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Timestamp: 2019-08-21 00:56:02+00:00

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﻿ SENTENCIA 803 DE JULIO 12 DE 2001
SENTENCIA 803 DE 12 DE JULIO DE 2001
CONTENIDO:CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL. SÓLO PUEDE SER CREADO O MODIFICADO POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:357 DE SEPTIEMBRE DE 2001, PÁG.1653
Sentencia 803 de julio 12 de 2001
SÓLO PUEDE SER CREADO O MODIFICADO POR LA LEY
EXTRACTOS: «A través de la acción pública de simple nulidad de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, José Antonio Galán Gómez pretende la nulidad del Decreto 2383 de 29 de noviembre de 1999, proferido por el Presidente de la República (Ministerio de Justicia y del Derecho), que modificó expresamente el artículo 22 del Decreto 1890 de 1999.
Aduce el libelista que con la expedición del decreto acusado el Gobierno Nacional excedió los límites de sus atribuciones constitucionales ya que con un acto administrativo modificó el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 que, como norma legal, sólo podía ser reformado por un precepto de la misma o de superior categoría.
Explica, además, que el Gobierno Nacional invadió la órbita del legislador porque, de acuerdo con los artículos 125, 131, 150-1 y 150-23 de la Carta Política, corresponde privativamente al Congreso de la República:
a) Fijar los requisitos y condiciones, mediante ley, para determinar los méritos y calidades de los aspirantes a ingresar a cargos de carrera y ascenso en los mismos;
b) Interpretar, reformar y derogar las leyes;
c) Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas, y la prestación de los servicios públicos, sin atribuir al Gobierno Nacional la facultad de reformar el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970.
4.2. El decreto acusado.
El tenor literal del decreto acusado es el siguiente:
“DECRETO NÚMERO 2383 DE 1999
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 189 ordinal 16 de la Constitución Política y con sujeción a lo previsto en los artículos 52 y 54, y las demás normas pertinentes de la Ley 489 de 1998.
ART. 1º—El artículo 22 del Decreto 1890 de 1999 quedará así:
ART. 22.—Consejo Superior de la Carrera Notarial. Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional en asuntos notariales, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, y además administrará la carrera notarial y todo lo relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, de conformidad con lo estatuido en el Decreto-Ley 960 de 1970 y demás normas que regulen la materia.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial reemplaza al Consejo Superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 y estará integrado por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho o el viceministro, quien lo presidirá,
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia
3. Dos representantes del Presidente de la República
4. El secretario jurídico de la Presidencia de la República
El Consejo Superior de la Carrera Notarial se reunirá, cada vez que fuere convocado por el presidente y por derecho propio al menos en dos oportunidades cada año.
PAR. TRANS.—Los notarios designados de acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 3º del Decreto 2458 de 1998 se entienden elegidos para el Consejo Superior de la Carrera Notarial de que trata el presente decreto.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de noviembre de 1999”.
4.3. El servicio notarial es una función pública.
De manera reiterada la doctrina y la jurisprudencia han considerado el servicio notarial no sólo como servicio público sino también como el desarrollo de una función pública. Así mismo han considerado que la Constitución confiere una amplia libertad al legislador para regular de diversas maneras este servicio (C. Const., Exp. 2139 de dic. 2/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Ello es así porque el servicio notarial implica el ejercicio de la fe notarial, el notario otorga autenticidad a las declaraciones emitidas ante él y da plena fe de los hechos que ha podido percibir en el ejercicio de sus atribuciones.
4.4. Evolución del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
4.4.1. Decreto 960 de 1970.
Ahora bien, el Decreto-Ley 960 de 1970, por el cual se expide el estatuto del notariado, establece en sus artículos 161 a 185 la carrera notarial mediante el sistema de ingreso al servicio por concurso. El artículo 164 determina que el Consejo Superior de la Administración de Justicia administra la carrera notarial y los concursos, así:
Para la fecha de expedición del acto acusado el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 se encontraba vigente.
La Corte Constitucional en sentencia SU-250 de 26 de mayo de 1998 expresó:
“Hechas las anteriores aclaraciones, surge la siguiente pregunta: ¿la Constitución de 1991 y las normas que la han desarrollado, derogaron o no, en forma expresa o tácita, el artículo 64 (sic) del Decreto 960 de 1970 que le señaló funciones al Consejo Superior de la Administración de Justicia, en lo concerniente a la carrera notarial y su concursos?
Significa lo anterior que el Consejo Superior de la Administración de Justicia, establecido por el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, estatuto de notariado, es un organismo consultor cuya integración no era permanente sino ocasional de acuerdo con las funciones previamente señaladas por la ley. Y, no puede confundirse dicho Consejo Superior de la Administración de Justicia, con otro que con el mismo nombre existía con funciones referentes a la rama judicial y con integración distinta a la del Consejo Superior de la Administración de Justicia encargado de la carrera notarial y sus concursos...”.
La misma corporación, en sentencia C-741 de 2 de diciembre de 1998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, al pronunciarse sobre los apartes demandados de los artículos 145 y 164 del Decreto 960 de 1970, declaró exequible este último con excepción de la expresión “de la administración de justicia” contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, de la palabra “entonces” del primer inciso del artículo, y de la frase “y el Tribunal Disciplinario”, que consideró inexequibles. Sostuvo:
“21. El artículo 164 del Decreto 960 de 1970 establece que la carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia y determina la composición de esa entidad para ejercer tal función. El demandante y algunos de los intervinientes consideran entonces que esa disposición fue derogada por normas posteriores, en especial por la propia Constitución, que creó el Consejo Superior de la Judicatura, pero que en todo caso la Corte debe declarar su inconstitucionalidad por desconocer las competencias propias de esa nueva institución y por conferir a los notarios la naturaleza de servidores públicos. Por el contrario, para otros intervinientes no sólo la disposición acusada se encuentra en vigor sino que, además, armoniza con los mandatos constitucionales, ya que es natural que exista una institución especial para manejar los concursos y la carrera notarial, por lo cual la Corte debe declarar su exequibilidad...
23. El Consejo Superior de la Administración de Justicia fue creado, como un órgano consultivo del Gobierno Nacional, por el Decreto 1698 de 1964, que organizó la carrera judicial. Ese cuerpo normativo estableció que esa entidad estaría integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, por el Procurador General de la Nación, por el decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional, por el decano de una universidad privada escogido por la Asociación Colombiana de Universidades, y por dos abogados designados por el Presidente de la República. Posteriormente, el Decreto 250 de 1970 atribuyó a este Consejo la Administración de la Carrera Judicial. Por ende, en su origen, esta entidad se encontraba ligada esencialmente a la carrera judicial.
Sin embargo, la norma acusada, y en general el Decreto 960 de 1970 o estatuto notarial, atribuyeron al Consejo Superior de la Administración de Justicia también la administración de la carrera notarial y de los concursos en este campo, y para tal efecto variaron su composición. En efecto, la norma dice claramente que el consejo está integrado “entonces, por el Ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los notarios del país, en la forma que determine el reglamento”.
Posteriormente, el Decreto 52 de 1987, relativo a la carrera judicial, modificó la composición del Consejo Superior de la Administración de Justicia para la función judicial, el cual, para efectos de la carrera judicial, quedó integrado de la siguiente forma: el Ministro de Justicia o su delegado, delegados de la Corte Suprema, Consejo de Estado y Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación o su delegado, un representante de los funcionarios de la rama jurisdiccional y un representante de los empleados judiciales. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 25 de junio de 1987, declaró inexequible en parte el artículo 9º en cuanto incluyó al Ministro de Justicia y al Procurador General de la Nación dentro de la integración del mencionado consejo, por cuanto de esa manera se desconocía la autonomía judicial. Esto muestra que incluso durante la vigencia de la anterior Constitución era claro que en la práctica, bajo el nombre del Consejo Superior de la Administración de Justicia, operaba en realidad una institución con dos funciones de naturaleza distinta: una encargada de administrar la carrera judicial y otra de administrar los concursos y la carrera notarial. En virtud de las funciones diferentes, la integración de esa entidad era también de naturaleza parcialmente distinta, pero se conserva como una sola institución. Esto es tan evidente que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 9º del Decreto 52 de 1987, en nada efectuó la integración del consejo que administraba el concurso y la carrera de los notarios, puesto que la razón para esa inconstitucionalidad parcial fue la de que ni el Ministro de Justicia ni el procurador debían intervenir en la designación de funcionarios judiciales.
24. El anterior análisis lleva a la Corte a reiterar que el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 se encuentra vigente, pues no ha sido derogado expresa ni tácitamente por normas preconstituyentes, y la Constitución tampoco suprimió expresamente esa norma, ya que ordenó el nombramiento de los notarios en propiedad mediante concurso pero no le atribuyó a ningún organismo constitucional la administración de la carrera notarial, por lo cual se entiende que esa función sigue siendo ejercida por el organismo legal existente para tal efecto. Es obvio entonces que la función del Consejo Superior de la Administración de Justicia que administraba la carrera judicial fue asumida por el actual Consejo Superior de la Judicatura, por lo cual las normas que lo regulaban fueron derogados por la Constitución en esa materia. Por ello el Consejo Superior de la Administración de Justicia, continuó siendo un organismo vigente, sin las funciones atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura. Pero con la función de administrar la carrera notarial y los concursos de notarios, por cuanto tales funciones no fueron asignadas, ni expresa ni tácitamente a ningún otro organismo, ni por la ley o la Constitución”.
4.4.2. Decreto 110 de 1999.
En 1999 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 110 de 13 de enero de 1999, por el cual se estructura un consejo superior, cuyo artículo 1º preceptúo que el Consejo Superior de la Administración de Justicia se denominará en adelante Consejo Superior de la Carrera Notarial y entre sus funciones tendrá: a) Administrar la carrera notarial, b) Administrar los concursos de ingreso a la carrera notarial.
En su artículo segundo estableció la conformación del Consejo Superior de la Carrera Notarial así:
“El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien lo presidirá.
Dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes”.
Sin embargo, por sentencia C-845 de 27 de octubre de 1999 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 110 del 13 de enero de 1999, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declaradas inexequibles por la sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999.
Expuso la Corte lo siguiente:
“... No hay duda acerca de que el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 fue el que sirvió de fuente de validez a la expedición del decreto que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, pues, como quedó reseñado en acápite precedente, el propio gobierno así lo hizo constar y le pidió a la corporación declararlo, al considerarla competente para examinar su constitucionalidad, en el escrito conjunto que presentaron el para entonces Ministro de Justicia y el señor secretario jurídico del departamento administrativo de la Presidencia de la República, en defensa de su constitucionalidad...”.
“... De otra parte, conviene recordar que esta corporación, mediante sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, con ponencia de quien también presenta esta providencia, declaró inexequible el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, desde la fecha de promulgación de la misma, la cual se cumplió con su publicación en el Diario Oficial Nº 43458 del 29 de diciembre de 1998.
Síguese de lo anterior que, por obvias razones de unidad normativa, el Decreto 110 de 1999 es también inexequible, comoquiera que fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que esta Corte declaró inconstitucionales a partir del acto mismo de su concesión, precisamente por estimar que al haber sido otorgadas en forma viciada, nunca nacieron a la vida jurídica.
“... La Corte encuentra que para que el Congreso pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el efecto, facultades extraordinarias al ejecutivo, ha de hacerlo con estricto sometimiento a los requisitos esenciales que exige la Constitución Política en el artículo 157, y, por tanto, en este caso las facultades no fueron legítimamente concedidas nunca.
“Al adoptar esta decisión, la Corte Constitucional se inspira además, en el carácter restrictivo que debe guiar la interpretación constitucional en materia de facultades extraordinarias al gobierno y, en el entendido de que al declararse la inexequibilidad, en este caso desaparece la norma del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su promulgación y, por tanto, no puede producir efecto alguno...”.
Así, pues, corresponderá en esta oportunidad, proferir pronunciamiento de inexequibilidad en relación con el Decreto 110 de 1999, no sin antes señalar que la práctica de invocar diversas fuentes formales y materiales para sustentar la expedición del decreto, evidencia falencias de técnica jurídica, que inciden en la efectividad de su control de constitucionalidad...”.
4.4.3. Decreto 1890 de 1999.
El Gobierno Nacional procedió, entonces, a reorganizar el Ministerio de Justicia y del Derecho para lo cual expidió el Decreto 1890 de 1999 (sep. 28) con fundamento en las facultades constitucionales y legales del presidente, en especial las que le confiere el artículo 189 ordinal 16 de la Carta y con sujeción a lo previsto en los artículos 52 y 54 y las demás normas pertinentes de la Ley 489 de 1998, en cuyo artículo 22 reguló el Consejo Superior de la Carrera Notarial, bajo el siguiente tenor literal:
“Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la administración de la carrera notarial y en todo lo relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, el cual será integrado por:
6. Dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes”.
El decreto, en su artículo 89, dispuso así sobre su vigencia: “... rige a partir de la fecha de su publicación, subroga, modifica y deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias”.
4.4.4. Decreto 2383 de 1999.
El artículo 22 de este decreto, fue, a su turno, modificado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2383 de 29 de noviembre de 1999, expedido con base en las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 16, y con sujeción a lo previsto en los artículos 52 y 54 de la Ley 489 de 1998. El nuevo decreto mantuvo la denominación y composición del Consejo Superior de la Carrera Notarial pero advirtió que este organismo reemplaza al consejo superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 y estará integrado por las mismas personas reseñadas en el artículo 22 del Decreto 1890 de 1999.
El decreto no varió la integración del Consejo Superior de la Carrera Notarial adoptada en el Decreto-Ley 110 de 1999, que había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional por haberse dictado por el presidente con base en facultades extraordinarias declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
Adviértase que para proferirlo ya no fue revestido el Presidente de la República de facultades extraordinarias por lo que el decreto no tenía fuerza de ley. Se fundamentó en el artículo 189.16 de la Carta y en los artículos 52 y 54 de la Ley 489 de 1998.
Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-702 de 1999, con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz, se pronunció respecto de algunos artículos demandados de la Ley 489 de 1998, entre ellos los artículos 52 y 54.
Sobre este tema la corporación adujo:
“Ahora bien, en cuanto concierne a la modificación de la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional, es del resorte ordinario de las competencias que la Carta atribuye al legislador, trazar las directrices, principios y reglas generales que constituyen el marco que da desarrollo al numeral 7º del artículo 150, pues es al Congreso a quien compete “determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica”, como en efecto, lo hizo en los artículos 52 y 54 — excepto sus numerales b; c; d; g; h; e i —que serán materia de consideración aparte—, razón esta que lleva a la Corte a estimar que, por este aspecto, están adecuados a los preceptos de la Carta, comoquiera que se ajustó en un todo a sus mandatos.
En efecto, en el artículo 52 previó los principios y orientaciones generales que el ejecutivo debe seguir para la supresión, disolución y liquidación de entidades u organismos administrativos nacionales; en los numerales a; e; f; j; k; l y m del artículo 54 trazó los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el gobierno puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y los demás organismos administrativos del orden nacional. Así, pues, en cuanto a la acusación examinada, los preceptos mencionados, son exequibles.
Cosa distinta ocurre con el contenido normativo consignado en los artículos 53; y en los numerales b; c; d; g; h e i del artículo 54 que esta Corte encuentra contrarios a los numerales 7º del artículo 150 y 16 del artículo 189 C.P., pues en ellos el legislador ciertamente delegó en el ejecutivo competencias de regulación normativa en materia de creación y autorización de empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, y en relación con la estructura de la administración, que son de su privativo ejercicio, mediante ley, según rezan los preceptos constitucionales citados.
• En el artículo 53, el Congreso facultó al Presidente de la República a crear empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, por la vía de la escisión de las existentes, lo cual es a todas luces contrario al numeral 7º del artículo 150 de la Carta Política, conforme al cual, corresponde al Congreso, por medio de ley, ejercer la función de “crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta”. Repárase, además, que en el caso de las sociedades de economía mixta no sólo concurren aportes o recursos públicos, sino también aportes de particulares, con base en acuerdos de voluntades, a partir del acto de autorización. Por tanto, será declarado inexequible.
• En los numerales b; c; d; g; h e i del artículo 54 defirió en el ejecutivo la competencia de regulación normativa de aspectos inherentes a la determinación de la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, tales como los relacionados con el tipo de estructuras a adoptarse —concentradas— y sus características —flexibles y simples—; los criterios para la organización de las dependencias básicas; la identificación de las dependencias principales, los órganos de asesoría y coordinación y de las relaciones de autoridad y jerarquía entre las que así lo exijan; así mismo lo habilitó para supeditar las estructuras a la finalidad, objeto y funciones previstas en la Ley 489; y, a limitar los cambios en funciones específicas, únicamente a su adecuación a las nuevas estructuras.
Para la Corte, los literales b, c; d, g, h e i del artículo 54 en estudio, son contrarios al numeral 7º del artículo 150 C.P., pues, es al Congreso a quien le corresponde “determinar la estructura de la administración nacional” y, en relación con cada entidad u organismo del orden nacional “señalar sus objetivos y estructura orgánica”.
Así mismo, en su sentir, los literales b; c; d; g; h e i del artículo 54 contravienen el numeral 16 del artículo 189 de la Carta Política, que señala que el legislador es quien debe definir mediante ley, los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el ejecutivo le compete modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales.
Por lo expuesto, los literales b; c; d; g, h e i del artículo 54 serán declarados inexequibles”.
De acuerdo con la decisión transcrita es el legislador quien debe definir mediante ley los principios y reglas generales con sujeción a las cuales puede el ejecutivo modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades y organismos administrativos nacionales, por lo que no podía el gobierno directamente modificar el Consejo Superior de la Carrera Notarial sin que previamente el legislador hubiera definido su marco de actuación.
4.4.5. Ley 588 de 2000.
La expedición de la Ley 588 de 2000 (jul. 5), por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial, cuyo artículo 11 derogó expresamente el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 que establecía la conformación del Consejo Superior de la Administración de Justicia, no modificó la irregularidad expuesta.
a) El análisis de legalidad se hace con base en las normas vigentes al momento de la expedición del acto, que son las que éste debe respetar, razón por la cual como la Ley 588 de 2000 es posterior al Decreto 2383 de 1999 no puede ser tenida en cuenta al analizar su legalidad.
Es más, la derogatoria expresa que del artículo 164 del Decreto 960 de 1970 hizo la referida ley revela que no sólo para la Corte Constitucional sino aun para el legislador tal norma se encontraba vigente.
b) Ninguno de los artículos de la Ley 588 de 2000 se ocupó de la conformación del Consejo Superior de la Administración de Justicia, o de la carrera notarial como fue denominado posteriormente. En consecuencia, la derogatoria expresa del artículo 164 del Decreto 960 de 1970 acarrea la desaparición de este organismo pero sin sustituirlo, dado que el Decreto 2383 de 1999 resulta ilegal.
4.4.6. Naturaleza de la carrera notarial y su órgano directivo.
Según la entidad demandada el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 incluye al consejo notarial como órgano asesor del gobierno ubicado dentro del sector central de la rama ejecutiva del poder público, lo que faculta al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa para modificar su estructura.
Con todo, en criterio de la Sala, teniendo en cuenta sus funciones como organismo administrador de la carrera especial notarial, le son aplicables los parámetros generales que rigen a los entes administradores de carrera.
Por los objetivos centrales de cualquier sistema de carrera y la obligatoriedad de sus postulados, ésta, en su manejo, debe ser ajena a motivaciones de carácter político y aun al interés que en ella pueda tener el Estado en la selección, promoción y remoción del personal a su servicio.
Bajo estos parámetros el Consejo Superior de la Carrera Notarial no puede tener el carácter de cuerpo asesor o consultivo del gobierno y mucho menos con mayoría prevalente de los organismos estatales.
Indudablemente el legislador está facultado para desarrollar los principios básicos plasmados en el artículo 125 de la Constitución Nacional y bajo estos postulados le corresponde fijar los requisitos y condiciones para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes respecto al ingreso, permanencia y ascenso en los cargos de carrera los cuales deben ser fijados por el legislador, siendo de cargo del gobierno, a través de reglamento, establecer estas pautas.
El consejo notarial debe ser un órgano técnico de dirección y administración de la carrera notarial, cuyas decisiones no pueden estar sujetas al voto de los voceros de turno de los diferentes sectores interesados. La conformación del Consejo Superior de la Carrera Notarial que realizó el gobierno a través de acto acusado distorsiona esta regla constitucional.
Bajo estas premisas, fuerza concluir lo siguiente:
1. El Gobierno Nacional, a la fecha de expedición del decreto acusado, carecía de competencia para modificar la conformación del Consejo Superior de la Carrera Notarial pues no podía hacerlo ni en ejecución de su potestad reglamentaria ni con base en las atribuciones que tiene para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, toda vez que esta facultad debe ejercerla con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley, según lo prescrito por el artículo 189 numeral 16 de la Carta Política de 1991, y la ley no había definido tales criterios y principios.
2. Como consecuencia, mal podía el Decreto 2383 de 1999 disponer, como lo hizo, que el nuevo ente por él creado “... reemplaza al consejo superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970...”, por ser ésta una norma de superior jerarquía. Al hacerlo usurpó la competencia constitucional del legislador.
3. La facultad para crear o modificar la estructura del Consejo Superior de la Carrera Notarial, como órgano rector, es materia reservada al legislador pues conforme a la preceptiva de que trata el artículo 131 de la Constitución Política “compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarias, con destino a la administración de justicia”.
Por su parte, el artículo 150, numeral 23 ibídem establece:
De la anterior preceptiva se infiere que el legislador tiene plena facultad para regular todo lo relacionado con el servicio de notariado, directamente o por delegación de facultades en el Gobierno Nacional, el que, por su parte, tiene competencia para crear, suprimir y fusionar los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.
4. El Consejo Superior de la Carrera Notarial que creó el gobierno en la forma y con la composición ya descritas sólo puede tener el alcance de un cuerpo consultivo pero no puede administrar la carrera notarial ni mucho menos el concurso, ingreso y permanencia en ella.
5. No es de recibo que a través de un decreto de carácter administrativo se determine la composición del órgano administrador de la carrera notarial, con gran injerencia del ejecutivo, pues tal proceder viola el mandato constitucional contenido en el artículo 131.
Declárase la nulidad del Decreto 2383 del 29 de noviembre de 1999, “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1890 de 1999”.
(Sentencia de julio 12 de 2001. Expediente 066 (803-00). Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).

References: artículo 84
 artículo 22
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 189
 artículo 22
 artículo 164
 artículo 3
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 64
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 164
 artículo 1
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 157
 artículo 189
 artículo 22
 artículo 89
 artículo 22
 artículo 189
 artículo 164
 artículo 22
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 150
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 150
 artículo 54
 artículo 189
 artículo 54
 artículo 11
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 38
 artículo 125
 artículo 189
 artículo 164
 artículo 131
 artículo 150
 artículo 131