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Timestamp: 2018-01-19 01:35:59+00:00

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Sábado, 11 Julio 2015 00:46
DECLARACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN ACCESO A INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE TEXTILES,
DEUDOR : TEXTIL SAN CRISTÓBAL S.A. (TEXTIL SAN CRISTÓBAL)
DECLARACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN ACCESO A INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE TEXTILES
SUMILLA: en el Procedimiento Concursal Preventivo de Textil San Cristóbal S.A., la Sala ha declarado que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la apelación interpuesta por la empresa deudora contra la Resolución N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN del 30 de junio de 2004, que declaró improcedente el pedido formulado por Textil San Cristóbal para que se declare la reserva de la información contenida en el documento presentado por Banco Standard Chartered, denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”. Ello, toda vez que, por mandato de la propia norma concursal, se restringe el acceso a la información a terceros ajenos al procedimiento concursal, no resultando necesaria una declaración de la autoridad en ese sentido.
Finalmente, en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 807, se establece el precedente de observancia obligatoria que se desarrolla en la parte resolutiva de esta Resolución. Ello, a efectos de precisar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal, sólo tienen acceso a la información contenida en el procedimiento concursal las partes intervinientes en el mismo.
El 5 de setiembre de 2003, Banco Standard Chartered (en adelante, Banco Standard) formuló oposición al acogimiento de Textil San Cristóbal al Procedimiento Concursal Preventivo, alegando que la verdadera situación económica y financiera de dicha empresa configuraba uno de los supuestos previstos por la Ley General del Sistema Concursal para declarar el inicio del
Procedimiento Concursal Ordinario e, incluso, su disolución y liquidación. En sustento de tal afirmación, Banco Standard presentó copia del documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable” elaborado por Define S.A. (en adelante, Define). Por escrito del 9 de setiembre de 2003, Textil San Cristóbal manifestó su posición respecto de la oposición planteada por Banco Standard, rechazándola en todos sus extremos.
Por Resoluciones números 1969-2003/CCO-ODI-ESN y 1970-2003/CCO- ODI-ESN del 30 de junio de 2004, la Comisión declaró improcedente la oposición formulada por Banco Standard y admitió a trámite la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal Preventivo de Textil San Cristóbal, respectivamente, habiéndose publicado dicha situación el 15 de setiembre de 2003 en el diario oficial El Peruano. El 10 de mayo de 2004, Banco Standard solicitó a la Comisión que declare la nulidad del referido procedimiento, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 5 de setiembre de 2003.
El 4 de junio de 2004, Textil San Cristóbal absolvió el pedido de nulidad formulado por Banco Standard, solicitando asimismo que la Comisión declare, respecto de terceros no intervinientes en el procedimiento, la confidencialidad del documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable” elaborado por Define, argumentando que el mismo contenía información interna de la empresa que no debió ser divulgada por Banco Standard1. Dicho pedido fue declarado improcedente por extemporáneo mediante Resolución N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN del 30 de junio de 2004, pronunciamiento que se sustentó en el hecho que Textil San Cristóbal no formuló su pedido en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, es decir, al momento en que tomó conocimiento de la presentación del documento antes indicado por parte de Banco Standard, habiendo transcurrido hasta esa fecha más de ocho (8) meses.
El 26 de julio de 2004, Textil San Cristóbal apeló la citada resolución señalando que: (i) no existe un plazo legal para solicitar la declaración de reserva de información confidencial; (ii) el hecho que dicha información haya podido ser conocida por terceros no significaba necesariamente que éstos la hayan utilizado en su beneficio; y, (iii) debe cautelarse que en adelante la información antes mencionada no llegue a conocimiento de destinatarios indebidos y, aun en el supuesto que ello hubiese ocurrido, la empresa podría accionar legalmente contra aquellos.
1 Sobre el particular, Textil San Cristóbal indicó que, en el marco de las negociaciones previas sostenidas con sus principales acreedores a fin de reestructurar sus pasivos, proporcionó a aquellos información relativa a los medios de producción, estructura de costos y otros aspectos organizativos de la empresa, parte de la cual fue recogida en el documento elaborado por Define.
Determinar si corresponde declarar la reserva de la información contenida en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, presentado por Banco Standard a la Comisión el 5 de setiembre de 2003.
III.1 El acceso a la información sobre procedimientos tramitados por la
El numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información pública, en los siguientes términos:
Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho: (…)
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (…)”
El derecho a la información comprende, tanto el derecho a solicitar la misma sin expresión de causa como a recibirla de las entidades públicas, debiendo entenderse por entidad pública toda entidad del Estado y cualquier otra con personería de Derecho Público2. Sin embargo, este derecho sólo puede hacerse valer a efectos de obtener información de carácter público, quedando excluida de su ámbito toda aquella información expresamente declarada reservada por ley, como por ejemplo información relativa a la intimidad personal o familiar. Ello debido a que el constituyente ha considerado necesario sustraer del conocimiento público aspectos concernientes exclusivamente a la esfera privada de los ciudadanos, así
2 Según Marcial Rubio, “(…) Las personas tienen mediante el inciso 5 del artículo 2 el derecho de solicitar y recibir información sin expresión de causa de cualquier entidad pública. Nótese que el derecho no es solo a solicitar (para el cual bastaría el derecho de petición establecido en el inciso 20 del mismo artículo) sino también a recibir la información. La obligatoriedad de suministrarla corresponde exclusivamente a las entidades públicas, no a las privadas que rigen su actuación por otros principios. En este inciso se está hablando de entidades que tienen como finalidad central el servicio a las personas, razón más que suficiente para que se les imponga la obligación de informar. Para los efectos de este artículo entidad pública será toda entidad del Estado (gobierno central, gobiernos regionales y locales) y cualquier otra entidad con personería de derecho público del Estado peruano(empresas públicas, instituciones descentralizadas, superintendencias, Consejos, comisiones diversas, etc.) (…)” En: Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Primera Edición, Lima, 1999, p. 219.
como temas cuya divulgación podría comprometer seriamente la seguridad nacional.
En el Derecho Administrativo, el derecho a la información forma parte de la aplicación del principio de participación, según el cual las entidades públicas deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, con excepción de aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las expresamente excluidas por ley3.
Con relación a la participación de los administrados en el procedimiento administrativo, la ley ha otorgado a aquellos un acceso irrestricto a la información contenida en el expediente, con las excepciones señaladas en los párrafos anteriores. En tal sentido, el numeral 3 del artículo 55º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece como uno de los derechos de los administrados el de acceder en cualquier momento y de manera directa a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes, salvo las excepciones expresamente previstas por ley4. A su vez, el numeral 1 del artículo 160º del referido dispositivo legal señala que los administrados, sus representantes o sus abogados, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a los documentos y actuaciones integrantes del mismo5.
3 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)
12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. (...)
4 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 55.- Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: (...)
3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. (...)
5 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 160.- Acceso a la información del expediente
cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 2 de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad
Conforme a lo expuesto, en el ámbito del procedimiento administrativo el derecho a la información se traduce en la facultad de los administrados de solicitar toda aquella información referida a los procedimientos en los cuales intervengan en calidad de partes o de terceros con legítimo interés, correspondiendo a la autoridad el deber de atender los pedidos de información que se le formulen sin dilatar o entorpecer el ejercicio del mencionado derecho.
III.2 La información contenida en los procedimientos concursales
Durante sus diversas etapas, el concurso se desarrolla en función de la información con que dispone tanto la autoridad administrativa como las partes para realizar las actuaciones y adoptar las decisiones que compete a cada una de ellas al interior del procedimiento.
En la etapa pre-concursal del procedimiento, la información requerida es aquella que permita a la autoridad verificar el supuesto de hecho previsto por la ley a efectos de declarar la situación de concurso del deudor, es decir, información referida al estado patrimonial de este último. Sin embargo, cabe destacar que, en los procedimientos iniciados a solicitud de uno o más acreedores, la norma ha dispuesto que los mismos se tramiten en reserva hasta la publicación de la situación de concurso, debido a que la divulgación de dicha información en el mercado podría generar efectos potencialmente perjudiciales para la empresa, pese a no haberse definido aún su sometimiento al régimen excepcional del concurso. Por tanto, mientras no se defina la situación de concurso del deudor, sólo podrán tener acceso a la información contenida en el expediente las partes y los funcionarios que tengan conocimiento del procedimiento, quienes tienen el deber de cautelar la reserva de dicha información6.
Incluso la ley ha contemplado la posibilidad de que, en la etapa pre- concursal del procedimiento iniciado a pedido de acreedores, la autoridad declare, a solicitud del deudor, la confidencialidad de la información relativa a los estados financieros presentados por aquél al apersonarse al procedimiento, lo cual implica que sólo tendrán acceso a dicha información los funcionarios encargados de tramitar el procedimiento, manteniéndose en reserva respecto de los acreedores que soliciten el inicio del concurso del deudor7.
competente. (...)
6 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 11.- Reserva e información del procedimiento
11.1 Los procedimientos concursales a pedido de acreedores se tramitarán en reserva hasta la publicación a que se refiere el Artículo 32. Cautelarán la reserva los funcionarios públicos que tengan conocimiento del procedimiento y las partes. (...)
7 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 27.- Emplazamiento al deudor
La situación antes descrita varía sustancialmente al hacerse público el procedimiento, puesto que, en esta etapa, el interés cuya tutela privilegia la norma concursal es el de la colectividad de acreedores involucrados en la crisis patrimonial del deudor, para lo cual éstos deben tener la posibilidad de acceder a toda aquella información que resulte relevante para adoptar las decisiones que consideren más convenientes para la recuperación de sus créditos. Es por ello que, a partir de ese momento, se levanta automáticamente la reserva de la información contenida en el expediente, quedando la misma a disposición de los acreedores calificados como tales por la autoridad concursal.
En la línea de lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal establece que los acreedores tienen el derecho de acceder a la información relevante para tomar decisiones en los procedimientos concursales, siendo obligación de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información8. Asimismo, los numerales 2 y 3 del artículo 52º del referido texto legal señalan que el deudor deberá poner a disposición de los acreedores, con la debida anticipación, la información y documentación necesarias para que la Junta de Acreedores adopte los acuerdos que le corresponden, debiendo asumir aquél las consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento en proporcionar tal información9.
En esta etapa del procedimiento, resulta indispensable que los acreedores se encuentren en aptitud de acceder a la información referida a la situación económica y financiera del deudor. Ello les permitirá conocer con exactitud las posibilidades reales de viabilidad de la empresa y, sobre la base de tal información, tendrán mayores elementos de juicio para adoptar la decisión más eficiente que solucione la crisis patrimonial del deudor procurando
27.2 A solicitud del emplazado, la información relativa a sus estados financieros podrá ser declarada reservada, siendo obligación del órgano funcional tomar las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la misma, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 807. Declarada la situación de concurso del deudor, dicha información estará a disposición de los acreedores, quedando automáticamente sin efecto la declaración de reserva.
8 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 13.- Acceso a la información concursal
13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a información relevante para tomar decisiones en los procedimientos concursales. Es obligación de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información.
9 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 52.- Derecho de información de los acreedores en
52.2 La información y documentación necesaria deberá ponerse a disposición de los acreedores por el deudor, en el local de la Comisión o, en otro lugar debidamente difundido, con una anticipación no menor a tres (3) días anteriores a la realización de la primera convocatoria a Junta.
obtener el máximo beneficio para la masa de acreedores afectados por la falta de pago de sus créditos. Del mismo modo, es importante que cada acreedor pueda tener acceso a la documentación que sustenta la totalidad de pasivos reconocidos del deudor, a fin de otorgarle la posibilidad de cuestionar determinados créditos incorporados al concurso en caso que considere que la existencia, origen, titularidad y cuantía de aquéllos no ha sido debidamente acreditado.
Si bien la regulación prevista en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal aparece claramente definida en cuanto al derecho de los acreedores de acceder a la información contenida en los procedimientos concursales, esta Sala se encuentra en la necesidad de precisar los alcances de dicho dispositivo legal sobre el acceso a la referida información respecto de personas distintas a las partes involucradas en el concurso.
Conforme a lo expuesto, el derecho de acceder a la información referida al procedimiento concursal sólo puede ser ejercido por las partes intervinientes en el mismo, esto es, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisión. Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento.
Mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso.
Adicionalmente, cabe señalar que, de permitirse el acceso al expediente a personas ajenas al procedimiento concursal, se generaría un riesgo potencialmente nocivo para el deudor, en el sentido que determinada información presentada por este último podría ser utilizada por ciertos agentes del mercado con el objeto de perjudicar en forma ilícita la actividad económica de la empresa concursada. Por ejemplo, aquellos documentos que contienen información referida a la situación financiera del deudor y otros aspectos correspondientes al ámbito estrictamente interno de la empresa quedarían a libre disposición de terceros competidores, quienes podrían aprovechar dicha información para obtener una indebida ventaja competitiva frente a aquél, hecho que reduciría considerablemente las posibilidades de reflotamiento de la empresa en caso que ésta aún fuera económicamente viable.
Debe tenerse en cuenta, además, que el procedimiento concursal, dada su naturaleza de procedimiento trilateral de acuerdo a la definición establecida en el numeral 1 del artículo 219º de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, constituye el escenario en el cual confluye una pluralidad de intereses en conflicto entre sí (los acreedores y el deudor), cuya solución compete, en forma subsidiaria, a la autoridad administrativa, órgano que, en cumplimiento de dicha función, orienta su actuación hacia la protección del interés público de la colectividad de acreedores involucrados en el concurso. En este aspecto, la estructura del procedimiento concursal guarda similitud con aquélla correspondiente al proceso judicial, en el que el juez resuelve un conflicto de intereses en ejercicio de su labor jurisdiccional.
En atención a ello, también debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispositivo que establece que sólo tiene carácter público la información contenida en registros, archivos y copias de actuados judiciales correspondientes a procesos concluidos11. Asimismo, los artículos 138º y 139º del Código Procesal Civil, norma aplicable en forma supletoria a los procedimientos concursales de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria de la Ley General del Sistema Concursal12, reservan la información que obra en los expedientes de procesos en trámite a las partes, sus abogados y apoderados, facultando la revisión a los terceros únicamente en caso de que el proceso haya fenecido13.
10 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 219.- Procedimiento trilateral
219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del artículo I del Título Preliminar de la presente Ley. (...)
11 DECRETO LEGISLATIVO Nº 767, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Artículo 10.- Toda actuación judicial es pública, con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan.
12 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Primera Disposición Complementaria.- Aplicación supletoria de las normas
En todo lo no previsto en la presente Ley, rigen las normas contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, el Código Procesal Civil y la Ley General de Sociedades.
13 CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 138.- Examen de los autos
De otro lado, debe precisarse que el derecho de las partes intervinientes en el procedimiento concursal para acceder a la información contenida en el expediente no impide que la autoridad pueda declarar la confidencialidad de información calificada expresamente por ley como reservada, como, por ejemplo, aquélla regulada en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 80714. Se busca que los acreedores únicamente tengan a su disposición la información que requieran para adoptar las decisiones relativas al desarrollo del procedimiento concursal, debiendo sustraer del conocimiento de una o más partes la información que no guarde relación con los fines del concurso y cuya divulgación podría afectar la esfera privada de las personas.
Adicionalmente, cabe indicar que, si bien por regla general la información contenida en el procedimiento concursal sólo puede ser de conocimiento de las partes intervinientes en el mismo, la ley puede establecer situaciones excepcionales en las cuales se permita la difusión de cierta información comprendida en el concurso, a efectos de propiciar precisamente un adecuado desarrollo del proceso15.
Finalmente, debe disponerse que la Comisión, en su calidad de autoridad encargada de tramitar los procedimientos concursales, adopte las medidas necesarias para implementar los mecanismos destinados a supervisar el suministro de la información en los términos establecidos en la presente resolución.
III.3 El pedido de reserva de información formulado por Textil San
En su apelación, Textil San Cristóbal cuestionó la decisión de la Comisión de denegar su pedido de declaración de confidencialidad de la información contenida en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, a fin de que terceros ajenos al Procedimiento Concursal Preventivo de la empresa deudora tomen conocimiento de tal información. Sin embargo, dado que a través del presente pronunciamiento la Sala ha establecido los alcances del derecho a la información en los procedimientos
14 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. (...)
15 Por ejemplo, el numeral 4 del artículo 38 de la Ley General del Sistema Concursal establece que la Secretaría Técnica de la Comisión publicará en su local un aviso detallando de manera resumida el contenido de las resoluciones de reconocimiento de créditos expedidas por dicho órgano, precisando el nombre de cada acreedor, los montos reconocidos por capital, intereses y gastos, así como el orden de preferencia de los mismos. Ello, a efecto de facilitar a los demás acreedores la posibilidad de cuestionar el reconocimiento de tales créditos.
concursales, precisando que dicha información sólo puede ser proporcionada a las partes intervinientes en el concurso, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la citada impugnación, en la medida que por mandato de la propia norma concursal se restringe el acceso de la información a terceros tal como pretende Textil San Cristóbal, sin necesidad de una declaración de la autoridad en ese sentido.
Adicionalmente, debe señalarse que la información analizada en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, que en copia obra de fojas 17 a 29 del expediente, está referida a los estados financieros de Textil San Cristóbal, la cual resulta indispensable para que los acreedores adopten una decisión eficiente respecto de la propuesta de reprogramación de obligaciones formulada por la empresa concursada, por lo que la misma no constituye información que pueda calificarse como confidencial para los acreedores en los términos previstos en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 807.
III.4 Interpretación de los alcances de la Ley General del Sistema Concursal sobre el acceso a la información en los procedimientos concursales
El análisis efectuado en los acápites anteriores evidencia la necesidad de establecer el criterio general de interpretación sobre el acceso a la información en los procedimientos concursales:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal, el derecho para acceder a la información contenida en el procedimiento concursal sólo puede ser ejercido por las partes intervinientes en el mismo, es decir, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisión. Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento. Ello debido a que, mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso.
Las partes intervinientes en el procedimiento concursal tienen derecho a acceder a toda la información contenida en el expediente, con excepción de la información confidencial a la que se refiere la Constitución Política del Estado, el Decreto Legislativo Nº 807 y demás normas pertinentes.”
III.5 Difusión de la presente resolución
En aplicación del artículo 43º del Decreto Legislativo N° 80716 y atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que ésta constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva. Adicionalmente, corresponde oficiar al Directorio del Indecopi para que éste solicite la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano.
PRIMERO: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por Textil San Cristóbal S.A. contra la Resolución N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN del 30 de junio de 2004.
SEGUNDO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43º del Decreto Legislativo N° 807, declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:
Las partes intervinientes en el procedimiento concursal tienen derecho a acceder a toda la información contenida en el expediente, con excepción de la información
16DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
confidencial a la que se refiere la Constitución Política del Estado, el Decreto
Legislativo Nº 807 y demás normas pertinentes.”
TERCERO: disponer que la Comisión, en su calidad de autoridad encargada de tramitar los procedimientos concursales, adopte las medidas necesarias para implementar los mecanismos destinados a supervisar el suministro de la información contenida en dichos procedimientos, en los términos establecidos en la presente resolución.
CUARTO: solicitar al Directorio del Indecopi que disponga lo necesario para la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.
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 artículo 43
 artículo 13
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 artículo 2

Artículo 2
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 artículo 55
 artículo 160
 Artículo 55
 Artículo 160
 Artículo 2
 Artículo 11
 Artículo 32
 Artículo 27
 artículo 13
 artículo 52
 Artículo 6
 Artículo 13
 Artículo 52
 artículo 13
 artículo 219
 artículo 10
 Artículo 219
 Artículo 10
 Artículo 138
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 13
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