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Timestamp: 2020-01-19 16:01:40+00:00

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Venezuela: ¿Hay esperanza después de las negociaciones de Barbados? | APEX-Venezuela
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El enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en Venezuela ha llegado a una coyuntura preocupante, con negociaciones que se desmoronan, acuerdos emergentes y países de la región implementando nuevas sanciones sobre Caracas. Reanudar las conversaciones es el camino más seguro para salir de la crisis cada vez más profunda del país.
¿Qué hay de nuevo? Por el momento, las negociaciones facilitadas por Noruega para poner fin a la contienda por la presidencia han colapsado. Entre tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha forjado un acuerdo con varios partidos opositores minoritarios. Aunada a la decisión de las potencias regionales de definir a Venezuela como una amenaza para la seguridad hemisférica, esto podría dificultar la resolución de la crisis.
¿Por qué es importante? El hecho de que no se haya logrado restablecer la estabilidad política y el bienestar socioeconómico en Venezuela alimenta la peor crisis de refugiados jamás experimentada en América Latina, y podría generar un conflicto interno de baja intensidad, propagar tensiones por toda la región y amenazar con desencadenar enfrentamientos militares con la vecina Colombia.
¿Qué se debería hacer? Los aliados de los dos bandos deberían presionarlos para que dejen de lado su reticencia y vuelvan a la mesa de negociaciones, posiblemente bajo un nuevo formato, donde deberían demostrar la flexibilidad necesaria para alcanzar un acuerdo viable.
Tras siete rondas de negociaciones formales en Oslo y Barbados facilitadas por el gobierno noruego, el diálogo entre los representantes del presidente Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, a quien 58 países, entre ellos EE.UU., actualmente reconocen como presidente en funciones, se vino abajo a mediados de septiembre. Las negociaciones se habían centrado en una agenda de seis puntos acordada en abril a la cual el gobierno de Maduro tan solo había contribuido un punto: el levantamiento de las sanciones de EE.UU. Los cinco restantes fueron: el restablecimiento de los controles y contrapesos constitucionales; las condiciones necesarias para que se celebren unas elecciones (lo que para la oposición quiere decir elecciones presidenciales, aunque esto no se enunció explícitamente); los términos de una transición después de Maduro; paz y reconciliación; y garantías postelectorales para ambas partes. Supuestamente ambas facciones aceptaron, al menos en principio, casi el 80 por ciento de las medidas de acción basadas en esta agenda. Si bien las negociaciones se han suspendido, su reanudación sigue siendo la mayor esperanza para evitar una profundización en el deterioro de la emergencia humanitaria y el riesgo de violencia en Venezuela y sus alrededores.
Aunque las dos partes han dejado abierta la posibilidad de volver a las negociaciones, ambas han puesto en marcha estrategias alternativas que debilitan la iniciativa noruega.
Aunque las dos partes han dejado abierta la posibilidad de volver a las negociaciones, ambas han puesto en marcha estrategias alternativas que debilitan la iniciativa noruega. Tan pronto como la oposición anunció su conclusión de que la actual fase de las negociaciones estaba llegando a su fin, el gobierno de Maduro y un grupo de pequeños partidos opositores revelaron su propio acuerdo, que contempla la liberación de decenas de presos políticos, nuevos rostros en la junta electoral y el retorno de los legisladores del gobierno a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Una semana después, el 23 de septiembre, dieciséis gobiernos de todo el continente americano que reconocen al líder opositor Guaidó como presidente en funciones acordaron activar un pacto de defensa regional conocido como el Tratado de Río (cuyo nombre formal es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR) y anunciaron su intención de imponer sanciones además de perseguir, capturar y extraditar a funcionarios venezolanos involucrados en abusos de derechos humanos y otros delitos internacionales. Estos gobiernos definieron la crisis venezolana como una amenaza a la seguridad de toda la región.
De ambos lados hay quienes rechazan la idea de reanudar las negociaciones sustantivas. Para algunos en la oposición no puede existir un diálogo con un gobierno que ha faltado a su palabra repetidamente y que, en su opinión, no solo funciona como una dictadura, sino como un “Estado mafioso”. Del lado de Maduro, algunos afirman que las fuerzas desplegadas contra ellos pretenden destruir totalmente al gobierno y el movimiento chavista, que lleva el nombre del fallecido presidente Hugo Chávez. Para ellos, la única respuesta adecuada es la resistencia, por ejemplo, como ha hecho Cuba a lo largo de las últimas seis décadas frente a los esfuerzos de EE.UU. por acabar con el régimen comunista en la isla.
Las perspectivas de una rápida vuelta a la mesa de negociaciones ahora parecen remotas.
Las perspectivas de una rápida vuelta a la mesa de negociaciones ahora parecen remotas. Aun así, un proceso similar al de Noruega, aunque con ciertas modificaciones, como una mejor coordinación del apoyo internacional y la inclusión de otras voces, en particular la de los militares venezolanos, en la mesa de negociación, sigue ofreciendo el mejor marco para un acuerdo que resulte en una transición pacífica y sostenible. Este informe breve examina el actual estado de las hostilidades entre las partes y las condiciones necesarias para la reanudación de las negociaciones. Un informe complementario de próxima publicación explora cuál podría ser el contenido de un acuerdo entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
II. La “mesita de noche” vs. el Tratado de Río
El 6 de agosto, mientras los negociadores de la oposición venezolana desempacaban las maletas en Barbados para comenzar la octava ronda de negociaciones directas entre ambas partes, los facilitadores noruegos les informaron que sus contrapartes del gobierno aún estaban en Caracas y no asistirían a las negociaciones. El presidente Maduro había suspendido las negociaciones oficialmente, en respuesta a nuevas sanciones estadounidenses y un duro discurso pronunciado por John Bolton, entonces asesor en materia de Seguridad Nacional de EE.UU., en una conferencia en Lima el día anterior.
Quedó pendiente la respuesta a una detallada propuesta de la oposición para resolver las cuestiones más espinosas de la agenda, que el gobierno había prometido dar. La oposición había ofrecido cierto grado de flexibilidad en su principal exigencia de que Maduro abandone el cargo de inmediato, antes de que se celebre cualquier tipo de elecciones. Lo que proponía es que tanto Maduro como Guaidó se apartaran mientras se llevaban adelante los preparativos para unas nuevas elecciones presidenciales. El poder ejecutivo quedaría en manos de un Consejo de Gobierno interino de siete miembros, con tres representantes de cada lado y un presidente elegido de mutuo acuerdo. Dos de los miembros vendrían de las fuerzas armadas. Asimismo, la propuesta no descartaba explícitamente la candidatura de Maduro si quisiera presentarse a unas futuras elecciones.
El 15 de septiembre la oposición emitió un comunicado en el que afirmaba que el “mecanismo de Barbados se agotó”.
El 15 de septiembre, tras haber esperado en vano una respuesta de Maduro a la propuesta, la oposición emitió un comunicado en el que afirmaba que el “mecanismo de Barbados se agotó”
. Al día siguiente, un grupo de partidos opositores minoritarios firmaron su propio acuerdo con el gobierno, que habían negociado en privado durante varios meses . Bajo este acuerdo (similar a una propuesta del gobierno rechazada anteriormente por la oposición tradicional mayoritaria en las negociaciones de Barbados), algunos presos políticos serían liberados, los legisladores partidarios del gobierno volverían a la Asamblea Nacional dominada por la oposición y el gobierno implementaría cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente bajo su control.
Estas negociaciones paralelas con los partidos minoritarios venían realizándose al menos desde junio. El principal negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, se lo había admitido a los negociadores de Guaidó cuando lo cuestionaron, refiriéndose a estas negociaciones en tono sarcástico como la “mesita de noche”. Presentando la iniciativa paralela como complementaria al proceso de Barbados, propuso que la oposición mayoritaria aceptara lo que se estaba ofreciendo, pero esta rechazó su sugerencia ya que no abordaba lo que consideraba la cuestión central, el restablecimiento de unas elecciones presidenciales competitivas. Unas horas después de que la oposición anunciara que Barbados se había agotado, los partidos minoritarios asistieron a una ceremonia pública en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, donde firmaron formalmente el acuerdo junto con altos funcionarios del gobierno.
La ceremonia de firma tuvo lugar tan solo dos días antes del comienzo de la Asamblea General de la ONU de 2019, un espacio que ambas partes esperaban usar para lograr victorias diplomáticas. Para Maduro, el acuerdo era una prueba que podía presentar ante la comunidad internacional tanto de su compromiso con una solución negociada como de la existencia de una oposición dispuesta a abordarla, a pesar del colapso de las negociaciones de Barbados. Sin embargo, en la práctica no ha mejorado su credibilidad ante aquellos gobiernos que reconocen a Guaidó como presidente en funciones o reclaman el retorno a la democracia en Venezuela. Tampoco ha aumentado la probabilidad de que se alivien las sanciones. Dicho esto, numerosos Estados aún reconocen a Maduro como presidente, según demostró la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una votación celebrada el 17 de octubre. Lo que es más importante para el gobierno, el acuerdo podría fortalecerlo a nivel nacional al consolidar las divisiones en la oposición y sumir a sus adversarios una vez más en la desilusión y la apatía.
Por otro lado, como afirman los simpatizantes del gobierno y esperan ciertos diplomáticos en Caracas, el acuerdo podría empezar a desatascar el atolladero político de Venezuela al establecer unas condiciones electorales más justas y normalizar las instituciones democráticas del país, lo que permitiría al gobierno y la oposición mayoritaria reanudar las negociaciones sobre otras cuestiones que los dividen. Por el momento, no obstante, este escenario no parece probable.
Mientras tanto, la oposición se estaba preparando para la activación por parte de sus principales aliados regionales, en una reunión que se celebraría en Nueva York el 23 de septiembre, del Tratado de Río de 1947, un pacto de defensa mutua que aseguraba presionaría aún más al gobierno de Maduro para que acordara los términos de su propuesta. Ante la insistencia de Colombia de que se activara el pacto en respuesta a la amenaza que presentan los grupos guerrilleros que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, supuestamente en connivencia con Caracas, dieciséis de los diecinueve miembros del pacto (incluido EE.UU.) votaron a favor de aplicar el tratado en Venezuela . Cuba ignoró la reunión, Trinidad y Tobago se abstuvo y Uruguay votó en contra . La resolución declara que los firmantes “investigarán, perseguirán, capturarán, extraditarán y castigarán” a aquellas personas y entidades asociadas con el gobierno de Maduro supuestamente involucradas en el crimen organizado, terrorismo y violaciones de los derechos humanos, estableciendo una “red de operaciones conjuntas” para investigar este tipo de delitos. Las partes firmantes acordaron monitorear la situación en Venezuela y reunirse periódicamente. En la siguiente reunión, celebrada en Bogotá el 3 de diciembre, acordaron establecer prohibiciones de viaje a 29 altos funcionarios y aliados del gobierno y avanzar hacia la congelación de activos de los mismos.
Estas dos reacciones tan diferentes tras el colapso de las negociaciones reflejan la incesante hostilidad política entre el gobierno y la oposición mayoritaria en Venezuela.
Estas dos reacciones tan diferentes tras el colapso de las negociaciones reflejan la incesante hostilidad política entre el gobierno y la oposición mayoritaria en Venezuela, lo que a su vez ha impulsado la polarización y acusaciones de injerencia extranjera por toda América Latina durante la reciente ola de disturbios en la región. La oposición, incapaz de traducir su reclamo de que se trata de un gobierno legítimo en verdadero poder o en algún plan de acción concreto para aliviar la crisis, se centró una vez más en el frente externo, donde sentía que tenía más fuerza. Su principal promotor ha sido Washington, que ha contribuido con decenas de millones de dólares en ayuda . En cambio, el gobierno de Maduro, que cree que ha ganado la actual batalla política, piensa consolidar su dominio del país revirtiendo la mayoría de la oposición en el parlamento, la única institución estatal que el chavismo no controla, en las elecciones legislativas del próximo año, a la vez que se niega a negociar unas elecciones presidenciales anticipadas o un traspaso del poder ejecutivo.
Ninguno de los dos enfoques ofrece una hoja de ruta viable para resolver el conflicto subyacente. Hacerlo de manera sostenible requeriría un acuerdo mutuamente convenido que contemple el eventual restablecimiento del gobierno constitucional y unas elecciones competitivas que garanticen el trato justo de todas las partes. Cabe destacar que el Grupo Internacional de Contacto, creado por la ex alta representante de la Unión Europea Federica Mogherini para establecer las condiciones necesarias para llegar a un acuerdo negociado en Venezuela, y compuesto por la UE junto con varios estados europeos y latinoamericanos, ha adoptado esta postura. Tanto en su declaración ministerial del 23 de septiembre como en otras declaraciones más recientes, este organismo ha insistido en la necesidad de “una transición negociada que derive en unas elecciones presidenciales creíbles, transparentes y monitoreadas por la comunidad internacional”. En su declaración del 1 de noviembre, afirmó que el “statu quo no es una opción”.
La incapacidad de avanzar hacia la resolución pacífica de este conflicto también ha provocado tensiones por toda América Latina.
La incapacidad de avanzar hacia la resolución pacífica de este conflicto también ha provocado tensiones por toda América Latina. Figuras como el presidente de Ecuador y el secretario general de la Organización de Estados Americanos acusan a Caracas de sembrar el malestar y desestabilizar a varios países para vengarse de los esfuerzos de la región por derrocar al gobierno de Maduro. Por el contrario, los críticos de la política extranjera estadounidense y los gobiernos latinoamericanos de izquierda han denunciado una supuesta campaña para derrocar a líderes socialistas electos por toda la región, señalando en particular el apoyo regional a Guaidó y el “golpe” que obligó a Evo Morales a renunciar a la presidencia en Bolivia.
III. ¿Por qué fracasaron las negociaciones de Barbados?
La iniciativa noruega tuvo ciertas vulnerabilidades que podrían haber contribuido al colapso de las negociaciones. Las principales fueron la exclusión de las negociaciones de importantes sectores; la decisión de descartar los acuerdos progresivos en favor de uno general; las divisiones entre la oposición; y el papel de las sanciones de EE. UU.
Ciertos actores clave no están sentados a la mesa pero ejercen un poder de veto efectivo desde afuera.
Ciertos actores clave, en especial los militares venezolanos pero también la administración Trump, no están sentados a la mesa pero ejercen un poder de veto efectivo desde afuera. Resulta revelador que el gobierno de Maduro haya rechazado la sugerencia de la oposición de que se incorpore a representantes de las fuerzas armadas, probablemente porque para los chavistas se trata de una manera de abrir una brecha entre las alas civil y militar del gobierno. Si bien el Departamento de Estado de EE. UU. parece tener una visión positiva de las negociaciones, la oposición considera a la Casa Blanca más hostil. Idealmente, EE. UU. daría un mayor apoyo formal a las negociaciones, posiblemente como parte de un círculo externo de potencias extranjeras que no estén directamente vinculadas con las negociaciones pero que sean neutrales o apoyen a uno u otro lado de la disputa, y estén dispuestas a actuar de garantes de un eventual acuerdo. Estos países podrían incluir a Cuba, Rusia, Colombia, México, Argentina y Brasil, actuando bajo el auspicio del Grupo Internacional de Contacto de la UE.
Algunos comentaristas y políticos venezolanos también han criticado la metodología de las negociaciones, en particular el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es decir que ninguna de las partes se comprometerá a implementar ninguna medida hasta que se haya alcanzado un acuerdo general. En su opinión, los acuerdos parciales y las medidas de desarrollo de la confianza podrían ayudar a consolidar los procesos demostrando sus efectos positivos sobre la seguridad, los derechos civiles, los servicios públicos y las condiciones económicas, fomentando así el apoyo del público venezolano a la vez que atenúan las críticas de las facciones más duras de ambos lados. Las dos partes podrían, por ejemplo, trabajar para restablecer las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional de una forma que les resulte aceptable para ambas, o ayudar a aliviar la crisis humanitaria permitiendo la asignación de fondos multilaterales a determinados sectores económicos de mutuo acuerdo, o persuadiendo a las potencias extranjeras que descongelen los activos del gobierno venezolano para financiar la compra de alimentos y medicamentos.
Desde el comienzo del segundo mandato de Maduro, la oposición ha sido reacia a promover cualquier medida que huela a normalización.
No hay nada en los reglamentos que impida la implementación paralela de iniciativas parciales de ese tipo, pero la oposición ha mostrado escaso interés en ellas. Desde el comienzo del segundo mandato de Maduro el 10 de enero tras las elecciones del 20 de mayo que los críticos y numerosos gobiernos de toda la región denunciaron como fraudulentas, la oposición ha sido reacia a promover cualquier medida que huela a normalización y que amenace con afianzar el poder del gobierno. Temen que al fomentar la vuelta a los procedimientos institucionales normales, o al reparar los colapsados servicios públicos, este tipo de medidas podrían fortalecer al gobierno sin que este tenga que disminuir el control o avanzar hacia una transición auténtica.
Por su parte, el gobierno parece bastante menos receloso de este tipo de acuerdos parciales. Si bien el gobierno es claramente reacio a revocar el fallo de desacato de la Corte Suprema y restablecer las facultades formales de la Asamblea Nacional para fiscalizar y controlar al ejecutivo, especialmente mientras la oposición tenga una clara mayoría, tendría que hacerlo para que el parlamento aprobara un préstamo extranjero. Además, su acuerdo con partidos minoritarios proporciona un modelo para este tipo de acuerdos parciales.
Dicho esto, los resultados de los acuerdos alcanzados con estos partidos hasta ahora han sido modestos, lo que sugiere que el gobierno no ve ninguna razón para hacer concesiones genuinas. Ha liberado a cerca de la mitad de los 58 presos políticos que prometió inicialmente, mientras que el acuerdo con los partidos minoritarios no afectó a las acusaciones que pesan contra opositores políticos. El gobierno también sigue ampliando la persecución de líderes opositores. El 22 de octubre, Juan Carlos Guanipa se convirtió en el veinteavo legislador opositor en lo que va de año cuya inmunidad parlamentaria fue suspendida por la Asamblea Constituyente. Otro legislador, Juan Requesens, sigue en la cárcel, junto con el jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero. Si bien el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano fue liberado, su caso está pendiente en los tribunales. Los diputados oficialistas se han unido al comité parlamentario multipartidario que pondrá en marcha el proceso para elegir una nueva junta del CNE, en lo que parece ser una medida conciliadora. Pero la mayoría de los miembros de la oposición están convencidos de que el gobierno terminará refiriendo el nombramiento de nuevos miembros de la junta del CNE a la Corte Suprema en lugar de buscar un acuerdo en la Asamblea Nacional.
Un hecho que ha debilitado seriamente el proceso de Barbados ha sido la fragmentación de la oposición.
Como ya se ha señalado, un hecho que ha debilitado seriamente el proceso de Barbados ha sido la fragmentación de la oposición, marcada por la firma de acuerdos paralelos entre el gobierno y varios partidos más pequeños que se sentían despreciados por el bloque opositor mayoritario (el G4, compuesto por los cuatro principales partidos en el parlamento). A estos partidos más pequeños, liderados por el candidato presidencial perdedor en 2018, Henri Falcón, les molestó que dicho bloque les hubiera excluido de las negociaciones patrocinadas por Noruega. Los negociadores opositores, por lo tanto, eran doblemente vulnerables. Atacados por los elementos más conciliadores de la oposición por mantenerlos alejados de las negociaciones, también eran criticados por el ala más dura (representada en el parlamento principalmente por un puñado de legisladores autodenominados Bloque Parlamentario 16 de Julio) por el mero hecho de mantener negociaciones. Estos últimos han expresado sus críticas de forma cada vez más contundente. Mediante estos acuerdos paralelos, el gobierno explotó y exacerbó las divisiones dentro de la oposición.
Después está la cuestión de las sanciones de EE. UU. En cuanto a sus características, el momento en el que fueron anunciadas y las narrativas que las acompañaron (incluido el rechazo explícito de las negociaciones por parte de John Bolton), las sanciones que Washington anunció a principios de agosto casi parecieron calculadas para torpedear las negociaciones de Barbados. Sin duda esta es la opinión de varios miembros de la oposición, quienes reconocen que debido a su dependencia de Washington a sus líderes les resultó difícil distanciarse de las acciones u opiniones de la administración Trump, incluso pese a que varias importantes figuras de la oposición insistieron en que no tenían conocimiento previo de las nuevas medidas . Por consiguiente, el gobierno de Maduro acusó a la oposición de sabotear las negociaciones al tiempo que insinuaba que sus negociadores eran irrelevantes para la resolución pacífica del conflicto ya que eran incapaces de hacer que se levantaran las sanciones, una de las exigencias clave del gobierno. El 7 de agosto, el gobierno anunció su retirada de las negociaciones a pesar de que los representantes chavistas anteriormente habían insistido en que permanecerían sentados en la mesa bajo cualquier circunstancia.
El anuncio de las sanciones fue especialmente perjudicial porque llegó en una fase crucial de las negociaciones.
El anuncio de las sanciones fue especialmente perjudicial porque llegó en una fase crucial de las negociaciones. Los criterios de Washington sobre lo que constituiría un acuerdo aceptable, en especial su exigencia de la salida anticipada e incondicional de Maduro y su insistencia en que no se levantaría ninguna sanción de antemano, pesaron sobre las negociaciones desde el comienzo. Aun así, y dada la parálisis de las negociaciones, la oposición había estado relajando su actitud inicial hacia la salida inmediata de Maduro, de algún modo distanciándose de la postura oficial de EE.UU.
Ambas partes sabían que el alivio de las sanciones no estaba en manos de la oposición, pero los negociadores de esta habían enfatizado que la única vía para levantarlas era mediante un acuerdo con ellos. De hecho habían presentado un plan detallado en el que delineaban la secuencia en la que se aliviarían las sanciones en respuesta a las etapas de implementación de cualquier acuerdo. La agenda original de seis puntos se había ampliado, a insistencia del gobierno, a más de 50 subtítulos, de los cuales 44 ya se habían acordado. El gobierno incluso contempló la posibilidad de modificar el calendario electoral o invitar a la oposición a impulsar un referéndum revocatorio contra Maduro en dos o tres años . Pero los negociadores del gobierno estipularon que no celebrarían unas elecciones presidenciales anticipadas a no ser que se levantaran las sanciones al menos un año antes de los comicios.
Algunos de los puntos clave acordados por ambas partes son una autoridad electoral, Tribunal Supremo y Fiscalía más equilibrados; una auditoría del registro electoral; la participación de votantes residentes en el extranjero; y la abolición o cierre de la Asamblea Constituyente. La oposición había presentado su propuesta para acortar la brecha entre las dos partes en torno a los puntos restantes, y si bien el gobierno no había indicado su aceptación, le había dicho a la oposición que valía la pena llevar adelante una nueva ronda de negociaciones. Fue en este punto que la imposición de nuevas sanciones dio al gobierno un argumento para suspender las negociaciones.
IV. ¿Podría un aumento de la presión ayudar a la oposición?
No hay razón para esperar que el endurecimiento de las sanciones provoque el colapso del gobierno o le obligue a volver a las negociaciones con un ánimo más conciliador. Estos escenarios parecen especialmente improbables si EE. UU. sigue insistiendo en la inmediata destitución de Maduro y condicionando cualquier levantamiento de sanciones a su salida. A pesar de la confianza expresada públicamente por funcionarios estadounidenses desde el presidente Donald Trump hacia abajo de que solo es cuestión de tiempo hasta que se logre someter a Maduro, en privado algunos admiten que la presión externa no está produciendo el efecto deseado, por ejemplo fortalecer a la oposición en Venezuela. En los últimos meses, la oposición ha sido incapaz de convocar a grandes números de simpatizantes a las calles; Guaidó ha perdido popularidad; y los partidos opositores están mal preparados y no tienen fondos suficientes para participar en unas elecciones parlamentarias en 2020, si es que deciden hacerlo. El gobierno incluso podría adelantar estas elecciones, tomando a la oposición desprevenida y probablemente agravando aún más sus divisiones.
El aumento de las tensiones en la frontera entre Venezuela y Colombia, sumado al papel de liderazgo que ha desempeñado Bogotá en la activación del Tratado de Río, podrían aumentar la cohesión de las fuerzas armadas venezolanas.
Tampoco se ha logrado hasta la fecha un segundo objetivo clave de la política estadounidense: provocar divisiones en la base militar y civil de apoyo a Maduro. Si acaso, el aumento de las tensiones en la frontera entre Venezuela y Colombia, sumado al papel de liderazgo que ha desempeñado Bogotá en la activación del Tratado de Río, podrían aumentar la cohesión de las fuerzas armadas venezolanas, que tradicionalmente han visto a su vecino al oeste como su principal adversario extranjero. No sorprende que el gobierno de Maduro se haya aprovechado del miedo a Colombia para movilizar a sus partidarios, tanto civiles como militares.
Finalmente, el equilibrio político regional parece estar menos claramente definido en contra del gobierno de Maduro que a principios de año. Es cierto que su estrecho aliado Evo Morales fue derrocado en Bolivia a principios de noviembre, El Salvador reconoció a Guaidó como presidente diez días antes, y Uruguay eligió a un presidente de derecha el 24 de noviembre. Sin embargo, otros acontecimientos, como la elección de un presidente de centroizquierda en Argentina a finales de octubre, los disturbios civiles que han asolado a Chile y Ecuador y, en menor grado, Colombia y el combate político entre el presidente y el parlamento en Perú, probablemente debiliten la determinación y capacidad de los principales países del Grupo de Lima y firmantes del Tratado de Río para ejercer mayor presión sobre Venezuela . Al mismo tiempo, el agresivo enfoque que han adoptado los enemigos de Morales en el gobierno provisional de Bolivia ha dado a Venezuela y sus aliados mayor motivo para no conceder ningún terreno a la oposición.
V. ¿Funcionará el plan del gobierno?
Si la esperanza de la oposición más allá de Barbados radica en ejercer mayor presión sobre el régimen, la del gobierno está depositada en fomentar una oposición más dispuesta a negociar. Pretende reemplazar a la actual oposición, con su control del parlamento y sus poderosos aliados externos, con un conjunto de partidos menos hostiles e intransigentes dispuestos a reconocer y alcanzar acuerdos con el gobierno y aceptar su condición de minoría frente a éste.
A tal fin, el gobierno podría estar dispuesto a garantizar unas elecciones parlamentarias relativamente justas, bajo autoridades electorales reformadas y posiblemente en presencia de una misión de observación internacional. Pero probablemente solo lo haga si está seguro de que recuperará el control de la legislatura el próximo año, o al menos de que logrará dividir a la oposición lo suficiente para asegurarse de que la Asamblea Nacional no amenace su autoridad, algo que podría lograr si gran parte de la oposición boicoteara los comicios, lo que parece posible. Incluso si la mayoría de la oposición participara, la apatía de los votantes y la falta de confianza en el sistema electoral podrían asegurar una escasa participación entre los simpatizantes de la oposición . Si la oposición mayoritaria perdiera el control de la Asamblea Nacional, perdería su derecho a la presidencia, así como su centro de operaciones, lo que la debilitaría considerablemente y haría que su liderazgo fuera más vulnerable a la persecución. En consecuencia, los chavistas prevén que Guaidó probablemente tendría que exiliarse.
Ninguna de las perspectivas políticas que contempla el gobierno podría resolver la crisis económica o la emergencia humanitaria compleja que continúa impulsando el éxodo masivo.
Los partidos minoritarios representados en la “mesita de noche” tienen otro punto de vista. Afirman que la oposición debería tomarle la palabra al gobierno y, tras lograr unas condiciones electorales más favorables, procurar recuperar la iniciativa política. Creen que, si se unen, los partidos opositores podrían incluso arrinconar al gobierno, cuya popularidad está por los suelos, y quieren que la oposición mayoritaria participe en sus negociaciones. Claro que se trata de un escenario muy incierto que resultará poco convincente para la mayoritaria, que se niega rotundamente a reconocer a Maduro como presidente. De hecho, los principales partidos opositores temen que incluso si la oposición mantuviera el control de la Asamblea, el control que ejerce Maduro sobre la autoridad electoral y la presencia de partidarios de Maduro en el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente le otorgarían excesivo poder . En teoría nada impediría al gobierno volver a emplear su fórmula de los últimos años, aprovechando su control de los tribunales y otras instituciones para eludir a una legislatura hostil.
En cualquier caso, ninguna de las perspectivas políticas que contempla el gobierno podría resolver la crisis económica o la emergencia humanitaria compleja que continúa impulsando el éxodo masivo. La crisis perdurará incluso si los esfuerzos del gobierno por mitigar el impacto de las sanciones y evitar el colapso financiero mediante la dolarización, la exportación de petróleo facilitada por terceros y el aumento de las exportaciones de recursos minerales, sobre todo del oro, resultan exitosos.
Sin una solución integral negociada que otorgue representación política y acceso al poder a ambas partes, restablezca el Estado de derecho y los controles y contrapesos sobre el Estado y elimine las sanciones, es difícil imaginar una solución duradera a los males del país. Una solución así podría formar la base de los esfuerzos para reparar el sistema de salud, activar la recuperación económica y revertir la fragmentación territorial que ha permitido a grupos armados de diversa índole asumir el control de facto de espacios urbanos y rurales. En particular la frontera entre Venezuela y Colombia, cuyo control se disputan las guerrillas, traficantes criminales y fuerzas de seguridad uniformadas, seguirá siendo uno de los principales motivos de preocupación. Las diversas amenazas que existen allí solo se podrán abordar una vez que disminuyan las hostilidades entre los dos países, lo cual a su vez dependerá de una solución negociada en Venezuela.
Si ambas partes desean alcanzar un acuerdo sostenible lo mejor sería volver a unas negociaciones más estructuradas.
Por más improbable que parezca en la actualidad, si ambas partes desean alcanzar un acuerdo sostenible lo mejor sería volver a unas negociaciones más estructuradas similares a las que lideró Noruega. Hasta ahora, ninguno de los partidos ha descartado esta posibilidad y ambos incluso la han mencionado explícitamente. El Presidente Maduro manifestó su voluntad de reanudar las negociaciones en un discurso pronunciado a su vuelta de una visita a Rusia, mientras que la oposición hizo una promesa similar en una resolución de la Asamblea Nacional el 1 de octubre en la que definió las negociaciones como un “mecanismo necesario” respaldado tanto por la comunidad internacional como por los venezolanos.
Las dificultades que llevaron a la suspensión de las negociaciones, así como otras cuestiones que han surgido desde entonces, tendrían que ser abordadas. En particular, los partidos deberían considerar alcanzar acuerdos parciales incluso mientras negocian un acuerdo más integral, no solo para generar apoyo popular y fomentar la legitimidad de las negociaciones, sino también para hacer frente a la emergencia humanitaria. La inclusión de nuevos sectores, en especial delegaciones que representen a las fuerzas armadas venezolanas y los partidos opositores minoritarios, también fortalecería el proceso. Los organizadores, idealmente el gobierno noruego, en cuya discreción e integridad ambas partes confían, deberían considerar incluir a actores internacionales que, a pesar de estar física y formalmente ausentes de las negociaciones, han gozado de una influencia considerable a la distancia. Una opción podría ser crear un círculo externo de participantes, como EE. UU. y Rusia, así como actores regionales como Colombia, México, Argentina y Brasil. El Grupo Internacional de Contacto de la UE podría desempeñar un papel en la creación y la participación en este círculo de apoyo diplomático.
Por último, el éxito de negociaciones exigirá que ambas partes y sus principales aliados hagan otras concesiones. Como se detallará en nuestro informe complementario de próxima publicación, estas concesiones no serán fáciles para el gobierno ni para la oposición, y tampoco les resultará fácil convencer a sus respectivos electores. Sin embargo, son fundamentales para alcanzar un acuerdo viable y sostenible que revierta el catastrófico rumbo de Venezuela y evite que se agrave la crisis regional.

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