Source: http://psicolog.org/a-la-sala-segunda-del-tribunal-supremo.html?page=6
Timestamp: 2020-03-31 20:20:09+00:00

Document:
MOTIVO PRIMERO - A la sala segunda del tribunal supremo
MOTIVOS SEGUNDO Y TERCERO
Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alega infracción de ley por no ser los hechos probados constitutivos del delito de suministro de sustancias explosivas por el que ha sido condenado.
Alega el motivo que los hechos probados no constituyen delito, por cuanto los recogidos en la sentencia al folio 195 (punto 5.1 de los hechos probados), no contienen materia delictiva.
“Pasadas las 15:30 horas del 23 de enero de 2004 SUÁREZ TRASHORRAS estaba tomando unas copas con Iván GRANADOS PEÑA y le pidió prestado su teléfono móvil. Con él llamó a Jamal Ahmidan, alias el Chino al número 665 04 06 05, y le preguntó: ¿eso qué, para cuando?. A continuación, desde el mismo teléfono propiedad de GRANADOS, el 619 53 57 64, envió un mensaje de texto a Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, alías Rulo, al número 679 87 56 65 y quedó con él en el mirador de Tineo, hacia donde se dirigió en su coche en compañía de Iván GRANADOS PEÑA.
Una vez allí, SUÁREZ TRASHORRAS se dirigió hacia la presa junto a Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, alías Rulo mientras que Iván GRANADOS PEÑA se quedó en el coche. Pasados unos cuarenta y cinco minutos SUÁREZ TRASHORRAS volvió y junto con Iván GRANADOS PEÑA inició el viaje de regreso a Avilés. Durante el viaje SUÁREZ TRASHORRAS propuso a Iván GRANADOS PEÑA que llevará a Madrid una bolsa con explosivos, a lo que éste se negó, por lo que le hizo la misma propuesta a Gabriel Montoya Vidal quien aceptó e hizo el viaje en la línea de autobuses ALSA a finales de enero o primeros de febrero de 2004.
Montoya, una vez en Madrid siguió las instrucciones de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS y se dirigió al bar Virrey desde donde llamó al teléfono 665 04 06 05 de Jamal Ahmidan, identificándose como “el asturiano”. Media hora después recibió una llamada de el Chino diciéndole que cruzara la calle, pues tenía el coche, un Opel Astra de color oscuro, aparcado en doble fila. Así lo hizo y le entregó la bolsa con los explosivos. Seguidamente regresó a Asturias.
Al día siguiente, Iván GRANADOS PEÑA le dijo a Montoya Vidal que el explosivo que había transportado lo había cogido SUÁREZ TRASHORRAS de la mina en la que había trabajado, mientras él vigilaba”.
A la vista de los mismos se observa que falta reflejar, que bajaron Trashorras y el recurrente desde el Mirador de Tineo a la presa y volvieron con una bolsa de explosivos; Sin embargo hay que tener en cuenta que la sentencia es un todo, y que la misma ha dejado para la fundamentación jurídica la explicación de que hicieron en aquel lugar, y en concreto en que actividad delictiva participaba el ahora recurrente Raúl González.
En efecto en los fundamentos de derecho IV(13) la sentencia explicita claramente la actividad delictiva de Raúl González, así vemos:
El fundamento de derecho IV(13, pág. 664 de la sentencia ) dice: la falta de control sobre el explosivo y los detonadores en Mina Conchita esta sobradamente acreditada por la declaración... “En ese escenario de falta de control es donde se incordina la actividad imputada a Raúl González Pelaez, alias Rulo; “Suárez Trahorras bajó con Raúl González, alias Rulo, a una presa que se encontraba en las proximidades de la mina, y que le dijo Montoya que los explosivos los facilitaba “Rulo” y que según uno de los coimputados (folios 16.400 y ss) Suárez Trashorras le dijo que los explosivos los suministraba “Rulo”. Todo ello unido al hecho de que con Raúl se fue a por los explosivos, volviendo juntos tras lo cual le pregunto al coimputado Granados si hacia un transporte de explosivos a Madrid, que finalmente realizó Montoya Vidal, con lo que la sentencia llega a la conclusión de que Raúl González Peláez ese día 23 de Enero junto con Suárez Trashorras cogieron explosivos que tenían escondidos y que luego fueron trasladados a Madrid, además de otros explosivos facilitados en fechas diferentes.
Respecto de la integración de los hechos existentes en la fundamentación jurídica, por todas señalamos la sentencia del Tribunal Supremo 1108/2007 de 19 de noviembre de 2007 (Ponente Sr. Saavedra). Reiterados precedentes jurisprudenciales de esta Sala han consolidado el criterio según el cual la determinación del elemento subjetivo en los tipos penales ha de realizarse mediante un juicio de inferencia basado en los hechos objetivos y externos acreditados a partir de los medios de prueba practicados, de suerte que si la conclusión obtenida por el juzgador a partir del análisis de dichos elementos se ajusta a las reglas de la razón, de la lógica y de la experiencia, habrá de declararse la concurrencia del componente subjetivo del tipo (SSTS 535/2005 y 1229/2005). Asimismo es doctrina tradicional y mayoritaria de esta Sala la que permite la complementación del relato histórico que se describe en los hechos probados, con elementos o datos de naturaleza fáctica que se incorporan a la fundamentación jurídica al desarrollar argumentadamente el proceso de subsunción, considerando que las afirmaciones de hechos contenidas en los fundamentos jurídicos son complemento de los hechos probados, por lo que cualquiera que sea el capítulo de la sentencia en que se mencionen, tienen el carácter técnico de cuestiones de hecho (SSTS 63/2007 y 892/2007).
Integrados los hechos con los elementos de hecho existentes en los fundamentos jurídicos señalados hemos de concluir que aquellos quedan plenamente conformados, configurando una actividad típica subsumible en el artículo 568 del CP.
Todos los requisitos del artículo 568 del CP aparecen así recogidos por cuento existe de un lado la existencia de un tráfico de explosivos en cuya organización y como elemento principal figura el ahora recurrente Raúl González “alias Rulo”, por lo expuesto el motivo debe de ser DESESTIMADO.
A lo largo de ambos motivos se alega al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 5.4 LOPJ., la violación del principio de Presunción de Inocencia por cuanto la declaración de un coimputado, no cumple los requisitos para servir de prueba de cargo, y en otro caso carecería su valoración de razonabilidad lógica para fundamentar en la misma la enervación de la presunción de Inocencia, y por ende la condena del recurrente.
Comienza el recurrente diciendo que la declaración de coimputado no cumple los requisitos legales, pues en el juicio no ratificó sus declaraciones anteriores, y estas no fueron traídas al juicio mediante su lectura, impidiéndose la contradicción.
De otro lado alega que las declaraciones del coimputado obedecían a la intención de defenderse, no esta corroborada por datos externos, es un testimonio de referencia, y ha de ser razonable su valoración como prueba.
Nos dice la STC nº 233/2002, de 9 de diciembre, citada por la STC nº 25/2003, de 10 de febrero, “los pronunciamientos de este Tribunal sobre la incidencia en la presunción de inocencia de la declaración incriminatoria de los coimputados, cuando es prueba única, han quedado consolidados con los siguientes rasgos: a) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; b) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; c) la aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; d) se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración; y e) la valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso”. (STS de 13 de Junio del 2.003).
Nos oponemos a los motivos, La prueba de cargo fundamental contra Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ es la declaración de otro procesado, Iván GRANADOS PEÑA. En síntesis en la vista oral éste relató el viaje que hace el 23 de enero de 2004 hasta el mirador de Tineo con SUÁREZ TRASHORRAS, donde se encuentran con Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ con quien SUÁREZ se va carretera abajo, tardando unos cuarenta y cinco minutos en volver. Cuando regresan a Avilés, añade GRANADOS, SUÁREZ TRASHORRAS le propone que transporte una bolsa con explosivos a Madrid a lo que se niega.
En la fase de instrucción Iván GRANADOS PEÑA fue mucho más contundente respecto al encuentro en el mirador de Tineo. Asistido por el mismo letrado que le defendió en la vista oral, dijo que SUÁREZ TRASHORRAS bajó con Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, alias Rulo, al que dice conocer -f. 16388- a una presa que se encuentra en las proximidades de la mina -primer párrafo del f. 16392-. Añadió que SUÁREZ TRASHORRAS no le dijo de donde sacaba los explosivos, pero que Montoya le comentó que se los facilitaba "Rulo" -f. 16392 último párrafo-.
Esta declaración fue completada con otra -unida a los folios 16400 y ss.- en la que, asistido de otros letrados, afirmó que SUÁREZ TRASHORRAS le dijo a él que era Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, alías "Rulo" quien le suministraba los explosivos. Declaración posteriormente ratificada en el Juzgado, otra vez asistido del mismo letrado. En ella añade otros datos relevantes que están objetivamente contrastados.
Así, consta en el último párrafo del folio 16626 que antes de ir al mirador de Tineo SUÁREZ TRASHORRAS le pidió su teléfono móvil, el número 619 5357 64 y llamó a un ex-compañero suyo de la mina, un tal "Rulo" y le dijo si se podían ver en El Mirador (sic).
Está documentalmente acreditado que el teléfono 679 87 56 65, propiedad de Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, según admite él mismo, recibió un mensaje de texto -SMS- a las 15:44 horas del día 23 de enero de 2004 desde el de Iván Granados, justo después que desde el mismo teléfono se hiciera una llamada a Jamal Ahmidan, alias el Chino, número 665 04 06 05 (informe de conexiones telefónicas, folio 4451, e informe sobre tráfico telefónico folio 76065).
En cuanto al mensaje de texto, aparece documentado en el folio 58232, tomo 153.
Estas llamadas son consecutivas y, sin solución de continuidad, llevan al encuentro en el mirador de Tineo y a la proposición que hace SUÁREZ TRASHORRAS a Iván GRANADOS PEÑA para que transporte explosivos a Madrid, lo que finalmente hace Montoya Vidal, de lo que el Tribunal deduce, sin forzamiento alguno, que Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, es una de las personas que facilitan la dinamita a SUÁREZ TRASHORRAS.
La valoración de la prueba efectuada por la sentencia en el fundamento de derecho III (5.3/5.4) es racional y lógica, cuenta no solo con la declaración del coimputado, sino que las declaraciones del mismo se ven corroboradas al resultar comprobados algunos de los datos que en las mismas facilita, y por las declaraciones de otros coimputados que confirman datos periféricos de la declaración del coimputado por lo expuesto deben de ser igualmente desestimados.
Al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alega error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documentos que obran en autos y ponen de manifiesto la equivocación del juzgador.
El motivo pretende que se “declare probado que Raúl González dejo de trabajar en Mina Conchita el 7 de Diciembre de 2003, al ser trasladado a Mina Collado en donde estuvo destinado hasta la fecha de su detención el 17 de Junio 2004”.
El motivo cita documentos expedidos por el Administrador de ambas minas, propiedad de la misma sociedad “Caolines de Merilles, S.L”.
En relación con el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la sentencia del Tribunal Supremo de 24-3-2004 sostiene: "El error valorativo que autoriza este motivo casacional exige la concurrencia de ciertos requisitos reiteradamente señalados por esta Sala: a) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas; b) Que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones. Esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; c) Sin que el dato que el documento acredite se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. Y ello porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y d) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de Derecho que no tienen aptitud para modificarlo (Sentencias de 24 de enero de 1991; 22 de septiembre de 1992; 13 de mayo y 21 de noviembre de 1996; 11 de noviembre de 1997; 27 de abril y 19 de junio de 1998; 21 de enero y 13 de febrero de 2001, entre otras). En igual sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 8-2-2000 en consolidada línea jurisprudencial.
El hecho de que el recurrente en Enero de 2004 ya no trabajase en la mina no tiene virtualidad para modificar elementos de hecho relevantes cara al fallo de la sentencia, pues no es incompatible con la actividad del procesado recurrente de facilitar explosivos.
Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera infringido el art. 66, por falta de la adecuada motivación en la imposición de la pena; y vulneración del art. 66-6ª CP al haberse impuesto la pena en el máximo de la mitad superior.
Nos oponemos a los motivos, pues los mismos parten de un punto de vista equivocado, y es que estiman que ha sido condenado por un mero delito de tráfico de explosivo a titulo de simple colaborador como los condenados Iván Reis y Palacio.
Se equivoca, pues el fallo de la sentencia en su número 12 condena a estos últimos como autores de sendos delitos de transporte de explosivos, y en el nº 11 a Raúl González Peláez como autor responsable de un delito de suministro de explosivos a gran escala como especifica la sentencia en el fundamento de derecho V-3 (Pág. 709 de la sentencia). «Por último, los delitos de transporte de explosivos de los que responden Antonio Iván REIS PALICIO y Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ se castigan con el mínimo legal, pues sus autores no participan de las características antes enumeradas, siendo ajenos a que se trataba de tráfico a gran escala o de grandes cantidades, lo contrario que Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, alías "Rulo", al que por esta causa se le impone la pena en el máximo de la mitad inferior».
El Tribunal, atendida la extrema gravedad de los hechos, la mayor peligrosidad y lesividad del terrorismo yihadista, su carácter internacional con ramificaciones en múltiples países -como ha quedado acreditado en esta causa- su estructura multiforme y el carácter fungible de sus miembros, la delincuencia asociada a su actividad terrorista, así como el desprecio absoluto por la vida, la cultura y la forma de pensar de los que no comparten sus creencias, impone las penas por pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista en el máximo legal; esto es, 12 años de prisión para los integrantes y en 15 años al dirigente Hassan EL HASKI
Lo anterior nos lleva a que la pena tipo del articulo 568 del C.P. por el que es condenado el ahora recurrente es de 4 a 8 años y al no concurrir circunstancias modificativas conforme al art. 66.6ª. “aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente(en el presente caso no concurre ninguna circunstancia que afecte a la personalidad del recurrente) y a la mayor o menor gravedad del hecho“. Como hemos visto la sentencia ha valorado la enorme gravedad de los hechos y en virtud de ese posicionamiento aplicable a la mayor parte de los condenados y por remisión expresa al ahora recurrente, decide imponerle la pena en el máximo de la mitad inferior ,por lo cual la pena de 5 años es totalmente correcta.
Igualmente y dada la gravedad de la conducta del procesado recurrente, es también ajustada a derecho en su caso la pena de 5 años, si se estimase que el tipo aplicado es el del inciso 2º del art. 568 CP., conforme al art. 66.6ª CP.
23.- RECURSO DE SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se alega falta de claridad y contradicción en los hechos declarados probados.
Es sabido como señala la STS. de 11-10-2001, que el quebrantamiento de forma por falta de claridad tiene lugar cuando el relato histórico adolece de oscuridades, omisiones, ambigüedades o confusión en tal grado que resulte incomprensible, imposibilitándose por ello la incardinación de los hechos en el tipo penal aplicado por el vacío histórico en la narración que elocuentemente está proclamando la ininteligibilidad de su contenido.
Entendemos que el Tribunal sentenciador expone en la sentencia unos hechos probados con la necesaria claridad para que cualquiera pueda comprender cuál fue el comportamiento del recurrente por el que se le consideró autor de un delito de transporte de explosivos. Si hubo o no prueba respecto de estos hechos y si tales son o no suficientes para constituir tal delito, nada tiene que ver con este requisito de la claridad, sino con otras cuestiones que precisamente constituyen el objeto de otros motivos del recurso.
Es patente, así, la falta de fundamento del motivo a la vista de la transcrita declaración de Hechos Probados, que se muestra suficientemente clara y comprensible en la descripción de los hechos a cualquier persona.
Así, no resulta incomprensible ni oscura como se denuncia la afirmación en el hecho probado 5 de que toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada durante el desescombro después de la explosión procedía de mina Conchita. No hay indeterminación, pues los términos “toda o gran parte” son suficientemente claros para expresar que los explosivos transportados desde Asturias a Madrid procedían de la citada mina y en dicho transporte intervino el recurrente como igualmente se describe.
Por otra parte se denuncia la existencia de contradicción entre los hechos probados, concretamente entre el número 5.3 “el 5 de enero Suárez (Trashorras) recogió a Álvarez Sánchez (el recurrente) en su casa de Avilés, le entregó una bolsa de deportes grande cerrada con un candado y lo llevó a la estación de autobuses de Oviedo” y el contenido en el apartado IV 12.1 de los Fundamentos de derecho relativos a la autoría de Emilio Suárez Trashorras.
La contradicción a que se refiere específicamente el motivo casacional elegido, tiene lugar cuando el Tribunal sentenciador utiliza en el relato fáctico de la sentencia términos, frases o expresiones, antitéticos, incompatibles, por excluirse recíprocamente, de tal modo que se viene a producir un auténtico vacío en el "factum" con trascendencia directa en el fallo de la sentencia. Se trata, en definitiva, de una contradicción gramatical, interna e insubsanable. El recurrente denuncia esta contradicción existente según él entre el hecho probado 5.3, referido anteriormente y los fundamentos jurídicos contenidos en el apartado IV, relativos a la autoría de Emilio Suárez Trashorras en el delito de suministro de explosivos.
A la vista de la anterior doctrina jurisprudencial, es patente que, en el presente caso, no cabe hablar de contradicción, dado que la supuesta contradicción no tiene lugar en el “factum”
Por consiguiente en los hechos declarados probados referidos a la actuación de recurrente de ser recogido en su casa de Avilés por Suárez Trashorras entregándole una bolsa de deportes grande cerrada con un candado, llevándole a la estación de autobuses de Oviedo no aparecen términos contradictorios.
Por vulneración de derechos constitucionales al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por conculcación del derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución Española y a la obtención de Tutela judicial efectiva por haberse vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías y a la utilización de medios de prueba (art. 24.2 de la Constitución Española).
Se alega en el apartado A) que no existe prueba de cargo alguna que acredite que la mochila que transportó el recurrente contuviera material explosivo y menos aún que de haber sido explosivos tuviera conocimiento de ello.
En el apartado B) denuncia indefensión por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías al no tener posibilidad material de participar en ninguno de los trámites de la instrucción sumarial.
Efectivamente carece de fundamento este motivo cuando se refiere a la inexistencia absoluta de prueba de cargo con la consecuencia de la absolución del recurrente dado que se afirma que no esta acreditado que se tenia conocimiento del contenido de la bolsa que transportó a Madrid para su entrega a una persona que la estaría esperando, si se parte del hecho reconocido por el propio Emilio Suárez Trashorras de su proposición al recurrente para realizar el transporte de la bolsa, con un contenido ilegal sino que expresamente fue a su domicilio con ésta, comprando el billete correspondiente así como el ofrecimiento de 600 euros por dicho cometido, aunque después, al regreso solo le entregara dos pastillas de hachís.
El recurrente no niega la entrega-también lo afirma el testigo Gabriel Montoya- y posterior transporte de la bolsa, sino solo que ignora su contenido, pero no debe olvidarse que nada le impidió conocerlo y quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación, no puede alegar ignorancia alguna y por el contrario debe responder de las consecuencias de su ilícito actuar tal y como señala la STS. de 22-5-2002 y las que en ellas se citan, además de las de fechas 10-1-99,16-10 y 28-3-2003 y Auto de 20-5-2004, que se refieren al asentimiento, consentimiento, aceptación o conformidad en el transporte ilícito, en definitiva querer el resultado, como ocurre en el presente caso.
En segundo lugar y en cuanto a la indefensión alegada carece también de fundamento al quedar minuciosamente detallado en la sentencia las resoluciones acordadas por el Sr. Instructor en orden al secreto sumarial y sus alzamientos -folios 432 y siguientes- en los que el acusado pudo conocer todas las vicisitudes del proceso y en todo caso pedir la practica de las pruebas que estimara pertinentes o incluso se repetición si se daban las circunstancias que lo permitieran. El tiempo de prolongación del secreto sumarial no es excesivo atendida la gravedad de los hechos y la complejidad de la investigación que hubiera perdido su eficacia de no haberse adoptado tal medida.
Desde el siguiente día de los atentados-12-3-2004- el Instructor dicta auto acordando el secreto de las actuaciones por plazo de 30 días, constando minuciosamente los alzamientos parciales, prorrogas, recursos contra las misma, hasta su total alzamiento, sin observarse merma significativa y definitiva de las posibilidades de defensa, sin que el recurrente en el desarrollo del motivo aporte los datos de interés y la formulación de aclaraciones a las que se refiere cuando alega no haber tenido acceso a diversas actuaciones judiciales, las que en todo caso han podido ser impugnadas y contradecirlas durante el trámite del juicio oral.
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haberse aplicado indebidamente el art. 568 del Código Penal.
Se alega que los hechos probados en la sentencia en relación con el recurrente no se subsumen bajo el tipo penal del art. 568 del Código Penal.
La vía casacional elegida conlleva necesariamente el respeto absoluto y escrupuloso de los hechos declarados probados y en ellos se refiere que “en ejecución de lo acordado con Jamal Ahmidan, José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, hizo llegar los días 5 y 9 de enero dos cargamentos de explosivos desde Asturias a Madrid mediante emisarios o transportistas.
El día 4 de enero SUÁREZ TRASHORRAS propuso a Sergio ALVAREZ SÁNCHEZ, alias Amocachi, a cambio de unos 600 €, que transportará hasta Madrid una bolsa de deportes de unos 40 kg. de peso que debía entregar en la estación de autobuses a una persona que le estaría esperando, lo que éste aceptó, comprándole esa misma noche José Emilio Suárez un billete para el autobús de la compañía ALSA que hacía el trayecto Oviedo-Madrid al día siguiente a las 8 de la mañana.
El autobús llegó a Madrid sobre las 13:30 horas y Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ se dirigió a la zona de los taxis, donde SUÁREZ TRASHORRAS le había dicho que esperase a la persona a quien debía entregar la bolsa.
Como pago por el transporte Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ recibió finalmente dos tabletas de hachís de unos 200 gramos de peso, valoradas por el procesados en más de 700 €.
ALVAREZ era consciente de que transportaba algo ilícito, sin descartar que se tratara de explosivos”.
Ante tan terminante declaración de hechos probados, “ser consciente de ese contenido de la bolsa” no cabe duda que la subsunción realizada por el Tribunal de instancia resulta acertada, al concurrir los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal por el que ha sido condenado.
Está probado que éste acusado llevó una bolsa a Madrid el día 5 de enero de 2004 por cuenta y encargo de SUÁREZ TRASHORRAS, a cambio de unos 600 €, si bien finalmente recibió dos tabletas de hachís de unos 200 gramos cada una, así como que la bolsa se la entregó a una persona que identifica como Jamal Ahmidan, alias “el Chino” -hecho admitido-.
El debate se circunscribe sólo sobre el elemento subjetivo es decir a si sabía que lo que llevaba era dinamita o si, como también dice el interesado, creía que estaba transportando discos compactos ilegales.
En primer lugar debe señalarse que el propio recurrente admite que trasportaba algo ilícito, haciendo hincapié que desconocía ser dinamita.
Esta versión no resulta creíble para el Tribunal de instancia, y explica razonadamente, explicación que se asume, la manifiesta inverosimilitud de la misma, a pesar de lo afirmado en contra por el recurrente, en atención a que.
a) Alcanza al conocimiento de cualquiera, que 40 kilogramos de discos compactos ocupan un gran espacio incompatible con el tamaño de la bolsa descrito por el procesado.
Consciente de esto, el procesado justifica el peso diciendo que iban dentro de una caja metálica, tipo caja fuerte, “que usan los disc-jockey” -sic-.
Pero esta versión tampoco es verosímil pues es de sentido común que nadie transporta unos objetos ilícitos de escaso valor y peso en esas condiciones de seguridad que sólo pueden despertar sospechas ante el inusual peso de la bolsa.
b) En segundo lugar, no es rentable pagar 600 € -más los dos billetes de ida y vuelta en autobús-, por el transporte de algo de menor valor, incluso atendido el precio final en el mercado ilegal de estos artículos ilícitos. Menos aún entregar, como finalmente hizo Suárez, dos pastillas de hachís valoradas en más de 700 €.
c) Si realmente Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ estaba convencido de que eran discos compactos lo que transportaba no se entiende porqué no acepta realizar el segundo viaje que le propone SUÁREZ TRASHORRAS, pues el riesgo es mínimo -penalmente inexistente- y la ganancia suculenta.
d) Era público y notorio en Avilés que José Emilio Suárez Trashorras había sido detenido en julio de 2001 en el marco de la llamada Operación Pípol al descubrir la policía, en un garaje de su propiedad, dieciséis cartuchos de dinamita y noventa y seis detonadores, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 31 de enero de 2007, unida a los folios 8 y ss. del tomo I del legajo 15 de prueba documental.
Es más, aún cuando admitiéramos que está diciendo la verdad en lo relativo a que le dijeron que eran discos compactos actuó al menos con dolo eventual según enseña la teoría de la ignorancia deliberada, ya citada anteriormente y que, se puede resumir diciendo no está exento de responsabilidad quien pudiendo y debiendo conocer el sentido de sus acciones se niega a conocerlo para obtener ventaja de esta situación -por todas, SSTS. de 17 de febrero y 20 de marzo de 2003 y 3 de mayo de 2007
Por lo expuesto, los hechos declarados probados en su vertiente objetiva y subjetiva son constitutivos, del delito de transporte de explosivos.
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del Juzgador.
Se señala como documento acreditativo del error:
- El informe pericial del pesaje de las bolsas realizado por los Guardias Civiles Y-57.188-A y E-80.152-J obrante a los folios 79.231 al 79.283 del sumario.
La prueba pericial a la que se alude, solo seria estimable de alcanzar el grado de excepcional que no lo es en este caso, sino que ha de ser excluida como tal documento casacional, al tener carácter personal y en consecuencia no cabe equipararla a la documental a los efectos del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En cuanto a que los peritos a que se refiere el recurrente no debieron ser calificados como tales ha de señalarse que esta cuestión fue resuelta por el Tribunal en el sentido de que” algunas defensas cuestionaron la declaración en condición de testigos-peritos de algunos testigos.
Se trata de la declaración de algunos funcionarios que por su cualificación, conocimientos técnicos o experiencia, además de relatar lo que habían percibido directa o indirectamente por sus sentidos en relación con el objeto del proceso, habían elaborado voluminosos informes de los que extraían conclusiones lógicas.
La denominación de testigo-perito es la usada por el artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que lo regula, disposición aplicable supletoriamente a la jurisdicción penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo 370.4 dice que "cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieren los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos".
En todo caso la pericial realizada por los Guardias Civiles referidos fue sometida a contradicción en el acto del juicio oral en la sesión del día 23 de Mayo de 2007.
Debe señalarse que los peritos de la Guardia Civil Y-571.188-A y E-80.152-J, hicieron la prueba de pesaje y sometida a contradicción en el plenario e incluso preguntando el Presidente de la Sala de instancia sobre la posibilidad de que el contenido de la bolsa pudiera ser otro distinto a explosivos, pero ello no excluye con certeza total que no lo fuera; la valoración de esta prueba practicada con todos los requisitos legales corresponde al Tribunal sentenciador y no a las partes.
Finalmente debe señalarse que no deja de ser llamativo que fundando un motivo por presunción de inocencia se plantea al mismo tiempo un motivo por error de prueba, pues si se dice que existe error de prueba es porque la misma existe.
24.- RECURSO DE ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 de a Ley Orgánica del Poder Judicial, por violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución Española.
Se alega que no existe prueba de clase alguna que acredite que la mochila que transportó contuviera explosivos y menos aún tener conocimiento de dicho contenido.
La doctrina del Tribunal Constitucional y de esa Excma. Sala en materia de declaración incriminatoria del coimputado han reconocido su valor como prueba de cargo, si bien han señalado la necesidad de valorarla con cautela en atención a la posición de aquél, que declara sin estar sujeto a la obligación de decir verdad, amparado por todos los derechos que la Constitución reconoce a quien resulta acusado de la comisión de un delito, y con unos determinados intereses en el proceso.
Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda la STC. 68/2001, es que “la declaración quede “mínimamente corroborada” (SSTC. 153/1.997 y 49/1.998) o que se añada a las declaraciones del coimputado “algún dato que corrobore mínimamente su contenido” (STC. 115/1.998), dejando, como no puede ser de otro modo, a la casuística la determinación de lo que deba ser entendido por corroboración”. Es evidente, desde luego, que no es necesario que tal dato alcance el rango de una auténtica prueba, pues en ese caso la declaración del coimputado no precisaría corroboración, al no ser la única prueba de cargo (STS. 9-2-04).
En el caso actual, la sentencia en sus folios 547 y 548 relata el transporte de explosivos efectuado por Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis Palício y Gabriel Montoya, lo que resulta probado por las declaraciones de sus protagonistas, que admiten el traslado de las bolsas y corroboradas todas ellas por datos objetivos externos, como son la reunión con Trashorras, la recepción de la bolsa y traslado y entrega a su destinatario en Madrid.
Lo que se pretende realmente es la sustitución de la valoración de dichas declaraciones por el Tribunal sentenciador por la particular del recurrente y ello le está vedado porque esa valoración corresponde exclusivamente al Tribunal sentenciador de conformidad con los arts. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española.
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del art. 568 del Código Penal.
El respeto a los hechos probados que conlleva este motivo debe ser total y escrupuloso y en ellos se dice que “Uno o dos días después, al no conseguir SUÁREZ TRASHORRAS ponerse de nuevo en contacto con Sergio ALVAREZ SÁNCHEZ para que hiciera otro viaje porque éste no cogía el teléfono a sabiendas de que era Emilio el que le llamaba, pensó en proponerle hacer el viaje al procesado Iván REIS PALICIO, alias Jimmy, sabedor de que éste tenía una deuda con Antonio TORO CASTRO derivada del tráfico con hachís y que había sido amenazado por ello.
Con tal fin, SUÁREZ TRASHORRAS fue a casa de REIS PALICIO y le ofreció saldar la deuda a cambio de llevar el 9 de enero a Madrid una bolsa que le dijo que contenía hachís y que debía entregar “a un moro” que le llamaría por teléfono cuando estuviese allí, declinando el ofrecimiento Antonio Iván REIS PALICIO. Ante ello, SUÁREZ TRASHORRAS le ofreció darle, además, 300 € en metálico, lo que determinó que aquel aceptara la propuesta.
En cumplimiento de lo acordado Iván REIS PALICIO tomó el autobús que salía el día 9 de enero a las 7:30 h. de la estación de autobuses de Oviedo con destino a Madrid. Antes de partir SUÁREZ TRASHORRAS le dijo que si el “moro” le pedía 2.000 € que le dijera que se los habían robado.
Durante el trayecto, Reis Palicio recibió la llamada de una persona que le dijo que era el amigo de Emilio y que le volvería a llamar cuando estuviera en Madrid, lo que en efecto hizo, contactando con quien resultó ser Jamal Ahmidan, al que le entregó la bolsa. Pero, como éste le exigió la entrega de 2.000 € e Iván Reis le dio la excusa sugerida por Suárez. El Chino le quitó la cartera y el teléfono móvil.
De regreso a Oviedo, Iván REIS PALICIO contó lo sucedido a SUÁREZ TRASHORRAS y a su mujer Carmen TORO CASTRO, y ésta le dijo que no se preocupara que ella arreglaría lo de la cartera y el teléfono.
REIS PALICIO no llegó a cobrar el dinero pactado por el viaje ni su deuda con Antonio TORO CASTRO fue saldada. Tuvo que marcharse a vivir a las islas Canarias para evitar las amenazas de éste y su socio, conocido como Richard”.
La subsunción de estos hechos efectuada por el Tribunal sentenciador resulta correcta al concurrir los elementos del tipo penal objetivo y subjetivo, basado éste ultimo por la teoría ya tan conocida de la ignorancia deliberada y razonada por el Tribunal de instancia en atención a 1º) que el suministrador de la bolsa fue detenido con anterioridad en una operación de trafico de explosivos, 2º) el alto precio ofrecido-saldar una deuda de 400 euros mas 300 en metálico, 3º) por la ruta seguida contraria a la normal y 4º) el destinatario, Jamal Ahmidan.
Se está en presencia de un delito de peligro abstracto y el elemento subjetivo se deduce correctamente de los elementos fácticos de carácter objetivo y el art. 568 del Código Penal ha sido correctamente aplicado.
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la no aplicación de la eximente de miedo insuperable del art. 20.6 del Código Penal
En el apartado V.2 folio 707 de la sentencia, el Tribunal de instancia se pronuncia negativamente y partiendo de los hechos probados sobre la petición de la defensa del recurrente en orden a que debía estimarse la concurrencia de la eximente de miedo insuperable contenida en el art. 20.6 del Código Penal.
La doctrina de esa Excma. Sala, por todas, la STS. 332/2000 de 24 de Febrero, requiere para su aplicación los siguientes requisitos: a) la presencia de un temor que coloque al sujeto en una situación de temor invencible, determinante de la anulación de la voluntad del sujeto b) que dicho miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado c) que el miedo ha de ser insuperable, esto es invencible, en el sentido de que no sea controlable o dominable por el común de las personas, con pautas generales de los hombres, huyendo de concepciones extremos de los casos de hombres valerosos o temerarios y de las personas miedosas o pusilámines y d) que el miedo ha de ser el único móvil de la acción.
En el presente caso la lectura de los hechos declarados probados no permite apreciar la existencia de ninguna motivación que en el sentir común de las gentes justifique la circunstancia alegada.
De estar probado que el recurrente mantenía una deuda con Antonio Toro y Ricardo Gutiérrez Sepúlveda y sufrir amenazas por parte de estos dando lugar a tenerse que trasladar de domicilio, no puede deducirse la eximente interesada, máxime cuando no se ha probado por la parte como es exigible la concurrencia de los elementos integradores de la misma.
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por existir errónea apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
La prueba efectuada por los Guardias Civiles Y-57.188-A y E-80.152-J practicada en el plenario el día 23 de Mayo de 2007.
La argumentación del motivo es la misma que la de otro recurrente -Sergio Álvarez-, y en consecuencia las alegaciones formuladas en aquel motivo de su recurso, son válidas para este para evitar repeticiones, dada su falta de excepcionalidad para lograr su estimación, al considerarse de naturaleza personal La prueba del pesaje aludido se realizó, siendo después valorada por el Tribunal de instancia a quien corresponde de manera exclusiva esta función y no a las partes.
25.- RECURSO DE NASREDDINE BOUSBBAA
Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española.
El recurrente discute la existencia de prueba suficiente para hacer decaer la presunción de inocencia respecto a la autoría de la falsificación de los documentos. Pretende desvirtuar su propio testimonio con el argumento de que su primera declaración en Comisaría se realizó sin la asistencia de Letrado, lo que le produjo indefensión.
Inicialmente, constatamos que la primera declaración en Comisaría (folio 18.704 del sumario) se realizó, previa citación, por comparecencia libre y voluntaria, sin asistencia de letrado. El recurrente no estaba detenido, ni se le imputada la ejecución de conducta delictiva alguna. En el mismo acto, ante las contradicciones en la declaración, se acordó la detención, y en la mañana del siguiente día, se le tomó declaración, con asistencia de Letrado, en calidad de imputado y con información de derechos (folio 18.730). Sendas declaraciones coinciden sustancialmente, en lo que ahora interesa.
La sentencia cuestionada atribuyó al recurrente la alteración de dos pasaportes y un permiso de conducir, los tres, documentos españoles, en los que insertó la fotografía de NASREDDINE BOUSBAA, en uno de ellos, y la de JAMAL AHMIDAD, alias el chino, en los otros dos, en los que modificó además la fecha y lugar de nacimiento.
Se estima que la Audiencia contó con suficiente prueba de cargo para sustentar el hecho probado, que se indicó y valoró en los folios 695 a 697 de la propia sentencia. Destacamos la siguiente:
- El testimonio del procesado en cuanto, en cuanto que, en fase instrucción y en juicio oral, admitió ser conocido en los ambientes musulmanes por dedicarse a la falsificación de documentos, por lo que, unos dos meses antes del 11 de mayo, JAMAL AHMIDAN, alias el Chino, le entregó “tres documentos españoles” para que los falsificara. No obstante, dijo que no los falsificó pero que los tuvo en su poder hasta dos o tres días antes de los atentados, que se los devolvió al Chino. También reconoció que, tras los atentados, se deshizo de los objetos e instrumentos que utilizaba para falsificar, así como de su teléfono móvil.
- Los informes policiales, ratificados por los funcionarios, en juicio oral, acreditan el hallazgo de los tres documentos, en las labores para desescombrar el piso de Leganés, tras la explosión, el día 3 de abril.
- El informe pericial, ratificado en juicio, prueba que los documentos estaban falsificados.
- El contrato de arrendamiento de la casa en Albolote, Granada, demuestra que, el día 6 de marzo, uno de los documentos, el pasaporte a nombre de MOHAMED MOHAMED ALI con la foto de KOUNGAA, ya había sido falsificado.
- Los informes sobre las entradas y salidas de llamadas telefónicas acreditan los contactos entre recurrente y el Chino en los últimos días de febrero y primeros de marzo.
- Las diligencias policiales y la hoja histórico penal prueban que el recurrente había sido detenido en dos ocasiones y condenado una vez por falsificación de documentos.
De los anteriores elementos de prueba, la Audiencia obtuvo la convicción de que fue el recurrente el autor de la falsificación, con el siguiente razonamiento (páginas 696 y siguiente de la sentencia) si aceptó el encargo, devolvió los documentos en los primeros días de marzo, y está acreditado que el día 6 de marzo uno de los pasaportes estaba falsificado, “no es verosímil la justificación que da Nasreddine BOUSBAA de que los devolvió tal como se los entregaron, pues entre esa devolución y el uso de uno de los documentos inauténticos median sólo dos o tres días”.
Se estima que se desarrolló prueba válida y suficiente, y que fue explícitamente valorada, con respeto a los principios de la lógica y experiencia comunes.
Al amparo del nº 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación de los artículos 392 y 74.1, y también del artículo 50.5 , todos los preceptos del Código Penal, por falta de motivación de la pena.
El recurrente aduce ausencia de motivación en la determinación de la pena de prisión, fijada en 3 años, y también de la multa de 10 meses.
La sentencia en el apartado V.3, relativo a las penas expresó lo siguiente: “La continuidad delictiva en la falsificación de documentos oficiales, unido a que ninguno de los condenados son primarios en esa actividad, determina que se imponga también la pena privativa de libertad en el máximo legal, conforme permite el artículo 74.1 CP, sin que se encuentre motivo para elevarla hasta la mitad inferior de la pena superior en grado, caso de Nasreddine BOUSBAA”.
Se explicitó una motivación, escueta pero suficiente, de la pena impuesta, justificada esencialmente en la circunstancia personal del recurrente, concretada en los antecedentes penales, que son ponderables para la individualización de la pena, aunque estén cancelados (S.T.S de 10 de abril de 2007).
La cuota diaria de multa se fijó en 10 euros. El recurrente nada aduce sobre su particular situación económica, en todo caso no resulta excesivo el importe de la cuota, situado muy próximo al límite legal mínimo, toda vez que no puede considerarse que carezca de todo tipo de ingresos.
Al amparo del número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos.
El recurrente, para sustentar la alegación, cita los siguientes documentos:
- Los folios 60949 y 60934 que pertenecen a la Parte I del Informe General de la Comisaría General de Información que contiene las Tablas de vestigios físicos por personas y lugares. Señala que no aparece su perfil genético en el piso de Leganés ni tampoco sus huellas dactilares en los documentos falsificados.
- El acta del juicio oral que recoge el testimonio de los testigos protegidos nº 107 y 108 quienes manifestaron que Jamal Ahmidad obtenía la documentación falsa de un individuo apodado “El Chileno”.
Sostiene que en base a esta prueba lo correcto sería un pronunciamiento absolutorio.
El motivo carece de fundamento. El informe sobre huellas no demuestra error de hecho y tampoco los testimonios documentados que, por otro lado, no tienen la consideración de documento casacional. La argumentación del recurrente revela una particular valoración de la prueba, que excede del ámbito del cauce utilizado.

References: artículo 849
 artículo 568
 artículo 568
 artículo 852
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 370
 artículo 4
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 50
 artículo 74
 artículo 849