Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920461.html
Timestamp: 2019-11-19 08:46:52+00:00

Document:
as201920461
Auto Supremo: 461/2019
Expediente: B-22-18-S.
Partes: Amalia Temo Fernández c/ Justina Olmedo Acchura y Ciro Cuellar Melgar.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 482 a 486 vta., interpuesto por Amalia Temo Fernández, contra el Auto de Vista Nº 171/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 479 a 480 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Justina Olmedo Acchura y Ciro Cuellar Melgar; la contestación cursante de fs. 492 a 493; el Auto de concesión del recurso de 16 de octubre de 2018 cursante a fs. 495; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 1037/2018-RA de fecha 30 de octubre cursante de fs. 501 a 502 los antecedentes del proceso; y:
El Juez Público 5° en lo Civil y Comercial de Beni, emitió la Sentencia Nº 16/2018 de 30 de enero cursante de fs. 358 a 359 vta., declarando IMPROBADA la demanda. Con costas.
Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Amalia Temo Fernandez mediante memorial cursante de fs. 376 a 381 vta., en merito a esos antecedentes la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista Nº 171/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 479 a 480 vta., donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:
La tarea de la valoración de los medios probatorios es atributo privativo del juez de instancia, poniendo en dinámica su recto entendimiento, a la luz de la ciencia jurídica y el principio de la sana critica fundamentada, que se nutre de normas de logicidad, psicología y experiencia humana, cuando el ordenamiento jurídico lo autorice, el principio de la prueba preestablecida o tasada, por lo que en el caso de autos la cultura intelectiva-valorativa del Ad quo desentraña a cabalidad y precisión lógica-racional-fáctica el conflicto con el molde normativo de la materia, desarrollando su tarea in cogitando en los márgenes legales de razonabilidad y equidad previstas para el decisorio, sin trasuntar en lesión material a las garantías y derechos fundamentales de la apelante dosificando el recto razonamiento que fluye de la comunidad probatoria significativa impactante en la mente intelectiva de la juzgadora, construyendo la verdad material.
Por ultimo señaló que respecto a la incongruencia omisiva de algunos medios probatorios, esta acusación no guarda consistencia total con la obra procesal, puesto que no resulta evidente y real que todas las pruebas narradas por la apelante hubieran merecido incongruencia omisiva, ya que la inspección judicial, el contrato de compromiso de venta y su reconocimiento, así como las declaraciones testificales fueron apreciadas por el A quo siendo un aspecto distinto el hecho de que el resultado de su valoración no hubiere satisfecho a la recurrente. Fundamentos por los cuales el tribunal de alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2 del Código Procesal Civil CONFIRMÓ la Sentencia N° 16/2018 de 30 de enero. Con costas y costos.
Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Amalia Temo Fernández, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 482 a 486 vta. el mismo que se pasa a analizar.
De las denuncias expuestas por la recurrente Amalia Temo Fernández mediante memorial de fs. 482 a 486 vta. de obrados, se extrae lo siguiente:
1. Acusó la violación del art. 265 del Código Procesal Civil, dado que el tribunal de alzada no circunscribió su resolución a los puntos resueltos por el inferior y a los puntos que fueron objeto de apelación, pues en el recurso de apelación se han identificado 14 agravios, por lo que se evidencia que el Tribunal Ad quem hace una aislada valoración de los medios de prueba que acarrea una debilidad en el desarrollo del linaje del entendimiento humano.
2. Aduce la existencia de error de derecho en la apreciación de las pruebas documentales de fs. 2 a 3 y las de traspaso de lote de fs. 10 a 15 de las cuales erradamente se establecerían que carecen de credibilidad al no tener reconocimiento y cumplir con el art. 1297 del Código Civil y art. 147.II de la Ley N° 439, dado que los escritos de reconocimiento de firmas y rúbricas solo surte efectos entre los suscribientes y los documentos respecto de terceros es computable desde el día en que se suscribieron por consiguiente puede ser opuesto a los demandados.
3. Manifiestan error de derecho en la apreciación incompleta de la prueba de inspección judicial cursante de fs. 185 a 186, dado que si bien los vecinos Moisés Quiroga y Bartola Coseruna indican que no conocen a la recurrente pero de forma imaginativa alegan que estaría viviendo en el inmueble solo 5 a 6 años esta declaración debe entendérsela como el hecho de que los vecinos conocen que la recurrente es propietaria, hecho que no fue negado por los demandados, lo cual no contradice a las declaraciones de los otros vecinos Ever Paz y Lucinda Justiniano que indicaron conocen a la recurrente más de 10 años, declaraciones que no fueron tomadas en cuenta, negándole el principio de verdad material y violando los arts. 1334 del Código Civil y 187 del Código Procesal Civil.
4. Acusó la violación de los arts. 1327 del Código Civil y 168 el Código Procesal Civil dado que hay una mala apreciación del derecho respecto a las pruebas testificales de descargo de fs. 271 a 272 vta., pues si bien los testigos no creen que la recurrente sea la propietaria y que no está en posesión desde el 2004 estas declaraciones deben entendérselas como el hecho de que los testigos conocen la propiedad de los demandados, lo cual no contradice lo declarado por los testigos de cargo siendo que se evidenció que la recurrente se comporta como dueña.
5. Indicó error de hecho en la prueba pericial de fs. 332 a 339 que tiene un defecto para su apreciación pues dicha prueba fue realizada en otro inmueble a saber: Av. 18 de noviembre entre calle Bolívar y Av. del Mar y si bien indica que los materiales utilizados no se puede determinar su data manifiestan que los materiales podrían tener entre 8 o 9 años omitiéndose especificar si la recurrente realizó esas mejoras.
6. Expresó error de derecho en la apreciación de las pruebas documentales como son los informes municipales de fs. 187 a 189 que establecen que es de dominio privado cursante de fs. 209 a 224 y de fs. 304 a 308 señalan que corresponden a un área de laguna de regulación y que está ubicado en un área de riesgo, informes que no tienen incidencia que la recurrente no hubiera estado viviendo en dicho inmueble. Es así que el Auto de Vista impugnado incurre en errores sustanciales llegando a inferir que la recurrente no hubiere cumplido o demostrado estar en posesión por más de diez años, violándose el régimen de la sana critica.
7. Acusó error de hecho en la apreciación de las pruebas de cargo, dado que el tribunal de alzada violo los arts. 1301.I, II, II-2, 1327, 1330, 1334 del Código Civil vulneración consistente en no haber dado un análisis integral y completo de las pruebas de cargo, omisión que lesiona las reglas de la sana crítica y la lógica humana por lo que en Tribunal debió tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas 1,2 a 3, 4 a 5, 6 a 10, 18, 102, 136, 185 a 186. 263, 265 a 269 y antecedentes del proceso utilizado, de manera que el examen lo haya conducido lógicamente a la verdad material en su aplicación concreta que supone la buena fe de la administración de justicia.
8. Aduce error de hecho en la apreciación de las pruebas (recibos) por que no tomaron en cuenta que, al ser presentada por mi persona al interponer la demanda, los demandados reconocieron su contenido implícitamente, ya que pidieron que se realice el peritaje a las firmas estampadas en los recibos y en el transcurso del proceso renunciaron al mismo, reconociendo que la recurrente compro el lote de terreno en el cual vive desde el año 2004.
9. Indicó la violación de los arts. 110, 138 y 87 del Código Civil, bajo los argumentos expuestos en forma sucinta y real con pruebas contundentes, por lo que no se puede hablar de que la recurrente cumplió con los requisitos para la usucapión decenal o extraordinaria.
Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y en el fondo se declare probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria con costas y costos.
De la revisión de obrados se puede establecer que Justina Olmedo Acchura y Ciro Cuellar Melgar mediante memorial cursante de fs. 492 a 493 responde al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:
Manifestó que la recurrente no es poseedora del lote por más de 10 años como falsamente afirma, sino es una simple detentadora del lote de terreno, por lo que no existe vulneración de los arts. 87 y 138 del Código Civil, más al contrario se aplicaron correctamente las mencionadas normas ya que la demandante no estuvo en posesión como señala conforme las pruebas de obrados, que llevaron al juez a quo, así como al Tribunal Ad quem a desestimar la demanda de usucapión decenal.
Señaló que el hecho que la demandante habite una casa rustica de madera conforme se evidencio en la inspección judicial no significa que sea poseedora ya que le documento de compromiso de venta de fecha 5 de agosto de 2003 fue suscrito entre Jesús Céspedes Rodríguez y las señoras Evelin Romay Gonzales, Madeleiner Chávez Suarez y Leocadia Padilla S. de Mancilla, no interviniendo en el documento la recurrente Amalia Temo Fernández por lo que nunca compro el lote de terreno a Jesús Céspedes Rodríguez.
Por lo expuesto solicita se declare infundado el recurso de casación. Sea con costos y costas.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido en la apelación interpuesta por el impugnante.
Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia, a través de sus diversos fallos (Autos Supremos N° 651/2014, N° 254/2016) señala que la congruencia de las resoluciones judiciales orientan su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución), y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y segundo, la congruencia interna, referida a que si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
III.2. De la usucapión decenal o extraordinaria.
De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio, respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.
José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil, comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción”.
En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil, concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación, corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.
1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo encontrado en el apartado 1 está orientado a observar la violación del art. 265 del Código Procesal Civil, dado que el Tribunal de alzada no circunscribió su resolución a los puntos resueltos por el inferior y a los puntos que fueron objetos de apelación, pues en el recurso de apelación se han identificado 14 agravios, por lo que se evidencia que el Tribunal Ad quem hace una aislada valoración de los medios de prueba que acarrea una debilidad en el desarrollo del linaje sobre el entendimiento humano.
Sobre el particular diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión del presente proceso, se puede establecer, que el Auto de Vista resolvió aspectos que se encontraban en el recurso de apelación, tales como:
a) La sentencia carecería de fundamentación y valoración ya que a criterio de la apelante tendría que tener un contenido critico valorativo y lógico respecto a las pruebas y conclusiones tanto de hecho como de derecho para decidir la causa, sin embargo en el caso de autos la sentencia fue recopilada de una sentencia presentada como prueba sin observar la equidad, en ese sentido el Tribunal de alzada señaló que respecto a la valoración de los medios de prueba es prudente recordar que dicha tarea es un atributo privativo del juez de instancia poniendo en dinámica su recto entendimiento, a la luz del principio de la sana critica fundamentada, por lo que de la cultura intelectiva-valorativa el Ad quo en la sentencia desentrañó a cabalidad y precisión lógica-racional-fáctica el conflicto con el molde normativo de la materia desarrollando su tarea in cogitando en los márgenes legales de razonabilidad y equidad previstas para el decisorio sin trasuntar en lesión material a las garantías y derechos fundamentales de la ahora recurrente.
b) Acusó que el Ad quo en el apartado 1 de los hechos probados narró que la ahora apelante no probó la posesión pacífica y continuada durante más de 10 años, sin especificar prueba alguna, insistiendo que la apelante no demostró el ingreso al lote por compra venta puesto que ella no habría participado, violando así el art. 138 del Código Civil, sobre este punto tenemos que el Tribunal de alzada compartió criterio con el juez A quo pues señaló que los paradigmas doctrinales y principistas fueron coherentemente cultivados por el A quo tal como se desarrolló en el linaje que refiere a que del elenco de hechos probados se tiene que el demandante no probó los elementos de usucapión, puesto que no demostró el ingreso a la posesión del lote de terreno motivo de litis con la compra venta, dado que conforme se aprecia del documento de fs. 2 a 3 y de la revisión de este documento se establece que carece de credibilidad al no cumplir con el art. 1297 del Código Civil y 147.II de la Ley N° 439, por lo que los testigos de la inspección judicial, así como los testigos de descargo declaran que la demandante vive hace 5 o 6 años en el lote y el informe de asentamiento humano para la vivienda, informe técnico e imágenes satelitales dan razón de que no existe posesión por más de 10 años y si bien existen fotografías de posesión en el lote de terreno estas no establecen fecha o año.
c) La recurrente señaló en el recurso de apelación que el A quo indicaría que los informes de asentamiento humano para la vivienda informes técnicos e imágenes satelitales otorgadas por la dirección de planificación del G.A.M.B. dieron razón de que no existe posesión por más de 10 años, lo cual constituiría en una errónea aplicación de dichas pruebas ya que las mismas carecerían de un estudio técnico de campo, al margen de que el juez A quo no habría valorado las pruebas cursantes de fs. 1 a 3, 6 a 10, 185 a 186, 263, 265 a 269, 18, 136 y de 102 a 103 incurriendo en errónea valoración de la prueba, al respecto el Tribunal de alzada señaló que tal acusación no guarda consistencia total con el proceso puesto que no resulta evidente y real que todas las pruebas manifestadas por la apelante hubiera merecido incongruencia omisiva, en la magnitud que pretende hacer valer la recurrente, ya que la inspección judicial, el compromiso de compra venta y su reconocimiento, así como las declaraciones testificales, fueron apreciadas por el A quo siendo un aspecto distinto el hecho de que el resultado de su valoración, no hubiere satisfecho a la apelante.
d) Por ultimo respecto al reclamo que refiere sobre la falta de motivación existente en la sentencia, el Tribunal de alzada indicó que del razonamiento doctrinal emitido por Eduardo Couture se percibe que la motivación implica el desarrollo de una estructura de forma y de fondo concisa y clara orientadas a satisfacer todos los puntos demandados, deber que en el caso de autos fue cumplido por el juez de primera instancia.
En ese entendido se puede establecer que el Tribunal de alzada resolvió los agravios presentados en contra de la sentencia, conforme el memorial cursante de fs. 376 a 381 vta., por lo que se infiere que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación, pues atendió a todos los reclamos formulados, concluyendo que el A quo desentrañó a cabalidad y precisión lógica-racional-fáctica el conflicto con el molde normativo de la materia, desarrollando su tarea in cogitando en los márgenes legales de razonabilidad y equidad previsibles para el decisorio sin trasuntar en lesión material a las garantías y derechos fundamentales de la apelante construyendo la verdad material, al margen de que todas las pruebas supuestamente acusadas no fueron valoradas, pero si fueron apreciadas por el juez A quo siendo aspecto distinto el hecho de que el resultado de su valoración hubiese sido diferente al pretendido por la apelante, señalando por último que la sentencia fue desarrollada de forma concisa y clara satisfaciendo todos los puntos demandados, en ese entendido se establece que el Auto de Vista cumplió con el principio de congruencia, resolviendo la situación jurídica, exponiendo los motivos que sustentaron su decisión, actuando de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, por lo que este Tribunal establece que su reclamo deviene en infundado.
2. Seguidamente se tiene que del estudio del recurso de casación se desprende que los reclamos manifestados en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 están enmarcados a observar que el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista incurrió en errónea violación de las pruebas cursantes de fs. 2 a 3, documentales de traspaso de lote de fs. 10 y 15; inspección judicial cursante de fs. 185 a 186, pues si bien los vecinos Moisés Quiroga y Bartola Coseruna indican no conocer a la recurrente sin embargo señalan que vive 5 a 6 años en el inmueble, reconociendo que es propietaria, contradiciendo las declaraciones de los vecinos Ever Paz y Lucinda Justiniano manifestaron que la recurrente vive más de 10 años declaraciones que no fueron tomadas en cuenta; errónea apreciación de las pruebas testificales de descargo de fs. 271 a 272, pues indicaron que la recurrente no es propietaria y no está en posesión desde el 2004; error en la valoración de la prueba pericial, dado que no determina si los materiales podrían tener 8 o 9 años además se omitió especificar si la recurrente realizó mejoras; error en la valoración de los informes municipales de fs. 187 a 189, 209 a 224 y de fs. 304 a 308; error en la valoración de la prueba de cargo, al no darle un análisis integral y completo lesionando la sana crítica y la lógica humana dado que debió considerar las pruebas cursantes de fs.: 1 , 2 a 3, 4 a 5, 6 a 10, 18, 102, 136, 185 a 186., 263, 265 a 269 de manera que el examen de estas pruebas le haya conducido a la verdad material, por ultimo señaló error en la apreciación de los recibos dado que no tomaron en cuenta que al ser presentadas por la recurrente (demandante) los demandados reconocieron su contenido implícitamente al pedir que se realice el peritaje a esas firmas, en ese entendido al existir errónea valoración de la prueba violaron los art. 1297, 1334, 1327, 1301.I y II 1330 del Código Civil y arts. 147.II, 187, 168 de la Ley N° 439.
Partiendo del citado antecedente, y de la revisión del Auto de Vista se puede establecer que el Tribunal de alzada, realizó una correcta valoración de la prueba, misma que realizó de forma global, tal cual se establece en el apartado II. A del Auto de Vista impugnado, señaló que para la dilucidación de la inadecuada valoración de los medios probatorios es prudente recordar que dicha tarea es privativa del juzgador de instancia poniendo en práctica su entendimiento a la luz de la ciencia jurídica y el principio de la sana critica fundamentada, que se nutre de normas de logicidad, psicología y experiencia humana, ingresando en la vía excepcional y cuando el ordenamiento jurídico lo autorice el principio de la prueba preestablecida o de la prueba tasada llegando a la conclusión que respecto a la denuncia de haberse operado incongruencia omisiva sobre los medios probatorios no resulta evidente y real , pues la inspección judicial, el contrato de compromiso de compra venta y su reconocimiento de firmas así como las declaraciones testificales entre otras fueron apreciadas por el A quo, siendo un aspecto distinto el hecho de que el resultado de su valoración no hubiere satisfecho al recurrente.
Sin embargo, con la finalidad de no causar incertidumbre a la recurrente se puede establecer que de la revisión exhaustiva de la prueba la cual alega se realizó una errónea valoración, se tiene que de fs. 2 a 3 y de fs. 10 a 15 cursa fotocopias legalizadas de un documento de compromiso de venta con reconocimiento de firmas y rubricas de 05 de agosto de 2003, en el cual Jesús Céspedes se compromete a vender un lote de terreno ubicado en la zona sur diagonal de la bomba de agua con una superficie de 10.000 m2 en favor de Ana Luisa Justiniano, Clara Justiniano, Dolores Melgar, Leocadia Padilla, Dora Muñoz, Paulina León, Madeleiner Chávez, Emilia Humaday, Wilsterman Chavez, Martha Moye, Sabino Rivera, Aidee Núñez, Edid Rivero, Evelin Romay y Yoisy Chávez, así mismo cursa en fotocopias simples una lista de los recibos entregados a Jesús Céspedes por compra de lote de terreno a favor de Madeleiner Chavez y cursante a fs. 15 a favor de Dolores Melgar, en ese contexto de la revisión de dichos documentos se tiene que la demandante ahora recurrente no figura en los mismos en calidad de compradora por cuanto no pueden ser utilizados para respaldar su posesión más aún si consideramos que las listas de recibos son fotocopias simples por cuánto carece de fuerza probatoria asignada por ley.
Del acta de inspección judicial cursante de fs. 185 a 186 se puede establecer que el juez de instancia no dio la data del lote de terreno o el tiempo de posesión que tiene la demandante, limitándose a realizar una descripción del inmueble refiriendo que es una casa rústica de madera de alto, la cual tiene techo de calamina, a la bajada del mismo inmueble a las orillas de la avenida circunvalación aprecio la existencia de un taller de heladeras que es de techo de carpa y calamina, señaló la existencia de una letrina de madera y un pequeño bañero además de que el inmueble cuenta con luz, seguidamente el juez A quo procedió a preguntar a sus colindantes sobre la posesión de la demandante, a cuyo efecto Ever Paz indicó que la demandante vive en el inmueble desde el año 2004, Alejandro Camacho señaló que él se asentó el año 2012 y la demandante ya estaba asentada en el terreno objeto de litis, continuamente preguntó a los vecinos colindantes del frente, al respecto Lucinda Justiniano indico que conoce a la demandante solo de vista, pese a que Lucinda vive hace más de 16 años, de forma posterior se preguntó a otro vecino Moisés Quiroga quien señaló que vive por el lugar alrededor de 15 años y conoce a la demandante solo de vista y vive en el inmueble alrededor de 5 a 6 años, en ese entendido el juez de la causa manifestó que verificó la posesión de la demandante, para tener objetividad sobre el tema de la usucapión respecto a los diez años de posesión, así mismo en la misma audiencia expresó la necesidad de realizar un peritaje a efectos de verificar los diez años de posesión de la misma, en ese entendido se tiene que si bien la juez solicitó declaraciones de los testigos sin embargo ellos fueron por la vía informativa, dado que el objeto principal de la inspección judicial fue la posesión de la demandante en el bien inmueble motivo de litis.
Sobre la prueba testifical de descargo cuya acta cursa de fs. 271 a 272, los testigos indican que hasta el año 2009 a 2010 no había ningún asentamiento, la zona era totalmente baldía y cuando comenzó asentarse el año 2011 la Alcaldía quería desalojarla, asimismo señalaron que la demandante ahora recurrente tiene un taller de heladeras, que dicho lote en fecha anterior estaba registrado en la alcaldía a nombre de Sixto Quispe, y que si la alcaldía no la hizo desocupar fue por que varias personas la defendieron, al respecto podemos evidenciar que si bien los testigos señalan que la recurrente vive en el bien inmueble motivo de litis, empero su posesión fue desde el año 2011 por cuanto no cumple con los diez años requeridos para la procedencia de la usucapión.
La prueba cursante de fs. 332 a 339 consistente en el informe pericial, podemos extraer la siguiente conclusión que de la última imagen satelital de 27 de julio de 2009 se puede observar que hasta esa fecha no existe ninguna construcción en todo el predio por lo que un estimado sobre la data de la vivienda puede ser a finales del año 2009 lo cual le daría una antigüedad de construcción de 8 años y medio posteriormente, además de acuerdo a las imágenes satelitales el taller y el baño no tienen más de 2 años de antigüedad, aspecto que como ya se dijo no respalda la posesión de la recurrente por más de 10 años en el inmueble motivo de litis.
En relación a las pruebas documentales de fs. 187 a 189, 209 a 224 y de fs. 304 a 308 de las mismas podemos extraer que la dirección de planificación urbana en los informes emitidos señaló que el predio ocupado por la recurrente corresponde a la laguna de regulación estableciendo la misma como área de riesgo, no siendo apta para el uso residencial, además que desde el año 2004 no está permitido el asentamiento humano del lugar para vivienda dado que se tiene peligro de inundación en la zona.
Respecto a las documentales adjuntas al proceso en calidad de prueba de cargo cursante de fs. 1, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 10, 18, prueba referente a fotocopias legalizadas del compromiso de venta que ya fue valorado supra, fotocopias simples de recibos cancelados que carecen de fuerza probatoria, certificación de socio emitido por la Asociación de Tejeros y artesanos “San Juan” que señala que la recurrente forma parte de dicha asociación desde el año 2004, prueba no trascendental para determinar la posesión en el bien inmueble.
De la documental cursante a fs. 136 y vta., consta de una declaración jurada en la cual la actora indica que posee el inmueble motivo de litis por más de 10 años, por adquisición realizada de Madeleiner Chavez y Dolores Melgar y ellas a su vez lo adquirieron mediante un documento de compromiso de venta de 05 de agosto de 2003, otorgado por los esposos Jesús Céspedes Rodríguez y Rosa Yujra Justiniano de Céspedes, por lo que demuestra su posesión por más de diez años, sin embargo y valga la redundancia, la demandante no adjunta prueba fehaciente que acredite dicha posesión y si bien adjunta en fotocopias legalizadas el documento de compromiso de pago de 05 de agosto de 2003, sin embargo al no ser parte de este documento por principio de relatividad no puede valerse de los efectos de dicho acuerdo para respaldar su pretensión de usucapión.
Por ultimo de la revisión de los recibos adjuntos a momento de interponer la demanda se puede establecer que refieren a que la demandante habría cancelado montos de dinero a favor de Walter Ordoñez por volquetas de tierra, empero dicha prueba no es trascendental para demostrar la posesión de la demandante en el lote de terreno motivo de litis, más aún cuando de la revisión de los mismos se puede establecer que estos no guardan relación respecto a los números asignados a los recibos y a las fechas en las cuales habrían sido emitidos.
En ese entendido y teniendo presente la doctrina aplicable en el apartado III.3, que indica que la autoridad jurisdiccional debe señalar como influye los medios probatorios sobre la decisión que se tendrá al final del litigio, debe considerar toda prueba ofrecida por las partes y admitida conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso para llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, todos los medios probatorios adjuntos por las partes así como los solicitados de oficio, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme manda el art. 1286 del Código Civil y el art. 145.I y II del Código Procesal Civil, tal cual aconteció en el caso de autos, por lo que se evidencia que el Tribunal de alzada no valoro de forma equivoca la prueba dado que si bien no realizó una valoración específica de cada una de las pruebas, realizo una valoración integra de los medios probatorios los cuales llevaron a la decisión de confirmar la sentencia apelada, toda vez que la parte actora no adjuntó medios probatorios que respalden su posesión, por más de diez años conforme indica la norma.
3. Continuando con la dilucidación de lo acusado en casación se tiene que el punto 9 está enmarcado a observar la violación de los arts. 110, 138 y 87 del Código Civil, bajo los argumentos expuestos en forma sucinta y real con pruebas contundentes, por lo que no se puede hablar de que la recurrente no hubiera cumplido con los requisitos para la usucapión decenal o extraordinaria.
En principio debemos señalar lo manifestado en la doctrina expresada en el apartado III.2 que establece que la usucapión es considerada como una forma originaria de adquirir la propiedad, en virtud a la posesión que debe ser ejercida durante el tiempo y condiciones previstas por ley, debiendo cumplir la parte que pretenda usucapir, con ciertos requisitos que son necesarios para su procedencia dentro de estos esta la posesión. De esta manera, refiriéndonos a la posesión, se dirá que; es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, conforme lo señala el art. 87.I del Código Civil, posesión que debe estar compuesta de sus dos elementos como son el corpus y el animus, entendiéndose al primero como el dominio físico de la cosa, y al segundo como la actitud y comportamiento frente al bien como verdadero dueño; asimismo, la posesión a la cual se hace referencia al margen de la concurrencia de los elementos señalados supra, esta debe ser pública, pacífica, continuada y no interrumpida por más de diez años; requisitos básicos para la procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria.
En ese entendido de la revisión de la demanda principal, la contestación y la prueba adjunta en obrados por la demandante ahora recurrente, así como por la demandada, consistente en prueba documental, informe pericial, inspección judicial, declaración testifical, se tiene que la actora no cumplió con los presupuestos de procedencia para que opere la usucapión, toda vez que si bien demostró su posesión en el bien inmueble motivo de litis empero no existe elementos de convicción con los cuales la demandante demuestre que esta posesión haya sido ejercida por diez años o más, y en consecuencia no cumple con lo establecido por el art. 138 del Código Civil, por cuanto se tiene que este Tribunal comparte el criterio expresado por el Tribunal de alzada motivo por el cual establece que no existe la violación a la normativa señalada por la recurrente en efecto su reclamo no tiene asidero legal por cuanto deviene en infundado.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 482 a 486 vta., interpuesto por Amalia Temo Fernández, contra el Auto de Vista Nº 171/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 479 a 480 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Con costos y costas.
Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.

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