Source: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011526%2F2017
Timestamp: 2018-02-18 08:27:45+00:00

Document:
(DOGV núm. 8197 de 23.12.2017) Ref. Base Datos 011526/2017
Fecha de entrada en vigor: 24.12.2017
DECRETO 51/1999, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas a las que deben someterse los conciertos a realizar por la administración de la Generalitat Valenciana con los centros de iniciativa social de titularidad privada. [1999/X3405] (DOGV núm. 3475 de 16.04.1999) Ref. Base Datos 1098/1999
Temáticos: reglamento interno, servicio social, administración regional, empresa privada, equipamiento social , monografías
2017/11941 DECRETO 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social. [2017/11941]
Las actuaciones en los diversos campos de acción en materia de servicios sociales, en efecto, están sometidas, en primer lugar, al principio general de responsabilidad pública, que viene definido en el artículo 4.a de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que ha sido recientemente reformada por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
La Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de la Generalitat, ha introducido en el artículo 44 bis, como forma de provisión de las prestaciones del sistema público valenciano de servicios sociales, los acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social. En el preámbulo de la ley de medidas se señala que con la inclusión de un nuevo artículo 44 bis, la modificación de los artículos 53, 56.2 y del título VI de la Ley 5/1997, se pretende delimitar el régimen jurídico de la acción concertada, aclarando que tal acción concertada, como forma de provisión de las prestaciones del sistema público de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, presenta una naturaleza distinta a la de los contratos públicos sujetos a alguna de las modalidades previstas en la legislación de contratos públicos, acogiéndose para ello a la posibilidad que ofrece la nueva normativa comunitaria (Directiva 2014/24/UE de 26.02.2014), dada la posibilidad de la que gozan las autoridades competentes para la gestión y organización de determinados servicios, como son los servicios sociales, a través de un sistema de financiación pública, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
En este sentido, cabe recordar lo dispuesto en leyes estatales básicas: Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la reponsabilidad penal del menor (LORPM); Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada por Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; así como lo dispuesto en leyes autonómicas, como la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres; Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad; Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de protección integral de lnfancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana; Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud; y la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, entre otras normas y leyes.
La elaboración y aplicación de este decreto se ajusta a los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la legislación autonómica en materia de servicios sociales habilita a celebrar acuerdos de acción concertada y formalizar conciertos sociales con entidades sin ánimo de lucro, que constituyen el tercer sector de la acción social, en tanto organizaciones regidas por el principio de solidaridad, que poseen una reconocida labor y experiencia en la prestación de los servicios sociales, garantizando la sostenibilidad de estos recursos sociales, de modo que su financiación comprenda los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial, dado que cumplen fines y funciones de interés general.
En aplicación del principio de transparencia, el proyecto normativo ha sido sometido no solamente a los trámites preceptivos de información pública y audiencia de las entidades afectadas por la norma, sino que se ha dado publicidad y podifo consultar las memorias e informes relevantes emitidas en este procedimiento, generando un amplio consenso, debate y participación ciudadana, con información y participación de todas las entidades sociales que actúan en los diversos campos de la acción social.
El título VI aborda la modificación y revisión de los conciertos; en el título VII se regula de forma específica la posible prórroga de los mismos, siempre que su ejecución se hayan evaluado satifactoriamente, cumplido con las condiciones establecidas por la administración y se haya atendido de forma ágil y satisfactoria las directrices y los requerimientos de esta. El título VIII regula las condiciones y el procedimiento para la incorporación de los servicios de nueva creación. Finalmente, el título IX contempla la extinción de los conciertos y sus causas.
En virtud de todo cuanto antecede, en el ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 49.1.24ª, 25ª, 26ª y 27ª del Estatut d'Autonomia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56.2 y del título VI de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tras su tramitación reglamentaria, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y a propuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, previa deliberación del Consell, en la reunión del día 17 de noviembre de 2017.
Artículo 4. Principios generales de la acción concertada
Artículo 5. Sectores de servicios sociales para la aplicación del régimen de acción concertada
h) Igualdad en la dversidad
2. El término «diversidad funcional» comprende a todo tipo de personas con discapacidad.
Artículo 6. Prestaciones y servicios sociales susceptibles de acción concertada
Artículo 7. Requisitos exigidos a las entidades para la acción concertada
Artículo 8. Prohibiciones para concertar
Artículo 9. Requisitos y condiciones previas
Artículo 10. Efectos del concierto
h) Disponer de un Organo de Participación del centro o servicio y mantener un régimen de funcionamiento con participación y representación por parte de la entidad, profesionales y personas usuarias o sus representantes legales, conforme establezca la normativa sectorial.
 Defunción.
 Invalidez absoluta y permanente.
 Invalidez parcial por pérdida física o funcional de miembros.
 Asistencia médico farmacéutica con cobertura ilimitada en centros concertados por la aseguradora.
Artículo 12. Procedimientos de concertación
f) Organos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento.
Artículo 14. Documentación, lugar y plazo de presentación de solicitudes
2. La presentación de solicitudes y documentación anexa se realizará de forma telemática, a cuyo fin las personas jurídicas y entidades interesadas utilizarán la aplicación diseñada y que estará disponible en el Catálogo de servicios públicos interactivos de la Generalitat a través de la sede electrónica (portal https://sede.gva.es, apartado «Servicios online»).
g) Cualquier otra documentación técnica, que se indique o se estableza en la resolución de la convocatoria, para cada sector o servicio específico susceptible de acción concertada.
Artículo 15. Criterios de valoración de entidades y servicios
Artículo 16. Organo de instrucción
3. Dicha Comisión es la encargada de elaborar una relación ordenada de participantes en el procedimiento de selección con su puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración que estableza y que desarrolle oportunamente la convocatoria.
Artículo 19. Publicación de la resolución de concesión
Artículo 21. Formalización y efectos de la acción concertada
Artículo 22. Financiación de la acción concertada
Artículo 23. Duración de los conciertos
Artículo 24. Limitaciones en el ejercicio de la actividad y acuerdos de acción concertada
Artículo 25. Calidad de los servicios
Artículo 26. Resolución de conflictos
Ejecución de los acuerdos de acción concertada.
Artículo 27. Pago del coste del concierto
Artículo 28. Deber de comunicación
Artículo 29. Reintegro de cantidades recibidas indebidamente
Artículo 30. Inspección y control
Artículo 32. Ampliación o minoración del número de plazas o servicios
Artículo 33. Revisión y modificación de las condiciones técnicas o económicas
Artículo 34. Prórroga
Artículo 35. Requisitos de la pròrroga
La prórroga solo podra acordarse si se siguen dando las circunstancias habilitantes, el servicio se está realizando de conformidad, la entidad concertada sigue cumpliendo los requisitos necesarios, y existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
Artículo 36. Procedimento
Artículo 37. Solicitud de concertación de servicios adicionales o de nueva creación
Artículo 40. Causas de extinción de los conciertos sociales
Artículo. 41. Condiciones para la extinción del concierto por mutuo acuerdo
Artículo. 42. Incumplimiento grave de las obligaciones por la administración
La entidad de iniciativa social, titular del centro o servicio concertado, podrá solicitar la resolución del concierto si estimare que la administración ha incurrido en causa de extinción del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del articulo 40 de este decreto. En el supuesto de que la administración denegare la resolución y extinción del concierto, la entidad titular está obligada a continuar prestando los servicios concertados mientras existan personas usuarias que deba atender, sin perjuicio de los recursos que proceda.
Artículo. 43. Incumplimiento grave de las obligaciones por la entidad titular del servicio
1. A efectos de la determinación de posible incumplimiento por parte del la entidad titular del centro o servicio, el órgano competente de la administración, de oficio, abrirá un expediente informativo, ante cualquier queja o denuncia.
4. Si como consecuencia del expediente administativo a que se refiere el apartado anterior, resultase que el titular del centro o servicio ha incumplido gravemente el concierto, la administración procederá a su resolución, con efectos, en su caso, desde la fecha que se determine a fin de causar el menor perjuicio y adoptar las medidas necesarias de traslado de las personas usuarias; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Artículo. 44. Incumplimiento reiterado de las obligaciones por la entidad titular del servicio
1. Si del referido expediente administrativo informativo y sancionador resultase una o varias infracciones leves, se apercibirá al titular del centro o servicio para que en el plazo que en cada caso se determine, que no podrá ser inferior a un mes, subsane las causas de la deficiencia en el trato o incumplimiento. La no subsanación dara lugar a nuevo apercibimiento que, de no ser atendido en el plazo de otro mes, originará la extinción del concierto.
3. La percepción indebida y reiterada de cuantías por parte del titular del centro o servicio, que supongan una desvirtuación de los términos del concierto social, obligará a la entidad titular del concierto a proceder al reintegro y supondrá para el mismo la obligación de acreditar documentalmente ante la Admínistración la devolución de dichas cantidades a las personas usuarias, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la notificación de la resolución del oportuno expediente administrativo contradictorio, para que no sea resuelto y extinguido el concierto por esta causa; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que se hubiera podido incurrir.
Artículo 45. Extinción de la persona jurídica
Artículo 46. Cese voluntario
Primera. Provisión de prestaciones sociales y servicios de titularidad de las entidades locales
Segunda. Adaptación de órganos competentes de las entidades locales al procedimiento de concertación
Tercera. Registro de conciertos sociales
 Fecha de aprobación y formalización del concierto.
 Tipo de servicio y sector de atención social.
 Indicación del número de plazas del servicio o unidades del centro concertadas.
 Duración del concierto.
Quinta. Tramitación anticipada
Sexta. Ejecución del concierto social. Pago delegado
Séptima. Actividades complementarias a servicios sociales
Octava. Pólizas de seguro
Novena. Plazos para hacer efectivas las obligaciones de publicidad consiguientes al régimen de acción concertada
Primera. Convocatorias de acuerdos de acción concertada y efectos
Segunda. Convocatoria del primer régimen de acción concertada
Tercera. Acreditación administrativa
f) Disponer de autorizacion de funcionamiento, de carácter definitivo.
Cuarta. Incompatibilidad de subvenciones y régimen de acción concertada. Regularización de pagos
Quinta. Plazo para hacer efectivo el requisito de certificación de calidad
Segunda. Actualización de servicios susceptibles de acuerdos de acción concertada
València, 17 de noviembre de 2017
9. Servicio específico de atención a la familia e infancia (SEAFI)
10. Servicio de centro de día para personas menores de edad en situación de riesgo
11. Servicio de programas de medidas judiciales de medio abierto
III) Personas mayores
2. Servicio de centro de día
3. Servicio de vivienda tutelada
IV) Personas con diversidad funcional
1. Servicio de centro de atención temprana
2. Servicio de centro de rehabilitación e integración social (CRIS)
3. Servicio de centro ocupacional
4. Servicio de centro de día para personas con diversidad funcional
5. Servicio de residencia para personas con diversidad funcional
6. Servicio de vivienda tutelada para personas con diversidad funcional
Servicios sociales a personas en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat (LGTBI), pueblo gitano, igualdad de trato y no discriminación.

References: artículo 4
 artículo 44
 artículo 44
 Real decreto 
 artículo 129
 artículo 49
 artículo 56

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12
 resolución 

Artículo 14
 resolución 

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 19
 resolución 

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 Resolución 

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 45

Artículo 46