Source: http://conflictuslegum.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2018-09-19 11:00:56+00:00

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Conflictus Legum: 1/06/17 - 1/07/17
Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea (junio 2017)
Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 49, de día 30 de junio de 2017:
-Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Restricciones nacionales a la publicidad en Internet y Derecho de la Unión
El Derecho de la Unión limita de manera muy notable la posibilidad de los Estados miembros de establecer restricciones de amplio alcance a la publicidad a través de Internet, incluso cuando se trata de normas relativas a la publicidad de determinadas categorías de productos o servicios cuya publicidad no ha sido objeto de armonización. Junto a las libertades de circulación, en particular las relativas a servicios y mercancías, las Directivas sobre prácticas comerciales desleales y sobre comercio electrónico presentan especial importancia para valorar la situación.
-Joaquín GARCÍA MURCIA, Iván Antonio RODRÍGUEZ CARDO, Signos religiosos en la indumentaria de trabajo y principio de no discriminación: las primeras aportaciones del Tribunal de Justicia
El derecho de libertad religiosa colisiona en ocasiones con los derechos y deberes que surgen del contrato de trabajo. Por supuesto, el empleador está obligado a respetar las creencias de sus trabajadores, pero es posible que el trabajador solicite una adaptación de las reglas o las condiciones de trabajo para hacer compatible su credo con las obligaciones laborales. En particular, el derecho a la manifestación externa de las creencias religiosas, especialmente a través de la indumentaria, puede chocar con la pretensión empresarial de ofrecer una imagen corporativa determinada. El TJUE ha abordado esta problemática en relación con el velo islámico en un par de sentencias que aclaran el alcance de la Directiva 2000/78/CE y siguen con bastante fidelidad la doctrina del TEDH.
-José Luis MONEREO PÉREZ y Juan Antonio FERNÁNDEZ BERNAT, El pilar europeo de los derechos sociales: un mecanismo insuficiente para garantizar la dimensión social
-Elisa URIA GAVILÁN, El Tribunal General se declara incompetente para conocer de los recursos de anulación contra la Declaración de la Unión Europea y Turquía de 18 de marzo de 2016 (Autos del Tribunal General de 28 de febrero de 2017, asuntos T-192/16, NF; T-193/16, NG; T-257/16 NM)
El 28 de febrero de 2017, el Tribunal General dictó tres autos de inadmisión de los recursos interpuestos por tres solicitantes de asilo en Grecia con el objeto de solicitar la anulación de la Declaración Unión Europea y Turquía de 18 de marzo de 2016. Los demandantes – NF y NM son nacionales paquistaníes y NG es un ciudadano afgano – consideraban que tal Declaración constituía un acuerdo internacional que adolecía de vicios sustanciales de forma y vulneraba disposiciones sustantivas de Derecho de la Unión - entre ellas, la propia Carta de Derechos Fundamentales -. Plantearon un recurso de anulación, de conformidad con el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»). La clave de estos asuntos reside en determinar si tal Declaración es un acto atribuible al Consejo Europeo destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros, en el sentido del primer apartado del artículo 263 TFUE. El Tribunal General considera que la Declaración no es subsumible en esa definición, dado que ni el Consejo Europeo ni ninguna institución ni organismo de la Unión Europea son los autores de tal acto. Por esa razón, el Tribunal General declara su incompetencia para conocer del caso.
-José Ángel GÓMEZ REQUENA, Saturnina MORENO GONZÁLEZ, Los libros electrónicos y el tipo reducido de IVA desde la perspectiva de la neutralidad fiscal (STJUE de 7 de marzo de 2017, asunto C-390/15: RPO)
El objeto de este trabajo es analizar, al hilo del comentario de la sentencia RPO, la situación presente y futura de la fiscalidad indirecta de las compras online de e-books, mediante descarga o visionado en streaming. Mientras que los suministros electrónicos de libros digitales por medios de soportes físicos, como memorias flash o el propio papel, se benefician del tipo reducido de IVA, los suministros exclusivamente realizados vía electrónica se hallan excluidos. Por primera vez, el TJUE se pronuncia acerca de la compatibilidad de los arts. 98.2 y punto 6 del anexo III de la Directiva sobre el IVA con el principio de igualdad de trato del art. 20 de la Carta de Niza. Tras analizar las conexiones con el principio de neutralidad fiscal, el TJUE determina que existe justificación objetiva para el tratamiento fiscal diferencial aludido. En este trabajo analizamos críticamente este pronunciamiento y lo ponemos en conexión con la reciente propuesta de reforma de estos preceptos presentada por la Comisión.
Etiquetas: Bibliografía, D.Persona, D.Público, Extranjería, Fiscalidad, Internet, UE
-Corrección de errores de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.
Nota: Véase la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, así como la entrada de este blog del día 20.12.2011.
-Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.
Nota: De acuerdo con su art. 1, esta norma regula los siguientes temas relacionados con el Derecho de sociedades:
— la coordinación, para hacerlas equivalentes, de las garantías que, para proteger los intereses de socios y terceros, se exigen en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado, en lo relativo a la constitución de sociedades anónimas, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital,
— la coordinación, para hacerlas equivalentes, de las garantías que, para proteger los intereses de socios y terceros, se exigen en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado, en lo relativo a la publicidad, a la validez de las obligaciones contraídas por las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada, y a la nulidad de dichas sociedades,
— los requisitos de publicidad en relación con las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sujetas a la normativa de otro Estado,
— las fusiones de sociedades anónimas,
— las fusiones transfronterizas de sociedades de capital,
— la escisión de sociedades anónimas.
Se derogan las siguientes Directiva:
-Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas.
-Undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado Miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado.
-Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
-Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros.
-Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas.
-Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital.
[DOUE L169, de 30.6.2017]
Nota: Como indica su título, mediante el presente acto se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (véase la entrada de este blog del día 19.12.2012).
[DOUE C206, de 30.6.2017]
(121º Pleno, 8-9 de febrero de 2017)
-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la migración.
-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — «Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo — Paquete II y un Marco de Reasentamiento de la Unión».
-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Derechos de autor en el mercado único digital.
[DOUE C207, de 30.6.2017]
-Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión.
Nota: La UE y sus Estados miembros se han propuesto lograr una vida digna para todos, que concilie la prosperidad y la eficiencia económica, unas sociedades pacíficas, la integración social y la responsabilidad medioambiental. Para ello hay que orientar los esfuerzos hacia la erradicación de la pobreza, la reducción de las vulnerabilidades y la lucha contra las desigualdades, a fin de garantizar que nadie sea dejado atrás. Con su contribución al logro de los objetivos de la Agenda 2030, la UE y sus Estados miembros promoverán también una Europa más fuerte y sostenible, integradora, segura y próspera.
El consenso europeo sobre desarrollo enmarca la aplicación de la Agenda 2030 en una asociación con todos los países en desarrollo y tiene debidamente en cuenta el marco que proporciona el Tratado de Lisboa. Además, la estrategia global de la UE para la política exterior y de seguridad brinda una visión general de un compromiso común, creíble y con capacidad de respuesta en el mundo. El objetivo de este consenso es proporcionar el marco de un planteamiento común en el que se inscriba la política de desarrollo que aplicarán las instituciones de la UE y los Estados miembros, respetando al mismo tiempo las distintas funciones y competencia de cada uno. Guiará la acción de las instituciones de la UE y de los Estados miembros en su cooperación con todos los países en desarrollo. Las acciones de la UE y sus Estados miembros se reforzarán y coordinarán mutuamente para garantizar su complementariedad e impacto.
[DOUE C210, de 30.6.2017]
Etiquetas: D.Comercio Internacional, D.Competencia, D.Obligaciones, D.Sociedades/P.Jurídicas, DOUE, Extranjería, IP, UE
Nota: Véase el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo,así como la entrada de este blog del día 27.5.2017.
[BOE n. 155, de 30.6.2017]
Etiquetas: BOE, Cortes Generales, D.Competencia, D.Obligaciones, Extranjería
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (29.6.2017)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 29 de junio de 2017, en el asunto C‑579/15 (Popławski): Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Motivos de no ejecución facultativa — Artículo 4, punto 6 — Compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena de conformidad con su Derecho interno — Aplicación — Obligación de interpretación conforme.
3) El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a un Estado miembro a denegar la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto de una sentencia firme de condena a una pena privativa de libertad por el único motivo de que dicho Estado miembro pretenda incoar contra dicha persona acciones penales sobre los mismos hechos sobre los que se dictó la sentencia."
Publicado por Federico Garau a las 15:55:00 No hay comentarios:
BOE de 29.6.2017 - La Ley del Registro Civil entrará en vigor el 30.6.2018 (de momento)
Nota: Mediante este texto legal se procede a la modificación, en primer lugar de los arts. 56 y 58.5 del CCiv, que habían sido modificados por la DF 1ª, apartado nueve, y por la DF 4ª, apartado uno, de la La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; los preceptos que ahora se modifican, todavía no había entrado en vigor. La finalidad de esta modificación es, según la exposición de motivos, favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad, evitando cualquier sombra de duda sobre su capacidad para contraer matrimonio.
Se refuerza la protección de las personas con discapacidad al establecer que el Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por los contrayentes. Esta previsión pretende dar cobertura plena a las exigencias previstas en los arts. 12.3 y 23.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Únicamente en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a aquellas medidas de apoyo, es cuando se recabará un dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
Además, esta ley modifica la DF 4ª, apartado doce, de la LJV, que, a su vez, modifica la DF 10ª de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, relativa a la entrada en vigor de esta última norma:
La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2018, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Es decir, mañana entrarán en vigor los arts. 49.2 y 53 de la Ley 20/2011, referidos al orden de los apellidos.
Igualmente se modifican los puntos 3, 4 y 5 de la DF 21ª de la LJV, referida a su entrada en vigor:
"3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
4. Las modificaciones del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre; las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; y las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
5. Las disposiciones de la sección 1.ª del capítulo II del título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil."
Véase la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (véase la entrada de este blog del día 23.1.2017).
Sobre el tema, véanse las entradas de este blog del día 5.6.2017, del día 7.6.2017 y del día 21.6.2017.
[BOE n. 154, de 29.6.2017]
Etiquetas: BOE, D.Familia, D.Interregional, D.Persona, DGRN, DPCI, Forma, Jurisdicción voluntaria, Nacionalidad
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 28 de junio de 2017, en el asunto C‑436/16 (Leventis y Vafias): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 23 — Cláusula atributiva de competencia — Cláusula de prórroga de competencia que figura en un contrato celebrado entre dos sociedades — Acción indemnizatoria — Responsabilidad solidaria de los representantes de una de estas sociedades por actos delictuales — Posibilidad de que dichos representantes invoquen esa cláusula.
Fallo del Tribunal: "El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato celebrado entre dos sociedades no puede ser invocada por los representantes de una de ellas a fin de negar la competencia de un tribunal para conocer de una demanda de indemnización en la que se solicite que se declare la responsabilidad solidaria de dichos representantes por actos supuestamente delictuales realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones."
Hoy empieza a aplicarse el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), que sustituye al Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (a partir de ahora, las referencias a este Reglamento se entenderán hechas al nuevo Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias del anexo D del Reglamento del año 2015).
Según la nota de prensa publicada por la Comisión, las principales características de la nueva norma son las siguientes:
Ámbito de aplicación más amplio: se aplica a un conjunto más amplio de procedimientos nacionales de reestructuración. Algunos procedimientos de reestructuración nacionales modernos y eficientes no estaban regulados por el antiguo conjunto de normas, y en consecuencia no podían utilizarse en casos transfronterizos. Ahora será posible utilizar los modernos procedimientos de reestructuración nacionales para rescatar empresas o recuperar dinero de deudores de otros países de la UE.
Mayor seguridad jurídica y salvaguardias contra el turismo concursal: si un deudor se traslada poco antes de tramitar el procedimiento de insolvencia, el tribunal tendrá que analizar minuciosamente todas las circunstancias del caso para comprobar si el traslado es genuino o se trata con él de aprovechar unas normas concursales menos severas.
Aumento de las oportunidades de rescatar a las empresas: se evitan los "procedimientos secundarios" (procedimientos iniciados por los tribunales en un país de la UE que no es el del domicilio social la empresa). Esto hará más fácil la reestructuración de las empresas en un contexto transfronterizo. Al mismo tiempo, las normas proporcionan también salvaguardias que protegen los intereses de los acreedores locales.
Procedimientos de insolvencia de grupo: se introduce un marco para los procedimientos de insolvencia de grupo, que aumentará la eficiencia de los procedimientos de insolvencia en los que estén implicados diferentes miembros de un grupo de empresas. Paralelamente, se aumentan las probabilidades de rescatar al grupo en su conjunto.
Vinculación de los registros de insolvencia: se prevé que para el verano de 2019 estén interconectados en toda la UE los registros nacionales de insolvencia electrónicos. Ello permitirá obtener más fácilmente información sobre los procedimientos de insolvencia en otros países de la UE.
Con anterioridad al día de hoy se ha publicado una corrección de errores del texto original, para subsanar el que viene siendo un clásico error en la fórmula de la fecha de aplicación: "Lo dispuesto en el presente Reglamento se aplicará únicamente a los procedimientos de insolvencia que se abran a partir del 26 de junio de 2017" (art. 84.1). También ha sido objeto de una modificación de sus anexos y de una disposición complementaria sobre los formularios que se mencionan en el texto. De este modo, cabe mencionar el Reglamento (UE) 2017/353 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, así como el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia.
Véanse las entradas de este blog del día 5.6.2015, del día 21.12.2016, del día 3.3.2017 y del día 22.6.2017.
Véase igualmente la nota de prensa de la Comisión.
Publicado por Federico Garau a las 15:57:00 No hay comentarios:
Etiquetas: DPCI, Insolvencia, Ley aplicable, Reglamento Insolvencia
-Asunto C-106/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) el 28 de febrero de 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.
Cuestiones planteadas: "¿Debe interpretarse la remisión del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento en el sentido de que una persona física que, entre otras, desarrolla una actividad empresarial en el ámbito del ejercicio de acciones de resarcimiento por daños contra compañías aseguradoras, invocando la adquisición mediante contrato de un derecho del perjudicado directo, puede demandar en virtud de ese derecho al asegurador por responsabilidad civil del causante de un accidente de circulación, domiciliado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que reside el perjudicado, ante un tribunal del Estado miembro en que reside dicho perjudicado?
-Asunto C-180/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 7 de abril de 2017 — X, Y/Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie.
2) ¿Debe interpretarse el artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con los artículos 4, 18, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, si el Derecho nacional prevé un recurso de apelación en procedimientos sobre la desestimación de una solicitud de concesión de protección internacional, el Derecho de la Unión obliga a que dicho recurso de apelación tenga automáticamente efecto suspensivo? Dicho con otras palabras, ¿deberá en tal caso suspenderse la expulsión del solicitante durante el plazo para la interposición de un recurso de apelación o, si ya se ha interpuesto tal recurso, hasta que se haya resuelto el mismo, sin que dicho solicitante tenga que presentar a tal fin una solicitud específica?
3) Para que exista un efecto suspensivo automático en el sentido antes expuesto, ¿resulta pertinente que la solicitud de protección internacional, que dio lugar a los procedimientos de recurso y, a continuación, de apelación, haya sido desestimada por uno de los motivos mencionados en el artículo 46, apartado 6, de la Directiva 2013/32/UE? ¿O bien se aplica esta exigencia a todas las clases de decisiones sobre solicitudes de asilo mencionadas en dicha Directiva?"
[DOUE C202, de 26.6.2017]
Nota: Este convenio entrará en vigor el 12 de julio de 2017.
[BOE n. 151, de 26.6.2017]
-European Public Law: 2017, núm. 2.
-Revista de Derecho Mercantil: núm. 304 (2017).
-Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale: 2016, núm. 4.
SEGUNDO CONGRESO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: LEY 544-14 Y NUEVAS TENDENCIAS
SESIÓN PRIMERA: Acto Inaugural y Puesta en Circulación del Libro "Derecho Internacional Privado Dominicano"
7:00 p.m. - 9:30 p.m. [Auditorio FUNGLODE, c/ Capitán Eugenio de Marchena 26, La Esperilla]
Inauguración y Puesta en Circulación
Marcos Villaman, Rector del IGLOBAL.
Marco Herrera, Director Ejecutivo de FUNGLODE.
Servio Tulio Castaño, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
Mag. Edynson Alarcón, Juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada & Secretario General del Instituto Hispano- Luso de Derecho Internacional (IHLADI).
Nathanael Concepción, Director OPD-FUNGLODE.
SESIÓN SEGUNDA: Competencia Judicial Internacional de los Tribunales Dominicanos (Parte I)
9:00 a.m. - 10:00 a.m. [Auditorio FUNGLODE, c/ Capitán Eugenio de Marchena 26, La Esperilla]
Moderador: Víctor Villanueva, Vicerrector académico del IGLOBAL
Conferencia Magistral: "El Derecho Internacional Privado y las nuevas tendencias", José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.
10:00 a.m. - 10:30 a.m.: Aplicación por los tribunales nacionales de la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, Mag. Edynson Alarcón, Juez Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
10:30 a.m. - 10:45 a.m.: Sesión de preguntas y respuestas
10:45 a.m. - 11:00 a.m.: Coffee Break
11:00 a.m. - 12:00 p.m.:
Moderador: Marcos Peña, Despacho Jurídico Jiménez Cruz Peña (JCP)
Derogatio Forum y la Ley 173-66 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos
Wanda Perdomo, Despacho Jurídico Biaggi & Messina.
Carolina Soto, Despacho Jurídico Squire Patton Boggs.
12:00 p.m. - 12:15 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
12:15 p.m. - 2:00 p.m.: Almuerzo
SESIÓN TERCERA: Competencia Judicial Internacional de los Tribunales Dominicanos (Parte II)
2:00 p.m. 2:40 p.m. [Auditorio FUNGLODE, c/ Capitán Eugenio de Marchena 26, La Esperilla]
Moderador: Juan Miguel Castillo Pantaleón Miembro Asociado del IHLADI
El foro de pluralidad de demandados y su relación con otros foros de competencia judicial internacional, Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada.
2:40 p.m. - 3:00 p.m.: Reforma al sistema chileno de Derecho Internacional Privado y el modelo dominicano, Eduardo Picand Albónico, Despacho Jurídico Picand & Ríos Abogados, Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado (ADIPRI) y Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Chile
3:00 p.m. - 3:15 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
3:15 p.m. - 3:30 p.m.: Coffee Break
3:30 p.m. - 4:15 p.m.:
Moderador: Mag. Samuel Arias, Juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional & Director del Departamento de Derecho de la PUCMMCSTA.
Forum non conveniens Como nueva excepción declinatoria en el derecho dominicano, Nelson Jáquez, Despacho Jurídico DMK - Central Law.
Forum non conveniens en el Derecho internacional privado mexicano, Alejandro Mier, Despacho Jurídico mexicano Talayero & Mier Abogados S.A.
4:15 p.m. - 4:30 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
4:30 p.m. - 5:15 p.m.:
Moderador: Harold Modesto, Director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD)
Conferencia Magistral: "De los conflictos de leyes derivados del estatuto personal de los panameños en el nuevo Código de Derecho Internacional Privado", Gilbert Boutin, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Panamá y Autor de la Ley Panameña de Derecho Internacional Privado.
5:15 p.m. - 5:30 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas.
SESIÓN CUARTA: Derecho Aplicable y Reconocimiento - Ejecución de Sentencias (Parte I)
9:00 a.m. - 9:45 a.m. [Auditorio FUNGLODE, c/ Capitán Eugenio de Marchena 26, La Esperilla]
Moderadora: Mary Fernández, Despacho Jurídico Headrick, Rizik, Álvarez & Fernández
Conferencia Magistral: "Contratación Internacional entre Universalización y Particularismos", Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada y Secretario General del Instituto HispanoLuso de Derecho Internacional (IHLADI).
9:45 a.m. - 10:00 a.m.: Aplicación del derecho extranjero por los tribunales mexicanos, Carlos E. Odriozola, Despacho Jurídico mexicano Odriozola SC & Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP).
10-00 a.m. - 10:45 a.m.: ¿Procede el Recurso de Casación para controlar la aplicación derecho extranjero?, Fabiola Medina, Despacho Jurídico Medina Garrigó.
Amanda Furcal, CEMEX Dominicana.
José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.
10:45 a.m. - 11:00 a.m.: Sesión de preguntas y respuestas
11:00 a.m. - 11:15 p.m.: Coffee Break
11:15 a.m. - 12:15 p.m.:
Moderador: Julio Rojas, Tribunal Constitucional Dominicano
La propuesta del Código Civil y su relación con la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, Mag. Víctor Joaquín Castellanos, Juez del Tribunal Constitucional Dominicano.
Pascal Peña, Despacho Jurídico Alies Pascal.
Sagrario Cochón, UNIBE.
Gabriela Cid, PUCMM - Santiago.
12:15 p.m. - 12:30 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
12:30 p.m. - 2:00 p.m.: Almuerzo
SESIÓN QUINTA: Derecho Aplicable y Reconocimiento - Ejecución de Sentencias (Parte II) Inmunidad del Estado
Moderador: Mag. Justiniano Montero, Director General de Carrera Judicial del Poder Judicial
Sentencias extranjeras y embargo retentivo, Lucas Guzmán,
Despacho Jurídico OMG.
Napoleón Estévez, Despacho Jurídico STAFF Legal.
Yoaldo Hernández, Juez del Tribunal Superior de Tierras.
Inmunidad de jurisdicción en la ejecución de sentencias y laudos extranjeros condenatorios de entes estatales, Hernando Díaz Candía, Arbitro nacional e internacional, Socio del Despacho Jurídico WDA Legal, S.C. y Profesor de la Universidad Central de Venezuela
3:00 p. - 3:15 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
SESIÓN SEXTA: Examen comparativo de los sistemas estatales
Moderadora: Delmira Fernández, Gerente Legal de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago
El Desarrollo del Derecho Internacional Privado en Centroamérica y la conveniencia de una Ley Modelo para la Región, Elizabeth Villalta, Miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y Directora del General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Internacionales del Salvador.
El Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado en México, Juan Carlos Guerrero, Despacho Jurídico Mexicano Rendón, Guerrero & Asociados y Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.
3:45 p.m. - 3:55 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
3:55 p.m. - 4:10 p.m.: Coffee Break
4:10 p.m. - 4:40 p.m.:
Moderador: Rosa Campillo, Socia de Russin Vechi Heredia Bonetti & Miembro del IHLADI
El Derecho Internacional Privado Colombiano y su eventual reforma, Francisco Javier Ricaurte Gómez, Ex Presidente Suprema Corte de Colombia y Ex Consejero del Poder Judicial.
La nacionalidad y el domicilio como puntos de conexión en el Derecho Internacional Privado: un estudio comparado de las legislaciones de República Dominicana, Ecuador y Venezuela, Sorily Carolina Figuera Vargas, Profesora de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
4:4 p.m. - 5:00 p.m.: Sesión de preguntas y respuestas
SESIÓN SÉPTIMA: Acto de Clausura
5:00 p.m. - 6:00p.m. [Auditorio FUNGLODE, c/ Capitán Eugenio de Marchena 26, La Esperilla]
Víctor Villanueva, Vicerrector Académico del IGLOBAL.
Nathanael Concepción, Director del OPD-FUNGLODE.
Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 30 de octubre de 2014.
Nota: Este Convenio entró en vigor el 30 de octubre de 2015, es decir, nada más y nada menos que hace casi 20 meses (!!!). ¡Y nosotros sin enterarnos!
[BOE n. 150, de 24.6.2017]
El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de las enmiendas a los Anexos I y II al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009 por Decisión 2009/2 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 48-1, de 23.6.2017).
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la nueva base jurídica del Sistema de Información de Schengen.
Nota: El conjunto de medidas legislativas se compone de tres proyectos de reglamentos relativos a la cooperación policial y judicial, los controles fronterizos y los retornos. Esas propuestas tienen como objetivo principal garantizar un mejor apoyo a las políticas de lucha antiterrorista y retorno de la UE, armonizar los procedimientos nacionales en lo que respecta al uso del SIS y mejorar la seguridad del sistema.
El SEPD recibe con agrado la atención prestada a la protección de datos en las propuestas y la consistencia con otros actos jurídicos relativos a la protección de datos. Considera que la introducción de nuevas categorías de datos, entre las que se incluyen nuevos identificadores biométricos, plantea la cuestión de la necesidad y proporcionalidad de los cambios propuestos. Por esta razón, las propuestas deberían complementarse con la evaluación del impacto en el derecho a la protección de datos y el derecho a la intimidad, ambos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Asimismo, el aumento del número de autoridades con acceso a los sistemas aumenta la preocupación respecto a la responsabilidad final y a la obligación de rendir cuentas por el tratamiento de datos personales por parte de diferentes agentes. Las propuestas deberían especificar más claramente en algunos casos los derechos de acceso a diferentes tipos de alertas en el SIS. A este respecto, se debería prestar más atención al reparto de roles, responsabilidades y derechos de acceso de los distintos usuarios que pueden acceder al sistema. Finalmente, solicita una mejor justificación de la extensión del período de alertas sobre conservación de datos a los ciudadanos y propone una serie de recomendaciones adicionales para seguir mejorando las propuestas.
Véase los documentos:
COM(2016) 881 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
COM(2016) 882 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006.
COM(2016) 883 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión.
[DOUE C200, de 23.6.2017]
Etiquetas: D.Persona, DOUE, Extranjería, SEPD
Corrección de errores de la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.
Nota: Véase la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana, de 7 de abril, así como la entrada de este blog del día 11.5.2017.
[BOE n. 149, de 23.6.2017]
Etiquetas: BOE, D.Persona, Extranjería
Nueva fecha para la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil
Ha finalizado su paso por el Senado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria y el texto vuelve ahora al Congreso con importantes modificaciones en relación con la modificación de la DF 10ª de la Ley 20/2011 del Registro civil, en su última redacción dada por el art. 2.10 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, en la que se establece que "la presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017". En principio, la enmienda núm. 9, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, proponía que la Ley 20/2011 entrara en vigor el 30 de junio de 2019 (véase la entrada de este blog del día 5.6.2017).Sin embargo, el texto del Informe de la Ponencia aprobado por la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad propuso como fecha de entrada en vigor la del 30 de junio de 2018 (véase la entrada de este blog del día 7.6.2017).
En el Pleno del Senado iniciado día 13 de junio se aprobó el Dictamen de la Comisión, dejando finalmente como fecha de entrada en vigor el 30 de junio de 2018, excepto los arts. 49.2 y 53 de la Ley 20/2011, referidos al orden de los apellidos, que lo harán el día 30 de junio de 2017. Veamos cómo ha quedado la DA 10ª de la Ley 20/2011:
"La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2018, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Además, se ha procedido a dar nueva redacción a los núms. 3, 4 y 5 de la DF 21ª (entrada en vigor) de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que pasan a tener el siguiente contenido:
"3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
4. Las modificaciones del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre; las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; y las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
5. Las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil."
Para concluir, se ha modificado la DF única de la proposición de ley, que pasa a tener el siguiente contenido:
"La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»."
Véase el texto de la enmiendas del Senado mediante mensaje motivado.
Publicado por Federico Garau a las 13:23:00 1 comentario:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.6.2017)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de junio de 2017, en el asunto C‑9/16 (A): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 562/2006 — Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) — Artículos 20 y 21 — Cruce de las fronteras interiores — Inspecciones dentro del territorio — Normativa nacional que autoriza la realización de controles para identificar a las personas interceptadas en una zona de 30 kilómetros desde la frontera común con otros Estados parte en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Posibilidad de realizar el control con independencia del comportamiento de la persona de que se trate o de la existencia de circunstancias específicas — Normativa nacional que permite determinadas medidas de control de personas en el recinto de las estaciones ferroviarias.
"1) El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los servicios de policía del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados miembros parte del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinados delitos contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, salvo que tal normativa establezca la necesaria delimitación de esta competencia que garantice que el ejercicio en la práctica de ésta no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2) El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento n.º 562/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.º 610/2013, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que los servicios de policía del Estado miembro de que se trata efectúen, a bordo de los trenes o en el recinto de las instalaciones ferroviarias de ese Estado miembro, controles de identidad de cualquier persona o de los documentos que permiten cruzar la frontera, y puedan dar el alto e interrogar a cualquier persona a tal fin, cuando esos controles se basan en el conocimiento de la situación o en la experiencia de la policía fronteriza, siempre que el ejercicio de tales controles quede sujeto en el Derecho nacional a precisiones y limitaciones que determinen la intensidad, la frecuencia y el carácter selectivo de tales controles, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 21 de junio de 2017, en el asunto C‑449/16 (Martínez Silva): Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Prestaciones familiares — Directiva 2011/98/UE — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de trato — Nacionales de terceros países titulares de un permiso único.
Fallo del Tribunal: "El artículo 12 de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual el nacional de un tercer país que sea titular de un permiso único, en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, no puede percibir una prestación como el subsidio para familias nucleares con al menos tres hijos menores, instaurado mediante la legge n. 448 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Ley n.º 448, Disposiciones en materia de finanzas públicas para la estabilización y el desarrollo), de 23 de diciembre de 1998."
Publicado por Federico Garau a las 12:41:00 No hay comentarios:
Etiquetas: D.Público, Extranjería, Jurisprudencia, TJUE
Jurisprudencia - La situación de estancia por estudios no a derecho a la prestación por desempleo
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, Sección 1, Sentencia de 27 Septiembre 2016, Rec. 1689/2016: Estancia por estudios para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud de extranjeros extracomunitarios. No da derecho a percibir prestación por desempleo. Situación de estancia por estudios que no es equivalente a la permanencia o residencia legal. Tanto la LGSS, como la LO 4/2000 y el Reglamento que lo desarrolla, no permiten entender que la mera estancia para estudios es suficiente para adquirir el derecho a la prestación por desempleo.
Ponente: Martín Morillo, Jesús María.
Nº de Recurso: 1689/2016
Iustel - Diario Del Derecho, 21 junio 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STSJ AS 2743/2016 - ECLI: ES:TSJAS:2016:2743]
Publicado por Federico Garau a las 11:25:00 No hay comentarios:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.6.2016)
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 20 de junio de 2017, en el asunto C‑670/16 (Mengesteab): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden, Alemania)] Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia — Interpretación del Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Peticiones de toma a cargo previstas en el artículo 21, apartado 1 — Plazos para formular una petición de toma a cargo — Momento de presentación de una solicitud de protección internacional con arreglo al artículo 20, apartado 2 — Momento inicial del cómputo del plazo previsto en el artículo 21, apartado 1 — Posibilidad de que el derecho de recurso o de revisión de una decisión de traslado con arreglo al artículo 27, apartado 1, sea también aplicable a los casos de incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 21, apartado 1.
"1) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, en relación con el considerando 19 del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que a un solicitante de protección internacional le asiste el derecho a recurrir o solicitar la revisión de una decisión de traslado adoptada como resultado de una petición de toma a cargo cuando el Estado miembro requirente haya presentado tal petición incumpliendo el plazo establecido en el artículo 21, apartado 1, del antedicho Reglamento.
2) En tales circunstancias, carece de relevancia la cuestión de si el Estado miembro requerido acepta la petición de toma a cargo. La misma situación se produce cuando el Estado miembro requerido se convierte en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional en virtud del artículo 22, apartado 7, del Reglamento n.º 604/2013.
3) No ha lugar a responder a la tercera cuestión prejudicial.
4) El plazo de tres meses previsto en el párrafo primero del artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 constituye el plazo general en el que deben presentarse las peticiones de toma a cargo. El plazo inferior de dos meses previsto en el párrafo segundo del artículo 21, apartado 1, se aplica en los casos en que una comparación de las impresiones dactilares obtenidas con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento Eurodac da lugar a una respuesta positiva en el sentido de los artículos 2, letra d), y 14, apartado 1, de dicho Reglamento. El período de dos meses no se añade al plazo general de tres meses, por lo que no puede comenzar después de que el período previsto en el párrafo primero del artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 haya expirado.
5) Una solicitud de protección internacional se considerará presentada en el sentido del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.º 604/2013 cuando el formulario o el acta llegue a las autoridades competentes que hayan sido designadas para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros previstas en el artículo 35, apartado 1, de dicho Reglamento. A este respecto: 1) un certificado de registro como solicitante de asilo no es ni un formulario ni un acta; 2) la autoridad competente designada es la responsable de la recepción de una solicitud de protección internacional que se ha presentado en el Estado miembro de que se trate, y 3) se considerará que la solicitud ha llegado a la autoridad competente con arreglo a las normas nacionales que apliquen las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.
6) Una demora entre la expedición de un certificado de registro como solicitante de protección internacional y la presentación de una petición de toma a cargo no puede tener como consecuencia que se obligue al Estado miembro requirente a ejercer la facultad discrecional contemplada en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013.
7) No ha lugar a responder a la séptima cuestión prejudicial.
8) Aunque la petición de toma a cargo contemplada en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 debe efectuarse en un formulario como el establecido en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1560/2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, no es necesario que los Estados miembros consignen en él la fecha de la primera petición informal de protección internacional ni la fecha de expedición del certificado de registro como solicitante de protección internacional."
Studio del Parlamento inglese su responsabilità di proteggere e intervento umanitario – House of Commons on R2P and Humanitarian Intervention
BOE (1696)
D.Familia (771)
D.Obligaciones (1818)
D.Penal (762)
D.Persona (652)
D.Sociedades/P.Jurídicas (878)
Documentos (211)
DOUE (1477)
DPCI (1451)
DPPI (761)
Europarlamento (142)
Extranjería (2167)
Fiscalidad (822)
Fuentes (145)
IP (650)
Jurisprudencia (1526)
Mediación (66)
Reglamento Bruselas II (164)
Reglamento PME (50)
TJUE (986)

References: artículo 263
 artículo 263
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 48
 artículo 54
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 23
 artículo 23
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 67
 artículo 67
 Artículo 3
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 27
 artículo 21
 artículo 27
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 35
 artículo 17
 artículo 21