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Timestamp: 2017-07-22 16:35:29+00:00

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Como se puede apreciar, la definición de administrado difiere mucho de lo que es un contribuyente. En este sentido cabría hacer la pregunta ¿Somos administrados o contribuyentes? Si nos quedamos con la primera definición, entonces los derechos van a ser enfocados desde el punto de vista de administrados, con lo cual las personas tienen que someterse ante una administración y hacer lo que ella disponía o lo que le está permitido hacer a través y dentro de un marco legal. Asimismo, hay que resaltar que no se da la verdadera denominación de contribuyente o responsable tal como se consigna en los Art. 8º y 9º del Código Tributario (D .Leg. 816). El inciso 3 del artículo 1º de la Ley 43/1998, de España, de los derechos y garantías de los contribuyentes de España, hace referencia a los contribuyentes y se entenderá, asimismo, aplicable a los restantes sujetos pasivos, retenedores, obligados a ingresar a cuenta, responsables sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria; en el caso peruano hablar de administrado es hablar del género en tanto que hablar de contribuyente es hablar de la especie, de modo tal que administrado es lo genérico en tanto que contribuyente es lo específico.
Asimismo el artículo 24º del Modelo de Código Tributario para América Latina nos define como contribuyentes a las personas respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: a.- En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.
b.- En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos. c.- En las entidades o colectividades que constituyen una unidad económica. Haciendo un análisis de dichos artículos podemos llegar a la conclusión que solo los artículos 92º y 93º hablan de los derechos de los administrados, tal como se detalla a continuación: a) SER TRATADO CON RESPETO Y CONSIDERACIÓN POR LAS PERSONAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
LEY 27815: Artículo 2
a) Respeto a la Constitución b) Respeto a las leyes.
El Artículo 1 de la Constitución Política del Perú señala que “ EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO ”. El Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial ESPASA, Madrid 2001, Pag. 592 señala al respecto que es la dignidad es el “VALOR ESPITIRUAL Y MORAL DE LA PERSONA INTIMAMENTE VINCULADO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD A LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL, A LA LIBERTAD DE IDEAS Y CREENCIAS, AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN QUE SE MANIFIESTA SINGULARMENTE EN LA AUTODETERMINACIÓN CONCIENTE Y RESPONSABLE DE LA PROPIA VIDA Y QUE LLEVA CONSIGO LA PRETENCIÓN DE RESPETO POR PARTE DE LOS DEMÁS. IMPLICA EL RESPETO A LA PERSONA COMO SER HUMANO Y A LOS DERECHOS INHERENTES AL MISMO ” La palabra DIGNIDAD proviene del término latino “ DIGNITAS “ que significa CONSIDERACION ( Diccionario CIMA EVEREST- LATINO ESPAÑOL – ESPAÑOL LATINO, Ed. Everest, León 1994, Pag. 124 ); Los seres humanos no somos cosas, somos personas hechas a imagen y semejanza de nuestro divino creador, y como tales debemos ser tratados, es decir con respeto, como diría Marco Tulio Cicerón “ SUAM CUIQUE TRIBUERE DIGNITATEM ” que no es otra cosa que “dar a cada uno lo que le es debido”, y es aquello que le corresponde legítimamente, el distinguido maestro García Toma acertadamente señala “ La dignidad humana exige que la persona sea objeto de atención decorosa, en orden a su realización existencial y coexistencial ” ( GARCIA TOMA, Victor; LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCION; Edit.Grafica Horizonte, Lima 2001, Pag. 22 ) queda entendido pues que el trato que se reclama es aquel que pueda servir NECESARIAMENTE para la realización existencial de la persona lo cual establece un marcada brecha entre lo que es simple cortesía y lo que es derecho, en el plano coexistencial el trato digno a la persona es una garantía para los demás, no solo como precedente de conducta sino por la relevancia este trato hacia todos los seres humanos desde un ente público como lo es la Administración. El Maestro Javier Hervada de la Universidad de Pamplona dice en su Introducción Crítica al Derecho Natural “ Ningún Interrogante tan fundamental se ha planteado a los juristas como el de proteger al hombre frente al peligro de ver menoscabada su dignidad y su libertad ante la prepotencia de las fuerzas sociales y las prepotencias arbitrarias del poder ” contra esta prepotencia la Constitución de 1993 señala que el respeto a la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, es más en la dignidad del hombre se contiene el fundamento de todo derecho de tal manera que fuera de lo que el hombre es y representa no hay derecho, sino prepotencia e injusticia. Cabe finalmente hacemos la siguiente pregunta: Si la dignidad de la persona humana es un fin supremo ¿ Será prescriptible o imprescriptible ? La dignidad del hombre es un Derecho Natural, existe desde antes que exista el Estado, desde antes que exista la autoridad, e incluso antes de que exista la Ley, lo único que hace la autoridad, el Estado y la Ley no es sino reconocer y declarar estos derechos que existen con el hombre. El Diccionario Jurídico Espasa señala en la Pag. 552 “ EL DERECHO NATURAL ES EL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE NACE Y SE FUNDAMENTA EN LA NATURALEZA HUMANA, NO DEBIENDO SU ORIGEN POR TANTO A LA VOLUNTAD NORMATIVA DE NINGUNA AUTORIDAD, COMO OCURRE CON EL DERECHO POSITIVO … EL DERECHO NATURAL ESTA VIGENTE A TRAVES DE LOS ORDENAMIENTOS CONCRETOS QUE LO INCORPORAN ”, como consecuencia de lo expuesto, estos derechos son imprescriptibles y solo desaparecerán el día en que desaparezca el genero humano de la faz de la tierra.
b) EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE O EN EXCESO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES; La devolución de lo indebidamente pagado es un derecho de los contribuyentes, pero también de los administrados, sin embargo no el Código no ha definido que se entiende por pago indebido ni que se entiende por pago en exceso.
El artículo 9º de la ley 27038, estable que la devolución de los pagos indebidos o en exceso se efectuara en moneda nacional al cual se agregara un interés fijado por la Administración Tributaria, la cual no podrá ser menor a la tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN) que fija la SBS, del último día del mes anterior. Los intereses serán calculados desde la fecha de pago hasta la fecha en que la administración los ponga a disposición del solicitante. Si en los casos que el contribuyente no pago en la fecha indicada se le aplica un interés moratorio TIM, por que en el caso de pago en exceso o indebidos no se aplica la misma tasa, o la diferencia es un castigo por haber cumplido y haber errado en favor a la administración. Art. 10º de la Ley 27038, establece que: 1.- Se necesita un monto mínimo para poder presentar la solicitud de devolución. Para los tributos administrados por la SUNAT, se establece que esta compensara montos menores de oficio o a solicitud de parte, ( el monto será fijado por resolución de superintendencia). Art. 40º del Código Tributario : la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente , por la Administración Tributaria. Esperar que la Administración realice la compensación de oficio es realmente hasta hoy imposible; y cuando el contribuyente la solicita demora o no realiza la fiscalización para que este pueda utilizar este crédito a su favor. 2.- La SUNAT puede determinar reparos como consecuencia de la verificación o fiscalización de la solicitud de devolución, determinara el monto a devolver. Esto debe cumplirse con cierto grado de agilidad para no perjudicar al contribuyente. En el caso que la administración encuentre omisiones en otros tributos estos podrán ser compensados con dicho pago en exceso, de haber un saldo a favor del contribuyente se emitirá la Nota de Crédito Negociable. C) SUSTITUIR O RECTIFICAR SUS DECLARACIONES JURADAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA; El régimen de las declaraciones tributarias está regulado por el Artículo 88 del Código Tributario. Siendo la declaración tributaria la manifestación de hechos comunicados a la administración, la cual constituye la base para la determinación de la obligación tributaria, en esta declaración deberá ser consignados los datos y montos en forma correcta, en el caso de algún error en la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma y en el caso de haber vencido el plazo a partir del día siguiente se presentara una declaración rectificatoria la misma que surtirá efectos con su presentación: -Determine igual o mayor obligación . - De ser menor la obligación surtirá efectos luego de la verificación o fiscalización . El contribuyente que realice una declaración rectificatoria podrá ser castigado por el artículo 14 de la Ley 27038 que modifica el artículo 56 del Código Tributario, utilizando el criterio de discrecionalidad en los casos de:
- La Orden de Pago. - Las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento.
Cuando tiene reclamaciones contra resoluciones de diversa naturaleza deberá interponer recurso por cada una; pero cuando se trate de Resoluciones de Multa u Ordenes de Pago vinculantes entre sí podrá hacer las reclamación en forma conjunta. Las reclamaciones pueden ser interpuestas por el contribuyente o por el responsable, y los medios de prueba pueden ser ofrecido y presentados hasta dentro de 30 días de presentado el Recurso de Reclamo. Este plazo es un derecho del administrado y puede hacer uso de el facultativamente o prescindir del ejercicio de la acción probatoria, sin embargo la Administración no puede resolver el reclamo antes del vencimiento del plazo probatorio pues de hacerlo se viciaría de nulidad la resolución emitida por haberse limitado la posibilidad del accionante de ejercitar el derecho a la defensa, y por ende el debido procedimiento.
Cuando la Sunat realiza una determinación de la obligación tributaria y sancionando debe expedir: a.- Resolución de Determinación para los casos que determine la obligación; b.- Resolución de Multa, cuando sanciona. c.- Orden de pago cuando existe autoliquidación por el contribuyente.
Artículo 131º del Código Tributario establece que los deudores tributarios, sus representantes y sus abogados tendrán acceso a los expedientes, para informarse del estado de los mismos. Pero la administración regulará el ejercicio de este derecho. Desde la promulgación del Código Tributario no se ha regulado ejercicio de la consulta de expediente, y esto se debe a que la redacción del texto del artículo 131 del Código Tributario en la parte pertinente resultó ser innecesaria, toda vez que la Constitución del Estado permite el acceso a la información, la misma que está restringida por el secreto tributaria, en otras palabras puede tener acceso al expediente:
Contra las resoluciones que emite el Tribual Fiscal no es posible interponer recurso alguno por vía administrativa, sin embargo se ha establecido en el Código Tributario que los administrados que son parte en un procedimiento, y aun la propia Administración puede pedir corrección de la resolución cuando existen errores materiales o numéricos, así como la ampliación de la resolución sobre puntos omitidos al momento de resolver. Estas ampliaciones o correcciones su pueden realizar de oficio o a solicitud de parte, ya sea que se formulen por la Administración Tributaria o por el contribuyente o el Administrado que sea parte en un procedimiento.. Plazo para pedir tal ampliación o corrección es de 5 días hábiles que serán contados desde el día siguiente de la notificación certificada de la resolución al interesado, el imso plazo se aplica para la Administración Tributaria. El Tribunal Fiscal tiene que resolver dentro del quinto día hábil de presentada la solicitud. G) SOLICITAR LA NO APLICACIÓN DE INTERESES Y SANCIONES EN LOS CASOS DE DEUDA RAZONABLE O DUALIDAD DE CRITERIO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 170.
Producto de la interpretación inequívoca de una norma, hasta que esta sea aclarada (la aclaración debe ser por ley o rango de ley). En los casos siguientes: 1) No se hubiese pagado monto alguno por concepto de deuda tributaria relacionada con dicha interpretación, hasta que esta se aclare. No se aplica los intereses devengados desde el día siguiente del vencimiento del plazo hasta los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario Oficial el Peruano. 2) La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y solo respecto de los hechos producidos mientras el criterio anterior estuvo vigente. La falta de vinculación entre los criterios dados al contribuyente en el supuesto hecho de orientación al contribuyente no se incluyen en este artículo, por que la ley no lo ha previsto y la administración tributaria la deja de lado por falta de capacidad de responsabilidad de los funcionarios de orientar al público y en los casos que tal orientación llevan a errores que tienen un costo para el contribuyente este no puede demostrar que siguió las indicaciones dadas por un empleado de la administración tributaria, por no existir prueba que hizo tal consulta. Y el contribuyente es el único responsable y perjudicado al tener que pagar intereses y sanciones. H) INTERPONER RECURSO DE QUEJA POR OMISIÓN O DEMORA EN RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CÓDIGO.
Las reclamaciones contra Resolución Ficta Denegatoria de Devolución vencido el plazo de 45 días hábiles el deudor puede interponer recurso de reclamación por que debe entender que su solicitud a sido denegada para lo cual tiene veinte días hábiles para tal reclamación. Debería considerarse que la solicitud a sido a favor del contribuyente por incapacidad de la Administración de resolver, en los plazos indicados, si el contribuyente debe cumplir con los plazos para su reclamación y si no lo hace no se le permite realizar tal hecho; de igual manera debería ser para la administración y no cumple con los plazos determinados por el Código Tributario debiendo ser considerada resolución ficta positiva para el contribuyente. No se suspende el computo de intereses moratorios cuando los órganos de resolución no resuelven dentro del plazo de ley, pero sin embargo los intereses y multas no se suspenden pese que la Administración Tributaria atropella las normas, no resuelve que debe hacer al termino de los plazos, y el Estado no asume ninguna responsabilidad. Se comprueba que si el contribuyente incumple la ley es objeto de sanciones, pero si es el Estado el que infringe no pasa nada y es el contribuyente quien tiene que pagar el incumpliendo de la Administración Tributaria. I) FORMULAR CONSULTA A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 93, Y OBTENER LA DEBIDA ORIENTACIÓN RESPECTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente serán devueltas no pudiendo originar respuesta del órgano administrativo ni a título informativo. J) LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 85.
Solo debe ser de conocimiento de la administración, por ser información reservada y solo de uso de la administración, y tan solo podrá ser intercambiada entre los órganos de la misma administración tributaria para el cumplimiento de sus fines propios, previa solicitud del jefe del órgano solicitante y bajo su responsabilidad. En el manejo de la información se puede destacar tres posibilidades:
1) Confidencial 2) De carácter secreto 3) Reservado. El Código no ha establecido una distinción entre que se entiende por secreto o carácter reservado existiendo una contradicción en el aspecto.
La reserva tributaria, busca proteger el derecho de la libertad del individuo en lo que respecta a su intimidad y esto constituye un deber jurídico para aquellas personas, que lleguen a obtener el conocimiento de informaciones que corresponden a un ámbito personal, ya sea, por libre voluntad (secreto bancario),o por exigencia legal (caso reserva tributaria); pero frente a esta situación existen excepciones que tienen su fundamento en un interés social que se encuentra por encima de un interés particular. La información recibida por la Administración Tributaria, conforme lo determina la ley, tan sólo debe ser utilizada para los fines de la Administración, sin violentar el secreto impositivo cuando se da una facultad expresa manifestación o utilización. Esta facultad puede derivar: a. DE LA LEY.- Cuando la ley autoriza a la Administración Tributaria a utilizar información obtenida de un contribuyente en actuaciones distintas a las tributarias; ejemplo: Art. 85, segundo párrafo, inciso 1ro. Asimismo, cuando sea solicitado por el juez en un proceso civil, penal, administrativo, etc. b. DEL CONSENTIMIENTO DEL PROTEGIDO.- Cuando el contribuyente faculta a la Administración Tributaria para que divulgue o entregue a un tercero la información que ella posee sobre él. Esta figura nos e encuentra expresamente regulada por nuestra legislación, pero podría aceptarse, dado que en la práctica sería el propio contribuyente quien estaría entregando la información. c. DE UN INTERÉS PÚBLICO INEXCUSABLE.- Esta figura no está prescrita en nuestra legislación, pero es aceptada por la doctrina. Creemos que es supuesto que dejaría abierta la posibilidad de abusar de la información obtenida por la Administración.
Están exceptuados de la reserva tributaria: a) Las exhibiciones de documentos declaraciones que ordene el Poder Judicial en los procedimientos sobre tributos, sobre alimentos, disolución de la sociedad conyugal o en los procesos penales; el fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito; y la comisión Fiscalizadora o de las Comisiones Investigadoras del Congreso, con acuerdo de la Comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. b) Los expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiera recaído resolución que ha quedado consentida, cuando sea autorizado por la Administración Tributaria. c) La publicación que realice la Administración Tributaria de los datos estadísticos, siempre que por su carácter global no permita la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. Adicionalmente, a juicio del Jefe del órgano administrador de tributos, la Administración Tributaria, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, podrá incluir dentro de la reserva tributaria determinados datos que el contribuyente proporcione a la Administración Tributaria a efecto que se le otorgue el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), y en general, cualquier otra información que obtenga de los contribuyentes, responsables o terceros. En virtud a dicha facultad no podrá incluirse dentro de la reserva tributaria. 1.- La publicación que realice la Administración Tributaria de los contribuyente y/o responsable, sus representantes legales, así como los tributos determinados por los citados contribuyentes y/o responsables, los montos pagados, las deudas tributarias materia de fraccionamiento y/o aplazamiento, y su deuda exigible, entendiéndose por esta última, aquella a la que se refiere el artículo 115º. La publicación podrá incluir el nombre comercial del contribuyente y/o responsable, si lo tuviera. 2.- La publicación de datos estadísticos que realice la Administración Tributaria, siempre que por su carácter general no permitan la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. 3.- La información que solicite el Gobierno Central respecto de sus propias acreencias, pendientes o canceladas, por tributos cuya recaudación se encuentre a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT o la Superintendencia Nacional de Aduanas – ADUANAS, siempre que su necesidad se justifique por norma con rango de ley o por Decreto Supremo. Se encuentra comprendida en el presente numeral, la información que sobre las referidas acreencias requiera el Gobierno Central, con finalidad de distribuir el canon minero. Dicha información será entregada al Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Gobierno Central, previa autorización del Superintendente del órgano de la Administración Tributaria correspondiente. La Administración Tributaria no se encuentra obligada a proporcionar a los contribuyentes, responsables o terceros, la información que pueda ser materia de publicación al amparo de los numerales 1 y 2 del presente artículo.
La obligación de mantener la reserva tributaria se extiende a quienes accedan a la información calificada como reservada en virtud a lo establecido en el presente artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con la Administración Tributaria de acuerdo al Artículo 55º, quienes no podrán utilizarla para sus fines propios. No incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada en virtud a lo establecido en el presente artículo, ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria. FUNDAMENTOS DE LA RESERVA TRIBUTARIA En un principio se consideraba que la reserva tributaria encontraba su sustento en el secreto profesional, de acuerdo al cual en trabajadores de la Administración Tributaria estaban impedidos de hacer público los hechos que conocieran durante el desarrollo de sus actividades. Actualmente se considera que el secreto profesional no es suficiente para explicarnos la existencia y conveniencia de la reserva tributaria., esta se origina en la confluencia de dos intereses que son: A.- El interés del administrado. Porque se encuentra obligado a manifestar sin reserva todos los hechos y circunstancias personales o de terceros que le son requeridos por la Administración Tributaria y le conviene que tales contingencias se mantengan en secreto o reserva, dado que la divulgación de algunos de ellos podría efectuarle algún daño. B.- Del Interés de la Sociedad Incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado en efecto, el deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias personales, cuanto más garantía tenga de que la Administración utiliza todos los hechos por ello conocido para fines absolutos impositivos. Ese motivo psicológico tiene un trasfondo jurídico real, dado que nadie está obligado a exponerse así mismo al riesgo de la persecución penal, la obligación jurídica impositiva de la cooperación e información del deudor tributario termina allí donde cesa la protección mediante la reserva tributaria. K) SOLICITAR COPIA DE LAS DECLARACIONES O COMUNICACIONES POR ÉL PRESENTADAS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
En el caso que la administración requiera nuevamente y se tenga prueba de haber sido proporcionados en el momento dado el contribuyente podrá tener este derecho de no proporcionar los documentos antes presentados. Si fuera el caso de no constatar con un cargo por la entrega de documentos y el contribuyente hace uso de este literal puede que el proceso que sigue se torno en contra, por lo cual creo que se debió dar esta salvedad que “el contribuyente tenga en su poder cargo de la recepción del documento por parte de la administración tributaria”. M) CONTAR CON EL ASESORAMIENTO PARTICULAR QUE CONSIDEREN NECESARIOS, CUANDO SE LE REQUIERA SU COMPARECENCIA.
2) Las deudas que no han sido materia de fraccionamiento anterior. El problema del deudor tributario radica principalmente que muchas veces esta imposibilitado de acceder a una carta fianza, o de proporcionar una garantía hipotecaria, sin embargo este es un requisito que el Código ha considerado como discrecional, lo que si no puede hacerse es solicitar el fraccionamiento cuando se ha incumplido el pago del mismo, o se que no pude haber el fraccioamiento del fraccionamiento. O) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA.
P) TENER UN SERVICIO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES; Se espera que la Administración proporcione a los contribuyentes un servicio eficiente así como las facilidades para el cumplimento de sus obligaciones formales y sustanciales.

References: artículo 1
 artículo 24
 Artículo 2
 Artículo 1
 artículo 9
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 Artículo 88
 artículo 14
 artículo 56
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 131
 artículo 131
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 ARTÍCULO 170
 Resolución 
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 resolución 
 ARTÍCULO 93
 ARTÍCULO 85
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 Resolución 
 artículo 115
 Artículo 55