Source: http://legalteam.es/lt/para-decretar-la-expulsion-de-un-extranjero-con-residencia-de-larga-duracion-condenado-por-sentencia-firme-es-necesario-un-estudio-concreto-de-su-situacion-personal-y-familiar/
Timestamp: 2018-08-21 17:39:45+00:00

Document:
Para decretar la expulsión de un extranjero con residencia de larga duración condenado por sentencia firme es necesario un estudio concreto de su situación personal y familiar - Legalteam
” DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Maria Ortiz Peñalver, dirigido contra la Resolución de la Dirección de Gobierno de las Islas Baleares, de fecha 5 de junio de 2014, por la que acuerda imponer la sanción de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por 3 años, confirmándolo en su integridad. ” SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte demandante y admitido en ambos efectos, sin que ninguna de las partes propusiese la práctica de prueba, siendo seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalándose para la votación y fallo, el día 30 de junio de 2015.
57,2.º de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, esto es, “que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.
La sentencia apelada, tras reconocer que en aplicación del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE y el nuevo criterio de esta Sala iniciado con sentencia N.º 151 de fecha 11 de marzo de 2014 -en la que se postula que para supuestos de expulsión del art. 57,2.º de extranjeros con permiso de larga duración, debe justificarse que actualmente representan una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y que deben valorarse las circunstancias del art. 12,3.º de la Directiva- se aprecia que en el caso que nos ocupa existe la suficiente justificación para acordar la expulsión por entender que ” concurren en el actor circunstancias que lo hagan una amenaza grave y real para el orden público “.
No obstante debemos precisar que la medida de expulsión del art. 57,2.º LOEXtranj, es de aplicación por la condena penal por ” una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados “. Es decir, con independencia de la pena efectiva a la que fuera condenado en sentencia. Se atiende así a la pena en abstracto prevista en el Código Penal para la referida conducta y no a la pena finalmente impuesta.
Para el caso, el robo con fuerza en las cosas, por el que fue condenado en sentencia de 15.10.2009 “será castigado con la pena de prisión de uno a tres años” ( art. 240 del CP ), por lo que al no constar cancelados los antecedentes penales derivados de dicho delito, le es de plena aplicación lo dispuesto en el art. 57,2.º de la LOextranj.
El art. 12,1.º y 3.º de la Directiva 2003/109/CE disponen que “1. Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública”.
“3. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes:
d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.” Como ya hemos indicado en reiteradas sentencias, la valoración y exteriorización de su resultado (motivación) debe estar en el acto administrativo, sin que sea función del órgano jurisdiccional suplir la eventual falta de motivación de la resolución administrativa. Por lo tanto, el examen de legalidad debe proyectarse sobre la resolución de expulsión y, en concreto, sobre la motivación invocada: 1.º) para justificar que el residente de larga duración representa “una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y; 2.º) para la toma en consideración de los elementos de ” duración de la residencia en el territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia, así como los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen” Así pues, una vez admitido que concurren las circunstancias del art. 57,2.º, sólo resta analizar si la administración ha valorado y motivado suficiente y correctamente la inaplicación del art. 57.5.b) de la LO 4/2000 en relación al art. 12.3.º de la Directiva mencionada.
En la resolución administrativa se justifica que ” a tenor de lo expuesto en el antecedente de hecho tercero (en relación a las condenas penales mencionadas) se constata que el interesado no ha observado de forma reiterada, reciente, grave y con extensión a lo largo del tiempo las normas de convivencia que se ha dado la sociedad española, habiendo sido condenado por delitos contra la propiedad. En consecuencia, dada entidad del ilícito penal cometido por el ciudadano extranjero, se concluye que el mismo representa una amenaza actual, real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública según los términos en que dicho concepto jurídico indeterminado ha sido precisado por el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (sentencia N.º 471/2012, de 20 de diciembre de 2012 : “….” CUARTO: por tanto la consecuencia legal de la conducta dolosa descrita es al expulsión del territorio español con prohibición de entrada en el país por un período de máximo de cinco años, si bien excepcionalmente….” De la anterior explicación se puede entender que para el caso se hace una sucinta valoración de las circunstancias del 57.5 b) de la Ley Orgánica 4/2000, en relación a si el expedientado constituye una amenaza real y lo suficientemente grave para el orden o la seguridad pública, pero ya no se puede admitir que en la resolución se contenga expresión de la valoración sobre las demás circunstancias precisadas en la Directiva (duración de la residencia, edad de la persona implicada,….).
Curiosamente en la propia resolución impugnada se reconoce que la decisión de expulsión de quien, como el recurrente, dispone de permiso de residencia de larga duración, exige valorar ” la duración de la residencia en el territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familiar, así como los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen”, sin embargo luego no lo valora o al menos no explicita dicha valoración en la resolución impugnada, porque no es motivación la afirmación contendida en el Fundamento de Derecho “Segundo” en el sentido de que ” valorados dichos extremos (en referencia a los del art. 12,3.º de la Directiva), se concluye que no existe condicionante suficiente arraigo familiar o social que impidiese la tramitación del presente expediente”.
Se afirma ” valorados dichos extremos”, pero no se contiene en la resolución administrativa el resultado de esta supuesta valoración que permanece así oculta para el interesado, lo que le impide combatirla.
Etiquetas: expulsión de extranjeros en España
Siguiente entrada Extracto del programa electoral de Podemos en materia de Asilo y migraciones
Entrada anterior En vídeo: El próximo 9 de diciembre entra en vigor la Reforma del Reglamento de Régimen Comunitario que incluye el concepto de “familia extensa”.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución