Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-caso-coc-max-y-otros.html
Timestamp: 2019-12-11 11:57:02+00:00

Document:
TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 5 II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6 III 8
VIi 27 FONDO 27 ViI.1 29 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 29
ViI.2 38 DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y DERECHOS DEL NIÑO EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN 38
VII.3. 46 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE FAMILIARES DE PERSONAS MUERTAS Y HERIDAS 46
ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 50
IX 67 PUNTOS RESOLUTIVOS 67
En el caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) vs. Guatemala,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “Convención Americana” o “Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 5
CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTAS VÍCTIMAS 8
A.Alegatos de la Comisión y de la partes 8
B.Consideraciones de la Corte 8
A. Admisibilidad de la prueba documental 9
B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial 11
A. Contexto 13
A.1 El conflicto armado interno y la violencia contra el pueblo maya 13
A.2. Desplazamiento y retorno de personas afectadas por el conflicto 14
B. Sobre la Comunidad “Aurora 8 de octubre” en la finca Xamán 15
C.Sobre los hechos sucedidos en octubre de 1995 en la finca Xamán 16
D.Sobre las actuaciones realizadas 18
ViI.1 29
DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 29
A.Argumentos de la Comisión y las partes 29
B.1.Consideraciones generales 31
B.2- Fuero militar 33
B.3. Investigación de autores intelectuales y de la “cadena de mando” 34
B.4. Reducción del tiempo de condena y liberación de condenados 34
B. 5. Sobre personas prófugas 35
B.6. Duración de las actuaciones 36
B.7. Conclusión 38
ViI.2 38
DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y DERECHOS DEL NIÑO EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN 38
A.Alegatos de la Comisión y de las partes 38
B.Consideraciones de la Corte 40
B.1. Consideraciones generales 41
B.2. Derechos a la vida e integridad personal 42
B.3. Derechos del niño 43
B.4. Obligación de respetar los derechos sin discriminación 44
B.5. Conclusión 45
VII.3. 46
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE FAMILIARES DE PERSONAS MUERTAS Y HERIDAS 46
A.Alegatos de la Comisión y de las partes 46
B.Consideraciones de la Corte 46
VII.4 49
ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 49
A.Alegatos de las partes 49
B.Consideraciones de la Corte 49
VII.5. 50
A.Alegatos de la Comisión y de las partes 50
REPARACIONES 51
(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 51
A.Parte Lesionada 53
B.Obligación de investigar los hechos del caso y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables 53
C.Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 54
C.1. Medidas de rehabilitación 54
C.2. Medidas de satisfacción 55
C.2.1. Publicación de la Sentencia 55
C.2.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad 55
C.2.3. Centro de Salud 56
C.2.4. Ampliación y asfalto de una carretera 57
C.2.5. Visita de la Corte 57
D.Otras medidas solicitadas 57
E.Indemnizaciones compensatorias 60
E.1. Daño material 60
E.1.1. Daño Emergente 60
E.1.2. Lucro Cesante 61
E.2. Daño inmaterial 63
F. Costas y Gastos 65
G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 66
PUNTOS RESOLUTIVOS 67
El caso sometido a la Corte. – El 21 de septiembre de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte el caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) contra la República de Guatemala. De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a la presunta ejecución de una “masacre” por miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Guatemala el 5 de octubre de 1995 en contra de 11 personas, incluyendo una niña y dos niños, que formaban parte de la población indígena q'eqchi', mam, q'anjob'al, ixil y k'iche, que ocupaba la finca Xamán tras haber estado “refugiada” en México. La Comisión expresó que en los mismos hechos 29 personas resultaron heridas, tres de las cuales murieron con posterioridad. Además, aunque 14 personas fueron condenadas, el caso trata sobre la alegada falta de una investigación independiente e imparcial que, en un plazo razonable, procurase lograr la sanción de todas las personas responsables. Por último, la Comisión determinó que los hechos afectaron también a 59 familiares de las personas muertas y heridas, y señaló que constituyeron una expresión de discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado interno en Guatemala (en adelante también “el conflicto” o “el conflicto armado”). Los nombres de todas las personas aludidas se encuentran en el Anexo A de la presente Sentencia, que integra la misma.
Trámite ante la Comisión. – El trámite del caso ante la Comisión fue el siguiente:
Petición.– El 16 de noviembre de 1995 la Comisión recibió la petición inicial presentada por Rigoberta Menchú Tum, Eduardo Antonio Salerno y María Lopez Funes, a la cual le fue asignado el número de caso 11.550. Posteriormente se constituyó como peticionario el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM.
Informe de Admisibilidad y Fondo.- El 18 de diciembre de 2002 la Comisión comunicó a las partes su decisión de diferir el análisis de la admisibilidad de la petición hasta la decisión sobre el fondo, en aplicación del artículo 37.3 de su Reglamento entonces vigente. Tras la recepción de diversos escritos y un procedimiento tendiente a lograr una solución amistosa que no prosperó, el 10 de junio de 2016 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 28/16 (en adelante “Informe de Fondo”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones a la República de Guatemala (en adelante, “Guatemala” o “el Estado”):
Conclusiones.- La Comisión concluyó que Guatemala es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, los derechos del niño, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial, receptados, respectivamente, por los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo tratado.
Reparar integralmente las violaciones declaradas en el Informe de Fondo “en el aspecto material, moral y cultural, incluyendo: i) una justa compensación; ii) medidas de satisfacción para la recuperación de la memoria de las víctimas y para el reconocimiento público de la responsabilidad estatal por los hechos[,] y iii) medidas de rehabilitación mediante la implementación de un programa de atención en salud física y mental y/o psicosocial culturalmente adecuado a los sobrevivientes y familiares de las víctimas”, y
“Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares[,] inclu[yendo]: i) […] programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas; ii) el fortalecimiento de la capacidad institucional para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno[,] y iii) adoptar mecanismos eficaces para enfrentar las amenazas y hostigamientos contra operadores jurídicos, víctimas y testigos en el marco de dichas investigaciones”.
Notificación al Estado.– La Comisión indicó que el Informe de Fondo fue notificado al Estado el 21 de junio de 2016, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión señaló que fue informada de “acercamientos” entre el Estado y los peticionarios, pero éstos solicitaron el envío del caso a la Corte y Guatemala no solicitó suspender el plazo previsto en el artículo 51 de la Convención.
Sometimiento a la Corte.- El 21 de septiembre de 2016 la Comisión sometió a la Corte “la totalidad de los hechos y violaciones” descritos en el Informe de Fondo1.
Solicitudes de la Comisión.– Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a este Tribunal que “concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado” por las violaciones contenidas en el Informe de Fondo y que ordene al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones incluidas en dicho Informe de Fondo.
Notificación al Estado y a los representantes. – El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas1 los días 24 y 30 de enero de enero de 2017, respectivamente.
Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 31 de marzo de 2017 el Grupo de Apoyo Mutuo (en adelante también “los representantes” o “GAM”) presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante también “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. Coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos de la Convención Americana alegados por la Comisión (supra párr. 2). Además, alegaron la violación del derecho a la propiedad privada. Finalmente, solicitaron que se ordenara al Estado adoptar diversas medidas de reparación y el reintegro de costas y gastos.
Escrito de contestación. – El 3 de julio de 2017 el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión y de observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de contestación”)2. Se opuso a las violaciones alegadas y respondió a las solicitudes de reparación.
Audiencia Pública. – El 13 de diciembre de 2017 el Presidente de la Corte3 (en adelante, “el Presidente”) emitió una Resolución mediante la cual convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la celebración de una audiencia pública respecto del fondo, reparaciones y costas, para escuchar los alegatos finales orales de las partes y las observaciones finales orales de la Comisión respecto de dichos temas4. Además convocó a declarar en esa audiencia a dos presuntas víctimas. Asimismo, ordenó recibir las declaraciones ante fedatario público (afidávits) de una presunta víctima y una perita. La audiencia pública se celebró el 9 de febrero de 2018 durante el 121 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede5. En el curso de dicha audiencia, los Jueces de la Corte solicitaron cierta información y explicaciones a las partes y a la Comisión.
Alegatos y observaciones finales escritos. – El 9 de marzo de 2018 los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos, así como determinados anexos. El 12 de marzo de 2018 la Comisión presentó sus observaciones finales escritas. El 2 de abril de 2018 los representantes y el Estado presentaron, respectivamente, sus observaciones a los anexos documentales presentada por la otra parte. En esa misma fecha, la Comisión informó que no tenía observaciones sobre la documentación referida.
Medidas provisionales. - El 8 de febrero de 2018 la Corte adoptó medidas provisionales a favor de las presuntas víctimas Efraín Grave Morente, Natividad Sales Calmo y Tomás Grave Morente, así como de Maynor Estuardo Alvarado Galeano y Karla Lorena Campos Flores, abogado y abogada de los representantes6. Las medidas provisionales continúan vigentes.
Deliberación del presente caso. – La Corte deliberó la presente Sentencia los días 21 y 22 de agosto de 2018.
La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTAS VÍCTIMAS
Alegatos de la Comisión y de la partes
La Comisión señaló a 99 personas como víctimas en el Informe de Fondo (supra párr. 1). Expresó que efectuó la “individualización más precisa posible” de las mismas, pero “dejó constancia” de que existen diferencias entre los nombres de las personas respectivas en diferentes comunicaciones o en el expediente judicial1.
Los representantes identificaron como víctima a una persona distinta de las indicadas en el Informe de Fondo: Eulalia Antonio, madre de Manuela Mateo Antonio.
El Estado consideró las circunstancias del caso no se ajustan a los criterios jurisprudenciales sobre la imposibilidad de determinar las presuntas víctimas, por lo que no debe aplicarse una excepción al respecto.
De conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento, el Informe de Fondo debe contener la identificación de las presuntas víctimas. El artículo reglamentario 35.2 prevé una excepción. La Corte ha dicho que la misma opera cuando haya “un impedimento material o práctico para identificar a presuntas víctimas en casos de violaciones masivas o colectivas a los derechos humanos”2. Para determinar la procedencia de la excepción, este Tribunal ha evaluado las características particulares de cada caso3.
En el presente caso, la Corte encuentra que los hechos afectaron a un número sustancial de miembros de la Comunidad “Aurora 8 de Octubre” (en adelante también “la Comunidad”) y que el caso trata de una violación colectiva de derechos humanos. Por lo tanto, dadas las particularidades del caso, es aplicable la excepción prevista en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte. En consecuencia, este Tribunal determina que la señora Eulalia Antonio debe considerarse presunta víctima.
A. Admisibilidad de la prueba documental
La Corte recibió documentos presentados como prueba por la Comisión y las partes junto a sus escritos principales (supra párrs. 3, 6 y 7). La Comisión solicitó la incorporación de cuatro peritajes rendidos en otros procesos (infra párr. 19, y nota a pie de página 12) Además, este Tribunal recibió de los representantes un documento solicitado como prueba para mejor resolver, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento (infra párr. 19), así como documentación sobre un hecho superviniente (infra, párr. 22). Asimismo, recibió documentos adjuntos a los alegatos finales escritos (supra párr. 9).
En el presente caso, como en otros, este Tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente por las partes y la Comisión o solicitados como prueba para mejor resolver por la Corte o su Presidencia cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada1. También se encuentran admitidos documentos cuya incorporación al acervo probatorio fue decidida por el Presidente en su Resolución de 13 de diciembre de 2017 (supra párr. 8)2.
El 16 de febrero de 2018 se solicitó a los representantes, con base en el artículo 58 del Reglamento, copia de una propuesta de solución amistosa. Los representantes la presentaron el 21 del mismo mes, junto con otros dos documentos: una declaración jurada efectuada ante notario el día 19 anterior por quien, según se indicó, fue Presidente de COPREDEH y copia del acto de su nombramiento, de 17 de marzo de 2016. Adujeron que la declaración “surg[ió] posteriormente de realizada la audiencia [pública] del [caso]”. El Estado consideró extemporánea la presentación de estos dos documentos, solicitando que no sean considerados pues “no fueron requeridos”. La Corte nota que la copia del acto de nombramiento no fue solicitada. Además, de la lectura de la declaración, tampoco pedida, surge que fue hecha para ser presentada ante la Corte y que refiere a hechos previos a la audiencia. Por ende, considerando el pedido estatal, este Tribunal inadmite estos dos documentos. Sí admite la copia de la propuesta de solución amistosa, dado que fue requerida.
Junto con los alegatos finales escritos, el Estado presentó cinco anexos documentales3, y los representantes siete4. Los representantes solicitaron que cuatro de los cinco anexos estatales no sean admitidos, por ser extemporáneos, mas hicieron notar que desde antes de la presentación estatal se encontraban en el expediente. Respecto al otro anexo, que contiene “[d]ocumentos del Programa Nacional de Resarcimiento” (en adelante también “PNR”), solicitaron que sí “sea tomado en cuenta”. El Estado consideró que no debían ser considerados por la Corte seis de los siete anexos presentados por los representantes, por su extemporaneidad. En cuanto al restante, referido a gastos realizados por los representantes, señaló por una parte que su presentación no fue oportuna y, por otro lado, que no se acompañó documentación que respalde las erogaciones indicadas.
La Corte, en cuanto a los documentos remitidos por el Estado: a) admite los “[d]ocumentos del Programa Nacional de Resarcimiento” teniendo en cuenta la anuencia y razones formuladas por los representantes, y b) nota que, como señalaron los representantes, los demás documentos se encontraban incorporados al expediente desde antes que el Estado presentara sus alegatos finales escritos, por lo que los documentos pueden utilizarse y el alegato sobre su supuesta incorporación tardía resulta impertinente. Por otra parte, en cuanto a los documentos allegados por los representantes: a) constata que la Convención sobre el Estatuto de Refugiados es un instrumento de derecho internacional, que no requiere prueba, y b) admite el resto de los documentos, dado que: i) el documento sobre gastos contiene información sobre hechos posteriores al 31 de marzo de 2017, cuando se presentó el escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 6), mas no será considerada por la Corte información que hay en ese documento sobre gastos anteriores a esa fecha, por resultar extemporánea5, y ii) el resto de los documentos resultan útiles y se relacionan estrechamente con preguntas formuladas por integrantes de la Corte durante la audiencia pública, por lo que, a pesar de haber sido remitidos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, cabe su admisión a partir del artículo 58.a) del Reglamento6. Además, la Corte admite los certificados de nacimiento y defunción de Pedro Daniel Carrillo López, presentados por los representantes el 16 de agosto de 2018, pues fueron remitidos con el objeto de acreditar un hecho ocurrido el 27 de julio de 2018: la muerte de la presunta víctima nombrada7. Asimismo, por resultar útil, y considerando que se trata de una disposición legal publicada, este Tribunal incorpora de oficio, como prueba documental, el texto del Código Procesal Penal de Guatemala de 1992 (infra nota a pie de página 59). En uso de la facultad conferida por el artículo 58.a) de su Reglamento, la Corte incorpora también de oficio información sobre el tipo de cambio monetario publicada en el sitio de internet del Banco de Guatemala (infra nota a pie de página 224).
La Comisión presentó documentos que señaló como anexos 1 y 2 del Informe de Fondo mediante enlaces de internet que no resultaron útiles. No obstante, se incorporan ambos documentos en virtud de la facultad establecida por el artículo 58.a) del Reglamento, teniendo en consideración que los dos forman parte de un mismo documento publicado, y considerando que ni el Estado ni los representantes presentaron objeciones u observaciones al respecto8.

References: artículo 63
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 58
 Resolución 
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58