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Timestamp: 2016-09-30 20:12:21+00:00

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Posted in Uncategorized on 7 octubre 2015 by estudiosjuridicos
Posted in Civil, Uncategorized on 6 marzo 2015 by estudiosjuridicos
El Divorcio podemos definirlo como la manera establecida por la ley para disolver el vínculo matrimonial, cuando concurren las causales que, de acuerdo al ordenamiento, justifiquen la ocurrencia de tal disolución
Básicamente, se trata de la forma de poner fin al matrimonio, que en una oportunidad un hombre y una mujer, consideraron el vínculo que los uniría por siempre. Desde un punto de vista estrictamente apegado a derecho podemos definir el divorcio como la única vía, aparte de la muerte de uno de los cónyuges, para que una pareja de hombre y mujer, válidamente casados, recupere su capacidad para contraer matrimonio nuevamente. En relación al estado civil diremos que esa capacidad para ser nuevamente protagonistas de una unión matrimonial, nunca les devolverá el estado civil de solteros, propiamente dicho, porque legalmente serán, al disolverse el vínculo por razones del art. 184, es decir la muerte o el divorcio; viudos, o divorciados, pero nunca solteros. De modo que el hecho de que una persona vuelva a tener capacidad para contraer matrimonio, nunca obvia su estado civil nuevo, proveniente de la relación jurídica que mantuvo. A la sociedad le interesa por los efectos que tiene el estado civil de las personas, el que no exista posesión de estado diferente en este sentido. El soltero que nunca ha estado casado, tiene capacidad para contraer matrimonio si no existe alguno de los impedimentos contemplados en el Código Civil Venezolano. Igual capacidad tendrá el viudo o el divorciado; pero nunca debería llegar a tener posesión de estado de soltero porque ello sería pretender borrar los efectos de la vida jurídica anterior. Por el contrario, el estado civil correcto que debe ostentar es el que le corresponda.
Rodríguez, Luis Alberto. (2003). Comentarios al Código Civil Venezolano, EL DIVORCIO. Colección Hammurabi. Editado por LIVROSCA, C.A.. Caracas-Venezuela.
Posted in Civil on 6 octubre 2014 by estudiosjuridicos
La posesión es el hecho de tener una cosa corporal en su poder reteniéndola materialmente con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría su propietario.
Por regla general la posesión acompaña a la propiedad, puesto que el propietario no puede utilizar la cosa que le pertenece no teniéndola a su disposición, aun cuando pueden también separarse de manera que el propietario no la posea y que el poseedor no sea propietario porque es un derecho independiente del hecho de la posesión. Además, la situación del que posee sin ser propietario terminó por ser protegida y de su posesión nacían para él ventajas ya sancionadas por el derecho.
Para poseer es necesario “el hecho” y “la intención”. Se posee “corpore et animus”.
“Corpore” es el elemento material y es para el poseedor el hecho de tener la cosa físicamente en su poder.
“Animus”, es el elemento intencional y es la voluntad existente en el poseedor de conducirse como amo con respecto a la cosa, es lo que los comentaristas llaman el “animus domini”.
Todas las personas que reunían estos dos elementos poseían en realidad y tenían esta condición: el propietario, el que había adquirido una cosa recibiendo la tradición de ella a “non domino” y el ladrón, toda vez que con la retención material de la cosa robada es su voluntad disponer de ella como si fuera su dueño.
Por el contrario, no son poseedores los que no pueden tener intención de obrar como amos con respecto a la cosa aunque la tengan a su disposición porque el titulo en virtud del cual la retienen es un reconocimiento de la propiedad de un tercero, es decir, que vienen a ser instrumentos de la posesión de otro y por eso no tiene ellos mismos posesión sino la simple detentación; tales son el colono, el usufructuario, el depositario, el comodatario y en general todos aquellos que se hallen en una situación análoga.
Un poseedor puede ser de buene fe o de mala fe; es de buena fe si se cree propietario y será de mala fe si ha tomado posesión de alguna cosa a sabiendas de que pertenece a otro.
El poseedor de buena fe adquiere los frutos de la cosa que posee mientras dure su buena fe, además se hace propietario por usucapión si su posesión se prolonga durante el tiempo fijado por la ley y reúne también las condiciones exigidas por ese modo de adquisición de la propiedad; entonces, la posesión, estando en el mismo caso, es fuente de una ventaja muy considerable, que es la adquisición de la propiedad.
En todos los casos, sea de buena o de mala fe, si el poseedor es perturbado en la posesión o es despojado por un tercero, puede dirigirse al pretor, quien tomando en cuenta únicamente proteger la posesión por ella misma se la conserva o la hace restituir por medio de una decisión suya llamada “interdicto”.
Poco importa que el ataque a la posesión venga del verdadero propietario o de otra persona, pues el resultado es el mismo ya que solo se trata de regular una cuestión de posesión y no de propiedad.
El propietario que quiere hacer respetar su propiedad debe recurrir a las vías de derecho, o sea, a la reivindicatio y no a vías de hecho, pues, no es necesario que se haga justicia por si mismo. Es con el objeto de que no se altere el orden público por lo que el pretor interviene en favor del poseedor
COSAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE POSESION
Analizando los elementos de que se compone la posesión, los jurisconsultos dedujeron, que solo pueden ser objeto de posesión las cosas susceptibles de propiedad privada y las cosas corporales. No se pueden poseer las cosas de las cuales no se puede tener propiedad, como serian las cosas sagradas, las cosas comunes, etc, porque respecto a ellas es imposible la voluntad de conducirse como amo.
Las cosas incorporales tampoco pueden ser objeto de posesión, puesto que no se las puede retener materialmente, es decir, que faltaría el corpore; sin embargo, los jurisconsultos terminaron por extender la idea de posesión a las servidumbres por admitir que pueden ser objeto de lo que se llamo una “quasi possessio”.
DETENTACION O TENENCIA
Para precisar la distinción entre los poseedores y los detentadores o tenedores de una cosa hay que precisar que la detentación no es solamente un hecho, no existe la detentación sin un cierto animo que para el detentador es la conciencia de tener la cosa materialmente en su poder, la voluntad de retenerla, lo que llaman algunos autores la “affectio tenendi”. Por eso, un loco o un pupilo infans no pueden retener una cosa aunque esté bajo su mano, lo mismo que una persona que esté durmiendo, porque no tendrían conciencia de ese estado de hecho; pero, no hay que confundir la “affectio tenendi” con el “animus domini”.
Las principales diferencias que se pueden señalar entre la posesión y la propiedad son las siguientes:
1) La propiedad es un derecho, en tanto que la posesión es un hecho. El primero está reconocido y sancionado o protegido por el derecho civil, en tanto que la segunda se terminó por proteger en forma similar a la propiedad pero por razones de utilidad mediante los interdictos.
2) Los elementos de que se compone la propiedad fueron reconocidos por los romanos como el “ius utendi” o derecho de usar la cosa, el “ius fruendi” o derecho de percibir los frutos que la cosa produce y el “ius abutendi” o derecho de disponer y aun de abusar de la cosa. En tanto que los elementos de la posesión son el “corpus” o tenencia material de la cosa y el “animus”, o sea, la intención de comportarse como dueño de ella.
3) En la propiedad existió primitivamente la propiedad quiritaria en forma exclusiva y luego con el transcurso del tiempo se admitió la llamada propiedad bonitaria o pretoriana, en tanto que en la posesión hemos visto dos clases que son la posesión de buena fe y la posesión de mala fe.
4) La propiedad se halla defendida o protegida con las acciones reivindicatoria y publiciana, mientras que la posesión se halla protegida o defendida mediante los interdictos posesorios que son medios de protección o defensa creados por el pretor.
5) Por la forma como se extinguen la propiedad y la posesión
Para adquirir la posesión hay que reunir los dos elementos de que se compone, o sea el corpus o corpore y el animus, o sea la detentación material de la cosa y la voluntad de disponer de ella como dueño; pero, para que el corpore se considere cumplido no es necesario el contacto directo entre el poseedor y el objeto, pues basta que el objeto se halle a disposición del poseedor; así, el que toma posesión de un fundo no necesita poner los pies sobre el fundo.
En los primeros tiempos se exigió que ambos elementos, corpore et animus, se hallaran reunidos en una misma persona, pero a partir del siglo III se admitió que existiendo el animus en el poseedor el elemento material se puede adquirir por un tercero. Por eso, un paterfamilias podía hacerse poseedor por medio de la intervención de una persona colocada bajo su patria potestad, con tal de que tuviese personalmente él el animus, o sea la voluntad de adquirir y más tarde se admitió también que se podía adquirir la posesión por el hecho de la detentación de la cosa por una persona libre y sui iuris poseyendo el animus y desde entonces se admitió que se puede adquirir por un tercero el elemento material de la posesión.
De la necesidad de la existencia del animus domini personal en el poseedor resulta que las personas incapaces de tener una voluntad como eran el infante, el furioso y los municipios no podían en principio adquirir la posesión de las cosas, pero las necesidades practicas obligaron a admitir moderaciones a esta regla.
Para el pupilo infans y el loco en curatela se decidió que los tutores o curadores obrando en nombre de sus incapacitados, les hiciesen adquirir la posesión aunque el animus domini no se pudiera concebir en ellos y suplía la voluntad el tutor o el curador. Esta solución fue dada hacia el fin del siglo I de nuestra era.
Para los Municipios el progreso parece que fue más lento, aunque en la época de Justiniano se admitía que podían adquirir la posesión mediante la tenencia material por parte de uno de sus esclavos y también por parte de una persona libre.
La posesión podía adquirirse por ocupación o por tradición.
PERDIDA DE LA POSESION
La posesión puede perderse cuando dejan de existir ambos elementos, corpore et animus, lo que ocurre por ejemplo cuando la cosa perece o cuando el poseedor se deshace voluntariamente de ella abdicando el animus domini en beneficio de un tercero; pero, como la posesión supone reunidos los dos elementos, o sea, el hecho material o corpore y la intención o animus domini se pierde también la posesión desde el momento en que el poseedor deja de tener uno de esos dos elementos.
Se pierde la posesión solo animus, cuando el poseedor tiene el firme propósito de renunciar a ella, por ejemplo, si el poseedor de una casa habiéndola enajenado a una tercera persona se queda habitándola a titulo de inquilino, pues, ya deja de ser poseedor y solo será un instrumento de la posesión del adquiriente.
La posesión se pierde solo corpore cuando sobreviene un obstáculo que impide al poseedor disponer de la cosa a su voluntad, ejerciendo físicamente su poder sobre ella. Por eso, el poseedor de una cosa deja de poseerla cuando el sitio donde se encuentra se hace inaccesible para él, cuando otra persona se queda con ella clandestinamente o por la violencia; pero la posesión no se pierde corpore cuando el poseedor confía a un tercero la detentación material de la cosa, pues continua poseyéndola “animus suo”, porque el tercero retiene la cosa por cuenta del poseedor en quien reside el animus. Este tercero es solo un instrumento de la posesión.
La perdida de la posesión corpore resulta de un hecho ajenoa la voluntad del poseedor; puede realizarse aun siendo el poseedor un incapaz, como un furioso o un pupilo, ocurriendo lo contrario con la perdida de la posesión solo animus, pues esto solo es posible para aquel que sea capaz de disminuir su patrimonio por un acto de su voluntad. Asi que el furioso no puede perder de esta manera una posesión adquirida válidamente, puesto que no tiene voluntad; y lo mismo ocurre con el pupilo, que tampoco puede dejar de poseer solo animus sin la autorictas de su tutor.
Estas reglas acerca de la conservación y perdida de la posesión son aplicables solamente a las cosas muebles, pues para los inmuebles prevalecen principios más amplios. En efecto, los actos de posesión son menos frecuentes sobre un inmueble, aparte de que en ausencia del poseedor puede un tercero invadir el fundo haciéndole perder la posesión, aun sin su conocimiento. Este peligro en extremo grave lo era para ciertos pastos donde solo se llevaban a pacer los rebaños durante una determinada estación y por eso se admitía que la posesión de estos fundos seria retenida “animus solo”, es decir, que el poseedor conservaría siempre la posesión aunque algún tercero hubiese ocupado el fundo durante su ausencia y sin su conocimiento.
Esta solución se extendió también a todos los inmuebles, presentándola el jurista Gayo como aceptada por la mayoría de los jurisconsultos y como un principio cierto desde fines del siglo II. Sin embargo, si la invasión de un inmueble sin noticia del poseedor no le hace perder la posesión, esa situación no se prolonga indefinidamente, pues cesa al ser informado el poseedor de esa ocupación; en cambio, pierde la posesión si por miedo o negligencia permanece inactivo o si procurando recuperar el fundo es rechazado de él por la fuerza.
DEFENSA DE LA POSESION: LOS INTERDICTOS
El interdicto es una orden dada por el magistrado, lo cual lo diferencia de la acción que tiene su fundamento en la ley. El interdicto viene a ser una especie de edicto que es dictado a petición de una de las partes por el pretor y en las provincias por el procónsul, edicto este en el que manda o prohíbe imperativamente alguna cosa, contiene reglas determinadas de derecho que servían para un solo caso y tenían fuerza de ley para las partes.
En relación con la posesión los interdictos tienen por objeto:
1) Retener la posesión, o sea los llamados “retinendi” possessionis”, que tienen por objeto conservar la posesión de una cosa haciendo cesar el acto que perturba su ejercicio. Son ellos el “Uti possidetis”, cuando se trata de bienes inmuebles en el que triunfaba el poseedor actual; y el interdicto “utrubi”, en el caso de bienes muebles, en el que resultaba victorioso el que hubiera poseído por más tiempo durante el año anterior; y,
2) Recuperar la posesión, o sean los interdictos “recuperandi possessionis” , para readquirir la posesión que se hubiere perdido. Proceden entonces los siguientes interdictos: para el que ha sido despojado por medio de la violencia, a mano armada, el interdicto “unde vi”; para el propietario despojado clandestinamente de un inmueble, el interdicto de “clandestine possessioni”; y el interdicto de “precario” para recuperar un inmueble o mueble cuyo uso hubiera sido concedido a titulo precario y reclamar la indemnización correspondiente, si el reclamado se resistía injustamente a su restitución.
HURTADO Olivero, Agustín (1991). Lecciones de Derecho Romano I. 9na. Edición. Caracas. Ediciones Justiniano S.R.L.
LA POSESION EN EL CODIGO CIVIL VENEZOLANO
Artículo 771.- La posesión es la tenencia de una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre.
Artículo 772.- La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.
Artículo 773.- Se presume siempre que una persona posee por sí misma y a título de propiedad, cuando no se prueba que ha empezado a poseer en nombre de otra.
Artículo 774.- Cuando alguien ha principiado a poseer en nombre de otro, se presume que la posesión continúa como principió, si no hay prueba de lo contrario.
Artículo 775.- En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee.
Artículo 776.- Los actos meramente facultativos, y los de simple tolerancia no pueden servir de fundamento para la adquisición de la posesión legítima.
Artículo 777.- Tampoco pueden servir de fundamento a la adquisición de la posesión legítima, los actos violentos ni los clandestinos; sin embargo, ella puede comenzar cuando ha cesado la violencia o la clandestinidad.
Artículo 778.- No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse.
Artículo 779.- El poseedor actual que pruebe haber poseído en un tiempo anterior, se presume haber poseído durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.
Artículo 780.- La posesión actual no hace presumir la anterior, salvo que el poseedor tenga título; en este caso se presume que ha poseído desde la fecha de su título, si no se prueba lo contrario.
Artículo 781.- La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título universal. El sucesor a título particular puede unir a su propia posesión la de su causante, para invocar sus efectos y gozar de ellos.
Artículo 782.- Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella, puede, dentro del año, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión.
El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio.
En caso de una posesión por menor tiempo, el poseedor no tiene esta acción sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve.
Artículo 783.- Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión
Artículo 784.- La restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo.
Artículo 785.- Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede de anunciar al Juez la obra nueva, con tal que no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio.
El Juez, previo conocimiento sumario del hecho, y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones oportunas; en el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño producido por la suspensión de la obra, si la oposición a su continuación resultare infundada por la sentencia definitiva; y en el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y para el resarcimiento de los daños que puedan sobrevenir al denunciante, si éste obtiene sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra.
Artículo 786.- Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquiera otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al Juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime al interesado la obligación de dar caución por los daños posibles.
Artículo 787.- En todas las cuestiones de posesión en materia de servidumbre, el uso en el año precedente y, cuando se trate de servidumbres ejercidas en intervalos que excedan de un año, el uso del último período de disfrute, determinarán el estado de cosas que deba protegerse con las acciones posesorias.
Artículo 788.- Es poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor.
Artículo 789.- La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla. Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición
Artículo 790.- El poseedor de buena fe hace suyos los frutos, y no está obligado a restituir sino los que percibiere después que se le haya notificado legalmente la demanda.
Artículo 791.- El poseedor, aunque sea de buena fe no puede pretender indemnización alguna por mejoras, si éstas no existen al tiempo de la evicción.
Artículo 792.- El poseedor de buena o mala fe no puede reclamar por mejoras, sino la suma menor entre el monto de las impensas y el mayor valor dado a la cosa.
Artículo 793.- Sólo al poseedor de buena fe compete el derecho de retención de los bienes por causa de mejoras realmente hechas y existentes en ellos, con tal que las haya reclamado en el juicio de reivindicación.
Artículo 795.- Si el actual poseedor de la cosa sustraída o perdida la hubiere comprado en una feria o mercado, en una venta pública, o a un comerciante que vendiese públicamente objetos semejantes, no podrá el propietario obtener la restitución de su cosa, sin reembolsar al poseedor la cantidad que le haya costado.
Posted in Procesal Penal on 29 septiembre 2014 by estudiosjuridicos
En el ámbito del Derecho civil o penal venezolano, se entiende por prueba anticipada aquella producida en una fase o etapa anterior a aquella que ha previsto ordinariamente el procedimiento de que se trate.
Justificada por situaciones excepcionales que pueden amenazar la prueba misma o su calidad, la prueba anticipada no hace sino reconocer y plasmar en el caso particular el derecho a probar que corresponde esencialmente a las partes y que es propio del debido proceso.1
Aunque la institución de la prueba anticipada se parece a otras como, por ejemplo, la prueba preconstituida o prueba para perpetua memoria, tiene características particulares que la convierten en una institución diversa de ellas.
Es aquella que en el proceso penal venezolano se realiza, en principio, en la fase preparatoria, por razones de urgencia y la necesidad de asegurar su resultado, pudiendo ser apreciada por el juez como si se hubiera practicado en juicio, siempre que se incorpore allí mediante lectura del acta que la contiene.
Constituye uno de los caso de excepción que se aparta de los principios de inmediación y oralidad en el proceso penal acusatorio, mediante los cuales el juez o los jueces sólo pueden basar su pronunciamiento final en las pruebas que hayan sido practicadas o incorporadas en el debate oral del juicio que uno presidió y en el que todos estuvieron necesariamente presentes.
Tiene como antecedente en Venezuela el procedimiento de retardo perjudicial previsto en el Art. 813 del Código de Procedimiento Civil: “La demanda por retardo perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promoverte”
Y el 815 ejusdem, dispone:
“La demanda fundada en el temor de que desaparezcan algunos medios de prueba del demandante, deberá expresar sus fundamentos y tendrá por objeto solamente que se evacue inmediatamente la prueba. Las funciones del Tribunal se limitarán a practicar las diligencias promovidas con citación de la parte contraria, la cual podrá repreguntar a los testigos quedando al Tribunal que venga a conocer de la causa, la facultad de estimar si se han llenado las circunstancias requeridas para dar por válida la prueba anticipada”.
La doctrina considera que su naturaleza es la de un procedimiento cautelar y como excepción al principio del contradictorio según el cual las pruebas deben ser promovidas y evacuadas en un juicio contencioso, como lo apuntan Cabrera Romero y Pesci-Feltri.
Para el proceso penal debe practicarse dentro del mismo a los fines de capturar los hechos o los medios de prueba antes de la oportunidad de su inserción en el juicio y ante la posibilidad de que desaparezcan, pero es incuestionable que su práctica se del importante postulado de inmediación, ya que, en principio, la lleva a cabo un juez distinto del que preside el juicio oral y la evalúa en su sentencia.
El anticipo de pruebas se fundamenta en razones de necesidad y urgencia, a fin de evitar que se esfumen aquellos medios e informaciones que importan para el conocimiento del juez y para formar su convicción ante la imposibilidad o dificultad de no poder incorporar las pruebas en el debate del juicio oral y público.
Magaly Vásquez, apoyándose en Gustavo Humberto Rodríguez, expresa que el contacto directo e inmediato del juez sobre la prueba, sobre sus órganos y objeto permitirá una mejor y más abundante captación de elementos y circunstancias, y un proceso discursivo mas lógico, racional y veraz, pero para justificar la necesidad de las pruebas anticipadas expresa:
“..no obstante, es posible que por diversas circunstancias las partes se vean en la necesidad de realizar diligencias probatorias que por su naturaleza son definitivas e irreproductibles, esto es, el transcurso del tiempo puede producir su modificación o desaparición lo cual impedirá que puedan incorporarse al debate público y oral, ello permite su práctica anticipada constituyéndose de esta manera en una excepción al principio de inmediación, pues el tribunal de juicio podrá apreciarla, en consideración a las circunstancias en que la prueba se practicó y a la posibilidad de controlarla que tuvo la parte contra quien obraría, aún cuando se trate de pruebas no practicadas en su presencia”.
Miranda Estrampés, que ha sido un acérrimo crítico de este procedimiento, por considerar que puede actuar “como un elemento distorsionador y a modo de subterfugio para justificar, en muchas ocasiones, la eficacia probatoria de diligencias sumariales”, respecto a su fundamento y carácter sostiene lo siguiente:
“El fundamento de la prueba anticipada radica, precisamente, en la necesidad de evitar que se pierdan definitivamente aquellos datos probatorios relevantes para la formación de la convicción judicial por el hecho de no poderse practicar la prueba durante las sesiones de la vista oral. Obedece en realidad, a una necesidad práctica de facilitación de la realización de la prueba.
ÁLVARO PAÚL DÍAZ, “La Prueba Anticipada en el Proceso Civil”, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 2006.
Posted in Aspectos Generales del Derecho, Derechos del Niño, Procesal Civil, Procesal Laboral on 25 septiembre 2014 by estudiosjuridicos
Una vez presentada la demanda, el juez o jueza competente, debe admitir la acción intentada, con la condición de que no sea contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento legal. Al presentarse la demanda, el juez o jueza está obligado a practicar el Despacho Saneador, esto es, ordenando la corrección mediante auto motivado e indicando el lapso para ello, que será limitado a cinco (5) días.
La finalidad del Despacho Saneador es purificar el proceso, es decir, una vez admitida la demanda y para facilitar la tramitación de la misma, el juez o jueza debe examinar el libelo y señalar las vaguedades, impresiones y contradicciones que contenga, y ordenarle al demandante la corrección. En este sentido está obligado a exigirle al demandante que cumpla con los requisitos previstos en el ordenamiento legal.
La idea es que el juez o jueza, a través del despacho Saneador, resuelva en forma oral todos los vicios procesales que pudiera detectar, es imprescindible cumplir con el Despacho Saneador para evitar reposiciones inútiles, y obstáculos en la tramitación de la causa. El Despacho Saneador viene a ser una especie de inventario y balance de la pretensión formulada, que redunda en economía de tiempo. Esto es posible gracias al carácter que tiene este juez o jueza en el proceso.
En este primer escenario, el juez o jueza está obligado a conducir el proceso, ejercer con discrecionalidad las facultades que la ley le ha dado. Una justificación de esta conducta procesal del juez o jueza, la podemos encontrar en el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere justamente a la necesidad de la estabilidad de los juicios, reforzados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (arts. 26 y 257), para lo cual los jueces y juezas deben evitar y corregir las faltas que puedan anular cualquier acto del proceso. La norma reafirma el principio de la legalidad, pero advierte que en ningún caso se declarará la nulidad, si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. Los actos procesales deben cumplirse como lo indica la ley, todo ello en base a la vigencia del principio de la legalidad. Este principio es el sostén de la seguridad jurídica, pues rechaza de plano cualquier acto contrario a la ley del juez o jueza.
Antecedente de esta disposición es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales cuando expresa: “si la solicitud fuese oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificara al solicitante de amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo sera declarada inadmisible”. La imperatividad que expresa esta norma se devuelve en beneficio de la seguridad jurídica y de la pulcritud del proceso.
REFERENCIA: PERDOMO, Juan Rafael (2007). Derecho de la Infancia y la Adolescencia. Tribunal Supremo de Justicia. Serie Eventos Nº 24. Caracas-Venezuela.
El Despacho Saneador es una institución de derecho procesal (Ley Orgánica Procesal del Trabajo), que persigue la depuración del proceso de vicios, obstáculos, errores, trabas y cual otra irregularidad que enturbien el iter procedimental, sin necesidad de aperturar incidencia alguna, desde el recibo del libelo de la demanda por parte del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución (Articulo 124 primer despacho saneador antes de la admisión de la demanda) hasta la finalización de la Audiencia Preliminar (Articulo 134, segundo despacho saneador).
La institución jurídica del Despacho Saneador está consagrada en los artículos 124 y 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al establecer la potestad y obligación de los jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de examinar, antes de admitir la demanda, verificar si el libelo cumple con los extremos exigidos en el artículo 123 de la citada Ley y de aplicar, en un primer momento, el despacho saneador, cuando el juez ordena al accionante corregir la demanda, con apercibimiento de perención, por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley (artículo 124)
Ahora bien, es necesario distinguir entre, el Despacho Saneador de la demanda preceptuado en el articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y el Despacho Saneador del proceso establecido en el artículo 134 eiusdem; En efecto, señala el artículo 124, del referido instrumento legislativo: “…Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante, con apercibimiento de perención, que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del libelo por el Tribunal que conocerá de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique.” La referida norma se refiere a la facultad revisora del juez antes de admitir la demanda, el cual tiene por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para su interposición, este despacho saneador, se dicta una sola vez y antes de la admisión de la demanda, una vez ordenado el respectivo Despacho Saneador y considerando la consecuencia jurídica que produce la falta o errónea corrección del libelo, se generan dos (2) obligaciones procesales, la primera el deber de la parte de cumplir con lo ordenado en el Despacho Saneador, y la segunda, la obligación del Juez de verificar si procedió a la subsanación o corrección en los términos del Despacho Saneador, a fin de proceder a la admisión o no de la demanda.
http://miranda.tsj.gov.ve/DECISIONES/2008/MAYO/996-2-1955-08-.HTML
Posted in Procesal Penal on 29 julio 2014 by estudiosjuridicos
El pasado miércoles 23 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó una nota de prensa en la que se da a conocer la iniciativa que consiste en la utilización de las Videoconferencias con la finalidad de acelerar los juicios en principio en materia penal, pero que luego se extenderá a los tribunales ordinarios, de violencia contra la mujer, y responsabilidad penal del adolescente.
La principal ventaja que trae el uso de este recurso tegnológico, es que no es necesario que el perito forense esté presente en el tribunal de juicio, es decir, que esta persona comparece de manera virtual y además permite que se dé el interrogatorio y contrainterrogatorio tanto de la parte acusadora como de la parte defensora.
Cuando se realice una audiencia usando este novedoso procedimiento tecnológico, el tribunal de juicio se constituye en la sala de videoconferencia, se establece la conexión con el Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senacmecf) y el juzgado solicita al experto forense que exhiba su cédula de identidad, para posteriormente ser juramentado por la jueza o juez del caso. Acto seguido, el juez pregunta al experto si reconoce la firma y el contenido del dictamen pericial, previamente digitalizado que se le exhibe, para luego darle la palabra y rinda su declaración en los mismos términos en que se realiza normalmente.
Por medio de la videoconferencia, el experto forense podrá verificar en pantalla las diferentes experticias, por ejemplo: un protocolo de autopsia, donde constatará todos los datos, tales como la fecha, conclusiones y podrá mostrar a todas las partes, aspectos adicionales como los borradores y croquis que usan los médicos anatomopatólogos donde identifican el lugar, tipo de lesiones y otros aspectos de interés sobre el cuerpo de la víctima.
A continuación dejamos el enlace para que puedan leer la nota de prensa completa:
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11970
Posted in Aspectos Generales del Derecho, Principios del Derecho on 24 julio 2014 by estudiosjuridicos
1.- ESTUDIA. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.
3.- TRABAJA. La abogacía es una ardua fatiga pues al servicio de la justicia.
4.- LUCHA. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres es conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.
5.- SÉ LEAL. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debes confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas.”
6.- TOLERA. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
7.- TEN PACIENCIA. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
8.- TEN FE. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay Derecho, ni justicia, ni paz.
9.- OLVIDA. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.
10.- AMA A TU PROFESIÓN. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.
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