Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2997
Timestamp: 2019-12-07 06:15:29+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 143/1995
SENTENCIA 143/1995, de 3 de octumbre
ECLI:ES:TC:1995:143
En el recurso de amparo núm. 2.738/93, interpuesto por don Jorge Tortosa Cordero, representado por la Procuradora doña María Jesús Fernández Salagre y bajo la dirección del Letrado don Jaime Sanz de Bremond y Mayáns, contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Logroño, de 7 de junio y 14 de julio de 1993, dictados ambos en el expediente núm. 720/93, y contra el Acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Logroño, de 1 de abril de 1993, recaído en el expediente disciplinario 118/93. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal de 7 de septiembre de 1993 y presentado en el Centro Penitenciario de Sevilla II el 20 de agosto de 1993, don Jorge Tortosa Cordero anunciaba su intención de interponer recurso de amparo contra los Autos, de 7 de junio y 14 de julio de 1993, dictados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Logroño y contra el Acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Logroño de 1 de abril de 1993, al tiempo que solicitaba el nombramiento de sendos profesionales que le asistieran y representaran en el recurso de amparo, por carecer de recursos económicos para comparecer con Abogado y Procurador de libre designación.
3. Por providencia de 13 de diciembre de 1993, la Sección Primera acordó tener por recibidos los despachos procedentes del Colegio de Procuradores de Madrid y del Consejo General de la Abogacía, teniendo por hechas las designaciones por ellos efectuadas,así como dar traslado de los escritos y documentos presentados por el recurrente a la Procuradora Sra. Fernández Salagre, para que, bajo la dirección del Letrado designado, en el plazo de veinte días, formularan la correspondiente demanda de amparo con los requisitos del art. 44 de la LOTC.
4. En fecha 29 de diciembre de 1993 la representación procesal del recurrente presenta escrito por el que solicitaba que este Tribunal requiriera al recurrente para que ampliara y aclarara determinados hechos y remitiera el Acuerdo sancionador impugnado.Una vez recabada y recibida la información solicitada, en fecha 12 de abril de 1994 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de demanda, suscrito por los profesionales designados de oficio. La demanda se basa en los siguientes hechos:
a) El día 24 de marzo de 1993 le fue notificado al demandante, interno en el Centro Penitenciario de Preventivos y Cumplimiento de Logroño, pliego de cargos en relación con el expediente disciplinario núm. 118/93, incoado en virtud de parte de funcionario, en el que se le imputaban los siguientes hechos: "El 21 de marzo de 1993, al decirle un funcionario que le había sido suspendida una comunicación a su hermana le contestó: Alguno lo va a pasar peor de lo que yo lo he pasado en estos dos días. El funcionario que estaba en comunicaciones se va a acordar de mí, con nombres y apellidos, para toda su vida", indicándose que tales hechos podían ser constitutivos de una falta muy grave del art. 108, apartado b), del Reglamento Penitenciario (en adelante R.P.). En el propio pliego de cargos se hacía constar que "durante la tramitación de este expediente, tiene usted la posibilidad de asesorarse en la forma legalmente reconocida", instruyéndosele además de su derecho de proponer las pruebas que estimara convenientes para su defensa.
b) Con fecha 27 de marzo de 1993, don Jorge Tortosa Cordero presentó instancia solicitando al criminólogo asesoramiento legal, además de escrito de alegaciones mediante el que solicitaba el acceso a todo el material probatorio de cargo que pudiera obrar en el expediente, la práctica de pruebas consistentes en el interrogatorio del funcionario de servicio y del interno Joaquín Garrido, y que se le notificara con la suficiente antelación el lugar, fecha y hora en que debían ser practicadas las pruebas de dicho expediente, anunciando su deseo de formular alegaciones verbales ante la Junta de Régimen.
c) Con fecha 1 de abril de 1993, la Junta de Régimen y Administración del citado establecimiento acordó imponer al recurrente la sanción de doce días de aislamiento en celda prevista en el art. 111 a) del R.P. al considerarle autor de una falta muy gravetipificada en el art. 108 R.P. En dicho Acuerdo se hacía constar, además, que "la práctica de pruebas solicitadas por el interno y consistentes en alegaciones por escrito fueron desestimadas en su momento por considerarlas improcedentes e innecesarias".
d) Con posterioridad al Acuerdo sancionador, el 5 de abril de 1993, el interno recibe contestación a su solicitud de asesoramiento legal, en la que se le comunica "lo solicita usted fuera de plazo".
6. Por providencia de 25 de abril de 1994, la Sección acordó tener por recibida la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 88 de la LOTC, requerir al Centro Penitenciario de Logroño y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de dicha capital para que, en el plazo de diez días, remitieran, respectivamente, testimonio del expediente disciplinario núm. 118/93 y del expediente núm. 720-93 MI, con certificación acreditativa de la fecha de notificación del Auto dictado en el mismo el 14 de juliode 1993.
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presenta su escrito de alegaciones el 5 de diciembre de 1994, en el que interesa la admisión del recurso de amparo. Fundamenta su opinión en dos consideraciones. En primer lugar, la Administración Penitenciaria negó al actor el asesoramiento legal que autorizan los arts. 130.1.e) y 281.5 del R.P. por haberlo solicitado fuera de plazo, pese a que dicha solicitud se verificó dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación del pliego de cargos, y por lo tanto dentro del plazo legal para ello.
10. Por providencia de 22 de diciembre de 1994, la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda de amparo formulada por don Jorge Tortosa Cordero. Acordó asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones, porun plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y al Abogado del Estado, este último si le interesara, para que dentro de dicho término pudieran alegar lo que a su derecho conviniese.
La denunciada lesión del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa carecería asimismo, a juicio del Abogado del Estado, de contenido constitucional. Partiendo de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no practicó una de las pruebas denegadas por la Junta de Régimen y Administración pero admitidas por él en alzada, ello no habría supuesto una infracción con transcendencia constitucional. Y ello porque el recurrente en ningún momento razona por qué el interrogatorio del interno Garrido podría ser transcendente para contradecir los hechos imputados, cuya realidad en ningún momento niega. Sobre la base de estas consideraciones y por carecer de "efecto útil" la concesión del amparo, el Abogado del Estado niega la transcendencia constitucional de la omisión por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la práctica de una de las pruebas admitida; añadiendo que la irregularidad derivada de la presunta lesión del art. 130.4 c) R.P. no rebasaría el ámbito de la mera legalidad ordinaria.
Ahora bien, el Abogado del Estado discrepa de la afirmación del recurrente de que tal solicitud la entregó al tiempo en que presentaba su contestación al pliego de cargos, el 27 de marzo de 1993. Estima el Abogado del Estado que no existe prueba sobre este extremo y sí indicio de lo contrario, es decir, de que tal solicitud se realizó el 5 de abril de dicho año, al interponer la alzada, por lo que la declaración de extemporaneidad al respecto, hecha por el Director del Centro, sería correcta al haber finalizado cuatro días antes el procedimiento disciplinario. Tras la exposición detallada de los indicios que fundamentan su sospecha, el Abogado del Estado estima que la prohibición de entrar a conocer de los hechos que establece el art. 44.1 b) LOTC debeaplicarse al presente caso, ya que entre los hechos que dieron lugar al procedimiento se encontraría el de que el asesoramiento se pidió fuera de plazo. Consecuentemente, no se podría entender violado el derecho invocado al haberse solicitado la asistencia jurídica una vez resuelto el procedimiento de disciplina penitenciaria.
13. El 17 de enero de 1995 presenta su escrito de alegaciones el Fiscal ante el Tribunal Constitucional. A su juicio, la denegación por la Administración Penitenciaria del asesoramiento técnico solicitado no tiene fundamento dado que tal solicitud se presentó en el plazo de setenta y dos horas para la formulación del pliego de descargos, sin que la misma Administración Penitenciaria señale plazo preclusivo alguno para dicha solicitud. Tal privación injustificada habría incidido con dimensión constitucional en el derecho fundamental de defensa del recurrente.
1. Tienen su origen estos autos en la impugnación del Acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Logroño, de 1 de abril de 1993 -expediente disciplinario núm. 118-93-, que imponía al ahora demandante de amparo la sanciónde doce días de aislamiento en celda con invocación de los arts. 108b), 111a) y 124 todos del Reglamento Penitenciario, siendo de añadir que tal impugnación se extiende a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Logroño, de 7 de junio y 14 de julio de 1993 -expediente 720-93-, que vinieron a confirmar aquel Acuerdo.
Y ya con este punto de partida, habrá que indicar: a) Que al proceder de la Administración Penitenciaria durante la tramitación del expediente disciplinario, que concluyó con el mencionado Acuerdo, imputa el recurrente la vulneración del derecho a la prueba y del derecho a la defensa, ambos reconocidos en el art. 24,2 C.E.; y b) Que a las resoluciones judiciales les atribuye la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), no sólo por no haber reparado las vulneraciones constitucionales ante él alegadas, sino por haber omitido cualquier consideración al respecto.
Y, en lo que ahora importa, ha de advertirse que este Tribunal viene destacando que "tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a internos penitenciarios este conjunto de garantías se aplica con especial vigor, al considerar que la sanción supone una grave restricción a la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena" (SSTC 74/1985, 2/1987, 297/1993, 97/1995, etc.): es claro que la situación de sujeción especial del interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales (STC 120/1990) ni por tanto que "la justicia se detenga en la puerta de las prisiones" (SSTC 2/1987, 297/1993, 97/1995 y Sentencia del T.E.D.H. de 28 de junio de 1984, caso Campbell y Fell).
1º) El día 24 de marzo de 1993 se notificó al demandante el pliego de cargos derivado del expediente disciplinario núm. 118/93, en el que, además de describirse los hechos imputados, se hacía constar que "asimismo, durante la tramitación de este expediente, tiene usted la posibilidad de asesorarse en la forma legalmente reconocida".
2º) El recurrente presentó instancia, fechada el 27 de marzo de 1993, solicitando "al criminólogo asesoramiento legal para el expediente disciplinario 118/93, de acuerdo con los arts. 130.1 e) y 281.5 del Reglamento Penitenciario".
3º) Cuando ya el expediente disciplinario había terminado con el Acuerdo sancionador aquí recurrido, se notifica al ahora demandante el 5 de abril de 1993 la decisión recaída a su petición de asesoramiento y cuyo texto era el siguiente: "Lo solicita Vd. fuera de plazo".
Así las cosas, antes de examinar estos datos en la perspectiva constitucional, habrá que advertir que el Abogado del Estado alega que no existe prueba alguna respecto de que la solicitud de asesoramiento fuera entregada por el interno el 27 de marzo de 1993, tal y como éste afirma, y sí varios indicios de lo contrario, es decir, de que dicha instancia se presentó el 5 de abril siguiente, al tiempo de interponer el recurso de alzada contra el acuerdo sancionador, por lo que su denegación por extemporaneidad sería correcta al haber ya concluído el procedimiento disciplinario. Pero esta versión de los hechos no puede ser admitida, al no constituir sino una mera sospecha carente de constancia documental, debiendo por tanto reputarse como fecha de presentación de la solicitud la que figura en la instancia y que viene avalada por la firma del funcionario encargado de su recepción.
4. Ya en este punto será de destacar que el derecho a la defensa en el ámbito del procedimiento penitenciario sancionador, constitucionalmente protegido como antes se ha indicado, puede ejercitarse no solo mediante la asistencia del Abogado del interno (SSTC 74/1985, 21/1987, 190/1987, 192/1987, etc.) sino también, dada la abierta redacción del art. 130.1e) R.P., con el auxilio de funcionarios del propio Centro Penitenciario (STC 161/1993) y muy especialmente del jurista-criminólogo: a él se atribuye el cometido de informar con carácter general a los internos y además y muy especialmente el asesoramiento durante la tramitación del expediente disciplinario [art. 130.1e), en relación con el art. 281.5, ambos del R.P.].
Este Tribunal, desde su STC 20/1982, ha venido elaborando un cuerpo de doctrina acerca de la relevancia constitucional del vicio de incongruencia en las resoluciones judiciales y así en lo que se refiere a la vertiente omisiva de tal incongruencia ha señalado que el derecho a la tutela judicial obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, de suerte que la vulneración de ese deber constituye lesión de aquel derecho fundamental (SSTC 14/1984, 177/1985, 142/1987, 69/1992, 88/1992, 169/1994, etc.). Pero también se ha matizado que las hipótesis de incongruencia omisiva no son susceptibles de una solución unívoca, pues han de ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto para determinar si el silencio de la resolución judicial puede o no razonablemente interpretarse como desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 175/1990, 198/1990, 88/1992, 163/1992, 226/1992, 161/1993, 169/1994, etc.).
La aplicación de la doctrina constitucional reseñada al supuesto que se analiza determina la procedencia de la estimación de la queja del recurrente. En efecto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en su Auto de 7 de junio de 1993, desestimó el recurso de alzada que esgrimía como uno de los motivos fundamentales la lesión del derecho de defensa, limitándose a indicar que del conjunto de las actuaciones se desprendía la realidad de los hechos sancionados, argumento que, dado su tenor, no puede interpretarse como desestimación tácita de dicho motivo del recurso. Frente a esta resolución el actor formuló recurso de reforma, en el que, además de reiterar su petición de reparación de los derechos vulnerados durante la tramitación del expediente disciplinario, denunciaba la ausencia de respuesta judicial expresa a sus denuncias, recurso que fue desestimado por Auto de 14 de julio de 1993. En esta resolución el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria niega que al recurrente se le haya producido indefensión alguna ni vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, basando esta conclusión en que la Administración Penitenciaria habría observado lo establecido en el art. 130 del R.P. y mencionando a continuación los diferentes trámites procedimentales que precedieron a la imposición de la sanción, pero sin analizar, siquiera brevemente, la cuestión relativa a la denegación extemporánea del asesoramiento legal solicitado. Y aunque el órgano judicial desestime el "petitum" del recurso, consistente en la solicitud de nulidad del acuerdo sancionador, no existe en la resolución judicial analizada dato alguno que permita entender que la denunciada lesión del derecho de defensa, esgrimida claramente por el interno como "causa petendi", fue valorada por el órgano judicial en su decisión desestimatoria, y mucho menos cabe deducir del tenor del Auto la razón en que podría haberse basado una posible desestimación tácita de dicho motivo del recurso.
En conclusión y como declara para caso sustancialmente idéntico la STC 161/1993, "esa total falta de respuesta a lo que era la causa de pedir entraña, conforme a la doctrina constitucional expuesta, la manifiesta vulneración del derecho a obtener una respuesta fundada sobre la pretensión deducida ante el órgano judicial", lo que determina la procedencia del otorgamiento del amparo en cuanto a la queja aquí examinada.
Otorgar el amparo instado por don Jorge Tortosa Cordero y, en consecuencia:
2º. Anular el Acuerdo sancionador de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Preventivos y Cumplimiento de Logroño, de 1 de abril de 1993, así como los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Logroño de 7 de junio de 1993 y 14 de julio de 1993.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado",
Número y fecha BOE [Núm, 269 ] 10/11/1995 Corrección 1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2738-1993
Fecha de resolución 03/10/1995
Contra Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Logroño dictados contra Acuerdo de la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Logroño, recaídos en expediente disciplinario abierto contra un interno.
Ya desde la STC 18/1981 viene declarando reiteradamente este Tribunal que las garantías procesales establecidas en el art. 24.2 C.E. son aplicables no solo en el proceso penal sino también en los procedimientos administrativos sancionadores con las matizaciones que resultan de su propia naturaleza, en cuanto que en ambos casos se actúa el «ius puniendi» del Estado ( SSTC 2/1987, 212/1990, 145/1993, 297/1993, 97/1995, etc.), siendo de añadir que la doctrina constitucional ha precisado el alcance de esta regla general concretando, en lo que a estos autos atañe, la aplicabilidad a aquellos procedimientos administrativos del derecho a la defensa (SSTC 2/1987, 297/1993, 97/1995, etc.). [F.J. 2.]
Este Tribunal viene destacando que «tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a internos penitenciarios este conjunto de garantías se aplica con especial vigor, al considerar que la sanción supone una grave restricción a la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena» (SSTC 74/1985, 2/1987, 297/1993, 97/1995, etc.: es claro que la situación de sujeción especial del interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales (STC 120/1990) ni por tanto que «la justicia se detenga en la puerta de las prisiones» (SSTC 2/1987, 297/1993, 97/1995 y Sentencia del T.E.D.H. de 28 de junio de 1984, caso Campbell y Fell). [F.J. 2]
El derecho a la defensa en el ámbito del procedimiento penitenciario sancionador, constitucionalmente protegido como antes se ha indicado, puede ejercitarse no solo mediante la asistencia del Abogado del interno (SSTC 74/1985, 21/1987, 190/1987, 192/1987, etc.), sino también, dada la abierta redacción del art. 130.1 e) R.P., con el auxilio de funcionarios del propio Centro Penitenciario (STC 161/1993) y muy especialmente del jurista-criminólogo: a él se atribuye el cometido de informar con carácter general a los internos y además y muy especialmente el asesoramiento durante la tramitación del expediente disciplinario [art. 130.1 e), en relación con el art. 281.5, ambos del R.P.]. [F.J. 4]
Las hipótesis de incongruencia omisiva no son susceptibles de una solución unívoca, pues han de ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto para determinar si el silencio de la resolución judicial puede o no razonablemente interpretarse como desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 175/1990, 198/1990, 88/1992, 163/1992, 226/1992, 161/1993, 169/1994, etc.). 6. Aunque el órgano judicial desestime el «petitum» del recurso, consistente en la solicitud de nulidad del Acuerdo sancionador, no existe en la resolución judicial analizada dato alguno que permita entender que la denunciada lesión del derecho de defensa, esgrimida claramente por el interno como «causa petendi», fue valorada por el órgano judicial en su decisión desestimatoria, y mucho menos cabe deducir del tenor del Auto la razón en que podría haberse basado una posible desestimación tácita de dicho motivo del recurso. En conclusión y como declara para caso sustancialmente idéntico la STC 161/1993, «esa total falta de respuesta a lo que era la causa de pedir entraña, conforme a la doctrina constitucional expuesta, la manifiesta vulneración del derecho a obtener una respuesta fundada sobre la pretensión deducida ante el órgano judicial», lo que determina la procedencia del otorgamiento del amparo en cuanto a la queja aquí examinada. [F.J. 5]
Artículo 108 b), f. 1
Artículo 111 a), f. 1
Artículo 124, f. 1
Artículo 130, f. 5
Artículo 130.1 e), ff. 3, 4
Artículo 281.5, ff. 3, 4
Procedimiento disciplinario penitenciarioProcedimiento disciplinario penitenciario, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 108

Artículo 111

Artículo 124

Artículo 130

Artículo 130

Artículo 281