Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71199
Timestamp: 2018-07-23 11:41:17+00:00

Document:
Sentencia C-258 de 2015 Corte Constitucional
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO-Proceso de investigación o impugnación de la paternidad o maternidad/PROCESO DE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Contenido y alcance/PROCESO DE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Posibilidad de suspender alimentos provisionales, siempre que exista un fundamento razonable de exclusión de paternidad
FILIACIÓN-Concepto
PROCESO DE FILIACIÓN-Marco constitucional/DERECHO A LA FILIACIÓN-Naturaleza
PROCESO DE FILIACIÓN-Alcance
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Desarrollo normativo
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Carácter judicial
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Requisitos
PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Exigencia de la existencia jurídica de la filiación que se pretende impugnar
PROCESO DE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD-Reiteración de jurisprudencia
PROCESO DE INVESTIGACIÓN E IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Pruebas/PROCESO DE FILIACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Importancia de la prueba científica/PROCESO DE FILIACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Importancia de la prueba ADN/PROCESO DE FILIACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD-Deberes y atribuciones del juez para obtener la prueba genética ADN
PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE DIECIOCHO (18) AÑOS-Sustento constitucional e internacional
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE DIECIOCHO (18) AÑOS-Criterios jurídicos que deben observarse
PROCESO DE FILIACIÓN-Garantías y obligaciones
FACULTAD DE SUSPENDER ALIMENTOS PROVISIONALES CON BASE EN UN ?FUNDAMENTO RAZONABLE DE EXCLUSIÓN DE LA PATERNIDAD?-Aplicación del principio de la sana crítica y análisis conjunto del material probatorio
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO-Alcance/CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO-Significado
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO-Interpretación por autoridad judicial en caso de limitación de derechos fundamentales/CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO-No conlleva que el intérprete de la norma pueda aplicar un criterio subjetivo, sino que en cada caso debe sustentarse con base en criterios objetivos y verificables
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 (parcial) del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012 ?Por la cual se expide el Código General del Proceso?.
conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas María Camila Castiblanco Avellaneda y Erika Cristina Rodríguez Gómez, demandaron la constitucionalidad del numeral 5 (parcial) del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012 ?Por la cual se expide el Código General del Proceso?, por considerarlo contrario a los artículos 1, 2, 13, 29, 44 y 228 de la Constitución Política.
?LEY 1564 DE 2012
?ARTÍCULO 386. INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O LA MATERNIDAD. En todos los procesos de investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales:
7. En lo pertinente, para la práctica de la prueba científica y para las declaraciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 721 de 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan.?
1.2.2.3. Lo anterior, implicaría en el caso concreto que se adoptaran un conjunto de medidas de carácter fáctico y de orden normativo a fin de garantizar su plena integridad. Manifiestan que dentro de las medidas de carácter fáctico se encuentran todas aquéllas acciones de la administración que implican movilización de recursos ?materiales y humanos- para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
1.3.2.1.2 Explica, la expresión ?inclusión de la paternidad? a la que hace alusión el artículo objeto de controversia puede interpretarse en el sentido de que la persona respecto de quien se reclama la paternidad, resultó, luego del análisis genético, ser el padre biológico de una persona. A su vez, refiere, cuando se hace alusión al concepto de una paternidad biológica se emplea la expresión ?no exclusión de la paternidad? con lo cual se entiende que una vez analizados los marcadores genéticos utilizados de la persona presentada como padre, y cotejados con los respectivos perfiles genéticos de la madre y el hijo, no es posible excluir al individuo acusado de la paternidad.
1.3.2.1.6. Ahora bien, luego de realizar precisiones sobre los conceptos de filiación y alimentos, el ICBF manifiesta acerca de la expresión ?dictamen de inclusión de la paternidad? que desde una interpretación constitucional la prueba de ADN no es solo una garantía que debe materializar el juez en el marco de la obligación que tiene de decretarla, sino que igualmente su resultado permite realizar, entre otras, las garantías correspondientes al acceso a la administración de justicia, la personalidad jurídica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia, el derecho al estado civil y el derecho a saber la identidad de los progenitores.
1.3.4.7. Por último, la universidad pone de presente el nuevo panorama que actualmente estudia la doctrina, sobre el modelo de valoración de las pruebas llamado ?tarifa científica probatoria?.
1.3.6.2. Por otro lado, sostienen, si de los resultados de los marcadores genéticos de ADN se genera un dictamen de exclusión de la paternidad o maternidad, el hecho de la suspensión de los alimentos al presunto hijo no estaría vulnerando sus derechos fundamentales, debido a que el juez debe vincular al proceso ?siempre que fuere posible, al presunto padre biológico o a la presunta madre bilógica, con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre? de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1060 de 2006 que modificó el artículo 218 del Código Civil.
1.3.8.1.6. Por último, en cuanto a la aplicación de la disposición a la luz de las nuevas técnicas de reproducción asistida y las nuevas formas de paternidad, el ciudadano consideró que, al no existir reglamentación constitucional referente a la ?progenitura responsable? y al no existir un régimen legal específico frente a los métodos de procreación con asistencia científica, existe la obligación alimentaria del padre donador de esperma frente a sus hijos concebidos a través de este medio científico. En este sentido, la no diferenciación entre los métodos de procreación, desde el orden constitucional, conlleva a que el hijo procreado, de manera natural o con cualquier tipo de asistencia científica, tiene iguales derechos y deberes; razón por la cual, el test de razonabilidad que se realice para decretar el levantamiento de la medida de alimentos provisionales no podrá fundamentarse en el origen científico de la procreación asistida.
1.4.17. Finalmente, la Procuraduría destacó que al suspender los alimentos no se está dejando en situación de total desprotección al niño puesto que el deber de dar alimentos a los menores no es de cualquier persona sino de quienes legalmente tienen dicha obligación. De esta forma, a falta de un padre, el otro ?en caso de existir- debe asumir la completa manutención del niño y, en el caso extremo de que no exista ninguna de las personas legalmente llamadas a deber alimentos al menor de edad o que ninguna de ellas pueda asumir esa obligación, en todo caso puede y debe acudirse al Estado para iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
??de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este Tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. En relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que sólo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada??[3]
Esta corporación ha desarrollado una importante línea jurisprudencial, referente a la impugnación de la paternidad. Por ejemplo, en Sentencia T - 381 del 2013[23], la definió como ?la oportunidad que tiene una persona para refutar la relación filial que fue reconocida en virtud de la ley. Dicha figura opera: i) para desvirtuar la presunción establecida en el artículo 214 del Código Civil ; ii) para impugnar el reconocimiento que se dio a través de una manifestación voluntaria de quien aceptó ser padre; o, iii) cuando se repele la maternidad en el caso de un falso parto o de la suplantación del menor?.
2.4.1.4. En lo referente a las pruebas que se deben presentar en el proceso para declarar la paternidad, el artículo 7 de la Ley 75 de 1968 estableció que el juez de oficio o a solicitud de las partes ?decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredo-biológicas, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales trasmisibles, que valorará según su fundamentación y pertinencia?.
Con la evolución científica, el legislador expidió la Ley 721 de 2001, en la que determinó que: ?En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.?[24]. De acuerdo con el parágrafo segundo de la citada norma, se deberá usar la técnica de ADN con el uso de marcadores genéticos, hasta que los desarrollos no ofrezcan una mejor opción,
?No puede el perito sustituir al juez del Estado, pues el dictamen es un medio de prueba que jamás puede confundirse con la sentencia. Una es la labor del auxiliar de la administración de justicia y otra muy distinta la que corresponde al juez que en ejercicio de la competencia que se le asigna por la ley para el efecto al dictar sentencia manifiesta la voluntad del Estado para el caso concreto y conforme a la ley. Por ello el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se encuentra sometido, como cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos de fondo exigidos por la ley y rige respecto del mismo el derecho de contradicción y la necesidad de la publicidad de la prueba, sin los cuales carece de validez. En tal virtud podrán las partes discutir, desde el principio, la idoneidad científica de quienes practiquen la prueba lo que incluye no solo a los profesionales sino a los laboratorios que actúen en la toma de las muestras que se requieran tanto respecto del padre presunto, de la mujer que se dice ser la madre, como del hijo cuya filiación se investigue y, cuando fuere el caso, de los parientes de éstos e inclusive, podrá discutirse acerca de éstos y otros asuntos cuando hubiere necesidad de la exhumación de un cadáver para la práctica de tales exámenes?.
2.5.1. La investigación de filiación tiene como objeto definir ?la línea de parentesco que une a los padres con sus hijos?[27] y, ante su importancia, el legislador ha reconocido que, en el desarrollo de este proceso, la práctica de la prueba científica tiene un importante valor porque garantiza en un mayor grado de certeza el vínculo filial de las personas, entre quienes se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes.
?La idoneidad del examen antropo-heredo-biológico ha sido reconocida por la comunidad científica para rechazar con absoluta certeza a los falsos imputados de paternidad o maternidad y para establecerla con una probabilidad del 99,999999% (?).
Desde esta perspectiva, la realización del examen genético se encuentra estrechamente ligada al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la búsqueda de la verdad y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal como uno de sus principios fundantes. Es por ello que en los procesos de investigación de paternidad o maternidad el juez de familia tiene un deber de especial diligencia, aún más riguroso cuando se involucran derechos de menores. Sobre este mismo aspecto, en la Sentencia C-807, de 2002 MP. Jaime Araújo Rentaría, la Corte explicó que ?también el legislador busca a través de su obligatoriedad la efectividad de los derechos del niño y de cualquier persona a conocer su origen, a saber quien es su verdadero progenitor y por ende a definir su estado civil, posición en la familia, a tener un nombre y en suma a tener una personalidad jurídica?. (Subrayado fuera del texto).
?Como director del proceso y por expreso mandato legal el juez está en la obligación de ordenar la prueba de ADN, pero su misión no se agota en ese momento sino que se fortalece con miras a lograr su realización y en aras de los principios de prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia. Para ello, el ordenamiento le ofrece algunos mecanismos a los cuales puede apelar en procura de la verdad material, (?)?.
?por mandato del Legislador en los procesos de investigación de la paternidad el juez tiene la obligación de decretar la prueba antropo-heredo-biológica y de no hacerlo incurre en violación al debido proceso por defecto procedimental que más adelante se podría traducir en defecto fáctico, pues con ello anula la oportunidad de contar con un valioso elemento de valoración para solucionar la controversia (?)?.
2.5.2.3. En armonía con lo establecido en la Ley 721 de 2001 y las decisiones nombradas precedentemente, esta Corporación, en Sentencia T- 875 de 2007[31], estudió el caso de la demanda interpuesta contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que éste acreditara que estaba cumpliendo con lo ordenado por el parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 721 de 2001, el cual preceptúa que ?todos los laboratorios de Genética Forense para la investigación de la paternidad o maternidad deberán cumplir con los requisitos de laboratorio clínico y con los de genética forense en lo que se refiere a los controles de calidad, bioseguridad y demás exigencias que se reglamenten en el proceso de acreditación y certificación?, luego de reiterar la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación para hacer efectivo el goce de los derechos de los interesados, concluyó diciendo:
?Entonces se tiene que i) la prueba antropo-heredo-biológica es obligatoria en los procesos de filiación; ii) la realización de la prueba garantiza el goce efectivo de los derechos a la dignidad, la personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de ella y el derecho a tener un estado civil?. (Subrayado fuera del texto).
?(?) cuando se declara impróspera la impugnación de paternidad instaurada por una persona que, gracias a una prueba de ADN, tiene certeza de no ser padre o madre de otra, interfiere en el ámbito de protección prima facie de sus derechos fundamentales a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la personalidad jurídica, a la filiación y a acceder a la administración de justicia.
(?) finalmente se incide también en el derecho del tutelante a `acceder a la administración de justicia` (art. 229). Se trataría, en este caso, de una incidencia en el derecho a acceder a la justicia efectiva. Es decir, en el derecho a acceder a la administración de justicia para obtener, como lo dice la Carta, `la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución` (art. 2, C.P.) y la primacía `[d]el derecho sustancial` (art. 228, C.P.)?.
De conformidad con lo anterior, la Corte sostuvo que era posible ofrecer interpretaciones distintas del ?interés actual?, pero que esos entendimientos no conducían a desconocer la letra o el espíritu de la ley, ni a aceptar menoscabos de los derechos del accionante a la libertad de decidir el número de hijos, a la personalidad jurídica, a la filiación y a la administración de justicia efectiva. Por tanto, concedió el amparo impetrado por el ciudadano y ordenó dejar sin efectos las providencias emitidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia, y de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, con el fin de que la primera autoridad volviera a expedir sentencia en el proceso de impugnación de paternidad que inició el interesado.
?El acto por el cual el padre reconoce a un hijo, por regla general, es libre y voluntario, y emana de la razón humana por el hecho natural y biológico que supone la procreación. A su vez, dicho acto se convierte en un deber de solidaridad que les asiste a los progenitores, que consiste en auxiliar y proteger a su descendiente próximo, para ayudarle en sus múltiples necesidades y para garantizarle un desarrollo armónico e integral.
Entonces, para lograr la realización de los derechos de los hijos, el legislador, en materia de reconocimiento de la paternidad y maternidad, ha dotado al juez de mecanismos y herramientas procesales y probatorias para lograr el esclarecimiento de la verdad y la posterior efectividad de las garantías constitucionales y legales. Muestra de ello es la expedición de la Ley Ley (sic) 721 de 2001, que en su artículo 1°, que modificó el artículo 7° de la Ley 75 de 1968, consagra que `en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%`. Por su parte, el artículo 2° de la misma ley preceptúa que `mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente artículo`?.
2.5.3. En cuanto a la prosperidad de las pretensiones en un proceso de impugnación de la paternidad, la Sala de Casación Civil, señaló que ello depende de que el demandante acredite por cualquier medio que él no es el padre -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del Código Civil, modificado por el artículo 2 de la Ley 1060 de 2006- o desvirtúe dicha presunción mediante prueba científica, -tal y como lo consagra la Ley 721 de 2001-.[37] Con respecto al valor probatorio de los elementos descritos, la Corte Suprema, en este fallo ?Radicación No. 1100131100132006-01276-01- recordó lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-122 de 2008[38]:
?El actor plantea que la expresión acusada es inconstitucional, por cuanto (i) no permite utilizar medios probatorios diferentes a la prueba de ADN para desvirtuar la presunción de paternidad dentro un proceso de impugnación de la misma, y (ii) le concede un ?valor probatorio absoluto? a la prueba científica del ADN y ?la facultad de desvirtuar automáticamente? la presunción de paternidad, con lo cual impide que se valoren otras pruebas dentro del proceso. Para contestar el primer argumento es suficiente mencionar que el numeral primero del mismo artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 establece que puede utilizarse cualquier prueba para tratar de desvirtuar la presunción de paternidad (?)
La respuesta al segundo argumento es distinta. En este punto el demandante reprocha la expresión demandada, por cuanto le confiere una certeza absoluta e irrefutable a la prueba científica para desvirtuar la presunción de paternidad, con lo cual le impide al juez valorar la prueba de ADN dentro de un contexto probatorio más amplio. Como se pudo observar en la reseña de la Sentencia C-476 de 2005, el problema que plantea el actor ya fue resuelto por la Corte. Allí la Corte encontró que la misma Ley 721 de 2001 establecía que la prueba de ADN brindaba un índice de probabilidad superior al 99.9%, lo cual supone que no existe una certeza absoluta acerca de la corrección del resultado y que, por consiguiente, existe la posibilidad de que el peritaje esté equivocado. Por eso, la Corte afirmó que ?mientras la situación no varíe hasta tal punto que la información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza absoluta, puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para armonizar sus distintas disposiciones?. De esta manera, la Corte avaló que el juez valorara otras pruebas dentro del proceso, con lo cual negó que el legislador hubiera impuesto una especie de tarifa legal al respecto (?)
la práctica y la valoración de otros medios de prueba permiten una recta administración de justicia que no resulta violatoria del debido proceso ni en desmedro de la autonomía judicial?.
?(?)Se recuerda, igualmente, que frente a eventos semejantes en los que el medio científico excluye la paternidad, la Corte ha señalado que el mismo deviene ?incontrovertible, puesto que como lo tiene definido la jurisprudencia, ?en la investigación de la paternidad, el juzgador en la actualidad tiene a su alcance valiosos instrumentos derivados de los avances científicos que le permiten reconstruir la verdad histórica, esto es, la paternidad biológica; por supuesto, que si las pruebas genéticas permiten no solo excluir sino incluir con grado cercano a la certeza la paternidad de un demandado resulta patente su relevancia en la definición de esta especie de litigios?.?´ (C. S. J. S. C., 30 Agos. 2006, Rad. 7157, reiterada el 1° Nov. 2011, Rad. 2006-00092-01)?
Ciertamente que esa es la hermenéutica que más se aviene a la Constitución y, por ende, a las garantías fundamentales, a la personalidad jurídica, a la filiación y a acceder a la administración de justicia, toda vez que si la certeza y contundencia de la paternidad la otorga de manera principalísima la prueba científica, el reconocimiento que previamente a ella se ha surtido no se puede tornar absoluto e infranqueable al grado de mantener, tozudamente, un vínculo que la realidad incontrovertiblemente contradice? [39].
?(?) 2. Examinados los cuatro cargos formulados en la demanda de casación, y confrontados con el contenido de la providencia recurrida, la Corte estima que ninguno de ellos puede ser admitido, por las siguientes razones:
En el primero, el ad quem razonó así (?)
` Con el análisis de los Marcadores Genéticos estudiados se llega a la conclusión de que el señor Luis Emigdio Macias (sic) Molina (Fallecido) se excluye como padre biológico del (la) señor (a) Ana María Delgado de Suárez (Falecida)?`
`?el Juez tiene la obligación de analizar todo el caudal probatorio incorporado regular y oportunamente al proceso, así se efectúe la prueba de ADN, razón por la cual en el caso concreto es pertinente analizar las demás pruebas adosadas en conjunto y así determinar si es procedente o no, acceder a la pretensión de filiación?` [Fls. 33 vto y 34 fte ib.].
`En conclusión, como la prueba de ADN practicada arrojó un resultado excluyente en relación con la paternidad del señor Luís Emigdio Macías Molina respecto a la señora Ana María Delgado y que los testimonios ratificaron el resultado de la prueba científica y toda vez que el dictamen fue firme, preciso y claro, analizado en conjunto con las otras pruebas permite colegir que la decisión adoptada deberá confirmarse.` [Fl. 37 vto] (?)?[40]
2.5.3.3. Ahora bien, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria también ha sostenido que, ante la imposibilidad de practicar la prueba científica de ADN, los jueces deben acudir a otros elementos probatorios para dictar sentencia definitiva en los procesos de filiación. Así lo expuso en el Auto AC4431-2014, Radicación No. 05042-3184-001-2002-00107-01, el 4 de agosto de 2014 (M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez), a través del cual resolvió prescindir de la prueba científica ?con base en marcadores genéticos de ADN?, ordenada luego de que casó el fallo del Tribunal y antes de proferir sentencia sustitutiva:
?(?) agotar los mecanismos legítimos que sean necesarios para recaudar la prueba pericial con referencia al ADN, no significa, con todo, que puedan diferir ?indefinidamente- el fallo de los procesos de filiación hasta tanto se practique la prueba (?)
no puede el Juez aplazar la definición del proceso, en la que deberá otorgarle el valor de un indicio a la conducta renuente del presunto padre o madre, desde luego que no de uno cualquiera, sino el que corresponde a aquel que se deriva de la reprochable conducta del demandado a colaborar en la práctica de una prueba de suyo apropiada para descubrir la realidad biológica, según lo tienen establecido la ley y la jurisprudencia, indicio que deberá ser apreciado ?y justamente aquilatado- en conjunto con otros indicios que emerjan del comportamiento asumido por la parte respectiva (?)?
?Pues bien, en el fallo acusado se dejó sentado que a pesar de que el porcentaje de probabilidad de paternidad advertido era de 99.902576%, esto es, inferior a 99.99% pero superior al 99.9%, tal valor tenía una relevancia que no podía ser desatendida.
b.-) La imposibilidad de aplicar el artículo 3 de la multicitada ley, en el sentido de que «[s]ólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente», no viene al caso, en vista de que al sopesar las probanzas no se prescindió de algunas en reemplazo de las otras, sino que por el contrario se reforzó el significativo producto del análisis especializado con los restantes elementos demostrativos existentes en el plenario (?)?[44].
?(?) 10. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Corte considera importante destacar que en el trasfondo de la acusación del censor se encuentra la vigencia del principio denominado por la doctrina y la jurisprudencia como de la ?verdad biológica?, o ?del derecho a conocer los orígenes?[45], según el cual es lícita y, por consiguiente, procedente la investigación sobre el origen de las personas ?considerado, incluso, por algunos como un derecho inalienable del ser humano de conocer su verdadero estatus jurídico, así como la identidad de sus padres-, tema que merece un análisis particular a la luz de las técnicas de reproducción humana asistida.
Al respecto es pertinente señalar que el Decreto 1546 de 1998, modificado parcialmente por el Decreto 2493 de 2004, reglamentario de las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, reguló la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos, y en particular su trasplante e implante en seres humanos, así como el funcionamiento de los denominados ?Bancos de Componentes Anatómicos? y de las ?Unidades de Biomedicina Reproductiva?. En dicha normatividad se define, en el artículo 2°, al donante heterólogo como ?la persona anónima o conocida que proporciona sus gametos, para que sean utilizados en personas diferentes a su pareja, con fines de reproducción? (negrilla fuera del texto). De lo anterior se desprende, por una parte, que en el ordenamiento jurídico nacional el citado procedimiento de reproducción humana asistida se encuentra reconocido y que las entidades encargadas de prestar dichos servicios están sometidas a regulación estatal, y, por la otra, que se ha establecido la posibilidad de mantener en secreto la identidad del donador de gametos en las inseminaciones artificiales heterólogas.
No obstante lo anterior, la Sala llama la atención sobre el vacío legal existente en el derecho colombiano, toda vez que no hay una normatividad que regule de manera integral los diferentes aspectos jurídicos relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y, en particular, lo atinente al estado civil de las personas fruto de esos avances científicos. La Corte reconoce, además, que la definición de las reglas sobre el estado civil así como de la filiación son asuntos que corresponden al Congreso de la República, como quiera que en un Estado democrático y participativo, como lo es Colombia, ese es el escenario idóneo dónde debe adelantarse el debate sobre la situación de los individuos en la familia y la sociedad, y por ende es a esa Institución a la que le corresponde precisar el alcance y proyección de la normatividad en materia tan sensible, siguiendo los derroteros del artículo 42 de la Constitución Política, y, particularmente, su inciso 5°, según el cual ?[l]os hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La Ley reglamentará la progenitura responsable?, norma esta que, sin duda, y mientras dicha normatividad se expide, debe orientar la interpretación que en la actualidad haya de darse a las disposiciones civiles relacionadas con el tema.
11. Sin perder de vista las apreciaciones que en precedencia se dejan consignadas, en apretada síntesis del tratamiento jurídico que en el derecho comparado se da sobre la materia, se puede señalar, en primer término, que, en general, en tratándose de inseminación artificial heteróloga prevalece la confidencialidad del donante sobre el principio de la verdad biológica (?)?
En esta misma sentencia, en los fundamentos 12 y 13, se precisa que de acuerdo con el derecho comparado (i) prima el anonimato del donante en materia de inseminación artificial heteróloga, es decir, existe imposibilidad de establecer una relación filial entre aquél y el hijo o hijos nacidos de dicho procedimiento de fertilización; y (ii) la realización de este tratamiento en una mujer casada debe contar con el consentimiento del esposo ?evento que se amplía a los casos de unión marital de hecho a la luz de la legislación colombiana-, manifestación que, de un lado, es el fundamento de la relación filial que se establecerá a futuro y asegura la protección efectiva de los derechos de los menores de 18 años y su familia. En caso contrario, de no mediar dicho consentimiento, podría ejercerse la acción de impugnación de la paternidad.
?Ahora bien, el derecho de los niños a la personalidad jurídica supone la posibilidad de gozar de una identidad que condiga con su relación paterno filial, como quiera que los menores tienen derecho a usar un nombre seguido de los apellidos de sus dos progenitores, como lo prevén las normas civiles, a fin de que puedan distinguirse y sean socialmente reconocidos, como se nombran todas las personas.
(?) Pero la salvaguarda del derecho a la igualdad no es lo más importante del derecho fundamental a la personalidad jurídica, porque del establecimiento de su verdadera identidad depende que el niño pueda exigir de sus progenitores las condiciones afectivas, emocionales y físicas que le permitirán tener una infancia feliz, gozando de los derechos y libertades que requiere para alcanzar un desarrollo integral, en su propio bien y en el de la sociedad, tal como lo proclama la Declaración de los Derechos del Niño y lo desarrollan todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.?
El principio del interés superior del menor de dieciocho años, consagrado en distintos convenios de derechos humanos, se encuentra establecido expresamente en el artículo 8° del Código de la Infancia y la Adolescencia, así ?(?) Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes?. Por otra parte, el artículo 25 de este mismo Código, siguiendo el precepto superior de la prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho años sobre los demás, estableció: ?(?) En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (?)?.
?El trato prevalente, es una manifestación del Estado social de derecho y se desarrolla a lo largo de la Carta Política, pretendiendo garantizar, según dispone el artículo 44 Superior, el desarrollo armónico e integral del ejercicio pleno de los derechos de los infantes, para protegerlos contra cualquier forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, trabajos riesgosos, etcétera. Estos riesgos o eventualidades hacen a los niños, sujetos de especial protección constitucional.?[54]
3.1.1. La norma parcialmente acusada dispone lo siguiente: ?(?) En el proceso de investigación de la paternidad, podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad.?
3.1.1.2. Al respecto, esta Corporación considera que la expresión ?con base en un fundamento razonable de exclusión de la paternidad? que acompaña la posibilidad con que cuenta la autoridad judicial para suspender el decreto provisional de alimentos, no significa el desconocimiento de la dignidad humana, ni del debido proceso, ni de los fines esenciales del Estado, en cuanto a garantizar la efectividad de los derechos de la población, como tampoco el desconocimiento del interés superior del menor de edad y su carácter prevalente, porque como quedó visto la obligación alimentaria está ligada al establecimiento de un vínculo filial, relación que, mientras dure el proceso, estará pendiente de ser declarada o no. Además no hay que perder de vista que el objeto del proceso de filiación de investigación de la paternidad o la maternidad, es determinar la relación de hijo o hija respecto de una determinada persona.
3.1.1.5. En este punto es importante precisar que aunque la expresión ?fundamento razonable? contenida en el aparte normativo parcialmente acusado, es de aquellos conceptos que la jurisprudencia ha analizado como indeterminados, esta Corporación ha sostenido que estos términos en sí mismos no pueden ser calificados prima facie inconstitucionales. En este respecto, la sentencia C-371 de 2002[60], señaló lo siguiente:
(i) Por regla general, cuando el legislador emplea conceptos como el de `buena conducta` o `buen comportamiento`, hace referencia a lo que la doctrina ha denominado conceptos jurídicos indeterminados, es decir ?aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas refieren `... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado. ` [61]?[62].
En particular, cuando la autoridad judicial debe interpretar conceptos jurídicos indeterminados en un caso de limitación de derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que dicho análisis debe realizarse tomando en consideración los postulados constitucionales y legales, lo cual, en ningún caso puede entenderse como la posibilidad de restringir de manera injustificada garantías superiores, por tanto, implica una carga argumentativa suficiente. Específicamente sobre el estudio del concepto `buena conducta` explicó que ?no obstante su indeterminación, cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y que por consiguiente su aplicación no refiere al operador a ámbitos meta-jurídicos como el de la moral, o extra-jurídicos como el propio de ordenamientos religiosos o privados, cualquiera que sea su naturaleza, sino que debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las reglas de derecho contenidas en el ordenamiento y que sirven de fundamento a la institución jurídica en cuya regulación está incorporado el concepto jurídico indeterminado?.
3.1.1.5.1. Por tanto, la decisión de suspender el decreto provisional de alimentos no puede estar desprovista de control alguno ni puede entenderse como una facultad que puede ser ejercida por el juez de cualquier modo, pues la misma disposición establece que debe ser con base en un ?fundamento razonable de exclusión de la paternidad?, expresión que inmediatamente remite a la valoración probatoria que debe realizar el juez para tomar una decisión de este resorte. Cabe recordar, que los jueces en sus providencias deben seguir el principio de legalidad[65] y que dentro de sus deberes se encuentra el de motivar las sentencias y demás providencias, salvo las de trámite[66]. Todo lo anterior, garantiza el respeto por el derecho al debido proceso, en especial de los sujetos procesales que tienen una protección constitucional reforzada como los menores de edad y en donde prevalecen sus derechos fundamentales a tener una familia y a la personalidad jurídica.
En definitiva, aunque la expresión ?fundamento razonable? es un concepto indeterminado, lo cierto es que ello no significa que el juez pueda adoptar la decisión de suspender el decreto provisional de alimentos dentro del proceso de investigación de la paternidad con base en apreciaciones subjetivas, sino que esta medida opera cuando el juez con base en un ?fundamento razonable de exclusión de la paternidad? considera que así debe proceder. Esto remite a un ejercicio de valoración probatoria de los elementos de juicio allegados al expediente, entre los que se encuentran la prueba científica, testimonial, documental, entre otras.
4.2. Aunque el fin del proceso de filiación es establecer ?la línea de parentesco que une a los padres con sus hijos?[70], esta Corporación observa que el legislador, guiado por un espíritu garantista, le otorgó la facultad a la autoridad judicial para decretar de manera provisional alimentos, incluso desde la admisión de la demanda, pero a la vez le dio la facultad de suspender dicha medida cuando encontrara un fundamento razonable de exclusión de la paternidad.
4.5. Por ello, si el objeto del proceso de filiación que se inicia a favor de un menor de edad, es realizar sus derechos fundamentales, en especial, tener una identidad y un nombre, y promover la paternidad responsable, mantener una medida como la que ahora se analiza cuando existe un ?fundamento razonable de exclusión de la paternidad? constituye una vulneración de las garantías que pretenden protegerse.
4.6. Cabe anotar que, si bien, la expresión ?fundamento razonable? contenida en la disposición parcialmente demandada, puede remitir a lo que esta Corporación ha analizado como concepto indeterminado, lo cierto es que la misma norma consagra los elementos para su aplicación en concreto y, en ningún caso, puede entenderse como la facultad para tomar decisiones desprovistas de cualquier tipo de motivación, tal y como quedó expuesto en párrafos precedentes.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión ?Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad? contenida en el numeral 5 del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012.
PROCESO DE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD-El Juez, al decidir sobre suspensión alimentos provisionales, cuando exista fundamento razonable de exclusión de paternidad, debe tener en cuenta la regla de prevalencia de derechos de los menores de edad, prevista en el artículo 44 de la Constitución Política (Aclaración de voto)
SUSPENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONALES ANTES DE PROFERIR DECISIÓN DE FONDO EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD-Carga alimentaria recae sobre la madre cabeza de familia, la cual, según dice el artículo 43 de la Constitución Política, merece especial protección del Estado (Aclaración de voto)
SUSPENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONALES-Casos en que se puede declarar (Aclaración de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral (5) parcial del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012 ?Por la cual se expide el Código General del Proceso?.
[1] ?Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.?
[9] Sentencia T ?997 de 2003
[11] Sentencia T ?381 de 2013.
[12] Ver Escudero Álzate, María Cristina. ?Procedimiento de Familia y del Menor?. Bogotá: Editorial Leyer, Vigésima Primera Edición, 2014. p, 504.
[13] Ver Escudero Álzate, María Cristina. ?Procedimiento de Familia y del Menor?. Bogotá: Editorial Leyer, Vigésima Primera Edición, 2014. p, 512.
[14] Ver Escudero Álzate, María Cristina. ?Procedimiento de Familia y del Menor?. Bogotá: Editorial Leyer, Vigésima Primera Edición, 2014. p, 514.
[15] Ver Rivera Martínez, Alfonso. ?Derecho Procesal Civil. Parte Especial?. Bogotá: Editorial Leyer, Décima Sexta Edición, 2014. p, 79.
[16] INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ? ICBF. CONCEPTO 16 del 20 de febrero de 2012. ASUNTO: SIM 1758472703 del 30 de enero de 2012.
[17] INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ? ICBF. CONCEPTO 16 del 20 de febrero de 2012. ASUNTO: SIM 1758472703 del 30 de enero de 2012.
[18] Ver Lafont Pianeta, Pedro. ?Derecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos?, Tomo II. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edición, 2013. p, 369.
[19] Ver Lafont Pianeta, Pedro. ?Derecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos?, Tomo II. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edición, 2013. p, 369.
[20] Ver Lafont Pianeta, Pedro. ?Derecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos?, Tomo II. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edición, 2013. p, 369.
[21] La pretensión impugnaticia, ?en términos generales, es aquella afirmación mediante la cual se le concede a determinadas personas la facultad de reclamar frente a otras que se declare que otro ser humano no es hijo de estas últimas?. Ver Lafont Pianeta, Pedro. ?Derecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos?, Tomo II. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edición, 2013. p, 373.
[22] Lafont Pianeta, Pedro. ?Derecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos?, Tomo II. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edición, 2013. p, 370.
[26] Al respecto se dispuso que: ?Artículo 5o. El artículo 217 del Código Civil quedará así: Artículo 217. El hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo. En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera. También podrá solicitarla el padre, la madre o quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre biológico. // La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto. // Parágrafo. Las personas que soliciten la prueba científica lo harán por una sola vez y a costa del interesado; a menos que no cuenten con los recursos necesarios para solicitarla, podrán hacerlo siempre y cuando demuestren ante I.C.B.F. que no tienen los medios, para lo cual gozarán del beneficio de amparo de pobreza consagrado en la Ley 721 de 2001.?
?(?)`el sentenciador ignoró las relaciones sexuales que existieron entre el presunto padre Luis Emigdio y la madre` de Ana María Delgado, en la época en que tuvo lugar la concepción de ésta; la que `podrían inferirse del trato personal y social` de la pareja, el cual fue demostrado con testimonios, `declaración de parte e indicios`
La sentencia del ad quem, sostiene la impugnante, no tuvo en cuenta que Luis Emigdio trató a Ana María Delgado como su hija, durante toda su vida, en forma pública, y `no fue algo fugaz`(?)?
[43] En el Auto AC4838-2014, Radicación No. 1100131100082010-00802-01 (M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez) se señaló que la negativa de acudir a la práctica de la prueba de ADN, debe valorarse como un ?indicio de confesión?: ?3°) Con la prueba de ADN, que preventivamente se hizo el actor y la negativa de la demandada de comparecer al juicio, ?indicio de confesión?, quedó demostrado que Viviana Yeraldín no es hija de aquél. Por lo tanto, se incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política, cuando se interpretó restrictivamente la ley, artículo 216 del Código Civil, de forma tal que se desconoció una realidad contundente que emerge de dicha probanza científica, cuestión de la que han dado cuenta las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-411/2004, T-584/08 y T-888/10?.
?[45] Kemelmajer de Carlucci, Aída. El Nuevo Derecho de Familia ? Visión doctrinal y jurisprudencial. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez, 2010 (Colección internacional No. 21), págs. 85 y ss.?
[55] Artículo 14 de la Constitución Política de Colombia: ?Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica?.
[56] Artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia: ?Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto?.
[59] Ibíd. ?De esa forma, con fundamento en los principios de proporcionalidad y solidaridad el derecho de alimentos consulta tanto la capacidad económica del alimentante como la necesidad concreta del alimentario, y se impone principalmente a los miembros de la familia?.
?[61] Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433?
[62] Sentencia C-371 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad, la Corte Constitucional, además de declarar la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 368 de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal, declaró ?la exequibilidad del numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, siempre que se entienda que, en este contexto, la obligación de observar buena conducta solo es relevante en función del efecto que las eventuales infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.2.2. de esta providencia?
[67] Ver Nisimblat, Natan. ?Derecho probatorio: Introducción a los medios de Prueba en el Código general del Proceso?. Ediciones Doctrina y Ley LTDA. Bogotá, 2013. p, 135.
[68] ?Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla el presente código?.
[69] ?ARTICULO 260. <OBLIGACIONES DE LOS ABUELOS>. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abueloslegítimos por una y otra línea conjuntamente.
El juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan.?

References: artículo 386
 artículo 386
 artículo 6
 artículo 218
 artículo 214
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 386
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 386
 artículo 217
 Artículo 217
 artículo 216
 Artículo 14
 Artículo 24
 artículo 368
 artículo 65