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Timestamp: 2019-07-21 21:17:27+00:00

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C-1087 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020007195CC-SENTENCIAC1087200805/12/2008CC-SENTENCIA_C_1087__2008_05/12/2008200071952008SENTENCIA C-1087/08 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos mínimos Referencia: expediente D-7270.
Humberto de Jesús Longas LondoñoCONSTITUCIONALIDADNilson Pinilla PinillaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley 14 de 1983 compilados en los artículos 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986.D7270Identificadores20020007196true18197Versión original20007196Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley 14 de 1983 compilados en los artículos 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986.
SENTENCIA C-1087/08
Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil ocho (2008).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño presentó demanda contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley 14 de 1983 compilados en los artículos 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986.
Por auto de mayo 12 de 2008, el Magistrado sustanciador rechazó la demanda respecto a los parágrafos de los artículos 43 de la Ley 14 de 1983 y 208 del Decreto Ley 1333 de 1986, al igual que las expresiones "que se ejerzan o realicen en las respectivas Jurisdicciones municipales", "y las demás definidas como tales por el Código de Comercio" contenidas en los artículos 33 y 35 de la Ley 14 de 1983, compilados como artículos 195 y 198 del Decreto 1333 de 1986, por cuanto sobre ellas existen sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada[1].
Así mismo, luego de inadmitir la demanda por otros aspectos, al ser corregida se admitió por auto de junio 3 de 2008 y se ordenó su fijación en lista, dando traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicando la iniciación del asunto a los señores Presidentes de la República y del Congreso, al igual que a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario; así como a las Facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades Nacional, Pontificia Javeriana, Externado de Colombia y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con el objeto de que, si así lo estimaban, conceptuaran sobre la constitucionalidad de los artículos demandados.
1. Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que haya celebrado en el futuro, y las contraídas por la Nación, los Departamentos o los Municipios, mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
a) La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fabricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que ésta sea;
b) La de gravar los artículos de producción naformación (sic) por elemental que éste sea;
B. Comisiones de operaciones en moneda nacional
C. Intereses de operaciones con entidades públicas,
C. Intereses de operación en moneda nacional
1. Del dos al siete por mil (2-7 °/oo) mensual para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 °/oo) mensual para actividades comerciales y de servicios.
Artículo 200. Artículo adicionado por el artículo 78 de la Ley 75 de 1986, en el sentido de 'que al sector financiero al cual hacen referencia los artículos 41 y 48 de la Ley 14 de 1983, también se le liquidará y cobrará el impuesto de avisos y tableros'.
8. Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por la Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la establecida en el numeral 1° de este artículo en los rubros pertinentes.
9. Para el Banco de la República los ingresos operacionales anuales, señalados en el numeral 1° de este artículo, con exclusión de los intereses recibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a los establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Monetaria, líneas especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al Gobierno Nacional.
Pone de presente que el artículo 56 transitorio de la Constitución facultó al Gobierno Nacional, mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, para emitir "las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales".
Considera que "esta falencia del legislador", no puede afectar los principios fundamentales establecidos en la actual Constitución, que consagran la autonomía de los entes territoriales, entre ellos, las entidades indígenas, y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos de los artículos 1°, 286, 287, 288 y 329 superiores.
Concluye señalando que las funciones de los Gobernadores y Consejos Indígenas, establecidas en el artículo 330 superior, sólo los habilitan para recaudar y distribuir recursos, pero no para imponer tributos, y mientras las entidades territoriales indígenas no estén conformadas, indudablemente seguirán atadas, para estos efectos a la normatividad que se expida para los municipios y cuando finalmente se puedan conformar, "serían unas entidades territoriales diferentes de los municipios y por sustracción de materia no se les aplicarían las normas dirigidas a estos".
El Director del Departamento de Derecho Fiscal y Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Externado de Colombia, también aboga por la exequibilidad de las normas demandadas, que considera son manifestación de los artículos 13 y 333 de la Constitución y, además, están dentro del ámbito de la libre configuración legislativa, no atentan contra la autonomía de las entidades territoriales indígenas, ni existe una norma constitucional que prohíba "que un nivel del gobierno grave a otro ente público".
El Procurador General de la Nación, en concepto N° 4583 de julio 23 de 2008, solicita a la Corteinhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo o declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas.
En primer término, para sustentar la solicitud de inhibición, señala que el demandante hace una lectura subjetiva, imprecisa y parcial de los artículos demandados,"pues en ninguna parte de los mismos se entiende lo manifestado", frente a normas que regulan lo relativo a los impuestos de industria y comercio dentro de las jurisdicciones municipales.
Precisa que"al configurarse, entonces, un error en la interpretación de las disposiciones legales acusadas por parte del actor, no procede el cargo de violación constitucional". Tampoco se puede estudiar esta demanda como una posible omisión legislativa, "por la sencilla razón que el demandante ni planteó el asunto, ni cumple con los requisitos para configurarse una acción de tal naturaleza".
Sin embargo, es criterio del Procurador que estos problemas relacionados con los territorios indígenas y su conformación como entidades territoriales, deben ser objeto de solución legislativa lo más pronto posible, mediante la expedición de la ley de ordenamiento territorial, la cual como es suficientemente sabido,"no obstante que han transcurrido 17 años, desde la Constitución de 1991, no se ha expedido", generando demandas como ésta, "en la que los ciudadanos confunden términos constitucional y legalmente distintos".
"Laclaridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque 'el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental'[2], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad seanciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[3] 'y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita'[4] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[5]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; 'esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden'[6].
De otra parte, las razones sonespecíficas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través 'de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada'[7]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales'[8] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[9].
Lapertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[10] y doctrinarias[11], o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que 'el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico'[12]; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[13], calificándola 'de inocua, innecesaria, o reiterativa'[14] a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Dentro de este contexto, no se vislumbran los presupuestos necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo; como acertadamente señala la Procuraduría, el actor hace una lectura subjetiva, imprecisa y parcial de los artículos demandados ya que "en ninguna parte de los mismos se entiende lo manifestado por el ciudadano, en la medida que estas normas hacen referencia o regulan lo relativo a los impuestos de industria y comercio dentro de las jurisdicciones municipales".
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 195 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 196 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 197 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 198 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 199 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 200 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 205 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 206 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
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Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 212 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 213 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 32 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 33 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 34 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 35 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 36 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 37 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 40 LEY_14_1983_06/07/1983
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Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 47 LEY_14_1983_06/07/1983
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 48 LEY_14_1983_06/07/1983
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-1087 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
[1] Cfr C-177 de abril 29 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo y C-121 de febrero 22 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2] Notas de pie de página originales de la sentencia citada: "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993 M. P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3a de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 M. P. Carlos Gaviria Díaz."
[3]"Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demandacontra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues 'del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella'."
[4] "Sentencia C-504 de 1995; M. P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 'por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales', pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador."
[5] "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M. P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad de proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido ver las sentencias C-113 de 2000 M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra."
[6] "Sobre este particular pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras."
[7] "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados."
[8] "Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos."
[9] "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo."
[10] "Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada."
[11] "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz… Se dijo, entonces: 'Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables'. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución."
[12] "Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997."
[13] "Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia."
[14] "Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1044 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-201 de 2001 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)."

References: Artículo 200
 artículo 78
 artículo 56
 artículo 330
 Artículo 195
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 198
 Artículo 199
 Artículo 200
 Artículo 205
 Artículo 206
 Artículo 207
 Artículo 208
 Artículo 209
 Artículo 210
 Artículo 211
 Artículo 212
 Artículo 213
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 1