Source: http://www.derechoenbolivia.com/2013/02/
Timestamp: 2018-01-19 21:40:15+00:00

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Derecho Bolivia: febrero 2013
Fiscalía General fortalece Instituto de Investigaciones Forenses
La Paz, 27 Feb .- La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Claudia Pérez, dijo el martes que, por orden del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, se fortalecerá gradualmente a esa institución para ofrecer un mejor servicio en favor de la sociedad.
'Para ello, las acciones inmediatas por parte del IDIF es contar con tres nuevos forenses, quienes cumplieron con los requisitos y han sido sometidos a evaluación para ocupar estos cargos', precisó en rueda de prensa.
Acompañada de Edgar Flores, Director Nacional de Recursos Humanos del IDIF y del fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, develó que tienen limitaciones económicas, administrativas y de ítems y por eso existe un forense por cada 100.000 habitantes.
En ese proceso de transición, explicó que tienen también un Jefe Administrativo, y existe la posibilidad de contratar un perito en biología.
'El objetivo del IDIF es brindar un servicio de calidad y calidez en el que se necesita profesionales especializados en las ciencias forenses, pero que estén sobre todo, comprometidos, que trabajen con honestidad y transparencia', justificó.
'En representación del Fiscal General del Estado, vamos a alejar a los funcionarios que no tengan ese compromiso, que no trabajen con honestidad y que no estén predispuestos a dar el 100%', advirtió.
Anunció que realizaron una invitación pública a todos los profesionales especializados en ciencias forenses, no solamente en medicina forense, sino en criminalística, laboratorios clínicos, expertos que realmente respondan y estén comprometidos con la sociedad.
Pérez dijo que se implementa también la atención, no sólo de lunes a viernes, sobre todo en el Departamento de La Paz, sino los fines de semana y feriados.
'Estamos tratando de fortalecer el IDIF, estamos en un proceso de transición en el que queremos que el Instituto no sea la quinta rueda del carro', afirmó.
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Senado aprueba en grande Ley Integral contra la violencia a las mujeres
La Paz 27 Feb.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el lunes en grande, por unanimidad, el proyecto de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
'La lectura de los 100 artículos concluyó a las 18h40. En seguida, los senadores aprobaron en grande con voto de todos los senadores del oficialismo (MAS) y oposición (PPB-CN) el proyecto de ley', remarca una nota institucional.
Tras ese acto, la Cámara Alta inició de inmediato el debate en detalle de esa norma.
El proyecto de ley, que contiene 100 artículos, 8 disposiciones transitorias y 2 disposiciones abrogatorias y derogatorias, se debate en la Cámara de Senadores después que fue aprobada en grande y en detalle en la Cámara de Diputados.
El número elevado de casos de violencia contra la mujer inspiró la redacción de ese proyecto de Ley; sin embargo, el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, perpetrado por su esposo Jorge Clavijo, actualmente prófugo de la justicia, apresuró su debate.
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Las reglas mínimas de la Revocatoria de Mandato en Bolivia
Según ha informado el Periódico Digital Oxígeno, recientemente el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha recibido un total de 118 solicitudes de revocatoria de mandato, habiendo otorgado viabilidad a 42 de ellas. De todos éstos, los que más llaman la atención, son las autorizaciones para el inicio del proceso revocatorio del Gobernador del Departamento de La Paz, César Cocarico, del Alcalde del Municipio de La Paz, Luis Revilla, y del Municipio de de El Alto, Edgar Patana, lo que revela un cuestionamiento directo de la población, hacia las autoridades locales democráticamente elegidas.
Para contextualizar este tema, debemos recordar que Bolivia, de acuerdo a su configuración constitucional, además de ser un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, está caracterizada como un Estado Democrático, lo que implica que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad ciudadana expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal, aspecto que se confirma en la previsión del artículo 11, parágrafo I constitucional, cuando declara expresamente que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
Ello significa que el Estado Plurinacional ha adoptado como régimen de gobierno, la democracia representativa, participativa y comunitaria. Concretamente, la democracia representativa implica que el pueblo, como titular de la soberanía, ha delegado su ejercicio a sus mandatarios y representantes elegidos democráticamente en elecciones libres, pluralistas e igualitarias. En cambio, la democracia participativa significa que si bien el pueblo elige a sus representantes, la relación de los ciudadanos con el poder público no se reduce a la simple emisión del voto, sino que además se expresa en una participación activa en la toma de decisiones (de interés nacional) a través de los mecanismos previstos por la misma Constitución, como son el referéndum popular, la planificación participativa y el control social, así como la iniciativa legislativa ciudadana y la revocatoria de mandato. En este sentido, el artículo 11, parágrafo II constitucional, establece claramente que: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. (…)”.
En desarrollo del principio democrático, la misma Constitución (en su artículo 240), prevé las condiciones mínimas y reglas generales de procedimiento para exigir la revocatoria del mandato de aquellas autoridades elegidas por voto popular que no respondan a los intereses de la colectividad, dado que por principio general: “Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”. De ahí que, la revocatoria del mandato solamente puede solicitarse “cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato”, no pudiendo tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo de la autoridad electa. Asimismo, el referendo revocatorio únicamente es procedente por iniciativa ciudadana, “a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público”; en consecuencia, una vezproducida la revocatoria de mandato, la autoridad afectada cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley (Conc. Artículo 286 constitucional).
A este efecto, el nuevo Órgano Electoral Plurinacional tiene como una de sus competencias indelegables, la de organizar, dirigir, supervisar, administrar, ejecutar y proclamar resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato (de alcance nacional, departamental, regional y municipal) que se realicen en el territorio del Estado Plurinacional (a través de los Tribunales Electorales Departamentales) y en los asientos electorales ubicados en el exterior del país. Asimismo, la Ley Nº26 del Régimen Electoral, define quela revocatoria de mandato, es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. En otras palabras, la revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato, y se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal (Conf. artículo 25 y siguientes de la misma Ley).
De lo referido, se evidencia que la revocatoria de mandato es uno de los mecanismos esencialmente democráticos previstos por la Constitución en contra de las autoridades electas que traicionan el voto de confianza concedido por el soberano; entonces, si bien se trata de un instrumento que puede ser invocado por cualquier ciudadano, debe ser utilizado con conciencia democrática sobre sus efectos y consecuencias, pero sobre todo con responsabilidad, y no responder a intereses personales, o de determinados sectores sociales que –desvirtuando la finalidad de este dispositivo constitucional–, pretendan únicamente desestabilizar a la autoridad de un Gobierno local, impulsados por motivos egoístas o desavenencias momentáneas, que no sean consonantes al sentir de la generalidad de una colectividad.
Durante mucho tiempo hemos anhelado vivir en democracia, y a pesar de que muchas personas se han sacrificado por este objetivo, hemos logrado mantener ésta forma de vida en forma continua por aproximadamente treinta años; entonces, mostremos nuestra madurez democrática ejerciendo abiertamente nuestros derechos y deberes constitucionales, pero sobre todo, asumiendo plenamente las consecuencias de nuestras decisiones, sin buscar la satisfacción propia, sino haciendo prevalecer el bienestar de nuestros(as) con-ciudadanos(as).
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La necesidad de sancionar el feminicidio en Bolivia
Después de transcurrido el largo feriado de carnaval, dos casos de violencia intrafamiliar, ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada del martes, han causado espanto e indignación en el país por el ensañamiento del que fueron víctimas dos mujeres en La Paz y en Santa Cruz.
En la sede de Gobierno, la periodista Hanalí Huaycho Hannover (36 años), periodista de la red televisiva PAT, fue asesinada poco después de la medianoche presuntamente por su esposo (un teniente de Policía) que le asestó 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo por causas desconocidas. En la capital cruceña, Lenny Flores Montero (55), dueña de la empresa de limpieza Silver Clean, resultó seriamente herida cuando regresaba a su hogar, a las 20:00 del lunes, tras pasar las fiestas carnavaleras, siendo atacada por su marido, quien además de asestarle 17 puñaladas, huyó del lugar llevándose consigo una importante suma de dinero de la caja fuerte.
Estos sangrientos hechos, han puesto nuevamente en la mesa de discusión el tema de la violencia intrafamiliar y sus múltiples manifestaciones, cuyas consecuencias ahora se han expresado a través del asesinato de ambas mujeres, lo cual propiamente se conoce como feminicidio (en contraposición al homicidio que sanciona la Ley penal), tema que ya se viene estudiando con bastante profundidad en Bolivia, según se puede apreciar en las importantes investigaciones publicadas por la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA), y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
De manera global, entre los años 2009 a 2012 se registraron en todo el país 354 casos de asesinatos violentos de mujeres, según ha informado a ERBOL, la Directora Ejecutiva del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Asimismo, sedebe considerar que hasta el año pasado, se han perpetrado aproximadamente entre 120 a 140 feminicidios, además de que cada año se reportan más de cien mil denuncias de agresiones violentas contra las mujeres en Bolivia.
Estas terribles noticias, y las cifras progresivas de hechos criminales de éste tipo, han provocado el inmediato pronunciamiento de las autoridades de gobierno, que han anunciado el tratamiento inmediato del Proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyo análisis se viene postergando desde el pasado año, y que precisamente prevé entre sus innovaciones la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal de Bolivia, con una sanción de treinta años de presidio sin derecho a indulto, configuración similar al delito de asesinato, que sí se encuentra previsto en la normativa vigente.
Es importante puntualizar que de manera general, se considera feminicidio (o femicidio) al asesinato de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, como una forma extrema de violencia basada en la inequidad de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres, en su ambición de obtener poder, dominación o control sobre el sexo opuesto. En otras palabras, es el asesinato misógino cometido por hombres contra mujeres, desde una aparente visión de superioridad de género.
En el caso de Bolivia, unanorma para penalizar el feminicidio, ciertamente podría ayudar a paliar el problema de asesinatos a mujeres, pero la violencia contra las mujeres es una construcción social enraizada en distintas instituciones del Estado que hacen difícil combatirla, según ha señalado la Directora del CIDEM, quien además ha denunciado que el sistema judicial con su rasgo “machista y patriarcal” tiende a creer en el agresor, y a exigir a la víctima que demuestre la culpabilidad del acusado, dado que este tipo de casos (asesinatos a mujeres) suelen considerarse como homicidio “por emoción violenta” con no más de 5 años de cárcel como pena, o por lesiones graves y/o leves, lo cual, sumado a la retardación de justicia promovida por ciertos Abogados, demuestra la ineficacia del sistema judicial en la adopción de acciones inmediatas y la ausencia de sanciones ejemplarizadoras frente a los asesinatos de mujeres.
En este sentido, el Informe Defensorial sobre Feminicidio en Bolivia (2012), a tiempo de destacar la necesidad de establecer un tipo penal para el feminicidio, ha señalado que “a nivel institucional, ni el sistema de justicia ordinaria, ni tampoco el sistema de justicia indígena originaria campesina, resultan efectivos para proteger el derecho de las mujeres bolivianas a una vida libre de violencia y sancionar adecuadamente a los agresores, evitando así que la situación de violencia llegue al extremo de convertirse en feminicidio”.
Sin embargo, y como lo hemos venido sosteniendo constantemente, debemos hacer notar que las soluciones inmediatas a los problemas que surgen de la realidad social boliviana, no pueden alcanzar solución única y exclusivamente a través de una Ley, que por cierto, siempre se aprueba en forma apresurada y después de que el problema ya se ha manifestado con consecuencias irreparables.
En este caso, el problema de la violencia intrafamiliar debe ser abordado a partir de la revalorización de la familia, y la profundización de los valores humanos que debe preservar para su desarrollo en un ambiente armónico, y para su subsistencia como núcleo ejemplar de la sociedad, lo que requiere obviamente de una amplia tarea de concientización sobre los nuevos roles que deben cumplir tanto el padre, como la madre, y el(la) hijo(a), ante una sociedad cada vez más disgregada y conflictiva por la ausencia del diálogo abierto.
Este problema, también requiere de una concientización sobre el rol de las instituciones u organizaciones que velan por la integridad de la familia boliviana, y la capacitación que necesitan para realizar oportunamente las tareas de prevención e información dirigidas al núcleo familiar, ello a fin de lograr contrarrestar las terribles consecuencias que provocan las actitudes irresponsables en que muchas veces incurren sus miembros, así como la incomprensión y falta de diálogo en la pareja.
Pienso que es importante cultivar el diálogo afectivo, la sinceridad y la comprensión en la pareja, que siempre es susceptible de sufrir posibles desavenencias y conflictos, sí, pero también son capaces de hablar sinceramente proponiendo soluciones inmediatas que los ayuden a mejorar su relación, preservando ante todo la salud emocional, física, sexual y reproductiva de ambos, en lo cual también debe cumplir un rol importante el Estado a través de sus instituciones, coadyuvando por todos los medios posibles al desarrollo humano de hombres y mujeres, cuya unión voluntaria es indispensable para la formación de una familia que esté acorde a la lógica del “vivir bien”.
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Nueva brújula de la Asamblea Legislativa en Bolivia
Por: Alan Vargas Lima
Es loable la iniciativa adoptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en esta nueva legislatura, al haberse trazado la meta de sancionar setenta (70) leyes “estructurales” (definidas en la “Cumbre Social” efectuada hace un año atrás en Colcapirhua, Cochabamba), entre las cuales figuran como prioridades: una nueva Ley de Bancos (en la Cámara de Diputados), la Ley de Inversiones (en la Cámara de Senadores) y, la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que básicamente se trata de una demanda de la sociedad a causa de los recurrentes feminicidios y agresiones hacia las mujeres bolivianas; un tema que además ha adquirido enorme repercusión después de la violación sufrida por una empleada de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, y que se impone en la agenda legislativa por la notable presencia femenina en ambas Cámaras Legislativas.
Es indudablemente urgente el tratamiento de una legislación más adecuada para asegurar la defensa y protección de la mujer frente a las constantes agresiones y actos de violencia física y moral de que son víctimas; sin embargo, ahora nuevamente se ha mencionado la posibilidad de aplicar la castración química a los violadores, con el débil argumento de que aparentemente, la pena de cárcel no habría resultado. Esta idea, me recuerda a aquel “Consejo Indígena Originario” que se constituyó el año pasado en la ciudad de El Altopara sustanciar procesos e imponer sanciones, presuntamente en el marco de la “justicia comunitaria”, contemplando la aplicación de la “castración” en caso de violaciones, y la “amputación” de la mano para los ladrones reincidentes, argumentando que de esta manera, presuntamente se estarían aplicando los preceptos establecidos en la Ley Nº73 de Deslinde Jurisdiccional.
Una vez más debemos recordar que la Constitución Política del Estado, aprobada por el voto afirmativo de todos(as) los(las) bolivianos(as) –incluidos todos los pueblos indígenas originarios del país–, y puesta en vigencia en el año 2009, ha establecido (artículo 14) que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”, lo cual implica que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De ahí que (según el artículo 13), “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos”, por lo que, el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, a cuyo efecto: “Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.
De manera más específica, el artículo 15, parágrafo I constitucional, declara expresamente que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”; efecto de lo cual, “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”, y estas normas son plenamente concordantes con los postulados establecidos por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Aquí es pertinente insistir en que, si bien la Ley es “una regla social obligatoria, establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza” (Planiol), su efectividad no deviene de la enorme cantidad de disposiciones legales que puedan emitirse en un Estado, o de la celeridad que se le pueda imprimir a su aprobación, sino más bien del contenido adecuado a la realidad social que pretenden regular, previo análisis serio y debate constructivo (entre oficialismo y oposición), para evitar las fatales consecuencias de la improvisación legislativa con que muchas veces se ha actuado al interior de la Asamblea Legislativa en Bolivia.
Asimismo, se debe considerar que todas las leyes deben estar enmarcadas en los márgenes mínimos de constitucionalidad (de fondo y forma), legalidad y legitimidad social, que son indispensables para que las mismas sean válidamente cumplidas y acatadas por toda la población, lo cual únicamente se puede lograr con una efectiva atención a las demandas ciudadanas para la satisfacción pronta y oportuna de sus necesidades más urgentes, y así evitar cualquier conflicto, protesta o descontento social por la aprobación de una Ley, que antes que servir sólo a determinado sector, debe ser pensada y ajustada en la medida de su garantía y aporte al bien común de todos(as) los(as) bolivianos(as).
Por otro lado, es indudable la necesidad de coordinación que debe existir entre las Cámaras Legislativas para el mejor logro de sus actividades; sin embargo, ello no implica autorización alguna para la intromisión de una Cámara en las actividades de la otra, cuando en realidad ambas deben ponerse firmes para impedir cualquier tipo de injerencia de los demás Órganos del Estado (incluido el Ejecutivo), a fin de llevar adelante su trabajo con la mayor objetividad posible, y en la mira de los intereses sociales, antes que llenar las expectativas de determinados grupos o autoridades, que pretendieran beneficiarse con la emisión de una disposición legal.
En definitiva, si bien en la pasada legislatura se han aprobado un número importante de Leyes, pretendiendo mostrar un cambio cualitativo en su tratamiento a través de una nueva legislación con participación ciudadana, este año es responsabilidad de nuestros(as) asambleístas profundizar la participación de todos los(as) ciudadanos(as) –sean parte o no de un determinado sector social– para lograr que podamos convivir pacíficamente, con reglas claras en democracia.
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Él articuló la idea moral de que el Estado debe actuar bajo la guía del principio: cada miembro de una comunidad debe ser tratado como igual al otro.
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Derecho de la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina - Libro
El libro denominado “El derecho de la consulta previa de los pueblos indígenas en América Latina”, una publicación del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI), es una recopilación del estado de la consulta previa a pueblos indígenas en diversos países de América Latina como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Los autores de los diferentes ensayos elaboran los avances jurídicos en cuanto al reconocimiento de este derecho en los respectivos países, tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente se realiza un análisis de la aplicación real de la consulta previa.
El derecho a la consulta previa, libre e informada, aunque anclado en varios instrumentos internacionales, siendo uno de los más importantes el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, en los últimos años ha provocado diversas reacciones sobre todo en las poblaciones indígenas debido al incumplimiento de este derecho por parte de los Estados. Los pueblos indígenas, muchas veces, no están bien informados y no tienen la capacidad de negociar al mismo nivel que las empresas y los Estados; los Estados se encuentran en un conflicto entre fomentar el desarrollo económico para todo un país y proteger el hábitat y las costumbres de una menor parte de la población; y las empresas persiguen fines gananciales que pueden beneficiar pero también perjudicar a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, buscan seguridad jurídica para sus inversiones y, por lo consiguiente, también tienen interés en el efectivo cumplimiento de la consulta.
El libro denominado “El derecho de la consulta previa de los pueblos indígena en América Latina”, una publicación del PPI, es una recopilación del estado de la consulta previa a pueblos indígenas en diversos países de América Latina como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Los autores de los diferentes ensayos son Vladimir Ameller/Diego Chávez (Bolivia), André Fernando (Brasil), Guillermo Padilla (Colombia), Guisela Mayén (Guatemala), Leticia Aparicio (México), Jorge Panay (Panamá) y Mirva Aranda (Perú), elaboran los avances jurídicos en cuanto al reconocimiento de este derecho en los respectivos países, tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente se realiza un análisis de la aplicación real de la consulta previa.
Este es un tema de gran potencial de conflictos, debido a ello este libro pretende abogar por un diálogo entre todos los actores partícipes en un proceso de consulta previa, siendo estos el Estado, las empresas y los mismos pueblos indígenas. La visión de cada uno de estos diferentes actores es analizada. Sólo un entendimiento de todos los puntos de vista ayuda a un manejo pacífico de este proceso y por lo tanto a un verdadero mecanismo democrático.
En base a este análisis, los autores realizan propuestas de conciliaciones de visiones que pueden ayudar al fomento de un diálogo eficiente y equitativo entre los diferentes partidos/partes.
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Sentencia del Tribunal Constitucional contra la suspensión de autoridades en Bolivia
El fallo del Tribunal Constitucional, que observa los artículos de la Ley Marco de Autonomías con los que se suspendieron a las autoridades regionales, es una señal que construye institucionalidad y una nueva constitucionalidad.
La Razón/Ricardo Aguilar Agramont
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara inconstitucionales los artículos con los que se suspendieron a dos gobernadores y otras autoridades regionales, es una señal que quiere fortalecer la institucionalidad democrática del Estado. Adicionalmente, ésta tendrá como consecuencia un fortalecimiento del proceso autonómico.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró, el 5 de febrero, inconstitucionales los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (LMAD), con los cuales se podía suspender a una autoridad regional con sólo una acusación formal de un fiscal. Así fueron suspendidos los exgobernadores de Beni, Ernesto Suárez Sattori, y de Tarija, Mario Cossío, además de alcaldes como el de Potosí, René Joaquino, o el de Sucre, Jaime Barrón, además de otras autoridades departamentales y municipales.
No obstante, en derecho, se presume que una norma es constitucional hasta que se diga lo contrario. Por tanto, los artículos ahora observados formaban el orden establecido.
La analista María Teresa Zegada asegura que el fallo del TCP “ayuda a recuperar la institucionalidad, la cual estaba venida a menos”. Para la académica, el uso de esta herramienta tuvo “malas consecuencias” para la democracia, de lo cual ya no hay retorno. Por eso, “la sentencia significa un mirar hacia adelante con mayor transparencia”.
El instrumento principal de suspensión de la Ley Marco de Autonomías rezaba así: “Artículo 144. (Suspensión temporal). Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal”.
El politólogo Reymi Ferreira cree que la sentencia es una prueba de la existencia de independencia de poderes. “Significará una mayor estabilidad para los gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, quienes antes pendían de una acusación. En algunos casos hay que reconocer que se abusó de ese instrumento. Así, se restituye la legitimidad”.
Asimismo, Zegada afirma que el fallo sirve para que la oposición recupere la credibilidad en las instituciones, “la cual se había perdido con el uso de ese mecanismo”.
De igual modo, aunque en otro tenor, el senador que presentó el recurso de inconstitucionalidad, Germán Antelo, de Convergencia Nacional (CN), señala que se “restituye el Estado de Derecho y se reconduce el proceso autonómico”.
La lección que de este hecho rescata el analista Carlos Hugo Molina es que “no basta tener más de dos tercios en el parlamento para aprobar cualquier ley”. De aquí al futuro, “la mayoría no podrá hacer las normas como quiera sólo por el hecho de ser mayoría”.
Al momento de la aprobación de la Ley Transitoria de Autonomías y luego de la LMAD, la oposición observó que habían artículos viciados de inconstitucionalidad; sin embargo, se continuó, aprobó y promulgó.
“Se sabía que era inconstitucional. Esto abre una responsabilidad de naturaleza política y civil para quienes votaron a favor de que se dé luz verde a la ley”, juzga Molina.
Los efectos de la declaratoria no son retroactivos, de acuerdo con el dictamen del TCP; no obstante, las exautoridades que no hayan renunciado para facilitar las elecciones (como es el caso de Suárez y Barrón) pueden solicitar el retorno a sus puestos a las asambleas o concejos que los destituyeron, como lo hizo exitosamente Joaquino.
Animal Político habló con dos de los afectados directos por esos artículos de la LMAD: Suárez y Barrón. Ambos explican su postura frente a la sentencia constitucional.
La norma Andrés Ibáñez, como se llama la LMAD, tenía “nombres y apellidos”, sostiene el beniano. “Estaba dirigida a la destitución de Mario Cossío, Rubén Costas y Ernesto Suárez, y así se actuó violando la Constitución no sólo en el punto de cambiar a autoridades electas, sino también respecto del artículo 271, pues los asambleístas excedieron las atribuciones que el texto les da”.
Daños. Barrón, por su parte, opina que el fallo es la constatación de que hubo “un daño” a la democracia mediante esos artículos.El exalcalde señala que no entablaría una demanda por “revanchismo o interés personal, sino para sentar un precedente para que algo similar no vuelva a alterar la democracia”. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe meditar “mejor” antes de aprobar una ley, sugiere la exautoridad. Barrón renunció a su cargo para facilitar las elecciones en Sucre, en las que ganó la coalición afín a él.
Suárez asegura que el fallo deja al descubierto al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al presidente Evo Morales como parte de un Gobierno “totalitario que no respeta la democracia y cae en la categoría de golpista”.
El exgobernador cuenta, en referencia a la elecciones que ganó el opositor Carmelo Lens, que se vio obligado a renunciar porque veía que no había una justicia “independiente”; entonces dimitió para dejar en manos del “pueblo el hacer justicia y éste así lo hizo”.
Respecto al hecho de que la sentencia no sea retroactiva, esta exautoridad sostiene que todo aquél que fue suspendido debería ser restituido a su cargo inmediatamente. “Quiero comunicar que hasta hoy ni siquiera me han notificado con la acusación formal que me hicieran hace un año y dos meses”, afirma.
Autonomías. Algo que queda velado por el tratamiento noticioso de la sentencia es lo que rescata la ministra de Autonomías, Claudia Peña. Se hace énfasis en los artículos declarados contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE), sin embargo, se invisibiliza que muchos de los que fueron observados por los demandantes (los senadores de CN Germán Antelo y Centa Rek) fueron considerados como constitucionales por el ente del Órgano Judicial.
“El fallo no sólo habla de los artículos de la suspensión, sino que consolida otros que eran objeto de impugnación y han sido constitucionalizados por el Tribunal”, subraya Peña, quien además explica que se trata de aquellos que se referían a la distribución competencial entre los niveles nacionales y subnacionales, y otros que hablan de un contenido mínimo para las cartas orgánicas y los estatutos autonómicos.
Antelo, si bien condena y califica de “autoritario” el uso que se hizo del instrumento legal de la suspensión y su aprobación “a sabiendas de la inconstitucionalidad”, también rescata que la sentencia del TCP “reconduce” la Ley Marco de Autonomías. “Además, el Tribunal ha exhortado a todos los que forman Bolivia a hacer funcionar el Concejo Autonómico y los Consejos de Coordinación sectorial para trabajar dentro de la LMAD”, señala el senador.
La analista Helena Argirakis considera que la oposición va a hacer una plataforma del fallo. Además, considera que se generó una pugna entre poderes. Esto último es confirmado por lo que señala el diputado del MAS Galo Bonifaz, quien afirma: “Respetamos el fallo del TCP, aunque no lo compartimos. Ahora el Estado queda desprotegido contra la corrupción; personas que están siendo procesadas por ese flagelo volverán a sus puestos. Hay preocupación en la Asamblea”.
Las consecuencias inmediatas ya se han visto con el retorno de Joaquino a la silla municipal de Potosí; las exautoridades suspendidas querrán volver a sus cargos. “Al no haber una sentencia ejecutoriada, corresponde que así sea”, sugiere Ferreira.
Otro efecto político que señala serán los conflictos en los municipios. “Por ejemplo, en Santa Cruz será complicado, pues los concejales disidentes son mayoría. Van a negar la vuelta del alcalde de la Guardia o el de San Ignacio”.
Esta modalidad de suspensión —dice— se estaba tornando negativa, “tal como sucedió con la ‘censura constructiva’ de los municipios” (se realizaba un voto evaluativo anual de censura en los gobiernos de nivel municipal cuando se amplió a cinco años el mandato de alcaldes, lo que causó caos en todo el país pues posibilitaba un constante cambio de autoridades).
Zegada señala que el fallo termina por ser positivo para todos, oficialismo y oposición. Para los primeros, porque “el MAS está tratando de consolidar una imagen que proyecte mesura hacia las elecciones de 2014”.
Así como se sometió esta ley a un análisis constitucional, seguramente también se verá qué decisión toma el TCP sobre la posibilidad del presidente Morales de ir a la reelección en los comicios de 2014, concluye. Por el momento, el MAS ya presentó la consulta de constitucionalidad de la CPE referida al asunto.
El TCP rige desde el 3 de enero de 2011, como resultado de la elección de sus miembros en elecciones populares realizadas en octubre de 2012. Es una institución de permanente escrutinio público y político.
Otras autoridades que fueron suspendidas
Gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales fueron suspendidos con el ejercicio de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Mario Cossío fue uno de los primeros. Fue electo gobernador de Tarija el 4 de abril de 2010, pero fue destituido del cargo con la aplicación de la ley en cuestión el 16 de diciembre de ese año. Nunca renunció a su cargo. Huyó al Paraguay, donde tramitó y consiguió ser acogido como refugiado político.
Ernesto Suárez fue el gobernador del Beni electo en los comicios de abril del 2010, aunque sólo ejerció hasta el 16 de diciembre del 2011, cuando fue suspendido provisionalmente de su cargo. Renunció a la Gobernación para hacer posibles las elecciones que en enero ganó Carmelo Lens, de su misma tienda política.
Uno de los alcaldes suspendidos fue Nils Carmona, de Warnes. Fue acusado de malversación de fondos por el Gobierno central. En su lugar, asumió el mando Mario Cronembold, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El exalcalde de Buena Vista (Santa Cruz) Bladimir Chávez fue suspendido por los concejales después de una acusación formal de la Fiscalía que investigaba el acarreo de personas en las elecciones y el delito de uso indebido de bienes públicos.
Jorge Chichino Morales, exalcalde de La Guardia y considerado un burgomaestre ejemplar por el senador Germán Antelo, fue suspendido acusado del delito de uso indebido de influencias, supuestamente utilizadas para favorecer a su cuñada. La lista de exautoridades suspendidas continúa.
Ernesto Suárez Sattori: ‘Demandaré a quienes conspiraron’
Está bien que el Tribunal se haya pronunciado sobre los artículos inconstitucionales, pero no está bien que deje un vacío sobre las acciones que se deberían llevar hacia adelante (para los afectados). Por eso voy a tomar acciones legales. Demandaré a quienes fueron los actores que llevaron a cabo la conspiraron en mi contra y violaron mis derechos constitucionales.
Jaime Barrón: ‘Ha habido una sentencia pertinente’
Ha habido una sentencia pertinente que fortalece la defensa del voto popular. Fue en favor de la sociedad y la democracia. Esto deja al descubierto que se está actuando con autoritarismo. Los que hemos sido dañados en nuestros derechos constitucionales ahora podemos hacer valer los mismos. Habiendo renunciado, no haré ninguna demanda para volver a la Alcaldía.
Álvaro García Linera: ‘TCP debe explicar el significado del fallo’
En algunos casos, asambleas departamentales o concejos municipales están entendiendo (la sentencia) a su libre albedrío y están interpretando de manera retroactiva, lo que sin duda va a generar un terrible desorden institucional. Lo más sensato es que el Tribunal explique el significado de cada una de sus palabras para evitar un desorden institucional.
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Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la constitución, organización disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial.
Resumen: El Derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los seres humanos, el Derecho Civil regula sus relaciones patrimoniales y el Derecho de Familia las relaciones interpersonales en la familia.
1] Cosa juzgada. Es la eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin al proceso y que no es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haberse impugnado a tiempo, lo que lo convierte en firme.
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La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo.
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"La Teoría Del Delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en el que, peldaño a peldaño, se va elaborando a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito."(MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 6ª, 2004, p. 205).
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CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS SEGÚN LA ESCUELA FRANCESA.
Estos hechos jurídicos, a su vez, se clasifica en: (a) hechos involuntarios y (b) hechos voluntarios o humanos. Un hecho involuntario es un evento producido por la naturaleza que tiene efectos de Derecho. Por ejemplo el transcurso del tiempo puede hacer nacer derechos o extinguirlos. En materia de seguros un efecto de derecho solo surge por la ocurrencia de un evento natural. Son hechos voluntarios o humanos aquellos producidos por la conducta o comportamiento del ser humano. Por ejemplo la compraventa[1] , el mutuo [2] ; o los delitos.
Los hechos voluntarios o humanos se dividen a su vez en (1) hechos jurídicos propiamente dichos y (2) los actos jurídicos. Los hechos jurídicos propiamente dichos son eventos producidos por el comportamiento humano pero sin la intensión de producir efectos de derechos, por ejemplo la bigamia[3], en el cual los efectos surgen de la ley.
Un acto jurídico es la manifestación hacia el exterior de la voluntad de una persona destinada a producir efectos derecho traducidas en un crear, modificar o extinguir una relación jurídica o derecho subjetivo. Los efectos surgen de la voluntad de las personas.
C. HECHOS JURÍDICOS SIMPLES.- Aquellos en los cuales existe un sola parte y un solo derecho, pj la renuncia a la herencia.
D. HECHOS JURÍDICOS COMPLEJOS.- Aquellos en los cuales existe dos o mas partes, pj los contratos necesitan de un oferente y un aceptante.
• No busca producir efectos de derecho, estos surgen de la ley.
• Acepta cualquier prueba.
• Acepta prueba documental. Porque cuando una persona crea, modifica o extingue una relación jurídica debe dejar constancia de ese acto. Al legislador le importa porque: (a) es la exteriorización de la voluntad, y (b) hay necesidad de dejar una prueba fehaciente de la realización de ese evento.
Parte de la estructura de la norma: presupuesto y consecuencia jurídica, desarrollado en Derecho Penal y la definen de la siguiente manera:
ACTOS NEGOCIALES. Concordancia entre el contenido de la declaración de voluntad—oral, grafica—uni o bilateral y el resultado querido. Los elementos del acto negocial son:
• Declaración de voluntad.
• Autonomía de la voluntad.
ACTOS DE DERECHO. Es una declaración de voluntad o actuación con voluntad que produce efectos de derecho pero no son queridos por el autor sino que surgen del imperio de la ley.
ACTOS CONTRARIOS AL DERECHO. Son actuaciones con voluntad que producen efectos de derecho considerados como ilícitos. Esto, porque van contra la lo que ley prohíbe, contra lo que el orden publico establece o contra las costumbres [5] .
Los efectos son contrarios al ser humano mismo, porque hace surgir obligaciones que tendrá que reparar: el pago de danos y perjuicios.
CARACTERÍSTICAS.- Las características del Acto Jurídico son:
CLASES.- Las clases o particularidades del acto jurídico en la escuela italiana son:
• Actos que consisten en declaraciones de voluntad . (=Negocio jurídico) un Acto que consiste en declaración de voluntad concordancia armónica entre la declaración (es) de voluntad (es) de una persona (s) y el resultado querido. Este resultado debe tener trascendencia jurídica.
[5] La Costumbre es una forma inicial del Derecho consuetudinario que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse en ley. El Derecho Consuetudinario es el conjunto de principios, valores y normas de carácter jurídico no codificadas que regulan las relaciones humanas de una sociedad cuya observancia es impuesta de manera coercitiva por la costumbre. La Coercibilidad significa la posibilidad del uso legítimo y legal de la fuerza para su cumplimiento de la ley o la costumbre. Se diferencia diametralmente de la Coacción, que es la fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla que diga o ejecute alguna cosa. En este sentido su empleo origina múltiples consecuencias de orden civil, ya que los actos ejecutados, bajo coacción adolecen del vicio de nulidad, y en el orden penal, por que daría lugar a diversos delitos, especialmente los atentatorios contra la libertad individual.
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Nueva Constitución Política del Estado: Un parto doloroso que nació entre luces y sombras
La Paz, 7 Feb. (ANF).- La nueva Constitución Política del Estado (CPE) nació bajo la sombra de las “correcciones” del texto aprobado en la ciudad de Oruro y que finalmente fue sometido a Referéndum el 25 de enero de 2009, recibiendo el 61.43 por ciento de apoyo de los votantes y empezó un tránsito que tomará alrededor de diez a veinte años para su completa reglamentación y adecuación de todo el aparato legal que rodeó los últimos 46 años al Estado republicano.
La Asamblea Constituyente fue instalada el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre con un total de 255 constituyentes, de los cuales 137 eran representantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Era la primera vez que una asamblea constituyente contaba con la participación de los indígenas; quienes fueron los y las principales protagonistas en plantearla y conquistarla. El 56% de los constituyentes se autoidentificaba con algún pueblo indígena del país. Por el origen y composición de la constituyente, indígena y popular, se escogió como presidenta a una mujer indígena, Silvia Lazarte.
Sin embargo, la actual Constitución proviene de distintas épocas. Primero data de 1967 cuando el Congreso de aquel entonces funcionaba también como Asamblea Constituyente, recogiendo diversas ideas que trataban de proteger y mostrar los vientos de la revolución nacionalista de 1952. Este impulso tuvo que ser modificado en 1994 para adaptarse a otras situaciones en la década de los años noventa, cuando las condiciones de economía de mercado buscaban resolver algunos problemas del modelo surgido el ‘52; sin embargo, la crisis de la democracia boliviana entre los años 2000 y octubre de 2003, con la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, nuevamente motivó otro conjunto de cambios en la Constitución el año 2004.
La Constituyente significó una respuesta inicial del nuevo gobierno de Evo Morales a las demandas indígenas que parecían por fin –después de “500 años” como proclama en distintas oportunidades el Presidente–, haber encontrado una expresión política y representatividad sobre la base de un discurso radical que declaraba el fin del colonialismo interno, así como el comienzo de visiones multiculturales del Estado boliviano, abriendo oportunidades para encaminar la democracia hacia un conjunto de aspiraciones que provengan desde las diversas identidades étnicas.
Un elemento ideológico que caracterizó al debate en la Asamblea, fue la urgencia de terminar con el colonialismo interno en Bolivia. Ésta es una concepción planteada por las doctrinas indigenistas desde los años setenta, según la cual, lo pueblos indígenas, especialmente aquellos del mundo andino, sufren una constante explotación colonial que viene desde 1535, durante la dominación española hasta llegar a la actualidad. Por esta razón, surge un horizonte temporal de largo aliento que exige respuestas políticas y luchas por el poder a favor de las culturas ancestrales. “La Asamblea Constituyente se convirtió para varios pueblos indios en un estandarte de apertura democrática y pugnas de dominación”, como afirma el sociólogo Franco Gamboa Rocabado.
Desde otra perspectiva, la Asamblea Constituyente debía instituir el basamento desde el cual pueda completarse la permanente y nunca acabada construcción del Estado Nacional, interrumpida por las contradicciones de la revolución nacional desde 1952 y desvirtuada por el oleaje de una economía de mercado cuyas políticas neoliberales en los años noventa habían destruido gran parte de las capacidades del aparato estatal, perpetuando la desigualdad y fragmentando las posibilidades para que los bolivianos y bolivianas se reconozcan como una compacta unidad nacional.
GOBIERNO DE TODOS: Una vez que el Movimiento al Socialismo (MAS), llevó a Evo Morales a la Presidencia de la República, el 6 de agosto de 2006 tuvo dos connotaciones trascendentales en la historia de Bolivia.
El primero de ellos marcado por un desfile que congregó a 36 etnias de toda Bolivia, con lo cual se ratificó una de las influencias dominantes: la orientación indigenista y multicultural en el proceso constituyente, sobre todo defendida por el MAS como primera mayoría estratégica en la Asamblea. La visibilidad indígena salió a plena luz, democrática y claramente desafiante para obtener poder, exigiendo reconocimiento al fomentar un diálogo entre las viejas prácticas de la democracia sustentada en los pactos de gobernabilidad y las expectativas liberadoras del movimiento indígena.
El segundo aspecto es la fuerte ascendencia indigenista en el proceso constituyente que surgió como un distintivo político, difundiendo un discurso fuertemente crítico en contra de la democracia liberal representativa, considerada como un régimen que reproducía una sociedad fracturada e intolerante para aplicar los moldes de la ciudadanía forzada como imposición del modelo civilizatorio occidental.
Para el analista Carlos Toranzo “el Estado nuevo sólo puede surgir en demasiados años. Se necesitará unos diez años para reglamentar la nueva Constitución y diez años son un periodo muy largo en Bolivia. Vamos a vivir épocas muy traumáticas de creer que el nuevo Estado ya existe, pero utilizando las instituciones del Estado anterior”.
En tanto que para el constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, la promulgación de la nueva Constitución significa la convivencia entre la antigua y nueva Carta Magna, debido a que el Congreso Nacional debe cumplir con ciertas tareas aún, como la aprobación de las 100 nuevas leyes del Estado Plurinacional y que están en proceso.
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Por las siete puñaladas que se observan, presumen que fue asaltado.
El cuerpo de Tito Félix Machicado Quispe (52) fue hallado el martes en un cañadón de Bajo Pampahasi. Estaba envuelto en dos bolsas de yute y le faltan algunas partes, informó el coronel José Saavedra, director de la fuerza anticrimen de La Paz.
Efectivos policiales levantaron el cadáver a las 18.30 del martes, después de que bomberos lo recuperaron de un barranco ubicado entre las avenidas Illampu y Huayna Potosí, de esa zona.
De acuerdo con el informe preliminar, al cadáver le falta el muslo derecho, una parte del rostro, un brazo y otras partes del cuerpo. Se presume que fue devorado por canes vagabundos.
El cadáver presenta heridas punzocortantes en el tórax, el hombro, el brazo izquierdo y una de mayor dimensión, en el cuello, con orificio de ingreso y salida.
Saavedra afirmó que “estaba desnudo y dentro de dos bolsas de yute, una de color negro y otra de color azul con franjas negras”.
La Policía sospecha que fue víctima de un asalto.
DESAPARECIDO. El director de la FELCC explicó que se calcula que el hombre fue victimado hace unos cinco días por la rigidez cadavérica. “Una de las hipótesis es que fue atacado por asaltantes, por las puñaladas en el cuerpo y después botado en el cañadón, donde merodean canes vagabundos”.
Se conoció que el hombre desapareció de su domicilio el pasado 31 de enero y que los familiares lo reconocieron horas después de producirse el hallazgo.
El jefe de la división de Homicidios, Mirko Sokol, reveló que se sospecha que el hombre murió desangrado por las heridas punzocortantes que le produjeron con un arma blanca.
Los familiares del fallecido serán citados por la Policía para declarar para que aporten indicios sobre los posibles autores de este macabro hecho.
La policía no tiene pistas del caso del cadáver momificado encontrado el lunes en el río Sewenkani.
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References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 240
 Artículo 286
 artículo 25
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 271