Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0296_ES.html
Timestamp: 2020-05-25 15:48:24+00:00

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respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(1) Como consecuencia de la progresiva ampliación de sus competencias desde su creación, el número de asuntos interpuestos ante el Tribunal General ha aumentado de manera constante a lo largo de los años, lo que redunda al cabo del tiempo en un incremento del número de asuntos pendientes ante dicho Tribunal. Esto incide en la duración de los procedimientos.
(1) Como consecuencia de la progresiva ampliación de sus competencias desde su creación, el número de asuntos interpuestos ante el Tribunal General ha aumentado a lo largo de los años, lo que redunda al cabo del tiempo en un incremento del número de asuntos pendientes ante dicho Tribunal. A no ser que se adopten medidas adecuadas de naturaleza procesal y organizativa, incluido el aumento del número de Jueces, esta circunstancia podría incidir en la duración de los procedimientos.
(3) La situación en que se encuentra el Tribunal General tiene causas estructurales, debidas en particular al aumento del número y la diversificación de los actos jurídicos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como al volumen y la complejidad de los asuntos que le son sometidos, sobre todo en los ámbitos de la competencia y de las ayudas de Estado.
(3) La situación en que se encuentra el Tribunal General se debe, en particular, al aumento del número y la diversificación de los actos jurídicos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, al volumen y la complejidad de los asuntos que le son sometidos, sobre todo en los ámbitos de la competencia, de las ayudas de Estado y de la propiedad intelectual, y al hecho de que no se hayan creado tribunales especializados según lo previsto en el artículo 257 del TFUE.
(5) Habida cuenta de la probable evolución de la carga de trabajo del Tribunal General, el número de Jueces debe fijarse en cincuenta y seis al final de un proceso en tres fases, entendiéndose que en ningún momento puede haber más de dos Jueces del Tribunal General nombrados a propuesta del mismo Estado miembro.
(5) Habida cuenta de la evolución de la carga de trabajo del Tribunal General, el número de Jueces debe fijarse en cincuenta y seis al final de un proceso en tres fases, es decir, dos jueces nombrados a propuesta de cada Estado miembro, entendiéndose que en ningún momento puede haber más de dos Jueces del Tribunal General nombrados a propuesta del mismo Estado miembro.
(5 bis) El nombramiento de nuevos jueces debe basarse en su independencia, imparcialidad y competencia, valorando su aptitud profesional y personal y su conocimiento de los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y de los Estados miembros y garantizando además la igualdad de género en la composición global del Tribunal.
(7) En septiembre de 2016, la competencia para resolver en primera instancia los asuntos sobre la función pública de la Unión, así como los siete puestos de los Jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, deben transferirse al Tribunal General, sobre la base de una petición de acto legislativo que será presentada por el Tribunal de Justicia.
(7) Como ya ha anunciado el Tribunal de Justicia, se presentará una segunda propuesta legislativa para regular pormenorizadamente la transferencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, incluidos sus siete puestos de Juez, así como su personal y sus recursos.
(8 bis) Procede organizar las renovaciones parciales del Tribunal General de modo que los Gobiernos de los Estados miembros empiecen a proponer dos Jueces en el marco de la misma renovación parcial. Así pues, con objeto de garantizar el equilibrio de género en el Tribunal General [declaración conjunta de ...*], los Gobiernos de los Estados miembros deben tratar de elegir a una mujer y a un hombre, respetando en todo caso las condiciones y procedimientos dispuestos en el Tratado. De conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia dispondrá al menos de un Juez por Estado miembro. Dado que este sistema ya garantiza un claro equilibrio geográfico, los jueces adicionales deben ser designados ante todo en función de sus aptitudes profesionales y personales, y a la luz de su conocimiento de los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y de sus Estados miembros; la nacionalidad debe ser un criterio secundario.
(9 bis) Se debe proceder al nombramiento de diecinueve letrados de modo que cada Juez disponga de un letrado más (teniendo en cuenta que ya se nombraron nueve en 2014), solución ya adoptada en el Tribunal de Justicia.
2 bis) En el artículo 48, se añade el párrafo siguiente:
«En 2019, con anterioridad a la renovación del Tribunal General que confirma la decisión de dotar a dicha instancia de nueve jueces adicionales, se llevará a cabo un estudio de impacto sobre la necesidad de adscribir al Tribunal General estos nueve Jueces en función de la carga de trabajo constatada.»
2 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Las propuestas de nombramiento de un Estado miembro solo serán admisibles si se refieren a un candidato de cada sexo en caso de que dicho Estado miembro deba proponer simultáneamente a dos candidatos, o a un candidato de sexo diferente al del Juez que conserva su puesto en el Tribunal General si la propuesta del Estado miembro no se presenta simultáneamente a la referida al puesto del primer Juez.»
Véase el apartado 15 del «Informe sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas: calidad e igualdad» (2011/2295(INI), Pietikäinen), aprobado en el pleno de 3 de febrero de 2012, que «[p]ide a los Estados miembros que promuevan las medidas de acción positiva, incluidas las medidas legislativas vinculantes, con el fin de garantizar la paridad en todos los órganos de gobierno y nombramientos públicos, y que desarrollen instrumentos de seguimiento de género de los nombramientos y las elecciones».
El mandato de los Jueces adicionales del Tribunal General nombrados en aplicación del artículo 48 del Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será el siguiente:
a) El mandato de seis de los doce Jueces adicionales nombrados a partir del …4 expirará el 31 de agosto de 2016. Dichos seis Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros seis Jueces expirará el 31 de agosto de 2019.
a) El mandato de seis de los doce Jueces adicionales nombrados a partir del ...* expirará el 31 de agosto de 2016. Dichos seis Jueces serán designados de modo que los Gobiernos de seis Estados miembros tengan que proponer cada uno a dos Jueces para la renovación parcial del Tribunal General en 2016. El mandato de los otros seis Jueces expirará el 31 de agosto de 2019.
b) El mandato de tres de los siete Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2016 expirará el 31 de agosto de 2019. Dichos tres Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros cuatro Jueces expirará el 31 de agosto de 2022.
b) El mandato de tres de los siete Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2016 expirará el 31 de agosto de 2019. Dichos tres Jueces serán designados de modo que los Gobiernos de tres Estados miembros tengan que proponer cada uno a dos Jueces para la renovación parcial del Tribunal General en 2019. El mandato de los otros cuatro Jueces expirará el 31 de agosto de 2022.
c) El mandato de cuatro de los nueve Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2019 expirará el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro Jueces serán designados por sorteo. El mandato de los otros cinco Jueces expirará el 31 de agosto de 2025.
c) El mandato de cuatro de los nueve Jueces adicionales nombrados a partir del 1 de septiembre de 2019 expirará el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro Jueces serán designados de modo que los Gobiernos de cuatro Estados miembros tengan que proponer cada uno a dos Jueces para la renovación parcial del Tribunal General en 2022. El mandato de los otros cinco Jueces expirará el 31 de agosto de 2025.
4 DO: Insértese «1 de septiembre de 2015» o la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento si la misma es posterior al 1 de septiembre de 2015.
* DO: Insértese «1 de septiembre de 2015» o la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento si la misma es posterior al 1 de septiembre de 2015.
1. A más tardar el [cinco años tras la entrada en vigor del presente Reglamento], el Tribunal de Justicia elaborará, recurriendo a un consultor externo, un informe sobre el funcionamiento del Tribunal General dirigido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.
En particular, dicho informe se centrará en la eficiencia del Tribunal General, en la necesidad y la eficacia del aumento del número de Jueces a 56, en el uso y eficacia de los recursos y en la posible creación de salas especializadas u otros cambios estructurales.
El Tribunal de Justicia presentará propuestas legislativas para modificar su Estatuto en consecuencia.
2. A más tardar el [dos años tras la entrada en vigor del presente Reglamento], el Tribunal de Justicia elaborará un informe dirigido al Parlamento, al Consejo y a la Comisión sobre posibles cambios en el reparto de competencias en relación con las decisiones prejudiciales con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.».
Nota introductoria y explicación de motivos
1 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) solicitó en 2011 una iniciativa legislativa con miras a modificar su Estatuto a fin de permitir el nombramiento de doce jueces adicionales para el Tribunal General (TG). Alegó, en aquel momento, la necesidad de reducir, en el TG, tanto el número de asuntos por juez como la duración de cada uno de los asuntos. En 2013, el TJ redujo a nueve los jueces solicitados, cifra que recabó el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (en adelante, «el Consejo»), de la Comisión Europea (CE) y del Parlamento Europeo (PE). En la pasada legislatura, no obstante, el PE aprobó en primera lectura dotar al TG de doce jueces adicionales. Sin embargo, el Consejo no llegó a nombrar a ninguno de esos doce jueces, al parecer porque los Estados miembros no lograron llegar a un acuerdo en la selección de los jueces, dado que cada Estado pretendía designar a «su propio juez» y el número de jueces que se debían designar (doce) no coincidía con el número de Estados designantes (veintiocho). Así, en octubre de 2014, el TJ propuso la duplicación, en tres fases, del número de jueces del TG (veintiocho jueces más), así como la supresión del Tribunal de la Función Pública (TFP), propuestas con las que el Consejo se mostró inmediatamente de acuerdo. Es, pues, esta nueva propuesta la que nos ocupa en el presente informe.
2 - La primera cuestión que se nos presenta al abordar la propuesta del TJ es la de averiguar qué problema pretende solucionar, esto es, si trata de resolver el problema de la falta de jueces en el TG o más bien el problema de la incapacidad del Consejo para proceder a nombramientos cuyo número no coincida con el de sus miembros. En efecto, no es lógico que en 2013 bastasen nueve jueces más para solucionar los problemas del TG y que poco después, en 2014, sea necesario designar veintiocho jueces adicionales así como suprimir otro tribunal. Es resumen: en 2011 el TJ pidió doce jueces más; en 2013, admitió que nueve serían suficientes; por último, en 2014, considera que son necesarios veintiocho jueces más, así como la desaparición de un tribunal. Nadie puede creer seriamente que semejante variación del número de jueces tenga que ver con el problema de los asuntos pendientes en el TG. Si el Consejo tuviera treinta y ocho miembros, se pedirían, pues, treinta y ocho jueces; si fueran veintiuno, se pedirían veintiún jueces. Es obvio que el problema reside en el Consejo, que solo es capaz de hallar una solución para el TG que contemple la posibilidad de que cada Estado miembro designe un juez «propio», incluso si el número de jueces resultante es claramente superior a las necesidades reales del TG (véanse las últimas estadísticas del Tribunal General, adjuntas al informe).
3 - El PE debe, por tanto, rechazar la posición del Consejo por diversos motivos. En primer lugar, porque esta pone de manifiesto un profundo desprecio por el dinero de los contribuyentes europeos. En un momento en el que la UE impone severas medidas de austeridad para equilibrar los presupuestos de los Estados miembros y pide a estos Estados que reduzcan su gasto público, no tendría sentido y sería difícilmente tolerado por los pueblos de Europa que la Unión procediese tan a la ligera a un aumento de sus gastos. Duplicar, como se ha propuesto, el número de jueces conllevaría un aumento de sus respectivos letrados y asistentes, que sobrepasarían los cien; habida cuenta de que el personal de cada uno de los gabinetes cuesta más de un millón de euros al año, el gasto total en remuneraciones supondría un aumento del gasto estructural de la UE de más de veinte millones de euros al año.
Además, no se entiende que todas las demás instituciones hayan acordado prescindir aproximadamente del 5 % de sus funcionarios, así como efectuar recortes de alrededor del 0,5 % en sus respectivos presupuestos, y que el TJ, por el contrario, proceda a un aumento drástico de su presupuesto sin ninguna justificación.
Otro de los motivos que explican el rechazo por parte del PE de la propuesta del TJ tiene que ver con la dignidad de la propia justicia, en especial con el prestigio y el respeto debidos a la función jurisdiccional. En efecto, la UE no puede designar jueces como si de comisarios políticos se tratase. Los jueces no son comisarios de los Estados miembros y no deben ser designados como si lo fueran. Un juez debe ser elegido por su competencia técnica y jurídica, que garantiza la calidad de sus decisiones, pero también por poseer determinadas cualidades personales que garanticen probidad, honestidad, imparcialidad y capacidad de resistencia a las presiones a las que pueda verse sometido. Debe ser designado, en definitiva, por su coraje para ser independiente. Por ese motivo, ningún juez debería poder optar a un segundo mandato, sino que debería ser nombrado para un único mandato de nueve años. Se teme, y con razón, que un juez que pueda ser renovado en su cargo se vea tentado a ejercer sus funciones para agradar a quien lo nombró y merecer así la confianza de un nuevo mandato. En el capítulo de los nombramientos, por otra parte, debe hacerse especial hincapié en la paridad entre hombres y mujeres. Es difícilmente comprensible que en la UE la justicia se dicte predominantemente en masculino. Los tribunales de la UE han de contar exactamente con el mismo número de jueces que de juezas.
4 - La petición del TJ no constituye, por otra parte, una verdadera propuesta legislativa. Sobre todo porque esta petición se formuló mediante una simple carta dirigida, en octubre de 2014, a la Presidencia italiana del Consejo. Enviar una carta no es el procedimiento adecuado para formalizar una iniciativa legislativa. Pero incluso si este procedimiento se considerase adecuado, la propuesta debería, por su contenido, considerarse una nueva iniciativa legislativa y dar lugar, por tanto, a un procedimiento completamente nuevo. En efecto, lo que ahora se debate no es el nombramiento de doce jueces adicionales, sino el nombramiento de veintiocho jueces adicionales y la desaparición de un tribunal especializado. Al tratarse, como de hecho se trata, de una nueva propuesta legislativa atendiendo a su contenido (puesto que este es totalmente nuevo y, por lo tanto, aún no ha sido examinado), la legalidad procedimental de todo el proceso queda en entredicho (véase la correspondencia adjunta en relación con el respeto de las obligaciones procedimentales). La forma es la enemiga jurada de la arbitrariedad.
5 - Además, una reforma de esta naturaleza —de tal calado y con el alcance que se le presupone— debería ir precedida de una evaluación de impacto que permitiese a los colegisladores (Consejo y PE) dilucidar la necesidad de dicha reforma y su amplitud, costes y consecuencias. Sin embargo, esta evaluación, que el TJ lleva prometiendo desde 2011, no ha llegado a realizarse, lo que pone de manifiesto la falta de transparencia, tanto interna como externa, que caracteriza a esta iniciativa legislativa (véase de nuevo la correspondencia adjunta en relación con el respeto de las obligaciones procedimentales)..
En efecto, a lo largo del procedimiento legislativo ninguna de las entidades que deberían haber sido consultadas se ha pronunciado sobre las propuestas del TJ (veintiocho jueces adicionales y desaparición del TFP). La propia CE se pronunció únicamente en 2011 (en relación con la petición de doce jueces adicionales) y ni siquiera se ha consultado a los jueces de los tribunales directamente afectados por la propuesta (TG y TFP) ni a sus respectivos funcionarios. ¿Cómo será posible, entonces, llevar a cabo una reforma que supone la desaparición de un tribunal y el refuerzo de otro con veintiocho, cuando una institución que debía ser obligatoriamente escuchada acerca de estas propuestas solo ha sido consultada en relación con un aumento de doce jueces y nunca se ha pronunciado en relación con la desaparición del Tribunal de la Función Pública? ¿Basta con una simple carta del presidente del TJ para que el Consejo y el PE aprueben religiosamente, sobre la marcha, todo lo que se les propone, esto es, suprimir un tribunal de la UE y duplicar el número de jueces de otro tribunal, sin tan siquiera un análisis objetivo de todas las consecuencias, en particular de las económicas?
Esta propuesta legislativa, de aprobarse, sería un ejemplo nefasto, pues evidenciaría la existencia de un doble rasero. La UE se reserva la prerrogativa de aumentar innecesariamente sus gastos, mientras impone a algunos de los Estados miembros severas medidas de contención del gasto, que comprenden despidos y la reducción de salarios y de otras remuneraciones.
6 - Por otra parte, más allá del demérito intrínseco de la propuesta del TJ, esta tendría, si se llevase a cabo, graves consecuencias a largo plazo para el sistema judicial de la Unión. Efectivamente, muchos de los elementos de esta propuesta (estructura jurisdiccional, impacto económico) precisan de un análisis y una evaluación de impacto serios e imparciales que no se han efectuado. Ni tan siquiera se han llevado a cabo un análisis coste/beneficio ni ninguna evaluación de su impacto. La realización de un estudio externo e independiente es una condición indispensable para que el legislador pueda sopesar todas las consecuencias de sus actos normativos. Sin disponer de tal estudio, el Parlamento no debe pronunciarse a favor de una duplicación del número de jueces y la desaparición del TFP. No pueden llevarse a cabo reformas de esta índole desde un desconocimiento total.
Cabe destacar que el TFP tiene más de diez años de existencia y siempre ha sido considerado una historia de éxito judicial, incluso por el propio presidente del TJ. Además, la creación de tribunales especializados está prevista en los Tratados de la UE, por lo que no se entiende que ahora sea necesario, inopinadamente, suprimir el TFP. En vez de eso debería estudiarse la posibilidad de crear nuevos tribunales especializados, como un tribunal de marcas y patentes.
El propio TJ sugiere que la propuesta de supresión del TFP se debe a que las negociaciones del Consejo relativas al nombramiento y la renovación de sus Jueces han llegado a un punto muerto. Así, al igual que ocurría con la decisión de duplicar el número de jueces del TG, el motivo de la desaparición del TFP radica, una vez más, en la incapacidad del Consejo para realizar los nombramientos y no en el funcionamiento del tribunal que se pretende eliminar. Al no conseguir adaptarse a la realidad, el Consejo fuerza la realidad para adaptarla a su funcionamiento anquilosado.
La desaparición del TFP significaría, así, el abandono del sistema de tribunales especializados previsto en los Tratados de Niza y de Lisboa, cuando es un hecho comúnmente aceptado que la justicia especializada es una justicia de mejor calidad. Y ello por no hablar de la falta de fundamento jurídico para la desaparición de un tribunal: el Tratado prevé la creación de tribunales especializados, pero no su supresión.
7 – Los datos facilitados por el TJ sobre la acumulación de asuntos pendientes en el TG y la duración media de los procedimientos no concuerdan con los datos proporcionados por el presidente y por los jueces del TG durante su audiencia en Estrasburgo, a invitación del ponente, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. Inexplicablemente, el Consejo no tuvo en cuenta en absoluto un documento del TG en el que este tribunal expresaba una posición contraria a la reforma propuesta por el TJ ni las aclaraciones facilitadas en Estrasburgo, y refirió datos y estadísticas que contradecían los datos y las cifras presentados por el TJ (véase la documentación adjunta). La prudencia más elemental aconseja que, ante la presentación por dos tribunales de datos contradictorios, se averigüe, antes de tomar una decisión, cuáles son correctos y cuáles no. Por desgracia, el Consejo no tomó esta precaución y optó de manera temeraria por una reforma judicial sin verificar la exactitud de dichos datos. La comunidad jurídica y la propia opinión pública europeas difícilmente aceptarán la decisión de duplicar los veintiocho jueces del TG cuando estos mismos jueces se oponen a dicho aumento y aseguran que bastarían unos cuantos funcionarios más para resolver las dificultades del tribunal. En cualquier caso, actualmente el número de asuntos presentados ante los tres tribunales ha disminuido con respecto al número de casos resueltos por dichos tribunales. Por lo tanto, la supuesta urgencia aducida para duplicar el número de Jueces no tiene razón de ser.
Cabe insistir en que la productividad del TG ha mejorado considerablemente desde 2013, en particular durante 2014, sin que haya sido nombrado ningún nuevo juez. Dicho aumento de la productividad se explica por la contratación de nueve letrados más, que solo en 2014 posibilitó la conclusión de más de cien procedimientos. Según las informaciones del propio TG, el número de asuntos resueltos en el primer semestre de este año es superior al número de nuevos asuntos. Insistimos: la pretendida urgencia, tantas veces invocada por el TJ, ha dejado, por tanto, de existir. Sería, pues, preferible una solución que pasase por el nombramiento de más funcionarios en la Secretaría y los servicios de traducción y, sobre todo, por la contratación de diecinueve letrados más a fin de que cada Juez disponga de un letrado adicional, teniendo en cuenta que ya se contrataron nueve en 2014. Tal solución limitaría considerablemente el impacto presupuestario de la medida propuesta y sería también fácilmente reversible (véase la documentación adjunta).
8 - En lo que respecta a la cuestión de las indemnizaciones por los eventuales atrasos en las decisiones del TG, es un argumento falso, pues para que exista la obligación de indemnizar es necesaria i) la existencia efectiva de un daño real que ii) se derive de un acto ilícito (acción u omisión) iii) perpetrado de modo culpable y que entre ese acto y el daño exista un iv) vínculo causal adecuado, debiendo todo ello ser alegado y probado por quien reclama la indemnización. La experiencia judicial demuestra hasta qué punto resultan problemáticas estas reivindicaciones. Además, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que existe derecho a indemnización por retrasos judiciales únicamente si el retraso es superior a cinco años. Según parece, los asuntos pendientes en el TG no superan, de media, este plazo, sino más bien al contrario.
9 - Es sorprendente que una reforma de esta magnitud se emprenda sin preparación previa y sin sopesar sus consecuencias transversales. ¿Cómo se justificará ante la opinión pública la creación de más de cien puestos de trabajo de elevada remuneración (jueces, letrados, asistentes, secretarios), sabiendo que en poco tiempo muchos de ellos, incluidos los jueces, terminarán técnicamente en una situación de subempleo, al no tener trabajo suficiente? Teniendo en cuenta que, actualmente, cada juez del TG se ocupa de una media de veinticinco asuntos al año (media infinitamente menor a la de cualquier tribunal superior de los Estados miembros), ¿no constituye esta nueva propuesta legislativa una afrenta al contribuyente europeo? Al haberse invertido la tendencia del aumento de los asuntos, ¿cuántas sentencias al año dictará entonces cada juez? ¿Y qué imagen proyectará la UE ante la opinión pública, en términos de responsabilidad, si procede a este aumento de personal?
En la coyuntura actual, el TJ está pidiendo al colegislador que tome una decisión, sin base alguna de hecho o de derecho, y que adopte una solución muy costosa, muy compleja y difícilmente reversible.
El deber del colegislador es adoptar medidas equilibradas y proporcionales para hacer frente a los desafíos que se le plantean, con un profundo respeto por el dinero de los contribuyentes europeos. Dichas medidas, por otra parte, han de ser sostenibles a largo plazo.
La nueva propuesta legislativa, de adoptarse, podría dañar la arquitectura de la justicia europea, la imagen de la Unión y la manera en la que esta gasta el dinero de los contribuyentes europeos.
Por consiguiente, se formulan las siguientes:
Sobre la base del Reglamento del Parlamento Europeo, artículo 66, apartado 6, artículo 69, apartados 1 y 2 y letras a), c) y d), el ponente formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:
1 – Rechazo de la propuesta de duplicar el número de jueces del TG y de suprimir el Tribunal de la Función Pública y, de conformidad con el artículo 69, apartado 2, letras a), e) y d), restablecimiento de la posición aprobada por el Parlamento en primera lectura, debiendo el Tribunal de Justicia justificar el número exacto de jueces efectivamente necesarios, teniendo en cuenta los cambios que se produzcan en las circunstancias, en particular el cambio de tendencia en relación con el número de asuntos nuevos y de asuntos resueltos.
2 – Rechazo de la propuesta de supresión del TFP por carecer de fundamento jurídico en el Tratado, debiéndose proceder de inmediato al nombramiento de los jueces ya designados y a la designación de los que faltan; creación de una comisión de expertos para analizar las ventajas y los inconvenientes de la creación de un nuevo tribunal especializado en marcas, patentes y propiedad intelectual.
3 - De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, artículo 69, apartado 2, letra c), se recomienda el nombramiento de diecinueve letrados de modo que cada juez disponga de un letrado más (teniendo en cuenta que ya se nombraron nueve en 2014), solución ya adoptada en el Tribunal de Justicia. Se recomienda asimismo un aumento de los funcionarios adscritos a la Secretaría y los servicios de traducción.
4 - Se recomienda la creación, por parte del Parlamento y del Consejo, de una comisión conjunta de expertos para examinar el funcionamiento global de la justicia en la Unión y presentar propuestas de mejora, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
a) – Selección de los jueces a través de un concurso abierto entre profesores de Derecho de reconocido mérito y entre magistrados de los tribunales superiores de cada uno de los Estados miembros;
b) – Designación de cada juez para un único mandato de nueve años, sin posibilidad de renovación o ampliación.
c) – Respeto absoluto de la paridad entre hombres y mujeres en la contratación de los jueces.
5 - Se recomienda que todos los tribunales de la Unión se sometan al control de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) en las mismas condiciones que los tribunales de los Estados miembros del Consejo de Europa.
Se adjuntan los siguientes documentos: para la plena comprensión del procedimiento, se adjunta toda la documentación y correspondencia intercambiada en relación con el expediente desde el inicio de la legislatura hasta la fecha.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aumentar el número de jueces del Tribunal General
Textos aprobados de 15.4.2014, P8_TA(2014)0358.

References: artículo 257
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 267
 artículo 66
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69