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Timestamp: 2019-11-14 07:39:26+00:00

Document:
Asunto: [AndaluciaLibre] nº 313 - Desarrollo y Estatuto - Deuda Historica
Fecha: Sabado, 3 de Febrero, 2007 13:22:23 (+0100)
*Opinión, Reflexiones sobre desarrollo económico y empleo en los Estatutos para Andalucía, Óscar García Jurado
*Selección de Palmeros del 'SI'...: UPA, Verdes, CCOO
*Instituciones de Melilla agradecen que nuevo Estatuto andaluz refuerce su estatus colonial
*Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucia Libre
*Deuda Histórica - Tribunal Constitucional tumba recurso andaluz contra impago Deuda Histórica, Javier Chaparro
*El PA afirma que el TC elimina el derecho de Andalucía a cobrar la «deuda histórica»
*La deuda histórica baja del cielo, Isabel Pedrote
*Caso Deuda Histórica, un ejemplo del sometimiento andaluz, Andalucía Libre
*Sobre Deuda Historica y Financiación Autónomica
*Sugerencias: Historia de la emigración andaluza en Cataluña, Francisco Garcia Duarte
Reflexiones sobre el desarrollo económico y el empleo
en los Estatutos de Autonomía para Andalucía
Kaosenlared, Er Llano, Rebelión
Las "tres décadas gloriosas" del capitalismo y su plasmación en el Estatuto de 1981
Tras la segunda guerra mundial, el modelo de capitalismo occidental tenía como lógica predominante el pensamiento económico keynesiano. El keynesianismo se consagraba como filosofía social de la intervención del Estado en la economía. Una intervención basada, entre otros elementos, en la regulación de los usos mercantiles del trabajo y la generación propia de empleo a través de un potente sector público que controlaba los sectores económicos denominados "estratégicos" (defensa, energía, transportes, etc.). El desempleo era considerado un problema colectivo y, como tal, el Estado era en gran medida considerado responsable de su existencia.
En esa apoca, altos niveles de empleo significaban altos niveles de crecimiento y generación de riqueza. El empleo era considerado un factor de desarrollo económico y no se encontraba al final del proceso de crecimiento, como presuponía la Teoría del Equilibrio General neoclásica, sino al principio.
Por otro lado, se asienta una norma de empleo caracterizaba por unos salarios dignos, gran estabilidad y derechos sociales asociados a la actividad laboral. El derecho laboral asume como principio la defensa de la parte más vulnerable en la relación empleador/empleado. Todas estas circunstancias hacen que, por primera vez en la historia del capitalismo, tener un trabajo era sinónimo de no ser pobre. Atrás quedaron las épocas del miserabilismo del siglo XIX, donde los obreros eran utilizados como meras mercancías en los campos y fábricas.
En conjunto, se asiste a un pacto entre el capital y el trabajo que genera grandes tasas de crecimiento (aumento beneficios y riqueza) y una aceptable redistribución de la riqueza social creada. El Estado intervencionista era un elemento funcional para la acumulación mercantil y el crecimiento económico, a la vez que aseguraba una cierta redistribución de la riqueza.
Aunque allá por 1981, el keynesianismo había caído en desgracia, los objetivos y principios económicos en los que se basaba el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía estaban muy impregnados de este pensamiento y teorías. En este sentido, los objetivos económicos básicos se podían resumir en la consecución del pleno empleo y la puesta en práctica de unas reformas económicas sectoriales (agraria e industrial) que permitiera el equilibrio territorial interno (entre los distintos ámbitos territoriales andaluces) y externo (con el resto del Estado). Desde lo público había que intervenir en el desarrollo armónico de Andalucía y en la consecución del pleno empleo como garantía de una mejor redistribución de la riqueza generada.
Las reformas económicas sectoriales se basaban, en primer lugar, en la necesidad de propiciar "el desarrollo industrial como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía". El logro de este objetivo ha quedado muy lejos. Si la participación de la producción industrial andaluza en la española era el 10% a finales de la década de los setenta del siglo XX, a principios del siglo XXI la industria localizada en Andalucía supone entre un 8 y un 9% de la española.
Por otro lado, "la Reforma Agraria" debería haber sido un instrumento de crecimiento y pleno empleo, así como de corrección de los desequilibrios territoriales. Sin embargo, la Reforma Agraria realizada ha provocado que la transformación de la agricultura andaluza haya dado lugar al incremento de la desigual distribución de la riqueza -tanto personal como territorial- generada por la actividad agraria. La secular fuerte concentración de la producción agraria en un número restringido de propietarios se ha acrecentado en las últimas décadas. Se pueden dar varias cifras que demuestran la anterior afirmación, entre las cuales resaltamos la siguiente: mientras en 1982 el número de explotaciones de más de 1.000 hectáreas era de 852, en 1999 el número había ascendido a 952; y esas explotaciones absorben el 32% de la superficie agraria andaluza, superando el casi 30% que suponían en 1982. Por otro lado, la política agraria comunitaria ha sido un instrumento muy útil para acrecentar la concentración de la riqueza. En este sentido, seis familias andaluzas o con propiedades en Andalucía reciben en 2005 una cantidad cercana a los 12 millones de euros. En el otro extremo de la escala se encuentran las más de 10 mil pequeñas explotaciones que perciben la misma cantidad que la otorgada a los anteriores terratenientes. La situación de desequilibrio en el reparto de las ayudas queda también reflejada por la siguiente cifra: menos de 3.000 de los 318.000 agricultores que tuvieron derecho a ayudas agrícolas de la UE en 2005 se llevaron una quinta parte de todo el presupuesto.
El Estatuto de Autonomía de Carmona se planteaba también el logro de "la superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad". Sin embargo, la agricultura andaluza ha sido uno de los principales mecanismos generadores de desequilibrios territoriales. En poco más del 3% de la superficie agraria útil se localiza casi la mitad de la producción final agraria. Y todo ello bajo un modelo de "fabricación" de productos hortofrutícolas hiperintensivos en el uso de energía, capital y trabajo, organizado en función de intereses que, desde lo global, gobiernan la dinámica de los sistemas productivos locales. Además de la agricultura, sectores como el turismo o la construcción han ayudado a la profundización de las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía. Los resultados del Censo de 2001 muestran como, por un lado, avanza la concentración de la población en algo menos de la quinta parte del territorio andaluz, básicamente la franja litoral y las capitales de provincia, donde se localiza ya más de la tercera parte de los habitantes de Andalucía. Mientras, por otro lado, más de la mitad del territorio andaluz continúa perdiendo población en los últimos veinte años. Los 418 municipios que, a pesar de su ya dilatada trayectoria como áreas de expulsión de población, continúan despoblándose, pasan de albergar un 27,2% de la población andaluza en 1981 al 20,5% en 2001. Todos estos fríos números representan el declive del medio rural, la imposibilidad de gran número de andaluzas y andaluces de vivir donde quieren, de vivir en su patria (en el lugar de sus padres).
El Estatuto de 1981 también enfatizaba en la necesidad de una mayor igualdad en las relaciones entre Andalucía y el resto de los pueblos del Estado, reivindicando "la constante promoción de una política de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad". En este sentido, la adversa situación de la economía andaluza se venía asociando a dos cuestiones.
Una primera, su capacidad para generar rentas era muy escasa, como ponía de relieve la persistencia de una débil participación en la economía española -en torno a un 13% del valor de la producción con un 18% de la población-. Las cifras a principios del siglo XXI son las mismas. También aquí seguimos donde estábamos.
La segunda cuestión se asociaba a las razones de esta escasa capacidad de la economía andaluza para generar valores monetarios. Estos motivos había que relacionarlos la división territorial del trabajo consolidada dentro del Estado español. Así, en este "campo de juego", a Andalucía le correspondía un papel de rango inferior, subordinado y dependiente. Veinticinco años después, todos los datos coinciden de manera contundente en subrayar que Andalucía ha profundizado su dedicación a las tareas de menor rango. Se acentúa su perfil de economía extractiva, con una especialización que se estrecha en torno a la agricultura: abastecedores de hortofrutícolas a los mercados europeos.
Pero el principal objetivo económico del Estatuto de Carmona era la consecución del pleno empleo. Aparece como "la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajos para las jóvenes generaciones de andaluces". Sin embargo, Andalucía ha aparecido en todas las ocasiones entre las regiones españolas y europeas con tasas de paro más altas. Además, la disminución de los registros de paro de los últimos años se debe al cambio de "norma de empleo" existente. Hace veinte años, a nadie se le hubiera ocurrido llamar empleo a la actividad de reponer durante dos horas diarias las estanterías de un superpermercado. Hoy sí, y la persona que lo desempeña deja de ser un parado. De este modo, la nueva norma de empleo precaria mejora las tasas de desempleo y, mediante estos cambios, el pleno empleo se convierte en un objetivo alcanzable. No obstante, ese tipo de pleno empleo precario no significará que el ciudadano deje de ser pobre, pueda acceder a una vivienda o tenga que abandonar su pueblo. Nada importante para aquellos que se dedican cada cierto tiempo a comentar las cifras estadísticas elaboradas por ellos mismos, o sus técnicos a sueldo.
El aumento de la precariedad laboral provoca que la disminución de las tasas de paro no sirvan para erradicar dos problemas invisibilizados en nuestra sociedad: la emigración andaluza en el exterior y la gran cantidad de andaluces que se encuentran en estado de pobreza. Hoy día, según los datos del Padrón de 2004 y del Censo de residentes en el extranjero, Andalucía tiene ocho millones y medio de habitantes, de los que aproximadamente un 20% del total viven fuera de Andalucía. A esos datos hay que añadir la emigración temporal: jornaleros y trabajadores del sector turístico, especialmente. Por tanto, no sólo es un problema la inmigración -en caso de que lo sea-, sino que la emigración forzosa, la inexistencia del derecho a vivir donde se desee es una realidad acuciante para muchos andaluces.
Por otro lado, en la Unión Europea son considerados pobres todas aquellas familias y personas que se sitúan económicamente por debajo del umbral del 50% de la renta media disponible neta (RDN) en el conjunto de un Estado. En España esta situación afecta a más de 8.000.000 de personas, el 22% de la población. Según un informe Instituto de Estudios Sociales de Andalucía sobre la pobreza y exclusión social, en Andalucía hay un 26,3% de hogares con rentas inferiores al 50% de la renta media (menos de 480,16 euros/mes) y un 2,6% con rentas inferiores al 25% (menos de 240,22 euros/mes).
El capitalismo a principios del siglo XX: "pasa la gloria y llega la soberbia"
Con la crisis de los setenta, el keynesianismo pasa a formar parte del desván de pensamientos arcaicos. Poco a poco, proponer alguna medida en ese sentido pasa a resultar casi subversiva, propia de pensadores o políticos anquilosados, o, peor aún, rojos retrógrados que quieren imponer un régimen opuesto a la "modernización" y el "progreso".
La caída de los beneficios empresariales provoca que los empleadores y propietarios rompan el pacto existente tras la segunda guerra mundial. Los consensos pasan a realizarse desde la soberbia de unos y el servilismo y la inferioridad de otros. La fuerza de negociación se desequilibra de tal modo que el avance de la precariedad social y laboral no provoca apenas luchas sino todo lo contrario. Poco a poco, las alianzas trabajador-empresario son más frecuentes que las alianzas entre los propios trabajadores. Las clases populares entienden más razonable apoyarse en los empresarios que en sus propios compañeros, cada vez más desiguales como consecuencia de los procesos de descentralización y segmentación laboral.
El pensamiento económico que sustenta estos nuevos cambios se basan en la idea esencial de que para crear empleo debe haber inversión privada y crecimiento económico. Por tanto, para crear empleo es necesario mejorar las condiciones de negocio de los empresarios. El pleno empleo ya no es condición de crecimiento económico sino que, por contra, depende de éste último; se le da la vuelta al razonamiento keynesiano. En definitiva, la creación de empleo se hace dependiente de la salud de los negocios privados o rentabilidad empresarial por lo que se acaba por asumir aquello que "más vale un empleo malo que ninguno".
El Estado deja paso al mercado y son las empresas las encargadas de proporcionar empleo. Se producen los procesos de liberalización, privatización y desregulación o neo-regulación, sobre todo del mercado de trabajo. Esto último provoca el surgimiento de la norma de empleo precaria. Del derecho público al trabajo se pasa a la empleabilidad; de la responsabilidad pública o colectiva del problema social del paro, se pasa a la responsabilidad individual de la persona que no tiene suficiente nivel de formación o motivación.
La palabra mágica es la competitividad. En este marco, el pleno empleo -de calidad- no es funcional para la competitividad, para el crecimiento económico, pues refuerza la capacidad de negociación del trabajo, lo cual significa subidas de los salarios y los precios. Por lo tanto, todos deben aportar su granito de arena en el "objetivo común" de ser competitivos y asumir menores salarios, mayor inestabilidad, más intensificación en las tareas realizadas y menores derechos sociales. En definitiva, todos deben entender que un empleo precario es mejor que las altas tasas de desempleo. El modelo social europeo es historia. Los europeos se vuelven andaluces; los obreros industriales se parecen cada vez más a los jornaleros agrícolas. Las ETT's realizan las funciones de los capataces de los cortijos; sus oficinas son las plazas de los pueblos del siglo XXI donde se va a mendigar trabajo.
Los resultados son bien visibles. En la actualidad, el empresario (también denominado emprendedor o autoempleado) es el héroe social. Además, toda actuación realizada para mejorar las condiciones de negocio de estos héroes son indiscutibles. Cualquier concejal de desarrollo, sea del partido político que sea, no duda en ayudar a las personas que "quieran invertir en el pueblo". Para ello, no se duda en realizar acciones u omisiones como, por ejemplo, realizar recalificaciones urbanísticas o mirar para otro lado cuando se dan condiciones ilegales de empleo o ilegalidades en la aplicación de la regulación medioambiental. Cualquier alcalde o concejal debe ser "responsable" y saber que si los empresarios tienen que cumplir la ley, éstos se pueden ver obligados a dejar a muchas "criaturas" en paro. La competitividad no permite en muchas ocasiones ser legales. Y además, "todos sabemos que la ley es demasiado estricta".
En esta dinámica aparece la filosofía del “liberalismo social” y su “tercera vía”. Toni Blair lo deja claro: "trabajo para el que puede, seguridad para el que no puede". Bueno, lo dice en inglés, que para los "responsables" económicos y sociales españoles queda como más serio o científico. Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Magdalena Álvarez o Juan Antonio Griñán, por decir algunos responsables de la política económica que se ha desarrollado en el Estado o en la Comunidad autónoma andaluza en los últimos años, se guían a grandes rasgos por esta nueva doctrina.
Para el liberalismo social, las políticas laborales se fundamentan grandes rasgos en el concepto de empleabilidad. Se tratan de políticas laborales de corte competitivo personal guiadas por el nuevo compromiso de “preparar” a las personas en su máxima adaptabilidad a las exigencias del mercado de trabajo o “empleabilidad”. Se exigen unas acciones estatales de gran rectitud financiera, escasos subsidios sociales, obligatoriedad de la búsqueda de empleo, incentivación del autoempleo o cualquier otra forma de “desafiliación” de la relación laboral estable.
Por otro lado, la políticas sociales tienen como eje central el asistencialismo ("seguridad para el que no puede"). La políticas redistributivas dejan de tener protagonismo y se asiste a políticas sociales mínimas, localizadas y destinadas a grupos marginales. Los salarios sociales, ayudas no contributivas, las rentas mínimas de inserción o la ley de la Dependencia son ejemplos de unos instrumentos que tienen como principales objetivos el aumento de la oferta de mano de obra y la contención de los segmentos de población más marginada e imposibilitada para ser utilizada como tal.
Por último, decir que las políticas de desarrollo se basan en el nuevo enfoque del desarrollo económico local. La base es subvencionar al nuevo héroe social: el emprendedor. Se ayuda al ciudadano que es empresario, mientras que el que no lo es pasa a ser considerado, con cada vez mayor frecuencia, "un sujeto pasivo que no quiere trabajar y no tiene ni aspiraciones ni ideales". El Estado de Bienestar se reconvierte en un estado promotor o empresarializador cuya misión es propiciar las condiciones para que los emprendedores puedan obtener beneficios y, por ende, crear empleo y riqueza (individual y privada).
El liberalismo social, por tanto, no es más que agudizar los cambios que se iniciaron en todos los países occidentales a principios de los ochenta. Todo ello endulzado por los "buenos talantes" y "posturas progres" que basan la idea de ser de izquierda en todo aquello que no afecte a las cuestiones económicas. Las políticas económicas, las cuestiones de clase o los factores económicos de la desigualdad social son ensombrecidas y ocultadas con supuestas leyes que amplían derechos cívicos pero que, en ningún momento, contribuyen a mejorar la distribución de la riqueza generada por todos.
El liberalismo social y su plasmación en el nuevo Estatuto
En este sentido, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía es una norma que subordina al crecimiento económico o aumento de los beneficios el mantenimiento y enriquecimiento de la vida de los andaluces. Por tanto, es una norma imbuida de todos los elementos analizados previamente.
Respecto a la "Hacienda de la Comunidad Autónoma" en el nuevo Estatuto, hay que comenzar diciendo que la administración andaluza no se dota de una suficiencia financiera que le permita una intervención en la economía alejada de los principios del liberalismo social. No se busca y, por tanto, no se va a lograr el control de la gestión de los recursos de los andaluces por los andaluces.
A grandes rasgos, la financiación va a depender de los Presupuestos Generales del Estado español que, anualidad a anualidad, serán los que concreten lo propuesto en el Estatuto y validado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En ultima instancia, todo seguirá dependiendo –como hasta ahora- de qué configuración y necesidades políticas tenga la mayoría parlamentaria del momento en el Parlamento estatal.
Por último, respecto a temas de hacienda, hay que decir que la Deuda Histórica tal como se entendió en el Estatuto de Carmona pasa a la historia. En aquel tiempo, la deuda histórica hacía referencia a las asignaciones complementarias que tenía que recibir del Estado central Andalucía mientras sus niveles de renta, infraestructuras y desarrollo no fueran los mismos que los del resto de territorios y naciones del Estado. Sin embargo, lo pactado es un pago único no cuantificado y, además, definitivo.
Respecto a la intervención sectorial de la Administración Pública en el nuevo Estatuto, reflejar que desaparece el objetivo de una Andalucía industrialmente desarrollada. Por otro lado, respecto a la reforma agraria, el art. 10, en su apartado 13, aclara que la "reforma agraria" deseable para Andalucía se inserta en el marco de la política agraria comunitaria. Así pues, no queda más que esperar una mayor concentración de la propiedad de la tierra, el agua, la semilla, así como de la comercialización de los productos agrarios. Más de lo mismo, concentración de la riqueza en pocas manos con problemas para la subsistencia del medio rural andaluz.
En relación al sector público, sin fuerza fiscal y con las competencias que asume, no le queda más que realizar labores de fomento, en el sentido que se entiende en el Art. 45, que no es más que la forma de actuación subsidiaria de la empresa privada y bajo el predominio absoluto del libre mercado. Respecto a transportes y comunicaciones, energía y minas, sistema financiero o urbanismo y vivienda, la característica es la no autonomía o dependencia de las políticas de Madrid. Por tanto, hablar de Estatuto de Autonomía en estos ámbitos es lo mismo que llamar flexibilidad a la precariedad. El derecho a la vivienda, Art. 25, se convierte en el derecho a entrar en lista para que te toque una Vivienda de Protección Oficial. El suelo es una mercancía, no un derecho. Por tanto, el suelo seguirá siendo considerado factor productivo propicio para generar beneficios, crecimiento y, por tanto, empleo. Y, en este sentido, las estrategias razonables de los albañiles continuarán dirigidas a proteger los intereses de los constructores y a impulsar todo tipo de explotaciones de canteras. El medio ambiente se supedita a la necesidad de una renta, ésta a un empleo, y éste a la existencia de condiciones de inversión y beneficio empresarial.
Por tanto, el empleo y los derechos sociales están supeditados al principio "fuerte" del Estatuto, establecido en su Art. 157.1: "la libertad de empresa y la economía social de mercado". Se afirma la supremacía sobre el propio Estatuto, no sólo de la Constitución española, sino también de los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el Estado español (Art. 9 y Art. 13) lo que, como mínimo, incluyen el Acta Única y los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza con los que se ha ido afianzando la Europa neoliberal y en relación a los cuales Andalucía se compromete a aplicar y ejecutar sus desarrollos (Art. 218).
Por otro lado, en el mismo artículo 157.2 se hace referencia "al pleno empleo y la calidad en el trabajo". En este punto hay que ser serios y rotundos: ¿ante qué tribunal de Justicia podremos dirigirnos en caso de no tener un empleo de calidad?, ¿ante el mismo que se dirigen los empresarios cuándo ven peligrar su propiedad privada y derechos a la libertad de empresa?. Sería conveniente que la Guardia Civil y los Antidisturbios nos ayudaran y protegieran nuestros derechos, tal y como hacen cuando en una huelga los patronos exigen poder ejercer su derecho a la "libertad de empresa".
En un contexto en el que el empleo depende de los beneficios empresariales, el derecho al trabajo, Art. 26, no es más que el derecho a apuntarte al Servicio Andaluz de Empleo. Y la referencia a la calidad del empleo no es más que "literatura" útil para la propaganda oficial. Cuestiones, además, exigidas e introducidas precisamente por sectores sociales que, mediante su participación en las reformas laborales de las últimas décadas, han contribuido de forma activa a la precarización del empleo. Es contradictorio hacer referencia a la calidad del empleo en un marco en el que el trabajador es considerado un simple factor productivo o input empresarial y que, como cualquier otra materia prima, cuanto más barato y flexible sea más contribuirá a la competitividad y crecimiento de la economía.
La misma filosofía siguen las políticas de empleo (art. 169). Múltiples referencias indican la introducción en la norma básica de Andalucía de las nuevas ideas de empleabilidad y desarrollo local. La promoción de la "capacidad emprendedora", "las iniciativas empresariales", "los emprendedores autónomos" forman parte de las denominadas políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el fomento del autoempleo. Desde el poder se piensa que la gente respecto al empleo no está formada, no está orientada, o es demasiado pasiva. El parado es el culpable de su situación y desde la Administración pública se debe orientar ("Andalucía Orienta"), formar, estimular los emprendimientos y, de este modo, promover el abandono de actitudes propias de "parásitos sociales apegados a los subsidios". En realidad, con estos principios no se establece otra cuestión que la inserción obligatoria en el mercado de trabajo basura como condición para poder aspirar a una ciudadanía y protección social basura.
La expresión "Renta Básica" es utilizada en cierta medida para maquillar esta realidad . Y lo decimos así porque, en realidad, en el texto no se habla de la Renta Básica en sentido estricto, sino que se hace referencia a los actuales salarios sociales o rentas mínimas de inserción. No se reconoce el derecho a una Renta Básica universal, a una prestación por la que todas las personas que vivan en Andalucía, por el simple hecho de hacerlo, tengan asegurada una ayuda económica suficiente para vivir dignamente. Sin capacidad fiscal y apenas autonomía de gasto, hablar de la instauración de una Renta Básica de ciudadanía es una tomadura de pelo que los andaluces no nos merecemos. Y esto se hace a sabiendas pues es clara la diferencia entre la Renta Básica que propuso Izquierda Unida en el Parlamento español y lo especificado en el artículo 23.2 del Estatuto. Así, en el texto de la Proposición de Ley sobre Renta Básica del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (15 abril 2005) se decía lo siguiente: "La presente Ley de creación de la Renta Básica tiene por objeto el establecimiento de una prestación económica, una Renta Básica de Ciudadanía, universal e incondicionada, que se hará efectiva a cada ciudadano de pleno derecho que pueda acreditar su residencia en el territorio del Estado, incluso en el caso que no quiera trabajar remuneradamente e independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda poseer, y sin importar con quien conviva". En el nuevo Estatuto andaluz, por contra, se dice lo siguiente: "Todos tienen derecho a un RB que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto a la ley". Queda claro cuando se dice "en caso de necesidad", que no se trata de una Renta Básica fuerte o en sentido estricto, precisamente tal y como proponía IU en las Cortes generales. La Renta Básica no presupone necesidad alguna sino que por el mero hecho de ser ciudadano, tienes derecho a ella.
Los derechos sociales, entendidos como prestaciones a las que se obliga la Junta de Andalucía no aparecen por ningún lado. No se va a poder exigir ante los tribunales ni ante ninguna institución el derecho a una renta básica, ni a una vivienda digna adecuada, ni a un trabajo, ni a un río limpio o una sierra sin canteras, etc. La gran mayoría de los derechos contemplados son meras normas programáticas y propagandísticas sin efectividad. Los antidisturbios seguirán protegiendo la propiedad privada, pero no el derecho a vivir dignamente de todas las personas que vivimos en Andalucía.
Este Estatuto, en lo económico, no tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de la gente, sino que atiende otro tipo de finalidades, la principal es ofrecer un contexto legal adecuado para la acumulación de beneficios empresariales. En todo lo referente a desarrollo económico y empleo está fuertemente impregnado del actual liberalismo social predominante. El parado o precarios se convierte en el culpable de su situación por no estar lo suficientemente preparado, por no insertarse, orientarse o adaptarse de forma adecuada al mercado de trabajo. Y el pueblo, ciudad o territorio que no se desarrolla es porque no es lo suficientemente competitivo, porque no explota adecuadamente sus oportunidades, sus recursos endógenos. En definitiva, personas y territorios son los culpables de su situación económica.
Algunos dirán que sin empresas ("libertad de empresa") no se puede mantener y enriquecer la vida de los andaluces. Otros ni siquiera piensan en la satisfacción de las necesidades de la gente, sino las infinitas necesidades de ellos mismos. Y otros, dentro de los que se encuentran la gran mayoría de andaluces, oirán los medios de comunicación (con sus "neutrales" y "pedagógicas" campañas, programas y noticias), su líder político favorito y/o su amigo o familiar que "entiende" de política y, función de todo esto, se decantará (normalmente por el sí, claro).
Con este modo de tomar decisiones, la democracia avanza en Andalucía. Con emprendedores, nuestra tierra podrá alcanzar la modernización y el progreso será nuestro sino. Un progreso empobrecedor, promotor de emprendedores emigrantes que montan su negocio en Palma de Mallorca; una democracia donde el poder no está en el pueblo; y una modernización que significa desigualdad e injusticia, pobreza y emigración para demasiadas personas que han nacido en esta tierra.
En el fondo, estamos ante un modelo de desarrollo que culpabiliza a la víctima, sea individuo (empleabilidad) o territorio (desarrollo local). Como dice el maestro Galeano: “Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de injusticia (...) Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece.”
Los argumentos de algunos palmeros del 'Sí'...
UPA Andalucía pide el "sí" para el referendum del estatuto andaluz
Desde la organización agraria se defiende el "sí" al considerar que así Andalucía tendrá más competencias en materias como agricultura, ganadería, agua, desarrollo rural, inmigración, medio ambiente o fomento de la economía social, entre otros.
Sevilla. 23/01/2007, Luis Gómez de las Cortinas - Agroprofesional
El Secretario de la Unión de Pequeños Agricultores, Agustín Rodríguez, que ha calificado el texto como progresista, ya que recoge nuevas competencias para Andalucía, algunas históricamente reivindicadas desde su organización agraria, como la posibilidad de modular los fondos europeos desde Andalucía, es decir, un reparto más justo y equitativo de las ayudas a la agricultura para primar el interés general. Algo vital, la modulación de los fondos europeos desde Andalucía, ya que el nuevo marco financiero de apoyo comunitario sufrirá recortes en el sector.
Rodríguez, destaca entre este estatuto y el anterior el fondo que tienen, señala que mientras "hace 25 años se hablaba de la necesidad de afrontar la Reforma Agraria, algo que ha quedado para la Historia, el nuevo Estatuto se refiere a asuntos absolutamente actuales, como la potenciación de la investigación y el desarrollo, la biotecnología, el impulso de la agricultura ecológica o el fomento del sector agroalimentario para que éste siga siendo motor de desarrollo del medio rural".
El secretario de UPA también destaca las competencias en materia de agua, donde Andalucía tendrá una participación en la gestión de los recursos hidrícos del Guadalquivir. Además, también ha señalado que el control regulador de contratación de extranjeros para trabajar en campañas es un paso adelante para realizar de forma más agil el proceso.
Los Verdes pedirá un sí "rotundo y entusiasta" al Estatuto
Garrido pide "máxima participación" frente a la "pretensión de la derecha de deslegitimar" el Estatuto tras tener que "tragar con él"
Los Verdes, socio del PSOE a nivel estatal autonómico, presentó hoy en Sevilla su campaña para el referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía del próximo 18 de febrero, en la que pedirá un sí "rotundo y entusiasta" al texto con el lema 'Di sí a la Andalucía verde', inspirado en el verso 'Verde que te quiero verde' del Romancero Gitano de Federico García Lorca. La campaña de Los Verdes, que incorporará publicidad estática, edición de carteles y pegatinas y difusión de trípticos y mailing con los contenidos básicos del futuro texto, incluirá la celebración de actos públicos en todas las capitales de provincia y reuniones con asociaciones y colectivos ciudadanos que puedan actuar como "líderes de opinión".
Según informó a Europa Press el portavoz de Los Verdes de Andalucía y diputado adscrito al Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Garrido, la campaña se centra en poner en valor los contenidos del futuro Estatuto porque se mostró convencido de que "el texto se defiende muy bien si se conoce, el único problema que puede tener es que no sea suficientemente conocido". En este sentido, Garrido reclamó un sí "rotundo y entusiasta" al que definió como "el mejor Estatuto desde el punto medioambiental de todos los aprobados en España", ya que puso de manifiesto que el Estatut catalán ya vigente "se acerca algo, pero queda aún muy lejos de las conquistas alcanzadas en Andalucía". En su opinión, el objetivo en el 18-F debe ser "alcanzar el máximo número de votos posibles luchando contra la idea de que el referéndum está ganado", ya que advirtió de que "la derecha ha tenido que tragar con el Estatuto y pedir el sí, pero ahora quiere los menos votos posibles para deslegitimar a la Junta y las exigencias incluidas en el texto".
Así, el líder andaluz de Los Verdes resaltó que el Estatuto actual sólo cuenta con "artículo y medio" dedicados al medio ambiente, mientras que ahora incorpora un título específico y hasta 21 artículos están afectados por principios ambientales, que aparecen convertidos en "un derecho y un deber exigible ante los tribunales y la administración". Otros valores ambientales que Los Verdes resalta del futuro Estatuto andaluz son la inclusión del desarrollo sostenible como primer criterio rector de la política económica, la "consagración estatutaria" de la fiscalidad ecológica o la apuesta por el fomento de la agricultura ecológica y las energías renovables. Por último, Francisco Garrido también puso en valor el hecho de que el futuro Estatuto andaluz "exige la aprobación de una nueva Ley de Derechos de los Animales", al tiempo que establece como principio rector el "uso sostenible y eficiente de los recursos hídricos".
Más de 200 dirigentes de CCOO participan en la Jornada Sindical sobre el nuevo Estatuto
CCOO pide el “sí” porque el Estatuto supone “más derechos y progreso”
El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, han hecho un llamamiento a la participación de todos los andaluces y andaluzas en el referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía del próximo 18 de febrero. Ambos han pedido el voto afirmativo porque consideran el Estatuto como “progresista” y de “marcado carácter social”, resaltando la importancia del reconocimiento de los principios de cohesión, solidaridad e igualdad entre los ciudadanos y los territorios.
15/01/07 CCOO-A
Por Andalucía, otra vez sí. La central sindical ha puesto en marcha distintas acciones que dan respuesta a su compromiso de difusión e información de los trabajadores y trabajadoras andaluces sobre los contenidos del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía con el objetivo de fomentar su participación en el referéndum del próximo 18 de febrero. CCOO de Andalucía apuesta por el “sí” en el referéndum al mostrarse convencida de que es un Estatuto “progresista”, con el que los trabajadores y trabajadoras andaluces consiguen “más derechos”.
El primer acto organizado por CCOO de Andalucía fue la Jornada ‘Una visión sindical del Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía’, que se celebró en Sevilla con la asistencia de más de 200 delegados y delegadas sindicales de esta organización. Tras esta Jornada, CCOO iniciará una campaña de difusión en todas las provincias andaluzas del nuevo Estatuto entre los propios sindicalistas y trabajadores para movilizarlos ante el referéndum de ratificación del texto del próximo 18 de febrero. El sindicato ha participado de manera activa en todo el proceso de reforma estatutaria, exponiendo en sede parlamentaria sus opiniones y propuestas para el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Igualmente, al inicio del proceso de reforma CCOO, junto con UGT y la Patronal CEA, plasmaron en una declaración conjunta sus propuestas en materia sociolaboral.
En la inauguración de esta Jornada Sindical, Francisco Carbonero ha renovado el compromiso de CCOO “con el avance en la autonomía y el autogobierno en Andalucía” a través del llamamiento que ha realizado a todos los trabajadores y trabajadoras andaluces para que participen en el referéndum del próximo 18 de febrero y ratifiquen el nuevo Estatuto. El líder sindical se ha mostrado convencido de que esta participación supone “defender nuestros propios intereses, apostando por una Andalucía mejor, más justa y con mejores condiciones de vida para los andaluces de hoy y del futuro”.
Carbonero también ha afirmado que el nuevo Estatuto va a ser un instrumento “muy positivo” para el conjunto de la sociedad andaluza y, en especial, para los trabajadores. Ha resaltado su valor como motor de “desarrollo equilibrado”, que “supere los desequilibrios y desigualdades que aún existen, y reparta la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos andaluces, sin posibilidad ni margen para la exclusión, independientemente de cual sea su género, raza, religión, ideología, condición social o lugar de residencia”.
En opinión del dirigente sindical, el actual Estatuto ha sido “útil y beneficioso” para la sociedad andaluza en estos veintiséis años de vigencia y, en especial, para los trabajadores, pero la realidad de Andalucía es hoy “muy distinta” y existen “nuevos retos que afrontar”. Por eso, según Carbonero, CCOO coincidió desde el primer momento con la necesidad e idoneidad de un nuevo Estatuto de Autonomía que diera respuesta a esa nueva realidad andaluza y “mejorar los instrumentos de autogobierno”. Así, ha repasado la participación activa de CCOO en todo el proceso de reforma estatutaria a través de sus comparecencias parlamentarias, de propuestas conjuntas con el resto de agentes económicos y sociales andaluces y colaborando en iniciativas de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. “En definitiva, hemos colaborado activamente en la defensa del interés general”.
Por eso, el líder sindical ha indicado que CCOO se siente “partícipe” del nuevo Estatuto y que reconoce muchas de sus propuestas en el texto definitivo. Texto que califica de “marcado carácter progresista” y que “garantiza un marco de igualdad en relación al resto del Estado y sus Comunidades Autónomas”. Asimismo el nuevo Estatuto “mejora el techo competencial” y la “capacidad de autogobierno”, contribuyendo al desarrollo económico y social de Andalucía “siempre bajo los principios de igualdad, cohesión y solidaridad”. A este respecto, Carbonero ha resaltado como elementos “irrenunciables” para el sindicato “la unidad de mercado y un marco único de relaciones laborales, así como los principios básicos de las políticas y sistemas de protección social, en especial la Seguridad Social”.
Igualmente ha valorado la incorporación de nuevos derechos sociales para los andaluces, y en especial en materia de empleo y de políticas sociales, asegurando que éstos superan “los conocidos en cualquier otra reforma estatutaria”. Así ha enumerado como aspectos sociales relevantes la cohesión, la igualdad de género, la integración social y laboral de las personas con discapacidad, la inmigración, la atención a las personas dependientes, los derechos de los menores, etc... Carbonero ha hecho hincapié en el Capítulo del nuevo Estatuto dedicado al empleo y a establecer la calidad del mismo como objetivo de la comunidad, situando la precariedad y siniestralidad laborales como elementos a erradicar en las políticas futuras. Del mismo modo, ha señalado la importancia del reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales en Andalucía así como de la Concertación Social. Finalmente Carbonero ha mostrado su acuerdo con el modelo de financiación recogido porque garantiza la autonomía financiera de Andalucía y su igualdad con respecto al conjunto del Estado bajo los principios de igualdad, cohesión y solidaridad.
Instituciones de Melilla agradecen que nuevo Estatuto andaluz refuerce su estatus colonial
Melilla aprobará Declaración institucional 'agradeciendo a Andalucía la inclusión en su Estatuto de la necesidad de tender relaciones preferenciales
La declaración institucional se elaborará tras la aprobación en la Comisión de Presidencia de la moción que el PSOE presentó en este sentido.
La Asamblea de Melilla -Ayuntamiento- elaborará y aprobará en su próxima sesión plenaria una declaración institucional agradeciendo al Parlamento andaluz la inclusión en el nuevo articulado de su Estatuto de Autonomía de la necesidad de tender unas relaciones especiales con la Ciudad Autónoma de Melilla. La declaración institucional se realizará después de que la Comisión de Presidencia haya dado el visto bueno hoy miércoles a la moción presentada por el PSOE solicitando este gesto de agradecimiento. Tal y como explicó ayer martes el consejero de Presidencia, la especificidad de dichas relaciones quedaba ya reflejada en una disposición adicional del anterior Estatuto, con lo que su inclusión en el nuevo articulado supone un paso adelante por parte del Parlamento andaluz digno de ser agradecido
Debate: las caracteristicas del Estatuto y el posicionamiento de la izquierda
Tribunal Constitucional tumba recurso andaluz contra impago de la deuda histórica
Javier Chaparro. Diario de Sevilla
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado desestimar el recurso que el Parlamento de Andalucía presentó en marzo de 1998 contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año por no haber quedado recogida en ellos partida alguna para el abono de las cantidades adicionales recogidas en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de 1981, la llamada deuda histórica. La sentencia, que será oficial tras su publicación en los próximos días en el BOE, considera que “corresponde en exclusiva” al Estado fijar las asignaciones presupuestarias destinadas a las comunidades autónomas y que, por tanto, está fuera de lugar la demanda de la Cámara andaluza.
El fallo del Alto Tribunal, desvelado ayer por el Partido Andalucista y del que ha sido ponente un magistrado andaluz, Guillermo Jiménez Sánchez, subraya que “la legitimidad constitucional” de la citada disposición adicional “está fuera de duda”, pero de esta afirmación “no cabe concluir la consecuencia de que el Estado deba, necesariamente y en todo caso, dotar una concreta partida presupuestaria si no se ha alcanzado al efecto acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma en el seno de la Comisión Mixta a que hace referencia la Disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía”.
La sentencia, aun representando un varapalo a las aspiraciones del Parlamento andaluz, concede a éste una victoria moral en la medida en que recuerda que las administraciones central y autonómica –especialmente, la primera de ellas– deben concentrar sus esfuerzos en lograr un acuerdo en el seno del órgano habilitado a tal fin, la Comisión Mixta de Transferencias, cuya convocatoria corresponde al Ejecutivo español. El recurso fue presentado en un periodo de máxima confrontación entre los gobiernos central, en manos del PP, y andaluz, del PSOE, y de ahí que el TC haga un llamamiento a la “lealtad constitucional”. “Corresponde al Estado”, indica la sentencia a este respecto, “adoptar la decisión de establecer dicha dotación, si bien su actuación debe resultar presidida por el principio de lealtad constitucional que, como hemos afirmado en un caso que presenta alguna similitud con el ahora sometido a nuestro enjuiciamiento, ‘obliga a todos’, y que impone que el Gobierno deba ‘extremar el celo por llegar a acuerdos en la Comisión Mixta’”, tal y como quedó fijado por el Alto Tribunal, según recuerda éste, en una sentencia de 1990.
El fallo ahora conocido fue acordado por nueve de los magistrados del pleno y sólo contó con un voto en contra que no pudo ser concretado por las fuentes informantes. Según éstas, una de las magistradas del Tribunal Constitucional, Elisa Pérez Vera, se inhibió en la causa por haber sido anteriormente a su llegada al TC presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía.
La reclamación de la deuda histórica pasó desapercibida las primeras legislaturas autonómicas y no cobró fuerza hasta 1994, cuando el PSOE perdió la mayoría en el Parlamento andaluz. Fue entonces cuando PP, IU y PA lograron poner contra las cuerdas al Gobierno de Manuel Chaves, quien en 1995, en el tramo final de su mandato, logró del Gobierno de Felipe González un compromiso de pago por 20.000 millones de pesetas que, sin embargo, acabó pagando en 1996 su sucesor, el Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos ejecutivos –entre PSOE y PP– a lo largo de ocho años dejó en punto muerto el pago de la deuda histórica y a la espera de que se pronunciase el Tribunal Constitucional en los sucesivos recursos presentados desde 1998 por el Parlamento andaluz. Nueve años después se abre un nuevo camino.
El PA afirma que el TC elimina el derecho de Andalucía a cobrar la «deuda histórica»
El Partido Andalucista aseguró haber conocido ayer la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Constitucional (TC), en la que, según los andalucistas, «rechaza las pretensiones de Andalucía de cobrar la denominada «deuda histórica», razón por la cual el Parlamento andaluz impugnó los Presupuestos del Estado de 1998 al no contemplar partida presupuestaria alguna en este concepto. En declaraciones a Europa Press, el secretario general del PA, Julián Alvarez, advirtió de que esta sentencia «representa, de facto, la imposibilidad de Andalucía de hacer exigibles estos pagos al Gobierno central» en virtud de la Disposición Adicional segunda del Estatuto aún vigente.
En el texto, que ha conocido el PA, el Constitucional «acepta como buenas» las pretensiones del Gobierno central de «eliminar» la «deuda histórica» del Estado con Andalucía al concluir que «no puede aceptarse que las asignaciones a las que se refiere el Estatuto de Andalucía sean un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio». Del mismo modo, manifestaron que el TC insiste en que, «es al Estado a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía», ese concepto que reclama Andalucía.
En este sentido, el líder del PA consideró esta sentencia como una «triste burla contra Andalucía, una comunidad a la que las principales instituciones del Estado le vuelven a dar, una vez más, la espalda». El líder del PA señaló como responsables directos de este «atropello» al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. «Esta resolución ha sido respaldada por todos y cada uno de los representantes que el PSOE tiene en el Pleno del Tribunal Constitucional, que como todo el mundo sabe, a fecha de hoy son mayoría por sí solos», recordó Julián Álvarez «A ello han contribuido las presiones de todo tipo sobre los miembros de este órgano para conseguir una resolución acorde con los intereses del Gobierno de Zapatero, que no quiere ni oír hablar de la «deuda histórica» del Estado con Andalucía».
El PA recordó que ya anunció hace tres meses la «amenaza» que existía sobre la Disposición Adicional Segunda, según las informaciones que aseguraban tener «acerca de ciertos movimientos del Gobierno central para acabar con la deuda histórica». El dirigente andalucista calificó la sentencia como «un golpe de mano de los poderes centrales, controlados hoy por el PSOE», que, en su opinión, sólo tiene una consecuencia, «que es la de la consagración del atraso secular de Andalucía». Para Álvarez, la «deuda histórica» se convierte así en «el gran fraude del PSOE contra Andalucía, la gran mentira del PSOE a los andaluces». Según Álvarez, 'durante los escasos contactos que el PSOE y el Gobierno quiso mantener con el PA durante la tramitación del Estatuto, ya nos adelantaron con claridad que jamás pagarían la deuda histórica aunque tuvieran que llegar a aprobar una reforma de la LOFCA si esto fuera preciso y como que nunca tampoco tendría Andalucía policía propia ', reveló el líder andalucista, que, además, acusó al presidente de la Junta, Manuel Chaves y al PSOE de 'saberlo y ocultarlo al pueblo andaluz'. También lamentó que 'Zapatero y Artur Mas consiguieran en tres horas lo que Andalucía no ha conseguido en veintisiete años', en relación con lo que consideró el 'pago de la deuda histórica a Cataluña', 5.000 millones de euros en los próximos siete años. Alvarez calculó que Andalucía perderá con la deuda histórica entre 40.000 y 50.000 millones de euros, cuando 'no llega a la media española en ningún servicio público fundamental'.
Julián Alvarez, calificó de 'gravísimo atentado contra Andalucía' la sentencia del Tribunal Constitucional que no obliga al Estado a pagar la llamada 'deuda histórica' a Andalucía, sentencia de la que discrepa y que dijo 'rechazar'. 'Estamos ante el Tribunal Constitucional más politizado de la historia de la democracia', cuya decisión 'no ha sido tomada a pie contrario de los partidos mayoritarios', dijo Alvarez en conferencia de prensa, para insistir en que 'quien acaba con la deuda histórica es el Tribunal Constitucional, pero ha habido palmeros' y, a preguntas de los periodistas, calificó de tales a PSOE, PP e IU. Ante la pregunta de qué va a hacer el PA contra la sentencia, Alvarez advirtió de que su partido sólo volverá a sentarse con los partidos que defiendan la deuda histórica, y que el primero que debe dar una respuesta es el presidente andaluz, Manuel Chaves, porque 'la sentencia se sabe desde hace una semana, y el Gobierno andaluz no ha dicho nada'.
El secretario general del PA dijo que discrepa de la sentencia porque las 'asignaciones complementarias', designación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que emplea el Constitucional, se refieren a cada ejercicio presupuestario, mientras que la deuda histórica 'mira hacia atrás', y porque el Estatuto andaluz establece mecanismos para cuantificar cantidades distintas a las previstas en esa ley.
La deuda histórica baja del cielo
Expertos sostienen que el TC ha dejado claro que la norma estatutaria no obliga al Estado
ISABEL PEDROTE - EL PAIS, Sevilla - 26/01/2007
Si hubiera que buscar un hilo conductor de la disputa política de Andalucía en la última década, éste sería sin duda la financiación autonómica. Y si hubiera que señalar una fuente de contradicciones, flexible hasta la distorsión, y que han utilizado los partidos sin reparo según su conveniencia, ésta sería, también sin lugar a dudas, la reivindicación de la deuda histórica. Así se conoce a la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía aún vigente (1981), que dice que los Presupuestos Generales del Estado deberán consignar partidas "excepcionales de financiación" para garantizar la prestación "de un nivel mínimo" de los servicios transferidos (educación, sanidad, servicios sociales) "dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía".
La deuda histórica ha llenado páginas y páginas de los periódicos, días enteros de radio y televisión, y ocupado un espacio muy relevante del debate parlamentario de Andalucía. Incluso ha sido uno de los motivos de controversia y acuerdo del proceso de elaboración de la reforma del Estatuto. La semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso interpuesto por el Parlamento de Andalucía contra los Presupuestos Generales de 1998 por no incluir la deuda histórica, y tomar como base para la financiación autonómica el censo de 1991 y no el de 1995 (mayor).
Las interpretaciones de los partidos han sido variadas y dispares, y han servido, una vez más, para arrojar reproches en el campo del adversario: el PA cree que la sentencia convierte la deuda histórica en "papel mojado", IU que, aunque la avala, deja a Andalucía sin competencias para decidir sobre ella; el PP que supone un varapalo para el PSOE y le da la razón al ex presidente José María Aznar al no pagarla; y el Gobierno andaluz, que la respalda y la sitúa en un marco general. Pese a la interpretación positiva del Ejecutivo autonómico, su portavoz, Enrique Cervera, ha señalado que la sentencia es un "argumento más y de peso" para apoyar la reforma del Estatuto, en la que figura una nueva disposición sobre la deuda histórica, pues los términos en los que está redactada en el Estatuto en vigor suponían "un punto flaco".
Tras oír la voz de los políticos, cabe preguntarse qué es lo que opinan los expertos sobre el fallo del TC, y cuál es la realidad de la deuda histórica.
El catedrático Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz-Rico sostiene que, aunque el fallo admite su plena legitimidad constitucional, al ser incluida entre las cláusulas del Estatuto, otorga una libertad demasiado amplia al Estado para hacer efectivo los compromisos de inversión extraordinaria que prevé el Estatuto andaluz. Y al contrario de lo que dice el portavoz del Gobierno, precisa: "Desde luego, entiendo que esta sentencia no ayuda mucho a la efectividad jurídica de la Disposición Adicional del nuevo Estatuto de Andalucía, donde se recoge de nuevo la deuda histórica, al estimar el TC que el Estado no está obligado a consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales ese tipo de asignaciones extraordinarias".
Otras fuentes jurídicas estiman que el Tribunal Constitucional "no se ha pillado los dedos y ha puesto un montón de cautelas" sobre la legitimidad de la deuda, siempre en un marco general. Pero ha dejado claro un precepto: lo que disponga un Estatuto de por sí no obliga al Estado. Es decir, Andalucía no puede de manera unilateral cuantificar y reclamar la deuda histórica, como se ha defendido en los púlpitos políticos de todo signo.
Sin embargo, estas mismas fuentes advierten de posibles puntos débiles en tal aseveración, ya que los estatutos son normas estatales: tras el paso por las asambleas autonómicas, son debatidos, enmendados y aprobados por las Cortes Generales. "Se puede criticar que lo que se ignora respecto a la deuda histórica no es la voluntad regional de Andalucía, sino la del propio Estado".
La apreciación del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo -antiguo detractor del concepto jurídico de la deuda histórica- es tajante: "El Tribunal Constitucional liquida de un plumazo la deuda histórica como título jurídico". A su juicio, ha sido siempre un concepto disparatado, únicamente admisible en territorios que hubieran sido colonias y que, una vez constituido un nuevo Estado, "adquirieran sus habitantes la ciudadanía en condiciones de igualdad con la metrópoli". Una cuestión distinta es para este experto la negociación de la comunidad autónoma con el Estado, aprovechando que figura en el Estatuto. Y en el nuevo texto, incluso se detallan los plazos. Esta parece ser la vía que se va a seguir, aunque habrá que esperar. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo ayer: "La discusión de fondo sobre el tema lógicamente habrá que aplazarla una vez que pasen las elecciones municipales".
La cuestión del censo
El Tribunal Constitucional ha desestimado en la misma sentencia las alegaciones que hizo el Parlamento andaluz sobre la falta de racionalidad por haberse utilizado para la financiación autonómica un censo antiguo (1991), que no correspondía a la realidad de la población. Habida cuenta de que el marco constitucional es bastante flexible, el TC respalda el modelo de financiación utilizado por el Gobierno del PP, si bien dice que había otras formas.
En opinión de Gerardo Ruiz-Rico, esta interpretación es sumamente favorable a la libertad con la que cuenta el legislador estatal a la hora de decidir un modelo de financiación autonómica. A su juicio, es más correcta la postura que defiende el voto particular (formulado por el magistrado Pablo Pérez Tremps), quien mantiene que el legislador no debería haber ignorado el censo de 1995. "El TC parece casi renunciar a la posibilidad de controlar constitucionalmente las decisiones que se plasman en la LOFCA. Considera que se trata de una decisión política que no tiene por qué ser fiscalizada por la jurisprudencia constitucional", señala.
PA avisa de que el Estado podría exigir la devolución de la deuda histórica
I. PEDROTE - El País, Sevilla - 23/01/2007
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada deuda histórica ha sido interpretada de muy diferente manera por los partidos andaluces. Mientras que PSOE, IU y PP opinan que el fallo -que desestima el recurso que interpuso el Parlamento en 1998 a los Presupuestos Generales por no incluir la mencionada deuda- no interfiere en el concepto ni en el cobro de las cantidades que se acuerden, el PA califica la sentencia de "gravísimo atentado". Es más, vaticina que Andalucía tendrá que devolver los 20.000 millones de pesetas que recibió en 1997, única vez que se ha abonado.
Lo cierto es que la Junta mantiene su proyecto de solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado para adelantar incluso la liquidación de la deuda, cuyo horizonte fija el Estatuto reformado en 2010, como anunció en diciembre el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Durante la redacción de la reforma del Estatuto, la deuda histórica se situó como un elemento preferente. Tras varios enunciados, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, logró arrancar del Ministerio de Hacienda el compromiso en tres años. Así quedó en el texto, junto con la posibilidad de recibir anticipos a cuenta.
Los andalucistas, sin embargo, señalan que nada de esto tiene ya valor. El secretario general, Julián Álvarez, aseguró ayer que la sentencia lo que dice es que la vía de financiación especial de la comunidad queda subsumida en el mecanismo contemplado en el artículo 15 de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que habla de la posibilidad de "asignaciones complementarias" en un determinado ejercicio para todas las comunidades. Según Álvarez, en el nuevo Estatuto, la denominación que se ha elegido es también "asignaciones complementarias". "Qué grave error poner el nombre que nos inhabilita para cobrar la deuda histórica". El líder del PA fue a más, y afirmó que en virtud de la doctrina del TC Andalucía tendría que devolver los 20.000 millones de pesetas que recibió en 1997 a cuenta de la deuda histórica.
El secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, dijo lo contrario. Interpretó que "lo realmente importante" de la sentencia es que reconoce la "necesidad de un acuerdo previo en la Comisión Mixta" y destacó que la nueva redacción incluida en el futuro Estatuto supera la "ambigüedad" del texto actual para establecer "con claridad" un calendario de pago. Pizarro recordó que cuando el PSOE propuso modificar la redacción acordada con IU en el Parlamento andaluz se acusó al PSOE de "intentar dilatar" el pago de la deuda histórica cuando, en su opinión, la sentencia del TC pone de manifiesto que esta nueva redacción permite "iniciar con tranquilidad el diálogo" con el Gobierno
Caso Deuda Histórica, un ejemplo del sometimiento andaluz
En verdad, tras el caso de la llamada 'Deuda Histórica' se encuentra la Historia -así, con mayúsculas- pero no sólo, ni siquiera fundamentalmente, por el tiempo transcurrido tan prolongado entre su inserción en el Estatuto de 1981 y el hito que supone la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español, hecha publica en 2007 o por todas los avatares que la han acompañado en su todavía inconclusa peripecia. Tras la Deuda, aún siendo por origen y cuantía sólo autonómica, se halla la Historia andaluza -que viene de mucho antes, como es natural- porque de ella extrae legitimidad y en ella también se encuentra la explicación de su frustración y aborto.
Esta Deuda es hijastra de un pasado andaluz marcado por la explotación y expoliación españolas de Andalucía, que se proyecta hasta el presente. Desde su Conquista, Andalucía sufrió a manos de la Monarquía española y del Estado español que le sucedió, un secular saqueo fiscal; padeció el robo de sus tierras por la aristocracia conquistadora; aguantó su desindustrialización y colonización económica y asistió a la rapiña de sus recursos naturales mineros y agrícolas. A lo largo de los siglos XIX y XX, Andalucía financió con sus minerales, sus vinos o su aceite y con el sudor de sus hombres y mujeres, la balanza exterior española y mientras se subdesarrollaba, facilitó el desarrollo ajeno. Consecuencia de todo ello fueron pavorosos índices de analfabetismo o malnutrición, dos millones y medio de andaluces expulsados de su Patria; desempleo, precariedad y bajos salarios crónicos y ausencia de todo tipo de infraestructuras.
La protesta andaluza de la Transición y las aspiraciones políticas nacionales y sociales que la acompañaron fueron derivados de esta historia.
Para contener primero y reconducir después este proceso, España -a traves de sus fuerzas políticas y sindicales- utilizó diversos recursos. Y así en 1978 y 1981 introdujo en su Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía redactado a su amparo y bajo su patronazgo, disposiciones como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)(Art. 158.2 CE) para inversiones o la Disposición Adicional Segunda (DA2ª). La función política y social que ambos instrumentos estaban destinados a cumplir era dar la impresión a los andaluces de que se les reconocían los sufrimientos pasados y con ellos su derecho a su reparación y compensación colectivas, disponiendo de instrumentos efectivos para resarcir el diferencial acumulado y obtener justicia a traves de una desigualdad de trato que llevara a Andalucía a la igualdad.
Obviamente, la maniobra llevaba implícita la trampa. España mantenía el pleno control de la recaudación y el Tesoro y así en cuanto se remansaron las movilizaciones andaluzas, el FCI -que era el espejismo que más se esgrimía por entonces- se generalizó de inmediato en cuanto a sus beneficiarios y desde un principio se redujo hasta cantidades ridículas y la DA2ª, simplemente, se 'olvidó'. Su lugar fue cubierto en parte tras la adhesión del Estado español a la Unión Europea por las migajas de los Fondos Europeos -diseñados esencialmente en provecho de Europa- repartidos por el Gobierno español arbitrariamente -hasta el punto de invertir la mayor parte de las partidas obtenidas en Bruselas gracias a las miserias andaluzas en otras naciones del Estado y sobre todo en Madrid- conformando al Gobierno andaluz con los restos y con su consecuente capacidad de financiar clientelas.
La financiación andaluza que establecía el Estatuto de 1981 -como el de 2007- era total y absolutamente dependiente. Su cuantía y potestades estaban expresamente subordinadas a otra Ley Orgánica española: la LOFCA. Esta Ley, en la forma, permitía al Gobierno español resguardarse tras el muy conveniente camuflaje de la multilateralidad y jugar al 'divide et impera'. En el fondo, dejaba en sus manos, vía Presupuestos anuales, la concreción y el desarrollo del sistema de transferencias que mantenía funcionando a la Administración andaluza. Este entramado establecía asignaciones optativas, complementarias y provisionales de nivelación de servicios -sustentadas en el Art. 158.1 CE y en el Art. 15 LOFCA- de alcance inconcreto -a partir de la indefinición existente sobre los "servicios mínimos" exigibles- dejados en su cuantificación al criterio discrecional del Gobierno español.
La DA2ª, inserta en ese contexto, justificándose en las terribles "circunstancias socioeconómicas" de Andalucía le prometía además la percepción de unos fondos excepcionales -justificados en el Art. 157.1.c CE- con destino finalista a incluir en los Presupuestos Generales del Estado español que compensaran el retraso general acumulado a la hora de las transferencias iniciales y le permitiera así prestar ese "nivel mínimo" en los servicios -Educación, Sanidad, Servicios sociales, etc-. Como además, las primeras transferencias se realizaron midiendo a la baja su coste para hacerle entonces la faena más barata al Gobierno español, se suponía que estos fondos cubrirían en adelante ese déficit de partida adicional hasta compensarlo. Una Comisión Mixta Andalucía-España era la llamada a gobernar y gestionar el asunto.
¿Qué ocurrió?. Pues que durante quince años, ni España pagó nada ni el Gobierno andaluz del PSOE -fiel escudero de sus jefes españoles- reclamó que se le pagara a los andaluces lo que estaba reconocido que se les debía. Así se gestó una deuda autonómica que se convirtió en 'histórica'.
La deuda autonómica pronto se convirtió, además, en una reclamación incomoda para todos los paniaguados beneficiados o al servicio del "Discurso del Triunfo" y la "Andalucía Imparable" emitidos desde el PSOE. Les recordaba la historia de opresión nacional que querían sepultar y la realidad de desigualdad que querían pertinazmente ocultar. Venían a decir que, una vez que aquí ya no se moría la gente de hambre y había algunas carreteras de dos carriles, "Andalucía no tenia nada que reclamar singularmente; Andalucía era como Albacete o Logroño". De ahí su obsesión -que se traslada al redactado del nuevo Estatuto propuesto- no sólo por disminuir su cuantía como deuda autonómica y facilitarle su abono al Gobierno español, sino también por disociarla del concepto de fondo más amplio de "deuda histórica", considerándola saldada y de ahí su reducción expresa a la condición de acto único, aunque ejecutable en cómodos plazos.
Son conocidas las circunstancias que motivaron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que ahora resuelve la sentencia del Tribunal Constitucional español y que afecta tambien a algo tan aparentemente incuestionable como la validez de un censo para establecer los pagos por población. Lo que ahora interesa es extraer de ella luz sobre la realidad andaluza y sobre su relación efectiva con España.
Lo que el Tribunal español ha venido a reafirmar es que el Estatuto podrá ser una Ley orgánica española aprobada por el Parlamento español pero que a la hora de la verdad su cumplimiento está supeditado siempre a la voluntad que pueda tener en ejecutarlo España; no ya el Parlamento español a traves de otra Ley Orgánica o incluso por una Ley ordinaria, sino incluso meramente el Gobierno español en el ejercicio de sus funciones. Andalucía puede reclamar si le apetece que se cumpla lo que quiera -aún sólo lo que ya pone la letra de su Estatuto- pero siempre estarán por encima de sus reclamaciones o de sus derechos formales "los intereses generales de España", que interpreta en cada momento a su conveniencia el Gobierno español de turno, con la asistencia en caso de necesidad, de su Tribunal Constitucional. En otras palabras, el Estatuto andaluz no sólo 'vale menos' que la LOFCA, sino incluso que los compromisos que pueda insertar un Gobierno español en unos Presupuestos Generales del Estado; de los que podrá desdecirse si así le place, sin coste alguno. La relación de Andalucía con España es de plena subordinación y su objeto, mantener su Dependencia. Hasta el punto que España puede negar si le conviene hasta la evidencia de cuantos son los andaluces que su propio censo reconoce. Esta jerarquía es valida tanto para el Estatuto de 1981 como para el de 2006.
¿Cabe en buena lógica restringir el problema a la DA2ª?. En absoluto. Aquí estamos, sólo ante una expresión específica de una situación general. Si lo restringimos ahora a los asuntos de financiación, la conclusión es fácil: mientras España mantenga en su mano la llave del cofre, seguiremos así.
Distinto sería si fuera Andalucía la que controlara y gestionara toda su recaudación fiscal y estableciera su propia normativa -recursos políticos que le darían poder no sólo financiero para sostener su administración y servicios, sino también económico para orientar y favorecer su desarrollo, aun a costa de atentar a la 'unidad de mercado' cuando lo estimara pertinente- y que desde esa disposición, Andalucía -de igual a igual- pactara con España cuanto y en que plazo devuelve anualmente de lo históricamente robado a Andalucía, en forma de cupo de compensación. Con la advertencia de que si España no paga lo debido, Andalucía, para empezar, le pone una aduana en Despeñaperros, grava más sus productos o le exige 'pasaporte y visa'.
Para obtener algún día este trato digno y esta reparación histórica, es obvio, hemos de comenzar por votarle NO el próximo 18 de Febrero al nuevo Estatuto de Dependencia.
Sobre Deuda Histórica y Financiación Autonómica en ANDALUCÍA LIBRE
Fondos europeos, robos españoles e impotencia andaluza,
Andalucía Libre nº 81, 5 de Marzo de 2001
Financiación autonómica: Entre ladrones y consentidores,
Estafa contra Andalucía: Chaves y Zapatero pactan la devolución de sólo 2.500 millones,
Francisco García Duarte ha publicado un interesante y documentado trabajo en el que se resume la historia de la emigración andaluza en Cataluña, abordándola en todos sus aspectos: social, cultural, político... y en las manifestaciones que de ellos se derivan. El estudio se nutre no sólo de la dilatada experiencia personal del autor sino tambien de una minuciosa y amplia recopilación de datos en multiples fuentes documentales, muchas de ellas practicamente inencontrables hoy día. Garcia Duarte ofrece así un material imprescindible para entender y afrontar una cuestión sobre el que la reflexión continua abierta.
El estudio está asequible en diversos archivos en formato PDF, segun los capitulos y secciones del ensayo, que se encuentran a vuestra disposición aqui:
El Ideal de Blas Infante en Cataluña. Propuestas para una Historia del andalucismo en la emigración
Música de fondo: La Saeta, J.M. Serrat/A. Machado; Orquestada para Banda
[Adjunto no mostrado: And - la saeta.mid (audio/mid) ]

References: artículo 157
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 15