Source: http://www.slideshare.net/CDESecuador/los-escenarios-de-la-criminalizacion
Timestamp: 2016-09-30 00:49:35+00:00

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Los escenarios de la criminalizacion
Criminologia critica y_critica_al_d...
by Wpimenta
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Defensoria del Pueblo de Ecuador INFORME TEMATICO LOS ESCENARIOS DE LA CRIMINALIZACION A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LANATURALEZA EN ECUADOR: DESAFIOSPARA UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza Elaborado por la Coordinación de Políticas Públicas Alejandra Cardenas Reyes ,Leonardo Jaramillo Mora, Rocío Nasimba Loachamín MMX! 2.
Índice1. Introducción ......................................................................................................................32. Marco teórico ....................................................................................................................5 2.1 Criminalización primaria y Criminalización secundaria ..................................5 2.2 Los defensores y defensoras de derechos humanos y de derechos de la naturaleza ............................................................................................................63. Metodología .....................................................................................................................114. Criminalización primaria a defensores de derechos humanos y de la naturaleza .......13 4.1 Normas de carácter administrativo relacionadas con la regulación de Organizaciones de la Sociedad Civil ......................................................................13 4.2 Criminalización primaria a través de la tipificación de conductas o aumento de penas ..................................................................................................................185. El discurso como mecanismo de criminalización ..........................................................21 5.1 Construcción de posiciones binarias ................................................................226. Criminalización secundaria a través de procesos judiciales .........................................277. Criminalización de acciones de defensores y defensoras de los derechos humanos y dela naturaleza a través de intervención policial y militarización ........................................38 7.1 Policialización ...................................................................................................38 7.2 Militarización ....................................................................................................428. La criminalización como un mecanismo de violación de derechos constitucionales ..44 8.1 Derechos vulnerados y obligaciones del Estado ..............................................469. Conclusiones ...................................................................................................................4810. Recomendaciones ..........................................................................................................5111.Bibliografía ....................................................................................................................5412.Anexos.............................................................................................................................61 2Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 3.
LOS ESCENARIOS DE LA CRIMINALIZACIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EN ECUADOR: DESAFÍOS PARA UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS1. INTRODUCCIONEn nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas porlos y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando éstasse oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano. Uno de los hechosque evidencia esta criminalización es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente através de las Resoluciones de Amnistía que se dieron entre marzo y agosto de 2008.Situación que ha continuado frente a las protestas en contra de leyes como: la ley deRecursos Hídricos, Ley de Hidrocarburos, Ley de Educación, Ley de Comunicación y laLey de Minería, entre otras. Así como frente a propuestas de oposición al desarrollo deproyectos extractivos, principalmente mineros e hídricos.La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar,neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o quecuestione las expresiones de poder imperantes ya sea que estas provengan desde el Estado,así como desde otros actores particulares. Estas acciones de disuasión se van construyendoe implementado desde distintos ámbitos, el normativo, el discursivo, la judicialización deacciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Estas recaen encontra de quienes de una u otra manera desafían al poder y proponen cambios en laspolíticas estatales recurriendo a un sinnúmero de mecanismos, entre ellos la protesta.La existencia de acciones concretas de criminalización y de actores específicos da lugar aque se configure una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad delEstado, por el desarrollo de acciones de las diferentes funciones y organismos que loconforman y por el por el carácter sistémico que poseen. El despliegue de estas acciones dacomo resultado la vulneración de derechos humanos en sus dos dimensiones, esto es,genera el incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos ylos derechos de la naturaleza; y por supuesto, la violación de las facultades y prerrogativaspersonales de los titulares de estos derechos.Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como institución nacional dederechos humanos, encargada de la protección y tutela de los derechos humanos y de lanaturaleza1 ha elaborado este informe considerando la necesidad de visibilizar la existenciade una política de criminalización y sus mecanismos de implementación; así como losefectos de su aplicación en el ejercicio y goce de derechos humanos y derechos de lanaturaleza. Este informe analiza el período comprendido entre 2007 y 2010, considerandoun año previo a las resoluciones de Amnistía de defensores y defensoras de derechos1 Artículo 215 de la Constitución de la República. 3Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 4.
humanos aprobadas por la Asamblea Constituyente y dos años posteriores a su emisión y ala expedición de la nueva Constitución de la República que marcó una nuevacaracterización del Estado y la necesidad de implementar un nuevo modelo de desarrollo.Sobre la base de este análisis y con el fin de cumplir el mandato de defender y excitar laobservancia de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en InstrumentosInternacionales2, realiza recomendaciones a organismos estatales, sobre las accionesnecesarias que permitan poner fin a la política de disuasión y criminalización de defensoresy defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.Para el cumplimiento de este objetivo el presente informe, en primer término plantea unmarco teórico sobre la definición de criminalización, tanto primaria como secundaria,siguiendo los postulados de la criminología crítica. Esta teoría fue seleccionada en cuantopermite realizar un análisis integral de la criminalización, puesto que aborda el marcoinstitucional que se construye para la realización de acciones de criminalización; así comola construcción del discurso que legitima estas acciones y, finalmente, el despliegue deacciones concretas de disuasión en contra de actores específicos.Posteriormente, se realiza un análisis de cada uno de estos tipos de criminalización. Así, enla exploración de las formas de criminalización primaria se revisan las normas tantoadministrativas como penales que han ido construyendo el escenario legal que justifica lacriminalización, entre 2007 y 2010. También, se recurre al análisis del discurso delPresidente de la República, en cuanto es la figura más importante de la Función Ejecutivapor lo que tiene a su cargo la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicasy por tanto, define las líneas de acción prioritarias que debe seguir el Estado. Finalmente, serealiza un análisis de los mecanismos de las acciones de criminalización secundaria, comola judicialización, el inicio de procesos administrativos, la militarización y la represiónpolicial.Para la realización de esta investigación se recurrió al análisis de fuentes primarias yfuentes secundarias. En el primer caso se hicieron entrevistas a personas vinculadas con elestudio de procesos de criminalización, y se revisaron las principales piezas procesales delos juicios penales instaurados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.En el caso de fuentes secundarias, se recurrió a una revisión bibliográfica de prensa,análisis de normativa nacional e internacional, de política pública y de expedientesdefensoriales.La Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta este informe con el fin de que se conviertaen una herramienta que permita el análisis de la criminalización desde una visión integral,es decir, no sólo desde la perspectiva jurídica, sino que aborde también la dimensiónpolítica y social que poseen las acciones de defensa de derechos humanos y de derechos dela naturaleza. Así mismo, este informe busca evidenciar el vínculo que existe entrecriminalización y ejercicio de derechos humanos con el fin de que el Estado tenga en2 Artículo 2.b de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 4Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 5.
cuenta sus obligaciones de respeto y garantía frente al diseño y formulación de políticaspúblicas que puedan dar lugar a la criminalización de las acciones de defensores ydefensoras de derechos humanos y de la naturaleza.2. Marco Teórico2. 1 Criminalización Primaria y Criminalización Secundaria:Para la elaboración de este documento se considerarán los conceptos de criminalizaciónprimaria y criminalización secundaria, que surgen de la corriente de la criminología crítica.En este informe, estos conceptos ayudan a evidenciar los roles de los actores estatales yotros en la deslegitimación y sanción de ciertas conductas. La criminalización primaria serefiere al proceso por el cual se seleccionan ciertas conductas, sobre las cuales el estadoprograma respuestas represivas. Este tipo de criminalización consiste en un ejercicio deabstracción, puesto que no se sabe en concreto quienes serán las personas que van a realizaresas conductas. De manera general, la criminalización primaria se concreta en laelaboración de leyes y en la tipificación de conductas catalogadas como socialmentereprochables, y es llevada a cabo por las agencias políticas como el legislativo y elejecutivo.Por su parte, la criminalización secundaria es un hecho concreto que recae sobredeterminadas personas y lo llevan a cabo las agencias policiales, judiciales y penitenciarias.La criminalización secundaria está condicionada por el poder, es decir, quien ejerce elpoder cataloga, bajo ciertos estereotipos y circunstancias coyunturales, a las personas quedeberán ser objeto de criminalización. De este modo coloca en la opinión pública unaimagen de la persona “delincuente” con elementos clasistas, racistas, etareos, de género, denacionalidad, etc.Desde esta definición, se aborda la criminalización secundaria desde dos momentos, uno eldiscursivo, esto es a través de los significados y estereotipos que se van generando desdequienes ostentan el poder a través del discurso y el efecto que esto genera en la creación depersonas “delincuentes” en contra de quienes se generan procesos de criminalización. Paraeste efecto se entiende por discurso al “[…] entramado de haceres y decires, esto es unentramado de prácticas y representaciones y/o retóricas sociales, desde el que no sólo seemiten mensajes sobre seres y cosas, sino en el que se instituye su existencia y sentido”3.El segundo momento está relacionado con la judicialización, momento en el cual el estadopone en práctica lo programado en la normativa enunciada en la política criminalrecurriendo al sistema judicial, sobre todo penal.3 Enrique Santamaría, La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación sociológica de la inmigración no comunitaria, Editorial Antojos, Barcelona, 2002, p.4. 5Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 6.
De esta forma, la criminalización ha sido utilizada como un mecanismo de control socialpara neutralizar o inhibir cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o quecuestione las expresiones de poder imperantes. Esta estrategia se ha sustentado en laideología de la “seguridad nacional”, bajo la cual se han cometido un sinnúmero deviolaciones de derechos humanos en toda América Latina. Ahora, terminando la primeradécada del siglo XXI, se supondría que esta noción de seguridad ha sido superada en elEcuador, dando lugar a la noción de “seguridad integral”4, sin embargo el alcance de estanoción no está clara, y la criminalización de personas y comunidades, bajo la idea depreservar dicha seguridad, persisten en un contexto evidentemente diferente al de décadasatrás.Los conflictos sociales provocados por la destrucción del medio ambiente, los movimientosmigratorios de sur a norte y de sur a sur, el cruce de fronteras de personas que huyen deconflictos armados, y el desplazamiento de pueblos por la implementación de megaproyectos de desarrollo, son hechos vistos como “amenazas” a la denominada seguridadintegral. Tales amenazas justifican la criminalización de sus actores, principalmentecampesinos, migrantes irregulares de origen latino o africano, indígenas y, en general,personas poco privilegiadas en las relaciones de poder económico y político.Es importante destacar que en nuestro país, en el 2008, la Asamblea Constituyentereconoció públicamente la existencia de criminalización injusta para perseguirpolíticamente a líderes sociales.5 Adicionalmente esta resolución evidenció el rol deactores privados en la criminalización de personas, particularmente empresastransnacionales que actúan con la anuencia estatal. Todo esto evidencia una reconfiguraciónde poderes que marcan un escenario nuevo bajo el discurso de la seguridad del Estado.Siguiendo los postulados de esta propuesta teórica, este informe realiza un diagnósticosobre los mecanismos y actores de la criminalización de la protesta social emprendida pordefensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador 2007 y 2010. Para lo cual acontinuación se propone una caracterización de estos actores.2.2 Los defensores y defensoras de derechos humanos y de derechos de la naturaleza:4 Artículo 3.8 de la Constitución de la República.5 “El derecho de amnistía es un acto jurídico emanado por el poder legislativo, cuyo efecto jurídico es la extinción de la acción penal y la condena, con el propósito de subsanar errores judiciales y sanciones injustas a perseguidos políticos y personas inocentes justificables en este momento de la vida política del país, que exige el restablecimiento de la calma y la concordia social” Resolución de Amnistía a personas criminalizadas por movilizaciones y protestas en el marco de intervenciones y explotación petrolera, minera y maderera, implementación de proyectos hidroeléctricos, defensa de derechos colectivos, del medio ambiente y del agua. Montecristi, 14 de marzo del 2008. 6Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 7.
La Constitución de la República de Ecuador de 2008, consagra en su artículo 10 comotitulares de derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y ala naturaleza como sujeto de los derechos reconocidos constitucionalmente. En este sentidola defensa de los derechos en Ecuador se da en dos campos: los tradicionalmentedenominados derechos humanos, atinentes a las personas y grupos de personas y losderechos de la naturaleza.Por un lado, en lo relacionado con la defensa de derechos humanos, la categoría dedefensores y defensoras de derechos humanos comprende un universo amplio de personasy asociaciones, cuyo punto en común es la protección y promoción pacífica de losDerechos Humanos. Para este efecto, la Defensoría del Pueblo entiende que son defensoresy defensoras de derechos humanos toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad ocolectivos que promueven y protegen los derechos humanos, que en el país se refieren aderechos del buen vivir, derechos de protección, derechos de libertad, derechos departicipación, a través de mecanismos pacíficos sean institucionales o disruptivos, en elplano nacional o internacional6.Los defensores de los Derechos Humanos desarrollan su actividad con tres niveles deimpacto. El primero es el individual, en el que un defensor o defensora se manifiesta enrespeto de sus propios derechos o los de un tercer individuo. Un segundo nivel es el nivelcolectivo, en el que los defensores o defensoras luchan por lograr un cambio en losDerechos Humanos de un colectivo o grupo humano más amplio. La tercera y últimadimensión es la societal, en la que la lucha de los defensores y defensoras tiene comoobjetivo la mejora de los derechos humanos de la sociedad en su conjunto. Generalmente,la causa de defensores y defensoras de los derechos humanos se extiende más allá de símismos, respondiendo a las necesidades de la comunidad o incluso de la sociedad en suconjunto7.Diversas organizaciones tienen diferentes criterios adicionales para definir a una personacomo defensora de estos derechos8. Dentro del grupo puede encontrarse a defensores dediversos derechos relacionados con género, raza, entre otros temas relevantes.9 Así comoson diversos las temáticas que estas personas defienden, también lo son los sujetos antequien se lleva a cabo tal defensa. Los defensores de derechos humanos se enfrentan a6 Es preciso señalar que esta definición tiene como base lo previsto en el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Aprobada el 9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de Naciones Unidas.7 En igual sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de 2006, párrafos 32, 33 y 34.8 Organización Mundial Contra la Tortura, About Human Rights Defenders Activity. Disponible en http://www.omct.org/human-rights-defenders/about/ (13-05-2011)9 Amnistía Internacional. ¿Quiénes Son? Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Disponible en http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/ (11-05-2011) 7Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 8.
actores tanto públicos como privados, visibilizando violaciones de acción u omisión contraellos u otras personas, y reclamando por su reivindicación10.El tema de la defensa de los derechos de la naturaleza ha sido considerablemente menosabordado. Sin embargo, el capítulo séptimo de la Constitución ya establece un primeracercamiento legalmente vinculante a los defensores de los derechos de la naturaleza, alestablecer en el artículo 71 que los derechos de la naturaleza incluyen el respeto a “suexistencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones yprocesos evolutivos”. Dado que el sujeto de estos derechos es incapaz de su defensa, elmismo artículo empoderar a “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad [a] exigir ala autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. Por lo tanto sereconoce como defensores de los derechos de la naturaleza a los promotores de losderechos constitucionalmente reconocidos ante acciones u omisiones del Estado o actoresparticulares. La Defensoría del pueblo entiende que los mecanismos a través de los cualesse puede reclamar el cumplimiento de estos derechos son los mismos que los de derechoshumanos, tanto institucionales como no institucionales. Los defensores de los derechos dela naturaleza, al igual que los defensores de derechos humanos, ejercen legítimamente de sucapacidad al desarrollar su actividad de manera pacífica11.Es preciso señalar que en el plano internacional se cuenta con normas internacionales yórganos encargados de la protección de los derechos de los defensores y defensoras dederechos humanos, los mismos que en el caso de Ecuador se equiparan a los derechos dequienes promueven y protegen los derechos de la naturaleza.La Declaración sobre los Defensores de derechos Humanos de la ONU no establecenuevos derechos para los defensores de Derechos Humanos, sino que articula los yaexistentes y ya dados en instrumentos clave como la Declaración Universal de los DerechosHumanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, socialesy culturales.12Así, de acuerdo con la Declaración mencionada, los Defensores y Defensoras de Derechoshumanos gozan de varios derechos, entre ellos, el de reunión, de manifestación pacífica, deorganización y de comunicación con organizaciones gubernamentales eintergubernamentales, para buscar recibir, mantener y dar a conocer información acerca delcumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales, al igual que presentarcríticas y propuestas a los gobiernos sobre prácticas que violenten derechos o impidan surealización para que sean corregidas. En la misma declaración se establece el derecho de las10 International Service for Human Rights (2009). UN Declaration On Human Rights Defenders, en http://www.ishr.ch/un-declaration (11-05-2011)11 Artículo 71 de la Constitución de la República.12 Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/declaration.htm (13-05-2011) 8Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 9.
personas a beneficiarse de acciones de protección y remediación por violación de susderechos, aunque éstas sean promulgadas por terceros13.Una de las secciones clave de esta declaración es el artículo 12, el cual consagra el derechode las personas de actuar, de manera pacífica, en contra de las violaciones de derechoshumanos y libertades fundamentales. De igual manera, establece que los estados debentomar medidas para asegurar su protección ante la violencia, amenazas, discriminación,presión y otras acciones arbitrarias que puedan ocurrir por acción u omisión. Los artículos13 y 14 profundizan el tema de la responsabilidad estatal de proteger a sus defensores dederechos Humanos.14Son varias las acciones a las que las personas pueden recurrir para la protección ypromoción de los derechos humanos y de la naturaleza, y lo que las calificaría comodefensoras de los mismos. Entre las actividades indicadas constan las de: informar alpúblico sobre derechos humanos, la realización de campañas de promoción y protección, ladefensa de presos políticos y su derecho a un juicio justo, promoviendo la lucha porderechos humanos y de la naturaleza15.El contenido de estos artículos es particularmente relevante porque las accionesdesempeñadas por los Defensores de Derechos Humanos son esencialmente críticas aprácticas privadas; normas y políticas públicas. La actividad de los defensores es señalarfalencias, violaciones e ilegalidades cometidas contra los derechos humanos de ellos, de lacomunidad y los derechos de la naturaleza, sea por acción u omisión. Esto hace de losDefensores de derechos Humanos y de la naturaleza, sujetos particularmente vulnerables aataques u otro tipo de persecución por parte de las personas o entidades a las cuales seenfrentan.16 En muchos casos este opuesto es el Estado, que tiene la obligación deprotegerlos a pesar de ser sus detractores.Los defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan retos particularmente grandesante estados con institucionalidad frágil o incapaz de responder ante sus demandas. Ante laausencia de canales oficiales o institucionales para lograr la reivindicación que persiguen13 Derechos que constan consagrados en los artículos del 5 al 8 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos14 Asamblea General de las Naciones Unidas (1998), Declaración del Derecho y la Responsabilidad de Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad de Promover y Proteger Derechos Humanos Universalmente Reconocidos y Libertades Fundamentales.15 Rodrigo Trujillo Orbe (2010), Manual para defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Fundación Regional de asesoría de Derechos Humanos INREDH, Quito. Pp 3816 Organización Mundial Contra la Tortura, About Human Rights Defenders Activity. Disponible en http://www.omct.org/human-rights-defenders/about/, Revisado en 13-05-2011. 9Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 10.
deben encontrar vías alternativas para lograr sus objetivos.17 Esto implica que losdefensores con frecuencia tienen que recurrir a mecanismos como la protesta para llamar laatención de la sociedad y de autoridades hacia el problema que intentan resolver. Estaactividad, al igual que su motivación, también puede ser mal recibida por el estado ointereses particulares a los que afecta directamente. La protesta, aunque sea pacífica puedeser disruptiva18 para ellos y sus actividades.En el caso de América Latina y, en particular de Ecuador, la protesta es uno de losmecanismos más utilizados por los defensores de derechos humanos para promover suagenda y defender derechos, en cuanto llama la atención tanto de las autoridades como delpúblico en general y posiciona en la agenda pública sus demandas. La protesta se utilizaante la ausencia de una institucionalidad confiable que canalice las peticiones o necesidadesde la población y las materialice en políticas públicas concretas.19 Sea por imposibilidad,resistencia, mal funcionamiento o negligencia, las instituciones del estado no sonconsideradas por la población como opciones para tratar sus problemas o 20preocupaciones .Es necesario observar que la actividad de la protesta puede ser un rompimiento del ordenconvencional, pero no significa necesariamente acciones de violencia contra las personas oel Estado. La protesta puede ejecutarse por métodos no violentos como la organización demarchas o bloqueos temporales de vías, que visibilizan a las personas que protestan ante lasautoridades y el público en general, pero no generan efectos perniciosos de largo plazo paraindividuos, comunidades, o la sociedad en general. La práctica de la protesta se enmarca enla libertad de asociación de las personas y su libertad de expresión, entre otras.21El derecho a la protesta puede ser suspendido en circunstancias excepcionales, como para laprotección de bienes jurídicos de mayor relevancia como los derechos a la vida e integridadpersonal.22Dado que la persecución de defensores de Derechos Humanos por tal actividad esexplícitamente condenada, tanto Estados como actores privados recurren a procesos17 Fabiana Machado, Carlos Scartascini y Mariano Tommasi, Political Institutions and Street Protests in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo, 2009 .pg 1718 Entendemos por acciones disruptivas a la acción directa que cruza la frontera entre la acción convencional y la confrontación. Si bien estos tres tipos de acción colectiva difieren en varios aspectos, comparten un hilo conductor común, constituyen expresiones públicas de la confrontación entre los descontentos y las autoridades en el espacio que existe entre la política institucional y la disensión individual.19 Fabiana Machado, Carlos Scartascini y Mariano Tommasi, Political Institutions and Street Protests in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo, 2009 .pg 720 Ibidem, pg 1021 Salazar Marín, Daniela “El derecho a la protesta social en Ecuador: La criminalización de los manifestantes persiste pese a las amnistías”, pg. 135.22 Ibidem, pg. 101 10Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 11.
alternativos de neutralización. La criminalización es una conducta que anula la condiciónde individuos o colectivos como defensores o defensoras de derechos humanos y losconvierte en sujetos legítimos de persecución estatal, reclusión o desacreditación ante lasociedad. La ocurrencia de estas situaciones es precisamente lo que ha impulsado laemisión de la declaración de los defensores de derechos humanos de la ONU y elestablecimiento de la relatoría especial sobre el tema23. Como un mecanismo operativo parala implementación de la Declaración de la ONU, la Unión Europea emitió sus propiasdirectrices sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Por su parte, el SistemaInteramericano de Protección de Derechos humanos creó la Relatoría sobre la situación delas defensoras/es de derechos humanos en marzo 201124.Adicionalmente, es importante notar que en Ecuador muchos de los defensores de derechoshumanos centran sus actividades en la región amazónica y en zonas ricas en recursosnaturales que son de alto interés de explotación para el gobierno y empresas privadas.Intereses contrarios alrededor de las actividades extractivas en estas zonas han sido lascausas de protestas en nombre de los derechos humanos de sus habitantes y otraspoblaciones potencialmente afectadas. En estas zonas también han entrado en pugna losderechos de la naturaleza, debido al daño ambiental y del agua que causados poroperaciones y proyectos extractivos, energéticos, agroindutriales, de infraestructura, entreotros.Respecto a este último punto cabe señalar que de los 63 casos revisados por la Defensoríadel Pueblo, entre 2007 y 2008, año en que se dio la Amnistía de la Asamblea Constituyentey en el período 2008-2010, inmediatamente después de la amnistía y la vigencia de la nuevaConstitución, 25 de estos casos se registran precisamente en las provincias de la regiónamazónica como son Zamora Chinchipe y Morona Santiago. (Ver Anexo 1)El caso ecuatoriano tiene una particularidad adicional, relacionada con la normativaconstitucional vigente desde el año 2008. En su constitución actual, Ecuador se definecomo un “Estado constitucional de derechos”25, y en su Artículo 11 consagra,explícitamente, “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante laausencia o desconocimiento de normativa jurídica. La misma Constitución también esexplícita acerca de la irrenunciabilidad de estos derechos. La supremacía de los derechoshumanos en el país es equiparable a la misma Constitución, según su artículo 426.23 Relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos y otros problemas que éstos han tenido que enfrentar. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/challenges.htm24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de defensores y defensoras de derechos humanos.” Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/defensores/default.asp Revisado en 29 de Julio, 2011.25 Artículo 1 de la Constitución de la república del Ecuador, 2008. 11Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 12.
De lo expuesto nos lleva a concluir que, al ser el Estado ecuatoriano un estadoconstitucional de derechos, la labor de promoción y protección que llevan a cabo las y losdefensores de derechos humanos y de la naturaleza es legítima y constitucional.Una vez caracterizada la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y de lanaturaleza, es necesario analizar las formas de criminalización a las cuales recurre el Estadoy particulares para deslegitimar y disuadir su actuación. En primer lugar se plantea unarevisión de la criminalización primaria. 3. METODOLOGÍA.El informe actual ha sido realizado utilizando diversas herramientas para poder visibilizarlas formas de criminalización utilizadas por el Estado y actores privados en contra de losdefensores y defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, se ha realizado unanálisis de los casos abiertos en contra de los defensores y defensoras de los derechoshumanos, en tanto resulta imperativo para la identificación de casos de criminalizaciónprimaria y secundaria.A fin de comprender el tratamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanosbajo el actual gobierno se seleccionó los procesos legales abiertos en su contra a partir delaño 2007, cuando dio inicio la administración del actual gobierno. Conjuntamente a estecriterio, cabe también destacar un importante corte temporal realizado en el año 2008,como un “antes” y “después” de las Amnistías concedidas por la Asamblea Constituyente,para los casos de criminalización de la actividad de defensa de derechos humanos y de lanaturaleza.En este marco, se ha seleccionado los casos amnistiados por la Asamblea Constituyente de2008 como un hito de particular relevancia en la reivindicación de la defensa de losderechos humanos y de la naturaleza, dado que constituye un reconocimiento de lalegitimidad e importancia de esta actividad por parte de un organismo reformador delestado dotado de plenos poderes, y asienta un precedente acerca del procesamiento de casosde defensa de estos derechos. (Ver Anexo 1)En tanto que para el análisis de casos iniciados posteriormente a la emisión de las amnistíasse consideraron procesos iniciados hasta el año 2010, y su estado hasta Junio, 2011, fechade la finalización del texto original. Desde entonces algunos de los casos revisados hantenido actualizaciones o pasado a otras instancias procesales no registradas en el presenteinforme. (Ver Anexo 2)Dentro del espectro de casos incluidos en el corte temporal señalado anteriormente serealizó una selección más precisa en base a dos criterios adicionales. Uno de los ellos hasido una identificación clara de las partes denunciantes o acusadoras, puesto que permiteidentificar a los actores involucrados, como por ejemplo actores privados, el Estado, el 12Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 13.
gobierno nacional, gobiernos locales, fuerzas policiales, y fuerzas militares, entre otros. Unsegundo criterio de selección se basó en los tipos de procesos instaurados contra losdefensores y defensoras de derechos.Además, el análisis se concentra en procesos penales, independientemente de su estado. Nose toman en cuenta procesos administrativos, civiles ni diligencias pre-procesales. A travésde los cargos presentados en estos casos es posible observar la aplicación decriminalización primaria y secundaria de los defensores de derechos humanos y de lanaturaleza, al igual que observar los patrones seguidos en el establecimiento de estosprocesos, tipos penales utilizados, y actividades explícitamente criminalizadas. Unaidentificación clara del denunciante y del tipo penal utilizados fueron fundamentales para laselección de los casos.Otro componente incluido en el análisis de criminalización primaria y secundaria es unanálisis de los tipos penales utilizados en los casos seleccionados en contra de defensores ydefensoras de los derechos humanos en el Ecuador. En este caso se realizó una revisión dela normativa actualmente vigente en el Ecuador, al igual que otra vigente a nivelinternacional. Este ejercicio fue realizado con el objetivo de observar las posibilidades de lanormativa ecuatoriana para incluir actividades legítimas de defensa de derechos bajotipologías penales.Para observar la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la naturalezadesde el discurso oficial se han utilizado discursos y declaraciones publicadas en mediosestatales, páginas oficiales del gobierno y su periódico oficial El Ciudadano. Para esteejercicio particular se evitó el uso de prensa privada debido a las frecuentes denuncias porparte del gobierno, y en particular del presidente, de que estos medios no reproducen suspronunciamientos con precisión o en los contextos adecuados. Los pronunciamientosoficiales fueron seleccionados por hacer referencia a las protestas protagonizadas pordefensores de derechos humanos y de la naturaleza con alguna repercusión judicial,evidenciando la postura del gobierno central y sus autoridades ante los mismos.Para el análisis de la intervención de fuerzas policiales y militares en las actividades de losdefensores de derechos humanos y de la naturaleza se revisó casos en los que estas fuerzastuvieron una participación directa. Adicionalmente a la normativa utilizada para lacriminalización de los defensores y defensoras de derechos en estos casos, , a más de loscasos relacionados y escogidos bajo los criterios ya mencionados, la normativa vinculadacon el uso y despliegue de estas fuerzas. Para ello se consultó la Constitución y la ley deseguridad pública y del estado, actualmente vigentes y con jerarquía sobre otrosreglamentos.4. CRIMINALIZACIÓN PRIMARIA DE LA LABOR DE DEFENSORES YDEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS. 13Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 14.
La criminalización primaria es la definición de un marco normativo que le permite alEstado desarrollar acciones de disuasión y control social. Estas acciones no son únicamentede carácter penal sino también administrativas, en cuanto cumplen con el objetivo deimpedir la realización de actividades, en este caso de protesta social.Si bien el marco normativo al que se recurre para criminalizar en Ecuador es anterior y, enmuchos casos, ha sido aprobado desde una lógica de control social, en este acápite serealiza un análisis de las normas administrativas y penales aprobadas y propuestas entre2007 y 2010 como marco normativo para afectar o limitar la protesta social.En este período se han evidenciado dos procesos de desarrollo normativo que se son usadoscomo mecanismos para disuadir o sancionar la defensa de los derechos humanos y derechosde la naturaleza: a) La aprobación y puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo 98226 queregula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). En cuantoestas normas son usadas como mecanismo para disuadir la labor de defensores de derechoshumanos y derechos de la naturaleza que se agrupan en ONGs. También se analiza en esteacápite el proyecto de Reglamento de Personas Jurídicas de Derecho Privado con FinalidadSocial y sin Fines de Lucro27. Y b) La propuesta de reforma al Código Penal, planteada porel Ejecutivo en julio de 2010.4.1 Normas de carácter administrativo relacionadas con la regulación de Organizacionesde la Sociedad Civil28:El análisis de las disposiciones contenidas en este acápite se realiza en virtud de que una delas formas defender derechos humanos y derechos de la naturaleza es la formación yparticipación en organizaciones no gubernamentales29, por lo que las regulaciones previstas26 El Decreto Ejecutivo 982, publicado en el Registro Oficial No. 311, de 8 de abril de 2008, reformó el Reglamento de Personas sin Fines de Lucro, aprobado mediante Decreto Ejecutivo 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660, de 11 de septiembre de 2002.27 En diciembre de 2010, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana presentó el Reglamento de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, en: http://www.secretariadepueblos.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1878%3Abusc amos-un-sistema-amigable-para-las-organizaciones&catid=1%3Anacionales&Itemid=71&lang=es.28 Es preciso señalar que no todas las ONGs se dedican a la protección y promoción de derechos humanos y de la naturaleza, sino a muchas otras actividades. Así mismo, la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza no se realiza únicamente a través de organizaciones no gubernamentales, este es solamente un mecanismo más para hacerlo.29 Es preciso señalar que las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como organizaciones no gubernamentales, ONGs cumplen, desde hace mucho tiempo un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. Este trabajo se desempeña tanto a nivel interno es decir a nivel de incidencia estatal, pero también a nivel de incidencia internacional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006: 1). 14Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 15.
para ellas pueden violentar los mandatos y principios propios de las actividades depromoción y protección de derechos humanos y de la naturaleza.En este sentido, el Decreto Ejecutivo 982 y el proyecto de Reglamento de PersonasJurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro30 evidencian laintención del Ejecutivo de disuadir así como de limitar, controlar y regular la actividad delas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de derechos humanos.Esta afirmación se sustentada en el análisis de las siguientes normas contenidas en losdocumentos ya citados. • Normas para la disolución de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro: Frente a este tema es preciso señalar que a partir de 2008 se incrementan las causales de disolución de las organizaciones de la sociedad civil. Así, el Decreto 982 introduce como categoría para dar por terminada una organización de este tipo por: “b) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación”.El texto propuesto da lugar a interpretaciones subjetivas del Estado, a través de losfuncionarios públicos encargados de aplicar el Decreto mencionado. Así, en cuanto a lacausal de seguridad, es preciso señalar que no se define que se entenderá por seguridad, porlo que podría ser entendida desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, que se consolidódurante la guerra fría y que principalmente, plantea la preservación del Estado soberano,frente a los demás, recurriendo a la defensa militar y a la preservación del statu quo31. Éstadoctrina tiene como objetivo el planteamiento de una lógica militar de confrontación entre“amigo/enemigo” cuyo resultado es la construcción de un enemigo externo pero también deun enemigo interno, lo que conlleva a la transformación del adversario político enenemigo32 Esta visión de seguridad, permitía la concepción de amenazas internas al estado,como la insurgencia o rebelión. De una manera similar a las amenazas externas, estastambién tendrían, como parte de sus objetivos, la subversión del orden establecido por elEstado.Esta norma sirve como marco jurídico para entender la labor de los defensores y defensorasde derechos humanos, por ejemplo el cuestionamiento a políticas públicas, leyes y30 En diciembre de 2010, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana presentó el Reglamento de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, en http://www.secretariadepueblos.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1878%3Abusc amos-un-sistema-amigable-para-las-organizaciones&catid=1%3Anacionales&Itemid=71&lang=es.31 Morgenthau, Hans (1986). Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz. GEL, Buenos Aires, 1986.32 Leal, Franisco (2002). La seguridad nacional a la deriva: del frente nacional a la posguerra fría. Alfaomega editores-CESO, Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes-FLACSO sede Ecuador. Bogotá 2002. 15Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 16.
programas como acciones que afectan esa visión de seguridad y, por tanto, proceder a sucierre.Pero además, está lógica tensiona con la nueva visión de seguridad que propone laConstitución de 2008, la cual establece como uno de los deberes primordiales, la obligacióndel Estado de “3.8 Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a laseguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.33 Si bienno existe una definición clara de lo que es la seguridad integral, es evidente que ésta estárelacionada con la paz, la democracia y la transparencia.A la luz de esta visión el rol de las personas y grupos de personas que defienden losderechos humanos, tienen en principio un rol de fortalecimiento y de colaboración con elEstado para la realización de la seguridad integral. Por tanto, en lugar de ser enemigos seconvierten en un pilar de apoyo para alcanzar este objetivo. En este sentido se hapronunciado también la Representante Especial del Secretario General de las NacionesUnidas para situaciones de Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, en su informeE/CN.4/2005/101, de 13 de diciembre de 2004, manifiesta que los Defensores de DerechosHumanos al procurar y promover la realización de los derechos humanos desempeñan unpapel fundamental en la promoción de la paz y la seguridad del mundo (Jilani, 2004:párrafo 134).De otra parte, es preciso señalar que los sistemas internacionales de promoción y protecciónde derechos humanos, tanto universal como interamericano, han prestado mucha atención ala situación de los defensores de derechos humanos y, por tanto, han desarrollado normas ymecanismos de protección y monitoreo del cumplimiento de su rol al interior de losEstados.34 Una de las preocupaciones recurrentes de estos es el relacionado a la utilizaciónde leyes internas como mecanismos para disuadir, amenazar la labor de los defensores de33 Artículo 3.8 de la Constitución de la República.34 Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos regido por las Naciones Unidas, existe la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Aprobada mediante Resolución A/RES/53/144, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de marzo de 1999. Así mismo, desde el año 2008, se cuenta con un procedimiento especial, que se refiere a un mandato temático a cargo de un Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos, entre 2000 y 2008 y con un Relator Especial sobre este tema, mandato que se desarrolla entre 2008 y 2011 (Resolución 7/8 del Consejo de Derechos Humanos, de 27 de marzo de 2008). En el marco del Sistema Interamericano, desde el año 2001 se cuenta con la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que depende directamente del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las actividades que lleva a cabo la Unidad constan: 1. Recibir y analizar comunicaciones, denuncias, acciones urgentes y comunicados que presentan las organizaciones de defensa de derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 2. Asesorar a la Comisión sobre peticiones individuales; 3. Asesorar en las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con defensores y defensoras de derechos humanos; 4. Promover la realización de audiencias en casos relacionados con la temática; 5. Visitas a países de la región para conocer situaciones específicas. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Américas, 2006). 16Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 17.
derechos humanos. En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanosconsidera que las limitaciones al desarrollo de las actividades de los defensoras odefensores y organizaciones que defienden derechos humanos, solamente deben basarse“[…] en amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual” (ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, 2006: párrafo 58).De otra parte, en el artículo 13.b, consta como causal de disolución la de contravenirreiteradamente las disposiciones de los Ministerios u organismos de control y regulación.Esta causal, también tiene un carácter vago e impreciso, pues de ninguna manera se señalaque tipo de disposiciones deben ser acatadas. Dejando que su interpretación sea bastanteamplia y subjetiva por parte de las autoridades gubernamentales, sobre el tipo dedisposiciones ministeriales que de no ser acatadas darán lugar a la clausura de laorganización de la sociedad civil.Así mismo, los Ministerios de Estado son responsables de la rectoría, planificación,ejecución y evaluación de las políticas públicas, del área a su cargo (artículos 141 y 154.1de la Constitución de la República), las mismas que de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 85 de la Constitución de la República, deberán orientarse a hacer efectivos el buenvivir y todos los derechos constitucionales.Frente a este rol las personas u organizaciones que promueven la defensa de los derechoshumanos gozan de los derechos a: estudiar y debatir si los derechos humanos se cumplen ono, así como a formarse una opinión al respecto y a difundirla; a denunciar las políticas yacciones de los funcionarios y órganos estatales que violenten derechos constitucionales; yde participar en actividades pacíficas contra las violaciones de derechos constitucionales,entre otras.35 El ejercicio de estos derechos en muchos casos cuestiona disposicionesministeriales, por lo que la vaga definición de esta causal permitiría que funcionarios delEstado interpreten la norma de manera subjetiva y ordenen la clausura de estasorganizaciones por el cumplimiento de tareas inherentes a su esencia.En este mismo sentido, el Proyecto de Reglamento de Personas Jurídicas de DerechoPrivado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro establece como causal de disolución: “a)No cumplir o desviarse de los fines para los cuales fue constituida, como cuando lapersona jurídica de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro, realiceproselitismo político”. Esta disposición también contiene una mención muy vaga y decarácter amplio que no define de manera concreta qué actividades se entienden comoproselitismo político. Por esta razón, podría convertirse a las actividades de defensa ypromoción de derechos humanos, como por ejemplo la difusión de sus opiniones, enproselitismo político y dar lugar a que el cumplimiento de sus obligaciones sea convertidoen causal de clausura.35 Artículos 5.c; 9.3.a y 12 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 17Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 18.
Como queda evidenciado en los párrafos precedentes, las normas que regulan elfuncionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como el proyecto dereglamento que está por aprobarse han introducido causales de disolución vagamentedefinidas que llevan a una interpretación subjetiva de su existencia con lo cual se pone enriesgo las labores de los defensores de derechos humanos. Además, según la experiencia dela Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión dedefensores de derechos humanos, estas definiciones subjetivas dan cabida ainterpretaciones diversas que en muchos casos responden a la política del gobierno, másque a expresiones jurídicas fundamentadas36.Cabe señalar que a esta vaguedad de definiciones se suma la carencia del establecimientode un procedimiento que permita ejecutar la disolución de las organizaciones de la sociedadcivil. Es decir, la norma solo establece causales, pero no detalla la autoridad competentepara este efecto, por lo que se puede asumir que es el mismo Ministerio que la creo. Frentea este tema la Representante Especial de Naciones Unidas se ha pronunciado en el sentidode que para salvaguardar el trabajo de las organizaciones de defensores de derechoshumanos, la resolución sobre la disolución o cierre debe estar en manos de una autoridadjudicial imparcial37.De otra parte, tampoco se establecen los mecanismos y una etapa de defensa en la que lasorganizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos puedan presentar laspruebas de descargo y, por tanto, ejercer su derecho a la defensa. Ni tampoco se estableceel tipo de documento público en el que se resolverá la disolución, ni la autoridad ante lacual podrá impugnarse esta decisión. Razón por la cual se violentan las normas del debidoproceso establecidos en la Constitución y se da lugar a la aplicación de un procesoarbitrario y también discrecional de cada una de las autoridades que lo aplique. • Normas relacionadas con la evaluación y control: Es preciso señalar que el Decreto 982 de 2008, incorporó un capítulo relacionado con el control y evaluación de las actividades de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro, el mismo que consta también en el Proyecto de Reglamento sobre este tema.36 Hilani, Jina, 2004 Informe sobre la Cuestión de los defensores de derechos humanos: párrafo 6437 La Representante Especial de Naciones Unidas en su informe A/59/401de 1 de octubre de 2004, enfatiza que en muchos países las autoridades gubernamentales han hecho uso indebido de las disposiciones relativas a la suspensión y disolución de las organizaciones, lo cual ha dado lugar a que se interrumpa su funcionamiento y se limite el ejercicio de su trabajo. (párrafos del 71 al 74). En tal virtud en la sección correspondiente a “Buenas Prácticas y Recomendaciones de Conformidad con la Declaración”, en las relacionas con la suspensión y cierre de las organizaciones recomienda: “S. Disolución. Las medidas que adoptaran los gobiernos contra las ONG deberían ser proporcionadas y estar sujetas al recurso de apelación y al examen judicial. Las irregularidades administrativas y los cambios de importancia menor en los particulares de una organización nunca deberían considerarse motivo suficiente para cerrarla”. 18Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 19.
A este respecto es preciso señalar dos aspectos que están atentando en contra de la laborque realizan los defensores y defensoras de derechos humanos agrupados en organizacionesno gubernamentales. La primera es la autoridad de la que emana el control, pues esta recaeen el ministerio que autoriza su funcionamiento, que a la vez puede ser el órgano en contradel cual se realicen observaciones, o denuncias por violaciones de derechos humanos. Estopuede dar lugar a que las acciones de control estén viciadas por represalias a la labor de lasorganizaciones defensoras de derechos humanos.38Otro de los aspectos que amerita ser analizado es el relacionado con los mecanismos decontrol que se han establecido y se proponen establecer frente al rol de las personasjurídicas de derecho privado con finalidad social. Se plantea la obligación de proporcionartodo tipo de información que poseen las organizaciones, entre las que se encuentran lasorganizaciones que defienden derechos humanos. Obligación de facilitar el acceso de losservidores públicos a los domicilios de las organizaciones.En cuanto al acceso a la información que deben proporcionar las organizaciones es precisoseñalar que el Decreto 982 plantea que estará sujeta a control de las autoridades delMinisterio que autorizó su funcionamiento, y por tanto, está obligada a remitir toda lainformación relacionada a cuestiones operativas de la organización. Por ejemplo: actas deasambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas. Peroademás de esta información, el Reglamento dispone que las organizaciones están obligadasa remitir “[…] cualquier otra información que se refieran a sus actividades, requerida demanera anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de control yregulación” (artículo 27).En cuanto al acceso de cualquier tipo de información es una causal peligrosa de control quepuede dar lugar a que la información con el que cuentan las ONGs de derechos humanossea utilizada para fines de inteligencia. Además, pone en conocimiento informaciónsensible que debe ser mantenida en reserva.Así mismo, para fines de control las organizaciones están obligadas a permitir el ingreso defuncionarios públicos quienes deberán realizar constataciones físicas. A este respecto espreciso señalar que la Constitución de la República garantiza como un derecho de libertad,el derecho a la inviolabilidad de domicilio y, por tanto, dispone que no se podrá ingresar aun domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin autorización y sin38 El artículo 26.a del Decreto Ejecutivo 982 dispone “Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos”. Así mismo, el artículo 35 del Proyecto de Reglamento de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, dispone varios tipos de controles, en los cuales se encuentra: “c) Control Institucional: La propia institución que otorgó la personalidad jurídica o la que actualmente ejerza su control y rectoría verificará el cumplimiento del objeto y fin de de la organización, a efectos de aplicar el presente Reglamento;” 19Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 20.
orden judicial, salvo delito flagrante y en los casos y en la forma que establezca la ley(artículo 66.22).Así, tanto el acceso amplio a información como al domicilio de las organizaciones dederechos humanos violenta el derecho a la presunción de inocencia de las personas y porsupuesto, de las organizaciones ya que se parte de considerar que estarán realizandoactividades indebidas y por tanto, son sujetos de un control previo riguroso que permiteinclusive el acceso a información y al domicilio sin decisión judicial. Estos hechosevidencian la intención del Ejecutivo de controlar permanentemente las actividades de lasorganizaciones de defensa de derechos humanos y, si no disuade su labor, por lo menosgenera intimidación a la labor que éstas realizan.4.2 Criminalización primaria a través de la tipificación de conductas o aumento de penasAsí mismo, el Ejecutivo planteó a la Asamblea Nacional en julio de 2010, un proyecto dereforma al Código Penal en el que propone el incremento de la pena para el delito deinterrupción ilegal de libre tránsito de vehículos o mercadería, que se encuentra tipificadoen el artículo 129 del Código Penal. La propuesta de Reforma sanciona este tipo penal conprisión de 3 a 5 años y multa de diez a cincuenta remuneraciones unificadas, mientras queactualmente, la pena prevista para ese delito es de uno a tres años y multa de cuarenta ycuatro a ochenta y siete dólares de Estados Unidos de Norte América. El ejecutivoestablece un agravante y por tanto la imposición de una pena mayor para aquellos casos enlos que la interrupción del libre tránsito, de vehículos o de mercadería cause destruccionesen la vía o en contra de los bienes.Esta propuesta de reforma conlleva a realizar un análisis sobre dos aspectos, el primerorelacionado con los repertorios de la protestas, es decir los mecanismos a los que lasorganizaciones sociales de manera general, y de manera específica las que defiendenderechos humanos; y los movimientos sociales recurren para actuar en defensa o logro demetas y objetivos compartidos a lo largo de tiempo y espacio39. Y el segundo con lasimplicaciones que tiene la existencia de este tipo penal en la garantía y respeto del derechoa la libertad de expresión.En cuanto a los repertorios de protesta, es preciso señalar que para Auyero este conceptoevoca una noción política y una noción cultural. Es política en cuanto las rutinascontestatarias: a) surgen de las luchas continuas contra el Estado y; b) tienen una relacióníntima con la vida cotidiana y con las rutinas políticas40. En este mismo sentido, para Tilly39 Cárdenas, Alejandra (2004). Las oportunidades políticas y los repertorios de protesta de los movimientos sociales en América Latina: El caso del movimiento social de mujeres en Ecuador de 1995-2003. Tesis presentada para la obtención del título de Magístera en Estudios Latinoamericanos, Universidad Javeriana de Bogotá.40 Auyero, Javier. 2002. “Los cambios en el repertorio de protesta social en Argentina”. En: Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales. Buenos Aires. Vol. 42 (jul-sep); p. 187-210. 20Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 21.
la protesta “no expresa los descontentos y/o problemas de una población sino que surge delos problemas centrales de ésta”41.Auyero, señala que la noción cultural de los repertorios de protesta se centra en los hábitosde contestación adoptados por los diferentes actores y en la forma que toma la accióncolectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas.En este contexto es preciso señalar que una de las formas más tradicionales de protestadesde los diferentes grupos sociales en la historia del Ecuador ha sido la interrupción de lasvías. Es decir este mecanismo se ha ido consolidando como uno de los repertorios deprotesta clásicos de las personas que habitan Ecuador, desde las visiones política y cultural.Así desde el aspecto político, la interrupción de vías y cierre de carreteras surge de lastradicionales confrontaciones de los movimientos sociales, principalmente indígenas parallamar la atención del Estado y visibilizar sus demandas42. Pero además, se entrecruza conla perspectiva cultural, puesto que hace parte de las expectativas compartidas y aprendidasentre los diferentes grupos sociales que se manifiestan en el país. Así desde la década de losnoventa es común en Ecuador ver que miembros de las comunidades indígenas bloqueencarreteras y además, las ocupen marchando hacia centros de poder político provincial onacional.43Lo antes citado evidencia que esta forma de protestar de los colectivos ecuatorianos llevaconsigo el ejercicio de su derecho a expresarse y a manifestar su oposición frente adecisiones y acciones gubernamentales pero también de empresas privadas. A este respecto,es preciso señalar que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos ha señalado que“[…] resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en lavía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y alderecho de reunión. Por ello ha expresado su preocupación por la existencia dedisposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación en unaprotesta, los cortes de ruta o los actos de desorden que en realidad, en si mismos, noafectan bienes como la vida o la libertad de las personas.”44De lo expuesto se concluye que la interrupción del libre tránsito de vehículos, de personas omercaderías por las vías públicas es una forma tradicional de protesta de las ecuatorianas yecuatorianos que se ha ido consolidando como un repertorio de protesta, desde el aspecto41 Íbidem, p. 120.42 Para Daniela Salazar Marín, en Ecuador “[…] es conocido que la forma más común de de llevar a cabo las protestas sociales es a través del bloqueo de calles y autopistas”43 De la Torre, Carlos (2006). Populismo, democracia, protestas y crisis políticas en Ecuador. En Europa América: Análisis e informaciones No. 21. En línea: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/06066.pdf (14-05-2011)44 Citada en Salazar, Daniela. El derecho a la protesta social en Ecuador. La criminalización de los manifestantes persiste pese a las amnistías. 21Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 22.
político y cultural. Y justamente, frente a esta forma de protesta y de expresión clásica delmalestar y exigencia de demandas, el Ejecutivo propone el incremento al máximo de lapena de prisión, es decir propone la imposición de una sanción de privación de la libertadde hasta cinco años. Lo cual tiene como efecto generar miedo y temor en las personas a finde que no recurran a esta forma de protesta legítima, en contra del Estado.La imposición de esta sanción y la consecuente disuasión de las expresiones de las personasa través de este mecanismo tradicional es una manera de violentar el derecho a la libertadde expresión, a cuyo respeto y garantía se ha comprometido el Estado ecuatoriano45.Por tanto, esta propuesta de reforma violenta derechos humanos y persigue la disuasión y elfin de un repertorio de protesta construido por los ecuatorianos y ecuatorianas como sumanera de expresión frente al Estado por la carencia de respuesta existente desde loscanales institucionales.Una vez analizada las formas de criminalización primaria es vital demostrar como opera lacriminalización secundaria, a través de aplicación de una estrategia mediática, del uso delos tipos penales, normas civiles y administrativas, represión policial y militarización quetienen por objetivo deslegitimar, disuadir, las diferentes formas de expresión utilizadas porlos defensores y defensoras de derechos humanos. Estas formas evidencian unainstrumentalización del poder en pos de la supremacía de una visión política hegemónicaejercida por quienes lo ostentan.En primer lugar, se analiza la estrategia mediática aplicada por el Estado frente a losdefensores y defensoras de derechos humanos, a partir de la revisión de notas de prensa demedios públicos y privados y discursos del Primer Mandatario.5. EL DISCURSO COMO MECANISMO DE CRIMINALIZACIÓN:Desde los discursos46 y mensajes emitidos tanto por representantes del gobierno como delos actores involucrados en la implementación de megaproyectos en materia de agua,minería y petróleo se criminaliza a los defensores y defensoras de derechos humanos y dela naturaleza.45 Instrumentos internacionales ratificados por Ecuador y relacionados con este derecho.46 El discurso social es como lo definía Jesús Ibáñez, un entramado de haceres y decires, esto es, un entramado de prácticas y representaciones y/o retóricas sociales, desde el que no sólo se emiten mensajes sobre seres y cosas, sino en el que se instituye su existencia y sentido. Concepto tomado de Enrique Santamaría, La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación sociológica de la inmigración no comunitaria, Editorial Antojos, Barcelona, 2002, p.4. 22Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 23.
Así por ejemplo en abril de 2008, cuando se anunciaban movilizaciones y protestas enrechazo a la ejecución de proyectos extractivistas47 en territorios indígenas, el PrimerMandatario manifestó: “ […] el Estado garantiza a las compañías la integridad de sus bienes y terrenos legítimamente obtenidos. (...) Si nos sacan 200 gentes, hago un llamado para que salgan 200.000 ciudadanos. (...) Hacemos un llamado a parar el carro a esta centena de locos furiosos financiados por el extranjero”48Ante estos hechos, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció que “La criminalización de la lucha social (...) es una estrategia que no sólo implica el uso de las leyes para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales” sino que se llega incluso a equipararlos con terroristas, lo que permite que una gran parte de la sociedad vea el trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente de conflicto social.”49Considerando lo mencionado, la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que el discursooficial es una herramienta de criminalización secundaria en cuanto ha permitido que desdelas autoridades gubernamentales se vayan construyendo en la sociedad ecuatorianapercepciones estereotipadas en contra de quienes se movilizan en defensa de los derechoshumanos y de la naturaleza y cuestionan la política vigente.Hay estudios que demuestran que una gran atención mediática ha acompañado los procesosde criminalización50. Así a través de Enlaces Ciudadanos, cadenas nacionales, discursospronunciados en eventos públicos y notas de prensa en medios estatales y privados elgobierno ha logrado posicionar el tema en la agenda pública y consolidar el apoyo socialpara deslegitimar las acciones de protesta de quienes defienden los derechosconstitucionales.47 Principalmente lo que tienen que ver con la aplicación de proyectos mineros y aquellos relacionados con el acaparamiento del agua.48 El Comercio, “El ambientalismo colmó la paciencia del Presidente Correa”, 27 de abril de 2008, en: www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=121385&anio=2008&mes=4& dia=27 (13-05- 11;16h00)49 FIDH condena represión a manifestación en Azuay contra la contaminación de mineras, 8 de abril de 2008, en: http://www.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=135217 (28-07-10;10h01)50 Richard C. Hollinger y Lonn, Lanza-Kaduce (1998). “The Process of Criminalization: The case of computer crime laws” En: The Criminology Theory Reader. Edit. Stuart Henry y Werner Einstadter. Estados Unidos. New Yor University Press. Pag. 313. 23Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 24.
Cabe señalar que en esta sección no se realiza un análisis de la posición de los medios decomunicación con respecto al tema.A continuación, se presenta un análisis de cómo ha operado la construcción de estediscurso. 5.1 Construcción de posiciones binariasEn este acápite se analiza como se ha ido construyendo desde el discurso oficial unapolarización de las posturas a favor y en contra de las propuestas y proyectosgubernamentales, encarnados principalmente por las autoridades oficiales y por los gruposque se manifiestan en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.A través de los discursos emitidos desde distintas instancias estatales se ha idoconfigurando la idea del nuevo enemigo como una amenaza, peligro para la seguridad delEstado y para el orden establecido. La figura del enemigo aparece recurrentemente en eldiscurso oficial consagrándolo como un peligro para el proyecto emprendido por laRevolución Ciudadana. Por ejemplo, “el mandatario cambia de tono, cambia de ritmo,emplea imágenes retóricas crudas, agresivas y mordaces cuando habla del enemigo.”51Desde el discurso oficial se va construyendo un nuevo enemigo y para ello se emplea undiscurso binario que consolida la división entre los buenos y los malos, los defensores delproyecto revolucionario y los detractores, los colabores y opositores. Uno de lospronunciamientos en los que podemos evidenciar este tipo de discurso es en la intervencióndel inicio del Tercer Año de Mandato, en el cual el Primer Mandatario señaló: “los nuevos reaccionarios son precisamente aquellos fundamentalistas ecológicos, y yo añadiría, aquellas supuestas organizaciones sociales que no representan a nadie pero se comportan como SI representaran a todos. Aquéllas y éstas se llaman ahora la verdadera izquierda -yo le llamo la apostolcracia de la izquierda”. 52Otro de los discursos en los que se puede constatar los aspectos antes citados es en una delas intervenciones del Presidente Correa, en la que plantea51 Pilar Pérez Ordoñez, El Presidente Rafael Correa y su Política de Redención, en Ecuador Debate, Nro. 80, Quito-Ecuador, Agosto, 2010, pg.8652 Intervención del Presidente de la República, Rafael Correa en la entrega de Informe a la Nación en el inicio del Tercer Año de Revolución Ciudadana, Quito, 19 de enero de 2009, pg. 4 en: http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=102 (30- 05-11;13h19) 24Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 25.
“Prohibido olvidar a quienes con sus actos de violencia provocaron la muerte del hermano shuar Bosco Wizuma; prohibido olvidar a quienes secuestraron, cayeron a varillazos a sencillos miembros de nuestra Policía Nacional; prohibido olvidar a los violentos que creen que con esa violencia podrán, desde una absoluta minoría, imponer sus intereses y visiones sobre las grandes mayorías (...) Estamos llevando adelante una verdadera transformación radical, sin palos, sin piedras, sin violencia; (...) Así se va a hacer el cambio y la revolución compatriotas, (...) No con lanzas, no con muertos, no hiriendo a los ciudadanos de uniforme, a la Policía Nacional, gente sencilla, muchos de ellos con gran ascendiente indígena también, o afro, y maltratados por ciertos grupos violentos en este país”53Los discursos antes citados, permiten mirar como el gobierno ha ido seleccionando a lossujetos a ser criminalizados, así como también ha empleado la criminalización como unmecanismo de control para intimidar o inhibir cualquier conducta que se oponga acuestiones del poder imperante. A esto se suma, que los sujetos criminalizados sonpresentados desde el Gobierno como una amenaza, peligro, riesgo para la seguridadnacional y para el desarrollo del país.Así por ejemplo frente a las movilizaciones efectuadas en contra de la Ley de Minería,fueron calificadas por el Presidente Correa como “absurdo, irracional y terrible.”54 Estalínea se mantiene, así el Primer Mandatario señala “Ahora resulta que el buen vivir escerrar las minas y el petróleo, y seguramente volver a una sociedad de recolectores! Ahoraresulta que para vivir en armonía con la naturaleza hay que considerar al ser humano pocomenos que un estorbo, que hay que eliminar para que vivan mejor los animales y lasplantas.”55Además, durante su visita a los policías que resultaron heridos en estas protestas recalcó“ya basta de la impunidad en este país, estaremos atentos para que se sancione a la gente53 Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes de la ALBA, Otavalo. 25 de junio de 2010 en: http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=105 (18- 05-11;9h42)54 El Ciudadano, Correa calificó de absurdo el paro minero y pide sanciones para responsables, 20 de Enero de 2009, en: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=37:correa- califico-de-absurdo-el-paro-minero-y-pide-sanciones-para-responsables-&catid=2:politica&Itemid=43 (17-05-11;10h44)55 Intervención del Presidente de la República, Rafael Correa en la entrega de Informe a la Nación en el inicio del Tercer Año de Revolución Ciudadana, Quito, 19 de enero de 2009, pg. 4 en: http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=102 (30- 05-11;13h19) 25Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 26.
que cree que puede golpear, tirar piedras, atacar, agredir, para después decir que fue laFuerza Pública la que cometió abusos”.56Así, para funcionarios del Estado como el entonces Ministro de Minas y Petróleos, DerlisPalacios, “las protestas obedecen a los afanes electoreros de ciertos grupos y a la negativa de que exista minería de otros. (...) Por otro lado, tenemos grupos ambientalistas extremistas que no quieren minería en el país y que están buscando pretextos, bajo la Ley, para disfrazar su verdadera intensión que es no tener minería.”57De otra parte, ante las movilizaciones realizadas en protesta al proyecto de la Ley deRecursos Hídricos y por la anunciada actividad minera, varios comuneros del Azuay delsector de San Joaquín y Tarqui, fueron enjuiciados. Este proceso judicial fue justificado porel entonces Ministro de Gobierno, quien expresó: “La movilización está permitida, lo queno podemos aceptar es el cierre de vías o atentar contra los bienes públicos, el secuestro depersonas.”58Esta tónica de confrontación y deslegitimación de las acciones de defensa de derechosconstitucionales se evidencia también en declaraciones de la Ministra Coordinadora de laPolítica, Doris Solíz, quien “denunció que las movilizaciones de determinados sectoresindígenas ‘son manipuladas, pues los dirigentes les mienten a las bases al decirles que elagua va a ser privatizada’ (...) la ley de Recursos Hídricos es equilibrada y el movimientoindígena protesta porque existen planteamientos extremos que son inadmisibles para lasociedad ecuatoriana y el Estado.”59Estas intervenciones presentan a las posiciones de desafío ante el plan de gobierno comoesencialmente opuestas al bienestar y deseos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Desde56 El Ciudadano, Presidente Correa visitó a policías heridos en las protestas contra la Ley Minera, 21 de Enero de 2009, en: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=67:presidente-correa- visito-a-policias-heridos-en-las-protestas-contra-la-ley-minera-&catid=1:archivo (17-05-11;10h42)57 El Ciudadano, La nueva Ley de Minería promueve un ambiente sano y sustentable, 11 de Febrero de 2009, en. http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=321:la-nueva-ley- de-mineria-promueve-un-ambiente-sano-y-sustentable&catid=21:entrevistas&Itemid=46 (17-05- 11;10h40)58 El Comercio, Los Campesinos Alistan Otras Marchas, 5 de agosto del 2008, en http://elcomercio.com/2010-05-08/Noticias/Politica/Noticias- secundarias/EC100508P5SEGUIMIENTOIN DIO.aspx (12-05-11,10h45)59 El Ciudadano, Doris Soliz denuncia que hay manipulación en las movilizaciones, 12 de Mayo de 2010, en: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=12805:doris-soliz- denuncia-que-hay-manipulacion-en-las-movilizaciones&catid=1:archivo (17-05-11;10h28) 26Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 27.
esta perspectiva los disensos y las oposiciones no tienen lugar y son rechazadasenérgicamente por el gobierno. De esta manera se va consolidando la lucha entre los“buenos” y los “malos” , entre “amigos y enemigos del desarrollo.”Una de las declaraciones que ayudan a confirmar esta aseveración, es la emitida por elPrimer Mandatario en donde señala “Sí, a resistir a que pequeños grupos, absolutamenteminoritarios, nos impongan sus particulares visiones e intereses, robándonos hasta laverdad, cuando lo que siembran es muerte, al querer mantenernos como mendigos viviendosobre incalculables riquezas.”60En este contexto se han emitido órdenes de prisión y se han emprendido procesos penales adefensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en varias provincias delpaís como en Morona Santiago, Azuay, Pichincha, Imbabura, entre otras. A más de ello seha ido generando un discurso de criminalización respecto a los mismos, discurso que se hacaracterizado por construir estereotipos que coadyuvan en la deslegitimación de ciertasconductas seleccionadas para tal efecto como son las movilizaciones.Durante su discurso en la Cumbre del ALBA, el Primer Mandatario dijo “Dejemos de lado esos acontecimientos violentos y cuidado - ¡cuidado!-, esto es parte del plan para desestabilizar al gobierno. Hay conspiraciones en marcha, (...) ¡Cuidado! Están siendo instrumentalizados por aquellos que quieren desestabilizar al gobierno de la Revolución Ciudadana.”61De otra parte, frente a la detención del dirigente indígena Pepe Acacho, el ex Ministro deJusticia, José Serrano, en una entrevista con radio Majestad, afirmó “[…] que de ninguna manera el Gobierno tiene que ver con la detención de Acacho y menos aún con una supuesta persecución política. Este proceso ha tomado mucho tiempo, se han seguido todos los procedimientos legales, (...) el problema radica en que el país está acostumbrado a que los delitos comunes y los delitos contra la seguridad del Estado queden en la impunidad.”6260 Palabras del Presidente Rafael Correa, Informe a la nación en el inicio del tercer año de revolución ciudadana, 19 de enero del 2009, www.presidencia.gov.ec/pdf/discurso-plaza (19-05-11;9h30)61 Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes de la ALBA, Otavalo, 25 de junio de 2010 en: http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=105 (18- 05-11;9h42)62 El Ciudadano, Ministro Serrano: Proceso contra Acacho es por sabotaje y no por terrorismo,3 de Febrero de 2011m en: 27Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 28.
Discursos como estos caracterizados por ser discursos de protección, defensa, prevención yseguridad, han sido utilizado para justificar el uso y abuso del aparato judicial, de lasFuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a las movilizaciones de organizaciones ygrupos de defensa de derechos.Desde estos discursos, se ha terminado por justificar la adopción medidas como porejemplo la declaratoria del Estado de Emergencia en Dayuma, el reforzamiento de lapresencia militar en estas zonas y la activación de la jurisdicción militar para enjuiciar aciviles. Y con ello en sí se ha legitimado la primacía de la seguridad del Estado frente a laseguridad de todos los y las ciudadanas.Como queda evidenciado, el discurso oficial ha estado encaminado a deslegitimar formasde protesta por parte de quienes defienden derechos humanos y de la naturaleza, dentro delos cuales se encuentra el movimiento indígena, cuyas propuestas se centran en elreconocimiento de su autodeterminación, territorio, y la materialización de laplurinacionalidad e interculturalidad.Así, durante la Cumbre del ALBA, celebrada en Ecuador, en junio de 2010, el movimientoindígena realizó una manifestación frente a la sede donde se desarrollaba este evento, con elfin de protestar puesto que no habían sido tomados en cuenta para la discusión sobre “elimpulso de estados plurinacionales y el reconocimiento de culturas nativas.”Con motivo de esta movilización el Presidente Correa, en su Enlace Ciudadano 178 “ […]anunció que estos líderes serán enjuiciados por su actitud violenta,”63 por haber incurridoen conductas de sabotaje y terrorismo, prevista en el artículo 161 del Código Penal y señalóque este proceso de investigación ya está en curso. 64De esta forma se va configurando un escenario donde todo aquello que atente contra elorden social establecido es considerado como un delito. En este marco las protestas sonconcebidas como delitos que deben ser castigados.Otro de los objetivos que ha ido posicionando el discurso oficial es la primacía del proyectode gobierno, y de la lucha en contra de todo lo que a él se oponga. Este discurso semantiene durante el tercer período de mandato en el cual manifiesta: “siempre dijimos queel mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada sucesivamente en las http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=21059:ministro- serrano-proceso-contra-acacho-es-por-sabotaje-y-no-por-terrorismo-&catid=1:archivo (17-05-11;10h11)63 El Ciudadano, Delitos de la dirigencia indígena deberán ser enjuiciados, 10 de Julio de 2010, en: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14673:delitos-de-la- dirigencia-indigena-deberan-ser-enjuiciados&catid=2:politica&Itemid=43 817-05-11;10h55)64 Ibidem. 28Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 29.
urnas la derecha política, era el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil ¡quélástima que no nos equivocamos en aquello!.”65En esta misma línea, varios asambleístas de Alianza País en la sesión de 10 de diciembre de2007 ante los hechos suscitados en Dayuma consideraron que no era pertinentepronunciarse en tanto atentaba en contra del baluarte del proyecto político, el Presidente dela República, y además porque era un tema de poca relevancia.En tanto que desde la visión crítica del gobierno, las respuestas que éste ha dado ante lasreclamos por los derechos humanos y de la naturaleza son una muestra de cómo lasautoridades gubernamentales buscan intimidar, acallar y hostigar. Así el líder indígenaMarlon Santi señaló “[…] que pese a que la Conaie ha hecho un proceso pacífico, se nosacusa de ser desestabilizadores de la patria, y de terrorismo y sabotaje”66. De igual formapara el abogado Mario Melo, Marlon Santi y otros “han sido acusados de terrorismo ysabotaje por traspasar el perímetro policial (....) considera que las investigaciones penalesintentan intimidar y desmovilizar a las organizaciones y sus líderes.”67Como vemos, a través de la polarización de las posturas del gobierno y de los defensores ydefensoras de derechos humanos y de la naturaleza se va construyendo una narrativa quepermite legitimar las acciones del aparato estatal en contra de personas o grupos depersonas concretas que desafían el statu quo. Entonces en base al análisis del discursopodemos señalar que el Estado ha sido uno de los principales actores que criminaliza elaccionar de los defensores y defensoras de derechos humanos.En el análisis precedente se evidencia que desde el discurso se han ido consolidando ciertasconductas, estereotipos y circunstancias para justificar la implementación de respuestasrepresivas y para establecer quienes son las personas que deberán ser objeto decriminalización. Colocando de este modo en la opinión pública la imagen de los defensoresde derechos humanos y de la naturaleza como “delincuentes”, “desestabilizadores delgobierno”, “saboteadores” y “terroristas”.A modo de conclusión, podemos decir que existe un doble discurso frente a las actividadesdesarrolladas por los y las defensoras de derechos humanos, en tanto, por un lado se65 Intervención del Presidente de la República, Rafael Correa en la entrega de Informe a la Nación en el inicio del Tercer Año de Revolución Ciudadana, Quito, 19 de enero de 2009, pg. 4 en: http://www.presidencia.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=102 (30- 05-11;13h19)66 Conaie acusada de atentar contra la seguridad interna, 1 de julio de 2010, en: http://www.eluniverso.com/2010/07/01/1/1355/instruccion-fiscal-contra-dirigentes-conaie.html (11-05- 11;14h44)67 Nueva ola de criminalización de los movimientos sociales en Ecuador, 20 de julio de 2010, en: http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/2601-nueva-ola-de-criminalizacion-de-los- movimientos-sociales-en-ecuador (27-07-10;15h55) 29Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 30.
menciona que no les preocupa las movilizaciones, que no les tienen miedo, y por otro, seemprende toda una campaña mediática encaminada a desprestigiar a los y las defensoras dederechos humanos y de la naturaleza y desactivar la protesta.6. CRIMINALIZACIÓN SECUNDARIA A TRAVÉS DE PROCESOS JUDICIALESDe lo anteriormente señalado se evidencia que se va construyendo un proceso decriminalización que surge de la expedición y propuesta de normas administrativas ypenales; y se va consolidando con la construcción de un discurso. Por tanto, en este acápitese analiza los mecanismos a través de los cuales se pone en práctica los mecanismos decriminalización primaria, principalmente, las normas penales, para disuadir la labor deprotesta de los defensores y defensoras de derechos humanos.Es preciso señalar que el desarrollo de este capítulo está basado en el análisis de 49 casosobjeto de Amnistía que constan en las Resoluciones emitidas por la AsambleaConstituyente. Para la exploración se toman en cuenta a los casos que han sido llevados aprocesos judiciales por actores identificados, lo que da un total de 42 casos de los 49amnistiados. Además, de la revisión de 21 casos de judicialización penal iniciados a partirde 2008, después de la Amnistía de la Asamblea Constituyente. La Defensoría haseleccionado éstos tomando en consideración que estos casos han sido lo suficientementedocumentados desde la Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Protección, asícomo también de la información proporcionada por Ongs como la Comisión Ecuménica deDerechos Humanos-CEDHU; Acción Ecológica e INREDH.Criminalización secundaria a partir del aparato judicial del Estado.Uno de los mecanismos que ha sido utilizado para la represión social, principalmente parala movilización es el aparato judicial, es decir que se ha sometido a personas o grupos depersonas a procesos judiciales, con el objetivo de acallarlos, de poner fin a sus luchas, degenerar temor e intimidación a fin de que estas no continúen e incluso en algunos casos decastigarlos por haber cuestionado el proyecto de desarrollo del Estado o las empresasprivadas.El Ecuador, desde el regreso a la democracia no ha sido ajeno a la utilización de procesosjudiciales para disuadir la protesta social, en este sentido el informe de la Comisión de laVerdad da cuenta que desde el regreso a la democracia “Las huelgas obreras, los levantamientos indígenas, los paros provinciales o regionales, las manifestaciones estudiantiles y otras formas de lucha empleadas por sectores populares para conseguir sus 30Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza 31.
reivindicaciones fueron catalogadas como amenazas a la seguridad del Estado o incluso como actos delincuenciales”68.En este mismo, sentido un análisis desarrollado por el Centro de Derechos Económicos ySociales evidencia que los gobiernos de Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, Bucaram,Mahuad, Noboa y Gutiérrez reprimían a líderes defensores de derechos humanos, incluidosrepresentantes indígenas, ecologistas, activistas sociales69. Cabe señalar que a partir de ladécada de los noventa el movimiento indígena adquiere un rol fundamental en la defensa desus derechos y por tanto, es uno de los actores principales en el escenario político del país,por lo que también muchos de sus integrantes son víctimas de procesos judiciales ydetenciones arbitrarias.A pesar de que el escenario no es nuevo entre 2007 y 2010 el país ha asistido a unincremento vertiginoso de los casos en los cuales los defensores y defensoras de derechoshumanos y de la naturaleza han sido víctimas de procesos judiciales en su contra, comorepresalias o sanciones al ejercicio de sus actividades como tales. Es decir al ejercicio de suderecho a expresarse en contra de las políticas, prácticas e instituciones estatales queconsideran violentan los derechos mencionados, principalmente la protesta en contra delmodelo de desarrollo extractivo.Contextos en los que operan los procesos judiciales penales:Para realizar el análisis de los procesos de judicialización de los defensores y defensoras dederechos humanos, es preciso analizar el contexto en el que ésta se ha dado, para lo cual seanaliza en primer lugar las razones por las que protestan los defensores y defensoras dederechos humanos y de la naturaleza; en segundo lugar se revisan los mecanismos deprotesta, para finalmente analizar la respuesta del Estado. Para este análisis se toman encuenta dos momentos, el primero entre 2007 y 2008, año en que se dio la Amnistía de laAsamblea Constituyente y en el período 2008-2010, inmediatamente después de la amnistíay la vigencia de la nueva Constitución.Causas que motivan las acciones de defensa de los de derechos humanos y de lanaturaleza:A través de la Resolución de Amnistía la Asamblea constituyente reconoció que losdefensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza habían sido criminalizados68 Comisión de la Verdad Ecuador (2010). “Sin verdad no hay justicia”, resumen ejecutivo. Quito. Disponible en: http://www.coverdad.org.ec/informe-final?catid=8. Visitado en: 05/10/2011. Pág. 3869 CDES (2011). “Criminalización de la Protesta Social: Un recuento desde el retorno a la democracia” Disponible en: http://cdesobserva.8xdi.com/noticias/la-noticia-del-mes/122-marzo.html. Visitado en: 05/10/2011. Pág. 1 31Promovemos y defendemos los derechos humanos y de la naturaleza Recommended
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 Artículo 3
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 artículo 1
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 Artículo 11
 artículo 426
 Artículo 1
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 Artículo 3
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 artículo 35
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 artículo 129
 artículo 161
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