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Timestamp: 2017-12-18 00:59:37+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 263/2010 de 15 de marzo. Nulidad de actuaciones. Subsanación y ampliación de demanda. Litisconsorcio pasivo necesario - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 263/2010 de 15 de marzo
Nulidad de sentencia: Sentencia con insuficiencia de hechos probados. Nulidad de actuaciones: Demanda defectuosa. Ampliación de demanda. Litisconsorcio pasivo necesario.
En el recurso de suplicación interpuesto por Ayuntamiento De Teror contra sentencia de fecha 17 de septiembre de 2007 dictada en los autos de juicio n.º 617/2003 en proceso sobre DERECHOS, y entablado por D./Dña. Gervasio, contra Ayuntamiento De Teror.
Primero.-El demandante ha venido prestando servicios para el Ayuntamiento demandado desde el 20/01/89 con categoría profesional de "Encargado conserje de Centros Culturales", percibiendo un salario diario bruto prorrateado de 32,57.-€, ostentando desde el año 1997 la condición de personal laboral fijo de la Corporación Local.
Segundo.-No obstante lo anterior, al menos en el año 1990 prestó servicios como Encargado de Almacén, categoría profesional que se indicaba en sus nóminas.
Tercero.-Con fecha de 22 de marzo de 2001, el actor solicita una excedencia voluntaria por un periodo de dos años, desde 1 de mayo de 2001 al 1 de mayo de 2003.
Cuarto.-Mediante resolución de la alcaldía de fecha de 9 de abril de 2001, se otorga dicha excedencia, por el periodo señalado.
Quinto.-Mediante escrito de 7 de marzo de 2003, el actor solicita el reingreso a la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Teror.
Sexto.-Mediante resolución de la Alcaldía de fecha de 28 de abril de 2003, notificada el actor el 25 de abril de 2003, se acuerda denegar la petición de reingreso del actor por razón de inexistencia de vacante de igual o similar categoría a la que ocupaba por el mismo, al haberse amortizado dicho puesto en el presupuesto municipal del ejercicio de 2003.
Séptimo.-Pese a que, efectivamente, la plaza de Encargado Conserje de Centros Culturales fue amortizada mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27/12/02, resulta que tanto en los presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2002 como para el de 2003 figuraba como "vacante" la plaza de encargado de almacén, la cual tenía análoga retribución a la de Encargado Conserje que había venido ocupando el actor.
Octavo.-Tras notificarse al actor la resolución aludida en el hecho probado 6.º, agotó la vía previa e interpuso el 3/06/03 demanda por despido, que fue turnada al juzgado de lo Social n.º 3 de esta ciudad, con n.º de autos 610/03, celebrándose comparecencia el 22/07/03 en la que la parte demandada manifestó "que no ha habido despido y que la causa de no incorporación en la inexistencia de vacante, ante lo cual la parte demandante desistió de la demanda de despido, manteniendo la que encabeza las presentes actuaciones, sobre derechos. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por Gervasio contra el AYUNTAMIENTO DE TEROR, reconociéndose al demandante el derecho al inmediato reingreso en la plantilla laboral de la corporación local demandada al existir plaza vacante de similar categoría a la que venía desempeñando, debiendo la parte demandada estar y pasar por ello.
Primero.-La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta por el demandante, D. Gervasio, quien venía prestando servicios para el M.I Ayuntamiento de La Villa de Teror, desde el 20.01.89, con la categoría profesional de Centros Culturales, percibiendo un salario diario prorrateado de 32,57 euros brutos y desde el año 1997 tiene la condición de personal laboral fijo con la citada Corporación Local; y desde al menos el año 1990 prestaba servicios como Encargado de Almacén; habiendo solicitado excedencia voluntaria se le concedió por Resolución de la Alcaldía de 09.04.01.
Y, en fecha 07.03.03, el actor solicita por escrito el reingreso y resultando denegada por Resolución de fecha 28.04.03 por inexistencia de vacante de igual o similar categoría, al haberse amortizado dicho puesto en el presupuesto municipal del ejercicio de 2003 y ello mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de 27.11.02. Sin embargo figuraba como "vacante" la plaza de Encargado de Almacén.
Y, acordándose en dicha resolución judicial reconocer al demandante el derecho al inmediato reingreso en la plantilla laboral de la Corporación Local demandada al existir plaza vacante de similar Categoría a la que venía desempeñando, debiendo la demandada estar y pasar por ello.
Frente a la citada sentencia se alza la dirección legal del M.I Ayuntamiento de La Villa de Teror, mediante el presente recurso de suplicación articulado en base a dos tipos de motivos: en primer término, al amparo de la letra b) del art. 191 TRLPL, se pretende la revisión de los hechos declarados probados; y a continuación, por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, se denuncia la infracción de las disposiciones normativas citadas en el mismo.
El recurso ha sido impugnado por la dirección legal del actor, D. Gervasio.
Segundo.-El artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que en la sentencia, el Magistrado, "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados"; y este precepto ha sido reiteradamente interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de que el Magistrado a quo está obligado a recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que pueden resultar de interés para resolver la cuestión debatida, y no sólo los que basten a dicho Juzgador de instancia para dictar la sentencia que él estima correcta, sino que deberá hacerlo con la amplitud precisa para que el Tribunal ad quem pueda decidir, del modo que dicho Tribunal considera justo, las pretensiones deducidas (sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1987, Ar. 1345, 7 de noviembre de 1986, Ar. 6293 y 15 de julio de 1983, Ar. 3799). Y si aquel Magistrado no cumple esta exigencia, y los hechos que declara probados son insuficientes a los fines indicados, la consecuencia obligada es la anulación de la sentencia que haya dictado y todas las actuaciones posteriores, a fin de que se dicte otra que cumpla adecuadamente lo que ordena el citado artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral y se expresen en ella unos hechos probados suficientes y completos; y como esta exigencia de los hechos probados es de derecho necesario, al afectar al orden público del proceso, procede decretar dicha nulidad incluso de oficio, como han precisado las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1984, Ar. 75 y 15 de julio de 1983, Ar. 3799, entre otras.
Así pues, proyectado todo lo que antecede al supuesto que aquí nos ocupa la Sala concluye, en aras de lo dispuesto en los artículos 9.3 y 24.1 CE78, en concreto en base a los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva respectivamente, que debe ser traído al presente procedimiento como parte demandada quien al parecer viene ocupando la citada plaza de Encargado de Almacén que pretende ocupar el ahora demandante, Sr. Gervasio. Y ello sin perjuicio que previamente se requiera al demandado, M.I. Ayuntamiento de Teror, a los efectos que se certifique, por quien corresponda, la existencia de dicha plaza de Encargado de Almacén y, en su caso, la persona que viene ocupándola y desde cuándo la desempeña. Y todo ello conduce a la nulidad de oficio de las actuaciones procesales, incluida la sentencia de instancia, posteriores a la admisión a trámite de la demanda que encabeza el presente procedimiento y, tras los trámites procesales pertinentes, se proceda a la citación de las partes litigantes, con inclusión en su caso de la persona que viene ocupando dicha plaza de Encargado de Almacén, a los efectos de la celebración de los actos de conciliación y juicio oral.
Por todo lo cual la Sala no entra a conocer y resolver del recurso de suplicación interpuesto por el M.I Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Declaramos de oficio la nulidad de la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social N.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos n.º 617/2003, así como de todas las actuaciones procesales posteriores a la admisión a trámite de la demanda interpuesta por D. Gervasio contra el M.I. Ayuntamiento de la Villa de Teror, a fin de que subsanados los defectos procesales citados anteriormente, se proceda a la celebración de los actos de conciliación y juicio oral con citación, en su caso de todas partes que pueda afectarle afectarse la resolución judicial que se dicte.
Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO número 3537/000066 0137/2008 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital- coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de ésta habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribuna Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito del BANESTO c/c 24100000660137/2008, Sala Social del Tribuna Supremo.

References: resolución 
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 artículo 97
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