Source: https://es.scribd.com/document/220455361/Legislacion-Se-Refiere-A
Timestamp: 2019-04-24 00:05:13+00:00

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Analisis Entre Venezuela y China
Oportunidades Energéticas Para Venezuela Erik
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WPM_ESPNew
Teoria Económica del Capitalismo Rentístico Asdrubal Baptista
LIGA DEL SABER.docx
Publicacion DOF Código Penal 2011
Ley de petróleos Objetivo: Los participantes conocerán la Ley de Petróleos su Reglamento, y las Disposiciones Administrativas de Contratación, que son el marco jurídico de observancia obligatoria para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, y tienen por objeto regular las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios.,. Cuando requieran contratar tratándose de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo, previstas en el artículo 51 de la Ley PEMEX y serán la guía para los procedimientos de contratación y para la elaboración, asignación y ejecución de los contratos Legislación se refiere a:  Un cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de un país. Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país, es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras Cada ley per se que los legisladores de una determinada Nación dicten, siendo, salvo excepciones, las únicas autoridades competentes para hacerlo, deberán ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos para contribuir al bien de la comunidad, en tanto, en caso que esto no se cumpla como debiera, cada particular deberá hacerse cargo de la sanción correspondiente. Por ejemplo, si dejé estacionado mi automóvil en un espacio prohibido y la autoridad que vigila dicha cuestión me sorprende en esa situación, me caerán todas las de la ley y deberé responder por esa falta, ya sea pagando una multa o pagando un canon previamente establecido. Y ahora volviendo a la generalidad que nos ocupa, la legislación de un estado democrático, por ejemplo, está conformada por la Constitución nacional que se erige como la norma madre y suprema y luego por las leyes que comentábamos más arriba y que son el producto del trabajo del poder legislativo, aquellas manifestaciones reglamentarias potestad del Poder Ejecutivo, como ser las reglamentaciones, decretos, tratados, convenciones, disposiciones, contratos, entre otras . Si uno viviese en una comunidad en la cual no existe este conjunto de normas que nos dirán como actuar, responder ante determinadas situaciones y que básicamente ordenarán la vida en ella, entonces, es casi seguro que el descontrol mandaría, ya que no todas las personas suelen respetar el derecho de los otros ni tampoco desplegar sus obligaciones, por eso y atendiendo a esta cuestión es que una legislación es la mejor manera que existe para que una comunidad subsista, se desarrolle y crezca, ya que en el medio del caos sería imposible que esto así se suceda. Hay dos concepciones básicas acerca del origen de la legislación u ordenamiento jurídico. Por un lado la corriente normativa señala que el ordenamiento está expresado en un conjunto de normas que se entienden y se rigen con una serie de juicios de valor, creencias y convicciones. Y por otro lado, la corriente institucional supone que ese orden estará establecido por la sociedad, por aquellos mecanismos que aplican y producen las normas y por todas aquellas instituciones y criterios de aplicación. Informe petrolero: Historia de la legislación minera y de los hidrocarburos en Venezuela Milko Luis González Jueves, 31 de agosto de 2000 Tipos de sistemas Los sistemas jurídicos que han regido para determinar la propiedad de las minas e hidrocarburos en Venezuela son: · El Derecho de Accesión, de la Ley Civil que considera el propietario del suelo como propietario de todo lo que estuviera encima o debajo de este. · El Llamado Regalista o Dominal, las mismas pertenecen al Estado en cuyo territorio se encuentran. Algunos autores, entre ellos Rufino González Miranda; consideran que el Sistema Regalista es “aquel en el cual, perteneciendo las minas al Estado, éste está obligado a concederlas perpetuas o temporalmente a las personas que reúnan las condiciones especialmente establecidas por la Ley”. El Sistema Dominal, es “aquel en el cual, perteneciendo las minas al Estado, éste procede, con respecto a ellas, como un verdadero propietario, ya explotándolas por sí mismo, o por medio de terceros de su libre elección, a quienes confiere el derecho de explotación en un contrato libremente convenido entre el Estado y dicho tercero” En el caso Venezolano, el sistema que rige la propiedad de los hidrocarburos está representado por el Estado, quien es el propietario del subsuelo. Se fundamenta en el criterio que le atribuye la propiedad al Estado y considera a los hidrocarburos, como cosas distintas del subsuelo y sobre los cuales, por consiguiente, puede constituirse una propiedad distintas de la del suelo. Históricamente, el sistema rentista considera al Estado como propietario de los hidrocarburos; este es el caso de las antiguas leyes españolas quien atribuían la propiedad de las minas a la real corona. En tal sentido, encontramos varios momentos los cuales comportan normativas reguladoras de la tenencia de las minas. Así, por ejemplo, inicialmente (1128-1784) podría decirse que existía un sistema mixto. E él, solamente las minas metálicas pertenecían a la corona y las no metálicas, dentro de la cuales se cuentan los hidrocarburos, no habían sido reservadas a la corona, por tanto, pertenecían al propietario del suelo. Posteriormente encontramos leyes regulatorias como las siguientes: 1. El Viejo de Castilla del año 1128 establecía que todas las minas metálicas eran propiedad de la corona, siempre que estuviesen en terrenos de su propiedad. 2. El ordenamiento de Alcalá de 1384, establecía la propiedad de la corona sobre las minas metálicas, las fuertes, pila y pozos, además incorporó la figura de licencia especial para su explotación por un tercero. 3. La Recopilación de Indias, de 1660, contiene una serie de órdenes y cédulas que se fundamentan en los aspectos de implantación del régimen de la Metrópoli hacia las colonias en los aspectos procedimentales y su aplicación por parte de los funcionarios de la corona. Las Reformas Borbónicas A partir de 1784 y hasta el fin del dominio español en América (1783-1832), el sistema legal en materia de minas e hidrocarburos sería el emanado de las Ordenanzas de Minería Para La Remesa de España, dictada por el Rey Carlos III (1759-1788) en Aranjuez, el 22 de mayo de 1783 Estas ordenanzas fueron aplicadas en todos los dominios españoles En el caso de Venezuela, las mismas entrarán en vigencia según la real Cédula del 27 de abril de 1784. Este ordenamiento jurídico, marcó un hito en la legislación minera colonial ya que por primera vez, la corona extiende el dominio sobre los minerales no-metálicos y por ende sobre los hidrocarburos. A este respecto, se establece en el Art. 1º, disposición 22, que no sólo puede conceder las minas metálicas sino que “cualquier otros fósiles, ya sean metales perfectos o medio minerales, bitúmenes o jugos de la tierra”. Este criterio, crea la figura de la propiedad real de la corona sobre los hidrocarburos; es así como el subsuelo pasa a ser propiedad de la corona en lo que respecta a los minerales no-metálicos. Adicionalmente, las ordenanzas convalidan el derecho de propiedad de la corona sobre los hidrocarburos cuando establece en el título 5º lo siguiente: “El dominio radical de las minas, de su concesión a los particulares y del derecho que por esto deben pagar”; mientras que en su artículo primero dispone: “Las minas son propias de mi real corona, así por su naturaleza y origen”. Queda establecida así, en las ordenanzas de Carlos III la figura de la concesión queda sujeta a un pago de regalía. Las ordenanzas tuvieron la previsión de considerar a los hidrocarburos sujetos a sus prescripciones. Se podría destacar como características de este periodo los siguientes aspectos: 1. El Estado es propietario de las minas. 2. Las minas no pueden explotarse por los particulares sin que proceda una concesión del Estado, dada con acatamiento a las prescripciones que determina la Ley. 3. El incumplimiento a las prescripciones, da al solicitante de la concesión el derecho a que ésta se le otorgue. 4. Aún cuando se consideran la totalidad de los posibles tipos de minas, continúa sin dársele, para ese momento, una consideración especial a los hidrocarburos. Los actos regios de Carlos III, respondieron a un contexto histórico muy especial en la historia monárquica española. Representaba el Rey Carlos un proceso de transformación global en la estructura del Estado español, sus relaciones con otras potencias coloniales de la época y, especialmente, con sus colonias de ultramar. Este rey era el tercero de la dinastía francesa Borbón en España, la cual había sustituido a la Habsburgo en la coyuntura que representó la Guerra de Sucesión Española. Los borbones, cuyo primer representante en el trono español fue Felipe V (1700-1746), emprendieron un proceso de reformas en todos los ámbitos de la administración hispana, particularmente en el área comercial. Con Carlos III, este proceso, conocido como las reformas borbónicas, se agudizó considerablemente tomando incluso algunos valores de tipo liberal en la reestructuración del Estado regio español. “Carlos III era entusiasta partidario de las ideas liberales que por entonces difundían en Europa los llamados filósofos y enciclopedistas franceses. De ahí que con la colaboración de algunos hábiles ministros entre los que se encontraron Aranda (1766), Floridablanca (1777) y Campomanes (1788), realizase reformas que lo consagraron como representante del despotismo ilustrado en España” A tales efectos, los borbones realizaron reformas importantes en la estructura colonial, sobre la base de las que emprendieron en España. Con esta actitud, los borbones evidenciaron el desconocimiento de la realidad americana al querer igualar la estructura administrativa de las colonias con las de la metrópolis, desvalorizando la organización local de los territorios de ultramar. Entre las reformas más significativas en el área económica encontramos: a) Intentaron, sin éxito, eliminar el sistema monopolista de los Habsburgos b) Concesiones a Francia, y posteriormente a Inglaterra, para el tráfico de esclavos y la extracción limitada de mercancías de las colonias españolas americanas c) Fundar compañías comerciales, como ya existía en otros países europeos como Inglaterra u Holanda d) Felipe V suprimió el lento sistema de flotas y galeones para el intercambio comercial con América (1740) y lo sustituyo por barcos de “registro” que navegaban solos. e) Carlos III, suprimió el principio de único puerto de salida (Cádiz) y habilitó nueve puertos en España para el intercambio con América (1765); asimismo creó unos veinticuatro puertos americanos, entre los que se contaron Buenos Aires y Montevideo. Sin embargo, como se indicó, conservó el monopolio del Estado sobre las minas, indistintamente de su naturaleza. En este caso, las valoraciones liberales de apertura comercial no privaron. No obstante, las reformas borbónica contribuyeron al crecimiento económico de España. “Así, el comercio en menos de cincuenta años (1753 a 1800) pasó de 171 900 000 a 638 500 000 francos (en moneda francesa” El decreto del Libertador Por otra parte, a la legislación emanada de las ordenanzas de Carlos III de España, le sucedería, en el mismo espíritu, el decreto de LIBERTADES en Quito, el 24 de octubre de 1829. Este decreto, dictado por el Libertador Simón Bolívar, manifestaba en su Capítulo I, Art. 1º que: “Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase, correspon den a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y presión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto” Por otro lado, en su artículo Nº 38, en materia de transitoriedad destacaba: “Mientras se forma una ordenanza de minas de Nueva España, dada el 22 de mayo de 1783, exceptuando todo lo que trate del tribunal de minería y jueces diputados de minas y lo que sea contrario a las leyes y decretos vigentes. Tampoco se observará en todo lo que se haya reformado por el presente decreto”. Una evaluación de este nuevo ordenamiento jurídico, podría comportar aspectos tales como: · El Estado mantiene la propiedad de las minas. · Se mantiene el principio de las ordenanzas de Carlos III de que las minas no pueden explotarse por los particulares sin autorización, ajustada a derecho, del Estado. · Continúa sin dársele consideración especial los hidrocarburos. La legislación de minas venezolanas después del Libertador El marco jurídico emanado del decreto del Libertador en Quito, se mantendría vigente hasta 1864 cuando se promulga la constitución Federal del 22 de abril de ese año. De tal manera y sin perder el espíritu de las normativas emanadas de las ordenanzas de Carlos III sobre la propiedad estatal de las minas, el ordenamiento legal venezolano en materia de minas e hidrocarburos, se podría ordenar por etapas, de acuerdo a las consideraciones del Doctor Egaña, a saber: a) Período 1864-1881 · Su característica principal consiste en que la propiedad y administración de las minas pasaron a los estados o provincias. · No se promulgaron leyes nacionales. Sin embargo el 3 de julio de 1866 el Presidente Mariscal Falcón emitió un decreto para “la mejor explotación de los terrenos auríferos de Guayana” con este decreto violaba la Constitución de 1864 que dejaba a los Estados la libre administración de sus recursos mineros. · Se niega a las provincias la potestad de decidir sobre los hidrocarburos En tal sentido, en el Art. 1º de la Ley se establece: “Las minas no pueden ser beneficiadas sino en virtud de un acta de concesión expedida por el Poder Ejecutivo del Estado. Se exceptúan de toda concesión las minas de Petróleo”. Bajo el régimen de las Constituciones de 1864 y 1874 fueron otorgadas las siguientes concesiones: · 19 de diciembre de 1866, al Sr. Pascual Casanova, en el Cantón de Escuque por 20 años y por arrendamiento de 200 pesos anuales. · 03 de septiembre de 1878, Don Manuel Pulido 100 hectáreas en el Distrito de Rubio en el Táchira. · 01 de agosto de 1882 el Sr. Pulido Pulido, el Dr. Carlos González y los señores, José Antonio Roldo, Ramón María Maldonado, José Gregorio (hijo) instalaron formalmente, en San Cristóbal, la Compañía Petrolia del Táchira. · 15 de noviembre de 1883, el Presidente Guzmán Blanco lanzó un decreto en que se adjudica nuevamente al Ejecutivo Federal la administración de la minas. b) Periodo 1881-1904
<> · La administración de la minas pasa de nuevo al Poder Federal. · El petróleo pasa de nuevo al régimen de Concesión Obligada. c) Periodo 1904-1920 Características · Se incluye la materia de hidrocarburos en la modalidad de concesiones obligatorias. · Se someten los hidrocarburos a un régimen especial de contratos, los cuales que llevan implícitos la facultad del Estado de otorgar o no el derecho de explotarlas. · Se establece como requisito, la aprobación del Congreso para los contratos de exploración.
< Periodo de 1920-1921
<> Características · Se altera la modalidad regalista de contrato o concesión facultativa para crear “un extraño régimen de permiso de exploración y contrato de explotación obligatoria”. · Se debilita el requisito por parte del Congreso. · No se expresan con claridad, las cláusulas para los contratos de exploración y explotación y los pagos respectivos. Período 1921-1921 · Se establece la facultad plena del Congreso para aprobar los contratos de exploración. Período 1921-1943 Durante este período se promulga la Ley más importante de la legislación venezolana en materia de hidrocarburos; promulgada el 13 de marzo de 1943. En ella se reafirman los principios fundamentales, tales como: · Las minas son propiedad del Estado. · La administración de las minas corresponde a la nación. Las mejoras más importantes incorporadas a la Ley de 1943 se pueden resumir en los siguientes términos, según César Ballestrini: · Las exoneraciones pueden ser otorgadas por el Ejecutivo y no constituyen un derecho del concesionario. · Se logra la uniformidad del régimen jurídico de la concesiones mediante la conversión de que hicieron uso sus titulares por medio de la cual obtuvieron un nuevo término de 40 años a partir de la promulgación de la Ley. · Los gravámenes fueron uniformados en 16 2/3 del valor del petróleo explotado en el campo de producción, la regalía equivale a 1/6 de la producción y puede ser recibida en dinero o en petróleo. · Se estipularon ventajas a favor de la nación, concretadas en cláusulas que imponían de Venezuela parte del petróleo producido. · Se lograron mejores ingresos fiscales como productos de unificación del aumento de otras tasas. Otra reforma importante realizada durante este período, fue el establecimiento del “fifty -fifty” a través de la inclusión de este impuesto en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, basado en partir las utilidades por la mitad. En 1955 se efectúa otra reforma, que precisa las relaciones entre el Estado y las concesionarias, de la cual se destaca la abolición de la observancia perpetua por parte del Ejecutivo del secreto de los datos suministrados por las concesionarias. Si estas exigían la discreción se le s concedería por un máximo de tres años. Período 1961-1999 En la Constitución de 1961 se reafirma que: “Sin la aprobación del Congreso no podrá celebrarse ningún contrato de interés na cional, salvo los que fuesen necesarios para el normal desarrollo de la administración pública a los que permita la Ley. No podrá en ningún caso procederse al otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos ni de otros recursos naturales que determine la Ley, sin que las Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, lo autoricen dentro de las condiciones que rigen y sin que ello dispense del cumplimiento de las formalidades legales”. En 1967 se reforma la Ley “con el objeto de garantizar el adecuado desarrollo de la industria de los hidrocarburos se creó la Compañía Venezolana del Petróleo como instrumento del Estado para realizar la explotación directa que el artículo 2 (Ley del 43), atribuye al Ejecutivo Nacional”. Asimismo se establece: “Para llevar adelante las actividades petroleras a través del organismo público antes mencionado o de otras empresas del Estado, se concedió una nueva figura jurídica, la cual se ha dado a llamar “C ontrato de Servicio”. En los últimos treinta años dos, hechos han sido transcendentales: · La promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos (Ley de Nacionalización). · La implementación del Art. 5º de dicha Ley para dar paso a la Apertura Petrolera. Los rasgos más relevantes de esta Ley se pueden resumir en lo siguiente: · La declaración de reserva, que hace del Estado la Industria y el Comercio de los hidrocarburos por razones de conveniencia nacional. · La declaración de utilidad pública de todas las actividades de la Industria. · La extinción definitiva de las concesiones a partir del 31 de diciembre de 1973, las cuales estaban previstas que se revisaran en 1980. · Manifestación de objetivos para el comercio internacional de los hidrocarburos · Especifica, a través del Art. 5º, que a los fines de realizar las actividades de la Industria Petrolera, el Estado podrá proceder directamente a establecer dos tipos de contratos. a) Convenios Operativos necesarios a la mejor realización de sus funciones. b) Convenios de Asociación bajo las siguientes condiciones: · Que se celebren con entes privados. · La participación del Estado debe se superior al 50%, pues debe garantizar el control por el Estado de sus actividades. · La previa autorización del Congreso. El Art. 5º abrió las posibilidades de participación del capital privado en la Industria Petrolera Nacional (IPN), y que se han instrumentado a través del proceso de Apertura que se emprendió en su oportunidad. El mismo se ha manifestado a través de: · Contratos de Asistencia técnica y comercialización. · Asociaciones como el Proyecto Cristóbal Colón. · Asociaciones para la explotación de campos marginales. · Convenios de Asociación estratégicas para la producción, mejoramiento y comercialización de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco. · Convenios de explotación a riesgo bajo el esquema de ganancias compartidas. En la actualidad, los textos fundamentales que conformarían el régimen legal aplicable a la actividad de la Industria Petrolera en Venezuela son los siguientes: · Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). · Ley de Hidrocarburos (1943-1967). · Ley sobre Bienes Afectos a la reversión en las concesiones de hidrocarburos (1971). · Ley que reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971). · Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (1975). · Ley que Reserva al Estado la explotación del mercado interno de los productos derivados de los hidrocarburos (1973). · Ley Orgánica de Apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos (1998). · Ley de Conversión del Instituto Venezolano de Petroquímica en Sociedad Anónima (1977). · Ley Aprobatoria del Convenio suscrito en Bagdad el 14 de septiembre de 1960 para la constitución de la OPEP (1961). Además de estas leyes específicas, existen otras que inciden en la actividad petrolera, tales como: · Ley de Impuestos Sobre la Renta. · Código Orgánico Tributario. · Ley Orgánica de la Administración Central. · Ley Forestal de Suelos y Aguas. · Ley Orgánica del Ambiente. · Ley Penal del Ambiente. También numerosos decretos y acuerdos, tales como: · Decreto de Creación de PDVSA y posteriores modificaciones. · Resoluciones de la Corte Suprema sobre materia petrolera. · Los acuerdos del Congreso Nacional sobre la aplicación del Art. 5º de la Ley de Nacionalización. · Resoluciones y ordenanzas municipales. Con respecto a la Carta Magna de 1999 encontramos, que ésta Constitución establece, conservando el espíritu de toda la legislación petrolera y constitucional anterior, que los yacimientos de hidrocarburos continuaran bajo la propiedad del Estado, bajo el argumento de la utilidad pública. En su artículo Nº 12 la Constitución Bolivariana de 1999, expresa: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. Este artículo da continuidad a la tradición de la propiedad estatal de los hidrocarburos en Venezuela, pero a su vez trae consigo una nota distintiva. La anterior Constitución (de 1961) al igual que la vigente suponía sólo el lecho marino, la plataforma Continental, la Zona Económica Exclusiva, más no tenía un encabezamiento de gran contenido amplitud y espectro de cobertura como el artículo antes citado. LEGISLACION PETROLERA INTRODUCCION La legislación en materia de hidrocarburos en Venezuela ha pasado por varias etapas, desde la época de la colonia, hasta la era republicana pasando por varias reformas en los siglos XIX, XX y XXI, la primera regulación en maestría de hidrocarburos se basa en la tenencia o propiedad del recurso estipulado en las ordenanzas de Minería para la Nueva España, en la época republicana se elaboraron varios códigos y normas que regulaban la actividad minera que abarcaba también los hidrocarburos, en tal sentido la fortaleza que adquirió el petróleo en el mercado internacional, produjo un movimiento dirigido a regularizar la participación del Estado la cual era nula, en el reparto de los beneficios originado de la explotación de este recurso, las grandes compañías trasnacionales se repartían a nivel mundial la renta petrolera, a los efectos se aprobaron varias leyes entre 1920 y 1938., que buscaban incrementar la eficiencia del Estado en la captura de la renta petrolera, ya que este por si mismo no podía realizar esta actividad debido a la carencia de capital para inversión en tecnología y recursos financieros. En 1943 en base a la propiedad del recurso, se concretaría exitosamente una negociación con las compañías petroleras a partir de lo cual estas se comprometen a pagar regalías, tasas impositivas semejantes a las que regían para las reservas privadas en USA, así como la instalación en el territorio nacional de refinerías de crudo, donde comenzaría una época de participación rentista del Estado en la actividad petrolera, posteriormente se sancionarían varias normas; Leyes de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos del 10 de agosto de 1955 y la del 29 de agosto de 1967, las cuales buscaban mejores niveles de participación. Con los movimientos nacionalistas mundiales en materia de la industria de hidrocarburos, se sanciona una Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos del 6 de agosto de 1971, hasta llegar a la nacionalización de la industria petrolera en 1975, de allí hasta la fecha se han sancionados las siguientes normas: Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, del 22 de junio de 1973; Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, del 29 de agosto de 1975; Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores, del 11 de septiembre de 1998; Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos de fecha 13 de noviembre de 2002; Ley de reforma parcial del Decreto Nº 1510, con fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos de fecha 24 de mayo del 2006, norma que actualmente regula todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, en virtud de lo cual en el presente trabajo se realizará un análisis de los aspectos fundamentales y reguladores que contiene esta ley. CAPITULO I I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. Los antecedentes de las leyes que desde 1920 han regido la materia de hidrocarburos en Venezuela, se remontan a las Ordenanzas de Minería para la Nueva España, promulgadas en Aranjuez el 22 de mayo de 1783 y aplicadas en la Capitanía General de Venezuela por Real Cédula del 27 de abril de 1784. El 24 de octubre de 1829, el Libertador Simón Bolívar da un paso fundamental en el desenvolvimiento de la doctrina minera al emitir el trascendental Decreto consagraba que: "Conforme a las leyes las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas....". , en el se establece que las minas, de cualquier clase que sean, son propiedad de la República y que mientras no se adopten otras disposiciones al respecto, continuarán aplicándose en materia de minería las Ordenanzas de Nueva España. En 1832, separada Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso Nacional dicta una Resolución con fecha 29 de abril, estableciendo que, de acuerdo al mencionado Decreto del Libertador, las Ordenanzas que deben regir en Venezuela en lo relativo a sus minas son las de Nueva España. Más adelante, el 15 de marzo de 1854, se promulgó nuestro primer Código de Minas. La legislación minera regía para todos los yacimientos, incluidos los de hidrocarburos. A partir de la citada ley de hidrocarburos de 1920 se origina una inquietud legislativa. En efecto, se dictaron leyes de hidrocarburos el: 16 de junio de 1921, 9 de junio de 1922, 18 de julio de 1925, 18 de junio de 1928, 17 de junio de 1935, 5 de agosto de 1936 y 21 de diciembre de 1938, las cuales, una tras otra fueron preservando la validez de las negociaciones celebradas bajo el ámbito de las anteriores, que seguían rigiéndose por ellas. Esto trajo como consecuencia una diversidad de regímenes legales para la actividad petrolera, lo cual, unido al mal tratamiento económico que en ellas se daba a la Nación, justificó la Reforma Petrolera de 1943, que dio origen a la Ley de ese año. Esta ley tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de los hidrocarburos y mejorar la participación económica de la Nación, mediante su propia normativa o permitiendo la aplicación de leyes impositivas, ya que el tratamiento de los hidrocarburos quedó no sólo sujeto a la ley de la materia sino al conjunto de la legislación nacional. Esto permitió al país iniciar un proceso para incrementar los ingresos que recibía por la explotación del petróleo. El objetivo de repartir el producto petrolero, mitad para los concesionarios y mitad para la Nación, se logró y se superó con la aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Ley de Hidrocarburos de 1943 cumplió su cometido y nuevos propósitos nacionales sobre hidrocarburos debieron ser atendidos por las reformas de dicha Ley efectuadas en 1955 y 1967, así como por las leyes siguientes: Ley de Reversión y Ley de Gas, de 1971; Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, de 1973; Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de 1975 y la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para el Uso de Vehículos Automotores, de 1998. II. MOTIVACION. Necesidad de dictar una Ley Orgánica de Hidrocarburos para ordenar y armonizar en un sólo texto, las normas exigidas por la materia petrolera. III. OBJETO DE LA LEY. Instrumento Jurídico que viene a regir las actividades exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, y conservación de los hidrocarburos, los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera. (art.1 LOH) IV. AMBITO DE APLICACIÓN. La Ley comprende a todos los hidrocarburos y las actividades que sobre ellos se realizan: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de los hidrocarburos, así como las obras que la realización de estas actividades requiera. No obstante, se excluye de su aplicación lo referente a los hidrocarburos gaseosos no asociados, los cuales por sus características, se rigen por su propia Ley Orgánica, la cual, sin embargo debe interpretarse y aplicarse armónicamente con esta Ley Orgánica de Hidrocarburos. CAPITULO II I. ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HIDROCARBUROS. Se declaran de utilidad pública y de interés social las actividades a las que hace referencia este Decreto Ley, así como las obras que su realización y manejo requieran. Dichas actividades estarán primordialmente dirigidas a contribuir con el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, en procura del beneficio colectivo. En consecuencia, el ingreso neto que ellas generen deberá propender a financiar la inversión real productiva, de tal manera que se logre la vinculación del petróleo con la economía nacional. (Art. 4 LOH) II. ACUERDO Y TRATADOS INTERNACIONALES. La realización de las actividades previstas en esta Ley, deben ajustarse a las decisiones que adopte la República en virtud de los tratados o acuerdos internacionales por ella celebrados en materia de hidrocarburos. Puesto que quienes realicen actividades en el país están sujetos a toda su legislación y siendo los tratados internacionales de aplicación preferente, no pueden quedar exentos de su aplicación quienes realicen actividades con los hidrocarburos. III. COMPETENCIA. La ley otorga expresamente competencia al Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la administración de los hidrocarburos y le confiere el derecho y la obligación de realizar, planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar todas las actividades que con dichas sustancias se realicen. (Art. 8 LOH). IV. ACTIVIDADES PRIMARIAS. Son definidas en la ley como la explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial de hidrocarburos en estado natural. (Actividades reservadas) (Art. 9 LOH y Art. 302 CRBV) CAPITULO III I. ACTIVIDADES DE REFINACION Y COMERCIALIZACION. Son las relativas a la destilación, purificación y transformación de los hidrocarburos naturales y la comercialización de los productos obtenidos. Reserva al Estado: de las instalaciones, obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del o de la empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación, y transporte principal de productos y gas. (Art. 10 LOH) II. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD. (Art.19 LOH) - Hacerlas en forma continua y eficiente. - Mejores prácticas científicas y técnicas. - Seguridad e higiene. - Protección ambiental. - Aprovechamiento y uso racional de los hidrocarburos. - Conservación de la energía de los mismos. - Máximo recobro final de los yacimientos. III. DE LA FORMA Y CONDICIONES PARA REALIZARLAS. Participación de capital privado y formación de capital nacional. a.- EMPRESAS MIXTAS. Se consagra en la ley la participación de capital privado en la explotación de los hidrocarburos, mediante la posibilidad de integrarse en la constitución de empresa mixtas con un capital máximo hasta un 50%, para la realización de actividades primarias, así como la de su intervención en las actividades industriales y comerciales realizadas con hidrocarburos, todo sujeto al cumplimiento de los requisitos en ella previstos. (Art. 22 LOH). Establece que las Empresas Mixtas estarán reguladas por la LOH y por el Acuerdo de la Asamblea Nacional que aprueba su constitución y fija las condiciones pertinentes. Aplicación supletoria del Código de Comercio, con relación a la creación de estas. b.- EMPRESAS DEL ESTADO. Se crearán mediante decreto presidencial en Consejo de Ministros y serán de su exclusiva propiedad, adoptando cualquier forma jurídica que considere conveniente. VI. DERECHOS COMPLEMENTARIOS. Para quienes ejerzan las actividades de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamientos iniciales, procesamiento y refinación de los hidrocarburos naturales. A saber: a) Ocupación temporal. supuestos en los que un ente público utiliza o aprovecha un bien de propiedad privada. b) Expropiación de bienes. Es el poder, legal en caso del Estado y considerado legítimo en caso de particulares, para expropiar propiedad privada sin el consentimiento del propietario, bien para su propio uso o en nombre de un tercero.(Art.39 LOH) c) Servidumbres. Se entiende por servidumbre aquel derecho real que afecta al dominio de un bien inmueble, limitando algunos de los derechos inherentes a la propiedad y obligando al titular del bien a permitir a uno o más terceros, en virtud de la misma, realizar determinadas actividades.(Art.40 LOH) CAPITULO IV I. UNIFICACION DE YACIMIENTOS. a) Yacimientos nacionales. Áreas donde actúen más de un explotador u operador las partes celebraran convenio de unificación de explotación de yacimientos, previa autorización del Ministerio de Energía y Petróleo. b) Yacimientos limítrofes con otros países. Cuando un yacimiento de hidrocarburos ubicado dentro del territorio nacional, se extienda bajo áreas del dominio de países limítrofes, su explotación no podrá efectuarse sin antes celebrarse un convenio internacional de unificación de yacimientos, con los países limítrofes. II. RÉGIMEN FISCAL. La participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero comprende: la regalía, los impuestos y los dividendos. (Art. 44 al 48 LOH). La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso a tenor de lo establecido en el Art. 3 LOH. Que dice “Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional de cualquier naturaleza……pertenecen a la Republica y son bienes del dominio público…..” El carácter impositivo viene dado por el ejercicio de la potestad del Estado o jus imperi para fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta. En su condición de empresario petrolero, al Estado le corresponde utilidades sobre el negocio, las cuales toman la forma de dividendos. La reforma indica que la tarifa de extracción alcanzará el 33 por ciento del valor de todos los hidrocarburos líquidos obtenidos de cualquier yacimiento. El otro gravamen está relacionado con el pago del 0,1 por ciento de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional. Asimismo, el impuesto sobre la renta aumentará del 34 al 50 por ciento a las cuatro asociaciones presentes en la referida Faja. En cuanto a la explotación de los yacimientos de esa región del Orinoco se determinó que el gobierno nacional podrá establecer si rebaja o no la regalía hasta un 20 por ciento en dependencia si éste proceso es económicamente rentable. De los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de 30 por ciento como regalía. III. INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS La Ley establece que el Ejecutivo Nacional dictará las medidas necesarias para la industrialización de los hidrocarburos en el país y determina que aquellas deberán, entre otras disposiciones, prever medidas orientadas a estimular la transformación de los hidrocarburos refinados, desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se facilite el suministro de hidrocarburos; que las refinerías y plantas procesadoras bajo el control del Estado garanticen el suministro de las materias primas disponibles; que los precios y condiciones de suministro oportuno de las materias primas permitan el desarrollo de empresas competitivas en los mercados internacionales y que las empresas que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, fomenten a su vez la industrialización aguas abajo de los insumos por ellas producidos. (Artículos. 49,50, y 51 de la LOH) IV. ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION. El transporte, almacenamiento, suministro, distribución y expendio interno de los hidrocarburos, destinados directa o indirectamente al consumo colectivo, constituyen un servicio público y el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, fijara los precios de los productos derivados de los hidrocarburos y decidirá lo necesario para garantizar la eficiencia del servicio, la protección del ambiente y evitar su interrupción. En relación con el comercio exterior de los hidrocarburos naturales y de los productos derivados, se deberán realizarse conforme a la política y los lineamientos que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Minas. Excluyen para el ejercicio de estas actividades el capital privado y únicamente autoriza a las empresas del Estado. Así como indican que las empresas mixtas que desarrollen actividades aguas arribas sólo podrán vender los hidrocarburos naturales a empresas del Estado. CAPITULO V I. INFRACCIONES Y SANCIONES Se ratifica la competencia del Ministerio de Energía y Minas para sancionar las faltas cometidas en el desarrollo de las actividades relativas a esta Ley. Contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Petróleo proceden los recursos administrativos y contencioso administrativo en las condiciones que fije la Ley. II. MULTAS Y SUS CUANTIAS. - Multa entre cincuenta (50) y cincuenta mil (50.000) unidades tributarias. - Suspensión de Actividades hasta por seis (06) meses. - Ambas sanciones. Atenuantes o agravantes: - De acuerdo a la gravedad de la falta. - Actuación pasada del infractor. III. LEGISLACION DEROGADA. En la disposición derogativa única de la presente Ley quedan derogas las siguientes Leyes: - Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, reformada parcialmente por las Leyes de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos del 10 de agosto de 1955 y la del 29 de agosto de 1967. - Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos del 6 de agosto de 1971. - Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, del 22 de junio de 1973. - Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, del 29 de agosto de 1975. - Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores, del 11 de septiembre de 1998; y cualesquiera otras disposiciones legales que coliden con las del presente Decreto Ley. CONCLUSIONES Que el propósito de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) publicada en la Gaceta Oficial Nro. 38.443 del 24 de mayo de 2006. Es. Primero. Incluir dentro del ámbito de la LOH la exploración y explotación de gas asociado. Segundo. Establecer que las Empresas Mixtas estarán reguladas por la LOH y por el Acuerdo de la Asamblea Nacional que aprueba su constitución y fija las condiciones pertinentes. Tercero. Eliminar toda referencia al bitumen. Cuarto. Incluir dos nuevos impuestos: a) Impuesto de Extracción - equivalente a 1/3 del valor de los hidrocarburos extraídos, calculado sobre la misma base que la regalía. Los montos pagados por regalía y ventajas especiales pueden ser deducidos. b) Impuesto de Registro de Exportación - equivalente a 0,1% del valor de todos los hidrocarburos exportados desde cualquier puerto en Venezuela. Quinto. Permitir la venta de hidrocarburos naturales producidos por Empresas Mixtas a PDVSA y sus filiales. Sexto. La Asamblea Nacional aprobó la constitución de las Empresas Mixtas que migraron de los Convenios Operativos y emitió Acuerdos para cada nueva Empresa Mixta. Ojo ver más allá, el propósito era fundamentalmente aumentar la recaudación para el Estado venezolano. Concesión petrolera: concesión de soberanía Entre la I y la II Guerra Mundial, la industria dio el gran salto para diversificar los procedimientos tecnológicos que permitieron la producción de nuevos derivados de petróleo y convertirlo en la principal y más estratégica fuente de energía del mundo. En ese contexto, el hidrocarburo venezolano pasó a tener especial preponderancia en el proceso de redefinición de las modernas potencias mundiales. Para estos primeros años de actividad industrial la figura de la concesión petrolera fue el instrumento mediante el cual las compañías transnacionales concertaron con los Estados propietarios para explorar y explotar la riqueza de los yacimientos descubiertos en sus territorios. Con el tiempo la obtención de tales concesiones y el control por el mercado petrolero mundial, fue motivo de disputas entre las compañías petroleras transnacionales, como también de guerras entre naciones por el control de tales variables, incluidas las de las reservas. Esto nos explica cómo Venezuela, a raíz de su condición de país petrolero se convierte, fundamentalmente desde la segunda década del siglo XX, en un actor de interés para el monopolio petrolero internacional. En Venezuela la primera concesión para la explotación de petróleo fue otorgada el 24 de agosto de 1865 por Jorge Surtherland, Presidente Constitucional del Estado Soberano del Zulia, al ciudadano norteamericano Camilo Ferrand para “taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo el estado Zulia”, concesión que caduca al año siguiente por incumplimiento de contrato. En 1878 se otorga una concesión a Manuel Antonio Pulido Pulido para explotar el petróleo descubierto en su hacienda “La Alquitrana”, para lo cual creó la Compañía Minera Petrolia del Táchira que comenzó a operar efectivamente, es decir, con producción comercial, en 1883. Ese mismo año, se produce otra concesión que es entregada a Horatio Hamilton y Jorge Phillips sobre el lago de asfalto de Guanoco, y que fue posteriormente traspasada a la New York and Bermudez Company. La actividad petrolera venezolana se inicia pues con la creación, en 1878, de la Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para dotar de kerosén a las ciudades vecinas. Su importancia radica en que no sólo es la primera empresa fundada por un grupo de venezolanos, encabezado por Manuel Antonio Pulido, sino que además desplegó todas las actividades de la industria petrolera, tanto la de aguas arriba como la de aguas abajo, al extraer, procesar y comercializar los hidrocarburos en nuestro país; una compañía, si se quiere, de integración vertical. Tanto la producción de La Petrolia como la del lago de asfalto natural de Guanoco (Estado Sucre) en 1890, por parte de la New York and Bermúdez Company (NY&BC), ocurren mucho antes de que el mundo conozca la enorme utilidad comercial y estratégica que tendrán los hidrocarburos. Aún sin imaginar el auge futuro de esta industria, nuestro territorio se convierte en objetivo de las potencias imperialistas debido al interés comercial que ya generaba la explotación del asfalto. En efecto, en 1901 el asfalto venezolano es el pretexto no declarado por la NY&BC, para participar como financista en la llamada Revolución Libertadora contra el gobierno de Cipriano Castro. Igualmente, entre diciembre de 1902 y febrero de 1903, las armadas de Inglaterra, Alemania e Italia bloquean las costas de Venezuela, con el argumento de que el presidente Castro no estaba cumpliendo sus “compromisos internacionales”. Ante esta agresión a la soberanía nacional, Cipriano Castro proclama su cé lebre frase: "Venezuela, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria". El 14 de agosto de 1905, Cipriano Castro había promulgado una Ley de Minas que se constituyó en la base legal de las concesiones petroleras. Esta Ley permitía el traspaso de concesiones y derechos a la explotación del petróleo por lapsos de 50 años, con beneficios impositivos para el estado venezolano de dos bolívares por hectárea de superficie de la concesión. A pesar de ello, en diciembre de 1909, comenzando el gobierno de Juan Vicente Gómez le son restablecidos los derechos concesionarios a la NY&BC. Tras esta decisión del dictador Gómez, John Allen Tregelles y N.G. Burch, apoderados de la empresa británica The Venezuelan Develoment Co., reciben una concesión de 27 millones de hectáreas que incluía los estados Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Lara, Trujillo y Yaracuy. Por cuanto la concesión Tregelles-Burch fue cancelada en 1911, en 1912 el venezolano Max Valladares obtuvo una concesión que cubría el mismo territorio, para traspasarla al día siguiente a la Caribbean Petroleum, subsidiaria de la General Asphalt. En estos primeros años, la explotación del recurso petrolero en Venezuela quedó en manos de la angloholandesa Royal Dutch Shell, y la Standard Oil, de los Estados Unidos. A finales de 1912 la Caribbean Petroleum pasó a estar bajo el control de la Royal Dutch Shell iniciando, además del negocio de asfalto, exploraciones en la búsqueda de petróleo. Es así como en 1913 se descubre el primer campo petrolero en Venezuela, el campo Guanoco, al completarse con éxito la perforación del pozo Barbabui 1. La Caribbean Petroleum, dueña mayoritaria de la NY&BC y subsidiaria de la Royal Dutch Shell, intensificó la exploración geológica en todo el territorio nacional y en 1914 perforó también con éxito, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, el pozo Zumaque I, que con su producción inicial de unos 200 barriles diarios (b/d), permitió el descubrimiento del primer campo venezolano de importancia mundial, el campo Mene Grande. Pero fue en diciembre de 1922 cuando el potencial petrolero del país resultó plenamente confirmado con el reventón del pozo Barroso 2, también en el Zulia, pues durante nueve días arrojó de manera incontrolada unos 100.000 b/d. Para valorar la importancia de ese nuevo descubrimiento, basta señalar que para ese momento en el país se producían poco más de 6.000 b/d. Para 1928, Venezuela está produciendo más de 290.000 b/d, exportando unos 275.000 b/d, con lo que el país se ubica como el segundo productor mundial de petróleo y el primer exportador. Sus niveles de producción fueron fuertemente incrementados con el paso del tiempo, hasta 1970, cuando alcanza su techo máximo de 3.780.000 b/d. Venezuela fue desde 1928 hasta 1970, el primer país exportador de petróleo en el mundo. Las primeras concesiones otorgadas en Venezuela estuvieron regidas por las legislaciones mineras vigentes en la época. A finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX no había en el país leyes propiamente petroleras. En 1917 durante la Primera Guerra Mundial, iniciada ya la exportación de hidrocarburos venezolanos y recién nombrado Gumersindo Torres como Ministro de Fomento --responsable en ese momento de todo el sector minero--, se decide suspender el otorgamiento de nuevas concesiones y someter a revisión las condiciones en que venían siendo concedidas. Hasta esa época en Venezuela las empresas sólo cancelaban los impuestos regulares correspondientes a cualquier actividad económica, pero nada pagaban por el derecho mismo a la explotación del recurso. Tomando entonces como ejemplo los regímenes concesionarios de los principales productores de esos años, EE.UU. y México, se llegó a la conclusión de que en Venezuela, por estar esta actividad dirigida casi exclusivamente a la exportación y ser los yacimientos venezolanos de mejor calidad, la regalía debía ser superior al promedio de la de las tierras públicas en EE.UU. Es así como en octubre de 1918 se promulgó el primer Decreto Reglamentario del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, que fijó la regalía entre 8% y 15% y se estableció, también por vez primera que, una vez finalizada la concesión, debían las minas revertir a la nación –con todos sus edificios, maquinarias y obras anexas– sin pago alguno por parte del gobierno. En julio de 1920 se aprobó la primera Ley de Hidrocarburos, fijándose el mínimo para la regalía en 15%. En esta Ley se estableció también la figura de las reservas nacionales, concepto según el cual, una vez finalizado el período inicial de exploración, la mitad de la superficie explorada revertía a la nación y el gobierno debía negociar esas reservas, obligado por ley, en condiciones más ventajosas para la nación, superando los mínimos en impuestos y regalías. Se redujo además el área de las concesiones y se reafirmó inequívocamente la propiedad estatal de los yacimientos. Disgustados por estas medidas, las compañías extranjeras y sus aliados, los comerciantes de concesiones, lograron derrotar al ministro Torres en sus incipientes intentos nacionalistas. Se promulgaron así nuevas leyes de hidrocarburos en 1921 y 1922 y Torres fue removido del Ministerio de Fomento. Las compañías llegaron incluso a participar directamente en la redacción de estas nuevas leyes. Además de reducir los tributos y regalías, permitieron que todas las concesiones otorgadas desde 1918 se ajustaran a la nueva ley, disminuyendo así sus aportes fiscales. La ley de 1922 se mantuvo vigente, salvo reformas menores en 1925, 1928, 1935 y 1936, hasta la ley de 1938. Con esta última, ya ocurrida la muerte del dictador Gómez, se introdujeron algunos cambios respecto a la legislación precedente. Se autorizó por vez primera al Estado a desarrollar directamente actividades petroleras mediante la creación de empresas o institutos autónomos, se incrementaron nuevamente las regalías para nuevas concesiones otorgadas sobre reservas nacionales, se elevaron los impuestos de exploración y el inicial de explotación y se limitaron las exoneraciones de impuestos de importación solamente a los artículos realmente necesarios para las actividades específicas de la concesión. La más trascendente de las leyes de hidrocarburos anteriores a la nacionalización, fue la promulgada por el Congreso Nacional en marzo de 1943, luego de una gran consulta nacional. Se fraguó con el antecedente de la nacionalización mexicana de 1938, en medio de la Segunda Guerra Mundial y dentro del clima de la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt, y sufrió desde su promulgación hasta 1975 sólo dos reformas parciales y puntuales en 1965 y 1967. Esta Ley de 1943 se logró por primera vez establecer en el país un régimen único y uniforme para todas las concesiones de hidrocarburos, tanto para las otorgadas con anterioridad, como las que se concederían posteriormente, mediante el mecanismo de la conversión. Estableció la posibilidad legal de que los antiguos títulos o contratos fuesen convertidos en nuevos títulos, libres de todo defecto y quedando los anteriores sin vigencia. Con esto los concesionarios se acogían a la nueva legislación, con sus mayores cargas impositivas, pero el gobierno renunciaba a cualquier reclamo originado por la situación anterior. La duración de todas las concesiones de explotación, las nuevas y las convertidas, se estableció en 40 años contados a partir de esa fecha, es decir, el vencimiento se pospuso para el año 1983, aun cuando algunas de las viejas concesiones estaban ya próximas a su fecha de vencimiento. La ley no sólo uniformó, sino que también incrementó los impuestos y regalías. Las regalías, por ejemplo, de un máximo de 15%, y promedio de 9%, pasaron a un mínimo de 16,66 % de lo producido medido a boca de pozo, que sólo en casos excepcionales, al declinar la capacidad productiva de los yacimientos, se podría disminuir para preservar el valor comercial de la explotación. Se estableció la soberanía impositiva del Estado, reconociéndole la atribución, por medio de leyes de impuesto sobre la renta, para modificar los tributos. Esta Ley continuó vigente hasta el año 2001 en todo su articulado, con la excepción única del artículo 3 que fue derogado por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 1991, a fin de permitir la Apertura Petrolera de los años 90 del pasado siglo XX, por la vieja PDVSA en detrimento del interés colectivo nacional. De la privatización a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX se producen una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis energética y el fortalecimiento de la OPEP en la defensa del negocio petrolero frente al cartel de las compañías. Ello viene a favorecer una nueva orientación en la política petrolera nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los ingresos netos petroleros, la fijación estatal de los precios de exportación del petróleo venezolano, la Ley de Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973). Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado venezolano se propuso desarrollar las disposiciones constitucionales y las de la entonces vigente Ley de Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, sin indemnización alguna. Después de promulgada esta Ley se detectaron infracciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la reducción del nivel de inversiones en la industria, porque creían tales compañías que el capital invertido en la adquisición de bienes y equipos no serían indemnizados. Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo la argumentación de emprender en lo inmediato la Nacionalización del petróleo. Es así como el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el nacionalismo en boga, interrumpió el debate sobre los proyectos de Ley introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar con una acción ejecutiva la reversión petrolera. De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto N° 10 cuyo artículo 1 establecía la creación de una Comisión Ad honorem que tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el control de la industria petrolera. Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían nacionalizado su petróleo países como México (1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia (1973). Arabia Saudita lo haría en 1979. El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es importante señalar que dicha Comisión estaba integrada por todos los sectores de nuestra sociedad, desde los partidos políticos hasta las universidades. Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974, surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión. Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos Andrés Pérez) formuló e introdujo una modificación sustancial al proyecto original de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29 de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976) que desvirtuó la esencia, propósito y razón de ser de una auténtica nacionalización, como la historia reciente lo demuestra. Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el artículo 5°, el siguiente contenido: “En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referid os entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.” Además, contra lo previsto, el Estado venezolano pasó a indemnizar a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores. Por otra parte, estas compañías habían ya recuperado varias veces su inversión inicial. El pago de esta indemnización fue “justificado” en el Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera en atención al artículo 101 de la Constitución Nacional de esa época. Un día después de la promulgación de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975. Es importante señalar que desde su inició se organizó bajo una estructura casi idéntica a la preexistente. Amén de la empresa pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y comercialización. Así la Creole pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil, Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres terminados en “ven”. Esta irracional estructura fue defendida argumentando que la nacionalización debe ría producir la menor alteración en la actividad operativa diaria. La alta gerencia de esas compañías transnacionales pasó a constituir los equipos gerenciales de estas “nuevas” filiales y los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma eficiencia. Así, la actividad petrolera en el país quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus 14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos que habían dominado el negocio petrolero antes de esta “nacionalización”. En 1977 se produjo la primera reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a 7 al absorber las más grandes a las pequeñas. Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven, Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva reestructuración que eliminó esas filiales y creó tres grandes empresas funcionales de negocios que integraran la corporación: PDVSA Petróleo y Gas; PDVSA Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas entran en acción desde el 1° de enero de 1998. En orden de jerarquía, el Ministerio de Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las filiales se encargan de ejecutar los planes y programas operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo, será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en el centro principal, y casi exclusivo, del diseño de políticas nacionales en materia petrolera. En medio de este proceso de disminución del rol del Estado, el petróleo pasó de ser el tema central en el debate político en Venezuela, salvo en coyunturas muy particulares, a estar ausente de la confrontación pública y democrática. Así como a principios del siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se encargó de propiciar las condiciones para una nueva entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave, una agencia capturada, al servicio de intereses no nacionales. La estatal petrolera venezolana se montó desde su surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra soberanía, con diversas estrategias como la Internacionalización o adquisición de capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia con la globalización neoliberal. Nuevas leyes Con la toma de posesión del gobierno de Chávez, si bien se ha insistido en que los contratos y acuerdos contraídos por la República serán respetados, y hasta la fecha así ha sido, también se ha anunciado que ellos serán revisados en defensa de los intereses de la Nación. Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado atrás. Al iniciarse el gobierno de Chávez mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico complejo y no del todo coherente. Esta situación fue modificada con la promulgación de dos instrumentos legales que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entre los cambios más importantes que estos instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales a los dispositivos de captura de la renta. La nueva legislación por un lado incrementa la regalía y por el otro equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la ganancia– con las restantes actividades económicas en el país. Para el gas el mínimo para la regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no sea estimulada a fugarse del país. La nueva política petrolera La nueva política petrolera ha mostrado signos inequívocos en la recuperación del papel del Estado en la defensa de los intereses nacionales. Un cambio importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño de la política petrolera en el país. Desde la “nacionalización” hasta 1999 ese centro se fue moviendo del ministerio a la alta gerencia de la industria petrolera. Desde 1999 hasta ahora es claro que ese desplazamiento se ha revertido. Es hoy el ministerio del ramo, hoy denominado Ministerio de Energía y Petróleo, el centro para el diseño e implementación de las políticas públicas para esta actividad. Y lo es tanto en el esfuerzo cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como por lo establecido en la nueva legislación que de manera inequívoca le asigna ese papel. La reforma también se plantea estimular el desarrollo de los factores productivos nacionales. Usar el sector más fuerte de nuestra economía, el petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación se ha materializado de múltiples maneras. El convenio marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las ruedas de negocios con cooperativas y pequeñas y medianas empresas o el estímulo para la creación de cooperativas de servicios o transporte son ejemplos de ello. Ahora más que nunca la corporación tiene como norte el abastecerse, hasta donde ello sea posible, de bienes y servicios producidos en el país. Además, la recuperación de los precios desde 1999 y la consecuente mejora en la recaudación fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar parcialmente la severa crisis económica que venía padeciendo el país desde por lo menos los inicios de la década de los 80. Desde el año 2002 la situación del país ha sido más complicada. Un golpe de Estado en abril de 2002 y cuatro “paros cívicos” ese mismo año fueron manifestación evidente de la aguda turbulencia política vivida. Y la severa crisis política tuvo, no podía ser de otra manera, consecuencias en el terreno económico. Pero aún en tiempos de dificultades, la política petrolera, por los elevados ingresos fiscales que ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el proyecto del presidente Chávez y las fuerzas que lo apoyan. Esto se acentúa aún más durante el año 2004. Los precios del petróleo en el presupuesto de ese año fueron estimados en 20 dólares por barril, siendo que el precio promedio del año para la cesta venezolana superó los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos ingresos. Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido superiores a los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la corporación haya podido, de manera directa, tener una participación más activa en planes de inversión planificados por el gobierno. Con parte de esos ingresos extraordinarios, el gobierno revolucionario bolivariano, comprometido con el interés nacional, ha podido crear tres fideicomisos para la inversión pública. Uno por hasta 2 millardos de dólares para iniciar la construcción de plantas hidro y termo eléctricas en Carabobo, Lara y Mérida; comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva línea aérea nacional, Conviasa; e invertir en el sistema de riego Diluvio – El Palmar, en el estado Zulia. Otro fideicomiso de 480 millardos de bolívares esta dirigido a la inversión en desarrollos habitacionales y de infraestructura. Fue ya anunciada la construcción de más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la autopista a Oriente y varios kilómetros de vialidades agrícolas. Para su inversión en proyectos de desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de Agricultura y Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152 millardos de bolívares. Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de dólares, la Gerencia de Desarrollo Social de la nueva PDVSA apalanca financieramente las Misiones educativas, de salud y productivas que viene adelantado el gobierno nacional con fuerza desde inicios de 2003. Esos recursos financian becas de las misiones educativas, aporta recursos para la construcción de módulos de salud de la Misión Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y apoyan la Misión Vuelvan Caras a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno. Finalmente, importa señalar que la actual política petrolera, además de los medulares objetivos del control estatal de PDVSA y la vinculación, sin parangón, de está con su accionista, el pueblo venezolano, ha conquistado, con supremo éxitos, otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los precios del petróleo que se habían situado en 10.5 USD en promedio durante 1998, al punto que durante el año 2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. Asimismo, el gobierno bolivariano ha podido anotarse una victoria más, en el fortalecimiento de la OPEP, la cual ha pasado a constituirse en un punto sinequanon de su agenda de política exterior. En ese mismo orden de idea conviene destacar la estrategia de Petroamérica, la cual viene progresivamente con sus vectores: Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y consolidando paulatinamente a los pueblos de América Latina y el Caribe bajo una nueva visión de integración que es antítesis de la racionalidad del ALCA. Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no sólo unir a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino además extendernos a otras áreas bajo el modelo alternativo del ALBA (Alternativa Bolivariana para las América), tras su firma el 14 de diciembre de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta declaración y acuerdo, abrió el 28 de abril de 2005 una agencia para atender las solicitudes y negocios que nos demande el Caribe en materia petrolera y energética. El sabotaje contra la industria petrolera nacional El acontecimiento más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de 2003. El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una acción política llamada “paro cívico nacional” convocado con el fin de derrocar al primer mandatario nacional. El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje. De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional. Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno bolivariano y obligaría a la renuncia del presidente Chávez. Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional. Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial. Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes:         La afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales Suspensión del suministro de combustible desde las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo. La suspensión total de la actividad en las Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre Suspensión de la Planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre Suspensión de la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón Suspensión total de actividades de la Planta El Vigía, con afectación de los Estados Mérida, Táchira y Apure. La paralización del buque "Pilín León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones. La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina por abandono del personal Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La       Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo. Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos: El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas. El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente. Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional. En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales. ¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud soboteadora contra su propia corporación? ¿Por qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas carreras profesionales, además de propiciar acciones que tanto el costaron al país? La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una “meritocracia”, término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad. También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera “caja negra”. Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos. Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose. La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%. Los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano. Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal donde el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal. Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación. Aunque no siempre de manera abierta, la reforma petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda confrontación política reciente. El golpe de Estado de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas, y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos recién promulgada; durante las escasas horas que duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada por decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de petróleo a Cuba fue suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia petrolera contra el gobierno y el paralización de la industria llevada a cabo en diciembre–enero de ese mismo año tuvo como objetivo explícito el derrocamiento del Presidente Chávez. Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la incorporación de personal jubilado y la movilización de fuerzas militares y sectores populares en defensa de una empresa que consideraron vital para nuestro futuro como nación independiente. La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el gobierno nacional actual, hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria. La derrota por ella sufrida ha permitido la reorganización de la nueva PDVSA. Esta reorganización está convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a tal proceso de cambios, a su principal aliada. La participación activa de la corporación desde la finalización del paro en los planes de desarrollo en marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo de este siglo. De allí que la definición de los rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser preocupación de todos. La Apertura petrolera: reprivatización del negocio La Apertura Petrolera fue, sin duda, la más importante de las fórmulas adoptadas durante la última década del siglo XX, para responder acríticamente a las exigencias y condiciones de la globalización neoliberal. Con ella se inició un proceso que transfirió del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional, importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país, que desde la nacionalización habían estado reservadas al Estado venezolano. Además, los pasos dados en esa dirección acarrearon muy elevados costos para el fisco nacional. Con la Apertura se avanzó hacia una profundización de la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado, tratando de hacer de ella un Estado dentro del Estado. Muy variados factores participaron en esa historia de debilitamiento del anterior Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los lineamientos y control del Estado venezolano. Factores que van desde la instauración de un nuevo orden mundial y la globalización de orientación neoliberal, hasta la crisis venezolana expresada en la deslegitimación que sufrió su sistema político y el deterioro de sus partidos, pasando por el surgimiento y fortalecimiento de un liderazgo “tecnocrático” dentro de la industria y el reclamo de tinte neoliberal en la redefinición del papel del Estado. La calidad de la función del MEM se fue deteriorando con el pasar de los años, mientras PDVSA se fue fortaleciendo y consolidando, alcanzando mayores niveles de independencia y autonomía frente al Estado, con gran menoscabo del aporte fiscal al mismo y a contracorriente de los más altos intereses del pueblo venezolano, el auténtico propietario del recurso petrolero. Fue en este marco que PDVSA llegó a convertirse, por iniciativa propia y por omisión de otros, forzando caminos y llenando vacíos, en el centro principal, y casi exclusivo, de diseño de políticas antinacionales en materia petrolera. La Apertura Petrolera tuvo aquí su origen, y su justificación se fundamentó en el polémico artículo 5°, el mismo que modificara “oportunamente” Carlos Andrés Pérez, durante la aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacioanl, para permitir la participación privada en el negocio petrolero. Entre 1986 y 1987 se volvió al viejo régimen de concesiones, al iniciarse lo que se llamó la "Apertura Petrolera", esta vez bajo la modalidad de convenios operativos y asociaciones estratégicas para reactivar campos, producir crudo, explotar gas natural costa afuera, explorar áreas prospectivas, crear empresas mixtas, competir libremente en los mercados petroleros, y explotar y comercializar el carbón. En 1992, la vieja PDVSA inició un proceso masivo de "tercerización" que ocasionó una pérdida, nunca antes vista, de la efectividad nacional para manejar la industria petrolera y terminó dejándola prácticamente en manos de compañías extranjeras. Inicialmente, la Apertura Petrolera generó 2.000 millones de dólares en inversiones extranjeras para PDVSA. Pero, a partir de 1992, la visión de los ejecutores del proceso de Apertura afectó negativamente la capacidad tecnológica y gerencial nacional para manejar la empresa y, por ende, la soberanía venezolana sobre la industria. En 1996, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de Francia; British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de China; y Repsol, de España). Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los cuales participaron también empresas nacionales de capital privado, tales como Polar, Inelectra y Arco, dejando al pequeño inversionista un máximo de participación de 10%. A partir de 1992, la alta gerencia de PDVSA, que hasta entonces se nos había presentado como un modelo de eficiencia gerencial y empresarial, comenzó a perder control de la rentabilidad de la empresa. Mientras que la producción se elevó un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%, de manera que la diferencia entre costo de producción y precio de venta de cada barril se redujo tanto que, de seguir esa tendencia, la empresa no sería rentable para Venezuela, pero sí para el capital inversionista extranjero. La Apertura petrolera, con sus esquemas de convenios operativos para la reactivación y explotación de áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la producción, tuvo como uno de sus objetivos principales el control de la producción y comercialización de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Más aun, el sector privado buscaba, aplicando la cartilla neoliberal, controlar definitivamente las áreas petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de tercerización (outsourcing), la estrategia se centró especialmente en la producción de gas natural y el área de servicios, que resultó ser un aspecto medular, particularmente la informática. PDVSA, punta de lanza de estos intereses, llega a ser considerada para ese momento un ‘Estado’ dentro del Estado. Prueba de ello es lo que se generó a partir del descubrimiento realizado por Lagoven, filial de PDVSA, de grandes yacimientos de gas libre en el oriente venezolano. Inmediatamente, Shell International Gas Limited promueve la idea de exportar gas licuado a Estados Unidos y Lagoven, para tramitar la viabilidad del negocio propuesto por la Shell, demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de varios artículos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, los cuales protegían a la Nación contra los intereses de las empresas extranjeras. Fue tanta la presión ejercida, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Lagoven, creando así el marco legal para la realización del proyecto, el cual recibió el nombre de "Cristóbal Colón". La internacionalización de la empresa degeneró en la transferencia de recursos e ingresos petroleros venezolanos hacia el exterior. Otro agravante fue la existencia de empresas que resultan no auditables para Venezuela, debido a trabas contables y jurídicas propias de la internacionalización. Además, algunas refinerías en el exterior, donde se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, fueron un mal negocio, ya que en muchos casos se adquirieron equipos técnicamente obsoletos e instalaciones pertenecientes a compañías en graves dificultades financieras. De hecho, muchas de ellas no podían refinar crudos pesados venezolanos, por lo que PDVSA comenzó a comprar crudos a otros países para poder utilizar dichas refinerías. Quizás el mayor de los problemas gerenciales lo constituyó la "tercerización" (outsourcing). Para la década de los 90, PDVSA ya había logrado la experticia en materia tecnológica necesaria para manejar sus actividades, incluyendo los aspectos administrativos y la automatización de los procesos técnicos de la empresa. Pero, repentinamente y sin explicaciones justificadas, se entregó este conocimiento a empresas de servicios extranjeras, las cuales comenzaron a satisfacer las necesidades de PDVSA de manera tan excluyente que afectaron la capacidad gerencial y tecnológica nacional para manejar la empresa. Este factor impidió la generación de empresas de servicios nacionales e incrementó desproporcionadamente los costos operativos de PDVSA. De haber continuado esta tendencia privatizadora, la situación de la Corporación se agravaría en la década 2000-2009. El costo del Plan de Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a 55 millardos de dólares (75 a 82 billones de bolívares), de los cuales solamente el 38% se destinaría a actividades propias de la empresa, mientras que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se destinaría a la tercerización. En 1997, durante la gestión de Luis Giusti, quien actualmente es un alto funcionario de la Shell y asesor en el área de energía del presidente Bush, se creó la empresa de servicios informáticos INTESA. Ella contó con 40% de capital accionario de PDVSA y 60% de SAIC (Science Applications International Corporation). SAIC es una empresa que ha montado los sistemas de defensa y ataque aeroespacial mundial del Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene como administradores al general Wayne Downing (ex comandante en jefe de las fuerzas especiales de Estados Unidos), al general Jasper Welch (ex coordinador del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos) y al almirante Bobby Ray Inman (ex director de la Agencia Nacional de Seguridad y antiguo director de la CIA). SAIC también presta sus servicios a otras empresas petroleras del mundo, incluyendo las competidoras de PDVSA. INTESA terminó controlando desde sus servidores todos los datos financieros, presupuestarios, de instalaciones físicas operativas y de negocios de PDVSA. De esa manera, información que se califica como confidencial, y que es de importancia fundamental para la seguridad y defensa de nuestra soberanía, volvió a quedar en manos de una empresa transnacional. Es importante señalar que diversos miembros de PDVSA, así como parlamentarios del Congreso Nacional, se opusieron sin éxito a que INTESA manejara de esa manera toda la información y operaciones de la empresa petrolera venezolana. Finalmente, en junio de 2002, debido a un informe de la Contraloría General de la República que objetó el contrato de servicios entre PDVSA e INTESA, se decidió rescindir este contrato y reestructurar el manejo informático automatizado de la empresa petrolera. Convenios operativos Con una duración de 20 años por cada convenio, inversionistas y operadores privados asumieron la producción de crudo de algunos campos supuestamente inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción. Fueron firmados 33 convenios operativos en 1992, 1993 y 1997. En los contratos de la segunda y tercera ronda, específicamente, se cede la soberanía jurídica del país, al establecer que cualquier diferencia será resuelta en tribunales internacionales y no se ponen límites a la profundidad permitida en las perforaciones. El no establecer un límite a la profundidad, ha permitido que en más de uno de los campos objeto de estos convenios se hayan encontrado y están en producción nuevos yacimientos. Se han topado con esta suerte, por ejemplo, las contratistas de los campos de Quiriquire y Jusepín (Estado Monagas) y Pedernales (Estado Delta Amacuro). Los convenios operativos no son en realidad simples contratos de servicios sino verdaderas concesiones petroleras. El fin último de estas iniciativas era la re-privatización de la industria petrolera. Dada la forma en la que se ejecutaron estos esquemas de negocios, se terminó violando ciertas potestades del Estado venezolano pues se cedieron a terceros actividades claramente reservadas a éste como las de exploración, perforación y producción. A esto se suma que los contratos de las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, autorizados por el extinto Congreso de la República durante la segunda gestión del expresidente Rafael Caldera, fueron violados reiteradamente por las anteriores juntas directivas de PDVSA y las empresas privadas participantes, a espaldas de lo autorizado inicialmente por los legisladores. Las empresas petroleras internacionales participantes adeudan desde el año 2000 hasta junio de 2005 más de 4 millardos de dólares en impuestos y regalías. Asociaciones “estratégicas” Habiendo creado la falsa matriz de opinión acerca de la disminución de las reservas del crudo venezolano y la supuesta falta de interés traducida en la escasa inversión por parte de las empresas transnacionales, en 1994, el Directorio de PDVSA aprobó diez áreas para desarrollar bajo la figura de Asociaciones para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y la Producción de Hidrocarburos Bajo el Esquema de Ganancias Compartidas. Es así como el capital privado internacional siguió controlando la exploración y explotación de crudos convencionales, ligeros y medianos, que son el centro del negocio petrolero en Venezuela. El instrumento de esta operación fue denominado Participación del Estado en la Ganancia (PEG). Fue denunciado en su oportunidad como una medida que mantenía la figura de las antiguas concesiones. En el caso de estas asociaciones se ha encontrado, por ejemplo, que aunque los contratos estipulaban una producción de hasta 100 mil barriles, por los que se pagaría una regalía de 1%, las empresas extraían hasta el doble aplicando al conjunto la misma ganancia, cuando debían pagar por los 120 mil restantes 30% más. Han existido casos además, en que las empresas han ocupado hasta el doble de los terrenos de explotación, sin estar autorizados para ello. La Orimulsión La tendencia privatizadora que caracterizó a la Apertura petrolera, tuvo en la Orimulsión su ejemplo más significativo. Los crudos pesados y extrapesados que se localizan en la Faja del Orinoco (el mayor reservorio de hidrocarburos del mundo) no presentaban, antes de la nacionalización, interés comercial para su explotación como hidrocarburo. Para desarrollar comercialmente ese patrimonio de la nación, PDVSA crea un producto más barato, que escapa a las regulaciones internacionales sobre hidrocarburos. Nace, entonces, el “bitumen”, el cual es promocionado como combustible industrial diseñado para plantas de generación de electricidad, fábricas de cemento, plantas de fertilizantes y complejos químicos, y como sustituto del carbón y el aceite pesado o fuel oil. La filial de PDVSA Bitúmenes Orinoco, S.A. (BITOR), nace en 1988 para producir y comercializar la Marca Registrada Orimulsión. Lo que no dijo PDVSA en su momento, con respecto a la viabilidad comercial de la Orimulsión, fue que su contribución fiscal era muy inferior al resto de los hidrocarburos producidos en Venezuela. Usando como argumento el alto nivel de tecnología y las inversiones requeridas, el esquema previsto para el desarrollo de la Orimulsión era la participación del capital privado, esquema que también se aplicó en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales. En 2004, el MEM anunció que no continuaría promoviendo la comercialización de la Orimulsión por la muy baja retribución al fisco. La viabilidad comercial de ese nuevo combustible se sustentaba en regalías de 1% e impuesto sobre la renta de 34%. ¿Qué obtuvo la nación venezolana de PDVSA durante la Apertura petrolera? Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron significativamente en los últimos años. En 1981, el ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos. Períodos 1976-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1996 2000 Aportes a la Nación (A)* 120.092 271.089 563.181 7.735.982 10.000.000 Gastos de PDVSA (B)* 30.267 62.354 127.977 3.795.966 40.000.000 Relación A/B 80/20 81/19 81/19 67/33 20/80 *Millones de bolívares (PDVSA 1976 al 2002) Para el año 2000, los ingresos petroleros fueron de 50.000 millones de dólares, de los cuales el Estado venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%) y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en los denominados costos operativos PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo traspasando, desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se inició la internacionalización hasta 2000, las filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno nacional del presidente Hugo Chávez. Marco Legal Venezuela cuenta con un sólido y transparente marco legal en materia de hidrocarburos (gaseosos y no gaseosos), mediante el cual se promueve la participación de capitales estatales y privados, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de garantizar el suministro de energía desde nuestro país hacia los mercados mundiales. En esos instrumentos legales se basa la actividad de la industria petrolera nacional, siempre enmarcados en los principios que establece la Constitución Bolivariana en cuanto al tema energético. A continuación usted encontrará los instrumentos legales por los que se rige la actividad de la industria petrolera venezolana. 1. LEYES, REGLAMENTOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS NORMAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS Y PETROQUÍMICA  Ley Orgánica que reserva al estado bienes y servicios de las actividades primarias de los hidrocarburos Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.173, de fecha 7 de mayo de 2009 Decreto Ley No. 5.200 de migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; y los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas  Hidrocarburos Líquidos   Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaceta Oficial No. 37,323 - 13 de Nov 2001 Reserva de Exportación o Importación de Productos Derivados de Hidrocarburos a Favor de las Empresas del Estado Decreto No. 1,648 - G.O. - 24 de Abril de 2002 Resolución No. 335 Comercio Fronterizo de Hidrocarburos No. 37,853 - 08 DE Enero de 2004 Resolución No. 236 Exportación de Combustibles No. 35,816 - 31 DE Octubre de 1995 Creación de la Comisión Interministerial para la Fijación de las Regalías Decreto No. 2,335 - No. 37,734 - 17 DE Julio de 2003 Resolución No. 197 que Establece la Rebaja de Impuesto al Consumo General Contribuyentes Dedicados a Refinación o Manufactura de Hidrocarburos No. 37,753 - 14 de Agosto de 2003 Resolución No. 336 Expendio de Combustible en Estabilidad de Expendio SAFEC No. 37,853 - 09 De Diciembre de 2004 Resolución 36690 para la Fijación deFletes de Transporte No. 38.091 - 21 Diciembre de 2004 Resolución 168 y 212 para la Determinación de Nuevas Áreas Geográficas de PDVSA Petróleo, S.A. No. 37,952 - 03 de Junio de 2004 / No. 37,996 - 06 de Agosto de 2004        Hidrocarburos Gaseosos    Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos No. 36,793 - 23 de Septiembre de 1999 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos G.O. Extraordinaria No. 5,471 - 5 de Junio de 2000 Resolución Mediante la cual se delega en el ENAGAS la Instrucción de Expendientes Administrativos por casos de Infracción de la LOHG No. 37,505 - 14 de Agosto de 2002 Resolución No. 216 Fijación del Valor Fiscal del Gas Natural Asociado No. 37,645 - 07 DE Marzo de 2003 Resolución No. para la Fijación de los Precios del Gas Metano en los Centros de Despacho Resolución No. para la Fijación de las Tarifas de Transporte y Distribución del Gas Metano Resolución No. 165 para la Fijación de los Precios del GLP No. 36,227 - 13 de Junio de 1997 Resolución No. 197 Gas Natural para Vehículos No. 37,982 - 19 de Julio de 2004      Petroquímica  Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, Carboquímica y SimilaresIMILARES No. 36,537 - 11 de Noviembre de 1998 Transporte terrestre  Norma para el Transporte Terrestre de Hidrocarburos Inflamables y Combustibles Resolución 141 - G.O. No. 36,450 - 11 DE Mayo de 1998/ Resolución 357 y 359 - G.O. 38,083 - 09 DE Diciembre de 2004/ Resolución 36690 - G.O. No. 38,091 - 21 de Diciembre de 2004 PDVSA   Designación del Presidente actual de PDVSA Decreto No. 3,264 - G.O. No. 38,082 - 08 de Diciembre de 2004 Estatutos de Petróleos de Venezuela, S.A. Decreto No. 3,299 - G.O. No. 38,081 - 07 de Diciembre de 2004 2. LEYES, REGLAMENTOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL                 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Código Civil de Venezuela Código de Comercio Ley del Banco Central de Venezuela No. 37,296 - 3 Octubre de 2001 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras No. Extraordinaria 5,555 - 13 de Noviembre de 2001 Ley para la Protección y Promoción de las Inversiones No. 37,489 - 22 de Julio de 2002 Ley para la Promoción de la Inversión Privada en Concesiones No. Extraordinaria 5,555 - 13 de Noviembre de 2001 Ley de Arbitraje Comercial No. 36,430 - 7 de Abril de 1998 Ley de Comercio Marítimo No. 5,551 - 9 Noviembre de 2001 Ley de Reactivación del Comercio Marítimo No. 37,323 - 13 de Noviembre de 2001 Ley de Derecho Marítimo y Actividades Relacionadas No. 37,321 - 9 de Noviembre de 2001 Ley General de Puertos No. 37,331 - 23 de Noviembre de 2001 Ley de Áreas Costeras No. 37,319 - 7 de Noviembre de 2001 Ley del Servicio Eléctrico No. Extraordinaria 5,568 - 31 de Diciembre de 2001 Reglamento General de la Ley del Servicio Eléctrico No. Extraordinaria 5,510 - 14 de Diciembre de 2001 Ley Orgánica de Telecomunicaciones No. 36,970 - 12 de Junio de 2000 2.1 Empresas del Estado      Ley de Licitaciones No. Extraordinaria 5,556 - 13 de Noviembre de 2001 Reglas para las Aplicación de las Licitaciones Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Ley de Financiamento Público Ley Orgánica de la Administración Pública No. 37,305 - 17 de Octubre de 2001    Ley Anticorrupción No. Extraordinaria 5,637 - 7 de Abril de 2003 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación No. 37,291 - 26 de Septiembre de 2001 Ley Orgánica de la Procuraduría No. Extraordinaria No. 5,554 - 13 de Noviembre de 2001 2.2 Impuestos         Código Orgánico Tributario No. 37,305 - 17 de Octubre de 2001 Ley de Impuesto Sobre la Renta No. Extraordinaria 5,566 - 28 de Diciembre de 2001 Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta Ley de Impuesto al Valor Agregado No. 37,480 - 9 de Julio de 2002 Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado No. Extraordinaria 5,363 - 12 de Julio de 1999 Ley Orgánico de Aduanas No. Extraordinaria 5,353 - 17 de Junio de 1999 Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas No. Extraordinaria 5,129 - 30 de Diciembre de 1996 Ley de Impuesto al Débito Bancario No. Extraordinaria 37,648 - 14 de Marzo de 2003 2.3 Ambiente     Ley Orgánica del Ambiente No. 32,004 - 16 de Junio de 1976 Ley Penal del Ambiente No. Extraordinaria 4,358 - 3 de Enero de 1992 Ley de Bosques y Aagua No. Extraordinaria 1,004 - 26 de Enero de 1996 Ley de Áreas Costeras No. 37,319 - 7 de Noviembre de 2001 3. Tratados Internacionales  Reglamentos del Pacto Ándino Respecto al Tratamiento Común de Capital Foráneo, Marcas, Patentes, Licencias y Regalías No. 34,930 -13 Febrero de 1992 Tratado de Limitación de Áreas Marinas y Submarinas Entre Trinidad & Tobago y Venezuela No. 34,752 - 10 de Julio de 1991 Tratado con el Gobierno de los Estados Unidos de América Sobre Doble Tributación e Intercambio de Información No. Extraordfinaria 5,427 - 5 de Enero de 2000   Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Ley Orgánica de Hidrocarburos Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos Estatutos de PDVSA
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