Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/TRANSMISION-DE-FINCA-5658-boe14112019-rDGRN02102019
Timestamp: 2020-08-14 22:32:52+00:00

Document:
RESOLUCIONES - TRANSMISIÓN DE FINCA. - 02/10/2019
Reglamento Hipotecario, Artículos 26, 99 y 110
Resolución de 2 de octubre de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Valdepeñas, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca.
I Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 5 de septiembre de 2018, acompañada de mandamiento de cancelación de cargas, dictadas en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución.
II Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
"Previo examen y calificación del precedente documento, presentado a las 10:00 horas del día 17/04/2019 con el asiento de presentación 754 del Diario 188, resultan los siguientes:
I. El documento objeto de la presente calificación, certificación de venta directa y mandamiento de cancelación de cargas expedidos y firmados electrónicamente, el 05/09/2018 por Doña C. M. G., Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la AEAT de Madrid, fue presentado el día y hora y bajo el asiento de presentación arriba indicados, en unión de instancia -sin fecha- en la que se hace constar la libertad de arrendamientos de la finca interesada, firmada, al parecer, por el adjudicatario, Don M. R. P.
1.º Tratándose de la ejecución administrativa por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la nuda propiedad de un inmueble, se verifica la adjudicación directa de expresado derecho a una persona física, mediante un acta de adjudicación directa de fecha 12 de junio de 2.018, sin que se ajuste al procedimiento regulado en los artículos 107 y 112 RGR tras su redacción dada por el RD 1071/2017, de 29 de diciembre.
2.º No consta el estado civil del adjudicatario, Don M. R. P.
3.º No resulta acreditada la autenticidad de la firma de la referida instancia.
1.º En cuanto al primer defecto, debe tenerse en consideración que los artículos 107 y 112 del Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, regulan la enajenación mediante adjudicación directa para el caso de que queden desiertas las subastas o concursos, y el levantamiento del embargo, una vez cubiertos los intereses y costas del procedimiento, determinándose en sus Disposiciones Transitorias tercera y cuarta las normas de aplicación, régimen y vigencia de los procedimientos iniciados antes y después de su entrada en vigor. Ahora bien, el citado Reglamento fue reformado por Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2.018, con la finalidad principal, según se determina en la propia exposición de motivos, de eliminar la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta a fin de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad, procediéndose a la reforma de los citados artículos en ese sentido. Sin embargo, la Disposición Transitoria Cuarta del RGR, que lleva como título Régimen Transitorio de las Subastas , señala que las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subastas se aplicarán a los procedimiento [sic] iniciados a partir del 1 de septiembre de 1018, con lo que cabría entender que las subastas declaradas desiertas entre el 1 de enero de 2.018 y el 1 de septiembre de 2.018 quedarían fuera de la regulación de la reforma. En el caso presente, en la certificación del acta de adjudicación presentada se señala que la subasta se celebró el 14 de febrero de 2.018 y que el acta de la adjudicación directa se dictó el 12 de junio del mismo año, es decir, después del 1 de enero de 2.018, fecha de entrada en vigor de la reforma, pero antes del 1 de septiembre de 2.018. Ahora bien, puesto que los artículos 107, 109 y 112 del RGR no regulan el desarrollo de las subastas, sino las consecuencias previstas por el legislador para el caso de que las subastan queden desiertas, no quedan sujetas el régimen establecido en la mencionada Disposición Transitoria cuarta, sino a la aplicación de la normativa introducida por el Real Decreto 1071/2017, y por tanto, a la imposibilidad de acudir a la adjudicación directa si la subasta quedó desierta. En su consecuencia, lo que corresponde tras el 1 de enero de 2.018, no es acudir a la adjudicación directa, sino, por aplicación de los reformados artículos 107, 109 y 112 del RGR, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107, esto es, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa, circunstancia que no consta se de en el presente caso. Todo ello es además conforme con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria (y 99 de su Reglamento) ya que no se entra a calificar el fondo de una resolución administrativa, sino la congruencia de dicha resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, así como los trámites e incidencias esenciales del mismo (RDGRN de 2 de abril de 2.018, y otras).
2.º En cuanto al segundo defecto, debe tenerse en consideración que conforme a los artículos 9.4 de la Ley Hipotecaria y 26 y 51.9.ªa) y b) de su Reglamento, las inscripciones contendrán, además de otras circunstancias, la persona a cuyo favor se practique la inscripción con expresión del D.N.I., nombre y apellidos, si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado, y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; circunstancias que no constan en el documento presentado.
3.º En cuanto al tercer defecto debe tenerse en consideración que, para que la declaración efectuada por una persona, a efectos de la práctica de los asientos registrales, pueda considerarse auténtica, es preciso que su firma tenga tal autenticidad, bien por constar legitimada notarialmente, bien por realizarse o ratificarse ante el propio Registrador (cfr. Res. de 20-11-1987 y 20-10-2005, entre otras).
De conformidad con el artículo 324 de la Ley Hipotecaria, contra la presente nota de calificación, podrá (...)
Valdepeñas, a catorce de mayo de dos mil diecinueve.-La registradora de la Propiedad (firma ilegible), Fdo.: Josefa Porras Delgado."
III Contra la anterior nota de calificación, don M. R. P. interpuso recurso el día 5 de julio de 2019 mediante escrito con el siguiente tenor literal:
Que recibió del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, resolución en la que se suspende la inscripción del documento recibido a las 10:00 horas del día 17/04/2019, con el asiento de presentación 754 del Diario 188, en base a la siguiente motivación: (...)
1.º No es correcto lo alegado por el Sr. [sic] Registrador, que ve este asunto de una manera que perjudica abiertamente a esta parte. Efectivamente la disposición transitoria cuarta del RGR reformado por el RD 1071/2017, de 29 de diciembre, que lleva el título Régimen Transitorio de Subastas , señala que las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subastas se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de enero de 2018.
Es absurdo pensar que el legislador prevé otra cosa en este supuesto, ya que si ello fuera así, ¿qué razón tendría la disposición transitoria cuarta que lleva el título Régimen Transitorio de Subastas , en la reforma posterior introducida por el RD 12071/2017?, por tanto, entiende este dicente que no ha de ser tan rebuscada la aplicación de la Ley y no ha de complicarse más que lo que la propia norme prevé, ya que esto trae graves perjuicios hacia los administrados, que están lejos, a modo de ver de esta parte, de lo que persigue el legislador.
2.º No es cierto que no conste, toda vez que con la documentación, remitida en su día, figuraba la escritura de separación de bienes del exponente, con lo que quedaba debidamente acreditar su estado civil y su régimen matrimonial, como podrán comprobar si buscan los antecedentes en el expediente, salvo extravío en destino. Aun así, se vuelve a remitir por si se extravió la documentación remitida en su día, que acredita su régimen matrimonial y estado civil.
3.º Se presenta anexo a este escrito, reconocimiento de firma del recurrente del documento remitido en su día. La firma no siempre la hace exactamente igual, pero la reconoce como suya mediante declaración jurada de que la que figura en el documento remitido es la suya.
i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serio en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
- Por el principio de transparencia que debe presidir toda la actuación administrativa (y del que se derivará la confianza o, por el contrario, el despego ciudadano).
- Para posibilitar, en su caso, el control del acto, la verificación de su adecuación al fin, el principio garantizador que ha de impregnar toda la actividad pública.
Que se tenga por recurrido la citada nota de calificación ante la Dirección General del Notariado, en tiempo y forma, tal y como prevé el art.º 324 de la Ley Hipotecaria, en tiempo y forma y se ordene la inscripción de la propiedad descrita en el mismo."
IV La registradora de la Propiedad de Valdepeñas, doña Josefa Porras Delgado, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada el día 8 de julio de 2019 la interposición del recurso a la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no se recibió alegación alguna por parte de la misma.
1. Son tres los defectos recurridos: el primero de ellos plantea la cuestión de si es inscribible una certificación de un acta de adjudicación directa, acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando la subasta se celebró el día 14 de febrero de 2018; el segundo el de si deben constar las circunstancias personales del adjudicatario; y, el tercero si la instancia que se acompaña a la documentación presentada, y en la que el adquirente manifiesta que la finca se encuentra libre de arrendamientos, ha de tener o no la firma notarialmente legitimada, o de otra manera autenticada fehacientemente.
2. En cuanto al primer defecto: Se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución:
- En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 14 de febrero de 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa.
- La Mesa de la Subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 12 de junio de 2018 la enajenación directa y la adjudicación del bien.
El recurrente se opone a la citada calificación por considerar que la interdicción de la enajenación directa como procedimiento posterior y subsiguiente a una subasta desierta no rige en cuanto a este procedimiento, por haberse el mismo iniciado antes de la entrada en vigor de la reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, conforme a la cual "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018".
3. La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la posterior Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, obligaban a una necesaria adaptación reglamentaria, lo que tuvo lugar mediante la aprobación del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Se refiere a esta última novedad el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 diciendo que "la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad". Esta novedad se concreta en la nueva redacción del artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación conforme al cual: "Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar. b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente. c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente", que no incluye ya en su letra a), a diferencia de lo que ocurría en la redacción originaria de dicho precepto, el supuesto de la adjudicación directa cuando, después de realizada la subasta, queden bienes o derechos sin adjudicar.
En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el mismo "entrará en vigor el día 1 de enero de 2018". Por su parte, la disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que "las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento".
Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018".
En cuanto a la idea de que ya que hasta el 1 de septiembre de 2018 no entran en vigor las normas formales reguladoras de las subastas, tampoco entrará en vigor la normativa de fondo afectante a las mismas, con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta ("enajenación de los bienes embargados") de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de lo que se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entraran en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta ("enajenación de los bienes embargados") de la Sección Segunda ("desarrollo del procedimiento de apremio") del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado", siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de "desarrollo de la subasta", en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018.
4. En cuanto a segundo defecto poca interpretación cabe sobre el particular, puesto que el artículo 21 de la Ley Hipotecaria, determina que los títulos en cuya virtud se solicita la inscripción, deben contener todas las circunstancias necesarias para la práctica de la misma, por tanto, deben constar las circunstancias personales de la persona a cuyo favor deba practicarse la inscripción, es decir, las recogidas en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, y dichas circunstancias no aparecen en el título presentado.
5. En cuanto al tercer defecto, es decir, el hecho de no resultar acreditada la autenticidad de la firma de la referida instancia, manifiesta el recurrente que la firma es suya, y que no siempre es exactamente igual, pero no es ese el sentido de la nota de la registradora, no basta la afirmación del firmante de un documento complementario, de que es suya la firma, sino que la misma debe estar autenticada por alguno de los procedimientos previstos al efecto: legitimación notarial, reconocimiento ante la registradora o tratarse de firma electrónica reconocida, como resulta de la aplicación del artículo 110 del Reglamento Hipotecario y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de abril de 2000.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 13 de abril de 2000, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo, 27 de octubre y4 de noviembre de 2008, 5 de febrero de 2009, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019.

References: Resolución 
 Real Decreto 
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 artículo 107
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 324
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 artículo 107
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 artículo 104
 artículo 21
 artículo 110
 Resolución