Source: http://www.argentina-rree.com/14/14-037.htm
Timestamp: 2018-01-18 17:45:00+00:00

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Las relaciones con los países latinoamericanos - Las relaciones con Chile
A principios de agosto de 1973, el gobierno argentino tomó una decisión que agregó un elemento de fricción a la ya tradicional disputa limítrofe con Chile. El día 10, el presidente Lastiri, los comandantes en jefe de las tres armas y los ministros del gabinete se trasladaron a la base aérea militar Vicecomodoro Marambio, ubicada en la Antártida, para realizar los actos centrales del Día de la Fuerza Aérea. Desde la base Marambio, que durante tres días funcionó como sede provisional del gobierno argentino, el primer mandatario y su comitiva firmaron el “Acta de Afirmación de la soberanía en la Antártida Argentina”, como un gesto originalmente destinado a frenar las pretensiones de Brasil en el continente blanco. (1)
Pero esta decisión argentina generó las reacciones de la Cancillería chilena y del comité “Patria y Soberanía”, un organismo integrado por ex militares y parlamentarios. Ambos protestaron por la presencia y radicación del gobierno argentino en la Antártida, acto al que no dudaron en calificar como una “ostensible violación de la soberanía chilena antártica”, agregando además que la actitud argentina iba en contra de las cláusulas del Tratado Antártico, el cual establecía expresamente la invalidez de los actos de reclamo o afirmación de soberanía en el territorio austral durante su vigencia. (2)
Más allá del conflicto limítrofe, la progresiva crisis interna en la que se sumió el gobierno chileno de Salvador Allende motivó la preocupación de los legisladores argentinos. Así, poco más de un mes antes del derrocamiento del presidente chileno, los senadores de la bancada radical Carlos H. Perette, Raúl J. Zarriello, Hipólito Solari Yrigoyen, Juan Carlos Pugliese, y Rubén Osvaldo Cáceres presentaron un proyecto de resolución a los miembros de la Cámara Alta en el que expresaban su anhelo para que los pueblos de Chile y Uruguay “puedan vivir en el modelo de las instituciones republicanas y democráticas y con pleno imperio de la soberanía popular.” Dicho proyecto fue aprobado en forma unánime. (3)
(...) Como habrá podido observar, el “Cono Sud” se ha visto azotado por un nuevo “coletazo” del imperialismo. En Chile, la situación ha hecho crisis, un poco a raíz de la presión externa, y otro tanto por errores en la conducción interna. Al amigo Allende lo han volteado tanto los que lo empujaban de adelante como los que lo hacían de atrás. Un marxismo a outrance de nuestros países no es lo que puede consolidar a un Gobierno del Pueblo.
Sus enemigos han sido tanto los pro-imperialistas que anhelaban derrocarlo como los comunistas, que lo empujaban hacia acciones descabelladas. En fin, un pueblo que deseaba liberarse, frente a una nueva frustración. Les faltó cumplir el apotegma de los griegos: Todo en su medida y armoniosamente (...). (6)
(...) Todas estas medidas pueden definir una actitud pragmática ante nuevas circunstancias, por lo demás, inesperadas. (...) Pero el trazado de una estrategia de pragmatismo externo, no debe relegar al olvido las exigencias que plantea un régimen democrático interno. La Argentina es el único país en el extremo sur del continente que reivindica la legitimidad de un régimen democrático. Mantener esta experiencia es hoy más necesario que nunca. No conviene romper porque sí las solidaridades de hecho con las naciones latinoamericanas por más que el régimen que gobierne a muchas de ellas repugne a nuestra conciencia pero tampoco conviene librarse a una actitud complaciente con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y menos dejarse penetrar por una manera de resolver los problemas políticos acerca de la cual tenemos amargas experiencias (...). (10)
Por su parte, los exiliados chilenos solicitaron a Perón su intervención personal para resolver el problema. (13) No obstante, el primer resultado concreto no provino ni del líder justicialista ni del gobierno de Lastiri sino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal, Miguel Inchausti, hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Asimismo, Inchausti cuestionó al jefe de la Policía Federal, general Miguel A. Iñíguez, por privación ilegítima de la libertad. (14) Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Dirección de Migraciones, que haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el país. (15)
“Ratifícase la soberanía nacional en el día de la Fuerza Aérea. En una base antártica Lastiri establece hoy la sede accidental del gobierno”, La Opinión, 10 de agosto de 1973, p. 8; “Reafirmó la soberanía argentina en la Antártida y destacó la misión de las Fuerzas Armadas el Presidente de la República”, La Razón, 10 de agosto de 1973, p. 1; “Con dos discursos, el gobierno ratificó ayer desde la Base Marambio la soberanía argentina en la Antártida”, La Opinión, 11 de agosto de 1973, p. 6; “Reafirmación de nuestra soberanía, La Nación, 11 de agosto de 1973, pp. 1 y 18, y “La Antártida fue sede del Poder Ejecutivo como acto de reafirmación de la soberanía”, Clarín, 11 de agosto de 1973, p. 13.
“Declaración chilena sobre la Antártida”, La Nación, 15 de agosto de 1973, p. 2; “Se pusieron nerviosos. Refirma Chile su soberanía sobre la Antártida y denuncian que el viaje de Lastiri constituyó una ostensible violación”, La Razón, 15 de agosto de 1973, p. 1; “Posición chilena sobre la soberanía antártica”, Clarín, 16 de agosto de 1973, p. 14, y “El viaje de Lastiri provoca protestas en Santiago. Discuten nuestra soberanía en la Antártida”, La Opinión, 16 de agosto de 1973, p. 3.
Proyecto de resolución presentado por los senadores radicales Carlos H. Perette, Raúl J. Zarriello, Hipólito Solari Yrigoyen, Juan Carlos Pugliese y Rubén Osvaldo Cáceres, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973, Tomo 1, Reunión 22º, Agosto 8 de 1973, pp. 852-860.
Ver al respecto proyectos de declaración de los diputados Clemente Maldonado y Gilberto H. Molina; de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros; de los diputados Carlos Miguel Kunkel, Diego Muñiz Barreto y otros; de los diputados Ricardo T. Natale, Nicolás Salvador y otros; del diputado Hugo Ramón Lima, y de los diputados Ricardo Ramón Balestra y Francisco J. Moyano, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo III, op. cit., Reunión 31º, Septiembre 11 de 1973, pp. 2469-2471. Asimismo, consultar proyectos de declaración de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros; de los diputados Ricardo T. Natale, Nicolás Salvador y otros; y de los diputados Luis Rubeo, Hipólito Acuña y otros, citados en ibid., Reunión 33º, Octubre 3 de 1973, pp. 2614 -2615. Ver también proyecto de declaración de la Cámara de Senadores expresando su “preocupación por la ruptura del orden constitucional” en Chile y su “solidaridad” con el pueblo de este país, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973 Tomo II, Sesiones ordinarias (del 23 de agosto de 1973 al 8 de noviembre de 1973, Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación, pp. 1421-1424. Cabe acotar que, frente a este pedido del Senado en rechazo al régimen de Pinochet, la entidad Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP), emitió una declaración, firmada por Cosme Béccar Varela (h.) y Jorge María Storni, que demostraba su regocijo por el golpe chileno, sosteniendo que el mismo “no hizo más que interpretar el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo chileno, reconduciendo a la nación hermana a las vías de la civilización cristiana de las que el socialismo la había apartado”. Ver al respecto “Una entidad apoya a la revolución”, La Nación, 16 de septiembre de 1973, p. 4.
Ver al respecto proyecto de resolución de los diputados Héctor Raúl Sandler, Héctor Portero y Rafael Francisco Marino, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo IV, Sesiones de Asamblea, ordinarias y de prórroga (del 1º de septiembre al 17 de octubre de 1973), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, Reunión 34º, Octubre 17 de 1973, pp. 2828-2829. Asimismo, un proyecto de resolución presentado el 3 de octubre de 1973 por los diputados radicales Antonio A. Tróccoli, Adolfo Gass y Ricardo T. Natale, entre otros, exhortaba al gobierno de Lastiri a adoptar, conforme a las normas universales del derecho de gentes, las medidas necesarias para todos los asilados políticos que huyendo del régimen de Pinochet buscaban refugio en territorio argentino. Dicho proyecto también expresaba la preocupación ante la suerte de los argentinos detenidos por el régimen militar chileno. Por último, un proyecto de resolución presentado por los diputados de la APR, Héctor Raúl Sandler y Armando Molina Zavalía, el 17 del mismo mes transmitía al Ejecutivo su preocupación por el trato dispensado a los refugiados políticos en territorio argentino. Ver al respecto proyecto de resolución de los diputados radicales Antonio A. Tróccoli, Carlos A. Fonte y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo IV, op. cit., Reunión 33º, Octubre 3 de 1973, pp. 2627-2629. Ver también proyecto de resolución de los diputados de la APR, Héctor Raúl Sandler y Armando Molina Zavalía, en ibid., Reunión 34º, Octubre 17 de 1973, pp. 2821-2822. Consultar también los siguientes editoriales: “La actitud argentina”, Clarín, 29 de septiembre de 1973, p. 3; “Cinco días de penas, entre risas y llantos”, por Eduardo Suárez, y “La tradición argentina debe ser preservada”, por Enrique Alonso, La Opinión, 5 de octubre de 1973, p. 24; “Consideró el gabinete la situación de los refugiados chilenos, que serían confinados en el interior del país”, La Opinión, 6 de octubre de 1973, p. 20; “Continúa sin aclararse la situación de los refugiados de Chile en Ezeiza”, La Opinión, 7 de octubre de 1973, p. 12. Por su parte, El Descamisado, revista que reflejaba la opinión de Montoneros y Juventud Peronista, coincidió con Clarín y La Opinión en que la incomunicación a que eran sometidos los exiliados chilenos, virtualmente recluidos en el Hotel Internacional de Ezeiza, era una decisión contradictoria con el derecho de asilo. Señaló además que el encargado de negocios de la embajada argentina en Santiago, Alberto del Carril, había desatendido a los refugiados argentinos, llegando la Cancillería argentina al extremo de separar de sus cargos a los tres únicos funcionarios de dicha embajada que se preocuparon por la situación de los asilados chilenos. Además, El Descamisado sostuvo que los exiliados chilenos que se encontraban en territorio argentino fueron sometidos a interrogatorios policiales y fotografías, se les impuso la condición de no salir del Hotel de Ezeiza, y se limitó su estadía a sólo 10 días. Ver “El rechazo a los compañeros de Chile. Esta barbaridad se hace en nombre del peronismo”, El Descamisado, Año 1, Nº 21, 9 de octubre de 1973, p. 26.
Ver editoriales “La tragedia afectó a un influyente periodista. El fusilamiento de argentinos en Chile se supo por una casualidad”, por Camilo Taufic, La Opinión, 1º de noviembre de 1973, p. 8; “Mueren otros dos argentinos en la capital chilena”, La Opinión, 13 de noviembre de 1973, p. 1, y “Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”, La Opinión, 8 de enero de 1974, p. 6. Un grupo de diputados provenientes tanto del FREJULI como de la UCR presentaron hacia fines de octubre de 1973 un proyecto de resolución pidiendo al gobierno de Perón que obtuviese de su colega militar chileno la suspensión de los fusilamientos de tres ciudadanos argentinos detenidos en territorio trasandino -el profesor universitario Pedro Damián Tsakomagkos Corzo, el doctor Bernardo Lejderman y señora-. Asimismo, los diputados de la APR Héctor Portero y Héctor Raúl Sandler presentaron junto a otros colegas dos proyectos de resolución en noviembre del mismo año quejándose por el fusilamiento de otros cuatro ciudadanos argentinos por parte del régimen militar chileno -Carlos Rodolfo Adler Zuleta y su esposa Elena Beatriz Díaz, Teodoro Klux y Oscar Bugallo-. Por su parte, en enero de 1974, el diputado peronista José Luis Fernández Valoni expresó su repudio por el asesinato del chileno Sergio Leiva Molina, quien se encontraba asilado en la embajada argentina en Santiago de Chile. Lo propio hicieron los diputados del Partido Comunista Juan Carlos Comínguez y Tomás Pedro Arana a través de un proyecto de declaración. En todos estos casos, se reclamó al gobierno de Perón la presentación de una nota de protesta formal a las autoridades chilenas. Proyecto de resolución de los diputados Rodolfo Oscar Villar, Ricardo Tomás Natale y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo V, op. cit., Reunión 35º, Octubre 24/25 de 1973, pp. 3097-3098; nota del canciller Alberto Vignes al señor secretario técnico de la Secretaría General de la Presidencia, doctor Gustavo Caraballo, en ibid., Reunión 39º, Noviembre 14 de 1973, pp. 3516-3517; proyecto de resolución de los diputados Jesús Mira, Héctor Portero y otros, en ibid., Reunión 39º, Noviembre 14 de 1973, p. 3584; proyecto de resolución de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo VI, sesiones de prórroga (del 21 de noviembre al 29 de noviembre de 1973), Reunión 41º, Noviembre 21 de 1973, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, p. 3777; proyecto de resolución del diputado José Luis Fernández Valoni y proyecto de declaración de los diputados Juan Carlos Comínguez y Tomás Pedro Arana, estos dos últimos en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo VIII, Sesiones extraordinarias (del 19 de diciembre de 1973 al 24/25 de enero de 1974), Reunión 57º, enero 10 de 1974, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1974, pp. 5477 y 5484, respectivamente. En el caso particular del asesinato del asilado chileno Sergio Leiva, perpetrado en la embajada argentina por un grupo de carabineros, los reclamos de los legisladores tuvieron cierto eco, ya que, a principios de enero de 1974, el canciller Vignes inició la protesta formal por el caso Leiva a las autoridades de Santiago y pidió explicaciones del mismo al embajador chileno en Buenos Aires, René Rojas Galdames. “Tras el reemplazo del canciller chileno. Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”, La Opinión, 8 de enero de 1974, p. 6.
El 15 de mayo de 1974 la Cámara de Diputados, en una resolución sobre tablas promovida por la mayoría de los partidos ligados al FREJULI, declaró al mandatario chileno persona “no grata”. Por su parte, el senador radical Luis León (Chaco) sostuvo que la Cancillería argentina debería haber comunicado a la chilena la no conveniencia de la visita del dictador chileno. Aunque el canciller Vignes intentó minimizar la importancia de la entrevista Perón-Pinochet, lo cierto es que la misma generó una serie de concentraciones políticas como expresión de repudio a dicho encuentro. Ver al respecto proyecto de resolución declarando persona “no grata” al general Pinochet, “desembozado agente del Pentágono y de la CIA”, presentado por el diputado Juan Carlos Cárdenas; y proyecto de declaración de los diputados Vicente Miguel Musacchio, Tomás Pedro Arana y otros, en repudio de la presencia en la Argentina del presidente de la junta militar chilena, que ha violado los principios consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, proyectos citados en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1974, Tomo 1, Sesiones ordinarias (del 26 de abril al 6 de junio de 1974), Reunión 3º, Mayo 15 de 1974, pp. 151 y 158-159, respectivamente. Consultar también los siguientes editoriales: “Oficialmente la visita surge de una mera escala técnica. Magistrados, legisladores, partidos políticos e instituciones manifiestan su repudio a Pinochet”, La Opinión, 16 de mayo de 1974, p. 8. La concentración de repudio a la visita de Pinochet efectuada en Rosario fue organizada por las Juventudes Políticas Argentinas, frente donde militaban sectores de la Juventud Peronista (JP) de las Regionales, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical alfonsinista y muchas otras agrupaciones. La que tuvo lugar en Capital Federal fue organizada por militantes de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), del Socialismo Popular, del Socialismo Unificado, de la Coordinación de Movimiento de Ayuda a Chile, la Organización de Solidaridad con los Presos Estudiantiles y Gremiales, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires y el Movimiento Nacional Intersindical, agrupaciones que declararon su rechazo a la presencia de Pinochet. En dicha declaración se enumeraban las persecuciones, torturas y crímenes cometidos por el régimen militar chileno. Ver al respecto “En medio de estrictas medidas de seguridad Perón y Pinochet dialogaron por más de una hora en Morón” y “Después de la partida proseguían las exteriorizaciones de repudio”, La Opinión, 17 de mayo de 1974, p. 8.
Sobre el viaje de Vignes a Chile y la visita de Pinochet a la Argentina ver C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93, y los siguientes editoriales: “Vignes condecora hoy al canciller chileno”, La Opinión, 10 de abril de 1975, p. 8; “Vignes formalizó la invitación oficial. El general Pinochet aceptó viajar a Argentina en abril”, La Opinión, 11 de abril de 1975”, p. 1; y “Al cabo de siete horas de conferencia coincidieron en concretar proyectos de integración regional. Ratificación de derechos sobre la Antártida y principios para aumentar el intercambio”, La Opinión, 19 de abril de 1975, p. 8.
C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93. Ver también denuncias de artículos correspondientes a los periódicos The Washington Post y The New York Times sobre la colaboración de López Rega y la Triple A con personas detenidas o desaparecidas en Chile en “Versiones norteamericanas vinculan a López Rega con una maniobra de cobertura del asesinato de chilenos” y “En Santiago, la publicación católica ‘Mensaje’ pide una investigación sobre el caso de 119 desaparecidos”, La Opinión, 9 de agosto de 1975, p. 8; y “Una documentada afirmación del semanario norteamericano ‘Time’. El terrorismo derechista de ambos lados de los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos”, La Opinión, 16 de agosto de 1975, p. 4. Sobre asesinato del general chileno Carlos Prats ver M. Seoane, op. cit., pp. 283-284.
Ver editorial “El riesgo de confundir Tercera Posición con tercermundismo. Recientes votos en la ONU parecen revelar el abandono de principios diplomáticos tradicionales”, por Heriberto Kahn, La Opinión, 26 de noviembre de 1974, p. 13. También C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93.
El descontento militar con la política de Vignes respecto del canal de Beagle llevó a los sectores nacionalistas desarrollistas a publicar en la revista Estrategia, dirigida por el general (RE) Juan Enrique Guglialmelli, los “Documentos sobre el arbitraje en la cuestión del Beagle”. Véase Estrategia, Nº 34-35, mayo-junio / julio-agosto de 1975, pp. 41-53. Respecto de la presión del Congreso al Ejecutivo argentino en el diferendo con Chile, vale destacar que ya el 6 de julio de 1974 el diputado Rodolfo Ortega Peña había solicitado la suspensión del arbitraje puesto en marcha en 1971. Por su parte, el 1º de agosto de 1975, un grupo de diputados, encabezados por Rodolfo Domingo Parente, presentó un proyecto de declaración en el que se impugnaba al presidente de la Corte Arbitral por su origen inglés. Este proyecto coincidió en su espíritu con la iniciativa aprobada en Senadores el día anterior, presentada por el justicialista Humberto José Martiarena, según la cual el Ejecutivo debía suspender el arbitraje hasta que hubiera pronunciamiento del Congreso, ya que Gran Bretaña, al tener intereses en Malvinas, no podía ejercer desinteresadamente el rol de árbitro en el diferendo argentino-chileno por el Beagle. Otro elemento que generó reclamos en los legisladores argentinos fue la violación chilena del status de neutralidad del estrecho de Magallanes establecido por el tratado de 1881, cuando las autoridades de la armada trasandina decidieron restringir el cruce por el estrecho de barcos de más de 70 pies de calado. Esta restricción a la libre navegación motivó el pedido de informes del diputado Ernesto Manuel Campos al Poder Ejecutivo a fines de febrero de 1976. En esa misma fecha, los diputados Jorge Nelson Gualco y Ernesto Manuel Campos se dirigieron al Poder Ejecutivo, solicitando informes respecto de las razones que impulsaron al gobierno a aceptar que en la Corte Arbitral que debía decidir sobre la controversia con Chile no hubiera ningún juez de “habla española”, sólo uno de “Formación Jurídica Continental” y cuatro de “Formación Jurídica Anglosajona”. En la interpretación de los legisladores argentinos, esta composición podía implicar el riesgo de que en la Corte Arbitral no se evaluaran debidamente los derechos heredados de la Corona española. Pedido de informes de los diputados Jorge Nelson Gualco y Ernesto Manuel Campos al Poder Ejecutivo, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo IX, op. cit., Reunión 57º, Febrero 25 / 26 de 1976, pp. 6188-6190 y 6248-6249; proyecto de ley impulsado por el Senado y Cámara de Diputados desechando el acuerdo de arbitraje (compromiso) de 1971 entre Argentina, Chile y Gran Bretaña, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo V, sesiones ordinarias (del 10 de septiembre al 26 de setiembre de 1975), Reunión 35º, Septiembre 22 de 1975, p. 3609; proyecto de resolución de los diputados Enrique Eguireun, Pedro Alfredo Puentes y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo V, op. cit., Reunión 35º, Septiembre 22 de 1975, p. 3632; proyecto de resolución de los diputados Enrique Eguireun, José Carmelo Amerise y otros, y proyecto de ley del Senado y Cámara de Diputados, estos dos últimos en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo VI, op. cit., Reunión 41º, Septiembre 30 de 1975, pp. 4499-4500. Ver también los editoriales “Una comisión de Diputados debatió con Vignes. El Congreso presiona al Ejecutivo en relación al arbitraje sobre el Beagle”, La Opinión, 26 de junio de 1975, p. 8; y “El Congreso abrió, en los hechos, un compás de espera en el tema Beagle”, La Opinión, 2 de octubre de 1975, p. 10. Asimismo consultar los trabajos de Miguel Angel Scenna, Argentina-Chile: Una frontera caliente, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1981, pp. 222-227, y C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 95.
Ver al respecto proyecto de comunicación de los senadores radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Francisco Eduardo Cerro, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1974, Tomo II, Sesiones ordinarias (del 10 de julio de 1974 al 4 de septiembre de 1974), Reunión 10º, Julio 11 de 1974, p. 910.

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