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Timestamp: 2018-04-26 09:20:34+00:00

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Mateos y Huelga Abogados – Despacho Multidisciplinar especializado principalmente en Derecho Penal, Laboral, Civil y Bancario
Despacho Multidisciplinar especializado principalmente en Derecho Penal, Laboral, Civil y Bancario
Adicción a las drogas: ¿Atenuante o eximente? Aspectos Jurídicos
En España, por desgracia, la tasa de personas que sufren adicción a las drogas es más alta de lo que nos gustaría desear. Y actualmente, este tipo de adicciones tienen una regulación específica de la responsabilidad penal cuando estas personas cometen delitos. Sé que el título de este post es en referencia a la drogadicción, pero esta regulación se puede aplicar igualmente al alcoholismo. Cualquiera de las dos es válida en este campo. La lógica moral puede llevar a pensar, y de hecho soy de las que piensan que debería ser así, que la adicción no debería usarse como una circunstancia modificativa de la responsabilidad en el sentido positivo. Me explico, quiero decir que hay personas que de forma deliberada utilizan estas sustancias para cometer delitos y luego esgrimirlo en un tribunal para salvarse u obtener una reducción de la pena.
Lo cierto es que hay gente con adicciones tan grandes que su consumo es más que irremediable, y estos casos muy tasados y muy concretos sí podrían saltarse mis principios y considerarse como válidos para eximirse de la pena. Pero por desgracia, como con otros temas, hay gente que las utiliza como un medio para cometer delitos impunemente. Hablo con conocimiento de causa, y no pretendo herir sensibilidades de nadie, sino que en nuestra profesión se ven muchas cosas que hacen que cambiemos en ciertos casos nuestra visión de las circunstancias. Cambiar el rasero en situaciones que parecen idénticas no es fácil.
En conclusión, de una manera o de otra, nos guste o no, la regulación de la adicción a las drogas es muy específica, y trataré de transmitiros unas nociones básicas para que los nuevos letrados las tengan en cuenta.
Tomando el testigo de Tamara Huelga, procedo a explicar este punto, en el ámbito penal.
Las drogadicción en el Derecho Penal Español
Tanto la drogadicción como el alcoholismo, se regulan en dos preceptos del Código Penal, que según el que veamos, será como lo apliquemos. En un caso será como atenuante o eximente incompleta (reducción de la pena), y en otro caso será como una eximente de la responsabilidad penal (absolución).
Art. 20.2 Código Penal.- “Están exentos de responsabilidad penal. […] 2º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”.
En este precepto, se está hablando de la eximente completa. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, se procede a la aplicación de la eximente completa, con carácter excepcional (que no siempre), sólo y únicamente en los casos en los que hay una prueba más que suficiente para mantener la presunción de inocencia, es decir, cuando el acusado ha actuado con una profunda perturbación de la conciencia, condicionada y producida por la utilización de dichas sustancias, que excluyen la capacidad de comprender la significación de la acción, estado que requiere su plena acreditación en autos. No sirve esgrimirla en el aire en un intento vano de conseguir una sentencia absolutoria, hay que acreditarlo fehacientemente con documental, informes médicos y demás circunstancias.
Este precepto fue una novedad que introdujo el legislador en el Código Penal de 1995, debido a la confirmación de la gran influencia que la drogodependencia tiene en la delincuencia y con una interpretación jurisprudencial sobre la incidencia de ésta en la capacidad de culpabilidad. A diferencia de la regulación que había con anterioridad, esta novedad presta especial atención al problema del consumo y la dependencia de las drogas aportando una regulación específica sobre la incidencia que sobre la capacidad de culpabilidad tiene el consumo y la dependencia de las drogas, que supone la consagración legal de la práctica jurisprudencial. La doctrina del Tribunal supremo de los tres peldaños se acoge expresamente en la nueva regulación.
La jurisprudencia viene entendiendo que la actual regulación del consumo y de la dependencia de las drogas ha consagrado la teoría de los tres peldaños y formula una serie de requisitos para que se pueda producir dicho tratamiento:
a) Biopatológico.- Esto es, la presencia de un toxicómano, cuya dependencia exige una intoxicación grave y que tenga cierta antigüedad.
b) Psicológico.- Que produzca en el sujeto una afectación de las facultades mentales, indicando que en la atenuante de grave adicción se prescinde de este requisito, pues se parte de una presunción legal de que la grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento por el efecto compulsivo que le llevaría a la comisión de esos delitos.
c) Temporal o cronológico.- La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva, o actuar el culpable bajo los efectos de la abstinencia, requisito que cabe deducir de la grave adicción, siempre que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción delictiva, o no se hubiera previsto o debido prever.
d) Normativo.- Entendido como que la intensidad o influencia en los resortes mentales del sujeto nos llevará a la apreciación de la eximente completa, incompleta o meramente como atenuante de responsabilidad.
Este tipo de eximente requiere para que se aplique, tres elementos que son esenciales.
– Aspecto biológico o psiquiátrico, es decir, un estado de intoxicación en el momento de cometer el delito.
– Componente psicológico, es decir, imposibilidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o de actuar conforme a ese conocimiento.
– Requisito negativo, que la intoxicación no haya sido provocada con el propósito de cometer el delito o que el sujeto haya previsto o debido prever que en estado de intoxicación podría cometer un delito.
En conclusión, que el culpable se encuentre intoxicado por las drogas, que por esa intoxicación no conozca el carácter ilícito de lo que hace, y que no haya provocado su intoxicación. Según esos parámetros podríamos estar hablando de una eximente completa y, en consecuencia, una libre absolución.
No siempre puede probarse dicha circunstancias, por lo que estaríamos hablando de una eximente incompleta, la cual se trata como una atenuante de la responsabilidad penal, para lo cual habría que ir al segundo precepto.
Art. 21.1ª, en relación al Art. 20.2º del Código Penal.- “Son circunstancias atenuantes. […] 1º Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.”
La aplicación de la atenuante por eximente incompleta se ha ido apreciando en los casos en los que se ha podido comprobar la persistencia de las funciones psíquicas del autor, pese a que actuara con limitaciones para el dominio de la voluntad, principalmente en aquellos casos en los que la adicción a las drogas puede asociarse a otras situaciones o enfermedades que influyen en la salud mental del sujeto, también cuando concurre un intenso síndrome de abstinencia; y por último, cuando el tiempo y la continuidad de la adicción llegan incluso a producir un trastorno o deterioro de la personalidad que disminuye de forma notoria la capacidad de control de los impulsos del culpable.
Atenuante de grave adicción
En otros casos, el carácter atenuador de la pena, que se recoge en el mencionado Artículo 21, esta vez en cuyo apartado 2º, no es suficiente para eximir la responsabilidad, ni siquiera para calificarla de eximente incompleta. El precepto nos dice lo siguiente:
Art. 21.2º del Código Penal.- “Son circunstancias atenuantes. […] 2º La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior”.
En estos casos se reserva dicho precepto para aquellos casos en los que la perturbación mental del culpable del delito es leve, aplicándose a los toxicómanos con una fuerte dependencia a la droga, pero que no han actuado bajo el síndrome de abstinencia, o cuando este tiene carácter leve, reservándose por analogía la actual atenuante del Artículo 21.7ª, para los supuestos de inexistencia de grave adicción.
Sin embargo, esta atenuante no se aplicará a pesar de que figure en la causa el carácter de habitualidad del consumo de la droga, por no estar debidamente acreditada la constancia de que el sujeto se encuentre bajo la influencia de las drogas, ya que no basta ser drogadicto y cometer el hecho para conseguir la droga para apreciar, sin más y dejándolo en el aire, la disminución de la imputabilidad. Como he dicho anteriormente, el abogado defensor deberá acreditar y probar, ese impulso irrefrenable que justifique la estimación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, ya que afecta al conocimiento y la voluntad del culpable.
Pero es que es más, la jurisprudencia viene sentando la necesidad de que los elementos constitutivos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal han de estar tan acreditados como el mismo hecho integrador del delito, y que la prueba de los hechos impeditivos o atenuatorios de la responsabilidad incumbe a la defensa del acusado.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2009, nos afirma que para que pueda apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, “es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como al periodo de dependencia y singularizada alteración en el momento de los hechos y la influencia que de ello pueda declararse, sobre las facultades intelectivas y volitivas, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles, pueda autorizar o configurar circunstancia atenuante de responsabilidad penal en ninguna de sus variadas manifestaciones”.
Sintetizando, la adicción a sustancias psicoactivas se define como un estado psíquico y físico determinado por el consumo continuado de droga durante un periodo de tiempo, que se caracteriza por la pérdida del control en el uso de la sustancia. Según determinada doctrina, y demás aspectos legales y médicos, puede identificarse esta situación si en un período de 12 meses, el sujeto ha tenido tres o más síntomas de los siguientes:
– Tolerancia, necesidad de aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado.
– El síndrome de abstinencia, es decir, el “mono”.
– Consumo de la sustancia en una cantidad mayor de lo que se pretendía.
– Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo.
– Empleo de mucho tiempo en la obtención de la sustancia.
– Reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.
– Uso de la sustancia pese a ser consciente de los problemas que provoca su consumo.
Para que la adicción tenga efectos atenuantes, el Código Penal exige que concurran dos requisitos: que la adicción sea grave y que la adicción sea la causa del delito. El primer requisito delimita el elemento biológico de la atenuante y el segundo hace referencia al elemento psicológico.
La gravedad de la adicción viene determinada por el cuadro clínico que presenta la adicción. Hay doctrina que delimita la gravedad en función del número de síntomas, y otros a la clase de sustancia consumida.
El código exige, además de que la adicción sea grave, que ésta sea la causa del delito. Esta exigencia alude a la necesaria conexión de la resolución antijurídica y la adicción. Es preciso que la adicción influya en la capacidad de conocer el carácter ilícito de su conducta o en la capacidad de actuar conforme a ese conocimiento. Como hemos indicado, la necesidad irrefrenable de consumir droga influye en el aspecto volitivo de la resolución antijurídica, de manera que el sujeto tiene mermada su capacidad para determinar su voluntad, dado que el proceso de motivación que conduce a la resolución antijurídica viene fuertemente influenciado por esa necesidad de consumir droga. Esto significaría que el delito se haya cometida para procurarse la droga o para consumirla.
En el primer caso, se trata de supuestos donde el adicto realiza el delito para conseguir dinero con el que adquirir la droga o trafica con droga para procurarse sus propias dosis. También es de aplicación cuando la vinculación causal del delito con la droga es indirecta, se elude la prisión o detención para poder seguir consumiendo o se mata a una persona para tener acceso a la droga. No basta que el sujeto sea un adicto, sino que exige que el culpable cometa el delito debido a la fuerte adicción que padece. Esto no ocurre cuando el drogodependiente comete un delito de violación, pero eso, amigos míos, lo explicaré en otro post.
Espero que os haya gustado este post. Esperamos, tanto Tamara como yo, que tengáis una feliz Semana Santa, que disfrutéis, y que los que aprovechéis como nosotras para adelantar trabajo en los primeros días laborales, os sea leve a todos. Continuaremos publicando para que nos sigáis leyendo.
Un beso a todos, y ¡Feliz semana santa!
Competencia Desleal en la Abogacía. Los gigantes de los Macrobufetes.
¡Feliz día de Andalucía! En primer lugar nos disculpamos por la tardanza en escribir de nuevo, pero el lanzamiento de la nueva imagen corporativa y la carga descomunal de trabajo de las dos sedes nos lo han impedido. Esta quincena quiero manifestar mi indignación, porque sí, me siento denigrada por la situación que ocurre día a día, y cada vez a peor, en el gremio de la abogacía. El código deontológico y el Estatuto General de la Abogacía Española tiene su aplicación a nivel estatal, y a todos y cada uno de los profesionales que se encuentren habilitados en algún colegio de abogados de nuestro país. Sin embargo, parece que para ciertas entidades no es viable, y mucho menos encuadrable, para conseguir sus objetivos. Todos sabéis de qué hablo. Macrobufetes que se anuncian en las emisoras de radio, en canales de televisión, con una publicidad más que plenamente engañosa y, por supuesto, por medio de una competencia desleal que denigra a los demás profesionales que con total honestidad y honradez, se labran su futuro y consiguen su pan.
Este post es una crítica y análisis a las conductas que faltan a la ética profesional de los Letrados. Vamos allá.
Deslealtad al Cliente.
Cuando nos dirigimos a nuestro Código Deontológico, debemos analizar en primer lugar, el Artículo 4.1 del mismo, cuando nos dispone lo siguiente:
¿Por qué me refiero a éste Artículo? Veréis, hace unos días (que es lo que más me ha quemado la sangre a la hora de decidir escribir este post), me llega un cliente al Despacho y me comenta que han intentado “venderle la moto” en una filial de un macrodespacho muy conocido, situado en un centro comercial de Sevilla. El cliente, entró por curiosidad a preguntar un tema de herencia en la que no estaban de acuerdo los herederos, y que debía meter el asunto en el Juzgado. Como persona que no conoce el ámbito legal de un proceso, se dispuso a preguntar y asesorarse en lo que ellos creen profesionales.
Os cuento la situación tal y como fue, porque el cliente grabó la conversación, a la vista de que ya tenía muchos rumores sobre estas prácticas. El cliente llega, y le atiende una persona, que se identifica con nombres y apellidos, como abogado becario. Evidentemente, lo primero que hago a la hora de verificar, es meter los datos de esta persona en el Censo de Letrados de la Abogacía Española. ¿Respuesta? Con evidencia notoria, “no se han encontrado datos sobre su búsqueda”.
Aquí es donde entra la primera falta, que es una conducta profesional honrada, leal, veraz y diligente. Una persona puede ser licenciada en Derecho, con todos los respetos, como lo soy yo, como lo es mi compañera y socia, o como lo puede ser cualquiera de los Letrados con los que colaboro y trabajo. Pero eso no me da facultad para asesorar diligentemente a un cliente en una temática tan específica y farragosa como es el Derecho de Sucesiones. Todos estudiamos la carrera, nos especializamos con másters y cursos de especialidades, valga la redundancia, pero lo que nos da el carácter de “profesional del Derecho”, y “abogado”, es la habilitación en un Colegio Profesional, que conlleva el pago de unas tasas (algunas mensuales, y otras trimestrales, como es mi caso), y unas cotizaciones a la Seguridad Social, (bien por el Régimen de Autónomos, o a través de Mutualidades).
Ya aquí el cliente se pone tenso, pero lo disimula, y explica su caso. Un caso que tiene bastantes flecos que llevan muchos riesgos si se mete en un Juzgado en estas condiciones, como es reclamar unos gastos que se han hecho sobre una finca integrante de una masa hereditaria, sin que el cliente pueda acreditar dichos pagos. En esta sucursal, la supuesta letrada le comenta que “no se preocupe, que no hay ningún riesgo, en este Despacho tenemos los mejores profesionales”. Ningún abogado digno de su nombre, jamás puede dar garantías plenas sobre un caso, por muy claro que esté. Y por supuesto, debe ser plenamente honrado y leal para explicar los riesgos de cada caso concreto. En este caso, la herencia objeto en cuestión era puntillosa, porque el cliente quería reclamar unos gastos de 6000’00 euros, en una masa hereditaria con valor de 650.000’00 €.
Dichos gastos no estaban acreditados ni podían acreditarse, porque estaban todos a nombre del fallecido, por lo tanto era muy improbable sostener ese derecho de crédito en un Juzgado sin un solo Justificante bancario, ni siquiera un mísero recibo, que pudiera acreditar dichos pagos. Evidentemente, el letrado debe avisar y prevenir al cliente, de que por reclamar seis mil euros en un inventario de la masa hereditaria, se puede enfrentar a unas costas de más del doble, y más si el Juzgador aprecia temeridad o mala fe. Cuando el cliente afirmó la temeridad y la mala fe, la supuesta letrada volvió a insistir en la misma frase, como una lección aprendida: “no se preocupe, que no hay ningún riesgo, en este Despacho tenemos los mejores profesionales”.
La Ley es igual para todos, y si el Juez estima condenar en costas, lo hará estando defendido el cliente tanto por una letrada como yo (que trabajo sola y en mi casa), como con un letrado del macrobufete con más imagen pública (que no prestigio), del país.
Si nos vamos más adelante, que es lo que más me quema, nos encontramos con el Artículo 7.2.c) del Código Deontológico, en el cual nos establece lo siguiente:
“Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella publicidad que comporte, entre otros supuestos:
Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita”.
Voy a explicar esto porque los Letrados sí me entienden, pero los ciudadanos no. El resultado final de un proceso judicial no depende en exclusiva del Abogado. Depende, como bien se sabe, de lo que determine su señoría en Sentencia. Evidentemente el resultado puede estar influenciado levemente (porque la mayoría de las veces no nos hacen caso a ninguna de las partes), por la pericia del letrado, pero no depende en exclusiva de él. El Letrado que diga lo contrario miente. Y lo digo a boca llena.
Como letrada que lleva cuatro años de ejercicio, y seis en el sector (porque trabajé de pasante, y sin cobrar, aprendiendo como una esponja), jamás doy garantías sobre un caso como si el resultado dependiera única y exclusivamente de mí misma, pues mi integridad y mi honradez vale mucho más que captar a un cliente y venderle la moto. Cualquier letrado puede tener un mal día y no defenderlo con el arrojo suficiente, o puede que incluso el contrario se luzca más, o puede que el caso en sí no tenga las posibilidades que se pretenden según el lado en el que estemos. Jamás hay que dar garantías, porque entonces estaríamos engañando al cliente, que cabe recordar, aunque a los letrados que trabajamos solos y vivimos día tras día con amor a esta profesión, que esos clientes a los que se están engañando son los que nos dan de comer.
Muchas veces, la pretensión del cliente no tiene por qué ir por la vía que éste desea, nuestro trabajo es buscar la mejor solución, aunque ésta no sea acorde a la pretensión real del cliente. Nuestro deber está en informar y asesorar sobre todo lo que pueda conllevar el proceso, eso incluye las ventajas, y los riesgos o inconvenientes a los que pueda enfrentarse tanto el letrado que asume la dirección técnica, como el propio cliente.
Publicidad y Honorarios Desleales
Volvemos al Artículo 7 del Código Deontológico, ésta vez en su apartado 1, cuando nos dice y establece claramente lo siguiente:
“El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo ámbito territorial actúe”.
También debemos recurrir al Artículo 15, cuando nos dice que “El abogado tiene derecho a percibir retribución u honorarios por su actuación profesional, así como el reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía y régimen de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal”.
¿A qué me refiero con ésto? A la publicidad y a los precios que estos Macrobufetes hacen. Los Letrados tenemos un baremo orientador de honorarios, que muchas veces es un disparate pedir tal cantidad de dinero a un cliente en situaciones económicas precarias, y más en estos tiempos donde el paro azota a la mayoría del país. Pero otra cosa muy diferente es tirar los precios de una manera tan descomunal, precios contra los que letrados como nosotros que soportamos tanto nuestros gastos profesionales como personales, no podemos competir.
Un proceso judicial, ya sea de Divorcio, Herencias, o de cualquier otra índole, conlleva un trabajo del letrado, no sólo en el Juzgado, sino también en el Despacho redactando demandas, convenios, cuadernos particionales, haciendo llamadas… No se puede denigrar nuestro trabajo de ésta manera. Estos precios hacen que clientes potenciales acudan a estos macrobufetes y, sin ánimo de ofender, hablan con supuestos letrados que luego finalmente no llevarán su caso, sino que lo harán los letrados de la central, los cuales a su vez mandan sustitutos al Juzgado. Es decir, que nosotros, los que sí nos rompemos la cabeza estudiando un caso, subrayando, estudiando, leyendo, y buscando la jurisprudencia, nos vemos en la tesitura de que a quien tenemos delante en sala es un letrado sustituto que no se ha empapado el caso como nosotros. Pero claro, es un letrado de un macrobufete el que firma la demanda. Luego los tantos, las flores, y los galones, se los cuelgan los firmantes de las demandas, sin pensar en los demás.
En Mateos y Huelga Abogados, jamás actuamos así. Sólo, en algunos casos muy tasados, y casi nos apresuramos a decir que es por tener dos señalamientos el mismo día, enviamos a un compañero a sustituirnos, y nunca enviamos a cualquiera. Siempre nos solemos cubrir entre Tamara Huelga y yo. El cliente nos conoce a las dos, nos ve la cara, sabe los progresos que hacemos en su caso y, siempre trata directamente con nosotros. Los tantos y los galones nos los ganamos nosotras, que somos las que preparamos los casos. Aquí, coloquialmente hablando, nos partimos la cara para preparar un caso acorde a la honestidad y a nuestra diligencia profesional. Además, hacemos mil malabares para cuadrar agendas, tanto dentro como fuera del Juzgado.
Eso es otro punto, los letrados de la central de estos macrobufetes tampoco se sientan a empaparse a un caso, para eso tienen a becarios y pasantes que les dan las notas de juicio, conclusiones, argumentaciones y todo, para que ellos solo tengan que revisarlo y firmarlo.
¿Acaso esto no es una denigración no sólo hacia el cliente, sino hacia los propios compañeros? Por suerte, una servidora duerme tranquila todas las noches, aunque acabe exhausta y cansada, pero mis honorarios, aparte de ser dignos, me los gano yo, no los gana nadie para mí.
Los casos que hay en este despacho no son carpetas apiladas en una estantería, son personas, con una vida, con una historia, y lo más importante, con un problema que depositan en nuestras manos. Por eso, como letrada y como persona, me indigno ante estas conductas que lo único que hacen es denigrar una profesión muy digna y muy honrada. Siempre hay garbanzos negros en la olla, pero siempre son los menos. En nosotros está defender nuestra profesión, acorde a nuestras reglas, que están escritas en piedra, y en condiciones de igualdad para todos.
Espero que os haya gustado este post. Y por supuesto, no olvides compartir en tus redes sociales. Tamara, te paso el testigo.
¡Zafarrancho en el Despacho!
Hemos comenzado el mes con muchísimos cambios, y no podíamos dejar de comentároslo en nuestro blog.
Ha habido un zafarrancho monumental que estábamos ansiosas de llevar a cabo, y que por fin, en un huequito, hemos podido ponerlo en práctica.
Mateos Selma Abogados y Abogados H han decidido fusionarse y crear una firma que comenzó pisando fuerte hace algún tiempo, pero ahora ya ha cobrado vida. Mateos y Huelga Abogados.
Una firma completamente moderna, sencilla, reforzada, y caracterizada por los principios de profesionalidad, humildad, sencillez y empatía.
Nuestro logotipo nuevo es una prueba del trabajo por igual que ambas letradas hemos ido manteniendo, para reforzar los principios básicos del trabajo en equipo en esta profesión, que hoy en día es más que necesario. La confianza ciega que hay la una en la otra es más que suficiente para crear algo que es únicamente nuestro, y que os presentamos con muchísima ilusión.
No nos queda otra que seguir trabajando, ¡arreando!
El Equipo de MyH.
La Homofobia como Delito de Odio
Volvemos a la carga, como cada quincena, venimos a comentar un tema nuevo. Esta vez, tomaré como base un artículo que leí el otro día, escrito por mi querido amigo, periodista, Adrián Verano, en la plataforma “magcedonia”, en el cual hablaba sobre una situación que había ocurrido en la última gala de “Operación Triunfo”. No soy de ver la televisión, pero cuando leí el artículo me resultó interesante. Incluso, ambos, comentamos el tema llegando a la misma conclusión de desaprobación.
Os dejo el enlace para que podáis leer este maravilloso artículo: http://magcedonia.com/conchita-wurst-la-negacion-del-genero/
Os haré un resumen sobre lo ocurrido. Conchita Wurst había sido invitada a la gala de “Operación Triunfo”. Al no hablar español, evidentemente, se precisa de un traductor tanto para ella, como para traducir a los demás lo que ella decía. Pues bien, a todas las mujeres las traducía una mujer, como es lógico; sin embargo, a Conchita la tradujo un hombre. Eso se consideró una negación del género de su personaje, femenino, independientemente de que más allá de la máscara del personaje, haya un hombre que lo encarne.
Comentando este tema con una alumna de la carrera que suele escribirme por la página de Facebook, finalmente me formuló una pregunta que me hizo reflexionar: “María, ¿la actitud hacia Conchita Wurst puede ser considerada homófoba, y en consecuencia, un delito de odio?”. Dicha pregunta me ha hecho reflexionar durante todo el fin de semana, dándole vueltas y más vueltas. Como letrada penalista, he llegado a mis propias conclusiones. Intentaré transmitirlas de la mejor manera posible.
La homofobia como delito de odio.
Para poder llegar a estas conclusiones hemos de saber primero, qué es un delito de odio. Dicha definición, se encuentra recogida en el Artículo 510 del Código Penal, dentro del capítulo de De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
En dicho precepto, se dispone lo siguiente:
Hay más apartados, pero para este caso, me centraré absolutamente en el apartado a), el cual habla de fomentar, promover, incitar al odio, discriminación o violencia contra un grupo. A fin de cuentas, el artículo que comento está relacionado con él más de lo que se piensa. Fomentar e incitar al odio, no sólo se puede hacer de forma directa, también de forma indirecta. La actitud del sujeto activo de este delito no sólo se limita a hacer manifestaciones en las que expresen su “inquietud”, “desaprobación”, “odio”, hacia ciertos grupos, ya sea por índoles racistas o de cualquier otro tipo. Podemos tener un ejemplo cuando se realizan manifestaciones o conductas de animadversión hacia personas que son de diferentes etnias, como los gitanos, árabes, o asiáticos (los cuales son dignos de respeto como cualquier otra raza). Seamos del grupo que seamos, la maldad la hay en todas partes, ya seamos gitanos, árabes, chinos, etc.
También se considera delito de odio a la conducta que incite al odio a diferentes grupos, como ocurre con este artículo, contra los homosexuales, transexuales, etc.
En el asunto que nos ocupa, se puede considerar una conducta indirecta que incita al odio, o más bien a la animadversión ante personas homosexuales. La negación de género, como se hizo en el acto donde Conchita Wurst, se debió haber utilizado a un intérprete femenino para la traducción de sus palabras. Sin embargo, se utilizó un intérprete masculino para la realización de ésta traducción.
Sí, es cierto, normalmente las conductas directas como insultos, injurias, agresiones verbales o físicas contra la integridad, el honor, o la propia imagen de los integrantes de estos grupos, son más fáciles de identificar como delitos de odio. No obstante, utilizar medios que produzcan una negación de género como ha sido en esta ocasión, puede encuadrarse como una incitación indirecta al odio hacia los homosexuales.
Los delitos de odio pueden verse agravados por la agravante genérica de discriminación recogida en del artículo 22.4, esto es, consistente en la comisión de un delito “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.
Como siempre, y no me canso de decirlo, nuestro legislador ha seguido omitiendo en la última reforma la discriminación por la condición social o la pobreza de una persona (fenómeno también conocido como aporofobia), lo cual ha sido fuertemente criticado por las organizaciones que trabajan con personas sin techo, y más habida cuenta de los numerosos casos en los que estas personas son víctimas de graves agresiones. Esto es un comentario que siempre hago cuando tengo oportunidad, porque como letrada, conozco la Ley, y también he de reconocer, que en la mayoría de los casos no es perfecta, ni lo será, mientras haya intereses económicos pendientes de que siga siendo imperfecta.
La condición sexual de una persona, independientemente de otros criterios que en otros post he podido analizar y poner de manifiesto, no es motivo para negar dicha condición, y mucho menos realizar conductas que pudieran incitar al odio, la violencia, animadversión, y demás aspectos negativos, constitutivos a día de hoy, delito en nuestra legislación penal. Elementos típicos que son desconocidos para mucha gente, pero que están ahí. Como nuestro Ordenamiento Jurídico tiene un principio fundamental, que consiste en que “el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”, aquí es claramente aplicable.
Personas que realizan lo que creen que es “libertad de expresión”, no provocan sino la incitación al odio y la violencia. Incluso una simple publicación en una red social, puede incluso perder la condición de conducta indirecta, ya que se hace con publicidad, y se comparte, y se comenta. Por lo tanto, incita en mayor grado al odio y la violencia hacia diferentes grupos, más comúnmente hacia los homosexuales, que estamos hartos de ver noticias de <<palizas y agresiones al grito de “maricones de mierda”>> o cosas así, y luego no se saben las consecuencias jurídicas que hay detrás de esto. Nadie conoce los juicios, las fases de instrucción, nada más allá de la noticia que se ve, y que luego cae en el olvido.
Lo de Conchita Wurst ha sido una negación de género, aunque parece ser de forma inofensiva o incluso se puede atribuir (por la dirección de la gala), como una equivocación, o falta de personal (cosa que no me creo). Si dejamos que este tipo de conductas sigan ocurriendo, lo ocurrido con esta artista, se quedará en pañales con lo que podemos desencadenar, directamente los que las realizan, e indirectamente los que nos callamos.
Espero que os haya gustado este artículo, y esperamos que os vayan gustando los cambios que veréis próximamente. Hemos evolucionado, y gracias a vosotros.
De corazón, en nombre de Mateos Selma Abogados, gracias por todo.
30 octubre, 2017 9 comentarios
Juan en ¿Costas al banco? Consejos par…

References: Artículo 21
 Artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 4
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 15
 Artículo 510
 artículo 22