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⭐EN LAS LAS RTAD AMÉR RICAS. Junio 2012 INPEC. Penitenciario. Boletín y en. Dominicana, hasta los. la Comisión. referentes. o Colombiano.
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María Jesús Velázquez Montes
1 Justicia y l Derecho Boletín No. 77 Junio 2012 INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBER RTAD EN LAS AMÉR RICAS I dicado particular atención a la situación las personas privadas libertad en las Boletín y en los dos subsiguientes, Américas. Así,, s sus primeros informes ntará a nuestros lectores los especiales país relativos a Cuba y a s l informe la Comisión República Dominicana, hasta los más ricana Derechos Humanos, recientes, referentes a Venezuela y situación los Derechos Humanos rsonas privadas libertad en las Honduras, la Comisión Interamericana se ha venido refiriendo consistentementee a los rechos las personas privadas libertad. era fundamental conocer este tipo mación, la cual necesariamente En este sentido, las visitas a centros e base para el mejoramient o tención han sido una constante en las más los procesos, en el caso 90 visitas in loco que ha realizado en los l Sistema Penitenciario y últimos 50 años. Asimismo, la Comisión o no. Interamericana ha aprobado una gran cantidad informes casos contenciosos PREFACIO y ha otorgado un número importante medidas cautelares dirigidas a la protección su creación la Comisión personas privadas libertad en las ricana Derechos Humanos ha Américas. 12 ón Interamericana ha constatado respeto a los rechos las privadas libertad es uno los s safíoss que enfrentan los miembros la Organización los Americanos. Es un asunto complejo ere l diseño e implementación públicas a mediano y largo plazo, o la adopción medidas s, necesarias para hacer frente a es actuales y urgentes que afectan te rechos humanos tales la población reclusa. eza los problemas intificados sente informe revela la existencia s ficiencias estructurales que gravementee rechos humanos les, como el recho a la vida y a dad personal los reclusos, e que en la práctica las penas la libertad cumplan con la esencial que establece la n Americana: la reforma y la ción social los connados. Por lo ra que los sistemas penitenciarios, nitiva la privación libertad como al lito, cumplan con su finalidadd es imprescindible que los Estados medidas concretas orientadas a frente a estas ficiencias ales. s circunstancias, la ricana Derechos Comisión Humanos presenta estee informe con el propósito ayudar a los Estados miembros la Organización los Estados Americanos en el cumplimiento sus obligaciones internacionales, y proveer una herramienta útil para el trabajo aquellas instituciones y organizaciones comprometidas con la promoción y fensa los rechos las personas privadas libertad. La Comisión staca y reconoce la labor l Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos las Personas Privadas Libertad en la dirección este informe. Asimismo, la Comisión agrace la contribución la Organización Panamericana la Salud en todos los temas relacionados con el recho a la atención médica las personas privadas libertad; y l Centro Estudios Derecho Internacional la Universidad Javeriana en materia recho constitucional comparado. A. Contexto informe 1. Des hace cinco décadas la Comisión Interamericana Derechos Humanos (en alante la Comisión, la Comisión Interamericana o la CIDH ) ha dando seguimiento a la situación venido las I. INTRODUCCIÓN y propósito l presente 23 privadas libertad en las (c) los altos índices violencia carcelaria y por medio sus distintos la falta control efectivo las os; sobre todo, a partir l autoridas; miento en marzo l 2004, su (d) el empleo la tortura con fines sobre los Derechos las investigación criminal; Privadas Libertad (en alante ría PPL o la Relatoría ). (e) el uso excesivo la fuerza por parte los cuerpos seguridad en los centros penales; a CIDH ha observado que los (f) el uso excesivo la tención s más graves y extendidos en la n: preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria ; (g) la ausenciaa medidas efectivas para la namiento y la sobrepoblación; protección grupos vulnerables; ficientes condiciones reclusión, (h) la falta programas laborales y cas, como relativas a la falta educativos, y la ausenciaa transparencia servicioss básicos; en los mecanismos acceso a estos programas; y el período la Relatoría realizó s trabajo a quince países l hemisferio: (i) la corrupción y falta trasparencia en la gestión penitenciaria. ulio 2011); (Suriname (mayo 2011); El octubre 2010); Argentina (junio 2010); Estos safíoss en el respeto y garantía ayo 2010); Uruguay (mayo 2009); Argentina los rechos las personas privadas Paraguay (septiembre 2008); Chile (agosto xico (agosto 2007); Haití (junio 2007); libertad intificados por la CIDH son diciembre 2006); Bolivia (noviembre 2006); fundamentalmente los mismos que han sido embre 2006); República Dominicana (agosto sistemáticamente observados en las lombia (noviembre 2005); Honduras Américas por los mecanismos monitoreo 2004); Brasil (junio 2005); Argentina 2004); y Guatemala (noviembre 2004). En el las Naciones Unidas que realizan visitas a tas misiones trabajo se realizan visitas a as, centros tención, comisarías, policía, entre otros, con el objeto 2 El uso excesivo la tención preventiva es otro situación las personas privadas los graves problemas presentess en la absoluta mayoría esos lugares; asimismo, se sostienen los países laa región, éste es a su vez la causa con autoridas alto nivel y otros serios problemas como el hacinamiento y la falta nes la sociedad civil comprometidas con separación entre procesados y connados. El uso las personas privadas libertad. La excesivo esta medida es un tema amplio y complejo oficial la Relatoría está disponible en: al que la Comisión le dicará próximamente un.oas.org/es/cidh/ppl/fault.asp. informe temático.. 34 y centros tención. La tradicionalmente han preferido no mirar a esta situación revela la hacia las cárceles. Así, los centros a serias ficiencias privación libertad se han convertido en ales que afectan gravemente ámbitos carentes monitoreo y humanos inrogables, como los a la vida y a la integridad personal clusos, e impin que en la práctica fiscalización en los que tradicionalmente ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia. privativas la libertad cumplan nalidad esencial que establece la n Americana: la reforma y la 5. El hecho que las personas en custodia l Estado se encuentren en una situación ción social los connados. especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta políticas públicas al isión Interamericana consira que respecto, ha significado frecuentemente dad estacionaria es el resultado quee las condiciones en las que se mantiene a satención l problema estas personas se caractericen por la por parte los sucesivos violación sistemática sus rechos los Estados la región, y humanos. Por lo tanto, para que los sistemas ía las sociedas, que penitenciarios,, y en finitiva la privación libertad como respuesta al lito, cumplan lado, la CIDH observa que el Instituto conn su finalidad esencial, es imprescindible cano las Naciones Unidas para la quee los Estados adopten medidas concretas l Delito y el Tratamiento l Delincuente orientadas a hacer frente a estas n su reciente publicación Cárcel y Justicia mérica Latina y el Caribe plantea que los ficiencias estructurales. emas o necesidas principales los nitenciarios América Latina son: (a) la 6. En este contexto, los Estados Miembros e políticas integrales (criminológicas, la Organización los Estados manos, penitenciarias, rehabilitación, justicia penal); (b) el hacinamiento Americanos (en alante OEA ) en el marco riginado en reducidos presupuestos y en la la Asamblea General han observado con cuada infraestructura; (c) la ficiente preocupación la crítica situación vida en las prisiones; (d) la insuficiencia violencia y hacinamiento los lugares enitenciario y su falta capacitación (e) la falta programas capacitación y para las personas presas. Instituto 4 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación los cano las Naciones Unidas para la Derechos Humanos en Perú, OEA/Ser.L/V/II Doc. l Delito y el Tratamiento l Delincuente árcel y Justicia Penal en América Latina y el 9, págs rev., adoptadoo el 2 junio 2000, (en alante Segundo Informe sobre la Situación los Derechos Humanos en Perú ), Cap. IX, párr. 1. 45 libertad en las Américas, do la necesidad tomar acciones para prevenir tal situación, a fin tizar el respeto los rechos 7. En atención al contexto presentado, la Comisión Interamericanaa ha elaborado el presente informe, en el cual se intifican las personas privadas los principales patrones violación los. En consiración lo cual, la General ha solicitadoo a la CIDH inúe informando sobre la situación rechos humanos las personas privadas libertad en la región, y se analizan cuáles sonn los estándares internaciones aplicables a ue se encuentran las personas los mismos. Esto con el objetivo s a cualquier forma tención y fundamental formular recomendaciones en el Hemisferio y que, tomando concretas a los Estados, orientadas a e su trabajo sobre el tema, siga coadyuvar con el pleno respeto y garantía ose a los problemas y buenas los rechos los reclusos. Este informe que observe. está dirigido en primer lugar a las autoridas públicas, pero también a las olución la Asamblea General, AG/RES. /11), aprobadaa el 7 junio 2011; OEA, la Asambleaa General, AG/ /RES (XL bada el 8 junio 2010; OEA, Resolución organizaciones la sociedad civil y otros actores vinculados al trabajo con personas privadas libertad. blea General, AG/RES (XXXIX O/09), 4 junio 2009; OEA, Resolución la La Comisión aclara que este es un informe General, AG/ /RES (XXXVIII O/08), marco que abarca una variedad temas que 13 junio 2008; OEA, Resolución la posteriormente podrán ser sarrollados General, AG/ /RES (XXXVII O/07), 5 junio 2007; y OEA, Resolución la conn mayor amplitud en informes temáticos General, AG/RES (XXXVI O/06), posteriores. 6 junio olución la Asamblea General, AG/RES. /11), aprobadaa el 7 junio 2011, punto ; OEA, Resolución la Asamblea General, 92 (XL O/10), aprobada el 8 junio o resolutivo 3; OEA, Resolución la General, AG/RES (XXXIX O/09), aprobada el 6 junio 2006, punto resolutivo 3; 4 junio 2009, punto resolutivo 3; ción la Asamblea General, AG/RES ), aprobada el 13 junio 2008, punto ; OEA, Resolución la Asamblea General, 83 (XXXVII O/07), aprobada el 5 junio OEA, Resolución la Asambleaa General, AG/ /RES (XXXV O/05), aprobada el 7 junio 2005, punto resolutivo 11; OEA, Resolución la Asambleaa General, AG/ /RES (XXXIV O/04), aprobada el 8 junio 2004, punto resolutivo 3; y OEA, Resolución la o resolutivo 3; OEA, Resolución la Asamblea General, AG/RES (XXXIII O/03), General, AG/RES (XXXVI O/06), aprobada el 10 junio 2003, punto resolutivo 3. 56 ipios en los que se sustenta y respeto irrestricto su dignidad os fundamentales inherente, sus rechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los nforme se sustenta en el principio instrumentos internacionales sobre tal que el Estado se encuentra rechos humanos 8. Este principio sición especial garante frente a nas privadas libertad, y que fundamental es ampliamente aceptado en el recho internacional., asume beres específicos y garantía los rechos 10. Asimismo, se sustenta en la ia tales estas personas; en fundamental que el respeto a los, los rechos a la vida y a la d personal, cuya realización es indispensable para el logro los enciales la pena privativa rechos fundamentales las personas privadas libertad no está en conflicto con los fines la seguridad ciudadana, sino que porr el contrario es un elemento esencial a reforma y la readaptación social para su realización. En este sentido, la onnados. Así, el ejercicio l Comisión Interamericanaa en su informe e custodia lleva consigo la sobre Seguridad Ciudadana y Derechos bilidad especial asegurar que la Humanos, indicó que: la libertad sirva a su propósito conduzca a la violación otros [L] L]a situación que actualmente e básicos 7. verificarse en la mayoría establecimientos carcelarios la s, y al igual que los Principios y ácticas sobre la Protección las opera como un factor repro permanente la situación violen Privadas Libertad en las enfrentan las sociedass l hemisf (en alante también los juicio la Comisión, las políticas p y Buenas Prácticas la CIDH ) ), sobre seguridad ciudadana que imple rme parte l principio l trato egún el cual, toda persona privada 8 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la ad será tratada humanamente, con Protección las Personas Privadas Libertad en las Américas, aprobado por la CIDH mediante Resolución uinto Informe sobre la Situación los 1/088 en su 131º período ordinario sesiones, umanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111. celebrado l 3 al 14 marzo 2008, (en alante v., adoptado el 6 abril 2001, (en Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección las Quinto Informe sobre la Situación los umanos en Guatemala ), Cap. VIII, párr. 1. Personas Privadas Libertad en las Américas ), (Principio I). 6 pue los a región, oducción encia que sferio. A públicas lementen7 dos la región ben contemplar, nera prioritaria, acciones ón la violencia y el lito en las ensiones clásicamente reconocidas s: nción primaria, referida a aquellas dirigidas a toda la población, que e ver con los programas salud ducación, empleo, y formación para to a los rechos humanos y ción ciudadanía mocrática; (2) ón secundaria, que incorpora stinadas a personas o grupos en mayor vulnerabilidadd frente a la y el lito, procurando, mediante s focalizados disminuir los riesgo y generar oportunidas y (3) prevención n terciaria: das con acciones individualizadas a personas ya involucradas en s lictivas, que se encuentran do una sanción penal, o que han o cumplirla recientemente. En os adquieren especial relevancia los s stinados a las personas que sanciones penales privados tema penitenciario que funcione ecuada es un aspecto necesario rantizar la seguridad la a y la buena administración la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez proporcionar protección, se convierten en escuelas lincuencia y comportamiento antisocial, quee propician la reincincia en vez la rehabilitación En cuanto a sus contenidos, el presente informe se estructura en seis capítulos en los que la Comisión Interamericana se refiere a aquellos problemas que consira sonn los más graves y extendidos la región, aquellos que afectan forma más contunnte los rechos fundamentales la generalidadd las personas privadas libertad. Sin sconocer que esta realidad también incluye otros elementos y que por lo tanto existen otros temas gran importancia que si bien no son abordados directamente en esta ocasión, sí serán analizados en eventuales informes temáticos posteriores. 13. El Capítulo II relativo a La posición garante l Estado frente a las personas privadas libertad, parte la ia fundamental que el Estado al privar la libertad a una persona asume una responsabilidad especial la que surgen rme sobre Seguridad Ciudadana y Derechos OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, adoptado el CIDH, Quinto Informe sobre la Situación los 2009, (en alante Informe sobre Derechos Humanos en Guatemala, Cap. VIII, párrs. 68 y udadana y Derechos Humanos ), párr8 concretos respeto y garantía hos, y la que surge una fuerte n responsabilidad internacional círculos corrupción, entre otras muchas consecuencias l scontrol institucional en las cárceles. do con respecto a los daños que s personas mientras se encuentren ustodia. 15. Asimismo, se hace referencia a los altos índices violencia carcelaria en algunos países la región, como por ejemplo e sentido, se establecee claramente Venezuela, en el que según información primer ber l Estado como las personas sometidas a su aportada por el propio Estado hubo 1,865 muertos y 4,,358 heridos en hechos es precisamente el ber violencia (motines, riñas y peleas) en el control efectivo y la seguridadd los centros penales; si esta cárceles en el periodo A este respecto, se recomiendann como medidas esencial no se cumple es muy prevención la violencia: reducir el ue el Estado pueda asegurar hacinamiento y la sobrepoblación; evitar nte los rechos fundamentales manera efectiva el ingreso armas, onas bajo su custodia. A este drogas, alcohol y otras sustancias ilícitas a es inaceptable s todo punto los centros penales; establecer una que existan un buen número clasificación y separación acuadaa los en la región que se rigen por reclusos; asegurar la capacitación y autogobierno, en los que el formación continua y apropiada l personal efectivo todos los aspectos penitenciario; y erradicar la impunidad, está en manos terminados o bandas criminales; o por sistemas investigando y sancionando los actos violencia que se cometan. rno compartido, en las que estas comparten este por y sus 16. De igual forma, en este capítulo inicial se s con las autoridas sarrollan otros beres básicos l arias. Cuando esto ocurre, el Estado rivados su posición garante e torna incapaz garantizar los rechos las personas privadas nte los rechos humanos los libertad, comoo lo son: (a) el asegurar un y se trastoca y snaturaliz a control judicial pronto y efectivo la e el objeto y fin las penas la libertad. En estos casos los índices violencia y muertes tención, como garantía fundamental los rechos a la vida e integridad personal los tenidos; ; (b) el ber mantener cárceles; se generann peligrosos registros completos, organizados y 89 s l ingreso personas a los e privación libertad, y el ber ar un examen médico inicial los Luego hay una amplia gama escenarios quee van s aquellos en los que las propias autoridas son directamente responsables en el que se termine la posible la muerte los reclusos (como a signos violencia y la ejecuciones extrajudiciales, sapariciones enfermedas transmisibles o forzadas y muertes producto l uso ten un tratamiento específico; (c) excesivo la fuerza), hasta los supuestos idad contar con personal en los que los propios reclusos recurren al ario idóneo, capacitado y que suicidio, pasando por situaciones en las que sus funciones en condiciones la muerte la víctima se bió, por s, el cual berá ser naturaleza nstitucionalmente distinto la el ejército en particular si está en ejemplo, a la falta atención oportuna. médica directo con los reclusos o sus 18. En este contexto, la mayor cantidad el ber recurrir al uso la muertes se producen por hechos etal y no letal sólo cuando sea violencia entree internos. Así por ejemplo, ente necesario, forma acuerdo con informaciónn oficial recopilada nal a la naturaleza la situación busca controlar, acuerdo con s previamente establecidos para asegurando que tales acciones sean en el marco l presente informe, las cifras muertes violentas en cárceles en algunos Estados, amás l ya mencionado caso Venezuela, fue la siguiente: Chile 203 controles institucionales y ( ) ); Ecuador 172 (2005 junio ; y el ber establecer 2010), y 113 ( ). En este judiciales idóneos y sistemas capítulo, se subraya que en todos estos ectivos ante posibles violaciones a casos el Estado, comoo garante los chos humanos rivadas las es reclusión. rechos las personass bajo su custodia, tiene el ber investigar oficio y con la bida diligencia la muerte todas Capítulo IIII relativo al Derecho a aquellas personas que perdieron la vida se analizan las principales estando bajo su custodia, aún en aquellos es en las que la Comisión ha casos en los que inicialmente se presenten o que la vida las personas como suicidios o como muertes naturales. libertad se encuentra en riesgo, al, los actos violencia carcelaria ernos. 19. En el Capítulo IV sobre Derecho a la integridad personal, se pone relieve que 910 nte la causa más extendida y común 20. Asimismo, se presentan en este capítulo mpleo la tortura son los fines los principales estándares internacionales ión criminal, situación que ha sido nte documentada, tanto por la quee ben regir el ejercicio las funciones disciplinarias en los centros penales, se hace como por otros mecanismos énfasis en el ber establecer una onales monitoreo, en países normativa legal y reglamentaria que fina xico, Paraguay, Ecuador, Brasil y conn claridad cuáles son las conductas uy concreta en la base naval susceptibles ser castigadas y cuáles son mo en territorio los Estados las posibles sanciones, amás que se ntre otros. contemple un proceso, que aunque sencillo, quee asegure terminadas garantías mínimas sección se analizan como causas s este fenómeno: la existencia quee protejan al individuo contra el ejercicio arbitrario los pores disciplinarios. cas institucionales heredadas y una e violencia firmemente arraigada erzas seguridad l Estado; la en la que se mantienen estos falta capacitación n, equipos y necesarios para que los cuerpos En este sentido, la existencia sistemas disciplinarios ágiles y eficaces, que sirvan realmente para mantener el orn interno en los centros penales es fundamental para el funcionamiento acuado los mismos. encargados investigar los engan las herramientas acuadas plir con sus funciones; las políticas 21. El recho a la integridad personal los presos también pue verse vulnerado o dura o toleranciaa 0 ; y el porr las graves condiciones reclusión en valor probatorio a bajo tortura. las pruebas las que se les mantiene. En este sentido, el hacinamiento, genera una respecto, la CIDH plantea la serie condiciones que son contrarias al medidas concretas objeto mismo la privación libertad n la tortura, el control judicial las tenciones, la investigación como pena. El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes violencia entre los y efectiva estos actos, y la reclusos, propicia la propagación que las autoridas l Estado enfermedas, dificulta el acceso a los mensaje claro, cidido y enérgico servicios básicos y salud las cárceles, io a la tortura y a los tratos constituye un factor riesgo para la nhumanos y gradantes. ocurrencia incendios y otras calamidas, 1011 el acceso a los programas ción, entre otros graves efectos. blema, común a todos los países es a su vez la consecuencia aves ficiencias estructurales, empleo excesivo la tención a, el uso l encarcelamiento como única a las necesidas ciudadana y la falta nes físicas acuadas para alojar a os. Capítulo V sobre Atención médica, ece que el ber l Estado servicios salud a las personas s a su custodia es una obligación va directamente su ber r los rechos a la vida e d personal los reclusos, y que esponsabilidad internacional se aún en el supuesto que tales sean proveídos en las cárceles por privados. Asimismo, se analizan e los principales obstáculos que las personas privadas libertad quieren atención médica, como por la falta personal e insumos es para cubrir la manda real. Capítulo VI sobre las Relaciones s los internos, se reconoce que enimiento l contacto y las s familiares las personas libertad, no sólo es un recho protegido por el recho internacional los rechos humanos, sino que es una condición indispensable paraa su resocialización y reincorporación a la sociedad. Por otro lado, dado que en muchos centros privación libertad, los recursos y servicios básicos no reúnen los estándares mínimos, los familiares los internos se ven obligados a cubrir estas necesidas. 24. La CIDH subraya que los Estados ben crear las condiciones necesarias paraa que las visitas familiares se sarrollen dignamente, es cir en condiciones seguridad, privacidad e higiene; amás, el personal los centros penales be estar bidamente capacitado para tratar con los familiares los presos, en particular evitar el empleo registros corporales e inspecciones vejatorias, sobre todo en el cuerpo las mujeres que acun a las visitas. Los Estados ben utilizar medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal, para evitar al máximo estee tipo procedimientos vejatorios. 25. En el capítulo conclusivo, la Comisión resalta que la reforma y readaptación social los connados, comoo finalidad esencial las penas privativas la libertad (artículo 5.6 la Convención Americana), sonn tanto garantías la seguridad 1112 11, como rechos las personas libertad. Por lo tanto, esta n es una norma con contenido y propios la que se riva la diente obligación l Estado tar programas trabajo, estudio servicios necesarios para que las privadas libertad puedan tener un proyecto vida digna. Este el Estado es particularmente si se toma en cuenta que en la los países la región las están pobladas mayoritariamente nas jóvenes que se encuentran en más productivas sus vidas. r otro lado, la Comisión ricana consira positivamente la ncia muchos Estados en r la presencia importantes en esta materia, así como la realizar reformas ivas para superarlos. sentido, al realizar el estudio diente a la elaboración l informe la CIDH ha tomado nota aquellas medidas e iniciativas que dos han señalado como avances recientes en relación con el cumplimiento suss obligaciones internaciones frente a las personas privadas libertad. A este respecto, se han observado iniciativas interesantes relacionadas con la provisión servicios médicos en las cárceles, con la firma acuerdos cooperación con instituciones educativas; la creación propuestas para fomentar la creación nuevas opciones trabajo para los internos; e incluso se han tenido en consiración opciones interesantess sobre apoyo y seguimiento postpenitenciario. Todo lo cual permite concluir que sí es posible generar cambios positivos en este ámbito y hacer frente a los importantes safíos que enfrentan los Estados Miembros la OEA. EL INPEC SOMOS TODOS GRUPO DERECHOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL INPEC. cceso a la Justicia e Inclusión Social: el ia el Fortalecimiento la Democracia en /Ser.L/V/II. Doc. 34, adoptado el 28 junio n alante Acceso a la Justicia e Inclusión Camino haciaa el Fortalecimiento la en Bolivia ), Cap. III, párr Documentos relacionados
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 artículo 28