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Timestamp: 2020-08-06 12:45:56+00:00

Document:
STC 12/1982, 31 de Marzo de 1982 - Jurisprudencia - VLEX 15034896
STC 12/1982, 31 de Marzo de 1982
Fecha de Resolución: 31 de Marzo de 1982
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 227/1981
1. Como regla general, para que sea viable el recurso de amparo, en los términos del art. 43.1 de la LOTC, hay que agotar la vía judicial que sea conforme con la Ley procesal, de manera que, cuando la vía jurídica realmente emprendida no sea la legalmente procedente, debe el interesado volver atrás en el camino procesal, abrir la vía procedente y seguirla hasta el final, de modo que sólo cuando así lo haya hecho podrá utilizar el amparo. De esta suerte, una resolución judicial que estatuye sobre el procedimiento, considerando como inadecuado el seguido hasta entonces, no pone fin a la vía judicial procedente. 2. La anterior doctrina admite una excepción cuando la vía judicial utilizada es la que marca la Ley especial de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y la resolución que estatuye sobre el procedimiento califica al mismo tiempo el derecho sustantivo esgrimido por el particular, de modo que esa calificación lo hace inviable en los términos pretendidos. 3. Cuando el proceso iniciado e inacabado es el de protección de los Derechos Fundamentales, si al dictar la resolución que configura el procedimiento a seguir, el Tribunal lo hace tras haber calificado el derecho sustantivo de fondo que se ejercita, y lo hace de manera tal que impide su definitiva protección, hay que entender agotada la que el art. 43 de la LOTC llama «vía judicial procedente», aun cuando pueda seguir otra. 4. El derecho de libertad de expresión significa básicamente ausencia de interferencias o intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación. En otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político. 5. El derecho, derivado del art. 20.1 de la C. E., a difundir ideas y opiniones comprende en principio el derecho de crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible. 6. Entre los límites a este derecho se encuentra la necesidad de no impedir un igual ejercicio de los mismos derechos por los demás ciudadanos, de manera que la creación de un medio o soporte de difusión no debe impedir la creación de otros iguales o similares. 7. Cuando los bienes que se utilizan en un medio de reproducción ofrecen posibilidades limitadas de utilización, su grado de escasez natural o tecnológico condiciona el «statu quo» jurídico y político del medio y el derecho mismo a una difusión e información libres. 8. El derecho, implícitamente reconocido por el art. 20 de la C. E., de crear soportes de comunicación libre se ve también limitado por otras circunstancias, como son la articulación jurídica del goce de dichos bienes y los problemas técnicos que plantea. Entre estos últimos, el que la emisión mediante ondas radioeléctricas entraña la utilización de un bien que ha de ser calificado como de dominio público. 9. La configuración de la televisión como servicio público, aunque no sea una afirmación necesaria en nuestro orden jurídico político, se encuentra dentro de los poderes del legislador. Adoptar el sistema de gestión indirecta del servicio público requiere una decisión del legislador y un desarrollo legislativo que el Tribunal Constitucional no puede suplir. 10. En nuestro ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado el control parlamentario de la televisión pública estatal. 11. La llamada «televisión privada» no está necesariamente impuesta por el art. 20 de la C. E. No es una derivación necesaria del art. 20, aunque no está tampoco constitucionalmente impedida. Su implantación no es una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política que puede adoptarse por la vía de una Ley orgánica. 12. La preservación de la comunicación pública libre, sin la cual no hay sociedad libre ni soberanía popular, requiere la preservación de un determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión.
Sentencia citada en: 599 sentencias, 63 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un tema práctico, 19 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo registrado con el núm. 227 de 1981, promovido por la sociedad mercantil «Antena 3, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Juan L. P. M. y S., y defendida por el Abogado don Manuel J. P., sobre ejercicio del derecho a gestionar y explotar la transmisión de imágenes y sonidos a través de televisión. En el mencionado recurso de amparo han sido partes el Ministerio Fiscal y el señor A. E. y ha sido Ponente el Magistrado don Luis D. P., quien expresa el parecer del Tribunal.
Así enmarcada, la cuestión consiste en dilucidar si, en los subsodichos términos, puede o no entenderse cumplida la condición que impone el párrafo final del art. 43.1 de la LOTC, que exige, para que sea viable el recurso de amparo constitucional, que «se haya agotado la vía judicial procedente de acuerdo con el art. 53.2 de la Constitución». Interpretado el precepto de acuerdo con los criterios de una interpretación literal, puede pensarse que lo que hay que agotar es aquella vía judicial que sea conforme con la Ley procesal, de manera que cuando la vía judicial realmente emprendida no es la que legalmente era procedente, tiene el interesado, en líneas de principio, que volver atrás en el camino procesal, abrir la vía procedente y seguirla hasta el final, de modo que sólo cuando así lo haya hecho podrá utilizar el amparo. De esta suerte, una resolución judicial que estatuye sobre el procedimiento considerando como inadecuado el seguido hasta el momento, no pone fin a la vía judicial procedente, ya que lejos de extinguirla la deja abierta. La anterior doctrina, que es clara como regla general, admite sin embargo alguna excepción, cuando la vía judicial utilizada es la que marca la Ley Especial de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, ejercitándose una pretensión en la que el elemento cualificador es una eventual lesión de un derecho para el que esté abierto aquel proceso, y la resolución que estatuye sobre el procedimiento califica al mismo tiempo el derecho sustantivo esgrimido por el particular, de modo tal que esa calificación lo hace inviable en los términos pretendidos. Lo primero, porque el art. 43 de la LOTC habla de «vía legal procedente de acuerdo con el art. 53 de la Constitución» y esta característica la reúne precisamente el proceso contemplado por la Ley 62/ 1978, de modo que cualquier otro procedimiento judicial no idóneo debe conducir ineludiblemente a la solución antes propuesta, pero no necesariamente el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. Todo ello lo decimos obviamente en el marco del art. 43 de la LOTC, que es distinto por hipótesis del que contempla el art. 44. Cuando el proceso iniciado e inacabado es el de protección de los derechos fundamentales, hay que tener en cuenta si al dictar la resolución que configura el procedimiento a seguir, el Tribunal lo hace tras haber calificado el derecho sustantivo de fondo que se ejercita y lo hace de manera tal que impide en puridad la definitiva protección de ese derecho, porque, de ser así, hay que entender agotada la que el art. 43 de la LOTC llama «vía judicial procedente», aun cuando pueda todavía seguirse otra. Este es cabalmente el caso en el asunto que nos ocupa. El Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 8 de abril de 1981, determinó que no procedía seguir la tramitación especial de la Ley 62/1978, en atención a que el acto administrativo contra el que se reclamaba, aunque de modo reflejo podía afectar al derecho de difundir libremente ideas y opiniones, primordialmente lo hacía sobre el derecho a la libre empresa. De este modo, al adoptar una decisión de carácter procesal, el Tribunal más o menos explícitamente adoptaba una decisión de carácter sustantivo, pues al decir que en el asunto no está involucrado de modo alguno el art. 20, sino el 38 de la Constitución, viene a decir que no hay real violación del art. 20, sino, en todo caso, una eventual violación del art. 38, o lo que es lo mismo, desestima el alegato de vulneración del derecho consagrado en el art. 20. En estos términos, la resolución judicial, que ordena el cambio de procedimiento y el paso de la vía especial de la Ley 62/1978 al proceso ordinario, puede ser considerada como equivalente a una inadmisión y por ende a la frustración de la vía judicial, ya que al reconducir al recurrente al proceso ordinario, se le priva de la protección específica que se otorga a los derechos fundamentales.
Ha decidido Desestimar el recurso de amparo promovido por la sociedad Antena 3, S. A.
Voto particular que formula el Magistrado don Francisco R. L. a la Sentencia de esta fecha dictada en el recurso de amparo núm. 227 de 1981 Disiento de la decisión del Tribunal respecto de la pretensión central del recurso, esto es, la de que se reconozca a la sociedad demandante «el derecho a establecer, gestionar y explotar la producción y transmisión de sonidos para todo el ámbito nacional».
SAP Madrid 464/2006, 23 de Octubre de 2006
SAP Córdoba 308/2000, 22 de Noviembre de 2000
STC 107/2018, 4 de Octubre de 2018

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