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Timestamp: 2019-12-16 08:19:41+00:00

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Indemnizaciones compensatorias21 - Corte interamericana de derechos humanos caso coc max y otros (masacre de xamáN)...
Costas y Gastos Los representantes
Indemnizaciones compensatorias21
La Comisión entendió que debía reparararse “integralmente” a las víctimas, incluyendo una “justa compensación”. Los representantes solicitaron a la Corte, en términos generales, que las víctimas “sean reparadas de una forma integral […] a través de la [r]eparación de[l l]ucro [c]esante, [del d]año [e]mergente y [del d]año [m]oral”, para lo cual remitieron a un anexo documental que presentaron, en el que plasmaron un cálculo de los mencionados aspectos22. El Estado advirtió que el daño material solo debe ser compensado hay la prueba necesaria, excluyendo daños meramente eventuales. A continuación la Corte examina las solicitudes y argumentos pertinentes.
E.1. Daño material
La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha establecido que éste supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”23.
E.1.1. Daño Emergente
Los representantes indicaron que estimaban una compensación de Q 300,000.00, lo que equivale a US$ 40,136.78 por daño emergente para cada persona, sin especificar motivos.
La Corte nota que los representantes no explicaron los fundamentos por los cuales solicitan como indemnización para cada víctima el monto mencionado. En razón de ello, este Tribunal no dispondrá la compensación del daño emergente.
E.1.2. Lucro Cesante
Los representantes expresaron que utilizaron como criterio para el cálculo del lucro cesante pautas establecidas por la Corte en el caso Villagrán Morales y Otros Vs. Guatemala24. Manifestaron que tomaron como referencia el salario mínimo anual en el campo, durante los últimos seis meses, haciendo el cómputo del plazo a partir del momento en que ocurrió la masacre para quienes eran mayores de edad, y a partir del momento de la mayoría de edad para quienes eran niños o niña, para tomar en cuenta posteriormente las vacaciones, aguinaldo, “bono 14” e indemnización anual durante el periodo. Con base en lo anterior, realizaron los cálculos correspondientes agrupando los montos según el grupo de víctimas.
Personas fallecidas.- Utilizando la fórmula antes descrita solicitaron un monto por concepto de lucro cesante respecto de cada una de 10 víctimas fallecidas25, indicando que la sumatoria de cada monto da un total de Q 55,133,009.76, lo cual corresponde a US$ 7,376,206.07. Consideraron que a ese total corresponde adicionar Q 531,273.8126, lo cual corresponde a US$ 71,078.74, por intereses por el retraso en el cumplimiento de las reparaciones. Por tanto, solicitaron un total de US$ 7,447,284.81.
Personas heridas. Los representantes solicitaron un monto por “lucro cesante” para cada una de 26 personas heridas27 e indicaron un total, correspondiente a la suma de cada uno de tales montos, de Q 4,513,407.60, equivalente a US$ 603,845.5828. Expresaron que corresponde incluir intereses a favor de cada una de las 26 personas referidas, bajo el mismo principio utilizado respecto de víctimas fallecidas. Por ese concepto solicitaron, en total, una suma equivalente a US$ 625,994.6429. Por ende, requirieron un total de US$ 1,229,840.22.
Los representantes efectuaron una solicitud particular respecto de Gerardo Maldonado Sales, señalando que “[e]n el momento de la masacre tenía dos años [y] murió luego de nueve años […] cuando tenía [11] años de edad”. En este sentido, utilizando la misma fórmula antes aludida, solicitaron un monto de Quetzales que, en total, equivale a USD $ 295,419.8030.
El Estado alegó que el lucro cesante debe ser incluido únicamente en la medida que sea probado y siguiendo los parámetros establecidos de la jurisprudencia, tales como: la expectativa de vida en el país al momento de los hechos, las circunstancias del caso, el salario mínimo y la pérdida de una chance cierta. Manifestó también que “viene afrontando serias dificultades financieras y presupuestarias, las cuales han tendido a agravarse en los últimos años, situación que ha mermado el cumplimiento oportuno de sus compromisos económicos derivados de diversos instrumentos internacionales”.
La Corte nota que los representantes realizaron un cálculo del lucro cesante. No obstante, no tomaron en cuenta todos los elementos requeridos por la jurisprudencia de este Tribunal para la realización de los mismos. En este sentido observa, tal como lo ha señalado con anterioridad31, que al cálculo del lucro cesante se le debe restar el 25% correspondiente a los gastos personales en los que pudo haber incurrido la víctima durante los años de vida con posterioridad a los hechos. El mencionado elemento no fue considerado por los representantes al momento de efectuar los cálculos. Asimismo, no se realiza una distinción en cuanto a las personas que sobrevivieron, sobre sus particularidades laborales o personales, así como tampoco el impacto individualizado que las heridas pudieron generar en las vidas laborales de las víctimas, razones por las cuales no resultan procedentes los montos solicitados por los representantes.
Por tanto, tomando en cuenta lo anterior y las particularidades del caso y para la adecuada reparación integral de las víctimas, esta Corte ordena, en equidad: a) por cada una de las 11 personas fallecidas respecto de quienes se determinó violado el derecho a la vida, que se nombraran en los Anexos B.2 y B.4 de la presente Sentencia, teniendo en cuenta las diferencias de edad al momento de su muerte, el pago de las siguientes cantidades: 1.-Abel Ramírez Pérez: US$ 67,000 (sesenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América); 2.-Andrés Miguel Mateo: US$ 15,000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América); 3.-Hilaria Morente de la Cruz: US$ 15,000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América); 4.-Juana Jacinto Felipe: US$ 39,000 (treinta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América); 5.-Manuela Mateo Antonio: US$ 92,000 (noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de América); 6.-Pablo Coc Coc: US$ 24,000 (veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América); 7.-Pedro Diego Andrés: US$ 42,000 (cuarenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América); 8.-Pedro Medina Sánchez: US$ 22,000 (veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América); 9.-Carlos Fernando Chop Chic: US$ 92,000 (noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de América); 10.-Santiago Coc: US$ 100,000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), y 11.-Maurilia Coc Max: US$ 108,000 (ciento ocho mil dólares de los Estados Unidos de América); b) para cada una de las 29 personas heridas respecto de quienes se determinó violado el derecho a la integridad personal por heridas sufridas, que se nombran en el Anexo B.3 de la presente Sentencia, USD $7,000.00 (siete mil dólares de los Estados Unidos de América). Los montos dispuestos a favor de las personas indicadas que estuvieren fallecidas al momento de emitirse la presente Sentencia, deben ser pagados a sus familiares, en el plazo establecido en el párrafo 196 de la presente Sentencia, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización correspondiente a cada víctima se repartirá, por partes iguales, entre los hijos de ésta. Si uno o varios de los hijos hubieren fallecido ya, la parte que le o les corresponda acrecerá a las de los demás hijos de la misma víctima;
b) el otro cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge, compañero o compañera permanente de la víctima, al momento de la muerte de ésta, según corresponda;
c) en el evento de que la víctima no tuviese hijos o cónyuge, compañero o compañera permanente, lo que hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa categoría acrecerá a la parte que le corresponda a la otra categoría;
d) en el caso de que la víctima no tuviere hijos ni cónyuge ni compañero o compañera permanente, la indemnización del daño material será entregado a sus padres o, en su defecto, a sus hermanos en partes iguales, y
e) en el evento de que la víctima no hubiera tenido ni hijos, ni cónyuge, compañera o compañero, ni padres, ni hermanos, la indemnización deberá ser pagada a los herederos de acuerdo con el derecho sucesorio interno.
E.2. Daño inmaterial
Las representantes solicitaron a la Corte una compensación de Q 500,000.00, lo que equivale a USD $66,894.64 por persona por daño moral, sin distinguir entre las personas fallecidas y heridas, y sin explicar las razones que dan base al monto solicitado.
El Estado argumentó que en caso de que se encontrase responsabilidad internacional del Estado, la Corte deberá tomar en cuenta estos aspectos con base en las pruebas que constan dentro del proceso internacional para determinar si corresponde un pago por daño inmaterial a favor de las víctimas del caso.
La Corte ha establecido que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas32. Por otra parte, dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad33.
En el presente caso, la Corte nota que no se dieron argumentos ni prueba que fundamenten el monto solicitado por los representantes. No obstante, en atención a los criterios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, las circunstancias del presente caso, la entidad, carácter y gravedad de las violaciones cometidas, así como los sufrimientos ocasionados a las víctimas34, la Corte estima pertinente fijar, en equidad:
a) respecto de cada una de las ocho víctimas fallecidas cuyo derecho a la vida se declaró violado, que se nombraran en el Anexo B.2 de la presente Sentencia, US$ 80,000.00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América);
b) respecto de cada una de las tres víctimas fallecidas siendo niña o niño cuyo derecho a la vida se declaró violado, que se nombran en el Anexo B.4 de la presente Sentencia, US$ 90,000.00 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América);
c) respecto de cada una de las 29 víctimas heridas, cuyo derecho a la integridad personal se declaró violado, que se nombran en el Anexo B.3 de la presente Sentencia, USD $20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);
d) respecto de cada una de las personas familiares de 10 víctimas fallecidas indicadas en los puntos a) y b) que se nombran en el Anexo B.5 de la presente Sentencia, USD $10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América)35, y
e) respecto a cada una de las personas que solo vieron vulnerados sus derechos a las garantías judiciales y protección judicial, USD $5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América). Las personas comprendidas en este último grupo son las siguientes: 1.-Manuela Pop Choc; 2.-Francisco Quip Choc; 3.-Petrona Quip Pop; 4.-Margarita Quip Pop; 5.-Martín Maquín Quip Pop; 6.-Dominga Maquín Pop; 7.-Santiago Quip Pop; 8.-José Morales Ortiz; 9.-Cruz Maldonado Silvestre; 10. Martalia Hernández Maldonado; 11.-Andrés Hernández Maldonado, 12.-Florencia Hernández Maldonado.
Los montos dispuestos a favor de aquellas personas antes referidas que se encuentren fallecidas al momento de emitirse la presente Sentencia, deben ser pagados a sus familiares, en el plazo establecido en el párrafo 196 de la Sentencia, de acuerdo con los criterios desarrollados en el párrafo 186 de la presente Sentencia36.
Los representantes solicitaron en su escrito de solicitudes y argumentos un monto de Q1,500,000.00. Después señalaron, en sus alegatos finales escritos, un monto de USD $136,425.65 refiriendo gastos realizados “a través de los años” que “no todos […] pueden ser documentados”.
El Estado solicitó a la Corte que en concepto de reintegro de costas y gastos, únicamente se otorgue aquellos que sean debidamente comprobados ante la Corte.
La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia37, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable38.
Este Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”39. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos40.
La Corte nota que no fueron aportados comprobantes de los gastos derivados de la búsqueda de justicia a nivel interno y a nivel internacional por las violaciones sufridos por los miembros de la Comunidad, más allá de una declaración jurada ante notario41 que no resulta suficiente para comprobar los montos solicitados dado que no se aportan comprobantes de ninguna naturaleza y que, además, refiere a gastos que habrían sido efectuados tanto antes de la presentación del escrito de solicitudes y argumentos como con posterioridad. Sin perjuicio de ello, la Corte considera que es de presumir que el GAM incurrió en gastos para la búsqueda de justicia a nivel interno y ante el sistema interamericano. En consecuencia, la Corte decide fijar el pago de un monto total de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos. Dicha cantidad será entregada al Grupo Apoyo Mutuo. En el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, el Tribunal podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de los gastos razonables debidamente comprobados en dicha etapa procesal42.
El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.
En caso de que las personas beneficiarias que estén vivas al momento de emitirse la presente Sentencia fallezcan antes de que el Estado efectúe el pago correspondiente, éste se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.
El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, de Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
Si por causas atribuibles a las personas beneficiarias de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera guatemalteca solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.1 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 77 a 98.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.2 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 107, 109 a 111 y 116 a 120.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.3 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 106, 108 a 112 y 116 a 120, y en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas indicadas en el Anexo B.5 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 123 a 129.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículos 19 y con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de la niña y los niños indicados en el Anexo B.4 de la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 104 a 107, 109 a 111, 113 y 115 a 120.
El Estado no es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 133 a 135 de la presente Sentencia.
El Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley, contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 105 y 140 a 142 de la presente Sentencia.
Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
El Estado deber adoptar las medidas necesarias para continuar la investigación sobre los hechos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 152 de la presente Sentencia.
El Estado debe brindar el tratamiento psiquiátrico o psicológico a las víctimas nombradas en los Anexos B.3 y B.5 de la presente Sentencia que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 155 y 156 de la presente Sentencia.
El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 158 de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en dicho párrafo.
El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en los términos del párrafo 163 de esta Sentencia.
El Estado debe establecer un Centro de Salud ubicado en la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, en los términos del párrafo 167 de la presente Sentencia.
El Estado debe ampliar y asfaltar la carretera que se dirige de la autopista denominada Franja Transversal del Norte hacia el interior de la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, en los términos del párrafo 171 de la presente Sentencia.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 186, 190 y 195 de la presente Sentencia por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Esos pagos deben efectuarse en los términos de los párrafos 196 a 200 de esta Sentencia.
El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Redactada en español en Ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de agosto de 2018.
Corte IDH. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018.
Humberto A. Sierra Porto Elizabeth Odio Benito

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