Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=665566
Timestamp: 2019-08-24 01:43:36+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 20
RECUERDO DE FUNCIONARIOS DEL SENADO FALLECIDOS. COMUNICACIÓN
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, EN LO RELATIVO A MATERIAS ELECTORALES
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.677, REFERENTE A FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS
REELECCIÓN INDEFINIDA DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
NORMAS SOBRE DEPORTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES DE CARABINEROS Y DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS DE EXPORTACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE MINERÍA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
REFLEXIONES SOBRE PERSPECTIVAS POLÍTICA Y ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA
ACTUAL SITUACIÓN DE VENEZUELA EN LO POLÍTICO Y EN LO ECONÓMICO
POLÍTICA FORESTAL. OFICIOS
ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE PESCADORES ARTESANALES. OFICIOS
PRECIO DE TRANSPORTE DE MADERA DE TORTEL A PUNTA ARENAS. OFICIOS
FIJACIÓN DE CUOTA DE PESCA DE MERLUZA AUSTRAL. OFICIO
CAUSAS DE SITUACIÓN EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
CARENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA EN ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ. OFICIO
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA RECTIFICACIONES AL TEXTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (2519-10)
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS ANEXOS A Y B (2525-10)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERNÁNDEZ, MORENO, NÚÑEZ, PIZARRO Y ZALDÍVAR, DON ADOLFO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA A FAVOR DE PERSONAS QUE HAN INFRINGIDO DISPOSICIONES SOBRE RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS (2576-07)
Sesión 20ª, en miércoles 30 de agosto de 2000
(De 16:20 a 19:1)
SERGIO DÍEZ Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTES ACCIDENTALES
Proyecto de ley, en primer trámite, que introduce modificaciones a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a materias electorales (2556-06) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.677, referente al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (2564-03) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.418, en términos de posibilitar la reelección indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias (2495-06 y 2507-06, refundidos) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece un nuevo Código Procesal Penal (1630-07) (se aprueba su informe)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, del deporte (1787-02) (se aprueba su informe)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica diversos cuerpos legales a fin de optimizar la función de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (1803-07) (se aprueba su informe)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea un sistema de certificación de calidad para las frutas y hortalizas frescas de exportación (1348-01) (se archiva)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el artículo 73 del Código de Minería (2294-08) (se aprueba su informe)
Reflexiones sobre perspectivas política y económica de América Latina (observaciones del señor Silva)
Actual situación de Venezuela en lo político y en lo económico (observaciones del señor Bitar)
Política forestal (observaciones del señor Horvath)
Actualización de registro de pescadores artesanales. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Precio de transporte de madera de Tortel a Punta Arenas. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Fijación de cuota de pesca de merluza austral. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Causas de situación existente en Chile el 11 de septiembre de 1973 (observaciones del señor Hamilton)
Carencia de enseñanza media en Archipiélago de Juan Fernández. Oficio (observaciones del señor Canessa)
Concurrieron, además, el señor Ministro de Justicia y los señores Subsecretarios del Interior y de Economía.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, en 16 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
El señor RIOS (Vicepresidente).-
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Dos de la Cámara de Diputados, con los que informa que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba las rectificaciones al texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, adoptada en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. (Boletín Nº 2.519-10).
2) El que aprueba el Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y sus anexos A y B, adoptado en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997. (Boletín Nº 2.525-10)
--Pasan a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la de Relaciones Exteriores.
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, relativo a la crisis de la Tercera Región.
Del señor Intendente de la Primera Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a diversas irregularidades denunciadas por trescientas cuatro familias de la Villa Pedro Lagos.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.677 tocante al fondo de garantía para pequeños empresarios, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.564-03)
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de los animales. (Boletín Nº 1.721-12)
De los Senadores señores Fernández, Moreno, Núñez, Pizarro y Zaldívar, don Adolfo, con la que inician un proyecto de ley de amnistía a favor de las personas que han infringido las disposiciones sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas. (Boletín Nº 2.576-07)
Del señor José Raúl Manríquez Avila, de rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 515-04).
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo solicitar que los dos proyectos de acuerdo remitidos en sendos oficios por la Cámara de Diputados, de que se dio cuenta, concernientes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pasen también a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por ser materias de su competencia.
Si le parece a la Sala, se remitirán primero a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Señor Presidente , en el segundo lugar del Orden del Día figura el proyecto que modifica la ley Nº 19.677, referida al fondo de garantía para pequeños empresarios, y está calificado de "discusión inmediata", por lo cual debe despacharse en el día de hoy, o mañana, a más tardar.
Es una iniciativa muy sencilla, que la Comisión de Economía aprobó prácticamente por unanimidad, consta de un solo artículo, y mi solicitud es que se incluya en la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma propuesta?
Señor Presidente , deseo reparar un aparente error en que se incurrió al confeccionar la tabla de esta sesión.
El señor Presidente del Senado , antes de partir en viaje oficial, recibió a un grupo de dirigentes de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias. En principio, quedó convenido que se pondría en lugar preferente del Orden del Día de esta sesión el proyecto signado con el número 10, que permite la reelección indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias.
Ruego a los asistentes a las tribunas no hacer manifestaciones.
Esas personas han venido, precisamente, en el convencimiento de que la iniciativa, que es muy simple y concitó la unanimidad en la Comisión, se trataría en lugar preferente.
Lo que pido es que, de haber disposición en la Sala, se coloque en el segundo lugar de la tabla de Fácil Despacho, o en el primero del Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se tratará en tercer lugar de la tabla de Fácil Despacho.
Señores Senadores, hace pocos días falleció don Horacio Antonio Pozzi Pérez, nuestro Ingeniero Jefe del Departamento de Mantención , quien participó en la construcción del edificio, en el equipo que tuvo a su cargo la inspección fiscal de las obras, y desarrolló una labor muy encomiable en tareas propias de ingeniería.
El señor Pozzi dejó de existir siendo aún joven, y para el Senado representa una pérdida muy grande. Su deceso viene a sumarse al de otros funcionarios que dejaron de existir en los sucesivos períodos legislativos desde que estamos funcionando en este edificio: los señores José Canales, Pedro González, Patricio Uslar, Guillermo Muñoz, Jorge Ramírez y Fernando Aranda.
Creo interpretar el sentimiento de los señores Senadores al participar a las personas que se encuentran en las tribunas nuestro dolor por el fallecimiento de estos servidores que han cumplido funciones muy importantes en nuestras responsabilidades legislativas.
Por disposición de la Mesa y, en especial, del Presidente del Senado don Andrés Zaldívar, se enviarán, en nombre de todos los integrantes de la Corporación, nuestras condolencias a su viuda e hijos, a fin de acompañarlos en el enorme dolor que ellos sienten.
El señor Secretario me hace presente que hace suyo en plenitud lo manifestado.
El señor SABAG.- Señor Presidente, sugiero guardar un minuto de silencio, en memoria del señor Pozzi y de los funcionarios fallecidos en servicio.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que introduce modificaciones a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a materias electorales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2556-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de agosto de 2000.
Gobierno, sesión 17ª, en 16 de agosto de 2000.
Señor Presidente , no haré una relación pormenorizada de esta iniciativa, estudiada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Se trata de un proyecto relativamente fácil, que permite mejorar los procedimientos en materia de elecciones municipales. Obviamente, parece pertinente que sea promulgado a la brevedad, pensando en los próximos comicios que se llevarán a cabo a fines de octubre.
Entre los objetivos de la iniciativa está el establecer un mecanismo para reemplazar a los concejales independientes que hayan sido elegidos y que por distintas razones dejen de formar parte del respectivo concejo, lo que no estaba previsto en la ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, como tampoco en la Orgánica Constitucional de Municipalidades, vacío que se viene a llenar con este proyecto.
Además, se pretende simplificar la labor de los integrantes de las mesas receptoras de sufragios, limitándola a la determinación de las votaciones individuales obtenidas por cada candidato y de los votos blancos y nulos. Ya no se hará el cálculo respectivo en cada una de las mesas a fin de que no se produzcan situaciones como las habidas hasta ahora, que han generado más de un tipo de dificultades en elecciones anteriores.
Y, por último, se establecen normas específicas que regulan los plazos y procedimientos a que deberán ajustarse las solicitudes de rectificación y de nulidad de las elecciones municipales. En ese sentido, se facilitan bastante las tareas del Tribunal Calificador de Elecciones.
Estos tres aspectos fueron tratados en las sesiones anteriores de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y se aprobaron por unanimidad.
Surgió la idea de tratar más a fondo el tema de los independientes que no integran pactos ni subpactos. Al respecto, existe cierto compromiso con algunos señores Senadores que promovieron esta iniciativa y la Comisión ha convenido en analizarlo.
Ése es el contenido esencial de la iniciativa.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular a la vez, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 29 señores Senadores, y queda despachado en este trámite.
Conforme a lo acordado, corresponde tratar el proyecto que modifica la ley Nº 19.677, referente al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2564-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 29 de agosto de 2000.
Economía, sesión 20ª, en 30 de agosto de 2000.
Tiene la palabra el señor Secretario para hacer la relación del proyecto.
La iniciativa cuenta con informe escrito de la Comisión de Economía, pese a que la Sala la autorizó para rendirlo en forma verbal.
El principal objetivo del proyecto es ampliar, hasta el 30 de diciembre del 2000, la vigencia temporal de la extensión transitoria de la cobertura de la garantía del Fondo, a la repactación de aquellos créditos o leasings otorgados por bancos o sus filiales que cuenten con las características de elegibilidad de aquel sistema, con tasa de garantía de hasta 20 por ciento del saldo deudor, incluyendo capital, reajuste e intereses.
El informe reseña los antecedentes tenidos en consideración durante el estudio de la iniciativa y resume el debate habido en su seno.
La Comisión, por 4 votos a favor y una abstención, propone a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Votaron por la afirmativa los Honorables señores Bitar, Novoa, Sabag y Zurita, y se abstuvo la Senadora señora Matthei.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
Señor Presidente , en el día de ayer la Comisión de Economía analizó este proyecto, que tiene por objeto modificar la ley Nº 19.677, recientemente aprobada por el Congreso y publicada el 20 de mayo pasado.
La ley Nº 19.677 tenía dos propósitos. Uno, refundir el Fondo de Garantía para Exportadores no Tradicionales en el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). Y, dos, permitir el uso de este Fondo en la repactación de obligaciones vencidas de pequeños y medianos empresarios.
La ley, publicada el 20 de mayo, estableció un plazo de 90 días para la reprogramación de deudas. En dicho lapso fue prácticamente imposible repactar alguna operación significativa. De hecho, se comprometió una garantía de 1 millón 614 mil dólares, cantidad insignificante en comparación con el monto de créditos reprogramables.
La explicación entregada en la Comisión de Economía por parte del Banco del Estado -administrador del FOGAPE- fue que una vez publicada la ley, el 20 de mayo, fue necesario que los bancos adecuaran sus procedimientos internos. Se licitó el Fondo, pero en realidad el sistema comenzó a operar muy cerca del plazo establecido en la ley, con lo cual sólo pudieron cursarse 500 operaciones aproximadamente.
Según la información que se nos proporcionó, en este momento todos los sistemas operativos están en condiciones de funcionar, los bancos se encuentran muy interesados en reprogramar y con la extensión del plazo hasta el 30 de diciembre de este año será posible aumentar la cobertura de operaciones reprogramables.
En la Comisión, el representante del Banco del Estado también asumió el compromiso de estimar hasta 100 millones de dólares de garantía exclusivamente para la reprogramación de créditos. Esto es importante porque cuando se trata de créditos nuevos el FOGAPE puede garantizar 80 por ciento del monto del crédito, y cuando se trata de reprogramaciones, sólo 20 por ciento. Por lo tanto, es necesario hacer licitaciones que tengan por objeto única y exclusivamente la reprogramación, pues si no, se preferiría garantizar operaciones nuevas en 80 por ciento del monto, y no reprogramaciones en 20 por ciento.
De acuerdo con el sistema operativo del FOGAPE, si se garantiza hasta 100 millones de dólares podrían reprogramarse obligaciones por 500 millones; vale decir, prácticamente todas las deudas vencidas en este momento, que corresponden a pequeñas empresas y microempresas.
La Comisión estimó conveniente proponer la aprobación del proyecto, abstuviéndose la Senadora señora Matthei , quien se se pronunció en esa forma en consideración a que la iniciativa no contempla -como sí lo hace la ley que se modifica- la exención del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramación. Al no haber iniciativa parlamentaria para extender dicha exención, en realidad no queda otra alternativa que aprobar el proyecto tal como está.
Personalmente, señor Presidente , opino que si se pretende ayudar a la reprogramación de deudas parece poco razonable no haber contemplado la exención del citado impuesto para ese fin, sobre todo considerando que ese gravamen afecta las operaciones de crédito con el tope de un año. Es decir, 0,1 por ciento mensual, con un tope de 1,2 por ciento anual. Una vez que en una operación se ha pagado el impuesto total de 1,2 por ciento, éste no se sigue aplicando.
La regla general es que cuando se ha abonado la tasa completa del gravamen de una operación, las renovaciones están exentas de impuesto. El hecho de que en la ley vigente se haya establecido expresamente una exención, venía a confirmar y a simplificar una situación que podría haberse invocado de acuerdo con las normas generales. De eliminarse ahora, quedará la duda de si los bancos, al reprogramar y exigir nueva documentación, cobrarán el impuesto, o considerarán que fue pagado con anterioridad.
Por lo tanto, es muy lamentable que no se haya incluido esa disposición. Desgraciadamente, no hay iniciativa sobre esta materia y el proyecto no incluye la exención. No obstante ello, la Comisión ha estimado conveniente que se apruebe de todas maneras, dejando esa constancia.
¿Me permite una consulta, Su Señoría?
Hago presente que sólo hay diez minutos para tratar este proyecto.
Deseo preguntar al Senador señor Novoa si no estima que el plazo hasta el 30 de diciembre es muy corto. ¿Por qué no se dispone uno más extenso?
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Novoa.
Según lo explicado en la Comisión, prácticamente todos los bancos han iniciado los procesos de reprogramación y de contacto con los deudores. Por lo tanto, estiman posible realizar las reprogramaciones viables en los siguientes cuatro meses. Además, al estar funcionando los sistemas, el administrador del FOGAPE nos señaló que era perfectamente factible efectuar dichas operaciones en los cuatro meses que restan del año. El administrador del FOGAPE nos señaló que, al establecerse los sistemas, era perfectamente posible la repactación dentro de ese lapso. Espero que esto sea efectivo para no tener que discutir a fin de año una nueva reprogramación.
Como se trata de un procedimiento excepcional -porque el FOGAPE se creó para garantizar nuevas operaciones y en ciertos casos usar la garantía para reprogramar-, parece razonable limitarlo a un período de tiempo. Ojalá, sean suficientes los cuatro meses que restan de 2000.
Antes de conceder la palabra al Honorable señor Bitar -según el informe, entiendo que está a favor del proyecto-, deseo saber si hay algún señor Senador contrario a la iniciativa. Hago la consulta para la distribución del tiempo.
Entonces, ofrezco la palabra al Honorable señor Bitar .
Señor Presidente , sólo deseo agregar a la exposición del Presidente de la Comisión de Economía que el proyecto en debate es importante para la complementación de las medidas que el Gobierno ha puesto en operación en los últimos días en lo que dice relación a la pequeña y mediana empresa.
El cálculo que se nos entregó indica que la cartera vencida para la micro y la pequeña y mediana empresas es de alrededor de 550 millones de dólares. Con estas disposiciones y con los fondos de que se dispone para licitar, existe una alta posibilidad de que se alcance un número muy amplio de empresas. En los últimos días, se licitaron 80 millones de dólares para créditos nuevos. Y como la garantía para esos casos es de 80 por ciento, significa que se estarían otorgando créditos hasta por 100 millones de dólares nuevos, los cuales se pueden operar en bancos privados a través de FOGAPE.
Lo mismo ocurre con las carteras vencidas. Como dijo el Senador señor Novoa , se concede una garantía hasta por el 20 por ciento. Como los montos disponibles al efecto alcanzan 100 millones de dólares, la palanca de operación permite dar créditos hasta por 500 millones de dólares para carteras vencidas.
¿Por qué un banco puede proceder a la renegociación de carteras vencidas? Porque, al menos, se da una garantía de 20 por ciento, que antes no existía. Creemos que éste es un estímulo adecuado.
Conviene señalar que en los últimos días la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tomó un conjunto de determinaciones que permitirían disminuir para estos casos las condiciones a los bancos en lo referente a provisiones por carteras vencidas, lo cual da también una flexibilidad adicional.
Se trata de algo que recién se ha puesto en movimiento y que va en ascenso, por lo cual creemos que por lo menos hasta el 30 de diciembre se tendrá un ámbito de acción muy rápido para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Como éstas resultan claves para el empleo, la decisión que adoptaremos hoy es un complemento sustantivo para la reactivación de la economía.
¿Me permite, señor Presidente ? Sólo quiero dejar una constancia.
Sugiero que, de aprobarse este programa o método, la pequeña agricultura, que involucra a más de 110 mil productores, sea incorporada en el futuro al mismo sistema de reprogramación y de seguro de garantía respecto de los créditos a que ellos puedan acceder en fuentes distintas a la del INDAP.
La Mesa comparte su inquietud, señor Senador.
Están incorporados, señor Presidente , desde el momento en que se habla de pequeños y medianos empresarios.
¡Con mi abstención, señor Presidente!
--Se aprueba en general y particular el proyecto, con la abstención de la Senadora señora Matthei.
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 19.418, en términos de posibilitar la reelección indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2495-06 y 2507-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 19 de julio de 2000.
Gobierno, sesión 15ª, en 8 de agosto de 2000.
La Comisión señala en su informe que la iniciativa tiene como principal objetivo la supresión de la norma que impide a los directores de organizaciones comunitarias ser reelectos por más de una vez en sus cargos.
En seguida, reseña los antecedentes tenidos en consideración durante el estudio del proyecto, describe el contenido de éste y resume el debate habido en la Comisión.
Concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes -Honorables señores Canessa, Cantero y Stange-, la aprobación de la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la Comisión, por tratarse de un proyecto de artículo único, sugiere que sea debatido en general y particular a la vez, como corresponde por lo demás por figurar en tabla de Fácil Despacho.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
Señor Presidente , se trata de una iniciativa originada en moción, que cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad, y respecto de la cual ahora corresponde que se pronuncie el Senado. Nuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, también en forma unánime, recomienda su aprobación.
El proyecto persigue como objetivo fundamental que los dirigentes de las organizaciones sociales puedan ser reelegidos más de una vez. O sea, entrega en definitiva el poder a las bases, como corresponde, las cuales deberán resolver si desean continuar con ellos o cambiarlos democráticamente.
El proyecto es muy simple, consta de un artículo único y su contenido dice relación a la materia que acabo de aludir.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, que recae en el proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1630-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 15ª, en 8 de agosto de 2000.
Constitución, sesión 17ª, en 4 de agosto de 1998.
Constitución (segundo), sesión 5ª, en 20 de junio de 2000.
Mixta, sesión 20ª, en 30 de agosto de 2000.
Sesiones 22ª y 23ª, en 18 y 19 de agosto de 1998 (queda pendiente su discusión general); 24ª, en 19 de agosto de 1998 (se aprueba en general); 6ª y 7ª, en 21 de junio y 4 de julio de 2000, respectivamente (queda pendiente su discusión particular); 8ª, en 5 de julio de 2000 (se despacha en particular).
Cabe señalar que el Presidente de la República calificó la urgencia para el despacho de esta iniciativa de "Suma".
La controversia suscitada entre ambas ramas legislativas se originó por el rechazo de la Cámara de Diputados de algunas de las enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante su segundo trámite constitucional.
En el informe de la Comisión Mixta (páginas 38 y siguientes) aparecen las proposiciones destinadas a resolver las diferencias producidas entre ambas Corporaciones.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado dividido en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado por la Cámara de Diputados; en la segunda, las enmiendas introducidas por el Senado durante el segundo trámite; en la tercera, las modificaciones del Senado rechazadas por la Cámara Baja, y en la cuarta, las proposiciones de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , concluye hoy la tramitación legislativa del proyecto central de la reforma procesal penal -el nuevo Código Procesal Penal- con la aprobación que el Senado seguramente prestará al informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras respecto de algunas disposiciones de dicha iniciativa.
Pese a que a primera vista la Cámara de Diputados rechazó una cantidad importante de las numerosas modificaciones introducidas por el Senado, correspondientes a 107 artículos de un total de 535 contemplados en el primer trámite constitucional, lo cierto es que sus discrepancias apuntaron a tres grupos de materias distintas y a otras disposiciones aisladas. Y acogió, en lo sustancial, el texto del Senado y las soluciones de éste para las diversas situaciones y artículos restantes.
De esos tres órdenes de materias, la Comisión Mixta conservó el criterio de la Cámara Alta en dos de ellas, que se referían a aspectos de fondo, cuales son excluir del procedimiento penal al tercero civilmente responsable y la oportunidad procesal para solicitar el desafuero.
Con respecto a la primera, se tuvo en consideración que el cambio completo de nuestro Código de Procedimiento Penal se podía complicar en su aplicación y dificultar en su aprendizaje si se mezclaban con los aspectos de fondo el procedimiento penal y la acción contra los terceros civilmente responsables. Esto sin duda podrá incorporarse una vez que nuestro sistema judicial, como asimismo los abogados, hayan adquirido destreza en el manejo del nuevo Código.	En el caso de la oportunidad procesal para solicitar el desafuero, se aprobó el criterio del Senado en el sentido de que el Fiscal deberá pedir el desafuero, primero, cuando haya cerrado la investigación, de manera que pueda realizarla completa sin necesidad de requerirlo; y segundo, cuando quisiere medidas cautelares o la prisión preventiva del parlamentario.
Por lo tanto, la privación del fuero parlamentario, es decir del ejercicio del poder para el cual la ciudadanía ha elegido a quienes integran el Congreso, se hace en el período más breve posible. Una vez concluida la investigación y pedido el desafuero, la audiencia preparatoria del juicio oral deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de antecedentes por el juzgado de garantía; y el juicio penal mismo, dentro de los 15 días posteriores a la audiencia preparatoria, de manera que dentro de un mes de requerido el desafuero tenga que iniciarse el juicio penal oral y breve. La sentencia se dictará el mismo día en que termine la audiencia; y si ésta ha durado más, dentro de las 24 horas siguientes.
Lo anterior tiene por finalidad evitar que se produzca la circunstancia de que, por lenidad del Poder Judicial, haya parlamentarios que lleven años -¡años!- privados del ejercicio normal del cargo para el cual fueron elegidos por la soberanía popular. Esto lo corregimos expresamente en el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Estuvimos de acuerdo con la Cámara de Diputados en una propuesta de orden técnico -en que ellos tenían razón y era lógica-, consistente en cambiar la ubicación de los párrafos y de los artículos relativos a la prueba.
Despejamos de igual modo y casi por unanimidad, con el solo voto en contra de un señor Diputado con relación a un solo precepto, 56 de los artículos que originaban conflicto y controversia con la otra rama legislativa.
En cuanto a la variedad de los temas a que se referían los artículos restantes, en algunas ocasiones seguimos el texto despachado por el Senado; y en otras, las propuestas planteadas por los señores Diputados, procurando siempre conservar la armonía entre los principios que sustentan la reforma y la aplicación práctica y la eficacia de sus disposiciones.
Agradezco públicamente la forma como los señores Diputados trabajaron las proposiciones de solución y las hicieron llegar a la Comisión Mixta, las cuales en su gran mayoría fueron aprobadas por ella. Entre los acuerdos adoptados puedo destacar los siguientes:
-Disponer que las notificaciones al imputado privado de libertad se hagan, por regla general, por funcionarios de Gendarmería en el establecimiento penal en que se encuentre, lo que evitará el traslado diario de un considerable número de personas, con las dificultades que suscita y los riesgos de escape que hemos podido presenciar en los años que llevamos de ejercicio profesional.
-Habilitar al Ministerio Público para perseguir delitos cometidos contra menores de edad, sin necesidad de que medie denuncia de determinadas personas, sean padres, guardadores, etcétera.
-Perfeccionar el artículo incorporado por el Senado que crea una acción de amparo ante el juez de garantía, en el sentido de que pueda interponerse a favor de cualquier persona privada de libertad y no sólo del detenido; que se pueda examinar la legalidad de la privación de libertad en forma amplia, con la aclaración de que, si ha sido dispuesta por resolución judicial -por ejemplo, en caso de apremio por no pago de alimentos-, sólo se pueda reclamar ante el juez que dictó la orden; y permitir expresamente que el juez de garantía se constituya, si lo estima necesario, en el lugar en que físicamente estuviere el afectado.
-Declarar procedente la prisión preventiva si el delito imputado merece una pena de 540 días o más, en vez de exigir -como establecía el texto primitivo- que este delito se castigue con una pena igual o superior a tres años y un día, a fin de facilitar la prisión preventiva tanto para los efectos de la investigación como respecto de los individuos peligrosos para la sociedad, a criterio del juez de garantía.
-Hacer imperativo que el Ministerio Público cierre la investigación cuando transcurran dos años desde que fue formalizada, con el objeto de evitar que los juicios se perpetúen en la etapa de la investigación.
-Reducir los plazos máximos para que el tribunal de juicio oral emita su decisión sobre absolución o condena del acusado y para que redacte la sentencia. La decisión de resolución o condena debe tomarse al final de la audiencia, y si ésta ha durado más de dos días, dentro de las 24 horas siguientes; y la sentencia dentro de los 15 días.
Todos los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta sobre otros puntos de disidencia fueron unánimes, salvo lo relativo a siete artículos. En uno, se abstuvieron tres señores Diputados; y en los otros seis se registró en cada caso un voto en contra, referido siempre a uno solo de los incisos que los conforman. En cuatro ocasiones votó en contra un señor Diputado , y en otras dos, un señor Senador.
Como el Senado puede apreciar, el texto que compondrá el nuevo Código Procesal Penal -que se consigna al final del informe- ha sido ampliamente consensuado. En la Comisión Mixta los votos disidentes fueron aislados y recayeron sobre temas absolutamente distintos, lo que evidencia que sólo reflejan el legítimo punto de vista personal de los señores parlamentarios que los emitieron, pero que se opuso, en cada caso, a la opinión de los otros ocho señores Diputados y Senadores presentes, del total de nueve que en definitiva asistieron a la reunión.
En mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta , propongo al Senado aprobar sin más trámite el informe evacuado por ella, siguiendo el predicamento de la Cámara de Diputados, que ayer le dio su conformidad sin discusión.
Finalmente, solicito al señor Ministro de Justicia que, en el ejercicio del derecho a veto del Ejecutivo , el examen del proyecto sea realizado, en lo posible, por personas que no hayan participado en su redacción, con el propósito de que tengan una visión ajena a cualquier -no digo error- falta de conexión o de lógica que pudiere existir entre sus disposiciones.
Señor Presidente , se encuentra en su último trámite el proyecto sobre nuevo Código de Procedimiento Penal, que me tocó seguir primero como Diputado y luego como Senador. O sea, durante cinco años de labor parlamentaria he estado dedicado en gran parte al estudio de este Código.
Se ha efectuado un muy buen trabajo, que en el caso del Senado se realizó por todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida primero por el Honorable señor Larraín y después por el Senador señor Díez , y se está llegando a una solución perfectamente razonable y coherente.
Cabe señalar que el proyecto original enviado por el Ejecutivo sufrió múltiples modificaciones y perfeccionamientos en una y otra Cámara, y posteriormente en la Comisión Mixta, lo cual revela que su estudio fue acucioso, serio y muy responsable.
Además, como expresó el Senador señor Díez , en dicha Comisión la mayoría de las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad y las diferencias fueron zanjadas adecuadamente.
A continuación mencionaré algunos puntos que me parece importante hacer resaltar.
Se decidió dejar fuera del procedimiento penal todo lo que tuviera que ver con el tercero civilmente responsable, con el objeto de no entorpecer una iniciativa que recién está partiendo.
Luego, pareció importante disponer cuándo se tenía que solicitar el desafuero o la querella de capítulos, en su caso; y se mantuvo el criterio del Senado de establecer el cierre de la investigación como oportunidad para impetrar el desafuero, atendido el hecho de que el procesamiento equivale a la acusación que realiza el Ministerio Público.
Sobre este punto se manifestó, por parte de muchos señores Senadores, entre ellos el que habla, la voluntad de que, llegado el momento, fuera posible eliminar el fuero parlamentario, que no parece a estas alturas una institución adecuada, sobre todo en el mencionado procedimiento. Ello, porque impide al Parlamentario respecto del cual se está solicitando el desafuero llegar a una serie de arreglos que pudieran resolver el problema, y transforma de hecho el desafuero en una especie de juicio previo que en algún caso podría ser estimado condenatorio sin que en realidad lo sea, ya que el desafuero sólo significa que se da lugar al inicio del procedimiento penal. Pero, como no se podía modificar la Constitución en este caso, se decidió que además se estableciera el desafuero lo más tarde posible, de tal manera que la eventual suspensión del cargo parlamentario afectase durante el menor período de tiempo al respectivo Diputado o Senador.
Otro punto que me parece importante destacar se refiere a que, cuando se trata de información reservada o secreta, se sigue el criterio de la Cámara. Es decir, la Corte de Apelaciones, con la única excepción de las materias que se refieren a la seguridad nacional, será la que autorice la entrega de la información, y no la Corte Suprema. Con ello se descentraliza y acerca más la justicia a la localidad en la cual han ocurrido los hechos.
En lo que se refiere a los titulares de la acción, como ha dicho el señor Presidente de la Comisión , se establece que, cuando los delitos afectan a menores, puede el Ministerio Público actuar de motu proprio.
Sobre control de identidad, que es un asunto muy discutido, se mantuvo el criterio impuesto en la legislación anterior, esto es, que habiéndose eliminado la detención por sospecha, se mantiene la institución como una vía para que la policía pueda cumplir su función preventiva.
Respecto del amparo, ha expuesto bien el Senador señor Díez, por lo que no me referiré a tal punto.
En cuanto a plazos de detención, se los uniformó en veinticuatro horas tanto para quien es privado de libertad por orden judicial, cuanto para aquel que lo es por delito flagrante.
En lo atinente a la libertad provisional, pese a haberse concordado en las razones del Senado para eliminar las consideraciones vigentes en la ley con el objeto de no entorpecer las facultades del juez, visto que la Constitución le entrega privativamente la decisión final sobre conceder o no la libertad, se concordó en mantener las orientaciones incorporadas en la ley Nº 19.661. Ello, a pesar de que un señor Diputado consideraba que esas normas eran más favorables a la libertad provisional, mientras otro, autor de la iniciativa, por el contrario, fundamentaba su posición sosteniendo que tales normas restringían o condicionaban la facultad del juez para otorgar esa libertad. A pesar de tal contradicción, se mantuvo el punto, y al respecto el Senador que habla manifestó un voto disidente.
Lo mismo hice en lo que se refiere al plazo para que el fiscal cierre el sumario. Se optó por el criterio rígido de fijar un plazo sólo de dos años, absolutamente improrrogable. Me parece que, por la experiencia judicial, esto es bastante ilusorio, aun comprendiendo que el nuevo sistema tiene que ser mucho más ágil, y la norma va en esa dirección.
El otro punto que me parece importante señalar, mencionado igualmente por el Honorable señor Díez , es el acortamiento de los plazos para emitir resolución y para dictar sentencia.
En seguida, se mantuvo el criterio de la Cámara de Diputados en el sentido de incorporar un inciso que impida al juez decretar el sobreseimiento definitivo si ello se opone a tratados internacionales ratificados por Chile. Esto es algo que estaba implícito en la legislación, pero que pareció más razonable explicitarlo, por lo que se adoptó acuerdo en tal sentido.
Termino mi exposición (aun cuando hay muchos otros puntos a los cuales referirse) señalando la importancia de esta iniciativa legal, una de las más trascendentes del Gobierno del Presidente Frei , la que ahora deberá ser implementada en la práctica por la Administración que encabeza el Presidente Lagos , comenzando por las Regiones Cuarta y Novena. Espero que con esto se ponga término a las críticas fundadas que se hacen a nuestra justicia penal en cuanto a ineficiencia y a otras características causantes de que ella no cumpla a cabalidad con su cometido, pese a la buena disposición y, en muchos casos, a la abnegación de los magistrados.
Señalaré finalmente que no es frecuente enfrentarse al estudio de un Código de esta envergadura, en lo cual, a muchos de nosotros, nos ha tocado participar activamente. Como lo expresó el Senador señor Díez , no sólo el Gobierno debe revisar el veto por si hubiere incoherencias, sino que también, por cierto, esto queda sometido al criterio que recomiende la práctica, pues, en definitiva, las normas valen según los resultados que se obtengan de ellas. Esperamos que la justicia chilena salga fortalecida con esta legislación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de Comisión Mixta.
Señor Ministro, ha culminado el proceso legislativo en lo referente a este proyecto.
Asistimos hoy a la culminación de un proceso legislativo cuya relevancia histórica es difícil exagerar. Este momento al que hoy asistimos se recordará, sin duda, como un hito de relevancia en la mejora del Estado, y como una contribución largo tiempo esperada en cuanto a su eficiencia y a su legitimidad. En este momento concluye un esfuerzo gigantesco que ha puesto de relieve el sentido de comunidad que poseemos los chilenos. En esta reforma a la justicia encuentran consumación los esfuerzos de amplios y diversos sectores de la ciudadanía. La sociedad civil, las instituciones académicas, la opinión pública y el conjunto de la clase política, con prescindencia de toda ideología o interés inmediato, han estado tras este proyecto, el que revela, así, el sentido de Estado que lo anima. Convergencia de intereses de parte de todos los sectores y, a la vez, sentido de imparcialidad, son los rasgos que la amplia participación que acabo de recordar han asegurado para el Código que se somete a vuestra consideración. La aprobación de este Código representará una mejora de la actividad estatal y un perfeccionamiento del Estado constitucional.
El Código Procesal Penal que se ha sometido a vuestra consideración representa un gigantesco esfuerzo de modernización del Estado que sólo se asemeja a los momentos que nuestro país vivió en la primera mitad del siglo XIX, cuando, más temprano que otros países de América, los chilenos logramos constituir lo que, con acierto, se denominó más tarde un Estado en Forma. El proyecto de Estado constitucional que Chile logró impulsar durante aquel siglo constituyó, no hay duda, una de las claves de su éxito y de su prestigio. Un desarrollo institucional que favoreció la producción del orden social e hizo del esfuerzo personal una tarea segura, es, sin duda, uno de los principales rasgos de nuestro desarrollo histórico durante el siglo XIX. Hoy día, cuando otro siglo se inicia, nuestro país emprende un nuevo y radical paso para la mejora de sus instituciones porque, sin exageración alguna, puede afirmarse que la reforma a la justicia constituye actualmente una exigencia para el logro de los objetivos estratégicos del desarrollo.
Así lo acredita el acuerdo generalizado que existe hoy en torno a que la importancia del mercado y el valor de la democracia se encuentran indisolublemente ligados con la reforma de la justicia. El mercado exige el gobierno efectivo de la ley. La democracia, por su parte, supone un goce igualitario de derechos que sólo puede ser alcanzado con un sistema de justicia imparcial y eficiente. En fin, los ciudadanos esperan que las instituciones los liberen del miedo reaccionando prontamente contra las transgresiones, contribuyendo así a generalizar la confianza en sus relaciones sociales cotidianas.
No ha de verse, en consecuencia, en la reforma que estamos ahora impulsando, un mero cambio de procedimientos, un simple ajuste en la forma como los tribunales en lo penal han de llevar a cabo su labor. La reforma procesal penal equivale desde luego a eso; pero es más que eso. Representa, para decirlo en una frase, un desarrollo de las promesas que subyacen al estado constitucional propio de la democracia.
Como lo comprendió tempranamente la mejor tradición del pensamiento político, el Estado debe liberar del miedo a los hombres y a las mujeres que se organizan bajo su amparo. El orden estatal posee así, como función prioritaria, liberarnos de la violencia y la agresión a las que, si no existiera Estado, estaríamos expuestos. Para alcanzar ese objetivo, que desde antiguo legitima su existencia, el Estado monopoliza la fuerza y, en base a reglas explícitas, procede a administrarla mediante sus órganos específicos. La organización del Estado pasa a ser, de este modo, una forma de organización de la fuerza que, para no erigirse en una nueva fuente de amenaza y temor, debe estar sometida a reglas claras y preexistentes que eviten que la solución de una amenaza sea fuente de un nuevo temor.
Los precedentes principios, que se encuentran en la base misma de la constitución del Estado, permiten advertir los particulares desafíos que éste debe enfrentar en materia de política criminal. El Estado debe, por una parte, prestar seguridad a los ciudadanos, liberándolos de las diversas fuentes de agresión a que se ven expuestos en su vida cotidiana; pero, al mismo tiempo, y con el mismo nivel de intensidad, debe cumplir esa función de otorgar seguridad cuidando escrupulosamente de no lesionar los derechos ciudadanos. Seguridad, por una parte; derechos ciudadanos, por la otra: ése es el doble desafío, hasta cierto punto paradójico, a que el Estado debe hacer frente. Seguridad, y al mismo tiempo garantías, es el doble objetivo que debe encarar en materia de protección ciudadana y de política criminal.
Se trata de un doble objetivo que hemos cuidado respetar especialmente en el diseño del nuevo sistema de enjuiciamiento.
Los imputados de cometer un delito tendrán, conforme a las reglas del proyecto sometido a la consideración del Senado, acceso efectivo a un tipo de enjuiciamiento que satisfaga de manera íntegra las exigencias del debido proceso. Hacemos efectiva, así, una de las promesas incumplidas del Estado constitucional. Ello no sólo contribuirá a un mayor grado de respeto por los derechos de las personas, sino que fortalecerá el conjunto del sistema penal, el que, de este modo, ganará en legitimidad al evitar convertir al delincuente en víctima del Estado. Esa mayor legitimidad contribuirá también a hacer más eficiente la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
La mayor severidad de la respuesta penal frente a la delincuencia se hace más fácil cuando los órganos del Estado se hallan provistos de legitimidad que cuando carecen de ella. Un sistema de enjuiciamiento defectuoso desde el punto de vista del debido proceso debilita al Estado, lo desprestigia y le impide actuar con severidad. Un mayor nivel de respeto de los derechos ciudadanos en el enjuiciamiento criminal contribuirá entonces a favorecer una respuesta más vigorosa frente a la criminalidad. Escrupulosidad en el respeto a las garantías y mayor eficiencia en la detección y castigo del delito: tales son los dos objetivos a los que simultáneamente tiende el proyecto aprobado en esta sesión.
Pero el nuevo sistema que el Código contribuirá a instaurar no sólo posee ventajas desde el punto de vista de los derechos ciudadanos; también las presenta desde el punto de vista del bienestar. El gasto público destinado a la justicia del crimen y a la persecución de la criminalidad en su conjunto tendrá, en el nuevo diseño de enjuiciamiento criminal, un uso, sin duda, más eficiente que el que hoy día recibe.
Como ha sido destacado muchas veces, los recursos para la persecución de la criminalidad son inevitablemente escasos y poseen un alto costo de oportunidad en otras áreas -como la salud o la educación- también muy sensibles desde el punto de vista social. En razón de ello, la responsabilidad social y el sentido de justicia obligan a que los recursos en esta área se destinen a sus usos más eficientes. Este principio de bienestar, aplicado a la justicia, significa que los recursos en este sector deben destinarse a la criminalidad más grave y no solamente, como por desgracia parece ocurrir hoy, a la criminalidad socialmente vulnerable.
El nuevo sistema de enjuiciamiento introduce un diseño que favorece la eficiencia. El Ministerio Público contará con varios mecanismos que le permitirán racionalizar la persecución criminal, focalizándola hacia la criminalidad más lesiva. Los tribunales del juicio oral, por su parte, contarán con una forma de división del trabajo más flexible que la actualmente existente, posibilitándoles, así, reaccionar con prontitud a los cambios en el comportamiento de la litigiosidad. Un uso más eficiente del gasto en el área y una mayor prontitud y agilidad de la respuesta estatal son objetivos a los que tiende el diseño procesal.
Un sistema de enjuiciamiento provisto de las características que acabo de relatar contribuirá, por otra parte, a aumentar los niveles de seguridad ciudadana, mejorando, de esa manera, los niveles de confianza social. La pérdida de confianza tiene gigantescos costos en bienestar. Las personas y las empresas son muy sensibles a la pérdida de confianza social. La falta de confianza estimula las soluciones informales, obliga a prever recursos para hacerle frente y deteriora la confianza en el futuro, que constituye una variable clave para alentar el esfuerzo personal y el trabajo cotidiano que hace prósperas a las sociedades.
En fin, el acceso a la justicia -uno de los bienes más sensibles en un estado democrático- se verá también favorecido una vez que el nuevo sistema que el Código viene a instaurar comience definitivamente a funcionar. En vez de ponerse de cargo de la víctima, la persecución criminal se pone de cargo del Ministerio Público, de manera que los lesionados con el delito contarán, en una medida relevante, con una posibilidad de reparación independientemente de los recursos privados con que puedan contar. Un mayor y más igualitario acceso a la justicia es, pues, otra de las ventajas que el conjunto de la sociedad puede razonablemente esperar del nuevo sistema de enjuiciamiento.
Chile experimenta hoy excepcionales condiciones estratégicas para su desarrollo, pero posee un sistema de justicia que todavía está demasiado lejos de esas promesas de prosperidad. El talento y la responsabilidad de los jueces chilenos no son suficientes para remediar los serios defectos que presenta nuestro sistema de justicia criminal. Mediante el sistema de enjuiciamiento que establece el Código, la sociedad chilena hará suya la reforma a la justicia, en el entendido de que el sistema que el Código consagra proveerá mayor bienestar cotidiano a los chilenos y, a la vez, y con la misma intensidad, un mayor respeto de sus derechos básicos.
El Estado de Chile verá así fortalecida su tradición constitucional y habrá retomado el mandato que el Presidente Montt , hace ya más de cien años, legó a las futuras generaciones al aprobar el Código que ahora se reemplaza. Que hoy día hayamos sido capaces de retomar ese legado, acredita la continuidad histórica de nuestro país y el sentido de Estado que anima al proyecto.
Han sido cinco años de arduo trabajo y de muchas horas dedicadas, para culminar hoy, después de 106 años de vigencia del actual Código, con un nuevo procedimiento penal para el siglo que comienza.
No puedo finalizar, señor Presidente , sin agradecer a quienes han sido parte importante de esta labor. No me gustaría ser injusto, de manera que desde ya doy excusas si olvido mencionar a alguien.
En este momento histórico, deseo señalar que hubo muchas personas que se destacaron por su trabajo y esfuerzo: la señora Soledad Alvear y los señores Rafael Blanco , Jorge Bofill , Cristián Riego y Raúl Tavolari ; instituciones tan importantes como CPU y Paz Ciudadana, representadas por los señores Iván Lavados y Agustín Edwards ; los Ministros de la Corte Suprema señores Roberto Dávila , Mario Garrido y su actual Presidente , don Hernán Álvarez , y muy especialmente los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados y del Senado, esta última representada por su Presidente , Honorable señor Díez , y por los Honorables señores Hamilton, Silva , Viera-Gallo , Larraín , Aburto y Chadwick .
Señor Presidente , sin duda, hoy es un día histórico, y quiero agradecer a todos los que, estando presentes o no, han contribuido a la materialización de una obra tan importante para Chile.
Se agradece del mismo modo al señor Ministro .
Ha llegado a la Mesa, para ser incluido en la Cuenta de esta sesión, el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios.
Informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política recaído en el proyecto de ley del deporte.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1787-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 29ª, en 16 de enero de 1999.
En tercer trámite, sesión 7ª, en 4 de julio de 2000.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 12ª, en 19 de julio de 2000.
Defensa, sesión 19ª, en 20 de enero de 1999.
Hacienda, sesión 19ª, en 20 de enero de 1999.
Defensa (segundo), sesión 32ª, en 14 de septiembre de 1999.
Hacienda (segundo), sesión 32ª, en 14 de septiembre de 1999.
Defensa (tercer trámite), sesión 12ª, en 19 de julio de 2000.
Mixta, sesión 19ª, en 29 de agosto de 2000.
Sesiones 23ª, en 10 de marzo de 1999 (se aprueba en general).; 32ª, en 14 de septiembre de 1999 (se despacha en particular); 12ª, en 19 de julio de 2000 (se aprueba informe y pasa a Comisión Mixta).
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa calificándola de "suma".
La controversia entre ambas cámaras se originó en el rechazo, por parte del Senado, de algunas de las enmiendas que la Cámara de Diputados aprobó durante el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta formula en su informe las proposiciones destinadas a resolver las diferencias entre ambas Corporaciones.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, dividido en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado por el Senado; en la segunda, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados; en la tercera, la proposición de la Comisión Mixta, y en la cuarta, el texto como quedaría de aprobarse el informe sometido al conocimiento de Sus Señorías.
Cabe hacer presente que deben aprobarse con quórum orgánico constitucional las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en los artículos 10, 15, 20, 25 y 49, inciso quinto, nuevo.
Señor Presidente , quiero explicar el informe.
En general, más allá de pequeñas diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, fueron nueve los puntos controvertidos resueltos por la Comisión Mixta.
Primero, referente a la vinculación de CHILEDEPORTES en el marco de nuestra institucionalidad pública, se siguió el criterio del Senado en el sentido de que esa nueva institución estará bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República .
Segundo, en lo atinente a la administración de los recintos e instalaciones que forman parte del patrimonio del Instituto Nacional de Deportes, se incluyó a las personas naturales -siguiendo también la norma del Senado- como posibles administradoras, vía convenio o concesión, además, por cierto, de las municipalidades y de las personas jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado.
Tercero, en cuanto a la integración del Consejo Nacional, se aprobó la posición sustentada por el Senado en el sentido de desechar la inclusión del Subsecretario de Educación como miembro. Tampoco hubo acuerdo para incorporar como miembro a un consejero proveniente de la Asociación Nacional de Fútbol Aficionado, designado por la Federación de Fútbol de Chile. Se aceptó el criterio de la Cámara de Diputados en el sentido de incorporar a un consejero, designado por el Presidente de la República , perteneciente a la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional, dada su importancia en el ámbito del deporte, considerando su infraestructura en lo relacionado con planteles y profesores de educación física.
Cuarto, en lo relativo a los Consejos Regionales, se mantuvo el parecer del Senado en cuanto a que sean meramente consultivos y no resolutivos. Se desechó la participación en ellos de los SEREMI de Educación. Por último, se contempló la incorporación de un consejero en representación de la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional y de dos miembros con residencia en la región y que tengan grado académico en Educación Física, sean propuestos por el Director Regional respectivo y cuenten con la aprobación del Consejo Regional del Gobierno Regional respectivo.
El quinto punto dice relación a la cuota nacional del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Aquí se siguió el criterio de la Cámara de Diputados en el sentido de que se distribuyan las cuotas regionales a cada una de las regiones y exista una cuota nacional, respecto de la cual se estuvo de acuerdo en que su máximo no pueda superar el 25 por ciento del Fondo y que su destino sea el financiamiento de los proyectos nacionales o suprarregionales, concursables, pudiendo también suplementar los recursos de una o más de las cuotas regionales.
Sexto, tocante a la infraestructura deportiva, se aprobó la norma propuesta por la Cámara de Diputados para que los recintos o terrenos de propiedad fiscal o municipal donde actualmente se practica deporte mantengan preferentemente tal destino, salvo circunstancias excepcionales, determinadas por el Consejo Regional o por el Concejo Municipal.
Séptimo, con relación a los subsidios para el deporte, se explicitó que podrán postular a ellos, no sólo las organizaciones deportivas, sino también las organizaciones comunitarias que cumplan una finalidad deportiva.
Octavo, referente a las donaciones y franquicias tributarias, se incluyó una disposición de la Cámara de Diputados que permite acceder a esos beneficios con fines deportivos a los centros de rehabilitación y prevención de drogas y de seguridad ciudadana sin fines de lucro y reconocidos por los Ministerios de Salud, de Educación o del Interior, según corresponda.
Y noveno, se amplió de 180 a 360 días el plazo de las organizaciones deportivas legalmente constituidas para adecuar sus estatutos a las normas de la ley en proyecto.
Es cuanto puedo informar al Senado para permitirle pronunciarse con propiedad.
Señor Presidente, en forma breve, quiero por lo menos destacar que muchos de los planteamientos formulados al proyecto de Ley de Deporte no han sido recogidos y se mantiene una suerte de centralismo.
Por ejemplo, si uno examina los artículos 15 y 16, referentes al Consejo Nacional, observará que la gran mayoría de sus miembros son nombrados por el Presidente de la República . Y lo mismo sucede con los directores regionales, pues, conforme al artículo 21, son designados a propuesta en terna del Intendente Regional respectivo.
La verdad es que el deporte, desgraciadamente, cuando es administrado por una esfera estatal y en un país centralista como el nuestro, tiende a ser politizado. Uno es testigo de cómo diversas organizaciones deportivas son de alguna manera manipuladas con fines político-electorales en una nación como la nuestra, donde prácticamente cada año y medio debemos enfrentar comicios de distinta índole.
Por otro lado, haber subido a 25 por ciento la cuota nacional del Fondo, que originalmente era de 15 por ciento, tampoco constituye una buena idea.
Considero oportuno señalar que ésta no es la normativa que los deportistas esperaban para Chile, sin perjuicio de que implica un avance con respecto a la situación actual.
Como nos enfrentamos a un informe de Comisión Mixta, corresponde votar en conjunto, sin posibilidad de pronunciarse separadamente sobre determinadas normas. Pero por lo menos deseaba hacer tales prevenciones en la instancia final de la tramitación del proyecto.
Señor Presidente , deseo formular al Presidente de la Comisión Mixta , Honorable señor Adolfo Zaldívar , una consulta sobre el artículo 43, que trata de los objetivos a que deberán destinarse los recursos del Fondo.
Entre otras cosas, se habla de fomentar y apoyar el deporte escolar y recreativo, etcétera. Sin embargo, nada se dice de los discapacitados, quienes sí figuran al comienzo de la normativa entre los beneficiarios del proyecto.
Mi pregunta es importante, porque se tiende a olvidar a ese tipo de personas, que necesitan muchas actividades para su rehabilitación. Y la formulo para que quede claro en la historia de la ley cuál sería la interpretación a ese respecto, pues en los preceptos iniciales -insisto- se habla de los discapacitados.
Señor Presidente , la consulta del Honorable señor Martínez es muy relevante.
Ante todo, debo hacer presente que, dentro de sus políticas, los coordinadores regionales deberán considerar la situación que Su Señoría ha expuesto con tanta propiedad.
De otro lado, cabe puntualizar que no porque se haya fijado una cuota nacional la ley en proyecto tendrá carácter centralista. Al contrario, se planteó que los fondos deberán asignarse proporcionalmente, de acuerdo con los criterios que se fijan, a cada una de las regiones. Y se reserva hasta 25 por ciento para atender finalidades nacionales o suprarregionales, pero no centralistas.
Además, debo hacer presente que en el articulado -no recuerdo exactamente en qué norma- se introdujo un cambio bastante importante: para la asignación de las cuotas regionales no sólo va a pesar el número de habitantes, sino también el clima, las distancias y la condición de región extrema. Por esa vía, los Directores Regionales, el Director Nacional y el Consejo Nacional tendrán la posibilidad de hacer las correcciones pertinentes.
Ahora, lo planteado por el Honorable señor Martínez se halla dentro de la filosofía de la ley en proyecto. Y los Directores Regionales deberán consultar recursos especiales para cumplir con todo lo referente a las actividades deportivas de los discapacitados.
Más aún, he de señalar a Su Señoría que en una de las disposiciones a que me referí durante mi exposición -aquellas donde hubo más discusión o más criterios encontrados- se establece que podrán acceder a los beneficios de las donaciones con franquicias tributarias organizaciones como los centros de rehabilitación y prevención de drogas, de seguridad ciudadana u otras, sin fines de lucro. Es decir, dichos beneficios se hicieron extensivos más allá de las instituciones deportivas, para que tales entidades cuenten con recursos y puedan cumplir con sus respectivos programas en ese ámbito, que son muy importantes para la salud y el desarrollo de todos los chilenos.
Señor Presidente , sin duda, éste es un proyecto muy relevante, porque el deporte constituye una actividad de gran significación. Por ende, no cabe sino alegrarse de que, después de una tramitación extraordinariamente larga, esté terminando este proceso legislativo.
Por cierto, aprobaré el informe de la Comisión Mixta. Sin embargo, tengo un punto de discordancia, respecto del cual deseo hacer constar mi parecer. Me refiero específicamente al tema de la dependencia.
Concuerdo en que el Instituto Nacional de Deportes de Chile tenga un rango alto; la trascendencia de la materia lo justifica plenamente. Empero, me parece que decir que estará "sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la República " introduce una anomalía en la organización del Estado.
Según se define en el proyecto, el referido Instituto es "un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio". En consecuencia, no es ni el Banco Central ni la Contraloría, que son organismos autónomos. Y todos los servicios públicos se vinculan a través de algún Ministerio.
Por consiguiente, la dependencia directa del Primer Mandatario no sólo crea una anomalía, sino que además genera una suerte de vacío de relación. Porque, por muy descentralizado o autónomo que sea el Instituto en comento, habrá casos en que deban dictarse decretos o reglamentos, por ejemplo. Y el artículo 35 de la Constitución señala que "Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo". Aquí no existe el Ministro respectivo.
Durante la discusión habida en la Comisión Mixta, el Senador señor Pizarro se refirió al punto. Y el informe señala: "El cómo se relacionaría el Instituto, en orden a su eficiencia, es un problema de orden administrativo interno del Presidente de la República , situación que ocurre con el SERNAM, entidad que, desde el punto de vista del funcionamiento administrativo, se relaciona a través del Ministerio de Planificación y Cooperación. En esa arista, opinó" -el Senador señor Pizarro - "que le daba igual cuál fuere el ministerio encargado, siempre que el Instituto mantuviera la dependencia directa del Presidente de la República y con el más alto rango.". Es decir, en el fondo, en la discusión se estaba reconociendo que el SERNAM, a cuyo titular todo el mundo reconoce rango de Ministro , se vincula a través del Ministerio de Planificación y Cooperación, así como podría hacerlo por intermedio de otro.
En consecuencia, no sé si las expresiones del Honorable señor Pizarro apuntan a que el Presidente de la República podría designar un Ministerio para que se establezca tal vinculación, lo cual considero raro, por cuanto no parece ser un procedimiento legal normal.
Con ello no quiero señalar que yo hubiera sido partidario de las soluciones alternativas que se propusieron. Son atendibles los argumentos, pero no me parece razonable que dicho Instituto dependa del Ministerio del Interior -tesis del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados-, ni tampoco del de Educación. Ambas Secretarías de Estado se hallan muy recargadas de funciones. Por tanto, es muy difícil pensar que puedan ejercer la nueva.
Tengo mi propia preferencia al respecto: el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por ser el ente al que, conforme a su ley orgánica, corresponde la responsabilidad de vincular al Estado con las organizaciones de la sociedad civil.
No es mi intención insistir en ello. Sólo deseo dejar constancia de que no me parece una buena solución el señalar que un servicio público funcionalmente descentralizado dependa directamente del Presidente de la República . Ello, a mi juicio, va a generar problemas.
Solicito el asentimiento de la Sala para que presida el Senador señor Díez.
--Pasa a dirigir la sesión, con el carácter de Presidente accidental , el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ (Presidente accidental).-
Señor Presidente , sólo deseo pedir que, una vez aprobado el informe, se oficie al Ejecutivo para esclarecer la situación que me plantearon trabajadores de la DIGEDER y de los Consejos Locales de Deportes en el sentido de que, si bien seguirán laborando, no habría respeto pleno a las leyes del trabajo en cuanto al pago de sus indemnizaciones por cambio de empleador.
Personalmente, no tengo clara la forma como se hallan estructuradas las disposiciones respectivas. Lo que sí veo es que el artículo 5º transitorio del proyecto señala: "El cambio de empleador no significará término de la relación laboral para ningún efecto legal, ni dará derecho a pago inmediato de beneficio alguno, incluidas las indemnizaciones por años de servicios que pudieren corresponder. Estos pagos se entenderán postergados hasta el cese de los servicios en el Instituto por causa que otorgue derecho a percibirlos.".
Es posible que el Ejecutivo formule vetos sobre algunas de las materias del proyecto. Por lo tanto, mi propósito al intervenir respecto de ese punto específico es disponer de antecedentes para esclarecer la situación planteada por los referidos trabajadores en cuanto a su paso al Instituto Nacional de Deportes.
El señor DÍEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar .
Señor Presidente, deseo recordar que esa parte del proyecto no fue materia de la Comisión Mixta. Es decir, no hubo diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el particular. Y existe un texto que ya está aprobado.
Puede continuar el Honorable señor Bitar.
Señor Presidente, agradezco la observación del Senador señor Adolfo Zaldívar . Sin embargo, yo planteo que, habiendo la factibilidad de que el Ejecutivo envíe un veto y siendo éste un tema que pudiera desembocar en distintas interpretaciones, resulta conveniente esclarecer el punto.
Por eso, pido que se oficie al Ejecutivo, para que se analice la materia y, con los fundamentos del caso, se determine si es necesario introducir un cambio a través del veto.
Señor Presidente, en la Comisión Mixta se analizaron los aspectos de que dio cuenta el señor Presidente de la Comisión de Defensa del Senado , quien presidió aquélla, reafirmándose la línea básica del proyecto en debate, el que es trascendental para el país y al cual nuestra Corporación destinó muchas horas de trabajo.
Es del caso precisar que la demora en el despacho de la iniciativa no es imputable a la Cámara Alta, que la tramitó en plazos muy breves, sino a las indicaciones del Ejecutivo derivadas del hecho de que no contaba con los recursos indispensables para el financiamiento.
El Senado -reitero- tramitó muy rápidamente el proyecto, en numerosas sesiones. Y para ello contó con el apoyo de funcionarios de Gobierno que proporcionaron toda la información requerida.
Por otra parte, a través de fondos regionales se procura la mayor descentralización posible del sistema, con lo cual se otorga más independencia a las Regiones en el uso de los recursos que dispondrá el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Esto es muy importante, pues cambia completamente la situación actual, pasando de un organismo nacional centralizado a uno por cada Región, con autonomía suficiente para decidir sobre sus inversiones.
Por otra parte, se señaló que el 25 por ciento del Fondo Nacional podría destinarse no para incrementar las cuotas regionales, sino para concretar proyectos de tipo general. Ello no se contradice -como lo informó muy bien el señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional- con la regionalización, porque ese porcentaje puede ocuparse perfectamente en proyectos regionales. Es decir, no debe entenderse que estos proyectos deban materializarse exclusiva o necesariamente en Santiago. La idea es que, cuando una Región necesite recursos, por ejemplo, para construir determinada instalación deportiva de gran envergadura, pueda recurrir, si la cuota regional es insuficiente, a este 25 por ciento. De manera que consideramos positivo que se disponga de un monto para favorecer el desarrollo deportivo regional.
En relación a este tema, en la Comisión no fueron motivo de discusión las donaciones, por considerarse que constituyen uno de los instrumentos más importantes para aumentar los recursos. Para tal efecto, se permite que particulares hagan donaciones con cargo a impuestos, lo cual será muy importante en este ámbito, por cuanto sabemos que los recursos del Estado atraviesan por una situación difícil y no es posible aumentarlos sustancialmente, por lo menos en los próximos años. En cambio, por la vía de las donaciones se pueden recibir mayores ingresos destinados al crecimiento del deporte.
Por otra parte, lo relativo a la dependencia fue una de las materias más latamente discutida, aun cuando no es sustantiva, sino meramente adjetiva, formal. La Comisión siempre estimó que el Instituto Nacional de Deportes de Chile no podía quedar subordinado al Ministerio del Interior, porque entonces carecería de autonomía, pasando a depender del Subsecretario del Interior y, a su vez, del Ministro , personero este último que tiene otros intereses y modos de enfocar el tema. Por ese motivo, no estábamos de acuerdo con esa dependencia, sugerida originalmente por el Ejecutivo. Y nuestra posición no obedecía -como se ha mencionado- al carácter político de esa Cartera, ya que todas poseen ese calidad, sino porque a ese Ministerio corresponden otros objetivos y preocupaciones. En consecuencia, el Instituto se convertiría en una dependencia más del Ministerio del Interior, y sus autoridades pasarían haciendo antesala en espera de alguna oportunidad de que su titular las atendiera. Por eso, se estableció que el Instituto Nacional de Deportes de Chile estuviera sujeto a la dependencia directa del Presidente de la República para lograr la máxima autonomía. Ahora bien, si para efectos administrativos -de dictación de decretos y reglamentos- es necesario que dependa de un Ministerio, consideramos que el más adecuado sería el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del cual el Presidente de la República podrá dictar decretos y reglamentos.
Señor Presidente , en cuanto a la observación del Senador señor Boeninger , a la cual alude el Honorable señor Fernández , debo expresar mi preocupación por los términos en que el proyecto plantea esta materia. Su artículo 10 establece "la supervigilancia directa del Presidente de la República ". Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a la que dicho Instituto debe necesariamente sujetarse como entidad descentralizada, señala explícitamente que "Los servicios descentralizados estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo", norma que el proyecto ha omitido, optándose por una dependencia, vinculación o supervigilancia directa del Presidente de la República .
Deseo recordar que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado fue dictada en virtud del artículo 38 de la Constitución Política que establece que "Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública,". Sin embargo, reitero que en este proyecto se ha omitido explícitamente una disposición de la citada Ley Orgánica Constitucional.
Por eso, estoy seriamente preocupado. Desconozco si la iniciativa pasará a la consideración del Tribunal Constitucional; pero mucho temo que, de ser así, merecerá objeción de dicho Tribunal.
Pienso que necesariamente debe dictarse una ley complementaria que subsane esa omisión, porque el criterio seguido en el artículo 10 es manifiestamente contrario a lo dispuesto en la Carta Fundamental y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Señor Presidente , el Honorable señor Silva tiene toda la razón.
En realidad, resulta ser una omisión, pero ella obedece a que en el proyecto del Ejecutivo se consideraba al del Interior como el Ministerio a través del cual el Instituto Nacional de Deportes se relaciona, opinión que no fue compartida por la Comisión, cuya mayoría sostuvo que debía ser el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pero, en virtud de que los Parlamentarios carecen de iniciativa para introducir esta modificación y de que también no deseaban establecer la supervigilancia del Ministerio del Interior, se ha producido esta situación. De manera que lo manifestado por el Honorable señor Silva resulta absolutamente cierto.
A nuestro entender, este problema debe ser corregido por la vía del veto. El Presidente de la República conoce la opinión adversa de los Senadores a que el Instituto Nacional de Deportes de Chile dependa del Ministerio del Interior. Ello tendrá que considerarse en el veto, a fin de que se apruebe la norma que se proponga. Pero desconozco si se optará o no por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia o por otra Cartera.
Hemos llegado a este punto como consecuencia de la falta de iniciativa de los Parlamentarios en esta materia y por su negativa a la dependencia del Ministerio del Interior. De este criterio participan los Senadores de todos los partidos. No se trata de un problema político, porque entendemos que los Ministerios son todos políticos. Es tan político el de la Secretaría General de la Presidencia como el del Interior.
Esperamos que el Ejecutivo corrija este problema a través del veto ya ha anunciado.
Señor Presidente , me gustaría dar una pequeña respuesta al Honorable señor Silva .
Efectivamente, lo planteado por Su Señoría tiene mucha base, pero quiero recordar que el inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que "La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente de la República .".
Me parece que ésa es una fórmula para solucionar este asunto, aun cuando comparto plenamente lo planteado por el Senador señor Fernández .
La misma tramitación del proyecto nos muestra por qué se ha llegado a la situación en que nos encontramos, más aún cuando en la Cámara de Diputados no se obtuvieron los votos necesarios para definir. La única forma de obviar el asunto consistía en aprobar el criterio del Senado.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Fernández.
Señor Presidente , independientemente de estas observaciones -esperamos que el veto las solucione-, estamos en presencia de uno de los proyectos más trascendentales para el desarrollo del país y que contribuirá en forma muy poderosa al crecimiento de una actividad tan importante, especialmente para nuestra juventud. Y no apunta a la elite deportiva, sino a todos los que desarrollan actividades físicas de entretención, cualquiera que sea su capacidad. Como digo, estamos frente a un proyecto que estimulará el desarrollo de los jóvenes, alejándolos del alcoholismo, la drogadicción, etcétera, pues el deporte es un instrumento que fomenta virtudes que apartan de tales vicios.
Por otra parte, en lo que respecta a los discapacitados y los fondos destinados a ellos, hay que tener presente que la Comisión ha considerado esa posibilidad, pero con el cuidado necesario para impedir que no se desvíen para suplir deficiencias de otros Ministerios. Muchas veces hemos visto que cuando se destinan recursos a cierta actividad, el Ministerio sectorial considera satisfecha esa obligación y, como siempre hay necesidades muy apremiantes, no le proporciona fondos de su propio presupuesto. En consecuencia, los recursos para estos discapacitados deben entregarse sin perjuicio de los que proporciona el sector correspondiente. Es lo mismo que sucede con la drogadicción: pueden elaborarse programas para combatir la drogadicción, sin que ello vaya en desmedro de los que corresponde llevar a cabo el Ministerio de Salud.
Señor Presidente , al igual que los Honorables señores Boeninger y Silva , sostengo que estrictamente este proyecto no se aviene con las normas institucionales en materia de Administración del Estado. Esa es la verdad: favorecer una posición distinta es simplemente echarse a la espalda las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. No es posible que existan servicios que dependan directamente del Presidente de la República . En todas las materias analizadas en la Comisión de Gobierno referidas a la creación de otros servicios y Ministerios, se ha tenido siempre presente esta norma. Por lo demás, una adecuada disposición referente a administración, ya sea del Estado, de empresas, de lo que fuere, es evidentemente más efectiva en la medida en que el Presidente de la República tenga menos áreas bajo su directa dependencia.
En este caso no solamente se está incorporando una nueva área, sino también un organismo jerárquicamente distinto del Ministro . Es una mezcla extraña, como ya la norma leída por el Honorable señor Silva lo dejó claramente establecido. No lo permite.
La verdad es que no había leído con detención el texto del proyecto. Yo habría solicitado la inaplicabilidad de la norma aprobada por estimar que no corresponde poner en práctica el procedimiento propuesto. Se dice que el Presidente de la República , a través del veto, deberá resolver el problema, pero, ojo, nosotros estamos aprobando algo que no corresponde. Y estamos pidiendo al Jefe del Estado que, por favor, resuelva el problema, conscientes de que el precepto está mal aprobado. Con todo el respeto que me merecen los señores Senadores que lo hicieron, debo decir que me produce una gran inquietud porque vamos avanzando en una serie de hechos que provocarán problemas en una Administración prudente que el Estado debe tener bien organizada.
Señor Presidente , insisto en algo que planteé cuando el Senador señor Silva formuló un alcance a la intervención del Honorable señor Fernández . Debo recordar que la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, resuelve la situación que a juicio del Senador señor Ríos existiría, al disponer en el inciso final del artículo 25 que "La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos"-que es el caso-" bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente del Presidente de la República ". Puede que no sea lo más conveniente o mejor, pero esto es legal y constitucional y, en consecuencia, los Senadores que participamos en la Comisión Mixta no actuamos al margen de la institucionalidad y la legalidad vigentes. Muy por el contrario, hemos procedido con bastante prudencia ante una situación de hecho que se produjo por una diferencia con la Cámara de Diputados y respecto de la cual el Ejecutivo ha anunciado el envío de un veto que fije un criterio más acorde con lo que planteaba el Senador señor Ríos, pero no por eso puede sostenerse que esto no es legal.
Señor Presidente , es efectivo lo que establece el artículo leído por el Honorable señor Zaldívar , pero aquí ocurre algo parecido a lo que sucede con los proyectos referentes a temas en que están en juego recursos del Estado. En definitiva, la Comisión de Hacienda es la que resuelve al respecto. Y la Comisión de Gobierno -de la cual formé parte durante ocho años-, en todas las normas modificatorias de la Administración del Estado que llegaron a su poder, sostuvo una interpretación distinta de la dependencia directa del Presidente de la República , y que nos ha recordado el Honorable señor Zaldívar en esta oportunidad. Por ese motivo, a pesar de que hubo muchísimas otras proposiciones -que finalmente recayeron en el Ministerio de Planificación, que es la Cartera encargada de diversos organismos que nada tienen que ver entre sí, como los relativos al desarrollo indígena y los que se ocupan de la juventud y de la mujer-, en definitiva primó en la Comisión técnica, que es la de Gobierno, la idea de que efectivamente esta interpretación contenía distintos elementos, dignos de debate, pero que la expresión final y el sentido que tuvo el legislador es la de que del Presidente de la República dependan básicamente los Ministerios.
Asimismo, me causa gran preocupación un conjunto de disposiciones. De partida, lo establecido en el artículo 49 del proyecto. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades cuenta, entre sus responsabilidades privativas, la de disponer la acción de todas aquellas normas referentes a planos reguladores y materias similares. No existe otro organismo en Chile con facultades para modificar un plano regulador, lo cual compete a las municipalidades, gobiernos regionales y al Ministerio de la Vivienda. Por tal motivo, el que se establezcan en el artículo 49 preceptos que modifican lo actuado por las municipalidades, desde mi punto de vista, transgrede el sentido de esa Ley Orgánica, que les otorga autonomía en muchos aspectos, uno de los cuales se está entregando ahora por medio del artículo mencionado, que dice lo siguiente: "El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, al planificar y programar, en terrenos fiscales o propios, según corresponda, la construcción de núcleos habitacionales o al efectuar expropiaciones en conformidad a sus atribuciones legales, deberán reservar, atendida la densidad de la población, un porcentaje del área destinada a construcciones habitacionales, para recintos deportivos y recreativos".
Se trata de una disposición que está obligando al Ministerio de la Vivienda, sin tener en cuenta las normas sobre planos reguladores que se hayan establecido para esa área. Por ello, dejo expresa constancia de insconstitucionalidad respecto del artículo 49.
Más adelante, en el último inciso de ese mismo artículo, se dice que "Todos los recintos, sitios o terrenos en que actualmente se practica deporte, sean de propiedad fiscal o municipal, mantendrán preferentemente tal destino, quedando, en consecuencia, prohibido su uso para otra actividad o destino diferente, salvo circunstancias excepcionales, determinadas por el consejo regional o el concejo municipal, según corresponda en cada caso".
¿Qué es lo que corresponde en cada caso? Si aquí no existe ningún otro caso que no sea la resolución del concejo comunal. ¡Cómo va a estar resolviendo un Consejo Regional de Deporte la distribución predial en las comunas en las cuales está radicado dicho Consejo! Eso también es clara y abiertamente inconstitucional. No corresponde que se establezca en esta norma legal porque produce todos los problemas que estoy comentando. El propio artículo 81 del proyecto modifica el artículo 70 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referente a equipamiento y áreas verdes. Este artículo 70 fue modificado recientemente por la Comisión de Vivienda del Senado y aborda estos mismos aspectos. No tengo a la vista cuál fue la modificación. Pero la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el organismo técnico que, en definitiva, regula u orienta legislativamente los problemas propios de urbanismo, modificó esta norma legal después de un debate bastante extenso. Y hoy día vemos que las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados cambian esto sin considerar la opinión de la Comisión de Vivienda en una modificación del propio artículo 70, realizada hace poco tiempo.
Señor Presidente -tal como lo señaló el Senador señor Horvath -, éste es un proyecto absolutamente centralista. Y tanto es así que, incluso, una de las obligaciones del Director Regional es plantear al Director Nacional las políticas y metas a nivel regional. ¡Pero en qué estamos! ¡Para qué existe, entonces, el Director Regional ! Una de sus responsabilidades, establecida en el artículo 22, letra a), del proyecto, es proponer al Director Nacional del Instituto las políticas y metas a nivel regional. ¿Y qué tienen que ver el Consejo Regional, el Gobierno regional, las comunas? ¡Absolutamente nada! Todo está entregado a una autoridad nacional que, en definitiva, resuelve las políticas y metas del nivel regional.
Señor Presidente , creo que éste es un mal proyecto -lo digo con todo respeto-, porque las virtudes que tiene ya se encuentran autorizadas en la actualidad con la ley que se halla en manos de la DIGEDER y porque algunas de las disposiciones que señalé son claramente inconstitucionales y, a su vez, modifican sustancialmente la Administración del Estado.
Por tales circunstancias, anuncio mi voto negativo a esta iniciativa.
Señor Presidente, quisiera resumir mi opinión respecto de esta iniciativa con las siguientes afirmaciones.
En primer lugar, éste es un proyecto largamente debatido en el Parlamento chileno, y que ha llevado, incluso, casi a desfigurar el rol que juega este Poder del Estado dado que en muchos lugares, para tratar de caricaturizar el trabajo que se realiza tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se señaló que existía incapacidad para llegar a un acuerdo que permitiera su aprobación.
Creo que el hecho de que demos este paso es positivo; que, no obstante los argumentos que hemos escuchado en esta Sala, obviamente la comunidad chilena tiene la posibilidad de contar con una nueva normativa para estimular el deporte, actividad tan cercana a la estructura mínima del tejido social chileno.
En segundo lugar, hay que dejar establecido que la creación de esta entidad en la peculiar forma -y quiero hacer mía esta expresión- de quedar bajo la dependencia directa del Presidente de la República , no excluye en modo alguno -y es lo que deseo dejar consignado en la Versión Taquigráfica- que la fiscalización de este organismo esté sometida a la norma de la Contraloría General de la República. Por tanto, no se está creando aquí un ente autónomo, distinto, con capacidad de operación o de gestión de recursos públicos que queden fuera de la necesaria fiscalización.
En tercer lugar, hago míos los argumentos dados por varios señores Senadores (los Honorables señores Silva , Boeninger , Fernández ) en el sentido de que el veto del Ejecutivo debe resolver el problema efectivo de la dependencia. Porque, dentro de nuestra tradición, e incluso adoptando los mecanismos más modernos de la Administración, no existen órganos financiados por el Estado que se encuentren sólo sometidos al Presidente de la República . Únicamente podría ocurrir eso en estados de excepción constitucional, situación de guerra o de normas en las cuales obviamente el involucramiento personal del Primer Mandatario garantice el funcionamiento de ese tipo de entidades.
Por lo tanto, espero que en el veto del Ejecutivo -y eso es lo que quiero dejar consignado- se acojan los comentarios que hemos formulado aquí, y quede resuelto el correlacionamiento del Presidente de la República con un Ministerio que éste podrá escoger.
Finalmente, quiero manifestar que esta iniciativa ha sido largamente esperada por los sectores más modestos del país. Aquí se ha producido una confusión muy grande.
Con la venia de la Mesa, por supuesto.
Señor Presidente , sólo deseo decir que concuerdo plenamente con la interpretación hecha por el Senador señor Moreno . Tanto es así que la disposición mencionada por el Honorable señor Adolfo Zaldívar efectivamente existe. Pero reconoce explícitamente que se aplica en casos excepcionales.
Posiblemente, en la Comisión el señor Senador entendió que éste era un caso excepcional. Sin embargo, conforme a las argumentaciones que Su Señoría ha esgrimido -y que yo comparto-, en verdad no lo es.
La solución, como bien señala el señor Senador, es el veto.
Recupera la palabra el Senador señor Moreno.
Señor Presidente , obviamente hago mías las observaciones de Su Señoría.
Entendí que el Honorable señor Adolfo Zaldívar estaba despejando la posible inconstitucionalidad o ilegalidad de una proposición que, siendo votada por la Comisión Mixta, podría estar violando las bases mismas de la Constitución. Por lo tanto, ese párrafo permite aclarar el argumento, pero no resuelve el problema de fondo, planteado aquí por el mismo Senador señor Adolfo Zaldívar , entre otros.
Retomo la última parte de mi intervención para decir que a raíz de esta larga tramitación se ha creado la imagen de que el proyecto, en el fondo, facilitaría o generaría mecanismos de incentivo para deportes de elevado costo, de alta especialización y rendimiento, o para preparar futuros campeones mundiales en cualquier actividad. Eso es así. La iniciativa no lo excluye.
Pero debo rescatar -porque así lo hemos observado muchos de los Senadores aquí presentes- que existe una expectativa verdadera y muy profunda de parte de los clubes y asociaciones deportivas, muchos de los cuales, incluso, están buscando obtener la personalidad jurídica con el objeto de percibir los recursos que la ley pueda generar con el objeto de estimular el desarrollo en los sectores poblacionales y, en particular, rurales, donde el ejercicio del deporte muchas veces es un esfuerzo de gran magnitud. Al respecto, destaco los apoyos recibidos -y que hay que otorgar- por la Asociación Nacional de Fútbol Rural (ANFUR) y otras organizaciones similares, que se verán beneficiadas directamente con la aprobación del proyecto.
En virtud de tales consideraciones, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, y espero que se oficie al Ejecutivo para que envíe el veto que resolverá el punto de controversia planteado por varios señores Senadores.
El Comité Demócrata Cristiano ha hecho llegar a la Mesa una solicitud de aplazamiento de la votación.
Señor Presidente, en vista de que se ha incorporado a la Sala un número importante de Senadores, lo que permite contar con quórum suficiente para aprobar el informe y despachar el proyecto de ley del deporte, retiro la propuesta de aplazamiento de la votación.
Si le parece a la Sala, quedará retirada la solicitud de aplazamiento de la votación.
--Se aprueba (34 votos por la afirmativa y uno por la negativa).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Prat, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Ríos.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1803-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999.
Constitución, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
Hacienda, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
Constitución (segundo), sesión 3ª, en 13 de junio de 2000.
Sesiones 34ª, en 9 de mayo de 2000 (se aprueba en general);4ª, en 14 de junio de 2000 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas Corporaciones se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados de algunas enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta formula diversas proposiciones destinadas a resolver tales divergencias, las que están contenidas en su informe.
La Secretaría elaboró un boletín comparado dividido en cuatro columnas: en la primera figura la legislación vigente; en la segunda, el texto aprobado por la Cámara de Diputados; en la tercera, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de la Cámara, y en la última, la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó el informe.
--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Solicito el acuerdo de la Sala para dejar pendiente hasta la sesión del martes próximo el proyecto que figura en el quinto lugar del Orden del Día, referente a la obtención de licencias de conducir.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea un sistema de certificación de calidad para las frutas y hortalizas frescas de exportación.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1348-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 30a., en 6 de septiembre de 1994.
En tercer trámite, sesión 51ª, en 16 de abril de 1996.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 3ª, en 9 de octubre de 1996.
Economía y Agricultura, unidas, sesión 28a, en 22 de agosto de 1995.
Economía y Agricultura, unidas (segundo), sesión 36a, en 13 de septiembre de 1995.
Economía y Agricultura, unidas (tercer trámite), sesión 1ª, en 1 de octubre de 1996.
Mixta, sesión 17ª, en 16 de agosto de 2000.
Sesiones 30a, en 23 de agosto de 1995 (se aprueba en general); 37ª, en 14 de septiembre de 1995 (se despacha en particular); 3ª, en 9 de octubre de 1996 (se rechaza y pasa a C. Mixta).
La Comisión Mixta, luego de reseñar en su informe las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Novoa, Prat y Zurita, y Diputados señores Álvarez Salamanca, Melero y Naranjo, propone el archivo de la iniciativa.
--Se acuerda el archivo del proyecto.
En seguida, corresponde pronunciarse respecto del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el artículo 73 del Código de Minería.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2294-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 17 de mayo de 2000.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 8ª, en 5 de julio de 2000.
Minería, sesión 5ª, en 20 de junio de 2000.
Sesión 6ª, en 21 de junio de 2000 (se aprueba en general y particular).
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de algunas enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta consigna en su informe la propuesta destinada a resolver las divergencias producidas entre ambas Corporaciones, consistente en aprobar el mismo texto acogido por el Senado en el segundo trámite constitucional.
La Secretaría elaboró un boletín comparado de tres columnas: en la primera figura el texto vigente del Código de Minería; en la segunda, el aprobado por la Cámara de Diputados, y en la tercera, el del Senado, que acogió la Comisión Mixta.
La Cámara ya aprobó el informe.
El Orden del Día termina en tres minutos más. Correspondería ocuparse en un proyecto iniciado en moción del Senador señor Adolfo Zaldívar, el cual solicito dejarlo para la próxima sesión.
Podríamos despacharlo de inmediato.
Salvo que la Sala, por unanimidad, decidiera tratarlo ahora.
--El proyecto queda para ser incluido en la tabla de la siguiente sesión.
A los señores Ministros del Interior y de Hacienda , y al señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia , respecto de RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE AISÉN (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , referente a INCLUSIÓN DE TITULADOS EN CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN DECRETO Nº 251.
Al señor Intendente de la Undécima Región de Aisén , acerca de MEDIDAS PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE PERROS VAGOS EN COYHAIQUE (UNDÉCIMA REGIÓN).
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores y al señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre INCORPORACIÓN DE TAIWÁN A NACIONES UNIDAS.
A la señora Ministra de Salud , tocante a CLASIFICACIÓN DE HOSPITAL DE LINARES EN NIVEL 1 y DIVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE SÉPTIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , en relación a PRÓRROGA DE COBRO Y CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS POR DIVIDENDOS HABITACIONALES ADEUDADOS.
Al señor Director Nacional del INDAP , acerca de MANTENCIÓN DE PROYECTO "PRODESAL" EN CAUQUENES (SÉPTIMA REGIÓN).
Solicito el acuerdo de la Sala para que siga presidiendo la sesión el Honorable señor Horvath.
-Pasa a presidir el Senador señor Horvath, en calidad de Presidente accidental.
Señor Presidente , la reciente visita a Chile del Presidente electo de México , señor Vicente Fox , y un artículo que sobre su elección escribió el sólido líder socialdemócrata europeo, señor Alain Touraine , me mueven a formular algunos comentarios atinentes a lo que enfrentamos los latinoamericanos, no sólo los mexicanos.
Comienzo por señalar que Fox y Touraine me hicieron pensar, una vez más, en algo que nos está haciendo falta desde hace mucho tiempo: reconocer nuestra identidad.
En general, concuerdo con los juicios de Touraine; pero me es imposible dejar de sentir que a él lo rodea un aire de primer mundo. Y es ahí donde comienzan las diferencias o, mejor dicho, el distanciamiento. Mirar a América Latina como lo hace Touraine, como un todo con escasos matices, es caer en el simplismo. No somos tan iguales ni tan diferentes. Hoy, el sentido latinoamericanista está regido por el objetivo económico. Es lo que identifica al poder más que nunca. Si a él le cuesta pensar América Latina sin México , a mí también. Pero no puedo dejar de considerar que en un momento México miró preferentemente a Estados Unidos y no por eso dejó de tener sus raíces acá.
¿Es adecuado pensar a nuestro continente como una unidad casi esotérica, y de todas maneras ahistórica, en las actuales circunstancias? ¿Tiene algún sentido? Claro, para Europa lo tiene. Somos un peón que necesita en su lucha con Estados Unidos y Japón por un mejor posicionamiento global. Pero a los latinoamericanos, ¿qué nos debe interesar?
Sólo desde nuestra óptica, me parece congruente que intentemos cerrar filas con Estados Unidos, pero haciendo que éste pague el costo correspondiente. Lo que planteo es distinto de lo que están realizando algunos líderes socialdemócratas que, por obra del fin de la Guerra Fría y la gracia de la globalización, creen que Estados Unidos cambió. Se olvidaron del daño que hicieron a nuestros países sus empresas expoliadoras y sus políticas imperiales. No puedo olvidar el caso de la uva envenenada.
Pero se cree que todo eso ya acabó y que hoy el Vecino del Norte es un buen vecino, que nos mira con simpatía y, sobre todo, con respeto, con sentido igualitario y justo. No tengo que decir que están equivocados. ¡Si hasta los socialdemócratas buscan terceras vías con Clinton! Curioso, por decir lo menos.
Decididamente no estoy de acuerdo con Touraine respecto de que Jorge Castañeda ¿el eminente escritor mexicano- tuvo razón al mirar con simpatía la candidatura de Fox. Una cosa es el fin del período del PRI. Sobre eso se han escrito toneladas de ensayos, análisis, y me imagino que la mente creativa de algún dramaturgo estará armando un drama. Es el término de una etapa, con todas las fallas que pueda haber tenido, pero otra cosa es la perspectiva política. No me basta la explicación de Castañeda ¿como le basta a Touraine- en el sentido de que como los izquierdistas practican políticas de centroderecha, es posible que derechistas lleven adelante políticas de centroizquierda. A mi juicio, es aplicar el mismo criterio que estamos llevando adelante con los estadounidenses: si quienes tenían más inclinaciones sociales fracasaron, los que privilegiaban la libertad individual tenían razón.
No entiendo a Castañeda. Y no lo entiendo, porque en política uno debe mirar con algo más que la perspectiva entregada por los sentimientos o las emociones. No ocultarlas, en aras del pragmatismo, pero darles un justo sentido. La Derecha no dejará de ser tal, porque la Izquierda haya olvidado sus compromisos que le daban sentido.
Touraine sostiene que en México se ha abierto un gran espacio para el debate público. Tiene razón. Y es posible que también la tenga respecto de que el volumen de la discusión sea mayor que en otros países. Pero eso tiene que ver con el momento político por el cual atraviesan los mexicanos. Y lo acompaña la fuerza de la novedad. Pero lo que no dice Touraine es que un debate público puede no tener mucho sentido si quienes participan en él no se dan cuenta del contenido político que éste posee. Normalmente, lo que ocurre en tales casos es que el populismo aflora. Y en esa materia, los latinoamericanos contamos con algunos botones que mostrar, de derecha y de izquierda.
La verdad es que la elección mexicana da como para mirarnos a nosotros mismos descarnadamente. Touraine parangona a Fujimori con Chávez. Hasta el momento, la comparación me parece injusta para Chávez. Por lo menos, aún no se puede acusar a este último de haber atropellado la democracia. Los venezolanos le han dado su apoyo cada vez que él se los ha pedido. No podemos ser pitonizos y saber qué ocurrirá cuando tal realidad cambie. Pero hasta ahora, en términos exclusivamente de democracia formal, Chávez sale sin fallas, mientras Fujimori ha pisoteado todas las estructuras.
Y aquí caemos en dos temas insoslayables. La democracia no estaría dando respuestas adecuadas a los pueblos. ¿Quién estaría fallando? La democracia no puede ser, porque en su definición está que se trata de un sistema que puede ser imperfecto, pero es esencialmente perfectible. Teóricamente, los propios ciudadanos deberían estar en condiciones de cambiar el sistema cuando estimaran conveniente. Sin embargo, para ello carecen de mecanismos de participación adecuados.
¿Qué sucede en la realidad? En la actualidad, más que privilegiar un sistema de convivencia ciudadano, se está reforzando un esquema que elimine cualquier escollo que pueda dificultar el comercio. Eso, por un lado, y por otro, se busca el desarrollo económico, poniendo la mira en la macroeconomía y abriendo las compuertas a la iniciativa privada. Esto último lleva consigo el empequeñecimiento del Estado, lo cual significa, ni más ni menos, que va desapareciendo la herramienta que se utilizaba para intentar equilibrios en el reparto de la riqueza y las oportunidades que ésta trae consigo.
Vamos por parte. ¿Privilegia a la democracia esa nueva práctica? ¿El desarrollo económico trae aparejada mayor democracia? Todo parece indicar que las respuestas para ambas preguntas serían negativas. Si enfrento a un tecnócrata con tales inquietudes, su reacción inmediata será descalificarme, porque estoy confundiendo política con economía. Y agregará que sus respuestas son económicas, técnicas -abundará-, no políticas. Básicamente, tendrá razón. Pero quienes están confundiendo las cosas no somos los simples ciudadanos que miramos con preocupación lo que ocurre. Las están confundiendo nuestros dirigentes.
El problema del agotamiento político que Touraine ve en algunos países de América no nos es exclusivo. Él no puede sostener con seriedad que las cosas son muy diferentes en Europa. El desapego de la juventud por la cuestión política en su concepción tradicional, también se da en el primer mundo. Los jóvenes españoles o los de los Países Bajos que ocupan casas deshabitadas y allí establecen su quehacer extrasistémico son una manifestación clara. Nadie podría decir que no es política. Pero tampoco nadie podría sostener que son acciones que comparten -o que siquiera comprenden- los partidos políticos tradicionales.
Algo similar a lo que ocurre con la política sucede en materia sindical, cuestión que trae consecuencias mucho más cercanas y rápidas, ya que la desunión hace que el poder patronal crezca de manera exponencial.
Y aquí caigo en el segundo punto. Tal como el primero es la situación de la democracia, el segundo es lo que ocurre con los partidos políticos. Todos ellos, tanto de Izquierda como de Derecha, estarían quedando descolocados. Me centro en los de Izquierda, pues me interesan más para realizar este análisis. En dichas colectividades la sorpresa ha sido tal que todavía no se reponen y dan pocas muestras de buscar soluciones creativas. Lo que se ha visto hasta ahora ha sido la propuesta de la tercera vía. No se puede decir que con ello los socialdemócratas hayamos sacado un gran conejo de la chistera. Para Blair, es posible que sea un logro. Él y sus colegas italiano y alemán se encuentran en condiciones de entenderse de igual a igual -o ellos pretenden creerlo así- con Clinton. Sin embargo, para nosotros, es algo fuera de lugar.
Igual como ocurre con una buena parte de las cosas que se descubren en el primer mundo. No porque ellos estén equivocados, sino porque no corresponden a nuestra realidad, sino a la de ellos. Recién la Organización de las Naciones Unidas nos está dando la razón a quienes sosteníamos que INTERNET, más que cerrar la brecha entre ricos y pobres, la ensanchaba. Hasta el momento hay doscientos millones de "internetizados", y 95 por ciento de ellos viven en países ricos. Una nueva demostración de concentración en materia de información y de conocimiento. No olvidemos que en el mundo habitan seis mil millones de seres humanos.
Está claro que la globalización tiene a lo menos dos sentidos fundamentales: uno, es aquel que le dieron quienes la impulsaron a fin de ensanchar el mercado para dar cabida a los productos surgidos del avance tecnológico que se hacía inminente; otro, los que somos sólo mercado. Los primeros son los globalizadores; nosotros, los globalizados. Si se quiere, podemos utilizar categorías que parecen sobrepasadas, aun cuando pienso modestamente que seguirían existiendo. Unos son los explotadores; los otros, los explotados.
Y esa misma mirada debemos darle a los organismos financieros internacionales. No está claro que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial estén allí para resolver los problemas de desequilibrio en las naciones reconocidamente desequilibradas, que generalmente son las pobres, aunque hay otras, como Estados Unidos de Norteamérica, donde el desequilibrio fiscal no es pecaminoso. Existen para apoyar las políticas de los países ricos, lo cual significa que, mientras nuestros objetivos no coincidan -y está claro que no coinciden-, su beneficio será nuestro perjuicio en el mediano o en el largo plazo.
Al parecer, esto no lo ven nuestros partidos; o si lo hacen, no se consideran con la fuerza suficiente para dar la batalla y rescatar algunas de las herramientas que usamos en el pasado y que surtieron efecto mientras fuimos capaces de estructurar una alternativa real.
Aquí, directamente, hay incapacidad para adecuarse a los cambios; incapacidad para mirar la realidad con ojos de hoy, sin dejar que la nostalgia, como gruesas pestañas, nos nuble la mirada, ni el resplandor oropelado de la modernidad nos lleve deslumbrados por el camino errado de considerar que nuevamente tenemos que partir de cero.
Nuestros dirigentes están preocupados de alcanzar cuotas de poder, siendo buenos tecnócratas. Eso no nos sirve, y no lo dice Touraine, seguramente no por no saberlo o no intuirlo, simplemente porque él está allá y nosotros acá. Lo más a que pueden aspirar los nuestros es a desarrollar una gestión similar a la que podrían hacer los dirigentes de los partidos de Derecha. En otros términos, aun si se hace lo mejor posible, estaríamos cumpliendo sus objetivos y, lo que es peor, en beneficio de su clientela y no de nuestros representados, que son los humildes, la mayoría del país. Tampoco estamos haciendo un servicio a la democracia. La gente, en el mundo entero, da muestras de hastío frente a este sistema que resuelve poco.
Creo que Touraine es algo complaciente con la Social Democracia. Lo que ocurre en Perú y en Venezuela no es casual, ni es obra de imponderables. Allí hay responsabilidad nuestra, y muy grande. En América Latina tenemos obligaciones que no podemos eludir.
¿Por qué admirarse sólo de México? Tal vez, porque es el chivo expiatorio que eligieron los medios de comunicación. ¿O los chilenos podemos estar plenamente orgullosos de la democracia que hemos alcanzado? ¿O los ecuatorianos de la suya? ¿O Colombia, que mantiene a una Bogotá prácticamente sitiada? ¿O Brasil, que lo lleva a un no envidiable primer lugar del peor reparto de la riqueza en el continente? ¿O Paraguay? ¿O Guatemala?
La lista podríamos ampliarla si saltáramos el océano. ¿O los ingleses nos pueden dar lecciones de democracia, en el más amplio sentido de la palabra? ¿O los franceses están seguros de que el fascismo se ha batido en retirada? Para qué seguir con las interrogantes.
Vuelvo al comienzo. En mi opinión, es indispensable que hoy pensemos en soluciones propias, naturalmente dentro de nuestra concepción irrenunciable de genuinos demócratas; que nos esforcemos por encontrar respuestas que, afincadas en los valores que sustenta nuestra ideología, sean capaces de plantarse como alternativas reales.
Eso pasa por revisar lo que estamos entregando como mensajes fundamentales; pasa por revisar la mirada que estamos echando sobre el mundo. Para ello no se debe esperar a estar más o menos equivocados en nuestras apreciación respecto del populismo, o si desde la Derecha llegarán respuestas que nosotros tendríamos que haber dado.
Ha sido muy interesante su exposición, señor Senador. Todos los chilenos tenemos una gotita de radical.
En el tiempo correspondiente al Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
Señor Presidente , inspirado en las palabras del Senador señor Silva , quiero hacer algunos señalamientos respecto de la situación venezolana sobre la base tanto de mi propio exilio en aquel país como de una visita reciente que realicé a Caracas, invitado por la Corporación Andina de Fomento, que me permitió además intercambiar puntos de vista con los principales líderes del Gobierno y de la Oposición venezolana.
Sin duda, esa nación ha sido mirada con aprensión desde nuestro país en lo referente a las tendencias que pudieran aparecer, las cuales se vinculan a un cierto populismo y a determinada tensión respecto del mantenimiento del Estado de Derecho por parte de su actual gobernante, quien en su tradición fue inspirador de un intento de golpe de Estado en 1992 y, más tarde, elegido Presidente de la República con una votación bastante importante y alta.
Regresé desde allá con esa aprensión. La evaluación que hago hoy respecto de la situación venezolana y de la política chilena hacia Venezuela hacen que me incline a favor de que nuestro país mantenga una relación estrecha y fluida con esa nación hermana. Las dos principales razones de ello son, primero, de carácter político; y segundo, de tipo económico.
En el campo político, la situación a que derivó Venezuela a fines de la década de los noventa es consecuencia de un período largo, y no puede atribuirse a la elección de su actual Presidente , pues hubo un proceso de debilitamiento espectacular de los partidos políticos. Según mi propia experiencia, allá ha quedado demostrado cómo partidos con la raigambre de una Acción Democrática o de un COPEI -uno vinculado a la Socialdemocracia y el otro a la Democracia Cristiana- se pulverizaron por cúpulas cerradas, incapaces de abrirse a la expresión ciudadana. Y, luego, los factores de corrupción también inundaron la sociedad venezolana, lo que provocó un gran rechazo del pueblo y la búsqueda de una solución distinta.
Chávez, de alguna manera, es capaz de canalizar -con todos sus puntos a favor o en contra- un descontento amplio e integrar a sectores que han sido o fueron marginados y que cayeron en una situación económica desmedrada a lo largo de mucho tiempo.
Esto hace que uno tenga que medir, por tanto, las circunstancias de hoy y las condiciones iniciales de un Gobierno como el actual en lo relativo a los elementos previos que crearon un espacio para este tipo de campañas y un estilo político. Pero no me cabe duda de que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, Venezuela tiene fortalezas que son indudables, lo cual, a mi juicio, hace que su situación sea muy distinta a la peruana.
Aunque el Honorable señor Silva se refirió a este punto, quiero, sin embargo, mencionar algunos factores que me parecen del todo poderosos para establecer una fortaleza en favor del Estado de Derecho, a cuyo respecto tienen que contribuir también cada uno de los países latinoamericanos.
El primero es que en un plazo de dos años se han realizado cinco elecciones nacionales. Nadie cuestiona su validez o que se hubiera producido algún fraude. No se hace crítica. Ha habido aplastantes mayorías en cada uno de los actos eleccionarios.
El segundo se refiere a que en los últimos años la libertad de expresión ha crecido en ese país, lo que es reconocido por los propios opositores. También se observa una oposición muy débil. Naturalmente, en un Estado de Derecho es preferible que ésta se fortalezca.
Después de cuarenta años de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, sin duda, la cultura constituye un elemento de asentamiento importante en un Estado de Derecho.
A mi modo de ver, esos factores apuntan a la conveniencia de robustecer el Estado de Derecho como tarea común de los pueblos -por cierto, del venezolano en este caso- y a que los chilenos colaboren también para que toda América Latina se encamine en esa dirección.
Con respecto a la situación económica, se advierte un conjunto de objeciones o temores por falta de pragmatismo o por visiones que pudieran aparecer un poco antiguas. Sin embargo, la realidad de la economía global empuja en una sola dirección. No hay márgenes si uno quiere tener éxito. Por lo tanto, estoy seguro de que con pragmatismo, con una visión realista y con una colaboración estrecha en un mundo integrado, junto con la posibilidad de una convergencia entre el MERCOSUR y la comunidad andina, un intercambio de criterios puede servir para un trabajo común en la materia.
En el ámbito económico, hay un par de temas que, en mi opinión, deben explorarse y son de la mayor importancia para los intereses mutuos de Venezuela y de Chile. Uno se refiere a la posibilidad -y esto ha sido solicitado por ellos- de que colaboremos en materia de gestión vinculada a servicios como impuestos internos, aduanas u otros de eficiencia en la operación. Para las circunstancias en que ellos viven, eso puede ser un elemento de gran valor.
El otro aspecto tiene que ver con acuerdos económicos adicionales y con inversiones chilenas en Venezuela, las cuales hoy día se concentran en el sector forestal y en la banca, pudiendo extenderse a la química, aunque es posible que sean mucho más potentes en el campo de la petroquímica y del petróleo.
Por último, como conclusión de lo anterior, deseo manifestar que es un área de inquietud nuestra el que trabajemos en una relación más convergente, pensando que lo que ocurre en la democracia de un país latinoamericano es también muy sustantivo para la de otras naciones.
Nuestra propia experiencia demuestra cómo la democracia hay que cultivarla día a día y que nadie la tiene asegurada.
Dicho eso, no puedo dejar de mencionar, antes de concluir, un punto inquietante en las relaciones entre Chile y Venezuela, derivado de recientes declaraciones formuladas en Bolivia, hace pocas horas, por el Presidente venezolano .
Dicho Mandatario expresó una forma de respaldo a las demandas de ruptura de la mediterraneidad por parte de Bolivia, en un plano que, obviamente, escapa a todos los entendimientos políticos de América Latina e igualmente a las relaciones con Venezuela.
Debo señalar, aquí en el Senado, que nuestra voluntad ha sido buscar nuevas convergencias con los países vecinos, en la perspectiva del siglo XXI. Y yo mismo, en el último tiempo, he propuesto públicamente, como también a las autoridades de Gobierno, avanzar en un gran acuerdo trinacional de desarrollo fronterizo; poner sobre la mesa grandes proyectos, en una agenda común de los tres países: norte de Chile, sur del Perú y Bolivia, incluyendo también intereses estratégicos y de integración de Brasil y del noroeste argentino, en una vasta área del centro de América del Sur, de la cual nosotros tenemos mucho que ganar.
Eso abre un espacio para formas de acceso hacia el Pacífico y, al mismo tiempo, de conversación con Bolivia en una agenda moderna, mucho más enriquecedora.
Con respecto a los temas específicos de carácter limítrofe o de otra índole, nuestra posición ha sido siempre muy clara en cuanto a que en esto no hay materias pendientes de soberanía, pero sí disposición -y quien habla la ha manifestado- a que se puedan explorar fórmulas distintas, al estilo de las que Perú buscó con Ecuador para resolver su reciente conflicto, o de las que Perú mismo ha considerado hacia Bolivia, que implican fórmulas sin soberanía y con acceso mucho más expedito.
Esos asuntos son bilaterales. Y quiero hacer cuestión acá sobre el punto, porque también debo expresar que las relaciones chileno-venezolanas -que son promisorias y debemos seguir cultivando con hermandad- pasan por el respeto a lo que ha sido la línea de la política internacional chilena en la materia y el carácter bilateral de las relaciones específicas con Bolivia en asuntos de soberanía y, por cierto, multilateral en todo aquello que implique formas modernas de acceso al Pacífico, como asimismo, modalidades y proyectos nuevos de integración económica.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , deseo complementar los antecedentes, que entregué en forma sucinta ayer, relativos a la política forestal en Chile y, en particular, a las declaraciones formuladas por el Director Ejecutivo de la CONAF , señor Carlos Weber , a la revista especializada "Lignum" de junio del presente año, en las que señala algunos aspectos que, a nuestro juicio, crearán inmovilismo en el sector forestal y al que, como planteé anteriormente basado en antecedentes que poseo, se sumarían los sectores pesquero y acuícola, actividades productivas de gran relevancia en el área de las exportaciones y en cuanto a las posibilidades de generar trabajo.
Con respecto al proyecto de ley sobre bosque nativo, que lleva ocho años de tramitación en el Congreso, donde se han escuchado opiniones de personeros de todas las esferas, me llama la atención que el Director Ejecutivo de la CONAF exprese textualmente: "Dentro de los próximos cien días, se espera que Conaf proponga el mecanismo a través del cual se hará la consulta.".
O sea, precisa que recién se entraría a la etapa de consultas para ver la manera de reformular la iniciativa -que, como dije, ya lleva 8 años en el Parlamento- pues, en su criterio, no contribuirá a activar el sector forestal ni a protegerlo, en la buena forma que merece, a través de planes de silvicultura.
Más adelante, puntualiza: "Este país no ha dicho explícitamente si quiere destruir sus bosques, aumentarlos o mejorarlos y ahí hay un debate pendiente.". A estas alturas, ese juicio es inaceptable y amerita mayor análisis.
Tales meditaciones no corresponden a una esfera de Gobierno. Esas reflexiones y definiciones de políticas se hacen en el mundo académico o en el Congreso Nacional. Los órganos gubernamentales están llamados a incentivar las áreas en las cuales claramente se puede producir.
Luego, con relación a la política forestal, expresa: "Ojalá para el bicentenario tengamos un acuerdo nacional sobre qué queremos de nuestros bosques y hacia dónde queremos ir en el siglo XXI.". O sea, deberemos esperar 10 años más para definir un sector que indudablemente cuenta con especialización, preparación académica, adiestramiento técnico y una evidente definición, incluso con proyectos concretos, apoyados -curiosamente- por agencias internacionales, para demostrar que el bosque nativo, a través de planes de ordenamiento, tiene capacidad para recuperarse y, además, bajar sus ciclos de producción a 30 años mediante un manejo adecuado.
Con referencia al decreto ley Nº 701, que tiene una vigencia de 15 años y al que no hace mucho tiempo se le introdujeron diversas modificaciones, es increíble que el Director Ejecutivo de la CONAF señale: "Creo que el ciclo de negocios en expansión de plantaciones terminó y tenemos que reconocer que eso es así porque no hay más tierras. En Argentina y Uruguay las tierras son más baratas y el que quiera dedicarse a constituir plantaciones efectivamente tiene que irse a otro lado, porque en Chile ya no hay espacio para eso.".
La verdad es que de los informes en los cuales se sustentó el nuevo texto del decreto ley mencionado, se desprende que Chile posee millones de hectáreas con procesos de degradación que requieren urgentemente de una forestación. Ahora, si ese cuerpo legal no es lo suficientemente atractivo como para incorporar estas externalidades positivas que demanda la sociedad, es preciso reactivarlo, hacerlo más interesante, disminuir la burocracia, incorporar al sector de pequeños y medianos propietarios, que no necesariamente deberán vender sus campos para poder forestar. Pueden hacerlo ellos mismos.
El estudio pertinente debe ser realizado en profundidad en el seno del Gobierno y también en el Congreso Nacional, para definir en forma rápida la nueva institucionalidad de la CONAF, la activación del decreto ley Nº 701 y el pronto despacho del proyecto que permitirá, por la vía de la bonificación, proteger y reactivar el bosque nativo.
Por ello, solicito oficiar a los señores Ministros de Agricultura y de Economía , Fomento y Reconstrucción, al propio señor Director Ejecutivo de la CONAF , al señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO , al Instituto Forestal y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia pidiendo reactivar la política forestal.
Por cierto, en la Comisión de Medio Ambiente invitaremos próximamente al señor Director Ejecutivo de la CONAF para analizar la materia y tratar de resolverla en profundidad.
Señor Presidente , me interesa conocer los antecedentes relacionados con el proyecto por el cual se actualiza el registro de pescadores artesanales, con participación de empresas y de organismos gubernamentales; el costo, procedimiento, forma de participación de los distintos sectores de pescadores y el compromiso de la autoridad para perfeccionar ese registro y dejarlo funcionando.
Solicito remitir oficio a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca, a fin de que nos hagan llegar la información aludida.
Señor Presidente, los habitantes de la comuna de Tortel, que cuentan con el importante apoyo de la Armada de Chile para vincularse con Punta Arenas y Magallanes, se han visto enfrentados a un cambio de política que ha significado un alza en el precio del transporte de madera.
La comunidad se dedica, entre otras cosas, a la explotación de postes de ciprés, cuyo costo de traslado subió de 30 pesos a 1.000 pesos por unidad. Este incremento en el valor del transporte afecta enormemente a los pobladores, que viven en condiciones muy exiguas.
Pido oficiar a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a las autoridades de la zona naval correspondiente a Tortel y Punta Arenas, a fin de que, teniendo en cuenta que se trata de una función social, se reconsidere dicha medida.
Señor Presidente , otro problema que afecta a la localidad de Tortel se relaciona con la actividad de los pescadores artesanales.	Esos trabajadores han solicitado a la Subsecretaría de Pesca que se asigne una cuota de 30 toneladas (o la cantidad que ella indique) de captura de investigación con aprovechamiento del recurso merluza austral para ese sector de la comuna -recientemente integrada a través del camino longitudinal austral-, con el objeto de ampliar y diversificar sus opciones productivas.
Pido que se oficie al señor Subsecretario de Pesca haciéndole presente la situación mencionada.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
Señor Presidente , en la sesión del Senado convocada especialmente para analizar las causas que llevaron al quiebre institucional de septiembre de 1973, un señor Senador aludió -a mi juicio injustamente- al ex Primer Mandatario don Patricio Aylwin . Intervengo, en su nombre, para desmentir las afirmaciones realizadas, por el bien de la historia y el prestigio del afectado.
Esta intervención obedece también a la expresa solicitud que me hiciera don Patricio Aylwin , mediante una carta personal en la que, junto con manifestar su malestar por las falsas imputaciones que se le hicieron en cuanto a que habría intervenido para promover el golpe de Estado, señala textualmente: "no sólo nunca lo hice, sino que, por el contrario, como fue público y notorio en esos tiempos, me esforcé en defender la democracia y en buscar fórmulas para solucionar el conflicto político que Chile vivía, por caminos que salvaran la institucionalidad democrática".
Lamento sinceramente que al calor del debate se hayan producido graves distorsiones de la verdad, al extremo que el mismo señor Senador señalara al entonces Presidente del Senado y Presidente de la Democracia Cristiana como uno de los responsables del derrocamiento del Presidente Allende y su reemplazo por una Junta de Gobierno integrada por los jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
El Senador al que me refiero aseveró que una de las causas de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 fue "el doble juego del ex Presidente señor Patricio Aylwin ", acusándolo al tiempo de "lanzar la piedra y esconder la mano", y de "empujar por omisión", para a renglón seguido indicar que todas las declaraciones hechas en la época por Patricio Aylwin no serían fidedignas, porque, al mismo tiempo, estaría pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas "pensando" -como se expresó textualmente- "que una vez concretada la intervención entregarían el poder al ex Presidente Frei Montalva o al actual Senador señor Valdés" .
Acusó también al ex Presidente Aylwin y a la Democracia Cristiana de "no agotar los medios políticos y constitucionales para resolver la crisis nacional en marcha", concluyendo que ello los hace aparecer como responsables indirectos del 11 de septiembre, según el mismo Senador.
Señor Presidente , si los testimonios de los protagonistas de la época, los escritos y declaraciones de los dirigentes políticos no sirven para explicar la conducta de la Democracia Cristiana en el período previo al 11 de septiembre, es simplemente porque se intenta imponer una versión de la historia más apropiada a determinados intereses, que constituye una clara subjetividad propia de quienes tratan de explicar inútilmente por qué se causó tanto dolor, por tanto tiempo, a tantos chilenos, y por qué la principal autoridad del régimen militar elude su responsabilidad por su gestión como gobernante.
Si de verdad queremos avanzar en el reencuentro entre los chilenos y superar los traumas del pasado, debemos comenzar por actuar con apego a la verdad. Nosotros no rehuimos nuestra responsabilidad; pero es distinto aceptar que no se tuvo éxito en el esfuerzo por lograr una solución institucional al conflicto que vivía el país y evitar el colapso democrático, de culpar a Aylwin y a la Democracia Cristiana de aquella situación.
Tampoco podemos aceptar que una interpretación liviana y prejuiciosa de nuestra historia reciente se base en afirmaciones falsas e injuriosas en contra de personas que han demostrado con una larga vida de servicio público su vocación democrática, con el evidente propósito de justificar lo que sin duda es injustificable. La gravedad de los hechos que dañaron la convivencia nacional y la tradición de seriedad del Senado como representante de la soberanía popular exigen argumentos más serios y verídicos.
Afortunadamente, quienes difaman son los menos. La inmensa mayoría de los chilenos que vivieron el período de 1973 podrá recordar y enseñar a las nuevas generaciones que los demócrata cristianos hicimos todo lo posible por evitar el quiebre del régimen democrático. Y que luego, en las más difíciles circunstancias, nos jugamos por recuperar la libertad y el respeto por los derechos esenciales de todos nuestros compatriotas.
En este sentido, las afirmaciones falsas e injuriosas realizadas en esta Sala se derrumban ante el auténtico sentimiento de respeto que los chilenos sentimos mayoritariamente por don Patricio Aylwin , por el rol leal que jugó desde la oposición democrática al Gobierno de la Unidad Popular; por su lucha sin desmayo por reconquistar la democracia, y por su labor como Presidente de la República en favor de la restauración democrática y de los derechos conculcados durante 17 años.
Para terminar, y en honor a la verdad de la historia, quiero dejar constancia de que el prestigio de don Patricio Aylwin no se ve afectado por los intentos de quienes tratan de desvirtuar su participación protagónica en la vida nacional por cuarenta años, reafirmando al mismo tiempo que quienes respetamos su trayectoria, quienes sentimos un auténtico compromiso con la democracia, quienes nos inspiramos en los valores humanistas y cristianos para actuar en política, jamás dejaremos de luchar por establecer la verdad a fin de que las nuevas generaciones sepan realmente por qué se perdió la democracia, lo que Chile sufrió durante el régimen autoritario y cómo se logró recuperar la dignidad y la libertad en nuestro país.
El señor HORVATH ( Presidente accidental ).-
Los Comités UDI e Independientes, y Renovación Nacional e Independiente no harán uso de su tiempo en la hora de Incidentes.
En el turno del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra al Senador señor Canessa.
Señor Presidente , intervendré en esta ocasión para referirme a una materia de la más alta sensibilidad e interés para un sector importante de nuestros compatriotas, aun cuando por su número no pareciera alcanzar mayor relevancia.
Desde hace algún tiempo he venido recopilando información, muchas veces a través de contactos personales, con los habitantes del archipiélago de Juan Fernández . Es así como he logrado constatar que los compatriotas que habitan esa importante posesión chilena se ven permanentemente afectados a consecuencia de su aislamiento, no sólo geográfico, sino también en el ámbito de la preocupación que las autoridades del Gobierno Central deben mantener por las necesidades de la comunidad.
Una de las grandes falencias que soportan esos ciudadanos se sitúa en el campo de la educación, pese a los grandes esfuerzos y la destacada labor que realizan los docentes que allí laboran, encabezados por el Director de la Escuela Dresden, profesor don Eric Bravo Marín , cuyos esfuerzos sin duda reflejan no sólo el cariño a su profesión y su vocación de servicio, sino también amor a la Patria.
Debo referirme puntualmente a la grave situación que afecta a aproximadamente 160 niños, que tras culminar su enseñanza básica en la Escuela Dresden, deben abandonar el archipiélago y, con ello, a sus padres y al resto de su familia, para proseguir sus estudios de enseñanza media en el continente.
Estamos hablando de niños de entre diez y trece años que, por carecer Juan Fernández , y particularmente el mencionado establecimiento educacional, de profesores y programas que les permitan continuar su enseñanza media, son violentamente desarraigados no sólo de su grupo familiar, lo que ya es grave, sino también de su entorno social, con los inherentes daños a que pueden verse enfrentados durante el período de su desarrollo.
Tan grave es esta situación, y tanta la preocupación que causa en los menores, que no son pocos lo que, registrando un buen rendimiento escolar durante los primeros siete años, buscan repetir el último con el propósito de permanecer al lado de sus padres y el resto de su familia por un año más.
Entre otras consecuencias, muchas veces son las madres de estos menores las que, tras la partida de ellos al continente, y preocupadas por las condiciones y la soledad en que se encuentran, deciden abandonar Juan Fernández por períodos prolongados para estar al lado de sus hijos que estudian lejos del hogar, con el daño que esto produce en la relación familiar.
Es más, no existe para estas familias programa alguno de ayuda que les permita paliar en parte el alto costo de transporte hacia el continente y su estada en él para visitar a sus hijos mientras realizan sus estudios medios.
Para entender con mayor claridad el problema, es necesario recordar que Juan Fernández dista 770 kilómetros de Valparaíso, lo que significa un viaje, como mínimo, de treinta horas por mar, donde no existe una rigurosa regularidad en los servicios de transporte. Si este viaje se realiza en avión, el tiempo traslado se reduce a tres horas y media, pero con un costo de más de 200 mil pesos por persona, en un medio de transporte que mantiene cierta regularidad entre octubre y marzo.
El país está en condiciones de aprovechar los avances tecnológicos de que hoy disponemos para elaborar, si fuese necesario, programas especiales de educación a distancia u otra metodología que permitiera a esos niños completar sus estudios medios junto a su familia y en su isla.
No puedo desconocer los esfuerzos que en materia educacional se han hecho y se están realizando. Sin embargo, me parece prioritario atender las necesidades que en el mencionado ámbito subsisten y que afectan a este grupo de compatriotas, los que no sólo contribuyen al desarrollo de esa posesión chilena, sino que hacen soberanía en difíciles condiciones, pero siempre de cara al Pacífico.
Por ello, a través del Senado, deseo solicitar al Ministerio de Educación que, dentro del impulso que se está dando a la reforma educacional, se estudie la posibilidad de extender la enseñanza en el archipiélago de manera progresiva, hasta completar la educación media, con el objeto de solucionar los graves problemas que afectan a la población de aquella comunidad.
En tal virtud, pido que se oficie al señor Ministro de Educación a fin de que informe si dentro de sus planes educacionales existe alguna referencia a la particular situación por que atraviesa el archipiélago de Juan Fernández .
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo sumarme a la solicitud de oficio.
Y lo propio hago yo.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Canessa y con las adhesiones de los Honorables señores Vega y Horvath, conforme al Reglamento.
Resta tiempo al Comité Institucionales 1.
Tampoco intervendrá ningún señor Senador del Comité Socialista .
"Artículo único.- Apruébanse las rectificaciones al texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuadas por el Secretario General de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 1993.".
(FDO.): ROBERTO LEON RAMIREZ, Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados.- CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario de la Cámara de Diputados
"Artículo único.- Apruébanse el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" y sus anexos A y B, adoptados el 11 de diciembre de 1997.".
Los diputados Lily Pérez, Victor Barrueto (Presidente de la H. Cámara, Sergio Elgueta, Francisco Encina, Patricio Hales, Francisco Huenchumilla, Enrique Krauss, Roberto León, Arturo Longton, Luis Pareto. Edgardo Riveros, Exequiel Silva, Sergio Velasco y Patricio Walker han propuesto la dictación de una ley de amnistía a favor de las personas que han infringido las disposiciones de la ley sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas.
Se trata, como señala la definición literal del término, de promover "el olvido de ciertos delitos de carácter político", como son la no inscripción en los registros militares o el incumplimiento de los llamados de diversa naturaleza que formulan las jefaturas de las instituciones de la defensa nacional.
En diversas ocasiones el legislador ha promovido esta clase de medidas de excepción. Específicamente, en el caso de estas faltas e incumplimientos, la última normativa fue dictada en febrero de 1994. Desde entonces a la fecha, según estimaciones de las organizaciones juveniles que han promovido la dictación de la medida, un promedio de 8.000 jóvenes anualmente incurren en las infracciones de que se trata. La mayoría de ellas no son denunciadas, si bien quedan registradas en los prontuarios de los infractores y afectan sus antecedentes impidiéndoles la obtención de trabajo e, incluso, la de títulos profesionales.
La medida que se sugiere resulta, además de procedente, oportuna. Bien se sabe que el sistema de servicio militar a que ella se refiere ha sido objeto de un profundo análisis en los últimos tiempos y todo indica que, cumplido pronto un centenario de su establecimiento, se le introducirán modificaciones. Conveniente es, entonces, que el Estado condone las infracciones producidas en relación con una normativa que se sustituirá. Adicionalmente, la iniciativa que se propone recoge el espíritu de reconciliación y perdón social que anima al Jubileo convocado por la Iglesia Católica, el cual es compartido por creyentes y no creyentes.
Por lo expuesto compartimos plenamente los criterios fundantes y el texto del proyecto elaborado por los señores diputados, texto que, además, según se ha informado, cuenta con la opinión favorable del señor Ministro de Defensa Nacional.
Con todo, consideramos que los términos en que los señores diputados han redactado la moción original, extendiendo su alcance hasta la fecha en que el proyecto se convierta en ley, son demasiado amplios y podrían constituir una mala señal hacia los jóvenes que deben dar actual cumplimiento a las normas sobre conscripción y reclutamiento. Ciertamente que corresponde superar los efectos de las infracciones cometidas pero en modo alguno conviene desalentar su futuro cumplimiento, sin perjuicio de instar como se ha hecho, por una revisión y eventual perfeccionamiento de un sistema que en pocas semanas cumplirá cien años de aplicación en el país. Por lo anterior hemos considerado prudente establecer como fecha límite de las infracciones que se amnistían la del pasado 31 de julio.
En atención a que una iniciativa de esta especie debe iniciarse, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 62 de la Constitución Política, en este H. Senado y conforme a lo solicitado por los autores originales de ella, venimos en hacerla propia con la modificación descrita, solicitando la aprobación y despacho del siguiente
"Artículo único. Concédese amnistía a favor de las personas que al 31 de julio de 2.000 hayan cometido infracción a los artículos 70 a 75 y 79 del Decreto Ley Nº 2.306, de 1978, beneficio que deberá hacerse valer en el Cantón de Reclutamiento correspondiente al domicilio del infractor.
Los infractores del referido Decreto con Fuerza de Ley que se encuentren acuartelados cumpliendo sentencias condenatorias y que hubieren cumplido sentencias condenatorias y que hubieren cumplido el tiempo de convocatoria sin el recargo legal deberán ser licenciados una vez concedida la amnistía. Los que no hubieren completado su tiempo de convocatoria podrán continuar en servicio hasta completar dicho tiempo o ser licenciados de acuerdo a las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas".
(FDO.):SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.~ RAFAEL MORENO ROJAS.- RICARDO NÜÑEZ MUÑOZ.~ JORGE PIZARRO SOTO.- ADOLFO ZALDIVAR LARRAIN

References: ARTÍCULO 73
 artículo 73
 artículo 68
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
in fine
 artículo 21
 artículo 43
in fine
 artículo 35
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 38
 artículo 10
e contrario
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 81
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 22
 artículo 68
 artículo 73
 artículo 62