Source: https://tc.vlex.es/vid/2004-1997-23866057
Timestamp: 2019-10-13 21:17:11+00:00

Document:
STC 153/2005, 6 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 23866057
Número de Recurso: 3802-2004
Sentencia citada en: 905 sentencias, 17 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
STC 153/2004, de 6 de junio de 2005
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de junio de 2004 se interpuso en tiempo y forma recurso de amparo, en el marco de las diligencias mencionadas en el encabezamiento, por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Soberon García de Enterría, en nombre y representación de don Eduardo Álvarez Ferreiro, al entenderse vulnerado el derecho fundamental del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
Los hechos relevantes para la resolución del caso son los que a continuación se relacionan:
Tras investigaciones de la Guardia Civil, Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Collado Villalba, se procedió, con fecha 6 de abril de 1997, a la detención del recurrente, quien pasó a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 3 de la citada localidad, donde prestó declaración como autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos durante el período comprendido entre junio de 1995 y abril de 1997. El Juez acordó la prisión provisional del detenido, nacido el 12 de junio de 1979, inhibiéndose el 15 de abril del mismo año a favor del Juez de Instrucción núm. 2 de la misma plaza al venir éste conociendo de los hechos con anterioridad. Dicho último Juez de Instrucción procedió así a asumir desde entonces la competencia sobre el caso en el marco de sus diligencias previas 1024/95, acumulando las diligencias judiciales incoadas por distintos Juzgados y disponiendo la libertad del demandante de amparo en fecha 7 de mayo de 1997, previa petición en este sentido del Ministerio público.
En providencia de fecha 22 de octubre de 1997 se acordó efectuar el pertinente ofrecimiento de acciones, procediéndose a tomar declaración a los perjudicados en la sede del órgano judicial.
A partir de esta fecha la actividad del Juzgado se centró en completar la instrucción en la forma interesada por el Ministerio público, uniendo a las diligencias con fecha 20 de mayo de 1999 la hoja de antecedentes penales del recurrente, incorporando a la causa mediante providencia de 3 de febrero de 2000 el peritaje acordado, y citándose al imputado el día 14 de febrero de 2000 a fin de notificarle el Auto dictado con anterioridad sobre adecuación de las diligencias al trámite de procedimiento abreviado.
Posteriormente consta en las actuaciones la existencia de un escrito, de 26 de enero de 2001, de la misma Letrada denunciando de nuevo demoras en el procedimiento. En dicho escrito se manifiesta que esta dilación está causando a su defendido, todavía asistido del derecho a la presunción de inocencia, un perjuicio añadido, y se concluye solicitando del instructor que remita las diligencias a la Fiscalía de Menores a los fines de la incoación del procedimiento regulado en la nueva Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Por Auto de 3 de abril de 2001 se accedió a dicha pretensión, ordenándose la remisión de la causa al Fiscal de Menores de Madrid. Dicha remisión fue cumplimentada por el Juzgado con fecha 18 de mayo de 2002, teniendo sello de entrada la causa en la Fiscalía de Menores el día 23 de mayo del mismo año.
El Fiscal de Menores (Equipo fiscal 2) procedió a la apertura de diligencias preliminares con fecha 9 de diciembre de 2002, acordando incoar expediente de reforma (núm. 3030-2002) por Decreto de 12 de diciembre del mismo año. En éste dispone comunicar al menor la incoación del expediente y los derechos que le asisten, diligencia que se efectuó el 14 de enero de 2003, así como notificar dicha incoación al Juzgado de Menores. Según diligencia del Secretario Judicial el Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid recibió el 28 de febrero el parte de incoación del expediente, procediendo en esa misma fecha a incoar su expediente de reforma núm. 50-2003.
En el referido Decreto de 12 de diciembre de 2002 el Fiscal acordó recabar del equipo técnico previsto en la ley la elaboración de un informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social. Este equipo técnico, que reseña haber recibido la solicitud del Fiscal el 3 de febrero de 2003, dirigió a la Fiscalía un escrito el 8 de febrero de 2003 poniendo de relieve que, dado el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos denunciados, no era posible elaborar dicho informe, careciendo de sentido cualquier tipo de intervención educativa sobre el menor.
Por otro Decreto de 2 de marzo de 2004 el Fiscal dió por concluida la instrucción, disponiendo se remitiera el expediente al Juzgado de Menores, con las piezas de convicción y demás efectos, acordándose además formular escrito de alegaciones para la defensa de la pretensión procesal sancionadora. El Ministerio público remitió el expediente, junto con el escrito de alegaciones, con fecha 9 de junio de 2004, teniendo entrada en el Juzgado de Menores al día siguiente. En este escrito de alegaciones se solicita para el recurrente, como autor de siete delitos de robo con fuerza en las cosas, la medida de amonestación.
A la fecha de la presentación de la demanda de amparo, 11 de junio de 2004, no se había dado traslado por parte del Juzgado a la Letrada del menor del escrito de alegaciones del Fiscal ni testimonio del expediente a los fines de continuar las actuaciones con arreglo a Derecho, abriéndose en consecuencia el trámite de audiencia. Por el contrario, según el testimonio recibido, el Juez de Menores, en virtud de providencia de 28 de octubre de 2004, tuvo por personada a la Letrada doña Paloma Elvira del Llano Señaris, tal como había solicitado, dando traslado de su escrito de 19 de febrero de 2004, para que informase sobre el archivo interesado, al Ministerio público. Éste informó nuevamente, con fecha 12 de noviembre de 2004, en el sentido de que la alegación de dilaciones indebidas en ese momento procesal no podía motivar el archivo del expediente.
Entiende el recurrente que se aprecia tardanza excesiva y falta de respuesta, tanto en la tramitación de las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba núm. 2, como en el expediente de reforma núm. 3030-2002 de la Fiscalía de Menores adscrita al Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid, lo que ha supuesto una vulneración de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Por tal razón solicita que este Tribunal dicte Sentencia que otorgue el amparo, declare violado el derecho alegado y ordene se acuerden sin demora las resoluciones procedentes para la tramitación del procedimiento.
Por resolución de 23 de diciembre de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación al Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los expedientes de reforma 3030-2002 y 50-2003, debiendo proceder, con carácter previo, al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el término de diez días, pudiesen comparecer en el presente proceso constitucional.
Mediante diligencia de ordenación de 3 de marzo de 2005, de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formularan las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 6 de abril de 2005, en el que dio por reproducidas las efectuadas en el escrito de demanda, poniendo además de manifiesto que la documentación remitida por el Juzgado de Menores confirma todos los argumentos desarrollados sobre la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas padecidas por el recurrente, añadiendo además que todavía no se le había dado traslado del informe elaborado por la Fiscalía.
El 13 de abril de 2005 el Ministerio público presentó su escrito de alegaciones. Comienza precisando, tras examinar las secuencias principales de las diligencias previas 1024-1995 y expediente de reforma 3030-2002, que se aprecia que el caso ha tenido una tramitación lenta y prolongada, desde su inicio, el 6 de abril de 1997, hasta la interposición de la demanda de amparo, el 11 de junio de 2004, fecha esta última en la que no había concluido aún el procedimiento, pues el último trámite que se aprecia en las actuaciones es de fecha 7 de junio de 2004, cuando el Fiscal ha remitido el expediente concluso y formulado alegaciones ante el Juzgado de Menores.
Mediante diligencia del Secretario de Justicia de 25 de mayo de 2005 se hace constar, según información recibida en la expresada fecha del Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid, que el expediente núm. 50-2003 se encuentra pendiente de señalamiento de juicio oral, habiendo formulado ya escrito de calificación todas las partes personadas.
Mediante providencia de 2 de junio de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
El demandante de amparo considera que ha sido vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) como consecuencia de la prolongada inactividad del órgano jurisdiccional en las diligencias previas núm. 1024-1995 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba, así como con ocasión de la tramitación del expediente de reforma núm. 3030-2002 de la Fiscalía de Menores de Madrid, correspondiente al expediente núm. 50-2003 del Juzgado de Menores núm. 2.
Para abordar la cuestión constitucional planteada hay que partir de un análisis de las líneas fundamentales de nuestra jurisprudencia sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). En primer lugar es preciso reconocer, en el marco de nuestro ordenamiento constitucional, el carácter autónomo del mismo respecto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE. De tal suerte que, si este último comprende esencialmente el acceso a la jurisdicción y, en su caso, la obtención de una decisión judicial motivada en Derecho (y, por ende, no arbitraria) sobre el fondo de las pretensiones deducidas, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas postula el establecimiento de un adecuado equilibrio entre la realización de toda la actividad judicial indispensable para la resolución del caso del que se conoce y para la garantía de los derechos de las partes, de un lado, y, de otro, la limitación del tiempo en el que dicha actividad judicial se desarrolle, que habrá de ser el más breve posible (así, STC 124/1999, de 28 de junio, FJ 2).
La consagración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no supone que haya sido constitucionalizado en nuestro Ordenamiento un derecho a los plazos procesales, sino que, en línea con lo previsto en el art. 14.3 c) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 19 de diciembre de 1966, y en el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos, de 4 de noviembre de 1950, lo que entiende nuestra jurisprudencia que implica tal derecho es que la tramitación de los procedimientos que se sigan ante los Tribunales de Justicia haya de desarrollarse en un plazo razonable (así, SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 3, y 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2). Esta misma jurisprudencia destaca la doble faceta prestacional y reaccional del derecho. La primera, cuya relevancia fue resaltada en la STC 35/1994, de 31 de enero (FJ 2), consiste en el derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y supone que los Jueces y Tribunales deben cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, evitando dilaciones judiciales que quebranten la efectividad de la tutela (SSTC 180/1996, de 12 de noviembre, FJ 4, y 10/1997, de 14 de enero, FJ 5). Por su parte la faceta reaccional actúa en el marco estricto del proceso, y se traduce en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de todo aquél en el que se incurra en dilaciones indebidas (SSTC 35/1994, de 31 de enero, FJ 2; 303/2000, de 11 de diciembre, FJ 4).
Además es doctrina reiterada de este Tribunal [basada en el requisito que impone el art. 44.1 c) LOTC] que la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no puede plantearse directamente ante él sin haberla denunciado previamente ante el órgano judicial supuestamente causante de tales dilaciones. Esta exigencia, lejos de ser un mero formalismo, tiene por finalidad ofrecer a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional invocada, haciendo posible la reparación por la jurisdicción ordinaria de las vulneraciones del derecho constitucional poniendo remedio al retraso o a la paralización en la tramitación del proceso, con lo que se preserva el carácter subsidiario del recurso de amparo. De ahí que sólo en aquellos supuestos en los que, tras la denuncia del interesado, carga procesal que le viene impuesta como un deber de colaboración de las partes con los órganos judiciales en el desarrollo del proceso, éstos no hayan adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la dilación en un plazo prudencial o razonable podrá entenderse que la vulneración constitucional no ha sido reparada en la vía judicial ordinaria, pudiendo entonces ser examinada por este Tribunal incluso aunque durante la tramitación del recurso de amparo hayan acordado los órganos judiciales las medidas procedentes para hacer cesar las dilaciones mediante el impulso procesal correspondiente. Esto es así por cuanto, si la inactividad judicial en que se sustenta la queja subsiste en la fecha de interponerse la demanda de amparo, aunque haya cesado posteriormente, no por ello debe apreciarse que ha quedado privado de objeto el proceso constitucional (SSTC 124/1999, de 28 de junio, FJ 1, 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2, y 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 5). Y es que, como ya se ha indicado, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas goza de autonomía respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, no satisfaciéndose por el hecho de que el órgano jurisdiccional dicte demoradamente una resolución fundada, suponiendo que esta recaiga en un plazo razonable. De lo contrario, y según tiene declarado este Tribunal, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se vería en buena medida desprovisto del contenido que le es propio y no sería fácilmente reconocible, al quedar la existencia misma de la dilación indebida al albur de la actitud del órgano jurisdiccional ante el hecho exclusivo de la interposición del recurso de amparo, que, por su parte, podría correr el peligro de desnaturalizarse si se utilizara más como instrumento conminatorio sobre el órgano judicial que como medio reparador de las lesiones que padezcan los derechos fundamentales que la Constitución reconoce (STC 10/1991, de 17 de enero, FJ 3).
Este Tribunal, en coincidencia con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sintetizada en sus SSTEDH de 23 de septiembre de 1997, caso Robins, y de 21 de abril de 1988, caso Estima Jorge), tiene declarado que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es invocable en toda clase de procesos, si bien en el penal, en el que las dilaciones indebidas puedan constituir una suerte de poena naturalis, debe incrementarse el celo del juzgador a la hora de evitar su consumación (SSTC 109/1997, de 2 de junio, FJ 2, 78/1998, de 31 de marzo, FJ 3, y 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2). En el proceso penal estas demoras tienen mayor incidencia que en otros órdenes jurisdiccionales, pues en él están en cuestión valores o derechos que reclamantratamientos preferentes, entre ellos el derecho a la libertad personal.
Esta última Convención, por lo que se refiere al derecho fundamental objeto del presente análisis, dispone en su art. 40.2 b) iii) que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales se le ha de garantizar que la causa será dirimida sin demora por una autoridad judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la Ley.
Por otra parte las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia a menores, denominadas Reglas de Beijing, aprobadas por la Asamblea General de aquella organización internacional el 29 de noviembre de 1985, resaltan la necesidad de evitar los efectos perjudiciales que pudiera acarrear el sometimiento a un proceso penal a los menores, especificando que éstos han de estar amparados por las garantías procesales básicas y que respecto de ellos se utilizará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.
A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la queja del demandante de amparo, resultando necesario a tal efecto realizar un análisis de las secuencias más relevantes de la causa en orden a determinar si se ha originado o no la denunciada vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
El recurrente de amparo fue detenido el 6 de abril de 1997, junto con otros implicados, cuando contaba 17 años, como autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos durante el periodo comprendido entre junio de 1995 y abril de 1997, acordándose por el órgano judicial su prisión preventiva. El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba asumió la instrucción de la causa en el marco de sus diligencias previas núm. 1024-1995, disponiéndose la libertad del recurrente el día 7 de mayo de 1997.
La Fiscalía de Menores (Equipo fiscal 2), con fecha 12 de diciembre de 2002, luego de haber procedido a la apertura de diligencias preliminares el día 9 de diciembre, incoó un expediente de reforma al menor (núm. 3030-2002), notificando a éste dicha circunstancia. El Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid se dió por notificado del Decreto del Fiscal con fecha 28 de febrero de 2003, procediendo a su vez a incoar su expediente de reforma núm. 50-2003.
De todo lo expuesto se deduce que en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento no se ha respetado el derecho del recurrente a que el proceso incoado para depurar su responsabilidad sea resuelto en una plazo razonable, desde la detención de que fue objeto con fecha 6 de abril de 1997 hasta la presentación de su demanda de amparo, habiendo transcurrido más de siete años sin que por el órgano judicial se haya dictado resolución que ponga fin al proceso.
Como es doctrina de este Tribunal el indicado derecho puede resultar vulnerado, tanto cuando el tiempo invertido en resolver definitivamente un litigio supera lo razonable, como cuando exista una paralización del procedimiento que por su excesiva duración esté igualmente injustificada y suponga ya, por sí, una alteración del curso de proceso (STC 180/1996, de 12 de noviembre, FJ 4). Siendo así que la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a jueces y tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso (STC 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 6, en la línea fijada por la STC 58/1999, de 12 de abril, FJ 6).
No encuentran justificación razonable las demoras sobrevenidas en el curso del proceso por parte del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba. Si bien es cierto que este órgano judicial impulsó adecuadamente la causa en su fase inicial, luego se ralentizó progresivamente la instrucción, llegándose a producir periodos de inactividad. Por otra parte, ante la solicitud de la Letrada del recurrente, de fecha 26 de enero de 2001, de que se inhibiera en favor de la Fiscalía de Menores, el Instructor no dictó el correspondiente Auto de inhibición hasta el 3 de abril del mismo año, haciéndose efectiva la remisión de la causa por el Juzgado en fecha 18 de mayo de 2002.
La Fiscalía de Menores, una vez recibidas las actuaciones, no procedió a incoar expediente de reforma hasta el 12 de diciembre de 2002. En esta fecha solicitó una valoración del equipo técnico sobre las circunstancias del menor, que se cumplimentó mediante informe de 8 de febrero de 2003, no enviándose éste al Juzgado de Menores hasta el día 1 de marzo de 2004. Además por Decreto de 2 de marzo del mismo año el Fiscal de Menores dió por concluida la instrucción, no remitiendo al órgano judicial el expediente, junto con el escrito de alegaciones, hasta el día 9 de junio de 2004.
En el presente caso las demoras atribuibles al Ministerio público adquieren una especial relevancia, desde nuestra perspectiva constitucional, al estar configurado este órgano en el proceso de menores con un carácter diferente al de una mera parte procesal, puesto que debe asumir directamente la tarea de desarrollar la instrucción. Esta singularidad de la actuación del Fiscal en el proceso de menores ya fue resaltada por nuestra STC 206/2003, de 1 de diciembre (FJ 6), en la cual, en un supuesto en el que se estaba discutiendo el valor como prueba de cargo de la declaración de un menor ante el Fiscal de Menores, se puso de relieve que, aun cuando la declaración incriminatoria del menor examinada [en el caso] no se ha prestado ante la autoridad judicial, se ha producido ante un órgano público que por exigencias constitucionales ejerce sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. En el procedimiento de menores corresponden al Fiscal las actuaciones de investigación que, si bien formalmente no son sumariales, desde el punto de vista material implican una instrucción funcionalmente equiparable a la del sumario por lo que, dadas las características del Ministerio público, gozan de la presunción de autenticidad ... En estos términos, ha de admitirse la aptitud constitucional de las declaraciones del menor ante el Fiscal de menores para incorporarse, por la vía del art. 714 LECrim, al acervo probatorio a tener en cuenta por el Juzgado a la hora de formar su convicción.
Por otra parte el Juez de Menores, configurado en la expresada legislación como un Juez de garantías, entre las que evidentemente se encuentra la necesidad de que al menor se le respete su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, teniendo conocimiento de la queja planteada por la Letrada del recurrente sobre demoras en la instrucción del expediente de reforma, no impulsó debidamente el procedimiento, teniendo a su disposición, entre otras, la iniciativa que el art. 781.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal, como derecho supletorio en esta materia (disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero), atribuye al órgano judicial ante la tardanza en la presentación del escrito de acusación por el Fiscal.
Por lo demás las actuaciones que había de realizar el órgano judicial para un mejor esclarecimiento de los hechos no revestían en este caso de una especial complejidad. Así ha de convenirse con el Fiscal que ni la naturaleza de los delitos objeto del procedimiento, aunque hubiera varios perjudicados e imputados, ni la necesidad de proceder a una remisión de lo actuado a la jurisdicción de menores por el cambio legislativo operado, justificaban en modo alguno que, transcurridos siete años desde la detención del recurrente, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, 11 de junio de 2004, aún no hubiera concluido el procedimiento.
Podría argumentarse que las demoras detectadas en el proceso pudieran obedecer a la acumulación de procedimientos en los órganos encargados de la tramitación de estos asuntos como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En efecto, esta Ley establece en su disposición final séptima que su entrada en vigor se producirá al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, coincidiendo esta fecha aproximadamente con el momento en el que el Juzgado de Instrucción se inhibió a favor de la Fiscalía de Menores, originándose en aquel tiempo una acumulación importante de procedimientos, tanto en la Fiscalía como en los Juzgados de Menores.
Por lo que se refiere al comportamiento de la parte ahora demandante en amparo se aprecia en las actuaciones que ésta no ha mantenido una actitud obstaculizadora, ni ha contribuido con su conducta a la dilación apreciable en distintas fases del proceso. Por el contrario ha denunciado dichas demoras ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba, solicitando a este órgano que se inhibiera a favor de la Fiscalía de Menores. El recurrente, además, ha denunciado expresamente los retrasos padecidos, invocando la existencia de dilaciones indebidas ante la Fiscalía así como ante el Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid, dando por ello oportunidad de pronunciarse en un plazo razonable sobre la violación constitucional alegada al órgano competente en sede jurisdiccional ordinaria sin haber obtenido una respuesta eficaz en orden a la conclusión del proceso. Por otra parte el recurrente ha venido sufriendo los perjuicios derivados de la prolongación en el tiempo del proceso, fundamentalmente derivados de la prolongada incertidumbre y ansiedad con respecto a su resultado (STEDH de 23 de abril 1987, caso Lechner y Hess).
Conforme a cuanto queda expuesto cabe concluir que la duración de la tramitación de las diligencias previas núm. 1024-1995 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba, luego transformadas en expediente de reforma núm. 3030-2002 de la Fiscalía de Menores y núm. 50-2003 del Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid, no puede en modo alguno incluirse en el concepto de plazo razonable al que hace referencia una reiterada doctrina constitucional sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por ello ha de apreciarse y declararse que se vulneró este derecho fundamental, debiendo hacerse un pronunciamiento expreso por este Tribunal en orden a que por el órgano judicial se adopten las medidas concretas dirigidas a remover la falta de actuación judicial, concluyendo con el enjuiciamiento del recurrente en el plazo más breve posible.
Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) en la tramitación del expediente de reforma núm. 3030-2002 de la Fiscalía de Menores y núm. 50-2003 del Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid, así como en las diligencias previas núm. 1024-1995 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado Villalba.
Restablecer al demandante en la integridad de su derecho, para lo que el Juzgado de Menores núm. 2 de Madrid deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de remover la falta de actuación judicial concluyendo con el enjuiciamiento del recurrente en el plazo más breve posible.
STS 36/1997, 31 de Enero de 1997

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