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Timestamp: 2020-08-10 05:35:49+00:00

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usa | Negociaciones y Comercio Exterior
Acuerdan “hoja de ruta” para el libre comercio en la región Asia-Pacífco
por EFE Beijing
China logró ayer, en la XXII cumbre de líderes del Asia-Pacífico que se realizó al norte de Beijing, imponer sus ideas para la creación de una zona de libre comercio regional, un éxito que sumado a otros le refuerza frente a tradicionales potencias como Estados Unidos o Rusia.
Aprovechando la debilidad coyuntural de Washington, después de que el presidente Barack Obama perdiera el control del Congreso en las recientes elecciones, y de Moscú, aún tocada por el aislamiento de Occidente por la crisis ucraniana, China consiguió que los 21 miembros del Foro de Asociación Económica Asia-Pacífico (APEC) acordaran lanzar el proceso para crear un área de libre comercio en la región.
“Hemos decidido comenzar el proceso para construir una Zona de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en sus siglas en ingles) y hemos adoptado una hoja de ruta para lograrlo”, anunció el presidente chino, Xi Jinping, al término de la cumbre.
La zona de libre comercio de Asia Pacífico podría ir en contra de iniciativas similares también debatidas en la región, como la Asociación Trans-Pacífica (TPP), una idea principalmente defendida por EE.UU. para los países más desarrollados de la zona y que había ganado apoyo en otros países de América.
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Mientras la Argentina defiende las DJAI, la OMC pide al G20 eliminar proteccionismo
En un informe publicado ayer, y a días de la Cumbre del G20 en Australia, la institución reveló que de las 1.244 medidas aplicadas desde el 2008, sólo 282 fueron removidas
A pocos días de que se realice la Cumbre del G20 en la ciudad australiana de Brisbane, a la que finalmente no viajará la presidenta Cristina Fernández, la Organización Mundial de Comercio (OMC) le reclamó ayer a los países miembros que reduzcan las medidas de protección de sus economías, tal como lo prometieron en la reunión del año pasado en San Petersburgo. El organismo publicó un informe ayer en el que detalla que de las 1.244 medidas de protección registradas entre octubre de 2008 y octubre de este año, sólo 282 fueron removidas, por lo que aún rigen 962 en los 19 países más la Unión Europea, que integran el G20. A su vez, el 12% de ellas comenzaron a aplicarse en el último año. “Las medidas restrictivas al comercio siguen aumentando, a pesar de las promesas”, afirmó el organismo en su documento, en el que insiste en remarcar los “daños del proteccionismo” y la necesidad de avanzar en la liberalización de la economía.
Este reclamo de la OMC se produce en momentos en que la Argentina mantiene un conflicto abierto con el organismo justamente por las trabas a las importaciones, que comenzaron con las licencias no automáticas y luego se transformaron en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
En respuesta a una demanda iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, a fines de agosto el organismo falló en contra de la Argentina al dictaminar que las herramientas que el Gobierno aplicó en los últimos años para limitar el ingreso de mercadería del exterior son “incompatibles” con la normativa del organismo. De todos modos, ahora resta un largo camino por recorrer hasta llegar, en el peor de los casos, a represalias por parte de los países afectados, ya que la Argentina optó por la apelación y llevar el caso hasta la última instancia judicial.
Como parte de la estrategia de defensa argentina, esta semana viajó a Ginebra, Suiza donde tiene la sede la OMC el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Adrián Nador. La Argentina comunicó a fines de septiembre su decisión de apelar el fallo ante el Organo de Apelación, en tanto que a los pocos días Europa presentó otra apelación. El objetivo de Nador es mantener un encuentro con este órgano de la OMC a los efectos de justificar la solicitud de apelación. “El gobierno argentino está buscando comprar tiempo y extender la no solución de este conflicto comercial para que el próximo Gobierno tenga que resolverlo”, consideró un analista de comercio exterior.
De acuerdo con el informe dado a conocer ayer por la OMC, desde el año en el que estalló la crisis (2008), las restricciones a las importaciones vigentes cubren alrededor del 4,1 % del valor de las importaciones globales de mercadería y alrededor del 5,3 % de las correspondientes al bloque G20, por un total de u$s 757.000 millones.
En su análisis, el organismo advirtió que la situación actual requiere que los países del grupo muestren “contención” a la hora de tomar decisiones relacionadas con ese tipo de medidas y avanzar en la eliminación de las que siguen en vigencia. Pero en un movimiento contrario, las economías del G20 han aplicado únicamente entre marzo y octubre pasados 93 nuevas medidas comerciales que obstaculizan el comercio, lo que equivale a 18 medidas por mes.
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La OMC habilita a 43 países a limitar productos argentinos
Dos años y cuatro meses después de que un grupo de 43 países presentara en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno, la respuesta llegará en los próximos días y no serán buenas noticias para Cristina Kirchner: todo indica que se hará lugar a las quejas planteadas y, como contrapartida, se habilitaría a los países denunciantes a aplicar represalias comerciales similares a las que aplica la Argentina.
Según confiaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la diplomacia extranjera y local, la OMC entregó un informe confidencial a los países denunciantes y a la Argentina, en el que habilita a los países a fijar una “cláusula de retaliación”, o medidas espejo, contra la Argentina.
En la práctica esto será un duro golpe para el Gobierno, porque podría provocar que las exportaciones de la Argentina se vean reducidas drásticamente y caigan los ingresos en dólares que recibe el Banco Central.
La OMC establece en su reglamentación que este tipo de medidas no se pueden aplicar si el Gobierno apela la decisión y busca un acuerdo con aquellos países que lo denunciaron por prácticas restrictivas. Pero la amenaza está latente y podría generar “turbulencias comerciales”, como coincidieron las fuentes consultadas.
Si se toma en cuenta el flujo comercial que tiene la Argentina con los 43 países que presentaron quejas ante la OMC en marzo de 2012, el país podría ver afectado entre un 25 y un 30% de sus exportaciones al mundo.
En el caso de que todos los países denunciantes pusieran en marcha la sugerencia de la OMC, esto implicaría que el Gobierno pondría en riesgo unos 24.000 millones de dólares del ingreso que recibe anualmente por este flujo comercial, aunque aún no está claro si el paper confidencial de la OMC fija límites a la aplicación de retaliaciones en función del flujo global del comercio que tiene la Argentina.
“Hay mucha preocupación y vamos a estar atentos para apelar una eventual medida de esta envergadura”, dijo a LA NACION un destacado funcionario de la Cancillería que estaba al tanto del informe de la OMC.
De hecho, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya instruyeron al embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Alberto D’Alotto, para que intervenga con la firme intención de frenar una embestida de los 43 países denunciantes. La aplicación de las retaliaciones no se puede poner en marcha si antes no se define la apelación que presente la Argentina. El embajador argentino espera presentar esa apelación no bien se formalice y se haga público el paper de la OMC.
Fuentes diplomáticas extranjeras que pidieron no ser identificadas confirmaron a LA NACION la existencia del documento confidencial de la OMC, aunque lo más probable es que sean los embajadores designados en Ginebra quienes informen a la Argentina sobre los pasos a seguir.
Por lo pronto, entre fines de julio y los primeros días de agosto se realizará en Suiza otro panel de la OMC con la Argentina y los países denunciantes para evaluar la resolución del conflicto.
Por su reglamento interno, la OMC no puede emitir sanciones a la Argentina ante las denuncias presentadas, pero puede sugerir la aplicación de retaliaciones o medidas espejo, como lo hizo. No está claro aún si en el documento de la OMC se detalla el mecanismo para aplicar estas medidas. Es decir, si los países denunciantes pueden aplicar licencias no automáticas, aranceles especiales o la directa suspensión de algunos productos de la Argentina, como hizo el Gobierno con las importaciones. El grado de aplicabilidad de estas medidas definirá en qué medida las exportaciones argentinas pueden verse afectadas.
En marzo de 2012, la Argentina fue denunciada ante la OMC por sus prácticas de restricción de importaciones. Entre los 43 países que presentaron esa queja estaban los 28 Estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía, entre otros.
En aquel momento, y durante todas las exposiciones que hicieron los embajadores argentinos ante la OMC, el Gobierno desestimó las críticas y ratificó toda su política comercial.
En la queja formal que se presentó en la OMC hace dos años se cuestionó la práctica proteccionista que aplicó el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que contemplaba la aplicación de licencias de importación no automáticas, las regulaciones que requieren un registro previo de declaraciones juradas de los importadores y una aprobación muy detallada de cada transacción importante, entre otras medidas que consideraron “arbitrarias” o contrarias a las prácticas del mercado global.
En su presentación ante la OMC, los países denunciantes coincidieron en un documento en el que destacaron: “Todo indica que el nuevo sistema funciona como un esquema de facto de restricción de importaciones sobre todos los productos” en la Argentina. Moreno se fue a Italia, pero sus medidas continuaron en pie por obra del secretario de Comercio, Augusto Costa.
Puja de más de dos años
En marzo de 2012 unos 43 países presentaron ante la OMC una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que imponía el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En los dos últimos años hubo paneles de debate y negociaciones en la OMC para arribar a un acuerdo entre las partes involucradas, pero no se llegó a una solución.
El Gobierno ratificó en todo momento su política comercial y desestimó las denuncias. La última presentación fue defendida por el actual secretario de Comercio, Augusto Costa.
Al no dar con una solución, la OMC envió un documento confidencial a las partes involucradas en el litigio, donde habilita a los países denunciantes a aplicar medidas espejo sobre los productos argentinos.
El Gobierno apelará esa decisión y la OMC deberá mediar nuevamente para evitar que se apliquen las retaliaciones.
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Para analistas, el TLC entre UE y Mercosur no aportará mucho a la mayor inserción de Brasil
Sostienen que si el país no quiere quedar aislado debe apuntar a los acuerdos del Transatlántico (TTIP) y Transpacífico (TPP) que son los que definirán el nuevo comercio mundial
por RODRIGO PEDROSO San Pablo
El encaminamiento de la propuesta que el Mercosur presentará a la Unión Europea (UE) deshizo la parálisis que mantenía Brasil con respecto a la búsqueda de acuerdos relevantes en el comercio exterior. Sin embargo, la buena noticia llegó con un escenario externo en el que otros acuerdos pueden minimizar los efectos positivos de ese tratado.
Según expertos del sector presentes en un seminario realizado la semana pasada en la sede de la Fundación Getulio Vargas (FGV), en San Pablo, el tratado con la UE por sí solo no sería suficiente para aumentar la inserción brasileña en el comercio global.
Actualmente, Estados Unidos lidera las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Transpacífico y del Tratado del Transatlántico (TPP y TTIP, en la sigla en inglés), los dos acuerdos más significativos en negociación a nivel mundial.
La investigadora de la FGV, Lia Valls, dijo que el actual escenario es diferente al de la década del 90, cuando se creó el Mercosur. En la década siguiente, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ganó fuerza, con las alternativas multilaterales, pero fue algo lento. Desde el punto de vista de la economía política Estados Unidos, al contrario de antes, está intentando recrear un sistema multilateral a partir de esos acuerdos.
En el TPP, doce países están en negociación, incluyendo a Japón, Estados Unidos, Chile, Perú y México. La lista representa 38% del PBI mundial y 24% del comercio exterior global. El TTIP, entre los americanos y la UE, nuclea a 29 países, 46% del PBI mundial y 25% del comercio de bienes y servicios del planeta. Si esos dos acuerdos salen, quién quede afuera terminará aislado y después tendrá que aceptar las nuevas reglas y normas del comercio mundial de una forma o de otra, afirmó Valls.
Las economías que queden fuera del TPP, como la brasileña, perderán espacio en el comercio de bienes y servicios y sentirán la presión negativa en el PBI en función de la reducción de los mercados externos. Ese es el diagnóstico de Barbara Kotschwar, investigadora en el Peterson Institute for International Economics (PIIE), que presentó un estudio indicando que a partir de 2025 año utilizado como base para las proyecciones los países que queden fuera del tratado perderían 0,5% del PBI al año.
Otro factor que fuerza el cambio en la política de comercio exterior es que el Mercosur llegó al grado más alto de interdependencia posible para economías no complementarias, según Ricardo Markwald, director-general de la Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior (Funcex). Después de que el bloque alcanzara su auge en 1999, con 17% de peso en las exportaciones brasileñas y 16% en las importaciones, comercio de Brasil con el bloque, el año pasado, representó 10% de todas las exportaciones y 9% de las importaciones.
La discusión ahora es más sobre las nuevas formas para perfeccionar el régimen existente y no tanto acerca de cómo aumentar el comercio, dijo.
Los principales problemas del Mercosur son hoy la definición de una política automotriz común, la eliminación de las barreras no arancelarias, la efectiva liberalización de los servicios, la compatibilización de medidas sanitarias y estándares técnicos y la institución de un mecanismo para la solución de controversias, según Markwald.
Para Vera Thorstensen, profesora de
la FGV, una política que quiebre el aislamiento de Brasil en acuerdos regionales y bilaterales tendría que figurar en la agenda del próximo gobierno. Es un tema que no va a desaparecer a pesar de un posible acuerdo con los europeos.
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CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LA OMC: QUÉ ESTÁ DISCUTIENDO LA ARGENTINA EN ESTE TIEMPO (Y CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS)
En los últimos días, fue noticia de los principales medios de comunicación el hecho de que Argentina contempla afrontar en los próximos meses situaciones relacionadas con dirimir conflictos comerciales dentro de la OMC, ya sea como demandante o como demandada. Para el público en general, en ocasiones, es complejo comprender a qué se enfrenta nuestro país cuando se abordan estos temas, e incluso algunas de las informaciones publicadas no exhiben la profundidad que estos temas merecen. Por este motivo, me permito en esta ocasión hacerles llegar un breve resumen respecto de lo que se está discutiendo (y se va a discutir) en la OMC.
El 28 de enero de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan la importación de mercancías”. En respuesta a una solicitud de Argentina, se formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de Argentina”.
El sistema multilateral de comercio, tal como se lo entiende en la actualidad, abarca un conjunto de normas e instituciones destinados a regular las condiciones del intercambio de bienes y servicios. Hasta el año 2011, más de 500 casos se han resuelto bajo el mecanismo de solución de controversias dispuesto en el marco de la OMC, organización que en inglés se conoce como WTO (World Trade Organization). El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral de comercio, ya que sin un medio de solución de diferencias, el sistema basado en normas sería menos eficaz puesto que no podrían hacerse cumplir las normas. El sistema se basa en normas claramente definidas, y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Esto es así porque en el antiguo GATT existía un procedimiento de solución de diferencias, pero no preveía plazos fijos. Por lo tanto, era más fácil obstruir la adopción de las resoluciones y, en muchos casos, pasaba mucho tiempo sin que se llegara a una solución concluyente.
En este sentido, el Acuerdo de la Ronda Uruguay estableció un procedimiento más estructurado, con etapas más claramente definidas. Implantó una mayor disciplina en cuanto al tiempo que debía tardarse en resolver una diferencia, con plazos flexibles para las diversas etapas del procedimiento. Además, se hace hincapié en que para que la OMC funcione eficazmente, es esencial la pronta solución de las diferencias. A tal efecto, las primeras resoluciones son adoptadas por un grupo especial y respaldadas (o rechazadas) por la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible apelar basándose en cuestiones de derecho.
Ahora bien, lo importante no es dictar sentencia: la cuestión prioritaria es resolver las diferencias, de ser posible mediante la celebración de consultas. Hasta 2010, solo en 130 de los 332 casos planteados se llegó al final del procedimiento del grupo especial. En cuanto al resto de los casos, en la mayoría de ellos se notificó su solución “extrajudicial” o seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos desde 1999. Las diferencias que surgen en la OMC se refieren esencialmente a que cuando los Miembros de la OMC estimen que otros Miembros han infringido las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilateralmente. Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que otro país u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos. Se establecen con gran detalle el procedimiento y el calendario que han de seguirse al resolver las diferencias. Un caso que siga su curso completo hasta la primera resolución no debe durar normalmente más de un año, o 15 meses en caso de haber apelación. Los plazos convenidos son flexibles y, si se considera que un caso es urgente, se acelera en la mayor medida posible su solución.
Por otro lado, el Acuerdo determina también que sea imposible que el país que pierda un caso obstruya la adopción de la resolución. Con arreglo al anterior procedimiento del GATT, las resoluciones únicamente podían adoptarse por consenso, lo que significaba que una sola objeción podía bloquear la adopción. Actualmente, la resolución se adopta automáticamente a menos que haya consenso para rechazarla. Es decir, si un país desea bloquear la resolución, tiene que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC (incluido su adversario en la diferencia). Aunque el procedimiento es en gran parte análogo al de un tribunal o corte de justicia, la solución preferida es que los países afectados examinen sus problemas y resuelvan la diferencia por sí solos. Así, pues, la primera etapa es la celebración de consultas entre los gobiernos parte en la diferencia. Aun cuando el caso siga su curso y llegue a otras etapas, sigue siendo siempre posible la celebración de consultas y la mediación.
La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de Diferencias u OSD (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los Miembros de la OMC. El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer “grupos especiales” de expertos para que examinen la diferencia, y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones, y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.
A modo de síntesis, en una primera etapa, se efectúan consultas ya que, antes de adoptar cualquier otra medida, los países parte en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. En una segunda etapa, y si en las consultas celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial. El país “acusado” puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el OSD se reúna por segunda vez (a menos que haya consenso contra la constitución del grupo especial). Oficialmente, el grupo especial ayuda al OSD a dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los Acuerdos invocados. Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de urgencia, por ejemplo, de tratarse de productos perecederos, ese plazo se reduce a tres meses.
En el acuerdo, se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Antes de la primera audiencia, cada parte en la diferencia expone por escrito sus argumentos al grupo especial. En la primera audiencia con el grupo especial, el país reclamante (o los países reclamantes), el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia exponen sus argumentos. Los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. Cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de expertos para que prepare un informe al respecto. Así, el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. No se incluyen las constataciones y conclusiones.
A continuación, el grupo especial da traslado de un informe provisional (en el que sí se incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana para que soliciten un reexamen, que no debe exceder el plazo de dos semanas. Durante ese tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia.
Por último, se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción a un Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podría hacerse. Transcurridos 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del OSD, a menos que se rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar, y para hacerlo deben basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica. No es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones.
Cada apelación es examinada por tres miembros de un Órgano Permanente de Apelación, establecido por el OSD e integrado por siete miembros representativos, en términos generales, de la composición de la OMC. Los miembros del Órgano de Apelación son nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén vinculadas a ningún gobierno. La apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días, y en ningún caso excederá los 90 días. El OSD tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días, y únicamente puede rechazarlo por consenso.
Una vez resuelto el caso, el país que debe rectificar alguna cuestión debe hacerlo rápidamente. Si sigue infringiendo un acuerdo, debe ofrecer una compensación o sufrir una sanción adecuada que le haga cierto efecto. Incluso una vez decidido el caso, todavía hay que hacer algo antes de la imposición de sanciones comerciales (que es la pena que suele imponerse). La cuestión prioritaria en esta etapa es que el “demandado” perdedor modifique su política de conformidad a la resolución o recomendación. En el acuerdo sobre la solución de diferencias se hace hincapié en que “para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD”.
Si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del grupo especial o del órgano de apelación. Debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En caso de que no sea factible cumplir de inmediato las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un “plazo prudencial” para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de interés especial para la parte reclamante.
La situación evolutiva existente entre el conjunto jurídico de los Acuerdos y el universo más amplio del derecho internacional público debe ser considerada de manera fundamental, ya que en nuestro caso responde a realidades específicas de la estructura productiva nacional. En ese sentido, reclamamos o nos reclaman porque hay un interés comercial concreto que puede afectar la generación de negocios externos.
En resumen, lo que se está discutiendo en relación con nuestro país es lo siguiente:
Argentina como demandada: demandas contra el supuesto proteccionismo que despliega el gobierno, presentadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, unificadas en un solo caso.
Argentina como demandante: se conformó un tribunal para analizar la denuncia argentina contra Estados Unidos por las trabas que el país del Norte impone a la carne y el limón producidos en el país.
P: En ambos casos, ¿se puede esperar una resolución inmediata de los temas planteados?
R: No. Si no se llega a un acuerdo previo y el proceso sigue su rutina hasta el final, la resolución puede demandar entre 14 y 15 meses, o incluso más.
P: La eliminación de las licencias no automáticas por parte de la Argentina, ¿ayuda a descomprimir la situación?
R: Si, pero no del todo debido a la persistencia del régimen de DJAI.
P: Si en un futuro no muy lejano, Argentina elimina el régimen de DJAI, ¿continuarían las acciones del panel contra Argentina?
R: No, perderían su mayor sustento argumentativo.
P: ¿Están relacionadas ambas acciones?
R: Desde un punto de vista objetivo no, dado que, como mencioné en el párrafo anterior, si Argentina elimina el régimen de DJAI, las denuncias en su contra perderían sustento. La demanda Argentina contra las trabas en Estados Unidos podría continuar su curso, ya que las razones que esgrime Estados Unidos para no permitir el ingreso de productos argentinos tienen carácter sanitario y no de licencias.
P: ¿Las denuncias solo persiguen un fin comercial o está incluido el aspecto político?
R: Como las denuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas.
P: ¿Afectan en algo a nuestro país las denuncias efectuadas?
R: No en lo inmediato, pero puede haber correlatos políticos o económicos de acuerdo a lo mencionado más arriba.
P: ¿Es el régimen de DJAI, el principal argumento de los demandantes, un régimen “ilegal” realmente?
R: No. Tal como fue mencionado en informes anteriores, es un régimen previsto incluso dentro de la misma OMC, pero debe observar transparencia y legalidad, y su aplicación no se puede prolongar excesivamente.
P: ¿Tiene la Argentina buenos negociadores para afrontar las demandas?
R De primerísimo nivel, pero como se mencionó, las negociaciones también contienen un rasgo político inevitable.
Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional, o puede dejar su comentario en el vínculo que se proporciona a continuación.
Especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Programa Argentina Exporta
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Avanza queja mexicana contra el país en OMC
México DF – El Gobierno mexicano pidió ayer de manera formal a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la conformación de un panel arbitral para impugnar las medidas argentinas que, en su opinión, afectan a las exportaciones mexicanas.
La Secretaría de Economía del país norteamericano precisó en un comunicado que presentó la solicitud al considerar que las medidas adoptadas por la Argentina «restringen la importación de mercancías dentro de su territorio y discriminan entre mercancías nacionales e importadas», contraviniendo las reglas de la OMC. Esta petición da seguimiento a las consultas iniciadas por México el pasado 24 de agosto, las cuales se llevaron a cabo de forma coordinada con Estados Unidos y Japón.
Entre las medidas impuestas por el Gobierno argentino, la nota mexicana cita la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y las licencias no automáticas en forma de certificados de importación, que pueden ser negadas para retrasar o rechazar las importaciones.
El Gobierno mexicano indicó que la Argentina somete la importación de mercancías «a la validación de la DJAI», un documento utilizado como un filtro al ingreso de productos con «criterios discrecionales que retrasan o restringen las importaciones».
Además, criticó que la Argentina exija a importadores de mercancías que asuman ciertos compromisos, entre ellos limitar sus importaciones y equilibrarlas con las exportaciones, realizar inversiones en instalaciones productivas del país y controlar los precios de sus mercancías.
El comunicado destacó que México ha estado trabajando de manera coordinada con EE.UU., Japón y la UE en la solicitud del panel, que «una vez integrado conocerá de la controversia y resolverá el conflicto entre las partes», un proceso que puede prolongarse años.
La controversia surgió a raíz de la decisión adoptada por el Gobierno argentino en junio pasado de suspender por tres años la aplicación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el sector automotor con México.
México calificó la decisión argentina como unilateral al asegurar que el concepto de suspensión que utilizó para frenar el comercio de autos es ajeno a todo principio de derecho internacional y a las prácticas comerciales.
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