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Timestamp: 2019-04-24 18:30:53+00:00

Document:
Boletín Nº 288 del martes 15 de diciembre de 2009
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.
El Decreto 68/2007, del Gobierno del Principado de Asturias, de 14 de junio (BOPA de 6 de julio de 2007), regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) en el territorio del Principado de Asturias. El artículo 15 del citado Decreto exige la acreditación de la capacidad económica, de renta y patrimonio, preceptiva para establecer la participación económica en el coste de los servicios y prestaciones de aquellas personas cuyo reconocimiento sea exigible en el año en curso.
La Resolución de 7 de noviembre de 2007 de la Consejería de Bienestar Social procedió a regular con carácter provisional, en ausencia del correspondiente acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias con el objetivo de fijar la aportación de las mismos a la financiación de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008 (BOE 17-12-2008), de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se hace necesario por tanto adaptar la regulación autonómica a dicho acuerdo del Consejo Territorial.
Igualmente el Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula la ayuda a domicilio, siendo globalmente válido debe desarrollarse incorporando también las especificidades previstas para las personas beneficiarias del SAAD en el referido Acuerdo del Consejo Territorial.
1. El objeto de la presente Resolución es regular los criterios para la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias, el importe y requisitos de las prestaciones económicas, así como la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.
5. Se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación. Únicamente, se computará la vivienda habitual en el supuesto de que el beneficiario perciba el servicio de Atención Residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda.
1. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda comprobará de oficio la acreditación de los requisitos de la capacidad económica de la persona dependiente, sin perjuicio de poder requerir en cualquier momento la documentación señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, u otra que estime necesaria.
2. La presentación de la solicitud de reconocimiento de grado y nivel de dependencia conllevará la autorización a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para verificar la información aportada por los interesados en aquélla, mediante la obtención de datos de carácter económico que sobre ellos exista en las distintas Administraciones, Registros Públicos o cualquier otro organismo competente.
Artículo 5.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en las prestaciones económicas.
P.E. para asistente personal
Hasta n.º veces IPREM
P.E. para cuidados en el entorno familiar
160 horas/mes o más
100% de la prestación económica
80-159 horas/mes
50% de la prestación económica
Menos de 80 horas/mes
% de la prestación económica proporcional a horas/mes
Artículo 6.—Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad e importes mínimos.
d El subsidio de tercera persona.
Artículo 7.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
3. Dicha participación se abonará en concepto de copago a la Entidad Local titular del servicio de acuerdo a la siguiente tabla que relaciona capacidad económica de la persona y el porcentaje de participación en el coste del servicio.
Hasta nº veces IPREM
% copago de coste del servicio
Artículo 8.—Régimen de compatibilidad entre prestaciones económicas y servicios.
a. Los servicios de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia serán compatibles con cualquier otro servicio o prestación económica.
b. El servicio de teleasistencia será compatible con cualquier servicio o prestación económica, excepto con el servicio de alojamiento residencial o la prestación económica vinculada al mismo.
c. La estancia temporal en un servicio residencial, de atención diurna o domiciliaria, por descanso o vacaciones de la persona cuidadora o del servicio principal será compatible con la percepción de la prestación económica correspondiente.
d. La realización de cuidados y apoyos más especializados, incluidas las actuaciones de formación de personas cuidadoras, mediante servicios domiciliarios o de atención diurna que se puedan asignar en el Programa Individualizado de Atención serán compatibles entre sí o con la percepción de una prestación económica, con la aplicación, en todo caso, de los criterios de proporcionalidad en la respectiva intensidad del servicio y prestación según grado y nivel reconocido de dependencia.
Artículo 9.— Finalidad y requisitos de la prestación económica vinculada a servicio.
Artículo 10.—Finalidad y requisitos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
a) Existencia de condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda para la prestación de los cuidados necesarios.
b) En cuanto a la persona cuidadora se requiere:
b.1. mayoría de edad y disponibilidad para la realización de apoyos en las actividades básicas de la persona beneficiaria. En este sentido, una misma persona no podrá ser cuidadora, a dedicación completa, de más de dos personas dependientes
b.2. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco de la persona dependiente.
Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, se podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el párrafo anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha en que se apruebe el PIA.
b.3. Reunir las condiciones de formación necesarias para ser cuidador o cuidadora, o comprometerse a recibir las que se establezcan en el Programa Individual de Atención.
4. Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el presente artículo, se tendrá en cuenta la declaración de la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia, que servirá en todo caso como referencia para determinar el inicio de la efectividad de la resolución de aprobación del Programa Individualizado de Atención y de reconocimiento de la presente prestación económica.
Así, en el caso de no quedar suficientemente acreditado por estos medios el cumplimiento de los requisitos por parte del cuidador no profesional propuesto, los efectos económicos y de alta en la Seguridad Social de la Resolución de aprobación del PIA se entenderá que surgen el primer día del mes siguiente a la fecha de la misma.
Artículo 11.—Finalidad y requisitos de la prestación económica de asistencia personal.
Artículo 12.—Abono de las prestaciones económicas.
1. El abono de las prestaciones económicas se realizará mensualmente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o su represente legal, y previa acreditación por parte de ésta del cumplimiento de los requisitos según lo establecido en el artículo siguiente.
2. Los efectos económicos de la prestación reconocida comenzarán a partir de la fecha de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, o en su caso, del inicio del año en que comience la efectividad del derecho a las prestaciones del sistema según los dispuesto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, siempre que en la fecha indicada se reúnan los requisitos exigidos para cada prestación económica. En caso contrario, los efectos económicos se producirán el día primero del mes siguiente a que concurran los mismos.
Artículo 13.—Documentación a presentar para el abono de las prestaciones económicas.
a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar original de las facturas que se han emitido por el centro prestador desde el comienzo del mismo, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.
— Fotocopia del DNI/NIF del cuidador.
— Declaración responsable acerca de la cualificación y necesidades formativas del cuidador.
— Certificado de empadronamiento del cuidador, que permita acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10.b.2).
— Copia del convenio especial con la Seguridad Social regulado en el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia o justificación documental que acredite la exención de la obligación de suscribirlo, según la citada norma, para lo cual, deberá dirigirse a la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social.
— Fotocopia del DNI/NIF del asistente/a personal.
— Declaración responsable de la cualificación y necesidades formativas del asistente personal.
— Copia del contrato suscrito con el asistente personal o con el centro prestador del servicio, que deberá estipular un importe por el mismo igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.
3. No será de aplicación el plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la copia del convenio especial con la Seguridad Social, establecida en el apartado 1.b), relativa a los cuidadores no profesionales, que podrá ser presentada en cualquier momento posterior a la Resolución de aprobación del PIA, como requisito para iniciar el abono de la prestación económica.
Artículo 14.—Justificación del mantenimiento del derecho a la prestación económica.
Artículo 15.—Revisión, suspensión y extinción de las prestaciones económicas.
2. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier variación de su situación personal o económica que pueda suponer una modificación respecto a su capacidad económica o prestación reconocida.
3. Si como consecuencia de la revisión se modifica o extingue la prestación económica, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se ha producido el hecho causante. En caso de existir pagos indebidos se acordará el reintegro de los mismos. No obstante, en aquellos supuestos en que se mantenga la prestación económica, se podrán compensar las cantidades indebidamente percibidas mediante la suspensión de la percepción de la prestación económica por el tiempo necesario.
4. Asimismo, iniciado el procedimiento de revisión, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la percepción de la prestación económica, como medida provisional, previa audiencia de la persona beneficiaria o su representante legal, hasta que recaiga resolución.
Las personas beneficiarias del resto de servicios no incluidos es esta Resolución participarán en el coste de los mismos de acuerdo con el sistema de precios públicos vigente que resulte de aplicación en el ámbito del Principado de Asturias, hasta tanto se desarrolle específicamente el copago previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
La presente Resolución deroga a la anterior Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social (BOPA 9-XI-2007).
La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
Oviedo, 14 de diciembre de 2009.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—28.550.

References: Resolución 
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Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
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Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 10
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Artículo 14

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