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Timestamp: 2017-09-23 05:47:11+00:00

Document:
República de Colombia Casación No. 21.214
P./ Claudia Patricia Nasser Arana y o.
D./ Enriquecimiento ilícito de particulares
Proceso No 21214
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil tres (2.003).
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2.002, por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se condenó a CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA a las penas principales de 65 meses de prisión, multa por $956.854.687 y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por idéntico lapso al de la privativa de la libertad, a cada uno, como autores del delito de Enriquecimiento ilícito de particulares, al revocar integralmente la absolución que a su favor se dictara en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En la misma decisión el Ad quem ratificó la libertad provisional que le había sido otorgada anteriormente a CLAUDIA PATRICIA, pero aclarando que en esta oportunidad se hacía por reunir los requisitos para la concesión de la libertad condicional, se ordenó la captura de CARLOS ALBERTO, a quien posteriormente también se le concedió la excarcelación provisional por cumplir con las exigencias para gozar del referido subrogado, se le cesó el procedimiento a Jorge Nasser Arana por muerte, se abstuvo de conocer la consulta en relación con Julio Nasser David, a quien igualmente se le declaró la cesación de procedimiento por muerte y confirmó la absolución de José David Hasbun Lombana por infracción al artículo primero del Decreto 1895 de 1.989, también decretada en el fallo de primer grado.
LOS HECHOS Y LA ACTUACIÓN PROCESAL:
Los que dieron origen a la presente investigación tuvieron su origen en el procedimiento judicial denominado ‘Operación Caribe II’ que se llevó a efecto durante los días 28 y 29 de marzo de 1.996 dentro del proceso que se seguía contra Germán Villegas, en la cual se practicaron diversos allanamientos en las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, procediendo en ésta última a registrarse el Hotel El Prado, las Empresas Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. Cía. S.C.A. PROMOCON, UNIAL S.A., la Casa de Cambios NAMOS, el penthause del edificio Lintani de la carrera 75 No. 79-304, los apartamentos 5° y 6° del edificio Maguey de la carrera 55 No. 80-1922, la residencia ubicada en la carrera 64 B No. 86-116, el inmueble de la carrera 57 No. 91-100 del barrio Altos del Río Mar, el penthause del edificio Oriente y a las oficinas ubicadas en la carrera 57 No. 75-97, entre otras empresas e inmuebles que se presumían como de propiedad de la familia Nasser Arana.
Incautados en esos allanamientos gran variedad de documentos contables que la Fiscalía sometió a estudios previos y como quiera que los peritos contables hallaron cifras por justificar en cabeza de los señores José David Hasbún Lombana, Jorge, Carlos Alberto y Claudia Patricia Nasser Arana, al igual que en las empresas de las cuales son propietarios, se inició la presente investigación penal en su contra, la cual luego de allegarse abundante prueba documental y testimonial, culminó con el proferimiento por parte de la Fiscalía de resolución acusatoria contra Julio César Nasser David por los delitos previstos en los art. 33, 38-3 y 44 de la Ley 30 de 1.986 y 220 y 227 del C. P., en concurso con el descrito por el art. 1º del Dto.1895 de 1.989, en tanto que respecto a José David Hasbún Lombana, CLAUDIA PATRICIA, Jorge y CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, la acusación lo fue por el delito de Enriquecimiento ilícito de particulares previsto en el art. 1° del Dto. 1895 de 1.989, adoptado como legislación permanente por el art. 10° del Dto. 2266 de 1.991.
Iniciada la fase del juzgamiento por un Juzgado Regional de la ciudad de Barranquilla, en cuyo decurso se escucharon en indagatoria a José David Hasbún Lombana y a CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, la actuación fue remitida al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, hasta cuando mediante resolución Nro. 663 del 14 de septiembre de 1.999 el Ministerio Justicia y del Derecho, a petición del Fiscal Delegado en el proceso, dispuso el cambio de radicación de las diligencias, siéndole asignado a los Juzgados Penales del Circuito Especializado de esta ciudad.
Concluida la audiencia pública, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 7 de marzo de 2.001 dispuso cesar el procedimiento en relación con Julio César Nasser David por muerte, profiriendo en el mismo proveído fallo absolutorio a favor de José David Hasbún Lombana, CLAUDIA PATRICIA, Jorge y CARLOS ALBERTO NASSER ARANA por los cargos objeto de la acusación, a quienes, en consecuencia, y con fundamento en el numeral 3° del art. 415 del C. de P. P. les concedió la libertad provisional, disponiendo finalmente la consulta del fallo el Tribunal Superior de Bogotá, que fue impugnado por la Fiscal que intervino en el juicio y el representante del Ministerio Público, respecto de quien fue declarado desierto el recurso por extemporáneo, procediendo el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, entre otras decisiones, a revocar las absoluciones en los términos ya indicados.
Siendo que para la sustentación del recurso extraordinario de casación, los procesados CARLOS ALBERTO NASSER ARANA y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, ha designado un defensor común, quien en las sendas demandas, sustancialmente fundamenta iguales censuras contra el fallo objeto de impugnación, innecesario se torna su resumen independiente, razón por la cual, se impone sintetizarlas y contestarlas en forma conjunta, así:
Como principal postula el demandante este reproche que funda en el motivo de nulidad para acusar el fallo de segundo grado, por violación al debido proceso, como consecuencia de la falta de motivación de la resolución acusatoria en relación con el cargo de Enriquecimiento ilícito de particulares.
Lo anterior por cuanto, conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacional y extranjera que cita, la resolución acusatoria juega un papel trascendente en los procedimientos mixtos, pues permite a la defensa conocer los extremos de la imputación fáctica y le impide al Juez dictar fallo por delito diferente. Por eso debe exponer de manera clara y precisa los hechos materia de investigación y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron.
En el presente asunto la acusación carece por completo de motivación en cuanto al supuesto incremento patrimonial de LUIS CARLOS y PATRICIA NASSER ARANA, pues escasamente se los menciona, ni frente a ellos se establece “relaciones, ni determina actividades en situaciones de hechos y personas, ni se ocupa de las pruebas de cargo para valorarlas”, ya que se limita a “enumerarlas en un inventario de su existencia”, dejando así de aplicar lo dispuesto en el art. 398.1.3 del C. de P. P. que impone la “narración sucinta de la conducta investigada, con todas sus circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen”, debiéndose indicar al respecto su evaluación y la calificación jurídica provisional.
En relación con estas dos personas, el pliego acusatorio se limita a discurrir sobre la actividad de sus padres por un largo período de tiempo, sin especificar, en relación con CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, en qué momento de su vida obtuvo el incremento patrimonial que se le reprocha, esto es, si siendo menor o cuando fue mayor, pese a que este nunca fue señalado siquiera como partícipe de actividades de narcotráfico, y en relación con CLAUDIA PATRICIA, el proveído utiliza designaciones como prole, hijos o infantes, de donde se debe colegir que en ellas se está refiriendo a aquella.
La acusación describe actividades desde 1.978 que no corresponden a LUIS CARLOS ni a CLAUDIA PATRICIA, al ocuparse de la materialidad de la infracción, pues solo menciona la llamada operación Caribe II, refiriéndose a la diligencia de cateo llevada a cabo en el hotel El Prado y se limita a relacionar la prueba de manera enumerativa, como documentos de las sociedades Hotincol, Inhocar, Inhotel, Suratel, declaraciones de renta, pagos de impuesto predial, unas cartas enviadas por PATRICIA NASSER a su madre cuando aquella –la madre- fue capturada en Suiza, se detiene en el contenido de un disquette encontrado en las anteriores propiedades, que corresponde la grabación del agente de la DEA Steven Randerson relacionada con actividades del padre y la madre de los sindicados, “lo que ciertamente no constituye una prueba legal de ningún proceso”; se hace también alusión a la denuncia de Roberto Mercado Carrillo, se analiza el indicitment dictado en Estados Unidos en contra de la madre de éstos, pero no más.
Adicionalmente, “en lo que pareciera aproximarse a un cargo de orden penal”, la acusación cita el informe 01504 del 24 de junio de 1.998, correspondiente a un estudio contable del C.T.I. sobre el avalúo comercial de los bienes “y mediante el sistema de comparación patrimonial ‘de personas jurídicas y naturales’, todas juntas (en globo), como si existiera una responsabilidad penal colectiva, para concluir que repitiendo lo dicho en el informe, sin juicio crítico alguno de parte del acusador, que las empresas presentan un incremento por justificar de $1.716.417.000.oo, al parecer por el período de 1.990 a 1.995, y sin ningún argumento más del punto 42 dice CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, por justificar $$1.977.122.oo y PATRICIA NASSER ARANA 1.878.230.oo. Luego la providencia de acusación tiene un capítulo de ‘descargos’ y el siguiente de ‘Explicación previa’ que se refiere a la detención de algunos procesados, y la negativa del cierre de investigación, y finalmente la respuesta a los ‘alegatos de las partes’ y remata con ‘la calificación jurídica provisional’”.
En ninguno de los dos casos se precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el supuesto incremento, como que tampoco se señala si este proviene de las compañías o de los movimientos personales de cada uno de ellos. Es decir, se trata simplemente de una cifra que no comprueba nada de cara al cargo imputado conforme a lo dispuesto en el art. 10° del Dto. 2266 de 1.991.
Aún así, forzoso era que se analizara dicho informe contable, puesto que allí se advirtió que las cifras indicadas en relación con cada uno de estos dos sindicados “se hicieron del análisis de renta por comparación patrimonial … dado como resulta una diferencia patrimonial a justificar global de $9.975.369.713, valor que se considera injustificado hasta tanto no se alleguen documentos que respalden dichas diferencias”, además de que “fueron elaborados cuadros de los movimientos de consignación y giro, de acuerdo con la documentación puesta a disposición, quedando pendiente de recibir gran cantidad de información de las diferentes entidades financieras”, razón por la cual, “El presente informe se deja rendido sin haber incluido el valor del avalúo comercial de los bienes raíces que posee el grupo que se investiga”. Era, pues, un informe incompleto, ya que aparte de que no tenía la información suficiente para ello, se desconoce por qué no tuvo en cuenta los avalúos comerciales de los bienes.
En el mismo sentido, debe observarse que en la aludida determinación de la Fiscalía se anotó –al parecer refiriéndose a los aquí procesados, deducción que hace el demandante de la expresión “bastagos”- que: “…si bien nadie discute de antaño sus bástagos (sic-, se refiere a los hijos del matrimonio)…, no tenían porque conocerla, incluso muy seguramente ni la entendían, el hecho crucial es que ya después en uso de razón y educados en negocio familiar, tenían los elementos convictivos (sic) para deslindar qué era turbio y por ende marginal, para entonces decidir si continuaba con lo que de bulto era ilícito. Eso fue lo que no se hizo” (Subraya el demandante).
Aquí, aparte de que el acusador necesariamente se está refiriendo a los padres de los procesados, se les termina imputando lo que no conocían ni entendían y que después del uso de razón no deslindaron lo turbio y por ende marginal, luego, no se sabe si eso en derecho penal constituye un enriquecimiento ilícito.
Esas deficiencias, definitivamente impidieron la defensa de sus representados en la etapa del juicio, toda vez que posteriormente se hicieron varios informes contables, aclaraciones y adiciones (los Nos. 1504, 016/99, 181/99, 018/00 y 4123/00), más otro decretado en la etapa del juicio, pues con ello se pusieron en evidencia los vacíos de la acusación y de la prueba en que se sustentó, siendo de todo esto lo más grave, el hecho de que el juzgador de segunda instancia debiera “sobre ese mare magnun de la prueba pericial …por primer vez prácticamente configurar la acusación, el monto del enriquecimiento y la manera de su obtención, …todo lo cual no dijo ni fue materia de la resolución acusatoria, que ni tiene ni parecido al tema de la sentencia”.
Es contradictoria la acusación al sostener que los padres desarrollaban actividades ilícitas y “sus hijos (desde infantes) la porción de legalización del producido”, y que la madre de éstos deberá responder “por lo suyo”, coligiendo que se sirvió de aquellos “más por zagacidad (sic) de su prole que por inducción o vocación delictual materna”, ya que de otra forma no se explica el poder general otorgado a Claudia para que oficiara como socia principal de las empresas fachada, pues no se sabe qué es lo que pretende decir, o si el reproche es por haber obtenido el patrimonio cuando eran niños o por emplear la “zagacidad” en esa misma etapa, o no haber repudiado la riqueza cuando fueron mayores, o en fin de qué manera y con cuáles medios se procuraron su propio enriquecimiento ilícito. En este sentido, entonces, la motivación no es adecuada, tanto más, cuando termina afirmando que sin posar de peritos, las cifras sobre los movimientos de las empresas en cabeza de los hijos de la pareja NASSER ARANA denota que tales volúmenes no pueden ser el fruto del desarrollo de su objeto social.
Al no existir un análisis individualizado respecto de cada uno de sus defendidos, se contraría lo dispuesto en el art. 398.1.2 que impide consideraciones en globo o generalizadas, pero como esto último fue lo que ocurrió en este caso se vulneró el debido proceso. Sin embargo, precisa que esta situación se presentó aquí por ser “confusa y vaga” la prueba pericial, circunstancia que explica que “la acusación no tuvo prueba para hacerla con el rigor exigido por la ley, de ahí la generalidad e imprecisión de la resolución, y de contera, solo sobre ella se podía sentenciar, lo que impidió una sentencia coherente”.
Solicita, por tanto, se case la sentencia recurrida, decretando la nulidad de lo actuado a partir de la resolución acusatoria.
También por motivo de nulidad, demanda el casacionista en forma subsidiaria la ruptura del fallo de segundo grado, pues considera que es violatoria del debido proceso por “indeterminación absoluta del tipo penal objetivo de enriquecimiento ilícito” imputado a CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA.
En relación con estos procesados, el pliego acusatorio no analizó los elementos estructurantes del tipo penal tipificado en el art. 1° del Dto. 1895 de 1.989, adoptado como legislación permanente en el art. 10° del Dto. 2266 de 1.991, pues en el capítulo denominado “calificación jurídica provisional” únicamente copió textualmente los cinco tipos penales atribuidos a los otros procesados, dejando en último lugar el correspondiente al de Enriquecimiento ilícito de particulares anotando que ese es el que recoge las conductas desplegadas por Jairo Arana, José David Hasbún, CLAUDIA PATRICIA, CARLOS ALBERTO y Jorge Nasser Arana, sin hacer ninguna valoración ni dilucidar temas necesarios como los de la imputación subjetiva u objetiva. Tampoco señala la forma como se obtuvo el incremento patrimonial, cuál fue, o de qué manera tienen relación con las actividades de los padres de sus defendidos o de cada uno de ellos en particular cuando eran menores de edad “al momento de la configuración del grupo empresarial”. Mucho menos cuándo ocurrió eso, cuál es la porción específica del patrimonio que conforma el incremento injustificado y las razones para calificarlo de esa manera o el nexo con las actividades de la madre.
Ahora bien, teniendo en cuenta el supuesto sobre el que se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito imputado en este caso, necesariamente debe colegirse que la acción del autor consiste en obtener un incremento específico en el patrimonio que no esté justificado, pues, se trata de un delito doloso, aquí la acusación ni siquiera se aproxima a precisar la acción voluntaria y positiva de sus presuntos autores con ese determinado fin, el cual, según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “alcanzar, conseguir, y lograr una cosa que se merece, solicita o pretende”.
Para el demandante, cuando en la resolución acusatoria se dice que “las cesiones de cuotas o acciones han dejado una estela de no comprobación de actos, que si bien posibles interpersonas, su ejecución en tan breve tiempo deja inexplicables las nuevas empresas alcancen siquiera a consolidarse para que entonces se crea rindieron de manera tan fabulosa”, parece indicar que es a partir de los actos de cesiones a los hijos donde comienzan los incrementos no justificados, apoyándose en ese sentido en la escritura pública No. 973 de la Notaría Cuarta de Barranquilla, mediante la cual el 9 de marzo de 1.995 CLAUDIA PATRICIA actuando con poder y a nombre de su madre hizo cesión de 750 acciones de PROMOCON S.C.A. a sus tres hijos CLAUDIA, Jorge y CARLOS ALBERTO, pero omite referirse a otros actos de cesión ocurridos en 1.994 con otras sociedades.
Aún así, la cesión de esas acciones pertenecientes a una empresa creada desde 1.978, con objeto social lícito y gran proyección en la región, “no puede estimarse como la obtención de un incremento ilícito per se, cuando es voluntad del dueño de las acciones y además solo valen la suma de a 10 pesos por acción, en el contrato celebrado de madre a hijo”. Esto, es un acto legal de derecho privado, que se refiere a una empresa vigente desde mucho antes de 1.990 “-fecha de saneamiento de los bienes por los sobreseimientos proferidos a sus padres en Colombia- cuando todavía no existía el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares en Colombia”. Para entonces y por ese motivo, sus defendidos tenían el convencimiento de la licitud de los mismos. Por eso, la acusación deviene confusa e imprecisa y se hacía necesario establecer el verdadero acto y momento de la obtención del aludido incremento ilícito.
De la misma manera, en el evento que se sospechara que la citada sociedad poseía recursos ilícitos, lo cual no se demostró, entonces no se podía imputar el delito de Enriquecimiento ilícito porque para esa fecha no estaba contemplado como tal en la legislación colombiana y tampoco sería válido argüir que es indiferente si con posterioridad tuvo algún ingreso ilícito o que el punible se tipifica en cualquier momento y menos que se le pueda imputar a un tercero que adquirió después las acciones a título oneroso.
Vuelve sobre el contenido de la acusación, concretamente el aparte que refiere que después, ya en uso de razón y educados en el negocio familiar, los hijos de la pareja NASSER ARANA no deslindaron lo que era turbio y marginal, para puntualizar que dicho proveído no es claro en indicar el momento del referido acrecimiento del patrimonio, puesto que aquí pareciera concretar la tipificación de la conducta en una omisión impropia –acción por omisión-, es decir, porque no se retiraron de las empresas “que habían recibido cuando eran ‘bástagos’ que no conocían ni entendían el fenómeno del incremento ilícito de los bienes”.
Esa deficiencia quiso ser corregida por el sentenciador en forma antiprocesal señalando que fue el momento de la firma y la cesión de las acciones, que no fue lo que se dijo en la acusación. Esto, ratifica el incorrecto y genérico criterio de la imputación en lo que se refiere al verbo obtener, pues es claro que con la sola suscripción del balance por parte de CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, ni ella ni su hermano aumentaron su patrimonio, pues eso solo indica los activos que pertenecían a la persona jurídica cuando se impone la aludida rúbrica. Y, en cuanto a las acciones, insiste, fueron pagadas por los cesionarios, es decir, los hijos. Además, eran representativas de capital de empresas existentes desde 1.987 época para la cual no existía el delito imputado y por lo tanto, no podían tenerse como ilícitos sus capitales, los mismos que posteriormente fueron “depurados” como lo dijo el sentenciador, cuando se profirieron los sobreseimientos de 1.990, decisiones que ostentan la fuerza de la cosa juzgada.
En lo que concierne a estos dos procesados, tampoco se fijó la cuantía del aumento patrimonial en forma clara y precisa, ya que la decisión cuestionada se remite a cuentas globales en las que mezclan los hijos del matrimonio con las empresas “en una amalgama sin rigor científico alguno de orden contable y financiero”, Aún faltando el examen de documentos del sector financiero y los reajustes por valorización de bienes raíces como se lee en el informe contable que sirvió de base a la acusación (ver f. 158, c# 13), que es lo único que permite formular un cargo con claridad”.
No especificó de ninguna manera la acusación la configuración de un elemento esencial del tipo penal, esto es, el relativo a que el crecimiento injustificado de los bienes de los acusados proviniera de una u otra forma de actividades ilícitas, ya que se limitó únicamente a sostener que los padres de éstos fueron investigados por infracción a la Ley 30 de 1.986 y que la madre admitió una acusación por lavado de activos por la que se le procesó en 1.994, “pero nunca se comprobó que después de 1.994 ellos –los padres no los hijos condenados- hubieran colocado recursos dudosos provenientes de actividades indebidas en las empresas que pertenecían a los hijos”, es más, de las referencias procesales se puede inferir que los recursos de la señora Sheila Arana fueron bloqueados en el exterior y no pudo volver a disponer de ellos y menos hacerlos llegar a las empresas de CARLOS y CLAUDIA en Colombia. En este sentido, la acusación es ambivalente, confusa e imprecisa.
No obstante lo anterior, a dichos procesados el Tribunal les imputó indebidamente el cargo por haber comprado en 1.994 acciones de una empresa creada antes de la consagración legal del delito y por haber obtenido la porción de un activo de PROMOCON mediante la firma de CLAUDIA PATRICIA cuando fungía como gerente provisional en un balance del mismo año, en donde habían ingresado antes de 1.990 préstamos lícitos adquiridos por la madre de éstos. En el mismo sentido, en este proceso no se probó que con posterioridad a esa fecha dichos sindicados hubieran recibido ingresos de sus padres.
Reitera lo expuesto enfatizando que la acusación desconoció la cosa juzgada relativa al saneamiento de los bienes, y tampoco aduce de qué manera las precitadas empresas, de años atrás, cuando los procesados eran menores de edad, obtuvieron inyectadas de dineros obtenidos ilícitamente.
Solicita, así, casar el fallo impugnado y decretar la nulidad desde la resolución acusatoria, incluida.
Esta censura, la postula el demandante también con sustento en la causal tercera de casación, esto es, por haberse dictado en un juicio viciado de nulidad por violación al debido proceso, dado que el Tribunal no precisó la forma de participación de CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA en el delito por el cual fueron condenados.
En efecto, la resolución acusatoria no indica de ningún modo la calidad atribuida a estos procesados en la comisión del ilícito, es decir, si éstos tuvieron dominio del hecho o fueron simplemente instrumentos del verdadero autor, tanto más si se tiene en cuenta que la resolución acusatoria estimó que los aquí demandantes no conocían ni entendían el hecho crucial, además de que la riqueza a la que accedieron fue producida por sus padres cuando ellos eran menores de edad, de donde se deduce que reputan como autores a los padres y no a sus hijos, o sea a sus defendidos y en esa medida, no les imputa la acción a la que se refiere el verbo rector para la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito. En este sentido la acusación a los hermanos NASSER ARANA se hace por una omisión, la de no haberse desprendido de la fortuna una vez adquirieron la mayoría de edad, desconociendo de paso que cuando eso ocurrió ellos actuaron de buena fe, lo cual impedía la imputación subjetiva, pues para entonces eran incapaces para el derecho penal. Desde este punto de vista resulta incomprensible la exigencia de la acusación en el sentido de que éstos debieron “deslindarse” de la fortuna que ya tenían desde niños.
Aquí, a CARLOS ALBERTO NASSER ARANA no se le atribuye calidad de autor o determinador del hecho típico y a CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, tampoco se le imputa la ejecución de una acción voluntaria de obtención de los incrementos patrimoniales, por manera que, de acuerdo a las consideraciones de dicho proveído sus representados no son autores de la conducta típica, ni cómplices, ni determinadores.
En estas condiciones, entonces, es imposible conformar la estructura lógico formal del proceso y se imposibilita la defensa de los acusados.
Por lo anterior, solicita se case la sentencia recurrida y se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de acusación.
Nuevamente se apoya el demandante en la causal tercera de casación para postular esta censura por motivo de nulidad, pero en esta oportunidad referida únicamente al fallo de segunda instancia, “porque carece de fecha y resulta imposible determinar con los datos que figuran en el proceso cuál es la verdadera fecha de la misma, y si ella fue discutida por el Juez natural (Plural)”.
Explica al respecto las razones jurídico procesales por las cuales la fecha de la sentencia si bien es un aspecto formal, representa una trascendencia específica en el proceso, más aún si se trata de la decisión más importante de toda la actuación, pues el fallo de segunda instancia pone fin a la función del Estado, de manera tal, que conocer con exactitud la fecha de su proferimiento y tener la certeza de su discusión y aprobación por el Juez plural –que en estos casos es el Juez natural- determinan sus efectos subsiguientes, los cuales estarían relacionados con la seguridad jurídica.
En este caso, se incumplió lo regulado al respecto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuyo artículo 56 preceptúa que la “sentencia tendrá la fecha en que se adopte”. Además, la mera imposición de las firmas de las Magistradas no subsana la irregularidad ni indica que se hubiera dado la deliberación requerida como juez plural, pues no aparece constancia de ello ni de la fecha de la adopción de la sentencia y los espacios pertinentes para la anotación de tales datos en el fallo aparecen en blanco.
Destaca, así, que en la parte superior de la decisión aparece impuesto un sello mecánico con una rúbrica verde, indicando como fecha el 7 de marzo de 2.002 –poco más de un año-, al respaldo se ve la notificación del Fiscal que data del 9 de abril de 2.000 “lo cual no parece ser normal, y permite abrigar una duda muy grande sobre lo ocurrido”. El edicto, por su parte, señala el 5 de marzo de 2.002 “y se anota un acto de aprobación ‘Acta no. 105-2000’ (f. 135), que pareciera referirse a que la aprobación fue en el año 2000 según acta, (en todo lo cual puedo errar, pero ello se deriva de la falta de fecha impuesta en la sentencia misma), lo cual contribuye a la incertidumbre completa sobre el tema de la de la fecha de la deliberación y proferimiento de la sentencia impugnada”.
Pide, así, se case la sentencia recurrida y se decrete su nulidad a fin de que nuevamente se profiera subsanando las irregularidades mencionadas.
Con sustento en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, en esta oportunidad ataca el libelista la sentencia de segunda instancia de violar indirectamente la ley sustancial debido a errores de hecho por falsos raciocinios respecto de la apreciación de las pruebas.
Al valorar el conjunto probatorio del proceso el Tribunal estableció dos límites temporales a saber: uno que el sobreseimiento respecto de los padres en 1.990 “depuró” la ilicitud de los bienes adquiridos por aquellos, y el otro, consistente en que una vez que los aquí sindicados obtuvieron la mayoría de edad no efectuaron acto de administración en forma directa, sino que en 1.994 CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA suscribió un balance que también se extendió a CARLOS ALBERTO, “con lo que antes de ello no hubo dolo de obtención del incremento que se sabe ilícito”.
En cuanto a lo primero, precisa que el Juzgado Cuarto Especializado de Barranquilla dictó sobreseimiento definitivo a favor de Julio Nasser David, decisión confirmada en segunda instancia el 23 de julio de 1.990, y Sheila Arana de Nasser también fue cobijada con idéntica decisión el 3 de abril del mismo año por idéntico funcionario de primera instancia y esa determinación también fue confirmada por el Juez de segundo grado el 11 de junio de 1.990.
Ahora bien, como por virtud de tales decisiones judiciales les fueron devueltos los bienes a los esposos NASSER ARANA por haberse establecido que los mismos tenían origen lícito, lo cual indica que los activos de PROMOCON S.C.A. desde su inicio y durante el desarrollo de su objeto social eran también lícitos, se impone colegir que cualquier operación realizada al respecto no podía generar incremento patrimonial ilícito, más aún si se tiene en cuenta que nunca se comprobó que del exterior hubieran trasladado recursos de Sheila porque éstos quedaron totalmente bloqueados cuando ella fue investigada.
Desde este punto de vista, para que el Tribunal fuera coherente con esa premisa racionalmente demostrada en la sentencia, debió concluir en relación con la firma del balance y la cesión de acciones en 1.994 que las operaciones así realizadas tuvieron como objeto bienes lícitos y en consecuencia, que el patrimonio de CARLOS y PATRICIA tenía origen igualmente lícito, pues el hecho relevante y determinante en el tiempo sobre el conocimiento que los hijos de la pareja NASSER ARANA tenían de las actividades ilícitas de sus padres se da a partir de febrero de 1.994, fecha en que Sheila Arana fue detenida en Suiza, descartando el período comprendido entre 1.990 y 1.994, como quiera solo en el último año mencionado, dijo el fallo, surgió la evidencia de que estaban conscientes de las actividades ilegales de su madre, y no antes, “pues existía la convicción, en virtud de la firmeza de las preclusiones con las cuales fueron favorecidos los padres que esos bienes eran de procedencia lícita”.
Hasta aquí, se impone colegir la licitud de los bienes antes de 1.990 y la ausencia de culpabilidad de los hermanos NASSER ARANA hasta 1.994 por desconocimiento de las actividades de su madre –capturada en Suiza por lavado de activos y después extraditada a los Estados Unidos-, por manera que el ilícito por el que fueron condenados no les puede ser imputado, si se tiene en cuenta que los incrementos a los que se refiere el fallo datan de 1.990, esto es, el préstamo como aporte de capital a PROMOCON, el cual ya aparecía registrado en el balance de 1.994. Y si bien la cesión de las acciones ocurrió con posterioridad a ésta última fecha no puede perderse de vista que versan sobre patrimonios obtenidos mucho antes de 1.990.
Siendo esta la racionalidad de las valoraciones probatorias y las conclusiones a las que obligan llegar, lo que se imponía para el fallador de segundo grado era refrendar la absolución dictada por la Juez de primera instancia, pues en el proceso nunca se dijo ni puede sospecharse, que con posterioridad a 1.994 los hermanos CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PTRICIA NASSER ARANA obtuvieran recursos ilícitos.
El razonamiento del fallador contiene una evidente contradicción, pues en relación con CARLOS ALBERTO imputa como ilícitas dos partidas en concreto pese a que la acusación fue por completo genérica y abstracta, pues, afirmó que los préstamos hechos a PROMOCON S.C.A. por COFANDINA S.A., sociedad que realmente no funcionaba y prácticamente era utilizada por Sheila Arana de Nasser para ocultar sus ingresos que “soterradamente” introducía en sus empresas según lo dedujo de la nota hecha por el propio contador al margen del balance de 1.990, según el cual son aportes de la señora Arana y representaban aporte adicional al capital de la primera. Aquí, debe advertirse que por la fecha en que ello ocurre, antes de 1.990, de acuerdo a las propias valoraciones del Tribunal, debía concluirse que eran dineros lícitos e ingresaron, además, antes de 1.994, período en que según el sentenciador no podía hacerse imputación por falta de dolo.
En este sentido, en el dictamen No. 04123 que sirvió de fundamento al Tribunal, se precisó que los saldos ingresaron antes de “1.994 y 1.990”, lo son por concepto de préstamos recibidos por dicha sociedad en años anteriores como se demuestra con el balance general a 31 de diciembre de 1.987, presentando un saldo a favor por $553.248.316, con lo cual se comprueba que pertenecen a fechas antecedentes a la fijada por el Juez colegiado como aquella de la cual surge la imputación, bien como efecto de la cosa juzgada, o por carencia del dolo.
Lo anterior, corresponde, a lo manifestado en el curso del proceso por los hermanos NASSER ARANA, quienes dijeron desconocer los pormenores de la transacción que originó los saldos debidos, los cuales se enmarcan a la época de no imputación referida por el Tribunal, pues la información que tenían respecto al préstamo a capital provenía de su propia madre, “lo cual concuerda con la afirmación del Tribunal de que carece de dolo respecto de hechos anteriores a 1.994”. Sin embargo, los créditos referidos los recibió Sheila de las empresas que cita y estaban destinados a una negociación que finalmente no se hizo. Además, los documentos privados alusivos a las cuatro empresas de Medellín (PROTEC LTDA., MERCADEO, IMPORANDES LTDA. y ATG, sociedad de hecho) que inyectaron dinero a PROMOCON, “se aportaron al expediente, pero la Sala adujo que no tenía valor porque no demostraban el origen de los recursos”.
El yerro en que incurrió el Tribunal en este razonamiento consiste en que, siendo ello así, no era PROMOCON la sociedad que debía demostrar la licitud de los recursos, ni tampoco los hermanos NASSER ARANA, sino las empresas que los suministraron y “los representantes legales que firman los documentos, que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 446 de 1.998 son auténticos”. Tal prueba, entonces, no debió desatenderse. Por eso, afirmó sin tener ninguna base seria que los aludidos préstamos de COFANDINA eran injustificados, pues los mismos en Colombia, según lo demuestra la prueba documental tienen origen lícito.
Continúa analizando el contenido de la sentencia para destacar que allí se sostuvo que de conformidad con el peritaje rendido en la audiencia pública, el Tribunal estimó que PATRICIA NASSER actuó por primera vez como gerente de PROMOCON en 1.994 al firmar el balance, y entonces la responsabiliza por los saldos recibidos allí, pues con ello aceptó los préstamos irregulares de COFANDINA que entonces ascendían a $1.554.180.821, lo cual, en relación con CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, indica que se le imputa el acto de otro al aseverarse que éste acrecentó sus haberse en la tercera parte de la suma referida.
Y en lo que respecta a CLAUDIA PATRICIA NASSER, precisa el demandante, que al firmar un balance el representante legal no obtiene los saldos, pues éstos son apenas un dato escrito, ni acepta los préstamos que generaron los mismos, pero además, “todo ello viene desde mucho antes del la firma del balance de 1.994 como se acaba de comprobar”.
En este evento, el Tribunal hizo de perito al dividir por tres la suma de tales préstamos e imputar la tercera parte a la gerente bajo el concepto de recibidos y concluir de manera “incoherente” “que también los acepta y recibe quien no firmó el balance”, en proporción similar, es decir, en $509.771.309, argumento que por sí solo “desbarata” la sentencia, ya que la “inusual división” se hizo tomando como base la representación accionaria, pero eso, en modo alguno implica ingreso patrimonial.
Ahora bien, lo atinente al segundo concepto de imputación a título de aumento ilícito del patrimonio, esto es, el derivado de la cesión accionaria efectuada por Sheila Arana de Nasser a través de poder conferido a su hija CLAUDIA PATRICIA mediante escritura pública No. 03 del 19 de diciembre de 1.994, con base en el cual aquella cedió las acciones de su madre a los tres hijos (CLAUDIA, CARLOS y Jorge) en partes iguales, con las escrituras públicas No. 4786/94 (PROMOCON, 250 acciones para cada uno), 4785 de 1.994 (INHOCAR Ltda.); la No, 4685/ 94 (HOTINCOL), No. 1482/94 (INHOTEL, 2000 acciones), No. 4781/ 94 (SURATEL) y 969/95 (GRANCO), incremento que fue estimado por el Ad quem en $447.083.378, todas existentes como tales entre 1.978 y 1.987, con el criterio de que las mismas se vendieron por el valor nominal y no por el representativo, y por esa razón dicha suma es superior al de los referidos documentos “y se genera por el acto propio del sentenciador” con base en criterios que no fueron expuestos y por ende, se desconocen, mientras que atendiendo a sus propias apreciaciones probatorias debió concluir que eran lícitos por provenir de empresas constituidas antes de 1.990. No se aplicaron, pues, las reglas de la experiencia, la ciencia y la lógica.
Adicionalmente, el Tribunal hizo otra operación matemática, sumar las partidas para globalizarlas, esto es $509.771.309+447.083.378 = 956.854.687, o “incremento injustificado para cada uno de los hermanos Nasser”, asegurando sobre el origen ilícito de los mismos que “por su conducto la madre pretendió poner a salvo parte de la cuantiosa fortuna, una vez se vio impelida para confesar su culpa”, conclusión no admisible porque está referida a un patrimonio ya depurado, en términos del propio Tribunal por los sobreseimientos definitivos de 1.990. Se contradijo, pues la sentencia en las conclusiones derivadas frente a las premisas establecidas como punto de partida de la valoración probatoria, falencia que no puede remediarse sino “mediante la declaratoria de la nulidad del mismo”, pues se basa en juicios que se niegan y se afirman a la vez, y sobre los cuales no es posible estructurar la imputación en cabeza de sus dos defendidos, como que no puede hablarse de dolo antes de la fecha límite fijada por el propio fallador y en tales condiciones, no sería factible suponer una especie de dolo con efectos retroactivos, eso, sería contrario a la lógica.
Reitera lo expuesto en cuanto que, el Tribunal quebrantó las reglas de la lógica y la experiencia al sostener que con el acto de la firma del balance CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA recibieron los saldos allí mencionados y los dineros que representaban, pues lo primero no equivale a lo segundo y tampoco significa aprobar los créditos; que, de acuerdo con esa misma premisa, la suma de $509.771.309 no podía imputarse como parte del incremento ilícito del patrimonio de LUIS CARLOS, ya que dicho préstamo de la señora Sheila Arana ingresó con posterioridad a la decisión judicial que declaró lícitos sus bienes.
Con el mismo argumento, en lo que concierne a la situación particular de CLAUDIA PATRICIA NASSER, enfatiza el demandante que debió descontarse la suma de $447.083.378 como del supuesto incremento ilícito en lo que respecta a sumas obtenidas con anterioridad a 1.990 y de la misma manera, habría de descontarse el valor de $509.771.309 equivalentes al 32.80% que corresponden, según la nota del contador, de acuerdo con la cual no eran préstamos sino aportes de Sheila Arana, lo que, a no dudarlo, constituye otro error de raciocinio, pues si dicho documento fue elaborado en 1.990, necesariamente los bienes allí relacionados fueron adquiridos con anterioridad a esa fecha, es decir, estaban cubiertos por la declaratoria judicial de sobre su licitud, pues se refiere a un ejercicio financiero anterior.
Por tanto, pide se case la sentencia atacada y se dicte una de reemplazo de carácter absolutorio respecto de CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA.
En esta ocasión, acusa de nuevo el demandante el fallo de segunda instancia de violar indirectamente la ley sustancial, “debido a un error de hecho sobre la prueba, al decidir el sentenciador sin la existencia legal de prueba técnica, y acudir entonces a su propio conocimiento para apoyar la sentencia, en vez de hacerlo con base en una prueba pericial por tratarse de materia técnica”.
Precisa, entonces, que la necesidad de fundar las decisiones en pruebas es elemento del debido proceso y por ende, garantía de rango constitucional, por lo que propone “el cargo al amparo del artículo 207 numeral 3 del C. de P. P.”.
Se refiere, así, al contenido del artículo 249 ibídem, enfatizando que el sentenciador se valió de su propio criterio para establecer la representación accionaria “y para repartir la suma del SUPUESTO incremento derivado además de la sola firma del balance, lo cual se extiende sin explicación lógica a quien lo firmó, sobre la base del 32.80% (f. 96) para el primer incremento”, cuando eso por si solo no equivale a aumentar el patrimonio, lo que sería apenas una consecuencia final y una vez efectuado “un exhaustivo análisis financiero, económico y técnico del estado real de la empresa y su viabilidad”, puesto que puede ocurrir lo contrario.
También aludió el fallador a los valores intrínsecos de las acciones de la sociedades en cesión, dejando de lado el valor nominal, cuando para eso también era necesaria la intervención de un perito por tratarse de materias complejas y difíciles, pues bien puede ocurrir “que la acción no represente un valor intrínseco patrimonial, con lo cual e (sic) vez de un incremento pudiera existir un detrimento patrimonial. Ello también debió ser decidido por un perito y no por el juicio del Tribunal”.
Se requería, pues, de prueba objetiva que permitiera un análisis razonado para decidir, como lo manda el art. 232 del C. de P. P., ya que el juicio del funcionario no puede suplir “la ausencia de pruebas específicas”.
En este caso, en punto de los valores intrínsecos, no se sabe que fue lo que apreció el sentenciador, si el pasivo, la cartera y su estado, el valor de los activos y su depreciación, el posicionamiento comercial y financiero, la experiencia o el nivel de endeudamiento, que era lo que correspondía establecer a través de un perito, quien hubiera explicado la división entre socios con base en porcentajes, así como las razones económicas, financieras o contractuales que lo justifican, “pues las acciones podrían valer menos dependiendo de un examen real de la sociedad”.
Solicita, así, se case la sentencia cuestionada y se dicte una de reemplazo absolviendo a CARLOS ALBERTO y a CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA “por falta de prueba alguna del incremento patrimonial ilícito que le imputó la Fiscalía”.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA EN LO PENAL:
Citando como sustento de sus afirmaciones variada jurisprudencia de la Sala sobre el tema de la nulidad por falta de motivación, precisa la Representante de la Procuraduría que en este asunto no se presenta el motivo invalidante al que acudió el defensor de los procesados como fundamento de la ataque, ya que si bien es cierto que el art. 442.1.2 del Dto. 2.700 de 1.991, que rigió el proferimiento de dicha decisión establecía como requisito formal de la resolución acusatoria la narración sucinta de los hechos investigados con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifiquen, y la indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación, exigencia que actualmente también demanda el art. 398 de la Ley 600 de 2.000, en este evento los equívocos en que incurrió el acusador a la hora de emitir el calificatorio no alcanzan a tener entidad suficiente para socavar su legalidad.
Explica, pues, que si bien en cierto es, “como lo hace ver el demandante y el Tribunal Superior de Bogotá que se equivocó el acusador cuando imputa cargos a los aquí procesados por conductas ilícitas de sus progenitores anteriores al año 1.994, porque como se dejara plasmado en la sentencia es a partir de allí que los hijos (CARLOS ALBERTO, Jorge y CLAUDIA PATRICIA) asumen la administración de las sociedades, no de antes, pues, como lo precisó esa Corporación: “ ... es a partir de la detención en Suiza de Sheila Miriam Arna María, madre de los tres Nasser, en febrero de 1.994, cuando les incumbe demostrar que los incrementos patrimoniales de los cuales los acusa la Fiscalía, proceden de las actividades ilícitas de los padres, porque, es en este momento donde nace evidencia de que estaban concientes de la actividad ilícita de su señora madre y, no antes, como lo pretende la Fiscalía y el Ministerio Público, pues existía la convicción, en virtud de la firmeza de las preclusiones con las cuales fueron favorecidos los padres que esos bienes eran de procedencia lícita” (fls. 29 y 30 Sent. 2ª Inst.). Entonces, se equivocó el acusador en la argumentación, pero no se puede desconocer que las consideraciones rebatidas, constituyen una motivación con la que en su oportunidad el funcionario judicial fundamento parte de la acusación”.
De la misma manera, el desacierto argumentativo del calificatorio, atinente al hecho de que los hermanos NASSER ARANA debieron repudiar los bienes que recibieron de sus padres porque conocían de la acusación que pesaba en su contra en los Estados Unidos, cuando en verdad, “y como lo asevera el Tribunal de haber procedido de esta manera era ni más ni menos una acusación abierta y pública a sus progenitores, que no tenían porque realizar, ya que constitucionalmente se encontraban protegidos de no incriminarse a si mismos, ni a sus parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad (art. 33 de la C. Pol.); sin embargo, a pesar del desacierto advertido y que no sea compartidas tales consideraciones por el demandante, es irrefutable su carácter de motivación razonada para imputar la conducta punible de enriquecimiento ilícito de los aquí procesados con fundamento en un origen igualmente ilícito”.
Por su parte, el cuestionamiento del demandante sobre que el instructor no “supo deslindar la situación de los bienes adquiridos por los esposos SHEILA ARANA MARÍA y Julio Cesar Nasser David hasta cuando se produjo su separación y los que recibieron los hijos, ni el saneamiento de los mismos como corolario de las preclusiones, ni luego, la recepción de la administración por parte de los hermanos Nasser, al ser investidos de ese poder ante la detención de su señora madre, y, finalmente, el desenvolvimiento de las actividades lícitas, ya que así fueron catalogadas por los propios dictámenes contables, sobre las empresas PROMOCON Ltda., y del Hotel del Prado, y de esa forma establecer a partir de qué momento hubo enriquecimiento ilícito de parte de los procesados en unas exactas cuantías y períodos” (fl. 36 ibídem) como lo reprocha el Tribunal, pero también es verdad que no se puede desconocer que en la acusación se precisó en el acápite de la MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN que si bien en un listado de relación probatoria, como lo asevera el recurrente, resulta innegable que al punto 8.12 “INFORMACIÓN FINANCIERA respecto de SHEILA ARANA MARÍA relacionado con las declaraciones de renta de 1.989 a 1.994 en el que los valores en millones de pesos respectivamente son: 51-67-61-378-813 y 183”.
“Jairo Abraham en el 89 posee 43 millones y en el 94, 966 millones.
CARLOS ALBERTO Nasser, de 38 millones pasa a 1.318 millones.
Jorge Nasser de 35 millones pasa a 1.386 millones.
Claudia Nasser de 34 millones pasa a 1.281 millones... que denota una apreciable diferencia patrimonial no justificada hasta entonces. (fl. 9, Resolución Acusación)”.
Más adelante, sin embargo, en el numeral 42, antes de ocuparse de los descargos, el Fiscal aludió a la “comparación patrimonial” tanto de las personas jurídicas como de las naturales concluyendo que en dichos patrimonios se presentaba un incremento por justificar de $1.716´495.000, “quedando claro que incluso lo reportado en declaraciones de renta carecen de los soportes necesarios para admitir las razones expuestas por quienes manejan las empresas en cita, valga decir para el período 1.990 a 1.995”.
“CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, por justificar $1.977.122.000.
CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA por justificar $1.878.230.000.
Jorge NASSER ARANA por justificar $2.044.711.000”.
DIFERENCIA total $9.975.369.713” (fl. 13, Acusación).
Lo expuesto, demuestra que sí se precisó la cuantía no justificada por CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, en criterio que “equivocado o no”, corresponde a una argumentación basada en el acopio probatorio obtenido hasta ese momento, la cual, “si bien insuficiente por no indicar paso a paso e individualizando personas jurídicas por un lado y naturales por otro, sino en forma global, pasando por alto que la responsabilidad en derecho penal es privativa y personal, es motivación que puede resultar equivocada, pero es válida, no falsa como podría pensarse e incluso insinuarse, porque al decir de la jurisprudencia ésta surge, cuando la fundamentación existe, es decir cuando la decisión se encuentra formalmente motivada, y es inteligible, pero equivocada debido a errores en la apreciación de las pruebas”.
En este sentido, entonces, la vía de ataque no podría ser la causal tercera sino la primera, esto es, por motivo de la violación indirecta de la ley sustancial, pero teniendo como objeto de ataque la sentencia.
Y si bien no exige la ley una determinada forma de razonar en las providencias, en el presente asunto no puede pasarse desapercibido que transacciones en que se basó el acusador para respaldar su decisión “y que fueran efectuadas por el Tribunal sobre el lavado de activos que se hacia en la sociedad y que se ajusta por el hilo conductor al enriquecimiento ilícito, punible imputado a los procesados, fue sin duda alguna el narcotráfico generado en Colombia y extendido al mundo y así se expuso en el calificatorio”, como lo demuestra con la transcripción del aparte pertinente.
Tales deficiencias, tampoco representaron obstáculo para el ejercicio de la defensa en el juicio, ni determinó el contenido de la sentencia, entender lo contrario equivaldría a un criterio guiado por un extremo ritualismo a las formas “en desconocimiento del precepto constitucional que le asigna prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 de la Carta), desconocer que, a pesar de su imperfección, la resolución de acusación así expedida cumplió su finalidad, pues no puede declararse inválido un acto que se allana a su destinación, de acuerdo con el principio de instrumentalidad, y que conforme al principio de convalidación que también rige el instituto de las nulidades procesales, no tuvo como consecuencia la afectación de las garantías en la medida que, como en este caso, fue la base esencial para que se ejerciera a plenitud el derecho a la defensa, al punto que ya en la etapa del juicio CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, como representante legal de COFANDINA y PROMOCON, como ella lo reconociera y en ejercicio del derecho de defensa aseveró que replicaba los últimos cargos, siendo “a partir del año 1995, (que) asumiré lo pertinente a esa empresa (PROMOCON) a partir de esa fecha, debiéndome remitir necesariamente a la documentación relacionada con giros y transacciones anteriores porque la empresa no ha tenido solución de continuidad desde el inicio, en las que estuvo dirigida por Sheila, Miriam Arana María y Jairo Arna María.(fl. 1 del memorial incorporado como el folio 59 del cuaderno 21 original) que cita la sentencia atacada a folio 39. En tanto que CARLOS ALBERTO, en sus intervenciones iniciales se mostró ajeno a los cargos, y en otras intervenciones fue renuente a explicar los incrementos patrimoniales injustificados”.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 56
 artículo 11
 artículo 207
 artículo 249
 resolución 
 Resolución 
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