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LOS CONSEJOS AUDIOVISUALES AUTONÓMICOS: REFLEXIONES EN TORNO A ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS CONFLICTIVOS - PDF
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Rubén Villanueva Olivares
1 LOS CONSEJOS AUDIOVISUALES AUTONÓMICOS: REFLEXIONES EN TORNO A ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS CONFLICTIVOS Vicente J. Navarro Marchante. Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias de la Información). ÍNDICE: I. INTRODUCCIÓN. II. BREVE APROXIMACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS INFORMATIVOS. III. LOS CONSEJOS AUDIOVISUALES: UN CASO CONFLICTIVO DE REGULACIÓN. 1. Aspectos básicos de la normativa de los Consejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas. 2. Algunos de los principales problemas que plantean los Consejos Audiovisuales: especial referencia a los Consejos Audiovisuales autonómicos La supervisión de contenidos del sector audiovisual El control de los medios de comunicación audiovisuales privados La capacidad sancionadora. I. INTRODUCCIÓN. La Recomendación de 20 de diciembre de 2000 del Comité de Ministros de los estados miembros del Consejo de Europa, relativa a la independencia y funciones de las autoridades reguladoras del sector de la radiodifusión, pretendiendo profundizar en la libertad de expresión reconocida en el art.10 del CEDH, instaba a los países europeos que aún lo hubieran hecho, a establecer autoridades independientes (tanto del poder público como de las empresas privadas) formadas por expertos elegidos de forma democrática y transparente, a las que se atribuyese un conjunto de potestades sobre el sector como el establecimiento de orientaciones y directrices, la concesión de licencias de radiodifusión y diversas competencias de control (inspección y sanciones). Con ello se pretendía: a) Velar por la adecuación de los contenidos de las emisiones a la 12 normativa y al pliego de condiciones de la autorización administrativa; y b) Garantizar el pluralismo de los medios, la objetividad y transparencia de la información y el cumplimiento de la misión de servicio público de los distintos medios audiovisuales. La normativa desarrollada por los diferentes Estados europeos contiene numerosas diferencias en diversos aspectos 1 : ámbitos territoriales de actuación, naturaleza pública-privada de los medios supervisados, composición y elección del órgano, competencias, etc. Sin embargo, resulta llamativo que España sea el único país europeo (a excepción de algún micro-estado) que aún no dispone de una autoridad estatal de regulación del sector audiovisual 2. Sí existen en nuestro país, como se verá en las páginas siguientes, Consejos Audiovisuales en diversas Comunidades Autónomas 3. Por las limitadas dimensiones de este trabajo resulta imposible un análisis exhaustivo de todas las cuestiones que se pueden suscitar en torno al estudio de los Consejos Audiovisuales, es por ello que centraremos nuestra atención en sólo algunos de los aspectos especialmente conflictivos. II. BREVE APROXIMACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS INFORMATIVOS. La libertad de imprenta fue una de las principales conquistas de las revoluciones liberales burguesas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) recogía en su art. 11: La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano podrá hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Con el reconocimiento de la libertad de imprenta se pretendía proteger la libertad de expresión como derecho personal, 1 Para una relación de los trabajos doctrinales sobre el estudio de los Consejos Audiovisuales, en derecho comparado y otras materias, véase el práctico estudio de Joan Barata i Mir (2007) y también, en el mismo número monográfico de la Revista Catalana de Derecho Público nº 34 sobre Consejos Audiovisuales, para el estudio del Consejo Superior del audiovisual de la comunidad francesa de Bélgica, véase Lentzen; para el caso de Italia, véase Caretti; para el caso de Francia, véase Autin; y para el caso de EE.UU. Betancor Rodríguez. 2 Las posibles razones de esta anomia las podríamos encontrar, posiblemente, entre las siguientes: a) reticencias de los responsables políticos a ceder parte de sus competencias sobre una cuestión tan sensible a un órgano independiente; b) falta de consenso entre las principales fuerzas políticas; c) cierto complejo de posibles censores heredado de la etapa franquista; d) presiones de los sectores empresariales que, desde posiciones liberales, combaten cualquier forma de intervención pública. Para un análisis de las múltiples iniciativas en torno a la creación de un Consejo Estatal Audiovisual véase Orriols i Sallés y Pons Cánovas (2007, 9 y ss.). 3 Véase también, de forma complementaria, nuestro trabajo en torno a la (auto)regulación de la práctica informativa en España (2008). 23 subjetivo, del individuo ante al poder y que trataba de garantizar parcelas de libertad frente al Estado Absolutista. En nuestros días sigue siendo algo básico el garantizar las libertades informativas de los ciudadanos: como derecho fundamental subjetivo a expresarse y transmitir información, pero también como derecho objetivo del conjunto de la sociedad a estar informada, a conocer lo que los demás opinan. Nuestro Tribunal Constitucional, desde las primeras ocasiones (STC 6/1981) y en línea con la jurisprudencia del TEDH, ha repetido hasta la saciedad que las libertades informativas constituyen un pilar básico para la existencia de una opinión pública libre como sustento del sistema democrático. En igual sentido se puede citar a Sartori (1987, ) que señala que El poder electoral constituye per se una garantía mecánica de la democracia; pero la garantía sustantiva viene dada por las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la información y está expuesto a la presión de los fabricantes de opinión. En última instancia «la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno». La propia efectividad del Estado democrático (art.1.1 CE) resultaría puesta en cuestión, e incluso falseada, si quienes han de participar en los asuntos públicos carecieran de la información necesaria para hacerlo de forma plena y auténticamente libre (Escobar Roca, 2002, 49). Para Fiss (1997, 171): Nuestro respeto por la elección de una mayoría disminuye considerablemente cuando sabemos que la elección fue hecha apresuradamente, bajo fuerte presión, sobre la base de una información defectuosa o sin una adecuada consideración de las alternativas. Una verdadera democracia supone una cierta dosis de ilustración ciudadana. A la vista de lo anterior, resulta trascendental para el sistema democrático atender a los mecanismos preferentes que tienen los ciudadanos para obtener información y conocer las opiniones de los demás. Parece evidente que, en nuestras sociedades, el principal instrumento para influir en la opinión pública son los medios de comunicación de masas y, entre ellos, hay que destacar a los medios de comunicación audiovisuales, con especial atención a la televisión. Esta función tan relevante de los medios de comunicación en los sistemas democráticos ha llevado a calificar a éstos, en expresiones ya clásicas, como el perro guardián de la democracia 4 o como el cuarto poder 5. Evidentemente, como aclara 4 Expresión recogida, entre otros, por el TEDH, véase, por ejemplo, la sentencia de 23 de septiembre de 1994, caso Jersild vs. Dinamarca: la liberté d expression constitue l un des fondements essentiels d une société démocratique et les garanties á accorder à la presse revêtent done une imprtance particulière 34 García Roca (2001, 30), nos estamos refiriendo a otro tipo de poder más moderno, que no desempeña funciones públicas, se ejerce de manera más sutil, no mediante el Derecho o la coacción, y que se proyecta pero también se ejerce desde el terreno de la sociedad civil: «los poderes privados». En consecuencia, las libertades informativas y el pluralismo son varas de medir tan imprescindibles como sensibles a la hora de calificar el grado de autoritarismo o de democracia de una sociedad política (Bastida Freijedo, 2004, 161). Como decía Kelsen (1934, 120), la publicidad de los actos de gobierno es una característica de la democracia, mientras que la autocracia mantiene el principio del secreto de gobierno. En efecto, existe una estrecha relación entre la forma de gobierno y el sistema de comunicación social, así la libertad de expresión es la piedra de toque de todo régimen político. Su existencia o su ausencia, su uso ( ), su abuso, su entendimiento, su regulación, su alcance, su interpretación ( ), revelan ( ) la naturaleza más o menos liberal o más o menos democrática de la estructura de poder vigente en una sociedad en un momento determinado (Sánchez González, 1992, 14). Así, por ejemplo, no es concebible la compatibilidad de un régimen totalitario ni autoritario con una información plural, en este último el gobierno suele ejercer el control sobre los medios informativos mediante la censura previa, el incentivo de los que aun siendo distintos son progubernamentales y la tipificación como delitos de conductas que bajo un sistema democrático-constitucional son puro ejercicio de la libertad de expresión (Sánchez González, 1997,152). Las libertades informativas, desde el punto de vista de la doctrina liberal clásica, ponen el énfasis en la protección del sujeto activo que quiere participar en el debate público y al que hay que proteger de las injerencias del Estado y de toda forma de censura previa 6. Para éstos, el legislador debe limitarse a establecer una mínima normativa que protega los derechos de los ciudadanos por los excesos de la prensa, pero debe permitir el self-righting process en el seno del mercado libre de las ideas 7. La (...). A sa fonction qui consiste à en difusser, s ajoute le droit, pour le public, d en recevoir. S il en était autrement, la presse ne paurrait jouer rôle indispensable de «chien de garde» public. 5 Sánchez González (1996, 97) atribuye la expresión Cuarto Estado a BURKE quien parece ser afirmó que «había tres Estados en el Parlamento, pero que, más allá, en la tribuna de los periodistas, tomaba asiento el Cuarto Estado, el más importante, con mucho, de todos ellos». 6 Véase el análisis de Böckenförde (1993, 44 y ss.) con una sistematización de las teorías de interpretación de los derechos fundamentales: Teoría Liberal, Teoría Institucional, Teoría Axiológica, Teoría Democrático-funcional y Teoría del Estado Social en las que, en nuestro interés, utiliza como ejemplo la libertad de expresión. 7 Véase Salvador Coderch (1990) y la crítica a esta tesis en Solozábal Echavarría (1990, 49) que señala En la doctrina constitucional, algunos trabajos sobre la dimensión institucional de los derechos 45 propia sociedad, la opinión pública, debe ser la que seleccione las informaciones y los medios que le interesan dentro de un ámbito con poca regulación donde funcione la oferta y la demanda. No obstante, las deficiencias del mercado de las ideas 8 motivan la creación de mecanismos de corrección, bien por el propio mercado a través de sus sujetos (autorregulación), o bien con intervención más intensa del propio Estado en aras del interés colectivo en la misma (Villaverde Menéndez, 1994, 145). Partiendo del derecho del público a la información, se pretende contar con el apoyo de los poderes públicos para que las funciones esenciales de los medios de comunicación se cumplan apropiadamente. Este planteamiento defiende la necesaria beligerancia del Estado en el establecimiento de condiciones normativas que aseguren no sólo las condiciones a las que se ha de adecuar el emisor de la información, sino también aquellas que preservan al destinatario de la misma (Carrillo, 1998, 122). Y ello, porque la ironía de la libertad de expresión, como recordara Owen Fiss (1999), consiste en que el Estado puede ser su mayor enemigo, pero también su imprescindible aliado, por cuanto ahora quien puede silenciar la voz de las minorías ya no es el Estado, sino los grandes complejos mediáticos que trazan las grandes líneas informativas y fijan la agenda de temas sobre los que se debate. Así, la libertad de expresión en el Estado social y democrático no sólo debe proteger la posición de quien participa activamente en el proceso de comunicación pública para expresarse, también debe extender su protección a quien participa pasivamente, escuchando lo que los demás tienen que decir. Recuerda Bastida Freijedo (2004, 163) que: Se protege el mensaje emitido en cuanto manifestación individual de una voluntad de expresar ideas o difundir informaciones, pero también en cuanto proceso de formación de una comunicación pública libre «sin la cual serían formas hueras las instituciones representativas, se falsearía el principio de legitimidad democrática y no habría sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular» (STC 6/1981). fundamentales han hecho ver lo impropio de la teoría clásica liberal, que apreciaba en la intervención normativa del legislador sólo un potencial enemigo de las libertades y que, por eso, la limitaba al máximo y la subordinaba a la previsión explícita constitucional contenida en la reserva de ley. 8 Villaverde Menéndez (2003, 132) señala que es necesario abandonar cualquier modelo economicista del proceso de comunicación pública ya que en modo alguno puede concebirse como «mercado» de las ideas, por mucho que en el operen «empresas». Ni la información es una «propiedad», ni los receptores meros «consumidores» del producto que les ofrecen esas empresas. 56 Esta garantía del derecho del público a recibir información 9 es la que justifica la intervención del Estado en el proceso de comunicación y la imposición de ciertas restricciones al sujeto activo. Como ejemplos de intervenciones podemos citar: - La legislación que obliga al medio de comunicación a rectificar sus informaciones La que protege al profesional de la información frente a su propia empresa en casos de cambio de línea editorial La que limita la concentración de empresas buscando mayor pluralismo o la que impone a las cadenas privadas de televisión la obligación de emitir espacios informativos El derecho de acceso a los medios (art.20.3 CE) La creación o sostenimiento de medios de comunicación social propios, bien directamente (medios de comunicación pertenecientes al Estado), bien indirectamente (subvenciones, reducción de los impuestos indirectos sobre el papel que utiliza la prensa escrita con la finalidad de que sea más barato publicar diarios, aunque sean de escasa tirada-, sistemas de autorización y gestión privada de servicios públicos). - Promoviendo instituciones u organismos públicos destinados a controlar el adecuado cumplimiento de su función social por los medios de comunicación como los Consejos Audiovisuales. III. LOS CONSEJOS AUDIOVISUALES: UN CASO CONFLICTIVO DE REGULACIÓN. 1. Aspectos básicos de la normativa de los Consejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas, como forma de participar en la regulación y control del mercado de los medios de comunicación audiovisuales (art ª Constitución 9 También ese mismo derecho a recibir información es el que justifica que la Comisión y el TEDH se hayan hecho eco de la relevancia que este derecho ha ido adquiriendo progresivamente y de su mayor reivindicación por el público, véase Sánchez Ferriz (2004, 43). 10 Véase la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del derecho de rectificación. 11 Véase Ley Orgánica 2/1997, sobre la cláusula de conciencia de los periodistas. 12 Véase, en ambos casos, la Ley Orgánica 10/1988, de televisión privada, arts.14 y 19 respectivamente. 13 Véase Estatuto de RTVE. 67 Española) 14, han ido aprobando diferentes leyes para el sector audiovisual dentro de sus respectivos territorios y, en algunos casos, también han creado órganos específicos, los Consejos Audiovisuales, encargados de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa 15, es el caso de Cataluña, Navarra y Andalucía 16 : - Cataluña 17 : Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo Audiovisual de Cataluña 18. Parcialmente modificada y complementada por la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual de Cataluña 19. Con posterioridad a esta legislación ha sido aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña que incorpora al CA de Cataluña como órgano de la Comunidad (art.82) Navarra 21 : Ley 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. 14 La Constitución Española distingue entre las competencias sobre telecomunicaciones y sobre medios de comunicación social. La Constitución Española de 1978 reserva al Estado (art ª), en exclusiva, la regulación del sector de las telecomunicaciones, que comprende la explotación de las redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, en línea con los compromisos internacionales asumidos por los Estados respecto a la gestión del limitado espacio radioeléctrico. Esta competencia está regulada, básicamente, por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Dicho de otra manera, es la norma que regula el soporte técnico que permite la existencia de comunicaciones a distancia. En cambio, los medios de comunicación social constituyen un ámbito de competencia compartida, el Estado tiene atribuida la competencia sobre regulación de los aspectos básicos de la materia, además de la responsabilidad sobre los medios de comunicación de los cuales es titular, y de los que tienen el conjunto del país como ámbito de cobertura, mientras que, por su parte, las Comunidades Autónomas tienen competencia legislativa de desarrollo y competencia exclusiva en relación con la cultura en su ámbito territorial, referencia que incluye toda forma de radiodifusión, como recuerda Botella Corral (2007, 3). 15 El Estado no ha aprobado la creación de un Consejo Audiovisual Nacional hasta la fecha. A finales de la pasada legislatura, el Gobierno socialista dejó pendiente una serie de leyes de reforma del sector audiovisual que incluía una Ley General Audiovisual que preveía la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales de España. Por el momento, no se ha vuelto a impulsar esta norma. 16 También hay organismos parecidos, pero sin la independencia suficiente de la Administración de la que dependen y con funciones meramente consultivas, en Galicia y Madrid (este último suprimido por la Ley 2/2006, de 21 de junio). El País Vasco elaboró un borrador de Ley en 2004 que no llegó a aprobarse y que regulaba de forma general el régimen de prestación de servicios audiovisuales, de derechos de los usuarios, de normalización lingüística y de regulación de contenidos; en lo que respecta al Consejo seguía la línea del de Cataluña y Navarra (Zallo, 2006, 11). 17 Véase 18 El origen de este organismo está en la Ley catalana 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la programación audiovisual distribuida por cable, que creaba el Consejo Audiovisual de Cataluña (posteriormente complementado por los reglamentos de funcionamiento y organización aprobados por los Decretos 3/1997 y 4/1997). 19 Esta Ley también plantea una serie de dudas sobre la posible vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de regulación del espacio radioeléctrico (art ª) por cuanto el Título II de la Ley autonómica admite que la Generalidad pueda ejercer potestades con relación al uso de este espacio. 20 El art.82 señala: El Consejo Audiovisual de Cataluña es la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada. 21 Véase 78 - Andalucía 22 : Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. También el art.131 del nuevo Estatuto de Autonomía de Los nuevos Estatutos de Autonomía de Valencia (art ) y Baleares (art.76) también prevén Consejos Audiovisuales que aún no han sido regulados por ley. Sin embargo, los nuevos Estatutos de Castilla-León y Aragón no lo prevén 25. Vemos, por tanto, que las Comunidades Autónomas que han reformado sus Estatutos y que ya disponían de Consejos Audiovisuales (Cataluña y Andalucía) han incorporado éstos a su norma básica como un nuevo órgano de autogobierno, ahora con garantía estatutaria. En el caso de Andalucía, el Capítulo VI regula Otras instituciones de autogobierno y dedica el art. 128 al Defensor del Pueblo Andaluz, el 129 al Consejo Consultivo, el 130 a la Cámara de Cuentas, el 131 al Consejo Audiovisual y el 132 al Consejo Económico y Social, lo que implica una decidida apuesta política a favor de dotar a la Comunidad Autónoma de una Institución, al máximo nivel, para incidir en los aspectos más importantes y, en ocasiones, controvertidos del sistema audiovisual (Pérez Pérez y Ruiz Seisdedos, 2007, 379). Este reconocimiento estatutario es similar al que previamente había sido aprobado para Cataluña, pero diferente al caso valenciano que relaciona las instituciones de autogobierno de la Comunidad en el art.20, sin mencionar al Consejo Audiovisual, y sólo habla de la creación de éste al abordar las competencias de la CA de Valencia en el 22 Véase 23 El art.129 del texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía señala que el Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados en Andalucía. 24 El art.56.3 establece: Por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de tres quintas partes, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audio-visuales en la Comunitat Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y estatuto de sus miembros, igualmente habrá de ajustarse a lo que disponga la Ley. Antes de la aprobación del nuevo Estatuto, la Ley valenciana 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual, ya señalaba en su art.5 que por una ley específica se crearía el Consejo Audiovisual y que establecería su cometido, naturaleza, régimen jurídico, etc. 25 El art.74.1 del EA de Aragón establece, al señalar las competencias de la Comunidad Autónoma, que Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual ); no obstante, esto no supone ningún impedimento para que la Comunidad aragonesa pueda desarrollar una ley, dentro de sus competencias en la materia, que establezca un Consejo para la Comunidad, de hecho, el Consejero de la Presidencia, Velasco Rodríguez, a preguntas de la Chunta Aragonesista, anunció que el Gobierno remitiría a la Cámara un proyecto de ley sobre Consejo Audiovisual para Aragón a lo largo de 2008 y anunciaba que tendría una importante capacidad de acción, incluso en torno a los contenidos, para garantizar la veracidad, oportunidad y protección de los menores (véase intervención en el pleno de 19/10/2007), sin embargo, hasta la fecha, no se ha aprobado el mencionado proyecto de ley. 89 Título IV, entre las que el art.56 señala la referida a medios de comunicación. Además, en Valencia hay una remisión a una ley posterior que requiere una mayoría cualificada de 3/5 lo que, de facto, implica que su puesta en marcha obliga a un posterior acuerdo entre los dos grandes partidos en la Comunidad (PP y PSOE). A nuestro juicio, se trata de una mayoría cualificada poco razonable para regular el régimen jurídico de este organismo que no tiene precedentes en derecho comparado autonómico ni en ésta ni en otras materias análogas (la mayoría necesaria es superior a la que se necesita para aprobar y modificar el propio Estatuto). Sólo podemos entender este precepto a la vista de las serias discrepancias del Partido Popular respecto a la propia existencia y competencias de los Consejos Audiovisuales 26. Veremos las características y competencias básicas comunes de éstos 27 : a) Naturaleza jurídica: son organismos independientes, con personalidad jurídica propia. b) Ámbito: su competencia se extiende a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva cuyos ámbitos de cobertura no sobrepasen los límites territoriales de la Comunidad Autónoma, sea cual sea la forma de emisión y la tecnología empleada. Por tanto, en ningún caso se hace distinción entre medios públicos o privados. c) Composición: El de Cataluña está formado por diez miembros, nueve de ellos elegidos por el Parlamento autonómico y el décimo es propuesto y nombrado por el Gobierno previo informe de los nueve restantes. El de Navarra está integrado por siete miembros, de los cuales cinco son nombrados por el Parlamento de Navarra y dos por el Gobierno. El de Andalucía está compuesto por once miembros elegidos por el Parlamento. En todos los casos deben ser elegidos entre personas que destacan por sus méritos profesionales en el sector audiovisual, cultural, universitario y asociativo. 26 Hay que recordar que resulta paradójico que el precepto sobre el Consejo Audiovisual del Estatuto catalán, junto a buena parte del resto del articulado, haya sido recurrido por el Grupo Popular ante el Tribunal Constitucional y, sin embargo, no lo haya sido también el andaluz. Igualmente resulta algo contradictorio la aceptación de la creación del Consejo Audiovisual de Navarra, Comunidad gobernada por la (hasta hace poco) marca navarra del PP (Unión del Pueblo Navarro), con competencias similares a Cataluña y Andalucía y, sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Madrid se haya suprimido el que había, que era un órgano sustancialmente más débil (se puede comprobar esas profundas discrepancias con los Consejos Audiovisuales observando el preámbulo de la Ley madrileña 2/2006: Con el fin de remover cualquier obstáculo a la libertad de expresión y de impedir la existencia de barreras a su ejercicio, la presente Ley tiene por objeto la supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Técnica Audiovisual ( ) la Comunidad de Madrid quiere situarse a la vanguardia de las libertades públicas, como una Comunidad abierta y tolerante, que sitúa los derechos y libertades de los ciudadanos por encima de otro interés ). 27 En relación con las referencias bibliográficas sobre los Consejos Audiovisuales autonómicos véase Guichot Reina y Carrillo Donaire (2007, ). Para un análisis comparativo entre los actuales Consejos Audiovisuales autonómicos véase Milian i Massana y Pons Cánovas (2006). 910 d) Competencias: en general, asumen las funciones de la respectiva Comunidad Autónoma respecto a las competencias audiovisuales que éstas tienen y, junto a un deber genérico de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, destacan, en particular, las siguientes: 1. La de velar por los contenidos del sector audiovisual. 2. Garantizar el pluralismo de los medios, la objetividad y transparencia de la información y el cumplimiento de la misión de servicio público de los distintos medios audiovisuales 28. e) Capacidad sancionadora: los Consejos catalán, navarro y andaluz la tienen, ya que asumen las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia. f) Intervención en la concesión de licencias de radio y televisión, normalmente emitiendo informe. No obstante, la Ley catalana 22/ ha supuesto un importante cambio en las funciones del Consejo catalán al atribuirle expresamente no sólo la capacidad de informar a la Administración Pública correspondiente en los procesos de adjudicación de licencias administrativas a las emisoras, sino que ahora será el Consejo el encargado de concederlas 30. Así, el pasado 21 de junio de 2006 y por primera vez en nuestro país, un organismo de estas características adjudicó, con un informe preceptivo y vinculante, 59 canales de televisión digital local Algunos de los principales problemas que plantean los Consejos Audiovisuales: especial referencia a los Consejos Audiovisuales autonómicos. Como ya se mencionaba anteriormente, las limitaciones de este trabajo impiden un análisis exhaustivo de la normativa en torno a los Consejos Audiovisuales. En consecuencia, sólo se hará una aproximación a algunos de los, a nuestro juicio, principales problemas que plantean. 28 Frente a esta declaración de principios tan general y carente de mecanismos, resortes e instrumentos concretos, existen otros países, como es el caso de Francia, que pone especial énfasis en pretender garantizar realmente un pluralismo, tanto externo como interno, véase Rallo Lombarte (2000, 122). 29 Esta Ley también plantea una serie de dudas sobre la posible vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de regulación del espacio radioeléctrico (art ª) por cuanto el Título II de la Ley autonómica admite que la Generalidad pueda ejercer potestades con relación al uso de este espacio. 30 Se trata de una competencia que también se incluye entre las competencias de otros Consejos de los Audiovisual europeos, es el caso de Francia, donde su Consejo Superior de lo Audiovisual otorga las autorizaciones de emisión de radios FM y televisiones privadas nacionales, regionales y locales (inclusive las difundidas por satélite o por cable). 31 El hecho de que ahora haya sido este organismo independiente y no la propia administración, como venía ocurriendo hasta la fecha, el que haya adjudicado las licencias no ha implicado un menor número de denuncias o críticas de los medios de comunicación, especialmente entre los pertenecientes a grupos mediáticos que no han resultado favorecidos; a título de ejemplo véase la editorial del diario El País de 20 de noviembre de 2008 titulado: El fiasco del CAC. El secretismo y los vínculos con beneficiarios deslegitiman el reparto de radios en Cataluña. 1011 2.1. La supervisión de contenidos del sector audiovisual. Se trata de una de las cuestiones más polémica en nuestro país. El paradigma tradicional admitía que existía un control de contenidos audiovisuales por parte de los poderes públicos, pero nacía de una doble limitación (tanto en vía civil como penal). La primera radicaba en el hecho de que la autoridad actuante era normalmente la judicial y la segunda que ese enjuiciamiento procedía ordinariamente a instancia de parte (Amenós Álamo y García Quintana, 2007, 2) 32. Sin embargo, los Consejos Audiovisuales no son órganos judiciales 33 y pueden actuar de oficio; por ello, desde ciertos sectores empresariales y profesionales se entiende que es una injerencia del poder político contra los medios de comunicación, especialmente contra los incómodos. En apoyo de sus reticencias señalan que los miembros de los Consejos son elegidos por el poder legislativo y/o ejecutivo, ambos controlados por las mayorías políticas, por los partidos políticos 34. Las funciones de control de tipo formal u objetivo, como por ejemplo la vigilancia del tiempo máximo dedicado a publicidad, número máximo de cortes de una película, la contraprogramación, la alteración de los horarios o programación anunciada 35, etc. no plantea excesivos recelos. Sin embargo, lo relacionado con 32 Estos autores también recuerdan que las autoridades administrativas disponían de cierto control de contenidos, -aunque de forma muy genérica y abstracta, añadimos nosotros-, al incluir en los pliegos de condiciones para la obtención de las licencias ciertos requisitos de contenido: porcentaje de programación cultural, estructura de horarios, etc. Estas autoridades administrativas también podían intervenir en los contenidos de cierto tipo de publicidad (medicamentos, armas, etc.) en defensa de los consumidores y para la protección de la juventud o la infancia. 33 La doctrina administrativista incluye a los Consejos Audiovisuales dentro de las denominadas administraciones independientes, véase Amenós Álamo y García Quintana (2007, 3 a 6) y Barata i Mir (2007, 7 y 8). 34 Véase, por ejemplo, la editorial del diario El País de 22 de diciembre de 2005 en relación con el CA Cataluña: no creemos que un órgano de estas características, emanado del Parlamento, por independiente que se proclame, pueda ser el árbitro que juzgue y sancione a los medios en materia de información. Siempre hemos sostenido que los periodistas estamos sometidos a la ley, que la libertad de expresión no ampara todo, pero el control de legalidad deben hacerlo los tribunales. 35 El art.18 de la Ley 25/1994 (modificado por la Ley 22/1999) establecía que constituye un derecho de los telespectadores, en cuanto usuarios, el conocer, con antelación suficiente, la programación de televisión, incluidas las películas cinematográficas y la retransmisión de espectáculos y añade sólo serán posibles las modificaciones en la programación anunciada que sean consecuencia de sucesos ajenos a la voluntad del operador de televisión y que no hubieran podido ser razonablemente previstas, en el momento de hacerse pública su programación. En desarrollo de este precepto legal se aprobó el RD 1462/1999, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir, la legalidad de este Decreto fue expresamente admitida por la STS (Sala Contencioso-Administrativo) de 15 de octubre de 2001; con posterioridad también las SsAN de 3 y 12 de julio de Respecto a los tiempos máximos de los cortes publicitarios y el asunto de la autopromoción véase, respectivamente, las SsAN de 26 de mayo de 2005 y de 29 de diciembre de12 contenidos, donde el margen para la subjetividad es amplio, sí que es cuestionado 36. Es evidente que en estos textos normativos el control sobre los contenidos se plantea sobre la base de una alusión genérica al respeto de los valores democráticos, los derechos fundamentales o la protección de la cultura y lengua propia, sin especificar mucho más allá 37. El problema surge cuando se trata de llevar estas ideas al caso concreto, así, para la protección de los menores 38, hay que delimitar los horarios infantiles donde deben evitarse ciertos contenidos, qué programas incluyen esos contenidos perniciosos 39 ; o cuáles rebasan la dignidad de la persona, son sexistas, xenófobos o racistas, dónde está el límite por la audiencia, etc. Por supuesto, las críticas más intensas aparecen si hablamos de injerencias en contenidos próximos a la expresión política tildados de tendenciosos, poco veraces o directamente falsos. Ciertamente, el terreno del comentario político es el más resbaladizo y un elemental sentido de prudencia, acompañado de un importante cuerpo de doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, aconseja que la libertad de expresión debe tener el mayor juego posible porque, como ya establecía la jurisprudencia norteamericana, hay que tolerar algún grado de abuso por ser propio del uso del derecho fundamental. Personalmente, creo que aquí, claramente aquí sí, debe ser únicamente el código penal y normativa civil los que establezcan los límites y los órganos judiciales los que impongan las sanciones. 36 Para Guichot Reina y Carrillo Donaire (2007, 276): La creación de estas autoridades independientes de regulación está sobradamente justificada en la finalidad de hacer efectivo el control de los contenidos audiovisuales, dado que la Administración clásica, con intereses parciales que derivan de la titularidad de cadenas de radio y televisión públicas, no es el sujeto adecuado para ejercer la supervisión de los contenidos con garantías de neutralidad y objetividad. 37 Aquí nos encontramos con un nuevo problema en tanto que se establece que ciertos contenidos constituyen infracción, pero se trata de infracciones construidas sobre conceptos jurídicos indeterminados que suelen plantear problemas con el principio de tipicidad (art.24 CE). 38 Incluso en la protección de los menores, que genera un alto consenso en temas como la pornografía o la violencia, se plantean problemas ya que esos conceptos son variables en el tiempo y el espacio y dependen del contexto social y cultural (Lentzen, 2007, 9). Véase también las críticas que expone Betancor Rodríguez (2007) al analizar la experiencia norteamericana a raíz del caso de la visión durante unas décimas de segundo del pecho semidesnudo de la cantante Janet Jackson en una actuación durante el intermedio de la final del campeonato de fútbol americano en 2005 y la posterior sanción de dólares, por indecente, a la cadena de televisión por parte de la Federal Communications Commission. 39 Podemos ver un ejemplo de autorregulación en el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia suscrito por TVE, Antena 3, Telecinco y Sogecable en diciembre de 2004 que establece el compromiso de respeto de los contenidos dirigidos a público infantil, horarios de especial protección y prevé la creación de una comisión de seguimiento. Sin embargo, el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, del que forman parte diversas organizaciones sociales, denuncia el incumplimiento de este acuerdo y piden al Gobierno que tome la iniciativa para la creación de un Consejo Audiovisual Estatal con capacidad sancionadora, véase diario El Mundo de 7 de marzo de 2007, p. 60. Quizá aquí se deba tener en cuenta lo señalado por Escobar Roca (2002, 18): No estoy en contra de la autorregulación; simplemente constato que hasta la fecha la misma ha dado escasos frutos, y sólo el Estado está en condiciones de suplir la omisión. Para un análisis detallado de la autorregulación de la práctica informativa véase Aznar (2005). 1213 El caso que más discusión ha creado en nuestro país ha sido el surgido cuando el Consejo Audiovisual de Cataluña reprochó a la COPE y al locutor Federico Jiménez Losantos por equiparar a los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña con terroristas al decir que ese partido está compuesto por terroristas sin arrepentir o acusarles de pactar con ETA dónde se mata y dónde no y de ser el partido separatista aliado con la ETA y definió a la formación política como partido paranoico parecido al fascismo 40. Paralelamente, ERC interpuso una demanda de protección civil contra el honor contra el periodista y la emisora. El Juzgado nº 22 de Barcelona consideró que Jiménez Losantos profirió expresiones muy duras contra Carod Rovira y Joan Puigcercós, aunque entendió que no traspasó el límite de la libertad de expresión. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14) que, sin embargo, ha condenado al periodista y a la COPE al pago de euros de indemnización a los dirigentes de ERC por entender que sí había lesión del derecho al honor. Es de suponer que la sentencia será impugnada ante el Tribunal Supremo y, probablemente, sea un caso que acabe con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, creemos que finalmente no habrá condena porque la jurisprudencia constitucional permite un amplísimo margen de acción a la libertad de expresión cuando, con ausencia de insultos o manifestaciones objetivamente injuriosas, vejatorias o denigrantes, se presenta como crítica política (por injusta y desproporcionada que pueda parecer), realizada por un periodista, en un medio de comunicación, contra dirigentes políticos que tienen facilidad para acceder a los medios y replicar y que, por su propia función pública, están más expuestos a la crítica que cualquier otro ciudadano El control de los medios de comunicación audiovisuales privados. Otro de los puntos conflictivos sobre la actividad de los Consejos Audiovisuales es la relativa al ámbito de actuación, en concreto respecto a si deben desarrollar control o 40 Resumiendo las voces críticas provocadas por esta recriminación del CA de Cataluña a la COPE podemos ver a Betancor Rodríguez (2007, 74): La Administración pública no es la competente ni la adecuada ni estructural ni funcionalmente- para proteger los derechos fundamentales de las personas lesionadas por las emisiones de la citada radio. La Administración no puede sustituir ni a los ofendidos en la protección de sus derechos ni a los jueces en el desarrollo de su función constitucional de defensa de los derechos fundamentales. Aunque añade (2007, 75) que otra cosa bien distinta es que la Administración pudiese extraer las consecuencias oportunas respecto de la concesión de las sentencias judiciales que declarasen que tal emisora ha violentado los límites constitucionales a la libertad de expresión (art.20.4 CE). Sobre la base de esta resolución judicial, la Administración podría acordar que se ha producido una violación de las reglas que rigen la concesión, por lo que podría ser extinguida o no renovada, en los términos previstos por la ley. 1314 supervisión sólo sobre medios de titularidad pública o también sobre los privados. Los partidarios del control de todos los medios de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados, parten del conocido principio de que tanto la televisión como la radio son servicios públicos y, en consecuencia, las empresas privadas que actúan en el sector lo hacen en virtud de una concesión administrativa 41, lo que justificaría la supervisión. Ya vimos anteriormente que los tres Consejos Audiovisuales actualmente en activo en España desarrollan su actividad sobre ambos. En el caso catalán, desde la Ley 2/2000, se especifica que el Consejo ejerce sus funciones y potestades sobre la prestación pública y privada de servicios de televisión por ondas hertzianas o terrestres (con tecnología analógica o digital) de cobertura autonómica, local o de proximidad; sobre la prestación de servicios de televisión por cable de cobertura autonómica o local y sobre la prestación pública y privada de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 42. En el caso de Navarra, su Ley 18/2001 establece que la competencia del Consejo se ejerce sobre servicios de radiodifusión sonora y televisiva cuya prestación se realice directamente por la Comunidad Foral de Navarra o por operadores a los que ésta haya conferido título habilitante dentro del ámbito autonómico (arts. 2 y 22). En el caso andaluz, el art.2 de la Ley 1/2004 dispone que el Consejo ejerce sus funciones tanto sobre los medios gestionados directamente por la Administración de la Junta de Andalucía como los gestionados en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma. Tanto Cataluña como Andalucía, al modificar sus respectivos Estatutos de Autonomía e incluir a los Consejos Audiovisuales como órganos de autogobierno, han incluido expresamente en el precepto estatutario que ejercerán sus competencias sobre medios públicos y privados 43. En el caso de Valencia, como se vio anteriormente, el 41 Respecto a esta cuestión en derecho español, véase el repaso bibliográfico que realiza Barata i Mir (2007, 2 y 3). 42 Milian i Massana y Pons Cánovas (2007, 831) aclaran que el hecho de que los servicios audiovisuales también se trasmitan por Internet o por teléfono móvil no implica ninguna alteración del régimen señalado. Cuestión distinta es la de los servicios de televisión y/o de radio transmitidos únicamente a través de Internet o teléfono móvil, que quedan fuera del ámbito del CAC. 43 Pérez Pérez y Ruiz Seisdedos (2007, 380 y 381 y 389) recuerdan que la previsión del Estatuto andaluz de que el Consejo actuara también sobre medios privados fue una de las más controvertidas para los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria, como puede constatarse con una revisión de las enmiendas parlamentarias presentadas en el Congreso de los Diputados y con las intervenciones en la Comisión de los diferentes ponentes. Entre ellas, merece destacar, por fijar el fundamento de base de la defensa de la actividad del Consejo sobre los medios privados, la del diputado socialista Torres Varela En la economía, en la política, todos quieren no ser regulados, pero la lógica de la democracia es la lógica de la limitación de todo poder, de que todo poder tenga los contrapesos necesarios para que no tenga la tentación absoluta de convertirse en omnímodo ( ) y eso vale también para los medios de comunicación. 1415 art.56.3 de su nuevo Estatuto remite a una ley su régimen jurídico, que deberá especificar si actúa también sobre medios privados. El art.76 del nuevo Estatuto de las Islas Baleares sí especifica que sólo actuará sobre medios de comunicación social de titularidad pública, lo que implica una importante limitación con rigidez estatutaria. En el caso de Francia, su Consejo Audiovisual nacional también actúa sobre medios privados. De hecho, incluso en el delicado ámbito de intervención sobre contenidos de naturaleza política, el Consejo tiene cierta capacidad de acción sobre los aspectos formales, es el caso de la regla de los tres tercios sobre los tiempos de palabra de las personalidades políticas (Rallo Lombarte, 2000). Consiste en que los medios audiovisuales públicos, en relación con la información política como forma de contrarrestar el potencial favoritismo hacia el partido gobernante-, deben dedicar un máximo de un tercio al tiempo de palabra del Gobierno, otro tercio a la mayoría parlamentaria y el tercero a la oposición. Se trata de una norma de origen consuetudinario, aunque, desde 1994, entre las competencias del Consejo Audiovisual se encuentra el remitir un informe mensual a los presidentes de las Asambleas legislativas y responsables políticos con el minutado, tanto sobre medios públicos como privados, y es de esperar que la publicidad de los datos disuade frente a tentativas abusivas, sin descartar otras acciones sancionadoras por vulneración de la ley y de los pliegos de condiciones de las autorizaciones privadas. En conclusión, se trata de un instrumento que permite concretar de forma objetiva y más o menos razonable la exigencia genérica de pluralismo informativo 44. En nuestro país, entre las obligaciones de RTVE se encuentra el de informar a los grupos parlamentarios del minutado del tiempo dedicado al Gobierno y demás formaciones políticas La capacidad sancionadora. Como consecuencia de lo analizado anteriormente, la capacidad sancionadora de estos órganos resulta controvertida si se hace respecto a cuestiones de fondo, sobre el control de contenidos. En los asuntos formales, que responden a parámetros objetivos, la acción prácticamente mecánica no es discutida. Durante los primeros años de actividad de los Consejos autonómicos no se hizo uso de esta potestad frente a los medios de comunicación, quizá considerando más 44 En contra Betancor Rodríguez (2007, 34) que entiende que así se permite el control previo y de oficio del contenido, incluso, ideológico de las emisiones. A nuestro juicio no es un control previo y, además, lo que se pretende es emitir un informe con el minutado, para conocimiento público y que, en su caso, puede servir como dato objetivo que demuestre el grado de pluralismo que practica el medio. 1516 adecuado el uso de instrumentos conocidos como de soft law (recomendaciones, sugerencias, directrices, etc.). Entre ellas, quizá el caso más polémico haya sido el ya comentado Acuerdo del C.A. de Cataluña de 19 de diciembre de 2005 por el que se declaraba que la COPE y otras emisoras se habían extralimitado en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión, pero sólo como reproche público sin establecer ninguna sanción. La Asociación de la Prensa de Madrid condenó este informe y su presidente, Fernando González Urbaneja, calificó la Ley catalana de franquista por permitir que así la Administración Catalana sea juez y parte y añadía que con dinero público no se pueden hacer estas cosas. Ellos no son dueños del espectro, sino meros administradores, sin competencia para regular ni juzgar contenidos (diario El Mundo del 22 de diciembre de 2005, p.43). También ha sido polémica la resolución del CA Cataluña en la que negaba la solicitud de paralización de la campaña publicitaria en la televisión autonómica (pese a calificar el anuncio como poco aconsejable ) protagonizada por un anuncio de una asociación de defensa de la creación y participación de selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales internacionales y que presentaba a un niño vestido con una camiseta roja (en alusión a la camiseta de la selección nacional española) que negaba su participación en un partido de fútbol infantil a otro vestido con la camiseta de la selección catalana; en este caso la denuncia tenía una doble argumentación, la de no estar permitidos en televisión los anuncios políticos y también el hecho de utilizar a niños en ese mensaje. Pese a la decisión del CAC, pocos días después un juzgado prohibía las emisiones (Auto de 5 de octubre de 2006 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 9 de Barcelona y Resolución del día 10 del mismo mes que señala que el mensaje del anuncio podría favorecer comportamientos no adecuados, como conductas de exclusión, enfrentamiento o de discriminación en la práctica del deporte según la camiseta que pudiera llevarse y en base a (sic) razones ajenas al mundo de los menores y con evidentes connotaciones políticas ). En los últimos meses, sin embargo, hemos empezado a ver las primeras sanciones de un Consejo Audiovisual autonómico, es el caso del CA de Andalucía que en el mes de septiembre de 2008 ha impuesto multas a varias emisoras locales de televisión por emitir películas pornográficas y anuncios de contactos sexuales dentro de los horarios de protección de los menores. Guichot Reina y Carrillo Donaire (2007, 293) recuerdan que la competencia sancionadora del Consejo Audiovisual de Andalucía se reduce a la aplicación, en el ámbito de la televisión, de la Ley 25/1994, complementada 1617 por los arts. 3 y 8 de la Ley General de Publicidad de 1988, es decir, básicamente para lo referido a aspectos formales de la programación, disposiciones sobre protección de menores y prohibición de anuncios de determinados productos (como el tabaco). En derecho comparado, lo habitual es que los Consejos Audiovisuales tengan capacidad sancionadora respecto a los contenidos. Así, por ejemplo, se argumenta que el Consejo Superior del Audiovisual en Francia ha sancionado a cadenas televisivas (públicas y privadas) por restringir el acceso de algunos grupos políticos a sus informativos (Botella, El País de 6/1/2006), y por medio de la Ordenanza de 13 de diciembre de 2004, ha ordenado anular a la empresa Eutelsat, en el plazo de 48 horas y con una multa de euros diarios por día de retraso, la emisión de la cadena de televisión Al Mandar, próxima al grupo terrorista Hezbollah del Líbano; o por medio de la Ordenanza de 3 de marzo de 2005 también contra la empresa Eutelsat, reafirmando la prohibición de difundir en Francia programas con connotaciones antisemitas y recordando a los operadores de las redes por satélite su obligación de velar por el contenido de los programas difundidos (Autin, 2007, 13 y 14). Por su parte, la británica OFCOM ha sancionado con fuertes multas a emisoras de radio local que emitían contenidos ofensivos para los ciudadanos de religión musulmana (Botella, El País 6/1/2006). En nuestro país, en contra de esta capacidad sancionadora podemos ver a Salvador Coderch (diario El País de 13 de febrero de 2005) que, en relación a la reforma legislativa que dotaba al CA catalán de esta potestad (incluida la de suspensión de las emisiones que, en principio, tiene carácter ejecutivo, salvo paralización judicial), señalaba: La doble amenaza administrativa de embreado y amordazamiento que pende sobre los medios de comunicación audiovisual de este país, impuesta sin juicio previo, no es la censura previa prohibida por nuestra Constitución-, es su apoteosis, pues no se trata únicamente de que la autoridad exija controlar, antes de cada emisión, los contenidos de los programados para depurarlos, sino que prohíbe a priori toda emisión durante un periodo de hasta tres meses, algo que supondría la ruina del canal sancionado, su voladura económica. En el mismo sentido, con más mesura, se manifiesta De la Quadra-Salcedo (2000, 30) que, al manifestarse sobre las competencias de una futura autoridad estatal audiovisual, afirma deberá tener competencias en materia de sanciones de las normas sobre publicidad en los medios audiovisuales o sobre tiempos de la misma. Algo más dudosa resulta la competencia sancionadora en materia de infracción de normas sobre protección de la juventud y de la infancia o la 1718 adopción de medidas cautelares de suspensión de una determinada programación ( ). En nuestra opinión resulta cuanto menos chocante que en materia de contenidos alguien que no sean los jueces y tribunales puedan ejercer competencias de este tipo. A nuestro juicio, la capacidad sancionadora del Consejo, con las cautelas limitadoras que anteriormente formulamos, debe existir. Son establecidas por un ente público independiente -pese a que algún autor se empeñe en denominarlo órgano de la Administración y a sus miembros funcionarios (Betancor Rodríguez, 2007)- y especializado 45 ; con miembros designados por los órganos ejecutivos y/o legislativos por mayorías cualificadas entre personas de reconocido prestigio (al igual que otros órganos de naturaleza constitucional como el CGPJ o el propio Tribunal Constitucional en el caso del Estado); sus acuerdos, obviamente, son impugnables ante los Tribunales de Justicia que tendrán la última palabra; el hecho de que se tenga que controlar el ejercicio de un derecho fundamental no implica que la Administración tenga que quedar apartada 46 ; y, por último, los Consejos nunca hacen censura previa, prohibida por la CE, sólo intervienen sobre programas ya emitidos. 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Por otra parte, respecto al ejercicio de otro derecho fundamental, no estableció el TC la constitucionalidad de la Ley 48/1984, de Objeción de Conciencia al servicio militar que dejaba en manos del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia órgano administrativo sui generis (véase Navarro Marchante, 1996)- el reconocimiento de la condición de objetor de los solicitantes en virtud de los motivos, materiales o de fondo, alegados? 1819 - BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés (2007): Están justificadas las autoridades administrativas de control del contenido de las emisiones? La experiencia norteamericana, en Revista Catalana de Derecho Público nº 34. Barcelona, p BÖKENFÖRDE, Ernest Wolfgang (1993): Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft. - BOTELLA CORRAL, Joan (2007): La regulación independiente del sector audiovisual español: una reflexión sobre problemas, perspectivas y posibilidades, en Revista Catalana de Derecho Público nº 34. 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 resolución 
 Resolución 
sui generis
 Resolución 
 artículo 131
 Real Decreto 
 artículo 141
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 37
 resolución 
 artículo 5
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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