Source: https://es.scribd.com/document/128958737/Violencia-Policial-Defensoria-Del-Pueblo
Timestamp: 2017-09-22 20:47:52+00:00

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Violencia Policial Defensoria Del Pueblo
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“2012.
Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2012.-
VISTO: Las actuaciones nros. 2982/09, 4258/09, 4981/09, 117/11, 466/11, 1779/11, 1830/11, 1884/11, 2416/11, 3176/11, 3403/11, 3484/11, 3819/11, 3885/11, 3889/11, 4173/11, 4246/11, 4342/11, 5627/11, 6043/11, 141/12, 168/12, 240/12, 303/12, 392/12, 431/12, 699/12, 746/12, 777/12, 1276/12, 1281/12 y 1309/12, donde se denuncian diversos hechos de violencia y abuso por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana.
Y CONSIDERANDO QUE: 1.- Introducción Esta Defensoría del Pueblo, desde su creación, vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las fuerzas de seguridad, de conformidad con el art. 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y leyes reglamentarias. En este marco, numerosas han sido las intervenciones efectuadas por este organismo en casos de violencia y abuso policial, tanto perpetrados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) como por miembros de la Policía Metropolitana, los cuales entrañan responsabilidad institucional por parte de la fuerza policial involucrada pero exigen, además, un tratamiento adecuado de la autoridad política y de la judicatura. En esos casos, la práctica institucional ha consistido en conocer toda la información sobre cada caso y remitir lo actuado, si correspondiere, a la justicia penal. En esta tarea, esta Defensoría del Pueblo tiene como objetivos aportar al esclarecimiento de los hechos, la defensa de la legalidad y la contención de víctimas y familiares. Esta investigación debería cooperar a una mejora en las prácticas policiales y a la generación de un estado institucional que evite la impunidad de estos actos.
En este contexto, esta Defensoría del Pueblo ha asumido el compromiso de arbitrar todas las medidas que, sin exceder la competencia que le fuera asignada, coadyuven a garantizar el acceso efectivo a la justicia, en particular, de aquellas personas en condición de vulnerabilidad. La tarea no se limita a la radicación de las denuncias ante la justicia sino que, además, se efectúa el seguimiento de numerosas causas penales que tuvieron origen en denuncias por violencia policial. En la presente Resolución se analizan los casos de mayor trascendencia ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el transcurso del segundo semestre de 2011 y primer trimestre de 2012, en los que tuvo intervención esta Defensoría del Pueblo1. 2.- La seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En nuestro sistema federal de gobierno las provincias no han delegado a la Nación su competencia en materia de seguridad interior, por lo que cada una de ellas creó sus propias instituciones, las que actuaban en forma concurrente con las federales, cada una en el ámbito de su propia competencia. Con el objeto de superar la fragmentación y la dispersión de esfuerzos que imponía este condicionamiento constitucional se dictó la ley de seguridad interior, que con la forma de una ley convenio posibilitó comenzar a superar estas limitaciones, redefiniendo los roles de las policías en el marco de lo que define como el esfuerzo nacional de policía. La Ley de Seguridad Interior 24.059 (B.O. nº 27.307 del día 17 de enero de 1992) establece que la Policía Federal Argentina forma parte del sistema de seguridad interior, definida ésta como la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos antes mencionados.
Las actuaciones iniciadas en esta Defensoría del Pueblo durante el último semestre de 2011 y primer trimestre de 2012, en las cuales se denunció y/o investigó alguna irregularidad en el funcionamiento de la Policía Federal Argentina, son en total veintinueve (29). Se realizó una selección para este trabajo de dieciocho (18) actuaciones, estableciendo una fecha de corte al día 31 de marzo de 2012. Respecto de la Policía Metropolitana, en el mismo período se tramitaron once (11) actuaciones por las mismas temáticas, de las cuales se seleccionaron para este informe seis (6). Corresponde, asimismo, aclarar que no se agregaron a la presente Resolución las actuaciones que tratan de cuestiones de menor entidad o de casos en los cuales, luego de la investigación realizada, no se verificó la irregularidad denunciada. Todos esos casos serán objeto de análisis en posteriores Resoluciones. Por último, se debe señalar que se incorporaron en el punto 4.2.3 seis (6) actuaciones que si bien corresponden a otro período (enero/mayo de 2011) sirven de antecedente para el análisis de la cuestión que allí se trata.
La misma ley dispone que las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional son consideradas en servicio permanente y que sus miembros ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las personas que deban constituir objeto de su accionar (conf. art. 21). La PFA cumple funciones de policía de seguridad y judicial en el territorio de las provincias y en la capital de la Nación, dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación. Las funciones de seguridad y prevención, así como los medios que facultan su cumplimiento, se encuentran establecidos, entre otras normas, en la Ley Orgánica de la institución (Decreto Ley nº 333/58, ratificado por Ley Nacional 14.467). Ahora, y a fin de adentrarnos al análisis de la cuestión en el ámbito local, corresponde recordar en primer término que la reforma constitucional de 1994 otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo status jurídico institucional, atribuyéndole facultades propias de legislación y jurisdicción, permitiendo la elección directa de su Jefe de Gobierno mediante el voto popular y autorizando el dictado de su propia carta constitucional (sancionada el día 1º de octubre de 1996). También estableció que una ley garantizaría los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera capital de la Nación (conf. art. 129 CN). El art. 34 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone que “La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, cuya organización se ajusta a los siguientes principios: 1. El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. 2. La jerarquización profesional y salarial de la función policial y la garantía de estabilidad y de estricto orden de méritos en los ascensos. El Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”. Conforme el marco normativo señalado anteriormente, se sancionó la Ley Nacional 24.588 (B.O. nº 28.282 del día 30 de noviembre de 1995), norma que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su redacción original, la misma disponía que “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las
personas y bienes. La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. La ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación” (conf. art. 7º, lo resaltado es propio). La modificación introducida por la Ley 26.288 (B.O. nº 31.234 del día 7 de septiembre de 2007) permite a la Ciudad ejercer funciones de seguridad y crear organismos propios a tales fines. En efecto, en su redacción actual, el art. 7º de la Ley 24.588 dispone que “El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior”. Es así que el día 28 de octubre de 2008 fue sancionada por la Legislatura local la Ley 2894 de Seguridad Pública (B.O.C.B.A. nº 3063 del día 24 de noviembre de 2008). Dicha ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 1º). Conforme lo establece el art. 5º de la Ley 2894 la seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados. El Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como a las estrategias institucionales de persecución penal, de
seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja (conf. art. 7º de la Ley 2894). El sistema de seguridad pública está integrado por el Jefe de Gobierno, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Juntas Comunales, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, el Servicio de Reinserción Social, el Instituto Superior de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, el Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC), el Sistema Penitenciario, el Sistema de Emergencias, Bomberos, el Sistema de Seguridad Privada y los Foros de Seguridad Pública (conf. art. 9º). El Jefe de Gobierno es el responsable de la coordinación político-institucional superior del sistema de seguridad pública y es quien debe formular y presentar anualmente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Plan General de Seguridad Pública, que debe contener la misión o premisa dominante, las metas generales y los objetivos específicos de la política de seguridad pública, así como las estrategias y directivas generales para su gestión, implementación y control (conf. art. 11). La Ciudad adhiere a la Ley Nacional 24.059, de Seguridad Interior, y al Decreto nº 1273/92, y participa e integra en todas las instancias creadas por la Ley Nacional 25.520 de Inteligencia Nacional (conf. art. 14). A través de la misma Ley 2894 se creó la Policía Metropolitana para cumplir con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia (conf. art. 18). La institución que, como se ha mencionado, es parte integrante del sistema de seguridad pública de la Ciudad, fue concebida como una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad, dentro de los límites territoriales determinados por el art. 8º de la Constitución local, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal (conf. art. 19). La ley establece que la actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de los principios de legalidad (el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los
Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego), oportunidad, razonabilidad, gradualidad y responsabilidad (art. 27). La nueva fuerza cuenta con un régimen de carrera único (art. 38) y el Estatuto, aprobado por Ley 2947, regula el Plan de Carrera, los alcances de los deberes de obediencia y reserva, los regímenes y criterios de capacitación y todas aquellas cuestiones vinculadas al régimen laboral del personal de la Fuerza. Con respecto a la supervisión de los servicios policiales, la ley crea en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Auditoría Externa Policial cuya misión principal es la de realizar controles normativos, de procedimientos, por resultados y por impactos del funcionamiento de la fuerza2. Interviene también en el control de las actividades y procedimientos que realice la Policía Metropolitana en aquellos casos que se denuncien, o en los que razonablemente se puedan presumir irregularidades. Asimismo, es la encargada de realizar las investigaciones administrativas y sustanciar los sumarios administrativos (art. 54). En este marco se creó también el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya misión es la de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal3. Finalmente, cabe aclarar que las referencias, contenidas en la presente Resolución, a la Ley 2894, ciertamente innovadora, al menos desde una perspectiva teórica, deben ser leídas dentro del marco normativo de distribución de competencias en materia de seguridad pública que fuera reseñado; y por otra parte, teniendo en cuenta el proceso progresivo de despliegue de la Policía Metropolitana que recién abarcará las quince (15) Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pocos años4. Al respecto, corresponde señalar que la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró en funcionamiento el día 5 de febrero de 2010, al mando del licenciado Eugenio Burzaco. Al momento de su puesta en funcionamiento contaba con quinientos (500) agentes (primera promoción del ISSP) y trescientos cincuenta (350) provenientes de otras fuerzas de seguridad. Comenzaron con turnos móviles de ocho horas para poder cubrir la mayor parte del día en la Comuna 12 (Villa Urquiza, Saavedra,
Reglamentada por Resolución nº 770/10 (B.O.C.B.A. 3492 del día 30 de agosto de 2010). Su organización fue establecida por Ley 2895.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha previsto la expansión de la presencia territorial de la Policía Metropolitana a razón de dos comunas por año estimando, por ello, que el proceso se completaría en el año 2017. Información disponible en http://metropolitana.gob.ar/procesos.html.
Coghlan y Villa Pueyrredón), comuna en la que se ubica la única comisaría que posee la fuerza. El día 2 de diciembre de 2010 la fuerza comenzó a desarrollar su tarea en la Comuna 15 (Chacarita, Parque Chas, Agronomía, Villa Ortúzar, Villa Crespo y Paternal). El día 29 de junio de 2011 se destinaron efectivos a la Comuna 4 (La Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya y Barracas). El día 14 de diciembre de 2011 asumió en el cargo de Jefe de la Policía Metropolitana el señor Horacio Alberto Giménez y como Vicejefe el señor Ricardo Pedace, ambos provenientes de la PFA. A fin del año 2011 la Policía Metropolitana, según estimaciones publicadas por el mismo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contaba con tres mil cien (3.100) efectivos operativos (en su gran mayoría provenientes de otras fuerzas), quinientos cuarenta (540) aspirantes sin experiencia cursando en el ISSP (segunda promoción) y seiscientos (600) agentes sin estado policial, profesionales, técnicos y administrativos, en funciones. Como ya se señalara, la PFA continúa cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. Ello así hasta tanto las funciones y facultades de seguridad sean completamente asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 7º de la Ley Nacional 24.588). Ahora bien, no debe perderse de vista que la modificación introducida por la Ley Nacional 26.288 ha significado un gran avance en el proceso de autonomía de la Ciudad. No caben ya dudas que en lo que respecta a la ejecución de políticas públicas de seguridad, la competencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es concurrente, situación que, cabe aclarar, se replica en cada una de las provincias del país y ello obedece a que las competencias de los organismos de seguridad interna en Argentina está determinada por la estructura federal del Estado. Ahora bien, respecto de las materias no federales, competencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley pone en cabeza del Gobierno nacional el ejercicio de las funciones y facultades hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y en esta cuestión, distanciándonos con las regulaciones provinciales, el Gobierno nacional ejerce en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. La transferencia de atribuciones (y no de competencias) consagrada legislativamente no es automática e, incluso legislativamente, ha sido concebida como un proceso. Este proceso, concepto que hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, a un conjunto de fases sucesivas, ha sido ya puesto en marcha: la Ciudad ha sentado las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad con la sanción de la Ley 2894, ha creado su propia fuerza, contando en la actualidad con tres mil cien (3.100) efectivos en funciones, con presencia en las Comunas 12, 15 y, en menor medida, en la Comuna 4. Es decir, se ha puesto en marcha tanto el proceso normativo local como también y principalmente, el proceso de despliegue de la Policía Metropolitana en el territorio progresivamente y por sustitución de la fuerza de seguridad federal. No escapa al conocimiento de esta Defensoría del Pueblo que este progresivo despliegue ha requerido un importante esfuerzo por parte de la administración local para la creación de un nuevo cuerpo policial, en el que ha sido necesario mantener el difícil equilibrio entre eficacia (con el desarrollo de procesos de formación y selección) y celeridad (necesidad de contar con más efectivos operativos en funciones). Se observa así que, en los hechos y, cabe aclarar, sin acuerdo formal entre ambas jurisdicciones al respecto, para la asunción de funciones y el despliegue de la Policía Metropolitana se ha adoptado un modelo de sustitución que implica un despliegue territorial gradual acompañado de la asunción de las atribuciones correspondientes que antes de ese momento ejercía exclusivamente la PFA. La Ciudad sea asiento de las autoridades federales complejiza la cuestión e importa un desafío delinear el marco de actuación de cada una de las fuerzas, que deberán desplegar su actividad en el mismo espacio territorial. Resulta por ello necesario alentar y propiciar la confección de convenios de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública y policía que establezcan los criterios de coordinación operativa y los principios que tienen que regir las relaciones entre ambas administraciones: colaboración y cooperación, lealtad institucional, complementariedad, actuación en beneficio del ciudadano, intervención mínima obligada del cuerpo de policía que por proximidad y/o
disponibilidad actúe ante un hecho para el que no tenga competencia formal y racionalidad en la asignación de recursos. Acuerdos de cooperación que permitan coordinar el trabajo de la PFA y de la Policía Metropolitana, como así también establecer las competencias y los protocolos correspondientes según el ámbito de acción de cada fuerza, seguramente redundará en un servicio más eficiente. La excelente predisposición evidenciada por los ministerios de ambas jurisdicciones con la labor que desarrolla esta Defensoría del Pueblo habilita un pronunciamiento conjunto de exhortación a fin que aúnen esfuerzos y agoten todas las instancias de negociación a su alcance en pos de un mejor servicio a la ciudadanía. 3.- Ministerio de Seguridad de la Nación. Primer año de gestión Como ya lo señalara esta Defensoría del Pueblo en anteriores pronunciamientos, desde 1983 se han producido importantes reformas en lo que hace a la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina. En el ámbito nacional se ha producido una importante reforma normativa, conceptual y estructural de las fuerzas armadas. En materia de derechos fundamentales, se modificó la Constitución Nacional y se incorporaron a ella los tratados internacionales de derechos humanos. Se modificó el Código Procesal Penal de la Nación, se dictaron las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia. A la vez, diversas reformas en materia de seguridad pública, así como también en estructuras policiales, se han visto encaradas en muchas provincias. Si bien a partir del año 2003 se dictaron medidas que evidenciaron algún control político de la PFA, no se efectuó en paralelo una reforma estructural que pusiera fin al autogobierno y que garantizara la conducción civil de la fuerza. La creación del Ministerio de Seguridad, el diseño de su estructura orgánica y la modificación en los mecanismos de control pusieron de manifiesto la decisión tantas veces reclamada de que la autoridad política ejerza de modo efectivo el gobierno de la seguridad poniendo fin a los mecanismos de delegación en el mando policial hasta entonces utilizados. Luego de transcurrido más de un año de la creación del Ministerio de Seguridad, es posible efectuar un análisis respecto de las
políticas públicas implementadas durante la nueva gestión, considerando tanto los aspectos positivos como las cuestiones que aún faltan resolver y mejorar. De este modo, se pondrán de resalto algunas de las medidas llevadas a cabo por el nuevo Ministerio, la mayoría de las cuales fueron expresadas en el mes de noviembre de 2011 por la Ministra de Seguridad, doctora Nilda Celia Garré, en el Acto Central de entrega de premios “Semana de la Policía Federal”, que esta Defensoría del Pueblo reconoce como reflejo de claros avances en las políticas de seguridad a nivel nacional. En este sentido, cabe destacar varios puntos centrales tales como la coordinación entre funcionarios del Ministerio y de la PFA para la creación de protocolos de actuación en materia de espectáculos deportivos y para el seguimiento del protocolo para manifestaciones públicas que se había consensuado años atrás; el dictado de la Resolución nº 1019/2011 que prohíbe las sanciones a los subordinados que realicen denuncias de irregularidades contra sus superiores; el relevamiento del estado de la infraestructura y el plan integral de obras; las reformas respecto de la carrera profesional y la capacitación permanente del personal policial. Asimismo, se ha creado el “Centro de Comando y Control” e implementado el Proyecto “Buenos Aires, Ciudad Segura”. Al respecto, esta Defensoría del Pueblo ha iniciado de oficio la actuación nº 3880/11 a fin de recabar información respecto de la colocación de mil doscientas (1.200) cámaras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del plan referido. En particular, se solicitó información acerca del marco normativo que regula la implementación de esta herramienta de vigilancia y control, características técnicas de las cámaras y su ubicación. Finalmente, es de destacar la predisposición del Ministerio en lo que respecta a la participación comunitaria en las políticas de seguridad. En esta perspectiva, se otorgó gran importancia a las mesas barriales de Seguridad que promueven la comunicación entre la sociedad y la fuerza policial. Sin perjuicio del reconocimiento de estos avances, es preciso hacer referencia a cuestiones de gran importancia que aún se encuentran pendientes. Una de ellas es la imperiosa necesidad de reformar la ley orgánica de la PFA. Entre otras cuestiones, cabe señalar que los mecanismos de control y de rendición de cuentas (accountability) que se han desarrollado en los últimos años en el contexto internacional no han sido
receptados y nuestra policía conserva una estructura institucional perimida que no responde a los nuevos estándares internacionales. Asimismo, esta Defensoría del Pueblo entiende que deberían instrumentarse mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas implementadas. Para ello, resulta necesario un exhaustivo diagnóstico de la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de poder decidir sobre las políticas a instrumentar, como así también, poder medir los resultados e impacto que tienen las políticas ya en proceso. De esta manera, con la instrumentación de mecanismos de seguimiento y evaluación se podría establecer si los objetivos propuestos están siendo logrados; los resultados, por ejemplo, del Plan “Cinturón Sur”, como así también si nuevos mecanismos de control introducidos o las reformas operadas en el funcionamiento de las Comisarías han redundado en una disminución de casos de abuso y violencia policial, corrupción, etc.; comprobar si el impulso de la participación comunitaria en las políticas de seguridad ha tenido un efecto positivo en la prevención del delito, etc. Esto, a su vez, facilitaría la posibilidad de modificar o reorientar a tiempo las políticas en marcha. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, del día 31 de diciembre de 2009, indicó como recomendación general dirigida a los Estados la de “1. Asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea, acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo. Estas políticas deben ser sustentables, lo que demanda la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios. A la vez, estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana...” (lo resaltado es propio). Ante esta situación, el Centro de Diagnóstico y Propuestas sobre Seguridad Pública de esta Defensoría del Pueblo ha comenzado a delinear el marco en el que se desarrollará un proyecto de trabajo destinado a la formulación de las herramientas necesarias para la evaluación de los procesos, resultados y del impacto de las políticas públicas implementadas en torno a la seguridad ciudadana, con el objetivo de plantear sugerencias y recomendaciones para mejorar los procesos y resultados, como así también optimizar las condiciones de ejecución y gestión de las políticas de seguridad llevadas a cabo en el ámbito de esta Ciudad.
Por otra parte, cabe mencionar que a principios del mes de marzo de 2012 se produjeron modificaciones en la estructura interna del Ministerio de Seguridad, las cuales han generado incertidumbre en algunos sectores. Esta Defensoría del Pueblo considera oportuno apuntar tan sólo el anhelo de que los cambios operados en la estructura interna del Ministerio no impidan la profundización de las reformas implementadas a partir de su creación. 4.- Casos de violencia policial denunciados Motiva este pronunciamiento la circunstancia de que continúan registrándose en la Ciudad hechos de violencia policial que entrañan responsabilidad institucional por parte de la fuerza policial pero que exigen, además, un tratamiento adecuado de la autoridad política y de la judicatura. Cabe efectuar, como primera aclaración, que esta Defensoría del Pueblo tiene un recorte de la problemática circunscripto a los casos que llegan a su conocimiento y a aquellos en los que se interviene de oficio. Por otra parte, corresponde recordar que en la presente Resolución se analizan únicamente los casos más graves de irregularidades en las prácticas policiales. A continuación se analizan algunos casos de violencia policial sobre los que esta Defensoría del Pueblo ha registrado denuncias. 4.1.- Casos graves. Uso de la fuerza letal 4.1.1.- La actuación nº 3484/11 fue iniciada de oficio a fin de recabar información respecto de los hechos acaecidos el día 20 de julio de 2011 en los que perdiera la vida A.D., de 22 años de edad, en el marco de un confuso episodio donde participaran efectivos de la PFA (fs. 2). Se libró oficio a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina (fs. 10). En respuesta, se informó que se había dado intervención al órgano asesor de esa institución a los fines de determinar si correspondía dar curso a lo requerido, concluyendo éste que no procedía acceder a la solicitud. No obstante, se indicó que se instruía por disposición del Jefe de la Policía Federal Argentina, en el ámbito del Departamento de Investigaciones Administrativas, dependiente de dicha Superintendencia, el sumario administrativo nº 465-18-000.138/2011 caratulado “Juzgar Conducta” (fs. 19).
Por otra parte, con el objeto de tomar conocimiento de la causa judicial nº 28.937/11, que tramitara por los hechos denunciados, esta Defensoría del Pueblo se presentó solicitando vista, petición que fuera denegada con sustento en el último párrafo del art. 204 del Código Procesal Penal de la Nación que dispone que el sumario será siempre secreto para los extraños (fs. 14 y 22). Por último, el día 10 de enero de 2012 se libró oficio a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, solicitando información sobre el estado del sumario administrativo iniciado (fs. 24). El día 1º de febrero de 2012 se informó en respuesta que resultaba parte de la investigación administrativa el Cabo 1º Ariel Marcelo Mendoza L.P. nº 12.759 y que en ese momento se encontraba en situación de disponibilidad conforme lo dispuesto en el art. 48, inc. g) de la Ley Nacional 21.965. Asimismo, se informó que se instruyó la causa nº 28.937/11 con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 42, Secretaría nº 106 (fs. 25). 4.1.2.- La actuación nº 3819/11, se inició de oficio a fin de recabar información respecto de las medidas disciplinarias tomadas por las autoridades de la Policía Metropolitana a raíz de lo acaecido el día 7 de agosto de 2011 en la localidad de Temperley provincia de Buenos Aires, donde un efectivo de la Policía Metropolitana identificado como Juan José Lisondo -residente en la citada localidad- habría baleado a un vecino con su arma reglamentaria durante una pelea (fs. 1). Atendiendo a lo expuesto, se cursó oficio a la Auditoría Externa Policial solicitando informe si se había iniciado sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad del efectivo involucrado (fs. 3). Asimismo, se cursó oficio al Jefe de la Policía Metropolitana requiriendo se informaran las medidas adoptadas con el citado agente y se remitiera a este organismo copia certificada de su legajo (fs. 4). El día 15 de septiembre de 2011 se recibió respuesta de la Auditoría Externa Policial en la que se consignó que se había iniciado sumario administrativo a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que le pudieran caber al oficial involucrado disponiéndose, a su vez, el cambio de su situación de revista conforme las previsiones del art. 30 de la Ley 2947. Asimismo, se indicó que las actuaciones tramitaron originalmente en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional a través de la Resolución nº 69/PMCABA/11, sin perjuicio de lo cual, la Auditoría había resuelto avocarse a la investigación. Finalmente, se informó que una vez
concluido el sumario incoado se remitirían las copias autenticadas de todo lo actuado (fs. 9). Con fecha 22 de septiembre de 2011, se recibió respuesta del Jefe de la Policía Metropolitana, a través de la cual remitió copia certificada del legajo completo de Juan José Lisondo (fs. 23). 4.1.3.- La actuación nº 3885/11, fue iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo con el objeto de recabar información respecto de los hechos sucedidos el día 15 de agosto de 2011 en los que, en el marco de un intento de robo en un colectivo de la Línea 79 en el barrio de Barracas, perdieron la vida dos presuntos delincuentes (J.A.M. y R.A.R.) como consecuencia de los disparos provocados por un efectivo de la Policía Metropolitana (David Alejandro Barrios) que se encontraba fuera de su horario de servicio (fs. 1). En el marco de dicha actuación, se libró oficio a la Auditoría Externa Policial, solicitando informara si se había iniciado sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad del efectivo policial interviniente (fs. 9). Asimismo, se cursó oficio al Jefe de la Policía Metropolitana solicitando la remisión a esta Defensoría del Pueblo de un informe circunstanciado relativo a los hechos denunciados (fs. 10). El día 23 de septiembre de 2011 se recibió respuesta de la Auditoría Externa Policial, a través de la cual informó que se había instruido sumario administrativo a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que le pudieran caber al Oficial David Alejandro Barrios. Asimismo, indicó que esa Auditoría había resuelto avocarse a la investigación y que, una vez concluido el sumario incoado con relación al oficial de mención, se remitirían a esta Defensoría del Pueblo copias autenticadas para mayor ilustración (fs. 11). Cabe señalar, que a la fecha de la presente Resolución no se ha recibido copia del mencionado actuado. Por su parte, personal de esta Defensoría del Pueblo se constituyó en la Unidad Fiscal de Instrucción nº 3 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a efectos de tomar vista de la causa nº 10616-11 seguida contra David Alejandro Barrios por el delito de homicidio. Surge del informe glosado a fs. 37/39 que, a noviembre de 2011, la causa se encontraba en plena instrucción habiéndose dispuesto la designación de audiencias testimoniales. 4.1.4.- La actuación nº 4342/11, fue iniciada de oficio a fin de recabar información respecto de los hechos acaecidos el día 8 de
septiembre de 2011 en la intersección de la calle Lemos y Concepción, en el barrio de Chacarita, donde un efectivo de la Policía Metropolitana, identificado como Enzo Fabián Alvarez, habría matado a una persona que presuntamente se encontraba delinquiendo (fs. 1/7). Conforme Resolución nº 645/MJYSGC/11 (cuya copia obra glosada a fs. 8/9), se ordenó la instrucción de sumario por parte de la Auditoría Externa Policial, a fin de ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al oficial L.P. nº 1428 Enzo Fabián Alvarez respecto de los sucesos objeto de su detención como consecuencia de los episodios acaecidos el día 8 de septiembre de 2011. Con fecha 27 de septiembre de 2011 esta Defensoría del Pueblo solicitó vista de la causa judicial nº 36.616 iniciada por el fallecimiento del señor B.P. a instancias del efectivo policial mencionado, la que tramita ante el Juzgado de Instrucción nº 33 y en el marco de la cual se resolvió el procesamiento del imputado en orden al delito de homicidio (fs. 10 y 13/14). A su vez, el día 30 de septiembre de 2011 se cursó desde esta Defensoría del Pueblo oficio al Jefe de la Policía Metropolitana solicitando remitiera informe circunstanciado relativo a los hechos denunciados (fs. 12). En su respuesta, hizo saber a esta Defensoría del Pueblo que las actuaciones administrativas sustanciadas por los hechos denunciados se encontraban bajo la competencia de la Auditoría Externa Policial por lo que la Dirección General Administrativa y Legal había cursado nota a la Auditoría para que informe a esta Defensoría del Pueblo sobre el particular (fs. 24). Efectuado el seguimiento de la causa, se tomó conocimiento de que la resolución de procesamiento quedó firme (fs. 32) y que, al día 26 de marzo de 2012, el fiscal ya había formulado requerimiento de elevación a juicio. 4.1.5.- La actuación nº 431/12 se inició de oficio a fin de recabar información relativa a los hechos de público conocimiento en los que perdiera la vida J.C.C., de 18 años de edad, en el marco de un procedimiento policial. Surge de la nota periodística glosada a fs. 3/4 que agentes de la PFA pertenecientes a la Comisaría 8ª habrían perseguido por disturbios a un grupo de personas entre las que se encontraba J.C.C., quien falleció luego de cinco días de internación en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, a causa de un impacto de bala en su cabeza.
Con fecha 9 de febrero de 2012 esta Defensoría del Pueblo solicitó vista de la causa judicial nº 2206/12 seguida contra Martín Naredo por el delito de homicidio, que tramita ante el Juzgado de Instrucción nº 21 (fs. 7/8), actualmente delegada a la Fiscalía de Instrucción nº 38 en virtud de lo normado en el art. 196 del Código Procesal Penal. La solicitud fue acogida en forma favorable e, incluso, se permitió la extracción de fotocopias de la causa. Asimismo, se libró un oficio a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, que en respuesta informó que se habían iniciado actuaciones judiciales nº 225/12, caratuladas “Disparo de Arma de Fuego y Lesiones Graves”, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 21, Secretaría nº 165. Asimismo, indicó que desde el juzgado se había dispuesto la actuación de la Unidad de Criminalística Móvil de la Gendarmería Nacional Argentina (fs. 10 y 16). A fs. 15 se encuentra glosada un acta producida por personal de esta Defensoría del Pueblo, en la que consta que: “...en el día de ayer [7 de marzo de 2012] alrededor de las 22 horas, nos hicimos presentes en la Seccional 8va. de la Policía Federal Argentina... vecinos, familiares y miembros de organizaciones barriales se encontraban manifestando frente a la dependencia policial... Tomamos contacto con dos integrantes de una organización barrial que despliega numerosas actividades en el barrio y que acompaña a la familia de C. en sus reclamos. Nos indicaron que poco antes de las 18 horas cuatro patrulleros de la Comisaría 8va. pasaron frente a la casa de la familia C. dirigiéndoles comentarios provocadores, que los chicos se desplazaron a la plaza y que los policías los alcanzaron, que en ese lugar comenzó una brutal golpiza en la que participaron efectivos de otras dependencias. Agregaron que el operativo desplegado fue desproporcionado, que había gran cantidad de patrulleros y motos y numerosos agentes interviniendo, incluso, personal de brigada con ropa y autos sin identificación de la fuerza. Que uno de los chicos fue obligado a subir a uno de estos autos sin identificación y que después supieron que era un auto de la brigada y que el joven se encontraba detenido en la Comisaría 9na... comentaron que hasta el día anterior la familia tenía custodia de la Gendarmería, medida dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación luego de la entrevista que mantuviera la familia con la Dra. Nilda Garré... Se encontraban presentes dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dra. María del Carmen Verdú, de la CORREPI, abogada de la familia C. y de los allí detenidos. Una hora después se hizo presente en la seccional la Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación... El Subcomisario Pavolini Otero nos suministró información... y nos leyó el parte que daba cuenta de la versión policial de lo sucedido... que a esa dependencia habían sido remitidas 8 personas (todas mayores) y que el único menor que había sido detenido había sido trasladado a la Comisaría 9na. Remarcó que
durante los sucesos de la tarde tres policías habían sido heridos y que por ello la causa había sido caratulada como atentado y resistencia a la autoridad y lesiones interviniendo el Juzgado de Menores 2, con cuyo Secretario se había establecido consulta en lo inmediato... Finalmente, y luego de una reunión que mantuvieran todos los actores, el juzgado ordenó la libertad de los detenidos, medida que se cumplimentó en lo inmediato recuperando la libertad el último de ellos a las 00:30 horas...” (fs. 15). 4.1.6.- La actuación nº 746/12 fue iniciada de oficio a fin de recabar información respecto del fallecimiento de A.S.T., ocurrida durante un allanamiento llevado a cabo en el barrio Villa Mitre por parte del grupo especial GEOF y de la División Homicidios de la PFA. Según consta en las notas periodísticas glosadas a fs. 3/5, el día 7 de enero de 2012, en oportunidad en que el grupo especial de la PFA GEOF llevara adelante un allanamiento en la casa nº 282 del barrio Mitre de Saavedra, el joven de 20 años, A.S.T. recibió un tiro en el estómago por parte de un efectivo policial que fuera identificado como Rodrigo Valente muriendo como consecuencia del mismo en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”. Con fecha 23 de febrero de 2012, esta Defensoría del Pueblo se presentó solicitando vista de la causa nº 5123/12, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 1 (fs. 6/7). El día 29 de febrero de 2012 se informó desde el juzgado que se había resuelto tener en cuenta la presentación, pero negar la vista (fs. 8), sin perjuicio de lo cual se pudo conocer que se tomó declaración indagatoria a un efectivo policial. Días después se tomó conocimiento de que se había dispuesto el procesamiento del imputado en orden al delito de homicidio agravado con prisión preventiva (fs. 13). El día 7 de marzo de 2012 se libró oficio solicitando informes a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina (fs. 9). En respuesta se informó que en el Departamento Investigaciones Administrativas de la Superintendencia de Asuntos Internos se iniciaron actuaciones registradas bajo el nº 465-18-000.042/12, tendientes a establecer la responsabilidad que le cupo al personal policial que intervino en esa oportunidad (fs. 10). 4.1.7.- La actuación nº 1281/12 fue iniciada de oficio a fin de recabar información respecto de los hechos acaecidos el día 15 de marzo de 2012 en el barrio de Floresta, en los que perdiera la vida una persona en el marco de un presunto enfrentamiento con efectivos de la PFA.
En atención a lo expuesto, se libró oficio a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, a fin de solicitarle la remisión de un informe circunstanciado relativo a los hechos denunciados. 4.1.8.- Análisis Una característica distintiva de la actividad policial es la autoridad con que se ve investida la policía para utilizar la fuerza sobre civiles. Bajo el concepto común de una actividad policial respetuosa, profesional y democrática, la policía debe evitar el uso de la fuerza si ésta no es claramente necesaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, ya citado, recuerda que, de acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley, los Estados miembros deben tener en cuenta que la labor de las fuerzas policiales “...constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios”. Asimismo, estas disposiciones se refieren expresamente al papel fundamental del personal de las fuerzas policiales “...en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...”, así como en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que integran el Sistema Interamericano. Agrega que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye siempre el último recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o violentos, a la vez que este tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los principios que aseguren la licitud de la actuación de las fuerzas policiales. En este sentido, se ha manifestado la Comisión al señalar que “...conforme a las pautas internacionales que se han elaborado referentes al uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su función, esa actividad debe ser necesaria y proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo que se trata de alcanzar...”. Asimismo, la adecuación de los procedimientos de los agentes estatales de seguridad a los parámetros internacionales significa que el empleo de la fuerza debe ser tanto necesario como proporcional a la situación, es decir, que debe ser ejercido con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga. Al mismo tiempo, debe intentarse la limitación al mínimo de lesiones personales y pérdida de vidas humanas. En definitiva, la Comisión recuerda a los Estados miembros que, los medios de represión de hechos
violentos o criminales que amenacen los derechos de la población referidos a la seguridad ciudadana no son ilimitados. Por el contrario, como lo especificó la Corte, “...independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes perpetran ciertos delitos, el poder del Estado no es ilimitado ni puede el Estado recurrir a cualquier medio para lograr sus fines... Los usos indiscriminados de la fuerza pueden, en tal sentido, constituir violaciones del artículo 4 de la Convención y del artículo I de la Declaración...”. Los casos analizados en el presente acápite revisten una gravedad extrema. Asimismo, tres de los casos descriptos tienen como denominador común el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales fuera de su horario de servicio. Ello pone en evidencia la necesidad de avanzar en el análisis del uso de la fuerza por parte del personal policial y, en particular, el uso de las armas reglamentarias fuera del horario de servicio. Las estadísticas sobre violencia policial5 demuestran que la mayor parte de las muertes de policías se suceden cuando éstos actúan fuera del horario de servicio6. Los agentes policiales en la Argentina tienen la obligación de portar armas aún estando francos de servicio o en situación de retiro, normativa que emana del “estado policial” que adquieren al ingresar a la fuerza. Esta obligación es explicada como forma de optimizar las tareas de vigilancia y represión. Sin embargo, en la práctica resulta en un aumento considerable del número de muertos civiles y policiales. Ello amerita el análisis de las implicancias del llamado “estado policial”. Resulta ineludible analizar la situación que enfrentan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al estar obligados a identificarse como policías y actuar en cualquier momento de su vida, con los riesgos para sí y para terceros que ello implica. No debe perderse de vista, asimismo, que como contrapartida el llamado “estado policial” le permite a la policía gozar de una superioridad táctica provista por el arma, reivindicando así una continuidad desde el Estado hasta él mismo. La economía de la demostración de poder se enraíza en una relación simbiótica con el poder estatal, que incluye el poder de matar o permitir la vida7. En el ámbito de la PFA, el personal superior y subalterno en actividad o retiro tiene estado policial. Esto es una situación
A modo de ejemplo, pueden citarse las efectuadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En tales circunstancias se produjo días atrás el lamentable fallecimiento del inspector Leandro Rojas, primera baja registrada en la Policía Metropolitana. Fabien Joabrd. Abusos policiales. La fuerza y sus usos.
administrativa que resulta del conjunto de deberes, obligaciones y derechos que establecen las leyes y reglamentos para el personal policial. El Estatuto para el personal de la Policía Metropolitana (Ley 2947) instituye el estado policial como el conjunto de derechos y obligaciones al que se ven sometidos quienes cumplan funciones de seguridad e investigaciones. Según las propias expresiones de las autoridades de la PFA “El estado policial no es sociológicamente sólo lo que traducen las disposiciones policiales, concebidas como el conjunto de deberes y derechos que gozan los integrantes de la repartición. Es más que eso, es una forma de sentir, un modo de vivir. El policía lo es durante las 24 horas del día, no solamente durante las horas de servicio”8. En el mismo sentido, el Subjefe de la Policía Metropolitana, don Ricardo Raúl Pedace, en declaraciones recientes expresó: “Nosotros no trabajamos de policía. Somos policías. Es un sentimiento de trabajo, estamos las 24 hs. a disposición”9. Parecería de lo expuesto que el estado policial hace a la esencia del policía y alude a una conducta que lo diferencia del resto de la sociedad. Gustavo Palmieri10 analiza la obligación de portar armas y establece una serie de consecuencias importantes que pueden sucederse, directamente asociadas con el accionar cotidiano de la policía: a) determina que la pertenencia a la agencia policial no tiene el mismo status que la pertenencia a otros cuerpos profesionales. Plantea, así, a la policía como una corporación diferenciada del resto de la sociedad. Este concepto se encuentra en el discurso de las autoridades policiales que sostienen la necesidad de mantener este status argumentando, por una parte, acerca del peligro que corren los agentes policiales, aún no estando en funciones, si son reconocidos por delincuentes. Y, por otra, acerca de que resguardar la seguridad no es tanto una profesión o trabajo, como un estado o vocación permanente; b) la mayoría de las muertes de integrantes de las fuerzas de seguridad en enfrentamientos se producen a causa de esta normativa que los obliga a reaccionar en situaciones muchas veces, objetivamente desventajosas. Esto provoca muertes y lesiones innecesarias del personal policial, en situaciones en que los bienes o derechos en juego son de menor importancia; c) la portación de armas por el
Párrafo extraído de un documento de la Policía Federal Argentina dirigido al Honorable Concejo Deliberante y citado en el Proyecto de Ley de Modificaciones a la Ley Nacional 21.965 (Ley para el personal de la Policía Federal Argentina, elevada al Senado y la Cámara de Diputados de la Nación) citado en CELS/Human Rights Watch La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, Eudeba, p. 88.
http://metropolitana.gob.ar/noticia_249.html. Palmieri G. en Tiscornia, Sofía Violencia Policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordinarios, 1996.
personal policial posibilita la reacción violenta y armada de los mismos, frente a conflictos cotidianos de menor importancia. También se ha expresado al respecto que “La obligación de portar armas y poder utilizarlas en cualquier circunstancia que el agente oficial de policía considere pertinente abre márgenes de discrecionalidad amplísimos, a la vez que constituye una fuente para el abuso de poder por parte de los funcionarios policiales”11. Un primer análisis de la cuestión permitiría concluir que sería conveniente establecer limitaciones al llamado estado policial. La intención principal de este organismo, sin embargo, es efectuar un aporte que permita la inclusión de esta cuestión en los debates sobre las futuras reformas de las leyes orgánicas y del personal policial. El estudio de estos casos, son meramente ejemplificativos y nos pueden indicar la dimensión que tiene la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La policía tiende al uso de la fuerza excesivo e ilegal y no está adecuadamente controlada, instruida o disciplinada. Resulta imperioso, por tanto, generar mecanismos de control adecuados. Como se ha señalado, el uso de la fuerza es siempre la ultima ratio del accionar policial y su ejercicio siempre debe estar guiado por los principios de racionalidad y proporcionalidad. En tal sentido, el registro completo y sistemático de las acciones policiales en las cuales se recurrió al uso de la fuerza, sea ésta con empleo de armas, letales o no letales, o sólo con la fuerza física, las circunstancias en las cuales se produjo y los resultados ocasionados, es un insumo indispensable para cualquier labor de auditoría y futura rendición de cuentas sobre el accionar policial. El control del accionar, incluida la confección de protocolos, no debe ser vista como una actitud de persecución hacia la policía sino que, por el contrario, es un supuesto necesario para garantizar la defensa de los propios policías que, en muchos casos, no conocen los límites de su accionar y no saben en qué circunstancias el uso de la fuerza es legítimo. En este sentido, ha afirmado Sozzo que “El uso de la fuerza por parte de la institución policial es una de las eventualidades que la define como tal, en tanto mecanismo institucional visible y reconocido del monopolio estatal de la coacción física legítima con respecto a los asuntos
CELS/Human Rights Watch, La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
internos. El uso de la fuerza, en sus diversas variantes y especialmente el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios policiales, es entonces uno de los momentos principales de la actividad policial. Y, al mismo tiempo, uno de los más complejos, pues en él se juega siempre la necesidad de ajustar el empleo de la fuerza en el caso concreto -en su caso, del arma de fuego- a los límites legales... En tanto tema principal y complejo de la actividad policial, resulta indispensable que se desenvuelva al respecto una política policial precisa, que apunte a gobernar el uso de la fuerza racional y efectivamente. Sin dudas, las herramientas normativas -legales y reglamentarias- son muy importantes en esta tarea de gobernar el uso de la fuerza policial... pero la misma no se agota en la producción y gestión de aquellas. La generación de una información sistemática, válida y confiable sobre el uso de la fuerza policial constituye un presupuesto fundamental para un gobierno racional y efectivo del uso de la fuerza policial, pues sobre la base de dicha información oficial es posible construir decisiones y acciones que apunten a contener sus niveles y modalidades dentro del marco de los límites legales”12. 4.2.- Irregularidades en procedimientos de desalojos en el espacio público de personas en situación de calle Desde hace algunos años, esta Defensoría del Pueblo ha recibido numerosas denuncias vinculadas a la práctica de desalojos de personas que se encuentran en situación de calle. En todas ellas es común la intervención activa de la PFA y/o de la Policía Metropolitana. A partir de lo que se desprende de las denuncias recibidas, se advierte que ambas fuerzas policiales acuden en el momento y lugar en el que está previsto el desalojo en cumplimiento de las solicitudes de cooperación que son efectuadas por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la seguridad del personal que desarrolla su actividad en distintos puntos de esta Ciudad. Se han registrado casos (actuaciones nros. 1884/11 y 2416/11) en los que, incluso, los efectivos policiales intervinieron de forma autónoma. Al respecto, y sin adentrarnos aún en la legitimidad de estos procedimientos, nada explica la participación activa del personal policial, ya sea a través de la identificación de las personas, intimaciones verbales al desalojo del lugar o, directamente, con el ejercicio de violencia física contra los ocupantes de ese espacio. Si bien la mayoría de las actuaciones que serán aquí analizadas se corresponden a un período temporal anterior al que contempla el
AIMAR, Verónica, GONZALEZ, Gustavo, MONTERO, Augusto, SOZZO, Máximo, “Política, policía y violencia en la provincia de Santa Fe”, en SOZZO, Máximo (dir): Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos, UNL, Santa Fe, 2005, ps. 63/64.
presente informe, la permanente referencia a situaciones de abuso policial expuesta por quienes resultan víctimas de los procedimientos de desalojo, amerita su inclusión. 4.2.1.- La actuación nº 4246/11 fue iniciada por el señor W.R. y la señora E.N.B., a efectos de recabar información relativa al procedimiento de desocupación efectuado entre los días 25 y 26 de agosto de 2011, alrededor de las 08:00 horas, en la plaza ubicada en la Avda. San Juan entre las calles Chacabuco y Perú. Al respecto, señalaron que el procedimiento había sido realizado por personal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañado por efectivos de la Policía Metropolitana. A su vez, manifestaron que un empleado se presentó nuevamente el día 6 de septiembre de 2011, entre las 08:00 y las 09:00 horas, en la misma plaza, a los mismos fines y efectos, acompañado esta vez por personal de la PFA de la Seccional 14ª (fs. 2/3). En virtud de la denuncia recibida, con fecha 4 de octubre de 2011, esta Defensoría del Pueblo puso lo sucedido en conocimiento de la Secretaría de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación y, a su vez, de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal (fs. 4 y 5). Por otra parte, se remitió oficio al Ministerio de Ambiente y Espacio Público acompañando copia de la declaración prestada ante esta Defensoría del Pueblo por las personas referidas, solicitando se informara cuál había sido el objetivo del operativo, quién lo había realizado, cuáles habían sido los motivos y en el marco de qué normativa se había llevado a cabo. A su vez, se requirió información respecto de las razones por las cuales no había participado del operativo personal del Ministerio de Desarrollo Social y sobre el destino de las pertenencias de los denunciantes (fs. 6). Sin embargo, habiéndose reiterado la solicitud, al día de la fecha aún no se ha recibido respuesta alguna al requerimiento cursado. También se cursó oficio al Jefe de la Policía Metropolitana, solicitando informara cuál había sido el personal interviniente y el motivo de la intervención (fs. 7). Con fecha 21 de octubre de 2011 se recibió respuesta de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, a través de la cual el Jefe de la Comisaría 14ª informó que “...Con relación al día 07 de Septiembre... personal del servicio de brigada de esta dependencia, que se movilizaba en un móvil identificable, horas 15:30 procedió a identificar en la plaza ubicada en la Av. San Juan entre Perú y Chacabuco, a
un masculino y un femenino, siendo éstos B.E.N., Argentina, de 27 años, DNI 30.291.142 y H.D.N., Argentino, de 20 años, DNI 30.496.384, siendo compulsados sus datos a través del equipo trankin por Comando Radioeléctrico, sin poseer impedimento legal alguno, por lo que no se adoptó ningún temperamento, retirándose el personal del lugar... el personal de esta dependencia no tiene ningún tipo de relación con los mismos y al ser identificados dichos ciudadanos se preservaron todos sus derechos constitucionales...” (fs. 9). Con fecha 12 de diciembre de 2011, la Policía Metropolitana cursó respuesta señalando que en ninguna de las dependencias subordinadas a las Superintendencias de Seguridad y Policía Comunitaria e Investigaciones de esa Fuerza, existían registros que determinen la intervención de personal de esa Policía Metropolitana (fs. 36). 4.2.2.- La actuación nº 1309/12 fue iniciada con motivo de la declaración prestada por la señora J.A.M., quien denunciara haber sido víctima de un violento procedimiento de desalojo efectuado por efectivos de la Policía Metropolitana el día 16 de marzo de 2012 en el barrio Martín Güemes. Esta Defensoría del Pueblo no cuenta aún con información precisa del hecho denunciado, lo que impide efectuar mayores referencias sobre el caso. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que la filmación que acompañara la denunciante (agregada en soporte digital a fs. 6), en la que quedaran registrados algunos momentos del procedimiento, permite corroborar la injustificada y desmedida violencia desplegada por los efectivos policiales intervinientes. 4.2.3.- Las actuaciones que se analizarán a continuación corresponden al período enero/mayo de 2011 y sirven de antecedente para el análisis que se efectuará en el presente apartado respecto del accionar policial en desalojos del espacio público. La actuación nº 117/11 fue iniciada de oficio a efectos de recabar información relativa al proceso de desocupación llevado a cabo en el mes de enero de 2011 por la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Lima entre Estados Unidos y Carlos Calvo, con intervención de la Comisaría 4ª de la PFA. El denunciante señaló que el personal que intervino arrojó sus colchones, frazadas y documentación a un camión de Cliba y que personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo agredió físicamente (fs. 3). El procedimiento denunciado, y que fuera negado por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, fue presenciado por
personal de esta Defensoría del Pueblo (fs. 23). Asimismo, la PFA, en el informe que confeccionara a requerimiento de este organismo, confirmó la existencia del mismo (fs. 33). La actuación nº 466/11 fue iniciada de oficio a fin de investigar el modo en que se efectuó el operativo desplegado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de enero de 2011, en la Plaza Roberto Arlt (ubicada en Esmeralda entre Avda. Rivadavia y Bartolomé Mitre), que culminó con el desalojo, durante la madrugada, de un grupo de cartoneros. Surge de la respuesta brindada por la Dirección General de Reciclado a un oficio cursado por esta Defensoría del Pueblo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público (fs. 3) que: “...El operativo fue dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en él intervinieron la Dirección General de Limpieza y esta área, además del Ministerio de Desarrollo Social. La medida fue motivada por el hecho de haberse comprobado que un grupo de personas estaba ocupando ilegítimamente el espacio público... ocupaban parte de una de las veredas de la plaza, donde tenían armada una muy precaria vivienda... En consecuencia, el objetivo del operativo fue desalojar el espacio público ilegalmente ocupado, lo que fue cumplido de modo pacífico y ordenado...” (fs. 10). La actuación nº 1779/11, también fue iniciada de oficio con el objeto de investigar presuntos hechos de violencia ocurridos en el mes de abril de 2011 en un desalojo a indigentes que habitaban en la Plaza Congreso, por parte de la Policía Metropolitana, Cliba y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Personal de esta Defensoría del Pueblo fue testigo del desalojo en el cual se procedió a la destrucción de colchones y de frazadas. Las personas que habitaban allí señalaron que no intervino un área social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no contaban con otro lugar al cual ir (fs. 2). Al respecto, se enviaron oficios al Jefe de la Policía Metropolitana y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público (fs. 4 y 5). En el marco de dicha actuación la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria informó que “...la Superioridad dispuso que todos los días hábiles, de 8:00 hs. a 12:00 hs. se asigne un móvil patrullero, con dotación de 3 oficiales operativos, para la seguridad del personal de Espacios Públicos del Gobierno de la C.A.B.A., quienes desarrollan su actividad en distintos puntos de la Ciudad...” (fs. 17).
Con posterioridad, la Policía Metropolitana informó que: “...se dio intervención a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, la cual informó que el pasado 12-04-11 a las 10.00 hs., en la zona de Plaza Congreso brindaron seguridad a personal de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo del Sr. Daniel Sbora... que en el mencionado operativo no hubo hechos de violencia, se llevó a cabo sin resistencia, ni agresión alguna a los interventores...” (fs. 19). Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público señaló, a través de la Dirección General de Espacios Verdes, que no había prestado servicio en Plaza Congreso en la fecha requerida y que el personal de la plaza más cercana no había presenciado desalojo alguno (fs. 26). La actuación nº 1830/11, fue iniciada en virtud de la denuncia efectuada por la Asociación de Protección Animal sobre un desalojo ocurrido en la Avda. Pedro de Mendoza al 4100 en la que residían en una casilla prefabricada dos hombres que cuidaban numerosos animales. Uno de los afectados manifestó que el desalojo se habría llevado a cabo por personal de la PFA, la Policía Metropolitana, camiones de Cliba y personal con uniformes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, señaló que le sacaron todas sus pertenencias y que lo llevaron junto a su compañero a “...recorrer la Ciudad por seis horas...” en una combi y a cobrar un subsidio de pesos setecientos ($700.-). Luego debieron ir al Hotel Corrientes donde abonaron pesos seiscientos ($600.-) y volvieron al lugar donde vivían en el que habían destruido su casa y muchos de los animales ya no se encontraban en el lugar (fs. 7 y 8). En respuesta a un oficio remitido por esta Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público informó que uno de los hombres desalojados es beneficiario del Programa “Atención Para Familias en Situación de Calle”, dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata, percibiendo al mes de junio de 2011 la suma total de pesos mil trescientos ($1.300.-). Por su parte, el Programa Buenos Aires Presente (BAP) confirmó dicha respuesta agregando que no es posible determinar si el otro de los hombres desalojados es beneficiario del Programa ya que no cuenta con Documento Nacional de Identidad. Sin perjuicio de ello, el Ministerio requerido se abstuvo de responder si tuvo intervención en el procedimiento de desalojo y el destino de los bienes de las personas y de los animales que se encontraban a su cuidado. La actuación nº 1884/11, fue iniciada por la señora A. S.V., quien refirió que efectivos de la Comisaría 14ª de la PFA la intimaron mediante violencia verbal a desalojar la casilla precaria en la que residía junto a
sus hijos en la Plaza Cecilia Grierson amparándose en una orden emanada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1). Remitido oficio a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, se recibió respuesta negativa de intervención en la fecha indicada (fs. 7/8). Por otro lado, se cursó oficio a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, solicitando se informara si desde el Poder Ejecutivo se había solicitado la intervención de la PFA o de la Policía Metropolitana para efectuar procedimientos tendientes a desocupar espacios públicos (fs. 4). En respuesta, se señaló que mediante Expediente nº 37.964/2008 tramitó la licitación nº 1553/08 para la realización de obra en la Plaza Cecilia Grierson (fs. 49/50). Atento a que desde este organismo se constató que la respuesta estaba incompleta se requirió a la Dirección General de Espacios Verdes, mediante oficio de fecha 4 de noviembre de 2011, la foja faltante sin respuesta a la fecha. La actuación nº 2416/11 tramitación reservada, a fin de recabar información por parte de la PFA, ocurridos el día 15 de mayo de Avda. Paseo Colón y Calchaquí (constituida por adolescentes de entre 9 y 18 años). fue iniciada de oficio con sobre hechos de violencia 2011, en la ranchada de la veinticinco niños, niñas y
De acuerdo a lo informado por el Centro Educativo Isauro Arancibia, intervinieron tres patrulleros de la Comisaría 14ª de la PFA, que habrían golpeado a los chicos y prendido fuego los colchones, ropa y demás pertenencias. A uno de los niños, de 13 años, le habrían lastimado la cara y ocasionado un corte en el cuello. A su vez, indicaron que se llevaron detenidos a cuatro jóvenes (entre los que se encontraba un menor de edad) y que dos de ellos permanecieron privados de su libertad. Los efectivos policiales habrían amenazado a los chicos con “meterlos presos” por causas falsas y que luego los niños se habrían trasladado a la intersección de las calles Lavalle y Florida, donde también se hicieron presentes efectivos policiales procediendo a la detención de dos jóvenes de 17 y 18 años de edad. Una de las jóvenes que integraba la ranchada, de 16 años de edad, no se habría unido al grupo luego de los incidentes, desconociendo su paradero (fs. 2). La denuncia se puso en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación (fs. 7) y se libraron oficios a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal y al BAP (fs. 6 y 8). Al respecto, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal informó que el día 14 de mayo de 2011 se iniciaron actuaciones caratuladas “Tentativa de Robo”, con intervención del
Juzgado Nacional de Menores nº 1 y que no se encontró registro de la detención de ningún menor. Con fecha 3 de agosto de 2011, esta Defensoría del Pueblo se presentó en la causa judicial referida (fs. 12/13). 4.2.4.- Análisis Luego de la disolución13 de la Unidad de Coordinación del Espacio Público (UCEP), cuyas prácticas de desalojo del espacio público de personas que vivían en situación de calle recibieron un rotundo rechazo por parte de la sociedad en general, de organismos defensores de los derechos humanos y de esta Defensoría del Pueblo (Resolución nº 5187/08), este organismo continuó recibiendo denuncias de procedimientos similares llevados a cabo por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los cuales continúa participando activamente la PFA y también la Policía Metropolitana. Las denuncias recibidas poseen en su mayoría características comunes tales como la intervención de la PFA o de la Policía Metropolitana y de camiones de Cliba en los que generalmente se arrojan las pertenencias de las personas desalojadas, la falta de previo aviso del desalojo, las amenazas, violencia verbal e incluso física por parte de los organismos intervinientes, la ausencia de soluciones transitorias y/o definitivas que se encuentren enmarcadas en políticas públicas de vivienda efectivas, y por último, la falta de respuestas y/o respuestas incompletas por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no informan lo solicitado a través de los oficios remitidos por esta Defensoría del Pueblo. En este marco, la administración local debería diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos más fundamentales de la población que se ve obligada a dormir en la calle ante la imposibilidad de hacerlo en una vivienda digna. Sin embargo, el modo de proceder del personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público desalojando de la vía pública mediante el uso de la violencia a aquellas personas que se encuentran en situación de calle constituye una acción manifiestamente ilegítima. Esta situación se agrava considerando que los vecinos son desposeídos de sus pertenencias por medio del uso de la violencia y que se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad social. Por otra parte, la reciente Ley 3706 para la “protección y garantía de los derechos de las personas en situación de calle y en
Decreto nº 1017/09.
riesgo a la situación de calle”, establece en su art. 4º inc. a) que es deber del Estado promover acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. Considerando que se trata de una obligación autoimpuesta por el propio Estado local, es desconcertante que en simultáneo a la promulgación de la mencionada ley sea éste quien efectúe acciones que no sólo no se condicen con la misma sino que son totalmente contrarias. Se observa que el Estado local diseña políticas públicas para la protección de derechos fundamentales como los que se encuentran en juego en estos casos, pero que falla su implementación debido a una falta de articulación entre las áreas y dependencias intervinientes. Esto, a pesar de que la misma norma en su art. 4º inc. c) prevé para esta población la formulación e implementación de políticas públicas elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado. Es así que, ante la ausencia de una adecuada coordinación estatal, la protección y garantía de los derechos de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social no es efectivizada. Por último, se advierte que en los casos señalados no existieron actos administrativos sino vías de hecho de la administración que vulneran derechos constitucionales. Sin embargo, de haber existido acto, de acuerdo a lo establecido por el art. 12 del Decreto nº 1510/97 que proclama la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de la administración, en los casos en los que se deba utilizar la coacción contra la persona o bienes de los administrados es exigible la intervención judicial. Asimismo, los actos administrativos deben respetar el debido proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído, el derecho de ofrecer y producir pruebas y el derecho a una decisión fundada. Como es posible observar, ninguno de ellos fue garantizado. Por estos motivos, ni siquiera en el caso en el que la administración hubiese actuado en virtud de un acto administrativo la acción hubiera sido ajustada a derecho. Esta Defensoría del Pueblo ya ha señalado en otras oportunidades que los problemas que surgen en el espacio público no deben resolverse con represión ni con conductas de dudosa legalidad, sino en el marco del estado de derecho, generando, en su caso, la intervención de los poderes competentes o de las instituciones asistenciales creadas a esos fines14. La protección del espacio público debe efectuarse siempre en el marco de la ley a través de un accionar que tome en consideración la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que viven en situación de calle debido a un estado de necesidad.
Resolución nº 5187/08 de esta Defensoría del Pueblo.
Un fenómeno de tal naturaleza no puede ser objeto de la actividad represiva del Estado si no es a costa de violar elementales principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es en este marco en el cual la labor policial se torna selectiva y arbitraria favoreciendo, además, actuaciones al margen de la ley. No escapa al conocimiento de esta Defensoría del Pueblo el hostigamiento policial al que se ven sometidos constantemente quienes viven en la calle. Se estima conveniente, en consecuencia, y dadas las cuestiones que se analizan en la presente Resolución, expedirse sobre el planteo central de abuso policial y diferir la opinión de esta Defensoría del Pueblo respecto de política implementada por el Ejecutivo local en materia de espacio público, para el momento en que haya concluido el análisis del que están siendo objeto numerosas presentaciones efectuadas sobre esta cuestión ante este organismo de control. En este sentido puede señalarse que los casos analizados dan cuenta de una vulneración sistemática y general de los derechos de un conjunto de personas pobres que viven en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es reiterada la referencia al proceder irregular de los efectivos pertenecientes a la PFA y a la Policía Metropolitana y, por ello, resulta oportuno analizar la específica labor policial y efectuar sugerencias con relación a ella. Al respecto, señalan Josefina Martínez y Lucía Eilbaum15 que “Antes que un aspecto inherente al trabajo policial, la violencia debe ser leída como parte intrínseca de una forma tradicional de intervención de las fuerzas en los conflictos sociales, resultado de una forma de trabajo policial encerrado en una tradición de rutinas verticalizadas y antidemocráticas, inmersas en un contexto de ausencia de control del trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad. Esto significa también la posibilidad de que estas cuestiones pueden ser modificadas, punto de partida insoslayable para cualquier intento de reforma”. Merece especial atención el uso y abuso por parte de los efectivos de la PFA, en los procedimientos que aquí se cuestionan, de la atribución conferida por la Ley Nacional 23.950, llamada “detención por averiguación de identidad”.
MARTINEZ, Josefina, EILBAUM, Lucía, La violencia policial en Argentina. Un debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles, documento elaborado en el marco del Proyecto Policía y Sociedad Democrática, en el cual participan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Viva Río-ISER y el Instituto de Defensa Legal coordinados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), disponible en http://www.iidh.ed.crn.
La Ley Nacional 23.950 sustituyó el inc. 1º del art. 5º del Decreto Ley nº 333/58 (Ley orgánica para la Policía Federal Argentina), ratificado por la Ley Nacional 14.467, por el siguiente: “Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”. De acuerdo al texto transcripto es posible deducir que el personal policial únicamente podrá hacer uso de tal atribución cuando se den las dos condiciones que exige la norma: 1) circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y 2) que esa persona no acredite fehacientemente su identidad. En la mayoría de los casos analizados el uso de esta atribución es automático. Las personas identificadas no se encontraban cometiendo, ni se entiende que pudieran cometer, un acto delictivo o contravencional por lo que no habría razón por la que se requiera su identificación, sólo eran pobres en situación de calle y parecería ser esa la “tercera condición” que en los hechos habilita a los efectivos policiales a actuar. En este sentido, Zaffaroni manifiesta que “...la criminalización secundaria es casi un pretexto para que las agencias policiales ejerzan un formidable control configurador positivo de la vida social, que en ningún momento pasa por las agencias judiciales o jurídicas: la detención de sospechosos, de cualquier persona para identificarla o porque le llama la atención, la detención por supuestas contravenciones, el registro de las personas identificadas y detenidas, la vigilancia de lugares de reunión y de espectáculos, de espacios abiertos, el registro de la información recogida en la tarea de vigilancia... constituyen un conjunto de atribuciones que puede ejercerse de modo tan arbitrario como desregulado, y que proporcionan un poder muchísimo mayor y enormemente más significativo que el de la reducida criminalización secundaria. Sin duda que este poder configurador positivo es el verdadero poder político del sistema penal”16.
Zaffaroni - Alagia - Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 12.
Más cuestionado aún ha sido el Decreto nº 150/99 del Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual se ha pretendido reglamentar lo dispuesto por la Ley Nacional 23.950. El Decreto nº 150/99 convirtió a la “detención por averiguación de identidad” en una herramienta para la prevención -como se expresa en sus considerandos- de “...aquellas conductas que, sin constituir delitos ni las infracciones previstas en el Código Contravencional dictado para la Ciudad de Buenos Aires, deben ser evitadas...”. “...Estas facultades policiales posibilitan el fortalecimiento de un poder articulado por la posibilidad de arrestar arbitrariamente, sin causas y sin responsabilidades. Confieren a su vez a la agencia policial la capacidad de autorizar y mediar en actividades legalmente prohibidas o controlar aquéllas que no lo están. Les permite asimismo desgastar, a través de la presión constante que supone la detención y el alojamiento en malas condiciones, a personas estereotipadas por la policía como molestas (mendigos, migrantes ilegales, etc.). De hecho, y en gran cantidad de casos la averiguación de identidad constituye un mecanismo de control que actúa sobre las personas no sólo estigmatizándolas a través del armado de prontuarios policiales, sino también como estrategias de agotamiento mediante sucesivas detenciones que, en muchos casos y dependiendo de la situación del detenido, puede ir acompañado de apremios y torturas”17. En síntesis: el desalojo administrativo violento con la participación activa de las fuerzas de seguridad no debería ser la primera ni la principal respuesta a la que el Estado apele en estos casos, sino que debería proceder con políticas activas enderezadas a abordar adecuadamente este acuciante problema social. Criminalización de la pobreza y desalojo compulsivo por medio de violencia, abusos y destrucción de pertenencias no parece ser la medida más acertada a adoptar por el Estado ante la problemática que afecta a quienes viven en la calle, cuya situación debería ser analizada en primer término a la luz de lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y con medidas tendientes a proveer a su seguridad. Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público desalojen mediante el uso de la fuerza y con el auxilio de la fuerza pública a familias en situación de calle permite y favorece situaciones de abuso y violencia policial. Por ello y a fin de, al menos, atenuar las consecuencias negativas de tales procedimientos, deberían impartirse instrucciones precisas sobre la correcta labor de los efectivos en tales circunstancias.
CELS y Human Rights Watch. Eudeba, La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
Si bien en opinión de esta Defensoría del Pueblo los procedimientos que aquí se analizan son ilegítimos, ello no habilita, en forma alguna, a pretender que los efectivos policiales que son llamados a prestar servicios en tales circunstancias efectúen un análisis de tal ilegitimidad ni mucho menos que se rehúsen a prestar el auxilio requerido por los funcionarios intervinientes. Sí, en cambio, se considera conveniente que se impartan instrucciones precisas a fin que todos los agentes que intervengan en estos procedimientos guíen su conducta de acuerdo a los principios de racionalidad y proporcionalidad, en lo que respecta al uso de la fuerza considerada siempre como la ultima ratio de su accionar para que no efectúen una participación activa en el procedimiento (como “retirar” las pertenencias de las familias de propia mano para arrojarlas a los camiones contenedores de residuos habilitados a tal fin), para que eviten tratar a las víctimas como victimarios (como lo hacen al obligarlas a caminar delante de ellos y con las manos cruzadas detrás de su espalda) y para que en estos casos no acudan en forma automática a la cuestionada atribución conferida por la Ley Nacional 23.950, que en estas circunstancias es utilizada por los efectivos policiales como herramienta de disciplinamiento y ostentación de poder que coloca a las víctimas del desalojo bajo una categoría de sospecha que habilita demoras arbitrarias e injustificadas, incluso dentro de los patrulleros allí dispuestos. 4.3.- Tareas de conjuración en materia contravencional. Denuncias de vendedores ambulantes y músicos callejeros 4.3.1.- La actuación nº 2982/09 fue iniciada de oficio a fin de investigar la posible situación de discriminación a la población senegalesa por parte de las fuerzas de seguridad (fs. 1). En dicho marco, con fecha 16 de agosto de 2011 los señores B.S. y M.L.F. denunciaron ante esta Defensoría del Pueblo que personal de las Comisarías 16ª y 6ª, respectivamente, proceden al labrado de actas contravencionales por infracción al art. 83 del Código Contravencional en razón de su nacionalidad (fs. 73). La denuncia fue puesta en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación (fs. 74) y, a su vez, se cursó oficio a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, solicitando remita informe circunstanciado de los hechos (fs. 76). Sobre el particular, la Comisaría 6ª indicó que: “...No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de
mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal... que del análisis de las actas en cuestión, son realizadas a diversas personas ya sean de nacionalidad Peruana, Argentina, Paraguaya, Boliviana y Africanas... En el mes de Agosto se realizaron veintiocho (28) actas contravencionales donde una de ellas... se realizó al Sr. L.F... Por último se hace saber que en el ámbito de esta jurisdicción circulan varias personas Africanas, siendo que gran parte de estas personas se dedica a la venta de Bijouterie... donde en su gran mayoría se los invita a que se retiren en virtud de entenderse que la venta de estos elementos es para la subsistencia de los mismos, los cuales mayormente acceden a esta situación, existiendo otras personas que pese a ello colocan paños en el piso... donde la existencia de comercios es mayor los cuales se dedican a diversos rubros, a quienes les molesta esta situación haciendo llegar su fastidio y enojo hasta esta seccional, por lo cual es que se realizan las actas contravencionales correspondientes; haciéndose saber que en algunas ocasiones también se realiza la detención de estas personas ya que la mercadería que exhiben a simple vista son copias ilegítimas de marcas...” (fs. 78/79). Por su parte, la Comisaría 16ª señaló que: “...Con respecto a la posible discriminación que personal policial haya tenido sobre vendedores ambulantes de nacionalidad senegalesa, esto no es así, dado que todas las personas, son tratadas de la misma manera, sin denigrarlas, ni hostigarlas, dejando constancia que en el ámbito de esta jurisdicción, y en especial en las adyacencias de la Estación Constitución, transitan personas de nacionalidad senegalesa, las cuales realizan la venta ambulante de anillos, pulseras y cadenitas... Que en una oportunidad, se los invitó a dejar libre las puertas principales de acceso a la Estación Constitución (sobre Brasil y Lima) en razón de que se instalaban en forma fija provocando el aglutinamiento de gente, situación aprovechada por los denominados ‘punguistas’. Que en ningún caso se procedió a labrar actas contravencionales ni secuestro de mercaderías...” (fs. 80). 4.3.2.- La actuación nº 6043/11 fue iniciada a partir de la presentación efectuada por los señores A.J.D.M. y A.R.R.B. El primero de los nombrados manifestó que el día 22 de diciembre de 2011, en circunstancias en que se encontraba vendiendo mercadería en la vía pública, concretamente en la calle Florida al 500 de esta Ciudad, fue agredido por un grupo de hombres liderados por un sujeto que permanentemente despliega hostigamiento contra los vendedores. Relató el vecino que en ese contexto, y al ser su compañero A.R.R.B. apuntado con un cuchillo por uno de esos sujetos, intentó defenderlo, tomando una silla con la cual, sin intención alguna, golpeó a un efectivo policial que imprevistamente se habría interpuesto en la escena. El señor A.J.D.M. denunció que dicho policía lo agredió con golpes de puño en la cara, siendo esposado, al igual que su compañero, con brutal violencia y agresiones verbales, para luego ser trasladados a dependencias de la Comisaría 1ª. Indicó
también que en el lugar se encontraban varios policías, quienes no solo no habrían identificado a los agresores, sino que tampoco adoptaron medida alguna ante las amenazas de muerte que recibió y que estaban presenciando. En dicha ocasión el presentante sufrió una herida cortante en su labio, no siendo hospitalizado en debido tiempo, ya que recién fue trasladado al hospital a las 04:00 horas. También refirió que tanto los días 23 como 24 de diciembre de 2011, en circunstancias de hallarse trabajando en el mismo lugar, fue amenazado nuevamente por los mencionados sujetos, siendo que había varios policías allí que presenciaron lo sucedido, no tomando medida alguna al respecto. En dicha oportunidad fue solicitado por un agente policial con el cual dialogó dentro de una galería dejando su carro de mercadería sólo, en el lugar de trabajo habitual. Cuando volvió, su mercadería había desaparecido pese a que en el lugar había numerosos efectivos. Asimismo, indicó que uno de los agentes policiales presentes le dijo “...a vos no te quiero ver, andate negro de mierda, andate para allá, donde te vea te voy a cagar a piñas...” (fs. 2/3). En respuesta a un oficio cursado por esta Defensoría del Pueblo a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, se informó que el día 22 de diciembre de 2011 se iniciaron actuaciones por Atentado y Resistencia a la Autoridad y Lesiones con intervención del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 8, Secretaría nº 16, en las cuales resultó damnificado el agente Gabriel Lange. Asimismo, se informó que para detener al presentante se empleó “...la fuerza mínima indispensable necesaria... debiendo el personal policial retirar a los prevenidos inmediatamente del lugar, a fin de evitar que sean agredidos por el resto de las personas que se hallaban en el lugar...”. Con respecto a la lesión, que según el señor A.J.D.M. le infringió el personal policial, se informó que “...se lo trasladó con ambulancia del SAME... al Hospital Argerich, de donde se lo trasladó nuevamente a la dependencia sin haberle realizado sutura alguna por no ser necesario...”. Asimismo, el Jefe de la Comisaría 1ª, Comisario José Jesús Ascona, concluyó que “...Los hechos reseñados en el presente informe se encuentran perfectamente plasmados en actuaciones judiciales labradas, donde constan asimismo datos filiatorios de testigos presenciales... habiéndose el personal policial ajustado a derecho y cumplido con la normativa vigente...” (fs. 7). El señor A.J.D.M. realizó la denuncia penal por la actuación policial, sin embargo no proporcionó los datos necesarios que permitan a esta Defensoría del Pueblo realizar un seguimiento de la causa judicial (según surge del informe asentado en la hoja de ruta, con fechas 13, 14 y 16 de febrero de 2012).
4.3.3.- La actuación nº 168/12 fue iniciada por el señor A.C.B., músico callejero, quien denunció que el día 12 de enero de 2012 en la plazoleta ubicada en Diagonal Norte y Florida fueron desalojadas seis personas en situación de calle, el denunciante y los músicos que lo acompañaban. En atención a lo expuesto, se libraron oficios a la Policía Metropolitana y al Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En respuesta, la Policía Metropolitana informó que de acuerdo a la información producida por la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, como así también de la Superintendencia de Investigaciones no obran registros de intervención de personal policial de esa fuerza de seguridad en el hecho en cuestión (fs. 40). Días después, se recibió una nueva presentación del señor A.C.B., a través de la cual denunció que el día 28 de marzo de 2012 en la intersección de Diagonal Norte y Florida una mujer que se identificó como Inspectora de Espacio Público sin exhibir documentación alguna y acompañada de un agente de la Policía Metropolitana desalojó, mediante la amenaza de secuestrar los instrumentos, a los artistas de la banda musical “Jamaicaderos”. En atención a lo expuesto, se cursó un nuevo oficio al Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitando se informara a esta Defensoría del Pueblo qué directivas de actuación eran impartidas a los inspectores de espacio público respecto de las actividades artísticas desarrolladas en la calle, en este caso de músicos y bajo qué marco legal se prohíben las actividades artísticas callejeras. 4.3.4.- Análisis Esta temática ha sido ya analizada en extenso por esta Defensoría del Pueblo en la Resolución nº 2011/11, que diera origen al tercer informe sobre violencia policial. Dada la reiteración de las prácticas denunciadas y el hecho de que el presente pronunciamiento es comprensivo también del accionar de la Policía Metropolitana, se estima conveniente reiterar, al menos, las conclusiones a las que se arribara con motivo del análisis de la específica labor policial en estos casos. Se señaló en dicha oportunidad, a modo de síntesis: “...que el aparato contravencional y penal persiga (con evidente
selectividad) músicos callejeros y vendedores ambulantes con el auxilio de la fuerza pública, permite y favorece situaciones de abuso y violencia policial. Por ello y a fin de, al menos, atenuar las consecuencias negativas del sistema deberían impartirse instrucciones precisas sobre la correcta labor de los efectivos en tales circunstancias. Establecer, como regla, que personal del Servicio de Brigada efectúe tareas de prevención y represión de contravenciones sin vestir el uniforme reglamentario favorece prácticas ilegales como la denunciada. Es importante que los servidores públicos que tienen encomendado brindar seguridad a la ciudadanía lleven, al ejercer las funciones propias de su cargo, su identificación oficial y uniforme, pues sólo de esta forma estarían claramente identificados, evitándose que escudados en el anonimato actúen al margen de la ley...”. Se indicó, asimismo, que “...Resulta conveniente también que se impartan instrucciones precisas a fin de que todos los agentes (uniformados y no uniformados) que intervengan en tareas de represión de contravenciones efectúen inmediata consulta con el fiscal de turno para determinar su proceder, guiando su conducta por los principios de racionalidad y proporcionalidad, en lo que respecta al uso de la fuerza considerada siempre como la última ratio de su accionar18...” y que “...comportamientos como los denunciados en las presentes actuaciones pueden y deben prevenirse con el desarrollo de políticas concretas de control y programas de capacitación que tiendan a favorecer un modelo que contemple una actividad policial respetuosa, profesional y democrática con una concepción del trabajo policial como un servicio a los ciudadanos...”. 4.4.- Actuación policial ante la protesta social 4.4.1.- La actuación nº 4173/11 fue iniciada a partir de la denuncia realizada por el señor Patricio José Arias. El denunciante refirió que el día 1º de septiembre de 2011 se hizo presente en las inmediaciones de la Embajada de Chile a fin de cubrir la movilización convocada por la Asamblea de Estudiantes Chilenos en Buenos Aires. En dicha oportunidad, mientras se encontraba realizando acciones propias de su profesión, vio que había una joven tendida en el piso, y que la policía actuaba sobre ella intentando reducirla. Que, ante esa situación, él se acercó al lugar para tomar fotos del procedimiento, ocasión en la que muchos policías se fueron contra él, le arrojaron spray irritante en sus ojos, le quitaron la cámara de fotos y lo detuvieron. Indicó que exhibió al personal interviniente su credencial de fotógrafo. Fue trasladado a la dependencia policial ubicada en Avda. Gral. Paz y Madariaga, donde fue alojado en una celda junto a los demás detenidos en la
Véase al respecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Bara Sakho s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Mbaye, Ibrahima s/inf. Arts. de la ley 23.098 (habeas corpus)”, en el cual se dispuso: “...ordenar al GCBA, al Ministerio Público Fiscal, a la Policía Federal y a la Policía Metropolitana que extreme los medios necesarios para que exista una comunicación eficiente de sus derechos desde el primer contacto con el presunto contraventor. II. Ordenar a la Policía Federal y a la Policía Metropolitana que realice todos los esfuerzos para garantizar la intervención en forma inmediata del Ministerio Público Fiscal”.
manifestación. Aproximadamente a las 08:00 horas de la mañana del día viernes dispusieron su libertad. En esa dependencia le informaron que se había iniciado una causa por atentado y resistencia a la autoridad y daño (fs. 2). Dicha causa es la nº 11.420/11, interviniendo el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 10, Secretaría nº 19 (fs. 12). Con fecha 22 de marzo de 2012 personal de esta Defensoría del Pueblo se constituyó en dicho Juzgado, informándose que se había resuelto sobreseer a todos los imputados, de conformidad con el requerimiento efectuado por el señor fiscal. 4.4.2.- La actuación nº 777/12, fue iniciada de oficio con el objeto de recabar información sobre los hechos acaecidos el día 14 de febrero de 2012, en momentos en que se desarrollaba una manifestación por parte de ex-conscriptos de Malvinas en la intersección de Avdas. 9 de Julio y De Mayo. En dicha actuación se cursó requerimiento de informes a la Dirección Nacional de Gendarmería y a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal. Se solicitó, asimismo, al Ministerio de Seguridad de la Nación se informara a esta Defensoría del Pueblo si desde ese Ministerio se había evaluado la labor policial en dicho evento como adecuada, de acuerdo a los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. 4.4.3.- Análisis El Gobierno nacional ha declarado desde hace años la decisión política de no criminalizar la protesta social. Muestra de ello es el trabajo realizado y consensuado por todas las instituciones federales de seguridad y organizaciones de derechos humanos en el marco del Proyecto ”Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”19, protocolo de intervención cuyo seguimiento efectúa en forma activa el actual Ministerio de Seguridad de la Nación. Llama la atención, en consecuencia, la inusitada represión policial que tuvo lugar el día 14 de febrero del corriente año, en momentos en que se desarrollaba una manifestación por parte de exconscriptos de Malvinas en la intersección de Avdas. 9 de Julio y De Mayo. Corresponde, sin embargo, aguardar las respuestas a los requerimientos de informes cursados y analizar las denuncias recibidas, a
http://www.apdh-argentina.org.ar/seguridad/trabajos/proyecto3.asp.
fin de determinar si el procedimiento se realizó de conformidad con los protocolos de intervención en manifestaciones públicas y si la intervención garantizó un uso racional y proporcional de la fuerza. Cabe señalar que esta Defensoría del Pueblo ha iniciado la actuación nº 976/12, a fin de recabar información respecto de la implementación en el ámbito de la Ciudad de los criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Así, se libró oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando se informara a este organismo si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había receptado dicho protocolo en el ámbito local, indicando, en caso de negativa, fundamentos de tal decisión y criterios de actuación establecidos para tales supuestos. Aún no se ha recibido respuesta al requerimiento cursado, encontrándose la actuación en pleno trámite. Merece también una reflexión la reciente “Ley Antiterrorismo” (Ley Nacional 26.734, del día 22 de diciembre de 2011, B.O. del día 28 de diciembre de 2011). Esta ley fue severamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por buena parte de la doctrina, que la han caracterizado como una aceptación acrítica por parte del Estado a las presiones de organismos internacionales sin considerar los peligros que su implementación acarrea, en particular, su peligroso alcance a formas de participación política vinculadas a la protesta social. Debería, en consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación extremar los recaudos a fin que la política firmemente sostenida de no criminalizar la protesta social no se vea afectada por la aplicación de las nuevas medidas de carácter penal instituidas con la reforma introducida al Código Penal. Considerando que son las agencias policiales las que principalmente llevan adelante la criminalización secundaria, resulta imperioso que se establezcan políticas tendientes a evitar que la aplicación de la reciente ley sancionada vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos que, en la gran mayoría de los casos, pertenecerán a los sectores más vulnerables de la sociedad por ser generalmente quienes participan en manifestaciones sociales reclamando por la efectividad de sus derechos.
4.5.- Otros casos de violencia policial denunciados 4.5.1.- La actuación nº 3176/11 fue iniciada a raíz de la denuncia del señor P.P., quien manifestó que el día 4 de julio de 2011 personal de la PFA, que se encontraba realizando un control vehicular en la intersección de la calle Billinghurst con Avda. Del Libertador, le solicitó el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto lo labrado en el acta de infracción correspondiente. Agregó que el móvil policial que se encontraba a cargo del citado control se encontraba identificado con la patente GVH 987 (fs. 1). En respuesta a un oficio librado a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, se remitió un informe que elaboró la Comisaría 53ª con jurisdicción en el lugar del hecho. En dicho documento se informó quiénes fueron los agentes afectados el día 4 de julio de 2011 al procedimiento de control vehicular, en la zona más próxima a la indicada por el señor Pagani, que fue en Avda. Del Libertador y Sánchez de Bustamante (fs. 3 y 4). 4.5.2.- La actuación nº 3403/11, se inició a partir de la presentación del señor L.M.B., quien manifestó haber sido víctima de abuso de autoridad y violencia física por parte de efectivos de la Comisaría 45ª, el día 3 de julio de 2011, alrededor de las 22:45 horas, mientras se encontraba circulando con su moto por la calle Emilio Lamarca al 3600. El presentante agregó que solicitaron su documentación personal como así también de la moto y al manifestarles que no contaba en su poder con la documentación requerida, le solicitaron el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto el labrado del acta de infracción correspondiente. Asimismo, manifestó que ante su negativa fue golpeado, lo detuvieron y trasladaron a la Comisaría 45ª, donde fue víctima de abuso de autoridad y violencia física. El presentante también indicó que nunca recuperó su moto, el casco, su piloto para la lluvia y las llaves de su casa. Según le informaron, ese día le habían iniciado una causa en su contra por resistencia a la autoridad (fs. 2). En respuesta a un oficio librado a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, se informó que el señor Bruno fue detenido luego de cometer una infracción. Asimismo, se indicó que el presentante amenazó a los agentes policiales, intentando luego darse a la fuga, por lo que mediante “...el empleo de la fuerza mínima e indispensable...” se lo redujo para conducirlo a la Comisaría 45ª. También se indicó que no era necesario iniciar un sumario al personal interventor (fs. 7). 4.5.3.- La actuación nº 3889/11 fue iniciada por la señora M.H.P., en representación de la Asociación de Mujeres Meretrices de la
Argentina (AMMAR), quien manifestó que el día 11 de agosto de 2011, dos mujeres pertenecientes a la organización, que se encontraban en la intersección de las calles Gral. Artigas y Bacacay, fueron víctimas de abuso de autoridad por parte de dos efectivos pertenecientes a la Comisaría 50ª, quienes refirieron ser personal de la brigada de investigaciones de la citada Comisaría. La presentante agregó que ambos efectivos se presentaron de forma intempestiva a bordo de un auto marca Renault, modelo 18, dominio VIG 163. Manifestó, además, que los efectivos amenazaron con imputarles un delito y llevarlas detenidas. Esta situación se prolongó por el lapso de una hora y media finalizando cuando el personal policial les confeccionó un acta por supuesta infracción al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, informó que este tipo de situaciones son por demás frecuentes en la zona, siendo que en innumerables oportunidades han sido víctimas otras mujeres que forman parte de la organización (fs. 1). En respuesta a un oficio librado a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal se informó que el día en cuestión se labraron tres (3) actas por infracción al art. 81 del Código Contravencional, dos labradas en Gral. Artigas 330 y la restante en Gral. Artigas y Bacacay, todas con la intervención de la Unidad Fiscal nº 2 (fs. 3). 4.5.4.- La actuación nº 5627/11 fue iniciada por el señor C.B.O.R., quien denunció un irregular desempeño por parte de efectivos de la Comisaría 38ª. El presentante indicó que el día 29 de noviembre de 2011, en el horario de las 14:00 horas, se realizó un allanamiento en el domicilio de la calle La Fuente 525, donde él alquilaba una habitación. Agregó que cuando llegó a su domicilio se encontró con todas sus pertenencias en la calle y además verificó que le faltaban varios objetos de valor (fs. 1). En atención a lo expuesto, el señor O.R. realizó la denuncia en la Comisaría 38ª de la PFA. Allí se informó que la medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción nº 1, a cargo del doctor Juan Andrés Necol (fs. 2). En respuesta a un oficio librado por esta Defensoría del Pueblo a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, se informó que con fecha 29 de noviembre de 2011 se llevó a cabo un desalojo sobre el domicilio de Avda. Lafuente 525/29, por disposición del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 3. Asimismo, se indicó que la diligencia fue llevada a cabo por agentes policiales pertenecientes a la Comisaría 38ª conjuntamente con personal de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, del Programa Buenos Aires Presente (BAP) y del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, todos organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se informó que en todo momento se obró con presencia de dos testigos. Atento a lo expuesto y en razón que el personal policial interventor actuó de conformidad a la normativa procesal vigente, se comunicó que la Superintendencia de Asuntos Internos de la PFA no promovió ninguna medida de índole administrativo (fs. 4). 4.5.5.- La actuación nº 141/12 fue iniciada a raíz de la presentación efectuada por la señora N.C.L., quien acreditó identidad exhibiendo el D.N.I. perteneciente a L.J.L., y denunció que el día 25 de octubre de 2011 efectivos de la Comisaría 4ª de la PFA la agredieron física y verbalmente discriminándola por su condición de transexual. La presentante indicó que aproximadamente a las 04:00 horas se encontraba con una amiga en la parada del colectivo de la línea 8 cuando sufrió una conmoción y perdió el conocimiento. Explicó que padece esquizofrenia y que en ese momento no se encontraba tomando la medicación porque no contaba con ella. Según entendió, cuando tuvo la conmoción rompió un vidrio de la parada de colectivo. Indicó que cuando se recuperó había un agente de la PFA que acudió por el supuesto daño ocasionado. Agregó que en dicho momento entregó al agente de prevención su carnet de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual consta su enfermedad, así como también su D.N.I. y el carnet del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”. Luego sintió una descompensación y se desmayó, por lo que fue trasladada en una ambulancia de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”. Que luego de ello fue trasladada a la Comisaría 4ª en un patrullero. Indicó que en dicho trayecto y durante su detención en la dependencia policial fue tratada en forma despectiva y discriminada por su condición sexual. Informó que estando detenida se volvió a descompensar, por lo que fue trasladada al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”. Que en dicho nosocomio se encontraba un fiscal, el médico forense y médicos practicantes. Destacó que en todo momento permaneció con un policía que auspiciaba de custodia. Cuando fue dada de alta, concurrió con su madre a la Comisaría 4ª, en donde “firmó unos papeles”, de los cuales no se le dio ninguna copia, y luego fue puesta en libertad. En la dependencia policial denunció haber sido encerrada en “un cuartito muy chiquito” golpeada y discriminada verbalmente por un policía en cuya identificación pudo leer “A. Soria”. Por último, refirió que cuando fue liberada quiso denunciar lo ocurrido y el policía que se encontraba en la recepción no se lo permitió (fs. 2/3). Se libró oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la señora L. fue citada a una reunión que se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2012 en dicho organismo (fs. 12 e informe asentado en la hoja de ruta con fecha 1º de marzo de 2012).
Asimismo, se diligenció otro oficio a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, que en respuesta informó que la señora L. había sido detenida por el delito transferido de “daño”, habiendo ingresado a las 05:25 horas a la dependencia policial el día 2 de noviembre de 2011. Se indicó también que a las 07:00 horas del mismo día fue trasladada al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, en una ambulancia del SAME -interno 282-, por hallarse “...con una crisis nerviosa y alterada, con peligro para sí misma... En tanto en el horario de 17:30 horas a 17:58 horas se hallaba de Guardia el Cuarto I, donde se halla asignado el Cabo Ariel SORIA, que coincide con el nombrado ‘A. SORIA’... no se debería adoptar temperamento disciplinario alguno respecto del personal involucrado...” (fs.18). La vecina radicó la denuncia por apremios ilegales ante la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad, interviniendo el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 42. La causa, registrada bajo el nº 1562/12 se encuentra actualmente tramitando ante la Fiscalía de Instrucción nº 10, en virtud de lo establecido en el art. 196 bis del Código Procesal Penal (CPP). 4.5.6.- La actuación nº 240/12 se inició a partir de la denuncia de la señora M.G.S.S., quien manifestó haber sido víctima de abuso de autoridad y violencia por parte de agentes de la PFA pertenecientes a la Comisaría 16ª. La presentante refirió que el día 13 de enero de 2012, a las 23:30 horas fue agredida con golpes de puño por efectivos de la Comisaría 16ª, quienes irrumpieron en la habitación del hotel donde habitaba con su familia, sito en Tacuarí 1673. Agregó que fue dirigida a la Comisaría 16ª siendo alojada en un calabozo. Asimismo, indicó que fue examinada “desde lejos”, en un pasillo, por una mujer, poco antes que se dispusiera su libertad. Refiere que le comunicó a la médica que tenía una herida sangrante en la cabeza, pero que la profesional se negó a examinarla o efectuar gestión alguna para que reciba atención médica (fs. 1). Posteriormente, la señora S.S. indicó que el día 19 de enero de 2012 realizó la denuncia por los hechos ya narrados. La causa quedó caratulada como “Seccional 16ª de la PFA s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, bajo el nº 2073/12, interviniendo el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 42, siendo que en esa misma fecha le dieron un oficio para concurrir al Cuerpo Médico Forense para ser revisada por los facultativos médicos. Asimismo, refirió que luego de realizar la denuncia recibió amenazas por parte de quien dice ser el dueño del lugar donde ella vive. Este hombre, relató la presentante, insistió para que abandonen la habitación donde viven y que como “se metió con la policía” iba a ser detenida (fs. 6).
Esta Defensoría del Pueblo está realizando el seguimiento de la causa, y en la última vista se pudo constatar que, según el informe del Cuerpo Médico Forense, las lesiones presentadas por la señora S.S. demandarían menos de un mes de curación y fueron producto de choque con o contra cuerpo o superficie dura con posible data de seis a ocho días (fs. 11). Dicha causa se encuentra tramitando ante la Fiscalía de Instrucción nº 10, en virtud de lo normado en el art. 196 del CPP. 4.5.7.- La actuación nº 303/12 fue iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo el día 23 de enero de 2012 con el objeto de recabar información relativa a los hechos de público conocimiento que motivaron la detención del sargento de la PFA Jesús Walter Yapura, como consecuencia del presunto abuso sexual de un menor de trece años en la estación de subte Congreso de Tucumán (fs. 3). A fs. 10 obra el oficio librado a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina. El día 2 de febrero de 2012 se informó en respuesta que se instruyeron actuaciones administrativas “...nº 465-18-000.009/2012 -prosecución del Sumario nº 251-18-000.001/12-, caratulado ‘Juzgar Conducta’ en el que resulta parte el Sargento L.P. 3592 (DNI 17.354.699) Jesús Walter Yapura, revistando actualmente en Servicio Pasivo...”. Asimismo, se indicó que Yapura se encontraba detenido, a disposición del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción nº 4, Secretaría nº 13, en el marco de la causa judicial nº 36/12, caratulada “Yapura, Jesús Walter s/ abuso sexual” (fs. 11). Esta Defensoría del Pueblo se presentó en la causa nº 36/12, solicitando tomar vista, a lo que se hizo lugar. Surge así de dicha causa, que efectivamente el imputado se encontraba detenido a disposición de dicho Juzgado toda vez que durante el mes de enero de 2012 se dispuso su procesamiento en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, empleo de arma de fuego y por haber sido cometido por personal policial en ejercicio de sus funciones (arts. 45, 54, 119, 1º y 3º párrafos, incs. d) y e) del Código Penal), con prisión preventiva. La decisión fue apelada por la defensa del imputado, interviniendo la Sala de Feria A de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resolvió confirmar el procesamiento del nombrado y excarcelarlo bajo caución real de pesos diez mil ($10.000.-) más la obligación accesoria de comparecer al tribunal el primer día hábil del mes. El fiscal interviniente, al momento de contestar la vista conferida por el art. 346 del CPP, requirió la elevación a juicio de la causa, y calificando los hechos imputados a Yapura como constitutivos de abuso sexual
con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal policial en ocasión de sus funciones (art. 119, 3º párrafo en función del 1º párrafo apartado e) del párrafo 4º del Código Penal). La instrucción fue clausurada, elevándose la causa a juicio e interviniendo en esta nueva etapa el Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 (fs. 14). 4.5.8.- La actuación nº 392/12, fue iniciada de oficio a fin de recabar información respecto del accionar policial en el que resultó herido de bala F.R., de 20 años de edad. Según las notas periodísticas glosadas a fs. 3/10, los hechos ocurrieron el día 25 de enero de 2012 a las 23:00 horas aproximadamente, cuando F.R. y N.I. se dirigían a la casa de este último, en una moto que pertenecía a Reyes y en la intersección de Avda. Díaz Vélez y Río de Janeiro de esta Ciudad, se encontraron con un control de automotores y motovehículos implantado por la División Protección Federal Motorizada de la Policía Federal Argentina comenzando una persecución que concluyó con un disparo de arma de fuego en el brazo de F.R. y lesiones en el rostro de N.I. (fs. 3/10). Esta Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento de la causa nº 2730/12, radicada en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 47, Secretaría nº 136, en la cual se están investigando los hechos. En el marco de la causa, con fecha 8 de febrero de 2012, se decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a N.I. y F.R. y se dispuso la inmediata libertad de este último (fs. 16/22). Asimismo, en el transcurso del mes de marzo de 2012 se le recibió indagatoria al Subinspector López, involucrado en los hechos, decretándose la falta de mérito para sobreseerlo o procesarlo, continuándose con la investigación (fs. 29). Por otra parte, en respuesta a un oficio librado a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, se informó que “...en la Comisaría 50ª, se labraron Actuaciones Sumariales nº 317/12, en mérito a los delitos de ‘HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES’... resultando partes imputadas Nahuel IONNI y Facundo REYES y damnificada el Subinspector Pablo LOPEZ de la Comisaría 13ª y otros...” (fs. 27 y 28). 4.5.9.- La actuación nº 699/12 fue iniciada a raíz de la presentación efectuada por el señor J.L.L., de nacionalidad colombiana, quien denunció irregularidades en el proceso de detención, traslado y alojamiento en calabozo de la Comisaría 47ª, ocurrido el día 10 de febrero de 2012.
El señor L.L. señaló en su declaración que el día indicado se encontraba circulando en auto por Avda. Nazca a las 18:00 horas, con tres personas más de nacionalidad colombiana quienes estaban buscando habitación. En aquella oportunidad, un patrullero les hizo luces y ellos se detuvieron. Informó que eran dos agentes de la PFA en el móvil y que luego llegaron tres más de la brigada. Expresó que los agentes policiales les solicitaron los papeles del auto y que ellos se los dieron estando toda la documentación en regla. Indicó que, no obstante ello, los trasladaron a la Comisaría 47ª donde les quitaron su calzado y les tomaron huellas para averiguar antecedentes en Argentina y Colombia. El presentante también relató que lo obligaron a firmar un papel donde imputaban, a él y a sus amigos, el delito de resistencia y atentado a la autoridad. Estuvieron detenidos hasta el domingo 12 de febrero de 2012 a las 19:00 horas. El señor L.L. agregó que, estando detenidos, no les dieron comida hasta el día domingo y que la comida que les proporcionaron no era apta para su condición de salud (diabético); también indicó que avisó a los agentes que se sentía mal, pero que sólo cuando dijo que era diabético recibió atención médica (fs. 1). La causa nº 5884/12 por la que se investigan los hechos, caratulada “L.L., J. y otro s/ robo”, se encuentra radicada en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 39. 4.5.10.- La actuación nº 1276/12 fue iniciada con motivo de la presentación efectuada por la señora J.E.S.C., quien denuncia haber sido víctima de violencia física por parte del encargado del hotel donde vivía, sito en la calle Suipacha 548; como así también, de personal policial correspondiente a la Comisaría 3ª, cuya presencia fuera solicitada por el encargado del hotel. Agrega la señora S.C. que en momentos de presentarse en la citada Comisaría a fin de radicar la denuncia correspondiente, la misma no le fue recibida. Conforme surge de la actuación, la denunciante efectuó la denuncia penal pertinente (fs. 2/4). Atento lo denunciado, se libró oficio solicitando informes a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de Policía Federal que, en respuesta, remitió el informe agregado a fs. 6. 5.- Actuación de la justicia. Seguimiento de causas
Esta Defensoría del Pueblo efectúa el seguimiento de numerosas causas penales que tuvieron origen en denuncias por violencia policial. En todos los casos traídos a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo se tuvo como misión principal acompañar a las víctimas, brindar asesoramiento, poner la denuncia recibida en conocimiento de la autoridad competente y, de corresponder, de la justicia y realizar un seguimiento de las investigaciones administrativas y judiciales iniciadas con motivo de la misma. En este marco, durante el transcurso del período analizado esta Defensoría del Pueblo se presentó para tomar vista en dieciocho (18) causas penales y realizó el seguimiento de cuarenta (40) causas penales en las cuales se investiga la posible comisión de delitos cometidos por efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad o, en algunos casos, los probables delitos imputados por la misma fuerza. Respecto a esta cuestión, esta Defensoría del Pueblo tiene dicho que una de las dimensiones principales de las obligaciones del Estado se vincula con el esclarecimiento judicial de este tipo de denuncias, ello con miras a eliminar la impunidad e impedir su repetición. La acción insuficiente o la directa inacción de la justicia ante las violaciones a la ley por parte de la policía, con sus gravísimas secuelas de impunidad, no responden a una sola causa sino que son producto de una combinación de factores. Entre ellos, se destaca la existencia de una cultura judicial autoritaria, la escasez de funcionarios judiciales con capacidad para investigar y menos aún con capacidad para intervenir en hechos en los cuales los policías destruyen o desvirtúan el curso de los acontecimientos, la aplicación de criterios diferenciales en cuestiones procesales, la connivencia entre funcionarios judiciales y policiales y, en algunos casos, la escasez de recursos humanos y materiales20. En varios de los casos aquí analizados se han observado demoras significativas en la producción de pruebas. Así, en los casos “P.”21 y “A.”22 no se han observado avances significativos en la investigación, pese a que ya han transcurrido más de dos años desde el inicio de las causas. El día 19 de agosto de 2009, C.A.P. perdió la vida luego de un confuso enfrentamiento armado en el que participaran dos efectivos
Centro de Estudios Legales y Sociales. “Políticas de seguridad ciudadana y justicia penal”. Siglo XXI Editores Argentina, 2004. Actuación nº 4258/09 (Resoluciones nros. 4560/09 y 3496/10). Actuación nº 4981/09 (Resolución nº 2591/10).
de la Comisaría 36ª de la PFA, uno de los cuales resultó lesionado en su pierna derecha. También un niño, que salía en ese momento de su casa, recibió un impacto de bala en su rostro, que le ocasionó lesiones. El hermano de la víctima, D.O.P., al enterarse de lo sucedido por dichos de unos vecinos, se dirigió rápidamente al lugar de los hechos, donde los policías que allí se encontraban presentes le impidieron acercarse a su hermano que se hallaba tendido en el piso. Denunció que lo golpearon fuertemente, que procedieron a su detención y que lo trasladaron a la Comisaría. Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 31 tramitó la causa nº 34.039/09 en la que se investigaron los hechos en los cuales perdiera la vida C.A.P., disponiéndose oportunamente el procesamiento de los dos efectivos policiales en orden al delito de homicidio simple, cometido con exceso en la legítima defensa, resolución que fuera confirmada por la Sala IV de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Posteriormente, el Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa, declarándose clausurada la instrucción. Actualmente, la causa se encuentra tramitando ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº 20 a la espera de la realización del juicio oral. D.O.P. fue indagado en el marco de la mencionada causa, imputándosele haber disparado, junto a su hermano C.A.P. (fallecido) y un tercer sujeto no identificado, dos armas de fuego contra los dos efectivos policiales intervinientes. De tal modo se le atribuyó al nombrado haber atentado contra la vida de los policías mediante disparos de armas de fuego, haberse resistido a la autoridad del personal policial que intentaba identificarlos y haber detentado ilegítimamente el armamento empleado en el hecho. Según la versión policial, D.O.P. resultó detenido momentos después del enfrentamiento por un oficial de la misma seccional, tras haberse dado a la fuga en un primer momento y retomar a la escena del hecho intentando apoderarse del arma que llevaba C.A.P. Al momento de prestar declaración indagatoria, D.P. refirió que sólo se había hecho presente en el lugar de los hechos porque unos vecinos le habían alertado de que a su hermano le habían disparado en la cabeza. Que ante ello, salió desesperado en búsqueda de su hermano, y que al llegar al lugar vio a dos oficiales que custodiaban la zona, y en razón de los nervios había intentado traspasarlos, abalanzándose sobre ellos, dirigiéndose en la dirección en que su hermano se encontraba tendido. Agregó que en ese momento uno de los policías le dijo “...ah, vos también sos gata? Vos también sos mata poli?...” y comenzaron a agredirlo físicamente, lo arrojaron al suelo, le
pegaron patadas, siendo que uno de los policías habría llegado a introducirle el arma de fuego dentro de la boca manifestándole “...callate porque te mato...”. Luego de recibirle declaración indagatoria al nombrado, la jueza interviniente dispuso la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo (art. 309 del CPP), la inmediata libertad y una serie de medidas instructorias. Asimismo, y atendiendo a la versión brindada por P., dispuso su reconocimiento médico por facultativos del Cuerpo Médico Forense, así como también la extracción de testimonios y su remisión a la oficina de sorteos de la Cámara del fuero con el objeto de dar intervención al Juzgado en turno correspondiente a fin de investigar los sucesos denunciados por P., que serían constitutivos del delito de apremios ilegales. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 29 resultó sorteado para intervenir en los hechos que damnificarían a D.P. Su titular dispuso la incompetencia por entender que tales hechos debían ser investigados junto con los que dieran origen a la causa nº 34.039/09 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 31. A su vez, la titular de este último Juzgado no aceptó la competencia atribuida, siendo la cuestión finalmente resuelta por la Sala Especial de la Cámara de Apelaciones del fuero, que dispuso que la investigación tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 31, por guardar relación con el expediente 34.039/09. Recepcionada la causa, se acumuló a la 34.039/09, disponiéndose la remisión a la fiscalía respectiva en virtud de lo normado en el art. 180 del CPP. Así, el fiscal interviniente requirió la instrucción de la causa, y concretamente que se le recepcionara declaración testimonial a P., a los testigos del acta de procedimiento y toda otra medida que la señora jueza considerara corresponder. Ello fue con fecha 1º de septiembre de 2009. Con fecha 20 de enero de 2011, luego de realizar numerosas medidas instructorias relacionadas con los hechos en los que perdiera la vida C.A.P., no así con los que damnificaban a su hermano D., la señora jueza de instrucción dispuso declarar extinguida la acción penal por la muerte del imputado C.P. y sobreseerlo en consecuencia, sobreseer a D.O.P., decretar el procesamiento de los dos efectivos policiales por homicidio simple cometido con exceso en la legítima defensa, sobreseer a los nombrados efectivos con relación a las lesiones causadas al menor que se encontraba en las proximidades del lugar donde se habría producido el enfrentamiento armado y “...Extraer testimonios de la presente causa nro. 34.039/2009 respecto del hecho del que resultara víctima D.O.P., descripto en el requerimiento de instrucción corriente a fs. 150/vta., y remitirlos en aplicación de lo normado en el art. 196 BIS del C.P.P.N. a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 45...”.
Con relación a la situación de D.O.P., la jueza sostuvo que el descargo brindado por aquél había resultado “corroborado” por los testimonios de tres testigos y que los dos efectivos policiales imputados negaron haber sindicado a D.O.P. como a uno de los sujetos que participó del enfrentamiento, agregando “...de lo que cabe colegir que su detención careció de todo sustento...”, añadiendo que “...Finalmente, la solución que propugno, conduce a la necesidad de ahondar la investigación en pos de individualizar a los autores del hecho que damnificara a D.O.P....”. Con fecha 9 de noviembre de 2011 los testimonios ingresaron a la Fiscalía de Instrucción nº 45 y, a partir de ese momento, la causa se encuentra en trámite. Se le recibió declaración testimonial a D.O.P. a fin que aportara mayores precisiones sobre el hecho denunciado y respecto del personal policial imputado. Asimismo, se libraron los oficios respectivos a los efectos de constatar la identidad de todos los efectivos policiales que habrían participado del procedimiento que diera origen a los hechos investigados. La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 31 con un dictamen fiscal, mediante el cual se solicita a su titular la realización de una rueda de personas a los efectos que P. reconozca a los presuntos autores del suceso. La causa nº 18.521/09 (Caso “A.”) tramita actualmente en la Fiscalía de Instrucción nº 21 en virtud de lo establecido en el art. 196 bis del CPP. Se investiga el delito de apremios ilegales del que fuera víctima J.A. e imputados varios efectivos policiales de la Comisaría 36ª. Esta Defensoría del Pueblo inició de oficio una actuación, a fin de investigar el supuesto hecho de violencia policial del que fuera víctima J.A. En el marco de dicha actuación, prestó declaración la señora R.G., madre de J. Concretamente expuso que a su hijo lo habían detenido policías de la Comisaría 36ª el día 29 de julio de 2009, oportunidad en la cual lo habrían insultado, golpeado y -asimismo- lo habrían obligado a subir al borde de la banquina en Avda. Perito Moreno y Avda. Castañares desde donde lo habrían empujado al vacío, cayendo de una distancia aproximada de seis (6) metros de altura. En el piso, los policías habrían continuado golpeándolo. Dijo que le habían lastimado la boca, le rompieron los dientes (perdió toda la dentadura) y el maxilar izquierdo. También denunció que en la Comisaría 36ª le habían informado a un abogado conocido que su hijo se encontraba a bordo de un rodado junto a once personas más y que al intentar darse a la fuga se había tirado desde el puente ubicado en Avda. Castañares. La señora G. radicó la denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad, iniciándose así, el día
15 de septiembre de 2009, la causa nº 18.521/09 por el delito de apremios ilegales (art. 144 bis. inc. 2º del Código Penal), contra personal de la Comisaría 36ª, en perjuicio de su hijo, J.A., interviniendo el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 7 y la Fiscalía de Instrucción nº 21. La causa se encuentra actualmente tramitando ante la Fiscalía mencionada en virtud de lo establecido en el art. 196 bis del CPP. Durante la instrucción se convocó a prestar declaración testimonial a los dos testigos del procedimiento, no habiéndose dado con el paradero de ninguno de ellos por lo cual, hasta la fecha, dichas declaraciones no han podido efectivizarse. También se escuchó en declaración testimonial a la médica de la ambulancia del SAME que concurriera al lugar de los hechos y trasladara a A. al nosocomio donde finalmente fue atendido. Asimismo, se convocó también al chofer de dicha ambulancia, quien hasta el momento no ha podido ser habido. Otras de las medidas ordenadas por la Fiscalía fue la remisión de la causa al Cuerpo Médico Forense con el objeto que se expidieran, de acuerdo a las constancias de autos, si al momento del hecho, J.A. se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y/o alcohol, así como también respecto del mecanismo de producción de las lesiones presentadas por el nombrado y secuelas que las mismas pudieran haberle dejado. Hasta la fecha sólo se han expedido respecto de la primera consigna. Con relación a las lesiones que sufriera A., destacaron la necesidad de examinar personalmente al nombrado por lo cual la Fiscalía autorizó su citación, pero hasta el momento no se ha logrado la comparecencia del nombrado, sin perjuicio de destacar que se han librado varias citaciones, pero no se ha acreditado en la causa que A. se hubiera notificado de las mismas. Cabe destacar que J.A. fue imputado en otro proceso por la sustracción del automotor en el que supuestamente fue encontrado el día de los hechos. Corren por cuerda de la causa nº 18.521/09 copias certificadas de aquel proceso (IPP030009-09), en las que se encuentra agregado un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense respecto de las lesiones que presentó A. al momento del examen (31 de julio de 2009). Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los
responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales23. En ese orden de ideas, el esclarecimiento judicial de aquellos hechos, debe estar precedido de una investigación eficaz, que implique celeridad, objetividad, transparencia y que garantice a aquellas personas víctimas de tales sucesos, un efectivo acceso a la justicia. No debe perderse de vista que la falta de investigación de los fiscales y los jueces propician la impunidad de estos abusos y, además, permiten que continúen sucediendo, concebidos como práctica institucional. Las actuaciones al margen de la ley de los efectivos policiales deben encontrar por ello en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales que el Estado ha asumido. Es desde esta óptica que esta Defensoría del Pueblo efectúa la compulsa de las causas penales en las que se investigan hechos de violencia y abuso policial. En anteriores pronunciamientos, esta Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia las falencias detectadas en causas penales cuyo seguimiento efectúa el organismo. Resulta necesario poner de relieve que la intención primordial de esta Defensoría del Pueblo es transmitir las observaciones realizadas por este organismo a fin que sean recogidas como un aporte constructivo en la tarea diaria de administrar justicia y, por sobre todo, para la adopción de medidas que resulten conducentes para facilitar el acceso a la justicia, en particular de las personas en condición de vulnerabilidad, quienes son, en la gran mayoría de los casos, víctimas de tales abusos. Los casos que se han desarrollado en el presente acápite resultan ilustrativos de las cuestiones apuntadas. En efecto, la causa nº 18.521/09 en la cual se investigan los hechos denunciados por la madre de J.A. lleva más de dos años de trámite sin que el estado procesal actual demuestre signos de un futuro avance en torno al esclarecimiento de los sucesos que se ventilan. Es de destacar que en aquella investigación se está tratando de dilucidar si las lesiones padecidas por A., al caer de aproximadamente seis metros de altura, fueron producto de un accionar de los efectivos policiales que participaron de su detención.
Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia del día 31 de enero de 2006. Serie C nº 140, párrafos 143.
Varios son los aspectos que merecen ser destacados. Esta Defensoría del Pueblo ha afirmado en ocasiones anteriores que en denuncias que involucran a policías los jueces parecieran demostrar falta de voluntad para investigar, condescendencia frente al uso indiscriminado de la fuerza, desprecio por el material convictivo, credibilidad automática de la versión policial, flexibilidad a la hora de aplicar criterios de justificación del obrar policial y ausencia de protección y respeto de los derechos de las víctimas y sus familiares. Asimismo, se ha sostenido que el patrón de conducta judicial suele agravarse cuando las víctimas son sospechadas de haber cometido algún delito. Basta esa circunstancia para que los jueces justifiquen la desproporción en el uso de la fuerza policial. La investigación judicial no debería reducirse al análisis de la conducta de las víctimas de la violencia policial. Así, se ha detectado que muchas veces aquellas personas que denuncian haber sido víctimas de violencia policial también han resultado imputados de algún delito, dándose así origen a dos causas penales diferentes pero que tienen el mismo punto de partida, la comisión de un hecho supuestamente ilícito que se le imputa a quien luego denuncia haber sido víctima de hechos de violencia cometidos por los efectivos policiales que participaron en el procedimiento. El caso de “A.” es bastante ejemplificativo al respecto, ya que el nombrado el día 29 de julio de 2009 se habría encontrado junto a otras personas a bordo de un auto que poseía pedido de secuestro por robo. Ese mismo día A. fue detenido24, se inició una causa en la que se le imputó la sustracción de aquel rodado, dándose intervención al Juzgado respectivo y con fecha 12 de febrero de 2010 fue condenado por el delito de robo simple. Adviértase no sólo que aquel proceso en su contra se sustanció con una marcada celeridad, sino que cuando su madre realizó la denuncia por el delito de apremios ilegales contra personal de la Comisaría 36ª, el Fiscal interviniente dictaminó en la causa solicitando al juez que se declarara incompetente y la remitiera al juzgado que entendía en el robo del automóvil por considerar que se trataría de “un acto defensista”. El magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción nº 7, en ese entonces el doctor Ramos Padilla, con buen tino entendió que resultaba prematuro y que previo a resolver esa cuestión debían realizarse una serie de medidas probatorias. Aquella decisión data del día 20 de octubre de
Cabe aclarar que A. fue hospitalizado por la gravedad de las lesiones que padecía, y permaneció por un prolongado tiempo internado, no obstante su situación era de detenido a disposición del Juez que intervino en aquel hecho que se le imputó.
2009. Más de dos años después, la investigación, a cargo de la Fiscalía, se encuentra orientada a establecer el mecanismo que habría producido las lesiones presentadas por A. y las secuelas que las mismas le habrían dejado en su cuerpo. Culpable o no culpable de un delito, A. tenía derecho a que su denuncia fuera investigada, derecho reconocido constitucionalmente. Investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación evidencian claramente una falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de considerable gravedad institucional. Garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia necesariamente implica una investigación con tiempos de duración prudenciales, imparcialidad y transparencia. No sería justo concluir el presente acápite sin mencionar actuaciones judiciales que merecen ser destacadas. En ese orden de ideas, corresponde mencionar el estado actual de la causa nº 29.500/09 en la que se investigan los hechos en los que perdieran la vida los jóvenes L. y B. En efecto, el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 24, a cargo del doctor Ramos Padilla, se encuentra actualmente entendiendo en aquella investigación y ha ordenado con una celeridad encomiable todas las medidas indispensables para el avance de aquella pesquisa. El magistrado, en primer término, separó de la investigación a la PFA. Asimismo, libró órdenes de allanamiento a efectuar en las Divisiones Balística y Laboratorio Químico de la PFA dada la gravedad del suceso investigado y la necesidad de corroborar la procedencia de las armas secuestradas que habrían estado supuestamente en poder de los jóvenes fallecidos. También ordenó la realización de una serie de pericias, destacándose la tendiente a analizar la compatibilidad de la dinámica del suceso afirmado por el imputado en su declaración espontánea, con los informes periciales llevados a cabo a partir de las improntas de bala constatadas en el lugar del hecho sobre la trayectoria de los proyectiles que las habrían generado. Otras de las medidas dispuestas fueron la constatación de impedimentos legales respecto de las armas secuestradas y el allanamiento a la Comisaría 12ª. Se convocó a prestar declaración testimonial al que sería, en principio, el único testigo de parte de los sucesos acontecidos y respecto del cual sólo se conocía su versión brindada ante la Comisaría que
previno en el hecho (12ª). Actualmente, la causa se encuentra en pleno trámite a la espera de los resultados de las pericias ordenadas. El caso “P.” fue analizado por esta Defensoría del Pueblo en la Resolución nº 2011/11, donde se destacó la actuación judicial en la causa en la que se investigaran los hechos que culminaron con la muerte de C.P. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que los hechos que damnifican a D.P., originados el mismo día de aquellos otros en los que perdiera la vida su hermano, recién fueron investigados dos años después de ocurridos, pese a que ni bien fueron denunciados se ordenó su inmediata investigación. El excesivo tiempo transcurrido posiblemente dificultara aquella tarea. Desconoce este organismo las razones por las cuales recién en el mes de noviembre de 2011 se inició efectivamente aquella investigación, más merece destacarse el esfuerzo evidenciado por la Fiscalía interviniente por obtener todas las probanzas necesarias para dilucidar lo que ocurrió aquel día, pese al tiempo transcurrido. En el caso, si bien se vislumbra una voluntad de investigación, se advierten patentes las deficiencias propias del sistema judicial. Por otro lado, cabe mencionar que esta Defensoría del Pueblo tuvo oportunidad de colaborar con la Procuración General de la Nación en la elaboración de “Reglas mínimas de actuación del Ministerio Público Fiscal para la investigación de lesiones y homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”. Corresponde destacar también en el presente acápite que dichas reglas fueron aprobadas bajo Resolución PGN nº 114/11 de la Procuración General de la Nación. Dicha herramienta resulta un aporte valiosísimo para la labor de los fiscales en pos de la detección de situaciones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Al respecto, esta Defensoría del Pueblo ha comenzado a efectuar un seguimiento sobre la aplicación de dicho protocolo en las causas que compulsa. En este mismo sentido, la creación de la Policía Metropolitana y el nuevo marco instituido a raíz de las sucesivas transferencias de competencias penales efectuadas por convenios parciales y por ley del Congreso Nacional, ponen de relieve la necesidad de desarrollar protocolos de actuación en el sistema judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
investigación de lesiones y muertes cometidas por miembros de la fuerza de seguridad local. La actuación nº 644/12 fue iniciada de oficio con el objetivo de evaluar la implementación de tal instrumento. También resulta oportuno destacar el trabajo realizado por la Defensoría General de la Nación con la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras Formas de Violencia Institucional. Los primeros datos estadísticos producidos por la Unidad de Registro mencionada, que entró en funciones el día 1º de marzo de 2011, están compuestos por los hechos informados, de manera obligatoria, por los defensores públicos oficiales de todo el país cada vez que toman conocimiento de una situación susceptible de registro. El universo de hechos informados abarca los espacios de detención, como comisarías de la PFA, cárceles federales, etc. como así también, los hechos ocurridos en la vía pública y cometidos por algún integrante de las fuerzas de seguridad de la Nación. Todo ello con el objetivo de lograr una más eficaz prevención de la tortura y los malos tratos por parte de agentes estatales. Finalmente, cabe consignar que la labor que desarrolla esta Defensoría del Pueblo ha tenido recepciones disímiles en los juzgados y fiscalías en los que se presenta: desde aquellos que han efectuado una valoración positiva del trabajo realizado accediendo a la solicitud de vista formulada e, incluso, poniendo a disposición del organismo -con las reservas correspondientes- otras causas en trámite en las que se investigaban casos de violencia policial, hasta aquellos que por intermedio de empleados que desconociendo mínimas reglas de educación y cortesía han increpado con malos modos al personal de esta Defensoría del Pueblo en la mesa de entradas negando la vista solicitada25. La colaboración de los magistrados al permitir la vista solicitada es un aporte valiosísimo para la misión de este organismo, conforme todo lo expuesto a lo largo de la presente Resolución. Se estima conveniente, por ello, poner esta situación en conocimiento del señor Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y del señor Procurador General de la Nación a fin que evalúen la posibilidad de informar a los jueces y fiscales del fuero sobre la labor que desarrolla esta Defensoría del Pueblo en el entendimiento de que ello contribuirá a la adopción de decisiones receptivas ante las presentaciones efectuadas por este organismo. 6.- Conclusiones
No es intención de esta Defensoría del Pueblo entorpecer de modo alguno la labor jurisdiccional y, por ello, estima prudente la decisión que adoptaran algunos jueces que, al amparo de lo dispuesto en el art. 204 del CPP negaron la vista solicitada en los primeros momentos de la investigación.
Esta Defensoría del Pueblo, desde su creación, vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las fuerzas de seguridad, de conformidad con el art. 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus leyes reglamentarias. Sozzo sostiene, al analizar el rol de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Santa Fe como mecanismo de control de la actividad policial, que el funcionamiento de esta institución “...brinda un punto de partida para pensar en las diferentes posibilidades futuras de articular en su contexto político y cultural una ‘ombudsman solution’ en materia de control de la actividad policial... es posible y necesario pensar en algunas recomendaciones dirigidas a consolidar en el futuro, la DP como una ‘sombra constante’ de la actividad policial...”. En una primera instancia de este informe se realizó una aproximación a las competencias en materia de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en consideración la adhesión de la Ciudad a la Ley de Seguridad Interior. En este marco, se ha resaltado la falta de coordinación y articulación, por cierto necesaria, entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y sus políticas implementadas en el ámbito de la Ciudad con el sistema de seguridad pública del Gobierno local. Esta falta de cooperación entre los organismos, como así también la inexistencia de marcos normativos operativos y habilitadores de instancias de coordinación, permite concluir que estas dos jurisdicciones instrumentan sus políticas en materia de seguridad de forma independiente una de otra, sin estrategias conjuntas. Atento lo expuesto, es imprescindible la confección de convenios de coordinación en materia de seguridad pública y policía y sus correspondientes protocolos de actuación que permitan y faciliten un trabajo de complementariedad y racionalidad a la hora de la asignación de recursos entre la PFA y la Policía Metropolitana. Sin embargo, y pese a los avances y logros a los que se hiciera referencia en la presente, continúan registrándose en la Ciudad hechos de violencia policial, perpetrados en la mayoría de los casos contra personas en situación de alta o extrema vulnerabilidad social, los cuales entrañan responsabilidad institucional. Sabido es que la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en una sociedad democrática. Al mismo tiempo, el abuso de autoridad policial
en el ámbito urbano se ha constituido en uno de los factores de riesgo para la seguridad individual. Los derechos humanos como límites al ejercicio arbitrario de la autoridad constituyen un resguardo esencial para la seguridad ciudadana al impedir que las herramientas legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todos, sean utilizadas para avasallar derechos. Por ello, esta Defensoría del Pueblo evalúa las políticas de seguridad implementadas en el ámbito de la Ciudad desde una perspectiva de respeto y garantía de los derechos humanos. Siete de los casos analizados revisten una gravedad extrema y esta Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo el seguimiento de las respectivas causas judiciales a fin de tomar conocimiento si hubo en esos casos un uso excesivo o ilegal de la fuerza por parte de los efectivos policiales intervinientes. Ello pone en evidencia la necesidad de avanzar en el análisis del uso de la fuerza por parte del personal policial, estudiar las herramientas normativas, fortalecer las capacitaciones dadas, generar información sistemática, válida y confiable sobre el uso de la fuerza policial y confeccionar protocolos de actuación específicos. Resulta necesaria una política precisa al respecto que apunte a un gobierno racional y efectivo del uso de la fuerza policial. Resulta necesario desarrollar nuevos mecanismos de control de la actividad policial. Los actores comprometidos con la democratización de la institución policial y de las políticas de control del delito deben avanzar en esta dirección en tanto resulta fundamental para hacer de los derechos humanos el objeto y límite de las mismas.
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE: 1) Poner la presente Resolución en conocimiento del Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Enrique Rubén Capdevila, exhortando se adopten las medidas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos
descriptos y para evitar que en el futuro se repitan las prácticas policiales descriptas. 2) Poner la presente Resolución en conocimiento del Jefe de la Policía Metropolitana, don Horacio Alberto Giménez, exhortando se adopten las medidas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos descriptos y para evitar que en el futuro se repitan las prácticas policiales descriptas. 3) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Celia Garré, a los efectos que estime corresponder. 4) Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Guillermo Tristán Montenegro, a los efectos que estime corresponder. 5) Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador Diego César Santilli, a los fines que estime corresponder. 6) Poner la presente Resolución en conocimiento del Procurador General de la Nación, a los fines que estime corresponder, en especial respecto de lo señalado en el acápite 5.- de la presente. 7) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Defensora General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, a los fines que estime corresponder. 8) Poner la presente Resolución en conocimiento del Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, doctor Gustavo Alfredo Bruzzone, a los fines que estime corresponder, en especial respecto de lo señalado en el acápite 5.- de la presente. 9) Poner la presente Resolución en conocimiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Luis Francisco Lozano, a los fines que estime corresponder.
10) Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputada Gabriela Alegre, a los fines que estime corresponder. 11) Poner la presente Resolución en conocimiento del Presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputado Martín Ocampo, a los fines que estime corresponder. 12) Poner la presente Resolución en conocimiento del Presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputado Alejandro García, a los fines que estime corresponder. 13) Notificar, registrar, reservar oportunamente, archivar. Código 462 rn/cac/alo car/ep/cm/sb/SU gv./D/LDS en el Area para su seguimiento y
RESOLUCION Nº 1135/12
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IPCBA mayo 2016.pdf
EIL Anexo Estadistico Junio 2016
5045519 a 01
CC_14 (1)

References: Resolución 
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 artículo 4

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