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Timestamp: 2018-07-21 19:16:50+00:00

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Efectos del desistimiento de la acción
"...considera preciso esta Sala advertir que el desistimiento de la acción, trae como consecuencia la eliminación de los efectos procesales que se hayan producido en el juicio y el restablecimiento de la situación fáctica que imperaba antes del momento de la interposición de la demanda, aunado al hecho de que el desistimiento de la acción, no obsta para que en protección de sus derechos y dependiendo de su pretensión, ejerza la acción de reivindicación o nulidad de asiento registral, según sea el caso..."
"...A juicio de la parte accionante en amparo, la decisión denunciada como lesiva, le conculca a sus representadas las garantías constitucionales al derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues habiendo desistido tanto de la acción como del procedimiento en el juicio de deslinde incoado contra el ciudadano Servio Tulio León Briceño, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, negó la homologación del desistimiento.
Ahora bien, según quedó verificado de las actas que conforman el presente expediente, el desistimiento al cual se le negó la homologación fue realizado por la parte actora del juicio de deslinde y el mismo abarcó, tanto la acción como el procedimiento.
El desistimiento como forma de autocomposicion procesal, está regulado en nuestra norma adjetiva y el mismo puede ser de dos tipos, desistimiento de la acción y desistimiento del procedimiento.
El artículo 263 del Código de Procedimiento Civil regula lo relativo al desistimiento de la acción, y como quiera que es una actuación unilateral de voluntad de la parte, no está condicionado a la confirmación de la contraria para materializarse, tal y como se desprende de su contenido, el cual reza:
“Artículo 263: En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal...”
La ausencia de consentimiento de la parte contraria cuando se efectúa el desistimiento de la acción obedece a que el mismo constituye un acto de voluntad respecto a un derecho renunciable, de lo cual deriva que el juez no tiene facultades inquisitivas para continuar un proceso cuando el actor desea su terminación. Diferente es el desistimiento del procedimiento regulado por el artículo 265 eiusdem, pues este sí está condicionado al consentimiento de la parte contraria, tal y como se desprende de la norma que lo regula, la cual dispone:
“Artículo 265: El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria...”.
Como quiera que el desistimiento de la acción lleva implícito que se desiste del procedimiento, es la norma del artículo 263 antes transcrito la que impera cuando se efectúan ambos; por tanto, éste puede tener lugar en cualquier estado y grado de la causa.
En el caso que nos ocupa se formuló el desistimiento tanto de la acción como del procedimiento, entre Estación de Servicios San Diego C.A. e Ingeniería San Joaquín C.A., como parte actora y el ciudadano Servio Tulio León Briceño, como parte demandada; y fue con motivo de la demanda de tercería incoada por la ciudadana Luisa Scrocchi, quien actuó en su propio nombre y como coheredera de la Sucesión Scrocchi Lares, que el juzgado de primera instancia y posteriormente el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo se negaron a homologar el desistimiento formulado.
Dado que resulta innecesario el consentimiento del contrario para que el tribunal homologue el desistimiento de la acción, pues la renuncia de la pretensión lleva implícita la renuncia del derecho, resulta absurdo colegir que personas ajenas a la litis, puedan oponerse a que la parte que instó al órgano jurisdiccional, desista de hacerlo, pues, si el legislador consideró innecesario el consentimiento de la parte contraria que formó parte del juicio, con mucha más razón, es irrelevante, la opinión de quien no fue parte, o que, como en el caso de autos, pretenda formar parte del juicio como tercero, ya que no había constituido –repetimos- la relación jurídico procesal en el juicio principal.
El juzgador de instancia, mediante auto dictado el 19 de marzo de 2009, condicionó la homologación del desistimiento a las resultas de la apelación efectuada contra el auto del 26 de noviembre de 2009, que admitió la tercería incoada; y, apelados ambos pronunciamientos por Estación de Servicios San Diego C.A. e Ingeniería San Joaquín C.A., el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante decisión dictada el 2 de julio de 2009, abarcó las apelaciones en un solo fallo en razón de existir, a su juicio, conexión y accesoriedad entre las apelaciones.
Con respecto al auto de admisión de la tercería, el ad quem declaró sin lugar la apelación a tenor de lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y, en cuanto a la negativa de la homologación del desistimiento, que constituyó el objeto de la presente acción, de manera textual, decidió:
Aprecia este Tribunal Superior que el Tribunal de la causa sujetó su aprobación u homologación del desistimiento del procedimiento y de la acción de deslinde efectuado por las demandantes y consentido por el demandado a las resultas de la apelación que contra el auto de admisión de la demanda de tercería había propuesto la representante judicial de las empresas demandantes del deslinde.
Así las cosas y establecido como ha quedado en este fallo que no ha lugar la apelación ejercida contra el auto de admisión de la demanda de tercería, debe necesariamente mantenerse la decisión del Tribunal de la causa de no impartir su homologación al desistimiento ut supra indicado.
Corolario forzoso de lo expuesto es que debe declararse sin lugar la apelación ejercida por las demandantes del deslinde, contra la decisión del A quo por medio de la cual se abstuvo de homologar el desistimiento del procedimiento y de la acción de deslinde formulado por la parte actora de dicho juicio y consentido por el demandado, por lo que no es procedente homologar tal acto de autocomposición procesal. Así se decide…”.
Ahora bien, del fallo dictado por el Juez Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, se evidencia que el mismo invirtió el orden lógico que debía observar para resolver las apelaciones acumuladas, pues, la admisión de la tercería dependía de la homologación que se hiciere o no del desistimiento de la demanda, por cuanto el petitorio de esta era que se declarara la pretensión de deslinde y no, a la inversa como ocurrió en el presente caso, pues si precluye la actividad de las partes iniciales por efecto del desistimiento, mal podría sobrevenir la actividad de terceros para constituirse en parte. Recuerda esta Sala que la interpretación de la ley no debe conducir a un absurdo dictamen.
De otro lado, según se evidencia del pronunciamiento efectuado por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, respecto de la homologación del desistimiento, el mismo carece de un análisis propio de un juzgado que conoce en alzada de una decisión; y dado los términos en que fue dictado, se traduce en una evidente inmotivación del fallo que constituye, una grave infracción del derecho a la defensa de la parte apelante, pues la declaratoria sin lugar del recurso de apelación, fue el resultado de invocar las mismas razones por las cuales el a quo condicionó el pronunciamiento acerca de la homologación del desistimiento.
Ahora bien, en el presente caso dado que, la disconformidad de la parte apelante respecto del fallo dictado por el juzgado de la instancia consistió en que éste había condicionado homologar el desistimiento a las resultas de la apelación del auto de admisión de la tercería, lo ajustado o no a derecho de este pronunciamiento, constituía el thema decidendum sometido a la consideración del superior, por lo cual, el contenido de la decisión debía girar en torno a si efectivamente la homologación o no del desistimiento dependía de la admisión de una tercería. Es decir, el juzgado superior indicado no mantuvo la intención de los pedimentos y de la ley (intentio legis).
Así, observa esta Sala que, en el presente caso, la sentencia cuestionada no satisfizo el objeto del recurso de apelación que fuera ejercido contra la sentencia proferida por un Tribunal de grado inferior, dado que cuando el Juzgado Superior obvió explicación alguna sobre las razones jurídicas en las cuales apoyó su convicción, no efectuó la operación de revisión correspondiente, pues, tal como lo ha señalado esta Sala Constitucional en múltiples fallos, es esencial que el juez motive la sentencia para que no aparezca como un acto arbitrario y voluntarioso del juzgador. En este sentido, es oportuno destacar que en sentencia del 25 de abril de 2000 (caso Gladys Rodríguez de Bello), esta Sala dispuso:
“El objeto principal de este requisito de motivación, es el control frente a la arbitrariedad de los jueces, por cuanto el dispositivo de sus sentencias debe ser el producto de un razonamiento lógico de todo lo probado y alegado en autos, ya que sólo a través de este razonamiento podrán establecer los verdaderos elementos que le sirvieron de fundamento para decidir, así como el derecho aplicable al caso en concreto, verificándose de esta manera la legalidad de lo decidido. Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer -y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones”.
Por consiguiente, la Sala considera que la actuación del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, actuando como tribunal de alzada, debió extenderse a cumplir la función que le impone el ordenamiento jurídico, en obsequio a la estabilidad de la sentencia, por lo que no resulta conforme con la normativa legal, la sentencia en la que el Juez se limite a transcribir los alegatos de las partes, acogiendo los expuestos por una de éstas, sin previo análisis de todos los argumentos esgrimidos y la apreciación de todas las pruebas cursantes en autos, ya que no existe motivación del por qué y cómo se apreció cada medio de prueba y se estimó improcedente el recurso de apelación interpuesto por la hoy accionante, de lo cual derivó la falta de razonamiento lógico y legítimo (jure mérito).
Con estos vicios que evidencian la inmotivación de la sentencia cuestionada, esta Sala considera que la misma constituye una lesión al derecho a la defensa de la accionante y, por tanto, al debido proceso, ya que las partes de un proceso tienen derecho de conocer las razones por las cuales se le estimó procedente o improcedente su solicitud o recurso, motivo por el cual resulta procedente la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se declara.
Aunado a lo anterior, no puede esta Sala dejar de observar otras irregularidades que tuvieron lugar en la primera instancia del juicio de deslinde, producto de la errada actuación de la Jueza Luz Salomé Matheu Quintíni, que constituyen un evidente abuso de autoridad, pues extralimitándose en sus atribuciones y actuando fuera del marco legal, hizo valer un supuesto despacho saneador, que no existe en este tipo de procedimiento, como justificación para poder admitir la tercería.
Así tenemos el auto dictado el 22 de abril de 2008, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“...Se forma el presente cuaderno conforme a lo ordenado en auto de esta misma fecha (...).
En consecuencia este tribunal dicta el presente auto saneador de conformidad con lo establecido en los ordinales 2º y 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de percibir al tercerista que:
Acredite su condición de heredera (cualidad) y Mandataria (poder)
Su identificación plena (tercerista)
Identificación de los herederos de la sucesión Jesús Andrés Scrocchi Lares.
Consignar en el escrito de tercería o en su defecto copias certificadas
Documento que acredite la propiedad sobre el bien objeto de la controversia (Fundo San Pablo), las respectivas notas registrales y las tradiciones legales correspondientes
Una vez cumplido con lo solicitado anteriormente se proveerá en torno a la admisión de la Tercería...”.
Según se aprecia del auto parcialmente transcrito, la jueza mencionada, en aplicación de un supuesto despacho saneador, requirió a la parte actora en tercería que consignara los recaudos que, a su entender, eran necesarios para pronunciarse acerca de la admisión de la tercería, incluso solicitando recaudos propios de un juicio principal, por ejemplo, sobre sucesiones, actuación esta que justificó de conformidad con el artículo 340, ordinales 2 y 6, del Código de Procedimiento Civil (cuestiones previas), sin que mediara previamente la admisión de demanda.
Tal conducta constituye por parte de la jueza, una evidente extralimitación de sus funciones que se traduce en una clara violación del principio de igualdad que debe ser garantizado a las partes y, del mandato que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, los jueces deben garantizar el derecho a la defensa, manteniendo a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades; pues la defensa que pudo ser opuesta por la parte demandada, fue objeto por parte de la jueza mencionada de salvaguardia en favor de la parte actora en tercería hasta el punto de exigirle que consignara los recaudos que a su entender demostraban la cualidad para accionar. Es decir, una activación judicial que tortura a la ley procedimental, para privilegiar a una de las partes en el proceso.
El desconocimiento del derecho de la operadora de justicia se agrava cuando justifica su actuación conforme el artículo 340, ordinales 2º y 6º, del Código de Procedimiento Civil, sin atender al hecho de que la aplicación de tal norma supone previamente la admisión de la demanda y el emplazamiento de la parte demandada para la contestación de la demanda, lo cual no ocurrió en el caso de autos (per injuriam judicis aut inpridentiam aut).
En lo que respecta a las afirmaciones efectuadas por la ciudadana Luisa Scrocchi, como argumento para solicitar al tribunal se abstuviera de homologar el desistimiento efectuado por la parte actora en el juicio de deslinde, en razón de que -en su criterio- se encuentra en curso un fraude procesal, considera preciso esta Sala advertir que el desistimiento de la acción, trae como consecuencia la eliminación de los efectos procesales que se hayan producido en el juicio y el restablecimiento de la situación fáctica que imperaba antes del momento de la interposición de la demanda, aunado al hecho de que el desistimiento de la acción, no obsta para que en protección de sus derechos y dependiendo de su pretensión, ejerza la acción de reivindicación o nulidad de asiento registral, según sea el caso.
Decidido lo anterior, esta Sala, declara la nulidad de la sentencia dictada, el 2 de julio de 2009, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo y, en consecuencia, repone la causa al estado de que el Juzgado Superior correspondiente, se pronuncie acerca de las apelaciones ejercidas por ESTACION DE SERVICIOS SAN DIEGO C.A. e INGENIERIA SAN JOAQUÍN C.A., contra los autos dictados, el 26 de noviembre de 2008 y 19 de marzo de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.
PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por ESTACION DE SERVICIOS SAN DIEGO C.A. e INGENIERIA SAN JOAQUÍN C.A. contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual se anula.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se REPONE LA CAUSA al estado de que el Juzgado Superior correspondiente, se pronuncie acerca de las apelaciones ejercidas por los apoderados judiciales de ESTACION DE SERVICIOS SAN DIEGO C.A. e INGENIERIA SAN JOAQUÍN C.A., contra los autos dictados, el 26 de noviembre de 2008 y 19 de marzo de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ORDENA remitir copia certificada de esta decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a fin de que determine las responsabilidades disciplinarias en que hayan podido incurrir los Jueces de las Instancias involucrados en este proceso.
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de noviembre dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación...."
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1180-241110-2010-09-1158.html

References: artículo 263
 artículo 265
 artículo 263
 artículo 341
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 15
 artículo 340
 artículo 32
 artículo 27