Source: http://derechosanitario-rdl.blogspot.com/2012/10/
Timestamp: 2018-01-17 08:40:25+00:00

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Derecho Sanitario: octubre 2012
El valor del medicamento, como elemento esencial de la protección de la salud de los ciudadanos, está fuera de toda discusión. Este producto sanitario atraviesa por diversas fases y es atendido por diversos agentes. Desde la autorización para su fabricación, en la que interviene la autoridad sanitaria nacional, pasando por la compra, en la que interviene la autoridad sanitaria nacional o autonómica y la prescripción, en la que interviene el médico, hasta la dispensación reservada a los farmacéuticos. A todos estos actores podemos añadir alguno más, como los Colegios Oficiales, la Administración asistencial o la irrupción de internet, con sus luces y sus sombras. Un amplísimo abanico de temas que han sido objeto de estudio en el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico, presidido por Carmen Peña y Marta Fernández-Teijeiro, en el que tuve la ocasión de moderar la mesa que trató del papel que cumplen los agentes que ejercen la gobernanza de la política farmacéutica, en sus espacios nacional y autonómico.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 43, reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, que supone el correlativo deber de los poderes públicos de dispensar las prestaciones y servicios necesarios, entre los cuales se encuentra la prestación farmacéutica. Declarado este deber, falta por determinar a qué poderes públicos se atribuye. En este sentido la Constitución recoge la reserva general de competencia estatal para las bases y coordinación general de la sanidad, citando la normativa básica reguladora de la farmacia (art. 149) sin perjuicio de las competencias autonómicas en esta materia reconocidas en el artículo 148. Este pronunciamiento que podría parecer sencillo es extremadamente complejo en su aplicación normativa posterior y en sus perfiles prácticos, comenzando por preguntarnos si ordenación farmacéutica es un epígrafe contenido en ordenación sanitaria o si tiene, por el contrario, sustantividad propia.
Se viene entendiendo que este techo competencial del Estado, contenido en el artículo 149, no quiere decir que las materias objeto de reserva estatal estén vedadas a la CC.AA., siempre que, a través del artículo 148, puedan ser objeto de desarrollo y ejecución por aquellas. Hay que puntualizar que en el terreno sanitario hay distintos niveles de relación, pues mientras que la sanidad exterior es competencia exclusiva estatal, la sanidad interior admite competencias estatales reservadas (bases generales) y competencias compartidas en el sentido que acabo de enunciar.
El amplísimo desarrollo normativo posterior no ha ayudado demasiado, comenzando por la propia Ley 14/1986, General de Sanidad, que siendo norma básica sanitaria, al abordar el asunto de las competencias estatales y autonómicas en materia sanitaria, en sus artículos 39, a 41, repite los planteamientos constitucionales. Los años transcurridos desde este texto y la evolución normativa, social y política son las que pueden darnos la clave de la actual situación de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud en el aspecto de su política farmacéutica.
La inquietud de los responsables autonómicos para optimizar sus recursos ha llevado a la implantación de instrumentos impensables hace tan sólo algunos lustros. Por ejemplo la compra centralizada de medicamentos en su espacio territorial, desde Osakidetza (servicio pionero en esta iniciativa), pasando por la Agencia Valenciana de Salud, el instituto Catalán de la Salud o los Servicios de Salud de Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias o Baleares, por ejemplo. A veces la iniciativa de compra centralizada parte del Ministerio (campaña vacunal de gripe estacional 2011-2012) y se adhieren a ella diversas CC.AA. e incluso el Ministerio de Defensa e Instituciones Penitenciarias. Se mueve en este sentido centralizador la última propuesta del Ministerio de Sanidad al de Hacienda y AA.PP. para que sean ellos quienes se encarguen de la compra y pago de medicamentos a los proveedores, para su suministro al conjunto de las CC.AA. El instrumento económico sería la posterior compensación mediante descuento en el importe de las transferencias. Este sistema pretende beneficios para las administraciones (mejores precios por economía de escala) y para los suministradores, que encontrarían una garantía de pago estatal, al no ver su cobro dependiendo de la solvencia presupuestaria de cada C.A.
Esta acción conjunta aparece, otras veces, en terrenos relacionados con los medicamentos, pero no en el terreno de la compra, sino en el de la financiación, como el acuerdo de junio pasado sobre los medicamentos excluidos de financiación pública, surgiendo de inmediato la inquietud por la manifestación de alguna C.A. de financiarlos con cargo a su propio presupuesto, o la preocupación por la posible subida de precio por los laboratorios, que podría ocasionar la desfinanciación.
En el espacio nacional o en el autonómico es incuestionable la importancia de estudiar, definir, orientar y ejecutar políticas farmacéuticas. Expresar las metas a medio y largo plazo y definir las estrategias y medios a emplear para alcanzarlas. Aparecen en los momentos actuales asuntos que atender tan relevantes como la equidad prestacional en la farmacia, o lo que es lo mismo la igualdad de las condiciones de acceso a los medicamentos con independencia del espacio geográfico o la receta electrónica y la implantación efectiva de la misma o su futura interoperabilidad. No es nada fácil este complejo escenario, por ello la cita bienal de la Profesión Farmacéutica organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, que bajo el lema de “Damos salud, damos confianza”, ha sido todo un éxito, del que he tenido la oportunidad de ser testigo, presenciando como se puede promover y facilitar este intercambio de ideas y experiencias entre farmacéuticos, con el fin de avanzar en el desarrollo de la Farmacia en beneficio siempre del paciente. Un gran ejemplo en estos momentos de crisis económica.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 30 de octubre de 2012. Número 1778. Año VIII.
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El pasado 28 de septiembre se celebró el “Día Internacional del Derecho a Saber” y al tiempo el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno llegaba a la mesa del Congreso y de ahí ha sido remitida a la comisión constitucional en la que se debatirá uno de los textos que el Gobierno impulsa para la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ley que puede ser una pieza fundamental en este objetivo y que puede mejorar la calidad de nuestra democracia. El texto ha sufrido ya varias modificaciones y, a partir de ahora, se someterá a las enmiendas que presenten, en un plazo de dos meses, y defiendan los grupos parlamentarios, que terminó el pasado 2 de Octubre.
El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio es la tercera versión de la norma, que ya fue sometida a las sugerencias de los ciudadanos en un plazo abierto tras su presentación. Tras atender algunas de ellas, el Gobierno volvió a variar parte del texto tras los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial y de la advertencia de algunos términos inconstitucionales. En dicho texto se contempla la posibilidad de sancionar e incluso, castigar con penas de cárcel e inhabilitación a quienes falseen cuentas públicas. En su artículo 28, el nuevo texto habla del procedimiento sancionador e indica que “se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente”, pero añade que también se podrá iniciar por la denuncia de los ciudadanos.
Aunque el texto legal abarca a la Administración del Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, a las agencias estatales y a las fundaciones. Su ámbito de aplicación también incluye al Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, pero sólo en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo dejando sin embargo, fuera a partidos políticos, y sindicatos.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 23 de octubre de 2012. Número 1773. Año VIII.
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EL NUEVO DELITO DE LA DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA DE GRABACIONES O DE IMÁGENES ÍNTIMAS OBTENIDAS CON EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma del Código Penal, y ha decidido remitirlo para su dictamen a los organismos competentes. Con el nuevo texto se procede a la revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. A las principales novedades del texto legal, ya incluidas en el informe que estudió el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, se han introducida algunas más a petición de otros Ministerios como el del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha logrado la inclusión de otras «nuevas figuras delictivas, especialmente relevantes en materia de violencia sobre la mujer». Entre esas propuestas que entrarán en el futuro Código Penal estará la tipificación del delito de matrimonio forzado. Los jueces podrán condenar con hasta tres años de cárcel a los que con «violencia o intimidación» obliguen a terceros a contraer matrimonio. El tipo será agravado si, además, se obliga al contrayente a «abandonar el territorio nacional» o a no regresar a España.
La Ministra Ana Mato también ha conseguido que se penalice con hasta dos años de prisión los «actos reiterados de acecho u hostigamiento», como llamadas telefónicas continuas. Comportamientos, estos que, hasta ahora estaban en un vacío jurídico porque no podían ser perseguidos como delitos de coacciones o amenazas al no producirse violencia. Asimismo se incorpora como delito penado con doce meses de multa la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, en particular las órdenes de alejamiento.
Una importante novedad es la tipificación como delito de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.
El propósito del Gobierno de tipificar como delito la difusión, revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones íntimas sin la autorización de su protagonista cuando ello menoscabe gravemente su intimidad personal trata de poner límite a una práctica censurable cuya denuncia pública solo conseguía incrementar el morbo y multiplicar la notoriedad de lo que a partir de la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón será ilícito. Es indudable que la iniciativa está inspirada fundamentalmente en la desprotección a la que a menudo se enfrentan las mujeres cuando su dignidad se ve violentada por la acción de alguien en el que en algún momento de su vida depositaron su confianza.
El Ministerio de Justicia, queda a la espera de que la tramitación parlamentaria y la exposición a debate del añadido penal contribuyan a precisar el significado de los términos en que va redactada esta parte del proyecto de reforma. No queda suficientemente claro si la difusión de vídeos eróticos que ahora podrá ser perseguido, también lo será contra cualquier internauta que se dedique a 'rebotar' un archivo íntimo que sea divulgado sin la autorización de la persona en cuestión. Y todo ello, con independencia de que el internauta sea o no el primer receptor de esas imágenes o simplemente se dedique a agrandar la difusión de una grabación ya extendida por la red. Es decir, que a partir del nuevo Código Penal, se necesitarán dos permisos: uno para grabar las imágenes y otro para difundirlas. El problema que se plantea es que, en una sociedad en red, será obligado contemplar una casuística más general. Mientras el «grave menoscabo de la intimidad personal» cuenta con suficiente jurisprudencia como para asegurar la aplicación del cambio normativo, no ocurre lo mismo con la «autorización» para difundir, revelar o ceder grabaciones que pudieran causarlo. Es necesario recordar que tal cuestión presenta una vertiente que en determinadas circunstancias -como cuando la persona que protagoniza las imágenes difundidas ostenta alguna relevancia pública- podría afectar al derecho y a la libertad de información, y al criterio ético y deontológico de cada medio, lo mismo que resultará complicado establecer cuándo es difusión masiva y cuándo no lo es.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 16 de octubre de 2012. Número 1768. Año VIII.
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LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
El artículo 74 de la Ley del Contrato de Seguro establece que, salvo pacto contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen, debiendo el asegurado prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador.
La defensa jurídica constituye tanto una obligación como un derecho por parte de la compañía aseguradora, salvo pacto en contrario, y lo es tanto en el caso de reclamaciones fundadas como infundadas y tanto si la cantidad reclamada por el tercero excede o no llega a la suma asegurada. En principio, la actividad de defensa que asume la compañía aseguradora es total e incluye la designación de Abogados y Procuradores, salvo en los casos de procedimiento penal, en los que la cuestión fundamental del litigio no es sólo la cuantía de la responsabilidad, sino la imposición de una pena, es decir se trata ante todo de responsabilidad personal más que de pura suma asegurada, prevaleciendo el derecho a la defensa individual sobre los intereses del seguro.
La cuestión fundamental que se plantea en torno a la asunción por la compañía aseguradora de la defensa jurídica del asegurado es la existencia de un posible conflicto entre ambos a la hora de enfocarlo durante la tramitación del procedimiento. El párrafo segundo del artículo 74 de la ley del contrato del seguro dispone quedando quien reclame esté también asegurado con el mismo asegurado o exista algún otro conflicto de intereses, la compañía debe comunicar inmediatamente al asegurado la existencia de estas circunstancias sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa, en cuyo caso el asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona y, en este caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza.
El elemento fundamental para eliminar o, cuando menos, mitigar el estrés ocasionado por la reclamación judicial, y que contribuye de forma decisiva a reforzar la seguridad y tranquilidad del Médico, es el Abogado que asume su defensa en juicio. Pero, de acuerdo con el artículo 74 citado de la Ley de Contrato de Seguro, salvo pacto en contrario (pacto que ya empieza a contemplarse en la práctica, por las pólizas de responsabilidad profesional de las Compañías realmente especializadas), la dirección jurídica del procedimiento contra el profesional asegurado es asumida directamente por la aseguradora, siendo ésta última, la que designa el letrado que va a asumir la defensa del médico, pues, en caso contrario, el asegurado corre personalmente con los gastos de defensa.
Hay que precisar que la afirmación anterior es válida frente a reclamaciones civiles, nunca frente a las penales, pues, según se ha declarado ya en varias ocasiones por nuestros tribunales, el inalienable derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución exige que la persona frente a la que se ejercita una acción de responsabilidad penal pueda designar libremente un abogado de su confianza. Aunque la redacción del precepto parece pensada únicamente para el caso de que sea la compañía aseguradora la que de alguna forma desconfíe de la posición del asegurado, la concepción del conflicto de intereses parece lo suficientemente amplia como para que sea también el asegurado el que plantee el conflicto de intereses con base en cualquier circunstancia, por ejemplo por el desacuerdo en el reconocimiento de responsabilidad, o en la interposición de recursos, o incluso por cuestiones de confianza en los profesionales que asuman su representación y defensa.
Centrándonos, pues, en los litigios civiles, la excepción a la regla general y, por ende, la libre designación de letrado por el Médico a costa de la compañía de seguros, salvo como hemos dicho pacto en contrario, se prevé únicamente en el caso de conflicto de intereses entre asegurador y asegurado; expresión ésta que debe entenderse en un sentido amplio, para abarcar todos aquellos supuestos en los que el interés del asegurado no coincide con el del asegurador, desacuerdo que puede plantearse en el reconocimiento de responsabilidad, en la interposición de recursos, o incluso en la desconfianza hacia el letrado designado por la aseguradora (siempre que tenga su base en una causa objetiva, y no en una simple percepción del asegurado).
En definitiva, la dirección jurídica del procedimiento por la compañía aseguradora no es incompatible con la asignación de la defensa de los profesionales sanitarios a abogados especializados (sometidos en todo caso a la revisión y control por la aseguradora que, en último término, va a asumir sus honorarios), de modo que las particularidades de muy diversa índole que confluyen en la responsabilidad sanitaria y en su aseguramiento sean contempladas y atendidas por las compañías de seguros a la hora de establecer la garantía de defensa jurídica, razón por la que deben exigirse siempre Abogados especializados en Derecho Sanitario y de entera confianza.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 2 de octubre de 2012. Número 1759. Año VIII.

References: artículo 43
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 28
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 24