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Timestamp: 2017-03-30 10:46:08+00:00

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Decenas de miles de maestros ni ascenderán ni se reubicarán debido a la tramposa evaluación montada entre el gobierno y Fecode	Imprimir Correo electrónico Escrito por Arturo Stevenson, Ludwing Niccolò Romanovich y Alejandro Torres	Categoría: Educación	Publicado: 07 Julio 2016	Visto: 175666	evaluación diagnóstico formativa	Fecode,	MEN,	magisterio	1278	El pasado 23 de junio el Comité Ejecutivo de Fecode convocó a una rueda de prensa para informar, por boca de su presidente y gastando gran prosopopeya, que había roto relaciones con el Ministerio de Educación; que en adelante solo aceptaría dialogar con “el director de la orquesta”, el presidente Santos, y que se disponía a convocar a un nuevo paro nacional indefinido desde los primeros días de julio. Según Luis Grubert, presidente del sindicato, el gobierno le había “declarado la guerra al magisterio”, y que la copa la habían rebosado las “trampas” oficiales a la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa (sic), ECDF. Por lo demás, que el ICFES había fracasado en la aplicación de las encuestas; que faltaban todavía unos 2.000 maestros por grabar y que unos 6.000 aún no habían subido el video a la plataforma; que los resultados se estaban mostrando de manera parcial, lo que generaba zozobra y desconfianza; y que sin el conocimiento de los resultados totales no se podía aplicar el llamado “principio de favorabilidad”. Además, que el Ministerio venía dictando una serie de normas de manera unilateral, por ejemplo, en materia de ingreso a la carrera docente y de jornada única; y que en cuanto a la salud se venía presentando un “marchitamiento” del servicio. Con gesto dolorido insistía en que, dado que la fecha coincidía con la de la declaración del cese al fuego bilateral que el gobierno y las FARC estaban anunciando en La Habana, su actitud no debía interpretarse como un desplante a los acuerdos, sino que estos debían extenderse también a los conflictos sociales, pero que parecía que el gobierno tenía enquistados en el Ministerio algunos enemigos agazapados de la paz que, con aviesas intenciones, malquistaban al Señor Presidente con los educadores.
No sobra comentar el artificio de sugerir que la paz en cierne con las FARC conlleva el respeto a los derechos de las mayorías y pasará a una segunda etapa en la que la oligarquía dominante se desvelará por construir “una nueva Colombia: democrática y equitativa”, tal cual reza el comunicado de Fecode del 23 de junio. Por el contrario, lo que debe saludarse de este importante hecho es que se cierre un ciclo de violencia inútil que ha afectado a inmensas regiones y que las luchas de las masas podrán desplegarse en un ambiente en el cual será más difícil acusarlas de que responden a los designios del terrorismo. Pero de lo que también podemos estar seguros es que las medidas antipopulares, como las ya anunciadas por Santos —entre otras, reforma tributaria, pensional, laboral, más TLC, etc.— crecerán exponencialmente, por lo que las batallas sociales adquirirán un inusitado vigor y el régimen acentuará sus características despóticas y antidemocráticas. Volviendo a la conferencia de prensa, como los periodistas indagaran reiteradamente qué había sucedido con los resultados de la ECDF, ya que era evidente que por ello habían sido citados tan repentinamente, el señor Grubert patinaba una y otra vez para no dar la información que tenía en sus manos. Incluso, recurrió a la majadería de decir que no contestaba porque el gobierno les había entregado las calificaciones en un archivo PDF, lo cual les hacía muy dispendioso (¿fatigoso?) tabularlas. Todo indica que el Ejecutivo de la Federación ya conocía los resultados de unas 19.000 evaluaciones, algo más de la mitad de las presentadas, pero ni los hacía públicos, en un acto incalificable de antidemocracia, y ni siquiera exponía las conclusiones a las que había llegado con base en los mismos.
Era obvio que los resultados debían indicar que el grueso de los maestros habían sido reprobados; de no ser así, no se explicaría la teatral aparición. Además, ya se regaban como pólvora por las redes las reacciones de los maestros al conocer individualmente sus calificaciones, y su ira (Grubert la llama desazón y desconfianza) se dirigía contra Fecode, que los había conducido arteramente a la celada tendida por el gobierno.
Recuérdese que el paro del año pasado se levantó el 7 de mayo en medio de la más airada protesta de las bases, ya que el espíritu de lucha estaba en su punto más alto, y lo pactado era claramente una traición. Los líderes habían aceptado una “nivelación” salarial que no sobrepasaba ni en una décima lo que el gobierno ofreció desde antes de la huelga. En lo referente a la salud se conformaron con la promesa de crear el “Defensor del Usuario” y la intervención de los “entes de control”, es decir, con el nombramiento de burócrata, con todo y sus oficinas y su séquito a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, para así montar un nuevo filón de tráfico clientelista, y, de otro lado, recurrir a las famosas Superintendencias, Contralorías y Procuradurías, cuyas “exhaustivas investigaciones”, las más de las veces, culminan dejando en la más completa impunidad toda clase de chanchullos.
En cuanto al ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores pertenecientes al Estatuto 1278 se acordó la ECDF, la cual se reglamentaría a través de un Decreto a expedirse a más tardar en un mes, y que se les aplicaría a los maestros que, habiéndose presentado, no habían logrado dichos ascensos y reubicaciones. La evaluación se basaría “preponderantemente en la observación de videos de clases” (método tomado del Banco Mundial y el Estudio Compartir). Quienes no la aprobaran debían tomar unos “cursos de capacitación (…) tendientes a solucionar las falencias detectadas”. Finalmente, se estableció que “mientras se consensua un nuevo Estatuto Único Docente” todos los maestros “cobijados” por el 1278 debían presentar la ECDF. Para los del 2277 se acordó una mísera bonificación una vez al año equivalente a un 10% de un sueldo mensual y sin incidencia prestacional, y otra de un sueldo al momento del retiro.
El gobierno les giró a los Judas de la directiva las treinta monedas de plata en la forma de casi 5.000 millones de pesos dizque para unos juegos deportivos y unos encuentros folclóricos a organizarse por Fecode.
Envalentonada, la cúpula sindical salió férreamente unida a defender su felonía. En las asambleas —en muchas, a los miembros del Ejecutivo y a los directivos de los sindicatos filiales se les puso en el banquillo de los acusados y se les prohibió presidirlas—, cínicamente tildaban de gobiernistas y divisionistas a quienes los cuestionaban, siendo ellos quienes desvergonzadamente habían llamado a votar por Santos en 2014 y quienes han venido propiciando todas las políticas oficiales que atentan contra la unidad de los educadores.
El 20 de agosto el gobierno y Fecode presentaron el proyecto de decreto (no al mes sino luego de casi 4 meses), el cual, bajo el número 1757, se expidió formalmente el 1 de septiembre. Fecode alardeó cuánto más pudo. Sostuvo que en esencia era de su autoría. Que el nuevo sistema de evaluación se acomodaba perfectamente al mandato de su XIX Asamblea General. Pregonó que se le había dado un vuelco al sentido punitivo que tenía antes: ahora sería un ejercicio de ayuda, nunca de castigo. Las distintas facciones aseveraron de mil formas que la inmensa mayoría de los maestros que presentaran la evaluación ascenderían o se reubicarían salarialmente antes de finalizar 2015. En honor a la verdad, ni Santos ni la Ministra se molestaron en disputarles la paternidad.
Los del MOIR, los pupilos del afamado senador Robledo, se contaron entre los más entusiastas (y eso que se autonombran como los más anti santistas); señalaron que el derrotero era claro, que debido a sus principios, criterios e instrumentos sería, desde luego, diagnóstico formativa,
“con enfoque cualitativo, de validez y con integralidad, de aula, transparente, democrática, con autonomía escolar, libertad de cátedra y pluralismo pedagógico. Toma como sus criterios el contexto de la práctica educativa y pedagógica, la reflexión y planeación, la práctica pedagógica y el ambiente de aula (...) Con este acuerdo queda superada la evaluación de competencias, el examen escrito que era el instrumento con el cual el Gobierno impedía la mejora salarial de los educadores.”
Añadieron que ese mecanismo les daría salida a entre 40.000 y 50.000 maestros represados. “la idea es que este año se acabe ese represamiento (…) la historia nos está dando la razón a los que apoyamos los acuerdos”. Y remataron: “En resumen, estos maestros tienen todas las garantías posibles para ascender.”
Mientras tanto, y aprovechando el desaforado entusiasmo, digno de mejor causa, el gobierno iba imponiendo todo lo que pretendía. Lo primero y fundamental era que de esta manera se enterraba definitivamente el legado de las anteriores generaciones de maestros que, mediante batallas memorables, habían plasmado en el Decreto 2277 de 1977 que los ascensos en el escalafón y las alzas de los sueldos se harían por títulos, experiencia y producción académica. Y, en segundo lugar, lograba mantener la esencia del 1278, cuyo conocido artículo 36 consagra que: “Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.” Lo que se ha traducido en que cuando mucho el 20% de los maestros que se presentan logran ascender. Es decir, la ECDF mantenía la restricción de ascensos y reubicaciones y las permanentes y variopintas evaluaciones, pero ahora sancionadas por la propia organización sindical, cuyo “histórico” aporte había sido cambiarle el nombre para que todo siguiera igual… o peor. Además, dejaba intocada la exigencia de obtener una calificación superior al 80% y le encomendaba lo esencial de la prueba al arbitrio del Ministerio que, la lidera, establece, construye, administra, le define los criterios, principios e instrumentos, en todo lo cual Fecode “participará”.
Uno de los elementos del Decreto, presentado por la cúpula sindical como otra panacea, son los cursos para quienes “por alguna razón no llegaren a pasar”, los cuales se dictarían por “universidades acreditadas” o que cuenten con facultades de educación de trayectoria e idoneidad y que serían cofinanciados: 70% entre el gobierno y los entes territoriales y 30% por el educador (no se sabe cuánto irán a costar). Estos también deben aprobarse con más del 80%, según el citado numeral 2 del artículo 36 del decreto 1278. Además, “podrán ser homologados por las instituciones de educación superior, en ejercicio de su autonomía universitaria, dentro de los programas de pregrado y posgrado que éstas ofrezcan.” Están tan pero tan amansados estos impostores del Ejecutivo de Fecode que no pararon mientes en que esto les daba patente de corzo a los negociantes de la educación superior para presionar a los profesores (con la espada de Damocles del 80%) a inscribirse en alguno de dichos programas ofrecidos por las desinteresadas instituciones. Aparte de que se le abriría el camino a otra especie de “Ser pilo paga” porque el gobierno, como lo ha hecho en el caso de la educación superior, buscará todas las formas posibles para destinarles cientos de miles de millones de pesos más a las universidades privadas, so pretexto de educar a los educadores. No puede ser coincidencia que la Universidad de Los Andes, en la que casi la mitad de las nuevas matrículas corresponden a “Ser pilo paga”, haya lanzado con bombos y platillos, en marzo de este año, su Facultad de Educación.
Naturalmente, ni de lejos se suprimió la naturaleza punitiva de la evaluación de competencias. Esto solo sería cierto si la ECDF no tuviera nada que ver con ascensos y reubicaciones. A los complacientes directivos sindicales, el hecho de que el grueso de la evaluación fuera un video calificado por pares y que el 20% restante dependiera de las evaluaciones de desempeño, la autoevaluación y de la calificación de los alumnos les ayudaba a mostrarse triunfalistas. El gobierno les estimulaba la estulticia y ellos se enredaban en sus propias espuelas. De nuevo, las víctimas serían los profesores.
El 24 de septiembre de 2015 la Ministra expidió la Resolución 15711, mediante la cual se estableció el cronograma de actividades de la ECDF. Allí apareció el elemento con el que la camarilla acabó de embaucar a los maestros. Con espíritu de tinterillos lo llamaron pomposamente “principio de favorabilidad”. Se trataba de un parágrafo del artículo 11, el cual señala cómo se ponderan los elementos de dicha evaluación.
Parágrafo: en la valoración del video, según la distribución del total de los evaluados, se tendrá en cuenta el puntaje del evaluado con mayor número de puntos, el cual será ajustado a cien (100) puntos. Los puntajes de los demás aspirantes que sean superiores a treinta (30) puntos serán objeto de un ajuste con base en la nueva escala que resulte. Los ajustes dependerán de los resultados de cada cohorte.
Es de este “principio” del que ahora la cúpula traidora se está agarrando como a un clavo ardiendo. Cada quien lo explica a su manera, lo que quiere decir no solo que nunca lo entendieron, sino que lo tomaron con el desparpajo con el que asumen todas sus obligaciones. ¿Alguna vez concretaron con el Ministerio a qué se refiere la frase: “según la distribución del total de los evaluados”? ¿Esa distribución es previa a la calificación, de acuerdo con algunos parámetros, o posterior de acuerdo con el resultado? ¿De ser esto último, no sobraría la frase citada que lo único que hace es abrir la posibilidad de interpretaciones antojadizas? ¿Quiere decir que si la mayor nota fuera 98 y, por definición, ésta se aproximara a 100, a todos los demás se les aumentarían los mismos dos puntos, o que con base en otra fórmula matemática los incrementos sean diferenciados? En cualquiera de los dos casos el aumento solo podría ser relevante si se parte de que el mejor video no obtenga un puntaje excelente. ¿Con qué criterio podría descartarse que haya uno o varios profesores con puntajes sobresalientes, por ejemplo de entre 95 y 100, si, en primer lugar, Colombia cuenta con muy buenos maestros; en segundo lugar, se trata de la grabación de una clase que ha podido prepararse con esmero, y, por último, aunque no menos importante, siendo que estamos ante una muestra suficientemente grande, esto es, de 37.000 videos? ¿Si se toma en cuenta la expresión: “los ajustes dependerán de los resultados de cada cohorte”, la cual evidenciaría que los ajustes son diferenciados, qué parámetros se acordaron para establecer tales cohortes? ¿Fijaron qué pasaría con el “principio” si el mayor puntaje resultaba ser de 100? ¿Qué querían decir cuando peroraban que el triunfo había sido tan grande que habían invertido la campana de Gauss?
En sus alegatos del 23 de junio para supuestamente romper relaciones con el Ministerio y en documentos posteriores, Fecode ya ha llevado el dichoso “principio” a interpretaciones que no pueden catalogarse sino como de mala fe. En el Boletín de Prensa No. 13, titulado Aclaración de dudas respecto al proceso de la ECDF, señalaron “Que el principio de favorabilidad está estipulado y explicado en el artículo 11° de la Resolución 15711, el cual debe aplicarse al final del proceso demostrándose que ese principio hoy es incompleto.” Interpretación falaz, porque en ninguna parte dice que se aplique al final o al comienzo del proceso sino que se aplica a la valoración del video. ¿Y qué demonios es eso de que “el principio hoy es incompleto”?
Veamos un ejemplo. Supongamos que un profesor obtiene 70 puntos en el video, esto es, 3,5 en la escala tradicional de calificación de 1 a 5 (puntaje muy probable para muchos, dado el amedrentamiento ejercido sobre los pares). Como la ponderación de este “instrumento” es de 80%, quiere decir que se partiría de 56%. Ese profesor, así obtuviera la totalidad de los 100 puntos en cada uno de los otros “instrumentos”: (a) el promedio de las últimas dos evaluaciones de desempeño (5%); (b) la autoevaluación (10%), y (c) la evaluación de los alumnos (5%), apenas alcanzaría a completar 76%, por lo que requeriría que al video (recordemos que la resolución 15711 establece que la “favorabilidad” es sólo para el video y no para el resultado final como lo ha querido dar a entender Fecode) se le aumentaran 5,01 puntos (según el 1278 se debe sacar más de 80%, y se tienen en cuenta dos decimales). Su nota quedaría entonces en 80,008%, o, aproximando, 80,01%. Pero si, como es más probable, obtuviera en promedio 90 puntos entre (a), (b) y (c) tendría una ponderación adicional de 18%, por lo que apenas llegaría a 74%. De tal manera que al video habría que aplicársele una “favorabilidad” de 7,51 puntos, con lo que quedaría ponderado en 62,008%. Así, sumándole el 18%, llegaría a 80,01%. Como se ve, el panorama no es nada alentador. Ni qué decir de los maestros que no obtengan ese alto 18% en esos otros tres parámetros, lo cual es muy factible, entre otras razones, porque en ninguna parte consta que el puntaje que el aspirante se asigna en la encuesta de autoevaluación y el que le dan sus alumnos se ratifique en la “codificación” que hace el ICFES de tales “instrumentos”.
Dados los aspavientos con que presentaron su “principio”, ¿los directivos de Fecode le pueden garantizar al profesor de nuestro ejemplo —el cual dentro de las draconianas condiciones impuestas sacó una nota relativamente buena en el video—, que el gobierno le va a sumar a la grabación los 7,51 puntos necesarios para que pueda ascender o reubicarse?
Ahora bien, ¿cómo hacer una curva para modificar los puntajes de una evaluación? Coinciden quienes se ocupan del tema en que ella debe hacerse a partir del resultado, y lógicamente cuando este está por debajo de lo que se espera. La pregunta clave es con qué objetivo se hace la curva, ya que ello determina qué técnica usar. Entonces, por ejemplo, se cuestiona si se quiere un promedio en particular; si se desea favorecer más a quienes obtuvieron más bajos puntajes o lo mismo que a los que les fue bien; aunque lo usual es buscar favorecer más a los más bajos puntajes. Otra pregunta común es: ¿se quiere que todo el mundo apruebe? ¿Creyeron los jefes de Fecode que Santos y la Ministra se hicieron este interrogante y lo contestaron positivamente?
En los siguientes cuadros hacemos una aproximación con base en el criterio “puntaje máximo a 100”, del cual los conocedores señalan que en general no ayuda mucho, menos cuando el aumento no es constante, dado que el favorecimiento decrece en la medida en que los puntajes van bajando, es decir, que quienes más se favorecen son los de mayor puntaje:
Aumento constante:
Puntaje máximo: 98 , donde es el puntaje original del video (se aplica en todos los cuadros)
Ponderación video en %
Ponderación video + 18% (90 puntos en otros instrumentos) Ponderación video + 17% (85 puntos en otros instrumentos)
Ponderación video + 16% (80 puntos en otros instrumentos)
Puntaje máximo: 95 Puntaje original
Aumento no constante:
Puntaje máximo: 98 Puntaje original
Podemos concluir que los únicos que están seguros de obtener el 80,01%, en todos los cuatro casos, son quienes hayan obtenido en el video al menos 79 puntos antes de la “favorabilidad”.
Veamos ahora lo que pasó con los pares evaluadores. A ciencia y paciencia de Grubert y su combo, los profesores que se inscribieron para esta tarea fueron amedrentados sin contemplaciones. Se les sometió a unas jornadas de adiestramiento sobre cuyos contenidos Fecode ni chistó, y, aún peor, fueron obligados a suscribir un llamado “Acuerdo de confidencialidad”, cuya violación acarrearía sanciones disciplinarias y devolución total o parcial de los pagos que se les hacían. ¡Qué no se les infundiría a estos maestros en por lo menos 10 sesiones de adiestramiento! ¡Cómo se solazarían los instructores en falacias sobre ética y valores! ¡Qué cantidad de retorcidos esquemas no se les obligaría a seguir para rajar a los examinados o pasarlos apenas raspando! Y Fecode muda. ¿Por qué guardó silencio ante la sesgada y peligrosa exigencia contenida en la convocatoria del ICFES para conformar el “banco de pares”?
El material de evaluación es confidencial. Por esto al iniciar el proceso de entrenamiento el preseleccionado deberá firmar un acta de confidencialidad; y al iniciar las actividades propias de la codificación, cada par evaluador deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad.
¿El Comité Ejecutivo de Fecode siquiera se enteró de esta camisa de fuerza? ¿En alguna parte consta su airada protesta contra semejante engendro? ¿Supo que a los pares se les prohibió hasta hacer conjeturas basadas en el resultado de la codificación? ¿No le suscitó siquiera una sospecha que se volviera secreto de Estado “el material de la evaluación”? ¿Su santismo ha llegado tan lejos que consideran que el Señor Presidente no es capaz, de mentir, de presionar, de embaucar? ¿O acaso este fue también uno de los tantos aportes a la ECDF del Ejecutivo y del CEID?
¿Con los resultados que tienen en sus manos y debido a los cuales citaron su melodramática conferencia de prensa, qué conclusiones sacaron? ¿Qué derecho tienen a ocultarles esa información a las bases? ¿Si es verdad que van a lanzar un nuevo paro, lo lógico no es ir preparando al magisterio con la verdad de lo que pasó? ¿O están conscientes de que se desnudó la farsa y que los maestros, esta vez sí, los van a juzgar como se lo merecen?
Pero es evidente que lo del paro no es sino una pataleta. Santos les incumplió una cita, y sin embargo en un santiamén hicieron varios pactos con la Ministra. Acordaron aguardar por los resultados finales hasta el 23 de julio. Pero en realidad este plazo se irá hasta mediados de septiembre, porque en lo acordado se reafirma que los reprobados tendrán hasta el 29 de julio para apelar, y el gobierno contará con 30 días hábiles para responder, y luego vendrán los cursos. Si mucho citarán uno de esos sosos desfiles que ellos y las camarillas de las centrales obreras llaman ahora “paro cívico”, y en medio de él fraguarán algún otro desafuero contra los afiliados.
Desde luego que tal grado de pusilanimidad de la dirigencia sindical, obviamente advertido por el gobierno, es lo que le ha permitido a éste profundizar la escalada contra el magisterio, que se manifiesta en la promulgación de decretos unilaterales, varios contra la carrera docente; en el incumplimiento del pago de las deudas y otros compromisos; en la burla frente a la concreción del Estatuto Único, que se convertirá en un nuevo golpe a los educadores si se persiste en la argucia electorera de que se concierte en la tal comisión tripartita de Fecode, el Ministerio y el Congreso; en el establecimiento de una falaz jornada única, que en donde ya se está aplicando ha redundado en atropellos contra los derechos de los educadores y el resto de la comunidad educativa; en el empeoramiento hasta extremos inconcebibles del servicio de salud. A estos y otros asuntos nos referiremos en próximos artículos.
Semejante cometido no será posible si los maestros no derrocan a la camarilla directiva de Fecode, o no conforman, mediante un proceso paciente y perseverante, una nueva y poderosa y consecuente organización sindical. Porque de la cúpula actual ni siquiera puede esperarse el acto de dignidad de renunciar ante la nítida evidencia de sus estruendosos fracasos.

References: artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 11
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 Resolución 
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