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Timestamp: 2014-04-18 03:13:13+00:00

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Civil: Valoración de la prueba, amparo para restablecer derechos - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0159/2012 Sucre, 14 de mayo 2012 SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA
Magistrado Relator: Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales
Acción de amparo constitucional Expediente: 2009-21004 -43-AAC
En revisión la Resolución 09/2009 de 8 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Rudy Elías Nogales en representación de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín Ltda.”, contra José Leyton Matos, Felipe Mendoza Benavides y Abigael Burgoa Ordoñez, Vocales de la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior de Distrito Judicial - ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí y Gladis Cox Salazar, ex Jueza Primera de Partido en lo Civil y Comercial del mismo departamento.
Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2009, cursante de fs. 106 a 114 vta., subsanado el 30 de noviembre de mismo año, cursante de fs. 122 a 129 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
En el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Potosí, se tramitó un juicio civil coactivo conforme a los arts. 40 al 51 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin Ltda., contra Freddy Palacios Cruz y Amalia Felicidad Ecos Soto sobre cobro de préstamo con garantía hipotecaria de un bien inmueble ubicado en Ciudad Satélite, en base a la Escritura Pública 1412/99 por la que, obtuvieron un préstamo de $us10.000.- (diez mil dólares estadounidenses) por el plazo de treinta y seis meses, con amortizaciones mensuales de $us278.- (doscientos setenta y ocho dólares estadounidenses), y con el interés convencional de 2.5% mensual.
Conocido el proceso por el Juzgado referido, el mismo concluyó con la Sentencia de 26 de diciembre de 2001, que declaró probada la demanda y ordenó el pago total de $us10.000, más intereses gastos y costas, fallo que no fue apelado por las partes.
Los coactivados notificados con la Sentencia de 26 de diciembre de 2001, el 8 y 9 de enero de 2002, pasados cinco años, el cinco de diciembre de 2008, plantearon incidente de extinción por prescripción breve y novación de documento tácito, petición observada por la Jueza demandada mediante providencia expresa, la que subsanaron e interpusieron excepción de pago documentado y excepción bienal de interés, con el fundamento que dictada la sentencia no se realizó ninguna acción para cobrar los intereses del 2.5% mensual, habiendo prescrito los derechos de la Cooperativa, la que respondió y legalmente notificada con las excepciones, reconoció que los coactivados cancelaron intereses hasta el 5 de diciembre de 2008, quedando un saldo a deudor a favor de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin Ltda.”.
Tramitada la excepción, la Jueza demandada, mediante Auto Definitivo de 4 de abril de 2009, declaró improbada la excepción de prescripción bienal y probada la excepción de pago documentado, extinguiendo el derecho de la Cooperativa a cobrar el interés congelado.
Una vez notificada la “Cooperativa de ahorro y Crédito San Martin Ltda.”, con el Auto definitivo de 4 de abril de 2009, interpuso recurso de apelación ante la Corte Superior de Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, que fue resuelto por la Sala Civil, Familiar y Comercial de Potosí, mediante Auto de Vista 121/2009 de 18 de mayo de 2009, que confirmó en todas sus partes el Auto definitivo de 4 de abril de 2009, sin considerar que se declaro improbada la excepción de prescripción y sin embargo se extingue el derecho de la Cooperativa a cobrar los intereses que determino la Sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada.
El accionante, sin citar precepto constitucional alguno, manifiesta que se ha vulnerado de la Cooperativa a la que representa sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la “seguridad jurídica”; además de su derecho patrimonial a percibir intereses y la contravención a la cosa juzgada, citando al efecto el Código Civil y la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar.
Solicita se declare “procedente” la acción de amparo constitucional y: a) Se deje sin efecto el Auto definitivo de 4 de abril de 2009; b) Se practique la liquidación del capital, intereses devengados a partir de desembolso, en sujeción a los datos establecidos en la Sentencia de 26 de diciembre de 2001, ejecutoriada y en aplicación de los arts. 84, 410, 411 del Código Civil (CC) y 520 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y; c) Se declare la nulidad de Auto de Vista.
Celebrada la audiencia pública el 8 de diciembre de 2009, según consta en acta cursante de fs. 143 a 148 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó en su integridad los fundamentos de la acción.
La demanda Gladis Cox Salazar, ex Jueza del Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial, mediante informe escrito de 4 de diciembre de 2009, cursante de fs. 137 a 138, manifestó que: 1) El proceso coactivo ha sido sustanciado en la gestión 2001 y la sentencia que declaró probada la demanda ordenando el pago de $us10.000, mas interés; cobró ejecutoria formal el 28 de enero de 2002 y se desarchivó cinco años después el 23 de noviembre de 2007; 2) Probada la excepción de pago documentado, se extinguió el derecho de los accionantes a cobrar los intereses congelados en el marco de los arts. 317, 351-1, 1311 y 1505 del CC y 3) Finalmente “…resulta inadmisible en consecuencia, señalar que no se ha dado cumplimiento a la normativa que rige la tramitación de procesos coactivos y por lo expuesto e informado se concluye que el auto ahora impugnado mediante 'Recurso de Amparo'… ha sido dictado en respeto de la normativa vigente”
José Antonio Leyton Matos, Felipe Mendoza Benavides y Abigael Burgoa Ordoñez Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior de Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, mediante informe escrito, cursante de fs. 158 a 160 manifestaron: i) En los parámetros establecidos por la Sala Civil Comercial, para la resolución de los diferentes recursos formulados, se tomaron en cuenta los valores supremos de la administración de justicia, y principios fundamentales de la supremacía constitucional; ii) El memorial de apelación interpuesto por: Roberto Delgado, establece un error improcedendo dentro las excepciones formuladas, toda vez que consideró precluído el derecho de la parte coactivada para oponer excepciones perentorias sobrevinientes, contrariamente a lo establecido por el art. 344 del CPC; iii) En lo referido al error injudicando que manifestó la parte accionante, es improcedente, toda vez que el art. 344 del CPC, faculta al coactivado a oponer excepciones perentorias sobrevinientes como la de “pago documentado”, extremo no desvirtuado por los apelantes y iv) Sobre la pérdida de competencia señalaron que el proceso coactivo, “…fue sorteado en fecha 11 de mayo de 2009, así también cierto que el Auto de Vista fue pronunciado en fecha 18 de mayo de 2009, vale decir siete días del sorteo, para lo que se tomó en cuenta que las resoluciones interlocutorias en ejecución de sentencia, dan lugar sólo al recurso ordinario de apelación en el efecto devolutivo y deben ser resueltos por el Tribunal Superior en la manera prevista por el art. 245 del Código de Procedimiento Civil sin la formalidad previa del sorteo..” de lo que plantean, no existe la pérdida de competencia, en base al AS 56, de 7 de mayo de 1991 y SSCC 0446/2004-R y 0944/2005-R.
En audiencia, los terceros interesados Freddy Palacios y Amalia Ecos., mediante sus abogados manifestaron que en ejecución de sentencia solo podía oponerse excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos pre constituidos, es así que al plantear las excepciones se han presentado documentos fehacientes, que demostraban el pago total de la deuda más los intereses pactados, incluso el honorario profesional del Abogado Felipe Encinas.
Concluida la audiencia, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, como Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 09/2009 de 8 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153, concediendo la tutela y dejando en consecuencia sin efecto el Auto de Vista 121/2009, y así como el Auto definitivo de 4 de abril de 2009, con los siguientes fundamentos: a) El derecho a percibir intereses por la Cooperativa habría sido vulnerado por existir documento o titulo coactivo y una Sentencia ejecutoriada; b) El proceso coactivo civil es especial y privilegiado tramitado de acuerdo a los arts. 49, 50, y 51 de la LAPCAF, mismo que no debe ser confundido con un proceso ejecutivo; c) La Jueza demandada al haber tramitado un incidente con arreglo al art. 152 del CPC dentro de un trámite de proceso coactivo, ha vulnerado la autoridad de cosa juzgada, principio de seguridad jurídica y el debido proceso; y d) El tribunal ad quem al haber pronunciado un fallo confirmando el Auto de primera instancia, sin tener competencia para resolver el proceso, vulneró los derechos a la seguridad jurídica, a la certidumbre y al debido proceso.
II.1. En el proceso coactivo seguido por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin Ltda.”, contra Freddy Palacios Cruz y Amalia Felicidad Ecos Soto, se dictó Sentencia 132 de 26 de diciembre de 2001, por la que se declaró probada la demanda y se dispuso el embargo de los bienes propios de los coactivados, para que dentro de tercero día de su citación, pague la suma adeudada, y prosigan los tramites del proceso hasta la subasta del bien otorgado en garantía (fs. 45 vta. a fs. 46).
Mediante Auto 28 de enero de 2002, se declaró la ejecutoria de la Sentencia 132.
II.2. Pasados cinco años desde la ejecutoria de la sentencia, los coactivados Freddy Palacios Cruz y Amalia Felicidad Ecos Soto mediante memoriales presentados el 5 y 9 de diciembre de 2008, opusieron excepción de prescripción bienal de interés y pago documentado, solicitando se declare extinguida la obligación (fs. 65 a 67; fs. 70 a 73 vta.)
II.3. A través de Auto definitivo de 4 de abril de 2009, la demandada ex Jueza Primera de Partido en lo Civil y Comercial, declaró improbada la excepción de pago bienal de interés, probada la excepción de pago documentado y extinguido el derecho de la Cooperativa de cobrar el interés congelado (fs. 92 a 93 vta.).
II.4. El Auto definitivo apelado por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin Ltda.”, mediante memorial presentado el 16 de abril de 2009, que confirmado por la Sala Civil Primera, mediante Auto de Vista 121/2009 de 18 de mayo (fs. 94 a 95 vta.) y (fs. 98 a 99).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia que se han vulnerado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Martín Ltda.”, que representa sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la “seguridad jurídica”, además de su derecho patrimonial a percibir intereses y la contravención a la cosa juzgada, por cuanto dentro del fenecido proceso coactivo civil que siguió contra Freddy Palacios Cruz y otra, en ejecución de sentencia, de manera ilegal la ex Jueza Primera de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Auto definitivo de 4 de abril de 2009, declaró en su contra, probada la excepción de pago documentado y extinguió el derecho de la Cooperativa al cobro de los intereses congelados, Resolución que en apelación arbitrariamente fue confirmada por los Vocales de la Sala Civil, Familiar y Comercial. En consecuencia, corresponde determinar, en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza Jurídica de la acción de amparo constitucional La acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, establecida en el art. 128 de la Constitución Política del Estado, y procede: "…contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley".
A su vez, el art. 129 de la misma CPE establece que: “I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.
III.2. La acción de amparo constitucional no constituye una instancia procesal de revisión de resoluciones judiciales En el caso de autos, se asume el entendimiento expresado en la SC 0878/2010-R de 10 de agosto, toda vez que la misma no contraviene el orden Constitucional vigente, al señalar:
“Es conveniente dejar en claro, que en los casos que se impugnan actos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales ordinarias, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso o que ha servido para el pronunciamiento de la resolución cuestionada, porque esa labor corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, salvo que se hubieran lesionado derechos fundamentales y garantías constitucionales.
“…El recurso, ahora acción de amparo constitucional, no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, en las que se pueda examinar la valoración de la prueba; realizada en la jurisdicción ordinaria, salvo que el juzgador se hubiese apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia, sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0965/2006-R); por lo anteriormente anotado se concluye que el Tribunal Constitucional salvo excepcionalmente- no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, menos, atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes”.
III.3. Análisis del caso concreto El accionante denuncia, que dentro del fenecido proceso coactivo civil seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Martín Ltda.”, a la que representa, en ejecución de sentencia los coactivados opusieron las excepciones de prescripción bienal y de pago documentado que fueron declaradas improbada la primera y probada la segunda, extinguiendo el derecho de la Cooperativa a cobrar los intereses congelados.
Al respecto, en la demanda de la acción de amparo constitucional, el accionante alega que las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho a la “seguridad jurídica”, sin enunciar el precepto constitucional que -según su criterio- lo consagra, por lo cual es menester señalar que el orden constitucional vigente, la instituye en el art. 178, como un “principio” y no como derecho, al establecer que constituye el principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, de manera que no puede ser tutela por la acción de amparo constitucional que tiene como finalidad la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, cuando han sido amenazados, suprimidos o restringidos en su ejercicio.
Realizada la aclaración precedente, corresponde referirse a la problemática planteada por el accionante, quien pretende que la jurisdicción constitucional anule las resoluciones judiciales que le fueron adversas y pronunciadas -a su turno- por las autoridades judiciales demandadas, quienes en uso de sus facultades otorgadas por ley las emitieron, mismas que no pueden ser revisadas, modificadas o anuladas por la jurisdicción constitucional que abre su ámbito de protección únicamente cuando evidencia la vulneración de derechos y/o garantías constitucionales en su pronunciamiento, lo que no ocurre en el caso en análisis, toda vez que la jurisdicción constitucional no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones judiciales, sino que constituye una acción de defensa cuya finalidad, como se dijo, es la protección y el restablecimiento de derechos y garantías fundamentales, vulnerados, sin que le sea permisible constituirse en otra instancia judicial, ello por su carácter extraordinario y de última ratio, pues lo contrario sería desnaturalizar su esencia, lo que determina no sea viable la concesión de la tutela solicitada.
En consecuencia, la problemática planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al haber concedido la acción de amparo constitucional, no ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve:
REVOCAR la Resolución 09/2009 de 8 de diciembre, cursante de fs. 149 a 153 dictada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi MAGISTRADA
Dr. Macario LahorCortez Chávez MAGISTRADO
Dra. Carmen Silvana Sandoval Landívar MAGISTRADA
Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco MAGISTRADA
Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales MAGISTRADO

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