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Timestamp: 2018-11-18 08:30:08+00:00

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﻿ Sentencia T-994 de diciembre 3 de 2010
SENTENCIA T-994 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:DERECHO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA MENORES CON DISCAPACIDAD. EN VIRTUD DEL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ACTUALMENTE INFORMA LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE MENORES CON DISCAPACIDAD (DECRETO 366 DE 2009) HACEN PARTE DEL CONTENIDO MÍNIMO PROTEGIDO DEL DERECHO Y POR LO TANTO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESA NORMATIVIDAD SON DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, DISCAPACIDAD
Sentencia T-994 de diciembre 3 de 2010
Ref.: Expediente T-2.777.851
Bogotá, D.C., el tres de diciembre de dos mil diez.
5. La peticionaria reiteró su solicitud, solicitando respuesta de fondo para la situación de los menores con discapacidad, mediante petición de 13 de mayo de dos mil diez (2010). La gobernación reiteró su posición inicial, mediante Oficio CDA 549 de 2010, suscrito el diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010), agregando que la situación se resolvería definitivamente en 2011, “quedándose los niños sin recibir el servicio de ecuación(sic) especial para el año 2010”.
7. Agrega la peticionaria que las actuaciones y omisiones de la Gobernación de Amazonas implican a una violación al derecho a la igualdad de los menores con discapacidad o con capacidades excepcionales, en la esfera de adopción de medidas diferenciales positivas en su favor (C.P., arts. 13, incs. 2º y 3º; y art. 47, 68); y en la esfera de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en todos los niveles.
En su concepto, “[c]onceder a unos estudiantes el beneficio de respetar las garantías propias del derecho a la educación dotando a los mismos de las condiciones físicas, humanas, lúdicas, pedagógicas etc. Excluyendo de la misma a otros por la sola voluntad de la administración, se erige en un trato discriminatorio” (Cita T-122/2003).
9. En sentencia de primera instancia, proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Leticia decidió conceder el amparo a Leti Macedo Macedo y ordenó al ente accionado asegurar la efectividad inmediata de su derecho fundamental a la educación especial.
Como sustento del fallo, expresó el a quo que, de conformidad con la Sentencia T-170 de 2007, la educación de las personas con discapacidad es un derecho fundamental que comprende “elementos mínimos no negociables”, de manera que resulta inexplicable que solo a partir de la expedición del Decreto 366 de 2009 —que reglamenta la prestación del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades y talentos especiales—, la entidad territorial accionada haya iniciado estudios para la contratación de los docentes y el personal requerido “para la atención integral en materia de educación de niños y niñas, y que esté proyectando la adecuación de las instalaciones físicas para” la prestación del servicio a partir de 2011.
10.1. En reunión con los padres de familia de los menores con discapacidad, y menores con capacidades o talentos extraordinarios, se decidió realizar el proceso [de implementación del Decreto 366 de 2009] gradualmente, para asegurar la adecuada formación del personal de apoyo docente, adquirir el material didáctico y adecuar las plantas físicas de las instituciones educativas para atender a esta población.
10.2. La administración departamental desarrolló estudios para la contratación de personal profesional y técnico, y ha encontrado dificultades relacionadas con los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 del Decreto 366 de 2009, y la Directiva Ministerial 15, pues “no existe entidad jurídica que reúna personal con el perfil requerido para la atención a dicha población”.
10.4. Señala que, para dar cumplimiento al Decreto 366 de 2009 y demás disposiciones relevantes para el problema jurídico propuesto, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha suscrito convenios para la compra de elementos didácticos, construcción de rampas y/o accesos para personas con discapacidad en la Escuela Normal Superior de las sedes A, B, C, D y E; y explica que está adelantando la contratación de profesionales en fonoaudiología, fisioterapia y psicología para dar cumplimiento al Decreto 366 de 2009, por lo que solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se declare la improcedencia por carencia actual de objeto (aporta pruebas a fls. 65-130).
Sobre las acciones concretas de la autoridad accionada, resaltó las reuniones que ha realizado con la dirección de salud departamental para apoyar a los niños y niñas con discapacidad, logrando el acompañamiento, orientación y apoyo técnico a las personas con situación de discapacidad y sus familias desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), actividad que corresponde a un plan de contingencia frente a la vulnerabilidad de esta población; mencionó que la Gobernación del Amazonas ha suscrito los contratos 000736 de 26 de mayo de 2010 para adquirir elementos didácticos con destino a la serie E; el contrato 000746 de 2010, con el objeto de construir rampas y/o acceso para personas con discapacidad en las instituciones educativas; y que se encuentra adelantando la contratación de profesionales en fonoaudiología, fisioterapia y psicología, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 366 de 2010.
Cuestión previa. Análisis sobre la eventual carencia de objeto(1).
Por otra parte, desde una perspectiva práctica, si se repara en que la protección constitucional a los derechos fundamentales, se concreta en órdenes perentorias a las autoridades competentes o concernidas con la protección del derecho afectado, resulta evidente que ante la cesación del hecho generador de la acción, cualquier orden resulta por completo inocua o superflua”(2).
Además, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé la improcedencia de la acción cuando se ha consumado un daño iusfundamental que no puede ser subsanado mediante las órdenes de protección del juez de tutela. En esos eventos, sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que el juez constitucional debe pronunciarse de fondo para reiterar la jurisprudencia de la corporación en la materia y emitir las órdenes de prevención pertinentes para evitar que situaciones que producen un daño de tal entidad a los derechos fundamentales, se repitan en el futuro(3).
En el caso objeto de estudio es claro que se presenta el fenómeno de carencia actual de objeto, pues la autoridad accionada ha expresado que a partir de 2011 garantizará la prestación del servicio a la peticionaria y sus compañeros del municipio de Leticia, en los términos previstos por el Decreto 366 de 2009 y las demás normas concordantes, y ha aportado pruebas sobre las acciones concretas que ha realizado para subsanar la deficiencia en la prestación del servicio de educación especial que se presentaron en 2010(4), de manera que el juez constitucional no se ve obligado a proferir órdenes concretas para que cese la acción u omisión violatoria de los derechos fundamentales de la accionante.
1. Esta Corte ha establecido que el derecho a la educación es de naturaleza fundamental, pues guarda una íntima relación con la dignidad humana, en la dimensión relativa a la adopción de un plan de vida y la realización de las capacidades del ser humano, y porque constituye un medio trascendental para la efectividad de otros derechos fundamentales(5) “tales como la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, entre otros(6)”(7).
3. Para una adecuada comprensión del carácter fundamental del derecho a la educación, y por lo tanto, del problema jurídico planteado, la Sala considera oportuno señalar algunos elementos del concepto de “derechos fundamentales”, puestos de relieve en jurisprudencia relativamente reciente(8):
3.1. En un desarrollo jurisprudencial que se ha llevado a cabo entre los años 2002 y 2008, la Corte Constitucional ha concluido que el carácter fundamental de un derecho depende de su relación con la dignidad humana, de su facultad de ser traducible en un derecho subjetivo, y de la existencia de consensos a nivel de derecho positivo, jurisprudencia constitucional o derecho internacional de los derechos humanos, entre otros(9).
3.2. Ha explicado además esta corporación que los derechos fundamentales poseen una naturaleza o estructura compleja: están compuestos por diversas facetas, algunas de las cuales implican para el Estado el cumplimiento de obligaciones de abstención; en tanto que otras le imponen obligaciones positivas o prestacionales (de dar o prestar un servicio)(10).
3.3. En la Sentencia T-760 de 2008, explicó la Corte que (i) las esferas negativas de un derecho fundamental son exigibles de forma inmediata, por vía de tutela (siempre que se respeten los parámetros del principio de subsidiariedad), así como (ii) las facetas positivas que no impliquen mayores erogaciones (como brindar información oportuna y veraz en los puntos dispuestos por las autoridades para el efecto); (iii) las facetas positivas que impliquen prestaciones que comprometen un amplio esfuerzo fiscal son de cumplimiento progresivo, pero una vez reciben concreción legislativa o su contenido mínimo es definido por la jurisprudencia constitucional o el DIDH, tienen el carácter de derecho subjetivo exigible también ante el juez de tutela(11).
En esos términos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mandato de progresividad(12) impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar. En ese sentido, es pertinente reiterar lo expresado por la Sentencia T-043 de 2007:
(i) Como regla general, el legislador goza de un amplio margen de configuración de los derechos sociales, para lo cual está facultado para modificar la legislación que define su contenido y condiciones de acceso, incluso si las nuevas condiciones afecten meras expectativas de consolidar un derecho bajo la antigua normatividad. Sin embargo, cuando el legislador adopta medidas que de cara a la antigua legislación implica un retroceso en su ámbito de protección, dichas medidas son constitucionalmente problemáticas por contradecir el principio de progresividad. Por lo tanto, frente a una medida regresiva debe presumirse su inconstitucionalidad prima facie, que podrá desvirtuarse cuando se logre establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio de proporcionalidad; (ii) que la medida no desconoce situaciones particulares y concretas consolidadas bajo la legislación anterior, por lo que se muestra respetuosa de los derechos adquiridos; o que (iii) si bien afecta a situaciones ya consolidadas, contempla otros mecanismos, como los regímenes de transición, dirigidos a proteger los derechos adquiridos o expectativas legítimas (T-043/2007).
“[A la luz de las normas constitucionales pertinentes y el bloque de constitucionalidad] puede esta Sala establecer que el derecho constitucional (…) a la educación en el caso de las personas con limitaciones de diverso orden, cuenta con un contenido mínimo no susceptible de ser negociado, que se halla(sic) definido en la ley y en los actos administrativos respectivos, derivado de la propia Carta Constitucional. Este contenido, debe pues, ser protegido y garantizado por las autoridades de un lado permitiendo la realización progresiva de este derecho hasta que las personas puedan gozarlos plenamente(13). Por este motivo, una vez las autoridades políticas han desarrollado ciertos componentes progresivos de esos derechos prestacionales, se entiende que dichos contenidos quedan incorporados al ámbito constitucionalmente protegido de dicho derecho, por lo que no está dado brindar un tratamiento regresivo a los estándares normativos de protección.
Otra dimensión que adquiere el derecho a la educación, es que además de ser un derecho prestacional de desarrollo progresivo, cuenta con aspectos y componentes que lo configuran como un derecho fundamental de aplicación inmediata, en este caso por la titularidad con la que cuenta la población discapacitada, que a su vez encuentra razones para el reforzamiento en la protección, en tratándose de niños o niñas. Dadas estas circunstancias, como derecho fundamental el derecho a la educación de las personas con discapacidades, además de permitir su protección por medio de la acción de tutela, como lo ha indicado esta corporación “guarda en estos casos una relación conceptual innegable con el derecho a la igualdad, en la medida en que la condición especial de sus titulares (los limitados físicos, sensoriales y psíquicos)”(14), implica la obligación del Estado de articular medidas especiales de protección.
Para la Corte, las personas con limitaciones psíquicas y físico sociales, como el retardo mental, gozan de la especial protección del Estado y son titulares de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales reconocidos y determinados por el Estado en el marco de su política pública de educación. Por esta simple conclusión, estas personas pueden reclamar directamente los contenidos fundamentales del derecho a la educación que derivan directamente de la Carta por vía de la acción de tutela. Esto implica el deber correlativo de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación(15), los cuales deben suministrarse en condiciones de igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especiales de las personas afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que los procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad.
e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado”(16).
Estos parámetros normativos, que tienen fundamento en los artículos 4º, 44, 47, 67 y 68 de la Constitución Política; y en los diversos contenidos normativos relevantes del bloque de constitucionalidad, tales como el artículo 23 de la Convención sobre los derechos del niño(17); el literal e) del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención americana sobre derechos humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales(18); el artículo 3º de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad(19), y el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad(20), son también aplicables al caso de los niños con capacidades o talentos extraordinarios (T-022/2009).
Es importante resaltar que, en virtud del concepto de derechos fundamentales que actualmente informa la jurisprudencia constitucional, las medidas adoptadas por los órganos encargados de la adopción y ejecución de políticas públicas en materia de educación de menores con discapacidad (D. 366/2009 y normas administrativas concordantes), hacen parte del contenido mínimo protegido del derecho y, por lo tanto, las obligaciones derivadas de esa normatividad son de cumplimiento inmediato y susceptibles de protección mediante la acción de tutela, dado que la población destinataria de esas medidas está compuesta por sujetos de protección constitucional reforzada, titulares del derecho fundamental a la educación especial.
En ese sentido, la Sala estima que deben revocarse los fallos de instancia: tanto la decisión del a quo que concedió el amparo, como el fallo de segunda instancia, que lo denegó, pues la carencia actual de objeto comporta la improcedencia de la acción. Sin embargo, como se ha establecido en jurisprudencia constante de esta corporación, la Sala adoptará órdenes de prevención para evitar que un daño iusfundamental como el constatado en esta oportunidad se repita en el futuro.
1. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010), en tanto denegó el amparo a los derechos de Leti Macedo Macedo, y la sentencia proferida por el Juzgado Único Administrativo de Leticia, proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), en tanto concedió el amparo a los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de Sofía para, en reemplazo de los fallos que se dejan sin efecto, declarar la carencia actual de objeto, tomando en cuenta, de una parte, la ocurrencia de un daño consumado en el año lectivo de 2010 y, de otro lado, el compromiso de superar tal situación en el año 2011, de acuerdo con la intervención del ente territorial accionado y las pruebas aportadas por el mismo, en el trámite de esta acción de tutela.
2. Advertir al departamento del Amazonas que las obligaciones derivadas de la ley, los decretos y las resoluciones administrativas en relación con el contenido mínimo del derecho a la educación especial de los menores con discapacidad son de carácter inmediato, de manera que se encuentra en la obligación de poner en marcha, al momento de la notificación de esta decisión, si aún no lo hubiere hecho, la prestación del servicio educativo para menores con discapacidad, por lo menos, en las condiciones mínimas de calidad y cobertura establecidas por los órganos de decisión política (legislativo y ejecutivo, en sus ámbitos de competencia).
3. Advertir al departamento del Amazonas sobre su obligación de buscar una ampliación constante en la calidad y en el cubrimiento de las necesidades de los menores con discapacidad, y los menores con talentos o capacidades extraordinarias.
4. Informar al departamento del Amazonas sobre la importancia de implementar, de manera inmediata, los principios de ajustes razonables; participación de personas con discapacidad en los asuntos de las personas con discapacidad, y toma de conciencia, tal como están previstos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, principalmente, en su artículo 24, relativo al derecho a la educación de las personas con discapacidad y citado en los fundamentos de esta providencia.
5. Recomendar al juez de primera instancia la vigilancia en el cumplimiento de lo establecido en este fallo y, principalmente, de las obligaciones que la autoridad territorial accionada afirma hacer efectivas desde el inicio del año lectivo de 2011, de conformidad con lo expresado en el aparte relativo al daño consumado. (Ver; fundamentos; cuestión previa).
6. Librar, por Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2951 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) Sobre el concepto de hecho superado, ver, entre muchas otras, las sentencias SU-540-2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-233 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-1035 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-935 y T-936 de 2002, (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-1072 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-539 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-923 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), y T-428 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(2) Una situación similar, en cuanto a la eficacia de la acción de tutela, como medio de protección de derechos fundamentales, se presenta cuando la vulneración efectiva de un derecho ha causado ya un daño que no puede ser reparado mediante la acción, o una situación de lesión a los derechos fundamentales, que no puede ser revertida; es decir, cuando se llega a un estado de cosas, en el cual es imposible regresar al estado previo a la vulneración.
(3) Sobre el diferente tratamiento que debe dar el juez de tutela al hecho superado, el daño consumado y el hecho superado durante el trámite de la tutela, ver sentencias SU-540 de 2007, T-576 de 2008.
(4) Así, parte accionada aportó prueba de los siguientes trámites de contratación administrativa para la adecuada prestación del servicio educativo a las personas con discapacidad: (i) compra de material didáctico con destino a la sede “e” de la institución educativa Escuela Normal Superior del municipio de Leticia, por $ 20.950.000; (ii) contrato para la construcción de rampas y/o acceso para discapacitados en las instituciones educativas Sagrado Corazón de Jesús de las sedes A y B, José Eustacio (sic) Rivera Sede A y B, Francisco del Rosario Vela González y Normal Superior Marceliano E. Canyes Santacana de las sedes A, B, C, D y E de la ciudad de Leticia, departamento de Amazonas, por $ 21.644.584; convocatoria pública 000865 para la construcción de un aula-taller en el instituto educativo Escuela Normal Superior Marceliano Canyes Santaca, sección E - Unidad de educación especial en el municipio de Leticia, con presupuesto oficial de $ 23.150.000; (iii) Estudio previo para la contratación de servicios de fonoaudiólogo “como personal de apoyo para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales o con talentos especiales en la Escuela Normal Sección E del municipio de Leticia; (iv) Solicitud de certificado presupuestal para la contratación de un fonoaudiólogo para la prestación del servicio en la Escuela Normal, sección E del municipio de Leticia; contrato de prestación de servicios de un profesional en fisioterapia para la prestación del servicio en la Escuela Normal Sección E del municipio de Leticia; Estudio previo para la contratación de servicios de un profesional en fisioterapia, para la prestación de apoyo pedagógico en la Escuela Normal de Leticia, Sección E; Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal; Estudio previo para la contratación de un psicólogo para la prestación del servicio en la Escuela Normal, sección E, de Leticia (fls. 65-130).
(5) T-321 de 2007: “De esta forma, se puede concluir que el derecho a la educación goza de naturaleza fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta un factor de desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirige a la realización de la dignidad humana, en tanto permite la concreción de un plan de vida y el desarrollo pleno del individuo en sociedad”, T-689 de 2005, T-780 de 1999. De acuerdo con jurisprudencia reciente, pero consolidada de la Corte Constitucional (T-227/2003), los derechos fundamentales son aquellos destinados a la protección de la dignidad humana, cuyo contenido normativo fue precisado en el fallo T-881 de 2002, como (i) la posibilidad de realizar planes de vida autónomos; (ii) la obligación de garantizar un mínimo de bienes que garanticen la participación del ciudadano en la construcción de los destinos sociales; y (iii) una garantía a su integridad. || Además, aclaró que el derecho fundamental debe tener la posibilidad de ser traducido en un derecho subjetivo, lo que sucede cuando existe un amplio consenso, a nivel constitucional y legal, en la jurisprudencia de esta corporación, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), o en el marco del caso concreto, sobre las razones constitucionales que doten a ciertas prerrogativas y expectativas del orden constitucional que las lleve a traducirse en tales derechos subjetivos.
(9) Sentencia T-227 de 2003.
(10) Ver sentencias T-016 de 2007 y T-760 de 2008.
(11) Al respecto, se remite al importante fallo T-227 de 2003.
(12) El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004, C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del Pidesc.
(13) Ver al respecto, entre otras, las sentencias, y C-1489 de 2000, y C-251 de 1997.
(14) Cfr. Sentencia T-826 de 2004.
(15) Estos criterios fueron definidos como componentes del derecho a la educación por parte de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación en “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe preliminar de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación” presentado de conformidad con la Resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos Humanos. 13 de enero de 1999. E/CN.4/1999/49. Párrafo 42. Desde que fueron definidos, estos criterios han sido utilizados por esta corporación en abundante jurisprudencia como criterios de interpretación en los temas relacionados con el derecho a la educación.
(16) Cfr. Sentencia T-443 de 2004.
(17) Convención sobre los derechos del niño: Artículo 23. “1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. || 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. || 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. ||4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.
(18) Artículo 13. Derecho a la educación. || 1. Toda persona tiene derecho a la educación. || 2. Los Estados partes en el presente protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. || 3. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. (Destaca la Sala).
(19) ARTÍCULO III. Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados parte se comprometen a: || 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: || a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;|| b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; || c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y || d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. || 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: || a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; || b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y || c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
(20) El artículo 24 de la Convención sobre personas con discapacidad, establece: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de vida, con miras a: || a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; || b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; || c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. || 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: || a) La personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; || e) Se faciliten medidas de apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; || 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: || a) Facilitar el aprendizaje Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares: || b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular de los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social; || 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. || 5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.

References: artículo 6
 artículo 23
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 36
 Resolución 
 Artículo 23
 Artículo 13
 artículo 24