, a la tran- quilidad y, de modo importante, a la salud justifican que la Municipalidad pretenda in- troducir un efecto disuasorio de máxima mag- nitud de posibles infracciones de los límites de horarios, a través de drásticas sanciones. Esta finalidad preventiva general o intimida- toria de la sanción administrativa, a través de una drástica sanción resulta proporcional o acorde a la magnitud de la grave afectación que la contaminación sonora nocturna pue- de ocasionar en los vecinos de la zona de la restricción. La elevada magnitud de la san- ción se corresponde, aquí, al elevado grado de afectación de derechos que la infracción
puede ocasionar». (Exp. Nº 0007-2006-PI/ TC)
4. CONTROL DE HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
«(…) En efecto, la restricción de los horarios de apertura de los establecimientos en la Ca- lle de las Pizzas constituye una restricción o intervención en el derecho al libre desenvol-
vimiento de la personalidad de los concurren- tes a dichos establecimientos, pues tal derecho les garantiza su visita a estos lugares. En prin- cipio, se está ante una restricción legítima que tiene como propósito la salvaguarda del de- recho al medio ambiente, la tranquilidad y a la salud de los vecinos de la zona de restric- ción. Por otra parte, como se advirtió, no existe medio hipotético alternativo que pueda cum- plir tal cometido. Ahora bien, la intensidad de la intervención en el libre desenvolvimien- to de la personalidad de los concurrentes a los establecimientos de la zona restringida es leve. Se trata de una restricción temporalmente parcial, limitada a determinadas horas, no de una restricción total. Esto significa que los concurrentes pueden divertirse y encontrar un espacio de esparcimiento en la Calle de las Pizzas durante buena parte de la noche e in- cluso de la madrugada, pero no durante toda la noche, hay un margen temporal suficiente- mente razonable para que las personas pue- dan recrearse en este espacio de Miraflores. Por otra parte, se trata de una restricción es- pacialmente parcial, no total; es decir, los concurrentes pueden optar por lugares alter- nativos a los de la zona bajo restricción, don- de no exista esta o, por último, en los domicilios de los mismos. Por tanto, la restric- ción del libre desenvolvimiento de la perso- nalidad es de intensidad leve. El grado de realización de la protección del derecho al medio ambiente y a la tranquilidad es eleva- do. El derecho al medio ambiente adecuado está garantizado por el artículo 2º, inciso 22, de la Constitución. Este derecho comprende, entre otros aspectos, la garantía de un entor- no acústicamente sano. La mejor forma de alcanzar este objetivo es posibilitando un ambiente silente, lo que es particularmente im- portante durante las horas nocturnas y de ma- drugada, objetivo que se alcanza justamente
a través de la restricción de los horarios exa-
minada. El grado de realización de la protec-
ción del derecho a la salud es elevado. El descanso y el dormir habitual de la persona durante la noche constituye un elemento in- dispensable para la recuperación de energía, por ello, su disfrute posibilita un estado de
salud pleno. Por el contrario, su perturbación
o interrupción como consecuencia de ruidos
molestos, de un entorno acústicamente con-
taminado, como el que ocasionaría el fun- cionamiento nocturno sin límites de horarios en los establecimientos de la Calle de las Piz- zas, ocasionaría una afectación grave al de- recho a la salud. En tal sentido, la medida restrictiva analizada constituye un medio a tra- vés del cual se alcanza una elevada realiza- ción del derecho a la salud. La salud, por su importancia, no puede protegerse a través de medios que den paliativos frente a los facto- res que la afectan o que la ponen en peligro, sino a través de medios plenamente efectivos, de modo que se garantice con eficacia el de- recho a la salud de las personas. En conse- cuencia, se tiene que la intensidad de la intervención es leve, mientras que el grado de realización del fin constitucional es elevado. Expuesto en otros términos, conforme a la ponderación efectuada se concluye que, en la restricción del horario de atención exami- nada, resulta que el grado de limitación de la libertad de trabajo y del libre desenvolvimien- to de la personalidad es leve, mientras que el grado de protección del derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud es elevado. Por consiguiente, la medida adop- tada satisface la ley de ponderación y, por tanto, es constitucional». (Exp. Nº 0007-2006- PI/TC)
5. DERECHO AL AGUA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL
«El agua constituye un elemento esencial para la salud básica y el desarrollo de toda activi- dad económica, por lo que resulta vital para la supervivencia de todo ser humano. Así, se ha comprobado que los servicios deficientes de agua y saneamiento son la causa directa del deterioro de las condiciones de salud, así como causa importante de enfermedades ori- ginadas en el medio ambiente. Por ello, se reconoce en los ciudadanos el derecho al agua, que impone en los estados los deberes de respetar, proteger y realizar tal derecho. El deber de respeto supone que los estados ase- guren que las actividades de sus institucio- nes, agencias y representantes no interfieran con el acceso de las personas al agua; el deber de protección frente a terceros manifiesta la implementación de medidas a fin de evitar la contaminación y que aseguren el abasteci- miento, la seguridad y la accesibilidad del agua para la población; y el deber de realizar implica implementar políticas que posibiliten progresivamente el acceso de la población al agua potable segura y a instalaciones de sa- neamiento». (Exp. Nº 2064-2004-AA/TC)
«En el caso específico del derecho al agua potable, considero que aunque dicho atribu- to no se encuentra considerado a nivel positi-
vo existen, no obstante, una serie de razones que justifican su consideración o reconoci- miento en calidad de derecho fundamental. Asumir dicha premisa supone, sin embargo, perfilar su individualización dentro del con- texto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente enunciadas. A tales efectos y
en la medida en que no existe norma expresa que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y que a nivel internacional aun se en- cuentran pendientes de desarrollo muchos de los ámbitos que comprendería dicho atributo,
se hace permisible acudir, para tal efecto, prin- cipalmente a la opción valorativa o principis-
ta y a la cláusula de los derechos implícitos
que le permite servir de referente. Así, la utili-
zación de la fórmula de individualización an- tes descrita posibilitaría legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado. Su re- conocimiento se encontraría ligado directa- mente a valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado Social y Democrático de Derecho. El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito, supon- dría primariamente, un derecho de naturale- za positiva o prestacional, cuya concretización correspondería promover fundamentalmente al Estado. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de
la existencia y la calidad de vida del ser hu-
mano, sino de otros derechos tan elementales
como la salud, el trabajo y el medio ambien-
te, resultando prácticamente imposible ima- ginar que sin la presencia del líquido elemento,
el individuo pueda ver satisfechas sus necesi-
dades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, permiten la mejora y aprovechamien-
to de sus condiciones de existencia. El agua,
en cuanto recurso natural, no sólo contribuye directamente a la consolidación de los dere- chos fundamentales en mención, sino que
desde una perspectiva extrapersonal incide sobre el desarrollo social y económico del país
a través de las políticas que el Estado em-
prende en una serie de sectores. Tal es el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc. Puede afirmarse, por consi- guiente, que gracias a su existencia y utiliza- ción se hace posible el crecimiento sostenido
y la garantía de que la sociedad en su con-
junto no se vea perjudicada en el corto, me- diano y largo plazo. Dentro de tal contexto y aun cuando no forma parte de la materia con- trovertida, queda claro que la consideración del rol esencial del agua en pro del individuo y de la sociedad en su conjunto, permite con- siderar su estatus no sólo al nivel de un dere- cho fundamental, sino de un valor objetivo que al Estado Constitucional corresponde pri- vilegiar. En cuanto a la posición del indivi-
duo como beneficiario del derecho fundamen-
tal al agua potable, el Estado se encuentra en
la obligación de garantizarle cuando menos
tres cosas esenciales: El acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería desnaturali- zado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata, por consi- guiente, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario». (Exp. Nº 6546-2006-2006-PA/TC)
«El derecho a la salud, previsto en el artículo 7° de la Constitución de 1993 comprende no solo el derecho al cuidado de la salud perso- nal, sino también el acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna. Así, se afirma que el derecho a la sa- lud abarca, por un lado, la atención de salud oportuna y apropiada, y, por otro, los facto- res que determinan la buena salud, tales como
el agua potable, la nutrición, la vivienda y las
condiciones ambientales y ocupacionales sa- ludables, entre otros. Al respecto, el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) ha delineado el contenido mínimo del derecho a la salud –
que incluye el derecho a entornos saludables–
el mejoramiento de to-
precisando que: (
dos los aspectos de la higiene ambiental e
industrial entraña, en particular, (
) la nece-
sidad de velar por el suministro adecuado de
agua limpia potable y la creación de condi-
ciones sanitarias básicas; la prevención y re- ducción de la exposición de la población a sustancias nocivas, tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa
o indirectamente a la salud de los seres hu-
En consecuencia, el derecho a la
manos (
salud se entiende no solo como el derecho al cuidado de la salud personal, sino sobre todo,
como el derecho a vivir en condiciones de higiene ambiental, lo que se logra proporcio- nando a los individuos educación y condi- ciones sanitarias básicas». (Exp. Nº
2064-2004-AA/TC)
«El Tribunal Constitucional ha sostenido tam- bién que el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la salud (
prende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcio- nal, tanto física como mental; y de restable- cerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; ac-
ciones que el Estado debe proteger tratando de que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido». De ello se desprende que, la protec- ción del derecho a la salud se relaciona con la obligación por parte del Estado de realizar todas aquellas acciones tendentes a prevenir los daños a la salud de las personas, conser- var las condiciones necesarias que aseguren el efectivo ejercicio de este derecho, y aten- der, con la urgencia y eficacia que el caso exija, las situaciones de afectación a la salud de toda persona, prioritariamente aquellas vinculadas con la salud de los niños, adoles- centes, madres y ancianos, entre otras. En cuanto a la protección «indirecta» del dere- cho a la salud mediante el proceso de cum- plimiento, cabe destacar que procederá siempre y cuando exista un mandato claro, concreto y vigente contenido en una norma legal o en un acto administrativo, mandato que precisamente se deberá encontrar en una relación indisoluble con la protección del re- ferido derecho fundamental». (Exp. Nº 2002-
2006-PC/TC)
7. DERECHO A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE EQUILIBRADO
«A partir de la referencia a un medio am- biente «equilibrado», el Tribunal Constitucio- nal considera que es posible inferir que dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, sus componentes bióticos, como la flora y la fau- na; los componentes abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; los ecosistemas e inclu- so, la ecósfera, esto es la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de es- pecies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, habría que sumar los elementos socia- les y culturales aportantes del grupo huma- no que lo habite. Tales elementos no deben entenderse desde una perspectiva fragmen- taria o atomizada, vale decir, en referencia a cada uno de ellos considerados individual- mente, sino en armonía sistemática y preser- vada de grandes cambios. Por consiguiente, el inciso 22) del artículo 2° de la Constitu- ción implica que la protección comprende el sistema complejo y dinámico de todos sus componentes, en un estado de estabilidad y simetría de sus ecosistemas, que haga posi- ble precisamente el adecuado desarrollo de la vida de los seres humanos. Por otro lado, la Constitución no sólo garantiza que el hom-
bre se desarrolle en un medio ambiente equi- librado, sino también que ese ambiente debe ser «adecuado para el desarrollo de la vida humana». Lo expuesto se traduce en la obli-
gación concurrente del Estado y de los parti- culares de mantener aquellas condiciones naturales del ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones ambientalmen-
te dignas. Al reconocerse el derecho en men-
ción, se pretende enfatizar que en el Estado
democrático de derecho no sólo se trata de
garantizar la existencia física de la persona
o cualquiera de los demás derechos que en
su condición de ser humano le son recono- cidos, sino también de protegerlo contra los ataques al medio ambiente en el que se des- envuelva esa existencia, para permitir que el desarrollo de la vida se realice en condicio- nes ambientales aceptables. Como se afirma
en el artículo 13° de la Declaración Ameri- cana sobre los derechos de los pueblos indí- genas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997, el «derecho a un medio ambiente se- guro y sano es condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo». En ese contexto, y acorde con lo anteriormente expuesto, el Estado tiene derechos y deberes de carácter reaccional y prestacional. Así, en su faz reaccional, el Es- tado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En cuanto a la faz prestacional, tiene obliga- ciones destinadas a conservar el ambiente de manera equilibrada y adecuada, las mis- mas que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales puede men- cionarse la de expedir disposiciones legisla- tivas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Queda claro que el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención. En efecto, por la propia na- turaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a de- sarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si
el Estado no puede garantizar a los seres hu-
manos que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que la hagan po- sible. En ese sentido, este Colegiado estima que la protección del medio ambiente no es sólo una cuestión de reparación frente a da- ños ocasionados, sino, y de manera espe- cialmente relevante, de prevención para evitar que aquellos no sucedan». (Exp. Nº 0018-
2001-AI/TC)
«Los derechos fundamentales que la Consti- tución ha reconocido no solo son derechos subjetivos, sino también constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta
todo el ordenamiento constitucional (STC Nº 0976-2001-AA/TC). Esta última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se tra- duce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme
a los derechos fundamentales (efecto de irra-
diación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en im- poner, sobre todos los organismos públicos, un «deber especial de protección» de dichos derechos. Desde luego que esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se
encuentran los organismos públicos, no sig- nifica que tales derechos solo se puedan opo- ner a ellos, en tanto que las personas (naturales
o jurídicas de derecho privado) se encuentren
ajenas a su respeto. El Tribunal ha manifesta- do en múltiples ocasiones que, en nuestro sis-
tema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como
a los particulares. En el Estado democrático
de derecho de nuestro tiempo ya no solo se trata de garantizar la existencia de la persona
su condición de ser humano le son reconoci- dos, sino también de protegerla de los ata- ques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambien- tales aceptables, pues, como se afirma en el artículo 13º de la Declaración Americana so- bre los derechos de los pueblos indígenas, el «derecho a un medio ambiente seguro y sano es condición necesaria para el goce del dere- cho a la vida y el bienestar colectivo». El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las propiedades de los de- rechos reaccionales como de los derechos prestacionales. En su faz reaccional, este se traduce en la obligación del Estado de abste- nerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio ambiente equilibrado y ade-
cuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión prestacional, impone al Es- tado tareas u obligaciones destinadas a con- servar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilida- des. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado. El Tri- bunal considera que, por la propia naturale- za del derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a de- sarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres hu- manos que su existencia se desarrolle en un
medio ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas ne- cesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, este Tribunal estima que la protección del medio ambiente sano y ade- cuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de mane- ra especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan». (Exp. Nº 3510-2003-AA/ TC)
«La Constitución Política de 1993 (artículo 2°, inciso 22) reputa como fundamental el dere-
) a gozar de un am-
biente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida». El constituyente, al incluir dicho
derecho en el Título I, Capítulo I, referido a los derechos fundamentales, ha tenido como propósito catalogar el derecho de las perso- nas a disfrutar de un medio ambiente sano, como un derecho de la persona. El carácter de este derecho impone delimitar, principal- mente, su contenido. Ello, no obstante, exige analizar previamente el significado de «medio ambiente», pues es un concepto que es con- sustancial al contenido mismo del derecho en cuestión. Desde la perspectiva constitucional,
y a efectos de su protección, se hace referen-
cia, de modo general, al medio ambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. En dicha definición se
incluye «(
considerado –espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna– como el entorno urba- no»; además, el medio ambiente, así entendi- do, implica las interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, en- tre otros. Una vez precisado el concepto de medio ambiente debemos referirnos al dere- cho en sí. Nuestra Constitución ha elevado dicho derecho al nivel de fundamental; sien- do ello así, el Estado tiene el deber de efecti- vizar su plena vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión. El contenido del derecho
tanto el entorno globalmente
cho de la persona «(
fundamental a un medio ambiente equilibra- do y adecuado para el desarrollo de la perso- na está determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las per- sonas de poder disfrutar de un medio am- biente en el que sus elementos se desarrollan
e interrelacionan de manera natural y armó-
nica; y, en el caso en que el hombre interven- ga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elemen-
tos del medio ambiente. Esto supone, por tanto,
el disfrute no de cualquier entorno, sino úni- camente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se ve- ría frustrado y el derecho quedaría carente de contenido. Pero también el derecho en análi- sis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preser- vación de un medio ambiente sano y equili- brado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particula- res, y con mayor razón a aquellos cuyas acti- vidades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. En cuanto al vínculo existente entre la produc- ción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se materializa en función a los princi- pios siguientes: a) el principio de desarrollo sostenible o sustentable (que merecerá luego un análisis); b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales; c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de restauración, referido al saneamiento y recu- peración de los bienes ambientales deteriora- dos; e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bie- nes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efec- tos de las actividades humanas sobre el am- biente; y, g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la explotación de los recursos no renovables». (Exp. Nº 0048-2004-AI/TC)
«Tal como ha sido definido por este Tribunal, el derecho a un medio ambiente sano y equili- brado para el desarrollo de la persona supone la exigencia de condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los individuos a fin de permitir su desarrollo, siendo que el Estado no solo está obligado jurídicamente a establecer estas condiciones mínimas de modo técnico, sino adicionalmente, a respetarlas y a asegu- rar el respeto de los demás agentes sociales. Para ello, el Estado determina una serie de actividades reguladoras imponiendo estánda- res mínimos, pero además, se compromete a desplegar una serie de actos tendentes a ase- gurar esos estándares mínimos y, como resulta evidente, a no vulnerar los mismos ni permitir su vulneración como resultado de la actividad de terceros». (Exp. Nº 3448-2005-AA/TC)
8. DEBERES DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUECES EN LA FASE PROCESAL DE ADMISIBILIDAD DE UNA DEMANDA REFERIDA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
«Cuando el derecho presuntamente amenaza- do o lesionado detenta un especial valor ma- terial en el sistema de derechos constitucionales dada su condición de presupuesto para el ejer- cicio de los otros derechos, tal como el caso del derecho a la vida, a la salud, a la integri- dad, el derecho a la identidad o el propio de- recho al medio ambiente adecuado y equilibrado, la declaración de improcedencia que, prima facie, deriva de la ausencia de una etapa probatoria en el proceso de amparo, debe ser morigerada. El Juez de amparo detenta un deber de investigación o de instrucción. De conformidad con el citado artículo 9º del CP-
) la realiza-
ción de las actuaciones probatorias que (…) considere indispensables, (…)». Pero, por otra parte, el ejercicio de esta facultad se deriva del artículo II del citado Código, según el cual son fines esenciales de los procesos constituciona- les la garantía de la primacía de la Constitu- ción y de los derechos constitucionales. Precisamente, esta naturaleza finalista del pro- ceso constitucional en general y del proceso de amparo en particular, impone al juez la eje- cución de todos los actos procesales tendien- tes a tal fin. Se configura, así, un deber de investigación o de instrucción del juez consti- tucional consistente en efectuar todos los actos procesales conducentes al esclarecimiento de los hechos controvertidos, facultad que no de- riva de la aplicación supletoria de otra dispo- sición procesal de nuestro ordenamiento como, más bien, del principio finalista del propio pro- ceso constitucional establecido en el citado Art. II del CPConst. En consecuencia, siempre que el derecho cuya protección se solicita detente un especial valor material y los hechos contro- vertidos no estén plenamente esclarecidos, el juez, al admitir la demanda, debe acopiar toda la información relevante que contribuya a for- mar plena convicción respecto a cada uno de los extremos del hecho controvertido –la ame- naza o lesión del derecho al medio ambiente adecuado–, valiéndose, al efecto, de todas las instrumentales que pueda solicitarse de los ór- ganos competentes e, incluso, de exigirlo así las características del caso, efectuar una ins- pección ocular en el lugar de la presunta ame- naza o lesión de un derecho constitucional». (Exp. 2682-2005-AA/TC)
Const, el juez está facultado a «(
9. EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES
El Tribunal Constitucional ha subrayado en anterior oportunidad que: «Aunque la dignidad de la perso- na es el presupuesto ontológico común a todos los derechos fundamentales, no menos cierto es que entre
ellos es posible establecer diferencias de distinto or-
den. La heterogeneidad que presentan los derechos fundamentales entre sí, no sólo reposa en cuestiones teóricas de carácter histórico, sino que estas disimili- tudes, a su vez, pueden revestir significativas reper- cusiones prácticas». Determinados derechos «forman parte de aquellos derechos fundamentales sociales de preceptividad diferida, prestacionales, o también denominados progresivos o programáticos». Sin lu- gar a dudas, esta preceptividad diferida no implica en modo alguno el desconocimiento de la condición de derechos fundamentales que ostentan los dere- chos sociales, o que el reconocimiento de estos como derechos fundamentales vaya a depender de su nivel de exigibilidad (que cuenten con mecanismos juris- diccionales para su protección). Como se verá más adelante, los derechos sociales son derechos funda- mentales por su relación e identificación con la dig- nidad de la persona y porque así se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Es más, la Nor- ma Fundamental establece, en su artículo 3º, que:
«La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno». La exigibilidad, entonces, se constituye en una categoría vinculada a la efectividad de los derechos fundamen- tales, pero no determina si un derecho es fundamental
o no. Por ello: «(
en el Estado social y democrático
de derecho, la ratio fundamentalis no puede ser pri- vativa de los denominados derechos de defensa, es decir, de aquellos derechos cuya plena vigencia se encuentra, en principio, garantizada con una con- ducta estatal abstencionista, sino que es compartida también por los derechos de prestación que reclaman
del Estado una intervención concreta, dinámica y efi- ciente, a efectos de asegurar las condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-derecho de dig- nidad humana». Asimismo, el Tribunal acotó, en la
) sostener que los
mencionada sentencia, que: «(
derechos sociales se reducen a un vínculo de respon- sabilidad política entre el constituyente y el legislador, no solo es una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión eviden-
te en cuanto al sentido y coherencia que debe mante-
ner la Constitución (
En consecuencia, la exigencia
judicial de un derecho social dependerá de factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la dispo- nibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales». (Exp. Nº 2002-
2006-AC/TC)
10. FACULTADES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
«(…) Respecto a la existencia o no de peligro o amenaza sobre los derechos invocados, al
margen del cumplimiento de los requisitos le- galmente establecidos, este Colegiado advierte que, a la luz del estado de los procedimientos en trámite, no existe en la actualidad ningún peligro real sobre los recurrentes o sobre quie- nes habitan en las inmediaciones del local de la empresa codemandada, puesto que esta todavía no está funcionando, por existir trá- mites pendientes, y solo en el caso de que se ejecutara tal proyecto se plantearía la necesi- dad de ponderar si dicha planta podría ame- nazar los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente. Por ello, es necesario deter- minar si el Estado, al momento de asignar competencias a los órganos o reparticiones encargados de emitir autorizaciones para el funcionamiento de toda industria o fábrica destinada a la producción o almacenamiento de productos o insumos que en alguna forma pudieran poner en peligro la vida, la salud y el medio ambiente, ha establecido a su vez y dentro de la propia estructura de tales órga- nos o reparticiones, organismos de línea orien- tados a supervisar la protección de tales derechos, y si, en casos como el presente, ta- les organismos han venido actuando confor- me a sus atribuciones y responsabilidades». (Exp. Nº 921-2003-AA/TC)
11. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
«Respecto a la comprobación de renuencia de la autoridad a cumplir el referido manda- mus, obra en autos, a fojas 132, el acta de clausura del local infractor, levantada el 24 de abril de 2003; y, a fojas 154, el Oficio N.° 296-2003/MPS-EC, dirigido por la Munici- palidad de Sullana para solicitar el apoyo de la Delegación Policial para la constatación de la clausura, el 29 de abril de 2003, cuya acta obra a fojas 136. En la mencionada acta de constatación se describe la situación del local comercial dirigido por la Asociación de Comerciantes de Productos Hidrobiológicos José Olaya, manifestándose que «el local ve- nía funcionando normalmente como se ha hecho constar en este acto». Los instrumentos señalados acreditan que la Municipalidad no ha cumplido con ejercer todas las medidas necesarias para acatar las normas sanitarias, es decir, no se ha cumplido con clausurar definitivamente el mencionado establecimiento, prueba de lo cual es que sigue siendo em- pleado para los mismos fines, como lo de- muestra el acta de constatación. Lo contrario, sería admitir que la autoridad local no cuenta con facultades efectivas o medios suficientes para eliminar un riesgo sanitario para la po- blación. Todo lo anterior contradice la Ley Orgánica de Municipalidades, que estable- ce, en su artículo 66°, inciso 3, la función de
la autoridad local de normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimien- tos comerciales; en el mismo sentido, el artí- culo 68° inciso 7, señala que las municipalidades están facultadas legalmente para controlar el funcionamiento de estable- cimientos comerciales. En consecuencia, se debe ordenar a la Municipalidad Provincial de Sullana que ejecute las resoluciones y pro- ceda a clausurar el mencionado local». (Exp. Nº 2891-2003-AA/TC)
«El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de insti- tuir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Esta- do se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambien- te frente a las actividades humanas que pu- dieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la
defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las ge- neraciones de peruanos que tienen el dere- cho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia. Esta responsabi- lidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 22, de la Constitu- ción, que reconoce el derecho fundamental de toda persona «a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida». En concordancia, el artículo I del Títu- lo Preliminar del Código del Medio Ambiente enuncia: «Toda persona tiene el derecho irre- nunciable a gozar de un ambiente equilibra- do, saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asi- mismo, a la preservación del paisaje y la na- turaleza. Todos tienen el deber de conservar
Le corresponde al Esta-
do prevenir y controlar la contaminación am-
biental». (Exp. 3510-2003-AA7TC)
dicho ambiente (
«Debe quedar claro que la municipalidad rea- lizó todo tipo de acciones que estaban a su alcance para analizar si la licencia que iba a emitir era coherente o no (…). Por tanto, se- gún el artículo 7º, acápite d, de la Ordenan- za Nº 235-MML, sabiendo que los propietarios de los establecimientos deben «facilitar la ta- rea fiscalizadora de los Inspectores de Protec- ción al Consumidor, de los vecinos de la jurisdicción y de las autoridades competen- tes, para comprobar el normal desarrollo de sus actividades», deben estar prestos a cola- borar con las autoridades municipales cuan- do intenten realizar inspecciones dentro del propio local, cosa que no ha sucedido con respecto al demandante. Es más, según el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 720, los Gobiernos Locales para garantizar el cumpli-
miento de las normas vigentes sobre higiene y salubridad, ejercerán una supervisión y fisca- lización que no se basará en controles pre- vios o netamente formales, sino en forma directa y permanente durante la producción del bien o servicio». (Exp. Nº 3330-2004-AA/ TC)
12. FACULTADES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
«En principio, importa señalar que, conforme
al artículo 59° de la Constitución Política, «El Estado estimula la creación de riqueza y ga- rantiza la libertad de trabajo y la libertad de
)». Asimis-
mo, el artículo 66° precisa que: «Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es sobe- rano en su aprovechamiento. Por ley orgáni- ca se fijan las condiciones de su utilización y
de su otorgamiento a particulares (
términos similares, el segundo párrafo del ar- tículo 67° y el artículo 68° disponen, respecti-
vamente, que el Estado «promueve el uso sostenible de sus recursos naturales», y «(
empresa, comercio e industria (
está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas natura- les protegidas».
Como es de verse, del propio texto constitucional se desprende la facultad del Estado –a través de sus órganos competentes– de implementar mecanismos
o políticas destinadas a promover la libertad de em- presa y la iniciativa privada en el sector pesquero, en cuanto a la explotación de recursos hidrobiológicos se refiere, pero de manera sostenible, a fin de velar por la conservación de los recursos marinos. A este respecto, debe entenderse por uso sostenible de los
recursos naturales: «(
la utilización de componen-
tes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras».
(Exp. Nº 5408-2005-AA/TC)
13. LIMITACIONES A LA APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN CASO DE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL USO DE RECURSOS NATURALES
«Este Tribunal reiteradamente ha señalado que el silencio administrativo no constituye una franquicia del administrado para optar por uno u otro sentidos (positivo o negativo); pues el artículo 34º inciso 1 literal 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispuso que se sujetan a los proce- dimientos de evaluación previa con silencio administrativo, entre otros, aquellos casos en
los que la solicitud verse sobre un asunto de interés público, medio ambiente y recursos naturales. En tal sentido, tratándose la solici- tud de una cuestión relacionada con recursos naturales, el silencio administrativo operado es el negativo, por lo que sería contrario a ley asumir, como lo hace el accionante, que con- taba con la autorización correspondiente para realizar las actividades extractivas menciona- das». (Exp. Nº 1017-2007-PA/TC)
14. LIMITACIONES A LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TRANSMISIÓN DE TELEFONÍA CELULAR
«De la posible afectación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y adecua- do a consecuencia de la propagación de on- das electromagnéticas, este Tribunal debe destacar que se trata de un tema en el que, desde un punto de vista científico, no existe actualmente consenso. Sí existe consenso, sin embargo, en que a través de la legislación correspondiente se establezca una serie de pre- cauciones destinadas a evitar que la carencia de resultados satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine generando proble- mas irreversibles en la salud y el medio am- biente, y, en ese sentido, que en la medida de lo posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la gente no pase prolonga- dos períodos de tiempo. Forma parte de ese denominado «principio de precaución», que el Estado prevea a través de medidas de re- gulación en la prestación de ese servicio pú- blico o mediante la regulación de la materia urbanística, que la instalación de tales equi- pos y antenas no se efectúe cerca de hospita- les, escuelas o zonas residenciales, y que se asegure que los que operan en el mercado en la prestación del servicio público en referen- cia, compartan torres para reducir su núme- ro. Lo anterior, desde luego, no excluye que se puedan considerar otras medidas y, entre ellas, a título meramente enunciativo, que con fines de prevención, las empresas que operan con tales servicios tengan como obligación prestar, directa o indirectamente, servicios mé- dicos estrictamente relacionados con los ries- gos propios de los servicios que prestan. Precisamente, en ese deber de prevención que el derecho de contar con un medio ambiente sano y adecuado impone sobre los poderes públicos y dentro del cual hay que considerar al principio de precaución, es que el Tribunal estima que tales antenas y equipos, cuando no fuese posible su instalación en otras áreas que no sean las zonas residenciales, deben necesariamente colocarse distante de las vi- viendas. En el presente caso, la recurrente ha acreditado, mediante fotos, que la instalación cuestionada está extremadamente próxima a diversas viviendas y, además, pese a lo que
se ha expuesto en el fundamento 5 de esta sentencia, que la demandada no contaba con la autorización municipal para instalarlas». (Exp. Nº 964-2002-AA/TC)
«En los fundamentos precedentes, se ha se- ñalado que el principio precautorio se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y ante la falta de certeza cien- tífica sobre sus causas y efectos. Si bien el presupuesto esencial para la aplicación del principio precautorio es precisamente la falta de certeza científica –aun cuando no sea im- prescindible demostrar plenamente la grave- dad y realidad del riesgo–, sí resulta exigible que haya indicios razonables y suficientes de su existencia y que su entidad justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes, pro- porcionales y razonables. Pero no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado gra- do de protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la im- posición de ciertas limitaciones. En el presente caso, de los informes técnicos solicitados por este Tribunal se concluye que no existe riesgo de exposición radioeléctrica, por lo que una decisión en el sentido de ordenar el desmante- lamiento de la antena de NEXTEL, sería una medida irrazonable y desproporcionada. Lo cual no obsta para que se disponga la realización permanente de mediciones de la exposición radioeléctrica de la población, a fin de que se garantice la no afectación de los derechos fun- damentales al medio ambiente y a la salud; de conformidad con el artículo 5º inciso 1 del D.S. Nº 038-2003-MTC, el cual establece que «los titulares de concesiones o autorizaciones vi- gentes adoptarán las medidas necesarias a efec- tos de garantizar que las radiaciones que emitan sus estaciones radioeléctricas, no excedan los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC. El in- cumplimiento de esta obligación configurará una infracción muy grave, según lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Tele- comunicaciones». (Exp. Nº 4223-2006-PA/ TC)
15. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
«El inciso 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce, a la persona hu- mana, en calidad de derecho fundamental,
adecuado al desarrollo de la vida. «Este Tri-
bunal ha manifestado en la sentencia emitida en el Expediente N° 0964-2002-AA/TC, que se trata de un derecho subjetivo de carácter constitucional, cuyo titular es el ser humano
el goce «(
considerado en sí mismo, y que es, además,
un derecho o interés de carácter difuso. Su protección comprende al sistema complejo y dinámico en el que se desarrolla la vida sien- do, por ello, una obligación del Estado, pero también de los propios particulares, mante- ner las condiciones a fin de que el ser huma- no viva en condiciones ambientalmente dignas. En la precitada ejecutoria constitu- cional se invoca al artículo 13° de la Decla- ración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que precisa que el «dere- cho a un medio ambiente seguro y sano es condición necesaria para el goce del derecho
a la vida y el bienestar colectivo». Por lo tan- to, forma parte del denominado «principio de precaución» que el Estado controle, a través de normas reguladoras en materia urbanísti- ca, la ubicación de fuentes emisoras de rui- dos molestos que puedan lesionar, en el corto
o largo plazo, las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida humana digna, así como la participación de las entidades en- cargadas de proteger de manera efectiva las posibles infracciones a las normas que con- trolan y suprimen estas formas de polución». (Exp. Nº 814-2003-AA/TC)
«De otro lado, este Colegiado quiere referirse al tercer fundamento de la recurrida, en el cual se afirma que el Informe Nº 1424-2000/ DEEMA, expedido por DIGESA (cuyo análisis se hará más adelante), «no resulta conclu- yente al exponer que los gases de combustión de petróleo residual quinientos del horno re- fractario son emitidos por una chimenea ele- vada contaminando el aire y puede tener impacto en la salud de la población; dicho informe solo advierte la posibilidad de que la contaminación que allí se indica pudiera afec- tar a la salud de los vecinos, sin establecer que dicha afectación se esté produciendo real- mente en la actualidad». De dicho fundamento se colige que, para el a quo, solo sería am- parable la demanda si es que hubiera la cer- teza absoluta de la afectación al medio ambiente. Este Tribunal no coincide con di- cha tesis, pues con ello se estaría descono- ciendo el llamado «principio precautorio», recogido primero por el Derecho Internacio- nal del Medio Ambiente, y adoptado poste- riormente por nuestro derecho interno. a) El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) lo define de la siguiente manera: «Con el fin de prote- ger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utili- zarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio am- biente». Este principio se encuentra enuncia- do en el inciso 3 del artículo 3º del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha sido aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 26185. Además, forma parte de los lineamientos que confor- man la Política Nacional de Salud, como lo establece el artículo 10° inciso f) del D.S. Nº 022-2001-PCM, «La aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peli- gro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medi- das eficaces para impedir la degradación del ambiente». Este principio ha sido recogido por diversas normas nacionales relacionadas con cambio climático, diversidad biológica, recur- sos naturales, y, en general, en todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y su pro- tección. b) El «principio precautorio» o tam- bién llamado «de precaución» o «de cautela» se encuentra estrechamente ligado al deno- minado principio de prevención. Este exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el deterioro al medio ambiente. Aquel opera más bien ante la ame- naza de un daño a la salud o medio ambien- te y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede jus- tificar una acción para prevenir el daño, to- mando medidas antes de tener pruebas de este. c) Si bien el elemento esencial del princi- pio de precaución es la falta de certeza cien- tífica para aplicarlo, aun cuando no sea imprescindible demostrar plenamente la gra- vedad y realidad del riesgo, sí resulta exigible que haya indicios razonables y suficientes de su existencia y que su entidad justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes, pro- porcionales y razonables. No siempre la pro- hibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la im- posición de ciertas limitaciones». (Exp. Nº
3510-2003-AA/TC)
16. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
«Este principio garantiza que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que los daños al ambiente se generen o que, en caso se lleguen a producir, la afectación sea míni- ma. Es decir que, frente a un posible daño ambiental, se deben adoptar las medidas des- tinadas a prevenir afectaciones al ambiente. Y es que esta es una de las formas a través de las que se plantea preservar el derecho bajo
análisis. De ahí que la «cristalización de este principio se encuentra en la acción que el Estado debe adoptar para prevenir un daño al medio ambiente que, en la actualidad, es
Por su parte, se puede apre-
ciar concretizaciones de este principio en di- versas disposiciones del ordenamiento jurídico nacional referidas al medio ambiente. Así, el ya derogado Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo N° 613, establecía en su artículo 5°: «Observar fundamentalmente el principio de la preven- ción, entendiéndose que la protección am- biental no se limita a la restauración de daños existentes ni a la defensa contra peligros in- minentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales». Por su parte, la Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611, de fecha 15 de octubre del 2005 -que derogó el referido código- establece en el artículo VI del Título Preliminar el principio de preven- ción, indicando lo siguiente: «La gestión am- biental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación am- biental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medi- das de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan». Finalmente, el artículo 1° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 014-2001-AG, establece que:
«Son principios orientadores de la actividad forestal y de fauna silvestre los siguientes: ( ) g. La prevención de los impactos ambientales de las actividades de aprovechamiento». En suma, este principio de prevención se des- prende de la faz prestacional inherente al de- recho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, es inelu- dible el deber del Estado de prevenir adecua- damente los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como con- secuencia de la intervención humana, en es- pecial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de preven- ción obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente. Así, en doctri- na se ha expuesto lo siguiente: «La conserva- ción no puede realizarse si no se adoptan medidas protectoras que impidan el deterioro de los bienes ambientales cuya conservación se pretende. Son necesarios medios técnicos específicos que, generalmente, van asociados con limitaciones o con otras más específicas, como la prohibición de la caza y del comer- cio de especies de animales protegidas o la evaluación del impacto ambiental». (Exp. Nº
1206-2005-AA/TC)
17. RECURSOS FORESTALES
garantizar el derecho a un ambiente equili- brado y adecuado para el desarrollo de la persona. Esto quiere decir que, el deber del Estado no sólo se manifiesta en resguardar que las actividades de los concesionarios se hagan dentro de los parámetros previstos de acuerdo al marco jurídico preestablecido para la protección del ambiente, sino, también en el de ejercer un control a priori, esto es, de realizar los estudios pertinentes para que, an- tes de que se realicen las actividades que pue- dan afectar el medio ambiente, se tenga cierto grado de certeza sobre las consecuencias que dicha actividad pueda ocasionar. Sólo de esta manera se podrán adoptar medidas destina- das a evitar el daño o, en todo caso, hacerlo tolerable. En tal sentido la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre -que tiene por objeto regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales-, establece una serie de medidas destinadas a otorgar concesiones con fines maderables. En primer lugar, de acuerdo al artículo 8º inciso 1 de la Ley mencionada, el ente administrati- vo encargado debe delimitar el espacio geo- gráfico definido como bosques de producción permanente, que son áreas con bosques na- turales primarios que pueden ser puestos a disposición de los particulares, previa trami- tación regulada por dicha norma y su regla- mento. Una vez que se delimiten estas áreas, se ha de definir la modalidad de su aprove- chamiento. En el caso de autos se trata de concesiones forestales con fines maderables, para lo cual es necesario que, previamente, se realicen estudios técnicos que garanticen que se cumple las condiciones de «sustenta- bilidad ecológica y económica por cada uni- dad de aprovechamiento de acuerdo a los cuales se elaborarán los planes de manejo» (artículo 10º inciso 1 de la mencionada ley). Por su parte, el plan de manejo forestal debe comprenderse como la descripción de las ac- tividades de evaluación, aprovechamiento, re- generación, reposición, protección y control del bosque «conducentes a asegurar la pro- ducción sostenible y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente». (Exp.
«El principio constitucional de la libertad de contratar plasmado en el artículo 62° de la Constitución parecería indicar que la Ley N° 27308 sólo se aplica a los contratos celebra- dos durante su vigencia, y no a los que fue-
ron celebrados con anterioridad. Sin embargo, este principio admite excepciones, entre otras, cuando se trata de contratos que derivan de concesiones otorgadas por el Estado respecto
a bienes cuya conservación y desarrollo son
de interés público. Conforme al artículo 66° de la Constitución, los recursos naturales y renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento;
según el artículo 67° del mismo texto constitu- cional, es el Estado el que determina la polí- tica nacional del ambiente y el que promueve
el uso sostenible de los recursos naturales. El
Estado, además, está constitucionalmente obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, a tenor del artículo 68°. En ver- dad, no sólo el Estado sino que cada uno de los peruanos tienen el deber de proteger los intereses nacionales, tal como lo señala el artículo 38° de la Constitución. En consecuen-
cia, si bien el Congreso de la República, con- forme al artículo 62° de la Constitución, no debe modificar a través de leyes posteriores los términos de un contrato entre particulares cuyo objeto pertenece al ámbito de la propiedad pri- vada, debe interpretarse, en cambio, que el Congreso puede y debe tener injerencia cuan- do el objeto del contrato son recursos natura- les de propiedad de la Nación y sobre los cuales
el Estado tiene las obligaciones constituciona-
les de protegerlos y conservarlos, evitando su
depredación en resguardo del interés general». (Exp. Nº 006-2000-AI/TC)
«De acuerdo al estudio realizado por la Or- ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la situación de los recursos forestales en el 2005,
el Perú se encuentra entre los diez países que
goza de mayores recursos forestales del mun- do. Tales recursos forestales maderables, al constituir patrimonio de la nación, requieren que el Estado procure su aprovechamiento sos- tenible, creando el marco jurídico que lo per- mita, así como los medios necesarios para controlar y supervisar las actividades de los concesionarios a quienes se les ha otorgado
el uso y disfrute de dicho patrimonio. En ese
sentido, detrás del reconocimiento de los de- rechos de aprovechamiento bajo la modali-
dad de contratos de concesión, se encuentra el deber del Estado de velar, preservar, res- guardar y asegurar la subsistencia de nues- tros recursos renovables, así como el de
18. REVOCACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
«El derecho al debido proceso garantiza (artí- culo 139º, inciso 3, de la Constitución) a toda persona que cualquier acto que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar precedido de un procedimiento donde aque- lla pueda ejercer de manera plena los dere- chos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el derecho de defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la persona y que
están desprovistos de un procedimiento pre- vio donde se hayan cumplido aquellas ga- rantías, afectan este derecho.
El artículo 4º de la Ordenanza Nº 212 esta- blece lo siguiente:»(…) déjese sin efecto todas las Licencias Especiales dadas a la fecha, para los establecimientos comerciales ubicados en las referidas zonas». Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La Municipalidad demandada no puede revo- car licencias sin que haya precedido un pro- cedimiento, en cada caso, esto es con res- pecto a la situación individual de cada titular de los establecimientos comerciales ubicados en la zona que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ordenanza». (Exp. Nº
0007-2006-PI/TC)
19. RUIDOS MOLESTOS
«El Tribunal Constitucional es consciente de la necesidad de asegurar la protección del derecho a la salud de las personas, no solo frente a factores psicopatógenos tradiciona- les, sino también frente a los riesgos que pue- den surgir de una sociedad tecnológicamente avanzada. Por ello, no es irrazonable pensar que este aspecto del derecho a la salud deba ser adecuadamente protegido; más aún si ella puede verse seriamente menoscabada por los nocivos efectos que se producen a consecuen- cia de la contaminación acústica. De esta for- ma: «el sometimiento a un ruido excesivo
produce en la especie humana perniciosos efectos, tanto fisiológicos como psíquicos. Los primeros afectan, además de al aparato au-
ditivo (
a otros órganos del cuerpo huma-
no, como perturbaciones en el sistema nervioso central y alteración de la reactividad del siste-
ma neurovegetativo, perturbaciones en las funciones respiratoria, cardíaca y circulatoria
señalar (
la producción de sentimientos
Entre los efectos psicológicos hay que
como miedo, angustia, incomodidad, pertur- baciones de la memoria, pérdidas de la con- centración, insomnio, incluso obsesiones, irritabilidad, así como alteraciones en la aten- ción y el rendimiento del trabajo físico e inte- lectual». Una agravante de la contaminación acústica se produce, relacionando el tema de adolescentes analizados, cuando se llega a determinar que se afecta el nivel de condicio- nes ambientalmente adecuadas en las cerca- nías de locales educativos. Una protección
de este tipo se desprende una interpretación a contrario sensu de la norma prevista en el artículo 3º del Código de los Niños y Adoles- centes: «el niño y el adolescente tienen dere- cho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado». Ya este Colegia- do ha expresado la necesidad de controlar
los ruidos molestos, sobre todo en el momen- to de analizarse si se otorga o no una licencia de funcionamiento. En el fundamento 9 de la Sentencia del Expediente Nº 0814-2003-AA/ TC, Caso Frente de Defensa de los poblado- res de Ate Vitarte, filial Santa Clara, se reco- noció el derecho al medio ambiente adecuado:
«Por lo tanto, forma parte del denominado ‘principio de precaución’ que el Estado con- trole, a través de normas reguladoras en ma- teria urbanística, la ubicación de fuentes emisoras de ruidos molestos que puedan le- sionar, en el corto o largo plazo, las condi- ciones necesarias para el desarrollo de la vida humana digna, así como la participación de las entidades encargadas de proteger de ma- nera efectiva las posibles infracciones a las normas que controlan y suprimen estas for- mas de polución».
Según las normas municipales sobre la materia (es decir, artículo 11º, acápite b, de la Ordenanza Nº 235-MML), para el caso de una discoteca, se debe tomar en cuenta que: «en ningún caso la emisión de sonido o ruido sobrepasará los límites de salubridad permitidos técnicamente y señalados en la Ordenan- za Metropolitana Nº 015 y demás disposiciones le- gales aplicables». Pero, ¿qué señala tal ordenanza? El artículo 4º de la Ordenanza Nº 015-MML dispo- ne que:
«en la realización de todo tipo de reuniones, sea en lugares públicos o privados, los orga- nizadores y/o propietarios de los locales en que se realicen, adoptarán las medidas necesarias para que las mismas no ocasionen ruidos no- civos o molestos al vecindario, no pudiendo exceder, en ningún caso, de los niveles permi- sibles de acuerdo a la zonificación y horario señalados en la presente Ordenanza».
De esta forma, según alega la parte demandada, las normas legales estarían facultando a la municipali- dad: «a sancionar, multar, ordenando la clausura transitoria y definitivamente de edificios o estableci- mientos cuando su funcionamiento está prohibido
) o produzcan
olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario». Aparte de los
ruidos que de por sí tiene una discoteca, se ha podi- do encontrar una situación especial que merece la pena atender en la presente sentencia. La propia municipalidad ha considerado que existe una canti- dad de sonidos estridentes y presencia de personas que provocan escándalos: «la oposición de los veci- nos se fundamenta en que afecta la tranquilidad de
) lo que es corro-
los vecinos por los escándalos (
legalmente y constituye un peligro (
borado por los informes de la Dirección Municipal de Fiscalización y Control». Es lógico y coherente con el respeto a la paz y tranquilidad de los vecinos que no se vean afectados por ruidos molestos emiti- dos por un local de acceso público, como es una
discoteca. Inclusive este derecho corresponde a los propios concurrentes al local, que no pueden escu- char la música en un volumen superior al permitido. Sin embargo, la autoridad municipal debió realizar un estudio más concienzudo de la materia a través de una medición de los decibeles emitidos por el lo- cal, y comprobar si éstos se encuentran dentro de los márgenes permitidos. La realización de este estudio hubiese permitido una mejor resolución de parte de este Colegiado sobre la materia. Sin embargo, ello no obsta para reclamar a todo establecimiento que no produzca ruidos molestos o nocivos, so pretexto de su derecho a la libertad de empresa». (Exp. Nº
3330-2004-AA/TC)
20. VINCULACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN ECONÓMICA Y EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO
«En cuanto al vínculo existente entre la pro- ducción económica y el derecho a un am- biente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, la jurisprudencia constitucional ha considerado que este se materializa en fun- ción de los siguientes principios: a) el princi- pio de desarrollo sostenible o sustentable (que merecerá luego un análisis); b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes am- bientales; c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar a su exis- tencia; d) el principio de restauración, referi- do al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados; e) el princi- pio de mejora, en cuya virtud se busca maxi- mizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incerti- dumbre científica e indicios de amenaza so- bre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente, y g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la explotación de los recursos no renovables (STC Nº 0048-2004-PI/TC)». (Exp. Nº 3510-
2003-AA/TC)
«En la medida que la protección del medio ambiente constituye una preocupación prin- cipal de las actuales sociedades, se impone la necesidad de implementar fórmulas que permitan la conciliación del paradigma del desarrollo con la necesaria conservación de los recursos y elementos ambientales que se interrelacionan con el entorno natural y urba- no. Se busca con ello preterir formas de desa- rrollo irrazonable, que en sí mismo es destructivo y no sostenible para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ello exige que el Estado -a través de la Adminis- tración como gestora pública- asuma el de-
ber que le impone la Constitución en su artí- culo 44°, consistente en «promover el bienes- tar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación»; para la consecución de dicho fin debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su alcance limitando, condicionando, regulando, fisca- lizando y sancionando las actividades de los particulares hasta donde tenga competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma independiente o asociada. Estos principios se concretizan en una política de Estado orien- tada a conseguir una mejor calidad de vida para la población, cuyo contenido excluya criterios residuales o de conveniencia coyun- tural que sólo acarrean desarrollos legislati- vos inorgánicos, en consonancia con lo establecido por el artículo 67º de la Constitu- ción. Además exige que los poderes públicos controlen el uso racional de los recursos na- turales dentro de un desarrollo económico armónico, como doctrinariamente se enun- cia, criterio que el Tribunal Constitucional busca enfatizar en esta sentencia. No obstan- te, un límite constitucional a esta política na- cional del ambiente es el reconocimiento de la libertad de empresa consagrada en el artí- culo 59° de la Constitución, derecho funda- mental que no se encuentra en conflicto con la regulación estatal de la materia, sino que se realiza a través de ella». (Exp. Nº 0048-
2004-AI/TC)
21. USO DEL AGUA PARA FINES DE RIEGO
«Los gobiernos regionales, conforme a lo pre- visto por el artículo 191° de la Constitución, tienen autonomía política, económica y ad- ministrativa en los asuntos de su competen- cia. En efecto, el artículo 192° numeral 7, de la Norma Suprema establece que ellos son competentes para promover y regular activi- dades y/o servicios en materia de agricultura, salud y medio ambiente, conforme a ley. Por su parte, el artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales esta- blece, como parte de sus funciones en mate- ria agraria, el «formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los pla- nes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas pro- mocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.» -inciso a)-, así como «participar en la gestión sostenible del recur- so hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacio- nal de aguas» -inciso c)-. En ese sentido, este Colegiado advierte que la prohibición de siem- bra de arroz fue dispuesta por el Gobierno Regional de Piura al amparo de la competen-
cia y funciones que la Constitución y la ley le
2005-AA/TC)
las leyes especiales, otorga al concesionario
otorgan, previa coordinación con la Direc-
derecho para el aprovechamiento sosteni-
ción Regional de Agricultura y luego de eva- luar las razones técnicas y económicas dadas
ble del recurso natural concedido, en las con- diciones y con las limitaciones que establezca
por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hi-
título respectivo. La concesión otorga a su
drográfica Chira – Piura. En efecto, para emitir dicha disposición tomó en consideración que,
titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la pro-
de realizarse la siembra de arroz entre los meses de julio y noviembre de 2004 (campaña chi- ca), se pondría en riesgo la materialización
piedad de los frutos y productos a extraerse. Las concesiones pueden ser otorgadas a pla- zo fijo o indefinido. Son irrevocables en tanto
de la campaña anual de siembra de arroz
titular cumpla las obligaciones que esta Ley
(campaña grande), debido a la aguda se- quía presentada en el referido año, que se
la legislación especial exijan para mantener su vigencia. Las concesiones son bienes in-
reflejó en los bajos niveles críticos de almace- namiento de agua de los reservorios de Poe- chos y San Lorenzo, conforme se desprende de los considerandos de la propia ordenanza (obrante a fojas 42 de autos), del comunica- do de fecha 20 de mayo de 2004 y demás
corporales registrables. Pueden ser objeto de disposición, hipoteca, cesión y reivindicación, conforme a las leyes especiales. El tercero adquirente de una concesión deberá sujetar- se a las condiciones en que fue originaria- mente otorgada. La concesión, su disposición
recortes periodísticos de la fecha (fojas 99 a
la constitución de derechos reales sobre ella
119 de autos), y del Informe Técnico Nº 07- 2004-GT-JUDRSL, emitido por el Gerente Téc- nico de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo, de fecha 17 de setiembre de 2004 (fojas 135 de autos)». (Exp. Nº 4670-
deberán inscribirse en el registro respectivo». En este esquema, se ha señalado que siem- pre que una actividad comercial sobre bienes naturales sea susceptible de aprovechamien- to económico, podrá ser objeto de gestión concesional. Sin embargo, el artículo 14º de
22. USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
la LRT señala que la actuación de las empre- sas radioeléctricas se dará a través de las
«Una legislación de este tipo, más allá de poderse considerar como una regulación in-
autorizaciones que el Estado le otorgue: «( ) La autorización es la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para
completa o insuficiente, pues tampoco admi-
establecer un servicio de radiodifusión (
situaciones como la propiedad cruzada de
Así, la autorización a favor de las empresas
medios (cross ownership), se basa en la exis- tencia de un limitado espectro radioeléctrico, que según el artículo 11º de la LRT, (…) es un recurso natural de dimensiones limitadas que
radiodifusoras debe ser entendida como una forma de aprovechamiento válido de los re- cursos naturales del Estado, en el caso con- creto del espectro radioeléctrico. Justamente
forma parte del patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento para la prestación del servicio de radiodifusión, se efectúa en las condiciones señaladas en la presente Ley y las normas internacionales de la Unión Inter- nacional de Telecomunicaciones». Asimismo,
este punto es utilizado por la parte demanda- da para fundamentar la validez de la norma impugnada, pues: (…) siendo el espectro ra- dioeléctrico patrimonio de la Nación, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, su explotación no puede ser separada del in-
artículo 3º inciso e de la Ley Orgánica para
terés nacional por ser una universalidad pa-
trimonial reconocida para los peruanos de
naturales, Ley Nº 26821 -en adelante, LORN- expresamente presenta al ‘espectro radioeléc- trico’ como una forma de recurso natural. Entonces, es lógico que la validez de la ac- tuación de las empresas radiodifusoras sobre recursos naturales fluya de una norma consti- tucional como la prevista en el artículo 66º, que expresa que: Los recursos naturales, re- novables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su apro-
todas las generaciones. Además, debe desta- carse que el dominio estatal sobre el espectro radioeléctrico es eminente, por lo que el Esta- do tiene la capacidad de legislar en torno a su mejor aprovechamiento, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política cuando establece en su artículo 70º que el derecho de propiedad ‘se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley’. Pero, ¿acaso la Constitución no se
vechamiento. Por ley orgánica se fijan las con- diciones de su utilización y de su otorgamiento
a particulares. La concesión otorga a su titu-
lar un derecho real, sujeto a dicha norma le- gal». Al respecto, es muy clara la LORN, la misma que manifiesta y desarrolla, en su artí- culo 23º, que: La concesión, aprobada por
refiere a la concesión como el mecanismo ju- rídico ad hoc para permitir a los particulares utilizar los recursos naturales, cuando preci- samente el espacio radioeléctrico es un recur- so natural? ¿Sería inconstitucional el artículo 14º de la LRT al señalar que es la autoriza- ción administrativa la vía de la concesión del
espacio radioeléctrico para el caso de la ra- dio y televisión? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la propia ley orgánica so- bre la materia, que para el caso concreto se convierte en un bloque de constitucionalidad. Así, el artículo 24º de la LORN señala que:
«Las licencias, autorizaciones, permisos, con- tratos de acceso, contratos de explotación y otras modalidades de otorgamiento de dere- chos sobre recursos naturales, contenidas en las leyes especiales, tienen los mismos alcan- ces que las concesiones contempladas en la presente ley, en lo que les sea aplicable». Por esta razón, es válido, desde el punto de vista constitucional, que la LRT se refiera a la acti- vidad de los medios radiodifusores como una forma de autorización por parte del Estado, pues ésta habrá de entenderse como una con- cesión». (Exp. Nº 0017-2007-PI/TC)
23. ZONIFICACIÓN URBANA
«Conforme ha sido adelantado, el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la persona, supone también el derecho de los individuos que viven en zo- nas urbanas, a que estas reúnan estándares mínimos que posibiliten su desarrollo; ello implica para el Estado una labor de planifi- cación, de tal forma que se asegure a sus pobladores, entre otras cosas, un mínimo de áreas verdes. La precisión de estándares mí- nimos de áreas verdes en los centros urbanos supone una labor técnica de desarrollo infra- constitucional, siendo que cualquier modifi- cación de los estándares mínimos requiere, necesariamente, de una justificación técnica sustentada, no en razones de oportunidad sino de calidad de vida de la población de la zona. En este sentido, corresponde recordar que la planificación urbana supone una labor de interés público en favor de una comunidad determinada. En el presente caso, se cuestio- na la competencia de COFOPRI para emitir pronunciamiento en relación con la reasig- nación de la zona prevista inicialmente como parque y posteriormente designada como mercado y adjudicada a la Asociación de Pequeños Comerciantes Israelitas del asenta-
miento humano de Pamplona Alta. Al respec-
to, a fojas 11 de autos, obra la Resolución de Gerencia de Titulación Nº 297-2002-COFO- PRI, de fecha 28 de febrero de 2002, la mis- ma que señala lo siguiente: «Que, mediante Informe N° 450-COFOPRI-2001-GT-JA de fecha 20 de setiembre del 2001, de fojas 202,
la Jefatura de Adjudicaciones señala que el
lote materia de litis, primigeniamente estaba inscrito como lote PQ5 (parque 5) y destina- do a parque en el plano de trazado y lotiza- ción elaborado por la Municipalidad de Lima Metropolitana en setiembre de 1982». Sin embargo, mediante Resolución N° 125-98- COFOPRI/GT, de fecha 30 de julio de 1998, se reasignó el destino de parque a mercado, así como la denominación de lote PQ5 (Par- que 5) a lote MERC (mercado), creándose la manzana H, donde está ubicado el referido lote, el cual se encuentra en posesión de la Asociación de Comerciantes Israelitas Unidos, destinándolo a mercado. En tal virtud, con-
cluye que resulta técnicamente factible que el lote materia de litis, conserve su destino ac-
tual (
Que, de otro lado, según lo dis-
puesto por el artículo 39º del TUO del D. Leg. Nº 803, COFOPRI, cuando lo estime nece- sario, reasigna el uso de áreas destinadas a
vías, parques, servicios públicos y equipamien- to urbano que forman parte de terrenos esta-
tales (
Que, en virtud de lo antes expuesto,
resulta legal y técnicamente procedente
mantener el destino de comercio asignado al
lote materia de litis (
). Sobre el particular,
como ya lo ha sostenido este Tribunal Consti- tucional, solo las municipalidades tienen com- petencia para planificar el desarrollo urbano
y rural de sus circunscripciones, no siendo
competente para ello COFOPRI. Ello de con- formidad con el inciso 5 del artículo 192º de
la Constitución, vigente al momento de la ex-
pedición de la Resolución Nº 125-98-CO- FOPRI/GT y de la Resolución de Gerencia de Titulación Nº 297-2002-COFOPRI; disposi- ción actualmente contenida, en similares tér- minos, en el inciso 6 del artículo 195º de la
Carta Magna, en virtud de la reforma consti- tucional establecida por la Ley N° 27680". (Exp. Nº 3448-2005-AA/TC).
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 artículo 9
 artículo 3
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 59
 artículo 66
 artículo 68
 artículo 34
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 62
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 38
 artículo 62
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 4
 resolución 
 artículo 67
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 51
 artículo 14
 artículo 11

artículo 3
 artículo 66
 artículo 70
 artículo 14
 artículo 24
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 39
 artículo 192
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 195