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BOE.es - Documento BORM-s-2000-90008
Documento BORM-s-2000-90008
Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.Ver texto consolidado
«BORM» núm. 50, de 1 de marzo de 2000, páginas 2567 a 2589 (23 págs.)
BORM-s-2000-90008
La Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia, es la norma fundamental en el ámbito económico-financiero del sector público regional; en ella se establecen los principios generales de la Hacienda Pública Regional, y se regula el régimen jurídico de sus derechos y obligaciones de naturaleza económica; asimismo, en ella se regula el régimen jurídico básico de aspectos fundamentales de la Hacienda Pública Región, como son los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y la Gestión Económico-Financiera, el Tesoro Público Regional y la Deuda Pública Regional, y el Control Interno y la Contabilidad Pública.
– Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia.
– Disposición Adicional Primera de la Ley 3/1991, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1992.
– Disposición Adicional Undécima de la Ley 5/1992, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1993.
– Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1993, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1994.
– Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1995.
– Disposición Adicional Vigésimo segunda de la Ley 13/1995, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1996.
– Disposición Adicional Quinta de la Ley 11/1996, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1997.
– Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y Explotación de Infraestructuras de la Región de Murcia.
– Disposición Adicional Sexta de la Ley 7/1997, de 29 de octubre, de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.
– Artículos 6 y 10 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Presupuestarias y Administrativas.
– Artículo 1 de la Ley 7/1998, de 4 de diciembre, de Modificación de la Ley 3/1990, de Hacienda de la Región de Murcia, y de adecuación de determinadas disposiciones tributarias a la normativa estatal.
– Artículo 5 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional.
Dado en Murcia, a dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.–El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.–El Consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE HACIENDA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 1. Definición y prerrogativas de la Hacienda Pública Regional.
2. La Administración Pública Regional y sus organismos autónomos tendrán el mismo tratamiento fiscal que la ley otorga al Estado. En la gestión de los derechos económicos y en el cumplimiento de sus obligaciones de la Hacienda Pública Regional gozará de las prerrogativas reconocidas en las leyes.
b) Por las leyes específicas en la materia que apruebe la Asamblea Regional.
c) Por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y durante su vigencia.
d) Por la legislación general del Estado en la materia, en los casos previstos expresamente en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la presente Ley.
Artículo 3. Funciones de la Administración financiera de la Comunidad Autónoma.
a) El cumplimiento de las obligaciones económicas de sus órganos, organismos autónomos y empresas públicas, a través de la gestión y aplicación de sus recursos a las finalidades que sean competencia de la Comunidad Autónoma, conforme a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia y economía, y su programación y ejecución atenderá, asimismo, a los principios de territorialidad y solidaridad.
b) La colaboración en materia financiera y tributaria con los entes locales de la Región, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como la ordenación y control de las instituciones financieras y crediticias que operen en el ámbito de la Región de Murcia.
2. Las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados por la Administración Regional en lo referente a ingresos de derecho público, con excepción de los tributos cedidos y de los recargos establecidos sobre tributos del Estado, tendrán naturaleza económico-administrativa, y su conocimiento y resolución corresponde en única instancia al Consejero de Economía y Hacienda, que agotará, en todo caso, la vía económico- administrativa.
Artículo 4. Principios de la Hacienda Pública Regional.
a) De presupuesto único anual, el cual se elaborará considerando los objetivos y prioridades establecidos por la ordenación y planificación de la actividad económica regional.
b) De unidad de caja, para lo cual se integrarán y custodiarán en el Tesoro Público Regional todos del fondos y valores de la Hacienda Pública Regional.
c) De control de todas las operaciones de contenido económico, según las normas contenidas en esta Ley para cada ente.
d) De contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, como para facilitar datos e información, en general, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 5. Organismos autónomos.
Artículo 6. Empresas públicas regionales.
a) Las entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica propia, que por Ley hayan de ajustar su actuación al derecho privado.
b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital tenga participación mayoritaria, ya sea directa o indirectamente, la Administración Pública Regional, sus organismos autónomos u otras empresas públicas regionales.
Artículo 7. Principio de reserva de ley.
a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como sus modificaciones a través de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los términos previstos en la presente Ley.
b) El establecimiento, modificación y supresión de los tributos propios y de los recargos sobre los impuestos del Estado, así como sus exenciones y bonificaciones.
c) La emisión y regulación de la deuda de la Administración Pública Regional y de sus organismos autónomos, así como las autorizaciones para concertar operaciones de crédito superiores a un año y otorgar avales.
d) El régimen general y especial en materia financiera de los organismos autónomos regionales.
e) El régimen de patrimonio y contratación de la Comunidad Autónoma.
f) Cualesquiera otras que según el ordenamiento vigente deban regularse por ley.
Artículo 8. Competencias del Consejo de Gobierno.
a) Aprobar los Reglamentos para la aplicación de la misma.
b) Elaborar y aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; presentarlo para su examen, enmienda y aprobación por la Asamblea Regional, y ejecutarlo conforme a las normas presupuestarias.
c) Ordenar los gastos en los supuestos legalmente previstos.
d) Prestar o denegar la conformidad a la tramitación de las proposiciones de ley o enmiendas que impliquen un aumento de los créditos presupuestarios del estado de gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios.
e) Determinar las directrices de la política económica y financiera de la Comunidad Autónoma.
f) Cualesquiera otras que le estén atribuidas por el Estatuto de Autonomía y las leyes.
a) Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y acuerdos atribuidos a la competencia de éste en las materias propias de esta Ley.
b) Elaborar y someter al Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
c) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda Pública Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los titulares de los organismos autónomos.
d) Velar por la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y por el cumplimiento de las disposiciones referentes a la Hacienda Pública Regional.
e) La función de ordenación de pagos.
f) Proponer al Consejo de Gobierno la colaboración en materia financiera y tributaria con los entes locales de la Región, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía.
g) Dictar las disposiciones y resoluciones que procedan en el ámbito de las materias propias de esta Ley.
h) Las demás competencias o funciones que le atribuyen las leyes en las materias propias de esta Ley.
Artículo 10. Competencias de los Consejeros.
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente al estado de gastos de la Consejería en los términos establecidos en esta Ley.
b) Gestionar los créditos presupuestarios de sus respectivas Secciones.
d) Autorizar, disponer o comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno, y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.
e) Proponer el pago de las obligaciones al ordenador de pagos.
f) Las demás que les atribuyan las leyes.
Artículo 11. Competencias de los titulares de los organismos autónomos.
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del organismo.
b) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de los organismos autónomos de los que son titulares.
c) Autorizar, disponer o comprometer los gastos, que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno, y ordenar los pagos según el presupuesto aprobado del organismo.
d) Las demás que le atribuyan las leyes.
Artículo 12. Derechos económicos de la Hacienda Pública Regional.
a) Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
b) Los ingresos procedentes de los tributos que sean cedidos total o parcialmente por el Estado.
c) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
d) Los ingresos procedentes de los recargos que pudiesen establecerse sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión.
h) Las asignaciones que se pueden establecer con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de otros entes nacionales o supranacionales.
i) Los ingresos de sus propios precios públicos.
Artículo 13. Principio de no afectación de los recursos.
Artículo 14. Órganos competentes para la administración de los recursos.
Artículo 15. Rendimientos procedentes del patrimonio.
Artículo 16. Administración de los tributos y otros ingresos de derecho público.
b) A las leyes de la Asamblea Regional.
c) A los reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.
d) A las normas de desarrollo dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 17. Gestión recaudatoria.
Las deudas de derecho público que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que se establezcan en sus normas reguladoras.
Para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por precios públicos, los plazos de ingreso en período voluntario serán los que se establezcan en la normativa reguladora de las mismas.
Artículo 18. Límites a los derechos económicos de la Hacienda Pública Regional.
1. No se podrán enajenar, gravar, ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública Regional, salvo en los supuestos establecido por las leyes.
Artículo 19. Prerrogativas de la Hacienda Pública Regional. Procedimiento de apremio.
2. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se indentificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente. Esta providencia, expedida por el órgano competente, es el título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
Artículo 20. Intereses de demora.
3. Para las deudas tributarias se aplicará el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, incrementado en un veinticinco por ciento; salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, en cuyo caso se aplicará este último.
Artículo 21. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública Regional.
a) El derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
Artículo 22. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones económicas de la Hacienda Pública Regional.
Artículo 23. Prerrogativas de la Hacienda Pública Regional.
Artículo 25. Prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública Regional.
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública Regional de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.
Artículo 26. Tercerías y reclamaciones previas a la vía judicial.
Artículo 27. Concepto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos, y los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las empresas públicas regionales.
Artículo 28. Ambito temporal de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados dentro del mismo y con cargo a los respectivos créditos.
Artículo 29. Contenido de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
2. Los Presupuestos Generales de las Comunidad Autónoma contendrán:
a) Los estados de gastos en los que se incluirán, debidamente especificados, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
c) Los estados financieros de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, y los estados financieros de las empresas públicas regionales que se determinan en el artículo 57.4.
Artículo 30. Estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
a) La clasificación orgánica agrupará los créditos por Secciones y Servicios presupuestarios.
b) La clasificación funcional agrupará los créditos, según la naturaleza de las actividades a realizar por los distintos órganos de la Comunidad Autónoma, con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que establecerán, de acuerdo con la Consejería de Economía y Hacienda, un sistema de objetivos que sirva de marco a su gestión presupuestaria, y, de conformidad con ellos, se clasificarán los créditos por programas.
– En los créditos para gastos corrientes se distinguirán los de funcionamiento de los servicios, los gastos financieros y las dotaciones de transferencias corrientes.
– En los créditos para gastos de capital se distinguirán los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.
Artículo 31. Procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
a) La cuenta consolidada de los Presupuestos Generales.
b) Las memorias explicativas de los contenidos de cada uno de ellos y de las principales modificaciones que presenten en relación con los Presupuestos Generales en vigor.
c) La liquidación de los Presupuestos Generales del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.
e) Los programas, estados financieros y memorias de las empresas públicas a que se refiere el artículo 57.5.
Artículo 32. Remisión del Proyecto de Ley a la Asamblea Regional.
Artículo 33. Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 34. Principio de presupuesto bruto.
3. A los efectos del presente artículo se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedente y que serán objeto de contabilización independiente.
Artículo 35. Especialidad de los créditos.
La competencia para autorizar las ampliaciones de crédito correspondiente al Consejero de Economía y Hacienda, y a la Comisión de Gobierno Interior de la Asamblea dentro de los créditos cuya gestión le corresponde.
Artículo 36. Limitación de los compromisos de gasto.
Artículo 37. Compromisos de gasto de carácter plurianual.
a) Inversiones y transferencias corrientes y de capital.
b) Los contratos de obra, de suministros, de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.
c) Arrendamiento de bienes inmuebles a utilizar por la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos.
d) Cargas financieras por operaciones de endeudamiento.
e) Contratación del personal laboral eventual cuando la legislación exija un período mínimo de contratación de manera que, a contar desde el inicio de la vigencia del contrato, su duración supere el ejercicio presupuestario.
f) La contratación de personal laboral eventual, con cargo a gastos plurianuales de inversión, estando limitada su duración a la del gasto plurianual que la financia.
5. El procedimiento establecido en el punto anterior será igualmente de aplicación en el caso de los contratos de obra que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, bien se pacte el abono total de su precio de una sola vez o se fracciones en distintas anualidades, que no podrán ser superiores a diez desde la fecha fijada para la conclusión de las obras.
Artículo 38. Incorporaciones de crédito.
a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos en los dos últimos meses del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante los mismos.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por operaciones corrientes contraídos antes del último mes del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no hayan podido realizarse durante el mismo.
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el artículo 45 de la presente Ley.
Artículo 39. Temporalidad de los créditos.
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de atrasos a favor del personal que perciban sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
b) Las obligaciones por suministros, alquileres u otros contratos de carácter periódico, cuyos recibos o documentos de cobro, correspondientes al último período del año, sean expedidos necesariamente por el acreedor con posterioridad al 31 de diciembre.
c) Las derivadas de ejercicios anteriores reconocidas durante el propio ejercicio y que debieron ser imputadas a créditos ampliables.
d) Las derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá determinar los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones.
Artículo 40. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
a) Cuando el crédito extraordinario o suplemento de crédito no suponga aumento en los créditos del Presupuesto de la Administración Pública Regional, la concesión de uno u otro corresponderá al Consejo de Gobierno si su importe no excede del cinco por ciento del presupuesto de gastos, en el caso de organismos autónomos administrativos, o del diez por ciento en el caso de organismos autónomos comerciales o industriales.
b) En el expediente de modificación presupuestaria informará la Consejería a cuyo presupuesto afecte o a la que esté adscrito el organismo autónomo que lo promueva, debiendo justificar la necesidad y urgencia del gasto, sin dejar de especificar el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se proponga ni la concreta partida presupuestaria a incrementar.
Artículo 41. Anticipos de tesorería.
a) Cuando una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito, se hubiese producido informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, y, en el mismo sentido, dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
b) Cuando se hubiera promulgado una ley o cuando se hubiera notificado una resolución judicial por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de créditos.
Artículo 42. Disposiciones comunes a las modificaciones de crédito.
4. De todas las modificaciones presupuestarias se dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, en cada período de sesiones.
Artículo 43. Modificaciones de créditos con asignación nominativa.
Artículo 44. Transferencias de crédito.
a) No afectarán a créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo los créditos destinados a gastos de personal, ni podrán minorar los créditos declarados ampliables.
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando tales transferencias se deban a la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma a las Entidades Locales o afecten a créditos de personal.
d) No podrán minorar créditos de operaciones de capital para incrementar créditos de operaciones de gastos corrientes, excepto en el caso de que se destinen a financiar los gastos derivados de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones. Los créditos de operaciones de capital a minorar, no deberán estar financiados por operaciones de endeudamiento a medio o largo plazo.
e) No podrán incrementarse los créditos de personal con cargo a la minoración de otros créditos, salvo en el caso de aumento de los créditos declarados ampliables en cada Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde a los Consejeros, en sus respectivas secciones, autorizar, previo informe favorable de la Intervención Delegada, las transferencias entres créditos de uno o varios programas, cualquiera que sea el capítulo en que estén incluidos los créditos, siempre que no afecten a créditos de personal, a subvenciones o transferencias nominativas, o a gastos con financiación afectada, ni supongan desviaciones en la consecución de los objetivos del programa respectivo. En caso de discrepancia de la Intervención Delegada resolverá los expedientes el Consejero de Economía y Hacienda.
6. Las limitaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran al Programa de «Imprevistos y funciones no clasificadas», ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas o créditos financiados total o parcialmente por el Unión Europea.
Artículo 45. Generaciones de crédito.
a) Aportaciones o compromisos de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Administración Pública Regional o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenación de bienes de la Administración Pública Regional o de sus organismos autónomos.
i) Reintegros que se produzcan en el ejercicio por pagos realizados con cargo a créditos del ejercicio inmediato anterior.
c) En los supuestos establecidos en los apartados e) y f), que se haya producido la entrada en vigor de la Ley o el Real Decreto correspondiente.
d) En los supuestos establecidos en los apartados g), h) e i) la efectividad del cobro del ingreso.
Artículo 46. Reposiciones de crédito.
Artículo 47. Creación de nuevos programas.
Artículo 48. Fases del procedimiento de gestión de los créditos.
a) Autorización del gasto, que es el acto por el que se acuerda su realización calculado en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del crédito legalmente destinado para ello.
b) Disposición o compromiso del gasto, que es el acto por el que se acuerda o concierta, según los casos, tras los trámites legales que sean procedentes, la realización de obras, servicios, prestaciones y gastos en general, por importe y condiciones exactamente determinadas, formalizando así la reserva de crédito constituida en la fase de autorización.
c) Reconocimiento de la obligación, que consiste en la aceptación, por parte de la Administración deudora, de que las prestaciones han sido realizadas y se ajustan a lo previsto. Supone la contracción en cuenta de los créditos exigibles contra la Comunidad Autónoma.
d) Propuesta de pago, que es la operación contable que refleja el acto por el que el Ordenador de Gastos, que ha reconocido la existencia de una obligación de pago en favor de un interesado, solicita al Ordenador de Pagos que, de acuerdo con la normativa vigente, ordene su pago.
e) Ordenación de pago, que es la operación por la que el Ordenador de Pagos expide, en relación con una obligación contraída, la correspondiente orden al Tesoro Público Regional.
f) Pago material, que es la operación por la que se satisfacen a los perceptores, a cuyo favor estuvieran expedidas las órdenes de pago, los importes que figuran en las mismas.
Artículo 49. Competencias en materia de gestión de gastos.
Artículo 50. Dotaciones presupuestarias de la Asamblea Regional.
Artículo 51. Ordenación de pagos.
1. Bajo la superior autoridad del Consejero de Economía y Hacienda, competen al Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos las funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 52. Embargos y mandamientos de ejecución sobre derechos de cobro.
Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente al a Administración Pública Regional, se comunicarán exclusivamente a la Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, y contendrán necesariamente:
a) La identificación del afectado, con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal.
b) El importe del embargo, ejecución o retención.
c) La singularización del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar.
Artículo 53. Pagos a justificar.
1. Tendrán el carácter de «pagos a justificar»; las cantidades que excepcionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 51.
5. Durante el transcurso del mes siguiente a la fecha de aportación de las documentaciones justificativas a que se refiere el apartado anterior de este artículo, se procederá por la autoridad competente a la aprobación o reparto de la cuenta rendida.
Artículo 54. Anticipos de caja fija.
Artículo 55. Liquidación del presupuesto.
3. El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos disponibles, referidos todos ellos a 31 de diciembre del ejercicio. Se descompondrá el remanente de tesorería afectado y remanente de tesorería no afectado.
Artículo 56. Disposiciones relativas a los presupuestos de los organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos.
– Cuenta de operaciones comerciales.
– Cuadro de financiamiento.
– Estado demostrativo de la variación del fondo de maniobra.
Artículo 57. Disposiciones relativas a los presupuestos de las empresas públicas regionales.
Artículo 58. Ambito de aplicación.
a) Toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por la Administración Pública Regional o sus organismos autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público.
b) Cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y a las subvenciones o ayudas financiadas, en todo o en parte, con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.
Artículo 59. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.
Artículo 60. Beneficiario de subvenciones.
b) Acreditar ante la entidad concedente o la entidad colaboradora, en su caso, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente o la entidad colaboradora, en su caso, y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar a la entidad concedente o entidad colaboradora, en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales.
e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
Artículo 61. Entidades colaboradoras.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de dichos fondos pueda efectuar la entidad concedente, a las de control financiero que realice la Intervención General de la Comunidad Autónoma, y a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas.
Artículo 62. Bases reguladoras y procedimiento de concesión.
6. Las Consejerías, organismos y entidades a que se refiere el presente capítulo, publicarán trimestralmente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» las subvenciones concedidas en cada período, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo 63. Contenido de las bases reguladoras.
a) Definición del objeto de la ayuda o subvención, actividad de utilidad o interés social y fin público al que va encaminada.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención o ayuda y forma de acreditarlos, y, en su caso, período durante el que deben mantenerse.
c) Las condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el punto 1 del artículo 61.
d) Cuando las bases reguladoras incluyan la convocatoria, se hará referencia expresa a los créditos presupuestarios a los que se imputará el gasto correspondiente; en caso contrario, se incluirá en esta última.
e) Forma, prioridades, criterios objetivos de adjudicación de la ayuda o subvención, y en general aquellos parámetros que han de regir en la concesión de la subvención.
f) Composición, en su caso, del órgano colegiado que ha de realizar la propuesta de concesión de subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, órgano competente para la resolución de concesión, plazo en el que será dictada y procedimiento que será utilizado para garantizar su adecuada publicidad.
g) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos que financiaron la actividad subvencionada, tanto en lo referido al gasto realizado como al pago de éstos.
h) En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que habrán de aportar los beneficiarios, en el caso de que éstas fueren establecidas.
i) Las medidas de garantía a favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas, así como la posibilidad, en los casos que expresamente se prevean, de revisión de subvenciones concedidas.
j) Incompatibilidad, cuando así se determine, con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos de la propia Administración, de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.
k) Obligación del beneficiario de facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
Artículo 64. Concesión de subvenciones mediante convenio.
Artículo 65. Limitaciones a la concesión de subvenciones.
Artículo 66. Abonos a cuenta y pagos anticipados.
Artículo 67. Justificación de la aplicación de los fondos.
1. Los beneficiarios vendrán obligados a justificar, ante el órgano concedente, directamente o a través de la entidad colaboradora en su caso, la aplicación de los fondos que financiar la actividad subvencionada en relación con la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, en la forma y plazos establecidos en la correspondiente normativa o base reguladora.
Artículo 68. Reintegro de las cantidades percibidas.
Artículo 69. Infracciones y responsables.
d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos percibidos.
Artículo 70. Sanciones y graduación.
Asimismo, la autoridad sancionadora competente podrá acordar a imposición de las sanciones siguientes:
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración Regional.
c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración o a las actuaciones de control financiero contempladas en el artículo 102 de esta Ley.
Artículo 71. Competencia y procedimiento sancionador.
4. Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto de recurso en vía administrativa o ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.
Artículo 72. Concurrencia de sanciones.
Artículo 73. Responsabilidad subsidiaria.
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones de reintegro y sanciones pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades de administradores de las mismas.
Artículo 74. Definición y prerrogativas del Tesoro Público Regional.
Artículo 75. Funciones del Tesoro Público Regional.
a) Recaudar los derechos, pagar las obligaciones y custodiar los fondos de la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos.
b) Aplicar el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la satisfacción puntual de las obligaciones de la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos.
d) Responder de los avales contraídos por la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos, y custodiar los avales que se le depositen.
Artículo 76. Depósito de los fondos del Tesoro Público Regional.
Artículo 77. Ingresos y medios de pago del Tesoro Público Regional.
Artículo 78. Operaciones financieras del Tesoro Público Regional.
a) Mediante el concierto de operaciones de tesorería con instituciones financieras.
b) Con el producto de la emisión de Deuda del Tesoro Público Regional.
Régimen de finanzas, depósitos y avales
Artículo 79. Caja de Depósitos.
a) La Administración Pública Regional, sus organismos autónomos, y demás entes de derecho público regional.
b) Otras Administraciones Públicas, siempre que así se prevea mediante convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración correspondiente.
2. El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento de la Caja de Depósitos, en el que se regularán las modalidades de garantías y depósitos, los requisitos de solvencia exigibles a cada fiador o avalista según cada modalidad de garantía, los límites que, en su caso, pueden establecerse para evitar la excesiva concentración de garantías otorgadas a un mismo fiador, el procedimiento para la constitución, cancelación e incautación de las garantías, y, en su caso, la creación de sucursales dependientes de la Caja de Depósitos.
Artículo 80. Fianzas por arrendamiento de locales o viviendas, o por suministros o servicios complementarios.
Artículo 81. Avales de la Administración Pública Regional.
Artículo 82. Avales de organismos autónomos y empresas públicas.
Artículo 83. Endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
Artículo 84. Modalidades de la Deuda Pública Regional.
Artículo 85. Requisitos del endeudamiento a largo plazo.
b) La cuantía de las anualidades, incluyendo los intereses y la amortización, no excederá del veinticinco por cien de los ingresos corrientes de la Hacienda Pública Regional previstos en el presupuesto anual.
Artículo 86. Endeudamiento a corto plazo.
Artículo 87. Habilitación legal y competencias para la realización de operaciones de endeudamiento.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponer la creación del endeudamiento por plazo de reembolso superior a un año, así como del definido en el punto 2 del artículo anterior, en los ámbitos nacional y extranjero, fijando el límite máximo hasta donde el Consejero de Economía y Hacienda puede autorizar su emisión o contratación, y señalando los criterios generales a que deberá ajustarse aquélla y la gestión de la deuda viva.
Artículo 88. Aplicación y gestión presupuestaria de las operaciones financieras.
Artículo 89. Reglas de prescripción en materia de deuda pública regional.
Artículo 90. Ambito del control interno.
Artículo 91. La Intervención General de la Comunidad Autónoma.
Artículo 92. Objeto de la función interventora.
Artículo 93. Modalidades del ejercicio de la función interventora, y competencias inherentes a la misma.
c) La comprobación de los efectivos de personal y las existencias de metálico, valores y demás bienes de todas las dependencias y establecimientos de la Administración Pública Regional y de sus organismos autónomos.
Artículo 94. Supuestos de no sujeción a la fiscalización previa.
Artículo 95. Fiscalización limitada previa.
a) La existencia de crédito presupuestario, y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, si se cumple lo preceptuado en el artículo 37 de esta Ley.
c) La competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
d) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General.
Los Interventores que realicen estos controles financieros deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de los mismos. Estos informes se remitirán al titular de la Consejería u organismo a que se refieran, para que formule, en su caso, y en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas. Una vez recibidas, elaborará su informe definitivo que elevará a la Intervención General.
Artículo 96. Reparos formulados en ejercicio de la función interventora.
a) Cuando se base en la insuficiencia del crédito o en que el propuesto no se considera adecuado.
c) Cuando falten en el expediente requisitos o trámites esenciales, o se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Comunidad Autónoma o a un tercero.
Artículo 97. Discrepancias con el órgano al que afecte el reparo.
a) Si el reparo procede de una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
b) Si el reparo emana de la Intervención General, o ésta ha confirmado el de una Intervención Delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Gobierno su resolución.
Artículo 98. Función interventora en los organismos autónomos.
Artículo 99. Control financiero.
1. El control financiero se ejercerá por la Intervención General de conformidad con lo prevenido en cada caso y en la forma que reglamentariamente se establezca respecto a los servicios de la Administración Pública Regional, organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, para comprobar su situación y funcionamiento en el aspecto económico-financiero, para verificar que su gestión es conforme a las disposiciones y directrices de aplicación, así como, en su caso, para la verificación de la eficacia, eficiencia y economía. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente.
Artículo 100. Plan anual de control financiero.
4. El control financiero se realizará por la Intervención General a través de los servicios y funcionarios que designe, de conformidad con lo previsto en eta Ley y en sus disposiciones complementarias, con independencia de las funciones interventoras que se regulan en la presente Ley.
5. Cuando los efectivos de personal de la Intervención General no fueran suficientes para el cumplimiento del plan de control financiero formulado se contratarán los servicios que fueran necesarios. Las empresas contratadas deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo.
Artículo 101. Formas de ejercicio del control financiero.
d) Las actuaciones concretas de control que deben realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa vigente.
Artículo 102. Control financiero de las ayudas públicas.
Las sociedades mercantiles, los particulares y entidades públicas y privadas, por razón de cualquier clase de ayudas percibidas de la Administración Pública Regional o de sus organismos, empresas públicas y de la Unión Europea, podrán ser objeto de control financiero. En estos casos, el control tendrá por objeto la verificación de la adecuación de la ayuda a los fines públicos que determinaron su concesión, la correcta y adecuada obtención, utilización y disfrute, así como la realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas y, en su caso, el cumplimiento de los objetivos previstos. A estos efectos, tendrán la consideración de ayudas las subvenciones, las exenciones o beneficios fiscales, los créditos, los avales y otras garantías concedidas.
Artículo 103. Controles de eficacia y eficiencia.
Artículo 104. Régimen de contabilidad pública y rendición de cuentas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará al empleo de las transferencias corrientes y de capital, cualquiera que sea el preceptor de las mismas.
Artículo 105. Fines de la contabilidad pública.
a) Registrar la ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Regional y sus organismos autónomos.
c) Registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración Pública Regional y de sus organismos autónomos y empresas públicas.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse a la Asamblea Regional y al Tribunal de Cuentas.
e) Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del sector público de la Región de Murcia.
f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones por los órganos de gobierno y de administración de la Comunidad Autónoma.
g) Cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Artículo 106. Funciones de la Intervención General como centro directivo de la contabilidad pública.
a) Someter a la decisión del Consejero de Economía y Hacienda el Plan General de Contabilidad Pública Regional, al que deberán adaptarse todos los servicios, organismos, empresas y entidades incluidas en el sector público de la Comunidad Autónoma, según sus características y peculiaridades. A estos efectos, se procurará la utilización de criterios homogéneos que permitan la consolidación con el sector público estatal.
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar, además, las circulares e instrucciones necesarias para la mejor aplicación de estos reglamentos.
d) Inspeccionar la contabilidad de la Administración Pública Regional, sus organismos y empresas públicas, y dirigir las auditorías de los mismos.
e) El establecimiento y dirección de un sistema de contabilidad analítica que permita facilitar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, así como facilitar los datos que sobre el coste de los servicios sean precisos para la elaboración de una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programas, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.
Artículo 107. Funciones de la Intervención General como centro gestor de la contabilidad pública.
c) Preparar y examinar, formulando las observaciones procedentes, las cuentas que hayan de rendirse a la Asamblea Regional y al Tribunal de Cuentas.
d) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a examen crítico.
e) Centralizar la información deducida de la contabilidad de los organismos, empresas y demás agentes que integran el sector público regional.
f) Elaborar las cuentas del sector público regional de forma compatible con el sistema español de cuentas nacionales.
g) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 108. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
a) Cuenta de la Administración Pública Regional.
Artículo 109. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Regional.
3. La responsabilidad en los supuestos de concurrencia de responsables, será mancomunidad, excepto en los supuestos de dolo, en cuyo caso será solidaria.
4. Cuando los superiores de los presuntos responsables y el Ordenador de Pagos, respectivamente, tengan noticias de un supuesto constitutivo de malversación o perjuicio a la Hacienda Pública Regional, o si hubiere transcurrido el plazo señalado en el artículo 53.4 de eta Ley sin haberse justificado los mandamientos de pago a que se refiere, instruirán las oportunas diligencias previas, y adoptarán con el mismo carácter las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública Regional.
Artículo 110. Infracciones.
Artículo 112. Régimen jurídico de los daños a la Hacienda Pública Regional.
Fecha de disposición: 02/12/1999
el art. 37.2, por Ley 7/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-7284).
los arts. 17.2 y 45.5, por Ley 14/2018, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-2039).
el art. 45 y SUPRIME el 46, por Ley 7/2017, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-2468).
los arts. 19, 27.1 b), 29.1 y 2 c), 30.2 c), 31.3 e), SE AÑADE la disposición adicional 3 y SE SUSPENDE la vigencia del art. 55.6, por Ley 1/2017, de 9 de enero (Ref. BOE-A-2017-2229).
SE SUSPENDE la vigencia del art. 55.6, por Ley 13/2014, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-946).
SE MODIFICA el art. 101.3, por Ley 13/2013, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-751).
SE DEROGA el art. 56; SE MODIFICA los arts. 27.1, 29, 31.3, 57, 85 y la denominación del del capítulo 4 del título II y SE SUSPENDE la vigencia del art. 55.6 , por Ley 13/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-1926).
el art. 21, por Ley 7/2011, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-2270).
el art. 94.1, por Ley 6/2011, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-2269).
la disposición adicional 2, por Ley 4/2010, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-10540).
el art. 96.3.a), por Ley 1/2010, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2011-10360).
los arts. 38, 55 y SE AÑADE la disposición adicional 2, por Ley 13/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-3016).
el art. 9, por Ley 7/2008, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-2282).
el capítulo V del título II, por Ley 7/2005, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-9895).
los arts. 5 y 6, por Ley 7/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-14443).
SE MODIFICA los arts. 49 y 64, por Ley 7/2001, de 20 de diciembre (Ref. BORM-s-2001-90011).
art. 5 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-9308).
art. 1 de la Ley 7/1998, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-5849).
Disposición adicional 6 de la Ley 7/1997, de 29 de octubre , (Ref. BOE-A-1998-3948).
arts. 6 y 10 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre , (Ref. BORM-s-1997-90003).
Disposición adicional segunda de la Ley 4/1997, de 24 de julio , (Ref. BOE-A-1997-25351).
Disposición adicional quinta de la Ley 11/1996, de 23 de diciembre , (Ref. BOE-A-1997-12055).
Disposición adicional 22 de la Ley 13/1995, de 26 de diciembre , (Ref. BOE-A-1996-17110).
Disposición adicional 13 de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre , (Ref. BOE-A-1995-12441).
Disposición adicional 9 de la Ley 7/1993, de 23 de diciembre , (Ref. BOE-A-1994-6403).
Disposición adicional 11 de la Ley 5/1992, de 22 de diciembre , (Ref. BOE-A-1993-26845).
Disposición adicional primera de la Ley 3/1991, de 23 de diciembre , (Ref. BOE-A-1992-7721).
Ley 3/1990, de 5 de abril , (Ref. BOE-A-1990-16846).

References: Artículo 1
 Artículo 5

Artículo 1

Artículo 3
 resolución 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 57

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 57

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 100

Artículo 38
 artículo 45

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 Real Decreto 

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 51

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 61
 resolución 

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 102

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 artículo 37

Artículo 96

Artículo 97
 resolución 

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109
 artículo 53

Artículo 110

Artículo 112