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Timestamp: 2018-09-26 07:25:05+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 338, de 28/09/2017
cve: DSCD-12-CO-338
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 338
Pregunta del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre comunicación que se preve enviar por la Agencia Tributaria a los inmigrantes retornados, en la que se les informa de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, especialmente de la provincia de Huelva (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011494). (Número de expediente 181/000437) ... (Página2)
- Sobre el reconocimiento de Brañosera como primer municipio de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000671) ... (Página2)
- De medidas contra el comercio ilícito de tabaco. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001009) ... (Página5)
- Sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001457) ... (Página9)
- Sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001832) ... (Página13)
- Sobre el IVA aplicado a la donación de alimentos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001992) ... (Página18)
- Relativa a la modificación del Real Decreto-ley 17/2014. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002004) ... (Página22)
- Relativa a la eliminación de la tasa de reposición de personal en todas las administraciones públicas del país. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002199) ... (Página26)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, que tiene ocho puntos en el orden del día. Hay una petición de posponer un punto, y creo que ahí podemos ser un poco más flexibles que cuando se solicita adelantarlo porque todo el mundo tiene que asistir a comisiones. En concreto, se pide aplazar el punto número cinco al final de la sesión, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de medidas para luchar contra los paraísos fiscales.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Yo no puedo.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Si hay algún problema lo dejamos porque al final no es imprescindible.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Es que yo me tengo que ir a las cuatro de la tarde y no podría estar para la proposición sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Entonces lo dejamos como está.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, queda el orden del día tal como está.
Hay una petición adicional del mismo Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por una cuestión técnica. Se han presentado enmiendas a una de las iniciativas, en concreto al punto número cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, y han entrado fuera de plazo. He preguntado los antecedentes en estos supuestos para ver si se podían presentar in voce, y los servicios jurídicos me dicen que sí en el caso de que ningún grupo ponga inconveniente. ¿Hay inconveniente por parte de algún grupo en que esas enmiendas -las tienen fotocopiadas y se pueden ver- entraran in voce en el punto correspondiente? (Denegaciones). No hay ningún inconveniente. Entonces, se aceptan in voce y así constará en el orden del día. Las tienen en el mueble auxiliar que hay ahí.
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE COMUNICACIÓN QUE SE PREVÉ ENVIAR POR LA AGENCIA TRIBUTARIA A LOS INMIGRANTES RETORNADOS, EN LA QUE SE LES INFORMA DE LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE RELACIONADO CON LAS PENSIONES QUE VENÍAN PERCIBIENDO DEL EXTRANJERO, ESPECIALMENTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011494 (Número de expediente 181/000437).
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día, una pregunta, se ha retirado por parte del ponente.
- SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE BRAÑOSERA COMO PRIMER MUNICIPIO DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 161/000671).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día, que es una iniciativa sobre el reconocimiento de Brañosera como primer municipio de España, del Grupo Parlamentario
Socialista. Recuerdo que vamos a dar un tiempo de cinco minutos, suelo ser un poco más flexible con los ponentes, pero pido que los demás nos atengamos a los tiempos.
Tiene la palabra doña María Luz Martínez.
Buenos días, señorías. Probablemente cuando hayan visto en el orden del día esta proposición no de ley se habrán preguntado dónde está Brañosera, y posiblemente tampoco lo habrán asociado con la provincia de Palencia. Brañosera es un pequeño y bonito municipio que se encuentra situado en la montaña palentina lindando con Cantabria, y ya desde el año 824 cuenta con el nombre de Brannia-Osaria; es decir, tierra de brañas y de osos, que apenas ha sufrido variación hasta nuestros días. Para los palentinos y palentinas Brañosera es un gran motivo de orgullo, como lo es para los defensores del municipalismo y su historia, al fin y al cabo es el primer tipo de organización entre pobladores. El municipio de Brañosera es sin duda una referencia histórica no solo para la provincia de Palencia, sino para toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León y para el conjunto de nuestro Estado, ya que ha sido reconocido como el municipio más antiguo de España por el autogobierno atribuido en su carta-puebla, otorgada en el año 824.
La importancia del llamado fuero o carta-puebla de Brañosera es doble y se extiende tanto a la historia política del condado de Castilla como a la historia de las instituciones jurídicas más primitivas, las que se desarrollaban en los primeros momentos del nacimiento de la sociedad castellana. El contexto histórico se sitúa en el siglo después de la llegada de los musulmanes a la península, tras la victoria de don Pelayo, entonces se estableció un límite natural de tierras yermas, despobladas, entre el río Duero y la cordillera cantábrica. La vertiente norte de la cordillera era insuficiente para recoger a las gentes que huían de los invasores y el hambre. Los pobladores de las montañas empezaron a desbordar los valles septentrionales y a colonizar, poco a poco, las tierras meridionales que se abrían hacia la meseta, buscando tan solo un medio de subsistencia, tierras que cultivar. Los nobles, junto con sus tropas, ofrecían protección a cambio de tributos y, poco a poco, la relación evoluciona hacia una mayor garantía para los colonos, o sea, la carta-puebla. La legitimidad de la carta-puebla se basa en numerosos datos y referencias históricas ya desde el año 824, con la carta fundacional otorgada por el conde Nuño Núñez y su esposa Argilo y las posteriores confirmaciones de sus sucesores, Gonzalo Fernández en el año 912, Fernán González en el 968 y Sancho García en el 998. Posteriormente, el manuscrito fue dado a conocer por Fray Prudencio de Sandoval en el siglo XVII, aunque su mayor difusión tuvo lugar a partir de la publicación por Luciano Serrano en el Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925. A partir de entonces las referencias han sido múltiples, destacando sobre todas ellas el estudio monográfico de Alfonso García-Gallo en torno a la carta de población de Brañosera, publicado por la Revista Historia. Instituciones. Documentos en 1984. Sin duda alguna, el documento elaborado por don Gonzalo Martínez Diez, publicado por el Anuario de Historia del Derecho Español en 2005, supone una rotunda ratificación y autenticidad del fuero de Brañosera, datado en el 13 de octubre de 824. Tampoco hay ningún inconveniente en reconocer que algunos autores cuestionan la autenticidad de este documento. A pesar de ello, la mayoría de los historiadores coinciden en que el nacimiento de este poblado de Brañosera, con los modos incipientes de una reglamentación singularizada de cuño estrictamente local, solo tiene dos predecesores: la carta floral de Santa María Osona, dada en el ámbito astur por el rey Silo el 17 de enero del año 804; y en Castilla la de Valpuesta, organizada por Alfonso el Casto el 21 de diciembre del mismo año 804. Es uno de los escasos, más antiguos y completos, testimonios sobre la repoblación castellano-altomedieval y más importante aún, si cabe, sobre el origen de la organización municipal española actual.
Es por ello por lo que hoy traemos esta petición para ampliar el reconocimiento de Brañosera de cara a la celebración del XII centenario del fuero, con actividades que comiencen ya este año como homenaje al municipalismo español y reconocimiento institucional a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, particularmente los del medio rural, que sostienen las instituciones democráticas en todos los territorios del Estado. Lamentablemente, para este año es muy difícil emitir un sello de correos y un matasellos con motivo de la conmemoración que se suele celebrar el 13 de octubre, pero sería deseable lograrlo para 2018. Las siguientes propuestas van relacionadas con el reconocimiento a los electos y electas y empleados públicos de las entidades locales y al municipalismo en general, mediante distintas actuaciones que permitan identificar el municipalismo en España con sus orígenes, que en este caso son los de Brañosera como primer municipio de España, tanto en el programa de actividades formativas del INAP
dirigidas a los electos locales como en un acto de reconocimiento y apoyo conjunto, Congreso, Senado y el Gobierno, sobre la trascendencia del municipalismo presentando la "declaración de Brañosera".
Brañosera cuenta, además, con el reconocimiento expreso en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y también con la Medalla de Oro a los municipios de Castilla y León otorgada en 2011. Todos los datos históricos, informes elaborados e incluso la propia referencia al fuero de Brañosera en el estatuto de autonomía, son razones fundamentadas para que se reconozca al municipio de Brañosera como cuna del municipalismo en España, así como una referencia única en nuestra historia. Señorías, en unos días, el 13 de octubre, se celebra el vigésimo cuarto acto de exaltación del fuero de Brañosera, que tendrá como motivo central el municipalismo en la Europa del siglo XXI. Sería una gran ocasión no solo para celebrar el fuero, como se hace cada año, sino para celebrar un reconocimiento más de salir aprobada esta proposición no de ley. Espero que así sea y que ustedes puedan acudir a este bello municipio de la montaña palentina a celebrarlo con sus gentes y con todos sus vecinos y vecinas.
La evocación a García-Gallo nos ha despertado a todos un poco nuestros recuerdos de la carrera de Derecho. Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Paniagua.
Buenos días, señorías. En primer lugar, como palentino y como diputado por Palencia, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, y especialmente a Mariluz Martínez Seijo como impulsora, la presentación de esta proposición no de ley. También a mi grupo y a nuestra portavoz, Ana María Madrazo, por darme la oportunidad de intervenir y trabajar para sacar adelante esta iniciativa. Creo que es un reconocimiento justo y que aportará muchas cosas positivas a Brañosera, a Palencia y también al resto de municipios de España, porque no debemos olvidarnos de la labor de tantos y tantos alcaldes y concejales repartidos por toda la geografía nacional, y de la labor que tantos ayuntamientos, especialmente los pequeños, desarrollan en sus municipios, la importancia de estos en la vida diaria de todos los ciudadanos. Como bien dice la PNL, particularmente los del medio rural, que sostienen las instituciones democráticas en todos los territorios del Estado. Reconocer el origen de algo es dotarlo de valor, por lo que siempre debemos apoyar estos reconocimientos, y más aún en el caso de los ayuntamientos, la institución más cercana a los ciudadanos y donde la participación de todos es más visible y más constante. Apoyar a los ayuntamientos es apoyar a nuestra democracia, a nuestro sistema constitucional, apoyar todas las normas de convivencia que nos hemos marcado como sociedad.
La exposición de motivos de la proposición detalla muy bien el origen y la historia del fuero o carta-puebla de Brañosera y, aunque como en toda referencia histórica puede haber discusiones, el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su preámbulo hace referencia a dicho fuero. Estatuto que debo recordar a sus señorías que fue aprobado por estas Cortes Generales y que no ha sido puesto en duda ante el Tribunal Constitucional por ninguna fuerza política; es decir, estas Cortes Generales ya han validado este reconocimiento. Y también estamos de acuerdo con las propuestas de la PNL en cuanto a la celebración del XII centenario no solo por la relevancia de la fecha, sino porque, como ya he comentado, por su importancia nos sentimos obligados a apoyar cualquier reconocimiento y homenaje al municipalismo. Lógicamente, estamos de acuerdo con todas las medidas que puedan apoyar esta celebración, las propuestas en la PNL y todas aquellas que a mayores se puedan añadir. Hemos llegado a un acuerdo para presentar una transaccional y nos alegramos de ello porque si es necesario en la vida política en general, más cuando afecta a una provincia como Palencia que está sufriendo el drama de la despoblación, como la mayoría de las provincias de interior, y más también cuando hablamos de pequeños municipios de zonas rurales. En estos temas la unión, el trabajo conjunto no es que sea bueno, es que creo que es la única manera de tener alguna oportunidad de conseguir un futuro mejor para nuestra tierra.
¿Grupo Parlamentario Mixto? No va a intervenir. ¿Señora Sagastizabal? (Denegaciones). No interviene. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
La verdad es que la exposición de motivos que ha hecho la portavoz socialista es de agradecer. Sinceramente, en un primer momento cuando leímos la proposición no de ley nos quedamos un poco perplejos porque en algunos de sus puntos se recogía efectivamente la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; sin embargo, vemos con buenos ojos que se haya presentado una transaccional que, desde luego, vamos a apoyar. Evidentemente, es un merecido reconocimiento, por supuesto estamos a favor de la celebración del XII centenario como homenaje, de la emisión del sello, matasellos y de la condecoración. Y digo más, en el Grupo Parlamentario Ciudadanos manifestamos nuestro apoyo al municipalismo y a todo lo que representa la población de Brañosera.
En cuanto al cuestionamiento de la ley en la exposición de motivos, simplemente quiero decir que cuando el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunos de sus preceptos significa -creo que hay que expresarlo así- que el Estado de derecho funciona. Solo esperamos que el acatamiento de las sentencias que se invoca en este caso, no se cuestione cuando no convenga, como sucede en la actualidad cuando no se acatan sentencias del Tribunal Constitucional respecto a una consulta ilegal en Cataluña, saltándose la Constitución, el estatut y el criterio de los letrados y organismos consultivos. Sin respeto por el marco legal desde luego no hay democracia. Y por supuesto, desde mi grupo parlamentario deseamos expresar ese merecido reconocimiento a poblaciones históricas que representan todo nuestro municipalismo y toda la historia de este gran país que es España.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes, señor presidente, señorías. El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a votar a favor de esta iniciativa porque después de oír la exposición de la compañera del PSOE, vemos que hay base documental suficiente que justifique el reconocimiento histórico de Brañosera.
Señora Martínez, ¿acepta la enmienda? (Asentimiento). Por tanto, votaremos la proposición incorporando la enmienda.
- DE MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO DE TABACO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS (Número de expediente 161/001009).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tres del orden del día: proposición no de ley de medidas contra el comercio ilícito de tabaco. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En su nombre tiene la palabra el señor Ten.
Hoy presentamos y defendemos esta proposición no de ley de medidas contra el comercio ilícito del tabaco, y tengo que decirles que estos últimos años habíamos conseguido incluso reducir las cuotas del comercio ilícito. Les doy algún dato, desde 2010 a 2014 el comercio ilícito del tabaco experimentó un preocupante crecimiento, del 3,9% al 12,5% del total. En 2015 y 2016 la tendencia se corrigió y podríamos haber bajado aproximadamente un 8%; sin embargo, los últimos estudios o informes de aquellos que realmente analizan el sector y registran las cajetillas de tabaco sin etiquetas en las basuras, nos están dando datos que superan el 10%. Al menos hay cuatro razones para luchar contra el contrabando de tabaco: en primer lugar, ese tráfico supone una evasión de impuestos y todos sabemos lo que significa para nuestras arcas públicas y el Estado del bienestar. En segundo lugar, supone una competencia desleal que lo que hace es desvirtuar el mercado competitivo y, además, todas las empresas se resienten en el sector: En tercer lugar, por supuesto, la salud. Estamos permitiendo que se comercialice un tipo de productos ilícitos que no siguen ninguna reglamentación, ninguna recomendación y, por supuesto, ningún control sanitario. Y por último, las actividades ilícitas que esto supone, es decir, financiación de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas, incluso el terrorismo. Desde el punto de vista recaudatorio les puedo dar algún dato, el tabaco recauda más de 9000 millones de euros, y en el contexto actual de control de un déficit excesivo, cualquier tipo de recurso público es bienvenido.
Yo quisiera marcar tres orígenes del comercio ilícito del tabaco. Los expertos que lo analizan nos dicen que el contrabando viene sobre todo de zonas como las Islas Canarias, Gibraltar o Andorra. En este caso estos focos de riesgo han sido abordados oportunamente en la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, pero aun así tenemos que seguir haciendo un esfuerzo sobre todo en cuanto a la trazabilidad de las cajetillas de cigarrillos, como indica la directiva. En segundo lugar, otro foco de fraude fiscal son las denominadas marcas blancas. Se están fabricando cigarrillos y no se está controlando absolutamente nada. Y en tercer lugar, en los últimos años y adicionalmente está cobrando especial relevancia el contrabando de tabaco a granel procedente de países del norte de África y de Europa.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado esta proposición no de ley constructiva. El Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado una enmienda en la que nos dice que sigamos trabajando como se ha trabajado hasta ahora, pero nosotros no estamos nada de acuerdo en cómo se ha trabajado hasta ahora porque creemos que las cosas se pueden mejorar. Señorías, creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo con la parte expositiva de esta proposición no de ley. En primer lugar, imponer a las empresas tabaqueras introducir mecanismos de trazabilidad; dos, revisar la legislación actual para mejorar el control sobre el cultivo de tabaco; tres, establecer un plan anual específico para la lucha contra el comercio ilícito del tabaco, firmando acuerdos de colaboración entre el Gobierno y las compañías de tabaco, estableciendo un canal único de denuncias sobre puntos ilícitos de venta, con la retirada de licencias al minorista en caso de malas prácticas, una campaña de sensibilización, por supuesto y, por último, en colaboración con las instituciones públicas ofrecer cursos de formación y abordar medidas específicas contra las denominadas marcas blancas. Ciudadanos así lo hizo en el presupuesto de 2017 y así lo ha hecho de nuevo en la negociación con el Partido Popular para los presupuestos de 2018. Vamos a dar más medios al Servicio de Vigilancia Aduanera y a los cuerpos de seguridad, porque esto es un dinero de todos, es un dinero público, y sin este dinero desde luego no vamos a mantener el Estado de bienestar. No solo perdemos recursos públicos, no solo es una competencia desleal, sino que, además, la salud debe ser prioritaria y no podemos mantener que nuestros consumidores sigan comprando estas cajetillas de tabaco ilícito sin ningún tipo de control.
Se ha presentado una enmienda en este punto por parte del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra el señor Píriz.
Buenos días, señorías. Hoy Ciudadanos nos trae un tema muy importante a esta Comisión, el contrabando de tabaco. Se trata de un tema fundamental para nuestro país por los cientos de miles de euros que cada año se pierden y se dejan de ingresar en la Hacienda Pública por el contrabando, pero por mi condición de extremeño se trata de un debate que aún nos toca mucho más el corazón. Por eso quiero agradecer a mi grupo y a mi portavoz, Ana Madrazo, la oportunidad de defender esta proposición hoy aquí. Y nos toca el corazón porque hay tres comarcas de la provincia de Cáceres que viven directa e indirectamente del tabaco. Tres comarcas que tienen en la producción de tabaco gran parte de su pasado, gran parte de su presente y quizás de su futuro, porque son las que producen el 95% del tabaco que se produce en nuestro país. Estas comarcas son La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Alagón, que suman más de 100 000 habitantes y producen el 95% del tabaco en nuestro país.
Esta PNL aborda un tema fundamental para España y para Extremadura, pero creemos que lo hace de forma un poco extemporánea porque en el mes de junio ya se aprobó el Real Decreto 579/2017, que empieza a trasponer poco a poco la directiva a la que se refería mi compañero de Ciudadanos. En un primer análisis a mí me llaman la atención los términos que utiliza el Grupo Ciudadanos en la proposición no de ley, con todo el cariño que saben que les tengo. Cuando hablan de retirar medidas, luchar contra o retirar licencias, me choca un poco. Yo creo que algunos son liberales los lunes, miércoles y viernes, son socialdemócratas los martes y jueves y los sábados y domingos descansan. Hoy es jueves, hoy os tocó socialdemocracia y vais contra, contra. (Risas).
Trabajar sobre los impuestos a la hora del tabaco picado para afrontar los problemas que hay es uno de los principales retos que tenemos que plantearnos. Yo creo que la venta de los excedentes, la venta por Internet y la venta en pueblos y ciudades de este tabaco de contrabando está empezando a suponer un problema y tenemos que trabajar desde la base, desde la fiscalidad de la hoja de tabaco. Plantean en la proposición no de ley rebajar el mínimo penal, pero creo que la vía administrativa es más rápida que la
vía penal en este sentido. La rapidez e inmediatez es muy importante en este problema y por esa razón la vía administrativa puede seguir siendo importante. Asimismo, hablan del cierre de establecimientos, pero la modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando ya regula cómo se cierran los establecimientos y cómo se abren los expedientes. También hablan de la formación de los agricultores. Yo les invito a venir conmigo a estas tres comarcas de Extremadura que les he citado para que puedan ver cómo los agricultores están siendo formados en este tipo de situaciones y cómo el propio sector es el que se está encargando de formarlo para que tengan una visión clara del problema.
El principal problema, que también tratan en la proposición no de ley, es cómo se incrementará el control al tabaco que viene de Andorra y Gibraltar; esa es la base del problema. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone.
Por favor, bajen un poco la voz porque no dejan hablar al orador. Gracias.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidente.
Las tabaqueras no tienen obligación de ofrecer datos sobre las ventas a esos países, que además no son territorio de la Unión Europea. El control de esos países sería fundamental porque es el principal punto de entrada del contrabando en España, como bien saben mis compañeros gaditanos con la frontera con Gibraltar o en el norte con Andorra. Nuestra enmienda va en el sentido de que todo lo que plantea la propuesta de Ciudadanos se tiene que regular en la trasposición de la Directiva 2014/40, que ya han citado. En este tema está trabajando el Gobierno de España, ya que ha hecho el Decreto 579/2017. Además, se está trabajando con los retrasos que hubo el año pasado derivados de la falta de un Gobierno. El Gobierno ha planteado como un reto el cumplir, como siempre, con el plazo que tiene para trasponer esta directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Creemos que trabajar y colaborar con el Gobierno para que esta trasposición realmente afronte los problemas del sector es la base para que el contrabando vuelva a disminuir y deje de ser un problema para todos, pero también para nuestra región, para Extremadura. Estamos concienciados en que hay que solucionar, erradicar y eliminar este problema.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.
Nuestro grupo va a votar favorablemente a esta proposición no de ley, aunque echamos en falta algunos elementos. Soy consciente de que esta es la Comisión de Hacienda, pero se echa en falta una visión un poco más holística, que introduzca el componente de la salud pública como el elemento más importante de lo que aquí se está proponiendo. Nosotros somos conscientes de que el comercio del tabaco de contrabando o el comercio ilegal de tabaco es un problema fiscal, pero al mismo tiempo entendemos que este no es solo un problema de recaudación sino que también es un problema de salud pública. Es evidente que ese tipo de comercio no superaría los procesos de control por los que pasa cualquier producto legal. Por tanto, ese producto ilegal puede perjudicar más a la salud pública que un producto de naturaleza normal, que haya pasado por los controles y tenga una calidad estándar. Además, resulta que la naturaleza normal o estándar del producto en cuestión es perjudicial e incluye un riesgo para la salud pública. Por tanto, creo que eso debería estar presente en esta perspectiva sobre el comercio de tabaco en su conjunto.
Además, hay que señalar que los impuestos que se refieren al tabaco son impuestos regresivos, son impuestos indirectos que no están relacionados con la renta, riqueza o patrimonio de las unidades de consumo, de las familias para que nos entendamos, sino que son proporcionales al nivel de consumo. Los estudios han demostrado una y otra vez que el consumo de tabaco es mayor en aquellas familias más empobrecidas y con menores niveles de renta, por razones múltiples en las que no cabe entrar aquí. Por tanto, todas estas razones hacen que aumente el carácter regresivo del consumo de tabaco.
Nosotros entendemos que hay que afrontar este problema, pero desde una visión más amplia y eso tiene implicaciones sobre algunos elementos puestos en esta proposición no de ley. Por ejemplo, se cita la campaña de sensibilización para que los consumidores no vayan a esos sectores de contrabando o a
esos sectores de comercio ilegal. Nosotros creemos que la función de un Gobierno no es tanto esa función precisada en esa proposición no de ley, sino más bien que habría que desincentivar el consumo en sí de aquellos productos que son perjudiciales para la salud, es decir, del tabaco en su conjunto. Esa es la prioridad que debería tener el Gobierno.
En definitiva, creemos que tiene un sesgo economicista, por decirlo de un modo que se puede entender en el lugar en que nos encontramos. No olvidemos que somos parlamentarios y parlamentarias que legislamos o instamos a legislar, en virtud de muchas otras consideraciones -no solo las fiscales o económicas- que también influyen en la salud pública. Dicho de otra forma, el hecho de que haya una Comisión de Sanidad, por un lado, y una Comisión de Hacienda, por otro, no significa que sean compartimentos estancos. Por tanto, creo que acentuar el componente de riesgo de salud pública del consumo, no solo ilegal sino del consumo estándar, sería un elemento que hubiera enriquecido más esta proposición no de ley.
Volviendo al principio, votaremos a favor de esta iniciativa, aunque sin compartir estos elementos que he querido manifestar en nombre de nuestro grupo.
Señorías, al margen de las considerables pérdidas en los ingresos públicos -que todos conocemos y aquí hemos debatido ampliamente-, así como de la necesidad de ingresos que requiere nuestro país y que exigimos continuamente mediante una auténtica reforma fiscal, a juicio del Grupo Socialista existe otro tipo de consecuencias, como ha comentado el anterior portavoz, que quiero detallar a continuación.
El comercio ilícito de productos de tabaco supone una grave amenaza para la salud pública, aumenta la accesibilidad y la asequibilidad de los productos de tabaco, contribuyendo por tanto a propagar la epidemia de tabaquismo y socavando las políticas de control del mismo. Una asequibilidad que incentiva además el consumo en los grupos más vulnerables en nuestra sociedad, entre ellos los jóvenes y los más excluidos económicamente. Desde el Grupo Socialista estamos preocupados, por ejemplo, con el tema del aumento de contrabando relacionado con la hoja de picar, ya que afecta sobremanera a los colectivos más desfavorecidos que he comentado. Este fenómeno encuentra además un mayor desarrollo en la actualidad, debido al aumento que produce esa venta a través de canales nuevos como Internet, como alternativa para evitar la efectiva presión ejercida desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el contrabando clásico.
Un aspecto que he conocido al preparar esta intervención, y que quiero reseñar aquí también, son los últimos datos hechos públicos por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que ponen de manifiesto, entre otras cosas, que las autoridades han de trabajar para aumentar la sensibilización y concienciación de la población europea, por supuesto la española, en contra del delito del contrabando de tabaco. La reciente encuesta realizada a través de mil entrevistas por el Eurobarómetro para conocer la opinión de los ciudadanos de los veintiocho Estado miembros, por supuesto entre ellos la opinión de los ciudadanos españoles, confirma unos datos muy interesantes en nuestro país. Más de doscientos ciudadanos españoles, de estos mil encuestados, han manifestado que han podido acceder a la compra ilegal de tabaco de alguna manera. La motivación principal para comprar sigue siendo, por supuesto, la económica. A la siguiente pregunta que hace la encuesta de si conocen los españoles los principales problemas que acarrea el comprar ilícito, una mayoría de casi un 40% entiende que el Estado deja de percibir mucho dinero a través de los impuestos. De hecho señalamos con preocupación que en toda la Unión Europea el comercio ilícito de tabaco provoca unas pérdidas estimadas de unos 10 000 millones de euros. Otro 35% de los entrevistados en España piensa que existe el peligro de la falta de control de calidad. Fíjense, uno de cada cuatro encuestados se ha parado a pensar que el dinero del tabaco de contrabando acaba en las manos del crimen organizado, un aspecto también importantísimo. Y solo el 23% piensa que también se facilita el acceso al tabaco a los menores de edad, por su bajo coste y falta de control en la venta.
El Grupo Socialista considera que hay que trabajar en estos dos puntos desde el conjunto de las administraciones públicas. Pensamos que se hace necesaria una concienciación especial, así como una sensibilización concreta entre los ciudadanos para que seamos conscientes de los auténticos peligros que encierra esa compra de tabaco ilegal. Consideramos que no está lo suficientemente mal visto esta compra de tabaco ilegal, como sería deseable, desde la sociedad. A pesar de que el portavoz de Unidos Podemos
ha mencionado ciertas carencias en la iniciativa, la consideramos oportuna y vamos a votarla favorablemente.
Pregunto al portavoz del Grupo Ciudadanos si van a admitir la enmienda.
El señor TEN OLIVER: No admitimos la enmienda. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Entonces la votaremos en sus propios términos.
- SOBRE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001457).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Para su defensa, tiene la palabra la señora Serrano.
Señorías, es verdad que en el mes de marzo tuvimos la oportunidad de debatir una proposición no de ley sobre este asunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero también es cierto que más tarde se produjo el fallo del Tribunal Constitucional, en la sentencia dictada el pasado 11 de mayo, donde vuelve a dar la razón al contribuyente en idénticos términos a la sentencia foral. Además, de este hecho relevante tenemos que manifestar que el Gobierno está siendo demasiado lento desde que surgió esta problemática, a pesar de saber que el fallo del alto tribunal sería previsiblemente en el mismo sentido que la sentencia foral. Por tanto, estamos ante una cuestión que afecta a centenares de miles de personas de toda España y prácticamente a todos y cada uno de los más de ocho mil ayuntamientos que hay en nuestro país.
Efectivamente, la decisión del Tribunal Constitucional del pasado 11 de mayo considera que el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocidos popularmente como plusvalía, vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo. Con esta sentencia el Alto Tribunal extiende a todo el territorio nacional su dictamen. Por tanto, este pronunciamiento afecta a la Ley Reguladora de Haciendas Locales y, tal como dicta la sentencia, corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Eso es lo que le pedimos con esta iniciativa, porque todo ello puede colocar a esos más de 8000 ayuntamientos ante la perspectiva de tener que afrontar centenares de miles de reclamaciones, con un impacto económico que muy pocos podrán soportar y un aumento muy notable de las cargas administrativas.
Por ello, a nuestro juicio resulta necesario dar respuesta a las justas peticiones de los contribuyentes, pero también hace falta apoyar a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a la misma sin que se quiebren sus finanzas y se colapsen sus cuentas. Entendemos que el Gobierno habría de llegar más lejos y debería acordar con los municipios en el marco de la revisión de la financiación local una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento del valor de los terrenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el año en que se ha establecido el valor catastral o indicadores que reflejen de una forma adecuada la evolución real del valor de los terrenos en que se encuentran los inmuebles.
Durante muchos años España ha vivido una época, sobre todo en la época del boom inmobiliario, en la que se ha registrado a veces de manera más gradual, otras veces de forma más acelerada, una revalorización generalizada de los inmuebles y de los terrenos en que se asientan. La actual regulación del impuesto podía tener alguna justificación en ese contexto, pues se limitaba a establecer un mecanismo muy sencillo y previsible para gravar la plusvalía generada en la transmisión de los terrenos. En los últimos tiempos ese proceso de revalorización generalizada ha caído en picado y aun cuando se reanude lo hará probablemente de manera muy desigual, entre municipios e incluso entre barrios. De manera que hace falta una nueva regulación del impuesto que se adapte mejor al principio de capacidad económica establecido en el artículo 31 de la Constitución, tal como dice la sentencia.
Los cambios legislativos pertinentes no pueden suponer una merma de los ingresos para los ayuntamientos, porque vendrían a suponer muchos problemas para el mantenimiento de los servicios públicos, y más después de cinco años de recortes e injerencia en la autonomía local con las leyes impuestas por la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular. En este sentido, y mientras el Gobierno aborda ya de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos como se acordó en la Conferencia de Presidentes, la modificación de la Ley de Haciendas Locales para adaptar la misma a la sentencia del Alto Tribunal debe establecer mecanismos de compensación para que los servicios públicos no se vean afectados.
Además, instamos al Gobierno a colaborar con los ayuntamientos para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, ya que ello provocaría una avalancha de casos que podría acabar saturando los tribunales. En este sentido, nos preocupa la situación que puede producirse en muchos ayuntamientos, ya que pueden quedar colapsados tanto por el aluvión de peticiones de devolución del importe satisfecho como por las peticiones de los propios contribuyentes que presenten la reclamación y tengan que demostrar que se ha producido una pérdida de valor. Estamos ante una variedad de supuestos, ya que puede haber contribuyentes que traten de poner de manifiesto que aun habiendo producido una plusvalía en la venta de un inmueble esta se deba, por ejemplo, a haber llevado a cabo en el mismo una obra de mejora y no a la revalorización del suelo, que debería ser el hecho imponible gravado por el impuesto, o ayuntamientos que defiendan que el terreno se ha revalorizado y la minusvalía tiene su origen en el deterioro de la construcción que se encuentra sobre él.
De ahí que instemos al Gobierno para que colabore con los ayuntamientos en el establecimiento de los mecanismos más eficaces posibles para resolver las reclamaciones de los contribuyentes y que agilice la modificación de la ley.
Recuerdo que en este punto hemos admitido las enmiendas in voce del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por tanto, por ese grupo, tiene la palabra el señor Vendrell.
En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios que nos hayan permitido presentar estas enmiendas y así salvar el problema técnico que hemos tenido.
Como ya se ha dicho, tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de febrero y otra de mayo, que van en el mismo sentido: que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino la mera titularidad del terreno durante un valor de tiempo. Eso es lo que dice la sentencia. Además, todo ello se hace impidiendo al particular toda prueba en contrario, pues el aumento del valor del suelo se determina con la aplicación automática de los coeficientes previstos. Es una regulación que viene de un momento en el que se daba por supuesto que ese incremento del valor de los suelos del mercado inmobiliario era continuado. Evidentemente con la situación que hemos vivido de crisis económica se ha producido una pérdida de valor y ha propiciado que personas que han hecho algún tipo de transmisión inmobiliaria hayan tenido que pagar un impuesto que no tenía que ver con la realidad del mercado inmobiliario. Tal como funciona el impuesto actualmente es que a igual periodo impositivo el incremento del valor es siempre el mismo, independientemente de la situación del mercado inmobiliario.
El Tribunal Constitucional declara parcialmente inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos, pero no la figura del impuesto como tal, lo que viene a decir que es válida la opción del legislador de someter a tributación los incrementos de valor, mediante un mecanismo de cuantificación objetiva. Por tanto, nosotros creemos también que el nuevo sistema debe ser objetivado, no puede ser caso por caso, pues sería muy difícil de gestionar. Creemos que en estos momentos, en los que hay una gran preocupación en los ayuntamientos y dado que el Gobierno ha abierto el diálogo con los grupos parlamentarios, como Congreso de los Diputados tenemos que fijar también cuál debe ser la orientación de ese cambio de regulación de este impuesto. Este es el sentido de nuestras enmiendas: concretar tanto como sea posible ese cambio. ¿En qué sentido? En el de facilitar la aproximación al verdadero incremento
de la realidad del mercado inmobiliario, teniendo en cuenta las singularidades del mercado inmobiliario de cada localidad.
Es evidente que el impuesto fija un marco, unos coeficientes máximos que pueden tener adaptabilidad a las diferentes situaciones locales, en una situación del mercado inmobiliario que es distinta en función del territorio, de la zona e incluso dentro de un propio municipio. Esos porcentajes deben ser actualizados anualmente y también pensamos que se podrían establecer coeficientes diferentes, en función también de los usos catastrales distintos. No es lo mismo la situación de locales comerciales que de naves industriales. Es decir, hay que acercar lo máximo posible el impuesto a la realidad concreta de un mercado inmobiliario que es distinto y diferente. Este es el sentido de nuestras enmiendas, además de establecer un necesario régimen transitorio.
En estos momentos hay una gran preocupación en los ayuntamientos, porque este impuesto es una de las principales fuentes de ingreso. En muchos municipios se ha producido un incremento de las solicitudes de la comprobación de las autoliquidación practicadas, alegando que no ha existido un incremento de valor. Por tanto, es muy urgente resolver esta cuestión, que el Gobierno presente un proyecto de ley acordado y dialogado con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios, pero que suponga un avance real y que no suponga una pérdida de ingresos para los ayuntamientos que ya tienen unas finanzas muy maltrechas y, en cualquier caso, que no se vean afectadas las finanzas municipales ni la prestación de servicios que realizan.
Por eso, el Gobierno no debe limitarse simplemente a hacer una mínima adaptación del impuesto según la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que realmente debe resolver el problema generado evitando una pérdida o reducción drástica de los ingresos municipales. Nos preocupa que esa cuestión pueda derivarse a una futura reforma de las finanzas locales, a una futura reforma general de la Ley de Haciendas Locales. Creemos que no, pensamos que hay que afrontar esa cuestión. Somos escépticos en la voluntad real del Gobierno y en si se van a dar las condiciones políticas adecuadas para esa reforma necesaria e imprescindible de las finanzas locales. Hay que afrontar el problema puesto de manifiesto por las sentencias del Tribunal Constitucional, siempre asegurando la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria de los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, el otro grupo enmendante, tiene la palabra la señora Madrazo.
Efectivamente, a la luz de las exposiciones que han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, tenemos que manifestar desde el Grupo Parlamentario Popular que es verdad que esta cuestión debe resolverse con la mayor celeridad posible y consideramos muy importante contar con el consenso de los grupos políticos y de los propios ayuntamientos. ¿Por qué? Primero, porque se está cumpliendo una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Segundo, porque creemos que es necesario establecer una nueva fórmula de cálculo de la base imponible que sea acorde con el principio constitucional de capacidad económica. Y tercero, para dar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, algo que es muy importante en el campo de la fiscalidad.
Por tanto, creemos que el Gobierno no está trabajando lento, sino que está haciendo un esfuerzo importante de negociación con los grupos políticos y con los propios ayuntamientos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias para llegar a un consenso lo más amplio posible sobre esta reforma. La plusvalía municipal o el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -el nombre técnico más preciso- permitió a los más de ocho mil ayuntamientos que hay en España ingresar casi 2700 millones de euros. Por tanto, es una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos. Creemos que hay que resolverlo de una manera dialogada y consensuada, precisamente en el órgano que los representa que es la Federación Española de Municipios y Provincias.
Es verdad que el Tribunal Constitucional se pronunció el pasado 11 de mayo sobre este impuesto y considera que el impuesto vulnera el principio de capacidad económica, en la medida en que no se vincula a la existencia de un incremento real del valor del bien. Esa sentencia reitera la doctrina, que ya había establecido el propio tribunal, referente al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava, tal y como han comentado ya quienes me han precedido en el uso de la palabra. Por tanto, en su sentencia explica que el objeto del impuesto de esta norma es el incremento de valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado tiempo, sin vincularlo a la
existencia de un incremento real del valor de los bienes. Es decir, solo por el hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo de tiempo implicaba necesariamente el pago del impuesto. Por tanto, coincidimos absolutamente en la necesidad de reformar la forma de cálculo de ese impuesto. En eso estamos de acuerdo en el cien por cien.
Por otro lado, el mandato que dio la sentencia del Tribunal Constitucional es que el legislador lleve a cabo las modificaciones normativas pertinentes y, por tanto, se está estudiando la modificación de esa regulación en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que es el texto que regula este impuesto, para adaptarlo a este criterio manifestado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que recordar también - creo que es bueno incardinar todo este proceso- que el pasado 17 de enero la propia Conferencia de Presidentes estableció la necesidad de dar un impulso importante al proceso de actualización del sistema de financiación local. Se considera importante abordar dicho proceso de reforma de la financiación local, junto a la revisión del sistema de financiación autonómica. Esta iniciativa de la Conferencia de Presidentes se ha impulsado con celeridad, porque la comisión de expertos se constituyó ya el pasado 10 de febrero de 2017, es decir, al mes prácticamente de haberse acordado en la Conferencia de Presidentes. Antes del plazo fijado, que eran seis meses para la entrega del informe de esa comisión de expertos, se ha entregado ese informe y se ha presentado ya a la sociedad ese informe de los expertos. Por tanto, una vez que sea remitido dicho informe a la Comisión Nacional de Administración Local, será el momento de iniciar la negociación de todos los aspectos que deban tenerse en cuenta en la elaboración de ese proyecto de ley.
En conclusión, el Grupo Parlamentario Popular coincide al cien por cien con esta iniciativa presentada por el Partido Socialista porque, en primer lugar, es un mandato del Tribunal Constitucional; en segundo lugar, es una necesidad para la seguridad jurídica de los contribuyentes; y en tercer lugar, es necesario que la base imponible de este impuesto se calcule de acuerdo a los principios constitucionales de capacidad económica. Por eso, hemos presentado una enmienda que hemos transaccionado con el grupo proponente de la iniciativa, con el Grupo Socialista, a la que esperamos se sume el resto de grupos políticos, porque se está negociando ya ese acuerdo en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias y desde el propio Ministerio de Hacienda con todos los grupos políticos. Creemos que es una cuestión en la que estamos tan de acuerdo que no tendría sentido que no saliera de aquí una unanimidad, apoyando esta enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros nos vamos a abstener, pero dado que viene también de una sentencia de Gipuzkoa solo quiero decir que debido a nuestra capacidad en materia fiscal derivada de nuestra foralidad, ya hemos dado respuesta a esta sentencia mediante un decreto foral en Gipuzkoa, por el que se aprueba la regulación, en virtud de la cual no se van a someter a gravámenes los no incrementos ni las disminuciones del valor de los terrenos, pero no siendo necesario para nosotros proceder a un nuevo cálculo de la base imponible, si bien se establecen unos mecanismos para conocer si existe o no ese incremento.
No sé si hoy estamos de nuevo en el día de la marmota; no exactamente en el día de la marmota, porque tuve el honor de presentar ante esta Comisión el 22 de marzo una proposición no de ley en unos términos muy similares, tanto a los de la propuesta del Partido Socialista como a los de la transaccional a la que han llegado con el Partido Popular, a la que nosotros vamos a sumarnos. En este sentido sí que parece que estamos en el mismo sitio. ¿Qué ha cambiado? Algunas cosas que se han dicho aquí no han cambiado exactamente. ¿Ha cambiado la realidad de que cuando se vende por menos precio del que se compró no hay una plusvalía sino una minusvalía, como dice el Tribunal Constitucional, y que si gravas eso no hay capacidad económica y, por tanto, es inconstitucional? Eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya se había pronunciado en febrero sobre un texto idéntico en las normas forales de Guipúzcoa y Álava, de Álava y Guipúzcoa respectivamente, al de las de
haciendas locales. Dijimos entonces que el Tribunal Constitucional, que ya se había pronunciado por unanimidad, iba a decir lo mismo respecto a la Ley de Haciendas Locales y el Partido Popular, sorprendentemente, no se lo creyó y votó en contra de que se aplicase la doctrina del Tribunal Constitucional. Hoy ha rectificado, ha cambiado de criterio y nos parece que ha hecho bien y que es una buena idea porque las sentencias del Tribunal Constitucional hay que cumplirlas. Por otra parte, es bastante evidente que si se le ha cobrado a alguien y no hay capacidad económica, habrá que devolverle el dinero.
También hay un matiz en toda esta cuestión. Evidentemente, creemos que las haciendas locales no deben perder recursos, pero eso hay que hacerlo en el marco de una reforma global del impuesto. Pensemos que si, como nos ordena el Tribunal Constitucional, a los que pierden no les cobramos, y esto parece razonable, si queremos dejarlo todo igual estaríamos diciendo que a los que ganan habrá que cobrarles más, y esto, por definición, no nos parece correcto, nos parece que, dentro de una reforma global, los ayuntamientos no deben perder recursos, pero, evidentemente, no pretendemos una subida de las plusvalías a cuenta de que los que hayan tenido minusvalías no paguen ese impuesto, como nos dice el Tribunal Constitucional, por tercera vez, y también el sentido común.
En consecuencia, nos vamos a sumar a este acuerdo para reformar algo que tiene que ser reformado y nos alegramos de que al final se pueda incrementar el consenso y de que, sobre todo, tengamos una fiscalidad más justa en el ámbito local.
Señora Serrano, ¿entendemos entonces que se va a someter a votación con la transaccional?
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, con la transaccional que hemos firmado.
El señor PRESIDENTE: ¿Y sin aceptar en este caso las otras enmiendas que se han hecho in voce?
El señor SERRANO JIMÉNEZ: Correcto.
- SOBRE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001832).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al punto quinto del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En su nombre tiene la palabra el señor González.
España tiene un Estado del bienestar frágil, que se encuentra infradesarrollado en comparación con el de los países de su entorno, y esto se debe fundamentalmente a la brecha que hay en los ingresos del sector público en comparación con los de los países de la Unión Europea. España tiene una brecha de presión fiscal de ocho puntos, como ya hemos repetido varias veces en esta Comisión. Esta debilidad no es solo fruto de la crisis, sino que es consecuencia de una debilidad estructural del sistema impositivo español, caracterizado por una tributación insuficiente y recientemente regresiva, así como por altos grados de fraude, de evasión y de elusión fiscal.
Por un lado, como decía, tenemos esa insuficiencia estructural de ingresos, consecuencia en gran medida de reformas fiscales, elaboradas por el Gobierno del Partido Popular, que ha ido vaciando de progresividad el sistema tributario, lo que ahora se traduce, por ejemplo, en que desde que se ha recuperado el crecimiento hay un descuelgue de los ingresos públicos con respecto al crecimiento. Por otro lado, aunque ligado a lo anterior, se encuentran las enormes bolsas de fraude que presenta la economía española. Según Gestha, y este también es un dato que hemos repetido bastantes veces aquí, la economía sumergida en España se sitúa en torno al 25% del Producto Interior Bruto, lo que significa unos 250 000 millones de euros, que si los graváramos al tipo correspondiente podríamos recaudar 90 000 millones de euros al año; pero solo con equipararnos a los niveles de presión fiscal de las economías de
nuestro entorno podríamos recaudar anualmente 40 000 millones de euros adicionales, 40 000 millones, es decir, más de tres veces los recortes producidos en sanidad o en educación durante la legislatura anterior del Partido Popular o tres veces lo que cuesta la renta garantizada que proponemos desde Unidos Podemos y que dicen que no se pueden financiar de ninguna forma.
Como venimos repitiendo, España dedica menos recursos al fraude fiscal que los países de su entorno. En España, también lo venimos diciendo muchas veces, hay un inspector por cada 1958 habitantes, casi la mitad que en Alemania y casi la mitad que en Francia. Según Gestha, aproximadamente el 70% del fraude se concentra en las grandes empresas y fortunas, mientras que los inspectores se dedican fundamentalmente a investigar a pymes y autónomos; es decir, no solo hay pocos medios sino que están mal utilizados. Los paraísos fiscales juegan un papel imprescindible para que se produzca este fraude y esta elusión fiscal. De poco vale aumentar los tramos del IRPF, recuperar o armonizar impuestos de patrimonio o sucesiones si los ciudadanos con las rentas más altas, con los mayores patrimonios los ocultan en sociedades o en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza. Al final, quien acaba financiando el Estado del bienestar y quien acaba aportando ingresos al Estado son las clases humildes, lo que es intolerable, porque esto hace que se horade el sistema constantemente y que pierda credibilidad la Hacienda Pública de este país.
Estimaciones de profesionales independientes, como Gabriel Zucman, dicen que el patrimonio de los españoles en paraísos fiscales llega a los 144 000 millones de euros. Es cierto que este problema no es solo español, pero en el caso de España es más grave. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa dice que las empresas del Ibex 35 poseen 1285 sociedades en territorios de baja o nula tributación. Esto es intolerable. El Gobierno ni está ni se le espera para tomar medidas contundentes para combatir el fraude ni los paraísos fiscales; o sea que poco se puede esperar de este Gobierno, al que le aparecen ministros con empresas en Panamá o cuyo ministro de Hacienda diseña amnistías fiscales inconstitucionales para que sus amigos eludan impuestos. Desde luego sabemos que no se puede dejar al zorro al cuidado de las gallinas. Ahora que está de moda apelar a la Constitución y al Tribunal Constitucional para hacer política, les invitamos a que lean el artículo 31 y también a que se lo lean al señor Montoro y se lo expliquen, porque así a lo mejor deciden que lo mejor es inhabilitarle.
Este Parlamento, dado que el Gobierno no lo va a hacer, tiene que tomar cartas en el asunto y aprobar medidas, como las que ya hemos aprobado alguna vez en esta Comisión, para combatir el fraude y los paraísos fiscales. Por eso proponemos esta batería de veinte medidas orientadas a la lucha contra los paraísos fiscales, que han de entenderse dentro de un marco general de lucha contra el fraude. Pasaré a detallar algunas de ellas, ya que no tengo tiempo para relatarlas todas. Hay que destinar más recursos y mejores herramientas que permitan a la Agencia Tributaria realizar sus funciones. Hay que regular legalmente la posibilidad de que la inspección realice trabajos de obtención de información actuando de incógnito. Hay que potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción. Hay que realizar acciones con la comunidad internacional, porque el problema de los paraísos fiscales sabemos que no se puede atajar solo desde los parlamentos del Gobierno nacional. Hay que trabajar con la OCDE para que tenga un papel más activo en la lucha contra los paraísos, proponiendo a la comunidad internacional que presione a Suiza y al resto de paraísos fiscales para que atiendan los requerimientos de las administraciones tributarias. Hay que encomendar al Fondo Monetario Internacional la formación de un catastro financiero mundial. Hay que impulsar los acuerdos políticos necesarios para que todos los estados colaboren en el intercambio automático de información y establecer sanciones a los países incumplidores con los compromisos de transparencia. En definitiva, hay que establecer medidas como las que planteamos, que no nos las estamos inventando, sino que han sido propuestas por asociaciones de inspectores y de técnicos de Hacienda, cuya aplicación es solo cuestión de voluntad política.
Luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales es defender el Estado del bienestar, la democracia y recuperar la credibilidad perdida por gran parte de la ciudadanía en las instituciones.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular. En su nombre tiene la palabra el señor Bravo.
Señorías, se trae a debate una PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a medidas para luchar contra los paraísos fiscales. La
iniciativa sería loable y no deberíamos tener divergencia en el fondo de la cuestión entre todos los partidos representados. Todo lo que signifique luchar contra el fraude fiscal y contra los paraísos fiscales, que sirven de instrumento para dicho fraude, requiere nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Por ello, aunque la propuesta sea repetida de otras ya debatidas, nunca debe caer en saco roto el compromiso de esta Comisión con la obligación de seguir poniendo instrumentos para la lucha contra el fraude. Pero a veces sucede que no estamos de acuerdo en cómo hacerlo o en la oportunidad de la PNL a debatir. Permítannos que nos expliquemos. Ustedes traen una PNL que es una copia literal -perdón, no soy preciso, alguna palabra no- de la propuesta presentada por la Plataforma por la Justicia Fiscal -lo que he subrayado exactamente es lo repetido-; es exactamente igual. Como bien saben, nosotros participamos en las jornadas que esta plataforma organizó; incluso con el ánimo de hacer más público nuestro rechazo a cualquier práctica defraudatoria a través de paraísos fiscales, fuimos parte de una foto en apoyo a la lucha contra los paraísos fiscales que ellos querían destacar. Es verdad que en dicho debate se expusieron posturas, argumentos, no coincidentes en su totalidad con los planteamientos respecto de los paraísos fiscales. Me explico. Ustedes planteaban que cualquier entidad que tuviera un nexo con un paraíso fiscal prácticamente perdía cualquier consideración con nuestro país. Nosotros no podemos compartir esa posición, y les comento por qué. Si una cadena hotelera tiene un establecimiento en las Islas Seychelles, por decir algo, no por eso la vamos a condenar; la condenaríamos si utilizase la ubicación en el referido paraíso fiscal para defraudar impuestos, pero no simplemente por su ubicación.
Centrándonos en su PNL, permítannos que hagamos también algunas observaciones en cuanto a la parte introductoria. Ustedes afirman que los paraísos fiscales son sistemas opacos. Si aceptamos que son opacos, ¿cómo pueden afirmar que por ellos pasa la mitad del comercio mundial? Son opacos, ¿no? ¿Cómo pueden afirmar que en ellos la cifra de riqueza escondida, oculta, son 7,6 billones de dólares o que se ha triplicado la inversión que ha salido de España hacia esos territorios? Si ha salido y lo conocemos, lo podremos sujetar a tributación, no debería ser ningún problema.
Posteriormente, ustedes dicen que esto lo hacen con el ánimo de poder empezar a reducir este perjuicio. No podemos estar de acuerdo con esta afirmación. En toda la normativa tributaria, IRPF, impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta de no residentes, encontrarán diferentes artículos que podemos denominar cláusulas antiabuso, que además han sido incluidas tanto en la época del Gobierno del Partido Socialista como del Gobierno del Partido Popular, con lo cual creo que sí que hay una lucha fuerte contra los paraísos fiscales. Distinto es si ustedes lo que han querido decir, que creo que será eso, es: Oiga, ayudados por las nuevas tecnologías, por la mayor colaboración entre Estados de la Unión Europea y por la conciencia, cada vez más instalada en los Gobiernos, de luchar contra el fraude, debemos continuar -repito, no empecemos, sino debemos continuar- en el esfuerzo de mejorar en la lucha contra prácticas abusivas. Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Si vamos a la parte del contenido dispositivo ustedes dicen: En primer lugar, revisar la definición de paraísos fiscales; y les decimos, ya está, estamos de acuerdo, es que se está trabajando sobre ello, y ahora les explicaré por qué. En segundo lugar, elaborar un nuevo listado de territorios considerados paraísos fiscales; ya estamos trabajando con ello. En tercer lugar, establecer un régimen sancionador amplio y exigente. Pues mire, tres: Primero, sanciones en el ámbito tributario del 50 al 150% de la cantidad defraudada; en segundo lugar, y esto lo hizo el Partido Popular en los años 2012 y 2013, establecer en el Código Penal una sanción cuando hay dolo que puede ir del tanto al séxtuplo y prisión de uno a cinco años. Tercero, lo que ustedes piden, pusimos un artículos 305 bis: Cuando sean más de 600 000 euros, organización criminal o con paraísos fiscales, le incrementamos de dos a seis años de prisión y la multa ya no es del tanto sino del doble al séxtuplo.
Si les parece, vamos a contar qué más ha hecho el Partido Popular y por qué no podemos estar de acuerdo. Sabemos que el problema de los paraísos fiscales es de falta de coordinación entre Estados y de coordinación entre legislaciones. Por ello, España participa, más que nunca, en los últimos cinco años más que nunca, en el G-20, OCDE, Unión Europea, Foro global de transparencia e intercambio de información con fines fiscales -que por ese apoyo que damos lo presidimos desde el año 2017, proyecto BEPS, que lo hemos capitaneado, lo hemos implementado y además somos líderes mundiales en la implantación de un proyecto que es el informe país por país; también tenemos el G-5, tenemos Fatca, y todas las normas y proyectos que ahí se recogieron los ha liderado España y los está aplicando.
Hablemos de la lista de paraísos fiscales. España ya tiene una lista de paraísos fiscales, Ley 36/2006, Real Decreto 1080/1991. Eso que a usted le parece muy normal, hay otros países que no lo tienen, ni siquiera tienen lista o tienen una de tres, cuatro o cinco países. Ese no es el caso de España. Usted
planteaba nuestra colaboración con los Estados. En los últimos años, España ha firmado un número muy grande de convenios internacionales de doble imposición, en los que se incluía de manera obligatoria el intercambio de información.
¿Cuál es la situación actual y por qué le digo que lo que usted pide ya está en marcha? Porque el G-20 ha dado un mandato a la OCDE para identificar estos países jurisdiccionales y presentar una propuesta a finales de 2017 o a principios de 2018. Lo mismo ha hecho la Comisión Europea, que planteaba un proceso en tres fases: Primera, cuadro de indicadores; segunda, determinar qué puede ser un paraíso fiscal, lo que ustedes pedían, y el examen de los mismos; por último, una tercera fase, que es en la que estamos, que será cuando salga una lista a finales del año 2017 o principios de 2018, que es una lista de territorios que son paraísos fiscales o de baja o nula tributación.
Han hecho una serie de afirmaciones que me gustaría puntualizar. Habla del 25% de fraude. Con todos mis respetos, hombre, si es economía sumergida, se lo vuelvo a decir, si es patrimonio oculto, es porque no se controla, y entonces cualquier valoración pierde cierta credibilidad. Cuando usted dice lo de Gestha, con todos mis respetos porque yo también he sido técnico
El señor BRAVO BAENA: Voy terminando.
... que los inspectores se dedican a comprobar pymes. Claro, lo dice una asociación que representa a los técnicos o subinspectores. Quizá haya una cierta confrontación entre cuerpos y debería cotejarlo con alguna otra organización. Dice que el Partido Popular ha recortado, que Montoro ha recortado. Oiga, nosotros, el otro día se lo explicó Montoro en el Pleno, hemos aumentado el gasto en educación y en sanidad desde el año 2007 hasta hoy.
Por último, sabe que hemos presentado una enmienda. Entendemos perfectamente que no la acepten, puesto que en el fondo estamos de acuerdo, pero en la forma quizá no. Le anunciamos nuestra abstención, porque, repito, en el fondo estamos de acuerdo. Permítame finalizar diciendo que afirmamos que España mantiene una posición muy firme en la lucha contra el fraude fiscal, internacional en general, y en particular con lo relativo a los paraísos fiscales.
En nombre del Grupo Vasco, la señora Sagastizabal renuncia a hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
En fin, volvemos otra vez al día de la marmota. El 14 de junio de 2017 esta misma Comisión aprobó con modificaciones la proposición no de ley de medidas contra los paraísos fiscales presentada por mi Grupo Parlamentario, que es más amplia e incluye todo el contenido de la actual proposición del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Me gustaría hacer alguna puntualización. En primer término, la explicación que ha dado el portavoz se refiere a unas medidas que luego no están en las que contiene la propia proposición no de ley, que se refiere exclusivamente a elaborar una nueva lista de paraísos fiscales -nosotros decíamos que lo que había que hacer era revisar la actual, porque eso es algo más práctico-. Lo que aprobó esta Comisión era comprobar si se cumplían o no las obligaciones de ese territorio, no tanto de ver el criterio, que los criterios que pone son los mismos que hay en la legislación actual, para considerar a un determinado territorio como paraíso fiscal. Cuando el señor González explica esta cuestión, pone como ejemplos de paraíso fiscal a Andorra y Suiza. Ninguno de los dos está en la lista española. Por cierto, cuando insiste en su definición de que uno de los criterios fundamentales es que se paguen pocos impuestos, resulta que las tasas de imposición suizas no son bajas, sino que el problema que hay en Suiza -usted lo considera como un paraíso fiscal, y no va desencaminado- es básicamente una cuestión de opacidad y de secreto bancario blindado, cosa que no está incluida en la proposición, porque, al final, el gran fraude a través de paraísos fiscales no va en maletines, sino a través de cuentas bancarias.
Haré una matización. Hasta hace poco, en España había un funcionario de Hacienda por cada 1958 personas, son datos de mi libro Hacienda somos todos, obtenidos de la fuente de la OCDE, y no un inspector, porque inspectores hay bastantes menos. Por cierto, igual que el señor Bravo, también soy inspector de Hacienda y me he dedicado fundamentalmente a inspeccionar empresas del Ibex 35, que no
son pequeños contribuyentes; o sea, esto que usted dice no es cierto. En cualquier caso, la economía sumergida propiamente no son paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no son un señor que está vendiendo en negro en un mercadillo, que sería el caso de una economía sumergida, sino que son una de las grandes lacras del mundo moderno. Estamos hablando de territorios que ya no es que tengan baja o nula tributación, sino que básicamente lo que tienen es falta de colaboración, secreto bancario blindado y que te permiten evadir el dinero de territorios donde se pagan impuestos, donde además hay que cumplir obligaciones legales y esconderlo para posteriormente reintroducirlo en el circuito legal. Lo que más nos preocupa de los paraísos fiscales es que son un instrumento de blanqueo, un instrumento del crimen organizado, que es casi más problemático que lo que ustedes dicen exclusivamente desde el punto de vista del fraude fiscal. Además, aquí hay una cuestión realmente relevante, que les encajaría muy bien con el discurso, y es que también son un problema para el control de los bancos; es decir, cuando las grandes entidades financieras internacionales operan a través de paraísos fiscales, y lo hacen, la supervisión se hace muchísimo más complicada. Afortunadamente, esto ha pasado menos en España, pero hay grandes bancos británicos que han quebrado precisamente por sus operaciones en paraísos fiscales. Dicho esto, nosotros estamos en contra de los paraísos fiscales porque nos parece una de las grandes lacras del mundo moderno.
Creemos que nuestra proposición, que transaccionamos con el Grupo Socialista y que aprobó esta Comisión en junio, era más ambiciosa, pero estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen; es decir, que hay que revisar esta lista de paraísos fiscales, que hay que incluir aquellos territorios que tienen prácticas fiscales nocivas y que aunque se han hecho cosas -es verdad que no estamos en la misma situación que hace unos años-, pensamos que hay que endurecer el régimen sancionador para los que utilizan los paraísos fiscales. En consecuencia le anunciamos que votaremos favorablemente esta proposición no de ley.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.
El Grupo Socialista está de acuerdo con el contenido de la iniciativa presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para poner en marcha medidas para luchar contra los paraísos fiscales. Es más, estamos tan de acuerdo que presentamos una batería de enmiendas en el debate que sobre este mismo asunto tuvo lugar en esta Comisión de Hacienda y Función Pública a mediados del pasado mes de junio, la mayoría de las cuales fueron aceptadas por el grupo proponente de la iniciativa, que era Ciudadanos, y fueron aprobadas por la Comisión. La única de nuestras enmiendas que no aceptó el Grupo Ciudadanos se corresponde con los puntos 1 y 2 de la PNL presentada hoy a debate. Proponíamos añadir a la definición de países que operan como paraísos fiscales a aquellos que establezcan niveles de tributación muy bajos en comparación con los que rigen en España, así como a los que lleven a cabo prácticas fiscales orientadas a favorecer la competencia a la baja entre los Estados, como la concesión de ventajas fiscales sin requerir el desarrollo de actividad económica sustantiva en su territorio. Se incluían también aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan un ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal que concuerde con los criterios reflejados en su definición. Entre las enmiendas aceptadas y aprobadas también estaba la número 2 del Grupo Socialista, que proponía revisar el régimen sancionador para que fuera más exigente con los territorios incluidos en el listado y con los agentes, personas físicas o jurídicas que se sirven de esos territorios para ocultar capitales o desviar beneficios, o que son actores necesarios para que puedan eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, texto que se corresponde en su literalidad con el presentado en el punto 3 de la iniciativa que se debate hoy y que, insisto, fue presentado a través de una enmienda por el Grupo Socialista y que ya ha sido aprobado por esta Comisión, por lo cual, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo en su contenido.
En ese debate del pasado mes de junio fuimos más ambiciosos y propiciamos la aprobación de otros puntos significativos, como el impulso, a nivel internacional, de una definición común, válida en todo el mundo, de paraíso fiscal, promoviendo una cumbre fiscal internacional, impulsada por la Unión Europea, parecida a la de París sobre el cambio climático, con una convocatoria de Naciones Unidas y sobre las bases técnicas que elabore la OCDE, en cuyo seno, como ya se ha dicho, se han elaborado los acuerdos BEPS; el establecimiento de sanciones a los Estados que concedan ventajas fiscales sin requerir actividad económica sustantiva en su territorio, con los que no haya intercambio de información o tengan imposición anormalmente reducida; promover un debate en la Unión Europea orientado al establecimiento de un
impuesto de salida sobre los capitales que se trasladen a los Estados o territorios que tengan la condición de paraíso fiscal, así como la aplicación de medidas contra las empresas que operen desde los paraísos fiscales, incluyendo su exclusión de financiación proveniente de la Unión Europea. Por último propusimos una enmienda, que también fue aprobada, para que el Gobierno impulsara las actuaciones oportunas para la implementación efectiva del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, los comentados BEPS en sus siglas en inglés de la OCDE, con más de quince acciones específicas.
Estamos de acuerdo con los contenidos de la proposición, con los tres puntos que incluye la iniciativa presentada a debate en la Comisión y, lógicamente, vamos a votar a favor de la misma. Miren ustedes, al Partido Socialista le encontrarán siempre en la lucha contra los paraísos fiscales y la elusión y el fraude fiscal, en el objetivo final de lograr la abolición de estos espacios de opacidad fiscal en todo el territorio de la Unión Europea. Pero más allá del debate parlamentario, que a veces puede parecer, como ha insistido dos veces el portavoz de Ciudadanos, el día de la marmota, importa la ejecución real y efectiva de los acuerdos del mismo, y creemos que hay que lanzar una llamada al Gobierno del Partido Popular -yo me he alegrado de la intervención y de la posición de su portavoz, aunque sea con una abstención, porque facilita el debate y la aprobación de esta iniciativa- y exigirle que cumpla los acuerdos que una y otra vez adopta este Parlamento, en este caso para acabar con zonas de fiscalidad opaca, que facilitan la elusión y el fraude fiscal. El Gobierno y el grupo que le apoya se deben dejar de excusas y discursos y empezar a aplicar ya los acuerdos adoptados por este Parlamento.
El Grupo Popular había presentado aquí una enmienda. ¿Se admite?
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: No, no se acepta la enmienda.
- SOBRE EL IVA APLICADO A LA DONACIÓN DE ALIMENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001992).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, una proposición no de ley sobre el IVA aplicado a la donación de alimentos, presentada por el Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Bonilla.
Señorías, tras una reunión de trabajo con representantes de diversas asociaciones, dos representantes en concreto de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración, nos trasladaron su inquietud y su preocupación por la cantidad de toneladas de alimentos que diariamente se desperdiciaban en restaurantes y en supermercados. Nos hablaban de que aproximadamente 795 millones de personas en el mundo no tienen una alimentación adecuada, de datos como que la mitad de las muertes de niños menores de cinco años se debe a malnutrición o de que uno de cada seis niños tiene un crecimiento inadecuado por temas de nutrición. En España se tiran anualmente a la basura 7,7 millones de toneladas de alimentos. El tema nos pareció, aunque obviamente ya estábamos en ello, tremendamente interesante y nos reunimos en el Congreso, junto con nuestro portavoz, Rafa Hernando, y mi compañero Carlos Floriano, con representantes de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración y también con la Federación de Bancos de Alimentos, a los que les agradecemos su trabajo. ¿De qué trata esta iniciativa? La primera parte de este proyecto, que ya se debatió y se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley en el Pleno del Congreso, iba el sentido de facilitar e incentivar la donación de alimentos frente al descarte de los mismos. ¿Qué problemas concretos encuentran los supermercados y los restaurantes a la hora de donar alimentos? Por un lado, el de la inseguridad jurídica debido a la responsabilidad civil de esos alimentos. Lo que se trató en la proposición de ley, que, repito, fue aprobada y que ahora mismo se encuentra en proceso de tramitación, fue que se determine que el consumidor último sería la ONG o la organización para luego distribuirlo, sin perjuicio de que ellos sigan siendo operadores alimentarios a efectos de los consumidores finales. La otra parte que impide en la actualidad la donación de estos alimentos es un tema fiscal, concretamente del IVA, que es lo que trae la proposición no de ley que debatimos hoy en la Comisión. Como muy bien saben, en la normativa española el IVA se
regula en la Ley 37/1992, que no es otra cosa que la trasposición de la Directiva 2006/112 de la Unión Europea. En esta legislación, lógicamente, en la directiva y, por tanto, en la nacional, este tipo de donaciones están sujetas al impuesto del IVA. Eso, para todas estas organizaciones, para todas estas empresas, para los supermercados y restaurantes, obviamente es un freno claro para donar estos alimentos. La donación de alimentos es una cuestión de responsabilidad moral, también medioambiental y, por supuesto, económica.
En la Unión Europea, tanto en la Comisión como en el Parlamento, desde el 2011 ya está habiendo iniciativas en el sentido de que era necesario conseguir que esa exención en el impuesto del IVA fuera aplicado a la donación de alimentos. En concreto, en 2012, en una consulta sobre Polonia, la propia Comisión Europea ya se manifestaba en el sentido de interpretar y conseguir que los bienes donados tenían valor cercano a cero y, por tanto, no debían estar sujetos al IVA.
¿Qué planteamos con nuestra iniciativa? Por un lado, instamos al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias y se solicite de los organismos correspondientes la modificación de la Directiva 2006/112 en el sentido de que se incluya entre las exenciones contempladas la relativa a este tipo de donación de alimentos. Pero como, evidentemente, eso va a ser largo, y ya estamos viendo cómo se retrasa, en nuestra iniciativa solicitamos adoptar el criterio recomendado por el Parlamento Europeo de considerar que el valor de las entregas de dichos bienes es próximo a cero. Esta interpretación del Parlamento Europeo ya se expresó en una respuesta en 2016, al igual que en 2013 también se respondió a otros europarlamentarios que lo aconsejable en estos casos era que se valorasen como productos con valor cero. En nuestra propia reglamentación, en el artículo 79, apartado 3.º, de la Ley 37/1992 se dice que, para establecer la base imponible de los productos objeto de transmisión, su valor será determinado en el momento de la entrega, y que en los casos de productos en los que esté próxima su caducidad o no tengan fecha de caducidad pero que por sus condiciones tengan que ser rápidamente consumidos se podría tender a considerar el valor cero. Nosotros en el petitum -insisto- pedimos las dos cosas: por un lado, que se inste para que se modifique la directiva correspondiente y se incluya la exención, y, mientras tanto, que sea interpretado, según el Parlamento Europeo, como valor cero.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda sobre la que hemos transado, en el sentido de que se añadiría a estas dos peticiones un tercer punto, a fin de presentar las iniciativas normativas que sean procedentes para que las entregas de bienes o alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro gocen de cuantos beneficios fiscales sean necesarios o convenientes para estimular el ejercicio de su actividad.
Por eso, expresando nuestro agradecimiento a los compañeros y, en concreto, a Marta González, que defendió muy bien esta iniciativa en el Pleno, apelo a sus señorías, porque creo que es una cuestión de responsabilidad de todos intentar colaborar, porque no podemos perder de vista que un menor desperdicio de alimentos comportaría un uso más eficiente de nuestras tierras, una mejor gestión de nuestros recursos y, qué duda cabe, podríamos contribuir a paliar la desnutrición y el hambre que actualmente hay en España y el resto del mundo. Por tanto, solicito de todos su apoyo, desde el sentido de la responsabilidad y la solidaridad.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista. En su nombre, tiene la palabra la señora Perea.
Nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley que pretende instar al procedimiento oportuno a los efectos de que la entrega de bienes o alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro cuando los mismos vayan a destinarse a ser consumidos dentro de la comunidad estén exentos del gravamen del IVA.
Como cuestión previa, señalaremos que el Grupo Socialista ya presentó en marzo del presente año una proposición no de ley, debatida en mayo, para impulsar medidas que ayudasen a combatir el despilfarro alimentario. Precisamente, aquella iniciativa aprobada, que contó con el voto a favor por el Partido Popular, tenía el siguiente tenor: Incentivar las donaciones de alimentos, estableciendo a estos efectos beneficios fiscales específicos para este tipo de donaciones.
Por otra parte, en febrero de este mismo año, se aprobó otra iniciativa, en aquel caso de Esquerra Republicana, sobre la función social desempeñada por el Banco de Alimentos, en la que también se solicitaba expresamente la exención de este de pagar el IVA en la compra de alimentos y otros productos
de primera necesidad. Aquella iniciativa fue aprobada, pero tuvo el voto en contra del Partido Popular. Ciertamente, se centraba en el Banco de Alimentos y tenía un espíritu que iba mucho más allá de lo que estamos debatiendo en este momento, pero se podría haber aprobado, y por este motivo se propuso una enmienda por el Grupo Socialista, que fue aceptada por la parte proponente, por Esquerra Republicana. Sin embargo, el Grupo Popular votó en contra.
Hoy nos preguntamos qué ha ocurrido, más allá de la reunión habida con los representantes que ha comentado la portavoz del Grupo Popular, desde mayo de 2017, cuando se debate nuestra iniciativa, para que el Grupo Popular presentara en el mes de junio la que hoy debatimos. No sé -y espero que no sea así- si ustedes siguen la estela de sus compañeros de viaje, los señores de Ciudadanos, que utilizan cualquier iniciativa para intentar colarse de forma oportunista en una foto. Entiendo que el Gobierno podría instar motu proprio de instancias europeas su tramitación. O quizás ya estamos hablando en términos de Presupuestos Generales del Estado, sobre el que han llegado a un acuerdo los dos grupos y quieren introducir esta modificación. No deja de resultar sorprendente que poco tiempo después el Grupo Popular presente esta iniciativa, instando además a que, en tanto que no se modifique la directiva, se considere el valor de las entregas de estos bienes como próximo a cero.
Señores del Grupo Popular, les hemos presentado una enmienda, que nos han aceptado y además nos la mejoran diciendo que no hace falta que hagamos otro tipo de modificación legislativa, que se puede hacer mediante un real decreto. Pues háganlo. ¿A qué están esperando, si ustedes son el Gobierno y tienen la capacidad de poder llevar a cabo propuestas que esta Cámara apruebe, o, sencillamente, las que consideren convenientes? Háganlo. Insisto, nos parece que siguen la estela oportunista de los señores de Ciudadanos de intentar salir en la foto, ahora con los representantes de restauración y con el Banco de Alimentos. Me parece muy poco elegante y muy poco ético.
Ciertamente, hoy aprobaremos una iniciativa que supone un pequeño paso, y nos alegramos. Desde luego, frente a toda aquella política que vaya dirigida a erradicar la pobreza y la recuperación de la dignidad de la ciudadanía, el Partido Socialista no va a decir que no, al contrario, y es urgente. Por tanto, nos parece más que oportuno, consideramos que el órgano competente ya debería estar dictando este real decreto por el que se adopten las medidas necesarias para llevar a efecto esta iniciativa. Y les diría, señores del Partido Popular: no se hagan esta foto, que es muy fea; no digan que se va a aprobar esta iniciativa gracias al Partido Popular, porque creo que estarán malgastando credibilidad, más de la que ya tienen gastada en este momento en cuanto al combate contra la pobreza. Les pongo el ejemplo de la iniciativa referida a los ingresos mínimos que hemos debatido hoy en el Congreso, francamente deplorable. Que el Partido Popular, en un claro fraude legal, acompañados de los señores de Ciudadanos, intenten impedir una iniciativa como esta sobre ingresos mínimos para erradicar la pobreza y la situación de debilidad de la ciudadanía me parece deleznable, igual que lo es esta iniciativa. Y me disgusta afearlo, pero es así.
En nombre del Grupo Vasco, ¿señora Sagastizabal? (Denegación).
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.
En relación a los últimos comentarios de la anterior portavoz del Partido Socialista, como ha declarado que mi grupo era oportunista, no sé si se refiere al oportunismo, por ejemplo, de intentar utilizar nuestros votos y el apoyo popular que hemos tenido para conseguir cosas como el complemento salarial para jóvenes, que va a beneficiar a 500 000 jóvenes, o, por ejemplo, extender en un poquito más de un año los permisos de paternidad para reducir las desigualdades que sufre la mujer en el mercado laboral, o, por ejemplo, un plan contra la pobreza infantil dotado con 350 millones, y podría seguir largo y tendido en referencia a nuestras medidas sociales. Lo digo porque ustedes no han conseguido absolutamente nada y tienen más del doble de diputados que nosotros. Si eso es oportunismo, creo que usted se ha equivocado de calificativo. En mi opinión, una cosa es ser útil y otra es ser inútil, y ustedes han decidido ser inútiles al parlamentarismo español.
Dicho esto, quería mostrar mi apoyo a esta iniciativa. Creo que la preocupación de la portavoz del Grupo Socialista por la foto resulta absolutamente secundaria cuando se habla de un asunto tan importante. A mí me da igual; si estamos abordando un problema tan grave como la pobreza extrema y la
necesidad de alimentos, me da exactamente igual quién esté en la foto. Por tanto, nosotros vamos a estar en esa foto y en todas las que tengan causas justas que nos parezcan sensatas.
Además, en España es particularmente relevante esta medida. Casi uno de cada cinco niños está en riesgo de pobreza, según la OCDE, al tiempo que se tira a la basura cada año, se desperdicia de toda la cadena agroalimentaria cerca del 50% de lo que se produce. Por tanto, es evidente que necesitamos generar nuevos incentivos, es evidente que necesitamos plantear nuevas políticas públicas para que esto no suceda, para que se cierre este gap y ese alimento que hoy se desperdicia se pueda emplear de manera útil para la ciudadanía, y probablemente el incentivo fiscal a través del IVA sea la medida más efectiva.
Por tanto, siguiendo el razonamiento de la PNL del Grupo Popular, nos parece lógico instar a la Comisión a que aborde esta cuestión, como ya ha pedido el Parlamento Europeo, por lo que apoyamos sin fisuras esta propuesta.
Nosotros compartimos lo previsto en esta proposición no de ley teniendo en cuenta que somos prácticamente el único país de la Unión Europea que no ha dado pasos en el sentido que aquí se plantea, es decir, en otros países, teniendo en cuenta que la directiva dice lo que dice, que, efectivamente, no se produce la exención del IVA en la donación de alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro, sí han dado pasos para adaptar las normativas nacionales a que la aplicación del impuesto tenga valor próximo a cero, como sucede en el Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia y Grecia. Como antes se ha dicho, esta es una iniciativa del Grupo Popular, del partido del Gobierno, y el Gobierno debería instar a la Comisión Europea a tal fin directamente, lo podría hacer. Por tanto, desde este punto de vista, nos parece razonable.
No obstante, queremos introducir algunas cuestiones de fondo, conceptuales que para nosotros son importantes. Desgraciadamente, España siempre ha tenido un nivel muy alto de desigualdad social y pobreza, que se ha incrementado durante el período de crisis, singularmente la pobreza infantil, que, evidentemente, ha supuesto también una dimensión en la pobreza alimentaria. Pero a nosotros no nos gusta la idea de vincular el desperdicio alimentario con colectivos excluidos. Creemos que debe hablarse del derecho humano a la alimentación. Esa es la cuestión fundamental, el derecho humano a la existencia, a la subsistencia, al acceso a una dieta equilibrada y saludable, con variedad suficiente. Ahora bien, en nuestro país, desgraciadamente, hay muchas personas que no pueden acceder a una dieta adecuada de carne, pescado, productos frescos dos veces por semana. Insisto, no nos gusta ese vínculo que se expresa entre desperdicio alimentario y colectivos excluidos, incluso en economía circular. Desde una perspectiva de política social, consideramos útiles medidas como el ingreso mínimo, permitir la tramitación de la ley del ingreso mínimo, aprobar rentas garantizadas de ciudadanía, como ha hecho el Parlamento de Cataluña, partiendo de ese derecho fundamental a la subsistencia, es decir, que todas las personas tienen derecho a unos ingresos que les deben permitir una vida digna y hacer frente tanto a la pobreza energética, como a la pobreza alimentaria, etcétera.
En tercer lugar, otra preocupación es por qué se producen estos grandes excedentes alimentarios, que habitualmente son producidos por las grandes empresas agroalimentarias, las grandes distribuidoras de alimentos. Pues bien, se producen por unas expectativas elevadas de venta que no se terminan de materializar o porque se originan stocks de alimentos que no llegan al mercado a fin de mantener los precios y garantizar un nivel de beneficios o ingresos determinados. Por tanto, la paradoja es esta, la paradoja es que si esos stocks llegasen a los mercados, el precio bajaría y probablemente esos colectivos con dificultades, con ingresos muy bajos o en situación de pobreza podrían tener acceso a alimentos de calidad y en variedad adecuada. Esa es la paradoja, porque luego estos excedentes normalmente se terminan redistribuyendo a través de bancos de alimentos.
Por tanto, planteo objeciones conceptuales, filosóficas, de fondo sobre la que debería ser la política social para combatir la pobreza, sobre la lógica de las grandes empresas en el trato de sus stocks y especialmente sobre la idea del derecho humano a la alimentación, que me parece una cuestión fundamental. Pero vamos a apoyar esa proposición no de ley, aunque con una salvedad, y es que quisiéramos que la votación fuese por puntos, porque precisamente lo que no compartimos es la
transacción que se ha hecho, porque en España tenemos un abuso de beneficios fiscales y no creemos que esta sea una buena opción.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no es posible, porque en este caso hay una transaccional que creo que se va a admitir. Por tanto, no procede una votación por separado.
Pregunto a la señora Bonilla si se votará con la transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Sí, señor presidente.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 17/2014. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002004).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la modificación del Real Decreto-Ley 17/2014, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Candela.
Queremos empezar diciendo que mostramos un alto grado de preocupación por lo que entendemos que está siendo la instrumentalización del Estado para fines políticos. Ayer hablábamos del Tribunal Constitucional y hoy queremos hablar de este Real Decreto-Ley, del famoso Fondo de Liquidez Autonómico.
Seguramente que el portavoz del Grupo Popular hablará de las bondades del FLA y dirá que gracias a él se ha solucionado todo, pero intentaré demostrar que es falso. El FLA se concibe como un instrumento para financiar el déficit de capacidad fiscal de las comunidades autónomas en relación con el grado de competencias que asumen, y esto se produce en un momento de merma de ingresos públicos. Hay un componente cíclico, que sería este, y hay un componente estructural, y el componente estructural es la anomalía fiscal que vive este Estado, un Estado descentralizado en gastos pero no en ingresos y además con un sistema de financiación ineficiente, caducado y basado en un statu quo que nos perjudica de manera creciente. Un dato, en el 2014 los valencianos dejamos de recibir unos 1300 millones en financiación que nos corresponderían y, en cambio, por FLA recibimos 1400; 100 millones a favor del Gobierno, si se quiere ver de esa manera. En otras palabras, nos prestan lo que es nuestro y encima nos cobran. Y ahora me dirán que los tipos son cero, pero eso también puede variar. Consideramos -y por eso denunciamos el grado de utilización política del Fondo de Liquidez Autonómica- que no existe una calendarización de los pagos, que no existen unas condiciones negociadas bilateralmente, sino, simple y llanamente, la imposición, la arbitrariedad y la voluntad del Gobierno central, en este caso del Gobierno de Mariano Rajoy, para decir cuándo llegan las transferencias del FLA, o, mejor dicho, cuándo llegan los créditos. Y esto parecería una cosa técnica, pero es una cosa muy importante a la hora de calendarizar, por ejemplo, los pagos a los funcionarios, así como todas las cuestiones relativas al sistema de bienestar, porque somos las comunidades autónomas las que las gestionamos. El debate es más profundo, estamos hablando de qué modelo de Estado queremos, y nosotros queremos un modelo de Estado donde todas las personas tengan los mismos recursos, vivan donde vivan, pero que no haya arbitrariedad para decidir precisamente eso en el día a día y en la gestión.
Finalmente, sabemos que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Como hay un clima general de buena voluntad, abrimos la negociación a todo aquel que quiera llegar a un cuerdo sobre una cuestión tan importante. Espero que después de esta muestra de apertura al mundo, algunos no nos sigan considerando unos radicales peligrosos.
Hay una enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor López Milla.
Como ya se ha mencionado, el sistema actual de financiación autonómica entró en vigor en 2009, y la propia norma por la que entraba en vigor este sistema de financiación establecía que debía ser objeto de una revisión quinquenal, que debía haberse producido en 2014, en función de los resultados del modelo
durante el quinquenio anterior, es decir, entre 2009 y 2013, en aplicación del principio de lealtad constitucional establecido por la LOFCA. Precisamente, esa revisión tenía por objeto -dice la propia LOFCA- corregir los desequilibrios detectados durante el quinquenio previo. Pero el caso es que el Gobierno ha decidido mantener el sistema, haciéndolo suyo en la práctica, y ha aplazado su revisión hasta hoy, e, incluso, ni siquiera hasta hoy, porque el propio Rajoy anunció el pasado verano que no será en 2017, lo que aplaza la reforma como mínimo hasta 2018. Es decir, el sistema podría estar en vigor otro quinquenio más, 2014-2018, sin acometer la revisión prevista en la LOFCA. De modo que el Gobierno de Rajoy sí ha tenido dinero para rescatar autopistas de peaje o ha podido rebajar impuestos a rentas altas y grandes empresas o ha podido aumentar el gasto en defensa, pero no ha tenido dinero para proporcionar recursos a las comunidades autónomas a través del sistema de financiación autonómica. Además, ha hecho gala de una concepción que tiene el Gobierno de Rajoy con respecto a España, y es la que le ha llevado a buscar fórmulas para recortar la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, aprovechando al mismo tiempo para recortar los servicios públicos y el Estado de bienestar, en buena medida gestionado por las comunidades autónomas.
Y el FLA nace en esa concepción. Es un sistema de préstamos del Estado a las comunidades autónomas, como se ha dicho, que, a diferencia de las transferencias del sistema de financiación autonómica, no es una participación de las autonomías en el conjunto de los ingresos públicos, sino una cesión de dinero que una Administración hace a otras pero que conlleva obligación de reembolso y de pago de intereses y está sujeto a las condiciones que un Gobierno, el de España, pone a otros Gobiernos, los autonómicos. Por tanto, la adhesión al FLA se ha convertido en una fórmula que ha permitido al Gobierno de España recortar la autonomía política y financiera de los Gobiernos autonómicos, supeditando la recepción de los recursos a condiciones que a la vez perseguían recortar el gasto en sanidad y en educación. El Gobierno de Rajoy se aprovechó además de que los mercados financieros estaban cerrados para las comunidades autónomas y a muchas no les quedaba más remedio que elegir entre adherirse al FLA, con las condiciones que suponía, o dejar de pagar a los proveedores.
Por tanto, en el Grupo Socialista compartimos plenamente las preocupaciones que ha planteado Compromís sobre el FLA en esta PNL. Es más, pensamos que lo que hay que hacer, en definitiva, es acabar con el FLA, tanto con los préstamos, como con la condicionalidad asociada a los préstamos y la discrecionalidad que la norma que regula el FLA otorga al Gobierno; acabar con el FLA poniendo en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica que proporcione ingresos suficientes y que permita disponer de las mismas oportunidades a todos los españoles y españolas, creando al mismo tiempo un instrumento de compensación de los déficits de financiación que se han soportado en el pasado y, desde luego, se abandone la idea de que el Estado financia a las comunidades autónomas a través de préstamos o ni siquiera transferencias. Lo que tiene que haber es un mecanismo de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, porque las comunidades autónomas también son Estado.
Y en estos términos hemos planteado una enmienda que recoge literalmente las reivindicaciones en materia de financiación autonómica que aparecen en el manifiesto acordado por sindicatos y empresarios de cara a la movilización prevista para el próximo mes de noviembre en Valencia y hemos incluido también la necesidad de crear un fondo transitorio de financiación autonómica que garantice que las comunidades dispongan de los recursos adicionales derivados del nuevo modelo de financiación con efectos desde el 1 de enero del año en que entre en vigor la reforma, que entendemos debe ser urgente, tal y como ya acordamos con Compromís en las enmiendas que presentamos a los vigentes presupuestos y volvemos a reiterar ahora.
En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.
Es evidente que España tiene un problema de fondo irresuelto durante los últimos cinco años, que tenía que haberse abordado y no se ha hecho, que es el problema de la financiación autonómica. Esta es extremadamente compleja, es un galimatías de fondos que da resultados a veces sistemáticamente perjudiciales para algunas comunidades autónomas, pero, en general, aleatorios, o sea, es un sistema básicamente aleatorio, y, por tanto tiene, que mejorarse. Como digo, genera desigualdades y no funciona para proveer los derechos y servicios necesarios para los ciudadanos en disposición de igualdad.
Nosotros hemos defendido una reforma de la financiación autonómica básicamente fundada en cinco principios. El primero -creo que es el fundamental-, la transparencia, es decir, que haya predictibilidad, que se sepa cuánto dinero se va a recibir y cómo se va a recibir, que exista transparencia en el cálculo, que desaparezca la complejidad y se entienda lo que se está negociando. Nosotros hablamos de simplificación, de convertir los varios fondos que hay en uno solo, que sea de compensación; en uno o en dos, como propone el grupo de expertos. Es necesaria también una suficiencia básica para que pueda haber recursos necesarios, para que haya un sistema de igualdad de financiación entre las autonomías. Y, finalmente, además de la igualdad, es necesario garantizar una cartera básica de derechos para todas las autonomías que se cumpla siempre. Tiene que haber una dimensión, que no existe, de corresponsabilidad fiscal, es decir, si de pronto en una comunidad autónoma se decide poner unas cárceles de oro o trescientas embajadas en el extranjero, probablemente tendrían que responder ante la propia comunidad autónoma si están malgastando el dinero, si lo están utilizando mal, tendrían que ser valorados y juzgados por sus propios votantes, y eso en estos momentos en España no sucede.
Y esto se relaciona estrechamente con lo que plantea el Grupo Compromís sobre el FLA. Si se quiere mantener un sistema de financiación en un país cuasifederal como el nuestro que funcione, se han de tener los incentivos adecuados para que sea así. El FLA se implementó de manera excepcional, y tiene que ser una medida fundamentalmente excepcional, que desaparezca, porque los incentivos son desastrosos. Básicamente, se está premiando a las comunidades autónomas con tipos que ni en cien años se podrían encontrar en los mercados abiertos, que son los que dotan de incentivos para que las comunidades autónomas cumplan con los requisitos de responsabilidad fiscal. Una vez que desaparece la restricción de mercado, está bien que se pague a los proveedores. Es evidente que tienen que mantenerse los servicios y por eso existe el FLA, pero tiene que desaparecer. Es un incentivo perversísimo y básicamente es la esencia para fulminar un Estado de las autonomías cuasifederal como el que tenemos. Y si además lo convertimos en transferencia permanente, entonces es la sentencia de muerte de cualquier sistema semifederal. ¿Por qué va a haber incentivo al ahorro? ¿Por qué va a existir incentivo a hacer las cosas bien y a contribuir a la federación de una manera responsable? Por tanto, nos parece inadecuada, nos parece un poco naíf la propuesta que plantea Compromís, pero al mismo tiempo entendemos muy bien la reivindicación tanto de la Comunidad Valenciana como de otras muchas comunidades de hacer una reforma profunda del sistema en la dirección que he señalado -insisto-, para que haya mayor transparencia, para que tengamos un sistema más simple, más predecible, para que haya igualdad en los derechos y servicios que se prestan a los ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas y para que exista corresponsabilidad fiscal.
Tengo entendido que se ha propuesto una enmienda transaccional, y en cuanto la veamos valoraremos nuestra posición.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.
Estamos en contra del marco de austeridad que se ha impuesto en Europa pero que también se ha impuesto en España de una forma mucho más dura. Compartimos de lleno la necesidad de esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Compromis, tanto por la línea de impugnación de la política de austeridad impuesta a las comunidades autónomas y a los agentes locales que ha llevado a cabo el PP, como por la necesidad de abrir un profundo debate y más en un momento político como el que atravesamos ahora en Cataluña, sobre el modelo territorial y su financiación, porque, como todos y todas sabemos, ningún derecho está completamente garantizado si no va acompañado de recursos económicos que permitan que se haga efectivo.
Es por ello que necesitamos impugnar el marco de austeridad en el que ahora mismo estamos inmersos, tanto en la política hegemónica dentro de la Unión Europea, como en su concreción posterior a través de la Ley Orgánica 2 de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que implementó el PP, pero que fue el desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Este marco legislativo ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, y de hecho se ha impuesto de una forma mucho más dura en nuestra legislación que la que en
principio se anunciaba desde las instituciones europeas. La solución, como ya han dicho los proponentes que me han precedido, no es sustituir el Fondo de Liquidación Autonómica, que es una línea de crédito, por una transferencia de Estados, sino que la solución viene por abrir un marco para el cambio del sistema de financiación autonómica.
Dicho lo cual, y entrando en materia sobre el sistema del Fondo de Liquidación Autonómica, lo primero que cabe decir es que la adhesión a este fondo es preferible a asumir una deuda privada, el objetivo básico de la suscripción de deuda a estos fondos es el ahorro de intereses, ya que las condiciones del fondo son inalcanzables en el mercado privado, ya sea de deuda o de préstamo bancario. La medida en sí implica mejorar la financiación y reducir intereses. Ahora bien, otra cuestión es toda la condicionalidad asociada a esta línea de crédito, como es la obligación de presentar un plan de ajuste según la Ley Orgánica 2 de 2012, así como un seguimiento exhaustivo de toda la actividad presupuestaria de estas administraciones. Porque, como decía antes al principio de mi intervención, el problema de fondo es el marco de austeridad en el que se inserta esta línea de crédito. Un marco de austeridad que además ha sido utilizado por el Gobierno para imponer en muchos casos sanciones que para nada estaban justificadas desde la lógica económica, donde se premiaban unas comunidades autónomas u otras en función del color político de su Gobierno. El mayor ejemplo de esta condicionalidad asociada se está utilizando como forma de presión política en la actual situación en Cataluña, donde la condicionalidad se muestra como reforzada, no como un proceso meramente técnico de análisis de las cuentas presupuestarias de la Generalitat, sino como una forma de introducir mayor presión en el choque de trenes que el Gobierno alienta hasta este 1 de octubre como único fin de obtener rédito electoral. Por ello, más que debatir sobre el cambio de una línea de crédito hacia una línea de transferencia no financiera, la solución pasaría por abordar la reforma del sistema de financiación autonómico que ahora mismo está debatiéndose y en la que ya hay una comisión de expertos que ha elaborado un informe.
En esta línea nuestra propuesta de reforma de este sistema de financiación pasa por los siguientes puntos: primero, garantizar los servicios públicos fundamentales por encima de todo, lo que implica el inmediato abandono de la mal llamada consolidación fiscal, que ha provocado un deterioro en los recursos disponibles, el Estado en su conjunto debe garantizar los servicios públicos fundamentales, a los que consideramos necesarios, incluyendo las prestaciones por dependencia. Para ello hay que reforzar el Fondo de Garantía de Financiación de estos servicios públicos. Un segundo punto sería que la nivelación entre los recursos de los distintos territorios se consigue respetando el principio de ordinalidad y el de solidaridad. Proponemos ampliar el Fondo de Convergencia Interterritorial y dotar a la inversión de los Planes Generales del Estado de unos criterios específicos que permitan territorializar y fomentar la convergencia regional. Un tercer punto sería fomentar una mayor autonomía para así conseguir una mejor gestión basada en un modelo federal y plurinacional, mediante la reforma del sistema de cuentas para que sea mucho más rápido, y la eliminación del Fondo de Liquidación, avanzando progresivamente en una agencia federal de la Administración pública.
Aun así, desde nuestro Grupo Confederal vamos a votar a favor, porque, más allá de que no compartamos concretamente la propuesta de reforma expresada en esta proposición no de ley sobre la reforma del Fondo de Liquidación Autonómica, en otro mecanismo de compensación compartimos el análisis de fondo, la necesidad de acabar con el marco de austeridad y recortes de estos últimos años, así como la idea de buscar mecanismos de reformas del sistema de financiación autonómico para que tenga más recursos para las comunidades autónomas y a la vez haya un reparto más justo y basado en criterios que se establezcan de forma compartida y que no dependan de la coyuntura política y de los intereses particulares del partido de turno que gobierna. Muchas gracias.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, presidente.
Señorías, hay ocasiones que no sé si llevados por un ardor opositor a peso, algunos grupos formulan propuestas que por su elevada simplicidad acaban siendo un cúmulo de contradicciones e incoherencias que apenas tenemos tiempo de debatir en este formato de proposición no de ley.
Lo que pretende en realidad el grupo proponente es que el Gobierno modifique el actual sistema de financiación autonómica por la puerta de atrás y además parcialmente, y lo hace sin ningún rigor, señorías, no confundamos los términos del debate, esto también vale para el señor López, aparte del señor Candela, que la Comunidad Valenciana ha tenido y tiene una financiación per cápita por debajo de la media es
sabido, y no de ahora, siempre ha estado ahí. El por qué es conocido y la amplitud de causas que lo justifican me impide su desarrollo en este momento, pero ninguna de ellas, repito, ninguna, es la actuación o decisión unilateral de un Gobierno del Partido Popular.
¿Que no están ustedes de acuerdo con el actual modelo de financiación? Nosotros, el Partido Popular, tampoco, con una diferencia, ustedes lo aprobaron y lo aplaudieron y nosotros lo votamos en contra. (Aplausos). Entonces no sé si les faltó valentía para hacerlo, hoy desde luego sí que les falta, porque si lo que su señoría quiere es que el Fondo de Liquidez Autonómica, no de liquidación autonómica, deje de ser un instrumento de crédito y pase a ser una transferencia para la Comunidad Valenciana, dígalo alto y claro, es así de sencillo. No se parapete detrás de otras comunidades autónomas que no sabemos cuáles son, porque, señor Candela, ¿cuáles son las comunidades autónomas con déficit de financiación? Usted debe saberlo, aunque no lo dice en su proposición no de ley. ¿O presenta una proposición no de ley sin saber lo que le pide al Gobierno? Si no es así, podría decirme exactamente qué comunidades autónomas deben de ser las que tendrían un nuevo Fondo de Liquidez Autonómica con carácter de transferencia y, utilizando sus propios argumentos, durante cuánto tiempo, por qué cuantías, totalidad o parte del déficit contemplado en los objetivos de estabilidad.
Señor Candela, su iniciativa no solo adolece de falta de rigor sino que también es una muestra de su incoherencia. Dicen una cosa y su contraria. Leo textualmente de su proposición no de ley: "El Fondo de Liquidez Autonómica es una vía de financiación imprescindible para las comunidades autónomas", pero a renglón seguido añade que "existe un grado de incertidumbre muy elevado en estas operaciones de crédito". Hablan ustedes de imposición, critican las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica, olvidando -no lo ha dicho ninguno de ustedes- que es un instrumento al que las comunidades autónomas se pueden acoger o no, voluntariamente, repito, voluntariamente, que, por cierto, puso en marcha un Gobierno del Partido Popular porque anteriormente no lo consideraba necesario un Gobierno del Partido Socialista. (Un señor diputado: El Plan Zapatero).
Aparte de sus críticas, las condiciones financieras y fiscales del Fondo de Liquidez Autonómica no deben de estar tan mal, interés cero entre otras cosas, por el número de comunidades autónomas que se han adherido al mismo y, por cierto, permítanme la expresión, les pierde la atracción por lo pintoresco. Proponen la creación de la figura del observador independiente, como si existiera un conflicto entre administraciones en un país que no tuviera ordenamiento jurídico. Señor Candela, las leyes se aprueban en estas Cortes o en los parlamentos autonómicos, todas ellas se pueden impugnar ante los órganos correspondientes y su aplicación, más en este caso por ser una relación entre distintas administraciones, tiene que tener los informes y acuerdos favorables de todos aquellos departamentos sujetos a su aplicación: intervención, asesoría jurídica, etcétera. Este no es, como usted ha dejado de decir en su intervención, un país de pandereta, este es un país serio y cuando digo serio me refiero a su estructura institucional, a su administración y a todo lo que surge de una Constitución que nos hace iguales y solidarios. Ponerlo en duda de manera tan arbitraria como hacen en esta proposición no de ley solo puede obedecer a dos motivos, o desconocimiento, que espero que no, o defensa de una posición partidaria a ultranza, que no busca más réditos que los propios, orillando los generales.
En uno y en otro caso la posición de mi Grupo Parlamentario será el voto en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias. (Aplausos).
Nos han hecho llegar una enmienda transaccional que viene suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos. ¿Se acepta en este caso por parte del grupo proponente? (Asentimiento). Se votará por tanto con esa transacción.
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE PERSONAL EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002199).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto ocho del orden del día, una proposición relativa a la eliminación de la tasa de reposición de personal en todas las administraciones públicas del país, que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre tiene la palabra la señora Sánchez.
La proposición no de ley que hoy presentamos partía de asumir que en esta misma semana a más tardar se produciría la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Presupuesto General del Estado y que en las próximas semanas esta Cámara iniciaría su debate. Desde esa suposición buscábamos con esta PNL que el compromiso del conjunto de los grupos para permitir que los próximos presupuestos recogieran la posibilidad de regular los supuestos y condiciones en los que las administraciones públicas pudieran superar la tasa de reposición, las administraciones públicas, todas, especialmente las administraciones locales. La no presentación de estos presupuestos es un ejemplo más de la incapacidad de diálogo del Partido Popular en el conjunto del territorio y en este Parlamento.
Los últimos presupuestos no los aprobaron por su capacidad de diálogo sino que se compraron con dinero de todos el apoyo de unos pocos grupos. Pero las necesidades de este país, entre ellas la urgente recuperación del sector de la Administración pública, muy dañado por sus políticas, no puede seguir bloqueado por su terquedad y su incapacidad política, que les aísla de las necesidades del país. En el caso que nos ocupa, necesidades que no son las de este Grupo Parlamentario, sino las que han trasladado los sindicatos, las administraciones locales y los presidentes autonómicos en la última Conferencia de Presidentes. No es la primera vez que planteamos esta propuesta, ya en el anterior debate presupuestario el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó enmiendas en el sentido que se recoge en esta proposición. Ustedes mantuvieron su terca negativa. Sin embargo, un mes más tarde el Gobierno anunció una oferta extraordinaria de empleo público para la Administración General del Estado. Es decir, se saltaron ustedes la tasa de reposición que se negaban a retirar de los presupuestos, les dijeron a las comunidades autónomas que no podían contratar profesores ni empleados de la sanidad, pero ustedes sí podían contratarlos. Les imponen a las administraciones locales que no pueden contratar más personal para la atención ciudadana o para los servicios sociales de base, pero se autopermiten superar con creces la tasa de reposición que imponen a otras administraciones. No sé si llamarles hipócritas o caraduras directamente. (Rumores). Ya se lo dijo mi compañera Auxiliadora Honorato cuando se debatió en Pleno (Un señor diputado: ¿Quién ha dicho eso?) el Real Decreto 13/2017, que regularizaba la convocatoria extraordinaria de las plazas.
El Partido Popular ha hecho naufragar al empleo público...?(Rumores).
La señora SÁNCHEZ MELERO: El Partido Popular ha hecho naufragar al empleo público para después vestirse de socorristas que lanzan botes salvavidas de manera aleatoria. Si usted pertenece a la Administración General del Estado quizá salga a flote, pero si pertenece a la Administración local el hundimiento es seguro. Es incomprensible e inaceptable la guerra que le han declarado ustedes a los ayuntamientos, es a costa de la asfixia económica de las administraciones locales como medio que cumplen los compromisos de déficits con Europa, son los ayuntamientos los que están resolviendo buena parte de la emergencia social que se ha generado por sus políticas en la crisis y lo hacen con centenares de miles de empleados menos y con unas plantillas preocupantemente envejecidas.
No podemos comprender este empeño en machacar las entidades locales, salvo que ustedes una vez más no hagan política pensando ni en el Estado ni en la lealtad institucional, sino que la hagan solo pensando en su partido y que estén tratando de evitar perjudiciales comparaciones, porque es evidente que los ayuntamientos gobiernan mejor que ustedes, con más eficacia, con mejores resultados económicos, pero fundamentalmente con mejores resultados sociales. No es difícil de comprender que aquellos ayuntamientos que presupuestariamente se lo puedan permitir, que no son pocos, porque gestionan lo público mejor que ustedes, pudieran ampliar sus plantillas, no solo no es difícil de entender sino que solo una terquedad ideológica antisocial puede ignorar esta imperiosa necesidad, que no es de nuestro partido, es de la ciudadanía a la que prestan servicios nuestros empleados públicos, pero mire, no solo los ayuntamientos, también las comunidades autónomas. En la última Conferencia de Presidentes celebrada en enero volvió a insistir sobre este asunto y por supuesto la totalidad de las centrales sindicales. Esta propuesta no es una ocurrencia del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos sino que recoge las demandas del conjunto de los sindicatos, de la Administración pública, las demandas de la Administración local y de la Conferencia de Presidentes del pasado enero.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios respalda eliminar la tasa de reposición en la futura oferta de empleo público, Comisiones Obreras ha manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de una oferta de empleo público excepcional equivalente al número de plazas presupuestadas, ocupadas o
no, que en ningún caso significaría incremento presupuestario y que cuantificamos en 356 000, de las que 24 000 deberían ser de la Administración General del Estado, 40 000 de la Administración autonómica, 91 000 de la Administración local, 107 000 del sistema educativo y 94 000 del Sistema Nacional de Salud.
Por último, la Federación de Empleos de los Servicios Públicos de UGT pidió al Gobierno que en el último debate presupuestario asegurara el mantenimiento de los servicios públicos y garantizara una tasa de reposición del 100%. ¿A qué está esperando el Partido Popular para dejar de lanzar salvavidas selectivos, con convocatorias extraordinarias que solo afectan a la Administración central y abordar el problema de raíz?
Señores del PP, abandonen su política de tierra quemada con los servicios públicos, cuya calidad está en riesgo severo por culpa de la descapitalización de recursos humanos de las administraciones y el agotamiento de los empleados públicos.
Al resto de grupos les pido que voten a favor de esta proposición no de ley, no por mi grupo, sino como reconocimiento al esfuerzo y sacrificio demostrado por los empleados públicos, a los que desde aquí solo puedo transmitirles un inmenso agradecimiento y pedirles que aguanten, que no aflojen, porque antes o después llegará el cambio político también al Estado y reconstruirá el sistema de servicios públicos y la dignidad de los empleados públicos. Gracias. (Aplausos).
Hay una enmienda del Grupo Socialista, en su nombre tiene la palabra el señor Hurtado.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la PNL presentada. Es necesario reconstruir lo que son los servicios públicos y los empleados públicos que puedan asistir a estos servicios públicos. Los datos son muy significativos y eso significa detrimento o disminución sustancial de la calidad de los servicios que se prestan por parte del sector público.
Me remito al último informe del Ministerio de Hacienda, desde el año 2010 a estos momentos son prácticamente 172 000 empleados públicos menos en el sector público. Hay un decremento de aproximadamente un 6,5%, principalmente en la Administración local, un total de 115 000 empleados públicos menos, y luego también en otros organismos como son principalmente la Seguridad Social, que ha reducido los empleados públicos en cerca de un 20%, y por otra parte los ministerios. Por tanto, de partida, estamos totalmente de acuerdo que hay que restituir el empleado público para mejorar la calidad de la prestación de estos servicios públicos.
Nos remitimos también a un acuerdo ya firmado a final de marzo de este año entre el Ministerio de Hacienda y las propias organizaciones sindicales, donde se compromete a que existan 65 000 plazas nuevas en el sector público y 250 000 plazas de conversión de interinos en funcionarios, es decir, dar estabilidad y crear nuevas plazas en el sector público. Creo que es un avance significativo, donde ha habido un acuerdo con las centrales sindicales y esperemos que se haga realidad en los próximos años, por eso va en sintonía con lo que pide esta proposición.
No obstante nosotros incluimos una enmienda con dos puntos, y es un mensaje que dirigimos directamente al Gobierno, porque aquí sí que no hay hasta estos momentos ningún tipo de acuerdo ni con sindicatos ni con instituciones. Un primer mensaje sería: los salarios públicos tienen que salir del congelador, llevan muchos años metidos en el congelador, y esto ha significado una bajada sustancial del poder adquisitivo de los funcionarios, a los datos me remito, en concreto se habla de la diferencia entre subidas salariales del sector público y el IPC de una devaluación salarial de aproximadamente un 10%, pero que otras organizaciones sindicales lo estiman hasta en un 20% si se tiene en cuenta las subidas de impuestos, los copagos y la subida de la electricidad y otra serie de cuestiones, pérdida de poder adquisitivo entre el 10 y el 20% de los empleados públicos. Y el segundo mensaje al Gobierno, tienen que levantar los vetos a lo que es la mejora del trabajo público, en concreto la reivindicación de las 35 horas semanales, que ha sido ya instituciones como han sido la Junta de Andalucía, como ha sido Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, el País Vasco, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Córdoba entre otros, que, evidentemente, lo han aprobado, de acuerdo con las centrales sindicales, con las organizaciones sindicales, y que han sido acuerdos vetados por el Gobierno.
Por tanto, incluimos esa medida también en esta proposición y esperamos que el resto, que primero la ponente y el grupo que ha presentado esta iniciativa, nos la acepte, y luego que salga por unanimidad de esta Comisión. Ofertas de empleo ya pactadas, pero también sacar del congelador los salarios de los
empleados públicos y, evidentemente, levantar los vetos que se están teniendo con otras administraciones con relación a las 35 horas semanales de jornada de los empleados públicos. Gracias. (Aplausos).
Es verdad que el Gobierno español, tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y no con una normativa específica, sino mediante la Ley de Presupuestos, salvó el cumplimiento del objetivo de déficit, obligó a las administraciones y entidades sociales del sector público a plegarse a las tasas de reposición. La tasa de reposición que se mantiene a lo largo de los sucesivos ejercicios entendemos que es una medida ciega y uniforme, en la que no ha existido un análisis desde la perspectiva de gestión de recursos humanos ni desde las perspectivas del efecto que tendría sobre los servicios públicos que se prestan por las distintas administraciones. No respeta la competencia de cada administración ni en ningún momento ha tenido en cuenta las políticas de contención previas que en políticas de personal sí han sido realizadas en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, como los vascos. Los efectos de las tasas de reposición han sido para nosotros ineficaces y perturbadoras, incluso contraproducentes, en lugar de operar sobre la racionalización de las estructuras, la dimensión de las plantillas y la redistribución de los efectivos existentes para la modernización de las administraciones, la medida se ha proyectado exclusivamente sobre las OPE y sobre la disminución del empleo público, generando un empeoramiento de los servicios públicos y el deterioro a la atención de la ciudadanía. Nosotros entendemos que a cada administración le corresponde diseñar una política en recursos humanos acorde a sus características y necesidades en el marco de sus competencias y de su propia capacidad presupuestaria. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, además nos parece más grave al entender que no se respeta el autogobierno. En Euskadi tenemos competencias en materia de función pública, sanitaria, servicios sociales y atención entre otras, afectadas por la tasa de reposición. Por tanto, disponemos de las competencias, capacidad y recursos económicos para ejercerlas, es decir, para la autofinanciación de las mismas, y además cumplimos con los objetivos de deuda y déficit público. Lo que a nuestro juicio se ha pretendido con estas medidas es una mutación constitucional del modelo territorial del Estado, reforzando su naturaleza unitaria, recentralizando en buena parte la definición de las políticas públicas con carácter uniforme, que en muchos casos ha ido, como en el caso de la tasa de reposición, hasta en su misma gestión.
Por eso nosotros sí que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Gracias.
Pasamos al Grupo de Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Ten.
Señorías, la verdad es que todos conocemos el significado de la tasa de reposición, todos conocemos la evolución que esta ha seguido durante los últimos años, pero la propuesta que nos presenta Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su portavoz, la señora Sánchez, la vemos irresponsable, incongruente, una oposición destructiva y además falta de negociación y política útil y me voy a detener en todo esto. Es decir, en 2017 Ciudadanos ya aparece en la esfera política, nosotros somos capaces de negociar, negociar con el Partido Popular, negociar con el partido del Gobierno y conseguir la aprobación de unos presupuestos en 2017 que, efectivamente, tiene una tasa de reposición al 50%, se aumenta en función del 2016, y además introduce como novedad respeto a los presupuestos anteriores un incremento de sectores, como por ejemplo en competencias educativas, sanitarias, en seguridad del Estado, en control y lucha contra el fraude fiscal, que aumenta al 100%. Esto es política útil. Insisto, esta PNL trata de una incoherencia y de partidas vacías en esta iniciativa porque, yo me pregunto, ¿realmente le preocupa al Grupo de Podemos la tasa de reposición, le preocupan realmente los funcionarios y los servicios públicos? Porque si es así, lo que no entiendo yo es cómo no aprobaron, por ejemplo, los presupuestos de 2017, lo que querían, imagino, es prorrogar los del 2016 y no tener ese aumento de la tasa de reposición. Es más, votando en contra de los Presupuestos Generales de 2017 también votaban el acuerdo que alcanzamos, y que se alcanzó a través de la aquiescencia con las organizaciones sindicales para la estabilización del empleo temporal, recordamos además que eso convertía 250 000 empleos temporales en fijos y no solo eso sino que la oferta de empleo público de 2017 además suponía
un aumento de 67 000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas, y es que además había un incremento salarial del 1%, con lo cual desde luego veo la incongruencia de esta propuesta.
Adicionalmente además es que en 2017 hemos permitido un aumento de 100 millones por ejemplo en la plantilla de la Agencia Tributaria y así hemos conseguido otras cosas, como estamos haciendo ahora para los presupuestos de 2018, y es que es evidente que a Ciudadanos le importa realmente hacer algo por mejorar la situación de los españoles, de los ciudadanos, y nos importa también cuadrar las cuentas, maximizar por supuesto los recursos, dirigiéndolo a las áreas más necesitadas. Y, mire, le pongo un ejemplo, con el acuerdo de 2018 bajamos los impuestos a la clase trabajadora, a partir de ahora las personas que no lleguen a 14 000 euros no van a pagar impuestos, tenemos 1000 euros más al año para llevar a los hijos de 0 a 3 años en escuelas infantiles, tenemos una semana más de permiso de paternidad, vamos a intentar equiparar los salarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, equipararlos con la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las policías autonómicas y un sinfín de bajadas de impuestos, como por ejemplo el IVA en el cine, que eso son políticas útiles, más de 8000 millones de euros. Con lo cual lo que no entiendo es que se nos tache de oportunistas, lo que no entiendo es que se nos tache de estar siempre en la foto, yo prefiero que me saquen desde luego retratado en esas fotos y conseguir cosas positivas para los ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos).
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
Nos plantean suprimir la tasa de reposición, una tasa de reposición que fue instalada desde la década de los noventa por todos los Gobiernos, lo digo porque al PSOE parece que le parece lamentable la tasa de reposición pero es que la crearon ellos, la implantaron ellos (Aplausos), y la mantuvieron durante mucho tiempo, una tasa de reposición que surge porque hay crisis económica y porque hay entidades locales y entidades públicas autonómicas que entraron un desfase de contratación masiva de empleados, muchas veces a través de sistemas de enchufismo, que eso sí que ataca a la dignidad de los empleados públicos, señora de Unidos Podemos, porque no hay nada peor para los empleados públicos que en lugar de haber un sistema público de acceso controlado, se tenga el dedo para entrarlos a trabajar en los ayuntamientos.
Yo vengo de la política local y había muchas administraciones que no podían pagar las nóminas. ¿Y qué negociaban en esos ayuntamientos las centrales sindicales? Que se garantizara el sueldo y no se incrementara más el personal, porque no había recursos públicos para poder pagar esos salarios. (Rumores). Eso fue lo que sucedió en muchos ayuntamientos. Evidentemente, en el mío tuvimos que superar al Gobierno del PSOE que lo dejó así, sin pagar las nóminas. (Aplausos).
Dicho esto, la tasa de reposición actual ha sido elevada progresivamente por el Gobierno desde unos niveles bajísimos. ¿Por qué? Porque hay una recuperación económica y conforme a la recuperación económica se ha ido aumentando la tasa de reposición, se han ido aumentando los sectores esenciales donde la tasa se eleva al cien por cien. Todo esto es lo que se ha negociado con las centrales sindicales en 2017: una tasa de reposición del cien por cien en unos sectores estratégicos negociados con las centrales sindicales y una tasa general del 50%, así como un sistema -lo ha dicho el representante de Ciudadanos- para la consolidación del empleo. ¿Por qué hay que consolidar empleo? Porque ha habido un abuso de las contrataciones interinas, muchas de ellas por la puerta de atrás, de amiguismo. (Rumores). Hay que pagar nóminas, hay que pagar medicamentos y hay que pagar a proveedores. Resulta que al Partido Socialista y a la izquierda en general lo de gastar se le da divinamente, pero lo de pagar se le da muy mal, tienen muy mala memoria. Cuando vienen a cobrar los proveedores no les pagan y hay que buscar sistemas para poder pagar. (Aplausos).
Se ha dicho que hay una consolidación de empleo de 250 000 trabajadores públicos y en 2017 tenemos la oferta pública de empleo más grande desde que empezó la crisis en 2008: 67 000 empleados públicos. El Gobierno a través de la Conferencia de Presidentes se comprometió a incrementar las tasas de reposición, pero miren lo que decía el acuerdo -lo dice también hasta la propia propuesta de Podemos- de la Conferencia de Presidentes: "...conforme a la situación presupuestaria". Es decir, hay que garantizar la situación presupuestaria, porque es la que permite poder pagar las nóminas. El Partido Popular y el Gobierno quieren ir aumentando progresivamente la tasa de reposición, mediante una negociación sindical. Ahora mismo se está abriendo una mesa de negociación con los sindicatos para ver qué se acuerda. Sin embargo, la enmienda del Partido Socialista es lo más sorprendente de este mundo,
no porque no se haya perdido poder adquisitivo, sino porque son los responsables. ¿Es que el real decreto de 2010 de Zapatero que bajaba desde un 5 a un 10% las nóminas lo aprobó el Partido Popular? ¿O fue el Partido Socialista el que lo aprobó? (Aplausos). Fue el Partido Socialista y se hizo con un IPC del 3%. Sin embargo, la congelación salarial se hizo con IPC negativos. Ahora se está incrementando y hay una negociación -y lo saben-, donde el Gobierno ha propuesto a las centrales sindicales aumentar hasta un 8% en tres años. Todavía no lo han aceptado las centrales, pero se sigue negociando. Confíen en la negociación porque ustedes lo que aquí proponen es desconfiar de la negociación del Gobierno con las centrales sindicales y poner unas medidas, que además saben perfectamente que sin presupuesto -que ustedes bloquean- no tienen salida.
Muchas gracias. (Un señor diputado: Muy bien.- Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista?
La señora SÁNCHEZ MELERO: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones, que es lo más complicado. (El señor Camps Devesa pide la palabra).
Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, me han pasado un texto con la enmienda transaccional a la 7.ª proposición no de ley, que cambia el contenido de la proposición no de ley por la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: No, es una enmienda de todos los grupos, excepto del Grupo Popular.
El señor CAMPS DEVESA: El texto que me han pasado es exactamente igual que la enmienda que ha presentado el Partido Socialista. (El señor López Milla: Hemos hecho una transacción.- El señor Roldán Monés: Hay una palabra añadida). ¿Esta palabra que está añadida a lápiz? (El señor Roldán Monés: Sí, la palabra "considerando"). Es decir, la enmienda tiene carácter de transaccional y no se puede votar separadamente, ¿no es así?
El señor CAMPS DEVESA: Entonces la posición de mi grupo será la abstención. Gracias, presidente.
Vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, votamos el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre el reconocimiento de Brañosera como primer municipio de España. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular.
A continuación votamos el 3.er punto del orden del día: proposición no de ley de medidas contra el comercio ilícito de tabaco. Se vota en sus propios términos.
Votamos el punto 4.º del orden del día: proposición no de ley sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La votamos con la transaccional del Grupo Popular.
Votamos el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales, que se vota en sus propios términos.
Votamos el 6.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre el IVA aplicado a la donación de alimentos. La votamos con una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos el 7.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la modificación del Real Decreto-ley 17/2014. La sometemos a votación con la transacción de todos los grupos, a excepción del Grupo Popular.
Votamos el 8.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la eliminación de la tasa de reposición del personal en todas las administraciones públicas del país. Lo hacemos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

References: Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 79
 real decreto 
 artículo 135
 Real Decreto 
 real decreto