Source: https://issuu.com/bonifacio.meneses.gonzales/docs/juridica508
Timestamp: 2017-03-01 21:25:05+00:00

Document:
Juridica508 by Bonifacio Meneses Gonzales - issuu
Martes 17 de junio de 2014 • Año 8
Conozca sus pautas
Págs. 4 y 5 Esteban Carbonell O’Brien
El legado de Carl Schmi
Aportó al desarrollo del
Rol del juez constitucional
El derecho procesal se
incorpora en la Constitución.
Es un gran aporte para
lograr la justicia.
Sepa cómo aplicarlo.
APORTÓ AL DESARROLLO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
de Lima (CAL).
l derecho constitucional del siglo
XX no puede ser comprendido sin
conocer a Carl Schmitt (1888-1985).
El jurista alemán emancipó de la
teoría del Estado un orden doctrinal
autónomo –con métodos, contenidos y lenguaje propio– con base en el derecho público
La peculiaridad de Schmitt es que vivió la
etapa final del imperio guillermino –empezó
a escribir desde 1910–, contempló desencantado la afiebrada etapa espartaquista (19181919), inmediatamente la utópica República
de Weimar (1919-1933), su caída a manos
de la aplastante victoria electoral hitleriana,
los procesos de Nüremberg, la Guerra Fría y
la distensión. Su vida, sin duda, fue atravesada por todas las esperanzas y sinsabores
El mérito intelectual schmittiano fue, a la
luz de estas formidables crisis y rupturas,
haber establecido un marco teórico y doctrinal
para el moderno derecho constitucional. Su
colosal erudición se alimentó de la filosofía,
política, historia, psicología, sociología y un
profundo conocimiento del derecho. Buscó su
propia interpretación de Maquiavelo, Bodino,
Hobbes, Sienes y Tocqueville, entre los clásicos; y, entre sus contemporáneos, a Smend,
Héller, Kelsen, con quien librará más de una
polémica conceptual.
parlamentarismo como forma de representación y la democracia parecían pereclitar
ante el avance incontenible de las ideologías,
Schmitt publicará su obra Teoría de la Constitución, que representará una emancipación
conceptual del derecho público clásico y una
autonomización de la difundida Teoría del
Estado, de raigambre hegeliana.
Schmitt fue consciente de que la etapa de
los estados nacionales, al menos en Europa,
ya era un proceso irreversible, que los 70
estados del mundo –de aquella época– representaban una comunidad política distinta a
la estudiada por Montesquieu, Sienes, Guizot
o Constant; que producto del desarrollo de la
racionalidad política y la normativa jurídica
había surgido un nuevo tipo de relaciones
reguladas por el consenso y la fuerza, que
a la vez se subsumían en cada Constitución
positiva. Si bien este proceso se desarrolla de
manera propia, era necesario resumirlo en
una teoría capaz de ordenarlo e interpretarlo.
Por ello, dará nacimiento En defensa de la
Constitución (1931) y Legalidad y legitimidad
(1932), que buscará una nueva síntesis del
concepto Constitución, adecuándolo a los
tiempos modernos; a la vez, enriquecerá la definición de estado de derecho de
Kelsen, introduciendo la polémica sobre
En el mundo académico existe un
renacer de las ideas schmittianas,
dejando atrás el largo ostracismo
político de Schmitt.
IDEADO POR CARL
FUE TAN SÓLIDO QUE
NI SIQUIERA LA LEY
FUNDAMENTAL (1949)
PUDO ESCAPAR A SUS
APORTES DOCTRINARIOS, SUPERANDO
schmiiano
ideado por Schmitt fue
tan sólido que ni siquiera la Ley Fundamental
(1949), pudo escapar a
sus aportes doctrinarios,
superando todo romanticismo inocente; la Constitución
alemana protege a la minoría
democrática frente a la mayoría
antidemocrática. El gobierno
federal no puede ser derribado
en tanto la oposición no presente
al mismo tiempo un candidato
a canciller, de lo que se desprende que la oposición parlamentaria
carece de poder si no se encuentra
democráticamente unida, incluso
aunque disponga de mayoría.
Carl Schmitt, a diferencia de Kelsen (18811973) o Loewesntein (1871-1973),
Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editora: María Ávalos Cisneros | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena |
Jefe de diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Diagramación: Vanessa Quiroz Rodríguez | Ilustración: Tito Piqué
estuvo ligado directamente al mundo hispánico, hablaba y leía el castellano y, varias
veces, estuvo en la tierra de Cervantes, donde
dejó muchos discípulos, además de admirar
la obra jurídica de Francisco Vitoria. De allí
su importancia en el mundo hispánico y su
influencia sobre el Perú.
Schmitt fue un hombre excepcional para
su época, de él ha dicho Manuel García Pelayo:
“Su extensa y profunda cultura histórica permite percibir esos momentos epocales donde
comienza algo nuevo, sea un orden, una institución o una perspectiva. Sus conocimientos
de historia de las ideas jurídicas y políticas,
interpretadas y desde el presente, le permiten
encontrar puntos claves de interpretación de
los grandes conceptos políticos o, a veces,
para mostrar el decálogo entre el sentido
originario de un concepto y su sentido
en el presente o, eventualmente, su
cambio de funcionabilidad.”
Mantuvo contacto permanente con las últimas producciones en todos los campos,
hasta los últimos años de su
vida –en los años 80– demostrará una sobresaliente vitalidad reflexiva, estará al tanto de
los acontecimientos más recientes de Europa, seguirá de cerca
los conflictos del Tercer Mundo
e indagará nuevas definiciones
al proceso de internacionalización del derecho constitucional,
enriqueciendo el concepto de
Hauriou sobre superlegalidad.
En uno de sus últimos escritos La revolución legal mundial,
publicado en 1979 para la célebre Revista de Estudios Políticos de Madrid, analizará el fenómeno
del eurocomunismo y
ponderará las cualidades
de su promotor español
En este tema se podrá
apreciar la versatilidad del
erudito, que como todo
mortal, tuvo sus grandes
luces y también penumbras, que en ningún caso
pudieron apagar sus notables aportes al derecho
constitucional. ◗
EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL LEGISLADOR POSITIVO
SATISFACE ESA EXIGENCIA
Juez superior de la Sala
DE REALIDAD QUE
Constitucional de Lambayeque.
TRASUNTAR, PUES
COMPLETAN LOS JUECES
AQUELLOS CONTENIDOS
QUE AQUELLAS NO
esde la tragedia de Antígona desa- ESTÁN EN POSICIÓN
fiando la autoridad del rey Creonte DE MANIFESTAR,
(1) y desde la misma aceptación CONSTITUYENDO ASÍ EL
de Sócrates para recibir la injusta ETHOS Y EL PATHOS DE LA
sanción de beber la cicuta por ha- JUSTICIA CONSTITUCIONAL
ber supuestamente envenenado las mentes de la
juventud ateniense con sus ideas (2), escenarios
de esa misma naturaleza nos refieren una visión
del respeto por las normas del legislador positivo.
La idea de Bobbio (3) del ordenamiento jurídico es la visión perfecta de un haz de caracteres
como la unidad, la coherencia y la plenitud.(4)
Ciertamente la noción primera identifica la
posición de Montesquieu respecto de la separación de poderes, uno de los cuales –el Poder
Judicial– era esencialmente nulo, pues su competencia solo residía en la aplicación de la ley.
Y era tal esa visión de mera aplicación que los
jueces, en esa perspectiva, solo eran identificados como seres inanimados y hasta inertes en
su reflexión, pues solo eran aplicadores de la
ley, sin mayor función que la de administrar
justicia desde los verbos rectores de la norma,
sin atribución alguna de interpretarla, pues ella
era palabra del legislador.
La idea de Montesquieu, muy fuerte en la
Francia del siglo XIX, se ceñía, pues, a una concepción del derecho como enteramente artificial.
Y efectivamente, si el derecho era artificial en
el sentido de que la ley existía por voluntad del
legislador, en definitiva no era viable que se
configurara una figura distinta a la aplicación
de la ley, pues ese no era el rol del juez.
Aplicador de la ley
Por tanto, en esa visión de aplicación mecánica,
en la misma característica de transposición del
logos matemático al derecho que enuncia Recasens Siches al analizar la Francia revolucionaria
del siglo XIX (5), al juez no le competía otra tarea
que ser meramente aplicador de la norma, e
inclusive se arriesgaba a ir a prisión si pretendía
“insubordinarse” frente al legislador.
En esa mecánica de razonamiento, el juez
era un aplicador de la ley y bien podríamos
referirnos a este juez como un referente de
antigua raigambre respecto al juez kelseniano
que a su vez identificaba la sola expresión
del derecho positivo como consecución del
razonamiento respecto a la norma, sin más
atribución de roles que identificar los elementos fácticos del problema para subsumirlos en
el enunciado normativo que la regla como tal
Lo antes esbozado, idóneo en un escenario
positivista, pudo mantenerse como tesis aplicativa desde la dimensión enteramente artificial
del Derecho en un sentido meramente silogístico
y subsuntivo.
Sin embargo, escenarios como los de las grandes conflagraciones del siglo XX, plantearon
una seria disyuntiva: ¿no eran los modelos de
Estado de Derecho de entonces y su visión del
Fueron las normas insuficientes y no deficientes
para aspirar a una solución a estas complejas
cuestiones humanas. En tanto es propio que
partamos de una presunción muy prima facie
de constitucionalidad de la norma. Es aquí
donde el legislador goza de una confianza ex
ante en el perfeccionamiento de la norma jurídica, mas observemos que el complejo mundo
de las relaciones jurídicas, tan variado en sus
contenidos y consecuencias, bien consolida
que la norma tienda a satisfacer una realidad
jurídica determinada que exige respuesta, o
bien que devenga en propiedad insuficiente, en
cuanto no puede regular todos los supuestos
de la realidad.Por tanto, presenta un escenario de insuficiencia frente al cual la respuesta
del Derecho Constitucional es la de un efecto
de integración permanente de los vacíos que
la insuficiencia acusa, más aún si se trata de
En consecuencia, la justicia constitucional
satisface en ese rol integrador esa exigencia de
realidad que las normas deben trasuntar pues
completan los jueces constitucionales aquellos
contenidos que aquellas no están en posición
de manifestar, constituyendo así el ethos y el
pathos de la justicia constitucional. ◗
Rule of Law, Etat de Lois o Rechtstaat (6) una
figura deficiente que no impidió un resultado
tan siniestro como la pérdida de tantas vidas
humanas? ¿O a su turno estos modelos denotaban mas bien un matiz de insuficiencia que
condujo a preocupantes vacíos en el derecho y
que fueron a su vez aprovechados por ideologías belicistas, como la maquinaria nazi, que
súbitamente lograron el poder?
Nos explicamos: es en el complejo marco
de los modelos de Estado de Derecho que el
desarrollo de los derechos fundamentales –los
cuales inician una acalorada fiebre de crecimiento material en muchas Constituciones desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial–
comienza a denotar una idea fuerza ciertamente
cognoscible. Las normas hasta entonces existentes antes que deficientes fueron insuficientes para
explicar tantos escenarios complejos en relación
con el no respeto de derechos fundamentales
básicos como el derecho a la vida, a la libertad
individual y otros tantos derechos inalienables
[1] Tragedia de Sófocles, proyectada hacia el año 442 a. C.
Al recoger Antígona el cuerpo de Polinices, cuyo cuerpo
no podía ser enterrado por supuesta traición, desafía la
autoridad del rey Creonte. La dicotomía de esta tragedia
rescata, en mucho, la dualidad entre la orden del rey,
aunque ciertamente ilegítima, y el deber moral nacido
del vínculo familiar entre Antígona y Polinices. Antígona
es finalmente condenada a muerte. Esta tragedia grafica
el desobedecimiento a la ley aunque bajo un imperativo
[2] Platón narra en su Apología de Sócrates que pudo
evitar el condenado la sentencia de muerte impuesta, pero
en señal de acatamiento, Sócrates acepta la pena impuesta.
Esta figura debe contextualizarse en el sentido esbozado
por Sócrates pues si las leyes de una Ciudad Estado no son
obedecidas, y por ende no se acatan las decisiones de los
jueces (360 jurados votaron por la pena de muerte y 141
por una multa), entonces no hay Ciudad Estado.
[3] Bobbio, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico,
1960. En Introducción al Derecho, de José Luis del Hierro.
Editorial Síntesis, Madrid, 1997. p. 95.
[4] Esta noción de Bobbio indica que en un ordenamiento
no pueden normas dispersas con sus propios contenidos
y por tanto, se traducen en una sola unidad; a su turno,
no puede haber incompatibilidades diversas o antinomias, sino todas deben solucionarse para un esquema de
coherencia; finalmente, tampoco hay lagunas definitivas,
imponiéndose la idea de colmar las mismas, configurándose un carácter de plenitud.
[5] Cfr. Recasens Siches, Luis. La concepción mecánica de
la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros
países latinos durante el siglo XIX, extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del Derecho, México, Ed. Porrúa
S.A., 1980. p. 190.
[6]Vid. Grote, Rainer. Rule of Law, Rechtstaat, y État de
Droit. Materiales de enseñanza 2010. Teoría constitucional.
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
PLANTEAMIENTOS NORMATIVOS SOBRE SU USO
por la Universidad de Castilla
a Sociedad Administradora de Fondos Mutuos (SAFM) invierte, por
cuenta y riesgo de los partícipes, el
patrimonio de estos de acuerdo a la
política de inversión establecida para
cada fondo y según los instrumentos financieros
que los conforma, pudiendo ser estos de renta
fija o renta variable.
Estos instrumentos son valorizados diariamente, con lo que se obtiene el “valor cuota”,
cifra que refleja el resultado de la inversión del
fondo elegido. De este modo, es la variación del
valor cuota lo que refleja la ganancia o pérdida
obtenida en un fondo mutuo.
Cada vez que un partícipe realice suscripciones, estará comprando un número de cuotas
equivalentes al valor de su inversión; del mismo
modo, al momento de realizar un rescate venderá
las cuotas equivalentes al monto solicitado. El
reglamento de participación de los fondos especifica cuál es el valor cuota que se aplicará para
cada una de estas operaciones.
Pero, ¿cómo funcionan los fondos mutuos?
Los recursos del fondo mutuo son invertidos por
la SAFM de acuerdo a la política de inversión
en instrumentos financieros (bonos, acciones, depósitos bancarios, etcétera), los cuales
son valorizados a diario obteniéndose así el
valor cuota. Cada vez que un partícipe realiza
una suscripción rescata dinero en él, del fondo
comprará o venderá por cuenta suya un número
de cuotas equivalente al valor monetario de su
En el Perú los fondos mutuos más populares
son los que invierten en renta variable, renta fija y
los mixtos (mezcla de renta variable y renta fija).
Los fondos de renta variable (invierten principalmente en acciones) tienden a incorporar una
mayor volatilidad (riesgo), pero en el largo plazo
deberían de generar retornos superiores a los
Los fondos que invierten en renta fija por
inversi��n es una
variable relevante que deben
permanecen los
estas alternativas
de inversión es
3.2 años.Ese
plazo es para
penetración que
tiene ese tipo de
fondos no es tan
alta. La mayoría
muy corto y de
Existe un 22%
dinero por un
periodo de más
de 5 años, lo que
plazo largo. Este
tiempo debería
acciones o mixto
(invierte en acciones y bonos),
tienen dichos
fondos es todavía
(que intervienen
en acciones), el
tiempo de permanencia es de
3 años, mientras
que para los fondos balanceados
(mixtos) es de
4.5 años y para
(intervienen en
bonos) es de 5.6
lo general buscan un menor riesgo, el cual es
remunerado con una menor rentabilidad.
Es toda persona natural o jurídica que, mediante
un aporte monetario, ha adquirido cuotas de
participación en el fondo.
La cuota es la unidad de inversión del fondo.
Ésta posee valor de mercado y se actualiza diariamente. Todos los aportes y retiros del fondo
quedan expresados en cuotas, todas de igual
valor y características.
Por la operación de suscripción el partícipe
realiza un aporte monetario y adquiere cuotas
de participación en el fondo. Actividad que es
también conocida como compra de cuotas.
En cambio, por la operación de rescate el
partícipe solicita la liquidación de parte o la
totalidad de sus cuotas dentro del fondo. Esta
liquidación se realiza respetando los plazos establecidos en el reglamento de participación para
ese fondo. Operación también conocida como
venta de cuotas.
Un certificado de participación, que constituye un título valor, representa parte o la totalidad
de la participación de una persona en el fondo.
Así, el valor cuota es el precio de una unidad
de participación del fondo y se calcula dividiendo el valor de la cartera de inversiones entre el
número total de cuotas vigentes.
El valor cuota del fondo mutuo es variable
debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. Por ende, la rentabilidad
o ganancia obtenida en el pasado por el fondo
mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro.
La rentabilidad en un fondo mutuo se genera
mediante la variación de los precios de los activos de la cartera de inversiones. Al aumentar o
disminuir el valor de los activos de dicha cartera,
ésta tendrá un mayor o menor valor en moneda,
el cual al ser dividido entre un número igual de
cuotas genera un aumento o disminución en el
valor de la cuota. En otras palabras, la rentabilidad se refleja en la variación del valor cuota.
Y, ¿cuáles son los beneficios de invertir en
Los fondos mutuos brindan la posibilidad de
acceder al mercado de capitales mediante profesionales especializados que intentaránobtener
para quien opte por estos fondos rentabilidades
superiores a las alternativas tradicionales de
ahorro, respetando rigurosamente el perfil de
riesgo elegido.
Por otro lado, los fondos mutuos son alternativas de inversión con alta liquidez, lo que
le permite al inversionista disponer fácil y rápidamente de su dinero. Adicionalmente, la
supervisa diariamente las operaciones de los
fondos mutuos con el objetivo de velar por la
seguridad de los inversionistas.
MUTUOS TIENEN UN
DE NO GANAR O
AFECTAR CAPITAL.
PUEDE ELEGIR EL
MUTUOS Y CADA
UNO ESTÁ DISEÑADO
CLIENTES RESPECTO
RIESGO Y HORIZONTE
PERUANOS ELIGE LOS
FONDOS MUTUOS SIN
La ganancia o pérdida se calcula comparando
el valor cuota del día en que se compró (realizó
una suscripción) contra el valor cuota actual.
Si el valor cuota subió el inversionista tiene una
ganancia, caso contrario, tiene una pérdida.
Por ejemplo: Si un padre de familia suscribió
100 cuotas del Fondo 1 hace 3 meses a 10.00
dólares cada una. El valor de su inversión en
ese momento fue de 1,000.00 dólares.
Sin embargo, hoy al revisar el valor cuota
del Fondo 1 que se encuentra en 11.00 dólares,
el padre de familia decubre que el valor de su
inversión es ahora 1,100.00 dólares. Su ganancia
fue de 100.00 dólares. Ante todo ello, existe la
diversificación de riesgo. Es un concepto que
permite distribuir el riesgo, mediante inversiones en una variada gama de valores provenientes
de distintos sectores económicos y emisores, de
manera tal que el comportamiento desfavorable
en el precio de unos valores pueda verse compensado por el alza de otros.
La administración de la cartera de inversiones del fondo a cargo de la sociedad administradora, tiene por objeto encontrar una relación
adecuada de riesgo-rendimiento, que significa
lograr niveles de rendimiento y riesgo aceptables.
Pero, ¿las inversiones en fondos mutuos
tienen un vencimiento? ¿la rentabilidad
de los fondos mutuos está respaldada por la administradora de fondos
o la SMV?
Las inversiones son de plazo
indefinido. La administradora de
fondos ni la SMV pueden garantizar
la rentabilidad o el capital invertido
en los fondos. Sin embargo, la SMV regula y
supervisa las operaciones de los mismos con el
fin de verificar el cumplimiento del reglamento
establecido para cada fondo.
Además, los fondos mutuos están exonerados
del ITF y el monto mínimo para invertir en
ellos depende del tipo que se elija. No obstante,
los montos mínimos están especificados en el
reglamento de participación de cada fondo.
Existen, además, las cuentas de ahorro diferenciado que le permitirán a una persona, como
su nombre lo indica, organizar sus ahorros de
a) Rentabilidad. Los fondos mutuos ofrecen
una rentabilidad generalmente más atractiva
que la de los productos tradicionales de ahorro.
b) Disponibilidad. Rápida disponibilidad del
dinero, plazos mínimos de permanencia desde
7 días dependiendo del fondo mutuo elegido.
Además, si una persona tiene fondos mutuos sin
acciones y solicita un retiro (rescate), lo tendrá
listo para cobrar al día siguiente útil.
c) Diversificación. Los fondos mutuos permiten invertir en una variedad de instrumentos
financieros distribuidos por: tipo de activo,
industria, grupo económico, moneda, región;
brindándote una adecuada combinación de
d) Administración profesional
Sin tener conocimientos técnicos se accederá
al mercado de capitales local e internacional de
manera rápida y sencilla ya que los profesionales
expertos en inversiones realizarán seguimiento
constante de las condiciones del mercado y las
oportunidades de inversión que requieran.
Todos los fondos mutuos tienen un riesgo asociado de no ganar o afectar capital. Sin embargo,
uno puede elegir el nivel de riesgo que desea
Existen varios tipos de fondos mutuos y cada
uno está diseñado para diferentes perfiles de
clientes respecto al nivel de tolerancia al riesgo
y horizonte de inversión.
Por ejemplo: La mayoría de peruanos elige
los fondos mutuos sin acciones, llamados fondos mutuos de instrumentos de deuda. Son
ideales para personas que toleran poco o muy
poco riesgo con su dinero. Pero a la vez suelen
rentabilizar más que las opciones de ahorro
Por otro lado, hay fondos mutuos mixtos
y variables que invierten en acciones, es decir,
instrumentos que ofrecen rendimientos que
suben y bajan a diario; estas variaciones pueden
ser muy al alza como muy a la baja, por lo que
estos fondos son adecuados sólo para personas
que toleran mucho riesgo y desean disponer de
su inversión no antes de 1 año, por lo menos.
La mayor parte del dinero que manejan las
administradoras de fondos mutuos que operan
en el país pertenece a personas con ingresos
mayores a los US$ 5,000. Este es el segmento, el
de la clase media alta, donde están acumulados
los fondos mutuos. Son pocos, pero aglomeran
gran parte de la cartera administrada. ◗
ES UN GRAN APORTE PARA LOGRAR LA JUSTICIA
incorpora en la Constitución
JURISDICCIONAL, SE
DA EN TRES NIVELES:
UNO, DE CARÁCTER
SUPRANACIONAL;
DESARROLLO LEGAL.
Iberoamericano de Derecho
partir de la entrada en vigencia
del Estado social de derecho, el
Derecho Procesal superó el paradigma del procedimentalismo
y se insertó como cláusula constitucional mediante el derecho fundamental
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional,
con lo que se incorpora al fenómeno de la
“constitucionalización de las garantías procesales”, cuyo fin último es que haya justicia.
Esto le otorga el reconocimiento de ser uno
de los mayores logros para la humanidad, porque permite a cualquier persona el reclamo de
sus derechos desde un esquema de principios
como el juez imparcial, la contradicción, la
justicia y la legalidad.
Este fenómeno de la “constitucionalización” del Derecho Procesal, que se desarrolla
mediante las garantías del debido proceso y
la tutela jurisdiccional, se da en tres niveles:
uno, de carácter supranacional; el segundo
nivel es de carácter constitucional; y el tercero
tiene el carácter de desarrollo legal.
En el nivel supranacional obedece a principios de interpretación normativa y jurisprudencial que se pueden reconocer en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), cuyo artículo 10 circunscribe,
como lo hace de forma análoga el artículo 6
del Convenio de Roma (1950), las garantías
jurisdiccionales de toda persona a “ser oída
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para
el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal”.
Aunque no se trata de una norma de derecho internacional con eficacia vinculante
para los poderes públicos del Estado, implica
instrumentos que enuncian compromisos de
carácter supranacional.
En el ámbito regional se encuentra en el
Tal como expone Antonio
Lorca Navarrete, el derecho
procesal se ha transformado en un sistema de garantías que tiende a lograr la
tutela judicial efectiva que
establece de esta manera
un compromiso constitucional y una naturaleza
dinámica de esta disciplina
(3), que como indica Joan
Picó i Junoy (4) es efecto y
consecuencia de la constitucionalización de los
de la persona, y dentro de
ellos, de una tutela de las
garantías mínimas que
debe reunir todo proceso
de la tutela constitucional
del proceso (constitucionalización de las normas
jurídicas fundamentales
del proceso) y de la jurisdicción constitucional,
importa observar la incor-
artículo XVIII de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, que
sanciona el derecho a la justicia y establece
“Toda persona puede acudir ante los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, disponer de un procedimiento sencillo y
poración del modo de pensar constitucional por el
proceso encarado desde la
fundamentales, buscando
actualizar el discurso
procesal con normas tipo–
principios y tipo–postulados, además de emplear
como constante la eficacia
de los derechos fundamentales para la solución de los
más variados problemas de
orden procesal.
breve por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en perjuicio
suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente”.
Así como con el artículo 25, incisos 1) y 2)
Humanos del Pacto de San José de Costa Rica.
En el ámbito constitucional, el artículo 139,
inciso 3) de la Constitución Política del Perú
consagra el derecho a una tutela jurisdiccional
efectiva y la observancia del debido proceso.
De la misma forma figura en el artículo
24 de la Constitución italiana de 1947, en las
normas 19.4, 101.1 y 103.1 de la Ley Fundamental de Bonn, Alemania de 1949; en la norma
20.1 de la Constitución Portuguesa, y en otras
disposiciones de rango constitucional.
En América Latina se encuentra en el artículo 34 de la Constitución nicaragüense de
1987, reformada en 1995; en la norma 29 de
la Constitución colombiana de 1991; y en el
artículo 18º de la Constitución Federal de la
Asimismo, el citado derecho se encuentra
consagrado en el artículo 5, XXXV de la Constitución Federal Brasileña, y en el artículo 26 de la
Constitución Política de Venezuela de 1999. (1)
En Europa está reconocido actualmente en
el artículo 10 de la Constitución de Andorra
de 1993, en el artículo 139 de la Constitución
alemana de 1993; así como en la norma 47 de
la Constitución de la Federación Rusa de 1993.
Igualmente, se observa el reconocimiento de dicho derecho en el artículo 24.1 de la
Por último, en el ámbito del desarrollo legislativo interno, los principios de la tutela
jurisdiccional y el debido proceso se repiten en
normas procedimentales, como en el artículo
I del Título Preliminar del Código Procesal
Civil, que señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses, con sujeción a un
El artículo 4 del Código Procesal Constitucional especifica:
“El amparo procede respecto de resoluciones
judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio
a la tutela procesal efectiva, que comprende el
acceso a la justicia y el debido proceso”.
En el artículo 1 de la Ley del proceso contencioso administrativo se señala:
“La acción contencioso administrativa
prevista en el artículo 148 de la Constitución
Política tiene por finalidad el control jurídico
por el Poder Judicial de las actuaciones de la
administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos
e interés de los administrados”.
El Código Procesal Penal establece en su
Título Preliminar, artículos I, 2), el derecho
a un juicio oral, público y contradictorio; en
tanto que el artículo IX de este mismo cuerpo
legislativo desarrolla el derecho de defensa.
En estos términos, el derecho a la tutela
jurisdiccional y el debido proceso resultan
sin duda claves para la consolidación de un
auténtico Estado de derecho, como soporte
básico de todos los principios que constituyen
esta noción (acceso a la jurisdicción, garantías
del proceso, respuesta del órgano jurisdiccional
motivada y fundamentada, que sea susceptible
de ser eficaz).
Asimismo, constituye un instrumento de
articulación de las garantías individuales con
las que se proyectan en el ámbito de los procesos
jurisdiccionales. (2) ◗
[1] PARRA CHÁVEZ, Roger. “La libertad del juez a la luz de la nuevas garantías procesales consagradas en los artículos 26º y 257º de la Constitución Venezolana”. En: VII Congreso Venezolano de Derecho Procesal “Constitucionalismo y
Proceso”. Editorial Rincón, Táchira, 2008, pág. 368. [2] RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo y María José CARAZO LIÉBANA. El derecho a la tutela judicial efectiva. Análisis jurisprudencial. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. Pág. 13. [3] LORCA
NAVARRETE, Antonio María. Estudios sobre garantismo procesal. El derecho procesal conceptuado a través de la metodología del garantismo procesal: el denominado “Derecho de la garantía de la función jurisdiccional”. Instituto Vasco
de Derecho Procesal, San Sebastián. 2009. Pág. 3. [4] PICÓ i JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. J.B.BOSCH Editor, 2ª Edición. Barcelona 2012. Pág. 29.
SEPA CÓMO APLICARLO
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la UNMSM
l período de prueba, como regla,
tiene una duración de tres meses, pudiendo ampliarse excepcionalmente,
previo acuerdo por escrito entre las
partes del contrato de trabajo, a seis
meses en el caso de trabajadores calificados
o de confianza y hasta un año tratándose del
La ley supone, con suficiente razón, que el
plazo de tres meses no es adecuado en todos los
casos para determinar las capacidades y aptitudes del trabajador contratado, por tal motivo
otorga al empleador la facultad de establecer
convencionalmente un período más extenso.
Se puede pactar un lapso de hasta seis meses si
la labor por la que se contrata al trabajador es
especialmente complicada, necesita una demostrable experiencia o pericia y requiere un alto
nivel de calificación, o si este va a desempeñar
un cargo de confianza.
El plazo puede ampliarse hasta el año en el
caso de trabajadores de dirección, situación que
se justifica en la medida en que un puesto del
cual puede depender el resultado económico
de la empresa requiere una evaluación más
Debe quedar claro que la ampliación del período
de prueba requiere de formalidades y causas específicas, se trata –además– de una facultad del
empleador, por lo que no habría inconveniente
alguno si se pactan plazos menores a los que la
ley prevé, que son los máximos aceptables o,
incluso, si ante trabajadores de confianza y de
dirección, el empleador decide no hacer uso de
ampliación alguna y se rige por el plazo legal
El ya derogado
DS N° 004-93-TR,
anterior Reglamento de la Ley
de Fomento del
Empleo, establecía que el ingreso
mediante concurso lo exoneraba
prueba, siempre
que se presentasen los supuestos
siguientes, a
a) La existencia
b) La participación de dos o más
las bases previamente determinadas.
El concurso y la
pueden determinar, con un alto
grado de certeza,
capacidades, el
puesto ofrecido,
pero poco o nada
dicen sobre otras
subjetivas igualmente importantes para la correcta interrelación
labo≠ral como
lo son su nivel
de sociabilidad,
adaptabilidad a la
labor en equipo,
Por reglamento, con buen criterio normativo,
se establece que los acuerdos de extensión del
período de prueba que contengan plazos mayores
a los expresamente permitidos se entenderán
referidos a los máximos que la ley determina.
Ante el silencio legal en cuanto a la oportunidad de pactar la ampliación del período de
prueba, hay que interpretar que el momento
idóneo es el de la suscripción del contrato de
trabajo. Un convenio ampliatorio efectuado luego
del inicio de las labores podría ser objetado por
atentar contra el principio de irrenunciabilidad.
Si el empleador toma la decisión de recontratar a un trabajador que durante su contrato
inicial no superó los tres meses, el lapso previo
de labor se acumulará con el nuevo para el cóm-
puto del período de prueba. La solución es justa,
pero no por eso deja de tener problemas en su
aplicación práctica al tener casi necesariamente
que conjugar las reglas para el cómputo de los
plazos en meses y los plazos en días, que –de
acuerdo con el artículo 183 del Código Civil– no
son necesariamente coincidentes.
El artículo 16 del DS N° 001-96.TR dispone
que no corresponde la acumulación de períodos
cuando el reingreso ocurre transcurridos tres
años de producido el cese.
Poco usual, pero no por ello imposible, es que el
empleador mediante convenio con el trabajador
decida no aplicar el período de prueba, que en
buena cuenta es una figura jurídica otorgada en
su beneficio. En tal caso, la protección contra el
despido arbitrario correría desde el primer día
Igualmente, el empleador podría no aplicar
el período que nos ocupa por decisión propia,
por acto unilateral, siendo conveniente en tal
supuesto que el acto conste por escrito para
evitar molestas discusiones sobre su probanza.
En ambas situaciones, estaríamos ante una
renuncia por parte del empleador a un derecho
otorgado por la ley en su beneficio, dicha renuncia no afecta el ordenamiento jurídico en modo
alguno, recuérdese que los actos de renuncia que
se encuentran prohibidos son los otorgados al
trabajador por la Constitución y la ley. ◗
Juridica508

References: artículo 10
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 139
 artículo
24
 artículo 34

artículo 18
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 10
 artículo 139
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 148
 artículo 183
 artículo 16