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Timestamp: 2020-02-21 16:33:08+00:00

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BOE i notícies del 17 de desembre de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 17 DE DESEMBRE DE 2019
(BOE, 17-12-2019)
Modificación de la disposición transitoria primera regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/index.php?s=3
NOTÍCIES DE PREMSA DEL 17 DE DESEMBRE DE 2019
La duración máxima de la fase de oposición del proceso selectivo está prevista de 12 meses y el primer ejercicio se realizará en un plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de esta convocatoria. De las 530 plazas, 400 son para el proceso libre y los 130 restantes se destinan a promoción interna. Se reservan 24 plazas de turno libre y siete plazas para promocionar internamente a discapacitados.
Concluidos los procesos selectivos, los aspirantes que los hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos serán nombrados funcionarios de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el BOE, con indicación del destino adjudicado.
(Expansión, 17-12-2019)
La Generalitat crea una figura impositiva sobre la producción y transporte de energía eléctrica
En 2020 se incrementará la tasa turística y la que grava las bebidas azucaradas envasadas. El tramo autonómico del IRPF se bajará en los tramos más bajos y se subirá en los más altos. El Govern liderado por Quim Torra (JxCat) y Pere Aragonès (ERC) y los comunes acordaron este lunes una reforma tributaria que, en 2020, permitirá subir en 173 millones de euros los ingresos de la Generalitat.
Las modificaciones tributarias irán entrando en vigor a lo largo del año. Cuando todas ellas estén en vigor durante un plazo de 12 meses, se estima que generarán una recaudación anual adiciona de 573 millones de euros. El paquete de medidas afecta a seis figuras impositivas ya existentes: el tramo autonómico del IRPF, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, pisos vacíos y bebidas azucaradas envasadas.
Se crea también un nuevo tributo medioambiental que grava el impacto territorial de las instalaciones de almacenamiento, transformación y transporte de electricidad, y las redes y antenas de telefonía y servicios telemáticos. El tramo autonómico de esta figura impositiva será más "progresivo". Así, el actual cuarto tramo se subdivide en dos subtramos: uno que irá entre los 53.407,2 a 90.000 euros anuales (que seguirá tributando al 21,5%) y otro de 90.000 eros a 120.000 euros anuales, que sube al 23,5%, dos puntos más que en la actualidad.
El tramo que va de 120.000 a 175.000 euros anuales sube del 23,5% al 24,5%, un punto más. El tipo más alto, a partir de los 175.000 euros anuales, seguirá en el 25,5%. Otra novedad del IRPF es que sube el mínimo exento, de 5.550 euros a 6.105 euros, que afectará al 10% de los contribuyentes más pobres. "Es la primera vez que se hace una reforma pensando en las rentas más bajas", subrayó el número dos de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès (ERC). Según los cálculos del Govern, con esta reforma, ingresará 189,8 millones de euros en el primer año en el que la medida esté totalmente en vigor.
El impuesto de Sucesiones y Donaciones se situó en mínimos tras la llegada de Artur Mas (de la extinta CiU) a la Generalitat a finales de 2010. A partir del año que viene, se introducen nuevos coeficientes a la hora de calcular esta figura impositiva en función del patrimonio existente en diferentes grados de parentesco, para que sea más "progresiva".
En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, se reduce a la mitad el tipo que pagan las familias monoparentales que ingresan menos de 30.000 euros anuales. Pasará del 10% actual al 5%. Con esta reforma, el Govern ingresará 13,17 millones de euros anuales. El nuevo año llega con cambios en la tasa turística. Al nuevo recargo acordado por el Ayuntamiento de Barcelona, se sumará una revisión al alza de todos los tipos a nivel autonómico.
Si en la actualidad, la tasa se sitúa entre los 0,65 euros y los 2,25 euros, con la reforma, los turistas que se alojen en un hotel, un piso turístico, un crucero u otro tipo de equipamiento pagarán entre un euro y 3,5 euros por persona y noche. El importe depende de la categoría y tipo de establecimiento. Con esta modificación, la Generalitat recaudará 20,9 millones de euros más.
Se reduce sustancialmente la bonificación que tenían los grandes propietarios de pisos que destinaban una parte de su 'stock' de viviendas a programas de alquiler asequible. Con esta revisión, el Govern ingresará 3,5 millones de euros al año. Tres años después de la puesta en marcha, se actualizan los tipos de esta figura impositiva, con el objetivo de contribuir al descenso del consumo a los refrescos, zumos y otro tipo de bebidas envasadas con exceso de azúcar. Las bebidas que lleven entre cinco y ocho gramos de azúcar por mililitro, pasarán a pagar entre 0,08 y 0,10 euros por litro. Los refrescos y otras bebidas con más de ocho gramos de azúcar por mililitro, pagarán entre 0,12 euros por litro y 0,15 euros por litro. Se estima un impacto presupuestario de 6,4 millones de euros en 12 meses con esta modificación tributaria.
Siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas, se creará una nueva figura impositiva medioambiental, que grava "el riesgo de deterioro que se ocasiona en Catalunya" dos actividades económicas: la producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica; por una parte, el transporte de electricidad, telefonía y datos a través de redes o puntos fijos de suministro, por otra. Con esta nueva figura impositiva, el Govern estima que ingresará 145,1 millones de euros anuales.
En cuanto a la producción y transformación de energía, se pagarán 0,005 euros por kilovatio y hora. Para las centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no supere los 10 megawatios, el importe se situará en los 0,001 euros. Las empresas de telefonía y datos pagarán 700 euros por kilómetro, palo o antena que tengan instalado en Catalunya. En cuanto al transporte y almacenamiento de energía, habrá dos tramos: 700 euros para los palos y kilómetro de línea de tensión inferior a los 400 kilovatios, y 1.200 euros, para las superiores a esta cifra. Según precisó Aragonès, se prohibirá explícitamente a las compañías "recargar" la tasa a sus abonados.
(La Vanguardia, 17-12-2019)
Csif argumenta jurídicamente que el alza salarial de los funcionarios sea en enero
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha presentado en el registro del Palacio de la Moncloa un informe jurídico que justifica y avala, con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la subida salarial a los tres millones de empleados públicos se lleve a cabo en enero, algo que el actual Gobierno ha rechazado, argumentando que no puede acometer este incremento ahora por estar funciones.
Este informe de tres páginas expone a lo largo de diez puntos las razones legales que, en opinión de los servicios jurídicos de este sindicato, permitirían al Gobierno aplicar el incremento salarial del 2% acordado entre el Ejecutivo y los sindicatos de la función pública para 2020 a través de un Decreto-ley. Desde el actual equipo de Pedro Sánchez ya han reiterado que estando en funciones no pueden llevar a cabo este incremento y que lo harán, de forma retroactiva desde el 1 de enero, tan pronto como el Gobierno abandone esta situación de interinidad.
Lo primero que explica este informe es que entre los criterios que marca la Constitución en su artículo 86, para que el Ejecutivo legisle bajo la fórmula de Decretos-leyes está que se esté "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Además, entre las materias excluidas para recurrir a este formato legal no están las retribuciones del sector público, que han sido objeto de negociación y acuerdo.
Asimismo, el Csif argumenta que el artículo 21 de la Ley del Gobierno establece que el Gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
En función de esto último, el informe jurídico precisa que el carácter urgente de esta medida y sus circunstancias de interés general están ya reconocidas y acreditadas por el uso de un Real Decreto-ley el 21 de diciembre de 2018 para aplicar la subida salarial de los empleados públicos de 2019.
En la exposición de motivos de dicho decreto, el Gobierno de Pedro Sánchez justificó las razones de interés general de esta alza salarial porque, de lo contrario, "se congelarían las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación".
Es más, el informe jurídico argumenta que el pasado 21 de junio de 2019, el actual Gobierno ya estaba en funciones y se sirvió de ese mismo decreto del 21 de diciembre de 2018 para actualizar la subida de los empleados públicos con un 0,25% adicional, mediante un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.
(Cinco Días, 17-12-2019)
La patronal del empleo temporal estima que este año se crearán en torno a 415.000 puestos de trabajo y en 2020, unos 310.000
El año 2019 se va a cerrar con una creación de empleo de alrededor de 415.000 nuevos puestos de trabajo, un 2% más que el año anterior. Esto supone que este año se crearán un 17,5% empleos menos que en 2018, lo que "confirma la tónica de pérdida de pulso paulatino de la actividad que se observa desde 2017", indican los técnicos de la patronal de empresas de trabajo temporal (Asempleo).
Si bien, la desaceleración del empleo y la actividad parece que no termina aquí, según las estimaciones de esta patronal. El próximo año, a pesar de que estos expertos esperan que la demanda interna vuelva a recuperar protagonismo en el crecimiento, el empleo prolongará su pérdida de tono y la creación de puestos de trabajo volverá a recortarse esta vez un 25% menos, con la ganancia de apenas 310.000 nuevos ocupados. Así, la ocupación ralentizará su avance unas cuatro décimas hasta el 1,6% anual, "más en línea con el crecimiento del PIB", añaden desde Asempleo.
Por su parte, estiman que la reducción del desempleo ya se desacelerará con más intensidad este mismo año. Al final del ejercicio la tasa de paro se situará según estos cálculos en torno al 14,2%, con una disminución del número de desempleados de unas 206.000 personas. Esto representa un recorte inferior al 53% respecto al experimentado en 2018, cuando 438.000 desempleados abandonaron las listas del paro.
En general, el análisis de estos expertos del mercado laboral indica que "al acercarse el final de año, se produce un contraste entre los resultados agregados en términos de empleo y de reducción del paro, que siguen siendo muy positivos, y la coyuntura más reciente, que genera cierta inquietud de cara a futuro".
En Asempleo esperan que la economía española crezca un 1,7% en 2020, ligeramente por encima de lo estimado por las previsiones de otoño de la Comisión Europea, En lo que afecta al mercado de trabajo, consideran que "el rasgo más difícil de interpretar" es el rápido empeoramiento en la tendencia de reducción del paro, que en pocos meses ha pasado de descensos interanuales del 5% al 2%.
(El País, 17-12-2019)
El Supremo confirma el derecho de los trabajadores de una empresa a la cesta de Navidad
El Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los trabajadores a recibir la cesta de Navidad. Concretamente, afirma que Fujitsu Technology Solutions España debe entregar a 1.600 trabajadores este complemento navideño que retiró unilateralmente en 2013.
La Sala de lo Social considera que la reiteración en el tiempo de su entrega y con extensión a toda la plantilla la convertían en condición más beneficiosa del contrato de trabajo, sin que quepa tomarlo como un acto de mera liberalidad de la empresa. El hecho de que entonces no sé reclamara no elimina el derecho a la misma, explica la sentencia.
En el caso de Fujitsu, con cerca de 1.600 trabajadores en todo el territorio nacional, se ha acreditado que, desde el inicio de su actividad hasta el año 2012, la empresa había entregado a los trabajadores afectados la indicada cesta –con la excepción del año 1997, en que se sustituyó por un cheque-regalo-. Fue en 2013 cuando la empresa decidió suprimir tal entrega, sin que tal decisión fuera objeto de impugnación, según señala la sentencia recurrida. Desde entonces, no se ha efectuado ya la entrega; constando, no obstante, que, en los años 2014, 2015 y 2016, las representaciones sindicales –del sindicato demandante o de USO– solicitaron su instauración.
El Supremo valora por tanto que dicha cesta venía siendo entregada desde el origen de la actividad de la empresa sin solución de continuidad hasta el año 2013, “y no puede negarse que en ese acto de la empresa se aprecian las notas definidoras de la controvertida condición más beneficiosa”.
Según explican los magistrados, no sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento”, señalan.
En suma, indica el Supremo, estamos ante una condición de trabajo que estaba incorporada al contrato de trabajo de los trabajadores afectados y, por ende, obligaba a la parte acreedora de dicha prestación –la parte empleadora– como parte del contenido de dicho contrato.
El coste por hora de la mano de obra sube un 2,6% en la eurozona y un 2,4% en España
El coste laboral por hora, es decir, la suma de los salarios y las contribuciones sociales de las empresas, aumentó un 2,6% en la eurozona en el tercer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, según los datos publicados este lunes por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.
El coste laboral aumentó entre junio y septiembre en todos los países de la UE, dónde los menores incrementos los registraron Luxemburgo (0,3%), Finlandia (0,4%), Italia (1,6%) y Austria (1,9%), mientras que las mayores subidas se observaron en Rumanía (13,2%), Bulgaria (10%) y Hungría (8,9%). España se sitúa como noveno país de la Unión Europea (UE) dónde menos se incrementó el coste de la mano de obra en el tercer trimestre, con un 2,4%, frente al 3,1% de media en los Veintiocho.
Por componentes, en la eurozona aumentaron un 2,6% tanto los costes ligados a salarios como los componentes no ligados a los sueldos, mientras que en el primer trimestre de 2019 el incremento anual había sido del 2,9% y el 2,1%, respectivamente. El incremento de los salarios en España fue del 2,1% y el del resto de costes del 3,5%.
En el primer trimestre de este año, en España ya se había registrado un aumento del 2,3% y del 3,5%, respectivamente, con lo que el incremento del coste de la mano de obra en general fue un poco más alto, del 2,6%. Por sectores, el coste en la eurozona aumentó un 2,9% en la industria, un 2,3% en el sector de la construcción, un 2,5% en servicios y un 2,6% en la economía no comercial.
En el conjunto de la UE se dio un incremento del 3,3% en la industria, del 3,2% en la construcción, del 3,1% en los servicios y del 2,9% en la economía no comercial.
(El Mundo, 17-12-2019)
Nunca antes el Tesoro se había financiado a unos precios tan bajos
El Tesoro Público español cerrará 2019 con un nuevo mínimo histórico en el coste de financiación, que se situará en el 0,23% para las nuevas emisiones de deuda frente al 0,64% de 2018, entre otras razones por la confianza de los inversores en la solidez de la economía.
San Basilio no ha especificado qué autonomías no podrán emitir deuda en el mercado en 2020 por no cumplir alguno de los requisitos como el déficit porque aún están trabajando en ello con Hacienda, aunque se sabe que podían ser Catalunya y Andalucía.
Ha destacado el incremento del peso de los inversores no residentes, especialmente los asiáticos, como tenedores de deuda española, con un 40%, al tiempo que los bancos centrales se sitúan en el 20%; los bancos nacionales han bajado al 15% y las aseguradoras, al 10%.
Después de seis años consecutivos de reducción del agujero de las cuentas públicas, desde el -10,5% del PIB marcado en 2012, hasta lograr salir del procedimiento de déficit excesivo tras reducirlo al -2,5% a cierre de 2018, el Banco de España estima que el balance presupuestario no experimentará mejora alguna en 2019. Así lo ha estimado el supervisor en su actualización de previsiones económicas del país, publicada este lunes, en el que avanza que el agujero fiscal se mantendrá a cierre del ejercicio en el -2,5%.
El supervisor achaca el fenómeno a una mayor alza del gasto y un menor peso de los ingresos de lo previsto. “En concreto, para el año 2019 los datos de ejecución presupuestaria hasta septiembre del conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, muestran un avance más dinámico de lo esperado de la remuneración de asalariados y de las prestaciones sociales”, un gasto extra que el buen tono del ciclo económico no logra compensar dado que “en este mismo sentido, los datos de octubre de ingresos impositivos señalan una desaceleración significativa de la recaudación del impuesto de sociedades, al no repetirse este año el elevado pago fraccionado observado en 2018”.
El número de asuntos registrados en los juzgados en el último trimestre crece
Los juzgados y tribunales de toda España registraron durante el tercer trimestre de 2019 un total de 1.415.996 asuntos, dato que representa un incremento del 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre el 30 de junio y el 30 de septiembre pasados, los órganos judiciales resolvieron 1.276.460 asuntos, lo que significa que su capacidad de resolución aumentó un 5,5%; los asuntos en trámite al final del trimestre aumentaron un 8,9% al alcanzar la cantidad de 2.792.570. Estos datos figuran en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2019, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.
Los datos del tercer trimestre ponen de manifiesto un aumento de los asuntos de nuevo ingreso en todas las jurisdicciones. Sin embargo, la que ha sufrido un mayor incremento interanual en el ingreso de asuntos ha sido la de lo contencioso-administrativo. Los 52.623 asuntos de nuevo ingreso en el tercer trimestre representan un aumento interanual del 23,8%.
Este importante incremento se debe al volumen de asuntos de extranjería registrados en los juzgados de lo contencioso-administrativo y de los asuntos de nacionalidad llegados a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Los asuntos resueltos han sumado 38.328 en total, un 1,3% más que el año anterior, mientras que 207.707 asuntos, un 12,1% más, quedaron en trámite.
En la jurisdicción Civil han ingresado 490.000 nuevos asuntos, con un incremento del 8,4% respecto a los ingresados en el tercer trimestre de 2018. En esta jurisdicción se resolvieron 441.122 asuntos, un 13,1% más, y quedaron en trámite 1.522.700, un 11,8% más que al final del tercer trimestre de 2018.
De los asuntos pendientes en la jurisdicción civil, 253.364 corresponden a procedimientos por cláusulas abusivas (acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física) en los juzgados de primera instancia, cifra que representa el 16,6% del total.
En jurisdicción penal han tenido entrada 773.019 asuntos, un 2,7% más que en el tercer trimestre de 2018; se han resuelto un 1,9% más asuntos (en total 728.184) y han quedado en trámite 746.395, lo que supone un 2,9% más.
La jurisdicción social ha ingresado 100.318 asuntos, un 8,5% más que en el mismo trimestre de 2018. Se han resuelto 68.789 asuntos, un 2,2% más, y han quedado en trámite unos 315.698 asuntos (un 8,1% más).
El ICAM aprueba unos presupuestos para 2020 de 29,8 millones de euros
De acuerdo a las líneas de trabajo desglosadas por el decano José María Alonso, según explica una nota remitida por el ICAM, el colegio potenciará de forma prioritaria el área de Defensa de la Abogacía. En este ámbito, uno de los proyectos más novedosos será la publicación en el primer trimestre del año de un barómetro sobre el funcionamiento de la Justicia, con el objetivo de obtener un diagnóstico del funcionamiento de los distintos órganos judiciales, determinar y concretar los problemas que afectan a la abogacía madrileña y proponer soluciones o medidas correctoras a los mismos.
El presupuesto aprobado incluye también la puesta en marcha de un fondo de carácter social dirigido a colegiados y colegiadas que requieran especial atención asistencial o estén en riesgo de exclusión. Dotada con 710.000 euros, esta partida engloba además el fondo para el desarrollo profesional incluido en el presupuesto del ejercicio anterior, apuntan desde el ICAM.
Asimismo, la institución destinará el próximo año cerca de 400.000 euros para seguir impulsando Espacio Abogacía, la nueva sede del ICAM junto a los juzgados de Plaza de Castilla, que funciona como punto de encuentro para la abogacía madrileña.
Por otro lado, el Colegio ha anunciado que sumará en 2020 un nuevo proyecto: 'Abogacía Digital', con el objetivo de facilitar las herramientas necesarias para lograr la transformación tecnológica de los pequeños despachos.

References: Resolución 
 artículo 36
 resolución 
 artículo 86
 artículo 21
 resolución