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Timestamp: 2019-10-15 11:44:12+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Diciembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 650678585
La licenciada Anherys Franco Barrera, actuando en nombre y representación de Nuria Maicela Greenfield de Tortosa, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Nota DPYS-ST-No.1397-09 de 4 de junio de 2009 , emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.
La demanda fue admitida por la Sala Tercera mediante Auto de veintitrés (23) de noviembre de 2010, en la que igualmente se ordenó enviar copia de la misma al Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social para que rindiera un informe explicativo de conducta; y se corrió traslado al Procurador de la Administración por el término de cinco (5) días.
En la demanda se formula una pretensión contencioso administrativa de plena jurisdicción consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta declare la nulidad por ilegal de la la Nota DPYS-ST-No.1397-09 de 4 de junio de 2009 , emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, que resuelve lo siguiente:
Damos respuesta a su nota recibida el día 12 de octubre de 2008, a través de la cual solicita que se reconozca a su poderdante Señora Nuria de Tortosa, el pago de la Pensión de Vejez que la Caja de Seguro Social le reconoció a partir del 3 de agosto de 2002, toda vez que en sendos fallos nuestra máxima Corporación de Justicia, ha dispuesto que la presentación de la Terminación Laboral contradice el derecho al trabajo y viola nuestra Constitución Política.
Sobre el particular procedemos a explicarle lo siguiente:
La Comisión de Prestaciones mediante resolución N° 15646 de fecha 18 de septiembre de 2002, le reconoció una Pensión de Vejez por la suma mensual de Mil Quinientos Balboas Con 00/100 (B/.1,500.00), notificada el día 22 de octubre de 2004, a partir del 1 de mayo de 2007.
La pensión de Vejez de su poderdante fue efectiva a partir del 1 de mayo de 2007, fecha del Cese de Labores, el cual presentó el día 7 de mayo de 2007, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, vigente a la fecha de la solicitud, el cual es del tenor siguiente: ...
El Fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de septiembre de 2007, con fecha de vigencia 1 de noviembre de 2007 declaró que son inconstitucionales las frases "...con la finalidad de reemplazar dentro de ciertos límites los ingresos que deje de percibir de su ocupación, podrá optar por retirarse...", y la frase "...y haya cesado su relación laboral con su empleador, lo que quiere decir que no se debe exigir al asegurado que demuestre que se ha retirado de la ocupación que desempeña, o sea solicitarle Cese de Labores.
No obstante, además indica que "Importante destacar, que según lo dispuesto en el artículo 2573 del Código Judicial las decisiones de la Corte en materia de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo por lo que la solicitud de cese de relación laboral para recibir el pago de una Pensión de Vejez no debe ser exigida a partir del 1 de noviembre de 2007"
En los términos aquí expuestos este organismo previo análisis del expediente le informa que no se encontraron elementos para concederle lo solicitado.
Sostiene el apoderado judicial del demandante que el acto impugnado ha infringido los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, modificados por la Ley 30 de 1991 y la Ley 20 de 2001 respectivamente; y 47, 64, 96 y 155 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. Estas normas son del siguiente tenor literal:
Artículo 50. La pensión de vejez tiene como finalidad reemplazar dentro de ciertos límites los sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña. Para tener derecho a la pensión de vejez se requiere:a)Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres y sesenta (60) años los hombres; y,b)Haber acreditado por lo menos ciento ochenta (180) meses de cotizaciones.
Parágrafo: A partir del 1º de enero de 1995 la edad requerida para tener derecho a la pensión de vejez será de cincuenta y siete (57) años para las mujeres y sesenta y dos (62) años para los hombre.
Artículo 51. EL pago de pensión de vejez se iniciará a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud respectiva y cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 50.
Artículo 47. Se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en las disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su debida ejecución. Constituye falta disciplinaria la violación de este precepto y será responsable de ésta el Jefe o la Jefa del despacho respectivo.
Artículo 64. La iniciación de los procesos administrativos puede originarse de oficio o a instancia de parte interesada.
La iniciación ocurre de oficio cuando se origina por disposición del despacho administrativo correspondiente; y a instancia de parte cuando se accede a petición, consulta o queja de la persona o personas que sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.
Artículo 96. En la notificación de la resolución que resuelva una instancia, se indicarán los recursos que proceden y el término para interponerlos. La omisión en la indicación de los recursos que procedan, quedará subsanada por la interposición de éstos por el interesado, o por el allanamiento o conformidad del interesado con la decisión.
Artículo 155. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:
Los que afecten derechos subjetivos;
Los que resuelvan recursos;
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos; ycuando así se disponga expresamente por la ley.
En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 50 del decreto Ley 14 de 1954, considera la parte actora que el mismo fue infringido de manera directa por comisión, toda vez que la comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, hace efectivo el pago del derecho de pensión de vejez a partir del 1 de mayo de 2007, y no a partir del 3 de agosto de 2002, fecha en la que la demandante cumplió con los presupuestos legales establecidos al efecto. Asegura que: "la norma transcrita se agrava cuando es la misma entidad de Seguridad Social la que acepta, al dejar plasmado en los actos administrativos... que el ejercicio del derecho (fecha de inicio del pago) es efectivo a partir de la fecha de presentación del cese de labores (1 de mayo de 2007), cuando tal situación es ilegal, arbitraria y atentatoria del derecho... ya que introduce un requisito no previsto en la norma".
En ilación, señala la vulneración del artículo 51 de la misma excerta legal de manera directa por comisión, pues considera que a pesar de que la Comisión de Prestaciones reconoció la Pensión de Vejez, tal como consta en la Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002, a partir del 3 de agosto de 2002, no inicia el pago de dicho derecho desde el momento de la formulación de la solicitud referida, sino a partir de fecha posterior, es decir, la fecha de presentación del cese de labores.
De igual manera, sostiene que se ha transgredido por comisión el artículo 47 de la Ley 38 de 2000. Señala que el Decreto Ley 14 de 1954, establece en sus artículo 50 y 51 que para proceder al pago de la pensión de vejez, se deben cumplir los siguientes presupuestos: formular la solicitud, cumplir con la edad y tener el número mínimo de cuotas; no obstante, la Comisión de Prestaciones Económicas introduce un requisito que no está previsto en la norma, es decir, la presentación de la prueba de la terminación laboral.
Por otro lado, la vulneración del artículo 64 de la Ley 38 es sustentada expresando que la entidad de seguridad social desconoce el derecho subjetivo de la parte actora. Advierte que al rechazar el recurso de Reconsideración impetrado contra la decisión antes aludida, la Institución vulnera el derecho a la tramitación del reconocimiento del derecho subjetivo que le asiste frente al cumplimiento de los requisitos de Ley para la pensión de vejez.
En cuanto a la transgresión de manera directa por omisión del artículo 96 de la Ley 38 de 2000, apunta que se incumplió "con la formalidad que demanda el artículo en cuestión, particularmente en lo que hace relación a la obligatoriedad de hacer constar en el acto, los recursos de que disponen las partes y el tiempo legal, para su formulación y sustentación.
Finalmente, la parte actora indica la infracción de manera directa por omisión del artículo 155 de la Ley 38 de 2000, ya que a su juicio, ni el acto administrativo original ni los actos confirmatorios fueron motivados de manera sucinta y con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, pese a que el derecho cuyo restablecimiento se solicita, así lo exige.
INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA
Mediante Nota DENPE-AL-N-231-2010 de 2 de diciembre de 2010, el Director Ejecutivo Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social rindióel respectivo informe explicativo de conducta en donde expone que "la nota de la referencia no concede ni niega derechos subjetivos, se limita a explicar el alcance de otro acto administrativo que sí tiene esa virtud: la Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002". Asegura que la Caja de Seguro Social se ha limitado a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme. Destaca que el pago de la pensión de vejez se inició a partir del 7 de mayo de 2007, tal como lo contempla la Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002, es decir, a partir de la presentación ante la Institución de su cesación de labores.
Por su parte, la Procuraduría de la Administración, contestó la demanda mediante Vista Nº 426 de 29 de agosto de 2012, en la cual considera debe declararse que no es ilegal el acto administrativo impugnado. En lo medular, presentan las siguientes consideraciones:
Luego de analizar todos los argumentos expuestos por la parte recurrente este Despacho observa que los mismos se dirigen fundamentalmente a cuestionar el hecho que la Comisión de Prestaciones decidió pagarle una pensión de vejez normal a partir del 1 de mayo de 2007, fecha en que hizo entrega del cese de labores, y no desde el 3 de agosto de 2002, cuando la asegurada cumplió con los requisitos que establecía el artículo 50 de la subrogada ley orgánica de la Caja de Seguro Social, situación que le fue comunicada mediante la nota DPYS-ST-1397-09 de 4 de junio de 2009, que ahora se acusa de ilegal.
En opinión de este Despacho, la pretensión de la actora no resulta viable, ya que al examinar el contenido de la resolución 15646 de 18 de septiembre de 2002, expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, por cuyo conducto se le reconoció a la asegurada Nuria Greenfield de Tortosa su pensión de vejez, se advierte que el derecho a acceder al pago de ese beneficio se haría efectivo cuando dicha asegurada, además de cumplir con los requisitos que para esos efectos establecían los ya mencionados artículos 50y 51 del decreto ley 14 de 1954, vigentes a la fecha de los hechos, le presentara a la institución el correspondiente cese de labores, conforme lo disponía el artículo segundo de la resolución 20,946-2001-J.D. del 26 de junio de 2001, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para reglamentar dichas disposiciones legales, el cual fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 26 de mayo de 2004.
La Sala pasa a examinar los cargos que se le imputan al acto administrativo impugnado, con la finalidad de resolver la presente controversia.
Observa esta Superioridad, que por medio del acto impugnado la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social resuelve no concederle a la señora Nuria de Tortosa su petición, la cual consiste en que se le reconozca el pago de la pensión de vejez normal a partir del 3 de agosto de 2002, fecha en la que alcanzó la edad de 57 años y cumplió con los requisitos legales para acceder a tal derecho de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y que por consiguiente le sean canceladas las sumas de dinero que en dicho concepto le adeudan. ( a f. 29)
Esta Sala observa que el argumento principal de la parte actora al explicar la forma en que se vulneraron las normas que estima infringidas, gira básicamente en torno a que la Comisión de Prestaciones decidió pagarle a la asegurada Nuria Greenfield de Tortosa una pensión de vejez normal a partir del 1 de mayo de 2007, fecha en que hizo entrega del cese de labores y no desde el 3 de agosto de 2002, aun cuando la asegurada cumplió con los requisitos que para el caso establecía el artículo 50 del Decreto Ley 14 de 1954 subrogada por el artículo 36 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991. Asegura que el requisito de la presentación del cese de labores es una exigencia no derivada de los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 14 de 1954, y que dicha normativa es clara al establecer los presupuestos legales determinantes para poder acceder al derecho de pensión de vejez, es decir, cumplir la edad, tener el número mínimo de cuotas y haber formalizado la solicitud. En adición, sostiene que en el acto administrativo acusado no se señaló el fundamento de derecho ni se establecieron los recursos legales a los que tenía derecho y sus respectivos términos.
Aprecia la Sala Tercera que mediante Resolución N° 15646 de 18 de septiembre de 2002, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social se resolvió lo siguiente:
RECONOCER al (la) asegurado (a) NURIA MAICELA GREENFIELD DE TORTOSA... una pensión de Vejez, por la suma mensual de MIL QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.1,500.00), acreditado el derecho de (de la) peticionario (a), el ejercicio del pago de la pensión de vejez se hará efectivo, una vez se demuestre que el asegurado se ha retirado de la ocupación que desempeña, al tenor del Artículo 50 de la Ley Orgánica. mediante la presentación de la terminación de la relación laboral o 03 de agosto de 2002 (fecha en que cumple la edad de vejez) si esta es posterior, calculada sobre un salario promedio mensual de B/.2,865.05, de acuerdo con lo prescrito en la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social.
En su contestación de la demanda, la Procuraduría de la Administración sostiene que el derecho a acceder al pago del beneficio de la pensión se haría efectivo cuando la asegurada, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 50 y 51 del Decreto Ley 14 de 1954, vigentes a la fecha de los hechos, presentara ante la Caja de Seguro Social el correspondiente cese de labores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución 20,946-2001-J.D. del 26 de junio de 2001, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Advierte el Ministerio Público que si bien es cierto la resolución antes citada fue declarada inconstitucional mediante sentencia de 26 de mayo de 2004, ésta no era aplicable al caso en estudio toda vez que la resolución 15646 de 18 de septiembre de 2002 tenía plena validez jurídica a partir de su expedición. Sobre este último punto, difiere la Sala con lo expresado por la Procuraduría, toda vez que el acto administrativo contenido en la Resolución 15646 quedó debidamente ejecutoriado y en firme al momento de su notificación a la parte interesada, el 22 de octubre de 2004, es decir, que la sentencia de 26 de mayo de 2004 sí era aplicable a la situación debatida.
Razona este Tribunal, luego de un estudio detallado del expediente, que el acto administrativo contenido en la Nota DPYS-ST-N° 1397-09 de 04 de junio de 2009 ha vulnerado los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 14 de 1954, toda vez que el artículo 50 no prevé el cese de labores o terminación de la relación laboral, como condicionamiento para el otorgamiento del derecho de jubilación, por lo que no puede exigírsele este requisito, para el reconocimiento de este derecho adquirido. Los únicos requisitos que la norma exige hacen referencia al cumplimiento de la edad y la acreditación de las cuotas mínimas. En ilación, cabe señalar que el artículo 51 de la misma excerta legal destaca que el Pago de la Pensión de Vejez se iniciará a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud respectiva, entiéndase por esta la solicitud de pensión de vejez, y no la renuncia de trabajo o cese de labores.
En relación con el tema, este Magno Tribunal estima importante recordar que en distintos momentos la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el texto de las disposiciones reglamentarias por medio de las cuales la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social exige a los asegurados la presentación del certificado de cese de labores o terminación de la relación laboral para tener derecho al pago de su pensión de vejez, porque restringen el derecho al trabajo reconocido constitucionalmente. Bajo este prisma, la Sala Tercera ha declarado la nulidad, por ilegal, de actos administrativos emitidos por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, específicamente sobre el beneficio de la pensión de vejez. En base a este señalamiento, consideramos relevante transcribir las sentencias de la Sala Tercera fechadas 9 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2005, donde queda claramente establecida su postura sobre el tema:
Sentencia de 9 de marzo de 2006:
Como viene expuesto, la parte actora solicita la nulidad de la Resolución Nº C. DE P. 21060 de 6 de diciembre de 2002, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se resuelve conceder al señor MARCOS GONZALEZ KING, una pensión de vejez normal por la suma de B/.1,500.00, la cual entraría en vigencia a partir de la terminación de la relación laboral y retiro del asegurado, del cargo que ocupaba.
Importa resaltar, que la parte actora no objeta el monto de la pensión de vejez asignada, sino el condicionamiento de pago de dicha pensión, a la comprobación del retiro del trabajador de su puesto de trabajo. En ese sentido, el actor argumenta en lo medular, que la Caja de Seguro Social está condicionando el derecho adquirido que tiene el asegurado a recibir su pensión de vejez normal, al cumplimiento de un requisito que no está contemplado en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, cual es, que el asegurado demuestre que se ha retirado de la ocupación, mediante la presentación del cese de labores.
Adicionalmente ha señalado, que la efectividad del pago de la pensión de vejez debe hacerse desde la fecha en que se presenta la solicitud, y no después.
Un detenido análisis de los argumentos de las partes, conduce al Tribunal a concluir que le asiste razón a la parte actora, en cuanto a que la Caja de Seguro Social ha infringido el artículo 50 de su Ley Orgánica, tal y como se encontraba vigente al momento de los hechos. El fundamento que sostiene la decisión de la Corte, es el siguiente:
Al examinar los requisitos relacionados con el derecho a la pensión de vejez normal, se observa que el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, establece lo siguiente:
"Artículo 50. La pensión de vejez tiene como finalidad reemplazar dentro de ciertos límites los sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña. Para tener derecho a la pensión de vejez se requiere:a)Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres y sesenta (60) los hombres; yb)Haber acreditado por lo menos ciento ochenta (180) meses de cotizaciones"
A partir del 1º de enero de 1995 la edad requerida para tener derecho a la pensión de vejez será de cincuenta y siete (57) años para las mujeres y sesenta y dos (62) años para los hombres".
La interpretación que la entidad de seguridad social le ha dado a dicha norma, es que, si la pensión de vejez tiene por finalidad reemplazar el salario del trabajador que adquiere el derecho a pensionarse, por haber cumplido con los requisitos previstos en el mismo artículo 50, el asegurado debe acreditar que efectivamente ha cesado labores, para que entonces se inicie el pago de su pensión de vejez. Apoya en su razonamiento, en la sentencia de 1º de abril de 2003, que declaró que no era inconstitucional el primer párrafo del artículo 50 del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954.
La Sala se ve precisada a señalar, que la sentencia de 1º de abril de 2003, no sustenta ni justifica la posición de la Caja de Seguro Social en este caso, pues en dicho pronunciamiento, lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó, es que el primer párrafo del artículo 50 de la Ley Orgánica no limitaba el derecho del trabajo, y permitía al asegurado seguir trabajando, pero debía indicar a la entidad de seguridad social, cuándo haría uso de ese derecho. Veamos:
Tal requisito no contiene una prohibición al derecho de trabajo, es la carga de la prueba que le corresponde al asegurado, para gozar del derecho a jubilarse, pues ello supone que el trabajador gozará de la pensión de vejez, sin necesidad de trabajar; es decir, que es una compensación por el tiempo laborado, por los años de servicio en favor de la Nación...
A juicio del Pleno, el párrafo impugnado no limita el derecho del trabajo, lo que contiene es la carga de la prueba para el asegurado de garantizar que hará uso de su pensión de vejez. Ahora bien, no quiere decir con ello que no podrá ejercer el derecho al trabajo, ya que eso está en la voluntad de cada pensionado o jubilado de continuar trabajando, pero para iniciar su pensión deberá indicarle a la autoridad en qué fecha hará uso de ese derecho.
Por otra parte, el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que es complementario del artículo 50 ibídem, es prístino establecer lo siguiente:
"Artículo 51: El pago de la Pensión de Vejez se iniciará a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud respectiva y cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 50".
Conviene recordar, que la Sala Tercera ha venido examinando la legalidad de varias resoluciones mediante las cuales la entidad de seguridad social, de manera similar a la que nos ocupa, exigía al asegurado que cumplía los requisitos (de edad y número de cotizaciones) para recibir su pensión de vejez normal, la presentación de un cese de labores o comprobación de haber terminado la relación laboral, para entonces percibir el pago de la pensión de vejez.
Esa postura de la Caja de Seguro Social, ha sido sustentada en distintas reglamentaciones emitidas por el propio ente, en las que mantenía o revocaba, la exigencia de acreditar un "cese de labores o retiro de la ocupación que desempeña"como requisito para percibir el pago de la pensión de vejez.
La posición más predominante, fue la de exigir a los asegurados el requisito del retiro o cese de labores, y así vemos que el Reglamento para el cálculo de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, -aplicado por mandato de la Resolución Nº 2177-85-J.D. de 20 de junio de 1985-, exigía el cese de labores para la efectividad del pago de la pensión. La norma en comento señalaba:
"ARTÍCULO 2. Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos y condiciones que establece el Artículo 50 de la Ley Orgánica.
PARÁGRAFO. Se le faculta para presentar su solicitud por adelantado en un plazo no mayor de tres (3) meses a la fecha de retiro que él voluntariamente señale". (El destacado es nuestro)
Asimismo, la Caja de Seguro Social, para mediados del año 2001, le exigía a los asegurados la presentación del cese de labores para tener derecho al pago de su pensión de vejez, con fundamento en la Resolución Nº 20,946-2001-JD de 26 de junio de 2001, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que establecía en su artículo segundo lo siguiente:
"Artículo segundo: Acreditado el derecho del peticionario, el ejercicio del derecho del pago de la pensión de vejez se hará efectivo, una vez se demuestre que el asegurado se ha retirado de la ocupaciónque desempeña al tenor del Artículo 50 de la Ley Orgánica, mediante la presentación de la terminación de la relación laboral". (El destacado es de la Sala)
Pese a lo anterior, la frase "de retiro" contenida en Reglamento para el cálculo de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, -aplicado por mandato de la Resolución Nº 2177-85-J.D. de 20 de junio de 1985, fue declarada inconstitucional mediante sentencia de 27 de marzo de 2002, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, adelantando el siguiente razonamiento:
"De las distintas acepciones revisadas demuestran que el término retiro es utilizado como sinónimo de jubilación, es decir, como el acto propiamente tal de retirarse de la vida activa por enfermedad o vejez. También como el pago que se recibe por esta condición. No obstante, en un contexto general, la expresión encuentra su significado en el apartamento del quehacer normal que desempeña.
En opinión de la Corte el parágrafo examinado del artículo 2 del Reglamento, a pesar de que sólo contempla una metodología para el trámite de la pensión de vejez, dada la connotación de la terminología utilizada (retiro) y sus significados, deja un compás abierto para que su interpretación sea asimilada como la exigencia del apartamiento (sic) del solicitante de su ocupación laboral, pues como ya lo determinó la Corte en los párrafos que anteceden, la expresión "retiro" supone la separación de la actividad normal que se desempeña o del lugar que se ocupa.
Tal aplicación, según los criterios establecidos en los distintos fallo de esta Corporación de Justicia, contradice el sentir de la Carta Magna que consagra el derecho al trabajo en su artículo 60, ya que pudiera restringir, limitar, impedir o prohibir el libre ejercicio de este derecho.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL la expresión "de retiro" contenida en el parágrafo del artículo 2ndo del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. En consecuencia, el parágrafo del artículo 2ndo. del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte quedará así:
"ARTÍCULO 2: Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos y condiciones que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica.
PARÁGRAFO: Se le faculta para presentar su solicitud por adelantado en un plazo no mayor de tres (3) meses a la fecha que él voluntariamente señale"...
De igual forma, el artículo segundo de la Resolución Nº 20,946-2001-JD de 26 de junio de 2001, fue objeto de una impugnación constitucional, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 26 de mayo de 2004, consideró que la exigencia de presentación de la terminación relación laboral, vulneraba el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Nacional. La sentencia en cuestión sostuvo en su parte medular, lo siguiente:
"En este sentido, exigir al asegurado que demuestre que se ha retirado de la ocupación que desempeña, acreditando dicha condición mediante la presentación de la terminación de la relación laboral, claramente contradice el derecho al trabajo y resulta violatorio de los artículos40, 60 y 75 de la Constitución Política Nacional.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL el artículo segundo de la Resolución 20,946-2001-J.D., fechada 26 de junio de 2001, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y que apareció publicada en la Gaceta Oficial Nº 24,384-A de 10 de septiembre de 2001, por ser contrario a los artículos 40, 60 y 75 de la Constitución Nacional y en consecuencia ORDENA a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, dejarlo sin efecto".(El destacado es nuestro)
Esta cronología permite apreciar, que la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en el sentido de declarar la inconstitucional de textos reglamentarios de la Caja de Seguro Social, que le han venido exigiendo a los asegurados, la presentación de un certificado de cese de labores, o de terminación de la relación laboral para tener derecho al pago de su pensión de vejez, sosteniendo el principio de que dichas previsiones, limitan el derecho al trabajo reconocido constitucionalmente.
Traídas esta consideraciones al negocios sub-júdice, debemos reconocer que la resolución acusada en el proceso que nos ocupa, no señaló, como fundamento para exigir la terminación de la relación laboral, ningún artículo reglamentario, sino directamente el artículo 50 de la Ley de la Caja de Seguro Social.
No obstante, resulta evidente para este Tribunal, que el razonamiento e interpretación que la entidad de seguridad social le confiere a dicho texto, según las explicaciones ofrecidas en el informe de actuación, es el mismo que justificaba las normas reglamentarias que en su momento, han sido declaradas inconstitucionales, esto es, que si la pensión de vejez tiene por fin reemplazar el salario, el asegurado debe comprobar que dio por terminada la relación de trabajo (o su cese de labores), para poder percibir el beneficio económico de la pensión de vejez.
De acuerdo al análisis adelantado en este caso, dicha interpretación es contraria al espíritu del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, y al razonamiento externado en las sentencias del Pleno de la Corte, antes transcritas.
La Sala Tercera ya se ha referido a este tema en negocios similares, como se aprecia en la sentencia de 25 de octubre de 2004, en que la Corte categóricamente señaló:
"Ante lo expuesto, la Resolución Nº C. de P. 8759, en su parte pertinente, vulnera el artículo 51 del Decreto Ley 14 de 1954, pues este último dispone que iniciará el pago de la pensión de vejez, "a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud y cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 50" (haber cumplido 62 años los varones y 57 las mujeres y acreditado un mínimo de 180 meses de cotizaciones), mas no a partir de la presentación del cese de labores."
De manera similar, y más recientemente, en sentencia de 13 de diciembre de 2005, esta Sala hace un recorrido por los diversos pronunciamientos constitucionales emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en los que de manera enfática ha señalado, que la exigencia de presentación de la terminación de la relación laboral quebranta el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política, para terminar señalando categóricamente:
"La Sala considera, que no existe fundamento jurídico alguno que sustente el procedimiento mediante el cual, la caja de Seguro Social exige a sus asegurados, como requisito para empezar a percibir su pensión de vejez, el acreditar la terminación de la relación de trabajo o cese de labores mediante un certificado expedido para tal fin.
Sentencia de 13 de diciembre de 2005:
Habida cuenta de lo anterior, también en fallo de 25 de octubre de 2004, la Corte ha manifestado que:
Por último, coincidimos con la Lic. ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER quien actuando como Procuradora de la Administración en ese entonces resolvió consulta formulada por el Lic. VALDES ESCOFFERY, en cuanto a si éste debía renunciar a su cargo de Magistrado del Tribunal Electoral, para recibir su pensión de vejez y que concluye que no tiene fundamento jurídico la exigencia reglamentaria (no legal) del cese de labores como condición previa a la percepción de la pensión de vejez o de jubilación complementaria.
Finalmente, en relación a los cargos de violación de los artículos 47, 64, 96 y 155 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, este Tribunal considera innecesario entrar a conocer los mismos, toda vez que la ilegalidad del acto acusado, ha sido comprobada a través de la infracción de los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, modificados por la Ley 30 de 1991 y la Ley 20 de 2001 respectivamente.
Por lo antes expuesto, esta Superioridad opina que lo procedente es acceder a las pretensiones de la demandante.
Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE ES NULO POR ILEGAL el acto administrativo contenido en la Nota DPYS-ST-No.1397-09 de 4 de junio de 2009, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios. En consecuencia, ORDENA a la Caja de Seguro Social hacer efectivo el pago de la pensión de vejez a que tiene derecho la señora Nuria Maicela Greenfield de Tortosa, tal cual se reconoció en la Resolución N° 15656 de 18 de septiembre de 2002, es decir, a partir del 3 de agosto de 2002; y por ende, ORDENA el pago a la asegurada Nuria Maicela Greenfield de Tortosa en concepto de pensión de vejez dejada de percibir en el período comprendido del 3 de agosto de 2002 al 30 de abril de 2007.
LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

References: resolución 
 artículo 50
 artículo 2573

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 50

Artículo 47

Artículo 64

Artículo 96
 resolución 

Artículo 155
 artículo 50
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 50
 artículo 64
 artículo 96
 artículo 155
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 36
 Resolución 
 Artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 50
 Resolución 
 Artículo 50
 Resolución 
 Artículo 50
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 60
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 50
 Resolución