Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56703
Timestamp: 2019-07-16 22:47:57+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-21/56703
De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La iniciativa propone que a las personas con discapacidad, en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, estudiantes, académicos, investigadores y a personas adultas mayores no se les realice cobro alguno para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Pretende establecer que en el ámbito de su competencia los Organismos garantes tendrán entre otras atribuciones las de promover, difundir, facilitar y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; busca que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, esten sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia.
De la misma manera se pretende, que la Plataforma Nacional de Transparencia este conformada entre otros sistemas, por el Sistema de registro y publicación de resoluciones, efectos, cumplimientos e incumplimientos por parte de los entes obligados y por el Sistema de registro de sanciones y responsabilidades incurridas por desacato a las disposiciones contenidas en la ley.
Se pretende establecer que se debe considerar información en Versión Pública, las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable; de la misma manera se incorpora dentro de los sujetos obligados del Poder Legislativo Federal, a los grupos parlamentarios, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como los grupos parlamentarios que integran las legislaturas de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que pongan a disposición del público la información que derive de las obligaciones de transparencia, estructura orgánica completa, recursos económicos asignados, bienes muebles e inmuebles, informe final, lista de asistencia, iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, presentados y aquellos aprobados, sentido de voto, declaraciones patrimoniales, principalmente.
Finalmente, propone como causa de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia el negar la información por falta de pago del costo de la misma, específicamente cuando se trate de personas que padezcan alguna discapacidad, o que por sus condiciones de vulnerabilidad o pobreza les impidan cumplir con ese requisito, o se trate de estudiantes, académicos o personas adultas mayores, no estarán obligadas a pago alguno.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA.
La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos yen lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona Reforman y Derogan Diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la siguiente.
La función pública debe sustentarse en parámetros que permitan medir laeficacia y eficiencia de los representantes populares. Sus actos y determinaciones deben regirse en todo momento por los principios de la rendición de cuentas y la transparencia.
Con la aprobación de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas las dependencias públicas y aquellos organismos o instituciones que no teniendo esa naturaleza manejen recursos del erario público, deberán observar el principio de máxima publicidad, y por lo tanto, cumplir y satisfacer el derecho ciudadano al acceso a la información gubernamental, sopena de ser sancionadas con multa.
La transparencia es un elemento antagónico de la opacidad en todos los sentidos, por ejemplo, en muchas ocasiones nos percatamos a través de los medios masivos de comunicación, escritos o electrónicos, de fenómenos como: un escándalo de corrupción, una compra del gobierno, favores otorgados mediante la donación de inmuebles, enriquecimientos inexplicables de determinados funcionarios públicos, entre otros casos.
No hay marcha atrás, los servidores públicos deben entender que negar u ocultar información pública, confieran a destiempo información o entreguen datos que no estén actualizados, sustraigan, mutilen o alteren información pública, de forma parcial o total, con dolo, oculten información, la declaren inexistente de forma falsa, la declaren reservada sin fundamento, o no acaten las resoluciones de los organismos garantes, equivale a vulnerar un derecho fundamental de la sociedad, y por lo tanto serán severamente sancionados.
La nueva ley propone que los organismos garantes tengan como atribuciones imponer las medidas de apremio y las sanciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones a los sujetos obligados, los cuales pueden ser dependencias gubernamentales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
Con ello se logra avanzar en el terreno de la transparencia de la información púbica en el país. No obstante, todavía hay un gran tramo por recorrer para que la sociedad mexicana pueda hacer uso eficiente y pleno del derecho de la información mientras no haya voluntad política de todos los interactuantes.
A pesar de todo ello en Nueva Alianza estamos convencidos que la ley de reciente creación debe contar con mecanismos reales que inhiban la conducta contumaz que adoptan algunas autoridades para no dar a conocer la información que se les solicita.
La reciente ley establece un sistema de sanciones que se podrán imponer al sujeto obligado para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales consisten enla amonestación pública o una multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo vigente. Esto es de 10 mil 515 pesos (10,500.00) hasta 105 mil 150 pesos (105,150.00).
De conformidad con el diseño de la norma legal citada, las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos, por ello para mayor ejercicio de transparencia se plantea que las sanciones se cumplan con el patrimoniodel servidor público, es decir, que el recurso que se utilice para cubrir la medida de apremio debe salir del “bolsillo” del infractor de la ley. Lo que imprime mayor democracia y claridad en el uso de recursos públicos y en la entrega de la información solicitada.
Por otro lado, pero sobre el mismo tema, es oportuno argumentar que la sociedad mexicana muestra un hartazgo sobre el doble discurso que emite la clase política, los medios de comunicación han coadyuvado para exponer a algunos malos servidores públicos, escenas mostradas arrojan la falta de proporción desmedida entre el ingreso y el patrimonio declarado.En ese contexto, es urgente normar al respecto para que la obligación de publicar la situación patrimonial sea un deber jurídico y no sólo una buena intención que la mayoría de las veces queda en un buen deseo.
Ese contexto, se promueve con la propuesta de mérito el que los servidores públicos hagan pública ladeclaración de su situación patrimonial; estamos convencidos de que lo anterior constituirá un avance importante en los esquemas democráticos y, por lo tanto, significará el tránsito para alcanzar los estándares de rendición de cuentas que México exige y demanda.
Atender la problemática que representa la opacidad y la corrupción es una cuestión fundamental, considerando que a partir de allí se detonan una serie de expresiones ilícitas que toralmente afectan el desarrollo económico del país, por ello Nueva Alianza observa con beneplácito que, finalmente, en el seno de este órgano legislativo le dediquemos al tema la atención que requiere poniendo las cosas en su justa dimensión. Sin embargo, estamos convencidos de que para estructurar una política pública eficiente y exitosa de combate a la corrupción, se requiere considerar el problema en todas sus aristas.
Conviene señalar que existen antecedentes al respecto. Por ejemplo,el caso de la reforma constitucional al artículo 4º, para que la primera copia certificada del acta de nacimiento se expida gratuitamente, tal y como se puede apreciar del texto:
Por lo que se refiere a la banda ancha o internet, en nuestra concepción debe seguir la suerte de lo expuesto, pues como derecho humano su acceso es garantizado por el Estado, y en ese sentido el ejercicio de ese derecho podría cabalgar en la gratuidad, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Norma Suprema, como se expresa en la consideración siguiente:
La información es un insumo estratégico necesario en cada ámbito de nuestra vida diaria. A partir de su concepto más básico, es lo que nos permite ingresar al espacio del conocimiento, y por lo tanto comprender el medio en que nos desenvolvemos y en esa virtud, fortalecer nuestras capacidades de comunicación, diálogo e interacción con otros individuos u organizaciones, no importando nuestra condición ni estatus social.
Así también se debe facilitar al ciudadano el ejercicio del derecho de información, sobre todo, conceder una mayor oportunidad a las personas que sufren o presentan alguna discapacidad, lo anterior solo será posible, mediante la gratuidad del servicio, como lo plantea nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza en el presente proyecto legislativo.
En una sociedad pujante y cada vez más participativa, el derecho a la información y su efectividad contribuye a optimizar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades; ya sea para promover o proteger al Estado de Derecho mediante la transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido la transparencia y el acceso a la información más que una política, Estado debe transcender a un nivel filosófico, donde las instituciones sean realmente depositarias de la confianza ciudadana y se fortalezcan como tales para propiciar un clima de gobernabilidad, garantizando así el efectivo ejercicio del derecho humano a la información pero al mismo tiempo, al generar conocimiento colectivo contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
De lo que se trata es que el proyecto de ley en su producto final, quede bien articulada e inequívoca para garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener la información sobre los servidores públicos en su actuación como titulares de las dependencias y entidades gubernamentales.
Es obligación ineludible del Estado Mexicano garantizar el derecho al acceso a la información de la población para impulsar el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los gobernantes.
Recordemos que la persona es hoy factor fundamental de nuestra sociedad, en torno a ella deben gravitar las políticas públicas que se traduzcan en bienestar de la colectividad, es importante crear conciencia de que estamos ante una ciudadanía más fuerte, más participativa, más crítica, más preparada y politizada, que exige atención de calidad de sus derechos como el de la información, pero también demanda participar e incidir en la función de Gobierno.
Nueva Alianza comprometido con las causas nobles y los grandes proyectos que redunde en el beneficio social, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto.- Por el que se adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar en los términos siguientes:
Artículo Único.- Seadicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue;
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. A las personas con discapacidad, en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, estudiantes, académicos, investigadores y a personas adultas mayores no se les realizará cobro alguno para el ejercicio de este derecho.
V. Promover, difundir, facilitar y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;
VI-XXII…
Artículo 43…
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo.
Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por al menos los siguientes sistemas:
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados;
V.- Sistema de registro y publicación de resoluciones, efectos, cumplimientos e incumplimientos por parte de los entes obligados;
VI.- Sistema de registro de sanciones y responsabilidades incurridas por desacato a las disposiciones contenidas en la presente ley.
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable;
XIII-XLVIII;
Artículo 72.Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, integrado por los grupos parlamentarios, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como los grupos parlamentarios que integran las legislaturas de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
Artículo 72 Bis. Los grupos parlamentarios, sujetos obligados, pondrán a disposición del público la siguiente información, misma que deberá encontrarse accesible en los sitios de internet o páginas web, cuyo contenido será, entre otra, el siguiente:
La información que derive de las obligaciones de transparencia, tanto común como específica, lo anterior sin que medie solicitud;
Sobre su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro del grupo parlamentario de conformidad con las disposiciones aplicables; Número, categoría, percepciones ordinarias y extraordinarias que incluya salario, compensaciones, primas, comisiones, viáticos, gratificaciones y compensaciones en general todos los movimientos de personal a su servicio, señalando su causa y funciones; lo anterior versará sobre aquellas personas que presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.
El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, fotografía, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
Especificar el monto de la asignación, de recursos humanos, materiales y financieros, y cualquier otro emolumento o subvención, que reciba en forma mensual, trimestral, semestral o anual; asignados, desde el inicio de la legislatura hasta el término de la misma. Para lo cual se emitirán informes trimestrales y anuales en general todo lo relativo de la legislatura correspondiente, sobre dietas, horarios, gastos, fondos, compensaciones, partidas y cualquier otra subvención que reciban
La asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles y en general de todos los recursos materiales que se les provea;
Información detallada sobre asignación, ampliación, aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por los Órganos de Gobierno, Comisiones o Comités de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en términos del artículo 72 de esta ley;
El informe final que sea la base para la integración de los documentos que se requieran administrativamente durante el proceso de entrega-recepción en la conclusión de la Legislatura;
La lista de asistencia de cada uno de sus integrantes a las sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;
Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, presentados y aquellos aprobados por los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según sea el caso;
El sentido de voto o abstenciones en los dictámenes de proyectos de ley o puntos de acuerdo presentados por las comisiones;
Toda aquella información que sirva para medir la eficiencia, eficacia, economía, objetividad, profesionalismo y calidad en su desempeño, así como los resultados que tengan impacto social;
Mantener actualizada y a disposición del público solicitante la información;
La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable;
La información antes mencionada deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.
Artículo 104…
I. La divulgación de la información representa un riesgo real e inminente demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio, con sus parámetros, que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
Artículo 135...
No estarán obligados a pago alguno las personas que tengan alguna discapacidad, ni aquellas que por sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad, les impidan cumplir con ese requisito, así como estudiantes, académicos, y personas adultas mayores.
Cuando se trate de personas que padezcan alguna discapacidad, o que por sus condiciones de vulnerabilidad o pobreza les impidan cumplir con ese requisito, o se trate de estudiantes, académicos o personas adultas mayores, no estarán obligadas a pago alguno.
Artículo 153…
En ambos casos la resolución y el cumplimiento de la misma se publicarán en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las medidas de apremio de carácter económico deberán ser cumplidascon el peculio personal del servidor público y nunca en ningún caso podrán ser cubiertas con recursos públicos.
I-XV..
XVI. Negar la información por falta de pago del costo de la misma, específicamente cuando se trate de personas que padezcan alguna discapacidad, o que por sus condiciones de vulnerabilidad o pobreza les impidan cumplir con ese requisito, o se trate de estudiantes, académicos o personas adultas mayores, no estarán obligadas a pago alguno.
Las sanciones de carácter económico deberán ser cumplidas con el peculio personal del servidor público y nunca en ningún caso podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de agosto de 2015.

References: artículo 4
 artículo 6

Artículo 17

Artículo 43

Artículo 50

Artículo 72
 artículo 70

Artículo 72
 artículo 72

Artículo 104

Artículo 135

Artículo 153
 resolución