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Timestamp: 2019-08-22 20:27:52+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 271-1937, de 22/11/2013
cve: BOCG_D_10_271_1937
﻿El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 11 de noviembre de 2013.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.
De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)
y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)
El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.
Texto que se propone: Se propone modificar la referida disposición, quedando redactada en los términos siguientes:
«Disposición final quinta. Título competencial.
La presente Ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.1, 8.1, 13.1, 14.1 y 18.1 de la Constitución española.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo, sin perjuicio de las competencias y facultades que al respecto tiene atribuidas.»
Las competencias en materias tributaria, administrativa y de régimen local de las que la Comunidad Foral es titular justifican la inclusión de la mención propuesta en la presente Ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 7 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 11 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5. Apartado nuevo.
S﻿e añade un nuevo apartado en el artículo 5, con la siguiente redacción:
«2 bis (nuevo). El formato de la factura electrónica y el del sello electrónico deberá reunir condiciones de accesibilidad para garantizar la interacción y la comunicación de las personas con discapacidad.
Las páginas de Internet y demás canales y soportes telemáticos y electrónicos a través de los cuales se tramiten las facturas electrónicas y el sello electrónico deberán garantizar el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, así como ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que pueda formular consultas, quejas o sugerencias de mejoras.»
Se propone garantizar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad a estos nuevos instrumentos, para que puedan ejercer de forma efectiva sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones como usuarios, administrados o empleados públicos.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
Se crea una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:
«Disposición adicional (nueva). Estudio sobre el impacto económico en el sector postal de la implantación de la factura electrónica.
En el plazo de tres meses desde la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de esta Ley, el Gobierno realizará un estudio de impacto económico para evaluar las consecuencias de la implantación de la factura electrónica en el sector postal y, en particular, en el operador postal público Correos como operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal Universal. Dicho estudio analizará el impacto en los volúmenes de tráfico postal y de negocio y realizará una estimación de la pérdida de ingresos. Igualmente analizará el impacto en el empleo del conjunto del sector y de forma especial del operador postal público.
El estudio a que se refiere esta disposición será remitido a las Cortes Generales para su análisis, discusión y, en su caso, elaboración de propuestas ante los resultados del mismo.»
Es preciso analizar el impacto que tendrá la implantación de la factura electrónica en el conjunto de operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.
La eliminación del actual sistema de facturación, tanto del sector público como del privado, va a suponer un considerable recorte en el volumen de tráfico postal con la consiguiente caída de la facturación. En particular para Correos, que cuenta en buena medida con su propio volumen de facturación como elemento básico para sostener y garantizar la prestación del servicio público que tiene encomendado por ley.
La caída de envíos para Correos por este motivo, sumada a la producida por la crisis, podría suponer un serio riesgo para la viabilidad económica de la prestación de un servicio público como el postal del que dependen ciudadanos, empresas y las propias administraciones públicas. Riesgos que sin duda se trasladarán al ámbito de sector postal privado.
En igual medida, el impacto en el volumen de envíos afectará de forma directa al empleo del sector postal, sector que figura entre los mayores empleadores de nuestro país.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Uno.
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 2 bis, añadido en la Ley 56/2007 en el apartado uno de la disposición final segunda, queda redactado en los siguientes términos:
«Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2017.»
Se propone ampliar el plazo para que sean exigibles las obligaciones que se refieren a la factura electrónica en el sector privado hasta enero de 2017, para lograr una mejor adaptación de las empresas prestadoras de servicios y de los clientes o usuarios.
Además, también hay que considerar el impacto que tendrá la implantación de la factura electrónica en el conjunto de operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal Universal. En otra enmienda se propone la realización de un estudio que evalúe dicho impacto.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 2 bis, añadido en la Ley 56/2007 en el apartado uno de la disposición final segunda, con la siguiente redacción:
«1 bis (nuevo). Las empresas prestadoras de servicios tendrán la obligación de informar a sus clientes o usuarios sobre la forma en que la facturación electrónica, una vez aceptada, será recibida o comunicada, así como los mecanismos para que pueda ser revocada en el caso de que el cliente o usuario opte por esta posibilidad.»
La regulación de la facturación electrónica en el sector privado, tal y como se plantea, va a resultar beneficiosa, fundamentalmente, para las grandes empresas, que van a poder eliminar la facturación postal tradicional sin necesidad de que los clientes y usuarios den su consentimiento explícito para que dicha factura física sea sustituida por una electrónica.
Es preciso considerar la limitada y desigual extensión por parte de la ciudadanía en el acceso y uso de las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de comunicación electrónica, para asegurar los derechos de consumidores y usuarios.
Se propone explicitar el necesario consentimiento informado por parte de las empresas prestadoras de servicios.
«1 ter (nuevo). Los clientes o usuarios que opten por aceptar el sistema de factura electrónica otorgarán su consentimiento de forma expresa a las empresas prestadoras de servicios, careciendo de validez la aplicación de dicho sistema por parte de las empresas si no se ha producido tal consentimiento de manera explícita y expresa por parte del cliente o usuario.»
En coherencia con la enmienda anterior se propone explicitar también la necesidad del consentimiento expreso del cliente o usuario.
«6 bis (nuevo). Las empresas prestadoras de servicios deberán hacer llegar a sus clientes mediante envío físico postal una certificación con periodicidad mensual que detalle y acredite las facturas electrónicas expedidas durante dicho periodo de tiempo. Estas certificaciones contendrán los datos básicos del expedidor y del cliente o usuario, la dirección electrónica ante la que acceder a las facturas electrónicas, los datos de identificación y la cuantía de las facturas.»
Garantizar la seguridad jurídica y el derecho al acceso a la información por parte de los clientes o usuarios de servicios a la hora de implantar el modelo de facturación electrónica al ámbito del sector privado.
Además, hay que considerar también el impacto que tendrá la implantación de la factura electrónica en el conjunto de operadores postales y, en particular, en Correos como operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal Universal.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final octava.
La disposición final octava queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante:
a) El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará en vigor el 15 de enero de 2017.
b) El artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y la Disposición final primera, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entrará en vigor el 1 de enero de 2014.»
Se propone ampliar los plazos para lograr una mejor adaptación de las empresas prestadoras de servicios y de los clientes o usuarios.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.1.
De modificac﻿ión.
«1. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, se determinarán los formatos estructurados de la factura electrónica, oído el comité sectorial de Administración electrónica.
Estas normas no serán restrictivas y fomentarán que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos por las organizaciones de estandarización globales pertinentes.»
El actual redactado del proyecto de ley determina un único formato para la remisión de facturas al sector público (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local). El formato indicado para ello en la disposición adicional primera es el formato Facturae 3.2, un formato estructurado definido por la AGE de ámbito local español que no sigue estándares internacionales.
No se contempla la realidad existente de facturas electrónicas en el sector público e inhabilita los formatos estándar actualmente utilizados.
En Catalunya además del formato Facturae, se utiliza la factura electrónica con el formato UN/EDIFACT, especialmente en el ámbito de los Servicios de Salud en las relaciones con sus proveedores. El ámbito de los Servicios de Salud representa más del 60% de las facturas que reciben las Comunidades Autónomas.
La factura electrónica con formato UN/EDIFACT se utiliza en los puertos del estado desde el año 1988. Es utilizada por 8 Autoridades Portuarias (Barcelona, Cartagena, Castellón, Gijón, Marín, Tenerife, Valencia y Vigo) que intercambian facturas con más de 100 empresas (consignatarios de buques) estando en fase de incorporación nuevas Autoridades Portuarias y usuarios.
Un único formato conlleva un derroche de las inversiones ya realizadas hasta hoy, un significativo coste para los actuales y futuros usuarios de la factura electrónica, especialmente a las empresas que sirven al sector público y que usan actualmente el formato de factura electrónica UN/EDIFACT, que se verían obligadas a adecuar sus sistemas informáticos a un formato nuevo.
En el conjunto del sector público y privado la reinversión todos los usuarios actuales del formato UN/EDIFACT a un único formato Facturae 3.2 alcanzarían los 140 millones de Euros.
No es razonable que sean las miles de empresas suministradoras, la gran mayoría pymes, las que tengan que soportar los costes de utilización de varios formatos de factura cuando el coste para la Administración de estar capacitado para recibir varios formatos es comparativamente insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que bastará con habilitar a los puntos centrales de recepción de factura que aún no dispongan de ello, que son un número muy reducido.
La administración pública debe promover con su actuación que las empresas utilicen formatos de factura de carácter internacional que puedan ser válidos para ser utilizados en las relaciones con otros países.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.3.
«El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas electrónicas en los formatos que se determina en esta ley. El proveedor o quien haya presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.
«Disposición adicional primera:
En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES), o bien, a los formatos de estándares globales ya utilizados a la fecha por la Administración Pública, como por ejemplo el formato INVOIC de UN/EDIFACT y firma electrónica S/EDI.»
La disposición adicional primera es contraria a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información al invalidar los estándares globales ya utilizados. Al ser Factura3 3.2 un formato español, la presencia exclusiva de este formato en la disposición adicional primera contraviene la obligación legal del artículo 1 punto 3 de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso para la Sociedad de la Información, en el que se establece que «Estas normas (los formatos de factura electrónica) no serán restrictivas y fomentarán que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos por las organizaciones de estandarización globales pertinentes.» La presencia exclusiva de este formato es restrictiva y no únicamente no promueve formatos estándar globales sino que va en contra de ellos, allí donde ya se utilizan como es el caso de los estándares globales UN/EDIFACT en sectores como el de sanidad o GS1 XML en defensa.
Aunque comprendemos el papel del formato Facturae 3.2 como el formato de referencia, ello no debe ser en detrimento de otros actualmente utilizados en el sector público que sí siguen estándares globales, y por ello cumplen no solo las directrices de la legislación actual española sino que siguen las recomendaciones globales que se han dotado a sí mismo determinados sectores (sanidad, defensa, puertos, etc.).
Las principales empresas de prestación de soluciones y servicios informáticos han indicado claramente que el coste para dotar a un Punto de Entrada de Facturas de una Administración Pública de la capacidad de recibir Edifact adicionalmente al de Facturae, es del todo irrelevante. Es por lo tanto accesible a cualquier Punto de Entrada de Facturas.
Diversas administraciones autonómicas ya realizaron la ampliación de los puntos de entrada de las facturas de forma que el coste que supondría para la Administración General del Estado para la adaptación de este nuevo formato de facturas sería irrelevante cuantitativamente.
Si se establece el formato que pretende la presente norma nos encontraríamos ante un panorama nada alentador para las empresas del sector que sirven de proveedores a la administración ya que debería desarrollarse un nuevo mapa de integración desde el formato interno del ERP a un nuevo formato de remisión o recepción. El coste adicional estaría entre 3.000 y 10.000 euros para empresas pequeñas/medianas y grandes respectivamente. Esto tiene en cuenta el desarrollo de dos mapas distintos, una para factura y otro para a abono/rectificación de facturas.
Las empresas que tendrían que manejar dos formatos son todas las que sirven al sector público y a su vez sirven al sector privado español o bien venden a otros países, en categorías donde se utiliza Edifact como: salud, farmacia, material de oficina, alimentación, restauración y colectividades, seguridad, transporte, reparaciones y obras, electrónica e informática, textil, limpieza, etc. En total aproximadamente unas 15.000 empresas, actuales o futuras usuarias de la e-factura. En definitiva, la implantación de este
modelo de factura comportará un gasto considerable para muchas empresas, una carga administrativa para compatibilizar dos sistemas y lo más relevante es que un único formato conlleva un derroche de las inversiones ya realizadas hasta hoy.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
«Disposición adicional (nueva). Modificación del apartado f) de la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público:
f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.
Desde hace años la Unión Europea está impulsando la contratación electrónica por las múltiples ventajas que aquella tiene en términos de ahorro económico y de tiempo, de incremento de la transparencia en la contratación, y también de tipo medioambiental. Son múltiples las resoluciones, pronunciamientos, actos y documentos emitidos por la Unión Europea al respecto.
Ello no obstante (salvo excepciones muy puntuales) la contratación electrónica no tiene todavía, en general, el mínimo desarrollo que sería conveniente. La Generalitat de Catalunya y otras Comunidades Autónomas están impulsando actualmente importantes iniciativas al respecto, que debieran ir acompañadas del marco legislativo conveniente para que puedan prosperar adecuadamente. En caso contrario todos estos esfuerzos carecerán de los efectos esperados y convenientes.
Uno de los obstáculos que existen es que el Real Decreto Ley 3/2011, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contractos del Sector Público, requiere —mediante su Disposición adicional 16, apartado f)— que los actos y manifestaciones de voluntad en la contratación pública sean autenticados mediante una firma electrónica reconocida. Esta firma constituye el máximo nivel de seguridad posible en firma electrónica y exige estar basada en un certificado reconocido y, además, ser generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
Esta situación está provocando que determinados órganos de contratación del Estado español, ante la rigidez de la mencionada firma electrónica reconocida, acepten como tal formas que probablemente no reúnan todos los requisitos de aquélla. Tal situación podría ponerse de manifiesto en un futuro en el caso de que los tribunales debieran pronunciarse sobre la validez de la tramitación de algún expediente de contratación electrónica que presentase algún déficit de firma electrónica reconocida.
La legislación vigente a nivel europeo requiere un nivel de seguridad inferior de firma electrónica, concretamente la denominada firma electrónica avanzada. En tal sentido lo establece actualmente la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. Este mismo nivel de exigencia se mantiene en la nueva propuesta de Directiva, que se prevé aprobar el próximo mes de diciembre.
Así pues, con el propósito de facilitar a las Administraciones y a las empresas y licitadores la implantación y el acceso a la contratación electrónica, así como de equiparar la regulación estatal con la prevista por la Unión Europea se prevé el redactado de la presente enmienda.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Dos.
1. La factura electrónica podrá pagarse o bien mediante los instrumentos y los lugares que se indiquen expresamente en la factura correspondiente o bien mediante adeudo domiciliado.
2. Si el lugar de pago es una entidad de crédito esta entidad debe admitir el pago de la factura, de forma presencial y gratuitamente, a cualquiera de sus oficinas y a cualquier hora dentro de su horario habitual de funcionamiento.
3. La factura electrónica se puede pagar mediante cargo domiciliado si se incluye en la correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del deudor y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
4. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica tiene eficacia para exigir el cumplimiento del servicio o la entrega del bien contratado de conformidad con la normativa civil correspondiente.»
Las facturas electrónicas se pueden pagar no solo mediante pago domiciliado sino también mediante el pago en cualquier oficina y de forma gratuita. Asimismo, hay que referirse a la eficacia ejecutiva civil de la factura electrónica.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 14 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
Se propone la supresión del último párrafo del artículo 4.
Las facturas inferiores de hasta 5.000 euros constituyen un porcentaje muy elevado de la facturación total y se considera que hacer posible la exclusión desvirtuaría el sistema.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.1.
Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 5, que tendrá la siguiente redacción:
«1. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, se determinará el formato estructurado de la factura electrónica, previo acuerdo del Comité sectorial de Administración electrónica.»
El único trámite de participación de las Administraciones que se van a ver afectadas por el formato de la factura electrónica no debe reducirse a una simple reunión informativa. Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica, que debe asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.1.
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:
«1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.
Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado.»
Se recoge la denominación correcta de la Administración mencionada.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.6.
Se propone la modificación del apartados 6 del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:
«6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas, previo acuerdo del Comité sectorial de Administración electrónica.»
Se incluye la necesidad de que las condiciones técnicas que van a afectar las distintas Administraciones se determinen de común acuerdo por todas las administraciones que van a verse afectadas por ellas.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 7, que tendrá la siguiente redacción:
«3. En todo lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.»
Prever la aplicación de la mencionada Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.1.
Se propone la supresión del último párrafo del apartado 1 del artículo 9.
Se propone la modificación del artículo 10, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
1. Asegurarán que los órganos competentes realicen las actuaciones necesarias para el reconocimiento de obligación de las facturas pendientes.
2. Tendrán relacionadas las facturas anotadas y sobre las que no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.»
Se considera que no puede imponerse una forma específica de actuación a las Administraciones territoriales para tener un control de las facturas pendientes. La Ley debe limitarse a la constancia de la información necesaria para evitar la dilación en determinadas actuaciones, pero Administración General del Estado no necesita una Ley para determinar si ha de haber requerimientos o informes periódicos sobre esta cuestión y no puede imponerlos a las demás administraciones.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.
Se propone la modificación del apartado primero del artículo 12 que tendrá la siguiente redacción:
«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo:
“1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, acceso a la documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”.»
Aclarar que cada órgano interventor puede actuar en su esfera competencial.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.
Se propone la supresión de los apartados 4 y 5 de la Disposición adicional cuarta.
No se considera que deba recaer en las Administraciones autonómicas y locales la financiación de las actuaciones que impone la Ley.
Se considera que la justificación exigida por el apartado 5, aludiendo al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 es superflua, dado que la no adhesión por aprobar otro instrumento vendrá justificada de conformidad a la Ley mencionada.
Se propone la adición de una disposición adicional sexta que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición Adicional sexta. Cooperación entre Administraciones públicas.
Para asegurar el correcto desarrollo y aplicación de esta Ley por parte de todas las Administraciones públicas, velar porque se respeten sus respectivos ámbitos de competencias se creará un órgano técnico de cooperación interadministrativa. El Comité Sectorial de administración electrónica asumirá las tareas de coordinación que sean necesarias hasta su creación.»
Se considera necesario prever un órgano de cooperación interadministrativo como apoyo fundamental en una Ley que necesita la actuación coordinada de todas las Administraciones para desarrollar plenamente su finalidad.
Se propone la adición de una disposición adicional séptima que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición Adicional Séptima. Financiación de desarrollos técnicos
Se habilitarán la consignación presupuestaria suficiente para financiar los desarrollos técnicos iniciales que, en su caso, deban habilitar las Comunidades Autónomas y las entidades locales para integrar sus sistemas informáticos con el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.»
Se considera necesario prever la financiación suficiente de la adaptación de los medios que obliga a realizar la presente Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera.
Se modifica la Disposición transitoria tercera que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición transitoria tercera. Intermediación entre el punto general de entrada de facturas y la oficina contable competente.
Mientras no esté disponible el punto general de entrada de facturas por cada nivel administrativo que opte por desarrollarlo de forma independiente siempre y cuando se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el punto general de entrada de facturas del Estado proporcionará una solución de intermediación, bien a través de un servicio automático de puesta a disposición o bien a través de su remisión electrónica al Registro contable del órgano administrativo al que corresponda su tramitación.»
En el proyecto de Ley de Impulso de la factura electrónica, se prevé que el Registro contable sea obligatorio desde el 1 de enero de 2014 pero la obligatoriedad de exigir sólo facturas electrónicas entrará en vigor el 15 de enero de 2015.
El objetivo del Registro contable de facturas es el control de las facturas recibidas por cada Administración y la obligación de remitir factura electrónica persigue la obtención de todos los beneficios de automatización y ahorro de costes que de este cambio de formato se deducen y que impulsarán de forma innegable las AAPP.
Mientras la obligación de recibir factura electrónica las AAPP no está en vigor pero sus proveedores disponen de herramientas que lo permiten, se recomienda que el punto general de entrada de facturas del Estado sea una opción a la que todas las AAPP se adhieran de forma inmediata y así facilitar cuanto antes la remisión de facturas electrónicas y el registro de entrada de facturas de proveedores.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Uno.
A la Disposición final segunda. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. Apartado Uno. Nuevo Artículo 2 bis.
Se modifica el primer párrafo del apartado primero del nuevo artículo 2bis que el Proyecto de Ley que nos ocupa introduce en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información y que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones…»
En ocasiones, la recepción de la factura marca el plazo para poder reclamar. Es comúnmente aceptado que la remisión de las facturas on line reduce el número de reclamaciones a la empresa suministradora, sobre todo en aquel segmento de la población menos habituado al uso de las nuevas tecnologías (personas de avanzada edad).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Apartado nuevo.
A la Disposición final segunda. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. Nuevo Apartado Tres.
Se introduce un nuevo artículo 2 quáter con la siguiente redacción:
«Tres:
Artículo 2. quáter. Formas de envío, entrega, remisión de factura electrónica a las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2.
1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2 están obligadas a facilitar a sus proveedores la entrega de facturas electrónicas Facturae de forma automatizada para favorecer la productividad, eliminar cargas de trabajo innecesarias, mejorar sus procesos administrativos y trasladar la gestión de los cobros a las entidades financieras dando lugar así a una mejora real en las tareas administrativas y en los flujos económicos de la empresa.
2. Para cumplir lo establecido en el punto 1 anterior, las empresas de especial trascendencia económica, han de admitir el envío de facturas por parte de sus proveedores por correo electrónico pudiendo, quién así lo desee, ofrecer además un servicio Web de recepción de facturas que, adicionalmente, permitirá a los suministradores conocer el estado de tramitación de sus facturas.
3. Las facturas presentadas a través del servicio Web generarán un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación que servirá para invocar, si procede, la Ley de Morosidad a efectos de reclamación del cobro y sus costes y gastos si proceden.
Las empresas de referencia que dispongan de una plataforma de facturación en la que los proveedores puedan o en las que deban entregar sus facturas en formato Facturae, están obligadas a facilitar la automatización de la entrega a través de la integración de otras soluciones de emisión de factura electrónica Facturae 3.2.
Por otra parte, la “entrega” de facturas de proveedores no podrá, en ningún caso, tener coste para los mismos porque, ello supondría una alteración del mercado, se perderían los ahorros de costes y la mejora en eficiencia que precisamente son los objetivos perseguidos por la UE y todos sus estados miembro, fundamentalmente para las PYMES.»
Si este Proyecto de Ley sólo consigue el cambio de formato de la factura electrónica, esto sólo aportará los ahorros que se deducen de la eliminación de su manipulación manual, papel, sobre, franqueo, etc; pero todas las tareas subsiguientes seguirán efectuándose de forma manual impidiéndose la transformación de los procesos y el uso más eficiente e intensivo de las tecnologías digitales.
Los enormes beneficios de la utilización de ficheros estructurados sólo se logran si todos los intervinientes en el ciclo de vida de las transacciones (pedido, entrega del pedido, seguimiento y aprobación, facturación, entrega, pago, contabilización,..), se integran en el proceso; por ello, las empresas de especial trascendencia y sobre todo ellas por el gran número de proveedores con los que trabajan, han de promover la facturación electrónica como objetivo prioritario de la mejora de procesos de todo el tejido empresarial, facilitando a sus suministradores la remisión automática de facturas sin ninguna intervención de los usuarios.
Ahora mismo, la mayoría de las empresas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, exigen a sus proveedores la introducción manual de las facturas que, previamente, han sido generadas automáticamente en sus propios sistemas de información. Siendo esto grave, además previamente han de darse de alta en la plataforma del cliente y pagar la cuota exigida (que en algunos casos es de 1.000 ¤);
a partir de este momento, por cada factura introducida manualmente, siempre soportan un cargo que asciende a 0,60 ¤ de media. ¡Esto, evidentemente, es un despropósito y un paso atrás en las mejoras de eficiencia!
Si no se modifica el texto indicado, las pymes, aunque dispongan de sistemas de información que les permitan automatizar sus procesos, se encuentran con una situación inédita que las obliga a volver a sistemas manuales de facturación…
Si no disponen de sistemas de gestión informática, no se plantearán invertir en algo que no les evite la introducción manual de las facturas en las plataformas de sus clientes sino que les genera el trabajo adicional de duplicar una misma tarea.
Es por ello que se hace imprescindible regular la interoperabilidad entre soluciones de facturación electrónica y hacer gratuita la entrega de facturas para lograr todos los beneficios que se deducen de su utilización y permiten la automatización de procesos.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 15 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
De ﻿supresión.
Se suprime el último párrafo del artículo 4.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.1.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.1.
Se incluye en el apartado primero la denominación correcta de la Administración mencionada.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.6.
Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:
En el apartado sexto se incluye la necesidad de que las condiciones técnicas que van a afectar las distintas Administraciones se determinen de común acuerdo por todas las administraciones que van a verse afectadas por ellas.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.
Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo 7, que tendrá la siguiente redacción:
«En todo lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.1.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.1.
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 12 que tendrá la siguiente redacción:
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta. 4.
Se propone la supresión del apartado 4 de la Disposición Adicional Cuarta.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.5.
Se propone la supresión del apartado 5 de la Disposición Adicional Cuarta.
«Nueva disposición adicional. Cooperación entre Administraciones públicas.
«Nueva disposición adicional. Financiación de desarrollos técnicos.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera.
Se modifica la disposición transitoria tercera:
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.
Se modifica la Disposición final segunda.
Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. Apartado Uno. Nuevo Artículo 2 bis.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Apartado nuevo.
De Adición de un nuevo apartado a la Disposición final segunda.
Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. Nuevo Apartado Tres.
Se introduce un nuevo artículo 2 quater con la siguiente redacción:
Por otra parte, la «entrega» de facturas de proveedores no podrá, en ningún caso, tener coste para los mismos porque, ello supondría una alteración del mercado, se perderían los ahorros de costes y la mejora en eficiencia que precisamente son los objetivos perseguidos por la UE y todos sus estados miembro, fundamentalmente para las PYMES.»
Ahora mismo, la mayoría de las empresas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, exigen a sus proveedores la introducción manual de las facturas que, previamente, han sido generadas automáticamente en sus propios sistemas de información. Siendo esto grave, además previamente han de darse de alta en la plataforma del cliente y pagar la cuota exigida (que en algunos casos es de 1.000 ¤); a partir de este momento, por cada factura introducida manualmente, siempre soportan un cargo que asciende a 0,60 ¤ de media. ¡Esto, evidentemente, es un despropósito y un paso atrás en las mejoras de eficiencia!
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5. Apartado nuevo.
D﻿e adición.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 5.
«(Nuevo apartado). El formato de la factura electrónica y el del sello electrónico deberá reunir condiciones de accesibilidad para garantizar la interacción y la comunicación de las personas con discapacidad.
En el plazo de tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Ley, el Gobierno realizará un estudio de impacto económico para evaluar las consecuencias de la implantación de la factura electrónica en el sector postal y, en particular, en el operador postal público Correos como operador que tiene encomendada la prestación del Servicio Postal Universal. Dicho estudio analizará el impacto en los volúmenes de tráfico postal y de negocio y realizará una estimación de la pérdida de ingresos. Igualmente analizará el impacto en el empleo del conjunto del sector y de forma especial del operador postal público.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final octava.
De modificación de la disposición final octava.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Palacio del Senado, 19 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. 2.
Se modifica el la redacción del apartado 2 del artículo 2 del Proyecto de Ley con el objeto de incluir a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su ámbito de aplicación subjetivo:
2. A los efectos de lo previsto en esta ley tendrán la consideración de Administraciones Públicas los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.»
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (en adelante, MATEPSS) como establece su régimen jurídico y ha señalado la doctrina en numerosas ocasiones, son asociaciones de empresarios constituidas con la finalidad exclusiva de colaborar en la gestión del sistema de la Seguridad Social. Revisten, por tanto, un carácter jurídico privado cuya actividad, a diferencia de las entidades gestoras públicas, no es totalmente reglada, rigiéndose en algunos aspectos por normas de derecho privado. Asimismo, a diferencia de las Administraciones Públicas a las que alcanzaría el ámbito de aplicación del proyecto de Ley, no se encuentran sometidas al derecho administrativo.
No obstante, en el desarrollo de su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social los ingresos que las mutuas obtienen como consecuencia de las cotizaciones aportadas a las mismas por los
empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.
Dicha circunstancia conduce al encuadramiento de las MATEPSS, en el sector público estatal de carácter administrativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La inclusión de las MATEPSS dentro del ámbito subjetivo de aplicación del Proyecto de Ley permitirá para el conjunto del sistema de la Seguridad Social reforzar los controles que aseguren el cumplimiento de la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la medida que el registro contable de facturas posibilitará mejorar el control del gasto público y agilizar los procedimientos de pago, garantizando la protección de los proveedores en sus relaciones comerciales con la Administración Pública y constituyéndose, en definitiva, como un mecanismo adecuado para el control de la deuda comercial que marca como objetivo el mencionado Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
Se modifica la disposición final tercera, dándole la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
“Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación.
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos.
c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.”
“Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria,
equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”
“Artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.”
“Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.”»
La modificación que se propone pretende por una parte simplificar y facilitar el acceso de los empresarios a la contratación pública, en la misma línea seguida por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y por otra clarificar, normalizar y dar una mayor transparencia a los requisitos de solvencia a exigir a los licitadores en los procedimientos de contratación pública.

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 5
 artículo 5
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 34
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 5
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 107
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 4
 artículo 107
 Artículo 5
 Artículo 5
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 107
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 107
 Artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 38
 artículo 107
 artículo 7
 artículo 107
 artículo 7
 artículo 107
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 4
 artículo 107
 Artículo 5
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 107
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 107
 Artículo 9
 artículo 107
 Artículo 10
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 2
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 5
 artículo 5
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 65