Source: http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016_10_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-27 16:32:24+00:00

Document:
Entre leyes y jurisprudencia: octubre 2016
comentarios de la CNMV, cabe remarcar que los fondos clónicos o fondos gemelos,
son fondos creados con el fin de ser idénticos o casi idénticos a otros
preexistentes. Por su parte, con las clases de acciones de las IIC, puede
crease la misma circunstancia, en el sentido de distribuirse a clientes
acciones de distintas clases con igual política de inversión y condiciones
económicas, pero con comisiones distintas. Además, las acciones de las IIC
pueden llegar a clientes finales a través de entidades que presten servicios de
comercialización y asesoramiento. El objetivo de la CNMV es regular los riesgos
y desigualdades que pueden surgir de estas situaciones, con el fin de
garantizar el interés óptimo del cliente.
A continuación se destacan tres
comentarios de la CNMV, dirigidos a comunicar a los distribuidores de acciones
de IIC y fondos clónicos determinados aspectos a tener en cuenta para actuar en
el mayor interés del cliente.
El primero de los comentarios es
que uno de los riesgos identificados por la CNMV es que las entidades, por
motivos operativos, preseleccionen una única clase de acciones a todos sus
clientes. Para cumplir con su deber de profesionalidad las entidades deben
trabajar para ofrecer la mayor variedad posible de opciones, no centrarse en
determinadas clases de acciones.
Otro riesgo es la falta de
procedimientos periódicos en sede de la entidad, con el fin de adaptar la
situación del cliente a la evolución de las posiciones gestionadas o
asesoradas. Es decir, las entidades deben trabajar para mantener la posición
más óptima al cliente de forma continuada en el tiempo. En concreto, la CNMV
declara: “No resulta aceptable que el
cliente al que se le trasladen regularmente recomendaciones mantenga una clase
menos beneficiosa por el hecho de que fuera adquirida por su propia iniciativa
en el pasado, toda vez que las recomendaciones de la entidad deberían incluir
la de traslado de su posición a la serie más barata.”
El tercer aspecto a destacar, es
que las entidades deben buscar canales distintos a los que tengan si no pueden
ofrecer determinada clase de acciones disponible con carácter general para los
inversores. Es decir, las entidades no pueden alegar que su distribuidor no les
ofrece determinada clase de acciones disponible al público en general para no
ofrecerla a sus clientes, deben ser proactivos para encontrar los canales de
obtención pertinentes.
Este enlace dirige a la comunicación
de la CNMV: https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={fb354bf2-c6ba-4133-8c7d-89ccddcabf2e
10/31/2016 11:31:00 p. m.
Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 19 de febrero de 1991, contiene la
exposición de las bases sobre las que se sustenta el concepto de interés social
en el ordenamiento jurídico español. Esta exposición se halla en su fundamento
de derecho segundo, que dice:
“En torno a la idea o concepto del interés
social existen dos teorías completamente opuestas: la institucionalista, que
considera a la Sociedad Anónima como una «institución-corporación», en la que
el interés social que allí se persigue, es distinto del de sus socios, viniendo
a coincidir con los intereses de los componentes de la empresa (accionistas,
administradores, acreedores, trabajadores, etc.); y la teoría contractualista,
consagrada en nuestra legislación, según la cual el interés social no es otro
que la suma de los intereses particulares de sus socios, de forma que cualquier
daño producido en el interés común del reparto de beneficios, o en cualquier
otra ventaja comunitaria, supone una lesión al interés social. Ahora bien, este
daño o lesión no es necesario que efectivamente se haya producido, para deducir
la pretensión impugnatoria, la doctrina de esta Sala tiene declarado «que es
suficiente para acudir al proceso especial impugnatorio que exista el peligro
potencial de que dicho daño se produzca, sin tener el demandante que esperar a
que la lesión ocurra, para poder ejercitar la acción» -sentencias de 2-7-1963;
11-5-1968; 11-11-1980-. El requisito del beneficio de uno o varios socios, no
hay que entenderlo exclusivamente en el sentido de puro interés económico, sino
que también puede consistir en cualquier ventaja de carácter político-social o
profesional: exigiéndose que el beneficiado sea accionista, aunque la utilidad
la reciba a través de una persona interpuesta; debiendo existir finalmente la
relación de causalidad entre la lesión del interés social, producida por el
acuerdo, y el beneficio experimentado por el socio -sentencias de 23-6-1962;
23-11-1970; 4-3-1967; 11-5-1968-.”
extracto de la STS de 19 de febrero de 1991 y, debido en buena medida a la
aprobación de la Ley de Sociedades de Capital, posterior a esta sentencia,
sigue sin haber un criterio único claro. Al respecto se puede destacar el
siguiente extracto de la STS 991/2012, de 17 de enero, y 873/2011, de 7 de
“Ahora bien, no existe una posición uniforme
sobre qué debe entenderse por "intereses de la sociedad", dadas las
clásicas posiciones enfrentadas entre teorías institucionalista y contractualista que sintetiza
la sentencia de 19 febrero 1991 según la que "[e]n torno a
la idea o concepto del interés social existen
dos teorías completamente opuestas: la institucionalista, que considera a la
Sociedad Anónima como una «institución-corporación», en la que el interés social que allí se
persigue, es distinto del de sus socios, viniendo a coincidir con los intereses
de los componentes de la empresa (accionistas, administradores, acreedores,
trabajadores, etc.); y la teoría contractualista,
otra ventaja comunitaria, supone una lesión al interés social", a esa clasificación cabe añadir
otras -monistas, dualistas; pluralistas, finalistas, posibilidad de discriminar
en función del acto o acuerdo, etc.”
extracto destacado, debe tenerse en cuenta que la postura jurisprudencial
seguida viene siendo de forma continuada la contractualista. La discusión
sobre el concepto de interés social se podría haber terminado con la inclusión
de la postura contractualista en el articulado de la LSC, pero esto no se hizo,
dejando la puerta abierta al debate doctrinal.
10/23/2016 09:36:00 p. m.
La deuda mezzanine, también
llamada financiación mezzanine, aunque la primera denominación parece más
adecuada, se refiere a un tipo de deuda que se halla en el rango de prelación
de créditos, muy cerca de las acciones o participaciones sociales. Si bien la
deuda mezzanine es un tipo de financiación, parece más adecuado usar la primera
denominación porque nos ayuda a alejarnos de las aportaciones a capital social.
La deuda mezzanine a menudo se
equipara a otras figuras como los bonos convertibles, pero debemos diferenciar
estas figuras (en este sentido, el concepto de capitalización suele confundir).
Mientras que en la deuda mezzanine es habitual incluir la capitalización de los
intereses en el principal, ello no se refiere a la capitalización de intereses
en valores representativos del capital social, sino en el cobro aplazado de los
intereses devengados junto a la devolución del principal. En cambio, los bonos
convertibles se diseñan con la posibilidad, desde la formalización de los
mismos, a que tanto principal como intereses puedan, en determinados casos,
capitalizarse, en el sentido de pasar a considerarse valores representativos del
capital social en lugar de deuda.
Por ejemplo, una estructura típica
en la que podemos encontrar deuda mezzanine tendríamos: acciones o participaciones
sociales (como últimos en cobrar en la prelación de créditos), deuda mezzanine
(como últimos acreedores en cobrar) y deuda senior (como primeros acreedores en
cobrar). Además, a veces se crean otros tramos intermedios, como por ejemplo la
llamada deuda second lien, que se halla entre la senior y la mezzanine.
La prelación en el cobro entre
acreedores se pacta vía contractual, otorgando más o menos intereses al
acreedor dependiendo de la prelación en el cobro pactada.
riesgos en estos casos de convivencia de acreedores, es habitual que se pacten
cláusulas de standstill, donde determinados acreedores aceptan no cobrar
intereses y/o devolución de principal durante determinado período, cláusulas de
capitalización de intereses, cláusulas de cobro al término del contrato de
financiación y cláusulas que regulan la posible conversión de la deuda en
capital social. Respecto al standstill period ya comentamos esta figura en “El
“Steering Committee” y el “Standstill period”, dos figuras importantes en un
acuerdo de refinanciación”.
Los distintos tramos de deuda
(senior, second lien y mezzanine), además de los acuerdos de prelación en el
cobro suelen ir acompañados de garantías distintas. De conformidad con la
prelación de cobro, mientras que la deuda senior recibe las garantías de mayor
valor, la deuda mezzanine recibe las de menor valor. Sin embargo, cabe que los
mismos activos garanticen deudas distintas a la vez, en cuyo caso se hará el
reparto también en el orden de cobro (rango), o sin rango, pero concediendo
porcentajes mayores de ejecución a favor de la deuda senior.
La coexistencia de deudas de distintos
rangos puede responder, básicamente, a dos motivos, según se refieran a
factores cuantitativos o temporales. Por un lado, a la acumulación de importes
relevantes de deuda, donde es necesario que distintos acreedores se repartan el
riesgo con intereses distintos, debido a que no se encuentre un único acreedor
dispuesto a conceder la financiación; o bien, debido a factores temporales, por
ejemplo, entre rondas de financiación o concesión de deuda para afrontar fases
10/18/2016 12:09:00 a. m.
Representante persona física del administrador persona jurídica
On the Desert - Jean-Léon Gérôme
En anteriores entradas se puede
ver la regulación de la responsabilidad de los administradores, como: “La
responsabilidad de los administradores en una sociedad” o “Responsabilidad
de los administradores por su gestión, la codificación de la business judgment
rule”, entre muchas otras. Sin embargo, ahora se remarca la
responsabilidad de las personas físicas normadas por la persona física
designada como administradora de una sociedad.
Con la aprobación inicial del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el redactado de su art. 236
“Artículo 236. Presupuestos
de la responsabilidad1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán
frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales,
del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos
o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del
cargo.2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que
el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la
junta general.”
Como se puede ver, con la
redacción de 2010 no se hacía mención a los representantes persona física de
los administradores persona jurídica. Por lo tanto, el responsable de los actos
y omisiones en el ejercicio del cargo, ante la sociedad y los socios de la
administrada era la persona jurídica. A pesar de ello, cabía calificar de
administrador de hecho al representante persona física, pero sólo si se daban
los requisitos excepcionales para la aplicación de esta figura. También cabía
que, internamente, la persona jurídica reclamase responsabilidad contra el
designado alegando negligencia o dolo/mala fe.
Con la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo, a partir del 24 de diciembre de 2014 el
mencionado art. 236 LSC pasó a tener el siguiente redactado (el apartado que
nos interesa es el 5, subrayado):
“Artículo 236. Presupuestos y
extensión subjetiva de la responsabilidad.1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los
socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u
omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando
haya intervenido dolo o culpa.La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto
sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que
junta general.3. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a
los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de
administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe
sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones
propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones
actúen los administradores de la sociedad.4. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en
uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y
responsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona,
cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta
dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas
en su relación jurídica con ella.5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los
requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los
mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica
Como se puede ver, a partir de
diciembre de 2014 las personas físicas designadas para representar a las
personas jurídicas administradoras de una sociedad pasan a responder
solidariamente con la persona jurídica.
Esta modificación provoca que la
relación entre la persona jurídica y la persona física deba ser regulada con un
contrato entre las partes, para que se deje constancia de los acuerdos que
proceda entre la persona física y la jurídica. En la mayoría de los casos, el
representante persona física que asuma este cargo en nombre de la persona
jurídica querrá un acuerdo interno donde la sociedad le exonere de
En cambio con la situación
anterior, la cuestión principal a tratar en estos casos era la asunción de la
responsabilidad por la persona física. Debido a que frente a terceros respondía
sólo la persona jurídica, a ésta interesaba que la persona física respondiera
si el origen de dicha responsabilidad se hallaba en negligencia o mala fe de su
La modificación del art. 236 LSC introducida
por la Ley 31/2014 permite reducir el uso de personas jurídicas insolventes
como administradoras de otras sociedades, con la finalidad de reducir los
efectos de la normativa sobre responsabilidad de los administradores. A pesar
de ello, la figura de los llamados testaferros sigue siendo difícil de afrontar.
10/16/2016 03:18:00 p. m.
Resolución de 12 de septiembre de la DGRN, sobre la conversión de administradores en liquidadores
La Resolución de DGRN de 12 de
septiembre de 2016, trata un caso muy excepcional, en el que se dan las
La junta general de una S.L.
acuerda la disolución de la sociedad y, al mismo tiempo, acuerda que el
nombramiento del liquidador lo realice el órgano judicial (procedimiento de
jurisdicción voluntaria).
Con carácter previo al acuerdo de
disolución, pero sin estar inscrito, la sociedad había acordado destituir a uno
de los administradores solidarios y ejercer la acción social de responsabilidad
Además, los Estatutos de la
sociedad contemplan la conversión automática de los administradores en liquidadores
y la posibilidad de acordar otra estructura del órgano de liquidación.
A pesar de haber acordado que sea
el órgano judicial quien nombre al liquidador, esta solicitud es rechazada y en
sede de la junta general la sociedad no logra llegar a un acuerdo para designar
a un liquidador, por la falta de la mayoría necesaria.
En la escritura presentada al
Registro Mercantil consta sentencia firme por la que uno de los administradores
solidarios, con cargo vigente al acordar la disolución, es condenado como
consecuencia de la acción social de responsabilidad.
Ante esta situación la DGRN debe
i) Si acordada la disolución y no
habiendo designado el liquidador el órgano judicial, tal y como acordó la junta
general, queda o no excluida la aplicación de la conversión automática de os
administradores en liquidadores.
ii) Si como resultado de la
acción social de responsabilidad e inscrito con anterioridad el acuerdo de
disolución, puede reflejare con posterioridad en el Registro Mercantil el cese
de dicho administrador.
Respecto a la primera cuestión,
la DGRN entiende que procede la conversión automática:
“…si no hay disposición
estatutaria específica que disponga otra cosa ni acuerdo de la junta general,
sea cual sea la causa de disolución social, debe de regir la regla de la
conversión «ex lege», salvo que concurran circunstancias extremas que
excepcionalmente aconsejen acudir a otro remedio más equitativo para no
contradecir los principios que inspiran el proceso de liquidación social. Y que
dichas circunstancias extremas deben de consistir en una situación de fraude de
Ley o abuso de derecho, que no puede entenderse concurran por el simple hecho
de que exista una situación de bloqueo preexistente, o que resulte nombrado o
convertido en liquidador el administrador perteneciente a uno de los dos grupos
en disputa por el control social. Así pues, no producida designación inicial de
liquidador alguna, ya que la junta no nombró a persona o personas determinadas,
sino que adoptó un acuerdo cuyo cumplimiento devino imposible por no acoger los
órganos judiciales la pretensión de que el liquidador fuera judicialmente
designado, la situación es equiparable a no haber designado la junta liquidador
alguno, y la consecuencia ha de ser, por tanto, la conversión automática de los
anteriores administradores en liquidadores, sin que sea preciso ulterior
acuerdo de la junta, como exigió el registrador en su nota de calificación. El
defecto por tanto, ha de ser revocado. Otra cuestión distinta es si esa
sucesión automática de cargo de administrador en liquidador precisa o no de una
aceptación expresa, como la contenida en el documento presentado a inscripción.
La mayoría de la doctrina entiende que en los supuestos de conversión
automática de administrador en liquidador no se precisa aceptación alguna, dado
que la aceptación ya se produjo en el momento de aceptar el cargo de
administrador, y para el caso de que la eventualidad de la disolución se produjera.
Así parece deducirse del artículo 238.2 del Reglamento del Registro Mercantil…”
Respecto a la segunda cuestión,
la DGRN entiende que sí procede inscribir el cese del administrador por causa
de la acción social de responsabilidad, aunque sea con posterioridad a la
inscripción de la disolución:
“El hecho de que no accediese
al Registro en su momento y que sí accediese el inmediato acuerdo de disolución
no puede convertirse en obstáculo para su acceso posterior. Y ello porque la
destitución del administrador frente al cual se ejercitó la acción conlleva
que, cesado por tal causa, no pueda operar respecto de él la automática
conversión en liquidador acordada la disolución, caso de resultar de
aplicación. La consecuencia de la negativa a la constancia registral de dicha
destitución implicaría que el administrador, respecto del cual toda confianza
social ha quebrado, hasta el punto de exigirle responsabilidades por su
actuación, podría seguir apareciendo, en su caso y al menos registralmente,
ostentando el cargo de liquidador, dado el juego de la conversión previsto en
el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.”
10/15/2016 09:00:00 a. m.
Sentencia 236/2011 de la Audiencia Provincial de León, cláusula de no competencia postcontractual
En relación con el caso resuelto
por la Sentencia 236/2011, de 16 de junio, de la Audiencia Provincial de León,
nos interesa el fundamento de derecho tercero de la misma, referido a la
cláusula de no competencia post-contractual de un contrato de franquicia.
establecía lo siguiente: “...el FRANQUICIADO y sus partícipes se obligan
durante la vigencia de este contrato, y durante el plazo de un año y seis meses
a partir de la terminación del mismo, a no realizar actividad alguna que tenga
relación con las materias que son objeto del presente contrato. En caso de incumplimiento
de esta obligación, vendrán obligados solidariamente entre sí y con la
mercantil de la que son miembros, a indemnizar al FRANQUICIADOR con la cantidad
de DOCE MIL EUROS.”.
Al respecto, la Audiencia debe
resolver si dicha cláusula es nula al contravenir el art. 5 b) del Reglamento
2790/1999 (actual Reglamento 330/2010), por establecer un plazo de duración de
la cláusula de no competencia postcontractual superior al límite temporal
Respecto a los acuerdos de no
competencia postcontractual la Audiencia declara: “Su justificación no es
otra que proteger, durante y después de la vigencia del contrato de franquicia,
el modelo de negocio creado y desarrollado por el Franquiciador y que cede al
Franquiciado a cambio de una contraprestación económica, evitando que este
pueda aprovecharse en perjuicio de aquel del conocimiento del mercado que
adquirió durante el desarrollo del contrato.”. Tras ello, la Audiencia
resuelve que la cláusula debe ser nula para el período que excede del año, pero
no en su integridad.
Aunque la Audiencia entiende que
se incumplió la obligación de no competencia postcontractual, utiliza los
siguientes criterios para reducir la indemnización: i) el importe de
indemnización pactado se refería a un período de un año y medio, pero se reduce
judicialmente a un año y ii) el contrato de franquicia se pactó con una
duración de cinco años, pero al final solo duró ocho meses.
En relación con las cláusulas de
no competencia postcontractual hay que diferenciar si estamos ante acuerdos
verticales, horizontales, entre trabajadores, agentes, altos cargos, etc. Ello
se debe a que cada uno de estos casos tiene requisitos y plazos de duración
máxima distintos. Las siguientes entradas sirven para diferenciar los distintos
casos: “Pactos
de no competencia en adquisiciones de empresa” y “Pactos
de no competencia: vinculados a una concentración, a la extinción de un
contrato de alta dirección y a un contrato de trabajo”.
10/14/2016 08:34:00 p. m.
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, introdujo varias
bonificaciones para los trabajadores autónomos (como la denominada “tarifa
plana”). Sin embargo, a los llamados autónomos societarios, que son los que
tienen a partir de un 25% del capital social de la sociedad en la que prestan servicios,
generalmente como administradores, desde la Seguridad Social no se les reconocía
el derecho a acogerse a dicha tarifa plana, alegando que las sociedades de
capital tienen personalidad jurídica que provoca la imposibilidad de los autónomos
societarios a acogerse a los beneficios de la Ley de Emprendedores. Ello se
debe, a criterio de la Administración, a que la Ley General de la Seguridad Social,
en su disposición adicional 35 determina que: “Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los
trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.”
resuelto por la Sentencia 52/2015, un socio y administrador único de una S.L.
se da de alta en el RETA, acogiéndose a una reducción durante 15 meses y bonificación
durante 15 meses del 30% de las cuotas por contingencias comunes. A criterio de
éste: “Entiende el actor que conforme al sentido
literal de la normas, la ley sólo alude de manera genérica a trabajadores por
cuenta propia, incorporados al RETA, sin distinción ni discriminación entre los
autónomos, por lo que conforme a la interpretación o sentido más favorable que
hay que dar a la efectividad de las normas, el mismo tiene derecho a disfrutar
de dichos beneficios, invocando al efecto la interpretación y aplicación de las
normas conforme a la Constitución y el Código Civil (LEG 1889, 27) , sin
discriminaciones ni distinciones injustas, y conforme al sentido y realidad
social, respetando el espíritu y finalidad de la ley para fomentar el emprendimiento
y apoyo a los nuevos emprendedores, tanto individuales como pymes.”
Madrid declara que los autónomos societarios no están excluidos del ámbito de aplicación
del Estatuto del Trabajo Autónomo y que la normativa sobre emprendimiento
aprobada tiene como objeto, justamente, incentivar la creación de empresas y la
contratación de trabajadores por parte de las mismas. Los siguientes extractos
resumen su postura:
“se declaran expresamente incluidos en el ámbito
del Estatuto del Trabajo Autónomo, siempre que cumplan los requisitos a los que
se refiere el apartado 1 del artículo 1, quienes ejerzan las funciones de
dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o
administrador de una sociedad mercantil capitalista cuando posean el control
efectivo, directo o indirecto de la misma, en los términos previstos en la
disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de
En definitiva, no excluyendo el apartado primero de
la disposición que nos ocupa a los administradores de sociedades mercantiles
que ostenten el control de las mismas, expresamente comprendidos en el artículo
1 apartado 2 de la Ley 20/2007, y siendo uno de los objetivos del Real Decreto
Ley 3/2014 incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes,
recogiéndose la modificación que nos ocupa en su artículo 1, incluido en el capítulo
I del Título I en el que, como se ha expuesto, se adoptan medidas para fomentar
el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de
30 años, no se puede sino concluir que no puede prosperar la exclusión de los beneficios
del mentado apartado que acogen las Resoluciones impugnadas, lo que ha de
conducir, en consecuencia, a la estimación del recurso interpuesto.”
10/10/2016 11:31:00 p. m.
En esta entrada publicada en 2012
vimos qué es la doctrina del levantamiento del velo y, en esta otra, ampliamos
su contenido en 2013. La presente entrada sirve para ver algunos comentarios
del TS, respecto a un caso donde entiende que no debe aplicarse el
levantamiento del velo.
En el caso objeto de la Sentencia
del Tribunal Supremo 571/2016, de 29 de septiembre, el tribunal debe resolver
sobre la aplicabilidad de la doctrina del levantamiento del velo, debido a que
el demandante solicita la responsabilidad solidaria de varias sociedades de un
mismo grupo familiar de empresas, siendo la deudora solo una de estas
De los hechos del caso destacamos
los siguientes: i) Las sociedades del grupo se dedican a la misma actividad: almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de productos alimenticios; ii) Las
sociedades tienen todas los mismos datos de contacto; y iii) la demandante
conocía la estructura del grupo.
sentenció que no procedía el levantamiento del velo por entender que no había
voluntad de defraudar al acreedor: “el hecho de que las sociedades formasen un grupo familiar de empresas
no resultaba decisivo, por si solo, para determinar la responsabilidad
solidaria de todas ellas, debiendo responder cada una por las obligaciones
realmente asumidas con la demandante. Tampoco apreció una acción concertada de
las citadas sociedades para defraudar a la demandante, pues los libramientos de
los efectos de las sociedades no compradoras del suministro fue posterior al
En cambio, en segunda instancia
la Audiencia sentenció que sí cabía levantamiento del velo: “en el caso enjuiciado, tal y como sostiene la parte recurrente, se dan
las condiciones necesarias a la aplicación de la doctrina del
"levantamiento del velo". Así penetrando en el sustrato de la persona
jurídica, se comprueba que todas las mercantiles demandadas integran conjuntamente
una sociedad familiar constituida por el matrimonio Pelayo - Tomasa y sus
hijos, bajo una misma dirección y con un mismo domicilio social. Pero es que
además, esta circunstancia, que por sí sola no determinaría la aplicación de la
referida doctrina, pues no resulta ilícito que la sociedad se revele como una
forma de actuar en el tráfico, incluso en el que caso de que se trate de un
socio único, que quiere limitar así su responsabilidad a los bienes aportados a
la sociedad, no puede soslayarse que todas ellas vienen actuando en el tráfico
mercantil como una sola ya que, tal y como destaca la sentencia recurrida, las
tres sociedades entregaron pagarés al objeto de liquidar la deuda reclamada en
este procedimiento, en sustitución de otros impagados. En consecuencia, resulta
procedente que las tres Sociedades demandadas asuman de forma conjunta y
solidaria el pago de la deuda reclamada; lo que conduce a la estimación del
recurso y a la revocación parcial de la resolución recurrida en este sentido.”
Finalmente, el TS entiende en
contra de la Audiencia Provincial y en conjunción con el Juzgado, que en este
caso no cabe levantamiento del velo. El siguiente extracto resume su
“si tenemos en cuenta las observaciones de la anterior sentencia citada
de esta Sala, se llega a la conclusión que en el caso de las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo familiar de empresas, supuesto de la presente
litis, el hecho de que puedan compartir, entre otros aspectos, un mismo objeto
social, los mismos socios, y el mismo domicilio y página web donde anuncian sus
servicios como grupo empresarial en el tráfico mercantil, no representa, en sí
mismo considerado, una circunstancia que resulte reveladora por si sola del
abuso de la personalidad societaria, por ser habitual entre sociedades de un
mismo grupo familiar. Por lo que dicho abuso habrá de valorarse,
principalmente, del resto de las circunstancias concurrentes que hayan
resultado acreditadas. La valoración de las restantes circunstancias conduce a que realmente
no hubo abuso de la personalidad societaria. En este sentido, no sólo no
concurren los supuestos clásicos de confusión de patrimonios o
infracapitalizacion, sino que además tampoco se ha acreditado el carácter
instrumental de las empresas filiales de cara al fraude alegado, pues dichas
sociedades (Pescados La Perla y Frigoríficos La Perla) fueron constituidos con
anterioridad al crédito objeto de reclamación con arreglo a su propia actividad
económica. Del mismo modo el libramiento de los efectos realizados en garantía
de la deuda contraída por Pescados La Perla también lo fue con posterioridad a
la propia existencia de dicha deuda. Como también, en suma, no ha resultado
acreditado el aspecto subjetivo o de concertación (consilium) para procurar el
fraude, máxime si se tiene en cuenta que el acreedor conocía la estructura del
grupo familiar y su actuación en el tráfico mercantil y, no obstante, negoció y
aceptó las garantías ofrecidas por las empresas filiales; por lo que
difícilmente puede haber fraude cuando el acreedor conoce las constancias que
concurren (scientia) y, pese a ello, acepta los riesgos derivados de las
Esta sentencia del TS pone de
manifiesto la importancia que tiene analizar cada caso concreto para poder
aplicar la doctrina del levantamiento del velo. En el caso objeto de esta
entrada, se puede ver que las sociedades implicadas cumplen algunos de los
elementos que permiten aplicar dicha doctrina, sin embargo, faltan otros, como
el ánimo de defraudar o confundir patrimonios. Por ejemplo, cuando nos hallamos
ante sociedades de un mismo grupo, es habitual y está permitido, que las
distintas sociedades estén ubicadas en el mismo lugar, tengan los mismos datos
de contacto e incluso tengan objetos sociales idénticos o similares. Si bien
estos elementos pueden ayudar a levantar el velo, por sí solos son
insuficientes, debiéndose dar otros como: fraude de ley, perjuicio a un
tercero, infracapitalización, identidad entre personas jurídicas, confusión de
patrimonios, etc. Finalmente, cabe destacar que el TS dice que el conocimiento
del acreedor respecto del grupo empresarial también es un elemento a considerar
para decidir si aplicar o no la doctrina del levantamiento del velo.
10/10/2016 08:30:00 a. m.
opina la mayoría de la doctrina, la existencia del régimen sobre segregaciones,
no impide acudir a la figura referida a los aumentos de capital mediante
aportación no dineraria de unidad económica/rama de actividad. Sin embargo, y
aunque este debate es muy interesante, no es el objeto de esta entrada, que se
centra solo en destacar los derechos de socios, terceros y acreedores en ambos
En las S.L.
los derechos de los acreedores de la sociedad que aumenta capital mediante
aportación no dineraria, están protegidos gracias a la responsabilidad
solidaria contemplada en el art. 73 LSC. La protección se dirige, básicamente,
en asegurar que se cumple con el principio de realidad del capital social. Es
decir, que el patrimonio que entra en la sociedad para aumentar el capital sea
real, respondiendo de ello los socios y administradores, en caso de no serlo.
disidentes también están protegidos, puesto que si votan en contra y hacen
constar su oposición al acuerdo de aumento de capital o a la valoración
atribuida a la aportación, no responderán de la existencia y valoración de la
dicho artículo 73 LSC, los socios y personas que adquieran alguna participación
desembolsada mediante aportación dineraria, responden solidariamente frente a
la sociedad y los acreedores sociales de la realidad y valor de dichas
aportaciones. Sin perjuicio de la exoneración de los socios disidentes.
caso de aumento de capital, como los administradores deben preparar un informe
explicando el aumento de capital proyectado y la valoración de la aportación,
también responden solidariamente, por la diferencia entre la valoración que
hubiesen realizado en le informe y el valor real de las participaciones. Esta
regla protege directamente a los acreedores, pero también indirectamente a los
socios, pues incentiva al órgano de administración a asegurarse de la correcta
valoración de los activos.
las S.A. el art. 67 LSC opta por establecer la obligación de solicitar, al
registrador mercantil del domicilio social de la receptora, que nombre un experto independiente para que emita un
informe sobre la descripción y valoración de la aportación, en lugar de
contemplar el régimen de responsabilidad de las S.L., (aunque las S.L. también pueden
optar por seguir esta vía opcionalmente, evitando la responsabilidad solidaria
comentada). Por otro lado,
respecto a los socios de la sociedad aportante (no de la que amplía su capital),
sus derechos se protegen tanto por: i) el art. 160 f) LSC, que atribuye a la
junta general la aprobación de la transmisión de activos esenciales, como por
ii) el contravalor en acciones o participaciones a recibir por la sociedad
aportante. Al respecto, cabe decir, que los socios de la aportante están más
protegidos cuando la aportación constituye un activo esencial, pues en caso
contrario, el órgano de administración puede transmitir los activos sin
necesidad de aprobación de la junta general. A pesar de ello, las acciones o
participaciones sociales recibidas por la aportante debe ser siempre
equivalente al valor real de las mismas. Valga decir, que a pesar de la no aplicación
del art. 160 f) LSC a aportaciones de activos no esenciales, los socios también
están protegidos por los deberes de los administradores (diligencia, lealtad, interés
relación con los trabajadores, tanto en S.L. como en S.A., no se aprecia
perjuicio para éstos, debido a que el art. 44 ET les mantiene los mismos
derechos que tenían en la sociedad aportante, mediante la denominada sucesión
acreedores, no cabe apreciar perjuicio en caso de aumento de capital, aunque no
se les reconozca un derecho de oposición, como sí ocurre en las segregaciones,
puesto que la no aplicación de la sucesión universal conlleva el régimen
general civil de las cesiones de deuda. Es decir, la sociedad aportante sigue
respondiendo de todas sus deudas, habiendo recibido una contraprestación
equivalente en valor al que ya tenía, igual que la adquirente y, además, la
deudora no puede transmitir su deuda a terceros sin consentimiento del
acreedor. De hecho, en la práctica se puede conseguir una mejora en las
garantías del acreedor, pues la adquirente puede asumir la deuda de forma
acumulativa, pero no liberatoria de la deudora originaria/primitiva, sin
consentimiento del acreedor. Respecto a la cesión de deudas vale la pena ver “Figuras
jurídicas en la transmisión de deuda/cesión de deuda”.
contraposición con el régimen de los aumentos de capital, en el régimen de las
segregaciones los acreedores pueden oponerse al acuerdo aprobado, en cuyo caso,
la sociedad que aprobó la segregación debe liquidar su deuda con el tercero o
garantizarle el pago. Este deber a cargo de la sociedad sirve para compensar la
pérdida del derecho de todo acreedor a impedir el cambio de su deudor, debido a
que la sucesión universal que comporta la segregación permita justamente este
cambio, contra la voluntad del acreedor.
respecto a los trabajadores no hay un trato distinto según nos hallemos ante
una segregación o un aumento de capital. En ambos casos aplica el art. 44 ET
antes citado, debido a que los derechos de los empleados se vinculan a la
empresa/negocio, con independencia de que se transmita y de la forma que se use
para ello. Es decir, el trabajador debe estar vinculado al negocio en el que
trabaja y poder reclamar sus derechos con cargo a éste.
disidentes de la segregación también están protegidos por el propio
procedimiento de la segregación. Este procedimiento incluye, entre otros: el
proyecto de segregación, los balances de segregación y el informe de los
expertos independientes en caso de S.A., para, especialmente, calcular las
acciones o participaciones de la sociedad que amplía capital a entregar a la
aportante (segregada). Es decir, de igual modo que en la ampliación de capital,
en la segregación la compañía aportante recibe el contravalor en acciones o
participaciones de la unidad o unidades económicas aportadas. En este caso, sin
embargo, el órgano de administración no puede acordar y ejecutar la operación proyectada
sin aprobación de la junta general (a no ser que pueda acogerse al régimen
simplificado por estar ante una sociedad íntegramente participada), como sí
ocurre con las aportaciones no dinerarias en los aumentos de capital (en sede
de la sociedad aportante) pero, como ya hemos visto, eso no es un perjuicio
para los socios de la aportante.
10/07/2016 11:33:00 p. m.
Resolución de la DGRN de 1 de agosto de 2016, sobre la disolución y liquidación de sociedades con un único acreedor
Siberian Wigilia - Jacek Malczewski
La Resolución de la DGRN de 1 de agosto de 2016, resuelve sobre la
solicitud de inscripción de una escritura de disolución y liquidación de una
sociedad con un único acreedor, sin que dicha sociedad tenga activo alguno a
liquidar, según manifiesta el liquidador y así consta en el balance de
liquidación. Además, la sociedad incorpora en la escritura copia del Auto del
Juzgado Mercantil pertinente, en virtud del cual se inadmitió la demanda de
Ante esta solicitud, el registrador mercantil suspende la inscripción, por
no acreditarse en la escritura calificada, la previa satisfacción de los
acreedores ni la intervención de la persona que resulta afectada (el acreedor)
por las manifestaciones realizadas en la escritura y la extinción de la
sociedad. Para ello el registrador alega el art. 365 LSC, que establece: “Artículo 395. Escritura pública de
1. Los liquidadores
otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad que contendrá las
a) Que ha transcurrido el
plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que
se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que
las hubiera resuelto.
b) Que se ha procedido al
pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos.
c) Que se ha satisfecho a
los socios la cuota de liquidación o consignado su importe.
2. A la escritura pública se
incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los socios, en la
que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere
correspondido a cada uno.”
Para resolver el asunto, la DGRN primero recuerda que, ante la posibilidad
de declaración de concurso de acreedores con un único acreedor, existen dos
posturas doctrinales enfrentadas, la que entiende que para declararse el
concurso de acreedores debe haber una pluralidad de acreedores y la que entiende
que el concurso debe celebrarse aunque solo exista un acreedor. Sin embargo, también
destaca que la postura mayoritaria es la primera.
Una vez la DGRN pone de manifiesto que los concursos de acreedores con un
único acreedor no pueden celebrarse, debe resolver sobre cómo proceder ante
sociedades con un acreedor y sin activo para liquidar dicha deuda antes de
cancelar sus asientos registrarles. Para resolver esta cuestión, la DGRN dice que el criterio expuesto en sus
Resoluciones de 2 de julio y 4 de octubre de 2012 no puede ser mantenido. En
ellas se dijo lo siguiente: “…dado que el
pago a los acreedores es requisito previo a la liquidación y extinción de la sociedad,
cuando no hay haber social con el que satisfacer a los acreedores el
procedimiento legal previsto para la extinción de la sociedad es el concurso de
acreedores, con independencia de que exista una pluralidad de acreedores o que
las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor.”.
Tras prescindir del criterio de las Resoluciones de 2 de julio y 4 de
octubre de 2012, la DGRN confirma la doctrina expuesta en las Resoluciones de
29 de abril de 2011 y 13 de abril de 2000. En dichas Resoluciones se aceptó que
puede llevarse a cabo la disolución y liquidación de la sociedad con un solo
acreedor, sin necesidad de prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia de la
declaración de concurso de acreedores y, además, las disposiciones legales
relativas al pago de los acreedores o consignación de sus créditos presuponen
una disponibilidad patrimonial, de modo que la inexistencia de haber social no
puede impedir la cancelación de los asientos registrales de la sociedad en
Finalmente, la DGRN expone que la cancelación de los asientos registrales
(la formalización de la liquidación), no perjudica al acreedor, pues el art.
398 LSC contempla la adjudicación de activos aparecidos incluso tras la
cancelación de los asientos registrales de la sociedad. Además, la DGRN
recuerda que la normativa concursal prevé la conclusión del concurso en
cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la
masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.
En definitiva, la Resolución de 1 de agosto de 2016 resuelve la situación
creada por Resoluciones como la de 2 de julio y 4 de octubre de 2012, que
provocaban la subsistencia registral de sociedades que, una vez disueltas y
terminadas las operaciones de liquidación, sus asientos registrales no podían
ser cancelados por mantener una deuda con un único acreedor, al no poder acudir
tampoco al procedimiento concursal. Por lo tanto, con fundamentación a las
Resoluciones de 13 de abril de 2000, 29 de abril de 2011 y 1 de agosto de 2016,
se podrá solicitar al Registro Mercantil la cancelación de los asientos
registrales de sociedades con un único acreedor y sin activos para satisfacer a
éste. Para ello, además, no es necesario acreditar la situación expuesta en la
escritura más allá de la simple manifestación del liquidador respecto a la
inexistencia de activos y la existencia de un único acreedor, junto a la
concordancia de dichas manifestaciones con el balance de liquidación.
10/06/2016 10:12:00 p. m.

References: Real Decreto 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 238
 artículo 376
 artículo 1
 artículo
1
 Real Decreto

 artículo 1
 resolución 
 artículo 73

Resolución 
 Resolución 
 Resolución