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Timestamp: 2020-07-09 05:20:01+00:00

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Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020
Artículo 3 Procedimiento y resolución de concesión
Artículo 8 Memoria y cuenta justificativa final
Disposición adicional única Efectos económicos
Disposición transitoria primera Regularización de los primeros meses de 2020
Disposición transitoria segunda Pago de los últimos meses del año 2020
La especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos que no disponen de recursos suficientes para litigar y que no cuentan, por tal motivo, con los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos ante la justicia, impone a las administraciones públicas el deber constitucional de prestarles asistencia jurídica gratuita.
Del mismo modo, la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, entre otros, las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato hace que las administraciones públicas deban prestarles asistencia jurídica gratuita con carácter inmediato.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece que los servicios de asistencia jurídica se financiarán a través de fondos públicos y, para ello, las administraciones públicas subvencionarán con cargo a sus dotaciones la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, en su artículo 16, apartado 1, establece la obligación del Ministerio de Justicia de implantar, de conformidad con las previsiones presupuestarias, Oficinas de Asistencia a las Víctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas fiscalías en las que las necesidades lo exijan. Igualmente, se recoge en la exposición de motivos de esta ley que a través de las oficinas se pretende generalizar la atención psicológica a las víctimas de delitos de todo tipo.
Mediante estos convenios, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos se compromete a prestar la asistencia psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como a la colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El ajuste de la norma propuesta a los principios de necesidad y eficacia deriva del claro enfoque de la misma para la defensa del interés general, materializado en la necesidad de garantizar la asistencia jurídica gratuita y la atención psicológica de aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad víctimas de delitos.
La norma se adecúa al principio de seguridad jurídica debido a que requiere, en suma, aplicar lo previsto principalmente en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y en la regulación sobre víctimas de delito, y de eficiencia, en tanto que la misma cumple estrictamente el mandato establecido en el artículo 119 de la Constitución y de la citada regulación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2020,
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2020, tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales realizadas, al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores de los Tribunales el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
2. Asimismo, este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de su competencia, destinadas a indemnizar a los psicólogos en la prestación de atención psicológica a las víctimas de todo tipo de delitos en el ejercicio presupuestario 2020.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y por su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 996/2003, de 25 de julio; por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.
2. Para la concesión de las subvenciones será de aplicación la normativa específica que las regula y en su defecto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo.
3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución del titular del Ministerio de Justicia en la que se detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de atención a las víctimas de todo tipo de delitos, las actuaciones concretas a financiar, y se determinará el plazo de presentación de la memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artículo 8.
5. Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
6. La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3.º Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, se de alguna de las siguientes circunstancias:
i. Su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
ii. Tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el Juzgado o Tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurídica.
3. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, con carácter previo a la concesión de la subvención, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
a) Al Consejo General de la Abogacía Española: 45.003,22 miles de euros.
b) Al Consejo General de los Procuradores de España: 3.673,25 miles de euros.
c) Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 1.051,80 miles de euros.
1. El libramiento de pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita se efectuará por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda. Mensualmente el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudores por procedimiento de reintegro.
2. El libramiento de pago de la subvención en lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos se efectuará por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como de no ser deudor por procedimiento de reintegro.
La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular del Ministerio de Justicia.
El Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de los Procuradores de España, para los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida y presentarán una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores o de Psicólogos, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.
1. Con carácter general, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Los abonos previstos en el apartado 1 del artículo 6 correspondientes a:
Las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, correspondientes al Consejo General de la Abogacía Española, y a las actividades realizadas en el mes de diciembre del año 2019 correspondientes al Consejo General de Procuradores de España, así como la cuantía, correspondiente al mes de noviembre, restante de abonar al citado Colegio Profesional, serán liquidados y satisfechos durante el primer trimestre de 2020.
2. Los abonos previstos en el apartado 2 del artículo 6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2019 que estén pendientes, para la asistencia psicológica, serán liquidados y satisfechos durante los tres primeros meses de 2020.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio en relación a cada uno de los meses completos de 2020 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.3, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de Justicia una justificación de la actividad realizada en los meses completos de 2020 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.
1. El libramiento de pago de las subvenciones correspondientes al último trimestre del año 2020 en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en el primer trimestre de 2021.
2. El libramiento de pago de las subvenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2020 en lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en los dos primeros meses de 2021.
4. En todo caso, el libramiento de pago correspondiente a diciembre de 2020 se efectuará el primer trimestre de 2021, una vez acreditada la prestación del servicio de conformidad con lo previsto en este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias en materia de Administración de Justicia que el artículo 149.1.5.º de la Constitución Española atribuye al Estado.

References: Artículo 3
 resolución 

Artículo 8
 artículo 16
 artículo 119
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 22
 artículo 28
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 124
 artículo 46
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 72
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 149