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Timestamp: 2019-04-26 09:44:37+00:00

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Roberto Niembro | El Juego de la Suprema Corte
La democracia y sus procesos
Los próximos lunes 15 y martes 16 de octubre de 17:00 a 20:30 hrs. tendrá lugar en el ITAM la segunda conferencia anual del capítulo mexicano de ICON-S con la temática “la democracia y sus procesos”, a la cual están todos invitados. El capítulo mexicano es parte de la International Society of Public Law que aglomera a gran cantidad de profesionales del derecho público y derecho público comparado en el mundo. La sociedad internacional y el capítulo mexicano en particular tienen como propósito promocionar la investigación sobre derecho público con una perspectiva multidisciplinar. Al igual que el año pasado, para la organización del evento, el capítulo cuenta con una muy positiva alianza con el Departamento Académico de Derecho del ITAM.
Hemos escogido el tema “La democracia y sus procesos” en atención al proceso electoral que tuvimos algunos meses atrás y al proceso democrático que se desarrolla actualmente. Para contribuir a la reflexión, hemos invitado a participar a personas expertas tanto del extranjero como del ámbito nacional en materia de constitucionalismo transformador y crisis constitucionales, en la relación entre democracia y populismos, sobre democracia y derecho constitucional en México, así como en la diferencia entre populismo constitucional y constitucionalismo popular.
La primera mesa sobre constitucionalismo transformador y crisis constitucionales en la que participan Mark Graber (Maryland), Julio Ríos (CIDE) y Mariana Velasco (YALE) será un espacio para reflexionar sobre temas globales y nacionales sumamente relevantes. Por un lado, precisar cuáles son las características de una crisis constitucional y pensar sobre las crisis de las democracias constitucionales de países como EE.UU o Hungría y, por el otro, comprender qué es el constitucionalismo transformador que ya forma parte de la discusión pública en México. En efecto, cada vez más se escuchan voces relevantes que abogan por un constitucionalismo transformador para nuestro país, pues como bien decía Klare respecto de Sudáfrica, éste solo puede darse en elcontexto histórico político propicio.
La segunda mesa sobre democracia y populismos en la que participan Samuel Issacharoff (NYU), Xisca Pou (ITAM) y Juan González Bertomeu (ITAM) nos plantea una forma de ejercicio del poder de la que se habla mucho en estos días, pero con poco rigor. En nuestro país es fácil encontrar columnas de opinión en las que se califica como populismo a cualquier movimiento político de izquierda, sin considerar las características propias que la literatura atribuye al populismo. Los populismos bien conceptualizados son un reto para la democracia y la pregunta que también nos ocupará es qué puede hacer el derecho público para contenerlos.
La tercera mesa sobre democracia y derecho constitucional en México en la que participan Jaime Cárdenas (IIJ-UNAM), Ileana Moreno (PJF) y Juan Manuel Mecinas (UDLAP) estará enfocada en reflexionar sobre el estado actual de la democracia mexicana, poniendo énfasis en la elección del primero de julio y en el panorama que se proyecta. México vive un momento político propicio para la transformación constitucional en una dirección democrática, participativa e igualitaria. De esta manera, la mesa tiene por objetivo analizar los retos y las perspectivas para que se lleve a cabo.
Finalmente, la cuarta mesa en la que participan Micela Alterio (ITAM), Alejandro Rodiles (ITAM) y Roberto Niembro (ITAM) está orientada a distinguir y discutir sobre dos categorías que se suelen confundir, el populismo constitucional como manifestación del populismo, y el constitucionalismo popular como propuesta teórica democrática. Desafortunadamente, en nuestro entorno, el constitucionalismo popular ha sido una teoría poco estudiada y de la que creemos puede aprenderse mucho. Sin embargo, para ello es necesario distinguirla de un fenómeno distinto como el populismo constitucional.
Cualquier persona interesada puede participar y acudir a la conferencia, por lo que de preferencia pedimos confirmar su asistencia a cualquiera de los siguientes correos: ana.alterio@itam.mx o roberto.niembro@itam.mx
Micaela Alterio y Roberto Niembro, co-presidentes del capítulo México de ICON-S
Roberto Gargarella y Roberto Niembro
Este libro fue pensado con dos objetivos principales. Por un lado, nos proponemos homenajear la reconocida trayectoria del profesor Mark Tushnet; y por el otro, queremos ayudar a difundir en Hispanoamérica su teoría constitucional, que representa uno de los pensamientos más abiertos y avanzados que hoy pueden encontrarse en el área. Consideramos que la difusión de este prolifero autor es por ello necesaria: a pesar de los valiosos aportes que ha realizado al derecho constitucional, a la teoría constitucional y al derecho constitucional comparado, los mismos resultan aun insuficientemente conocidos en nuestro medio. El enfoque que nos propone Tushnet —un enfoque que nació mirando a la realidad de los Estados Unidos, pero que no se convirtió por ello en un enfoque “parroquial”— puede ayudar en nuestro ámbito también, para plantear visiones distintas a las prevalecientes sobre temas como la justicia constitucional, la relación entre derecho y política, los derechos sociales y su implementación o “ejecutividad,” entre muchos otros1. Desde nuestra perspectiva, en el medio hispano tiende a predominar, todavía en la actualidad, una concepción elitista y formalista del derecho constitucional y, en particular, de la justicia constitucional.
Para el logro de los objetivos propuestos hemos invitado a autores de diversas procedencias y experiencias profesionales que han sido alumnos, han trabajado y/o conocen profundamente la teoría del profesor Tushnet. Entre los autores que participan en el libro hay argentinos, brasileños y mexicanos que son jueces o desempeñan funciones en las Cortes Supremas de sus respectivos países, se dedican de tiempo completo a la academia, o trabajan como abogados postulantes2. Además, se trata de autores que piensan críticamente sobre las propuestas del autor. Así, no se trata de una obra que se contente con traducir al español o reproducir los aportes de Tushnet, sino de una que procura la difusión de la obra a través de un diálogo crítico. Estamos convencidos de que ésta es la forma en que prefiere que nos acerquemos a su trabajo, una de las figuras más prominentes que ha dado del movimiento Critical Legal Studies.
En su introducción al libro “Derecho constitucional crítico y comparado”, el profesor Tushnet nos responde algunas preguntas sobre su visión del derecho constitucional nacional y comparado, la relación entre derecho y política, el papel de los tribunales constitucionales en un sistema constitucional, la efectividad de la movilización legal o la conveniencia de utilizar las tribunales para lograr cambios sociales. Además, hace importantes precisiones sobre su visión del constitucionalismo popular que ayudan a resolver algunas dudas de sus críticos. Asimismo, no podemos pasar por alto la revelación que nos hace al terminar la introducción, en donde con modestia manifiesta carecer de una teoría constitucional como tal. En su opinión, él sólo ha sido capaz de ofrecer ciertas concepciones normativas sobre la Constitución, que pueden ser incorporadas a través de la interpretación, aunque —admite— por sus inclinaciones ideológicas de izquierda duda que así vaya a suceder. Esta revelación que puede sorprender a cualquiera que conoce la vastísima e interesante obra de Tushnet, no hace más que confirmar el trato amable, generoso y respetuoso que nos ha brindado a todos lo que hemos participado en este libro.
En el primer capítulo “Recuperar el lugar del ´pueblo´ en la Constitución”, Roberto Gargarella retoma la obra de autores como Mark Tushnet para imaginar los posibles rasgos de un constitucionalismo capaz de (re)situar a la categoría “pueblo” —que las Constituciones modernas suelen invocar desde sus prólogos— en el lugar central de sus preocupaciones prácticas y efectivas.
En el segundo capítulo “Constitucionalismo popular y populismo constitucional como categorías constitucionales”, Micaela Alterio nos propone una distinción entre constitucionalismo popular y populismo constitucional, para lo cual nos hace notar su convergencia en rescatar el papel de lo popular —“del pueblo”— en la vida política, dándole un marcado protagonismo, para después detenerse en las divergencias que agrupa en tres puntos: (1) la concepción de pueblo que sostienen; (2) los canales para su expresión (o de mediación de la voluntad popular), y (3) la relación que establecen con la constitución.
En el tercer capítulo “Tushnet y el control constitucional: una teoría ligeramente desenfocada”, Juan González Bertomeu hace una reconstrucción de la teoría constitucional de Tushnet con el fin de poner sobre la mesa los límites que la teoría de Tushnet sobre el control judicial puede tener, en particular en el contexto latinoamericano. Entre otras cuestiones, el autor resalta la importancia de lo que Tushnet identifica como la constitución gruesa, relativa al modo cómo funcionan las instituciones políticas. En las democracias débiles como las latinoamericanas, nos dice el autor, el control judicial puede servir para forzar a los políticos a honrar sus compromisos con la sociedad.
En el cuarto capítulo escrito por el juez de la Corte Suprema de Brasil Luis Roberto Barroso, “La razón sin voto: La función representativa y mayoritaria de las cortes constitucionales”, el autor defiende la legitimidad democrática de la función de las cortes supremas, y en particular del Supremo Tribunal de Brasil, con base en la representación argumentativa de las mismas, tal y como ha sido sugerido por Robert Alexy. Ante la crisis de la representación y echando mano de una concepción deliberativa de la democracia, el autor defiende un control judicial que atiende a demandas sociales que no han sido satisfechas en la escena política.
En el quinto capítulo, titulado “Constitucionalismo popular y crítica a la supremacía judicial: posibles lecciones para Brasil”, Miguel Godoy expone una crítica a las ideas de supremacía judicial y última palabra a partir de los postulados del constitucionalismo popular, particularmente a partir das las ideas planteadas por el Profesor Mark Tushnet, y reflexiona sobre sus posibles potencialidades para la realidad política y jurídica de Brasil. Asimismo, rechaza las usuales críticas de que el constitucionalismo popular sea una teoría muy lejana o imposible de ser aplicada a países latinoamericanos como Brasil. Al contrario, en tanto el constitucionalismo popular demuestra el desacoplamiento entre el derecho y el pueblo nos permite entender los problemas jurídicos, políticos y sociales de esta realidad tan peculiar.
En el penúltimo capítulo “Constitucionalismo y democracia: una tensión inevitable”, Rodrigo Díez reivindica la utilidad de la teoría de Tushnet para dudar sobre las certezas que nos ofrece la teoría constitucional contemporánea. Particularmente, sobre la forma de resolver la tensión entre democracia y constitucionalismo y el papel preponderante que se reconoce a los jueces en una democracia y los límites de sus atribuciones. Asimismo nos invita a reflexionar acerca de qué órgano es el adecuado para hacer juicios constitucionales (asambleas o jueces), a la luz de la experiencia mexicana.
En el último capítulo “Desenmascarando el constitucionalismo autoritario”, Roberto Niembro conceptualiza al “constitucionalismo autoritario” tomando como punto de partida la definición que de éste hace Mark Tushnet, en uno de sus últimos trabajos. Ahora bien, a diferencia de Tushnet que considera que el constitucionalismo autoritario está basado en una constitución con contenido autoritario, Niembro nos propone entender el constitucionalismo autoritario como una forma autoritaria de ejercer el poder en sistemas democráticos débiles en lo que se utiliza una constitución liberal democrática como fachada.
Consideramos que esta mirada tan empática como crítica de la obra de Mark Tushnet, que se encuentra en todos los textos mencionados, representa el mejor homenaje que podemos hacerle a una vida intelectual dedicada a hacer mejor el derecho constitucional.
Aquí el resto de libro.
Roberto Gargarella y Roberto Niembro. Coordinadores del libro.
1 Por citar algunos ejemplos destacados “A critique of rights: An essay on Rights”, 672 Tex. L. Rev. 1363, “Progressive Constitutionalism: What Is It?”, 72 Ohio St. L. J. 1074, “Policy Distortion and Democratic Debilitation: Comparative Illumination of the Countermajoritarian Difficulty”, 94 Much. L. Rev. 245, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton, 2000, Comparative Constitutional Law, coautora Vicki Jackson, Foundation Press, 2nd ed. 2006, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton, 2007.
2 Debemos reconocer que echamos de menos la participación de más mujeres en la obra, aun cuando invitamos a muchas reconocidas autoras que por una u otra razón no pudieron participar.
Hace algunas semanas, un grupo de intelectuales interpusó un juicio de amparo en contra de la reforma constitucional en materia energética. Hasta el momento, este amparo ha perdido su primera batalla y está esperando que sea revisado para determinar si es procedente o no. En paralelo a este proceso judicial, a continuación dos académicos constitucionalistas nos ofrecen sus argumentos de por qué la Suprema Corte -en caso de que el mencionado juicio de amparo llegue a tal instancia- debe pronunciarse por la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Se trata de un ejercicio de reflexión de los autores, que si bien comparten la causa del grupo de intelectuales que ha atacado judicialmente la reforma energética, no forman parte de éste.
A la espera de conocer la decisión –en revisión-sobre la procedencia del amparo en contra de la reforma energética interpuesto por varios intelectuales, a continuación presentamos nuestros argumentos respecto porque la Suprema Corte de Justicia debe declarar, en su caso, la inconstitucionalidad de la reforma energética -este cúmulo de argumentos se han presentado como petición hacia la Suprema Corte, misma que cualquier interesado puede firmar de manera online en este sitio, con independencia del amparo presentado por los intelectuales.
Ahora bien, nuestra reflexión parte de nuestro deseo por una democracia robusta y el rechazo rotundo de la fachada de autogobierno bajo la cual vivimos. Estamos inconformes con ser gobernados inconstitucionalmente por el Consejo Rector del Pacto por México, que ha significado la suplantación del Congreso a través de una elite que decide el rumbo del país sin haber sido electa y cuyas negociaciones se realizan a puerta cerrada.
Esta inconformidad con esta forma de gobernar, que se ha visto exacerbada con la aprobación ilegal de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, nos lleva a pronunciarnos públicamente por la inconstitucionalidad de dicha propuesta de reforma constitucional.
El sistema constitucional que nos rige tiene como eje los artículos 39, 40 y 41 que establecen en lo pertinente lo siguiente: 1) la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; 2) es voluntad del pueblo constituirse en un República representativa y democrática, y 3) el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los Estados en sus respectivas competencias. Si estos postulados significan algo, es que las decisiones deben tomarse atendiendo a los intereses y preferencias de los gobernados a través de los procedimientos establecidos para tal efecto. Esto tiene aún mayor calado en cuanto a reformas constitucionales se trata, pues el establecimiento de procedimientos más exigentes para la reforma de la Constitución comparados con los necesarios para la aprobación de leyes ordinarias, tiene por fin asegurar una expresión de la voluntad popular más auténtica y deliberada. Solo en la medida del cumplimiento de los procedimientos establecidos es que los representantes populares pueden ejercer la soberanía de la que somos titulares.
La propuesta de reforma constitucional a la que hoy nos oponemos constituye una modificación fundamental de nuestro régimen constitucional. Representa, como todos sabemos, el cambiode una decisión que ha definido nuestro pacto de convivencia durante los últimos ochenta años. Además que lo es en materia energética, que ya de por sí remite a razones profundamente estructurales, que exigen una reflexión y un debate colectivo sobre temas de índole estratégico, de mediano y largo plazo, en el plano político, social, económico y ambiental.
Eso no significa que nos opongamos al cambio de nuestro régimen constitucional. En congruencia con lo establecido en el artículo 39 somos partidarios de que el pueblo haga valer su soberanía todas las veces que lo estime necesario. Pero ello es muy distinto a que una elite no electa lo haga por nosotros (Consejo Rector), o que los diputados y senadores lo hagan sin cumplir los procedimientos previstos para tal efecto, ignorando incluso la petición de una consulta popular por más de un millón de ciudadanos. Estos procedimientos pretenden garantizar el carácter democrático de las decisiones adoptadas, dando cabida al pluralismo que existe en nuestro paísa través de procedimientos incluyentes de deliberación pública. En esa medida, su cumplimiento es una condición necesaria para su validez jurídica. En efecto, el artículo 135 constitucional prevé que “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.” (Énfasis añadido). Votos que deben ser expresados después del cumplimiento de los procedimientos previstos en la propia Constitución (art. 71) y en las leyes y reglamentos respectivos. En otras palabras, para poder considerar al producto parlamentario como una reforma constitucional es necesario que los procedimientos sean cumplidos.
Estos procedimientos deben respetarse tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, como en cada uno de los Congresos locales que hayan aprobado la reforma. En este sentido ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “las formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos” (tesis de jurisprudencia 11/2011).
Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.
Roberto Niembro. Hauser Global Scholar. L.L.M. NYU. Twitter: @RNiembro1
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El debate sobre la jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la constitución y en los tratados internacionales ya empezó y ha sido sumamente interesante. Al igual que Pedro Salazar, consideramos que el proyecto puesto a consideración del pleno por el ministro Arturo Zaldívar es un documento sólido, garantista y acorde con la finalidad de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.
En este sentido, uno de los temas que se está discutiendo es el de la interpretación de la última parte del artículo 1º, primer párrafo, constitucional. El cual establece que “el ejercicio (de los derechos previstos en la constitución y en los tratados) no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece”. De esta disposición, algunos ministros han querido derivar la jerarquía superior de los derechos constitucionales respecto aquéllos ubicados en tratados internacionales.
En nuestra opinión, la literalidad del precepto establece claramente que los derechos sólo podrán restringirse y suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la constitución establece. Lo que significa, por ejemplo, que la libertad de expresión sólo se puede restringir según el artículo 6o constitucional cuando ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Pero también significa, según el art. 15 de la constitución, que los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados no pueden ser restringidos por otros tratados.
Ahora bien, lo que más nos interesa discutir en esta entrada es el argumento expresado por varios ministros en el sentido de que no se pueden equiparar los derechos humanos previstos en la constitución con los previstos en los tratados, pues los primeros se establecen a través de un proceso democrático especialmente cualificado -reforma a la constitución-, mientras que los segundos no, puesto que en la celebración de los tratados sólo participan el presidente de la República y el Senado. Hasta aquí se podría decir que la balanza se inclina a favor de los derechos constitucionales. Sin embargo, el análisis de calidad democrática no puede quedar aquí.
El establecimiento de un Consejo Rector como órgano encargado de concretar los compromisos asumidos en el Pacto por México es una posible amenaza al ideal del autogobierno y exige de nuestra parte un análisis desde el punto de vista democrático. Para algunos esto es algo intrascendente, mientras que para otros es mejor que pase desapercibido. Y es que si es el Consejo Rector, integrado por parlamentarios pero también por políticos que en este momento no tiene legitimidad democrática alguna –pues no han sido electos a través del voto-, el que termina decidiendo cómo se van a llevar a la práctica los compromisos estipulados en el Pacto por México (incluso redactando las iniciativas de ley), se estaría afectando gravemente la función que tiene asignada el Congreso en nuestra democracia.
Veamos. Más allá de que el Consejo Rector esté integrado por algunos parlamentarios, esto no le dota de legitimidad democrática para tomar las decisiones que se están dejando en sus manos. Se me dirá que dicho Consejo no va a “legislar” y, en esa medida, no hay afrenta al Congreso. Y claro, sólo faltaba que el Consejo “legisle”, lo cual a todas luces es un sinsentido. Sin embargo, no por ello la crítica a la posible usurpación de funciones deja de ser importante.
El Pacto por México es una agenda política que se han fijado las tres principales fuerzas políticas del país -recalco las tres principales más no todas las fuerzas representadas en el Congreso- con la cual podemos estar más o menos de acuerdo o en total desacuerdo, y con ello no hay ningún problema. El problema se puede dar si es que el Consejo Rector termina discutiendo y redactando las iniciativas de ley para que éstas sean sólo aprobadas por el Congreso. Es decir, si se vacía de sentido a la función que tiene éste en una democracia. ¿Cuál es esa función? Ser un espacio en el que todas las fuerzas políticas –y no sólo unas cuantas- puedan deliberar siguiendo ciertas reglas y decidir a través de la regla de la mayoría sobre la forma más adecuada –desde su punto de vista- de cumplir con los principios y reglas establecidos en la Constitución. Ahora bien, la diferencia con el Consejo Rector es que en el Congreso existen reglas sobre el procedimiento de discusión y votación, en el que las minorías pueden hacer valer su punto de vista aun cuando su voz no sea la que al final obtenga el mayor número de votos. En efecto, el número de parlamentarios, el sistema de mayorías y representación proporcional, las reglas del debate etc., tienen como fin que todos los diferentes intereses que existen en nuestra sociedad plural –por una cuestión de respeto y con el objetivo de obtener mejores resultados- se vean plenamente representados, es decir, tengan voz y voto, y sean directamente confrontados. Además, se trata de discusiones que son públicas, lo que permite al ciudadano conocer la posición de cada unos de los partidos y así tener mayor información a la hora de emitir su voto en la próxima elección. Desde este punto de vista, el establecimiento y cumplimiento de las reglas procedimentales no es una cuestión baladí.
Aquí conecto con mi segundo punto. Algunos partidarios de la “eficacia gubernamental” me dirán que todo esto es una buena teoría, pero que al fin y al cabo las decisiones en el Congreso también se toman sin deliberación pública y por las cúpulas partidarias. Y sí, es verdad que la crisis de la representación parece ser que ha llegado para quedarse. Sin embargo, eso no nos obliga a bajar la puerta del constitucionalismo e irnos a hacer alguna otra cosa que sea más “efectiva”, sino al contrario. Una situación como la que nos presenta el Consejo Rector nos obliga a seguir insistiendo, aunque sea una mera “utopía”, en que el autogobierno es algo que debe tomarse en serio y que si hemos establecido procedimientos para ello, estos deben ser respetados y sustancialmente cumplidos. De igual forma, nos invita a seguir pensando en diseñar mecanismos directos y semi directos de participación popular que no dejen inerme al electorado entre una elección y otra. Desafortunadamente ahora no puedo detenerme en eso.
Llegó al tercer punto. Es cierto que para muchos ciudadanos el país ha estado estancado durante los últimos años y que no logramos obtener lo que quisiéramos. En este contexto decir que “México tiene que avanzar” apela a nuestros deseos más profundos. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el problema es que “avanzar” significa cosas distintas según la persona de que se trate. Pongo un ejemplo muy sencillo. Para algunos, la democratización de los medios de comunicación pasa por crear una tercera cadena televisiva, sin importar quiénes sean los dueños ni cual sea la línea que sigan. Por el contrario, hay quienes consideran que dicha reforma exige además de la desconcentración, la apertura del espectro a una pluralidad de voces, la creación de una televisión pública y el subsidio de aquellos que muy difícilmente puede acceder a los medios de comunicación, como podrían ser los pueblos indígenas, entre otras cosas. Por ello es que para hacer que “México avance” nuestra mejor solución es el government by discussion. Lo que implica, en primer término, que seamos nosotros (todos) los que discutamos y decidamos. En segundo lugar, que si hemos elegido a ciertos representantes, sean éstos y no otras élites las que lo hagan. Finalmente, que si nuestros representantes no cumplen su cometido existan mecanismos para exigirles que así sea.
Última reflexión. ¿Existe algún mecanismo para exigir que el Congreso cumpla con el proceso deliberativo? En mi opinión sí, aunque en nuestro entorno, hasta donde tengo conocimiento, ha sido poco explorado. Como lo manifesté en algún otro trabajo[1] una de las tareas –entre otras- de la justicia constitucional en una democracia que aspira a tomar las decisiones a través de procedimientos participativos y deliberativos es garantizar que la deliberación parlamentaria se lleve a cabo conforme a los procedimientos y las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. Esta no es una novedad en otras prácticas constitucionales, tal y como sucede en España. En términos generales, como lo ha manifestado el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón: “al analizar la calidad del procedimiento legislativo es necesario distinguir dos planos diferentes: por un lado, el de la adopción de decisiones parlamentarias, que es donde cabalmente rige el principio mayoritario; por otro, el del procedimiento deliberativo previo a la adopción de la decisión o acuerdo parlamentario, que es donde tiene su cabal asiento el principio de pluralismo democrático” (Voto particular STC 136/2011). Para el logro de estas tareas los tribunales constitucionales tienen en sus manos diferentes instrumentos –comunicativos y coercitivos-. El uso que hagan de éstos dependerá del vicio “deliberativo” que afecte a la disposición impugnada, buscando en la mayor medida posible, que sea el legislador quien remedie sus errores[2].
[1] Niembro Ortega, Roberto, “Una aproximación a la justicia constitucional deliberativa”, en Juan Pablo Pampillo Baliño (coord.), Obra Jurídica Enciclopédica en Homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su Primer Centenario, Tomo de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2012.
La iniciativa de reforma al artículo 1º constitucional presentada por el diputado Arroyo Vieyra encendió las señales de alerta de muchos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, las que con mucho tino la han calificado como una regresión en materia de derechos humanos. En esta entrada quisiera expresar los argumentos por los que, en mi opinión, sí se trata de una iniciativa regresiva aunque no por las razones que se han expresado hasta el momento.
Empiezo por lo que debiera ser obvio pero sobre lo que muy pocos han llamado la atención. Me refiero a la falta de impulso social detrás de la reforma, así como la poca o nula discusión popular que existió al respecto antes de su presentación. Como se sabe, a diferencia de lo que sucede con la presente iniciativa, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos sí tuvo detrás una fuerte movilización de las ONG´s, así como larguísimas discusiones académicas. En ese sentido, la primera pregunta es: ¿por qué esta iniciativa al iniciar la legislatura/sexenio y a qué intereses atiende? Hasta donde llega mi conocimiento, la única explicación que encuentro es el “miedo” que tienen algunos sectores a la apertura en materia de derechos humanos, que en definitiva es un proceso irreversible. Por otro lado, según recuerdo, la iniciativa de reforma constitucional no estaba dentro de las propuestas de campaña, momento en el cual la ciudadanía podría haber debatido sobre su oportunidad o conveniencia. Lo que en cualquier caso no puede ser es que se utilice el poder que han dado las urnas para pretender modificar la Constitución a capricho del gobernante de turno, siendo que su reforma debe hacerse a través de un proceso deliberativo especialmente cualificado.
¿Cuál es la trascendencia de la iniciativa que se plantea? En algunos espacios se ha dicho que con esta iniciativa se cancelan nuestros derechos previstos en los tratados internacionales. En mi opinión, esto no es correcto y no deberíamos alentar este discurso, pues aun suponiendo que se apruebe, no es verdad que los derechos previstos en los tratados vayan a dejar de ser vinculantes. Ahora bien, lo que sí es verdad es que si bien la iniciativa no cancela la obligación de interpretar los derechos de conformidad también con los tratados internacionales, sí los deja en un papel secundario. El texto de la iniciativa es el siguiente: “De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.
¿Y qué hay del principio pro homine? Por otro lado se ha dicho que el principio pro homine se verá relegado por el de jerarquía de la Constitución. De nueva cuenta, creo que con el fin de hacer más fuerte la crítica a esta mala iniciativa, se está alentando una lectura de la propuesta que no se compadece con su texto y que tampoco debiéramos alentar previendo que pueda ser aprobada. En efecto, si nos atenemos al texto de la iniciativa, ésta no dice que el principio pro homine deba dejarse de lado, sino que en caso de contradicción entre los principios constitucionales y de los tratados internacionales deben prevalecer los primeros. Lo cual, como veremos es reprochable, pero no significa que los principios constitucionales no deban interpretarse de tal manera que se favorezca la protección más amplia.
Si esto es así, el problema entonces es que se relegan “los tratados internacionales”. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto?, ¿es que en materia de derechos los tratados internacionales son más garantistas?
Aquí llego al punto que más me interesa tratar y que considero es el más trascedente. Que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados internacionales no nos asegura per se que se dará la protección más amplia a la persona. Esto es así pues, salvo contadas excepciones (piénsese por ej. el caso del trabajo forzoso analizado en la A.I. 155/2007), los tratados internacionales no dicen con precisión -como si se tratara de reglas-, cuáles son las implicaciones de los derechos que prevén, como tampoco dicen con exactitud cuáles son los límites a estos. Al igual que las Constituciones, los tratados utilizan un lenguaje ambiguo que debe ser interpretado y está sujeto a controversia. De hecho, los tratados pueden ser objeto de interpretaciones muy diversas pero igualmente razonables. Lo importante es entonces quién hace la interpretación de los tratados y cómo son –generosas, restrictivas- esas interpretaciones.
Dicho de otra manera, la exclusión de medidas arbitrarias o la protección más amplia para las personas no se garantiza por el sólo hecho de que los tratados tengan prevalencia sobre la Constitución o viceversa o que tengan la misma jerarquía, sino porque la interpretación más garantista que se haga de ellos sea la que prevalezca. Sin embargo, en una sociedad regida por el pluralismo y el desacuerdo ético determinar cuál de las interpretaciones es más garantista no es cosa fácil. Así, ante la falta de criterios sustantivos que nos digan que tal o cuál interpretación es más garantista, nuestra única herramienta para favorecer la protección más amplia es la institucionalización de procesos continuos e incluyentes de deliberación constitucional, cuyos participantes estén en una posición de igualdad formal y material, y en los que exista la posibilidad de objeción recíproca. De esta manera, el problema central de la iniciativa es que implícitamente otorga a un órgano -en este caso nacional- la facultad de decidir que existe una contradicción entre principios constitucionales e internacionales y, por tanto, que debe prevalecer “el texto constitucional”, o más específicamente, la interpretación que haga éste del texto constitucional. Es decir, le otorga el poder de cerrar el proceso deliberativo sin la posibilidad de que su interpretación pueda ser objetada en otra sede y por otros actores.
Me explico. Tal y como está el artículo 1º constitucional hoy en día, cual sea la interpretación que más favorezca a la persona es una cuestión que es objeto de un debate continuo en el que se puede echar mano del texto de la Constitución y de los tratados, pero sin que la Constitución establezca en última instancia cuál es dicha interpretación. Así, lo valioso del artículo 1º vigente no es que nos asegure per se “la protección más amplia”, pues eso depende de la interpretación que haga en el caso concreto el operador jurídico encargado de interpretar los derechos, sino en que no se inclina a priori por una determinada voz, como sí lo hace la iniciativa del diputado Arroyo. En efecto, lo que implica dicha iniciativa es que en caso de contradicción entre la interpretación de la Constitución que hacen los jueces nacionales y la interpretación de los tratados internacionales que hacen los jueces nacionales, pero sobre todo los internacionales, debe prevalecer la primera. Y para colmo deja dicha decisión en manos de los propios jueces nacionales, quienes son los que pueden determinar que existe una contradicción entre los principios constitucionales y los previstos en los tratados internacionales y, por ende, que se debe dar prioridad al “texto constitucional” (o más bien a la interpretación que éstos hicieron del texto constitucional). El problema no está tanto que “se deja de garantizar la protección más amplia”, pues ésta no depende de la prevalencia de los tratados sobre la Constitución, o que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados, sino de que sea la interpretación de los actores nacionales la que prevalezca “por ser la suya”.
De esta manera, en el fondo la razón por la que la iniciativa ha generado tanta oposición son las implicaciones que puede tener en relación con el poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para interpretar nuestros derechos, en la que por diversas razones confían más los opositores de la iniciativa. En efecto, la consecuencia más palpable de la reforma del 2011 fue, en mi opinión, que sirvió de fundamento para que la Suprema Corte -en el caso Radilla- hiciera obligatorios para todos los jueces mexicanos los criterios de la CoIDH en los casos en que México sea parte, y orientadores cuando no lo sea. Así, los críticos de la iniciativa tienen un miedo fundado a que se eche para atrás este criterio de la Corte y sea más difícil hacer valer las generosas interpretaciones de la Corte Interamericana. Este es el meollo de la cuestión. Más allá de que la reforma de 2011 vino a reforzar la obligación de los operadores jurídicos de tomar en cuenta los tratados internacionales, estos ya formaban parte de lo que algunos llaman “bloque de constitucionalidad”, es decir, de lo que debería servir como parámetro de control. Desde esta perspectiva, la consecuencia práctica más importante del nuevo artítuclo 1º es que sirvió para que la Suprema Corte se tomara en serio las interpretaciones de la CoIDH y dictará la resolución del Caso Radilla, que se quiere conservar.

References: artículo 39
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 1
 resolución