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Timestamp: 2020-02-17 18:06:10+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 431-2935, de 06/11/2014
cve: BOCG_D_10_431_2935
Artículo 2.s)
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 6 (GP. Mixto) y 41 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) se modifica la definición del término «objeción a una reserva» precisando la misma de conformidad con el Derecho y la práctica internacionales.
Artículo 2.u)
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 75 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 133 (GP. Socialista) se modifica la definición del término «denuncia» para evitar la confusión entre denuncia y terminación de un Tratado.
Como consecuencia de la aprobación de una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas n.º 77 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 134 (GP. Socialista) se suprime por innecesaria la referencia a que las competencias del Consejo de Ministros se entienden sin perjuicio de las atribuidas por el ordenamiento jurídico a otros poderes y órganos de la Administración y se modifica el tiempo de los verbos con que se inicia la redacción de cada una de las letras en que se divide el precepto.
Artículo 3.a)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 169 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Artículo 3.d)
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 78 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 135 (GP. Socialista) se modifica la redacción de esta letra d) para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.
Artículo 3.d) bis
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 80 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 137 (GP. Socialista) se añade una nueva letra d)bis para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución.
Artículo 3.d) ter
Como consecuencia de la aprobación de una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas n.º 81 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 138 (GP. Socialista) se añade una nueva letra d) ter para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Constitución.
Artículo 3.e)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 170 (GP. Popular en el Senado), se añade al final «y en su caso, las reservas que pretenda formular» por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 171 (GP. Popular en el Senado) se sustituye en término «establecer» por «celebrar» por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 172 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción del segundo párrafo por coherencia con las competencias que el artículo 5.e) atribuye a los departamentos ministeriales.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 173 (GP. Popular en el Senado) se sustituye el término «prestación» por «manifestación» por razones de mejora técnica.
Artículo 17.3 (nuevo)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 174 (GP. Popular en el Senado) se añade un nuevo apartado a este artículo 17 por razones de claridad y precisión técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 175 (GP. Popular en el Senado) se modifica la rúbrica del precepto por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 (GP. Popular en el Senado) se sustituye la referencia a «las partes contratantes» por «las otras partes contratantes» por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 178 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 179 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 180 (GP. Popular en el Senado) se cita correctamente la Ley a que se remite el precepto.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 94 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya), 151 (GP. Socialista) y 181 (GP. Popular en el Senado) se suprime este artículo por razón de su redacción imprecisa y amplia que podría plantear problemas de inseguridad jurídica. Además, en coherencia con esta supresión, se procede a renumerar el resto de los artículos del Proyecto de Ley.
Artículo 35.1 (antes 36.1)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 182 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Artículo 35.5 (antes 36.5)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 183 (GP. Popular en el Senado) se cita correctamente la Ley a que se remite el precepto.
Artículo 37.5 (nuevo) (antes 38)
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas n.º 98 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 155 (GP. Socialista) se añade un nuevo apartado por razones de coherencia con las competencias de autorización de los Tratados que corresponden a las Cortes Generales.
Sin embargo, con el paso del tiempo el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, ha quedado obsoleto tanto por el notable desarrollo experimentado por el Derecho Internacional a lo largo de las últimas cuatro décadas, como por los profundos cambios políticos y constitucionales vividos por España desde 1972. Ello hace de todo punto necesario reemplazar el Decreto por una nueva regulación que, de forma sistemática y actualizada, regule la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales. Esta
necesidad se ha subrayado tanto por las propias administraciones públicas, como por los ámbitos académico y doctrinal.
Asimismo, el diseño territorial del Estado realizado tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 ha significado el reconocimiento a las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de relevantes competencias en materia de acción exterior. De esta forma, como consecuencia de lo previsto en el apartado tercero del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado posee una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales que, con base en una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluye en su núcleo duro precisamente la capacidad de celebrar tratados internacionales, el llamado ius ad tractatum. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencia para desplegar ciertas actividades de acción exterior entre las que cabe, por ejemplo, la celebración de acuerdos internacionales no normativos. También disponen de competencia para celebrar acuerdos internacionales administrativos, en concreción o ejecución de un tratado. Gozan, además, de competencias en otros aspectos de la acción exterior que también tienen consecuencias en la propia política exterior del Estado en materia de celebración de tratados internacionales y que deben ser objeto de regulación para garantizar su adecuada inserción dentro de la competencia exclusiva del Estado derivada de los artículos 97 y 149.1.3.ª
de la Constitución Española. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de las Comunidades Autónomas a proponer la apertura de negociaciones para la celebración de tratados sobre materias respecto de las que acrediten un interés justificado, el derecho a ser informadas de la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias o el derecho a solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que afecte a competencias de las Comunidades Autónomas.
Este escenario exige una actualización del instrumento jurídico que regula la ordenación de la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales y aconseja un rango legal para atender lo que ya fueron recomendaciones del Consejo de Estado. En este sentido, cuando en su momento se estaba preparando el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, el Consejo de Estado llamó la atención sobre el hecho de que «el interés público y la seguridad jurídica aconsejan que se dicte una disposición de rango legal» en sus dictámenes núm. 37.248 y 37.068, de 19 de noviembre de 1971. De igual modo, una vez en vigor la Consti
tución Española de 1978, el Consejo de Estado volvió a pronunciarse en el mismo sentido con ocasión del informe que emitió a propósito del anteproyecto de ley de tratados que se preparó en 1985, si bien no llegó a remitirse a las Cortes Generales, en su dictamen núm. 47.392, de 21 de febrero de 1985. Ello obedece, entre otros aspectos, a que «la materia afecta a las relaciones entre órganos constitucionales y asimismo entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, regula la producción y aplicación de normas jurídicas convencionales (Constitución Española, artículo 96) y, finalmente, porque el artículo 63.2 de la Constitución Española establece en realidad una reserva de ley». En efecto, esta disposición establece que «al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución Española y las leyes».
Así las cosas, el contenido de esta Ley de tratados y otros acuerdos internacionales se articula en torno a cinco grandes títulos. El punto de partida lo configuran las disposiciones generales del título I que precisan el alcance material de la Ley e incluyen definiciones de los principales conceptos manejados en la Ley. A continuación, como núcleo fundamental de la misma, se regula en el título II todo lo relativo a la competencia para la celebración y la celebración misma de los tratados internacionales, diferenciando, de la misma forma que hace el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, entre la representación internacional de España, el proceso de celebración, la publicación y registro, la ejecución y observancia y la enmienda, suspensión y denuncia. A partir de ahí, la Ley dedica los dos títulos siguientes a la regulación de dos importantes modalidades de acuerdos internacionales de relevancia creciente en la práctica internacional que, sin embargo, no gozan de la naturaleza de los tratados internacionales, a saber, los acuerdos internacionales administrativos, título III, y los acuerdos internacionales no normativos, título IV. Ambas modalidades precisan una regulación de los aspectos propios de su naturaleza, calificación, tramitación y, según los casos, publicación o registro administrativo. Por último, en razón de la naturaleza de nuestro Estado autonómico y las competencias asumidas en materia de acción exterior por las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, la Ley presta particular atención a la participación de estas Comunidades Autónomas, título V, tanto en la celebración de tratados internacionales como
de acuerdos administrativos y acuerdos no normativos. Finalmente, la Ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales, derogatoria y finales.
s) «objeción a una reserva»: acto por el que España realiza una declaración unilateral para objetar a la reserva formulada previamente por otro sujeto de Derecho Internacional. s) «objeción a una reserva»: declaración unilateral por la que España expresa su disconformidad en relación con la reserva formulada previamente por otro sujeto de Derecho Internacional.
u) «denuncia»: acto por el que España hace constar su consentimiento para terminar un tratado internacional o retirarse de él. u) «denuncia»: acto por el que España hace constar su consentimiento para dar por finalizadas respecto a sí mismo las obligaciones derivadas de un tratado.
El Consejo de Ministros, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los poderes del Estado y a otros órganos de la Administración: Corresponderá al Consejo de Ministros:
a) Autorizará la firma de los tratados internacionales y actos de naturaleza similar, conforme a lo dispuesto en el artículo 14. a) Autorizar la firma de los tratados internacionales y actos de naturaleza similar a la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
b) Aprobará su firma ad referendum. b) Aprobar su firma ad referendum.
c) Autorizará su aplicación provisional, en los términos previstos por la presente Ley. c) Autorizar su aplicación provisional, en los términos previstos por la presente Ley.
d) Remitirá a las Cortes Generales los tratados internacionales con arreglo a lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Constitución Española. d) Aprobar y acordar la remisión a las Cortes Generales de los proyectos de ley orgánica previstos en el artículo 93 de la Constitución.
e) Acordará la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante un tratado internacional. e) Acordar la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante un tratado internacional y, en su caso, las reservas que pretenda formular.
f) Conocerá de los acuerdos internacionales administrativos y de los no normativos cuya importancia así lo aconseje. f) Conocer de los acuerdos internacionales administrativos y de los no normativos cuya importancia así lo aconseje.
Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados internacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales podrán establecer otros acuerdos internacionales en el marco de las competencias que les otorgan los tratados internacionales, la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título V de esta Ley. Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados internacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales podrán celebrar otros acuerdos internacionales en el marco de las competencias que les otorgan los tratados internacionales, la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título V de esta Ley.
1. Los departamentos ministeriales negociarán los tratados internacionales en el ámbito de sus
respectivas competencias, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La propuesta al Consejo de Ministros será elevada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, en su caso, conjuntamente con el titular
del departamento ministerial que sea competente por razón de la materia.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará la firma ad referendum para su aprobación al Consejo de Ministros y comunicará la aprobación al depositario o, en su caso, a la contraparte. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente con el titular del departamento ministerial competente por razón de la materia, elevará la firma ad referendum para su aprobación al Consejo de Ministros y comunicará la aprobación al depositario o, en su caso, a la contraparte.
1. El Consejo de Ministros acordará la prestación del consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional, de conformidad con la Constitución Española y las leyes, en la forma convenida por los negociadores. 1. El Consejo de Ministros acordará la manifestación del consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional, de conformidad con la Constitución Española y las leyes, en la forma convenida por los negociadores.
Artículo 18. Información a las Cortes Generales. Artículo 18. Información al Congreso de los Diputados y al Senado.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Constitución Española, el Gobierno informará inmediatamente a las Cortes 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Constitución Española, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso
Generales de la conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las reservas formuladas por los negociadores y las declaraciones que España haya realizado, con los informes y dictámenes recabados. de los Diputados y al Senado de la conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las reservas formuladas y las declaraciones que España haya realizado, con los informes y dictámenes recabados.
3. El Gobierno informará a las Cortes Generales respecto de las aceptaciones u objeciones que haya formulado a las reservas emitidas por las partes contratantes en los tratados internacionales previamente autorizados por las Cámaras. 3. El Gobierno informará a las Cortes Generales respecto de las aceptaciones u objeciones que haya formulado a las reservas emitidas por las otras partes contratantes en los tratados internacionales previamente autorizados por las Cámaras.
El Rey, con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, firmará los instrumen
tos de ratificación y de adhesión que manifiesten el consentimiento de España en obligarse por un tratado internacional.
2. Asimismo, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, cuando se produzca cualquier acto posterior que pueda influir en la aplicación de un tratado internacional. 2. Asimismo se publicará en el Boletín Oficial del Estado cualquier acto posterior que afecte a la aplicación de un tratado internacional.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, y a cualquier otra organización
internacional que proceda, todo acto ulterior realizado por España que modifique o suspenda dichos tratados internacionales, o que ponga término a su aplicación.
Todos los poderes, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y deberán velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados. Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.
1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a
la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
La declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales se tramitará por el procedimiento regulado en el título II de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. La declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales se tramitará por el procedimiento regulado en el título II de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Artículo 34. Efectos jurídicos de actos relacionados con los tratados internacionales. Artículo 34. Suprimido
Artículo 35. Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas. Artículo 34 (antes 35). Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas.
Artículo 36. Reglas de interpretación. Artículo 35 (antes 36). Reglas de interpretación.
1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional, en particular las de los artículos 31 a 33 de las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como los criterios contenidos en el propio tratado. 1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional, los consagrados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho de los Tratados y los contenidos en el propio tratado.
5. Las dudas y discrepancias sobre la interpretación y el cumplimiento de un tratado internacional del que España sea parte se someterán al dictamen del Consejo de Estado, de 5. Las dudas y discrepancias sobre la interpretación y el cumplimiento de un tratado internacional del que España sea parte se someterán al dictamen del Consejo de Estado, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en coordinación con el ministerio competente por razón de la materia. acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en coordinación con el ministerio competente por razón de la materia.
Artículo 37. Enmienda. Artículo 36 (antes 37). Enmienda.
Artículo 38. Denuncia y suspensión. Artículo 37 (antes 38). Denuncia y suspensión.
Artículo 39. Requisitos. Artículo 38 (antes 39). Requisitos.
Artículo 40. Informe. Artículo 39 (antes 40). Informe.
1. Todos los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para que por la Asesoría Jurídica Internacional
se emita informe preceptivo acerca de su naturaleza y formalización. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional no normativo. Asimismo, antes de su firma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aquellos que conlleven compromisos financieros para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.
Artículo 41. Tramitación interna. Artículo 40 (antes 41). Tramitación interna.
Artículo 42. Publicación y entrada en vigor. Artículo 41 (antes 42). Publicación y entrada en vigor.
Artículo 43. Recopilaciones. Artículo 42 (antes 43). Recopilaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publicará periódicamente colecciones de
acuerdos internacionales administrativos celebrados por España.
Artículo 44. Naturaleza. Artículo 43 (antes 44). Naturaleza.
Artículo 45. Competencia. Artículo 44 (antes 45). Competencia.
Artículo 46. Informe. Artículo 45 (antes 46). Informe.
Artículo 47. Tramitación interna. Artículo 46 (antes 47). Tramitación interna.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la materia, tomará conocimiento de la celebración de los acuerdos internacionales no normativos cuando su impor
tancia así lo aconseje conforme a la valoración conjunta de dichos Ministros.
Artículo 48. Mención expresa del Estado. Artículo 47 (antes 48). Mención expresa del Estado.
Artículo 49. Registro. Artículo 48 (antes 49). Registro.
Artículo 50. Propuesta de apertura de negociaciones. Artículo 49 (antes 50). Propuesta de apertura de negociaciones.
Artículo 51. Deber de información. Artículo 50 (antes 51). Deber de información.
2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación las observaciones que estimen convenientes sobre la negociación. La decisión adoptada sobre
las observaciones deberá ser motivada y comunicada a las Comunidades Autónomas.
Artículo 52. Participación en la delegación española. Artículo 51 (antes 52). Participación en la delegación española.
Artículo 53. Celebración de acuerdos internacionales administrativos. Artículo 52 (antes 53). Celebración de acuerdos internacionales administrativos.
3. Los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Inter
nacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días.
Artículo 54. Celebración de acuerdos internacionales no normativos. Artículo 53 (antes 54). Celebración de acuerdos internacionales no normativos.
No quedan sujetos a las disposiciones de la presente Ley los actos de aplicación de los tratados internacionales para evitar la doble imposición, en particular, los acuerdos amistosos de resolución de los conflictos en la aplicación de los tratados para
evitar la doble imposición. Tampoco quedan sujetos los acuerdos entre administraciones tributarias para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.

References: Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3
 artículo 93

Artículo 3
 artículo 94

Artículo 3
 artículo 94

Artículo 3
 artículo 5

Artículo 17
 artículo 17

Artículo 35

Artículo 35

Artículo 37
 artículo 149
 artículo 96
 artículo 63
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 93

Artículo 18
 Artículo 18
 artículo 94
 artículo 94

Artículo 34
 Artículo 34

Artículo 35
 Artículo 34

Artículo 36
 Artículo 35

Artículo 37
 Artículo 36

Artículo 38
 Artículo 37

Artículo 39
 Artículo 38

Artículo 40
 Artículo 39

Artículo 41
 Artículo 40

Artículo 42
 Artículo 41

Artículo 43
 Artículo 42

Artículo 44
 Artículo 43

Artículo 45
 Artículo 44

Artículo 46
 Artículo 45

Artículo 47
 Artículo 46

Artículo 48
 Artículo 47

Artículo 49
 Artículo 48

Artículo 50
 Artículo 49

Artículo 51
 Artículo 50

Artículo 52
 Artículo 51

Artículo 53
 Artículo 52

Artículo 54
 Artículo 53
 resolución