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Timestamp: 2018-12-17 15:02:25+00:00

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﻿ Auto 39454 de agosto 1º de 2012
AUTO 39454 DE 01 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:TRÁMITE DE PROCESOS DE DESMOVILIZADOS POR LA JUSTICIA ORDINARIA Y FRAUDE AL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ. LOS JUECES DEBEN ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRA DESMOVILIZADOS POR LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y NO COMO SI SE TRATARA DE DELITOS COMUNES. POR LO CUAL SE PRESENTARIA UN FRAUDE AL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ. LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEBE ADOPTAR MEDIDAS PARA VIGILAR LA CONCENTRACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN CONTRA EL DESMOVILIZADO
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, FRAUDE PROCESAL, BENEFICIOS DE LA PERSONA DESMOVILIZADA
Auto 39454 de agosto 1º de 2012
Define la Sala la colisión negativa de competencias promovida por el Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales, quien considera que no es la autoridad llamada a conocer del acta de formulación de cargos para sentencia anticipada suscrita por Elda Neyis Mosquera García, procesada por el delito de reclutamiento ilícito en concurso con la posterior desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida del joven Duván Mauricio Giraldo Cardona; y el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania, quien también declina la competencia para conocer de dicho asunto.
Se sabe dentro del proceso que el 24 de mayo de 2000 de la vereda Agua Bonita, del municipio de Pensilvania, fueron sacados varios jóvenes, entre ellos Duván Mauricio Giraldo Cardona de 15 años y 10 meses de edad, quienes al parecer fueron reclutados por la guerrilla de las Farc, para ser utilizados de “blanco” en los ataques a poblaciones, y quien al parecer fue asesinado posteriormente.
Por tales hechos rindió indagatoria Elda Neyis Mosquera García, conocida con el alias de “Karina”, quien para la fecha comandaba el Frente 47 de dicha organización subversiva, luego de lo cual se sometió a sentencia anticipada, aceptando los cargos en diligencia realizada el 17 de mayo pasado, en la ciudad de Bogotá.
El acta contentiva de la diligencia fue remitida al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, autoridad que invocando las normas de competencia contenidas en la Ley 600 de 2000 —vigente para el momento de comisión de los hechos imputados en la indagatoria—, indicó que el llamado a conocer de tal asunto era el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania por los factores funcional y territorial; motivo por el cual remitió la actuación a dicho funcionario judicial, quien a su turno, también niega ser el llamado a conocerlo, dado que, según se dice en el expediente, la supuesta muerte del joven mencionado, se produjo en la comprensión de un circuito judicial diferente, en el corregimiento de San Félix —del municipio de Salamina—.
Por lo anterior, el proceso fue remitido a esta corporación a efectos de que se defina cuál es la autoridad judicial competente para ocuparse del asunto en cuestión.
La Sala es el organismo llamado a desatar la colisión de competencias suscitada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales y el Promiscuo del Circuito de Pensilvania, por virtud del artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000, y la interpretación que de dicha norma ha hecho reiteradamente esta Sala, mediante la cual ha concluido que siempre que esté en discusión la competencia de un juzgado penal de circuito especializado, es este el órgano judicial encargado de dirimirla.
La colisión de competencias es el mecanismo que fijó el legislador para determinar, cuando existe discusión entre varios jueces, cuál de ellos es el llamado a conocer de unos determinados hechos, en desarrollo del principio de legalidad del juez, que hace parte del plus que integra junto con la legalidad del delito, de la pena, y del procedimiento.
La controversia gira en torno de cuál es el juez llamado a conocer de la causa en que se juzguen los mencionados delitos, si el joven Duván Mauricio Giraldo Cardona fue reclutado ilícitamente en Pensilvania, conducido por las montañas del municipio de Samaná con rumbo a Salamina, en cuyo corregimiento de San Félix se vio por última vez, donde al parecer fue asesinado.
El primer punto que debe aclararse es que los hechos se produjeron en vigencia de la Ley 600 de 2000, motivo por el cual debe concluirse que como quiera que el conocimiento de ninguno de estos delitos fue asignado por su artículo 5º transitorio al juez penal del circuito especializado, por vía del artículo 77 literal “b)” ibídem se puede afirmar que la competencia residual está en cabeza del juez penal del circuito.
Por otra parte, de acuerdo con el acta de aceptación de cargos, el reclutamiento ilícito se produjo en Pensilvania, sitio en que se formuló la correspondiente denuncia, y los demás delitos, vale decir, el homicidio en persona protegida y la desaparición forzada agravada, en comprensión municipal de Salamina, Caldas.
A decir del artículo 83 de la Ley 600 de 2000, “Cuando la conducta punible se haya realizado en varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero, conocerá el funcionario judicial competente por la naturaleza, del territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia o donde primero se hubiere avocado la investigación”; por lo que el competente en el asunto de la referencia sería el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania, toda vez que fue allí donde se formuló inicialmente la denuncia, según se desprende de la actuación, particularmente de lo relatado por la madre del menor víctima, según se observa a folio 57 del cuaderno original 1.
Así las cosas, el competente para conocer del asunto de la referencia será el Juez Promiscuo del Circuito de Pensilvania a donde se remitirá la actuación.
Por otra parte, la Sala aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre lo inapropiado de permitir que distintos procesos adelantados por delitos relacionados con el conflicto armado interno contra desmovilizados que se encuentran en calidad de postulados a ser beneficiados con la pena alternativa dentro del proceso transicional regulado por la Ley 975 de 2005, continúen su trámite como si se tratara de delitos comunes, en los cuales se aceptan los cargos omitiendo enfrentar a las víctimas, en el mejor de los casos relatando una verdad más cómoda frente a la opción de la reducción de pena por sentencia anticipada.
Dicha situación, lo ha dicho la Sala, puede ser calificada de fraude al proceso de justicia y paz(1):
“Sobra decir que corresponde a la Fiscalía que conduce la versión libre estar atenta a mezquinos intereses originados en falsas imputaciones o delaciones contra terceros, o espurias retractaciones; o cómodas aceptaciones de cargos en procesos adelantados por crímenes que podrían acumularse al de justicia y paz; actividades todas encaminadas a defraudar a la administración de justicia, pero sobre todo, a despreciar a la sociedad que les ha tendido la mano indulgente de la reconciliación”.
Esto por cuanto ha de ser claro en el proceso transicional que si estos hechos hacen parte de lo que en la versión libre confesó la desmovilizada Mosquera García, pues le correspondía a la fiscalía de justicia y paz, en aplicación de lo ordenado en el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, solicitar la acumulación de los procesos que se adelanten en su contra, originados en su accionar armado; con el proceso transicional.
Además de corresponder con lo ordenado por el legislador, se descongestiona la justicia ordinaria y se concentran todos los procesos que se adelanten contra el desmovilizado bajo el mismo radicado, adelantado por una justicia especializada, con unos parámetros más amplios, pero sobre todo con la misión de ofrecer a las víctimas la mayor cantidad de verdad posible.
Ese el sentido del artículo 22 de la citada Ley 975 de 2005, en el que se indica que el desmovilizado solo podrá realizar aceptaciones de cargos en procesos originados con antelación a la desmovilización, ante el magistrado que ejerza funciones de control de garantías de justicia y paz, y en las condiciones previstas en dicha normatividad.
Fue la forma en que el legislador le advirtió a la judicatura que una vez que el desmovilizado se encuentre bajo los parámetros del proceso regido por la Ley 975 de 2005, solo puede realizar aceptaciones de cargos por los delitos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado, al interior del proceso transicional; sin que pueda aceptarse que las sentencias anticipadas realizadas en los procesos ordinarios, con simples aceptaciones de cargos efectuadas de espaldas a las víctimas y por fuera del contexto procesal del conflicto, tengan valor de cosa juzgada y sin más, proceda su acumulación con las penas impuestas en el proceso transicional.
Así lo señala el comentado artículo 20:
“Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumple la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley”.
Tal posición resulta compatible con el espíritu de la ley según el cual la verdad que se cuenta en la versión al interior del proceso transicional, es el principio de la reivindicación del derecho de las víctimas, tal y como lo ha interpretado esta corporación al afirmar(2):
“El inicio del proceso de reconciliación se identifica con la posibilidad de conocer las razones, los hechos, los responsables, los auspiciadores, la financiación, los beneficiados, la forma, los sitios, el momento, y en general todo aquello que esclarezca la situación victimizante.
Por eso, la satisfacción de la verdad supone, entre otras actividades, el relato de lo sucedido de la manera más amplia posible, precisando hechos, responsables, tiempos, formas, razones y todo aquello que conduzca a arrojar luz sobre la confusión que provoca el dolor y la ignominia. Ello implica, entre otras cosas: a) la confesión completa y veraz de las circunstancias de tiempo, modo, cantidad, cualidad, relación y lugar en que el desmovilizado haya participado en las conductas delictivas con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización(3); b) colaborar con el esclarecimiento de los hechos y en particular ofrecer la información que se tenga para lograr el hallazgo de personas desaparecidas o secuestradas(4); c) aceptar los cargos que se le formulen con ocasión de lo confesado y de lo investigado por la fiscalía(5); d) aceptar la responsabilidad por hechos incluidos en las investigaciones anteriores a la desmovilización(6); y, e) participar activamente en la reconstrucción de la memoria histórica de lo acontecido con su accionar armado(7)”.
Porque, es parte muy importante del compromiso del desmovilizado con las víctimas(8):
— “Participar activamente en la reparación simbólica, lo que(9) implica la preservación de la memoria histórica (el relato de todo lo sucedido), la aceptación pública de los hechos, la solicitud pública de perdón, y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”.
Así pues, la versión libre es el momento estelar del trámite transicional, es en él donde se delinean los delitos propios del accionar armado, donde se vislumbra la imputación que será objeto de aceptación, y fundamento de la sentencia; donde se reconstruyen los tiempos del dolor que se quiere mitigar con la justicia y la reparación”.
Si bien al resolver esta colisión negativa de competencias la Sala no tiene una opción distinta que determinar el juez competente, conmina al Fiscal General de la Nación a evitar que esta situación se siga presentando, toda vez que a dicha institución le corresponde reunir en el trámite transicional todos los procesos que se adelanten contra los desmovilizados y acumularlos con él.
Ahora bien, como la Sala ha señalado que la acumulación de procesos solo es posible cuando el trámite transicional ha llegado a la fase de la declaratoria de la legalidad de la aceptación de los cargos(10), mientras dicha fase llega procede la suspensión de los procesos adelantados por la justicia ordinaria.
En conclusión, se llama la atención a la fiscalía de que tienda a concentrar todos los procesos que se adelanten contra el desmovilizado por delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado, en el contexto del proceso transicional, evitando que los procesos que por tales punibles adelanta la justicia ordinaria avancen y más aún, que se presenten sentencias anticipadas en dicha jurisdicción; evitando así la multiplicidad de esfuerzos y de competencias, desgastes innecesarios, falta de sistematicidad de la información en torno de los postulados, la falta de especialización para el conocimiento de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, y sobre todo, la desinformación y desatención a las víctimas, lo cual se traduce finalmente en indiferencia, y en falta de reconocimiento de sus perjuicios; siendo todo ello a todas luces inaceptable.
Ya había precisado la Sala que existían los mecanismos de la suspensión y la acumulación de procesos y la forma y oportunidad de acudir a uno u otro(11):
“Cuando se tramitan procesos en la justicia ordinaria por conductas del desmovilizado, sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley(12),y existe —como en este caso— la manifestación libre de aceptar esos cargos en el proceso de transición, lo pertinente es establecer las condiciones de la suspensión y posterior acumulación de las investigaciones, partiendo del presupuesto de que los procesos penales ordinarios que se tramitan ya por la Ley 600 de 2000, ora por la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), no coinciden en su estructura procesal con el trámite de la Ley 975 de 2005 que fijó el marco jurídico de la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en el marco de un acuerdo humanitario ...
“2.2.10. En lo atinente a la acumulación de procesosse ha afirmado que(13) tiene lugar una vez declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial, y que esa figura es distinta a la de la suspensión de los procesos que estén a cargo de otras autoridades, por conductas cometidas por el imputado durante o con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal. En concreto, la suspensión es una medida de carácter provisional que compete al magistrado de control de garantías y tiene como objeto permitir a la fiscalía ahondar sobre ese vínculo a fin de poder imputarlas en la audiencia de formulación y aceptación de cargos —si no han sido admitidas por el desmovilizado en la versión libre—. La acumulación, en cambio, es definitiva y compete al funcionario de conocimiento”(14) (destaca la Sala).
Si en el proceso penal ordinario se cuenta con fundamento probatorio y con decisión que satisfaga de manera razonable los presupuestos de la imputación fáctica (la narración de los hechos jurídicamente relevantes) que permitan inferir la imputación jurídica (provisional, pues aún faltan controles a la imputación por parte de la sala de justicia y paz) y fundamentar la atribución subjetiva de esos hechos al desmovilizado, habrá que predicar entonces que tal acto de imputación del proceso ordinario (L. 600/L. 906) corresponde con el momento procesal de la audiencia de formulación de imputación en justicia y paz ante el magistrado de control de garantías(15) quien dispondrá válidamente la suspensión del proceso ordinario.
Por ello, leído el asunto en clave de justicia de transición, no encuentra la Sala dificultad alguna en que se provea la suspensión del proceso —penal ordinario— en el expediente de justicia y paz, donde se asumirá el juzgamiento de la totalidad de conductas cuya responsabilidad acepta el desmovilizado, para que se continúe la investigación y juzgamiento bajo el trámite de la Ley 975 de 2005”.
Así las cosas, se definirá la colisión asignando el conocimiento del acta de formulación y aceptación de cargos por el delito de reclutamiento ilícito en concurso con desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida —siendo la víctima el joven Duván Mauricio Giraldo Cardona—, imputados a Elda Neyis Mosquera García al Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania; además que se ordenará remitir copia de este proveído al señor Fiscal General de la Nación.
1. Dirimir la colisión negativa de competencias asignando el conocimiento del proceso seguido contra Elda Neyis Mosquera García por reclutamiento ilícito, desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida de que fue víctima Duván Mauricio Giraldo Cardona, al Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania, a donde se enviará la actuación.
2. Comunicar la decisión adoptada al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, remitiéndole copia de la misma.
3. Remitir copia de la decisión adoptada al señor Fiscal General de la Nación.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Luis Guillermo Salazar Otero—Javier De Jesús Zapata Ortiz—Julio Enrique Socha Salamanca.
(1) Auto de segunda instancia de justicia y paz de 23 de agosto de 2011, Radicado 34423.
(2) Auto de segunda instancia de justicia y paz de 23 de agosto de 2011, Radicado 34423.
(3) Tal como lo indican los artículos 7º y 17 de la Ley 975 de 2005.
(4) Según lo ordenado en el artículo 17 ibídem.
(5) En los términos de los artículos 19 y 21 de la ley de justicia y paz.
(6) Así como lo dispone en artículo 22 de la Ley 975 de 2005.
(7) Según lo dispuesto en el literal “d)”, del artículo 19 del Decreto 3391 de 2006.
(8) Auto de segunda instancia de justicia y paz de 23 de agosto de 2011, Radicado 34423.
(9) De acuerdo con el artículo 8º inciso 7º de la Ley 975 de 2005.
(10) Cfr. Auto de segunda instancia 28250 del 25 de septiembre de 2007.
(11) Auto de 13 de diciembre de 2010, Radicado 33065.
(12) Corte Suprema de Justicia, auto del 12 de mayo de 2010, Radicado 33610.
(13) Cfr. Auto de segunda instancia 28250 del 25 de septiembre de 2007.
(14) Corte Suprema de Justicia, auto de segunda instancia del 31 de julio de 2009, Radicado 31539; Ib. Auto de segunda instancia del 25 de septiembre de 2007, Radicado 28250.
(15) “... el juicio de legalidad material que le corresponde al magistrado de control de garantías en la audiencia de imputación, está circunscrito a los motivos fundados que propician la inferencia razonable de la probable autoría o participación del procesado en los hechos a él atribuidos. Esto es que está circunscrita su intervención en este punto, a la revisión del fundamento argumentativo de la imputación”. Auto del 1º de julio de 2009, Radicado 31788.

References: artículo 18
 artículo 5
 artículo 77
 artículo 83
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 8