Source: http://derechos.te.gob.mx/documento/htm/4589
Timestamp: 2019-08-22 07:34:09+00:00

Document:
A. Prueba documental, testimonial y pericial6
A. El sistema penitenciario en Honduras10
F. Situación de los familiares de las víctimas16
G. Proceso judicial ante los tribunales nacionales17
A. Los derechos violados18
B. Deber de Prevención en condiciones carcelarias20
C. Los familiares de las personas fallecidas23
C. Medidas de reparación integral: garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción. 27
4. Otras medidas solicitadas36
D. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables37
1. Daño material e inmaterial38
F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados39
7. Durante la audiencia pública del caso, el 28 de febrero de 2012, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos descritos en el Informe de Fondo de la Comisión y manifestó haber llegado a un acuerdo de solución amistosa con los representantes (infra párr. 14). En consecuencia, el Tribunal, mediante Resolución incidental de 29 de febrero de 2012, dejó sin efecto el plazo previsto para la remisión de los alegatos finales escritos de las partes y las observaciones finales de la Comisión, en vista del acuerdo de solución amistosa alcanzado entre los representantes y el Estado[6].
9. Con base en lo establecido en los artículos 46, 50, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos en diversas oportunidades procesales, las declaraciones de las presuntas víctimas y de los testigos, así como los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público y en la audiencia pública ante la Corte. Para ello, este Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente[7].
10. El Tribunal recibió documentos presentados por los representantes y el Estado (supra párrs. 1, 4, 5 y 7). Asimismo, durante la audiencia pública del caso, los representantes y el Estado presentaron un acuerdo de solución amistosa (infra párr. 14). Por otra parte, el Presidente incorporó al acervo probatorio del presente caso, en lo que resultara pertinente, los peritajes rendidos por el señor Carlos Tiffer Sotomayor y la señora Reina Auxiliadora Rivera Joya en el caso Servellón García y otros Vs.Honduras, ya que podrían resultar útiles para la resolución del presente caso. Finalmente, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público por los peritosMarco A. Canteo y Roy Murillo, y por los testigos Renán David Galo Meza, Abencio Reyes, Aida Rodríguez, Doris Esperanza Paz, Manuel Armando Fuentes, Marlene Ardón Santos, Marta Elena Suazo, Olga María Santos, Isis Perdomo, Rómulo Emiliani y Violeta María Discua[8].En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte recibió las declaraciones de las señoras María Oneyda Estrada Aguilar ySandra Lorena Ramos Cárcamo, presuntasvíctimas, y de los peritos Celso Alvaradoy Mario Luis Coriolano[9].
11. En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite aquellos documentos remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda[10]. Los documentos solicitados por el Tribunal[11], que fueron aportados por el Estado con posterioridad a la audiencia pública, son incorporados al acervo probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento[12].
12. En cuanto a las notas de prensa, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso[13]. El Tribunal decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica.
13. Por otra parte, respecto de las declaraciones de las presuntas víctimas, de los testigos y de los dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaración jurada, la Corte los estima pertinentes sólo en aquello que se ajuste al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual ordenó recibirlos (supra párr. 6). Éstos serán valorados en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio. Asimismo, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias[14].
14. El 28 de febrero de 2012, durante la audiencia pública del caso, las partes presentaron al Tribunal un acuerdo de solución amistosa[15], celebrado entre el Estado de Honduras y los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, la Comisión Interamericana manifestó su conformidad con este acuerdo en la referida audiencia pública. En dicho acuerdo el Estado reconoció su responsabilidad internacional respecto del contexto, los hechos y las violaciones que fueron descritas en el Informe de Fondo de la Comisión y se acordaron las medidas de reparación para el caso.
15. En la audiencia del caso, el Estado dio lectura del acuerdo y realizó un “reconocimiento público de responsabilidad internacional”, en los siguientes términos[16]:
16. En vista del reconocimiento de derechos efectuado por el Estado respecto de las violaciones declaradas en el Informe de Fondo, el Estado aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 9, 8 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 2, todos de la Convención Americana.
17. Adicionalmente, el acuerdo establece su alcance “específicamente [respecto del] fallecimiento de ciento siete privados de libertad en la celda 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004”. Asimismo, en cuanto a la naturaleza y modalidad del acuerdo, “de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Corte [pretende] solucionar por la vía amistosa una violación de derechos protegidos por la Convención Americana, de la cual el Estado […] está obligado a reparar el incumplimiento de la misma”. En relación con “la determinación del beneficiario”, se dispone que “[p]or acuerdo entre las partes[,] comprende a las víctimas y sus familiares descritos en el [I]nforme de [F]ondo de la Comisión Interamericana”. Por otra parte, “[t]omando en cuenta la precaria situación de las finanzas públicas, se acordó establecer un monto fijo como compensación indemnizatoria que comprende daños materiales, daños morales, gastos y costas”, el cual solicitaron “se mantenga en reserva […] por razones de seguridad”. Además, “las partes de manera conjunta […] solicitaron a la Corte la homologación del […] acuerdo al emitir su sentencia que ponga fin [al] presente litigio”. El Estado se comprometió, a través del acuerdo, a elaborar “un cronograma de ejecución y cumplimiento de los puntos acordados, que incluya tiempos, responsables y mecanismos de ejecución, el cual formará parte del [acuerdo]”[17]. Finalmente, “[l]a [S]entencia dictada por la Corte […] deberá ser socializada a los funcionarios públicos responsables de órganos del Estado del sistema penitenciario nacional para su conocimiento y ejecución”. Los elementos sustantivos del acuerdo, así como las medidas reparatorias ordenadas por el Tribunal con base en las violaciones declaradas, serán tratados en los Capítulos VII y VIII de la presente Sentencia.
59. En vista del reconocimiento de hechos y derechos efectuado por el Estado, respecto de los cuales ha cesado la controversia, Honduras es responsable por las violaciones a los siguientes derechos.
60. Respecto del deber de garantizar el derecho a la vida, el Estado reconoció que es responsable de la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, por la muerte de las 107 víctimas, como consecuencia de una cadena de omisiones de las autoridades (supra párrs. 29 a 50), entre ellas las condiciones específicas de la bartolina No. 19 y la negligencia de las autoridades para prevenir el incendio. Por otra parte, en relación con el derecho a la integridad personal, el Estado es responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en razón de que tales detenidos padecían muchas de las condiciones de detención calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como por la forma en que murieron dichos internos, lo cual constituyó una violación del derecho a la integridad personal, incompatible con el respeto a la dignidad humana. Además, el Estado violó el artículo 5.6 de la Convención, al no permitir a los internos realizar actividades productivas, por considerarlos miembros de la mara Salvatrucha. Finalmente, el Estado violó el artículo 5.4 de la Convención, en perjuicio de los 22 internos que se encontraban en prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, quienes compartían en la misma celda con internos condenados. Adicionalmente, el Estado violó el artículo 5.1 de la Convención en perjuicio del grupo de 83 familiares individualizados, en razón de los sufrimientos inherentes al maltrato a los fallecidos durante el incendio, la demora en los trámites de identificación y reclamo de los cadáveres en la morgue, así como por la inacción de las autoridades en esclarecer y establecer responsabilidades por los hechos[55].
61. En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esta norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención. Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitrarias en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento[56].
62. Respecto de los derechos a las garantías y protección judiciales, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado reconoció que los hechos del presente caso se mantienen en la impunidad y que ello viola el derecho de los familiares de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Además, toda la actividad procesal desplegada por las autoridades judiciales hondureñas se dirigió a establecer la responsabilidad penal del entonces director del Centro Penal de San Pedro Sula al momento del incendio. En este sentido, la decisión de sobreseimiento por parte de los órganos judiciales determinó que la responsabilidad de los hechos recaería en otras autoridades. Sin embargo, no se investigó con la debida diligencia a ninguna otra autoridad. Por otra parte, han transcurrido más de siete años sin haberse deslindado las responsabilidades correspondientes de un hecho que desde el principio se establecieron sus causas, razón por la cual tal plazo excede lo razonable para este tipo de investigaciones. Por lo anterior, el Estado no proveyó a los familiares de las víctimas de un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes, lo cual violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento[57].
73. En este sentido, la Corte ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer los restos de sus seres queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación, y por lo tanto hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas justas expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en el incendio era de suma importancia para sus familiares, así como permitir sepultarlos de acuerdo a sus creencias y cerrar el proceso de duelo que vivieron con los hechos[78]. En específico, los estándares internacionales exigen que la entrega de restos ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se haya conseguido una identificación positiva. Al respecto, el Protocolo de Minnesota establece que “el cuerpo debe ser identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos”[79].
87. Para tal efecto, el Estado debe establecer en el plazo de un año, contado desde la notificación de esta Sentencia, un mecanismo adecuado ante la Defensoría del Pueblo de Honduras para que dichos familiares directos puedan acreditarse como familiares de las víctimas fallecidas, de conformidad con la legislación interna. En este supuesto, tales personas deberán ser consideradas beneficiarias de las reparaciones, en los mismos términos dispuestos en el presente Fallo (infra párrs. 118, 136 y 137).
88. Para dar efectivo cumplimiento a esta medida, el Estado, en coordinación con los representantes, debe realizar convocatorias, en al menos un medio de radiodifusión, un medio de televisión y un medio de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional, mediante las cuales se indique que se están localizando a los familiares directos (padres, madres, hijos e hijas, cónyuges o compañeras permanentes) de las 89 víctimas fallecidas no identificadas por la Comisión, para que acudan a la Defensoría del Pueblo y aporten prueba fehaciente que permita al Estado identificarlos y, en su caso, considerarlos beneficiarios de las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de solución amistosa. Las tres convocatorias deberán efectuarse alternadamente y dentro del plazo de 60 días siguientes a la notificación de la presente Sentencia.
91. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados o reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las garantías de no repetición, medidas de rehabilitación y satisfacción tienen especial relevancia por los daños ocasionados[90].
92. En casos como el presente, en el que se configura un patrón recurrente de siniestros en el sistema penitenciario hondureño (supra párr. 24), las garantías de no repetición adquieren una mayor relevancia como medida de reparación, a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención[91]. En este sentido, la Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las descritas en este caso y, por ello, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos[92] de los reclusos, de conformidad con las obligaciones de respeto y garantía dispuestas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención.
93. Este Tribunal recuerda que mediante Sentencia de 1 de febrero de 2006, en el caso López Álvarez Vs. Honduras[93], la Corte ya había dispuesto a Honduras como medida de reparación que:
94. No obstante, la Corte observa que, en virtud de su procedimiento de supervisión de cumplimiento, a más de seis años de decretada dicha medida, la misma aún se encuentra pendiente de cumplimiento[94]. Además, destaca que en la actualidad se siguen presentando situaciones graves en el sistema penitenciario hondureño, tales como los recientes incendios de gran magnitud (supra párr. 24), entre otras situaciones críticas de conocimiento público, donde han perdido la vida cientos de personas. En razón de lo anterior, este Tribunal estima de primordial relevancia que el Estado implemente medidas efectivas de manera inmediata para evitar la repetición de tales hechos. Por tanto, homologa las medidas acordadas en los siguientes términos.
95. En el acuerdo de solución amistosa el Estado se comprometió a construir una penitenciaría que sustituya al actual Centro Penal de San Pedro Sula, que responda al mejoramiento en las condiciones de vida de los privados de libertad, según los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, se comprometió a la mejora de las condiciones físicas de los nueve centros penales declarados en estado de emergencia, a saber: San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira, tomando en cuenta los estándares internacionales establecidos en la materia. El cronograma de ejecución y cumplimiento del acuerdo (en adelante “cronograma de ejecución”) prevé el inicio de la construcción del nuevo Centro Penal en San Pedro Sula inmediatamente a la adjudicación del proyecto, a través de una licitación pública en el año 2013 y continuará durante el año 2014 tras la aprobación de fondos en el presupuesto general de la República para los referidos años fiscales.Por otra parte, el diagnóstico e identificación de las necesidades físicas de los nueve centros penales declarados en emergencia tendrá lugar entre abril y diciembre de 2012, siendo que para el inicio de las obras de mejoramiento se tiene previsión en los años 2014 y 2015[95].
96. Este Tribunal valora positivamente el compromiso asumido por el Estado de construir un nuevo centro penitenciario en San Pedro Sula y reformar otros ocho centros (supra párr. 95). En este sentido, el Estado debe adoptar, dentro de los plazos acordados, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de tales centros, adecuándolas a los estándares internacionales señalados en los párrafos 67 y 68 del presente Fallo, a fin de prevenir principalmente incendios y otras situaciones críticas, así como evitar la sobrepoblación y el hacinamiento, los cuales obstaculizan el normal desempeño de funciones esenciales en los centros como la salud, el descanso, la higiene, la alimentación, la seguridad, la educación, el trabajo, la recreación, rehabilitación y el régimen de visitas de los reclusos; ocasionan el deterioro generalizado de las instalaciones físicas; provocan serios problemas de convivencia, y favorecen la violencia intra-carcelaria[96].
97. Sin embargo, siendo que los compromisos dispuestos en el acuerdo se ejecutarán a mediano plazo, la Corte dispone que el Estado deberá implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo[97]. Para ello, en el plazo de seis meses el Estado deberá remitir a la Corte un informe sobre las medidas urgentes adoptadas para este efecto. Particularmente, deberá informar respecto de las siguientes medidas: i) separar de procesados y condenados; ii) realizar un diagnóstico sobre hacinamiento carcelario; iii) evaluar de situaciones críticas como incendios, iv) mecanismos y equipo para reaccionar frente a incendios.
104. Al respecto, es preciso mencionar que el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana para garantizar los derechos en ella consagrados, según en el artículo 2, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: a) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y b) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se satisface con la reforma, la derogación o la anulaciónde las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segunda obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro[108].
136. La Corte estima que, el compromiso de indemnizar a las víctimas, el cual comprende la reparación pecuniaria convenida por las partes en el acuerdo de solución amistosa por concepto de daño material e inmaterial, representa un paso positivo de Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales internacionales. No obstante, la Corte observa que, en los términos del acuerdo, se determinaron cantidades globales sin haber establecido montos específicos para cada víctima ni su forma de distribución. En razón de lo anterior, tomando en consideración la voluntad de las partes para alcanzar dicho acuerdo y el mecanismo de implementación del mismo, el Tribunal estima que los montos acordados tanto por daño material e inmaterial y costas y gastos, sean debidamente determinados por el fideicomiso de oportunidades y compensación y distribuidos a las víctimas, partes lesionadas del presente caso (supra párr. 132), así como a los familiares directos de los 89 internos fallecidos que acrediten su calidad de beneficiarios del presente caso.
137. El Estado deberá observar la obligación definida en los párrafos 86 a 90 de la presente Sentencia para identificar a los beneficiarios de la reparación y deberá informar al Tribunal dentro del plazo de un año, a partir de la notificación del presente Fallo, sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a esta obligación. Asimismo, los beneficios del fondo de oportunidades y compensación deberán ser entregados a las partes lesionadas y beneficiarios del acuerdo dentro del plazo de tres años, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, así como por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención,todo lo anterioren relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 83 familiares de los internos fallecidos identificados en el Anexo C de la Sentencia, en los términos de los párrafos 16, 20, 62 y 70 a 75 del Fallo.
2. El Estado debe, en el plazo de 60 días a partir de la notificación de la Sentencia, en coordinación con los representantes, realizar las convocatorias descritas en el párrafo 88, a fin de considerar los beneficiarios de las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de solución amistosa, en los términos dispuestos en los párrafos 85 a 90 y 118 de la presente Sentencia.
4. El Estado deberá implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo. En el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá remitir un informe sobre las medidas urgentes adoptadas para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo de solución amistosa, en los términos del párrafo 97 de la Sentencia.
12. El Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con cada uno de los puntos de la misma dentro del plazo de 13 meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia. Asimismo deberá informar, sobre las gestiones realizadas para la conformación del fideicomiso y la ejecución del pago de las indemnizaciones por daño material e inmaterial descrito en el acuerdo, en los términos del párrafo 137 de la Sentencia.
Las razones de mi discrepancia al respecto consideran, por una parte, que no obstante que las Partes presentaron el Acuerdo en audiencia del 28 de febrero de 2012 (párr. 14), la Sentencia no lo incluye como anexo y solo lo describe, omitiendo los referidos montos (párr.17), y por la otra, que, sin embargo, indica que “(l)a Corte observa que en los términos del acuerdo se determinaron cantidades globales sin haber establecido montos específicos para cada víctima ni su forma de distribución” y que “(e)n razón de lo anterior, tomando en consideración la voluntad de las partes para alcanzar dicho acuerdo y el mecanismo de implementación del mismo, el Tribunal estima que los montos acordados tanto por daño material e inmaterial y costas y gastos, sean debidamente determinados por el fideicomiso de oportunidades y compensación y distribuidos a las víctimas, partes lesionadas del presente caso (supra párr. 132), así como a los familiares directos de los 89 internos fallecidos que acrediten su calidad de beneficiarios del presente caso”, concluyendo en su punto 11 resolutivo que“el Estado (de Honduras, en adelante el Estado) debe pagar las cantidades establecidas en el acuerdo, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, en los términos de los párrafos 131 a 142 de la misma.”
Habría que añadir que el precedente que se sienta al decretarse en la Sentencia la reserva en comento en virtud de “razones de seguridad” que no se explicitan ni se dan a conocer, podría no ser beneficioso para la Administración de Justicia por parte de la Corte, en la medida que podría conceder un cierto margen de duda a la apreciación ciudadana con respecto a la discrecionalidad de sus actos, los que podrían, entonces, ser percibidos más bien como arbitrarios.
[21] Cfr. Notas de prensa: “13 muertos en un motín en la cárcel de San Pedro Sula en Honduras”, CNN en Español. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2012/03/29/incendio-en-la-carcel-principal-de-san-pedro-sula-en-honduras/ (último acceso el 30 de marzo de 2012), y “Más de 350 personas muertas en el incendio de una cárcel en Honduras”, diario El Mundo. Disponible en: http://elmundo.es/america/2012/02/15/noticias/1329298250.html (último acceso el 30 de marzo de 2012).
[60] Cfr. ONU, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977;ONU, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988; ONU, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990. Ver también: ONU, Observación General No. 21 del Comité de Derechos Humanos. 10 de abril de 1992. A/47/40/(SUPP), Sustituye la Observación General No. 9, Trato humano de las personas privadas de libertad (Art. 10): 44° período de sesiones 1992, y CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Adoptados durante el 131° Período de Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[72] Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes, Considerando 14.
[84] Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso González Medina y Familiares, supra nota 13,párr. 278.
[107] Al respecto, Marco Antonio Canteo manifestó que “el tipo penal de asociación ilícita al no establecer el alcance y las características que definen la pertenencia a una mara o pandilla hace sumamente difícil que el Ministerio Público pueda construir la base fáctica y llevar a juicio a las personas acu[sa]das por este delito. […] Esto abre una posibilidad latente que sean los operadores de justicia […] quienes completen la regulación típica por esa indeterminación mencionada, violando con ello el principio de legalidad, en vertiente de reserva absoluta de la ley, ya que solo al órgano legislativo le corresponde la facultad de regular el alcance de la ley” y que “[l]a descripción típica del artículo 332 del Código Penal hondureño, al incorporar los conceptos “se sancionara […] a los jefes o cabecillas de mara o pandilla”, contradice de forma incuestionable el principio de culpabilidad en su vertiente de responsabilidad por el hecho y abre una puerta peligrosa para la persecución por la simple sospecha, apariencia y por prejuicios”. Declaración pericial rendida por el señor Marco Antonio Canteo en audiencia pública del caso el 28 de febrero de 2012 (expediente de fondo, tomo I, folios. 621 a 645), y ver: Cfr. Declaración pericial rendida por el señor Carlos Tiffer-Sotomayor durante la audiencia pública del Caso Servellón García y otros Vs. Honduras el19 de diciembre de 2005, incorporado al acervo probatorio mediante el punto resolutivo 13 de la Resolución del Presidente de la Corte de 27 de enero de 2012, supra nota 4 (expediente de fondo, tomo II, folios 834 a 854).
[109] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 121, y Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 55.
[115] Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 137, y Caso Servellón García y otros, supra nota 63, párr. 93.
[120] Cfr. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 278, y Caso González Medina y familiares, supra nota 13, párr. 293.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 58
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 332
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 332
 Resolución