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Timestamp: 2016-12-08 10:38:06+00:00

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Pedro Ramírez Rivero
1 SENTENCIA TC/0270/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente núm. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Basola Corporation, contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo de la República Dominicana. En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los Magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución y el artículo 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 212 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de los artículos de ley impugnados 1.1 Las disposiciones atacadas por medio de la presente acción directa de inconstitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de mayo del año mil novecientos noventa y ocho (1998), son los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo de la República Dominicana, los cuales señalan: Articulo Compete a la Suprema Corte de Justicia, además del conocimiento de los recursos de casación contra las sentencias en última instancia de los tribunales de trabajo con las excepciones establecidas en este código, conocer de las recusaciones de los miembros de las cortes de trabajo y de los árbitros, en los casos de conflictos económicos. Articulo No será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos. 2. Pretensiones de la accionante 2.1 Breve descripción del caso La empresa accionante, Basola Corporation, fue demandada, por ante la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por una extrabajadora, en pago de prestaciones laborales por despido injustificado obteniendo ganancia de causa mediante la Sentencia núm. 3-94, de fecha doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Al resultar el monto de las condenaciones inferior al monto mínimo requerido para recurrir en apelación (10 salarios mínimos) y en casación (20 salarios mínimos), la Página 2 de 213 empresa interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, que establecen esa limitación para el ejercicio del recurso de casación en materia laboral. 2.2 Infracciones constitucionales alegadas La empresa accionante, Basola Corporation, alega la inconstitucionalidad de los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo por presuntamente vulnerar el artículo 67, numeral 2, de la Constitución dominicana de 1994, vigente en el momento de la interposición de la presente acción, el cual reza de la siguiente manera: Artículo 67.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley ( ). 2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley. 3. Pruebas documentales 3.1 En el presente expediente constan depositados los siguientes documentos: Copia certificada de la Sentencia núm. 3-94, de fecha doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, condenando al pago de prestaciones laborales a la empresa accionante, Basola Corporation Copia del Acto de alguacil núm , de fecha veinte (20) de mayo del año mil novecientos noventa y ocho (1998), que contiene la notificación de la presente acción directa de inconstitucionalidad. Página 3 de 214 4. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 4.1 La empresa accionante, Basola Corporation, pretende la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, bajo los siguientes alegatos: Declarar la inconstitucionalidad del artículo 482 del Código de Trabajo vigente, en virtud de que dicho texto, limita de manera contraria al Ordinal 2do. del artículo 67 de la Constitución y al artículo 1ero. de la Ley sobre Procedimiento de Casación de 1953, no derogado este último por el Código de Trabajo, la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer no tan sólo de las decisiones rendidas en última instancia por los tribunales del orden judicial, sino también de los fallos dictados en primera y única instancia. (sic) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 641 del Código de Trabajo de 1992, en cuanto exige que para ser admisible el recurso de casación es menester que la condenación sea superior a veinte (20) salarios mínimos, lo cual haría irrecibible los recursos de las partes interesadas como la impetrante que, teniendo cerrado el derecho a ejercer la vía ordinaria de la apelación, por aplicación del artículo 619 ordinal 1ero. del Código de Trabajo, debido a la cuantía de la demanda o condenaciones, pueda dar lugar a que decisiones de jueces de trabajo de primera instancia, no apelables por contener condenaciones inferiores a diez meses de salario, tampoco puedan ser sometidas al sagrado criterio, al elevado control y poder de vigilancia o de verificación de la Suprema Corte de Justicia, al estar también cerrada la vía de la casación, según lo dispone inconstitucionalmente el mencionado art.641 del Código de Trabajo vigente, pese a que dichos fallos sean verdaderos adefesios jurídicos y contengan graves violaciones a la ley o al Página 4 de 215 derecho de defensa de cualquiera de las partes en el litigio, como en caso de la especie le ha ocurrido a la Compañía impetrante en esta instancia. (sic) 5. Intervenciones oficiales 5.1 Dictamen del Procurador General de la República El Procurador General de la República mediante su dictamen sobre el caso, de fecha trece (13) de abril del año dos mil cuatro (2004), expresó lo siguiente: A que un examen exhaustivo de los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, ahora impugnado, permite a este Despacho apreciar, que el mismo no contiene violación alguna a la Constitución, ni perturba en modo alguno el orden público, por lo que no se justifica su declaratoria de nulidad; en consecuencia procede rechazar la acción de que se trata. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 6. Competencia 6.1 Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo de la Constitución de la República de 2010 y el artículo 36 de la Ley núm Legitimación activa o calidad de la accionante 7.1 Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año mil novecientos noventa y ocho (1998), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de Página 5 de 216 inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana de 1994, que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte interesada. 7.2 En ese orden de ideas, la empresa accionante, Basola Corporation, es parte de un proceso judicial en materia de trabajo en el cual resultaba afectada de la limitación cuantitativa para el ejercicio del recurso de casación en dicha material laboral, establecida en el artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que ostentaba la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestida de la condición de parte interesada, bajo los términos de la Constitución de Ese criterio se corresponde con el precedente constitucional que en ese sentido y en un caso análogo estableció el tribunal en su Sentencia TC/0013/12, de fecha 13 de junio de Procedimiento aplicable en la presente acción directa de inconstitucionalidad 8.1 La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el año 2002, fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del principio de la aplicación inmediata de la Constitución, subsistiendo la misma facultad constitucional que invocaba la empresa accionante, a saber: La facultad para conocer de los recursos de casación, establecida en el artículo 67, numeral 2, de la Constitución de 1994 se encuentra instituida en el artículo 154, numeral 2, de la Constitución de Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el objeto de la acción directa de inconstitucionalidad, formulada por la empresa accionante Página 6 de 217 al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto la disposición constitucional invocada en su acción directa procede, en consecuencia, aplicar el texto de la Constitución vigente de 2010, a fin de establecer si las normas atacadas (artículos 482 y 641 del Código de Trabajo) resultan inconstitucionales. 9. Análisis del medio de inconstitucionalidad invocado 9.1 En cuanto a la alegada violación a la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación (art. 154, numeral 2, de la Constitución de la República) 9.2 La empresa accionante, Basola Corporation, alega en su escrito introductivo, que los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo desconocen la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación, ya que el legislador ordinario no puede limitar ni suprimir el ejercicio de dicho recurso. Por lo anterior, sostiene que por medio de la disposición del artículo 641 del Código de Trabajo, al establecer que para la admisibilidad de un recurso de casación en materia laboral se requiere que el monto de la condenación inserta en la sentencia recurrida supere los veinte (20) salarios mínimos, el legislador instituye, a juicio de la empresa accionante, una formalidad procesal que resulta inconstitucional. 9.3 En ese sentido, es necesario precisar que las disposiciones establecidas en el artículo 5, párrafo II, literal c) de la Ley núm , de fecha diecinueve (19) de diciembre de año dos mil ocho (2008), que modifica la Ley núm. 3726, del año mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre el Procedimiento de Casación, que establece la inadmisibilidad del recurso de casación cuando la condenación impuesta en la sentencia recurrida no supere la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector Página 7 de 218 privado, no aplica para la materia laboral, pues la Suprema Corte de Justicia ha señalado que dicha disposición legal no deroga el artículo 641 del Código de Trabajo, que sólo exige un monto superior a los veinte (20) salarios mínimos para la admisibilidad de la casación. En tal virtud, la Suprema Corte estableció en el año dos mil diez (2010): Considerando, que la modificación hecha por la Ley núm , del 19 de diciembre de 2008, a la Ley sobre Procedimiento de Casación no se aplica en esta materia por mandato expreso de dicha Ley y porque el monto de las condenaciones a tener en cuenta para la admisibilidad de un recurso de casación está consignado en el artículo 641 del Código de Trabajo, el cual expresa que no se admitirá el recurso de casación contra la sentencia cuyas condenaciones no excedan el monto de veinte salarios mínimos (sic) (Sent. núm. 37 de fecha 27 de enero del 2010; B.J. núm. 1190; 3ra Cám. S.C.J.). 9.4 En cuanto a la inconstitucionalidad o no de la limitación legal al ejercicio del recurso de casación, tomando en cuenta la cuantía de la condenación pecuniaria de la sentencia recurrida, el tribunal es de criterio que el legislador goza de un poder de configuración razonable de los procedimientos judiciales, lo que le permite regular todos los aspectos relativos al proceso jurisdiccional incluyendo el sistema de recursos, teniendo como límites los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como el contenido esencial de los derechos fundamentales. Este criterio ha sido reconocido por la jurisprudencia interamericana cuando admite que los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso (ver acápite 161 de la Sentencia, de fecha dos (2) de julio del año dos mil cuatro (2004) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica). Página 8 de 219 9.5 El recurso de casación, si bien goza de un reconocimiento constitucional al estar señalado en el numeral 2 del artículo 154 de la Constitución de la República como una de las atribuciones que corresponden a la Suprema Corte de Justicia, su configuración, en cambio, resulta materia de reserva de ley al disponer dicho texto constitucional que el recurso sería conocido de conformidad con la ley. De lo anterior se deriva el poder de configuración del legislador para regular el derecho al recurso, teniendo el mismo potestad para establecer requisitos para su interposición. Este último criterio ha sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano cuando ha tenido la ocasión de referirse a la regulación del derecho al recurso por parte del legislador ordinario, el cual se deduce de las disposiciones del artículo 149, párrafo III, de nuestra Carta Magna, que establece que el derecho a recurrir está sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes (ver Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012 (acápite 9, literal c); pág. 10); Sentencia TC/0059/12, de fecha 2 de noviembre de 2012 (acápite 9, numeral 9.2; pág. 10); y la Sentencia TC/0008/13, de fecha 11 de febrero de 2013 (acápite 10, numeral 10.3; pág. 13), todas del Tribunal Constitucional dominicano). 9.6 Nada impide al legislador ordinario, dentro de esa facultad de configuración de las condiciones y excepciones para recurrir, establecer limitaciones en función de la cuantía de la condenación impuesta por la sentencia recurrida, atendiendo a un criterio de organización y racionalidad judicial que garantice un eficiente despacho de los asuntos en los tribunales de justicia. Vale recordar el carácter excepcional de la casación, recurso extraordinario que sólo procede en los casos en que la ley de manera expresa lo señale, a diferencia del recurso de apelación o de oposición, que son recursos ordinarios y de pleno derecho y siempre son permitidos, a menos que la ley los prohíba de manera expresa. Este criterio ha sido reconocido además por otros tribunales constitucionales del hemisferio americano, como ocurre Página 9 de 2110 por ejemplo con la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha señalado respecto de la limitación del recurso de casación, en razón de la cuantía de la condenación, lo siguiente: Como ya se señaló, el actor considera que la limitación de la posibilidad de recurrir en casación, con base en la cuantía de la resolución desfavorable, viola el principio de igualdad y el derecho de acceso a la justicia ( ). El problema que plantea la demanda es entonces si la ley puede limitar el acceso a la casación con base en la cuantía de lo debatido, o si esa restricción desconoce la igualdad y el acceso a la justicia ( ) la casación, tal y como esta Corte lo ha señalado, no pretende enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino que es un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales. Es pues un recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsele con una tercera instancia, o con un mecanismo para enfrentar errores judiciales. Es entonces razonable concluir que en materia de casación, la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley. Por ello, la ley puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una restricción al acceso a la justicia( ). Esa posibilidad de distribuir competencias y establecer limitaciones a los recursos por razones de cuantía ha sido reiterada ampliamente por decisiones posteriores ( ). Por consiguiente, y contrariamente a lo sostenido por el actor ( ) en manera alguna, implica que la ley no pueda limitar el acceso a la casación con base en la cuantía de la resolución desfavorable al Página 10 de 2111 recurrente (sic) (Sent. C-1046/01 de fecha 4 de octubre del 2001 de la Corte Constitucional de Colombia). 9.7 En tal virtud y en atención a las anteriores consideraciones respecto de la facultad configurativa del legislador en materia de recursos y la factibilidad jurídica de establecer limitaciones a los recursos sobre la base de la cuantía de una condenación judicial, procede, en consecuencia, rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad por no violentarse la disposición constitucional invocada. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los Magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los Magistrados Lino Vásquez Sámuel y Rafael Díaz Filpo. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de mayo del año mil novecientos noventa y ocho (1998), incoada por Basola Corporation, contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo de la República Dominicana, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley. SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Basola Corporation y, en consecuencia, DECLARAR CONFORME A LA CONSTITUCIÓN los artículos 482 y Página 11 de 2112 641 del Código de Trabajo de la República Dominicana, por no resultar violatorios a la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación. TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la empresa accionante, Basola Corporation, y a la Procuraduría General de la República. QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS LINO VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ FILPO En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm , de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos el presente voto salvado, pues nuestra Página 12 de 2113 discrepancia se sustenta en la posición que defendimos en las deliberaciones del Pleno en relación al uso de un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictado en un contexto contrario al que resuelve esta Sentencia y que resumidamente exponemos a continuación: VOTO SALVADO: I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 1. Mediante instancia depositada en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 19 de mayo del 1998, Basola Corporation interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, por presunta vulneración del artículo 67, numeral 2 de la Constitución dominicana del 1994, en virtud de que el primero de dicho texto limita la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer las decisiones rendidas en última instancia por los tribunales del orden judicial; y en cuanto al segundo, porque exige para ser admisible el recurso de casación que la condena sea superior a veinte (20) salarios mínimos. 2. La mayoría de los jueces que integran este Tribunal han concurrido en rechazar la acción directa de inconstitucionalidad y declarar conforme con la Constitución los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, por no resultar violatorios de la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación. Para justificar la decisión el Tribunal sostiene que el legislador goza de un poder de regulación de los procedimientos judiciales, incluyendo el sistema de recursos; tesis esta que se apoya en los argumentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que reconoce a los Estados parte de la Convención un margen de discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso. Sin embargo, para quienes salvamos voto Página 13 de 2114 estamos ante supuestos distintos, pues mientras el caso debatido ante la referida Corte Interamericana alude a la inexistencia en el sistema jurídico de ese país [Costa Rica], de un recurso que reúna los requisitos del doble examen previsto tanto en dicha Convención como en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en este caso está previsto el recurso [de apelación y casación, inclusive] pero limitado por la cuantía de la sentencia. En nuestra opinión, los parámetros establecidos por la Corte Interamericana en el citado precedente no pueden ser aplicados al caso decidido por esta Sentencia. II. ALCANCE DEL VOTO: LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA NO PUEDE APOYARSE EN UN PRECEDENTE CONTRARIO A LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE RECURRIR 3. Para rechazar la acción directa de inconstitucionalidad de los referidos textos legales, la Sentencia se fundamentó, entre otras, en las siguientes motivaciones: En cuanto a la inconstitucionalidad o no de la limitación legal al ejercicio del recurso de casación tomando en cuenta la cuantía de la condenación pecuniaria de la sentencia recurrida, el Tribunal es de criterio, que el legislador goza de un poder de configuración de los procedimientos judiciales, lo que le permite regular todos los aspectos relativos al proceso jurisdiccional incluyendo el sistema de recursos, teniendo como límites los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, así como el contenido esencial de los derechos fundamentales. Este criterio ha sido reconocido por la jurisprudencia interamericana, cuando admite que los Estados partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un margen de discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso. Página 14 de 2115 (Ver acápite 161 de la Sentencia de fecha 2 de julio del 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica) 4. Como veremos más adelante, el acápite 161 de la referida Sentencia de la Corte Interamericana, citado en el párrafo que precede, se construye en el marco del análisis realizado en el acápite 147 de la misma decisión sobre el derecho de recurrir como garantía judicial prevista en el artículo 8 de la Convención, la cual se satisface cuando se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho Luego de analizar el artículo 8 de la citada Convención, la Sentencia de la Corte somete a un estricto escrutinio el recurso disponible en el sistema procesal penal de Costa Rica, para determinar si cumple con las condiciones señaladas en el citado acápite 147 de la decisión. Esto se advierte cuando la Corte señala que De conformidad con la legislación costarricense, contra una sentencia condenatoria emitida en el proceso penal solamente se puede interponer el recurso de casación. Dicho recurso se encuentra regulado en los artículos 443 a 451 del Código Procesal Penal de Costa Rica ; para concluir en el acápite 167 de la referida Sentencia [ ] que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico La Nación, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la 1 En el acápite 147 de la citada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, se establece lo siguiente: 147. En relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho 112, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Página 15 de 2116 Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. 6. Conviene destacar en este aspecto, que el acápite 161 de la decisión de la Corte citado por la Sentencia en la que ahora salvamos voto, fue elaborado en el contexto del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, recordando a los Estados que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin 2. En efecto, el referido acápite de la Sentencia de la Corte citado textualmente señala que: De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos 3. [Cursivas agregadas]. 7. Cabe advertir, que el argumento de la Corte utilizado para apoyar esta decisión, no ha sido citado en el contexto en el que ha sido redactado. En ese sentido, esta Sentencia expresa que Este criterio ha sido reconocido por la 2 Ver acápite 160 de la indicada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 3 Ver acápite 161 de la indicada Sentencia. Página 16 de 2117 jurisprudencia interamericana, cuando admite que los Estados partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un margen de discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso, mientras que el argumento completo de la Sentencia Corte Interamericana dispone que: Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. 8. De la redacción de este párrafo se infiere que la afirmación de la Corte parte de un supuesto que está supeditado a una condición sin la cual quedaría vaciado de contenido lógico. En el primer enunciado se dispone que Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, lo que en modo alguno constituye un elemento controvertido puesto que tanto esta Sentencia como la Corte y, quien salva voto, lo compartimos; el problema se presenta cuando en la cita del acápite 161 de la Sentencia de la Corte no se incluye el segundo enunciado que condiciona la primera formulación, el cual señala: no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Es precisamente este aspecto donde queda configurada la limitación a los Estados para regular el derecho al recurso respetando su contenido esencial y que la Sentencia eludió abordar. 9. Conviene recordar, como bien lo ha expresado el Tribunal en otras oportunidades, que la motivación de la sentencia se entiende satisfecha cuando se sostiene en motivos suficientes que la justifiquen y consecuentemente, legitimen 4 su facultad para decidir la controversia; la debida motivación es una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de 4 Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013, literales d y e, respectivamente, página 13. Página 17 de 2118 la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución Constituye una práctica aceptada hoy en los tribunales constitucionales, que la fundamentación de las decisiones puede apoyarse además en argumentos desarrollados por otras jurisdicciones comparadas, para la solución de controversias que giran en torno a iguales supuestos; sin embargo, es necesario que entre la solución dada por la jurisdicción comparada al supuesto que se aplica para robustecerlo haya una conexión lógica que armonice la sentencia. 11. La interpretación sistematizada supone abordar íntegramente los elementos controvertidos del caso concreto, evitando arribar a conclusiones fragmentadas de la cuestión planteada. Como ha dicho GUASTINI 6 al referirse al referido método de interpretación: con él se deduce el significado de una disposición de su colocación en el sistema jurídico, en el conjunto de disposiciones que disciplinan una materia. O sea, hay que ir al contexto determinado en que fue creada la norma. 12. En ese sentido, aunque la regulación del recurso es una materia reservada a la ley, el análisis no debe limitarse a este aspecto del debate, pues hoy nadie duda que es al legislador a quien corresponde regular el ejercicio de los derechos fundamentales; el problema que no resuelve la Sentencia es si la limitación basada en la cuantía resulta razonable a los fines perseguidos. 5 Sentencia TC/0017/13 del 20 de febrero de 2013, literal a, páginas GUASTINI, RICARDO. Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional. Para este autor el contexto puede ser más o menos amplio: los demás apartados de un mismo artículo, el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar incluso a la totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico. Página 18 de 2119 13. De manera que en el caso traído desde la Corte Interamericana, aunque constituye un ícono para la dimensión del derecho a un recurso que debe existir en todos los sistemas jurídicos, no puede servir en la especie para fundamentar, precisamente, una limitación a ese derecho, pues tal como lo dijo la misma Corte en el segundo enunciado que esta Sentencia obvió citar, los Estados tienen derecho a regular el ejercicio de ese recurso, pero no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. 14. En ese sentido, una norma es válida, cuando además de su conformidad formal en el Bloque de Constitucionalidad está razonablemente fundado y justificado dentro de los principios de la norma superior, que para garantizar en principio el artículo 6 parte in fine de la Constitución dispone: son nulo de pleno derecho toda ley, decreto resolución reglamentación o acto contrario a esta Constitución. 15. El artículo 69 establece el derecho que tiene toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses a obtener la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Que si por el monto del litigio no se puede acceder a la casación resulta que, la garantía del beneficio al derecho a una correcta aplicación de la ley podría convertirse en un privilegio, ya que una determinada clase social, por no tener la posibilidad de abordar un litigio de mayor monto no hará uso de dicho recurso, lo que deviene en atentatorio a lo dispuesto por el mismo constituyente en el Titulo II, Capítulo I, Sección I, artículo 39, numeral 1, que prohíbe todo privilegio fundamentado en razones económicas y sociales. 16. Al limitar el recurso de casación, conforme al monto de la cuantía fallada, se atenta contra el derecho a la igualdad de todas las clases sociales ante la ley, contra el principio constitucional del derecho de defensa, y contra la protección de las disposiciones constitucionales establecidas como Página 19 de 2120 garantías mínimas, recogidas en los artículos 68 y 69 de nuestra Carta Magna. 17. Al imponerle a un demandante de menor cuantía conformarse con una sentencia fallada en un tribunal ordinario, sin darle la oportunidad a que pueda acceder al recurso que ha de examinar la correcta aplicación o no del derecho, constituye un obstáculo a armonizar con lo dispuesto por el artículo 40, numeral 15, que limita la actuación del legislador ordinario, imponiéndole legislar sujeto a que la ley no puede ordenar más que lo que es justo y útil a la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica. 18. La naturaleza misma del recurso de casación sugiere que no procede su anulación ni prohibición en los procesos de menor cuantía, ya que en el mismo, ni siquiera se conoce del fondo de la contestación, sino únicamente si la ley ha sido bien o mal aplicada, y este es un derecho fundamental irrenunciable. 19. Finalmente hay que precisar, que si bien en nuestro caso el recurso de casación es una vía extraordinaria de impugnación no siempre accesible a la generalidad de los justiciables 7 y que limita la competencia de la Suprema Corte de Justicia a observar que en los procesos conocidos en los tribunales 7 Al referirse a las características de este recurso en el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Sentencia en el caso HERERERA ULLOA VS. COSTA RICA, acápite 34, expresa que: En el presente caso se hizo uso del recurso de casación, único que contiene el sistema procesal del Estado, por cuanto fue suprimido el recurso de apelación, con el que se integra la segunda instancia. De ninguna manera pretende la Corte desconocer el papel que ha cumplido, en una extensa tradición procesal, y la eficacia que ha tenido y tiene el recurso de casación --no obstante tratarse, generalmente, de un medio impugnativo excesivamente complejo y no siempre accesible a la generalidad de los justiciables--, sino ha tomado en cuenta el ámbito de las cuestiones que, conforme al Derecho positivo, se hallan abarcadas por un régimen concreto de casación y están sujetas, por lo mismo, a la competencia material del tribunal superior. En la especie, la casación no posee el alcance que he descrito supra, sub 30, y al que se refirió la Sentencia de la Corte Interamericana para establecer el alcance del artículo 8.2 h) del Pacto de San José. Es posible que en otras construcciones nacionales el recurso de casación --que también presenta diferentes desarrollos-- abarque puntos que regularmente corresponden a una apelación, además de la revisión de legalidad inherente a aquél. 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E CONTRARIO
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in fine
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