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Timestamp: 2019-10-19 04:34:19+00:00

Document:
Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:178 (IX Legislatura)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 del Reglamento de la Cámara, previo acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 26 de julio de 2017, se ordena la remisión a la Comisión Institucional y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.
Las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de 15 días, que finalizará el próximo día 21 de septiembre de 2017, para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta a continuación.
Proyecto de ley de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 1. Principios y valores
Artículo 13. Acceso a los espacios y terrenos afectados por las actuaciones de localización, delimitación, exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas
Artículo 14 Dignificación en Fosas comunes
Artículo 15. Depósito de ADN y pruebas de identificación
CAPÍTULO II. Lugares y rutas de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 16. Lugar de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 17. Rutas de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 18. Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 19. Identificación, señalización, interpretación y difusión
CAPÍTULO III. Documentos de Memoria Democrática
Artículo 20. Documentos de la Memoria Democrática
Artículo 21. Impulso de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón
CAPÍTULO IV Participación y formación de la ciudadanía en la Memoria Democrática
Artículo 22. Movimiento asociativo
Artículo 23. Registro de Entidades de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 24. Ámbito educativo
CAPÍTULO V. Difusión de la Memoria Democrática
Artículo 25. Difusión
Artículo 26. Colaboración con los medios de comunicación públicos
CAPÍTULO VI Símbolos y actos contrarios a la Memoria Democrática
Artículo 27. Elementos contrarios a la Memoria Democrática
Artículo 28. Procedimiento para su eliminación
Artículo 29. Incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la Memoria Democrática
Artículo 30. Destino de los elementos contrarios a la Memoria Democrática
TÍTULO III GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
CAPÍTULO I Planificación y seguimiento
Artículo 31. Órgano competente
Artículo 32. Órgano de gestión
Artículo 33. Comisión Técnica de Memoria Democrática
Artículo 34. Plan de Acción de la Memoria Democrática
CAPÍTULO II Colaboración y cooperación administrativa
Artículo 35. Colaboración en investigación y divulgación de la Memoria Democrática de Aragón
Artículo 36. Colaboración con la Administración General del Estado
Artículo 37. Colaboración con las Comunidades Autónomas
Artículo 38. Colaboración con las Entidades Locales
Artículo 39. Colaboración con otras entidades e instituciones
Artículo 41. Competencia sancionadora
Artículo 45. Agravación de la calificación
Disposición adicional segunda. Estudios de posibles modificaciones de normativa estatal
Disposición adicional tercera. Exhumaciones en el Valle de los Caídos
Disposición adicional cuarta. Desaparición de fondos documentales
Disposición adicional quinta. Retirada de elementos contrarios a la memoria democrática
Disposición adicional sexta. Desaparición forzada de niñas y niños
Disposición adicional séptima. Inscripción de defunción de desaparecidos
Disposición adicional octava. Homenaje en los campos de concentración
Disposición adicional novena. Las mujeres en la Memoria Democrática
Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación ciudadana
Más de tres décadas de ejercicio democrático y de autonomía en Aragón han asentado una cultura política lo suficientemente tolerante y abierta como para abordar de manera serena y madura la relación con el pasado traumático vinculado a la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Construir la Memoria Democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso conocimiento histórico, es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar en definitiva nuestro futuro de convivencia y paz.
Es imprescindible, en ese sentido, recordar y homenajear las vidas y las experiencias de aquellos que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón el régimen democrático como el de la Segunda República Española, a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil, a los que padecieron castigo, persecución o muerte injustos a manos de la Dictadura franquista por oponerse a la misma o ser sospechosos de ello, o por defender la democracia y la libertad. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la Dictadura franquista, supuso un hito legislativo y un innegable avance en el reconocimiento moral y la reparación hacia las víctimas.
Desde entonces, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes de Memoria. La Ley de Cataluña 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático; la Ley de Cataluña 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes; la Ley Foral de Navarra 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936; la Ley del País Vasco 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos; la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo, de las Islas Baleares, y la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía son claros ejemplos. Actualmente en otras Comunidades Autónomas se encuentran en trámite leyes que tienen un objeto semejante. Todas ellas han servido de referente e inspiración a la presente ley, que pretende cumplir con las obligaciones que tiene Aragón con las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista y ambiciona profundizar en los principios y valores democráticos.
Es preciso, además, que la construcción de la genealogía democrática común, que toma raíz en el período de reformas políticas y sociales de la Segunda República, sea lo más inclusiva posible hacia todas las memorias de dolor y sufrimiento, pero sin caer en la injusticia o en la ambigüedad.
De igual modo, es preciso subrayar y ensalzar el papel desplegado a lo largo de los años por parte de las entidades memorialistas en la realización de actividades de todo tipo, desde la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, a la realización de publicaciones, pasando por multitud de actividades de investigación concienciación y sensibilización, para impulsar la recuperación del pasado y recordar a las instituciones su deber de memoria con respecto a la ciudadanía.
Cabe detenerse en la actividad de las entidades memorialistas aragonesas y en su compromiso con los Derechos Humanos, con la democracia y los valores de convivencia, respeto, pluralismo político, igualdad y paz. Su trabajo está permitiendo la construcción de un relato veraz de lo ocurrido, capaz de facilitar la recuperación de la memoria individual y colectiva de las victimas del Golpe de Estado de 1936, de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
A través de su actividad, las entidades memorialistas aragonesas han mantenido viva la llama de la Memoria Democrática y han contribuido de forma notable a la consecución de la verdad, de la justicia y de la reparación en nuestra Comunidad Autónoma ayudando, de esta manera, a la construcción de una sociedad más justa y ética, capaz de mirar a su pasado de forma crítica, contribuyendo en definitiva a la buscada no repetición.
Los objetivos que se pretende alcanzar mediante esta Ley precisan del obligado concurso de las entidades memorialistas aragonesas, no sólo por el papel fundamental que han jugado en el pasado reciente, sino por el impulso que han aportado a la elaboración de esta Ley, su contribución a la consolidación de la cultura democrática y a la convivencia pacífica en nuestro territorio, y su saber y experiencia en la construcción, preservación y difusión de la Memoria Democrática en Aragón.
Es justo reconocer que la consecución del objeto social de las entidades memorialistas aragonesas atiende no sólo a las víctimas de la Guerra Civil de 1936 y de la Dictadura franquista, sino que el conjunto de la sociedad aragonesa es beneficiaria de los frutos que su trabajo genera, por lo que esta Ley las considera merecedoras del fomento y apoyo público.
Esta Ley se enmarca en el conjunto de principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. En su Principio 2 (Derecho a la verdad), se dice que «cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes». Acorde con este derecho de memoria, el Principio 3 (Deber de recordar) establece que «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones». Estas medidas deben encaminarse a «preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas».
El deber de memoria que implica la gestión de la Memoria Democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho de los individuos a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana, y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de asesinados. El hecho de que aquellas víctimas fueran exaltadas por el franquismo no implica asumir tal reconocimiento como válido ni legítimo. El ejercicio de la profundización que la democracia moderna se propone en los valores del respeto a la dignidad humana y la tolerancia sólo puede realizarse desde un impulso ético y desde la radicalidad democrática, por encima de cualquier afinidad ideológica.
Esta ley reconoce el carácter radicalmente injusto de las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Aragón desde el golpe de Estado de 1936 contra la Segunda República Española y hasta la aprobación de la Constitución Democrática de 1978, y reconoce también el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas, ideológicas, expresión o identidad de género o de etnia, o de creencia religiosa durante la Guerra Civil, así como las sufridas durante la Dictadura.
El 18 de julio de 1936 se producía el golpe de Estado contra la legalidad vigente de la Segunda República. Al igual que en el resto de España, en Aragón el régimen republicano supuso un impulso modernizador en casi todos los órdenes de la sociedad, fundamentalmente en el educativo, el agrario, el de los derechos laborales o el de la participación política. Cabe recordar además que cuando tiene lugar el golpe de Estado se estaban desarrollando los trabajos pertinentes para elevar a las Cortes Generales un anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, que se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil.
Es por lo tanto imprescindible que la Segunda República y su legado político, histórico y cultural ocupe un lugar central en las políticas de construcción de la Memoria Democrática de Aragón, como el antecedente más importante que fue de nuestra actual democracia y también de nuestro impulso autonomista, como lo prueba el Anteproyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de Aragón que se redactó en Caspe en el mes de junio de 1936 y que llegó a presentarse en las Cortes Generales el día 15 de julio de 1936. Es preciso además que las políticas de memoria tengan presente la particular idiosincrasia de Aragón durante el desarrollo de la Guerra Civil y la incidencia que ello tuvo en el legado memorístico que llega hasta nuestro presente.
Aragón fue un eje principal en el desarrollo de la Guerra Civil, y de los proyectos políticos y sociales que en ella se enfrentaban. En su mitad oriental fue la tierra del sueño igualitario, de las colectividades, y del Consejo de Aragón, entidad de autogobierno reconocida por el Gobierno de la Segunda República, y sobre cuyo reconocimiento institucional también las Cortes de Aragón se pronunciaron específicamente en la Proposición no de ley 285/16. Y también representó un caso singular en el desarrollo de la violencia. Partida en dos por una línea del frente que la atravesaba de norte a sur, Aragón es el territorio donde la presencia cotidiana de la guerra fue, tal vez, más viva y contundente. La proximidad de un frente inestable alimentó una violencia represiva a uno y otro lado de la línea que presenta en Aragón unas cifras más elevadas que en el conjunto del país.
Es necesario aclarar, no obstante, que las dinámicas de la violencia fueron muy diferentes en ambos casos: el terror caliente de los primeros meses en territorio republicano fue refrenado pronto por las incipientes estructuras políticas surgidas en el vacío de poder que había generado el golpe de Estado, mientras que el franquismo sistematizó la violencia sobre los contrarios y un cada vez más amplio espectro de víctimas como familiares, militantes y simpatizantes de partidos políticos y organizaciones sindicales, empleando los mecanismos que le ofrecía el Estado.
Los sublevados aplicaron una política de exterminio físico del contrario durante la Guerra Civil que se prolongó más allá de su final. La violencia física y psicológica se extendió también sobre los familiares, militantes y simpatizantes de partidos políticos y organizaciones sindicales. En esa clave de corrección y eliminación radical de todo lo que había representado el Estado de derecho y las libertades de la Segunda República deben interpretarse los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, los campos de concentración y los confinamientos en edificios usados como cárceles improvisadas, los trabajos forzados, las torturas físicas, las detenciones, las humillaciones, las apropiaciones ilegales, la depuración de empleados públicos, el ostracismo social, las niñas y niños recién nacidos sustraídos y dados en adopción irregularmente, el exilio, la deportación a los campos nazis o la clandestinidad de la guerrilla.
Especialmente cruel fue el castigo ejercido sobre sectores vulnerables de la población, como las mujeres, los homosexuales, o los hijos e hijas de los perdedores de la guerra. El ricino, el rapamiento y la violación son las categorías más reconocibles de la humillación y la violencia ejercida específicamente contra las mujeres. Las humillaciones y las vejaciones se ejercieron con profusión hacia mujeres por ser «viudas» o «mujer de rojo», y también hacia los homosexuales. El castigo y el menosprecio hacia el valor de la infancia en el caso de los hijos e hijas de los perdedores de la guerra se manifestó con brutalidad en el encarcelamiento de niños y niñas, y en la estigmatización social en contextos como el educativo, que sancionó una profunda represión psicológica sobre la infancia con castigos brutales hacia las formas, capacidades y ritmos diversos de desarrollo personal (personas zurdas, con capacidades diferentes, con disfemia...), y que truncó el normal desarrollo emocional de generaciones enteras de españoles durante décadas.
Cabe decir, en primer lugar, que los crímenes cometidos por el Estado franquista, condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39 de 12 de diciembre de 1946 como fascista y, por lo tanto, ilegal, están claramente definidos por el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 8 de agosto de 1945, como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, los cuales son crímenes imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de Amnistía o similares.
Pese a que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, ratificado por España en 1979, señala, en su artículo 7.2 que «no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de la comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas», lo cierto es que nada se ha hecho para enjuiciar a los victimarios responsables de crímenes que, con arreglo a la legislación penal internacional, se cometieron durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura franquista. Para evitar esta impunidad sería conveniente que el Gobierno de España ratificase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968, que insta a los Estados firmantes a la persecución y castigo de dichos crímenes.
De igual modo, la Asamblea General de la ONU, el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración 47/133 sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que se señalaba que tales desapariciones afectan a los valores más profundos de toda sociedad que se conceptúe respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad, señalando la obligación de investigar los casos de personas desaparecidas «sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga obstáculo alguno». Poco después, el conocido como informe Joinet, redactado en aplicación de la Decisión 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y titulado «La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)», reconocía la memoria como un presupuesto necesario para los derechos de verdad, justicia y reparación.
En línea con lo anterior, la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005, en su punto 10.3.3. califica las desapariciones de personas como «un crimen permanente mientras los autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida y los hechos permanezcan sin aclarar» y, consecuentemente, se declara «la no aplicación de la prescripción a las desapariciones forzadas», cuestiones éstas a las que debería de darse una respuesta política y judicial desde las instituciones españolas.
Igualmente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en sesión de 17 de marzo de 2006, se mostró preocupada por las pruebas existentes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista, y por la ausencia de una evaluación seria de ese régimen, que debiera de ir más allá de la retirada de símbolos de la dictadura presentes en los espacios públicos y los pronunciamientos institucionales condenando el franquismo.
En lo referente a las conclusiones del Comité contra la Tortura de la ONU de 19 de noviembre de 2009, figura la exigencia al Gobierno de España para que «las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía». Y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009, recordaba, en su artículo 5º, que la práctica generalizada y sistemática de este delito constituye un crimen de lesa humanidad y, consecuentemente, resulta jurídicamente imprescriptible y no amnistiable.
Más recientemente, en septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU emitió un informe tras girar visita a España, publicado el 2 de julio de 2014, en el que expresaba su preocupación por la situación de desamparo en que estaban sumidas las víctimas del franquismo, planteando cuarenta y tres exigencias para reparar lo que calificó de «gravísimas negligencias» en esta materia e instando al Estado Español a asumir su responsabilidad para adoptar las medidas necesarias «legislativas y judiciales», para asegurar «que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales».
La estrategia de eliminación del contrario continuada por los vencedores de la Guerra Civil más allá de su final en 1939 significó la perpetuación del desequilibrio de las memorias. Los vencedores de la Guerra Civil escribieron una historia que falseaba las causas y consecuencias del combate, y que denostaba los valores democráticos y los logros políticos y sociales alcanzados durante la Segunda República. Esas explicaciones sesgadas y falseadoras del pasado han logrado llegar hasta nuestro presente, constituyendo el núcleo de discursos y propuestas nostálgicas del pasado que, en el fondo, socavan los valores democráticos.
En los conflictos los vencedores imponen sus símbolos y sus leyes por encima de los vencidos, pero en la mayoría de las sociedades después se suele producir un equilibrio que permite reconocer la memoria de los perdedores. Esto no sucedió en España. La memoria de los vencedores se edificó sobre el recuerdo de sus muertos, que fueron exaltados y glorificados en el espacio público durante décadas, mientras que el recuerdo de los derrotados se confinó al ámbito de lo privado durante décadas.
Esta Ley aspira a mover a la reflexión sobre la ilegitimidad de cualquier idea política que utilice la violencia como medio estableciendo una clara condena moral sobre cualquier forma de violencia. Pero rechaza la equiparación de responsabilidades y se aleja del argumento de la equidistancia entre violencias. Al contrario, se pretende avanzar en la reparación del desequilibrio histórico producido sobre la memoria de los vencidos por el Estado franquista, y generar espacios de reconocimiento y dignificación de ese pasado ocultado y silenciado.
Los poderes públicos deben, por lo tanto, dar cabida al debate de las memorias y a las sensibilidades diversas, pero desde una responsabilidad ética y política firme, la de contribuir al recuerdo, conmemoración y transmisión de una Memoria Democrática anclada en los valores que le son propios, y la reparación, en la medida en que sea posible, de la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.
Las entidades memorialistas, bien a través del despliegue de su acción a lo largo del tiempo como de las demandas planteadas a los agentes políticos, han conseguido que las demandas de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo tengan un lugar en el espacio público y también, si bien no de manera coordinada ni con un liderazgo claro, en la agenda política de las diferentes instituciones de gobierno.
En Aragón, se puso en marcha en el año 2004 el Proyecto «Amarga Memoria», impulsado desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a partir del cual se iniciaron las primeras actuaciones en materia de políticas públicas de memoria en la Comunidad Autónoma. Dicho proyecto recibió un fuerte impulso político y presupuestario tras la aprobación de la Proposición no de Ley 88/2006, de 31 de mayo, y de este modo, el Gobierno de Aragón, durante el período 2007-2011 realizó diversas actuaciones en temas tales como la adecuación de enclaves militares de la Guerra Civil en Aragón, fosas comunes, identificación e investigación de la documentación aragonesa existente en archivos estatales, edición de obras impresas, audiovisuales y digitales, realización de exposiciones y congresos o presencia en actos de homenaje en campos como Gurs o Mauthausen. Para ello concedió subvenciones a las entidades memorialistas.
En el año 2016 las Cortes de Aragón han emitido la más clara iniciativa parlamentaria a través de la Proposición no de Ley número 285/16, condenando el «golpe de Estado» que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el «régimen de dictadura militar» implementado posteriormente, instando al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía, y a que desarrolle los trabajos pertinentes para la aprobación de una «ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes».
Las Instituciones de la Comunidad Autónoma deben asumir su responsabilidad en la defensa y salvaguarda de los valores democráticos a través de medidas de gestión del espacio público que faciliten el acceso al derecho de memoria que ostenta la ciudadanía. Esa responsabilidad pasa de modo ineludible por el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho que asiste a los familiares de las víctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas de encontrar e identificar a sus deudos. Y pasa, de modo más general, por el conocimiento crítico del pasado y el fomento del debate memorialístico con el objeto de avanzar en la construcción de una memoria compartida de la democracia.
Esta Ley viene a agregarse al conjunto de leyes, normas, acciones y políticas que se han venido impulsando en nuestro país y en la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar el disfrute de los Derechos Humanos a todas las personas, sin distinción, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación.
El objeto de esta Ley es crear un marco jurídico estable para el diseño y desarrollo de políticas públicas de Memoria Democrática. Dichas políticas deben atender a la satisfacción del derecho de memoria, y a su concreción en los planos humanitario, jurídico, conmemorativo, asociativo o académico, para poder avanzar en la construcción de una genealogía democrática compartida por el conjunto de la sociedad. En último término la Ley debe facilitar, a través del acercamiento crítico al pasado traumático y a las profundas cicatrices que deja en la sociedad, una mejor disposición para advertir y combatir la amenaza de la guerra, el totalitarismo o cualquier otra violación grave de derechos humanos, y construir de ese modo una democracia más fuerte, justa y digna en Aragón.
El artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que los poderes públicos tienen como misión fundamental el establecimiento de políticas diseñadas para «promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», comprendiendo en ella la garantía del ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
El artículo 22 del Estatuto de Autonomía impone a los poderes públicos aragoneses el deber de «conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento.
En su artículo 30 el Estatuto de Autonomía señala que «los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de los valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia», y que «facilitarán la protección social de las víctimas de la violencia».
Esta Ley se estructura en cuatro títulos. El título preliminar recoge las disposiciones generales, que comprenden los principios y valores rectores, el objeto de la Ley, la declaración del Día de la Memoria Democrática de Aragón, y los derechos de los ciudadanos aragoneses vinculados al ejercicio de la memoria, que comprenden el acceso al conocimiento de los hechos, a la justicia y a la reparación, así como una serie de definiciones básicas.
El título primero aborda las víctimas y su reconocimiento. Se establece una consideración amplia de víctima que comprende a quienes formen parte de los colectivos que allí se señalan, sus familiares y personas a cargo y las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron declaradas ilegales durante la Guerra y la posterior Dictadura franquista. Se crea un Censo de Memoria Democrática, y se disponen medidas para el reconocimiento y reparación de las víctimas. La Ley pone un acento singular sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres a través de formas diversas de castigo, represión, humillación pública y repudio, así como las víctimas de los campos de concentración franquistas, el fenómeno de la utilización de mano de obra forzada confinada en estos campos, así como niñas y niños recién nacidos sustraídos y entregados ilegalmente a otras personas, con las graves consecuencias que ello tuvo sobre su identidad y sobre sus progenitores. La Ley trata de reparar el flagrante desamparo provocado durante décadas, poniendo sus recursos a disposición del esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidades.
El título segundo hace referencia a las manifestaciones diversas de la Memoria Democrática. En el primer capítulo, el Gobierno de Aragón deberá abordar el fenómeno de las exhumaciones en fosas, para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas. Para ello, se actualizará el mapa de fosas, se aprobará un Reglamento que contendrá del Protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo, que se basará en el Protocolo de exhumación de restos humanos relacionados con la Guerra Civil dentro del proyecto Amarga Memoria, y se creará un Depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las Administraciones Públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y víctimas. En el segundo capítulo, se abordan los Lugares y Rutas vinculados a la Memoria Democrática de Aragón, estableciéndose el grado de protección pertinente de los Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón, adecuando su gestión a la legislación de Patrimonio Cultural de Aragón; se crea el Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón, se regula la inscripción de los lugares en el mismo, y se establecen los medios para su identificación, señalización, interpretación y difusión. En el tercer capítulo se aborda el tratamiento de la información que recogen los Documentos de Memoria Democrática, y el compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar la creación de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón, cuya función más específica será la elaboración del Censo de Memoria Democrática en Aragón en los términos que reglamentariamente se determinen. El capítulo cuarto se ocupa del fomento del movimiento memorialístico y de la formación de la ciudadanía en Memoria Democrática, estableciendo la creación de un Registro de Entidades de Memoria Democrática de Aragón, y garantizando el acceso a una información veraz y rigurosa sobre ella en los diversos ciclos formativos del alumnado, y disponiendo medios para la formación del profesorado en esta materia y la generación de contenidos y actividades adecuados. El capítulo quinto promueve la difusión de la Memoria Democrática a través de los distintos medios y plataformas de comunicación que gestiona o en los que participa el Gobierno de Aragón. El capítulo sexto aborda los símbolos y actos contrarios a la Memoria Democrática, delimitando su configuración y estableciendo el procedimiento para su retirada del espacio público por parte de las Administraciones según lo estipula la Ley 52/2007, en aras a la prevención y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o en homenaje del franquismo o sus responsables.
El título tercero aborda la gestión administrativa de la Memoria Democrática. Se prevé un órgano de gestión en la Administración de la Comunidad Autónoma dependiente del Departamento competente en materia de Memoria Democrática, y se regula la constitución de la Comisión Técnica de Memoria Democrática, de carácter participativo, para elaborar el Plan de Acción de Memoria Democrática de Aragón. Los objetivos y prioridades para desarrollar las acciones en la materia vendrán recogidos en el citado Plan de Acción, que se podrá componer a su vez de planes específicos para cada área de actividad. Se fomenta, de igual modo, la colaboración con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con las Entidades Locales y con otras entidades e instituciones, para dar satisfacción a los objetivos de esta Ley.
El título cuarto determina el régimen sancionador para las acciones que contravengan el libre desenvolvimiento de la Memoria Democrática, o que ofendan o injurien a las víctimas en su dignidad. La parte final de la ley tiene diez disposiciones adicionales y cinco finales. La disposición adicional primera determina que el Gobierno de Aragón, asumiendo los principios de los organismos de derecho internacional sobre víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad y siendo consciente de sus competencias, instará al Gobierno de España a la adopción de medidas de reconocimiento y restitución personal por actuación de órganos penales o administrativos del franquismo. La disposición adicional segunda dispone que el Gobierno de Aragón eleve a las Cortes de Aragón un informe para que se determine la oportunidad y posibilidad de instar a las Cortes Generales, previa iniciativa legislativa de las Cortes aragonesas, a llevar a cabo modificaciones de la normativa estatal relativa a la salvaguarda más completa posible de la Memoria Democrática y los derechos de las víctimas. La disposición adicional tercera trata sobre las exhumaciones en el Valle de los Caídos. La disposición adicional cuarta establece que, en el plazo de un año, se realice una investigación sobre los fondos documentales conservados y desaparecidos en Aragón con información sensible para la recuperación y salvaguarda de la Memoria Democrática en Aragón. La disposición adicional quinta fija en dieciocho meses el plazo para la retirada de los elementos contrarios a la Memoria Democrática del espacio público. La disposición adicional sexta aborda la desaparición forzada de niños y niñas durante la Guerra Civil y el franquismo. La disposición adicional séptima recoge el impulso por parte del Gobierno de Aragón de la tramitación de los expedientes con el Registro Civil para la inscripción de la defunción de víctimas desaparecidas. La disposición adicional octava impulsa el reconocimiento de los aragoneses y aragonesas confinados o muertos en campos de concentración de Europa, o en los lugares donde participaron de forma activa en la lucha contra el fascismo. La disposición adicional novena recoge la obligatoriedad de considerar la perspectiva de género en las políticas públicas de Memoria Democrática, tanto en el reconocimiento de la violencia específica como en todas las actividades administrativas que se lleven a cabo. La disposición adicional décima establece el plazo de constitución de la Comisión Técnica de Memoria Democrática una vez aprobada esta ley. La disposición final primera incluye una modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón conforme a la cual la información sobre violencia y represión durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista se regulará según esta Ley. La disposición final segunda modifica la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés para incluir el Lugar de Memoria Democrática de Aragón como una categoría objeto de protección patrimonial específica. La disposición final tercera modifica la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón. La disposición final cuarta faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley. Por último, la disposición final quinta establece la entrada en vigor de la ley.
Artículo 1.— Principios y valores.
La Ley de Memoria Democrática de Aragón se basa en los principios de verdad, reparación, justicia como garantía de no repetición; y se interpretará de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. En particular, el Gobierno de Aragón procurará la aplicación por los poderes públicos en Aragón de la doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la Humanidad.
Los valores que informan esta Ley, y que dimanan de estos principios, son los de convivencia, respeto, igualdad y cultura de paz.
Artículo 2.— Objeto y ámbito de aplicación.
Esta Ley tiene por objeto lograr que los principios y valores que la informan se conviertan en una referencia ética para el conjunto de la sociedad aragonesa. En ese sentido, trata de crear las condiciones precisas para que la sociedad aragonesa sea consciente de su pasado y, a partir de su conocimiento y asunción, esté en disposición de construir un futuro sobre la base del reconocimiento de la diversidad como bien a preservar, la igualdad de todos con independencia de su origen, opiniones, ideología, identidad étnica y expresión o identidad de género, el diálogo permanente y el respeto a los derechos humanos como fundamento de la libertad.
1. Impulsar y regular las políticas públicas, acciones y medidas concretas por parte de las Administraciones Públicas aragonesas que permitan la recuperación y el reconocimiento de la memoria democrática y garanticen a la ciudadanía su conocimiento y el ejercicio de los derechos relacionados con la misma.
2. Desarrollar el derecho de las víctimas y de sus familiares al reconocimiento de su condición y proceder a su reparación mediante la adopción de las medidas que garanticen la rehabilitación moral y jurídica que hayan solicitado conforme a la legislación aplicable, pudiendo reclamar su ejercicio ante los órganos jurisdiccionales competentes.
3. Establecer la obligación de las Administraciones Públicas aragonesas relativa a la implementación de las acciones y medidas concretas que permitan el ejercicio de todos los derechos derivados de esta Ley y al impulso de los mecanismos precisos para facilitar la investigación y el conocimiento de los hechos ocurridos en Aragón en el período comprendido entre la proclamación de la Segunda República y la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con especial atención a lo relacionado con el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior Dictadura franquista.
Artículo 3.— Día de recuerdo y homenaje a la democracia.
2. Las instituciones públicas de Aragón impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje en el territorio aragonés con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos de respeto, integración, convivencia y cultura de paz.
Artículo 4.— Derechos.
1. El derecho a conocer, de conformidad con el principio de verdad, los episodios del pasado que constituyen la historia del compromiso de la sociedad aragonesa con sus libertades y en defensa de la democracia.
2. El derecho de los familiares a investigar y conocer el destino de sus ascendientes desaparecidos, a proceder, en su caso, a su identificación y exhumación, y a darles una sepultura digna. El Gobierno de Aragón promoverá, de oficio o a solicitud del interesado, las medidas y actuaciones necesarias para la localización, identificación, exhumación y dignificación a las que se refiere esta Ley, y facilitará a los familiares información sobre el procedimiento que comprenden dichas actuaciones.
3. El derecho a la justicia y al reconocimiento y la reparación moral y jurídica, incluyendo en su caso la restitución e indemnización, de todas aquellas personas que sufrieron muerte, violencia, persecución, privación de libertad, exilio o cualquier otra forma de coacción y castigo injusto como consecuencia del golpe de Estado de 1936, ya fuera por su identidad y expresión de género, ideología, creencias, opiniones o cualquier otra razón de índole personal, social o política, incluyendo la participación en organizaciones sociales, sindicales o políticas comprometidas con la democracia, la libertad o la justicia social. Las organizaciones definidas como víctimas en esta Ley también tienen derecho a la justicia, al reconocimiento y la reparación moral y jurídica.
Artículo 5.— Definiciones.
1. Memoria Democrática de Aragón: legado social, cultural y político depositario de los esfuerzos ejercidos por quienes se comprometieron en la defensa y salvaguarda de la democracia y las libertades en el pasado reciente de Aragón, fundamentalmente durante la Segunda República Española, en la Guerra Civil, durante la Dictadura franquista y hasta la aprobación de la Constitución de 1978, de los sufrimientos que padecieron por ejercer dicha defensa y salvaguarda, y de forma genérica del sufrimiento padecido por quienes fueron víctimas de violencia injustificada y contraria al derecho internacional. Este legado, compuesto por elementos tanto de tipo material como inmaterial, alimenta una cultura política conformada por los valores democráticos de libertad, igualdad, procedimientos pacíficos para dirimir las diferencias y respeto a la pluralidad.
2. Víctimas: son víctimas todas las aragonesas y aragoneses que por razón de su compromiso con los derechos y las libertades en el ámbito de la memoria democrática perdieran la vida o que, de conformidad con la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005, hayan sufrido daños individual o colectivamente, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violen las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el período que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Así mismo y en los mismos supuestos, tendrán la consideración de victimas las personas con origen no aragonés que en el citado periodo hayan sufrido daños en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Igualmente tendrán la consideración de víctimas los menores sustraídos a sus progenitores biológicos y entregados a terceros sin la autorización de estos, dado que esa práctica se instauró desde el mismo comienzo de la Dictadura franquista.
De igual forma y en los términos y alcance que se expresa en esta ley, se considerarán víctimas a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
3. Familiares: son familiares los descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad de las personas que tengan la consideración de víctimas según esta Ley, o las personas que, sin serlo, tengan la condición de heredero legal de la víctima.
4. Personas desaparecidas: aquellas personas desaparecidas en las campañas bélicas desarrolladas en Aragón en el ámbito de la memoria democrática, y de quienes no se conoce su paradero o no se ha recuperado el cuerpo.
5. Desaparición forzada: de acuerdo con la Resolución correspondiente a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en 20 de diciembre de 2006, se entiende por desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de personas por parte de los poderes públicos o de organizaciones políticas o sindicales o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir esta privación de libertad o de dar información sobre el destino o el paradero de estas personas, con intención de dejarlas fuera del amparo de la ley.
6. Trabajo forzoso: de acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de 28 de junio de 1930, relativo al trabajo forzoso, se define como tal todo trabajo o servicio exigido, durante el período que comprende la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, a un individuo bajo la amenaza de una pena y por el cual el individuo no se ha ofrecido voluntariamente.
7. Fosas: el enterramiento clandestino practicado de modo artificial o con aprovechamiento de accidentes naturales del terreno, en los que se hubieran depositado los restos de personas ejecutadas como consecuencia de la represión producida durante la guerra o en los años posteriores, sin que dicho lugar fuera conocido por los deudos de la víctima o sin que estos hubieran dado su consentimiento para que quedaran allí depositados. También tendrán la consideración de fosas a los efectos previstos en esta Ley, las zanjas u otras obras de excavación realizadas en los cementerios en las que se hayan depositado cadáveres de represaliados en las condiciones señaladas en este artículo.
8. Lugar de Memoria Democrática de Aragón: aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República Española, la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Estos espacios podrán incluir ateneos, escuelas, centros sociales y culturales vinculados con la sociabilidad y la cultura republicanas así como, en relación con la guerra y la Dictadura franquista, obras de fortificación, vestigios de combates, fosas, lugares de detención e internamiento, obras realizadas con trabajos forzados, espacios de acción guerrillera antifranquista, y cualquier otro tipo de espacio significativo o conmemorativo.
9. Ruta de Memoria Democrática de Aragón: conjunto formado por dos o más Lugares de Memoria Democrática de Aragón que se encuentren cercanos o relacionados entre sí, conteniendo el espacio o la vinculación que los une elementos interpretativos significativos en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República Española, la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
10. Documentos de la Memoria Democrática: la información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos o de terceros, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado, relativa a la salvaguarda, conocimiento y difusión de los esfuerzos y sufrimientos padecidos por quienes se comprometieron en defensa de la democracia y las libertades en el período que abarca la Memoria Democrática de Aragón.
11. Entidades memorialistas: las asociaciones, fundaciones, entidades y organizaciones de carácter sindical, cultural, social o de cualquier otra naturaleza, que tengan entre sus fines estatutarios la Memoria Democrática de Aragón o la defensa de los derechos de las víctimas.
Artículo 6.— Consideración de víctimas.
1. Tienen la consideración específica de víctimas y, por lo tanto, serán titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, quienes formen parte de alguno de estos colectivos:
a) Las personas víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
f) Los niños y niñas recién nacidos que fueron sustraídos y entregados irregularmente a otras personas, así como sus progenitores y hermanos o hermanas. Su inclusión en el Censo de Memoria Democrática se realizará únicamente a instancia de parte.
g) Las mujeres que padecieron una específica humillación, persecución, violación o castigo por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la Segunda República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana o de defensa de las libertades. Su inclusión en el Censo de Memoria Democrática se realizará únicamente a instancia de parte.
h) Las personas que padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por su expresión o identidad de género, o por su origen étnico.
j) Los empleados públicos que, mediante expediente o por vía de hecho fueron castigados, sancionados, o depurados como consecuencia de sus convicciones democráticas y lucha por las libertades, su participación activa en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, su oposición al golpe de Estado de 1936 y a la Dictadura franquista.
l) Las personas físicas que, no estando incluidas en ninguno de los colectivos citados en los apartados anteriores, sufrieron algún tipo de persecución o discriminación por su defensa de la democracia y las libertades en el ámbito de la Memoria Democrática.
2. Tiene igualmente la consideración de victimas los familiares y personas a cargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, de las personas incluidas en alguno de los supuestos del apartado anterior.
3. También tienen la consideración de víctima las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron declaradas ilegales durante la Guerra y la posterior Dictadura franquista.
Artículo 7.— Censo de Memoria Democrática de Aragón.
1. El Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón previsto en el artículo 21 de la presente Ley elaborará un Censo de Memoria Democrática de Aragón, que contendrá información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en Aragón, de carácter público, que requerirá del consentimiento de la víctima y, en caso de fallecimiento o desaparición, que no medie la oposición de cualquiera de sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.
2. El Censo de Memoria Democrática de Aragón se constituye como un censo de carácter público, a los efectos de facilitar el acceso de las personas inscritas a las compensaciones y ayudas que determina el Gobierno de España a través de la Ley 52/2007, así como también a las contempladas por la legislación de otros países, con motivo de los hechos que tuvieron lugar en ellos durante la II Guerra Mundial relacionados con el exilio, la resistencia antifascista y la deportación a los campos de concentración y exterminio de los países integrantes de las Potencias del Eje, y que afectaron a ciudadanos aragoneses.
3. En el Censo, que se coordinará con las fuentes de información ya existentes, se anotarán, entre otra información, las circunstancias respecto de la represión padecida; del fallecimiento o desaparición de cada persona; del lugar; fecha, fehaciente o aproximada, en la que ocurrieron los hechos; así como la información que se determine reglamentariamente, que respetará, en todo caso, lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
4. Las víctimas, sus familiares así como las entidades memorialistas en la forma que reglamentariamente se determine, podrán instar la incorporación de datos al Censo.
Artículo 8.— Reparación y reconocimiento.
1. El Gobierno de Aragón promoverá medidas de reparación a las víctimas que lo fueron por participar en la vida democrática y defenderla, así como a las instituciones, organizaciones o colectivos sociales y sindicales que contribuyeron a la defensa de la democracia y a la lucha por la pervivencia de la legalidad republicana.
2. El Departamento competente en materia de Memoria Democrática colaborará y apoyará a las Entidades Locales, Universidades y entidades memorialistas en acciones de reparación y reconocimiento de las víctimas.
3. En todo caso, el Departamento competente en Memoria Democrática facilitará a las víctimas y a sus familiares de las víctimas que así lo soliciten la gestión y para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal, que expide el Ministerio competente en materia de Justicia sobre la ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista
Artículo 9.— Acciones y medidas para la reparación y el reconocimiento.
1. El Plan de Acción de Memoria Democrática de Aragón incorporará acciones específicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas mediante, entre otras, la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes, la construcción de monumentos conmemorativos o de cualquier elemento análogo.
2. El Gobierno de Aragón alentará de igual modo la reflexión crítica hacia cualquier forma de violencia contra personas o colectivos por razón de clase social, identidad o expresión de género, etnia, credo religioso o cualquier otro elemento constitutivo de la identidad personal, a partir del conocimiento riguroso del pasado histórico de Aragón y de la gestión administrativa de la memoria democrática. Para ello se buscará, especialmente, la colaboración y apoyo de las entidades locales, universidades y entidades memorialistas, investigadores independientes y familiares de las víctimas.
Artículo 10.— Reparación por trabajos forzados.
El Gobierno de Aragón impulsará, mediando las investigaciones pertinentes, las actuaciones para que las organizaciones y empresas que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio adopten medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, así como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados de forma que se permita su identificación y el recuerdo de lo sucedido.
Artículo 11.— Mapa de fosas.
1. El mapa de fosas de Aragón constituye la principal herramienta descriptiva sobre los lugares de enterramientos de las víctimas, siendo responsable de su actualización permanente el Gobierno de Aragón en colaboración con las demás administraciones públicas de su ámbito territorial y entidades locales, así como con las víctimas y entidades memorialistas.
2. El Gobierno de Aragón, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas, colaborará en la actualización del Mapa Integrado de Fosas de España publicado por el Ministerio de Justicia.
Artículo 12.— Exhumaciones.
1. Las exhumaciones de las víctimas contempladas en esta Ley deberán ir precedidas de la pertinente investigación que permita deducir con la mayor de las certezas posible la localización de los enterramientos.
2. El Gobierno de Aragón aprobará un Reglamento que contendrá el Protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo, que se basará en el Protocolo de exhumación de restos humanos relacionados con la guerra civil dentro del proyecto Amarga Memoria. Dicho Protocolo contemplará las actuaciones a realizar por la Administración y por otras entidades y organizaciones públicas o privadas.
3. Las prioridades de las acciones a desarrollar por parte de la Administración en lo relativo a la localización, exhumación, identificación, traslado y dignificación de los restos de víctimas de la violencia franquista se fijarán en el Plan de Acción de Memoria Democrática de Aragón, concretándose en el Plan de Actuación específico para exhumaciones para el período correspondiente. Para su determinación y revisión se atenderá, entre otros elementos, a las solicitudes presentadas por familiares y entidades memorialistas, siempre que acrediten o aporten los indicios que permitan acreditar la posible existencia de un enterramiento.
4. Los hallazgos, trabajos, informaciones e investigaciones orientadas a la identificación de los restos que pudieran corresponder con personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la Dictadura franquista, se comunicarán de manera inmediata a las autoridades administrativas y judiciales competentes, aplicándose, en su caso, las previsiones contenidas en la normativa vigente de enjuiciamiento criminal al tratarse de restos correspondientes a crímenes violentos.
5. Durante el proceso de localización, exhumación, identificación, traslado e inhumación final de las víctimas desaparecidas se respetará en todo momento el derecho a la intimidad, la dignidad, las convicciones éticas, filosóficas, culturales o religiosas de la víctima y el dolor de los familiares.
6. Cuando los restos exhumados no sean reclamados, se podrán formalizar convenios de colaboración con las entidades locales en cuyo término municipal se hallen las fosas o enterramientos clandestinos, para su inhumación en los respectivos cementerios municipales, con indicación en la placa o lápida correspondiente, cuando haya sido posible su identificación, del nombre, así como de la fecha y lugar probables del fallecimiento, señalando, en todo caso, su condición de víctima del franquismo.
Artículo 13.— Acceso a los espacios y terrenos afectados por las actuaciones de localización, delimitación, exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas.
1. Las actividades de indagación, localización, delimitación, exhumación, identificación o traslado de los restos de víctimas se declaran de utilidad pública e interés social al efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deba realizarse de conformidad con la normativa sobre expropiación forzosa.
2. Previamente se deberá solicitar el consentimiento de las personas titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento se podrá autorizar la ocupación temporal, previo el correspondiente procedimiento con audiencia de las personas titulares de los derechos afectados. Para ello se tomará en consideración sus alegaciones y se fijará la correspondiente indemnización.
4. Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se declarará, previa información pública y motivadamente, la necesidad de ocupación temporal de los terrenos, públicos o privados, para realizar las actividades que la motivan.
Artículo 14.— Dignificación en Fosas comunes.
Artículo 15.— Depósito de ADN y pruebas de identificación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, promoverá la creación de una base de datos genética, homologada con el resto de bases de datos de las Administraciones Públicas, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Aragón.
2. El Protocolo previsto en el artículo 12 de la presente Ley incluirá las directrices para recoger muestras de ADN procedentes tanto de los restos óseos procedentes de las exhumaciones, como de las personas que soliciten que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y poderlo comparar con las muestras almacenadas, así como la toma de muestras biológicas y realización de análisis para la identificación genética.
3. El proceso de identificación genética se podrá aplicar en la identificación de las niñas y niños sustraídos de sus progenitores y entregados sin su consentimiento, siendo obligación de la Administración autonómica la realización de los análisis oportunos para la comprobación de la identidad personal de los interesados mediando la investigación documental y científica pertinente.
de Memoria Democrática de Aragón
Artículo 16.— Lugar de Memoria Democrática de Aragón.
Los Lugares de Memoria Democrática de Aragón se integran en el Patrimonio Cultural Aragonés con la categoría que les corresponda en función de la normativa sobre patrimonio cultural de Aragón. Aquellos que por su relevancia y singularidad merezcan un nivel de protección superior, serán declarados como Bienes de Interés Cultural, siendo una figura específica dentro de la categoría de Conjuntos de Interés Cultural.
Artículo 17.— Rutas de Memoria Democrática de Aragón.
1. El Departamento competente en materia de Memoria Democrática, en colaboración con las administraciones públicas implicadas, podrá impulsar la creación de Rutas de Memoria Democrática de Aragón, para su inscripción en el Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón.
2. Cuando las Rutas de Memoria Democrática de Aragón presenten valores relevantes de tipo ambiental, paisajístico, etnográfico, antropológico o de cualquier otro tipo, se impulsará en colaboración con los Departamentos competentes en materia de patrimonio histórico, educación, medio ambiente y turismo la configuración de itinerarios de tipo interdisciplinar, donde se integre la Memoria Democrática asociada con los valores ambientales y con la ocupación humana del territorio desde una perspectiva histórica.
Artículo 18.— Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón.
1. Se crea el Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón. En él se inscribirán aquellos espacios, construcciones o elementos inmuebles que reúnan las características definidas en los apartados 8 y 9 del artículo 5.
3. El procedimiento de inscripción de bienes en el Inventario de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón, así como la modificación o cancelación de la misma, el régimen de protección y los efectos que se deriven de todo ello se regularán de conformidad con lo establecido en la legislación de Patrimonio Cultural Aragonés, correspondiendo la iniciativa al Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural, el cual también será responsable de su conservación y divulgación.
Artículo 19.— Identificación, señalización, interpretación y difusión.
1. Para cada Lugar o Ruta de Memoria Democrática de Aragón, el Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural establecerá medios de difusión e interpretación de lo ocurrido en el mismo. Reglamentariamente se determinarán los materiales, condiciones y medios de difusión apropiados, así como la participación y colaboración de las Entidades Locales del entorno, y en su caso la Universidad y las entidades memorialistas de Aragón.
3. Se contemplará de modo singular la señalización y debida explicación de los campos de concentración, los presidios organizados en edificios no convencionales, y los lugares de confinamiento de trabajadores forzosos del franquismo que existieron en Aragón; así como la señalización de las obras realizadas con trabajo de las personas presas, a través de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, prisioneros de los campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros de Colonias Penitenciarias Militarizadas, aportando cuantos datos se consideren importantes para el conocimiento y sensibilización de aquellos hechos y así contextualizarlos en el momento y en las circunstancias históricas en que tuvieron lugar.
4. El Departamento competente en materia de Memoria Democrática impulsará, en colaboración con los Departamentos del Gobierno de Aragón con competencias en gestión de patrimonio histórico, fomento turístico y vertebración territorial, la adecuada promoción de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón con el objeto de puedan ser debidamente conocidos y visitados.
6. Los contenidos expositivos de museos y centros de interpretación públicos o privados ubicados en Aragón y relacionados con el periodo histórico de Ia Segunda República Española, Guerra Civil y Dictadura franquista, se ajustaran a esta ley y a la doctrina de los derechos humanos que se basa en los principios de verdad, justicia y reparación, evitando toda exaltación del golpe de Estado de 1936 y de la Dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones políticas y sociales que sustentaron el régimen, así como alusiones denigrantes a las víctimas y del régimen de libertades que representó Ia Segunda República Española.
7. El Gobierno de Aragón promoverá y colaborará con otras administraciones en el desarrollo de políticas públicas de difusión por distintos medios, tanto escritos, como digitales, de estos Lugares de Memoria Democrática de Aragón y de las actuaciones que se Ileven a cabo sobre los mismos.
Artículo 20.— Documentos de la Memoria Democrática.
1. Los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura franquista son constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico de Aragón, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan. En ese sentido, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón, se garantiza el derecho a acceder libre y gratuitamente a dichos documentos siempre que se cumplan las condiciones que la legislación vigente determine.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará las medidas necesarias para catalogar la documentación y la información que obre en su poder referida al período histórico que abarca esta ley, con especial atención a la violencia y la represión ejercidas durante la Guerra Civil, y facilitar el acceso y su consulta libre y gratuita, en los términos de lo previsto en cumplimiento de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre de Archivos de Aragón, a víctimas y familiares, entidades memorialistas, investigadores independientes y ciudadanos en general siempre que se cumplan las condiciones que determina la legislación vigente.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con las entidades locales aragonesas en la conservación y mantenimiento de la documentación e información de cualquier tipo que obre en poder de las mismas que se refieran a la violencia y represión ejercidas durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura franquista.
5. Igualmente, el Gobierno de Aragón promoverá y facilitará el acceso del público interesado a los archivos públicos o privados con documentación susceptible de ser relevante para la Memoria Democrática de Aragón, estableciendo al efecto los convenios oportunos con las entidades que poseen los fondos para regular su acceso a los ciudadanos.
6. Los documentos que sean de interés para la investigación o estudio en Memoria Democrática de Aragón y que no formen parte del Patrimonio Documental de Aragón, podrán ser objeto de evaluación e incorporación al mismo por el Departamento competente en materia de patrimonio documental, a instancia del Departamento competente en materia de Memoria Democrática, y según los procedimientos recogidos en la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés.
8. En el marco del Plan de Acción de la Memoria Democrática, se fijarán las actuaciones necesarias, incluidas la adquisición, traslado y digitalización, para reunir, recuperar y facilitar el acceso a los documentos y testimonios de cualquier naturaleza que sean de interés en esta materia, priorizando las acciones sobre aquellos cuya relevancia pública, dificultad de acceso o peligro de desaparición así lo aconsejen.
Artículo 21.— Impulso de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón.
1. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento competente, impulsará la creación de una entidad dedicada a impulsar la investigación y la difusión de la memoria democrática en Aragón, cuya función será la investigación histórica, la búsqueda y acceso de nuevas fuentes, y de modo más específico la elaboración de un Censo de Memoria Democrática de Aragón a través de la investigación y validación de información relativa al pasado traumático de Aragón, en los términos que se determinen reglamentariamente.
2. Para la creación de dicho censo el Gobierno de Aragón promoverá la colaboración con entidades académicas como la Universidad de Zaragoza, entidades memorialistas e investigadores independientes, así como instituciones públicas y privadas titulares de archivos que pudieran albergar documentación relacionada con esta materia para su estudio y tratamiento, y con las entidades académicas con las que establecer mecanismos de colaboración para estudiar y difundir la Memoria Democrática de Aragón.
3. El Gobierno de Aragón remitirá los datos sobre aragoneses al Censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos recogido en el artículo 17 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
en la Memoria Democrática
Artículo 22.— Movimiento asociativo.
1. Las entidades memorialistas, que contribuyen de manera esencial a la concienciación social para la preservación de la Memoria Democrática de Aragón, a la defensa de los derechos de las víctimas, y a la sensibilización de los agentes políticos sobre la necesidad de articular políticas de memoria desde los poderes públicos, son reconocidas en esta Ley como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas.
2. El Gobierno de Aragón promoverá, en el marco de los planes de actuación previstos en el artículo 34, la realización de medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos de esta Ley a través de la actuación de las entidades memorialistas, a las que apoyará en su creación, mantenimiento y sostenimiento de sus actividades por los medios que se determinen oportunos.
Artículo 23.— Registro de Entidades de Memoria Democrática de Aragón.
1. Se crea el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Aragón, de carácter público, en el que se podrán inscribir las entidades memorialistas que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos tanto de actualización de la información de las entidades, como de participación coordinada en la Comisión Técnica de Memoria Democrática según el reglamento correspondiente determine.
2. Se podrán inscribir aquellas entidades, legalmente constituidas, entre cuyos objetivos y fines estatutarios figure la investigación, salvaguarda, transmisión o conmemoración de la Memoria Democrática de Aragón, la defensa de los derechos de las víctimas o la búsqueda de bebés robados, y que cumplan los siguientes requisitos
c) Que tengan sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, o dispongan de una representación orgánica o delegación en dicho territorio.
Artículo 24.— Ámbito educativo.
1. El Departamento con competencia en materia de educación revisará los currículos educativos con el fin de que éstos garanticen el acceso efectivo del alumnado a una información veraz, y actualizada, basada en las prácticas científicas propias de la disciplina histórica, sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la Memoria Democrática de Aragón, fomentando la utilización de métodos no violentos para la resolución de conflictos y promocionando modelos de convivencia basados en el respeto, el pluralismo político, la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la cultura de paz.
2. El Departamento con competencia en materia de educación impulsará la implementación de todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que refuercen significativamente los contenidos curriculares incluyendo la realización de visitas a Rutas y Lugares de Memoria Democrática de Aragón y la promoción de la investigación y el conocimiento por parte del alumnado de los hechos sucedidos en el período comprendido por esta Ley. Además de los contenidos curriculares de las áreas afines al tratamiento de la Memoria Democrática, se abordará un tratamiento transversal, a todas las áreas del currículo, de dichos contenidos.
4. El Gobierno de Aragón impulsará la investigación en los centros educativos, especialmente en aquellos significados con la Memoria Democrática, así como programas de participación para que también las familias puedan contribuir a la construcción de la Memoria Democrática.
5. El Gobierno de Aragón instará a la inclusión de contenidos adecuados en materia de Memoria Democrática en los procesos de formación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, así como de los empleados públicos en otras áreas de la administración cuya labor pueda afectar al desarrollo de las políticas públicas de Memoria bajo los principios de verdad, reparación y justicia como mejor garantía de no repetición. En particular, el Departamento competente en materia de educación, al objeto de dotar al profesorado y a los trabajadores de los centros educativos, de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas, incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática aragonesa.
6. El Departamento competente en materia de educación garantizará que en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón no se elaboren difundan y utilicen materiales didácticos irrespetuosos con la Memoria Democrática de Aragón y que dichos materiales no justifiquen, banalicen, nieguen o ignoren el sufrimiento padecido por las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
7. En los centros educativos sostenidos con fondos públicos se desarrollarán actividades en torno a la Memoria Democrática a lo largo de cada curso escolar. En todo caso, se procurará realizar este tipo de acciones en la fecha conmemorativa a la que se refiere el artículo 3.
8. El Departamento competente en materia de educación diseñará un banco de actividades sobre lo que supuso la educación en la Segunda República y durante el franquismo, con el objeto de ponerlo a disposición de los centros educativos para la conmemoración del Día de la Memoria Democrática de Aragón, o para ser desarrolladas en cualquier otra ocasión.
9. El Departamento con competencias en Universidad, en colaboración con las Universidades aragonesas, impulsará la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios que proceda, e instará a que la valoración del contenido vinculado al conocimiento de la memoria democrática de Aragón en las pruebas de acceso a la Universidad de Zaragoza sea significativa y no residual.
Artículo 25.— Difusión.
Artículo 26.— Colaboración con los medios de comunicación públicos.
Artículo 27.— Elementos contrarios a la Memoria Democrática.
2. Las Administraciones Públicas de Aragón, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Aragón, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad.
3. Para conocer el grado exacto de cumplimiento de estas obligaciones y establecer las medidas oportunas dentro del ámbito competencial, el Gobierno de Aragón procederá a realizar un Censo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática, que será revisado y actualizado por la Comisión Técnica de Memoria Democrática, prevista en el artículo 33 de esta Ley.
4. El proceso de realización del Censo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática no constituirá impedimento para que aquellas Administraciones Públicas de Aragón que cuenten con información sobre la existencia de tales símbolos en su ámbito competencial procedan a su retirada de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
5. No se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos de exaltación de la Dictadura, salvo informe favorable en tal sentido del Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural, que se emitirá por este en el plazo de tres meses a solicitud de la persona interesada, en los supuestos descritos en el apartado primero de este artículo.
6. En aquellos casos en los que se incoe expediente de declaración de un lugar como Bien de Interés Cultural (BIC) deberá valorarse negativamente la existencia de simbología franquista, si la hubiere.
Artículo 28.— Procedimiento para su eliminación.
1. Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, el Gobierno de Aragón tomará las medidas oportunas, según se establece con carácter general en el artículo 15 de la Ley 52/2007, para hacer efectiva la retirada de los mismos.
4. Las Administraciones Públicas de Aragón procederán de igual modo a revisar y revocar por los procedimientos legalmente establecidos toda distinción, mención, título honorífico o cualquier otra forma de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, como los títulos de alcaldes honorarios, hijos predilectos o hijos adoptivos.
6. El Departamento competente en materia de Memoria Democrática dictará resolución motivada que se notificará en el plazo máximo de tres meses contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo. Transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento.
8. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, el Departamento competente en materia de Memoria Democrática podrá realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo con lo previsto en la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 29.— Incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la Memoria Democrática.
1. El Gobierno de Aragón no subvencionará, ni concederá ayudas públicas, a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Aragón, conforme a lo establecido en el título IV de esta Ley, con la sanción de pérdida del derecho a obtener subvenciones de acuerdo con el apartado 3 del artículo 46.
2. Asimismo, las Administraciones Públicas de Aragón, en el marco de sus competencias, no concederán subvenciones ni ayudas públicas ni permitirán la ocupación por cualquier título de bienes o espacios públicos a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que persigan la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe de Estado o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe de Estado y la Dictadura.
3. Con carácter general, las entidades locales de Aragón que no eliminen de sus edificios y espacios públicos símbolos contrarios a la Memoria Democrática de Aragón o que obstruyan el cumplimiento de lo que esta ley establece con respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas mediante su exhumación, o el acceso a documentos de memoria democrática, podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, según se estipula en el título IV de esta Ley.
4. Las subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos de la U.E. se regirán por lo dispuesto en la Normativa comunitaria, conforme a lo determinado en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
5. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, por el Departamento competente en materia de Memoria Democrática, se establecerá una base de datos que permita la comprobación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme en aplicación de esta Ley.
Artículo 30.— Destino de los elementos contrarios a la Memoria Democrática.
2. En el Censo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática constarán aquellos que han sido retirados, tanto de titularidad pública como privada
Artículo 31.— Órgano competente.
Artículo 32.— Órgano de gestión.
Artículo 33.— Comisión Técnica de Memoria Democrática.
e) Elaborar, revisar y actualizar el Censo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática sobre los que cabrá su supresión del espacio público o su señalización.
2. La composición de la Comisión se determinará reglamentariamente. En cualquier caso deberá contar con representación de las administraciones públicas de Aragón, entidades memorialistas, entidades académicas como la Universidad de Zaragoza, y de profesionales expertos en el ámbito de la historia, la arqueología, la archivística y la medicina forense.
Artículo 34.— Plan de Acción de la Memoria Democrática.
2. Su vigencia será indefinida, procediéndose a la revisión anual de su cumplimiento por parte de las Cortes de Aragón a partir de la Memoria de Actividades que elaborará la Comisión Técnica.
3. El Plan de Acción contemplará la temporalización de las actuaciones, los recursos técnicos, humanos y económicos precisos, el sistema de evaluación continua y final, junto con los indicadores de proceso y resultado a emplear, los mecanismos de difusión, comunicación y proyección y la identificación de los agentes implicados en la ejecución.
Artículo 35.— Colaboración en investigación y divulgación de la Memoria Democrática de Aragón.
Con el objeto de avanzar en el estudio y conocimiento científico de la Memoria Democrática de Aragón, el Gobierno de Aragón promoverá programas de investigación y divulgación, en los que participarán las instituciones académicas, las entidades memorialistas de Aragón e investigadores independientes, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción y de los Planes de Actuación que lo desarrollen.
Artículo 36.— Colaboración con la Administración General del Estado.
Se establecerán los mecanismos de cooperación y colaboración que se consideren necesarios con la Administración General del Estado para desarrollar las previsiones contenidas en esta Ley, así como en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Artículo 37.— Colaboración con las Comunidades Autónomas.
3. El Gobierno de Aragón mantendrá las oportunas relaciones de colaboración y cooperación con las Administraciones de las Comunidades Autónomas para promover la interconexión de las bases de datos, incluidos los genéticos, para cumplir los objetivos de esta Ley.
Artículo 38.— Colaboración con las Entidades Locales.
1. El Departamento competente en materia de Memoria Democrática colaborará con las Entidades Locales de Aragón para contribuir en la ejecución de las medidas y acciones previstas en esta Ley, especialmente en todo lo referido a la investigación, conocimiento, conmemoración, dignificación, fomento y divulgación de la Memoria Democrática.
2. Los entes locales colaborarán en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley en relación con el libre acceso a la documentación de Memoria Democrática y la concesión de los permisos pertinentes en relación al acceso a terrenos de titularidad municipal y cualquier otra cuestión recogida en esta Ley.
Artículo 39.— Colaboración con otras entidades e instituciones.
1. El Gobierno de Aragón establecerá con otras asociaciones, entidades e instituciones relacionadas con la investigación histórica, la recuperación de la memoria y las acciones de promoción y difusión de la misma, los mecanismos e instrumentos de colaboración que las leyes prevén con el fin de llevar adelante las medidas previstas en esta Ley y en los planes e instrumentos que la desarrollen.
Artículo 40.— Régimen jurídico.
1. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir. En ese sentido, de las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito o falta se dará traslado al Ministerio Fiscal.
Artículo 41.— Competencia sancionadora.
Es competente para la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones tipificadas en esta ley el titular del Departamento competente en materia de Memoria Democrática.
Artículo 42.— Responsables.
1. Serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o imprudentemente cometan alguna de las infracciones previstas en la presente ley.
2. Serán responsables solidarios de las infracciones previstas en esta ley quienes hubieran ordenado la realización de tales acciones u omisiones. Cuando se trate de personas jurídicas, serán responsables solidarios sus administradores o representantes. Si se trata de una Administración pública, la persona titular del órgano que realiza la acción u omisión y, en caso de adoptarse la decisión por un órgano colegiado, los miembros del mismo que, con su voto, hayan decidido la acción u omisión.
Artículo 43.— Procedimiento.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo al Departamento competente en materia de Memoria Democrática.
3. Para la imposición de las sanciones establecidas en este título se seguirán las disposiciones de procedimiento previstas en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador.
4. La regulación del procedimiento sancionador se concretará en el Reglamento de desarrollo de esta ley.
Artículo 44.— Infracciones.
a) El traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos o fosas sin la autorización pertinente.
b) La realización de excavaciones con el ánimo de exhumar restos de víctimas de la Memoria Democrática de Aragón sin la autorización prevista por el reglamento pertinente.
c) La remoción de terreno, o la construcción sobre el mismo, sin la autorización pertinente donde haya certeza de la existencia de restos humanos correspondientes a víctimas desaparecidas.
d) La destrucción de fosas de víctimas incluidas en el Mapa de fosas a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
e) La destrucción o alteración grave de un bien o parte del mismo que está integrado en un Lugar o Ruta de Memoria Democrática de Aragón y haya sido declarado Bien de Interés Cultural.
g) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Ruta de Memoria Democrática de Aragón que afecte a fosas de víctimas o enterramientos clandestinos sin la autorización prevista en el reglamento.
a) El incumplimiento, sin causa justificada, de la obligación de comunicar el hallazgo de restos que razonablemente pueda suponerse que pertenecen a víctimas de la represión durante la Guerra Civil o la Dictadura franquista, según lo previsto en esta ley.
c) El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de un Lugar o Ruta de Memoria Democrática de Aragón conforme a lo previsto en el reglamento de protección de Lugares y Rutas de Memoria, cuando no constituya infracción muy grave.
d) La obstrucción de la actuación inspectora de la Administración en materia de Memoria Democrática, así como la omisión del deber de información, conforme al reglamento de protección de Lugares y Rutas de Memoria Democrática de Aragón inscritos en el Inventario.
f) El incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática, conforme al apartado 7 del artículo 28.
g) La rotura, retirada sin permiso o alteración mediante pintadas, incisiones u otras marcas de placas, monumentos u outro tipo de elemento conmemorativo o de homenaje con el fin de insultar o vejar la memoria de quienes son recordados u homenageados, de injuriar a las víctimas o de hacer apología o exaltación de los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la Dictadura franquista.
h) Utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las victimas de la Guerra Civil o la Dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, cuando estas categorias de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio.
c) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Ruta de Memoria Democrática de Aragón sin la autorización pertinente, cuando no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 45.— Agravación de la calificación.
Artículo 46.— Sanciones.
3. Las sanciones no pecuniarias serán accesorias y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un período máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente, y en el reintegro total o parcial de la subvención en materia de Memoria Democrática concedida. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
4. Las entidades locales de Aragón que, por no haber procedido a la eliminación en sus edificios y espacios públicos de los símbolos contrarios a la memoria democrática, hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme, con la sanción de pérdida del derecho a obtener subvenciones de acuerdo con el apartado 3 del artículo 46, no tendrán derecho a obtener subvenciones ni ayudas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) El beneficio que, en su caso, haya obtenido, la persona infractora.
g) Para la determinación del importe la sanción pecuniaria se tendrá en cuenta que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa en términos económicos para la persona o personas infractoras que el importe de la sanción.
Disposición adicional primera.— Reconocimiento y restitución personal por actuación de órganos penales o administrativos.
El Gobierno de Aragón instará al Gobierno de España la adopción de las medidas pertinentes que procedan para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal impuestas o acordadas por Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o cualesquiera otros órganos ilegítimos, fueren judiciales o administrativos, civiles o militares, de modo que resulte posible satisfacer plenamente los derechos enumerados en el artículo 4 de esta Ley.
Disposición adicional segunda.— Estudios de posibles modificaciones de normativa estatal.
El Gobierno de Aragón elevará a las Cortes aragonesas un informe motivado acerca de la oportunidad y posibilidad de instar de las Cortes Generales, previa iniciativa legislativa adoptada por las propias Cortes aragonesas, las siguientes modificaciones normativas:
1. Derogación total o parcial de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en aquellos términos que den amparo a la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo definido en esta Ley como Memoria Democrática de Aragón.
2. Tipificación como delito de cualquier forma de manifestación, personal o colectiva, ejercida en el espacio público que sea contraria a la Memoria Democrática y atentatoria contra la dignidad de las víctimas.
3. Regulación de la desaparición forzosa y el desaparecido que ampare un tratamiento jurídico adecuado de las víctimas asesinadas y enterradas al margen de la legalidad.
Disposición adicional tercera.— Exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Disposición adicional cuarta.— Desaparición de fondos documentales.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se designará, mediante acuerdo del Gobierno a propuesta de los departamentos competentes en materia de patrimonio documental y de memoria democrática, una comisión específica que realizará una investigación sobre los documentos conservados de la Memoria Democrática de Aragón, su accesibilidad actual y los fondos documentales desaparecidos. Las conclusiones de esta investigación serán públicas.
Disposición adicional quinta.— Retirada de elementos contrarios a la memoria democrática.
1. En el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 27. En caso contrario, el Departamento competente en materia de Memoria Democrática incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos.
2. Las administraciones públicas de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, procederán en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas para que lo certifiquen. Dichas certificaciones serán hechas públicas por las distintas Administraciones y serán remitidas al Gobierno de España.
Disposición adicional sexta.— Desaparición forzada de niñas y niños.
El Gobierno de Aragón, en colaboración con otras administraciones y organismos, abordará la desaparición forzada de niños y niñas ocurridas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, articulando los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos calificados por la Comisión de Naciones Unidas en su informe sobre personas desaparecidas como de lesa humanidad, dotando de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas.
Disposición adicional séptima.— Inscripción de defunción de desaparecidos.
Disposición adicional octava.— Homenaje en los campos de concentración.
El Gobierno de Aragón colocará una mención especial a las personas de Aragón que fueron confinadas o que murieron en los campos de concentración europeos y en los lugares donde participaron de forma activa en la lucha contra el fascismo, bien fuera en grupos guerrilleros de la Resistencia, bien en unidades militares de las fuerzas aliadas.
Disposición adicional novena.— Las mujeres en la Memoria Democrática.
El Gobierno de Aragón impulsará en sus políticas públicas de memoria democrática la consideración transversal de la expresión e identidad de género, con el objetivo de dar visibilidad y dotar de medios para el conocimiento de la violencia específica ejercida contra las mujeres dentro del ámbito de la Memoria Democrática, procurando incorporar dicha perspectiva en acciones de catalogación archivística, programas de difusión y de investigación académica, así como de reconocimiento en el espacio público.
Disposición adicional décima.— Comisión Técnica de Memoria Democrática.
El artículo 35 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la actividad Pública y participación Ciudadana de Aragón queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 35. Información sobre violencia y represión durante la Guerra Civil y el franquismo
La información sobre violencia y represión durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista se regirá por lo dispuesto en la legislación específica sobre Memoria Democrática de Aragón.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
Se introduce una letra g) en el apartado 2.B) del artículo 12 «Bienes de Interés Cultural», con la siguiente redacción:
«g) Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, que es aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia/legalidad democrática frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República Española, la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Estos espacios podrán incluir fosas colectivas, lugares de detención e internamiento, obras realizadas con trabajos forzados, así como cualquier otro tipo de espacio significativo o conmemorativo.»
Disposición final tercera.— Modificación de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón.
Se introduce una letra d) en el artículo 20 con la siguiente redacción:
«d) Coordinar las actuaciones archivísticas que se derivan de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y elaborar instrumentos de referencia (guías de fuentes, inventarios, etc.) y protocolos de información y asesoramiento dirigidos a investigadores, asociaciones, familias de las víctimas y ciudadanos en general.»
Se introduce una letra e) en el artículo 20 con la siguiente redacción:
«e) Coordinar el Sistema Aragonés de Información de Archivos que incluirá el buscador de Documentos y Archivos de Aragón (DARA) y, dentro de este, al menos, el buscador monográfico de Memoria Democrática.»
Disposición final cuarta.— Desarrollo normativo.

References: artículo 122

Artículo 1

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 45
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 30

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7
 artículo 21

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 12

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 5

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 27

Artículo 21
 artículo 17

Artículo 22
 artículo 34

Artículo 23

Artículo 24
 resolución 
 artículo 3

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 33

Artículo 28
 artículo 15
 resolución 

Artículo 29
 resolución 
 artículo 46
 artículo 3
 resolución 

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44
 artículo 11
 resolución 
 artículo 28

Artículo 45

Artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 20