Source: http://dyase.blogspot.com/2020/04/
Timestamp: 2020-08-09 05:13:54+00:00

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DYASE: abril 2020
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - ARRENDAMIENTOS, RESUMEN DE LAS MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS DEL REAL DECRETO 11/2020, DE 31 DE MARZO, PARA HACER FRENTE AL COVID-19 QUE AFECTAN A LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS (ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA)
El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al impacto tanto social como económico ocasionado por el COVID-19, contempla, en el Capítulo 1, sección 1ª, las medidas referidas exclusivamente a los arrendamientos de viviendas, y dirigidas a familias y colectivos vulnerables, quienes, debido a la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus viviendas.
A continuación, mostramos las medidas que en relación con los arrendamientos de vivienda este Real Decreto Ley establece:
1. SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO Y LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL. ART.1 DEL RDL 11/2020
El arrendatario en situación de vulnerabilidad tanto social como económica podrá solicitar al Juzgado la suspensión con aportación de documentos que evidentemente acrediten esa situación de vulnerabilidad, y el letrado de la administración de justicia comunicará dicha situación a los servicios sociales.
De esta forma, el arrendatario en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la actual y futura crisis ocasionada por la expansión del COVID-19, podrá solicitar al Juzgado la suspensión de los procedimientos de desahucio en curso, así como de los lanzamientos, previa acreditación de aquella situación documentalmente, de tal manera que, caso de quedar acreditada dicha circunstancia, el Letrado de la Administración de Justicia podrá decretar la suspensión, incluso con carácter retroactivo, hasta que se adopten las medidas que los Servicios Sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses, computados a partir del 2 de abril de 2020 (entrada en vigor del Real Decreto-Ley) debiendo señalar expresamente en su Decreto en que plazo se reanudará el procedimiento.
En caso de que la citada situación de vulnerabilidad sobrevenida afecte a los arrendadores, que acrediten ante el Juzgado encontrarse, al igual que el arrendatario, en situación de vulnerabilidad social o económica, presentando el escrito y los documentos que lo acrediten, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo también a los Servicios Sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.
2. PRÓRROGA EXTRAORDINARIA A PETICIÓN DEL ARRENDATARIO DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL (MAX. 6 MESES). ART. 2
Durante el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 (entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2020) y hasta transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma, siempre que lo solicite el arrendatario, no vencerán los contratos que se encuentren en los plazos indicados en el art. 9.1 y 10.1 de la LAU 29/94 (Prórrogas de los contratos de arrendamiento), pudiendo el arrendatario solicitar una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses, que deberá ser aceptada (si o si) por el arrendador: más que aceptación es comunicación o imposición por parte del arrendatario y con las mismas condiciones establecidas para el contrato en vigor, siempre que no se fijen otros términos y condiciones por acuerdo entre las partes.
3. MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA. GRANDES TENEDORES O EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA. APLICACIÓN AUTOMÁTICA. ART. 4
¿QUÉ ES MORATORIA?: La moratoria NO es una condonación del pago de la renta, sino que es una prórroga para el pago de ésta, renta que posteriormente tendrá el arrendatario que pagar; es decir, es una ampliación en los plazos del pago de la renta.
¿QUE ES GRAN TENEDOR?: Gran tenedor es aquella persona, física o jurídica, titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 m2.
El arrendatario que se encuentre en situación de vulnerabilidad consecuencia del COVID-19, podrá solicitar al arrendador gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto- Ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
Si no existe acuerdo, el arrendador podrá optar, comunicándolo al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables:
- O una, la reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si fuera insuficiente, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
- O bien, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si fuere insuficiente, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.
4. MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA. APOYO AL ALQUILER DE PERSONAS VULNERABLES. ARTS. 5 AL 8
Se define en el art. 5 del RDL 11/2020, que la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, quienes pueden acogerse a las medidas adoptadas en este Real Decreto-ley y se establecen en el art.6 los requisitos de la acreditación de las condiciones subjetivas, límite de ingresos de la unidad familiar y el importe de la renta. (ver artículo publicado anteriormente por este despacho).
5. AVALES PARA FINANCIACIÓN DE ARRENDATARIOS. ART. 9
Se aprueban microcréditos avalados por el Estado, concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin intereses ni comisiones, cuya devolución tendrá el plazo de 6 años prorrogable a otros 4 años más, es decir como máximo 10 años.
6. PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL. ART. 10
Se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado "Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual".
Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa para los casos que no puedan cumplir con la devolución de los microcréditos. Contarán con una ayuda que podría llegar hasta un máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito con el ICO, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
Fuentes Jcas.: SEPIN ARRENDAMIENTOS - RDL 11/2020.
Publicado por WWW.DYASE.COM en martes, abril 21, 2020
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - AYUDAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS HAN IDO CREANDO TODO UN ENTRAMADO DE AYUDAS A SUS CIUDADANOS. OFRECEMOS AQUÍ UNA BREVE GUÍA CON LOS ENLACES CORRESPONDIENTES:
https://www.maz.es/maz-salud/Documents/anexo-mutua-maz-compilacion-normas-estado-de-alarma-coronavirus-covid-19.pdf
Publicado por WWW.DYASE.COM en lunes, abril 20, 2020
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - AYUDA JUNTA DE ANDALUCIA A AUTONOMOS Y MUTUALISTAS
Ayudas de 300 euros para autónomos y mutualistas afectados por la crisis del Covid-19 Y NO HAYAN SOLICITADO A AYUDA POR CESE DE ACTIVIDAD
Publicado por WWW.DYASE.COM en viernes, abril 17, 2020
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - DEVOLUCION DE CUOTAS DE AUTONOMOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL BOLETÍN DE NOTICIAS RED NUMERO 8/2020, DE 15/04/2020, LA SEGURIDAD SOCIAL HA INFORMADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE AUTÓNOMO QUE SE HAYAN COBRADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL DE FORMA INDEBIDA, INDICANDO QUE LAS MISMAS SERÁN DEVUELTAS DE OFICIO SIN NECESIDAD DE SOLICITUD EN LA MISMA CUENTA BANCARIA EN LA QUE FUERON CARGADAS.
ENLACE AL BOLETÍN COMPLETO:
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/c6f53889-a973-43f6-bc39-581472b19155/BNR+8-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Publicado por WWW.DYASE.COM en miércoles, abril 15, 2020
EN VIRTUD DEL RD-L 14/2020, PUBLICADO EN EL BOE DE 15/04/2020, SE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE LOS IMPUESTOS TRIMESTRALES PARA TODOS LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE TENGAN UN VOLUMEN DE NEGOCIO INFERIOR A 600.000,00 € EN EL EJERCICIO 2019
ASÍ, DICHA NORMA ESTABLECE LITERALMENTE:
"Artículo único. Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones.
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decretoley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020."
POR LO TANTO, LA NOTICIA RESPECTO DE LOS IMPUESTOS TRIMESTRALES QUEDARÍA DE ESTA FORMA:
INFORMAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE SE INICIA EL PLAZO PARA LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS IMPUESTOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO 2020.
TENEMOS DOS POSIBLES ESCENARIOS:
1 - OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON VOLUMEN DE NEGOCIO INFERIOR A 600.000,00 € EN EL EJERCICIO 2019:
EL PLAZO PARA DICHO TRAMITE SE INICIO EL DÍA 01/04/2020 Y FINALIZA EL PRÓXIMO DÍA 20/05/2020 (15/05/2020 EN CASO DE DOMICILIACIÓN).
2 - OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON VOLUMEN DE NEGOCIO IGUAL O SUPERIOR A 600.000,00 € EN EL EJERCICIO 2019:
EL PLAZO PARA DICHO TRAMITE SE INICIO EL DÍA 01/04/2020 Y FINALIZA EL PRÓXIMO DÍA 20/04/2020 (15/04/2020 EN CASO DE DOMICILIACIÓN).
ROGAMOS PROCEDAN A LA REMISIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS REFERIDAS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS PROXIMOS DIAS.
DADO QUE LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD NOS VAN A IMPEDIR EL DESARROLLO NORMAL DE ESTE TRAMITE, TENEMOS VARIAS OPCIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS:
1. PAGO MEDIANTE DOMICILIACIÓN: DEBERÁ INDICARNOS EL NUMERO DE CUENTA EN EL QUE QUIERE DOMICIAR LOS IMPUESTOS. PLAZO MÁXIMO HASTA EL 15/04/2020 (DEBERÁ ENVIARNOS URGENTEMENTE LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN SE INDICA EN ESTE ANUNCIO)
3. APLAZAMIENTO DEL PAGO MEDIANTE SOLICITUD ESPECIAL POR LA CRISIS DEL COVID-19 : HASTA 3 MESES SIN INTERESES Y SIN NECESIDAD DE PRESTAR AVAL. PARA ELLO NECESITAMOS NOS INDIQUEN LA CUENTA BANCARIA DE CARGO DEL FUTURO PAGO.
4. APLAZAMIENTO DEL PAGO MEDIANTE SOLICITUD ESPECIAL POR LA CRISIS DEL COVID-19 : HASTA 6 MESES, PRIMEROS 3 MESES SIN INTERESES Y CON INTERESES EN LOS SEGUNDOS 3 MESES, TODO ELLO SIN NECESIDAD DE PRESTAR AVAL. PARA ELLO NECESITAMOS NOS INDIQUEN LA CUENTA BANCARIA DE CARGO DEL FUTURO PAGO.
5. PAGO POR LOS PROPIOS MEDIOS DEL CLIENTE. ENVIAREMOS UN DOCUMENTO EN FORMATO PDF Y SERA EL CLIENTE EL QUE LO PAGUE SIN NUESTRO AUXILIO.
POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS PASANDO, LOS CLIENTES NO PODRÁN HACER ENTREGA DE NINGUNA DOCUMENTACIÓN FÍSICAMENTE, NI EN NUESTRA OFICINA NI EN NINGÚN OTRO LUGAR, DE FORMA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN SERA ENVIADA POR MEDIOS TELEMÁTICOS, PARA ELLO PODRÁN MANDAR LA CITADA DOCUMENTACIÓN A CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE AHORA INDICAMOS:
ESPERANDO QUE ENTIENDAN LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS QUE NOS OBLIGAN A TOMAR ESTAS MEDIAS, AGREDECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTROS CLIENTES.
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - PENSIONES DE ALIMENTOS EN EL ESTADO DE ALARMA
¿PUEDE SUSPENDERSE EL PAGO DE ALIMENTOS EN EL ESTADO DE ALARMA?...SI, PERO....
EN BASE AL ARTÍCULO 152.2 DEL CÓDIGO CIVIL.
Siguen pasando los días y el estado de alarma, cada vez con medidas más restrictivas, avanza sin que todavía se vea el final. El país sigue cuasi paralizado y, con ello, la economía, algo especialmente gravoso para los ciudadanos entre los cuales hay muchos padres separados o divorciados.
No serán pocos los padres -y madres- separados de sus hijos que, con el estado de alarma, se hayan visto afectados por un ERTE en sus empresas o abocados a cerrar sus negocios, ya que la crisis económica no está distinguiendo entre familias unidas o separadas. Y tampoco resultará extraño que muchos progenitores se encuentren ante la tesitura de tener que elegir entre su propio sustento y el de sus hijos con los que no conviven. En definitiva, ¿cómo conciliar ambas cuestiones? ¿cabe suspender el pago de la pensión por alimentos durante el estado de alarma?
Aparentemente, la respuesta parece sencilla. Se parte de la premisa de que el estado de alarma no suspende la efectividad de las resoluciones judiciales y, por tanto, su cumplimiento sigue siendo obligado, incluso con independencia de la suspensión de la actividad jurisdiccional. Pero hemos de analizar el supuesto contrario, aquel en que no queda más remedio que dejar de pagar las pensiones.
Imaginemos un supuesto que, por desgracia, puede ser habitual en estos días: padre separado (o madre, tanto monta…) que, según su sentencia de divorcio, tiene la obligación de satisfacer una pensión por alimentos de “x” euros mensuales. Como consecuencia del estado de alarma, se ve afectado por un ERTE y, pese todas las circunstancias, no puede acogerse a ninguna de las ayudas anunciadas en los sucesivos decretos,que puede ser muy probable por la altísima casuística que debe darse para acogerse a este tipo de ayudas. Así pues, ¿qué puede hacer con la pensión por alimentos? Como decíamos, la obligación persiste (perciba ingresos o no, vea a sus hijos o no), y solo en el supuesto en que no pueda hacer frente a sus necesidades propias, podría no afrontar el pago: aquí entra en juego el art. 152.2 del Código Civil.
Se estipula en el referido artículo 152.2 del Código Civil:
“Cesará también la obligación de prestar alimentos cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”.
La situación descrita antes podría encajar, al menos a priori, con el contenido del art. 152.2 Código Civil, todo ello siempre y cuando no se pudieran hacer frente a las propias necesidades. No es, obviamente, un artículo de aplicación automática, pero indudablemente en los tiempos que corren puede convertirse en una suerte de salvavidas para más de un progenitor en apuros.
Erróneo sería pensar que la suspensión es automática y que puede perpetuarse en el tiempo. Hay que recordar que la obligación alimenticia para con los hijos se basa en el principio de solidaridad familiar y trae causa de lo dispuesto por el art. 39.1 de la Constitución, llegando incluso el Tribunal Supremo (sentencias de 05/10/1993 y de 16/07/2002) a manifestar que cubrir las necesidades de los hijos menores ha de primar sobre la satisfacción de las propias de los progenitores, que han de sacrificarlas a favor de las de aquéllos, de tal forma que la prestación alimenticia a favor de los hijos tiene naturaleza de orden público, siendo uno de los deberes fundamentales de la patria potestad. Pero, insistimos, en las condiciones actuales, ¿cómo conciliar las obligaciones para con los hijos con las necesidades propias si nuestros ingresos se reducen a cero?
Solicitar la suspensión del pago de alimentos es perfectamente posible. Esto se haría vía jurisdicción voluntaria, el planteamiento ha de ser el general para cualquier pleito al que nos enfrentemos, y siempre con la máxima “affirmatio incubit probatio” expresión latina que viene a decir que las afirmaciones vertidas tienen que ser probadas, así por lo tanto como base:
· Habrá de acreditarse fehacientemente la imposibilidad de pago de la pensión establecida y, aún así, ello podría no suponer la suspensión automática del pago de la pensión: a lo sumo, y
· Esta suspensión operaria siempre que su Señoría así lo acordara, lo que supondría una suerte de carencia durante “x” tiempo, pero la deuda se mantendría con las posibilidades ejecutivas a favor del acreedor prácticamente impolutas.
Por lo tanto, esto es una solución temporal (y con suerte) pero en absoluto puede ser considerada una solución a medio y largo plazo, sírvase de ejemplo lo estípulado por la STS de 15/07/2015, que refiere que: ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y “admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante”. Es decir, el mínimo vital debe respetarse incluso en situaciones de confinamiento y carencia de ingresos como las actuales.
La duda fundamental que nos encontramos es de índole procesal: ¿cómo solicitar la suspensión del pago de alimentos? Se puede articular como medida urgente encuadrada en el ámbito de la jurisdicción voluntaria o bien plantear modificación de medidas esta mucho menos acertada ya que para que se de el caso de que se modifiquen las medidas adoptadas en el convenio regulador tienen que ser duraderas en el tiempo. Pero, con la suspensión de la actividad judicial por el estado de alarma, ¿qué mecanismo sería el más efectivo, al menos para ser valorado por S.Sª? Y, llegados a este punto, es donde vemos que ninguno de los supuestos anteriores casa con las materias que mantenían su actividad, siquiera de forma reducida, durante el estado de alarma.
Por lo tanto, parece que poco recorrido tiene el asunto. Entendiendo por esta parte que a los padres divorciados únicamente les quedan tres alternativas:
· Aplicar el sentido común y llegar a pactos sobre el pago de la pensión por alimentos, como opción mas factible pero menos real, por desgracia generando por norma general una auténtica quimera según nuestra experiencia.
· Cumplir con la resolución de pago tal y como viene fijado en el convenio regulador, aún a riesgo de poder afrontar las propias necesidades.
· Como última alternativa, no pagar las pensiones y esperar el más que seguro procedimiento de ejecución al momento de cese del estado de alarma y vuelta a la actividad.
Por desgracia, y esto es opinión personal, en los procedimientos de familia, más aún cuando hay menores que dependen de los padres, lo ideal sería que imperase el sentido común entre los progenitores para poder pactar en base a las circunstancias de los acontecimientos sobrevenidos, pero lamentablemente, así nos lo dice la experiencia, que fiar a su capacidad de entendimiento y sentido común la llevanza del estado de alarma es poco menos que atrevido en la mayoría de los casos. Por lo que entendemos que el Estado ha aportado una deficiente respuesta ante previsibles situaciones como las desarrolladas hoy en este artículo, entendemos, al igual que muchos compañeros, que tal vez destinar el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos al pago de las obligaciones alimenticias judicialmente establecidas hubiera sido una solución, que solo tendremos cuando la persiana de los juzgados vuelva a levantarse.
Fuente – Economist & Jurist.
Publicado por WWW.DYASE.COM en martes, abril 14, 2020
CRISIS COVID-19 (CORONAVIRUS) - AYUDAS AL ALQUILER ADOPTADAS EN RDL 11/2020
RESUMEN: El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con entrada en vigor el 2 de abril de 2020, regula el aplazamiento excepcional en el pago de la renta, no obstante, para optar a estas medidas exige muchos requisitos "concurrentes" a tener en cuenta, que deben darse en la figura del arrendatario, en cuanto a la definición de vulnerabilidad, límites de ingresos de la unidad familiar y el importe de la renta.
Es importante partir de la premisa de que las moratorias en el pago de la renta solamente podrán ser "impuestas" a los arrendadores que sean grandes tenedores y empresas o entidades públicas definidas en el art. 4, puesto que el resto de arrendadores (art. 8) no tienen ninguna obligación de aceptarlas cuando se les soliciten, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica y social de solicitar avales y ayudas para minimizar el impacto del COVID-19 en su contratos de arrendamiento.
¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN PARA PODER ACCEDER A LA MORATORIA O AYUDAS EN RELACION A LA RENTA?
Se exigen unos requisitos que deben tener "concurrencia conjunta", es decir que tienen que cumplirse todos y cada uno de ellos, al establecer el art.5: "1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta o acumulativos, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de los siguientes requisitos: …"
1 - Arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica. Serán aquellos que se encuentren en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o hayan reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
2 - Límite de ingresos de la unidad familiar. No en todos los casos de vulnerabilidad, indicados en el párrafo anterior, el arrendatario de vivienda tendrá derecho a la carencia en el pago mensual, es necesario que se den además otras dos condiciones, debiendo tener en cuenta el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria.
- La suma de ingresos del conjunto de personas miembros de la unidad familiar en la vivienda arrendada no supere tres veces el IPREM mensual, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual, que para el año 2020 es 537,84€, de ahí que si hacemos el cálculo significa que podrán acogerse a las medidas aprobadas en este RDL aquel arrendatario cuya unidad familiar no supere los 1.613,52€. (537,84 € IPREM 2020 x3=1.613,52€)
- Hijo a cargo, 0,1
- Hijo, en unidad familiar monoparental, 0,15.
- Persona mayor de 65 años, 0,1
- Miembro de la unidad familiar con discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
- Persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
3 - Importe de la renta más gastos y suministros básicos. Además de cumplir con el requisito anterior en cuanto a los límites de los ingresos de la unidad familiar, existe otra condición para acceder a las ayudas, y es que la renta más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
4 - Requisito de no disponer de viviendas en propiedad o usufructo. No concurren los supuestos de vulnerabilidad económica cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquélla sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
Debido a esto, debemos valorar los posibles acuerdos entre las partes, ya que, por poner algún ejemplo, una unidad familiar formada por dos personas, que superen los 1.613,52€ no podrán acceder a estas medidas, aunque el importe de la renta más los gastos si suponga un importe mayor que el 35% de sus ingresos. Al igual que una sola persona, que habita en Madrid y paga por su alquiler 900€, no podría beneficiarse si sus ingresos eran, antes de encontrarse en un Erte, de 1700€. Podría poner varios supuestos, pero, además, hay que encajar en la definición de unidad familiar que antes he señalado, porque la pareja de hecho debe estar inscrita.
FUENTE JURÍDICA: Sepín Arrendamientos Urbanos

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 152
 artículo 152
 resolución