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la medida cautelar como un medio de defensa de los derecvhos
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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL AMPARO SALVADOREÑO
Manuel Arturo MONTECINO GIRALT*
SUMARIO: I. Fundamento. II. Medidas cautelares en el amparo salvadoreño. III. Conclusiones.
La Constitución salvadoreña, en su artículo 2o.,1 reconoce el derecho de
toda persona a ser protegida en la conservación y defensa de sus derechos, denominado por la jurisprudencia constitucional como derecho a la
protección, la cual puede ser jurisdiccional o no jurisdiccional.2 Se trata
de un derecho prestacional de configuración legal, y no de un derecho de
libertad, ya que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece.3
Doctor en derecho; coordinador de letrados de la Sala de lo Constitucional de la
República de El Salvador; director de la Maestría en Derecho penal constitucional en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, y catedrático de Derecho procesal, y procesal constiucional en dicha Universidad.
1 Artículo 2o., inciso 1o. “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
2 Sentencia definitiva pronunciada por la Sala de lo Constitucional en el amparo
255-99, el 31 de mayo de 2000. En igual sentido, entre otras, las sentencias definitivas proveídas en los amparos 580-98, el 29 de febrero de 2001 y 47-2001, el 19 de marzo de 2002.
3 Picó i Junoy, Joan, Las garantías constitucionales del proceso, Barcelona, José
María Bosch Editor, 1997, p. 42. Aparicio, en igual sentido, al referirse al derecho a la
tutela judicial efectiva, considerado equivalente del derecho a la protección, lo califica
como “prestacional”. Véase al respecto, Aparicio Pérez, Miguel A., “La aplicación de la
Constitución por los jueces y la determinación del objeto del amparo constitucional”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, núm. 3, 1989, p. 48.
En el caso concreto del derecho a la protección jurisdiccional, estamos
en presencia de un derecho de contenido complejo,4 que incluye, entre
otros,5 al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, el cual se
manifiesta en tres direcciones distintas, a saber: la inmodificabilidad de
las resoluciones judiciales; las medidas cautelares, y la ejecución de las
resoluciones judiciales firmes.6
En virtud de lo anterior, al estudiar el tema de las medidas cautelares
no podemos hacerlo al margen del derecho a la protección jurisdiccional,
pues éstas constituyen un instrumento previsto en la ley para potenciar
uno de los derechos que integran ese contenido complejo del derecho a la
protección, específicamente en la medida que intentan que las resoluciones judiciales definitivas que se pronuncien en un proceso sean ejecutables, susceptibles de ser llevadas a la realidad y no queden en una mera
declaración, en pocas palabras, que sean eficaces.7
Ahora bien, esa posible ineficacia de las resoluciones judiciales no necesariamente puede derivarse del incumplimiento de los plazos fijados
para la tramitación del proceso, sino que, en muchos de los casos, es producto del mero transcurso del tiempo —incluso el razonable para su tramitación—, ya que no podemos perder de vista que su prosecución no es
instantánea, sino que requiere de la realización de un conjunto de actos
que deben efectuarse en un plazo determinado; es decir, no es producto
ineludible de una dilación indebida.8
En virtud de eso, la incorporación dentro de los respectivos ordenamientos procesales de mecanismos dirigidos a eliminar las consecuencias
4 Sobre los alcances de esta expresión, véase, en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Español, la sentencia definitiva 59/1997 del 18 de marzo, y la 261/1983
del 13 de abril, entre otras.
5 La jurisprudencia ha reconocido incorporados dentro de este derecho a la congruencia —sentencia pronunciada en el amparo 627-2000, el 7 de mayo de 2002—, motivación de las resoluciones —sentencia proveída en el amparo 604-2001, el 12 de agosto
2002— y el hacer uso de los recursos legalmente previstos —sentencia dictada en el amparo 194-99, el 9 de mayo de 2000—.
6 Sobre las manifestaciones del derecho a la efectividad de las resoluciones, véase
Picó i Junoy, Joan, Las garantías constitucionales…, cit., nota 3, p. 69, y Ovalle Favela,
José, “Garantías individuales del proceso”, México, McGraw-Hill, 1996, pp. 291 y 292.
7 Cfr. Peyrano, Jorge Walter, Medida cautelar innovativa, Buenos Aires, Desalma,
1981, pp. 5-12.
8 Al respecto, véase Cortés Domínguez, Valentín, “Las medidas cautelares”, en Cortés Domínguez, Valentín et al., Derecho procesal civil, Madrid, Colex, 1997, pp. 526 y 527.
ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
negativas que puede ocasionar el tiempo necesario para la tramitación
del proceso, en lo relativo a la eficacia de los pronunciamientos judiciales, se torna en un imperativo de trascendencia constitucional, ya que si
no cabe la posibilidad de que la decisión sea ejecutable, no puede haber
verdadera protección jurisdiccional, derecho reconocido en el artículo 2o.
Lo anterior produce importantes consecuencias, en primer lugar, para
el legislador, ya que éste, al momento de estructurar el ordenamiento
procesal nacional, debe tomar en consideración el contenido mínimo del
derecho a la protección jurisdiccional, el cual le obliga a incorporar, dentro de los procesos específicos, mecanismos dirigidos a potenciar la efectividad de las decisiones que se pronuncien dentro de los mismos y, en
segundo lugar, para el juzgador, pues éste, en caso de vacío normativo o
insuficiencia de los mecanismos previstos en la ley, puede adoptar las
medidas necesarias para potenciar la efectividad de sus decisiones, siempre a través de una resolución debidamente motivada.
II. MEDIDAS CAUTELARES EN EL AMPARO SALVADOREÑO
La posibilidad de dictar medidas cautelares en el amparo, en El Salvador, se encuentra prevista desde la Ley de Amparo de 1886, que es la que
lo reguló por primera vez, específicamente en su artículo 5o.,9 el cual establece la posibilidad de decretar la “suspensión de la ejecución del acto
que se demanda”. Dicha regulación fue retomada, con pocas modifica-
9 Artículo 5o. “Cuando el actor pidiere que se suspenda desde luego la ejecución del
acto que es objeto de la demanda, la Cámara previo informe de la autoridad ejecutora, que
dará dentro de veinticuatro horas, correrá traslado al fiscal respectivo, quien contestará dentro
de igual término. Si la suspensión fuere de urgencia notoria, la Cámara resolverá a la mayor
brevedad posible y, con sólo el escrito del actor. Esta resolución no admite más recurso que
el de responsabilidad”.
Si la suspensión fuere de urgencia notoria. 289. el segundo. del 12 de septiembre de 1985. publicado en el Diario Oficial. núm. 257. hipótesis que conlleva la apertura de un incidente en el que el tribunal competente. t.452 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT ciones. publicado en el Diario Oficial... le confiere. las Leyes de Amparo de 1886 y la de 1950. El primero. t. vigente en la Federación de Centro América.11 Así. que la regulan de igual forma en su artículo 5o. del 11 de diciembre de 1997. con la diferencia que. en su artículo 7o. distingue. 337. se resolverá lo que corresponda. núm. del 22 de diciembre de 1960. 192. t. en su artículo 9o. 189. del 14 de enero de 1960. del 22 de enero de 1960. decreto legislativo 965. por el plazo de veinticuatro horas. del 30 de abril de 1988. 85. dentro de veinticuatro horas. Dicha Ley ha sido reformada en cinco ocasiones por el decreto ley núm. ya que únicamente prevé que se le confiera audiencia a la autoridad demandada y no el traslado al fiscal. pudiendo ordenarse dicha suspensión aún por telégrafo”. del 10 de octubre de 1977. decreto legislativo 378. audiencia a la autoridad demandada y traslado al fiscal. La Ley de Amparo de 1939. publicado en el Diario Oficial. del 22 diciembre de 1960.13 10 La Ley de Amparo de 1921. publicado en el Diario Oficial. el procedimiento es más breve. del 9 de mayo de 1988. publicado en el Diario Oficial. núm. en el caso en que la suspensión no es de urgencia notoria. el Tribunal pedirá informe inmediatamente a la autoridad ejecutora. La suspensión del acto se notificará inmediatamente a la autoridad que trate de ejecutarlo. publicado en el Diario Oficial. que inciden en el procedimiento para su adopción. “artículo de previo y especial pronunciamiento”. hipótesis en la que la decreta con sólo la vista del escrito de la parte actora. t. t. diferencian dos supuestos específicos para decretar la suspensión de la ejecución del acto que se demanda. también previó la posibilidad de decretar la suspensión del acto contra el que se reclama en sus artículos 19 a 22. decreto legislativo 131. . núm.. 13 Esta Ley de 1939 denomina al incidente de las medidas cautelares. 186. en forma sucesiva. 49. la que deberá rendirlo. del 11 de octubre de 1985. 11 Decreto legislativo núm. y decreto legislativo 182. por las leyes de 1939. t. y dentro de igual término. 239. del 26 de octubre de 1977. 2996. el Tribunal resolverá a la mayor brevedad posible y con sólo la vista del escrito del actor. “Cuando el actor pidiere que se suspenda desde luego la ejecución del acto que motiva la demanda. 299. al igual que las de 1886 y 1950. núm. 15. núm. y. cuando es de urgencia notoria. del 22 de diciembre de 1997.12 los supuestos antes relacionados. 239. 12 Artículo 7o. 198. respectivamente.10 1950 e incluso por la vigente de Procedimientos Constitucionales. cuando la medida cautelar no tiene carácter urgente. previo a resolver sobre su adopción.
Pero. En otros términos.15 2. retomando. 16 Artículo 19 inciso 1o. resolverá sobre la suspensión del acto contra el que se reclama. en virtud de eso. Al igual que en las anteriores normativas. aquél se lo comunicará al superior jerárquico de ésta y. 21. cualquier medida cautelar. se mandará procesar al funcionario responsable. y 18 de la de 1950.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 453 Finalmente. entre ellos. en caso en que éste no la cumpla “pedirá al Poder Ejecutivo la fuerza armada necesaria para hacer cumplir sus providencias”.. sobre la procedencia o no de decretar la suspensión del acto reclamado o. 17 y 18 de la Ley de 1950. el auto de admisión de la demanda de amparo contiene varios pronunciamientos. 18. Ley de Procedimientos Constitucionales La vigente Ley de Procedimientos Constitucionales prevé la posibilidad de decretar la suspensión del acto reclamado en el capítulo II del título III. es un pronunciamiento consustancial al auto de admisión de la demanda de amparo. aun cuando el peticionario no la hubiere solicitado”.16 y que. “Al admitir la demanda.14 Si no obstante lo anterior. . específicamente artículos 19 al 25. los cuales relacionamos a conti- 14 Artículos 6o. lo efectúa oficiosamente el tribunal. supone el inicio de un incidente dentro del proceso de amparo. en general. además de eso. 16. como veremos posteriormente. en cierta medida.19 y 20 de la Ley de 1886. en el supuesto que la autoridad demandada no cumpla con la resolución que ordena la suspensión del acto reclamado. la Sala en el mismo auto. A diferencia de las anteriores leyes que han regulado el amparo en El Salvador. por tanto. el acto reclamado se consuma de un modo irremediable. a recabar más elementos para resolver nuevamente sobre las medidas cautelares. la vigente establece algunos lineamientos que debe tomar en consideración la Sala de lo Constitucional al momento de pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. el contenido de las disposiciones de las precedentes leyes de amparo. 15 Artículos 20 de la Ley de 1886. y 23 de la Ley de 1939 y 6. 22.. 8o. es de señalar que las tres leyes de amparo relacionadas contienen disposiciones vinculadas con el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el tribunal competente en la tramitación del amparo. dirigido. 23 de la Ley de 1939.
la suspensión sólo procede respecto de actos que produzcan o puedan producir efectos positivos”. pp. 19 Artículo 20. La falta de informe dentro del término legal. quien deberá rendirlo dentro del plazo de veinticuatro horas. la Sala.20 Así. la autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los hechos que se atribuyen.21 en el que tendrá que concretarse a expresar si son ciertos o no los hechos que se le atribuyen. un primer informe a la autoridad demandada. 18 . pero que analizaremos posteriormente a la luz de la jurisprudencia constitucional. quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas”. 21 Artículo 21. en el auto de admisión de la demanda de amparo. en caso de que no lo haya hecho en el auto de admisión. y se impondrá al funcionario desobediente una multa de diez a cien colones a juicio prudencial de la Sala”. “Ordenada o no la suspensión provisional inmediata.17 a saber: a) Naturaleza de los actos susceptibles de ser suspendidos: aquéllos que producen efectos positivos. 20 Artículo 25.454 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT nuación. siempre que la Sala lo estime procedente”. “En el informe.18 b) Presupuesto para la adopción de la suspensión del acto reclamado: periculum in mora o el daño o efectos negativos que el transcurso del tiempo ocasionaría en lo relativo a la eficacia de la sentencia. en virtud de lo expuesto anteriormente. 22 Artículo 22. 8-23. como parte del procedimiento que inicia con dicha resolución. se pedirá informe a la autoridad o funcionario demandado. “En todo caso. Con su contestación o sin ella. “Será procedente ordenar la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva”. mandará a oír al fiscal de la Corte en la siguiente audiencia —veinticuatro horas—. 17 Infra. tendrá que requerirle.19 c) Efectos que produce la resolución que deniega la suspensión del acto reclamado: no pasa en autoridad de cosa juzgada.22 Posteriormente. se presumirá la existencia del acto reclamado. hará presumir la existencia del acto reclamado para los efectos de la suspensión. Artículo 19 inciso 2o. En el supuesto en que dicho informe no sea rendido por aquélla. “La resolución que deniegue la suspensión del acto no causa estado y podrá revocarse en cualquier estado del juicio. la Sala hará un nuevo pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado: decretándola.
todavía más. es decir. ejercer su derecho de defensa. declarándola sin lugar o. con una versión parcial o subjetiva de los hechos. pretende dotar a la Sala de más elementos de juicio para hacer el nuevo pronunciamiento que exige la ley sobre el tema de las medidas cautelares.23 Como se advierte del contenido de los párrafos anteriores. revocarla. la audiencia que se le confiere al fiscal de la Corte tiene por objeto oír la opinión de un tercero. versa principalmente sobre el tema de la suspensión del acto reclamado. si la decretó. la presunción que establece la Ley para el supuesto en que la autoridad no rinde ese primer informe. el incidente que se genera una vez admitida la demanda de amparo. según el caso. En ese sentido. según la Sala. que ilustre al Tribunal sobre la concurrencia de los presupuestos básicos para confirmar la medida cautelar decretada.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 455 revocándola. que el que hace en el auto de admisión se fundamenta únicamente en la declaración de voluntad efectuada por la parte actora en la demanda. específicamente que se pronuncie sobre si son ciertos o no los hechos que se le atribuyen y. La anterior consideración es congruente con la postura que tiene la jurisprudencia constitucional en relación con la preclusión de la oportunidad de la parte actora para modificar la demanda de amparo. surte efectos únicamente en lo concerniente a la suspensión del acto reclamado. ya que el primer informe que se le solicita a la autoridad demandada tiene un alcance limitado. “Recibido el informe o transcurrido el plazo sin que el demandado lo rindiere. decretándola. no hay que olvidar. sino únicamente sobre 23 Artículo 23. la Sala resolverá sobre la suspensión. distinto al actor y a la autoridad demandada. confirmado o revocando la provisional si se hubiere decretado”. la fase inicial del proceso de amparo diseñada en la normativa vigente. en su caso. se mandará oír en la siguiente audiencia al Fiscal de la Corte. . ya que una vez transcurrida esta etapa —con la intervención del fiscal o sin ella— debe hacer un nuevo pronunciamiento en el sentido antes indicado. ya que. es decir. dictarla o modificarla. en el caso en que es admitida la demanda. y no en cuanto al tema de fondo: la existencia del acto y la lesión constitucional. pues. en el que intervienen la autoridad demandada y el Fiscal de la Corte. Asimismo. o confirmando la decretada o denegada anteriormente. Con la contestación del fiscal o sin ella. el primer informe que se le pide a la autoridad demandada no tiene por objeto que ésta se pronuncie sobre la pretensión incoada en el proceso.
pues permitir el constante cambio de los fundamentos de una pretensión. analizándolo a la luz de los resultados que puede producir. ésta no puede variarse ni modificarse bajo concepto alguno. no alcanza el resultado que pretende. es hasta que rinde el informe justificativo. con el efecto que según la ley produce la no contestación del referido informe. consecuentemente. si bien es cierto. ya que en la práctica los elementos que arroja el primer informe son mínimos. . el cual dispone que después de contestada la demanda. en concreto por un lapso no menor de sesenta y cinco días. La preclusión de la oportunidad de modificar la demanda está justificada en razón de la determinación del thema decidendum a discutirse en un caso concreto. no sólo en virtud de la actitud propia de la autoridad demandada en relación con el 24 “Este Tribunal entiende aplicable en el proceso de amparo el artículo 201 del Código de Procedimientos Civiles. tal como antes se dijo. que es enriquecer el conocimiento de la Sala para hacer el nuevo pronunciamiento sobre las medidas cautelares. Interlocutoria pronunciada en el amparo 131-97. el mismo. lo cual es congruente. afectaría tanto la seguridad jurídica como la igualdad de las partes en el proceso. no es procedente la modificación de la demanda con posterioridad a la rendición del informe justificativo o al vencimiento del lapso para rendir tal informe”. que se pronuncia sobre el objeto del proceso —y ejerce su derecho de defensa— y precluye. deja de lado la celeridad con que debe de tramitarse un proceso de esta naturaleza y. pues. según la jurisprudencia del Tribunal. el vencimiento de dicho plazo. en consecuencia.456 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT si son ciertos o no los hechos que se le atribuyen a efecto de contar con más elementos al momento de hacer el nuevo pronunciamiento sobre las medidas cautelares. el 23 de julio de 1997. supone la preclusión de la oportunidad para modificar la demanda y. que prevé el artículo 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. al inicio del proceso el Tribunal no cuenta con los elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre la medida cautelar. En el caso del proceso de amparo. este Tribunal entiende que la rendición del informe justificativo de la autoridad demandada o —por tratarse de un proceso que se impulsa oficiosamente—. no es el adecuado. la oportunidad de modificar la demanda de amparo.25 lo cual. Ello es así. carece de justificación. para lograr satisfacer dicha necesidad. que retoma prácticamente el de las anteriores normativas. por dicha razón. ya que dicho incidente en el fondo suspende el curso del procedimiento de la pretensión de amparo. en la práctica. 25 Promedio aproximado que se ha sacado de la base de datos pública de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.24 Estimamos que el diseño contenido en el capítulo II del título III de la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales.
particularmente a través de las medidas cautelares. sobre todo en el caso de esta última. en virtud de eso difícilmente puede hacer mayor aporte en relación con el tema de las medidas cautelares. en específico. específicamente la definitiva. los cuales. el fiscal de la Corte. a efecto de que el amparo sea efectivamente un mecanismo que se encuentre estructurado de forma tal que la protección jurisdiccional. no haya hecho uso de dicha audiencia en ninguna ocasión. en la generalidad de los casos.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 457 proceso. las medidas cautelares idóneas para posibilitar que la sentencia definitiva. dentro de la tramitación del mismo. entre otras. al plazo de veinticuatro horas para rendirlo y el sentido concreto sobre el que debe pronunciarse. que una vez concluido el incidente cautelar. sea real. confirme la resolución a través de la cual hizo dicho pronunciamiento. En otros términos. en este caso en concreto dichas reformas. son mínimos. confirme la resolución que sobre las medidas cautelares proveyó en el auto de admisión de la demanda. tendría que verter su opinión con base en los elementos incorporados en la demanda y el informe de la autoridad demandada. 26 Según consta en el sistema público de información de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. en teoría. Las situaciones apuntadas nos llevan a concluir que es ineludible una reforma legal en este aspecto de la Ley de Procedimientos Constitucionales. pues no es verdadera justicia la que se imparte cuando la decisión no es ejecutable o simplemente llega tarde. en todas sus manifestaciones. . se pronuncie en un plazo razonable. además de ser eficaz. lo cual ha llevado a que el fiscal. por ejemplo desde el 2003 a 2006. oportunamente. sino en consideración a los límites temporales y de contenido que la misma ley le fija al referido informe. las reformas a efectuarse deben ir dirigidas a lograr que el proceso se estructure de forma tal que le permita a la Sala obtener. y a la efectividad de las resoluciones judiciales. al advertir el Tribunal que los elementos que le sirvieron para decretar o denegar la medida cautelar no han variado. Además de eso. deben conjugar los derechos a que las resoluciones judiciales se pronuncien en un plazo razonable.26 La circunstancia señalada ha llevado a que la Sala. es decir. al momento de evacuar la audiencia que se le confiere. los elementos necesarios para adoptar.
en otros términos. A. la finalidad de la suspensión del acto reclamado.458 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT 3. Podetti. a llegar siempre demasiado tarde”.27 27 Calamandrei. desprovista de eficacia o. “evitar que la justicia se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal y una vana ostentación de lentos artificios destinados. específicamente. p. que la jurisprudencia constitucional ha tenido un papel relevante. características y los actos susceptibles de ser suspendidos. en el auto de admisión de la demanda. en similar sentido. por tanto. pues a través de la suspensión provisional del acto reclamado se pretende atacar una de las variables que puede impedir que la sentencia definitiva logre su efecto reparador y quede. Tribunal Constitucional-Boletín Oficial del Estado. su naturaleza.Cedam. en torno a la temática de las medidas cautelares. En este apartado intentaremos abordar aquéllos a los que frecuentemente hace referencia la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones. Dicha disposición es congruente con el contenido del derecho a la protección jurisdiccional. como la guardia en la ópera bufa. 1936. Carmen. la suspensión provisional del acto reclamado “cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva”. 881. 11. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. en una simple declaración de meros propósitos. en algunos aspectos. como una providencia que tiene por finalidad lograr que el tiempo que requiere el Tribunal para tramitar el proceso no constituya un obstáculo que impida que la sentencia definitiva. 2001. Finalidad Como señalábamos con anterioridad. concretamente con el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten. Introduzione allo studio sistematico dei prowedimenti cautelari. es decir. Papua. en páginas anteriores. “Comentario al artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. en caso de ser estimatoria. Piero. señala que el objetivo de “las diligencias cautelares consiste en proporcionarle a las sentencias de mérito la posibilidad de que . pueda desplegar plenamente sus efectos. Jurisprudencia constitucional Hemos sostenido. p. citado por Chinchilla Marín. Madrid. la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 20 establece la posibilidad de decretar.
las interlocutorias pronunciadas en los amparos 176-2001 el 15 de mayo de 2001.31 resulten eficaces. 2005. …aparecen como los medios jurídico-procesales. y con ello evitar que la acción jurisdiccional sea objeto de burla y. las medidas cautelares. Corte Suprema de Justicia. el instrumento procesal del amparo procede contra todo acto… que vulnere cualquiera de las categorías subjetivas protegibles por la Constitución”. .. primera parte. 76-84. que el proceso sea considerado un vano torneo de actitudes declamatorias carente de proyecciones prácticas”. constituyen un mecanismo —dictado ab initio o en el transcurso del proceso— tendente a asegurar la eficacia práctica de la decisión definitiva que se dicte en el mismo. cabe señalar que en el caso del amparo presenta ciertas singularidades vinculadas con su objeto. En igual sentido. sin embargo la jurisprudencia ha señalado que la expresión derechos. a pesar de que la finalidad de las medidas cautelares es común para todo tipo de procesos. el 15 de abril de 2002. el 18 de marzo de 2003. Carmen. 31 La Constitución en su artículo 247 señala que son protegibles por el amparo los derechos que “otorga la presente Constitución”. El amparo en El Salvador. contenida en la precitada disposición. cit.28 Ahora bien. tiene principalmente una dimensión subjetiva:30 brindar una tutela reforzada de las categorías jurídicas protegibles de trascendencia constitucional. pp. y 94-2003. 138. nota 27. también. ha señalado reiteradamente que: las medidas cautelares. Manuel Arturo. 1943. José Ramiro. Dicho de otra forma. 29 Sobre el tema véase Chinchilla Marín. al menos en nuestro ordenamiento jurídico. Podetti. pp. “equivale a categorías subjetivas protegidas por el ordenamiento jurídico que no se limitan a derechos subjetivos. 30 Sobre la dimensión subjetiva del amparo en El Salvador véase Montecino Giralt. Sentencia definitiva pronunciada en los amparos 22-A-94 y acumulado 27-M-94. cuya función es evitar que se realicen actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión …garantizando así el eficaz funcionamiento de la justicia. el vocablo derecho en nuestra Constitución no sólo comprende la categoría técnica jurídica de derechos subjetivos. En ese sentido.29 ya que es un proceso que. “Las medidas cautelares y el embargo preventivo”. 879 y 880. 28 Interlocutoria proveída en el amparo 84-2001. lejos de constituir un pronunciamiento de carácter definitivo sobre la pretensión del demandante.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 459 La jurisprudencia constitucional. el 5 de febrero de 1996. al respecto. ibidem. sino que agrupa a varias otras… Por lo tanto. pp. por lo que no definen derechos ni resuelven controversias”. entre otras. p. “Comentario al artículo 56 de…”. San Salvador. Manuel Arturo. Sobre el tema véase también Montecino Giralt. Revista de Derecho Procesal. 53-56.
3. en consecuencia. es el único que tiene exclusivamente ese objeto y. declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos. lo cual implica que en muchos de los casos el acto reclamado ha sido dictado por una o varias autoridades judiciales dentro de un proceso jurisdiccional. 34 Artículo 185. si bien comparte con los demás la finalidad de tutelar las categorías de trascendencia constitucional. Manuel Arturo. la sentencia que se pretende lograr que sea plenamente eficaz contendrá principalmente un pronunciamiento singular: si ha existido o no la lesión a una categoría jurídica de trascendencia constitucional. en el que hipotéticamente ya han efectuado un pronunciamiento sobre la pretensión objeto del proceso. por tanto. 130-135. por tanto. pp. En igual sentido. de uno o varios actos provenientes de una o varias autoridades que tienen. entre sus funciones la tutela de los derechos. corresponde a los tribunales. lo cual supone. se trata de un proceso que. que. en los casos en que tengan que pronunciar sentencia.32 Pero además de eso. 33 Artículo 172. “Dentro de la potestad de administrar justicia. ibidem. que hay una persona a quien ya se le ha dado la razón después de la tramitación de un proceso en el que las autoridades demandadas han fallado teniendo como parámetro de actuación la Constitución y las leyes. a través de una medida cautelar. en la jurisprudencia constitucional la improcedencia pronunciada en el amparo 306-2000. chocante— limitar la eficacia. paradójico —o. a diferencia de los otros. el 29 de septiembre de 2000. pues hay una presunción de que 32 Sobre la dimensión objetiva del amparo en El Salvador véase Montecino Giralt. con anterioridad. . hemos dicho. tal como se desprende de los artículos 17233 y 18534 de la Constitución. el 13 de septiembre de 2000. en última instancia. el 20 de septiembre de 2000. Resulta. Asimismo. entre otras. como titular del derecho a la protección que es. y 312-2000. que el amparo es un mecanismo de tutela reforzada. y. tiene derecho a que la sentencia pronunciada se ejecute en los términos en que se ha proveído. las improcedencias proveídas en los amparos 196-2000. “Los magistrados y jueces. en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional. contraria a los preceptos constitucionales”. si se quiere.460 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT En ese sentido. son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”.
nota 27.35 Implica. 221 y 222. Porrúa. El juicio de amparo. Aurelio. German.38 35 Al respecto. 705-713. el 11 de julio de 2003. nota 27. los cuales en principio han sido examinados desde una perspectiva constitucional… Pero además de que el precitado artículo 20 de la Ley de Procedimientos Constitucionales nos permite deducir la finalidad de las medidas cautelares. Madrid. y Burgoa. 1999.37 en la que señaló que resulta imperioso ponderar que la adopción de una medida cautelar en el ámbito procesal constitucional reviste carácter extraordinario. . invierno de 1982-1983. Revista de Derecho Político. conocido también como periculum in mora. Gimeno Sendra. 2002. Ensayos sobre el derecho de amparo. pp. “Comentario al artículo 56 de…”. en general cualquier otra medida cautelar—: el daño o el efecto negativo que el tiempo necesario para la tramitación del proceso puede ocasionar para la ejecución de la decisión definitiva que se pronuncie en el mismo. “Comentario al artículo 56 de…”. Carmen. en específico a la categoría constitucional cuya tutela reforzada se solicita. 13. 38 Al respecto. véase Fix-Zamudio. Héctor. véase Chinchilla Marín. El recurso de amparo según la jurisprudencia constitucional. Carmen. pp. En igual sentido. Marcial Pons. 37 Proveída el 14 de enero de 2002. 339 y 340. México. el mismo fija uno de los presupuestos esenciales que debe apreciar el Tribunal para decretar la suspensión del acto reclamado —y. núm.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 461 sus actuaciones están apegadas a la Constitución.36 Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. en tanto que supone sustraer la eficacia u operatividad dimanante de los actos dictados por las autoridades públicas. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 69-2006. José. Colex. 67. entre otras. pp. Chinchilla Marín. 36 Guaita Martorell. 59-61. Vicente y Garberí Llobregat. 1994. Madrid. Ignacio. que “el autor del desafuero es precisamente quien debía ampararnos”. 1994. pp.. Madrid. cit. pp. cit. constitucional e internacional). México. Fernández Farrere. 885-888. el 9 de junio de 2006 y 231-2003. p. Porrúa. Los procesos de amparo (ordinario. por ejemplo en la interlocutoria pronunciada en el amparo 16-2002. “El recurso de amparo contra tribunales”. pp.. 880 y 881.
pp. Medida cautelar…. no podemos ignorar que muchas veces ese tiempo del proceso es excesivo. véase Ramírez. . Buenos Aires. 41 Véase supra p. cit. importa el riesgo que el desplazamiento temporal del proceso suponga un obstáculo real para la materialización efectiva de las consecuencias derivadas de una eventual sentencia. Jorge Walter. 26. sobre todo cuando hay fecha cierta para la ejecución del acto reclamado. Ahora bien. no debe vincularse necesariamente este presupuesto para la adopción de las medidas cautelares con la mora judicial. 40 Sobre el tema véase Ramírez. impidiendo de esta forma la plena actuación de la actividad jurisdiccional. Buenos Aires. Y es que. contrario al derecho a la protección jurisdiccional. por una deficiente estructura del proceso. debido a que el acto reclamado no está pronto a ejecutarse o su ejecución no conllevará un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva que ampare al impetrante. en algunas ocasiones. Función precautelar. que al momento en que se pronuncie sentencia 39 Proveída el 15-04-2002. se efectúen y permitan al Tribunal pronunciar sentencia. 154.40 pues es claro que la tramitación de todo proceso. lo cual.462 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en igual sentido en relación con el contenido del periculum in mora. y Arazi. Astrea. Roland.39 en la que señaló que: el periculum in mora.. En ese sentido. Medidas cautelares. Astrea. el 14 de enero de 2002 y 436-2005 el 8 de septiembre de 2005. Jorge Orlando. Sobre la relación tiempo y proceso. entendido como el peligro en la demora. 8 y 9. p. nota 7. el Tribunal puede advertir. en ambas hipótesis. Eso sí. p. ibidem. hace que el proceso sea largo y. debe existir un peligro tangible que el retraso en la obtención de la sentencia determine la ineficacia de ésta. la Sala de lo Constitucional no advierte que exista un peligro que incida negativamente en su eficacia. En igual sentido. requiere de un plazo.41 Hablamos simplemente del tiempo del proceso. ya sea por problemas vinculados al funcionamiento de los juzgados y tribunales e incluso. por ejemplo en la interlocutoria proveída en el amparo 84-2001. se abstendrá de decretar una medida cautelar. del razonable. 2005. 1997. entre otras. las interlocutorias proveídas en los amparos 12-2002. ya que se trata de un conjunto de actos que deben de desplegarse en el tiempo. sobre todo. o en la tramitación del mismo. 2. si al inicio del proceso de amparo. Jorge Orlando. en algunos casos. p. para que ese conjunto de actos que tienen su razón última en la Constitución. Peyrano. 5. por su propia naturaleza.
Por el contrario. supuesto en el que el Tribunal. sobre todo teniendo en cuenta que el acto provenía de la administración. había “un verdadero peligro en la demora. En similar sentido. el 3 de marzo de 2005. . en concepto de la multa que impuso. decretó la suspensión del acto reclamado. en supuestos en los que se impugnan resoluciones judiciales con contenido económico.43 en el que específicamente se reclamaba contra la imposición de una multa. tal como lo declaró en el ATC 275/90. no ocasionará un daño que no sea reparable a través de la misma. aduciendo que.42 supuestos en los que la Sala de lo Constitucional no haya decretado la suspensión del acto reclamado. o cualquier otra medida cautelar. porque el daño no sea irreparable por la sentencia definitiva. también. por regla general. salvo que concurrieran circunstancias especiales. No localizamos en la jurisprudencia constitucional salvadoreña. además de existir apariencia de buen derecho. consideramos que sí es indispensable que la Sala decrete una medida 42 En España. sí encontramos en la jurisprudencia española casos en los que. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 27-2007. no era necesaria. como existe en la de otros países. no se suspende el acto reclamado. difícilmente se encontraría imposibilitada de dar cumplimiento a una sentencia que le obligue a devolver la cantidad de dinero que recibió. a nuestro parecer. ya que de no paralizar el cobro …podría afectarse de manera irremediable el patrimonio del pretensor”. por ejemplo en aquellos amparos en los que el perjuicio invocado por los impetrantes es de tipo económico. existen supuestos en los que no obstante el acto reclamado ocasiona al impetrante del amparo un perjuicio de tipo económico. pues el perjuicio económico no es reparable por la sentencia definitiva (AATC 565/86 o 52/89). no obstante ser el agravio de tipo económico. entre otras. y ésta. del 18 de enero de 2007. 43 Proveído el 8 de noviembre de 2006. en este caso concreto. pues su ejecución no puede producir un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 463 el acto no se habrá ejecutado o. decreta la suspensión. por ejemplo. no compartimos la idea de que el mismo hubiera sido irreparable por la sentencia definitiva en caso fuera estimatoria. en el auto de admisión de la demanda. a pesar de que sí se han iniciado procesos en los que. tal como se puede advertir en el amparo 696-2006. antes de que se pronuncie una eventual sentencia estimatoria. Sin embargo. que la ejecución del acto impugnado. y 55-2005. Consideramos que si bien es cierto la ejecución del acto reclamado podría haber ocasionado un perjuicio al patrimonio del impetrante.
45 Pronunciada el 23 de septiembre de 2004. cit.. 65. en virtud de que no se ha establecido que el desarrollo del presente amparo supondrá un peligro para la efectiva tutela de los derechos invocados. haciendo imposible la ejecución de un eventual fallo estimatorio… En tal sentido. Los procesos de amparo…. 220 y 221. pues no justifican cómo el devenir temporal de este proceso tornaría irremediable la vulneraciones alegadas. en el auto de admisión del 44 Proveída el 27 de octubre de 2006. 888-892. 65.. cit. En igual sentido. el 4 de julio de 2006 y 421-2006. cit. nota 27. También hallamos casos en los que no ha decretado medida cautelar alguna. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 320-2006. Carmen. 1999. Porrúa. denominado también fumus bonis iuris o fumus iuridicius. nota 38. de no ordenarse ésta. el 23 de noviembre de 2006 y 41-2007. Ensayos sobre el derecho de amparo. nota 38. Ahora bien.. El recurso de amparo según la….. 343-349. 47 Fix-Zamudio. porque el tiempo del proceso no incidirá en la ejecución de una eventual sentencia definitiva. los efectos del acto reclamado pueden alcanzar a terceros de buena fe.464 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT cautelar. Héctor. entre otras. p. es pertinente denegar la suspensión de la actuación debatida. nota 38. México. además. p. José. el 22 de agosto de 2006. Fernández Farrere. Héctor. Tal como sucedió en el amparo 6302006. el 18 de enero de 2007. Ensayos sobre el…. por ejemplo. German. cit. En similar sentido.47 tal como lo señaló.45 en la que al respecto sostuvo que no es posible apreciar que: existe un verdadero peligro en la demora. pues. como se puede advertir en la interlocutoria a través de la que se admite la demanda incoada en el amparo 525-2004. 46 Fix-Zamudio.44 en el que como medida cautelar se ordenó a la autoridad judicial demandada que se abstenga de “realizar la venta en pública. ya que de no paralizar la ejecución del proceso ejecutivo mercantil número…. Gimeno Sendra. entre otras. la jurisprudencia constitucional ha señalado que para decretar una medida cautelar en el amparo no basta el periculum in mora. . pp. pp. Vicente y Garberí Llobregat. es fundamental que concurra otro presupuesto: apariencia de buen derecho. y Chinchilla Marín. “Comentario al artículo 56 de…”.46 sino que. los bienes embargados podrían ser vendidos en pública subasta o adjudicados en pago de conformidad a la ley…”. las interlocutorias proveídas en los amparos 737-2006. pp.
En igual sentido. el 14 de febrero de 2002. que le sirvieron al tribunal para decretarla o denegarla. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 682-2001. el 20 de abril de 2006. Se trata. la Sala de lo Constitucional ha establecido. por imperativo legal. 49 Proveída el 14 de enero de 2002.48 en el que declaró que la adopción de una medida cautelar “se encuentra condicionada por la concurrencia simultánea de dos presupuestos básicos. a saber: la probable existencia de un derecho amenazado —fumus bonis iuris— y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso —periculum in mora—”. al momento de pronunciarse sobre la procedencia de decretar la suspensión del acto reclamado o cualquier otra medida cautelar. específicamente cuando se modifiquen o alteren los datos. según el caso. . el 21 de diciembre de 2001 y 681-2001. sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida. por ejemplo en el auto de admisión del amparo 12-2002. de la formulación de una hipótesis. En igual sentido. el 8 de enero de 2002. Dicho presupuesto adicional al periculum in mora se encuentra referido al juicio de probabilidad —no de certeza— que efectúa el Tribunal en relación con la violación constitucional alegada por el impetrante del amparo.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 465 amparo 12-2002.49 que: el fumus bonis iuris hace alusión a la apariencia fundada del derecho. entre otras. debe hacer tanto al inicio del proceso como después de que el fiscal de la Corte evacua la audiencia que se le confiere de conformidad con artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. por así decirlo. 48 Proveída el 14 de febrero de 2002. entre otras. y 128-06. permitiendo la formulación de una respuesta jurisdiccional afirmativa a la viabilidad jurídica de la satisfacción positiva de la pretensión. que deben ser examinados por el ente jurisdiccional en el caso concreto. la cual. lo que no excluye que. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 16-2002. En relación con el contenido de dicho presupuesto. la haga en cualquier estado del proceso. en virtud de la naturaleza de las medidas cautelares. relacionados con la violación constitucional invocada por el impetrante del amparo. la que se obtiene analizando los hechos alegados con las restantes circunstancias que configuran la causa.
entre otras. cuando. se advierte que éste se sustenta. en vista de que se han expuesto de manera profusa los conceptos de violación de los derechos constitucionales invocados. la sentencia que se pronunciará en ese proceso también será estimatoria de la pretensión incoada. del estudio de la fundamentación de la pretensión de amparo. en la interlocutoria proveída en el amparo 158-2001. se puede entender suficientemente configurada la apariencia de buen derecho. ante la desatención de la solicitud de atención médica especializada realizada por el demandante. En relación con el segundo criterio. hecho que permite con probabilidad estimar fundado el reclamo propuesto. el 9 de junio de 2006. al examinar si concurría el presupuesto en comento. es decir. por ejemplo en el auto de admisión del amparo 12-2002. Respecto al primer criterio. Por ejemplo. que esta Sala realice una hipótesis afirmativa respecto de las . En igual sentido. en concreto porque de comprobarse la misma se estarían lesionando las categorías invocadas por el impetrante. por ejemplo en el auto de admisión del amparo 69-2006. señaló que respecto 50 Pronunciada el 19 de abril de 2001. que si se comprueban los hechos y no hay cambio jurisprudencial alguno. Este criterio ha sido utilizado por la Sala para no decretar ninguna medida cautelar. el 13 de marzo de 2001 y 123-2001. las interlocutorias proveídas en los amparos 100-2001. en esta etapa liminar. aprecia que ésta es similar a otra que ya fue resuelta en forma favorable con anterioridad. el utilizado con más frecuencia por el Tribunal. con la diferencia que en este caso la apariencia de buen derecho la desprende de la narración de la violación constitucional que expone. en el que declaró que: partiendo del precedente jurisprudencial citado y los datos aportados.50 la Sala de lo Constitucional. en la fundamentación de la pretensión de amparo incoada. el 30 de marzo de 2001. en el que señaló que los “datos aportados y el argumento esgrimido por… nos permiten. al igual que el anterior.466 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT En la jurisprudencia constitucional salvadoreña podemos advertir que la Sala de lo Constitucional ha utilizado básicamente dos criterios para determinar la concurrencia del fumus bonis iuris: la existencia de un precedente jurisprudencial y la narración de hechos constitutivos de una violación constitucional. Tal ha sido la postura sostenida por la Sala. se puede advertir que el Tribunal ha considerado que concurre el presupuesto del fumus bonis iuris.
51 Por ejemplo en la interlocutoria pronunciada en el amparo 706-2001. sino que. el fundamento jurídico de la pretensión de la parte actora radica en las supuestas violaciones al derecho… y el derecho…. En igual sentido. entre otras. . Finalmente. Desde una óptica posibles violaciones constitucionales argüidas para adoptar la medida cautelar solicitada. al analizar la concurrencia de este presupuesto. partiendo de una realidad que la misma jurisprudencia constitucional ha plasmado en sus resoluciones: la incidencia que las medidas cautelares pueden tener en los intereses generales u otros derechos fundamentales de un tercero. sin embargo. las interlocutorias proveídas en los amparos. por ejemplo. una positiva y la otra negativa. es importante destacar que. es posible. en el auto proveído en el amparo 552-2004. en algunos casos efectúa una valoración que podemos calificar como compleja. pues no se ha limitado a apreciar si la fundamentación se encuentra referida a un supuesto resuelto con anterioridad en forma favorable o revela una posible lesión constitucional.52 señaló que el juicio sobre: la apariencia de buen derecho en materia de amparo.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 467 a la configuración de la apariencia de buen derecho. encontramos que la Sala de lo Constitucional. siempre en relación a la apariencia de buen derecho. se encuentra integrado por una doble y antitética ponderación de probabilidad. ello en virtud del principio rebuc sic stantibus”. la Sala de lo Constitucional. aspecto que permite el pronunciamiento de una providencia cautelar. en este sentido. ha efectuado un examen negativo o.51 Al respecto. 52 El 20 de octubre de 2004. este Tribunal estima que los elementos argumentativos planteados por la parte actora para apoyar las presuntas vulneraciones en su esfera jurídica resultan lo bastante convincentes para estimar la viabilidad de brindar una respuesta jurisdiccional afirmativa a la queja formulada. ha valorado las consecuencias que podría producir la adopción de una medida cautelar. en virtud que su ordenación trasciende a la órbita de lo individual por su evidente contenido de interés público. si se quiere. el 6 de diciembre de 2001. en virtud del carácter dinámico de este proceso. una vez analizados los informes y documentación presentados por la autoridad demandada y el resto de alegatos de la parte actora… que se modifique la decisión adoptada por este Tribunal…. esto se traduce en el establecimiento —a partir de los datos aportados— de un juicio de probabilidad positiva y objetiva sobre la veracidad de las transgresiones constitucionales invocadas. también. básicamente.
por ejemplo en el auto de admisión del precitado amparo 552-2004. la tutela cautelar que podría brindarse al suspender la eficacia del precepto impugnado afec53 El 30 de junio de 2005. de tal suerte que si tales daños ocasionaran un trastorno grave e irreversible a dichos intereses o derechos. y. Respecto al segundo de los criterios. además de desprenderse el otro de los aspectos que la Sala examina al momento de valorar la concurrencia del fumus bonis iuris. . por otra parte. y. desde una óptica negativa. tal es el caso de la interlocutoria pronunciada en el amparo 174-2005.468 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT positiva. localizamos algunas resoluciones en las que el Tribunal no decretó ninguna medida cautelar en aplicación del mismo.53 en la que declaró que: debido a la naturaleza y complejidad del presente caso. En relación con el primero de los criterios utilizados por el Tribunal para efectuar el juicio negativo. el órgano jurisdiccional debe apreciar la existencia de un derecho fundamental vulnerado por el acto impugnado. es imperioso ponderar que la finalidad de dichos trabajos… es evitar las inundaciones ocasionadas por el invierno… En ese sentido. de diversa índole. podemos conocer los criterios objetivos específicos que utiliza para efectuar el referido juicio negativo: los daños que a los intereses generales puede ocasionar una medida cautelar y la afectación a derechos fundamentales de terceros. la Sala de lo Constitucional. lo que generaría graves perjuicios. prever también los daños que a los intereses generales u otros derechos fundamentales de un tercero puede ocasionar la protección cautelar mediante la suspensión de los efectos del acto reclamado. se observa que los beneficios resultantes de la actuación del servicio público comentado sufrirían un importante menoscabo si este Tribunal acordara suspender los efectos de las obras…. a un nuecero grupo de habitantes de aquella región. debe denegarse la petición de suspensión. el daño que a los intereses generales puede ocasionar una medida cautelar. sostuvo que la peticionaria expuso: circunstancias fácticas y jurídicas… que satisface(n) desde un enfoque positivo la apariencia de buen derecho. Del contenido de la jurisprudencia citada. se colige la existencia de un peligro en la demora del proceso… Sin embargo.
resulta evidente que particularizar la comentada medida podría generar graves perjuicios a los intereses de todos y cada uno de los accionistas de la…. por ejemplo en el auto de admisión del amparo 626-2000. B. En el mismo sentido. 55 Interlocutoria pronunciada el 14 de diciembre de 2000. Chinchilla Marín. José. En definitiva. Burgoa. todo para efecto de garantizar que el precepto anotado se aplique de manera igualitaria a todos sus destinatarios.. estimar a la suspensión como medida o providencia cautelar con las modalidades que a estas instituciones atribuye la doctrina de derecho procesal. puesto que ello alteraría las condiciones en que ejercen sus derechos sociales. situación que además podría repercutir en la organización y funcionamiento de esa sociedad. sostiene que se trata de una medida cautelar. la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha declarado. en general. Naturaleza En cuanto a la naturaleza54 de la suspensión del acto reclamado. cit. El juicio de…. cit. y Gimeno Sendra.. nota 38.55 que la “suspensión del acto reclamado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares”. 711. Burgoa condiciona su naturaleza jurídica al expresar que la consideración de la suspensión del acto reclamado como medida cautelar es correcta “si se toma en cuenta que dicho fenómeno o situación procesal conserva la materia del amparo. . Vicente y Garberí Llobregat. en tanto que ello colocaría a…. 64. impidiendo que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute… Sin embargo.. a su vez. el 18 de diciembre de 1997 y 176-2001. Así las cosas. 220. Héctor. esta Sala considera procedente denegar la adopción de la medida precautoria propuesta por la actora. nota 27. Ignacio. específicamente su derecho al voto. se antoja un despropósito que atenta contra su naturaleza jurídica”. la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales no contiene disposición alguna que se refiera a ella. incidiría negativamente en los intereses de los demás accionistas de la misma que no se han abocado a esta sede. cit. Ensayos sobre el derecho…. nota 38. posiblemente. Sin embargo. la organización de la…. Los procesos de amparo…. p. el 15 de mayo de 2001.. véase Fix-Zamudio. p. cit. nota 38. 879-881. en una posición privilegiada en lo relativo al ejercicio de sus derechos accionarios frente a los demás socios en la respectiva junta de serie. pp. Carmen. al respecto. entre otras. sin embargo.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 469 taría la administración de la sociedad… y. para evitar que la tutela requerida por la citada sociedad pueda ocasionar mayores perjuicios que la propia disposición atacada en la administración y. p. las interlocutorias pronunciadas en los amparos 420-97. 54 En cuanto a la naturaleza del acto reclamado la doctrina. “Comentario al artículo 56 de …”.
este Tribunal se encuentra plenamente habilitado para decretar las providencias que estime indispensables a fin de garantizar la efectiva realización de su actividad jurisdiccional. como puede desprenderse de la decisión antes citada. es dable afirmar que la misma no se queda sólo en eso. al menos teóricamente. sino que hay. ya que si las medidas previstas en la Ley no son las idóneas para posibilitar que la sentencia de amparo sea plenamente eficaz. se vuelve indispensable que el Tribunal. ha sido bastante progresista. es decir. en el auto de admisión del amparo 626-2000. en forma tradicional.470 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT Ahora bien. el catálogo de medidas cautelares susceptibles de ser decretadas. además. como el contenido en todas nuestras leyes que han regulado el amparo. a uno de lista abierta en donde el criterio determinante es la idoneidad de la medida adoptada. una ampliación de la tipología. En ese sentido —reiteramos— la jurisprudencia citada. si bien en un primer momento. pues ha sostenido que cabe la posibilidad de decretar otras medidas cautelares distintas a la suspensión del acto reclamado contenida en la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales. se ha pasado de un sistema de lista cerrada. en modificar la tipología legal en torno a los procesos cautelares. un interés en superar el clásico concepto de medidas cautelares o. se puede aseverar que amplía el catálogo de medidas cautelares. debido a la complejidad de las distintas situaciones que se van presentando dentro del proceso. en estos casos. por lo que se requiere la adopción de medidas peculiares que superen lo que tradicionalmente implica la simple paralización de las actuaciones atacadas. Ahora bien. la jurisprudencia constitucional. la Sala de lo Constitucional. la cual hasta ese momento era unitaria. pues ahora el Tribunal puede adoptar medidas cautelares no sólo dirigidas a lograr “la simple . señaló que: existen supuestos fácticos en que la mera suspensión del acto o actos impugnados resulta insuficiente o inidónea para procurar la plena efectividad de la función cautelar. sino que se puede advertir. Y es que no puede ser de otra manera. actualice los instrumentos procesales con los que cuenta para lograr una verdadera tutela jurisdiccional. consideramos que la misma no sólo va dirigida a abrir. en términos más precisos. En esa dirección. a través de la interpretación de la normativa procesal vigente. al momento de determinar el catálogo de medidas cautelares susceptibles de ser decretadas.
a que retrotraigan las resultas consumadas del acto reclamado o. prevista en la ley vigente. En primer lugar. 58 Interlocutoria pronunciada el 14 de enero de 2002. En igual sentido. en el auto de admisión del amparo 12-2002. específicamente que a un paciente que padecía SIDA. la interlocutoria proveída en el amparo 12-2002. Del texto del último auto de admisión citado. por ejemplo puede consistir en mandar a la autoridad o particular demandado. pp. se trata de un cambio que incide en la naturaleza de las medidas cautelares que el Tribunal puede decretar para dotar de eficacia el proceso. dicho tratamiento.57 La interlocutoria citada fue un primer precedente. Medida cautelar…. por cierto bastante genérica. Se pasa. es decir. de un sistema en el que el único tipo de medidas cautelares que podían adoptarse era conservativo. resulta pertinente resaltar dos aspectos. 13.56 como lo son la suspensión del acto reclamado. desde la admisión de la demanda.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 471 paralización de las actuaciones atacadas”. Cfr..58 la Sala de lo Constitucional adoptó una medida cautelar innovativa. y. que éstos hagan o dejen de hacer algo contrario al acto que se considera lesivo de las categorías invocadas por el impetrante. p. que. En otras palabras. sin embargo. que en este caso fue innovativa. en términos generales. los efectos que produce este tipo de medidas cautelares en relación con la causal de so- 56 Peyrano. el 14 de enero de 2002. ibidem. 57 . nota 7. según el caso. a quien se le había negado el tratamiento idóneo. 21-23. en concreto la anotación preventiva de la demanda de amparo. dirigido a “conservar o inmovilizar una situación de hecho. para impedir los cambios de la misma que pudieran frustrar después el resultado práctico del proceso principal”. y el resto de configuración tradicional que pudieran decretarse a partir de la ampliación efectuada por la Sala de lo Constitucional en el auto de admisión del amparo 626-2000. ordenar la alteración del Estado de hecho o de derecho existente antes de que se pronuncie la decisión definitiva en el proceso de amparo. de la procedencia de otras medidas cautelares. cit. se le diera. a otro donde el Tribunal puede mandar a innovar. sobre todo para dictar en el caso concreto otra medida cautelar distinta a la suspensión del acto reclamado. Jorge Walter. en segundo lugar. la justificación que hace el Tribunal. por tanto.
pp. sino que es un elemento necesario o indispensable para que la Sala de lo Constitucional puede ejercer de forma natural la potestad jurisdiccional. 1993. Jorge Orlando. 19 y 20. Peyrano. a la que nos hemos referido con anterioridad y. al de las potestades jurisdiccionales implícitas. cit. Por un lado. y Ramírez. 5: “por haber cesado los efectos del acto reclamado”. Jorge Walter. la Sala justificó la procedencia de otras medidas cautelares en los términos siguientes: que si bien es cierto la Ley de Procedimientos Constitucionales únicamente se refiere a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar en el amparo. 106 y 107. ya que expresamente la resolución precitada señala que la “potestad cautelar representa un elemento esencial”. es decir. finalidad que no puede ser solventada en todos los casos que elevan los justiciables ante esta jurisdicción a través de la mera paralización de los actos impugnados. pp. mediante la ejecución concreta. es decir. cit. Precisamente. Y. p. En igual sentido. y su propósito fundamental consiste en lograr la plena realización de la potestad jurisdiccional que se ejercita. a la necesidad de que la tutela jurisdiccional sea eficaz.472 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT breseimiento contenida en el artículo 31 núm.59 en otras palabras. porque la actividad cautelar representa un elemento esencial del estatuto de este Tribunal. El proceso atípico. el Tribunal señaló que: 59 Cfr. Buenos Aires. forman parte de la propia naturaleza de la tutela reforzada que efectúa el Tribunal a través del amparo. Así. Peyrano. Medida cautelar…. real y lícita de aquello que específicamente se decida en la fase cognoscitiva del proceso. 337. esta previsión legislativa no constituye un valladar para decretar cualquier otro tipo de medidas tendentes a asegurar la ejecución de las decisiones que se dicten en esta sede. la incidencia de la medida cautelar en relación a la cesación de los efectos del acto reclamado. que el Tribunal recurre básicamente a dos temas. por otro.. en relación con el segundo. motivo por el cual se vuelve indispensable la adopción de otras medidas aseguratorias de la satisfacción de las pretensiones de amparo… Se advierte del texto de la interlocutoria citada. que se trata de un componente de la actividad jurisdiccional que su existencia no depende de una previsión legislativa. Jorge W. nota 40. Editorial Universidad. en relación con el primer aspecto.. Función….. . nota 7.
60 Y es que. a efecto de excluir la concurrencia de la causal de sobreseimiento “cesación de los efectos del acto reclamado”. conllevan la cesación de los efectos del acto reclamado. o que en lugar de mera verosimilitud hubiera mayor grado de certeza a la luz de pruebas inequívocas. lo que permitiría revocarla o alterar su contenido en el devenir procesal si se modifican las circunstancias que han determinado su adopción. Ramírez. el juicio efectuado por el Tribunal en los supuestos en los que decreta una medida cautelar innovativa. por tanto. Función…. y además. cit. Se trataba. si el juicio de la Sala no fuera de probabilidad sino de certidumbre. pasaríamos al campo de las medidas autosatisfactivas. de lo contrario. de una situación en la que los datos aportados por el demandante permitieron al Tribunal efectuar “un juicio de probabilidad positiva”. es exigible al funcionario presuntamente responsable de las violaciones alegadas. al igual que en el caso de las medidas conservativas.61 y por tanto. las cuales. 61 Cfr. en virtud de la situación de certeza apuntada. Como se advierte en la resolución citada. pp.. o que el interés tutelable fuera cierto y manifiesto. es de probabilidad o simplemente conlleva la formulación de una hipótesis sobre la lesión constitucional alegada por el 60 La doctrina enmarca dentro de la categoría medidas cautelares innovativas a supuestos similares al citado. no se alegaba ausencia total de tratamiento sino que se discutía sobre la idoneidad del que le estaba suministrando la autoridad demandada. Jorge Orlando. en virtud de la naturaleza provisional e instrumental de aquélla. lo cual es plenamente atendible. ya que. 340-342. al respecto. en principio.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 473 el hecho de que en este amparo se disponga una medida cautelar innovadora para posibilitar la subsistencia del actor durante el desarrollo del proceso. el Tribunal hace énfasis en el carácter provisional e instrumental de la medida cautelar innovativa adoptada. 110-113. pp. Por estas razones. son definitivas. dado que la misma no sustituye la respuesta que. En ese sentido. lo cual podía haber sido desvirtuado en el transcurso del proceso. es posible sustanciar la pretensión deducida con el objeto de pronunciar una sentencia que ponga fin de manera definitiva a la controversia planteada. . así como en la posibilidad de que la misma pueda ser revocada o alterada en el devenir del proceso. ibidem. en ese proceso en concreto. no debe interpretarse como una cesación de los efectos de la omisión cuestionada. nota 40. véase.
nota 38.. por tanto. en su artículo 19.62 La limitación establecida en cuanto a la naturaleza de los actos susceptibles de ser suspendidos a través del amparo es congruente con el tipo de medida cautelar previsto en la Ley para el caso del amparo —conservativo. En virtud de eso. provisionales y. que están por realizarse y. entre otras. Ignacio. la limitación señalada también tiene incidencia en lo relativo al ámbito temporal de los actos sobre los que la suspensión del acto reclamado puede desplegar sus efectos. como se podría creer. es decir. 21 y 22. la intensidad de la convicción o el grado de certeza del Tribunal es el mismo o. es decir. p. además.”63 Ahora bien. es decir. 2000. C. éstas se continúan caracterizando. paralizarse o hacerse cesar. pp. por ser revocables y alterables en el transcurso del proceso y. ya que la suspensión del acto reclamado sólo puede desplegar sus efectos respecto de un acto que sea susceptible de paralizarse. por ser instrumentales. cit. lo que determina que se decrete una medida cautelar innovativa no es el grado de certeza. Porrúa. Garantías y Amparo. En 62 Sobre el concepto de actos positivos. 63 Burgoa. Así. 710. no hacen cesar de manera definitiva los efectos del acto reclamado. en otra palabras.474 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT impetrante y no implica. bajo ningún supuesto sobre actos consumados. Diccionario de Derecho Constitucional. p. . México. Ignacio. ibidem. establece la naturaleza de los actos susceptibles de ser suspendidos.2. que en los supuestos en que las adopta tenga un mayor grado de convicción. o Burgoa. Actos susceptibles de ser suspendidos La Ley de Procedimientos Constitucionales. El juicio de…. en los supuestos en los que se decretan. sus efectos están sujetos a las resultas del proceso. 713. la citada disposición señala que la suspensión sólo procede respecto de actos que produzcan o puedan producir efectos positivos. Ignacio. lo que no tiene o no puede tener una existencia positiva. “pues lo negativo. es imposible de suspenderse. idea que también es congruente con el tipo de medida conservativa prevista en la Ley. sino la idoneidad de las mismas para dotar de eficacia al proceso de amparo. ya que este tipo de medidas sólo pueden desplegar sus efectos sobre actos de tipo futuro. tal como apuntábamos anteriormente—. véase Burgoa.
es necesario señalar que el acto reclamado se ha consumado plenamente…. la posibilidad de que se decrete para actos consumados o negativos. del 9 de noviembre de 2006. En igual sentido. las interlocutorias proveídas en los amparos 37-2006. ordenar la suspensión de los efectos del acto impugnado. situación que evidencia de forma clara la inexistencia de situaciones que puedan preservarse mediante la adopción de una medida cautelar. el 13 de septiembre de 2005. 66 Interlocutoria pronunciada en el amparo 753-2006. entre ellas las de tipo innovativo. lo previsible sería que en estos 64 Idem. por dicha razón. En igual sentido. entre otras. las interlocutorias proveídas en los amparos 436-2005 del 8 de septiembre de 2005 y 505-2005.66 Asimismo. 65 . de lo contrario.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 475 otros términos. se estaría otorgando una tutela anticipada o una pre estimación de la pretensión incoada. por dicha razón. el 19 de enero de 2006. no tienen efectos retroactivos. a través de un pronunciamiento distinto a ésta. 67 Interlocutoria pronunciada en el amparo 705-2006. y ha excluido. pues si ya con anterioridad había considerado que la regulación vigente no prevé las medidas cautelares idóneas para asegurar la eficacia del proceso de amparo y. nunca invalidan.67 Consideramos que la postura de la Sala de lo Constitucional en este tipo de supuestos ha sido cómoda. en el supuesto en que el acto reclamado se ha consumado ha sostenido que respecto a la procedencia de adoptar una medida cautelar en el caso en estudio. el 26 de septiembre de 2005.64 ya que dicha función se encuentra reservada a la sentencia definitiva. por lo que resulta improcedente. e incluso podemos calificarla como contradictoria con sus propios pronunciamientos. pues. el 13 de diciembre de 2006. ni anulan. Idem.65 La jurisprudencia sobre el tema se ha limitado a sostener que la suspensión del acto reclamado procede únicamente contra actos de tipo positivo. en los casos en que el acto reclamado es una omisión. ha declarado reiteradamente sin “lugar la suspensión de los actos reclamados por tratarse de omisiones”. abrió la posibilidad de que se decreten otras medidas cautelares. y 489-2005. en este caso. entre otras. sin que previo al mismo se tramite en su totalidad el proceso de amparo. incluso sin mayor motivación. Por ejemplo.
de la cual aseguran su fructuosidad.476 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT casos se adoptara una postura congruente con la apertura señalada. urgentes. así como al contenido que le ha atribuido a cada una de ellas. revocables. alterables. no aspiran a transformarse nunca en definitiva.68 Provisionalidad. pues es claro que al momento de resolver sobre su procedencia debe analizarse la concurrencia de algunos presupuestos. y 591-2002. incluso en los supuestos en que los actos no son de carácter positivo. Instrumentalidad. en general. En virtud de que “sus efectos tienen duración limitada. tal como lo señala Fairén Guillén. provisionales. Características En cuanto al tema de las características de las medidas cautelares. extinguibles. sino que por su naturaleza están destinados a extinguirse en el momento en que se dicte sentencia o resolución sobre el fondo del asunto”. sirve para garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. que no necesariamente debe conllevar a que en el caso concreto se adopte una medida cautelar. en ese sentido. el 21 de junio de 1999. . el 16 de abril de 2002. D. lo tiene en asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva. encontramos abundantes resoluciones en las que la Sala de lo Constitucional ha hecho referencia a las mismas y. 68 Sentencia definitiva pronunciada en el amparo 90-98. En igual sentido. pero sí tener como premisa que. a una decisión definitiva. que más que el objetivo de actuar el derecho en su satisfacción. En este apartado intentaremos hacer referencia a aquellas características que localizamos mayoritariamente en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de los últimos diez años. modificables. ha señalado que éstas se caracterizan. principalmente. Ya que: están preordenadas. esto es. entre otras. en concreto. el 22 de mayo de 2003. se pueden decretar medidas cautelares. por ser instrumentales. las sentencias definitivas proveídas en los amparos 172-2001. no pasar en autoridad de cosa juzgada y funcionales. el proceso cautelar más que hacer justicia.
su instrumentalidad. sobre todo cuando estamos en presencia de amparos contra omisiones y actos consumados. son coincidentes con las que la doctrina mayoritaria les ha atribuido. “Es decir. . el 4 de marzo de 2003.ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 477 Urgencia. ya que en ambos supuestos 69 Sentencia definiti va proveí da en el amparo 1311-2002. que sus efectos se extinguen en el momento en que se emana. el 22 de junio de 2005.69 Se extinguen a término o a plazo. consideramos que en algunos casos. ello no pueda evitar que se inste y conceda —esta vez sí— en torno al mismo asunto. tal como lo señala el profesor Fairén Guillén. el 14 de abril de 2005. pues de no proveer a él rápidamente. Ahora bien. de acuerdo al principio rebus sic stantibus. entre otras. En igual sentido. la resolución del asunto principal”. sea por aumento o disminución del periculum in mora. desaparición del mismo. el 15 de mayo de 2001. En igual sentido. entre otras. cabe su modificación en cuanto se altere el estado sustancial de los datos reales sobre los cuales la medida se adoptó. “Es decir. modificabilidad y revocabilidad. así como su contenido. Funcionalidad. Alterabilidad. 70 Sentencia definitiva pronunciada en el amparo 84-2001. las sentencias definitivas pronunciadas en los amparos 523-2004. siempre que el estado de los hechos se hubiese modificado. y 140-2004. las interlocutorias proveídas en los amparos 12-2002. “Pues su especial objeto. “pues además de la idea de peligro —entendido en sentido jurídico— precisa que exista urgencia en sí. No surten efectos de cosa juzgada. o disminución del fumus boni iuris. depende el que. denegada una medida cautelar. deben adecuarse al tipo de pretensión que se propone”. su variabilidad y su provisionalidad. el 15 de abril de 2002. las decisiones de la Sala no ponen de manifiesto el contenido de algunas de las características citadas.70 Las características de las medidas cautelares antes relacionadas. el peligro se transformaría en realidad”. con fuerza de cosa juzgada. excluyen la duración de los efectos de una decisión en que consiste la cosa juzgada”. tienen que adaptarse a la naturaleza y clase del derecho que se ejercita y se pretende. y 176-2001. el 14 de enero de 2002. Esto es. de como manifieste el principio rebus sic stantibus. o.
pues. en estos supuestos específicos. Así. De lo contrario. una verdadera protección reforzada de los derechos. fijar con claridad los presupuestos para su adopción y superar las dificultades que tiene el procedimiento cautelar vigente. dentro de las cuales encontramos algunas que efectivamente pueden garantizar la eficacia del proceso frente a este tipo de actos. se trata de una reforma que debe de enfocarse en tres aspectos concretos: a) Tipos de medidas cautelares susceptibles de decretarse. se corre el riesgo de que la protección reforzada del amparo se convierta en “un vano torneo de actitudes declamatorias carente de proyecciones prácticas”. cuando el mismo Tribunal ha aceptado que cabe la posibilidad de dictar medidas distintas a las meramente conservativas. En otras palabras. además de dar certeza respecto al tipo de medidas cautelares susceptibles de decretarse. .478 MANUEL ARTURO MONTECINO GIRALT omite decretarlas. el contenido que la Sala le ha otorgado a la instrumentalidad y a la funcionalidad de las providencias cautelares es ignorado cuando se proveen este tipo de resoluciones. sin embargo. b) Presupuestos para su adopción. pues a través de ella se podría. siendo por ello indispensable una reforma legal. no obstante. en torno a la temática de las medidas cautelares ha sido importante. CONCLUSIONES Consideramos que el papel de la Sala de lo Constitucional. el mismo no es suficiente a efecto de lograr. c) Procedimiento. que son funcionales para lograr la eficacia de la actividad juzgadora. existir dentro del catálogo de medidas cautelares fijado por el Tribunal algunas. alegando que la naturaleza del acto reclamado lo impide. a través del amparo. III. no se ordenan. en los últimos años. en lo concerniente tanto a su diseño —y sobre todo su incidencia dentro del proceso de amparo— como a la eficacia del mismo.
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