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BOE.es - Documento BOJA-b-2010-90061
Documento BOJA-b-2010-90061
Decreto-ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estrratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad autónoma de Andalucía.
«BOJA» núm. 255, de 31 de diciembre de 2010, páginas 31 a 36 (6 págs.)
BOJA-b-2010-90061
La Junta de Andalucía viene realizando una labor de agilización y simplificación del funcionamiento de la Administración autonómica, que se ha visto materializada con la aprobación de diversas normas. Por una parte, el Decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes de carácter administrativo, que recoge modificaciones normativas para llevar a cabo la aplicación del Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites. Por otra, la Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que convalida el Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, mediante el que se llevó a cabo inicialmente la adaptación a la Directiva. El presente Decreto-ley viene a profundizar en la aplicación de los principios que inspiran la Directiva, extendiendo su alcance a todos los sectores económicos.
A su vez, el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009 por la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales, también prevé la adopción de diversas medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas andaluzas desde la perspectiva de la agilización y simplificación de los procedimientos, en particular, los relacionados con proyectos de inversión empresariales.
El presente Decreto-ley viene a reforzar la labor de mejora de la regulación con medidas orientadas específicamente a las actividades económicas, con el objeto de contribuir a la modernización y cambio estructural de la economía andaluza y al impulso de la productividad general del sistema económico.
Para ello, este Decreto-ley contempla una serie de medidas que podrían agruparse en dos bloques. Por una parte, las dirigidas a agilizar la ejecución de grandes proyectos de inversión empresarial que puedan contribuir al cambio de modelo productivo y, por otra, las orientadas a facilitar la generación de tejido empresarial y, en particular, de pequeñas y medianas empresas para dinamizar el desarrollo local y la creación de empleo.
Respecto al primer bloque, el Decreto-ley viene a proporcionar el marco regulatorio que permitirá, a partir de unos criterios que han sido previamente consensuados con los agentes económicos y sociales, identificar aquellos proyectos de inversión que, cumpliendo los objetivos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, puedan ser declarados de interés estratégico para Andalucía por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Se trata de facilitar la atracción de inversiones empresariales que permitan la renovación del modelo productivo de la economía andaluza, con dos prioridades: la industrialización y el incremento de la productividad.
En este sentido, este Decreto-ley establece un procedimiento ágil para la declaración del proyecto de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. Los efectos de esta declaración serán que dichos proyectos tendrán una tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad tanto los plazos correspondientes a los trámites establecidos en los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma que deban seguirse para la efectiva ejecución del proyecto, como los plazos para resolver y notificar dichos procedimientos, además de otros efectos de fomento de la inversión.
Las inversiones empresariales podrán ser declaradas de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, órgano al que se le atribuye en este Decreto-ley la competencia para aprobar dichas declaraciones, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 281/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno. Con esta medida, se intensifican los mecanismos de incentivos para la atracción de inversiones estratégicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respecto del segundo bloque, el Decreto-ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de pequeñas y medianas empresas, como la declaración responsable o la comunicación previa, instrumentos que permitirán a las personas emprendedoras iniciar una actividad empresarial o profesional de forma ágil y flexible, cambiándose el control previo de las Administraciones Públicas por el control posterior. Todo ello sin perjuicio de la competencia relativa a simplificación de procedimientos y normalización y racionalización de la gestión administrativa en la Administración de la Junta de Andalucía que tiene atribuida la Consejería competente en materia de Administración Pública, y sin que suponga una merma de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, sino una mayor agilidad y simplificación administrativa. Las normas que desarrollen los contenidos del presente Decreto-ley deberán respetar los derechos de las personas consumidoras y usuarias y reforzarlos en los supuestos en que resulte necesario.
Con estas medidas, la Junta de Andalucía pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza, creando instrumentos normativos que incidan en tres finalidades: primero, propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motor del crecimiento económico y la creación de empleo; segundo, aumentar la competencia efectiva de los mercados y la libertad de empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administrativos y, tercero, generar confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.
La doctrina del Tribunal Constitucional ha venido afirmando que la figura del Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar situaciones excepcionales de la coyuntura económica. La simplificación y agilización de los procedimientos administrativos en relación con la actividad empresarial se encuentra dentro de las medidas que el Tribunal legitima.
La necesidad de afianzar la incipiente recuperación económica, que pone de manifiesto el crecimiento del 0,3 por ciento del PIB de la economía andaluza en los tres primeros trimestres de 2010, pasa por el protagonismo que debe tomar la iniciativa privada en el dinamismo de la economía andaluza. Con este instrumento legislativo, la Junta de Andalucía actúa como un elemento impulsor de la iniciativa privada, estimulando la confianza y el espíritu emprendedor y la inversión como motores de crecimiento económico y creación de empleo.
Todo ello justifica la extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto habilitante del presente Decreto-ley, dictado en virtud de la facultad legislativa excepcional que el Gobierno andaluz tiene atribuida por el artículo 110.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por otra parte, el hecho de que puedan verse afectados procedimientos previstos en leyes, conlleva que la norma a aprobar deba tener rango legal.
En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de quince artículos, distribuidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y ocho disposiciones finales.
En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera de ellas establece que el Consejo de Gobierno deberá aprobar, en el plazo de seis meses, un plan de reducción de cargas administrativas a las empresas, en tanto que la segunda, matiza que algunos preceptos reproducen parcialmente normativa estatal básica.
Respecto a las disposiciones finales, destacan la segunda que contempla la inclusión de una modificación en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, con el objeto de que dicha norma pueda complementar y contribuir de manera efectiva a la consecución de las finalidades del presente Decreto-ley; la disposición final tercera sobre Modificación de los plazos establecidos en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y de la disposición adicional tercera del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público; la disposición final cuarta que modifica el plazo establecido en la disposición final octava de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía; la disposición final quinta relativa al impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía; y la disposición final sexta sobre anticipos a Corporaciones Locales con cargo a la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de diciembre de 2010,
1. El presente Decreto-ley tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, promoviendo la mejora de la regulación, para fomentar al máximo las iniciativas económicas de la ciudadanía y, de este modo, favorecer el mantenimiento y la creación de empleo.
2. Se pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza con las siguientes finalidades: propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motores del crecimiento económico y de la creación de empleo; mejorar la competencia efectiva de los mercados y la libertad de empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administrativos, y generar confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.
Para ser declarados de interés estratégico para Andalucía, los proyectos empresariales deberán dirigirse a inversiones no residenciales y ser coherentes con los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental, no pudiendo afectar a zonas que tengan un específico régimen de protección por la legislación administrativa sectorial que establezca prohibiciones, limitaciones y condiciones que determinen la improcedencia de su declaración como inversión de interés estratégico y debiendo encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:
a) Proyectos industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema productivo.
c) Proyectos de inversión que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano.
f)	Proyectos que impliquen una aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más desfavorecidas.
Artículo 4. Propuesta para la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.
1. Las personas titulares de las Consejerías, de oficio y en el ámbito de sus competencias, previa audiencia de la persona interesada, podrán proponer a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía que acuerde la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía de aquellos proyectos empresariales que cumplan con los requisitos previstos en el presente Capítulo. La iniciativa podrá ejercerse con independencia de que se hubiese o no iniciado la tramitación ordinaria del proyecto.
b) Entidades o personas promotoras del proyecto incluyendo todos los datos necesarios para su plena identificación.
Artículo 5. Criterios de valoración de los proyectos de inversión.
b) Previsión del impacto económico en el conjunto de la economía andaluza, con detalle de los efectos arrastre en otros sectores, la generación de empleo y sus características, y del grado innovación tecnológica que aporta.
c) Compatibilidad del proyecto con la sostenibilidad ambiental y con el patrimonio cultural de Andalucía.
d) Repercusión de la inversión para la vertebración territorial y social.
e) Requerimientos de ayudas o compromisos por parte de las Administraciones Públicas andaluzas.
f)	Otros compromisos y obligaciones que asume el promotor de la inversión.
Artículo 6. Informe de los proyectos de inversión.
Artículo 7. Declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.
1. Se atribuye a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos la competencia para acordar la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. Acordada la declaración se dará cuenta, en el plazo de un mes, al Consejo de Gobierno de la adopción de la misma.
2. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos podrá ampliar el alcance de la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, pudiendo pronunciarse, en cualquier momento, sobre la necesidad de tramitación simultánea de procedimientos que afecten a las inversiones, cuya regulación prevea que se tramiten de forma sucesiva, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica del Estado.
3. En la declaración se podrán establecer las obligaciones, concretando el plazo en que deban cumplirse las mismas, que deberán asumir las personas promotoras de la inversión empresarial objeto de la declaración, así como fijar las especificidades que se deriven de la naturaleza del proyecto.
5. El acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para su general conocimiento.
Artículo 8. Tramitación administrativa preferente.
Las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía tendrán en sus distintos trámites administrativos un impulso preferente y urgente ante cualquier Administración Pública andaluza.
Artículo 9. Reducción de los plazos administrativos.
3. Excepcionalmente, cuando la complejidad del procedimiento lo justifique, el órgano competente para resolver podrá acordar, por una sola vez y motivándola debidamente, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación previsto en el apartado anterior. Dicha ampliación será por un tiempo limitado que, adicionado al plazo establecido en el apartado anterior, en ningún caso podrá superar el plazo para resolver y notificar establecido con carácter general en la norma reguladora del procedimiento.
Artículo 10. Urbanismo.
1. Con carácter general, se reducirán a la mitad los plazos de los procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización administrativa previa que resulte precisa para la ejecución de las obras o para la apertura o funcionamiento de instalaciones de las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía, sin perjuicio de que el trámite de licencia previa pueda quedar sustituido por la correspondiente declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del presente Decreto-ley y lo establecido en las normas sectoriales aplicables.
2. En los supuestos en que la ejecución o implantación de las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía supongan una alteración del planeamiento territorial o urbanístico, podrá efectuarse por el Consejo de Gobierno la Declaración de Interés Autonómico conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Artículo 11. Medio Ambiente.
A las actuaciones declaradas de interés estratégico para Andalucía, les será de aplicación, en todo caso, el procedimiento abreviado previsto en el artículo 32 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, todo ello sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación básica del Estado.
Artículo 12. Seguimiento de los proyectos declarados.
1. La Comisión de Política Económica realizará el seguimiento de la tramitación administrativa llevada a cabo con las inversiones empresariales a las que se haya otorgado la declaración de interés estratégico para Andalucía. A tal efecto, los órganos de las Administraciones Públicas andaluzas y, en su caso, sus entes instrumentales, competentes en la tramitación de los procedimientos que afecten a las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía facilitarán cualquier información que se solicite relacionada con los referidos procedimientos.
Artículo 13. Declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional.
2. En aquellos procedimientos en que, legal o reglamentariamente, así se prevea, la presentación de la declaración responsable y, en su caso, de la documentación estrictamente necesaria que se requiera, facultará para el inicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Artículo 14. Comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional.
Artículo 15. Control por la Administración de las actividades sujetas a la presentación de declaración responsable o de comunicación previa.
2. La falsedad, inexactitud u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración Pública competente de la declaración responsable o comunicación previa, implicará, desde el momento en que se conozca, la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4. En cualquier caso, la presentación de una declaración responsable cuyos datos se comprueben falsos o inexactos, comportarán, previo expediente con audiencia de la persona interesada, el no poder iniciar otra actividad con el mismo objeto durante al menos un año.
Disposición adicional primera. Plan de Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas.
El Consejo de Gobierno aprobará un nuevo «Plan de Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas», en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma, previa deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que será elaborado en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía por la Consejería competente en materia de administración pública.
Disposición adicional segunda. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 13, 14 y 15 del presente Decreto-ley reproducen parcialmente el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, legislación básica dictada por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición final primera. Adaptación de procedimientos.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, podrá establecer mediante decreto, a efectos de lo previsto en el artículo 10.2, la información complementaria a la establecida en el artículo 6, que deberá aportarse para poder efectuar la Declaración de Interés Autonómico, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
2. A efectos de lo previsto en los artículos 13 y 14 del presente Decreto-ley y para la agilización de los procedimientos afectados por la transposición de la Directiva de Servicios, las Consejerías elevarán a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, las propuestas de adaptación de la normativa reguladora de los procedimientos de su competencia para que ésta, mediante acuerdo, decida sobre las mismas. En el plazo máximo de seis meses desde que se adopte el acuerdo por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el Consejo de Gobierno deberá aprobar los correspondientes decretos o, en su caso, proyectos de ley. Las referidas propuestas deberán respetar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, reforzándolos en los supuestos en que resulte necesario.
3. En la elaboración de los proyectos de decreto a los que se refiere el apartado anterior, el trámite de audiencia tendrá, en todo caso, carácter abreviado, según lo dispuesto en el párrafo tercero de la letra c) del artículo 45.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de Andalucía, y únicamente se requerirán como preceptivos, los informes de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Dirección General de Presupuestos, del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, debiendo evacuarse ambos, en todo caso con carácter urgente. En los supuestos en que la normativa afecte a alguna de las materias previstas en los artículos 9 y 15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o en las correspondientes legislaciones sectoriales en las que tienen competencias propias las Administraciones Locales, la norma deberá ser también informada con carácter urgente por el Consejo Andaluz de Concertación Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20/2007, de 17 de diciembre.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, queda modificada como sigue:
«Artículo 41. Inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía. Efectos.
d) Dichas determinaciones vincularán directamente al planeamiento del municipio o municipios afectados que, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior, deberán incorporar, en todo caso, dichas determinaciones en la siguiente innovación urbanística.
7. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la declaración de interés autonómico determinará, previa la tramitación del oportuno expediente, su revocación por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrirse de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.»
Disposición final tercera. Modificación de los plazos establecidos en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y de la disposición adicional tercera del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.
1. El plazo máximo para concluir el proceso de adecuación establecido en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración General de la Junta de Andalucía, será de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
2. El plazo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 1, del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, será de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
Disposición final cuarta. Modificación del plazo establecido en la disposición final octava de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
El plazo de entrada en vigor establecido en la disposición final octava, párrafo 2, de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para la aplicación a partir del 1 de enero de 2011, del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, se amplia hasta el 1 de mayo de 2011.
Disposición final quinta. Modificación de la disposición final 3.ª, párrafo 3.º, de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
El párrafo 3.º de la disposición final 3.ª de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, queda redactado como sigue:
«3. El artículo 7.º, relativo al impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía, entrará en vigor y surtirá efectos a partir del día 1 de mayo de 2011.»
Disposición final sexta. Anticipos a Corporaciones Locales con cargo a la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cien millones de euros (100.000.000 de euros). Su amortización, mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.
Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones, la cuantía de las mismas impida que el anticipo quede reintegrado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, se practicarán deducciones en los sucesivos pagos de la referida participación hasta la amortización total del anticipo.
2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada Corporación, del 25% del total de las entregas a cuenta de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio, ni ser superior a 2.500.000 euros (euros).
No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo anteriormente por este concepto, en tanto no transcurra un año, a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad.
3. La Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local.
El desarrollo reglamentario del presente Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 28 de diciembre de 2010.
Fecha de derogación: 18/06/2011
SE DEROGA, por Ley 4/2011, de 6 de junio (Ref. BOE-A-2011-11178).
Disposición final 3 de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-19850).
disposición final 8 de la Ley 9/2010, de 30 de julio (Ref. BOE-A-2010-13465).
Disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19819).
AÑADE el título VI a la Ley 1/1994, de 11 de enero (Ref. BOE-A-1994-2989).

References: artículo 5
 artículo 110
 artículo 110

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 resolución 

Artículo 10
 artículo 13
 artículo 41

Artículo 11
 artículo 32

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 71
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 45
 artículo 3
 artículo 7