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Timestamp: 2020-08-14 11:12:45+00:00

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Orden 50/2018 de 20 de Mar C.A. La Mancha (Plan de Inspección Medioambiental 2018-2024) | Iberley
Orden 50/2018, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024. [2018/4001] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 05-04-2018
Fecha de entrada en vigor: 25/04/2018
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ejerce funciones sobre la protección del medio ambiente y la protección de los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas.
En el plan se define la estrategia de inspección y control medioambiental en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Recomendación de 4/04/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros y en el artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.
En su virtud, y de las competencias atribuidas a esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por el Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y en ejercicio de las facultades atribuidas a este órgano por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024.
Se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024, que se incluye como Anexo de la presente Orden.
Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería de Medioambiente para que dicte las resoluciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta Orden.
c. Normativa autonómica
b. Ámbito material de aplicación
a. Programas anuales
b. Actuaciones de inspección
a. Memoria anual
b. Revisión del Plan de Inspección
9. Mejora continua y creación de capacidad
La Consejería de Agricultura aprobó mediante la Orden de 24/05/2012, el Plan de Inspección de Medioambiente de Castilla-La Mancha, que nació con el objetivo de conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente de Castilla-La Mancha y de establecer las actuaciones de inspección y control en el ámbito de la calidad e impacto ambiental.
El plan se basaba en los criterios contemplados en la Recomendación de 4/04/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros y en el artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, establece en el artículo 23, que los órganos competentes para realizar las tareas de inspección ambiental, garantizarán que todas las instalaciones bajo el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, estén cubiertas por un plan de inspección ambiental que considere la totalidad del ámbito territorial en que éstas operen y garantizará que este plan es objeto de periódica revisión y, cuando proceda, actualización. En Castilla-La Mancha se ha tomado esta obligación de inspección dirigida a las actividades incluidas en la mencionada Ley (sometidas a Autorización Ambiental Integrada), y al resto de instalaciones y actividades cuyos permisos sean competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Transcurrido un periodo desde la entrada en vigor del Plan de Inspección de Medioambiente de Castilla-La Mancha, surge la necesidad de revisar y dar una continuidad a dicho plan incorporando los nuevos condicionantes de carácter normativo que han ido surgiendo con posterioridad.
En base a lo anteriormente expuesto, se redacta el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el horizonte temporal 2018-2024, como un instrumento que desarrolla la estrategia de inspección y control ambiental en la región, además de posibilitar el seguimiento de los planes, proyectos y actividades sometidas a los distintos procedimientos ambientales y autorizaciones sectoriales en las materias que son competencia la Viceconsejería de Medioambiente.
El plan expone en primer lugar el marco normativo aplicable en materia de inspección medioambiental, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico. También se hace referencia con el fin de la mejora continua a la cooperación con otras instituciones y organizaciones como Redia e Impel.
A continuación, se describe el ámbito del plan (material, territorial y temporal) y se establecen los objetivos generales y específicos que persigue.
De acuerdo con los objetivos establecidos, y con las estrategias, políticas comunes a los países de nuestro entorno y al resto de CCAA se declaran los principios rectores. Posteriormente, se recogen las definiciones de los conceptos claves utilizados en el mismo.
En el apartado 8 se hace referencia al desarrollo del plan. En concreto, se indica que éste se ejecutará a través de programas anuales y se plasmarán los tipos de actuaciones que se van a llevar a cabo.
También se desarrolla como se realizará la evaluación y seguimiento del plan, especificando los diferentes indicadores que servirán como base para evaluar el grado de cumplimiento tanto del plan, como en concreto de los programas que lo desarrollarán.
Finalmente se identifican programas de mejora continua y creación de capacidad, que se ejecutan a través de actividades de mejora de la actividad inspectora, como formación, intercambio de experiencias, actividades de coordinación con otras estructuras (confederaciones hidrográficas, ayuntamientos, Seprona, etc).
Para la elaboración del plan de inspección medioambiental 2018-2024 y los diversos programas anuales comprendidos en este periodo, se deberá tener en cuenta los requerimientos legales respecto de las inspecciones medioambientales que son competencia de la Viceconsejería de Medioambiente.
En los siguientes apartados se enumera la normativa más relevante, diferenciado por ámbito comunitario, estatal y autonómico.
- La Recomendación 2001/331/CE, de 4/04/2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros.
- La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24/11/2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
- La ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural modificado por Decreto 212/2015, de 20/10/2015, esta Viceconsejería de Medio Ambiente.
- La ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
- La ley 1/2010, de 11 de marzo, de regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La Mancha.
- Red Impel (Implementation and Enforcement of Environmental Law)
- Red de Inspección Ambiental (Redia)
El área geográfica al que se aplicará el presente plan de inspección medioambiental, así como los programas anuales que lo desarrollen, es el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Con carácter general, los aspectos que serán objeto de comprobación serán los incluidos en las respectivas autorizaciones ambientales, que serán en su caso, los relativos a agua, aire, residuos, suelo, ruido y vibraciones....
A fecha de hoy el número de actividades e instalaciones, incluidas dentro del alcance del plan de inspección medioambiental, en función de la normativa aplicable en Castilla-La Mancha, son las siguientes:
Nº de Actividades e Instalaciones
El plan de inspección medioambiental comprenderá el periodo comprendido entre 2018 y 2024 estableciendo un compromiso de continuidad en materia de inspección medioambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente planificar la inspección, el control y la vigilancia ambiental, así como de coordinarlas entre sí y con las de otras Administraciones Públicas y organismos inspectores.
Corresponde al Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente la coordinación de la ejecución de los Planes de Inspección Ambiental y la realización directa de aquellas inspecciones que se le atribuyan en el mismo, así como la coordinación de la elaboración de los programas anuales de inspecciones que desarrollen los planes de inspección y la elaboración de la memoria anual de resultados.
Corresponde a las Direcciones Provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural la ejecución de las actividades de inspección y vigilancia en el ámbito territorial de su competencia.
Las actuaciones en las materias competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente serán realizadas por personal funcionario adscrito a ésta, y a las direcciones provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en las diferentes provincias.
Se podrá solicitar la colaboración en materia de inspección medioambiental de empresas públicas en función de futuros encargos y los que actualmente se encuentren en vigor.
- Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, adscritos a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
- Servicios de vigilancia del dominio público hidráulico, dependientes de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
El objetivo básico del Plan de Inspección Medioambiental es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de requisitos impuestos en las autorizaciones y evaluaciones ambientales, así como la detección de actuaciones no autorizadas ni evaluadas pese a estar obligadas a ello, buscando como fin un nivel elevado de protección del medio ambiente de Castilla-La Mancha, asegurando un desarrollo sostenible en nuestra región.
- Asignando los recursos disponibles mediante un sistema de gestión de las prioridades que se deberá materializar mediante un sistema de evaluación de riesgos medioambientales.
- Fomentar para estas actividades los sistemas de autocontrol o gestión ambiental que le otorgue un enfoque preventivo
- Adecuando la carga de inspecciones programadas a la actual coyuntura socio-económica, a los escenarios presupuestarios previstos en los próximos años y a la disponibilidad de recursos humanos y materiales, que se irá definiendo anualmente en los programas de inspección ambiental.
- Conocimiento del grado de cumplimiento de la normativa ambiental a nivel de actividad y de sectores productivos. Los diagnósticos del cumplimiento normativo, a través de inspecciones medioambientales de las instalaciones y actividades dentro del alcance del plan, permitirán identificar el grado cumplimiento y cuáles son las infracciones tanto a nivel de actividad individual como de los diferentes sectores y marcos legislativos.
- Reducción del impacto de las actividades en el medio ambiente. Las actuaciones se pueden encaminar a conseguir una mejora medio ambiental mediante la prevención y el control de los incumplimientos que impliquen mayor riesgo sobre las personas y el medio ambiente.
- Promoción de la calidad, competencia técnica y mejora continua. En el proceso de implantación del plan, se han de desarrollar los indicadores que nos permitan valorar si "estamos haciendo lo correcto" (eficiencia) y si "lo estamos haciendo correctamente" (eficacia). Para ello, en los programas que desarrollan el plan se establecerá la elaboración de herramientas para evaluar las actuaciones de inspección. Así mismo, se incluirán en los programas anuales las necesidades de formación del personal en el ejercicio correspondiente.
- Promoción de la colaboración entre las partes implicadas. La estrategia para la consecución del objetivo final ha de ser flexible y abierta para permitir la integración de la intervención de todas las administraciones con competencias que tengan relación con los aspectos medioambientales. El último escalón de integración ha de incluir el compromiso de las propias empresas en el desarrollo de sistemas que impliquen el autocontrol fiable del cumplimiento de legislación.
- Promover mejoras tecnológicas. Mediante la aplicación del plan y en busca de alcanzar los condicionantes exigidos por las autorizaciones y declaraciones medioambientales.
- Propuesta de revisiones de autorizaciones y declaraciones. En base a las inspecciones realizadas y experiencias compartidas.
- El cumplimiento de las recomendaciones y directrices europeas en cuanto al establecimiento de un sistema de inspección ambiental adecuado. En concreto, a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 4/04/2001 y al artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24/11/2010 sobre las emisiones industriales.
Los principios que deben regir el control y la inspección ambiental son los recogidos en la Recomendación de 4/04/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre criterios mínimos de inspección y la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 sobre criterios relativos a los organismos de evaluación de la conformidad:
- Protección del medio ambiente: Tendrá como objeto conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente.
- Integración: En la medida del posible, los controles e inspecciones deben contemplar en el mismo procedimiento todos los sectores o áreas ambientales (aire, agua, residuos, suelos, etc.).
- Coordinación e información: Durante todo el proceso, desde la planificación a la ejecución, se ha de prestar especial atención a la coordinación con otras entidades con competencias en la materia.
- Eficiencia y eficacia: Los objetivos ambientales se han de conseguir contemplando la optimización de los recursos humanos y materiales dedicados.
- Información y transparencia: La planificación de la gestión de la información y la comunicación de la misma tanto a los sectores interesados cómo a la opinión pública debe ayudar a respetar el derecho a la información, a la transparencia administrativa y a la comunicación entre las partes (administración - gestores de actividades - sectores interesados - público).
- Capacidad técnica: Las actividades técnicas de control e inspección deben realizarse con las suficientes garantías de formación y calificación de las personas implicadas y entidades.
- Calidad. Las intervenciones administrativas en el área de inspección han de basarse en los criterios y normas de calidad de la serie ISO 17020.
- Mejora ambiental: Las actuaciones deben ir acompañadas de la evaluación de la reducción del riesgo ambiental o mejora ambiental con objeto de que las medidas, con sus posibles repercusiones en los sectores productivos, sean proporcionadas al conocimiento técnico disponible.
- Independencia: Los inspectores deben estar libres de presiones que afecten sus juicios o resultados. Los procedimientos utilizados deben asegurar que personas u organismos externos no influya en el resultado de las inspecciones.
- Imparcialidad: El personal de las inspecciones no ha de estar comprometido en actividades que suponga conflicto de independencia, de juicio e integridad.
- Mejora continua. Se implantará un sistema de evaluación continua de los objetivos y de los medios para su consecución de forma que se puedan ir revisando en cada momento en función de las necesidades.
A los efectos de este documento:
- Instalaciones y actividades controladas: se consideran instalaciones y actividades objeto de inspección medioambiental, además de las definidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4/04/2001, cualquier instalación, actividad sujeta a autorización o condicionantes ambientales en aplicación de la legislación vigente en materias de competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Inspección medioambiental: Toda acción llevada a cabo por la autoridad competente o en nombre de ésta para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones a las condiciones de las autorizaciones y comunicaciones ambientales, controlando, en caso necesario, su repercusión ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones: las visitas in situ, la medición de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos de seguimiento, la verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la adecuación de la gestión ambiental de la instalación. El fin de la inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el ámbito de aplicación de esta norma.
- Inspecciones no sistemáticas o no prefijadas: Las realizadas con motivo de accidentes, incidentes, denuncias y seguimiento. La comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones con carácter previo al inicio de la actividad, así como, la inspección a las instalaciones y actividades que tiene lugar para hacer efectiva una autorización también son consideradas inspecciones no sistemáticas o no prefijadas.
- Verificación medioambiental: Son las actividades de comprobación del cumplimiento de la normativa realizadas por personal adscrito a la empresa pública a la que se encomiende asistencia técnica a la Viceconsejería en materia de colaboración de inspección medioambiental.
- Subprograma: Nivel de agregación en el que se agrupan las actuaciones contempladas en los programas de inspección. En Castilla-La Mancha los subprogramas de inspección se definen en función de las diferentes leyes que obligan en materia de inspección medioambiental.
- Campaña: Nivel de agregación en el que se agrupan las distintas actuaciones realizadas con organismos con competencias medioambientales que puedan incluirse dentro de los programas de inspección medioambiental, bien dentro de un mismo subprograma o incluyendo varios.
- Inspectores ambientales: funcionarios de la administración con competencias en materia de medio ambiente que realizan inspecciones ambientales. En el ejercicio de sus funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad.
- Análisis de riesgos medioambientales: Procedimiento para determinar la frecuencia de inspección de aquellas instalaciones de IPPC de Castilla-La Mancha cuya metodología se describe en el anexo de este plan.
a. Programas anuales.
Cada año se elaborará un programa de inspección en el que se indicará los recursos personales disponibles para las labores de inspección y el número y tipo de inspecciones que se llevarán a cabo en ese año.
Además, el programa con objeto de evaluar el resultado del programa del año anterior contendrá una memoria anual que se aprobará mediante su publicación en el programa de inspección medioambiental correspondiente al año siguiente al del programa al que hacen referencia, y en ellas se tendrán en cuenta los datos obtenidos en las inspecciones medioambientales realizadas.
En el Programa anual también se detallará la formación específica que vaya a llevarse a cabo en el periodo de vigencia del programa, para empleados públicos cuya labor sea la inspección.
b. Actuaciones de inspección.
Dentro de cada uno de los programas anuales, se comprenden las siguientes actuaciones:
i. Inspecciones in situ sistemáticas: Según se definía en el apartado correspondiente, son las realizadas como parte de un programa de inspecciones previsto y tienen por objeto la revisión periódica del cumplimiento ambiental de instalaciones y actividades controladas.
- Instalaciones autorizadas en base a la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. Se realizarán con la frecuencia establecida de acuerdo con lo establecido en el Análisis de Riesgos (Anexo I).
Este tipo de inspecciones también incluirá la inspección medioambiental documental.
ii. Inspecciones in situ no sistemáticas: Pueden venir condicionadas por cada uno de los siguientes motivos:
ii.1. Denuncias: La Consejería de Agricultura, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente y las Direcciones Provinciales, podrán realizar inspecciones ambientales cuando existan denuncias medioambientales.
ii.2.Concesión, renovación, modificación de autorizaciones y clausura de actividades e instalaciones: Se podrán desarrollar visitas de inspección no sistemáticas en este sentido en los siguientes casos:
- En instalaciones sometidas a autorización medioambiental, de forma previa al otorgamiento de la misma.
- Cuando se solicite una ampliación o se produzca un cambio sustancial en la instalación o en su funcionamiento, que implique un cambio en las condiciones de su autorización o evaluación.
- Cuando proceda la renovación de la autorización o evaluación ambiental.
- Cuando se clausure o desmantele una actividad o instalación.
- Para comprobar el cumplimiento de las condiciones de ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones y actividades a las que se les haya otorgado certificado de convalidación de inversión medioambiental según lo establecido en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
ii.3. Investigación de accidentes, incidentes o casos de incumplimiento, incluidas las detectadas en el seguimiento: El objeto de la investigación es:
- Determinar las causas del hecho y su repercusión ambiental y, si procede, las responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y comunicar las conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones reglamentarias, en su caso.
- Mitigar y si es posible corregir las repercusiones medioambientales del hecho, mediante el establecimiento de las medidas apropiadas que deberán adoptar la entidad explotadora y las autoridades.
- Determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, incidentes o incumplimientos.
- Aplicar medidas ejecutivas o sanciones, cuando proceda.
- Velar para que el operador tome las medidas de seguimiento adecuadas.
iii. Inspecciones documentales:
Según se definían en el apartado correspondiente son las inspecciones medioambientales de instalaciones y actividades controladas que no se realizan físicamente consistentes en comprobar el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos en la legislación competencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
iv. Verificación medioambiental: Como apoyo técnico a las labores de inspección, se realizarán tareas de comprobación del cumplimiento de la normativa realizadas por personal adscrito a la empresa pública a la que se encomiende asistencia técnica a la Viceconsejería en materia de inspección medioambiental.
v. Actuaciones sobre Organismos de control autorizados y registrados en Castilla-La Mancha en el sector medioambiental, área de atmósfera.
- Indicadores de actividad: Proporcionan información sobre el grado de ejecución del correspondiente programa anual y su evolución temporal. Ayudan a revisar la eficacia. Este indicador se determina por el número de inspecciones.
- Indicadores de resultados: Son los referidos al cumplimiento de la normativa. Para evaluar los resultados obtenidos tras la realización de las inspecciones medioambientales, se emplearán los siguientes indicadores de resultados:
- Para aquellas actividades sometidas al Real Decreto Legislativo 1/2016: Grado de cumplimento de la autorización ambiental integrada
- Para el resto de actividades: Número de inspecciones que han conllevado la petición razonada al Servicio Jurídico correspondiente de apertura de expediente sancionador.
La vigencia de este plan abarca el periodo comprendido entre 2018 y 2024. La revisión del mismo se hará de oficio en el caso de que se produzca un cambio significativo en la normativa que sirve de base al plan o en las condiciones básicas de ejecución. En este caso, se procedería a una revisión del plan.
- Formación de los inspectores y verificadores ambientales. La formación continua de los inspectores, verificadores, y del personal que realice labores de seguimiento en el Servicio de Control de Calidad Ambiental y en las Direcciones Provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resulta necesaria para conseguir mayor eficacia en las tareas de inspección. Son necesarios conocimientos técnicos sobre procesos y sistemas de depuración y reducción de emisiones de contaminantes de la actividad industrial, dominar la aplicación de toda la normativa ambiental y estar familiarizados con las diferentes técnicas o métodos de inspección que faciliten unas relaciones adecuadas con las empresas.
Esta formación podrá ampliarse a los organismos con los que la Viceconsejería de Medio Ambiente establezca convenios o protocolos de actuación, siempre según lo planificado en los programas anuales de inspección medioambiental.
- Actividades de intercambio de información de los inspectores ambientales.
Impel es un foro informal de intercambio de información en el área de implantación y cumplimiento de la legislación ambiental europea y de desarrollo de estrategias prácticas comunes. Esta red está constituida por autoridades ambientales de la Unión Europea que desean intercambiar información y por la Comisión Europea. En cada Estado Miembro hay un coordinador que sirve como punto de referencia de la red.
Por otro lado, el objetivo del proyecto Redia consiste en el establecimiento de una red estatal en materia de inspección ambiental, orientada a la creación de un instrumento fundamentalmente técnico que permita compartir la amplia experiencia en las actividades de inspección entre las distintas comunidades autónomas, establecer foros de participación, intercambio de información técnica y articular la participación de las diferentes comunidades autónomas en la red Impel (red europea Implementation and Enforcement of Environmental Law), dentro del ámbito de las inspecciones ambientales.
El Servicio de Control de la Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente participa en Redia (Red de Inspección Ambiental de CCAA y Ministerio) y a través de ella conoce la información que se puede compartir con Impel (Red de autoridades ambientales de inspección del espacio económico europeo, que incluye a los estados miembros y algunos otros que no forman parte de la Unión Europea) a través de otras CCAA, que intervienen en la misma.
Estas redes desarrollan proyectos muy relacionados con la planificación y ejecución de las inspecciones, que se aprueban en sesiones plenarias. En los mismos, habitualmente se realiza una primera fase de comparación entre los diferentes órganos participantes sobre cómo se realizan las funciones en los diferentes servicios y secciones de inspección, al objeto de identificar buenas prácticas que puedan servir como referencia para el resto de autoridades. Con ello, se consigue de alguna manera armonizar y homogeneizar los criterios de inspección, tanto a nivel de CCAA como de Estados Miembros.
3.2. La ponderación
3.3. Índice de riesgo y categoría de riesgo
4.1. Criterios de impacto
4.1.1. Tipo de instalación
4.1.3. Riesgo de accidentes
4.1.4. Emisiones al aire
4.1.5. Emisiones al agua
4.1.6. Emisiones al suelo
4.1.7. Producción de residuos
4.1.8. Gestión de residuos
4.2. Criterios de operador
4.2.1. Sistema de gestión medioambiental
4.2.2. Cumplimiento de autorización
4.2.3. Sancionadores
7. Anexo 1: Tabla resumen
El RD 815/2013, de 18 de octubre, aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Según lo dispuesto en la disposición final séptima del mismo, incorpora del derecho comunitario entre otros el artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que establece para los estados miembros, en concreto para la autoridad competente en materia de inspección, las siguientes obligaciones:
1. Garantizar que todas las instalaciones están cubiertas por un plan de inspección medioambiental a escala nacional, regional o local.
2. Elaborar regularmente programas de inspección medioambiental, basándose en esos planes.
3. Realizar una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales de las instalaciones correspondientes para decidir la periodicidad de las visitas, que será de un año para las instalaciones que planteen los riesgos más altos y de tres para aquellas que disponen del riesgo más bajo.
De acuerdo con el artículo 23.4 de este Real Decreto los criterios en los que deberá basarse la evaluación sistemática de los riesgos medioambientales para establecer la periodicidad de las inspecciones son:
c) La participación del titular en el sistema de la gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25/11/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de evaluación de riesgos a aplicar a las instalaciones IPPC de Castilla-La Mancha para establecer una frecuencia de inspección, dando cumplimiento a la normativa vigente (artículo 23 del RD 815/2013).
La metodología de la evaluación de riesgos a aplicar en Castilla-La Mancha para establecer la frecuencia de inspección en las instalaciones IPPC se basa en el método IRAM (Integrated Risk Assessment Method) desarrollado en la red europea Impel donde se define el riesgo de una instalación como el impacto potencial de su actividad sobre el medio ambiente o la salud de las personas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de normativa por el operador y la gestión ambiental que realiza.
Todos los métodos se basan sobre el siguiente principio:
Riesgo = efecto x probabilidad
El efecto depende de la fuente (en nuestro caso instalación IPPC) y del receptor (vulnerabilidad del medio) y se representa por criterios de impacto.
La probabilidad es función del comportamiento del operador, esto es, de su nivel de cumplimiento legislativo, de su gestión ambiental, de su actitud, etc. Se representa por criterios de operador.
No todos los criterios de impacto o criterios de rendimiento del operador dentro de una evaluación de riesgos tienen que tener necesariamente la misma importancia. Por esa razón, se puede introducir la ponderación, por la que uno de los criterios consigue un mayor peso en el cálculo que otro.
El método IRAM utiliza dos tipos de ponderaciones, término y factor:
- Término de ponderación (TP), cuando se añade un valor positivo o negativo a uno o varios de los criterios de impacto. Cuando se quiere dar el mismo peso a todos los CI este término es 0.
CI (ponderada) = IC + TP
Criterio de impacto (ponderado)= Criterio de impacto +Término de ponderación
- Factor de ponderación (FP), cuando se multiplica por un valor uno o varios de los criterios de operador. Cuando se quiere dar el mismo peso a todos los CO este término es 1.
CO (ponderado) = CO * FP
Comportamiento del operador ponderado = Comportamiento del operador * Factor de ponderación
Para determinar la frecuencia de inspección se sigue lo siguiente:
1. El intervalo de valores para cada uno de los criterios de impacto de 1 a 5 en función del sistema de evaluación definido para cada uno y los términos de ponderación. En Castilla-La Mancha se ha establecido el término de ponderación = 0, por lo que todos los CI tienen el mismo peso.
2. Se calcula la puntuación de los CO en una de las tres categorías: -1, 0 y 1 teniendo en cuenta los posibles factores de ponderación. En Castilla-La Mancha se ha establecido un factor de ponderación = 1 por lo que todos los CO tienen el mismo peso.
3. Se calcula el índice de riesgo como el valor máximo de los criterios de impacto.
4. Se establece una "Regla", que define el número de puntuaciones máximas como mínimo de los CI corregidos para asignarle ese valor al índice de riesgo. En el caso de Castilla-La Mancha, se ha establecido Regla=2, es decir, para asignar un índice de riesgo de 5 a una instalación, al menos 2 criterios de impacto han de haber obtenido un 5. Si el número de máximos resultantes es inferior al número establecido en la "Regla", se baja un nivel al índice de riesgo obtenido (obteniendo el índice de riesgo corregido). Si es igual o mayor, se deja el índice de riesgo como está.
5. Se corrige el valor del índice de riesgo según el comportamiento del operador, de la siguiente manera:
a. Si el CO es -1, se baja un nivel.
b. Si el CO es 0, se deja igual.
c. Si el CO es 1, se sube un nivel.
6. El índice de riesgo obtenido es el índice de riesgo final, a partir del cual se establece la categoría de Riesgo (3 categorías) como veremos más adelante y a esta se asocia directamente la frecuencia de inspección (anual, bienal o trienal)
Los criterios de impacto que se tienen en cuenta en la evaluación de riesgos son los siguientes:
Con el epígrafe al que correspondan del anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención e impacto ambiental, modificada por la ley 5/2013, de 11 de junio se le asigna valores de 1 al 5 según lo siguiente:
Categoría actividades-Epígrafe IPPC
1.1 (Nota 1)
2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5
Todo el epígrafe (4.1 a 4.6)
5.1 / 5.3 / 5.4 / 5.6
5.2 / 5.5 / 5.7
9. Industries agroalimentarias y explotaciones ganaderas
Nota 1.- A las estaciones de compresión de Enagas, dentro del epígrafe instalaciones de combustión 1.1.b se les asigna el valor 3.
En este criterio se evalúa el impacto de la ubicación de la instalación con respecto a su entorno.
Se evalúa únicamente la distancia de la instalación a zonas sensibles y/o protegidas de las contempladas en la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Distancia a zonas sensibles y/o protegidas
La Directiva Seveso y sus posteriores modificaciones fueron transpuestas al ordenamiento español (R.D. 1254/1999, de 16 de julio) con fin de regular el control de riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Las actividades afectadas por esta Directiva son aquellas que pueden dar lugar, a priori, a los accidentes más significativos debido a la naturaleza y cantidades de las sustancias que manejan y que se encuentran recogidas en el Anexo I por lo que se incluye este criterio en la valoración. Se clasifican las actividades en dos grupos: las que no superan el umbral, que deben contar con Plan de Emergencia Interior (Art. 6 y 7), y aquellas que lo superan y precisan tanto de PEI como de Plan de Emergencia Exterior (Art. 9).
PEI y PEE
No afectada de Seveso
El impacto de este criterio viene determinado por las emisiones a la atmósfera de la instalación.
Los datos de referencia tomados para la valoración son los datos del último informe validado y suministrado al Estado según establece el Reglamento (CE) 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18/01/2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo, en adelante, Reglamento E-PRTR.
Para establecer la puntuación de este criterio se calcula el sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el anexo 2 (columna A2 del Reglamento EPRTR). Se define superación del umbral como el cociente entre la cantidad declarada de cada sustancia emitida y su correspondiente umbral.
La puntuación general para este criterio es de 1 a 5 de la siguiente manera:
X ≤ 0,5
El impacto de este criterio viene determinado por las emisiones al agua de la instalación. En este criterio se definen los siguientes subcriterios:
a) Reglamento EPRTR
En este caso se utilizan las mismas categorías y los valores recogidos en el apartado 4.1.4 pero para los datos declarados de emisión al agua:
b) Tipo de vertido
No se realiza vertido
Vertido a colector público de saneamiento (CPS) o depuradora externa privada o pública
Vertido a Dominio Público Hidráulico (DPH) (cuenca intercomunitaria o intracomunitaria)
Para determinar la puntuación para este criterio se suman los resultados de los dos subcriterios y a continuación se aplican los siguientes rangos de puntuación:
Rango de puntuación obtenida tras suma subcriterios
El impacto de este criterio viene determinado por las emisiones al suelo de la instalación. En este criterio se definen los siguientes subcriterios:
En este caso se utilizan las mismas categorías y los valores recogidos en el apartado 4.1.4 pero para los datos declarados de emisión al suelo:
b) Ámbito de aplicación Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Ámbito de aplicación RD
Potencialmente contaminadora de suelos (incluida en Anexo I del RD 9/2005)
No incluida en Anexo I del RD 9/2005
4.17. Producción de residuos
El impacto de este criterio viene determinado por los residuos generados en las instalaciones con los siguientes subcriterios:
a) Producción de residuos peligrosos
Cantidad generada (t/año) de residuos peligrosos
b) Producción de residuos no peligrosos
Cantidad generada (t/año) de residuos no peligrosos
Las cantidades de residuos producidas por las instalaciones son las validadas en el último informe validado y suministrado al Estado según establece el Reglamento EPRTR.
El impacto de este criterio viene determinado por los residuos que tienen entrada en las instalaciones con los siguientes subcriterios:
a) Gestión de residuos peligrosos
Cantidad gestionada (t/año) de residuos peligrosos
b) Gestión de residuos no peligrosos
Cantidad gestionada (t/año) de residuos no peligrosos
Las cantidades de residuos gestionadas por las instalaciones son las validadas en la última memoria resumen presentada en virtud del artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El comportamiento del titular, considerando el mismo como cualquier persona física o jurídica que explote, total o parcialmente la instalación, se puntúa con una serie de criterios. Los criterios del comportamiento son tres:
- Participación en el sistema de gestión y auditorías ambientales
- Cumplimiento de las condiciones de la autorización
- Expediente sancionadores.
Los criterios de comportamiento se puntúan en una escala de -1 (bueno; disminuye un nivel de riesgo), 0 (moderado) y +1 (malo; aumenta un nivel de riesgo). El resultado del comportamiento del operador es la media de los criterios aplicados redondeando al número entero más próximo (-1, 0, +1).
La certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental a una actividad implica un modo de control y gestión del riesgo ambiental de la misma. Se trata de valorar la diferencia entre la certificación del SGMA Reglamento EMAS (más exigente desde el punto de vista ambiental) o ISO 14001 con diferente puntuación:
Sistema de gestión medioambiental en vigor
Tiene certificado de Reglamento EMAS
Tiene certificado ISO 14001
Con este criterio de valora el grado de cumplimiento del condicionado de la autorización ambiental integrada por parte del operador. Este criterio se aplicará a partir de la información obtenida de las inspecciones realizadas de acuerdo con el programa de inspección anterior al que incluya la evaluación de riesgo correspondiente.
Grado de cumplimiento AAI
No se encuentran desviaciones de la AAI en ninguno de los vectores ambientales o estas fueron corregidas
Muy alto (Hasta 3 desviaciones poco relevantes)
Alto (Más de 3 desviaciones poco relevantes y/o hasta 1 desviación relevante)
Medio (Más de 1 desviación relevante y hasta 3 desviaciones relevantes)
Bajo (Más de 3 desviaciones relevantes y/o hasta 2 desviaciones muy relevantes)
La existencia de expedientes sancionadores en una actividad se considera un indicador de una gestión ambiental deficiente, por lo que se penaliza en la valoración de su riesgo ambiental de la siguiente manera:
Sin incumplimientos (nº expedientes sancionadores = 0)
Con incumplimientos manifiestos (Nº expedientes sancionadores > 1)
Una vez determinados los CI y CO según el apartado anterior, se sigue la siguiente operativa:
a) Se determina el índice de riesgo inicial, que será el valor máximo absoluto de los criterios de impacto calculados.
b) Se corrige el mismo teniendo en cuenta la regla establecida. En Castilla-La Mancha se aplica la regla=2, es decir, se comprueba el número de criterios de impacto que tienen el índice de riesgo y se actúa:
- Si el nº criterios es 1, se disminuye un nivel
- Si el nº criterios es 2 o más, se mantiene el valor.
El valor obtenido es el denominado índice de riesgo corregido.
c) Se determina el comportamiento del operador en base a la media aritmética de los resultados obtenidos de cada CO y redondeando a -1, 0 ó +1.
d) Según el valor se disminuye un nivel, se deja como está o se aumenta el índice de riesgo ya corregido obteniendo el índice de riesgo final.
e) Se determina la categoría del riesgo, que es la que define la frecuencia de inspección de la siguiente manera:
Supongamos una actividad donde se obtiene lo siguiente:
Valor IRAM
Emisiones aire
Emisiones agua
Emisiones suelo
Grado cumplimiento AAI
El valor del Índice de Riesgo, que es el mayor valor absoluto obtenido, es 5. Si aplicamos la Regla = 2, obtenemos que el Índice de Riesgo Corregido es 4.
El valor del comportamiento del operador será la media aritmética. Es decir, -2/3 que es igual a -0,67. Como hay que redondear el valor queda en -1. Esto indica que el índice de riesgo final es 3, categoría Riesgo Medio, y por tanto la frecuencia de inspección para esta instalación es bienal.
1. Anexo 1: Tabla resumen
LEY 1/2010, de 11 de marzo, de modificacion de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservacion de la Naturaleza del Pais Vasco.
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservacion de la Naturaleza.

References: artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 41