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Timestamp: 2020-01-24 14:37:45+00:00

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¡¡ SEÑORÍA, SEÑORÍA, QUE SOY COMPAÑERO, COÑO !! – republicado – Punto Crítico Derechos Humanos header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');
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20 septiembre, 2018 PUNTO CRÍTICO Editorial Justicia 0
No hay Justicia en el Control Social, que es en lo que estamos viendo, perplejos, en ¿nuestros? Tribunales, en estos días de miedo y rabia. Miedo porque, finalmente, la Justicia se ha convertido -ante nuestros ojos- en el monstruo que destruye nuestra convivencia. Rabia, producto de la impotencia.
“Justicia es lo que en tribunal de cinco, deciden tres”. “La venganza es la Justicia del hombre salvaje; la Justicia es la venganza del hombre social”, son dos caracterizaciones de este controvertido concepto.
“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, es la definición de Ulpiano (Jurista romano del Siglo III). Las llamadas “Tres máximas de Ulpiano” condensan los preceptos del derecho en: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo» (“Institutas” de Upiano – “Corpus Iuris” de Justiniano):
Vivir honestamente. Estos preceptos, de contenido moral, no dejan por ello de ser también jurídicos. El “IUS” (derecho) sirve para garantizar la pública honestidad y las buenas costumbres y quien las viole, será objeto de la sanción jurídica, por ser su proceder contrario al “honeste vivere”.
No dañar a los demás. Quien se abstiene de la conducta prohibida por las leyes, obedece al precepto de no hacer daño a nadie, siendo justo. La alteración del justo equilibrio que lesiona los afectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en sus derechos, obliga al restablecimiento del orden agredido.
Dar a cada quien lo suyo. Quien hace lo que las leyes mandan cumple con dar a cada uno lo suyo. Cumplir los contratos, guardar los pactos, reconocer los derechos de los demás; están ínsitos en el dar lo suyo a cada cual. Entre otros conceptos de importancia tenemos “iustitia e iurisprundentia”. Este precepto contiene la idea de justicia común a Ulpiano, Aristóteles, Platón y a Tomás de Aquino.
Hay mucha gente que no quiere que veas este vídeo. A ellos no les da miedo que un diputado pregunte.
Lo que les da miedo es que la gente vea las respuestas. Miradlo hasta el final y compartidlo. MUY GRAVE!
(Resumen: Albano Dante Fachin – Diputado de PODEM en el Parlamento de Catalunya).
No se nos escapa el carácter profundamente político de esta primera distinción: Inamovilidad y Responsabilidad. Consecuencia del Principio de División de los Poderes del Estado (Ejecutivo -Gobierno-; Legislativo –Parlamento-; Jurisdiccional -Judicial); y el sistema de pesas y contrapesos que constituye su sistema de control mutuo, en el que cada poder vigila y controla a los otros dos. (sobre la División de Poderes, véase https://puntocritico.com/2017/05/09/el-principio-de-division-de-poderes-en-la-union-europea-y-en-el-estado-espanol/ ).
Los antecedentes históricos más antiguos nos remiten a una función judicial de carácter religioso; una casta sacerdotal que administraba Justicia, al principio según ritos y tradiciones, más tarde –sin perder su carácter sacral- por las leyes escritas de que se dotan los Ciudadanos (Cives), y la interpretación de las mismas hecha por los Jurisconsultos; pero el Derecho del caso concreto lo dice un Magistrado. Esa sigue siendo la magia del Poder Jurisdiccional –decir el derecho, dirimiendo conflictos-; en un juicio entran los hechos y sale el derecho, que proviene de los antepasados a quienes, de alguna manera, la resolución del Magistrado, devuelve a la vida, pues vivo está su legado, sobre el que se edifica la organización social en su devenir (https://puntocritico.com/2017/05/11/justicia-divina/ ).
La imparcialidad del Juez tiene una doble dimensión, la interna (Imparcialidad Subjetiva), y la externa (Imparcialidad Objetiva).
BALANZA DE LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL
La IMPARCIALIDAD JUDICIAL, en su concepto estricto, significa estar libre de prejuicios, es decir, abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad de un asunto, al realizar un juicio. La objetividad es un concepto fuertemente conectado con la imparcialidad. De hecho, la imparcialidad requiere de objetividad, pero implica una decisión o elección entre diversas opciones o circunstancias. En otras palabras, ser imparcial implica no tener favoritismos personales – o interés – entre dos o más opciones objetivas.
En cuanto a su definición doctrinal, la imparcialidad es “la imposibilidad del tercero que sentencia de realizar o reemplazar la actividad que durante el proceso deben llevar a cabo las partes”, según el profesor Gustavo Calvinho.
Por su parte, el profesor Alvarado Velloso señala: “Un acusador y un acusado; un pretendiente y un pretendido; un actor y un demandado; y un tercero que por ser tal, no puede ser ni el primero, ni el segundo. El tercero que, siendo juez hace su profesión y más un medio de vida su calidad de tercero no puede ser ni uno ni otro. Ello llevo algún día a sostener que la primera calidad del juzgador es su imparcialidad, no es parte del proceso porque, si lo es, es acusador o acusado. Es demandante o demandado” (Adolfo Alvarado Velloso, El garantismo procesal).
El Tribunal Constitucional explicó la diferencia entre ambos tipos de imparcialidad en su Sentencia 164/2008, de 15 de diciembre de 2008; a la primera la llamó Imparcialidad “subjetiva” (en concepto amplio), y a la segunda, Imparcialidad “objetiva”:
“Hay que tener presente que imparcialidad del Juez se puede [analizar] desde una doble vertiente: a) La «subjetiva» o relativa a la relación [del] Juez con las partes, pues la neutralidad de los juzgadores se relaciona con la propia disposición del ánimo, con su actitud respecto de los contendientes, sin inclinarse a ninguno de ellos; y b) La «objetiva», en tanto que busca preservar la relación del Juzgador con el objeto del proceso y que se dirige a asegurar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de un recurso se acerquen al mismo sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/09/pdfs/BOE-A-2009-431.pdf
La Imparcialidad que se exige del Juez en cada caso concreto, se somete al examen de los datos objetivos. No es posible conocer “lo qué piensa el juez”; su subjetividad. Por ello los parámetros para “medir” la imparcialidad han de ser Objetivos; consistentes en datos, hechos. No es, por tanto, la Falta de Imparcialidad Objetiva, un Juicio sobre la subjetividad del juzgador, que insistimos, se desconoce. Es un juicio acerca de hechos que permiten poner en duda la imparcialidad, sin cuestionar la “verdadera” intención del Juez al que se tacha de parcial en base a datos de hecho acreditados.
“Impunidad enmascarada de la Judicatura”. El jurista italiano, G. Fassone, caracteriza con esta rotunda expresión la verdadera realidad de la exigencia de RESPONSABILIDAD a los Jueces por hechos cometidos en ejercicio de su función.
El artículo 117, 1º de la Constitución española establece: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
La Responsabilidad del Juez en el ejercicio de la función Judicial, puede ser de dos tipos (tras la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial –LOPJ-, que viene a excluir la posibilidad de exigir la Responsabilidad Civil al Juez; debiendo ser en su lugar, exigida como Responsabilidad Patrimonial del Estado; sujeta al derecho administrativo): Penal y Disciplinaria.
Así, conforme a la LOPJ – Artículo 16: 1. “Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley”. 2. “Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia”.
Por Responsabilidad Disciplinaria entendemos la derivada de la comisión, por parte de un funcionario público o autoridad, de aquellos actos o hechos que, sin tipificarse como delito, perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la persona. La acción u omisión de las funciones que, de una u otra manera, perjudique el correcto desempeño de un determinado ente público, conlleva una responsabilidad y una sanción disciplinaria, sanción que será gradual según la gravedad o levedad de la falta, y de las consecuencias de esta.
En cuanto a la Responsabilidad Civil, la Ley Orgánica 7/2015, ha derogado los arts. 411 y ss de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regulaban la responsabilidad civil de los jueces y magistrado. Así, el Preámbulo de esta Ley Orgánica (apartado V) manifiesta: “También se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el Juez o Magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave”.
La Responsabilidad Penal supone la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por la Ley Penal, al deber de afrontar las consecuencias sancionadoras penales derivadas, en cada caso, de la vulneración cometida.
La Responsabilidad Penal del Juez (en ejercicio de su función judicial, en otro caso, no hay Responsabilidad Judicial, ni son de aplicación las especialidades que ahora analizamos, con la salvedad que inmediatamente apuntamos), se regula en los artículos 405 a 410 de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial –LOPJ-, partiendo del aforamiento de los Jueces (al decir “Jueces” nos referiremos también a los Magistrados; por otra parte, el Presidente y los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los Magistrados del Tribunal Supremo, están aforados incluso en el caso de no ser los hechos presuntamente delictivos cometidos en el ejercicio de su función judicial), y sin tipificar Delito alguno (los Delitos son los previstos en el Código Penal), siendo las diferencias con el régimen general de orden procesal.
Así, el Art. 73, 3º – b de la Ley Orgánica del Poder Judicial –LOPJ-, establece que corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del respectivo Tribunal Superior de Justicia, como Sala de lo Penal, “La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo”.
Por su parte, el Artículo 57 LOPJ, establece: “1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: (…) 2.º. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3.º. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia”.
El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podrá incoarse por el Tribunal competente (o por otras autoridades judiciales que tuvieren conocimiento de la posible comisión del Delito, oyendo al Fiscal previamente si se trata del CGPJ), o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del “perjudicado u ofendido” (artículo 406 LOPJ), o mediante el ejercicio de la acción popular.
Es decir, el “perjudicado u ofendido” se ha de valer de Abogado y Procurador si quiere ejercitar su Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva (artículo 24, 1º – Constitución) interponiendo acciones penales contra Jueces por hechos cometidos en ejercicio de sus Funciones Judiciales (Poder Jurisdiccional).
Aunque a primera vista puede no parecer demasiado relevante, el camino iniciado para la opinión pública por el espíritu reivindicativo que animó, en marzo del año 2010, a más de 1.400 jueces españoles a firmar el Manifiesto por la despolitización e independencia judicial, y continuado, especialmente, por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (http://pcij.es/), formada por jueces, juristas y otros profesionales de muy plurales signos ideológicos, identifica como principales problemas de la Justicia española EL CORPORATIVISMO y la POLITIZACIÓN. Lo que da la imagen clara de las dificultades extremas que conlleva la exigencia de cualquier género de Responsabilidad a cualquier Juez, ante, precisamente, sus mismo compañeros, afectados todos por el Corporativismo. Dejamos, por su importancia y gravedad, este tema pendiente, para un próximo artículo en Punto Crítico.
En cuanto a la Responsabilidad Disciplinaria del Juez, también se regula en la LOPJ, artículos 414 a 427. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano responsable en España de aplicar las normas disciplinarias que regulan el incumplimiento de las responsabilidades profesionales de un juez, relativas tanto a su ejercicio profesional como a sus relaciones con los ciudadanos y profesionales de la Administración de Justicia.
El ejercicio de las funciones de un juez guardan relación, en términos generales, con los siguientes diez principios:
Espíritu de servicio y trato adecuado a compañeros, profesionales y ciudadanos.
Respeto a las partes que intervienen en el proceso.
Sometimiento al proceso debido.
Resolución del pleito en un plazo razonable, según las circunstancias de cada caso.
El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a Jueces y Magistrados. Mediante la incoación de un expediente disciplinario que tiene por objeto establecer el alcance de la conducta realizada por el juez o magistrado, el Consejo resuelve sobre la existencia de infracción y la imposición de la sanción pertinente.
Articulo 417 LOPJ
Articulo 418 LOPJ
13. El incumplimiento de la obligación de elaborar alarde o relación de asuntos pendientes en el supuesto establecido en el apartado 3 del artículo 317 de esta Ley.
14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 389.5º de esta Ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
Articulo 419 LOPJ
Articulo 420 LOPJ
REPOSITORIO DE DATOS SOBRE PROCESOS PENALES POR CORRUPCIÓN, DEL CGPJ:
http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/2017/05/es-la-corrupcion-jurisdiccional.html
Si accedemos al “Repositorio de datos sobre procesos por corrupción” del CGPJ (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/ ) nos encontramos con que el catálogo de delitos examinado es el siguiente: “Se consideran delitos relacionados con la corrupción a los efectos de este repositorio:
– Corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Arts. 286, 3º y 4º CP”.
Como señala el autor del citado Blog (enocasionesveoreos.blogspot.com.es), “curiosamente, dicho repositorio se olvida del delito de prevaricación judicial, bien porque no lo consideran corrupción, bien porque piensa el redactor que el Poder Judicial está completamente a salvo de toda mancha. Como quiera que los delitos cometidos por jueces y fiscales, en el ejercicio de sus funciones, se han visto aforados a los TSJ o Tribunal Supremo, lo cierto es que apenas se ve rastro alguno de ellos (juraría que no se ha condenado penalmente a ningún fiscal por delitos relacionados por el cargo y respecto a los jueces es bien sabido que son pocos y siempre por asuntos muy noticiosos). Pero lo que no tiene sentido es que el delito de prevaricación judicial no esté recogido: sea por favorecer o sea por perjudicar a alguien. Pocos exponentes más grandes hay de la corrupción que el de un juez que se aparta intencionalmente de la legalidad; otra cosa es que haya muchas, pocas o ninguna condena, tanto en la modalidad dolosa como en la imprudente”.
Nombramientos altos cargos judiciales.
Editorial revista Tempus Octobris.
https://puntocritico.com/2017/03/04/mazaborombo-y-burundanga-judicial/

References: resolución 
 resolución 
 artículo 117
 Artículo 16
 Artículo 57

Resolución 
 artículo 317
 artículo 389