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Timestamp: 2018-09-26 07:17:28+00:00

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Caso Gomes Lund Vs. Brasil - Comisión interamericana de derechos humanos
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Caso Gomes Lund Vs. Brasil
Los hechos más importantes del caso721 en cuanto al derecho de acceso a la información se resumen de la siguiente manera: el 21 de febrero de 1982, los familiares de las víctimas de desaparición forzada de las operaciones militares adelantadas contra la Guerrilha do Araguaia, interpusieron una acción civil con el único objetivo de que les fuera entregada toda la información sobre dichas operaciones722. El 30 de junio de 2003, 21 años después de iniciado el proceso, y luego de dilaciones y decisiones encontradas723, la sentencia de primera instancia ordenó al Estado entregar la información respectiva a las víctimas y sus familiares en un plazo de 120 días724. El Estado sin embargo interpuso nuevamente una serie de recursos que condujeron a que sólo hasta el 9 de octubre de 2007, la decisión judicial adquiriera carácter definitivo. No obstante, según la Corte, es sólo hasta marzo de 2009 que en realidad se ordena la ejecución de la sentencia y el Estado comienza a ejecutar actos tendientes a cumplir con la decisión, los que incluirían, entre otras cosas, la entrega de numerosa documentación de las entidades estatales involucradas725.
La Corte reconoce los importantes avances que ha hecho el Estado de Brasil en este asunto, pero resalta tres hechos. En primer lugar, llama la atención sobre el hecho de que durante todo el proceso de la acción pública, el Estado hubiere alegado que la información no existía y que por ello era imposible entregarla, mientras que en 2009 entregó una cantidad considerable de información relacionada con el tema. En segundo lugar, la Corte atiende al hecho de que el Estado no hubiera entregado la información disponible desde los primeros requerimientos judiciales de 2003. Finalmente, llama la atención de la Corte que la sentencia definitiva y su posterior ejecución se hubiere retardado de manera injustificada726. Estos tres hechos, y la consideración según la cual las víctimas tenían derecho de acceder a la información solicitada y a acudir a un recurso que en un plazo razonable les protegiera su derecho, condujeron a que la Corte declarara la responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana727.
En uno de sus más importantes apartes, la Corte indica: “El Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso”728.
En consecuencia, la Corte consideró que el Estado debe continuar desarrollando las iniciativas de búsqueda, sistematización y publicación de toda la información sobre la Guerrilha do Araguaia así como de la información relativa a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar729; y lo exhortó a que adoptara todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que sean necesarias para fortalecer el marco normativo de acceso a la información, de conformidad con los estándares interamericanos730.
D. Estudio sobre los componentes de reparación a la libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana
La jurisprudencia interamericana ha desarrollado un extenso catálogo de medidas de reparación, varias de las cuales han sido otorgadas en los casos que se han relacionado con violaciones al derecho a la libertad de expresión. En los trece casos, resueltos a la fecha por la Corte Interamericana, el Tribunal ha ordenado medidas relacionadas con los cinco componentes de reparación descritos en la primera sección de este informe. Dada la naturaleza de los casos que han sido sometidos a conocimiento de los órganos interamericanos, algunos componentes han sido más desarrollados que otros. Sin embargo, existe una importante doctrina y jurisprudencia sobre cada una de las formas mediante las cuales los Estados pueden cumplir con su obligación internacional de proporcionar reparaciones, como se muestra en el análisis siguiente respecto del derecho a la libertad de expresión.
Dada la naturaleza del derecho a la libertad de expresión, algunas violaciones o restricciones indebidas a este derecho son susceptibles de ser reparadas a partir de medidas restitutivas. Así lo demuestra la jurisprudencia interamericana, la cual, en numerosos casos ha ordenado a los Estados a que adopten diversas medidas con el objetivo directo de restituir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, con ello, cesar la violación o restricción indebida.
A excepción del caso Cepeda Vargas contra Colombia, en todos los casos litigados ante la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, la CIDH ha solicitado medidas de reparación que incluyen componentes de restitución derivados de la vulneración del artículo 13 de la Convención Americana. En la gran mayoría de los casos, la Corte ha ordenado medidas de este tipo, en otros se ha referido al tema pero no ha ordenado directamente la medida dado que en algunos casos los Estados involucrados ya habían adoptado medidas para satisfacer este requerimiento, y en otros no ha hecho mención directa a las medidas de restitución solicitadas, como ocurrió en los casos Ríos y Otros contra Venezuela y Perozo y otros contra Venezuela.
En la jurisprudencia interamericana las medidas de restitución se han otorgado para ordenar: i) la restitución directa del derecho a la libertad de expresión; ii) la restitución de otros derechos convencionales vulnerados para ejercer una restricción indirecta a la libertad de expresión, como es el caso de los derechos a la propiedad, la ciudadanía o el trabajo; y iii) para ordenar el acceso a información pública. En adelante presentaremos con más detalle cada uno de estos escenarios.
En primer lugar, en los casos llevados a su conocimiento, los órganos interamericanos han encontrado que acciones que representan restricciones indebidas a la libertad de expresión deben ser suprimidas, revocadas o descontinuadas en orden a garantizar la restitución del ejercicio pleno del derecho. Esto puede ocurrir bien sea dejando sin efecto medidas adoptadas por los poderes públicos como medidas legislativas, administrativas o judiciales que impiden la libertad de expresión, o removiendo obstáculos interpuestos por particulares. Además, la restitución puede requerir de medidas materiales como la devolución de material incautado o el acceso a información requerida.
Una aclaración conceptual es importante en este punto. En distintas oportunidades la Corte Interamericana ha ordenado la reforma de marcos constitucionales y legales como una forma de reparación731. Generalmente se ha considerado, incluso en el propio texto de las decisiones del tribunal, que la reforma normativa es una forma de evitar que las vulneraciones se vuelvan a cometer y, en esa medida, son usualmente catalogadas como garantías de no repetición. Es cierto que la modificación de marcos normativos es una medida que va más allá de la violación concreta y que se erige como una medida prospectiva que evita la repetición de la misma conducta en otros posibles casos. Sin embargo, es también cierto que la modificación de las normas que llevaron a la vulneración del derecho en concreto es una medida necesaria, ya sea de manera directa o como un antecedente, para levantar las restricciones que ocasionaron la vulneración y que impiden el libre ejercicio del derecho a las víctimas concretas de los casos. Así, la modificación normativa es un paso ineludible para restituir el derecho conculcado y, por ende, su naturaleza restitutiva es evidente. Por ejemplo, una sanción administrativa o judicial producto de una legislación que limita indebidamente la libertad de expresión no podrá ser levantada, o dejada sin efectos, en tanto no se modifique de fondo la legislación que dio lugar a dicha orden. Por tanto, para restituir el derecho en el caso concreto no será suficiente en la gran mayoría de casos, sino que será necesario una reforma normativa estructural.
Un ejemplo de una orden que incluyó una medida administrativa dirigida a producir la restitución del ejercicio a la libertad de expresión puede encontrarse en el caso de La Última Tentación de Cristo contra Chile, en donde la Corte encontró que a través de una medida administrativa emitida por el “Consejo de Calificación Cinematográfica” de Chile se había impedido la exhibición de la película y, con ello, se había vulnerado la prohibición de la censura previa. La medida de reparación solicitada por la CIDH fue “autorizar la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película”. En dicho caso la Corte ordenó al Estado “modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película ‘La Última Tentación de Cristo’”732. Así las cosas, la orden de restitución combinó una medida de reforma normativa – constitucional en este caso – además de la reversión de los actos administrativos que en particular impidieron la difusión de la citada película.
Otras medidas administrativas se pueden referir no a la revocatoria de actos sino más bien la ejecución material de ciertas medidas que restituyan el derecho conculcado. Así, en concordancia con la obligación de garantizar el derecho, establecida por el artículo 1,1 de la Convención Americana, se ha ordenado a los Estados adoptar medidas de carácter positivo para permitir el ejercicio de la libertad de expresión. Un caso emblemático al respecto es el Caso Palamara Ibarne contra Chile en el cual, como medida de restitución, la CIDH solicitó a la Corte que ordenara al Estado que tomara medidas para “restituir todos los ejemplares del libro incautado así como también su matriz”, y para “permitir la inmediata publicación del libro”733.
En este caso la Corte consideró que la investigación sumaria administrativa adelantada contra el señor Palamara, la decisión de suspender la autorización que tenía para hacer publicaciones en un diario y la decisión de dar “término anticipado del contrato” entre el señor Palamara y una entidad del Estado constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y de expresión734. En consecuencia, la Corte estableció que el Estado debía permitir la publicación de su libro. Además, ordenó que el Estado debía “restituir, en el plazo de seis meses, todo el material del que fue privado” el señor Palamara, incluyendo los ejemplares del libro y el material relacionado que fue incautado por el Estado735. En tercer lugar, la Corte determinó que dada la importancia de la versión electrónica del texto para que el autor pudiera actualizarla y modificarla, era necesario que el Estado adoptara las medidas necesarias para que, en caso de no contar con el soporte electrónico del libro, rescatara toda la información proveniente de la versión impresa y la digitalizara en una versión electrónica, todo ello dentro del plazo de seis meses736.
Mayor oportunidad ha tenido la Corte para referirse a medidas de restitución del ejercicio de la libertad de expresión como consecuencia de decisiones judiciales que han sido utilizadas para coartar el derecho protegido por el artículo 13 de la Convención Americana737. Ello ha ocurrido en los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica738, Ricardo Canese contra Paraguay739, Palamara Iribarne contra Chile740, Kimel contra Argentina741, y Usón Ramírez contra Venezuela742. Es importante aclarar que, aun cuando en algunos de estos casos la Corte no ordenó medidas específicas de restitución – dado que algunos Estados ya habían adoptado medidas para corregir parcialmente las violaciones - la Corte hizo referencia a la entidad y alcance de tales medidas743.
El primer caso en que la Corte sentó doctrina sobre la entidad y el alcance de las medidas de reparación de restricciones a la libertad de expresión ocasionadas por decisiones judiciales fue el Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. En este caso, la CIDH argumentó que la condena penal impuesta al señor Herrera Ulloa configuraba una restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión. Para remediar esta restricción, la CIDH solicitó a la Corte “dejar sin efecto” la sentencia judicial, lo cual implicaba cinco componentes: i) dejar sin efecto la condena penal interpuesta al señor Herrera; ii) dejar sin efecto la orden de publicar dicha sentencia en las mismas condiciones en las que fueron publicados los artículos objeto de la querella; iii) retirar un enlace electrónico de la nota publicada en “La Nación Digital”; iv) dejar sin efecto la pena patrimonial por responsabilidad civil; y, v) dejar sin efecto la condenatoria en costas744.
Con base en los hechos del caso y los daños probados por la Corte Interamericana, este Tribunal inició a partir de este caso una doctrina que, con algunas variaciones, repetiría en sus casos subsiguientes. En primer término, la Corte ha determinado que en casos como éstos, la medida de restitución por excelencia es “dejar sin efecto” la sentencia - o sentencias - en todos sus extremos. Esto puede incluir, según el caso, acciones tales como: i) dejar sin efecto la declaración de responsabilidad penal que recaiga sobre la persona procesada745; ii) dejar sin efecto la pena, incluyendo las penas de prisión, las multas y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas746; iii) dejar sin efecto las condenas civiles resarcitorias que pudieren ocasionarse con la violación de la norma penal747; iv) dejar sin efecto las órdenes de publicación de las sentencias en medios de comunicación748; v) dejar sin efecto las órdenes de supresión de material informativo en medios electrónicos o de “retiro de enlaces electrónicos”749; vi) dejar sin efecto las órdenes a medios de comunicación para que establezcan enlaces electrónicos de las sentencias condenatorias a sus páginas electrónicas o sitios web750; vii) dejar sin efecto las órdenes relativas al pago de costas procesales751; viii) dejar sin efecto las órdenes de inscripción de los procesados en registros criminales o registros judiciales de delincuentes752; ix) y garantizar que la víctima “pueda gozar de su libertad personal sin las condiciones que le fueron impuestas”753.
Adicionalmente, como se desprende de las medidas anteriormente citadas, la Corte ha considerado que la cesación de efectos de las sentencias deberán incluir los alcances de éstas respecto de terceros, como es el caso de medios de comunicación. Finalmente, es importante resaltar que la Corte usualmente ha ordenado que sus decisiones sean cumplidas a través de “todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias”754, las cuales deberán ser adoptadas dentro de un plazo que varía entre los seis meses y un año.
En segundo lugar, se deben mencionar las medidas de reparación con carácter restitutivo ordenadas por la Corte cuyo objetivo es la restitución de un derecho convencional que ha sido vulnerado como un mecanismo para coartar indirectamente la libertad de expresión. Sobre este respecto, en la jurisprudencia interamericana podemos encontrar casos en los que se han ordenado medidas de reparación que recaen sobre derechos como la nacionalidad (Art. 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la propiedad (Art. 21), la libertad personal (Art. 7), y el derecho de circulación y de residencia (Art. 22).
El Caso Ivcher Bronstein contra Perú ejemplifica de manera clara el alcance de estas medidas de reparación. En aquél caso, la CIDH solicitó tres medidas con eminente carácter restitutorio: i) disponer el restablecimiento del título de nacionalidad peruana y su reconocimiento en forma plena e incondicional, con todos los derechos y atributos correspondientes; ii) disponer el restablecimiento del goce y el ejercicio del derecho de propiedad sobre sus acciones en la Compañía, y ordenar que recupere todos sus atributos como accionista y administrador de la misma; iii) garantizar al señor Ivcher el goce y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, y en particular, cesar los actos de hostigamiento y persecución en su contra, así como en contra de su familia y de su empresa. Tres derechos adicionales a la libertad de expresión se encuentran intrínsecamente relacionados con estas medidas: la nacionalidad, la propiedad y la integridad personal755.
La Corte se pronunció sobre los tres temas, aun cuando no ordenó todas las medidas solicitadas. Sobre la restitución de la nacionalidad, la Corte encontró que era una medida de reparación conducente, pero no la ordenó puesto que el Estado había realizado lo propio durante el trámite del caso ante la Corte756. Con respecto a la restitución de la propiedad, la Corte conminó al Estado para que “facilitar[a] las condiciones” para que el señor Bronstein pudiera realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía y obtuviera un resarcimiento relativo a los dividendos y las demás percepciones que le hubieran correspondido como accionista mayoritario y funcionario de dicha Compañía. Para ello, la Corte declaró que deberían aplicarse las normas de derecho interno y las controversias deberían ser sometidas ante las autoridades nacionales competentes757. Finalmente, respecto de las amenazas y otras medidas indirectas de limitación del derecho, la Corte fue menos específica y señaló de manera general que el Estado debía “garantizar al señor Ivcher el derecho a buscar, investigar y difundir información e ideas”758.
Otro caso que se relacionó con este tipo de medidas es el Caso Ricardo Canese contra Paraguay, en donde se solicitó dejar sin efecto las restricciones a las autorizaciones para la salida del país del señor Canese, pero que no fue otorgada en tanto que para la fecha en que se emitió la sentencia de la Corte IDH el Estado ya había adoptado medidas para dejar sin efecto estas restricciones759. De manera similar, en el ya mencionado Caso Usón Ramírez contra Venezuela la Corte decretó como consecuencia de la orden de dejar sin efecto la sentencia judicial, que se garantizara la restitución de la libertad del Señor Usón Ramírez760. Finalmente, en el también mencionado Caso Palamara Iribarne contra Chile, se solicitó además de la restitución de la propiedad, una reparación por motivo de la pérdida de oportunidad laboral que afectó al señor Palamara quien era contratista de una entidad estatal y su contrato fue cesado con motivo de su libro. En este tema, sin embargo, la Corte en lugar de ordenar una medida de restitución del trabajo – como lo ha hecho en otros casos no relacionados con libertad de expresión – prefirió más bien ordenar una medida de compensación, de conformidad con lo solicitado por la CIDH y los representantes de la víctima761.
En tercer lugar, en materia de medidas con carácter restitutivo se encuentran aquellas que se ordenan ya no a partir de restricciones a la difusión de información que se encuentra en poder de la sociedad, sino más bien para corregir aquellas situaciones en las cuales lo que se pretende es acceder a información en poder del Estado. En casos como estos, cuando indebidamente se impide el acceso a la información se restringe la libertad de expresión y, por ende, la medida evidente del ejercicio del derecho no es otra que garantizar el acceso a la información solicitada.
En la jurisprudencia interamericana se encuentran al menos cuatro casos en los cuales esta medida de reparación ha sido mencionada: Claude Reyes contra Chile762, Ríos y otros contra Venezuela763, Perozo y otros contra Venezuela764, y Gomes Lund contra Brasil765. En el caso Claude Reyes contra Chile la Corte Interamericana fue clara en la procedencia de esta medida, aun cuando la catalogó dentro de la sección relativa a “Otras medidas de satisfacción y garantías de no repetición”. La Corte fue explícita al ordenar que el Estado debía, a través de la entidad correspondiente, “entregar la información solicitada por las víctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto”766. Además, la Corte estableció que si el Estado consideraba que no correspondía al Comité de Inversiones Extranjeras procurar una parte de la información solicitada, tenía la carga de explicar fundamentadamente por qué no daba la información767.
Una medida similar fue solicitada por la CIDH en el reciente caso de Gomes Lund contra Brasil768. En concreto, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado realizar todas las acciones y modificaciones legales necesarias a fin de sistematizar y hacer públicos todos los documentos relacionados con las operaciones militares contra la Guerrilha do Araguaia769. Si bien la Corte consideró que el acceso a la información era la medida pertinente para corregir la falta de garantía del derecho, en el caso concreto se abstuvo de acceder a la petición de la Comisión. La Corte tuvo en cuenta algunas acciones del Estado en aras de sistematizar y dar publicidad a los documentos relativos al período del régimen militar, incluidos aquellos relacionados con la Guerrilha do Araguaia y, en consecuencia, estimó que no era correspondiente “dictar una medida de reparación adicional a este respecto, sin perjuicio de que el Estado debe continuar desarrollando las iniciativas de búsqueda, sistematización y publicación de toda la información sobre la Guerrilha do Araguaia, así como de la información relativa a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, garantizando el acceso a la misma”770.
Por su parte, en los casos Ríos y otros contra Venezuela y Perozo y otros contra Venezuela, la CIDH solicitó a la Corte como medida de restitución de la libertad de expresión que ordenara al Estado “permitir a las víctimas, trabajadores del canal RCTV, el acceso a las fuentes de información oficiales y dar cobertura a las noticias, es decir, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”771. En el caso Perozo y Otros contra Venezuela, la Corte estimó pertinente “disponer, como garantía de no repetición”, restablecer el acceso de los periodistas a la información y las fuentes oficiales, ordenando que el Estado adoptara “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de su libertad de buscar, recibir y difundir información”772.
Las medidas de compensación económica o indemnización han sido comunes en los casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión, aun cuando no han sido ordenadas en todos los casos. De hecho, la Corte no ordenó medidas de este tipo en cuatro casos: Última tentación de Cristo contra Chile, Claude Reyes contra Chile, Ríos y otros contra Venezuela, y Perozo y otros contra Venezuela. En los casos restantes, la Corte Interamericana ordenó indemnizaciones monetarias por concepto de daño inmaterial y, en algunos de ellos, por daño material.
La indemnización por daño material busca compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones, para lo cual la Corte toma en cuenta las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por las partes. La Corte es particularmente estricta al evaluar la prueba aportada para soportar este concepto. Si bien, en determinados casos, a partir de la prueba aportada la Corte ha recurrido al concepto de la equidad para fijar los montos determinados, si la parte no ha probado suficientemente el perjuicio concreto la Corte desestima la pretensión. Los casos de Ricardo Canese contra Paraguay773 y Tristán Donoso contra Panamá774 ejemplifican esta situación.
En el primero de ellos, la parte lesionada solicitó una indemnización tanto por el dinero dejado de percibir laboralmente con ocasión del procesamiento penal, como por los gastos que tuvo que incurrir a partir de éste. Respecto del primero, la Corte sostuvo que no fijaría indemnización alguna debido a que “no consta en el acervo probatorio de este caso prueba suficiente que permita establecer cuáles fueron los ingresos aproximados que aquel no percibió ni por cuáles actividades el señor Canese dejó de recibir ingresos fuera del país”775. En cuanto al daño emergente referido, la Corte tampoco encontró pertinente fijar indemnización alguna debido a que los representantes no señalaron cuáles fueron los gastos en que incurrieron que “tuvieren un nexo causal con los hechos del caso, distintos de los que hubiere asumido respecto de la tramitación ante los órganos judiciales internos”, tampoco “establecieron con claridad cuáles otras pérdidas de carácter pecuniario tuvo la víctima además de los alegados ingresos dejados de percibir”776.
Una decisión similar adoptó la Corte en el mencionado caso Tristán Donoso contra Panamá. Allí la Corte decidió no fijar indemnización, en tanto que no encontró prueba de los ingresos dejados de percibir en su actividad profesional. En consecuencia la Corte no tuvo elementos que le permitieran acreditar si efectivamente dichas pérdidas ocurrieron, si fueron motivadas por los hechos del caso y, eventualmente, cuáles habrían sido dichas sumas777.
En los casos en los cuales la Corte ha encontrado probado daños materiales se ha referido, por lo general, a dos cuestiones: el lucro cesante y el daño emergente. En materia de lucro cesante, es decir, los ingresos dejados de percibir por las víctimas como consecuencia directa de la violación, se destacan tres casos: Palamara Iribarne contra Chile, Kimel contra Argentina y Usón Ramírez contra Venezuela. En el caso Palamara la Corte tuvo en cuenta que la víctima había suscrito un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, el cual le fue cancelado de manera anticipada. En esa medida, la Corte tasó la indemnización con base en lo que el señor Palamara hubiera percibido si el contrato no hubiera sido cancelado778. En el mismo caso, la Corte determinó una indemnización en equidad para cubrir los ingresos dejados de percibir por la víctima como consecuencia de la privación del uso y goce de sus derechos de autor sobre el libro. En contraste, en el caso Kimel la Corte no disponía de un referente similar. No obstante, la Corte ordenó el pago de una indemnización por daño material en equidad teniendo en cuenta “la inhibición del señor Kimel para avanzar en nuevas propuestas y proyectos laborales y [el] supuesto menoscabo de su desarrollo profesional”779. De manera similar, en el caso Usón Ramírez la Corte tuvo en cuenta que la víctima era un General en situación de retiro que había desempeñado varios cargos públicos, inclusive el de Ministro de Finanzas. En esa medida, aun cuando no se habían comprobado los ingresos totales dejados de percibir, la Corte encontró que la trayectoria laboral del señor Usón Ramírez permitía establecer con “suficiente certeza” que durante los más de tres años que estuvo en prisión hubiera podido desarrollar alguna actividad o profesión remunerada780.
Indemnización monetaria por concepto de daño emergente ha sido ordenada también en tres casos: Palamara Iribarne contra Chile, Cepeda Vargas contra Colombia y Gomes Lund contra Brasil. En el caso Palamara la Corte ordenó la indemnización para cubrir los gastos ocasionados como consecuencia del sometimiento del señor Palamara Iribarne a los procesos penales militares, así como de la orden de abandonar, aproximadamente en el plazo de una semana, la casa fiscal en donde residía junto a sus tres hijos781. En los casos Cepeda Vargas y Gomez Lund la Corte ordenó indemnizaciones por los gastos incurridos por los familiares del homicidio y las desapariciones forzadas, respectivamente. Respecto de los primeros, la Corte sostuvo que en casos de homicidio es de presumir que los familiares directos incurren en “diversos gastos” con motivo de la ejecución. Además, en este caso la Corte tuvo en cuenta que algunos familiares tuvieron que salir del país, por lo cual incurrieron en diversos gastos por su manutención en el extranjero y su reinstalación en Colombia782. En el segundo caso, la Corte igualmente presumió que los familiares incurrieron en “gastos relacionados con servicios o atención médica y aquellos referentes a la búsqueda de información y de los restos mortales de las víctimas”783.
Por otra parte, la Corte ha determinado que el daño inmaterial puede comprender “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”784. La indemnización de este tipo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, debe ser fijada conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente, dado que no es susceptible de tasación precisa785. En ella usualmente se incluyen los sufrimientos, aflicciones, temores y angustias vividas por las víctimas786. Para determinar la entidad de estos, la Corte ha tenido en cuenta factores tales como: las violaciones cometidas, los sufrimientos ocasionados, el tratamiento recibido por las víctimas, el tiempo transcurrido, la denegación de justicia y de información, y el cambio en las condiciones de vida787.
La Corte ha tenido en cuenta como determinantes particulares de temor, angustia y sufrimiento situaciones relacionadas con la violación del derecho a la libertad de expresión, tales como: actos de persecución788, el adelantamiento de procesos penales789, la imposición de condenas penales790, la restricción a salir del país791, la inscripción en el registro de criminales792, la detención preventiva793, la restricción a la libertad de expresión derivada de las condiciones de la libertad condicional794, entre otras.
A su vez, la Corte ha reiterado en los distintos casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión, que estos actos producen consecuencias directas en la vida profesional, personal y familiar de las víctimas795. Aun cuando cada una de estas afectaciones depende de la vulneración concreta y las circunstancias de cada caso, la Corte ha señalado situaciones particulares en las cuales se ha afectado cada una de estas dimensiones. Así, la Corte se ha pronunciado sobre la afectación a la vida familiar en tres ocasiones. En el Caso Kimel contra Argentina, la Corte sostuvo que el proceso penal afectó la vida familiar y estabilidad económica796. En los casos Palamara y Usón Ramírez la Corte fue más concreta en la afectación familiar. En el primero de estos casos, la Corte sostuvo que las violaciones a la libertad de pensamiento y de expresión, las faltas de garantías procesales a las que se vio sometido por ser juzgado por tribunales militares en los procesos penales militares seguidos en su contra, las distintas privaciones arbitrarias a su libertad y la falta de protección judicial efectiva “dificultaron las relaciones familiares, debido a que, como consecuencia de los hechos, sus integrantes se vieron obligados a separarse”797. Finalmente, en el caso Usón, la Corte encontró que al haber sido condenado a una pena de prisión por varios años la víctima fue injustificadamente separada de su familia, lo cual produjo un daño que debía ser compensado798.
La Corte se pronunció específicamente respecto de la afectación a la vida profesional, en los casos Kimel, Palamara y Tristán Donoso. En el primero, la Corte valoró a la hora de tasar la indemnización por daño inmaterial el hecho de que el Señor Kimel había sido “desacreditado en su labor como periodista”, lo cual había conllevado al “menoscabo de su vida profesional”799. De manera similar la Corte valoró que el señor Palamara hubiera tenido “dificultades para conseguir trabajo relacionado con su profesión”800. En cuanto al señor Tristán Donoso, la Corte igualmente encontró que “fue desacreditado en su labor profesional, primero ante dos públicos relevantes, como lo eran las autoridades del Colegio Nacional de Abogados y la Iglesia Católica a la cual prestaba asesoría jurídica; luego socialmente, debido a la condena penal recaída en su contra”801, descrédito que ameritaba ser reparado.
Finalmente, en cuanto a la afectación de la vida personal, la Corte ha valorado consecuencias tales como el sentimiento de “indefensión e impotencia ante las actuaciones de las autoridades militares”802 padecido por el señor Palamara, la “ansiedad, angustia y depresión”803 enfrentada por el señor Kimel, y la vulneración de la vida privada del señor Tristán Donoso804, entre otras afectaciones.
Las medidas de satisfacción han sido adoptadas con regularidad en los casos relacionados con la violación del artículo 13 de la Convención. La Corte Interamericana ha recurrido a esta modalidad de reparación en once de los trece casos en los que los Estados fueron declarados responsables por violación de la libertad de expresión. Incluso en los dos casos restantes, a saber, el de la Última tentación de Cristo contra Chile y el de Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Corte hizo referencia a este tipo de medidas al indicar que la sentencia constituía per se una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las víctimas805.
En el mismo sentido, a excepción de los casos La última tentación de Cristo contra Chile y Usón Ramírez contra Venezuela, en todos los casos de libertad de expresión litigados ante la Corte Interamericana, la CIDH ha solicitado medidas de satisfacción. Cabe precisar, sin embargo, que en el caso Palamara Iribarne contra Chile, la CIDH solicitó, tanto a título de medida de restitución como de satisfacción, que se restituyeran los ejemplares del libro escrito por el peticionario que habían sido incautados y que se permitiera su inmediata publicación806. Este tipo de medidas encajan más apropiadamente en la categoría de restitución.
Existen tres medidas de satisfacción que usualmente han sido adoptadas por la Corte frente a las vulneraciones al derecho a la libertad de expresión. La más recurrente ha sido la publicación de algunos apartados de la sentencia y de su parte resolutiva, la cual ha sido establecida por la Corte en diez de los trece casos de libertad de expresión resueltos hasta el momento807. De hecho, esta medida únicamente no fue establecida en los tres primeros casos fallados en esta materia, a saber, La última tentación de Cristo contra Chile, Ivcher Bronstein contra Perú y Herrera Ulloa contra Costa Rica. Después de estos casos la Corte la ha ordenado sin falta. Las otras dos medidas que han sido dispuestas en varios casos, aunque en menor grado que la anterior, son la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad808; y la investigación de los hechos que generaron las violaciones, así como la judicialización y eventual sanción de los responsables809. Adicionalmente, en varios casos la Corte ha subrayado que la sentencia constituye en sí misma una medida de satisfacción810.
La publicación parcial de la sentencia en la que se declara la responsabilidad internacional del Estado ha sido adoptada en casos de diversa naturaleza. Así, la medida se ha contemplado frente a casos de criminalización811, de actos de violencia que obstaculizan o anulan la libertad de expresión812, de censura previa813 y de acceso a la información814. En todos estos, la Corte ha determinado que el Estado publique, por una sola vez, en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional, la parte resolutiva de la sentencia, así como algunos apartados que usualmente incluyen el capítulo de hechos. Para el cumplimiento de esta medida se ha otorgado un plazo de seis meses. Cabe resaltar que en algunos casos, la Corte ha contemplado maneras adicionales de difusión del fallo como medida de satisfacción. En los tres últimos casos sobre libertad de expresión resueltos por la Corte, a saber, Usón Ramírez contra Venezuela815, Manuel Cepeda Vargas contra Colombia816 y Gomes Lund y otros contra Brasil817, así como en Palamara Iribarne contra Chile818, se dispuso que la sentencia se publicara en su integridad en un sitio web oficial. Adicionalmente, en el más reciente caso (Gomes Lund y otros contra Brasil) la Corte, en respuesta a una petición de los representantes de las víctimas, ordenó la publicación de la sentencia en formato de libro electrónico819.
La realización de actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado ha sido considerada como una medida de satisfacción adecuada cuando la violación al artículo 13 de la Convención se da como consecuencia de otras graves vulneraciones a los derechos humanos, especialmente de atentados contra la vida y la integridad personal. En efecto, dos de los tres casos en los cuales la Corte ha ordenado una medida de este tipo, a saber, el de Manuel Cepeda Vargas contra Colombia820 y el Gomes Lund y otros contra Brasil821, comparten el hecho de referirse a violaciones múltiples de derechos que involucran atentados contra la vida y la integridad personal en el contexto de una grave situación de violencia política. En este sentido, el acto público de reconocimiento opera como medida de satisfacción frente a una situación compleja de violación de derechos en la cual se inscribe la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
En contraste con lo anterior, ese tipo de medida de satisfacción ha sido inusual en casos en los que la violación a la libertad de expresión no ocurre en conexión con vulneraciones a la vida o a la integridad personal. El único caso en el cual la Corte dispuso la realización de un acto público de reconocimiento fue en Kimel contra Argentina822. En otros casos similares a este como Herrera Ulloa contra Costa Rica, Ricardo Canese contra Paraguay, Palamara Iribarne contra Chile, Tristán Donoso contra Panamá y Usón Ramírez y otros contra Venezuela, la Corte se abstuvo de decretar una medida de dicha naturaleza, pese a que, al igual que el caso Kimel, se referían a la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión en asuntos de notorio interés público. De hecho, en algunos de estos casos, la Corte no estableció la medida de satisfacción, a pesar de que fue solicitada por la CIDH. En efecto, en los casos Ricardo Canese contra Paraguay y Herrera Ulloa contra Costa Rica, la CIDH pidió que se ordenara el otorgamiento de una disculpa pública por las violaciones en las que incurrieron los Estados. De modo similar, en el caso Tristán Donoso contra Panamá, la CIDH solicitó el reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado. En los dos primeros casos la Corte no decretó la medida bajo el argumento de que la sentencia constituía per se una forma de reparación823. En el caso Tristán Donoso, la Corte, refiriéndose al caso Kimel, indicó lo siguiente: “si bien en un caso reciente relativo al derecho a la libertad de expresión fue considerado oportuno que se llevara a cabo un acto público de reconocimiento por las circunstancias particulares del mismo, dicha medida usualmente, aunque no exclusivamente, es ordenada con el objeto de reparar violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales. El Tribunal no estima que dicha medida resulte necesaria para reparar las violaciones constatadas en el presente caso. En este sentido, la medida que se deje sin efecto la condena penal y sus consecuencias, esta Sentencia y su publicación constituyen importantes medidas de reparación”824.
En el caso Kimel contra Argentina, en el cual por primera vez se dispuso un acto público de reconocimiento como medida de reparación en materia de libertad de expresión, la Corte se limitó a ordenar su realización825. Por su parte, en las sentencias posteriores correspondientes a los casos Manuel Cepeda Vargas contra Colombia y Gomes Lund y otros contra Brasil, la Corte fijó condiciones más específicas acerca de la manera como tal reconocimiento debía realizarse. Así, en el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, la Corte precisó los contenidos mínimos a los cuales se debía hacer referencia en el acto y determinó además que la “ceremonia pública deberá realizarse en lo posible, con el acuerdo y participación de las víctimas, si es su voluntad, y en aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”826. Asimismo, el Tribunal resaltó el valor que tenía el acto público en este caso para “la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”827. En sentido similar, en el caso Gomes Lund y otros contra Brasil, la Corte estableció que “[e]l acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, en presencia de altas autoridades nacionales y de las víctimas del presente caso”828 y que “[e]l Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”829. Adicionalmente dispuso que el “acto deberá ser difundido a través de medios de comunicación”830.
La investigación y enjuiciamiento de los responsables constituyen medidas de satisfacción (y también garantías de no repetición) adecuadas en casos relativos a restricciones indirectas a la libertad de expresión, derivadas de faltas o delitos cometidos por funcionarios públicos o particulares. En los cuatro casos en los cuales la Corte ha ordenado este tipo de medida, las violaciones al artículo 13 de la Convención ocurrieron como consecuencia de actuaciones arbitrarias por parte de autoridades públicas –caso Ivcher Bronstein contra Perú–, actos de violencia y hostigamiento por parte de particulares –caso Perozo y otros contra Venezuela y caso Ríos y otros contra Venezuela– y un atentado contra la vida –caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia–. Según la jurisprudencia interamericana, en este tipo de casos los Estados deben, a título de reparación, investigar los hechos que generaron las violaciones para identificar y sancionar los responsables de las mismas831.
En los casos en que la violación del artículo 13 de la Convención ha afectado el derecho a buscar y recibir información, la Corte ha dispuesto la entrega de la información solicitada por las víctimas o, en su defecto, la motivación fundada de la negativa a proporcionarla, como una medida de satisfacción. Así lo hizo en el caso Claude Reyes y otros contra Chile832, aunque cabe señalar que la CIDH había solicitado esta medida pero a título de restitución. Por su parte, en el caso Gomes Lund contra Brasil, la Corte señaló que el Estado debía adoptar “todos los medios necesarios para localizar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas y entregarlos a los familiares”833.
Otras medidas de satisfacción frente a las violaciones a la libertad de expresión están constituidas por aquellos actos de alto contenido simbólico que tienen la capacidad de revalorizar y dignificar la posición de las víctimas en el ámbito social. Ejemplos de este tipo lo constituyen las medidas de reparación adoptadas por la Corte en el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, una de ellas consistente en el otorgamiento de una beca con el nombre del senador asesinado para adelantar estudios universitarios en ciencias de la comunicación o periodismo en una universidad pública de Colombia834, y la otra en la realización y publicación de un documental sobre la vida periodística y política del mismo835.
Las medidas de rehabilitación han sido las más inusuales en la jurisprudencia interamericana relacionada con violaciones a la libertad de expresión. La Corte únicamente las ha adoptado en los casos Manuel Cepeda Vargas contra Colombia y Gomes Lund y otros contra Brasil. En el primero, la Corte indicó que era “preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos e inmateriales sufridos por las víctimas en virtud de las violaciones declaradas en la presente Sentencia”836. En sentido similar, en caso Gomes Lund advirtió que resultaba necesaria “una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas”837. En atención a esto, en ambos casos la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas de forma gratuita e inmediata, y por el tiempo que fuera necesario, incluida la provisión de medicamentos838.
Tal como ya se advirtió, los casos Gomes Lund y Manuel Cepeda Vargas comparten el hecho de que la violación a la libertad de expresión se encuentra inscrita en una situación más amplia de vulneración de derechos, que incluye atentados contra la vida y la integridad personal. En este sentido, las medidas de rehabilitación han sido consideradas como adecuadas para reparar a las víctimas que han sido sometidas a situaciones complejas de afectación de sus derechos. En contraste, en los casos de violación a la libertad de expresión que no siguen este patrón, la reparación de los padecimientos psicológicos y las afectaciones emocionales causadas, por ejemplo, por el sometimiento a un proceso penal y la imposición de una condena, ha operado fundamentalmente a través de la adopción de medidas de compensación por concepto de daño inmaterial. Así lo ha dispuesto la Corte incluso en casos en los que existía prueba de la existencia de una afectación a la salud mental. Por ejemplo, en el caso Kimel contra Argentina, una de las pruebas tenidas en cuenta para tasar el daño inmaterial fue la declaración de un médico psiquiátrico que daba cuenta del padecimiento por parte del señor Kimel de un “trauma psíquico prolongado” consistente en “[s]índrome de estrés postraumático con manifestaciones clínicas de ansiedad generalizada, síntomas depresivos y trastornos de somatización”839. A pesar de esta evidencia, la Corte optó por establecer una medida de compensación, en lugar de una de rehabilitación.
Las medidas orientadas a establecer garantías de no repetición han sido solicitadas por la CIDH y adoptadas por la Corte en la gran mayoría de los casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Las garantías de no repetición usualmente dispuestas en la jurisprudencia interamericana se pueden clasificar en tres categorías: a) adecuación del ordenamiento jurídico interno de conformidad con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión; b) capacitación a funcionarios públicos sobre el derecho a libertad de expresión y c) adopción de medidas orientadas a garantizar la protección efectiva del derecho conculcado.
La adecuación del ordenamiento jurídico interno es una medida que resulta especialmente adecuada en aquellos casos en los cuales la vulneración del derecho a la libertad de expresión ha operado en virtud o al amparo de disposiciones legales. En la jurisprudencia interamericana este tipo de medida fue utilizada en el caso de La última tentación contra Chile, en el cual Corte determinó que el Estado debía “modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa”840. Adicionalmente, esta garantía de no repetición ha sido utilizada en la mayoría de casos de criminalización con el objeto de que los Estados modifiquen su ordenamiento penal. En los casos Ricardo Canese contra Paraguay y Tristán Donoso contra Panamá, la Corte se abstuvo de adoptar una medida de esta naturaleza al constatar que los Estados en cuestión ya habían realizado reformas a su normatividad penal para adecuarlas a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión841.
En los casos de Palamara Iribarne contra Chile, Kimel contra Argentina y Usón Ramírez contra Venezuela, la Corte dispuso algún tipo de adecuación de las normas en virtud de las cuales las víctimas fueron sometidas a un proceso penal y sancionadas. La Corte dio indicaciones precisas en cada caso acerca del alcance de las reformas que debían implementarse. En Palamara Iribarne contra Chile señaló, en relación con la legislación sobre desacato, que el Estado debía adoptar “todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior”842; en Kimel contra Argentina dispuso que se debían corregir las “imprecisiones” del marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias, de tal modo que “no se afecten el ejercicio de la libertad de expresión”843; y en Usón Ramírez contra Venezuela, luego de advertir que el artículo del Código Orgánico de Justicia Militar por el cual fue juzgada y condenada la víctima “no delimita[ba] estrictamente la conducta delictuosa[…] resultando así en una tipificación amplia, vaga y ambigua”844, determinó que el Estado debía modificar la norma para adecuarla a los artículos 2, 7, 8, 9 y 13 de la Convención, e igualmente dispuso que debía derogar la normatividad interna que permitía el juzgamiento de civiles por militares845.
La segunda garantía de no repetición, consistente en la capacitación de funcionarios públicos, constituye una medida adecuada para superar las fallas institucionales que ocasionaron en un caso concreto la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Un ejemplo de este tipo de medida se encuentra en el caso Claude Reyes contra Chile en el cual, ante las fallas comprobadas del Estado en materia de garantía de acceso a la información, la Corte dispuso que este debía “realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información”846.
En otros casos, sin embargo, la Corte no ha considerado necesario ordenar este tipo de medida. Así, en el caso Tristán Donoso contra Panamá, la Corte no aceptó la petición de los representantes de las víctimas en el sentido de ordenar la capacitación de funcionarios judiciales sobre estándares de protección del derecho a la honra y la libertad de expresión en asuntos de interés público. Según la Corte, resultaba “suficiente a fin de reparar las violaciones encontradas en el presente caso que el Estado asegure la difusión de la presente Sentencia a través de su publicación”847.
La tercera categoría de garantía de no repetición corresponde a la adopción de medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho. Se trata de una medida de carácter genérico que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede concretarse en órdenes más específicas, pero que en otros casos se mantiene con un alto grado de generalidad, de tal modo que se deja a los Estados un amplio margen de definición. Por ejemplo, en los casos Ríos y otros contra Venezuela y Perozo y otros contra Venezuela, ambos relativos a actos de violencia y hostigamiento dirigidos por particulares en contra periodistas, la Corte se limitó a ordenar al Estado que adoptara “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas”848. Como puede advertirse, la Corte únicamente determinó el objetivo que debe ser alcanzado con la medida, pero dejó al Estado el poder de definición de las medidas que estimara convenientes para alcanzarlo.
Un caso en el cual la Corte adoptó una medida más concreta fue el de Claude Reyes contra Chile. En este, el Tribunal dispuso que el Estado chileno debía “adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”849. La Corte dictó la orden genérica, pero además de eso indicó al menos una medida específica que debía ser implementada a efectos de garantizar efectivamente la protección del derecho en cuestión.
No siempre la Corte ha considerado necesario fijar medidas de esta naturaleza. Un ejemplo es el caso Ivcher Bronstein contra Perú en el cual la CIDH había solicitado que se dispusiera la adopción de medidas legislativas y administrativas para evitar que se repitieran hechos similares en el futuro, pero la Corte se abstuvo de hacerlo bajo la idea de que el Estado ya había “tomado providencias con este propósito”850. Concretamente, la medida se refería a la aprobación, por parte del Congreso del Perú, de una resolución mediante la cual restablecía íntegramente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en Perú.

References: artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
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 resolución 
 resolución