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﻿ Sentencia 2006-00716 de mayo 24 de 2012
SENTENCIA 2006-00716 DE 24 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:CORRECCIÓN A LA DECLARACIÓN PRIVADA. LA CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN PRIVADA QUE SE EFECTÚE DENTRO DEL TÉRMINO DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL SE DEBE LIMITAR A LAS GLOSAS PROPUESTAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS EN EL REQUERIMIENTO ESPECIAL, YA QUE SÓLO SE PERMITE INCLUIR LOS MAYORES VALORES Y LA SANCIÓN POR INEXACTITUD QUE EN FORMA EXPRESA ACEPTE EL CONTRIBUYENTE. POR CONSIGUIENTE, LA MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA EN ASPECTOS NO CUESTIONADOS POR LA DIAN EXCEDE EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 709 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO E INVALIDA LA DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN, SIN QUE LA ENTIDAD DEMANDADA DEBA PROFERIR UN ACTO ADMINISTRATIVO INDEPENDIENTE QUE ANULE LA DECLARACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA DIAN, SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:490 DE OCTUBRE DE 2012, PG.1851
Sentencia 2006-00716 de mayo 24 de 2012
Radicación: 25000-23-27-000-2006-00716-01(18766)
Actor: Alimentos Finca S.A.
Bogotá, D.C, veinticuatro de mayo de dos mil doce.
La Sala decide sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión 310642004000129 de 23 de noviembre de 2004 y de la Resolución 310662005000019 de 3 de noviembre de 2005, proferidas por la DIAN, actos mediante los cuales se modificó la declaración privada del impuesto de renta que Alimentos Finca S.A. presentó por el año 2000.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada y de la apelación adhesiva de la demandante se debe determinar: (i) si el trámite administrativo que adelantó la DIAN vulneró el derecho de defensa y el debido proceso de la sociedad; (ii) si la presunción de ingresos por omisión del registro de compras podía aplicarse en el presente caso; (iii) si el rechazo de costos por $ 279.926.000 era procedente, (iv) si las donaciones que la compañía realizó al fondo de empleados eran deducibles, y (v) si la sanción por inexactitud debió imponerse a la demandante.
1. Nulidad del trámite administrativo por violación del derecho de defensa y del debido proceso de Alimentos Finca S.A.
Los siguientes hechos aparecen probados en el expediente:
• El 9 de abril de 2001, la actora declaró renta por el año 2000 con saldo a favor de $ 2.192.520.000(7). La declaración fue corregida el 27 y el 29 de agosto de 2001 sin modificar el saldo a favor(8).
• La DIAN profirió requerimiento especial en el que propuso modificar la declaración de renta de la demandante para: i) adicionar ingresos por omisión en el registro de compras por $ 6.199.057.147; ii) desconocer del costo de ventas $ 279.625.983.95; iii) rechazar deducciones por $ 25.110.000; e iv) imponer sanción por inexactitud por $ 2.873.886.000(9).
• El requerimiento especial se notificó por correo a la sociedad el 25 de septiembre de 2003(10).
• El 12 de noviembre de 2003, Alimentos Finca S.A. corrigió su declaración, para disminuir el costo de ventas declarado en $ 260.775.000, y a su vez, adicionar al renglón “otras deducciones” la suma de $ 290.775.000(11).
• La demandada expidió la ampliación al requerimiento renta sociedades(12), notificada el 19 de marzo de 2004, para anunciar que la declaración de corrección que la sociedad presentó el 12 de noviembre de 2003 carecía de validez por no cumplir con los requisitos del artículo 709 del estatuto tributario y fundamentar mejor la sanción por inexactitud propuesta en el requerimiento especial.
• La DIAN expidió la liquidación oficial de revisión(13) que se notificó el 26 de noviembre de 2004(14) y la resolución recurso de reconsideración(15) que se notificó el 17 de noviembre de 2005(16).
La actora aseguró que la declaración de corrección que radicó en bancos el 12 de noviembre de 2003 se presume válida y veraz, por esta razón, la DIAN no podía simplemente desconocerla. Por tanto, debió modificarla dentro de un proceso de determinación oficial del impuesto independiente.
De otro lado, la sociedad afirmó que la liquidación oficial de revisión es extemporánea porque la ampliación al requerimiento especial carece de validez. En efecto, la ampliación se expidió para motivar la sanción por inexactitud que se propuso en el requerimiento especial, no obstante que de conformidad con el artículo 708 del estatuto tributario, el objeto de la misma es incluir hechos y conceptos que se omitieron en el requerimiento especial, no subsanar los vicios que pudiera contener el requerimiento especial.
Alimentos Finca S.A. también sostuvo que la DIAN debió practicar la inspección contable que el contribuyente le solicitó, bajo los parámetros que fija el estatuto tributario.
1.1. Corrección a la declaración privada dentro del término de respuesta al requerimiento especial.
Las correcciones a las declaraciones tributarias iniciales pueden ser voluntarias o provocadas.
En las correcciones voluntarias, el contribuyente, actuando con fundamento en los artículos 588 y 589 del estatuto tributario, modifica por cuenta propia su liquidación privada inicial, bien sea que mantenga o varíe el impuesto a cargo o el saldo a favor. En este evento “está facultado para modificar todos los rubros iniciales y rehacer su declaración, ya sea a su favor o en su contra”(17).
En las correcciones provocadas que consagran los artículos 709(18) y 713(19) ibídem interviene previamente el fisco, por cuanto estas correcciones se restringen exclusivamente a la aceptación total o parcial de las glosas propuestas y/o determinadas fiscalmente, con el propósito específico de reducir la sanción por inexactitud en proporción al monto aceptado y de acuerdo con la etapa del proceso en que se encuentre(20).
Así, la validez de la declaración de corrección provocada depende del cumplimiento de los requisitos que señalan las normas en mención, sin los cuales el contribuyente no obtiene la reducción de la sanción por inexactitud y dicha declaración no puede incorporarse al proceso de discusión del tributo. La figura jurídica en comentario difiere de las causales que el artículo 580(21) ibídem consagra para tener las declaraciones tributarias por no presentadas; por tanto, no se requiere la notificación del auto declarativo(22).
En el caso en estudio, la declaración de corrección que Alimentos Finca S.A. radicó el 12 de noviembre de 2003 es provocada, por haberse presentado dentro del término de respuesta al requerimiento especial. Por lo tanto, para que se considere válida, es necesario que se acredite el cumplimiento de los requisitos que trae el artículo 709 del estatuto tributario, a saber:
1. Que se presente con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento especial o a su ampliación.
2. Que se acepten total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento.
3. Que se corrija la liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida a la cuarta parte, y
4. Que a la respuesta al requerimiento se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
De acuerdo con el artículo a que se ha hecho alusión, la corrección de la declaración privada que se efectúe dentro del término de respuesta al requerimiento especial se debe limitar a las glosas propuestas por la administración de impuestos en el requerimiento especial, ya que sólo se permite incluir los mayores valores y la sanción por inexactitud que en forma expresa acepte el contribuyente. Por consiguiente, la modificación de la liquidación privada en aspectos no cuestionados por la DIAN excede el alcance del artículo 709 del estatuto tributario e invalida la declaración de corrección, sin que la entidad demandada deba proferir un acto administrativo independiente que anule la declaración.
En la declaración de corrección que Alimentos Finca S.A. presentó con ocasión de la respuesta al requerimiento especial se modificaron los renglones 20 y 24 de la declaración para disminuir el costo de ventas en $ 260.775.000. No obstante, la sociedad, únicamente, aceptó el rechazo de $ 110.000 por concepto de deducciones(23), lo que indica que no existe aceptación expresa del contribuyente frente al rechazo de costos que la DIAN propuso. Al mismo tiempo, la compañía incrementó las deducciones de los renglones 45 y 46 en $ 290.775.000, a pesar de que la DIAN había propuesto un rechazo de deducciones por $ 25.110.000.
Dado que la corrección provocada por el requerimiento especial no se limitó, exclusivamente, a la aceptación total o parcial de las glosas propuestas por la DIAN en dicho acto administrativo, la declaración del 12 de noviembre de 2003 carece de validez, pues no reúne los requisitos del artículo 709 del estatuto tributario, y, en esta medida, no podía servir de fundamento para la expedición de los actos acusados ni la DIAN debía modificarla en un proceso independiente.
1.2. Ampliación al requerimiento especial.
El artículo 708 del estatuto tributario permite al funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial ordenar la ampliación al mismo.
La administración tributaria puede decretar, en la ampliación, las pruebas que estime necesarias e incluir hechos y conceptos que no se contemplaron en el requerimiento especial; también, puede proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones.
Sobre los factores que puede contener la ampliación al requerimiento especial, esta corporación ha sostenido que la administración tributaria, además de complementar y corregir el requerimiento inicial, puede proponer nuevos puntos, hechos y conceptos, de los que pueda surgir una nueva liquidación del impuesto o las sanciones(24).
En el requerimiento especial, la DIAN propuso imponer a la demandante sanción por inexactitud por valor de $ 2.873.886.000 y argumentó que el procedimiento que utilizó la sociedad para determinar la renta líquida en su declaración de renta del año 2000 fue errado.
Posteriormente, en la ampliación al requerimiento especial se aclaró que se proponía la imposición de la sanción por inexactitud como consecuencia de las omisiones detectadas en el registro de compras, del mayor valor del costo de ventas, y de la inclusión de deducciones improcedentes.
Así, es válida la ampliación al requerimiento especial que se expidió en el caso en estudio, en la medida en que corrigió la motivación que se había planteado en el requerimiento especial para la imposición de la sanción por inexactitud, lo que es permitido por el artículo 708 del estatuto tributario.
Ahora bien, el requerimiento especial se notificó por correo a la sociedad el 25 de septiembre de 2003, de manera que el plazo para que el contribuyente presentara la respuesta al mismo vencía el 25 de diciembre de 2003(25).
El artículo 708 del estatuto tributario establece que el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial puede ordenar su ampliación dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para responderlo.
Dado que el término para la respuesta del contribuyente vencía el 25 de diciembre de 2003, el fisco tenía hasta el 25 de marzo de 2004 para notificar la ampliación al requerimiento especial.
El 19 de marzo de 2004 se notificó la ampliación al requerimiento especial 310642004000002 de 18 de marzo de 2004. Allí se precisó que la respuesta debía presentarse dentro de los tres meses siguientes a la notificación del acto, entonces, Alimentos Finca S.A. podía radicar su respuesta a más tardar el 19 de junio de 2004.
El término para notificar la liquidación oficial de revisión es de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación(26). Si el término para la respuesta a la ampliación del requerimiento especial vencía el 19 de junio de 2004, la DIAN podía notificar la liquidación oficial de revisión hasta el 19 de diciembre de 2004, pues, de lo contrario, el denuncio rentístico del contribuyente adquiría firmeza(27).
La demandada notificó a la sociedad la liquidación oficial de revisión el 26 de noviembre de 2004. Por consiguiente, la declaración privada de la sociedad no quedó en firme, como lo sostiene la demandante.
1.3. Inspección contable.
En ejercicio de las potestades concedidas por el artículo 684 del estatuto tributario, la DIAN expidió el requerimiento ordinario 310632002000275 de 12 de junio de 2002(28) y el auto de verificación o cruce 3110632003000114 de 4 de febrero de 2003(29).
En dichos actos, la DIAN solicitó a la contribuyente la remisión de diversa información de tipo contable por el año 2000, tal como estados financieros, conciliación contable y fiscal de diferentes cuentas asociadas a la declaración de renta, relación de los pagos efectuados, estado de costos, copia del libro mayor y balances, los auxiliares contables de las cuentas 6120, 6135 y 6145, y los soportes de algunas deducciones, entre otros documentos. La sociedad entregó la información que le fue pedida(30).
La demandante afirma que el recaudo de las pruebas contables en mención debió realizarse mediante una inspección contable que cumpliera con los requisitos señalados en el artículo 782 del estatuto tributario.
A partir de lo anterior, resulta pertinente aclarar que, básicamente, la prueba contable es la certeza que se adquiere sobre las operaciones de un ente económico a partir de sus libros, comprobantes y soportes contables. Esta prueba se puede obtener por diversos medios; por ejemplo, de la respuesta dada por parte del contribuyente a los requerimientos efectuados por la administración tributaria, de los certificados suscritos por contador o revisor fiscal, o de la práctica de inspección contable.
Los hechos consignados en las respuestas a los requerimientos administrativos se consideran ciertos en virtud del artículo 746 del estatuto tributario(31); las certificaciones suscritas por los contadores o revisores fiscales se tienen como prueba contable suficiente según el artículo 777 ib., y en virtud del artículo 782 ibídem se entiende que los datos consignados en el acta de inspección contable están fielmente tomados de los libros.
La prueba contable que le permitió a la DIAN modificar el denuncio rentístico de la sociedad se obtuvo de la respuesta que ésta dio a los requerimientos de la administración y de los certificados de revisor fiscal que la propia compañía aportó al proceso administrativo.
De esta manera, la demandada contaba con los elementos de juicio suficientes para cuestionar la veracidad de la declaración privada, sin que fuera necesario recurrir a la inspección contable, teniendo en cuenta que el ordenar su práctica es potestativo para la administración.
2. Presunción de ingresos por omisión del registro de compras.
En el asunto sometido a consideración de la Sala, la DIAN, mediante requerimiento ordinario, solicitó a la demandante que remitiera un estado de costo de ventas en el que detallara los conceptos y valores que reportó en el renglón 30 (costos de venta) de su declaración de renta del año 2000(32).
La demandada exigió a la sociedad que, al elaborar el estado de costos, tomara el inventario inicial, le adicionara las compras y le restara el inventario final(33). Esta fórmula corresponde al sistema de juego de inventarios a que se refiere el artículo 63 del estatuto tributario(34).
La demandante utiliza el sistema de inventarios permanentes que le obliga a llevar el control de las mercancías mediante tarjetas u hojas especiales que deben contener, entre otros, los siguientes datos(35):
• El número de unidades compradas, vendidas, consumidas o trasladadas.
• Las existencias.
• El costo de lo comprado, vendido, consumido, etc.; y
• El costo de las existencias.
El formato que debía seguir la sociedad para reportar el costo de ventas no guarda relación con el sistema de inventarios que utiliza; sin embargo, la información que requirió la DIAN, esto es, el inventario inicial, las compras y el inventario final, son factores que el contribuyente podía determinar en su contabilidad.
La administración tributaria encontró diferencias entre el estado de costo de ventas y los demás documentos que la compañía allegó en respuesta a los requerimientos de la entidad.
Las inconsistencias se hallaron en el valor del inventario inicial de materias primas básicas, en el total de las compras y en las importaciones(36):
Diferencia en el inventario inicial de materia prima básica $ 890.000.000
Más: Diferencia en compras $ 2.935.156.341
Más: Declaraciones de importación no registradas contablemente $ 2.048.393.989
Total diferencia en materias primas disponibles $ 5.873.550.330
Menos: Obsequios y ajustes de productos terminados $ 482.228.583
Total diferencia $ 5.391.320.000
En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 760 del estatuto tributario, la entidad demandada profirió requerimiento especial en el que propuso adicionar la suma de $ 6.199.057.147 a los ingresos que la compañía declaró en su denuncio rentístico del año 2000.
En la liquidación oficial de revisión, la DIAN determinó que la compañía registró en su contabilidad las importaciones por valor de $ 2.048.393.989(37) y, por tal motivo, el valor de las compras objeto de debate se redujo a $ 3.882.962.000:
Omisión en el registro de compras según requerimiento especial $ 5.931.320.000
Menos: valor demostrado en la respuesta al requerimiento especial $ 2.048.394.000
Total base para determinar la omisión del registro de compras $ 3.882.926.000
Nótese que la administración se equivocó al trascribir la cifra que corresponde a la omisión en el registro de compras, pues en el requerimiento especial se concluyó que ascendía a $ 5.391.320.000 mientras que en la liquidación oficial de revisión se dijo que era de $ 5.931.320.000.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN reconoció el error en que incurrió y estableció que las compras no registradas por la sociedad ascendían a $ 3.342.927.758(38):
Omisión en el registro de compras según requerimiento especial $ 5.391.321.747
Menos: valor demostrado en la respuesta al requerimiento especial $ 2.048.393.989
Total base para determinar la omisión del registro de compras $ 3.342.927.758
En resumen, las inconsistencias en el registro de compras que motivaron la presunción de ingresos que aplicó la DIAN son las que se indican a continuación:
Mas: Diferencia en compras $ 2.935.156.341
Total diferencia en materias primas disponibles $ 3.825.156.341
Total diferencia $ 3.342.927.758
Ahora bien, el artículo 760 del estatuto tributario dispone:
“Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar compras destinadas a las operaciones gravadas, se presumirá como ingreso gravado omitido el resultado que se obtenga al efectuar el siguiente cálculo: se tomará el valor de las compras omitidas y se dividirá por el porcentaje que resulte de restar del ciento por ciento (100%), el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior.
El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior será el resultado de dividir la renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales que figuren en la declaración de renta. Cuando no existieren declaraciones del impuesto de renta, se presumirá que tal porcentaje es del cincuenta por ciento (50%).
En los casos en que la omisión de compras se constate en no menos de cuatro (4) meses de un mismo año, se presumirá que la omisión se presentó en todos los meses del año calendario.
El impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la imputación de descuento alguno.
Lo dispuesto en este artículo permitirá presumir, igualmente, que el contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios ha omitido ingresos, constitutivos de renta líquida gravable, en la declaración del respectivo año o período gravable, por igual cuantía a la establecida en la forma aquí prevista”.
La norma en comentario permite a la DIAN presumir ingresos gravados en cabeza del responsable del impuesto, si detecta que éste omitió registrar compras. Una vez la DIAN aplique la presunción de ingresos, la carga de la prueba se traslada al contribuyente, quien puede acudir a su contabilidad para desvirtuar los hechos base de la presunción, pero, en tal caso, debe aportar pruebas adicionales(39).
En el sub lite, de los documentos que la propia compañía le entregó al fisco, se estableció la omisión en el registro de compras destinadas a operaciones gravadas.
Los hechos consignados en las respuestas a los requerimientos administrativos se consideran ciertos por el artículo 746 del estatuto tributario, y, por el artículo 777 ibídem, las certificaciones de contador público y de revisor fiscal se consideran pruebas contables suficientes. De esta manera, el fisco contaba con elementos de juicio suficientes para concluir que la demandante omitió registrar compras, lo que a su vez le permitía presumir ingresos gravados en cabeza de la sociedad. Por lo anterior, a la demandante le correspondía desvirtuar la presunción que le aplicó la DIAN.
La administración tributaria encontró que la demandante omitió registrar compras por valor de $ 890.000.000 porque en el estado de costos del 5 de junio de 2003 la compañía reportó que su inventario inicial de materias primas básicas por el año 2000 era de $ 6.094.075.279(40), mientras que en el balance de comprobación figura la suma de $ 6.984.075.279.47.
La Sala advierte que el inventario inicial de materias primas básicas que la sociedad informó en el estado de costos es errado. En efecto, el inventario inicial de materias primas básicas de la sociedad por el año 2000 ascendía a $ 6.984.075.279.47, pues así consta en el balance general(41) y en el balance de comprobación(42) que la compañía aportó en respuesta a los requerimientos de la DIAN.
De lo anterior se concluye que el inventario inicial de materias primas básicas que la DIAN determinó coincide con el que figura en los libros de la sociedad; por consiguiente, no existe omisión alguna en el registro de compras que permita presumir ingresos por este concepto.
Por otra parte, la omisión en el registro compras por $ 2.935.156.341(43) se estableció al comparar el total de las compras que efectuó Alimentos Finca S.A. según la relación por terceros que se entregó a la DIAN el 22 de julio de 2003 por valor de $ 116.012.094.196(44), con el valor que la sociedad reportó en el estado de costos del 5 de junio de 2003 ($ 113.076.937.885)(45).
Con la demanda, se aportó una nueva relación por terceros que indica que las compras de la compañía del año 2000 ascienden a $ 116.983.424.738,62.
En este orden de ideas, la Sala debe determinar el valor de las compras que la sociedad efectuó durante el año 2000 y si las mismas se registraron en la contabilidad de la compañía.
En el experticio técnico que se anexó a la demanda y que se rindió con base en la contabilidad del contribuyente, se determinó que en el año 2000 se realizaron compras por $ 116.983.424.739. Para llegar a esta conclusión, el perito ejecutó la siguiente operación(46):
II. Conformación del costo de producción y ventas año 2000 de $ 124.267.521.242:
Sistema de inventarios: permanentes, continuos o perpetuos.
71. Costo de materias primas, empaques, mercancías, materiales e insumos. $ 110.443.376.922
Menos ajustes varios al costo $ -1.867.570
61. Comercio al por mayor y al por menor:
6135. Costo de ventas $ 4.681.145.907
6145. Costo de transporte, almacenamiento y comunicaciones $ 140.996.335
61. Costo de productos no fabricados por la empresa $ 484.096.152
Total costo de materia prima, empaques, mercancías, materiales e insumos utilizados $ 115.747.747.746
Más: carga fabril
72. Mano de obra directa $ 1.648.079.467
73. Costos indirectos de fabricación $ 7.392.953.931
Total carga fabril $ 9.041.033.398
Total costo de producción $ 124.788.781.144
Diferencias de inventarios de productos fabricados por la empresa:
1430. Inventario inicial, en diciembre 31 de 1999 $ 1.929.243.454
1430. Inventario final, en diciembre 31 de 2000 $ -2.450.503.356
Total costo de producción y ventas del año 2000 $ 124.267.521.242
III. Determinación del total de compras de materias primas, empaques, envases, mercancías, materiales e insumos adquiridos en el año 2000.
Total costo de producción y ventas del año 2000 (dato del punto II) $ 124.267.521.243
Menos mano de obra directa y carga fabril, no constitutiva de compras $ -9.041.033.397
Subtotal $ 115.226.487.846
Más: inventarios finales, en diciembre 31 de 2000 de:
Materias primas $ 8.635.112.762
Empaques y envases $ 777.773.652
Suman los inventarios finales $ 9.412.886.414
Menos inventarios iniciales, en diciembre 31 de 1999 de:
Materias primas $ 6.984.075.279
Empaques y envases $ 685.250.201
Productos no fabricados por la empresa $ 25.655.360
Suman los inventarios iniciales $ 7.694.980.840
Diferencia neta entre los inventarios iniciales y finales $ 1.717.905.574
Más: inventario final de productos fabricados por la empresa $ 2.450.503.355
Menos: inventario inicial de productos fabricados por la empresa $ -1.929.243.454
Diferencia neta del inventario inicial y final de productos terminados no fabricados por la empresa $ 521.259.901
Menos valor del costo de obsequios y ajustes de producto terminado, no constitutivo de compras $ -482.228.582
Valor total de las compras realizadas en el año 2000, según libros $ 116.983.424.739
Se compararon las cifras del experticio técnico con los valores de los estados financieros, el balance general, el balance de comprobación consolidado y el libro mayor y balances que la compañía entregó a la DIAN en el trámite administrativo y que reposan en los antecedentes administrativos.
Las cifras coinciden en su mayoría. Sin embargo, el costo de materias primas, empaques, mercancías, materiales e insumos que informó el perito ($ 110.443.376.922) no concuerda con los saldos de la cuenta 71(47) y el costo de productos no fabricados por la empresa ($ 484.096.152) no figura en el detalle de la cuenta 61(48):
Cuenta 71 - materia prima
Mes Saldo inicial Débito Crédito Saldo final Folios C.A.
Enero $ - $ 10.113.427.896,85 $ 10.113.427.896,35 $ 0,50 373 Y 517
Febrero $ 0,50 $ 9.252.558.316,11 $ 9.252.558.316,58 $ 0,03 370 Y 510
Marzo $ 0,03 $ 10.212.098.669,98 $ 10.212.098.670,01 $ - 367 Y 503
Abril $ - $ 9.825.367.366,56 $ 9.825.367.366,11 $ 0,45 364 Y 495
Mayo $ 0,45 $ 10.669.871.976,04 $ 10.669.871.976,04 $ 0,45 361 Y 487
Junio $ 0,45 $ 10.139.037.134,12 $ 10.139.037.134,12 $ 0,45 358 Y 479
Julio $ 0,45 $ 8.573.643.175,97 $ 8.573.643.175,97 $ 0,45 355 Y 471
Agosto $ ,45 $ 8.627.060.756,68 $ 8.627.060.756,41 $ 0,72 352 Y 463
Septiembre $ 0,72 $ 8.814.246.555,12 $ 8.814.246.555,84 $ - 349 Y 455
Octubre $ - $ 9.802.515.398,55 $ 9.802.515.398,24 $ 0,31 346 Y 447
Noviembre $ 0,31 $ 9.975.013.404,50 $ 9.975.013.404,50 $ 0,31 343 Y 439
Diciembre $ 0,31 $ 8.992.104.137,87 $ 8.992.104.138,18 $ - 340 Y 431
Totales $ 114.996.944.788,35 $ 114.996.944.788,35
Cuenta 61 - Costo de ventas
Mes Saldo inicial Debito Crédito Saldo final Folios C.A.
Ene $ - $ 9.479.057.319,09 $ 287.843.622,29 $ 9.191.213.696,80 373 Y 530
Feb $ 9.191.213.696,80 $ 9.492.173.774,86 $ 295.962.002,08 $ 18.387.425.469,58 370 Y 529
Mar $ 18.387.425.469,58 $ 12.129.121.526,66 $ 210.471.584,61 $ 30.306.075.411,63 367 Y 528
Abr $ 30.306.075.411,63 $ 10.829.571.181,86 $ 242.813.438,48 $ 40.892.833.155,01 364 Y 527
May $ 40.892.833.155,01 $ 11.526.669.117,95 $ 281.563.555,90 $ 52.137.938.717,06 361 Y 526
Jun $ 52.137.938.717,06 $ 13.026.189.336,45 $ 1.160.321.641,36 $ 64.003.806.412,15 358 Y 525
Jul $ 64.003.806.412,15 $ 9.659.340.066,86 $ 311.494.358,81 $ 73.351.652.120,20 355 Y 524
Ago $ 73.351.652.120,20 $ 9.973.529.237,38 $ 528.636.373,75 $ 82.796.544.983,83 352 Y 523
Sep $ 82.796.544.983,83 $ 13.376.867.205,65 $ 2.499.485.284,12 $ 93.673.926.905,36 349 Y 522
Oct $ 93.673.926.905,36 $ 10.837.807.358,14 $ 445.105.354,43 $ 104.066.628.909,07 346 Y 521
Nov $ 104.066.628.909,07 $ 11.470.801.029,99 $ 686.726.160,93 $ 114.850.703.778,13 343 Y 520
Dic $ 114.850.703.778,13 $ 10.587.832.557,21 $ 1.171.015.093,02 $ 124.267.521.242,32 340 Y 519
Totales $ 132.388.959.712,10 $ 8.121.438.469,78
Por el contrario, el costo de materias primas, empaques, mercancías, materiales e insumos de la cuenta 71 por valor de $ 110.443.376.922 que el perito tomó como base para determinar el valor de las compras, coincide con la cifra que la sociedad reportó por el mismo concepto en el estado de costos de 5 de junio de 2003(49), que la demandante modificó sin explicación alguna en dos ocasiones, esto es, el 24 de junio de 2003(50) y en la demanda(51):
Detalle Estado de costos inicial Estado de costos corregido Estado de costos demanda
Inventario de materia prima básica $ 6.094.075.279 $ 6.984.075.279 $ 6.984.075.279
Inventario de materias primas auxiliares $ - $ - $ -
Inventario de empaques $ 685.250.201 $ 685.250.201 $ 685.250.201
Productos no fabricados por Finca $ - $ - $ 25.655.360
Total de inventarios iniciales $ 6.779.325.480 $ 7.669.325.480 $ 7.694.980.840
Más compras de materias primas
Materia prima básica $ 109.723.337.635 $ 111.716.491.683 $ 112.945.699.182
Materias primas auxiliares $ - $ - $ -
Empaques $ 3.353.600.220 $ 3.380.047.928 $ 3.406.671.000
Productos no fabricados por finca $ - $ - $ 458.440.792
Otras compras $ - $ - $ -
Total compras $ 113.076.937.855 $ 115.096.539.611 $ 116.810.810.974
Materias primas disponibles (inventarios iniciales + compras) $ 119.856.263.335 $ 122.765.865.091 $ 124.505.791.814
Menos inventarios finales
Inventario final materia prima básica $ 8.635.112.762 $ 8.635.112.762 $ 8.635.112.762
Inventario final materias primas auxiliares $ - $ - $ -
Inventario final empaques $ 777.773.652 $ 777.773.652 $ 777.773.652
Productos no fabricados por finca $ - $ - $ -
Total inventarios finales $ 9.412.886.414 $ 9.412.886.414 $ 9.412.886.414
Costo de materias primas utilizadas y/o vendidas (materias primas disponibles - total inventarios finales) $ 110.443.376.921 $ 113.352.978.677 $ 115.092.905.400
Es factible que el perito contable haya determinado el costo de materias primas, empaques, mercancías, materiales e insumos ($ 110.443.376.922) y el costo de productos no fabricados por la empresa ($ 484.096.152) mediante cálculos especiales; pero de ser así, no aclaró cómo se realizaron dichas operaciones, ni indicó las pruebas que las soportan. En relación con este último aspecto, la Sala, en sentencia de 25 de marzo de 2010, expediente 16663, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, explicó:
“La valoración del dictamen pericial no está sometida a una tarifa legal, ni tiene valor de plena prueba. El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala que “al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Es decir, si el juez no encuentra que la prueba está bien fundamentada, tiene la facultad de separarse de ella.
La prueba pericial se valora de acuerdo con la sana crítica. En virtud de este principio el juez tiene la facultad de analizar el dictamen, no sólo por sus conclusiones, sino por los elementos que tuvo en cuenta para emitirlo. De manera que si alguno de esos elementos no otorga la certeza suficiente para soportar el dictamen, simplemente, el dictamen pierde su valor, sin que esto signifique que se confunda la prueba pericial con otro medio probatorio, como en este caso, la prueba documental” (resalta la Sala).
En resumen, la Sala concluye que la demandante acreditó el registro de $ 890.000.000 en el inventario inicial de materias primas que la DIAN cuestionó en los actos acusados. Frente a las compras por valor de $ 2.935.156.341 no ocurrió lo mismo. En consecuencia, la cifra que se tomará como base para liquidar ingresos presuntos de acuerdo con los incisos 1º y 2º del artículo 760 del estatuto tributario será la siguiente:
Diferencia en compras $ 2.935.156.341
Total omisión en el registro de compras $ 2.452.927.758
Si bien el experticio que se anexó a la demanda no se tuvo en cuenta para resolver el cargo por las inconsistencias que presenta, es necesario aclarar que no podía descartarse ab initio por no haber sido presentado en vía gubernativa, como argumentó la DIAN.
La Sala en anterior oportunidad(52) precisó que los administrados acuden a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos, y, con tal fin, pueden aportar nuevas pruebas o mejorar las que se presentaron en sede administrativa, pues, por el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
El experticio que la actora anexó a la demanda por ser una prueba regular y oportunamente allegada al proceso, debía ser valorado por el juzgador al momento de decidir, como indica el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo. Además, en este caso, la sociedad aportó la prueba contable que la DIAN requirió, cosa distinta es que demandada no hubiera accedido a decretar la inspección contable.
Por consiguiente, el tribunal no vulneró el derecho de defensa y de contradicción de la demandada.
Finalmente, se aclara que para que la DIAN presumiera ingresos gravados en cabeza de la demandante, no era necesario que constatara la omisión en el registro de compras en al menos cuatro meses, toda vez que el cumplimiento del requisito previsto en el inciso 3º del artículo 760 del estatuto tributario se exige únicamente cuando la administración presuma ingresos en el impuesto sobre las ventas y no en el impuesto de renta.
En efecto, el artículo 756 del estatuto tributario, en su redacción original(53), permitía a los funcionarios de la DIAN adicionar ingresos en el impuesto sobre las ventas, aplicando la presunción del artículo 760 ibídem, entre otras(54).
El artículo 760 del estatuto tributario, también en su redacción inicial, sólo contenía los cuatro primeros incisos. El inciso quinto, que permitió aplicar la presunción de ingresos por omisión del registro de compras en el impuesto de renta, se adicionó con el artículo 58 de la Ley 6ª de 1992, por ende, es claro que la exigencia del inciso 3º del artículo 760 del estatuto tributario no tiene cabida cuando los ingresos se presuman en el impuesto de renta.
Por lo expuesto, se liquidará el impuesto a cargo de la sociedad, teniendo en cuenta los ingresos presuntos que se liquiden sobre la base que se estableció en esta instancia.
3. Desconocimiento del costo de ventas por $ 279.626.000.
En los actos acusados, la administración tributaria desconoció $ 279.626.000 del costo de ventas que la sociedad incluyó en su declaración de renta del año 2000, porque el saldo de la cuenta 613514 - Costo de materia prima agropecuaria ($ 4.140.575.900) y el saldo de la cuenta 140505 - Materias primas ($ 3.860.949.917) a 31 de diciembre de 2000 no coinciden.
La actora aclaró que importa materias primas y, en ocasiones, debe efectuar ajustes por mayores o menores valores en la importación luego de nacionalizar la mercancía y registrarla en el kárdex. Si los productos no se movieron, los ajustes se efectúan en el kárdex, pero si los productos se consumieron o se vendieron el valor que se registra en la cuenta 1465 - Inventarios en tránsito, se traslada directamente a la cuenta 6135 - Costo de ventas, sin pasar por la cuenta 1405 - Inventario de materias primas, pues las normas contables no lo exigen. Los ajustes descritos generaron la diferencia entre los saldos de las cuentas 613514 y 140505 que la DIAN descontó del costo de ventas que la compañía declaró.
El tribunal le otorgó la razón a la demandada, ya que de acuerdo con la legislación contable, el registro en la cuenta 1405 se debe efectuar al nacionalizar la mercancía.
En relación con este rechazo, la Sala confirma la decisión del a quo por las siguientes razones:
El artículo 5º del Decreto Reglamentario 2650 de 1993 establece que el plan único de cuentas, PUC, para los comerciantes, debe ser aplicado por todas las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio.
A su vez, el numeral 1º del artículo 6º ibídem prescribe que el catálogo de cuentas y su estructura son de aplicación obligatoria. El numeral 2º del mismo artículo dispone que las dinámicas y las descripciones son de uso obligatorio; por lo tanto, todos los asientos contables deben efectuarse de conformidad con lo establecido en ellas.
La clase 1 del PUC pertenece al activo, y dentro del activo, el grupo 14 es para los inventarios que según la norma contable son todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, que se utilizan en los procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.
En el grupo 14 figuran las cuentas 1465 - Inventarios en tránsito y 1405 - Materias primas.
La cuenta 1465 - Inventarios en tránsito se utiliza para registrar el valor de las erogaciones que efectúe el ente económico en las importaciones y en las compras realizadas en el país de materias primas, suministros y repuestos, entre otros. El registro en esta cuenta se realiza desde el momento en que se inicia el trámite y hasta cuando los bienes ingresan a la bodega como adquisiciones del período.
La dinámica de la cuenta es la siguiente:
a) Por el valor de los bienes en tránsito; a) Por el valor de la legalización de los bienes recibidos.
b) Por los costos y gastos incurridos hasta la colocación del bien en condiciones de utilización o uso, y
c) Por el valor de los ajustes por inflación.
En la cuenta 1405 - Materias primas se registra el valor de los elementos básicos adquiridos a nivel nacional o internacional, para uso en el proceso de fabricación o producción y que requieren procesamiento adicional. El costo se integra por el valor del artículo más los cargos incurridos hasta colocarlos en bodega para ser utilizados.
A esta cuenta le corresponde la siguiente dinámica:
a) Por el costo de materias primas adquiridas para los procesos, excluido el impuesto a las ventas que sea deducible de los recaudos por ventas del producto transformado; a) Por el valor de las materias primas que se entreguen para su utilización o producción;
b) Por los ajustes de inventario de materias primas; b) Por las notas débito a proveedores por devolución de materias primas;
c) Por el valor de las materias primas devueltas por los clientes; c) Por el costo de las ventas de materias primas;
d) Por el valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente económico utiliza el sistema periódico, y d) Por el costo de las materias primas dadas de baja;
e) Por el valor del ajuste por inflación. e) Por los ajustes de inventario de materias primas, y
f) Por el valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente económico utiliza el sistema periódico.
Por otra parte, dentro de la clase 6 del PUC se encuentra el grupo 61 - Costo de ventas y prestación de servicios que “Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos y a los servicios prestados durante el ejercicio contable”.
En el grupo 61 aparece la cuenta 6135 - Comercio al por mayor y al por menor en la que se “Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la adquisición, manejo y enajenación de bienes o productos que no sufren transformación”.
La dinámica de la cuenta es la que a continuación se indica:
a) Por el costo de los bienes o mercancías vendidas; a) Por el inventario final cuando el ente económico utilice el sistema de inventario periódico, y
b) Por el costo de manejo de los bienes o mercancías vendidas; b) Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio.
c) Por el inventario inicial cuando el ente económico utilice el sistema de inventario periódico;
d) Por la cuenta respectiva del grupo 62 -compras-, cuando el ente económico utilice el sistema de inventario periódico, y
e) Por el valor de los ajustes por inflación.
Así, en la importación de materias primas que se disponen para la venta, es decir, que no se utilicen para la producción de otros bienes o que el ente económico no las consuma, el manejo contable es el siguiente:
• El valor de los bienes, al igual que los costos y gastos en que se incurre para colocarlos en condiciones de utilización o uso, se registran en el débito de la cuenta 1465 - Inventarios en tránsito.
• Una vez las materias primas se nacionalizan, el valor de las mismas se acredita de la cuenta 1465 - Inventarios en tránsito, y se debita en la cuenta 1405 - Materias primas, pues en ésta se registra el costo de las materias primas adquiridas para los procesos.
• Si las materias primas no se destinan a la producción o al consumo y se venden, el valor de las mismas se acredita de la cuenta 1405 - Materias primas, ya que allí se registra el valor de las materias primas que se entreguen para su utilización o producción, y se debita a la cuenta 6135 - Comercio al por mayor y al por menor en la que se incluye el costo de los bienes o mercancías vendidas.
De lo expuesto se infiere que en la importación de materias primas que se disponen para la venta, es necesario que el valor de los bienes se registre en el inventario de materias primas luego de la legalización, para que finalmente pueda pasar al costo de ventas.
En el sub lite, la demandante incluyó $ 279.626.000 en el costo de ventas, los cuales no registró en su inventario de materias primas, por lo que dichos costos carecen de fundamento, tal y como lo indicó la DIAN en los actos demandados; en consecuencia, se mantendrá el rechazo de costos por valor de $ 279.626.000.
4. Deducción de donaciones a fondos de empleados.
La DIAN rechazó la deducción que la sociedad incluyó en su declaración por concepto de la donación que efectuó al Fondo de Empleados de Finca S.A. por $ 25.110.000. La administración tributaria argumentó que la expensa no es deducible debido a que la naturaleza jurídica y el objeto social del Fondo de Empleados de Finca S.A. no son propios de las entidades destinatarias de la deducción.
El tribunal mantuvo el rechazo en razón a que no es posible establecer la procedencia de la deducción con base en las pruebas que obran en el expediente.
Ahora bien, el artículo 125 del estatuto tributario permite a los contribuyentes deducir en su declaración de renta el valor de las donaciones que se efectúen a las entidades del artículo 22 ibídem(55) y a entidades como las asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general (E.T., art. 125, inc. 2º).
La actora sostiene que el Fondo de Empleados de Finca S.A. es una asociación sin ánimo de lucro que cumple con las características anotadas y que, por tal motivo, la donación que efectuó a dicha entidad era deducible.
Para probar la deducibilidad de la expensa, la sociedad aportó las certificaciones que el Fondo de Empleados de Finca S.A.(56) expidió en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 125-1(57) y 125-3(58) del estatuto tributario.
Los documentos en mención demuestran que el Fondo de Empleados de Finca S.A. es una empresa asociativa, de derecho privado y sin ánimo de lucro; sin embargo, la demandante no aportó prueba que permita establecer el objeto social y las actividades que desarrolla la entidad.
De esta manera, la actora no desvirtuó las razones que la DIAN invocó para desconocer la deducción, pues no existe certeza de que el objeto social y las actividades del Fondo de Empleados de Finca S.A. correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o a programas de desarrollo social. Por consiguiente, se mantendrá el rechazo de la deducción.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala mantendrá el rechazo de costos de ventas y de deducciones por donaciones como lo dispuso la DIAN y lo confirmó el a quo y mantendrá parcialmente la adición de ingresos por omisión del registro de compras.
Se liquidará la sanción por inexactitud sobre el mayor impuesto a cargo de la sociedad que se determinó en el presente fallo, pues la Sala ha dicho que la inclusión de costos y deducciones que carezcan de respaldo probatorio, de las cuales se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor, son conductas que dan lugar a la sanción por inexactitud, dado que para que un factor de la declaración se tenga como real y verdadero, es necesario que se pruebe la realización del mismo, que existió y que se efectuó.
Así mismo, la Sala aclaró que la sanción por inexactitud no tiene como condición que se evidencie una conducta evasiva o fraudulenta por parte del contribuyente, pero sí se requiere que los datos declarados sean reales(59).
En el presente caso, la actora no demostró que los ingresos, costos y deducciones que se reportaron en la declaración de renta fueran reales y verdaderos, razón que justifica la sanción impuesta.
Por último, la Sala considera que no se presenta diferencia de criterios en el rechazo de la deducción por donaciones.
La DIAN en vía gubernativa sostuvo que la donación al Fondo de Empleados de Finca S.A. no cumplía con los requisitos que la ley exige para que sean deducibles.
En esta instancia se mantuvo el rechazo porque la actora no demostró que el objeto social y las actividades que desarrolla la entidad beneficiaria de las donaciones corresponden con aquellos señalados en los artículos 125-1 y 125-3 del estatuto tributario.
De lo anterior se colige que el rechazo de la glosa se produjo porque la demandante no logró probar la realidad y veracidad de la expensa, lo cual, como ya se explicó, da lugar a la imposición de la sanción por inexactitud.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada en cuanto anuló parcialmente los actos acusados y se practicará nueva liquidación:
Ventas brutas IL 142.897.455.000 146.741.226.000 145.717.885.000
Intereses y rendimientos financieros IC 663.862.000 663.862.000 663.862.000
Otros ingresos distintos de los anteriores IE 7.251.199.000,00 7.251.199.000 7.251.199.000
Total ingresos brutos IV 150.812.516.000 154.656.287.000 153.632.946.000
Menos: devoluciones, descuentos y rebajas IR 7.496.876.000 7.496.876.000 7.496.876.000
Total ingresos netos IG 143.315.640.000 147.159.411.000 146.136.070.000
Costos de venta (para sistema permanente) CV 124.267.521.000 123.987.895.000 123.987.895.000
Más: otros costos (incl. costo act pec y otros dist. de los ant.) CG 246.521.000 246.521.000 246.521.000
Total costos CT 124.514.042.000 124.234.416.000 124.234.416.000
Más: comisiones, honorarios y servicios CE 392.515.000 392.515.000 392.515.000
Salarios y prestaciones y otros pagos laborales (incluidos apor. parafisc.) DC 5.495.168.000 5.495.168.000 5.495.168.000
Intereses y demás gastos financieros nacionales DF 4.397.453.000 4.397.453.000 4.397.453.000
Depreciación, amortización, agotamiento DP 1.045.152.000 1.045.152.000 1.045.152.000
Otras deducciones (servicios, arrend., etc.) CX 4.881.501.000 4.856.391.000 4.856.391.000
Total deducciones DT 16.211.789.000 16.186.679.000 16.186.679.000
Renta líquida del ejercicio GJ 2.589.809.000 6.738.316.000 5.714.975.000
Compensación por perdidas GK 2.559.809.000 2.559.809.000 2.559.809.000
Renta líquida RA 30.000.000 4.178.507.000 3.155.166.000
Renta presuntiva RC 1.401.855.000 1.401.855.000 1.401.855.000
Renta líquida gravable RE 1.401.855.000 4.178.507.000 3.155.166.000
Impuesto sobre renta gravable LA 490.649.000 1.462.477.000 1.104.308.000
Impuesto neto de renta LC 490.649.000 1.462.477.000 1.104.308.000
Total impuesto neto de renta LN 490.649.000 1.462.477.000 1.104.308.000
Total imp. a cargo/imp.generado por operaciones grav. FU 490.649.000 1.462.477.000 1.104.308.000
Rendimientos financieros MC 436.000 436.000 436.000
Autorretenciones MJ 2.682.733.000 2.682.733.000 2.682.733.000
Total retenciones año gravable GR 2.683.169.000 2.683.169.000 2.683.169.000
Más: sanciones VS - 1.554.925.000 981.854.000
Total saldo a pagar HA - 334.233.000 -
O total saldo a favor HB 2.192.520.000 - 597.007.000
Renglón IL: Ventas brutas 145.717.885.000
Valor declarado por el contribuyente 142.897.455.000
Más: Ingresos presuntos establecidos por el Consejo de Estado:
Diferencia en compras (fl. 41, sent. C.E.) 2.935.156.341
Menos: Obsequios y ajustes de productos terminados (fl. 41, sent. C.E.) 482.228.583
Total omisión en el registro de compras (fl. 41, Sent. C.E.) 2.452.927.758
Utilidad bruta =
142.897.455.000 - 124.267.521.000 = 13,03%
142.897.455.000
Ingreso determinado = 2.452.928.000 = 2.452.928.000 2.820.430.000
100% - 13,03% 86,97%
Renglón IV: Total ingresos brutos 153.632.946.000
Valor declarado por el contribuyente 150.812.516.000
Más ingresos presuntos establecidos por el Consejo de Estado 2.820.430.000
Renglón IG: Total ingresos netos 146.136.070.000
Menos: Renglón IR: Devolución, descuentos y rebajas 7.496.876.000
Renglón GJ: Renta líquida del ejercicio 5.714.975.000
Menos: Renglón CT: Total Costos 124.234.416.000
Menos: Renglón DT: Total deducciones 16.186.679.000
Renglón RA: Renta líquida 3.155.166.000
Menos: Renglón GK: Compensación por pérdidas 2.559.809.000
Renglón RE: Renta líquida gravable 3.155.166.000
Renglón LA: Impuesto sobre renta gravable 1.104.308.000
Por tarifa de impuesto 35%
Renglones LC, LN Y U: Impuesto neto de renta, total impuesto neto de renta, total imp. a cargo 1.104.308.000
Renglón VS: sanciones 981.854.000
Sanción de inexactitud:
Valor Impuesto a cargo presente liquidación 1.104.308.000
Menos. Impuesto liquidación privada 490.649.000
Mayor impuesto 613.659.000
Porcentaje de sanción de inexactitud 160%
Renglón HB: O total saldo a favor 597.007.000
Renglón FU: Total impuesto a cargo 1.104.308.000
Menos: Renglón GR: Total retenciones año gravable 2.683.169.000
Más: Renglón VS: Sanciones 981.854.000
“A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE, el saldo a favor de Alimentos Finca S.A. en la suma de quinientos noventa y siete millones siete mil pesos mcte. ($ 597.007.000)”, según liquidación practicada por la Sala.
(7) Folio 2, cdno. a.
(8) Folios 4 y 5, cdno. a.
(9) Folios 1289 a 1313, cdno. a.
(10) Folio 1311, cdno. a.
(11) Folio 1378, cdno. a.
(12) Folios 1442 a 1454, cdno. a.
(13) Folios 1503 a 1544, cdno. a.
(14) Folio 1542, cdno. a.
(15) Folios 1654 a 169, cdno. a.
(16) Folio 1695 vuelto, cdno. a.
(17) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencia de 29 de abril de 2010, expediente 16528.
(18) Estatuto tributario. Artículo 709. “Corrección provocada por el requerimiento especial. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida”.
(19) Ibídem. Artículo 713. “Corrección provocada por la liquidación de revisión. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de recursos tributarios, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida”.
(20) Consejo de Estado, op. cit.
(21) Estatuto tributario. Artículo 580. “Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes casos: a) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto. b) Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada. c) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables. d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. e) Cuando no contenga la constancia del pago del impuesto, en el caso de la declaración del impuesto de timbre”.
(22) Consejo de Estado, op. cit.
(23) Folio 1417, cdno. a.
(24) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencia del 7 de septiembre de 2001, expediente 12179, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(25) Estatuto tributario, artículo 707.
(26) Estatuto tributario, artículo 710.
(27) Estatuto tributario, artículo 714.
(28) Folio 13, cdno. a.
(29) Folio 198, cdno. a.
(30) Folios 197, 560, 804, 1013, 1014, 1075 y 1174, cdno. a.
(31) Estatuto tributario, artículo 746. “Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija”.
(32) Folio 9, cdno. a.
(33) Folio 7, cdno. a.
(34) Estatuto tributario. “ART. 63.—Limitación a la valuación en el sistema de juego de inventarios. En el caso de juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser inferiores a la diferencia que resulte de restar, de la suma de las unidades del inventario inicial, más las compradas, las unidades vendidas durante el año o periodo gravable”.
(35) Decreto Reglamentario 187 de 1975, artículo 30.
(36) Folio 1516, cdno. a.
(37) Folio 1516, cdno. a.
(38) Folio 1671, cdno. a.
(39) Ibídem, artículo 761.
(40) Folios 559 y 560, cdno. a.
(41) Folio 54, cdno. a.
(42) Folio 555, cdno. a.
(43) Folio 1516, cdno. a.
Relación de compras por terceros
Compras de materia prima $ 61.247.966.585 Folio 1026, cdno. a.
Mas: Compras de empaques $ 2.859.886.287 Folio 1024, cdno. a.
Mas: Importaciones de materia prima $ 51.357.456.611 Folio 1023, cdno. a.
Mas: Importaciones de empaques $ 546.784.713 Folio 1020, cdno. a.
Total compras según relación por terceros $ 116.012.094.196
(45) Folios 559 y 560, cdno. a.
(46) Folio 176, cdno. p.
(47) Libro mayor y balances en los folios 339 a 374 y balance de comprobación en los folios 424 a 518, cdno. a.
(48) Libro mayor y balances en los folios 339 a 374 y balance de comprobación en los folios 519 a 530, cdno. a.
(49) Folio 559, cdno. a.
(50) Folio 805, cdno. a.
(51) Folio 218, cdno. p.
(52) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 16966, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(53) Ibídem. Artículo 756. “Las presunciones sirven para determinar la obligación de los responsables. Los funcionarios competentes para la determinación de los impuestos, podrán adicionar ingresos para efectos del impuesto sobre las ventas, mediante liquidación de adición de impuestos, aplicando las presunciones de que tratan los artículos siguientes”.
(54) El artículo 756 del estatuto tributario fue modificado por el artículo 58 de la Ley 6ª de 1992 para permitir la presunción de ingresos en el impuesto sobre la renta.
(55) ART. 22.—Entidades que no son contribuyentes. “No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los departamentos y sus asociaciones, los distritos, los territorios indígenas, los municipios y las demás entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, las asociaciones de departamentos y las federaciones de municipios, los resguardos y cabildos indígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está obligado a presentar declaración de ingresos y patrimonio”.
(56) Folios 788, 789 y 792, cdno. a.
(57) ART. 125-1.—Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. “Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial. 2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación. 3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones”.
(58) ART. 125-3.—Texto original de la Ley 6ª de 1992: “Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por revisor fiscal o contador, en donde conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores”.
(59) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencias de 5 de mayo de 2011, expediente 17708 y expediente 17306, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

References: ARTÍCULO 709
 Resolución 
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