Source: https://www.slideshare.net/espaciopublico/comision-contraloria-an-recurso-de-abstencion
Timestamp: 2018-09-26 03:30:27+00:00

Document:
AI and Machine Learning Demystified... by Carol Smith 2929377 views
The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 762272 views
1. Página1 Ciudadanos y ciudadanas, MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS CORTES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS Su Despacho.- Yo, OSWALDO RAFAEL CALI HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad No. 18.185.049, debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 153.405, actuando en este acto a título personal y en nombre y representación de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO1 , representación que consta en documento poder debidamente autenticado2 ; ocurro ante ustedes de manera respetuosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 27, 49, 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (de ahora en adelante e indistintamente “la Constitución”); 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, los artículos 24 y 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a los fines de interponer un RECUROS DE ABSTENCIÓN O CARENCIA, en virtud de la abstención o carencia evidenciada por parte de la ciudadano PEDRO MIGUEL CARREÑO ESCOBAR, en su carácter de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (de ahora en adelante e indistintamente el “Presidente de la Comisión”), al no otorgar una oportuna y adecuada respuesta a la petición de información que enviamos a su despacho en fecha veinte (20) de enero de 20153 , conjuntamente con una insistencia que se entregó en su despacho en fecha veinticinco (25) de marzo de 20154 lo cual evidencia una clara violación a los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de 1Anexo 1: Documento Constitutivo Estatutario de la Asociación Civil Espacio Público, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha veinte (20) de febrero de 2003, inscrita bajo el No. 28, Tomo 02, Protocolo Primero. / Anexo 2: Reforma Estatutaria de la Asociación Civil Espacio Público, protocolizada ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No. 08, Tomo 04, Protocolo Primero. / Anexo 3: Última renovación de cargos de la Asociación Civil Espacio Público en acta de asamblea que se encuentra protocolizada por ante el Registro Público del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha veintiuno (21) de enero de 2014, bajo el No. 27, Folio 155, Tomo 38 del Protocolo de Transcripción del año 2014. 2 Anexo 4: Documento poder autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha once (11) de mayo de 2012, bajo el N° 55, Tomo 31 de los Libros de Autenticaciones llevados en dicha Notaría. 3 Anexo 5: Petición de información entregada el día 20.01.2015. 4 Anexo 6: Documento de insistencia entregado el día 25.03.2015.
2. Página2 Venezuela, reflejando en este caso una violación al derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública; así como también, un violación a los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y al artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Solicitamos también que se acuerde una medida cautelar innominada en la cual se ordene un inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenando que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional responda de manera inmediata la petición de información que consta anexa con el número 5. A tal fin, exponemos lo siguiente: -I- COMPETENCIA El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece en su ordinal 3, que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán de “La abstención o la negativa delas autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley”. En este sentido, tal y como se está demandando en este caso la abstención de un diputado de la Asamblea Nacional, y tomando en cuenta que éste no ocupa el cargo de máxima autoridad de este ente ni tampoco es una autoridad estadal o municipal, corresponde entonces a estas Cortes Contencioso Administrativa conocer esta acción. Solicito que así sea declarado. -II- ADMISIBILIDAD El presente recurso de abstención o carencia, cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la jurisprudencia emanada de los Tribunales sobre el tema.
3. Página3 El presente recurso cumple con los requisitos contenidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues contiene todos los requerimientos que debe expresar una demanda. Además, de conformidad con el artículo 66 de la misma Ley, se acompañan debidamente los documentos que acreditan la petición de información realizada y los trámites efectuados ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional para obtener respuesta a la solicitud de información, que como fueron mencionados anteriormente, se encuentran anexos a este documento marcados con los números 5 y 6, respectivamente. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido cuales son los requisitos de procedencia del recurso por abstención o carencia, tal como lo señaló en la sentencia del 13 de abril de 2005, (Caso: Nancy Díaz de Martínez, Estela Berroteran, Maritza Hernández, Yves Josefina Culpa y Argelia Ascanio contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes), cuando expresa lo siguiente: “Del contexto del precepto transcrito, se evidencia que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa detentan las potestades de control sobre toda la universalidad de posibilidades de actuación de la Administración, no sólo en lo concerniente a los actos expresos viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sino que va más allá, abarcando cualquier situación contraria a derecho, en las que la autoridad pública sea incontrovertiblemente la causante de la lesión, infringiendo o perturbando la esfera de los derechos subjetivos de los justiciables con motivo de inactividades u omisiones ilegítimas. En segundo lugar, es necesario recordar que la fundamentación legal del recurso por abstención o carencia la encontramos, hoy en día, en el numeral 26, del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, norma que dispone lo siguiente: `Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: ... omissis ... 26. Conocer de la Abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros y Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes ...´. Del contenido del citado precepto legal, se desprende que el recurso allí previsto tiene como objeto que el Juez Contencioso Administrativo condene a la Administración al cumplimiento de determinados actos, pues la doctrina ha dicho que el recurso por abstención procede cuando las autoridades administrativas se niegan a cumplir determinados actos a que estén obligadas por Ley, recayendo, por tanto, sobre la omisión de esas autoridades para crear actos cuyos supuestos de hecho expresamente se encuentran regulados por el legislador.
4. Página4 Igualmente, la doctrina ha dicho que para que se configure este recurso, la obligación cuya ejecución se pretenda debe ser de índole administrativa, sin que pueda constituirse en un sustituto de las vías judiciales ordinarias, ni estar dirigido a lograr el cumplimiento de obligaciones genéricas a cargo de la Administración. Es así, como en lo que respecta a los requisitos de procedencia del recurso bajo análisis, debe señalarse que la jurisprudencia de esta Sala ( v.gr. Fallo Nº 697, de fecha 21 de mayo de 2002, dictado en el caso Ayari Coromoto Assing Vargas, y más recientemente en Sentencia Nº 1.976, de fecha 17 de diciembre de 2003, dictada en el caso Comunidad Indígena Barí), ha establecido lo siguiente: 1. ‘debe tratarse de una obligación concreta y precisa inscrita en la norma legal correspondiente, la cual ha de presentarse como un paradigma de contraste que sirva para verificar si la abstención existe, respecto del supuesto expresa y especialmente previsto en la norma y, por tanto, si procede o no el respectivo recurso. (...) se refiere a determinados actos (específicos) que los funcionarios estén obligados por las leyes a adoptar cuando el cumplimiento de la obligación sea procedente en conformidad con esas mismas leyes.’ 2. ‘El objeto del recurso por abstención no es (...) sino la abstención o negativa del funcionario público a actuar, es decir, a cumplir determinado acto –en el sentido de actuación- del cual el supuesto de hecho se encuentra previsto en una ley específica, pero ante cuya ocurrencia real y concreta la autoridad administrativa se abstuvo de extraer la consecuencia jurídica que el imperativo legal le impone’. 3. ‘(...) debe surgir la evidencia de una actitud omisa por parte de la Administración, en el sentido de mostrarse ella remisa a emitir el acto o a realizar la actuación material cuya obligación se encuentra específicamente contenida en una norma concreta’. 4. ‘El referido recurso conduciría a un pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la obligatoriedad para la Administración de producir un determinado acto o de realizar una actuación concreta en vista de un imperativo legal expreso y específico que, según demuestra el recurrente, ella se niega a cumplir”. (Subrayado y negrillas añadidas) Sin embargo, se debe señalar que el criterio de que el recurso por abstención o carencia es aplicable al caso de que exista el incumplimiento de una obligación concreta y específica, fue modificado por la Sala Constitucional ampliando su objeto a la pretensión de condena de cumplimiento de una obligación administrativa sin diferenciar si la misma es específica o genérica, tal como lo expresa en la sentencia del 4 de octubre de 2005, (caso: Luis María Olalde Quintela),que a continuación se transcribe: “En este sentido, la Sala ha establecido en sentencia del 6 de abril de 2004, expediente No. 03- 1085, (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis), la procedencia del recurso abstención o carencia como vía procesal idónea, cuando sostuvo: ‘… En efecto, no considera la Sala que la obligación administrativa de dar respuesta a las solicitudes administrativas sea un ‘deber genérico’. En primer lugar, porque toda obligación jurídica es, per se, específica, sin perjuicio de que su cumplimiento haya de hacerse a través de una actuación formal (vgr. por escrito) o material (vgr. actuación física) y sin perjuicio, también,
5. Página5 de que sea una obligación exclusiva de un sujeto de derecho o bien concurrente a una pluralidad de sujetos, colectiva o individualmente considerados. En segundo lugar, porque aún en el supuesto de que distintos sujetos de derecho –en este caso órganos administrativos- concurran a ser sujetos pasivos de una misma obligación –en el caso de autos, el deber de todo órgano de dar oportuna y adecuada respuesta-, dicho deber se concreta e individualiza en el marco de cada relación jurídico-administrativa, por lo que es una obligación específica frente al sujeto determinado que planteó la petición administrativa. ...omissis... Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a la consideración de que el recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede –y debe- dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica.” (Subrayado y negrillas añadidas) Dicho criterio, también fue adoptado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tal como se observa de la sentencia dictada por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa dictada el 9 de junio de 2009, (Caso: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela), la cual se pronunció sobre la idoneidad del recurso de abstención o carencia para solicitar la adecuada y oportuna respuesta a una petición formulada de acuerdo a los artículos 51 de la Constitución, 2º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como sobre el procedimiento aplicable lo siguiente: “Este Juzgado, antes de proveer, observa: Según criterio establecido en sentencia de la Sala Constitucional N° 547 del 6 de abril de 2004, ratificada, entre otras, por sentencia N° 1.305 dictada en fecha 12 de julio de 2004, se dejó sentado que: ‘Así las cosas, para que una respuesta se entienda como oportuna y adecuada debe cumplir con un mínimo de requisitos de forma y oportunidad, con independencia de que se otorgue o se niegue el derecho -lato sensu- que se solicitó mediante la petición administrativa. De allí que el carácter adecuado de la respuesta dependerá, formalmente, de que ésta se dicte de manera expresa y en cumplimiento de los requisitos de forma que establece la Ley, y, materialmente, según se desprende del criterio jurisprudencial que se citó, con subordinación a que la respuesta tenga correlación directa con la solicitud planteada. En otros términos, el particular tiene, como garantía del derecho de petición, el derecho a la obtención de una respuesta adecuada -expresa y pertinente- y oportuna -en tiempo-, con independencia de que no se le conceda lo que pidió. (...omissis...) Ahora bien, y según se estableció en la misma decisión de 30-6-00, ‘no toda omisión genera una lesión constitucional’ y de allí que sea imperativo el análisis de cada caso concreto para la determinación de si, en el mismo, es procedente el amparo constitucional ante la violación del derecho de petición, análisis que dependerá de si existen o no, frente a este caso, vías
6. Página6 contencioso-administrativas ordinarias capaces de dar satisfacción al derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta. La idoneidad de la vía procesal ordinaria para la satisfacción de ese derecho dependerá, en primer lugar, de que pueda dar cabida a la misma pretensión que habría de plantearse en estos casos a través de la demanda de amparo constitucional, pretensión que no es otra que la condena a la Administración a que decida expresa y adecuadamente, que es a lo que da derecho, se insiste, la garantía de oportuna y adecuada respuesta. (...omissis...) En segundo lugar, procede el análisis de la idoneidad de otra vía procesal: el recurso por abstención o carencia. El objeto de este ‘recurso’, según la tradicional y pacífica jurisprudencia contencioso-administrativa (entre otras muchas, desde las sentencias de la Sala Político- Administrativa de 28-5-85, caso Eusebio Igor Vizcaya Paz; 13-6-91, casos: Rangel Bourgoing y Elías José Sarquis Ramos; hasta las más recientes de 10-4-00 caso Instituto Educativo Henry Clay; 23-5-00, caso: Sucesión Aquiles Monagas Hernández; y 29-6-00, caso: Francisco Pérez De León y otros; así como de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, de 29-10-87, caso: Alfredo Yanucci Fuciardi; 19-2-87, caso: Inmacolata Lambertini de De Pérgola y más reciente de 23-2-00, caso: José Moisés Motato), ha sido la pretensión de condena contra la Administración al cumplimiento de una obligación específica de actuación. De allí que, en tales precedentes de la jurisprudencia contencioso-administrativa, como en prácticamente todos los que se han referido al tema, se ha entendido que el recurso por abstención no procede como garantía al derecho a oportuna respuesta, pues la obligación de responder es un deber genérico de decidir (omisión administrativa), y no una obligación específica de actuación (abstención administrativa), y, por tanto, frente a ese deber genérico lo que opera es el silencio administrativo, cuya contrariedad a derecho es ‘controlable’ a través de la demanda de amparo constitucional como garantía del derecho de petición o bien a través del recurso contencioso-administrativo de anulación como garantía del derecho a la defensa y siempre que, en este último caso, se trate de un ‘silencio de segundo grado’ o confirmatorio de un previo acto expreso (sentencias de la Sala Político- Administrativa de 10-4-00 y 23-5-00, antes citadas). Ahora bien, aún tratándose de un criterio tradicional de la jurisprudencia contencioso- administrativa, no puede ser compartido por esta Sala porque no se ajusta a los patrones constitucionales de la materia. En efecto, no considera la Sala que la obligación administrativa de dar respuesta a las solicitudes administrativas sea un ‘deber genérico’. En primer lugar, porque toda obligación jurídica es, per se, específica, sin perjuicio de que su cumplimiento haya de hacerse a través de una actuación formal (vgr. por escrito) o material (vgr. actuación física) y sin perjuicio, también, de que sea una obligación exclusiva de un sujeto de derecho o bien concurrente a una pluralidad de sujetos, colectiva o individualmente considerados. En segundo lugar, porque aún en el supuesto de que distintos sujetos de derecho -en este caso órganos administrativos- concurran a ser sujetos pasivos de una misma obligación -en el caso de autos, el deber de todo órgano de dar oportuna y adecuada respuesta-, dicho deber se concreta e individualiza en el marco de cada relación jurídico-administrativa, por lo que es una obligación específica frente al sujeto determinado que planteó la petición administrativa. Y en tercer lugar, porque bajo el imperio de la Constitución de 1999 el derecho constitucional de dirigir peticiones a los funcionarios públicos abarca el derecho a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, lo que supone el cumplimiento de concretos lineamientos, en los términos que antes explanó esta Sala, y, por ende, con independencia del contenido de la solicitud administrativa, la respuesta del funcionario debe ser oportuna y adecuada, lo que excluye cualquier apreciación acerca de la condición genérica de tal obligación. De allí que esta Sala Constitucional considera que el deber constitucional de los funcionarios públicos de dar oportuna y adecuada respuesta a toda petición es una obligación objetiva y subjetivamente específica. (...omissis...)
7. Página7 Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a la consideración de que el recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede -y debe- dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica. En consecuencia, puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa - con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado- en garantía del derecho de petición’.” (Subrayado y negrillas añadidas) En cuanto al presupuesto que señala que la obligación cuya ejecución se pretenda debe ser de índole administrativa; se debe señalar que las obligaciones establecidas en los artículos 51 de la Constitución, 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son de índole administrativa por cuanto las mismas son obligaciones que debe realizar la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, referidas a dar una oportuna y adecuada respuesta a las peticiones formuladas por los particulares, que en el caso en concreto se evidencia con la solicitud de la Memoria y Cuenta de cada uno de los Ministerios del Estado venezolano desde el año 2001 hasta el año 2014. De igual manera, el criterio actual señala que la obligación puede ser concreta y precisa o genérica, e inscrita en la norma legal correspondiente, requisito que se da en el presente caso por cuanto la actuación que no fue realizada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, consisten expresamente en darle una oportuna y adecuada respuesta a la petición planteada, se encuentra establecida expresamente en el texto de los artículos 51 de la Constitución, 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En cuanto al requisito de procedencia que se refiere a que la abstención o negativa del funcionario público a actuar, es decir a cumplir determinado acto del cual el supuesto de hecho se encuentra previsto en una ley específica, pero ante cuya ocurrencia real y concreta la autoridad administrativa se abstuvo de extraer la consecuencia jurídica que el imperativo legal le impone, se debe señalar que en el presente caso existe un supuesto de hecho el cual se solicitó a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional información, ante lo cual este ente de acuerdo a lo establecido en las normas jurídicas, debe dar una oportuna y adecuada respuesta a la petición de información. Ante este supuesto de hecho, y ante la solicitud realizada, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se ha abstenido de realizar los actos establecidos expresamente en el texto de los artículos 51 de la Constitución, 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración
8. Página8 Pública, que consisten en darle una oportuna y adecuada respuesta a las peticiones de información. Las obligaciones que no han sido realizadas por el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en el presente caso, incumpliendo de esa forma con actos que le son exigidos por la Ley, es la de dar oportuna y adecuada respuesta sobre la petición formulada el 20 de enero de 2015. Finalmente, la jurisprudencia establece que debe existir la evidencia de una actitud omisa por parte de la Administración, lo cual queda demostrado en el presente recurso, pues el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional no ha dado respuesta alguna por escrito a los peticionarios. Asimismo, el presente recurso se interpone en el lapso legalmente establecido para ello, tal como se desprende del artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el presente caso la petición formulada presentada el 20 de enero de 2015 por lo que los veinte (20) días hábiles que tenía la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional para dar respuesta vencieron el 19 de febrero de 2015. Siendo ese el caso, se interpone el presente recurso dentro de los 180 días continuos siguientes al vencimiento del lapso arriba señalado. En consecuencia, el presente recurso de abstención o carencia cumple con todos los requisitos y extremos exigidos en la ley; por lo que solicitamos a esa Corte que admita el presente recurso, y lo tramite de acuerdo a lo previsto en la ley. -III- PROCEDIMIENTO Y LAPSOS APLICABLES La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece en su artículo 6, numeral 5, lo siguiente: “No se admitirá la acción de amparo: (…)
9. Página9 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículo 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. (…)”(Negritas y Subrayado añadidas En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1.618 de fecha 30 de julio de 2007, (caso: Yvan José Vielma Castillo), señaló lo siguiente: “…En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo. Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales. No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad. En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.” (Negritas y Subrayado añadidas) En concordancia con el citado artículo, los artículos 1 y 2 de la misma Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establecen que: “Artículo 1. - Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.
10. Página10 La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley.” (Negritas y Subrayado añadidas “Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.” (Negritas y Subrayado añadidas) En este sentido, se desprende de las normas y la interpretación jurisprudencial previamente citada realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en los casos en los que se viole un derecho constitucional, y en los cuales no sea posible el ejercicio de una acción de amparo autónomo, los tribunales de la República, en calidad de jueces constitucionales, deberán ajustarse a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a fin de restablecer de la manera más expedita posible la situación jurídica infringida y el goce de los derechos fundamentales. Ahora bien, como hemos expresado y más adelante explicaremos detalladamente, en este caso estamos en presencia de una violación al derecho de petición, al derecho de ser informados por la administración pública, y al derecho a la libertad de expresión y comunicación, contenidos en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la misma manera, hacemos constar que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 805 del 18 de junio de 2012; Sentencia N° 679 del 19 de marzo de 2012; Sentencia N° 782 del 05 de junio de 2012); también criterio aplicado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Sentencia del 10 de febrero de 2011, caso Marianna Belalba, Carlos Correa y Asociación Civil Espacio Público contra Venezolana de Televisión C.A.); no es posible interponer una acción de amparo constitucional autónoma por la abstención de los funcionarios públicos de otorgar oportuna y adecuada respuesta a las peticiones de información pública. Sin embargo, expresan estos tribunales que la acción adecuada es el recurso de abstención o carencia; y señalan que a razón de que el juicio sea lo
11. Página11 suficientemente expedito para resarcir la violación de derechos constitucionales, debe el juzgado aplicar los lapsos señalados en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En conclusión, solicitamos a esta Corte, que de conformidad con los artículos y la jurisprudencia citada, aplique los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en la tramitación de este recurso, a fin de resarcir lo más rápido posible la situación jurídica infringida y en tal sentido ordene a la brevedad posible el otorgamiento de la información pública solicitada a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Solicitamos que así sea decidido. -IV- HECHOS En fecha veinte (20) de enero de 2014 se realizó una petición información al, para aquél entonces, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel Carreño Escobar; en la cual se solicitó la siguiente información: “1. Provea la Memoria y Cuenta de cada uno de los Ministerios del Estado venezolano desde el año 2001 hasta el año 2014. Luego de la petición originalmente enviada al despacho del Presidente de la Comisión, no se recibió respuesta alguna, a pesar de que transcurrieron con creces los veinte (20) días hábiles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Posteriormente se realizó una insistencia para la obtención de una respuesta oportuna y adecuada conforme a los parámetros establecidos por la legislación venezolana; la cual fue entregada el día veinticinco (25) de marzo de 2015. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna. Las peticiones de información si bien se consideran como un derecho tutelado por la legislación venezolana, la misma establece un lapso prudencial por el cual las instituciones y demás entes pertenecientes a la Administración Pública están obligados a responder de manera oportuna y adecuada. Entre el derecho a realizar peticiones de información y el derecho a la libertad de expresión y de información se evidencia una relación íntima que a luz de la legislación venezolana se encuentra consagrada y amparada por nuestra Constitución.
12. Página12 Ante la naturaleza de la petición de información enviada al Presidente de la Comisión Pedro Miguel Carreño Escobar, destacamos que la misma versa sobre la memoria y cuenta de cada uno de los Ministerios del Estado, lo que implica una recopilación de información sobre las gestiones desempeñadas por tales instituciones desde el año 2001 al 2014. De ahí que, la naturaleza de la información solicitada por la víctima radica en comprobar y analizar cómo se han ido desempeñando los Ministerios de la Administración Pública con respecto a las necesidades sociales del momento. Es de nuestra importancia recordar que la abstención presentada por parte del Presidente de la Comisión Pedro Miguel Carreño Escobar no solo representa una lesión a nuestro ordenamiento jurídico por ser su conducta contraria a los principios constitucionalmente consagrados, sino también una lesión al Derecho Internacional que es de igual importancia para nuestra ordenamiento jurídico, como también para los tribunales de nuestro país a la hora de decidir sobre determinadas controversias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra explícitamente el derecho a la libertad de expresión, y éste al ser un tratado de derechos humanos firmado y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela se ubica dentro de una jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva, la abstención presentada por parte del Presidente de la Comisión Pedro Miguel Carreño Escobar además de lesionarle a la víctima su derecho al acceso a la información pública, restringe sucesivamente que con el no otorgamiento de una respuesta oportuna y adecuada la Asociación Civil Espacio Público no pueda desempeñar debidamente sus funciones de contraloría social, ocasionando de esta manera una desinformación en la sociedad venezolana ya que la información solicitada tampoco se encuentra para el acceso al público. -V- DEL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 1. Del derecho a la libertad de expresión 1.1 De la violación del derecho a la libertad de expresión, en su vertiente de acceso a la información pública
13. Página13 El derecho a la libertad de expresión se encuentra amparado y tutelado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela bajo los artículos 57 y 58, dentro de los cuales se evidencia que: “Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. (…) Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.” (Negritas y subrayado añadidas). Respecto al acceso a la información pública también señala nuestra Constitución en su artículo 51 y 143 que: “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. (…) Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.” (Negritas y subrayado añadidas).
14. Página14 Asimismo, otras disposiciones normativas de nuestro ordenamiento jurídico han consagrado el derecho al acceso a la información pública, tal como se evidencia en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, cuando señala que: “Artículo 9. Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los particulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. En caso de que un funcionario público o funcionaria pública se abstenga de recibir las representaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.” (Negritas y subrayado añadidas) Igualmente, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se establece: “Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo.” (Subrayado y negrillas añadidas) De lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en el caso Sociedad Mercantil Estación de Servicio Los Pinos respecto al derecho al acceso a la información pública, señalando que: “Tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta ‘oportuna’ y ‘adecuada’. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea ‘oportuna’, esto se refiere a una condición de tiempo, es decir, que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando así que se haga inútil el fin de dicha respuesta. En cuanto a que la respuesta deba ser ‘adecuada’, esto se refiere a la correlación o adecuación de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que ésta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relación directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitución a través del artículo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera específicamente al planteamiento realizado por el solicitante.” (Negritas y subrayado añadidas) Así como también en el caso Cruz Elvira Marín: “(...) La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho.” (Negritas y subrayado añadidas).
15. Página15 Por lo tanto, ni para nuestra Constitución, ni para nuestro Tribunal Supremo de Justicia pasa desapercibido el derecho a la libertad de expresión, en su vertiente como acceso a la información pública, tomando en cuenta que ningún órgano y tribunal podrá actuar o decidir contrario a las disposiciones anteriormente citadas. De ahí que, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional al no contestar de manera oportuna y adecuada a la petición de información de la víctima, incurrió en una violación a sus obligaciones como órgano de la Administración Pública Nacional, así como también en un cercenamiento al libre ejercicio del derecho a libertad de expresión y del acceso a la información pública de la víctima. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece explícitamente que: “Artículo 5. A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito.” (Negritas y subrayado añadidas). De ahí que, para el momento en el cual le fue enviada la petición de información al Presidente de la Comisión se excedió de ese plazo límite, tomando en cuenta que la víctima interpuso la petición de información el 20 de enero de 2015 y hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna, reflejando en este caso una violación y cercenamiento a su derecho constitucional de acceder a la información pública. Por otro lado, no cabe duda alguna que la petición de información mantiene una relación íntima con las competencias atribuidas a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, debido a que en el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional se evidencia en su artículo 39 respecto a las comisiones permanentes que: “Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley.”5 5
16. Página16 Por lo que alegar que este Ministerio mantiene competencias contrarias a la de la naturaleza de la petición, sería totalmente inequívoco e incluso violatorio con los principios constitucionales y de derechos humanos. 1.2 De la íntima relación entre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Respecto a este apartado debemos de entender que “las libertades de información y de expresión son piedras angulares de toda sociedad democrática”6 , por lo que su importancia viene dada a que todo individuo debe de poder ejercer y gozar de su derecho a opinar y expresarse libremente, como también de poder “buscar”, “recibir” y “difundir” informaciones sin limitación de fronteras u otros impedimentos que puedan cercenar el libre desarrollo de este derecho humano. Lo que conlleva a determinar que el derecho al acceso a la información pública vendría siendo un apéndice del derecho a la libertad de expresión en cuanto y tanto el ciudadano o individuo, cohabitante de una sociedad tuviese la voluntad de poder bajo sus propios medios realizar determinadas preguntas ante distintas instituciones del Estado, recabando de esta manera informaciones que si bien son de utilidad para el individuo éstas a su vez pueden ser usadas para informar a la colectividad sobre las funciones y actividades desempeñadas por la institución; comprobando de esta manera si la gestión realizada por la institución va de acorde a los principios democráticos y a las necesidades de la sociedad para aquél entonces. Para un mejor entendimiento de la relación entre ambos derechos aludimos a lo expresado por el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 34 cuando señala que: “La libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona. Son fundamentales para toda sociedad7 y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones.”8 (Subrayado y negritas añadidas). En añadidura señala que: 6 Comité de Derechos Humanos, caso Aduayom y otros c. Togo, párr. 7.4. 7Véanse las comunicaciones Nº 1173/2003, Benhadj c. Argelia, dictamen aprobado el 20 de julio de 2007, y Nº 628/1995, Park c. la República de Corea, dictamen aprobado el 5 de julio de 1996. 8 Comité de Derecho Humanos (2011). Observación General No. 34, Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34, párrafo 2.
17. Página17 “El párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos. Esta información comprende los registros de que disponga el organismo público, independientemente de la forma en que esté almacenada la información, su fuente y la fecha de producción”9 . (Negritas y subrayado añaidas). De lo anterior, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 34, evidencia la importancia y la necesidad de asegurar el acceso a la información pública por parte de los Estado, en el cual: “Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información. Además, los Estados partes deberían poner en aplicación los procedimientos necesarios para tener acceso a la información, por ejemplo leyes sobre la libertad de información10 . Los procedimientos deberían disponer que las solicitudes de información se tramitaran con puntualidad y conforme a normas claras que fueran compatibles con el Pacto. Respecto de las solicitudes de información no deberían percibirse derechos que llegaran a constituir un obstáculo no razonable al acceso a la información”.11 (Negritas y subrayado añadidas). De ahí que, la relación entre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública no puede pasar por desapercibida, tomando en cuenta su importancia y necesidad en cualquier sociedad democrática donde sus ciudadanos puedan libremente recabar cualquier información de carácter pública, y opinar y sobre todo criticar acerca de esta información, sometiéndola a debate con otros individuos para determinar la eficacia y eficiencia de la institución con respecto a la sociedad. 1.3 De la naturaleza de la información solicitada para hacer contraloría social La información solicitada por parte de la víctima no contiene, ni abarca ningún elemento por el cual la información pueda ser negada o restringida por parte de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, debido a que la información no transgrede con los límites aceptables dentro de una sociedad democrática, no vulnera el derecho a la privacidad o algún derecho o reputación de otras personas, ni tampoco puede de alguna manera afectar al seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 9 Comité de Derecho Humanos (2011). Observación General No. 34, CCPR/C/GC/34, parágrafo 18. 10Observaciones finales sobre Azerbaiyán (CCPR/C/79/Add.38 (1994)). 11 Comité de Derecho Humanos (2011). Observación General No. 34, CCPR/C/GC/34, parágrafo 19.
18. Página18 Por el contrario resulta imperioso que en una sociedad democrática los ciudadanos conozcan las memorias y cuentas de los entes públicos y éstos documentos puedan circular libremente y ser debatidos por las personas interesadas. De tal manera esta información permite a su vez pensar libremente acerca de esta situación, de hacer valer la participación popular para aportar ideas y opiniones que puedan hacer mejorar la situación existente y que permita concientizar a la población de los hechos y las acciones emprendidas por el gobierno a la hora de hacer una elección popular. De igual manera, señalamos que en toda sociedad democrática la Asociación Civil Espacio Público, así como las víctimas, en su calidad de defensores de los derechos humanos, tienen el derecho de difundir y transmitir aquella información que sea de suma relevancia para el desarrollo y la protección de los derechos humanos, siempre y cuando sus actos no transgredan con los límites anteriormente mencionados. Ello tiene especial relevancia con la tesis sostenida por el Comité de Derechos Humanos en el caso Toktakunov c. Kirguistán12 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Társaság a Szabadságjogokért c. Hungría13 , donde se resalta que los “watchsdogs” – guardianes públicos – como lo vendría siendo los demandantes, quienes ejercen una contraloría social de los actos de gobierno indispensables dentro de una sociedad democrática. Específicamente, el derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tal como lo consagra el artículo 6 de la Declaración de los defensores de los derechos humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas14 . Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es bastante explícito en cuanto al derecho al acceso a la información pública y el ejercicio de la contraloría social, cuando señala en el caso mencionado ut supra que: “La Corte considera que los obstáculos creados con el fin de impedir el acceso a la información de interés público pueden desalentar a aquellos que trabajan en medios de comunicación o en 12 Comité de Derechos Humanos. Comunicación No. 1470/2006, Nurbek Toktakunov vs. Kyrgyzstan, adoptada el 21 de abril de 2011, parágrafo 6.3. 13 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary. No. 37374/0, 14 de Abril 2009. Párrafo 38. 14 Naciones Unidas, Asamblea General (1999). A/RES/53/144. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
19. Página19 áreas relacionadas para perseguir estos asuntos. Como resultado, ellos ya no podrían ser capaces de desempeñar su papel vital como "public watchdogs” (guardianes públicos) y por ende podría verse negativamente afectada su capacidad para proporcionar una información precisa y confiable”.15 (Traducción propia / Negritas subrayado añadidas). Por lo tanto, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional al negar de forma oportuna y adecuada la entrega de la información solicitada por parte de las víctimas contravino con el ejercicio fundamental de ésta de ser vocero y difusor de la información, impidiendo de esta manera que su labor como contralor social de los derechos humanos se vea restringida; desalentando por ello a aquellas asociaciones civiles y defensores de derechos humanos que intenten adquirir una determinada información pública que resida en poder del Estado. En relación a la naturaleza de este apartado, es de nuestra incumbencia determinar que el ejercicio de peticionar no requiere que la información que se esté solicitando por parte de la institución mantenga un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos que se aplique una legítima restricción, tal como se consagra en diversos estándares internacionales. De ahí que, la Sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de julio de 2010, No. 745; es contraria a este principio de Derecho Internacional cuando señala lo siguiente: “…que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada…” Vale mencionar en el contexto de este punto, que este criterio es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos expresados en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto no debe ser acatado por este Tribunal ni por ningún otro ente público. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, ha establecido lo siguiente: 77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, 15 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary. No. 37374/0, 14 de Abril 2009. Párrafo 38.
20. Página20 protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. (Negritas y subrayado añadidas) Es clara la opinión de la Corte entonces, en que la información pública que se solicita debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. La información que se solicita en este caso es información pública, que no incurre en ninguna restricción legítima pues no afecta los derechos de intimidad de ninguna persona, no se encuentra relacionada con la seguridad y defensa nacional, no se encuentra relacionada con el ámbito internacional y no existe ninguna otra disposición de la Constitución o de alguna ley que así lo determine. Por lo tanto debe proveerse esta información sin necesidad de que se acredite ningún interés directo para su obtención o una afectación personal; con lo cual tampoco sería necesario que se manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; ni que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada. Conviene citar en este punto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece lo siguiente: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” (Negritas y subrayado añadidas) “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” (Negritas y subrayado añadidas)
21. Página21 En este sentido, tal y como existe una colisión entre una decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y otra proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta institución deberá aplicar, tal y como lo establece el artículo 23 de nuestra Carta Magna, y conforme al principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 19 del mismo texto, el criterio que contenga normas más favorables para las personas. En este caso, las más favorables son las establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpretan el alcance del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues favorecen el ejercicio del derecho humano a la libertad de pensamiento y de expresión. Además, tal y como lo señala el citado artículo 23, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de aplicación inmediata y directa por este órgano del Poder Público y así debe aplicar su criterio. No obstante, debido al interés que mantiene la víctima de obtener la información solicitada, y a fin de no obstaculizar el ejercicio del derecho al acceso a la información, se manifestó expresamente, en la comunicación de fecha 20 de enero de 2015, que ésta información se requiere para realizar informes con motivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto a esto es menester mencionar que el Comité de Derechos Humanos, en su más reciente informe sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela16 expresó su preocupación por el limitado acceso a la información de interés público, y recomendó “garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información de interés público”. Además, para nosotros es importante conocer esta información en nuestro ejercicio de Contraloría Social de conformidad con lo expuesto en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tiene el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medios de sus representantes electos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y Control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”; y también de conformidad con el artículo 6 16 Comité de Derechos Humanos (2015). Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, párrafo 19.
22. Página22 de la Ley de Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular en el cual se establece que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, tienen derecho de participar en los asuntos públicos, para lo cual se garantizará la información oportuna y veraz que soliciten a los entes públicos del Estado. En conclusión, la víctima con respecto a la información solicitada, pretende ejercer una contraloría social y evaluar el correcto desempeño de los Ministerios de la administración pública nacional, actuación que al tratarse del libre ejercicio de un derecho humano va en sintonía con los principios y garantías consagrados en nuestra Constitución. 2. De los estándares internacionales en cuanto al derecho al acceso a la información pública El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la libertad de expresión en su artículo 19, estableciendo que: “Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante e indistintamente “la Convención”) señala en su artículo 13 que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
23. Página23 En el mismo contexto, el Comité de Derechos Humanos en el caso Toktakunov c. Kirguistán expresa que: “El otorgamiento de información a un individuo puede, en este sentido, permitir que ésta circule en la sociedad, de forma que ésta pueda ser conocida por ella, tener acceso a ella y valorarla. En este sentido, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión incluye la protección del derecho al acceso a la información en poder del Estado, la cual también claramente incluye las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que debe ser garantizado de forma simultánea por el Estado. En estas circunstancias, el Comité sostiene la opinión de que el Estado parte tiene la obligación tanto de proveer al autor de la información solicitada o justificar alguna de las restricciones del derecho para recibir información en poder del Estado bajo el artículo 19, párrafo 3 del Pacto”17 . (Traducción propia / Negritas y subrayado añadidas). De forma similar, el caso Mavlonov y Sa’di c. Uzbekistán, conocido por el Comité de Derechos Humanos estableció lo siguiente: “El Comité nota que el público tiene derecho a recibir información como consecuencia de la función específica de un periodista y/o editor para impartir información”18 La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su lado ha señalado en el caso La Última Tentación de Cristo que: “En cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.”19 (Negritas y subrayado añadidas). De ahí que, según lo demostrado por los estándares internacionales el derecho a la libertad de expresión y el de acceso a la información pública se encuentran perfectamente tutelados, lo que implica una mayor responsabilidad por parte del Estado venezolano en garantizar que a los ciudadanos les sean permitidos el libre ejercicio de sus derechos humanos, tomando en cuenta que 17 Comité de Derechos Humanos. Comunicación No. 1470/2006, Nurbek Toktakunov vs. Kyrgyzstan, adoptada el 21 de abril de 2011, parágrafo 7.4. 18 Comité de Derechos Humanos. Comunicación No. 1334/2004, Rakhim Mavlonov and Mr. Shansiy Sa’Di vs. Uzbekistan, adoptada el 19 de marzo de 2009, párrafo 8.4. 19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso La Última Tentación de Cristo (5/02/2001), párrafo 64
24. Página24 nuestra propia Constitución bajo los artículos 19 y 23 señala la responsabilidad y obligación del Estado en garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos; como también el de reconocer que los tratados internacionales suscritos por Venezuela son de jerarquía constitucional, por ejemplo en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2.1 Del carácter bidimensional del derecho al acceso a la información pública Es necesario en este apartado, hacer alusión a que los mismos estándares internacionales anteriormente mencionados consagran el llamado “carácter bidimensional” del derecho al acceso a la imprimación pública, en el cual si bien la Corte Interamericana de derechos Humanos consagra que la dimensión individual del derecho al acceso a la información pública se considera como el derecho de toda persona a buscar y obtener la información que le interesa; ello no excluye, que bajo la dimensión social el público goce del derecho al acceso a la información pública para recibir informaciones e ideas de diversas fuentes sin interferencias que las distorsionen. De ahí que, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional al hacer caso omiso a sus obligaciones de proporcionarle a la víctima una respuesta oportuna y adecuada, contravino y violó este “carácter bidimensional” del derecho al acceso a la información pública, dado que impidió que la víctima obtuviese la información solicitada y que la sociedad dejase de percibir y recibir tal información pública. 3. De los obstáculos a nuestros deberes establecidos en el artículo 132 de la Constitución. Finalmente quiero destacar que tanto el derecho de petición ejercido ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional como el presente recurso constituyen un ejercicio práctico de la obligación que nos impone el artículo 132 de la Constitución de promover y defender los derechos humanos como una manera de ejercer el protagonismo para el desarrollo individual y colectivo. En tal sentido es obligación de los Poderes Públicos de conformidad con el artículo 62 de la Constitución a través de sus entes y órganos facilitar a todas y todos en el país el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos y facilitar como ciudadano y ciudadanas nuestro accionar protagónico. Es fundamental por lo tanto para esta Sala remover los obstáculos que puedan impedir el cumplimiento de nuestro deber de defender los derechos humanos.
25. Página25 VI PROMOCIÓN DE PRUEBAS De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en concordancia con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos que se ordene a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, que exhiba los siguientes documentos que se encuentran en su poder: a) Original de la comunicación entregada en fecha veinte (20) de enero de 2015, suscrita por el ciudadano Oswaldo Rafael Cali Hernández, anteriormente identificado, actuando a título personal y en representación de la Asociación Civil Espacio Público; recibida por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional; de la cual consignamos como medio de prueba que dicho documento se encuentra en poder del mencionado ente, copia con original de sello húmedo de recibido, que anexamos al presente escrito marcado con el número 5. b) Original de la comunicación entregada en fecha veinticinco (25) de marzo de 2015, suscrita por el ciudadano Oswaldo Rafael Cali Hernández, anteriormente identificado, actuando a título personal y en representación de la Asociación Civil Espacio Público; recibida por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional; de la cual consignamos como medio de prueba que dicho documento se encuentra en poder del mencionado ente, copia con original de sello húmedo de recibido, que anexamos al presente escrito marcado con el número 6. El objeto de estas pruebas es demostrar que efectivamente los recurrentes realizaron la petición de información que se ha alegado y realizaron trámites para obtener la respuesta a la solicitud de información; y demostrar además que el hecho de que no obtengamos una oportuna y adecuada respuesta por parte de este ente público vulnera los derechos de petición, acceso a la información pública y libertad de expresión, tal y como se ha argumentado. VII
26. Página26 MEDIDA CAUTELAR El artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo establece lo siguiente: “Admitida la demanda, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte, realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situación denunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar será resuelta a la mayor brevedad”. Los requisitos de la jurisprudencia que debe verificar el juez para decretar medidas cautelares son: (1) que exista prueba del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y (2) que exista prueba suficiente del derecho que se reclama en juicio. Ambos constituyen lo que se entiende como el periculum in mora y el fumus boni iuris. A ellos se agrega otro requisito, según las tendencias más recientes de la jurisprudencia: la necesidad de que el juez efectúe una ponderación de los intereses en juego, para determinar si son más graves los daños que se causan con la medida cautelar que aquéllos que puedan causarse por su negativa. Esta Sala Político Administrativa, en sentencia del 5 de abril de 2006, caso Alcaldía del Municipio Urdaneta del Estado Trujillo, señaló lo siguiente respecto a las medidas cautelares: “El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar innominada sólo se concede cuando existan medios de pruebas suficientes que constituyan presunción grave del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como el derecho que se reclama (fumus boni iuris); el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in mora). En lo que respecta al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar, no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitus sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En cuanto al segundo de los requisitos (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y en lo que se refiere al tercer requisito periculum in damni, éste constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y adoptando las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra”.
27. Página27 En el caso de autos, están cumplidos los requisitos exigidos para la procedencia de la medida cautelar solicitada y así lo detallamos ahora. - Fumus boni iuris: El fumus boni iuris está sin duda presente. En esta etapa procesal el juez actúa con base en una apariencia de buen derecho, como se suele traducir al español la famosa frase en latín con la que el Derecho Procesal ha identificado el primero de los requisitos de procedencia de la medida de tutela provisional. No puede el juez efectuar, con carácter definitivo, su análisis de fondo, pero sí debe tomar en cuenta la apariencia de que la parte solicitante de la medida tiene razón. En un caso como el presente, en el que es evidente que existe presunción del fumus boni iuris, pues se consigna en los anexos 5 y 6 en los cuales constan las comunicaciones enviadas a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con la petición de información y las gestiones realizadas ante este organismo. - Periculum in mora: En relación con el periculum in mora, se evidencia que exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo debido a que, como hemos argumentado, la información se requiere con carácter de urgencia para poder ejercer nuestros derechos de contraloría social y libertad de expresión; los cuales es indispensables que se realicen a la brevedad de tiempo posible. Si no obtenemos esta información la brevedad posible, podrían verse cercenado el derecho a la libertad de expresión e información de ciudadanos y ciudadanas venezolanas además del derecho de realizar contraloría ciudadana sobre los actos de la administración pública y de participar en la elaboración de las políticas públicas. - Ponderación de intereses: En relación con la ponderación de intereses, resulta claro que es un derecho constitucional el que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional otorgue una oportuna y adecuada respuesta a la solicitud de información. En este sentido no existirá ningún daño si la
28. Página28 información es entregada en este momento, pudiendo con el fondo del caso definirse si efectivamente este violó o no los derechos que aquí se alegan. En este sentido, viendo la urgencia y la necesidad por el cual requerimos que no sea contestada la petición de manera oportuna y adecuada por parte de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y en base a nuestra pretensión de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 16 de la Constitución; solicitamos a este tribunal que acuerde una medida cautelar innominada en la cual se ordene un inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenando que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional responda de manera inmediata la petición de información que consta bajo el anexo número 5. VIII PETITORIO Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, al haber incumplido la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con una obligación consagrada en la Constitución y las leyes solicitamos a esta Corte que: 1. ADMITA el presente recurso de abstención o carencia; 2. TRAMITE este caso de acuerdo con los lapsos señalados en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 6, numeral 5. 3. DICTE MEDIDA CAUTELAR en la que ordene una respuesta inmediata a la petición de información por parte de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. 3. DECLARE CON LUGAR el presente recurso de abstención o carencia, y en consecuencia:
29. Página29 Ordene a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que suministre la información solicitada acerca de los requerimientos realizados en la comunicación en referencia y en tal sentido provea la siguiente información de manera adecuada y oportuna: 1. Provea la Memoria y Cuenta de cada uno de los Ministerios del Estado venezolano desde el año 2001 hasta el año 2014. VII DOMICILIO PROCESAL En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, indico como agraviante a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y su domicilio es el siguiente: Edificio José María Vargas, Sede Administrativa, Esquina de Pajaritos, El Silencio, Caracas. Asimismo, indico como agraviados a OSWALDO RAFAEL CALI HERNÁNDEZ, así como la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO y señalo como domicilio procesal de dichas partes la siguiente dirección: Avenida Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, Edificio Centro Empresarial, Piso 12, Oficina H, Urb. Catedral, Municipio Libertador, Caracas, Venezuela. Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

References: artículo 9
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 33
 artículo 66
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 49
 artículo 5
 Artículo 58
 artículo 51
 Artículo 143
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 39
 Artículo 19
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 62
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 62
 artículo 31
 artículo 436
 artículo 69
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 174