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Timestamp: 2017-10-22 17:41:32+00:00

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Administración de Justicia en los Juzgados de Paz Peruanos
Derecho Constitucional. Poder Judicial. Jueces de Paz. Rondas Campesinas. Pueblos indígenas. Abogacía
“LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE PAZ”
1.1.1.	Los Jueces de Paz.
1	TRAZEGNIES GRANDA, Fernando de; La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX Lima : PUCE, 1992.
1.1.2.	Marco normativo de la Justicia de Paz.
Los jueces de paz han sido regulados por el Estado desde nuestra primera Constitución Política de 1823, que en su artículo 120° estableció que “no podrá entablarse demanda alguna civil, sin haberse intentado la conciliación ante el juez de paz”.
Finalmente, en los artículos 139°, numeral 17), y 152° de la Constitución Política del Perú de 1993, se estableció la participación popular en el nombramiento y en la revocación de los magistrados y, esencialmente, que “los jueces de paz provienen de elección popular”, respectivamente.
2	LOLI ESPINOZA, Silvia. “Historia, derecho y sociedad en el Perú republicano del siglo xix, revista Politelia.
1.1.3.	La aplicación del Derecho Consuetudinario.
Los asuntos antes mencionados son resueltos por los Jueces de Paz aplicando el Derecho Consuetudinario, y “según su leal saber y entender”, a través de una actuación esencialmente conciliadora, levantando actas en las que conste la fórmula de solución propuesta y los acuerdos adoptados por las partes (que suelen llamar como “arreglos”, “transacciones”, “actas de conciliación”, “acta de comparendo”, etc.) 3, no existiendo una identificación precisa del contenido de sus actuados con la denominación de la fórmula jurídica empleada.
3	Citado Calle Juan José: Reglamento de jueces de paz. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1928. (4ª. Edición) pp. 446-448.
Finalmente, se puede señalar que uno de los rasgos distintivos de la jurisdicción de paz es que se trata de una forma de justicia comunal. Ello porque la inserción de los jueces de paz en el ámbito local está signada por su pertenencia al mismo universo de cultura y valores de la población que acude al juzgado buscando su intermediación en el conflicto (Los jueces de paz son por lo general legos en derecho, siendo su ocupación campesinos, comerciantes o maestros). Además, la naturaleza comunal de la justicia de paz implica que la mayoría de causas en que ésta interviene se producen entre personas relacionadas con vínculos estables, los cuales desean preservar. La característica comunal de la jurisdicción de paz se evidencia en la utilización permanente que los titulares de ésta hacen de estrategias de resolución de conflictos basadas en medios conciliatorios, “arreglos” y “acuerdos” entre los litigantes.
1.1.4.	Las rondas campesinas.
4	BRANDT, Hans Jurgen. “Conflictos principales en la Justicia de Paz y su tramitación “. En la justicia de paz y el pueblo. Lima Fundación Friedrich Naumann 1987.
“Artículo Único.- Reconózcase a las rondas campesinas pacíficas democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organizaciones destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines políticos partidarios.
Su estatuto y reglamento se rigen por las normas de las comunidades campesinas que establecen la Constitución y el Código Civil.”
5	REVILLA, Ana Teresa y PRICE JORGE: La administración de justicia informal. Lima. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. 1992.
1.1.5.	Las Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa.
6	Sobre el funcionamiento de este tipo de sistemas de coordinación, nos remitimos a las experiencias de las comunidades campesinas en Ayacucho (Arce Alberto “Creatividad y administración de justicia en comunidades de Huanta.
1.1.6.	Las Rondas Campesinas y la jurisdicción especial indígena
La multiplicidad de interpretaciones sobre el rol de las rondas campesinas en materia de justicia, entre otros factores y en gran parte se ha visto acrecentado por la existencia de un marco jurídico impreciso y contradictorio, tanto en lo que se refiere a los instrumentos internacionales vigentes en nuestro ordenamiento interno, como a nivel constitucional y en la legislación ordinaria. De esta manera, sin la intención de dirimir en la polémica -que por lo demás sería una pretensión ilusoria-, pero sí con el propósito de aportar algunos elementos históricos, fácticos y normativos al debate sobre este importante tema, se realizará un sucinto inventario de las principales normas sobre las rondas campesinas, se establecerá las diferencias conceptuales y fácticas con otras formas de organización social y, finalmente, se destacará sus potencialidades y debilidades, precisando algunas tareas pendientes a nivel normativo y jurisprudencial para los operadores jurídicos.
Tal como se ha señalado anteriormente, la Constitución de 1993, en su artículo 149º, bajo la configuración constitucional del Estado Peruano como una nación pluricultural y multiétnica, al regular el rol de las Rondas Campesinas, se afilió al espíritu de la regulación del instituto rondero contemplado en la Ley General de Comunidades Campesinas de 1897 y en cierta medida recogió la alusión a las Rondas Nativas del Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa de 1992, puesto que reconoció su carácter de órganos de apoyo (auxilio) de las autoridades comunales -campesinas y nativas- en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, conforme a su derecho consuetudinario y con el límite de no violar los derechos fundamentales de las personas 7
Sin embargo, del texto constitucional no aparece una mención expresa a las Rondas Campesinas organizadas fuera del ámbito de las Comunidades Nativas y de la Comunidades Campesinas, que, según la primera Ley de Rondas Campesinas de 1986, se rigen en lo que sea pertinente por la legislación de las comunidades campesinas -sin que por ello se conviertan en tales comunidades- y tienen como funciones esenciales la defensa de sus tierras, el cuidado de su ganado y demás bienes, así como la cooperación con las autoridades en la eliminación de cualquier delito 8.
BALLÓN AGUIRRE, Francisco: “Sistema jurídico aguaruna y positivismo, en revista América Indígena, Volumen XLIX, MÉXICO.
YTURRALDE, DIEGO: “Movimiento indio , costumbre jurídica y usos de la ley” San José de Costa Rica : 1990.
Aunque en la práctica la Rondas Campesinas vienen efectuando actividades que han desbordado el enfrentamiento al abigeato, tales como la realización de obras de infraestructura de interés para la comunidad, la vigilancia e intervención sobre conductas anti-sociales de manera amplia; normativamente se puede sostener, por un lado, que las Rondas Campesinas organizadas fuera del ámbito de las Comunidades Campesinas sólo tendrían relativas facultades resolutivas de conflictos de orden penal, en cooperación con las autoridades, y, de otra lado, que las Rondas Campesinas creadas al interior de las Comunidades Campesinas y Nativas tendrían facultades de apoyo para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por las autoridades comunales, las cuales se ampliarían a la directa administración de justicia y resolución de conflictos, en la medida que los dirigentes de este tipo de Comité Especializado formen parte -y no sean dependientes- de la Directiva Comunal de una Comunidad Campesina.
1.1.6.1.	Las Rondas Campesinas y los Pueblos Indígenas
Teniendo en cuenta, por un lado, que el concepto normativo sobre los pueblos indígenas ha sido formulado y adoptado en el ámbito de los organismos internacionales multilaterales con el propósito de regular las medidas nacionales que puedan adoptarse y afectar la futura existencia de los indígenas en el ámbito de los Estados; y, por otro lado, que la conciencia de identidad indígena o auto identificación constituye un criterio fundamental para determinar los grupos e individuos a los que se aplica el concepto de indígena y las disposiciones normativas especiales dictadas en su beneficio; podemos llegar a concluir -objetivamente y para efectos operativos-, a pesar de que en gran medida el término indígena tiene una acepción peyorativa de carácter histórico para el sector campesino ubicado en la Costa y Sierra del Perú, que las Rondas Campesinas organizadas al interior de las comunidades campesinas pueden ser consideradas como grupos humanos asimilables al concepto de pueblos indígenas, en la medida que se auto identifiquen como tales.
1.1.6.2.	La Ley N° 27908 y las Rondas Campesinas
Entre las bondades de la Ley de Rondas Campesinas, se pueden mencionar -entre otras- la disposición según la cual se reconoce “…personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal, …” (Art. 1°); los derechos y deberes de sus miembros (Art. 3°); el derecho a la no discriminación (Art. 4°); el derecho de participación, control y fiscalización en los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal (Art. 6°); la coordinación con autoridades y organizaciones sociales (Art. 8°); la coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales (Art. 9°); etc.
Así, en la línea de la posición doctrinal que sostiene que las rondas campesinas tienen relativas facultades de colaboración en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las comunidades, la Ley de Rondas Campesinas declara que, éstas “…apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas…” (Art. 1°), postulado que, a su vez, resulta coherente con la disposición conforme a la cual donde existan comunidades las rondas están subordinadas a aquéllas (Art. 2°).
Por su parte, afiliándose en forma prudente a la concepción que levanta el argumento de que las rondas campesinas configuran instancias informales de resolución de conflictos, encontramos otra formulación normativa en la Ley de Rondas Campesinas, según la cual las organizaciones ronderiles “…colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y la Ley…” (Art. 1°).
De otro lado, acercándose aparentemente al planteamiento que propugna que las rondas campesinas tiene y ejercen de manera plena funciones jurisdiccionales, en la Ley de Rondas Campesinas se contempla que éstas tienen “…funciones relativas…a la paz comunal dentro de su ámbito terrritorial” (Art. 1°). Este último aspecto es desarrollado por la misma norma legal al tratar las actividades en beneficio de la paz comunal, de la siguiente manera: “Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos, siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal“ (Art. 7°).
Finalmente, la interpretación de las facultades y derechos atribuidos a las rondas campesinas, que han sido reseñadas en los tres párrafos anteriores, se ve perturbada en mayor medida con la fórmula contenida en la referida Ley de Rondas Campesinas, por la cual “Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca” (Art. 1°, in fine) 9
1.1.8.	La elección popular
9	STAVENHAGEN, Rodolfo: Derecho consuetudinario indígena en América Latina”, entre la ley y la costumbre.
Por otro lado, en 1992 la Corte Suprema designó una comisión integrada por diversos profesores universitarios para preparar un proyecto de Título sobre Poder Judicial en la nueva Constitución. Este proyecto -que trata respetuosamente a la justicia de paz- fue hecho suyo por la Sala Plena de la Corte Suprema y enviado al Congreso Constituyente Democrático. Lamentablemente, el documento pasó de una manera bastante clandestina; algunos congresistas se apoderaron de él y lo maltrataron, pues introdujeron inconvenientemente la posibilidad de elección de jueces de primera instancia.
Si nosotros discurrimos hacia un sistema de elección de los jueces profesionales, estaremos entregando claramente al poder económico -y, si no, al político- esta designación. La Constitución de 1993 diseñó un sistema conveniente a través del Consejo Nacional de la Magistratura; precisamente, la suerte que corrió este órgano constitucional -la manera como se le atropelló legislativamente muestra de manera precisa la bondad de su diseño y lo incómodo que era al manejo político. 10
10	REVILLA, Ana Teresa y PRICE JORGE: La administración de justicia informal. Lima. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. 1992.
1.1.8.1.	La participación de los abogados
1.1.8.2.	La Justicia de Paz como conciliación.
Finalmente, el juez de paz peruano no resuelve conforme a derecho necesariamente, sino conforme, y así lo dice la legislación, a su leal saber y entender. Es lo que se entiende doctrinariamente como resolver de acuerdo con la equidad. Esto no quiere decir que resuelva de manera ilegal o inconstitucional. En el Perú la Constitución ha recogido el pluralismo jurídico, y desde esa perspectiva el juez de paz, si bien resuelve conforme a equidad, a los usos y costumbres de la comunidad, debe conservar el límite de los derechos fundamentales de las personas. Con respecto a la legitimidad de que gozan los jueces de paz en el Perú, de una encuesta aplicada en 1998 a 810 pobladores usuarios de la justicia en 12 distritos judiciales, 64% dijo estar satisfecho con su juez de paz, 66% consideraba que el juez de paz era honesto y 87% de la población opinó que el juez de paz debía ser elegido democráticamente. Creo que en ese punto el artículo 152 de nuestra Constitución, que dispone la elección popular de los jueces de paz, ha recogido un sentir popular y una práctica democrática que ancestralmente vienen ejerciendo las comunidades en la elección de los jueces de paz. El tema polémico surge porque 81% de la población considera que los jueces de paz deberían ser remunerados por el Estado. Me llamó la atención que en el caso colombiano Olga Lucía Pérez señalara que algunos conciliadores en equidad habían sido procesados por recibir honorarios. Nosotros hemos investigado y constatado que, pese a que la ley dice que la justicia de paz es gratuita, en realidad la población les paga, como una regla general. No como una coima o corrupción sino como una retribución o un servicio que ellos consideran muy positivo. Desde la perspectiva de IDL, si alguien tiene que pagarle al juez de paz no debería ser la población usuaria sino el Estado. En rigor, en la actualidad la justicia de paz sólo es gratuita para el Estado. Para concluir, queremos aquí, como IDL, hacer una declaración de principios. Nosotros consideramos y enaltecemos y valoramos muchísimo la justicia de paz peruana. Creemos que es una experiencia de administración de justicia que hay que perfeccionar y apoyar. Sin embargo, consideramos nuestro deber alertar a los interesados en este tema de dos grandes peligros o dos grandes tentaciones en las que es muy frecuente caer en este tema de la justicia de paz. En primer lugar una tentación idealista, en el sentido de considerar que la justicia de paz es la panacea y es “la solución” a todos los problemas del Poder Judicial, pues éstos no pasan necesaria ni principalmente por arreglar o potenciar la justicia de paz, sino que pasan por problemas de injerencia política y que Federico II, en el caso peruano, finalmente permita espacios de libertad e independencia a la justicia en general y al Poder Judicial. La justicia de paz sirve para la solución de conflictos en el ámbito local, vecinal, familiar. Sirve para resolver los problemas urgentes, cotidianos, vecinales y familiares de las personas de más bajos ingresos y de las regiones más deprimidas de nuestro país. Creo que ése es el punto que hay que rescatar, pero tampoco no hay que extrapolar la justicia de paz, porque hay un discurso demagógico sobre la justicia de paz que pretende legitimar reformas judiciales u otros procesos a través de la justicia de paz. Entonces, una primera tentación que considero deber intelectual de IDL señalar es que si bien enaltecemos la justicia de paz, no debe utilizársela demagógicamente. Pero la otra tentación, también muy importante, es la de caer en el positivismo. Hay muchos magistrados que sin mala fe consideran a la justicia de paz como un parche del Estado oficial. Es decir, mientras el Estado no pueda llegar a todo el territorio nacional hay que conformarnos con una justicia de segundo grado. Una consecuencia de esto aparece en la creencia de que un curso de capacitación para jueces de paz implica volverlos conocedores de la Ley, porque de esta forma van a administrar bien la justicia. Ésa es también una tentación muy grave y muy fuerte, porque, en efecto, el juez de paz debe contar con una cultura jurídica básica, pero es importante incidir en que el juez de paz debe ser un depositario de la cultura y los valores de la comunidad, así como de los derechos humanos. Finalmente, la justicia de paz debe ser enaltecida, pero no considerada un parche de la justicia oficial. Al mismo tiempo, debe tener su propio espacio. Incluso algunos congresistas nacionales piensan en la posibilidad de que estas experiencias de justicia de paz sean replicadas en zonas urbanas 9
FAJARDO IRIGOYEN, Raquel: “Apuntes sobre el Artículo 149 de la Constitución Venezolana: Alcances, límites consecuencia y retos”, 1994.
También llama la atención la creencia equivocada de estas autoridades acerca de que el éxito de los jueces de paz radica en que sus sentencias no sean apeladas. Preocupa cuando cualquier observador de esta figura sabe que los jueces de paz, excepcionalmente, emiten sentencias, ya que aun pudiendo hacerlo prefieren utilizar el mecanismo de la conciliación. Diversos diagnósticos de la justicia de paz así lo corroboran; se echa en falta que, por el contrario, no se conozca ningún diagnóstico elaborado por la ONAJUP en sus tres años de existencia.
Por otra parte, sostener que el éxito de la justicia de paz radica en que el 85% de sus sentencias no son apeladas es una afirmación temeraria, ya que un análisis elemental indicaría que primero debe analizarse si quien no está de acuerdo con una resolución tiene los medios para impugnarla, sobre todo, cuando en zonas rurales y algunas urbanas -donde se desenvuelven los jueces de paz- existen barreras geográficas y económicas que le impiden hacerlo.
1.2.1.	Diagnóstico de necesidades sobre la Justicia de Paz, de manera que se identifique cuáles son las necesidades de la justicia de paz que puede variar de un distrito judicial a otro, y por ello, se requiere respuestas diversas y no un criterio uniforme impuesto desde Lima. De este modo, aspectos como posible cobertura de atención en salud (la extensión del SIS a los jueces de paz en ejercicio), orientación legal de jueces de paz denunciados, podrían ser atendidos 10
1.2.1.2.	Hacia un estatuto de la justicia de paz, de manera que se revise exhaustivamente la actual regulación normativa de la justicia de paz, ya sea para plantear su modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial o para promover una norma especial.
Se aprecia entonces, una manifiesta incoherencia entre el discurso y la realidad. Discurso que el presidente del Consejo Ejecutivo, Walter Vásquez Vejarano, al inicio del año judicial 2006 sostenía: “...Reitero mi convicción forjada durante muchos años de función de que la Justicia de Paz debe ser impulsada por el Poder Público en dimensión que exige el esfuerzo de más de 7,000 Jueces que desarrollan labor jurisdiccional en Costa, Sierra y Selva sin remuneración alguna, desprovistos de ayuda material, pero premunidos de un leal entendimiento sobre la necesidad de restaurar la paz y la armonía en sus comunidades” (Extracto del discurso pronunciado el 2 de enero del 2006 en Palacio de Justicia).
“...garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia”.
Mientras que en segundo lugar, la Comisión Especial de Reforma Integral de Administración de Justicia (CERIAJUS) señaló que “el principal problema de justicia en el Perú son sus serias limitaciones al acceso universal de los ciudadanos a la justicia”, encontrándose sus causas en “la existencia de barreras geográficas, económicas, lingüísticas y culturales que afecta la condición de igualdad”.
En los últimos días he hablado con muchos amigos abogados y todos pintan una pésima imagen del poder judicial. Yo tengo que explicar ante este auditorio las razones . A los problemas ya mencionados se adjunta ahora el sometimiento del poder judicial al poder político. Parece que este descontento es uno de los pocos consensos nacionales. La falta de vigencia social del poder judicial es en otros países la razón fundamental para el establecimiento de una justicia conciliadora; como por ejemplo el caso de Venezuela. En el Manual de Referencia de Paz de Venezuela, los jueces de paz tienen que estar muy claros que la justicia en Venezuela no funciona bien, que han sido elegidos por su comunidad para lograr que las reglas de convivencia se respeten.; su gran reto será poner a la gente de acuerdo cuando haya problemas que las personas por sí mismas no logren resolver.
Las controversias más comunes son las faltas contra el cuerpo y la salud, llegando a representar el 20% de los conflictos tramitados en la justicia de paz a nivel nacional. En segundo nivel se encuentra la faltas contra las buenas costumbres 15.8% y las separaciones de convivientes, esta categoría que he mencionado antes; en tercer lugar encontramos faltas contra el patrimonio 11.9% y luego los conflictos por pago de soles. Esto ahora se mantiene en los conflictos que se dan en costa y sierra con la particularidad que en la costa se da un mayor volumen de conflictos de alimentos y en la sierra de controversias de entrega de especies y litigios de tierras. Las faltas contra el cuerpo y la salud son sobre todo una problema urbano, mientras los litigios sobre entregas de especies y de tierras son más frecuentes en zonas rurales, sobre todo en la sierra.
De esta manera, el estudio se adjunta a otras publicaciones jurídicas recién publicadas como la de Ana Teresa Revilla y Jorge Price, sin embargo, tengo la impresión que la gran labor que todavía está a la espera es un trabajo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos y abogados sobre la vigencia de los diferentes sistemas de derecho consuetudinario en este país. En esta línea se encuentra el interesante libro de Antonio Peña que recién he leído “Justicia Comunal en los Andes del Perú”, pero pienso que aparte de este trabajo mucho queda todavía pendiente.
Con frecuencia, además, los criterios de los magistrados para resolver conflictos son sumamente legalistas, alejados de aquello que nominalmente debería buscarse: la justicia. De hecho, muchos magistrados consideran que administrar justicia equivale a aplicar las leyes y las leyes son elaboradas muchas veces sin tomar en cuenta la realidad de los peruanos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que cada seis años los documentos de identidad pierdan validez? ¿Tiene sentido exigir a la víctima de un robo adquirir una especie valorada en el
Banco de la Nación? Estos requisitos legales tan incómodos para un
habitante de una ciudad, simplemente truncan las posibilidades de obtener justicia de un campesino.
Actualmente son alrededor de 5,000 y se encuentran en todo el
territorio nacional, con excepción de Lima.
La Justicia de Paz es una de las instituciones que mejor refleja los cambios sociales producidos en el Perú en las últimas décadas. Hasta 1969, las Cortes Superiores nombraban al Juez de Paz entre los “vecinos notables”, lo cual implicaba que el cargo era ejercido por los terratenientes o personas de su entorno. Evidentemente, no siempre actuaban según criterios de justicia: “La primera vez que fui a Cajamarca, los Jueces de Paz ayudaban a los hacendados a quemar las casas de los campesinos”, recuerda una periodista.
Con la Reforma Agraria, los Jueces de Paz pasan a ser campesinos, elegidos por cada comunidad. La elección se realiza en una asamblea, a mano alzada o por voto secreto. El alcalde, el presidente de la comunidad, el gobernador son las autoridades que dan fe del proceso de elecciones. En algunos lugares se requiere el DNI, en otros basta que los participantes sean residentes conocidos. Las elecciones se realizan en quechua, shipibo o aguaruna. En todos los casos, el requisito es que la persona sea un buen vecino, colaborador y responsable.
El sistema marchaba bastante bien, precisamente porque se adaptaba a los diferentes contextos culturales. Las Cortes Superiores ratificaban a los Jueces de Paz elegidos, siempre que no tuvieran antecedentes penales y que el acta de elección reflejara la voluntad de la mayoría de los asistentes. Sin embargo, a mediados del año 2001, el deseo de formalizar la Justicia de Paz generó la peor crisis en la historia de esta institución: la Ley 27539 otorgó la facultad de organizar las elecciones a la ONPE y se suspendieron todas las elecciones
comunitarias. El nuevo procedimiento jamás era simplemente
inaplicable, porque los Juzgados de Paz no se encuentran demarcados con precisión y los votantes no están empadronados en función del Juzgado
de Paz. Por cuatro años, en muchos lugares no se sabía quién era el
Juez de Paz, muchos de ellos renunciaron o se prorrogó su mandato contra su voluntad.
Resultaba absurdo, también, que el Estado destinara centenares de millones de soles para un proceso de elecciones que anteriormente no implicaba mayor gasto... y al mismo tiempo ni siquiera destinara un lápiz o una hoja de papel para los Jueces de Paz.
En los próximos meses, millones de peruanos elegirán a sus Jueces de Paz, según sus propias tradiciones y costumbres. Quienes resulten elegidos, por si algún policía o fiscal lo había olvidado, deberán contar con todo el apoyo de las autoridades en la ejecución de sus
sentencias y actas de conciliación (artículo 1). La Justicia de Paz
vuelve, fortalecida, a cumplir su función.
LOBATÓN PALACIOS, David. “Justicia de Paz. El otro Poder Judicial”. Instituto de Defensa Legal. Lima, abril de 1999.
MÁRQUEZ CALVO, Jaime. “Rondas y Comités de Autodefensa: Historia y Desarrollo”, en “Ronderos: Los ojos de la noche. Manual para Promotores de Rondas Campesinas”. Segunda Edición Revisada. Instituto de Defensa Legal. Febrero 1997.
PASARA, Luis “La justicia de paz no letrada. Diagnóstico”. Estudio preparado por encargo del Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo. Lima, 1979 (no publicado). Tomado de Hans Jurgen Brandt, En nombre de la paz comunal. Un análisis de la justicia de paz en el Perú. Lima, 1990. Fundación Friedrich Naumann.
ROJAS VARGAS, Fidel, “Rondas Campesinas: entre el Derecho consuetudinario y el error de comprensión culturalmente condicionado”. En: Estudios de Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Jurista Editores E.I.R.L. Lima, 2004.
SILES VALLEJOS, Abraham, “La justicia de paz y su labor esencialmente conciliadora. Un análisis de actas de conciliación”. Comisión Europea-Instituto de Defensa Legal. Lima, 1999.
TERESA REVILLA, Ana, “La administración de justicia informal en el Perú”. Organización de Estado Americanos, Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos.
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel “Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el pluralismo legal”. Publicado en: Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina
COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, “Gente que hace Justicia. La justicia de paz”, Lima, 1999.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: “La sentencia la pronuncia según su leal saber y entender, debidamente motivada, no siendo obligatorio fundamentarla jurídicamente.”
DECRETO SUPREMO Nº 008-91-TR (15.02.91). Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. Artículos 69º y 73º.
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 55-DP-2000 (09.11.00). “Expresan reconocimiento por la labor de las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa en la lucha contra el terrorismo y el restablecimiento del orden y la paz nacional". Diario Oficial “El Peruano”. Normas Legales.
DECRETO SUPREMO Nº 002-93-DE/CCFFAA (16 .01.93). Dispone que las Rondas Campesinas adecuen su organización y funciones a las de los Comités de Autodefensa. Artículos 1º y 2º.
10	Cuando en 1999 el Instituto de Defensa Legal propuso la creación de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz lo hizo con el propósito de que estableciera canales y mecanismos de consulta y coordinación con los jueces de paz vía las oficinas distritales (Ver: Justicia de Paz .Propuesta de Ley. Instituto de Defensa Legal, Lima, 1999) Después del tiempo transcurrido, no se tiene ni siquiera un balance inicial de lo realizado por esta oficina.

References: artículo 120
 resolución 
in fine
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 152
 Artículo 149
 resolución 

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