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Timestamp: 2018-08-20 20:09:29+00:00

Document:
﻿ AUTO 2010-00615/52920 DE OCTUBRE 12 DE 2017
AUTO 2010-00615 DE 12 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACLARACIÓN DE SENTENCIA. POR REGLA GENERAL, EN ACATAMIENTO DEL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LOS FALLOS JUDICIALES, Y EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 309 DEL C.P.C LA SENTENCIA ES IRREVOCABLE O INMODIFICABLE POR EL JUEZ QUE LA PRONUNCIÓ, SIN EMBARGO, EXISTEN EVENTOS EXCEPCIONALES EN LOS QUE LA MISMA NORMA PERMITE QUE EL FALLO PUEDA SER ACLARADO DE OFICIO POR EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO O A SOLICITUD DE PARTE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN CON DOS CONDICIONES BÁSICAS: I) QUE LOS CONCEPTOS O FRASES EN QUE SE FUNDA LA SOLICITUD OFREZCAN VERDADERO MOTIVO DE DUDA, II) QUE ESTÉN CONTENIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO O INFLUYAN EN ELLA. ASÍ, LA ACLARACIÓN NO PROCEDE POR RAZONES DIFERENTES A LAS TAXATIVAMENTE INDICADAS POR LA NORMA. EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS, SE ADVIERTE QUE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO CONSTITUYE UN MEDIO IDÓNEO PARA OBTENER LA REFORMA DE LA SENTENCIA O LA MODIFICACIÓN DEL CRITERIO QUE EL JUEZ ADOPTÓ EN EL FALLO. ADEMÁS, TAMPOCO ES POSIBLE CUESTIONAR DECISIONES DE SEGUNDA INSTANCIA NI REABRIR LA ETAPA PROBATORIA SO PRETEXTO DE LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA. DE ESTA MANERA, CUANDO EL CENSOR LO QUE PERSIGUE EN REALIDAD ES CUESTIONAR LA VALORACIÓN PROBATORIA EFECTUADA EN CADA UNA EN LAS PIEZAS OBRANTES DEL PLENARIO, NO RESULTA COMO ARGUMENTO VÁLIDO PARA FUNDAR LA PERTINENCIA DE UN ACLARACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O CORRECCIÓN A LA SENTENCIA, POR NO REUNIRSE LOS SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA. POR OTRO LADO, SE ESTABLECE QUE DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA NO PROCEDE EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE SUMAS CONTENIDAS O NEGADAS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE, GOZANDO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, SON POSTERIORMENTE DECLARADOS NULOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACLARACIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA, INTERÉS MORATORIO, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Auto 2010-00615/52920 de octubre 12 de 2017
Rad.: 76001-23-31-000-2010-00615-01(52920)
Temas: Pérdida de oportunidad derivada de la inhabilidad para contratar con el Estado como consecuencia de la declaratoria de caducidad / demostración de los contratos celebrados durante los cinco años anteriores – Perjuicios morales en materia contractual / necesidad de la prueba de su causación / Improcedencia de intereses moratorios cuando la condena se desprende de la nulidad de un acto administrativo.
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. competencia del Consejo de Estado; 2. presupuestos procesales: 2.1. procedencia y oportunidad de la acción; 2.2. legitimación en la causa: 2.2.1. de la falta de legitimación en la causa respecto de los demandantes que conforman el grupo familiar del ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga; 3. análisis del recurso de apelación; 3.1. de la pérdida de oportunidad de celebrar contratos con el Estado derivada de la inhabilidad que surge como consecuencia de ejercicio de la potestad excepcional de caducidad; 3.2. perjuicios morales en materia contractual; 3.3. sobre el reconocimiento de intereses moratorios derivados de la falta de pago oportuna del saldo del contrato y 4. de las costas.
En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la nulidad del acto contentivo de la declaratoria de caducidad del Contrato No. 030175 de 2005, celebrado entre el departamento del Valle del Cauca y el ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga, así como el incumplimiento atribuible a la entidad contratante y los perjuicios originados en estas circunstancias.
También le asiste competencia a la Sala para conocer de la presente causa en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $ 737.361.092, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($ 255.000.000)(3), exigida en la Ley 954, promulgada el 28 de abril de 2005, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
El presente debate versa sobre la legalidad del acto por medio del cual se declaró la caducidad del contrato 030175 de 2005, suscrito entre el departamento del Valle del Cauca y el Ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga, junto con la declaratoria de su incumplimiento y los perjuicios padecidos por el contratista con ocasión de lo anterior, aspectos que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponden ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada.
En el caso bajo examen, debe tenerse en consideración que ambas partes coinciden en señalar que el contrato 030175 de 2005 no ha sido liquidado, al punto de que la liquidación judicial fue una de la pretensiones invocadas y que se somete a consideración la legalidad del acto que declaró la caducidad del negocio jurídico contenido en la Resolución 467 del 4 de diciembre de 2007, así como la de la decisión que la confirmó en sede de reposición, plasmada en la Resolución 33 del 7 de marzo de 2008, la cual fue notificada personalmente, el 27 de marzo de 2008(4).
“En el proceso contencioso administrativo, que no difiere sustancialmente de los demás, la parte demandante viene a ser así la que instaura o formula una pretensión o, en otros términos, la que acciona (…).
“Ordinariamente la parte demandante será el particular que se cree titular de un derecho lesionado o de un interés sea legítimo a general (…)”(6)
En línea con lo advertido, ocurre, pues, que el ejercicio de la acción contractual a la luz de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A.(7) se reservó de manera exclusiva a las partes de la relación obligacional, restricción que atiende al entendimiento de que el daño o perjuicio por cuya indemnización se entabla el litigio tiene como fuente el negocio jurídico, del cual solo pueden desprender derechos y obligaciones a través de este cauce procesal quienes conforman uno de los extremos del mismo.
De contera, se impone concluir que al no ser los demandantes María Eugenia Quintero Bolaños, Clara Eugenia Quintero Quintero, Carlos Iván Quintero Quintero y Edgar Mauricio Quintero Quintero parte del Contrato 030175 que se reputa incumplido y en cuyo desarrollo se dictó el acto administrativo sobre el cual recae la pretensión anulatoria, respecto de aquellos no puede predicarse legitimación en la causa por activa y así será declarado.
— La ausencia de reconocimiento de los perjuicios que a título de pérdida de oportunidad se derivaron de la declaratoria de caducidad del contrato que fue anulada en primera instancia.
— La falta de reconocimiento de los perjuicios morales padecidos por el contratista como consecuencia de ese mismo hecho.
— La negativa al reconocimiento de los intereses moratorios que emergieron por el no pago oportuno del valor total del contrato.
3.1. De la pérdida de oportunidad de celebrar contratos con el Estado derivada de la inhabilidad que surge como consecuencia del ejercicio de la potestad excepcional de caducidad de un contrato estatal
Para resolver el cargo de censura, prima facie, se impone recordar el criterio sentado en sentencia de unificación(8) proferida por la Sección Tercera de esta corporación, a cuyo tenor se dispuso que la declaratoria de caducidad viciada de nulidad comportaba una pérdida de oportunidad que configuraba un daño indemnizable y que se derivaba directamente de la inhabilidad prevista en el artículo 8 literal c) de la Ley 80 de 1993, que le impedía al afectado con dicha determinación contratar con la administración pública durante los cinco (5) años siguientes:
Número Fecha de celebración / iniciación Partes del contrato Objeto Valor Plazo de ejecución
004(9) 14 de julio de 2003 Municipio de Palmira e ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga Construcción del muro de cerramiento del costado oriental del Bosque municipal. $ 90.156.195 Dos meses
ODS. 1(10) 24 de abril de 2003 Universidad Nacional – Sede Palmira e Ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga Pavimentación del área de mantenimiento de la Universidad Nacional- sede Palmira. $ 50.265.166 Veinte Días.
ODS. 116(11) 31 de julio de 2003 Universidad Nacional – Sede Palmira e Ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga Construcción de tramos de muros en espacios para materas en el lote de cultivos de la Universidad Nacional- Sede Palmira. $ 2.346.240 Ocho días
SG-OP-01(12) 15 de diciembre de 2003 Municipio de Palmira e ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga Construcción de cubierta sobre losa en el puesto de Policía de Tienda Nueva $ 7.647.982 Treinta días
086(13) 5 de enero de 2004 Secretaría de Vivienda Social de Cali e Ingeniero Edgar Iván Quintero Construcción de la rede de acueducto y sus obras complementarias en el proyecto Urbanización “La Fortuna”. $ 26.527.658 Noventa días
045(14) 17 de mayo de 2004 Departamento del Cauca e Ingeniero Edgar Iván Quintero Construcción de Aulas Escolares en el colegio Madre de Dios el municipio de Piendamó. $ 56.988.152 Tres meses
SA-OP-123(15) 13 de diciembre de 2005 Municipio de Palmira e Ingeniero Edgar Iván Quintero Reparación y remodelación de las casetas comunales de los barrios Estonia y Alfonso López. $ 11.695.594 30 días
SIV-OTR-05-42210099 de 2005(16) 21 de diciembre de 2005 Municipio de Santiago de Cali e Ingeniero Edgar Iván Quintero Mantenimiento de la carrera 46C entre calles 41 y 42 barrio Mariano Ramos $ 26.861.952 45 días
SA-OP-455-06(17) 6 de febrero de 2007 Municipio de Palmira e ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga Reparación de instalaciones de edificios públicos en el corregimiento de Bolo la Italia $ 66.664.728 Noventa días.
En consideración a lo anotado, la Sala estima procedente el reconocimiento del perjuicio reclamado a título de pérdida de oportunidad, de conformidad con los parámetros que sobre el particular ha trazado la jurisprudencia de esta corporación.
004 $ 90.156.195 $ 4.507.808
ODS. 1 $ 50.265.166 $ 2.513.108
ODS. 116 $ 2.346.240 $ 117.312
Total $ 2.379.409 $ 3.005.635
086 $ 26.527.658 $ 1.326.382
045 $ 56.988.152 $ 2.849.407
Total $ 2.087.894 $ 2.499.954
SA-OP-123 $ 11.695.594 $ 584.779
SIV-OTR-05-42210099 de 2005 $ 26.861.952
$ 1.343.097
Total $ 963.938 $ 1.100.791
SA-OP-455-06 $ 66.664.728 $ 3.333.236
Total $ 3.333.236 $ 3.447.011
2003 $ 3.005.635
2004 $ 2.499.954
2005 $ 1.100.791
2007 $ 3.447.011
$ 2.513.347
Así pues, el promedio de utilidad recibida por el contratista por la ejecución de contratos celebrados con el Estado durante los cinco años anteriores a la declaratoria de caducidad corresponde a $ 2.513.347 anual. Dicha cifra se multiplicará por los cinco años que duró la inhabilidad originada en dicha declaratoria. Una vez obtenida la suma correspondiente se procederá a actualizarla, teniendo como fecha inicial la de marzo de 2008, por ser esa la época en que se produjo la ejecutoria del acto acusado, y de ahí la imposibilidad de seguir contratando con el Estado, y como fecha final la correspondiente a la del presente fallo, así:
$ 2.513.347 X 5 = $ 12.566.735
Ra= Vh Índice inicial
Ra= $ 12’566.735 96,04
Ra= $ 18’019.211
3.2.- Perjuicios morales en materia contractual
La jurisprudencia de esta corporación en diversos pronunciamientos ha considerado que, en materia contractual, específicamente al referirse al daño que puede surgir como consecuencia de la declaratoria de caducidad adoptada en detrimento del contratista, eventualmente cabría emitirse condena por concepto de perjuicios morales, cuya prosperidad en todo caso está condicionada, al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio, a la prueba de su existencia. Al respecto se ha manifestado:
“En general, la doctrina del Consejo de Estado(20) ha sido reacia a reconocer el perjuicio moral tratándose de responsabilidad patrimonial contractual o precontractual, aunque no niega su procedencia en el evento de que se presentare lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales (honor, reputación, etc.) y estuviese demostrada en el expediente. En el subjudice no procede la condena por daño moral solicitada por el actor por cuanto no hay una sola prueba que así lo indique y los perjuicios no pueden presumirse del sólo incumplimiento obligacional(21).
En este sentido, cabe puntualizar, además, que, con el propósito de obtener la condena por el daño moral ocasionado en la merma patrimonial, que en este caso deviene de la imposibilidad de contratar con el Estado por la sanción impuesta al demandante, se debe probar la materialización del daño moral, es decir, la afectación mental, emocional o sicológica que sufrió real y efectivamente por la pérdida imputable a la actividad del Estado, con base en hechos fehacientes debidamente demostrados por cualquier medio de prueba idóneo.
En esa medida, no basta presumir el deterioro de la salud mental con base exclusivamente en las secuelas materiales procedentes de la disminución patrimonial, y ligarlas de manera automática al ámbito personal, pues no se puede soslayar el hecho de que todas las personas no reaccionan de modo uniforme frente a los detrimentos económicos. El grado de dicho impacto en la esfera interna del individuo depende, además de su capacidad de resiliencia, de otros factores, tales como las condiciones del entorno familiar, social, económico cultural, todo lo cual debe ser probado y valorado para fundar la condena por el daño moral.
Declaración rendida por el testigo Lord Bayron Trujillo, en su calidad de ex compañero de trabajo del demandante, con quien laboró en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cali. En relación con el estado de ánimo del ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga con posteridad a la imposición de la caducidad, afirmó(23)(se transcribe literal incluso posibles errores):
“Antes de la sanción era una situación muy normal de una familia que tenía los suficientes ingresos para vivir de una manera muy cómoda y sin preocupaciones, posterior a la sanción no sólo se presentó un decrecimiento de los ingresos o del patrimonio del ingeniero y su familia por la inversión que él hizo en la obra, sino también por la sanción se le impidió contratar con el Estado durante cinco (5) años, siendo este el espacio en el cual se movía el ingeniero Edgar Ivan Quintero en materia de contratación, pues era muy recursivo en cuanto a las propuestas que presentaba ante los diferentes entes estatales para efectos de lograr obtener contratos y ejecutarlos y al momento ya tenía varios contratos adjudicados a los cuales debió renunciar por la sanción que no le permitía contratar, entonces pues es obvio que el estado de ánimo se perturbó, no era el mismo y esto tuvo efectos que repercutieron a nivel familiar y por ende profesional”.
“(...) hubo una injusticia con el ingeniero y le han causado perjuicios no solo profesionales sino personal porque vivió momentos de desmoralización muy bravos”.
3.3. Sobre el reconocimiento de intereses moratorios derivados de la falta de pago oportuna del saldo del contrato.
El último cargo de censura estribó en la falta de reconocimiento de los intereses moratorios ocasionados por el no pago oportuno al contratista del saldo que se le debía en cuantía de $ 14.933.330, correspondiente a la ejecución del 50% restante de la obra.
Para resolver el cargo de reproche, se recuerda que el tribunal de primera instancia declaró que el departamento del Valle del Cauca incurrió en incumplimiento del Contrato 030175, por no haber reconocido en favor del ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga la totalidad del valor de la obra pendiente de pagar en cuantía de $ 14.933.330, pues estimó que, contrario a lo sostenido en el acto por el cual se declaró la caducidad del negocio jurídico con fundamento en la falta de ejecución de la obra pactada, en el plenario se evidenció que el actor había terminado en su integridad el objeto contratado el 30 de diciembre de 2006, de tal suerte que debía pagarse la suma adeudada en su favor por concepto de saldo restante del contrato.
Se reitera que en el sublite la procedencia de pagar el saldo del contrato ordenada en la primera instancia se siguió de la ausencia de correspondencia entre los fundamentos en que se edificó el incumplimiento del contratista que se esgrimieron en el acto por medio del cual se declaró la caducidad y la realidad de la ejecución contractual; por contera, previa a la declaratoria de nulidad que en esta oportunidad se confirma, por no ser materia de apelación, no habría surgido el supuesto fáctico para predicar la mora de su reconocimiento y pago, pues solo a partir de la declaratoria de nulidad del acto es que se desvanece el supuesto que le sirvió de fundamento a la entidad para no pagar el saldo total del contrato.
Teniendo en cuenta que el demandante no presentó reparo en relación con la suma que se dispuso pagar en su favor por concepto de saldo adeudado del valor del contrato correspondiente a $ 19.302.462, la Sala procederá a actualizar la condena dictada por Tribunal de primera instancia a la fecha del presente fallo.
Ra= Vh Índice final
Ra= $ 19.302.462 137,87 (junio de 2017)
117,09 (julio 2014)
Ra= $ 22.728.076
“Primero. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes María Eugenia Quintero Bolaños, Clara Eugenia Quintero Quintero, Carlos Iván Quintero Quintero y Edgar Mauricio Quintero Quintero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar la Nulidad del acto administrativo contenido en las resoluciones 467 de 4 de diciembre de 2007 y 0033 del 7 de Marzo de 2008, proferidas por el Departamento del Valle del Cauca, mediante las cuales se decretó la caducidad del contrato de obra pública N°030175 de 19 de diciembre de 2005.
Tercero. DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra 030175 de 19 de diciembre de 2005, por parte del Departamento del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Cuarto. ORDENAR LA LIQUIDACIÓN del contrato de obra pública 030175 de 19 de diciembre de 2005, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y el Ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga, cuyo objeto fue la pavimentación del callejón las palmas, ubicado en el corregimiento el ‘Bolo La Italia’ del Municipio de Palmira, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Quinto. Con fundamento en la anterior declaración, ORDENAR al Departamento del Valle del Cauca al pago de una suma de dinero equivalente a veintidós millones setecientos veintiocho mil setenta y seis pesos ($ 22.728.076), a favor del Ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga, resultante de la liquidación practicada en esta providencia.
Sexto. CONDENAR al departamento del Valle del Cauca a pagar al ingeniero Edgar Iván Quintero Zuluaga la suma de dieciocho millones diecinueve mil doscientos once pesos ($ 18.019.211) por concepto de pérdida de oportunidad sufrida por causa de la inhabilidad que pesó sobre el contratista, como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato.
Octavo. LIQUIDAR los gastos del proceso y si existieren, devolver los remanentes a la parte demandante.
Noveno. ORDENAR para que la secretaría proceda a inscribir el presente proveído en el sistema justicia XXI”.
3 El salario mínimo legal para la fecha de presentación de la demanda, 21 de mayo de 2010, correspondió a $ 510. 000.
4 Fl. 109 del cdno. 1.
5 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Así discurrió, en efecto, la Sala al considerar sobre el particular:
“En relación con la regla general mencionada, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario; iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, se encuentran aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
“En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluído, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”.
6 Betancur Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Medellín, Octava Edición, 2013, página 208.
7 C.C.A. “Artículo 87.—De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 12 de julio de 2012, Exp. 15.024, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
9 Fls. 142, cdno. 1. Certificación expedida el 23 de agosto de 2004 por el ingeniero interventor.
Se precisa que las demás certificaciones que reposan a folios 143- 144, 153-154, 162-171, 180 del cdno. 1 no tienen constancia de la época en que fueron celebrados los contratos que allí se reposan o los valores contratados, por tanto, no serán tenidas en cuenta para estos efectos.
En el acta de reunión visible a folio 160 del cdno. 1 no se indica que le demandante fuera el contratista, sino el director de obra. Tampoco se indican los valores del contrato.
10 Fls. 18-21, cdno. 2.
11 Fls. 22-24, cdno. 2.
12 Fls.50, cdno. 1.
13 Fls. 145-149, cdno. 1.
14 Fls. 155-159, cdno. 1.
15 Fls. 174-179, cdno. 1.
16 Fls. 73-100, cdno. 1.
17 Fls. 182-192, cdno. 1.
18 Se suman las tres cifras y el resultado se divide en 3 (número de contratos celebrados en ese año).
19 Se precisa que para hallar el promedio de utilidad anual el resultado obtenido al sumar el valor de utilidad de todos los años registrados, se divide en cuatro, en atención a que en el 2006 no se reportó información acerca de contratos celebrados.
20 Original de la cita Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de julio 25 de 1985. Expediente 2963 Magistrado Ponente Julio César Uribe Acosta; Sentencia del 24 de septiembre de 1987. Expediente 4039. Magistrado Ponente Jorge Valencia Arango y Sentencia del 24 de agosto de 1990. Expediente 5712. Consejo Ponente Gustavo De Greiff Restrepo.
21 Original de la cita: Sentencia proferida dentro del expediente 10038 el día 6 de marzo de 1997; actor: Oscar Gómez España.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2001 rad: 12848 M.P. María Elena Giraldo Gómez.
23 Fls. 125-127, cdno. 2.
24 Fls. 131-132, cdno. 2.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, 12 de julio de 2012, expediente: 15024, C.P. Danilo Rojas Betancourth. “En relación con los intereses moratorios sobre esta cifra, la Sala considera que no hay lugar a condenar a la entidad territorial por tal concepto. Al respecto es conveniente recordar la tesis expuesta con anterioridad —párrafo 21.4— acerca de que el acto administrativo a través del cual se impone una multa o se hace efectiva una cláusula penal pecuniaria está amparado con la presunción de legalidad, y que por tal motivo solo a partir de la sentencia que lo anula se causan los intereses moratorios, pues es entonces cuando nace la obligación de pago correspondiente a cargo de la entidad. En el caso concreto, la Sala encuentra que el acto a través del cual la entidad territorial declaró la caducidad del contrato, Resolución 44 del 21 de julio de 1994 —párrafo 9.3—, se presume ajustada al ordenamiento jurídico hasta que la presente sentencia que declarará su nulidad se halle en firme y, en tal virtud, también la inhabilidad con la que legalmente se sancionó al demandante para contratar con las entidades estatales por espacio de cinco años está amparada con la presunción de legalidad. Así, solo a partir de la ejecutoria de esta providencia, en los términos correspondientes del Código Contencioso Administrativo, la entidad se encontrará en mora del pago de la suma reconocida a título de lucro cesante, puesto que la fuente de esta obligación dineraria es la sentencia”.

References: ARTÍCULO 309
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 8
 Resolución