Source: http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585641&fecha=05/02/2020
Timestamp: 2020-04-03 03:56:42+00:00

Document:
DOF: 05/02/2020
ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2020
Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Bienestar", entre ellos, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas;
Que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria;
Que el artículo transitorio vigésimo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, dispone que las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los Programas previstos en la nota del Anexo 25 de dicho Decreto, entre los que se encuentra el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a más tardar el último día de febrero;
Que tomando en cuenta que con el oficio número 312.A.-03394 del 30 de diciembre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la autorización presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2020, y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria mediante oficio número CONAMER/20/0323 de fecha 22 de enero de 2020, emitió el dictamen respectivo, he tenido a bien expedir el siguiente:
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, PARA EL EJERCICIO
ÚNICO: Se emiten las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2020.
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2019.
Dado en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de enero de 2020.- La Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González.- Rúbrica.
Las diversas referencias conceptuales sobre la discapacidad, tanto de los organismos internacionales como de los instrumentos jurídicos universales, reconocen la discapacidad en apego a la Convención como "un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan (la) participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones" (Asamblea General de la ONU, 2006)(1).
La discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un conjunto diverso de restricciones que limitan la interacción en sociedad de las personas que la viven. De acuerdo con el Artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se incluyen "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"(2).
De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y las personas adultas mayores, también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, la población económicamente activa no empleada, con nula o escasa formación educativa, infantes de familias de bajos recursos, los pueblos indígenas y afromexicanos, presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad.
La situación económica, social, cultural y de salud en la que se encuentran las personas con discapacidad, constituye un fenómeno concreto y complejo determinado por la relación recíproca entre ellas y las condiciones materiales y sociales que pueden limitar o permitir su desarrollo integral y el disfrute y la realización de los derechos y libertades fundamentales. La falta de acceso a servicios básicos como salud, agua potable, vivienda digna y accesible, etc., así como de la garantía al ejercicio del derecho a la salud, educación y trabajo incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven con discapacidad.
En 2011, el Estado Mexicano publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (última reforma el 12 de julio de 2018), la cual, armoniza el marco jurídico con las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reglamenta en lo relativo el Artículo 1o. Constitucional y reconoce "...a las personas con discapacidad, sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio"; en consonancia con en el Artículo 1o. Constitucional, en el cual, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y establece la obligación de todas las autoridades para "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".
"El deber general de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos, implica armonizar las normas a los estándares que mejor protejan a las personas, dotarlas de mecanismos estructurales que garanticen su cumplimiento, su evaluación y su actualización que se materialice en el diseño e implementación en política pública." (CONADIS 2019-2024, programa especial. p.16)
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, que les permita el ejercicio pleno de todos sus derechos mediante las acciones que implemente el Estado, teniendo presente la definición de discapacidad establecida en el artículo 2, fracción IX de la citada Ley, entendiéndola como "[...] la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás".
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, del total de personas con discapacidad, 4.1 millones de personas presentan discapacidad para caminar o usar sus piernas; 3.1 millones para ver aun usando lentes; 1.4 millones para mover o usar sus brazos o manos; 1.5 millones para aprender, recordar o concentrarse; 1.4 millones para escuchar; 1.1 millones para bañarse, vestirse o comer por sí solos; 0.8 millones para hablar o comunicarse y; por último, 0.9 millones presenta problemas emocionales o mentales.
En este sentido, el Estado Mexicano presentó en 2011 su Informe Inicial sobre el cumplimiento de lo establecido por la Convención y en 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas órgano supervisor de su cumplimiento, que examinó y subsecuentemente emitió sus observaciones finales, entre las que establece las modificaciones del marco jurídico y normativo en la materia, recomendando establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir con las obligaciones convencionales, entre las que se destacan las siguientes:
a) Redoblar esfuerzos para incluir a personas indígenas y afromexicanas con discapacidad en las políticas de desarrollo más allá de 2015, con enfoque comunitario y rural, y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se incluyan en dichas políticas, tomando en cuenta las opiniones de estas personas;
b) Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas y afromexicanas incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
c) Implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas y afromexicanas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como a un Órgano creado con el propósito de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, por lo cual, se debe acudir a su contenido a efecto de alcanzar una plena y efectiva aplicabilidad que se refleje dentro el orden jurídico interno y, por ende, las observaciones aludidas resultan de una importancia jurídica fundamental. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportó que, en el año 2010, el 15 por ciento de la población mundial tenía alguna discapacidad. Tal cifra representa un incremento del cinco por ciento de la población mundial con relación a la medición realizada por la OMS en el año de 1970, cuando la cifra de personas con discapacidad representaba el 10 por ciento.
A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), estimó que para 2018, habitaban 7.9 millones de personas con discapacidad en México; de las cuales 4.3 millones son mujeres y 3.6 millones son hombres, representando 6.7 y 5.9 por ciento de la población total de cada género respectivamente.
Con respecto a su concentración, el 51.5 por ciento de la población con discapacidad reside en 8 entidades de la república: Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla y Veracruz; mientras que el 32.9 por ciento reside en 12 entidades: Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas; y el 15.6 por ciento, residen en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Por grupo poblacional a nivel nacional, de los 7.9 millones de personas con discapacidad, el 7.2 por ciento son niñas, niños y adolescentes de cero a catorce años, el 9.2 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años, el 33.6 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años y el 49.9 por ciento son personas adultas mayores de 60 años o más de edad.
En lo que respecta a la prevalencia de la discapacidad en los pueblos indígenas, el INEGI señala que, la población que habla alguna lengua indígena de 3 años y más con discapacidad es de 484 mil personas, equivalente al 6.9 por ciento del total de la población indígena. Asimismo, este grupo poblacional tiene una doble condición de vulnerabilidad; sin embargo, es un grupo con muy poca visibilidad en las políticas de desarrollo y combate a la pobreza, lo que representa un reto fundamental para la atención de este sector de la población.
Con este Programa, el Gobierno de México busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas y afromexicanos con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad.
La población con discapacidad, se encuentra en desventaja respecto a su derecho a la educación. Los principales problemas a los que se enfrentan es que, además de poca disponibilidad, las instalaciones y el mobiliario en los servicios educativos regulares distan de ser incluyentes, los materiales son escasos o inexistentes y el personal no está capacitado para atender a esta población (Estudio Diagnóstico del Derecho
a la Educación 2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ciudad de México, 2018).
Asimismo, la falta de material cultural y de actividades culturales en formatos accesibles, así como de acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos limita el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural (CONADIS 2019-2024, p. 19).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, del total de personas con discapacidad, el 46.9 por ciento presentan una situación de carencia por rezago educativo, que contrasta con la proporción de personas sin discapacidad donde únicamente el 14.5 por ciento presentan rezago educativo.
Con relación a la actividad económica de la población con discapacidad mayor de quince años, el INEGI indica que sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad participa en alguna actividad económica, mientras que, en el caso de personas sin discapacidad, son 7 de cada 10; esta problemática impacta aún más a las personas con discapacidad de forma diferenciada a mujeres y hombres, ya que de la población de sexo femenino con discapacidad, sólo el 27.6 por ciento participa en alguna actividad económica, mientras que a nivel nacional el porcentaje de participación en el mercado laboral es del 47.9 por ciento de la población femenina sin discapacidad o limitación.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 el 84.6 por ciento de la población con discapacidad se encontraba en situación de vulnerabilidad, el 9.8 por ciento en pobreza extrema, el 38.8 por ciento en pobreza moderada, el 6.5 por ciento no tenía carencias sociales, pero sí un ingreso por debajo de la línea de bienestar económico, mientras que el 29.4 por ciento percibía un ingreso equivalente a la línea de bienestar económico, y se encontraba en vulnerabilidad por carencia social. Sólo el 15.4 por ciento de la población no estaba considerada en situación de pobreza de mayor vulnerabilidad. Cabe destacar el incremento constante en el número de personas con discapacidad en situación de pobreza, pues de 2012 a 2018 pasó de 2.9 a 4.5 millones de personas.
Lo anterior, señala la importancia de implementar acciones con el propósito crear condiciones favorables, que contribuyan a asegurar que este sector de la población tenga inclusión plena dentro del desarrollo de la sociedad.
En 2019, el Gobierno de México crea "La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente", que consta en otorgamiento de un apoyo económico directo por la cantidad de $1,275.00 (Mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) mensuales, mismos que se entregarán de manera bimestral y directa.
La Pensión se encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, en su Eje "Política Social" en su objetivo Construir a un país con Bienestar, que tiene como finalidad favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social en México.
Las personas con discapacidad permanente, de 0 a 64 años de edad que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas y personas 30 a 67 años de edad que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas, aumentan sus ingresos monetarios para reducir la brecha de ingresos monetarios respecto a las personas sin discapacidad.
Otorgar un apoyo económico a las Personas con Discapacidad Permanente a través de una transferencia monetaria de manera bimestral y directa, que permita contribuir al acceso de una mejor calidad de vida.
El Programa atenderá a Personas con Discapacidad Permanente ubicadas en el territorio nacional, por lo cual, no se entregarán pensiones a personas que residan en el extranjero y será un derecho para todas las Personas con Discapacidad Permanente mexicanas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso del numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación.
La población mexicana, con Discapacidad Permanente de: niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos; personas de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas; y, personas adultas de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas.
1. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos.
2. Personas indígenas y afromexicanas de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos.
3. Personas Adultas no indígenas de treinta hasta sesenta y siete años de edad cumplidos.
Persona solicitante con Discapacidad Permanente
A falta de identificación del solicitante, identificación oficial del representante o adulto auxiliar de la persona con discapacidad permanente.
4. Certificado médico que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
El cual, deberá contener los requisitos mínimos de certificado médico por institución pública y en la que se señale la discapacidad permanente.
Quedará exceptuado de presentar el certificado si la discapacidad es notoria o evidente con la sola apreciación de los sentidos (en caso de duda, se solicitará documento que acredite discapacidad).
5. Exhibir comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.
A falta de comprobante de domicilio, bastará la protesta de decir verdad de la persona con discapacidad permanente o de su responsable o adulto auxiliar.
6. Llenado del Formato Único de Bienestar.
7. Llenado de la Cédula para Personas con Discapacidad.
Persona representante o adulto auxiliar:
3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.
A falta de comprobante de domicilio, bastará la protesta de decir verdad de la persona representante o adulto auxiliar.
4. Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad permanente, de acuerdo al Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).
Aclaración: Para las Personas Indígenas con Discapacidad Permanente de cero a 64 años de edad cumplidos, el domicilio deberá pertenecer a los Municipios o Localidades A y B, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), disponibles en las ligas electrónicas: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/catalogo-de-municipios-indigenas-a-y-b-2020?state=published y https://www.gob.mx/bienestar/documentos/catalogo-de-localidades-indigenas-a-y-b-2020?state=published
Excepcionalmente y en caso de que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para aquellos municipios o localidades que se vean afectados por fenómenos sociales o naturales, se podrá cumplir con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso con constancias o resoluciones de la autoridad correspondiente.
Se dará atención prioritaria a las personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena o afromexicana, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia.
El orden de incorporación de las personas con discapacidad permanente se realizará conforme a la fecha de registro y a la disponibilidad presupuestal.
Se otorgará al representante o adulto auxiliar de la persona beneficiaria fallecida, perteneciente al Padrón de Beneficiarios.
c) Recibir atención y apoyo para ingresar a la Pensión sin costo alguno o condicionamiento.
d) La seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales conforme a la legislación en materia de transparencia.
a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y sus anexos.
g) Dar seguimiento a los trámites de su interés, ya sea por sí mismo o por medio de su representante o adulto auxiliar.
Los familiares de la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar, deberán notificar en el Módulo de Atención de manera inmediata en caso de fallecimiento.
3.7. Causas de Suspensión de las Personas Beneficiarias
Cuando se identifiquen inconsistencias y/o información incorrecta en los datos personales y/o documentos entregados por la persona beneficiaria o responsable o adulto auxiliar para ingresar a la Pensión.
Cuando las personas beneficiarias incluidas en el esquema de Entrega de Apoyos en Efectivo, o su representante o adulto auxiliar no se presenten a recibir sus apoyos económicos hasta en dos ocasiones consecutivas.
Cuando se detecte una posible duplicidad de datos personales de la persona beneficiaria.
Cuando se realice la visita domiciliaria hasta en dos ocasiones y no sea localizada la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar en días y horarios diferentes.
En caso de que la entrega de los apoyos económicos sea suspendida, se detendrán temporalmente los depósitos y la entrega en efectivo. Una vez aplicada la conciliación, se notificará bimestralmente a la persona beneficiaria o a su representante o adulto auxiliar, el motivo de suspensión mediante un aviso visible que se fijará en un lugar accesible en el Módulo de Atención.
Cuando después de dos ocasiones la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar no se presenten a aclarar la situación de la suspensión de sus apoyos económicos.
En caso de no presentarse a aclarar la situación de posible duplicidad.
Cuando se le hayan realizado visitas domiciliarias a la persona beneficiaria y no se le hubiera localizado hasta en dos ocasiones y, no atienda la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar los requerimientos para que se presente en los Módulos de Atención.
Cuando se identifique a personas duplicadas en la Pensión, se procederá a la suspensión de ambos registros.
Para el caso de duplicidad no imputable a la persona beneficiaria, se cancelará un registro y permanecerá el más actual, dicho trámite se realizará por la Delegación de Programas para el Desarrollo con la autorización de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.
En el caso de cobrar apoyos simultáneos, se cancelará uno de los registros y se suspenderá la emisión de apoyos económicos equivalente a los bimestres emitidos.
La aclaración de los casos anteriores, establecerá la reincorporación de acuerdo al numeral 3.3. Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación.
En caso de que la persona beneficiaria sea suspendida del Padrón de Beneficiarios, los prestadores de servicios de la Pensión, notificarán bimestralmente a la persona beneficiaria o a su representante o adulto auxiliar, el motivo de suspensión mediante un aviso visible que se fijará en un lugar accesible en los Módulos de Atención.
b) Cuando se identifique que la persona beneficiaria proporcionó información falsa o documentos apócrifos para cumplir con los Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación.
Cuando la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar no hayan asistido a recibir el apoyo en el bimestre anterior.
Cuando por causas de fuerza mayor no se haya instalado la mesa de pago del Operativo Bienestar.
Cuando la persona beneficiaria o su representante o adulto auxiliar no hayan asistido a recibir el apoyo económico por causas de fuerza mayor y sea una ocasión consecutiva, no se aplicará la suspensión inmediata.
En caso que el depósito de la Pensión haya sido rechazado por la institución financiera correspondiente, se procederá a la emisión automática.
Por lo que hace a la entrega de la Pensión mediante esquema bancarizado, en el supuesto de que la institución financiera rechace el depósito a la cuenta de la persona beneficiaria, para el siguiente bimestre se le expedirá vía efectivo, y en su caso si ocurren los supuestos del anterior, se aplicarán dichas consecuencias.
Se haya resuelto de forma favorable para la persona beneficiaria lo establecido en el numeral 3.7.2 Suspensión del Padrón de Beneficiarios de las presentes Reglas de Operación.
Se haya encontrado en alguna causal de suspensión en el Padrón de Beneficiarios antes del ejercicio fiscal 2020, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Haya solicitado baja voluntaria de la Pensión y solicite su reincorporación.
Haya causado baja y cumpla con lo establecido en el numeral 3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación.
La reactivación o reincorporación se aplicará a partir del bimestre inmediato, atendiendo en primer momento lo establecido en el numeral 3.4 Criterios de Priorización de las presentes Reglas de Operación.
La Instancia Ejecutora y responsable de esta Pensión será la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP o Unidad Responsable UR 213).
Corresponderá a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, participar en la coordinación e implementación del Programa en términos de la normatividad aplicable.
La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, tendrá bajo su resguardo, los expedientes de las personas beneficiarias, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales que sean recabados, mediante los mecanismos de seguridad física y digital necesarios, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicables.
Los archivos que conforman los expedientes de las personas beneficiarias, podrán integrarse mediante documentos físicos o electrónicos, debiéndose garantizar en todo momento su secrecía y su uso, que está limitado únicamente para el otorgamiento de la Pensión Universal para las Personas con Discapacidad Permanente, de conformidad con la normatividad en materia de transparencia y protección de datos.
Se integrará un Comité Técnico del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para resolver los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación.
a) Presidencia. - Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano.
b) Secretaría Técnica. - Titular de la Dirección General Atención a Grupos Prioritarios.
La UR podrá celebrar convenios de colaboración con las dependencias federales y estatales, así como con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que transfieran las bases de datos de sus personas beneficiarias que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso al Programa.
Las dependencias que transfieran datos de sus personas beneficiarias, serán cada una, responsables de la información que proporcionen.
Asimismo, podrá establecer acuerdos de coordinación con las Instituciones Públicas del Sector Salud, para el establecimiento de un formato o documento base con el dictamen médico que acredite la discapacidad permanente para que, las personas solicitantes puedan acceder a los apoyos económicos que otorga el Programa.
4.1 Proceso de Acceso
El proceso de acceso a la Pensión es el siguiente:
a) Identificación de las Personas con Discapacidad Permanente que residen en los Municipios, Localidades y en las Alcaldías de la Ciudad de México, información que se obtendrá a través de entrevistas domiciliarias o de las dependencias o de las dependencias o, del registro e inscripción en los Módulos de Atención que para tal efecto se señalen.
b) El prestador de servicios autorizado por la Instancia Ejecutora, recabará la información de las personas solicitantes a través del Formato Único de Bienestar y la Cédula para Personas con Discapacidad.
c) Los prestadores de servicios llevarán a cabo el registro de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, bajo supervisión de la Instancia Ejecutora.
d) Una vez validado el registro, se iniciará el proceso de entrega del medio de pago a las personas beneficiarias o a su representante o adulto auxiliar, por parte de los prestadores de servicios autorizados por la Secretaría de Bienestar.
Se informará verbalmente a la persona solicitante o a su representante o adulto auxiliar, el resultado de su solicitud de incorporación al Programa, en un plazo máximo de dos bimestres en los Módulos de Atención.
La UR con base en las estimaciones y la disponibilidad presupuestal, determinará el momento que se cierre el proceso para la identificación de nuevas personas beneficiarias, así como los periodos de incorporación al Programa.
4.2 Entrega de Apoyo
La entrega de los apoyos económicos a las personas beneficiarias, será de manera bimestral y directa, a través del medio de pago establecido.
A efecto de garantizar la eficacia y efectividad de la Pensión, la Instancia Ejecutora podrá proporcionar apoyos técnicos a fin de cumplir con los derechos contenidos en estas Reglas de Operación.
Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en coordinación con la UR, serán las encargadas de realizar la promoción de la Pensión a través de los Módulos de Atención, dando a conocer los apoyos que otorga, así como los Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación.
a) A través de la publicación de las Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación.
b) En la página electrónica de la Secretaría de Bienestar.
c) A través de los Módulos de Atención.
d) Mediante la entrega de material como dípticos, folletos informativos y/o en los operativos de levantamiento en campo, por personal facultado por la Secretaría de Bienestar.
La integración del Padrón Único de Beneficiarios será realizada por la Secretaría de Bienestar, con información de las dependencias y entidades responsables, así como de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción por los medios específicos que para tal efecto designe la Secretaría, el cual se actualizará de manera bimestral.
El Padrón Único de Beneficiarios permitirá la implementación de acciones transversales de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal que faciliten la planeación, coordinación y ejecución de los Programas para el Desarrollo.
El Pago de Marcha podrá solicitarlo por el representante o adulto auxiliar, presentando identificación oficial y original del acta de defunción y/o constancia médica emitida por alguna institución oficial pública para cotejo, que certifique dicha circunstancia, dentro de los 2 meses siguientes al fallecimiento de la persona beneficiaria, en caso de no informarlo durante este periodo, se perderá el derecho de este apoyo.
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación externa del Programa, se podrá destinar hasta el 4.0% del presupuesto autorizado al mismo durante el ejercicio fiscal correspondiente.
La totalidad de los indicadores de la MIR, se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica siguiente:
Las instancias ejecutoras serán responsables de la supervisión directa de las obras, proyectos o acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla la normatividad aplicable, mientras que la Unidad Responsable del Programa, será responsable de verificar el seguimiento al avance y la correcta terminación y entrega de las obras, proyectos y/o acciones, así como de la solicitud y resguardo de la comprobación documental del gasto ejercido, firmada por la instancia ejecutora, en los plazos establecidos en estas Reglas de Operación, dejando evidencia de la confirmación de su autenticidad en los medios electrónicos implementados por la autoridad fiscal y asegurar su debido resguardo.
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, están disponibles en la página electrónica de la Normateca Interna de la Secretaría de Bienestar: http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2019/Personas_con_discapacidad_2019.pdf
Así como el listado de las personas beneficiarias de este Programa, pueden ser consultado en la página electrónica: https://pub.bienestar.gob.mx/spp/spub.jsp
De conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la publicidad y la información relativa a este Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".
En todo momento la persona beneficiada podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de los datos personales recabados, a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No.116, piso 10, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00, o bien por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Los datos personales recabados serán utilizados con las finalidades siguientes: validar que se cumplan los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario de este Programa, asimismo serán integrados en los sistemas de datos personales de la Secretaría de Bienestar y podrán ser transmitidos a otros entes públicos de los tres niveles de gobierno en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas, para la realización de compulsas y la integración del Padrón Único de Beneficiarios. Por lo tanto, se garantiza la protección de los datos personales que sean recabados, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicables.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales recabados, se podrá realizar a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Bienestar con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 116, piso 10, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, o bien por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: http://plataformadetransparencia.gob.mx
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas de Operación, sin discriminación alguna.
En cumplimiento a la Ley General de Víctimas y atendiendo las Reglas de Operación vigentes, se favorecerá el acceso al Programa de las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación, mediante solicitud escrita,
fundada y motivada que emane de autoridad competente.
Con el fin de evitar la interrupción de la operación del Programa, en caso de que exista una Declaratoria de Emergencia o de Desastre, la Secretaría podrá entregar, por única vez, a la población beneficiaria del Programa que se encuentre inmersa en la zona de desastre, un mes adicional de Apoyo Económico para mitigar sus necesidades prioritarias desencadenadas por los referidos fenómenos naturales.
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC):
c) Delegaciones de Programas para el Desarrollo, en las entidades federativas: a través del BUZÓN colocado para tal efecto.
b) Delegaciones de Programas para el Desarrollo a través de los Módulos de Atención Ciudadana.
Anexo 4. Cédula para Personas con Discapacidad 2020.
Anexo 5. Diagrama de Flujo Solicitud de Incorporación a la Pensión 2020.
Anexo 6. Diagrama de Flujo Solicitud de Baja Voluntaria de la Pensión 2020.
CALIDAD DE VIDA: La Organización Mundial de la Salud, define la calidad de vida en función de Ia manera en que el individuo percibe el Iugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por su salud física, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales.
COMPROBANTE DE DOMICILIO: Documento con máximo seis meses de antigüedad, ya sea recibo de servicio de energía eléctrica, gas, servicio de agua potable, recibo predial, recibo de telefonía fija, o bien, la declaración bajo protesta de decir verdad con dos testigos que manifiesten el domicilio de la persona.
CONCILIACIÓN: Es el comparativo presupuestario entre los recursos tramitados contra lo pagado que realiza el área de validación a cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y la Instancia Liquidadora.
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: Atender a las personas que habiten en las zonas de población mayoritariamente indígena o afromexicana, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia.
DISCAPACIDAD PERMANENTE: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Lo anterior de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.
LOCALIDADES INDÍGENAS: De acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), está integrado por un total de 64,172 localidades, que se encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de ellas, agrupándose de la siguiente manera:
2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40% de población indígena y más de 150 indígenas, se consideran localidades de Interés.
27,791 localidades con menos de 40% de población indígena y menos de 150 indígenas entre su población total.
MUNICIPIOS INDÍGENAS: Aquellos en donde el 40% o más de su población total es indígena, en esta categoría se hace una distinción entre los municipios con 70% y más de población indígena (tipo A) y aquéllos en donde el porcentaje de población indígena se ubica entre el 40 y 69.9% (tipo B).
PADRÓN DE BENEFICIARIOS: Relación oficial de población beneficiaria por el programa cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente. El Padrón de Beneficiarios (PB) del programa es un subsistema que forma parte del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) a cargo de la Secretaría de Bienestar.
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS: Integración a cargo de la Secretaría de Bienestar con información de los beneficiarios obtenida a través de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro de altas, bajas y cambios en los módulos de atención, bajo las reglas establecidas para cada programa. Asimismo, se realizarán acciones que permitan la identificación de beneficiarios y la localización geográfica de las necesidades de la población.
PENSIÓN: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que consistente en otorgar un apoyo económico a través de una transferencia monetaria mensual, a la población con Discapacidad Permanente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de edad cumplidos; personas indígenas y afromexicanas de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos; y a personas adultas mayores no indígenas de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos.
PERSONA BENEFICIARIA: Es la población atendida que cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso que señalan las Reglas de Operación y que reciben los apoyos económicos que otorga la Pensión.
PRESTADORES DE SERVICIOS: Las personas que apoyan en las tareas para la implementación de los Programas para el Desarrollo, y de atención en los módulos de atención.
PROGRAMA: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
PROTOCOLO DE EMERGENCIA: Protocolo que creará la Secretaría de Bienestar para implementar, en la distribución de la entrega de apoyos cuando exista una declaratoria de emergencia o desastre por parte de la coordinación de protección civil.
REGLAS: Las Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
REPRESENTANTE O ADULTO AUXILIAR: En términos generales, familiares de la persona con discapacidad permanente, en cualquier grado ascendiente o descendente o colateral, cónyuge, concubina, pareja en unión libre, cualquier persona sin filiación, pero que tenga a cargo el cuidado de la persona con discapacidad y, a falta de los anteriores, aquella que manifieste su voluntad para auxiliar o ayudar a la persona con discapacidad a fin de que pueda acceder a la Pensión.
Porcentaje de personas con discapacidad , indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo respecto al total de la población con discapacidad indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad.
(Número total de personas con discapacidad, indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad con ingresos inferiores al valor promedio, en el año t, de la línea de bienestar rural y urbana/ Número total de personas con discapacidad, indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad)*100
Tasa de variación del
indígenas de 0 a 64 años de
edad y no indígenas de 0 a
[(Ingreso promedio, a precios constantes, de la población con discapacidad en el año t / Ingreso promedio, a precios constantes de la población con discapacidad , indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad, en el año t-2)-1]*100
Porcentaje de Cobertura del Programa.
(Total de personas beneficiarias del programa en el año t/Población con discapacidad, indígenas de 0 a 64 años de edad y no indígenas de 0 a 67 años de edad en el año t)*100
Porcentaje de personas que han recibido apoyo económico respecto a las personas registradas en el Padrón Activo del Programa.
(Total de personas beneficiarias con apoyos económicos recibidos en el periodo t/Total de personas registradas en el Padrón Activo del Programa en el periodo t)*100
CÉDULA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020
1 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU (2006) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Organización de las Naciones Unidas. Preámbulo e). Nueva York. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
2 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU (2006).

References: artículo 14
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 2
 Artículo 28