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Timestamp: 2016-12-03 21:50:32+00:00

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[Sentencia C-567/10]- Constitucionalidad de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009- Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria | laboralparatodos.com
[Sentencia C-567/10]- Constitucionalidad de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009- Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria
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BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMIENTO	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	(2002) 623-1608
OBJETO Y PROPOSITO – PARTICIPANTES
Participantes	Contribuciones
Argentina	20.000
Bolivia	2.500
Chile	2.500
Colombia	10.000
Costa Rica	500
Honduras	2.500
Nicaragua	2.500
Panamá	5.000
Paraguay	2.500
Perú	2.500
República Dominicana	2.500
Uruguay	5.000
Venezuela	12.000
CIID (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo-Canadá)	100
Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a esta Corporación declarar ajustados los preceptos de la Ley 1351 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’, Enmendado, y el “Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998.” a la Constitución Política de 1991. Frente a los aspectos relacionados con el procedimiento, se señaló que “[d]urante el trámite del Proyecto de Ley 54 de 2008 (S) – 225 de 2008 (C) se dio estricto cumplimiento a los requisitos, términos y condiciones definidos para el efecto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992, tal y como se puede evidenciar en las Gacetas del Congreso correspondientes y la información remitida por la Secretarías Generales por requerimiento de la H. Corte Constitucional”. 3. En relación con los aspectos de fondo, en síntesis, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que no se advierten contradicciones con el texto constitucional. Por el contrario, señala que la ley objeto de examen desarrolla mandatos constitucionales como la cooperación internacional, la internacionalización de las relaciones políticas y el estímulo al desarrollo tecnológico en actividades agrícolas con el propósito de incrementar la productividad de dicho sector. Adicionalmente, señaló que “el impacto fiscal que tendrá la Nación con la adopción de la Ley 1351 de 2009 derivado del pago de las contribuciones pactadas en el convenio de cooperación, se calculó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también autor de esta iniciativa, en la suma de US $8.195.597 equivalentes aproximadamente a $17.985.000.000 de pesos colombianos. Dicho valor se financiará con cargo al presupuesto del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –COLCIENCIAS-, de conformidad con el convenio celebrado entre Colciencias y el BID, el cual se suscribió con el fin de dar cumplimiento a la condición establecida en la firma del Convenio Constitutivo por parte de Colombia para el pago de las contribuciones, toda vez que tal entidad es el organismo competente dentro del Estado Colombiano para participar en el Programa Cooperativo de acuerdo con los Decretos 585 y 591 de 1991”. 4. La Coordinadora del Área de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación, manifestó que coadyuvaba la solicitud de constitucionalidad de la Ley 1351 de 2009 presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
A partir de lo anterior, la representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural concluye que la Ley 1351 de 2009 “viene siendo el desarrollo de los principios constitucionales fijados en el artículo 8 de la Carta Política, como quiera que, el fomento de la investigación agropecuaria por medio del Programa o Fondo, propende por asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales, con lo cual se cumple la obligación de proteger[los]”¸razón por a cual reclama la declaratoria de constitucionalidad. III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En cuanto al procedimiento legislativo y luego de hacer un análisis detallado de cada una de las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó que se respetaron las condiciones constitucionales relacionadas con la adopción del tratado y las formalidades propias de las etapas, en cada una de las cámaras del Congreso de la República. En lo relativo a la constitucionalidad de la Ley 1351 de 2009, advierte que ésta contiene dos (2) instrumentos internacionales, respecto de los cuales realiza una descripción individualizada. Luego de la descripción de las disposiciones normativas contenidas en cada uno de los instrumentos, esto es, del ‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ Enmendado, y del ‘Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996’, concluyó que las normas de la Ley 1351 de 2009 “se ajustan a la Constitución Política, en la medida que contribuyen a promover la integración económica y social, al tenor de los dispuesto por el artículo 227 de la Constitución”. Señala dos razones para soportar esta conclusión: “a) Busca el fortalecimiento del sector agropecuario, lo cual desarrolla el contenido del artículo 2º de la Carta, pues cumple con el fin esencial del Estado de impulsar la prosperidad general. En igual sentido, cumple con los cometidos del artículo 65 de la Constitución Política que le confiere protección especial a la producción de alimentos, otorgando prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Así mismo, el inciso segundo de la citada disposición constitucional establece que ‘el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad’ aspectos que se reflejan cuando en el artículo 1 del Convenio se promueve la competitividad del sector agroalimentario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en la región”
De esta manera, a juicio de la Procuraduría General, tanto en su aspecto formal como material, la Ley 1351 se ajusta a los preceptos constitucionales porque, en primer lugar, “se cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse en parte integrante del ordenamiento jurídico interno” y, en segundo lugar, “su contenido desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional”. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política. De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”.
2.1.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del veintidós (22) de septiembre de 2009 firmada por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta Corporación que “el 15 de marzo de 1998 el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público Antonio J. Urdinola, suscribió en nombre del Estado colombiano los precitados instrumentos y el 26 de febrero de 2008 el señor Presidente de la República expidió instrumento de refrendación de firma de dichos convenios”. Respecto de este aspecto, el artículo 8 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985, dispone: “8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al articulo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.”
2.1.2. Mediante aprobación presidencial del instrumento internacional con fecha del 26 de febrero de 2008 , el Presidente de la República ordenó someter el Acuerdo bajo examen a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política.
2.2.1.1. El texto del proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República el veintinueve (29) de julio de 2008, por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga y, de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias. Su texto y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 472 del 30 de julio de 2008 .
2.2.1.2. La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por los senadores Adriana Gutiérrez Jaramillo, Jesús Enrique Piñacué Achué, Luz Helena Restrepo, Juan Manuel Galán Pachón, Mario Varón Olarte, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Nancy Patricia Gutiérrez. Fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 648 del 19 septiembre de 2008 .
2.2.1.3. De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República , el proyecto de ley fue anunciado en la sesión del catorce (14) de octubre de 2008, de acuerdo con lo consignado en el Acta Nº 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 334 del 19 de mayo de 2009. Revisado el texto de la Gaceta, se tiene que el anuncio fue realizado así:
“Procede con la lectura del anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). (…) Proyecto de ley número 54 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’, Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’, Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998. (…) Informo señor Presidente que se han hecho los anuncios para discusión y votación de los proyectos de ley para la próxima sesión” ;
2.2.1.4. De acuerdo con el anuncio precitado, el proyecto fue aprobado por unanimidad de los asistentes al día siguiente, esto es, el quince (15) de octubre de 2008, como consta en el Acta No 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 448 del 8 de junio de 2009: “El señor Vicepresidente Jairo Clopatofsky Ghisays, somete a consideración de los Senadores de la Comisión el informe con el cual termina la ponencia. Lo aprueba la Comisión.
2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores Adriana Gutiérrez Jaramillo, Jesús Enrique Piñacué Achué, Luz Helena Restrepo, Juan Manuel Galán Pachón, Mario Varón Olarte, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Nancy Patricia Gutiérrez. Fue publicada en la Gaceta del Congreso No 759 del 30 de octubre 2008 .
2.2.1.6. Según certificación expedida el 24 de febrero de 2009 por el Secretario General (e) del Senado de la República , Saúl Cruz Bonilla, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 18 de noviembre de 2008, según consta en el Acta de Plenaria N° 26 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 111 del 12 de marzo de 2009 . Según el texto de la referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
Revisado en detalle el contenido del Acta de Plenaria N° 42 de 2008, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo las 9:00 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 19 de noviembre de 2008, a las 3:00 m. (sic)”. 2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el miércoles 19 de noviembre de 2008, con un quórum deliberatorio y decisorio de 91 senadores del total que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como consta en el Acta 27 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No 112 del doce de marzo de 2009 . “La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
2.2.1.8. El texto definitivo del Proyecto de Ley 054/08 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 879 del dos de diciembre de 2008 .
2.2.2.1. Radicado el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes con el número 225 de 2008, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designados como ponentes los Representantes a la Cámara Pedro Nelson Pardo Rodríguez y Héctor Javier Osorio Botello. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 230 del 22 de abril de 2009 .
2.2.2.2. De acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación el nueve (9) de octubre de 2009 , por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en sesión del veintiocho (28) de abril de 2009, según el Acta No. 27 de la misma fecha, publicada posteriormente en la Gaceta del Congreso No. 544 del 2 de julio de 2009, en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Hace uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias: Anuncio de proyectos de ley (…) Segundo proyecto anunciado: Proyecto de Ley número 54 de 2008 Senado -225 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el convenio del programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, enmendado y el convenio de administración del programa cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, enmendado y firmados el 5 de marzo de 1998. Ponente: honorable Representante Pedro Nelson Pardo. (…) Estos anuncios se hacen para dar cumplimiento al artículo 8° del acto legislativo número. 01 de 2003, para ser aprobados en la próxima sesión de Comisión. (…) Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Pedro Pablo Trujillo Ramírez: Se anuncian su aprobación en la próxima sesión.” [Énfasis fuera de texto].
2.2.2.3. De la revisión estricta del consecutivo de actas y tal como se desprende de la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior de la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes , se tiene que (i) no hubo sesión el veintinueve (29) de abril de 2009, y (ii) es evidente que la próxima sesión se llevó a cabo el cinco (5) de mayo de 2009, como consta en el Acta 28 de la misma fecha, publicada también la Gaceta del Congreso No 544 de 2009.
2.2.2.3.1. En relación con este punto, vale la pena hacer un alto y reiterar algunas precisiones hechas por esta Corte en situaciones similares. Recientemente, en la sentencia C-305 de 2010, que fue aprobada por esta Corporación, la Corte reafirmó las reglas definidas y consolidadas por la jurisprudencia constitucional para determinar, si una situación como esta que plantea este caso, vicia la constitucionalidad de un proyecto de ley. Específicamente, en esta sentencia, la Corte estudió si en un caso -como ocurre también en el presente- donde (a) el anuncio de un proyecto de ley se hace para la “próxima sesión”, y (b) durante la sesión se precisa una fecha cierta de convocatoria, pero (c) resulta que la próxima sesión no se adelanta en la fecha cierta indicada, sino otro día, vicia la constitucionalidad del proyecto . La Corte respondió enfáticamente que esta situación no constituye un vicio. Para sostener esta conclusión, la Corte se apoyó en la reconstrucción de lo dicho en diferentes fallos, así:
“El objetivo del anuncio ha sido descrito por este Tribunal a partir de la ‘relación estrecha con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, la Corte ha resaltado que lo que se pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley.’ . De esta manera, se informa con antelación a los congresistas los proyectos que podrían ser aprobados en la siguiente sesión, lo que evita que sean sorprendidos con la votación de los mismos.
“Igualmente, los términos en que debe realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: ‘i) no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación.’ (…)
“En el mismo sentido, la sentencia C-011 de 2010 reiteró que pese a que tanto en la Comisión Segunda como en la Plenaria del Senado se hubiera anunciado el proyecto de ley para un día determinado, sin que en esa fecha hubiere tenido lugar la sesión correspondiente, no se ‘rompía’ la cadena de anuncios. Esto, debido a que se había utilizado la fórmula de la “próxima sesión”, lo cual permitía verificar, mediante el consecutivo de actas, que efectivamente en la siguiente sesión de la comisión o la plenaria el proyecto de ley había sido considerado bien para un nuevo anuncio o para su aprobación. “En concreto, la sentencia aludida advirtió: ‘Así las cosas, encuentra la Sala Plena que en el trámite legislativo en el Senado (a) el anuncio lo hicieron tanto el Secretario de la Comisión como de la Plenaria, por instrucciones de las respectivas Presidencias; (b) en ambos casos se señaló expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló las fechas en las cuales tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 145 de 2007 Senado, por lo cual, tanto para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, como para los integrantes de la Plenaria, siempre fue claro cuándo sería discutido y votado el proyecto, porque a pesar de que en algunas sesiones se convocó para una fecha determinada, también se mantuvo la fórmula de la “próxima sesión” en cada uno de los anuncios, de tal manera que los senadores siempre tuvieron certeza suficiente acerca del momento en que llevarían a cabo las discusiones y las votaciones del Proyecto, que en últimas es lo que se protege con la exigencia del anuncio. En ese orden de ideas, (d) no se rompió la cadena de anuncios, desde la fecha del primer anuncio hasta la fecha en que fue discutido y aprobado el proyecto de ley’.” Ahora bien, teniendo en cuenta que el problema jurídico que se acaba de estudiar ya ha sido objeto de pronunciamientos previos por parte de esta Corporación, la Corte encuentra que en el caso bajo estudio, la situación descrita en el apartado considerativo 2.2.2.3, no configura un vicio de constitucionalidad en relación con el tema de los anuncios. De un lado, por cuanto (i) el anuncio se hizo acudiendo a la fórmula “próxima sesión”, lo cual garantiza que los Congresistas sabían que en la siguiente sesión discutirían sobre el proyecto bajo estudio, por lo que tampoco puede argumentarse que son tomados por sorpresa viciando el proceso deliberativo, dado que estaban avisados de antemano y (ii) porque ciertamente, la discusión y aprobación se dio en la sesión inmediatamente siguiente a aquella en que se hizo el anuncio .
Confrontado el texto del Acta 28 del cinco (5) de mayo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 544 se tiene que la aprobación se dio de la siguiente manera: “Hace uso de la palabra el Presidente (e.), honorable Representante Silfredo Morales Altamar: En consideración los artículos leídos, anuncio que va a cerrarse, se cierra ¿Aprueba la Comisión los artículos leídos?
Hace uso de la palabra la señora Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Así se hará señor Presidente.” 2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por los representantes Pedro Nelson Pardo Rodríguez y Héctor Javier Osorio Botello y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 354 del 22 de mayo de 2009 .
2.2.2.5. Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en sesión del 17 de junio de 2009 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de Plenaria No. 188 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 840 del 3 de septiembre 2009 . Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el artículo 160 C.P. se realizó del siguiente modo:
“Se anuncian los siguientes proyectos para sesión plenaria del día 18 de junio en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativo según el acto legislativo 01 de julio 3 de 2003 (…) Proyecto de Ley 225 de 2008 Cámara, 054 de 2008 Senado, Por medio del cual se aprueba el Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, enmendado y el convenio (sic) de administración del programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria, enmendado, firmado el 15 de marzo de 1998 (…) Señor Presidente han sido anunciados los proyectos” 2.2.2.6. Según la certificación referida en el numeral anterior , el Proyecto de Ley fue considerado y aprobado, por unanimidad, por la mayoría requerida el dieciocho (18) de junio de 2009, con la asistencia de ciento cincuenta y tres (153) de los Representantes, de acuerdo a lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes y lo consignado en el Acta de Plenaria No. 189 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 861 de septiembre 8 de 2009 .
2.2.3 Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley. La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley . En este caso se observa que, el proyecto inició y finalizó su trámite en la legislatura desarrollada entre el 20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009. Por lo tanto, se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional.
2.2.4 Verificación del cumplimiento de los demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución. De acuerdo con el primer inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días. En el presente caso se tiene que la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 15 de octubre de 2008 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2008, es decir, se cumplió con el requisito constitucional, en tanto transcurrieron más de tres semanas entre uno y otro debate. Por otra parte, el primer y el segundo debate en la Cámara de Representantes distaron en más de ocho días, puesto que el primero de ellos ocurrió el 5 de mayo de 2009, y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 18 de junio de 2009. Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado, realizada el 19 de noviembre de 2008, y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 5 de mayo de 2009, transcurrió un lapso mayor a quince días.
Habiéndose constatado lo anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las exigencias del artículo 160 de la Constitución. 2.2.5. Una vez descrito el procedimiento que surtió el Proyecto de Ley, la Corte concluye que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues, en síntesis: (i) El Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República	Ver supra 2.2.1.1. GC* 472 de 2008.
(ii) El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo	Ver supra 2.2.1.1. GC 472 de 2008.
(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso	En Senado: Primer debate: Ver supra 2.2.1.4.; GC 448 de 2009
En Cámara	Primer debate: Ver supra 2.2.2.3; GC 544 de 2009
En Senado: Primer debate: Ver supra 2.2.1.2; GC 648 de 2008.
En Cámara	Primer debate: Ver supra 2.2.2.1; GC 230 de 2009.
(v) Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y quince días respectivamente.	En Senado	La aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 15 de octubre de 2008 (Ver supra 2.2.1.4; GC 448 de 2009) y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2008 (Ver supra 2.2.1.7; GC 112 de 2009)
En Cámara	El primer debate en Cámara tuvo lugar el 5 de mayo de 2009 (Ver supra 2.2.2.3; GC 544 de 2009) y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 18 de junio de 2009 (Ver supra 2.2.2.6. GC 861 de 2009)
(vi) Fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P. En Senado	El anuncio para el Primer debate se produjo el 14 de octubre de 2008 (Ver supra 2.2.1.3; GC 334 de 2009) y la aprobación se llevó a cabo el 15 de octubre de 2008; (Ver supra 2.2.1.4; GC 448 de 2009)
En Cámara	El anuncio para el Primer debate se produjo el 28 de abril de 2009 y la aprobación se llevó a cabo el 05 de mayo de 2009; (Ver supra 2.2.2.2. y 2.2.2.3; GC 544 de 2009)
El trece (13) de agosto de 2009, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1351 de 2009. Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el dieciocho (18) de agosto de 2009, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
3.1. Análisis de constitucionalidad a partir de la descripción de la composición y estructura normativa de los Convenios contenidos en la Ley 1351 de 2009. 3.1.1. Descripción de las disposiciones del Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria. El Convenio constitutivo del Programa está compuesto por siete artículos, compuestos al mismo tiempo por secciones y literales, cuyo contenido normativo se resume a continuación:
Por último, el artículo VII contempla las disposiciones finales relacionadas con la vigencia (sección 1), procesos reglados para la terminación o liquidación (sección 2) y las posibilidades de enmienda (sección 3), la limitación de responsabilidad (sección 4), las formas de retiro y reincorporación de los participantes (sección 5), los mecanismos de solución de controversias (sección 6) y algunas definiciones (sección 7). En relación con la vigencia, el Convenio dispone que “entrará en vigor en la fecha en que se haya suscripto por Participantes cuyas contribuciones agregadas superen los US$50.000.000, o su equivalente. El presente Convenio tendrá una duración indefinida, a menos que se termine a tenor de lo dispuesto en este artículo VII.” . En relación con las controversias, vale la pena transcribir lo que dispone el Convenio: La responsabilidad de los Participantes se limitará a la porción impaga de sus respectivas contribuciones, y la responsabilidad del Administrador se limitará a los recursos del Programa. Los Participantes, las personas que los representen o que deriven de ellos sus derechos no iniciarán ninguna acción judicial contra el Programa. Los Participantes podrán hacer valer sus derechos conforme a los procedimientos que se señalan en este Convenio, en los reglamentos del Programa o en los contratos que celebren.” Más adelante establece que “En caso de que surgiere un desacuerdo entre cualquiera de los Participantes y el Programa que no se supere mediante consulta, tal controversia se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto de tres personas: una designada por el Consejo Directivo, otra por el Participante y la tercera, salvo acuerdo en contrario entre las partes, por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El tercer árbitro podrá decidir todas las cuestiones de procedimiento en los casos en que las partes no estén de acuerdo sobre la materia. Si fracasaren todos los intentos de llegar a un acuerdo unánime, las decisiones se tomarán por mayoría. Toda decisión arbitral tendrá carácter definitivo y será ejecutada por la parte pertinente dentro de los 60 días de la notificación de la decisión. Toda duda con respecto al reparto de los costos o a la forma en que deban pagarse será resuelta por el tribunal sin posibilidad de apelación. Todo honorario o gasto pendiente de pago por el Programa a tenor de esta sección deberá sufragarse con recursos del Fondo”.
En el marco del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria creado por el Convenio constitutivo que se acaba de describir, los participantes han solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el BID) que administre dicho Programa durante el Período Inicial. Por su parte el BID, ha acordado administrarlo mediante la suscripción del Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria o “Convenio de Administración”. El Convenio de Administración está compuesto por cuatro (4) artículos, integrados también por secciones específicas. Como se indica también en el Convenio constitutivo, el marco general de funcionamiento es el siguiente: el BID presta sus servicios como depositario y ejerce sus funciones con el mismo cuidado con el que realiza sus propios asuntos. Por estos servicios no recibe reembolso alguno con cargo al Programa (artículo I, sección 3), excepción hecha de los contadores independientes que preparan el dictamen para la auditoría de los estados financieros, cuyos honorarios se cargan a los recursos del Programa (artículo II).
Revisadas y estudiadas en conjunto las disposiciones del Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria, esta Corporación encuentra que coincide y hace operativos objetivos y propósitos del Convenio constitutivo ya revisado. La Corte en ocasiones anteriores no ha encontrado problemas de constitucionalidad cuando se crean fondos de cooperación que son administrados por organismos de orden internacional frente a los cuales el Estado tiene que hacer sus respectivos aportes cuando, luego de revisar el contenido del Convenio, se encuentra que desarrolla mandatos constitucionales . Analizadas sus disposiciones, prima facie, no se advierten reproches de constitucionalidad por cuanto las normas contempladas en este último Convenio no exceden las posibilidades fijadas por nuestra Carta Política en la suscripción de este tipo de acuerdos. Al igual que el Convenio constitutivo, en el Convenio de Administración, se acude a fórmulas comúnmente utilizadas en este tipo de instrumentos internacionales, dentro de las previsiones del derecho internacional público, en especial las contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 3.3. Consideraciones Finales
De igual manera, hecha la revisión de las disposiciones contenidas tanto en el “Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria” Enmendado, como en el “Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”, la Corte encuentra que este conjunto de disposiciones, desarrollan postulados constitucionales, sin encontrar normas que contravengan enunciados normativos de la Constitución. Por el contrario, se tiene que las normas de los instrumentos internacionales analizados se ajustan a la Carta Política, en la medida en que, este tipo de tratados o acuerdos se erigen como mecanismos de colaboración entre los países, y desarrollan normas como (i) el artículo 70 conforme al cual “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional…”; (ii) los mandatos constitucionales que indican que es deber del Estado promover la competitividad, la productividad y la formación tecnológica (artículos 54 y 334), (iii) la orientación de la política exterior colombiana hacia la integración latinoamericana y del caribe (artículos 9 y 227 C.P.). También (iv) se advierte que los objetivos del proyecto de ley bajo examen se enmarcan dentro del contenido del artículo 65 superior que dispone que “la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, (…)”.
También resulta importante aclarar, en relación con la exposición de razones hechas por las oficinas jurídicas de los Ministerios del gobierno intervinientes en este asunto, que la Corte mediante el control abstracto de constitucionalidad no analiza asuntos de conveniencia o de oportunidad. Éstos corresponden al jefe de Estado y al Congreso de la República, en los términos de la Constitución . La Corte verifica que los instrumentos bajo examen, armonicen con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional, a la autodeterminación de los pueblos y de reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, según lo instituye el artículo 9 Superior. Y además, que resulten acordes con la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas y sociales, sobre bases de equidad y reciprocidad, tal y como lo ordena el artículo 226 de la Carta Política, situaciones todas, que se respetan y garantizan en los instrumentos analizados en el presente asunto.

References: artículo 8
 artículo 227
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 150
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 241
 artículo 70
 artículo 65
 artículo 9
 artículo 226