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Timestamp: 2014-03-08 10:19:13+00:00

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22 mayo, 2013 en 22:16 · Filed under RECURSOS and tagged: recurso, recurso ante AEAT AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SEGUNDO.- Los que se derivan del nuevo expediente administrativo, remitido por el mismo Tribunal, que completan los del anterior, a requerimiento de la Sala, practicado con fecha 17/05/2.010, con registro de entrada en el TEAR de 31/05/2.010.
Primero: Nulidad del expediente sancionador y de la sanción impuesta. En el expediente administrativo remitido, figura, como hemos dicho, el expediente sancionador de la AEAT, delegación de Madrid, seguido en contra de mi representado.
Segundo: Infracción del principio de legalidad del derecho sancionador Es sobradamente conocido, pues constituye la base o raíz del procedimiento sancionador, que las infracciones han de estar tipificadas y las sanciones también y que, por lo tanto, a cada infracción tipificada ha de corresponder una sanción asimismo tipificada, de manera que no es dable aplicar una sanción, prevista para una determinada infracción, a otra infracción que, como tal, tiene que tener su sanción prevista, siendo forzoso aplicar precisamente esa y no otra de las tipificadas.
En el acta A, levantada el 2 de noviembre de 2.012, en la que se inicia el procedimiento sancionador y se declara procedente una sanción, acta que está incorporada al expediente, se dice que constituye infracción simple, la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. Dicho ésto, el acta considera esta conducta como voluntaria y se aprecia, para mi mandante, el concurso de negligencia, cuando menos, para justificar de esta manera la procedencia de la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1 de la LGT entonces aplicable, que era la Ley 230/63 de 28/12, modificada por la Ley 25/95 de 20 de julio.
10 mayo, 2013 en 15:06 · Filed under RECURSOS and tagged: recurso, reformatio in peius Si recurro la Sentencia ¿me condenan a una pena mayor?
7 mayo, 2013 en 14:06 · Filed under RECURSOS and tagged: nulidad, parlamento europeo, recurso, recursos Recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo
28 abril, 2013 en 23:01 · Filed under RECURSOS and tagged: oponerse a recurso, oposicion, oposicion a recurso de reforma, oposicion recurso de reforma OPOSICIÓN A RECURSO DE REFORMA CIVIL
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE MADRID DON procurador de los Tribunales y de Don CLIENTE, representación que tengo acreditada en diligencias previas, procedimiento abreviado número 1/2013, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO Que mediante el presente escrito, cumplimento traslado concedido por providencia de 12-12-2.0012, notificada en día 16, para oponerme al recurso de reforma interpuesto por la representación de LA PARTE CONTRARIA y de Don CONTRARIO, con apoyo en las siguientes
PRIMERA.- Las diligencias previas a que se contraen estas actuaciones, fueron abiertas, como consecuencia de una denuncia, interpuesta por Don CONTRARIO en representación de LA PARTE CONTRARIA. Como, ajustadamente, señala el auto recurrido, ninguno de los dos denunciantes ha experimentado perjuicio alguno, con motivo de las actuaciones que se enjuician en estos autos. El señor CONTRARIO declara ante el Juzgado que no pagó por la compra de las participaciones de la mercantil CONTRARIA S.L.y que se limitó a firmar en el notario, lo que le pusieron delante, siguiendo las instrucciones del fallecido, Don y lo que es más importante, reiteradamente declara que sabia que la sociedad no tenía bien alguno y quien estaba despatrimonializada, a pesar de lo cual, la adquirió “por resultar un negocio financiero que le interesaba”, lo que no deja de ser sorprendente, ya que si no tiene nada, no es fácil que pudiera suponer un negocio financiero. Y en cuanto a DON CONTRARIO personalmente no dice haber experimentado perjuicio alguno, puesto que en su denuncia actúa en representación de MERCANTIL CONTRARIA, y aunque actúa por sí solo, aun cuando la representación de esta sociedad – según él mismo declara – la ostenta en forma mancomunada, dice contar con el consentimiento del SOCIO, quien no parece que entienda que la mercantil haya experimentado perjuicio alguno, toda vez que no figura como denunciante, ni dice en su declaración que la citada mercantil haya experimentado algún perjuicio.
Y es que, el señor socio, ni siquiera participa en el accionariado de la mercantil contraria, por lo que difícilmente puede haber experimentado perjuicio alguno, con motivo de las operaciones que se llevaron a cabo y en las que él mismo participó, como declara, dirigido por el fallecido. Por estos motivos, el auto recurrido sostiene, con toda razón, que el control y gestión de las sociedades, ambas constituidas por mi representado, estaba en manos del señor contrario y del otro señor contrario, pero, en modo alguno, en manos de los denunciantes.
SEGUNDA.- Sentado lo anterior, el recurso se articula en cinco motivos, los tres primeros se apoyan en la declaración de mí patrocinado, en la del denunciante señor CONTRARIO y en un repaso a los hechos que el recurrente considera delictivos. Y los dos últimos incluyen un avance de calificación y una invocación de los artículos 641.1 y 645 de la LECr, que, según el recurrente, apoyan procesalmente su pretensión de reforma del auto dictado. Los tres primeros motivos adolecen de un denominador común: la Juzgadora no tiene razón y el recurrente sí la tiene. Es decir, parece que el auto recurrido ha olvidado la declaración del señor CONTRARIO, la del otro Señor Contrario y también los hechos relatados en el motivo tercero del recurso, y por eso el autor del recurso se los recuerda a la Juzgadora y los convierte en motivo de su recurso. Para ello, no duda en variar las declaraciones, en incluso los hechos, en lo que le conviene, y tampoco en faltar a la verdad, introduciendo en las declaraciones prestadas, afirmaciones que nunca se produjeron. Frente a técnica tan defectuosa, el auto recurrido demuestra, más que extensamente, que ha tomado en cuenta las declaraciones de los señores Martínez Contrarios, pero claro, unidas a los documentos que obran en la causa. Con ello el auto demuestra que las declaraciones no acreditan, mal que le pese al recurrente, que mi patrocinado haya incurrido en ilícito penal alguno, entre muchas otras cosas, porque sus actuaciones fueron comunes (y conocidas) con las seguidas por el denunciante señor abogado, asistiendo el señor Contrario como un auténtico hombre de paja, que firmaba y consentía en todo lo que le decían, con tal de participar de alguna manera (la verdad es que no se sabe cuál) en el negocio. Y así, A
El auto no dice que el señor contrario se sirviera de un poder caducado, afirmación que se hace en el recurso, sino que sostiene que, registralmente, el administrador único era mi representado y los gestores que controlaban y gestionaban las sociedades, fueron siempre el señor Pérez y mi representado, y nunca los denunciantes, todo lo cual es exacto y viene confirmado, incluso por el señor Contrario en su declaración, cuando dice que, al comprar las participaciones de la sociedad, no cambió los órganos de administración. B
En cuanto a la liquidación de la mercantil, el auto recurrido es sencillamente irreprochable. En primer lugar, demuestra que los dos denunciantes conocían la liquidación, a pesar de negarlo en sus declaraciones, a partir de la escritura de 10–9 -2.012 y en el caso del señor letrado, porque incluso envió a la notaría de Don Notario el balance de liquidación. En segundo lugar, demuestra que la sociedad liquidada no tenía nada, porque así lo declaran los dos denunciantes, y no teniendo nada la liquidación es obligatoria, por imperativo del artículo 104 de la LSRL. En tercer lugar, conforme a la decisión común y obligada de liquidar la sociedad, el único que podía hacerlo era el señor Contrario, y por eso le fue pedido así, toda vez que, registralmente, era el administrador único y, extraregistralmente, seguía siendo administrador mancomunado con el señor letrado, quien según su propio hijo, que ha declarado en la causa, era el dueño de las fincas y por eso solicitó la colaboración del señor contrario. C En lo que se refiere a la escritura pública de 9-9-2.010 y el documento privado de 1-10-20012 que, mediante dicha escritura, se eleva a público, lejos de lo que dice el recurrente, que afirma en su recurso que es el verdadero título de propiedad de las fincas, el auto recurrido sostiene, con acierto, que ni siquiera hubo venta, toda vez que, faltando el precio no existe la compraventa, al margen de que, en la fecha de otorgamiento de la escritura, los propios denunciante declaran que la sociedad vendedora estaba despatrimonializada, situación, añadimos nosotros, en la que no parece fácil vender.
D En la misma línea y en contra de lo afirmado en el recurso, el auto recurrido aborda el tema de las deudas a favor de mí representado, deudas que son indiscutibles en cuanto debidamente documentadas. La primera, derivada de la escritura, de prenda sobre participaciones de la sociedad, que el denunciante señor abogado no podía desconocer, cuando dice que las compró; y la segunda, derivada del documento privado de 1-1-2012, otorgado por el propio señor Letrado, entre otros, en el que se reconoce adeudar el precio pagado, por la compra de las participaciones de la sociedad. La consecuencia que se deriva de todo lo anterior, es que el auto recurrido analiza con exhaustividad las declaraciones de mi patrocinado y del señor Abogado y, por supuesto, las pruebas documentales aportadas, para concluir que, en las actividades que se consideran delictivas, intervinieron tanto los denunciantes como mi representado, buscando cada uno sus intereses, entre los que aparecen más claros los de mi patrocinado que ostentaba indudable derechos que tenían que serle satisfechos, y más oscuros los de los denunciantes, que jamás desembolsaron nada y , no obstante, pretenden beneficiarse de la actividades llevadas a cabo conjuntamente. Es patente que las actuaciones conjuntas de los denunciantes desvirtúan los hechos denunciados que se quieren imputar a mi representado, y hacen imposible que se puedan justificar las imputaciones penales que aparecen en las denuncias formuladas, lo que mantiene, de forma ajustada a derecho, la decisión del auto recurrido. TERCERA.- En el recurso interpuesto, se falta voluntariamente a la verdad, cuando, en el que denomina motivo segundo, se alude a la declaración del denunciante señor Contrario. El señor declaró que no sabía lo que pagó, ni si pagó, por la compra de las participaciones de la mercantil, y añadió que la sociedad no tenía bien alguno y que había que respetar un documento privado anterior. Sin duda se refería, tanto a la escritura de prenda, salvo que el señor Letrado se la hubiera ocultado, como a los documentos, lo que indica que conocía las deudas y los derechos de crédito, a favor de mi patrocinado, a que hace referencia el auto recurrido. El señor Contrario falta a la verdad, cuando dice que asumió la administración de la mercantil. En la declaración, Su Señoría le demostró que quien administraba esta sociedad era el señor Abogado y no él, ante lo que el señor Contrario adujo que no sabía nada y que fue llevado a la notaría para firmar. Y finalmente, el señor Contrario reconoció, aun implícitamente, que la mercantil estaba en liquidación, por dos motivos, el primero porque afirmó repetidamente que la sociedad no tenía nada, lo que es casa obligatoria de liquidación, y el segundo, porque en la escritura de 9-9-2012, en la que comparece él mismo, se refleja que la sociedad estaba en liquidación, de todo lo cual cabe inferir que conoció el acuerdo de liquidación cuando fue adoptado. Acudir a esta declaración y hacerla motivo del recurso, no es más que un ejercicio de tenacidad, condenado al fracaso, porque las cosas son como son y no como se quiere que sean. El auto recurrido, de manera escrupulosa, analiza la actuación de este denunciante, en todo momento conjunta con el otro y mi patrocinado, y con quien dirigió a todos ellos que fue el fallecido. CUARTA.- En el tercer motivo del recurso, el recurrente reitera los hechos que constituyen, en su criterio, prueba de la comisión de los delitos, por los que se formularon las denuncias. Toda vez que el auto recurrido tiene en cuenta estos hechos, aunque los valora de manera distinta, y razona debidamente por qué no cabe considerarlos constitutivos de delito, en aras de inútiles repeticiones, nos remitimos a la alegación segunda anterior de este escrito, resaltando (como única reiteración) que en la declaración del Letrado figura que el balance de liquidación de la sociedad fue remitido desde sus oficinas a la notaría de Don Notario, para el otorgamiento de la oportuna escritura, lo que es revelador de que los denunciantes conocían sobradamente la liquidación de la mercantil que, previamente, se había programado. QUINTA.- En el cuarto motivo del recurso, se invoca el engaño del que los denunciantes dicen haber sido objeto. Nada más lejos de la realidad. El auto recurrido razona, en extenso, que no puede haber habido engaño, desde el momento que los propios denunciantes y mi representado actuaron de conformidad, con acciones varias, pactos diversos y otorgamiento de varios documentos, que demuestran que todos actuaron de común acuerdo, dirigidos por un tercero hoy fallecido, y en orden a recuperar unas fincas que eran propiedad de Don Manuel, que también ha declarado en la causa, y que fueron aportadas, por este último, para intentar liberarlas de importantes cargas que pesaban sobre ellas.
SEXTA.- El artículo 641 de la LECr impone el sobreseimiento provisional de las diligencias practicadas, cuando no resulte justificada la perpetración del delito, que es exactamente lo que ocurre en este caso, en el que la conducta que se imputa a mi patrocinado fue conocida, consentida, compartida y aun dirigida por todos los que actuaron, entre los que se encuentran los denunciantes. Por todo ello, el auto recurrido se ajusta a derecho y debe ser confirmado, desestimando el recurso de reforma interpuesto. La invocación que se hace del artículo 645 de la LECr no puede constituir motivo para la estimación de la reforma, ya que, aun cuando exista acusación particular que sostenga la acción, el Instructor deberá acordar el sobreseimiento, cuando el hecho no sea constitutivo de delito, que es lo que sucede en el caso de autos, en el que, desde el inicio, se intenta incriminar conductas civiles en las que han participado los mismos que denuncian. En su virtud SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por evacuado el traslado conferido, tenga a esta representación por opuesta al recurso de reforma interpuesto contra el auto de 10 de enero de 2.013, para, previo el tramite oportuno, desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.
25 abril, 2013 en 10:00 · Filed under RECURSOS and tagged: casacion, oposicion, recurso Escrito de oposición a Recurso de Casación presentado por la parte contraria.
Recurso 000/0000 A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DON PROCURADOR de los Tribunales y de la compañía mercantil EMPRESA S.A., según tengo debidamente acreditado en el Recurso de casación de referencia, y bajo la dirección del Letrado José Martín García, ante esa Excelentísima Sala comparezco y como mejor en derecho proceda DIGO: Que mediante el presente escrito y en la representación que ostento, vengo a evacuar el trámite concedido en Providencia de 6 de enero de 2012, notificada el mismo día, y en su virtud, y al expreso amparo de lo dispuesto en el ordinal segundo del art. 480 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, NOS OPONEMOS A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INSTADO DE CONTRARIO, oposición que se fundamenta en las siguientes:
CAUSAS PRIMERA.- Desde el punto de vista procesal el recurso no puede prosperar puesto que adolece de defectuosa técnica casacional. En efecto, aun cuando se acusa infracción de normas aplicables, sin embargo debe advertirse que lo único que se pretende es revisar cuestiones relativas a la valoración de la prueba o questio factio, que no questio iure. No puede pasarse por alto el hecho de que aun cuando el cauce procedimiental pudiera ser correcto, el recurrente lo único que intenta es revisar la valoración que la sentencia de instancia hace con respecto a las pruebas desarrolladas
Dicho de otro modo, la CONTRAPARTE, solicita de esa Excelentísima Sala que valore de una forma radicalmente distinta a la que lo hace la Audiencia, el material probatorio obrante en autos, olvidándose que tales extremos pertenecen únicamente al Juzgador a quo.
Pero es que en cualquier caso el sistema de recursos de la nueva Ley de Ritos, no es en absoluto coincidente con la distinción entre “infracción de Ley” y “quebrantamiento de las formas esenciales del juicio” establecido en la Ley del año 1881. Por ello el recurso de casación no puede contraerse al control de los “vicios in iudicando”, y el de los “vicios in procedendo” al recurso de casación por infracción procesal, toda vez que el ámbito jurídico material al que se circunscribe el primero, determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacia la esfera del segundo, a través del cual incumbe controlar las cuestiones procesales. Dicho de otro modo, los aspectos atenientes a distribución de la carga, reglas de las mismas, el juicio resultante de la aplicación de estas, valoración de prueba y principios que la rigen, así como toda pretensión relativa a que por la Sala vuelva a valorarse los distintos medios de prueba que sirvieron de razonamiento para dictar la sentencia, se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección o incorrección, corresponde en exclusiva al recurso extraordinario por infracción procesal, dejando limitado el de casación, a una estricta función revisora del juicio jurídico.
Este es el criterio sostenido por esa Excelentísima Sala en Autos referidos a recursos como el 1/20011, 2/2011, 3/2011, o 4/2011, así como a los Autos de fechas 2,3,5 de diciembre de 2011 y 2 y 3 de enero de 2012, así como el más reciente de 3 de julio de 2012.
Consecuentemente con lo expuesto y como quiera que el motivo de casación, aunque con cauce acertado, trata de revisar cuestiones relativas a valoración de la prueba, a juicio de esta parte tendrían que haber sido motivos de un recurso de casación por infracción procesal, que no el recurso que pudiéramos denominar “ordinario”, por lo que debe ser inadmitido “ab initio”.
Sin perjuicio de lo manifestado en el ordinal anterior, el recurso no respeta la base fáctica de la sentencia. Dicho de otro modo, pretende sustituir la valoración fáctica de la sentencia, por la suya propia haciendo supuesto de la cuestión.
Como es bien sabido, la nueva Ley de Ritos configura el recurso de casación bajo la directriz del respeto a la base fáctica de la resolución que se recurre, puesto que está pensado para revisar única y exclusivamente el derecho aplicable, si bien ya la Ley de 1.881 rechazaba contundentemente que la casación fuera una tercera instancia.
En conclusión, y dado que el recurso lo único que pretende es que se valore de nuevo el material probatorio obrante en autos, no puede superar el trámite de admisión. TERCERA.-
Sentado que los tres primeros motivos de recurso adolecen de defectuosa técnica casacional, lo que impide proceder a su estudio, resta el último motivo, respecto del cual llamamos la atención de la Excelentísima Sala, puesto que lo que pretende es una especie de declaración de nulidad del contrato, pretensión esta última, que es absolutamente inadmisible en un recurso extraordinario como el de casación.
En efecto, conforme queda de manifiesto en el ordinal primero la casación se articula como una vía procesal puramente jurídica, de revisión del juicio jurídico, por lo que cualquier otra cuestión le está vedada, debiendo articularse en su caso el de infracción procesal.
Pero es que en cualquier caso no podemos pasar por alto la circunstancia de que se trata de un hecho nuevo, introducido ex novo ahora, en pleno recurso de casación, lo que deja a esta parte en la más absoluta indefensión. El tema no merece mayor comentario, puesto que es evidente que de prosperar la pretensión contenida en el motivo, se dejaría al recurrido en la más absoluta indefensión al no disponer de trámite alguno para articular sus alegatos de defensa, y sin perjuicio de que la Ley de Ritos no permite la introducción de hechos nuevos, y menos aún en un recurso como el de casación.
Por todo lo anterior SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo, me tenga por evacuado en tiempo y forma procesales del trámite concedido y al amparo del art. 480.2, por opuesto a la admisión del recurso de casación, interesando se declare la inadmisión del mismo en méritos de lo expuesto, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en Madrid a dos de diciembre de dos mil doce.
22 abril, 2013 en 10:50 · Filed under RECURSOS and tagged: drogas, recurso Recurso en tenencia de sustancias estupefacientes. Más que un recurso eficaz, que no o fué, les presento éste intento que alguien realizó para que no le condenaran.
“La sentencia es un arte, y hacemos hincapié en que los puntos de partida y los grados de mejora para el factor de riesgo deben plegarse a las circunstancias de cada caso. Seguimos siendo de la opinión de que el punto de partida para la simple posesión de una cantidad de drogas peligrosas que un usuario de buena fe tendría normalmente en su poder debe estar en el rango de 12 a 18 meses, (y ese es el rango que se ha adoptado particularmente en los casos en el Distrito y el Tribunal Superior). Pero ese no es el ser y el fin del punto de partida adecuado. Se supone que los casos en que se considere necesario una pena de prisión en lugar de una medida de rehabilitación, y no pretende excluir a los magistrados de imponer condiciones menos favorables para cantidades muy pequeñas cuando las circunstancias lo justifiquen. Obviamente, la cantidad será el factor principal de gobierno que va a determinar dónde está el punto de partida será mentir. Si un delincuente es un delincuente reincidente se puede esperar que el punto de partida a ser mayor de lo que debería ser. La existencia del factor de riesgo y el grado de riesgo no es una cuestión de matemáticas en la que este tribunal debe proporcionar un arancel. Entre los factores obvios que deben tenerse en cuenta son si el delincuente está en el empleo, si los medicamentos se conservan en un lugar para que los demás tengan acceso, si el delincuente tiene condenas por tráfico, y por supuesto la cantidad de drogas. Las circunstancias de los riesgos deben ser evaluados. “
(2) un juez no es condena por tráfico no probada, es decir, una intención real no probada de tráfico. “
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References: artículo 77
 artículo 104
 artículo 641
 artículo 645
E CONTRARIO
 resolución