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Timestamp: 2019-08-18 15:57:14+00:00

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STC 123/2005, 12 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 254850
STC 123/2005, 12 de Mayo de 2005
Número de Recurso: 5770-2000
Recurso de amparo avocado 5770-2000. Promovido por don Roger L.D. frente a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en grado de casación, confirmó su condena por delito de tentativa de homicidio y otros. Supuesta vulneración del principio acusatorio: Sentencia de casación penal que confirma la condena impuesta en la instancia aunque el Fiscal se haya adherido al recurso. Votos particulares concurrentes.
Sentencia citada en: 1367 sentencias, 27 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 5770-2000, promovido por don Roger L.D., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez y asistido por el Abogado don Pedro Apalategui Isasa, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 1476/2000, de 26 de septiembre, recaída en el recurso de casación 1482/99, por la que se estimó parcialmente el recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga núm. 205-1999, de 8 de junio, recaída en el rollo núm. 12/98, que condenó al recurrente como autor de los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Pleno.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 31 de octubre de 2000, y que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 3 de noviembre de 2000, la Procuradora de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez, en nombre y representación de don Roger L.D., asistido por el Abogado don Pedro Apalategui Isasa, formuló demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento, en las que, entre otros pronunciamientos, se condena al recurrente como autor de un delito intentado de homicidio a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y pago de la parte proporcional de las costas procesales. Por otrosí solicita la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada.
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Málaga instruyó sumario núm. 5/98 contra el recurrente por delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Una vez concluso se remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Primera dictó Sentencia el 8 de junio de 1999 en la que se condenó al acusado, como autor responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y delito continuado de falsedad documental, a las penas de cinco años de prisión, un año y seis meses de prisión y dos años de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de cinco mil pesetas, respectivamente, con las accesorias legales y pago de la parte proporcional de las costas procesales.
La defensa del acusado presentó recurso de casación alegando, entre otros motivos, en relación con la condena por delito intentado de homicidio, infracción de ley del art. 849.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (en adelante LECrim) por indebida aplicación de los arts. 138, 16 y 62 y no aplicación de los arts. 152.1.1 y 147.1, todos del Código penal (en adelante CP), solicitando que se casara la Sentencia en ese extremo, dictando otra por la que se condenara al recurrente como autor de un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1.1 CP. El Fiscal, instruido del recurso interpuesto, se adhirió al mismo, apoyando este motivo de casación e interesando la pena de arresto de quince fines de semana por dicho delito de lesiones imprudentes. En la vista del recurso la representación del recurrente y el Ministerio Fiscal mantuvieron lo solicitado en sus respectivos escritos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de septiembre de 2000, desestimó este motivo de casación, confirmando el pronunciamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial en lo que se refiere al delito de homicidio intentado.
El recurrente fundamentó su demanda de amparo en vulneración del principio acusatorio y, como consecuencia del mismo, del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en tanto que ninguna de las partes en el recurso de casación mantuvo la acusación por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, debiendo el Tribunal Supremo respetar lo solicitado por las partes, siendo los límites de su pronunciamiento aquellas pretensiones deducidas en dicho recurso casacional. Igualmente destaca que la acusación mantenida en la instancia no resulta vinculante en la casación, ya que debe reputarse como principio esencial al proceso penal un mantenimiento continuado, durante todo el proceso y las instancias, de la acción penal; de modo que el apoyo del Fiscal al concreto motivo de recurso, aunque formalmente no eliminaría la pervivencia de la acción penal, sí eliminaría la contradicción efectiva.
La Sección Primera de este Tribunal acordó por providencia de 8 de mayo de 2001, al amparo de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conferir al recurrente y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales procedentes, alegaciones sobre la carencia manifiesta de contenido constitucional. Evacuado dicho trámite, se acordó por providencia de 1 de octubre de 2001 la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo previsto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones a las partes para que en el plazo común de veinte días presentaran alegaciones.
El recurrente, por escrito de 16 de octubre de 2001, presentó alegaciones reiterando en esencia los argumentos expuestos en el escrito de demanda.
El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 30 de octubre de 2001, interesó la desestimación del amparo, argumentando, por un lado, que, conforme a la doctrina expuesta en el ATC 250/1994, de 19 de septiembre, en el presente caso no habría existido vulneración del principio acusatorio, ya que el recurrente se opuso en la instancia a la acusación, ejercitando sus derechos de defensa, desplegando, además, los resortes de impugnación con exposición de sus argumentos exculpatorios, sin que el apoyo del Ministerio Fiscal al concreto motivo de casación diera lugar a que la asistencia letrada del recurrente renunciara a exponer los argumentos para fundamentar dicho motivo; y, por otro, que, atendiendo a la naturaleza esencial del recurso de casación como un recurso de nulidad y a que las partes no pueden deducir en él pretensiones (en el sentido de ejercicio de acciones), la posición del Ministerio Fiscal en la casación no podrá ser la de postular o renunciar al ejercicio de la acusación, sino la de defensa de la legalidad. Como último argumento se afirma que en el ATC 146/1998, de 25 de junio, en un caso idéntico al que se plantea este amparo, se consideró que no podía entenderse vulnerado el principio acusatorio por el hecho de desestimar un motivo de casación planteado por la defensa con adhesión del Fiscal, toda vez que, aunque es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que ha de garantizarse la acusación, contradicción y defensa también en la fase de recursos, donde ha de existir acusación formulada contra persona determinada, ello sólo significa que el Tribunal no puede agravar la condena por falta de acusación, pero no que quede privado de la posibilidad de desestimar el recurso si la Sentencia, pese a la adhesión del Ministerio Fiscal, se ajusta a Derecho, ya que ello no excede de los términos del debate ni significa una extensión de los poderes de actuación de oficio del Juez a favor de una parte, ni priva al recurrente del conocimiento de la acusación. De prevalecer el criterio contrario se desconocería el significado del recurso de casación, al quedar en manos del Ministerio Fiscal y no del Tribunal Supremo la estimación o desestimación de los motivos de casación referidos a la calificación y subsunción de los hechos en un precepto penal que en la instancia se haya estimado aplicables y que fueron objeto de acusación.
Por providencia de 17 de enero de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 k) LOTC, se acordó a la avocación al Pleno del presente recurso de amparo.
Por providencia de fecha 10 de mayo de 2005, se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 12 del mismo mes y año.
La cuestión concreta que plantea el presente amparo es si la configuración constitucional del principio acusatorio incluye como una de sus garantías que en la casación penal el órgano judicial quede limitado en su pronunciamientos por los motivos y las pretensiones concretas de las partes deducidas en dicho recurso y si resulta posible constitucionalmente al órgano judicial de casación desestimar el recurso contra la resolución condenatoria impugnada al margen de una concreta solicitud de mantenimiento de aquélla realizada por cualquiera de las partes procesales.
Esta cuestión ya fue abordada por este Tribunal, en relación con el recurso de apelación, en la STC 283/1993, de 27 de septiembre, concluyéndose que "cuando sólo el condenado es recurrente, el Juez, que evidentemente no podrá agravar la condena por falta de acusación, no puede quedar privado de la facultad de desestimar el recurso si la Sentencia, pese a lo alegado en segunda instancia, se ajusta a Derecho, porque evidentemente ello no excede de los términos del debate ni significa una extensión de los poderes de actuación de oficio del Juez en favor de una parte, ni priva al recurrente del conocimiento de los términos de la acusación (ya inmodificable), porque cualquier decisión queda delimitada por la corrección de los pronunciamientos de la Sentencia, cuya revisión, repetimos, constituye el objeto de la única pretensión de apelación. Una apreciación contraria impondría a la parte no recurrente la carga de personarse obligatoriamente en la segunda instancia para evitar que la simple apelación del condenado implicase automáticamente la revocación de la Sentencia. Interpretación absolutamente formalista del principio acusatorio que no puede ser admitida sin violentar la propia naturaleza de la apelación en el juicio sobre faltas." (FJ 5). Posteriormente, y ya en supuestos de recurso de casación, esta misma doctrina fue utilizada como fundamento para la inadmisión de recursos de amparo en los AATC 327/1993, de 28 de octubre, FJ 3; 250/1994, de 19 de septiembre, FJ 2, y 146/1998, de 25 de junio, FJ 4.
Este Tribunal ha reiterado que el conjunto de derechos establecidos en el art. 24 CE no se agota en el mero respeto de las garantías allí enumeradas, establecidas de forma evidente a favor del procesado, sino que incorpora, además, el interés público en un juicio justo, garantizado en el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos (en adelante CEDH), que es un instrumento hermenéutico insoslayable para la interpretación de los derechos fundamentales de nuestra Constitución (art. 10.2 CE); de tal modo que, en última instancia, la función del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías en el ámbito penal se concreta en garantizar el interés público de que la condena penal resulte de un juicio justo, que es un interés constitucional asentado en los principios del Estado de Derecho y en los valores constitucionales de libertad y justicia (art. 1.1 CE; STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3).
En atención a lo anterior, este Tribunal ha reiterado que una de las manifestaciones del principio acusatorio contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías es el deber de congruencia entre la acusación y el fallo, en virtud del cual nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado, entendiendo por "cosa", en este contexto, no únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica (por todas, SSTC 35/2004, de 8 de marzo, FJ 2, ó 40/2004, de 22 de marzo, FJ 2). De ese modo, este deber de congruencia implica que el juzgador está sometido constitucionalmente en su pronunciamiento por un doble condicionamiento, fáctico y jurídico, que queda concretado en la pretensión establecida en el escrito de calificaciones definitivas (por todas, SSTC 62/1998, de 17 de marzo, FJ 5, ó 33/2002, de 13 de febrero, FJ 3).
Al margen de lo ya señalado, y por lo que se refiere al alcance del deber de congruencia respecto de la pretensión punitiva, este Tribunal también ha concretado que, atendiendo a las propias facultades de pronunciamiento de oficio que tiene el juzgador penal, por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius puniendi, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad (por todas, SSTC 4/2002, de 14 de enero, FJ 3, ó 75/2003, de 23 de abril, FJ 5), haciéndose especial incidencia en que, "más allá de dicha congruencia, lo decisivo a efectos de la lesión del art. 24.2 CE es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos" (por todas, SSTC 87/2001, de 2 de abril, FJ 6, ó 189/2003, de 27 de octubre, FJ 2). O, más expresivamente, y tal como se afirma en la STC 4/2002, de 14 de enero, FJ 3, recogiendo lo ya manifestado en la STC 225/1997, de 15 de diciembre, FJ 3, "so pena de frustrar la solución más adecuada al conflicto que se ventila en el proceso, la sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio. No existe infracción constitucional si el Juez valora los hechos ?y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo (STC 204/1986, recogiendo doctrina anterior), siempre, claro, que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso? (STC 10/1988, FJ 2). En este sentido, ?el órgano judicial, si así lo considera, no está vinculado por la tipificación o la imputación? que en la acusación se verifique (STC 11/1992, FJ 3)".
A partir de lo anterior, y entrando en la segunda consideración previa señalada de determinar a cuál de ambos modelos -repetición íntegra del juicio o revisión de la condena- responde la actual regulación del sistema de recursos contra sentencias penales condenatorias, debe ponerse de manifiesto que el ordenamiento jurídico procesal penal español mantiene en vigor un régimen dual respecto de la posibilidad de recurrir las sentencias condenatorias por delitos que no sean competencia del Tribunal del Jurado, diferenciando unos supuestos en que cabe recurso de apelación y otros en que lo procedente es el recurso de casación.
Por el contrario, el recurso de casación penal, atendiendo a su configuración legal y, en todo caso, por lo que respecta al concreto motivo de casación por infracción de ley en la calificación jurídica del hecho, no puede afirmarse que responda al modelo de repetición íntegra del juicio, sino, más propiamente, a un modelo estricto de revisión de la legalidad de la resolución impugnada. Así, este Tribunal, ya desde antiguo, ha reconocido que el recurso de casación es un recurso de cognición restringida que cumple una función revisora (STC 37/1988, de 3 de marzo, FJ 5); incidiendo en que está al servicio de los intereses objetivos ligados a la necesaria depuración en Derecho del obrar judicial, aunque destacando, igualmente, que "al desenvolver esta función, protege también al justiciable, que contará, a su través, con la posibilidad de someter el fallo en el que resultó condenado a un ?Tribunal superior?" (STC 69/1985, de 6 de mayo, FJ 2).
El hecho de que el recurso de casación penal en su función de garantizar el derecho a la revisión de la condena y la pena tenga una cognición limitada es lo que ha llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a concluir en diversas comunicaciones que el sistema español de casación penal resulta insuficiente para colmar las exigencias derivadas del art. 14.5 PIDCP (Dictámenes de 20 de julio de 2000 -comunicación núm. 701-1996-; de 30 de julio y 7 de agosto de 2003 -comunicaciones núms. 986 y 1007-2001-; y 1 de noviembre de 2004 -comunicación núm. 1101-2004). Sin embargo, las objeciones planteadas por el Comité de Derechos Humanos se han vinculado exclusivamente con una eventual limitación de la revisión efectiva sobre los hechos. Este no es el caso del presente amparo, en el que lo que se está analizando es la función revisora referida únicamente a la calificación jurídica otorgada al hecho -no discutido- por la Sentencia de la Audiencia Provincial. Por tanto, los citados pronunciamientos del Comité no tienen relevancia sobre el supuesto que ahora se discute y sobre la conclusión de que la actual regulación de la casación penal en este concreto aspecto no responde al modelo de celebración íntegra de un nuevo juicio sino a un modelo estrictamente revisor. Por otra parte, además, este Tribunal ya ha admitido y reiterado la aptitud de la casación penal para cumplir las exigencias del derecho al recurso contra sentencias penales condenatorias, señalando que "existe una asimilación funcional entre el recurso de casación y el derecho a la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena declarado en el art. 14.5 PIDCP, siempre que se realice una interpretación amplia de las posibilidades de revisión en sede casacional y que el derecho reconocido en el Pacto se interprete, no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena, en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. Esta interpretación es perfectamente posible a la vista del tenor literal del Pacto y conforme a la efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los arts. 6.1 CEDH y 2 del Protocolo núm. 7 del citado Convenio (STEDH de 13 de febrero de 2001, caso Krombach c. Francia, que declara conforme al art. 2 del Protocolo 7 el modelo de casación francés, en el que se revisa sólo la aplicación del Derecho)" (SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, y 105/2003, de 2 de junio, FJ 2, entre otras).
Una vez desarrolladas las anteriores consideraciones debe entrarse directamente en el análisis de los posibles condicionantes de cómo se proyecta el deber de congruencia en la resolución de los recursos contra sentencias penales condenatorias, con especial referencia al recurso de casación, comenzando por señalar que la afirmación genérica, ya reiterada por este Tribunal, de que las exigencias del principio acusatorio, entre las que, lógicamente, cabría incluir la de congruencia entre acusación y fallo, son de aplicación en la segunda instancia (por todas, SSTC 28/2003, de 10 de febrero, FJ 4, ó 35/2004, de 8 de marzo, FJ 2), no resulta en modo alguna contradictoria con la posibilidad de concluir que la aplicación de las garantías propias de este principio en la resolución de los recursos penales no puede ser mimética, sino condicionada. Y ello por dos razones principales: la primera porque adecuar las exigencias del principio acusatorio a la concreta configuración legal del recurso penal en cuestión que resulte procedente no supone anular la vigencia de dichas exigencias, sino adaptarlas, en atención a sus fundamentos constitucionales, a las funciones que en el marco del procedimiento penal en su conjunto pueda tener dicho recurso. Esta necesidad ha sido destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al señalar en la Sentencia de 27 de marzo de 1998, caso KDB c. Países Bajos, en relación con la aplicación en la segunda instancia de las reglas de un proceso equitativo recogidas en el Convenio europeo de derechos humanos, que "[l]a manera en que se aplique el art. 6 a los tribunales de apelación o casación depende de las características especiales de cada procedimiento, tomando en consideración la totalidad de la regulación procesal en el ordenamiento jurídico interno y el papel que en el mismo desempeña el Tribunal de casación" (§ 35).
Desestimar la demanda de amparo presentada por don Roger L.D.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de 12 de mayo de 2005 dictada en el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 5770-2000, al que se adhiere el Magistrado don Javier Delgado Barrio.
Voto concurrente que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo número 5770-2000.
La conclusión indicada se alcanzaba tras razonar (con argumentos parcialmente transcritos en el FJ 2 de la Sentencia mayoritaria), que "es doctrina reiterada de este Tribunal que ha de garantizarse la acusación, contradicción y defensa no sólo en el juicio de primera instancia, sino también en la fase de recurso, donde igualmente ha de existir una acusación formulada contra una persona determinada, pues no hay posibilidad de condena sin acusación (SSTC 104/1986, 163/1986, 53/1987, 168/1990, 283/1993, 230/1997; ATC 327/1993). Ahora bien, como ya se dejó sentado en la STC 283/1993 y en el ATC 327/1993, cuando sólo el condenado es recurrente y el Ministerio Fiscal se adhiere a un motivo del recurso de casación, en el que se solicita la apreciación de la atenuación de la pena, ?el Juez, que evidentemente no podrá agravar la condena por falta de acusación, no puede quedar privado de la facultad de desestimar el recurso si la Sentencia, pese a lo alegado en segunda instancia, se ajusta a Derecho, porque evidentemente ello no excede de los términos del debate ni significa una extensión de los poderes de actuación de oficio del Juez en favor de una parte, ni priva al recurrente del conocimiento de los términos de la acusación?".
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez sobre la Sentencia del Pleno de 12 de mayo de 2005, dictada en el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 5770-2000 contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2000.
En uso de la facultad que nos confiere el art. 90.2 LOTC creo pertinente exteriorizar, con pleno respeto a la posición de mis colegas del Pleno, mi opinión discrepante con algunos razonamientos de la Sentencia mayoritaria.
Estoy totalmente de acuerdo con el fallo que desestima el recurso, y también con los razonamientos que conducen a él en forma directa y como auténtica ratio decidendi.
Mi discrepancia, que expresé en las deliberaciones en Sala y en el Pleno del Tribunal, afectan a los razonamientos restantes. En realidad deben considerarse expresados ob iter, a efectos de nuestra doctrina futura, por lo que los razonamiento de este Voto no merecen gran extensión. No comparto la consideración, que se repite insistentemente, de que en los recursos de apelación o de casación se puedan dar situaciones en las que "el órgano de enjuiciamiento" pueda comprometer "su imparcialidad, asumiendo funciones acusatorias que le están constitucionalmente vedadas" (así, por ejemplo, en el fundamento jurídico 5 in fine o en el fundamento jurídico 8 in fine o en el fundamento jurídico 9 primer párrafo e in fine de la Sentencia). No se me alcanza, en abstracto, ningún caso concreto en el que esa situación pudiera darse y la Sentencia tampoco lo sugiere con claridad. No comparto la distinción entre la casación en la que se impugna la calificación jurídica del hecho enjuiciado (que se repite en los fundamentos jurídicos 8 a 10) y otros supuestos. La configuración que en nuestra dogmática procesal tiene el recurso de apelación y, desde luego, el recurso de casación penal me impide aceptar que un Tribunal de casación no pueda declarar que no da lugar al recurso -y por ello deja incólume la Sentencia recurrida, cosa bien distinta de confirmarla- por el simple hecho de que el Ministerio Fiscal se adhiera a los motivos de casación del recurrente. En realidad mi posición se sintetiza, con meridiana claridad, en el primer párrafo del FJ 2 de la Sentencia mayoritaria, que expone nuestra doctrina tradicional al respecto. A ella me atendré en el futuro y por ello formulo este Voto concurrente.
STS 859/2013, 21 de Octubre de 2013 (Delito contra la salud pública)
SAP Vizcaya 507/2002, 5 de Diciembre de 2002
STSJ La Rioja , 5 de Diciembre de 2002
SAP A Coruña, 27 de Abril de 2000

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