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Timestamp: 2020-08-15 03:22:18+00:00

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JUR\2015\11177 EDIFICACIONES RUINOSAS: Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble: gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas | Actualitat jurídica Joan Amenós
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TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2014 de 12 noviembre
JUR\2015\11177
EDIFICACIONES RUINOSAS: Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble: gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas: repercusión al propietario o propietarios hasta el límite del deber normal de conservación: procedencia.
ECLI:ECLI:ES:TSJM:2014:13480
Recurso de Apelación 750/2013
Ponente:Ilmo. Sr. D. Miguel Angel García Alonso
NIG: 28.079.45.3-2011/0039025
RECURSO DE APELACIÓN nº 750 /2013
SENTENCIA nº 979
En la Villa de Madrid, a 12 de noviembre de 2.014.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el Recurso de Apelación nº 750/2013, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, contra la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Coordinador General de Gestión Urbanística y Obras del Ayuntamiento de Madrid el 20 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 1 de marzo de 2011 en el expediente administrativo 711/2010/19719.
Siendo parte apelada la entidad “ALDESA NUEVO MADRID, S.L.”, representada por la Procuradora Doña Dolores de la Plata Corbacho.
PRIMERO.- Notificada la sentencia referida, cuyo fallo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto, la representación del Ayuntamiento citado interpuso recurso de apelación en el plazo de los quince días siguientes, solicitando su revocación y que se decrete la conformidad a derecho de la resolución administrativa referida, basándose en los hechos que constan.
TERCERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo elevó las actuaciones a este Tribunal correspondiendo su conocimiento a esta Sección Segunda; acordándose dar a los autos el trámite previsto en los arts. 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y siendo designado ponente el Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel García Alonso.
Se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 6 de noviembre de 2014 , en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, y en particular las previsiones de los arts. 80.3 ª y 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Coordinador General de Gestión Urbanística y Obras del Ayuntamiento de Madrid el 20 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 1 de marzo de 2011 en el expediente administrativo 711/2010/19719. Esta resolución acordó requerir a la propiedad de la finca sita en la calle Antonio de Cabezón, nº 27, de Madrid, para que ingrese en las arcas municipales 89.449,42 € correspondiente a las obras en ejecución inmediata.
El juez de instancia, de acuerdo con el demandante, entendió que la resolución anterior de 1 de octubre de 2010 que puso en conocimiento de la propiedad las actuaciones realizadas en aplicación de la actuación inmediata prevista en el art. 169 de la Ordenanza Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones fue notificada al mismo tiempo que la resolución recurrida, que la resolución que resolvió el recurso de reposición indicó que la de 1 de octubre de 2010 era firme y que en definitiva no se le dio la posibilidad de impugnar antes la resolución en la que se le ponía en conocimiento que las obras habían sido realizadas a su costa.
Alega el Ayuntamiento apelante que esta resolución anterior era firme y que en todo caso se ha emitido informe en fecha 10 de agosto de 2011 por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid para la resolución del recurso de reposición en los que se apoya la resolución impugnada.
El particular demandante se opone al recurso de apelación alegando que no se le concedió el trámite de audiencia previsto en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y en el Art. 33 de la Ordenanza y que no ha podido presentar las alegaciones pertinentes, y adoptar las medidas oportunas para poder acabar con la situación de peligro inminente. Que se declaró en al resolución de 1 de octubre de 2010. Que no se le dio traslado de la propuesta de resolución.
Como señala la Sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia – Sentencias de 24 de noviembre de 1.987 , 5 de diciembre de 1.988 , 20 de diciembre de 1.989 , 5 de julio de 1.991 , 14 de abril de 1.993 , etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal “ad quem” la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.
De los datos obrantes la Sala no comparte las consideraciones del juez de instancia: efectivamente la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones dispone en el art. 16:
Si un servicio municipal apreciare la existencia de un peligro grave e inminente, adoptará las medidas que estimare oportunas para evitarlo sin necesidad de acto administrativo previo .
Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para evitar el peligro inmediato, y podrán consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles o partes de estos, apeos, apuntalamientos, demoliciones u otras análogas; debiendo observarse, en cualquier caso, el principio de intervención mínima.
La actuación de la administración está amparada en el art. 26 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana dispone:
Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de iniciación del expediente de ruina, se estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el Ayuntamiento o el Alcalde acordarán el desalojo de los ocupantes y adoptarán las medidas referidas a la seguridad de la construcción .
A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de cualquier persona, se dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección , emitiéndose informe por los técnicos municipales. Los técnicos municipales emitirán informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o apuntalamientos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato.
El Ayuntamiento o el Alcalde adoptarán la resolución que proceda en plazo de veinticuatro horas desde la recepción de los informes .
De igual manera la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 172
Cuando una construcción o un edificio amenace ruina inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o el edificio y su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse, excepcionalmente, a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad física de las personas.
Todos los gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas serán repercutibles en el propietario o propietarios, en vía administrativa y hasta el límite del deber normal de conservación .
En el supuesto presente es irrelevante que ambas resoluciones se hayan notificado al mismo tiempo ya que de las consideraciones anteriormente expresadas, al tratarse de una actuación urgente no cabe la posibilidad de un procedimiento previo con audiencia y alegaciones del interesado antes de dictar la resolución que da lugar al derribo. Será con posterioridad cuando se pueda alegar y acreditar que la actuación no era necesaria.
Lo importante es que la primera resolución de 1 de octubre de 2010 se notificó correctamente según consta en el expediente administrativo.
De hecho examinando el recurso de reposición, en el mismo se dice inicialmente que “no está conforme con la resolución de 1 de marzo de 2011, por lo que frente a la misma se interpone recurso de reposición” y posteriormente al final del escrito se expresa que “se tenga por presentado el recurso de reposición contra la resolución de 1 de octubre de 2010”.
Por tanto en realidad está mencionando las dos resoluciones y está alegando tanto frente a las actuaciones a las que se refiere la inicial resolución, como frente a las partidas y la justificación de su coste a las que se refiere la segunda de 1 de marzo de 2011, por lo que puede entenderse que el recurso de reposición se interpuso contra ambas resoluciones.
Si consideramos que este recurso de reposición se ha interpuesto contra ambas resoluciones la primera de ellas de 1 de octubre de 2010 no sería firme, pero en todo caso la resolución impugnada que resuelve el recurso de reposición no sería contraria a derecho ya que fundamentalmente se basa en un informe de los servicios técnicos que examina y entra a conocer tanto de las alegaciones referentes a la procedencia de las actuaciones urgentes como a las partidas y su importe.
En conclusión no hay indefensión alguna ya que se le ha notificado la resolución referida y ha alegado frente a ella, pudiendo proponer prueba.
Debe entrarse a conocer del fondo del asunto : el informe citado de los servicios técnicos consta al folio 94 y siguientes del expediente administrativo y examinado el mismo se observa que con gran detalle contesta y justifica las razones por las que procedían todas las actuaciones expresadas y el respeto al principio de intervención mínima referente al edificio de oficinas colindante y a las que se refiere el propio interesado en su demanda.
Igualmente detalla la necesidad de las partidas y su desglose.
Frente a ello el demandante se limita a realizar alegaciones mostrando su disconformidad.
En este caso el criterio fundamental a tener en cuenta es el de la independencia de los técnicos respecto a los intereses en juego, ya que ello constituye, una evidente garantía y seguridad de la imparcialidad de sus actuaciones. A este respecto la ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone en su artículo 137 :
En tal sentido (STTS 12.12.891 19.2.90 y 8.3.93, y de 20 de Julio de 1993, entre otras muchas)se determina que los informes emitidos por los órganos técnicos municipales así como los de los peritos procesales, gozan de garantía de imparcialidad.
En este sentido, como determina reiterada jurisprudencia, los hechos reflejados en los informes de la administración gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que han de prevalecer frente a las manifestaciones subjetivas del sancionado, exentas de prueba, como en este caso. La presunción de legalidad de que se benefician los actos administrativos ha de ser combatida, para su destrucción, por los interesados mediante la aportación de elementos probatorios suficientemente demostrativos de la disconformidad a derecho de aquellos.
Los hechos determinantes de los argumentos empleados por la defensa de la recurrente debieron alegarse aportando al efecto en vía administrativa las justificaciones oportunas para la defensa de su derecho y en especial sobre los puntos expuestos. Mas lejos de proceder así solo se expresaron meras alegaciones, por lo que los hechos determinados en el informe de los servicios técnicos de la administración conservan su virtualidad y no pueden ser rebatidos con meras argumentaciones vertidas en la vía jurisdiccional y en la que ni siquiera se propuso prueba de perito designado judicialmente.
Por todo ello se estimará el recurso de apelación.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa , al estimarse el recurso de apelación, no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.
VISTAS las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación al caso, la Sala acuerda,
Que con ESTIMACIÓN del recurso de apelación 750/2013 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, contra la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, debemos REVOCAR y REVOCAMOS la referida Sentencia por no ser conforme a Derecho; y en consecuencia, desestimamos el recurso interpuesto en la instancia contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, que expresamente declaramos ajustada a Derecho y sin imposición de costas.
Contra la anterior Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.
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 Real Decreto 
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 artículo 172
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 artículo 137
 artículo 139