Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920742.html
Timestamp: 2019-11-20 02:06:59+00:00

Document:
as201920742
Auto Supremo: 742/2019
Expediente: Chuquisaca 01/2015
Parte imputada: Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y otros.
VISTOS: Los memoriales de apelación de fs. 6 a 8 y de 9 a 15, formulados por la Procuraduría General del Estado representada por Lucio Valda Martínez, Boris Pinto Pinto, Daniela Gonzales Encinas y Aideé Martinez Cuba; y, por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia en suplencia legal, Dr. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, respectivamente, en contra del Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre que cursa de fs. 1 a 5 vta., todos del cuaderno de apelaciones, emitido en el proceso de privilegio constitucional seguido por el Ministerio Público contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y otros, por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y otros, los antecedentes del proceso, y:
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre, declarando extinguida la acción penal por muerte del imputado, solicitada por el Ministerio Público y María Danica Pereira Vda. de Quiroga, asimismo dispuso con relación a la solicitud de levantamiento de la anotación de los bienes propios del imputado Germán Quiroga Gómez solicitado por María Danica Pereira Vda. de Quiroga; que se proceda al levantamiento de la anotación preventiva sobre los bienes de Germán Quiroga Gómez ordenando se libre las respectivas órdenes instruidas, salvando el derecho de las víctimas de iniciar las acciones legales pertinentes sobre los cuestionados bienes, si consideran que esos bienes son provenientes de algún hecho ilícito.
Dicha Sala sostuvo que los documentos consistentes en el Oficio de 25 de julio de 2018 O.E.P-T.S.E. SERECI-CH N° 1992/2018 remitido al Ministerio Público por la Directora Departamental a.i. del SERECI Chuquisaca del Tribunal Supremo Electoral, certificación de 24 de julio de 2018 emitida por el Profesional I Archivo del SERECI Chuquisaca del Tribunal Supremo Electoral, datos actuales de defunción de 25 de junio de 2018 emitido por SERECI, inscripción de defunción de 25 de julio de 2018 emitido por el SERECI, requerimiento fiscal de 23 de julio de 2018, fotocopia de cédula de identidad de María Danica Pereira de Quiroga, certificado médico de defunción de Germán Quiroga Gómez de 22 de julio de 2018, certificado de defunción de Germán Quiroga Gómez de 24 de julio de 2018, recortes de los periódicos La Razón y Página Siete de 23 y 24 de julio de 2018, respectivamente, que acreditarían el fallecimiento del coimputado Germán Quiroga Gómez en la ciudad de La Paz el 22 de julio de 2018 por neumonía intrahospitalaria complicada, documentación a la que le otorgaron fe probatoria y aduciendo la aplicación de la extinción de la acción penal por muerte de imputado de acuerdo al art. 27 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal.
No obstante respecto a la solicitud de María Danica Pereira de levantamiento de la anotación de los bienes, citando a los art. 92 del Código Penal referido a la mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones, art. 436 del Código Civil, de división entre herederos de la obligación y el art. 1030 del mismo cuerpo legal en cuanto a los efectos de la aceptación pura y simple del patrimonio del de cujus, advirtiendo que la responsabilidad que tiene el imputado sobre los bienes es transmisible a los herederos que se constituirán en deudores solidarios de Germán Quiroga Gómez y considerando que el momento procesal de la causa sin contar aún con sentencia condenatoria o absolutoria, en plena fase de imputación fiscal, no se estableció la culpabilidad o no del imputado, pese a que la imputación señalaría con probabilidad que es autor del hecho, sin que tenga la calidad de establecer la responsabilidad penal del imputado lo cual solamente generaría al momento de dictarse sentencia, en consecuencia consideran que se debe dar aplicación al art. 2.I del Código Civil, donde se determina que la muerte pone fin a la personalidad, es así que de acuerdo al art. 21 del mismo código sustantivo referido a la naturaleza de los derechos de la personalidad y su limitación, resaltando que en el presente proceso se puso fin a la personalidad por la muerte del imputado antes que se haya dictado sentencia, bajo ese entendimiento siendo inviable dilucidar materialmente la situación jurídica de “Jorge Quiroga Gómez” según el art. 38 del Código de Procedimiento Penal, sobre la concurrencia de acciones, resaltando que cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil no se dictare sentencia en esta jurisdicción mientras en el proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, y refiere que las excepciones que plantea esa norma admite que la responsabilidad civil no podrá ser ejercida contra quien hubiere fallecido durante la tramitación y ejecución de la sentencia tornando la medida cautelar impuesta dentro el proceso penal pierde finalidad y eficacia al desaparecer el titular de la medida impuesta sobre algún derecho o bien mueble inmueble citando al efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0011/2013 de 3 de enero.
Concluyendo que no resultaría viable la continuación de la anotación preventiva de los bienes del imputado fallecido ya que lo peticionado no se encontraría de acuerdo a las causales establecidas por el art. 38 del Código de Procedimiento Penal, que establece que cuando la acción reparatoria se intente en la civil no se dictara sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, siendo que en el caso de autos, no fue resuelto mediante sentencia ejecutoriada, por lo que considerando que Germán Quiroga Gómez no tendrá una sentencia, tampoco se podría demostrar su participación en la comisión del hecho ilícito, ya que el proceso contra él se extinguirá y ante la imposibilidad material de la demostración sobre la supuesta comisión del hecho, tampoco se podría lograr una reparación del daño civil, por consiguiente la continuidad de la anotación de sus bienes no cumpliría con el objetivo establecido por el art. 92 del código de Procedimiento Penal resultando viable el levantamiento de la anotación de todos los bienes que pertenecían al imputado muerto, según los arts. 2.I del Código Civil y 27.I concordante con el art. 38 del adjetivo penal.
DEL CONTENIDODE LA APELACIONES INCIDENTALES Y SUS CONTESTACIONES
RECURSO DE APELACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
La Procuraduría General del Estado, representada por Lucio Valda Martínez, Boris Pinto Pinto, Daniela Gonzales Encinas y Aideé Martínez Cuba, interpuso recurso de apelación por escrito de fs. 6 a 8, en contra del Auto Supremo N° 027/2018 de 19 de septiembre, manifestando:
1) Con el pronunciamiento del Auto Supremo N° 27/2018, la Sala Penal incurre en incongruencia, vulnerando el art. 113.I de la Constitución Política del Estado, existiendo una indebida y errónea aplicación del art. 38 del Código de Procedimiento Penal.
A cuyo efecto citó fragmentos de la resolución impugnada, referidas a la inviabilidad de la continuación con la anotación preventiva de bienes del imputado fallecido y que no se lograría una reparación del daño civil, aspecto que rechaza puesto que de acuerdo a la cita constitucional, el Estado tiene la potestad de acudir a la vía judicial que vea conveniente en defensa de su patrimonio por lo que no resulta evidente que no se pueda lograr una reparación del daño civil, ante la extinción de la acción penal; argumento por el cual la Sala Penal, habría incurrido en un pronunciamiento extra petita, derivando en otra causal de nulidad por incongruencia externa del fallo, ante el error de concepción y comprensión de la figura que puede ser planteada como emergencia de una sentencia penal y que podría accionarse mediante la vía civil de acuerdo al art. 984 del Código Civil.
Añade que la decisión es vulneratoria del principio de defensa del patrimonio del Estado establecido en el art. 4 de la Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, pues le imposibilita a esa representación del Estado optar por otra vía judicial para la protección del patrimonio estatal en infracción del art. 92 del Código Penal, considerando que la víctima y los herederos del imputado, tienen el derecho de accionar el resarcimiento del daño ocasionado pese a la extinción de la acción penal, teniendo presente que es deber de resarcir con el patrimonio del de cujus el daño ocasionado por el ilícito, efectuando para ello una cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0341/2013-L sobre el derecho a la reparación.
2) Incongruencia en el Auto Supremo N° 27/2018
Esa representación, afirma que la resolución impugnada es incongruente con lo solicitado al disponer el levantamiento de la anotación preventiva de los bienes del fallecido Germán Quiroga Gómez, no existiendo correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto, por cuanto la Sala Penal de oficio declaró que María Danica Pereira aceptó de forma pura y simple la herencia de su fallecido cónyuge, sin embargo en virtud del art. 125 del Código Civil, no se acreditó que la peticionante haya aceptado la herencia de forma pura y simple consecuentemente, el fallo también resultaría extra petita e incongruente en vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación refrendado en los arts. 115.II, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado, invocando en relación con la congruencia e incongruencia aditiva, la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0632/2012 de 23 de julio.
Concluyendo que al haber dispuesto el levantamiento de los bienes anotados a favor de quien no demostró su calidad de heredera y al declarar que el fallecido Germán Quiroga Gómez no tendrá una sentencia de ninguna naturaleza y que no se le podría acreditar su participación en el ilícito, tampoco se lograría una reparación del daño civil, es decir que el Tribunal apelado se pronunció más allá de los argumentos expresados en el memorial de excepción de extinción por fallecimiento lo cual debe ser revisado por el Tribunal de alzada para su corrección al existir vulneración al debido proceso ante la restricción impuesta a esa entidad.
Solicitó se admita el recurso y se declare probado el recurso de apelación interpuesto manteniéndose subsistente la anotación preventiva de bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez.
RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia en suplencia legal, Dr. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, planteó recurso de apelación señalando:
El Auto Supremo impugnado, fue emitido de forma ultra petita e incongruente.
Haciendo cita de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nros. 0995/2004-R de 29 de junio y 1441/2016-S3 de 7 de diciembre, expresando que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares de carácter real ya fueron resueltos por el Tribunal producto de los recursos planteados por el fallecido Germán Quiroga a través del incidente de cancelación de anotación preventiva de 16 de marzo de 2017 que obtuvo el Auto Supremo N° 022/2017 de 10 de abril pronunciado por Sala Penal de este Tribunal, apelado que fue, la Sala Civil, emitió el Auto Supremo N° 883/2017 de 21 de agosto, por el que mantuvo la anotación preventiva señalada.
Que a raíz de que el Ministerio Público, así como María Dánica Pereira Vda. de Quiroga plantearon excepción de extinción de la acción penal por muerte en fecha 1 y 3 de agosto de 2018, respectivamente, cursando suficientes elementos para acreditar la misma, el Ministerio Público solicitó que se tenga presente la aplicación del art. 92 del Código Penal, salvando la responsabilidad de la acción penal.
Por lo que efectuando una relación de la solicitud efectuada por María Danica Pereira, la documentación que adjuntó establece que el procesado Germán Quiroga Gómez falleció el 22 de julio de 2018 en la ciudad de La Paz, al amparo de los arts. 27.I y 308.4, ambos del Código de Procedimiento Penal, pidió que se declare probada la excepción y se ordene la extinción de la acción penal, la liberación de todas las medidas cautelares reales asumidas en contra de sus bienes, así como la cancelación de las anotaciones preventivas y el cese de cualquier otra medida en su contra, recalcando de forma posterior que no debe darse aplicación al art. 92 del Código Penal, al no existir una sentencia condenatoria, adjuntando poder notarial por el que realiza la aceptación de la herencia y proceso sucesorio sin testamento.
Señala que de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 011/2013 de 3 de enero, la medida de la anotación preventiva no implicaría una infracción a las reglas procesales del proceso penal, ni una presunción de culpabilidad sin sustanciarse previamente el proceso, por cuanto no significa vulneración al debido proceso ni a la presunción de inocencia al constituir una medida o instrumento para asegurar una posible responsabilidad civil, recordando que fue la Sala Penal quien mediante el Auto Supremo N° 25/2016 de 4 de julio confirmo la anotación preventiva de tres terrenos en aplicación del art. 252 del código adjetivo penal, el cual no fue recurrido aceptando su legalidad e idoneidad por no afectar sus derechos fundamentales ni garantías constitucionales de acuerdo al art. 171 del mismo cuerpo legal, resalta la importancia del alcance de la responsabilidad civil en virtud de los arts. 89 y 92 del Código Penal, y considera que mientras no se extinga la acción penal, las medidas precautorias, solo podrían modificarse si varían los motivos que fundamentaron su imposición los cuales que se encontrarían en el Auto Supremo N° 25/2016 que no fue cuestionado.
Asegura que inicialmente María Danica Pereira Vda. de Quiroga no constaba con legitimación activa al no cursar la declaratoria de herederos y aceptación de herencia, sin que se haya emitido pronunciamiento al respecto, pues no pudo efectuar ningún tipo de solicitud, haciendo cita doctrinal al respecto aduce que el Tribunal no pudo ingresar a analizar el fondo de la petición y debió limitarse a realizar un pronunciamiento únicamente sobre la extinción de la acción penal, llegando a incurrir en un pronunciamiento ultra petita y falto de congruencia, porque ingresó al fondo de un punto no controvertido disponiendo el levantamiento de las medidas cautelares reales impuestas, haciendo referencia sobre el particular de la improcedencia de la revisión de oficio contenida en el Auto Supremo N° 219/2018-RRC de 10 de abril, concluyendo que lejos de corroborar que con la muerte de una persona termina el proceso penal y consecuencias, considera que esa afirmación es inconclusa pues lo único que acabaría es la obligación de cumplir con la pena a la que pudo haber sido condenado, no obstante teniendo presente la igualdad de derechos que también ampara a las víctimas con la reparación integral del daño articular o social causado, la constatación como quedó visto anteriormente no es objetiva o automática, sino que en todos los casos se requiere de una valoración ponderada, y si bien es pertinente la extinción de la acción penal contra el imputado no lo es la liberación de las medidas cautelares reales, en particular de las anotaciones preventivas sobre los bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez debido a la transmisibilidad de la responsabilidad civil a los eventuales herederos del mismo, además que la impetrante no habría demostrado que haya operado la declaratoria de herederos para poder reclamar algún derecho sobre los bienes referidos en su escrito. Por lo que solicitó se declare la procedencia del recurso planteado y se mantenga subsistente la anotación preventiva de bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez.
RESPUESTAS A LOS RECURSOS DE APELACIÓN
María Danica Pereira Vda. de Quiroga, por memorial de fs. 16 a 20, respondió a las alzadas planteadas, manifestando:
Respecto a la apelación efectuada por el Ministerio Público que se trataría de una relación de antecedentes, que al tratarse de una excepción sobreviniente dependerá de un motivo que surge con el avance del proceso, resultándole absurdo el criterio de que al haberse resuelto en el año 2016 la anotación preventiva de bienes no fue motivo de impugnación. Asimismo, haciendo referencia al art. 92 del Código Penal, sostiene que al tratarse de los responsables del delito aún en Bolivia esa responsabilidad solo puede emerger de una sentencia condenatoria, lo cual en el caso de autos sería imposible de lograr por el fallecimiento de su esposo. Sobre la posible demanda defectuosa, afirma que se efectúa una remisión a cuestiones civiles no aplicable al caso de autos en infracción de los arts. 109 de la Constitución Política del Estado, y 30 de la CADH. en cuanto a su falta de legitimación activa señala que de acuerdo al art. 171 del Código de Procedimiento Penal, el sistema penal no responde al sistema de prueba tasada, sino al de la sana crítica, por lo que en el caso de una excepción, no se podría exigir una determinada prueba, sin embargo adjuntó el certificado de defunción y otras documentales donde constaría que es heredera y que ante la observación del Ministerio Público agregó la declaratoria de herederos, asimismo alude a la excepción que planteó cuando se acusa a la resolución impugnada de ser extra o ultra petita, sosteniendo que lo resuelto es lo que ha pedido como la liberación de bienes.
En cuanto a la apelación formulada por la Procuraduría General del Estado, responde afirmando que con relación a la vulneración de los arts. 113.I de la Constitución Política del Estado, por indebida aplicación de los arts. 38 del Código de Procedimiento Penal, así como del art. 4 de la Ley N° 04 y DS N° 29272 y el art. 984 del Código Civil, normas que aduce permiten que se establezca una responsabilidad civil sin que exista previamente una sentencia condenatoria que en el caso de autos sería jurídicamente imposible ante el fallecimiento de su esposo, señalando que de acuerdo con el Código Procesal Civil, no permite demandar a fallecidos y si se pretender hacerlo a los herederos tendría que hacerlo con base en la demostración de la responsabilidad del hecho, lo cual indica sería imposible por el fallecimiento señalado y será en el proceso civil donde deberá trabarse los bienes no en el presente proceso penal, tampoco trasladarse estas anotaciones a un nuevo proceso civil, más aun al estar caducas según el art. 1553 del Código Civil, citando al efecto las Sentencias Constitucionales Nros. 1109/2006-R de 1 de noviembre y 0871/2013-L, bajo esos argumentos solicita se declare la improcedencia de las apelaciones.
La Procuraduría General del Estado, representada por Lucio Valda Martínez, Boris Pinto Pinto, Ivone Flores Rejas, Aydeé Martínez Cuba y Daniela Gonzales Encinas, mediante escrito de fs. 21 y vta., respondió a la apelación formulada por el Ministerio Público, señalando que el recurso coincide con los argumentos de su apelación, por lo que se adhiere a los mismos y solicita se declare probado y mantenga subsistente la anotación preventiva de bienes del imputado fallecido.
DOCTRINA LEGAL Y JURISPRUDENCIA APLICABLE
III.1. De la competencia del Tribunal de apelación.
El art. 15 de la Ley Nº 044 señala lo siguiente: “(Control Jurisdiccional). I. El control jurisdiccional desde el inicio de la investigación, con la proposición acusatoria, será ejercido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. II. Las resoluciones dictadas durante esta etapa, serán recurribles únicamente, mediante recurso de apelación incidental ante otra Sala, sin recurso ulterior”, la norma descrita señala que cuando el control jurisdiccional sea objetado mediante la formulación de un recurso, la impugnación será conocida por la otra Sala, y ante la inexistencia de otra Sala Penal se aplica por analogía procesal el art. 68 de la Ley Nº 025, para la resolución de las apelaciones interpuestas por la Procuraduría y Fiscalía General del Estado, respectivamente.
III.2. De la extinción de la acción penal.
La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0424/2014 de 25 de febrero, sobre la extinción de la acción penal y su desarrollo constitucional, señaló: “(…)La SC 0036/2005 de 16 de junio, estableció que la solicitud de extinción de la acción penal puede formularse: “…en cualquier estado del proceso puesto que una causal extintiva como la anotada impide definitivamente toda actividad de los órganos jurisdiccionales una vez que estén acreditados los extremos de la motivación a cuyo fin deberá confrontarse con los antecedentes que informan el proceso, sea por el juez de la causa, de apelación o, de casación o nulidad en su caso, según donde esté radicada la tramitación de la causa”. La SC 0430/2010-R de 28 de junio, sobre la oportunidad de resolver este incidente, subraya: “…las referidas cuestiones, deben ser resueltas con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario al principio de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues esta situación ya existía al momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en el fondo. Entendimiento reiterado en la SC 0018/2006-R de 9 de enero” (las negrillas son nuestras). La SC 1716/2010-R de 25 de octubre, sentó el siguiente entendimiento: “…el hecho que se pueda solicitar en cualquier etapa del proceso no implica que el tribunal de casación tenga competencia para conocer y resolver dicha petición, que como se tiene dicho en estricta aplicación de la competencia que nace exclusivamente de la ley, corresponde a los jueces de instancia, con la eventualidad de su impugnación en la vía incidental ante las cortes superiores de distrito en sujeción al art. 51 inc.1) del CPP”. La SC 1529/2011-R de 11 de octubre, moduló la SC 1716/2010-R de 25 de octubre, en cuanto a la oportunidad de plantear la excepción de la extinción de la acción penal, en los siguientes términos: “Desarrollando el citado criterio y asumiendo la posición expresada en anteriores fallos constitucionales, la citada Sentencia aludiendo a la SC 0421/2007-R de 22 de mayo, precisa: '…Conforme se ha anotado precedentemente, el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio; características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales'. Corresponde en forma exclusiva a los jueces y tribunales de primera instancia conocer la excepción de extinción de la acción penal, que podrá formularse únicamente en la etapa preparatoria, así como en el transcurso del juicio oral hasta antes de dictarse sentencia. Ante el rechazo de la excepción planteada en el juicio oral, el agraviado podrá reservarse el derecho de impugnarla como agravio de apelación restringida”. La SCP 0193/2013 de 27 de febrero, recondujo la línea jurisprudencial trazada en la SC 1529/2011-R, señalando: “…es posible concluir que en definitiva la solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, no encuentra límite en el juicio oral hasta antes de pronunciarse resolución, tal como comprendió la SC 1529/2011-R, al contrario, el art. 133 del CPP, se refiere a todo el proceso penal, por lo tanto, no es posible excluir la etapa de apelación o casación de su activación, habida cuenta que el proceso penal se origina desde el momento procesal fijado por el art. 5 del CPP y concluye o fenece, cuando la sentencia adquiere ejecutoria; lo que implica, que tanto en etapa de apelación o casación, es perfectamente posible su presentación, pues el juzgamiento en un plazo razonable es un derecho fundamental de toda persona sometida a un proceso, derecho reconocido no solamente por nuestra legislación, sino también, como se demostró, en instrumentos internacionales; y el mismo se entiende que deberá ser resguardado desde el primer momento procesal y deberá ser ejercido hasta el agotamiento del mismo. Dicho de otro modo, la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso es un beneficio otorgado a las partes que puede declararse durante la tramitación de todo el proceso penal, desde el momento que marca su inicio, como es la sindicación en sede policial o administrativa hasta que la sentencia adquiera ejecutoria; es decir, una vez agotadas las vías idóneas de impugnación; puede darse de oficio o a petición de parte; cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido por la normativa legal y por la jurisprudencia constitucional desarrollada al efecto. En ese orden, al tratarse de una excepción de previo y especial pronunciamiento, corresponde de inicio paralizar el proceso en caso de encontrarse en etapa de apelación o casación, comunicando de inmediato a la instancia donde se encuentre tramitándose, ya sea en apelación o casación, requiriendo la remisión de antecedentes, para efectivizar su resolución dentro de los plazos máximos establecidos por el art. 315 del CPP, lo que, como se señaló, no resulta prescindible porque, en la medida de lo posible, es posible resolverla incluso antes de dicho vencimiento; y solamente agotados los medios de impugnación incidentales, en caso de su activación, recién corresponderá devolver obrados a la instancia superior, para que concluya con el medio de oposición activado…”
(…) En conocimiento de la extinción de la acción penal por muerte invocando el art 27.1 del CPP y de la Sala donde radicó el proceso seguido por Luis Auza Villalba y Lucia Alanes Vda. de Mamani contra Ricardo Mencia Mendoza, cónyuge de la accionante; y además estando debidamente acreditado el fallecimiento por el certificado de defunción, debió suspender el proceso e informar de su planteamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia para que con su conocimiento no pronuncie resolución alguna, entre tanto se resuelva el incidente; soslayando sus labores jurisdiccionales también omitió pedir antecedentes para resolver la solicitud, en lugar de ello, exigió requisitos que dilataron su consideración y que bien pudieron ser pedidos, de considerarse necesarios, una vez que se remitan obrados, asegurándose con ello, que el nombrado Tribunal, tenga conocimiento de su planteamiento; una vez devuelto el expediente con el Auto Supremo emitió el cúmplase respecto a una persona muerta y; finalmente remitió antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal para que resuelva el aludido incidente. Todo lo relacionado involucra vulneración al acceso a la justicia (…)” (las negrillas son propias).
III.3. De la exigencia de fundamentación de las resoluciones.
Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1632/2014 de 19 de agosto, indicó: “ (…) El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, impone que las sentencias y autos interlocutorios se encuentren debidamente fundamentados; de forma que: “Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”, además “La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. La norma legal transcrita, guarda relación con la contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que se debe hacer una fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". La obligación de fundamentar las resoluciones, también es aplicable a los fallos que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: “'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso (…)'”. De la jurisprudencia citada, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no se traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo concernientes a que el juez -de una forma imparcial-, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones; es decir, el por qué valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas (…)”.
IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Sobre la apelación formulada por la Procuraduría General del Estado, representada por Lucio Valda Martínez, Boris Pinto Pinto, Daniela Gonzales Encinas y Aideé Martínez Cuba respecto a que:
1. Con el pronunciamiento del Auto Supremo N° 27/2018, la Sala Penal incurre en incongruencia, vulnerando el art. 113.I de la Constitución Política del Estado, existiendo una indebida y errónea aplicación del art. 38 del Código de Procedimiento Penal.
El recurrente cuestiona que no se podría lograr una reparación del daño civil, que la Sala Penal emitió el fallo de forma extra petita incurriendo en causal de nulidad por incongruencia externa del fallo, que podría accionar la vía civil según el art. 984 del Código Civil. Acusando que la decisión asumida vulnera el principio de defensa del patrimonio del Estado (art. 4 de la Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas), imposibilitándole optar otra vía judicial en infracción del art. 92 del Código Penal, sobre el deber de resarcir con el patrimonio del de cujus.
Bajo ese contexto se debe partir señalando que de acuerdo a los antecedentes venidos en apelación, se tiene que mediante Resolución N° FGE/RJGP N° 11/2016 de 9 de mayo, el Ministerio Público dispuso la anotación preventiva de los bienes correspondientes a los imputados entre ellos el fallecido Germán Quiroga Gómez, que acaecida la muerte del mismo, es que el Ministerio Público y María Danica Pereira opusieron excepción de extinción de la acción penal por fallecimiento, habiéndose acreditado este hecho por las literales adjuntas a dichas peticiones destacándose la inscripción y el certificado de defunción que demuestran que Germán Quiroga Gómez falleció el 22 de julio de 2018 por neumonía intrahospitalaria complicada.
Asimismo se constata que María Danica Pereira, a momento de plantear la excepción de extinción de la acción penal por memorial de fs. 83 y vta., del cuaderno de apelaciones, ha pedido expresamente: “(…) procedan a declarar PROBADA la excepción y, ordenen: a) la extinción de la acción penal en su contra, b) consecuentemente, la liberación de todas las medidas cautelares reales asumidas en contra de sus bienes, en concreto, emitan la provisión ejecutoria u orden respectiva dirigida al registro de DDRR de La Paz, para la cancelación de las anotaciones preventivas de: b1) lote de terreno registrado bajo la matrícula N° 2011010016178, cuya anotación preventiva se registró por el Ministerio Público, a horas 17.03.47 del 2 de junio de 2016; b2) Lote de terreno registrado bajo la matrícula N° 2011010016180, cuya anotación preventiva se registró por el Ministerio Público, a horas 17.03.48 del 2 de junio de 2016, b3) Lote de terreno registrado bajo la matrícula N° 2011010016179, cuya anotación preventiva se registró por el Ministerio Público, a horas 17.03.48 del 2 de junio de 2016 y, c) el cese de cualquier otra medida que se hubiera tomado en su contra, por motivo del proceso penal citado (…)”.
Consecuentemente la Sala Penal, al emitir pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal y el levantamiento de las anotaciones preventivas de los bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez, planteadas por la excepcionista María Danica Pereira, no obró de forma extra petita, como se denuncia a través de las alzadas, pues conforme se ha señalado en la doctrina establecida en cuanto al principio de congruencia, a través del Auto Supremo N° 396/2014-RRC de 18 de marzo, que señaló: “Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente”.
Por consiguiente, al no haberse evidenciado que la Sala Penal, al emitir el Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre de fs. 1 a 9 vta., del cuaderno de apelaciones, haya incurrido en un pronunciamiento judicial que exceda las peticiones realizadas por la peticionante, no se advierte que el fallo impugnado sea extra petita como denunciaron los apelantes.
2. Respecto al levantamiento de la anotación preventiva que pesaba sobre los bienes del imputado fallecido, al disponer la Sala Penal mediante el Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre, extinguida la acción penal por muerte del imputado, adicionalmente ordenó que se proceda al levantamiento de todos los bienes anotados preventivamente en el proceso, ordenando se libre las respectivas órdenes instruidas, salvando el derecho de las víctimas de iniciar las acciones legales pertinentes sobre los cuestionados bienes, si consideran que estos son provenientes de algún hecho ilícito.
Se debe tener en cuenta que si bien para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, la acción civil será promovida por el damnificado o herederos, contra el autor y los partícipes del delito y los civilmente responsables, sin embargo el art. 38 del Código de Procedimiento Penal, señala: “(Concurrencia de acciones) Cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil, no se dictará sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, con excepción de los siguientes casos: 1) Si hubiere fallecido el imputado antes de ejecutoriarse la sentencia del proceso penal, la acción civil podrá ser continuada o promovida contra sus herederos. 2) Si se hubiera dispuesto la suspensión del proceso penal por rebeldía o enfermedad mental del imputado; 3) Si se hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario negligente; y, 4) Por amnistía”.
Es decir, al haberse procedido al levantamiento de las anotaciones preventivas de los bienes que pertenecían al imputado fallecido Germán Quiroga Gómez, la Sala Penal no se percató que la acción reparatoria que se intente por la vía civil, estará sujeta a la culminación del proceso penal pendiente, excepto cuando el imputado hubiera fallecido antes de ejecutoriarse la sentencia del proceso penal, en cuyo caso la acción civil podrá ser continuada o promovida contra sus herederos, es decir no consideró que la causa es seguida por los delitos de Contratos Lesivos al Estado y otros, en consecuencia asume la representación del Estado, la Procuraduría General del Estado, institución que busca promover, defender y precautelar los intereses del Estado, que con el levantamiento de las anotaciones preventivas, se ve imposibilitada de seguir en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al art. 231 de la Constitución Política del Estado, art. 2 de la Ley 064 de 5 de diciembre de 2010 de la Procuraduría General del Estado, limitando el derecho de proseguir con la defensa, en representación del Estado desconociendo que la responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito una vez que se haya demostrado su comisión a través de la verdad histórica de los hechos investigados, obligación que pasará a los hederos del responsable según el art. 92 del Código Penal.
Aspecto que no puede pasar por alto, pues en virtud del art. 113.I de la Constitución Política del Estado, se dispone que: “La vulneración de los derechos concede a las victimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”, norma constitucional concordante con el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes” y el art. 2 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, que indica: “1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados”.
Y el art. 9 de este último cuerpo legal, señala: “1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos. 2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida. 3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a: a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida; b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. 4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que se lleve a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a su jurisdicción”.
En el caso de autos, si bien es evidente que la resolución impugnada no es incongruente con lo peticionado, no puede pasar por alto que la Procuraduría General del Estado, constituye una institución que actúa en representación jurídica pública cuya finalidad es la de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, defensa que sufrió un menoscabo al proceder al levantamiento de las medidas asumidas en contra de los bienes del imputado, independientemente de haberse declarado la extinción de la acción penal por su fallecimiento.
Adicionalmente se observa que esta determinación asumida, fue efectuada a simple petición de la excepcionista, sin que la Sala Penal previamente haya procedido al análisis que antecede y mediando una debida fundamentación como elemento componente del debido proceso establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, fundamentación que no puede ser reemplazada con una relación de antecedentes, documentos o la mención de los requerimientos de las partes, tampoco la simple cita de normas legales, sino que obedece a la forma y contenido de la decisión, es decir el razonamiento lógico, argumentativo y descriptivo de los criterios básicos que sirvieron para el fallo, de tal manera que se busque y logre la satisfacción de todos los puntos sujetos a análisis, solo así se tendrá por cumplida una debida fundamentación que exprese los elementos que sirvieron de convicción al juzgador, aspecto que en el caso de autos fue omitida pues debió ser desarrollada con carácter previo, antes de asumir una determinación, lo cual es extrañado en la resolución ahora impugnada y que corresponde subsanar.
DEL RECURSO DE APELACION INCIDENTAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia en suplencia legal, Dr. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, planteó recurso de apelación, observando:
Sobre este reclamo, por el cual alude a que anteriormente ya hubo pronunciamientos sobre la solicitud de levantamiento de medidas cautelares de carácter real por Autos Supremos Nros. 022/2017 de 10 de abril y 25/2016 de 4 de julio. Añadiendo, que a raíz de sus solicitudes de extinción de la acción penal también pidió que se tuviera presente la aplicación del art. 92 del Código Penal, salvando la responsabilidad de la acción penal, abordando el argumento de que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 011/2013 de 3 de enero, considera que la medida de la anotación preventiva no implicaría una infracción a las reglas procesales del proceso penal, ni una presunción de culpabilidad ni vulneración al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, de acuerdo al art. 171 del código adjetivo penal, destacando la importancia de la responsabilidad civil al amparo de los arts. 89 y 92 del Código Penal, ya que sólo podría modificarse si cambian los motivos que fundamentaron su imposición, ya analizado en el Auto Supremo N° 25/2016 que no fue cuestionado; sin embargo, pese a que la excepcionista María Danica Pereira no hizo constar su legitimación activa al no cursar la declaratoria de herederos y aceptación de herencia, no pudo efectuar ningún tipo de solicitud, y el Tribunal apelado debió limitarse a la extinción de la acción penal, en consecuencia atribuye a la resolución apelada que incurre en ultra petita y falto de congruencia, porque ingresó al fondo de un punto no controvertido disponiendo el levantamiento de las medidas cautelares reales impuestas.
En cuanto a que el levantamiento de las anotaciones preventivas, ya habría sido objeto de pronunciamiento; resulta importante recordar que, los hechos que motivaron esas anteriores resoluciones son diferentes a los de ahora, donde la petición de levantamiento de anotación preventiva, es producto del planteamiento de la excepción de extinción de la acción penal por muerte del coimputado Germán Quiroga Gómez; consiguientemente es ilógico el remitirse a determinaciones anteriores cuando los hechos fácticos fueron circunstancialmente distintos.
Ahora bien, respecto a que la Sala Penal debió limitarse a emitir un pronunciamiento únicamente sobre la extinción de la acción penal y no así del levantamiento de las anotaciones preventivas; y, que a causa de ello el fallo impugnado sería ultra petita e incongruente; conforme se tiene ya señalado de la relación de antecedentes y de la revisión exhaustiva de las peticiones formuladas por la excepcionista, no se advierte la incongruencia denunciada, ni que se haya otorgado más allá de lo pedido.
Con base en los criterios desarrollados, sobre la afirmación de que María Danica Pereira no acreditó su legitimación activa para poder solicitar el levantamiento de las anotaciones preventivas; este hecho no impide que el Tribunal pueda emitir pronunciamiento, más aun cuando la entonces excepcionista acreditó el fallecimiento del mencionado imputado a través de la documentación adherida al escrito de la excepción de extinción de la acción penal, pues el juzgador debe resolver la causa de forma inmediata, sin que los requisitos formales constituyan un óbice para su resolución, caso contrario significaría una negación de administración de justicia pronta y oportuna, así se lo sostuvo en la jurisprudencia constitucional, citada en el epígrafe III.2 de la presente resolución.
No obstante de ello, la determinación de levantamiento de las anotaciones preventivas que pesaban sobre los bienes del de cujus, asumida por la Sala Penal, no consideró sus efectos, es decir, los delitos que se persigue en la causa principal como son Contratos Lesivos al Estado y otros, circunstancia que desde ya, obliga a una participación activa de parte de los entes que actúan en representación del Estado mismo, sumado al hecho de que la responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito y que esta obligación pasará a los herederos del responsable, según el art. 92 del Código Penal, cuya aplicación fue impetrada por el Ministerio Público, en concordancia con el art. 89 del mismo cuerpo legal, aspecto que como se tiene indicado debe ser superado, teniendo presente los agravios formulados en las alzadas analizadas y en mérito a los arts. 123 y 112 de la Constitución Política del Estado que refieren el tratamiento especial para el caso de los delitos contra el patrimonio del Estado y que causen grave daño económico.
Fundamentos por los que se deduce que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia al disponer el levantamiento de las anotaciones preventivas que pesaban sobre los bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez, mediante el Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre, no obró correctamente.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, constituida en Tribunal de Apelación, con la facultad conferida en el art. 15.II de la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, declara PROCEDENTES los recursos de apelación planteados por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público, respectivamente; a cuyo efecto se REVOCA PARCIALMENTE el Auto Supremo Nº 027/2018 de 19 de septiembre; y, en su mérito se deja sin efecto el levantamiento de las anotaciones preventivas que pesaban sobre los bienes del imputado fallecido Germán Quiroga Gómez, manteniéndose en todo lo demás el referido fallo impugnado.

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 RESOLUCIÓN

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