Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421456.html
Timestamp: 2019-03-26 08:17:18+00:00

Document:
as201421456
Auto Supremo: 456/2014
Sucre: 22 de agosto de 2014
Expediente: LP - 84 - 14 - S
Partes: Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez. c/ Susana Graciela
Gutiérrez Maydana, Dominga Gutiérrez Maydana y Rosario S. Gutiérrez
Maydana.
Proceso: Nulidad de Escritura Pública, restitución de inmueble y resarcimiento
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 486 a 490 vta, interpuesto por Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez, contra el Auto de Vista Nº S-291/13 de 22 de agosto de 2013, de fs. 481 a 483 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública, restitución de inmueble y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez contra Susana Graciela Gutiérrez Maydana, Dominga Gutiérrez Maydana y Rosario S. Gutiérrez Maydana; la respuesta al recurso de fs. 499 a 503 vta., el Auto de fs. 535; los antecedentes del proceso, y:
Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez, de fs. 15 a 17, adjunto literales a fs. 14, en fecha 14 de enero de 2004, presenta demanda sobre nulidad de escritura pública; a fs. 67 a 68 y fs. 70, mediante memorial de 1º de febrero de 2005, amplía demanda, y por memorial de 12 de octubre de 2006, de fs. 108 a 109, modifica y amplía la misma señalando que la Escritura Pública Nº 1843/1994 en virtud al art. 552 del Código Civil, debe anularse con la consiguiente restitución de la anterior partida Nº 2164, Fs. 2164 del Libro C de 1971 donde estaba registrado el derecho de su madre sobre el bien adquirido por compraventa según Escritura Pública Nº 295 de 23 de noviembre de 1971, señalando que fue declarada heredera al fallecimiento de su madre Juana Maydana Chipana, quien, mediante Escritura Pública Nº 295/1971 de 23 de noviembre de 1971, debidamente registrada, adquirió el bien inmueble de 200 m2, en la Urbanización 16 de Julio de la ciudad de El Alto. Cuando quiso realizar el cambio de nombre se enteró de la existencia de la Escritura Pública Nº 1843/1994 de 18 de agosto de 1994, de minuta de compraventa del bien inmueble señalado, evidenciando que entre su madre y sus hermanastras convinieron la compraventa de dicho inmueble pero este hecho está viciado de nulidad en virtud del art. 1004, 1066-II del Código Civil, ya que se le ha suprimido de esa compraventa pues lo correcto era efectuar la declaratoria de herederos y posteriormente la división y partición de los bienes dejados por el progenitor, conforme el art. 1059-I de la precitada norma. Modifica y amplía su demanda en virtud al art. 549 incs. 2, 3 y 4 del Código Civil, pidiendo la restitución al inmueble ya que fue expulsada de ahí más el pago de daños y perjuicios. Señala que la nulidad de contrato se justifica también por la falta de identificación de la vendedora en el nombre, por no contener datos exactos del inmueble, y por falsedad ideológica en el legajo de la Escritura Pública Nº 1834/94 mencionada.
Mediante Resolución Nº 37/2007 de 01 de febrero de 2007 de fs. 132, el Juez Segundo de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de El Alto, declara probada la excepción de contradicción e imprecisión en la demanda, interpuesta por la parte demandada.
Asunta Lidia Medrano de Gonzales por Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez, el 13 de mayo de 2008, formula nueva demanda de nulidad de la Escritura Pública Nº 1843/94 de 18 de agosto de 1994, y su correspondiente protocolo y minuta, así como el pago de daños y perjuicios y la restitución a la habitación que ocupaba, todo de conformidad al art. 549 incs. 2, 3 y 4 y arts. 984 y 994 del Código Civil, señalando que su representada es legítima heredera de Juana Maydana Chipana, declarada como tal por Resolución Nº 132/03 de 22 de febrero de 2003. Por Escritura Pública Nº 295/1981 su madre adquirió de Rufino Mamani y Anselma Also de Mamani el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa 16 de Julio de 200 m2 de superficie, registrándose en Derechos Reales bajo la Partida 2164 Fs. 2164 del Libro 1 C el 9 de diciembre de 1971. Supuestamente, mediante Escritura Pública Nº 1843/94 de 18 de agosto de 1994, dicho lote habría sido transferido a Susana Graciela, Dominga Victoria y Rosario Sophia Gutiérrez Maydana, registrado bajo la Partida computarizada Nº 01314736 de 02 de agosto de 1995, extremo que nunca fue de conocimiento de su madre ni el suyo pese a que vivió en dicho inmueble hasta el año 2006. En la referida Escritura Pública Nº 1843/94 de 18 de agosto de 1994, falta una idónea identificación de la vendedora en cuya cedula de identidad se evidencia que se trata de Juana Maidana de Gutiérrez, empero en la escritura pública se identifica a la vendedora como Juana Maydana de Vela, error referido a una suplantación de apellidos y que vicia de nulidad dicha escritura ya que la propietaria sería Juana Maydana de Vela. Conforme al art. 1299 de la precitada norma, en la minuta de fs. 65, se evidencia que Juana Maydana de Vela manifiesta, en la cláusula primera, ser la propietaria de un inmueble “… ubicado en la Urb. 16 de Julio del manzano 1 A…”, pero en la Escritura Pública Nº 1843/94 se omite el número “1” del manzano y se transcribe únicamente la letra “A”, siendo que la obligación del Notario de Fe Pública era la transcripción fiel y exacta de la minuta entregada para su protocolización, considerando que la venta la realizó la Sra. Vela de su lote ubicado en el manzano 1 A y no así del manzano A, extremo que igualmente está viciado de nulidad en cuanto al objeto del contrato. Además, existe falsedad ideológica en el legajo de la Escritura Pública Nº 1843/94 ya que en la transcripción del formulario 169 Nº 0872458 en el Rubro 1 apellido y nombre enajenante, señala Susana Maydana de Vela. Si supuestamente la vendedora o enajenante es Juana Maydana de Vela, en el lugar de firma del enajenante o cedente aparece una firma, sin embargo, la supuesta vendedora no sabía firmar, bajo esta firma aparece el nombre de Susana Graciela Gutiérrez, sin embargo, esta persona no es la vendedora sino la supuesta compradora.
Dominga Victoria, Susana Graciela y Rosario Sophia Gutiérrez Maydana, de fs. 158 a 163 vta., y de fs. 168 a 174, bajo argumentos similares, contestan negativamente a la demanda, así: La demandante no tiene personería ni interés legal para plantear nulidad del derecho propietario que les asiste, reclama un derecho originado en una declaratoria de herederos pero ésta carece de eficacia jurídica porque no lleva pago de impuestos sucesorios, protocolización ni fue inscrito en Derechos Reales. Indican que su madre adquirió el inmueble por compraventa y les transfirió a cambio de un justo precio. Alegan que el derecho propietario de las demandadas, como efecto de un contrato bilateral, se encuentra registrado legalmente, se rige por los arts. 450, 454, 483 y 519 del Código Civil, y es oponible a terceros. Afirman que no se dan las causales de nulidad pues el objeto o la forma como requisito de validez se ha cumplido en la Escritura Pública 1843/94, su madre al no saber firmar estampó sus huellas digitales en la minuta y escritura de compraventa con las solemnidades legales, no celebraron un documento privado sino que con su madre han celebrado una minuta y escritura de compraventa, documento público en forma consensuada entre partes. Respecto a la nueva demanda, señalan que la verdadera vendedora es su madre Juana Maydana de Gutiérrez pero en la Notaría hubo error que fue rectificado por un proceso civil ordinario no existiendo ningún error de identidad de la persona que vende, en cuanto al objeto del contrato, éste se encuentra identificado y determinado que es Urbanización 16 de Julio de la ciudad de El Alto; en cuanto a la ubicación del manzano, no ha existido error esencial ya que se les transfirió el bien inmueble ubicado en la Urbanización 16 de julio del Manzano 1 de calle Hnos. Espinoza Nº 778 con 200 m2, ni existe causal de nulidad referido al inc. 2 art. 549 del Sustantivo Civil, respecto a la falsedad ideológica de la que acusa, en el rubro 1 como enajenante su madre Juana Maydana, en el formulario 169 se consigna claramente a Juana Maydana, debiendo aclarar que en el rubro 4 fue firmada por Susana Graciela Gutiérrez como compradora. Finalmente, es improcedente el pago de daños y perjuicios por no haber realizado ningún acto doloso ni culposo habiendo únicamente celebrado con su madre un contrato válido de compraventa de inmueble.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Tercero de Partido en lo Civil-Comercial de El Alto, mediante Sentencia Nº 215/2012 de 20 de abril de 2012, de fs. 398 a 404, declaró probada en parte la demanda interpuesta en lo concerniente a la declaración judicial de nulidad de la Escritura Pública 1843/94 y la cancelación de la partida computarizada 01314736 actual folio real Nº 2.01.4.01.0033075, e improbada con relación a la restitución de la habitación que ocupaba en el inmueble y al pago de daños y perjuicios impetrados.
En apelación la referida Sentencia, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 291/13 de 22 de agosto de 2013, de fs. 481 a 483 vta., Anuló la Sentencia Nº 215/2012, disponiendo se dicte nuevo fallo; en contra de esta última resolución Hilda Águeda Gutiérrez Maydana Vda. de Jiménez, recurre de casación en la forma.
El Auto de Vista deniega justicia desconociendo el art. 180 de la Constitución Política del Estado, y art. 1-II del Código de Procedimiento Civil:
No es evidente que el Juez de instancia no hubiera considerado ni valorado la tercera pretensión resarcitoria ya que la misma se encuentra en el Considerando II num. 12) de la Sentencia Nº 215/2012. Si el Tribunal considera que es insuficiente le correspondía ingresar a valorar las pretensiones, mejorar y complementar los argumentos y no buscar excusas para no fallar en el fondo, máxime si la demanda principal se ha declarado probada y los daños y perjuicios se demandaron en forma accesoria.
La Sentencia Nº 215/2012 cumple con los arts. 190 y 192 del Adjetivo Civil, pues contiene disposiciones expresas y positivas, recaen sobre la cosa litigada en la manera en que han sido demandadas, fundándose en la prueba aportada y la valoración de la misma, es diferente que el Juez no haya valorado correctamente las pruebas o haya interpretado erróneamente alguna norma legal pero está obligado a fallar en el fondo.
Dejaron de cumplir el principio de celeridad previsto por el art. 3-7) de la Ley 025, al incurrir en retardación de justicia, han transcurrido 9 años y 10 meses y no hay un Auto de Vista que considere las pretensiones de fondo, se anularon consecutivamente obrados y en dos oportunidades se pronunció Sentencia.
Desconocen el principio de seguridad jurídica, la oportunidad y celeridad en la resolución de conflictos ya que al anular nuevamente obrados excusándose en que el A quo no consideró los daños y perjuicios demandados por la actora, impide el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Se apartaron de los arts. 16 y 17 de la Ley 025, ya que ninguna de las partes reclamó que la Sentencia no hubiera fundamentado la pretensión de daños y perjuicios, si bien demandó daños y perjuicios pero en su apelación no ha observado insuficiente argumentación para los daños y perjuicios.
El voto disidente de uno de los Vocales, conforme al art. 280 del Código de Procedimiento Civil, debió quedar registrado, en la resolución no cursa el motivo de la disidencia.
El Tribunal de Alzada debió advertir que dos jueces pronunciaron similares resoluciones declarando la nulidad de la Escritura Nº 1843/94, cumpliendo con el valor justicia y con el principio de verdad material. Con el dilatorio fallo no solo pierde su persona sino la administración de justicia por retardación.
También debe tomarse en cuenta: - Que a fs. 70 se establecieron las causales de nulidad invocadas en virtud de los arts. 1066 del Código Civil y 549-5) del Código de Procedimiento Civil, a las cuales, de fs. 158 a 163, y de fs. 168 a 174, las co-demandadas contestaron en forma negativa la demanda y con ello abrieron el debate y la controversia jurídica, fallándose en Sentencia sobre dichas causales pero contrariamente esgrimen que la demanda no contiene la causal del numeral 5) del art. 549 del Código Civil. – Que se indica que la Sentencia no se enmarca en el art. 192 del Adjetivo Civil, cuando contiene todos los elementos constitutivos. – Que la parte demandada contestó inequívocamente la demanda y se allanó a la misma, pero maliciosamente pretenden la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. – Que la Escritura Nº 1843/94 no cumple con las condiciones de validez y merece su nulidad porque en su protocolización la supuesta vendedora fue registrada con otro apellido, hay contradicciones entre el precio mencionado en la Escritura Pública (Bs.1000) y el documento privado de reajuste de precio ($us.10.000) que demuestra que no existió monto real cancelado. – Que la Escritura Pública, minuta de transferencia y documento privado de reajuste no cumplen con la forma exigida por el art. 1295 concordante con el art. 1299 del Código Civil.
En base a estos antecedentes, el recurrente pide que se Case el Auto de Vista.
El principal argumento de la recurrente está referido a que: con el Auto de Vista se le deniega una pronta y oportuna administración de justicia violando y desconociendo el art. 180 de la Constitución Política del Estado, y art. 1-II del Código de Procedimiento Civil, pues no es evidente que el Juez de instancia no hubiera considerado ni valorado la tercera pretensión resarcitoria ya que ésta se encuentra en el Considerando II num. 12) de la Sentencia Nº 215/2012. Si el Tribunal considera que es insuficiente le correspondía ingresar a valorar las pretensiones, mejorar y complementar los argumentos y no buscar excusas para no fallar en el fondo, máxime si la demanda principal se ha declarado probada y los daños y perjuicios se demandaron en forma accesoria.
Al discurrir el presente recurso sobre la nulidad de sentencia dispuesta por el Tribunal Ad Quem, corresponde efectuar el siguiente análisis:
La Sentencia Constitucional Nº 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, ha establecido: “El nuevo modelo de Estado está definido en la Constitución Política del Estado, en el art. 1º: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, bajo esa concepción la Norma Fundamental tiene incuestionable fuerza normativa susceptible de invocación en cualquier proceso o causa de manera que los jueces y tribunales están compelidos a resolver los litigios a la luz de la Norma Suprema del Estado, entendimiento que supone la materialización del principio de eficacia y aplicación directa del texto constitucional. La protección de los derechos fundamentales debe ser realizada al margen o por encima de las formalidades e inclusive de las leyes, pues la eficacia de un derecho no depende de la medida y los términos trazados por una ley ni las formalidades exigidas para su tutela, sino más bien, en la medida y en los términos trazados por la misma Constitución.
La potestad de impartir justicia, conforme al art. 178 de la Constitución Política del Estado, se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, gratuidad, etc., y para alcanzar la tutela inmediata de los derechos fundamentales se ha previsto de principios como los de impulso de oficio, celeridad, concentración, y sobre todo, el no formalismo, de acuerdo al cual solo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. A dichos principios se suma el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, el pro-actione y el de justicia material.
El principio de verdad material corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho, debe impregnar completamente la función de impartir justicia, a cuyo efecto no es posible la exigencia de extremados ritualismos o formalismos que impidan su materialización, por lo que debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, procuren la resolución de fondo”.
La Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, en su art. 17 dispone: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”. Sobre la interpretación constitucional respecto a la declaración de nulidades de oficio, la Sentencia Constitucional Nº 1357/2013 de 16 de agosto de 2013, ha dicho que la revisión de actuaciones procesales procede exclusivamente ante los asuntos previstos por ley, pero también procede frente a aquellos actos procesales que supongan una notoria lesión a derechos y garantías.
En el caso en examen, de la revisión del Auto de Vista Nº 291/13 se advierte que los argumentos del Tribunal de Alzada, para anular la Sentencia Nº 215/2012, fueron: Que la acción se basa en la pretensión mixta sobre la nulidad de la Escritura Pública Nº 1843/94 de compraventa de inmueble, la restitución de la habitación que ocupaba y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados; que la Sentencia Nº 215/2013 de 20 de abril de 2012, ha determinado la viabilidad de la pretensión declarándola probada en parte en lo concerniente a la nulidad de la escritura pública y cancelación de la partida, e improbada con relación a la restitución de la habitación y al pago de daños y perjuicios; que conforme a la argumentación jurídica, los jueces debemos argumentar nuestras decisiones, la argumentación tiene por objeto controlar la arbitrariedad del sentenciador y a su vez garantiza el legítimo derecho a defensa de las partes que requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes o no con ella; que el A quo no ha efectuado un análisis más riguroso y positivo en cuanto a la tercera demanda resarcitoria, incumpliendo con la exhaustividad en relación a la pretensión y en la valoración o desestimación de la prueba; que si bien en lo formal ha ahondado su análisis en las dos primeras demandas, no ha efectuado similar análisis en relación al resarcimiento de los daños y perjuicios.
De la verificación de la Sentencia Nº 215/2012, se advierte que el A quo, en relación a la demanda de pago de daños y perjuicios, en el punto 12 del 2º considerando, textualmente ha señalado: “Que al no ser ilícito el guarnecimiento de su personalidad en sus distintas variables que puedan asumir las contendientes judiciales, no se expresa en el sub lite el nexo causal explicativo que exige la estructura del hecho ilícito y de esta manera de lugar a su resarcimiento acorde a la exigencia del art. 984 y art. 994 ambos del Código Civil”, para declarar en la parte resolutiva improbada la demanda de pago de daños y perjuicios.
De la reproducción de dichos antecedentes, se puede llegar a concluir que no es cierto ni evidente que el Juez A quo haya soslayado mucho menos, se haya limitado a señalar que “… no habiendo la parte demandada demostrado los daños y perjuicios ocasionados …”, aseveración que no encontramos en parte alguna de la Sentencia, sino que encontramos en el punto 12 del 2º considerando, el argumento necesario y suficiente que ha llevado al Juzgador a una decisión final cual ha sido una declaración negativa de dicha pretensión, teniendo en cuenta que las decisiones jurisdiccionales no tienen que ser necesariamente ampulosas o exhaustivas o que se rijan a una estructura en particular, pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer las razones que llevaron al Juez a tomar dicha decisión de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la misma, pues, se puede observar que el Juez ha efectuado, respecto a la demanda de pago de daños y perjuicios, una argumentación con dichas características, habida cuenta que la pretensión resarcitoria es siempre accesoria a una principal, como bien señalan los de Alzada, “… la autoridad en lo formal ha ahondado su análisis sobre las dos primeras demandas…”, que nos lleva a deducir que el Juez Tercero de Partido en lo Civil de El Alto, al haber ingresado a profundizar su examen en la demanda principal, se justifican sus argumentos respecto al pago de daños y perjuicios.
De otro lado, como señala la recurrente, correspondía a los miembros del Tribunal de Alzada, si consideraban insuficiente la actividad argumentativa del Juez en este punto, pues señalan que “… no ha efectuado un análisis más riguroso y positivo de cuanto concierne a la tercera demanda resarcitoria…”, ampliar el argumento del A quo, procediendo a valorar el total de las pretensiones deducidas, y no decidir por la nulidad únicamente por una exigencia formal, al hacerlo han eludido ingresar al análisis de fondo del asunto postergando el reconocimiento judicial que las partes vienen demandado hace ya mucho tiempo tomando en cuenta que el presente proceso fue iniciado a principios de la gestión 2004, lapso de tiempo en el que, por diferentes motivos y justificaciones, se han anulado obrados repetidas veces, disponiendo, en otros casos, sendos Autos de Vista que anularon Sentencias.
Al obrar de esa forma, el Tribunal de Alzada ha contravenido la Norma Fundamental que ordena a los administradores de justicia a emitir una respuesta pronta y oportuna a los justiciables, así como los principios que rigen la justicia como el debido proceso o el de la celeridad que obliga a los administradores de justicia a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, el de concentración, y el del no formalismo al que ya nos hemos referido, y han vulnerado el derecho de acceso a la justicia de las partes.
De otro lado, los principios que rigen la nulidad de los actos procesales, son: el principio de especificidad o legalidad, principio de finalidad del acto, principio de trascendencia y principio de convalidación. Por el principio de trascendencia no es posible pronunciar la nulidad por la nulidad misma, es decir, que debe haberse producido un perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, debe demostrarse cuál es el agravio que causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable.
Si bien la nulidad procesal es procedente cuando se constatan infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia; situación que ha acontecido en el caso de autos ya que por una exigencia de mera formalidad, como el de no haber efectuado un análisis más riguroso, o no haber argumentado más jurídicamente una pretensión accesoria a la principal, no tiene ninguna conexión con la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, haber procedido de esa forma ha significado haber retrocedido a una administración de justicia ya superada con el nuevo modelo de Estado Plurinacional.
Por lo precedentemente expuesto éste Tribunal de casación, emite Resolución en la manera determinada por el art. 271 num. 3) en relación al art. 275 del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 par. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 291/13 de 22 de agosto de 2013, de fs. 481 a 483 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública, restitución de inmueble y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Susana Graciela Gutiérrez Maydana, Dominga Gutiérrez Maydana y Rosario S. Gutiérrez Maydana, y dispone que el Tribunal Ad Quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución ingresando a deliberar en el fondo del proceso de acuerdo a los antecedentes y recursos de impugnación de las partes.
No siendo excusable el error se impone multa con un día de haber a cada uno de los miembros del Tribunal de Alzada signatarios del Auto de Vista señalado. A tal efecto comuníquese a la dirección Administrativa y Financiera.
En aplicación del art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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