Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510207.html
Timestamp: 2019-03-23 01:17:16+00:00

Document:
as201510207
AUTO SUPREMO Nº 207/2015-RRC
Sucre, 27 de marzo de 2015
Expediente : Tarija 67/2014
Parte imputada : Jorge Padilla
Delito : Violación
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2014, cursante de fs. 146 a 151 vta., Jorge Padilla, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 140/2014 de 4 de noviembre de fs. 136 a 138 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ronny Roxana Sánchez Rodríguez, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).
Desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 10/2014 de 6 de junio (fs. 114 a 120 vta.), el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jorge Padilla, culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio, con costas a favor del Estado, así como el pago de daños y perjuicios a la víctima.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 126 a 129), resuelto por Auto de Vista 140/2014 de 4 de noviembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó en su integridad la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial que cursa de fs. 146 a 151 vta., se extrae el siguiente motivo:
El recurrente denuncia que, el Auto de Vista impugnado no cumplió con el principio de fundamentación sobre todos y cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, conforme lo establece el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que las cuestiones no fundamentadas son: la violación de los arts. 6, 7 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, referido a que la Sentencia carece de fundamentación, es insuficiente o contradictoria, pues en ninguna parte de la Resolución recurrida de casación se indican los hechos, el análisis y los fundamentos legales en los que se ampara la supuesta valoración de los medios probatorios que habrían llevado al Tribunal de Sentencia a pronunciar Sentencia condenatoria, porque la prueba documental y pericial en ningún momento establecen que hubiera participado en el hecho atribuido. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre y 086 de 18 de marzo de 2008, que exigen que los Autos de Vista deben pronunciarse expresa y fundadamente sobre todos y cada uno de los puntos apelados, requisitos que no fueron cumplidos en el Auto de Vista impugnado, situación que a decir del recurrente vulneraría el derecho al debido proceso.
El recurrente solicita, que el Tribunal Supremo de Justicia admita el recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenando al Tribunal a quo, dicte un nuevo fallo que respete la doctrina legal aplicable.
I.1.3. Admisión del recurso
Mediante Auto Supremo 737/2014-RA de 15 de diciembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Jorge Padilla.
Una vez concluido el debate del juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia condenatoria contra el recurrente, en base a los siguientes argumentos: i) Que, la víctima fue agredida sexualmente el 11 de marzo de 2013, a horas 05:36 aproximadamente cuando se dirigía a su trabajo en inmediaciones del Colegio Adela Hoyos de Yacuiba por un sujeto que la tomó por detrás y la amenazó con hacerle daño con una navaja si no accedía a sus propósitos, para luego abusarla sexualmente; acaecido el hecho, la víctima sentó la denuncia en forma inmediata, y el domingo 7 de abril de 2013, logró ver nuevamente a su agresor, dando parte a la policía lo aprendieron, siendo reconocido por la víctima en el desfile identificativo donde el imputado fue puesto con otras cuatro personas; ii) El Tribunal consideró que para dar valor al informe del médico forense se tomó en cuenta el derecho a la justicia material y el principio de “verdad material” consagrado en el art. 180.I de la CPE, de ahí que la prueba signada como “MP-3”, consistente en el informe médico forense, acreditó que la víctima el 11 de marzo de 2013, presentaba membrana himeneal desgarrada con cicatriz antigua y que la examinada se encontraba con periodo menstrual en su tercer día, creando convicción que la víctima fue agredida sexualmente; iii) Que, el acceso carnal no sólo está demostrado por las declaraciones testificales, sino también por el informe del médico forense; asimismo, por el dictamen pericial del psicólogo del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el mismo que acreditó que el testimonio de la víctima tiene un alto grado de fiabilidad, altamente creíble y además demostró la depresión leve a moderada de la joven, presencia de angustia y frustración, pruebas que generaron convicción sobre la responsabilidad penal del imputado en el delito de Violación; y, iv) En cuanto a la prueba de descargo, el testimonio de Estela Vega Romero, concubina del imputado, el Tribunal resta credibilidad por cuanto pretende favorecer al mismo expresando que el día del hecho se encontraba con ella en su domicilio; la prueba documental acreditó que el imputado no tiene antecedentes policiales y penales, aspecto que fue tomado en cuenta para conocer la personalidad y para la imposición de la pena.
El imputado interpone recurso de apelación restringida (fs. 126 a 129) contra la Sentencia pronunciada, argumentando: a) Falta de fundamentación de la Sentencia, debido a que la misma sólo describió los elementos probatorios sin asignar a cada uno de ellos el valor correspondiente, importando ello defecto absoluto por violación a los arts. 173 y 359 con relación al 124 del CPP y vulneración al debido proceso; b) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto adolece de fundamentación probatoria, fáctica y jurídica, incurriendo en violación a derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legítima defensa, debido proceso y presunción de inocencia, citó como disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas los arts. 342, 6, 173 del CPP y arts. 115 y 117 de la CPE, agrega que el Tribunal de alzada al valorar el informe médico forense y el dictamen sicológico de SEDEGES, olvidó que ambos no constituyen prueba plena y no demuestran la participación de su persona en el hecho de violación; por otra parte, señaló que la declaración de la víctima fue contradictoria con la prueba de registro del lugar del hecho, debido a que la víctima expresó que el lugar estaba poco oscuro y la prueba “MP-1” sostuvo que el lugar estaba oscuro, lo que generó duda, por tal razón, debió aplicarse el principio indubio por reo; no obstante, se pronunció Sentencia condenatoria presumiendo la culpabilidad del imputado.
Radicada la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista 140/2014 de 4 de noviembre, declarando sin lugar el recurso de apelación; por consiguiente, confirmó en su integridad la Sentencia apelada.
Los argumentos de esta Resolución serán extractados a tiempo de realizar el análisis del caso concreto, para evitar reiteraciones innecesarias.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
III.1. De los precedentes contradictorios invocados.
En cuanto al motivo en cuestión, el recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre y 086 de 18 de marzo de 2008; el primero emerge del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en Sentencia se absolvió a una de las imputadas y en apelación restringida el Tribunal de alzada, confirmó en parte la Sentencia y revocó la absolución de la imputada; de la revisión del Auto de Vista impugnado, se acreditó que el Tribunal de alzada, al resolver la apelación restringida revalorizó la prueba y sobre esa base calificó el hecho como delito de Tráfico de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el art. 48 con relación a los arts. 33 inc. m) y 75 de la Ley 1008, la ex Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Es una premisa ya consolidada que la línea jurisprudencial ha establecido en el sistema procesal penal boliviano que no existe segunda instancia, y que el Juez o el Tribunal de Sentencia son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; razón por la que el Tribunal de Apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas. La inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicción o la imprecisión del fundamento de la apreciación de las pruebas, conlleva la reposición del juicio, consiguientemente, la formulación de una nueva resolución; en suma el Tribunal de Apelación tiene la facultad de que se aplique correctamente las reglas de la sana crítica. Por lo expuesto, el Tribunal de Alzada debe disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, quien dictará nueva resolución valorando la prueba con las reglas de la sana crítica”.
El Auto Supremo 086 de 18 de marzo de 2008, deviene del delito de Estafa, en la Sentencia se condenó al imputado por el delito acusado, en apelación restringida el Tribunal de alzada anuló la Sentencia con la consiguiente reposición del juicio por otro Juez; en el recurso de casación, se denunció que el Tribunal de alzada, sólo mencionó los requerimientos de las partes procesales y con tal acto intentó suplir la fundamentación necesaria exigida por el art. 124 del CPP. Analizado el proceso, se demostró que el Auto de Vista impugnado carecía de motivación o fundamentación, por cuanto se limitó a señalar los fundamentos expuestos por el imputado en el recurso de apelación restringida y no ingresó a realizar la debida motivación o fundamentación, pronunciándose expresamente sobre cada uno de los puntos que fueron objeto de la apelación; tampoco estableció de manera específica por qué llegó a la conclusión de que la Sentencia apelada realizó una incorrecta valoración de la prueba; la Corte Suprema de Justicia sostuvo que al no haber fundamentado o motivado el Auto de Vista impugnado, se vulneró el derecho al debido proceso, dejó sin efecto la resolución recurrida estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; la autoridad que pronuncia una resolución debe necesariamente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo. Esta exigencia se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades que dictaron la sentencia, pues dichas resoluciones deben estar suficientemente fundamentadas y exponer con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y permitan establecer que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, proviene de una correcta y objetiva valoración de las pruebas y consideración de los argumentos expuestos por las partes, por cuanto en la medida en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y derecho, los sujetos procesales (acusador y acusado) llegarán a la convicción de que la decisión adoptada es justa ”.
Establecidos los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, los que servirán como parámetros para la labor de contraste, el recurso de casación cuestiona básicamente que el Auto de Vista recurrido, carece de fundamentación sobre los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida conforme el art. 124 del CPP, vulnerándose los arts. 6, 7 y 116 de la CPE con relación al inc. 5) del art. 370 del mismo Código, puesto que no indicó los hechos, el análisis y los fundamentos legales en los que se ampara la supuesta valoración de los medios probatorios que determinaron su condena.
De la revisión del recurso de apelación restringida (fs. 126 a 129), el recurrente denunció como agravios dos aspectos: a) Falta de fundamentación de la Sentencia, debido a que la misma sólo describió los elementos probatorios sin asignar a cada uno de ellos el valor correspondiente, importando ello defecto absoluto por violación a los arts. 173 y 169 inc. 3) del CPP y vulneración del derecho al debido proceso; y, b) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto adolece de fundamentación probatoria, fáctica y jurídica, incurriendo en violación a derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legítima defensa, debido proceso y presunción de inocencia, citó como disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas los arts. 342, 6, 173 del CPP y arts. 115 y 117 de la CPE; que el informe médico forense fue valorado bajo el principio de prevalencia y que existió convicción del hecho por el dictamen sicológico de SEDEGES que estableció que el relato de la víctima tiene alto grado de fiabilidad, con lo que se habría acreditado el acceso carnal, olvidando que ambas no constituyen prueba plena y no demuestran la participación de su persona en el hecho de violación.
El Auto de Vista impugnado, en el Considerando II, del análisis del caso concreto, en los puntos II.1 y II.2, resolvió el primer motivo de la apelación restringida expresando que, el Tribunal de Sentencia estableció en el Considerando IV “Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho y derecho” (sic), en los incs. 1), 2) y 3), valoró todos los elementos probatorios asignando valor a cada uno de ellos, como la declaración de la víctima que refirió todas las circunstancias del hecho que a juicio del Tribunal de mérito es verosímil; el testimonio de Mariela Sánchez Rodríguez, hermana de la víctima con referencia al reconocimiento del presunto agresor en la licorería donde él trabajaba, reconocimiento identificativo posterior que fue ratificado en audiencia; el testimonio de Selman Bayón Ruiz encargado de los trufis que salen de Yacuiba; y, la prueba documental consistente en el acta de registro del lugar del hecho, informe policial, resolución de aprehensión, desfile identificativo e imputación formal, informe médico forense y dictamen pericial del sicólogo del SEDEGES; a continuación en el punto II.2, trascribe el inc. 3) del Considerando IV de la Sentencia en el que realiza una valoración integral de todos los elementos probatorios incorporados al juicio oral, los que generaron convicción sobre la responsabilidad del imputado en el hecho acusado de violación; agregando que en el inc. 4) valoró la prueba de descargo que “sirve para conocer la personalidad del acusado y que no están referidas al hecho…” (sic), concluyendo que no se vulneró el art. 173 del CPP, tampoco incurrió en el defecto del art. 163 inc. 3) del mismo Código, declaró sin lugar el agravio.
El segundo motivo, fue resuelto por el Tribunal de alzada en el punto II.3 del considerando II supra citado, en el que se adujo falta de fundamentación probatoria, fáctica y jurídica; al respecto, el Tribunal de alzada señala que la valoración de la prueba desde la perspectiva temporal, constituye la última fase del juicio; y, desde la óptica cualitativa, constituye la actividad procesal determinante del objeto del proceso que incumbe únicamente al sujeto destinatario de la prueba; en el caso, el Tribunal de Sentencia asumió convicción en grado de certeza en el penúltimo párrafo del Considerando V de la Sentencia impugnada, al expresar que la conducta del imputado es reprochable penalmente y por lo tanto, punible, concluyendo que el Tribunal de Sentencia cumplió con la exigencia de los arts. 173 y 124 del CPP, sin incurrir en las vulneraciones alegadas, haciendo hincapié que al Tribunal de alzada, no le está permitido revalorizar prueba; por otra parte, el fallo impugnado se ajusta a las reglas de la coherencia y derivación en virtud de que las pruebas incorporadas al juicio descritas en la fundamentación jurídica, el Tribunal de Sentencia asumió convicción como resultado lógico y consecuente respecto a los antecedentes que evidencian como sucedieron los hechos; finalmente, en cuanto al principio in dubio pro reo, la prueba sopesada por el Tribunal de Sentencia fue suficiente para generar convicción de que Jorge Padilla, es autor del delito de Violación contendido en el art. 308 del CP.
Inclusive el Tribunal de alzada, resaltó que no está facultado para revalorizar prueba, citando el Auto Supremo 249/2012, ratificado por el Auto supremo 53/2012 de 22 de marzo del que trascribe la doctrina legal aplicable; asimismo, desarrolló doctrina penal sobre el principio in dubio pro reo, haciendo mención a los autores E. Gómez Orbaneja y V. Herce Quemada, declaró también sin lugar el motivo impugnado.
Que, expuesto el razonamiento del Tribunal de alzada respecto a la resolución de la apelación restringida, vinculado al motivo de casación, no es evidente que el Auto de Vista recurrido sea contrario a los precedentes invocados; es decir, el Tribunal de alzada ejerciendo a cabalidad su competencia expresada en el art. 398 del CPP; resolvió los agravios denunciados de manera fundamentada conforme establece el art. 124 del CPP, guardando absoluta coherencia y congruencia con los motivos impugnados; es más, en su contenido se advierte que cumplió con el mandato de la doctrina legal aplicable de los precedentes invocados, esto es, que el sistema procesal boliviano no admite una segunda instancia, de ahí porqué al Tribunal de alzada le está prohibido revalorizar prueba, estando facultado únicamente para controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior, se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica; vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas y que toda resolución sea debidamente fundamentada; la autoridad que pronuncia una resolución debe necesariamente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo, exigencia cumplida en el caso en análisis.
Por otra parte, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no efectuó ningún pronunciamiento en cuanto a las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas citadas en el recurso de apelación restringida como son los arts. 342, 6, 173 del CPP y arts. 115 y 117 de la CPE; al respecto, el recurrente como se observó en el recurso de apelación restringida, simplemente se limitó a citar las normas anotadas; sin embargo, no expresó de manera clara, precisa y fundamentada en qué consistiría la vulneración de los arts. 342, 6 y 173 del CPP y los arts. 115 y 117 de la CPE, para que el Tribunal de alzada emita también una respuesta fundamentada; en consecuencia, no es evidente la existencia de contradicción con los precedentes invocados, concluyéndose que no existe vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación de la Resolución, deviniendo el recurso de casación en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Padilla.

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