Source: https://www.slideshare.net/fcerong/igualdad-de-genero-y-leyes-de-violencia-en-espana-y-su-incumplimiento-con-el-convenio-europeo-de-derechos-humanos
Timestamp: 2019-01-23 07:30:55+00:00

Document:
Igualdad del Género y Leyes de Violencia en España: ¡Su incumplimient…
Igualdad del Género y Leyes de Violencia en España: ¡Su incumplimiento con el Convenio Europeo y de la ONU, de los Derechos Humanos!
¡Mi segunda denuncia ante el Tribun... by Francisco Antonio... 4352 views
¡Les ruego a sus Señorías que inter... by Francisco Antonio... 31658 views
Las leyes feministas son inequívocamente discriminatorias contra los hombres, no respetan el proceso de igualdad, y están en contra de la Convención Europea y de la ONU, de los Derechos Humanos.
Hay suficientes fundamentos jurídicos para creer que estas leyes feministas están en grave conflicto con los derechos humanos de la CEDH en varios de sus artículos, como los artículos 14, 6, 5 (1) y 8, por las siguientes razones:
Primero, no hay igualdad en los procesos judiciales.
Segundo, no hay garantía de un juicio justo.
Tercero, sólo los hombres se ven privados de su derecho a la
libertad; y, por último, el proceso suele ser muy lento y nocivo, y
romper la relación entre padres e hijos.
1. La Universidad de Hull Igualdad de Género y Leyes de Violencia en España, y su incumplimiento con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un caso de acción afirmativa en contra de los hombres. Por Anthony Joseph O. Onoh
2. Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para el Grado de Maestría en Derecho -LLM en la Universidad de Hull Agradecimiento: Doy gloria a Dios Todopoderoso por la gracia de alcanzar esta altura. Estoy eternamente agradecido a mi esposa e hijos por su paciencia y apoyo permanente. Muchas gracias a mi supervisor que vislumbró y logró sacar lo mejor de mí, lo que me permitió la finalización de este trabajo con éxito. Page 1 of 132
3. Contenidos Resumen 2 Capítulo uno: Introducción 2 1.1. Objetivos y ámbito de aplicación: Declaración de Tesis 6 1.2. Objetivos de la investigación 7 1.3. Metodología 7 1.4. Estructura Tesis 8 Capítulo dos: Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las doctrinas europeas de la Corte sobre la acción afirmativa 9 2.1. Introducción 9 2.2. Principio de igualdad: los artículos 14 y el artículo 1 del Protocolo nº 12 del Convenio 12 2.3. Obligaciones positivas y negativas del Estado en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos 14 2.4. TEDH interpretativas Mecanismos: el principio de proporcionalidad y el Margen de Doctrina Apreciación 16 2.5. Resumen Conclusión 18 Capítulo tres: la Violencia de Género de España y las Leyes de Igualdad 19 3.1 Introducción 19 3.2. Medidas penales para proteger a las mujeres de Abuso Doméstico y Violencia (Tribunal Especial, Cuestiones procesales) 23 Page 2 of 132
4. 3.3. Detención policial y la detención de sospechosos ("habeas corpus", el artículo 17 (1) de la Constitución Española) y el trato desigual en la comisión de delitos similares (artículos 617 (1) v. 153 del Código Penal) 25 3.4. Procedimiento abreviado (Ley 27/2003, de 31 de julio) 3.5. Carga de la prueba (presunción de culpabilidad / Artículo 13 de la Ley Orgánica de Igualdad) 33 3.6. Las acusaciones falsas y Medidas del Estado en contra de ella 40 Capítulo IV: Derecho de familia (Derecho Internacional prerrogativa sobre el derecho a la vida de la familia) 44 4.1 Introducción 44 4.2. Separación, divorcio y custodia de los hijos 48 4.3. Resumen Conclusión II: 52 Capítulo Cinco: Equidad de Género y utilitario Factores en la Sociedad Civil (Dinamismo o letargo) 53 5.1. Introducción 53 6.1. La paridad en el Gobierno: el artículo 16 de la Ley 3/2007 de 56 6.2. Consecuencias: El letargo 59 Capítulo Siete 61 7.1. Conclusión 61 7.2. Recomendaciones 65 Bibliografía: 66 Page 3 of 132
5. Resumen La protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la igualdad y la libertad. En consecuencia, se requiere de mecanismos de protección que crean un equilibrio entre las diferentes partes y los intereses de la sociedad. Este equilibrio es a menudo desarrollado en el ámbito de la prestación de la legislación nacional sobre la acción afirmativa y positiva, que discrimina y genera un desequilibrio en la igualdad o viola los derechos humanos. En consecuencia, cuando la política de acción afirmativa de un estado produce resultados paradójicos que discriminan a un solo interés o partido para empoderar a otro, la política crea una situación de ilegalidad que perturba otros ámbitos de regímenes de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, se llevó a cabo esta investigación para examinar el cumplimiento de la legislación interna española que regula la igualdad de derechos y la protección de las mujeres contra la violencia doméstica con las normas de protección de los derechos humanos y la libertad establecidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Page 4 of 132
6. Capítulo Primero Introducción Los esfuerzos de España para actuar en respuesta a las demandas de organizaciones internacionales de medidas que protejan a las mujeres de los abusos basados en el género ha dado lugar a la adopción de una serie de leyes innovadoras. La aplicación de estas leyes y medidas, sin embargo, no sólo viene a ser pionera, sino también polémica y expresamente discriminatorias contra los hombres. Por lo tanto, la constitucionalidad y legalidad de las leyes y medidas han sido polémicas ab initio en el Tribunal Constitucional de España, que dictó una sentencia dividida a favor de las leyes que son ampliamente conocidas como "discriminación positiva". A pesar de ello, el grado en que estas leyes son admisibles en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante denominado el Convenio o CEDH), que en sus disposiciones, prohíbe toda forma de discriminación, sigue siendo un tema de discurso jurídico. Page 5 of 132
7. Por el contrario, el Comité internacional de los Derechos Humanos sugiere que "El goce de los derechos y libertades en pie de igualdad, sin embargo, no significa un trato idéntico en todos los casos" y la licencia concedida a "los Estados para tomar medidas positivas con el fin de reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto". A la luz de la complejidad en la definición de la igualdad, la discriminación positiva puede ser objeto de interpretación. En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene mecanismos para determinar si una ley cumple con la norma de las disposiciones de la Convención sobre la protección de los derechos humanos. Estos mecanismos interpretativos están incrustados dentro de las doctrinas de proporcionalidad y el consenso. Page 6 of 132
8. En los últimos años, los hombres no se han beneficiado de ninguna transformación ideológica significativa o reconocimiento legal específico en virtud del derecho internacional. Por lo tanto, no existe un sistema de apoyo derivado de ser miembros de un "grupo social particular" en la sociedad global. En consecuencia, la difusión de una fuerte posición ideológica feminista ha dado lugar a su absorción por un régimen jurídico internacional establecido que confiere numerosos derechos sobre las mujeres. Tal vez el enfoque ideológico feminista, que presenta "la estructura de opresión [de las mujeres bajo una] sociedad patriarcal", donde las mujeres son abusadas y consideradas simplemente como trabajadores domésticos y los subordinados en la familia, ha influido en la disminución de la protección de los derechos de los hombres bajo el derecho interno e internacional. Page 7 of 132
9. La pregunta es si el desarrollo de la protección de las mujeres para el empoderamiento de las mujeres se ha volcado el resultado previsto del artículo 11 de la interpretación de la discriminación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Notablemente, España ha sido testigo de una polarización de la sociedad debido a la desintegración de las normas de procedimiento en la aplicación de estas leyes, que tienen preocupaciones planteadas de manera espectacular con respecto a una nueva forma de discriminación. Esto plantea preguntas sobre si las leyes de protección de género están en violación de la "obligación negativa" del estado relativa a la protección de los derechos de los hombres y de la libertad bajo la CEDH. Las inconsistencias sobre el uso de este tipo de leyes de desigualdad de género para combatir la discriminación y la expansión de estas medidas en derecho penal genera dudas sobre su compatibilidad con el CEDH. Page 8 of 132
10. También es importante tener en cuenta que la ley de violencia de género ha sido absorbida por de tres regulaciones nacionales. Estas incluyen el derecho penal, civil y de familia, con el establecimiento de un tribunal especial que confiere poderes a un magistrado para decidir sobre todos los casos que se originan a partir de una denuncia sobre el abuso doméstico: en concreto de una mujer. En vista de lo anterior, es evidente el malestar con respecto a estos procesos que confieren beneficios exclusivamente en las mujeres. También plantean cuestiones relativas a los límites de la acción afirmativa. Ergo, este investigador toma la posición de que el ejercicio práctico de las leyes de igualdad de género y la violencia de España constituye un buen ejemplo de la discriminación y, por lo tanto, incompatible con las disposiciones del CEDH en relación con la protección de los derechos humanos y libertades. Page 9 of 132
11. En 2004, el parlamento español aprobó estas leyes, que siguen generando controversia debido al carácter abusivo de las propias leyes y la exclusión evidente de los hombres de la protección en virtud de estos reglamentos. Estos se manifiestan en los datos estadísticos oficiales de España, que confirman la fragmentación de la sociedad como consecuencia de la naturaleza abusiva de la aplicación de estas leyes. Esto también es evidente en el número de hombres que han perdido sus derechos paternos, abuelos (sobre todo desde el lado del padre) que no tienen relación con sus nietos, tíos y tías que no pueden disfrutar de la vida familiar con sus sobrinas y sobrinos y, por supuesto, los niños quienes se ven privados de su derecho a la vida familiar, como resultado de la aplicación abusiva de las leyes de género en el derecho de familia en materia de separación y divorcio. Todas estas medidas son en detrimento de los hombres, ya que las leyes especifican que las mujeres son las únicas beneficiarias de la protección. Page 10 of 132
12. Son estas incongruencias las que este estudio busca entender y explicar. A la luz del continuo despliegue de la discriminación contra los hombres provocada por la promulgación de la acción afirmativa para proteger los derechos de las mujeres a través de la ley de España sobre la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, el desequilibrio en la responsabilidad penal entre hombres y mujeres por delitos similares y la aplicación abusiva del derecho de familia, no está claro en cuanto a si, en virtud del CEDH, esto constituye una medida proporcional o un incumplimiento de las obligaciones negativas del Estado para proteger los derechos y la libertad de los hombres. La inferencia obvia es que existen lagunas en la ley que producen resultados abusivos en relación con los derechos y las libertades de los hombres. En otras palabras, hay elementos de discriminación en contra de los hombres que han sido puestas al descubierto en la aplicación de procedimientos de las leyes. Page 11 of 132
13. Por el contrario, la falta de claridad en la definición de lo que constituye la desigualdad y las limitaciones de la acción afirmativa sugieren además que las medidas aprobadas por el estado para proteger a las mujeres de "todo tipo de violencia", que de acuerdo con la Tribunal Constitucional español, "no llevan a consecuencias desproporcionadas", se encuentran en cumplimiento de las disposiciones del CEDH. Este estudio, por lo tanto, se centra en el descubrimiento de esas lagunas en la aplicación práctica de las leyes, que muestran no conformidad con las disposiciones del CEDH. 1.1. Objetivos y ámbito de aplicación: Declaración de Tesis Esta investigación examina el cumplimiento de la controvertida ley de España sobre la violencia de género y su ley de Igualdad con los principios de protección de los derechos humanos para todos en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Page 12 of 132
14. Aunque esta tesis tiene que ver con el examen comparativo y analítico de la legislación interna de España, junto con el régimen regional de derechos humanos, se dirige inevitablemente a la cuestión de la acción afirmativa y los derechos de los hombres en España y Europa. Se trata de un estudio académico de la legislación internacional de derechos humanos en el que el principio de igualdad y no discriminación ante el CEDH y las limitaciones de la acción afirmativa para abordar el problema de la desigualdad también constituirán parte integrante. Dada la evidencia de malestar social entre los hombres como consecuencia de las leyes de España, la ausencia de cualquier reto de su legalidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) da relevancia a este estudio. Page 13 of 132
15. 1.2. Objetivos de la investigación Los objetivos de esta investigación incluyen la identificación de lagunas en la naturaleza procesal y sustantiva de las leyes de violencia de género en España que están en conflicto con el CEDH, la determinación de las limitaciones legales o consecuencias en la adopción de medidas de acción afirmativa yuxtapuestas con el principio de igualdad, y examinando el efecto desproporcionado de estas leyes sobre los derechos de los españoles y su impacto en el fomento del letargo en lugar del dinamismo en la sociedad española. En última instancia, el estudio ofrece la esperanza de que la consecución de estos objetivos arrojará luz sobre el cumplimiento de la ley en España sobre la Violencia de Género y la Ley de Igualdad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o bien conducirá a una comprensión de la razón o razones para la existencia de un considerable descontento entre los hombres españoles en relación con estas leyes. Page 14 of 132
16. 1.3. Metodología Con el fin de lograr un resultado estudio objetivo, un método de investigación del análisis comparativo se utilizará en la interpretación de la legislación, jurisprudencia del TEDH, la jurisprudencia española, y otras doctrinas de derecho internacional de derechos humanos. Una gama de materiales de fuentes primarias, tales como los convenios internacionales y los regímenes de protección de los derechos humanos, las leyes contra la violencia de género y la igualdad de los españoles - incluyendo el derecho penal, civil y de familia - se utiliza para examinar la cuestión de la tesis. Un método comparativo es necesario en este estudio, ya que es "una rama de la ciencia jurídica cuyo objeto es para llevar a cabo sistemáticamente el establecimiento de relaciones más estrechas entre las instituciones legales de los diferentes países". Page 15 of 132
17. En este caso, el análisis comparativo está entre la legislación interna de España y de un régimen internacional para la protección de los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Por lo tanto, esta metodología comparativa contribuirá a "estimular la conciencia de los personajes culturales y sociales de la ley [Española y del CEDH]". Alguna evidencia empírica obtenida de la Comisión Judicial española se utilizará para explicar la complejidad de garantizar la igualdad en la acción afirmativa . Un número limitado de materiales secundarios tales como libros y revistas académicas se utilizará para producir evidencia de apoyo y / u oposición a estas leyes. Se pretende que esta metodología producirá un trabajo de "investigación jurídica [que es] descriptivo y exploratorio", con el análisis y el contenido que son consistentes con las metas y objetivos de este estudio. 1.4. Estructura de la tesis Tras el capítulo de introducción, la tesis se estructurará de la siguiente manera: Page 16 of 132
18. El capítulo dos presenta una visión general del CEDH y la doctrina jurídica y la jurisprudencia del TEDH en materia de derechos humanos y de la acción afirmativa, incluyendo sus limitaciones de la obligación los Estados de proteger. En este capítulo también se examinarán los mecanismos de evaluación del TEDH y métodos interpretativos sobre casos de presunta violación de las disposiciones del CEDH por el Estado. El capítulo tres presenta un examen exhaustivo de las leyes contra la violencia de género de España, identificando las brechas entre la naturaleza sustantiva y procesal de la ley con respecto a las doctrinas del TEDH en las zonas posteriores de protección. El capítulo cuatro examina la adecuación del derecho civil y de familia a las medidas de protección contra la violencia doméstica y su legalidad bajo la regulación del CEDH para la protección de los derechos y libertades. Page 17 of 132
19. Posteriormente, el capítulo cinco presenta una evaluación de la ley de igualdad de género, el efecto utilitarista según lo expresado por los legisladores y la relación con el CEDH. En este capítulo, la utilidad y las consecuencias de las medidas afirmativas se analizan de acuerdo con el enfoque teórico del utilitarismo de John Stuart Mill. Por último, el capítulo seis ofrece una conclusión general de los resultados de la investigación. Capítulo dos: Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las doctrinas europeas de la Corte sobre la acción afirmativa 2.1. Introducción El TEDH da lugar a la responsabilidad de los Estados para proteger los derechos y libertades mencionados en el mismo y les concede el "margen de apreciación" necesario para regular el sistema de protección de los derechos humanos y las libertades en la sociedad europea. No obstante, esta obligación y de concesión no denotan una prerrogativa para la promulgación de medidas contrarias a la Convención. Page 18 of 132
20. Los estudios afirman que "los derechos humanos tienen una lógica propia que se deriva del hecho de que se han originado en los documentos constitucionales nacionales antes de convertirse en parte del corpus del derecho internacional", por lo tanto, los Estados tienen la responsabilidad institucional de proteger los derechos humanos y defender el tratado. Por esta razón, el CEDH otorga poderes de "supervisión" al TEDH, para asegurar el cumplimiento de las leyes estatales con el nivel de protección de los derechos y libertades en virtud del Convenio. Por lo tanto, el TEDH, en el marco del Consejo de Europa, recibe preeminencia en virtud del tratado como la última instancia para la tutela judicial efectiva a las demandas individuales contra estados por violaciones al mismo. Para los derechos humanos en el ejercicio de este deber, el TEDH tiene a través de la evaluación de las reclamaciones individuales de violación y los juicios, los cambios que afectan en la legislación estatal, que son divergentes sobre el significado de la ECHR. Page 19 of 132
21. En efecto, la Corte ha establecido diversos mecanismos para la evaluación e interpretación de las reclamaciones individuales de las violaciónes estatales. Estas violaciónes son esencialmente derivadas de la falta del cumplimiento de un Estado en la garantía de su "obligación positiva y negativa" a sus ciudadanos por el CEDH . Dicho de forma concisa, el deber positivo y negativo de un estado para garantizar una protección específica con arreglo al derecho a la no discriminación, circunscrito por los objetivos de la investigación, implica un examen minucioso del CEDH y la posición del TEDH sobre la acción afirmativa. El artículo 14 del CEDH garantiza la igualdad y el TEDH ha asegurado manifiestamente la protección de este derecho. Además, el Protocolo nº 12 del CEDH amplía aún más el sentido del artículo 14 para extender el principio de no discriminación a "cualquier derecho establecido por la ley [ilimitado a los] derechos de la Convención". Esencialmente, esto tiene relación con obligación negativa del Estado para proteger contra la discriminación, incluso bajo la acción afirmativa. Page 20 of 132
22. La discrecionalidad para aplicar la discriminación positiva con el fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres está establecida en la Observación General Nº 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El protocolo Nº 12 del CEDH, por lo tanto, permite al TEDH buscar más allá de la Convención en la expresión de su posición doctrinal sobre juicios progresistas. Por lo tanto, los Estados que conforman el TEDH establecen en su jurisprudencia que "el Convenio es un instrumento vivo que, como la Comisión subrayó con razón, debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales". En consecuencia, el Tribunal está dispuesto a escuchar argumentos a favor de la acción afirmativa, sin desviarse de su deber básico de proteger todos los derechos y libertades que se mencionan en la Convención. Page 21 of 132
23. En vista de esto, los manifiestos del TEDH en numerosas decisiones pretenden que los derechos que sean una "práctica eficaz, no teórica e ilusoria", por lo tanto el principio de subsidiariedad obliga a la Corte a lograr un "justo equilibrio entre intereses en conflicto y el margen de apreciación del Estado" en el examen de las solicitudes individuales para los reclamos en contra de violación por el Estado de los derechos y libertades. En consecuencia, los mecanismos interpretativos y de evaluación se han utilizado para garantizar que las medidas adoptadas por los Estados con el fin de garantizar, por ejemplo, la igualdad, no son desproporcionadas y no socaven el principio de no discriminación. Por el contrario, los críticos afirman que el TEDH está convencido por una denuncia de discriminación del Estado sólo por la existencia de pruebas con "razones de mucho peso". Las decisiones del Tribunal sobre la acción afirmativa varían, por lo tanto, sobre la base de situaciones individuales y las pruebas fácticas. Page 22 of 132
24. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pone de manifiesto la coherencia en la observación de sus mecanismos de interpretación y evaluación. En DH y otros v. La República Checa, donde "se consideró que la agrupación de niños gitanos en escuelas especiales era una violación" de sus derechos del artículo 14, el Tribunal señaló que "la legislación pertinente tal como se aplica en el momento de los hechos había tenido un efecto desproporcionadamente perjudicial sobre la comunidad gitana ". A la luz del razonamiento de esta Corte, se podría suponer que el efecto proporcional de una acción afirmativa no constituye automáticamente una violación del CEDH contra la discriminación. Varias de estas medidas, por lo tanto, serán examinadas en el curso de este trabajo con el fin de obtener una visión general de la interpretación potencial de la Corte acerca de la conformidad de las leyes de género de España con el CEDH. Page 23 of 132
25. 2.2. Principio de igualdad: los artículos 14 y el artículo 1 del Protocolo nº 12 del Convenio Una parte integral de la consideración de los derechos humanos se deriva del principio fundamental de la "igualdad, la dignidad y el respeto entre y para los individuos" El TEDH ha establecido esta posición en el artículo 14, que se ha reforzado aún más por el artículo 1 del Protocolo número 12 de la Convención. El concepto utilitarista de igualitarismo ha generado expresión divergente en formas y teorías. 2 De ahí los diversos movimientos, acciones, reglas o regulaciones, adoptadas en el ámbito del derecho internacional con el propósito de prevenir la discriminación por motivos de género y promover la igualdad de género se dirigen exclusivamente a empoderar las mujeres y las acciones de promoción que sean perjudiciales para hombres. Page 24 of 132
26. En este contexto están los conflictos derivados de diversos intereses en competencia con la protección contra la discriminación y las definiciones divergentes de la igualdad en el derecho internacional que establece una protección limitada o amplia contra la discriminación. Por ejemplo, la CEDAW exige una acción dirigida por el Estado para la protección específica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece varios motivos para la no discriminación, el PIDCP y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) articulan motivos similares de protección, que la DUDH y el Protocolo Nº 12 establecen en un sistema de protección contra la desigualdad que se extiende más allá de la CEDH. El capítulo seis analiza en detalle la conceptualización utilitarista de la igualdad, utilizando los preceptos filosóficos de John Stuart Mill. Page 25 of 132
27. Como un instrumento regional para garantizar la protección de los derechos y libertades en Europa, el CEDH y TEDH se han embarcado en la deliberación para contener los excesos de muchos estados en la aplicación de medidas de acción afirmativa y definir las normas para la no discriminación en los diferentes sectores de la vida europea. Por esta razón, por ejemplo, la Directiva de la Unión Europea 2000/78 CE, que regula el ámbito de la igualdad de trato en el ámbito laboral, también establece la responsabilidad del Estado en caso de que tales discriminaciones existan. En vista del aparente conflicto en la regulación de la no-discriminación, existe un reconocimiento de los excesos de la acción afirmativa, que posiblemente podrían conducir a la creación de una nueva forma de discriminación. El TEDH, por ejemplo, afirma que "no toda diferencia de trato constituye una discriminación". Page 26 of 132
28. En el caso de Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el Reino Unido, el TEDH procedió a delinear los mecanismos de evaluación y de interpretación de la discriminación y expresó la importancia de "justificación objetiva y razonable de una acción afirmativa, la legitimidad del objetivo en la búsqueda y medidas proporcionadas que se adaptaran los medios empleados con los objetivos establecidos de la ley o acción" por los estados para satisfacer la regulación de la Corte para la justificación en relación con la acción afirmativa. 2.3. Obligaciones positivas y negativas del Estado en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos El TEDH es un tratado entre estados que está protegido por la santidad del contrato tal como se consagra en "Pacta sunt servanda", el artículo 261 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). Por lo tanto, el artículo 1 del CEDH y en el artículo 1 del Protocolo nº 12 del compromiso de los Estados con el CEDH para garantizar los derechos de sus ciudadanos protegidos por la Convención. Page 27 of 132
29. Estos compromisos entrañan deberes positivos y negativos para proteger los derechos humanos y la libertad. Con el fin de comprender la esencia de la discusión sobre la obligación del Estado en este estudio, es importante examinar una aproximación teórica a la medida de los derechos individuales en virtud de obligaciones positivas y negativas de un Estado. Un teórico, John Finnis, establece que: “Se puede hablar de manera segura de los derechos siempre que sea un principio básico o requisito de razonabilidad práctica, o una regla derivada de la misma, da a A, y para cada uno y todos los demás miembros de una clase a la que pertenece A, el beneficio de (i) un positivo o requisito negativo (obligación) impuesta sobre B incluyendo, entre otros, cualquier requisito de no interferir con la actividad de una o de un disfrute de algún otro tipo de bien o de (ii) la posibilidad de llevarla a cabo que B está sujeta a tal requisito, o de (iii) la inmunidad de ser sometidos a sí mismo por B a cualquier requirimiento. Page 28 of 132
30. Este razonamiento analógico indica la obligación de los Estados de proteger los derechos de las personas al actuar (incluida la acción afirmativa) y al no extralimitación (derechos que se violan por tanto en el proceso). Por ejemplo, el artículo 1 del Protocolo nº 12 no prohíbe radicalmente la discriminación, pero sí expresar un "objetivo primordial [...] para encarnar una obligación negativa para las partes; la obligación de no discriminar a las personas ". En otras palabras, se "protege [individuos] contra la discriminación por las autoridades públicas". Contra este complicado deber del gobierno, abstenerse de violar los derechos de los ciudadanos, descansa la obligación de proteger, en este caso, a las víctimas mujeres de la violencia doméstica y el abuso. En referencia a la analogía teórica mencionada, esto sugiere metafóricamente que B (España - el Estado) tiene obligaciones exigidas por la CEDH para proteger A (mujeres) de otros (hombres abusivos) y, significativamente, asume el deber también para proteger a todos los A ( mujeres y hombres) de B (España - el Estado). Page 29 of 132
31. Lamentablemente, la legislación española sobre la violencia de género y la protección de la igualdad están manifiestamente inclinadas a la protección exclusiva de las mujeres y son en consecuencia, persecutorias para los hombres. Esto aparece como una negligencia institucional, un incumplimiento de Estado pacta sunt pacto y las obligationes del tratado con el CEDH que, en relación con este estudio, se mide en el contexto del "procedimiento [y] las obligaciones sustantivas". El problema con la determinación de si se ha producido un incumplimiento de la obligación positiva o negativa del estado bajo la CEDH es que, según la opinión de los expertos, el "alcance de la obligación positiva o negativa aparece de composición abierta sin establecer limitaciones conceptuales generales [TEDH] para las intervenciones". Page 30 of 132
32. Por esta razón, cada aplicación individual para una demanda de violación a la TEDH está encasillado como probable causa del incumplimiento de la obligación positiva o negativa antes de proceder a una evaluación de los hechos, la deliberación y posterior pronunciación de violación o ninguna violación. En esta nota, se aplican otros mecanismos de evaluación TEDH e interpretativos tales como el principio de proporcionalidad y el margen de apreciación. 2.4. ECtHR interpretativas Mecanismos: el principio de proporcionalidad y el Margen de Doctrina Agradecimiento La base jurídica para el principio de proporcionalidad se puede encontrar en la jurisprudencia del TEDH, en el que el Tribunal manifiesta la inherencia de "equilibrio justo" en el CEDH. Page 31 of 132
33. En concreto, en Soering contra el Reino Unido, el Tribunal afirmó que "inherente a la totalidad de la Convención es la búsqueda de un justo equilibrio entre las exigencias del interés general de la comunidad y las exigencias de la protección de los derechos fundamentales de la persona ". Esto nos remite de nuevo a los efectos del artículo 1 del Protocolo Nº 12, que canaliza la protección de las personas contra la discriminación del Estado. La esencia de la proporcionalidad como un mecanismo de evaluación de la Corte es, por lo tanto, relevante en la comprensión los excesos de las leyes contra la violencia de género y la igualdad de los españoles; específicamente, dónde y cuándo se han desviado de la norma de protección garantizado por disposiciones del CEDH. Por esta razón, de acuerdo con la visión académica, mediante la aplicación de un control de proporcionalidad "la Corte busca por razones inadmisibles" en el estado de la acción contra un individuo en virtud de las características estructurales de la obligación positiva y negativa del Estado. Page 32 of 132
34. De vez en cuando, los TEDH pueden, a través de una evaluación de la proporcionalidad exhaustiva, "seguir un enfoque comparativo que tiene en cuenta las tendencias internacionales". En esta nota, el Tribunal aplica la doctrina del consenso, que a menudo trabaja de la mano con el margen de apreciación. Cabe destacar que esta línea de razonamiento y de interpretación por parte del TEDH es criticado por los expertos para la creación de un cambio de las disposiciones de la Convención de "transgresión mayoritario" en la aplicación de la protección de los derechos humanos bajo la Convención. Esto implica una adhesión a las demandas de la sociedad popular, elevados a la ley de la jurisdicción interna y se asimilan al CEDH. Por el contrario, otro importante mecanismo interpretativo del TEDH - el margen de apreciación - protege el principio de subsidiariedad consagrado en las disposiciones de la ECHR. Bajo este principio de subsidiariedad, la Corte tiene un papel de supervisión. Page 33 of 132
35. Así, el TEDH concede un margen de apreciación a los Estados con el propósito de crear las leyes que protegen los derechos. En otras palabras, y según la opinión de expertos, el margen de apreciación "permite a las normas de derechos humanos que adquieran una interpretación local". Es sin embargo, precisamente el carácter excepcional de las leyes de protección de género españolas que dieron origen a la cuestión de la eventual conformidad con el nivel general de protección garantizado en el CEDH. Por otra parte, los criterios divergentes aplicados en la determinación del alcance del margen de apreciación de un estado cualquiera va desde la denuncia individual y además extiende la singularidad de la acción de un Estado y la interpretación del TEDH de ella. Esta aplicación del consenso europeo de la Corte parece ser contradictorio en sí mismo debido a la ambigüedad de quién decide cuáles son los derechos humanos. Page 34 of 132
36. Como se dijo anteriormente con respecto a la "transgresión mayoritaria", el epicentro del debate está en si es la mayoría, del parlamento del estado, o del Tribunal, que establece lo que son los derechos humanos. Volviendo a la precedencia de las doctrinas internacionales de los derechos humanos, sobre todo el artículo 1 de la Declaración Universal que pretende derechos sobre la base de "la libertad, la igualdad y el espíritu de hermandad", no hay discreción para los Estados para adoptar medidas de acción afirmativa. Además, el preámbulo del PIDCP subraya la "dignidad humana" de los derechos civiles de los individuos y que los derechos políticos exigen a los Estados respetar a todos por igual, de acuerdo con su disposición el artículo 26 (10). Con todo eso, la dimensión regional en el marco del CEDH adopta un mero enfoque deber objetivo, lo que obliga a los Estados a garantizar la protección de los derechos humanos y libertades. Page 35 of 132
37. Por lo tanto, en ausencia de una definición clara y unificada de los derechos humanos, la determinación de qué son los derechos humanos en Europa depende de la evolución de la sociedad, las acciones parlamentarias, estatales, y la absorción de estos puntos de vista preponderantes en materia de derechos humanos en la nueva norma. de la Corte Europea Este conocimiento previo de los mecanismos de interpretación y evaluación del TEDH disminuye la posibilidad de encontrar una sugerencia o evidencia para determinar que las leyes y medidas españolas en cuestión contradicen las disposiciones del CEDH. Además, la mera justificación estatal que estas leyes son "necesarias en una sociedad democrática" tiene peso en la argumentación ante los jueces del TEDH. Page 36 of 132
38. 2.5. Sumario Los objetivos del capítulo fueron establecer las pruebas relativas a la igualdad, la acción afirmativa, las obligaciones del Estado en virtud de la CEDH, y los mecanismos de supervisión del TEDH para el cumplimiento de los derechos de las personas a la protección y el disfrute de los derechos y de la libertad. Una vez establecido que el deber del Estado de proteger los derechos y libertades individuales está consagrado, no sólo en virtud de las disposiciones generales del derecho internacional, sino también en el CEDH; que la evaluación del TEDH y los mecanismos interpretativos de proporcionalidad y el margen de apreciación se basa la existencia de un recurso alternativo para los hombres perseguidos en España; estos mecanismos de evaluación abarcan el método interpretativo del TEDH, Page 37 of 132
39. y por lo tanto, diversos componentes legales para la valoración de las leyes de violencia y de igualdad de género de España y para encontrar conclusiones judiciales alternativas a la no conformidad de esas protecciones específicas contenidas en la legislación española con el nivel de protección mencionado en el CEDH. Por el contrario, los resultados también sugieren que a medida que las sociedades democráticas de Europa votan para establecer un gobierno más liberal en el poder, si este gobierno en su ejercicio democrático genera leyes o tendencias en materia de protección de los derechos humanos, podría, potencialmente, influir en el resultado de las decisiones del Tribunal Europeo en línea con la doctrina consenso. El resultado de un ejercicio democrático que entroniza un gobierno basado en la ideología en el poder se explica en el siguiente capítulo en el que se examinan las leyes de violencia de género. Page 38 of 132
40. Capítulo tres: la Violencia de Género de España y las Leyes de Igualdad 3.1 Introducción Se indica en el capítulo introductorio de este estudio, que las leyes de violencia del género y la igualdad de España representan un paquete de respuestas a una creciente demanda internacional de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia doméstica y hacer frente a la desigualdad en sociedad. Esta legislación entró con amplias garantías legislativas, incluidas las medidas educativas y económicas, y las sanciones penales y recursos de derecho civil y de familia para la protección de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Se acomoda prácticamente a todos los principios rectores expresadas en los artículos 2 y 3 del Consejo de Europa y sus recommendaciones. Page 39 of 132
41. España no sólo se adhirió estrictamente a los seis principios rectores en el Consejo de Europa Recomendación Rec (2002) 5, pero lo extendió a la adopción de medidas en virtud de las políticas nacionales para garantizar la protección contra la violencia de género. No hay nada malo con la Recomendación Rec (2002) 5, cuyo objetivo es proteger contra la violencia de género. Sin embargo, las expresiones vagas de los principios rectores de la aplicación de la Recomendación mencionada, sobre todo el contenido en el artículo 3 (f) 4, han permitido una acción política más radicalizada que priva a los hombres de la misma protección de los derechos que tiene como objetivo expreso de lograr para mujer. Artículo 1 (1) de la Ley española sobre la Violencia de Género establece el sujeto y el objeto de la ley. Define claramente e identifica quiénes son las víctimas y los agresores. Page 40 of 132
42. Reafirmando el objetivo y el alcance de este estudio, esta ley crea un problema doble: uno es la evidencia del impedimento para la protección de los hombres en virtud de esta ley; en segundo lugar, hay una noción estereotipada de los hombres como delicuentes nacionales, como abusadores, como violentos y violadores de las leyes, lo cual, se sugiere, crea una presunción de culpabilidad y no de inocencia de los acusados. Estos problemas se examinarán en los capítulos siguientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si esta ley es aplicable tanto a las mujeres como a los hombres, si los hombres maltratados fueran capaces de acceder a una protección paralela a la que se ofrece a las mujeres maltratadas, se habría logrado la igualdad. Al parecer, este no es el caso, ya que se ha argumentado, una causa principal de estas medidas discriminatorias y de protección contra los hombres es la continua insistencia en las tradiciones patriarcales como la fuente de la desigualdad del género. Page 41 of 132
43. Esta noción ha sido desmentida por el efecto desproporcionado las leyes, que han invertido la llamada dominación masculina y el poder femenino entronizado en la sociedad. Esto es evidente en el número de falsos informes grabados y ocultos bajo la terminología jurídica de la suspensión del procedimiento, junto con la severidad de los castigos sufridos por los presuntos delincuentes y condenados en España. Si los hombres pudieran sobrevivir fuera de la protección de la ley, entonces la decisión de aislarlos de la protección de esta ley en España se justifica. Sin embargo, se ha hecho evidente que los hombres también necesitan la protección del Estado en virtud de la ley, de ahí la desesperación que impulsa a los hombres hacia el asesinato de un gran número de mujeres cada año en España. Estos asesinatos denotan la desesperación de los hombres que no podían valerse de la protección del Estado en virtud de esta ley contra el maltrato de género de las mujeres. Page 42 of 132
44. Otro ejemplo de la legislación basada en el género - Ley de la Igualdad de Género - proporciona medidas afirmativas polémicas en un marco para el desarrollo profesional de las mujeres. Esta ley fue producida, en principio, en el contexto del (1.806-1.873) precepto filosófico de John Stuart Mill en la "igualdad perfecta" y como respuesta a la aplicación de las directivas europeas sobre la discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo y la sociedad. Sin embargo, la Ley de Igualdad, que se entiende con el fin y bajo el pretexto de garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se ha derrumbado a través del efecto de absorción de la Ley de Violencia de Género por la ley civil y de la familia. Prueba de ello es que, en los tribunales españoles, un gran número de las custodias de los niños en casos de familia se dan a las madres. Page 43 of 132
45. Lo que los tribunales de familia hacen en casi todos los casos es conceder la custodia a las mujeres, que este estudio encuentra absurdo porque puede no ser útil en la promoción de la vida profesional de las mujeres y la independencia de los hombres. La custodia del niño no debería ser considerado como una recompensa, sino más bien una reto, ya que si una mujer es la única responsable por el cuidado y la educación de los niños, es decir, tiene toda la responsabilidad de un niño, no tendrá tiempo ni oportunidad para el desarrollo de su propia persona y el espacio profesional, que es tan esencial para llegar a ser un ser humano. Como consecuencia de esto, los niños se ven privados de una parte importante de su familia, no sólo de su padre, porque, como se dijo anteriormente, la custodia se le da a la madre en la mayoría de los casos. Además, el artículo 92 (7) del Código Civil español deroga todas las posibilidades para la custodia compartida en el caso de la violencia de género. Page 44 of 132
46. El sistema de justicia penal española, por lo tanto, ofrece a las mujeres la libertad para perseguir o enjuiciar a los hombres y debilita la independencia de las mujeres en el lugar de trabajo. En consecuencia, en estas legislationes - en donde se encuentran las lagunas de la violación del CEDH - y el derecho soberano de un estado para regular la función de la sociedad, el TEDH ha mantenido un enfoque doctrinal que no excluye la posibilidad de que el incumplimiento de la EHCR por la legislación del Estado. Partiendo de esta premisa, este estudio se embarca ahora en un examen exhaustivo de la naturaleza procesal de la Ley de Violencia de Género (Ley 1/2004), relativa a los procedimientos penales, su conflicto con el CEDH, y su efecto sobre los hombres en España. Page 45 of 132
47. 3.2. Medidas penales para proteger a las mujeres de Abuso Doméstico / Violencia (Tribunal Especial, Asuntos de Procedimiento) Un par de elementos del procedimiento de la Ley de Violencia de Género - como se mencionó anteriormente - contiene advertencias para la comprensión de su no conformidad con el CEDH. Un área es el derecho a un juicio justo en virtud del artículo 6 del CEDH. La unificación de las medidas para proteger a las mujeres contra la violencia de género con el derecho de familia con respecto a la separación, el divorcio, la custodia de los hijos y la concentración de la responsabilidad judicial en la jurisdicción de un tribunal, a menudo un tribunal especial, da lugar a la mala aplicación de la ley en la obtención de ganancia ventajosa en el sistema de justicia, de la siguiente manera. Page 46 of 132
48. En primer lugar, las acciones de las autoridades (la policía) desde la primera instancia del informe de una presunta víctima, indican que generalmente se procede con un arresto, detención y posterior comparecencia ante la acusación que podría ser incompatible con el precepto constitucional de España del hábeas corpus. Limita también la preservación de la santidad de la presunción de inocencia, un derecho que está alojado en virtud del artículo 6 (2) 4 del CEDH. En segundo lugar, la acción judicial desde el momento de la lectura de los cargos a los sospechosos, en el que las órdenes cursadas de protección son emitidas con posterioridad a una vía rápida o juicio sumario, es otro elemento discursivo para este estudio. Page 47 of 132
49. En tercer lugar, el sistema de la prueba, el peso de la declaración de la presunta víctima y las facultades de investigación de la corte especial, plantea cuestiones relativas a la preservación del derecho del acusado a una defensa efectiva en virtud del CEDH, así como prerrogativas 6 del Constitucional de España Por último, un examen de los recursos para la prevención del abuso utiliza las leyes para las mujeres, ya sean víctimas o no de la violencia doméstica, y el castigo por acusación falsa en el derecho penal español, revela incongruencias en los elementos sustantivos y de procedimiento de la ley contra la violencia de género. 3.3. Detención policial y la detención de sospechosos ("habeas corpus", el artículo 17 (1) de la Constitución Española) y el trato desigual en la comisión de hechos similares (artículos 617 (1) v. 153 del Código Penal) Page 48 of 132
50. El examen de la respuesta institucional a la denuncia de la víctima es crucial para determinar el nivel de tratamiento y protección que ofrece al acusado - el hombre - en la circunstancia de que se trate. En la práctica, cuando una mujer acusa a un hombre de la violencia doméstica, el hombre es arrestado, detenido, y procesado ante un juez antes de las 48 horas, quedando en libertad bajo fianza con estrictas medidas de protección, o en prisión preventiva en la cárcel. En efecto, el hombre es inmediatamente considerado culpable hasta que demuestre su inocencia, que está en contra del artículo 24 (2) de la Constitución Española. Curiosamente, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España (LECrim) también apoya este procedimiento del género, en los casos de la violencia de género. Esta disposición, que se caracteriza por la urgencia y la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas de violencia doméstica, ha producido actuaciones procesales perjudiciales en violación de múltiples derechos de los acusados. Page 49 of 132
51. Una de las áreas de la discordia es el derecho de hábeas corpus, consagrado en el artículo 17 (1) 3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 6/1984. A la luz de esta disposición constitucional, que supuestamente garantiza la libertad de todos contra las detenciones ilegales, esto plantea preguntas acerca de la necesidad de arrestar y detener a una persona sin pruebas de un delito, a excepción de la acusación verbal de la presunta víctima. Cabe destacar que, en virtud del artículo 1 de la Ley 1/2004, una mujer no necesita proporcionar la prueba o pruebas; sólo su palabra es suficiente para desencadenar una terrible experiencia legal para el varón acusado. Un ejemplo de ello es Antonieta contra Cipriano en el Tribunal Provincial, juicio. 000025 / 2014-02, en el que el acusado (Cipriano) fue absuelto tras ser declarado culpable de un delito menor - y pasar por un calvario - por supuestamente diciendo a Antonieta, en ausencia de cualquier testigo, que "ella era una puta". Page 50 of 132
52. Cipriano fue arrestado, detenido y llevado ante un juez de instrucción antes de ser concedida la libertad bajo fianza con las medidas de protección habituales en su lugar. La cuestión es si, en ausencia de evidencia de un delito, una persona debe ser detenida por la policía. El artículo 167 del Código Penal español castiga la detención arbitraria o la detención ilegal de un individuo por el Estado o su agentes. El inminente arresto y la detención de un hombre sobre la base de la denuncia de una mujer, sin ser creíble o incluso sin evidencia ninguna, equivale a una violación de esta disposición y del régimen constitucional; e incluso, también, del artículo 13 del CEDH. A la luz de esto, la naturaleza sustantiva y procesal de la aplicación de la Ley de Violencia de Género viola estos principios jurídicos, ya que otorga un peso excesivo a la palabra de la víctima. La naturaleza intrínseca del artículo 167 de la disposición española del Código Penal es que se trata de un delito de detención ilegal o secuestro cometido por un funcionario público o autoridad. Page 51 of 132
53. Por lo tanto, el autor sólo puede ser una persona con autoridad, un funcionario público en el ejercicio de su deber de detener a una persona de conformidad con los requisitos legales o prácticas ilegales como tipificado en los artículos 163, 164, 165 y 166 del Código Penal. Entre paréntesis, el procedimiento de la Ley 1/2004, que permite la detención casi arbitraria de los acusados bajo la Ley española sobre la Violencia de Género permite abusos flagrantes adicionales del derecho de los hombres a la protección y tratamiento equivalente a la de las mujeres en un incidente o delito similar. El arresto y la detención de sospechosos en casos de violencia doméstica - sin evidencia de un delito - viola el derecho del individuo a la libertad. El derecho de hábeas corpus en virtud del artículo 17 (1) de la Constitución Española como regulado y conservado en los artículos 163 a 167 de la norma penal se ha violado de manera sistemática en el ejercicio práctico de la Ley 1/2004. Page 52 of 132
54. Al parecer, es suficiente evidencia - de delito del derecho de violencia de género - por el testimonio de una víctima (una mujer) para activar el arresto, la detención y comparecencia del sospechoso (un hombre). En el caso de que una denuncia fuera hecha por un hombre, sería tratada como un delito menor en virtud del artículo 617 del Código Penal español, que no requiere la detención de los acusados. Es de conocimiento común que el arresto y la detención de un sospechoso no es un incidente aislado con consecuencias menores, pero que genera efectos sustanciales de largo alcance en la vida social y profesional diaria de la persona en cuestión. Un informe del Consejo de la Abogacía Española valora la implicación de esta forma de privación de libertad y afirma que las consecuencias pueden incluir "la pérdida del trabajo y también alojamiento, por lo que es difícil para el acusado preparar su defensa, socavando la imparcialidad de los tribunales cuando el acusado es llevado ante Tribunal desde la cárcel". Page 53 of 132
55. Esta medida punitiva es comúnmente soportada por todos los hombres desde la Ley 1/2004. En el caso de la ocurrencia de una situación idéntica de la violación del derecho a la no agresión entre un hombre y una mujer, ambos casos son tratados de manera diferente según el derecho español. En primer lugar, la denuncia de una mujer a menudo se asigna a los tribunales especializados en violencia de género y todos los remedios de protección se activan, incluyendo la privación automática de los acusados (el hombre) de su libertad, de conformidad con el artículo 153 del Código Penal. Por el contrario, si el denunciante es un hombre, el caso se trata en los procedimientos penales normales según lo dispuesto en el artículo 617 del Código Penal, que generalmente culmina con cargos de delito menor contra la mujer sin arresto y detención aplicable. Page 54 of 132
56. La distinción entre estos procedimientos de derecho penal y la Ley Nº 1/2004 sobre la violencia doméstica es el sistema de aplicación de la prueba y la presunción de inocencia, que preserva y garantiza que no ocurra ninguna violación del derecho a la libertad en virtud del artículo 17 (1) de la Constitución Española. En el caso de una denuncia de la violencia doméstica contra la mujer, el acusador debe producir suficiente evidencia para probar el delito; de lo contrario, el caso no será admitido. Si es admitido en el juicio, una pena menor en virtud del artículo 617 del Código Penal español se aplica al infractor. Así, el artículo 617 del Código Penal español es el régimen jurídico que se aplica cuando un hombre se queja de la violencia doméstica contra la mujer. A la luz de esto, la pena aplicable por un delito similar de violencia doméstica cuando un hombre presenta una queja está estipulado en el artículo 617 (1) y 617 (2) del Código Penal español. Page 55 of 132
57. Esta disposición - artículo 617 (1) - estipula una pena de seis a doce días de confinamiento en un lugar permanente o una opción de una multa no superior a dos meses, cuando es causado daño corporal a la víctima. Posteriormente, el artículo 617 (2) establece una pena de reclusión de dos a seis días o una multa no superior a treinta días. Las opciones para las multas están reguladas en el artículo 620 (2) del Código Penal y se relacionan con la sanción económica leve. A la inversa, cuando la denuncia penal es presentada por una mujer, en virtud de las leyes de violencia de género, se aplican las sanciones previstas en el artículo 153 (1) del Código Penal. Estas sanciones incluyen un régimen de prisión mínima de seis meses o un máximo de tres años. También incluyen una orden de restricción, que va de uno a cinco años e inhabilitación automática de disfrutar de los derechos paternos de custodia de los hijos. Page 56 of 132
58. Ha habido incongruencias en la jurisprudencia de los tribunales de apelación españoles sobre esta cuestión. En el juicio número 1025-1008 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde los "dos cónyuges en igualdad de condiciones indican existencia de agresiones mutuas", la Corte sostuvo que el artículo 153 (1) del Código Penal no se aplica en la circunstancia en que la pareja era, sin duda, beligerante y la aplicación de la citada disposición supondría una condena mayor para el hombre. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid interpretó un caso similar utilizando una deliberación en contraste. Sostuvo que el artículo 153 del Código Penal se aplica ya que el acusado - el marido - "golpeó a su esposa" y que es todo lo que importa. Si bien el tribunal de Barcelona aplica un criterio interpretativo que estuvo en línea con el objetivo perseguido por la ley, y por el utilitarismo, la corte de Madrid se limitó a aplicar una interpretación sustantiva de la ley con un criterio totalmente objetivo. Page 57 of 132
59. El físico más fuerte del hombre es, por lo tanto, la razón que inclina el equilibrio judicial en la Ley de Violencia de Género. Lamentablemente, el artículo 1 de la Ley 1/2004 establece una diferencia punitiva entre la protección de los hombres y la protección de las mujeres frente a la violencia o el abuso de género. En el primer caso, se dice que el propósito de la ley "es la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres por los hombres [...] como una expresión de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que prevalecen entre los sexos". Aquí radica la justificación fundamental para la acción afirmativa bajo la ley española 1/2004: el poder de los hombres sobre las mujeres. La prevalencia de energía no especifica si se refiere a los privilegios físicos o económicos. Es, por lo tanto, básicamente, un punto de referencia discordante en línea con el esfuerzo conceptual feminista que influenció esencialmente la promulgación de esta legislación. Page 58 of 132
60. El CEDH establece un marco para la protección de las personas de un incumplimiento del estado del deber negativo relacionado con los derechos de sus ciudadanos. El TEDH, en sus jurisprudencia, no permite este tipo de medidas de desigualdad, tal como se expresa en numerosas decisiones. No obstante, la Convención Europea, así como la doctrina constitucional española, no permite este tipo de medidas que violan el principio de la libertad y la igualdad como se define en los Artículos 5 y 14 del CEDH y artículos 17 (1) y 14 de la Constitución española, sin embargo, estas violaciónes persisten. Pero el Juicio del Tribunal Constitucional Español Nº 032/201417 ha restaurado la cordura a la habitual detención policial inmediata de hombres acusados de violencia doméstica. Este caso no se refiere simplemente al habeas corpus, pero también a defectos de procedimiento en la aplicación de la Ley 1/2004, así como a la acusación falsa por una mujer. Page 59 of 132
61. La narración del caso es que el demandante fue detenido en base a una denuncia en la que "la declaración policial etiquetó el caso como razones de abuso doméstico sin explicar hechos acerca de la detención". El demandante fue llevado ante un tribunal especializado el día siguiente y el juez cambió la clasificación de "detención ilegal y remitió el expediente a la oficina del fiscal". A su comparecencia, el juez de instrucción, a través de la sentencia, "registrada la solicitud de detención ilegal remitió el expediente a la oficina del fiscal para que informase sobre la procedencia de iniciar el procedimiento correspondiente". Tras consultar con la oficina del Fiscal del Estado y el abogado de la defensa, el tribunal emitió un decreto para "quitar los procedimientos de detención ilegal". Los jueces del Constitucional de la Corte señalaron que el tribunal especializado para la violencia doméstica se sintió tan envalentonado por sus poderes jurisdiccionales que había usurpado la competencia de la Corte Constitucional, sentencia que el hábeas corpus no se aplica en el caso del acusado Page 60 of 132
62. En última instancia, el tribunal no se limitó a pronunciarse sobre la violación del derecho del demandante a la libertad, sino también a la anulación de todo el procedimiento relativo a la violencia doméstica ya que la violación había fracturado el establecimiento de "circunstancias de hecho alegado por el recurrente en apoyo de estos otros prejuicios durante el examen de las pruebas". En esta nota, baste decir que la aplicación práctica de la ley de violencia y abuso doméstico en España se traduce en la acumulación de una serie de incongruencias de motivos cuestionables de la detención, privación ilegal de la libertad y un juicio acelerado que potencialmente impide el derecho a un juicio justo o recurso efectivo en virtud del CEDH. Page 61 of 132
63. 3.4. Procedimiento abreviado o resumido (Ley 27/2003, de julio) Los sumarios y pruebas abreviadas son áreas de posible conflicto de la Ley 1/2004 con las disposiciones del CEDH. El CEDH establece la necesidad de un juicio justo en el artículo 6 de la Convención. La comprensión utilitaria de esta ley incluye una duración razonable para la resolución de una queja bajo proceso judicial. A la luz de esto, un examen de las dificultades sustantivas y de procedimiento en la aplicación de pruebas rápidas para la violencia doméstica y casos de abuso aclara cómo la Ley 1/2004, entra en conflicto con las disposiciones del CEDH en este sentido. Los elementos contenciosos y discursivos de este tipo de práctica judicial son muy sucintos y se limita a la garantía de una defensa eficaz de los acusados en la violencia doméstica. Page 62 of 132
64. De acuerdo a las leyes españolas de procedimiento penal, con el fin de aplicar los procedimientos judiciales rápidos por delitos cometidos por la Ley 1/2004, dos requisitos deben existir. En primer lugar, el proceso para hacer frente a la denuncia de la víctima debería haberse iniciado a través de un informe policial. Específicamente, es necesario que la denuncia de la víctima se inicie a través de un informe de la policía, de lo contrario un juicio por vía rápida no se puede pedir. Además, los ensayos acelerados se reservan para los delitos de los que la investigación no es particularmente compleja porque son menos graves o castiga con menos de cinco años de prisión, entre los que se incluyen los delitos relacionados con la violencia doméstica o el abuso. Por lo tanto, todo el proceso de pruebas rápidas gira en torno a un informe de la policía y las disposiciones de las leyes del procedimiento penal. Page 63 of 132
65. El Consejo del Estado de la Judicatura española en su Ley 03/2003 establece que la razón fundamental para la aplicación de pruebas rápidas en casos de violencia doméstica es que "la víctima no puede ser expuesta a constantes viajes a través de los tribunales", insistiendo en que "si la víctima ha presentado una denuncia en la comisaría o puesto de guardia civil y la acción es un delito" el tribunal debería pronunciar - en un Decreto judicial - la necesidad de un juicio rápido. Artículo 7.576 de la Ley Orgánica Española 38/2002 regula la naturaleza de los casos en que se aplican juicios sumarios, mientras que el artículo 795 (2) (a) 7 incorpora pruebas de vía rápida en casos de abuso doméstico y relacionados con la violencia a través del artículo 37 de la Ley de Violencia de Género modificación del artículo 153 del Código Penal. Como se destacó anteriormente, el elemento intrínseco respecto a las pruebas de vía rápida es el artículo 6, disposición de la CEDH, que protege el derecho a un juicio justo. El TEDH ha defendido la inviolabilidad y la pertinencia de esta disposición en el proceso penal. Page 64 of 132
66. Un ejemplo de ello es Karalevicuis contra Lituania, en el que el Tribunal de Derechos Humanos ha señalado que "el artículo 6 del CEDH se ocupa esencialmente de si un solicitante se le concedió amplias oportunidades para exponer su caso y de impugnar las pruebas que consideraba falsas, y no con los tribunales nacionales tomando una decisión correcta o incorrecta". Por lo tanto, la esencia de un juicio rápido en un caso ha de ser de largo alcance con consecuencias estigmáticas para los acusados en la sociedad y, en la mayoría de los casos, en ausencia de evidencia de delito, es lo que denota la malversación judicial. 3.5. Carga de la prueba (presunción de culpabilidad / Artículo 13 de la Ley Orgánica de Igualdad) Page 65 of 132
67. El artículo 24 de la Constitución española garantiza la presunción de inocencia. Sin embargo, la violación de este principio está permitido con la promulgación del artículo 1 de la Ley 1/2004, que tipifica la esencia misma de la ley, las modificaciones en el artículo 153 del Código Penal español, y los artículos 299 y 777 del criminal procedimiento de la justicia (LECrim) permite la violación de este principio. Puesto que la palabra y denuncia de una mujer es sagrada y más importante por la Ley 1/2004, que el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, básicamente se traduce en una presunción de culpabilidad. Además, el artículo 13 de la Ley de Igualdad, que se considera "aplicable en otras áreas de la ley", ha dañado aún más este sistema de la prueba. Como se mencionó anteriormente, el artículo 24 (2) de la Constitución Española establece que el demandante tiene la carga de la prueba, tanto en el suministro de evidencia creíble o motivos razonables para la investigación de la queja. Page 66 of 132
68. De esta manera, la presunción de inocencia establecida por la Constitución española es derribada. Para reiterar, esta medida se aplica a menudo cuando un hombre es el demandante y en virtud del artículo 617 del Código Penal. Aparentemente, la Ley de Violencia de Género - como se ha explicado anteriormente en este trabajo - se desvía de esta doctrina constitucional y permite cambiar la carga de la prueba a los acusados cuando el demandante es una mujer, y la presunción de inocencia se invierte a una presunción de culpabilidad. Las sentencias del Tribunal Supremo de España también crean brechas para comprender status quo los tribunales especializados en la presunción de inocencia en el marco del nuevo régimen de protección para las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Un decreto judicial en el que la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación de un convicto en la presunción de inocencia que revela el método de funcionamiento del sistema de prueba de los tribunales españoles, que no tiene en cuenta el derecho del acusado a un juicio justo en los casos de violencia y abuso doméstico. Page 67 of 132
69. En ella, el Tribunal Supremo desestimó el recurso del condenado cuando era evidente que "el peticionario fue condenado por la policía y la prueba forense generada de pruebas", y no por la evidencia de la presunta víctima, sino por la denuncia de la madre de la víctima y la investigación policial posterior, a pesar de que pruebas de la víctima no corroboraron la afirmación de la madre. En otras palabras, la Ley 1/2004 permite que una denuncia en tercera persona pueda servir como prueba suficiente para condenar a un acusado. Por lo tanto, un breve examen del sistema de derecho penal español de la prueba revela el grado en que la aplicación de la Ley de Violencia de Género infrinje los derechos de los acusados: los hombres. Comúnmente, para los españoles el procedimiento de investigación penal adopta un sistema inquisitivo de la prueba, que es la columna vertebral de procedimiento de la ley penal. Este procedimiento pone el juez en el centro de todo el proceso. Page 68 of 132
70. Aunque existen disposiciones que permiten la recusación de malos jueces, un mal juez tiene una proclividad a agravar la defensa de los acusados descartando ciertas pruebas que podría favorecer a la defensa. Un experto en derecho explica el "rol subsidiario" de la defensa y de la acusación abogados en un sistema inquisitivo de la prueba que deja al juez en el "papel central" en el examen de pruebas y testigos y le faculta para tomar decisiones sobre la admisibilidad o no de determinadas pruebas. Esta potestad con respecto a la iniciación de los procedimientos judiciales se encapsula en la disposición del juez para tomar una decisión ventajosa o desventajosa para el acusado. El artículo 299 de la LECrim define el procedimiento de investigación preliminar penal como "las acciones que se dirigen a prepararse para el juicio y las prácticas para la obtención y el establecimiento de la comisión de los delitos con las circunstancias que puedan influir en la clasificación, y la culpabilidad de los delincuentes, para garantizar sus responsabilidades individuales y pecuniarias de los mismos ". Page 69 of 132
71. En este contexto los derechos procesales de los acusados a menudo se ven comprometidos. Sustancialmente, en virtud de la Ley de Violencia de Género, los tribunales especializados tienden a adoptar un enfoque más inquisitivo que el sistema acusatorio de la prueba, lo que da una enorme importancia a la declaración de la presunta víctima. Este sistema de la prueba da lugar al problema de la discriminación y juicios injustos, sobre todo en este tipo de procedimientos de investigación previa al juicio que inclinan a jueces especializados a "dar demasiado peso a la]prueba" del acusador. Ley 1/2004 ha fomentado el sistema inquisitivo de la prueba en los procedimientos de violencia doméstica a través de la clasificación expresa de los hombres como sujetos de la ley. Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH ha establecido que "en una causa penal, en particular, el respeto de los derechos de defensa exige que, en principio, todas las pruebas deben ser producidas en presencia del acusado en una audiencia pública donde puede ser impugnada por vía de procedimiento contradictorio". Page 70 of 132
72. Con todo, el sistema acusatorio se aplica comúnmente durante una audiencia pública, pero bajo el estricto control del juez que preside, que a menudo impone restricciones sobre el interrogatorio del abogado de la defensa de la víctima como una forma de protección. Además, los informes de los jueces de instrucción en los tribunales especializados son para decidir el resultado de una audiencia pública ya que el examen de las pruebas es la única competencia de este tribunal. Por esta razón, existe la posibilidad de una violación del derecho a un juicio justo cuando el acusado se carga con la responsabilidad de presentar pruebas de su inocencia. Esta preocupación es compartida entre los jueces y magistrados en los tribunales especializados en violencia doméstica. Un ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2010, que procede de un "decreto judicial de enfoque" del magistrado de un tribunal penal especializado para la violencia doméstica, el tribunal no. 2 de Albacete, España. Page 71 of 132
73. En ella, el magistrado impugna la "constitucionalidad de los artículos 148 (4) y 153 (1) del Código Penal español, de una interpretación de la misma, en la que el sujeto es necesariamente masculino y el objeto sólo puede ser una mujer". El magistrado emitió este decreto de acercamiento a la Corte Constitucional, solicitando que el tribunal determinase la constitucionalidad de una ley en que el conocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 1 (1) de la Ley 1/2004 ", emana de la introducción de una "presunción juris et de iure en el ejercicio de la violencia doméstica por los hombres hacia sus parejas en base a meros criterios estadísticos". Además, este magistrado consideró que la ley creó un" doble dilema a la dignidad humana: el hombre, que se presenta como un abusador habitual, y de la mujer, que se estima como un caso especialmente vulnerable". En este sentido, los jueces consideraron las disposiciones de la ley un insulto a la dignidad de los hombres y las mujeres, que deben ser considerados iguales pero se distinguen por las redacciones sesgadas de ley sobre violencia doméstica. Page 72 of 132
74. Sus acusaciones apoyan un claro rechazo del sistema de la prueba y la declaración de una violación de los derechos constitucionales y del TEDH de los hombres en España. En su juicio, sin embargo, los jueces del Tribunal Constitucional desestimaron "la cuestión de inconstitucionalidad" planteada por el magistrado del tribunal especializado con el argumento de la necesidad de una acción afirmativa para garantizar la protección de las mujeres. Al parecer, ellos no consideraron las acusaciones y las preocupaciones del tribunal inferior en el aspecto discriminatorio de la ley y los efectos sobre los derechos de los hombres de la igualdad; más bien, reiteraron su postura en juicios anteriores, y las decisiones del Constitucional sobre de las incongruencias en esta ley con una elucidación que es análogo a su propósito. Ergo, la evaluación TEDH y el mecanismo de interpretación - como se ha discutido anteriormente en este trabajo - profundiza en el aspecto utilitario de las medidas adoptadas por el Estado hacia la sociedad. Page 73 of 132
75. Expertos legales han explicado la "interpretación teleológica" de los artículos 6 (1) y 6 (2) del CEDH del derecho a un juicio justo, que protege el derecho del acusado y sospechoso en un proceso penal y que los "otros participantes en la prueba (víctimas y testigos, etc.) no tienen capacidad para denunciar". Por otra parte, el TEDH, en Sakhnoyskiy contra Rusia, motivado sobre un artículo de la denuncia del CEDH mediante la adopción de un enfoque interpretativo utilitario que pretendía lograr el archivo de este procedimiento. En vista de ello, el derecho a un juicio justo es una parte integral del instrumento de supervisión del CEDH en el proceso penal entre los Estados miembros. En consecuencia, el TEDH concede mayor importancia a los procedimientos judiciales nacionales de los estados, especialmente durante la fase de investigación de un hecho presuntamente delictivo y los métodos de interrogatorio a un sospechoso en los procedimientos penales. Page 74 of 132
76. Aunque en virtud del artículo 6 del CEDH los estados disfrutan de un margen de apreciación en la promulgación de la legislación nacional, que se limita a las disposiciones sustantivas y de procedimiento y no a las áreas sutiles de discriminación, tal como se expresa en el artículo 14 de la Convención. Por ejemplo, en Khan contra el Reino Unido, el TEDH sostuvo que un vicio de procedimiento en el derecho interno del Estado no se clasificará automáticamente como una violación de la disposición del derecho a un juicio. Justo al contrario, en Roche contra. Estados Unidos, el Tribunal llevó a cabo una prueba de aplicabilidad en el derecho interno con el fin de asegurarse de que no había habido violación en su aplicación o "vaguedad" en sus disposiciones en el que el Tribunal pudo encontrar razón para declarar una violación del artículo 6 de las disposiciones del CEDH. Page 75 of 132
77. Por cierto, una de las preguntas formuladas por el magistrado del tribunal penal especializado en Albacete, España estaba en la "vaguedad en el artículo 153 (1) del Código Penal", que considera una violación del artículo 25 (1) de la Constitución Española y sanciones, violaciones en el derecho de familia española en la separación, el divorcio y la custodia de los hijos. Este trabajo actual ha observado evidencia de una enorme presión sobre los jueces para aplicar la ley española de manera sustantiva. Toda la presión parece estar cargada en los hombros de los jueces, quienes, siendo aprensivos de alarma social si a una presunta víctima se negó la protección, aplican la ley, en la mayoría de los casos, por instinto. Cuando una mujer pide una orden de protección o de alejamiento, se concede automáticamente, casi sin tener en cuenta las pruebas existentes, y esto ha causado un daño grave porque la policía ha procedido a detener a miles de hombres sin pruebas y los jueces han liberado a los hombres de nuevo, pero con estas medidas de protección en su reemplazo. Page 76 of 132
78. En esta nota, es importante recordar que la esencia del artículo 6 del CEDH, según lo declarado por el TEDH en Karalevicuis contra. Lituania, es la preocupación por "si el solicitante se le ofrece una amplia oportunidad de exponer su caso y disputar la evidencia que él considera falsa ". Evidentemente, el TEDH tiene un fuerte compromiso con la preservación y protección de los derechos mencionados en el CEDH. Sin embargo, el principio de subsidiariedad del CEDH todavía limita a los jueces. Además, existen medidas adoptadas en el tratado del Consejo de Europa que proporcionan cobertura de las leyes de los estados sobre la acción afirmativa. Estas directivas proporcionan a los Estados consejos sobre cómo justificar la discriminación de "una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo" bajo las leyes europeas. En esencia, la justificación en relación con factores no relacionados con el género se refiere de nuevo a la doctrina de evaluación del TEDH, en el que una interpretación teleológica podría suponer una consideración de si una acción es "necesaria en una sociedad democrática". Page 77 of 132
79. 3.6. Falsas acusaciones y medidas del Estado en contra de ellas Ha habido numerosas protestas sobre la notoriedad del abuso de falsas acusaciones de este régimen de protección para las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Un jurista afirma que los tribunales "han dado su consentimiento a la detención de miles de hombres que después, en la mayoría de los casos, han sido absueltos, y probablemente han condenado a más de un inocente en la aplicación de algunas leyes que denominan a los acusados como "agresor" incluso antes de cualquier investigación dirigida a descubrir la certeza de los hechos". La falsa acusación está penalizada en virtud del artículo 456 del Código Penal español. Esta disposición de la ley contiene un castigo severo, incluida la pena de prisión para los delincuentes. Page 78 of 132
80. Sin embargo, el artículo 457 del Código Penal, que también prohíbe la falsa acusación, se utiliza a menudo para penalizar falsa acusación por las presuntas víctimas de la violencia doméstica. Esto se debe a que el artículo 457 del Código Penal conlleva la pena de una multa y no la privación de la libertad. Muchas mujeres optan por continuar con una acusación hasta que el hombre es encontrado culpable de un delito que no había cometido o interrumpir la acusación y reivindicar derechos en virtud del artículo 416 de la LECrim. Esta disposición de la ley permite a un miembro directo de la familia el negarse a declarar contra el acusado. En algunos casos, las mujeres que han instituido una falsa acusación han reclamado derechos en virtud del artículo 416 de la LECrim con el fin de suspender el procedimiento penal en contra de su marido. Page 79 of 132
81. Según un informe del observatorio estatal anual oficial sobre la violencia doméstica en relación con los casos de la oficina del fiscal, en el 2012 se estima que 138 mujeres de cada 243 que se retiraron su acusación habían presentado una reclamación de la violencia de género y del abuso en contra de su pareja 5 conyugal y esta cifra ha ido en aumento. Este registro indica la existencia de falsas acusaciones por las mujeres cuyas intenciones eran para abusar o aprovecharse del régimen de protección para la venganza personal. Hay varios casos de falsas acusaciones que han conducido a las sentencias del Tribunal Provincial (Audiencia) que revocó la condena inicial. También hay casos en los que la evidencia de falsa denuncia ha existido y el tribunal no tuvo otra alternativa que la de absolver a los acusados. En el caso núm 456/2009 de la Corte Penal de Málaga, un hombre acusado de violencia doméstica fue absuelto de varios delitos delictuosos, que van desde "la coacción, la calumnia y la muerte con amenaza a su esposa". Page 80 of 132
82. Su absolución no fue como resultado de la benevolencia, pero debido a que las dos hijas de los acusados dieron una declaración testificando cómo su "madre se cortaba a sí misma con un cuchillo, golpeando su cabeza en la pared y a veces flagelandose a sí misma en ambas piernas, haciéndose aparecer moretones", e infligiéndose a sí misma así lesiones, con el fin de acusar a su marido. Sorprendentemente, el fiscal simplemente advirtió a la mujer que "desistiera de presentar falsa afirmación" o perjurio, y ninguna otra acción fue tomada. En vista de lo anterior, es evidente que el Estado no tiene que ver con el número de acusaciones falsas hechas por las mujeres, pero con el que las mujeres abrazan la ley para su protección. De ahí que el Ministerio del Interior del Estado creó, en 2011, un Departamento de la Mujer, dependiente del Ministerio de Salud. Este departamento se embarcó en un programa de propaganda negativa contra los hombres, la colocación de carteles en las calles que retratan a los hombres como la encarnación de la maldad. Page 81 of 132
83. Algunos de los carteles llevan acusaciones y reclamaciones contra los hombres y fueron exhibidos en todos los rincones de la ciudad, incluyendo las áreas cercanas a las escuelas, por lo que eran visibles para los niños. Algunos de los carteles contenían la imagen de un niño que dice a su madre: "Mamá, lo que haga por nosotros, es la ley". Además, había carteles que retratan a las mujeres como el "bueno": la víctima. Uno de estos tenía la inscripción "nunca ha de levantar sus manos contra mí, jamás". La máquina de propaganda del Ministerio del Interior dio un paso calculado para demonizar a los hombres en lo que el ministerio denomina eufemísticamente una "campaña de sensibilización". Se hizo uso de los niños, y se emitieron muchos anuncios de televisión que llevaron a los niños a tener miedo de sus padres. El objetivo de estas acciones era animar a las mujeres a denunciar acciones violentas o abusivas en su contra, por lo tanto, cualquier medida para perseguir falsas acusaciones prolongaría el abrazo de esta legislación promovida por el Gobierno socialista para su protección. Page 82 of 132
84. La medida del sufrimiento padecido por las víctimas masculinas de la Ley 1/2004 sólo es gratificado por el consuelo de que estén libres y hayan superado todo el episodio de la pesadilla. Evidentemente, el hecho de que estos mecanismos de "sensibilización" se encuentran aún en las comisarías, donde se espera que las mujeres denuncien, alienta el despecho en el ámbito de la familia. En consecuencia, se producen numerosas omisiones, errores judiciales flagrantes y anomalías en el funcionamiento de la administración de justicia - en la protección de los derechos de las víctimas, así como en los derechos de los acusados a la justicia - que infrinjen el derecho a la libertad como se indica en Artículo 5 (1) de la CEDH. Y en las malas prácticas judiciales, el artículo 12 117 de la Constitución española debe aplicarse con el fin de proporcionar una reparación efectiva por los daños sufridos por muchos hombres que han experimentado la Ley 1/2004 en la práctica. Page 83 of 132
85. Capítulo IV: Derecho de familia (Prerrogativa del Derecho Internacional sobre el derecho a la vida de la familia) 4.1 Introducción La prerrogativa CEDH sobre el derecho a la vida familiar incluye el derecho a la intimidad, que es fundamental para la preservación de los derechos de las mujeres y los hombres bajo la protección de los derechos humanos. Artículo 8 (1) de la CEDH establece la inviolabilidad de la vida familiar y la vida privada en sus espacios privados e interacciones. Posteriormente, el artículo 8 (2) prohíbe explícitamente los estados de cualquier "interferencia" de estos derechos, salvo en los casos "necesarios en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y la seguridad pública" o para el ejercicio de la obligación positiva del Estado a otros ciudadanos. Page 84 of 132
86. Las cláusulas de esta disposición son la base para la evaluación de la proporcionalidad del TEDH de las acciones del Estado con el fin de garantizar que los Estados, en el ejercicio de esta obligación positiva, no infringen su obligación negativa de abstenerse de la violación de los derechos y libertades de otras personas. Las referencias se pueden hacer para SH y otros contra Austria, y más recientemente, Vallianatos y otros contra Grecia como algunos de los muchos casos en que el TEDH expresó su control de cumplimiento del Estado del derecho a la vida familiar. En SH y otros contra Austria, el Tribunal consideró "que no ha habido violación del artículo 8 de la Convención", ya que estaba satisfecho con la justificación del estado de la intromisión en las decisiones de la familia. Por lo tanto, el Estado, según el Tribunal, no "excede el margen de apreciación otorgada a ella". Este "margen de apreciación puede ser restringido", como es el caso de Vallianatos y otros contra Grecia, donde el TEDH dictaminó que el Estado violó el artículo 8 de la Convención debido a que las leyes eran discriminatorias. Page 85 of 132
87. En otras palabras, la no conformidad de la regulación estatal con una disposición de la CEDH en ejercicio de su obligación positiva del Estado equivale a una violación de la Convención. Este trabajo reconoce que el TEDH reconoce "la violencia de género como una forma de discriminación contra la mujer", alineando así con los regímenes internacionales en relación con la igualdad. En consecuencia, el TEDH podría ser favorable a las medidas adoptadas para la protección de las mujeres víctimas debido a su doctrina de juicio progresiva. En la nota anterior, la Ley 1/2004, que adoptó medidas que van más allá de la protección contra la conducta criminal de la aplicación de las leyes de familia sobre la separación, el divorcio y la custodia de los hijos - en los casos de violencia doméstica o abuso - tiene características de inferencia conceptual incongruente que son capaces de generar conflicto objetivos con los del CEDH en materia de igualdad. Page 86 of 132
88. El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, modificado por el artículo 57 de la Ley 1/2004, dieron a los tribunales especializados en violencia de género jurisdicción exclusiva para tratar los asuntos civiles. Sin embargo, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, modificada en el artículo 44 de la Ley 1/2004, otorgó poderes jurisdiccionales expresos a los jueces de los tribunales especializados en las decisiones con respecto a la ley sobre la separación, el divorcio, la custodia de los hijos, la adopción y las decisiones administrativas en materia de protección de menores. Estas leyes contienen medidas explícitas aplicables a la víctima y el delincuente bajo la ley de violencia doméstica que están a disposición de los jueces de instrucción y de primera instancia durante el proceso de investigación y juicio. El peso de este estudio está en el establecimiento de la eficacia de estas disposiciones como una medida de protección de los derechos, la igualdad y la libertad de las mujeres y, al mismo tiempo, respetar los derechos de los hombres. Page 87 of 132
89. Por ejemplo, cuando alguien ha sido condenado por violencia doméstica y debido a su convicción, será la aplicación de nuevas medidas punitivas, como la privación de los derechos de los padres del delincuente adecuado debajo del CEDH. ¿Representa la cosa juzgada? ¿Cómo de proporcional es para el derecho del niño a la vida familiar? La interpretación de estas acciones como un ejemplo de la doble incriminación revelaría una contravención de ambos, el PIDCP y las disposiciones del CEDH. Artículo 14 (7) del PIDCP establece que "Nadie puede ser susceptible de ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto de conformidad con la ley y el procedimiento penal de cada país". Del mismo modo, el artículo 4 (1) 11 del Protocolo 7 del CEDH expresa la prerrogativa contra la cosa juzgada. Page 88 of 132
90. En vista de la situación anterior de castigos-largas y agotadoras por delitos domésticos-relacionados con la violencia que se extienden desde las medidas punitivas al destierro de ejercer la patria potestad, la Ley 1/2004 contiene una norma sustantiva que viola a los derechos de los hombres y los derechos del niño a la vida familiar . El artículo 81 (2) del Código de Procedimiento Civil en relación con la separación y el divorcio en su versión modificada en la Ley 15/2005 (Ley del Divorcio rápido, establece el divorcio rápido y define las condiciones que reúnen los requisitos para la aplicación de "la ley de divorcio rápido en los casos de violencia doméstica. Esta Ley contiene expresiones vagas con condiciones que están establecidas con el propósito de facilitar el divorcio rápido en los casos de las especificaciones contempladas en la ley. Sin embargo, la cuestión de fondo de esta ley es su aplicación como medida adicional y / o prolongada contra la violencia doméstica. Page 89 of 132
91. Por lo tanto, se utiliza en los casos de divorcio civiles - en forma de incapacitar al ejercicio de la patria potestad en los procesos de divorcio y juicios - para castigar aún más los hombres por el delito de violencia doméstica por los que ya han sido juzgados por la ley penal. Como se dijo anteriormente, varias leyes del TEDH indican una oposición doctrinal a la doble sanción bajo el CEDH. Para reforzar aún más este argumento relativo a la no conformidad de la cosa juzgada en el CEDH, el TEDH, en Thlimmenos contra Grecia, sostuvo que "la Corte considera que la imposición de una sanción mayor a la demandante fue desproporcionada". Además, en Sergey Zolotukhin contra Rusia, el TEDH sostuvo que "el objetivo del artículo 4 del Protocolo nº 7 es prohibir la repetición de procesos penales que han sido celebrados por una decisión "final". Page 90 of 132
92. Esta interpretación también se observa en el Informe explicativo del Protocolo Nº 7, que remite a su vez al Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales: una "decisión es definitiva" si, de acuerdo con la expresión tradicional, que ha adquirido el con fuerza de cosa juzgada. Este es el caso cuando sea irrevocable, es decir, cuando no hay recursos ordinarios adicionales están disponibles o cuando las partes han agotado dichos recursos o han permitido que el plazo para su vencimiento sin que hagan uso de ellos". Este enfoque está arraigado en la jurisprudencia de la Corte. A la luz de esto, no hay ninguna justificación para la aplicación de la Ley 1/2004, en el derecho de familia en el que temas polémicos como la separación, el divorcio y la custodia de los hijos están regulados. Page 91 of 132
93. 4.2. Separación, divorcio y custodia de los hijos Una revisión del mecanismo consecuencia de la incorporación de las acciones penales, civiles y de familia en casos de ayudas de violencia de género en el establecimiento de las características de la Ley 1/2004 y su conformidad con el CEDH. Cabe destacar que esta combinación de recursos judiciales - a menudo desencadenadas por teléfono con la llamada de una mujer a la policía - está en contra, no sólo del CEDH, sino también otros regímenes internacionales de derechos humanos como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. El artículo 65 de la Ley 1/2004 establece que los tribunales especializados para "suspender los presuntos autores de actos de violencia de género el ejercicio de la patria potestad, la custodia o tutela con respecto a los menores que él o ella especifica". La aplicación de esta disposición es a discreción del juez y la solicitud de la víctima. Page 92 of 132
94. Al parecer, los argumentos empleados por los tribunales en la adjudicación de los derechos de custodia a la madre están subrayados en el artículo 3 (3) de la Ley 15/2005 prerrogativas y en base a "la protección adecuada de los intereses del niño". En la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las diferentes expresiones también se utilizan para expresar el mismo concepto vago de "el mejor interés del niño". Sin embargo, en ausencia de una definición clara del significado detrás del interés superior del niño, la separación de un niño de su padre puede ser interpretado como una clara violación de este principio. La Convención aboga por el respeto del derecho del niño a "la familia, a la intimidad", etc. Sin embargo, las consecuencias de las decisiones judiciales para separar a un niño del padre por el derecho del niño al disfrute de la vida familiar parecen ser ignorados. De hecho, las cláusulas previstas en el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño son claros al expresar circunstancias de las que la separación de un niño de uno de sus padres es permisible. Page 93 of 132
95. La tendencia en proliferación del divorcio rápido facilitado por la Ley 1/2004, apuntala el abuso generalizado de los niños bajo la ley española. Un Consejo General del Poder (CGPJ) Informe del Poder Judicial establece lo siguiente: La ruptura matrimonial total llegó a 907,292 en el mismo período, que se extiende desde el segundo trimestre de 2005 a 2012. Los tribunales adoptaron 141,465 medidas preventivas civiles al procesar la reclamación. De estos, se adoptaron 134,834 medidas civiles en forma de órdenes de protección, que son válidas por 30 días hasta la presentación de la demanda civil, renovable una vez presentada. Page 94 of 132
96. De todas las medidas civiles incluido el subsidio de alimentos (46,775 medidas); adjudicación de viviendas (41,961); suspensión de la custodia cuando existe una resolución civil, previa acerca de los niños (14.496); suspensión de las visitas por el mismo motivo que el anterior (6932); suspensión de la patria potestad (709) o la derivación a servicios de protección infantil (1,382). 5 Sobre la base de este informe del órgano judicial más alto del poder en España, el efecto de la Ley 1/2004 sobre la preservación del derecho a la vida familiar es evidentemente devastador. La decisión del Gobierno español de considerar la violencia contra la mujer como "el símbolo más brutal de la desigualdad en la sociedad" se ha convertido en una preocupación importante para el otro género en la sociedad, ya que ha creado una posible reversión de la situación de discriminación en una violación flagrante de la deber negativo de Estado bajo la CEDH. Page 95 of 132
97. En consecuencia, la sociedad española está fragmentada y el objetivo perseguido por la Ley 1/2004, que era la de "proteger a las mujeres" como víctimas de la violencia de género, se ha cambiado fomentando la discriminación contra los hombres. A la luz de este informe sorprendente, al recordar que el TEDH ha declarado en repetidas ocasiones que los Estados tienen un "margen de apreciación" en el artículo 8 de suministro del CEDH, no está claro si el contenido de este informe y otros similares contiene pruebas suficientes de "efecto desproporcionado en la aplicación" de esta ley de los hombres para satisfacer los criterios de un veredicto de violación de esta disposición de la Convención. Además, para los Estados del TEDH que en virtud del artículo 8 del CEDH, "los límites entre las obligaciones positivas y negativas del Estado no se prestan a una definición precisa". Por lo tanto, es difícil determinar la existencia de la interferencia del Estado con el derecho a la vida familiar en el artículo 8 (2) de la CEDH y sin la aplicación de un criterio de proporcionalidad. Page 96 of 132
98. Por lo tanto, un amplio margen de apreciación, tal como aparece en este caso, significa una prueba más laxa de proporcionalidad. En otras palabras, cuando una disposición de la Convención contiene cláusulas que permiten a un Estado un margen de apreciación para regular su aplicación en la sociedad, se estrecha la aplicación de una prueba de proporcionalidad para el Tribunal. En particular, la Ley 1/2004 establece que "la violencia de género no es un problema limitado a la esfera privada", por ello en el artículo 8 de las prerrogativas CEDH, preparándose para la batalla judicial ante el Tribunal de los Derechos Humanos, al mostrar un afán de utilizar el artículo 8 (2 ) como justificación de las medidas como "necesarias en una sociedad democrática". Otro elemento sorprendente de la Ley 1/2004, durante la aplicación de las prerrogativas del Código Civil sobre el derecho de familia es su apropiación por parte de las mujeres de los beneficios judiciales. Los ajustes de la ley establecen garantías para custodia de los hijos a favor de la mujer. Page 97 of 132
99. En este contexto, un jurista criticó con vehemencia la cultura de la concesión automática de la custodia de los hijos a las mujeres y opinó que "es una estafa para solicitar, en nombre del feminismo, que sólo las mujeres asumen la custodia de los hijos". Y cuestionó la motivación de las mujeres que Ley 1/2004 consideraba apropiada para el propósito de obtener la custodia del niño. Además, se preguntó el "esfuerzo en los últimos años de las mujeres en querer recluirse nuevamente en la casa" a través de la "ferocidad manifiesta contra la custodia compartida de los hijos por la mayoría feminista sabiendo que la única posibilidad de que las mujeres, los trabajadores y las madres que tienen el espacio personal y profesional no es mediante la realización por sí sola del cuidado y la educación de los niños”. Esta cuestión alude a la utilitarismo de la Ley 1/2004, en el fomento de la igualdad o el dinamismo de la sociedad, porque, al parecer, la sustancia de la Ley 1/2004 no permite la igualdad de garantías en la separación, el divorcio y la custodia de los hijos; también dificulta cualquier remedio de solución alternativos como la mediación familiar. Page 98 of 132
100. Así, se prohíbe toda forma de acuerdo negociado entre el delincuente y la víctima de la violencia doméstica en los procedimientos de separación de derecho de familia, divorcio y custodia. El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, modificada en el artículo 44 de la Ley 1/2004, establece que "la mediación está prohibida en todos los casos anteriores", indica el momento en que la Ley 1/2004 se aplica a la separación, divorcio y custodia de los hijos. Esto sólo puede indicar un deseo obsesivo de infligir un castigo severo a cualquier infractor de la ley sin recurrir a la medida proporcionada que podría disminuir la alarma creada por las normas de procedimiento de la presente ley en la sociedad española. Además, hay - en apariencia - una agenda política para permitir que las mujeres lleven una acción de venganza contra los hombres, por lo tanto dándoles el poder por encima de los hombres. Page 99 of 132
101. 4.3. Sumario: Ley 1/2004 ha tejido una red de crecimiento legal despectiva a través de su conceptualización sustantiva en el ámbito de la investigación judicial y, sobre todo, las medidas judiciales que tienen a los hombres desfavorecidos y frustraron los objetivos de la acción afirmativa. La práctica general en el caso de una denuncia de violencia doméstica o abuso por parte de una mujer es el inmediato arresto, la detención, comparecencia ante un tribunal y reclusión en prisión preventiva o la libertad bajo fianza habilitado con las medidas de protección rigurosas, como una orden de restricción en contra de acercarse o comunicarse con la presunta víctima, y por lo general sin evidencia sustancial del presunto delito. Varias de las disposiciones de la Ley 1/2004 examinado y se ha mencionado anteriormente se encuentran para estar en violación de las disposiciones constitucionales de España. Page 100 of 132
¡Mi segunda denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, pidiendo la deroga...
¡El IPS no le pone el oxigeno a mi hijita que no para de convulsionar!
¡Pido el amparo para mi hijita, Victoria Guadalupe Cerón Miy, por los graves ...
El Gobierno de Salta, promueve y fomenta institucionalmente: ¡La violencia fe...
¡La Secretaría de los Derechos Humanos, del Gobierno de Salta, y el INADI, vi...
¡La verdadera cara, de Sergio “Oso” Leavy, a quien creí un “cordero”, y me mo...

References: artículo 1
 artículo 17
 Artículo 13
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 261
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 3
 Artículo 1
 artículo 92
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 167
 artículo 13
 artículo 167
 artículo 17
 artículo 617
 artículo 153
 artículo 617
 artículo 17
 artículo 617
 artículo 617
 artículo 617
 artículo 617
 artículo 617
 artículo 620
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 1
 artículo 6
 resolución 
 Artículo 7
 artículo 795
 artículo 37
 artículo 153
 artículo 6
 artículo 6
 Artículo 13
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 153
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 617
 artículo 299
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 153
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 456
 artículo 457
 artículo 457
 artículo 416
 artículo 416
 Artículo 5
 artículo 12
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 49
 artículo 57
 artículo 87
 artículo 44
 Artículo 14
 artículo 4
 artículo 81
 artículo 4
 artículo 65
 artículo 3
 artículo 9
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 87
 artículo 44