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Timestamp: 2019-03-23 06:10:14+00:00

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¿Pueden las Administraciones Públicas exigir clasificación en el Grupo U Subgrupo 7, para que las empresas licitadoras puedan optar a los Concursos de Servicios de Ayuda a Domicilio?
Toda la información sobre Clasificación Empresarial y Contratación del Estado
La clasificación empresarial es un trámite imprescindible para licitar con la Administración Pública. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece como requisito obligatorio para poder licitar en los contratos de obras disponer de la CLASIFICACIóN EMPRESARIAL, de cualquier obra de presupuesto superior a los 500.000 , en el ámbito de cualquier Administración Pública (Local, Autonómica o Nacional). En el caso de los contratos de servicios, tras la aprobación del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, deja de ser exigible.
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¿Cómo se elabora un Certificado de Buena Ejecución? -->obterner documento en pdf.
Los modelos que facilita la Junta Consultiva sirven de pauta en la redacción de los certificados pero es necesario que cumplan una serie de condiciones para que sean válidos. Aquí te las enumeramos todas para que no sean rechazados en su presentación.
Los certificados además de firmados conforme se indica en al apartado anterior deberán estar sellados y refrendados con el visto bueno de la entidad contratante. Si la entidad contratante fuera un Organismo público, los certificados estarán refrendados con el visto bueno de la dependencia que asuma las competencias en materia de contratación o, en su caso, por el superior jerárquico de quien dependa el firmante.
Cuando los certificados se refieran a obras de promoción propia o estén expedidos por socios o por técnicos al servicio de la empresa, deberán estar visados por el Colegio Oficial al que pertenezca el técnico firmante. Si la entidad contratante fuera una persona física, además de firmar se indicará su D.N.I.
En ocasiones podría demorarse, dependiendo de los requerimientos que pueda efectuar el técnico que valore su expediente.
Grupos y subgrupos para contratistas de obras. -->obterner documento en pdf.
Tal como indica el informe 55/11 de marzo de 2012 emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, existe la posibilidad de que las empresas que, debido a una disminución de su patrimonio neto dejen la cifra del mismo en números negativos o insuficientes para el mantenimiento de las categorías otorgadas, puedan regularizar dicha situación con una ampliación de capital posterior al cierre del último ejercicio y de esta manera mantener las clasificaciones obtenidas previamente.
Estas son las cifras de patrimonio neto que debe tener una Empresa para las distintas categorías de clasificación:
iConsultor asesora y presenta la documentación necesaria para estos casos de mantenimiento de clasificación, cada vez más comunes en la coyuntura económica actual.
La clasificación empresarial es un trámite imprescindible para licitar en contratos de obras con la Administración (local, autonómica o estatal) para contratos superiores a 500.000.
Para poder solicitar la Clasificación tiene que cumplir una serie de requisitos principales como son disponer de una solvencia económica, profesional y técnica, experiencia y estar en disposición de medios materiales.
¿Cómo se miden las posibilidades de éxito que tiene la empresa ante una clasificación especial? Tenemos cuatro puntos principales sobre los que trabajar y que debemos acreditar documentalmente:
Existen una serie de concursos públicos cuyo procedimiento se denomina "negociado", en algunas ocasiones figurará el "con publicidad" y otras "sin publicidad". Estos concursos, debido a algunas características como pueden ser el presupuesto o el tipo de trabajo que solicitan, no suelen ser publicados en ningún Boletin Oficial ni perfil de contratante, aunque sí lo son las adjudicaciones de los mismos. Para poder participar en estos concursos debemos ser invitados por la entidad adjudicadora. Para conseguir que te inviten debes dar de alta a tu empresa en los registros de empresas licitadoras. Cuando una administración quiere invitar a empresas, debe elegirlas de entre las que figuran en el registro bien de su propia entidad, bien del estamento público al que pertenece. Una empresa pública dependiente de un ministerio, si no dispone de su propio registro irá a buscar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). Y una entidad dependiente de un gobierno regional accederá al registro de su comunidad autónoma, por ejemplo el RELI en Cataluña.
Clasificación de empresas contratistas de obras Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes: En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles. En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé fórmulas de adjudicación de contratos en las que no precisa la publicidad previa. Tenemos dos supuestos en los que no se requiere publicidad previa para la adjudicación de contratos... -->toda la info en pdf.
Para las personas físicas se efectuará con los mismos criterios que para las sociedades, sustituyéndose el criterio de determinación del importe mínimo de su patrimonio neto por el de que éste no sea inferior a la mitad de la cifra establecida por la legislación mercantil como importe mínimo del capital social para las sociedades de responsabilidad limitada, pudiendo sustituirse los datos de sus cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil por las que figuren en su Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, debidamente legalizado, cuando el empresario no esté inscrito en dicho Registro Mercantil y no esté obligado a ello.
Los profesionales que no tengan la condición de empresarios, ciñéndose al ejercicio de una actividad profesional regulada, se acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales cuya cobertura sea de importe no inferior a la anualidad media de los contratos a los que cada categoría de clasificación permite acceder, o al importe al que por razón de su profesión o actividad esté legalmente obligado, si es superior.
A las entidades no mercantiles se les exigirá los mismos criterios que para las sociedades, sustituyéndose el criterio de determinación del importe mínimo de su patrimonio neto por el de que éste no sea inferior a la mitad de la cifra establecida por la legislación mercantil como importe mínimo del capital social para las sociedades de responsabilidad limitada, o al importe mínimo exigido en sus Estatutos o en la normativa aplicable a la entidad, si alguno de ellos fuese superior. Las referencias al Registro Mercantil se entenderán realizadas al registro público que legalmente les corresponda.
Todas las entidades obligadas a auditar sus cuentas, o las que se hayan sometido a auditoria, deberán incluir con sus cuentas el correspondiente informe de auditoría.
Los órganos competentes para la tramitación de los expedientes de clasificación podrán recabar de los correspondientes registros públicos la información relativa a dichas cuentas anuales que resulte necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de clasificación en materia de solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas o que soliciten clasificación, aún presentando toda la documentación relativa al procedimiento.
(Fuente, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
• Nombre, identificación y fecha de nombramiento del Administrador que firma la declaración.
• Fechas de cierre, de aprobación y de presentación en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda de las cuentas objeto de la declaración.
• Identificación del Registro Mercantil o registro oficial que corresponda, en el que se ha efectuado la presentación de las cuentas para su inscripción.
• Importes del capital social, del patrimonio neto, del resultado del ejercicio y del total activo de la entidad que figuran en dichas cuentas.
Los empresarios individuales que no figuren inscritos en el Registro Mercantil deberán presentar ante el órgano competente para la tramitación de los expedientes de clasificación su Libro de Inventarios y Cuentas Anuales legalizado por el Registro Mercantil, en los mismos plazos señalados para la presentación de la declaración responsable de las personas jurídicas.
La fecha de presentación de esta declaración, se formulará ante el órgano competente para la tramitación de los expedientes de clasificación antes del día 1 de septiembre de cada año, cuando el ejercicio contable coincida con el año natural, o antes del inicio del noveno mes posterior a la fecha de cierre del ejercicio, en el caso de que el mismo no coincida con el año natural.v Dicho órgano verificará la exactitud y veracidad de los datos aportados, pudiendo requerir a la empresa la aportación de las cuentas anuales o documentos originales completos, o recabarlos de los correspondientes registros públicos. Una vez acreditada dicha solvencia económica y financiera mantendrán dichas clasificaciones en los términos en que fueron acordadas.
Si los empresarios clasificados no aportan en tiempo y forma de los documentos requeridos será equivalente a la no acreditación de su solvencia económica y financiera y dará lugar a la iniciación de expediente de revisión de clasificación. Eso dará lugar a un requerimiento por parte de los órganos competentes de la presentación de sus cuentas anuales, o, en su caso, de sus Libros de Inventarios y Cuentas Anuales debidamente legalizados o de la documentación acreditativa de su seguro de indemnización por riesgos profesionales, al objeto de verificar el mantenimiento de su solvencia económica y financiera.
• Copia compulsada de las Escrituras inscritas en el Registro Oficial correspondiente. Constitución o última adaptación de estatutos y las que posterioridad a éstas hayan modificado (denominación, domicilio, objeto, capital y/o poderes).
• Certificado ORIGINAL del Secretario del Consejo de Administración o del Administrador único, acreditando relación nominal y porcentaje de participación de los titulares de las participaciones sociales nominativas, indicando sus respectivos N.I.F.
• Fotocopias, fotocopias compulsadas o copias autenticadas por notario de Cuentas Anuales 2013.
• Notas simples informativas expedidas por el Registro Mercantil sin valor de certificación.
• Cuentas Anuales extraídas por la empresa por Internet en la web del Registro Mercantil.
• Declaraciones Responsables cumplimentadas, en cualquier modelo o formato.
• Recibos de depósito de Cuentas en Registro Mercantil y copia de Cuentas en papel no apto para su presentación en dicho Registro.
• Los empresarios individuales presentarán las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio correspondientes a los tres últimos años y, en defecto de alguna de estas declaraciones, las del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
Se ha aprobado con fecha 23 de julio, el acuerdo por la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el que se amplía el plazo de cómputo de la experiencia en los Expediente de Obras de 5 a 10 años y en los Expedientes de Servicios de 3 a 5 años, a efectos de justificación del mantenimiento de su solvencia técnica como contratistas de obras o de servicios respectivamente. --> ver documento de Junta Consultiva en pdf.
Será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea.
Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal esté clasificado en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida.
Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes de la unión temporal de empresarios estén clasificados individualmente en diferentes subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las máximas categorías ostentadas individualmente.
Los empresarios individuales presentarán copia de las cuentas anuales formuladas según el Plan General de Contabilidad, presentadas en el Registro Mercantil o, en su defecto, acompañadas de copia autenticada del Libro de Inventarios y Cuentas anuales legalizado en el Registro Mercantil (artículos 27 y 28 del Código de Comercio).
Son muchas las preguntas que nuestros clientes nos formulan al respecto. Estas nuevas actividades ¿deben entenderse propias de las entidades resultantes de la fusión, o de la escisión, o a la que se ha aportado la rama de actividad correspondiente? Al servir para clasificar a dichas entidades ¿pueden ser presentadas como propias aunque figuren expedidas a nombre de la entidad de donde derivan?
La clasificación se basa en el principio de la individualización, teniendo en cuenta los elementos personales, materiales y de experiencia, que unida a las personas y medios que se traspasan, aparece materializada en las respectivas referencias de buena ejecución de contratos anteriores. Lógicamente las referencias figuran a nombre de las Entidades que se fusionan, escinden, o aportan la rama de actividad.
El Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 233.1, clases y efectos de la fusión, determina que la fusión de cualesquiera sociedades en una sociedad anónima nueva implicará la extinción de cada una de ellas y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad que haya de adquirir por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas. Las normas relativas a la fusión de sociedades son de aplicación a los supuestos de escisión de conformidad con lo establecido en el artículo 254, régimen de la escisión, de la misma Ley, normas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, son de aplicación a éstas.
En tal sentido, si como consecuencia de la fusión o de la escisión de una sociedad se transmiten en bloque los patrimonios sociales a la nueva entidad que haya de adquirir por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquellas, es evidente que de la misma forma debe serles reconocidas como propia la experiencia resultante de la ejecución de actividades relacionadas con los contratos respecto de los que se exige la misma a la nueva sociedad.
A la misma conclusión ha de llegarse en los supuestos de aportación de rama de actividad toda vez que la misma, como aportación no dineraria, reguladas en el artículo 39 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133.1 del Reglamento de Registro Mercantil, cuando se trate de una aportación de empresa se describirán en la escritura los bienes y derechos registrables y se indicará el valor del conjunto o unidad económica objeto de aportación.
Al criterio de reconocimiento de la experiencia en los supuestos de fusión, escisión y aportación de rama de actividad o de empresa es habitualmente aplicado por las Comisiones de Clasificación de Contratistas de Obras y de Empresas Consultoras y de Servicios en la clasificación de empresas por lo que debe ser aplicado, en la misma forma, por las Mesas de contratación en la valoración de los medios determinantes de la solvencia técnica de las empresas que optan a la adjudicación del contrato.
En resumen, y según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende:
• En los supuestos de acreditación de la solvencia técnica por sociedades resultantes de la fusión o escisión de sociedades la experiencia de estas últimas referida exclusivamente a la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato debe ser reconocida, en los términos establecidos en los artículos 17, letra b), 18, letra a), y 19, letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a las citadas sociedades.
• En los supuestos de aportación de rama de actividad o de empresa deberá ser reconocida la experiencia correspondiente exclusivamente a la actividad transferida ejecutada por las sociedades que aportan tal rama de actividad o empresa a la sociedad receptora de la misma.
O dicho de otra manera, ¿Pueden las empresas de Servicios de Ayuda a Domicilio obtener la Clasificación como Contratistas del Estado en Servicios bajo el Grupo U Subgrupo 7?
Los contratos de gestión de servicios sociales son contratos de servicios al ser contratos cuyo objeto son prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. El Anexo II de la Ley, en su categoría 25 se refiere expresamente a los "Servicios Sociales y de Salud", lo que inevitablemente nos lleva a caracterizar este contrato como de servicios. Queda, pues, claro que, en principio es exigible la clasificación para poder optar a la adjudicación de un contrato cuyo objeto consista en la prestación de servicios sociales.
Sin embargo, para poder obtener tal clasificación es preciso, además, que las normas que la regulan prevean la existencia de un grupo y un subgrupo bajo el cual incluir la figura contractual que comentamos. A este respecto, bastará un análisis del artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para comprobar que entre los diferentes grupos y subgrupos en él contemplados no existe ninguno bajo cuyos epígrafes pueda subsumirse la figura de este contrato. Ni siquiera en el grupo N, "Servicios Cualificados", o en el U, "Servicios Generales", cabe incluirlos, pues tanto uno como otro, hacen referencia en sus distintos subgrupos a actividades de naturaleza muy diferente a la contemplada en los contratos que se están analizando.
De aplicarse literalmente el precepto del artículo 54.1 de la Ley, llegaríamos a la exigencia de cumplimiento de un condición imposible, haciendo no sólo imposible la adjudicación de contratos a estas empresas, sino la propia licitación de los mismos por los órganos de contratación cuando su importe superara el límite de los 200.000 € a que se refiere el artículo 54.1 de la Ley. Tal situación contradice radicalmente el sentido común.
La situación actual, es bien diferente, pues de la interpretación conjunta del artículo 10 con el Anexo II, ambos de la Ley de Contratos del Sector Público se desprende que estos contratos son considerados como contratos de servicios, siendo exigible para su adjudicación estar en posesión de la clasificación en el Grupo y Subgrupo correspondiente. Por consiguiente, para aquellos contratos respecto de los cuales la legislación anterior no exigía clasificación por no calificarlos como contratos de servicios, sigue sin ser exigible ésta hasta tanto no se dicten las nuevas normas reglamentarias que la desarrollen y establezcan los grupos y subgrupos en que deban estar clasificadas las empresas que desarrollen tales actividades.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 233
 artículo 254
 artículo 94
 artículo 39
 artículo 133
 artículo 37
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 10