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Timestamp: 2020-04-09 03:31:15+00:00

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III. SOBRE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA POR DAÑO INMATERIAL
IV. SOBRE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA POR DAÑO INMATERIAL EN EL PRESENTE CASO
En casos de violación del derecho a la vida, como la ocurrida en el presente caso, resulta palmaria la imposibilidad de satisfacer la “restitutio in integrum”, por lo que la Corte ha recurrido en su jurisprudencia a formas sustitutivas de reparación en favor de los familiares de las víctimas, tales como la indemnización compensatoria tanto en el aspecto material como inmaterial0.
La definición de los alcances y el contenido de la indemnización compensatoria, como medida de reparación, fue objeto de pronunciamiento en el conocido fallo fundacional Velázquez Rodríguez Vs. Honduras. Allí, la Corte sostuvo que “[l]a indemnización por violación de los derechos humanos encuentra fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional”0 y destacó que la indemnización era, de hecho, la forma más habitual y frecuente de reparación en el derecho internacional, la cual era otorgada tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos0.
En lo que se refiere específicamente al daño inmaterial, la Corte recalcó que “éste es resarcible según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos”0 y que para fijar la indemnización correspondiente era pertinente recurrir al principio de la equidad, al no poder ser tasados en términos monetarios. De modo tal que los daños se evaluarían atendiendo a las circunstancias de cada caso particular.
El daño inmaterial “se refiere tanto a los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, al menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como a las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”0. Es así que comprende tanto las afecciones morales como las psicológicas, al igual que las de carácter físico y el daño al proyecto de vida, no sólo de la víctima directa sino también de sus familiares, dado que el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima”0.
En oportunidad de decidir sobre la forma y cuantía de la indemnización compensatoria debida a los familiares de las víctimas en el caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, relativo a los hechos acaecidos en el establecimiento penal conocido como “El Frontón”, la Corte reconoció que “son muchos los casos en que otros tribunales internacionales han acordado que la sentencia de condena per se constituye una suficiente indemnización del daño moral”0. No obstante, al analizar las particularidades de dicho caso y teniendo presente “la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias”, consideró que la emisión de una sentencia condenatoria para el Estado no sería suficiente, requiriéndose además una indemnización conforme a la equidad0.
En forma concordante, es posible evidenciar que, en lo sucesivo, a pesar de que la Corte ha considerado la emisión de la sentencia como una reparación en sí misma, en tanto reconoce y da por establecidas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado, ha otorgado montos indemnizatorios a las víctimas directas y/o a sus familiares0 de forma consistente, en atención a las circunstancias del caso, el carácter y gravedad de las violaciones cometidas, así como los sufrimientos ocasionados a las víctimas.
Aun cuando el daño inmaterial puede ser reparado con otras medidas de reparación integral, tal como aconteció en los casos “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)0 y Claude Reyes y otros0, ambos contra Chile, lo cierto es que el no otorgamiento de reparaciones pecuniarias ha quedado en el ámbito de la excepción. Son pocos los casos, como el presente, en que no se han otorgado indemnizaciones compensatorias por daño inmaterial0. En particular y referente al Perú, la Corte, usualmente, ha otorgado reparaciones pecuniarias en casos de víctimas acusadas por delitos de terrorismo0.
IV. SOBRE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
POR DAÑO INMATERIAL EN EL PRESENTE CASO
Coincido con que la Sentencia constituye, per se, una forma de reparación, como se ha establecido desde el año 19890. Sin embargo, estimo que en el presente caso resulta insuficiente y se debió otorgar un monto en equidad por el daño inmaterial provocado a los familiares respecto de las violaciones que fueron declaradas y probadas en la Sentencia. Forma parte del razonamiento tradicional de la Corte que el daño ocasionado por una violación a derechos humanos trasciende a la víctima directa y se extiende a los familiares, en virtud del vínculo estrecho que existe entre éstos.
Se debe considerar que, aún cuando el modelo característico de reparación integral de la Corte incluye un amplio espectro de medidas de reparación, existen actos violatorios que por su propia naturaleza impiden una restitutio in integrum; ante lo cual, se torna imprescindible el otorgamiento de una indemnización como una forma de compensar el daño ocasionado ante la privación arbitraria de la vida.
En particular, quisiera resaltar en este caso la gravedad de los hechos por los cuales se atribuyó responsabilidad internacional al Estado, esto es, la ejecución extrajudicial de una persona que había quedado fuera de combate y que la última vez que se la vio con vida estaba bajo la custodia del Estado0. Asimismo, fueron verificadas graves irregularidades que tuvieron lugar en el manejo de la escena de los hechos y el levantamiento de cadáveres, así como las fallas en la realización de las primeras necropsias0.
También, en el caso de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, el entierro de sus cadáveres se ordenó sin haber procedido a su identificación positiva. Además, se realizó la inhumación de los cuerpos sin dar aviso a los familiares0. Asimismo, la Corte constató el daño causado en Edgar Odón Cruz Acuña por la muerte de su hermano, mismo que derivó en secuelas a nivel personal y suscitó sentimientos de temor e indefensión como quedó establecido y acreditado en la Sentencia0.
Por otro lado, la Corte determinó que los procesos ante los tribunales peruanos no han sido desarrollados en un plazo razonable y el Estado no ha demostrado haber llevado a cabo las diligencias necesarias para localizar a uno de los sindicados que se encuentra en contumacia; de modo tal que aún no se conoce toda la verdad sobre lo ocurrido respecto a la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez de conformidad con lo expresado en la Sentencia0, y atendiendo también a lo indicado por la propia Corte Suprema de Justicia del Perú, relativo a que “existen todavía algunos pasajes de los hechos, vinculados al agraviado Cruz Sánchez, que deben y pueden esclarecerse en una línea investigativa más intensa”0.
Ante estas consideraciones se debió otorgar reparaciones como históricamente se ha hecho. El no otorgar una indemnización compensatoria por concepto de daño inmaterial a los familiares declarados víctimas en la Sentencia, en razón de que la víctima directa fuera considerada terrorista o autora de actos ilícitos que merecen el mayor rechazo, podría resultar discriminatorio en atención a los precedentes de la Corte en casos similares, al trasladar a los familiares el reproche de conductas por ellos no cometidas y teniendo en cuenta que los familiares de la víctima directa resultan víctimas en sí mismas0. Por supuesto, habría que evaluar el monto a otorgar con base en los criterios desarrollados por el Tribunal Interamericano y atendiendo a las particularidades del caso, pero no se debe dejar de ordenar una indemnización compensatoria cuando fueron probados y establecidos los hechos violatorios y los daños ocasionados a los familiares.
 De conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte Interamericana aplicable al presente caso, que establece que “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención [Americana], los Jueces no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del Estado demandado”, el Juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia.
1 En dicho informe, la Comisión declaró admisible la petición en relación con las alegadas violaciones al derecho a la vida, al derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y “David” Peceros Pedraza (expediente ante la Comisión, tomo III, folios 1612 a 1627). Aunque en el Informe de Admisibilidad No. 13/04 la Comisión utilizó el nombre “David” para denominar al señor Peceros Pedraza, su nombre correcto es “Víctor Salomón”.
1 Los representantes de las presuntas víctimas de este caso son la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
2 Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de 28 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/cruz_fv_28.pdf
3 La delegación del Tribunal que efectuó la visita estuvo integrada por el Presidente de la Corte, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, el Vicepresidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas y el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, así como por el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y una abogada de la Secretaría. Asimismo, por parte del Estado del Perú estuvieron presentes el señor Luis Alberto Huerta Guerrero, Procurador Público Especializado Supranacional y Agente del Estado para el presente caso; Joaquín Manuel Missiego del Solar, Agente Alterno del Estado para el presente caso; el señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, Procurador Público del Ministerio de Defensa; el General del Ejército Peruano en retiro Luis Alatrista Rodríguez, así como otros funcionarios estatales de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Por la Comisión Interamericana estuvieron presentes las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, Abogada de la Secretaría Ejecutiva. Además, estuvieron presentes por parte de los representantes la señora Gloria Cano Legua y el señor Jorge Abrego Hinostroza, Directora Ejecutiva y Abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), respectivamente, y el señor Francisco Quintana y la señora Gisela De León, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe y Abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
4 Por parte del Estado: copia de las páginas 6, 7, 228, 229, 138, 159, 126, 242, 230, 231, 48, 32, 44, 45, 131, 96, 97, 64, 65, 214, 215, 5, 152, 153, 155, 196, 191, 205, 170, 171, 210, 211, 240 y 241 correspondientes al libro titulado “Base Tokio: la crisis de los rehenes en el Perú. El verano sangriento”, publicado por Editorial El Comercio, Perú, 1997, y por parte de los representantes: ocho (8) fotografías color.
5 Cfr. Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de 19 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/cruz_19_12_13.pdf
6 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: el Comisionado José de Jesús Orozco, la Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed y los Abogados de la Secretaría Ejecutiva Silvia Serrano Guzmán y Jorge Meza Flores; b) por los representantes de las presuntas víctimas: Gloria Cano Legua y Jorge Abrego Hinostroza, de APRODEH, y Francisco Quintana y Gisela De León, de CEJIL y c) por el Estado del Perú: el Agente Titular Luis Alberto Huerta Guerrero, el Agente Alterno Joaquín Manuel Missiego del Solar y Sofía Donaires Vega, Abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.
7 Mediante nota de Secretaría de 28 de enero de 2014, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, se comunicó a las partes y a la Comisión que, en razón de que no había sido acreditada la imposibilidad del testigo Jorge Gumucio Granier de asistir a la audiencia pública debido a los alegados motivos de salud, no se hizo lugar a la solicitud del Estado para que participara en la audiencia pública a través de videoconferencia y, por ende, se modificó la modalidad del testimonio de Jorge Gumucio Granier, a fin de que pudiera rendirlo por escrito, mediante declaración ante fedatario público. El 14 de febrero de 2014 el Estado desistió de la declaración de Jorge Gumucio Granier.
8 Mediante nota de Secretaría de 28 de enero de 2014 se informó, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, que las razones esgrimidas por la Comisión, esto es compromisos asumidos previamente, no constituían una situación excepcional para acceder a la solicitud de sustitución del peritaje del señor Christof Heyns, en los términos del artículo 49 del Reglamento, por lo que se hizo lugar a la solicitud subsidiaria de recibirlo por affidávit, es decir, se modificó la modalidad del peritaje a fin de que pudiera rendirlo por escrito, mediante declaración ante fedatario público.
9 Mediante nota de Secretaría de 16 de enero de 2014, se comunicó, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte que, en atención a lo informado por los representantes respecto a que el perito Fondebrider no iba a poder trasladarse a la sede de la Corte para rendir el peritaje ordenado por cuestiones médicas, lo cual fue acreditado mediante certificado médico, y a la solicitud de cambio en la modalidad de recepción de la declaración, dicho peritaje sería recibido por medios electrónicos audiovisuales durante la audiencia, de conformidad con el artículo 51.11 del Reglamento, de modo tal que se permitiera a su vez su interrogatorio por las partes y la Comisión, así como posibilitar a los Jueces formular las preguntas que estimaran pertinentes en el momento de rendir su declaración.
10 Los representantes presentaron los siguientes documentos:1) Informe del Profesor Derrick Pounder: En el proceso denominado Chavín de Huántar.
2) Informe del D. Juan Manuel Cartagena: Informe médico forense caso n. 1244 “Chavín de Huántar” del Estado de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3) Informe del D. Juan Manuel Cartagena: Informe médico forense caso n. 1244 “Chavín de Huántar” del Estado de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos / Informe 2.
4) Dictamen pericial del D. Juan Carlos Leiva Pimentel y del D. Antonio Loayza Miranda.
5) Informe del D. John H.M. Austin, Profesor Emérito de Radiología y Miembro de Departamento de Radiología del Columbia University Medical Center.
6) 18 (dieciocho) fotografías del expediente judicial.
11 Por el perito Federico Andreu Guzmán: el documento denominado “Resumen escrito del peritaje de Federico Andreu-Guzmán en el caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; por el perito Jean Carlo Mejía Azuero: el documento denominado “Operación `Chavín de Huántar´ mirada desde el derecho internacional aplicable a los conflictos armados. Del uso de la fuerza letal”; y por el perito Juan Manuel Cartagena Pastor: 1) Informe médico forense de 24 de mayo de 2012, 2) Informe médico forense 2 de 22 de junio de 2012, 3) Anexo a informes médicos forenses 1 y 2 de 7 de julio de 2012 y 4) Informe médico forense 3 de 21 de julio de 2012.
12 El artículo 44.3 del Reglamento de la Corte dispone, inter alia, que “[e]n los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del proceso pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública”. La audiencia en el presente caso fue celebrada los días 3 y 4 de febrero de 2014, por lo cual el plazo estipulado en la referida disposición había vencido el 19 de febrero de 2014.
13 Mediante nota de Secretaría de 19 de marzo de 2014, el Presidente del Tribunal concedió un plazo hasta el 7 de abril de 2014 para que las partes y la Comisión Interamericana presentaran observaciones a los anexos a los alegatos finales escritos presentados por el Estado y por los representantes. El 7 de abril de 2014 la Comisión solicitó una prórroga al 11 de abril de 2014 para remitir las observaciones solicitadas, la cual fue otorgada.
1 Informe N° 535-2011-JUS/PPES de 6 de diciembre de 2011 presentado por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana, párr. 24 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo IV, folio 3333).
2 Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrs. 176 a 180, y Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 21.
3 Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 26.
4 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de marzo 2005. Serie C No. 122, párr. 30.
1 De acuerdo con el artículo 42.1 del Reglamento de la Corte, “[l]as excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el escrito [de contestación]”.
2Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 15.
3 Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 39, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 15.
4 Cfr. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 25, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 16.
5 Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, punto resolutivo primero, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 54.
6 Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra, punto resolutivo tercero, y Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278, párr. 102.
7 Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 66, y Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, supra, párr. 102.
8 Cfr. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240, párr. 28, y Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, nota al pie 32.
9 Cfr. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 63, y Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 25.
10 Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, supra, párr. 42, y Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, supra, párr. 102.
11 Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, supra, párr. 42, y Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, supra, párr. 102.
12 Al respecto, la Comisión sostuvo que “en esta jurisdicción [la militar], con fecha […] 15 de octubre de 2003, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, profirió resolución de sobreseimiento a favor de los […] comandos por los delitos de violación del derecho de gentes, abuso de autoridad y homicidio calificado, por no estar probada la existencia de delito y la imputabilidad a los encausados, resolución que se en[contraba] en recurso de revisión ante el Auditor General del Consejo Superior de Justicia Militar desde el 30 de noviembre de 2003”. La Comisión agregó que “la investigación y juzgamiento de miembros del Ejército ante la justicia militar, por los hechos de las presuntas ejecuciones de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y [Víctor Salomón] Peceros Pedraza, no e[ra] un remedio adecuado para esclarecer su responsabilidad en las graves violaciones denunciadas, en los términos del artículo 46[.1] de la Convención Americana”. Informe de Admisibilidad No. 13/04 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero de 2004, párrs. 58 y 59 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo III, folios 1624 a 1625).
13 Informe de Admisibilidad No. 13/04 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero de 2004, párrs. 60 y 61 (expediente de trámite ante la Comisión, tomo III, folio 1625).

References: artículo 19
 artículo 44
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 artículo 51
 artículo 44
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 46