Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50098
Timestamp: 2020-02-27 20:14:42+00:00

Document:
Refrendamos nuestro compromiso de trabajar en apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 6º, fracción VIII, de la Ley que la rige, tiene dentro de sus atribuciones, proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a su juicio redunden en una mejor protección de los Derechos Humanos.
Durante el primer trimestre del 2019 se analizó el dictamen aprobado por el H. Senado de la República que modifica el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el catálogo de los denominados delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, se realizó un análisis desde el punto vista constitucional y convencional sobre el tema y se preparó escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de que fuese tomado en consideración durante el proceso legislativo, como Cámara Revisora. El estudio realizado se encaminó a evitar su aprobación, toda vez que, la prisión preventiva como medida cautelar, tiene que utilizarse de manera excepcional y como último recurso, y el carácter de oficiosa, no es admitido en el derecho internacional de los Derechos Humanos, ya que es violatorio de los mismos.
La CNDH participó en las Audiencias Públicas relativas a la reforma Constitucional en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, convocada por la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados dentro de la LXIV legislatura, en la Mesa I “Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa”, para exponer la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando, entre otras cosas que, el uso excesivo de la privación de la libertad, provoca la violación de derechos fundamentales, contraviniendo al derecho internacional de los Derechos Humanos y al principio pro personae.
Asimismo, se colaboró con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la elaboración del proyecto de oficio dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo a la reforma Constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa y su impacto en materia de tortura.
Por otra parte, se elaboró el documento intitulado “Puntos Básicos del Análisis que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto del dictamen aprobado en Sentido Positivo por la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados que replantea a la Guardia Nacional”, mismo que entregó el Presidente de esta Comisión Nacional, al término de su participación en el Audiencia Pública que organizó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que expuso la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, documento en el que, entre otras cuestiones se señaló que, de conformidad con los criterios internacionales, la participación de las fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales, pues su entrenamiento está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, que es propio de los entes policiales, por lo que el uso de las fuerzas armadas no es la vía de acción idónea para garantizar los Derechos Humanos de las y los mexicanos. Asimismo, se le dio seguimiento a la iniciativa de reforma, con el análisis a los diversos dictámenes y minutas que emitió durante el proceso legislativo, el Congreso de la Unión, hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de marzo de 2019.
De igual manera, se revisó y emitió opinión de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Público, al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de remuneraciones, presentada el 7 de marzo ante el Senado de la República.
En materia del trabajo, se dio seguimiento al análisis realizado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, que tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del hogar, Es de mencionarse, que la CNDH observó con beneplácito que el proyecto de reforma abonaba en la protección y defensa de los Derechos Humanos de las personas trabajadoras del hogar, quienes han sido un grupo en condición de vulnerabilidad, cuyas personas trabajadoras han recibido, en su mayoría, un trato hostil y discriminatorio del goce de sus derechos laborales, como son extensas jornadas y bajo salarios. Por lo cual es deseable que se les otorgue una mayor protección de sus derechos, con una jornada de trabajo establecida y que, al terminar, puedan disponer de su tiempo libre, mismo que puede ser aprovechado para trabajar con otras u otros patrones residiendo en el hogar de uno. La reforma fue publicada en el DOF el día 2 de julio de 2019.
Adicionalmente, se llevó a cabo el análisis de las iniciativas con proyecto de Decreto por las que se expide la Ley General del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, presentadas ante las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, a efecto de llevar a cabo una primera revisión respecto a la constitucionalidad y convencionalidad de dichas normas.
En este tenor, con la finalidad de contribuir en los procesos de reflexión y análisis del proceso legislativo correspondiente, se elaboró y se presentó ante la Cámara de Senadores, oficio con documento anexo de posicionamiento de la CNDH, intitulado “Aspectos Básicos que debe Contener la Ley Nacional del Registro de Detenciones a Juicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, en el cual se especifican 11 puntos concretos que se estima necesario tomar en consideración en el cuerpo normativo que al efecto, y en su momento, se discuta y apruebe en esa H. Instancia Legislativa, a fin de que sean tomados en consideración los principios constitucionales y convencionales establecidos, de conformidad con lo mandatado en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de marzo de 2019, así como en apego a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de Derechos Humanos. . Entre los aspectos señalados se destaca la creación de un registro único de detenciones a nivel nacional, como una valiosa herramienta que proteja y garantice los Derechos Humanos de las personas detenidas, y que permitirá que los familiares y personas relacionadas conozcan su paradero y la situación legal en la que se encuentran. Asimismo, será de invaluable ayuda en la prevención de la tortura y las desapariciones forzadas. Determinar en el registro la autoridad o autoridades responsables de la detención, de los traslados y de la duración de cada una de las etapas. No debe existir excepción alguna que impida el registro de una persona privada de su libertad, por lo cual se deberán inscribir en el registro todos los casos que se relacionen con personas privadas de la libertad, ya sea que se trate de materia penal o administrativa, incluyendo los motivos de detención migratoria y militar, especificando la situación legal de la persona, registrando sus datos con elementos que permitan su plena identificación como son huellas dactilares, fotografía de la persona detenida, media filiación, características biométricas, las condiciones de salud en el momento de la detención certificadas por personal médico, así como un inventario de sus bienes, a fin de brindar certeza jurídica de su localización y para garantizar que se le respetarán sus Derechos Humanos y que las autoridades cumplen íntegramente con sus funciones. También se consideró importante incluir la duración del interrogatorio, y que en el registro se contemple la creación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia de la persona privada de su libertad, desde su detención hasta su puesta en libertad, incluyendo los traslados que en su caso se ordenen. Otro aspecto relevante que se incluyó fue el derecho relativo a incluir en el registro el nombre de los familiares o persona de confianza que fueron notificados de la detención, conforme lo establecen los estándares internacionales. Y las medidas de seguridad de acceso y manejo del registro, su manera de implementarlas y las sanciones penales y administrativas que correspondan, en caso de incumplimiento. La ley de mérito fue publicada en el D.O.F. el día 27 de mayo de 2019.
En el mismo sentido, se hizo llegar oficio a la Honorable Cámara de Senadores, conteniendo la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la iniciativa legislativa y dictamen de la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza.
En el respectivo estudio que se efectuara a la iniciativa y al dictamen correspondiente, se analizaron los aspectos constitucionales y convencionales de Derechos Humanos y su aplicación en el despliegue de la fuerza pública, así como su instrumentación en el cuerpo normativo de mérito, de conformidad con los compromisos adquiridos por nuestro país y lo que al respecto se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El referido documento que se hizo llegar a la Honorable Cámara de Senadores, intitulado “Aspectos Básicos que debe Contener la Ley sobre el uso de la Fuerza a Juicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, contiene 12 puntos en los que se especifican los principios constitucionales y convencionales en la materia, los cuales se consideran fundamentales para implantar en el cuerpo normativo de mérito, la observancia y respeto de los Derechos Humanos en el uso de la fuerza pública y dar cumplimiento a los parámetros constitucionales y estándares internacionales, así como establecer procedimientos y sanciones adecuados que contribuyan a combatir la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública. Entre otros aspectos, se precisa en dicho documento, lo relativo al Informe Anual 2015 sobre el Uso de la Fuerza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que estableció el término “Armas incapacitantes menos letales” para resaltar el atributo de gradualidad de la fuerza y, en virtud de los riesgos asociados a las llamadas “armas no letales” por cuyo uso inadecuado, en la práctica, se ha causado la pérdida de vidas humanas, por lo que el término “no letal” parece confuso y contradictorio. Respecto de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, como aspectos sobresalientes, se indica, entre otras cosas, la necesidad de que los servidores públicos puedan utilizar dicho recurso sujetándose a los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y racionalidad, conforme a los cuales la fuerza letal sólo podría emplearse como protección o respuesta frente amenazas inminentes a la vida. Publicada en el D.O.F. el día 27 de mayo de 2019.
Se realizó análisis de la iniciativa legislativa y del Dictamen relativos a la Ley de la Guardia Nacional. Derivado del estudio realizado, y en función de dar cumplimiento al mandato Constitucional y legal otorgado a la CNDH, de velar por la protección de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, se elaboró un documento intitulado “Aspectos Básicos que debe Contener la Ley de la Guardia Nacional, a Juicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, preparado con el propósito de colaborar en la elaboración de ley que regirá la conformación de tan importante institución de seguridad pública.
En dicho documento se hace hincapié sobre el carácter civil de la Guardia Nacional, lo cual representa una aspiración unánime de organismos públicos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil y de la propia sociedad mexicana, conforme al mandato Constitucional contenido en su artículo 21. El documento de mérito fue remitido, mediante oficio, a la Honorable Cámara de Senadores. En éste, se especifican 13 puntos torales conteniendo las previsiones mínimas relativas a los aspectos básicos que, se estima, deben ser tomados en consideración para la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional que en su momento fuere discutida y aprobada en esa Honorable Instancia Legislativa. Publicada en el D.O.F. el día 27 de mayo de 2019.
En el mismo sentido que las dos iniciativas anteriores, se hizo llegar oficio a la Honorable Cámara de Senadores, conteniendo la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la iniciativa legislativa y dictamen de la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza.
El referido documento que se hizo llegar a la Honorable Cámara de Senadores, intitulado “Aspectos Básicos que debe Contener la Ley sobre el uso de la Fuerza a Juicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, contiene 12 puntos en los que se especifican los principios Constitucionales y convencionales en la materia, los cuales se consideran fundamentales para implantar en el cuerpo normativo de mérito, la observancia y respeto de los Derechos Humanos en el uso de la fuerza pública y dar cumplimiento a los parámetros constitucionales y estándares internacionales, así como establecer procedimientos y sanciones adecuados que contribuyan a combatir la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública. Entre otros aspectos, se precisa en dicho documento, lo relativo al Informe Anual 2015 sobre el Uso de la Fuerza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que estableció el término “Armas incapacitantes menos letales” para resaltar el atributo de gradualidad de la fuerza y, en virtud de los riesgos asociados a las llamadas “armas no letales” por cuyo uso inadecuado, en la práctica, se ha causado la pérdida de vidas humanas, por lo que el término “no letal” parece confuso y contradictorio. Publicada en el D.O.F. el día 27 de mayo de 2019.
En cumplimiento de las atribuciones de la CNDH, relativas a la protección y observancia de las garantías constitucionales y convencionales en favor de los derechos laborales de las personas en nuestro país, se dio seguimiento al Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social; en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de mayo de 2019.
El proceso legislativo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue objeto de análisis a la luz de las normas constitucionales y convencionales en materia de Derechos Humanos, a fin de emitir los comentarios pertinentes. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 9 de agosto de 2019.
Como parte de las actividades relativas al seguimiento, análisis y elaboración de informes relacionados con las iniciativas, propuestas de cambios o modificaciones legislativas en materia de Derechos Humanos, competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dio seguimiento puntual a las sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, durante 2019, elaborándose los reportes necesarios, respecto de las iniciativas y temas discutidos en materia de Derechos Humanos, entre otros, de la Ley de Austeridad Republicana, Ley General de Mejora Regulatoria, Ley de fomento a la Confianza Ciudadana, reforma Constitucional a los artículos 116 y 127, relativa a remuneraciones, reforma a los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones, así como a diversas iniciativas de reforma concernientes a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Apartado B del artículo 102 Constitucional.
En lo que concierne al seguimiento que se ha dado al proceso legislativo relativo a la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno, es un tema respecto del cual la CNDH presentó al Congreso de la Unión sendas propuestas de iniciativas; una de reforma a la CPEUM en su artículo 73 a fin de otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en dicha materia, y otra con un proyecto de Ley General en la materia, a efecto de que, en su momento, pudiesen ser consideradas en la correspondiente normativa que sea emitida. Las respectivas iniciativas se encuentran en proceso legislativo en el Congreso de la Unión.
De igual manera, la CNDH se ha pronunciado respecto a la eliminación de la figura del arraigo de nuestro orden jurídico mexicano, en razón de que dicha figura se estima contraria a los principios y garantías del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tales como el relativo a la presunción de inocencia, el derecho a la seguridad jurídica y al principio pro personae, ya que es aplicada a una persona sin que se encuentre sujeta a un procedimiento penal formal, lo que genera incertidumbre jurídica; y además, es una medida cautelar extrema, considerada en el ámbito internacional como una detención arbitraria, violentándose el principio pro persona al no aplicar otra medida cautelar menos lesiva. La reforma constitucional al párrafo octavo del artículo 16 de la CPEUM, para eliminar la figura del arraigo, se encuentra, a la fecha, en proceso legislativo en el Congreso de la Unión
Dentro de las actividades relativas al análisis y estudio de las propuestas de cambios o modificaciones legislativas, se dio seguimiento puntual a las sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el año 2019, elaborándose los reportes necesarios, respecto a las iniciativas y temas discutidos en materia de Derechos Humanos.
Cabe señalar que los cambios o modificaciones a propuestas legislativas y reglamentarias, se reflejan mediante las Recomendaciones, Recomendaciones Generales, estudios e informes. Si bien, los estudios de seguimiento a la armonización no constituyen en sí mismo una propuesta de reforma legislativa, sí son insumos para que los legisladores puedan atender los pendientes en dicha materia, lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo mandatado por el bloque de constitucionalidad, evitando de esta manera la omisión legislativa.
TIPO DE INSTRUMENTO PROPUESTAS Y/O SEGUIMIENTO
Recomendaciones Generales 2019 133 (propuestas)
Recomendaciones Generales (histórico) 280 (seguimiento)
Estudios e informes especiales 2019 281 (propuestas)
Estudios e informes especiales (histórico) 99 (seguimiento)
Recomendaciones 2019 158 (propuestas)
Recomendaciones 2018 130 (propuestas)
Recomendaciones por Violaciones Graves 2019 11 (propuestas)
Recomendaciones por Violaciones Graves 2018 61 (propuestas)
Recomendaciones e Infomes MNPT 2019 31 (propuestas)
Recomendaciones e Infomes MNPT (histórico) 5 (seguimiento: M-01/2017, M-02-2017 y M-03-2017, e informes 2/2017 y 3/2017)
Seguimiento a la armonización legislativa 11 (estudios)

References: artículo 6
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 102
 artículo 73
 artículo 16