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EL ENTORNO JURIDICO DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN: 2014
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESIÓN DEL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO CIVIL POR PARTE DEL CONSTRUCTOR EN MONTE VECINAL EN MANO COMÚN
LO EXPUESTO EN ESTE ARTÍCULO SE HA VISTO MODIFICADO POR LA SENTENCIA DEL TSJG DE 31/10/2016, QUE SE ANALIZA EN EL ARTÍCULO DE ESTE BLOG PUBLICADO EL 20/11/2016
En el primer artículo publicado en este blog, el 30 de agosto de 2013, ya hice referencia a las especialidades del instituto de la accesión en relación a los montes vecinales, que se da, recordemos, cuando alguien construye –de buena o mala fe- sobre una porción de monte vecinal, que ha ocupado sin consentimiento de la comunidad de montes propietaria.
En dicho artículo ya refería un caso relativo a la construcción de un edificio de 90 viviendas sobre una porción de monte vecinal sito en el término municipal de O Porriño, en el que se dictó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 12/11/2009, que vino a declarar el terreno litigioso como monte vecinal perteneciente a la CMVMC demandante, pero desestimando la petición de condena a dejarlo libre y expedito, por considerar al constructor un poseedor de buena fe, al entender que había actuado <<con la comprensible confianza de legalidad que deriva de sucesivas escrituras e inscripciones registrales desde 1941, y de calificación desestimada por el Jurado de Montes y el Tribunal Supremo>>. Planteado el correspondiente recurso de casación por los demandados, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia de apelación (STSJG de 20/07/2010), con la sola modificación de considerar que en los montes vecinales no concurre la opción que el artículo 361 del Código Civil ofrece al propietario del suelo (obligar al constructor a comprar el terreno construido, o bien hacerse el propietario del suelo con la propiedad de la obra construida, abonando al constructor la indemnización correspondiente), pues, al ser el monte vecinal inalienable, éste sólo puede optar por hacer suya la obra abonando los gastos necesarios y útiles efectuados por el constructor.
Pues bien, en el año 2012 la empresa constructora del citado edificio de de 90 viviendas –que entonces sólo contaba con su derecho de retención sobre unas pocas viviendas y el local comercial, pues el resto fueron adjudicadas judicialmente a la entidad bancaria que le había concedido el préstamo constructor, mediante la correspondiente ejecución hipotecaria por impago-, presentó una demanda contra la Comunidad propietaria del monte vecinal, reclamando el coste de construcción de las unidades de obra objeto de su derecho de retención.
En dicho procedimiento se ha dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra la sentencia de 30 de Julio de 2014, que va a ser objeto de análisis en este artículo.
II.- ANÁLISIS DE LA SAP (Sección 1ª) DE 30 DE JULIO DE 2014
Con carácter previo al análisis de dicha sentencia, debo hacer referencia a la dictada por el TSJG el 20/7/2010 en el previo procedimiento en que se declaró el terreno ocupado por el edificio de 90 viviendas como monte vecinal en mano común, en cuanto determina cómo se ha de ejercitar el derecho de accesión, por virtud del cual la Comunidad propietaria del suelo puede hacerse con la propiedad de las edificaciones construidas sobre el mismo.
Pues bien, en el fundamento décimo de la STSJG de 20/7/2010 se dispone que:
<< Cita la recurrente nuestra sentencia de 19-5-2009, dictada en supuesto casi idéntico al presente. En ella concluíamos, en lo que aquí importa, con lo siguiente:
… una vez declarada, como aquí hacemos, la propiedad del suelo a favor de la actora y dada la imposibilidad en este caso, por la inalienabilidad e indivisibilidad del monte comunal, de hacer uso de la opción que confiere el citado precepto, sólo le queda el camino si quiere poner fin a la situación provisional de hacer suya la obra, esto es, todo lo edificado, plantado o sembrado, previo pago de la indemnización establecida en los arts. 453 y 454 del Código Civil , lo que se llevaría a cabo en ejecución de sentencia (ver SSTS de 21-12-1945 y 17-12-1957, o la de esta Sala de 2-3-2006 (RJ 2007, 5086)). En el bien entendido que esta forma de adquirir la propiedad por accesión(art. 353 CC ), ha de ejercitarse de una sola vez y sobre todo lo edificado, sembrado y plantado, en las cuatro parcelas cuya propiedad del suelo a favor de la recurrente ahora se declara, puesto que el precitado art. 361 CC no contempla que se pueda ejercitar el derecho de forma parcial o fraccionada. Entretanto no se ejercite dicho derecho, el Ayuntamiento de Vigo tendrá el derecho de retención que le otorga elart. 453 del Código Civil.
En consecuencia, sólo es correcta la remisión por parte de la Audiencia a un proceso posterior (ya que en el presente no se hizo petición alguna al respecto), para el ejercicio del derecho derivado del art. 361 CC, partiendo de la buena fe del edificante, pero no en la forma de opción que dispone, según la literalidad del precepto, sino que como dijimos en aquella sentencia en el sentido limitado de ejercitar el derecho de hacer suya la obra previo pago de la indemnización establecida en los arts. 453 y 454 del CC , y en la forma también allí indicada, de que el derecho debe ejercitarse de una sola vez sobre todo lo edificado, sembrado o plantado, y nunca de forma fraccionada, manteniendo entretanto los poseedores de buena fe el derecho de retención del art. 453 CC >>.
Debe tenerse en cuenta que esta sentencia del TSJG de 20/7/2010 es de obligado cumplimiento en el procedimiento posterior promovido por la entidad mercantil constructora del edificio ejecutado sobre el terreno declarado como monte vecinal en aquella primera sentencia, y ello en aplicación del art. 222.4 de la LEC (COSA JUZGADA MATERIAL): “Lo resuelto … en sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico …”.
No hay que olvidar que para determinar la vinculación de la sentencia anterior sobre un proceso posterior, tal y como dispone el art. 222.4 de la LEC, según la Jurisprudencia ha de efectuarse: “comparando lo resuelto en el primero con lo pretendido en el segundo, teniendo en cuenta la parte dispositiva de aquél, interpretada si es preciso, por los hechos y los fundamentos de derecho que sirvieron de apoyo a la petición de la parte y a la sentencia” (STSS 16/3/1991 y 25/5/1995), de tal forma que “el efecto prejudicial de la cosa juzgada se vincula al fallo, pero también a los razonamientos de la sentencia cuando constituyan la razón decisoria” (SSTS de 28/2/1991, 7/5/2007 y 25/5/2010).
Así las cosas, el Juzgado de primera instancia nº 1 de O Porriño, que conoció en primera instancia de la reclamación de cantidad de la empresa constructora del edificio de 90 viviendas, desestimó su demanda por entender que la STSJG de 20/7/2010, que puso fin al procedimiento relativo a la titularidad dominical del terreno a favor de la Comunidad de montes entonces demandante, reguló la accesión en este caso concreto como un derecho exclusivo de la citada Comunidad, a ejercitar por la misma en un procedimiento posterior, salvo acuerdo entre las partes, al disponer en su fundamento cuarto que:
<<(…)La sentencia no accede a esta petición, al declarar la buena fe de los demandados, por lo que difiere para un pleito posterior o acuerdo entre las partes, dada la existencia de poseedores de buena fe de edificaciones, el ejercicio del derecho de accesión contemplado en el art. 361 CC por parte de la Comunidad de montes demandante, derecho que como es sabido no contempla en este caso la opción completa del citado precepto, dado que como ya dijimos en la repetida sentencia de 11-11-2009, dada la inalienabilidad del monte, solo permite el ejercicio de la primera de las opciones que dicho precepto contempla >>.
Consideró, por tanto, la juzgadora de instancia (en su sentencia de 17/3/2014) que la accesión, entendida como la facultad de hacerse con la propiedad de lo construido sobre terreno ajeno abonando los gastos o costes de su construcción, CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL DUEÑO DEL SUELO, QUE, EN TODO CASO, LO OSTENTA COMO UN DERECHO O FACULTAD (NO COMO UNA OBLIGACIÓN, como se pretende de contrario), de tal forma que el poseedor de la construcción únicamente ostenta un derecho de retención en tanto el propietario del suelo no ejercite aquel derecho.
Es decir, la Juzgadora de instancia desestimó la demanda del constructor por entender que éste carecía de toda legitimación para ejercitar un derecho que corresponde exclusivamente a la Comunidad de montes propietaria del suelo, careciendo igualmente de toda legitimación para exigir que se condene a dicha comunidad a ejercitar un derecho o facultad cuyo ejercicio le compete exclusivamente a la citada Comunidad, mientras que la constructora únicamente ostenta el derecho de retención posesoria que le reconoce el propio art. 361 del Código Civil.
Pues bien, recurrida en apelación dicha sentencia del Juzgado de 1ª instancia nº 1 de O Porriño, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó la sentencia de 30/7/2014, que paso a analizar en este artículo.
En primer lugar, la citada sentencia NO COMPARTE EL CRITERIO DE LA JUZGADORA DE INSTANCIA DE QUE EL DERECHO DE ACCESIÓN SÓLO PUEDE SER EJERCITADO POR EL PROPIETARIO DEL SUELO, antes al contrario, dispone en su fundamento jurídico tercero que:
<<La Sala no comparte el argumento nuclear de la sentencia recurrida, sostenido también con vehemencia por la parte demandada, relativo a la falta de legitimación de la actora por no contemplar el art. 361 CC la hipótesis de que pueda ser ejercitado por el constructor, obligando al dueño del suelo a ejercitar la opción. Por el contrario, como todo derecho, desde el punto de vista pasivo puede ser entendido como una obligación del dueño del suelo de ejercitar la opción si se dan los requisitos para ello. De no ser así las cosas se consagraría una situación de permanente interinidad susceptible, como también apunta la sentencia objeto de recurso, de consagrar una situación de enriquecimiento injusto, pues declarada en el pleito precedente la propiedad de la Comunidad de Montes sobre la totalidad del terreno en el que se ubica la edificación construida por la actora, se privaría a ésta de toda posibilidad de tutela de sus derechos si tuviera pasivamente que esperar a que, si le conviniere, la dueña del suelo ejercitara la opción prevista en la norma sustantiva. Al tiempo se genera, -y esto es lo que llamativamente ocurre en el presente caso-, una situación antieconómica, pues el derecho de retención del poseedor bloquea toda actuación sobre lo edificado>>.
Pero en segundo lugar, y ahí radica la relevancia de esta sentencia, considera la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, dado que el edificio de 90 viviendas actualmente es propiedad no sólo de la empresa constructora, sino de la entidad bancaria -que, habiéndole concedido en su día el préstamo constructor, procedió a la correspondiente ejecución hipotecaria por impago, en virtud de la cual le fueron adjudicadas la mayor parte de las viviendas del edificio construido-, LA DEMANDA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESIÓN DEBIÓ DE SER PRESENTADA POR LOS DOS PROPIETARIOS ACTUALES DE LA CONSTRUCCIÓN y no por uno de forma individual.
En este sentido el fundamento cuarto de la citada sentencia de 30/7/2014, dispone que:
<<No se está ante una situación en la que la Sala pudiera acordar la llamada obligatoria al proceso de Caja …… o la correspondiente entidad sucesora, ni cabe dictar una sentencia secundum eventum litis. No están en juego los fines del instituto del litisconsorcio pasivo. Lo que sucede es que ambos demandantes deberían litigar conjuntamente, o al menos sin que el mayoritario en la comunidad se opusiera de forma expresa. Como esto no ha sido así, la demandante carecía de legitimación para entablar en soledad la demanda que dio origen al presente litigio. Y esta falta de legitimación activa debe traducirse en un forzado pronunciamiento desestimatorio.
La Sala, reiteramos, es consciente de la situación paradójica y antieconómica que se produce en este caso. Más todavía si atendemos a que, como se afirmó por la representación actora, se litiga en situación de concurso por las obligaciones asumidas en convenio. Sin embargo, el ordenamiento ofrece otras soluciones al alcance de la demandante para poner fin a la controversia dentro de la comunidad, -ya se apliquen las normas de la comunidad romana, ya las específicas de la propiedad horizontal-, pero en la forma en que la demanda fue planteada, la tutela jurídica solicitada no podía concederse sin la presencia del titular del interés mayoritario.
En consecuencia, la demanda, si bien por razones diferentes, fue correctamente desestimada. El recurso también se desestima>>.
En definitiva, la sentencia aquí analizada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la empresa constructora, confirmando igualmente la desestimación de la demanda interpuesta en reclamación del valor de las unidades de obra actualmente propiedad de aquélla en el edificio construido en terreno declarado como perteneciente a una comunidad de montes, por entender que en este caso concurre una incompleta integración de la legitimación ACTIVA necesaria para ejercitar la acción y pretender lo que se pide frente a la comunidad propietaria del suelo, al ser formulada por sólo uno de los propietarios de la construcción en lugar de por TODOS.
Destacar que, a la fecha de publicación de este artículo, la sentencia objeto de análisis en el mismo ya ES FIRME, al no haber sido recurrida en casación por la empresa constructora demandante.
Vigo, 12 de octubre de 2014
LAS LLAMADAS TRES ÍES DE LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN (2ª PARTE)
(Este artículo fue redactado en Isla Cristina –Huelva- en la primera semana del mes de agosto de 2014. La foto muestra un gran pinar -pino carrasco- en la cabecera de la playa de Isla Cristina)
El presente artículo es continuación del publicado en este blog el 22 de Junio de 2014, en el que trataré de explicar la nota de la INDIVISIBLIDAD de los montes vecinales en mano común.
I.- SIGNIFICADO DE LA INDIVISIBILIDAD
La INDIVISIBILIDAD innata a todo monte vecinal significa que se prohíbe todo reparto de su dominio entre los comuneros que conforman la Comunidad propietaria del mismo y, en caso de efectuarse, tal división o reparto será nulo de pleno derecho.
En efecto, la propia implantación de la nueva administración liberal a principios del Siglo XIX, junto con la creación de los Ayuntamientos en 1836, dio lugar a un período caracterizado por la “indeterminación legal” de los montes vecinales, al no reconocerse la personalidad jurídica de las comunidades rurales propietarias, convirtiéndose el Ayuntamiento en la única instancia representativa del colectivo vecinal parroquial.
De ahí surge una normativa tendente a conceptuar los montes vecinales como propiedad “pública”, con disposiciones que se caracterizan por el creciente intervencionismo administrativo, así el RD de 16-02-1859 que posibilita el primer catálogo de montes (públicos), la Ley de Montes de 1863 y su Reglamento de 1.865, planes de aprovechamiento de 1875, Real Orden de 20-09-1896 que introduce el concepto de “montes de utilidad pública”, etc.; este desarrollo normativo tuvo su continuidad en el siglo XX con el Estatuto Municipal de 1924, el Decreto de 10 de marzo de 1.941 (por el que se constituye el Patrimonio Forestal del Estado con el objetivo de realizar grandes repoblaciones en todo el territorio nacional), la Ley Hipotecaria de 1946 y la Ley de Régimen Local, las que constituyen el mecanismo capaz de municipalizar completamente la propiedad vecinal, inventariándola e inscribiéndola en el Registro de la propiedad como bienes municipales con la simple certificación del Secretario.
Pues bien, las repoblaciones masivas realizadas por el Patrimonio Forestal del Estado en la primera mitad del Siglo XX, conllevaron una intensificación de las sanciones y, en general, una fuerte presión sobre los vecinos, cuya precaria economía doméstica dependía enormemente del pastoreo y recogida de leñas y esquilmes en el monte vecinal.
Así pues, con el fin de eludir ese fuerte intervencionismo administrativo del Estado y Municipios sobre los montes vecinales, surgen los llamados “repartos” de tales montes entre los vecinos, de tal forma que lo que se hacía era partirlos en “suertes”, “quiñones”, “tenzas” o “alargos”, como si se tratase de leiras o fincas particulares, que se procedían a labrar con cultivos agrícolas o con pastizales para el pastoreo de ganado, para así evitar que tales montes fueran objeto de las repoblaciones forestales del PFE y, por ende, las consecuentes sanciones por realizar aprovechamientos en los montes repoblados. Debe tenerse en cuenta que una gran mayoría de las ocupaciones actuales de monte vecinal por particulares proceden de dichos repartos.
La ilegalidad de tales repartos o divisiones del monte comunal, como medio de adquisición de una titularidad dominical individual sobre el monte vecinal, ha sido sancionada por nuestra Jurisprudencia, así la SAP La Coruña (Sección 6ª) de 28 de mayo de 2001 (JUR 2001/226512), dispone que:
<<QUINTO Es importante destacar la consideración de monte vecinal en mano común, pues ello significa por un lado que el documento de 1908 por el que los comuneros se repartieron el monte no es válido, y por otro que no ha podido ser adquirido por los demandantes por prescripción, tal como han manifestado igualmente en el escrito de demanda. Para llegar a esa conclusión hay que partir de la doctrina emanada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en su labor conformadora del derecho propio de esta Comunidad Autónoma, expuesta entre otras en las sentencias de 13 Jun. 1996 (AC 1996, 487) y 20 Mar. 2000 (AC 2000, 4242), … Estas resoluciones han empleado para llegar a tal solución argumentos interpretativos de carácter lógico (art. 89 de la Compilación de derecho civil de Galicia), histórico (eran y son complemento inseparable de la casa, de forma que no se pueden transmitir ni tan siquiera por herencia, nadie que no tenga casa los puede poseer y gozar, no se pueden dividir) y sistemático, así como las Ss. TS 5 Jun. 1918, 27 Nov. 1923, 22 Dic. 1926, 23 Dic. 1936, 2 Feb. 1952, 28 Dic. 1957 [RJ 1957, 3654], 17 mar. 1959, 17 Ene. 1967 [RJ 1967, 78]), así como otras de la extinta Audiencia Territorial de La Coruña (10 Oct. 1926, 17 ene. 1954 y 9 Dic. 1958). Puesta esa doctrina en relación con la consideración de que estamos en presencia de un monte vecinal en mano común, la consecuencia lógica es que es nulo el título originario alegado por los demandantes, es decir, la partición del monte realizada el 10 de noviembre de 1908 entre sus causantes (y los del demandado Sr. O., pero esa circunstancia queda al margen de este procedimiento, ya que no existe cosa juzgada material con los otros procedimientos), pues al ser un monte vecinal en mano común, no es susceptible de división ni de aprovechamiento individual en régimen de copropiedad romana.>>
II.- EXCEPCIONES A LA INDIVISIBILIDAD
1ª.- Repartos temporales de uso entre los comuneros
Ya la Compilación Gallega en su artículo 89 establecía la posibilidad de repartos de uso del monte vecinal entre los comuneros, si bien sujetos a ciertas condiciones. Así dicho precepto establecía que:
<<Artículo ochenta y nueve.
El aprovechamiento será preferentemente en común. No obstante, los Ayuntamientos, si estimasen conveniente el cultivo agrícola, podrán distribuirlos, temporalmente, en lotes o parcelas, que se adjudicarán a los cabezas de familia por períodos de cinco años de duración máxima, haciendo la distribución en proporción directa al número de familiares e inversa a la riqueza de los respectivos adjudicatarios>>.
Esta posibilidad de reparto del cultivo de los montes vecinales se prevé igualmente en la Ley 13/89, de 10 de octubre, en cuyo artículo 22 se dispone que:
<<Artigo 22.
1.- A Comunidade de veciños propietaria poderá acordar para usos gandeiros ou agrícolas que parte do monte se poida aproveitar de xeito individual mediante a distribución entre os veciños comuneiros de lotes, sortes ou tenzas cedidos temporalmente a título oneroso ou gratuíto e por períodos non superiores ós once anos.
2.- Cando a utilización de tal lote, sorte ou tenza, por parte do particular, sexa destinada a uso distinto ou contradictorio do acordado pola Comunidade, dará lugar á reversión inmediata de tal lote, sorte ou tenza á situación de aproveitamento colectivo.
3.- Rematado o período de cesión, a Comunidade de veciños poderá optar por acomete-lo aproveitamento en común ou proceder a un novo reparto. Neste caso, os lotes que se lles entreguen ós comuneiros non poden coincidir cos que se aproveitaron no período anterior.
4.- A comunidade de veciños propietaria coidará de que as tenzas cedidas estean axeitadamente cultivadas e de que se poida atende-la demanda de lotes por parte dos que adquiran a condición de comuneiros despois de feita a distribución. >>
Por tanto, en la actualidad cabe que la Asamblea General (única competente para la adopción de acuerdos sobre actos de disposición, conforme el artículo 18 de la Ley 13/89), acuerde el reparto del monte vecinal entre los comuneros en lotes o parcelas para su aprovechamiento individual, por un período máximo de 11 años, sin que quepa, en su consecuencia, un reparto indefinido del monte pues ello contravendría la indivisibilidad innata del mismo. En este sentido, la STSJG (Sala de lo Civil y Penal), de 2 de enero de 1996 (RJ 1997/478), ya disponía que:
<<c) Esta situación de ilegalidad resulta incuestionable porque ni la Ley de Montes de 1957, ni los dos únicos artículos que a esta materia dedica la Compilación de 1963, ni las leyes de 1968 y 11 noviembre 1980, ni la vigente de 10 octubre 1989, permitieron -con independencia de las facultades administrativas atribuidas a los ayuntamientos para que regulen su disfrute y aprovechamiento- una distribución del cultivo de los montes vecinales con carácter indefinido, teniendo en cuenta las notas de indivisibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad que lógicamente habían de afectar a los vecinos que los poseían y gozaban.(…) La razón de la limitación temporal y el obligado cambio de lotes radicaba precisamente en la eventualidad del número de vecinos (basta examinar el apartado 4 del artículo 22 de la Ley para comprenderlo) y en la necesidad de evitar la identidad persona/parcela sustituyéndola -en consonancia con las características de la comunidad germánica-, por el binomio vecino-monte vecinal que resulta ajeno totalmente a cualquier tipo de atribución patrimonial individual.>>
2ª.- Permutas de porciones de monte vecinal por fincas particulares colindantes con el mismo
Tal y como he expuesto en anteriores artículos, a pesar de la inalienabilidad de los montes vecinales, la legislación vigente permite el otorgamiento de permutas sobre porciones de montes por fincas particulares colindantes con aquél. Por otra parte, debo destacar que hoy en día las permutas se utilizan muy frecuentemente para regularizar ocupaciones de particulares sobre monte vecinal, de ahí la importancia de las mismas, aunque impliquen una excepción a la indivisibilidad del monte vecinal.
Al respecto sólo aclarar que en la práctica nos estamos encontrando problemas a la hora de otorgar escrituras de permutas, pues cada vez es más frecuente que los registradores de la propiedad exija para inscribir la permuta una licencia municipal de segregación, lo que es imposible cuando la parcela de monte vecinal abarca una extensión pequeña (lo que ocurre en la mayoría de los casos) y está clasificada urbanísticamente como suelo rústico.
En estos casos, no queda más remedio que solicitar ante el Ayuntamiento correspondiente un certificado de innecesariedad de la licencia de segregación (y “rezar” para que lo otorguen), para proceder a la inscripción de la permuta en el Registro de la propiedad.
III.- LOS MONTES VARAS
Los montes de varas (también llamados de voces o de fabeo), a diferencia de los vecinales en mano común (comunidad germánica o sin cuotas), son comunidades de tipo romano caracterizadas:
1º.- Por el reparto en cuotas entre los distintos copropietarios, equivalentes a lo que en un principio correspondía al tanto de renta que tenía que pagar cada casa del total del canon foral.
2º.- La propiedad está normalmente documentada, estando cada uno de los propietarios facultados para vender, ceder o transmitir su parte.
3º.- La comunidad se puede dividir en proporción a la cuota de que sea titular cada copropietario, lo que conllevará, inevitablemente, a la extinción de dicha comunidad.
Este tipo de propiedad se regula en la vigente Ley 2/2006, de 14 de Junio, de Derecho Civil de Galicia, al disponer en su artículo 64 que:
<<Artículo 64.
Son montes abertales, de voces, de varas o de fabeo los conservados pro indiviso en los cuales sus copropietarios, sin perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantienen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de monte o senaras para el aprovechamiento privativo de las mismas, asignaciones que se hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados por los títulos o uso inmemorial, y en los cuales su adjudicación se decide por la suerte, también sin perjuicio de la subdivisión de las sernas así asignadas conforme a las adquisiciones hereditarias o contractuales. En su caso, la división de dichas tierras y la consiguiente extinción de la copropiedad se harán con arreglo a la costumbre, y no existiendo esta se harán con arreglo a la presunción de igualdad de cuotas referida en el párrafo segundo del artículo 393 del Código civil.>>
Destacar que los historiadores (Xesus Balboa, “O monte en Galicia”, Ed. Xerais, 1990) localizan este tipo de montes en la mitad septentrional de Galicia, al norte de una línea que iría del río Ulla a Pedrafita, donde predominaban con mucho los montes de varas o de voces que, aunque estaban abiertos y «pro indiviso», se consideraban anexos a determinados casales o, mejor dicho, a determinados linajes, herederos y porcioneros, en realidad propietarios consorciados que podían vender sus partes. Para pasto y leña se estilaba que fuesen usados por todos, pero a la hora de hacer rozas, a cada casa de la aldea se le adjudicaban sus varas, o no se le adjudicaban, caso de no tenerlas; el hecho de prender luz («acender lume») no era aquí suficiente, a diferencia de lo que ocurría en el sur.
Como explica el TSJG en su sentencia de 20/02/2004 (RJ 2004/5509), <<los montes en mano común, usufructuados en razón de la vecindad, no se podían vender por iniciativa individual, eran realmente comunes; los de varas, que permanecían abiertos y «pro indiviso», eran de hecho propiedad consorciada, anexos a las casas de una aldea en proporción determinada: un propietario está en condiciones de vender su parte o abandonar su casa («o seu lume») sin perder por ello su derecho a la cuota. A un matrimonio nuevo que levante una casa no se le permitirá hacer rozas si alguno de sus componentes no es heredero, a menos que efectúen una adquisición en ese sentido o se les haga una concesión gratuita, lo que no es norma>>.
Por tanto, el origen foral (que también es propio de los montes vecinales en mano común), en los montes de varas se tradujo no en una comunidad de tipo germánico (sin cuotas), sino romano (con cuotas), al reconocerse participaciones por varas o cuotas desiguales a sus diferentes propietarios, singularizados no por tener vecindad o casa abierta con «lume e fume» (tal y como acontece con los vecinales en mano común) en lugares de una o más parroquias, sino por ser, lo repetimos, vecinos antiguos y de solar conocido, respecto de cuyas casas o linajes, los montes eran anexos en proporción concreta, y de ahí su naturaleza de abiertos o de varas.
Isla Cristina (Huelva), 6 de Agosto de 2014
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 artículo 361
e contrario
 artículo 89
 artículo 22
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 64
 artículo 393
 ARTÍCULO 361