Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714399500404.HTML
Timestamp: 2019-06-24 15:43:18+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1439/2017
Comenzamos el día de hoy recibiendo a la presidencia, vicepresidencia y director del INAU y a todo su equipo, a fin de considerar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal en lo que corresponde al inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».
Quiero recordarles que el mecanismo de trabajo consiste en hacer una breve exposición general y luego considerar el articulado.
SEÑORA LINDNER.- Muy buenos días. Realmente es un gusto estar aquí para analizar lo realizado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en el año 2016, intercambiando comentarios sobre los artículos que consideramos absolutamente relevantes y que han sido aprobados por la Cámara de Representantes.
En cuanto a la rendición de cuentas, queremos compartir algunos aspectos generales.
El INAU se encuentra en un proceso muy potente de cambio institucional. Es una institución que está generando aspectos que son pilares en los cambios de modelo de atención, centrados en los principios de la Convención sobre los derechos del niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pasando de un modelo sostenido en custodiar y asistir a otro en el que la institución debe transformarse para garantizar, proteger, promover y restituir los derechos de la infancia y la adolescencia. A su vez, se trata de una institución que tiene una fuerte necesidad de generar cambios en la implementación, que muchas veces está marcada por las urgencias que es imprescindible atender pero que necesariamente debe generar –a partir de los cometidos que establece el marco normativo– capacidades para la rectoría y la regulación. De alguna manera esto es un proceso que en este período tiene elementos muy importantes con la creación de la institucionalidad, que actualmente tiene la responsabilidad de las medidas privativas y no privativas de libertad. Esto genera elementos que han sido sustantivos en los cambios fundamentales que cada vez más deben generar intervenciones que permitan la restitución de los derechos de los niños y los adolescentes, garantizarlos y generar capacidades para el cuidado en sus entornos.
Estos son, de alguna forma, los principios centrales de este período de administración. En los últimos diez años esta institución ha crecido más de un 45 % en cobertura –este año, seguramente, llegaremos a los 90.000 niños– y ha llevado a cabo más de 1.800 proyectos en todo el país como, por ejemplo, los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, los albergues para madres con niños en situaciones de violencia y proyectos vinculados al consumo problemático de sustancias. En síntesis, hay una gama muy importante de proyectos a través de la gestión pública directa y de convenios que, junto con los contratos que van creciendo sustantivamente y asegurando el derecho a vivir en familia, son modelos asociados al acogimiento familiar que llevan a que este sea un organismo de alta complejidad.
Asimismo, esta institución tiene desafíos muy importantes en algo que hemos definido como parte de las líneas estratégicas de fortalecimiento institucional: hacer más pero hacer mejor a través de una mayor transparencia y una mejora en la eficiencia de la gestión y la calidad de la atención. Esto tiene que ver con una mayor cobertura y también con mejores intervenciones para las cuales es necesario todo el eje que se presentó aquí cuando se discutió el presupuesto quinquenal. Me refiero al fortalecimiento de la gestión y de la institución. No vamos a detenernos en este punto, pero queremos hacer dos o tres puntualizaciones.
En primer lugar, en cuanto a la reestructura institucional, en el año 2016 tuvo puntos muy importantes de cambios organizacionales que van en el sentido de una nueva estructura orgánica, un nuevo manual de funciones que se está probando en estas semanas y una nueva estructura de cargos y funciones que se está analizando con la Oficina Nacional del Servicio Civil y que consideramos que va a quedar establecida. Además, es uno de los artículos planteados en esta rendición de cuentas que marcan la impronta de una nueva institucionalidad, distinta y acorde con las necesidades de la infancia, la adolescencia y su familia.
En segundo término, están todos los ejes pero solo vamos a nombrar dos que están vinculados a la agilidad en los flujos de información y decisión para la mejora de los procesos de gestión y transparencia.
El proyecto Pitanga, un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, representa una plataforma informática para la interoperatividad de los sistemas de administración de personal, de rendición de cuentas, de transparencia y de registro de los usuarios.
Otro aspecto que queremos destacar son los avances que hemos tenido en acuerdos interinstitucionales con el LATU y Unicef para hacer un estudio de diagnóstico y análisis de los procesos en dos áreas que son muy relevantes para la institución: la línea azul, que es la respuesta a las denuncias y emergencias, y el departamento de adopciones. Nos encontramos en pleno proceso de trabajo para mejorar la gestión de estas dos áreas en particular y, en general, de aquellas que tienen mayor sensibilidad desde el punto de vista de las respuestas a los niños y sus familias.
Con respecto a la eficiencia del gasto, hemos realizado un acuerdo de trabajo con el Centro de Estudios Fiscales para hacer un análisis de eficiencia de gasto en los temas de primera infancia y del sistema de protección de veinticuatro horas. Decíamos «hacer más y mejor» con eficiencia y transparencia. El análisis de la gestión de gastos es un tema muy importante para nuestra institución.
A través del análisis y la discusión del fortalecimiento de los ejes, se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que permitió avanzar en el análisis de todo lo que implica el gasto público social, en particular el vinculado a la infancia. Se firmó un acuerdo que permitió generar mejores instrumentos y mecanismos para medir la eficiencia del gasto público y, particularmente, los impactos que tiene a través de las respuestas que el Estado ha dado en todo este período. Si bien se ha crecido de forma muy importante en cobertura, aún quedan desafíos realmente muy importantes.
En relación con la reestructura orgánica, quiero destacar un par de aspectos. La reestructura orgánica tiene que ver con un modelo en el que las líneas de trabajo estén sostenidas en líneas de política pública y no en proyectos. Cuando hablamos del sistema INAU, nos referimos a la interacción de todos los proyectos y programas que se desarrollan en el territorio. Decíamos que son más de 1.800 los proyectos de gestión pública a través de convenios y contratos con familias y el fortalecimiento institucional es básico y fundamental para darles sostenibilidad y proyección.
Durante el año 2016 se produjo un cambio organizacional muy sustantivo –no tenemos tiempo para explicarlo en profundidad– que consistió en la conformación de un equipo de alta conducción con la creación de cinco programas prioritarios: primera infancia, infancia, adolescencia, familia y cuidados parentales, y especializados. De esa forma, hemos definido tres líneas de programa por ciclo vital y dos transversales para el abordaje de las situaciones de mayor vulnerabilidad, que son el sistema de protección de veinticuatro horas y las situaciones vinculadas a las vulnerabilidades asociadas con discapacidad, consumo problemático y violencia, que requieren especificidades importantes.
Otro de los elementos a destacar es la Dirección Departamental de Montevideo –en estos días se está cumpliendo un año de su creación– que ha significado uno de los cambios más profundos en la estructura organizacional, rediseñando todas las intervenciones y poniendo énfasis en la proximidad, la descentralización y el fortalecimiento del trabajo en el territorio.
Todos estos cambios se han generado sin incremento presupuestal y ese elemento justamente habla del rediseño, la readecuación, la reestructura y un mejor fortalecimiento de las respuestas.
Un eje sustantivo del trabajo de estos dos años está vinculado a uno de los elementos que hemos definido como líneas centrales y comprende todo lo relacionado con la gestión humana.
En este sentido, hemos obtenido resultados que consideramos relevantes y, aunque aún no son suficientes, tienden a generar mejores condiciones de trabajo y la profesionalización de los actores. Estos aspectos son sustantivos en una institución que trabaja con la infancia y la adolescencia. Los trabajadores y las trabajadoras son los que permanentemente dan sus conocimientos y sus aportes en lo que hace a una función pública, a un servidor público que, en este caso, está muy vinculado a las situaciones de mayor complejidad de la niñez y la adolescencia.
Hay otros elementos que podemos detallar, como la mejora de los vínculos contractuales y la reducción casi a la mitad –en estos meses están bajando mucho más– de los contratos con la figura de tallerista.
En este momento, estamos realizando 128 concursos públicos abiertos en todo el país para generar, justamente, mejores condiciones, más acordes y de mejor calidad desde el punto de vista de los contratos.
Por otra parte, estamos enfocados fundamentalmente en un objetivo. Hemos terminado todo el diagnóstico en la estructura de cargos y funciones, y este año seguramente vamos a dar pasos importantes en la recomposición de la carrera administrativa en la institución.
Asimismo, estamos cerrando una etapa de profundo intercambio en cuanto al nuevo manual de trabajo de funcionarios y funcionarias. Se puso el énfasis en los aspectos vinculados a la consideración de los niños y los adolescentes como sujetos principales de derecho, en instituciones que todavía tienen marcas de aspectos tutelares y custodiales. Esto nos parece fundamental.
Por otra parte, se ha avanzado en el cumplimiento de aspectos relacionados con la carrera funcional, teniendo en cuenta que hay más de mil situaciones a considerar en el INAU. Los señores senadores verán un artículo –que esperamos sea aprobado– relativo al provisoriato, que consideramos muy importante, en tanto hace a las posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo.
El hecho de que más de mil funcionarios de la institución hayan pasado de los contratos eventuales a los contratos permanentes o a la presupuestación a partir de la evaluación nos parece muy importante para construir y reconstruir la carrera funcional y administrativa.
En esta línea de fortalecimiento institucional –por supuesto, tenemos toda la disposición para intercambiar ideas–, están planteados los artículos 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 y 235.
En especial queremos destacar el proceso de discusión en la Cámara de Representantes respecto a la asignación de créditos presupuestales no previstos, basados en aspectos que consideramos relevantes y que tienen que ver con la remuneración salarial de los trabajadores del INAU.
Consideramos que las mejoras salariales deben seguir en este sentido, y sabemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a destinar recursos presupuestales para este aspecto, que tuvo que ver con un acuerdo entre el sindicato y el directorio del INAU –planteado cuando se discutió la ley presupuestal–, relacionado con el incremento de 3,5 % salarial para los trabajadores.
También consideramos –y en esto el directorio del INAU ha sido enfático– la necesidad de los mayores esfuerzos para que los trabajadores de la institución puedan tener mejores condiciones de trabajo. En este sentido, hay elementos en lo que hace a la estructura funcional y orgánica que esperamos presentar en la rendición de cuentas del año próximo. Me refiero a elementos que tienen que ver con avances en la estructura de cargos y funciones; como dije, esperamos tener esa estructura presentada a este Parlamento, según lo establece el artículo que estamos proponiendo que se apruebe.
El segundo eje de trabajo –que, de alguna forma, a nivel de todo el Estado ha sido planteado como prioritario– está vinculado a la primera infancia. Este eje se ha planteado en torno a lo que es la construcción de una nueva matriz de bienestar social, teniendo a la primera infancia como pilar central de los procesos de desarrollo de todo el ciclo vital de un ser humano y como una prioridad que hace a los esfuerzos del conjunto de la institucionalidad pública. En este sentido nuestra institución, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tiene enormes desafíos y realmente consideramos que estamos avanzando.
A este respecto, el aumento de cobertura, junto con la mejora de la calidad y la innovación en los modelos de trabajo, es el aporte que nuestra institución está llevando adelante, con énfasis, en el marco de lo que este Parlamento aprobó como la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
La primera infancia tiene hoy, a través del INAU, una cobertura que consideramos muy importante: 56.000 niñas y niños de 0 a 3 años en 460 centros de primera infancia; 408 CAIF; 35 Centros de Atención a la Primera Infancia y 17 centros Nuestros Niños, que estaban siendo gestionados por la Intendencia de Montevideo y que han pasado a estar bajo la órbita del INAU. Todo ello conforma hoy una red, un tejido muy importante a nivel del territorio, que da cobertura de calidad a los niños de más temprana edad.
El aumento de cobertura implica, como han visto los señores senadores, la apertura de nuevos centros y la ampliación de los existentes. El cambio de cobertura está vinculado a varios aspectos, pero uno central tiene que ver con adecuar los centros de cuidados y educación con la realidad de las familias. Esto implica ir logrando progresivamente que las modalidades de atención tengan que ver con la realidad de las familias, fundamentalmente ampliando la cobertura de los horarios de acuerdo a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. Esto se plantea, básicamente, para las edades de 1 y 2 años, en las que estamos centrados en este proceso de trabajo, tanto a nivel de los CAIF como de los Centros de Atención a la Primera Infancia.
Además, hemos planteado líneas innovadoras en cuidados y educación inicial. Solamente vamos a poder dar los titulares de todo esto, pero queremos decir que hoy tenemos una primera Casa Comunitaria de Cuidados. Estas casas dan posibilidades de llegar a aquellos lugares a los que hoy no estamos pudiendo llegar con los centros que están previstos. Hablamos de trabajo con empresas y sindicatos, básicamente centrado en una modalidad que consideramos sustantiva y que apunta, justamente, a comprometer a los actores sociales y empresariales en el cuidado de los niños y adolescentes y en cuanto a espacios de cuidados para hijos de estudiantes. Vamos a hacer referencia a esto pero, básicamente, hablamos del tema del retorno al sistema educativo de aquellas adolescentes madres y también de los padres adolescentes que han dejado de estudiar para cuidar a sus hijos.
Estos aspectos también se asocian a algunas de las líneas estratégicas vinculadas a las autonomías de los adolescentes jóvenes.
En cuarto lugar, respecto al diseño de herramientas para la medición de la calidad de los centros, hay elementos verdaderamente importantes en cuanto a las líneas de trabajo que venimos llevando adelante.
El aumento de cobertura en el 2016 –que es básicamente lo que hoy debemos analizar con los señores senadores, porque tiene que ver con la rendición de cuentas– consiste en 15 nuevos centros CAIF, 18 ampliaciones, 2200 niños y niñas de 0 a 3 años con cobertura en centros de educación y cuidado. Si a esto le sumamos los 17 centros CAIF que se abrieron en 2015 y las 19 ampliaciones, más los avances en las metas 2017 con la apertura y creación de 20 nuevos centros y los 500 cupos por ampliaciones, consideramos que efectivamente estamos dando cumplimiento y generando mejores condiciones para los niños de 0 a 2 años con un esfuerzo muy importante del gasto público, que fundamental en la inversión social en la infancia y adolescencia.
Básicamente, estamos hablando de crecer en cobertura con calidad de atención. Los señores senadores se imaginarán que el crecimiento de nuevos servicios implica el fortalecimiento de la estructura central de gestión. Si no se fortalece la estructura de trabajo institucional en todas las áreas es imposible llegar a los aspectos centrales en lo que tiene que ver con el seguimiento de la calidad de los servicios.
El sistema de supervisión y monitoreo para toda la red de centros es un aspecto que consideramos central y respecto del cual los señores senadores tienen hoy para analizar y discutir –en el incremento presupuestal– elementos para la mejora de las capacidades institucionales que hagan posible que todos los Centros de Primera Infancia tengan supervisión unificada, basada en indicadores establecidos y asociados a los procesos de desarrollo, y también supervisiones que hagan a la calidad vinculada a un elemento central que está en los procesos de trabajo, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades parentales.
Otro de los elementos que hace a la posibilidad de sustentabilidad y avance del sistema tiene que ver con el fortalecimiento de la participación social y de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, ha habido un trabajo muy importante en cuanto a poder generar elementos que contribuyan a algo que consideramos se destaca en la realidad de nuestra sociedad y de nuestro país, que es ese tejido social que permite que las organizaciones sociales puedan llevar adelante y gestionar adecuadamente los servicios de atención en las distintas áreas vinculadas a la infancia y la adolescencia.
El plan CAIF es realmente ejemplar en torno a lo que tiene que ver con las posibilidades de que las organizaciones sociales lleven adelante procesos de trabajo que tienen fuertes lazos en la comunidad y en los que –si han estado en alguna de las inauguraciones y aperturas de centros CAIF– queda muy claro que son centros que generan no solamente la atención de los niños, sino también un entramado social y comunitario fundamental en base a una sociedad que esté en conjunto cuidando a sus niños y adolescentes.
Por lo tanto, el tema del trabajo con los comités departamentales y nacionales del plan CAIF ha sido un eje relevante.
Por otra parte, los desafíos en ampliación de cobertura tienen, sin lugar a dudas, en el exponencial crecimiento planteado, la conformación de nuevas organizaciones y colectivos sociales que permitan la gestión de estos centros. En este plano, no solamente con las organizaciones sociales, sino también con instituciones como el Inacoop, los avances, en torno a un eje que consideramos relevante, van cobrando lugar y energía en todos los procesos de trabajo que tienen que ver, justamente, con las cooperativas de trabajadores. Este es otro de los aspectos en los que hemos concentrado parte de nuestros esfuerzos.
Como decíamos, la primera infancia como prioridad nacional, como prioridad de todos los actores, requiere mayores esfuerzos en el fortalecimiento interinstitucional y en la coordinación con organismos como la Secretaría Nacional de Cuidados, de la que somos parte por medio de la Junta Nacional de Cuidados; con las intendencias departamentales, que son claves en los procesos de ampliación y generación de condiciones en lo que tiene que ver con los terreros para los CAIF y en los acuerdos de trabajo con nuestra institución –por cierto, podríamos comentar experiencias bien interesantes a este respecto–, pero también con ANEP, el MEC y Uruguay Crece Contigo. Estos organismos forman parte de una serie de instituciones y programas que son vitales, porque de alguna manera la apuesta a la primera infancia es muy importante en el proceso del desarrollo vital de un niño, pero también lo es para la continuidad de este proceso en la adolescencia.
Estos aspectos en los que se viene trabajando con ANEP para generar polos educativos y que en los mismos predios se pueda encontrar el CAIF, la guardería, el jardín de infantes, la escuela y el liceo, son muy importantes a efectos de asegurar el cuidado a las familias y que estén rodeados por el conjunto de la institucionalidad pública y de las organizaciones sociales. Este es uno de los mayores desafíos que tiene por delante nuestra sociedad, pero, de alguna manera, está matrizado en el Sistema Nacional de Cuidados. La idea es llegar a una sociedad que pueda cuidar a sus niños, a sus adultos mayores, a las personas con discapacidad, por medio de servicios, pero también con la generación de mejores condiciones para el fortalecimiento de las parentalidades, porque es fundamental para la primera infancia. El fortalecimiento de la capacidad de cuidado en la sociedad, es uno de los aspectos que guía a nuestra institución a nivel de todo el ciclo vital, en este caso, de la infancia y la adolescencia.
Cuando hablamos de innovaciones, hacemos referencia no solo a los modelos de atención a la primera infancia, sino también a nivel de las modalidades de infraestructura. En este sentido, uno de los caminos que ha tomado el INAU es el de la participación en dos proyectos de participación público privada. Para el primero de ellos, se presentó una empresa a la licitación pública y consideramos que en los próximos seis meses podrá avanzar y presentar su propuesta de financiamiento. Pensamos que con esta línea habrá también posibilidades de generar condiciones efectivas para lograr una de las metas, que es que este servicio tenga el carácter de universal.
El segundo llamado para el proyecto de participación público privada se publicará en octubre de 2017. Mientras que el primero comprende 15 CAIF, el segundo, 27. A esos efectos, hemos avanzado ya en la definición y en la entrega de la lista correspondiente a la Corporación Nacional para el Desarrollo. En este punto, que tiene que ver con una de las modalidades de atención, me quiero detener unos minutos en los Centros de Atención a la Primera Infancia.
Los treinta y cinco Centros de Atención a la Primera Infancia que gestiona nuestra institución tienen una cobertura en todo el país y, básicamente, son parte de toda una historia institucional. Hace unas pocas semanas inaugurábamos el nuevo local del CAPI de Carmelo y la comunidad de esa ciudad sigue hablando de la Gota de Leche, de los centros diurnos y de los Centros de Atención a la Primera Infancia que conforman toda nuestra institucionalidad. Solo con los nombres podemos dar cuenta de los procesos, de la historia y de los avances en los procesos de atención pero, básicamente, eso habla de que la comunidad se apropia de esos lugares que han tenido como característica central –y creemos que hay que apostar a su ampliación– la atención de los niños desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años de vida. Otra característica sostenida y permanente de los Centros de Atención a la Primera Infancia tienen que ver con el horario extendido y flexible. En este sentido quiero comentar que el 42 % de la cobertura extensa que realiza nuestra institución abarca a niños menores de dos años y esto es clave. Es fundamental que podamos generar elementos que están basados en algunas inversiones muy importantes que ha realizado nuestro país en infraestructura y equipamiento.
Desde la Administración anterior se hicieron grandes inversiones públicas para mejorar la infraestructura de los Centros de Atención a la Primera Infancia. En esta transparencia vemos el centro «Los teritos» en La Boyada, «El regazo de Lita» en la curva de la calle Grecia y el «Centro de Lezica» que es un centro que vamos a inaugurar en los próximos días. Ese espacio está enclavado en una zona en la que también se busca la cercanía del centro de reclusión n.º 5. A su vez, a través de distintas modalidades nuestra institución viene llevando adelante procesos de trabajo para asegurar que los hijos y las hijas de las personas privadas de libertad puedan tener espacios educativos, de desarrollo y de crecimiento que de alguna forma les permitan tener nuevas oportunidades de vida para cortar con círculos viciosos que muchas veces parecen imposibles de superar si no llegamos a tiempo y si no generamos las mejores condiciones para evitarlas.
Seguramente, en el mes de setiembre o en los primeros días de octubre vamos a inaugurar este nuevo centro de gestión pública en Lezica y los invitamos a que nos acompañen. También tenemos las «Salas del Buceo» que algunos señores legisladores han visitado hace algunas semanas. Nosotros consideramos que todos esos centros tienen una infraestructura que debe ser la que reciba a los niños y a las niñas más pequeños, pero tenemos que fortalecerlos con recursos humanos y generar las condiciones para que funcionen de forma adecuada para poder desarrollar esas tareas.
Es probable que en el mes de octubre inauguremos el «Centro de Las Piedras» que también es una inversión pública muy importante en centros que realmente tenían dificultades para trabajar en forma adecuada en esa etapa de desarrollo. Tanto el CAPI de Lezica como el de Las Piedras este año van a disponer de más infraestructura y, por lo tanto, de mayor cobertura para niños y niñas.
Hace unos diez días el director Rodríguez inauguró el Centro de Atención a la Primera Infancia «Mis primeros pasos» en Durazno. Ese es un centro que también va a tener la posibilidad de brindar cobertura, aspecto que nos parece imprescindible resolver. A esos efectos estamos solicitando el incremento presupuestal que está planteado en nuestra propuesta.
En cuanto a la capacidad locativa de los CAPI de Montevideo, Canelones, San José, Artigas, Durazno, Maldonado, Rivera, Rocha y Treinta y Tres, estaríamos en condiciones de incrementarla en al menos con 304 niños de un año. Es una modalidad sumamente sustantiva y que requiere de las mejores capacidades de los equipos institucionales en el 2018 si es que el Parlamento aprueba el incremento presupuestal que solicitamos para los CAPI. Es decir, es una oportunidad de generar –ya había una definición por parte del Estado de la mejora de infraestructura– los equipos para que efectivamente esos niños puedan acceder a las mejores condiciones desde el punto de vista de su cuidado y educación.
Las casas comunitarias de cuidado son una nueva modalidad. Se creó la primera en la localidad de Juan José Castro, Flores. Este proceso está siendo seguido con mucha atención, pero se creó sobre la base de una fuerte convicción y articulación de la comunidad con la Intendencia y el INAU. Los equipos de ambas instituciones hicieron mucha fuerza para abrir esa casa comunitaria en Flores. Estamos generando un primer paso en esta modalidad de atención, que este año, a partir de lo que ha sido la selección y la capacitación de veinticuatro cuidadoras –que se encuentran habilitadas por su formación en el Centro de Estudios y Formación del INAU mediante el currículum que las habilita como educadoras en primera infancia– y los procesos de entrevistas con treinta y cinco nuevos postulantes, consideramos que vamos a asentarla. Esto requiere y desafía mejores condiciones de nuestro instituto para supervisar, acompañar y lograr que efectivamente podamos llegar a todo el territorio nacional con modalidades reguladas de atención y de calidad para los niños y sus familias. El grupo de trabajo que procesa esta nueva modalidad está integrado por representantes de la Secretaría Nacional de Cuidados, de Inmujeres, de Uruguay Crece Contigo y del Ministerio de Salud Pública. El lunes la Junta Nacional de Cuidados aprobó el decreto que reglamenta la modalidad de casas comunitarias de cuidado y da un marco de regulación de aspectos que hoy se dan en distintas situaciones cuando las madres tienen que salir a trabajar y los padres requieren ese tipo de atención.
Las casas comunitarias de cuidados son una innovación en la que hemos puesto la proa en este período de administración.
Los centros con empresas y sindicatos es una modalidad que requiere un trabajo de reuniones con distintas empresas privadas –que se viene llevando delante– y están establecidos como un elemento que apunte a ampliar las capacidades de cuidados y, fundamentalmente, adecue las instituciones a las necesidades de las familias. En ese sentido, hemos tenido avances con un proyecto constructivo de una empresa vinculada a la metalúrgica en cuanto a comprometerse con la infraestructura, porque la corresponsabilidad en el cuidado tiene que centrarse en los aportes que cada uno hace y, por tanto, en esto hay mucho para avanzar.
Se han realizado reuniones con distintas empresas –con empresarios de Maldonado, de Colonia, de Florida, de Paysandú y de Montevideo–, y también hay posibilidades de avanzar con algunos sindicatos.
En cuanto a nuevas modalidades de atención –no me quiero extender demasiado– estamos firmando en el correr de estos días un convenio marco entre INAU, el Sistema de Cuidados y la ANEP. Ya se están implementando tres experiencias piloto: la primera, en Young; la segunda, en Canelones y, por último, en el Cerro de Montevideo, que da cobertura para los estudiantes –mujeres y varones– que tienen niños pequeños y que de alguna manera tienen que retornar al sistema educativo. El Ministerio de Salud Pública –como ustedes saben– está coordinando la estrategia nacional vinculada al embarazo adolescente no intencional. Las cifras que, de alguna manera se han hecho públicas, son un elemento bien sustantivo que tenemos que abordar. La situación de la mayoría de las madres adolescentes está vinculada con que, previamente a ser madres, dejan el sistema educativo, es decir que se convierten en adolescentes que pasan a tener responsabilidades de cuidado en sus familias. Esta es una línea innovadora, un aspecto que estamos discutiendo con la propia ANEP, porque consideramos que el sistema educativo tiene que generar instancias que efectivicen la sustentabilidad de las trayectorias educativas y para esto es necesario que las diversas modalidades de atención estén permanentemente desafiando los cambios.
En este sentido, estamos solicitando al Parlamento nacional que nos apruebe un incremento presupuestal que está en el artículo 235, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que está vinculado al incremento de $ 114:000.000 para el fortalecimiento de los Centros de Atención a la Primera Infancia. En esta cifra estamos solicitando incremento para el ingreso de 125 nuevos funcionarios que puedan dar cobertura a 304 niños incluyendo bebés, con extensión horaria, y sin incremento de inversión en infraestructura. Repito: los $ 84:000.000 que figuran en el proyecto están vinculados al rubro 0 permitirían la cobertura de 304 niños de 0 a 1 año, básicamente, sin inversión en infraestructura. Este incremento en cobertura requiere de materiales, de funcionamiento, de alimentación que están en los rubros planteados también en el Programa 354 Proyecto 102 para el fortalecimiento de funcionamiento.
Por otra parte, pretendemos generar avances en la institucionalidad porque creemos que son fundamentales. Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades institucionales también tiene que ver con incrementos para la formación de los equipos de la primera infancia y para el incremento de supervisores. En este sentido, los $ 7:000.000 que están colocados en el programa de incremento presupuestal tienen que ver con la contratación de cuatro supervisores, de dos administrativos, de dos técnicos administrativos, de dos contadores y un arquitecto. Esto junto con elementos que están planteados en el Programa 403 Proyecto 129 están asociados a incrementos para un eje que, de alguna manera, es fundamental, porque están vinculados con los instrumentos de medición, evaluación y monitoreo, de las formación de los supervisores y de la gestión administrativa.
Esto es lo que tenía que decir en cuanto a la primera infancia.
Me gustaría que el director Dardo Rodríguez se refiriera a los cambios que estamos llevando adelante en el derecho a vivir en familia.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- Dentro de los desafíos generales que planteaba inicialmente la presidenta, se hacía referencia a la creación de una nueva estructura que procura ajustar la respuesta institucional a las nuevas realidades que viven los niños y las familias en el país. Esta nueva estructura intenta reflejar en esas respuestas la incorporación del enfoque de derecho, que está contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Como también se ha dicho, esta línea estratégica de familia y cuidados parentales es fundamental en términos del desafío de cambio que propone hacer la institución porque se trata nada más y nada menos que de garantizar el derecho de los niños a vivir en un contexto familiar. En general, en casi todos los casos que el instituto tiene que intervenir –obviamente lo hace porque allí hay una vulneración de algún derecho básico–, nos encontramos con entornos familiares vulnerables. Por lo tanto, el abordaje no puede ser solo con el niño, sino que debe ser con el entorno familiar en el que el niño está inserto.
Por eso la estrategia de intervención del instituto aborda varias dimensiones. Una de ellas es fortalecer todos los programas de trabajo con las familias de origen, que por diversas circunstancias pierden las capacidades de cuidado de sus hijos. Esto es actuar antes de que los problemas puedan ser derivados o judicializados para que la institución intervenga.
Como se ha expresado, el instituto tiene presencia muy extendida en el territorio, –inclusive en las zonas más remotas del país– con equipos técnicos, con educadores y con acciones concretas. Esto quiere decir que tenemos capacidad de estar cerca de las familias. Además, tenemos programas específicos para poder abordar las situaciones más complejas, como el programa Cercanías, que trata de trabajar en el fortalecimiento de las capacidades parentales y el cuidado de los niños.
Luego de que inevitablemente un niño llega a la institución por alguna razón –las razones son múltiples– y tiene que ser separado de su familia de origen, el instituto tiene que dar una respuesta a esa situación. Básicamente ha tenido para ello dos instrumentos: la internación en los famosos hogares de veinticuatro horas –algunos de los hogares siguen el ciclo de edad de los chiquilines, es decir, que son hogares que tienen atención para la primera infancia, infancia o adolescencia, y en algunos casos brindan respuesta mixta–, o alguna de las alternativas familiares, como la de las antiguas cuidadoras, que se remonta al año 1934 –todavía hay alguna en el instituto–, o las nuevas modalidades de acogimiento que se han ido creando para responder a estas situaciones.
Uno de los desafíos más importantes que ha tenido el instituto es transformar los hogares en Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar –CAFF–. Entendemos que la internación debe ser por el menor tiempo posible y que el énfasis debe estar puesto en que cuando un niño llega al instituto tenga una familia de referencia para ser derivado urgentemente.
A continuación, voy a citar algunas acciones llevadas a cabo. Hemos realizado ya –hay que tener en cuenta que este proceso de transformación de los hogares lleva un tiempo de elaboración, de programas piloto, de confección de herramientas para poder procesar ese cambio, etcétera– la transformación de catorce hogares a modalidad de acogimiento y fortalecimiento familiar; hemos realizado la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para gestionar dos centros CAFF: uno en Canelones y el otro en Maldonado. El resto de los catorce que se transformaron son gestionados con funcionarios del INAU.
También se ha procedido a la incorporación de 121 familias –estamos hablando de 2016, ahora son más– para el Programa de Acogimiento Familiar, que permite dar una cobertura de cuidados a 265 niños. Se ha lanzado una campaña en dos fases, Familia Amiga y Hacele un Lugar a su Futuro. Se trata de una campaña que apunta a sensibilizar a la comunidad y a las personas para que formen parte de los programas de acogimiento familiar.
Están en funcionamiento nuevos Equipos Territoriales de Atención Familiar –los ETAF–, cinco de ellos dedicados exclusivamente al trabajo con las familias de origen que viven cercanas a centros de acogimiento o a centros de veinticuatro horas focalizados en niños de cero a cinco años.
En lo que tiene que ver con las adopciones se han tomado decisiones importantes. Por ejemplo, se ha realizado un llamado a ingreso de quince técnicos –trabajadores sociales y psicólogos– para el fortalecimiento del equipo de adopciones. Hemos discutido muchas veces este tema. Desde que la persona se inscribe para adoptar hasta que es llamado para la valoración, pasa mucho tiempo, y nosotros creemos que debe ser el mínimo posible. Hay dos decisiones que se han ido tomando al respecto y se han reforzado con nuevos equipos para que ese proceso se acorte. Como se hizo referencia en la presentación de la presidenta, el convenio con el LATU nos permitirá mejorar el análisis del proceso de adopción tratando de tener mejores condiciones para que se dé con todas las garantías y en el menor tiempo posible.
En 2016 se realizó la integración de 68 niños a familias que estaban en el registro de adoptantes y se realizaron 105 seguimientos a familias adoptantes del año 2014 y 2015. Una vez que el niño es adoptado, se le hace un seguimiento y se apoya a la familia adoptante. También se hicieron valoraciones a 75 familias postulantes para integrar el registro de familias adoptantes y se creó el trámite a través de la página web.
Finalmente –estoy haciendo un resumen muy apretado porque por razones de tiempo no me puedo extender más–, un elemento central para procesar este cambio de modelo y paradigma –que apunta a que la internación sea el último recurso y por el menor tiempo posible– tiene mucho que ver con fortalecer las relaciones, los vínculos y el trabajo conjunto con todo el sistema de justicia, que es el que en definitiva toma las decisiones finales en relación a estos asuntos. En ese sentido se han realizado varias reuniones a nivel de todo el territorio nacional con jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos de la institución –con encuentros de dos días–, y se mantiene un elemento que para nosotros es muy importante para el seguimiento de estos asuntos: un enlace permanente con la Suprema Corte de Justicia a través de uno de los ministros del Tribunal de Apelaciones, el doctor Eduardo Cavalli, que implica para la institución un relacionamiento fluido con el sistema judicial y también con la Fiscalía para poder avanzar en estos términos.
SEÑORA LINDNER.- Si la presidenta de la comisión me autoriza, le cedería el uso de la palabra a la psicóloga Isabel Soto, directora general, para que presente el eje del programa Vida Libre de Violencia.
SEÑORA SOTO.- Sin duda que la dimensión, la complejidad y la cotidianeidad que tiene la problemática de la violencia doméstica, intrafamiliar, a nivel de la comunidad y de las instituciones, hace que este eje tenga una centralidad en nuestras políticas institucionales y que demande nuestra atención particular. Esto hace que el INAU, a lo largo de varios años, haya desarrollado distintas acciones y estrategias para abordar esta problemática.
Por supuesto que al hablar de una problemática vinculada a las violencias estamos haciendo referencia a distintas situaciones, como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual, la violencia intrafamiliar y la violencia institucional. Hablamos, pues, de una complejidad, de problemas que son cotidianos, de manifestaciones de problemáticas estructurales en nuestra sociedad, que afectan particularmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. La complejidad de esta problemática no es tarea de una sola institución, pues hay una cadena de actores que tienen responsabilidades en este abordaje, y nosotros no eludimos la nuestra en ese sentido. Por lo tanto, venimos trabajando en poder fortalecer y mejorar en forma oportuna, a tiempo, la interrupción de la violencia y para promover nuestras políticas de prevención, a fin de atender, proteger y reparar los daños causados.
A través del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, SIPIAV, que es un espacio que INAU preside pero también está integrado por otras instituciones, venimos haciendo un registro anual con relación a la problemática de la violencia. Durante 2016 se produjeron 2.647 situaciones de violencia emocional, física, sexual o por negligencia que se registraron en el sistema de INAU, pero sabemos que este no es el universo de la problemática, pues no recoge todas las situaciones que efectivamente ocurren; de todas formas, son los registros que estamos identificando.
En la gráfica que estamos exponiendo se puede ver cómo ha sido la evolución desde 2011 a la fecha. Se observa un incremento del registro de las situaciones y, en relación al año 2015, hay un 39 % más de situaciones registradas, detectadas y atendidas. Esto nos da como promedio unas siete situaciones diarias de esta problemática, cifra que es alarmante y preocupante. Ello quiere decir que las acciones que estamos desarrollando son necesarias e importantes, pero insuficientes; necesitamos fortalecer y mejorar nuestro nivel de respuesta como sociedad, pero también en el marco de nuestra institución.
Nos preguntamos a qué responden estos incrementos y hay distintas hipótesis posibles que podemos trazar en este sentido. Pensamos que nuestra sociedad ha venido trabajando en esta problemática y, sin duda, hay un proceso de ruptura de la naturalización de la problemática de la violencia. Sabemos que hay más dispositivos, lo que de alguna forma intenta generar una mayor captación de la problemática, y también hay más denuncia, más acción social en ese sentido. Creo que todo eso se va reflejando en los datos. Por supuesto que esto no es suficiente, pero son datos que debemos tomar como señales para seguir trabajando en forma conjunta. También creemos que hay un mejor registro de las situaciones, y en esa tarea hemos trabajado y seguimos trabajando.
Otro aspecto en el que nos podemos detener a partir de este análisis del incremento a lo largo de los años es el de que el Estado ha tenido que mejorar su respuesta, ha tenido que ampliar su cobertura y la inversión en este sentido, porque se trata de una problemática con una proyección y lo que podemos esperar es que esto siga en esta línea de incremento.
Sin duda que, frente a esta perspectiva, el INAU debe adecuar sus políticas en cuanto a los avances en materia de conocimiento, de estándares, de normativa internacional. Los esfuerzos que estamos haciendo son importantes pero todavía no alcanzan, lo sabemos; en esta línea estamos trabajando.
Hoy, en este espacio, no vamos a exponer sobre todas las acciones en las que el INAU está trabajando y los senadores conocen; simplemente vamos a destacar algunas en forma particular.
La presidenta hablaba de cómo estamos trabajando en la interna de nuestra institución, a partir de un esfuerzo de readecuación institucional para poder mejorar la operatividad y la efectividad de nuestros programas. En ese sentido, la línea Vida Libre de Violencia ha tenido un espacio especial en un área programática, en una subdirección general programática, identificando especialmente este eje para poder ligarlo a programas que transversalicen las políticas y las acciones de nuestra institución, para darle un marco y una coherencia más articulada y acompasada con las distintas acciones y avances de esta problemática. Ha sido necesario trabajar en generar un marco conceptual común porque, como dijimos hoy, hablamos de las violencias, y si bien ha habido distintos desarrollos en nuestra interna, con documentos y protocolos, necesitamos que esto tenga un marco conceptual común que pueda dar una coherencia distinta y una mayor efectividad y operatividad a nuestras acciones.
Hemos tratado de fortalecer algunas acciones y esto ha tenido impactos, algunos con costo y otros sin costos, pero lo que sí tiene que haber es un impacto en la vida de estos niños, niñas y adolescentes a partir de estas estrategias. Eso es algo que, sin duda, no es posible eludir.
En el marco de estas acciones y del fortalecimiento de los equipos hemos tratado de conformar un grupo, un equipo de trabajo que ha estado diseñando un plan director para abordar el proyecto Vida Libre de Violencia, que está en sus últimas etapas de diseño, pronto para la aprobación. En él, las cuatro líneas estratégicas a desarrollar están vinculadas a la atención, a la protección, a la promoción de derechos y prevención, y a la generación de conocimiento y capacitación. Todas estas acciones ya se venían realizando pero, de alguna forma, necesitábamos fortalecerlas y darles mayor profundidad y coherencia.
Dentro de este plan director y de las acciones que se vienen generando en nuestras políticas, hoy queremos destacar algunas que los señores senadores pueden ver en la transparencia. ¿Por qué queremos destacar estas? Porque son muchas las acciones que viene realizando el INAU a través de los distintos dispositivos de trabajo –servicios de atención a través del Sipiav, del que ya hablamos, y del Conapees, que preside el INAU, así como otra serie de acciones–, pero estas, en particular, impactan de una forma novedosa en nuestra institución.
Por un lado queremos contarles algo que ya habíamos previsto en la planificación quinquenal, que es la definición de referentes técnicos en violencia a nivel departamental. ¿A qué nos referimos con estos referentes técnicos? Se trata de la incorporación de recursos humanos a través de un llamado externo para trabajar en territorio, para poder consolidar la línea Vida Libre de Violencia. Serán actores que tendrán el cometido de consolidar las políticas de Vida Libre de Violencia, y vamos a tener un referente en cada departamento del país, aunque, por supuesto, Montevideo y Canelones van a tener más por su densidad poblacional. La selección se hará, como ya dije, a través de un llamado externo, de un concurso que está en trámite, y del que ya se ha cursado una parte; resta finalizar las pruebas escritas y luego hay otra serie de pasos como el análisis de currículos, entrevistas, etcétera. Aspiramos a tener este dispositivo en cada territorio antes de fin de año y estamos trabajando fuertemente en ello.
Por supuesto que esta acción es clave, importante, novedosa e implica un nuevo perfil para nuestra institución, pero necesita ser respaldado y acompasado por otras acciones. Por eso hoy les queremos contar sobre la segunda línea que ven en la transparencia, que es la ampliación de cobertura. Esta también era una meta que nos habíamos propuesto para el quinquenio, que implica la apertura de nuevos servicios. Se trata de llamados a proyectos, a organizaciones de la sociedad civil, y en esta etapa aspiramos a alcanzar a 13 departamentos del país: Montevideo, Salto, Maldonado, Paysandú, Rivera, Canelones, San José, Colonia, Rocha, Artigas, Cerro Largo, Durazno y Florida. Es un gran desafío para nosotros, porque realmente apostamos a llegar a más niños, niñas y adolescentes que están sufriendo esta problemática.
También se trata de un desafío porque en un primer llamado que hicimos en tres departamentos, solo pudimos resolver la situación de Salto –que ya tiene un servicio nuevo trabajando–, pero en Rivera y Maldonado el llamado resultó desierto. Eso nos llevó a revisar las bases y ver qué aspectos no hacen atractiva la propuesta, lo que implica comenzar una nueva etapa para los doce departamentos restantes, en los que tenemos la firme convicción de que podemos impulsar esas acciones.
Se han presentado más organizaciones. El llamado todavía está en manos del tribunal, que está finalizando las acciones, y aspiramos a que ocurra ahora, en el mes de setiembre.
Me piden que redondee el tema, pero el eje de la violencia nos ocupa fuertemente en la cotidianeidad, y son muchas las cosas que quisiéramos compartir con los señores senadores.
Hay otro aspecto que queremos señalar, que tiene que ver con un hito para esta institución. Se trata de la creación de un mecanismo. ¿Para qué? Para la recepción de todas las situaciones de violencia institucional. Esto implica la revisión de nuestras prácticas. Así como no es lo mismo que la sociedad tenga o no tenga una ley que penalice y sancione la violencia intrafamiliar, tampoco es lo mismo que una institución como la nuestra cuente o no cuente con un mecanismo de estas características, básicamente por las competencias que tenemos. Entonces, este elemento es clave para nosotros y nuestras políticas, y fundamentalmente para nuestra interna y nuestras prácticas.
Este mecanismo permitirá detectar y actuar internamente frente a situaciones de violencia institucional a las que cotidianamente nos enfrentamos. Ello implica activar procedimientos, mejorar y activar nuestros protocolos, así como una serie de acciones que necesitamos fortalecer. Para ello habrá un espacio –integrado por tres profesionales de las áreas jurídica, sicológica y social– donde se recepcionarán estas denuncias y se hará el seguimiento de las situaciones. También se harán informes con las observaciones que nos haga la Institución de Derechos Humanos.
Se trata de un mecanismo que, como les decía, para nosotros es un hito y un elemento al que apostamos fuertemente para trabajar esta problemática en nuestra interna.
Por último –acompasando esas acciones– quiero agregar que estamos trabajando en la mejora de los procesos.
La presidenta aludió al convenio con el LATU, con apoyo de Unicef, para distintas acciones en la mejora de los procesos, y aquí también incluimos la línea de violencia y la Línea Azul. Queremos que la Línea Azul mejore su respuesta y su desarrollo, pero que también fortalezca sus cometidos. Para ello precisamos analizarla, revisar los procesos, ajustarlos y adecuarlos.
Quisiera mencionar más cosas. Hay situaciones nuevas que se nos están presentando frente a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. En ese sentido, estamos trabajando con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, tratando de determinar cuál será el rol del INAU frente a todo este escenario nuevo que se nos avecina. Por lo tanto, debemos trabajar con nuestros equipos y ver cuál será la participación de nuestros técnicos. Es decir, tendremos que afinar el trabajo de nuestros técnicos en la elaboración de los informes.
En definitiva, queremos estar aggiornados, acompasados y en sintonía con todos estos movimientos que estamos teniendo.
SEÑORA LINDNER.- Para finalizar nuestra intervención, pediría que se le diera la palabra al señor Fernando Rodríguez.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- Buenos días.
Para continuar con la presentación, quiero exponer en este momento sobre una de las seis líneas estratégicas definidas por el instituto para esta gestión, que tiene que ver con promover el acceso a bienes culturales y a espacios públicos y con el derecho a la ciudad. Creemos que dentro de las competencias y las responsabilidades del organismo está el trabajar fuertemente para todos los niños, niñas y adolescentes del país, promoviendo sus derechos.
Tal como lo decía la señora directora general, el organismo ha generado –y sigue haciéndolo– mejores herramientas para atender a aquella población más vulnerable y afectada en sus derechos. Se demostraba a través de una gráfica creciente, la mayor cantidad de casos que ingresan a la institución. Creemos que esto tiene que ver, fundamentalmente, con dos situaciones: en principio, una mayor y creciente sensibilización de la población en general para detectar situaciones que violentan los derechos de los niños y, por otro lado, con que el organismo está más preparado para atenderlas. La gente, además de estar más sensibilizada sobre las situaciones de violencia –intrafamiliar o en la sociedad–, también confía en un organismo como INAU para presentar esas denuncias, y eso hace al crecimiento del número de casos. No se trata solamente de un dato de crecimiento de la violencia en la sociedad, sino del aumento de la confianza que la población va teniendo hacia el organismo y su atención a las situaciones de ese tipo.
Creemos que el carácter que tiene el INAU como rector y promotor de los derechos humanos es, fundamentalmente, una herramienta para proteger el derecho de todos los niños, y que en la medida en que tenemos capacidad para hacerlo, también la tendremos para evitar vulneraciones. Cuando hablamos de la población más vulnerada, más afectada, nos referimos a aquella que entra a la institución por denuncias a través de la Línea Azul, o por algunos de los servicios. En esos casos ya tenemos un daño instalado y la situación de trabajar con ese niño ya dañado es bastante más compleja.
Por lo tanto, los programas que tienen que ver con la promoción implican adelantarnos al daño y fortalecer la persona del niño, niña o adolescente como sujeto de derechos, con conocimiento de estos y capacidad para ejercerlos. El mundo adulto, el personal y el sistema de instituciones con los que los niños y los adolescentes se relacionan, son espacios fundamentales para proteger estos derechos. Por eso hablamos de la cultura, de quienes de alguna manera producen espacios culturales, para que en ese diseño estén incorporados los niños. Nos referimos a que quienes producen y gestionan espacios públicos, quienes diseñan la ciudad, incorporen conceptos para que esos espacios puedan ser utilizados en forma de protección para los niños, niñas y adolescentes. Este es un trabajo que venimos haciendo con todas las intendencias y con muchos municipios en todo el territorio nacional.
El programa Propia, que está cumpliendo 12 años de trabajo en INAU, no solamente convoca a los niños, niñas y adolescentes del INAU, sino del país –es decir, aquellos que están en la UTU, en los liceos, en las iglesias, en los centros juveniles, en los clubes de fútbol, etcétera–, para generar espacios de participación. De esta manera, los niños y adolescentes se organizan en los 19 departamentos del país y desarrollan actividades, según sus propias necesidades, con un acompañamiento educativo. Cada uno de estos núcleos departamentales elige a un delegado, y los delegados de los 19 departamentos conforman lo que es el Consejo Asesor y Consultivo del Directorio de INAU. A lo largo del año, nuestra institución se reúne entre tres y cuatro veces para dialogar con estos adolescentes, e incorporar en nuestras políticas y definiciones las cosas que les preocupan y lo que proponen al respecto.
En forma paralela y particular, en los departamentos que tienen frontera con Brasil y Argentina funciona el proyecto Redes de Frontera. ¿Por qué? En la frontera hay una situación particular de la infancia y la adolescencia, no solamente en las fronteras secas sino que también la detectamos en las fronteras con Argentina y con aquellos lugares donde el tránsito de un país a otro tiene que ver con la afectación y vulneración de los derechos. Hay alrededor de 1.500 adolescentes en las fronteras de Uruguay con Brasil y Argentina, que se reúnen y trabajan particularmente en lo que implica vivir en un contexto fronterizo.
El Consejo Asesor Consultivo del directorio se reúne tres o cuatro veces al año. Del núcleo de adolescentes delegados al Consejo Asesor Consultivo surge un consejo integrado por adolescentes y adultos, por la Universidad de la República, por los trabajadores de la prensa, por el INAU y los empresarios de los medios, donde trabajamos el componente relativo a cómo, una noticia mal difundida en un medio de comunicación, afecta el derecho a la identidad y otros derechos. En ese sentido, desde el Caiam –Consejo Asesor en Infancia, Adolescencia y Medios de Comunicación– hemos tenido acciones hacia los medios de comunicación tendientes a producir determinados mecanismos de promoción, de formación y hasta de docencia con los trabajadores de la prensa, en cuanto a cómo difundir una noticia –sin incurrir en el recorte o limitación de la libertad de expresión– sin vulnerar el derecho de identidad, por ejemplo, de un niño. El Caiam trabaja permanentemente con ese medio de comunicación y si de todas formas el medio incurre en la vulneración, existen mecanismos administrativos jurídicos para la sanción administrativa y, eventualmente, la denuncia judicial.
Los consejos asesores consultivos también tienen una expresión territorial a nivel de los departamentos y ya hay tres direcciones departamentales –Río Negro, San José y Durazno– que tienen su propio consejo consultivo integrado por niños y adolescentes. Desde ahí se reproduce este esquema de diálogo con la dirección, donde los adolescentes aportan cuáles son sus necesidades y dan su visión respecto a cómo funcionan o deben funcionar los servicios del INAU y de la sociedad en general.
Para fortalecer directamente el derecho de la participación, se crean los fondos de iniciativa. Una vez por año se convoca a toda la población del país a que adolescentes nucleados en distintos espacios presenten propuestas de innovación. Se conforma un tribunal integrado también por adolescentes, se asignan recursos y se acompaña un proceso de inversión de esos recursos que, en general, tiene que ver con el derecho a la ciudad, al acceso a bienes culturales, a la promoción de actividades intergeneracionales, es decir, una serie de actividades que los adolescentes priorizan según la realidad y la situación en cada uno de los departamentos.
Más de 4.000 adolescentes han participado en las últimas ediciones de los fondos concursables, presentando sus ideas. No todos logran financiarlas porque, precisamente, es concursable, pero todas las ideas formuladas por los adolescentes son tomadas a veces por los municipios, por las intendencias o por nosotros mismos como ideas de innovación para seguir apoyándolas.
Apropiándote de tu lugar es una línea que tiene que ver con promover la articulación del adolescente con su ciudad, su barrio, su municipio, vinculándose a las autoridades de los municipios y de los barrios para proponer acciones que tengan que ver con la protección de los derechos de niños y adolescentes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Discúlpeme, pero le voy a pedir que redondee el tema porque todavía no empezamos a considerar el articulado y luego hay otra delegación.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- Le pido dos minutos para terminar.
Voy a saltearme una parte e iré directamente a un tema bien interesante en el cual los señores senadores también han estado ocupados: fortalecer el proceso de autonomía, nacimiento y crecimiento del Inisa como organismo, especializándose en los componentes de la privación de libertad. Para el INAU este ha sido un compromiso muy fuerte, pero partimos del absoluto convencimiento de que la sociedad y el Parlamento tomaron una decisión sabia al crear una nueva institucionalidad, con todas las dificultades que ello implica. Así pues, hemos trabajado en ocho comisiones, profundamente comprometidos como organismo, acompañando la transferencia metodológica. En muchos casos continuamos desarrollando algunas de las acciones porque, hoy por hoy, el Inisa no tiene o no ha instalado la capacidad necesaria. Lo seguiremos haciendo en la medida en que así se requiera, con el compromiso de cerrar en esta gestión el proceso de acompañamiento y de que el Inisa adquiera el 100 % de autonomía, tal como lo establece la norma que lo creó.
En este momento, tenemos convenios firmados en 16 departamentos del país. INAU en forma directa, con sus funcionarios, continuará gestionando las medidas alternativas a la privación de libertad, o sea, las no privativas de libertad. Esto será así por imperio de la realidad, pero además porque, como órgano rector de las políticas a aplicar a los adolescentes privados y no privados de libertad –adolescentes en conflicto con la ley penal–, nos interesa fortalecer aquellos componentes metodológicos que a nuestro criterio han dado mejores resultados en los últimos años. Me refiero, entonces, al acompañamiento de menores en conflicto con la ley, con quienes se trabaja con base en un enfoque comunitario y familiar.
A esos efectos, establecimos una comisión de seguimiento de este tipo de convenios como el ámbito apropiado para discutir las mejores prácticas desde el punto de vista metodológico. De modo que continuaremos haciendo el esfuerzo para lograr que el Inisa disponga de una herramienta, una organización especializada en la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, tal como se prevé en la norma de creación.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita a las senadoras y senadores que pasen a formular las preguntas sobre el articulado en forma concreta, para que luego, si es posible, sean respondidas brevemente.
SEÑOR BORDABERRY.- Trataré de ser bien concreto, señora presidenta.
Antes que nada, agradezco el informe brindado. Espero que comprendan nuestra tarea, que obviamente es analizar cómo se cumplen las metas –de eso se trata la rendición de cuentas– en un área que es muy difícil, pero valoramos mucho su trabajo.
Dicho esto, en el informe enviado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, carpeta n.º 880/2017, se presenta una gráfica sobre el desempeño de este Inciso en lo que refiere al cumplimiento del plan estratégico. En ese sentido, este informe no los deja bien parados pues, según se expresa, no se cumplió el 42,9 % del plan estratégico del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y no se informó por un valor del 3.6 %.
Me gustaría, si es posible, que se nos brinde una explicación sobre este informe que nos envía la OPP.
En otro orden, al principio pasaron rápidamente un dato sobre que se bajó a la mitad los contratos con talleristas, tema sobre el que –como todos recordarán– tuvimos una discusión el año pasado. A este respecto, quisiera saber cuántos eran y qué cantidad son ahora, así como cuánto tiempo hace que son talleristas y cumplen funciones para el INAU quienes ocupan ese cargo. Este punto estaba incluido en el artículo 123 de la rendición de cuentas del año pasado.
En relación con la actual rendición de cuentas, en el artículo 195 aparentemente se dispone un aumento de las remuneraciones de la presidenta y los directores del instituto. Quisiera saber si nos pueden informar cuál es el sueldo de hoy y cuál será a partir del aumento.
En el artículo 196 se modifica una norma anterior referida a la función del secretario general y del secretario ejecutivo. Se establece que cesarán cuando lo resuelva el directorio. Me gustaría que fundamentaran cuál es el cambio, si ese es el único cambio que hay porque no encuentro otro, aparte de uno menor en el inciso final.
También me preocupa que en su momento se hubiera propuesto que el cargo de secretario general fuera de particular confianza, ¿Por qué se insiste en que sea de particular confianza y se crea esta figura híbrida en la que no es de particular confianza, pero cesa cuando el directorio quiere? ¿Podrían fundamentar eso, aunque la Cámara de Representantes haya votado negativamente el carácter de particular confianza?
SEÑORA LINDNER.- Le voy a ceder la palabra a la Directora del Área de Planificación Estratégica y Presupuestal que va a responder a la primera pregunta del señor senador Bordaberry. Las demás preguntas las va a contestar el señor Méndez.
SEÑORA TEJERA.- En cuanto al cumplimiento de las metas 2016, quiero decir que nosotros tuvimos algunos obstáculos con relación a tres líneas que, de hecho, son aspectos que el directorio del organismo ha presentado en su exposición. Tuvimos dificultades en los llamados vinculados al programa para una vida libre de violencia, que es un aspecto que trabajó la directora general. Eso llevó a que este año estemos reformulando el diseño que le habíamos propuesto a las organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos que repensar los modelos, dado que no hubo actores que se presentaran a los llamados. El incumplimiento de las metas se explica de esa manera.
En cuanto a los aspectos que abordó el director Rodríguez sobre la conformación de Centros de Fortalecimiento y Acogimiento Familiar, que es una línea estratégica muy importante del organismo, también tuvimos dificultades con los llamados que se hicieron. El año pasado comenzamos el rediseño de las bases. Cuando este año se hizo el llamado se reconfiguró de manera que no nos vuelva a pasar lo mismo. Esto llevó a que en 2017 recuperáramos metas de 2016. Estuvimos haciendo ajustes en el organismo de tal manera de ir cumpliendo las metas quinquenales en la medida en que el presupuesto lo hace posible.
A su vez, teníamos metas ambiciosas relacionadas con las Casas de Cuidado Comunitario, pero tampoco resultó y las posibilidades de implementar esa política innovadora no fueron las esperadas así que tuvimos que hacer modificaciones. Solo se abrió un proyecto, que es el que presentó la directora Lindner. Este año con las reconfiguraciones y con otros proyectos asociados esperamos alcanzar esas metas.
SEÑOR MÉNDEZ.- Buenos días señoras y señores senadores.
Voy a contestar la pregunta con respecto a la baja de talleristas. En mayo de 2015, en cifras redondas, había 1300 talleristas, 300 de los cuales fueron al Inisa –luego de su descentralización– y, entonces, quedaron algo más de 960 en el INAU. A 2016 quedaban 484, producto de un proceso de regularización a través de concursos públicos y abiertos y de que, luego de eso, cesaban talleristas.
Al día de hoy, la cifra ha bajado mucho más pues se ubica en unos 300 y seguirá descendiendo producto de ese proceso de concursos públicos y abiertos, pero eso ya es parte del ejercicio 2017. Por esa razón no está incluido y en los datos quedaron 480 talleristas, que es la cifra de 2016.
En la rendición de cuentas pasada se clarificó la figura jurídica del tallerista, circunscribiéndola más a los efectos de su uso por parte del organismo.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Esos 484 talleristas cuánto hace que están con ese contrato?
SEÑOR MÉNDEZ.- Son disímiles las fechas de inicio del vínculo contractual de los talleristas, pero están desde 2013, 2014. Es decir, hay situaciones diferentes.
SEÑOR BORDABERRY.- En esa norma por la que el año pasado regularizamos esa situación se estableció que el plazo máximo del contrato de tallerista era de diez meses improrrogables. ¡Era improrrogable!
SEÑOR MÉNDEZ.- Sigue así.
SEÑOR BORDABERRY.- Si están desde 2013 se está violando esa norma. Tomen nota de eso porque me parece que hay una situación irregular.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- Quiero aclarar que esta administración, que asumió en abril de 2015, no ha hecho ningún contrato que esté por fuera de la reglamentación que ustedes conocen: un máximo de diez meses, con un plan de talleres que comienzan y terminan en ese compromiso.
Los talleristas que hoy tienen más de dos años vienen de la administración anterior y están en proceso de regularización, no directa sino a través de los llamados a concurso. Muchos de los talleristas que se presentaron a concurso lo salvaron y hoy son funcionarios; otros perdieron y están desvinculados del organismo. No hay ningún contrato de alguien que haya ingresado como tallerista en esta administración y que no esté acotado a los diez meses como máximo.
SEÑOR BORDABERRY.- Lo entiendo y me parece muy bien, pero la ley impone la obligación de regularizar los anteriores también. Vencidos diez meses de los contratos anteriores, es improrrogable el plazo. Si están desde 2013, no se está cumpliendo lo que discutimos y votamos el año pasado. Es solamente eso. Supongo que el año que viene no estaremos hablando de los talleristas.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- En una de las renovaciones de contrato, el concepto era que se renovaba hasta la provisión por concurso, porque son, todas, personas que están ocupando un lugar y haciendo una tarea insustituible a no ser por un concursante. Entonces, en la letra del contrato dice que se está hasta la provisión por concurso. Los que van quedando, en el caso de Montevideo, es porque ganaron menos personas de las que se necesitaban para sustituir a la totalidad de talleristas. Esos talleristas que están hasta que se incorpore otro –o él mismo si gana el concurso– ocupan un lugar que no podemos dejar vacío porque están dentro, fundamentalmente, de la atención directa de veinticuatro horas.
SEÑORA LINDNER.- Con el permiso de la señora presidenta, quisiera que haga uso de la palabra el doctor Corbacho para referirse a este punto y contestar una de las preguntas del señor senador Bordaberry.
SEÑOR CORBACHO.- Buenos días para todos y todas. Simplemente voy a redondear el tema de los talleristas.
Nosotros desde INAU diferenciamos lo que eran los talleristas que venían bajo lo que podemos denominar «vieja modalidad», en la que se utilizó esa figura para cubrir determinadas funciones. En el año 2015 se inició el proceso de regulación de esa figura, a través de todos los concursos que están en marcha y de la sustitución de esas personas por ingresos provenientes de concursos a los que podían presentarse ellos mismos o gente externa.
La figura de tallerista siguió su curso. El proceso de regulación tratando justamente de garantizar los servicios no podía implicar un cambio inmediato como cesarlos automáticamente a todos porque eso, indudablemente, hubiera afectado los servicios. Estoy hablando de talleristas que, en algunos casos, están cumpliendo funciones de educadores. El proceso de regulación que esperamos culminar a mediados de año que viene con los nuevos ingresos, ha sido lento pero seguro. Tenemos que diferenciarlo de la figura aprobada por el artículo 123. Nosotros consideramos que la figura de tallerista propiamente dicha era útil a los efectos pedagógicos para tener proyectos de taller en los distintos centros desde el punto de vista educativo. Ese proyecto de taller se enmarca en un proyecto educativo mayor del centro y es a lo que aspiramos con esta regulación: una persona que pudiera dictar talleres de arte, de expresión corporal, de deporte, de recreación, inserto en un centro y que tuviera un plazo de diez meses improrrogable, de forma de no rigidizar la figura y no crear un vínculo extenso con la administración.
SEÑOR BORDABERRY.- Cuando me tocó asumir el Ministerio de Deporte y Juventud –me tiraron un viaje de arena gruesa cuando tenía otros ministerios– existía lo que se llamaba «contratos de cachet». Estas son desviaciones naturales pero ilícitas en la Administración pública. Aclaro que yo los cancelé todos. El contrato de cachet era para contratar a un artista y, a partir de eso, se contrataban secretarias, asesores y abogados.
El año pasado tuvimos esta discusión con los talleristas, que se supone que eran para hacer talleres educativos, etcétera, pero resulta que acá había una abogada que había sido contratada como tallerista y estaba asesorando legalmente acá. Por lo tanto, había un desvío ilegal de una forma de contratación en INAU. Se encontró la fórmula para regularizar y se dio un plazo para hacer nuevos contratos de talleristas por diez meses para terminar con esto. Quiere decir que lo ilegal tenía que transformarse en algo legal; eso fue lo que se votó el año pasado.
Por lo que veo, no les ha dado el plazo, a pesar de que creo que han hecho un buen esfuerzo porque les quedan 484 de 1.000. Creo que les advertimos que el plazo de diez meses era poco, pero la bancada oficialista nos dijo: «Quédense tranquilos que en diez meses lo arreglamos». Yo hoy les advierto que el año que viene voy a volver a preguntar por este artículo 123 y ahí veremos. Ojalá podamos tener regularizado el tema. Supongo que habrá talleristas que harán talleres como corresponde y que no serán asesores o abogados; en definitiva, nuestra tarea acá como legisladores es verificar que el presupuesto se cumple para lo que está previsto. Lealmente les estoy diciendo que tomé nota el año pasado, tomo nota este año, el año que viene nos vamos a volver a encontrar acá –si Dios quiere– y esperamos no estar hablando de esto.
SEÑORA LINDNER.- En primer lugar, ponemos a disposición un informe sobre el tema de la gestión específica en este tema. Realmente consideramos que tenemos mucha información para aportar en este sentido. Hay un elemento que ha sido absolutamente cumplido por esta administración y tiene que ver con que no ingresaron nuevos talleristas en la modalidad contractual por la cual se votó un artículo presupuestal.
Las dos instituciones –el INAU y el Inisa– eligieron dos modalidades diferentes en relación con el ingreso. Nosotros optamos por el llamado público abierto. Todos los que han estado en la gestión y en la administración pública saben que los llamados públicos abiertos siguen siendo procesos extensos que se utilizan para cubrir las necesidades de aquellas instituciones que requieren sustituir trabajadores por diversas razones. Recientemente hicimos un llamado público abierto al que se presentaron 400 personas; en estos días estamos reduciendo la lista de los 222 talleristas de Montevideo. Uno de los objetivos es que quede una lista de prelación para que cada vez que se termine una lista, haya otra por los desbalances que se dan en instituciones que efectivamente lo requieren, fundamentalmente por el aumento de las capacidades institucionales y del rubro 0, ya que aumentamos la cobertura.
En este sentido, hay aspectos que estamos analizando y estudiando, que son de alta preocupación porque del listado de llamado a concurso público abierto quedaron 217 educadores en la lista de prelación sobre 222. Ya han renunciado 14. Hoy estamos haciendo un nuevo llamado, acortando los plazos que tienen que ver con procesos de garantías que están establecidos y reglamentados en nuestra institución y, de esa forma, sorteamos este tipo de dificultad.
El artículo 194 está vinculado a algo que para este directorio ha sido un tema central, que es restituir la estructura de cargos, funciones y la carrera funcional, en una institución que tiene enormes complejidades en torno a los recursos humanos.
Sigue siendo muy poco atractivo postularse a los cargos que tiene nuestra institución. Creemos que en esto hay mucho para analizar, para discutir y para proponer porque son tareas de altísima complejidad, con enorme desgaste emocional y humano, con enormes desafíos desde el punto de vista de la formación del personal. Además, consideramos que este Cuerpo ha tenido en cuenta las remuneraciones de los trabajadores –de hecho ha habido cambios importantes–, pero creemos que es un aspecto que debe seguir estando en la agenda. Los trabajadores que llevan adelante estas tareas deben ser profesionalizados, estar bien remunerados y tener las mejores condiciones para brindar las tareas más complejas que tienen que ver con la atención de los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Quedamos a disposición del señor senador Bordaberry para acercarle un informe sobre la gestión que llevamos adelante con enorme cuidado. Como he expresado, en el proceso de mejora de nuestra institución es esencial mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que ponen el cuerpo todos los días para dar respuesta a los niños y adolescentes.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- Voy a hacer referencia a la pregunta que hacía el señor senador Bordaberry sobre el artículo 195, que tiene que ver con los salarios de los directores. Concretamente, el señor senador preguntaba los valores actuales y los proyectados si se aprueba el artículo.
Los dos directores de INAU tienen un salario líquido de alrededor de $ 59.000 y un nominal de aproximadamente $ 93.000.
No hemos hecho las proyecciones, pero, según los cálculos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el líquido de los dos directores, de aprobarse el artículo, estaría en el entorno de $ 70.000, siendo el nominal de $ 114.000. En el caso del salario de la presidencia, hoy es de $ 70.000 líquidos y $ 104.000 nominales y pasaría a ser de $ 84.000 líquidos que corresponden a un nominal de $ 134.000.
SEÑORA LINDNER.- Si la presidenta lo permite, pediría que haga uso de la palabra el doctor Corbacho para referirse al artículo 196.
SEÑOR CORBACHO.- En relación con la pregunta del señor senador Bordaberry, quiero señalar que efectivamente en el proyecto original veníamos con la idea de presentar el cargo como de particular confianza, en el entendido de que las funciones así lo justificaban porque es un cargo muy cercano al directorio, ejecuta las medidas que este decide y trabaja en estrecho vínculo con él. La institución no cuenta con cargos de confianza, más allá de los del directorio.
Además, el artículo 580 de la Ley de Presupuesto –la Ley n.º 19355– que faculta a INAU a designar directamente a las personas titulares de los cargos de secretaría general y secretaría ejecutiva de primera infancia, en el penúltimo inciso suprime los cargos de director general y de secretaría ejecutiva del Plan Nacional de Atención al Menor y la Familia. Estos cargos eran de particular confianza. Observamos que esta disposición faculta a designar y suprimir cargos, pero no los crea. Técnicamente encontramos un problema en la norma y, a partir de ahí, presentamos el proyecto con la creación de los cargos que después sufrió las modificaciones que los señores senadores tienen a la vista. Luego de analizar si efectivamente designábamos a una persona que no se iba a quedar en la institución, si era funcionario o no, se optó por la creación de una función manteniendo la facultad del directorio de designar directamente a esas personas, sean de la institución o externas a ella, y considerando también las características que deben tener para cumplir esa función. A eso se debe la redacción actual en la que se observa que la facultad recae sobre la posibilidad de designar a personas para cumplir las funciones allí detalladas.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más consultas sobre el inciso, agradecemos muchísimo por la información brindada.
(Se retiran de sala los representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
(Ingresa a Sala una delegación de la Universidad Tecnológica).
–Tenemos el gusto de recibir a la delegación de la Universidad Tecnológica, que nos tiene acostumbrados a buenas noticias. Se encuentran presentes el presidente y los consejeros en pleno.
Primero escucharemos una breve presentación general, luego consideraremos los dos artículos que nos han llegado y luego cederemos el uso de la palabra a los senadores y senadoras que quieran intervenir.
SEÑOR CHILIBROSTE.- Buenos días. Para nosotros es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de presentar en qué está la universidad y en qué sustenta su solicitud. Hemos armado una pequeña presentación porque, más allá de que la discusión es presupuestal, nos parece que conocer qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo hace al fundamento de la solicitud presupuestal.
En la presentación que se muestra en la pantalla se hace una breve referencia al modelo educativo y a la oferta educativa de UTEC.
La UTEC fue creada con una misión muy clara, que es abatir la brecha que hay, sobre todo de acceso a la educación terciaria y especialmente terciaria universitaria en el interior del país. Ese es el principal objetivo que tenemos y es muy importante saber cómo se logra. Nosotros queremos trasmitirles cómo hemos interpretado lo que dice la ley y con qué orientación estamos trabajando, qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos. En cuanto a cómo lo ofrecemos, hay una secuencia de información y nos parece que sería importante compartir algunos aspectos y tener una opinión al respecto, ya que eso hace mucho al resultado.
En esos temas el diseño curricular está muy orientado a la gestión del conocimiento y del aprendizaje. No podemos ir al interior y enterarnos de que los estudiantes llegan con problemas a la universidad o a la educación terciaria. Este es un dato duro de la realidad y va a estar presente por mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que prever son programas que den cuenta de esos problemas. Por eso hemos desarrollado programas transversales. Por ejemplo, el programa de ciencias básicas –que son módulos que operan online– es de asistencia al estudiante para que una vez ubicados sus problemas, su retraso o su desfasaje entre el conocimiento que debería tener y el que efectivamente tiene, se le brinde las herramientas con las cuales pueda trabajar y esforzarse en tiempo extra para transitar correctamente sin caer por ese desfasaje con el que accedió a la universidad. Me parece que es un elemento que hace al aseguramiento de la calidad en el proceso de formación y da más chance a los estudiantes de tener sucesos en su proceso de formación.
El aprendizaje está basado en la resolución de problemas y proyectos. Me parece que esa es otra orientación muy importante. El estudiante tiene que adquirir conocimiento, pero fundamentalmente tiene que aprender a resolver problemas, algunos más complejos, otros más prácticos y otros más teóricos, pero tienen que desarrollar su orientación para resolver problemas.
Tenemos un programa transversal de investigación, desarrollo e innovación. La investigación no es algo que el estudiante hace cuando termina su carrera académica, la puede hacer desde el primer año que está estudiando en la universidad y especialmente en una universidad tecnológica. Es importante la formación en el emprendedurismo e innovación y otros aspectos como la vinculación con el medio nacional e internacional. No queremos formar un profesional para Tacuarembó, Fray Bentos o Cerro Largo, sino para el Uruguay, la región y el mundo, por lo tanto, la universidad tiene que estar bien conectada nacional e internacionalmente.
El uso intensivo de la tecnología de la información es una herramienta clave para atender la masividad y la distancia en el caso del interior, porque una de las dificultades de acceso tiene que ver con la distancia, con los temas económicos, las dificultades, los tiempos y las responsabilidades. Si nosotros desarrollamos propuestas que hacen un uso intensivo de la tecnología de la información y cortan las distancias va a ser más factible que logremos captar estudiantes y que, además, transcurran bien por el trabajo de la universidad. Queríamos compartir estos aspectos porque son componentes centrales de la propuesta educativa que hace la UTEC.
¿Qué es lo que ofrece la UTEC? Esta transparencia muestra un resumen muy apretado, además, no es la primera vez que hablamos de esto. La secuencia que nosotros hicimos en este ejercicio de interpretar la ley –que era bastante amplia, más allá de que claramente establecía que teníamos que trabajar en el interior– es un análisis exhaustivo de la oferta y demanda de la educación terciaria en el interior. Eso nos dio un mapa bastante detallado de dónde estaba la demanda, qué características tenía y que formación se solicitaba, porque no se trata solo de decir: «Necesitamos técnicos en computación», sino en qué nivel: técnico, de oficio, de grado, de posgrado y así con cada una de las áreas que se nos fueron presentando. Eso nos orientó mucho, así como todos los cambios que hubo en el territorio y nos ayudó a definir dónde ubicar los institutos tecnológicos regionales que son los componentes centrales que previó la ley como figura visible de la universidad en el interior. Por lo tanto, definimos tres regiones: la Suroeste –cuya sede está en Fray Bentos, en el exfrigorífico Anglo– la Centro-Sur –luego de analizar esa región decidimos que Durazno era la mejor opción, después podrán ver algunas imágenes– y la Norte, con sede en Rivera.
Con respecto a las carreras –en el resumen hay un detalle de cómo han sido las transiciones– hubo una definición muy clara de pensar haciendo, o sea que no estamos en un proceso de análisis y de elaboración teórica para después ver qué vamos a hacer, sino que se han hecho trabajos exhaustivos de análisis de información y al mismo tiempo se han puesto en práctica los conceptos que nos parecieron centrales para desarrollar la universidad. Es así que en el 2014 planteamos una licenciatura en ciencia y tecnología de lácteos. Acá hay un aspecto interesante, los que ingresan a esta licenciatura son egresados técnicos en lechería que por años ha formado la UTU. Si nos preguntan cuál es la conexión en el sistema público de educación este es un buen ejemplo: desarrollamos una continuidad de formación universitaria en un área estratégica –que corresponde a los lácteos– y muy importante para el país, que es la de transformación de los lácteos. Consideramos como primer ingreso de esta carrera a técnicos que tuvieran formación terciaria en esta área formada por UTU de Colonia Suiza y le dimos continuidad educativa, lo que me parece que aporta a un proceso de pensar en un sistema real de tránsito de los estudiantes del liceo a la formación terciaria. En el mismo sentido, la licenciatura en análisis alimentario en Paysandú, que es el caso de tecnólogos químicos, es una formación que están desarrollando todavía la UTU y la UdelaR. También empezamos con la parte de mecatrónica para dar respuesta a toda la demanda de automatización e industrialización que se está generando en el interior. Era obvio que también iba a aparecer demanda de ingeniero en mecatrónica en Fray Bentos, de tecnólogo en manejo de sistemas de producción de leche –producción primaria y secundaria en Colonia– y de tecnología de la información. Esa demanda es transversal, en todo el país hay necesidad de técnicos y profesionales formados en esta área y UTEC ya en 2015 lo incorporó. Es la primera carrera de UTEC que se imparte en forma virtual en un 70 %. La primera respuesta que obtuvimos fue una sobredemanda muy importante y la adhesión a la carrera que se empezó ofreciendo en Durazno y ahora también está presente en Fray Bentos con estudiantes de muchas localidades. Esto reforzó nuestra hipótesis, porque al tener una modalidad virtual los estudiantes se hacen presentes una vez cada dos o quince días en esta primera versión –en base a un acuerdo que hicimos con la fuerza aérea que nos proveyó de alojamiento y alimentación y nosotros contrapusimos formación para su personal–, lo que significó que estudiantes de las más diversas localidades del país y, sobre todo, de la Región Centro-Sur pudieran tomar este tipo de carreras sin tener que abandonarlas por las dificultades de traslado. Lo pongo simplemente como ejemplo; esto se está haciendo en otras carreras.
Del estudio inicial surgió que es necesario que el Uruguay forme gente en el área de energía renovable, porque hay una política pública, activa y fuerte en esta área, en el cambio de la matriz energética del país, y era evidente que iban a surgir necesidades de formación en recursos humanos. Por lo tanto, en Durazno se está ofreciendo la carrera de ingeniería en energía renovable.
El año 2017 fue el período de mayor crecimiento producto de que todo el proceso de diagnóstico se había terminado. En ese sentido, aparte de la continuidad de las carreras que mencioné al inició, empezó una nueva: tecnólogo en ingeniería biomédica, otra área de gran importancia. Ninguna de estas carreras estaba en oferta en nuestro país, por lo tanto, no hay ningún tipo de duplicación aparte de la complementariedad geográfica porque estamos trabajando en Fray Bentos, Durazno y Rivera donde claramente la universidad, que ha hecho un muy buen desarrollo en el interior no cubría esas áreas, o sea que también hay complementariedad geográfica.
A partir, no de la demanda pero sí del movimiento existente y de la convicción que tenemos de que lo científico y lo artístico no deben estar divorciados sino juntos –para ello tenemos que explorar la intersección entre lo tecnológico y lo artístico–, promovimos un tecnólogo en jazz y música creativa que ya comenzó a trabajar en Mercedes, vinculado con el movimiento cultural «Jazz a la Calle», con una gran aceptación.
Tenemos también formación en ingeniería logística, que comenzó en Rivera en 2017 y en 2018 se reproducirá en Fray Bentos con una nueva versión.
Entendemos que estas formaciones, que tienen requerimientos transversales a lo largo de todo el país, se replicarán en distintas localidades.
También tenemos un tecnólogo en mecatrónica industrial y un ingeniero en sistemas de riego, drenaje y manejo de afluentes, que es otra área con alta demanda. Esta última comenzó en Durazno y se replicó en tecnología de la información también en Fray Bentos.
Este es una breve síntesis de la oferta educativa de UTEC. En las dos diapositivas que pudieron apreciar los señores senadores mostramos las orientaciones y la formación que ofrecemos.
Por otra parte, tratando de interpretar de la mejor forma posible la ley de creación de UTEC, hemos trabajado de manera articulada a nivel nacional e internacional.
Como se aprecia claramente en la diapositiva, la UTEC es parte del sistema nacional de educación pública y participa activamente, pero también tiene múltiples contactos y acuerdos con los ministerios y agencias, así como con el sector privado, particularmente con la cámara empresarial y la CUTI, Cámara Uruguay de Tecnologías de la Información.
Por lo que mencioné anteriormente, para nosotros es muy importante la articulación internacional y la internacionalización de la UTEC.
Desde el principio dijimos que para ingresar a UTEC no se requiere el conocimiento de una lengua, pero para egresar de UTEC sí es un requisito. No se puede egresar de UTEC sin saber inglés técnico. Para eso establecimos un programa de lenguas transversal –al igual que el de ciencias básicas– y los estudiantes tienen un examen acreditado internacionalmente, es decir, se les acredita el conocimiento del idioma a nivel técnico para poder trabajar.
Si hoy no se tiene por lo menos el idioma inglés, no es verdad que estamos formando a alguien preparado para trabajar en el mundo o para interactuar con el mundo. En realidad queremos formar gente que trabaje en Uruguay y no en Estados Unidos o en Holanda, pero sí que pueda interactuar con el mundo muy activamente, es decir, ir, volver, salir, estudiar, vincularse, etcétera.
Las imágenes que se aprecian en la diapositiva responden a acuerdos específicos y quiero desarrollar especialmente la mantenida con China.
El gobierno chino, en respuesta a una gestión realizada por el presidente Mujica en su momento, realizó una donación a la universidad tecnológica –a través de un acuerdo específico– que ya está en ejecución en su totalidad y ha sido realmente muy importante para la instalación del instituto regional suroeste.
Finlandia y Corea del Sur son los dos lugares que quizás estén teniendo más influencia desde el punto de vista académico. Ellos tienen institutos tecnológicos también desarrollados en distintos momentos. Incluso explican el desarrollo de sus países y la salida de la crisis posguerra, basados en el trabajo de estos institutos, por cuanto para nosotros es una referencia ineludible en muchos conceptos.
Tenemos acuerdos con ellos, nos vinculamos con ellos, y digamos que con mucha apertura y buena vista aceptamos su influencia, por entender que como modelo, como principio, como concepto, y fundamentalmente como prácticas de trabajo, nos ofrecen herramientas muy importantes para implantar dentro de la universidad. No se trata de copiar, pero sí de tomar los principios que son transmisibles de un lugar a otro.
Por supuesto que Argentina y Brasil son dos referentes ineludibles; tenemos acuerdos con la universidad tecnológica de Argentina y discutimos carreras en conjunto. Toda la idea de trabajar en Rivera tiene que ver con su entorno pero también –y enormemente– con la binacionalidad.
Muchas de las preguntas que nos hacíamos acerca de si íbamos a conseguir docentes nos las están respondiendo desde el sur de Brasil. Tenemos docentes, con formación de posgrado con alta dedicación y una enorme vocación de parte de quienes están en la región –en Livramento o a 30 o 50 kilómetros–, decididos a buscar oportunidades e interesados en esta propuesta que hace Uruguay, y están trabajando activamente con nosotros. Algunos ya se han movido para trabajar en Fray Bentos o en Durazno, todo dentro del proceso de selección, obviamente.
No quiero extenderme en ningún aspecto en particular, pero voy a mencionar también alguna definición de la universidad temprana. Lo que vamos a mostrar ahora, en forma muy abreviada, es la puesta en práctica de esto; después si los señores senadores tienen preguntas específicas para hacer, nos extendemos en el tema. Esta universidad proyecta, programa, y después trabaja en base a resultados e indicadores. Esta es nuestra forma de comunicarnos, de evaluar qué es lo que pasa y, también, de tomar decisiones.
Por otra parte, tenemos el Programa de Evaluación y Estadística que está monitoreando a la universidad. Elaboramos informes semestrales con una serie de indicadores e informes anuales; la lista de indicadores es muy amplia y son todos los que miramos en la universidad. Al menos semestralmente tenemos un grupo de unos 30 o 35 indicadores que son muy importantes para nosotros y los revisamos con una frecuencia semestral.
Lo que estoy mostrando en la pantalla es el resultado, al 30 de julio –que fue el semestre de este año que cerró–, con un agrupamiento de los resultados. Eso nos dice que un 38 % de las metas para el 2017 se alcanzaron totalmente en el primer semestre de este año –después podremos ver algún ejemplo–; un 21 % de las metas están cerca de alcanzarse –están un poco por debajo, seguramente, de lo previsto y requieren atención muy especial porque, de lo contrario, podemos estar más lejos– y un 41 % de las metas tienen un desfase más allá del que deseamos y nos llaman fuertemente la atención, por lo que tendremos que redoblar los esfuerzos para corregir estas cifras.
No planteamos la universidad con la idea de que no íbamos a tener problemas, el tema es si los podemos detectar a tiempo y reaccionar. Ese es el ejercicio sistemático que estamos haciendo. Nuestra idea o impresión es que podemos llevar adelante esto y, de hecho, ahora hemos mirado los indicadores que más nos preocupan dentro de ese 40 % y hemos tomado medidas. En enero del 2018 vamos a tener un nuevo reporte y sabremos si todo eso tuvo efecto o no. No hay que esperar tres o cinco años para ver qué resultados tenemos. Esto lo digo, simplemente, para dar algunos ejemplos, más allá de este concepto general.
Lo que mostramos en la parte de arriba de la imagen es lo que nos guía, lo que se mide y se puede mejorar. Si no medimos ni tenemos datos es todo cualitativo, son impresiones y puede depender de la visión de cada uno. Si lo medimos y tenemos metas, podemos mejorar.
Voy a decir algo respecto a algunas de las metas que están dentro de ese 38 % que se cumplió totalmente. En este momento –y esto nos alegra enormemente– tenemos estudiantes de los 19 departamentos y creemos que eso tiene mucho que ver con cómo y qué estamos ofreciendo. Si bien no tenemos muchos estudiantes de algunos departamentos –hay alguno del que tenemos uno solo, no nos engañamos con eso–, esto simboliza mucho y nos llena de alegría.
Por los proyectos de I + D + I que mencioné al inicio, queremos a los estudiantes resolviendo problemas y trabajando afuera de la universidad en vinculación con el sector productivo. A su vez, el porcentaje de estudiantes becados está por encima de la meta.
Por su parte, el número de sedes que nos habíamos propuesto en UTEC –lo que, al inicio, era casi nuestro problema principal, es decir, definir cuántas sedes se instalarían, dónde y cómo–, ya están establecidas en el suroeste. Se ha inaugurado en Fray Bentos, en Durazno la obra culminó y las carreras han comenzado. Tenemos expectativas de poder inaugurar, en muy breve plazo –la obra comenzó este año–, la obra en Rivera, que va a terminar a mediados del año que viene.
Las actividades de vinculación con el medio están totalmente dentro de las metas y las titulaciones ofrecidas también.
¿Qué cosas están muy en torno a la meta, un poco por debajo o no lo suficientemente despegadas? La tasa de desvinculación. Ese es un punto crítico para la educación uruguaya en todos los niveles. No queremos mirar hacia el costado; es un ítem sobre el que tenemos objetivos.
Inicialmente, nos habíamos propuesto una tasa del 25 %, pero no es competitiva a nivel internacional, sí a nivel nacional o regional. Este es el máximo de desvinculación tolerable y por eso aspiramos alcanzar una tasa de 15 %.
Después de tres años, con todas las carreras que indiqué y en un proceso de instalación, estamos en el 23 %, que no nos deja tranquilos. Por lo tanto, ubicamos este dato en las áreas que tenemos que monitorear con mucha atención, y debemos seguir trabajando para ver en qué carreras tenemos problemas, en cuáles no, en qué lugar y si eso tiene que ver con los métodos o con otras situaciones. En fin, seguimos muy de cerca este tema y esperamos que el año próximo este número sea menor porque hasta ahora las intervenciones no vienen dando resultados.
Como vemos hay otra serie de ítems que no están mal, pero que tampoco están lo bien que nos gustaría.
Finalmente, voy a hacer un comentario sobre la evolución de la matrícula: cuál fue la propuesta de UTEC al parlamento para 2015 y qué lo que estamos viendo.
El gráfico que estamos viendo refiere a la evolución de crecimiento de la matrícula de UTEC. Siempre que lo analizamos –y tenemos interlocutores distintos– la pregunta que surge naturalmente es si es mucho o poco. Si hablamos de tres mil estudiantes de UTEC para 2020 ¿son muchos o son pocos? Discutimos bastante sobre este tema porque la ley no nos dio ninguna orientación respecto a cuántos estudiantes teníamos que abarcar, en cuántos años, cómo ni con qué oferta. Hay tres dimensiones para examinar estos datos: si lo relacionamos con la brecha histórica de demanda insatisfecha de estudiantes del interior esto es muy poco, si sumamos lo que ofrece la UdelaR y UTU sigue siendo poco porque la brecha es enorme –si los señores senadores desean luego podemos analizar los números–; si analizamos cómo es el proceso de crecimiento y cómo ha sido el de otras instituciones, tenemos una mirada muy positiva porque nadie ha tenido un crecimiento como el estamos proyectando; y si lo analizamos respecto a lo que nos propusimos es correcto porque eso fue lo que nos fijamos.
Hoy no tenemos 1.150 –eso es lo que hemos proyectado–, sino que tenemos algunos menos, pero sabemos exactamente por qué razón. En algunos casos, se debió a que nos entusiasmamos con algunas ofertas que íbamos a tener, pero que todavía no tenemos, y en una proporción mucho menor por algunos desfasajes entre la oferta y los cupos que realmente tuvimos; también sabemos dónde hay sobredemanda. Es decir, no tenemos dudas y ratificamos esta evolución en el crecimiento de estudiantes matriculados de UTEC de acá a 2020. Esto fue lo que propusimos al Parlamento como proyecto.
Otros de los aspectos de la memoria 2016 –que fue entregada en su momento– es la edad de los estudiantes de la UTEC, que es mayor que la esperada en educación universitaria. Es absolutamente lógico y está alineada a la experiencia internacional que hay cuando se presenta una oferta nueva en un lugar que por años no ha recibido ofertas. Todo el que quedó rezagado o perdió su oportunidad para estudiar quiere aprovecharla. Esta situación se agota en tres o cuatro años y aparece una nueva oferta. Como evidencia de lo que sucede vemos que el promedio de edad ha bajado un poco, aunque sigue siendo muy alto para los estándares internacionales y la moda, que es el valor más frecuente, sí ha bajado. Hablando en blanco y negro y de manera fácil de comprender seguimos teniendo veteranos, a pesar de que una proporción cada vez mayor de jóvenes que egresan de UTU o secundaria ven la UTEC como su oportunidad para formarse en la educación universitaria, en el interior de la república, que es donde estamos.
¿De dónde provienen los estudiantes? Más de la mitad provienen de hogares de nivel educativo bajo; esa es una muy buena noticia. No es diferente de lo que sucede con la Universidad de la República; creo que lo que está pasando está muy bien y es lo que había que hacer.
Por otro lado, siete de cada diez estudiantes de la UTEC tienen como fuente de ingreso su trabajo y, en ese sentido, creemos que la orientación de nuestra oferta estimula a mejorar la capacidad para resolver problemas, a tener una inserción laboral diferente porque los conocimientos que obtienen los vinculan rápidamente al trabajo. Creemos que se ajusta muy bien a esta población y pone algunas restricciones porque para alguien que trabaja y que además tiene alguna responsabilidad familiar es muy difícil armar un plan de estudio. No obstante, si ese plan de estudios dialoga con su inserción laboral, se potencia y se generan muchas oportunidades y posibilidades de levantar restricciones.
Respecto al tema específico de nuestra solicitud presupuestal, el mensaje enviado por la UTEC contenía un par de artículos que no eran de este carácter, pues su objetivo es la equiparación o la posibilidad de trabajar en el mismo régimen que la ANEP o la Universidad de la República. Pero esta propuesta fue tomada de manera positiva en la Cámara de Representantes y aspiramos a que se adopte la misma posición en el Senado, porque esto hace al funcionamiento de la UTEC, a la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma, así como a hacer un uso eficiente de los dineros.
El cuadro que se observa ahora en pantalla refiere a la parte monetaria, tema sobre el que podemos decir que, en la versión original, se mostraba un desfasaje de $ 150:000.000 para 2018 respecto al mensaje del Poder Ejecutivo –no es una discusión para dar ahora– y $ 328:000.000 para 2019 y 2020, o sea, prácticamente el doble. Queremos ser claros: en la Cámara de Representantes defendimos fuertemente esta cifra. Leemos la prensa, leemos las versiones taquigráficas, entonces, sabemos que se adoptó una decisión en esa cámara y que ahora está en discusión en el Senado un cambio respecto al mensaje original del Poder Ejecutivo. Reconocemos ese cambio como una señal muy positiva y consideramos que con ese esfuerzo que se decidió en diputados, más alguna reingeniería, podemos ajustarnos, de modo tal de no entorpecer el proyecto UTEC.
Por lo tanto, expresamos nuestro beneplácito con esa decisión y nuestro reconocimiento al haber considerado la situación de UTEC.
Queremos adelantar, aunque no tiene sentido discutirlo hoy, que esta situación, que podremos manejar en 2018, si volviéramos a tener un desfasaje importante, sería muy difícil de resolver en 2019 y 2020. Los datos que trajimos en 2015 y estos números que mostramos ahora –que simplemente denotan la diferencia entre el mensaje del Poder Ejecutivo y la propuesta presentada por nosotros–, surgen de una presupuestación muy detallada. No tenemos grandes ambiciones, sino que presentamos la presupuestación pura y dura relativa a horas docentes, lugares, movilización de estudiantes, servicios de mantenimiento y reparaciones. Este es un ejercicio de presupuestación muy duro y muy detallado, que está absolutamente disponible si fuera requerido.
Por eso, cualquier desfasaje implica automáticamente resignar algo. En cualquier caso, podemos discutir la resignación de una actividad, pero de la forma que estamos trabajando ahora, en una línea de crecimiento, con carreras que comenzaron a dictarse el año pasado –la mitad–, lo único que se podría resignar es la calidad. Pero ninguno de nosotros está para trabajar en esa dirección. Porque esta universidad tendrá éxito si logra buenos estándares de calidad. La formación terciaria y, especialmente, la universitaria que se requiere en el interior, tiene que ser de un muy buen nivel de calidad, además de competitiva en el marco internacional, como dije al inicio.
En síntesis, como se muestra en el gráfico, la línea de color azul detalla el crecimiento de la matrícula y la línea en rojo es el crecimiento del presupuesto. Como se puede apreciar, aparece un efecto de dilución año a año, hasta que la universidad llegue a una zona de equilibrio, lo que suponemos no va a ocurrir hasta 2019 o 2020. En 2019, ese equilibrio se lograría con las inversiones y, en 2020, con las retribuciones. Si se afecta el presupuesto en el medio de esa trayectoria, los daños pueden ser mayores que los daños directos.
Si me permite, señora presidenta, nos gustaría culminar, mostrándoles a los señores senadores cómo viven esta historia, no quienes venimos a transmitirla, sino quienes están insertos en ella. Son cinco minutos, pero con esto aportamos un poco de color a esta presentación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Dan ganas de aplaudir.
SEÑOR CHILIBROSTE.- Si algún señor senador tiene preguntas, se las podemos responder con mucho gusto.
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que sobre los artículos ni siquiera vale la pena hacer comentarios porque se explican por sí solos. Se podrá estar de acuerdo o no con ellos pero, en realidad, al incluirlos dentro de las excepciones al artículo 33 del Tocaf y dentro de las certificaciones del Tribunal de Cuentas ya son suficientemente explicativos.
Nosotros estamos con la rendición de cuentas de 2016. Quiero hacer una aclaración previa. Uno sabe de las dificultades que significa poner en funcionamiento una institución, sobre todo con estas ambiciones y más en el interior. En realidad, tienen todas las agravantes. Sabemos que el trabajo de ustedes es muy dificultoso. Los legisladores –sobre todo el sistema político– peleamos para que esto sucediera en el interior, por lo que valoramos mucho el trabajo que hacen y en ese sentido vamos a tratar de analizar los números y ver cómo podemos mejorar aún más la situación. ¿Por qué? Porque nos presentaron los números del primer semestre de 2017 y, en realidad, estamos considerando la rendición de cuentas de 2016, que son los números terminados, los que tenemos y nos suministró la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En tal sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos dice que no se cumplió con el 61 % del plan estratégico. Obviamente, no hay que quedarse solamente con el titular de las gráficas frías de la OPP cuando dice que se cumplió el 26 % porque del 13 % «No informó valor 2016». Obviamente, eso nos llamó la atención. Además, justo lo que «No cumplió» lo presenta en rojo en esa gráfica, seguramente para que fijemos más nuestra atención en eso. Pero cuando vamos a ver qué parte se cumplió y cuál no, primero hay que ver el tema de los indicadores, porque si se ponen metas muy altas, es obvio que no se va a cumplir con el plan estratégico. Una parte del incumplimiento puede provenir de la propia gestión y otra, de que se fijaron metas muy exigentes y, por ende, de difícil cumplimiento. Me parece que eso es lo que está sucediendo y no me disgusta porque me parece bueno que se fijen grandes metas. Cuanto más altas sean las metas y más esfuerzo se realice, de pronto no se llega a donde uno quisiera, pero sí más alto de lo que hubiera pensado si se hubiera conformado con menos.
Es más, me permito –de metido nomás– dar una sugerencia con relación a los indicadores: a veces es bueno fijarse un rango meta amplio. ¡Aclaro que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas!, pues nos decía que el rango meta de la inflación era del 4 % al 6 %, pero en cinco o seis años no acertaba. ¿Saben qué hizo? Amplió el rango meta y dijo: 3 % a 7 %. Ahora está dentro del rango anterior. Así que, de pronto, esa es una posibilidad a tener en cuenta.
En el año 2016, cuando voy a los indicadores –me parece que es lo que tenemos que mirar–, veo que ustedes se habían fijado una meta de 50 % de docentes con posgrado –¡A la pucha!, eran docentes con posgrado, no cualquier docente–, pero tienen 22 %. No sé, es una meta del 30 % al 50 %. Cuando nosotros estudiamos los números para cumplir con nuestro deber de controlar cómo están trabajando y cumpliendo con sus objetivos, esto salta enseguida y nos llama la atención. ¡Ojo!, hay cosas buenas.
Siguiendo con los indicadores, el «Número de personas matriculadas en actividad de formación continua», la «Meta 2016» era 20, no 27.
Asimismo, en el indicador: «Número de acuerdos específicos de colaboración con instituciones nacionales o internacionales» la «Meta 2016» era 8 y el «Valor 2016» es 10. Sin embargo, con respecto al porcentaje de docentes con posgrado, si actúo de mala fe, puedo decir que no llegaron ni a la mitad de lo que se habían fijado. ¿¡Miren que hay que lograr docentes con posgrado!?
El cuanto al «Porcentaje de docentes radicados en el interior del país», la «Meta 2016» era de 55, pero el «Valor 2016» fue de 47. Bien, un desvío del 25 % se acepta para el cumplimiento de indicadores.
El porcentaje de mujeres en el personal de la UTEC en los puestos de mayor grado de categoría –lamento que no esté presente mi colega, la senadora Constanza Moreira, porque seguro que con los porcentajes que voy a leer, ustedes no pasaban el examen; creo que zafan porque está el senador Paternain en su lugar–, la «Meta 2016» era 46 y el «Valor 2016», fue 18.
Directamente lo más preocupante de los resultados de 2016 –y no de 2017, que es lo que presentaron–es el número de estudiantes matriculados. La meta era de casi 500 y fueron 380 y me gustaría profundizar en las causas de esto. Creo que esto se debe a la cantidad de nuevos estudiantes: la meta era 370 e ingresaron 228 y al gran tema del abandono para el que tengo una explicación. Esto sucede también en la UTU. Lo que les pasa a los muchachos es que empiezan, adquieren habilidades, ven que pueden conseguir un trabajo con esas habilidades que adquirieron en tres, cuatro o cinco meses y se van. Hay que convencerlos para que no caigan en la tentación de ir a ganarse el peso. En este sentido, me gustaría saber cuál es la estrategia para mejorar ese indicador, que es el gran tema. Si la meta de abandono era del 23 % y en 2016 está en 37 %, el porcentaje es alto. Es mucho porque está cerca del 40 %. Me parece que acá hay un problema para mejorar; aclaro que no estoy criticando, pero hay mucho para hacer ahí.
Es espectacular la cantidad de estudiantes por origen; en el año 2016 eran 17 y ahora ya son 19. Me gustaría que profundizaran en la tasa de abandono, el problema de los estudiantes matriculados y no les voy a pedir el porcentaje de docente con posgrado, porque no es fácil de lograr.
SEÑOR CAMY.- Quiero dar la bienvenida a los consejeros de UTEC, el ingeniero agrónomo Chilibroste, la licenciada Do Mato y el doctor Silveira, y a la delegación que los acompaña.
Yo soy un acérrimo defensor de esta herramienta que es la UTEC. Por lo tanto, voy a respaldar todo el trabajo que se viene realizando desde la UTEC. Seguramente tenga inconvenientes, como todos los organismos y todos los gobiernos. Todos los emprendimientos los tienen cuando comienzan. Me parece que aquí hay que mirar con más profundidad, con sentido más amplio o con un horizonte más lejos. Acá se está dando respuesta, al menos incipiente –hay que reconocerlo– a una demanda de larga data en el Uruguay, que es la definición de intentar igualar las oportunidades para estudiar a nivel terciario en todo el territorio nacional.
Quienes somos del interior y vivimos allí, sabemos que ha habido y hay una desigualdad de oportunidades; por lo menos, así lo creo yo. En este ámbito hemos estado cerca de la UTEC porque ha comparecido en comisiones que integramos y desde esa posición hemos pretendido seguir el proceso con atención y dedicación.
Particularmente por razones de cercanía geográfica y por el impacto que tuvo en la región donde vivo seguimos de cerca lo que ha sido el proceso de consolidación en el suroeste de un cluster vinculado a la lechería, a la producción de queso artesanal, a la lechería de industria y de producción con niveles de licenciatura. Me parece que la UTEC está haciendo algo –que nosotros reivindicamos y demandamos desde siempre– que tiene que ver con la eficiencia del Estado.
Por ejemplo, ahí se unió la vieja Escuela Superior de Lechería de Nueva Helvecia –que es la gran referencia que ha tenido el Uruguay en el continente en lo que tiene que ver con la educación–, con una decisión que hizo que seamos coprotagonistas, que fue cuando el intendente de Colonia de ese entonces, Walter Zimmer, solicitó al Directorio de Ancap –que quien les habla integraba– la cesión de una dependencia que tenía muy bien conservada, pero que estaba en desuso, que era la vieja destilería de la colonia piamontesa de la paz, sobre el río Rosario. Hoy en día, por la cercanía geográfica, se imparten las licenciaturas de análisis alimentario y de ciencias y tecnología de lácteos, que funciona desde 2014. Además, está en la región de Uruguay que produce más leche artesanal. O sea que se está haciendo eficiente en la utilización de los recursos. Esto también ha sucedido en otras localidades del país, como en Rivera, en Treinta y Tres y en Fray Bentos.
A mí modo de ver, por una cuestión de ética, si se da palo a aquellas cosas que a nuestro juicio merecen recibir críticas, igualmente si hay algo a destacar, hay que hacerlo. Tiene que hacerse el mismo énfasis cuando estamos de acuerdo. En lo personal, estoy de acuerdo con lo que está haciendo la UTEC. En su momento, el expresidente Mujica soñó con algo más profundo vinculado a la UTU, pero lamentablemente eso no cuajó. Igualmente, creo que esto ha salido bien y lo quería destacar.
En lo personal, voy a defender esta iniciativa, no solo porque se quiere achicar la brecha entre el interior y la capital, sino porque me parece que se ha generado un modelo educativo más flexible. Y un ejemplo de ello es la estadística que refleja que siete de cada diez estudiantes se solventan con sus propios recursos para estudiar, la flexibilidad que se está teniendo para el ingreso –no así para el egreso– de distintos ítems que se manejaron o el trasiego de estudiantes de Montevideo para el interior. Todo eso habla de que hay un proyecto país. Ojalá sea emulado por otras prestigiosas organizaciones educativas que tenemos. Me parece que hay que acompañar esa flexibilidad.
Por todo esto quiero señalar que he estudiado los cinco artículos que ha enviado la UTEC al Parlamento y los dos que finalmente se aprobaron en la Cámara de Representantes. Los dos primeros suponían asignación de créditos e incrementos presupuestales –por eso no se votaron–: uno era por aproximadamente USD 18:000.000 para 2018 y 2019, como partidas globales, y el otro para objetivos específicos de USD 5:000.000 y USD 11:000.000. Estamos hablando de un total de USD 23:000.000 para el año 2018, USD 29:000.000 para el 2019 y USD 29:000.000 para el 2020. En la Cámara de Representantes se mantuvo una discusión sobre la reasignación de recursos y, como decía el señor senador Bordaberry, se puede estar de acuerdo o no, pero es comprensible.
Quiero ser muy claro: más allá de que el Partido Nacional –se lo he dicho a los senadores y a los diputados de mi sector y de mí partido– no acompañó esos dos artículos, yo los voy a acompañar. Incluso, hay un tercer artículo que no es de reasignación de recursos, sino que sustituye el numeral 18, literal C) del artículo 33 del Tocaf. No entiendo por qué no se aprobó en la Cámara de Representantes y sí se aprobó la sustitución del numeral 24, literal C) del artículo 33 del Tocaf. Si no interpreté mal, uno supone el vínculo con la inversión o el proceso para evitar la inversión en infraestructura y otro en investigación. El concepto me parece que es si se le da o no, mediante la incorporación de las excepciones, la posibilidad a la UTEC para contratar y agilizar los procesos que se vinculan, pero sin embargo eso ya lo tiene tanto la ANEP como la Universidad de la República. Quiero creer que mis compañeros de partido no quisieron dar tanta excepción, es decir, se cuestionó el concepto de la excepción y puede ser válido, pero si en definitiva va a quedar para los demás no podemos sacárselo a quien está empezando bien. Estamos apostando a que cambie lo que hay para cambiar. Por supuesto que lo voy a hacer porque soy, como tenemos que ser todos los que creemos más en los partidos que en los hombres, hombre–partido y lo voy a discutir en mi bancada y quiero subrayar que estoy a favor de estos dos artículos. Integrando un partido de libertades creo que mis compañeros van a permitir que vote estos dos artículos porque aparte soy del interior y me parece que allí esto se precisa.
Quería hacer este reconocimiento porque siento que a veces, con la mejor intención, nos ocupamos de temas y nos ganan las emergencias, la cortita, lo que generalmente nos marca el período de Gobierno o la edad biológica y quedan por el camino cosas de largo plazo –vivimos muy poco– que hay que tratar. Esto lo hemos reivindicado todos. En lo personal, creo que es un logro, y lo quiero reconocer. Puede ser un logro mayor para el que lo inventó o de los que estuvieron, otros estarán a favor o en contra, estos temas atraviesan generalmente a los partidos.
Con mi voto individual, quiero darle a estos dos artículos, el crédito a la UTEC. Incluso, en su momento, voy a plantear si no sería necesario un artículo aditivo para que el artículo 3.º original también se incluya, porque si entra el 4.º que es para infraestructura por qué no para investigación.
Finalmente, para que quede registrado en la versión taquigráfica, es válido el tema de no dar excepciones –no quiero ser superficial en este juicio, me gusta mucho escuchar a los técnicos y ya les he expresado que quiero hablar de estos temas con ellos– pero ello supone decir que todo es igual y creo que para hacer justicia, lo que es distinto hay que tratarlo de manera diferencial, entonces, a veces son válidas las excepciones.
Quería que quede registrado que la UTEC cuenta con, por lo menos, la mano de un senador para la aprobación de estos dos artículos.
SEÑOR DELGADO.- Para que el senador Camy no se sienta solo en esta epopeya queremos señalar que vamos a discutir en la bancada de senadores del Partido Nacional la posibilidad de rever la decisión sobre los dos artículos que vinieron en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Puedo hacer mías todas y cada una de las palabras del señor senador Camy en relación a la validez, proyección y expectativa que la UTEC genera en una cantidad de jóvenes de todo el país incluso en especializaciones no previstas originalmente, ligadas al concepto de innovación y de adaptar la demanda educativa al trabajo a futuro que es la clave de todo esto. Fue necesario crear una institucionalidad diferente, más dinámica y moderna y creemos que se está logrando. En lo personal, nos impactó una gráfica que nuestros visitantes presentaron sobre la cantidad de matriculados y la de recursos. Se puede tener las mejores intenciones, pero el poncho no aparece. Si no damos recursos para hacer realidad estas intenciones, va a ser muy difícil colmar las expectativas que se han generado y que, además, cuentan con una buena evaluación de los jóvenes que forman parte de ella.
Pensamos que el Partido Nacional votó en contra en la Cámara de Representantes no por la UTEC, sino por un tema de procedimiento porque actuó con un mecanismo parecido en otros incisos. Creemos que por tratarse de la UTEC nos parece que es bueno que demos una señal de apoyo a este mecanismo. No vamos a descartar la capacidad de convicción y el convencimiento que tiene el señor senador Camy sobre este tema.
El Partido Nacional presentó artículos aditivos en la Cámara de Representantes sobre la distribución de rubros y varios de ellos incluyen un refuerzo presupuestal para el funcionamiento de la UTEC. Los invito a rezarle a San Expedito para que la rendición se abra y que podamos acompañar estos artículos aditivos en el Plenario.
SEÑOR CHILIBROSTE.- Agradecemos las intervenciones y los comentarios.
En cuanto a lo que preguntaba el senador Bordaberry, lo agradecemos especialmente porque ese tipo de planteo es muy positivo. Los números tienen que cerrar. Sobre la parte estudiantil, que es lo más importante, van a responder mis compañeros, pero quiero aprovechar los tres primeros indicadores para reafirmar conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, sobre el porcentaje de docentes con posgrado, quiero decir que sabemos bien que es muy difícil radicarlos en el interior del país, pero es un buen ejemplo de las metas que tienen bajo nivel de negociación. Si lo que vamos a instalar es una universidad, que va a hacer docencia, investigación, extensión, que va a trabajar vinculada al sector productivo y que va a querer innovar e involucrarse en los problemas, se requiere ese perfil de docentes y no otro. Entonces, sabemos que la meta es muy alta, pero la concreción de la universidad va de la mano de ese objetivo y si no lo podemos lograr no estamos yendo en la dirección correcta. Nosotros somos contestes de la diferencia, pero estamos poco preparados para resignar o rebajar el objetivo. Si el problema fuera la cuestión presupuestal –no es necesariamente lo que ocurre hoy–, entraríamos en conflicto, porque nosotros no estamos preparados para rebajar ese objetivo ya que eso condicionaría el objetivo mayor, que es el de tener una institución pública, terciaria, universitaria, de buena calidad, que brinde respuestas a los jóvenes y al sector productivo inserto en el territorio. Me parece un excelente ejemplo y estamos contestes de ello. En ese sentido, nos apareció como una muy buena noticia –nosotros teníamos la hipótesis pero no sabíamos si iba a funcionar así– lo que está pasando en Rivera, donde se está cumpliendo con la meta porque estamos logrando la atención de jóvenes brasileños que viven en Livramento, en San Pedrito o en Alegrete, que tienen maestría y doctorado. O sea que en Rivera tenemos la meta cumplida, y en el resto del país tenemos dificultades. Esa meta no es negociable, porque sería como no discutir de qué nivel va a ser la universidad. Las universidades de la región y del mundo tienen este indicador, o más alto, en términos de docentes formados. Lo mismo sucede con los docentes radicados en el interior. Si nosotros no logramos que los docentes se radiquen en el interior, fracasamos; eso no es negociable. La buena noticia es que ese número que pusimos, año a año viene creciendo y ya estamos bastante más arriba que en el 2016. La observación en ese sentido es correcta. En este momento estamos en el eje del 48 % y la meta final es del 65 % o 70 %, porque alguno puede quedar moviéndose, o ser especialista o lo que sea. Nosotros queremos que el 90 % ó el 95 % de la población de UTEC esté radicada realmente en el interior. El modelo viajero no lo podemos recrear, porque no es un modelo de desarrollo, no es un modelo sostenible, sino que es para una emergencia o para transitar un par de años.
En cuanto al porcentaje de mujeres, quiero dar una buena noticia: la proporción de mujeres en los cargos gerenciales o de responsabilidad de UTEC hoy es el 48 %. Nosotros somos contestes del número que manejó el señor senador. Este es un buen ejemplo de las cosas en las que se prenden las alarmas, se trabaja, se cambian las búsquedas, se ponen más rigurosos los criterios y se logran los objetivos. Tenemos un poco más de dificultad en la proporción de género de los estudiantes, pues allí la posibilidad de intervención es mucho menor; estamos en el orden del 30 % y la meta es del 50 %. Pero si uno mira cómo está distribuida por género la población de secundaria o de bachillerato tecnológico, encontrará exactamente el mismo problema. De todos modos, vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Los compañeros van a contestar sobre la parte de continuidad de los estudiantes.
SEÑOR SILVEIRA.- Muchas gracias por los comentarios y las preguntas, porque a eso vinimos.
Creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Tal como decía el consejero Chilibroste, la universidad fijó metas altas. Estamos contestes de que lo hicimos muy premeditadamente.
Los señores senadores, si comparan, podrán ver que nuestras metas son muy parecidas a las establecidas en las universidades de Cambridge, Oxford o de Tampere, en Finlandia. Esta última –que figura como TAMK– parece como nuestro socio estratégico en varios desarrollos, pero no para copiar su forma sino para tratar de ver cómo hicieron. Los principios son básicamente los mismos.
Estamos muy conscientes de que este no es un proyecto de las autoridades circunstanciales de la UTEC, sino que se está generando para dentro de treinta años y para los muchachos que estamos formando hoy.
¿Cuáles son los problemas con respecto a los estudiantes? Es bien interesante lo que sucede. El último censo a estudiantes se realizó al 17 de agosto de 2017. ¿Por qué abandonan los estudiantes de UTEC?
Si los senadores me hubieran preguntado esto hace un año y medio atrás, no hubiéramos podido responder porque no estaban armados los indicadores. Ahora sí tenemos datos, ya casi un año y medio después, luego de hacer cada seis meses el censo de todos los estudiantes de la UTEC, con una respuesta voluntaria de casi el 90%.
Así como surge el dato de que los estudiantes provienen de setenta y tres localidades diferentes de nuestro país, figura también que el 70 % de la población de estudiantes trabaja –lo cual también hay que atender–, y el ingreso de los hogares de donde provienen –ya sea de ellos mismos, de su pareja, etcétera– va de $ 10.000 a $ 30.000. Esos son los ingresos de los hogares de la gente que está con nosotros.
Por otro lado, surge el dato de por qué dejaron de estudiar en los últimos seis meses. Esto se mide para saber cómo marcamos el abandono. ¿Qué significado tiene para nosotros que el estudiante se haya desvinculado? Entendemos que eso debemos medirlo.
Podemos usar la matrícula y decir «ando bárbaro», pero con ese dato solo vemos quién se inscribió. El asunto es saber qué pasó a las dos semanas –cuando se produce el pico de abandono– y a los seis meses.
Ahora bien, ¿por qué abandonan los estudiantes antes del 30 de agosto? La mayoría de ellos –increíblemente y contra todas mis predicciones– lo hace por problemas de transporte. La distancia y la forma de llegar a los lugares donde ofrecemos clase es el principal elemento de abandono. Aclaro que esto no lo analizo yo, sino que transmito datos aportados por el monitoreo y la evaluación.
El segundo motivo de abandono es el nivel sociocultural del entorno familiar. Quiero decir que los hogares poco contenedores representan el segundo factor de abandono. El tercero es la formación de los estudiantes a nivel secundario.
Si me hubieran consultado hace un año atrás, hubiera dicho que las dificultades estaban en las matemáticas, en la física, pero no es así, están en las áreas humanísticas y en carreras que tienen más que ver con las letras.
Entonces, creo que la ventaja de tener indicadores es la posibilidad de trabajar sobre esos abandonos. Tenemos los estudiantes individualizados con nombre y apellido, y sabemos quiénes son, porque para eso inventamos los cupos. Nosotros no tenemos cupos por capricho, sino porque la calidad del estudiantado es parte de los que nos interesa y le podemos hacer un seguimiento.
Si nosotros masificáramos, no podríamos hacer este seguimiento. Hoy por hoy sabemos por qué abandonan y qué debemos corregir. Mucha gente nos dice por qué no hacemos horarios vespertinos o diurnos en abundancia, más de los que hay. En realidad más del 70 % de la población trabaja y en el interior, además, en casi todas las localidades, hasta las cinco o seis de la tarde. Incluso, al mediodía van a almorzar a la casa y vuelven. Se podrá decir que son problemas menores. No, la realidad es esa. Estamos trabajando en el territorio. Somos actores territoriales y, así como tratamos de trabajar con los intendentes y con las fuerzas vivas en cada una de las localidades, también lo hacemos con la población.
Nuestra población estudiantil es la que mencionamos. Entendemos que la pregunta del señor senador es muy pertinente; tiene que ver con una preocupación nuestra y la queremos medir. Nunca vamos a decir aquí que tenemos una matrícula de tantos alumnos, sino que diremos «estos son nuestros estudiantes». Aunque se matriculen, por ejemplo, 1.200 estudiantes, hay que tener en cuenta si a las dos semanas muchos dejaron de ir o abandonaron los cursos. Entonces, el número de estudiantes que tenemos es el que hemos manejado; me parece que esto es lo que tendríamos que hacer todos.
Hay dos cosas que los finlandeses nos enseñaron a todos. El sistema finlandés tiene éxito por dos palabras: confianza y flexibilidad. Cuesta construir la confianza y creo que es algo a muy largo plazo, pero a su vez, es parte de este juego. Me parece que los principios de los que hablaba Chilibroste hay que tenerlos presentes no para ahora sino para el Uruguay del 2030 o 2040, que es en el que estamos pensando.
El otro aspecto es la flexibilidad y ya la estamos construyendo. Esta universidad es flexible, no tiene dogmas ni cosas que no se puedan cambiar. Aquí, si amerita, se puede cambiar todo, de acuerdo a lo que mostramos.
Creo que esto responde, en parte, al abandono y a cuáles son sus causas. Tenemos un sistema de alertas tempranas –que se activan en julio para diciembre– para poder trabajar apuntando a tener medidas, ya en el 2018, que contengan esas debilidades.
Por otra parte, se nos están masculinizando las carreras. ¿Por qué? Porque disminuye la edad y los estudiantes entran directamente desde secundaria. No estamos tomando gente que abandonó sus estudios desde hace muchos años sino porque ahora se ha posicionado la marca Universidad Tecnológica. Si uno ve el tema como desde una organización cualquiera, es claro que hay que posicionar la marca. Cuando alguien quiere ir a estudiar dice «voy a estudiar veterinaria o agronomía», pero aquí no hay carreras como esas y no las va a haber nunca. Ya es muy vasto el concepto de veterinaria o agronomía desde el punto de vista tecnológico; no estoy hablando de una universidad académica pero sí tecnológica. Si alguien quiere trabajar en agronomía es posible que tenga que trabajar en una licenciatura en análisis alimentario, analizando la calidad de los alimentos en la producción primaria. O si quiere trabajar en el área del agro tal vez tenga que hacerlo en lo que tiene que ver con el manejo de efluentes y aguas.
Viene por ahí la mano. Creo que aquí está lo lindo de esto, es decir, poder charlar, discutir y confrontar ideas. Este no es un proyecto para ahora sino que, realmente, es un proyecto país. Estoy segurísimo de que no voy a ver el resultado de esta universidad y tampoco me importa quién va a venir después, en los futuros gobiernos. Este es un proyecto que está construido entre todos; más allá de transitorios liderazgos en aspectos de gestión muy menores, a este proyecto lo construimos entre todos o no es factible, no es viable. No hay forma de hacer una universidad nueva y moderna, del siglo XXI, si no es pensando en treinta años para adelante.
SEÑOR HEBER.- Simplemente quiero hacer un comentario.
Quiero destacar dos o tres aspectos. Aquí vamos a definir nuestra postura respecto a los artículos pero no puedo adelantar nada porque soy hombre de partido. No obstante, vamos a pensar en los buenos argumentos que se han esgrimido hoy para acompañarlos y, básicamente, para alentar el trabajo que llevan a cabo nuestros visitantes.
Me entusiasma escuchar hablar, por parte de un jerarca –ojalá tuviéramos otros ejemplos así en varias ramas de la Administración–, de la necesidad de tener auditorías para poder medirse uno con uno mismo. Quiero felicitar esta actitud porque si mañana ven que determinada tecnicatura no está formando bien, es buena cosa que puedan corregirla porque lo más importante de todo esto es el estudiante.
Vemos que no hay una actitud corporativa –que, de alguna manera, genera algo así como guetos en los que nadie pueda ver– sino que, por el contrario, se muestran los números abiertamente y reconocen dónde han avanzado bien, dónde no lo han hecho y cuáles son sus problemas. Así se puede construir y podemos hablar y ayudar.
Ese es el comentario que quería hacer porque su actitud es totalmente distinta a la de otros sectores –no importa cuáles, no viene al caso, no queremos generar polémica– en los que parecería que no podemos ni siquiera mirar hacia adentro para evaluar cómo se viene trabajando, por qué razón se dan esas metas y por qué no se cumplieron.
Quiero destacar esta actitud, felicitarlos, alentarlos y decirles que contarán con nosotros siempre que se mantenga este norte, brindando enseñanza, sobre todo a la gente que más lo precisa, y que tal como han señalado es la que están atendiendo.
SEÑOR DELGADO.- Como además de las caricias al alma hay que dar caricias al bolsillo –ayuda para que el alma esté tranquila– quería aclarar un poco más lo que dije en mi intervención anterior.
En realidad, el Partido Nacional presentó un artículo aditivo que estaba financiado –y lo va a reiterar en la discusión que se dé en el Senado– y que otorgaba $ 120:000.000 a la UTEC, que no era todo lo que pedía. Al final, este aditivo no prosperó y en un acuerdo general, en el artículo 235, se asignaron $ 90:000.000 para gastos de funcionamiento. El artículo aditivo presentado por el Partido Nacional –que como dije se va a reiterar en el Senado– prevé para 2018 la suma de $ 13:000.000 para gastos personales, $ 77:000.000 para gastos de funcionamiento y $ 30:000.000 para gasto de inversiones, lo que da $ 120:000.000, suma en la que vamos a insistir en la discusión, en la votación y obviamente en la cadena de oración.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero hacer un aporte sobre el tema del abandono del estudiante, que tiene que ver con una experiencia que está empezando a funcionar bien. Creo que las dimensiones de Uruguay ayudan mucho a trabajar estos temas porque no abarcan a miles de personas.
En ANEP el gran problema del abandono se daba en el pasaje de sexto de escuela a primer año de liceo, que obviamente es un cambio muy grande. El plan que están aplicando y que empieza a dar resultado –creo que es bueno tomarlo como ejemplo por más que las situaciones pueden ser distintas, los mecanismos son muy buenos– implica hacer una preinscripción. Egresan de sexto año alrededor de 50.000 alumnos y ya desde agosto detectan quiénes no tienen intenciones de seguir. Han logrado la preinscripción de casi el 100 % de 50.000 estudiantes.
Después de eso identifican 6.000 casos problemáticos –me llamó la atención porque es más o menos el segundo ejemplo que presentaron respecto a la situación sociocultural del hogar, que lamentablemente es así– y 500 que han perdido. Para esos 500 casos hacen un plan de seguimiento casi personalizado para traerlos de vuelta. Quizás sería bueno que conocieran o se interiorizaran en esta experiencia porque representa un avance en la situación más problemática de abandono.
Después de tercer año de secundaria del ciclo básico se da otra situación.
Este es el aporte que quería hacer porque si están empezando, sería bueno atacar el problema teniendo en cuenta este programa porque cuando el árbol está creciendo es mucho más fácil enderezarlo que cuando está grande.
SEÑORA DO MATO.- En la misma línea planteada por los señores senadores Bordaberry, Delgado y Heber –siempre atentos a lo que pasa en la UTEC–, quiero decir que trabajamos dentro del Sistema Nacional de Educación Pública, con todos los problemas y las virtudes que tiene. Ese trabajo que está haciendo ANEP lo conocemos perfectamente. Por eso mismo nosotros hacemos un doble período de inscripciones. Un período de preinscripciones, que este año será entre noviembre y diciembre, más otro período en febrero. Primero que nada, para conocer antes al estudiantado, saber con qué capacidades nos vamos a encontrar y, por otro lado, sobre todo este año –dado que es una universidad en crecimiento, no nos olvidemos que tiene cuatro años–, porque apostamos a destinar gente en el territorio, como gestores educativos, que sigan muy de cerca la problemática estudiantil en el lugar.
El gestor educativo tendrá una doble función. El estudiante que llega del interior a Montevideo tiene múltiples problemas, pero el que está en el interior también los tiene, entonces hay que asesorarlos sobre dónde pueden ir a comer o dónde pueden quedarse cuando van a localidades nuevas. Ese acompañamiento personalizado nos ayuda a tener esa tasa menor de abandono.
Otra cosa que discutimos es la siguiente: el Uruguay, por suerte, tiene un nivel de acceso importante a la universidad a la que se puede ingresar sin ningún tipo de limitación y los estudiantes se anotan en múltiples carreras simultáneamente, el mismo año, para ver después qué camino siguen. Entonces, el abandono que se produce en las dos semanas y luego en la época de parciales y exámenes en el primer semestre, es el momento de deserción en el que los estudiantes deben ser acompañados. Porque es claro que no es lo mismo la universidad que la educación media o primaria.
SEÑOR BORDABERRY.- Me gustaría saber cómo afecta el nivel de estudios previos, porque hay muchas universidades que resuelven los problemas que pueda haber en esa primera etapa con cursos de nivelación.
SEÑORA DO MATO.- No impartimos cursos de nivelación, sino una prueba diagnóstica, para saber dónde están los problemas de cada uno de los estudiantes, o sea, si falla más en matemáticas o en física, por ejemplo. De ese modo, tenemos identificados cómo son los problemas. Asimismo, hay un programa transversal –como indicaba Chilibroste– no obligatorio, pero sí de recomendación por el cual el gestor educativo o los docentes indican al estudiante que se concentre en tal o cual programa, de acuerdo a sus debilidades, con el sistema semipresencial. Esta condición de semipresencial, le da al estudiante la posibilidad de hacerlo cuando puede, pues está disponible en la plataforma de estudio de la UTEC.
En cuanto a la educación media, obviamente es una universidad, por tanto, se exige el ciclo completo, con 6.º año aprobado y terminado.
Ahora bien, en esa dualidad, en la que por el perfil profesional y de egreso de la carrera, el estudiante toma el camino de las ingenierías duras y puras en la mayoría de los casos, si solamente pretendiéramos éxitos seguros, para el ingreso de estudiantes exigiríamos el bachillerato científico. Esto también forma parte de una discusión país. Pero nosotros le abrimos las puertas del bachillerato a todos. ¿Quién tiene más problemas? Los que provienen de humanístico. ¿Queremos problemas? Y sí, queremos problemas. ¿Pueden llegar? Pueden llegar. ¿Con qué porcentaje? Quizá menor. Pero hay excelentes ejemplos –no por la UTEC, sino por otros ámbitos educativos–, de que el estudiante se puede superar. Sabemos, de antemano, que son situaciones más problemáticas que otras.
SEÑORA PRESIDENTA.- Felicitamos a la delegación por su trabajo y dedicación. Seguramente nos veremos en otras instancias. Agradecemos su presencia.

References: artículo 235
 artículo 123
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 194
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 580
 resolución 
 artículo 33
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 artículo 3
 artículo 235