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Timestamp: 2019-11-12 18:11:27+00:00

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CONSTITUCIÓN vs INDEPENDENTISMO | NOTICIAS VASCO GÓMEZ ABOGADOS
Posted by blogabogado On septiembre 22, 2017 0 Comment
Las autoridades catalanas están incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía con total impunidad. Al menos hasta esta semana.
Cataluña vive días agitados, días de movilizaciones ciudadanas y registros en sedes administrativas, de partidos políticos e incluso en mensajerías e imprentas. Un auténtico esperpento que no hace demasiado bien a la “Marca España” ante la opinión pública internacional.
Los defensores del Procés se presentan a sí mismo como víctimas de un estado autoritario y represivo -el español- que cercena sus más elementales derechos ciudadanos. Denuncian que el gobierno español limita su derecho a votar, a decidir sobre el futuro de su gente y de su tierra.
Para valorar si la actuación del gobierno central está siendo proporcionada y ajustada a Derecho -lo cual no será objeto de esta publicación- primero debemos pasar la prueba del nueve a las últimas decisiones del “Bloque soberanista” y analizar si las mismas tienen encaje constitucional y estatutario.
Respecto a la Constitución española
Haciendo una ligera lectura de nuestra Carta Magna podemos encontrar no menos de 18 preceptos constitucionales que están siendo obviados por el gobierno catalán en sus más recientes decisiones políticas. Pasemos brevemente por cada uno de éstos:
Como estado democrático de derecho propugnamos que todos nuestros actos políticos y administrativos estarán sometidos al Imperio de la ley, o lo que es lo mismo: los Poderes públicos y los ciudadanos de a pie no podemos hacer lo que está prohibido. Una definición que casa mal con la convocatoria de un referéndum para el que la Generalidad no tiene competencias y que pretende trocear la Soberanía nacional; la cual recae en todos los españoles y no sólo en una parte de ellos.
A mayor abundamiento, con su actuación están conculcando el propio artículo 1 del Estatuto de autonomía para Cataluña aprobado mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, cuando dice: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Otro tanto ocurre con el artículo 2.4 de la citada norma “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución”.
El respeto a las particularidades de las diferentes comunidades dista mucho de justificar la división de nuestro país; razón por la cual no será posible convocar un referéndum de autodeterminación sin antes proceder a una revisión de la Carta Magna.
Señala al efecto el artículo 4 del Tratado de Maastricht que: “1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”. Precepto que mantendrá a la Unión Europea del lado del Gobierno español en esta situación de conflicto -creado por los independentistas-,
Las decisiones del gobierno catalán contradicen los mandatos del Tribunal Constitucional -supremo intérprete de nuestra Carta Magna-, desoyendo las resoluciones que han declarado ilegales tanto la convocatoria del referéndum como las conocidas como “Leyes de desconexión”, por cuanto las mismas no se encuentran entre las competencias propias o impropias de la comunidad autónoma.
La persecución diaria a los no nacionalistas es una realidad en la Cataluña de 2017 y ello es así, en gran parte, por la pasividad de las autoridades autonómicas. En estas condiciones no se garantiza la libertad ni la igualdad entre los ciudadanos de la región.
Las normas dictadas en materias sobre las que no se tiene competencia son contrarias al principio de legalidad y no respetan la jerarquía normativa de las disposiciones constitucionales. Toda una muestra de arbitrariedad por parte de los poderes públicos catalanes, quienes actúan obviando las más elementales normas democráticas, pues no conviene olvidar que las leyes son la expresión de la soberanía nacional e ir contra aquéllas es también atentar contra ésta.
El artículo 3.1 del Estatut señala: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad”. Poca lealtad parecen mostrar con sus últimas actuaciones. En el punto siguiente (artículo 3.2) continúa diciendo que “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos”. Una disposición que tampoco se está respetando por la propia Generalidad.
Pese al discurso nacionalista, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. El artículo 9 del Tratado de Maastricht continúa diciendo: “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”. Una declaración de independencia “a la catalana” sería un hándicap a la hora de solicitar su adhesión a la Unión Europea -la cual requiere la unanimidad de todos los Estados miembros-.
Para más inri, el artículo 39 del Estatut dice: “1. Los poderes públicos de Cataluña deben orientar las políticas públicas de acuerdo con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de sus competencias, los poderes públicos de Cataluña deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena eficacia.
3. Los principios rectores son exigibles ante la jurisdicción, de acuerdo con lo que determinan las leyes y las demás disposiciones que los desarrollan”. Sobran comentarios.
Este precepto constitucional es, quizás, el que mejor prueba que la ruptura en la sociedad catalana obedece, en gran modo, a la falta de respeto a la ley y a los derechos de los demás. Perdidos éstos, perdido el orden político y la paz social.
El Artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Cataluña señala que:
“1. Los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, la Constitución, la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los demás tratados y convenios internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible”.
Este precepto estatutario está siendo desoído por quienes toleran, cuando no alientan, a la persecución y hostigamiento de todo aquel que piensa diferente y tiene la osadía de decirlo públicamente. El primer mandamiento para cualquier movimiento absolutista es intentar callar a la “disidencia”.
En la misma línea se dice en el artículo 15 del Estatut que: “1. Los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes reconocidos por las normas a que se refiere el artículo 4.1.
3. Los derechos que el presente Estatuto reconoce a los ciudadanos de Cataluña pueden extenderse a otras personas, en los términos que establecen las leyes”. Aunque no está tan claro que se respete.
Otro tanto ocurre con el artículo 29.1 del citado texto normativo, cuando señala: “Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Cataluña, de forma directa o bien a través de representantes, en los supuestos y en los términos que establecen el presente Estatuto y las leyes”.
En la misma línea señala el artículo 37.1 del Estatut: “Los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente Título vinculan a todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares. Las disposiciones dictadas por los poderes públicos de Cataluña deben respetar estos derechos y deben interpretarse y aplicarse en el sentido más favorable para su plena efectividad.
Los derechos reconocidos en los artículos 32 y 33 vinculan también a la Administración General del Estado en Cataluña”.
Por su parte, el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea señala: “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia”. Una concepción de unión de naciones muy diferente a la que demuestran tener los soberanistas.
El Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 dice sobre el particular en sus artículos 10.1; 14 y 17, respectivamente:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”.
Sobre la Prohibición de discriminación:
“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.
Sobre la Prohibición del abuso de derecho:
“Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo”.
Conforme a los mismos las actuaciones de las autoridades catalanas están contraviniendo las normas esenciales del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; un primer paso preocupante para quienes pretenden confiarles su futuro y el de sus hijos.
Imagen: La Vanguardia Diada
La decisión de segregar parte del país conllevaría la pérdida de la nacionalidad española para todos aquellos catalanes que continuasen residiendo en la hipotética República catalana.
La falta de respeto a las más elementales normas constitucionales y la persecución al que piensa diferente son una auténtica tropelía que no puede ni debe permitirse en una sociedad moderna y menos aun en un estado social y democrático de derecho.
El Estatuto de autonomía catalán señala en su artículo 43 que: “1. Los poderes públicos deben promover la participación social en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, con pleno respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía.
3. Los poderes públicos deben procurar que las campañas institucionales que se organicen en ocasión de los procesos electorales tengan como finalidad la de promover la participación ciudadana y que los electores reciban de los medios de comunicación una información veraz, objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que concurren en los procesos electorales”. Una situación harto complicada en un estado de represión a quien piensa diferente. Y como muestra, un botón:
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-22/ataque-tienda-padres-albert-rivera-independentismo-carteles_1447844/
http://www.eldiario.es/politica/PSC-denuncia-ataque-Barcelona-agredidos_0_688731950.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-6-jovenes-proximos-investigados-atacar-sede-pp-catalan-no-acuden-declarar-201706011209_noticia.html
La libertad ideológica no queda protegida por quienes amparan a los que atacan a quien piensa diferente, y esto es una constante en la Cataluña actual.
Este derecho no está protegido por quienes acosan al que opina diferente y le hostigan para que guarde silencio y se pliegue ante la opinión de los violentos.
La madre del cordero, el origen de todo este movimiento es el “Espanya ens roba”, un mantra que, de tanto repetirlo, ha terminado calando hondo en la opinión pública catalana. Este posicionamiento político es contrario a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado por considerar que su dinero no debe ir a otras comunidades autónomas españolas, sino revertirse íntegramente en Cataluña; evitando así contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de otras regiones.
Mención aparte merece el hecho de que los territorios (ni Cataluña ni ningún otro) pagan territorios, sino que son los ciudadanos y las empresas quienes lo hacen. Cataluña no paga impuestos, son los catalanes quienes lo hacen.
El objetivo del independentismo es insolidario, pues consiste en no contribuir a la redistribución de las rentas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de otras regiones, como se dijo en el apartado anterior.
La forma de convocar un referéndum constitucionalmente admisible es la señalada en este precepto y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, que la desarrolla. También podrán hacerlo las demás administraciones, pero siempre en su ámbito de competencias.
En este sentido señala el artículo 122 del Estatut: “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución” (“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). La ilegalidad del referéndum es, por ende, incuestionable.
El Bloque soberanista sirve a sus propios intereses y no al del resto de catalanes y demás españoles, adoptando decisiones que les están vedadas constitucionalmente por corresponder al Legislativo nacional (Congreso y Senado).
Actuar de forma contraria a la ley va contra la seguridad jurídica y puede llevar a los ciudadanos a pensar que las normas son de aplicación residual y, por ende, no deben ser respetadas. La Historia nos ha mostrado qué ocurre cuando las sociedades no están reguladas por unas normas de convivencia -entre las cuales se encuentran las leyes-.
Al efecto cítese el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña: “Todas las personas tienen derecho a ser tratadas por los poderes públicos de Cataluña, en los asuntos que les afectan, de forma imparcial y objetiva, y a que la actuación de los poderes públicos sea proporcionada a las finalidades que la justifican”. Precepto que está siendo igualmente conculcado por las autoridades catalanas; y conviene recalcar que Puigdemont “…tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno. También tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña”, según señala el artículo 67.1 del Estatut; mientras que “El Parlamento representa al pueblo de Cataluña” (de todos los catalanes) según el artículo 55.1 de la referida norma.
El artículo 71.2 del citado texto legal señala: “La Administración de la Generalitat sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sumisión plena a las leyes y al derecho”.
Contra estos principios van dirigidas las acciones soberanistas, pues pretenden obviar el principio de solidaridad y disfrutar de unos privilegios que muestran su profundo egoísmo.
Presionar a los jueces y magistrados y azuzar a los ciudadanos contra éstos acusándoles de ser el brazo ejecutor de una supuesta represión gubernamental muestra una absoluta mala fe y un desconocimiento gravísimo de los principios esenciales de la Judicatura: Independencia y sometimiento al imperio de la ley.
Son varias las resoluciones judiciales contrarias a las últimas decisiones del Parlamento de Cataluña y de ayuntamientos independentistas por su anticonstitucionalidad e ilegalidad. No obstante lo anterior, los soberanistas continúan en una huida hacia adelante que se fundamenta única y exclusivamente en que se consideran intocables. Veremos.
El interés general de todos los españoles, no sólo de parte de éstos. Difícilmente podrán exigir a sus ciudadanos que paguen impuestos cuando están haciendo de la desobediencia, la insolidaridad y la irresponsabilidad su bandera.
Las medidas del Parlamento van justo en la dirección contraria a lo marcado por este precepto constitucional, hacia la separación entre españoles.
Siendo competencia estatal es absurda la solicitud planteada por el Bloque soberanista y no lo son menos las llamadas al diálogo de quienes saben que no puede accederse a la principal petición de los catalanistas más acérrimos.
A la vista de lo anterior, habiendo adoptado decisiones claramente contrarias al orden constitucional y al principio de legalidad, los independentistas catalanes exigen el respeto a un derecho que no les es aplicable -la autodeterminación-; por estar previsto para países sin capacidad de autogobierno mientras soslayan todos los derechos de los catalanes, llevándoles a una situación de absoluta inseguridad jurídica y de ruptura total con el resto de compatriotas.
Ni tan siquiera se respeta la bandera definida en el artículo 8.2 del Estatuto de autonomía, considerando más representativa la creada por Vicenç Albert Ballester a principios del siglo pasado.
Es claro que se ha intentado crear un censo con los datos que, por distintos motivos, tiene la Administración catalana de sus ciudadanos, contraviniendo no sólo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, sino también el artículo 31 del Estatuto, que previene: “Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros que son competencia de la Generalitat y el derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección. Una autoridad independiente, designada por el Parlamento, debe velar por el respeto de estos derechos en los términos que establecen las leyes”. En la misma línea se desarrolla el artículo 156 del Estatut.
Con estas y otras actuaciones se están violando las normas más fundamentales del Estado, de la Comunidad autónoma e incluso al derecho a la representación de los catalanes, ya que aquéllos que han conseguido más votos, pero menos escaños, están siendo silenciados por una Presidencia del Parlamento más propia de un gobierno dictatorial que de una democracia consolidada; y ello pese a lo prevenido en los artículos 30.2 y concordantes del Estatuto: “Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a elegir a sus representantes en los órganos políticos representativos y a presentarse como candidatos, de acuerdo con las condiciones y los requisitos que establecen las leyes”.
Pese a que las decisiones adoptadas en las últimas fechas por los líderes soberanistas no son propias de un estado moderno ni democrático de derecho, están siendo aplaudidas por una parte importante de la sociedad catalana, probablemente aquélla más influencia por una campaña de adoctrinamiento que viene de lejos gracias a las competencias en materia de educación y de medios de comunicación social de que disfruta la Generalidad.
El artículo 21.1 del Estatut señala que: “Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad. La Generalitat debe establecer un modelo educativo de interés público que garantice estos derechos”. El artículo 131 de la citada norma continúa diciendo: “2. Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva que incluye:
f) La formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás profesionales de la educación y la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos”. Controlar la Educación es controlar el futuro y si no se pone pie en pared pronto, seguirá aumentando el número de independentistas creados en las escuelas públicas catalanas con el dinero de todos los españoles.
Sobre los medios de comunicación dice el artículo 52 del Estatuto: “1. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también debe ser neutral.
2. Los poderes públicos deben promover las condiciones para garantizar el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales en el ámbito de Cataluña”. Este precepto es la antítesis de lo que se viene haciendo de TV3, Catalunya Radio y demás entes autonómicos catalanes.
Como colofón hago referencia al tan traído artículo 155, del que Josep Borrell ha llegado a decir que “no es la bomba atómica” por la zozobra que ha generado su posible aplicación como consecuencia de la falta de responsabilidad de los dirigentes catalanes.
Este artículo, traducido y copiado de la Constitución alemana (“Ley fundamental para la República Federal Alemana” en su denominación original) sencillamente fija un mecanismo para que el Estado central pueda corregir las decisiones adoptadas por cualquier autonomía fuera del marco legal de la propia Constitución y el del ordenamiento jurídico.
No significa la eliminación de la autonomía, catalana en este caso, sino una suspensión temporal para enmendar todo aquello que se ha hecho mal, con el objeto final de proteger el interés general de España. Y resulta curioso que se hable de represión y de actuación antidemocrática cuando según el artículo 164.3 del Estatut: “Corresponde a la Generalitat, en el marco de la legislación estatal sobre seguridad, las facultades ejecutivas que le atribuya el Estado y en todo caso: a) Las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación”.
Señala el citado artículo 155 de nuestra Constitución:
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 artículo 3
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 artículo 149
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 artículo 52
 artículo 155
 artículo 164
 artículo 155