Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/07/05/incumplido-el-plan-de-pago-en-el-afip-por-parte-de-la-concursada-no-puede-esto-derivar-en-la-imposicion-al-organismo-fiscal-del-acuerdo-preventivo-que-se-le-impidio-votar/
Timestamp: 2020-05-25 16:48:12+00:00

Document:
El incumplimiento del plan de pago ante AFIP por parte de la concursada, no puede derivar en la imposición al organismo fiscal del acuerdo preventivo que se le impidió votar. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 5 julio 2016
Partes: Rodados Araceli S.A. s/ concurso preventivo
Cita: MJ-JU-M-97949-AR | MJJ97949 | MJJ97949
Incumplido el plan de pago en el AFIP por parte de la concursada, no se le puede imponer al organismo fiscal el acuerdo preventivo en el que se le impidió votar.
1.-Admitido que la concursada no adhirió y menos cumplió el plan de pagos más arriba referido, la primera cuestión por decidir exige a la Sala determinar si la AFIP debe o no considerarse excluida del acuerdo preventivo que fuera homologado en estos autos.
2.-Excluir el voto que corresponde a un acreedor verificado, no implica excluir a ese acreedor del acuerdo que no se le permite votar , sino que, casi por definición, implica lo contrario: sólo porque el acuerdo habrá de alcanzarlo, es que se le impide -por la razón que sea (ver, entre otros supuestos, los previstos en el art. 45 LCQ)- tal voto.
3.-Dado que la exclusión del voto que correspondía a la AFIP tuvo por contrapartida el reconocimiento de su derecho a cobrar en los términos de aquella resolución dictada por ella misma para estos casos, es claro que, incumplido el plan respectivo -previsto en esa resolución- por la deudora, ese incumplimiento no puede derivar en la imposición al mencionado organismo fiscal, de aquel acuerdo que se le impidió votar.
4.-Ante el incumplimiento por el concursado del plan de pagos, excluir el voto no implica exclusión de acuerdo, pero tampoco implica imponer a la Afip la propuesta votada por los demás acreedores, sino admitir que el concordato tiene para ella el contenido económico resultante de la resolución aludida.
5.-En tanto la concursada pidió la exclusión del voto de la AFIP, precisamente, para evitar que el voto negativo del mencionado ente fiscal le impidiera alcanzar las mayorías que necesitaba para que se tuviera por aprobado el aludido acuerdo, debe tenerse en cuenta que si bien, en el caso, el juez admitió esa exclusión, dejó aclarado en el mismo acto que la situación de la AFIP frente al concurso sería la que resultara de aplicar el aludido plan de pagos. Por ello, si esa decisión pasó en autoridad de cosa juzgada, el contenido del acuerdo logrado en autos por la deudora frente a la AFIP no fue sino el previsto en la RG 4241/96 .
6.-No es verdad que la exclusión de voto haya implicado excluir a la AFIP del presente concurso o de los efectos de la homologación del acuerdo alcanzado en él. Es decir: cual si hubiera habido una categorización (art. 41 LCQ.) a su respecto, a ella se le reconoció el derecho a cobrar en los aludidos términos y en tales condiciones, y siendo que esa obligación de pagar devino exigible a partir de la homologación del acuerdo, forzoso es concluir que es a partir de entonces que debe computarse el plazo de prescripción de la acción dirigida a obtener el cobro.
7.-No existe norma que específicamente establezca cuál es el plazo para reclamar el cumplimiento del acuerdo homologado. No obstante, es claro que, producida la aludida homologación, ella acarrea la novación de los créditos verificados (art. 55 LCQ) y de esto se deriva que la causa del crédito originario desaparece, pues el crédito pasa a tener por causa la homologación que da nacimiento a la acreencia resultante del acuerdo. Lo dicho basta para descartar la aplicación de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 11.683, puesto que, siendo claro que la AFIP sí quedó comprendida dentro del acuerdo, también fue alcanzada por sus efectos entre los cuales se encuentra la aludida novación de su crédito.
8.-No es aplicable el art. 847 inc. 2° del derogado CCom. a la acción tendiente a reclamar el cumplimiento del acuerdo homologado, vigente a la época de los hechos, pues las prestaciones periódicas son aquellas que se generan a partir de obligaciones diversas, es decir, de obligaciones independientes entre sí, lo que no ocurre en el caso, en que la prestación debida al acreedor en función del acuerdo es única, unicidad que no se pierde por el hecho de que se haya previsto un plan de pagos en cuotas, sean éstas las resultantes del acuerdo dirigido a los quirografarios, o las derivadas del plan de pagos tantas veces mencionado.
9.-El hecho de prever la devolución de un capital en cuotas a fin de facilitar su cancelación por el deudor, no es particularidad que incorpore a la relación jurídica un elemento esencial que autorice a variar la prescripción decenal que preveía el derogado art. 846 del código de comercio para la acción del acreedor. Es desde tal perspectiva que debe ser aprehendido el campo de aplicación del art. 847 inc. 2° del derogado CCom. el que no se refiere a una prestación única que se fracciona al solo efecto de facilitar su cumplimiento, sino a prestaciones autónomas que nacen regularmente a partir del transcurso de ciertas fracciones de tiempo.
10.-Siendo que la Afip quedó comprendida en el acuerdo que tuvo para ella el contenido económico resultante de la resolución homologatoria, forzoso es concluir que, homologado ese acuerdo, las obligaciones respectivas derivaron de la sentencia respectiva. Es decir: siendo que la sentencia de homologación es, precisamente, una verdadera sentencia sin cuya concurrencia no existe el acuerdo, forzoso es concluir que es esa sentencia la que debe tenerse en consideración a los efectos de establecer cuál es el plazo de prescripción aplicable.
11.-Pacífica doctrina y jurisprudencia había admitido -antes de la entrada en vigencia del nuevo código- que el plazo para reclamar el cumplimiento del acuerdo preventivo era de diez años, por lo que, siendo que la cuestión se cristalizó antes de que el nuevo ordenamiento empezara a regir, no resulta de aplicación su art. 2537 del CCivCom. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
I. Viene apelada por la concursada la resolución dictada a fs. 1394/1395 en cuanto le fue requerido acreditar el pago de la porción quirografaria del crédito de Afip o haber efectuado el pago correspondiente a las cuotas vencidas del régimen de plan de pagos de ese organismo.
Para sí decidir, el magistrado de grado consideró que no había sido acreditado el cumplimiento del régimen de plan de pagos al que habría adherido la concursada y, por ende, concluyó que la exclusión del crédito del cómputo de las mayorías no había operado.
Luego, rechazó el planteo de prescripción deducido por la concursada ponderando a tal efecto que había mediado un acto interruptivo de la prescripción decenal opuesta.
El recurso fue fundado a fs. 1476/1479, contestado a fs. 1481/1483 por la sindicatura y a fs. 1498/1499 por la Afip, ante esta Alzada.
II. A efectos de fundar la solución que habrá de darse a la causa, es conveniente comenzar por destacar que a fs. 1068/1070 el magistrado de grado admitió el pedido de exclusión del crédito de la Afip de la base para el cómputo de las mayorías, aclarando que esa exclusión importaba para la concursada la obligación de cumplir lo debido al Fisco con sujeción al plan de pagos regulado por la DGI en la RG 4241/96.
Pese a lo denunciado por la recurrente, no ha sido acreditada en autos la adhesión al plan de facilidades de pago.
En tal sentido, el organismo recaudador denunció que no se encontraba acreditado el sometimiento comprometido de la concursada al régimen de facilidades de pago mencionado (v. fs. 1199) y luego afirmó que el plan en cuestión nunca había sido formalizado como lo exigía la norma (v. fs. 1498/1499).
En efecto: conforme lo indica el art.14 de la RG Afip 4241/96 para perfeccionar el acogimiento era menester el ingreso de la primer cuota del plan, pago que tampoco fue acreditado.
Ese ingreso debía efectuarse junto con la presentación de los formularios de declaración jurada N° 563 y N° 564.
Repárese que las copias presentadas a fs. 1026/1039, correspondientes a las planillas manuscritas en formularios de la DGI, no cuentan con sello alguno que acredite su presentación o la intervención del organismo (v. gr. sello fechador de recepción), como tampoco -como se dijo- se acreditó el pago correspondiente.
En tales condiciones, no ha sido acreditado el efectivo ingreso de la concursada al plan de pagos, como tampoco lo fue su cumplimiento.
La propia concursada reconoció no haber honrado el pago, al denunciar que la Afip, en tanto ajena al acuerdo, podía percibir la totalidad de su acreencia de conformidad con las resoluciones generales que regulan el cobro a contribuyentes concursados, por el procedimiento ejecutivo correspondiente (v. fs. 1299).
III. Así las cosas, y admitido que la concursada no adhirió y menos cumplió el plan de pagos más arriba referido, la primera cuestión por decidir exige a la Sala determinar si la AFIP debe o no considerarse excluida del acuerdo preventivo que fuera homologado en estos autos.
Excluir “el voto” que corresponde a un acreedor verificado, no implica excluir a ese acreedor del acuerdo que no se le permite “votar”, sino que, casi por definición, implica lo contrario: sólo porque el acuerdo habrá de alcanzarlo, es que se le impide -por la razón que sea (ver, entre otros supuestos, los previstos en el art.45 LCQ)- tal voto.
Ese concepto es aplicable al caso, pero, dado que la exclusión del voto que correspondía a la AFIP tuvo por contrapartida el reconocimiento de su derecho a cobrar en los términos de aquella resolución dictada por ella misma para estos casos, es claro que, incumplido el plan respectivo -previsto en esa resolución- por la deudora, ese incumplimiento no puede derivar en la imposición al mencionado organismo fiscal, de aquel acuerdo que se le impidió votar.
Es decir: en este caso, excluir el “voto” no implica exclusión de acuerdo, pero tampoco implica imponer a la Afip la propuesta votada por los demás acreedores, sino admitir que el concordato tiene para ella el contenido económico resultante de la resolución aludida.
La concursada pidió esa exclusión, precisamente, para evitar que el voto “negativo” del mencionado ente fiscal le impidiera alcanzar las mayorías que necesitaba para que se tuviera por aprobado el aludido acuerdo.
Si bien el juez admitió esa exclusión, dejó aclarado en el mismo acto que la situación de la AFIP frente al concurso sería la que resultara de aplicar el aludido plan de pagos (v. fs. 1068/1070).
Esa decisión pasó en autoridad de cosa juzgada, por lo que el contenido del acuerdo logrado en autos por la deudora frente a la AFIP no fue sino el previsto en la RG 4241/96.
No es verdad, por ende, que esa “exclusión de voto” haya implicado excluir a la AFIP del presente concurso o de los efectos de la homologación del acuerdo alcanzado en él.
Es decir: cual si hubiera habido una categorización (art. 41 LCQ) a su respecto, a ella se le reconoció el derecho a cobrar en los aludidos términos.
En tales condiciones, y siendo que esa obligación de pagar devino exigible a partir de la homologación del acuerdo, forzoso es concluir que es a partir de entonces que debe computarse el plazo de prescripción de la acción dirigida a obtener el cobro.
IV.Sentado ello, se impone dilucidar cuál es el plazo de prescripción aplicable al caso.
Tal como lo reconoce la recurrente, inicialmente la pretensión de la deudora quedó circunscripta a examinar si en el caso había transcurrido el plazo fijado por el art. 56 de la ley 11.683 o el plazo genérico previsto por el art. 4023 CC (art. 330 CPCC) (v. fs. 1299).
Esa pretensión no fue ulteriormente modificada (art. 331 CPCC) y en tales términos, mediando silencio por parte del organismo, quedó planteada la controversia en la instancia de trámite.
Luego, en ocasión de fundar sus agravios, replanteó la prescripción en los términos del art. 847 inc. 2° CCom derogado, para el caso de que se considerase que el crédito quirografario en cuestión quedaba alcanzado por el acuerdo homologado, en tanto la aludida norma refiere que prescribe por cuatro años todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos.
Como consecuencia de la medida dispuesta por esta Sala, mediante providencia firme de fs. 1494, la Afip expresó su parecer a fs. 1498/1499 solicitando se aplique el plazo previsto por el art. 4023 CC, derogado.
V. No existe norma que específicamente establezca cuál es el plazo para reclamar el cumplimiento del acuerdo homologado.
No obstante, es claro que, producida la aludida homologación, ella acarrea la novación de los créditos verificados (art. 55 LCQ).
De esto se deriva que la causa del crédito originario desaparece, pues el crédito pasa a tener por causa la homologación que da nacimiento a la acreencia resultante del acuerdo.
Lo dicho basta para descartar la aplicación de lo dispuesto en el art.56 de la ley 11.683, puesto que, siendo claro que la AFIP sí quedó comprendida dentro del acuerdo, también fue alcanzada por sus efectos entre los cuales se encuentra la aludida novación de su crédito (ver en similar sentido, Sala E, “LK Instalaciones SA s/concurso preventivo”, 30.9.2013; Sala A, “Juchco SCA s/concurso preventivo”, 20.10.2011; entre otros).
VI. Tampoco es aplicable aquí el art. 847 inc. 2° del derogado código de comercio, vigente a la época de los hechos.
Las prestaciones periódicas son aquellas que se generan a partir de obligaciones diversas, es decir, de obligaciones independientes entre sí (cfr. Rouillón, Adolfo A., “Código de Comercio comentado y anotado”, La Ley, Bs. As., 2005, T. II, pág. 966).
Ello no ocurre en el caso, en el que la prestación debida al acreedor en función del acuerdo es única, unicidad que no se pierde por el hecho de que se haya previsto un plan de pagos en cuotas, sean éstas las resultantes del acuerdo dirigido a los quirografarios, o las derivadas del “plan de pagos” tantas veces mencionado (cfr. Verón, Víctor, “Tratado de las sociedades anónimas”, La Ley, Bs. A., 2008, T. II, págs. 257 y 324).
En el mismo sentido, se ha estimado que el hecho de prever la devolución de un capital en cuotas a fin de facilitar su cancelación por el deudor, no es particularidad que incorpore a la relación jurídica un elemento esencial que autorice a variar la prescripción decenal que preveía el derogado art. 846 del código de comercio para la acción del acreedor (cfr. Salvat – Galli, “Derecho Civil Argentino”, Bs. As., 1956, T. III, pág. 556).
Es desde tal perspectiva que debe ser aprehendido el campo de aplicación del citado art. 847 inc.2°, el que, como se dijo, no se refiere a una prestación única que se fracciona al solo efecto de facilitar su cumplimiento, sino a prestaciones autónomas que nacen regularmente a partir del transcurso de ciertas fracciones de tiempo (C.N.Com., Sala D, “Suazo, Carlos Manuel c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. y otros s/ ordinario” , del 03.04.09; íd. Sala B, “San Fernando Cía. Financiera c/ Michuletsedem Curt”, LL, 1991-B, 313).
Así las cosas, y siendo que la Afip, como se dijo, quedó comprendida en el acuerdo que tuvo para ella el contenido económico resultante de la resolución supra referida, forzoso es concluir que, homologado ese acuerdo, las obligaciones respectivas derivaron de la sentencia respectiva.
Es decir: siendo que la sentencia de homologación es, precisamente, una verdadera sentencia sin cuya concurrencia no existe el acuerdo, forzoso es concluir que es esa sentencia la que debe tenerse en consideración a los efectos de establecer cuál es el plazo de prescripción aplicable.
Pacífica doctrina y jurisprudencia había admitido -antes de la entrada en vigencia del nuevo código- que ese plazo era de diez años (conf. Lino Palacio “Manual de Derecho Procesal Civil”, pág. 683; Colombo, Carlos J.- Kiper, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado”, La Ley, Bs. As., 2006, t. IV, p . 52, C.Com. Sala A, 10.05.2012, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Casado Marcos Antonio y otros s/ Ejecutivo” , 19.3.15, “Agromadera SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión de crédito por AFIP”; Sala C, 9.12.14, “Banco de Buen Ayre SA c/De Barruel Saint Pons José María y otro s/ejecutivo”, Sala E, 23.10.2014, “ABN Amro Bank NV c/Aguirre Alberto Martín s/ejecutivo” , entre tantos otros), por lo que, siendo que la cuestión se cristalizó antes de que el nuevo ordenamiento empezara a regir, no resulta de aplicación su art.2537.
Forzoso es concluir, entonces, que el plazo extintivo en cuestión no había transcurrido al tiempo en el que la concursada planteó la defensa bajo examen.
Así surge de lo actuado a fs. 1199 por la Afip, que tuvo efecto interruptivo en los términos del art. 3986 Código Civil derogado, en tanto importó actuación judicial susceptible de ser comprendida en esa norma.
No se soslayan los argumentos de la concursada proporcionados al contestar la presentación que la Afip hiciera ante esta Sala, oportunidad en la cual el mencionado organismo fiscal invocó ese acto interruptivo.
No obstante, aun cuando se prescindiera de lo dicho por esa acreedora en tal ocasión, la solución habría de ser idéntica, en tanto la concursada parece soslayar que fue el juez de primera instancia quien oficiosamente, aun ante la omisión de defensa por parte de la Afip, ya había ponderado ese acto para rechazar la prescripción alegada.
Es verdad que la prescripción no puede ser declarada de oficio, pero, en rigor, lo que el magistrado hizo de ese modo oficioso no fue proceder a esa declaración de prescripción, sino denegarla con sustento en los elementos que se habían reunido en la causa.
En tales condiciones, no asiste razón a la quejosa en cuanto a que la Sala estaría excediendo la continencia del recurso concedido en relación si ponderara el referido acto, en tanto, por lo dicho, la plataforma fáctica y jurídica sobre la cual se ha construido la solución alcanzada vino plasmado desde la primera instancia.
Por ello, y siendo que entre el 5 de abril de 2000 -en el que quedó firme la sentencia de homologación dictada el 27 de marzo del mismo año- y el 1 de febrero de 2010.-en el que la Afip presentó el aludido escrito-, no transcurrió el plazo de diez años recién mencionado, la defensa examinada debe ser rechazada.
V. Por lo expuesto, se resuelve: Rechazar el recurso de apelación deducido por la concursada. Con costas (art. 68 CPCC).
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