Source: http://opinionesdejay.blogspot.com/2012/12/
Timestamp: 2018-02-24 19:40:34+00:00

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Opiniones de JAY: diciembre 2012
El pasado día 21, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El texto no ha satisfecho a las Asociaciones judiciales, que lo han criticado al unísono. La más vehemente ha sido el Foro Judicial Independiente, cuyo portador declaró que semejante medida hace inevitable la convocatoria de una huelga. Estas y otras actitudes extemporáneas de los jueces y de sus asociaciones me han hecho rememorar la situación de no hace tantos años.
Recuerdo nostálgico de la judicatura
Soy hijo de magistrado, de un juez a la antigua usanza que siguió el recorrido de “entrada, ascenso y término” en las dos categorías y ejerció sus funciones en los Juzgados de Huéscar, Archidona y Baza, y en las Audiencias de Almería, Cádiz y Sevilla. Bien preparado, justo e independiente, plenamente dedicado a sus tareas jurisdiccionales y con dificultades para llegar a final del mes. Los jueces de entonces estaban poco politizados y eran muy profesionales. Los Gobierno de la época apenas interferían en sus funciones, salvo en los casos del Tribunal de Orden Público o la jurisdicción castrense, y en la designación de los Presidentes de las Audiencias y de los Magistrado del Tribunal Supremo. Tenían escaso protagonismo público y eran conocidos por sus autos y sus sentencias, no por sus declaraciones a los medios de comunicación. Solían actuar con gran discreción y autonomía, y su labor rigurosa y sacrificada apenas trascendía a la opinión pública. De niño viví en la Casa-Juzgado de Baza, donde tenía contactos con el secretario, el escribiente o el alguacil. Asistía a algunos juicios y seguía con interés los avatares del Juzgado. Mantuve ese tipo de relación con las Audiencias de Almería y Cádiz, aunque de forma menos continuada por la falta de proximidad con dichas instituciones. Ya estudiante de Derecho en Sevilla, iba con frecuencia a la Audiencia a recoger a mi padre al terminar las clases en la Universidad y –cuando disponía de tiempo- asistía a los juicios, ya con más conocimiento de causa que en mi niñez. Estuve dudando sobre seguir los pasos de mi progenitor, pero finalmente se impuso mi vocación diplomática. Desde entonces tuve -y sigo teniendo- un gran respeto y admiración por la judicatura.
Politización de la judicatura
Ahora la situación ha cambiado considerablemente debido a la instauración de la democracia, en muchos casos para bien y en algunos otros para mal, por que la administración de justicia se ha politizado, tanto en el plano de las personas como en el de las instituciones. Junto a los jueces por oposición han emergido los sustitutos y suplentes, reclutados entre los “juristas de reconocida competencia”. En el antiguo régimen se incorporaron a la judicatura personalidades de prestigio –como José Castán, Catedrático de Derecho Civil que presidió el TS-, pero sólo en dicho Tribunal y en circunstancias extraordinarias Ahora el nombramiento de este tipo de jueces es moneda corriente. Se introducen en todas las instancias de la magistratura, pero eludiendo el periplo por los pueblos de la España profunda que les habría permitido adquirir experiencia, por lo que acceden a la jurisdicción sin haber dictado un auto o sentencia en su vida. El nuevo anteproyecto pretende suprimir esta categoría y ello ha constituido uno de los motivos de agravio para las Asociaciones Judiciales. Muchos jueces han salido del anonimato en que solían actuar y disfrutan filtrando información a los medios de comunicación -a veces de carácter confidencial-y haciendo declaraciones a los mismos. El “summum” lo constituyen los “jueces estrella”, que destacan más por su presencia mediática que por la calidad en la instrucción de los procesos o el rigor jurídico de sus resoluciones. Antes apenas se conocía el nombre de los jueces o los magistrados y ahora aparecen en los medios sus nombres, seguidos del calificativo de “conservador”, “progresista” o “liberal”. “Juez” es un sustantivo que no requiere adjetivo alguno. Los jueces –como cualquier otro ciudadano- tienen sus opiniones políticas propias, pero deben prescindir de ellas al juzgar y atenerse a criterios jurídicos. Serán sus decisiones las que tengan un carácter más conservador o innovador, al margen de la personalidad del autor. Hay jueces considerados conservadores que dictan sentencias innovadoras y otros presuntamente progresistas que adoptan resoluciones retrógradas. Precisamente para facilitar su imparcialidad, la normativa les prohíbe afiliarse a partidos políticos o ejercer el derecho de huelga.
También ha llegado el virus de la politización a las instituciones: en grado sumo en el Tribunal Constitucional (TC), en grado medio en el CGPJ y en menor medida en el TS. La elección de los magistrados del TC por las Cortes ha tenido una incidencia política, ya que algunos de ellos son rehenes del partido que facilitó su nombramiento, hasta el punto de que –según la composición del Tribunal en un momento determinado en función del partido que esté en el poder- cabe deducir de antemano cuál será su fallo, especialmente en los casos de mayor contenido político, como el Estatuto de Cataluña o la legalización de SORTU o de BILDU. La Constitución dio mayor autonomía de gestión al poder judicial, que pasó del Gobierno al CGPJ. Decidió que 12 de sus 20 miembros fueran elegidos entre jueces y los otros 8 entre juristas de reconocida competencia. Si en un principio los jueces fueron escogidos por sus colegas, el Gobierno socialista sustituyó este sistema por el de su elección por las Cortes. El PP –que había propugnado durante años la vuelta al anterior sistema de selección- una vez en el Gobierno ha consensuado con el PSOE mantener en lo esencial la designación parlamentaria, con lo que se sigue facilitando la politización del Consejo.
Desquiciamiento de Jueces y Asociaciones Judiciales
Se han visto asimismo afectadas las Asociaciones Judiciales, que se han dedicado no sólo a defender los intereses corporativos de sus miembros –lo cual es legítimo al tratarse de asociaciones profesionales-, sino también a colocar a sus afiliados en el TS y en las presidencias de las Audiencias. El reparto de cuotas entre ellas en función del número de sus miembros y de su influencia ha contribuido a la politización del CGPJ. Emulando al Carnaval del Rhin- que se inicia el 11 del 11 a las 11-, el 12 del 12 a las 12, las 7 Asociaciones de Jueces y Fiscales realizaron un paro de una hora para protestar por los cambios propuestos por el Gobierno en el CGPJ y en el estatuto de los jueces, y por la Ley de tasas. Dijeron que no reconocían como interlocutor al Ministro de Justicia y amenazaron con realizar en Enero una huelga general, en contra de la legalidad que deben defender. 200 jueces han firmado un manifiesto acusando al Gobierno de abuso de la facultad de indulto por su concesión a unos “mossos” de escuadra. Otros han descalificado en sus fallos a la clase política... ¿Hasta donde vamos a llegar?
Algunos jueces –individual o colectivamente- se han apeado del pedestal en el que la sociedad los había instalado y se han lanzado a la calle Se han “desnortado”. Es cierto que la administración de justicia no cuenta con suficientes medios personales y materiales para realizar su función, y que los jueces han visto adversamente afectados sus intereses -como cualquier otro ciudadano en tiempos de crisis-, pero su reacción ha sido desmesurada y les ha hecho perder parte de la razón que pudieran tener. No es de extrañar que la administración de justicia sea una de las instituciones peor valorada por la opinión pública. Si quieren mantener su respetabilidad, tendrán que regresar a una posición que nunca deberían haber abandonado. Estos no son mis jueces, que me los han cambiado y ya no los reconozco. Añoro a los de antaño, que no tenían que ensuciarse la toga con los polvos del camino, y eran sólo –ni más, ni menos- jueces.
Madrid, 28-XII-2012
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Ante el actual estancamiento de la situación en la Tierra Santa de Palestina, recuerdo con nostalgia y añoranza la Navidad que allí pasé con toda mi familia en 1995. Yasser Arafat había regresado a Cisjodania y empezado a poner en pie la estructura de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El ambiente en el país estaba distendido y se podían cruzar sin problemas las fronteras y los controles establecidos por el Ejército israelí. Participamos en Belén en la Misa del Gallo –a la que también asistió el líder palestino y su esposa cristiana Suha- y se respiraba un ambiente propicio al compromiso. Los Acuerdos de Oslo de 1993 empezaban a producir resultados positivos y la ansiada paz parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, la coalición de partidos religiosos y del Likud ganó las elecciones en 1996 y el Presidente del Gobierno, Benjamín Netanyahu, paralizó el proceso negociador. La construcción de un túnel bajo la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén fue considerado como una provocación y produjo graves enfrentamientos entre palestinos e israelitas.
Evolución del conflicto palestino-israelita
La resolución 182(1947) del Consejo de Seguridad de la ONU decidió la partición del antiguo mandato británico de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel. Tras las guerras de 1948 y 1967 -que acabaron con la derrota de los árabes y la ocupación por Israel de Cisjordania, Jerusalén oriental, Gaza y los altos de Golán- el Consejo -en su resolución 232(1967)- exigió la implantación en Palestina de una paz justa y duradera, que implicaba la retirada israelí de los territorios ocupados, y el “reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”. Dicha resolución fue rechazada por tirios y troyanos. Tras la guerra de Yom Kipur (1973) y la invasión de Líbano por Israel (1982) se deterioró la situación, sobre todo a partir de 1987 con el lanzamiento de la primera “Intifada”, y la comunidad internacional estimó que había llegado el momento de comenzar negociaciones para solucionar el conflicto. En 1991 se celebró en Madrid la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, en la que –por primera vez- se inició un diálogo directo entre árabes e israelitas sobre el estatuto de Palestina. Roto el hielo de la desconfianza, se pasó a las negociaciones secretas de Oslo, que se plasmaron en el Acuerdo de Washington de 13 de Septiembre de 1993. Se llegó a una declaración de principio de “intercambio de paz por territorios”. La OLP reconoció el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y libertad e Israel aceptó a la OLP como representante legítima del pueblo palestino y a la ANP como embrión de un futuro Estado en Jericó y Gaza, posteriormente ampliado en 1994 al resto de Cisjordania por el Acuerdo de Taba (Oslo-2), lo que permitió la instalación de Arafat en Ramallah y la retirada de tropas israelíes de las principales ciudades Los radicales de los dos bandos boicotearon la aplicación de los Acuerdos y el triunfo del Likud en 1996 congeló las negociaciones de paz. Hubo un nuevo intento en el 2000 con la entrevista en Camp Davis de Yasser Arafat y Ehud Barak, que fracasó ante las diferencias existentes sobre Jerusalén, los asentamientos judíos y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. La presencia en la Explanada de las Mezquitas de un grupo de israelitas encabezado por Ariel Sharon fue considerado por los palestinos como una profanación de sus lugares santos y dio origen a la segunda “Intifada”..
En 2002, el Gobierno israelita realizó una campaña contra la ANP y el relativamente moderado partido de Al-Fatah, confinó a Arafat en su sede de Ramallah y dejó hacer a los radicales de Hamas para debilitarlo, con lo que éstos aumentaron su peso político. Un año más tarde inició la construcción de un muro de 700 kms de Norte a Sur de Cisjordania, que fue condenado por la Asamblea General de la ONU y declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia en 2003. Al año siguiente murió Arafat en París en circunstancias sospechosas y fue sustituido por Mahmud Abas. En 2005 Israel se retiró de Gaza por decisión unilateral y dejó el campo libre a Hamas, que –con la ayuda militar y financiera de Irán- ocupó militarmente el territorio, ganó las elecciones en 2006 y se desligó de la ANP. A causa de ello y del estancamiento de las negociaciones cayó el prestigio de ésta, y –para redorar el blasón- su Presidente solicitó en 2011 el ingreso de Palestina en la ONU, pero se encontró con el veto de Estados Unidos. Un año después moderó sus aspiraciones y pidió su admisión como Estado observador. La Asamblea se lo concedió por 139 votos a favor, 9 en contra -incluidos Israel y Estados Unidos- y 41 abstenciones..
Posición de España sobre Palestina
El Gobierno español –junto a los de la mayoría de los miembros de la UE- se sumó al voto favorable pese a la presión de las autoridades israelitas, que llegaron al extremo de alegar que ello equivaldría a que Israel votara a favor de la admisión de Cataluña en la ONU. España –que tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones con los países árabes y que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en 1985, se ha llevado bien con su Gobierno- ha seguido una política coherente y mantenido la siguiente posición con respecto a Palestina: 1) Derecho de Israel a existir como nación dentro de unas fronteras seguras e internacionalmente reconocidas;2) negativa a reconocer la legalidad de la ocupación por la fuerza de los territorios palestinos y del mantenimiento y ampliación de asentamientos israelíes en dichos territorios;3) derecho del pueblo palestino a la libre determinación;4) reconocimiento de la ANP como representante legítima del pueblo palestino;5) condena del terrorismo, sea individual –árabes- o de Estado –israelitas-;6) respaldo a las resoluciones del Consejo de Seguridad y al principio de intercambiar de paz por territorios;7) apoyo al establecimiento de dos Estados en la región con los límites establecidos en 1947;8) no aceptación de Jerusalén como capital del Estado de Israel
Condiciones para la solución del conflicto
Pese al escaso alcance de la admisión de Palestina como observador en la ONU, Israel ha reaccionado de forma desproporcionada, y anunciado su intención de construir 3.000 viviendas en sus asentamientos de Jerusalén y Cisjordania. La ampliación de la colonia de Maale Adumnin y su conexión con Jerusalén Oriental dejaría incomunicadas zonas del Norte y del Sur de la Ribera Occidental y provocaría el parcial aislamiento de Ramallah, Belén y Jerusalén. Ello haría inviable la solución de dos Estados “que vivan uno junto a otro dentro de fronteras seguras y reconocidas”, de conformidad con la resolución 1397(2002) del Consejo de Seguridad. España, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia han protestado ante el Gobierno israelita por esta decisión, porque su política de asentamientos es ilegal conforme al Derecho Internacional, daña la confianza requerida para volver al diálogo y constituye un obstáculo para lograr una paz justa fundada en la solución de dos Estados. Israel ha afirmado que no cambiará su decisión pese a la presión internacional. Según el Profesor Michael Ignatieff, sabemos cuál es la solución para el problema: dos Estados para dos pueblos. Pero, mientras los palestinos nieguen el derecho de Israel a tener un Estado y los israelitas sigan expandiéndolo, no se alcanzará esta solución. Para conseguirla, Israel tendrá que cambiar su política de asentamientos, desmantelar el muro y permitir la creación de un Estado palestino viable, y los palestinos –incluido Hamas- habrán de reconocer sin ambigüedades el derecho de Israel a existir como Estado dentro de fronteras seguras y reconocidas. Unos y otros deberían ser conscientes de que merece la pena apostar por la paz. ¡Felices Pascuas y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad!
Madrid, 21-XII-2012
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Publicado por Josë A. Yturriaga en 15:05 No hay comentarios:
No EREcción de los miembros de la Junta de Andalucía
Tras mi incorporación en 1987 como Embajador en Irlanda, fui a ver al colega de Japón, en visita de cortesía. Era un diplomático a la vieja usanza al que le sonaba Franco, pero que no tenía ni remota idea de cuál era la situación política de España. Traté de explicársela brevemente y él me preguntó, trastocando las letras “l” y “r” como es frecuente entre los japoneses:”Do you have erections?” (¿Tienen erecciones?). Tratando de sofocar la carcajada le contesté:”Ocassionally” (a veces). España tiene elecciones y nuestra Andalucía -además de elecciones- tiene a veces erecciones.
Entre 2001 y 2010 la Junta de Andalucía ha dilapidado en falsos Expedientes Reguladores de Empleo €1.323 millones de caudales públicos, ilegalmente desviados a un “fondo de reptiles”, para -según un auto de la titular del Juzgado nº 6 de Sevilla- “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Así se concedieron generosas subvenciones a empresas que no tenía derecho a ellas e indemnizaciones por despido y pensiones a personas que nunca habían trabajado en ellas. El “modus operandi” ha sido descrito como sigue por el entonces Interventor General de la Junta, Manuel Gómez.
Mecanismo del fraude de los ERE
En 2001, la Junta estableció un sistema para la concesión y pago de prejubilaciones y ayudas a empresas supuestamente en crisis, en el que se eliminaba la supervisión previa de la Intervención e implantaba un control insignificante y superfluo. La Consejería de Empleo confería las ayudas y transfería los fondos al Instituto de Fomento de Andalucía –dependiente de la Consejería de Innovación-, que era quien hacía los pagos, pero –al ser éste un ente instrumental de la Administración- quedaba exento del control previo de la Intervención. Al no ser concedidas las ayudas por el IFA, la Intervención tampoco tenía acceso a los expedientes. Este sistema –que sólo se aplicaba al programa 31.L, gestionado por el Director General de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, que fue quien lo calificó de “fondo de reptiles”- dio lugar a graves irregularidades derivadas del empleo inadecuado de las transferencias de financiación, lo que permitió crear en la Consejería de Empleo “un ámbito de descontrol en el que cualquier ilegalidad era posible”. Dicha Consejería “violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero en la concesión de las ayudas”. El procedimiento seguido no es que fuera ilegal, sino que era inexistente, por lo que todas las ayudas concedidas de acuerdo con él incurrían en causa de nulidad.
El Interventor detectó en 2005 un desfase de €38 millones en los dos primeros años de aplicación del sistema, 39 millones en 2007 y otros 33 en 2008. Envió un informe extraordinario revelando las irregularidades a las Consejería de Empleo, que concedía las ayudas, de Innovación, que hacía los pagos, y de Hacienda –cuyo titular era José Antonio Griñán-, que tenía que cubrir los desfases presupuestarios, pero ninguno de los Consejeros no tomó medida alguna ante las denuncias formuladas hasta en 15 ocasiones y condonaron con su falta de acción las irregularidades cometidas. Griñán dijo que no sabía nada del informe y que se había enterado del caso por la prensa, y su Viceconsejera Martínez Aguayo le ofreció una coartada al afirmar que no se lo había pasado. No sé por qué los prohombres socialistas andaluces –de Felipe González a Chaves y Griñán- que tienen que recurrir a la prensa para enterarse de lo que pasa en sus despachos. Éste culpó a la Intervención porque, si había detectado el fuego, debería haberlo apagado, a lo que el Interventor le replicó que –en virtud del artículo 110 de la Ley de Hacienda Pública- correspondía al Consejero de Hacienda actuar en los casos de menoscabo de fondos, por lo que era él quien debería haber cogido el extintor. Tras negarlo al principio, Griñán ha acabado por admitir que su Consejería recibió el informe por una mera cuestión de trámite, ya que era de su competencia resolver los desfases presupuestarios, pero que no requería actuación, Hacienda cubrió el agujero de €38 millones para pagar ayudas cuya legalidad había sido denunciada.
Paripé de la Comisión Parlamentaria de Investigación
El tema de los ERE tiene una vertiente judicial y otra política. Aunque la Junta negó la relevancia penal de la conducta de los responsables de los ERE, la juez Mercedes Alaya ha incoado un proceso por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho, y encarcelado a varios altos cargos del Gobierno andaluz, como el antiguo Consejero de Empleo, Antonio Fernández y el ex-Director General de Trabajo, Javier Guerrero. En el plano político, tanto el PP como IU-CA -a la sazón en la oposición- instaron la constitución de una Comisión Parlamentaria para investigar el escándalo, pero el PSOE se negó en 11 ocasiones, recurriendo al rodillo de su mayoría absoluta en el Parlamento. La situación cambió tras las últimas elecciones al perder el PSOE esta mayoría. IU-CA –que había exigido en su programa electoral la creación de la citada Comisión- se encontró inopinadamente formando parte de un Gobierno de coalición con los socialistas, pero –por vergüenza torera- no tuvo más remedio que encontrar una manera de dar salida al mihura de los ERE: crear una pantomima de Comisión, hacer una faena de aliño y devolver a los corrales a un toro indultado. Para ello, el Presidente de la Comisión –el diputado comunista Ignacio García- ha recurrido a las más variopintas triquiñuelas, pero se le ha ido un tanto la mano, pues la mayoría socio-comunista de sus miembros ha llegado a la sorprendente conclusión de que los únicos responsables eran el ex- Director General de Trabajo, Javier Guerrero, y –para mayor escarnio y ludibrio- el Interventor General, Manuel Gómez, por no haber hecho lo suficiente para alertar del fraude, pese a que denunció las irregularidades en 15 ocasiones y a que carecía de competencia para actuar.
Rocambolesco dictamen de la Comisión
Ha sido el parto de los montes y la Comisión –con las ayuda de las parteras del PSOE y de IU-CA- ha dado a luz un ratón chiquitín como el de Susanita. Si hubieran durado sus tareas unos días más, los responsables habrían sido el chófer de Guerrero y el Interventor, “bestia negra” de los socialistas por haber puesto en evidencia a Griñán. La gran corrida en la Maestranza parlamentaría se ha convertido en una charlotada, en una farsa en la mejor tradición picaresca del retablo de la “Tía Norica”. Ante el ridículo en que han incurrido los comunistas, el diestro-bufo Diego Valderas ha tratado de salvar la cara ante el pleno del Parlamento al proponer que también se pusieran en la picota a los ex-Consejeros de Empleo José AntonioViera y Antonio Fernández, aceptando subir un par de peldaños en la escalera, sin llegar a su cima, para exculpar a las X de la trama: Chaves y Griñán. PP y PSOE se opusieron por distintas y distantes razones –unos por defecto y otros por exceso-, y el Parlamento rechazó las mediocres conclusiones de la Comisión, en medio del indisimulado regocijo y alivio de los socialistas.”Fuese y no hubo nada”, y el mayor escándalo de corrupción en la Historia de Andalucía –la propia IU-CA “dixit”- ha quedado sin aclarar, con menosprecio de la opinión pública. La EREcción parece no afectar a los miembros de la Junta -los antiguos Consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda-, ni a los Jefes del Gobierno andaluz. Sólo ha producido efectos de baja intensidad en los casos de Guerrero y su escudero. Parafraseando a Humphrey Bogart en “Casablanca” (“Aún nos queda París”), cabría concluir diciendo, entre la espera y la esperanza:”Aún nos queda la Justicia”.
Madrid, 6-XII-2012
Publicado por Josë A. Yturriaga en 15:01 No hay comentarios:
FIASCO DEL MAXIMALISMO SECESIONISTA DE MAS EN CATALUÑA
El pasado 19 de Noviembre asistí a un interesante debate del Círculo Cívico de Opinión sobre “Desafección política y sociedad civil”, en el que el profesor José Ignacio Torreblanca presentó la comunicación “Preocupémonos de los procesos, no de los resultados”. Discrepo por completo de sus conclusiones sobre el derecho a decidir y la eventual independencia de Cataluña, que me dejaron muy preocupado, tanto por el proceso como por los resultados.
Inexistente confrontación de legitimidades
Afirmó Torreblanca que considerar materialmente imposible la secesión carecía de sentido y constituía un elemento de deslegitimación del sistema político, y que la rigidez de la Constitución abogaba a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico legal y un nuevo marco político que –de forma pacífica y mayoritaria- abocaría a realizar una consulta en torno a la independencia. A su juicio, se enfrentaban dos legitimidades: la legitimidad constitucional, que prohíbe los referendos unilaterales y la secesión, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento de una mayoría relevante de la población catalana. ¿Acaso el pronunciamiento casi unánime del pueblo español es menos democrático que la voluntad del pueblo catalán aún no expresada de forma inequívoca?. No se pueden poner la legalidad y la ilegalidad en pie de igualdad, y enfrentar la legitimidad constitucional a una supuesta legitimidad política que no está amparada por el derecho. La Constitución fue adoptada en 1978 por un abrumador consenso, incluido el de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Su artículo 2 la fundamenta en “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, y reconoce a la par “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas”. El artículo 1-2 afirma de forma categórica que “la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La Constitución es la norma suprema de la Nación y no una disposición de rango menor que pueda ser modificada por la voluntad de unos pocos ciudadanos. Establece un mecanismo para su reforma, que hay que seguir por imperativo legal se si pretende llevarla a cabo.
¿Es insoslayable un referéndum de autodeterminación?
Aunque admitía que en el Derecho Internacional sólo existe el derecho a la autodeterminación en el caso de descolonización y que el Derecho Constitucional no considera preceptivo que un Estado tenga que tomar en cuenta las aspiraciones separatistas de uno de sus territorios, Torreblanca estimaba que ello no significaba que una comunidad pudiera soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad política de una parte de la población de separarse del Estado. Aceptar una consulta -aún a riesgo de perderla- era mejor que rechazarla, y resultaba muy difícil negar la posibilidad de realizar un referéndum soberanista y las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético amplio SÍ a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión. Considero que el Gobierno central podría, en efecto, hacer una consulta mediante referéndum sobre la integridad de España, aunque no hay norma alguna que le obligue a ello, pero –dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español- tendría que consultar a éste en su conjunto, y no sólo al pueblo catalán, al ser un tema que afecta a todos y cada uno de los integrantes de la Nación.
Artur Mas podría haber iniciado el proceso de reforma de la Constitución y –de no tener éxito como con el Plan Ibarretxe- negociar con el Gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación a nivel nacional. Sin embargo, se ha situado al margen de la legalidad y violentado el propio programa de CIU. Dio un ultimátum a Mariano Rajoy para que concediera a Cataluña un estatuto fiscal semejante al del País Vasco y Navarra y -cuando éste se negó alegando que no era un tema bilateral y que debería ser consensuado con las demás CCAA- se rasgó las vestiduras cuadribarradas, puso fin a la legislatura antes de haber alcanzado su ecuador, convocó elecciones anticipadas y pidió al pueblo catalán que le concediera una mayoría absoluta para imponer el “derecho a decidir” a través de un referéndum de autodeterminación, con o sin la preceptiva autorización del Gobierno central. Este desafío podría haber sido desactivado temporalmente, si el Presidente del Gobierno hubiera estado de acuerdo con Torreblanca en que –puesto que Cataluña sería a la larga un Estado viable- había poderosos motivos para negociar un acuerdo político y construir una opción de permanencia en España de Cataluña, aceptable para sus ciudadanos. Daba por buena la tesis victimista de que España la oprimía y explotaba, y que tenia que pagar un precio por ello. Nada más lejos de la realidad. Equivaldría a aceptar la cínica máxima de Oscar Wilde de que “la mejor forma de vencer la tentación es cediendo a ella”. Rajoy, en consecuencia, debería haber seguido una política de apaciguamiento como la de Chamberlain, someterse al chantaje de Mas y ceder a sus exigencias. Como no lo hizo, el President se inclinó inesperadamente por la independencia y afirmó que ni la Constitución ni los tribunales impedirían el establecimiento de un Estado catalán.
Castigo de las urnas a Artur Mas
En una declaración sobre “La independencia y el Estado de Derecho”, 28 juristas españoles han señalado atinadamente que la unidad jurídica de España es la garantía de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Por ello, la pretensión de romper esa unidad, incumpliendo la Constitución o pretendiendo reformarla al margen de los mecanismos en ella previstos, supone una lesión a la igualdad de derechos de los ciudadanos y una amenaza al Estado de Derecho y a las libertades que éste garantiza. Pese a presidir la Generalitat gracias a la Constitución, Mas la ha ignorado cuando le ha venido en gana y ha dado reiteradas muestras de insumisión ante los tribunales y de deslealtad institucional. Aunque CIU no incluía la independencia en su programa, el President ha aprovechado la situación económica crítica que atraviesa España para atacarla traicioneramente por la espalda y propugnar la independencia de Cataluña, violando la Constitución y el Estatuto.
Mas ha tratado de engañar a la ciudadanía manteniendo que, en caso de secesión, Cataluña seguiría siendo miembro de la UE, lo que ha sido desmentido por la Comisión Europea. Torreblanca estima que -como Cataluña sería a largo plazo un Estado viable en el marco de la UE- España debería acordar con ella su incorporación a la misma, pues no estaría justificado privar a los catalanes de sus derechos comunitarios, pero pasa por alto que -si Cataluña goza de esos derechos- es por formar parte de España, y que -si se escindiera voluntariamente de ella- estaría más que justificado que perdiese su ventajosa posición. Además, el acto de rebelión de Cataluña iría dirigido no sólo contra España, sino también contra la UE en su conjunto, al atentar contra uno de los pilares básicos de la construcción europea, y -si el nacionalismo consiguiera romper España- se rompería Europa. Las elecciones del 25-N –convocadas por Mas irresponsable e innecesariamente, tirando por la borda media legislatura para plebiscitar sus tesis independentistas maximalistas- eran la prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ”poble catalá”, por él invocado en vano El pueblo ha dado muestras de “seny” y propinado una sonora bofetada al nuevo Mesías, que –con su estrepitoso fracaso- ha hecho lo último que -según Tarradellas- debería hacer un político: el ridículo. Si tuviera un mínimo de dignidad, dimitiría de inmediato, al igual que su “alter ego” Durán, que ha salido a última hora del armario secesionista. Los resultados han dejado un rayo de esperanza para la convivencia. Aunque la situación siga siendo grave y preocupante por el avance del radicalismo independentista, ha dejado de ser catastrófica.”¡Laus Deo!”.
Madrid, 28-XI-2012
Publicado por Josë A. Yturriaga en 14:55 No hay comentarios:
DE LA HUELGA GENERAL A LA AGITACIÓN PERMANENTE
Convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el pasado 14 de Noviembre se realizó la segunda huelga general en menos de un año contra el Gobierno del PP, que ha sido la menos seguida de las hasta ahora celebradas durante la democracia, a pesar de la crítica situación que vive España.
Excesos de los sindicatos
Los sindicatos cada vez tienen menos poder de convocatoria y no son el instrumento más apropiado para transmitir la inquietud de la población por el incremento del paro, la baja de salarios y la precariedad laboral, a causa de su falta de credibilidad, a diferencia de otros grupos sociales espontáneos como los formados para tratar de detener los desahucios. Tales grupos –que se han organizado en defensa de una causa justa- disponen de una autoridad moral de la que carecen UGT o CCOO. CSIF y otras asociaciones profesionales los han puesto en evidencia, pues –pese a tener motivos más que sobrados- no se han sumado a la huelga, al estimar que no era la mejor manera de defender los intereses de los funcionarios y que existían otros medios para expresar su protesta de distinta forma.
Los sindicatos son una pieza esencial para el funcionamiento de un régimen democrático y, durante la Transición, contribuyeron de forma decisiva al establecimiento de la democracia en España. Sin embargo, últimamente se han convertido en un grupo más de presión, que vela no tanto por los intereses de los trabajadores y de la sociedad en general, como por los de sus dirigentes y miles de liberados, que se nutren del pesebre de las distintas administraciones. UGT y CCOO
han dado muestras de cinismo, se han salido del marco de sus competencias y han actuado de forma irresponsable. Ante el desastre económico y social provocado por el Gobierno anterior, mantuvieron un silencio cómplice y -tan sólo en una ocasión en 8 años- convocaron por vergüenza torera una huelga general de pitiminí, dirigida contra los empresarios más que contra el Gobierno Han criticado con dureza la reforma laboral –que sirvió de pretexto a la primera huelga general-, pero se han aprovechado de sus disposiciones para reducir las compensaciones a sus propios empleados despedidos.
Ilegalidad de las huelgas políticas
El artículo 28-2 de la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga para la defensa de sus intereses, pero el fin de esta huelga general era exigir al Gobierno que sometiera a referéndum su política económica, un objetivo claramente político y extraño a los intereses laborales de los trabajadores. ¿Se creen acaso los sindicatos que son detentadores de la soberanía nacional y pueden imponer su voluntad a un Gobierno democráticamente elegido por el pueblo?. Según el Real Decreto de Relaciones del Trabajo de 1977, la huelga será ilegal cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o por fines ajenos al interés profesional de los trabajadores. Con un criterio que transciende la regulación constitucional, el TC ha estimado que las huelgas generales convocadas contra medidas laborales del Gobierno son legales, porque su fin no es ajeno al interés profesional de los trabajadores. Pero ni siquiera esta jurisprudencia expansiva cubre el supuesto, dado que no se ha holgado contra medidas laborales –que ya justificaron la anterior huelga general-, sino contra decisiones de carácter político y económico. Con el respaldo del TC, los sindicatos han usado y abusado del derecho de huelga, al que han concedido un carácter absoluto, por considerar que prevalece sobre otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35. El derecho de huelga no es un deber, a diferencia del relativo al trabajo que es un derecho y un deber. La Constitución reconoce implícitamente la superioridad del derecho al trabajo sobre el de huelga, cuando su artículo 55-1 permite la suspensión de éste en caso de declaración del estado de excepción, pero no la de aquél.
Los sindicatos no convocaron la huelga para conseguir unos objetivos profesionales concretos, sino para desgastar al Gobierno y demostrarle que podían canalizar el malestar social. UGT y CCOO cuentan con un reconocimiento legal e institucional privilegiado, superior al que les debería corresponder por su militancia y representatividad, y -precisamente por eso- el plus de responsabilidad que les es exigible ha de ser –según Iñigo Sagardoy- notablemente superior en las circunstancias tan críticas que está atravesando España. El descontento de la población por las duras medidas de austeridad del Gobierno no justifica el recurso a un instrumento de tanta fuerza como el de una huelga general, que no es el camino más adecuado para hacer frente a los retos que encuentra el país.
Irresponsabilidad de UGT, CCOO y PSOE
UGT y CCOO –tanto monta, monta tanto- han recurrido irresponsablemente a la huelga general en un momento crítico para España, pese a ser conscientes de que con ella –además de afectar adversamente a su economía- empañan su imagen internacional, dando pie a titulares como los del diario “Times”, que hablan despectivamente de la “rebelión de los cerdos” (PIGS). Como ha editorializado “Voz Pópuli”, los sindicatos –aferrados a postulados que millones de ciudadanos juzgan superados- amenazan con incrementar la conflictividad social como único argumento frente a la dureza de los ajustes, lo que es el exponente de la crisis terminal por la que pasan unas organizaciones carentes de propuestas constructivas. ¿No sería más razonable que presentaran alternativas para mejorar la organización del Estado y hacer más competitiva su economía?. Lo peor es que se les ha sumado de forma igualmente irresponsable el primer partido de la oposición, que se ha lanzado sin pudor a la calle y apoyado la huelga general y las continuas manifestaciones de protesta A juicio de Federico Castaño, al PSOE le costará recuperar el pulso, si no ofrece alternativas creíbles y deja de ir de la mano de unos sindicatos escudados en la pancarta. Con el 14-N han malgastado su último cartucho y -para lo que resta de crisis- sólo les queda el grito.
Otra muestra de irresponsabilidad ha sido el recurso a los sedicentes “piquetes informativos” -del todo innecesarios en la sociedad de la comunicación y de Internet-, que con la violencia y la intimidación tratan de impedir el derecho al trabajo de quienes no quieren hacer huelga. Como ha señalado un editorial de “ABC”, si la huelga es un acto de democracia, su ejercicio sólo será legítimo si se basa en la libertad individual de cada trabajador. Los insultos, las amenazas, las coacciones e incluso la violencia física de los piquetes son una demostración del carácter atávico de esta forma de protesta. Por desgracia, este comportamiento mafioso –que es considerado delictivo en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno- ha sido respaldado por el TC, que –en su increíble sentencia de 2011- afirmó que, si la conducta del autor de un delito derivado de una huelga es “objetiva e inequívocamente huelguística”, resulta constitucionalmente rechazable la imposición de una sanción penal.
Los manifestantes afirmaban en sus banderolas que había culpables y soluciones. Los primeros son de sobra conocidos: los últimos Gobiernos socialistas, con la connivencia de UGT y CCOO. ¿Las soluciones?. Los sindicatos no han aportado hasta la fecha otras que la huelga general, que –si bien ha fracasado porque lo que el pueblo necesita es que se solucionen sus problemas económicos- ha abierto la vía hacia una oleada de agitación permanente de huelgas sectoriales y manifestaciones, con participación de los distintos estamentos de la sociedad, incluidas las fuerzas de seguridad. Ya sólo falta que se sumen jueces y militares, pero –a este paso- todo se andará. Ahora, más que nunca, es ineludible y urgente la adopción de una ley que regule la huelga, para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución..
Madrid, 21-XI-2012
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“ALEMANIA SOBRE TODO”
Tras las II Guerra Mundial, Alemania quedó derrotada, ocupada y maltrecha física y moralmente. Su economía se hundió y el marco se devaluó hasta límites insospechados. Los alemanes aún no han superado del todo este trauma y siguen obsesionados por el control de la inflación y del excesivo gasto público.
¿Una Alemania europea o una Europa alemana?
Con la ayuda inicial de Estados Unidos y el ulterior apoyo de Francia y Gran Bretaña, Alemania inició su recuperación política y económica en medio de un clima desconfianza. El Pacto de Bruselas de 1948 –que dio lugar a la UEO- se firmó para impedir un posible rearme germano. La OTAN se estableció un año más tarde para –en frase atribuida a Churchill- “mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo”. Igual ocurrió en el plano económico con la creación en 1951 de la CECA, cuyo objetivo era controlar el carbón y el acero, los productos básicos de la industria bélica. No obstante, con visión de futuro, los padres de Europa –los Monnet, Spaak, Schumann y Adenauer- superaron este temor y sentaron las bases de la cooperación e integración europeas, con la constitución en 1957 de la Comunidad Económica Europea.
Se hizo realidad la famosa advertencia de Thomas Mann, “es mejor una Alemania europea que una Europa alemana”. El pueblo alemán –sumido en un complejo de culpabilidad colectiva- se convirtió en el alumno modelo del europeismo y prestó generosamente su contribución al desarrollo de la CE y de la UE. Alemania constituyó, junto con Francia, el núcleo impulsor de la integración europea. La situación ha evolucionad, sin embargo, sobre todo a raíz de la reunificación. Gracias a su prodigiosa recuperación, Alemania fue considerada por algún tiempo como un gigante económico, pero un enano político. Ahora, su fortaleza económica, el debilitamiento de Francia y la personalidad de la Canciller Ángela Merkel, le han permitido alcanzar el liderazgo político europeo. Por otra parte, las nuevas generaciones no son tan sensibles a los horrores del pasado y han minimizado el sentimiento de responsabilidad, por lo que no se muestran tan propicias a asumir las cargas económico-financieras de la UE.
Situación favorable de Alemania en la crisis del euro
Según Lorenzo B.de Quirós, Alemania ha sido una de las grandes beneficiarias de la creación del euro. En el ámbito monetario, controla “de facto” la política del Banco Central Europeo, que se ha ajustado más a sus intereses que a los del conjunto de la Eurozona. En lo fiscal, ha modificado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuando lo ha estimado conveniente para su situación económica. Desde el inicio de la crisis financiera, el Gobierno germano ha impuesto su agenda para hacerle frente y disfruta de unas condiciones de financiación extraordinarias a costa de los demás socios. Con su negativa a que el BCE compre deuda de los países con dificultades, ha asumido el riesgo de una ruptura del euro, porque –sin un prestamista de última instancia- no hay unión monetaria que pueda sobrevivir. Según Fernando Fernández, mientras €1 no valga lo mismo en un banco español o alemán, no se resolverán las diferencias de financiación en la Eurozona. Hay que crear un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos
Los miembros del Eurogrupo son conscientes de que –para superar la crisis- hay que avanzar en la integración monetaria, financiera y fiscal, pero -mientras se logra este objetivo-, urge estabilizar los mercados, reducir las primas de riesgo y garantizar la sostenibilidad de la deuda soberana, para lo que resulta indispensable la intervención del BCE. Los socios no se ponen de acuerdo sobre la manera y el ritmo requeridos para avanzar en la integración. Los virtuosos Estados-hormiga del Norte –liderados por Alemania- desconfían de las derrochadoras cigarras del Sur, inmersas en una desastrosa crisis económica, que ha llevado a realizar el rescate de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, y a poner contra las cuerdas a España y a Italia. La Comisión Europea, el BCE y el FMI han impuesto a los libertinos draconianas medidas de austeridad, que empeoran su situación económica y hacen poco viable la recuperación. Francia, España e Italia están tratando de que la UE acepte contrarrestar las medidas de control del gasto público con otras de impulsión del crecimiento, pero Alemania, Holanda y Finlandia mantienen su dogmatismo fundamentalista en la lucha contra la inflación, caiga quien caiga.
Para facilitar la financiación de los Estados miembros de la Eurozona, la UE ha decidido crear un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que debe ser aceptado por todos ellos. El acuerdo fue denunciado por 37.000 ciudadanos de Alemania ante su Tribunal Constitucional, y éste dictaminó el 12 de Septiembre que es legal, siempre que se cumplan ciertas condiciones: limitación de la aportación germana a €190.000 millones, no financiación del mecanismo por el BCE, y capacidad del Bundestag para autorizar la activación o interrupción de los programas. Ya en anteriores sentencias el Tribunal había condicionado la unión monetaria a que contribuyera a la estabilidad del euro y a que Alemania no cediera competencias en “decisiones fiscales fundamentales sobre ingresos y gastos”. Esto supone el establecimiento de un protectorado alemán sobre la unión monetaria. El MEDE entrará en vigor el 1 de Enero de 2013.
El Consejo Europeo del pasado Junio dio asimismo luz verde a una unión bancaria a partir del próximo año. Alemania es renuente a conceder la función supervisora al BCE y pretende limitarla a los bancos sistémicos importantes, para excluir de su control a las deficientes cajas de ahorro regionales, que -por sus singularidades- deben escapar al control de una autoridad centralizada. Ello no es óbice para que exija las máximas garantías y controles posibles a las cajas y bancos españoles. El Consejo acordó la recapitalización directa de los bancos una vez que estuviera operativo el supervisor bancario y contempló favorablemente la posibilidad de que se aplicara retroactivamente a los préstamos ya concedidos por el MEDE. El 25 de Septiembre, sin embargo, Alemania, Holanda y Finlandia declararon su oposición a esta aplicación retroactiva, que afectaría a España e Irlanda, con la consecuencia de que nuestro país tenga que ser garante de los €40.000 millones ya concedidos, y que se consideren como deuda pública el crédito y como déficit sus intereses. La Canciller también ha impuesto que la supervisión bancaria no entre en vigor antes de 2014.
“Deutschland über alles”
Debido a la presión de opinión pública germana –contraria a prestar ayudas- y a la celebración de elecciones el próximo Octubre, Ángela Merkel ha adoptado una posición contradictoria con respecto a España, pues –si bien ha respaldado públicamente la actuación de su Gobierno- está dificultando la adopción de medidas urgentes necesarias para que pueda superar sus problemas financieros, como la compra de deuda por el BCE, la financiación directa de los bancos por el MEDE o la emisión de eurobonos.¡Con estos amigos, no se necesitan enemigos!. Se han vuelto las tornas y se ha pasado de una Alemania europea a una Europa alemana, en la que el país germano hace honor a su himno nacional:”Alemania sobre todo”. Su Gobierno está preocupado porque las ventas a la UE –que suponen el 58% de sus exportaciones- han disminuido un 7% en el último año, por el descenso de consumo provocado por la crisis. Según Sylvia Nasar, no parece que los alemanes se hayan dado cuenta de que la prosperidad de España y de sus socios de la UE es la suya propia. Como le ha advertido gráficamente el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, estamos todos a bordo del “Titanic” y, si se hunde el buque, no se salvarán los pasajeros de primera clase.
Madrid, 15-XI-2012
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¿Asimetría constitucional o lealtad institucional?
En mi última columna destacaba el creciente movimiento de opinión favorable a una reforma de la Constitución de 1978 para modificar el régimen autonómico en ella previsto.
Seudo-federalismo del Estado de las Autonomías
Según Luis López Guerra, el Título VIII de la Carta Magna no dibuja un mapa preciso sobre la configuración de las CCAA o la atribución de competencias a las mismas. Se limita a establecer un marco jurídico que se ha visto completado por las fórmulas de organización diseñadas por los Estatutos de Autonomía, las leyes orgánicas estatales y la jurisprudencia del TC. Se ha ido creando así un “acervo autonómico”, que ha llevado a la ampliación del techo competencial a los niveles máximos permitidos y que ha adquirido status cuasi constitucional. El modelo territorial presenta un carácter abierto, pues el Estado ha renunciado en la práctica al procedimiento de “armonización” y ha recurrido generosamente al artículo 150-2, que permite transferir a las CCAA “facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.
El Estado de las Autonomías contiene elementos cuasi federales vergonzantes que han permitido a algunas CCAA exceder en competencias a Estados federales, sin que se disfrute de las ventajas del carácter igualitario y cerrado del federalismo. Como ha observado Jorge de Esteban, el reparto de competencias se halla claramente establecido en una Constitución federal, que está por encima de las Constituciones federadas, al regir la “cláusula de la supremacía federal”, por la que-en caso de conflicto entre una norma federal y otra de un Estado federado- prevalece la primera. El Estado de las Autonomías es una caricatura del Estado federal, porque la Constitución no especifica las partes que lo componen, ni fija las competencias de las CCCA –desarrolladas en los distintos Estatutos-, e incluye asimetrías como las prevista en la disposición adicional 1ª, que ampara los derechos históricos de los territorios forales. A los constituyentes se les fue con ello la mano cuando –para conseguir el apoyo de Euskadi- reconocieron sus derechos históricos y sus privilegios fiscales, sin lograr pese a ello el respaldo del pueblo vasco a la Constitución, aunque sí se lo diera al Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979. También consagra la Carta Magna los “hechos diferenciales” de las comunidades históricas, que -según la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña- permiten situaciones singulares en relación con el derecho civil, la lengua y la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y los sistemas institucionales propios.
Exigencias de la “Generalitat” en contra de la Constitución
El carácter abierto de la Constitución y la indefinición de lo que debería ser el final del proceso autonómico han hecho –en opinión del ex-Presidente extremeño Guillermo Fernández Vara- que la necesaria moderación haya sido sustituida por una reivindicación permanente de las CCAA. El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero cedió a la presión de los nacionalistas y –a cambio de su apoyo puntual para mantenerse en el poder- accedió a transferirles competencias de titularidad estatal. El caso más paradigmático fue la reforma del Estatuto de Sau –apoyado en su día por una aplastante mayoría del pueblo catalán- que, pese a las amplias atribuciones que, forzando la Constitución, concede a la Generalitat –lo que fue condonado en gran medida por el TC-, ha sido considerada insuficiente y provocado un artificial enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. El Presidente Artur Mas ha exigido la concesión de un régimen fiscal privilegiado como el que gozan el País Vasco y Navarra, y -cuando el Presidente del Gobierno central le ha dado una fundada respuesta negativa- se ha pronunciado por la vía secesionista en contra de la Constitución y del “seny”. Dando prueba de deslealtad institucional, Mas ha lanzado su órdago anticonstitucional y antiespañol en un momento espacialmente delicado para la Nación, como hizo en 1975 Hasan II al iniciar la “marcha verde” contra el Sahara Occidental aprovechándose de la agonía del entonces Jefe del Estado. Y no lo ha hecho por casualidad, sino con plena consciencia, como cabe deducir de sus palabras: “España pasa por un momento de debilidad. Está contra las cuerdas y desacreditada internacionalmente”. Según el profesor Rafael Domingo Oslé, resulta repudiable cualquier forma de oportunismo partidista de rentabilizar políticamente la aguda crisis económica que atraviesa España. Si algo no pueden hacer los políticos catalanes es azuzar al pueblo catalán con el fin de alimentar unos sentimientos independentistas trasnochados. Además de que Cataluña ha sido co-responsable de la crisis que está atravesando el país, el “kamikaze” Mas no parece comprender que el hundimiento de España provocaría asimismo el de Cataluña. Me recuerda el viejo cuento árabe en el que –adaptándolo a las circunstancias- un escorpión nacionalista le pidió a un toro españolista que le ayudara a cruzar el Ebro, a lo que éste se resistía por temor a un posible picotazo. El escorpión lo convenció argumentando que, si tal hiciere, moriría, puesto que no sabía nadar. En medio de la travesía se produjo el fatal picotazo y, cuando el toro le preguntó mientras se hundían “¿pero, por qué?”, el escorpión le contestó:”Es mi condición. Esto es Catalunya”. Como ha señalado Victoria Prego, los nacionalistas creen que ahora pueden hacer su apuesta final, porque la dimensión de la crisis y la inestabilidad de los acuerdos con Europa han debilitado dramáticamente la fortaleza moral del país. CIU y PNV han pactado hacer una pinza, y pasar a España por el exprimidor, hasta que reconozca que es un Estado plurinacional.
El socialismo anda a la deriva. Mientras el Presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, afirma que el Estado de las Autonomías no puede “estar abierto permanentemente” y debe ser sustituido por un modelo federal, y que la soberanía nacional no es fragmentable, el Programa Electoral del PSC reclama el “derecho a decidir” del pueblo catalán y propugna una “Federación de Naciones”, que tiene más de confederación que de federación. Pedro J. Ramírez ha urgido la reforma de la Constitución para reducir el coste del modelo territorial, reforzar los poderes del Estado y diferenciar al País Vasco, Cataluña y Galicia del resto de las autonomías. El problema es ¿quién le pone el cascabel al gato constitucional?. Es generalmente aceptado que para reformar la Constitución se debe requerir el mismo grado de consenso que se obtuvo para su adopción, lo que resulta casi imposible lograr en la actualidad. Si ello fuera posible, me inclinaría por un federalismo cooperativo como el de Alemania. Aunque sea partidario de fortalecer las competencias del Estado y de restringir el desmadre de las CCAA, no estoy, sin embargo, de acuerdo con acordarles un tratamiento asimétrico distinto al que ya les otorga la Constitución: trato diferencial en relación con el derecho civil, la cultura, la lengua, la educación y la estructura institucional. Con la excepción del régimen fiscal especial para el País Vasco y Navarra –que ojalá se pudiera suprimir-, no hay razón que justifique la introducción de “asimetrías sobrevenidas”, como pretende Cataluña en los ámbitos fiscal, aduanero o de la Seguridad Social. Según Ignacio Camacho, el Estado de las Autonomías no tiene problemas de simetrías o asimetrías, sino de lealtad o deslealtad. Una eventual asimetría no frenaría el soberanismo, pues los nacionalismos tratan de sobrepasar la Constitución y no habrá una solución justa mientras subsista su deslealtad al proyecto de convivencia común. Es lamentable que, en los momentos tan delicados que vive España, la asimetría constitucional prevalezca en Cataluña sobre la lealtad institucional.
Sevilla, 9-XI-2912
Publicado por Josë A. Yturriaga en 14:41 No hay comentarios:
¿Hay que modificar la Constitución y el Estado de las Autonomías?
Existe un clamor generalizado de crítica del funcionamiento actual del Estado de las Autonomías, hasta el punto de que –según el CIS- 40% de la población se ha pronunciado en contra del mismo. Crecen las voces favorables a la reforma de la Constitución para modificar el régimen autonómico vigente. Las soluciones que se apuntan van de la vuelta al Estado centralizado a la independencia, pasando por un federalismo más o menos asimétrico o un régimen confederal. Con o sin cambio constitucional, todos parecen coincidir en que no se puede seguir manteniendo la grave situación de despilfarro de las comunidades autónomas.
El Estado de las Autonomías en la Constitución
A la hora de establecer la estructura del Estado, los autores de la Constitución de 1978 se enfrentaron con el grave y difícil problema de cómo encajar las comunidades con lengua propia que habían tenido con anterioridad algún tipo de autogobernó. Descartaron las fórmulas federales -que tan desastrosos resultados habían producido durante la I República- y salvaron el escollo de forma hábil y pragmática, al reconocer en el artículo 2 “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la Nación española. Preveían con ello regímenes diferenciados para las comunidades históricas y para el resto de las regiones, estableciendo distintas vías de acceso a la autonomía. Este esquema fue, sin embargo, puesto en tela de juicio tras la decisión de Andalucía de celebrar un referéndum y sumarse a las comunidades de 1ª división, por lo que su Estatuto de 1981 siguió el modelo de las tres presuntas “nacionalidades”: País Vasco, Cataluña y Galicia. El Gobierno cometió entonces el inmenso error de recurrir a la fórmula de “café para todos” y, en vez de aguar el vino de las nacionalidades, echó vino en el agua de las regiones, extendiendo el sentimiento autonómico a provincias donde no existía o era bastante débil. Al redactar estas CCAA sus Estatutos, tomaron como punto de partida el régimen concedido a las nacionalidades e incluso lo ampliaron. Las comunidades históricas –que no aceptaban ser tratadas igual que las demás regiones- exigieron competencias adicionales al amparo del artículo 150-2, que permite transferir o delegar facultades en materia de titularidad estatal. Se inició así una puja para ver cuál salía más beneficiada, lo que llevó a la invocación por algunas comunidades de la “cláusula de comunidad más favorecida” –la insólita “fórmula Camps”- y dejó de esta forma abierto indefinidamente el proceso de transferencia de competencias del Gobierno central. El Estado de las Autonomías recibió un golpe decisivo con la modificación en 2006 del Estatuto de Cataluña, que –pese a las rebajas de las Cortes y del TC- estableció un régimen cuasi confederal, que, no obstante, ha sido considerado insuficiente por los nacionalistas catalanes, quienes –recurriendo al victimismo y a la falacia de que “España nos roba”- se han pronunciado abiertamente por la independencia.
Soluciones propuestas: recentralización, federación, confederación, independencia
Examinemos brevemente las soluciones que se han sugerido para resolver esta delicada situación. Gaspar Ariño o Ignacio Camuñas han propugnado el regreso a un Estado centralizado, en el que el Gobierno recupere buena parte de las competencias transferidas y las comunidades reduzcan sus hipertrofiadas estructuras administrativas. Esta solución, sin embargo, no es –en opinión de Francisco Sosa y Mercedes Fuertes- ni deseable ni posible, porque las diferentes formas de descentralización territorial han pasado a formar parte de los componentes de la democracia moderna. No resulta además viable porque difícilmente recibiría el apoyo necesario para la reforma de la Constitución. Hay muchos derechos adquiridos en las 17 CCAA y pocos parecen dispuestos a renunciar a ellos. Desestabilizar la Carta Magna para modificar un sistema autonómico que hizo posible la Transición y ha prestado –y sigue prestando- un importante servicio a la sociedad sería disparatado, pues pondría en entredicho la pertinencia y validez de un instrumento que fue aprobado en su día por amplio consenso –incluido el de la mayor parte del nacionalismo-, y proporcionaría argumentos a los nacionalistas para justificar su actitud secesionista.
El PSC y –a remolque- el PSOE han descubierto la pócima mágica del federalismo. Para José Montilla, el Estado de las Autonomías o avanza en sentido federal o se bloquea. Carme Chacón también estima que el régimen está agotado y apuesta por un federalismo sin privilegios, aunque reconozca que España es un país asimétrico y simpatice con el “federalismo asimétrico” de Pascual Maragall, noción que se contradice con el carácter igualitario de este tipo de régimen. Jorge de Esteban ha señalado que el reparto de competencias entre el Estado federal y los Estados federados no tiene que ser homogéneo, pero no debe ser asimétrico y ha de permitir que los derechos fundamentales sean iguales en todo el territorio. Los regímenes federales tienen carácter cerrado, ya que la distribución de competencias se encuentra claramente establecida en la Constitución, y es poco probable que los nacionalistas de Cataluña y Euskadi acepten un régimen que no satisfaga sus reivindicaciones como naciones. Como han apuntado Sosa y Fuertes, si el Estado de las Autonomías se estableció para contentar a los nacionalistas y éstos siguen insatisfechos, “es lícito preguntarnos si, al ponernos bajo la advocación de los manes del federalismo, nos espera idéntica frustración”.
Otra teórica solución sería la de una Confederación formada por España y las naciones de Cataluña, País Vasco y Galicia, todas ellas en pie de igualdad. Sería un paso previo a la plena independencia, tal como desean los nacionalistas. Sin embargo, la independencia impuesta de Cataluña o del País Vasco –sea de forma directa o diferida- sería jurídicamente ilegítima por anticonstitucional, políticamente disparatada, socialmente injusta y económicamente inviable. Quienes traten de violar la legalidad vigente tendrán que asumir las consecuencias en los planos nacional, europeo e internacional.
Mantenimiento del régimen vigente con correcciones
Dado que es poco probable una reforma de la Constitución por falta de consenso, queda la solución de mantener el “status quo” del Estado de las Autonomías y tratar de mejorarlo, pues –como ha señalado el ex Presidente de la Rioja Joaquín Espert- las críticas afectan, más que al sistema en sí, a los excesos en que ha incurrido. Ya en 1981, el Comité de Expertos presidido por Eduardo García de Enterría advirtió que resultaría gravemente inconveniente para la salud del sistema que las comunidades reprodujeran en su propio espacio los esquemas organizativos de la administración del Estado, y eso es justamente lo que han hecho. Hay que reducir su aparato administrativo al mínimo indispensable para el ejercicio de sus competencias, evitar duplicidades, simplificar estructuras y suprimir empresas innecesarias, reducir personal, mejorar la eficacia de la gestión, eliminar trabas burocráticas y no gastar más de lo que ingresen, para hacerlas económicamente sostenibles . También se debería potenciar el Senado y darle competencias en cuestiones autonómicas. Éstas y otras muchas mejoras podrían realizarse sin necesidad de modificar el modelo y reformar la Constitución. Según Pedro Silva, ex-Presidente de Asturias, desmontar el régimen autonómico o rehacerlo en plena crisis es tan insensato como proclamar la independencia. Como ha observado Ignacio Sotelo, no se puede desarmar el Estado de las Autonomías sin poner en cuestión la institución democrática o provocar que se escindan las comunidades históricas. Dicho Estado surgió con la democracia y su supresión podría suponer el fin de la democracia.
Sevilla, 25-X-12
Publicado por Josë A. Yturriaga en 14:38 No hay comentarios:
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
Publicado por Josë A. Yturriaga en 14:34 No hay comentarios:

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