Source: https://honduprensa.wordpress.com/2015/11/02/
Timestamp: 2020-06-07 10:49:57+00:00

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02 | noviembre | 2015 | Honduprensa
Archivos para 2/11/15
AZOPAZ una nueva vida para ex convictas
Publicado por honduprensa en conexihon el 2 noviembre, 2015
Escrito por Tomy Morales | Octubre 28 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las mujeres que pagaron a la sociedad los delitos que cometieron en algún momento de sus vidas, salen con ansias de una nueva oportunidad para volver a empezar. El estigmatismo y la memoria larga de las personas las persiguen, negándoles la integración a la sociedad, más la crisis en el país en donde no hay oportunidades de empleo para satisfacer sus necesidades básicas, hace que un porcentaje de ellas regresen tras las rejas.
Hasta el 2009 la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social CEFAS albergaba 173 internas por diferentes delitos, en algunos casos la Ley les permite a sus hijos permanecer junto a ellas hasta la edad de dos años, después se van a probar suerte fuera de los muros de la prisión.
Al verse en ocasiones solas, con el reto de adaptarse a otra cosa que no sea la rutina cotidiana de años, surgió la idea de unirse para salir adelante colectivamente, fue así como nació “AZOPAZ”.
La idea de organizarse fue de Claudia Ferrari quien estuvo once años en la cárcel. En junio del 2009 denuncio las falencias de los entes encargados de impartir justicia, en donde han condenado a unas 52 mujeres a sentencias según ella injustas que van desde los 18 a los 80 años de prisión. Denunció el mal manejo de los expedientes y hasta ahora no han logrado sentar un precedente de la violencia institucional que sufren.
AZOPAZ tiene dos años de funcionamiento con 250 miembras, las ex internas que han podido conseguir empleo sostienen con sus aportaciones la organización, ya que no cuentan con fondos, funcionan en una casa que presta una de ellas.
Ferrari es una mujer académicamente preparada habla cinco idiomas, tiene un doctorado fue sentenciada por un delito financiero, una de las beneficiarias de un indulto presidencial en el gobierno continuador del golpe anterior.
Una mujer de cabello gris, tez trigueña, con voz suave y una mirada triste, con 57 años sobre sus espaldas, cuenta su historia tras los muros de la cárcel, de origen Costarricense su madre (hondureña) la trajo de pequeña a Honduras y la registro con un nombre diferente al de su país de nacimiento, su nombre, su identidad fue lo que la llevo a purgar cuatro años en CEFAS, una trabajadora doméstica la denuncio ante las autoridades y la condenaron por el delito de usurpación del estado civil, así es Elva Grant.
Grant tiene una licenciatura en contaduría pública, es bilingüe. Su mirada se pierde al recordar las lecciones vividas que no cuenta de CEFAS, pero que las ventanas de su alma deja entrever, manifestó que “la cárcel es la universidad de la vida, allí enseñan cosas que jamás nunca me imaginé en la vida, aprendí más de lo que pude estudiar en la universidad, afortunadamente pude mantenerme fuera del ambiente”.
Añadió que existen mujeres que se dejan absorber por el ambiente, en la cárcel Grant se puso a estudiar para enseñarles a sus compañeras, fue facilitadora del programa “Educa todos”, les enseño un poco de inglés, clases de costura, ideaba talleres para compartir con las demás, lo que aprendió fuera le sirvió adentro para poder desarrollarse y mantenerse ocupada todos esos años.
Dentro de las paredes de CEFAS recordó a dos muchachas que purgaban una pena por aborto, fueron abandonadas por sus familias, una de ellas sus parientes muy pobres no podían visitarla por cuestión económica, no tenían ni para pasaje, la ayudaron y logro su libertad con trabajo comunitario.
“Hay un ambiente hostil, cuando una ha sido una mujer de paz, de trabajo, de sosiego, llegar a un lugar donde hay pleito, discordia, agresividad mucha, enemistades por cosas que afuera no se pelearía, en el encierro hay mujeres que no aguantan nada, algunas vienen de ambientes familiares frágiles, convulsionados para ellas es fácil adaptarse a eso”, expuso Grant.
Recordó a Tania (ficticio) ella esta presa por un embarazo no deseado, decidió abortarlo cuando estaba por parir, según el código penal en su artículo 126 inciso 1 se considera como aborto con una pena de 3 a 6 años de reclusión, AZOPAZ la presunción que hubo un error en el expediente porque la acusaron de parricidio le dieron 30 años de cárcel, el lugar que conoció del caso fue en Siguatepeque. Tania lleva quince años pagando la pena, fuera de las rejas tiene seis hijos fueron repartidos entre los familiares, las niñas salieron embarazadas muy jovencitas, los varones han tomado malas decisiones y ella seguirá quince años más. ¡Ojalá que alguien nos pudiera ayudar!, exclamó la mujer.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/azopaz-una-nueva-vida-para-ex-convictas
AZOPAZ
El litigio estratégico por las PAE trascenderá las fronteras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres preocupadas por el alto índice de embarazos adolescentes, la violencia sexual contra las mujeres y la penalización del aborto, realizaron el taller “sobre litigio estratégico”. Las expositoras fueron la ex ministra de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda, las abogadas Any Matamoros y Grecia Lozano del centro de Derechos de Mujeres CDM. Una de las líneas de este plan es educar a la población para que entienda los derechos reproductivos y sexuales que tienen las mujeres.
Refirieron una cronología de lo que ha sucedido con la Píldora Anticonceptiva de emergencia más conocida como “PAE” o pastilla del día después, los y las participantes conocieron los inicios cunado la Secretaria de Salud la aprobó, los ataques que sufrió por parte de los grupos fundamentalistas y conservadores hasta llegar al dictamen de la Corte Suprema de Justicia y la prohibición de su uso, venta y distribución.
Erick Martínez coordinador de la parte técnica del Grupo Estratégico a nivel nacional en pro de la PAE expreso que este año han realizado diversas acciones enfocadas a la sensibilización a la población hondureña e informar a la juventud sobre este método de prevención de embarazos.
“Recordando que la píldora fue prohibida después del golpe de Estado y esto ha tenido un impacto en el incremento de embarazos adolescentes, en la falta de atención en el protocolo de salud hacia las víctimas de violencia” dijo Martínez.
Reveló que el siguiente paso como grupo estratégico es demandar al Estado de Honduras por violentar el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
El defensor indicó que después de agotar las instancias nacionales procederán a las internacionales, que los beneficios son a favor del más 52 por ciento de la población femenina del país, debido a los embarazos no deseados o aquellas que son víctimas de violencia.
Un defensor de Derechos Humanos es una persona que tiene la responsabilidad de defender al ser humano y a su dignidad, con todo ese catálogo de derechos, libertades fundamentales expreso Ana Pineda a la interrogante ¿Por qué los y las defensoras de Derechos Humanos defienden el uso de las PAE?
Pineda añadió que existen estudios científicos que establecen diferentes tipos de métodos de planificación que un hombre o una mujer tienen la oportunidad de seleccionar, pero también habla de métodos de planificación en casos de emergencia para evitar la unión del espermatozoide con el ovulo para gestar una vida, por ende no se provoca un aborto.
La defensora recordó que desde hace años existen movimientos de mujeres y un grupo estratégico que se ha organizado para promover ante instancias nacionales e internacionales un litigo que permita hacer ver que la prohibición de la comercialización de las PAE es algo que la actualidad debe ser revertido, en un contexto de inseguridad en donde las mujeres, las niñas están expuestas a sufrir violencia sexual por diferentes circunstancias, por eso es necesario que reciban métodos de protección.
Por su parte, Grecia Lozano informó que el objetivo de la actividad es sacar un documento de ruta estratégico del caso de las PAE, porque se ha conformado para la lucha de legalización
un grupo estratégico “Multidisciplinario” que tiene el interés de llevar a la dimensión internacional un proceso judicial para la legalización de las PAE.
La profesional del derecho indicó que en el grupo participan el Grupo Sociedad Civil, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de Derechos de las Mujeres. En estos momentos están en el proceso de lo judicial por la vía de lo contencioso administrativo, pero lo más seguro es que se desestime como sucedió con un proceso que llevo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras CONADEH, el siguiente paso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalizó la defensora.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/el-litigio-estrat%C3%A9gico-por-las-pae-trascender%C3%A1-las-fronteras
Organizaciones de Derechos Humanos, Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE)
Organizaciones de Derechos Humanos y de la Mujer “a la carga por las PAE”
Se llevó a cabo un taller “sobre litigo estratégico por las PAE”, patrocinado por varias organizaciones de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres. El tema de la pastilla Anticonceptiva de Emergencia PAE, ha sido muy polémico en la sociedad hondureña, el proceso de lucha que han emprendido las organizaciones de derechos de las mujeres y otras se divide en tres momentos, el primero lograr que se aprobara el uso de este método de prevención de embarazos, el segundo cuando lo derogaron y el actual nuevamente a la carga para que se retrotraiga la derogación del decreto que la prohíbe.
Varias organizaciones han conformado el grupo estratégico de las PAE para poner nuevamente sobre el tapete la discusión enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos que tienen las hondureñas.En 1999 la Secretaria de Salud aprobó el uso de dichos anticonceptivos en todos los centros del país, por ende organizaciones sociales, gremiales y académicas se pronunciaron a favor del proyecto legislativo, para la venta y uso de las PAE como método de prevención.
En el año 2003 se amplió la prescripción de las PAE a mujeres adolescentes, pero es en el 2005 que la lánguida oposición de grupos conservadores arremetió contra las PAE alegando que eran “abortivas”. El 2 de abril de 2009 el Congreso Nacional de la República aprobó el decreto 54-2009 por el cual se prohíbe el uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con las PAE, así como la distribución pagada. Dicho decreto fue vetado por el entonces Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales el día 15 de mayo de 2009, con el argumento que de dejarse entrar en vigencia el decreto objeto de este dictamen, se estarían violentando las obligaciones contenidas en varios convenios internacionales (la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, en relación con la garantía de no discriminación hacia la mujer y el derecho a la salud consignado en ambas convenciones.
El Congreso Nacional dirigido por Roberto Micheletti en el 2009 aprobó el decreto 154-2009 para sacar del mercado hondureño la venta de la pastilla del día después, argumentando que había un alto consumo entre las menores de edad. En el 2009 el proyecto de decreto fue impulsado por la diputada liberal Martha Lorena Alvarado, quien arguyó que la pastilla anticonceptiva de emergencia actuaba directamente en el cuerpo, causando miles de cambios físicos en las niñas las que eran las usuarias más frecuentes.
Otra de las opiniones fue expresada por el en ese entonces presidente del colegio Médico de Honduras CM, Mario Noé Villafranca quien sustentó que la pastilla tenia efectos abortivos; este estudio fue utilizado para que la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero del 2012 emitiera un dictamen que prohibía el uso de esta píldora considerándola abortiva.
Más tarde Villafranca asumió el cargo de Secretario de Salud en el gobierno de facto de Micheletti Bain (quien asumió la presidencia por un golpe de Estado el 28 de Junio del 2009). El funcionario de salud mediante el acuerdo emitido el 21 de octubre del 2009 prohibió la venta, uso, consumo y distribución de las PAE.
Amnistía Internacional define como “derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos que tenemos todas las personas, se fundamentan en los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, normas regionales, constituciones y otros documentos de consenso internacional.
También se encuentran en parte, reconocidos en las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas ONU sobre los derechos reproductivos y salud reproductiva. Definidos como aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuantos, en que momento y con quien.
A estos derechos se suma la píldora del día después como se les conoce a las PAE que es una manera segura y efectiva de prevenir un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, se puede tomar hasta 72 horas después de la relación; ya que se argumenta que los espermatozoides duran un periodo de 120 horas fuera del útero, esto es cinco días.
Más de 80 países aprobaron las PAE como método anticonceptivo legal e incluso en Estados Unidos se vende sin receta médica, los únicos países en donde se prohíbe son Honduras, Chile, Ecuador y Perú. Honduras fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición de los tribunales de justicia a la compra, venta y uso de la píldora del día después, interpuesta ante este órgano de la Organización de Estados Americanos por varias organizaciones de Derechos Humanos.
La Organización Mundial de la Salud OMS conceptúa que la anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los primeros días posteriores a la relación sexual, antes de la salida del óvulo del ovario y antes de que ocurra la fertilización por un espermatozoide. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no pueden interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.
Establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia previenen el embarazo, no se deben administrar a mujeres con embarazo confirmado; Sin embargo, si una mujer las toma sin saber que está embarazada, los datos disponibles indican que la píldora no perjudicará ni a la mujer ni al feto. Con esta actividad las organizaciones convocantes esperan concientizar a los y las miembros de otras organizaciones para que participen en la formulación de la propuesta que dará vida nuevamente a las PAE.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/organizaciones-de-derechos-humanos-y-de-la-mujer-%E2%80%9C-la-carga-por-las
Ministra de Salud sigue con intolerancia a expresiones de empleados
Escrito por Redacción | Octubre 27 del 2015
Diario Tiempo informó este viernes que “una sanción administrativa recibirá la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAH), Janeth Almendarez, si no presenta las pruebas sobre su denuncia de muertes por chikunguña (chik) en el país. Lo anterior lo manifestó la ministra de Salud, Yolani Batres, quien a la vez subrayó que tiene que presentar la documentación y las pruebas de sus declaraciones; ella no puede andar inventando datos de muertes o difamando productos”, dijo Batres aunque son las autoridades de salud las únicas que tienen acceso expedito a la información. “En caso de que la presidenta de las enfermeras no presente las pruebas, Batres indicó que ´definitivamente vamos a proceder conforme manda la ley, porque hay que respetar no solo la institución, sino a la población´”.
Según este periódico, Almendárez ha expresado que “hay muchas personas que murieron por esta afectación; los médicos cambiaron los diagnósticos porque no podía aparecer que habían muerto de chik o dengue. Con el chikunguña ellos (funcionarios de Salud) saben que muchas personas murieron; si no yo voy a presentar las pruebas de los centros asistenciales donde los médicos le cambiaron los diagnósticos a los pacientes”, aseguró.
C-Libre le recuerda a la titular de Salud que sus actuaciones pueden acarrear responsabilidad civil y penal si vulnera derechos fundamentales como el de la libertad de expresión que lleva implícito el derecho a buscar, difundir, recibir información, el derecho de opinión y el derecho a la información y que la figura de difamación penal constituye un acto de censura previa.
La Opinión Consultiva 05-85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 1985, que es parte del ordenamiento jurídico interno, establece que “también interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”.
En el numeral 70 cita que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/ministra-de-salud-sigue-con-intolerancia-expresiones-de-empleados
Mujer trans agredida con amenazas a muerte por hablar de derechos humanos LGTBI
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La activista de derechos humanos de la comunidad de Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e Intersexuales (LGTBI), Arely Victoria Gómez Cruz, denunció que el despachador del punto de taxis Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)-Loarque la amenazó a muerte la mañana de este lunes.
Primero empezó a hacer mofa de ella, después le tiraba piropos y cuando ella le exigió respeto, él le advirtió: “no jodás culero, te he visto en la televisión, ya vas a ver lo que te va a pasar”. La víctima confirmó esta denuncia al Comité por la Libre Expresión este 26 de octubre. Esta es la tercera agresión que recibe, reveló. También narró que el 23 de octubre, a las 6:00 de la tarde, salía de su trabajo y fue víctima de persecución.
El viernes pasado, Gómez Cruz posteó en su muro de Facebook: “fui víctima de percusión por un hombre y amenazante me dijo que desista de defender derechos Humanos de mi población ya es la segunda vez que pasa lo mismo a vista y paciencia de la policía porque a poca distancia estaba uno y le dije lo sucedido y no hizo nada”, denunció Gómez Cruz. “Me dijo: vos sos el que pasás hablando por los medios de comunicación defendiendo a los culeros”, relató Gómez Cruz a C-Libre.
El hecho sucedió en el parque central, a inmediaciones de Larach y compañía, exactamente donde fue asesinado Walter Trochez, indicó Gómez Cruz.
La defensora trabaja en incidencia política y sensibilización en la plataforma del Foro Sida en estrategias para personas vulnerables que padecen VIH y Sida.
Hace unas semanas, Arely Victoria había denunciado ante C-Libre que cuando salía de su trabajo sufrió persecución por parte de un hombre que iba en una motocicleta.
Amenaza: “Los culeros no tienen derecho”
“Hace dos semanas fui seguida por un hombre en motocicleta y que igual, pues, hasta que me logró alcanzar, se bajó de la moto y me dijo que nosotros la población LGTBI no tenemos derecho, utilizando el término peyorativo…así es la forma en que lo dicen ellos, los culeros no tenemos derecho y no debemos pelear por esos derechos”, dijo a C-Libre.
“El derecho a la protesta es uno que nos reivindica como población, como persona pública uno sufre bastante estigma y discriminación, eso uno lo llega a tolerar, pero ya cuando en algún momento se reciben amenazas contra la integridad y la propia vida ahí te llegás a preguntar a qué nivel de inseguridad estamos en este país”, expresó. La persecución inició cerca de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, un kilómetro más abajo, cerca del parque Central, el mismo hombre se le acercó, ella identificó el casco y la vestimenta, y le advirtió “que ya pare de hablar del tema de derechos humanos LGTBI”.
Victoria Arely contó que esta agresión ocurrió después de dar declaraciones en el programa Interpretando la Noticia del periodista David Romero.
El 12 de agosto de 2013, C-Libre emitió una alerta para relatar al mundo un ataque de odio sufrido por la defensora. En esa oportunidad, se relató que “el día jueves 8 de agosto, Arely Victoria Gómez Cruz”, integrante de la Asociación Para una Vida Mejor (Apuvimeh), “fue atacada físicamente en el centro de la capital… Nuestra compañera fue víctima de una inhumana agresión a su identidad sexual y física, por cuatro hombres que la atacaron con brutalidad y la despojaron de todos sus piercings, sus zapatos, sus lentes y la cartera, en plena vía pública a vista y paciencia de muchas personas que caminaban por el lugar del incidente”, declaró en aquel entonces Sandra Zambrano, Coordinadora de Apuvimeh.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/mujer-trans-agredida-con-amenazas-muerte-por-hablar-de-derechos
Amenazas, Derechos Humanos, LGTBI
CPI cerró caso de Honduras sin desconocer violaciones a derechos humanos, sostienen analista
La Corte Penal Internacional tomó la decisión de cerrar el Examen preliminar de la situación en Honduras tras el golpe de Estado de 2009 y para el cual se pedía investigar y castigar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bajo la responsabilidad ahora de Fatou Bensouda, señala que “luego de realizar un exhaustivo análisis fáctico y jurídico de la información disponible, he determinado que, en este momento, no se han cumplido los requisitos legales previstos por el Estatuto de Roma para solicitar la autorización de los Jueces de la Corte Penal Internacional, CPI, para abrir una investigación en la situación en Honduras”.
La Fiscalía inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras el pasado 18 de noviembre de 2010, a fin de evaluar si existe fundamento razonable para abrir una investigación con respecto a los crímenes presuntamente cometidos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Como parte de este análisis legal, la Fiscalía ha evaluado cuidadosamente si los crímenes alegados podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la CPI.
Sin suficiente sustento
Tras el anuncio de la Corte Penal Internacional del cierre del Examen preliminar abierto a Honduras por descartar que no se originaron crímenes de lesa humanidad después del golpe de estado de 2009, la diputada del Partido Libertad y Refundación, Libre, Elvia Argentina Valle, manifiesta que el fallo podría ser producto de la falta de pruebas contundentes de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo.
“Yo creo que si la Corte Penal Internacional absolvió a don Roberto Micheletti debe ser en todo caso que las pruebas que se presentaron no fueron contundentes” expresó Valle.
La declaración de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, señala que “en aplicación del estándar de fundamento razonable establecido por el Estatuto de Roma, en noviembre de 2013 llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para investigar”.
La abogada Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, expresa que es competencia de la Corte Penal Internacional conocer sobre responsabilidad penal internacional, es decir, personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. “Y el Estatuto de Roma es el tratado que regula la competencia de la Corte Penal Internacional, estableciendo una serie de requisitos sobre qué constituyen crímenes de lesa humanidad. Ante la Corte Penal Internacional no se juzgan los Estado sino a las personas” aclaró Aguiluz.
La diputada Elvia Argentina Valle recuerda que cuando vino el abogado Garzón al país trajo a un fiscal de la Corte de España y él manifestó que para poder presentar este tipo de acusaciones ante la Corte Penal Internacional debe ser una persona con amplia experiencia. “Porque en la Corte Penal Internacional no hay otros recursos, es decir que si una persona sale absuelta no hay manera de volver a presentar pruebas” explicó Valle.
Violaciones sí existieron
A pesar de la decisión de la CPI, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales señalan que las violaciones a los derechos fundamentales de la población sí existieron y permanecen en la impunidad.
“Es lamentable porque definitivamente, en el marco del golpe de Estado, sucedieron mucha cantidad de crímenes, de asesinatos que han quedado sin respuesta, que han quedado sin investigación, y entonces quien debe de responder es el gobernante y en ese momento quién gobernaba de facto era don Roberto Micheletti” dijo la diputada Valle.
Marcia Aguiluz señala que la Corte Penal dice que lo que pasó en Honduras no es un crimen de lesa humanidad por lo tanto deciden cerrar la investigación. “Pero sí deja claro la fiscalía que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y que otras instancias tendrían competencia para juzgar lo que pasó”.
Para la representa de Cejil, la abogada Aguiluz, el Estado tiene la obligación de investigar, de identificar y en su caso de sancionar a todas las personas responsables.
“La Corte no está diciendo que no ocurrió nada, la Corte no está diciendo que no hubo responsables, está diciendo que no tiene competencia, pero reconoce que sí ocurrieron graves violaciones de derechos humanos” dijo Aguiluz.
“Lamento, y no quiero juzgar al profesional del derecho que haya presentado la documentación, pero si recordar para que no vuelva a suceder que cuando se va a actuar ante la Corte Penal Internacional debe ser con profesionales del derecho que tengan amplia experiencia porque no hay manera de presentar otro recurso o una reposición” dijo la diputada Valle.
Cejil identifica que Honduras tiene grandes retos en materia de derechos humanos sobre todo cuando hay una institucionalidad débil, una institucionalidad que no es capaz de investigar, de impartir justicia de manera imparcial.
“Hay un Consejo de la Judicatura que está violando los derechos de los jueces, que está teniendo injerencia en la independencia judicial. Habría que revisar el tema del Consejo de la Judicatura, habría que revisar la carrera judicial para que los jueces y juezas que ejerzan justicia sean las personas idóneas. Ahorita está el proceso de Corte Suprema de Justicia que es fundamental que queden electas las personas idóneas, que sean independientes, que no respondan a grupos políticos” recomendó Aguiluz.
Origen: CPI cerró caso de Honduras sin desconocer violaciones a derechos humanos, sostienen analista
Bajo Aguán, Corte Penal Internacional (CPI), Derechos Humanos, Impunidad
Dos han sido los días hasta ahora de su estadía en Bergen, una pequeña ciudad rodeada de 7 montañas. Hace varios cientos de años Bergen era la capital de Noruega, sin embargo después de un incendio que acabó con la mitad de la ciudad, Oslo ocupó su lugar político. Actualmente Noruega cuenta con 5 millones de habitantes y recientemente es gobernado por un partido conservador de derecha. Este país es uno de los que más ha destinado presupuesto para la ayuda humanitaria, aunque el actual gobierno pretende recortar éste en un 15%.
Pero no es solo el dinero lo que cuenta al decir ayuda humanitaria. En Noruega existe la red de solidaridad más consecuente con la mística de las polaridades. Un país que tiene a la mayoría de su población viviendo dignamente y en el pleno ejercicio de sus derechos, se relaciona y se interesa profundamente en países como Honduras, en el otro extremo.
“Cuando uno piensa en los países nórdicos, piensa en gente muy fría. Pero no podemos estar más equivocados”, dijo el padre Melo en una cena preparada por estudiantes voluntarios de la Fundación Rafto. “Esto nos ha demostrado la espiritualidad de esa dinámica de que los polos opuestos deben trabajar juntos”, expresó.
En Noruega, el Premio Rafto representa el interés de este país porque el resto del mundo logre un nivel de vida como el que ellos han logrado. “Creemos que con este premio estamos tejiendo una red de defensores de derechos humanos que nos permitirá cambiar el resto del mundo. No podemos estar bien sin pensar que en países como Honduras, la gente no tiene acceso a sus derechos y que quienes buscan cambios corren riesgos”, explicó Martín Paulsen, coordinador del Comité de selección del Premio Rafto.
La Fundación Rafto fue fundada en memoria del profesor Thorolf Rafto, quien es admirado por la sociedad noruega como un fiel defensor de derechos humanos. En su cátedra de economía en la universidad habló a sus estudiantes de las secuelas de la guerra y de lo importante que era luchar por los derechos universalmente reconocidos.
Ese espíritu aun vive en decenas de jóvenes estudiantes gracias a que se fundara la Fundación Rafto por estudiantes del profesor en aquel tiempo.
Actualmente la Fundación Rafto es dirigida y movida desde una base de gente muy joven entre 20 y 30 años, profesionales y estudiantes de la universidad que se fueron formando en la educación por los derechos humanos. Esta fundación tiene un programa de formación que incluye a la historia y lucha de cada laureado en el sistema educativo nacional. Desde el Kinder Garden los pequeños y pequeñas escandinavos conocen de gente de alrededor del mundo que busca la justicia social.
El viernes por la tarde el padre Melo fue invitado por la Federación de Organizaciones sindicales de Noruega para preguntar sobre la situación de Honduras y compartir experiencias. En este país es donde casi el 60% de los trabajadores y trabajadoras están organizados en sindicatos y que han logrado beneficios laborales que les permiten vivir dignamente. Uno de los partidos políticos de izquierda los representa en el Parlamento.
Esta federación ha estado involucrada con Honduras desde hace un par de años por la intervención de Ayuda Popular Noruega (un organismo de cooperación muy solidario con ERIC y Radio Progreso).
“Nosotros nos sentimos tan familiarizados que podemos decir que un ataque contra nuestros hermanos en Honduras es un ataque contra nosotros también. Queremos continuar ayudando a pesar de la inestabilidad que hay ahora con el apoyo del gobierno a la ayuda humanitaria, porque sabemos que estos países usan estos recursos para defender derechos humanos. Agradecemos a Fundación Rafto por reconocer a estas organizaciones que tienen un gran espíritu de lucha que admiramos”, dijo Jan Olav Andersen, presidente de la Federación Sindical.
En este espacio el padre Melo ofreció un análisis sobre la realidad hondureña explicando 5 rasgos que han llevado a la sociedad a un deterioro progresivo. Andersen se mostró muy interesado e impresionado de cómo está concatenada toda una estructura de violencia y corrupción en un país tan pequeño.
Los 5 rasgos mencionados forman parte de la radicalización del modelo neoliberal, explicó Moreno.
1. Un proyecto político autoritario que representa la élite oligárquica que concentra todos los recursos del país en unas 17 familias.
2. La militarización que es sostenida por gran parte del presupuesto nacional,,
3. Asistencialismo que representa la perversidad política de mantener a los pobres del lado de quienes los han empobrecido.
4. Propaganda publicitaria que muestra a la dictadura como una forma de democracia.
5. El uso del nombre de Dios para radicalizar el neoliberalismo.
Muchas organizaciones y medios de comunicación en este lado del mundo han puesto los ojos en Honduras por la entrega del Premio Rafto a Moreno al Eric y Radio Progreso. Hoy se vuelve a hablar de Honduras después del golpe de Estado de 2009.
“Yo me siento contento porque contribuí a que este premio fuera entregado al padre Melo. Recuerdo cuando conocí Honduras, mi vida cambió al ver esa realidad tan distinta a la nuestra. Su voluntad de cambio es inmensa y por eso nosotros los sentimos como parte de nuestra lucha. Esperamos que muy pronto esa lucha por la democracia, la libertad e igualdad tengan éxito”; expresó Ove Toska líder de la Federación Sindical en Hordaland y Sogne Fjordane.
El padre Melo puntualizó que es importante para el ERIC y Radio Progreso que su voz institucional pero también todas esas voces que acompaña, sean escuchadas y que el mundo se interese por un país que según intereses económicos, es ignorado o puesto a la vista para saquearlo.
VEA: https://www.youtube.com/watch?v=2XzsF630wBw
“Honduras es el país etcétera cuando conviene. Si preguntan a mucha gente en Europa y Estados Unidos, ni siquiera saben ubicarlo en el mapa. Pero si preguntan a las multinacionales tanto de la minería, energía, maquilas y hasta del crimen organizado, esas saben muy bien que Honduras es más que un país etcétera”, dijo Moreno en su análisis a las organizaciones sindicales de Noruega.
La delegación del ERIC y Radio Progreso también se reunió con la alcaldesa de Bergen. Parte de la importancia del premio es que el gobierno noruego reconozca esta lucha por los derechos humanos y mantenga esa solidaridad.
Moreno, junto a Margot y Jennifer además hablarán de la realidad hondureña en una conferencia que Fundación Rafto ha preparado para que la población en Europa conozca Honduras y su lucha por los derechos humanos. El domingo 1 de noviembre será la entrega del premio en una ceremonia que culminará con una caminata de antorchas en la ciudad de Bergen simbolizando la luz que representa la solidaridad internacional para quienes trabajan por transformar sus países en su lucha por la dignidad y los derechos humanos.
Origen: El premio Rafto y la espiritualidad de las polaridades
Derechos Humanos, ERIC, libertad de expresión, Noruega, Premio Rafto
Pasos de Animal Grande – Nueva invasión a sus tierras y la complicidad del INA preocupan a comunidad garífuna de Vallecito
Publicado por honduprensa en Pasos de Animal Grande el 2 noviembre, 2015
Friday, 30 October 2015 21:46 Written by Cesario Padilla
Alfredo López, Vicepresidente de OFRANEH cuestionó el papel de esa entidad gubernamental, al mismo tiempo catalogó como muy difícil la situación porque desde el año pasado incursionan personas disfrazadas de campesinos y sabemos que son “auspiciados por narcotraficantes que rondan en la zona”.
“Es una preocupación más porque no puede ser que en una oficina del Estado estén confabulados con esta gente, es por ello que vamos a continuar con la denuncia de estas arbitrariedades porque se pone riesgo la seguridad jurídica del derecho de propiedad colectiva del pueblo garífuna como pasa en Vallecito”, agregó López.
Si bien es cierto que no se han registrado daños físicos hacia sus miembros, López expresó que es el abuso de entrar a la tierra con fines de apropiación de ella. “Para nosotros es como un reto que nos hacen para que respondamos con violencia, pero queremos resolverlo de forma pacífica”.
Desde los años 90, con el proceso de contrarreforma agraria impulsada por el entonces presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), comienza una serie de obstáculos para arrebatarle las tierras de los garífunas, lo que se agudizó con el auge de la palma africana, de la cual salieron beneficiados terratenientes como el ya fallecido Miguel Facusse.
A nivel internacional sí reconocen lucha por su territorio
Lo que parece curioso es que mientras en Estados Unidos OFRANEH le fue entregado un reconocimiento por parte de por la Alianza Estadounidense para la Soberanía Alimentaria (USFSA), por su lucha contra la invasión de empresarios que pretendían utilizar sus tierras para la siembra de palma africana, se registraba en este comunidad una nueva invasión.
“Es lo que no entendemos y nuestra compañera Miriam Miranda-se mostró contrariada mientras recibía este reconocimiento, no entendemos cómo es que este gobierno habla de políticas de seguridad para las personas cuando se deberían de apoyar procesos de alimentación para nosotros y los que cultivan la tierra en este comunidad”, aseguró Alfredo López.
Alfredo López: Somos personas que estamos en desigualdad con los
militares y los invasores porque no manejamos armas y queremos
resolver el conflicto de forma pacífica.
Denunció que al contrario, lo que promueven es la criminalización hacia organizaciones como OFRANEH que por lo menos hacemos un esfuerzo grande en materia del derecho a la alimentación.
Dicha organización ha cuestionado el papel del sistema de justicia del país, sumada a una política de Estado destinada a expulsar al pueblo Garífuna de la costa norte de Honduras, tal como se pretende con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o Ciudades Modelo.
En un pronunciamiento colocado en su página web, OFRANEH hizo un llamado al Estado de Honduras, específicamente al INA que detenga las agresiones hacia las comunidades garífunas, además no incrementar el racismo, a través de utilizar campesinos mestizos empobrecidos por un Estado que elude realizar una reforma agraria integral.
Actualmente hay dos casos referentes a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz contra el Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, sobre los cuales está pendiente de notificar su respectiva sentencia.
Vea Pronunciamiento de OFRANEH:
https://ofraneh.wordpress.com/2015/10/16/incursiona-un-nuevo-grupo-de-invasores-en-el-territorio-garifuna-de-vallecito/
Origen: Pasos de Animal Grande – Nueva invasión a sus tierras y la complicidad del INA preocupan a comunidad garífuna de Vallecito
garifunas, Instituto Nacional Agrario (INA), Ofraneh, Vallecito
Fallo en contra de policías asesinos es un mensaje a favor de las víctimas
La audiencia estaba prevista para las 3:00 de tarde. Los nervios eran notorios para Merlyn Bonilla y su familia, no es para menos, durante 4 años este padre realizó todas y cada una de las diligencias, dedicó su vida por completo en busca de justicia para su hijo Narci Bonilla y sus dos amigos, quienes murieron ejecutados en la comunidad de Agua Blanca Sur en el municipio de El Progreso, Yoro.
Con dos horas y media de retraso, Laterna del Tribunal de Sentencia, compuesto por tres jueces, entraron a la sala. Cada palabra que la presidenta del Tribunal decía en la lectura del fallo, eran toques en la mente y corazón de Don Merlyn. Esas palabras revivieron 4 años de dolor por la ausencia de su hijo, cuatro años de dolor por la ausencia de justicia.
“Habiendo analizado y evaluado ampliamente las pruebas presentadas en el debate, las que han sido apreciadas por estos juzgadores en su conjunto y en base a las reglas de la sana crítica, en este acto resolvemos lo siguiente: las declaraciones de los testigos protegidos nos llevan a la convicción que los señores: Mario Corea Hernández y Santos Fidencio Pérez Corea participaron de manera directa en el asesinato de Narcy Bonilla, Neptaly Galeano y Guillermo Anariba, hecho ocurrido el primero de febrero de 2011, entre las 10 a 11 de la mañana, en el lugar conocido como la posa “Los dos encuentros”, así comienza el fallo que encontró culpables a 2 agentes policiales del triple crimen.
El Tribunal fue claro al manifestar que las pruebas vertidas en el debate, tanto documentales y testificales, hacen concluir que los agentes policiales son culpables del delito de homicidio que según el Código Procesal Penal tiene una pena entre 15 a 20 años de prisión.
Luego que la defensa junto a la Fiscalía solicitaran al Tribunal la modificación de la medida cautelar a prisión preventiva, los policías actualmente asignados a la ciudad de El Progreso, Yoro, fueron enviados al centro penal de San Pedro Sula.
Víctor Fernández, defensor privado dijo que ahora la segunda fase es la individualización de la pena, audiencia que se realizará el próximo 19 de noviembre a las nueve de la mañana. “Aquí se especificará la pena que deben cumplir los policías, que podría ser de 45 a 60 años de prisión, ya que son tres los crímenes cometidos”, dijo en declaraciones a Radio Progreso el abogado.
Quien conoce a Merlyn Bonilla, rápidamente se da cuenta que es un hombre que refleja mucha pasividad, aunque ha sido un líder comunitario por muchos años, no se le conoce como el típico dirigente confrontativo.
“Justicia tardía no es justicia”, dice un conocido refrán. Para Don Merlyn el fallo es un primer paso en la búsqueda de justicia. Él sabe que la vida de su hijo y los jóvenes no se recuperará, pero este fallo se traduce en un mensaje de lucha contra la impunidad y de denuncias a los abusos y crímenes cometidos por los agentes que deberían brindar seguridad y proteger a la población.
“Las decisiones que se toman a través de autoridades a veces no son las acertadas y nos toca dar seguimiento. Vivimos momentos de impotencia, muchas veces no quería seguir. En la segunda etapa el acompañamiento de la gente me dio fuerzas, aquello que miraba como inalcanzable ahora se convertía en esperanza y confianza que la justicia se podía aplicar”, dice Don Merlyn.
El abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía cree que el fallo es una noticia positiva porque es un ejemplo de lucha contra la impunidad y a favor de aplicación de justicia. “El mensaje sobre todo es para las víctimas, porque estamos en un país donde la impunidad es el día a día, casi el 90% de los delitos quedan impunes, sin castigar a los responsables intelectuales y materiales, y por tanto, lograr una sentencia condenatoria, aunque todavía no se la terminado el proceso en contra dos personas que cometieron un delito, es fundamental, pero aún más si estas dos personas son policías, servidores públicos que deberían brindar seguridad a la población y que por el contrario se han convertido en quienes provocan y causan la inseguridad de la gente”, dijo Mejía.
Don Merlyn sabe que el fallo es un primer paso para lograr la aplicación de justicia. Ahora viene la individualización de la pena, seguramente la defensa interpondrá un recurso de casación que seguirá alargando el proceso, pero para él todo vale la pena.
“También está pendiente la situación de la policía Blendy Georgina Orellana, quien no se presentó al juicio, y ella es una de las autoras intelectuales y materiales de estos crimines”, dice Merlyn Bonilla.
La policía Orellana no se presentó al juicio razón por la cual el Tribunal de Sentencia, resolvió declararla en rebeldía para que se gire la orden de captura correspondiente en medio de un proceso que ha estado plagado de deficiencias.
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Que el caso de su hijo sea el inicio de un precedente a favor de las víctimas y en contra de los abusos de agentes policiales es lo que lo motiva a Don Merlyn; está claro que nadie le devolverá la vida a su hijo pero, que con el caso se puede alertar sobre los abusos, excesos y crímenes de los uniformados.
El abogado Víctor Fernández culmina diciendo que el fallo debe tener un efecto de prevención positivo, ya que el resto de policías debe entender que cuando asuman estos comportamiento criminales serán castigados y condenados por el sistema de justicia.
Origen: Fallo en contra de policías asesinos es un mensaje a favor de las víctimas
Agua Blanca Sur, Asesinatos
Publicado por honduprensa en Tierra libre el 2 noviembre, 2015
2.- La abogada Érica Calix Hernández, al atropellar al joven, se dio a la fuga y lo dejo abandonado al joven Elmer Villanueva dejándolo su suerte.
3.- La familia del joven atropellado, presentó, la denuncia a transito para que se levantara un dictamen en función de lo ocurrido, razón por la que llego una patrulla de transito de la policía de la jefatura departamental de La Esperanza Intibucá, quien dictamino a favor de el joven atropellado, Si embargo para sorpresa de la gente y debido supuestamente al tráfico de influencias, ya que se trata de una hija del magistrado de la corte suprema de justicia que pretende reelegirse, es decir el abogado Jacobo Calix y sobrina del presidente Juan Orlando Hernández. La jueza rechazo el dictamen de transito, manifestando que ella solo podía aceptar un dictamen de la policía de tránsito de Tegucigalpa. Cosa insólita puesto que no puede ser que la policía de transito de Tegucigalpa haga dictámenes donde no tiene jurisdicción. Y lo más tremendo según manifiesta la denunciante que le manifestaron que por órdenes superiores han despedido a los agentes de tránsito que levantaron el dictamen.
4.- El Joven Elmer Hernández quedará postrado por un año, mientras la realeza del reino del Jacobo Calix y Juan Orlando Hernández Arrollan en sus lujosos autos a quien les dé la gana. ¿Es esta la administración de justicia que queremos en esta nuestra Honduras?
5.- La Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras. (CInPH) exige que este caso no quede en la impunidad por que no es posible que se siga con el tráfico de influencias y siga la justicia siendo como la serpiente que solo muerde el pie del descalzo, pero que besa el puñal de oro de la nueva realeza hondureña.
La Esperanza, Intibucá, 30 de octubre del 2,015.
El teléfono de la profesora María Emilia Lemus es el 99 55 61 60 por si hay un organismos de derechos humanos que quiera profundizar el caso, profundizar la denuncia o para expresar la solidaridad.
Equipo de comunicaciones de la CI nPH.
Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/10/honduras-hija-de-magistrado-y-familia.html
Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Impunidad, Violencia
Salud pública a las puertas de la privatización
Un nuevo fantasma amenaza al sistema de salud hondureño, se trata del proceso de transición administrativo de los hospitales públicos a manos de Organizaciones No Gubernamentales, la iniciativa es impulsada por el gobierno generando rechazo y preocupación en los empleados de la salud.
Con la iniciativa el gobierno afirmó que pretende eficientar el manejo administrativo de varios centros hospitalarios, para ello iniciaron las transiciones en algunos hospitales, entre ellos el Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
La iniciativa implica que ya no será el Estado el encargado de administrar, tomar decisiones y sostener en un 100% el funcionamiento económico de los hospitales, sino que todo este paquete ahora estaría a cargo de las ONG´S.
No es para menos, la preocupación ante el proyecto es inminente, el doctor Samuel Santos considera que éste es el resultado de un conjunto de acciones de privatización que el gobierno ha implementado en los últimos años.
Para Santos desde hace un tiempo se han dado irregularidades en los hospitales públicos, entre ellas pasar servicios específicos a manos de la empresa privada, además se ha desatendido los centros para fortalecer el compendio privado de la salud.
“Creemos que esto viene a consolidar la privatización, porque cambiará las reglas del juego y generará nuevos escenarios que afectarán a la población”, explicó el presidente del Colegio Médico, el doctor Elmer Mayes.
Para el dirigente de la salud la transición es solo un paso hacia la privatización y lamentó que quienes pagarán las consecuencias son las personas de escasos recursos que no tienen para la atención privada.
Samuel Santos considera que un escenario probable es que las nuevas instancias administrativas velarán en función de algunas metas, como por ejemplo pautar y condicionar para que los médicos atiendan a cantidades específicas de pacientes, lo que generará una atención de menos calidad.
Además considera que la salud pública debe ser la mejor y de extrema calidad, que brinde opciones a los pacientes, tanto en atención como en brindar los servicios básicos de exámenes, medicinas y tratamientos que la mayor parte del pueblo hondureño no puede pagar.
Las propuestas no son hechos aislados, todo lo contrario, el momento de la salud pública es muy similar a las condiciones de las demás instituciones del Estado, cada una de ellas ha sido sometida al abandono, tanto en materia económica, como política.
Para el sociólogo Tomas Andino nada de esto es producto de la casualidad, él afirma que el neoliberalismo tiene una política internacional que es implementada en función de dos ejes: uno de ellos es hacer fracasar lo público mediante el abandono, la precarización y la irresponsabilidad estatal y el otro es que una vez concretado llega el momento de anteponer lo privado a lo público como método de rescate.
Es la estrategia de quebrar las instituciones públicas
“La situación la hemos visto en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Empresa Nacional Portuaria, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y ahora en la salud”, expresó el analista.
“Sabemos que es parte de la política neoliberal, sabemos que el gobierno responde a lo que le digan los organismos internacionales y de eso no nos salvamos ni los que estamos en la salud”, agregó el doctor Samuel Santos.
“El pueblo hondureño el que se debe movilizar”
Tanto Andino como Santos consideran urgente y necesario que la única vía para frenar la privatización es la organización y movilización popular, este contexto que debe ser acuerpado por la población en su lucha por evitar que se entregue lo público a manos privadas.
Origen: Salud pública a las puertas de la privatización
Con creación de normas jurídicas Estado de Honduras clausura radios comunitarias
La Radio Comunitaria es por excelencia la participación ciudadana como una de las mejores opciones de comunicación para el desarrollo y cambio social. Sin embargo para el gobierno y los grupos de poder representan un atentado al sistema democrático implantado en Honduras.
Desde hace más de 8 años ante la falta de pluralidad informativa se creó la asociación de Radios Comunitarias y Alternativas en Honduras, desde donde se proponen contenidos comunicacionales de una forma distinta a los medios tradicionales que están en poder de las grandes corporaciones, empresarios y políticos.
“Si bien es cierto en el país tenemos una o dos normas que promocionan el derecho a la libertad de expresión, sin embargo cuando observamos los reglamentos nos encontramos que para las radios comunitarias existe la criminalización con todo sistema amplio de censura previa que lleva a permitir la cancelación del permiso de operación”, expresó el abogado Edy Tábora, Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Tabora indicó que en nivel de sanciones para este tipo de medios aplican cuatro reglamentos: la Ley Marco de Telecomunicaciones, el reglamento de la Ley Marco de Telecomunicaciones, el reglamento de las Radios Comunitarias y el reglamento de Internet para las radios que funcional desde la web.
“La comunicación en Honduras no se promueve desde el derecho humano a la comunicación si no desde el servicio y cuando se promociona desde la segunda perspectiva las reglas del juego las pone la empresa privada. Por ejemplo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) está compuesta por tres comisionados y solo pueden proponer candidatos la empresa privada del ramo de la comunicación, en este caso las radios comunitarias quedan excluidas.
A renglón seguido manifestó que el tratamiento para las radios comunitarias es desigual e incluso el gobierno limita a las radios comunitarias para que hablen de política partidista. La cantidad de sanciones que se pueden poder son extensas, porque quieren obstruir la labor comunicacional, ya que quienes denuncian, analizan y debaten todas las barbaries del gobierno son este tipo de medios que está al servicio del pueblo.
“El espectro radio eléctrico es un bien común, pero los requisitos para que una comunidad u organización social pueda obtener una frecuencia es onerosa y burocrática, y se debe contratar apoderados, presentar escritura pública, solvencia económica y otro montón de trabas que se hacen difíciles para los sectores empobrecidos”, indicó el director de C-Libre.
Y otra de las preocupaciones es que se está pretendiendo pasar del sistema análogo al sistema digital y eso es sumamente caro. Con convertirá en una criminalización económica, ya que comunidades les costó adquirir el sistema análogo.
“Hay claridad que quien contrala la información controla el pensamiento de la población. A los grupos de poder les interesa controlar la información y el discurso oficial, por lo tanto no les conviene que las personas contradigan y debatan las realidades que empobrecen y violentan la dignidad de la mayoría de la población del país”, dijo Tabora.
Aseguró que los medios de comunicación corporativos que manejan el discurso del gobierno son los mismos que manejan toda la pauta publicitaria de las instituciones y poderes del Estado, por lo tanto esto les impide ser medios de comunicación controladores sociales del manejo del dinero público y de las grandes decisiones que se toman y que afectan los intereses de la población en general.
“Ante el incumplimiento de ello y la imposibilidad de adquirir información pura, surge la radio comunitaria, basada en que la información es un derecho que no debe pertenecer al poder político ni a los empresarios, sino a la ciudadanía, para su bienestar y desarrollo”, indicó Pedro Canales de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, ubicada en la Isla Zacate Grande, Amapala, Valle al sur de Honduras.
Por su parte el sociólogo Elvin Hernández, dijo que en sociedades como la nuestra se ha introducido en la mente de la población que a través de los medios tradicionales pueden informarse con seriedad. Sin embargo los medios de comunicación tradicionales están estructurados para mantener entretenida a la población entre el morbo y la violencia, el morbo político, el morbo religioso y el morbo sexual, mientras los contenidos informativos están llenos de censura y desinformación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas promulga en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece un marco internacional para el reconocimiento de los derechos y libertades. El artículo 19 señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
A criterio de Edy Tabora, basado en ello, la información es un derecho que no debe pertenecer al poder político ni a los empresarios, sino a la ciudadanía. “La información es un instrumento en poder de la sociedad. El pluralismo en un país democrático es el valor que asegura a los ciudadanos y ciudadanas la diversidad informativa”, indicó.
“La radio comunitaria, viene a cubrir una de las opciones del pluralismo informativo más acertado, y es ahí en donde la participación ciudadana dentro de la comunicación, apoya el nuevo paradigma de desarrollo y cambio social, basado éste en la igualdad, la participación ciudadana y del autodesarrollo de la ciudadanía”, manifestó.
“Nuestra radio La Voz de Zacate Grande, tiene cinco años de estar al aire, desde que se instaló para nosotros es un eco de esperanza, porque en medio del proceso de lucha por la defensa del territorio, los manglares, las playas y por la Isla en general, siempre ha sido el canal da a conocer nuestras voces. Es desde los micrófonos de nuestra radio donde denunciamos, informamos y concientizamos al pueblo para que nos despertemos y defendamos lo nuestro”, indicó Pedro Canales.
Nahún Lalín director de la radio garífuna Sugua (Caliente) de Zambo Creek, La Ceiba, dice que desde el año anterior se viene impulsando un proceso de emplazamiento a la radio por parte de Conatel, lo mismo ha pasado con la radio comunitaria Waruguma de Trujillo, Colón.
“Nosotros estamos enfrentando un situación de despojo de nuestros territorios, playas, privatización de ríos para la instalación de hidroeléctricas y la invasión del narcotráfico en nuestros territorios y eso lo denunciamos a través de nuestras radios. Las radios comunitarias en Honduras, desde hace mucho tiempo, venimos denunciando las amenazas, intimidación y agresión que se ha desplegado en contra de los obreros y obreras de la comunicación y de las radios que están al servicio de los sectores más desposeídos”, manifestó Nahún.
“Nosotros como radio comunitarias reales les estamos apostando a una verdadera ley de telecomunicaciones que nos permita acceder sin discriminación alguna al espectro radioeléctrico, verdaderos incentivos por parte del Estado para crear medios comunitarios y alternativos, tomando en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas sin que eso implique el control del contenido y/o programación por parte del Estado”, expresó Nahún Lalín.
Así mismo dijo que están exigiendo que el Estado cambie los requisitos para acceder a una frecuencia de radio, para que las comunidades se adapten a las realidades y dinámicas de las radios comunitarias, facilitando el acceso a los recursos técnicos, sin limitar la cobertura de las radios.
“Nosotros, un promedio de 22 radios comunitarias y alternativas, exigimos el cese de la intimidación y actos de persecución por parte de CONATEL y del Estado de Honduras en contra de comunicadores y comunicadoras populares, así como de nuestras radios comunitarias”, concluyó diciendo Nahún Lalín.
Origen: Con creación de normas jurídicas Estado de Honduras clausura radios comunitarias
Asociacion de Radios Comunitarias y Alternativas en Honduras, normas juridicas, Radios comunitarias
Libre presenta proyecto de ley para despenalizar la injuria y la calumnia –
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, presentó un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor que comprenden la calumnia, injuria y difamación y que implica una reforma al Código Penal.
Origen: Libre presenta proyecto de ley para despenalizar la injuria y la calumnia –
David Ellner Romero, Libre, reforma del Codigo Penal
Empleados de Diario Tiempo piden la Bolsa Solidaria al gobierno
Como un acto de protesta y tras un mes sin recibir sus salarios, los empleados de Diario Tiempo, pidieron este viernes al gobierno de Honduras que les dé la “Bolsa Solidaria”, para hacerle frente a la difícil situación económica por la que atraviesan en sus hogares.
Los trabajadores forman parte de Editorial Honduras, una de las empresas del Grupo Continental, propiedad de la familia Rosenthal, que el pasado miércoles cerró temporalmente sus operaciones al ser asfixiada económicamente como resultado de la liquidación forzosa de Banco Continental, informaron sus ejecutivos a través de su último editorial.
Los empleados, entre ellos periodistas, fotógrafos, editores, conductores, secretarias y otro personal de apoyo, realizaron la protesta en Tegucigalpa, en las afueras de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), donde portaron pancartas reclamando la ayuda social del gobierno.
Durante la protesta los trabajadores del rotativo que llevaba 45 años de circulación ininterrumpida, portaron pancartas y gritaban que querían la “Bolsa Solidaria” para alimentar a sus hijos, por lo que entregaron una solicitud formal al ministro de la SEDIS, Ricardo Cardona.
Los empleados del medio impreso se han declarado en un “limbo laboral” porque aún no han sido despedidos ni suspendidos por los dueños de la empresa que los contrató.
Origen: Empleados de Diario Tiempo piden la Bolsa Solidaria al gobierno –
Bolsa Solidaria, Diario Tiempo, gobierno de Honduras, Rosenthal
Honduras: vicepresidente llama “chantajista” a periodista Rodrigo Wong
Publicado por honduprensa en El Libertador el 2 noviembre, 2015
El funcionario pasa a formar parte de la lista de personalidades hondureñas que es atacado por Rodrigo Wong Arévalo, denunciado en su momento por el excandidato presidencial liberal, Mauricio Villeda, por cometer “extorsiones y chantajes”. El expresidente Manuel Zelaya ha sido objeto de ataques.
Tegucigalpa. El vicepresidente hondureño, Ricardo Álvarez, calificó al periodista y propietario de Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo, de “maestro de la extorsión”.
La mano derecha del presidente Juan Hernández, publicó varios tuits a través de las redes sociales, donde cuestiona al comunicador ante los ataques que ha hecho.
“Como que ha declarado la guerra el Sr Wong Arevalo, y en guerra avisada no mueren soldados ! Alistémonos ejército de cachurecos! (sic)”, publicó en su muro de Tuiter el exalcalde de la capital de Honduras.
Referente a lo anterior –prosiguió–, “quien creen que es conocido como el maestro de la extorsión en el medio periodístico? (sic)”.
“Y mientras mas me ataques, sr chino, mas voy a trabajar por mi Gran Partido Nacional! Hay que ver quien se queda con vos y quien conmigo?”, retó Álvarez en un tercer tuit que se viralizó en las redes.
Y remató: “sr chino, lo que no te daremos gusto los cachurecos es seguirte el juego de provocar división en el más grande Partido Nacional!”.
El funcionario pasa a formar parte de la lista de personalidades hondureñas que es atacado por Wong Arévalo, denunciado en su momento por el excandidato presidencial liberal, Mauricio Villeda, de cometer “extorsiones y chantajes”.
En el caso de Villeda, fue por oponerse que la Policía Militar fuera incorporada en la Constitución hondureña, que le valió comentarios salidos de tono por el también director del noticiero “Abriendo Brecha”.
Otro de los ofendidos por la conducta golpista de Wong, ha sido el expresidente Manuel Zelaya; en cada editorial, ataca al exjefe de Estado con editoriales cargados de virulencia y hacen exaltación al odio.
Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/685-honduras-vicepresidente-llama-chantajista-a-periodista-rodrigo-wong
Redes sociales, Vicepresidente
Contra las cuerdas JOH en entrevista a televisora alemana – Noticias Cholusat Sur
En una entrevista a la cadena internacional alemana, Deutsche Welle, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha visto expuesto nuevamente al mostrarse incapaz de responder a preguntas categóricas sobre la realidad nacional.
El mandatario se mostró esquivo a responder al ser consultado sobre temas de corrupción y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en el país.
Origen: Contra las cuerdas JOH en entrevista a televisora alemana – Noticias Cholusat Sur
Alemania, Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH), Corrupción, Juan Orlando Hernández (JOH)
Publicado por honduprensa en defensores en linea el 2 noviembre, 2015
Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. La Corte Penal Internacional tiene entonces la competencia de investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el territorio hondureño o por sus ciudadanos desde el 1 de septiembre de 2002.
El 28 de junio de 2009, el ejército hondureño, apoyado por el sistema político y jurídico, y económico perpetró un Golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
A partir de la toma del poder, las autoridades de facto adoptaron medidas que tuvieron un impacto negativo en los derechos humanos. Una de las primeras fue la suspen­sión de las garantías constitucionales de libertad perso­nal, detención e incomunicación, libertad de asociación y reunión y libertad de circulación. El estado de excepción, impuesto en diferentes momentos y carente de base le­gal, se aplicó en forma arbitraria y desproporcionada, sin que existiera justificación de su razonabilidad. La falta de legitimidad de origen del gobierno de facto y la ausencia de los requisitos de forma y de fondo para la adopción de la medida, violentaron la normativa interna e internacio­nal de derechos humanos[1].
La utilización arbitraria del estado de excepción se acompañó de la militarización del territorio hondureño y el establecimiento de retenes mili­tares y policiales en las principales carreteras del país, con el objeto de impedir la movilización de manifestantes a favor del Presidente Zelaya.
Otro mecanismo implementado por el gobierno de facto fue la participación activa de los agentes del ejército en el control y dispersión de las manifestaciones públicas, situación que se sostuvo durante los siguientes meses y años.
Los subsiguientes gobiernos sometieron a la población hondureña a actos represivos incluyendo el uso excesivo e ilegal de la fuerza en contra de manifestaciones pacíficas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura, violaciones y otros crímenes sexuales, detenciones ilegales y la persecución.
El principal obstáculo en el derecho interno para avanzar respecto de casos indi­viduales, proteger a las víctimas y luchar contra la impuni­dad, fue la ausencia de un órgano autónomo de investiga­dores y la falta de voluntad e iniciativa para investigar las denuncias. Pero también hubo casos en que los jueces se negaron en audiencias judiciales a tramitar las denuncias de tortura y malos tratos presentadas por quienes participaban en manifestaciones y por otras personas que habían sido detenidas. En otras palabras, la justicia se hizo cómplice del gobierno de facto y del Legislativo y dejó de lado su mandato fundamental de proteger a personas en situación de riesgo, calificar la legalidad de las actuaciones a partir del golpe de Estado, e irrespetó los principios que deberían caracterizar al Poder Judicial en una sociedad democrática: independencia e imparcia­lidad. Algunos jueces y juezas que intentaron la prevalen­cia del estado de derecho fueron investigados administra­tivamente y despedidos.
En septiembre 2009, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió la primera comunicación. El 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar en Honduras. Desde entonces, la CPI ha analizado la situación posterior al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán, donde la violencia y los ataques perpetrados en el marco de un conflicto de tierras se han intensificado. Presuntos crímenes incluyen asesinatos, violaciones, torturas, detenciones ilegales, y desapariciones forzadas, entre otros.
El 23 de octubre de 2015, remitimos una comunicación a la Oficina de la Fiscalía de la CPI, donde desde una perspectiva técnico jurídica sustentamos la existencia de crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI en la situación de Honduras, así como el cumplimiento de los elementos de admisibilidad, competencia e interés de la justicia, para que el examen preliminar avance hacia una investigación dentro de la CPI.
A. Sobre el Contexto
1. El 27 de Octubre de 2015, Franco Matillana, de la Oficina de la Fiscalía, acusa recibo de la recepción de la Comunicación “confirmarlesigualmente que hemos recibido su más reciente comunicación el día 25 de octubre, la cual está siendo actualmente revisada por la Fiscalía de acuerdo a nuestra estricta práctica de análisis independiente, imparcial y exhaustivo”.
No obstante la recepción de esta comunicación, el Informe de la Fiscalía apunta que solo estudió las comunicaciones recibidas hasta abril de 2014, lo cual consta que no estudio en forma independiente, imparcial y exhaustiva la comunicación técnica jurídica presentada el 23 de octubre de 2015, bajo el Articulo 15 del Estatuto, como era su obligación.
2. El informe de la Fiscalía en la sección del Contexto, párr. 4-10: Lo define, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, y separadamente por el contexto del Bajo Aguán, determinando la necesidad de verificación sobre la situación del Bajo Aguán. A pesar de Ello la OFCPI no realizó una misión a la zona, tras aludir la necesidad de verificación sobre la situación del Bajo Aguán[2] por lo tanto carece de datos suficientes para pronunciarse apropiadamente.
3. De igual forma, reseña, pero no se pronuncia sobre la Ley de Amnistía (párr. 8) y su aplicación en la realidad, pese a que admite la existencia de graves violaciones de derechos humanos.
4. No reconoce el papel trascendente del golpe de Estado en la intensificación de la violencia posterior, dice que esto se debe “en parte a ello”, entrega más figuración a la expansión del tráfico de drogas, proliferación de las armas e ignora la conexión con el golpe de Estado.
5. Así mismo ignora el papel de las empresas de seguridad privada en la perpetración de violaciones a derechos humanos. El informe asevera que operan sin control del Estado, cuando se ha evidenciado acciones conjuntas en la represión de campesinos y defensores del derecho a la tierra y que estas deben ser supervisadas por el Estado a través de la Secretaria de Seguridad.
B. Sobre la Competencia Material
“Periodo transcurrido entre el golpe de Estado y la toma de posesión de Lobo”
6. El Informe de la OFCPI, también acoge casi textualmente, la indebida segmentación que hizo la CVR, aludiendo a asesinatos por uso excesivo y desproporcionado de la fuerza (como si el régimen que hizo uso de la fuerza fuese legítimo frente al derecho internacional), y sobre los asesinatos selectivos. El hecho de acoger las cifras aludidas por el informe de la CVR, le permite ignorar los patrones de constitución de los crímenes.
7. No Obstante que la OFPI reconoce que “los opositores al régimen de facto” podrían ser considerada una población civil integrada por múltiples personas a lo largo de Honduras, de igual forma también reconoce que los actos de violencia que causaron graves lesiones, podrían constituir una línea de conducta según el artículo 7.1 del ER, e igualmente reconocen que los decretos pos golpe pudieron servir como marco para cometer abusos contra la población civil que se opuso al golpe. (párr. 14), se contradice al asegurar en su mismo escrito “que no existe una base razonable para considerar que los actos fueron cometidos como parte de un ataque, y por tanto no constituyen delitos internacionales, bajo el ER”, lo que no desconoce a su juicio que se trata de graves violaciones de derechos humanos.
8. Periodo del 27 de enero de 2010 a septiembre de 2014. Resalta que según los informes ocurrieron más de 90 casos en Francisco Morazán y Cortés, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
9. Elementos contextuales: Señala que al parecer los presuntos asesinatos no ocurrieron principalmente en lugares asociados con la oposición política, y la información es insuficiente para establecer que las víctimas lo fueron por su afiliación política o actividades profesionales. Sostiene que la información señala que los delitos vienen de la criminalidad común.
10. Dice que la violencia estructural en Honduras, antes y después del golpe, tiene que ver con la situación de la seguridad ciudadana, la debilidad de la administración de justicia asociada con la impunidad y la marginación de sectores de la sociedad hondureña. Reconoce que en este periodo, el ciclo se acentuó, pero lo atribuye a la incapacidad del gobierno frente a la criminalidad organizada. (párr. 21 y 22).
11. Señala que en este periodo, la OFCPI no encontró ni características comunes entre los presuntos delitos, objetivos, autores y lugares que permitieran reseñar una línea de conducta según el artículo 7.2.a, ni que estuvieron dirigidos contra una población civil. Por ello concluye que no constituyen crímenes de lesa humanidad.
12. Afirma que de los homicidios del movimiento campesino entre enero de 2010 y septiembre de 2013, 78 casos han sido reportados como asesinatos selectivos, y otros, como resultados entre enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad.
13. Sostiene que diversas fuentes señalan el aumento de la violencia en la región como relacionada con disputas por la tierra entre movimiento campesino y propietarios privados, pero que otras fuentes lo atribuyen a las organizaciones narcotraficantes. Reconoce que se alude a actos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad del Estado y guardias de seguridad privada contra el movimiento campesino, sus familiares, periodistas y abogados.
14. Para la OFCPI, el actual conflicto en el Aguán, no se limita a cuestiones de tierra, y está también estrechamente vinculado a actividades de organizaciones criminales de tráfico de drogas, ladrones y saqueadores de plantaciones de palma africana, así como a las rivalidades de organizaciones campesinas. (párr. 27)
15. De ahí concluye que no existen vínculos y características comunes entre los delitos como para establecer una línea de conducta. Dice que el principal factor de violencia es la prevalencia y expansión de las organizaciones de traficantes, no las disputas de tierras. Resalta que las organizaciones campesinas y las empresas privadas han sido señaladas de vínculos con dichas organizaciones como fue corroborado por la información recogida por la OFCPI en la misión de Tegucigalpa en 2014.
16. Los peticionarios consideramos que esta afirmación de la Oficina de la Fiscalía es inaceptable y coloca en grave riesgo a los denunciantes y los líderes y defensores del derecho a la tierra.
A partir de lo anterior señala que la situación de Honduras es un “caso fronterizo”, por lo que carece de fundamento para abrir una investigación, y ha decidido cerrar el examen preliminar. Dice que ante nuevos hechos o pruebas, podría reabrir el examen.
Los Peticionarios consideramos que, el ER, la jurisprudencia de la CPI, y los documentos de política de la OFCPI, confluyen en que la complementariedad que caracteriza la actuación de la CPI, se analiza sobre las condiciones existentes al momento de la indagación[3].
La información verifica que en Honduras no están siendo desarrolladas auténticas investigaciones y enjuiciamientos en el orden nacional, sobre los potenciales casos identificados[4] (supra cap. 2), y abarcando a las personas y conductas que sustentarían el procedimiento ante la CPI. La jurisprudencia de la CPI señala que si no existen investigaciones o enjuiciamientos nacionales genuinos, la situación es admisible[5].
A partir del Artículo 17 ER, existen dos hipótesis generales de admisibilidad: la ausencia de disposición para investigar y enjuiciar realmente (falta de voluntad), así como la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado (incapacidad de actuación). Corroborar, como se hace en Honduras, un escenario de falta de voluntad por demora injustificada en el procesamiento de responsables de crímenes de competencia de la CPI, no ignora otras situaciones relativas por ejemplo a la incapacidad de actuación.
Esta falta de voluntad, consiste en particular en una demora injustificada e incompatible con la intención de hacer comparecer a los responsables ante la justicia (Art. 17.2.b). Según los documentos de política de la Fiscalía, ello exige considerar indicadores como “i) el ritmo de las medidas y procedimientos de investigación‖; así como determinar ii) ―si la demora en el procedimiento puede justificarse objetivamente a la luz de las circunstancias, y iii) si hay pruebas de falta de intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia[6]. Extremos que en el caso de Honduras no han sido considerados.
Las Organizaciones de Derechos Humanos consideramos que estos actos se manifiestan en conexión con un escenario de persecución política, que ha implicado la privación intencional y grave de derechos fundamentales de la población civil atacada en Honduras.
Contrario a las conclusiones a las que ha arribado la OFCPI en diversos reportes sobre el Examen Preliminar de la situación hondureña, la información disponible es certera en indicar que los hechos acaecidos en Honduras obedecen, necesariamente, al diseño e implementación de una política del Estado en conexión con los poderes fácticos, que ha permitido una serie de acciones criminales planificadas y dirigidas bajo una organización y coordinación que resulta evidente. Lo anterior, en virtud de la existencia de una “Sala de Crisis” que manejaba reportes de inteligencia, en aras de focalizar los actos de violencia contra participantes activos de las jornadas de protesta y apoyo al Presidente Zelaya. Asimismo, la relación de causalidad directa entre la declaratoria de estados de excepción o toques de queda y la comisión de los actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, hace entrever la coordinación entre las estructuras que diseñaban la política y aquellos encargados de cumplirla a través de la movilización de personal militar y policial fuertemente armado, la existencia de retenes y puestos de control, las detenciones masivas y la represión de las manifestaciones a través del uso letal de la fuerza indican que estos actos no fueron aislados ni esporádicos, sino que obedecían a las necesidades de las autoridades de facto para controlar la situación de crisis que ellos mismos habían ocasionado con el golpe de Estado al Presidente Zelaya. Esta política de estado y poderes fácticos, sigue en actuación en la zona del Bajo Aguán, donde es elocuente que la violencia configura un mecanismo de control sobre la sociedad, para asegurarse el dominio territorial y económico, sobre una de las zonas más fértiles de Honduras. En dicho sentido se verificó que los intereses que se decantaron en el golpe de Estado, lo instrumentalizaron para el ejercicio del poder en el Bajo Aguán, condicionado, además, a la persecución que sigue ejerciéndose contra quienes resistieron activamente al golpe.
De igual manera, se evidenció que los actos mencionados cumplen con los requisitos de generalidad y sistematicidad desarrollados en la jurisprudencia de la CPI. En particular, el análisis sobre la generalidad que no debe obedecer a patrones exclusivamente cuantitativos o geográficos, sino a una perspectiva acumulativa de los múltiples actos referenciados, debería ser suficiente para que en la actual etapa procesal, se actualice la existencia de este elemento de contexto. En consideración con todo lo anterior, consideramos que en la situación de Honduras hay elementos indicativos suficientes, para que la Fiscalía de la CPI avance en su análisis hacia la existencia de la competencia material y la posibilidad de solicitar una investigación formal sobre la situación.
El tercer capítulo de la comunicación del 23 de octubre, que la OFCPI ignoró, se corroboró la falta de voluntad para el procesamiento de los crímenes internacionales de competencia de la CPI. Se hizo énfasis en los procesos históricos de impunidad existentes en Honduras, situación que profundiza, la ya crítica actividad de víctimas y sus representantes de encontrar respuestas a sus legítimos reclamos de justicia. En efecto, la situación hondureña actualiza los elementos contemplados por la OFCPI para determinar la falta de voluntad en llevar a los responsables de los hechos aquí reseñados ante la justicia.
La situación de violencia en Honduras precisa la continuación del Examen Preliminar hacia la configuración de una solicitud de investigación formal por parte de la OFCPI a la Sala de Cuestiones Preliminares, en aras de esclarecer las presuntas responsabilidades de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Lo anterior resulta imperioso si se tiene en cuenta la magnitud e intensidad de la violencia registrada en Honduras y los procesos de impunidad que han cerrado toda posibilidad para que las víctimas puedan encontrar respuesta a sus reclamos de justicia.
En razón de lo anterior las Organizaciones peticionarias impugnaremos la Resolución de la OFCPI en los próximos 90 días.
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Asociación de Jueces por la Democracia, AJD
Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA
Fundación San Alonzo Rodríguez
Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán, MARCA
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura, CPTRT
Redes de Defensores de Derechos Humanos: REDEHSUR, DEOCODERH, Lempira, El Paraíso
[1]CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 55, diciembre, 2009, párr. 88
[2]párr. 3, Informe con arreglo al artículo 5 del Estatuto, de octubre 2015.
[3]ICC, The Prosecutor v. Joseph Kony et al, Decision on the admissibility of the case under article 19(1) of the Statute, ICC-02/04-01/05-377, 10 March 2009, párrs. 49-52. ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, op. cit., párr. 47
[4]ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, ICC-01/04-01/07-1497, September 25 2009, párr. 78. ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, op. cit., párr. 47
[5]ICC-OTP, Draft Policy, november 2013, op. cit., párr. 46. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07-1497, 25 de September 2009, op. cit., párr. 78.
[6]ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, párr. 52
468 Honduras, Código Procesal Penal, Arts. 16, 25, 26 y 92, extractado de: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/hnd
Origen: Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras impugnaran Resolución de la Fiscalía de la CPI
Bajo Aguán, Corte Penal Internacional (CPI), golpe de Estado, Impunidad, Organizaciones de Derechos Humanos
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References: artículo 126
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 17
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución