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Timestamp: 2018-05-23 07:18:03+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPO-109/69820
EL ASUNTO FUE PRESENTADO Y DISCUTIDO EL JUEVES 23 DE MARZO, AL SER CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN.
EN LA SESIÓN DE HOY, MARTES 28, FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA LA OPINIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR, con base en las siguientes:
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho de todo individuo a la seguridad de su persona [*], convirtiéndose así en un requisito indispensable para el adecuado desarrollo del Estado, definida por el doctor Sergio García Ramírez como “una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad” [*].
Este término tan elemental para cualquier persona se torna difícil de materializar, a la luz de las amenazas que atentan contra nuestra tranquilidad, la de nuestras familias y la estabilidad del Estado. Riesgos como el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de identidad o desde un simple robo en la calle, exigen ser atendidos, a fin de que todas las personas podamos desenvolvernos con bienestar y en pleno ejercicio de nuestras capacidades en la vida cotidiana.
Lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración que, de conformidad con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4%, manteniéndose en niveles similares a los estimados de 2013 a 2015. Sin embargo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1% y 45.4% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente” [*].
Tal como lo ha expresado la Organización de Estados Americanos, “El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos” [*].
Por ello, la seguridad tiene como presupuestos un andamiaje jurídico e institucional sólidos, aunado a una cultura de respeto y participación ciudadana, que van desde el cumplimiento de una norma hasta la efectiva sanción de una conducta ilícita, mediante corporaciones policiacas, protocolos y procedimientos apegados a Derecho, con el objetivo de garantizar el orden y, en su caso, la justicia y la restauración de la paz social.
En el caso de México, el párrafo noveno del artículo 21 constitucional establece lo siguiente:
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
De la disposición constitucional citada se desprenden los siguientes razonamientos:
Por mandato constitucional, la función de seguridad es concurrente, de tal suerte que no es una atribución exclusiva de algún orden de gobierno, sino que la Federación, las entidades federativas y los municipios son responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas competencias;
La seguridad no es una función sencilla, sino un objetivo en el que convergen varios conceptos y actividades, tales como la prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones administrativas, así como la imposición de sanciones, y
La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, con lo cual se establecen estándares y límites a la actuación de las autoridades encargadas de garantizarla.
En complemento del marco constitucional vigente en materia de seguridad, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece como finalidad de la función de seguridad pública “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
De las características enlistadas destaca la relativa a la ejecución de la política nacional de seguridad, la cual se vincula estrechamente con el federalismo mexicano. En tal sentido, una precisa distribución de competencias, así como una buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se hacen indispensables para determinar responsabilidades y lograr una efectiva seguridad en el país.
Lo anterior es confirmado por el propio párrafo décimo del artículo 21 constitucional, al reconocer que “El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública”
No obstante que el párrafo décimo del propio artículo 21 constitucional señala que “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, el incremento de los índices de inseguridad ha rebasado las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad locales, de tal suerte que el Estado ha empleado a las fuerzas armadas para fortalecer el combate al crimen organizado.
No se debe perder de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado, con el carácter de jurisprudencia, sobre la constitucionalidad de la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las funciones de seguridad de las autoridades civiles, en los términos siguientes [*]:
La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.”
No obstante lo anterior, en diversos foros se ha planteado la necesidad de que las fuerzas armadas dejen de participar en acciones de seguridad, no sólo porque dichas acciones deben recaer por mandato constitucional en instituciones civiles, sino porque el Ejército, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea, más allá de la constitucionalidad y de la efectividad de su intervención, carecen de la preparación para llevar a cabo dichas funciones en tiempos de paz y en el ámbito civil.
Esto no podría ser de otra forma, pues se trata de fuerzas armadas, con lo cual su intervención en acciones de seguridad podría vulnerar derechos humanos y el consecuente desprestigio de instituciones que tienen los mayores índices de credibilidad y confianza en nuestro país.
En tal sentido se pronunció desde 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” [*], en el que expresó su preocupación por “la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales…dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.
Por ello, la propia Comisión recomendó en el citado documento “Establecer en las normas de derecho interno una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y de seguridad ciudadana, a cargo de las fuerzas policiales. En este marco, determinar, que por la naturaleza de las situaciones que deben enfrentarse; por la formación y especialización funcional; y por los antecedentes negativos verificados en la región respecto a la intervención militar en asuntos de seguridad interna, las funciones vinculadas a la prevención, disuasión y represión legítima de la violencia y el delito corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales, bajo la dirección superior de las autoridades legítimas del gobierno democrático”.
En atención a lo anterior, el Poder Legislativo Federal no ha permanecido ajeno a este debate, por lo cual se han presentado las siguientes iniciativas encaminadas a regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior:
Reforma y adiciona la Ley de Seguridad Nacional
Diputado Jorge Ramos Hernández (PAN)
Senador Roberto Gil Zuarth (PAN)
Diputados César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales (PRI)
Senador Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD)
Con la finalidad de enriquecer el debate y que el Congreso de la Unión tome la mejor decisión sobre el modelo de seguridad interior que requiere nuestro país, mediante el presente punto de acuerdo se busca conocer la opinión de las 32 entidades federativas que integran el Estado Mexicano [*], pues no se debe perder de vista que las funciones de seguridad recaen en los tres órdenes de gobierno, al tratarse de una facultad concurrente por mandato constitucional.
Considerando que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) constituye un foro de deliberación en el que se encuentran representados los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, se estima oportuno que dicha instancia remita a esta Soberanía una opinión consensada en relación con las iniciativas de referencia, en materia de seguridad interior.
Al respecto, se debe tomar en cuenta que el pasado 19 de febrero de este año, la CONAGO emitió un pronunciamiento [*] en el marco de la conmemoración de los 104 años del Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, en el que reconoció y expresó su respaldo a dichas instituciones “por su actuación en defensa de la seguridad interior, y su solidaridad permanente con el pueblo mexicano”. Asimismo, expresó la necesidad de “que el H. Congreso de la Unión, discuta y apruebe un nuevo marco jurídico en materia de Seguridad Interior y Humana, para dar certidumbre a su actuación, apegada al Estado de Derecho y en plena observancia de los derechos humanos”.
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben someten a consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, el presente:
ÚNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que remita a esta Soberanía su opinión y observaciones en relación con las diversas iniciativas en materia de seguridad interior que se han presentado en el Poder Legislativo Federal.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
[*] Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III),
[*] García Ramírez, Sergio. En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito. En: Peñaloza, Pedro José y Garza Salinas, Mario A. (coordinadores) “Los desafíos de la seguridad pública en México”, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002. Pág. 81.
[*] INEGI, ENVIPE 2016.
[*] Organización de los Estados Americanos, OEA, 2017. Disponible en: http://www.oas.org/es/temas/seguridad_publica.asp Página consultada el 20 de marzo de 2017 a las 14:48 horas.
[*] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, Registro: 192080,Tesis: P./J. 38/2000 Página: 549
[*] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA, 2009. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf
[*] Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
[*] Conferencia Nacional de Gobernadores. El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, siempre leales a México.
Disponible en: https://www.conago.org.mx/Varios/Ejercito-Mexicano-Marina-Armada.aspx
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69820

References: artículo 3
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 129
 artículo 89
 Resolución 
 Artículo 40