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Timestamp: 2020-02-27 19:55:26+00:00

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EL CASO DE POCOYÓ: Fellatio iustitia est – Punto Crítico Derechos Humanos header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');
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13 noviembre, 2018 PUNTO CRÍTICO Editorial Justicia 8
1.- LA “RELACIÓN ÍNTIMA” ENTRE UNA JUEZ Y UN PROCURADOR EN SU JUZGADO
El caso gira alrededor de la existencia de una “relación íntima” entre una Jueza, Doña Olga Martín Alonso, titular del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid y un Procurador, Don Argimiro Vázquez Guillén, que representaba a un cliente ante ese mismo Juzgado Mercantil nº 10.
Una “relación íntima” que es contraria a las Reglas que deben regir la imparcialidad de un Juez y contraria a la extensa jurisprudencia nacional e internacional. En este sentido conviene recordar lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“1º.- El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal
10º.- Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”
8º.- La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurra alguna de las causas legalmente previstas”
Pues bien, la “relación íntima” entre la Jueza y el Procurador de una de las partes fue documentalmente probada por un Informe de Detectives. Emitieron dos Informes y al final de uno de ellos, concluían que:
Esa misma “relación íntima” entre la Juez y el Procurador fue posteriormente verificada por un Informe de la Fiscalía del TSJM:
Conviene recordar que Doña Olga Martín Alonso es la Jueza titular del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid, al que Don José María Castillejo acudió en busca de protección judicial.
Como parece demostrado, la Jueza mantenía lo equivalente a un noviazgo con el Procurador que representaba al contrario de Don José María Castillejo en su Juzgado. Don José María Castillejo no sabía la poca protección judicial que encontraría en ese Juzgado.
Cuando fue consciente de ello y una vez que tuvo Don José María Castillejo en su poder las pruebas que acreditaban esa relación irregular, lo denunció inmediatamente ante el Consejo General del Poder Judicial.
Por su parte, el Procurador -una vez conocida la denuncia- presentó un escrito ante el Juzgado diciendo que se retiraba de este caso por “haber cumplido la edad de jubilación“.
Como se puede ver… al final todo quedaba “en casa“.
La realidad sin embargo es que Don Argimiro Vázquez Guillén sólo “alcanzó la edad de jubilación” en este procedimiento.
Siguió trabajando normalmente en todo el resto de casos que llevaba, aceptando incluso nuevos casos e incluso representando clientes como Parte ante el mismo Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid que presidía la Jueza con quien mantenía o había mantenido una “relación íntima“.
Al igual que lo hacía su hija Doña Silvia Vázquez Senin -que en este caso, por cierto, había “sustituido” a su padre-:
Pues bien, la Magistrada Doña Olga Martín Alonso, tras presentar su abstención al conocer la queja presentada contra ella ante el CGPJ, y una vez aceptada la misma por parte de la Audiencia Provincial, se “retiró” definitivamente del procedimiento. Al hacerlo, no aceptó el motivo alegado por Don José María Castillejo -que era su “amistad íntima” con el Procurador- . La Jueza alegó “enemistad manifiesta” contra Don José María Castillejo. Algo completamente diferente a lo que éste había venido a denunciar y que en ningún caso se había planteado por su parte.
Como establece la Ley, seguiría siendo su Juzgado el que tramitara las actuaciones.
Como dato llamativo, ponemos de relieve que parece claro que sólo se “abstuvo” de “puertas para afuera” toda vez que el procedimiento se seguía tramitando en su Juzgado.
Dos años después de haberse abstenido firmó un Auto en el que denegaba la petición de nulidad que se había formulado por parte de Don José María Castillejo. Lo hizo a la vista de las numerosas irregularidades que se estaban llevando a cabo por parte de su Juzgado en la tramitación de una Subasta Judicial y que terminaría beneficiando al cliente del Procurador con el que ella mantenía una “relación íntima“. Todas las irregularidades fueron denunciadas previamente ante el Juzgado y el Juzgado hizo caso omiso de las advertencias.
2.- REACCIÓN DE LA AUTORIDADES JUDICIALES ANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA POR LA “relación íntima” ENTRE JUEZA Y PROCURADOR
Para no hacerlo, uno de los argumentos que esgrimió fue que el seguimiento a la Jueza -que sin embargo nunca se había producido por parte de nadie como quedaba claro en los propios Informes de los Detectives– había constituido un proceso “extremadamente doloroso” para la Jueza.
Tal y como había quedado perfectamente acreditado por el Informe de los Detectives, el seguimiento se había llevado a cabo sobre el Procurador, Don Argimiro Vázquez Guillén. No sobre la Jueza. Ella lo sabía perfectamente. Había recibido copia del Informe de los Detectives.
Se había sentido espiada durante meses, como explicaba ella y reproducía el artículo de El Mundo previamente citado. Y si decía, como dijo, que “…soy objeto de una persecución interminable, sintiéndome vigilada continuamente ya que hay un coche de detectives privados enfrente de mi casa...”, ¿no sería porque Don Argimiro Vázquez Guillén estaba “continuamente” en su casa? Y si era así, ¿cómo podía decir en ese mismo documento -como ha quedado presentado previamente- que con Don Argimiro Vázquez Guillen “…mantiene la relación normal que se mantiene con todos los profesionales que trabajan en el Juzgado...”?
Y que dijera también en su Auto que no mantenía relación alguna con el Procurador y que eran “falsas las alegaciones realizadas, así como la causa en la que motiva las mismas“.
El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el examen de las pruebas aportadas, tal y como ha sido descrito de manera previa, dejó claro en su Informe que Doña Olga Martín Alonso “había faltado a la verdad” al negarlo.
Una manera elegante de decir que la Jueza mintió en unos de sus Autos y mintió al Consejo General del Poder Judicial.
Decía el Fiscal en sus Diligencias:
“…comprobándose …que efectivamente la relación íntima a que hicimos referencia… efectivamente existió al tiempo de la tramitación por la Magistrada …. del procedimiento concursal, así como del incidente derivado del mismo”
“.. la Magistrada denunciada negó, con ocasión del Auto dictado … su relación con el Procurador denunciado, la cual como ya hemos indicado entendemos que sí existía…”
Reconocía el presunto delito cometido por la Jueza al negar algo que parecía como evidente.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en vez de tomar cartas en el asunto ante un delito tan grave -la constatación de una Jueza mintiendo en uno sus Autos- decidió archivarlo.
Ni por la queja presentada por José María Castillejo junto con las pruebas, ni por el supuesto traslado de información posterior que debió darles el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madridal constatar cómo la Juez había mentido en uno de sus Autos cambiaron su opinión.
Está consagrado a nivel nacional y especialmente también a nivel internacional el deber de imparcialidad por parte de los Jueces. Las Normas establecen además claramente como un Juez no debe mantener relación de ningún tipo con un Procurador que opere en su Juzgado. Nada de eso pareció importar al Consejo General del Poder Judicial.
Pero no bastó al Consejo General del Poder Judicial acudir “en defensa” de la Jueza. Con el ánimo de intentar justificar las actuaciones de la Magistrada Juez esgrimieron lo que decían ser una Sentencia del Tribunal Supremo. Citaron la parte del Auto en la que se daba traslado por parte del Alto Tribunal de las alegaciones que el propio CGPJ había presentado en esa ocasión. En este caso lo citaban “en defensa” de la actuación irregular de la Juez. Como si ese fuera el sentido de la Sentencia. Sin embargo, el Alto Tribunal lo que había hecho en su Sentencia era quitar la razón al Consejo General del Poder Judicial en sus alegaciones en un caso similar.
No contentos con esto, además el Consejo General del Poder Judicial negó la validez de las pruebas aportadas por Don José María Castillejo. Sin dar razonamiento alguno.
“Creemos queda completamente claro por lo anteriormente expuesto que la relación íntima/amorosa del investigado D. Argimiro Vázquez Guillén (el Procurador) con Dña. Olga Martín Alonso (la Jueza) se mantiene profusa y diariamente sin ningún tipo de duda“.
“…23.21: Observamos estacionan el vehículo antes de llegar al domicilio de la acompañante … Podemos apreciar que ambos ocupantes se prodigan caricias íntimo-amorosas, se besan largamente. Como no parecen estar cómodos, pues la zona está algo iluminada, se trasladan a una zona más oscura y tranquila … donde continúan prodigándose caricias cada vez más íntima y amorosamente...”.
El Tribunal Supremo, –en defensa de la negativa del Consejo del Poder Judicial a incoar expediente disciplinario a la Jueza- esgrimió en su sentencia Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo ello para justificar el denegar la petición de Don José María Castillejo.
Sentencia Kyprianu vs Chipre: “…el principio de que a un Tribunal se le debe presumir estar libre de perjuicios personales o parcialidad es jurisprudencia largamente establecida por esta Corte… a pesar de que en algunos casos puede ser difícil conseguir evidencia con la que refutar la presunción (de imparcialidad), debe recordarse que el requerimiento de imparcialidad objetiva otorga una garantía más importante. En otras palabras, la Corte ha reconocido la dificultad para establecer una violación del artículo 6 (que habla de la necesaria imparcialidad de los Jueces) conforme a una parcialidad subjetiva y por esta razón, en la mayoría de los casos, ha tenido en consideración asuntos de imparcialidad enfocada en el examen objetivo... ” ¿Hay algo más objetivo que lo previamente descrito en los Informes de los Detectives?
Sentencia Gómez de Liaño vs España: “… la Corte recuerda que de acuerdo con los fines del artículo 6.1 (referido a la imparcialidad de los Jueces) la imparcialidad debe apreciarse según un enfoque subjetivo, tratando de determinar la convicción y los comportamientos personales de tal Juez en tal ocasión y también según un enfoque objetivo provocando que se asegure que ofrezca las garantías suficientes para excluir, a este respecto, toda duda legítima (ver, entre otras, las sentencias Hauschildt vs Dinamarca, pto 46 y Thomas vs Suiza pto 815, pto 30)...” En el caso de esta cita, el Tribunal Supremo en su sentencia hacía lo mismo que previamente había hecho el CGPJ: citaba como parte de la Sentencia lo que no eran sino las alegaciones presentadas por el Gobierno Español en contra de lo alegado por el Juez en su demanda. Las alegaciones fueron desestimadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como se puede ver, es un manifiesto caso de filibusterimo jurídico tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial, como parte del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo además en su sentencia venía a asimilar e identificar al Procurador con el Abogado en los procedimientos judiciales, defendiendo que el Procurador no es parte en los procedimientos. Todo ello con el fin de, una vez más, intentar exculpar a la Jueza de la relación irregular con el Procurador. Un Procurador que representaba a una de las partes en un caso en su Juzgado. Sin embargo hay grandes e importantes diferencias entre un Procurador y un Abogado: uno es el representante de la parte (el Procurador) y otro el defensor de la parte (el abogado). En España no se puede acudir ante un Tribunal de manera personal. Ha de hacerse representado por un Procurador. El Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España aprobado por Real Decreto 1281/2002 define la Procura como una: “profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de aquellos ciudadanos que sean parte en cualquier procedimiento“. El Procurador por tanto, representa a la parte ante el Juzgado. No tiene nada que ver con el abogado, que se limita a defender a la parte.
Incluso se llegaron a producir también ataques en la prensa contra su esposa y sus hijos menores de edad. Aplicaron la estrategia militar de “tierra quemada“: destruir absolutamente todo aquello que pueda ser de utilidad para el enemigo.
Mientras todo esto ocurría, recordemos que la Magistrada Titular del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid, Doña Olga Martín Alonso, se había apartado de la tramitación del expediente alegando “enemistad manifiesta” con Don José María Castillejo. Fue sustituida por Doña Carmen González, Magistrada Titular del Juzgado Mercantil nº 11. Aunque como también dijimos y así lo establece la Ley, el procedimiento se seguía llevando en el seno del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid.
Como se decía al principio de este artículo, Don José María Castillejo, ante los ataques y las actuaciones llevadas a cabo por el que luego se convirtió en el cliente del Procurador, decidió solicitar la protección de los Juzgados por la vía de la presentación de un Concurso de Acreedores. La petición recayó en el Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid.
¿Cómo se “evaporaron” casi cincuenta millones de Euros?
Es decir, el valor de los activos estaba “dañado” claramente por la existencia del Concurso y era en realidad muy superior a las valoraciones realizadas.
Evidentemente esto hizo que nadie se presentara a pujar. Si ya el precio lo había establecido el ejecutante a petición del propio Juzgado y lo había hecho decenas de veces por debajo del valor de tasación realizado por el propio Juzgado, al no acudir nadie a pujar… con esta estratagema, el ejecutante lograría adjudicarse las acciones por un 30% del valor de tasación que él mismo -a petición del Juzgado y en contra de lo establecido por la Ley- había establecido como precio, sin intervención de perito tasador alguno.
Ahora bien, si esto que estamos relatando es grave… no es casi nada, comparado con lo que ocurriría después. Una vez vendidas en subasta unas acciones que no existían, sin embargo sacaron de la cuenta de la empresa de Don José María Castillejo las que sí existían. Al adjudicatario de unas acciones inexistentes, se le entregaron las que sí eran reales. Y por un precio más de veintiséis veces menor al que estaban tasadas en el propio Juzgado.
Hizo valer que esta Subasta que ahora estaban convocando era continuación de una Subasta anterior. Pero eso no era posible: la Subasta previa que se había convocado al efecto lo había sido de carácter extrajudicial y ante un Notario: una vía improcedente, como el mismo Juzgado dejó expresamente indicado en su Auto de 8 de sept de 2015. En el se indicaba y dejaba claro que habría que dar continuidad al procedimiento de ejecución, pero no continuidad a la Subasta que se había iniciado. Esto quiere decir que habría que iniciar un procedimiento de Subasta nuevo, como se puede ver en el último párrafo debajo. Dice claramente que es el “procedimiento” el que ha de reanudarse. No la Subasta, que es lo que la Letrada de la Administración de Justicia vino en adelante a defender, de acuerdo con los intereses defendidos por el cliente del Procurador y no con lo que había quedado claramente establecido por parte de su propio Juzgado.
El Juzgado admitió un precio de tres millones novecientos mil euros por ellas, con independencia de las tasaciones que ya constaban en el propio Juzgado. Esas tasaciones establecían un valor superior a ¡veintiseis Millones de Euros! por ese paquete de acciones. Todo esto se llevó a cabo, para más agravante, con independencia de lo que establece la Ley, como se está viendo y se verá más adelante.
Como dato curioso y que, una vez más, puede venir a reflejar la “íntima relación” entre el ejecutante y el Juzgado Mercantil nº 10 así como la impunidad con que se habían visto revestidos y de la que vinieron a hacer gala sin pudor alguno, llama la atención que el Juzgado solicitó de la parte ejecutante la petición de celebración de Subasta y la tasación de los activos a subastar.
Esa comunicación fue recibida el 25 de Septiembre tal y como se puede ver por el cajetín de salida. Sin embargo, la carta de petición de subasta y la tasación de las acciones está firmada dos días antes. El 23 de septiembre. Aunque aparece como entregada el día 25.
Una vez que no se presentase nadie a pujar -al ser acciones que no existían- adjudicar esas acciones al único interesado que se presentaría: el ejecutante. ¿Quién era el ejecutante? El cliente del Procurador y aparente “novio” de la Jueza Presidente del Juzgado que estaba tramitando el procedimiento, y que había sido denunciada por Don José María Castillejo.
Como se decía previamente… lo que parece ser una estafa en toda regla. Pero… en este caso ¡con el apoyo de las autoridades judiciales!.
El MAB había explicado por escrito al Juzgado que no tenían normas específicas para estos casos. Por lo tanto se debía estar a lo que estableciera la Ley. No se hizo. Se infringieron los arts. 635 y 694 LEC. De la misma manera que tampoco se hizo caso a lo que expresamente venía indicado en el contrato de préstamo que traía causa de la ejecución.
A la petición de nulidad de la convocatoria de Subasta contestó el Juzgado con una negativa rotunda negando la posibilidad de admitir tal nulidad de actuaciones.
¿Quién firmaba el Auto del Juzgado?Doña Olga Martín Alonso, la Jueza que se había encontrado en “amistad manifiesta” con el Procurador de la parte contraria, que había negado –mintiendo- tal relación y que supuestamente se había apartado del procedimiento por “enemistad manifiesta” con Don José María Castillejo. Pues bien, curiosamente, muchos meses después de haberse “retirado” de la tramitación de este asunto, aparece firmando ni más ni menos que la negativa a la solicitud de nulidad de actuaciones, y además lo hace en defensa también de la Letrada de la Administración de Justicia de su propio Juzgado, que era quien había cometido la mayor parte de las irregularidades previamente descritas en este documento. Lo hacía diciendo que no había producido indefensión alguna.
A la petición de nulidad de la celebración de la Subasta y de su adjudicación contestó también Doña Carmen González Suárez -esta vez sí, la Jueza sustituta de Doña Olga Martín Alonso- con un Auto en el que también se negaba a aceptar la nulidad. Alegaba que al haber tenido Don José María Castillejo oportunidad de quejarse y al haber contestado el Juzgado a sus quejas… ¿dónde estaba la indefensión?. Lo que no decía Doña Carmen González Suárez es que el Juzgado se negó por la vía de los hechos a entrar a analizar las irregularidades por las que se habían presentado las quejas y cuando lo hizo, fue cambiando la verdad y violando la Ley. Era más que palpable la indefensión. Se ha visto previamente en este mismo artículo. ¿No se sentiría alguien indefenso si en un Juzgado se sacan a subasta sus activos fuera de plazo, con una denominación equivocada, tasados varias decenas de veces por debajo del precio que en ese Juzgado constan tasados por terceros nombrados por el mismo Juzgado, y además, permite el Juzgado y la Administración Concursal nombrada por ese mismo Juzgado que se entreguen al ejecutante unas acciones que son diferentes a las que se sacaron a Subasta?
A partir de ese momento el Juzgado se convirtió en lo que podría considerarse una auténtica cueva de ladrones, con el fin de robar y destruir completamente a quien había tenido “la temeridad” de denunciar a la Jueza Presidente del Juzgado.
Mientras todo esto ocurría y se despojaba a Don José María Castillejo del fruto de su trabajo, de su patrimonio personal, familiar y profesional, con un conjunto interminable de irregularidades….. sigue a día de hoy Doña Olga Martín Alonsotan contenta en su Juzgado, “impartiendo Justicia“.
Una cosa más, que se verá también más adelante: el Banco -además de lo anterior- procedió a hacer el traslado de titularidad de las acciones, cuando sin embargo el Decreto de Adjudicación de las acciones -un documento judicial-todavía NO ERA FIRME. Es decir, cuando esa adjudicación al ejecutante, todavía NO SE HABíA PRODUCIDO.
Lo hicieron motivados por el cambio accionarial que les habían comunicado a través de Notario y a pesar de ser conscientes de las falsedades que contenía el Certificado emitido por el Banco.
Conocían que ese mismo día en que se estaba celebrando el Consejo de Administración las acciones estaban en la cuenta de Jomaca 98, S.L., a la que representaba Don José María Castillejo como su accionista mayoritario. Se había mantenido una conversación telefónica con la Subdirectora de la Oficina del Banco depositario y ésta había confirmado que no se había procedido a llevar a cabo traslado alguno en esas acciones. La conversación quedó además grabada.
El Consejo de Administración de Zinkia Entertainment, S.A. permitió al ejecutante hacerse presente con esas acciones, sustraídas de la cuenta de valores de Jomaca 98, S.L. ,a pesar de haber visto el Certificado del Juzgadoque acreditaba no ser posible que esas acciones estuvieran en la cuenta del oponente. Hicieron caso omiso tanto del Certificado Judicial, como de la advertencia realizada por el abogado de Don José María Castillejo.
En la Junta General estaba también presente la representante de la Administración Concursal, que conocía también todos estos detalles. Se negó a hacer nada para evitarlo.
Más de dos años después, un Juzgado Mercantil diferente, vino a dar la razón a Don José María Castillejo en las denuncias de las irregularidades llevadas a cabo por el ejecutante. No lo olvidemos: era el cliente del Procurador que mantenía o había mantenido una “relación íntima” con la Jueza Presidente del Juzgado Mercantil en el que se estaba tramitando el procedimiento.
En esa Junta General se nombró un nuevo Consejo de Administración y un nuevo Presidente: una empresa cotizada.
Los funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron debidamente advertidos por carta y a través de Registro Oficial de las irregularidades que se habían llevado a cabo en el seno de la Junta General de una compañía cotizada. Nada hicieron. Ni siquiera dieron una contestación oficial a la denuncia presentada por Don José María Castillejo.
¿Cual fue la consecuencia? Abrió de par en par las puertas, para que éstos no pararan hasta conseguir la entrega completa del patrimonio de Don José María Castillejo al cliente del Procurador, Don Argimiro Vázquez Guillén. Y lo hicieron, como se puede ver, sin límite alguno. Legal o ilegalmente.
Aunque insistamos, con el Procurador del que se adjudicó las acciones de Zinkia, la titular del Juzgado, Doña Olga Martín Alonso mantenía una “relación íntima“. Esa “relación íntima” -irregular de acuerdo con las normas judiciales y de acuerdo con extensísima jurisprudencia- fue descubierta y denunciada por Don José María Castillejo.
Un proceso que solo podría considerarse de una cruel venganza y completamente fuera de lo que debería ser la normativa legal.
Para ratificar las actuaciones irregulares del Juzgado Mercantil Nº 10 de Madrid y negar la nulidad de la Subasta, en el procedimiento fue también esencial la colaboración de la Jueza sustituta, Doña Carmen González Suárez. Vino a ratificar con sus actuaciones todas las actuaciones, tanto previas como posteriores de Doña Olga Martín Alonso, así como también las de Doña Yolanda Peña, la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Doña Olga y la Administración Concursal de Jomaca 98, S.L. nombrada por ese mismo Juzgado.
Pocas semanas después en su Auto de 24 de noviembre de 2016 daba por bueno todo lo anterior, a pesar de las claras infracciones y con el fin de ratificar la negativa a anular una Subasta que a todas luces debería ser nula con la Ley en la mano venía a decir:
Lo que no decía es que las resoluciones judiciales que examinaron las pretensiones de Jomaca 98, S.L. se fundamentaron en falsedades ratificadas por ella misma. Muestra además de una clara y supuesta prevaricación.
Se venía a denunciar las manipulaciones llevadas a cabo tanto por Don Miguel Valladares García, como por los demás partícipes en el proceso, que había culminado con el asalto a la Junta General de Zinkia Entertainment, S.A. por medio del cual habían tomado el control de la mercantil mediante el uso de documentos fraudulentos y con contenidos falsos.
Una vez les llegó al cliente del Procurador y a sus “amistades” la noticia de haber sido admitida a trámite una querella contra ellos en un Juzgado de Instrucción por claras sospechas de haberse llevado a cabo actuaciones delictivas, es de imaginar que comenzaron a poner en marcha sus “contactos“.
Mientras que la Jueza decidía qué hacer con la investigación que había abierto, a la vista de las acusaciones trasladadas por la UDEF, el cliente del Procurador, con la desfachatez característica de este tipo de personajes, llegó a calificar en la prensa como “absurda” la investigación llevada a cabo por la Policía.
La titular del Juzgado de Instrucción simplemente decidió ignorar por la vía de los hechos las pruebas de las actuaciones llevadas a cabo, más que presumiblemente delictivas, que venían contenidas y documentadas en la denuncia.
Al tomar la decisión de archivar el Juzgado de Instrucción no tuvo presente aparentemente que lo que se estaba haciendo era denunciar actuaciones de ámbito penal, llevadas a cabo y permitidas en ese mismo Juzgado Mercantil.
Se ve que no tuvo o no quiso tener presente que las actuaciones se habían podido llevar a cabo sólo gracias a la participación de ese Juzgado de lo Mercantil.
Decidió no darse por enterada que las irregularidades de tipo penal revisadas previamente por la UDEF -que fue quien presentó la querella- se habían llevado a cabo -todas ellas- en el seno de un procedimiento dentro del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid. Decidió dar por bueno, sin analizarlo, todo lo que ese Juzgado había hecho, decidido y permitido.
Parecía dejar claro con su argumentación que un Juzgado Mercantil era y es para ella, “intocable“.
En Segunda Instancia, tras la apelación interpuesta, la respuesta de los Jueces de la Audiencia Provincial fue sorprendente. Dijeron en su Auto que acusar a profesionales de tan diversos ámbitos era como mínimo “difamatorio“.
Para sostener esa supuesta “como mínimo difamación“, trajeron a su argumentación los Jueces de la Audiencia que se había desestimado por parte del CGPJ la queja presentada por José María Castillejo contra la Magistrada. Algo que nada tenía que ver con lo que se estaba denunciando y que ya hemos visto de qué manera fué desestimada por el Consejo General del Poder Judicial.
En segunda instancia se añadió a esa confusión por parte de la Audiencia Provincial la confusión del ámbito administrativo con el ámbito penal al traer a colación el procedimiento administrativo que había llevado a Don José María Castillejo a presentar una queja contra Doña Olga Martín Alonso y que ya hemos visto que tampoco quisieron los miembros del Consejo General del Poder Judicial investigar.
En ninguno de los procedimientos se tuvieron en cuenta ni una sola de las pruebas aportadas.
Una vez que había sido desestimada la queja administrativa presentada por Don José María Castillejo ante el CGPJ, se daba a entender por parte de la Audiencia Provincial que todo se podía hacer por parte de la Magistrada y su Juzgado. Tenían “barra libre“.
La Ley parece que no está escrita para ellos. Solo para el resto de los ciudadanos y, por supuesto, tal y como los Jueces la quieran interpretar. Una veces de una forma y otras de otra. Depende de quien esté a los lados de la mesa.
Hemos visto previamente de qué manera quedó “desestimada” la queja en el ámbito administrativo. Sin análisis alguno.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dejado clara la actuación delictiva de la Jueza
En el procedimiento penal abierto por la UDEF se llegó también por parte de los Jueces a la conclusión de archivar. También sin análisis alguno. Y a pesar de que las pruebas documentales que se aportaban, sin embargo, sí acreditaban la actuación delictiva. Así lo había constatado la UDEF.
Y, como hemos dicho y demostrado en este documento, más de dos años después, otro Juzgado Mercantil vino a dejar claro cómo sí eran ciertas una gran parte de las denuncias que no se habían tenido en cuenta. Ni por parte de los Juzgados, ni por parte de los funcionarios de la CNMV -como más adelante explicaremos-, ni por parte del Órgano de Control del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) donde Zinkia Entertainment, S.A. cotizaba.
“…hay que ir tema a tema, que es mucho más operativo que lanzar un órdago contra una Juez, una Funcionaria, una Administración Concursal...”
“…. todo a la vez y meter en el mismo saco a todas esas personas imputándoles nada menos que una trama delictiva, es decir, ser una organización criminal coordinada y organizada…”
“…si usted no se hubiera metido con una Jueza, una Letrada de la Administración de Justicia y una Administración Concursal nombrada por el Juzgado… igual, fíjese por dónde, sí se hubiera investigado todo lo que viene usted a denunciar. Pero…. los funcionarios de Justicia “somos intocables”. Como usted ha incluido a funcionarios de Justicia en la denuncia, no sólo ellos quedan impunes. También el resto de los supuestos delincuentes quedarán impunes. Nos da igual lo que hayan hecho….“
Conviene recordar que este es el Juzgado presidido por la Magistrada Doña Olga Martín Alonso, con quien el Procurador de una de las partes mantenía o había mantenido una “relación íntima“.
Pues bien, una vez presentada comenzaron a producirse una serie de irregularidades por parte del Juzgado de Instrucción y posteriormente una serie de decisiones, cuando menos, sorprendentes desde el punto de vista del imperio de la Ley, que debería guiar toda investigación judicial.
El Juzgado de Instrucción, antes de proceder a admitir o no la querella, se puso en contacto con el Juzgado Mercantil para contrastar lo que se denunciaba y documentaba por medio del escrito de querella. Se incoó por parte del Juzgado de Instrucción un procedimiento penal con número de Diligencias Previas y se practicó diligencia de prueba viniendo a preguntar al Juzgado Mercantil más o menos si lo que se estaba denunciando en la querella había ocurrido; si la querellada –la Letrada de la Administración de Justicia– lo confirmaba o no. Sólo un comentario al respecto de esto: a los querellados se les interroga, no se les consulta. Y esto lo hacía el Juzgado de Instrucción a pesar de tener en su poder la documentación aportada por Don José María Castillejo, que lo probaba de manera documental. Lo hicieron antes de decidir si admitiría o no a trámite la querella. Es decir, otorgando una clara ventaja a la Letrada de la Administración de Justicia, en contra del querellante y en contra del principio consagrado de igualdad de armas que debe regir en todo proceso judicial. Esta era solo una primera irregularidad. El Juzgado Mercantil contestó al requerimiento del Juzgado de Instrucción sin identificar quién estaba contestando -segunda irregularidad en este caso permitida por el Juzgado de Instrucción- y, por supuesto, negando todo lo que sin embargo documentalmente había quedado probado. Algo totalmente contrario a la normativa.
La querella había sido presentada a reparto por parte de Don José María Castillejo el día 26 de octubre de 2015. Sorprendentemente la Fiscalía, sólo tres días después, el 29 de octubre de 2015, remitió al Juzgado de Instrucción ante el que había caído la querella, un extenso escrito solicitando que no se admitiese a trámite la querella. Al hacerlo, sólo analizaba una de las conductas delictivas denunciadas y aún así admitía que encontraba contradicciones en la actuación de la querellada, la Letrada de la Administración de Justicia -lo que sin duda debería haber dado lugar a mostrar claros indicios racionales de criminalidad, suficientes como para que se admitiese la querella y se practicasen diligencias- pero, sin embargo, pedía que se inadmitiese la querella. Pedía también que Don José María Castillejo siguiese por la vía de los recursos en ese mismo Juzgado Mercantil nº 10 en el que se estaban cometiendo todas las irregularidades y que, por tanto, todo se mantuviera en el seno de ese Juzgado Mercantil en el que la Jueza había sido denunciada al ser encontrada en tan inconveniente situación. Esto era lo mismo que había hecho la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: vino a reconocer que la Jueza había mentido en uno de sus Autos, pero decidió no seguir investigación alguna contra ella y mandar a Don José María Castillejo a que volviera a ese mismo Juzgado en el que se estaban produciendo las irregularidades, para que allí encontrara Justicia.
El 3 de noviembre de 2015, ocho días después de presentar la querella, esta fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción. En el Auto de inadmisión la Jueza simplemente no entró a valorar en profundidad los hechos denunciados.
Se presentó por Don José María Castillejo Recurso de Reforma contra el Auto de Inadmisión y el Fiscal -esta vez ya con menos prisa, el 23 de noviembre- impugnó el Recurso de Reforma en base a su escrito anterior -en el que tal y como dijimos sólo había analizado una de las conductas denunciadas- y solicitó nuevamente el archivo de las actuaciones.
Venía a justificar las actuaciones irregulares de la Letrada de la Administración de Justicia, pero las cuestiones a que se hacía referencia nada tenían que ver con el Auto recurrido. El Juzgado modificó la realidad y modificó el objeto de la denuncia para vincularlas entre ellas. Todo ello sin entrar en el fondo y sin analizar el detalle de las actuaciones supuestamente delictivas.
El Juzgado desestimó hacerlo alegando “…debiéndose estar a la resolución de inadmision de fecha 3 de noviembre de 2015...” sin fundamentación detallada alguna. No olvidemos que eran hechos nuevos. Diferentes.
De fondo: (1) La Letrada de la Administración de Justicia sí tenía obligación de abstención al quedar probado que, previamente al Auto de Inadmisión se incoó procedimiento penal con número de Diligencias Previas y se practicó Diligencia de Prueba que fue contestada por el Juzgado de la Letrada. (2) Los hechos sí presentaban indicios claros de criminalidad, pero sin embargo el Juzgado para indamitir había dicho que la querellada había partido “…del momento y condiciones en el que la ejecución extrajudicial ante el Notario había quedado paralizada...”. Algo que no se estaba denunciando por parte de Don José María Castillejo. No se denunciaba de dónde había partido la actuación de la querellada. Lo que se denunciaba era lo que afirmaba el propio título notarial a ejecutar y que no se estaba cumpliendo, lo que no tenía nada que ver con lo que alegaba el Juzgado de Instrucción. Es decir, el Juzgado una vez más, volvía a cambiar al fundamento sobre lo que se estaban denunciando, de la misma forma que lo había hecho al inadmitir la querella. (3) Se omitió por parte del Juzgado toda referencia a las diferentes conductas prevaricadoras por parte de la Letrada de la Administración de Justicia.
Por su parte, la Fiscalía impugnó el Recurso con la simple argumentación de: “…no siendo posible acumular unos hechos nuevos a otros diferentes respecto a los que no se ha admitido la querella, por considerar que no son relevantes penalmente, amén de tratarse de hechos cometidos posteriormente a la resolución inadmitiendo la querella…”. Si han leído el punto anterior detalladamente, entenderán que la Fiscalía simplemente no leyó la argumentación presentada en el Recurso de Apelación. Se limitó a resumir en dos lineas el Auto de Inadmisión que se venía a denunciar como incorrecto y se mantuvo en esa posición sin analizar lo que se estaba alegando por parte de Don José María Castillejo.
La Audiencia Provincial dió “carpetazo” al asunto declarando que “…la resolución impugnada es ajustada a Derecho sin que quepa su revocación...”. No entró en el fondo del asunto, ni analizó ni una sola de las conductas prevaricadoras documentadas y supuestamente delictivas. Los motivos que se alegaban por parte de la Audiencia eran:
Que el tipo penal de prevaricación judicial está reservado a Jueces y Magistrados y no a una Letrada de la Administración de Justicia. (Es decir, si ustedes han leído con atención los cuatro puntos anteriores, entenderán que lo que venían a decir en la Audiencia Provincial es que los Letrados de la Administración de Justicia pueden prevaricar todo lo que quieran, porque la Ley -según ellos- no les puede perseguir. Por lo que se puede entender… cualquier cosa con tal de proteger el corporativismo entre los miembros del Poder Judicial y destrozar a quien ha tenido el valor de denunciar un hecho claro de corrupción entre sus miembros).
Con la ayuda de los Jueces, la Letrada de la Administración de Justicia quedó libre de toda sospecha. No se investigó ni una sola de las actuaciones irregulares y contrarias a Derecho denunciadas y demostradas documentalmente porDon José María Castillejo.
En medio de toda esta “guerra” por hacerse con el control de Zinkia Entertainment, S.A. y con ella, con la marca Pocoyó, también tuvieron su participación destacada determinados funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Como se podrá deducir de lo que explicaremos a continuación, el apoyo de determinados funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue completo para que lo lograran. También en los medios ilegales. No olvidemos la Sentencia que ha venido a anular la Junta General de Junio de 2014.
(II) Pusieron todas las trabas que pudieron para impedir que Zinkia Entertainment, S.A. pudiera acudir al Mercado a refinanciar su Emisión de Obligaciones, de tal manera que así la sociedad se viera abocada al Concurso de Acreedores. Con esta actuación se debillitaba al máximo la capacidad de defensa de Zinkia Entertainment, S.A. y Don José María Castillejo ante el ataque que estaban sufriendo por parte de unos accionistas minoritarios, encabezados por un mexicano, que perseguían desalojar a quien había creado, financiado y desarrollado la compañía, haciendo de Pocoyó una de las marca más grandes de entretenimiento infantil a nivel mundial y que -dicho sea de paso- no había cometido irregularidad alguna. Para impedir el éxito de la nueva Emisión de Bonos, no sólo pusieron trabas y se extralimitaron en sus funciones haciendo afirmaciones para las que no estaban ni están facultados. Una vez que vieron que la compañía cumplía con todos y cada uno de los requerimientos que se le iban haciendo, al ver que no podrían seguir poniendo pegas y tendrían que aprobar la Emisión de Obligaciones, obligaron a la compañía a colocar un anuncio especial en la carátula y en la primera página del Documento de Emisión advirtiendo de manera especial a los inversores. Nunca lo habían hecho antes. Ni cuando habían autorizado Emisiones de Bancos que estaban claramente en quiebra, ni cuando habían autorizado las de otras empresas que también lo estaban, como era el caso por ejemplo de Abengoa u otras. Lo hicieron con Zinkia Entertainment, S.A., que sin embargo tenía una posición patrimonial sólida -como se verá después- y sólo se enfrentaba a tensiones de tesorería.
Esas advertencias ponían de relieve que —- (1) Zinkia no tenía liquidez suficiente a corto plazo para atender sus deudas. No olvidemos que esto es algo que le puede ocurrir a toda empresa que acuda al Mercado a financiarse, si no se le permite hacerlo aunque esté plenamente capacitada para acudir al Mercado, como era el caso de Zinkia —- (2) Con las afirmaciones que obligaron a colocar en la Nota, iban en contra de lo que decía el Informe encargado a una empresa consultora especializada en el sector. Una Consultora que había hecho, sin embargo, un estudio en profundidad de la empresa y que la propia CNMV ¡¡había examinado y autorizado!!. La consultora en cuestión, está especializada en este tipo de informes y entonces era además la número uno de capital español. Esta especialización no está entre las atribuciones que tiene la CNMV. Pues bien, con una línea y sin aportar prueba alguna, obligaron a dejar escrito en la carátula de la Emisión que, en opinión de la CNMV, no se habían tenido en cuenta “determinados factores“. Pero…. ¿cuales? ¿qué factores no se habían tenido en cuenta? No los decían. Sin embargo, eso sí, había un extensísimo Informe que había sido aprobado por la propia CNMV y que había analizado Zinkia durante semanas y en profundidad. —- (3) Venía también la CNMV a “considerar” que la remuneración ofrecida a los inversores era “inferior a la que debe tener“. Pero…. ¿en base a qué criterios hacía esa afirmación la CNMV?. Hacer esas valoraciones no está tampoco entre las atribuciones de la CNMV. Sin embargo sí lo está en el caso de la Consultora contratada y aprobadapor la propia CNMV. Lo que estaba haciendo la CNMV era poner en duda la calidad de ese Informe y nuevamente inducían a la intoxicación de la opinión pública. La Emisión de Bonos, con esa Nota que obligaron a colocar en la primera página de la Emisión, como no podía ser de otra forma, no se logró colocar. Zinkia se vió abocada al Concurso de Acreedores. La mejor prueba de la intoxicación llevada a cabo por los funcionarios de la CNMV y de la solidez del negocio de Zinkia fue comprobar cómo menos de dos años después salió del Concurso, llegando a un Acuerdo con sus Acreedores y garantizando el pago de la totalidad de la deuda a todos ellos, cosa que empezó a hacer inmediatamente. Y tardó dos años en salir del Concurso de Acreedores porque el último año tuvo el Concurso bloqueado un Recurso presentado ante el Juzgado por uno de los socios del mexicano. Salir del un Concurso de Acreedores pagando la totalidad de la deuda lo han logrado menos del 1% de las compañías que en España han entrado en Concurso de Acreedores. Pero mientras eso pasaba, se había logrado hundir el precio de la acción, se había logrado bloquear la cotización durante dos años a ese precio nimio con respecto a su valor real y se había logrado perjudicar a todos los accionistas, excepto a los minoritarios que buscaban hacerse con el control de la compañía al precio que fuese. Con la colaboración inestimable de los funcionarios de la CNMV, estos accionistas minoritarios, lograron sus objetivos. Pero no terminaron ahí los funcionarios de la CNMV en su ayuda a los accionistas minoritarios.
Fué inadmitida con el argumento que simplemente no se habían cometido los delitos. Se refería el Juzgado a las conductas denunciadas como una cuestión meramente administrativa y delimitaba las actuaciones supuestamente delictivas sin otorgarles el alcance con el que habían sido expuestas. No hicieron averiguación alguna de los motivos ni tuvieron en cuenta todos los claros indicios -el fundamento de la apertura de una investigación-. Todo ello lo hizo el Juzgado sin hacer calificación alguna de los hechos denunciados, con una falta de motivación relevante. Y ante otro de los delitos denunciados, simplemente argumentaron sobre la base de aspectos del mismo que no se correspondían con los hechos denunciados.
La Fiscalía solicitó también la inadmisión diciendo que la redacción de la querella era “farragosa” y la Audiencia Provincial confirmó la inadmisión copiando una buena parte del informe del Fiscal e ignorando los delitos de prevaricación administrativa denunciados en la querella, analizando exclusivamente el caso desde la perspectiva de los hechos relativos al Expediente Sancionador que habían abierto contra Don José María Castillejo y sin entrar a analizar las diferencias evidentes en las actuaciones respecto de Don José María Castillejo y respecto de los accionistas minoritarios. Entre otras cosas, sin tener en cuenta, por ejemplo, la comisión del delito de prevaricación por omisión al negarse a tramitar la denuncia presentada por Don José María Castillejo.
¿Son los funcionarios públicos ciudadanos diferentes al resto? ¿Están exentos de responder por sus actos?
Era una vulneración clara del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 de la Constitución española en cuanto a obtener resoluciones fundadas en Derecho, reflejadas también en el art. 219, 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en relación tambien a los arts. 99.2 y 225,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no respetarse los derechos y libertades fundamentales relativas a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales.
Al mismo tiempo que todo esto ocurría, se llevó a cabo una campaña difamatoria contra José María Castillejo y contra Zinkia, con ¡más de 3.000 artículos en prensa! conteniendo multitud de falsedades. LA campaña de prensa fue llevada a cabo e instigada por el ejecutante -el cliente del Procurador que mantenía o había mantenido una “relación íntima” con la Jueza que posteriormente fue denunciada por Don José María Castillejo– mientras todo este proceso de asalto estaba siendo llevado a cabo. Es una campaña que ha sido analizada y verificada por un Informe independiente de una de las más prestigiosas consultoras internacionales dedicadas al análisis forense. No es por tanto una exageración que se publicaron más de 3.000 artículos en prensa a lo largo de esta guerra por desprestigiar a Don José María Castillejo y hacerse con el control de Zinkia Entertainment, S.A.
Entre otras muchas noticias, se vino a denunciar un supuesto traslado “fraudulento” del negocio de Zinkia con Pocoyo a Panamá. Algo que era completamente falso. Pero todo valía para intoxicar la opinión.
La apertura de una filial en Panamá había sido aprobada por la Administración Concursal -nombrada por otro Juzgado- y también por la Junta General de la Sociedad. El objetivo de la apertura de una filial en Panama – que era por cierto 100% propiedad de la sociedad matriz- obedecía a una estrategia para ampliar la presencia de Pocoyo en América, su principal mercado entonces. Así lo habían entendido y aprobado tanto la Administración Concursal como la Junta General. Todo ese trabajo llevado a cabo, sin embargo se ha perdido.
El cliente del Procurador y otro de los “socios” del cliente del Procurador, en este asalto contra Zinkia y contra Pocoyo, con el fin de intentar dar soporte a su intoxicación, presentaron en Panamá una denuncia contra Zinkia Entertainment, S.A. plagada de falsedades.
Don José María Castillejo a la vista de la denuncia falsa presentada en Panamá, presentó una querella contra ellos ante la Audiencia Nacional “por denuncia falsa“. Es ante la Audiencia Nacional donde se presentan las querellas por supuestos delitos cometidos por españoles en el extranjero. El mexicano también tiene y usa cuando le conviene la ciudadanía española.
El principal argumento para no dar trámite a la querella por parte del Fiscal y posteriormente del Juez de la Audiencia -que vino a calcar en su Auto de Archivo párrafo a párrafo las conclusiones del Fiscal- fue decir que “la información sobre los pleitos seguidos en Panamá no era falsa“.
Y por supuesto, se denegó la investigación sin entrar a analizar los detalles de las irregularidades contenidas en la querella. Simplemente se varió el sentido de la denunciado y, de esa manera se archivó la petición y se obviaron sus consecuencias.
Todo parece indicar que lo que se pretendía era “arropar” a la compañera Jueza que había sido encontrada en una situación irregular con el Procurador y había sido denunciada por Don José María Castillejo.
Es esto precisamente lo que de manera constante se viene a denunciar en esta Asociación de Victimas de la Corrupción judicial. De manera sistemática y generalizada en España, cuando se denuncia a una persona corrupta, no se actúa en muchas ocasiones contra el corrupto. Se actúa contra el que denuncia, torturándolo. Y es algo sistemático y generalizado. Un crimen de lesa humanidad.
Organización de la corrupción judicial
13 noviembre, 2018 en 8:10 pm
Muy interesante! Esta lleno de pruebas y se ve claramente la corrupción que ha sufrido el español José María. Tenemos que acabar entre todos con la corrupción! Día 1 diciembre Sevilla 12h plaza Nueva
13 noviembre, 2018 en 8:57 pm
Lo importante es tener conciencia de la realidad de la Corrupción Judicial. No sólo afecta a los casos mediáticos; es general, puede afectar a cualquiera.
1 diciembre Sevilla, 12 Hs Plaza Nueva: Contra la Corrupción.
13 noviembre, 2018 en 10:37 pm
La endogamia y el enchufismo en todas las Instituciones del Estado da como resultado estas aberraciones. El país apesta.
13 noviembre, 2018 en 11:06 pm
Lo más curioso es lo sencillo que es salir del atolladero. Fácil y plenamente constitucional:
Artículo 117 – 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, RESPONSABLES y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Artículo 125 – Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Así, una simple reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, conforme a la cual, a los Jueces, por los presuntos delitos cometidos en ejercicio de su autoridad, los juzgará, en todo caso, el Tribunal del Jurado Popular, supondría el fin de las Resoluciones injustas e impunes; quien quiera que hubiese elegido al Juez juzgado por el Jurado Popular. Ya no son amigos o enemigos quienes juzgan al Juez; son JUECES SUJETOS, ELLOS MISMOS, A UNA GRAVE RESPONSABILIDAD, EXIGIBLE POR EL JURADO POPULAR. Se acabaría así, instantáneamente, con la Impunidad de quienes facilitan la impunidad de la corrupción.
Es, simplemente, increíble. Lo que explica este Post es signo de una criminalidad y una falta de pudor además al llevarla a cabo, que debería ser inaceptable. Y lo más tremendo es que los propios Jueces compañeros… ¡la tapan y esconden! Convirtiéndose en cómplices. ¿Cuanto tiempo llevará operando esta “sociedad limitada paralela” operando en ese Juzgado???? ¿Se ha investigado eso? Parece que la camorra o la mafia siciliana son aficionados al lado de estos personajes.
En efecto, a saber cuanto tiempo lleva «trabajando» la «Banda del Mercantil 10». La inusitada cantidad de asuntos de este Procurador en el juzgado «de» su partenaire permite pensar en una actividad muy intensa; conocida y tolerada por Audiencia Provincial, CGPJ, Audiencia Nacional, Fiscalía …
Nos juzgan delincuentes; protegidos en su impunidad por otros delincuentes. España, estado fallido. Sin Justicia. Sólo hay Control Social.
14 noviembre, 2018 en 5:54 pm
Queda claro que nos enfrentamos a la mafia judicial. La justicia corrupta, es capaz de despojar a cualquier persona para favorecer a grupos e intereses espurios. Me alegro mucho que se haya podido demostrar que la justicia está secuestrada por auténticos delincuentes y corruptos.
14 noviembre, 2018 en 11:32 pm
La verdadera función del Poder Judicial en las Dictaduras, no es impartir justicia, sino la protección del «Orden Público» definido por el Poder Dictatorial.
Como quiera que, en España, tras la muerte del Dictador Franco, no hubo modificación alguna en el ámbito del Poder Judicial, éste, hoy, sigue siendo ajeno a la idea de Justicia, pues su misión no es impartir Justicia «dando a cada uno lo suyo» (mucho menos, como vemos hoy asombrados, el controlar a los otros poderes del Estado; al contrario, favorece la impunidad de estas viles categorías de delincuentes, escudados por la apariencia de dignidad que deriva de su condición de Autoridades Públicas, quienes con su codicia infinita, están llevándonos al desastre), sinó garantizar el Orden Público del Régimen del 78′, heredero de la Dictadura.
Por ello, hoy su misión sigue siendo la misma: la protección del «Orden Público» propio del Poder Dictatorial; actualmente encarnado por el Poder Financiero. Su Impunidad es Cuestión de Estado.

References: artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 117

Artículo 125