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Timestamp: 2019-07-17 12:22:18+00:00

Document:
El Principado de Asturias, en virtud de la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social que le confiere el apartado 24 del artículo 10 de su Estatuto de Autonomía, procedió a la aprobación de la Resolución de 30 de junio de 2015 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias (BOPA 30-VI-2013), constituyéndose así como la norma de referencia en este ámbito a nivel autonómico. La citada Resolución regula las prestaciones del SAAD, los requisitos de acceso a las mismas, la determinación de la capacidad económica de las personas dependientes, así como el copago de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas y su gestión.
Con la aprobación de la citada Resolución se ha dado cumplimiento al principio establecido en el artículo 33.4 de la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que señala que “nadie quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos”, en tanto recoge la regulación aprobada en materia de participación económica en los servicios públicos para minimizar el impacto de las exigencias del Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 10 de julio de 2012.
Sin embargo, una vez garantizado el acceso a los servicios públicos de la totalidad de las personas dependientes, independientemente de su capacidad económica y de su situación de dependencia, procede actuar del mismo modo respecto a las prestaciones económicas, mediante el restablecimiento de una cuantía mínima garantizada que refuerce el carácter universal de las prestaciones del SAAD en el Principado de Asturias, de la que se verán beneficiadas en mayor medida las personas dependientes moderadas.
En consecuencia, mediante la presente Resolución todas las personas beneficiarias de una prestación económica tendrán derecho a percibir, como mínimo, el cuarenta por ciento de la cuantía máxima de referencia fijada por el Estado en función de su situación de dependencia y de la prestación de que se trate. Este mínimo garantizado se eleva al ochenta por ciento de la cuantía máxima de referencia fijada en el caso de la prestación económica para asistente personal, promoviendo de este modo el acceso efectivo de las personas dependientes a la educación, al trabajo o la participación en asociaciones, tal y como establece la normativa en la materia. Asimismo, se garantiza de manera expresa y con carácter general, la cuantía máxima de las prestaciones económicas a aquellas personas con una capacidad económica inferior al IPREM mensual.
Finalmente, la disposición adicional señala que la Administración deberá adaptar las cuantías de las prestaciones económicas reconocidas con anterioridad al importe mínimo garantizado, con efectos desde el 1 de mayo de 2019.
Artículo único.—Importe garantizado de las prestaciones económicas
1. Las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tendrán un importe mínimo garantizado equivalente al 40% de la prestación económica máxima que le correspondería a la persona beneficiaria de acuerdo con su grado, con el límite del coste del servicio.
En el caso de la prestación económica para asistente personal el importe mínimo garantizado será del 80% de la cuantía máxima correspondiente de acuerdo con el grado de dependencia, con el límite del coste del servicio.
2. El importe de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) será del 100% de la cantidad máxima establecida en el Real Decreto que fije las cuantías anuales, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sea igual o inferior al IPREM mensual.
La Administración del Principado de Asturias deberá adaptar las cuantías de las prestaciones económicas reconocidas al importe mínimo garantizado, con efectos desde el 1 de mayo de 2019.
Oviedo, a 24 de mayo de 2019.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela Díaz.—Cód. 2019-05493.

References: artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 Resolución 
 Real Decreto