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Timestamp: 2019-05-21 03:42:35+00:00

Document:
INFORME 3/1997, DE 21 DE MARZO, EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO SOBRE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
A través de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, se recibe en la Secretaría de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa la consulta de la Asesoría Jurídica que se transcribe a continuación:
Se nos ha solicitado el bastanteo de poderes de la asociación Sociedad Española de Ornitología (constituida al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964) de Madrid, para su inscripción en el Registro de Licitadores, y a la vista de la documentación remitida se observa:
1.- La asociación tiene como fin: el estudio científico y la conservación de las aves silvestres y de su hábitat, y, en particular, de las que habitan en territorio español o transitan por él, promoviendo entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la naturaleza en general.
2.- En el artículo 3 de sus estatutos se prevé que la asociación pueda concurrir a concursos y subvenciones "para la realización de trabajos científicos, de conservación o de educación ambiental (...)".
Aparentemente contempla la contratación con la Administración para la realización de actividades más allá de sus propios fines sociales.
Esta Asesoría ha sostenido el criterio, hasta la fecha, de que las asociaciones para poder presentarse a concursos y subastas convocados por la Administración, y en consecuencia contratar con la misma, debía estar previsto expresamente en sus estatutos como posibilidad de actuación, con la limitación derivada de sus fines sociales por el objeto del contrato y siempre que estuvieran dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y registradas y reconocidas como tales por el Ministerio de Justicia.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), en su Título II "De los requisitos para contratar con la Administración", regula específicamente la capacidad y solvencia de las empresas y la clasificación y registro de empresas. Por lo que aparentemente sólo las empresas pueden contratar con la Administración.
El Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley, en su Capítulo II "De la capacidad de las empresas", en su artículo 4, establece que la capacidad de las personas jurídicas se acreditará mediante la inscripción en Registro Mercantil o en el correspondiente Registro oficial.
Interpretando la Ley de Contratos y el Reglamento de desarrollo de forma sistemática, parece que debe de entenderse por empresa y empresario la caracterización contenida en el Código de Comercio (organización, habitualidad en ejercicio y afán de lucro). En consecuencia, sólo serían empresas las sociedades mercantiles, con carácter general, y aquellas personas jurídicas que organizadas de forma societaria, realizaran actividades empresariales (es decir, reunieran los requisitos señalados en el Código de Comercio), aunque el afán de lucro estuviera mediatizado por la necesaria reinversión parcial o total (ej: cooperativas, en sus distintas modalidades).
Con esta interpretación se excluiría a las asociaciones por no reunir los requisitos señalados, ya que de admitirlas con carácter general como licitadores podría vulnerar principios, ya que no concurrirían en igualdad de condiciones con las empresas (artículo 11 de la LCAP), alterando las normas de la competencia. Sin perjuicio de que, por la naturaleza del objeto del contrato, fuera deseable su concurrencia a un proceso por razones de utilidad pública o interés social.
En cuanto a las federaciones y confederaciones de asociaciones, quedarían excluidas por tener como finalidad la defensa de su asociados.
Parece más adecuado que la vía fuera a través de convenios de colaboración y no de contratos adjudicados en procesos de contratación, salvo que por la naturaleza (ej: formación específica cuando esté dentro de los fines sociales y tenga relación con el objeto de la asociación) del contrato fuera adecuada su concurrencia y sin perjuicio de la utilidad o fin social.
Por lo que se cuestiona, para que en su caso si se estima procedente se someta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acerca de:
Primero.- Si pueden las asociaciones, constituidas al amparo de la Ley de 1964, contratar libremente con la Administración presentándose a subastas y concursos.
Segundo.- Si pueden las asociaciones (y en su caso las fundaciones sin ánimo de lucro y que no realicen actividades mercantiles que la Ley les reconoce) inscribirse en un Registro de Licitadores.
Son dos las cuestiones planteadas por la Asesoría Jurídica, la primera, sobre la capacidad de las asociaciones para contratar con las Administraciones Públicas y, la segunda, sobre la posibilidad de inscribir asociaciones en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, lo que se hace extensivo a las fundaciones.
La primera de las cuestiones planteadas debe ser resuelta a la luz del artículo 15 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP), y, la segunda, según la normativa del Decreto 125/1996, de 29 de agosto, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.
1.- El Título II del Libro I de la LCAP se denomina "De los requisitos para contratar con la Administración". El artículo 15, bajo el título "Capacidad de las empresas", recoge los requisitos que se deben reunir para ser sujeto contratante con las Administraciones Públicas. Este precepto establece: "podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo a esta Ley sea exigible".
En el concepto civilista, dos elementos son indispensables para que exista persona jurídica:
1) Que aparezca una entidad independiente de sus componentes, incluso de los individuos humanos que la constituyen.
2) Que a esta entidad le sean reconocidos derechos y obligaciones que no sean los de los miembros componentes.
El artículo 35 del Código Civil establece:
"Son personas jurídicas:
1) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
2) Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la Ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados."
La capacidad de dichas personas jurídicas viene determinada, para las incluidas en el primer apartado, por sus estatutos, y, las segundas, se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste. La capacidad de obrar, entendida como cualidad jurídica que afecta a la eficacia de cada uno de sus actos, se presume de las asociaciones que han sido constituidas conforme a la Ley.
La vigente Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones (preconstitucional), establece el procedimiento de inscripción de las asociaciones en los correspondientes Registros de asociaciones.
En dicha norma, modificada (artículo 4) por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General, se incluye la regulación de las asociaciones declaradas de utilidad pública, excluyéndose las que se rigen por las disposiciones relativas al contrato de sociedad y se constituyan con arreglo al derecho civil o mercantil.
Reconocida, con carácter general, la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de las asociaciones, esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que para contratar con las Administraciones Públicas las asociaciones deberán acreditar:
a) Su personalidad jurídica, aportando la documentación pertinente.
b) La adecuación de sus fines sociales al objeto del contrato de que se trate.
c) El alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas.
d) La solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se requiera para la licitación.
e) No incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de la LCAP, así como en ninguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley estatal 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de Altos Cargos, ni en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
f) La constitución de las garantías correspondientes.
2.- El Decreto 125/1996, de 29 de agosto, en su artículo 5 establece:
"La inscripción en el Registro puede ser solicitada por todas aquellas personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que deseen contratar con los distintos órganos administrativos competentes de la Comunidad de Madrid.
Esta inscripción tiene el carácter de voluntaria, sin que la misma sea un requisito obligatorio para poder concurrir a la licitación".
De la simple lectura del mismo resulta que no existe prohibición o limitación para la inscripción de las asociaciones, una vez visto, según lo expuesto en el apartado anterior, que tienen personalidad jurídica y, en principio, capacidad para contratar con la Administración, debiéndose entender que podrán ser objeto de inscripción en el Registro junto a los "comerciantes" con la amplitud que resulta del artículo 1 del Código de Comercio -sociedades mercantiles y empresarios individuales-.
Es por ello por lo que en principio las asociaciones sí pueden admitirse para su inscripción en el Registro de Licitadores, siempre que se den los requisitos exigidos en la norma que regula la organización y funcionamiento de éste.
Sin embargo, esta Junta considera que en las normas fundacionales de las asociaciones debe aparecer entre sus fines alguna actividad, distinta de la exclusiva defensa de los intereses de sus asociados, que pueda ser contratada por las Administraciones Públicas.
Todo lo dicho para las asociaciones, tanto para poder contratar con las Administraciones Públicas, como para su inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, es trasladable a las fundaciones, cuya diferencia sustancial con las asociaciones reside en que aquéllas se constituyen por la voluntad de un tercero que fija las reglas invariables por las cuales se han de regir y su fin, dotándolas de un patrimonio para poder alcanzarlo. Las fundaciones, al igual que las asociaciones, tienen personalidad jurídica que comienza desde el instante mismo en que con arreglo a derecho hubiesen quedado válidamente constituidas.
Para proceder a la inscripción de asociaciones y fundaciones, en el examen de la documentación que aporten, habrá que comprobar:
a) Que han sido válidamente constituidas conforme a derecho.
b) Que aporten la documentación requerida y exigida por el Decreto 125/1996, de 29 de agosto, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Registro de Licitadores.
c) Que en sus normas fundacionales aparezca entre sus fines alguna actividad, distinta de la exclusiva defensa de los intereses de sus asociados, que pueda ser contratada por las Administraciones Públicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, haciendo extensivas las consultas planteadas sobre las asociaciones a las fundaciones, resultan las siguientes,
1.- Las asociaciones y fundaciones sí pueden contratar con las Administraciones Públicas, debiendo acreditar:
a) Que han sido constituidas conforme a derecho.
d) La solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se requiera para la licitación
2.- Las asociaciones y las fundaciones podrán ser inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid siempre que se den las siguientes circunstancias:
a) Que hayan sido válidamente constituidas conforme a derecho.

References: artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 1