Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A101-00.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:55:40+00:00

Document:
A101-00
Auto 101/00
RESERVA DE LEY-Alcance
Referencia: expediente I.C.C. - 129
Conflicto de competencia entre el Juzgado 12 de Familia de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Decreto 2591 de 1991, decide sobre el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado 12 de Familia de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.
La ciudadana Adriana Hernández Neira instauró, ante el Juzgado 12 de Familia de Bogotá, una acción de tutela en contra del Ministro de Relaciones Exteriores y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales -DIAN-, por una presunta violación de los derechos fundamentales de su hijo menor a la igualdad (C.P. art. 13), el reconocimiento de su personalidad jurídica (C.P. art. 14), y los derechos de los niños (C.P. art. 44).
El Juzgado 12 de Familia de Bogotá, por medio de auto del 26 de julio de 2000, decidió declararse incompetente para conocer de esa acción y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca: "...como quiera que las entidades contra las que se interpone la acción, Ministerio de Relaciones Exteriores y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hacen parte de las autoridades del orden nacional; el conocimiento de la tutela al tenor del artículo 1°, numeral 1, inciso cuarto, del Decreto 1382 de 2000, entratándose de atacar un acto administrativo general, corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca" (folio 14). En consecuencia, lo remitió a esa Corporación para ser sometido a reparto.
Así, le correspondió conocer de este proceso a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ésta decidió, el 14 de agosto de 2000: "inaplicar por inconstitucional el contenido del inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 de julio 12 de 2000, que dispuso: 'Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable' " (folios 129-136).
Consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que: "en nuestra legislación el órgano judicial tiene competencia para ejercer el llamado control de constitucionalidad por vía de excepción; función esta que cobra mayor importancia cuando el juez actúa dentro de la jurisdicción constitucional, materializada en la acción de tutela. Teniendo en cuenta que el ejecutivo nacional no tiene facultad constitucional alguna para modificar mediante un acto administrativo lo normado en el Decreto 2591 de 199; debe en ejercicio del artículo 4 constitucional, inaplicarse la respectiva disposición que es objeto de estudio" (folio 133).
El Juzgado 12 de Familia de Bogotá consideró: "como quiera que la 'acción de tutela' intentada... se dirige contra los decretos del ejecutivo nacional.. - conforme a lo previsto en el inciso 4° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382,[1] de julio 12 del año que avanza -, {y resolvió} ENVÍENSE por competencia las presentes diligencias al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca..." (folio 14). A su vez, esa última Corporación resolvió: "inaplicar por inconstitucional el contenido del inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 de julio 12 de 2000... teniendo en cuenta que el ejecutivo nacional no tiene facultad constitucional alguna para modificar mediante un acto administrativo lo normado en el Decreto 2591 de 199; debe en ejercicio del artículo 4 constitucional, inaplicarse la respectiva disposición que es objeto de estudio" (folio 135).
Al respecto, es claro que si se aplica el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (expedido por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias con que lo revistió el Constituyente en el literal b) del artículo transitorio 5 de la Carta Política),[2] la competencia para conocer de la solicitud de tutela interpuesta por Marleny Mora Pérez, correspondería al Juzgado 12 de Familia de Bogotá, pues "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". Y como resulta también palmario, si se aplica el numeral 1 del artículo 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000, el competente resulta ser el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Ahora bien: esa diferencia en cuanto a la adscripción de la competencia para conocer del mismo asunto, hace patente que por medio del Decreto reglamentario 1382 de 200, el Gobierno modificó las reglas de competencia fijadas por la norma que pretendía reglamentar, y esa razón es suficiente para justificar que dicha norma haya sido inaplicada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el conflicto de competencias que ocupa a la Corte en esta ocasión.
Sobre los límites materiales de la potestad normativa de la administración, hay consenso respecto de que toda materia sometida por el Constituyente a reserva de ley, no admite regulación válida mediante reglamento, pues es el legislador el llamado a producirla. En este asunto ha sido clara y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional;[3] por ejemplo, en la sentencia C-557/92, se afirmó:
En la sentencia C-606/92,[4] nuevamente se insistió en el alcance de la reserva de ley en materia de derechos fundamentales, doctrina que debe ser aplicada con mayor exigencia aún, cuando se trata de la adscripción de competencia a funcionarios judiciales, de parte de un reglamento del Gobierno:
También en la sentencia C-028/97,[5] la Corte consideró los límites materiales de la potestad reglamentaria del Gobierno, en los siguientes términos:
Y en la sentencia C-428/97,[6] se aclararon los límites materiales de la reglamentación, al precisar:
Para finalizar este breve recuento de la doctrina constitucional al respecto, vale citar un aparte de la sentencia C-302/99,[7] en el que se consideró la consecuencia de cualquier exceso en el uso de la potestad regalmentaria y, de acuerdo con el cual, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca acertó al inaplicar por inconstitucional el Decreto 1382 de 2000:
En este orden de ideas, corresponde al Juzgado 12 de Familia de Bogotá conocer, en primera instancia, de la tutela incoada por Adriana Hernández Neira, puesto que, de acuerdo con el primer inciso del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud".
Segundo. DESATAR el conflicto de competencia que se presentó entre el Juzgado 12 de Familia de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la solicitud de tutela que presentó Adriana Hernández Neira, señalando que es el Juzgado 12 de Familia de Bogotá el competente para conocer en primera instancia de ese proceso.
Tercero. REMITIR al Juzgado 12 de Familia de Bogotá el expediente radicado bajo el número ICC-129, para que esa Corporación le imprima el trámite respectivo.
MARIA CRISTINA PARDO SCHLESINGER
[1] "Artículo 1°.- Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
"Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
[2] "Artículo Transitorio 5.- Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para:
"b) Reglamentar el derecho de tutela;
[3] Véanse las sentencias C-557 y C-606 de 1992, C-228 de 1993, C-022, C-206 y C-216 de 1994, C-539 de 1995, C-100, C-138, C-433, C-451 y C-629 de 1996, C-028, C-290, C-350, C-428 y C-512 de 1997, C-066, C-302, C-372, C-509 y C-579 de 1999.
[4] M.P. Ciro Angarita Barón.
[6] M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 1
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 artículo 4
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 artículo 37
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