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Negligencia de trabajador no libera al empleador del pago de indemnización (Casación Laboral Nº 25875-2018-TACNA) | Peruweek.pe
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Miguel Ampudia Belling 9 diciembre, 2019 Laboral 493 Visitas
En ella, afirmó que la entidad demandada al no haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, para la prevención y protección del personal frente a un accidente de trabajo, queda sujeta a la indemnización de daños y perjuicios conforme al artículo III del Título Preliminar del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por D.S. Nº 009-2005-TR.
El máximo tribunal, de este modo, revocó el criterio de las primeras instancias y consideró que la negligencia del trabajador no puede ser causa del accidente de trabajo, puesto que el empleador es el obligado a supervisar el desempeño de labores del trabajador, ejerciendo su potestad sancionadora.
Agrega también que la empresa tiene un deber de control de verificar que el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo y en el lugar en el que debe prestar sus labores.
En este caso, el trabajador sufrió una caída de una altura de 2.80 metros en las instalaciones de la empresa, lo que complicó su salud incluso trayendo consigo su incorporación en el registro de personas con discapacidad. En el proceso, tanto en primera como en segunda instancia, se rechazó la demanda del pago de indemnización por daños y perjuicios, pues se consideró que el accidente de trabajo habría ocurrido por negligencia del propio trabajador, ya que este al momento del accidente se encontraba realizando labores que no eran propias de su cargo sin que nadie se lo haya autorizado y, además, se hallaba en un área distinta al lugar donde, por sus funciones, debía encontrarse.
En opinión del laboralista Elmer Huamán, con este criterio se dejarían sin efecto la imprudencia de la propia víctima como supuesto de liberación de la responsabilidad del empleador frente a accidentes de trabajo. Por tanto, los accidentes de trabajo provocados por la propia negligencia del trabajador deberán ser indemnizados por la empresa ya que esta siempre mantiene la obligación de supervisar y evitar su ocurrencia, lo cual no podrá ser previsible ni posible en todos los casos.
CASACIÓN LABORAL N° 25875-2018 TACNA
1.1. Demanda: Se advierte de la demanda que corre de fojas cuarenta y tres a cincuenta y dos, subsanada mediante escrito obrante a fojas ciento diez, que el actor plantea como pretensión principal el pago de una indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo, ascendente a ochenta mil con 00/100 soles (S/ 80,000.00), y como pretensión accesoria el pago de una indemnización por daño personal ascendente a cincuenta mil con 00/100 soles (S/ 50,000.00) y por daño moral la suma de cincuenta mil con 00/100 soles (S/ 50,000.00), más intereses legales, costas y costos del proceso por la suma de veinte mil con 00/100 soles (S/ 20,000.00).
1.2. Sentencia de primera instancia: El Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante sentencia que corre de fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos setenta y uno, declaró infundada la demanda. Consideró que no es posible acreditar la conducta antijurídica de la entidad demandada, al no existir algún documento que establezca que el accidente sucedido el doce de junio de dos mil dos se produjo por negligencia de aquella, más aún si se toma en cuenta que el cargo del demandante fue de operador de máquina mezcladora, cuya función era preparar la mezcla, ver la medida del agua y dejarla lista para ser llevada, por lo que no se entiende qué hacía en la actividad de tarrajeo o quién le ordenó que efectúe dicha labor. Agregó que el accionado cumplió con afiliar al demandante a EsSalud y lo reubicó como Conserje, lo cual hace presumir que cumplió con las medidas de seguridad mínimas para el desempeño de las labores del actor.
1.3. Sentencia de segunda instancia: La Sala Laboral Permanente de la citada Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista que corre de fojas trescientos dieciséis a trescientos veintiséis, confirmó la sentencia apelada de primera instancia, argumentando que no existe documento que acredite que el accidente sucedido el doce de junio de dos mil dos se produjo por negligencia de la entidad demandada, por el contrario, fue consecuencia de la negligencia del propio actor, como refiere él mismo en Audiencia de Juzgamiento, al señalar que su cargo era de operador de maquina mezcladora y no el de tarrajeo; por tanto, no se logra acreditar el factor de atribución necesario para ordenar el pago de una indemnización por daños y perjuicios.
Sobre la causal referida a los artículos I y II del Título Preliminar del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado Decreto Supremo número 009-2005-TR
Tercero: La disposición en mención regula lo siguiente:
“Artículo III.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asumirá las implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”.
Cuarto: La Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, define como accidente de trabajo a: “[…] todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo”[1]. Asimismo, el artículo 2° del Decreto Supremo número 009-97-TR, define como accidente de trabajo a toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratado el trabajador causadas por acción imprevista fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta.
Décimo: La responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación, ya sea cuando se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad contractual y, dentro de la terminología del Código Civil, de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, encontrándonos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual[2].
Décimo Cuarto: Las obligaciones de carácter laboral pueden ser entonces objeto de inejecución, o de cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, y en caso que ello obedezca al dolo, culpa inexcusable o culpa leve de una de las partes, esta queda sujeta al pago de la indemnización de daños y perjuicios. Ello es equivalente a sostener que si el empleador o trabajador incurren en actos u omisiones de sus obligaciones, causando perjuicio a la otra parte, tendrán que responder de los daños ocasionados, de conformidad con el citado artículo 1321° del Código Civil.
Décimo Quinto: El recurrente señala que en base a los Principios de Prevención y Responsabilidad contemplados en el Título Preliminar del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado Decreto Supremo número 009-2005-TR, el demandado debe responder por los daños generados derivados del accidente de trabajo por no cumplir con las normas de seguridad y salud en las actividades de construcción civil a las que fue asignado, precisando que no ha concurrido ninguna fractura del nexo causal y que debe aplicarse lo establecido en los artículos 1319º y 1321º del Código Civil.
En mérito a lo expuesto tenemos lo siguiente:
15.1.- De acuerdo al Informe de Accidente de Trabajo obrante a fojas dieciocho, firmado por el Residente de Obra Ingeniero Omar Hidalgo Aguilar: “Con fecha 12 de junio del 2002 a horas 11 con 30 minutos antes meridiano (Turno de la Mañana), se suscitó un accidente de trabajo durante proceso de construcción en el Reservorio R-9 durante la actividad: Tarrajeo del Muro Interior de dicho Reservorio, al sufrir caída de los andamios empotrados y ubicados en una altura de 2.80 metros, (…). El Operario Vicente Calizaya Maquera estuvo trabajando como operario encofrador en el momento de sucedido el accidente de trabajo descrito”. Tal Informe describe el accidente de trabajo sufrido por el accionante, quien realizaba labores de operario encofrador al momento del suceso.
17.2.- De acuerdo a lo expuesto, es facultad/obligación del empleador la fiscalización de las labores dentro de la empresa a través de mecanismos de control y vigilancia, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asignados a los trabajadores, lo cual debe tener mayor incidencia cuando se trata de actividades de riesgo, como es el campo de la construcción civil, desde que por la naturaleza de las labores se pone en constante peligro la integridad física de los trabajadores.
Es por ello que el Decreto Supremo número 009-2005-TR establece el deber de prevención del empleador, otorgándole la potestad de aplicar mecanismos que lo garanticen a través de la gestión de riesgos, la aplicación de sistemas de control, el diseño de puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, la eliminación de situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo, entre otras responsabilidades, con lo cual se determina que es responsabilidad del empleador ejecutar acciones de fiscalización y verificación del cumplimiento de las funciones asignadas a los trabajadores, con la finalidad de cuidar de su integridad física.
Décimo Octavo: De lo expuesto se tiene acreditado que el accionado incurrió en una conducta antijurídica que lesionó el Principio de Protección, según el cual si el empleador tiene poderes de dirección y de control del trabajador y del trabajo, entonces es precisamente aquel quien debe asumir el deber de cuidar la vida, la integridad y la salud del trabajador, generándose un incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme lo establece el Decreto Supremo número 009-2005-TR, y teniendo que asumir las obligaciones y responsabilidades que su actuación ha conllevado. En efecto, el desarrollo del numeral III del Título Preliminar del precitado Decreto Supremo número 009-2005-TR, constituido por el Principio de Responsabilidad, informa que el empleador asumirá las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole, como consecuencia de un accidente que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, lo que encuentra sustento en el incumplimiento de las obligaciones que el artículo 39° del cuerpo legal en mención establece para el empleador.
Décimo Noveno: En tal sentido, se puede concluir que el elemento referido a la tipicidad de la responsabilidad contractual reclamada se ha configurado, siendo que el recurrente sufrió un accidente por incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del demandado, determinándose el nexo causal entre la inacción u omisión del accionado y el accidente sufrido por el actor. Al respecto, en torno a la existencia del nexo causal entre los daños que alega el recurrente y el hecho del accidente de trabajo que ocasionó su incapacidad (grado de invalidez parcial de naturaleza permanente), la relación de causalidad debe entenderse en sentido abstracto como la relación de causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del autor y el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo Taboada Córdova: “el daño causado al acreedor debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación debida por parte del deudor”[3].
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Vigésimo: Asimismo, el artículo 1321º del Código Civil consagra la teoría de la causa inmediata y directa, por la cual, para que el daño pueda ser imputado causalmente al agente, lo único que se exige es que el nexo causal no haya sido roto por la interferencia de otra serie causal ajena a la anterior. Conforme a ello, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no cumplir con sus obligaciones legales o convencionales en materia de seguridad y protección) y el daño sufrido por el trabajador (accidente de trabajo) y que éste sea consecuencia además de la situación laboral o las labores realizadas en el centro de trabajo y que además no concurra ninguna de las causales de fractura del nexo causal, conforme lo prevé el artículo 1327° del Código Civil; por lo mismo, corresponde atribuir la responsabilidad al demandado por los daños irrogados.
Vigésimo Primero: Respecto a establecer si el accionado en atención a la naturaleza de su actividad incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de las normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cabe analizar el factor de atribución de la responsabilidad. Al respecto, el artículo 1319º del Código Civil establece que: “Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave, no ejecuta la obligación”. En el presente caso el demandado no actuó con diligencia ejerciendo su deber de fiscalización y supervisión sobre sus trabajadores y labores asignadas, sin tomar las previsiones correspondientes para verificar si el actor realizaba las funciones asignadas, y menos aún para verificar si las labores desempeñadas por el trabajador ponían en riesgo su integridad física, todo ello con la finalidad de evitar el accidente ocurrido, por lo que la imputación de la responsabilidad al demandado se sustenta en la culpa inexcusable, prevista en el aludido artículo 1319° del Código Civil.
Vigésimo Segundo: En lo que se refiere a la identificación de los daños a ser indemnizados y su cuantificación se tiene lo siguiente:
22.1.- El actor peticiona el pago de una indemnización por daños y perjuicios más el pago por daño a la persona y daño moral.
22.2.- Al respecto, debe considerarse que el demandante, pese al accidente de trabajo y a la incapacidad que generó el mismo, continuó laborando para la entidad demandada, como se verifica del Certificado de Trabajo obrante a fojas cuarenta y dos, en el cual se especifica: “(…) el SR. VICENTE CALIZAYA MAQUERA, (…) ha laborado en la Gerencia General de nuestra institución, en el cargo de operario desde el 01 de Enero 2006 hasta el 31 de Diciembre del 2007”, y actualmente, conforme lo manifestó por el demandante, desempeña el cargo de Conserje. Además, el recurrente no acreditó de modo alguno el daño emergente, más aún si los gastos médicos de curación y tratamiento que refiere han sido asumidos por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y posteriormente por EsSalud.
22.3.- Sobre la pretensión de daño moral, en el que debemos comprender el daño psicológico, se debe precisar que el artículo 1322° del Código Civil establece que el daño moral, cuando se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Sobre este daño, debe tenerse en cuenta que el demandante ha quedado discapacitado conforme así lo determina la Resolución Ejecutiva número 9196-2011-SEJ/REG-CONADIS, copiada a fojas cuatro, como consecuencia del accidente de trabajo que generó una invalidez parcial permanente, con un menoscabo de su persona de cincuenta y cuatro punto nueve por ciento (54.9%), determinándose que tal situación generó un estado de angustia y/o sufrimiento, pasible de ser resarcido.
22.4.- En lo que se refiere al daño a la persona (daño biológico) se identifica con la lesión, considerada en sí misma, causada en relación con algún aspecto de la mencionada unidad psicosomática de la persona víctima del daño. Al respecto, consideramos que este se presentó por las fracturas múltiples y la lumbalgia crónica post-traumática, situación que adquiere trascendencia en la vida de una persona.
22.5.- En consecuencia, siendo los daños analizados en ésta última parte de difícil probanza en cuanto a su cuantificación, con criterio equitativo, éste Colegiado Supremo debe fijar, al amparo de lo dispuesto por los artículos 1332° y 1333° del Código Civil, la suma de veinte mil con 00/100 soles (S/ 20,000.00) como indemnización por daños y perjuicios pretendidos por el actor con su demanda, por todo concepto, más intereses legales a partir de la fecha de la citación con la demanda.
Vigésimo Tercero: En atención a lo expuesto se denota una afectación a los Principios de Prevención y protección regulados en los artículos I y III del Título Preliminar del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 009-2005-TR, resultando la causal declarada procedente en fundada, por lo que corresponde declarar fundada el recurso de su propósito, casar la Sentencia de Vista y actuando en sede de instancia revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola declararla fundada en parte, otorgando al accionante la suma de veinte mil con 00/100 soles (S/ 20,000.00), como indemnización por daños y perjuicios por todo concepto, más intereses legales a partir de la fecha de la citación con la demanda.
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Vicente Calizaya Maquera, mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, que corre de fojas trescientos treinta y cinco a trescientos cuarenta y dos; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que corre de fojas trescientos dieciséis a trescientos veintiséis, NULA la misma; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia del treinta de octubre de dos mil diecisiete, que corre de fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos setenta y uno, que declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA EN PARTE, y en consecuencia, ORDENARON que el demandado cumpla con el pago de veinte mil con 00/100 soles (S/ 20,000.00) a favor del demandante, con indemnización por daños y perjuicios por todo concepto, más intereses legales a partir de la fecha de la citación con la demanda; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido con el demandado, Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, sobre indemnización por daños y perjuicios y otros; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta; y los devolvieron.
[1] Decisión 584, que sustituye a la Decisión 547.
[2] TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Elementos de la responsabilidad civil”. 3 ed. Lima: Editorial Grijley, 2013, páginas 33-34.
[3] TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. “Elementos de la responsabilidad civil”. 3 ed. Lima: Editorial Grijley, 2013, páginas 76.
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 artículo 1319
 artículo 1322
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