Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190807s002173796.html
Timestamp: 2020-08-03 12:38:58+00:00

Document:
21ª Sesión Ordinaria del 7 de agosto de 2019
N.º 21 - TOMO 598 - 7 DE AGOSTO DE 2019
5), 12) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Bordaberry, Aviaga, De León, Ayala y Lazo.
–	Quedan convocados los señores senadores Eguiluz, Asiaín, Aristimuño, Meléndez y García (Graciela).
6) Profesor Carlos Machado. Su fallecimiento
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Fundación Vivian Trías, al Partido Socialista y a la Juventud Socialista del Uruguay.
7) Escuela Técnica Fraile Muerto
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Escuela Técnica Fraile Muerto.
8)	Prevención de incendios forestales
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al prosecretario de la Presidencia de la República, con destino al Sinae; a la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos –a los subsecretarios de Defensa Nacional, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social–, y a los intendentes, a las juntas departamentales y a los municipios de todo el país.
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve reunirse en forma extraordinaria el jueves 8 de agosto, a las 09:30, a los efectos de tratar la carpeta n.º 1345/2019.
10) Caja Notarial de Seguridad Social
–	Proyecto de ley por el que se modifica el régimen previsional.
13)	Profesión del trabajo social
– Proyecto de ley por el que se la regula.
14) Compatibilidad entre el desempeño de la actividad artística y la percepción de jubilación
–	Proyecto de ley por el que se deroga el inciso segundo del artículo único de la Ley n.º 19154.
15) Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana
16) Enmienda al Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados partes del Mercosur
17) Designación de fiscales letrados adscriptos
18) Designación de fiscales letrados departamentales
19) Señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello. Designación como embajador
21) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria
«Montevideo, 6 de agosto de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 7 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se establecen modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social;
Carp. n.º 1219/2018 - rep. n.º 890/19 y anexo I
2.º) por el que se establecen normas que regulan la profesión del trabajo social o servicio social;
Carp. n.º 1353/2019 - rep. n.º 898/19
3.º) por el que se deroga el inciso segundo del artículo único de la Ley n.º 19154, de 24 de octubre de 2013, habilitándose la compatibilidad sin restricciones entre el desempeño de actividades amparadas por la Ley n.º 18334, Estatuto del Artista y Oficios Conexos, de 17 de octubre de 2008, y la percepción de jubilación;
Carp. n.º 1367/2019 - rep. n.º 899/19
4.º) por el que se aprueba el Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.º de marzo de 2019;
Carp. n.º 1333/2019 - rep. n.º 901/19
5.º) por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados partes del Mercosur, firmada en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 5 de julio de 2002.
Carp. n.º 1258/2018 - rep. n.º 902/19
6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a los doctores Mariana Bentancor Cazenave, Judith Rodríguez Núñez y Andrés Prícoli Porley.
Carp. n.º 1359/2019 - rep. n.º 892/19
7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a las doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco.
Carp. n.º 1360/2019 - rep. n.º 896/19
8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto al señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello.
Carp. n.º 1358/2019 - rep. n.º 900/19
9.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence el 11 de setiembre de 2019).
Carp. n.º 1351/2019 - rep. n.º 893/19
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Bianchi, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Draper, Eguiluz, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Vasallo y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Besozzi, Bordaberry, De León, Delgado, Michelini y Tourné.
«La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por:
•	el señor representante Pablo Abdala, relacionadas con la aprobación del decreto reglamentario de la Ley n.° 19728, Tratamiento de la Fibromialgia.
•	El señor representante Dari Mendiondo, relacionadas con el aniversario del Ateneo de Montevideo.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
La Junta Departamental de Artigas remite un mensaje por el que comunica la designación de los integrantes de dicho órgano legislativo para el período 2019-2020.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta de la Administración Nacional de Educación Pública a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con la cantidad de juicios en los que interviene dicha administración.
OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el control y monitoreo de los fertilizantes que se fabrican en el país y de los importados.
OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 6 de agosto no se registraron inasistencias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de agosto de 2019
Por medio de la presente y al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, el día de la fecha.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, los días 13, 14, 15 y 20 agosto del presente año.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 6 de agosto de 2019
De acuerdo con la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días 7 y 8 y los días 12, 13 y 14 del corriente, por motivos personales.
Carol Aviaga. Senadora»
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones personales, el día jueves 8 de agosto de 2019.
6)	PROFESOR CARLOS MACHADO. SU FALLECIMIENTO
Tiene la palabra la señora senadora Mónica Xavier.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: pasada la medianoche del 16 de junio, el Río de la Plata perdió a uno de los historiadores más destacados de nuestro tiempo, el profesor Carlos Machado.
Nacido en Montevideo, Uruguay, el 5 de noviembre del año 1937, adoptó la República Argentina como su segundo hogar, luego de haber sido exiliado por la dictadura cívico-militar uruguaya. Hasta hace poco se lo podía ver viajar a Montevideo dos veces por mes para impartir sus cursos de formación histórica y política en la Fundación Vivian Trías.
Fue un ser humano ejemplar y, por sobre todas las cosas, un entrañable compañero del partido al que pertenecemos el senador Pardiñas y yo, el Partido Socialista, al que dedicó gran parte de su vida, aportando desde su vocación como militante, historiador y periodista.
Afiliado a las juventudes socialistas –como se denominaba en aquellos años a la organización de nuestros jóvenes– desde la década de los cincuenta, fue militante activo y dirigente, ocupando diversas responsabilidades, como la secretaría de internacionales hasta 1974. Ese mismo año fue apresado e interrogado por las Fuerzas Conjuntas de la dictadura cívico-militar. A raíz de esa realidad y en acuerdo con la dirección partidaria, que actuaba en la clandestinidad, decide exiliarse en Buenos Aires, donde vivió hasta su muerte.
Fue profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas en el año 1959. Docente en el IAVA, en el Liceo 14 de Montevideo, en Migues y en Las Piedras, Canelones; también fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de La Plata, en Argentina.
Escribió en el semanario socialista El Sol; fue periodista del diario Época, de los semanarios Izquierda y El Oriental, y de la revista Patria. Se estiman en unos tres mil los artículos que escribió mientras vivió en el Uruguay.
Fue autor de La derrota de las lanzas –revista Presente, abril de 1962–; El imperialismo en el Uruguay –1965–; Causas de un alejamiento –1966–; China: los más puros y duros –1967–; Izquierdas y derechas en América Latina –1968–; Los Estados Unidos de América Latina –1968–; Las clases sociales en América Latina –1969–; La Patria Grande. De Bolívar a Perón –1974–; Artigas: el general de los independientes –1975–; Cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo, s. xx –2015, con una segunda entrega en preparación–, ganadora de mención de honor en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2016, y declarada de interés educativo por el MEC en 2017. ¡Ojalá podamos contar, señora presidenta, con uno de estos libros, porque incluyen una información increíble de compendiar en una sola obra!
Pero es Historia de los orientales la obra que lo consagra y la que ha tenido mayor repercusión e influencia en la formación de la conciencia histórica de varias generaciones, como así también en la formación pedagógica de una gran cantidad de docentes. Fue un fenómeno editorial, pues la primera edición, de 3000 ejemplares, en diciembre de 1972, se agotó en una semana, y la segunda, de otros 3000, en un mes, por lo que se editó una tercera, de 5000 ejemplares. La sexta y última edición apareció en Barcelona, en 1997.
Se puede afirmar que su obra, y fundamentalmente Historia de los orientales, es un clásico alternativo de nuestra historiografía. Machado, por diversas razones, siempre estuvo presente en el debate historiográfico, aunque nunca integró círculos o comunidades académicas institucionales.
A pesar de todas las críticas maliciosas y de las dificultades para acceder a esta obra durante la dictadura, la Historia de los orientales fue un suceso editorial, tanto como un acontecimiento intelectual apasionante, especialmente para los adolescentes y jóvenes, que lo obtenían clandestinamente en ese tiempo.
Al decir del historiador Gabriel Quirici: «Generalmente, se lo cataloga de revisionista, y su familiaridad con Vivian Trías, Alberto Methol Ferré y Abelardo Ramos confirma esta ubicación en el arco historiográfico. En un contexto de producción predominantemente partidaria, batllista y/o uruguayista, la obra de Machado reivindica a figuras como Manuel Oribe, Juan Manuel de Rosas, Aparicio Saravia, Lorenzo Latorre y al propio Luis Alberto de Herrera. Su estilo ágil, enhebrando infinidad de citas pintorescas y, al mismo tiempo, agudas, acompañado de reflexiones comprometidas y polémicas (“con Rosas todos los buenos argentinos”), sacuden la tradicional “objetividad” y letanía de una historiografía política equilibrada, o bien de una ortodoxia marxista entre esquemática y aburrida, en un nivel similar al que Vázquez Franco logra en el caso del artiguismo».
–El reconocimiento de Carlos Machado –ya culmino, señora presidenta– trasciende fronteras y, como solo ocurre con los verdaderos maestros, este reconocimiento no es exclusivamente a su capacidad y solvencia profesional, a sus aportes intelectuales e historiográficos, a su articulada oratoria, a su dedicación al estudio y a la investigación, y a sus clases apasionantes, sino también a su extrema generosidad con alumnos –desde siempre– y con toda persona que se acercaba a consultarlo.
Al decir de José Díaz: «Carlos Machado; humildad, sabiduría y talento. Un referente socialista durante más de medio siglo en ambas márgenes del Plata. Un Latinoamericanista de la Patria Grande».
Para Machado, una de sus claves iniciales era «no es tonto el que pregunta mucho, sino el que no tiene ninguna pregunta».
Y su amor por la historia lo llevó a consideraciones como la siguiente, que perdurarán en la memoria de quienes aprendimos de él: «… de alguna manera la historia suma, es el campo donde [se puede] meter a todos los actores. Por su complejidad requiere de intentos que la hagan comprensible. El recurso es la objetividad, que se identifica con la honestidad: no te guardes un documento porque no le conviene a tu lectura, y no inventes. Igual siempre lo que opines va a ser subjetivo, pero no hagas trampa».
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Fundación Vivian Trías, al Partido Socialista y a la Juventud Socialista del Uruguay.
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Pardiñas.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: la semana pasada pudimos participar –dando cuenta de la invitación cursada– de la asamblea informativa y de planificación de los cursos para el año 2020 de la Escuela Técnica Fraile Muerto.
Se trata de una escuela de UTU que tiene una identidad muy fuerte, no solo vinculada a la localidad de Fraile Muerto –hoy municipio–, sino a la trayectoria de quien fuera su precursor, el profesor Cremona, que supo impulsar una propuesta que durante muchos años estuvo centrada en la formación de recursos humanos capacitados y técnicos en áreas como la mecánica y la carpintería. Hoy encontramos en muchos lugares del país egresados de esa escuela trabajando en los oficios anteriormente mencionados. Inclusive, fue la primera escuela técnica que contó con un internado de alumnos, al que llegaban vecinos de la zona de influencia. Hoy la escuela sigue tratando de atender a pobladores de las zonas de Caraguatá, en Tacuarembó, y de Ramón Trigo y de Rincón de la Urbana, en Cerro Largo, paraje este último muy conocido porque fue donde se le dio muerte al matrero Martín Aquino.
Hoy, la escuela cuenta con un internado refaccionado, fruto de una inversión que también permitió remodelarla totalmente, con nuevos salones para el dictado de las clases y talleres; comedor y cocina; salas de estudio y recreación para los estudiantes, y salas para los profesores y personal auxiliar. Su infraestructura es utilizable con gran comodidad. Si bien la escuela cuenta con un internado mixto con capacidad para cuarenta estudiantes, hoy está ocupado solo por once alumnos.
La intención de la dirección escolar y del conjunto de profesores es continuar incidiendo en la formación de los jóvenes, no solo de Fraile Muerto, sino de una vasta zona, sobre todo rural. La idea es que en el 2020 se pueda continuar con el ciclo básico tecnológico que está finalizando este año y con la opción del bachillerato en deporte, que permitiría dar continuidad a todos aquellos estudiantes que hoy están finalizando el ciclo básico tecnológico en esa escuela.
Los alumnos, además de trabajar en el área tecnológica, en los cursos aprenden sobre energías renovables, carpintería, metalúrgica, electricidad e informática rural. Estos son, a mi juicio, los desafíos realmente significativos de la propuesta educativa de la Escuela Técnica Fraile Muerto, que acompasan la realidad de esas localidades que se están transformando.
Realmente, consideramos importante que el Consejo de Educación Técnico Profesional pueda dar respuesta a las demandas que se plantearon en esa asamblea, de la que participaron los padres, la comisión fomento y el consejo de participación integrado por alumnos y profesores. Sin lugar a dudas, existe una interesante expectativa de que una infraestructura nueva y remodelada –próxima a ser inaugurada, ya que la obra finalizó el año pasado– pueda tener en el 2020 un contenido de propuesta educativa que abarque las demandas y necesidades de estas localidades del interior del país.
Es cuanto queríamos destacar y poner en conocimiento del Senado de la república en el día de hoy, porque es de las cosas importantes que se están haciendo en la educación en nuestro país y, sobre todo, en las áreas del interior rural.
Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Escuela Técnica Fraile Muerto para su conocimiento.
8) PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: a pocos meses del inicio de la temporada estival, es oportuno conocer qué medidas se están adoptando para la prevención de incendios forestales.
Hemos experimentado, y lo vemos diariamente en las noticias internacionales, cómo el cambio climático provoca el aumento de la temperatura, y a ello se suma el aumento de veraneantes que muchas veces tienen conductas imprudentes que contribuyen a incrementar el riesgo de incendios, pero creo que aún se está a tiempo de iniciar una activa campaña de prevención y de limpieza de bosques y montes. A modo de ejemplo, voy a mencionar mi departamento, Rocha –lugar donde vivo–, en el que la abundancia de zonas densamente pobladas –sobre todo en la costa atlántica– y la ausencia durante el año de tareas de limpieza de las hojas y ramas que caen al suelo, aumenta el riesgo de incendios.
Faltando apenas cuatro meses para el verano, quiero plantear a tiempo esta situación al Sistema Nacional de Emergencias, así como la urgencia en adoptar y difundir medidas preventivas y anticipatorias para evitar los daños que provocan los incendios forestales.
Complementariamente, nos permitimos sugerir algunas medidas. Nos consta que en cada departamento hay muchas personas que están perdiendo su empleo y están en seguro de paro, y cada día que pasa sin que estas personas tengan una ocupación afecta no solamente al individuo, sino también a su entorno. El Estado, a través del Sinae, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Gobiernos departamentales, podría implementar cuadrillas que procedieran a la tarea preventiva de limpieza de los bosques y montes y al trazado de cortafuegos.
Vecinos de La Paloma nos han planteado su preocupación por esta situación. En este balneario de la costa de Rocha, además del incremento notorio de población durante el verano, también hubo un aumento significativo de pobladores permanentes. Este balneario está rodeado de montes y de zonas de camping muy amplias y forestadas. De existir un incendio, el impacto sería muy grave, tal vez como ocurrió en su momento –ustedes recordarán– en el Parque Nacional de Santa Teresa.
Señalar esta situación nos da pie para plantear adicionalmente al Sinae que, como norma de prevención, contemple la compra de una chipeadora industrial que, si bien significa una inversión elevada al inicio, contribuiría, no solamente a mantener limpios los montes, sino también a comercializar el producto resultante y a evitar los daños, costos materiales y vidas humanas que producen estos incendios. Además, se podría emplear a personas desocupadas, que por esta vía tendrían un complemento de ingreso.
Esta referencia específica a La Paloma es a modo de ejemplo, pero nuestro planteo es perfectamente aplicable en todos aquellos lugares del país expuestos a los mismos riesgos. En Uruguay, detrás de los problemas, generalmente tenemos un lugar para gestionar anticipadamente los riesgos. Entendemos que nuestro planteo encuadra perfectamente en los cometidos del Sistema Nacional de Emergencias –cuyo objetivo es proteger a las personas, los bienes de significación y el medioambiente de fenómenos adversos que deriven o puedan derivar en situaciones de emergencia o desastre–, y generaría condiciones para un desarrollo sostenible, que es lo que hay que lograr en nuestro país.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al prosecretario de la Presidencia de la República, con destino al Sinae; a la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos –a los subsecretarios de Defensa Nacional, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, en su calidad de miembros permanentes–, y a los intendentes, a las juntas departamentales y a los municipios de todo el país.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado una moción a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Mociono para que la cámara se reúna en sesión extraordinaria el día jueves 8 de agosto, a las 09:30, a fin de tratar el proyecto de ley por el que se designa Maestro Eduardo Mario Henderson Hernández la Escuela n.º 38 del departamento de Colonia. (Carp. 1345/2019)». (Firma la señora senadora Moreira).
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social. (Carp. n.º 1219/2018 - rep. n.º 890/2019 y anexo I)».
SEÑOR DRAPER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR DRAPER.- En virtud del tema que se pasa a tratar –modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social– y de que soy escribano público jubilado, quiero decir que de acuerdo con el artículo 97 y el literal h del artículo 121 del Reglamento de la Cámara de Senadores estaría vedado de votar y tomar parte en la discusión, aunque el inciso segundo del artículo 97 dice que podríamos ser autorizados si así lo estima pertinente el Cuerpo.
SEÑORA ASIAÍN.- En el mismo sentido que lo manifestado por el señor senador Draper, debo aclarar que no soy escribana, pero sí lo es mi marido, por lo que también me alcanzarían los artículos del Reglamento de la Cámara de Senadores ya citados. Por lo tanto, si el Cuerpo lo estima pertinente, solicito autorización para intervenir y votar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la autorización de participación de los señores senadores Draper y Asiaín.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: quiero fundamentar por qué voté negativamente.
El senador Draper, que integra la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social en calidad de suplente del senador Delgado, nos manifestó ese inconveniente y se retiró de la comisión al momento de la discusión y votación de los artículos de este proyecto de ley; y como no participó del debate y la votación de los artículos en comisión, no veía por qué debía participar de la discusión y votación de los artículos en el plenario. Quería, por lo menos, dejar la constancia del porqué de mi voto negativo, ya que conozco al señor senador y su voluntad manifestada en la comisión.
Como es sabido, hoy vamos a tratar la reforma de la Caja Notarial, a la que se le debía hacer un cambio sustancial en el marco de las modificaciones que hemos venido haciendo en este último tiempo a propuesta del Gobierno.
El proyecto de ley que hoy tenemos a consideración del Cuerpo surge de la necesidad que tienen todos los sistemas previsionales del país de ser modificados, y la Caja Notarial –como bien decíamos– no escapa a esta realidad. Estamos ante un proyecto de ley de reforma que es ejemplar –como se vio en el desarrollo de todo su contenido– y que, inclusive, contó con la participación de distintas delegaciones, tanto del Poder Ejecutivo, como de los representantes sociales involucrados.
Esta caja, como todos saben, es un organismo autónomo, en el que la representación del Poder Ejecutivo no es mayoritaria; la mayoría está conformada por todos los representantes sociales que integran su directorio.
Fue el Directorio Honorario de la Caja Notarial el que tuvo esta iniciativa, que inmediatamente es tomada por el Poder Ejecutivo; sobre esa base, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas se pusieron a trabajar.
Esta reforma también se enmarca en lo que venimos realizando en todo el sistema de seguridad social en nuestro país. El objetivo principal de la norma es dar sustentabilidad a la caja y a sus servicios, así como lograr la universalidad en la cobertura que brinda. Fue la propia caja la que tomó conciencia de la situación y de la problemática que estaría afrontando de continuar con el mismo sistema previsional, si este no era modificado.
Hace cuatro años, distintas entidades realizaron un estudio que mostraba que, si la caja no era reformada a la brevedad posible, podría ocurrir su quiebra para el año 2040, y otros estudios muestran lo mismo, pero a partir de 2030. Es por eso que hoy resulta urgente el tratamiento de este proyecto de ley, ya que es un hecho que, si no se aprueban estas modificaciones, se estará comprometiendo a toda la Caja Notarial, con todas las afectaciones que sabemos que ello conlleva.
Queríamos resaltar la voluntad que tuvo el Poder Ejecutivo de tomar rápidamente la iniciativa propuesta por los propios actores, porque se enmarcaba en toda la transformación de la seguridad social que se viene llevando adelante en nuestro país para cambiar una realidad.
¿Por qué sucede esto, al igual que con otras cajas? En primer lugar, porque hay una mayor expectativa de vida, tanto en nuestro país como en otros de la región; esto es algo bueno y tiene que ver con políticas que se vienen llevando adelante. En segundo término, porque entre la década de los ochenta y la de los noventa hubo un aumento importante de escribanos egresados, lo que ahora está afectando y resintiendo a la propia caja. En tercer lugar, la evaluación de las propias pasividades dio como resultado que el ingreso por montepío notarial no ha acompañado su aumento real. De una manera amplia, podemos decir que estos son los motivos sustanciales de la urgencia que tiene la aprobación de este proyecto de ley.
Actualmente los aportes no cubren los egresos y en los últimos dos ejercicios se tuvo que recurrir al capital de la caja para solventar estos gastos. Esto sería como tomar dinero de la caja chica para ir solventando la propia Caja Notarial.
En cuanto a las características del proyecto de ley que tenemos a consideración, debo decir que tiene algunos puntos que son sustanciales. Debemos dejar bien claro que en esta reforma no quedarán comprendidos quienes hubiesen configurado causal de jubilación previo a la vigencia de la ley, salvo aquellos que quieran acogerse al nuevo régimen porque lo consideran más beneficioso, tal como lo establece el artículo 33, quienes deberán manifestar su deseo.
Por otro lado, como siempre ocurre cuando hablamos de una reforma previsional, hay un período de transición, que será gradual y se realizará en un período de veintiún años. O sea que se trata de una reforma que permite optar y, reiteramos, será gradual. Nos parece que eso da más certeza a las personas que están comprendidas dentro de la iniciativa que hoy está en consideración.
Ahora nos referiremos a las causales que se modifican.
En el caso de la jubilación común, la ley actual requiere que la persona tenga sesenta años de edad y treinta de servicio, y se proyecta que recién para el año 2036 la edad de retiro sea de sesenta y cinco años, con treinta y cinco años de servicio, aplicando la gradualidad que ya se mencionó.
Este proyecto de ley tiene la particularidad de que permite una jubilación anticipada con la edad mínima de sesenta años y treinta y cinco de servicio, con una tasa de reemplazo menor, que será fijada aproximadamente en un 40 % del sueldo básico jubilatorio. Aquellos que se jubilen anticipadamente, pero con treinta años de servicio y sesenta y cinco de edad, tendrán una tasa de reemplazo del 45 %. En el caso de la jubilación común con las condiciones mínimas establecidas por el proyecto de ley –sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco de servicio– la tasa de reemplazo será de un 50 %.
En esta normativa también se prevé que las personas que difieran su retiro más allá de los sesenta y cinco años recibirán un adicional de 3 % del sueldo básico jubilatorio por cada año, hasta un máximo de diez. Asimismo, a quienes estén superando los treinta y cinco años de actividad se les adicionará un 1,2 % por cada año que difieran su retiro, con un máximo de cinco años. Por eso hablábamos anteriormente de la gradualidad que tiene esta normativa, que también se ha nutrido de la experiencia de otras reformas de la seguridad social que ya se han realizado en nuestro país.
Los montos de las prestaciones se verán disminuidos a partir de la vigencia de la presente ley de la siguiente manera. La jubilación calculada por el régimen vigente se reducirá a razón de un veinteavo de la diferencia citada por cada año transcurrido desde la vigencia de la ley. Por ejemplo, si una pasividad es otorgada al cuarto año de aprobada la norma –en su transición– se va a reducir en cuatro veinteavos de la diferencia.
En cuanto al régimen pensionario, también se harán algunas modificaciones que aparecen en otros artículos a los que después haremos referencia. En el caso de una pensionista divorciada que puede acceder a más de una pensión servida por diferentes organismos de la seguridad social, se le pagará hasta un tope establecido, que es el máximo de la pensión alimenticia que servía al titular. Otro ejemplo a citar podría ser cuando la persona tiene un hijo que cumple la mayoría de edad, que se procede a la reliquidación de esa pasividad entre los beneficiarios, en cuyo caso el sueldo máximo corresponderá al 75 % del sueldo básico de pensión.
Otro elemento importante de esta normativa es lo que establece el artículo 22, por el que se crea el Fondo de Subsidio por Maternidad. Esto es algo realmente importante, y se tuvo en cuenta por la sensibilidad que han mostrado las organizaciones sociales al respecto. Abarca tanto a las escribanas que ejercen la profesión de forma particular, como a las empleadas de estos profesionales, siempre y cuando no revistan como colaboradoras de cónyuge o de patrón. También tendrán este beneficio las empleadas de la Caja Notarial. Este fondo será financiado por los ingresos previstos en el artículo 5.º de la iniciativa. Quiere decir que los artículos que refieren al subsidio de maternidad entrarán en vigencia a partir del 1.º de julio de 2020, a diferencia del resto de la ley, porque a medida que se desarrolló la discusión –teniendo en cuenta el período en que se recibió la normativa y el momento en que se va a aplicar– se fueron cambiando los años que correspondían para el ingreso de cada uno.
En este proyecto de ley no se modifican las causales por edad avanzada ni por incapacidad física. Reitero que la jubilación por edad avanzada o incapacidad física no se ven modificadas en esta iniciativa.
También tenemos que ver cómo se proyecta el financiamiento, punto que, básicamente, está contenido en los artículos 4.º, 5.º, 9.º y 10 de este proyecto de ley. En la actualidad, la tasa de aportación por concepto de montepío para los afiliados activos es de 15,5 % para escribanos y de 15 % para empleados. ¿Qué se proyecta? Que los escribanos aporten un 18,5 % y los empleados un 18 %. Estos porcentajes entrarían en vigor a partir del 1.º de enero de 2020, pero podrían variar un 0,5 % dependiendo de a qué beneficiario le corresponda.
En el artículo 5.º se crea una tasa de $ 3 por cada hoja de papel notarial que adquieran, cuyo producido será destinado a ese Fondo de Subsidio por Maternidad; y otra de $ 20 por cada solicitud de soporte notarial electrónico. Más adelante, en la discusión particular, explicaremos su aplicación.
Se crea una prestación pecuniaria para jubilados y pensionistas del 2 % sobre las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias, tanto para las que se hayan configurado antes de esta ley como para las que se configuren después del 1.º de enero de 2020. Esto tendrá un abatimiento de, aproximadamente, un veinteavo de la diferencia por cada año transcurrido desde la vigencia de la presente ley, es decir, el 1.º de enero de 2020.
Sabemos que hay personas preocupadas por este tema y que se encuentran en las barras.
Durante todo el proceso de discusión de este proyecto de ley, la comisión escuchó a los representantes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social; de la Asociación de Escribanos del Uruguay; del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –vino el ministro y todo su equipo– y de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Onajpu. Todos manifestaron diferencias mínimas –quizá ellas se den también en el debate– sobre la necesidad de que este proyecto de ley sea aprobado en esta legislatura. Somos conscientes de las urgencias que hay en tiempos electorales, pero es necesario que esta norma entre en vigor a partir del 1.º de enero de 2020.
Por último, quiero agradecer el respaldo de la secretaría de la comisión, que sistemáticamente nos ha brindado todo el apoyo técnico.
SEÑOR DRAPER.- Pido la palabra.
SEÑOR DRAPER.- Señora presidenta: sin ánimo de entrar en debate sobre lo que manifestó la señora senadora Passada, quisiera expresar que lo que oportunamente hicimos en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social fue con la intención de que este proyecto de ley se aprobara y de que, con el tiempo, no fuera obstaculizado por nada, ni siquiera por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos de sus artículos. Esa fue nuestra intención y así lo manifestamos.
Coincido con la exposición que hizo la señora senadora Passada sobre la Caja Notarial de Seguridad Social y destaco la excelente gestión que viene cumpliendo el directorio de la caja, con cuyos integrantes también estuvimos conversando. Y quiero que se interprete bien lo que digo, porque va más allá de obstaculizar la modificación que se está presentando –con total buena intención y con absoluta sinceridad creemos que es mejor que, en la previa, podamos ir previendo los obstáculos–: desde ya expreso mi voluntad de salir de sala al momento de la votación del proyecto de ley, porque creo que así debo actuar.
En esta oportunidad –no como ocurrió en comisión–, nos vamos a centrar en el artículo 4.º. Como verán, hay quienes entienden que puede haber más de un artículo que estaría yendo contra nuestra carta.
El artículo 4.º del proyecto de ley crea una prestación de carácter pecuniario a favor de la caja, a cargo de sus jubilados y pensionistas, con una tasa del 2 % para las jubilaciones y pensiones que estén vigentes, y otra decreciente para las que se otorguen durante el período de transición. Por lo tanto, quedan sin gravamen las que se concedan a partir de la vigencia plena de las medidas adoptadas con relación a la edad normal jubilatoria. Se debe tener presente que las pasividades de la Caja Notarial de Seguridad Social ya se encuentran gravadas con un importante impuesto. Me refiero al IASS, cuyo destino es el Banco de Previsión Social, de lo que nada retorna a la Caja Notarial. Anualmente se genera una transferencia de los pasivos de nuestra caja a ese organismo que está en el entorno de los USD 9:500.000, cerca del 13 % del global de las prestaciones. Debemos tener presente lo que se acaba de decir, porque no tenemos dudas de que habría que rever ese impuesto y pensar cómo hay que hacer para que la Caja Notarial de Seguridad Social reciba parte de ese dinero o lo que se entienda conveniente.
¡La doble imposición! Este nuevo tributo, al igual que el IASS, se calcula sobre los ingresos nominales y grava dos veces al mismo sujeto pasivo, por el mismo hecho generador, con dos cargas impositivas de la misma naturaleza, incurriéndose en una clara antijuridicidad de doble imposición. O sea que se superponen ambos gravámenes sobre la misma prestación, con el agravante de que, como se prevé que las tasas se aplicarán sobre el monto nominal, la nueva prestación pecuniaria coactiva se aplica también sobre el monto de los descuentos correspondientes al pago del IASS y a conceptos, que se efectúen a las jubilaciones y pensiones.
Sobre este tema se presentaron dos informes, uno de ellos, de la División Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, cuyo director es el escribano Renán Pascal Acuña. En la síntesis sobre las eventuales inconstitucionalidades del proyecto de ley –voy específicamente a lo que se dice sobre el artículo 4.º– manifiesta que en el artículo 4.º se prevé la creación de una prestación de carácter pecuniario a favor de la caja, a cargo de los jubilados y pensionistas, que gravará las cédulas jubilatorias y pensionarias, y que puede interpretarse como violatorio del principio de igualdad consagrado en el artículo 8.º, y de los artículos 67 y 298 de nuestra Constitución.
Respecto al artículo 4.º, que prevé la creación de este nuevo tributo, el informe establece que podría ser declarado inconstitucional –como decíamos en esa síntesis– en virtud de los principios de igualdad, derechos adquiridos y seguridad jurídica, sin perjuicio de la doble imposición referida y de lo dispuesto en el artículo 67 sobre la financiación de las jubilaciones y pensiones.
También tenemos el informe solicitado por la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial al catedrático y profesor doctor Ruben Correa Freitas, quien fue categórico al expresar que este artículo resulta violatorio de los principios de igualdad, seguridad jurídica y derechos adquiridos, sin perjuicio de la grosera inconstitucionalidad por la doble imposición tributaria y la violación del artículo 67 de la Constitución.
Reitero que esperamos que se tenga en cuenta nuestra intención, que es, justamente, la de dar viabilidad a este proyecto de ley modificativo.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: en primer lugar, creo que el informe que realizó la señora senadora Passada marca que esta propuesta de reforma del servicio de seguridad social de la Caja Notarial es un paso más de una serie de modificaciones que se han venido desarrollando en general para los servicios de retiros que están regulados por diferentes normas. Hoy en día está en boga la discusión de que en el próximo período de gobierno habrá que encarar el debate por la reforma de las prestaciones del Banco de Previsión Social, pero lo cierto es que en todo este período se han venido haciendo modificaciones a las normas. Entre ellas, mencionamos las del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales –reformado por la Ley n.º 18405, de 2008–; las del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –ley que, con un debate intenso en esta legislatura, aprobáramos recientemente–, y las de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias –paraestatal–, que también en 2008 fue fruto de debates en este Parlamento. En ese caso también se sancionó una disposición similar a la que hoy se está cuestionando –el artículo 4.º–, que es una prestación para la propia caja. Recordemos que en esa reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se incluyó un artículo que también genera un aporte pecuniario por parte de jubilados y pensionistas para el sostenimiento y el financiamiento de la actividad de la propia caja.
Por tanto, no escapa a nadie que debemos enmarcar esto en ese proceso –que, sin lugar a dudas, el país tiene que realizar– de reformas y ajustes en los servicios de prestaciones de seguridad social; son realidades que se van transformando y que hay que encarar. Como bien se dijo acá, la administración de la Caja Notarial de Seguridad Social asumió que era necesario realizar modificaciones, porque si no el propio servicio estaba condenado a perder sustentabilidad en el corto plazo.
Es por eso que el Poder Ejecutivo, consustanciado con esa realidad y con la responsabilidad con que se expresaron las autoridades que administran la Caja Notarial de Seguridad Social, remitió el proyecto de ley que hoy estamos considerando.
Creo, entonces, señora presidenta, que esto se inscribe en aquellas áreas programáticas que se plantearon en la reforma de la previsión social de 1996, que hablaban de la necesidad de ir actualizando y reformando las normas de las prestaciones de seguridad social en todos los ámbitos del país.
¡Por suerte tenemos prestaciones públicas, y por suerte tenemos prestaciones públicas que realizan los privados, como en las cajas paraestatales! Esto es lo primero, porque, más allá de que sea un ámbito de acción privada, está protegido por la ley. Inclusive, en el caso de nuestro país, se confiere una serie de atribuciones a la actividad notarial –justamente, por las normas que este Parlamento ha ido votando a lo largo de su historia– que garantizan que esa actividad tenga el ámbito de actuación necesario para convivir con la sociedad. Creo que está bueno que hoy estemos discutiendo la actualización de las normas para dar sustentabilidad en el tiempo a esta caja.
Por supuesto –tal cual fue informado– que una norma que regula prestaciones sociales tiene que modificar los regímenes de causales jubilatorias y las asignaciones de pasividades. Todo eso está integrado en una norma que, a su vez, establece una gradualidad con respecto a lo que hoy rige –y continuará rigiendo con su aprobación–, para que no genere un shock o un trauma en la convivencia y en el propio funcionamiento de la Caja Notarial de Seguridad Social, sobre todo para quienes tienen el derecho a acceder a estos servicios, que son los escribanos y escribanas que desarrollan la actividad y tienen opciones próximas de jubilación.
Creo que es un elemento significativo que se incorpore a la norma la gradualidad, porque, sin lugar a dudas, tiene que ser contemplativa de las expectativas que tienen quienes se jubilan, pero también un desafío para quienes inician la actividad y saben que cuando lleguen a la jubilación van a tener una norma que los ampare.
Esta propuesta tiene que ver, también, con algunos temas que para nosotros son importantes –y acá ya se señalaron–, como la creación del Fondo de Subsidio por Maternidad. Este es un elemento importante para la fijación de derechos de las escribanas y de las funcionarias que trabajan para las escribanías. Lógicamente, esto hay que financiarlo y se hace a través de una tasa.
Tal como fue planteado en el seno de la comisión, existe cierta preocupación de que el aporte de estas tasas incremente los costos operativos de la actividad notarial y, por ende, traiga aparejado una disminución en este sentido. Este aspecto preocupa fuertemente a la Asociación de Escribanos del Uruguay. En la comisión vivimos esa tensión de intereses dentro de un colectivo de una misma profesión, esto es, entre los escribanos y escribanas activas que se manifestaron a través de la voz de la Asociación de Escribanos del Uruguay, y de quienes tienen la obligación, la responsabilidad y el compromiso de administrar la Caja Notarial de Seguridad Social. Esa tensión existe y es real; pero también existe con los colectivos que hoy están siendo atendidos por la Caja Notarial de Seguridad Social, como es el caso que recién escuchamos. Si bien el Parlamento autorizó al señor senador Draper a estar en este debate, él se dedicó a descalificar o poner objeciones sobre un artículo que lo afecta directamente, porque es jubilado. ¡Esa tensión también la vivimos! Los representantes de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial dijeron en la comisión que esta prestación pecuniaria les dolía, o entendían que era injusta, porque sus asociados ya pagaban el IASS. El IASS se destina al Banco de Previsión Social –así se fundó en la ley de creación de este impuesto–, mientras que esta otra contribución tiene un destino muy claro: el sostenimiento y la sustentabilidad de las prestaciones de la Caja Notarial.
Esas tensiones, señora presidenta, son las que tenemos que administrar nosotros cuando tenemos que votar el proyecto de ley. Y, lógicamente, podemos quedar simpáticos con algunos sectores y antipáticos con otros, pero son las tensiones que sanamente hay que arbitrar. ¿Por qué? Porque hay que mirar que la aprobación de la iniciativa le dé sustentabilidad a la Caja Notarial. Si hay que hacer un esfuerzo en estos instantes, en estos momentos y en esta coyuntura, que garantice el funcionamiento de la caja a futuro, esa es la responsabilidad del Parlamento y, por ende, nosotros vamos a acompañar esta iniciativa votándola. Esto tiene que ver porque el proyecto de ley, justamente, tiene varios artículos que refieren a la modificación de los ingresos de la caja. Y una caja de seguridad social debe tener ingresos para poder atender sus egresos, que justamente están destinados a asistir a quienes se jubilan o cobran pensiones, y debe hacerlo de la mejor manera posible, con los estándares necesarios de calidad y con adecuados niveles pecuniarios de prestación que permitan dar cierta sustentabilidad a la vida que tienen que desarrollar quienes ya se jubilaron o reciben una pensión.
Creo que los compañeros miembros de la comisión están contestes en que vivimos esa tensión, en que fue expresada y en que vamos a tener que administrarla desde acá cuando resolvamos cómo votar el articulado, ya que esa tensión también está dada por el aumento de la aportación. Ojalá a futuro –como lo habilita la norma que tenemos que aprobar–, si mejoran las cuentas de ingresos y egresos de la caja, puedan disminuir los niveles de aportación porque esa variación de 0,5 % en la aportación puede ir hacia arriba, si es necesario, o hacia abajo, si la sanidad financiera de la caja así lo permite.
Creo que esta es una norma que debe buscar algo que para nosotros es importante: dar sustentabilidad a una caja que no solamente cumple con el rol de atender a quienes se jubilan o son pensionistas de la actividad notarial, sino que también ha tenido otras actividades que ayudan al desarrollo del país. Recordemos que la Caja Notarial fue una de las primeras que comenzó a invertir en el desarrollo forestal de este país, hoy un rubro productivo de enorme significación para la generación de la riqueza que hay en el Uruguay y, sobre todo, para la generación de oportunidades de trabajo en la cadena forestal. La Caja Notarial fue una de las que, junto con la bancaria, asumió ese rol protagónico de invertir en el área forestal los recursos que recaudaba a través de los aportes a efectos de obtener réditos. Creo que debemos tener en consideración los roles que tienen estas cajas, que justamente aportan al conjunto del país.
En el caso particular de la Caja Notarial, en su momento realizó convenios con la Facultad de Agronomía para cofinanciar investigaciones en el área de la ganadería, ya sea mediante la incorporación de algunas razas vacunas o también con proyectos de cruzamiento entre razas de ganado vacuno, todo lo cual generaba tecnología, innovación y la búsqueda de una mayor eficiencia en la producción ganadera en nuestro país. Y esto se hizo con recursos públicos de la Universidad de la República y con el aporte de la Caja Notarial.
Creo que estos roles que ha cumplido me reafirman en la necesidad de dar sustentabilidad a una caja paraestatal como la Caja Notarial. Por todo eso estamos tan convencidos de que este proyecto de ley va a ayudar a garantizar su sustentabilidad y lo vamos a acompañar señora presidenta.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: primero quiero destacar que el miembro informante, el señor senador y escribano Draper, habló en nuestro nombre. Creo que fue muy claro en las afirmaciones y en los cuestionamientos que hizo del artículo 4.º. Además, dijo algo que me parece importante resaltar: dijo que se va a retirar de sala, que no va a votar. No está pidiendo permiso para que la cámara lo habilite a votar; se siente comprendido y eso habla muy bien de él. Me acotan que ya se votó, no lo sabía, pero de todos modos él no va a quedarse en sala porque se siente involucrado directamente, como lo está.
Es importante rescatar lo que ha mencionado. El de la seguridad social es un tema global del país, y no es con etiquetas que vamos a resolver los problemas. Ha habido aciertos y ha habido errores. A mi juicio –y no quiero entrar en esta discusión– hay un tema que, llegado el momento, vamos a tener que discutir. La reforma que instaló el sistema mixto no fue mala, para mí fue buena; sin embargo, creo que las medidas que se tomaron sucesivamente por los Gobiernos del Frente Amplio atentaron contra el equilibrio que se tenía que generar en el país –tal como se había estudiado en su momento– para que las tasas de reemplazo fueran lo atractivas que debían ser para mantener a la gente en el trabajo, producto de la vida misma. Por suerte, en Uruguay la perspectiva de vida es mayor; por lo tanto, aquello de que antes las mujeres se podían jubilar con cincuenta y cinco años y con sesenta los hombres, no existe más aquí ni en ninguna parte del mundo. Naturalmente, hay que hincar el diente con humanidad a este tema, porque estamos hablando de seres humanos que han trabajado treinta o cuarenta años. Y esto se tiene que reflejar como para que la vida útil de los uruguayos se mantenga. Digo esto a modo de titulares, no para entrar en el tema.
Cuando vienen los parches, una de las grandes injusticias es el tema del impuesto a las jubilaciones, el IASS, que se estructuró mal y se sigue estructurando mal, porque lo que pudo haber sido para una emergencia –me refiero al IASS– hoy va al BPS. Hemos escuchado reiteradas veces a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y a la Caja Notarial señalar que ellos tienen sus propias cajas, que no entran en el sistema mixto, que tienen un sistema de reparto y que de ninguna manera el impuesto que se les aplica a los escribamos puede ir al BPS pues tendría que destinarse a financiar su propia caja. ¡Estamos cansados de escuchar esto!
En cierto momento de la elección pasada, cuando los números estaban bien, nosotros buscamos hacer un gran esfuerzo para derogar el IASS; hoy los números no dan, digamos las cosas como son. La próxima semana vamos a recibir al equipo económico para analizar la rendición de cuentas, pero ya sabemos que el señor ministro dijo en la Cámara de Representantes que hay una situación deficitaria de 4,8 %, y quizá terminemos con un 5 %. ¡Ojalá que no!, porque quienes aspiramos a gobernar el país en los próximos cinco años no queremos tener una herencia maldita o una situación complicada en las finanzas. Entonces, frente a esta situación no tenemos margen como para hacer justicia. El IASS es injusto; por definición es injusto. No se puede aplicar un impuesto a gente que trabajó treinta o cuarenta años y que hizo el cálculo de los años de trabajo para lograr cierto ingreso, y lo estoy diciendo humanamente. No podemos decir que esto se debe a que se administró mal el país. ¿Qué culpa tienen los jubilados de que se haya administrado mal el país? Ellos se administraron bien; si tuvieron que trabajar treinta y cinco o cuarenta años fue porque la expectativa de jubilación, de retiro, que tenían les alcanzaba para vivir. Sin embargo, ahora viene el Estado y les dice que tienen que aportar porque las cuentas del Banco de Previsión Social no dan. Y esto sucede después de que nos cansamos de escuchar a Ernesto Murro, en su calidad de presidente del Banco de Previsión Social, decir que el banco daba superávit. ¡Semejante disparate! Dijo que el Banco de Previsión Social daba superávit, y tenía el IVA, el IASS y el IASS de otras cajas que iban a financiar la situación deficitaria del banco. Eso es así.
Frente a ese escenario, en el año 2008 el Gobierno del Frente Amplio propuso una ley que también complicó la situación. Acá, en el Senado, se nos dijo una cosa, pero luego resultó ser otra muy distinta. Y estas no son palabras mías, sino del ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori.
La reforma que se hizo a la seguridad social en el año 2008, a través de la ley de flexibilización –creo que se llamaba así; no recuerdo bien el nombre– para que la gente pudiera jubilarse sin tanto trámite y sin tanta prueba, fue advertida como un problema solamente por el entonces senador Alfie. Recuerdo –debo reconocerlo– que nosotros tuvimos la información oficial de que con el transcurso de los años esa reforma iba a tener un costo de USD 30:000.000; esas planillas las vimos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El ministro Astori nos mostraba una gráfica, porque a eso hay que sumarle no solo las normas de flexibilización, sino un aumento a USD 100:000.000 en el Banco de Previsión Social. Repito: USD 100:000.000.
Como Astori está inmerso en una coalición política que votó este instrumento, no osaría criticarlo, pero dijo claramente que era producto de las normas que se votaron en aquella ley y que el señor Murro, presidente del Banco de Previsión Social en aquel entonces, dijo que iban a significar un costo que, en el crecimiento del país, no iba a superar nunca los USD 30:000.000, pero llegó a USD 100:000.000. Además, se bajaron los requerimientos para las pensiones por enfermedad y estas crecieron enormemente y de golpe en el Banco de Previsión Social porque la tasa de reemplazo es mejor en el caso de que uno esté enfermo. Eso ha llevado a un crecimiento exponencial de gente que se jubila por enfermedad y no por los años que ha aportado. Toda esta situación es complicada.
Ahora viene este proyecto de ley sobre la Caja Notarial –o sea, los escribanos–, pero esta caja ya está aportando más de USD 9:000.000 por concepto de IASS al Banco de Previsión Social. Entonces, en mi opinión, este impuesto que se pone a los jubilados –es un 2 % para todas las pensiones y jubilaciones– es llover sobre mojado. De nuevo estamos gravando a la gente que tenía una expectativa de retiro; le estamos sacando a esa gente que no tiene posibilidades de trabajar más porque ya que se retiró, se jubiló. O sea que este impuesto es a los ingresos que generaron durante los años trabajados y con los que las personas pretendían retirarse en paz y con tranquilidad.
Se me anuncia que con este impuesto se puede recaudar un millón o un millón y algo –no estoy en la comisión, así que no sé la cifra exacta–, pero resulta que los jubilados, además del IASS, van a pagar este impuesto. No estoy de acuerdo; me parece que este camino es al que permanentemente recurre el Frente Amplio: lo arregla con más impuestos, lo arregla con más esfuerzos, pero no es el que debemos seguir.
Reconozco que el tema de la seguridad social es más profundo, más global, pero no entiendo por qué el Gobierno dice que es un tema para el período que viene. ¿Ya terminó el Gobierno? ¿Se terminó? ¿No existe más? Quedan los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero y ¿no hay una propuesta? ¿El Gobierno no tiene opinión sobre la reforma de la seguridad social? Naturalmente ahí –no directa, pero sí tangencialmente– está incluido el tema de las cajas bancaria, profesional y notarial. No podemos abordar el tema de la seguridad social sin tener en cuenta las cajas y el IASS.
Veremos qué es lo que pasa en realidad con la novedad que se trae este año –no tengo formación jurídica, pero el escribano Draper, que sí la tiene, trajo informes sobre su constitucionalidad– y si hay una instancia para recurrir este artículo o no. De todas formas, lo recurro conceptualmente –no jurídicamente porque, lamentablemente, no tengo la formación como para ser contundente y basarme en los informes que los juristas han traído– porque política, administrativa y económicamente no es el camino.
Se dijo que la Caja Notarial ha hecho experimentos y que ha hecho aportes a la ganadería, pero creo que lo más importante es que se administre bien y considero que tiene una buena administración. Naturalmente, hay que cambiar el tema de la edad para el retiro porque hoy se trabaja más. La situación de los escribanos en otras partes del mundo no es igual a la que tenemos aquí, y no sé si hay voluntad de ingresar en otro tipo de modificaciones. No es así en Argentina, en España ni en otros países, donde existen otras limitaciones respecto de la posibilidad de ejercer como escribano. No estoy haciendo ninguna propuesta, pero podríamos mirar un poco esta superpoblación de gente que ofrece su trabajo, con un costo para la caja que es importante. Tenemos que ver muchas cosas, pero este camino del 2 % en el artículo 4.º no me parece el correcto.
Acompaño todo lo que ha manifestado el escribano y senador Draper que, con contundencia, ha cuestionado este artículo; me parece que este no es el mejor camino.
SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: en primer lugar, creo que ningún impuesto o tasa que se cobre va a ser del todo justo para quien lo tenga que pagar; eso está en la tapa del libro.
Quienes gobiernan –no hablamos del Gobierno nacional, sino del gobierno de la Caja Notarial– proponen la creación de una contribución sobre la base, no de sostener lo que hacen hoy en la responsabilidad de su mandato, sino con la perspectiva de la sanidad futura de la caja. Entonces, creo que nadie propone esto para cometer una injusticia, sino, justamente, como una herramienta para dar sustentabilidad a la caja. Y dar sustentabilidad a un sistema de seguridad social es intentar hacer justicia. Por supuesto, a nadie le gusta tener que pagar más impuestos, más tributos. Creo que esa es una reacción humana casi natural. Pero entendemos que, más allá de esa limitación, es comprensible que esto se maneje así.
Cuando se creó la norma por la que se incrementó el IVA y se dispuso el aporte del 7 % para el BPS también se pensó que iba a ser transitorio, pero está vigente hasta el día de hoy. Quiero destacar los esfuerzos que ha hecho nuestro Gobierno por disminuir la carga tributaria y recordar que el IVA se redujo en cuatro puntos para el consumo, y eso sin tocar los siete puntos que van para el BPS. Es decir, hay una prioridad, y la sociedad hace un aporte para sostener el sistema de seguridad social porque es necesario hacerlo.
Por último, señora presidenta, nuestro Gobierno sigue actuando, definiendo cosas y tomando decisiones. Y en este tema de la seguridad social quien tiene la responsabilidad es nuestra fuerza política, y ya lo tenemos asumido. No se trata de que haya vencido el plazo. Pero vamos a actuar como lo hicimos cuando llegamos al Gobierno en el 2005, es decir, vamos a convocar al diálogo social para ver cuáles son los caminos que debemos transitar, en conjunto con los diferentes colectivos que se ven afectados o beneficiados por las normas de seguridad social, y vamos a tomar luego las definiciones para hacer las modificaciones necesarias.
Además, como estamos convencidos de que va a haber continuidad política en la conducción, no tenemos la necesidad de salir a lo loco ahora. Justamente, vamos a seguir considerando el tema con la sociedad en su conjunto y con los sectores involucrados para tener la mejor propuesta y, en el próximo período de gobierno, realizar modificaciones progresivas y no regresivas, como se hicieron en su momento.
SEÑOR BARÁIBAR.- E invitando al Partido Nacional.
SEÑOR PARDIÑAS.- Por supuesto, invitando a todos los partidos políticos, como bien me acota el señor senador Baráibar, y como lo hicimos en 2005.
SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: esta discusión la dimos en la comisión, y pido a los colegas que lean detenidamente el artículo 4.º, que comienza diciendo: «Créase una prestación de carácter pecuniario…». Es decir que no es un impuesto. El Código Tributario, en su artículo 10, especifica qué son los impuestos, y lo que establece este artículo no está comprendido en esa definición. Entonces, demos la discusión desde este punto de vista y no desde otro lugar, desde el cual nos negamos a promover este proyecto de ley.
Todas las reformas de la seguridad social se enmarcan en la justicia social y todos aportamos desde algún lugar para aquellos que se jubilan o para los que seguimos en el propio sistema. Ese es el espíritu de esta reforma, como de otras.
Quería decir esto porque me parece que estamos discutiendo en otra lógica y el contenido es claro: esta es una prestación de carácter pecuniario. No es un impuesto.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: en primer lugar voy a adelantarme a un posible cuestionamiento. Yo no participé de la comisión que tuvo a estudio este proyecto de ley, pero al tomar contacto con el informe de la División Estudios Legislativos no puedo sustraerme de las inconstitucionalidades que señala.
El segundo cuestionamiento al que me adelanto: se cuestionó la intervención del señor senador Draper porque es escribano y se dijo que tiene un interés. Yo también había pedido la autorización para votar porque mi marido es escribano. Mis palabras no se van a basar en ningún interés –mi marido está en actividad; no está retirado–, sino que me voy a centrar en el informe de la División Estudios Legislativos, que es un dato objetivo.
Ese informe marca –luego de estudiar bien, sí, el proyecto de ley, como sugería la señora senadora Passada– cinco inconstitucionalidades, y en el caso del artículo 4.º habla, sin ningún prurito, de impuesto.
El señor senador Pardiñas hablaba de la necesaria actualización de las normas y de consagrar la sustentabilidad en el tiempo de la Caja Notarial. Por supuesto, estamos de acuerdo con estos fines loables de justicia social, de participación en las contribuciones. El proyecto introduce algunos beneficios, que acompañamos, como el subsidio por maternidad, etcétera. El problema es la oportunidad, el cuándo. Y en relación a este punto me voy a centrar en lo señalado por el informe de la División Estudios Legislativos, que se nos alcanza para que consideremos su dictamen. De lo contrario, ¿para qué existe una División Estudios Legislativos que señala inconstitucionalidades si el plenario no las tiene en cuenta? Es la oportunidad política para enmendar estas posibles irregularidades. Entonces, atendamos estas señalizaciones.
En primer lugar, se dice que el Poder Legislativo no podrá determinar aumentos de sueldos y pasividades en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias. Estamos lejos de esos doce meses antes, porque solamente faltan dos meses y medio. El informe de la División Estudios Legislativos ahonda y explica el motivo por el cual el constituyente estableció esta prohibición. Dice que la voluntad del constituyente fue neutralizar que en el año previo se otorgara algún tipo de beneficios a nivel presupuestal, utilizándolo con fines de clientelismo político. Me estoy centrando en el informe. Agrega que si está prohibido aumentar los sueldos y pasividades, va de suyo que rige la misma prohibición para crearlos. ¿Y a qué se refiere con crear? Pone como ejemplos la jubilación por edad avanzada prevista en el artículo 18 y el subsidio por maternidad previsto en el artículo 23. Reiteramos: estamos de acuerdo en el fondo del asunto, en que se cree este subsidio por maternidad. Nos parece de toda justicia. El problema es de oportunidad, el momento en el que se está haciendo.
Luego, el informe de la División Estudios Legislativos habla de impuesto con relación al artículo 4.º, y dice que se violarían los principios constitucionales de igualdad y de prohibición de la doble imposición. A este respecto el señor senador Pardiñas dijo que ya se hizo en otras normas legislativas. Bueno: si se hizo en otras normas legislativas ello no habilita a que se reincida en una irregularidad.
La doble imposición que se está creando con esta obligación pecuniaria no solo está prohibida por la Constitución, sino también por tratados internacionales suscritos por la república. Como dice el informe, afecta derechos adquiridos y el principio de seguridad jurídica, pero por sobre todo señala una violación del artículo 67 de la Constitución. Este proyecto de ley estaría pasando por alto esta norma, surgida de la reforma constitucional de 1989, que establece, en su inciso segundo: «Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos», etcétera. Al crearse una obligación pecuniaria se está afectando, necesariamente, esta fijación que consagró la reforma constitucional jubilatoria del año 1989.
También señala la División Estudios Legislativos que la misma norma del artículo 67 establece que para cubrir las jubilaciones y pensiones los fondos deben surgir de las contribuciones obreras y patronales y demás tributos, no de los pasivos.
Respecto a la doble imposición, el informe de la División Estudios Legislativos cita también el artículo 298. Luego señala otra inconstitucionalidad, en el artículo 11, que dice: «... no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiere estado vigente». Es decir que se deroga toda exoneración de aportes patronales. Esto desconoce las llamadas exoneraciones constitucionales, previstas en el artículo 69 –para instituciones de enseñanza y culturales de igual naturaleza; exoneración que se establece como subvención del Estado a los servicios prestados por estas instituciones– y en el artículo 5.º de la Constitución. Estamos hablando de sectores bastante amplios de la población. Es un proyecto de ley que pretende derogar una exoneración constitucional.
Más adelante, el informe señala las mayorías parlamentarias necesarias para sancionar este tipo de modificaciones.
Entonces, a pesar de acompañar el espíritu de este proyecto, de que la sustentabilidad de la Caja Notarial y la actualización de las normas son debidas y de que se trata de un tema complejo –estamos de acuerdo–, quiero señalar que con esto se puede hacer sin incurrir en inconstitucionalidades y, sobre todo, en su oportunidad, porque estamos a dos meses y medio de las elecciones y los aumentos y la creación de beneficios están vedados constitucionalmente.
SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de 6.º año de Derecho del Colegio Latinoamericano, que nos están visitando.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: no integro la comisión que estudió el proyecto, pero me veo en la obligación de participar en el debate porque se ha desvirtuado muchísimo la discusión.
Lo primero que tendríamos que hacer es saludar que los propios interesados, es decir, los involucrados en el sistema de seguridad notarial, preocupados por su sostenibilidad, trabajen para que siga funcionando. Hacen aportes, hacen propuestas, dialogan con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y llegan a este proyecto de ley, que es un proyecto necesario. Por algo los interesados trabajaron activamente en su formulación. No integro la comisión, pero un día me golpearon la puerta del despacho siete u ocho personas, que eran los integrantes del directorio, y que me explicaron la necesidad y la importancia de este proyecto. La Caja Notarial había sido reformada en el 2001 y había que actualizarla, porque si no iba a entrar en crisis. Entonces, debemos saludar el trabajo de los involucrados.
También hay que recalcar que estamos analizando la reforma de una de las instituciones paraestatales de seguridad social; eso es importante. Y estamos ejerciendo función de gobierno.
Cuando estudio el proyecto para analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo primero que hago es ir al artículo 229 de la Constitución, que dice: «El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones…». En el proyecto que tenemos a estudio no hay ninguna disposición que implique aumento de pasividades. Por lo tanto, podría ser aprobado sin ningún inconveniente en la fecha en que lo estamos estudiando.
Señora presidenta: para analizar las normas que tenemos a estudio, también tenemos que considerar la naturaleza jurídica de la institución. La institución es una persona pública no estatal, es una caja paraestatal y, por lo tanto, no se aplican algunos institutos que aquí dijeron que se aplicaban, como los impuestos, las tasas, las contribuciones de seguridad social. Sí se aplica el Código Tributario, por su artículo 1.º, pero el artículo 10 dice: «Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimento de sus fines». Y el inciso segundo del mismo artículo establece que no constituyen tributos las prestaciones pecuniarias exigidas por las personas públicas no estatales. Es decir que la ley nacional dice que esto no es un tributo. La ley nacional dice que las prestaciones creadas por los artículos 4.º y 5.º no son impuestos; son prestaciones pecuniarias, que no requieren una mayoría especial para ser votadas.
No estamos creando ningún tributo. Estos no son tributos. No podemos compartir lo manifestado por algunos colegas, porque no es correcto desde el punto de vista jurídico.
Por lo tanto, tenemos que votar con tranquilidad esta norma y, como dijimos al principio, saludar el trabajo de los propios interesados, que hicieron un planteo responsable, pensando en el sistema de seguridad social que los involucra. Trabajaron activamente junto a las autoridades del Poder Ejecutivo y nos hicieron llegar un proyecto de ley, que es constitucional.
SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: retomo las palabras del senador Carrera, que se refirió a los artículos 1.º y 10 del Código Tributario. Él mencionó la definición de tributo como prestación pecuniaria que el Estado exige con el objeto de atender sus fines –ese es el concepto; estoy parafraseando la cita– y dijo que por el artículo 10, según su interpretación, queda excluida esta prestación pecuniaria que se impone porque no son tributos las prestaciones pecuniarias exigidas por personas públicas no estatales.
El tema es que se está estableciendo esta prestación pecuniaria por ley; no la exigen las personas públicas no estatales. Es una prestación pecuniaria que está exigiendo el Estado con el objeto de atender sus fines. Así también lo entendió la División Estudios Legislativos y por ello hizo el informe que hizo.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: voy a ser breve porque ya se han dicho acá los argumentos principales por los que, sabiendo que es necesario que se realice con cierta urgencia una reforma de la Caja Notarial, nosotros no acompañamos en comisión –y no vamos a hacerlo tampoco acá– el proyecto de ley en general. Se incurre en una inconstitucionalidad. De hecho, respaldo las opiniones que se han vertido aquí sobre el hecho de que existe una doble imposición.
Este quizá sea un debate para dar el año que viene, porque los problemas de seguridad social en el país son realmente acuciantes, urgentes. Me sorprendió mucho cuando el ministro Astori, hace un año y medio, nos dijo a todos los uruguayos: «Este es un tema muy importante y urgente para el próximo Gobierno», y quedaban, no seis meses como ahora, sino casi dos años. El ministro de Economía y Finanzas nos dice que tenemos un gran problema y la cuestión va a ser que lo resuelva el próximo Gobierno, una señal de inercia y de bajar los brazos muy grave.
Después viene este proyecto, que es iniciativa del Directorio de la Caja Notarial. Quiero destacar la preocupación de los directores de la Caja Notarial por la salud de la propia caja, que buscaron una solución. Ahora bien: la solución tiene que estar en regla con la Constitución de la república, y cuando se establece una doble imposición se está violando una normativa constitucional. Diría más: la pregunta que uno se hace –y eso vale probablemente para todas las cajas paraestatales– es por qué no se dispone que una parte del IASS –que los propios contribuyentes de la Caja Notarial aportan– tenga como destino el financiamiento correspondiente de la Caja Notarial. Porque, en definitiva, los jubilados de la Caja Notarial pagan un IASS, o sea que, de alguna manera, ya están pagando un tributo sobre sus ingresos, pero el producido de ese IASS va a rentas generales y financia los gastos del Estado en general, cuando en realidad si hay un déficit de una caja debería trasladarse el correspondiente aporte. Este es un impuesto de asistencia a la seguridad social –así se llama–, pero resulta que es de asistencia a la seguridad social del BPS porque, en definitiva, lo que pasa es que el Estado termina financiando el déficit del BPS.
Parece que acá hay un problema de sinceramiento que estoy seguro deberá ser uno de los grandes temas del año que viene ya que, como Astori anunció, la pelota va para el próximo Gobierno y en este la vemos pasar o surgen soluciones como esta, que es iniciativa del directorio de la caja y no del propio Gobierno.
Si bien reconocemos que hay un problema estructural, este no es original del Uruguay. Esta situación atañe a las sociedades modernas y tiene que ver con los datos de la estructura demográfica, que nos muestra que va a haber cada vez más problemas de sustentabilidad si el régimen de seguridad social se sostiene en la idea de que los activos deben financiar a los pasivos. Ya hace más de veinte años reconocimos que eso no era posible y fuimos a un régimen mixto; ninguno de los que critican este régimen lo dice, pero fue el que permitió evitar que el BPS se fundiera hace años. En realidad, si no hubiera habido un cambio en el régimen como el que se votó en los años noventa, seguramente se habría fundido.
Ahora tenemos por delante una nueva discusión de reforma de la seguridad social que tiene que ver con una estructura demográfica que hace insustentable el régimen sobre el sistema tradicional de que los aportes de unos financian los retiros de otros, porque los retirados son cada vez más, viven cada vez más tiempo –eso es muy bueno–, y los jóvenes son cada vez menos porque las tasas de natalidad tienden a la baja. Eso también es una novedad que tiene que ver con la modernización social y con los cambios de roles de género que, obviamente, son parte del asunto. Entonces, tenemos una discusión pendiente.
Esta iniciativa, así como está planteada, nos inhibe apoyarla por esa sencilla razón, sin perjuicio de que en el contexto de un debate tenemos que incorporar a todas las instituciones de seguridad social, es decir que el debate no debe ser solo sobre el BPS, sino respecto del conjunto de las cajas paraestatales y también de las cajas policial y militar.
SEÑORA EGUILUZ.- Señora presidenta: claramente, no integro la comisión, pero de todas maneras para venir a la sesión de hoy leímos las versiones taquigráficas sobre este tema, que entendemos importante, más allá de que nos allanamos a lo que han manifestado varios señores senadores en cuanto a la problemática general que tiene la seguridad social en nuestro país.
Queremos dejar de manifiesto que nosotros no vamos a compartir los artículos que marcan –desde nuestro punto de vista– claras inconstitucionalidades. Voy a referirme específicamente al artículo 229 de la Constitución. En este recinto se ha dicho que este artículo no sería violado mediante la aprobación de este proyecto de ley. Nosotros entendemos que, más allá de los argumentos que se han dado –que tienen que ver específicamente con la lectura literal del artículo constitucional–, un proyecto de ley de esta naturaleza no debiera ser aprobado –y tenemos algunos fundamentos que vamos a expresar a continuación– porque, claramente, genera dudas en cuanto a que esto no genere aumentos.
Como todos ya manifestaron, existen dos informes que fueron tratados en comisión. Uno de ellos, el de la División Estudios Legislativos de la propia cámara, es sobre el artículo 229 de la Constitución y refiere al artículo 17 del proyecto de ley. Este dice: «La asignación de jubilación será el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación, sin perjuicio del régimen de transición establecido en el artículo siguiente». En el caso del literal a) del numeral 2) del literal A) de este artículo 17, el informe de este Parlamento hace hincapié en que sería violatorio del artículo 229 de la Constitución. Específicamente, plantea que el incremento de las tasas de reemplazo por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco sería superior al actual –1,2 % versus 0,5 %–, pudiéndose llegar con eso a una tasa de reemplazo del 86 %, cuando la actual es del 82,5 %. O sea que se podría estar determinando aumento de pasividades, incurriendo claramente en una hipótesis de inconstitucionalidad respecto al artículo 229.
Me parece que este plenario no puede abordar toda la discusión sin que se diga claramente que esta es una postura jurídica dada por la División Estudios Legislativos de esta propia cámara en cuanto a este proyecto de ley, que nos parece tremendamente relevante.
En cuanto a las hipótesis de inconstitucionalidad del artículo 4.º –que ya se han mencionado y a las cuales también nos allanamos–, que tienen que ver específicamente con el principio de igualdad ante las cargas públicas, porque se estaría dejando en situación de desigualdad a algunos sectores y no se estaría legislando en forma genérica para todos, debemos decir que lo que se crea es un impuesto, no solamente por los argumentos que se dieron, sino también porque cumple con los elementos que tiene un impuesto: tiene un hecho generador, tiene un sujeto pasivo, es creado por ley. En fin, tenemos que ir nada más que a la lectura literal, a un entendimiento complejo de lo que es nuestro ordenamiento jurídico y a lo que, en definitiva, se entiende como un impuesto. No es una tasa, porque no hay una contraprestación; es un impuesto. Eso es lo que se crearía, desde nuestro punto de vista, en el artículo 4.º. Pero este no es solo nuestro punto de vista; por supuesto que también nos allanamos a lo vertido por los dos informes jurídicos que hablan sobre este tema, pero especialmente el del doctor Ruben Correa Freitas –catedrático reconocido por todos–, que claramente señala que en el artículo 4.º del proyecto de ley que estamos tratando habría varias violaciones al principio de igualdad.
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: en realidad, los que integramos la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social podremos tener muchos defectos y cometer muchos errores, pero nadie en su sano juicio podría decir que no somos tolerantes y que no damos a cada uno de los integrantes de los sectores el tiempo necesario para procesar los debates internos que necesiten. El tema es que nosotros vamos a tener que revisar si seguimos siendo flexibles a la hora de dar el tiempo para discutir porque después nos quieren apretar con los plazos producto de haber sido flexibles con los tiempos. Una parte de los argumentos que están esgrimiendo ahora para votar en contra es que estamos a seis meses de las elecciones, pero estamos discutiendo esta iniciativa desde el año pasado. Eso, ¿nadie lo dice? Lo que los sectores nos están pidiendo es tiempo, porque siempre hay temas más importantes para discutir que el de la seguridad social, salvo cuando estamos en campaña electoral; en ese momento vemos a los candidatos recorrer todos los medios de comunicación diciendo que están preocupados por la seguridad social. Pero cuando tienen la potestad para reformarla, para echarle mano, para convocar al debate, hay tiempo y hay que tirar la pelota para adelante. Aquí hay una contradicción, y alguno de los sectores que ahora está planteando un problema del tiempo va a tener que rever su planteamiento, porque no es culpa del oficialismo, no es culpa del Gobierno, no es culpa de la mayoría parlamentaria estar discutiendo esto ahora. Nosotros quisimos discutirlo en agosto del año pasado y nos pidieron tiempo porque se venía fin de año; luego quisimos discutirlo a principios de este año y nos pidieron tiempo porque estaban las definiciones electorales y, bueno, ahora llegó el tiempo de discutir sobre este tema porque en este caso hay un colectivo de profesionales que está esperando que este Parlamento tome una resolución. Si no lo hace ahora y pasan las elecciones, después el nuevo Gobierno –del mismo signo político que el actual– también va a decir que como hay tiempo… ¡No! Se terminaron los tiempos. Hay tiempos políticos para todo, pero ahora es momento de resolver porque estamos en período legislativo. Si no podemos legislar más nada, si no podemos tocar ningún otro tema porque estamos en campaña electoral, levantemos la sesión y vayámonos. Nos pecharemos en el interior del país, porque ahora todos nos acordamos de que existe el interior y que hay ciudades para recorrer y gente para ver.
Entonces, primero: quiero dejar absolutamente claro que no pueden achacarnos el problema del tiempo; estamos discutiendo ahora porque dimos el tiempo que la oposición nos pidió, y éramos conscientes de que debíamos obtener un acuerdo mayoritario.
Segundo: esta iniciativa del Poder Ejecutivo –que fue enviada el año pasado– tiene una larga lista de argumentos que fue saludada por todos los miembros de la comisión –hay que ver las versiones taquigráficas– debido a la línea argumental que explícitamente tiene este proyecto de ley. Es más, tal como dijo aquí alguna colega de nuestro sector político –y yo lo reitero–, tendríamos no solo que felicitar sino estimular al resto de las cajas para que cuando vean que las cuentas no les dan, se adelanten. Si el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas hubiese hecho lo mismo, no tendríamos el problema del déficit fiscal que hoy critican los señores senadores de la oposición. ¡También en eso se contradicen! ¡Resulta que a todos les preocupan los déficits en materia de seguridad social! ¡Resulta que están todos preocupados porque el señor ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, coloca determinadas urgencias en la discusión del presupuesto o de la rendición de cuentas! ¡Resulta que el número en rojo del déficit fiscal está en 4,8 %, y puede llegar a 5 %, pero tuvieron la oportunidad de votar la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y no lo hicieron! Eso le hubiese dado la posibilidad al pueblo uruguayo en su conjunto –al que todos los que estamos acá representamos– de destinar seiscientos millones de dólares menos a un solo sector de la población. Esta es la tercera contradicción de esta materia que tenemos en debate.
Una vez que discutimos todo el articulado, los treinta y cinco o treinta y seis artículos –si no me equivoco, treinta y tres o treinta y cuatro fueron aprobados por unanimidad en la comisión–, se coloca en debate si es o no constitucional, o sea, si el proyecto de ley está amparado por la Constitución de la república o la estamos violando.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora miembro informante de la comisión; yo estoy de acuerdo con la propuesta de reforma; ¡yo soy consciente, además, de que esta no debe ser una reforma perfecta! Como todas las cosas que elaboramos, siempre son perfectibles y no vamos a poder contemplar el cien por ciento de las demandas. Hemos recibido infinidad de delegaciones, y más de una vez las representaciones gubernamentales participaron en la comisión, como el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, como el Directorio del Banco de Previsión Social, como los integrantes de la Caja Notarial, como los jubilados, como los trabajadores, como los escribanos, en fin. Recibimos a todos quienes se enteraron de que se estaba reformando esto, y a todos los que no lo sabían, los invitamos a participar; los escuchamos y fuimos contemplando lo que se podía. Insisto: desgraciadamente, no a todos; algunos van a quedar, efectivamente, un poco molestos o más enojados porque determinados aspectos no pudieron contemplarse, pero hay que seguir discutiendo y analizando esto en el futuro porque hay razones de justicia.
Al igual que otro colega manifestó, yo no entiendo de materia jurídica porque no tuve la posibilidad de pasar por la Universidad, salvo para manifestar; para eso sí, pero para estudiar no. Sin embargo, me rodeo de excelentes profesionales y compañeros que nos ilustran y nos enseñan, y nosotros tratamos de aprender.
Este debate sobre el artículo 4.º trata de la creación de una prestación especial de carácter pecuniario similar a la oportunamente creada en el marco de la Ley n.º 18396, relativa a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Para encontrar un espejo de este debate hay que remitirse a la discusión de esa ley.
Cabe recordar que en esa instancia la Suprema Corte de Justicia –con distinta integración que la actual– desechó la acción de inconstitucionalidad oportunamente entablada, por la sentencia n.º 72, de 17 de marzo de 2014, en el marco de la jurisprudencia constante en materia de gravámenes a las pasividades en general. Para eso hay que ver las sentencias n.os 341/2009, 348/2009, 364/2009, 73/2010 y 842/2012. Yo no entiendo nada en materia jurídica y entiendo poco en materia de interpretaciones, pero la Suprema Corte de Justicia algo sabe y ya sentenció en esta materia. Por lo tanto, hay jurisprudencia y algunas dudas legítimas que se instalan acá ya fueron evacuadas en otras oportunidades por la Suprema Corte de Justicia.
El principio de igualdad reconocido por la Constitución impide imponer por vía legal un trato desigual a aquellos que son iguales, pero ello no implica que la ley no pueda regular en forma desigual a quienes no son iguales.
Por lo tanto, y en función de esta línea argumental, para nosotros esta norma es enteramente compatible con el margen de discrecionalidad que poseen los legisladores para establecer distintos parámetros y la obtención de los beneficios jubilatorios, en tanto el derecho a la jubilación, como todo derecho individual, no es absoluto y tolera las limitaciones que la ley establezca por razones de interés general.
En cuanto a la alegada violación –reiteradas veces colocada en el debate– de los derechos adquiridos que surge del informe de la División Estudios Legislativos, se entiende que la disposición que se analiza no los vulnera porque el derecho a la percepción de la pasividad comienza a regir una vez que se configura la causal jubilatoria, esto es, cuando el sujeto cumple con los parámetros exigidos por la norma.
Finalmente, voy a dar lectura a un breve pasaje del informe que todos mencionan, elaborado por la División Estudios Legislativos, firmado por su director, el escribano Renán Pascal Acuña. Dice así: «Entiendo que siendo una norma de carácter prohibitivo, excepcional con respecto al régimen general y que limita la actuación del Poder Legislativo, puede ser interpretada con un sentido estricto y restringido, por lo que no correspondería, en principio, aplicar al caso la interpretación teleológica y buscar la finalidad de la norma constitucional. En este punto, la interpretación literal y restringida del texto constitucional es clara: el Poder Legislativo no puede aumentar las pasividades (“determinar aumentos” de pasividades) en el año anterior a las elecciones; pero sí podría crear nuevas formas de acceder a las pasividades.
Sin embargo, existe una segunda forma de interpretar dicho artículo 229 de la Constitución, que podría hacer pie en el hecho de que crear un beneficio de naturaleza jubilatoria es un tema de pasividades y, en ese caso, determina una prestación pecuniaria, generalmente mensual y vitalicia para un grupo de personas. Entonces, si es materia de “pasividad”, la Constitución prohíbe expresamente aumentarlas en dicho período de carencia; y si está prohibido aumentarla, va de suyo que rige la misma prohibición para crearla. Esto es, si está prohibido aumentar las pasividades, que en el caso objeto de estudio sería lo menos, lo lógico es que también esté prohibido lo más, que en el caso sería crear la jubilación o la causal jubilatoria por edad avanzada que propone el proyecto.
Avala esta conclusión el hecho de que –claramente– la voluntad del constituyente fue neutralizar que en el año previo a las elecciones nacionales, aquellos organismos que tienen la potestad de otorgar algún tipo de beneficio a nivel presupuestal, contractual o pensionario, lo utilicen con fines de “clientelismo político”».
Está absolutamente claro que ese no es el espíritu de la iniciativa del Poder Ejecutivo, del debate que dimos en la comisión ni de la redacción que se ha presentado a través del informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, sino que el propósito es no permitir que una nueva caja de prestaciones de seguridad social caiga también en déficit. ¡Ojalá que todas las preocupaciones manifestadas, con mucha lealtad, por todos los señores senadores no queden en el olvido después de que pasen las elecciones! En ese momento deberemos echar mano a un gran debate nacional para discutir la seguridad social en su conjunto y evitar que se continúen generando estos hechos, que en el futuro complicarán a los beneficiarios.
SEÑORA PASSADA.- Antes de pasar a la votación del proyecto de ley, quiero expresar que, en la comisión, los artículos que tenemos en debate fueron votados por unanimidad. Allí nuestro sector tiene mayoría, pero reitero que los artículos 4.º y 5.º fueron votados por unanimidad. Quiere decir que hubo un debate sobre el tema y me pareció importante, por lo menos, resaltar este hecho. De todas formas, están las versiones taquigráficas de la comisión para verificar cómo se trató y se consideró este proyecto de ley.
Luego de la votación en general voy a presentar una moción de orden.
SEÑORA PASSADA.- Solicito que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, desglosando los artículos 3.º, 5.º y 16, para los que ya hemos hecho llegar a la Mesa las modificaciones correspondientes.
SEÑOR MIERES.- Vamos a solicitar que se desglosen también los artículos 4.º, 11 y 22.
SEÑORA ASIAÍN.- Solicito que se desglosen los artículos 18 y 23.
SEÑORA EGUILUZ.- Solicito que se desglose el artículo 17.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se ha propuesto suprimir la lectura del articulado y votarlo en bloque, desglosando los artículos 3.º, 4.º, 5.º, 11, 16, 17, 18, 22 y 23.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el criterio planteado para la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los artículos, menos los desglosados.
SEÑORA PASSADA.- Ya hemos hecho llegar a la Mesa las modificaciones propuestas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Han sido repartidas.
SEÑORA PASSADA.- Si ya han sido repartidas, creemos que no es necesario darles lectura.
SEÑORA PRESIDENTE.- La modificación propuesta para el artículo 3.º es que, en lugar de «inciso anterior», diga «inciso primero».
Se va a votar el artículo 3.º con la redacción dada por la comisión.
Se va a votar el artículo 3.º con la modificación propuesta.
En consideración el artículo 5.º. La modificación propuesta es que, en lugar de decir «enero de 2019», figure «enero de 2018».
Se va a votar el artículo 5.º con la redacción dada por la comisión.
Se va a votar el artículo 5.º con la modificación propuesta.
En consideración el artículo 16 con la redacción dada por la comisión.
En consideración el artículo 16 con las modificaciones propuestas, que son las siguientes: en el numeral 2) debería decir «1.º de enero de 2024»; en el numeral 3), «1.º de enero de 2028», y en el numeral 4), «1.º de enero de 2032».
En consideración el artículo 17.
En consideración el artículo 18.
–18 en 30. Afirmativa.
En consideración el artículo 23.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: con relación a los beneficios instaurados en los artículos 18 y 23, acompañamos la iniciativa en cuanto al fondo del asunto. Estamos de acuerdo con la creación de subsidios y con la posibilidad de que puedan acogerse a una jubilación anticipada, pero debe quedar claro que la Constitución nos inhibe de hacerlo en esta oportunidad. En ese sentido, la Constitución no discrimina si el estudio se demora en la comisión, si se tuvo la intención de hacerlo bien o si es algo que resulta injusto –tal como se afirmó en sala–, sino que es muy clara cuando señala que no se puede legislar sobre determinadas cuestiones. Eso no significa que no podamos seguir legislando de acá al final de la legislatura. Reitero que es muy clara la Constitución y por eso no vamos a acompañar este proyecto de ley, por una cuestión de oportunidad y de forma, no de contenido.
•	por el que se declaran de carácter obligatorio los debates entre candidatos a la presidencia de la república.
•	Por el que se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, suscrito el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día jueves 8 de agosto del presente, desde las 10:00 a las 16:00.
Se comunica que los señores Julio Baráibar, Ricardo Alcorta, Lilián Galán, Lucía Etcheverry, Zulimar Ferreira y Susana Pereira han presentado nota de desistimiento informado que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
13) PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan la profesión del trabajo social o servicio social. (Carp. n.º 1353/2019 - rep. n.º 898/19)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: en realidad, nosotros vamos a respaldar esta iniciativa que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes respecto a un tema que ha merecido que los involucrados –me refiero a los trabajadores o profesionales en materia de trabajo social– dieran argumentos en el sentido de que hace más de treinta años están trabajando para tratar de lograr este objetivo que va a prestigiar la profesión.
El trabajo social está directamente vinculado a las políticas sociales públicas que desarrolla el país y se hace necesario asegurar a la ciudadanía que hace uso de ellas una atención de calidad brindada por un profesional teórico, metodológico, éticamente competente, solvente y autónomo, a fin de brindar a la población ciertos estándares de atención.
La presente reglamentación de la profesión del trabajo social explicita en su articulado tanto las competencias como las obligaciones que deben guiar el ejercicio profesional, así como la estrategia y las herramientas fundamentales para la intervención profesional, los requisitos para la formación, la obtención del título habilitante a nivel nacional o la reválida de títulos expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con la normativa vigente, todo lo cual coloca a nuestro país en pie de igualdad con otros países de la región que ya cuentan con esta norma.
El trabajador social es un profesional universitario con una formación específica para trabajar en el área social según sus competencias y, fundamentalmente, como mediador entre las políticas públicas del Estado y los derechos de la ciudadanía. Se refiere, por una parte, a los profesionales, pues permite la regulación del mercado laboral en el que se insertan; a la ciudadanía, en tanto usuaria, pues es garante de los derechos, y también a las políticas sociales públicas, en tanto a la calidad y a la responsabilidad técnica de la prestación del servicio que se brinda.
Por todo lo expuesto y dado que los trece artículos que contiene la norma fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura, aconsejamos a este Cuerpo que apruebe afirmativamente la mencionada regulación.
SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar, creo que este es un paso significativo, tal como expresó en su informe el señor senador Castillo, porque se acompasa, también, con un avance que ha tenido nuestro país en la profesionalización de la formación del trabajo social.
Antes, el trabajo social tenía una formación que determinaba que el egresado tuviera la titulación de asistente social. Si bien tenía un fuerte componente profesional, tenía menor carga horaria y representaba un menor desafío en formación en la investigación, a diferencia de lo que sucede hoy en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales. En la actualidad ya es una licenciatura y ese avance, que acompasó la formación y que expresa la Universidad de la República con su estudiantado, requiere una consolidación desde el punto de vista del reconocimiento de las normas. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley. En el momento actual, en que se priorizan fuertemente políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo social y con los derechos de los actores en la sociedad –ciudadanos y ciudadanas–, y en que articulan vigorosamente los licenciados en trabajo social, este proyecto de ley nos parece muy significativo. Lo apoyamos, también, porque reafirma el compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de esta ciencia social en la que la Universidad ha apostado fuertemente porque hoy, inclusive, hay ofertas de posgrado en este ámbito.
Entonces, señora presidenta, con mucho gusto respaldamos esta aprobación que prontamente será una ley promulgada.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: simplemente, quiero sumar mis palabras a las del señor senador Pardiñas en cuanto a la importancia de aprobar esta norma. Me tocó dirigir las carreras de servicio social, Sociología y Ciencia Política en la Universidad Católica del Uruguay y debo reconocer que hay una larga y realmente muy importante trayectoria de esta profesión, con un aporte muy significativo a todo lo que ha sido el desarrollo de las políticas sociales en el país.
Además, quiero señalar que, efectivamente, hay una formación que proviene tanto de la Universidad de la República como de la Universidad Católica del Uruguay. Curiosamente, la escuela católica de servicio social fue la primera en formar trabajadores sociales –este es un caso original con relación al concierto de las profesiones universitarias– y, por supuesto, luego la Universidad de la República desarrolló la misma carrera.
Así que es un gusto y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder votar esta norma.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: al igual que los señores senadores Pardiñas y Mieres, quiero señalar que he votado con mucho gusto este reconocimiento de la profesión del trabajo social.
Debo decir que estoy rodeado de asistentes sociales, empezando por una hermana fallecida, Emma Baráibar, que fue directora de confianza del Iname, donde cumplió una tarea muy destacada durante muchos años. Creo que este reconocimiento de la carrera lo es, también, a la actividad cumplida por ella. Tengo tres hermanas; otra de ellas, Estela –también fallecida–, fue asistente social y también trabajó en un organismo del Estado, y María del Carmen, una hermana que aún vive.
También quiero mencionar –ya que estamos en este reconocimiento, en este homenaje– a mi hija, Ximena Baráibar Ribero, hija también de la senadora Ribero. Ella ingresó por concurso a la Intendencia de Montevideo –incluso, antes de que el Frente Amplio ganara el ejecutivo comunal– y ocupó un cargo de asistente social. También fue profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y hace unos dos o tres años se le planteó una disyuntiva. Se presentó a un concurso de ascenso dentro de la intendencia, también para un cargo de confianza, y además tenía la posibilidad de dedicación exclusiva en la profesión de asistente social. Renunció al cargo –cosa que no ocurre muy frecuentemente ya que se trataba de un puesto rentado y de jerarquía ligado a su profesión– en la Intendencia de Montevideo para dedicarse de forma exclusiva a la docencia y a la investigación de asistencia social. Sé que hoy tiene vínculos muy estrechos a nivel internacional –por los congresos a los que frecuentemente concurre– y también con el Ministerio de Desarrollo Social, para el que realiza tareas.
Así que en esta ocasión he mencionado a personas muy cercanas porque creo que hacerlo es, también, un homenaje a lo que ha sido la trayectoria ejemplar de todas ellas.
SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: muy brevemente, quiero sumarme al beneplácito por la aprobación de este proyecto de ley que reglamenta la profesión del trabajo social que, de alguna manera, es un derecho que garantiza ciudadanía. Esto da garantías no solamente a los ciudadanos, a los beneficiarios, sino también a los profesionales y a las políticas públicas por la forma profesional de ejercer, justamente, el trabajo social. De alguna manera, esto viene a corregir una inequidad que se daba en relación con los países cercanos –en los que ya estaba regulado– y da una herramienta más, de clara competitividad, a nuestros profesionales nacionales para ingresar –o disputar– en el ámbito de esta carrera, en el propio Mercosur.
Así que con beneplácito, repito, nos vamos a sumar a esto.
SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: en la misma línea de los colegas del Senado que ya se expresaron, me sumo al beneplácito de reconocer hoy el trabajo social y a sus profesionales. En particular, quiero agregar todo lo que ha significado el aporte profesional a esa meta de desarrollo sostenible –con desarrollo humano incluido– que nos hemos planteado.
En este sentido, los profesionales del trabajo social muchas veces nos han permitido abordar –de forma muy adecuada y profesional– los objetivos de desarrollo sostenible para que estos pudieran ser atendidos con la sensibilidad y la responsabilidad que se desea. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de las estrategias de desarrollo rural sostenible, pudimos incorporar la dimensión de lo que es la inclusión de las minorías, que están muy bien reflejadas en el artículo 3.º del proyecto de ley que acabamos de votar. Estos trabajadores –los asistentes sociales y los profesionales del trabajo social– nos han permitido hacer avances sustantivos que, en última instancia, consolidan lo que ha sido una orientación general de las políticas de desarrollo sostenible con inclusión, así que señalo el beneplácito de estar acompañando esta iniciativa.
Era cuanto queríamos expresar.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: aunque me encontraba fuera de sala cuando se votó, de cualquier manera quiero dejar constancia de los esfuerzos…
SEÑORA PRESIDENTE.- Perdone, señora senadora, pero me aclara secretaría que al no haber votado –porque no estaba en sala–, no puede fundamentar un voto que no emitió. No obstante, puede pedir la rectificación de la votación.
SEÑORA MOREIRA.- Entonces, eso haré, señora presidenta. Presento moción en ese sentido, así puedo votar y, luego, fundar mi voto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el proyecto de ley en general.
SEÑORA MOREIRA.- Agradezco la amabilidad y la paciencia de la Mesa.
Quiero decir que me parece muy importante la reglamentación de la profesión del trabajo social. Esta disciplina me es muy cercana porque doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales y también lo he hecho –durante años– en la maestría del Trabajo Social, así que allí tengo amigos, colegas y una trayectoria de muchos años de trabajo conjunto.
También quiero señalar que a lo largo de todos estos años he visto cómo ha crecido académicamente la profesión más práctica de las Ciencias Sociales; sin duda, esta es la más práctica de las disciplinas, es el corazón de la Facultad de Ciencias Sociales en la que se anotan más cantidad de alumnos y alumnas, y donde las mujeres son notoria mayoría.
También quiero decir que la profesionalidad del trabajo social ha estado en el corazón de la profesionalización de las políticas sociales en este país. Considero que sin ellas no habría sido posible la profesionalización de todo lo que hemos hecho en materia de desarrollo social, todo lo que hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social, todo lo que se ha hecho con el Sistema Nacional de Cuidados, todo lo que se ha hecho con relación a la violencia de género, todo lo que se ha hecho respecto al sistema penitenciario. Lo señalo, solo por nombrar algunas de las muchas cosas en las que el trabajo social está presente, si bien muchas veces en forma invisible, pero le ha dado una gran enjundia de profesionalización y pensamiento práctico y teórico, que es la índole de la disciplina: ese cruce entre la práctica y la teoría.
Por tanto, me alegro de que estemos votando este proyecto de ley. He visto crecer esta actividad. En la antigüedad se les llamaban las monjas laicas. Lo he visto crecer académica, científica y políticamente.
Insisto en decir que las políticas sociales en el Uruguay no llegarían al territorio sin el trabajo indispensable de las trabajadoras sociales. Uso el plural femenino porque lo vale en este caso.
SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR CASTILLO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA ASIAÍN.- Solicito el desglose de los artículos 9.º y 10.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar primero el criterio de votación, es decir, suprimir la lectura del articulado y votarlo en bloque, salvo los artículos 9.º y 10.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque, excepto los artículos mencionados.
En consideración el artículo 9.º.
SEÑORA ASIAÍN.- Tengo una inquietud respecto a los principios éticos de la profesión que se plasman en el artículo 9.º. En él se establece que estarán regidos por «los principios establecidos en el Código de Ética de la profesión».
Más adelante, este artículo determina: «Es un derecho y una responsabilidad de todos ellos, cumplir y exigir la observación del Código». Sin embargo, este código aún no está redactado. En el artículo 10 está prevista la celebración de una asamblea de profesionales con el fin de aprobarlo y modificarlo.
No estoy cuestionando en absoluto la idoneidad de los trabajadores sociales asociados para darse este código, pero lo que sucede es que todavía no está redactado. Dice así: «La asamblea profesional convocada para sancionar el Código de Ética se realizará…», es decir, en el futuro. Por tanto, estamos consagrando una norma legislativa que tiene un reenvío, pero un reenvío hacia el vacío; es una delegación de función legislativa en particulares.
Sería más preciso, de mejor técnica legislativa, obrar de la misma forma en que se hizo con el Código de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay que, una vez aprobado por el Colegio Médico, se homologó por vía legislativa. No comparto este procedimiento de abrir una puerta para que, con mucha idoneidad –cosa que no se cuestiona–, el gremio de los trabajadores sociales sancione un código que ya de antemano se está erigiendo con obligaciones jurídicas y con derechos. Esa es mi inquietud.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9.º.
–18 en 23. Afirmativa.
En consideración el artículo 10.
¿La señora senadora Asiaín quiere hacer uso de la palabra para referirse al artículo 10?
SEÑORA ASIAÍN.- No, señora presidenta. Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se deroga el inciso segundo del artículo único de la Ley n.º 19154, de 24 de octubre de 2013, habilitándose la compatibilidad sin restricciones entre el desempeño de actividades amparadas por la Ley n.º 18334, Estatuto del Artista y Oficios Conexos, de 17 de octubre de 2008, y la percepción de jubilación. (Carp. n.º 1367/2019 - rep. n.º 899/19)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: quiero hacer una observación porque en el tercer asunto del orden del día de la sesión de hoy se hace referencia a la Ley n.º 18334 pero, en realidad, debería decir Ley n.º 18384. Es, simplemente, para que quede constancia y que esto no induzca a una equivocación.
La semana pasada la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aprobó, sin realizar modificaciones, la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Representantes –donde también fue aprobada– por la cual se hace una corrección en la Ley n.º 18384, Estatuto del Artista y Oficios Conexos. A los efectos de poder amparar y que haya compatibilidad en algunas actividades culturales para jubilados, habría que eliminar ese inciso del artículo único de la Ley n.º 19154.
Nosotros también nos hacemos eco de esta iniciativa. Nos parece que puede contribuir, ayudar y, por tal motivo, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aconseja al Cuerpo su aprobación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Derógase el inciso segundo del artículo único de la Ley N° 19.154, de 24 de octubre 2013».
SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA PASSADA.- Quiero manifestar mi total acuerdo y hacer un reconocimiento a esta actividad, ya que hay antecedentes.
Además, deseo marcar dos detalles: entre el día de ayer y el de hoy hemos hecho un reconocimiento tácito a este tipo de actividades. Ayer votamos el proyecto de ley relativo al teatro independiente, y hoy estamos resguardando esta actividad. Son muchos –en algunos casos, actores y otros– quienes desarrollan tareas dentro del teatro. Quería resaltarlo.
15)	TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA ITALIANA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.º de marzo de 2019. (Carp. n.º 1333/2019 - rep. n.º 901/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este proyecto de ley tiene como finalidad la aprobación del tratado entre Uruguay y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas. Fue suscrito el 1.º de marzo de este año.
El Poder Ejecutivo en sus fundamentos describe varias facetas del presente instrumento internacional, que comenzó a instrumentarse desde el año 2017 –junto a otros tratados de extradición y cooperación judicial en materia penal– en negociaciones que surgieron a iniciativa de la República Italiana.
El tratado se desarrolla en veintidós artículos, en los cuales se confirma que las partes asumen el compromiso de prestarse mutuamente la más amplia cooperación en la materia sujeto de este tratado.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo lleva a cabo una presentación muy detallada y prolija de la fundamentación de cada uno de los artículos a los que arribaron los expertos de ambas partes. El objetivo del tratado consistió en obtener un texto moderno en su concepción y claro en su formulación, comprensivo de las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional, y en instrumentar mecanismos adecuados tendientes a promover una cooperación eficaz entre los Estados en materia de traslado de personas condenadas, a fin de facilitar su rehabilitación y reinserción social. Considerando que tal fin puede ser alcanzado mediante la concreción de este acuerdo bilateral se establece, con relación a las personas privadas de libertad como consecuencia de una condena penal, que esta puede ser ejecutada en su medio social.
Señora presidenta: la comisión se expidió, por unanimidad, a favor de este asunto. El articulado –que realizamos como informantes en la comisión– nació del examen de los antecedentes que nos remitió el Poder Ejecutivo y está al alcance de los señores senadores en sus mesas. El Poder Ejecutivo también realiza un pormenorizado examen del articulado. Teniendo estos antecedentes y la seguridad de la aprobación de la comisión por unanimidad, señora presidenta, estamos recomendando el mismo criterio al Senado de la república.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1 de marzo de 2019».
16)	ENMIENDA AL PROTOCOLO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados partes del Mercosur, firmada en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 5 de julio de 2002. (Carp. n.º 1258/2018 - rep. n.º 902/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este informe que está aquí, con la firma de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, ha sido aprobado por la unanimidad de los partidos que la integran y está destinado a proyectar la enmienda al Protocolo de Las Leñas, signado el 27 de junio de 1992 por los Estados partes del Mercosur y que en Uruguay fue ratificado por la Ley n.º 16971, del 15 de junio del año 1998.
Desde un comienzo, el Mercosur previó en el Tratado de Asunción que los Estados partes armonizaran sus legislaciones en diversas áreas para atender el proceso de integración, en particular lo relacionado con la cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. La sustancia de aquel instrumento atiende la integración regional, fundada sobre principios de respeto a la soberanía nacional y a la igualdad de derechos e intereses recíprocos.
En esencia, ha sido un documento significativo para el bloque, pues ha coadyuvado al trato equitativo de los ciudadanos del Mercosur, facilitando el libre acceso a la jurisdicción de los Estados partes para la defensa de sus derechos e intereses. La enmienda, como instrumento internacional, ratifica tal sentido, perfeccionando el nivel de cooperación y asistencia en material civil, comercial, laboral y administrativa del Protocolo de Las Leñas.
Señora presidenta: en el mismo sentido que en el proyecto anterior, y en virtud del tiempo de la cámara, deseo decir que está todo expresado en el informe que se encuentra en la banca de los señores senadores. Este proyecto de ley ha venido con el apoyo de todos los partidos que integran la Comisión de Asuntos Internacionales.
Quiero hacer un corolario y decir que este tipo de acuerdos se van a seguir profundizando. No podemos perder de vista, en la realidad de hoy, que en el terreno internacional hemos realizado un acuerdo con la Unión Europea, cuyas consecuencias van a ser muy importantes para la región. Todos estos aspectos en materia civil, comercial, laboral y administrativa implicarán una profundización de la cooperación entre los miembros del bloque y, seguramente, con quienes vengan al bloque a los efectos de realizar actividades comerciales, de inversión, actividades jurídicas y financieras. El Mercosur hace muy bien en ir avanzando para modificar el Protocolo de Las Leñas, en el mismo sentido en que lo hace este proyecto de ley.
No quiero abundar demasiado; sé que el tiempo del Senado es poco, por todos los asuntos que están pendientes. Entonces, en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales, estamos recomendando aprobar este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la Enmienda al Protocolo de Cooperación, y Asistencia Jurisdiccional en material Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, firmado en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 5 de julio de 2002».
17)	DESIGNACIÓN DE FISCALES LETRADOS ADSCRIPTOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a los doctores Mariana Bentancor Cazenave, Judith Rodríguez Núñez y Andrés Prícoli Porley. (Carp. n.º 1359/2019 - rep. n.º 892/19)».
Venimos de la Comisión de Asuntos Administrativos a informar que el pedido de venias de estos fiscales, que formuló el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a la Constitución, canaliza una propuesta del fiscal de corte.
Los nombres mencionados en la carátula de la carpeta corresponden a los tres doctores que ocuparon las posiciones cincuenta y seis a cincuenta y ocho en el concurso de oposición y méritos que realizó la Fiscalía General de la Nación hace ya dos años. No obstante, en la propia carpeta está debidamente fundamentado y documentado que quienes ocuparon las posiciones uno a cincuenta y cinco ya han sido designados en anteriores instancias en este Parlamento.
En virtud de la documentación que hemos revisado, que se ajusta adecuadamente a la normativa legal con respecto a la provisión de cargos –la revisamos rápidamente, sin perjuicio de que está analizada pormenorizadamente en el concurso de oposición y méritos–, encontramos que esas personas reúnen las condiciones necesarias y suficientes para cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo. Por lo tanto, estamos sugiriendo que el Cuerpo dé la venia para designar como fiscales letrados adscriptos a las doctoras Mariana Bentancor Cazenave y Judith Rodríguez Núñez, así como también al doctor Andrés Prícoli Porley.
Era cuanto queríamos informar, señora presidenta.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en los cargos de Fiscales Letrados Adscriptos (Escalafón “N”) a las doctoras Mariana Bentancor Cazenave y Judith Rodríguez Núñez y al doctor Andrés Prícoli Porley».
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.
18)	DESIGNACIÓN DE FISCALES LETRADOS DEPARTAMENTALES
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a las doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco (Carp. n.º 1360/2019 - rep. n.º 896/19)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como usted decía, me compete informar la designación de las doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco en calidad de fiscalas letradas departamentales, escalafón N. Debo decir que la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 174/2019, de 12 de marzo de 2019, convocó a concurso de ascenso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscales letrados departamentales.
En segundo lugar, una vez cumplidas las formalidades de estilo y controlada la documentación formalmente, así como los méritos de los postulantes, se nombró el tribunal correspondiente y se realizó el concurso de ascenso de oposición y méritos. Por resolución n.º 376/2019, de 27 de mayo de 2019, el señor director general de la fiscalía resuelve aprobar lo actuado por el tribunal que había sido designado a sus efectos y homologar una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado departamental, escalafón N, conformada por la selección de ocho participantes.
Por oficio n.º 588/2019, de 29 de mayo de 2019, el fiscal de corte propone al Poder Ejecutivo la designación, por vía de ascenso, de las doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco, quienes ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente en el orden de prelación de la resolución que mencioné anteriormente.
Por mensaje n.º 07/19, de 1.º de julio de 2019, en el asunto n.º 060/019, ante las vacantes existentes, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida conforme al numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, designándose, a propuesta del señor fiscal de corte, actuando dentro de la competencia funcional que en el orden administrativo la ley le asigna, a la doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco para ocupar el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N.
En este sentido, la Comisión de Asuntos Administrativos, dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante, y en mérito a que las ciudadanas que se proponen reúnen las aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo, manifiesta al Cuerpo que la propuesta se ajusta adecuadamente a la normativa legal para la provisión de cargos.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en los cargos de Fiscales Letrados Departamentales (Escalafón “N”) a las doctoras María Cecilia Gutiérrez Puppo y Viviana Paola Maqueira Velazco».
19)	SEÑOR FERNANDO ALBERTO ARROYO CASSANELLO. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto al señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello. (Carp. n.º 1358/2019 - rep. n.º 900/19)».
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: efectivamente, vamos a informar de esta venia, en cuyo mensaje el Poder Ejecutivo nos señala que la capacidad y eficiencia que el señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum que se adjunta, constituye un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la república propone asignar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República Árabe de Egipto.
Voy a leer un párrafo del mensaje recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, que expresa: «… tiene el honor de comunicarle que el Gobierno de la República Árabe de Egipto ha concedido el beneplácito de estilo para acreditar al Señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de la República Oriental del Uruguay ante la República Árabe de Egipto».
El señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello ingresó al servicio exterior en el mes de marzo de 1982 y ha tenido distintas actividades relevantes, tanto en la Cancillería como a nivel del exterior, representando al país. En 1987 fue tercer secretario en la Embajada de Uruguay en Países Bajos; en el período 1987-1990 estuvo en la Embajada de Uruguay en la Unión Soviética; en el período 1992-1993 estuvo en la Embajada de Uruguay en Líbano; en el período 2000-2005 estuvo como consejero en la Embajada de Uruguay en Bélgica; en el período 2008-2010 se desempeñó como embajador de Uruguay en Irán; en el período 2010-2014 fue ministro de la Embajada de Uruguay en Brasilia, y el 22 de julio del 2016 fue designado embajador de Uruguay en El Salvador.
La Comisión de Asuntos Internacionales ha recibido una solicitud del señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello para presentar el informe a la comisión. Esta lo conoció y ahora lo tengo en mi poder; trataré de ser breve en la exposición de sus contenidos. El señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello solicitó tener la posibilidad de no comparecer –como efectivamente ocurrió– ante la Comisión de Asuntos Internacionales, pero, como dije, remitió un informe muy pormenorizado sobre la situación de Egipto –a continuación, lo resumiré en mi intervención– y sobre las tareas que tiene previsto hacer. Su aspiración era poder viajar desde su destino, El Salvador –cuya venia se había votado oportunamente–, a la República Árabe de Egipto. La Comisión de Asuntos Internacionales aprobó una moción al respecto. Actualmente el señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello se encuentra en El Salvador y va a viajar directamente de allí a la República Árabe de Egipto, por lo que solicitó enviar el informe por escrito, manifestando su aspiración de lograr la aprobación correspondiente. Se puso a consideración de la Comisión de Asuntos Internacionales la posibilidad de habilitar este procedimiento y se votó por unanimidad: 8 votos afirmativos en 8.
Así como lo he hecho en otras ocasiones con relación a otros señores embajadores, debo decir que el informe que remitió para su presentación ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado es excelente para conocer lo que han sido las relaciones de Uruguay con la República Árabe de Egipto. A su vez, es un informe sobre la realidad política, económica y cultural de ese país. También figuran datos muy relevantes sobre las relaciones comerciales entre Uruguay y Egipto, así como las relaciones culturales, con datos sumamente precisos y exhaustivos para quien le interese el tema por distintas razones, desde información política hasta emprendimientos desde el punto de vista comercial.
Estoy tratando de resumir este documento, que es bastante extenso, con muchas páginas. Me permito leer algunos párrafos: «Uruguay y Egipto iniciaron su relacionamiento primero en el ámbito consular, cuando en 1923 se designó a Alfredo Assir como Cónsul del Uruguay en Egipto. Posteriormente, y siendo el primer Tratado firmado por Egipto con un país latinoamericano, el 21 de noviembre de 1932 se firmó en Roma un tratado de amistad entre el Rey Farouk y el Presidente Gabriel Terra. A partir de este momento se designaron encargados de negocios interinos y posteriormente embajadores de ambos países respectivamente, con sede en ambas capitales. El primer Embajador uruguayo fue designado en julio de 1961 y fue Carlos Masanés. Actualmente, Uruguay tiene además de la Embajada en el Cairo, un Consulado en Alejandría a cargo de un cónsul honorario».
Aclaro que, por razones de tiempo, voy a sintetizar la presentación.
En el informe también se habla de los lineamientos de acción política. Se expresa que en el plano bilateral se han registrado importantes intercambios con visitas de alto nivel, entre las cuales se destaca la presencia de los presidentes Sanguinetti, Lacalle y Vázquez, cancilleres, ministros de Estado e intendentes, además de las visitas y reuniones de carácter técnico.
El embajador Arroyo Cassanello dice, a su vez, en la presentación que «la intención es seguir promoviendo las prioridades de la política exterior multilateral uruguaya a efectos de seguir contando con el apoyo de Egipto en esta importante área para el Uruguay. Ejemplo de ello son los temas relacionados con la consolidación de la paz, la solución pacífica de controversias, la lucha contra el terrorismo internacional, o el diálogo de civilizaciones». Por mi parte, agrego aquí –aunque lo plantea extensamente en otro pasaje del informe– las relaciones comerciales, fundamentalmente en lo que ha sido la exportación de productos básicos, como ganado en pie y leche.
Asimismo, continúa señalando: «El Cairo es sede de la Liga de Estados Árabes, donde Uruguay es país observador. Este organismo nuclea a los países árabes de Medio Oriente y África y es responsable de coordinar los grandes temas de política exterior de sus miembros, incluyendo a veces relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud».
Luego da un informe detallado de las relaciones comerciales entre Uruguay y Egipto, que han tenido altibajos. A su vez, el embajador se plantea regularizar las exportaciones, algunas de ellas con dificultades, como es el caso de la renovación de la habilitación de establecimientos para exportar carne bovina a Egipto, que era de tres años y venció en el 2018; en ese caso, si bien se está en trámite, la renovación aún no se ha completado.
Hay distintos instrumentos comerciales muy importantes, como por ejemplo, nada más ni nada menos que el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de Egipto, firmado en la ciudad de San Juan, República Argentina, en agosto de 2010 y vigente desde el 1.º setiembre de 2017.
También están resumidas en el documento las líneas de acción cultural y los lineamientos de acción en aspectos consulares y de vinculación.
Más adelante, el informe del señor Cassanello adjunta un anexo en el que alude a los siguientes puntos: el contexto político, la política exterior, los antecedentes políticos recientes, el escenario interno –estado de seguridad, la situación en el Sinaí y el rol de Uruguay, a través del contingente militar uruguayo ubicado en la zona– y las relaciones bilaterales de Uruguay, que, como ya dije y lo señala el informe, inician en noviembre de 1932. Sobre este punto hace un relato muy pormenorizado de las visitas que han realizado dignatarios uruguayos a Egipto –que son numerosas y de alto nivel– y de Egipto a Uruguay, que también son muy importantes.
Luego analiza el contexto económico-comercial, haciendo consideraciones generales y enfatizando sobre la estructura productiva, la estrategia comercial, la situación económica actual de Egipto, el comercio bilateral, las exportaciones uruguayas a Egipto y las importaciones uruguayas desde Egipto. Se brindan incluso las estadísticas con lujo de detalles sobre los países exportadores e importadores hacia y desde Egipto.
A continuación, se hace referencia al comercio de la región con Egipto en el año 2016, a las oportunidades comerciales, a las inversiones, a la visita presidencial del doctor Tabaré Vázquez a Egipto –del 30 de mayo al 1.º de junio de 2017–, y a la situación actual del mercado de la carne y de la exportación de animales en pie. Sobre este último punto hace un detalle más pormenorizado porque, como dije, ha sido un rubro muy importante que en este momento se encuentra en trámite de habilitación.
Por otra parte, se hace referencia al contexto cultural y al contexto de asuntos consulares y de vinculación.
En resumen, señora presidenta y señores senadores, el informe del señor Arroyo Cassanello es muy exhaustivo, contiene información muy importante sobre la realidad de Egipto, la relación de Egipto con Uruguay, y lo que han sido los intercambios políticos, comerciales y culturales.
Como dije al principio, la Comisión de Asuntos Internacionales votó la autorización para que el señor Arroyo Cassanello viajara directamente de El Salvador a Egipto sin concurrir personalmente a la comisión y remitiera el informe, sobre el que realicé una síntesis ajustada en cuanto a los contenidos, pero muy rica con relación a los aspectos allí contemplados.
La Comisión de Asuntos Internacionales aprobó por unanimidad esta designación, por cuanto solicitamos su aprobación por la totalidad del Cuerpo.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: después del extenso informe del senador Baráibar, quiero dejar una constancia respecto a un punto que él menciona, porque se dio una particularidad.
El mismo día que la comisión tenía esta venia como uno de los puntos del orden del día, unos minutos antes de considerarla sucedió algo muy bueno que quiero destacar y es que un embajador que terminaba su misión –el embajador Sader, en Finlandia– vino a la comisión a rendir cuentas. Por lo general esto se pasa por alto, pero para mí es una muy buena señal. Es más, nosotros lo habíamos planteado al principio de la legislatura.
Habitualmente los embajadores asisten a la comisión a decir cuáles son sus planes, su visión y la misión que le encomienda el Gobierno, pero luego finaliza su misión y no vuelven por aquí. Sin embargo, este embajador –no es el primero que lo hace, pero no sucede habitualmente– vino a decir cuál había sido el resultado de sus cinco años de misión en Finlandia. Celebro esto y quiero dejar constancia aquí en el Senado.
Minutos después de escuchar al señor Sader, cuando tratamos la venia que estamos considerando ahora –aclaro que el embajador sugerido tiene currículum abundante y necesario, por lo que tendrá nuestro voto afirmativo en el día de hoy–, se dio una situación que yo planteé sin versión taquigráfica en la comisión, pero como ahora lo señala el senador Baráibar aquí, me veo obligado a mencionarlo: el embajador no vino acá, sino que se tomó un avión directo de El Salvador a El Cairo. Desde mi punto de vista, esa no es una buena práctica. Mandó una buena presentación –no quiero objetar el currículum ni la presentación–, pero me parece que la presencia en la comisión debe ser física y que el embajador debe estar allí, como tendría que darse al regreso de cada embajador en cada misión. Insisto en que el embajador tiene buen currículum, por lo que vamos a votar afirmativamente esta venia, pero el mecanismo utilizado no es el idóneo. Se me dice que es una excepción, pero yo pregunto: ¿quién mide las excepciones? ¿Cuál es la razón de la excepción? ¿Fue un caso de fuerza mayor? No; no lo fue. Considero que el contenido está siempre sujeto por las formas; hablamos poco de las formas, pero cuando estas se rompen el contenido se desvanece y por eso las formas son importantes.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, quiero decir dos cosas al respecto.
En primer lugar, como miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales, nos congratula –así lo planteamos en su momento y fue aprobado– que, de un modo u otro, los embajadores puedan rendir cuentas y dar un cierre a su gestión. Eso se está dando fluidamente y me parece que será para el futuro una práctica muy interesante para el Parlamento y fundamentalmente para la Cámara de Senadores.
Por otro lado, en lo que respecta a la segunda parte de lo que expresó el senador Lacalle Pou, coincido con él en cuanto a la práctica. Nosotros, por razones de fuerza mayor, aprobamos el criterio de que el embajador viajara directamente al nuevo destino asignado, pero creemos que no se le puede impedir al Senado tener, por lo menos, una conversación en directo con él, porque la venia no es un mero trámite administrativo. Me parece que en este terreno no podemos empezar a confundirnos.
La Cancillería tiene que tomar nota de que el Senado está preocupado por esta práctica, porque no es la primera vez que sucede, sino la segunda o la tercera. Por si la oposición no lo entendió de esa manera, queremos decir que los legisladores del Gobierno pensamos que el informe debe ser presencial porque, al mismo tiempo, el embajador debe estar sujeto a las consultas y a las preguntas que pueda realizarle el legislador. Precisamente, ahora que tendremos un cierre de cada gestión, podremos consultar a ese futuro embajador sobre determinados bemoles que pueda tener su misión: la situación política del destino, la situación económica, el comercio exterior, etcétera. En definitiva, señora presidenta, no es un tema menor el que acaba de mencionar el senador Lacalle Pou, y a nosotros, como legisladores del Gobierno, también nos preocupó.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: comparto, en términos generales, lo expresado por los señores senadores Lacalle Pou y Martínez Huelmo, pero tal vez me signifique hacer algunas apreciaciones.
Hemos estado de acuerdo con esta iniciativa. Por ahora es un hecho que los embajadores brinden un informe a la Comisión de Asuntos Internacionales al regreso de sus misiones en el exterior, como el que hizo el embajador Sader y otros señores embajadores con anterioridad. Ahora bien, tenemos que señalar una cosa: mientras la comparecencia para el otorgamiento de la venia que autoriza la designación es un precepto constitucional –así se establece, así lo votamos, y la venia tiene que aprobarla el Senado, porque con su voto debe habilitar la designación a esa misión–, no hay nada referido a la rendición de un informe al regreso. Ello se ha dado por la buena voluntad de todos los miembros de la comisión –quiero destacarlo especialmente–, pero será tarea de la próxima legislatura establecer alguna norma –y no estoy pensando para nada en una reforma constitucional, sino en alguna ley o norma en el Reglamento del Senado; se estudiará oportunamente– que establezca si es preceptiva o no la concurrencia a la comisión, si los embajadores lo hacen voluntariamente o de manera obligatoria, y si ese informe debe ser votado por la comisión o no. Hasta ahora no ha sido votado, y si bien ha habido un acuerdo, fue tácito. Habría que ver si luego de la recepción de ese informe por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales debe emitirse un mensaje al pleno del Senado –como se está haciendo ahora por una vía informal–, para argumentarlo formalmente y, a su vez, ver si debería ser votado por el Senado.
Si bien en la medida en que hay acuerdo –lo hubo en todos los casos; no estoy planteando ninguna discrepancia sobre el tema– la cosa funciona bien, habría que dar un grado de formalidad a algo que considero sumamente importante: que los embajadores que presenten su informe, lo hagan también al momento de rendir cuentas. Sería bueno que hubiera una normativa al respecto con carácter de ley o que se establezca en el Reglamento del Senado para que se considere importante.
Comparto también lo señalado por los senadores Lacalle Pou y Martínez Huelmo en cuanto a que es bueno establecer alguna norma –de repente puede hacerse de manera conjunta– que indique la obligación de comparecer ante la comisión. Además –como se dijo muy claramente–, se pueden formular preguntas que pueden ser pertinentes; de hecho, es habitual consultar a los embajadores sobre este tema y la comparecencia permite hacerlo.
En resumen –y ya finalizo–, creo que sería bueno para el futuro que quedara constancia de estas dos consideraciones, que han sido incorporadas y que estuvieron presentes en la discusión de la comisión. Ahora debemos votar la venia del embajador Arroyo Cassanello.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto al señor Fernando Alberto Arroyo Cassanello».
20)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 07 de agosto de 2019
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 8 de agosto de 2019, por motivos personales.
Sin más, la saludo atentamente.
Sandra Lazo. Senadora».
Se comunica que los señores Lucía Etcheverry, Zulimar Ferreira y Lauro Meléndez han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
21)	SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UNA FUNCIONARIA
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día.
(Así se hace. Son las 12:47).
(Son las 12:51).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas.
(Así se hace, a las 12:51, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Cardoso, Carrera, Castillo, Draper, Eguiluz, Gallicchio, Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Otheguy, Pardiñas, Passada, Vassallo y Xavier).

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 97
 artículo 121
 artículo 97
 artículo 33
 artículo 22
 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 298
 artículo 11
 artículo 69
 artículo 5
 artículo 229
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 229
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 3
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 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
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 artículo 10
 artículo 10
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 resolución 
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 artículo 168