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Timestamp: 2019-10-15 12:24:12+00:00

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STS, 6 de Febrero de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 53686105
STS, 6 de Febrero de 1992
Número de Recurso: 5774/1989
Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 1992
En la Villa de Madrid, a seis de Febrero de mil novecientos noventa y dos.
En el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por el procesado Rodrigo , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que le condenó por delitos de falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Gómez de la Serna.
- El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva instruyó sumario con el número 5 de 1.988 contra Rodrigo , y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Huelva que, con fecha 9 de octubre de
1.989, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado: PRIMERO RESULTANDO:"probado y así se declara, que Rodrigo libró en Huelva con fecha 20 de abril de 1.982 y vencimiento 20 de junio del mismo año una letra de cambio por importe de 63.500 ptas. contra Rosendo , que había actuado de intermediario en el negocio de compraventa de vehículos del primero. En el lugar reservado para la firma del aceptante figuró Rodrigo la de Rosendo y descontó la letra en el Banco de Promoción de Negocios S.A., quien abonó su importe en la cuenta de Rodrigo . La cambial resultó impagada a su vencimiento y el Banco tenedor de la misma instó juicio ejecutivo contra Rosendo , seguido en el Juzgado número uno de esta ciudad con el nº 161/1984, en que se dictó sentencia de remate el 25 de febrero de 1.986 , cuya ejecución se encuentra suspendida por el proceso penal".
"Que condenamos al acusado Rodrigo como autor responsable de un delito de falsedad a las penas de siete meses de prisión menor y multa de 40.000 pesetas o arresto sustitutorio de 20 días en caso de impago, y como autor de un delito de estafa a la pena de dos meses de arresto mayor, a las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas y a que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, abone al Banco de Promoción de negocios la cantidad de 63.500 ptas. y al pago de las costas procesales.-. Reclámese del Instructor la pieza de responsabilidad civil terminada conforme a derecho".
- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley, por el procesado Rodrigo , que se tuvo por anunciado , remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente formalizó su recurso alegando como motivo UNICO: Infracción de ley al amparo del nº 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación al artículo 24.2 de la Constitución , principio de presunción deinocencia, al haber cometido la sentencia recurrida error en la apreciación de la prueba.
- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiese.
- Hecho el señalamiento ha tenido lugar la votación y fallo prevenidos el tres de febrero pasado.
Al amparo del nº 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia infracción del artículo 24.2 de la Constitución , "al haber cometido la sentencia recurrida error en la apreciación de la prueba, dada la inexistencia absoluta de actividad probatoria de cargo realizada tanto en la instrucción, como, fundamentalmente, en el acto del juicio oral".
En la fundamentación del motivo, dice la parte recurrente que el Sr. Rodrigo , por determinadas circunstancias, había tenido que cerrar su negocio y perdió el control administrativo de la empresa. Y, afirma seguidamente que el denunciante jamás imputó al recurrente la autoría de la presunta falsificación y que el pretendido informe pericial obrante en las actuaciones nunca fué ratificado, sin que el procesado haya reconocido ser el autor de la supuesta falsificación.
El atento examen de los autos permite comprobar los siguientes extremos de interés, en relación con la vulneración denunciada:
Don Rosendo denunció ante el Juzgado de Instrucción que había sido demandado en juicio ejecutivo promovido por el Banco de Promoción de Negocios, S.A., en méritos de una letra de cambio en la que "aparece una firma en el acepto, que no es la del declarante", añadiendo que hacía unos siete años que había estado trabajando con Rodrigo y que, tras la citación de remate, ha ido a hablar con él, "quien le ha manifestado que carece de dinero para hacer efectiva la letra, y que si quería denunciar el caso que viniera al Juzgado" (folio 1).
El hoy recurrente declaró ante el Juez de Instrucción que reconocía la firma del librador de la letra de cambio como la suya, "mas la del acepto no sabe de quien es, ni quien haya podido estamparla", añadiendo que tenía un empleado llamado Manolo ("y del que no recuerda más datos"), que era el encargado de rellenar las letras y cree que se trate todo de una confusión (folio 27).
El perito Don Luis Manuel dice que la firma que aparece en la aceptación de la letra de cambio, no ha sido puesta por Don Rosendo ; y que existen indicios racionales para estimar que ha sido puesta por D. Rodrigo (folio 35). Por su parte la Sección de Criminalística del Gabinete Central de Identificación informa también que la firma dubitada no ha sido realizada por Rosendo , y que, con ciertas reservas, se estima que la firma del acepto de la cambial ha sido efectuada por Rodrigo (folio 50). Y, d) El Sr. Luis Miguel , de la Asesoría Jurídica del Banco de Promoción de Negocios, en carta dirigida al Juzgado, dice que, según se desprende de los documentos que obran en su poder, la letra de cambio de autos "fué presentada en el Banco de Promoción de Negocios, oficina de Huelva, para su negociación por el propio librador, siendo descontado su importe".
Según la doctrina jurisprudencial sobradamente conocida, y que, por ello, hace innecesaria cualquier cita concreta, la presunción de inocencia pude ser desvirtuda, tanto mediante prueba directa como por medio de prueba indirecta, siempre, en cuanto a ésta, que los indicios estén debidamente probados y partiendo de ellos se pueda llegar a la convicción de culpabilidad a través de un razonamiento lógico y acorde con las enseñanzas de la ciencia y de la experiencia, que el Tribunal de instancia deberá explicitar.
En el propio ámbito jurisprudencial, procede destacar tambièn:
) Que, según declara la sentencia del Tribunal Constitucional nº 24/1991, de 11 de febrero , las pericias practicadas necesariamente con anterioridad a la celebración del juicio, e incluso con antelación al inicio del proceso "lato sensu" entendido, constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez si no son impugnadas por ninguna de las partes y son aportadas al acervo de las diligencias. Y, 2º) Que, según ha declarado esta Sala, la cuestión del valor probatorio de los informes periciales practicados en el sumario y su aptitud para destruir la presunción de inocencia, cuando los peritos no han comparecido durante el juicio oral para declarar sobre el contenido de la pericia, ha sido resuelta por la jurisprudencia con la conclusión afirmativa, a efectos de su valor probatorio, si tales informes han sido incorporados al proceso de forma tal que resulten respetados los principios de inmediación, contradicción y oralidad.Por cuanto tales informes constituyen verdaderos documentos, dado que se trata de escritos que expresan el contenido de un pensamiento y por tanto, al no tratarse de hechos que se apoyen en la percepción de una sola persona, ello hace innecesaria la presencia ante el Tribunal de quienes lo han emitido, si además la defensa ha dispuesto de tiempo más que suficiente para preparar la contradicción; y si habiendo sido llevados los mencionados informes al juicio oral y público, no se formuló protesta alguna por la parte que pudo contradecirlo -bien convocando al perito informante al juicio oral, o bien formulando la contra- prueba procedente-, ha de admitirse en consecuencia que los mencionados informes adquieren plena validez probatoria, sin merma alguna de los derechos fundamentales (vid. sentencia 12 de noviembre de 1.990 ).
A la vista de todo lo dicho, es patente que el Tribunal de instancia (que razona su convicción en el primero de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida) ha dispuesto de prueba bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, que inicialmente amparaba al hoy recurrente. De un lado, ha dispuesto del testimonio del denunciante - supuesto aceptante de la letra de cambio librada por el acusado-, que ha negado terminantemente haber firmado el acepto; de otro, de las declaraciones del propio acusado, que admite haber librado la letra y no da una explicación satisfactoria de cómo ha sido firmada la aceptación de la misma, ni consignado el nombre del denunciante como "librado" (su alusión a un supuesto empleado llamado "Manolo", del que no facilitó dato alguno, ni propuso como testigo, es verdaderamente inconsistente). Los informes periciales obrantes en autos - que no han sido impugnados en forma algunaafirman, claramente, que el denunciante no firmó el acepto de la letra, y que existen indicios de que la correspondiente firma ha sido puesta por el propio acusado. Finalmente, el Banco donde se descontó la repetida letra dice que la misma fué presentada para su negociación, en la oficina de Huelva, por el propio librador.
Con tales elementos de prueba, no cabe tildar de ilógica, ni de arbitraria, la conclusión a que ha llegado el Tribunal de instancia (vid. artículos 1253 del Código Civil y artículo 9.3 de la Constitución). En conclusión, el motivo examinado carece de fundamento y no puede prosperar.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley interpuesto por Rodrigo , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva de fecha 9 de octubre de 1.989 en causa seguida al mismo por delitos de falsedad y estafa. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida del depósito constituído al que se dará el destino previsto por la Ley. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Luis-Román Puerta Luis , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
SAP Cádiz 164/2006, 1 de Septiembre de 2006

References: artículo 849
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 24
 artículo 9
 resolución