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Timestamp: 2020-05-27 10:13:49+00:00

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Desde hace 44 años, Diario Extra se ha caracterizado por un estilo sensacionalista e impactante. Desde hace más de cuatro décadas, ha cumplido con su objetivo de informar; y se ha diferenciado de otros medios de comunicación por el uso de textos irónicos, sarcásticos y titulares con doble sentido…
Desde 2013, cuando Carlos Ochoa asumió la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), se ejecutó una persecución sistemática que tuvo por objetivo castigar al periódico a través de sanciones económicas y administrativas. Gráficos Nacionales (Granasa), empresa que edita Extra y Expreso, fue sentenciada a pagar más de un millón de dólares, como suma de las en distintas multas impulsadas por el exfuncionario, hoy prófugo de la justicia.
El contralor Pablo Celi sugirió que las funciones de la Supercom pasen a la Cordicom
El contralor Pablo Celi participó en la sesión 177 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se discuten las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este 30 de julio sugirió a los asambleístas que las funciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) pasen al Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).
Para Celi, la Cordicom, desde un punto legal y técnico, es «el organismo que mejor puede representar el principio legal. Pensamos que en la conformación de Cordicom se incluyan a gremios relacionados profesionales y de la academia especializados que hoy conforman el consejo consultivo y que podrían ampliar el debate y el análisis».
El Contralor sugirió que se realicen concursos separados para la adjudicación de frecuencias, una para medios privados y otro para públicos. Y, en ese contexto, que se defina en la ley el rol y el concepto de los públicos.
«Es necesario que se unifique el concepto de medios públicos. En el artículo 83 se habla de medios públicos oficiales y en el artículo 78 la ley se refiere a medios públicos en general. Esta ambigüedad permite confusiones para determinar la cualidad, naturaleza y pertinencia de un medio público para establecer restricciones y así evitar proliferación de medios que no guardan relación con las entidades titulares de esos medios», explicó.
El titular de la Contraloría indicó que la naturaleza y funciones de los medios públicos y privados son distintas. «Eso es motivo de conflictos. Pensamos que lo más saludable es que se especifique en la ley las regulaciones y directrices atendiendo a las diferentes naturalezas de cada tipo de medio y vayan a concurso por separado», concluyó.
Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.
La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.
Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.
Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.
En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.
No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.
El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.
Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.
Fundamedios exhorta a los medios afectados a impugnar sanciones impuestas por la Supercom
FUNDAMEDIOS se congratula con la decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que anula la resolución que dictó hace tres años la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) contra diario El Universo, por una caricatura de autoría de Xavier Bonilla “Bonil”, referente al allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio.
El Tribunal consideró que la SUPERCOM utilizó un argumento carente de solidez para que “surja una motivación pertinente y completa”, a la hora de imponer la sanción al medio, que consistió en el pago del equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del diario y la obligación a rectificar la caricatura titulada “Regale la Navidad”, publicada el 28 de diciembre de 2013.
Según el Tribunal, no existió “conducta jurídicamente imputable proveniente de Diario El Universo, ameritando, ser sancionada, pues no cumple con los presupuestos del literal l), numeral 7) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que la norma jurídica, debe guardar pertinencia con los antecedentes de hecho a los que haga referencia la decisión de la autoridad pública”.
Con este antecedente, que demuestra jurídicamente que las sanción impuesta a El Universo fue injusta, Fundamedios exhorta a los medios de comunicación afectados con sanciones y multas de la SUPERCOM a apelar ante esta instancia administrativa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.
Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional. Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.
Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.
“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.
Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.
De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.

References: artículo 83
 artículo 78
 resolución 
 artículo 76
 artículo 103
 artículo 103
 resolución