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Timestamp: 2020-02-21 14:10:19+00:00

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Santa Sede - Estado Español
& Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno de España (7 de Junio de 1941)
1º. Tan pronto como se haya producido la vacante de una sede arzobispal o episcopal (o de una administración apostólica con carácter permanente, es decir, la de Barbastro y Ciudad Rodrigo), o cuando la Santa Sede juzgue necesario nombrar un coadjutor con derecho de sucesión, el nuncio apostólico, de modo confidencial tomará contacto con el Gobierno español, y, una vez conseguido un principio de acuerdo, enviará a la Santa Sede una lista de nombres de personas idóneas, al menos en número de seis.
2º. El Santo Padre elegirá tres de entre aquellos nombres y, por conducto de la Nunciatura Apostólica, los comunicará al Gobierno español, y entonces el jefe del Estado, en el término de treinta días, presentará oficialmente uno de los tres.
3º. El Santo Padre, en su alto criterio, no estimase aceptables todos o parte de los nombres comprendidos en la lista, de suerte que no pudiera elegir tres o ninguno de entre ellos, de propia iniciativa completará o formulará una terna de candidatos, comunicándola, por el mismo conducto, al Gobierno español.
Si éste tuviera objeciones de carácter político general que oponer a todos a algunos de los nuevos nombres, las manifestará a la Santa Sede.
En caso de que transcurriesen treinta días desde la fecha de la susodicha comunicación sin una respuesta del Gobierno, su silencio se interpretará en el sentido de que éste no tiene objeciones de aquella índole que oponer a los nuevos nombres, quedando entendido que entonces el jefe del Estado presentará, sin más, a Su Santidad uno de los candidatos incluidos en dicha terna.
4º. En todo caso, aun cuando el Santo Padre acepte tres nombres de los enviados, siempre podrá, además sugerir nuevos nombres, que añadirá a la terna, pudiendo entonces el jefe del Estado presentar indistintamente un nombre de los comprendidos en la terna o alguno de los sugeridos complementariamente por el Santo Padre.
5º. Todas estas negociaciones previas tendrán carácter absolutamente secreto, guardándose de manera especial el secreto con respecto a las personas hasta el momento de su nombramiento.
6º. El Gobierno español, por su parte, se compromete formalmente a concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo concordato, inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional.
7º. En lo relativo a la provisión de los beneficios no consistoriales, en el mismo momento de la firma de este convenio se iniciará la oportuna negociación para concluir otro en el que se establezcan las normas para su provisión.
8º. Hasta que la cuestión quede definitivamente arreglada en el futuro concordato, los prelados podrán proceder, libremente, a la provisión de las parroquias dentro de las normas del Derecho canónico, sin más que notificar los nombramientos al Gobierno, con anterioridad a la toma de posesión, para el caso excepcional de que éste tuviera alguna objeción contra el nombramiento por razones de carácter político general.
9º. Entre tanto se llega a la conclusión de un nuevo concordato, el Gobierno español se compromete a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del concordato de 1851.
10º. Durante el mismo tiempo el Gobierno se compromete a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que puedan interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede.
Hecho por duplicado en Madrid, a 7 de junio de 1941. Por la Santa Sede, CAYETANO CICOGNANI. Por el Gobierno español, RAMÓN SERRANO SUÑER.
[Acta Apostolicae Sedis (1941). C.V., pp. 80-81. Merrcati II, pp. 251-252]
3 Concordato 1851
Con Juan Bravo Murillo, Presidente del Consejo de Ministros de Isabel II, cumpliéndose los viejos objetivos del Partido Moderado, quedaron restablecidas las relaciones Iglesia-Estado Español a través de la firma de un Concordato.
Con el Concordato, por primera vez, se establecen reglas concretas para la organización administrativa de la Iglesia en toda la nación. Hasta entonces, los organismos religiosos, Cabildos y Diócesis tenían una administración propia de la tradición y la historia de cada uno de ellos.
En el Concordato se establecía una dotación económica para que el Estado Español sufragare los gastos de la Iglesia Católica.
Antes de la firma del Concordato las relaciones entre la Iglesia y el Estado Español habían sufrido un grado de deterioro que hubo momentos en donde podían haberse roto las relaciones institucionales. Con la Desamortización de Mendizábal, es abolido el diezmo, y muchos de los bienes de la Iglesia para hacer frente a la Deuda Pública fueron a la Real Caja de Amortización.
En la Constitución de 1837 no se reconoce la confesionalidad del Estado, suprimiéndose en el artículo cuarto el privilegio del fuero eclesiástico. Con el decreto de expulsión de los jesuitas, el Nuncio, Monseñor Amat, fue llamado a consultas a Roma, poniendo en peligro las relaciones entre ambos Estados.
Con la guerra carlista, y la cuestión sucesoria de Fernando VII, los partidarios de Isabel II comienzan una maniobra de acercamiento a la Santa Sede para legitimar la sucesión. En este sentido, emite varias circulares y decretos, anulando antiguas disposiciones y posibilitando la reapertura del Tribunal de la Rota. A primeros de febrero de 1844, el embajador de España en París, Martínez de la Rosa, se puso en contacto con el Nuncio en París, Monseñor Fornari, para iniciar el acercamiento entre ambos Estados.
El 5 de enero de 1845, el enviado español, José del Castillo y Ayensa, recibió de la Congregación especial de Cardenales las bases preliminares para iniciar conversaciones. El 15 de febrero de 1845, el Ministro de Estado, Martínez de la Rosa, firmó la aceptación de las mismas.
Después de una serie de negociaciones, el 27 de abril de 1845 se lleva a cabo la firma de un Concordato, de una parte, el Cardenal Luigi Lambruschini, Secretario de Estado de Gregorio XVI, y de otra, José del Castillo y Ayensa, ministro plenipotenciario de Isabel II.
El Concordato de 1845, con quince artículos y dos decretos, donde se abordan temas fundamentales, no es ratificado por el Gobierno de España.
Con este nuevo fracaso, las relaciones no se vuelven a reanudar hasta 1846, cuando el Gobierno solicita a los obispos de Calahorra, Cáceres, Pamplona, Valladolid y Tuy que intercedan ante la Santa Sede para que sea enviado un Nuncio.
Como respuesta, el 17 de enero de 1847 se nombró a Monseñor Brunelli como Nuncio Apostólico en España.
El 8 de mayo de 1849, las Cortes españolas autorizaron al Gobierno para negociar con la Santa Sede. Con fecha 19 de noviembre de 1849, el Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bertrán de Lis, envió al Nuncio un proyecto de Concordato.
Después de varias negociaciones, el 16 de marzo de 1851, el Nuncio de Pío IX, Monseñor Brunelli, y el Ministro de Estado, Bertrán de Lis, firmaron un Concordato de 46 artículos.
El 5 de septiembre de 1951, la Santa Sede publicó la Bula 'Ad Vicariamaeterni Pastoris procurationem' declarando la validez del Concordato.
El 17 de octubre de 1851 se publicaba en la Gaceta el Real Decreto, declarando Ley del Reino al Concordato.
& Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno Español (27 de Agosto de 1953)
A este fin. Su Santidad el Papa Pío XII ha tenido a bien nombrar por su plenipotenciario a S.E. Revdma. Mons. Domenico Tardini, prosecretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios; y S. E. el jefe del Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde, ha tenido a bien nombrar por sus plenipotenciarios al Excmo. Sr. D. Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y al Excmo. Sr. D. Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España cerca de la Santa Sede, quienes, después de entregadas sus respectivas plenipotencias y reconocida la autenticidad de las mismas, han convenido lo siguiente:
Artículo 1º.- La religión católica, apostólica romana, sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el Derecho canónico.
1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en España a la entrada en vigor del presente concordato constituidas según el Derecho canónico; en particular a las diócesis con sus instituciones anejas, a las parroquias, a las ordenes y congregaciones religiosas, las sociedades de vida común y los institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.
Artículo 5º.- El Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho canónico o en otras disposiciones particulares sobre festividades locales, y dará, en su legislación, las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos.
Artículo 6º.- Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la sagrada liturgia.
Artículo 7º.- Para el nombramiento de los arzobispos y obispos residenciales y de los coadjutores con derecho de sucesión, continuarán rigiendo las normas del acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.
Artículo 8º.- Continuarán subsistiendo en Ciudad Real el Priorato «Nullius» de las Ordenes Militares.
3. El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las Diócesis que en el futuro se erijan, aumentando adecuadamente la dotación establecida en, el artículo 19.
Artículo 10º.- En la provisión de los beneficios no consistoriales se seguirán aplicando las disposiciones del acuerdo estipulado el 16 de julio de 1946.
Artículo 12º.- La Santa Sede y el Gobierno español regularán, en acuerdo aparte y lo antes posible, cuanto se refiere al régimen de capellanías y fundaciones pías en España.
Artículo 14º.- Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho canónico, sean incompatibles con su estado.
Artículo 15º.- Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, conforme a los cánones l21 y 614 del Código de Derecho canónico.
Artículo 17º.- El uso del hábito eclesiástico o religioso por los seglares o por aquellos clérigos o religiosos a quienes les haya sido prohibido por decisión firme de las autoridades eclesiásticas competentes, está prohibido y será castigado, una vez comunicada oficialmente al Gobierno, con las mismas sanciones y penas que se aplican a los que usan indebidamente el uniforme militar.
Artículo 18º.- La Iglesia puede libremente recabar de los fieles las prestaciones autorizadas por el Derecho canónico, organizar colectas y recibir sumas y bienes, muebles e inmuebles, para la prosecución de sus propios fines.
2. Mientras tanto, el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la nación le asignará anualmente una adecuada dotación. Esta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los arzobispos y obispos diocesanos, los coadjutores, auxiliares vicarios generales, los cabildos catedralicios y de las colegiatas, el clero parroquial, así como las asignaciones en favor de los seminarios y universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto.
4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar instituciones asistenciales en favor del clero anciano, enfermo o inválido. Igualmente asignará una adecuada pensión a los prelados residenciales que por razones de edad o salud, se retiren de su cargo.
Las Iglesias y capillas destinadas al culto, y asimismo, los edificios y locales anejos destinados a su servicio o a sede de asociaciones católicas.
La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia.
Las universidades eclesiásticas y los seminarios destinados a la formación del clero.
Las casas de las órdenes, congregaciones e institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España.
Los colegios u otros centros de enseñanza, dependientes de la jerarquía eclesiástica, que tengan la condición de benéfico-docentes.
3. Están igualmente exentas de todo impuesto o contribución las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo 19, y el ejercicio del ministerio sacerdotal.
Artículo 23º.- El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico.
3. Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas serán comunicadas por el tribunal eclesiástico al tribunal civil competente, e1 cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará cuando se trate de nulidad, de dispensa "super rato" o aplicación del Privilegio Paulino que sean anotadas en el Registro del Estado Civil al margen del acta de matrimonio.
1. La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas determinadas causas ante el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica, conforme al «Motu Proprio» Pontificio de 7 de abril de 1947 que restablece dicho tribunal.
Artículo 26º.- En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y la moral de la Iglesia católica.
2. En las Escuelas primarias del Estado, la enseñanza de la religión será dada por los propios maestros, salvo el caso de reparo por parte del ordinario contra alguno de ellos por los motivos a que se refiere el canon 1.381, párrafo 3º, del Código de Derecho canónico.
Serán removidos cuándo lo requiera el ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el citado canon 1.381, párrafo 3º, del Código de Derecho canónico.
La renovación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza, religiosa.
2. Las autoridades eclesiásticas permitirán que en algunas de las universidades dependientes de ellas se matriculen los estudiantes seglares en las facultades superiores de Sagrada teología, Filosofía, Derecho canónico. Historia eclesiástica, etc., asistan a sus cursos - salvo en aquellos que por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos - y en ellas alcancen los respectivos títulos académicos.
Artículo 29º.- El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación, de la opinión pública en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se de el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el respectivo ordinario.
Seguirán en vigor las normas del acuerdo de 8 de diciembre de 1946 en todo lo que concierne a los seminarios y universidades de estudios eclesiásticos.
1. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas seguirá regulada conforme al Acuerdo de 5 de agosto de 1950.
Artículo 33º.- El Estado, de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica, proveerá lo necesario para que en los hospitales, sanatorios, establecimientos penitenciarios, orfanatos y centros similares, se asegure la conveniente asistencia religiosa a los acogidos, y para que se cuide la formación religiosa del personal adscrito a dichas instituciones.
Artículo 34º.- Las asociaciones de la acción católica española podrán desenvolver libremente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la jerarquía eclesiástica, manteniéndose, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado.
Ciudad del Vaticano, 27 de agosto de 1953.- Por la Santa Sede, Domenico Tardini.- Por el Estado español, Alberto Martín Artajo. Fernando M.ª Castiella y Maíz.
En relación con el Artículo 1º.- En el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo sexto del Fuero de los Españoles.
En relación con el Artículo 2º.- Las autoridades eclesiásticas gozarán del apoyo del Estado en el desenvolvimiento de su actividad, y, al respecto, seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 3º del Concordato de 1851.
En relación con el Artículo 23º. -
En relación con el Artículo 25º. - La concesión a que se refiere el apartado 2 del presente artículo se entiende condicionada al compromiso por parte del Gobierno español de proveer al sostenimiento de los dos auditores de la Sagrada Rota Romana.
En relación con el Artículo 27º. - El Artículo 7 del acuerdo de 5 de agosto de 1950 sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, queda modificado en la siguiente forma:
La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada, así como a sus familiares en los mismos términos en que se expresa el párrafo anterior. »
Ciudad del Vaticano, 27 de agosto de 1953
La Santa Sede y el Gobierno español, a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años, aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado; considerando que el concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas Partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración entre ellas; afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad; y enseñó que la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil; dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 10 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica, juzgan necesario regular mediante acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación; se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente concordato.
Por otra parte, teniendo en cuanta que el libre nombramiento de obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del vigente concordato, ambas partes contratantes concluyen, como primer paso de dicha revisión, el siguiente acuerdo:
Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el término de quince días. Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas partes.
4) Quedan derogados el artículo 7º y el párrafo 2º del artículo 8º del vigente concordato, así como el acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.
1) Queda derogado el artículo 16º del vigente concordato.
Ciudad del Vaticano, 28 de julio de 1976. CARDENAL GIONANNI VILLOT, MARCELINO OREJA AGUIRRE. Ministro de Asuntos Exteriores Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos de la Iglesia.
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (3 de enero de 1979)
Artículo 1º.- La Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones.
Artículo 3º.- No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:
a) Además de los conceptos mencionados en el artículo 1º de este acuerdo, la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.
Artículo 5º.- Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo 4º de este acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.
Artículo 6º.- La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.
Artículo 7º.- Quedan derogados los artículos 18º, 19º, 20º y 21º del vigente concordato y el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre seminarios y universidades de estudios eclesiásticos de 8 de diciembre de 1946.
1. La dotación global en los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación simultánea del sistema previsto en el artículo 2º, apartado 2, de este acuerdo, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la memoria a que se refiere el párrafo siguiente.
2. Ambas partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos 3º a 5º del presente acuerdo.
3. En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario, por alguna entidad religiosa comprendida en el número 1) del artículo 4º, o en el artículo 5º de este acuerdo, el Estado, sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá dirigirse a la Conferencia Episcopal Española, para que ésta inste a la entidad de que se trate al pago de la deuda tributaria.
Arquímedes (287 - 212 a.C), matemático griego, el mayor científico y matemático de la antigüedad. Entre sus grandes aportes a la geometría, ingeniería y las matemáticas: El Principio de Arquímedes y La Cuadratura del Círculo.
Marco Tulio Cicerón (106 - 43 a.C), escritor, filósofo, jurista, político y orador. Uno de los más grandes retóricos de la prosa en latín.
Flavio Gioia (s. XIV) navegante e inventor italiano, considerado el inventor de la 'brújula magnética'. Algunos estudios recientes defienden que es un personaje inventado.
Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680), arquitecto, escultor y pintor italiano, uno de los más grandes artistas del barroco. Realizó numerosos retratos de papas, reyes y nobles. Entre su obra arquitectónica dejó huella imborrable, entre otros, en la Plaza de San Pedro, la Iglesia de Sant'Andrea en el Quirinal, el Palacio Montecitorio y la Scala Regia del Vaticano.
Publio Ovidio Nasón (43 a.C - 17 d.C), poeta romano. Entre sus obras: Ars Amandi y Las Metamorfosis.
Santo Tomás de Aquino (1225 - 1274), filósofo y teólogo, máximo representante de la tradición escolástica, conocido como Doctor Angélico y Doctor Común. Padre de la Escuela Tomista. Su obra más importante fue 'Summa Theologica'. En 1567 fue nombrado 'Doctor de la Iglesia'.

References: Artículo 1

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 19

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 19

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 29

Artículo 33

Artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 3
 Artículo 23
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 16

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 4

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5