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Timestamp: 2017-06-22 14:06:08+00:00

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Tesis de Grado Nº 1219Cargado por Raglimar MelendezRelated InterestsProcedural LawCriminal LawCriminal ProcedureJurisdictionRightsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentUNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHOLA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ANTE LA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO AL NO EJERCER EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA
De allí. accesible. responsable. y así lograr la defensa de sus derechos e intereses. el derecho a la tutela judicial efectiva. se de el cumplimiento del derecho a la defensa. en los términos y condiciones establecidos por la ley. En tal sentido. se establece que: Toda Persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses. inclusos los colectivos o difusos. El Estado garantizará una justicia gratuita. imparcial. transparente. constituye como una de las garantías constitucionales. Se evidencia entonces. y que carecen de los medios económicos necesarios para proveerse por si mismos de un abogado que defienda sus derechos en el proceso. equitativa y expedita. ya que el Estado está llamado a velar que en todo proceso. en su
. que el derecho a la tutela judicial efectiva. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. es así como en el Artículo 26 supra.ciudadanos que presuntamente han cometido un delito o falta. con el establecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de 2000 (CRBV). Venezuela como Estado Social de Derecho y de Justicia. sin dilaciones indebidas. que el acceso a la justicia por los ciudadanos se encuentra garantizado. idónea. autónoma. sin formalismos o reposiciones inútiles. está referido a que todos los venezolanos pueden acudir a los órganos que tienen atribuida la administración de justicia. por lo que se establece en la Carta Magna el derecho a la defensa. independiente. la cual fijará las normas que lo aseguren.
pues así lo demuestran numerosas denuncias. por lo que efectivamente se establece el deber que tiene el Estado de dotar a las personas de una defensa sino pueden hacerlo por sus medios. sin embargo. se observan deficiencias en el ejercicio de las funciones de los defensores públicos. Cabe destacar. y la falta de vocación que se observa en el desempeño de sus funciones. dentro del informe antes mencionado. se explica que en el desempeño de las funciones de la Dirección de Defensa Pública. ésta tiene a su cargo la representación judicial de una persona a la cual se le está siguiendo un proceso penal por la presunta comisión de un hecho punible. el cual dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. explica que si bien.2000). no menos cierto es que su actuación no ha sido la más adecuada. y
. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso…”. en consecuencia: 1. según un informe presentado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA . sobre la situación actual de la Defensoría Pública. afectó la ejecución de programas básicos de control y vigilancia. el déficit en dicha Dirección. le da gran importancia al derecho a la defensa. por lo que actualmente se realizan labores de seguimiento y control. ya que el mismo es establecido como una garantía que debe ser respetada por los órganos de administración de justicia.Artículo 49. No obstante. Así mismo. que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.
como un ente descentralizado. la cual establece al Sistema Autónomo de Defensa Pública. agotado un acto procesal como por ejemplo. la Defensoría Pública de Presos. También. representante del acusado lo haga en el tiempo legal. si su representante legal o defensor no actúa diligentemente en el ejercicio de sus funciones. publicada el 10 de Marzo del 2001. lo cual trae como consecuencia que no se establezcan las atribuciones y limites en el desempeño de sus funciones. Así mismo. pierde la oportunidad de realizarlo en virtud de la preclusividad de los actos procesales. en Chile está destinada a otorgar defensa penal a aquellas personas
. específicamente en las normas que regulan el proceso penal. causándole un perjuicio irreparable trayendo como consecuencia que el ciudadano quede indefenso. dependiente del Presidente de la República así como de los Ministros. lo cual trajo como consecuencia que no se aplicaran de forma adecuada tales programas. De igual forma. en el ordenamiento jurídico vigente. el lapso para apelar de la sentencia definitiva. en el ordenamiento jurídico venezolano hasta los momentos.de celeridad procesal en materia penal. se observa que. la Defensoría Penal Pública actualmente se encuentra regulada por la Ley de Defensoría Penal Pública Chilena. No obstante. con personalidad jurídica y patrimonio propio. evidentemente de orden público. sin que el defensor público. cabe señalar que aunado a esta situación. no se ha establecido concretamente una ley que regule el Sistema Autónomo de la Defensoría Pública. en el caso de Chile.
que permiten establecer las facultades que tienen a su cargo y de esta forma puedan desempañar debidamente sus obligaciones. a la población de escasos recursos económicos. y por el Estatuto Legal contenido en el Decreto Nº 129-97. en Guatemala el Sistema de Defensa Penal Pública se encuentra regulado por la Ley de Servicio Público de Defensa Penal de 1996.involucradas en la comisión de un delito y que no poseen medios económicos para cubrir los gastos que acarrea los servicios de un defensor privado. Guatemala y el Salvador. a través de la cual se proporciona asistencia jurídica no solo al adulto sino a aquellos menores acusados de cometer un delito. En el Salvador. dirigido a brindar de manera directa e inmediata el acceso a la justicia. a través de los cuales se busca obtener la máxima eficacia en el ejercicio del derecho a la defensa. de fecha 5 de Diciembre. se encuentran reguladas por una ley especial o por ciertas leyes en general. la Defensa Penal Pública se encuentra regulada no solo por el Reglamento sobre Práctica Jurídica de 1992. Por las consideraciones anteriores se puede observar. el cual estableció a la Defensoría como un ente autónomo y funcional. sino por la Ley del Menor Infractor. que las Defensorías Públicas de Presos de Chile. Por su parte.
. y de igual forma también se ve regulada por el Código Penal y Procesal Penal del Salvador de reciente vigencia.
Osorio (1998).Visto de este modo. Ahora bien. la define como: “la capacidad de responder ciertos actos en abstracto. no llegan a cumplirse en su totalidad. Específicamente. es la garantía de la tutela de los derechos de los desposeídos. para que
. En cuanto a la responsabilidad. y la necesidad de responder otros actos concretos e imputables a determinado sujeto”. se observa que la defensoría pública tiene a su cargo una diversidad de funciones y atribuciones de gran relevancia. las cuales en la realidad venezolana. señala que es aquella que le corresponde al Estado o a sus agentes. en el desempeño de las funciones por él asignadas. ya que si bien se ha establecido que el objetivo final de la Defensoría Pública. Rojas (2003). Por lo que esta teoría tiene como finalidad hacerlo responsable a él y a los funcionarios públicos. dentro del ámbito procesal. en cuanto a la responsabilidad en el ámbito estatal. ya sea por su actuación como sujeto de derecho público o privado. según el autor antes señalado abarca un espectro muy amplio. como entidad con personalidad jurídica independiente de los funcionarios que los representan. el concepto de responsabilidad Estatal. a través de la actuación diligente del Defensor Público de Presos. dicha actuación no se ha realizado de la manera establecida. que va desde el Estado propiamente dicho. por lo que surge la necesidad de conocer la responsabilidad del Estado en esta materia. de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. y también la responsabilidad derivada de los mismos funcionarios por los actos que ellos desempeñan en el ejercicio de sus funciones.
en relación a una inspección que realizó en los Centros Penitenciarios de Venezuela. Al respecto. el Estado. personas naturales o jurídicas. En consecuencia. donde explicó que los presos se quejaron de sus abogados. Como puede observarse. de los daños que se les ocasione con motivo de la actividad pública incluso por la actividad desarrollada por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o la inactividad u omisión en el correcto ejercicio de sus funciones.
. de allí que el nivel de la representación legal suele ser bastante deficiente. Como se evidencia en un informe presentado por Human Rights Watch (2005). pues la mayoría están representados por defensores públicos sobrecargados de casos. ya que cada uno de los 159 defensores públicos de Venezuela se encarga de centenares de causas. en su artículo 140 que establece: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. es el ente responsable de las actuaciones que realicen los funcionarios que están a su cargo. dispone el principio de responsabilidad del Estado. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000).con ello se pueda limitar el accionar de aquellos con el fin de proteger los derechos individuales de los administrados. el Estado tiene el deber y la obligación de indemnizar a los particulares o ciudadanos.
deberán prestar sus servicios a todos los ciudadanos. Entonces. la Administración Pública y cada uno de los órganos que la conforman. En tal sentido. respetando los derechos que individualmente les son otorgados por la Ley. restablecer la situación jurídica subjetiva lesionada que se le haya causado a un ciudadano o administrado. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. y en caso de que se violen sus derechos y no se les prestes el servicio de forma adecuada. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho.Así mismo. como consecuencia del mal desempeño ya sea del funcionario público como del Estado. le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a cualquier otro tribunal competente. a través de un proceso y demostrada la responsabilidad como tal. y quedando en evidencia que es responsable tanto él mismo como los funcionarios públicos que desempeñan cargos dentro de los distintos órganos gubernamentales. es pertinente someter a estudio la
. el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) señala que: La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la Ley. condenar el pago y a la reparación de daños y perjuicios. entendida la existencia del Estado como ente destinado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. incluso por desviación de poder. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.
lo cual trae como consecuencia que no exista confianza en tal institución. por lo que teniéndose como objetivo analizar la responsabilidad del Estado en esta situación. de allí que el desempeño de sus funciones constituye un hecho violento presente en la estructura del Estado. el presente estudio se ubica en la línea de investigación: Violencia Estructural. estudiar hechos violentos y promover la paz. fiel cumplimiento al objetivo de este polo que es. y de este modo proponer soluciones al respecto. crea una situación de indefensión a los ciudadanos. dándose de esta forma.La investigación se encuentra enmarcada dentro del Polo de Investigación: Estudiar la Violencia para Promover la Paz. se podrá conocer cuáles son las posibilidades de que el daño causado sea reparado y las medidas respectivas que se tomarán para evitarlo.
. ya que el sistema de administración de justicia venezolano se encuentra conformado por una gran diversidad de órganos. en virtud de que se tiene por finalidad conocer cuál es la responsabilidad del Estado ante la mala actuación de los funcionarios que conforman su estructura. Por último. pues la actuación de los funcionarios que desempeñan funciones en la defensa penal pública. dentro de la cual se encuentra la Defensoría Pública de Presos. lo cual corresponde al estudio de esta materia. Además. cabe desatacar que el eje conceptual en el cual se ubica la presente investigación es el derecho administrativo.
el referido autor conceptúa la investigación de carácter jurídica como aquella que concibe el problema desde una perspectiva estrictamente formalista. se requirió la implementación de un
. con el objeto de adecuar los conocimientos en una forma teórica y práctica dándole así carácter de primer orden a lo investigado. según el criterio de autores como Witker (1995). es aquella que concibe su tratamiento a través de la revisión de fuentes secundarias. quien plantea que se trata de cuestionar una ley o institución jurídica vigente para luego evaluar sus fallas.METODOLOGÍA Tipo de Investigación La presente investigación se encuentra enmarcada en el enfoque jurídico dogmático. En este mismo sentido. señala que una investigación documental. en este sentido. descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución. De acuerdo a la investigación planteada. proponer cambios o reformas legislativas en concreto. norma jurídica o estructural legal en cuestión. En cuanto al tipo de investigación. Morles (1998). se empleó la investigación documental con diseño bibliográfico.
debe adecuarse a la naturaleza propia investigativa. a través del cual se percibe el material escrito. debiendo estar acorde a los objetivos planteados. En este sentido. debido a que se escogió como diseño de investigación. debe centrarse en las llamadas técnicas de investigación documental. siendo la perspectiva metodológica de una investigación documental. la información que se recopiló fue aquella que emanaba de documentos escritos y otro tipo de material impreso. para posteriormente procesar esa información recibida. debiéndose usar el tipo de diseño bibliográfico y por consiguiente la intervención de la estrategia derivada de este. es así. Técnicas de Recolección de la Información Para seleccionar la información que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de grado. convirtiéndose de esta forma en un instrumento de gran relevancia dentro de la investigación.
. en consecuencia. los cuales son denominados como datos secundarios según Sabino (1992). señala que es un proceso. caracterizado por su complejidad. Por lo tanto. ya que se refiere a aquellos registros manejados. como Wiltker (1999) señala que la información más trascendente se encuentra en documentos de diversa naturaleza y contenido y. fichaje y el resumen. se usó la técnica de la lectura. aunque no exclusivo. fue indispensable que se emplearán técnicas documentales. subrayado. el aspecto de mayor importancia. En referencia a la técnica de la lectura Mercado (2000). escogidos y procesados por otros investigadores. que según Ballestrini (1998).diseño especifico.
el cual es definido por García (1998) como aquel que: “consiste en descubrir la intención de los legisladores. agilizando la realización del índice bibliográfico. la técnica del fichaje permitió acumular datos e ideas con el objeto de organizarlos todo en un fichero. Hochman y otros (1993) especifican: “El subrayado se utiliza para determinar la lectura del plan real de las ideas de un autor. se hizo empleando el método exegético. también se aplicó a los puntos débiles o no entendibles del material utilizado. En este sentido. en la primera lectura del texto se van subrayando las ideas principales para luego aislarla rápidamente del resto del trabajo y reestructurarla en un plan lógico o real de la obra o para resumir la misma” (p. para alcanzar de esta forma los objetivos propuestos en la investigación. el subrayado se empleó conjuntamente con la técnica de lectura. con el propósito de resaltar las notas más importantes o los puntos principales de las obras consultadas.En lo que respecta a la técnica del subrayado. Técnicas para el Análisis e Interpretación de la Información La técnica empleada para analizar e interpretar la información del presente trabajo de grado. para lo cual se realizó previamente una lectura de las mismas. Cabe mencionar que esta técnica permitió obtener los datos bibliográficos de las obras consultadas. es precisamente lo que se llama exégesis. una vez que fue recolectada.
. Por su parte.18).
334).Hay que seguir paso a paso. con el fin de captar el espíritu y propósito del legislador. los textos legales. por ser un sistema propio de la disciplina jurídica. Como puede observarse.
. por medio de este método se logró el análisis e interpretación de la información recolectada. hasta encontrar el pensamiento de quienes las formularon”. que explica e interpreta filosóficamente o doctrinariamente un texto. (p.
CAPITULO II DESARROLLO Antecedentes Históricos Los orígenes de la figura del Estado. siendo entonces escasa su
. y así conocer como surge la teoría de la responsabilidad. por lo cual no se conoció una estructura definida de lo que actualmente es el Estado. son remotos. de esta manera cedieron derechos naturales con el objeto de que les fueran devueltos en derechos sociales. debido a que las sociedades eran nómadas. Así mismo. es preciso comprender los antecedentes de este. donde remotamente se observaba la figura de la autoridad. Pues en los principios de la humanidad. En este sentido la noción primaria del Estado comienza como resultado de la necesidad que tuvieron los hombres en que un ente mayor y superior a ellos regulara su conducta y la de la colectividad que conformaba la sociedad. las condiciones eran primitivas. por lo que para conocer lo referente a la responsabilidad del Estado ante la mala actuación de sus funcionarios. en la antigüedad se establecieron las formas primarias de lo que hoy se conoce como Estado.
lo que comenzó a generar conflictos. por el faraón. por lo que poco a poco fue surgiendo la figura del Estado. el Estado.C. datan desde hace unos 5. evidenciándose la participación de los habitantes en los asuntos públicos por medio de asambleas. que la noción primaria del Estado. y de igual forma por la búsqueda de las personas para lograr la satisfacción de sus necesidades. se observó una unidad política básica. La forma de gobierno era descentralizada. Después en Grecia. siendo absoluto y totalitario.organización interna de los asuntos sociales. En referencia. surge por la necesidad de imponer la autoridad central al pueblo. en donde se hizo presente una autoridad centralizada. en donde se desarrollaban actividades de carácter político y organizacional. en la cual se dio una forma primaria de Estado. en Egipto. a las primeras formaciones humanas. pues se concibe como una institución humana-social. la cual parece influenciada por la existencia de un Estado anterior. Más tarde. en Roma. Es evidente entonces. ya que primero se
. aproximadamente.000 años a. y en el cual la autoridad se encontraba en manos de una sola persona. tiene un carácter sociológico. pero más severo. y el poder se dividía en varios jefes o autoridades. que fue denominada la polis.C. parecido al desarrollo de Grecia. siendo reconocido por todos los subordinados. por medio de una institución personalizada. entre las cuales se encontraba el consejo de ancianos. 100 años a.
es que comienzan a surgir las obligaciones ya no solo para
. Por su parte. para que posteriormente la civilización fuese estructurada. asemejándose de esta forma la noción del Estado al poder. cambiando de esta forma el significado de la palabra Estado. señala que el Estado existe por naturaleza. Platón sostenía que el Estado es anterior al hombre. el cual se encuentra constituido por un territorio y bajo un poder de mando. la palabra Estado en términos jurídicos. edad media.dio la existencia del hombre. en la cual señalo que el Estado se entiende como una organización política y jurídica. comienzan a darse una serie de cambios en el ámbito mundial. como resultado de los postulados de libertad e igualdad que se profesaban. De este modo. Aristóteles. ya que la estructura de la existencia del ser humano depende del Estado. En el siglo VI. durante la época del absolutismo expreso la conocida frase “El Estado soy yo”. También. fue utilizada por primera vez por Maquiavelo. quien la puso de manifiesto en su obra “El Príncipe”. De allí que concibe el Estado. y es anterior al hombre. De esta manera. en 1789. con la Revolución Francesa. Más tarde el Estado adquiere un carácter político. en virtud de que se concibió que este surgió por las condiciones y fenómenos políticos que venían ocurriendo en la época. Luís XIV. Más tarde. como una necesidad social que surge después de la aparición del hombre en la vida social. rey de Francia. que rige en un pueblo.
los ciudadanos. surgen a la par de los derechos de estos. y tomar las medidas conducentes a los fines de asegurar los derechos subjetivos de los administrados. Por lo que las responsabilidades del Estado. a partir de la Revolución Francesa. en el cual se debe por todos los medios brindar no solo la rama jurisdiccional para que sean atendidas las pretensiones de los ciudadanos. sino para el gobierno. De allí que al Estado se le atribuye una serie de responsabilidades desde hace mucho tiempo en base a la división de poderes. como un rasgo característico y fundamental que forma parte del proceso contencioso administrativo. cuando queda desechado el absolutismo de los monarcas. incluyendo aquellos que pudieran ser vulnerados por los funcionarios que desempeñan funciones estatales. En efecto. la tutela judicial efectiva. el Estado debe cumplir con las obligaciones que legalmente se han dispuesto. noción que data desde el pensamiento político de Aristóteles. lo cual impedía que los súbditos pudieran ejercer acciones tendientes al logro de
. quien deberá lograr la satisfacción de las necesidades del conglomerado social. frente a los ciudadanos. Es entonces. en quienes se concentraban todos los poderes. y que esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional. dispone el derecho de toda persona a que se le haga justicia. Es así como. que derivan como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. sino también garantizarles de alguna manera que los efectos de la sentencia se cumplan. a través de un proceso con unas garantías mínimas.
indemnizaciones. de amplísimo contenido. sometida a un proceso evolutivo. La tutela judicial efectiva. es así como se concibe la responsabilidad de los funcionarios. mediante una decisión dictada en Derecho. es decir. el derecho a la defensa y el derecho a que se haga efectiva la ejecución. De esta forma el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) dispone que la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para garantizar la tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas infringidas. los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y. es una concepción actual. y se reconocieron algunos derechos al individuo frente al Estado. ya que la tutela judicial efectiva se materializa en el derecho de acudir a la justicia. no solo el derecho de acceso sino también el derecho a que cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas. determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la misma.
. De allí que la vigente Constitución señale. que comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado.
el Estado surge de la necesidad de que se regule la conducta de los hombres y las actuaciones de aquellas personas que detentan el poder. realizó una investigación titulada: “La responsabilidad del Estado en Argentina”.Como puede observarse. lo cual ha sido establecido dentro del actual marco constitucional como la tutela efectiva. varios han sido los investigadores que han desarrollado este tópico. tiene una responsabilidad civil indemnizatoria. Antecedentes de Investigación En cuanto al tema de la responsabilidad del Estado. la cual tuvo por objeto determinar el marco legal interno que establece lo referente a la responsabilidad del Estado. a raíz de las políticas que se vinieron desarrollando. y en el caso sometido a estudio se logró determinar que debido a la negligencia de los funcionarios del Ministerio de Economía. por lo que se ha establecido un conjunto de disposiciones a favor de estos. se hará mención a un conjunto de estudios que se encuentran relacionados con los objetivos propuestos en la investigación. Villalobos (1998).
. en consecuencia para sustentar teóricamente la presente investigación. procede la indemnización por los daños y perjuicios que se ocasionaron. como resultado de la crisis económica por la cual atravesó ese país. Una vez desarrollada la investigación lograron determinar que el Estado. Al respecto. con el objeto de regular y establecer la responsabilidad del Estado.
la cual tuvo como finalidad estudiar la institución de la defensa pública en el sistema
. Parra (1998). lo que trae como consecuencia que en varias ocasiones se vulneran los derechos subjetivos de los ciudadanos. que esta investigación desarrolla aspectos sobre la responsabilidad que tiene atribuida el Estado. En el ámbito nacional. cuya finalidad era determinar las causas del mal funcionamiento funcionarial en Colombia.De allí. (2001). y que problemas le está ocasionando al Estado. específicamente los aspectos jurídicos de la responsabilidad civil indemnizatoria. de allí la importancia del establecimiento de la responsabilidad Estatal. que el problema de la administración pública afecta a muchos países. por ello los anteriores planteamientos tienen relación con los objetivos propuestos. Es evidente. Por otra parte. De esta manera se concluyó. realizó una investigación: “El perfil del Defensor Público de Adolescentes: Sacralización de la condición humana” . el Estado se ha visto obligado a indemnizar a los administrados. Mendoza C. realizó un estudio denominado: “Problemáticas derivadas de la Responsabilidad Estatal por mal funcionamiento de sus órganos”. por lo que se propone crear mecanismos a los fines de mejorar el normal desempeño de la administración. que debido al mal desempeño de los funcionarios que conforman los poderes públicos. lo cual influye negativamente en el desarrollo adecuado de las facultades que tienen atribuidos los órganos del Estado.
debido a las delicadas funciones que desempeña. garantizando el derecho a la defensa de los ciudadanos. Así mismo. Martínez G. que le permitan llevar a cabo las atribuciones. es una labor humana. su escogencia se centra exclusivamente en la parte académica dejando de lado la calidad humana. la cual resulta de gran importancia pues desempeña más que una labor jurídica. de allí que es necesario que cuente con una serie de conocimientos especializados. (2001). tuvo por finalidad determinar las amplias
. y las condiciones de las personas a quienes defiende. establece la existencia del defensor público del adolescente especializado pero no lo reglamenta. así mismo se determinó que la falta de promulgación de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.judicial venezolano. y de esta forma precisar el perfil del defensor público del adolescente. constituye un inconveniente para el desempeño de este importante cargo. Es así como se llegó a la conclusión de que. en su trabajo titulado: “Funciones del Abogado Defensor en el Proceso Penal Venezolano”. Por ende. así como identificar las funciones que desempeña este funcionario. el sistema de responsabilidad penal del adolescente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente. resultan importantes las funciones que pueda desempeñar el funcionario encargado de llevar a cabo la defensa de los adolescentes que incurren en algún ilícito penal.
preliminar. juicio y ejecución. Martínez M. y son distintas dependiendo de la fase en la cual se encuentre: fase de investigación. son necesarios para el sustento teórico de este trabajo de grado.funciones que desempeña el abogado defensor dentro del proceso penal venezolano. de allí que se propuso la creación de una ley especial que permita mejorar tal situación. pues se precisó la importancia que tiene el buen desempeño de las funciones de defensa en el proceso penal venezolano. De la misma manera. Una vez culminada la investigación se concluyó. resultan de vital importancia. De allí que los anteriores planteamientos. que las funciones que desempeñan el abogado defensor en el proceso penal venezolano. trae consigo una serie de inconvenientes. que la falta de una normativa que rigiera la actividad judicial del defensor público. que pueden solventarse con la oportuna sanción de una ley destinada a tal fin.
. se han venido presentado una serie de fallas en el desenvolvimiento del ejercicio de sus funciones. cuyo objetivo era determinar la limitación de la falta de una normativa que regulara la actuación del defensor público de presos. se logró precisar que debido a la falta de una ley especial que regulara su actuación. De esta manera. en cada una de las fases del proceso. (2003) realizó una: “Propuesta del anteproyecto de Ley Orgánica sobre la Defensa Pública ante la Asamblea Nacional”. Por medio de la mencionada investigación se determinó.
Por último. Pero la Ley del Estatuto de la Función Pública no prevé la amonestación verbal de los funcionarios públicos. Es así. que la anterior investigación precisa los procedimientos disciplinarios que pueden aplicarse a los funcionarios que no desempeñen de forma adecuada sus funciones. en el caso del deficiente ejercicio de sus funciones. efectúo un trabajo denominado: “Procedimiento disciplinario a los funcionarios públicos del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara”. en el cual desarrollo lo relativo a los procedimientos disciplinarios existentes en las ordenanzas del personal de dicho Municipio. como una vez que alcanzo el objetivo de la investigación. mientras que la ordenanza si establece este tipo de sanciones. se determinó que en los procedimientos disciplinarios existentes tanto en la ley. previstos en ambos cuerpos normativos. siendo este una especie de prerrogativa a favor de los funcionarios aplicables antes de proceder a la amonestación escrita o la destitución. de allí la importancia de este para los objetivos propuestos en este estudio. Es evidente entonces. como en la ordenanza. Antecedentes Jurisprudenciales
. Rojas (2003). y su aplicación depende de su reincidencia y la gravedad de los hechos. existen los procedimientos de amonestación escrita y de destitución.
. con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. en fecha 4 de febrero del 2006.A. sin que mediara pago alguno por concepto de justa indemnización. en Sala Política Administrativa. por lo que a continuación se presentan un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. a los fines de desarrollar los antecedentes jurisprudenciales. En referencia. en juicio que siguiera la sociedad mercantil Inmobiliaria Cumboto C. de fecha 07 de marzo del 2001. en sí mismo. a ello se estableció que el reclamo de la indemnización. no constituye prueba capaz de demostrar la presunta responsabilidad de la República. debido a la complejidad del tema. Tomo 18-A. en la Sala Constitucional. ha sido en varias ocasiones dirimida por los tribunales de la República. en el caso del Municipio Baruta del
. En este sentido.La noción de la responsabilidad del Estado. cuyo monto estaría representado por el valor de un terreno propiedad de su representada que fuera afectado por un Decreto de Expropiación emanado de la Gobernación del Estado Carabobo y que fuera ocupado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para construir una obra pública. Al respecto. con ponencia de la Magistrado Luisa Esthella Morales. la presunta víctima debe probar que efectivamente la República es el sujeto obligado a la reparación que se exige. bajo el N° 12. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 25 de julio de 1956. pues si ésta rechaza o no reconoce haber causado el daño. demandó a la República de Venezuela por daños y perjuicios.
C. es decir. siendo susceptible esta última de reclamación proveniente de una responsabilidad con falta de la Administración. No obstante. en consecuencia. en un sistema puramente objetivo. mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la apelación ejercida por la representación judicial de dicho Municipio contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital el 8 de mayo de 2002 y su aclaratoria del 9 de julio de 2003. al pago del lucro cesante demandado. con el Banco Caribe y.A. En tal sentido. se declaro parcialmente con lugar la demanda por daños y perjuicios y se condenó al referido Municipio al pago del daño emergente ocasionado por los costos financieros relativos al endeudamiento contraído por la sociedad mercantil Sindicato Agrícola 168. se expreso que la responsabilidad patrimonial del Estado puede devenir de una obligación contractual o extracontractual. Así mismo. se revocó la sentencia apelada y su aclaratoria. por la comisión de un hecho ilícito o una responsabilidad sin falta ocasionada por el anormal funcionamiento de los servicios públicos.. interpuso solicitud de revisión constitucional de sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 26 de julio de 2005. que ante cualquier falta de la Administración deba ser ésta objeto
. la responsabilidad patrimonial no puede ser enmarcada como erróneamente lo considera el fallo objeto de la revisión.Estado Miranda.
que conlleve su actividad al desarrollo de los entes individuales y colectivos que lo conforman con fundamento en una solidaridad racional de sus obligaciones. por lo que no debe inspirarse en un profundo deseo positivista e individualista del ser humano. Entonces. Consideraciones Generales
. ya que lo mismo. sino por el contrario la asunción de los mismos. pero esto no quiere decir que cualquier demanda judicial conlleve indefectiblemente a la condenatoria patrimonial. podría conllevar a un estado de anarquía judicialista. que pondría en peligro la estabilidad patrimonial del Estado. debe ser previa comprobación de una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la falta cometida por éste. sin que ello implique un desconocimiento del sacrificio de los particulares.de condenatoria patrimonial. de allí que las actuaciones que pueden conllevar al menoscabo patrimonial de otros ciudadanos en beneficio de un colectivo o por una actuación anormal de éste. ante todo el Estado es un ente pluripersonal que está concebido a la satisfacción de los intereses particulares. el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado debe ser concebido con prudencia y justicia. Así el Estado venezolano debe ser considerado en su integralidad como un Estado responsable. sin previamente analizar la relación de causalidad necesaria cuando ello sea indispensable.
está dedicada a prestar sus servicios a nivel nacional. cuyo propósito es consolidar la administración de justicia. sin distinción de clase socio-económica. por medio de la defensa pública. un régimen de la libertad personal y de justicia social. en las distintas áreas de su competencia. Pues el derecho a la defensa. incluyendo instituciones democráticas. sino que tutela al hombre. Así mismo. fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
. En tal sentido. en forma gratuita a los ciudadanos y ciudadanas que lo requieran. Cabe destacar que en el ordenamiento jurídico venezolano se resguarda este derecho a favor de los ciudadanos contra los cuales se sigue un procedimiento. es así como se encuentra incluido en Pacto de San José de Costa Rica. para proteger los derechos fundamentales. se garantiza el acceso que se la da a las partes involucradas a un proceso penal. por los organismos encargados de la persecución penal. por el sólo hecho de serlo. de allí que no requiere una consagración en una carta política para su existencia y tampoco se trata de un derecho que ampara sólo a los ciudadanos. De esta manera. en el ámbito internacional el derecho a la defensa ha sido reconocido en distintos instrumentos jurídicos. es un principio fundamental que acompaña al hombre desde el momento de su nacimiento.La defensa pública tiene como atribución garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la defensa. Convención Americana sobre Derechos Humanos. para ejercer todos los mecanismos procesales permitidos por la ley.
Fundamentación Teórica Actuación del defensor público dentro del proceso penal en la fase de apelación de la sentencia definitiva.Con referencia a lo anterior. por un juez o tribunal competente. en el tópico que sé esta abordando. Asimismo. que regula la materia sometida a estudio. para la sustanciación de cualquier acusación penal formulada o para la determinación de sus derechos y obligaciones. el cual está determinado por el empleo y el estudio del ordenamiento jurídico interno vigente. Convención Americana sobre Derechos Humanos. así como aquellos acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el país. Costa Rica. por lo que la posición epistemológica asumida en la investigación fue la ius positivista. se establece una gran diversidad de aspectos sobre la defensa. debido al carácter jurídico dogmático de la investigación. el artículo 8 del Pacto de San José. disponiendo que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. establece las garantías procesales. Derecho Procesal Penal Venezolano:
. entre las cuales se establece el derecho a la defensa. en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). pues se tiene por finalidad analizar la responsabilidad del Estado ante la actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva.
Antes de hablar del Derecho Procesal Penal concretamente. encontramos específicamente al Derecho Procesal Penal. así mismo se ocupa de regular la competencia. señala que el Derecho Procesal es un conjunto de normas que regulan los tres pilares del debido proceso. además materializa la ley de fondo en la sentencia. por medio del cual se garantiza. con la única finalidad de reglamentar la aplicación de las leyes de fondo o derecho sustancial. señale que es el camino que hay que seguir. la defensa contra las demás personas e inclusive la defensa contra el propio Estado. desarrollo y culminación de un Proceso Penal. dentro de lo que es la rama del Derecho Procesal. y la actividad de los jueces.
. destinadas a regular el inicio. que Ubanda (2005). De este modo. un ordenamiento preestablecido de carácter técnico. prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-penales. Por otro lado. que se caracteriza por poseer un contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y así poder dictar un derecho justo. debemos hacer referencia a que el Derecho Procesal tiene un carácter primordial como estudio de una justa e imparcial administración de justicia. el cual según el criterio de Jiménez (2004) se establece como aquélla disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos. De allí.
como lo son la Fase Investigativa. llevados a cabo por el órgano jurisdiccional competente. desde su inicio hasta su finalización. según Chiossone (1972) se define como: “el conjunto de actuaciones jurídicamente establecidas. pero con la diferencia de que en este proceso.Por lo que. evaluando las circunstancias
particulares de cada caso concreto. para lograr el
pronunciamiento de la jurisdicción competente sobre la responsabilidad penal de un determinado sujeto” (p. en el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que regulan el iter procesal. está constituido por una serie de fases bien delimitadas. Conforme a esto. Proceso Penal Venezolano: En lo que respecta al Proceso Penal. las cuales van a estar guiadas por los principios y garantías de orden constitucional y legal. se tiene como función investigar. en el cual se tiene como objetivo. donde se
. para poder determinar la responsabilidad del sujeto que cometió o participo en el delito. la Fase Intermedia. investigar y esclarecer la verdad de un hecho punible. puede decirse que el proceso penal es el conjunto de actos sucesivos y ordenados por ley. Siguiendo con lo anterior. y así aplicar la pena o sanción correspondiente. ya sea de oficio o por medio de denuncia. 55). el sistema procesal penal venezolano. identificar. y sancionar las conductas que constituyen delitos. la Fase de Juicio y la Fase de Ejecución.
los derechos fundamentales de la persona y los derechos de igualdad en el ejercicio de las acciones que tienen las partes en el proceso. que se considera como el medio de impugnación más relevante que se contempla no solo en el Derecho Procesal Penal sino en todo Derecho Procesal. en el caso de que una de las partes se considere que ha sido desfavorecida por la misma. entre los medios de impugnación que se han dispuestos. previsto y sancionado por el ordenamiento
. Así mismo. a tal efecto. por medio de la realización de un proceso penal. se tiene que la fase de apelación es de gran significación y relevancia para las partes que se encuentran involucradas dentro de un proceso. cabe señalar que dentro de las fases que conforman el proceso penal. Véscovi (1998) plantea que: “la apelación constituye el más importante de los recursos ordinarios. 29) Por lo que. específicamente en la Fase de Juicio. ya que las mismas han sido establecidas para hacer efectiva la administración de justicia. se tiene el Recurso de Apelación. en el cual se trate de demostrar la responsabilidad penal de un ciudadano en la participación de un hecho punible. se encuentran establecidos una serie de recursos que van en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal. en el cual se obtenga una sentencia ajustada a derecho. En cuanto a este recurso. teniendo por finalidad la revisión por el órgano judicial superior de la sentencia inferior” (p.garanticen el derecho a un debido proceso.
y que tiene por objeto. en un tribunal superior o de mayor jerarquía. la apelación de la sentencia definitiva es el recurso ordinario interpuesto por una de las partes involucradas en el proceso. toda persona
. que se incluye en el derecho al debido proceso. Conforme a lo que se trata en el presente estudio. por medio de este recurso. específicamente a través del Código Orgánico Procesal Penal del 2001. en el Proceso Penal Venezolano. literal h. ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. para rectificarla. salvo disposición especial establecida por la Ley. Dicho recurso se configura en cumplimiento de una de las garantías constitucionales. Principio este. cuando se haya incurrido en errores de hecho o de derecho así como en errores procesales. se da la revisión de la decisión que ha sido dictada por el tribunal. se establece que la apelación puede ser de dos tipos: la apelación de autos en primer lugar y la apelación de sentencia definitiva en segundo lugar. como lo es la referida al Principio de la Doble Instancia. que establece: “…Durante el proceso. mencionado anteriormente y acogido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su Articulo 78 ordinal 2.jurídico. cuando se considere desfavorecida por la definitiva dictada por el tribunal de primera instancia. contenido en el Artículo 49. puede ser revisada por la instancia superior. Pues. Por otro lado. que establece que toda sentencia dictada en el proceso. impugnar la decisión que decide sobre el fondo del asunto.
que toda persona será juzgada conforme a un juicio previo que cumpla con el derecho al debido proceso y con los demás derechos y garantías contenidos en la CRBV. el lapso con que cuentan las partes para interponerlo. Derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior…” De tal forma. donde se señalan: los motivos para que proceda dicho recurso. se evidencia que resulta de gran importancia el establecimiento de este principio procesal en el ordenamiento jurídico. en las leyes. a las siguientes garantías mínimas: h. el Código Orgánico Procesal Penal (2001). de la misma forma establece en su Articulo 1.
. donde se destacan una serie de actos a realizar. así como todo el procedimiento a seguir.tiene derecho en plena igualdad. pues el mismo se constituye como un recurso judicial eficaz en contra de los actos que violen o menoscaben el derecho a la defensa y al debido proceso. que no solo se encuentra consagrado a nivel nacional. siguiendo con esta ideología de lo que debe caracterizar a todo sistema procesal. a partir de su Artículo 451 hasta el 458. los cuales se encuentran establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Al respecto. sino también a nivel internacional. el Recurso de Apelación de la sentencia definitiva en si mismo. Por otro lado. se caracteriza por poseer varias etapas. los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por la República. ante que Tribunal debe proponerse.
si lo admite. dentro de un lapso de diez días contados a partir de la fecha en la que se dicto sentencia. si el recurso es ejercido. contempla que para que proceda el recurso de apelación. o a partir de la fecha en la que es publicada si se da el caso de que se haya diferido la redacción de la misma. o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. el mismo debe basarse en los siguientes motivos: a) Violación de normas relativas a la oralidad. c) Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión. Así mismo. se contempla que el recurso de apelación puede interponerse por cualquiera de las partes. b) Falta. concentración y publicidad del juicio. ante el Tribunal que dicto la sentencia contra la cual se recurre. inmediación. contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. debe fijar una audiencia dentro de los 5 a 10 días
.De esta manera. se establece que la corte de apelaciones tiene un lapso de 10 días para estudiar el caso y pronunciarse acerca de su admisibilidad. el Código Orgánico Procesal Penal (2001). d) Incurrir en violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.
siguientes a la fecha en que dicto el auto de admisión. sino también otra serie de derechos (según el caso del que se trate) como lo son: la celebración de un nuevo juicio que cumpla con los parámetros señalados por la ley. la reparación del daño cometido por error. si la corte de apelaciones declara con lugar el recurso. la cual se encuentre ajustada a derecho. Una vez concluida la audiencia. cuando esta no sea la indicada. y por ultimo. Anular la sentencia impugnada y en consecuencia. 2. que es el derecho a una doble instancia. Que sea dictada una decisión propia.
. pueden ordenar: 1. que se modifique la pena impuesta. en lo referente a la especie o a la cantidad de la pena impuesta Por ello. Que se rectifique el error cometido por la sentencia impugnada. o a más tardar dentro de los diez días siguientes. pero distinto al que la pronunció. según las causas en las cuales se fundamenta el mismo. los efectos de dicha decisión. la corte de apelaciones debe decidir inmediatamente acerca del recurso. en virtud de un error. A tal efecto. es decir. y 3. que se dicte una nueva sentencia por el órgano superior. lo que se traduce en el derecho al debido proceso. y debatan sobre el fundamento del recurso. es oportuno decir que a través del Recurso de apelación de la sentencia definitiva. ordenar la celebración de un nuevo juicio oral ante un juez del mismo circuito judicial penal. siempre que no sea necesario que se realice un nuevo juicio. para que las partes presenten sus pruebas. la cual se hará por la misma corte de apelaciones. se busca no solo que la sentencia sea impugnada.
el cual se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. que el derecho a la defensa. De este modo. pues los distintitos sujetos intervinientes en el proceso. así como en la normativa interna. y las demás partes gocen de los mismos derechos y prerrogativas (p. deben actuar en igualdad de condiciones que el imputado y la defensa. tal como lo explica Gil (2001) es entendido como la posibilidad de todo ciudadano a contar con el tiempo y medios adecuados para ejercer su defensa en todo proceso judicial. lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal. surge la importancia del recurso de apelación. El derecho a la defensa: El derecho de defensa. es incluido por el legislador pues pretende garantizar que: La defensa es un derecho inviolable en todo grado y estado del proceso. y los jueces deben garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. establece el principio de defensa y de igualdad entre las partes.De todo lo anteriormente expuesto. Resulta importante destacar.
. ya que a través de este mecanismo es que se materializan efectivamente los preceptos constitucionales relativos a los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva. al debido proceso así como el derecho a la defensa. constituye una garantía de vital importancia entre las que conforman el Debido Proceso. el cual refiere García (1999). y dentro de su normativa dispone de un conjunto de principios y garantías que deben observarse en cualquier estado y grado del proceso. 40).
a lo señalado por el autor citado. a los fines de garantizar este derecho a la defensa. el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. la cual consiste en dotar al ciudadano de un funcionario que desempeñe sus funciones. pues constituye una garantía básica dentro del contexto jurídico venezolano. ya que el Código Orgánico Procesal (2001) en su Articulo 137. también se ha previsto este tipo de defensa. pues ambas son garantías que se han dispuesto a favor del imputado. se encuentra la Defensa Pública. se ha dispuesto la defensa técnica. Si no
. aunado a que la participación de las partes debe ser en igualdad de condiciones sin violentar el derecho a la defensa. Al respecto. en el proceso penal. el derecho a la defensa tiene como finalidad dotar a las partes en un proceso. En este sentido. dispone que dentro del sistema de administración de justicia. en aras de garantizar su asistencia en un proceso. establece que: “El imputado tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza como defensor. cuya función es garantizar el derecho a la defensa.De acuerdo.
La defensa técnica: Ahora bien. de todos los mecanismos legales para ejercer de forma adecuada su defensa en especial a los ciudadanos.
y por ultimo el Operativo. tiene derecho a que se le nombre uno. Por su parte. Administración y Servicios. el cual está conformado por tres niveles: Directivo. correspondiéndole al Juez del tribunal competente. Apoyo y Asesoría. el juez le designara un defensor público desde el primer acto de procedimiento o. Proyecto de Modernización. se ha constituido el Sistema Autónomo de la Defensa Pública. se le impute la comisión de un hecho punible.
.lo hace. los cuales constituyen las instancias de coordinación entre el nivel directivo y las unidades operativas. y éste se encuentre en un estado de indefensión. los cuales sirven para articular y adecuar las políticas y el control de la gestión sobre el servicio que presta la institución. Actuación Procesal. dado el caso de que a un ciudadano. El nivel directivo está integrado por la Dirección y la Coordinación General. el nivel de apoyo y asesoría lo integran las Coordinaciones de: Unidades de Defensa. La defensa pública: De este modo. quienes representan la máxima autoridad de la organización y tienen como propósito principal asegurar que la misión de la Defensa Pública se cumpla de manera efectiva en todo el territorio nacional. antes de prestar declaración…”. nombrarle un defensor que represente y defienda sus derechos en el proceso. por no poseer un abogado de confianza o los medios suficientes para proveerse del mismo. Vigilancia y Disciplina. Apoyo Técnico Pericial. Por lo que. perentoriamente. y Planificación y Proyectos.
Es así como se ha dispuesto un conjunto de atribuciones. probidad. mística. debiendo gestionar las acciones administrativas y legales. y deberán desempeñar sus funciones de acuerdo a la ética. b. c. orientación y representación al ciudadano y/o ciudadana para alcanzar la excelencia del servicio que presta la Defensa Pública. Instrumentar una plataforma tecnológica institucional (informática. g. constancia. sistema de seguridad) que permita la automatización de los procesos y la optimización del servicio. sobre el servicio que presta la Defensa Pública.Por último. excelencia. Fortalecer continuamente los procesos de asistencia. e. se encuentra el nivel operativo. para lograr la eficiente prestación del servicio. planta física. d.
. como deber del Estado. asesoría. honestidad. compromiso institucional. Adecuar la estructura y el sistema administrativo al logro de la filosofía de gestión de la Defensa Pública. Mantener una política integral de Recursos Humanos que permita la captación. constituido por las Unidades de Defensa Regionales. asistencia y representación legal. asesoría. y motivación al logro. el desarrollo y la permanencia del personal idóneo. lo cual es posible según Palacio (2003) por medio de: a. Mantener un proceso de información y comunicación con la comunidad. así como los medios de acceso y los procedimientos a seguir. ofreciendo al ciudadano el conocimiento y uso de los procesos institucionales de orientación. Garantizar la formación y capacitación continua del recurso humano en todos los ámbitos de su competencia que permita la prestación de un servicio de calidad. quienes son las responsables del desarrollo y operatividad efectiva para garantizar el derecho a la defensa a todo ciudadano. Establecer mecanismos de cooperación técnica y comunicación con organismos nacionales e internacionales que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional. f. solidaridad. capaz de garantizar la excelencia en la prestación del servicio de la Defensa Pública.
los cuales se caracterizan por ser profesionales del derecho. cuando no haya elegido abogado privado por no poseer los recursos económicos.h. disciplina e idoneidad. que el Defensor Público de Presos es el funcionario público. a quien deberá representar en juicio. encargado de velar y de asegurar que el proceso penal se desarrolle cumpliendo con los principios y garantías procesales establecidas en la Constitución. Mantener la ética. Es un funcionario estatal. y así mismo a defender los
. Entonces. puede decirse para la presente investigación. D. (2005) el defensor público: “es el abogado designado por el tribunal de oficio o a solicitud del imputado o acusado. en las leyes y en los tratados internacionales. en la prestación del servicio. las actuaciones son gratuitas”. de igual forma esta llamado a prestar asistencia legal al ciudadano. a través de la supervisión constante del recurso humano. en quienes recae directamente el compromiso de hacer efectivo el ejercicio de los derechos e intereses del ciudadano al que están llamados a representar y defender en el proceso. sus servicios son remunerados mediante sueldo y para los usuarios del servicio. Siguiendo con la estructura de la Defensa Pública. tenemos que la misma se encuentra compuesta por la figura de los defensores públicos. a través de su intervención inmediata en cada uno de los actos que conforman el mismo. El Defensor Público: Según Nieves.
así como el Código Orgánico Procesal Penal vigente.
.derechos e intereses que le han sido lesionados. incurre en responsabilidad en el desempeño de la función publica. esta dirigida a lograr defender y proteger los derechos e intereses de su defendido. en su Articulo 138 establece que: “…se requiere ser abogado. la ética. En consecuencia. la Ley de Abogados (1966) en su Articulo 4. el cual señala que: “El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”. la perseverancia y la dedicación. el ejercicio a la defensa. la responsabilidad. Siguiendo con lo anterior. Ya que la misión final del defensor publico. además de poseer estos requisitos. es necesario que el funcionario sea una persona que posea un conjunto de valores como lo son. para que con su actuación pueda alcanzar de la manera más idónea y transparente. en virtud de lo establecido en el Artículo 139 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (2000). para ser defensor en el proceso penal. la probidad. la honestidad. no tener impedimento para el ejercicio libre de la profesión conforme a la Ley de Abogados y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos”. Por lo que podemos señalar que para ser defensor publico. si el Defensor Publico no cumple debidamente con las funciones que le han sido asignadas. buscando materializar efectivamente la reparación de los daños causados. el respecto. la lealtad.
como no existe una ley especial que regule en materia de defensa publica y las responsabilidad de sus funcionarios. se evidencia que de igual forma en el caso de los Defensores Públicos.Así mismo. al establecer que: Todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo. se evidencia que estos no han actuado de la manera más diligente. según los casos. o si por culpa de él queda desierto algún acto. civil y administrativa. no ocurra a la contestación de la demanda. en consecuencia si en los asuntos donde desempeñan sus funciones. el Articulo 25 de la Constitución vigente. y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal. A tal efecto. en relación a este principio de responsabilidad individual del funcionario. se aplica analógicamente las
. Atendiendo a lo anterior. cuando el abogado sin justa causa. estos también serán responsables. será declarado responsable. no promueva pruebas aun cuando le fue suministrado oportunamente los datos y elementos necesarios. que el juez no puede suplir de oficio. se dicta o ejecuta alguna providencia que cause gravamen irreparable a su representado o no hace valer las defensas legales como no ejercer el recurso de apelación. por ser funcionarios al servicio de la Administración Pública. es decir. si los defensores incurren en alguna de estas actuaciones u omisiones. sin que le sirvan de excusa órdenes superiores. señala cuales son los tipos de responsabilidades en las cuales el mismo puede incurrir.
incurre en responsabilidad administrativa el agente público que en ejercicio de sus funciones por acción u omisión. y sancionadas legalmente con penas determinadas. con intención o por negligencia o imprudencia o abuso de poder causan daños a los particulares. mediante sanciones pecuniarias que afectan su patrimonio. Según el concepto doctrinal. dicha responsabilidad acarrea la condena puesta por los tribunales. La falta del funcionario genera en estos casos la obligación de indemnizar. administrativa y disciplinaria en las cuales incurre y los casos en que proceden. al cumplimiento de las penas corporales o incorporales establecidas por el legislador. y a través de las sanciones disciplinarias que interfieren en el ejercicio de sus funciones.disposiciones establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Publica (2002). Se entiende así que incurren en responsabilidad penal los empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones. realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como delitos o faltas. reparar
. específicamente en lo dispuesto por el artículo 79. afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. En cuanto a la civil incurren en dicha responsabilidad los funcionarios públicos que. es decir. en el ejercicio de sus funciones. penal. donde son señaladas la responsabilidad civil. por acción u omisión. en este tipo de responsabilidad el funcionario debe responder desde dos perspectivas.
uniones reales o personales. dependiendo de la responsabilidad de que se trate. Nociones sobre el Estado: Antes de entrar en el tema de la responsabilidad del Estado ante la actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva como tal. sea cual fuere su origen. entendiendo según Fajardo (1985): Que todo Estado se encuentra investido de personalidad jurídica. que la victima deberá intentar directamente en contra de este. o que surjan éstos de la desmembración de otro Estado. es por eso necesario estudiar al Estado desde varias perspectivas.
Responsabilidad del Estado ante la actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva. Para hacer cumplir al funcionario por sus errores. para que de inmediato sea una persona
.pecuniariamente los daños causados por este de forma individual. que va a variar de acuerdo al organismo que dicho funcionario represente. cada una tiene un procedimiento específico para sustanciarla. bastando solo la creación de un Estado. deben hacerse ciertas consideraciones preliminares del mismo. sea confederación.
. sólo el ámbito en que se mueve es plural. ya como autoridad imperativa. tiene una actividad múltiple y por ello tiene que atender a diversas necesidades de la vida ciudadana. ni se derive su validez de ninguna otra. 81) Esta personalidad jurídica del Estado es única. por lo que se habla de una doble función del mismo. el Estado se presenta como un sujeto de imperio o como sujeto privado. aún cuando permanece único en los varios aspectos y en las varias relaciones en que actúa. lo que reafirma su soberanía. en el ordenamiento jurídico venezolano se establece que toda persona sea natural o jurídica. según sea el carácter jurídico de su actuación.jurídica sobre la cual no puede haber otra. otras como persona dentro de su mismo Estado. ya que el mismo puede actuar de igual forma como ente de derecho privado al adquirir obligaciones y derechos con los particulares o como órgano publico al ejercer su poderío. Funciones del Estado: Por lo tanto el Estado. situación de la que no escapa el Estado. caso en el cual tiene que dividirse. puede ser sujeto de derecho y obligaciones. (p. Al respecto. ya como un sujeto más de derecho que participa en la vida activa civil. Unas veces como persona dentro de la comunidad internacional se dirige al mundo externo.
se tenia que el Estado era completamente irresponsable de los daños que causaba en el ejercicio de sus funciones. ha dominado en todos los países la idea de la irresponsabilidad del Estado en razón de los daños causados a los particulares por los gobernantes y agentes públicos. siendo así que solo se responsabilizaba en los casos en que actuaba como persona privada. obligaciones. el Estado como persona puede realizar actos o transacciones patrimoniales. como Francia. Es por esta razón. entre otras negociaciones.En consecuencia. Por el contrario. gravarlos. estos debían soportar las cargas que generaran los desperfectos en el cumplimiento de estas funciones. hoy de acuerdo con Larez M. salvo los casos que expresamente se establecía en alguna norma. pues durante el período de formación del derecho administrativo. cuando el Estado se sitúa en tales circunstancias de derechos y obligaciones patrimoniales. (1996):
. que desde que se comienza a establecer la responsabilidad del Estado. celebrar contratos de trabajo. al igual que los ciudadanos entre sí o las personas jurídicas privadas. en los países donde se desarrollo primero esta teoría. El Estado puede adquirir la propiedad de bienes muebles e inmuebles. constituir derechos reales o personales. Es entonces. de arrendamiento. Pero no siempre fue considerado así. rigiéndose por las normas del derecho privado y dirimiendo sus diferencias ante los Tribunales ordinarios. así se convierte en un ente responsable. Esta realidad se debía a la concepción de que como el Estado era el encargado de prestar los servicios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. venderlos.
Es así como originalmente se admitía la responsabilidad del Estado en el campo del derecho privado. por lo tanto. fue por medio de los cambios rigurosos que se dieron en su sistema legislativo y doctrinario que se conllevo a la afirmación real de la responsabilidad del Estado y la de todos sus órganos públicos en virtud de los daños causados a los administrados como consecuencia de la actividad ilegítima en la prestación del servicio público.(p.Se estima en Francia que si todos los ciudadanos se benefician de la marcha de los servicios públicos. a lo que se añadía que estas funciones del Estado eran la expresión y para la aplicación de la voluntad general. la Constitución sancionada en el año 1901 reconoció indirectamente el principio de la responsabilidad del Estado y la de sus órganos por
. se concluye que el agravio sufrido por un particular con ocasión del funcionamiento de los servicios públicos debe ser reparado por el patrimonio estatal. incluida también la del propio damnificado. fundamentándose en que el Estado era soberano y que no estaba sujeto a la ley. en otros países como Italia. de tal modo que no podía fundarse ningún tipo de reclamo. pero se excluía en las relaciones de derecho público. la cual en los primeras épocas estaba limitada a solo ciertos casos muy particulares. que poco a poco se fue desechando la teoría de la irresponsabilidad del Estado. por lo que sus funciones siempre debían ser legales. para darle paso al principio de responsabilidad. que éste se hallaba por encima de ella. Por otra parte. 498) Es decir. En Venezuela. si la colectividad debe soportar las cargas provenientes de la actividad estatal.
491) Normativa que fue acogida por todas las constituciones posteriores. muy frecuentes en aquella época. que además de reafirmar este principio. estableció la jurisdicción especial donde se tramitarían estos particulares conflictos. al establecer dentro de su normativa en sentido negativo que en ningún caso podía algún administrado.los daños causados con ocasión de la actividad pública. inclusive la Constitución actual. perjuicios o expropiaciones que no hubiesen sido causados como consecuencia de las funciones públicas desplegadas por sus autoridades legítimas. Todo lo anterior según lo expresa por Larez M. (p. los cuales son competentes para condenar cuando sea necesario a la República y a sus entes públicos al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en virtud de la responsabilidad de la Administración. es necesario conocer si el principio de la responsabilidad del Estado y la de sus órganos se aplica por igual a todo el campo de las funciones pública del Estado. fuese ciudadano extranjero o venezolano pretender que la República ni los Estados indemnizarán por aquellos daños. o solo cuando se trata de la función administrativa. Por todo lo anteriormente narrado.
. como lo es el caso de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. (1996): Guiado por el propósito de evitar la responsabilidad de las entidades públicas por los daños causados por los rebeldes en las batallas civiles. el constituyente reconoció expresamente la responsabilidad civil de la administración venezolana.
ésta responsabilidad Estatal se ha desarrollado detalladamente en relación al ejercicio de la función administrativa pero en grado menor. aun en algunos países se sigue manteniendo el principio de la irresponsabilidad del Estado cuando se trata de ciertos actos especiales. (p. surge el problema de determinar el titular de la responsabilidad. como lo son los actos de gobierno. y
. Respecto al ejercicio de la función administrativa el mismo Larez M. precisar quién habrá de responder a la víctima: si el funcionario con el patrimonio personal. Al analizar la responsabilidad de los funcionarios o al producirse daños con motivo de la actividad administrativa. o sea.ya que si bien se observa. generar la responsabilidad civil del Estado. en el ordenamiento jurídico se admite y reconoce que los actos administrativos de la administración pública. el ordenamiento jurídico interno no incluye en ningún caso la noción de estos actos de gobierno. No obstante. puede afirmarse categóricamente que si estos actos son contrarios al derecho o la ley. Pero si se diese el supuesto de hecho de que hubiese en la Administración Pública. en relación a las otras funciones públicas como lo son la función legislativa y la jurisdiccional. Al respecto. hoy en día en Venezuela. la emisión de determinados actos cuya nulidad no pudiese ser declarada por los tribunales. 496) En la actualidad. (1996) señala que: Es el campo más fecundado para el brote de conflictos entre el Estado y los particulares que reclaman indemnización por daños. pueden causar daños a los particulares y en consecuencia. el Estado con el patrimonio público o si pueden acumularse ambas responsabilidades.
es un órgano del Estado que al igual que el. así como en otras oportunidades la ley puede negar toda reparación. lo anterior no se encuentra más alejado de la realidad. injusta o al menos. explica Larez Martínez (1996) que esta se enfoca en determinar.causan un daño o perjuicio a los administrados. por lo cual sus actos no pueden engendrar ninguna responsabilidad. parte de la doctrina mantiene la irresponsabilidad del Estado en lo que se refieren a los actos legislativos.
. basándose en que la soberanía es irresponsable y reside en el Poder Legislativo. ya que la ley algunas veces prevé el régimen de indemnizaciones por los daños que habrá de ocasionar su aplicación o los daños que hayan sido causados por las leyes anteriores. En lo que concierne a esto. que la actividad prohibida por la Ley es siempre una actividad perjudicial. No obstante. bien sea expresa o tácitamente. Por otro lado. si el Estado esta en la obligación de responder por los daños causados por la imposición de normas jurídicas. estas pueden causar daños comunes al colectivo. en lo que se refiere a la responsabilidad emanada de la función legislativa. contraria a derecho y por ultimo que en virtud de la aplicación general de las leyes. pero estos daños no son más que las cargas públicas que los administrados deben soportar por lo que dichos daños no pueden ser reparados. ya que es un hecho cierto que la soberanía no es irresponsable y ella no reside sino en el pueblo. así mismo el cuerpo legislativo. puede darse perfectamente una reclamación civil por responsabilidad de la administración. por no tener el carácter de singularidad o especialidad.
como consecuencia del principio de igualdad jurídica. asevera el mismo autor que el verdadero fundamento de la responsabilidad del Estado por actos legislativos se halla en el principio de la igualdad de los particulares ante las cargas públicas. y por ultimo aun cuando las leyes tienen carácter de generalidad. produce daños a un grupo de administrados. que se haya perjudicado a un solo individuo o un pequeño grupo. encaminada a favorecer a la comunidad. la responsabilidad del Estado por actos legislativos es aceptada. por lo que le debe obediencia. es decir. pero esta limitada a ciertas condiciones. es decir. es justo que el patrimonio público responda de aquel agravio. ya que según la doctrina y la jurisprudencia para que haya responsabilidad es necesario que se den conjuntamente los siguientes supuestos: la especialidad del daño. En Venezuela. ya que por ser de aplicación general el daño puede ser causado a toda la colectividad a quienes se dirige la misma. que
. así como también no es cierto que toda acción que la ley prohíbe es en razón de que es perjudicial. porque así las cargas públicas no pesan sólo sobre los damnificados sino sobre la colectividad entera. Así mismo es necesario. la singularidad del daño. Ya que si la ley. para que dicho daño sea resarcido.se encuentra limitado por la Constitución. Ahora bien. que el perjuicio sea cierto y que este sea apreciable en dinero. no es cierto que sólo tiene que ser un pequeño grupo de personas quienes sufran un perjuicio singular derivado de la aplicación de la nueva ley.
Por último. se tiene como verdad legal (erga omnes).se haya lesionado un derecho en especifico. no que trate de una simple limitación que dicha ley impone a un derecho abstractamente considerado. Existiendo entonces. Lo que en este caso puede envolver el desempeño tanto de los órganos de la administración de justicia como el de los funcionarios que fungen como auxiliares de dicha administración. en lo que concierne a la responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales. por parte del Estado la obligación de restituir a los gobernados por los daños que les cause. y en muchos otros regulado por sus
. Ya que si lo que se decide a través de la sentencia firme. los doctrinarios establecen que si desaparece el fundamento de la irresponsabilidad por lo que si se reconoce la reclamación de daños por los perjuicios ocasionados en virtud del error judicial. también se niega la responsabilidad del mismo fundándose en la presunción de la verdad de la cosa juzgada. la materia de la responsabilidad patrimonial del Estado es uno de los asuntos primordiales del estado actual de Derecho y será sin duda. Responsabilidad Patrimonial del Estado: Por todo lo anterior. Solo en el caso excepcional de que en una decisión se compruebe que hubo un error judicial. incluyéndose así a los Defensores Públicos. no puede este acto originar responsabilidad para el Estado. tesis que en numerosos países ha sido incorporada y regulada sistemáticamente. uno de los protagonistas de más trascendencia en el desarrollo de la nueva era del Derecho en el siglo XXI.
Ello es así porque de estarlo. el concepto de responsabilidad Estatal. que va desde el Estado propiamente dicho. En fin.instituciones. respecto a la responsabilidad del Estado se puede señalar que es aquella que le corresponde al Estado o sus agentes. se aplicarán las normas y principios del Derecho Administrativo contractual. ya sea por su actuación como sujeto de derecho público o privado. es decir a los particulares. esta sería la responsabilidad civil del Estado que consiste en la obligación de éste. incluida la omisión. Así mismo. que corresponde a las personas jurídicas de Derecho Público. cuando no está vinculado contractualmente. de responder patrimonialmente por los daños que su propia actividad ocasione a terceros. el tipo de responsabilidad a la que se hace referencia es a la patrimonial. En cuanto. un aspecto amplio. concretamente. ya que sólo las personas jurídicas que no actúan en representación del Estado responden con su propio patrimonio. como entidad con
. Es decir que no existe responsabilidad orgánica. abarca según la doctrina. Aún así. y la necesidad de responder a otros actos concretos e imputables a determinado sujeto. Entonces. la responsabilidad patrimonial del Estado es la que se refiere a la reparación de los perjuicios ocasionados por su accionar. la tradición administrativa consistente en la convicción de que los particulares no deben estar obligados a soportar ciertos sacrificios patrimoniales. en el desempeño de las funciones por él asignadas. entendido en sentido amplio. a la capacidad de responder a ciertos actos en abstracto.
con el fin de proteger los derechos individuales de los administrados. Entonces. la cual puede consistir. pues es él quien los designa atendiendo a un régimen de especialización y capacitación individual idóneos para desarrollar el trabajo para el cual fueron seleccionados. de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones dentro del ámbito procesal. En ese mismo orden de ideas. concluyendo que si la misma colectividad se aprovecha de las ventajas debe entonces soportar la carga de la reparación. para que la administración sea condenada a la reparación del daño. es el Estado un ente responsable del desempeño de los funcionarios que están a su cargo. y también la responsabilidad derivada de los mismos funcionarios por los actos que ellos desempeñan en el ejercicio de sus funciones. por razones obvias. Por lo que esta concepción tiene como finalidad hacerlo responsable a él y a los funcionarios públicos.personalidad jurídica independiente de los funcionarios que los representan. ya en una falta individual cometida por un funcionario que es completamente identificable o en una falta
. es sabido que por regla general. la teoría por riesgo y por falta. es necesario que se compruebe una falta administrativa. Respecto a la responsabilidad del Estado o de la Administración Pública se han elaborado una serie de teorías para su aplicación. si se indaga el fundamento de la responsabilidad del Estado puede deducirse que consiste en la idea de la igualdad de los individuos ante las cargas públicas. pues éstos funcionan a beneficio de la colectividad. según Larez Martínez (1996) existen dos.
493). la responsabilidad por riesgo es aquella que resulta de una relación de causalidad entre el daño y la actividad de su autor. establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. ya que para que esta funcione debe existir el perjuicio y que éste no pueda ser considerado como carga propia del administrado. sólo excepcionalmente se reconoce la responsabilidad por riesgo. las faltas administrativas pueden resultar. da lugar a la reparación patrimonial de los mismos” (p. en que puede decirse que es el servicio en su conjunto el que ha funcionado mal o ha dejado de funcionar o funcionó tardíamente. siempre que
. el Estado tiene la responsabilidad por la actuación de los funcionarios que lo conforman. Por ello. pero además. si ha causado daños. pues él responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. Larez Martínez (1996) expresa que: “La responsabilidad por riesgo existe si el daño ha resultado de un accidente cuya causa se desconoce” (p. En consideración de los intereses de la Hacienda Pública. en opinión de Larez Martínez (1996): “Si el acto administrativo es ilegal. También. 494). es susceptible de revocación o de anulación. Dicha responsabilidad cesa en caso de demostrarse que el daño se ha producido por falta de la víctima o por la fuerza mayor. Así mismo. caso este último. ya de una operación material de la administración o de actos ilegales.anónima cuyo autor no aparezca de forma clara o no pueda identificarse.
tal como es el caso de los Defensores Públicos de Presos. personas naturales o jurídicas. también se vincula estrechamente con la facultad que tiene el mismo Estado de seleccionar y designar a los funcionarios públicos para el ejercicio de la atención y defensa de aquellos ciudadanos que no poseen recursos económicos. sabiendo que esta responsabilidad va a estar determinada por el deber y la obligación de indemnizar a los particulares o ciudadanos.
Responsabilidad del Estado ante la actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva: Entendida como es.
. la existencia del Estado como ente destinado a satisfacer los requerimientos de los administrados y evidenciándose que es responsable por él mismo y por los funcionarios que ocupan cargos dentro de los órganos públicos. se puede considerar que dicha responsabilidad además de estar determinada por la capacidad indemnizatoria del Estado. quienes deben tener como norte la protección y salvaguarda del derecho a la defensa y el debido proceso. proveyéndolos de asistencia técnica especializada. para lo cual es menester que estén suficientemente preparados.la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública. de los daños que les ocasione con motivo de la actividad pública incluso por la actividad desarrollada por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o la inactividad u omisión en el correcto ejercicio de las mismas.
anteriormente mencionado. es decir. estableciéndola a través de dos garantías. es necesario vislumbrar que a pesar de ser la responsabilidad Estatal un tema importante para el buen desenvolvimiento de la administración de justicia. ésta sólo ha sido regulada como principio en la Carta Magna. por cualquier actividad
. dispuesto en su Artículo 26. le corresponde al máximo tribunal del país y cualquier otro de menor jerarquía competente. y por otro lado el derecho establecido en el Articulo 140. como lo son el derecho a la tutela judicial efectiva. debe entenderse que el Estado se hace responsable por aquellos daños o prejuicios que se les hayan causado a los particulares. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública” Por lo tanto. mediante un proceso demostrar la responsabilidad específica. que se les irrespeten y no se les preste el servicio de forma adecuada. Por otra parte. condenar al pago y a la reparación de los daños y perjuicios causados y restablecer la situación jurídica subjetiva lesionada. como producto del mal desempeño de las funciones y prestación del servicio. que hace referencia a que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. respetando los derechos individuales que le son otorgados por ley y en caso de que esto no ocurra. entonces que la Administración Pública y los órganos que la componen deberán prestar sus servicios a todos los ciudadanos.Puede sintetizarse.
debe el Estado proporcionársela de forma gratuita. teniendo a su cargo la representación judicial de una persona a la cual se le está siguiendo un proceso penal por la presunta comisión de un hecho punible.
. por lo que se pretendió aplicar programas básicos de control y vigilancia y celeridad procesal en el área penal de las mismas. se destaca que el compromiso de hacer efectivo el derecho a la defensa en materia penal. pero resultó imposible por el déficit que se presenta en el seno de la prenombrada institución y desembocó en la aplicación inequívoca de dichos programas. sea administrativa. se de fiel cumplimiento al debido proceso y al derecho a la defensa.publica. dispuesto específicamente en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. De todo lo anteriormente expuesto. legislativa u otras que deriven del ejercicio de las funciones llevadas a cabo por los órganos del Poder Publico. velándose con ello el buen funcionamiento de la administración pública. así como porque en todo proceso. lo cual no se refleja en la realidad. recae sobre la institución de la Defensoría Pública de Presos. en consecuencia cuando algún ciudadano requiera de dicha asistencia y no posea recursos para tenerla en forma privada. se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. pues dentro de aquel. ya que así lo demuestran numerosas denuncias. judicial. la defensa y la asistencia jurídica en todos sus grados e instancias. en la falta de vocación y deficiencias que se observan en el desempeño de sus funciones. pues su actuación no se ajusta al deber ser.
en virtud de la preclusividad de los actos procesales. En este mismo orden de ideas. dejándolo indefenso ante tal situación. tampoco han sido determinados de ninguna manera los mecanismos legales a través de los cuales se puedan restituir los daños causados a la victima de su mala actuación . queda demostrado que este hecho constituye una falta grave del funcionario. cumpliendo con las garantías dadas por el Estado a través de la
. al analizar la responsabilidad del Estado ante la actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva. se observa que en el compendio de normas que regulan la materia penal en Venezuela. causando en consecuencia un perjuicio irreparable a su representado. lo que genera descontrol. cuando se agota un acto procesal. el panorama viene a empeorar con el hecho de que en Venezuela no existe una ley que regule el Sistema Autónomo de la Defensoría Pública.Así mismo. Ahora bien. a quien se le debe asegurar su derecho a la defensa de la manera mas adecuada e idónea. siempre de orden público. sin que el defensor público. pierde la oportunidad de realizarlo. con lo cual causa un daño irremediable a la esfera jurídica individual de su defendido. ineficacia e inseguridad dentro del proceso penal. pues no se delimitan funciones ni se les establecen sanciones específicas al comportamiento de los defensores públicos y por ende. en representación del acusado lo interponga en el tiempo legal. como lo es el lapso para apelar de la sentencia.
. Desde esta perspectiva. Ramón Oscar Carmona Jorge. debe hacerse referencia obligada a la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa. Cuando se trata la materia de responsabilidad del Estado. en juicio que siguieran los ciudadanos Gladis Josefina Jorge Saad (viuda) de Carmona. la garantía de la tutela de los derechos e intereses de los desposeídos a través de una actuación diligente y cónsona con sus atribuciones y funciones. por demanda por Daños y Perjuicios y Morales contra la República de Venezuela. trayendo como consecuencia el colapso del mencionado sistema judicial penal. debe entenderse que la defensoría pública sostiene una serie de atribuciones y funciones de suma importancia para el buen desarrollo del sistema judicial penal venezolano. éste deberá asumir su responsabilidad en el daño ocasionado como consecuencia de la actuación del defensor público. Sentencias nacionales relacionadas a la responsabilidad del Estado ante la actuación de sus funcionarios. de fecha 15 de Mayo del 2001. ya que si se ha establecido como fin último de esta institución. Carlos Eduardo Carmona Jorge y Oswaldo José Carmona Jorge. con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini. dicha actuación no se ha verificado en la realidad. y de no ser así.Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. las cuales no son ejercidas de forma correcta y no se llegan a cumplir en su totalidad.
realizando un análisis que finalmente se resume en los siguientes extractos. se fundamentó en las denominadas culpa in eligendo y culpa in vigilando. en función de la culpa del amo o patrono. lo que determina el hecho de garantizar la reparación de quien sufre el daño antijurídico. El criterio establecido por esta Sala. como lo es el caso de los daños
. entendida como indirecta. fue creado a través del estudio de la Responsabilidad del estado desde sus comienzos y la evolución que este tema ha tenido en Venezuela. es lo basado en los criterios de falta o falla de servicio e incluso. o en función del Estado en la elección o vigilancia de sus criados o dependientes. más no cuando dicha individualización no es posible. la precitada teoría cede en gran medida. por un lado. Posteriormente. Así. es decir. del riesgo o daño especial. En sus inicios el sistema de responsabilidad de la Administración Pública se configuró jurisprudencialmente en base a los criterios de la culpa. y del cual fue victima el padre de los recurrentes.delictiva de funcionarios policiales. en este caso en la elección de los agentes públicos. únicamente opera cuando podía identificarse al funcionario que causó con su actuar el daño antijurídico. atendiendo a principios y preceptos de derecho privado. en los criterios de culpa. basada
exclusivamente en criterios de culpa. quedó establecido que atendiendo a principios de derecho público. en tanto que. la responsabilidad del Estado.
se fundamentan en los principios de equidad. a su vez. es decir. o al hecho de la insolvencia del agente público para responder al daño. por cuanto no se ajusta a las realidades que involucra el alto intervensionismo Estatal en las actividades de los particulares y los avances técnicos que el desarrollo industrial ha supuesto. Siguiendo con lo anterior.anónimos. el esquema tradicional se hizo insuficiente y fue entendido como inacabado. y por el otro. En la medida de los supuestos descritos. sino en orden de garantizar la reparación de quien sufre el daño antijurídico.
. basado en los criterios de falta o falla de servicio e. razón por la cual en la actualidad. para repararlo pecuniariamente. solidaridad social. el acento no está en los criterios de culpa. incluso del riesgo o daño especial. implica por una parte que no sea posible en muchos casos subsumir la actividad dañosa a los supuestos o tipos de culpa existentes. que expresan en alto grado. y en otras. igualdad ante las cargas públicas. los cuales. esas realidades son un aumento sustancial de los riesgos de causar daños como consecuencia de la prestación del servicio público o de interés público. lo cual de manera no poco frecuente ocurre. atendiendo a principios de derecho público. lo cual a su vez. un sistema de responsabilidad objetiva. que en menor o mayor medida atienden al daño causado. que la entidad de la cuantía resultante de los daños ilícitos deja en evidencia la exigüidad del patrimonio del individuo que produce el daño.
es decir. en aquellos casos donde la teoría de la falta o falla de servicio es insuficiente. hecho de un tercero. incluso en casos de daños ocasionados por causa lícita deben ser reparados y la colectividad debe soportar dicha carga de reparo. donde no pueda identificarse al funcionario público causante del daño. y donde además. excluyéndose así supuestos eximentes de la misma: culpa exclusiva de la victima. Ahondando brevemente sobre las teorías precedentemente expuestas. la que funda la responsabilidad en la falta o falla del servicio. es decir. por no haber quedado de manifiesto el funcionamiento anormal del servicio. En tal contexto su razón fundamental es no dejar sin salvaguarda los daños antijurídicos. Allí la responsabilidad del Estado es con ocasión de un defectuoso funcionamiento del servicio o por la impropia conducción del mismo. la cual se suma. que la falta. la acción o hecho antijurídico es entendida en un sentido que trasciende a lo subjetivo proyectándose en el hecho objetivo. a la de falta o falla de servicio. la fuerza mayor y donde la responsabilidad del Estado entendida como indirecta pasa entonces a ser directa.No obstante que técnicamente para algunos autores tienen sustanciales diferencias con lo que es responsabilidad objetiva. cabe destacar en cuanto a la primera de ellas. en
. con carácter excepcional. la responsabilidad objetiva supone que siempre se será responsable. En similar contexto se sucede la segunda de ellas. el daño antijurídico causado. aun cuando se ocasionó un daño. la teoría del riesgo. a fin de proteger a la victima reparándole el daño sobre ella causado. la complementa. para unos.
su fin no es otro que asegurar la reparación del daño. Casos todos en los cuales es insuficiente los criterios basados en la culpa. En suma. o incluso en casos de falta impersonal. ni que por lo tanto el Estado tenga que responder patrimonialmente. supone que no pueda existir un control absoluto de toda la actividad que sus agentes despliegan. Si bien se reconoce la sanidad y pertinencia de estas teorías a fin de atender a los más altos principios de equidad y justicia. Así. esta teoría en grado sumo expresa un sistema de responsabilidad objetiva.
. consecuencialmente. sin más en todos y cada uno de los casos de daños por aquellos ocasionados. sino al servicio considerado en abstracto. como claramente se observa. en el marco del alto intervensionismo estatal. Deben entonces tener dichas teorías sus adecuados límites que permitan una legítima válvula de escape a esa responsabilidad Estatal. la motivación que dio lugar a esas teorías fue. no obstante en cuanto a sus motivaciones. no dejar sin posibilidad de reparación a la victima en los casos donde no está identificado el funcionario público causante del daño. donde no puede atribuirse a un individuo en específico. o identificable éste por la insuficiencia de su patrimonio. Desde otro punto de vista ese mismo intervensionismo estatal.virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas. un aumento muy sustancial de los agentes o funcionarios que participan en la prestación de los servicios públicos. que implica un ensanchamiento tal de las actividades que desarrolla el Estado y. lo señalado sólo expresa una parcela de la realidad. Ahora bien.
debe ser interpretada bajo criterios restringidos. no puede establecerse que quede excluida la búsqueda del responsable de ser ello posible.
.Es por ello que la responsabilidad administrativa soportada en criterios en alto grado objetivista. a fin de evitar generalizaciones impropias e inconducentes que excluyan los supuestos necesarios eximentes de la responsabilidad. donde quede de manifiesto una completa ruptura de su conexión con el servicio público. hecho exclusivo de un tercero. porque si se extiende o exagera en demasía su aplicación. aún en el marco de los criterios que modernamente imperan en relación con la responsabilidad del Estado y que como se observó se suceden en amplia garantía de los administrados. lo cual puede establecer una injustificada y excesiva onerosidad sobre la Hacienda Pública. sin límites. ello podría conllevar a que la administración tenga que hacerse prácticamente responsable de todas las situaciones de daño. fuerza mayor o caso fortuito. con omisión de la falla o falta del servicio. sin embargo. Igualmente. es decir. pero su utilidad o radio de acción se reduce a los supuestos de daños ocasionados por la acción personal del agente público. como el riesgo excepcional. Se impone entonces siempre un análisis guardando la debida ponderación o prudencia en la aplicación de la teoría del riesgo. tales como. culpa exclusiva de la víctima. por lo que la responsabilidad subjetiva basada en la culpa del agente se mantiene.
Así. sus imprudencias. a fin de armonizar el sistema de la responsabilidad de la Administración Pública. un dolo. para establecer la señalada diferencia. abandonándose el elemento culpabilidad. de suyo el acto o acción pierden su entidad administrativa”. compartiendo con Laferriére (1984) cuando expresa: “si el acto perjudicial es impersonal. sus pasiones. más o menos sujeto a error. entonces la falta es imputable a él. una armónica asociación o yuxtaposición de tales criterios o teorías. el propósito delictivo. incluso el ánimo. si por el contrario.En tal sentido. por una vía de hecho. Se impone. y si en ésta prevalece la intención dañosa. lo que se impone no es abandonar por completo los criterios de culpabilidad. mientras. sino yuxtaponer éstos con las tendencias modernas. el acto es administrativo. en garantía de los derechos ciudadanos y basadas en el elemento reparabilidad del daño. y no al ejercicio de la función pública. subsisten acertadamente. explorar la voluntad. y no al hombre con sus debilidades. los criterios que distinguen la falta personal de la falta de servicio.
. Ese contexto expresa así. la falta es personal. No obstante las exaltadas tendencias de la doctrina moderna. actitud subjetiva del agente público al momento de ejecutar el hecho. por lo tanto. la personalidad del agente se manifiesta por faltas de derecho común. es decir su acción. dirigidas a ampliar la responsabilidad de la administración pública. ni excluir de límites a los criterios objetivos. si revela un administrador. un mandatario del Estado.
En este marco. la falta será siempre personal.No puede. el agente público actúa por fuera de la función pública que tiene encomendada. saciar una venganza personal y no servir a la finalidad pública. en consecuencia dejar de advertirse que la Administración Pública realiza las funciones que le son inherentes a través de personas naturales. valiéndose incluso de los poderes y ventajas inherentes a su carácter de agentes públicos para cometer esos actos delictivos. en relación con los cuales en multiplicidad de oportunidades. se considera que si al cometer su acción el funcionario público utiliza los medios administrativos puestos a su alcance para alcanzar un beneficio particular.
. los vicios en su actuar son inseparables de la función pública por él cumplida. la
Administración Pública permanece ajena. en especial la francesa. al quedar apartada la acción del funcionario de la prestación del servicio público. por principio general responderá también la Administración. ha catalogado como falta extra funcional. Es lo que la doctrina. cometiendo hechos ilícitos. La falta personal entonces se evidencia. que no en pocas oportunidades actúan bajo el impulso de lo que ordinariamente se denomina bajas pasiones. existe una ruptura o falta de conexión entre la conducta dañosa ejecutada por la persona física que desarrolla el cometido estatal del servicio público y el servicio mismo. En tal sentido. Al contrario. si las acciones o actos imputables al agente público conforman actos de servicio
público o ejecutados evidentemente con ocasión del mismo y en tal sentido.
puede quedar exculpada de responsabilidad la Administración. a no ser que quede incuestionablemente acreditada la indivisibilidad del actuar del funcionario con la función pública que licencia su accionar. No obstante aún en este último caso. que dicha evaluación debe ser de carácter estricta y restringida.De manera que debe quedar de manifiesto la inseparabilidad de la acción o acto realizado por el agente público. En conclusión. con una ponderación en grado sumo. el cual en principio debe ser destinado a la realización de la función pública. excediendo el ámbito de esta última. la falta personal queda delineada cuando la actuación del funcionario es ajena a la función pública que él debe desarrollar. lo que a su vez implica que esté el patrimonio del colectivo en juego. expresadas en errores fácticos o de derecho flagrantes y groseros. son todos en principio faltas personales. y también. cuando realmente ello incontrovertiblemente se justifique. si queda acreditado que la acción del funcionario fue dolosa o en alto grado culposa. al realizar actos que no incumben al servicio público. por estar los intereses públicos involucrados. en situaciones de violación de la ley penal. y que solo puede ser mermado. respecto de la labor que el orden jurídico le atribuye en la realización de los fines del servicio público. en cuanto a la responsabilidad del Estado. Por tanto. y por medio de los cuales produce un daño. los casos donde queden de manifiesto faltas graves. para que exista responsabilidad de la Administración.
la falta es personal. debido a su magnitud y la evidente intención y móvil dañoso que involucran o persiguen. es decir. De los eventos dañosos que se producen por esas acciones ladinas. Así mismo.
. En suma.Por lo que si el acto esta dentro de los límites de mal funcionamiento que hay que esperar de la diligencia mediana. por el simple hecho de atender a la reparación de un daño. la responsabilidad no puede proyectarse a la Administración. Si desborda esos límites. No queda entonces comprometida la responsabilidad administrativa por los actos delictuosos con dolo o culpa grave cometidos por sus agentes. no pueden ser endosadas las consecuencias patrimoniales a esta última. establece una ruptura respecto a la relación orgánica. la falta es del servicio. debe responder personal y exclusivamente con su patrimonio el individuo que los causó. De manera que no encuentra fundamento sólidamente sustentable el que pretenda establecer una situación de onerosidad o carga en el patrimonio de la Administración Pública. no puede derivar la responsabilidad de la Administración. por aquella acción. cuando no existe conexión alguna entre la acción del funcionario generadora del daño y el servicio. lo cual establece una clara disociación con la génesis de la función pública. De manera que de la acción delictiva dolosa del agente público. ya que esto resultaría tanto inicuo como excesivamente gravoso para el erario público. la acción dolosa tipificada penalmente e incluso apreciable desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial.
Este criterio analizado fue posteriormente revocado en base a recurso de revisión intentado por la parte agraviada. mediante sentencia de la Sala Constitucional (Accidental) del Tribunal Supremo de Justicia. en la cual se declaró sin lugar la demanda por daños y
perjuicios materiales y morales en contra de la República Bolivariana de Venezuela. no es de servicio. y viceversa. debe así mismo asumir sus responsabilidad y la responsabilidad de los funcionarios que se encuentren a su cargo. como señala la jurisprudencia. Es concluyente pues. que se prestó a confusión la circunstancia de que el hecho dañoso se cometió bajo la vigencia del texto
. Es así. por ser la causa del daño absolutamente extraña al ejercicio de la actividad administrativa. Los agentes públicos son a título personal económicamente responsables frente a las víctimas por los resultados nocivos de sus actos. excluyéndose la responsabilidad de la Administración. cuando éstos no están vinculados con el servicio.Debe entonces demostrarse contundentemente que la Administración si tiene que responder y soportar dicha carga. en fecha 19 de Noviembre del 2002. en virtud de que si el hecho es personal del funcionario. que ante la evidencia de faltas personales del funcionario público. no tiene porque quedar compelida la responsabilidad patrimonial de la Administración. Una excluye a la otra. fundamentándose en que siendo Venezuela consagrado constitucionalmente como un Estado democrático y social de derecho.
tratándose éste de la respuesta indemnizatoria del mismo cuando alguno de sus funcionarios incurre en un hecho dañoso en contra de un particular. provocando perjuicio en su vida o en sus bienes. la cual establece en su exposición de motivos y a lo largo de su articulado. judiciales. es decir.constitucional del año 1961 y se juzgo y sentenció bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. en la obligación directa del mismo en responder pecuniariamente por los daños que sufran los particulares. el sistema integral de responsabilidad patrimonial del Estado. legislativas. se explica por demás que la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser apreciada de manera objetiva descartándose la culpa del funcionario como fundamento único del sistema indemnizatorio y además si se encuentra tipificado el hecho ilícito causante del daño y causa de la reclamación de indemnización como violación a algún derecho. siempre que dicho daño sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualquier actividad pública. razón suficiente para que el juzgador pueda pensar
. Así mismo. En este orden de ideas. administrativa. Sin embargo. la carta magna vigente establece la responsabilidad integral patrimonial del Estado. ciudadanas o electorales de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de sus funciones. que abarca todos los daños causados por la actividad derivada del ejercicio del Poder Público. no puede afirmarse que la responsabilidad objetiva del Estado va a sustituir la responsabilidad subjetiva o personal del funcionario culpable.
o mediante la institución de un servicio de defensa pública costeado por el Estado o por algunas de sus instituciones. este derecho se ejerce gracias al nombramiento de oficio de tal defensor. el procedimiento penal chileno eminentemente de carácter acusatorio. por lo que para asegurarlo. que pueda rendir sus pruebas para acreditar sus afirmaciones o desvirtuar las de la acusación y. se ha convertido en una práctica reiterada en todos los países el hecho de establecer como garantía. para asegurar el cabal respeto de todos sus derechos. tales como el de Chile. establecida a nivel constitucional e internacional de proporcionar defensa técnica a todos los imputados que no puedan procurársela por sí mismos. En efecto. se ha establecido la
. ya que el mismo permite finalmente el cumplimiento efectivo de la obligación del Estado de Chile.recursos económicos suficientes para poder costear los honorarios de un abogado particular. la defensa de los imputados dentro del proceso penal. lo que conlleva al estudio obligatorio de ciertos regímenes penales y la responsabilidad de ese estado con respecto a la actuación de los funcionarios que intervienen en dicha defensa. Guatemala y El Salvador. se da la creación de un nuevo organismo destinado a proporcionar letrados que asuman la defensa jurídica de los imputados que carezcan de abogado particular en el proceso penal chileno. hecho por el tribunal competente (sistema que está previsto así mismo en casi todas las legislaciones procesales penales del área). De igual forma. en general. supone que el imputado pueda hacer valer efectivamente y de manera técnicamente precisa sus alegaciones. En el caso de Chile.
obligación del Estado de proporcionar un abogado a todos los imputados que carezcan de uno de confianza. con personalidad jurídica y patrimonio propio. es que quienes han estado vinculados a ella. la creación de la Defensoría Penal Pública. para que puedan hacer frente a un Ministerio Público. obligación que se puede cumplir por el Estado
. nuevo organismo público. descentralizado. pero además. entonces que con la creación de dicho organismo se defienden los derechos e intereses de los imputados. aunque con significativas diferencias. porque el derecho de defensa se estipula en forma amplia y como una función pública con rango constitucional en el artículo 19 de la Carta Fundamental de Chile. establecido a nivel nacional. consideran como uno de los pilares de la Administración de Justicia chilena. pero desconcentrado territorialmente. jerarquía y unidad. con una adecuada preparación en destrezas de litigación oral. Es evidente. en un sistema de juicio oral. está demostrado que la defensa sólo puede estar a cargo de profesionales con experiencia. con presencia nacional y regido por los conocidos principios de autonomía. en alguna medida paralelo al Ministerio Público. es conveniente que tales profesionales estén organizados a manera de asegurar un nivel técnico homogéneo en todos aquellos funcionarios que prestan tal servicio. Más aún. Por estas razones.
3. proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen. Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia. simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes. la defensa constituye un presupuesto del debido proceso. descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. que contempla un sistema predominantemente acusatorio. con fundamentos en los Artículos 5 y 9 de su Constitución. la Ley Número 19.718. 14. En este sentido. creó la Defensoría Pública Penal. Donde dicho organismo tiene por finalidad. sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. como se ha mencionado. en su caso. las cuales deben contar con una igualdad de armas. siempre que carezcan de un abogado. Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos y 8.1. puesto que éste requiere en lo sustancial que se encuentre en presencia de un juicio entre partes.mediante la provisión de los medios a quienes carezcan de recursos para contar con el asesoramiento y defensa jurídica de parte de un letrado de su confianza. denominado Defensoría Penal Pública. La provisión de medios de defensa a quien carece de recursos para contar con una defensa en un procedimiento acusatorio. estableciéndolo como un servicio público. Convención Americana Derechos Humanos.2. 11. le permite ser racional y llegar a obtener justicia dentro de él.
. en el proceso penal chileno.
el Defensor Regional determinará mediante resolución del defensor local que lo subrogará. Los defensores locales
. lo subrogará el defensor local más antiguo de la Región o de la extensión territorial de la Región que esté a su cargo. por cualquier motivo. por cualquier motivo. Así mismo. A falta de designación. pudiendo establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. el Defensor Nacional se encuentre impedido de desempeñar su cargo. En este orden de ideas. será subrogado por el Defensor Regional más antiguo. Procederá la subrogación por el solo ministerio de la ley cuando. cuando en ella exista más de un Defensor Regional. pudiendo establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. Por su parte. se nombrará un defensor jefe. el Defensor Regional se encuentre impedido de desempeñar su cargo. la Defensoría Regional es la encargada de la administración de los medios y recursos necesarios para la prestación de la defensa penal pública en la Región. Si la Defensoría local cuenta con dos o más defensores locales. o en la extensión geográfica que corresponda si en la Región hubiere más de una. las Defensorías Locales son unidades operativas en las que se desempeñarán los defensores locales de la Región. A falta de designación. cuenta con un Defensor Nacional que es subrogado por el Defensor Regional que determine mediante resolución.En cuanto a su organigrama. Procederá la subrogación por el solo ministerio de la ley cuando.
la defensa penal pública será siempre gratuita. la Defensoría podrá cobrar. en el cumplimiento de sus deberes. al menos. salvo que éste fuere autorizado por el tribunal para defenderse personalmente. la defensa que preste a los beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla privadamente. en conformidad con lo que señale el reglamento. en cualquiera etapa del procedimiento y mantendrán la defensa hasta que la asuma el defensor que designe el imputado o acusado. total o parcialmente. capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan. falte abogado defensor. con anterioridad a la realización de la primera audiencia judicial a que fuere citado. existen prestarios del servicio. en todo caso. los abogados que presten defensa penal pública estarán sujetos. además. por cualquier causa. Para estos efectos considerará. Los defensores penales públicos ejercerán su función con transparencia.asumirán la defensa de los imputados que carezcan de abogado en la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y. Al igual que existen beneficiarios. Siempre que correspondiere cobrar a algún beneficiario por la prestación del servicio de la defensa penal. a las responsabilidades propias del ejercicio de la profesión y. En otro orden de ideas. su nivel de ingreso. se le deberá informar de ello en cuanto se dé inicio a las gestiones en su favor. Excepcionalmente. siempre que de conformidad al Código Procesal Penal. de manera de permitir a los defendidos el conocimiento de los
. Asumirán así mismo. entregándole copia del arancel existente y de las modalidades de pago del servicio. a saber. a las que se regulan en esa ley.
derechos que les confiere esa ley. De lo anterior. contenidos y fundamentos de las actividades que emprendan en el cumplimiento de sus funciones. sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarles. el defensor penal público no podrá excusarse de asumir la representación del imputado o acusado. Designado. las personas naturales o jurídicas que presten servicio de defensa penal pública. debe entenderse que rige a todos los funcionarios públicos de Chile. en los siguientes casos: a) Cuando su defensa no fuere satisfactoria. sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal. se encuentra establecida en la Constitución Chilena en su Artículo 38. Respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en principio. están sujetos a responsabilidad administrativa de acuerdo con las normas contenidas en la Ley N° 18. definidos por el Defensor Nacional.834. que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública. de acuerdo con los estándares básicos. b)
. Así mismo. así como de los procedimientos. de las bases generales de la administración del Estado Chileno. pero los prestadores de la defensa penal pública en forma determinada. de sus organismos o de las municipalidades. podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. especificando que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado. incurrirán en responsabilidad según lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de la Defensoría Pública Penal. sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.
el Instituto de Defensa Pública Penal es el organismo responsable de la defensa pública. Antes del establecimiento de este Instituto. el Instituto cuenta con autonomía funcional. las sanciones que podrán aplicarse serán las multas establecidas en los contratos respectivos. y conforme a la prescripción legal. sea el servidor público o el Estado y la subsidiaria. (p. Actualmente. que establece que el cumplimiento de la obligación debe ser exigido en primer término al servidor público. cuando el servidor publico no tuviere bienes o los que tuviere no fueren suficientes para responder del daño causado. es independiente de los tres poderes del Estado y tiene la misma jerarquía que el Ministerio Público. y c) Cuando incurrieren en incumplimiento del contrato celebrado. y la terminación del contrato. Siguiendo con el estudio de los sistemas de defensa pública en determinados países. sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado o Municipios. luego del compromiso adquirido por el Estado en los Acuerdos de Paz.Cuando no hicieren entrega oportuna de los informes semestrales o del informe final. fue creado en 1997. la defensa era asumida por los Bufetes Populares de las universidades del país. la obligación solidaria. en Guatemala. o consignaren en ellos datos falsos.
. Aunado a lo anterior existen dos tipos de obligaciones del Estado. 34) En consecuencia. donde se estableció la necesidad de contar con un órgano autónomo que asumiera la efectiva defensa de los ciudadanos. la cual da la posibilidad de exigir su cumplimiento a cualquiera de los deudores.
opera mediante un sistema mixto. nombrado por el Director General. uno de los cuales será el Coordinador Departamental. establecidas en cada uno de los departamentos del país. debe recibir los casos en su departamento y proceder a su
. con abogados defensores públicos de planta que mantienen una relación laboral permanente con el Instituto. El Director General del instituto es elegido por el Congreso de la República. que son aquellos que. Respecto a su organización. es decir. existen los defensores permanentes o de planta y los defensores de oficio. Este Consejo está integrado por el Presidente del Consejo de la Judicatura. debiendo actuar conforme a las directrices del mismo y a las atribuciones que le otorga la ley. además dicho coordinador. Las cuales cuentan con un máximo de 3 defensores de planta. por abogados privados a quienes se contrata para la defensa de imputados en delitos menores y para casos concretos. de una terna propuesta por el Consejo de dicha institución. un representante de los decanos de las facultades de derecho del país. y un representante de los defensores de planta. electo en asamblea. están encargados de la adecuada defensa de los imputados que no pueden solventar su defensa técnica. aunque primordialmente debe supervisar el trabajo de los defensores de planta. Luego se encuentran las Secciones Departamentales.La mencionada defensa. los cuales ejercen sus funciones en las sedes policiales. un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. el Procurador de Derechos Humanos. en la práctica. y defensores públicos de oficio.
distribución entre los defensores. a partir de la sindicación de posible autoría o participación de un hecho punible. dentro de las principales funciones del Instituto de la Defensa Pública se encuentran. ejercer las funciones del defensor de planta que le son propias y aquellas que el Director General le delegue. En lo que respecta a la responsabilidad del estado por actuaciones de sus funcionarios. infrinja la ley en perjuicio de los particulares. Puede decirse que. Está integrada por 25 defensores. Esta sección cuenta con unidades especiales: Unidad de Defensoría de menores. Por otro lado. aún teniendo recursos económicos. prefieran sus servicios. el Estado o la institución estatal a quien sirva. a cargo de un coordinador y 4 asistentes. intervenir gratuitamente en la representación de personas de escasos recursos económicos que se encuentran sometidas a un proceso penal. existe la Sección Metropolitana. aunque en estos casos debe pagar por este servicio. 20 de los cuales son permanentes o de planta. Unidad de Notificaciones y. o no tuvieren o no nombraren defensor de su confianza. asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría jurídica cuando ésta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal. se señala que cuando un dignatario. Unidad de Ejecución. abocados principalmente a casos de impacto social. funcionario o trabajador del Estado. la Defensoría de Género. en el ejercicio de su cargo. será solidariamente responsable por los daños y
. y también debe proporcionar defensa técnica a quienes.
Por otro lado en Guatemala existe la Ley de probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos. cuyo término será de veinte años. que no desempeñó satisfactoriamente las funciones que exige su cargo. deberá responderle al agraviado como un funcionario público más. es decir. Es entonces como se evidencia que en Guatemala. donde se encuentra incluidos los defensores. Serán igualmente responsables civilmente los funcionarios y empleados públicos. ya que no se ha establecido un Régimen de responsabilidad objetiva como se encuentra establecido en la Constitución de la Republica Bolivariana de
. Así mismo. teniendo en cuenta que tiene responsabilidad civil y criminal. la Responsabilidad del Estado se encuentra un paso atrás con respecto a Venezuela. También la Constitución de Guatemala señala una excepción muy general. la responsabilidad del defensor público se tomará de forma genérica con respecto a la Constitución. que regula todo lo relacionado con el régimen de responsabilidad que tienen los funcionarios públicos guatemaltecos al momento de desempeñar sus funciones y la forma de sancionarlas. Como puede evidenciarse. podrán reclamar al Estado. indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. la responsabilidad criminal se extingue. en este caso. aplicándoseles la deducción mientras no se hubiere consumado la prescripción. por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. que si el defensor es negligente en algunas de sus actuaciones.perjuicios que se causaren. pues ni los guatemaltecos ni los extranjeros. pues no existe ley específica de defensoría que la determine.
señala que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No obstante. De igual forma. nace el derecho a que a esa persona le sea nombrado un abogado para ejercer su defensa técnica. al existir una ley que regule directamente las responsabilidades de los funcionarios públicos. la Constitución de la República Salvadoreña. se justifica el hecho de que exista la Unidad de Defensoría Pública en la Procuraduría. la Constitución Política establece las facultades de la Procuraduría General de la República. Por otra parte. estos son más cuidadosos en el cumplimiento de sus funciones. dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos. para garantizar el derecho de defensa a la libertad individual. se desprende que desde el momento de la captura. y representarlas
. por lo que puede velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces . no pudiendo ser obligada a declarar.Venezuela anteriormente señalada. debe estudiarse sobre el sistema de defensa pública en El Salvador. Partiendo de estos preceptos constitucionales. Bajo este mandato constitucional. Por último. la cual es ejercida por la Procuraduría General de la República. Si el detenido no tiene recursos para el pago de abogado particular. Al respecto. se garantiza al detenido. el Estado tiene que proveerle uno. en los términos que la ley establezca. la asistencia de un defensor de los órganos auxiliares de la administración de justicia durante los procesos judiciales.
conceder licencias y aceptar renuncias a los Procuradores Auxiliares de todos los Tribunales de la República. los Coordinadores Locales de Defensoría. con posibilidades de reelección. para un periodo de tres años. además. está el Procurador General. decretos. cumplir y hacer cumplir la Constitución. se tiene que los Artículos 235 y Artículo 245 de la Constitución Salvadoreña. El Procurador General cuenta para el desarrollo de sus funciones. A la cabeza de la Procuraduría General de la República.judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. Las coordinaciones locales se encuentran a nivel nacional en las 17 Procuradurías Auxiliares. ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes. Respecto a la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en general. Igualmente. nombrar. órdenes o resoluciones que la contraríen prometiendo. establecen que todo funcionario civil o militar. jurará bajo su palabra de honor. quien es nombrado por el Procurador General. existe la figura del Coordinador Nacional de Defensoría Penal Pública. antes de tomar posesión de su cargo. los Defensores Públicos de Adultos y Menores y la Receptoría y Archivo de Defensoría. con el apoyo de la Unidad de Calidad Institucional. a cargo del Procurador Adjunto. el exacto
. a los Procuradores de Trabajo y a los demás funcionarios y empleados de su dependencia. remover. la Unidad de Asistencia Técnica. electo por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos. ser fiel a la República.
En cuanto a esto. Además todos estos países realizan un esfuerzo para lograr que la persona que se encuentre inmersa en un proceso penal. se establece la responsabilidad de los defensores que incurran en ilícitos o en faltas. por los daños materiales o morales que causare a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en la misma Constitución. pues cuenta con una
. así como se especifica la responsabilidad civil. debe destacarse que los sistemas de defensa pública de Chile.cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga. los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente. pues todos consideran al derecho a la defensa como principio en sus Cartas Magnas. cabe destacar. que en materia de defensoría públicas penales. Guatemala y El Salvador. bien sea por negligencia o con intención. no pudiendo existir un proceso penal sin ello. además de esto. a través de una ley especial. goce y haga efectivo el ejercicio de este derecho. Así mismo. las legislaciones estudiadas establecen una serie de responsabilidades a los funcionarios públicos de manera general. por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. penal y administrativa de éstos. En este orden de ideas. la legislación chilena es la que se encuentra mejor organizada. se encuentran íntimamente relacionados entre sí y con el sistema de defensa venezolano. como ocurre en el caso de Chile. Por todo lo anteriormente expuesto.
establezcan la responsabilidad directa del Estado. Con respecto a la responsabilidad del estado frente a los daños causados por la administración como puede ser la que causa el defensor publico al no ser diligente en el ejercicio de sus funciones. que los demás países no tengan los mecanismos idóneos para hacer que los defensores públicos penales en su carácter de funcionarios públicos. en la que se determinan las faltas y posibles sanciones. que representan un avance significativo en lo que sobre materia de Responsabilidad pudiera establecerse. en forma expresa. Aunque esto no quiere decir. aunque actualmente se observan cartas magnas en la que se establece que el Estado se responsabiliza por los daños que ocasionen sus agentes en el ejercicio de sus funciones. si el defensor no ejerciere de forma eficiente su cargo. como es en este caso Chile y Venezuela.amplia base constitucional y una ley especializada de la defensoría pública. como se ha observado en este estudio. sean responsables de sus actuaciones.
. lo común es encontrar normas que responsabilizan a los funcionarios cuando actúan fuera del ámbito legal o reglamentario en el ejercicio de sus funciones (Guatemala y El Salvador). determinando una responsabilidad directa y plena por el perjuicio ocasionado. no es usual encontrar en las constituciones latinoamericanas normas que.
debiendo ser cuidadoso en los casos de las sentencias definitivas de manera tal que pueda ejercer oportunamente la apelación en contra de la misma. se logró determinar que: 1. La defensa pública tiene atribuida una gran diversidad de funciones entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa. de allí que el defensor deba realizar sus actuaciones enmarcadas en un ámbito en el cual asegure el derecho a la defensa de los ciudadanos. Por lo que deberá observar las normas procedimentales propias. por medio de la asistencia técnica que se le otorgue a un ciudadano que se encuentre incurso en una investigación de carácter penal.CAPITULO III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Una vez alcanzado el objetivo general propuesto en la presente investigación por medio del desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. tomando en cuenta que es del derecho a la
Se pudo observar de igual forma. en especial cuando tal vulneración es propinada por un funcionario público. 4. cabe destacar que al respecto no se ha establecido un criterio específico sobre esta importante materia. tenga la posibilidad de reclamar para recibir del Estado la reparación del daño causado. 3. como lo es el Defensor Público de Presos.libertad personal y hacer juzgado de la misma forma. que no existe un procedimiento definido y especial para los casos en que la victima de la mala actuación del funcionario publico. así como tampoco se ha establecido la forma en la que el Estado pueda responder para reparar el daño. se dispone la obligación que tiene el Estado a indemnizar a aquellas personas que consideren que se le vulneraron sus derechos fundamentales. En cuanto a la responsabilidad del Estado en ante la mala actuación del defensor público al no ejercer el recurso de apelación de la sentencia definitiva. los cuales son celosamente resguardados por el legislador patrio. por lo que tienen rango constitucional. En referencia a las sentencias nacionales sobre la responsabilidad del Estado ante la actuación del Defensor Público. pero se
. debe concluirse que dentro del ordenamiento jurídico venezolano. existiendo únicamente la acción para solicitar la indemnización por daños y perjuicios provenientes de la actuación inadecuada del defensor de forma individual y directa en su contra. 2.
en estas legislaciones se instauran procedimientos generales en los casos de que los ciudadanos quieran recurrir en contra del Estado. A la Asamblea Nacional para que dicte una ley especial que rija y organice la Defensa Pública en todas las ramas del Derecho. pero al igual que en Venezuela aún no se ha constituido un régimen específico. para que de esta forma se
. el Estado debe responder por las actuaciones de sus funcionarios. cabe destacar que en referencia al sistema de defensa pública. siempre y cuando se demuestre que fue imputable al ejercicio de sus funciones. por alguna actuación anormal de sus funcionarios públicos. en estos países de igual forma se ha tratado de desarrollar debidamente. es decir que debe responder cuando no se demuestre que fue falta personal del funcionario 5. Guatemala y el Salvador. En referencia a la materia de responsabilidad. especialmente en lo penal o para que apruebe el Anteproyecto de la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública. pues cuentan con un ordenamiento jurídico que dispone las reglas sobre la actuación que la defensoría pública debe desarrollar.encontró una decisión en la cual se sienta el criterio basado en que. Recomendaciones En base a las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones: 1. En cuanto a la responsabilidad del Estado ante la actuación del Defensor Público de Chile. inclusive la del defensor público.
y así mismo lo relativo a los requisitos que debe poseer el individuo aspirante para desempeñar el cargo de Defensor Público. los mecanismos específicos que permitan a los ciudadanos ir en contra de los funcionarios públicos. pueda reclamar al Estado la reparación
. también para que se establezcan las responsabilidades derivadas de mala actuación. siendo los más aptos quienes ejercerán la labor de la manera más adecuada y eficiente. Al Poder Publico Nacional para que establezca a través de una ley especial sancionada a tal efecto. y de esta forma otorgarle seguridad jurídica a los ciudadanos de acceso a un debido proceso a través de la participación eficaz del Defensor Publico nombrado. por medio de un procedimiento especial que prevea la tramitación de las demandas en contra de las actuaciones negligentes de los mismos.regule el Sistema Autónomo de Defensa Pública. así como su ingreso a dichos cargos por medio de un concurso de oposición. 2. a fin de dar cumplimiento a las garantías constitucionales del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. para representar y defender los derechos e intereses del ciudadano. así como los mecanismos legales a través de los cuales el ciudadano victima de esta mala actuación. así como el procedimiento a seguir por las autoridades competentes según lo que establezca la ley. para aplicar las sanciones correspondientes.
Al actual Sistema Autónomo de la Defensa Pública. puesto que se trata de una persona de escasos recursos. queda sometido a un estado de indefensión. y así se pueda conocer de que manera puede el Estado responder efectivamente para reparar el daño causado. comprendiendo la gran importancia de la prestación de sus servicios.
. podrán enaltecer. quien requiere que sus derechos sean protegidos y defendidos por un profesional del derecho. de igual forma para mejorar el rendimiento en sus actuaciones. así como de planificación y capacitación. no solo su institución y al Estado. siendo que si se alcanza este objetivo.del daño causado. en virtud de la responsabilidad que surge para el Estado como consecuencia del mal funcionamiento de la
administración publica. ya que no existe actualmente una ley que prevea cuales son los mecanismos a seguir por el ciudadano victima del mal desempeño de su defensor. no solo a través de la capacitación a nivel profesional. para que los mismos sean implementados periódicamente a toda la población de defensores públicos. sino también a la Justicia. y así se pueda obtener el buen desempeño en las funciones de defensa. sino también a nivel humano. quien en vista de la imposibilidad jurídica y legal. a fin de que se avoque a diseñar planes de seguimiento y control. 3.
se recomienda al Defensor Público como funcionario del Estado directamente encargado de proteger los derechos de determinado individuo en un proceso penal. para que su institución genere confianza dentro de la población que requiere de sus servicios. para que actúe con la mayor diligencia posible.
. Finalmente.4. siempre basándose en los principios básicos que definen su función.
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