Source: http://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaDiario?Legislatura=9&SeriePublicacion=DS(C)&NumeroPublicacion=318
Timestamp: 2019-08-18 17:00:42+00:00

Document:
CCyL: DS(C) nº 318/9 del 29/5/2017: Comisión de la Presidencia
DS(C) nº 318/9 del 29/5/2017
Comisión de la Presidencia n.º 318
Sesión Celebrada el día 29 de mayo de 2017, en Valladolid
DSCOM-09-000318, Pags. 13829-13858
1. Proposición No de Ley, PNL/000954, presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016.
2. Proposición No de Ley, PNL/000955, presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016.
3. Proposición No de Ley, PNL/001180, presentada por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a modificar la Orden PRE/445/2016 de 17 de mayo para incorporar en la composición de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial representantes de los Grupos Parlamentarios de las Cortes así como a que uno de los dos presidentes de la citada Comisión comparezca una vez al año en la Comisión de Economía y Hacienda para informar de la ejecución del Acuerdo 21/2016 de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 212, de 16 de diciembre de 2016.
4. Proposición No de Ley, PNL/001100, presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta a revisar todas las páginas web de su competencia y eliminar aquellos enlaces que no contengan ningún contenido, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.
&nbsp**&nbspSe inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, abre la sesión.
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.
&nbsp**&nbspIntervención de la procuradora Sra. Del Barrio Jiménez (Grupo Podemos CyL) para comunicar sustituciones.
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.
&nbsp**&nbspIntervención de la procuradora Sra. Valdeón Santiago (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.
&nbsp**&nbspPrimer y segundo puntos del orden del día. PNL/000954 y PNL/000955.
&nbsp**&nbspLa secretaria, Sra. Muñoz de la Peña González, da lectura al primer y segundo puntos del orden del día.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, comunica que, a petición del procurador Sr. Sarrión Andaluz (Grupo Mixto), se votarán todos los puntos del orden del día al final de la sesión.
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para presentar las proposiciones no de ley.
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Del Barrio Jiménez (Grupo Podemos CyL).
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista).
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Centeno Trigos (Grupo Popular).
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.
&nbsp**&nbspTercer punto del orden del día. PNL/001180.
&nbsp**&nbspLa secretaria, Sra. Muñoz de la Peña González, da lectura al tercer punto del orden del día.
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Díez Romero (Grupo Podemos CyL).
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. García Martínez (Grupo Popular).
&nbsp**&nbspIntervención del procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.
&nbsp**&nbspCuarto punto del orden del día. PNL/001100.
&nbsp**&nbspLa secretaria, Sra. Muñoz de la Peña González, da lectura al cuarto punto del orden del día.
&nbsp**&nbspIntervención de la procuradora Sra. Del Barrio Jiménez (Grupo Podemos CyL) para presentar la proposición no de ley.
&nbsp**&nbspEn turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Sopeña Ballina (Grupo Popular).
&nbsp**&nbspIntervención de la procuradora Sra. Del Barrio Jiménez (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.
&nbsp**&nbspVotaciones de las proposiciones no de ley
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, somete a votación el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 954. Es aprobado.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, somete a votación el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 955. Es aprobado.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, somete a votación separada los dos puntos de la Proposición No de Ley número 1180. Es aprobado el punto 2.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, entiende aprobada por asentimiento la Proposición No de Ley número 1100.
&nbsp**&nbspLa presidenta, Sra. Sopeña Ballina, levanta la sesión.
&nbsp**&nbspSe levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos.
Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
Buenas tardes, señora presidenta. Sí, doña Laura Pelegrina va a sustituir a doña Virginia Barcones y don Jesús Guerrero a doña Gloria María Acevedo. Gracias.
Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?
Buenas tardes, presidenta. Félix Díez Romero sustituye a Juan Pablo Fernández Santos.
Gracias. ¿Por el Grupo Ciudadanos?
José Ignacio Delgado sustituye a Luis Fuentes.
Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?
LA SEÑORA VALDEÓN SANTIAGO:
Sí, presidenta. Jesús Alonso Romero sustituye a Jorge Martínez Antolín e Isabel Blanco Llamas a Ángel Ibáñez Hernando.
Gracias. Por la señora secretaria se dará lectura del primero y segundo punto del orden del día, que vamos a agrupar.
PNL/000954 y PNL/000955
Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 954, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros y doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.
Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 955, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.
Decirles que a petición del procurador del Grupo Mixto, don José Sarrión, se votarán todas las proposiciones no de ley al final. Y para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Hoy nos presentamos con dos proposiciones no de ley, para Ciudadanos muy importantes, y yo creo que para todos, relacionadas con el mundo de la Justicia. Yo creo que la Justicia es uno de los pilares básicos de nuestro Estado de derecho. Por ello, si la Justicia no es efectiva, el Estado de derecho, ¿no?, se deteriora gravemente.
Y lo cierto es que la situación actual, como saben ustedes, de la Justicia en España es más que preocupante. Muchos ciudadanos han perdido su confianza en ella, hemos perdido a veces la confianza en ella, al igual que la han perdido otras instituciones. Urge, por tanto, que se ponga fin a este sentir de la ciudadanía y logremos una Justica acorde con sus legítimas expectativas.
Ya en abril de dos mil dos recordarán que el Pleno del Congreso de los Diputados instó a hacer un pacto de Estado para la reforma de la Justicia, que se firmaba ya en mayo de dos mil uno, pero que, sin embargo, por lo que hemos visto –y estamos hablando de lo que estamos hablando-, no dio los resultados que todos nos hubiera gustado.
Un dato revelador es la falta de consecución de los objetivos acordados; es el recogido en el informe La Justicia dato a dato, de dos mil quince, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, que señala claramente que en dicho año se registraron 15.104 quejas, de las cuales 10.294, o sea, el 68,15 %, fueron relativas al funcionamiento de juzgados y tribunales. En cuanto a los motivos de reclamaciones o quejas relativos al funcionamiento de juzgados y tribunales, 8.987, es decir, el 87,30 %, se interpusieron por la falta de una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos; destacando en esta categoría 4.254, o sea, casi un 42 %, relativas a la inexistencia, según dicen las mismas reclamaciones, de una Justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Y otras 3.890 alegaban una falta de una Justicia con una atención adecuada al ciudadano y contribuyente.
Lo dice claramente el Artículo 24.1 de nuestra Constitución, en la sección dedicada a los Derechos Fundamentales: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". A tenor de esta cuestión, también nos viene a la mente y a la memoria todos los problemas relacionados con la ley de justicia gratuita, como saben ustedes, por el turno de oficio, donde ha habido muchísimas reclamaciones, y yo creo que desde Ciudadanos y todos los partidos hemos apoyado y apoyamos para, entre otras cosas, que no se pagara el IVA para esos profesionales, esos abogados que, en muchos de los casos, están cobrando, en fin, por debajo de los criterios normales y objetivos, y que, sin embargo, además, estamos viendo cómo se está deteriorando ese servicio de turno de oficio.
La propia Comisión Europea señaló, en su comunicación en relación a los indicadores de Justicia de la Unión Europea de dos mil dieciséis, que la eficacia de los sistemas de judiciales desempeña un papel clave para establecer la confianza a lo largo de todo el ciclo económico. Ciclo económico que se ve resentido, porque, lógicamente, los ciudadanos, los emprendedores, todo el mundo, a veces ve, lógicamente, perjudicados esos derechos, en fin, que tenemos que todos defender. Entre otras cosas, y más preocupante, sobre todo, los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, donde a veces, en todos los tipos de que se ven conculcados, la duración excesiva de los procedimientos judiciales para la defensa de cualquier derecho, desde luego, a veces lo que hace es que la gente se inhiba en presentar cualquier tipo de procedimiento judicial. Son eternos, son muy lentos, y, como bien sabemos, la Justicia, cuando es tan lenta, a veces no es Justicia; no se pueden -como estamos ahora mismo viendo en los tribunales-, procedimientos que han empezado hace doce y catorce años, y dieciséis años, y, en fin, esto, desde luego, ni para los propios implicados, ni, desde luego, también para los damnificados, que están pidiendo una resolución clara. Cuando la Justicia es tan lenta, desde luego, no está funcionando adecuadamente.
Y, por eso, vemos el hartazgo de los ciudadanos, por esa lentitud, por esa falta de eficiencia y eficacia, y que tenemos que, de una vez por todas, entre todos, asumir. Yo creo que incluso tenemos parámetros peores que en muchos de los países... incluso tardamos más de 200 días más que muchos países como Eslovaquia, Rumanía o Hungría, por ejemplo; y no hablamos de los más avanzados, como podría ser Alemania o Francia, sino incluso países supuestamente mucho menos avanzados que España; sin embargo, tienen muchas más garantías en el tema de Justicia.
Un tema importante, y al final no sé si nos va a dar tiempo, lógicamente, a hablar de todo lo que tenemos que hablar, porque esto es bastante amplio, pero sí hay que referirnos a la falta de independencia efectiva del Poder Judicial. Yo creo que todos hemos asistido a informes, tanto del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que lo han dicho muchas veces, y claro -y no por más alto más clarividente-, en lo que es una cuestión lógica, donde dicen que los órganos de gobierno de los jueces deberían ser elegidos por los jueces -o los fiscales, en el caso de los fiscales-, con pleno respeto al pluralismo. Sin embargo, subrayan estos informes que el sistema de elección español no permite al Consejo General del Poder Judicial garantizar la separación de poderes, pues la elección depende de cuotas pactadas por los partidos políticos, como por desgracia estamos todos acostumbrados a ver período de sesiones tras período de sesiones. En fin, lo dice también el Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, que vamos de mal en peor, y los informes son total y absolutamente demoledores.
Hay datos muy objetivos en encuestas que se realizan: más del 40 % de los españoles encuestados considera que la razón es la falta de independencia, se debe a la injerencia o presión por parte del Gobierno de turno y de los partidos políticos. Si comparamos, por ejemplo, con la percepción de los ciudadanos españoles respecto de otras Justicias europeas, España se sitúa en el puesto 97 de 144 países en la última encuesta realizada por el Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial. Incluso países como Botswana o Kazajistán consideraron su sistema judicial más independiente que el nuestro.
Yo creo que es una reflexión que nos lo tenemos que hacer mirar y pensar muy seriamente en que no lo estamos haciendo bien, y el tema de la Justicia tiene que ser de una vez por todas prioritario. Los jueces tienen que tener esa independencia, esa eficiencia y esa responsabilidad clara y meridiana para administrar la Justicia.
Y, desde luego, todo va unido, y debe de ir unido... y aquí hemos hecho más de un proposición no de ley de diferentes partidos políticos también por la falta de juzgados, casi dos decenas en Castilla y León, donde hemos dicho... yo qué sé, en la provincia de Burgos, por ejemplo, que es la mía, ya hemos dicho que faltan tanto en Aranda de Duero, ese tercer juzgado, como en Miranda de Ebro, etcétera. Yo creo que por todo el panorama de Castilla y León, en todos los juzgados, faltan, primero, juzgados; falta material, medios materiales y humanos, para que esta Justicia se pueda desarrollar con todas las plenas garantías.
Desde luego, la situación de los juzgados es alarmante y dista mucho de ser aquella que se esperaría de un lugar en que se desarrolla una labor tan trascendental como la de impartir justicia. A falta de un procedimiento electrónico moderno, de una vez por todas, y sofisticado, se suma la falta de mantenimiento de las dependencias judiciales.
También decir que aquel famoso, en fin, paso del LexNet fue... no cumplió sus expectativas. Tenemos denuncias de muchísimos juzgados, que hay de diferentes estamentos, con diferentes programas electrónicos, hay informáticos diferentes, con lo cual, todavía complica mucho más esa uniformidad del mejor trabajo a realizar.
Actualmente, España destina un porcentaje del producto interior bruto inferior al 0,4 % al gasto de las Administraciones públicas en los órganos jurisdiccionales, por detrás –recalcamos, y esto es lógico además- de países como Hungría y Rumanía. Esto hace que, por ejemplo, España sea el único país que no realiza un seguimiento de las encuestas realizadas a usuarios o profesionales del derecho.
Respecto a los medios humanos, yo creo que es más que evidente la falta de ellos; la reposición de funcionarios, etcétera, está... es más que carente, lejos del número necesario de jueces y magistrados; y los funcionarios, lógicamente, no pueden hacer esa gestión eficiente en los procedimientos que garantice una Justicia de altura que las expectativas de la ciudadanía demanda.
Pero ahí, claro, hay... -y se me acaba el tiempo-. Simplemente decir que en España, por cada 100.000 habitantes, se sitúa en 11,1, mientras que países de la UE, en la mayoría de ellos tienen el 18,1 %. Quiere decir que estamos muy lejos de ese ratio de mejora.
Por eso –ya se me acaba el tiempo-, instamos las dos resoluciones: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades reales de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y la calidad de la Administración de Justicia".
Y la segunda proposición no de ley: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia. Favorecer una distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario". Muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.
Gracias, presidenta. Bueno, nuestro grupo va a ser muy breve. Como todas las proposiciones no de ley que tienen que ver con los 150 puntos de acuerdo de Gobierno que tiene usted a nivel nacional y aquí, en Castilla y León, para el Gobierno del Partido Popular, pues nos vamos a abstener, no solo porque no queremos ser cómplices de este pacto que ustedes han hecho, sino porque ustedes están permitiendo que se incumpla este pacto; con estas dos proposiciones usted lo manifiesta claramente.
En primer lugar, respecto al aumento de recursos destinados a la Fiscalía y a la Administración de la Justicia, ustedes lo tenían facilísimo: negarse a aprobar los Presupuestos Generales a nivel estatal, pedir que se aumente la partida presupuestaria destinada a la Administración de la Justicia, y, si no, no aprobar los Presupuestos, de los cuales ustedes pues van a apoyar.
Y es que, a mayores, ustedes van a aprobar un Presupuesto que, por un lado, dice esto... o sea, ustedes aquí vienen y dicen que quieren un aumento de fondos para la Administración de la Justicia, pero, por otro lado... y que piden pues que sea más independiente, y una serie de cuestiones que no se corresponden con lo que ustedes acaban de pactar a nivel estatal, que, por ejemplo, es una reducción del Presupuesto en la formación de fiscales y de magistrados en la Administración de la Justicia. Y eso se puede ver perfectamente en los Presupuestos Generales, que ustedes, como indico, han pactado con el Partido Popular.
Y, en segundo lugar, vienen aquí a hablar de la independencia del Poder Judicial, de la cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero durante su mandato en coalición con el Partido Popular ustedes han permitido esta serie de cosas –y se lo traigo aquí, porque no es una cuestión que digamos nosotros, sino que lo han dicho tanto Jueces por la Democracia como distintos escritos y artículos que han escrito diferentes personas, ¿no?-:
Por ejemplo, tenemos al juez Enrique López López, que ha sido destinado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y se escribe: "Resulta difícilmente comprensible que un magistrado que únicamente ha dictado sentencias de juicios de las antiguas faltas, ahora delitos leves, pueda revisar las resoluciones dictadas por personas que llevan años enjuiciando delitos de la gravedad de los terroristas o de corrupción de la política". Afín al Partido Popular. Y ustedes lo han consentido.
"Una jueza apartada de la Gürtel por su afinidad al PP, nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". "La jueza Concepción Espejel fue apartada del tribunal del caso Gürtel y el que juzgará la caja B del Partido Popular por su supuesta proximidad a este partido. La elección de Espejel está así envuelta en la polémica si se tiene en cuenta que en octubre de dos mil quince la propia Sala que aspira presidir la apartó, junto con Enrique López, del tribunal que aún hoy está juzgando la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, que se desarrolló entre los años noventa y nueve y dos mil cinco". Amiga de María Dolores de Cospedal. Y ustedes lo están consintiendo.
"Manuel Moix, un fiscal bajo sospecha". "De nombramiento en nombramiento". "Un Fiscal que siempre está donde se le espera". En el caso Rato, "a pesar de las evidencias más evidentes se negó a que el ex Ministro y Director del Fondo Monetario Internacional fuera a prisión". Y ustedes lo están permitiendo.
Con lo cual, como comprenderá, no podemos apoyar estas dos proposiciones que ustedes traen aquí. Muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Luis Briones Martínez.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nuevamente estamos con las... estas medidas, esas 150 medidas que ustedes han traído a este Parlamento en forma de proposiciones no de ley, y, al igual que acaba de decir Podemos, nosotros no... desde luego, no vamos a hacernos corresponsables de las mismas. Ustedes y el Partido Popular son los que tienen que garantizar que las mismas se puedan llevar a efecto, pero, desde luego, con el beneplácito del Grupo Parlamentario Socialista no... evidentemente, no va a ser.
Es verdad que hoy tocan un tema muy... -a nuestro entender, es sangrante- un tema muy complejo, y nosotros... supongo que la votación será separada; por lo tanto, en relación a la primera propuesta nos vamos a abstener, porque creemos que, sinceramente, ustedes, realmente, hacen una parte resolutiva; han hecho un corta y pega, y simplemente nos traen aquí una proposición no de ley que se trata fundamentalmente... "poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia". Han dicho: que se ponga en marcha, ¿eh?, por arte de magia, la sacamos de la chistera y se saca. Pero, vamos, yo es que no veo las propuestas que ustedes establecen precisamente para poner en marcha esa Estrategia Nacional.
Fíjese usted, el Grupo Parlamentario Popular, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis –es decir, antes, diez días me parece antes, o quince, de que presentaran esta proposición no de ley-, ya ellos planteaban, precisamente, una proposición no de ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia. Estamos dando vuelta a lo que es una y otra cosa, pero al final no plantean nada concreto. Es decir, lo normal, lo normal, es que ustedes planteen una propuesta, no solamente "hay que hacer", sino cómo hacer, qué hacer y, desde luego, dotarlo económicamente. Nosotros les pediríamos que retiraran esta proposición no de ley. Y si... además, si no, pues hagan caso a sus compañeros de Madrid o de Murcia, entre ellos, fundamentalmente, que compartía totalmente el diagnóstico de Transparencia Internacional, "que el deterioro de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía está minando la credibilidad de las instituciones". Y han asegurado fuentes parlamentarias de Ciudadanos: "No solo estamos a favor de la orientación de la propuesta que establece Transparencia Internacional, sino que la mayoría de sus medidas se están debatiendo y tramitando en Ley Integral Anticorrupción"; precisamente una Comisión de Calidad Democrática que la presidía un miembro de su grupo parlamentario en Madrid.
Miren, hablen claro, señores de Ciudadanos, y no se escondan en estas vaguedades, que son realmente generalidades que no concretan nada, pero que contribuyen a generar preocupación también en el mundo de la Justicia. Porque ¿a quiénes están ustedes pidiendo que haga una ley o una estrategia en materia de Justicia? ¿A quién? Porque, claro, cuando hacen esta propuesta es porque no existía Gobierno, pero ahora existe Gobierno. ¿Tiene ese Gobierno la credibilidad suficiente en esta materia? Y, si aprueban esta estrategia –a nuestro entender, porque sería, entendemos, muy similar a la que por el Grupo... propone el Grupo Popular-, estarían también siendo corresponsables de la misma medicina que el PP está aplicando en la lucha contra la corrupción, y es la de controlar el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Mire, Trasparencia Internacional ha presentado una lista de propuestas para mejorar la Justicia, y ante todo la Fiscalía General del Estado, elemento básico para llevar adelante el principio acusatorio en el caso de presuntos delitos. ¿Sabe usted lo que ha dicho el PP a las reformas que ha planteado Transparencia Internacional? Pues, mire, se ha remitido a las reformas legislativas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy para luchar contra la corrupción, sin entrar en el fondo del asunto.
¿No quiere usted que vuelva a repetir las modificaciones legales introducidas? Porque yo creo que las conocemos todos: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación del Código Penal, la justicia gratuita, el indulto, la Ley de Tasas, Ley mordaza. ¿O es que ahora ustedes, con el apoyo que les dan aquí y en Madrid, también están de acuerdo con lo que entonces recurrieron? Mire, por este motivo, mi grupo parlamentario, que ha presentado diversas iniciativas concretas en materia de justicia, que se van a debatir en esta Cámara, ha presentado también una enmienda, una enmienda, para la creación de una oficina anticorrupción de Castilla y León. Una enmienda que esperamos, en coherencia con la propuesta que usted trae aquí, que, desde luego, sin duda alguna, la vayan a aprobar. Ahí se va a ver si ustedes siguen disparando con pólvora ajena o si quieren involucrarse seriamente contra la corrupción y la absoluta autonomía de la Fiscalía General del Estado, que no existe en este momento y que está al servicio, como lo ha estado otras veces, del Gobierno de turno.
Yo no le voy a releer las medidas de Transparencia Internacional en materia de justicia, pero todas pasan, fundamentalmente, por la independencia presupuestaria. Fíjese, si la Fiscalía General del Estado depende del Ministerio de Justicia, y depende del dinero que le dé el Ministerio de Justicia, pues no existe, como se puede usted imaginar, fundamentalmente esa autonomía financiera y presupuestaria. Y hay 11 medidas que han suscrito absolutamente todos los partidos en el ámbito español, menos el Grupo Parlamentario del Partido Popular, en el caso... en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, eso en relación a la primera de las proposiciones que usted plantea.
En la segunda proposición instaban también al Gobierno a adoptar o desarrollar las medidas necesarias para incrementar los medios humanos y materiales de Justicia. Bueno, siguiendo con el debate anterior, la otra PNL, mire, este grupo parlamentario ha presentado en los pasados meses, y haciéndose eco de lo que está pidiendo la ciudadanía de Castilla y León y las diversas iniciativas parlamentarias, la mayoría, bueno, pues instando al Ministerio de Justicia a la creación de los nuevos juzgados, más jueces, más medios económicos para la modernización de la Justicia.
Mire, nuestra propuesta no es de manual, y sí referida y concretada en el territorio, que yo creo que eso es lo que quieren realmente los ciudadanos. Pero para ello hay que tener en cuenta, al presentar una propuesta como la suya, es la de determinar cuáles son las medidas necesarias. Y le pregunto al proponente: ¿cuáles son esas medidas que Ciudadanos propone? Alguna medida que sea concreta, teniendo en cuenta que nuestra Comunidad Autónoma, al no tener transferidas las competencias de Justicia, está sometido a lo que quiera hacer el Ministerio de Justicia y al cumplimiento del pacto de la Justicia.
Por eso, si usted se acuerda, cuando vino el consejero a la Comisión de Presidencia, a la Comisión de Presupuesto, le preguntábamos si se estaba reclamando el cumplimiento de las condiciones acordadas en el pacto sobre la Justicia del Estado. Y respondió, claro, que al no tener las competencias en materia de justicia, evidentemente, bueno, pues dependía del Ministerio de Justicia. Es el pez que se muerde la cola, y, al final, el Ministerio de Justicia no hace, nosotros les volvemos a instar, precisamente, a que acuda en auxilio fundamentalmente a los juzgados de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y sobre todo también para tener en cuenta lo que siempre se ha estado diciendo: la justicia de proximidad y el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.
No es que vaya a referirme ya a lo que establece el TSJ en la memoria del presidente, o a la Fiscalía, porque año tras año están diciendo lo mismo, porque no les hacen ni caso: diecinueve nuevos órganos jurisdiccionales, más jueces, profesionales especializados. Miren, si no se está haciendo caso a la ciudadanía ni a las exigencias de los jueces y tribunales en la necesaria provisión de nuevos jueces, y tampoco se crean juzgados, ¿cómo vamos a solucionar los grandes problemas que existen en la Justicia, que es uno de los pilares del Estado de derecho?
A esto se une todo el asunto de la modernización de la Justicia, claramente vinculado a la... perdón, a la digitalización. El reto está ligado directamente a una Justicia ágil, transparente y eficiente. Sigue. Usted ha hecho referencia al pacto de Estado para la reforma de la Justicia, del año dos mil uno, y se empezaba a hablar ya, precisamente, del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, y se empezó a trabajar con algunas de las plataformas en el ámbito de las comunicaciones, con LexNet... en fin. Bueno, pues eso ha quedado fundamentalmente en agua de borrajas en los últimos años, porque había que haber dotado económicamente, fundamentalmente, y presupuestariamente todo el uso y la inversión en nuevas tecnologías, y no se ha hecho, no se ha hecho, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Porque en estos momentos ya nadie –perdón- duda que la desaparición del papel es un objetivo absolutamente irrenunciable para facilitar el trabajo a todos los operadores jurídicos y agilizar los procedimientos judiciales, pero es necesario, como digo, hacer esas inversiones, y es una realidad que no se están haciendo.
Es una realidad, por tanto, que la implantación del expediente judicial, que iba a ser la herramienta para facilitar el trabajo de los juzgados y de los profesionales, se está demostrando ineficiente, con continuas caídas de los sistemas, y apagones por falta de conectividad, con fallos continuos en la aplicación procesal MINERVA, en el visor documental, en la firma digital o en el cargador de expedientes. Cuando se implanta un proyecto tan ambicioso por parte del Ministerio de Justicia como es el expediente judicial, se debe hacer con la suficiente previsión e inversión, y no con preciti... perdón, con precipitación e improvisación, como han repetido unas y otras veces los jueces decanos de muchos de los juzgados y de las audiencias de la Comunidad Autónoma.
Es urgente que el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial sean capaces de atajar esta problemática y dar una solución que pasa, sin duda, por converger hacia una plataforma digital única de Justicia, dotada con todas las inversiones necesarias en equipos, programas y profesionales, lo mismo que existe la Agencia Tributaria. Por eso, este grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley, que se concretará claramente en esta Comisión, que tiene por objeto exhortar al Ministerio de Justicia a que dote a los juzgados y tribunales –y voy terminando, señora presidenta- de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las inversiones necesarias para realizar la implantación del expediente digital, con los medios personales y materiales suficientes.
Esperamos, señores de Ciudadanos, que una vez que se debata esa Comisión, una vez que debatamos ya el programa de Ciudadanos, que estamos debatiendo en esta Cámara, y que... y en esta Comisión que, a nuestro entender, está lleno de generalidades, pues nos concreten mucho más las cosas; y, si no, desde luego, no vamos a poder hacer esas reformas. Y ya que... nosotros, en este caso, vamos a apoyar esta propuesta, porque va en consonancia con esa propuesta que vamos a debatir posteriormente. Y le pido, encarecidamente, señor portavoz de Ciudadanos, que apruebe o apoye las modificaciones que vamos a plantear en el Presupuesto relacionados con la nueva creación de la oficina anticorrupción, el convenio de la Junta de Castilla y León para la potenciación del servicio de justicia gratuita y la adaptación de los juzgados del papel cero. Muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Alfonso Centeno Trigos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Bueno, yo creo que en más de una ocasión hemos debatido en esta misma Comisión aspectos muy similares al que hoy tenemos encima de la mesa, y yo creo que eso demuestra la importancia que tiene, en este caso, para la sociedad, los ciudadanos, y, por lo tanto, para los grupos políticos de esta Cámara. Yo creo que es evidente la dimensión del servicio público de la Justicia -aquí se ha dicho por todos los que han tomado la palabra-, y, por lo tanto, el garantizar esa tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, es algo que es fundamental. Y eso difícilmente se pueda llevar adelante si no conseguimos que la Justicia sea una Justicia accesible, que tenga calidad, que sea eficaz, que sea rápida y que sea eficiente; esos son yo creo que los factores que todos vamos buscando, con el objeto de hacer que ese servicio público cada día sea mucho mejor.
No cabe duda, y se hablado mucho también de ello, que una de las principales factores también básicos es esa llamada demarcación y planta, en que en más de una ocasión hemos tratado y hemos hablado aquí de ampliar y solicitar nuevos juzgados, y todos hemos estado de acuerdo en estas cuestiones. También cabe resaltar que todo el mundo hemos hablado del año... del gran pacto nacional del año dos mil uno; estamos en el dos mil diecisiete, han pasado dieciséis años, y es evidente que han gobernado este país diferentes grupos políticos, y es evidente que no hemos sido capaces de resolver el problema de la Justicia como nos hubiera gustado, porque, si no, no estaríamos aquí hoy hablando de estos temas; por lo tanto, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer.
También, yo quiero recordar el acuerdo en materia de la Justicia que tuvo la Comunidad Autónoma en el año dos mil doce, en donde hablaba de que resultaba esencial la creación en la Comunidad Autónoma de los órganos y unidades judiciales reclamados por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sus memorias anuales, y que hemos ido aprobando aquí año tras año; y de la lectura de las mismas creo que podemos afirmar, sin ninguna duda, todos los que estamos aquí presentes, que Castilla y León va muy detrás de esas necesidades que se están planteando. Por lo tanto, yo creo que una buena forma de reconocerlo y plantear, en este caso, al Gobierno el que intente solucionarlas.
Yo creo que las infraestructuras también son muy importantes, el que se vaya mejorando. Como bien ha dicho el Partido Socialista, hay que dotar adecuadamente a los órganos judiciales de infraestructuras tecnológicas, hoy en día, que sean suficientes, como poner... tener sistemas informáticos de gestión procesal que les permita agilizar mucho más su trabajo. Y, desde luego, pues aquellas reformas en materia de personal que permitan adecuar las plantillas y que, en función de las cargas de trabajo, pues que puedan dar una mejor respuesta a esas peticiones de los ciudadanos. Al fin y al cabo, yo creo que todos los poderes públicos y todas las Administraciones públicas tenemos la obligación, en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones y competencias, el mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos mediante, entre otros, los distintos instrumentos de planificación y programación que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.
Como también se ha dicho, en el ámbito de la Administración de Justicia, la Comunidad de Castilla y León no ha culminado el proceso de traspaso de funciones y servicios, y por ello carece de atribuciones en cuestiones como los medios personales y materiales o aspectos organizativos. Pero no les quepa ninguna duda de que este grupo estará de acuerdo con apoyar cualquier medida que impulse para que sea adoptada por otras instancias, que sean las competentes en cada momento, con el objeto de que los ciudadanos de Castilla y León reciban unos servicios eficaces y eficientes, y yo creo que eso es positivo para la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por eso, yo les voy a plantear el apoyo del Grupo Popular a sus dos propuestas, pero sí que me gustaría un pequeño matiz, que no tiene mayor importancia –si no se recoge, nuestro voto va a seguir siendo afirmativo-, y es que al final de cada una de las propuestas de resolución se incluya "atendiendo a las peculiaridades geográficas y sociodemográficas de Castilla y León". Puesto que estamos hablando de algo muy genérico, aquí lo que nos preocupa es nuestra tierra, nuestra Comunidad, y no cabe duda que tiene diferencias suficientes en estos aspectos como para que sea tratada quizás de otra manera.
Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor procurador proponente, por un tiempo de diez minutos, don José Delgado Palacios.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, empezando por el final, bueno, se puede perfectamente poner, pero, vamos, es obvio y evidente que lógicamente nos estamos refiriendo a la Junta... a Castilla y León, y en el sentido que nosotros no tenemos las competencias, como saben ustedes, así como otras Comunidades Autónomas.
Hombre, el procurador que les está hablando trabaja en los juzgados, en este caso, de la Plaza Castilla, en Madrid, y, con lo cual, sé, por una parte, como usuario, cómo funciona más o menos Castilla y León, evidentemente, porque vivo aquí, pero trabajo donde trabajo, con lo cual también vemos que no funciona bien la Justicia; vamos, soy, en primera persona, que veo que no funciona bien la Justicia en ninguna de las Comunidades Autónomas y en Castilla y León. La falta de medios, tanto personales como informáticos, etcétera, etcétera, es más que evidente, así como, en fin, ya no hablamos, por decirlo, de edificios obsoletos, totalmente trasnochados, etcétera, etcétera, con falta a veces de seguridad, bajo mantenimiento... En fin, yo creo que podíamos estar hablando eternamente sobre el asunto.
Por empezar por el Grupo Parlamentario Podemos, decirles que siempre están con la palabra "no son cómplices de nada ni quieren ser cómplices de nada". Ni nosotros tampoco, se lo puedo asegurar, se lo he dicho reiteradamente. La palabra cómplice es una palabra que ustedes usan muy a la ligera, creo, de alguna manera, porque ya sabe que siempre se suele referir a hechos delictivos o, en fin, gente que padece o, en este sentido, consiente algún tipo de acto delictivo. Y en este caso yo creo que no estamos hablando de eso. Vamos a dejarlo, porque es un sentido figurado, y en ese sentido nos lo vamos a tomar.
Pero, vamos, decirle, efectivamente, que los Presupuestos estatales son los que son y, con esa responsabilidad que nosotros hacemos gala y somos manifiestamente... que de esa sensatez que decimos desde Ciudadanos, pues lógicamente hemos reiterado en varias ocasiones que son los Presupuestos del Partido Popular, que no son nuestros Presupuestos, pero que, lógicamente, algunos Presupuestos tiene que haber, en el sentido para poder seguir avanzando. Lógicamente, siempre son mejorables, y en ese sentido no le tengo más que darle la razón.
Sobre las medidas sobre la independencia del Poder Judicial, pues ya proponemos medidas concretas –y ya aprovecho para contestar al Partido Socialista-. Nosotros sí hemos dicho, por ejemplo, en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados del veintitrés de agosto, ya presentamos pues medidas concretas, como era: reformar el Tribunal Constitucional para asegurar su independencia mediante un estricto sistema de incompatibilidades que hay que desarrollar y, en fin, y configurar; restringir las puertas giratorias entre la Justicia y los cargos políticos -y Ciudadanos yo creo que somos adalides de esta cuestión que a nosotros es clara y prioritaria; reitero, restringir las puertas giratorias entre la Justicia y los cargos políticos-; invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la Administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las Comunidades Autónomas. Pero, claro, esto, que suena así como de Perogrullo y de sentido común, también... pues aprovecho también para decirle al Partido Socialista: hombre, cuando ustedes gobernaron durante ocho años, que lo tenían las ideas tan claras y tan evidentes, ¿verdad?, pues seguramente esto ya se podía haber hecho y así no estaríamos hablando de esta cuestión, sino iríamos avanzando. Con lo cual, me imagino que es que no es tan fácil ni tan sencillo pues resolver todos estos problemas.
Desde luego, otra medida concreta que en esta proposición no de ley en el Congreso decíamos: aumentar el número de jueces por habitante, acercándonos... –lo he dicho en la exposición- acercándonos a la ratio medio europea. Y acometer una reestructuración del funcionamiento de los juzgados que asegure un modelo más ágil y efectivo, así como de los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de conflictos que lo requieran. Yo creo que es una cuestión que siempre se ha estado hablando, pero que, sin embargo, se avanza muy poco.
Desde Ciudadanos lo hemos dicho, que, desde luego, las elecciones de los jueces, magistrados, igual que los fiscales, debería ser por mérito –en fin, nosotros lo llamamos la meritocracia, y yo creo que todo el mundo lo...- y por una experiencia dilatada; y, desde luego, por los mismos profesionales. Tal como se está haciendo, parece ser, ¿no?, y da la sensación, y es que es verdad, y en los últimos acontecimientos del fiscal anticorrupción, del fiscal general, en fin, a veces nos da por desgracia la razón de que, cuando los nombramientos de cargos judiciales dependen de los partidos políticos, pues suele pasar lo que suele pasar; y, en ese sentido, nosotros siempre vamos a intentar que todo sea lo más transparente, lo más, digamos, que sea por méritos, que sea por unas trayectorias y unas carreras judiciales o fiscales evidentes, y no por los caprichos de las mayorías o no mayorías de los partidos políticos.
En ese sentido, yo creo que es más que evidente que vamos a intentar entre todos solucionarlo de una vez por todas. Pero, sobre todo, y yo creo que sí que tenía que ser prioritario es... agilizar, que la Justicia sea lo más rápida. Vuelvo a reiterar: los tiempos de la Justicia en España son lentos, son totalmente terribles. Son a veces decenas de años lo que se tarda en procedimientos judiciales que, lógicamente, llegan tarde, mal y nunca, donde el damnificado, al final, por mucho que se le indemnice ya, ni deja de ser indemnizado, porque ya, decía aquel, "ya qué más nos da", y donde estamos viendo que no estamos respondiendo, lógicamente, a aquel mandato constitucional que se nos han elegido nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Muchas gracias. Agradecer, en fin, todas las opiniones de todos los grupos políticos. Por supuesto, también al Partido Popular, que ha hecho referencia a esa Ley de Demarcación y Planta, que, bueno, que todos... desde luego, también decía a instancias del Partido Socialista también, efectivamente. Todos hemos apoyado que hay que crear esos nuevos juzgados, y más en Castilla y León, que no tenemos esas competencias. Por eso, lógicamente, siempre instaremos al Gobierno de la Nación a que, en fin, nos tenga en cuenta, y en nuestro caso, además, no ya que amplíe esos nuevos juzgados, sino que, a veces, como hemos visto, tenemos... corremos riesgos de que incluso intenten cerrar los pocos juzgados que tenemos, con lo cual, encima, en este caso, a veces, llueve sobre mojado. Agradecer su atención y muchas gracias.
Señor Delgado, ¿entendemos que podemos añadir la... en su propuesta de resolución la frase...? Vale. Muy bien.
Sí, he dicho que se puede añadir.
Sí. Pues por la señora secretaria se dará lectura al tercer punto del orden del día.
PNL/001180
Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley 1180, presentada por los procuradores don José Javier Izquierdo Roncero, don José Francisco Martín Martínez, don Juan Luis Cepa Álvarez, doña Gloria María Acevedo Rodríguez y don Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a modificar la Orden PRE/445/2016, de diecisiete de mayo, para incorporar en la composición de la Comisión de simplificación administrativa para la dinamización empresarial representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes, así como a que uno de los dos presidentes de la citada Comisión comparezca una vez al año en la Comisión de Economía y Hacienda para informar de la ejecución del Acuerdo 21/2016, de veintiocho de abril, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 212, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.
Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don Javier Izquierdo Roncero.
EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:
Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos los presentes. Esta es una iniciativa que trata de incidir en una materia que yo creo que es suficientemente importante para facilitar la actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma, como es la de la simplificación de... de cargas administrativas que tienen que sufrir las empresas, especialmente en el momento de su implantación; y donde, lamentablemente, a pesar de los compromisos habituales a bombo y platillo de la Junta de Castilla y León, pues vemos cómo todo se va desinflando con el paso de la legislatura y cómo los avances cada vez son menores. E intuimos incluso que esto puede llevar una temporada bastante atascado y sin avances significativos, al hilo de lo que iré relatando a lo largo de la intervención.
En el año pasado, en el mes de abril, hace un año aproximadamente por estas fechas -algo más de un año-, se aprobó un acuerdo de la Junta de Castilla y León, el veintiocho de abril, el Acuerdo 21/2016, que lo que planteaba fundamentalmente era una serie de medidas de simplificación administrativa y de reducción de cargas para la implantación de las empresas vinculadas a la burocracia, así como otros aspectos relativos a facilitar el acceso a través de las plataformas digitales para todo lo que son los trámites relacionados con la Administración en este tipo de procedimientos.
Hay un... dentro de las medidas que se plantean en ese acuerdo, hay una... un mandato para establecer una Comisión de Simplificación Administrativa, que se crea posteriormente mediante una Orden de la Consejería de la Presidencia, que es la que hoy proponemos modificar aquí. Y dicha Comisión de Simplificación Administrativa digamos que tiene una serie de objetivos y de retos para tratar, como digo, de reducir estas cargas administrativas.
En primer lugar, lo que plantea es la búsqueda y la definición de cuáles serían los mapas de procesos de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la implantación de empresas en nuestra Comunidad Autónoma, con un objetivo claro de definir en torno a 6 mapas... perdón, 5 mapas de procesos, cada 6 meses someterlos a la aprobación de la Comisión de Simplificación Administrativa, para que, a partir de ahí, se produzca una serie de modificaciones normativas: la definición en su caso de una solicitud única, el establecimiento o la simplificación del sistema de registros y algunas otras medidas de carácter complementario. Bueno, la verdad es que durante este tiempo nosotros hemos tenido conocimiento -con muchas dificultades, porque en esto tengo que decir que el consejero de Presidencia ha sido bastante jugar al ratón y al gato con él el tratar de conseguir información- en relación con los mapas de procesos y los trámites que se han ido llevando a cabo por esta Comisión de Simplificación Administrativa, y por tanto seguramente yo tenga algunos de mis datos poco actualizados por la tardanza de respuesta por parte de la Junta de Castilla y León, y, como digo, ese jugar al ratón y al gato permanente al que nos acostumbra el consejero de Presidencia.
Bien. Se han aprobado hasta la fecha, que yo conozca, 5 mapas -y cabe que se hayan aprobado otros 5 más a finales... a principios de este año dos mil diecisiete-, 5 mapas de procesos que deberían haber operado sus respetivas modificaciones normativas para producir esa simplificación de trámites administrativos. Bueno, pues dos años después de echar a andar la legislatura, la única modificación legislativa que ha entrado en estas Cortes tendente a reducir, o eso se dice, los trámites administrativos es el recientemente ingresado en estas Cortes Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que afecta exclusivamente a 3 normas: a la Ley de Espectáculos Recreativos, a la Ley de Montes y a la Ley de Juego.
Es curioso, porque al menos, como digo, hay 5 mapas de procesos aprobados. El de juego no estaría ahí, ni siquiera estaría en la previsión de los 10 primeros mapas de procesos que ustedes se habían comprometido a elaborar para reducir la normativa de tramitación de las implantaciones empresariales. Y, sin embargo, como siempre, el juego es su sector favorito, y debe de ser, a renglón de la urgencia... a tenor de la urgencia, perdón, debe de ser el sector en el que más iniciativa empresarial hay en esta Comunidad, porque es incomprensible que ustedes hayan dejado, a pesar de tener los mapas de procesos aprobados, sin traer modificaciones normativas en relación con las industrias agroalimentarias o con los servicios sanitarios sin internamiento, que son, entendemos, algunas de las actividades -especialmente las industrias agroalimentarias- donde parece evidente que debiera... debiera haber un importante número de solicitudes empresariales.
Ustedes, el juego lo primero, con esos beneficios fiscales que además les otorgan este año, que es una rebaja del 6 % de los impuestos que tendrían que pagar. En esta Comunidad Autónoma vamos adelante primando a los... a los promotores del juego y luego cargando con las... con los problemas que generan las ludopatías.
Pero, en todo caso, como les digo, a pesar de tener 10 mapas de procesos, 5 de ellos al menos aprobados y otros 5 estudiados, lo curioso es que ustedes solo traen modificaciones legislativas para 3 de esos procesos. Llevan ustedes una legislatura -dos años, en este momento- de una pereza legislativa en estas cuestiones espectacular, y esta es una pereza administrativa que significa problemas importantes para los administrados, porque es evidente que, mientras no se simplifiquen los trámites, seguirán siendo los mismos y, por tanto, seguirán generándoles algunos... los mismos problemas que les genera ahora implantar una empresa.
En segundo lugar, como les decía, el acuerdo de... la Comisión de Simplificación tenía también por objeto identificar los registros que están establecidos para las empresas que se van a implantar y para cuáles de ellos se podría producir una simplificación, incluso una acumulación de varios para evitar un desparrame de registros que debe de haber en estos momentos en la Administración autonómica. Bueno, pues en respuesta a una pregunta parlamentaria remitida por el consejero de Presidencia, para que vean el ritmo al que vamos, pues el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis el consejero nos contesta que los registros necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial a uno de enero de dos mil dieciséis en cada uno de los 5 procesos estudiados son los que la normativa determina, teniendo todos ellos carácter constitutivo. Es decir, no... no parece que haya habido ningún esfuerzo por tratar de esclarecer si se pueden simplificar o no estos registros, si se pueden incluso eliminar o cambiar por otro tipo de fórmula que evite este tipo de cargas administrativas. Y eso que era un compromiso que, en el acuerdo que les decía inicialmente de la Junta de consejeros, en la Junta de Castilla y León, Consejo de Gobierno, se habían comprometido a reducir ese número de registros a lo largo del año dos mil dieciséis, y, como ven, no se ha hecho absolutamente nada.
Otra de las cuestiones importantes en todo lo que tiene que ver con la relación de los... de las empresas con la Administración es aquello que tiene que ver con la teletramitación, con la posibilidad de relacionarse exclusivamente a través de medios digitales con la Administración de la Comunidad Autónoma. Y ahí ustedes ponen un compromiso, pero también sin objetivo concreto y sin fechas ni nada.
Saben ustedes que hay una serie de niveles de teletramitación para cada uno de los procedimientos de la Administración autonómica, y lo que se decía en ese acuerdo del año pasado es que había que intentar que el mayor número posible de estos procesos se fueran implementando de manera que llegasen al menos al nivel 4 de teletramitación. Bueno, pues en esa misma respuesta que les hacía alusión anteriormente, octubre de dos mil dieciséis, el número de procesos que no están en el nivel 4, que están por debajo, en el 3, en el 2 o en el 1, son el 72,55 % del total de los procedimientos administrativos.
Esto pone de manifiesto que nuestra Administración autonómica está a falta de una profunda modernización en lo que tiene que ver con la relación de las empresas con... con los trámites habituales de solicitud de implantación de actividades. A mí la verdad es que me deja perplejo que en la Consejería de Agricultura y Ganadería siga habiendo 94 procesos que no alcancen ese nivel de teletramitación; que haya 93 en la de Economía y Hacienda (de 105, el 89 %), en la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que se supone que debe tener más relaciones con las empresas. En la Consejería de Empleo, otra que también entendemos que debería ser importante, pues de 65 procesos 51 no llegan a ese nivel 4 de teletramitación. Podría seguir relatándoles: Fomento y Medio Ambiente, de 156 procesos, 125, el 80 %, sin llegar a ese nivel de teletramitación.
Como pueden ver ustedes, si a ustedes no se les estimula y si no se les da algún acicate de estos de traer las cosas a las Comisiones para que vean... para poner en evidencia la lentitud exasperante en el desarrollo de sus propios compromisos políticos, pues mucho nos tememos que no van a ser capaces de espabilar un poco y de sacar adelante, como digo, sus propios compromisos.
Y en ese sentido hacemos una propuesta, en esta proposición no de ley, que es bastante sencilla, y que lo único que plantea es dar participación a los grupos políticos de estas Cortes en esa Comisión de Simplificación Administrativa, fundamentalmente porque algunas de las leyes que se supone que deben contribuir a esa simplificación administrativa se tienen que aprobar aquí, y no estaría de más, por tanto, que se pudieran ir conociendo las cosas con antelación para nosotros también contribuir a agilizar esos procedimientos y, por tanto, reducir las cargas administrativas para la implantación de las empresas.
Y, en segundo lugar, una cuestión de transparencia y de información, que es que esta, siendo una Comisión que tiene dos presidentes, el consejero de Presidencia y la consejera de Economía y Hacienda, que haya un compromiso para que uno de ellos comparezca una vez al año para explicar el avance de todas estas medidas de simplificación administrativa. Nada más y muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Delgado Palacios.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley. Hemos dicho por activa y por pasiva, desde luego, si hay una de la lacra yo creo que asocial y de todos los tipos, que incide en toda actividad, tanto política como económica, es, desde luego, la lentitud de la burocracia, y lo hemos dicho siempre. Y yo creo que todos tenemos que intentar, de una vez por todas, que sea lo más rápidamente posible, en fin, el intentar que los ciudadanos y ciudadanas puedan acudir, en fin, en su quehacer con la Administración, lógicamente, lo más rápidamente posible, y que no vean ese obstáculo, que a veces es de una innumerable y lenta tramitación para cualquier tipo de expediente y, al fin y al cabo, para poder desarrollar las actividades normales diarias, que es a lo que lo tenemos que facilitar.
Incluso, a veces, no sé si en tiempos electorales, por... todo el mundo dice aquello de "una empresa se va a poder montar en un día", ¿no? Pues yo no sé si es un cuento de chinos o no, pero a veces hasta se dice, ¿no?, y no sé si alguno hasta se lo cree -fíjate tú-, y luego la realidad es tozuda, ¿no?, aquí no se monta una empresa en un día, ni en una semana, ni en un mes, por desgracia. Y, desde luego, pues todo este tipo de cuestiones... esa Comisión, que ya se hizo, lógicamente, la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial –fíjate que nombre más curioso, ¿no?, y más bien traído al tema-, pero, sin embargo, lógicamente, desde luego, ni simplifica parece ser que mucho, y por supuesto no está dinamizando las actividades empresariales como tenía que ser. Por eso, yo creo que es una cuestión tan clara, tan palmaria y tan obvia que lo que tenemos que hacer es apoyar todos en esta dirección.
Y, desde luego, estamos muy de acuerdo que al menos uno de los dos presidentes de la Comisión acudan, como se les está pidiendo, en fin, ante esta Comisión, y, lógicamente, intentar... no por comparecer, sino realmente por avanzar y por ser todos, de una vez por todas, lo más ágiles y los más eficaces posible. Y yo creo que está muy claro, y el apoyo de Ciudadanos es evidente. Muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Félix Díez Romero.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues esta Comisión está adscrita, como ya ha narrado el proponente, a la Consejería de Presidencia, y está compuesta por los titulares de las Consejerías, también, de Presidencia y de Economía y Hacienda; el titular de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales; un representante de cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y León con rango, al menos, de director general; un representante del ITACYL con rango, al menos, de director general; un representante de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León con rango, al menos, de director general; también forman parte de esta Comisión cuatro representantes de las entidades locales de Castilla y León -uno de ellos de Benavente- designados por la Federación Regional de Municipios y Provincias; un representante de la Asociación Empresa Familiar; un representante de la Asociación de Autónomos de Castilla y León; un representante de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, y un representante de la Confederación de Empresarios de Castilla y León.
¿Cuál son las funciones de esta Comisión? Colaborar con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias en materia de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas orientadas a la dinamización empresarial; promover la cooperación interadministrativa dirigida a la dinamización empresarial, especialmente entre la Administración autonómica y las entidades locales de Castilla y León; realizar propuestas sobre medidas y priorización de actuaciones dirigidas a facilitar el fortalecimiento del tejido empresarial; analizar y realizar un seguimiento periódico de las medidas y actuaciones propuestas; definir los sectores empresariales sobre los que se elaborarán mapas de procesos en cada anualidad; analizar las sugerencias y propuestas de mejora presentadas por los ciudadanos a través del buzón de sugerencias habilitado en el portal de Gobierno Abierto que versen sobre racionalización y simplificación de procedimientos y cargas administrativas para la dinamización empresarial.
Las reuniones de esta Comisión se celebrarán cuando así se considere necesario por los titulares de las Consejerías que las presiden, por iniciativa propia o por solicitud de cualquiera de sus integrantes, debiendo reunirse, al menos, dos veces al año.
Bueno, yo creo que entre la labor de los grupos parlamentarios de estas Cortes está la de impulsar la acción del Gobierno. Por lo tanto, creo que el primer punto que propone el Partido Socialista creo que es de justicia que, visto lo visto, y visto las veces que se ha reunido esta Comisión, las propuestas que ha hecho, y en la exposición de motivos lo que nos ha narrado sobre los diferentes procesos de simplificación empresarial, estemos los partidos políticos en esta Comisión, por lo menos para empujar a la Junta de Castilla y León. Porque, como nosotros hemos dicho muchas veces, la despoblación en Castilla y León, por desgracia, no es un fenómeno meteorológico, la despoblación en Castilla y León deriva de acciones políticas, o deriva de la no acción política. En este caso, la lentitud de la Administración de Castilla y León, pues es de sobra conocida no solo en toda la Comunidad, sino yo creo que en el resto de España. Entonces, por lo tanto, que estemos de los grupos políticos en esta Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, pues puede ser positivo, por lo menos para impulsar la acción del Ejecutivo, porque, desde luego, si tenemos que esperar a que el grupo que sustenta el Ejecutivo en Castilla y León impulse estas medidas, pues podemos esperar sentados en fila india en las plazas del 15M, o en medio del campo, pero que, desde luego, no lo vamos a ver, visto lo visto.
Y sobre el segundo punto, de que comparezca una vez al año en la Comisión de Economía y Hacienda para informar de la ejecución del acuerdo, yo creo que debe ser algo lógico y normal, en cualquier tipo de democracia, que aquellas comisiones de las cuales, evidentemente, están compuestas por el Ejecutivo y los agentes sociales, den cuentas de su trabajo, den cuentas de su labor, para que, al fin y al cabo, los representantes de los ciudadanos, que somos los parlamentarios, tengamos la información que requerimos, o que requerimos y no tengamos que hacer constantes preguntas parlamentarias sobre qué ha pasado aquí, qué no ha pasado aquí, y nos contesten tarde, nos den simplemente muchas veces contestaciones que no se corresponden con la realidad, o prórrogas administrativas para las preguntas, para que tengamos la menor información posible. Lo ha denunciado el grupo proponente, pero creo que también es lógico; por lo tanto, nuestro apoyo a esta iniciativa política, y la consideramos positiva para avanzar en la racionalización de la Administración. Muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Manuel García Martínez.
EL SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ:
Pues muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, en esta proposición no de ley, que hay dos puntos bien diferenciados, en el primero rechazaremos el primer punto de esta PNL, que se plantea modificar la Orden por el que se crea la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, con el fin de incorporar en ella a los grupos parlamentarios de las Cortes. Y aceptaremos el segundo punto, en el que se plantea que uno de los dos presidentes de la citada Comisión pues comparezca una vez al año ante la Comisión de Economía y Hacienda para informar de la ejecución del Acuerdo 21/2016, de veintiocho de abril, de la Junta de Castilla y León.
Tal y como se respondió en la pregunta oral ante la Comisión, de las funciones de esta... las funciones de esta Comisión son: colaborar con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias en materia de racionalización, simplificación y reducción de las cargas administrativas orientadas a la dinamización empresarial; promover la cooperación interadministrativa dirigida al mismo objetivo; realizar propuestas sobre medidas y priorización de las actuaciones dirigidas a facilitar el fortalecimiento del tejido industrial; analizar un seguimiento periódico de las medidas y actuaciones propuestas; y definir los sectores empresariales por los que se elaborarán mapas de procesos en cada anualidad.
Estas son funciones plenamente ejecutivas. Corresponden exclusivamente a la Administración, y más en concreto al Gobierno regional, la elaboración y la ejecución de políticas públicas; y la política de simplificación es una de ellas. Y la implementación de estas políticas supone algún cambio normativo en alguna disposición de rango legal, que son estas Cortes de Castilla y León las competentes para aprobar los proyectos de ley presentados ante esta Cámara y que realice el Ejecutivo autonómico. Además de lo anterior, es evidente que estas Cortes son competentes en las labores de control del Gobierno a través de preguntas orales y escritas, peticiones de documentación, mociones, propuestas, como la de ahora, y de otro tipo de actuaciones, pero se insiste en que la labor ejecutiva, la labor administrativa, depende del Gobierno de la Comunidad.
El Artículo 28 del Estatuto de Autonomía establece que "La Junta de Castilla y León es la institución de gobierno y administración de la Comunidad de Castilla y León y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con el Estatuto... con el presente Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico". Ese es el papel irrenunciable del que nuestro Gobierno no va a hacer dejación, y este es su ámbito de actuación. Cada institución se debe mover en el ámbito y en la esfera de actuación que le corresponde, conforme a nuestra legalidad, y este es el marco por... este es el marcado por el Estatuto.
Además, y con iguales argumentos, en las Cortes de Castilla y León existe una Comisión No Permanente para la Racionalización de la Administración de Castilla y León, creada a propuesta del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, mediante acuerdo de la Mesa y con el parecer favorable de la Junta de Portavoces. A esta Comisión se le encomienda el análisis de todos y cada uno de los entes, empresas y organismos públicos, con el fin de promover medidas que los lleven a la optimización de su funcionamiento, así como el posterior seguimiento y control de esas propuestas. Creada esta Comisión, es evidente el interés de los procuradores por la racionalización administrativa y su interés por estudiar en el seno parlamentario las medidas que crean... que se crean oportuno proponer.
Visto lo anterior, resulta inadecuada su participación fuera de esta institución y dentro de la esfera puramente administrativa. Su obvia explicación viene dada por el principio de separación de poderes y por la posible duplicidad de la representación, que por razones de eficacia no parece oportuno producir. Por estas razones, no es oportuno ni necesario ni conveniente modificar la Orden de composición de la Comisión, y, por tanto, como ya lo adelantamos al principio, rechazaremos el primer punto de la proposición no de ley.
Pero que otra cuestión bien distinta es la planteada en el segundo punto de esta PNL, en la que la simplificación administrativa afecta a los ciudadanos y empresas, e incide en la economía. Las medidas que se adopten para avanzar en la simplificación sin duda interesa a la sociedad, y dar cuenta de las actuaciones que se están realizando en la Junta de Castilla y León en esta materia ante los representantes de los ciudadanos en las Cortes es una medida realmente acertada. Por ello, sí que este segundo punto de la proposición no de ley será aceptada por nuestro grupo político. Muchas gracias.
Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José... don Javier Izquierdo Roncero.
Sí. Gracias de nuevo, señora presidenta. Y, en primer lugar, agradecer a los Grupos Ciudadanos y Podemos el apoyo íntegro a la iniciativa. Y lamentar el apoyo parcial, exclusivamente, del Grupo Popular; la verdad es que hoy al señor García Martínez le ha tocado hacer el papel de consejero de Presidencia, en representación en estas Cortes, evidenciando una clara no separación de poderes, que es a la que él aludía como argumento fundamental para rechazar nuestra presencia, la de los grupos políticos, en esa Comisión. La verdad es que, si le oyera Montesquieu, parecería como si se fuera a romper el equilibrio de poderes por la participación de los grupos políticos en un órgano de estas características, que, oiga, que es como el Consejo Asesor de Estadística, en el que también estamos representados los grupos políticos y no pasa absolutamente nada. Y fíjese que ni siquiera en el Consejo Asesor de Estadística se tiene que hablar de la posibilidad de modificar leyes, sino de cuestiones mucho más técnicas que de las que estamos aquí hablando, que tienen implicaciones incluso legislativas.
Le digo claramente que hace usted el papel hoy aquí de consejero de Presidencia, o habla por su voz, por boca de él, seguramente, porque es que el relato es de plena opacidad en esta... en estas cuestiones. Para conseguir los cinco mapas de procesos que ha aprobado esa Comisión, he tenido que solicitar la documentación hasta en dos ocasiones por cauces distintos, porque, como bien les decía antes, esto de jugar al ratón y al gato, que le gusta mucho al consejero de Presidencia, pues es a lo que nos lleva, a que "pídalo usted de esta otra manera mejor, y tal", y nos vuelve a todos locos, gastando papel, innecesariamente, para estas Cortes de Castilla y León y para la Administración autonómica, y gastando tiempo de los funcionarios. Pero es evidente que ustedes son... tienen un amplio deseo, una voluntad expresa de convertirse en los... en los campeones, en sacar en el diez en opacidad internacional, y aquí, en esta faceta, también lo van a promover.
Mire, yo no lo entiendo, sinceramente, que usted me diga que no podemos estar en una Comisión porque somos poder legislativo, en un órgano administrativo, un órgano que ni siquiera es un órgano administrativo, es una comisión en la que están representados empresarios, en la que están representados ayuntamientos, en los que está representada la Junta de Castilla y León. Yo, oiga, lo hacemos con la mejor de las voluntades, ¿eh?, para intentar facilitar el trabajo y que se avance cuanto antes en la simplificación administrativa. Está claro que el consejero de Presidencia y la consejera de Economía y Hacienda no nos quieren ver por esa Comisión, y, por tanto, esta es su negativa. Ustedes hoy hacen aquí el papel de rechazar la presencia en esa Comisión, que seguramente les han trasladado desde la Junta de Castilla y León, en lo que viene siendo su práctica habitual de no separar claramente el Poder Legislativo, su función como grupo político en estas Cortes, y el Poder Ejecutivo, que es el que representa la Junta de Castilla y León.
Quiero insistirle en que durante el año dos mil dieciséis la Junta de Castilla y León tendría que haber aprobado 10 mapas de procesos, y en la repuesta a una pregunta escrita que a mí se me ha remitido se dice que solo se han aprobado 5, en lugar de 10. Están incumpliendo sus propios acuerdos, y ese es otro de los motivos por los que ustedes no quieren que estemos en esa Comisión, para que no podamos hacer un seguimiento en tiempo real del cumplimiento de sus compromisos políticos ante la ciudadanía, en este caso ante los empresarios. Porque esto es lo más triste de todo, que al final se está padeciendo por parte de los administrados, de las empresas que quieren implantarse o que quieren ampliar su actividad, se está padeciendo la laxitud, la lentitud y la inoperancia de la Consejería de Presidencia, que es la que tiene que pilotar este proceso, y, por tanto, los retrasos de los que amargamente se quejan los empresarios en nuestra Comunidad Autónoma.
Lo lamento nuevamente. Agradezco el apoyo, como digo, a los miembros del resto de grupos que apoyan íntegramente la resolución. Y, por último, les pediría que recapacitaran; sencillamente, es incomprensible que no aprueben esta parte de la proposición no de ley. Muchas gracias.
Señor Izquierdo, ¿entiendo que acepta la votación por separado? [Murmullos]. Gracias.
Cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.
PNL/001100
Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley 1100, presentada por los Procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez y don Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta a revisar todas las páginas web de su competencia y eliminar aquellos enlaces que no contengan ningún contenido, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.
Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Natalia del Barrio Jiménez, por un tiempo máximo de diez minutos.
Gracias. Bueno, no me quiero extender mucho en esta proposición no de ley porque viene un poco a relación de todo lo que se ha estado comentado anteriormente, ¿no? Entre nuestras funciones, las funciones de las Cortes de Castilla y León, como así lo indica el Estatuto de Autonomía en su Artículo 24.2, las atribuciones que tiene es la de controlar e impulsar la acción política del Gobierno de la Junta de Castilla y León y de su presidente. Y esta PNL, aunque en cierta manera pueda parecer algo básico o algo... o sea, o algo que es menos llamativo o que no tiene importancia, creo que es muy importante, porque nosotros la hemos redactado en formato de denuncia de lo que implica y de lo difícil que está siendo para los grupos parlamentarios que no están sosteniendo al Gobierno de la Junta de Castilla y León ejercer esta capacidad de control de Gobierno.
Creo que se ha comentado en múltiples ocasiones la dificultad que tenemos para acceder a la información; se tarda dos meses en que te den respuestas a preguntas, incluso más; hay que hacer recursos a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para que la Junta de Castilla y León proporcione información (información que, a pesar de que la Mesa de las Cortes dice que se tiene que proporcionar, no es enviada; de hecho, nuestro grupo parlamentario, y creo muchos más, llevan esperando desde el año pasado información que... a la cual se ha solicitado amparo a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, y no ha sido remitida a los grupos parlamentarios); y va en contra... pues en contra también de la Ley de Transparencia en relación a lo que dice la propia ley, ¿no? La Ley de Transparencia indica que esta ley tiene por objeto regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la transparencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la Junta de Castilla y León proporciona o tarda en facilitar esta información? Pues entre una de las cosas que nos encontramos es que la Junta de Castilla y León dispone de más de 400 enlaces que no tienen absolutamente ninguna información, con un montón de errores.
Con lo cual, nosotros queremos, por un lado, denunciar esta falta de sensibilidad por parte de la Junta de Castilla y León con respecto a los grupos parlamentarios, a los cuales les impide ejercer una de sus labores principales de control de Gobierno con la falta de información; y, por otro lado, queremos que, de cara a la ciudadanía, y también de cara a nosotros, porque uno de los enlaces que se nos envían en las respuestas, que no funcionan, pues es... son estos que no funcionan. Entonces, claro, si tardan en responderte dos meses, te contestan con un enlace que no funciona, tienes que volver a solicitar la información, pues estamos a lo mejor hablando de una media de respuesta de seis meses, ¿no?
Y un ejemplo clarísimo de... de enlace que no funciona es el denominado la Agenda de la Población; si tú vas a la página web de la Junta de Castilla y León y pinchas –cuando lo encuentras, claro- el enlace de la Agenda de la Población, pues entendemos que no funciona. Sabemos que la Junta de Castilla y León ha revisado el formato de la... lo ha puesto un poco más bonito, pero seguimos entendiendo que se trata de una página que no es realmente transparente; lo seguiremos denunciando, y queremos que la Junta de Castilla y León limpie todos estos enlaces -que son más de 400 enlaces los que no funcionan- de la página del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Nada más, y muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado Palacios.
Gracias, señora presidenta. Pues hombre, es una cosa tan obvia y tan evidente que, efectivamente, vamos a aprobar y a apoyar esta proposición no de ley. Es verdad que cuando entras en muchas de las páginas de la Junta de Castilla y León, pues, efectivamente, muchos enlaces no están activos, hay muchos... –digamos- una indefinición manifiesta, y es verdad que hay otros, y sobre todo depende qué tipo de Consejerías y qué tipo de Direcciones Generales, funcionan bastante mejor, e incluso algunos pueden ser hasta ejemplares, pero se nota, se nota pues cuándo realmente las Consejerías se toman el trabajo en serio, en fin, con las oportunidades adecuadas, y cuándo realmente pues simplemente dan una información sesgada o, a veces, inexistente total y absolutamente.
En ese sentido, hombre, yo comparto con la proponente que, efectivamente, obstaculiza la labor de control, pero sobre todo lo que obstaculiza, lo que impide, es que los ciudadanos y ciudadanas pues puedan, lógicamente, enterarse de lo que está pasando en la Junta de Castilla y León y de los servicios que se ofrecen, etcétera, etcétera. Hombre, y es verdad que, por ejemplo, esto de la Agenda de la Población, que dice que funciona mal o que no existe, y será porque no se ha gastado dinero en la Agenda de Población; y será que no se ha gastado dinero en la Agenda de Población famosa durante mucho tiempo, y alguna compañera que está aquí presente lo sabe, como muchos de nosotros.
En fin, yo creo que a veces, también, cuando se gasta dinero público, como es el caso, lo que tiene que hacer, lógicamente, es que... yo creo que de lo más barato que hay es simplemente que las páginas web estén activas, que, desde luego, den la información lo más rápidamente posible y que se puedan acceder, que yo creo que es un derecho fundamental de todos, vuelvo a decir, no solamente por la labor de control, sino de todos los ciudadanos, para que sepan exactamente qué es lo que hace Castilla y León y en qué se gasta el dinero de todos. Muchísimas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.
Muchas gracias. Bueno, pues voy a ser también muy breve, a tenor de lo que es esta proposición no de ley. La verdad es que nosotros, ya, como últimamente las proposiciones son todas minimalistas y no sabes realmente por dónde se van a enfocar, bueno, pues sí que pediríamos siempre más claridad. Ciertamente, nosotros estamos de acuerdo con lo que se está planteando en la proposición no de ley; entendemos y estamos de acuerdo que una página web tiene que ser una herramienta de trabajo, al servicio, en primer lugar, de los ciudadanos, pero también al servicio de, en este caso, los representantes de los grupos parlamentarios que quieren fiscalizar y que quieren, evidentemente, de algún modo, hacer su labor de control del Equipo de Gobierno. Y esas circunstancias, en algunos casos, evidentemente, no se dan o se están poniendo, sin duda alguna, problemas, no solamente en la información; en la conectividad, muchas veces, a través de los enlaces. Nosotros creemos que es necesario, quizá, darle una vuelta, revisarla, actualizar, modificar y simplificar, que yo creo que son cuatro elementos determinantes y fundamentales.
En cuanto a los enlaces, es verdad que hay algunos enlaces que, si los sigues, al final te encuentras con el frontón, y se acabó, y ya no... es decir, prácticamente un bucle que no tiene más que -parece ser, y lo hemos visto- como meros actos, algunas veces, de autopropaganda, de autopublicidad, en fin, casi de ese contenido imposible. Nosotros, por lo tanto, bueno, pues entendemos que, bueno, pues es importante que salga una respuesta clara en relación a lo que es la transparencia, en lo que es, fundamentalmente, a la información que se facilita, como he dicho, en el ámbito interno, pero también externamente, y que al final logremos que con el mínimo esfuerzo -con el mínimo esfuerzo, sobre todo para los ciudadanos- se pueda tener acceso a lo que se pretende con una página web; es decir, es volcar toda la Administración de cara afuera, y yo creo que eso es determinante. Es verdad que los grupos parlamentarios y los procuradores, si no nos hacen caso, volveremos otra vez a pedir esa información, pero yo creo que hay que enfocarla mucho de cara, sobre todo, a los ciudadanos; que sepan que esas... que la página web sirve como herramienta fundamental para hacer todos los trámites que tengan que hacer con la Administración, y nosotros, en este caso, tenemos que dar ejemplo. Por tanto, vamos a aprobar la proposición que plantea Ciudadanos... perdón, Podemos. Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Rosa... doña Ana Rosa Sopeña Ballina.
Gracias, señora secretaria. Bueno, pues yo creo que esta proposición que traemos hoy aquí es una en la que estamos todos totalmente de acuerdo, y yo creo que vamos a intentar... porque nosotros también pensamos que es algo básico, como dijo Natalia, y además pensamos que... también pensamos que es importante que los ciudadanos tengan acceso a todas estas nuevas tecnologías, que han supuesto, desde luego, un cambio de vida en toda la gente, y que nosotros pensamos que sí que hay que estar totalmente al día. Porque pensamos que las redes sociales ya les dije que han supuesto un cambio en la forma de vivir de la sociedad: la difusión de la información a través de estas redes es sencilla, es rápida, es masiva y es accesible. Asistimos así a un importante avance tecnológico que representa también un auténtico cambio de valores de nuestra convivencia social, con indudables consecuencias políticas.
Los ciudadanos se desenvuelven hoy en una sociedad en red y quieren ser protagonistas efectivos de la misma en una doble dirección. Conscientes de esta realidad, desde la Junta de Castilla y León se viene realizando un importante impulso de esta nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, apostando por las nuevas tecnologías y avanzando en la incorporación y el desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios al ciudadano a través de internet. A esta inquietud responde el modelo de Gobierno Abierto puesto en marcha en el dos mil doce, que se configura como un canal de comunicación directa entre el Gobierno y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y de acuerdo con los principios, como habían dicho, de transparencia, participación y colaboración.
El resultado de este impulso es que la Junta de Castilla y León tiene más de 50 portales en producción y que entre todos estos portales suman ciento treinta y un mil quinientos veintiséis mil páginas web navegables diferentes. Si además tenemos en cuenta las URSL de documentos de descarga, el número asciende a 249.903; o sea, que es fácil que a lo mejor haya alguna de estas que no funcione en un momento determinado. Por eso intentamos siempre actualizar.
Con el objeto de evitar los problemas que puedan derivarse de algunas páginas que carezcan de contenido, la propia plataforma corporativa de portales web cuenta con mecanismos para hacer que no se muestren ciertas páginas que no tienen contenido. Pero hay algunos casos que no pueden ser controlados de forma automática, razón por la cual, con carácter periódico, se realizan revisiones para detectar contenidos vacíos y enlaces rotos. Estas tareas de revisión van dirigidas tanto a que no haya contenidos de la propia web que estén vacíos como a detectar enlaces a otros portales web que han dejado de funcionar, es decir, enlaces rotos. En el primero de los casos, a modo de ejemplo, recientemente se ha realizado una revisión y se han corregido 392 contenidos vacíos que existían en nuestros portales; usted me hablaba de 400, pues creo que muchos de estos estarán ya solucionados. En el segundo de los casos, a finales de año, aprovechando que hay una menor carga de servicio, se analizan los datos de las herramientas de webmaster de Google, y se revisan los enlaces rotos que dicha herramienta detecta.
Coincidimos plenamente, como les he dicho, en la necesidad de que en la web no haya páginas sin contenidos o enlaces rotos, y por ello trabajamos con el objeto de mejorar el desarrollo y manteniendo... y el mantenimiento de nuestra web corporativa, para ofrecer cada día un mejor servicio a los ciudadanos -que yo creo que todos coincidimos en que lo más importante, aparte de que también para los procuradores sea importante tener acceso... que todos los enlaces tengan acceso, pero sobre todo para los ciudadanos-; es por lo que trabaja la Junta de Castilla y León y nuestro grupo parlamentario. Por lo tanto, apoyamos esta propuesta de resolución. Y nada más.
Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.
Gracias, vicepresidenta. Pues nada, agradecer a los grupos parlamentarios que se hayan unido a esta sensibilidad de pedir a la Junta de Castilla y León, y, bueno, yo le digo a la señora Sopeña que a fecha de hoy eran más de los 400 enlaces los que estaban rotos, que lo hemos estado mirando esta mañana, con lo cual, a lo mejor habría que revisar al que revisa los enlaces rotos. Nada más, y muchas gracias.
Concluido el debate, pasamos a votar las proposiciones no de ley debatidas.
PNL/000954
En primer lugar, votamos la Proposición No de Ley 954. ¿Vale? ¿Votos a favor? Diez. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ocho. Votos emitidos: dieciocho. A favor: diez. Abstenciones: ocho. Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley debatida.
PNL/000955
Votamos, en segundo lugar, la Proposición No de Ley 955. ¿Votos a favor? (Creo que somos nueve, y uno, diez; diez... catorce. Nueve, diez, y cinco, quince). Quince. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Tres. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: quince. Abstenciones: tres. Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley debatida.
Votamos la Proposición 1180. Votamos primero el punto 1 de la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Cinco... Ocho... Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Al producirse un empate... vamos a ver, pasamos a una segunda votación. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Al volver a producirse un empate, pasamos a una tercera votación. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Por lo tanto, queda rechazada, porque al ser... Bueno, votamos primero el segundo punto. Vale, votamos el segundo punto, ¿vale?
Votamos el segundo punto. ¿Votos a favor del segundo punto? Dieciocho. Queda aprobado el segundo punto. Y al quedar aprobado el segundo punto, queda rechazado el primer punto.
Votamos a continuación la Proposición No de Ley... [Murmullos]. Y queda aprobada, sí, el segundo punto, el segundo punto queda aprobado, ¿vale?, la proposición no de ley con el segundo punto.
Votamos a continuación la Proposición No de Ley 1100. Esta la damos por asentimiento aprobada, ¿verdad?, ¿vale? Pues queda aprobada.
CVE="DSCOM-09-000318"
DS(C) n. 318/9 del 29-5-2017
CVE: DSCOM-09-000318
DS(C) nº 318/9 del 29/5/2017. Comisión de la Presidencia
Pags. 13829-13858

References: Artículo 24
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 Artículo 28
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 Artículo 24
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