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Timestamp: 2019-04-24 08:53:57+00:00

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﻿ SENTENCIA C-510 DE OCTUBRE 9 DE 1997
SENTENCIA C-510 DE 09 DE OCTUBRE DE 1997
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA SOCIEDAD MATRIZ EN EL PROCESO CONCURSAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA. DECLARA EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 222 DE 1995, "POR LA CUAL SE MODIFICA EL LIBRO II DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE EXPIDE UN NUEVO RÉGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SOCIEDAD MATRIZ, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, PROCESO CONCURSAL, RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA SOCIEDAD MATRIZ, RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD MATRIZ, CÓDIGO DE COMERCIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:312 DE DICIEMBRE DE 1997, PÁG.2021
Sentencia C-510 de octubre 9 de 1997
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA SOCIEDAD MATRIZ
EN EL PROCESO CONCURSAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA
ART. 148.—Acumulado procesal. Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento Civil.
PAR.—Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente”.
La controversia planteada en este caso por el actor radica en establecer si la norma acusada significa sustancialmente, dada su estructura y habida consideración de sus efectos jurídicos, la atribución anticipada de responsabilidades a las compañías matrices, sin previo proceso y bajo presunción de su culpabilidad, por causa o con ocasión de la existencia de sociedades sobre los cuales ejercen control.
Según el artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el 26 de la Ley 222 de 1995, “una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directa o indirectamente, caso en el cual aquélla se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria” (subraya la Corte).
El artículo 261 del mismo código, modificado por el 27 de la Ley 222 de 1995 precisa los eventos en los cuales se da la subordinación.
1. Se trata de una situación de concordato o liquidación obligatorio de la sociedad, es decir, de una circunstancia en la cual, ante la pérdida del equilibrio patrimonial de ella, debe buscarse, por mandato de la ley, un acuerdo con los acreedores para el pago de sus obligaciones, o la terminación forzosa de su objeto bajo la vigilancia estatal con el mismo propósito.
Se trata entonces, de una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas, demostrando que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de la filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos.
No se puede sostener que el derecho a la igualdad resulte vulnerado cuando el legislador deduce de los actos de una persona jurídica consecuencias patrimoniales, dada su situación concreta y su relación con otras, que dependen de ella. La igualdad exige, por definición, puntos de referencia que permitan comparar situaciones, hipótesis o circunstancias. Y tratándose de normas como la acusada las posibilidades de confrontación desaparecen, ya que el legislador no dispone tratos diversos ni soluciones aplicables a distintos tipos de entes, sino que, por el contrario, regula de manera unívoca en cierto fenómeno societario —la subordinación—, miradas sus consecuencias frente a la situación de concordato de compañías subordinadas.
Sorprende a la Corte que el impugnante pretenda violado el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica (C.P., art. 14) y el que tiene todo individuo al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), aplicando tales conceptos jurídicos de estirpe constitucional a las sociedades comerciales, toda vez que, en constante jurisprudencia, se ha definido el alcance de los derechos fundamentales en cuestión bajo el entendido de que se dirigen a la persona humana exclusivamente.
Sobre el punto ha sostenido esta corporación que el aludido derecho se refiere, como único sujeto, a la persona natural y que el acto de reconocimiento por parte del sistema jurídico “atestigua que la personalidad es un atributo congénito a la persona”, por lo cual es anterior al mismo ordenamiento, que se limita a declararlo (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-486 del 28 de octubre de 1993; Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-476 del 29 de julio de 1992; Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-106 del 13 de marzo de 1996, entre otras).
Añádase a lo anterior que, si la protección constitucional del libre desarrollo de la personalidad reside en la dignidad inherente a la persona, que la erige como una finalidad en sí misma y no como un instrumento para alcanzar otros fines, de ninguna manera es aceptable la extensión de ese derecho a los entes surgidos a partir de la libertad de asociación, que, por definición de la misma Carta, son medios orientados a la realización de diversos objetivos o propósitos, con o sin ánimo de lucro, buscados por quienes asocian (C.P., art. 38). Luego es impropio hablar, respecto de las asociaciones, corporaciones o compañías creadas, de una autonomía personal con las mismas características de la que el Constituyente ha reservado al ser humano.
El artículo 25 de la Constitución, que consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, no resulta violado por el precepto en estudio, si se tiene en cuenta que su objeto no radica en disponer reglas generales sobre relaciones de índole laboral. Por otra parte, si alguna consecuencia puede tener su aplicación en lo relativo a acreencias reclamadas por trabajadores, ella consiste precisamente en preservar la justicia, en cuanto al precepto busca asegurar la conservación del patrimonio de la sociedad deudora para evitar que los derechos de los acreedores —entre ellos los laborales— sean burlados.
En cuanto al artículo 38 ibídem, que garantiza el derecho de libre asociación, no se ve afectado por el parágrafo puesto en tela de juicio, ya que él no prohibe, dificulta ni restringe el derecho que tienen las personas —aún las jurídicas— a asociarse, y más bien parte del supuesto de que ya ese derecho se ejerció, por cuanto la circunstancia de las relaciones de subordinación existentes es un dato al que se refiere el legislador. La previa asociación entre compañías es un fenómeno que la ley reconoce y acepta, si bien regula, en los términos que se dejan expuestos, hechos posteriores referentes a la toma de decisiones de la matriz, con efectos patrimoniales externos, por cuya virtud resultan afectados bienes jurídicos que, a su juicio, merecen protección.
Finalmente, carece de todo sentido endilgar a la disposición examinada un vicio de inconstitucionalidad respecto del artículo 333 de la Carta Política, por obstruir, como dice el actor, la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Como lo ha repetido la jurisprudencia, tales derechos no tienen ahora —como no tuvieron desde la Reforma Constitucional de 1936— un carácter absoluto, ni su contenido esencial se confunde con el reclamo de la propia arbitrariedad para neutralizar la intervención del Estado en la economía, o para impedir la efectividad de los fundamentos constitucionales del Estado Social de Derecho.
Es suficiente recordar que, si bien la libre competencia económica es un derecho de todos, el artículo 333 declara sin ambages que “supone responsabilidades”. Y es justamente una responsabilidad de lo que se deriva del parágrafo demandado.
Según la Carta, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero “dentro de los límites del bien común”. Este resulta asegurado cuando se impide que las relaciones incontroladas de interdependencia o de control entre compañías, so pretexto de la libertad de empresa, generen cuantiosos perjuicios a los acreedores y repercutan, según su magnitud, en el conjunto de la economía.
Tampoco se pierda de vista que, a su tenor, “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.
(Sentencia C-510 de octubre 9 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

References: ARTÍCULO 148
 artículo 260
 artículo 261
 artículo 25
 artículo 38
 artículo 333
 artículo 333