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Timestamp: 2018-01-19 17:45:16+00:00

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Propuesta de Modificación a la Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones - PDF
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Concepción Fernández Alvarado
1 Propuesta de Modificación a la Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones Resumen Ejecutivo El artículo 145 en sus fracciones I, II y III violan el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que autoridades puedan ordenar el bloqueo de contenidos, servicios o aplicaciones en Internet, lo cual constituiría censura previa prohibida por el artículo 7 constitucional y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dichos artículos además sugieren el establecimiento de normas de responsabilidad de intermediarios. Es decir, se coloca a los concesionarios o autorizados para prestar el servicio de acceso a Internet (empresas privadas) en una posición para juzgar la supuesta licitud e ilicitud de la contenidos, servicios o aplicaciones, una responsabilidad que no les corresponde y que de manera natural se traduce en abusos por parte de los concesionarios, en tanto se generan para los mismos incentivos para una censura privada amplia de expresiones legítimas como mecanismo para evadir cualquier tipo de responsabilidad, por lo tanto, violan el derecho a la libertad de expresión. El principio de neutralidad de la red no se encuentra reconocido de manera adecuada, en tanto cierto lenguaje podría autorizar conductas contrarias a dicho principio, además de que no se contemplan medidas de supervisión y transparencia suficientes que permitan detectar violaciones a dicho principio.. El artículo 145 fracción V permite la adopción de cualquier medida de gestión de tráfco. El Instituto debería ser notificado y autorizar los métodos. Esto permitiría detectar y sancionar infracciones a la neutralidad de la red y garantizar que las medidas de gestión de tráfico no serán abusadas en perjuicio de la inversión en infraestructura. Asímismo, el artículo 146 permite ofrecer servicios diferenciados entre niveles de capacidad, velocidad y capacidad lo cual podría permitir que a los usuarios les sean cobrados por separado ciertos usos de Internet como videojuegos en línea, voz sobre IP (Ej. Skype) o video en demanda (streaming ej. Netflix, YouTube) o incluso el uso de aplicaciones específicas. Lo cual atentaría contra las características de apertura y neutralidad que han hecho de Internet una herramienta para la innovación y la equidad en el flujo informativo. El Título Octavo De la colaboración con la Justicia vulnera el derecho a la privacidad de la ciudadanía. En el artículo 189 no se establece la necesidad de obtener autorización judicial. Se permite su utilización para un delito no grave (amenazas). Se permite a agencias de seguridad (CISEN, Policía Federal, Ejército y Marina) utilizar la geolocalización bajo supuestos vagos como para el ejercicio de sus atribuciones propias de la producción de inteligencia. Se debe establecer el principio de control judicial. Se propone un esquema de emergencia para casos en donde la vida o integridad física de una persona este en peligro inminente, el cual solamente difiere la obtención de la autorización judicial, más no elimina este contrapeso
2 institucional básico. Se elimina el delito de amenazas como supuesto y se acota el supuesto para agencias de seguridad, en todo caso, solamente para atender una amenaza cierta, real y objetiva a la seguridad nacional. Concepto interpretado de manera restrictiva de conformidad con los estándares internacionales. El artículo 190 no establece de manera explícita la necesidad de autorización judicial federal para llevar a cabo una intervención de comunicaciones, como lo señala el artículo 16 constitucional. Se propone establecer de manera explícita la necesidad de autorización judicial federal para la intervención de comunicaciones privadas. Además, se hace explícito que las modalidades de colaboración serán las que sean autorizadas por el juez, y no las que queden al arbitrio de la autoridad solicitante. El artículo 192 contempla la obligación, en cabeza de los concesionarios, de establecer un registro de comunicaciones que almacena de manera indiscriminada datos sobre las comunicaciones de todos los usuarios. Dichos datos pueden revelar cuestiones sensibles como las preferencias sexuales, estado de salud, opiniones políticas, etcétera. Se contempla en la iniciativa conservar dichos datos por al menos dos años, o de manera indefinida según la voluntad discrecional de la autoridad. Esta retención de datos es violatoria del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, como así ha sido reconocido en muchos países. Se sugiere su eliminación, y en su lugar establecer un mecanismo de autorización judicial para la retención de datos de usuarios individuales, previo acreditamiento de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El artículo 194 contempla el acceso a datos retenidos sin autorización judicial y bajo supuestos vagos. De manera similar al caso de geolocalización, se sugiere la definición concreta de los supuestos y se establece el principio de autorización judicial previa para el acceso a datos retenidos. También se contempla un mecanismo de emergencia. En general, las medidas de vigilancia encubierta contempladas en la iniciativa no establecen salvaguardas suficientes y adecuadas para inhibir los riesgos de abuso de estas medidas. 1 No satisface el estándar constitucional y de derechos humanos. Por ello, se incorporan diversas medidas en los artículos 191 y 193 que tienen por objeto establecer contrapesos institucionales a estas medidas que por ser altamente invasivas y por su secrecía, resulta particularmente riesgosas. Se sugiere el establecimiento de un órgano supervisor independiente, como es el caso en muchos países (se sugiere el IFAI). Se contemplan además obligaciones de transparencia estadística periódica y el derecho de notificación diferida al afectado que permita a éste conocer, en un momento en que no se afecte investigación o interés público justificado, que fue objeto de vigilancia, y por ende pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. La fracción VII del artículo 197, que pretende otorgar a las autoridades la facultad de anular temporalmente toda señal de telecomunicaciones en un área determinada que, a juicio de esas autoridades, sea un lugar crítico para la seguridad pública y nacional, constituye una clara violación al derecho a la libertad de expresión, en tanto no constituye una medida proporcional para la consecusión de los fines mencionados además de que puede impedir la labor periodística, la documentación de potenciales violaciones a derechos humanos o la utilización de servicios de emergencia, por ejemplo, durante manifestaciones públicas. Se sugiere su eliminación por ser inconstitucional. 1 Ver. Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Disponible en: https://es.necessaryandproportionate.org/text
3 Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente: I. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. I. No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados; II. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios, en especial en razón del origen o propiedad de los mismos, salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos; III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad; Artículo 145. (...) V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia; Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y Modificaciones propuestas Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente: I. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados; II. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios, en especial en razón del origen o propiedad de los mismos, salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos; III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad; Artículo 145. (...) V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que sean notificadas y autorizadas por el Instituto, ello no constituyan una práctica contraria a la sana competencia o a los derechos humanos; Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso
4 clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. Artículo 189. Los concesionarios de autorizados están obligados a proporcionar la cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, a solicitud del Procurador General de la República, de los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público en quienes se delegue esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes. Asimismo, los concesionarios de autorizados, están obligados a proporcionar la cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por el artículo 178 Bis del Código Penal Federal. a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. Artículo 146. El Instituto supervisará el cumplimiento y sancionará las infracciones a las obligaciones legales o reglamentarias asociadas a la implementación, operación y funcionamiento de la neutralidad de red que impidan, dificulten o de cualquier forma amenacen su desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos que de ella derivan, en que incurran los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet, en los términos dispuestos por esta Ley y los lineamientos que al efecto expida el Instituto. Artículo 189. Los concesionarios de autorizados están obligados a deberán proporcionar la cualquier tipo de dispositivo de comunicación cuando: que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, a) Sea ordenado por la autoridad judicial federal competente a solicitud del Procurador General de la República, de los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público en quienes se delegue esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes. La solicitud deberá acreditar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida para investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro o extorsión. b) Sea ordenado por la autoridad judicial federal competente a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad cuando la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación sea necesaria para atender una amenaza real, cierta y objetiva a la seguridad nacional. c) Se realice una solicitud de emergencia realizada por el Procurador General de la
5 República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o por las instancias de seguridad, cuando, a su juicio, la localización geográfica, en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida o integridad personal de una persona. De manera simultánea, el Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o las instancias de seguridad deberán solicitar la autorización de la autoridad judicial federal de conformidad con el inciso anterior la cual tendrá efectos retroactivos. En caso de de que la autoridad judicial federal niegue la solicitud, los datos obtenidos mediante el mecanismo de emergencia deberán ser destruidos y se notificará al usuario de conformidad con lo que establece este capítulo. La autorización judicial para la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil podrá otorgarse hasta por treinta días contados a partir de la autorización. La autorización podrá ser prorrogada por la autoridad judicial federal a solicitud del Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o las instancias de seguridad. En ningún caso, el monitoreo continuo de la localización geográfica, en tiempo real, de un equipo de comunicación móvil, podrá exceder de los 90 días contados a partir de la autorización. Asimismo, los concesionarios de autorizados, están obligados a proporcionar la cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por el artículo 178 Bis del Código Penal Federal. Artículo 190. Los concesionarios de Artículo 190. Los concesionarios de
6 autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten, de conformidad con las leyes correspondientes. Artículo 191. El Instituto en coordinación con las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad, respectivamente, establecerán los procedimientos, mecanismos, requerimientos técnicos, incluyendo puntos de conexión, así como medidas de seguridad que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a cargo de la autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables. su caso, los autorizados, deberán adoptar las medidas que se establezcan conforme al párrafo anterior, y dar entre otras, todas las facilidades físicas, técnicas y humanas, que permitan iniciar de manera inmediata la localización geográfica en tiempo real y la ejecución y control de la intervención de las comunicaciones, conforme al requerimiento de la autoridad competente en términos de la legislación aplicable. su caso, los autorizados, deberán contar con sistemas, equipos y tecnologías que permitan la cualquier tipo de dispositivo de comunicación con el nivel de precisión que determine el Instituto, a fin de atender los requerimientos de las instancias de seguridad, así como la ejecución y control de la intervención de comunicaciones privadas. autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten, de conformidad con la autorización judicial federal respectiva y de acuerdo con las leyes correspondientes. Artículo 191. El Instituto en coordinación con las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad, respectivamente, establecerán los procedimientos, mecanismos, requerimientos técnicos, incluyendo puntos de conexión, así como medidas de seguridad que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a cargo de la autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, el Instituto, en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, emitirán los lineamientos que las instancias de procuración de justicia, las instancias de seguridad, los concesionarios y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para salvaguardar la privacidad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como para mantener un registro de las órdenes judiciales y las solicitudes enviadas y recibidas por las distintas instancias. A su vez, los lineamientos determinarán los datos y estadísticas que las instancias de procuración de justicia, las instancias de seguridad, los concesionarios y, en su caso, los autorizados deberán documentar y publicar en un informe público de transparencia respecto de los mecanismos de colaboración con la justicia, el cual, anualmente, será remitido al Instituto, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y al Congreso de la Unión. su caso, los autorizados, deberán adoptar las
7 medidas que se establezcan conforme a este artículo al párrafo anterior, y dar entre otras, todas las facilidades físicas, técnicas y humanas, que permitan iniciar de manera inmediata la localización geográfica en tiempo real y la ejecución y control de la intervención de las comunicaciones, conforme al requerimiento de la autoridad competente en términos de la legislación aplicable. su caso, los autorizados, deberán contar con sistemas, equipos y tecnologías que permitan la cualquier tipo de dispositivo de comunicación con el nivel de precisión que determine el Instituto, a fin de atender los requerimientos de las instancias de seguridad, así como la ejecución y control de la intervención de comunicaciones privadas. La autoridad judicial federal deberá notificar por medios apropiados al usuario afectado por una autorización de localización geográfica, en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como por una intervención de comunicaciones privadas, incluídas las órdenes de conservación de datos y el acceso a los mismos. Los concesionarios colaborarán con la autoridad judicial para la notificación respectiva. La notificación se realizará dentro del plazo que la autoridad judicial federal establezca al momento de autorizar la solicitud, el cual no podrá exceder de seis meses contados a partir de que concluya el periodo de localización o la intervención de comunicaciones privadas o el periodo de conservación de datos o el acceso a los datos conservados. La notificación al usuario podrá ser diferida cuando, a solicitud del Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o las instancias de seguridad, la autoridad judicial federal considere que sea necesaria para evitar poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga o de destrucción de evidencia o exista un riesgo inminente de peligro para la vida o integridad personal de una persona. La notificación deberá incluir el acceso a los materiales obtenidos a través de la medida de
8 vigilancia e información suficiente que permita al afectado acudir a las instancias que en derecho corresponda. En ningún caso el diferimiento de la notificación podrá exceder el plazo de 12 meses contado a partir de que concluya el periodo autorizado para la localización geográfica, en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, el periodo autorizado de intervención de comunicaciones privadas o el periodo de conservación de datos o el acceso a los datos conservados. Artículo 192. Los concesionarios de Artículo 192. Los concesionarios de autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con cualquier modalidad, que permitan identificar precisión la siguiente información: con precisión la siguiente información: a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; b) Tipo de comunicación y servicio; c) Origen y destino de las comunicaciones; d) La fecha, hora y, en su caso, duración de las comunicaciones; e) Fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación del servicio; a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; b) Tipo de comunicación y servicio; c) Origen y destino de las comunicaciones; d) La fecha, hora y, en su caso, duración de las comunicaciones; e) Fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación del servicio; f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor; g) La ubicación geográfica del dispositivo, y h) La demás que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificación. La obligación de conservar los datos a que se refiere el presente artículo cesa a los veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación, salvo aquellos casos en los que las autoridades competentes determinen un plazo mayor. En aquellos casos que las autoridades f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor; g) La ubicación geográfica del dispositivo, y h) La demás que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificación. La obligación de conservar los datos a que se refiere el presente artículo cesa a los veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación, salvo aquellos casos en los que las autoridades competentes determinen
9 competentes determinen un requerimiento mayor para la conservación de la información a que se refiere este artículo, deberán notificarlo al concesionario con treinta días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior. un plazo mayor. En aquellos casos que las autoridades competentes determinen un requerimiento mayor para la conservación de la información a que se refiere este artículo, deberán notificarlo al concesionario con treinta días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior. Los concesionarios deberán colaborar con las autoridades de procuración de justicia de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes para ello. Los concesionarios solamente deberán conservar los datos de tráfico de comunicaciones y otros datos del usuario que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario para ello, salvo que: a) El usuario otorgue su consentimiento expreso para la retención de datos adicionales o por un periodo adicional determinado. Dicho consentimiento será revocable en cualquier momento. b) La retención de datos sobre un usuario sea ordenada por la autoridad judicial federal a solicitud del Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando dicha retención sea la medida idónea, necesaria y proporcional para la investigación de los delitos de extorsión, secuestro o los relacionados con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias. En ningún caso, la retención de datos podrá exceder los seis meses contados a partir de que se haya producido la comunicación, salvo el caso en que la autoridad judicial federal otorgue una prórroga hasta por seis meses adicionales, provisto que sea acreditada su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Artículo 193. Los concesionarios de Artículo 193. Los concesionarios de autorizados, están obligados a adoptar las autorizados, están obligados a adoptar las medidas necesarias y suficientes respecto de los medidas necesarias y suficientes respecto de los datos objeto de conservación que garanticen su datos objeto de conservación que garanticen su almacenamiento, cuidado y protección, e impidan almacenamiento, cuidado y protección, e impidan su manipulación, acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación. su manipulación, acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación.
10 Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Artículo 194. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten. su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente. El Instituto y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos supervisarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Artículo 194. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad cuando:que lo requieran, a) Sea ordenado por la autoridad judicial federal competente a solicitud del Procurador General de la República, de los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público en quienes se delegue esta facultad, conforme a sus atribuciones y de conformidad con las leyes aplicables. La solicitud deberá acreditar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad del acceso a los datos conservados en el caso de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro o extorsión. b) Sea ordenado por la autoridad judicial federal competente a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad cuando el acceso a los datos conservados sea necesario para atender una amenaza real, cierta y objetiva a la seguridad nacional. c) Se formule una solicitud de emergencia realizada por el Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o por las instancias de seguridad, cuando, a su juicio, el acceso a los datos conservados sea necesario para atender un riesgo inminente a la vida o integridad personal de una persona. De manera simultánea, el Procurador General de la República o los Procuradores Generales
11 de Justicia de las Entidades Federativas o las instancias de seguridad deberán solicitar la autorización de la autoridad judicial federal de conformidad con el inciso anterior la cual tendrá efectos retroactivos. En caso de de que la autoridad judicial federal niegue la solicitud, los datos obtenidos mediante el mecanismo de emergencia deberán ser destruidos y se notificará al usuario de conformidad con lo que establece este capítulo. Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten. su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación correspondiente., siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente. Artículo 197. Además de las anteriores Artículo 197. Además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán: telecomunicaciones y los autorizados deberán: VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.

References: artículo 145
 artículo 7
 artículo 145
 artículo 146
 artículo 189
 artículo 190
 artículo 16
 artículo 192
 artículo 194
 artículo 197
 Artículo 145
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 145
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 189
 artículo 178
 Artículo 146
 Artículo 189
 artículo 178
 Artículo 190
 Artículo 190
 Artículo 191
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 192
 Artículo 193
 Artículo 193
 Artículo 194
 Artículo 194
 Artículo 197
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