Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/category/humor/
Timestamp: 2018-05-25 14:46:51+00:00

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Humor | MONSIEUR DE VILLEFORT
EL GOBIERNO OPTA POR LOS “TRIBUNALES POPULARES” COMO SOLUCIÓN PARA EVITAR RESOLUCIONES JUDICIALES CONTROVERTIDAS.
Hemos tenido conocimiento que, en reunión extraordinaria celebrada hoy domingo día 29 de abril del 2018, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al siguiente
CREACIÓN DEL TRIBUNAL POPULAR Y DEL
Los acontecimientos vividos en los últimos tiempos acreditan un distanciamiento entre la Administración de Justicia y la opinión pública que no sólo amenazan con socavar los cimientos del propio Estado de Derecho, sino la misma convivencia ciudadana. Un recto enjuiciamiento debe estar incuestionablemente ligado a la percepción ciudadana de la justicia, de tal manera que las resoluciones judiciales puedan ser calificadas no sólo como ajustadas a Derecho, sino verdaderamente populares.
El artículo 117 de la Constitución establece que la Justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Cierto es que hasta el momento el Poder Judicial lo han integrado jueces y magistrados de carrera, seleccionados en base a la capacitación profesional demostrada en la superación de unas pruebas selectivas. Pero la experiencia práctica ha demostrado que precisamente esa preparación para las pruebas ha contribuido a aislar a la judicatura de su elemento natural, el pueblo, lo que ha de ser corregido de alguna forma, mediante la incorporación de miembros que se demuestre se encuentran más cercanos al sentir del pueblo.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto suplir esas carencias incorporando una serie de mecanismos legales tendentes a conectar las resoluciones judiciales con el sentir mayoritario de la población.
En primer lugar, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de crear el Tribunal Popular, como órgano de enjuiciamiento de determinados asuntos que tengan una indudable trascendencia. Con ello se pretende evitar el penoso espectáculo de los juicios mediáticos, lo cual se hace no sólo incorporando a destacados miembros del sector audiovisual como integrantes del mismo, sino habilitando los platós de televisión como salas de vistas y garantizando en todo caso la mayor publicidad mediante la difusión radiofónica, televisiva y virtual del procedimiento.
En segundo lugar, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para ampliar su ámbito objetivo y para alterar su composición, garantizando en todo caso una pluralidad interna del mismo.
Artículo 1.- Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, Orgánica del Poder Judicial.
1.1.- Dentro del Título IV, se crea el Capítulo II bis, con la rúbrica “Del Tribunal Popular”.
1.2.- Se crea un nuevo artículo 69.bis integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:
“1. Se crea, con jurisdicción en toda España, un Tribunal Popular.
2. El Tribunal Popular estará integrado por tres personas, elegidas por un periodo de cinco años mediante sorteo de entre los profesionales de la radiodifusión con reconocido prestigio que tengan una antigüedad mínima de dos años en la presentación de magazines que aborden el análisis de la actualidad política, social o del corazón, y que tengan, cuando menos, un cinco por ciento de share.
El cese o dimisión del profesional del espacio televisivo que estuviera conduciendo o presentando supondrá de forma automática el cese como integrante del Tribunal Popular.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que ha de regir la elección por sorteo y las garantías del mismo.
3. El Tribunal Popular conocerá del enjuiciamiento de todas aquéllas causas que tengan notoria relevancia mediática, social o popular. Mediante ley se establecerán las características que ha de tener una causa para ser calificada como de notoria relevancia.
4. En el momento que cualquier órgano judicial esté conociendo de un asunto que pase a tener las características establecidas en el párrafo anterior, transferirá de forma automática la causa al Tribunal Popular.”
1.3.- Se crea un nuevo artículo 69.ter integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:
“1. Las actuaciones del Tribunal Popular serán públicas, sin que ningún caso podrá declararse el secreto de sumario o las actuaciones a puerta cerrada.
2. La sede del Tribunal Popular será la del plató de mayor extensión de cada una de las televisiones en abierto que emitan en el país, estableciéndose una rotación por turnos en cada una de ellas.
3. Todos los juicios que conozca el Tribunal Popular serán televisados en abierto, con la excepción de las deliberaciones del jurado, que serán a puerta cerrada.”
Artículo 2.- Modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.
Se añade una nueva letra g) al apartado 1, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”.
Se añade una nueva letra i) al apartado 2, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”
Se modifica el apartado 3, que pasa a tener la siguiente redacción: “El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial y del Tribunal Popular. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional, salvo que éstos sean transferidos al Tribunal Popular por ser calificados de notoria relevancia.”
Se añade un apartado 4, con la siguiente redacción: “Los asuntos que sean conocidos por el Tribunal Popular serán enjuiciados por el Jurado Popular.”
Artículo 3.- Modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.
Se añade un párrafo tercero al apartado uno, con la siguiente redacción: “El jurado popular se compondrá de doce miembros. Se elegirá de entre ellos un presidente, que ejercerá las funciones especificadas en el artículo 4”
Artículo 4.- Modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.
Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción: “El jurado popular será competente en todos los casos de los que conozca el Tribunal Popular.”
Artículo 5.- Se añade una nueva sección cuarta al capitulo II, con la rúbrica “Del jurado popular.”
Artículo 6.- Se crea un nuevo artículo 23.bis, dentro de la sección cuarta del capítulo II, con la siguiente redacción:
“1. Seis de los miembros del jurado popular se elegirán de entre españoles que tengan la condición de contertulios en magazines o programas de análisis político, social o sentimental, y los seis restantes entre representantes de organizaciones representativas de intereses políticos y sociales.
2. Los candidatos procedentes de los magacines o programas de análisis político, social o sentimental serán elegidos mediante votación popular efectuada por medios telemáticos en el seno del propio programa, donde deberá anunciarse el resultado. No podrán formar parte del jurado más de dos representantes de un mismo programa
Por Real Decreto se establecerán los procedimientos de elección y las garantías para asegurar la transparencia de la elección y del resultado.
3. Los seis miembros procedentes de las organizaciones políticas y sociales serán elegidas por cada uno de los partidos, asociaciones o entidades del sector.”
Disposición Adicional.- El Gobierno, en el plazo de un año, elaborará un proyecto de ley que regule la apellatio ad populum de las resoluciones emanadas del Tribunal Popular.
Disposición Final.- La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial.
Según afirma la agencia JOTA, fuentes del Gobierno han barajado los nombres de Antonio García Ferreras, Carlos Herrera, Juan Ramón Lucas, Julia Otero, Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos, Jorge Javier Vázquez y Susana Griso como potenciales candidatos a integrar el Tribunal Popular. El ministro portavoz, al ser preguntado al respecto, se limitó a sonreir e indicar que su preferida es Susana Griso, aunque manifiesta encontrarse abierto a otras opciones, puesto que nada está decidido aún. Confía, eso sí, en que esta pionera experiencia conduzca el éxito y pueda eliminar, de una vez por todas, la barrera que existe entre Administración de Justicia y ciudadanía. “Es hora de dar la voz al pueblo y que sea éste el auténtico señor de sus destinos”, manifestó públicamente el titular de la cartera de Justicia, quien, evocando sus orígenes y parafraseando a Forrest Gump, indicó que: “La Justicia es como una máquina tragaperras. Nunca sabes cuándo te va a salir el premio gordo.” El presidente del Gobierno rehusó hacer cualquier tipo de comentario limitándose a un escueto: “jo, que tropa!“
EL GOBIERNO CREA UN NUEVO IMPUESTO QUE GRAVA A PEATONES Y VEHÍCULOS POR EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.
El responsable de este blog, gracias a los impagables esfuerzos realizados por su gran amigo A.J. Raffles, ha tenido acceso a este impresionante documento, que no es otro que el borrador del Anteproyecto de Ley elaborado por los servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para crear una nueva figura impositiva. Dado su notable interés, faltaríamos a nuestra responsabilidad si no lo compartiésemos con nuestros lectores.
ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS POR DESPLAZAMIENTOS PERIPATÉTICOS O VEHICULARES
Es evidente que hoy en día el uso de las vías públicas es habitual y frecuente, ya sea en su vertiente individual mediante el paseo físico del caminante que, por trabajo u ocio, efectúa desplazamientos continuos por las vías públicas –bien sin otro soporte que el de sus extremidades inferiores, bien mediante uso de vehículos de tracción pedestre o mecánica- ya sea en la vertiente colectiva a través de los medios de transporte.
Lo cierto es que ese aspecto cotidiano, por lo frecuente y habitual del mismo, oculta un hecho determinante, cual es el desgaste de las vías públicas debido al constante uso del mismo. A tales efectos, es indiferente cual sea el motivo que ocasiona el desplazamiento, o que el mismo sea voluntario o forzoso, por ocio o por trabajo, pero sin duda lo esencial en este punto es el progresivo desgaste de las vías públicas, ya sean calles, caminos, plazas, autopistas, autovías o cualquier otra vía de comunicación terrestre, con las inevitables consecuencias que ello acarrea en cuanto el desgaste disminuye la seguridad de tales vías y, en consecuencia, se constituye en un potencial foco de peligro para los usuarios del mismo.
Es evidente que el necesario mantenimiento de dichas vías no puede recaer, en justicia, en la misma proporción en todos los ciudadanos, por cuanto repugna al sentido común que quien apenas utilice las vías se vea obligado a satisfacer los gastos de reparación y mantenimiento en la misma cuantía que quien lo utiliza con mayor frecuencia. De ahí que el Gobierno haya considerado prudente articular un sistema equitativo y eficaz a través de la política impositiva, articulando el Impuesto por el uso de las vías públicas, cuya recaudación podrá vincularse al mantenimiento y reparación de dichas vías.
El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares (IUVPDPV) se constituye en una nueva figura tributaria, de naturaleza personal, objetiva y directa cuyo hecho imponible consiste en el uso de las vías públicas por personas físicas así como a las personas jurídicas dedicadas al transporte de particulares. En este sentido, el tributo tiene vocación de permanencia y estabilidad, limitándose a gravar el uso de los caminos terrestres, dejando para un ulterior momento la posibilidad de establecer un gravamen análogo para el supuesto de vías marítimas y aéreas.
Artículo 1.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares es un impuesto personal, de naturaleza directa y objetiva, que grava la utilización de las vías públicas por particulares y empresas, en los términos previstos en la presente ley.
Artículo 2.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares se exigirá en todo el territorio nacional.
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del impuesto el uso, por cualquier medio y debido a cualquier motivo, de todo tipo de vías públicas, ya sean éstas autopistas, autovías, carreteras (ya sean nacionales, provinciales, comarcales o locales), caminos, sendas, vías, aceras o similares.
No se encuentra sujeto al presente impuesto el uso de vías de titularidad privada, ni la utilización de vías acuáticas o aéreas.
Son obligados tributarios del presente impuesto, en su condición de contribuyentes:
A.- Las personas físicas que utilicen las vías públicas.
B.- Las personas jurídicas cuyo objeto social sea el transporte terrestre de mercancías y viajeros. En el caso de las personas jurídicas cuyo objeto social sea distinto del anterior, los obligados tributarios serán las personas físicas que efectúen el transporte ocasional, sin perjuicio de que puedan repercutir el mismo a la empresa o entidad por cuenta de la cual efectúan el desplazamiento.
2.- Se encuentran exentos del presente impuesto:
A.- Los transportes públicos de viajeros, cuando el mismo sea gestionado por una entidad pública, bien directamente o bien mediante sociedad mercantil de capital total o mayoritariamente en manos de la entidad pública.
B.- Los servicios de ambulancia, bomberos y policía.
C.- El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas y los Concejales de Hacienda de las entidades locales, así como sus familiares hasta el sexto grado de cosanguinidad o afinidad
Artículo 5.- Constituye la base imponible del impuesto el número de kilómetros que durante el año natural se hayan efectuado en todo tipo de vías públicas. En el supuesto de las empresas dedicadas al transporte terrestre de mercancías y viajeros la base imponible estará integrada por la suma total de los kilómetros efectuados por todos los vehículos que constituyen su flota de transporte.
A efectos del cálculo de la base imponible se estará a lo dispuesto en las normas de gestión del tributo reguladas en el capítulo siguiente.
Artículo 6.- La cuota tributaria es el resultado de aplicar en la base imponible el siguiente porcentaje:
A.- Personas físicas: 0,5
B.- Personas jurídicas: 0,05
Artículo 7.- El Impuesto se devenga el 1 de enero, siendo el periodo impositivo el año natural. El mismo será exigible y, en consecuencia, deberá ser ingresado entre los días 1 y 30 de agosto del año siguiente al del periodo impositivo, mediante autoliquidación. A tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará, mediante la correspondiente Orden Ministerial, el impreso correspondiente, que necesariamente llevará la denominación 666/HAC/IDP-UT/A.
Artículo 8.- Las empresas encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos efectuarán en cada revisión el cálculo de kilómetros que se han efectuado en el vehículo examinado. Se presume que dicha cantidad de kilómetros se corresponde con desplazamientos efectuados en las vías públicas, correspondiendo al particular la carga de la prueba de que todo o parte de la misma se corresponde a desplazamientos efectuados en vías de titularidad privada.
Artículo 9.- Las personas físicas estarán obligadas a implantar por vía intraepidérmica un chip encargado de calcular las distancias recorridas por el individuo. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de homologación y verificación periódica de dicho chip, que deberá activarse automáticamente una vez que el individuo salga de su domicilio.
La negativa de un individuo a implantar el chip regulado en el párrafo anterior será considerada como delito de rebelión.
Disposición Adicional Primera.- Se autoriza al Ministro de Hacienda, mediante Orden Ministerial, a actualizar los porcentajes regulados en el artículo sexto.
Disposición Adicional Segunda.- La presente Ley entrará en vigor el día 29 de febrero de 2018.
Disposición Adicional Tercera.- Se añade un nuevo artículo 472 bis a la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, con la siguiente redacción: “Serán igualmente reos del delito de rebelión las personas físicas que, tras haber sido formalmente requeridas para ello por la autoridad pública, rehúsen implantar en su cuerpo el chip regulado en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares así como su normativa de desarrollo.
Disposición Adicional Cuarta.- Las cantidades que se recauden con el presente impuesto estarán íntegramente vinculadas al mantenimiento, conservación y reparación de las vías públicas terrestres, salvo que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas disponga otra cosa. A estos efectos, será válido y suficiente la simple comunicación verbal del Ministro de Hacienda para anular la vinculación establecida en la presente Disposición.
En mi condición de espectador confeso de la serie El Ministerio del Tiempo, y como jurista práctico que maneja diariamente el ordenamiento jurídico-administrativo, he decidido seguir los divertidos planteamientos con los que mi admirado José Ramón Chaves nos obsequia en su blog, de tal forma que reflexiono en voz alta sobre diversos aspectos que dicha serie plantea desde el punto de vista del Derecho público.
I.- ¿Es el Ministerio del Tiempo un auténtico “Ministerio”?
Los Ministerios son aquellos departamentos encargados de la gestión de una o varias áreas del Gobierno. Corresponde al Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, la creación, modificación y supresión de los departamentos ministeriales (artículo 2.2.j de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno). Los mismos tienen naturaleza tanto política, correspondiendo a sus titulares fundamentalmente desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su Departamento (artículo 4 de la Ley del Gobierno), como administrativa, donde la cabeza de dicho órgano tiene atribuidas ex lege una serie de competencias centradas en la gestión cotidiana del departamento (artículo 61 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Dado que a lo largo de la serie en ningún momento se indica que exista una cartera en el seno del gobierno con tal denominación, ni se constata que el citado organismo tenga la categoría ministerial o conste en los correspondientes Reales Decretos de reestructuración de los Departamentos ministeriales, no podemos concluir que, cuando menos desde el punto de vista jurídico-administrativo, nos encontremos ante un Departamento ministerial stricto sensu, aunque oficiosamente se le denomine como tal.
Aunque a lo largo de la serie queda bien claro que existe cierta vinculación jerárquica respecto de Presidencia del Gobierno, lo que implica que ha de tener cierta naturaleza pública. Aunque para abordar este punto mejor hacerlo al contestar a la siguiente pregunta
II.- ¿Es Salvador Martí un auténtico “subsecretario” del “Ministerio”?
Habiendo superado la barrera de los treinta episodios y en pleno camino hacia el cuadragésimo, cualquier persona que haya visto alguno de ellos sabe que al frente del Ministerio del Tiempo se encuentra Salvador Martí, a quien se le identifica como “Subsecretario del Ministerio”.
Los Subsecretarios son, en efecto, órganos directivos de los Ministerios, que se crean, modifican y extinguen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículos 55.3.b.1 y 59.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Como tales, los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias relativas a los mismos (artículo 63.1.a de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público).
Ahora bien, pese a ser calificado como “subsecretario”, Salvador Martí en modo alguno ejerce la representación ordinaria del Ministerio, por cuanto aun cuando vinculado a Presidencia, no ejerce la representación ordinaria de dicha cartera ni gestiona los servicios comunes de la misma. Por tanto, ni estamos ante un “Ministerio” del Tiempo, ni Salvador Martí es propiamente un “subsecretario”. Máxime cuando es público y notorio que cualquier relevo en la Presidencia del Gobierno acarrea la sustitución de los órganos superiores y directivos, siendo así que Martí fue puesto en el cargo que ostenta por Adolfo Suárez, permaneciendo durante más de tres décadas el mismo, salvo un fugaz periodo en el que fue relevado por Susana Torres merced a un coup d´etat interno facilitado por Irene Larra, pero todo ello sin mediar acto de cese y relevo y mucho menos publicación oficial del mismo.
En definitiva, que nos encontramos ante un organismo similar al Impossible Mission Force, es decir, un ente no ya traslúcido, sino “opaco” situado no extramuros del sistema, pero sí oculto a la generalidad de la población e incluso de los propios poderes públicos.
III.- ¿Cómo se estructura orgánicamente el “Ministerio del Tiempo”?
En este punto, la opacidad es absoluta. Sabemos que al frente del mismo se encuentra Salvador Martí, a quien ya hemos visto se identifica como “subsecretario”, y a quien todo el personal se encuentra subordinado. Pero salvo el caso de Angustias, la secretaria personal de Martí, desconocemos el rango y jerarquía del resto de personas que lo integran y las posibles dependencias, vínculos o relaciones jurídicas que existen entre ellos.
IV.- ¿Cuáles son las competencias que ostenta el “Ministerio”?
Parece claro que el Ministerio se constituye en una especie de “policía de la historia”, evitando que puedan ser alterados hechos o eventos ocurridos en el pasado.
Prescindimos en este apretado análisis aspectos que podrían ser abordado desde otras disciplinas técnicas, como, por ejemplo, la consideración del tiempo (incluso el pasado) como algo continuo susceptible de ser modificado en cualquier instante. Lo único que interesa en este momento es verificar si esas competencias implican el ejercicio de autoridad o el uso de prerrogativas públicas. Todo parece indicar que no, dado que en ningún momento los integrantes de tan peculiar cuerpo de vigilancia se identifican como tales, ni invocan autoridad alguna, sino que, por el contrario, siempre actúan de incógnito o bajo disfraz.
V.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de su personal?
Es muy frecuente escuchar a los diversos protagonistas referirse a los “funcionarios del ministerio.” Ahora bien, desgraciadamente no podemos dar por válida dicha afirmación, cuando menos si contrastamos la expresión “funcionario” con la regulación legal contenida en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como por la normativa de desarrollo.
En efecto, no consta que exista Relación de Puestos de Trabajo, tampoco que se hayan convocado las oportunas bases para la convocatoria, ni que el personal se haya reclutado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o superado prueba alguna tendente a validar sus aptitudes. Más bien al contrario, la entrada al servicio del Ministerio se caracteriza por la más absoluta arbitrariedad, debido al nepotismo más absoluto o al simple azar. Tal es el caso de Julián Martínez, a quien se recluta simplemente por ser testigo incómodo de la aparición inesperada de dos soldados napoleónicos, que llegan al siglo XXI por una de las puertas ocultas cuya existencia desconocía el Ministerio.
VI- ¿Cuál es la vía de financiación del Ministerio?
Parece claro que la pública, en cuanto en numerosas ocasiones se refieren a la “escasez del presupuesto” y se pide a las autoridades públicas un “aumento del mismo”. Ahora bien, dado el carácter oculto y secreto de esta entidad, el importe de las cantidades con que se dota al mismo no constan incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado.
A todo lo anteriormente indicado cabe añadir que el incorrectamente denominado Ministerio del Tiempo supone, a efectos jurídicos, una auténtica bofetada a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Lo cual no impediría a cualquier ciudadano solicitar la información precisa sobre el mismo, su funcionamiento y su personal, dado que el artículo 17 de dicho texto legal otorga una legitimación activa prácticamente universal para tal solicitud.
Dicho sea todo lo anterior respetuosamente y en estricto ejercicio del animus iocandi.
EL CASO DE LA SILUETA FEMININA “ILEGAL”.
La polémica suscitada en Gijón a raíz de la denuncia tramitada por el Instituto Asturiano de la Mujer, relativa al cartel anunciador de una empresa de reprografía, cartel que muestra a una mujer de imponentes formas, vuelta de espalda y con tan solo ropa interior (cartel reproducido en los medios y que encabeza la presente entrada) reabre la eterna cuestión relativa a dónde se ubica la frontera entre el legítimo ejercicio de un derecho y el mero abuso quizá debido a la conjunción de varios factores que pueden ser o no simultáneos, tales como el deseo de ganarse un minuto de gloria, el exceso de ociosidad y en no pocas ocasiones, por qué no decirlo, la envidia malsana. Pero también creo que debe reabrir el debate sobre ese tipo de organismos o entes públicos cuya utilidad es más que dudosa y que, siendo conscientes de ello, no dudan en superar en alguna que otra ocasión las barreras de la ridiculez para intentar justificar su existencia, demostrando así que no hacen otra cosa que ejercer las prerrogativas que le han sido encomendadas.
En este caso ha sido el Instituto Asturiano de la Mujer, organismo creado por Decreto 61/1999 de 10 de agosto y cuya organización y funciones las desarrolla el Decreto 137/1999 de 16 de septiembre. Pues bien, ese organismo ha sido el encargado de efectuar esta actuación concreta, en relación a un cartel publicitario que, además da la circunstancia de que llevaba años ubicado en el lugar donde se sitúa. El dueño de la empresa anunciada manifiesta que no retirará dicha imagen, mientras que la directora del Instituto Asturiano de la Mujer argumenta que: “no es unan cuestión de gustos ni subjetiva, sino que incumple la ley”, añadiendo esta afirmación que no tiene desperdicio: “estamos inmersos en cosas que parecían normales, pero que ahora no lo son” (sic). En cuanto a la primera afirmación es ciertamente más que discutible, porque habría que determinar qué norma legal se está vulnerando y, si como parece indicar la responsable de dicho organismo, lo que se está incumpliendo es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la aseveración no deja de ser errónea, puesto que bastaría echar un vistazo a los numerosos carteles y anuncios televisivos donde aparecen gallardos mancebos en paños menores luciendo sus encantos masculinos sin que nadie haya cursado denuncia alguna porque los mismos sean ofensivos, indecentes o, lo que es más importante, ilícitos, por lo que no cabría sostener que la actuación en sí es discriminatoria, como tampoco puede sostenerse con un mínimo de rigor que el cartel anunciador mantenga, fomente o impulse una imagen denigratoria de la mujer. En cuanto a la segunda afirmación sí que es cierta, aunque cabe matizar que ello puede tener efectos positivos (por ejemplo, como el indicado en el artículo sobre la violencia ejercida sobre las mujeres normalmente en el ámbito familiar –hasta hace pocas fechas contemplada como algo privado- o la regulación jurídica de la incapacidad –hasta el año 1981 un tema que se delegaba en las propias familias) como negativos (la morosidad habitual antaño era objeto de reproche social, mientras que ahora poco menos que se llega a contemplar como algo no ya normal, sino incluso elogioso).
En su magnífica bitácora delajusticia.com, José Ramón Chaves abordó hace ya tiempo este problema, el de los organismos creados sin justificación alguna pero que, precisamente por ello, tienen que demostrar que son objetivamente necesarios y adecuados, y que su puesta en marcha no obedece al capricho de la autoridad política o al mero deseo de servir de cobijo a personas que carecen transitoriamente de lugar en otros órganos políticos o administrativos, sino que responden a una necesidad objetiva. Pues bien, en esta ocasión deseo solicitar a los amables lectores un ejercicio de imaginación y que compartan, animus iocandi, el ejercicio siguiente. Imaginen que en el seno del Gobierno del Principado de Asturias se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia. Imaginense, ya puestos, que su norma de creación tuviese el siguiente tenor literal:
Ley del Principado de Asturias 19234/2016 de 31 de septiembre por el que se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia.
La Constitución española proscribe en su artículo 14 toda discriminación basada en condiciones personales. Tanto el artículo 9.2 de la Constitución española como el artículo 9.d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establecen que los poderes públicos velarán especialmente por procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales que se integran sean reales y efectivas.
Sin duda alguna, es evidente que entre los grupos de personas tradicionalmente objeto de discriminación y tratamiento no sólo injusto, sino moralmente reprobable se encuentra el del sector de la población, mayoritariamente del género masculino pero también con ejemplos en el femenino, de quienes padecen esa lacra física que es la alopecia. Durante generaciones, los científicos han tratado de encontrar la solución a la caída del cabello, sin que hasta el momento la ciencia haya logrado ofrecer una respuesta al mismo. Pero, cuestiones científicas aparte, es un hecho objetivo que quienes sufren en sus carnes el doloroso problema de la pérdida de cabellos no sólo padecen una enfermedad, sino que son objeto de tratamiento burlesco tanto en los medios de comunicación social como en los ámbitos laboral y administrativo. Por ello, mediante el presente Decreto se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia para tratar de paliar una lacra social que precisa de un tratamiento jurídico no sólo paliativo, sino preventivo.
Artículo 1.- Se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia como órgano desconcentrado con nivel orgánico de Dirección General adscrito a la Consejería de la Presidencia.
Artículo 2.- Son fines del Instituto Asturiano de la Alopecia:
Las actividades relacionadas con las acciones y medidas necesarias para la hacer efectivo el principio de trato no discriminatorio a la población alopécica.
Impulsar y promover la participación de los alopécicos en todos los ámbitos.
Eliminar cualquier forma de discriminación o trato degradante a la población que sufre alopecia.
Artículo 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Asturiano de la Alopecia desarrollará las siguientes funciones:
Elaboración de programas integrales impulsando medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de los alopécicos.
Impulsar la revisión de las disposiciones de carácter general, actos administrativos y proyectos de ley para eliminar de ellos las discriminaciones por razones capilares, velando por la correcta igualdad de trato entre las personas con independencia del tamaño de su cabellera.
Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el acceso de los alopécicos a los puestos de trabajo de los que hayan sido excluidos por motivos estéticos. A tal efecto, se ejercitarán las acciones, tanto en el ámbito administrativo como laboral, para velar por el correcto cumplimiento del principio de no discriminación por razón de pelo.
Promover la ejecución de proyectos que incidan en una educación tendente a no discriminar ni contemplar de manera burlesca a los alopécicos.
Realizar, fomentar y divulgar estudios sobre la situación de los alopécicos asturianos, con el fin de que sirvan para orientar la elaboración de las políticas de igualdad y sensibilización de la sociedad hacia la situación de los alopécicos.
Velar por la difusión de una imagen de los alopécicos ajustada a su realidad.
Artículo 4.- Reglamentariamente se desarrollarán los aspectos orgánicos del Instituto Asturiano de la Alopecia así como los aspectos relativos a sus recursos humanos. En todo caso, será requisito indispensable para formar parte tanto de los órganos rectores como del personal adscrito al mismo acreditar la condición de alopécico.
Pues bien, imagínense que una norma legal con esa redacción se aprobara. Pues bien, estén seguros que no faltarían motivos para que dicho organismo comenzara a actuar y a emitir informes, requerimientos, citaciones, denuncias y similares. Y, si no, he aquí algunos ejemplos:
1.- ¿Por qué en las novelas de Agatha Chistie la señorita Marple aparece como una viejecita encantadora y sin embargo Hércules Poirot, célebre tanto por sus cualidades intelectuales como por su falta de cabello, sea caracterizado como una persona intratable?
2.- ¿Por qué se tiene como prototipo de galanes cinematográfico a personas como Cary Grant o David Niven y no a otros actores como, por ejemplo, Yul Brynner?
3.- En la serie de televisión Olmos y Robles, ¿Por qué el héroe de acción es una persona joven, alta, delgada, ágil, propensa al análisis y la acción directa mientras que el alopécico es presentado como alguien torpe y con dificultades para comunicarse?
4.- ¿Por qué existe una marca de atún que se denomina Calvo? ¿No es una auténtica ofensa a quienes sufren dicho problema?
5.- ¿No es una auténtica ofensa, por no decir una provocación en toda regla, que el líder de una de las formaciones políticas comparezca ostentando una larga cabellera? ¿No se ofende con ello a quienes no tienen esa posibilidad?
La presente entrada ha sido elaborada animus iocandi, como es manifiesto y evidente. Pero con ello se quiere incidir en un hecho fundamental: cuando un objetivo o fin legítimo se desvirtúa por el abuso o uso ilegítimo de las prerrogativas para matar moscas a cañonazos se corre el riesgo de caricaturizar un problema real. Y sobre todo, cuando para justificar su existencia un órgano administrativo ha de incurrir en actuaciones que desbordan con creces la frontera de lo ridículo, pues ello no evidencia otra cosa que lo superfluo del mismo.
EL ALMUERZO COMO INSTITUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO.
En el capítulo inicial de su libro Mis almuerzos con gente importante, don José María Pemán aborda in extenso una institución tan frecuente, indispensable y decisiva como desconocida en el derecho público. Esa institución no es otra que la del almuerzo. En efecto, en el capítulo inicial del libro, titulado significativamente Filosofía del almuerzo, el autor desarrolla las líneas maestras de su tesis: “He escrito alguna vez que el almuerzo es la institución de derecho público más vivaz y expresiva que se conserva en España […] los hombres de hoy han sacado la consecuencia de que el momento más propicio para los temas fundamentales políticos, mercantiles o administrativos, es el almuerzo. Porque está técnicamente demostrado que el personaje convidado a almorzar que viene de estar seis horas en su despacho gubernativo viene ya entregado y convertido en aprovechable chatarra. El ministro del almuerzo es la mitad del ministro del desayuno. Lo que queda de un cargo público a las tres de la tarde es como un gran deseo de complacer y decir que sí a todo para descansar una horita de siesta. El almuerzo produce benevolencia. Todos almuerzan con todos.”
Aunque el texto de José María Pemán evidentemente está redactado con un claro y evidente animus iocandi, un análisis más profundo revela que en modo alguno es desacertada la tesis expuesta en el párrafo indicado. Si omitimos las exageraciones plasmadas al albur de una evidente licencia humorística, podremos comprobar que, en efecto, el almuerzo es una institución clave del Derecho público, y no en vano muchas normas, actos administrativos y regulaciones de derecho público han sido engendradas no en una oscura covachuela, sino al albur de una buena mesa. Quien tenga la curiosidad de asomarse a la segunda parte del excelente libro Balada de la Justicia y la ley, donde el sin par Alejandro Nieto aborda la construcción de una industria farmacéutica en Sant Cugat del Vallés orillando e infringiendo todas las normativas urbanísticas habidas y por haber, comprobará que el ilustre catedrático viene a coincidir, sin citarlo, con Pemán, al indicar que las decisiones fundamentales en materia de urbanismo no se deciden en los despachos, sino en reuniones privadas, a lo que yo añado que con total seguridad aderezadas con abundantes viandas y regadas con un buen vino. Pero no es sólo en urbanismo, sino que hoy en día se ha extendido a todos los sectores del ordenamiento el arte de cohonestar de forma envidiable la satisfacción del interés público a la vez que se sacia el estómago particular con deliciosos manjares. ¿Quién no ha visto a representantes de deportistas entablar negociaciones con directivos no en despachos, sino en restaurantes, mesones o paradores? ¿Se va a negar que cuando determinadas posturas se enconan hasta hacerse irreconciliables, sin duda alguna la tensión del momento se esfumará simplemente convirtiendo a los negociantes en comensales?
Quizá el ejemplo más claro y palpable de la existencia del almuerzo como institución de derecho público nos la ofrece el procedimiento de elaboración del texto constitucional. Es conocido que las siete personas que elaboraron el anteproyecto del texto constitucional lo hicieron no en unos despachos oficiales, sino en el parador de Gredos, es de suponer que no ajenos a la buena comida y bebida que el lugar depara. Pero la consagración definitiva del almuerzo tiene lugar cuando la noche del 22 de mayo de 1978 tiene lugar en el restaurante José Luis una reunión entre una delegación de tres miembros de la Unión de Centro Democrático (encabezados por Rafael Arias Salgado) y cuatro del Partido Socialista Obrero Español (liderados por Alfonso Guerra) pactan nada menos que veinticinco artículos de la Constitución. Tan es así que el acuerdo a que llegaron ambas formaciones políticas ha pasado a la historia como “pacto del mantel”, e incluso la efeméride se conmemora en el lugar nada menos que con una placa ubicada en el local donde tuvo lugar tan gastronómico evento, y cuyo texto es el siguiente: “En este comedor se reunieron largas noches hasta la madrugada para conciliar sus diferencias los que después de compartir pan y vino dieron la luz la Constitución Española de 1978. En recuerdo de aquellas históricas veladas y en homenaje a los que honraron esta casa.” Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que lo de “pan y vino” no es más que una figura retórica, pues meridianamente claro es que la mesa que compartieron los siete diputados de las Cortes constituyentes sin duda alguna estaría bien abastecida.
Queda, pues, acreditada fehacientemente la importancia decisiva de esa institución, el almuerzo, tan desconocida e ignorada en las facultades de Derecho, en las Escuelas de Práctica Jurídica y en la jurisprudencia. Sirva la presente entrada como homenaje al autor que supo adentrarse en la importancia de la buena mesa: al insigne poeta gaditano, ensayista, dramaturgo, académico y hoy injustamente olvidado José María Pemán Pemartín, a quien en su patria chica han condenado a una injusta e injustificada damnatio memoriae por motivos radicalmente ajenos al mundo literario.

References: artículo 117

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