Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614226
Timestamp: 2020-08-08 03:15:53+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 1717/00 de Corte Constitucional, 12 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43614226
Sentencia citada en: 49 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-1717/00
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Cerramiento de establecimiento comercial por evasión
DERECHO AL BUEN NOMBRE-No vulneración por cerramiento de establecimiento por evasión
TRIBUTO-Requisitos para imposición de sanción
PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA-Prueba documental/ACTO JURIDICO-Prueba documental/DOCUMENTO-Exigencias para expedición
FACTURA-Cumplimiento de requisitos/FACTURA-Sanción por incumplimiento de requisitos/FACTURA EN SISTEMA TRIBUTARIO-Requisitos para expedición/DEBERES DEL COMERCIANTE EN FACTURA-Sanción por incumplimiento de requisitos
FACTURA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO-Clausura o cierre por incumplimiento de requisitos en expedición
SANCION-Incumplimiento de requisitos para expedición de documento
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Regulación de formalidades del debido proceso
DEBER TRIBUTARIO-Sanciones por incumplimiento
SANCION EN MATERIA TRIBUTARIA-Efectividad
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN SANCION-Inobservancia de requisitos legales/SANCION EN MATERIA TRIBUTARIA-Claridad en señalamiento y aplicación
Referencia: expediente D-3059
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 657, parcial, del decreto 624 de 1989
Demandante: Ilma Consuelo Ramos González
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre del año dos mil (2000)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana I.C.R.G., demandó un aparte del literal a) (modificado por el artículo 74 de la Ley 488 de 1998), el inciso segundo (modificado por el artículo 75 de la Ley 488 de 1998) y el inciso sexto del artículo 657 del decreto 624 de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario" .
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 38756-1 del 30 de marzo de 1989 y se subraya lo demandado.
Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar su colaboración, cuando los funcionarios competentes de la administración de impuestos así lo requieran".
Respecto del aparte acusado del literal a) del artículo 657 del Decreto 624 de 1989, la demandante considera que se infringe el artículo 2 de la Constitución, pues por omisiones formales en el cumplimiento de la obligación de facturar, como sería por ejemplo, no colocar el número de resolución de autorización de facturación, o carecer la factura de la indicación del nombre y NIT del impresor, entre otros eventos, la ley autoriza colocar un aviso en el que se califica a la persona de evasor. "Esta sanción moral es desproporcionada con los fines esenciales de contribuir a las cargas del Estado (...) una simple infracción administrativa no puede conducir a que se le aplique ese calificativo (evasor), porque entonces el mismo Estado estaría faltando al cumplimiento de esos deberes esenciales de garantizarles a las personas la efectividad de sus derechos: derecho a que se le investigue y que la pena que se le aplique tenga relación directa y sea consecuencia de su conducta, pero no a que se le aplique un calificativo que no merece".
Igualmente, estima que se vulnera el artículo 29 del Estatuto Superior, pues el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 652 del Estatuto Tributario, a los que el precepto impugnado hace referencia, son simples exigencias de forma, que "en ningún caso pueden conducir, sin una investigación plena, a afirmar que de ello se esté derivando una evasión". Por un error formal (v.gr. carecer de la preimpresión del nombre y el número del NIT en la factura) no es justo que un comerciante sea calificado como evasor, con el agravio social que eso significa. En consecuencia, "no debería ser procedente que además del cierre del establecimiento se imponga el sello de 'cerrado por evasión'. Este debe utilizarse cuando la DIAN, después de una investigación con todas las herramientas con que cuenta para ello, le compruebe al afectado que en efecto con su conducta estaba evadiendo los impuestos. Allí sí la pena y el escarnio público se justifican, pero ante asuntos formales de los cuales no puede siquiera derivarse que se trate de una conducta orientadas a evadir el pago de los impuestos"
Según los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas las personas tienen derecho a ser oídas por los tribunales competentes, para la determinación de las obligaciones de carácter civil y fiscal cuya violación se les imputa. En estos casos, se les debe dar la posibilidad de discutir ante las autoridades si una conducta omisiva, como las tipificadas en el literal a) del artículo 657 del E.T., materia de acusación parcial, conducen o no a la evasión en el pago de los impuestos. Si se demuestra en un proceso, con el respeto pleno de las garantías constitucionales y legales establecidas en los ordenamientos respectivos (derecho de defensa, derecho a presentar y controvertir pruebas, etc), que se evadieron impuestos "resulta loable que, además de las sanciones pecuniarias, se aplique también una condena moral cual es el escarnio público de un letrero que denuncia al responsable como evasor (... ) No ocurre lo mismo con una serie de conductas como las acusadas, que no permiten inferir que se está evadiendo el pago de los impuestos".
Finalmente, señala la demandante que la norma parcialmente demandada, también infringe los artículos 15 y 83 de la Constitución, en la medida en que se permite que por omisiones meramente formales, como las consagradas en el literal a) del artículo 657 demandado, se ponga en entredicho el buen nombre de las personas. "Tildarlos de evasores sin que se les haya demostrado, sólo por haber omitido el cumplimiento de deberes formales, puede convertirse en una capitis diminutio dentro de su entorno social".
La ciudadana E.P.D.M., funcionaria de la Oficina Nacional de Normativa y Doctrina de la U.E.A. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del precepto demandado, con éstos argumentos:
La expresión "cerrado por evasión" del artículo 657 del Estatuto Tributario que, hoy también se acusa, ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en la sentencia C-063 de 1994, con ponencia del magistrado A.M.C., por los mismos cargos que en el presente caso se invocan. Sin embargo, como dicho artículo fue modificado por la ley 488/98 no se puede afirmar "tajantemente" que exista cosa juzgada constitucional; pero al no variar el contenido material por lo menos respecto de los apartes impugnados, las consideraciones que hizo la Corte en esa oportunidad son totalmente aplicables y, por consiguiente, lo acusado también debe ser declarado exequible.
Después de señalar la importancia de expedir factura y los requisitos que éstas deben reunir, señala que tal documento es vital para la labor de control que corresponde ejercer a la DIAN puesto que facilita el cruce de información y la verificación de las bases gravables declaradas en los tributos de renta, IVA y retención en la fuente. Por tanto, el incumplimiento de tales requisitos no puede considerarse como una mera formalidad, como apresuradamente lo califica la demandante, "pues existe en realidad un trasfondo tributario, que basa su control a la evasión en la emisión de facturas con la totalidad de los requisitos que señala la ley, y que enmarca el cumplimiento de la función contenida en el artículo 189-20 de la Constitución". No es entonces, una sanción moral desproporcionada sino una sanción administrativa "que aconducta al contribuyente a cumplirle al Estado", conforme lo ordena el artículo 95-9 de la Carta.
Si se analizan los requisitos que debe contener toda factura se evidencia una conducta desleal y evasiva con el Estado cuando el contribuyente omite la descripción del vendedor, la numeración consecutiva o el valor de la operación, pues de allí se deduce que está desfigurando la realidad económica, incurriendo en uno de los eventos que la ley consagra como evasor, situación que justifica no sólo el cierre del establecimiento sino también, el letrero de "cerrado por evasión". En este punto transcribe apartes de la sentencia de esta corporación anteriormente citada.
No es cierto que la sanción respectiva se imponga de plano, pues en el mismo Estatuto Tributario (arts. 638, 657, 735) se establece el procedimiento a seguir para determinar si el contribuyente sí es evasor o no, y se consagran las etapas en las que el afectado puede ejercer el derecho de defensa, controvertir las pruebas y hacer uso de las demás garantías del debido proceso.
En cuanto a la presunta violación del artículo 83 de la Carta Política (presunción de buena fe), señala que es claro que cuando el mismo contribuyente, por su culpa, ha incumplido el deber de expedir las facturas en los términos consagrados en la ley, "ha roto el principio de buena fe de que gozaba frente al Estado". No se configura, entonces, ninguna de las violaciones que el demandante arguye.
El ciudadano PAUL CAHN-SPEYER WELLS, en su condición de Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 657 del Estatuto Tributario. Las razones que expone para llegar a esa conclusión son las que se resumen en seguida:
Después de señalar que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la expresión 'cerrado por evasión' del inciso segundo del artículo 657 del E.T. en la sentencia C-063 de 1994, considera que tal decisión hizo tránsito a cosa juzgada, "pero con la relatividad propia de todo fallo que niega la inexequibilidad por encontrar que la norma censurada no contraviene a la norma de normas", es decir, únicamente respecto de los cargos allí examinados, esto es, el derecho a la honra, al buen nombre, la libertad de empresa. Sin embargo, considera que en esta oportunidad la Corte debe hacer un nuevo juzgamiento que no implica desconocimiento de la cosa juzgada, por lo siguiente: 1. Por que la presente demanda no se refiere únicamente a la expresión 'cerrado por evasión' sino también a otros apartes como el literal a), que hace extensiva la sanción a los casos de incumplimiento de los requisitos formales de las facturas, y a los incisos segundo y sexto que establecen las condiciones y el término en que se aplica y hace efectiva la sanción; 2. La Corte en el fallo anterior hizo el análisis en torno a la relación de causalidad entre la conducta de evasión o fraude en que podía incurrir el afectado pero no reparó en la eventual ausencia de "tan determinante móvil por parte del infractor", y no se pronunció sobre el inciso sexto que dispone que la sanción se puede imponer por el sólo hecho del agotamiento de la vía gubernativa aunque esté en curso el término de caducidad de la acción correspondiente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Luego pasa a analizar los cargos contra el literal a) del artículo 657 del E.T., empezando por analizar el derecho a la honra, resaltando su carácter de derecho fundamental "de manera, que no basta con los mecanismos de protección y resarcimiento cuando quiera que se infrinja por un particular, o por el propio Estado, la justa reputación de alguien, sino que además es menester que las autoridades públicas, en todos sus actos, tengan siempre presente que deben respetar y acatar ese derecho. Por así decirlo, la nueva Carta Política asigna al derecho a la honra la condición de contexto de referencia para las acciones estatales y, por supuesto, para la creación e interpretación del derecho legislado".
El incumplimiento "real o aparente, de alguno de los requisitos formales de la factura a que alude la norma por sí solo no evidencia, ni permite suponer, que el emisor evade su incontestable deber de contribuir", por ejemplo en los casos en que en la factura no aparece expresamente liquidado el IVA, este y otros errores formales no demuestran el ánimo de evadir, por tanto, la sanción de "cierre por evasión" es, entonces, inconcebible y lesiona los derechos antes mencionados.
En cuanto al inciso segundo del precepto parcialmente impugnado, dice que debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de 1994, "no sin antes precisar que el retiro del aparte del literal a) acusado por inexequible, impide y debe impedir, que la sanción se imponga por causas distintas de la evasión fiscal".
Respecto del inciso sexto, dice el interviniente que debe ser declarado inexequible, por lesionar el "libre acceso a la Administración de Justicia y no constituir garantía suficiente para la protección de la honra y del buen nombre de las personas. R., para el efecto, en el irreparable daño que comporta para la integridad moral del afectado una injusta calificación como 'evasor' que se hace pública y, por tal motivo, se difunde entre la sociedad con alcances impredecibles y, posteriormente, cuando la jurisdicción concluya que la sanción no procedía, nada pueda hacerse para que se recupere la buena fama perdida(...)".
El señor P. General de la Nación en concepto No. 2276 del 23 de agosto de 2000, solicita a la Corte: 1. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de 1994, en la que se declaró exequible la expresión 'cerrado por evasión, contenida en el inciso segundo del literal a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, y 2. Declarar constitucionales los demás apartes demandados del mismo artículo El P. rinde su concepto solamente respecto del literal a) y el inciso 2° de la norma acusada.. Los argumentos que se expusieron para llegar a esa conclusión, son las siguientes:
La medida consagrada en el literal a), materia de acusación, resulta razonable, "toda vez que si bien es cierto que el citado artículo 617 enumera los requisitos que deberá contener toda factura de venta para efectos tributarios, también lo es que su omisión implica el desconocimiento de un deber legal, situación que a su vez conlleva la imposición de una sanción previamente definida por el legislador y que está prevista en el precepto impugnado, ya que como se enunció, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la ley (art. 6 C.P.)". En consecuencia, no se viola el ordenamiento superior, "siempre y cuando que para el efecto se respeten las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, pues se destaca que el inciso cuarto del mismo artículo acusado establece que la sanción se impone, mediante resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de 10 días para responder".
"La medida adoptada en la disposición acusada es proporcionada y razonable, habida consideración de que la omisión de ciertos requisitos en la expedición de la factura de cuenta o la reincidencia en la comisión de esta falta, puede dar lugar al cierre del establecimiento, siempre y cuando que para el caso se respeten los derechos fundamentales de las personas en quienes recae la obligación de expedir factura (art. 615 E.T.) , en particular, el debido proceso y el derecho de defensa, de tal suerte que la sanción impuesta corresponda verdaderamente a un caso de evasión tributaria".
Por otra parte, considera que tampoco se infringen los derechos a la intimidad y al buen nombre pues, se trata del incumplimiento de un deber legal que genera responsabilidad. Además, hay que tener en cuenta que el legislador ha facultado a la DIAN "para que se abstenga de imponer la sanción contenida en la norma demandada, en los eventos que se trate de entes que prestan servicios públicos o cuando no exista perjuicio grave, modificación que fue introducida por el artículo 74 de la ley 488 de 1988, es decir, que la ley ha establecido causales de exoneración o atenuación de responsabilidad, para casos específicos como los enunciados''.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 5, de la Constitución, corresponde a esta Corporación decidir definitivamente, sobre la inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 657 del Decreto 624 de 1989.
Corresponde a la Corte Constitucional, con el propósito de establecer si los preceptos acusados se adecuan o no a la Constitución, determinar en qué medida los procedimientos y sanciones referidas en el artículo 657 del Decreto 624 de 1989 configuran una violación de los derechos a la intimidad y a la honra de los comerciantes sometidos a dichos procesos (artículo 15 y 21 C.P.), o restringen el debido proceso (artículo 29 C.P.) al limitar el ejercicio del derecho de defensa que dentro de todas las actuaciones administrativas y judiciales garantiza la Carta Política.
De la presunta violación del derecho a la intimidad y a la honra. Cosa juzgada constitucional
Buena parte de los argumentos sobre los que se sustenta la demanda de inconstitucionalidad objeto de estudio, guardan relación con la presunta violación de los derechos a la intimidad y a la honra de los comerciantes a los que se les aplica un procedimiento administrativo que puede terminar, entre otras formas, con el cerramiento de su establecimiento de comercio (y la consecuente imposición de sellos con la leyenda ''cerrado por evasión). A juicio de la actora, esta es una consecuencia extremadamente gravosa que sobrepasa los límites del reproche jurídico que se desprende del incumplimiento de ciertas obligaciones legales (contenidas, en efecto, en el artículo 657 del Estatuto Tributario), al ámbito de la integridad moral de un ciudadano que se ve públicamente reprendido por su obrar.
Como bien lo señalan los intervinientes en el proceso, ésta es una materia sobre la cual la Corte ya tuvo oportunidad de pronunciarse Corte Constitucional Sentencia C-093 de 1994. M.P.A.M.C., y si bien en aquella ocasión sólo se impugnaba la expresión ''cerrado por evasión'' contenida en el inciso 2 de la norma demandada, las consideraciones hechas por este Tribunal guardan íntima relación material con las acusaciones generales que se presentan en esta oportunidad, no obstante las modificaciones legales posteriores introducidas a la norma No puede perderse de vista que el artículo 657 del Decreto 624 de 1989 ha sido modificado por las Leyes 223 de 1995 y 488 de 1998, sin embargo, el ''cerramiento por evasión'' es una sanción jurídica que continua vigente ( la ley posterior simplemente varió el término de la sanción) y, por tanto, los motivos para defender su exequibilidad siguen contra los cargos formulados por la accionante siguen siendo válidos ., que solamente variaron el término de la sanción que puede imponer la administración (el Decreto 624 de 1989 señalaba que el sitio o sede del comerciante infractor podía ser cerrado por un día, el artículo 75 de la Ley 488 de 1998 amplió dicho término a 3 días).
''El derecho genérico a la intimidad quedó consagrado en cuatro artículos de la Carta: 15, 21, 33 y 74. El artículo 15 establece propiamente la noción de vida privada y sus implicaciones. El artículo 21 regula el derecho a la honra. El artículo 33 dispone la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí o contra sus parientes. Y el artículo 74 consagra el acceso de los particulares a los documentos públicos y el secreto profesional. Todo lo anterior debe ser complementado además con el artículo 28, sobre inviolabilidad del domicilio.
´Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetaran la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley...`
´Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección`.
`1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques`.
`1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
En el pleno ejercicio del desarrollo de la personalidad, cada individuo puede forjarse su identidad y nadie más que él es responsable de su buen nombre. La honra, como la fama, es una valoración externa de la manera como cada persona proyecta su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular es responsable de sus actuaciones Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 1992..
-Respecto de la norma demandada, en primer lugar, observa la Corte que tanto el buen nombre como la honra hacen alusión a un mismo fenómeno: la reputación exterior sobre una persona.
Es lo que hace la norma bajo examen, por lo cual la Corte la encuentra conforme a derecho'' Ibid..
4.1. De los requisitos señalados en el artículo 657 del Decreto 624 de 1989 para la imposición de sanciones en materia tributaria
Sobre este particular resulta necesario recordar que dentro de un ordenamiento jurídico como el colombiano, fundado en el respeto de los principios de seguridad y certeza jurídicas, y deudor de una tradición legal que se sustenta en el respeto al derecho escrito, la prueba documental de ciertos actos jurídicos cumple un papel esencial para constatar la existencia y cumplimiento de algunas obligaciones; no puede decirse, entonces, so pena de hacer una generalización que riñe con la forma en que se ha estructurado nuestro sistema de derecho, que la referencia que hace la ley, en este caso la norma acusada, al cumplimiento de exigencias sobre la expedición de documentos jurídicamente relevantes en materia tributaria -v.gr. la factura elaborada por el comerciante en desarrollo de sus operaciones-, constituye una alusión a simples requisitos de forma de los cuales no se puede desprender responsabilidad alguna. En esta materia no puede perderse de vista que la fijación de los requisitos a los que se debe ajustar la expedición de una factura, tiene una específica razón de ser dentro del funcionamiento de nuestro sistema tributario, pues dicho acto configura la base para la comprobación del cumplimiento de buena parte de los deberes, que como agentes de la administración en materia impositiva, son predicables de todos los comerciantes.
Si se revisa con atención el contenido de los artículos 617 y 652 del Estatuto Tributario, a cuyo incumplimiento la norma acusada condiciona la aplicación de ciertas sanciones, puede verificarse que la observancia de los requisitos allí consagrados, antes que reducirse a la indicación de simples formalidades, constituye la esencia del cumplimiento de las funciones del comerciante como agente económico y verdadero actor de la administración tributaria para efectos del cobro y recaudación de impuestos fundamentales para la hacienda pública (v.gr. el impuesto a las ventas y el impuesto a las importaciones, entre otros). Así, consignar los apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; los apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios; el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de las facturas de venta; la fecha de expedición; y la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o de los servicios prestados Cfr. las letras b, c, d, e y f del artículo 617 del Estatuto Tributario., resulta ser una labor indispensable para determinar las partes de la obligación tributaria, el objeto sobre el que recae el gravamen, o la aplicación de ciertos beneficios contemplados por la ley, a saber, el reconocimiento de los descuentos tributarios Cfr. I...
No resulta desproporcionado, entonces, establecer que cuando se incumpla con estas exigencias, connaturales a la naturaleza propia de los comerciantes como sujetos dedicados profesionalmente al intercambio de bienes y servicios, el legislador exija con rigor el acatamiento de ciertos deberes y castigue su inobservancia, bien si se infringe la norma por primera vez o si se reitera en su inaplicación, estableciendo ciertas sanciones (v.gr. la clausura del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad Cfr. Artículo 652 del Estatuto Tributario.). Lo que está en juego aquí, menester es reiterarlo, no es la simple verificación de un procedimiento administrativo que se propone junto a muchos otros ''trámites'' que se predican de los comerciantes, sino de la comprobación del cumplimiento cierto y veraz de obligaciones tributarias respecto de las cuales, la expedición de un documento como la factura, es la fuente de información, para el consumidor y para el Estado, de la actividad gravada, la cuantía del gravamen y el cobro del mismo, de forma tal, que su no entrega, o la no incorporación de toda la información exigida por la ley, se conviertan en hechos graves, análogos a la propia evasión.
4.2. Presunta violación del debido proceso
Ahora bien: aceptar la posibilidad de que el legislador, en virtud de la autonomía y libertad de configuración que en materia tributaria le reconoce la Constitución Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias C-222 de 1995 M.P.J.G.H.G.; C-108 de 2000 M.P.A.B.S.; C-384 de 2000 M.P.V.N.M.C.-427 de 2000 M.P.V.N.M., pueda aplicar ciertas sanciones como resultado de la comisión de conductas prohibidas o el incumplimiento de exigencias contempladas en la ley, no puede traducirse en la convalidación de procedimientos aplicados por la autoridad, que desconozcan los principios sobre los que se asientan las actuaciones administrativas (artículo 29 C.P.) o las relaciones entre el Estado y los particulares (artículo 83 C.P.). Sobre este particular, la Corte, ha señalado con claridad:
''Es indudable que corresponde al legislador determinar cuáles son las formas procedimentales que deben regir la tramitación de los respectivos procesos, ante las distintas jurisdicciones. La Corte reiteradamente ha reconocido cierta autonomía y libertad del legislador para regular las formas y formalidades del debido proceso, que sólo encuentra su limite en los mandatos constitucionales que consagran los derechos, deberes y garantías, en los que constituyen principios y valores esenciales del orden constitucional, y en el respeto por la racionalidad y razonabilidad de las normas en cuento ellas se encaminen a alcanzar fines constitucionales legítimos'' Corte Constitucional Sentencia C-599 de 2000 M.P.A.B.C.. En el mismo sentido, tambián se puede consultar la sentencia C-742 de 1999 M.P.J.G.H.G...
''Como se anotó en los antecedentes de esta demanda, se acusa la expresión "cerrado por evasión", contenida en la disposición que hace referencia a las sanciones resultantes del incumplimiento de los deberes tributarios.
- Además como todo acto administrativo, el que nos ocupa es objeto de control, en la medida en que es susceptible tanto de la vía gubernativa como de las acciones contenciosas'' Corte Constitucional Sentencia C-063 de 1994. M.P.A.M.C...
En este orden de ideas, no resulta contrario al ordenamiento Superior que en el inciso 4º de la norma demandada se señale que la sanción impuesta por la administración se hará efectiva dentro de los diez días siguientes al agotamiento de la vía gubernativa, pues sólo hasta ese momento el acto administrativo que establece la consecuencia jurídica del incumplimiento queda en firme, siendo competencia privativa de la jurisdicción contencioso administrativa, decretar la suspensión del mismo cuando se cumplan los requisitos señalados en la ley Cfr. Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo..
4.3. Breve alusión al principio de buena fe
Tampoco resulta acertado señalar -como lo hace la actora- que los apartes demandados del artículo 657 del Decreto 624 de 1989, configuran una violación del principio de buena fe reconocido por la Carta Política (artículo 83 C.P.), pues los supuestos de los que parte la norma analizada no son la desconfianza respecto de las actuaciones de los particulares, el abuso del poder que ejerce la autoridad o el exceso en la imposición de requisitos formales en el cumplimiento de ciertas actuaciones, que, tradicionalmente, son ''supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe'' Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-511 de 1992. M.P.E.C.M.. . De lo que se trata aquí, es de la simple determinación de una sanción como resultado de la inobservancia de una serie de requisitos, señalados por la ley, cuyo cumplimiento recae en cabeza de los comerciantes, por ser una de las obligaciones propias de su profesión en desarrollo de las funciones tributarias específicamente encomendada por el Estado. Es incorrecto pensar que cada vez que el legislador regula ciertas conductas, en este caso en materia tributaria, señalando las sanciones que ha de imponer la administración como consecuencia de la comisión de hechos prescritos por las normas jurídicas, se considere que existe una violación del principio de la buena fe por parte de la autoridad; por el contrario, no puede olvidarse que una de las facetas o ámbitos a través de los cuales este valor jurídico adquiere plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico consiste precisamente en la claridad con que se señalen y apliquen las sanciones contenidas en los preceptos normativos, de tal forma que los particulares tengan plena certeza acerca de las obligaciones que deben cumplir, cuenten con los mecanismos jurídicos adecuados para defenderse, y confíen, a su vez, en el recto proceder por parte de las autoridades (aplicación integral del derecho al debido proceso). Este es un asunto sobre el que la Corte también se ha pronunciado:
''La buena fe es un principio general de derecho que fue incorporado a nuestra Constitución Política de 1991. Permite, por razones estrechamente vinculadas a la conducta normal de una persona digna, ampliar el universo de las garantías o, cuando menos, hacerlo más efectivo en cada una de las diversas circunstancias en las cuales se halle presente.
De otro lado, la aplicación efectiva del principio de la buena fe en las relaciones ya descritas, comporta un aspecto relevante dentro del actual marco nacional. Es indudable la desconfianza reciproca entre administrados y la administración pública en sus constantes relaciones, lo que produce un distanciamiento entre ellas y una correlativa falta de legitimidad de los ciudadanos hacia el Estado. Frente a este panorama desalentador se hace necesario que ambas partes cambien radicalmente de actitud, actuando con lealtad, honestidad y confianza, para que esos vínculos vuelvan a adquirir su carácter de relaciones entre seres humanos'' Corte Constitucional Sentencia T-534 de 1992. M.P.C.A.B...
Por estas razones, la Corte Constitucional declarará exequibles las expresiones demandadas del artículo 657 del Decreto 624 de 1989, con la modificaciones introducidas por los artículos 74 y 75 de la Ley 488 de 1998.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del literal a) y el inciso 2 del artículo 657 del Decreto 624 de 1989, con las modificaciones introducidas por los artículos 74 y 75 de la Ley 488 de 1998, respectivamente.
Segundo.- Declarar exequible el inciso 6 del artículo 657 del Decreto 624 de 1989.

References: artículo 657
 artículo 74
 artículo 75
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 2
 resolución 
 artículo 29
 artículo 652
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 189
 artículo 95
 artículo 83
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 617
 artículo 74
 artículo 241
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 75
 artículo 15
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 74
 artículo 28
 artículo 657
 artículo 617
 Artículo 652
 Artículo 66
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657
 artículo 657