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Timestamp: 2018-10-20 16:07:24+00:00

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Apuntes de clase - Apuntes de Derecho - Docsity
mon1308 13 de enero de 2018
Apuntes de clase, Apuntes de Derecho. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Prof. Rocío Zafra
Asignatura: sistema judicial español, Profesor: Rocío Zafra, Carrera: Derecho + Ciencias Políticas, Universidad: UC3M
El conflicto y sus modos de solución
Partimos de la base que el derecho regula las relaciones sociales, pero cuando estas relaciones entran en conflicto el derecho no aporta la solución, sino que el Estado proporciona los mecanismos necesarios para solucionar el conflicto. Conflicto es una divergencia, una misma realidad con puntos de vista diferentes. Se pueden entender como algo negativo, sin embargo, se debe entender algo positivo porque puede enriquecer la relación. Jurídicamente, para que exista un conflicto es necesario un choque entre una pretensión (parte actora, la que realiza una serie de alegaciones sobre el menoscabo de un derecho) y una resistencia (las alegaciones opuestas a las alegaciones de la parte actora).
Los tipos de conflicto dependen de la relación en la que se base. Los conflictos penales son diferentes porque salen de la disponibilidad de las partes. El castigo es exclusivo del Estado. Desde e punto de vista subjetivo los conflictos pueden ser interpersonales, intersubjetivo, grupales. Modos de afrontar el conflicto:
Evitativo: evitar el conflicto Acomodación: ve el conflicto pero se acomoda a la situación Confrontación: es el más agresivo Compromiso: se intenta llegar a la solución a través de la cesión de intereses. Colaborador: ve los intereses de los demás y no los del propio
El derecho nos reconoce tres grandes modos de solucionar los conflictos:
Autotutela Ley de Talión. Se infringe el mismo daño que la persona había sufrido (ojo por ojo y diente por diente). En un Estado Social, de Derecho y Democracia esto no ocurre. Existen algunos puntos en los que es posible la autotutela, la imposición por la parte más fuerte del conflicto: en el ámbito civil (ramas de un árbol o enjambre de abejas); en el ámbito penal (legítima defensa y estado de necesidad); ámbito laboral (huelga y cierre patronal). Es la imposición coactiva de una solución por una de las partes litigantes sobre la otra.
Autocomposición Los métodos se rigen bajo el principio de libre disposición (los derechos objeto de conflicto son totalmente disponibles por las partes). Se concreta en la renuncia total o parcial a las posiciones defendidas inicialmente, lo que al propio tiempo puede indicar el reconocimiento de los derechos de la parte contraria; por tanto uno o ambos contendientes ceden voluntariamente en sus iniciales pretensiones, y de ese modo queda pacificado el litigio. Las partes ceden todo o parte de sus derechos para llegar a la resolución del conflicto.
Unilaterales: Renuncia: Abandono total tanto del derecho de acción como del material, por considerarse infundada la decisión; supone el efecto de reconocimiento de cosa juzgada. Proviene de la parte actora y tiene que ser lícita -ni violencia ni intimidación-, puede ser expresa o tácita, si es necesario en el procedimiento judicial la asistencia del procurador, es necesario que este procurador tenga poderes especiales para pleitos. Allanamiento: proviene de la parte demandad y supone el reconocimiento parcial o total de las pretensiones de la parte actora.
Desistimiento: Abandono temporal del derecho de acción (nunca del derecho material). Se puede volver a iniciar el procedimiento judicial. Se necesita el consentimiento de la parte demandada: 1. porque paraliza la prescripción de un derecho; 2. los derechos que pueden ser afectados por la parte demandada. Transacción: la cesión recíproca de pretensiones o alegaciones, van sucediendo intereses de las partes SIN intervención de terceros. Las partes llegan a un acuerdo y tiene que ser homologado, es decir, ser plasmado en una sentencia.
Intervención de terceros El tercero interviene inter partes, es decir, en la misma posición de las partes. En ningún caso va a poner solución ni la va a proponer, lo único que hace es acercar posturas para que las partes lleguen a un acuerdo. Los métodos son la mediación y la conciliación. Los principios son: la voluntariedad (las partes tienen que ir voluntariamente a los procedimiento de mediación y conciliación); ppio de confidencialidad (las partes no pueden utilizar ningún tipo de información que se haya sacado del procedimiento); ppio de imparcialidad (el tercero tiene que ser ajeno a las partes y al objeto). Conciliación. Se produce antes del proceso con la participación del juez. Se acercan posturas para evitar el proceso. El juez ofrece un abanico de posibilidades para tratar de llegar a un acuerdo. El juez no impone la resolución. Se genera un auto homologando. La conciliación está regulada en el procedimiento laboral. Mediación. Las partes llegan a un acuerdo por sí mismas, pero a través de la participación de un tercero, el mediador, que se encuentra al mismo nivel de las partes. Es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Se caracteriza por la imparcialidad del mediador, la voluntariedad de las partes, la confidencialidad (el mediador no puede ser testigo en proceso) y es igualitario. En muchas mediaciones no se consigue acuerdo pero mejora las relaciones entre las partes y luego se llega a acuerdo. La mediación puede ser intrajudicial o extrajudicial.
Heterocomposición Tercero situado supra partes. Impone la solución del conflicto. Un tercero ajeno al proceso, por encima de las partes (suprapartes), impone la resolución del conflicto.
Proceso Judicial: Se puede someter cualquier tipo de conflicto. Tenemos una primera instancia y una segunda, se llega a ellos a través de recursos. Cuando el órgano judicial resuelve, tiene la potestad de hacer efectuar la sentencia. De forma coactiva puede hacer ejecutar. Sentencia firme: tienen efecto de cosa juzgada
Arbitraje: La potestad para resolver el conflicto se la dan las partes a través del consentimiento que prestan. Solo pueden ir conflictos que versen sobre derechos indisponibles (no se puede llevar materia penal, matrimonio, etc.). No es posible una instancia superior, es decir, si una de las partes no está conforme con la solución no puede recurrir. Laudo: tiene efecto de cosa juzgada
1.2 Potestad jurisdiccional y las funciones de la jurisdicción
Potestad jurisdiccional = JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO (potestas + imperium) Potestad de decisión (decir derecho), la potestad de emitir resoluciones que compongan de
modo definitivo e irrevocable el conflicto, de modo que se dé la razón en todo o en parte a alguno de los litigantes.
Potestad de coerción (ejecutar lo resuelto) Porestades instrumentales: De aseguramiento De documentación: los órganos jurisdiccionales dejan constancia de las actuaciones con
eficacia erga omnes por medio de las actas, las diligencias y notas.
De ordenación: los Juzgados y Tribunales conforman su propia actuación y la intervención de las partes y de todos cuantos hayan de participar en el proceso. Para ello tienen la capacidad de impulsar el procedimiento, debiendo ordenar la secuencia de las actuaciones judiciales.
Funciones de la jurisdicción 1. Tutela de los derechos de los ciudadanos (non liquet). Una de las grandes claves de la CE ha estado en el art. 24.1 cuando reconoce el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva. Así pues, corresponde a la jurisdicción salvaguardar el ámbito de actuación y desarrollo que el ordenamiento jurídico reconoce a los diferentes sujetos de derecho, amparando a todos en el goce y disfrute de sus derechos subjetivos y de sus intereses legítimos, tanto individuales como los colectivos (art. 7.3 LOPJ), es decir, una función de satisfacción de pretensiones y resistencias, y con eso, de protección de los intereses materiales que aquellas reflejan.
2. La defensa de la ley y el control normativo (control negativo) La tutela de los derechos de los ciudadanos se hace tomando como única referencia el ordenamiento jurídico, porque los jueces y magistrados están sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE), y en ese sentido la actividad jurisdiccional comprende la función de interpretación y aplicación del derecho en ultimo termino, con carácter definitivo e irrevocable, que se les atribuye en exclusiva. Es función de la jurisdicción garantizar que las actuaciones de todos cuantos intervienen en el trafico jurídico se realice bajo el imperio del derecho. Esta función de control de la legalidad que corresponde a la jurisdicción ha sido reforzada por la CE, al disponer que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (art. 106.1). En la misma línea la LOPJ, establece que los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa (art. 6). Se trata de un control negativo.
3. La creación judicial de derecho Tribunal Constitucional (fuente directa). Control positivo. Sentencias interpretativas.
Sin embargo, junto a este control negativo, que es el mismo que se encomienda a los tribunales ordinarios en defensa de la ley, el Tribunal Constitucional llega a utilizar en alguna ocasión un mecanismo de carácter positivo, de pura creación de normas, a través de las llamadas sentencias interpretativas de constitucionalidad, por medio de las cuales el Tribunal fija una sola interpretación posible de la ley, de forma que todas las demás no serían conformes con la Constitución. De ese modo, se crea de facto una norma jurídica.
Tribunal Supremo (fuente complementaria) Junto con ello, en la jurisdicción ordinaria se encomienda al Tribunal Supremo el cometido de realizar una «formulación jurisdiccional del Derecho», que puede convertirse en una verdadera «creación jurisdiccional del Derecho». De acuerdo con el art. 1.6 del CC, la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de forma reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
TEMA 2. EL PODER JUDICIAL: PRINCIPIOS Y GOBIERNO
El principio de unidad jurisdiccional En nuestro estado actual, que existe la división de poderes, el poder judicial está integrado por un cuerpo de funcionarios (jueces y magistrados) que es único que ostenta en exclusiva el monopolio de la potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional es la suma de la potestad y e imperio. El instrumento que utiliza el Estado para ejercer la potestad jurisdiccional es el proceso judicial.
El principio de unidad jurisdiccional supone que los órganos judiciales poseen en su totalidad la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar) la tiene de manera ÚNICA e INDIVISIBLE, los órganos judiciales y tribunales, jueces y magistrados.
Solo hay una ley que regula la potestad jurisdiccional, la LOPJ que también recoge el estatuto de los jueces y magistrados. Hay un único cuerpo de jueces y magistrados. La CE prohíbe los tribunales especiales (excepciones: tribunales militares, eclesiásticos, constitucional, de cuentas, del jurado), aquellos que no tienen las características necesarias. Además también encontramos el Tribunal de de las aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de hombre buenos de Murcia. Las excepciones no afectan al principio de unidad, hay ciertas garantías.
La jurisdicción militar se aplica únicamente en el ámbito castrense, solo con carácter sancionador. En principio, la jurisdicción militar tiene su propio organigrama, dicta sentencia en nombre del rey y los tribunales militares dependen del Ministerio de Defensa. Los tribunales que no están integrados en el poder judicial son:
Tribunal Constitucional. Es una instancia independiente que vela por el cumplimiento de la Constitución, para lo que conoce la cuestión y recurso de constitucionalidad.
Tribunal de cuentas. Fiscaliza las cuentas. Tribunales supranacionales. De instancias europeas. Hablamos del tribunal de justicia
europeo, la CPI, etc. Tribunales consuetudinarios. Tribunal de los hombres buenos de valencia. No hay jueces,
sino regantes. En Avilés, está el Tribunal de los pescadores.
El órgano superior jerárquico común de todos los órdenes jurisdiccionales es el Tribunal Supremo.
La existencia de diferentes órdenes tampoco rompe este principio. Tenemos cuatro órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y social. Todos estos órdenes están representados en el Tribunal Supremo. Cada uno de los órdenes jurisdiccionales tiene diferentes leyes procedimentales diferentes, y esto tampoco rompe la unidad del sistema jurisdiccional.
Los juzgados especializados son juzgados de una determinada clase que se especializan en una cosa. Como por ejemplo los juzgados de familia
Principio de exclusividad jurisdiccional El Estado tiene el monopolio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado). Existen dos vertientes de este principio:
Positiva: ni poder legislativo ni poder ejecutivo tienen la potestad jurisdiccional, es decir, solo jueces y magistrados solo poseen la potestad jurisdiccional. Sin embargo, hay ciertas excepciones: la autotutela ejecutiva (expropiaciones forzosas, desahucio administrativo, ejecutar por medio de la fuerza los actos); la potestad sancionadora de la AP (por ejemplo, una multa), ante determinados actos la AP tiene potestad de sancionarlos siempre que estén previstos por ley y no suponga una privación de la libertad; como última excepción encontramos las comisiones de investigación (las pueden hacer tanto el Congreso como el Senado, no vincula al órgano judicial) y los tribunales eclesiásticos (resuelven y ejecutan los divorcios canónicos)
Negativa: supone que los jueces y magistrados sólo podrán desarrollar potestad jurisdiccional, su única función es juzgar y hacer ejecutado salvo aquellas previstas por ley en garantías de derecho. Estas excepciones son el registro civil (ley 11/2017 viene encomendado a juzgados de primera instancia), investigación penal (ha habido dos intentos de modificarla (ley de 1882). Los que realizan la investigación son los jueces de instrucción), jurisdicción voluntaria (aquel caso que necesita la intervención de un órgano jurisdiccional pero no existe confrontación entre las partes), otras funciones (conciliaciones en el ámbito civil, inspecciones en las juntas electorales, etc.).
Consejo General del Poder Judicial 26/09/17
Es un órgano constitucional que se encuentra en la cúspide de uno de los tres poderes del estado, poder judicial. El CGPJ debe garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Le corresponde la regulación del ingreso en la carrera judicial, el sistema de ascensos en la carrera judicial, l ainspección de juzgados y tribunales y el ejercicio de la potestad disciplinaria. Hay parte de la doctrina que piensa que este CGPJ no puede garantizar esta independencia:
porque no tiene la suficiente competencia para crear o dotar de personal a órganos nuevos, el CGPJ tiene que decir cuales son las necesidad y el ejecutivo atendiendo a estas necesidad (o no) actuará;
porque la comunidad autónoma o el gobierno central es el que asume las competencias sobre el personal jurisdiccional;
porque el CGPJ no tiene presupuesto propio, es decir, no puede manejar su presupuesto propio.
El CGPJ sufrió una gran reforma que no entró en vigor hasta que se ha elegido el nuevo Consejo General del Poder Judicial.
Todas las decisiones tienen carácter supremo y se deciden con mayoría simple, salvo lo que se disponga en la ley. Otra de las cuestiones fundamentales es que los vocales del CGPJ no tendrán dedicación exclusiva al consejo. Se crea el promotor de la acción disciplinaria, es el instigador para que se inicien los expedientes disciplinarios para conocer de las faltas que hayan cometido de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Todos los vocales tienen el deber inexcusable para acudir a los plenos.
El CGPJ se compone por un presidente y 20 vocales. Los vocales los eligen las cámaras (por mayoría de 3/5): 10 el CD y 10 el senado; en cada cámara 6 van a ser elegidos por el turno judicial de jueces y magistrados en activo y los otros 4 son juristas de reconocido prestigio con de 15 años de profesión. Turno judicial: Se convocan elecciones al CGPJ y los candidatos (jueces y magistrados en activo) presentan su candidatura, tiene que ir respaldada por 25 avales de jueces y magistrados en activo o por una asociación judicial. Cada juez y magistrado puede avalar a 12 jueces. Dentro del turno judicial pueden haber 2 magistrados del TS, 4 magistrados y 6 jueces
Una vez son nombrados por RD vocales de CGPJ prestan promesa o juramento y ya asumen la función de vocal del CGPJ. Los vocales seguirán ejerciendo su labor y solo cuando son llamados al pleno se dedican exclusivamente a eso.
Una vez tenemos los vocales se reúnen en el primer pleno y propone al presidente del TS (que es el mismo que el presidente del CGPJ) por mayoría de 3/5. Ese presidente tiene que ser un magistrado del TS o un jurista de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio profesional. No está integrado en el pleno.
El vicepresidente obligatoriamente tiene que ser magistrado del TS, propuesto por el presidente.
El pleno selecciona a los jueces y magistrados que empiezan en la escuela, eligen a los magistrados del TS, dicta las sanciones de separación de la carrera judicial, etc. Como tienen mucho volumen de trabajo se dividen en comisiones. Son 4 comisiones:
Permanente: vocales dedicación exclusiva por un año. Compuesta por el Presidente (los 5 años), por 4 vocales pertenecientes al turno judicial y 3 pertenecientes al turno de juristas. Es la más importante y se ocupa de todas las competencias que no sean atribuidas por la propia ley al resto de comisiones. Además, prepara el orden del día que será visto por el pleno. Aquellos vocales que se dedican a esta comisión (5 más el presidente) tendrán vocación exclusiva a su función de vocal (los únicos que cobran por ser vocal) durante un año, pues se renueva anualmente y todos los vocales van rotando por esta comisión.
Disciplinaria: se encarga de imponer las sanciones graves o muy graves. Se encarga de ejercer la potestad disciplinaria. Incluye la creación de un nuevo agente que no es parte del pleno, el promotor de la acción disciplinaria (magistrado que inspecciona y califica las faltas de los jueces). Esta comisión disciplinaria dura 5 años. Calificar los hechos es subsumirlos en un tipo legal. Esta comisión no se pronuncia sobre los casos más graves que conlleva separación del cargo, sino que se remite al pleno. No se renueva anualmente.
Igualdad: promover la igualdad en la carrera judicial De asuntos económicos: tiene poca competencia porque en muchas ocasiones ya está dada
la partida presupuestaria. Se encarga de establecer el presupuesto anual con ciertos márgenes de independencia. Cada vez que elaboran el presupuesto deben participar desde 0. Afirma que el CGPJ está sujeto al Tribunal de Cuentas, a Hacienda y demás leyes de estabilidad económica.
NIVEL 1. Hay dos salas de gobierno Tipo 1: sala Tribunal supremo y la sala Audiencia Nacional. Se componen por el presidente
del órgano, los presidentes de sala de TS y un número de magistrados igual al anterior Tipo 2: 17 salas Tribunal superior de justicia. Se compone por el presidente del tribunal
superior de justicia, los presidentes de las salas del tsj , el presidente de la audiencia provincial y un juez o magistrado
NIVEL 2. Los presidentes de los órganos judiciales colegiados (TS, TSJ, AN, AP), son nombrados por el CGPJ por un periodo de 5 años y ejercen su profesión en los órganos de su territorio
NIVEL 3. Presidentes de Sala. Por méritos. Están los Decanos (se elige por mayoría de 3/5 cuando hay más de 10 juzgados), el decano es el representante de los jueces ante los poderes públicos. Los jueces se pueden reunir en juntas generales para tratar temas de interés común que no van a ser llevados a la sala de gobierno.
TEMA 3. LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS
Diferenciamos tanto el territorio territorial como el material de la creación de los órganos judiciales. Además vamos a ver los tipos de juzgados que hay. La primera diferencia es:
Órganos unipersonales: cuya potestad jurisdiccional recae sobre una única persona Órganos colegiados: la función jurisdiccional la realizan como mínimo 3 magistrados que
actúan bajo el principio de colegiación con las mismas competencias.
Ámbito territorial: No se divide la potestad jurisdiccional sino la función de conocer determinados asuntos
Municipio: se corresponde con la demarcación administrativa, el partido judicial que sería la unión de municipios limítrofes entre sí pertenecientes a una misma provincia. En cada partido judicial existirá un cabeza de partido judicial (estos son los juzgados de instrucción, de violencia sobre la mujer y los de primera instancia
Por órdenes jurisdiccionales: Civil: El que menos territorio tiene es el juez de paz, es una persona propuesta por el pleno
gobierno y elegida por la sala del gobierno el TSJ por un periodo de 5 años y va a tener las garantías de inamovilidad, independencia, responsabilidad, sumisión al imperio de la ley. En el orden civil el juez de paz tiene el conocimiento cuyo objeto procesal no exceda de los 90€ y las funciones delegadas del registro civil.
Juzgado de primera instancia. Conoce de todos los procesos civiles que no hayan sido atribuidos al juez de paz, conoce el recurso contra las sentencias del juez de paz, tiene encomendad las funciones del registro civil.
Sección civil de la audiencia provincial. Tiene encomendados el conocimiento de los recursos ordinarios contra las resoluciones dictadas contra el juzgado de primera instancia. Se divide en secciones orgánicas (que a su vez se pueden dividir en secciones funcional)
Tribunal Superior de Justicia. La sala civil y penal están juntas porque el volumen de trabajo que tienen en aquellas CCAA donde no hay derecho foral es muy pequeño. Va a conocer el orden civil de casación, revisión y otros que establece la ley en relación al derecho foral, es decir, va a ser la última instancia con respecto al derecho foral. Aquellas CCAA que no tengan derecho foral conocerán de la responsabilidad civil de aquellas personas aforadas. Se divide en Salas (las salas se pueden dividir en secciones funcionales).
Tribunal Supremo. además de conocer de los recursos también tiene la competencia para el reconocimiento del error judicial.
Penal: En el municipio encontramos el juez de paz. Su función es el enjuiciamiento de faltas. Pero
no hay faltas xddd. En el partido judicial el juzgado de instrucción y el juzgado de violencia sobre la mujer.
El juez de instrucción es el que investiga sobre el delito cometido, al igual que el juez de violencia sobre la mujer a diferencia de que este última investigo sobre los delitos relacionados con la violencia de género y de los delito leves.
En la provincia el juzgado de lo penal, el juzgado de menores y el juzgado de vigilancia penitenciaria. Si es un delito menos grave conoce el juzgado de lo penal, si el delito es cometido por un menor lo conoce el juzgado de menores. Al mismo tiempo, también en la provincia encontramos la Sección penal de la audiencia provincial (conoce de delitos más graves que el juzgado de lo penal y conoce de los recursos que se pongan contra las sentencias del juzgado de lo penal, de instrucción y de violencia sobre la mujer), integrado el Jurado (si el delito está tipificado en el artículo 1 y 2 de la LOTJ lo conoce el Jurado).
En la CCAA encontramos la sala de lo civil y penal del TSJ. Conoce de los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por la sección penal de la audiencia provincial y el jurado
ESPECIALIZADO. Ámbito estatal encontramos los juzgados centrales de instrucción, de lo penal, de menores y de vigilancia penitenciaria que están adscritos a la Audiencia Nacional (va a conocer de los delitos del artículo 65 de la LOPJ) donde también se encuentran la sala de lo penal y de apelación. Los juzgados centrales tienen la misma función que los ordinarios pero con respecto al artículo 65 de la LOPJ (terrorismo, tráfico de drogas por organización criminal, organización criminal, piratería, fraude alimenticio, delitos contra la corona). Lo único que tenemos que saber es si un delito es menos grave o más grave. Además, la sala de lo penal de la audiencia nacional conoce de los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los juzgados centrales. La sala de apelaciones conoce sólo los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas contra la sala penal de la AN
Sala Penal Tribunal Supremo conoce de recursos de casación y otros determinados por la ley, responsabilidad penal de determinadas personas aforadas, el reconocimiento del error judicial, etc.
TEMA 4. DERECHO DE ACCIÓN
1. Derecho a la tutela judicial efectiva
La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional y es el único derecho fundamental de carácter formal. Es un derecho subjetivo público de carácter constitucional que consiste en poner en marcha la maquinaria judicial. Es un derecho fundamental y por lo tanto cuenta con la protección reforzada de todos los derechos fundamentales, es decir el recurso sumario del TC. No puede limitarse.
El contenido esencial del derecho de la tutela judicial efectiva es:
El derecho de acceso a la justicia que se traduce al derecho a los tribunales. No puede limitarse ni por ninguna cláusula ni por las tasas judiciales. El único motivo que te prohíbe a acceder a los tribunales es el arbitraje. Tiene que tener todos los requisitos formales (demanda/querella). Derecho a un juez o tribunal. El órgano tiene que ser competente. Las partes tienen que tener capacidad y legitimación. No puede existir ni cosa juzgada (ya se ha resuelto este caso), ni litispendencia (que no haya un juicio pendiente, entre las mismas partes y sobre una misma materia). Cumplimiento de los presupuestos procesales que no imponga la ley
El derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto motivada, congruente y fundada en derecho. Una vez que la demanda/querella cumple con todos los requisitos procesales el órgano judicial no puede negarse a resolver. Esta resolución tiene que ser motivada, congruente, fundada en derecho y sobre el fondo del asunto.
La motivación tiene que tener el razonamiento del órgano judicial que tiene que estar fundado en derecho.
Exigencia de proporcionalidad. Ausencia de arbitrariedad e irracionalidad manifiesta. Tiene que responder de forma congruente, es decir, la congruencia es la vinculación del
órgano judicial a la petición de las partes; el fallo del órgano judicial tiene que ajustarse a las pretensiones establecidas en los actos de iniciación. La incongruencia va en contra de la tutela judicial efectiva. Hay varias clases:
Ultra petita: la parte judicial da más de lo que la parte demandante pide. Infra petita: el órgano judicial da menos de lo resistido por la parte demandada Extra petita o por omisión: da algo diferente o simplemente no contesta Sistema de recurso. Sobretodo en el ámbito penal que es necesario una segunda instancia
(supone que un órgano judicial superior jerárquico va a poder conocer el asunto y realizar otro fallo). Por eso se creó la sala de apelaciones.
El derecho a la ejecución. Supone el reconocimiento verdadero del derecho, ya que sin este sería solo una mera declaración de intenciones. El órgano judicial es el único que tiene la función de hacer ejecutar lo juzgado, haciendo uso de la fuerza si fuera necesario. Para que la tutela judicial sea efectiva, es necesario no sólo el simple dictado de la sentencia sino, además, llevarla a cabo de forma coactiva en los casos en los que ésta no se cumpla. Art. 118 CE:“es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto” 2. Derecho a un proceso con todas las garantías
Encontramos garantías básicas en todos los órdenes jurisdiccionales como es el Proceso debido, se encuentra en el artículo 24.2 de la CE así como el Tratado de la UE y otros tratados. i) Derecho de defensa: La inclusión interdicción indefensión en 24.1 CE determina una doble referencia al uso de los mecanismos del sistema de tutela judicial efectiva puestos a disposición del justiciable por el legislador a través del sistema legalmente previsto. Sin embargo, el legislador tiene libertad para determinar el sistema tutela judicial (órdenes-procedimientos-instancias- recursos). Dentro de este derecho encontramos el derecho a utilizar todos los mecanismos a disposición justiciable y a la interpretación favorable para llegar a la resolución de fondo.
ii) Derecho a juez legal-natural (juez ordinario predeterminado por ley). El órgano judicial competente para conocer de un determinado asunto ha de ser creado por
una norma con rango de ley antes de la producción del mismo. La determinación de la competencia del órgano judicial ha de ser realizada por una norma
con rango de ley. La organización y composición del órgano judicial ha de tener predeterminada, su régimen
orgánico y procedimental de modo que en ningún caso pueda merecer la calificación de órgano especial o excepcional. Los tribunales han de estar integrados por los magistrados que determine la ley para conocer del caso concreto.
iii) Derecho a un proceso público: Relacionado con el art. 120.1 CE. Busca la seguridad de los ciudadanos contra la arbitrariedad judicial y eventuales manipulaciones gubernamentales. Fortalece la confianza del pueblo en los tribunales. Es un control del proceso, pues evita que los juicios sean secretos y arbitrarios. No es absoluto, pues admite excepciones por moralidad, orden público, seguridad nacional, protección de la vida privada de las partes, interés de la justicia y respeto debido a la persona del ofendido y/o su familia.
iv) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es un concepto jurídico indeterminado que deben precisar los tribunales caso por caso. El TC ha fijado algunos de los criterios a tener en cuenta: las circunstancias, la complejidad, la duración, la actitud procesal del recurrente, el interés, la actitud de los órganos y sus medios. Es un retraso que genera indefensión y que es imputable al órgano judicial.
v) Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. El órgano judicial tiene que aceptar los medios de prueba de las partes siempre que sean útiles y pertinentes. Ligado al derecho a defensa. La inadmisión de pruebas debe está fundamentada. No se permite exigir al órgano jurisdiccional que admita todos los medios de prueba propuestos, sino solo los pertinentes y útiles. Las pruebas se tienen que haber obtenido legalmente y sin vulneración de derecho fundamentales.
Luego, además, hay una serie de garantías básicas en el proceso penal. i) Derecho de defensa y asistencia letrada. Es esencial para que no se produzca indefensión. Las partes pueden escoger un letrado de su confianza y, en su defecto se les asignará uno de oficio. Solo será viable que la parte no esté asistida de letrado cuando así lo establezca la Ley de enjuiciamiento Criminal. Se justifica en la necesidad de conocimientos especializados y en la igualdad de armas o equilibrio en la defensa de las partes.
ii) Derecho a ser informado de la acusación. En el mismo momento de la detención es necesario que el detenido conozca la calificación jurídica de la acusación, es decir, los hechos por los que se le está deteniendo. Tiene que ser comprensible. Si no conociera por qué fue detenido en el momento la detención será nula.
iii) Derecho a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable. Aplicable a todo el ámbito sancionador. Es una manifestación del derecho a defensa. El imputado no puede ser obligado o mediatizado a confesar ni siquiera a declarar.
iv) Derecho a la presunción de inocencia . No es un derecho como tal sino una presunción y tiene que ser destruida por los acusadores, solo se destruirá por una sentencia firme. Es una presunción iuris tantum pues admite prueba en contrario, pero quien acusa es quien debe demostrarlo. El acusado llega al juicio como inocente y solo saldrá como culpable si su inocencia queda desvirtuad a ojos del juez por las pruebas aportadas.
3. Defensas para la protección de los intereses colectivos y difusos y Acción Popular
El interés colectivo (7.3 LOPJ) afecta a un grupo de personas fácilmente determinables o determinadas. Por otro lado, el interés difuso se da cuando se afecta aun número de personas que ni están determinada ni es fácilmente determinable. La protección de estos intereses se hace a través de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, éstas tienen que estar creadas previamente al sufrimiento del conflicto.
La acción popular (125 CE) junto al jurado es la participación ciudadana en la administración de justicia. La acción popular no es más que una persona física o jurídica que interviene en un proceso penal sin ser una de las partes. Esto sólo ocurrirá por casos de delitos públicos o en los casos de urbanismo. Normalmente la acción popular se desempeña por personas jurídicas, esto se debe porque para ejercitar la acción popular se exige una fianza. En algunos casos, a las asociaciones sin ánimo de lucro se les condena la fianza.
TEMA 5. EL PROCESO JUDICIAL
1. Concepto y Estructura básica del proceso
El proceso judicial es el instrumento a través del cual los órganos judiciales ejercen la potestad jurisdiccional, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es de carácter instrumental porque sirven al poder judicial ejercer esta potestad pero también sirven al ciudadano para poder satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. El proceso judicial es exclusivo de la función jurisdiccional. Jurisdicción y proceso son dos términos que son dependientes. Todo proceso se va a desarrollar a partir de procedimientos (Secuencia de actos procesales que finalmente llevan a la resolución del conflicto). Existen cuatro procesos: penal, civil, laboral y contencioso-administrativo; sin embargo existen varios procedimientos dentro de cada uno de los procesos. El procedimiento es el camino que seguimos para obtener el resultado. Por ejemplo, en el proceso civil existen dos procedimientos: el verbal (6.000€) y el ordinario, cada uno de estos tiene un procedimiento diferente (monitorio, de discapacida, etc.). En el proceso penal encontramos el procedimiento abreviado, ordinario por delito, etc.
2. Clases de procesos
Las clases de procesos dependerán de la pretensión (lo que pide la parte demandante), pueden ser declarativos, ejecutivos o procesos cautelares.
El proceso declarativo es decir derecho un caso concreto. A su vez, dentro de estos procesos podemos encontrar tres tipos de pretensiones:
Meramente declarativa: se dan en el orden civil. La pretensión de las partes se satisface simplemente con la mera declaración de un derecho
Constitutivos: también son para el proceso civil y se dirigen a obtener la creación, modificación o extinción de una relación jurídica (p.e. la disolución de una sociedad)
Declarativo de condena: se dan en el proceso civil y penal. No solo se satisface la pretensión mediante una declaración judicial sino también por hacer, no hacer o dar algo
Procedimiento de ejecución: el órgano judicial hace ejecutar tanto sentencias como documentos extrajudiciales con fuerza ejecutiva (laudo arbitral)
Procedimiento cautelar: nos sirve para garantizar la plena realización del procedimiento o garantizar la satisfacción efectiva de la condena.
3. Partes del proceso y del procedimiento
Existen siempre como partes obligatorias: el juez, un parte demandante (actora) y una parte demandada. Estos son los ELEMENTOS SUBJETIVOS La estructura del proceso tiene siempre un inicio (acto de alegación mediante demanda o querella); una fase de alegaciones o juicio oral (civil: audiencia previa para ver si el procedimiento es apto o no // penal: fase preparatoria que es la investigación del hecho delictivo y luego se abre la fase oral); sentencia; sistema de recursos; ejecución.
4. Principios del proceso
Principio de contradicción: necesario dos partes procesales, una que pide y otra que resiste, puede haber más de una persona demandante o más de una persona demandada.
Derecho de acceso al proceso judicial por las partes
Adquisición del estatus de partes
Derecho a la última palabra durante el juicio
Principio de igualdad, se traduce en igualdad de armas, ambas partes deben tener las mismas posibilidades de carga, alegación, prueba e impugnación. El órgano o juez no puede denegar de forma arbitraria las pruebas testificales a una parte y a la otra no. El decreto del secreto de sumario se puede privar a una parte de esta. Tampoco es una vulneración la prestación de fianza o caución exigida por la ley.
Principios referentes al objeto del proceso:
Principio dispositivo: se refiere al proceso civil, su fundamento se encuentra en la disponibilidad de las partes sobre el derecho materias. Las partes son dueñas de los derechos e intereses de los objetos del proceso y por tanto son titulares de la acción, iniciación del proceso y terminarlo. Son dueñas, por tanto, de la pretensión y de la continuación del procedimiento. La vinculación del órgano judicial a las pretensiones de las partes. Reformatio imperius: no se puede empeorar la situación del condenado mediante el sistema de recursos.
Principio acusatorio formal o mixto: rige en el proceso penal
1. desdoblamiento de las funciones de instrucción y enjuiciamiento. Desde 1988 se desdoblan las funciones de la investigación y el enjuiciamiento de un delito, ya que antes el juez que investigaba el delito era el mismo que se juzgaba, por lo tanto, esto daba pie a uso de pruebas que no se podían usar.
2. Distribución de las funciones acusación y enjuiciamiento. No puede caer en la misma persona la acción de enjuiciar y sostener la acción penal. Por eso, el ejercicio de la acción penal en los delitos
públicos o semi públicos los tiene el Ministerio Fiscal, aunque también puede existir el acusador particular o el acusador popular. Si no hay ninguna parte más personada que el Ministerio Fiscal, se le da el trámite de ofrecimiento de acciones para llamar a la víctima para o decirle que el ministerio no va a llevar a cabo la acción penal, por lo tanto, si la víctima no se persona se archivan las actuaciones
3. Congruencia. Es la vinculación de la sentencia con la pretensión de las partes actoras y conocemos la existencia del trámite del tribunal. Está vinculado en todo el procedimiento y aquí también existe el Reformatio imperium, que supone que el órgano judicial que conoce del recurso de condena no puede empeorar la situación del reo, siempre que él sea el único que interponga el recurso y no se adhieran ninguna de las partes acusadoras.
Principios relativos a la formación de material fáctico:
Aportación de partes: rige el proceso civil, a las partes (demandante y demandada) les va a tocar la determinación del objeto del proceso y del debate. Tiene que vincularse con esas pretensiones y resistencias puestas por las partes y corresponde a las partes la prueba de los hechos alegados. El órgano judicial no podrá abrir el acto de juicio sin que las partes lo podan, ni probará ningún hecho sin que las partes se lo pidan. Hay una excepción en el artículo 435 LECrim, diligencias finales. La prueba tiene que recaer sobre los derechos extranjero, deben probar su vigencia y sentido; sobre la costumbre, deben probar la costumbre, y sobre los hechos controvertidos, aquellos en los que no hay un acuerdo entre las partes, sobre los hechos notorios o conformes, no es necesario que se haga.
Las diligencias finales suponen que el órgano judicial en un asunto concreto puede practicar pruebas que no hayan sido solicitudes de partes. Cuando una prueba no ha quedado clara y las partes no piden ninguna prueba más, el órgano puede pedir la prueba de oficio.
Principio de investigación: rige en el proceso penal, sobre todo en la instrucción. Supone que el órgano judicial es el que tiene que aportar los hechos en el acto de juicio oral, la fase de investigación sirve para el esclarecimiento de los hechos y determinar al presunto responsable.
Principio de valoración:
Principio de libre valoración: el órgano judicial va a generar su propia convicción a través de las máximas de la experiencia y la sana crítica.
Valoración legal o tasada: la ley determina el valor probatorio que tiene una concreta prueba. Hay tres: la declaración de parte, el documento público y el documento privado que no haya sido impugnado su autenticidad.
5. Principios del procedimiento
Principios relativos a la forma de los actos procesales:
Oralidad: juicios criminales según la ley deben ser inminentemente orales, ya que antes eran escrito y no funcionaba.
Escritura: actos de alegación,
Principios del procedimiento relativos a la relación entre el tribunal y el material fáctico:
Inmediación: una relación directa entre las partes y el órgano, aparte de la completa comunicación recogida bajo este principio tiene que ser la misma persona física que dicte una sentencia.
Mediación: escasa relación entre el órgano judicial, las partes y el material fáctico
Otros principios del procedimiento:
La concentración: el máximo de actuaciones judiciales durante un procedimiento se concentre en el menor tiempo posible. Así se evita que se alarguen mucho
Preclusión: supone la pérdida de la carga procesal, es decir, la pérdida de la capacidad de realizar un acto procesal.
Publicidad: todos los actos judiciales, incluidas las sentencias, serán públicos, a excepción de algunas actuaciones que serán de carácter reservado, por ejemplo, en la instrucción cuando se declara secreto de sumario. Puede ser interna o externa, la interna, es aquella intrajudicial con respecto a las partes procesales y la externa es aquella que va a la sociedad. La interna solo se puede limitar con el secreto de sumario, pero la pública se puede limitar más.
TEMA 6. LOS ACTOS PROCESALES Y LA COOPERACIO◌́N Y AUXILIO JURISDICCIONAL
1. Los actos procesales Concepto y caracteri◌́sticas
Clases de actos procesales Los actos procesales pueden ser: de parte, del órgano judicial, del letrado de la administración de justicia. De partes. Encontramos dos modalidades: tendente s a obtener una resolución judicial de contenido concreto, y los conoceremos como actos de postulación. tenemos las peticiones (demandas o querellas), alegaciones por los que se introducen hechos (orales), aportación de prueba (las partes tienen que introducir tanto los hechos como las pruebas) y las conclusiones (recapitulación de las actuaciones, valoración de las pruebas y la argumentación de dictar una resolución en un sentido concreto). La otra modalidad son los actos de causación, on creadores de situaciones procesales. Los hay unilaterales (allanamiento, renuncia) y bilaterales (desistimiento y transacción). Del órgano judicial. Tenemos las 1.resoluciones interlocutorias para la ordenación material y formal del procedimiento. Por otro lado encontramos 2.las decisiones del órgano judicial, que son las resoluciones propiamente dichas (Sentencias, autos y providencias).
Las sentencias. Tienen una forma concreta (motivación - juicio lógico basado en derecho por el que llega a resolver el conflicto de determinada forma-, fallo, etc.)y ponen fin al conflicto de manera definitiva e irrevocable, puede ser de tres tipos:
definitivas, cuando contra ellas quepa recurso. firmes, cuando ya no quepa recurso alguno, bien porque se han interpuesto todos los
posibles o porque no existan recursos o porque se haya pasado el plazo) interlocutorias: lo clasificamos como sentencia pero no resuelve nada, es un documento
ejecutivo por el que se lanza la ejecución, recoge la sentencia firme. Se hace en nombre del rey. Autos. Tienen que estar motivados y resuelven conflictos incidentales que no ponen fin al
conflicto. Providencia. Impulsa el proceso, en sí no resuelve nada. A través de esta se hacen los
emplazamientos y las citaciones.
Del letrado de la administración de justicia. Tiene diligencias de ordenación, por ejemplo, el señalamiento de vistas. Se encarga de:
Diligencias de constancia, cuando los actos son orales y deja constancia de lo que se ha dicho.
Diligencia de la dación de cuentas, información al órgano judicial de la presentación de documentos en un procedimiento concreto.
Actas, a través de las diligencias de constancias, Decretos, tipo de resolución que el letrado utiliza para poner fina determinadas materias de
los que son competentes de forma exclusiva, por ejemplo la conciliación. Actos de comunicación. Se encuentran las notificaciones (tienen el objeto de dar noticia o
información al interesado de una resolución, diligencia o actuación); citaciones (se dirigen a una persona para que en un momento concreto se personen para realizar un concreto acto procesal); emplazamiento (se le da a la persona un plazo para realizar un acto procesal); requerimientos (se ordena a la parte la comparecencia ante tribuanl, se fija un término pero con fuerza ejecutiva es decir, se le requiere la personación y si no aparece tiene una consecuencia -apercibimiento- ); mandamiento (el órgano judicial le requiere a alguna actuación o testimonio a los titulares de registros y notarios); oficio (cuando el órgano judicial le requiere a otro órgano judicial la práctica de un acto procesal)
Requisitos de los actos procesales: a) Lugar b) Tiempo y c)Forma Cuando no se cumple con alguno de estos requisitos se provoca la nulidad. Puede ser de pleno derecho cuando afecta a un derecho fundamental y nunca surtirá efectos. Cuando una norma es irregular no respeta las normas de legalidad vigentes.
Será nulo 238 LOPJ El órgano judicial carezca de competencia o jurisdicción Cuando se realiza sin intervención de un abogada cuando esta intervención sea
presndfijdnfjdf Cuando se prescindan del cumplimiento de las normas procedimentales, siempre que esto
cause indefensión Cuando se produce violencia o intimidación
Además el apartado 1 del artículo 11 de la LOPJ establece que todos los actos que violen de manera directa o indirecta los derechos fundamentales será nulo de pleno derecho. A instancia de parte o de oficio puede solicitarse la declaración de nulidad. Si nadie lo solicita el órgano judicial no puede hacer nada y se emite sentencia
Incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ). solamente se establece contra resoluciones firmes, contra las que no quepa ya recurso ordinario o extraordinario. La nulidad del acto dependerá del fallo. Si se decreta nulo tendrán hasta 5 años desde la notificación de la anulación.
Lugar: El art. 268 de la LOPJ establece que los actos procesales deben realizarse en la sede del órgano jurisdiccional. Cuando existe más de un juzgado en la misma población, se crea para las demandas un registro común procesal, de manera que las notificaciones o demandas se hacen a través de este. Puesto que los actos judiciales están dirigidos al juez y deben ser recibidos por este, la LEC (art. 129) extiende el principio general de las “actuaciones del juicio” a todos los actos, sean de las partes o de terceros. Los órganos judiciales pueden realizar actuaciones en cualquier lugar de su territorio, fuera de la sede judicial (art. 258.2 LOPJ y 129 LEC). En ciertos supuestos se puede autorizar la celebración de todo el juicio o proceso fuera de la sede judicial (art. 269 LOPJ).
Tiempo: El año judicial va del 1 de Septiembre al 31 de Julio. Las horas hábiles son de las 8:00 a las 20:00. Por otro lado, el mes de agosto es inhábil, así como los sábados y domingos, fiestas nacionales y festivos en las CCAA y localidad.
La LOPJ señala cuáles son los días inhábiles (24 y 25 de diciembre; 31 de diciembre y 1 de enero; 6 de enero y todas las fiestas nacionales, autonómicas o locales y el mes de agosto). Las excepciones a estos días inhábiles son las actuaciones urgentes declaradas por ley de enjuiciamiento o la investigación del hecho delictivo. Las horas hábiles señala el art, 182.2 que son de 8:00 a 22:00, pero además, se pueden habilitar días y horas inhábiles y se pueden hacer a través del CGPJ La nulidad de los actos procesales
Forma Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación, art. 229 LOPJ. La oralidad es requisito de los principios de concentración, inmediación y necesidad de presencia judicial. La oralidad exige documentación y autenticidad. La documentación se refiere a la constancia y a la reproducción en instancias superiores. La autenticidad hace referencia a que los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, etc. Pudiendo ser utilizados por aquellos que demanden la tutela judicial de sus derechos o intereses, LO 16/1994. Todas las actuaciones judiciales deben expresarse en lengua castellana, como lengua oficial del Estado español, 231.1 LOPJ. Se podrá usar la lengua oficial propia de las CCAA si ello no produce indefensión, 231.2 LOPJ. De todas formas, se traduce al castellano para adquirir plena validez y eficacia cuando los actos procesales deban surtir efecto fuera de la CCAA, 231.3 y 4 LOPJ. Ningún acto procesal escrito puede expresarse en lengua extranjera porque: 1. El juez no tiene por qué conocer tal lengua. 2. El proceso se sigue ante una autoridad española. 3. Los escritos oficiales provienen normalmente de Procurador y van firmados por Abogado.
Los actos personalísimos podrán expresarse en lengua extranjera siempre que se desconozca la lengua castellana. Para su validez deberán ir acompañados de la traducción del intérprete, previo juramento o promesa de ser fiel en la traducción, 231.5 LOPJ.
2. Las comunicaciones procesales en general: Práctica de las comunicaciones
3. La cooperación jurisdiccional Los mandamientos, oficios, exposiciones y requerimientos.
La Cooperacio◌ń jurisdiccional en la Unio 0 30 1n Europea
4. El auxilio jurisdiccional:Concepto
Clases: a) El auxilio judicial interno b) El auxilio judicial internacional
Apuntes clase 2º B

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 65
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 435
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11