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Carta a la UE: “El proyecto europeo no puede ser ambiguo con los nacionalismos” – Crónica Popular
Carta a la UE: “El proyecto europeo no puede ser ambiguo con los nacionalismos”
by Crónica Popular • 14 julio, 2018 • 1 Comment
Cerca de doscientos profesores de universidad, escritores, periodistas y eurodiputados españoles, y junto a ellos una decena de intelectuales europeos de primera línea, son firmantes de una Carta, fechada el 11 de julio último y dirigida a los tres dirigentes máximos de la Unión Europea- Jean- Claude Juncker, presidente de la Comisión, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo- en la que, denuncian abiertamente al secesionismo supremacista catalán y afirman tajantemente que “el proyecto europeo, democrático y progresista, no puede ser ambiguo con los nacionalismos sin traicionar el fundante principio de solidaridad”.
La Carta comienza refiriéndose a otros dos escritos anteriores: el primero de ellos, la Carta abierta, titulada “Upholding the rule of law in the European Union, hecha pública el pasado31 de octubre de 2017, en la que se acusaba al gobierno de Mariano Rajoy de “violar sistemáticamente el estado de derecho en España” y que fue suscrita, entre otras, por algunas personalidades de la izquierda europea extrañamente complacientes hoy con los nacionalismos supremacistas como el catalán. Entre ellos, el filósofo francés Etienne Balibar, autor en los setenta del pasado siglo de La dictadura del proletariadoy en los tiempos presentes de Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas;el griego Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, en 2015, durante los primeros cinco meses del Gobierno de Alexis Tsipras;y el italiano Toni Negri, condenado como miembro del grupo terrorista Brigadas Rojas, que asesinó en 1978 al primer ministro Aldo Moro, asesinato que impidió la puesta en marcha del Compromiso históricoentre comunistas y democristianos, diseñado por el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer.
El segundo, el artículo Cataluña: en defensa de la verdad, publicado en El País, el 27 de noviembre de 2017 y firmado, entre otros juristas de reconocido prestigio,porJosu de Miguel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Francesc de Carreras, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad. En él, de Carreras y de Miguel rebatieron contundentemente las acusaciones vertidas en la mencionadaCarta abierta,demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron y echaron por tierra las manipulaciones de los hechos que se deslizaban en la Carta abierta de Toni Negri y sus acompañantes.
Sin embargo, los firmantes de la Carta a la UE subrayan que “Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE”.Y a ese objetivo dedican el comienzo de su escrito, en el que ponen de relieve varios hechos incontrovertibles:
“Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estadoparalelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental”.
“Presionaron a profesores de Universidad, periodistas y jueces, usaron a la policía autonómica como policía política para espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acoso y violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional”.
“Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática”.
“Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, la propagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historia y el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestra Constitución yviola los derechos de millones de catalanes”.
“El secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España”.
Asimismo, la Carta a la UE señala que“esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica”.
Y, al mismo tiempo, pone de relieve que“el autogobierno ya ha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, dispara la competencia desleal entre ellas, y niega de hecho el principio de solidaridad”.
Más adelante, concreta dos razones principales que explican estas cesiones de poder y recursos públicos: De un lado, “la mala definición constitucional de los límites autonómicos”. De otro, “las estrategias de movilización de los partidos socialistas, y del PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas (a cambio de apoyos parlamentarios para alcanzar el poder) desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de construcción nacional, y así ampliar su poder y base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palauo el delclan Pujol”.
Para los firmantes de la Carta, está claro que “el fomento del nacionalismo, así como el pacto con los separatistas radicales en 2012 y espolear a las masas en busca de insolidarios pactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción”.
Pero la Carta a los dirigentes comunitarios, no se limita a denunciar las causas internas de esta situación, sino que apunta directamente a la propia responsabilidad de la UE, al menos por lo que respecta a seis cuestiones muy concretas. Entre ellas, las dos siguientes:
La primera incide en la utilización por parte del secesionismo catalán de la lengua como herramienta de dominación política y de elemento básico en la construcción artificial de su proyecto identitario, en tanto que tal instrumentación encontró una potente ayuda en una decisión comunitaria:
“Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estadoparalelas, poniéndolas al servicio del secesionismo”.
“El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticos al aprobar, en 2009, una enmienda contraria al propio informe de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negaciónde la diversidad cultural catalana está en la fuente de la actual crisis social”.
La segunda afecta de lleno a la crisis del espacio judicial europeo, basado en gran medida en la institución de la euroorden de detención y procedimientos de entrega, creada en 2002 por una Decisión marco del Consejo de la UE y cuyo fundamento no es otro que el reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Es decir, en la crisis profunda de un espacio comunitario hecho añicos directamente por la decisión del Tribunal Superior del Estado alemán de Schleswig Hollstein que ha puesto en cuestión la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, al aceptar, en estos últimos días, la extradición del ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont únicamente por “malversación de caudales públicos”, el menos grave de los tres delitos por los que fue procesado:
“El caso de Puigdemont ilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo (en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión “plagada de fallas de procedimiento”, los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de Estado incruento. Destruir “los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial” es la forma más segura de desgarrar a la UE”.
Frente a todo ello, los firmantes de la Cartaexpresan su firme rechazo a que“los nacionalismos y populismosnos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica”, señalan que “la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor”y reclaman “una mayor integración política de todas las instituciones comunitarias”,poniendo el énfasis en que “La formación de partidos políticos trans-europeos, con programas comunes de solidaridad fiscal, justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea”.
La carta refleja un amplio espectro de posiciones políticas y profesiones coincidentes en su rechazo sin paliativos al secesionismo catalán, aunque, mayoritariamente, está firmada por profesores y catedráticos de distintas universidades de España y de otros países. Y, así, junto a Luis Méndiz, sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading), Ángela Herrero, antropóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona-UAB, y Mikel Arteta, Doctor en Filosofía Política por la de Valencia, suscriben la Carta los catedráticos de Derecho Constitucional Teresa Freixes, Francesc de Carreras y Josu de Miguel, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ascensión Elvira, de la Universidad Carlos III, de Madrid; Miguel Revenga, de la Universidad de Cádiz,Francisco Javier Díaz Revorio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, e Ignacio Villaverde, de la Universidad de Oviedo; Luis Míguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela; Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos; Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU); Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional y Europeo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza; Armando Fernández Steinko, Profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC); Laura Sancho, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza; Julián Sauquillo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid (UAM); Jaime Terceiro, Catedrático de la Universidad de Madrid-UCM; Gabriel Tortella, catedrático emérito de Hª del pensamiento económico; Aurelio Arteta, Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política; Javier Roldán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada; Juan Ruiz Manero, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León; Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM; Félix Ovejero, Profesor Titular de Ética, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona; Joaquim Coll, ensayista e historiador, ex Profesor Titular de la Universidad de Barcelona; Martín Alonso, escritor y docente jubilado y Doctor en Ciencias Políticas: Elvira Roca Barea, historiadora y profesora de IES en Málaga y Salvador López Arnal, Profesor de Matemáticas de la UNED;
“Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE”.
Asimismo, son firmantes de la Carta los escritores Andrés Trapiello, Félix de Azúa, de la Real Academia, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; los periodistas Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres de RTVE, Arcadi Espada, José María Albert, Antonio Robles, Sergio Fidalgo, director de El Catalán, Vicente Serrano, articulista y experto en leyes electorales,y Rodrigo Vázquez de Prada, director deCrónica Popular;Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB); Karl Jacobi, President and founder of Comvort Network; Álex Ramos, médico y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC); Josu Puelles, vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE); los eurodiputados Javier Nart, Marta Pagazaurtundía, Mª Teresa Giménez-Barbat, Enrique Calvet Chambon, Presidente de Unidos, Libres, Iguales & Solidarios (ULIS), y Teresa Jiménez Becerril; Javier Maurín, ex Portavoz, Junta Municipal Villaverde-Madrid, Plataforma AHORA; Lidia Falcón, abogada y presidenta del Partido Feminista de España; y Francisco Frutos, ex Secretario general del PCE.
Y a su lado, profesores de varias universidades de otros países. Entre ellos, Natacha Bacolla, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario (Argentina) ;Claus Offe, Professor Emeritus of Political Sociology at the Hertie School of Governance, Berlin; Axel Honneth, Professor of Philosophy at both the University of Frankfurt and Columbia University; Pier Virgilio Dastoli, Professor of Politics and European Institutions at the University of Rome, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo; Samuel Schmidt, Political Scientist, University of Texas, Austin; Samuel Freeman, Avalon Professor of the Humanities and Professor of Philosophy and Law at the University of Pennsylvania, Philadelphia; Cyril Trépier, PhD in Geography, Post-Doc researcher at the Institut Français de Géopolitique, University of Paris-8; y Peter Harvey, teacher and translator, MA (Cambridge), PGCE (Wales).
Carta a Juncker, Tusk y Tajani: Por una Europa mejor integrada
Luis Méndiz || sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading) ||
Ángela Herrero || antropóloga (Barcelona-UAB) ||
Mikel Arteta || Doctor en Filosofía Política (Valencia) ||
En la carta “Upholding the rule of law in the European Union” del 31 de octubre, se acusaba al gobierno de ‘violar sistemáticamente el estado de derecho en España’. Francesc de Carreras y Josu de Miguel ya la rebatieron contundentemente, demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron. Pero Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repitaen otras regiones ricasde la UE.
¿Qué ha pasado?Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales–políticas, sociales y mediáticas- en ‘estructuras de Estado’paralelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental. Presionaron a profesores de Universidad, periodistasy jueces, usaron a la policía autonómica como policía políticapara espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acosoy violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional. Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática. Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, lapropagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historiay el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestraConstitucióny viola los derechosde millones de catalanes.
Además, han dañado gravemente la economía de una región próspera. La deuda autonómica sólo se sostiene gracias a los fondos estatales (FLA), que suman ya 52.5 miles de millonesde euros; y, desde el intento de golpe de Estadode septiembre/octubre, más de 4.000 empresasse han ido, mientras que la inversión extranjera caía.
¿Por qué?Esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales; y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica. Navarra y País Vasco, dos de las autonomías más ricas, se benefician incluso de privilegios fiscalesque soninconstitucionales,pero tolerados por los Gobiernos nacionales para mantenerse en el poder.
De hecho, el autogobierno yaha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, 1º) dispara la competencia desleal entre ellas, y 2º) niega de hechoel principio desolidaridad. Hay dos razones principales tras estas cesionesde poder y recursos públicos: a) la mala definiciónconstitucional de los límites autonómicos; y b) las estrategias de movilización de los partidos políticos, los socialistas PSOE y PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas [a cambio de apoyos parlamentarios puntuales para alcanzar el poder] desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de ‘construcción nacional’, y asíampliar su poder y su base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palauo el del clan Pujol. El fomento del nacionalismo, así como elpacto con los separatistas radicalesen 2012 y espolear a las masas en busca deinsolidariospactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción.
Sin embargo, la UE también es responsablede esta situación, al menos por lo que respecta a las siguientes 6 cuestiones:
El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticosal aprobar, en 2009, una enmiendacontraria al propioinforme de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negación de la diversidad culturalcatalana está en la fuente de la actual crisis social.
Un presupuestointegrado sólo por el 1% del PIBde los EEMM incentiva la secesión en las regiones más ricas porque les ofrece moneda y mercado únicos, pero ahorrándoles la solidaridad fiscal más allá de sus fronteras. Hace poco, los ciudadanos de las prósperas Lombardía y Vénetovotaron abrumadoramente por una mayor autonomía y el próximo paso lógico será la construcción nacional: si creen, como los separatistas catalanes, que podrían reingresar rápidamente en la UE, intentarán incluso independizarse. Luego, en una UE de tan limitada solidaridad fiscal, podrán incluso, siguiendoa varios EEMM, convertirse en paraísos fiscalesy oponernos su competencia desleal.
A pesar del éxito que supuso, hoy el euroestá ampliando -y no reduciendo- la brecha económicainter-regional. La críticaes bien sabida: no tiene sentido que, por culpa de intereses nacionales (exacerbados probablemente con la crisis), el euro siga con las mismas carencias dearticulación políticaque cuando se creó hace 20 años.
El FMI y otras autoridades han mostrado que la ‘austeridad’ retrasa la recuperación económica. Pero los países acreedores (Holanda, Alemania, etc.) volvieron a exigírsela a los deudores en la Cumbre Europea de diciembre. Esta estrategia ya ha castigado injustamente a Portugal, Italia, Grecia y España (los conocidos como ‘PIGS’) y sólo conduce a la ‘irracionalidad y el suicidio colectivos’.
El ‘Brexit’ ejemplifica el fracaso político de la UEy revela los riesgos que acechan tras las lógicas nacionalistas, victimistas e identitarias: un incremento del PIB en el RU superior a la media europea no pudo impedirlo. Las políticas clientelistas y la integración mercantil no hanreforzado el sentimiento de pertenencia a un espacio común de derechos y obligaciones compartidos,a un “demos europeo”.
El caso de Puigdemontilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo(en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión “plagada de fallas de procedimiento“, los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de estadoincruento. Destruir “los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial” es la forma más segura de desgarrara la UE.
Como ciudadanos europeos, estamos orgullosos de los logrosque hemos alcanzados juntos, desde la libre circulación o la moneda única hasta iniciativas que muestran realmente la voluntad de unir, como el programa Erasmus; y no podemos permitir que los nacionalismos y populismos nos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica. Pero la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor.
Reclamamos, por lo tanto, una mayor integración política de todaslas instituciones comunitarias. La formación de partidos políticos trans-europeos, conprogramas comunes de solidaridad fiscal,justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea. Confiamos en que sabrán ustedes dar nuevo impulso a esta iniciativa, que ya fue planteada hace 25 años, siguiendo el legado político de Ventotene, Schuman o Monnet, y atendiendo los principios de solidaridad yprogreso para todosque legitiman el proyecto europeo. Asimismo, la UE debería facilitar el avance, entre los países de la eurozona que lo deseen, hacia unos “Estados Unidos de Europa”.
Nodebemos olvidar quela integración económica no fue nunca el fin sino el medio para construir un espacio compartido de soberanía y libertad, de paz y solidaridad entre los pueblos europeos. Y también con el resto del mundo.
Paolo Buchignani, Professore Associato di Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Maxime Forest, Associate Lecturer and Senior Researcher at the Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale (UNINETTUNO), Roma
Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos, Profesor Emérito de la UPM,Associate Professor (Yale), miembro de la Real Academia de Ciencias
Barbara Loyer, Directrice et Professeur à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris-8, Comité de Rédaction Hérodote
Pasquale Lino Saccà, Jean Monnet Chair ad Personam Erasmus Network “I Mediterranei” South/East Dialogue
Josu de Miguel || Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona
Francesc de Carreras || Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad.
El País, 28 de noviembre de 2017.
El 31 de octubre se hizo pública una Carta Abierta, dirigida a ustedes, firmada por varias decenas de académicos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo, en la que se denunciaban supuestas actuaciones de las autoridades españolasantes y después del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entre los firmantes encontramos personalidades que, por distintos motivos, son muy conocidas, como es el caso, entre otros, deGustavo Zagrebelsky, Judith Butler, Philip Pettit, Nancy Fraser, Toni Negri, Étienne Balibar, Arjun Appadurai, Boaventura de Sousa Santoso Yanis Varoufakis.
En su primer párrafo ya contiene una afirmación que no puede aceptarse desde cualquier punto de vista mínimamente razonable: “Nos preocupa profundamente que los órganos rectores de la UE toleren la violación sistemática del Estado de derecho en España, en particular el enfoque que las autoridades centrales españolas han dado al referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña”.
Tercero, esta Ley de referéndum tenía por objeto regular el derecho de autodeterminación de Cataluña-un derecho inexistente, tanto desde el punto de vista de la normativa española como de la internacional- y afirmaba en sus primeros artículos que el pueblo de Cataluña era soberano y que dicha ley era jerárquicamente superior a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y al resto del ordenamiento jurídico.
Cuarto, el Parlamento de Cataluña, cámara legislativa de la Comunidad Autónoma, no es competente para regular, y el presidente de la Generalitat tampoco lo espara convocar un referéndum cuyo resultado afecta necesaria y directamente a todos los españoles. Para conseguir la finalidad que tal referéndum pretende, debe procederse, en su caso, y dado que España es un Estado democrático de derecho, a una reforma constitucional que, como indicó el Tribunal Constitucional en sentencia reciente, es siempre posible dado que la Constitución española no tiene cláusulas, como la tienen otros estados europeos, que prohíban su revisión total. Ahora bien, dado que España es también una democracia constitucional, para tal reforma se deben seguir los procedimientos específicos que figuran en el título X de la Constitución.
Por tanto, si el “enfoque de las autoridades centrales españolas respecto al referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña”, tal como dice el texto de la Carta Abierta, es un dato, se supone que muy importante, para sostener que en España “se viola sistemáticamente el Estado de derecho”, es evidente que esta afirmación no tiene fundamento alguno. Por el contrario, es la ley catalana -inmediatamente suspendida por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el art. 161.2 de la Constitución- la que vulnera de forma ostentosa, no sólo la Constitución sino los más elementales principios democráticos y, por supuesto, la legalidad española. Lamentamos que los firmantes de la Carta citada no se hubieran preocupado de conocer todo este irregular proceso legislativo, tanto en la forma como en el fondo, antes de proceder a suscribirla.
Se equivocan también los firmantes de la Carta Abierta al denunciar que las autoridades españolas, incluidos los jueces y tribunales ordinarios, así como el Tribunal Constitucional, han vulnerado los derechos fundamentalesrecogidos en los tratados internacionales.
Una acusación tan grave debería argumentarse debidamente. Sin embargo, sorprende que la Carta no aporte ningún dato concreto, más allá de consideraciones generales sin especificar, que justifique la vulneración de derechos fundamentales por parte de la legislación española. En cuanto a la aplicación de esta legislación durante las últimas y conflictivas semanas, sostener que las autoridades españolas -gubernativas y judiciales- hanviolado los derechos de reunión y manifestación pacífica, de expresión y de participación política, como se afirma en la Carta, es faltar a la verdad de forma palmaria.
En primer lugar, la manifestación del 20 de septiembre, a causa de la cual están en prisión condicional, como medida cautelar, los señores Sánchezy Cuixart, no fue en modo alguno pacífica: se destrozaron tres coches de la Guardia Civil mientras ésta, por orden judicial, procedía al registro de un edificio de la Administración Pública catalana; se impidió durante bastantes horas la salida de la secretaria judicial que, en nombre del juez, estaba presente en el registro para garantizar su regularidad jurídica; y hasta las siete de la mañana siguiente – 23 horas después de su entrada-, los guardias civiles no pudieron salir del edificio por impedirlo los manifestantes, encabezados por Sánchez y Cuixart. Por tanto, la manifestación, que duró casi un día entero, no fue en modo alguno pacífica sino que vulneró derechos de quienes, por orden judicial, estaban cumpliendo con el deber de actuar como policía judicial.
En segundo lugar, afirmar como hace la Carta Abierta, que en los días previos al referéndum (sic) del 1 de octubre, las autoridades españolas tomaron una serie de “medidas represivas”contra funcionarios, miembros del Parlamento regional, alcaldes, empresas públicas y privadas, es totalmente incierto. Tales medidas no fueron en absoluto “represivas” sino adoptadas con todas las garantías constitucionales por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió las normas y actos cuya finalidad fuera llevar a cabo un referéndum regulado por una ley entonces suspendida, por tanto, inaplicable, y pocos días después declarada inconstitucional mediante la correspondiente sentencia. Acusar de “represiva” una medida adoptada por un juez sólo puede sostenerse si se demuestra que es arbitraria, contraria a derecho y, por supuesto, también a los derechos fundamentales reconocidos en derecho internacional. Nada de eso se ha probado, ni siquiera se ha intentado argumentar, en la Carta Abierta.
En tercer lugar, respecto a la jornada del 1 de octubre, en la Carta citada no se menciona un hecho decisivo: según las competencias establecidas en el Estatuto de Cataluña, el cuerpo de policía encargado de impedir la celebración del referéndum ilegal era la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra). Por esta razón recibió instrucciones de la juez que llevaba el caso. Peroesta policía no cumplió dicho encargo judicial-sus jefes están ahora siendo investigados por si procede su procesamiento- y debió ser sustituida precipitadamente por la Policía Nacional (cuerpo estatal). En consecuencia, a esta Policía Nacional se le tendió una auténtica emboscadaque propició situaciones complicadas en las que fue necesario, como tantas veces en una manifestación, el uso de la fuerza física.
Sin embargo, a pesar de la cifra proporcionada por la Generalitat de casi 900 heridos, lo cierto es que el empleo de esta fuerza física fue muy limitado. La prueba es quesólo tuvieron que ser atendidos en los hospitales cuatro personas: dos de ellas fueron dadas de alta inmediatamente, otra sufrió un infarto de miocardio sin consecuencias mortales -del que no puede responsabilizarse a la policía- y sólo una cuarta fue herida en un ojo por un disparo de pelotas de goma y tuvo que ser intervenida en un centro médico. De las imágenes difundidas en las redes sociales se supo, en los días siguientes (The Guardian, Le Mondeo El País, entre otros, lo averiguaron) que muchas de ellas pertenecían a cargas policiales efectuadas en otros tiemposy circunstancias, no el día 1 de octubre, lo cual demuestra la mala fe de las noticias difundidas, parte de la campaña de propaganda orquestada por las organizaciones independentistas catalanas en connivencia con la Generalitat.
Por tanto, no puede afirmarse, como hace la Carta Abierta, que “la policía española actuó con excesiva fuerza y violencia contra votantes y manifestantes pacíficos”, ni que el uso de la fuerza fuera desproporcionado y abusivo. Si así hubiera sido, no tiene explicación alguna que pudieran votar, según cifras suministradas por los organizadores, de veracidad indemostrable por la falta de garantías electorales, alrededor de dos millones y medio de ciudadanos catalanes.
Sin embargo, lo más sorprendente de la Carta Abierta, que aparentemente tan preocupada está por el Estado de derecho en España, es que no se refiera en ningún momento a la continuada desobediencia del Parlamento y el Gobierno catalána la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a las demás normas del ordenamiento jurídico y a las sentencias judiciales. En concreto, puede afirmarse que durante los meses se septiembre y octubre, estas autoridades autonómicas han actuado con un total desprecio a la Constitución, a las leyes vigentes y a las resoluciones judiciales: en diversas ocasiones han proclamado que no estaban dispuestos a respetar las leyesy cumplir las sentencias. También sorprende que la Carta no muestre preocupación alguna por las más que fundadas sospechas de corrupción de las autoridades catalanas al emplear desde hace años fondos públicos de la Generalitat en la financiación de todas estas actividades partidistas a favor de la independencia. Por este motivo, algunos de los políticos procesados están siendo acusados, entre otros delitos, de malversación de caudales públicos.
Por todo ello, resulta un sarcasmo que la Carta acuse al Gobierno central y a los tribunales de actuar al margen de los estándares del Estado de derechoeuropeo garantizado por los Tratados de la Unión Europea y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando, precisamente, quienes han actuado al margen de las leyes, incluso del Estatuto de la autonomía catalana y de las propias normas de la Generalitat de Cataluña, han sido las autoridades catalanas.
En efecto, desde enero de 2013 las autoridades catalanas han desafiado al Estado de derecho español en numerosas e importantes ocasiones, que no es posible resumir aquí, pero que son perfectamente conocidas. Ello ha culminado en este pasado mes de septiembre, con la aprobación de la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, que reemplazaban el orden constitucional en el territorio de Cataluñapor otro nuevo y distinto sin legitimidad democrática alguna. Frente a ello, el Gobierno español, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, es decir, con una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados, no sólo interpuso recursos por la vía jurisdiccional, en especial ante el Tribunal Constitucional, sino que dio diversos plazos al Parlamento y al Gobierno catalán para que rectificara. Al no hacerlo y declarar, por supuesto sin efectos jurídicos, la independencia de Cataluña el día 27 de octubre, se aprobó en el Senado la propuesta del Gobierno de tomar medidas extraordinarias, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, a la vez que disolvía el Parlamento catalán y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. Obviamente, tanto esta decisión como las demás que se adopten en virtud del despliegue de este artículo 155 CE, están sometidas a los correspondientes controles judiciales.
En conclusión, al margen de las simpatías ideológicas que puedan despertar las aspiraciones separatistas encaminadas a la ruptura de la integridad territorial española, consideramos que al restaurar el orden constitucional en Cataluña mediante la aplicación del artículo155 CE, las autoridades españolas están también garantizando el Estado de derecho comunitario. Ello no es óbice, por supuesto, que en el futuro se puedan cometer actuaciones ilegales o desproporcionadas que vulneren derechos fundamentales y violen el principio democrático. En este supuesto, no dudaremos en denunciar cualquier acto arbitrariode los poderes públicos que suponga una amenaza para la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Pero no es este el caso.
Josu de Migueles profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y Francesc de Carreras, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad.
Albena Azmanova, Barbara Spinelli, and co-signatories ||
Tags: Carta a la UE Jean Claude Juncker
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1 comentario de “Carta a la UE: “El proyecto europeo no puede ser ambiguo con los nacionalismos””
15 julio, 2018 at 22:44
En mi ensayo:Al-Ándalus:¿Realidad politica futura? incluyo el problema de los nacionalismos en Europa y si no inocula un remedio contra esta plaga,Europa se desintegrara en multiples reinos-taifas implantandola estructura politica de la antiguedad es decir ciudades-Estado.He aqui mi articulo:En Europa a pesar de la tendencia a la unificación con la construcción de la UE (Unidad Europea) a la que se han incorporado nueve Estados procedentes del Este de Europa, hay algunos movimientos nacionalistas que llevan un largo período de tiempo por la independencia de sus regiones.
La globalización ha acabado con las fronteras pero en pleno siglo XXI hay una serie de pueblos que reivindican una bandera propia en Europa. Algunos de estos movimientos utilizan como arma para conseguir su proyecto el terrorismo, tal es el caso de IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, mientras que otros se han alejado de la violencia como Cataluña y Galicia en España, el movimiento galés y escocés en Gran Bretaña, flamencos y valones en Bélgica, el movimiento de Sicilia y Padonia en Italia etc., y otros han hecho grandes avances por el contacto con otros movimientos nacionalistas europeos.
Afortunadamente se han producido un avance en la erradicación de la violencia en general en el movimiento nacionalista europeo en este tiempo, siendo el más importante los siguientes:
1ª) El IRA y su proceso de paz en Irlanda del Norte
En 1998, tras el sangriento atentado de Omagh, el IRA abandono definitivamente la lucha armada y consiguió que el Reino Unido le devuelva Irlanda del Norte. Se firman unos Acuerdos donde los nacionalistas del Ulster se comprometían a la lucha pacífica por la vía democrática. Actualmente está región está gobernada por una coalición de unionistas y católicos que están consiguiendo llevar la estabilidad a esta región independientemente que los radicales del IRA Auténtico sigan cometiendo atentados siendo el último en agosto del 2010 pero sin víctimas mortales.
2ª) Escocia y Gales en el Reino Unido.
Independientemente del IRA en Irlanda del Norte, Gran Bretaña tiene otras regiones cuyas ansias independentistas han surgido hace varios siglos, es el caso de Gales que fue sometida por los ingleses en el siglo XII y también Escocia, se vio obligada a unirse a Inglaterra en 1707 tras caer en bancarrota y ahora siguen sus aspiraciones de independencia por la vía política.En Gales, el partido nacionalista Cymru no tiene muchos partidarios pero en Escocia,el Partido Nacional Escocés gobierna desde el 2007 la primera vez de su historia.
3ª) Córcega en Francia.
Aunque el nacionalismo vasco no esta desarrollado apenas en Francia, sin embargo el nacionalismo corso que a pesar de ser anexionada por Francia en el siglo XVIII existe un fuerte sentimiento nacionalista y actualmente hay muchas organizaciones activas siendo la más importante el Frente de Liberación Nacional Corso.
4ª) Flamencos y Valones en Bélgica.
La escisión de Bélgica en dos regiones, los valones del sur y los flamencos del norte es una tradición en este país, que se fundó en el año 1830. Además de sus diferentes lenguas (la flamenca en el norte y el francés en el sur) los flamencos imputan a los valones de vivir a sus expensas y este conflicto económico sino se soluciona llevara a este Estado a un debacle institucional que origina una inestabilidad política continua difícil de soslayar y que si no se supera en el futuro, Bélgica irremediablemente se desintegrara.
5ª) Movimientos nacionalistas en Italia
Italia, país moderno fundado el año 1861 fruto de la iniciativa del rey Víctor Manuel II de Saboya auxiliado por políticos de talla como Cavour y Mazzini y héroes populares como Garibaldi, también es objeto de movimientos nacionalistas donde destacan el nacionalismo de Sicilia y la Padonia o Liga Norte. En el sur, se creo un movimiento por la autonomía de Raffaele Lombardo y en la Italia septentrional la Liga Norte del ultraconservador Umberto Bossi, que ha sido aliado junto a Berlusconi en el gobierno de Italia.
6ª) Bosnia en la exYugoslavia.
A final de la guerra de los Balcanes en 1995, se formó un país con una estructura muy débil en relación con la República serbia de Bosnia donde serbios y la federación de croatas y musulmanes forman la Federación de Bosnia-Herzegovina. Todavía no hay una estabilidad que pueda garantizarse la gobernabilidad de esta región en el futuro porque en cualquier momento el homenaje que se celebro recientemente al nacionalista serbio bosnio Radovan Karadzic, imputado de genocidio en la guerra, puede provocar una nueva crisis.
7ª) Kosovo en la exYugoslavia.
Los albaneses manifiestan que llegaron a Kosovo antes que los serbios y Serbia en cambio informa que este territorio es el origen de su pueblo y su civilización.
Tras la intervención de la OTAN con la complicidad de la UE,el gobierno de Milosevic tuvo que pedir el armisticio y la guerra fue cruel y sanguinaria contra población civil serbia donde perdieron la vida muchísimas victimas provocadas por los bombardeos de la OTAN,cuyo genocidio es una mancha imborrable en el futuro de la generación que tuvo que soportar esta barbarie.El presidente Clinton de los Estados Unidos de America y el Sr. Solana ,como Secretario de la OTAN fueron los presuntos máximos responsables de esta tragedia humana y considero que si alguna vez reflexionan sobre este hecho histórico se arrepentirán de este error. Tras sentencia del Tribunal de La Haya, Kosovo es independiente desde el 2008 aunque no fue reconocida por países como España.
8ª) Nacionalismo vasco, catalán y gallego en España
La organización terrorista ETA nació en 1960 como una rebelión contra el régimen de Franco y tras la muerte de éste, ha seguido como movimiento de Vasconia en territorio español y francés. En el caso de Cataluña , el movimiento nacionalista es pacifico pero por la vía política han conseguido un Estatuto de Autonomía que reconoce la realidad nacional y la imposición de la dictadura del catalán como primera lengua en su territorio.
En Galicia, el movimiento nacionalista está muy poco desarrollado y se espera en el futuro por la emigración extranjera en esta región que se minimice quedando sus pretensiones relegadas al campo meramente cultural.
Además, en toda Europa hay otras regiones que reclaman su independencia y en plena crisis del modelo europeo y con auge del nacionalismo europeo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Estamos ante una Europa cada vez más fragmentada o más plural? El tiempo nos dirá si se mantiene la Unión Europea o salta por los aires este modelo que todavía no termina por consolidarse.

References: artículo 22
 artículo 22
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo155