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Timestamp: 2018-08-21 00:37:38+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1999-1921
Documento BOE-A-1999-1921
«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 1999, páginas 3745 a 3769 (25 págs.)
BOE-A-1999-1921
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 del Estatuto de Autonomía.
La Constitución española, en su artículo 129.2, dispone que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece, en su artículo 35.1.23, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de cooperativas. Esta competencia fue transferida a la Comunidad Autónoma de Aragón por la Ley Orgánica 9/1992, proceso que se completó mediante el Real Decreto 567/1995, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la de esta Comunidad Autónoma. Sobre la base de esta normativa, y al objeto de fomentar la creación de sociedades cooperativas en Aragón, se dicta la presente Ley.
El modelo cooperativo tiene una importante función económica en la Comunidad Aragonesa, fundamentalmente como factor de progreso de las zonas rurales, ya que es creador de riqueza y empleo, determinando el mantenimiento de los modos de vida y cultura locales, al tiempo que constituye un tipo de sociedad de especial relevancia social que se caracteriza por la solidaridad y la participación de los socios en la toma de decisiones.
En la última década, el cooperativismo ha conocido profundas transformaciones, que no deben provocar un distanciamiento respecto de los valores y principios cooperativos tradicionalmente considerados, como consecuencia y exigencia de eficacia en la gestión mediante criterios empresariales, lo que, unido a la incorporación de España a la Unión Europea, exige un importante cambio normativo que permita afrontar la nueva situación del mercado europeo. El reto es el mantenimiento de los principios cooperativos, a la vez que se mejora la eficacia en la gestión de las cooperativas.
Esta Ley pretende actualizar la legislación cooperativa existente y recoger las peculiaridades de la realidad cooperativa de nuestra Comunidad Autónoma. Una de sus principales características es el incremento del grado de autonomía de los socios en la redacción de sus Estatutos sociales, tratando de compaginar, a su vez, el principio de seguridad jurídica de los terceros.
La Ley comienza delimitando su ámbito de aplicación, evitando posibles concurrencias con los de otras leyes de Comunidades vecinas, y sin dejar por ello de abarcar, en la forma más amplia posible, las cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del territorio aragonés. A continuación, en lo relativo a los procesos de constitución y extinción de la sociedad, así como en las demás cuestiones de índole registral, se procura la mayor simplificación de trámites, salvaguardando siempre el principio de seguridad jurídica.
Una de las innovaciones más notables de la Ley es el establecimiento de nuevas modalidades de socios.
Ello permite ampliar las formas de integración en la sociedad, pudiendo ser por tiempo determinado o con una finalidad meramente inversora, sin perder de vista los principios cooperativos y asegurándose, en todo caso, el control de la cooperativa por los socios de pleno derecho. También se fomenta la utilización de esta fórmula de economía social para la creación de empleo, al preverse un número mínimo de socios trabajadores inferior para las Cooperativas de Trabajo Asociado.
En lo referente a la estructuración, competencias y funcionamiento de sus órganos sociales, sin perder de vista la importancia que tiene la Asamblea general como supremo órgano decisorio, se pretende agilizar su funcionamiento, sobre todo en las cooperativas de menor tamaño. Así, se prevé, por un lado, la posibilidad de sustituir el Consejo Rector por uno o dos Rectores en el caso de cooperativas de primer grado de menos de diez socios, y, por otro, que en aquellas cuyo número sea inferior a cinco, todos ellos puedan formar parte del Consejo Rector, constituyéndose simultáneamente en Asamblea general. En este mismo sentido, se introduce, con ciertos límites, la posibilidad de establecer en los Estatutos el voto ponderado para determinadas clases de cooperativas, ajustándose a la participación del socio en la actividad cooperativizada.
En materia económica, se introducen importantes novedades que mejoran la situación de las cooperativas en el mercado. En lo que respecta al criterio de valoración de los bienes suministrados y los servicios prestados a los socios por la cooperativa, se establece el precio de mercado como principio general. No obstante, para varias clases de cooperativas entre las que se encuentran algunas de las de mayor peso específico, se establece como criterio el precio por el que efectivamente se hubiesen realizado los servicios o suministros, siempre que no resulte inferior a su coste. En cuanto al cómputo de los resultados extracooperativos, se introduce la posibilidad de optar en los Estatutos por su contabilización de forma conjunta o separada con los derivados de operaciones de naturaleza cooperativa.
La presente Ley potencia la existencia y dotación del Fondo de Reserva Voluntario, así como del Fondo de Educación y Promoción, ampliando las posibilidades de aplicación de éste. También es especialmente cuidadosa con el destino que dar a las subvenciones de capital que perciba la cooperativa, estableciendo que se contabilizarán como parte del Fondo de Reserva Obligatorio.
En la regulación específica de sus distintas clases, se ha realizado un notable esfuerzo por flexibilizar al máximo sus posibilidades de operatividad y maniobra.
Ello se manifiesta especialmente en el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado, en las que se amplían los límites para la contratación de trabajadores por cuenta ajena y se admite la prestación del trabajo a jornada completa o parcial. En el caso de cooperativas agrarias, además de la posibilidad de establecer el voto ponderado con una diferencia máxima de uno a cinco, se introducen previsiones en materia económica y en lo referente al principio de exclusividad. La Ley regula también dos nuevas clases de cooperativas dirigidas a colectivos que precisan una especial atención, como son las de iniciativa social y de servicios sociales.
Por último, se declara de interés social para la Diputación General de Aragón la promoción, estímulo y desarrollo del cooperativismo dentro de su territorio. Esto implica el compromiso de adoptar medidas que promuevan la constitución, desarrollo y mejor cumplimiento de sus objetivos. En esta línea se enmarcan determinadas medidas especiales y de fomento que se establecen en la Ley.
En conclusión, este texto pretende que las cooperativas, sin perder las perspectivas sociales y comunitarias que caracterizan a este tipo de sociedades, se constituyan en un instrumento fundamental para el desarrollo económico aragonés en el próximo siglo, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos societarios.
2. Las cooperativas deberán ajustar su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos y, en especial, los fijados por la Alianza Cooperativa Internacional, que serán aplicados en el marco de la presente Ley.
Dentro de ésta, actuarán con plena autonomía e independencia respecto de cualesquiera organizaciones y entidades públicas o privadas.
Las sociedades cooperativas podrán realizar su actividad cooperativizada con terceros no socios únicamente en los términos que establezcan sus Estatutos y con las condiciones y limitaciones que establece la presente Ley o sus normas de desarrollo.
2. Deberán llevar contabilidad propia, separada de la general de la cooperativa, incorporándose a ésta al cierre del ejercicio para configurar la definitiva.
6. Cualquier clase de cooperativa que no sea de crédito podrá constituir una sección de crédito, sin personalidad jurídica independiente, que actuará como intermediario financiero en las operaciones activas y pasivas de la cooperativa y de sus socios.
Al objeto de gestionar eficazmente sus fondos, podrá colocar sus excedentes de tesorería en depósitos de otras entidades financieras, fondos públicos y valores emitidos por empresas públicas.
2. Al acta, que será firmada por todos los promotores, se acompañará, como anexo, relación de los mismos. En ésta, si los promotores son personas físicas, se expresará nombre y apellidos, edad, número de identificación fiscal o equivalente, en su caso, y domicilio; si son personas jurídicas, denominación o razón social, código de identificación fiscal y domicilio social.
a) Certificación acreditativa de que no existe otra sociedad cooperativa con idéntica denominación, expedida por la Sección Central del Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
d) Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de la cooperativa e) Manifestación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones desembolsadas por los promotores no es inferior al del capital social mínimo establecido estatutariamente.
3. Asimismo, los otorgantes podrán conferir en la escritura cualquier tipo de apoderamiento, incluso el de subsanación de la misma para el caso de que contenga algún defecto que obste a su inscripción.
Libro diario de presentación de documentos.
Libro de inscripción de uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
4. Las inscripciones de los actos relativos a nombramiento y cese de los miembros de los órganos sociales y cambio del domicilio social dentro del municipio en el que se desarrolle la actividad cooperativizada, se podrán practicar también mediante certificación con las firmas del Secretario y del Presidente del Consejo Rector, legitimadas notarialmente o autenticadas por funcionario competente.
3. Las cooperativas de primer grado, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa, habrán de estar integradas por, al menos, cinco socios. Las de segundo y ulterior grado tendrán un mínimo de dos socios.
2. Los Estatutos podrán regular la existencia de socios excedentes, que serán aquellos que, habiendo cesado en su actividad cooperativizada y con una antigüedad mínima, sean autorizados a permanecer en la sociedad, con las limitaciones y en las condiciones que en los mismos se establezcan. Podrán ejercer el derecho a voto y el resto de los derechos sociales que se fijen, sin que en ningún caso el número de sus votos sea superior al 15 por 100 de los presentes y representados en aquellos órganos sociales de los que formen parte.
3. Los Estatutos podrán prever la existencia de socios colaboradores de la cooperativa, personas físicas y jurídicas que desembolsen la aportación fijada por la Asamblea general, que no podrá ser superior al 45 por 100 de las aportaciones de la totalidad de los socios, y, en su caso, fijarán los criterios de ponderada y equitativa participación de los mismos en los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa. No se les podrá exigir nuevas aportaciones al capital social.
Tampoco podrán disponer de un conjunto de votos que, sumados entre sí, representen más del 30 por 100 de la totalidad de los votos de los socios existentes en los órganos sociales de la cooperativa.
4. Las cooperativas podrán, si así se prevé en sus Estatutos, admitir a socios trabajadores de duración determinada con derechos y obligaciones propios equivalentes a los de duración indefinida, que serán regulados en los Estatutos o en el Reglamento de régimen interno. El número de socios trabajadores de duración determinada no podrá superar el 20 por 100 de los de carácter indefinido.
a) En cualquier momento, el socio podrá causar baja voluntaria en la cooperativa, observando el plazo de preaviso establecido en los Estatutos, que no tendrá una duración superior a tres meses, salvo que se haya fijado un plazo mínimo de permanencia, nunca superior a cinco años, con las excepciones previstas en esta Ley, o la imposibilidad de hacerlo antes de finalizar el ejercicio económico.
e) Los Estatutos regularán asi mismo los casos en que la baja, voluntaria u obligatoria, se considere justificada, considerándose como no justificada en caso contrario.
Los Estatutos establecerán las normas de disciplina social, los tipos de faltas, graduación, sanciones, procedimiento para su imposición, prescripción y recursos.
Los socios sólo podrán ser sancionados por las faltas previamente tipificadas.
1. La Asamblea general ordinaria será convocada por el Consejo Rector en el plazo establecido en el artículo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado, los Interventores o, al menos un 15 por 100 de los socios de la cooperativa, deberán instarla del Consejo Rector en forma fehaciente, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. Si el requerimiento no fuese atendido en el plazo de veinte días, los Interventores deberán solicitar la convocatoria ante el juez competente del domicilio social. En el último supuesto, dicha acción también podrá ser ejercida por cualquiera de los socios de la cooperativa. Si se estimase la demanda, el juez ordenará la convocatoria y designará los socios o personas ajenas a la cooperativa que habrán de presidir la Asamblea y ejercer de Secretario.
2. La Asamblea general ordinaria convocada fuera de plazo será válida, pero el Consejo Rector responderá, en su caso, de los perjuicios que de ello se deriven para la entidad y para los socios.
3. La Asamblea extraordinaria podrá ser convocada por el Consejo Rector cuando lo estime conveniente para los intereses de la cooperativa, a petición del 20 por 100 de los socios o a solicitud de los Interventores.
En el orden del día se incluirán, al menos, los asuntos solicitados. En caso de no ser atendida la petición, se seguirá el procedimiento expuesto para la Asamblea ordinaria.
1. La convocatoria de la Asamblea general deberá efectuarse mediante anuncio en el domicilio social y con la publicidad prevista en los Estatutos, de manera que todos los socios tengan noticia de la convocatoria con una antelación mínima de diez días naturales, y máxima de treinta, a la fecha prevista para su celebración.
3. El orden del día será fijado por el Consejo Rector.
Cualquier petición hecha por el 10 por 100 de los socios durante los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria deberá ser incluida en el orden del día.
En este caso, el Consejo Rector tendrá que hacer público el nuevo orden del día en los tres días siguientes a la finalización de este plazo.
4. No obstante lo anterior, la Asamblea se entenderá válidamente constituida, con carácter de universal, siempre que estén presentes o representados la totalidad de los socios y acepten, unánimemente, su celebración y los asuntos a tratar, firmando todos ellos el acta.
1. La Asamblea general habrá de celebrarse en la localidad del domicilio social de la cooperativa o en cualquier otra señalada por la Asamblea general anterior, salvo en el caso de la Asamblea constituyente.
2. Quedará válidamente constituida en primera convocatoria si están presentes o representados más de la mitad de los socios, y en segunda convocatoria, cuando estén presentes o representados, al menos, un 10 por 100 de los votos o cincuenta votos sociales, salvo que los Estatutos establezcan expresamente su validez cualquiera que sea el número de socios asistentes.
4. El Secretario levantará acta del desarrollo de la Asamblea, que podrá aprobarse a la finalización de la misma o dentro de los quince días siguientes, por el Presidente y, al menos, dos socios nombrados por la Asamblea, quienes la firmarán junto con el Secretario.
Contendrá, al menos, de modo sucinto, los asuntos debatidos, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones. El acta, una vez aprobada, se inscribirá en el libro de actas. Cualquier socio podrá solicitar certificación de la misma, que será expedida por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
2. Los acuerdos sobre fusión, escisión, disolución por la causa prevista en el artículo 67.1.c) de esta Ley, transformación, emisión de obligaciones, transmisión por cualquier título y, en general, cualesquiera que impliquen modificación de los Estatutos sociales, requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los votos válidamente emitidos.
3. En ningún caso los Estatutos sociales podrán establecer una mayoría superior a los dos tercios de los votos presentes y representados o, en su caso, superior a más de la mitad de los votos sociales.
5. Las votaciones serán secretas, cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales o el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de los órganos sociales, así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción. Se adoptará, también mediante votación secreta, el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día, cuando así lo solicite un diez por ciento de los votos presentes y representados.
2. El Consejo Rector será elegido en votación secreta por la Asamblea general de la forma que estatutariamente se determine. En todo caso, y siempre que los Estatutos lo permitan, una cuarta parte de sus miembros podrán ser elegidos entre personas no socios.
Cuando se eligiese a una persona jurídica, ésta habrá de designar a la persona física que la represente en el Consejo Rector durante su período de mandato, salvo que se comunique fehacientemente a éste su revocación expresa. El nuevo representante y su aceptación del cargo se inscribirán en el Registro de Cooperativas, en el plazo de un mes.
1. Los Estatutos de la sociedad regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector, así como la periodicidad con la que deba reunirse. Su convocatoria la efectuará el Presidente a iniciativa propia o de, al menos, un tercio del Consejo, pudiendo ser convocado por cualquiera de los que hayan hecho la petición si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días.
1. El Consejo Rector podrá delegar sus facultades, de forma permanente o por un período determinado, en uno de sus miembros como Consejero delegado o en una Comisión ejecutiva, mediante el voto favorable de los dos tercios de sus componentes. Asimismo, podrá otorgar poderes a cualquier persona, cuyas facultades se recogerán en la correspondiente escritura de poder.
Los acuerdos se inscribirán en el Registro de Cooperativas.
2. Las facultades delegadas sólo podrán abarcar el tráfico empresarial ordinario de la cooperativa. En todo caso, el Consejo Rector conservará las facultades de:
3. Él o los componentes de la Dirección o Gerencia tendrán los derechos y obligaciones establecidos en su contrato. Cada trimestre, al menos, deberá presentar al Consejo Rector un informe claro y suficiente de la situación económica y social de la cooperativa. Dentro del plazo de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, presentará la Memoria explicativa de la gestión de la empresa, el Balance y la Cuenta de Resultados.
2. Adoptado por la Asamblea general el acuerdo de ejercer la acción de responsabilidad, ésta deberá ejercitarse en el plazo de tres meses. De no ejecutarse, quedarán legitimados para ello el 20 por 100 de los socios.
c) Los quebrados o concursados no rehabilitados, los condenados a penas que conlleven la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, quienes hubiesen sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y quienes, por razón de su cargo, no puedan ejercer el comercio.
3. Cuando la cooperativa deba obligarse con cualquier miembro del Consejo o de la Dirección, o con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, será necesaria la autorización de la Asamblea general, siendo el contrato anulable en caso contrario.
Los miembros en quienes concurran estas circunstancias no podrán tomar parte en la correspondiente votación.
2. Los Estatutos determinarán el número y la duración de su mandato, que no será inferior a dos años ni superior a cuatro.
4. Los Interventores presentarán a la Asamblea general un informe escrito sobre la Memoria explicativa de la gestión de la empresa, Balance y Cuenta de Resultados y demás documentos contables que preceptivamente deban ser sometidos a la Asamblea general para su aprobación. Los Interventores dispondrán del plazo de un mes, desde que el Consejo Rector les haya entregado la documentación, para la elaboración del informe.
Si hubiese discrepancia entre ellos, podrán emitir informe por separado.
CAPÍTULO VI Del régimen económico
1. El capital social de la cooperativa, que será variable, estará formado por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, que se acreditarán mediante inscripción en el libro de registro de aportaciones al capital social y en la forma que determinen los Estatutos.
Los Estatutos fijarán el capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la cooperativa, que deberá estar totalmente desembolsado.
4. El importe total de las aportaciones de cada socio en las cooperativas de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas, no podrá exceder de un tercio del capital social.
1. Los Estatutos fijarán el importe de la aportación obligatoria necesaria para adquirir la condición de socio, que deberá suscribirse íntegramente y desembolsarse, al menos, en un 25 por 100. Esta podrá ser diferente para los distintos tipos de socios o, también, proporcional a su participación en las actividades o servicios de la cooperativa, conforme a módulos claramente establecidos.
2. Las sucesivas aportaciones obligatorias al capital social se desembolsarán en la forma y plazos establecidos en los Estatutos o por la Asamblea general, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.1.
1. La Asamblea general y, si lo prevén los Estatutos, el Consejo Rector. podrán acordar la admisión de aportaciones voluntarias al capital social. Serán desembolsadas, al menos, en un 25 por 100 en el momento de la suscripción, que se efectuará en el plazo máximo de un año, y el resto se desembolsará en el plazo fijado en el acuerdo de emisión.
Los Estatutos determinarán si las aportaciones al capital social pueden devengar intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés para las aportaciones obligatorias lo fijarán los Estatutos o la Asamblea general, y para las voluntarias, el acuerdo de emisión, sin que en ningún caso pueda superar en tres puntos el tipo básico del Banco de España para las obligatorias y en cinco puntos para las voluntarias.
1. El Balance de la cooperativa podrá ser actualizado en idénticos términos y con los mismos beneficios previstos en la normativa para las sociedades.
Los Estatutos sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital en caso de baja del socio, de acuerdo con las siguiente normas:
a) Del importe de las aportaciones desembolsadas en el momento de la baja, se deducirán las pérdidas imputables al socio correspondientes al ejercicio económico en que se haya producido la baja y las acumuladas, si existiesen, en la proporción que le corresponda.
b) En los supuestos de expulsión o baja no justificada, podrá aplicarse una deducción no superior al 40 por 100 o 20 por 100, respectivamente, del importe de las aportaciones obligatorias, una vez realizada la deducción por pérdidas.
c) El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja, o de un año en caso de defunción del socio, con derecho a percibir sobre el importe de la aportación no reintegrada el tipo de interés básico del Banco de España, o el fijado para los socios en activo, si fuera mayor. Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización.
d) Excepcionalmente, en los supuestos en que la devolución pueda poner en dificultad la estabilidad económica de la Cooperativa, el departamento competente podrá ampliar los citados plazos, a petición de la misma, hasta el límite de diez años.
e) En todo caso, cuando existan compromisos anteriores a la baja del socio pendientes de cumplir, será de aplicación la previsión estatutaria a que se refiere el artículo 22 a) de la presente Ley.
a) Por actos inter vivos entre socios, en los términos fijados en los Estatutos.
2. En este último supuesto, la participación del causante en la cooperativa se repartirá entre los derechohabientes en la proporción que legalmente les corresponda. Cada uno de ellos podrá solicitar al Consejo Rector, en el plazo de seis meses, la liquidación de su parte o su admisión como socio, según lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de esta Ley, y en la cuantía que le haya correspondido en la partición hereditaria. Si ésta fuera inferior a la aportación obligatoria que deba realizar el nuevo socio, deberá suscribir y, en su caso, desembolsar la diferencia en el momento en que adquiera dicha condición.
1. Los Estatutos o la Asamblea general podrán establecer cuotas de ingreso y periódicas que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrán ser superiores al resultado de dividir los fondos de reserva que figuren en el último Balance aprobado, con exclusión del Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones, por el número de socios o por el volumen de participación en la actividad cooperativizada y multiplicada por la actividad cooperativizada potencial del nuevo socio.
6. Las subvenciones en capital recibidas por la cooperativa serán irrepartibles y se imputarán al ejercicio conforme a lo establecido en la normativa contable, destinándose anualmente al Fondo de Reserva Obligatorio, en una subcuenta que llevará por denominación «Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones».
4. Los Estatutos establecerán los casos en que sea necesario someter a auditoría externa las cuentas anuales y el estado económico de la cooperativa y, en todo caso, en los supuestos previstos en la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo. En los casos en que la auditoría sea preceptiva legalmente o se haya practicado a petición de la mayoría de socios, se depositará en el Registro de Cooperativas.
2. No obstante, se considerarán gastos deducibles para obtener el resultado neto los siguientes:
a) El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión cooperativa, valorados a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos de los socios trabajadores y socios de trabajo.
b) Los gastos necesarios para el funcionamiento de la cooperativa.
c) Los intereses debidos a los socios, obligacionistas y otros acreedores.
e) Cualesquiera otros gastos deducibles autorizados por la legislación fiscal a estos efectos.
4. Se considerarán extracooperativos y se contabilizarán separadamente, destinándose como mínimo un 50 por 100 al Fondo de Reserva Obligatorio, los beneficios obtenidos en las operaciones con terceros, los obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, los derivados de inversiones o participaciones en sociedades de naturaleza no cooperativa, salvo las que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la propia actividad de la cooperativa, y los procedentes de plusvalías derivadas de la enajenación del activo inmovilizado no reinvertidas en su totalidad en activos de idéntico destino en un plazo no superior a tres años.
No obstante lo anterior, la cooperativa podrá optar en sus Estatutos por la no contabilización separada de los resultados extracooperativos, en cuyo caso, la dotación al Fondo de Reserva Obligatorio será, como mínimo, del 30 por 100 del total de los resultados de la cooperativa. El Fondo de Educación y Promoción se dotará con el 10 por 100 de dicho total.
1. De los excedentes netos del ejercicio económico una vez deducidos los impuestos, se destinará el resultado, previa compensación, en su caso, de las pérdidas de ejercicios anteriores en un 30 por 100 como mínimo, a dotar los fondos obligatorios. Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o mayor al 50 por 100 del capital social, se destinará al menos un 5 por 100 al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, y un 10 por 100, al menos, cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe superior al doble del capital social.
5. Los Estatutos deberán fijar los criterios para la imputación de las pérdidas del ejercicio económico, siendo válido imputarlas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, en un plazo máximo de siete años. En todo caso, deberán cumplir las siguientes reglas:
a) Al Fondo de Reserva Obligatorio se imputará hasta un máximo del 50 por 100 de las mismas. La diferencia resultante se imputará a cada socio en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas en la cooperativa o que estuviese obligado a realizar de acuerdo con los módulos básicos establecidos en los Estatutos sociales. En ningún caso se imputarán en función de las aportaciones de cada socio al capital social.
En todo caso, las pérdidas procedentes de operaciones extracooperativas se imputarán previamente y en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio hasta el límite de su dotación. Si ésta fuese insuficiente para compensar dichas pérdidas, la diferencia se recogerá en una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros ingresos del fondo.
c) Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran producido. El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación.
Si lo acuerda la Asamblea general, podrán imputarse con cargo a retornos que puedan corresponderle en el plazo de siete ejercicios. Si, transcurridos éstos, quedasen pérdidas sin compensar, deberán satisfacerse directamente por el socio en el plazo de un mes a partir del último Balance aprobado por la Asamblea general.
2. El Fondo de Reserva Obligatorio es irrepartible entre los socios, y se constituye:
a) Con el porcentaje de los excedentes netos que establece el artículo 58.1 de esta Ley.
b) Con el 50 por 100, al menos, de los beneficios extracooperativos.
f) Con las partidas destinadas al Fondo de Reserva por Subvenciones.
4. El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa tiene por objeto la formación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas cooperativas, económicas y profesionales, la consecución de mejoras en los sistemas de prestaciones sociales, el fomento y la difusión del cooperativismo en su entorno social y la realización de actividades intercooperativas.
6. Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa puede ser aportado a una cooperativa de segundo o ulterior grado, unión, federación o confederación de cooperativas,oaunorganismo público o asociaciones de interés social.
7. El importe del referido fondo que no se haya aplicado deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en inversiones que garanticen suficientemente la seguridad, liquidez y rentabilidad del mismo, conforme a lo que establezcan los Estatutos.
a) Un porcentaje de hasta el 50 por 100 de los beneficios extracooperativos.
3. El acuerdo de fusión o absorción se publicará, según su ámbito, en el «Boletín Oficial de Aragón» o en el «Boletín Oficial» de la provincia en que esté ubicada la cooperativa, así como en un diario de amplia difusión en su respectivo ámbito, y no podrá ejecutarse antes de transcurridos dos meses desde el último anuncio.
Si durante este plazo algún acreedor de la cooperativa se opusiera, por escrito, el acuerdo no podrá llevarse a efecto sin que se aseguren o se satisfagan los derechos del acreedor disconforme, que no podrá oponerse al pago aunque sus créditos no hayan vencido.
7. Siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente, las sociedades laborales podrán fusionarse con Cooperativas de Trabajo Asociado mediante la absorción de aquéllas por éstas o constituyendo una nueva cooperativa de la clase mencionada.
3. El acuerdo de disolución o la resolución judicial, en su caso, además de inscribirse en el Registro de Cooperativas, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón» y en un diario de amplia difusión en su respectivo ámbito.
4. El Consejo Rector y la Dirección cesarán en sus funciones, que serán asumidas por los Liquidadores.
Aquéllos prestarán su concurso para la práctica de las operaciones de liquidación si fueran requeridos para ello.
8. Transcurrido este plazo, los Liquidadores deberán solicitar en el Registro de Cooperativas, en el plazo de quince días y mediante escritura pública, la cancelación de los asientos referentes a la sociedad, y depositar en el mismo los libros y documentos relativos a su tráfico.
El Registro conservará dicha documentación durante un período de cinco años.
a) Se separará, en primer lugar, el activo suficiente para cubrir el importe total del Fondo de Educación y Promoción que no se encuentre materializado en la forma prevenida en el artículo 59.7 de esta Ley.
e) El sobrante, si lo hubiera, y el Fondo de Educación y Promoción se depositarán en la entidad asociativa de las reguladas en el artículo 90 de la presente Ley a la que esté asociada la cooperativa o, en su defecto, a la que se decida en Asamblea general. Se depositará asimismo certificación de los acuerdos vigentes relativos al destino del Fondo de Educación y Promoción y un listado de los socios a la fecha de dicha Asamblea, con expresión de la parte que les corresponda en el sobrante.
Artículo 70. Suspensión de pagos y quiebra.
1. A las cooperativas les será aplicable la legislación concursal general del Estado en los supuestos de suspensión de pagos y quiebra.
2. La providencia judicial en virtud de la cual se tenga por incoado el procedimiento concursal respecto a una cooperativa se inscribirá en el correspondiente Registro de Cooperativas.
1. Son cooperativas de trabajo asociado aquellas que asocian principalmente a personas físicas que, mediante su trabajo, a jornada completa o parcial, realizan cualquier actividad económica o social de producción de bienes o servicios destinados a terceros. Deberán constar documentalmente las condiciones y distribución horaria de la jornada a tiempo parcial y sus posibles modificaciones.
5. En las cooperativas de trabajo asociado, los Estatutos podrán prever un período de prueba para los nuevos socios trabajadores que no excederá de seis meses.
El período de prueba podrá ser reducido o suprimido por mutuo acuerdo.
Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno o, en su defecto, la Asamblea general regularán la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, las fiestas, las vacaciones anuales, los permisos, las suspensiones de trabajo y las excedencias, respetando, en todo caso, los mínimos establecidos en la Ley General de Cooperativas. Serán de plena aplicación las normas sobre suspensiones por maternidad y adopción establecidas en la legislación vigente.
Artículo 74. Modificación, suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor.
2. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en el número anterior del presente artículo tendrán derecho a la devolución inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital socialyala devolución, en el plazo de dos años, de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. Los Estatutos podrán ampliar dicho plazo, no superando en ningún caso el de cuatro años, y manteniéndose la periodificación mensual de su devolución. En todo caso, los importes pendientes de reembolso devengarán el interés previsto en el artículo 53.1,c) de esta Ley.
Artículo 75. Sucesión de empresa.
1. Cuando una cooperativa deba subrogarse en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular, iniciará un proceso, por un período no superior a dos años, para incorporar como socios a los trabajadores por cuenta ajena afectados por esta subrogación. Durante este plazo, no se tendrá en cuenta el límite legal previsto en esta Ley sobre el número de horas/año del personal asalariado si fuere rebasado por la cooperativa, una vez ofrecida a los trabajadores incorporados la posibilidad de convertirse en socios.
2. Para que una cooperativa sea considerada como de iniciativa social, deberá constar en sus Estatutos la ausencia de ánimo de lucro y, en caso de producirse resultados positivos, éstos no podrán ser repartidos entre los socios, dedicándose a la consolidación y mejora de la finalidad prevista; asimismo, las aportaciones obligatorias de los socios al capital social no podrán devengar interés alguno, sin perjuicio de su posible actualización.
Las aportaciones voluntarias devengarán, como máximo, el interés básico del Banco de España. También constará el carácter gratuito del desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de las compensaciones económicas que procedan por los gastos en el desempeño de sus funciones como tales, y las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el 150 por 100 de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable a los trabajadores por cuenta ajena del sector.
Son aquellas cooperativas de servicios que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer la actividad de transportistas de personas, cosas o mixtos.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
También podrán asociar a otras cooperativas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de regantes y aquellas personas jurídicas que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a las de la propia cooperativa.
Tienen por finalidad la prestación de servicios y suministros, la producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos y, en general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las explotaciones de sus socios o de la cooperativa, así como de las condiciones económicas y sociales del ámbito en que desarrollen su actividad.
Podrán también suministrar bienes y servicios para el uso y consumo de sus socios.
1. Son aquellas que asocian a titulares de explotaciones agrarias que ceden sus derechos sobre éstas a la cooperativa, pudiendo prestar también su trabajo en ella. Pueden asociar igualmente a otras personas físicas que exclusivamente prestan su trabajo en la misma, a fin de crear y gestionar una única empresa o explotación agraria. El número mínimo para su constitución será de tres socios.
1. Son aquellas que procuran la atención social a sus miembros, pertenecientes a colectivos de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, menores, ancianos con carencias familiares o económicas y grupos marginados de la sociedad, facilitándoles bienes y servicios para su subsistencia y desarrollo.
Artículo 84. Concepto y caracteres.
1. Son las que tienen por objeto procurar, exclusivamente para sus socios, viviendas, servicios o edificaciones complementarias, así como su rehabilitación, pudiendo organizar el uso y disfrute de los elementos comunes y regular la administración, conservación y mejora de los mismos en el modo que se establezca en los Estatutos.
A estos efectos, podrán adquirir terrenos de gestión pública por el sistema de adjudicación directa.
5. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados a los socios mediante cualquier título legal. Si la cooperativa mantiene la propiedad, los Estatutos establecerán las normas a que habrá de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de otras cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad.
Igualmente, podrán enajenar o arrendar a terceros no socios los locales o cualquier otra edificación complementaria de su propiedad, destinándose los importes obtenidos en estas operaciones a los fines que acuerde la Asamblea general o, en su caso, el Consejo Rector, que lo comunicará a la primera Asamblea que se celebre.
6. Si el socio titular pretendiera transmitir, inter vivos, sus derechos sobre la vivienda o local antes de haber transcurrido cinco años o plazo superior establecido estatutariamente desde la fecha de concesión de la cédula de habitabilidad de la vivienda o local, deberá ponerlos a disposición de la cooperativa, que los ofrecerá a los socios expectantes por orden de antigüedad. El precio de tanteo será igual a la cantidad desembolsada por el socio transmitente, incrementada con la revalorización correspondiente al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre la fecha en que se entregó la vivienda y la de transmisión de derechos.
Artículo 85. Auditoría externa en las cooperativas de viviendas.
1. Las cooperativas de viviendas, antes de presentar las cuentas anuales para su aprobación a la Asamblea general, deberán someterlas a auditoría externa en los ejercicios económicos en que se produzca alguno de los siguientes supuestos:
2. Las cooperativas de crédito que dediquen su actividad fundamentalmente a la financiación del sector agrícola, forestal o ganaderoyalarealización de operaciones tendentes a la mejora de vida en el medio rural, adoptarán la denominación de Caja Rural.
2. Los Estatutos determinarán el centro o centros docentes cuyos alumnos puedan integrarse como socios.
El cese en el centro implicará la baja en la cooperativa, salvo que se determine un período limitado de permanencia posterior.
a) Podrán ser admitidas como socios las Sociedades Agrarias de Transformación y cualesquiera otras entidades de naturaleza pública o privada, si así lo prevén sus Estatutos, con el acuerdo favorable de, al menos, dos tercios de los votos presentes en el Consejo Rector.
Las Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación deberán ostentar la mayoría de los votos sociales, pudiendo los Estatutos establecer un mínimo superior.
1. Cinco o más cooperativas de un mismo sector de actividad económica podrán constituir una unión de cooperativas, siempre que integren, al menos, un 30 por 100 de las cooperativas de ese sector y se encuentren inscritas o domiciliadas en Aragón.
2. Diez o más cooperativas de la misma clase, individualmente o agrupadas en uniones, podrán constituir una federación de cooperativas siempre que integren, al menos, al 30 por 100 de esta clase de cooperativas.
Su ámbito territorial deberá extenderse a toda la Comunidad Autónoma.
4. Para que cualquiera de estas formas asociativas pueda incluir en su denominación un determinado ámbito territorial o un sector de actividad concreto con carácter genérico, deberá integrar, al menos, el 40 por 100 de las cooperativas o del número total de socios existentes en las mismas.
5. Las federaciones de cooperativas podrán formar confederaciones. Cuando una confederación agrupe, al menos, al 60 por 100 de las federaciones de cooperativas de Aragón registradas, se denominará «Confederación de Cooperativas de Aragón».
d) Certificaciones del Registro Central de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Registro de Cooperativas de Aragón de que no existe otra entidad con idéntica denominación.
1. Corresponde al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo la inspección y fiscalización, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cumplimiento por las cooperativas de lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de las competencias que otros órganos específicos tengan encomendadas.
2. Las cooperativas serán sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta Leyyasus Estatutos. Los miembros del Consejo Rector, Interventores y Liquidadores lo serán en todo aquello que les sea personalmente imputable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.
8. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 25.000 a 100.000 pesetas; las infracciones graves, con multa de 100.001 a 500.000 pesetas, y las infracciones muy graves, con multa de 500.001 a 5.000.000 de pesetas.
10. Las infracciones serán sancionadas a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y previa la instrucción del oportuno expediente, en el que necesariamente será oído el presunto infractor, por los Directores de Servicio Provincial, en casos de multas de hasta 2.000.000 de pesetas, y por el Director general de Trabajo, en casos de multas de hasta 5.000.000 de pesetas.
12. El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en la infracción cometida, podrá acordar la imposición de sanción consistente en la descalificación de la cooperativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
b) Hallarse incursa la cooperativa en alguna de las causas previstas en el artículo 67.1.d) de la presente Ley y no acordarse la disolución en el mes siguiente.
En este caso, la Administración deberá requerir previamente a la cooperativa para que, en un plazo no superior a tres meses, adopte las medidas pertinentes para subsanar la irregularidad.
a) A la audiencia concedida a la cooperativa se personará su Consejo Rector o, en su defecto, un número de socios no inferior a tres, salvo en caso de cooperativas de segundo o ulterior grado, en que podrán ser dos.
Si tampoco fuera posible esta última comparecencia, se cumplirá el trámite publicando el aviso en el «Boletín Oficial de Aragón».
1. Cuando en una cooperativa concurran circunstancias que pongan en grave peligro intereses de los socios o de terceros, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de cooperativas, podrá acordar, de oficio o a petición de cualquier interesado, la adopción de medidas de intervención temporal de la misma, que se acordará en el plazo de treinta días.
2. El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo será el competente, con carácter general, para el desarrollo de las funciones de promoción, fomento, difusión y formación del cooperativismo, sin perjuicio de las actuaciones que otros Departamentos realicen en razón de sus competencias específicas.
4. Los sectores citados en el párrafo anterior gozarán de preferencia a la hora de establecer las medidas de los distintos planes de fomento del cooperativismo de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Asimismo se fomentará especialmente la agrupación y creación de estructuras cooperativas de integración empresarial.
6. Se promocionará la creación de cooperativas para la gestión de servicios públicos y para la realización de obras y tareas de interés general. Párrafo añadido en ponencia y suprimido en el informe de correcciones técnicas.
Las cooperativas que tengan un volumen anual de ventas superior a 500.000.000 de pesetas, de acuerdo con las cuentas de los últimos tres ejercicios económicos, deberán designar, por acuerdo del Consejo Rector, un Letrado asesor.
Se crea el Consejo Aragonés del Cooperativismo, como órgano consultivo de la Diputación General de Aragón, para cumplir adecuadamente con los fines de promoción y desarrollo cooperativos que tiene encomendados.
Estará integrado por representantes de las organizaciones de cooperativas constituidas conforme a esta Ley y por representantes del Gobierno de Aragón.
Su organización y competencias específicas se desarrollarán reglamentariamente una vez oídas las organizaciones representativas del cooperativismo.
Disposición transitoria primera. Elaboración de Estatutos.
Las cooperativas que se constituyan en territorio aragonés con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley elaborarán sus Estatutos de conformidad con ésta, siendo nulos de pleno derecho en todo aquello en que se opongan a la misma.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de Estatutos de las actuales cooperativas.
1. Las cooperativas, uniones y federaciones de cooperativas que se hallen constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tendrán un plazo de dos años a partir de esa fecha para adaptar sus Estatutos a este texto legal. El acuerdo de modificación deberá adoptarse por mayoría simple de los votos emitidos en la Asamblea general.
2. Transcurrido el plazo señalado anteriormente sin que la cooperativa o la organización cooperativa cumpla con esta obligación, quedará automáticamente disuelta y entrará en fase de liquidación, situación que se comunicará al Departamento competente.
3. Las cooperativas disueltas conservarán su personalidad jurídica durante el período de liquidación.
4. Una vez concluida la liquidación, el Registro de Cooperativas procederá a practicar las oportunas inscripciones registrales, tanto de las disoluciones automáticas como de las cooperativas que hayan concluido su fase de liquidación.
5. Los actos y operaciones precisos para la adaptación de los Estatutos a la presente Ley no devengarán impuesto alguno.
Las cooperativas de Aragón se regirán por esta Ley, por sus Estatutos y, supletoriamente, por la Ley General de Cooperativas.
Disposición final segunda. Organización del Registro de Cooperativas.
El Gobierno de Aragón dictará las normas precisas para la organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas.
Se faculta al Gobierno de Aragón para que dicte cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Esta Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Entrada en vigor: 30 de enero de 1999.
Fecha de derogación: 10/09/2014
SE DEROGA, por Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto (Ref. BOA-d-2014-90375).
SE MODIFICA determinados preceptos y AÑADE el art. 6 bis, por Ley 4/2010, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2010-13042).
DE CONFORMIDAD con los artst. 20.4 y 35.1.23 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20819).
CITA Ley ORGANICA 9/1992, DE 23 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1992-28426).

References: artículo 20
 artículo 129
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 67
 artículo 48
 artículo 22
 artículo 58
 resolución 
 artículo 59
 artículo 90

Artículo 70

Artículo 74
 artículo 53

Artículo 75

Artículo 84

Artículo 85
 artículo 67