Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0267&from=ES
Timestamp: 2019-10-24 00:12:02+00:00

Document:
7 El artículo 167, apartado 1, de la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Ley n.º 98/2016 sobre Contratación Pública), de 19 de mayo de 2016 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 390 de 23 de mayo de 2016), dispone lo siguiente:
9 Mediante resolución de 3 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Râmincu Vâlcea (Rumanía) (en lo sucesivo, «Ayuntamiento») adjudicó a una unión temporal de empresas encabezada por Delta (en lo sucesivo, «UTE n.º 1») un contrato de obras de construcción que tenía por objeto la rehabilitación y modernización de un complejo recreativo (en lo sucesivo, «contrato n.º 1»).
10 El 7 de junio de 2017, el Ayuntamiento decidió resolver anticipadamente el referido contrato debido a que la UTE n.º 1 había recurrido a un subcontratista sin su autorización previa.
11 El 25 de julio de 2017, el Ayuntamiento cargó en la plataforma en línea denominada «Sistema Electrónico de Contratos Públicos» (en lo sucesivo, «plataforma SECP») un documento de constatación (en lo sucesivo, «documento de constatación») en el que se ponía de relieve, por una parte, que se había decidido resolver anticipadamente el contrato en cuestión debido a una infracción cometida por la UTE n.º 1 y, por otra parte, que la mencionada resolución del contrato le había causado un perjuicio valorado en 2 345 299,70 lei rumanos (RON) (aproximadamente 521 000 euros).
13 En el marco del referido procedimiento de licitación, la unión temporal de empresas formada por Delta, Aleandri SpA y Luca Way Srl (en lo sucesivo, «UTE n.º 2») presentó una oferta.
15 En respuesta a esa petición de aclaraciones, Delta señaló, por una parte, que, aun suponiendo que el referido documento de constatación reflejase la realidad, no demostraba que hubiese incurrido reiteradamente en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y, por otra parte, que había interpuesto ante los tribunales rumanos dos recursos —actualmente pendientes— que tienen por objeto, respectivamente, el referido documento de constatación y la decisión de resolver anticipadamente al contrato n.º 1.
16 Por su parte, el Ayuntamiento afirmó que la resolución del contrato n.º 1 estaba justificada, puesto que durante la vigencia del contrato partes importantes de las obras de que se trataba habían sido subcontratadas sin su autorización previa.
17 Habida cuenta de las respuestas obtenidas de este modo, la comisión de evaluación de la CNAIR concluyó que Delta no había acreditado que el documento de constatación se hubiese suspendido o anulado. Por otro lado, tras haber declarado la UTE n.º 2 en el documento europeo único de contratación que no existían contra ella motivos de exclusión consistentes en faltas profesionales graves ni derivados de situaciones que hubieran dado lugar a la resolución anticipada de un contrato público anterior, al pago de una indemnización por daños y perjuicios o a otras sanciones comparables en relación con el mencionado contrato n.º 1, la comisión de evaluación consideró que a la oferta presentada por aquella unión temporal de empresas le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 167, apartado 1, letra g), de la Ley n.º 98/2016. En consecuencia, la CNAIR excluyó la oferta de la UTE n.º 2 mediante decisión de 18 de diciembre de 2017 (en lo sucesivo, «decisión de exclusión»).
18 Delta solicitó entonces a la CNAIR que rectificara el supuesto incumplimiento de la normativa sobre contratación pública, revocando la decisión de exclusión y volviendo a examinar la documentación y la oferta presentada por la UTE n.º 2.
20 El 8 de enero de 2018, Delta presentó una reclamación ante el Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Consejo Nacional de Resolución de Reclamaciones, Rumanía; en lo sucesivo, «CNRR»), reclamación que fue desestimada mediante resolución de 2 de febrero de 2018. En esta última resolución el CNRR se declaró incompetente para examinar la legalidad del documento de constatación y para determinar un posible incumplimiento en la ejecución del contrato n.º 1. No obstante, precisó que, en la medida en que el documento de constatación no había sido anulado por sentencia firme, gozaba de presunción de legalidad, a los efectos de acreditar la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato n.º 1. El CNRR puso de relieve asimismo que el poder adjudicador no se había basado únicamente en el documento de constatación para excluir a la UTE n.º 2. Según el CNRR, en efecto, el poder adjudicador había emprendido actuaciones para comprobar los datos recogidos en tal documento, basando su decisión en las observaciones de las partes del litigio principal. Por último, concluyó el CNRR, la UTE n.º 2 había invocado exclusivamente la ilegalidad del documento de constatación, sin aportar pruebas que demostrasen su fiabilidad en lo que respecta a los motivos de exclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley n.º 98/2016.
22 Delta cuestiona el derecho de la CNAIR a excluirla del procedimiento de adjudicación del contrato público de obras para la ampliación de una carretera nacional sobre la base de la decisión de resolver el contrato mencionada en el apartado 10 de la presente sentencia. En efecto, la demandante en el litigio principal aduce que la subcontratación de una parte de las obras sin autorización previa del poder adjudicador, que dio lugar a la resolución del contrato n.º 1, constituye una irregularidad menor y no un incumplimiento de una obligación principal del contrato. Por lo tanto, tal irregularidad solo debería conllevar la exclusión de un operador económico en circunstancias excepcionales, tal como se expone en el considerando 101 de la Directiva 2014/24. A este respecto, Delta invoca el apartado 30 de la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801), de la que se desprende que el concepto de «falta grave» se refiere a un comportamiento que revele dolo o una negligencia de cierta gravedad por parte del operador económico en cuestión.
30 En las circunstancias del litigio principal, la CNAIR debe determinar, en particular, si considera que el hecho de que la UTE n.º 1 recurriera a un subcontratista sin haber solicitado previamente la autorización del Ayuntamiento constituía una deficiencia significativa y, de ser así, si tal deficiencia afectaba al cumplimiento por el adjudicatario de un requisito sustancial en el marco del contrato n.º 1.
31 Para ello, la CNAIR debe valorar la importancia de la parte del contrato n.º 1 que fue subcontratada y determinar, tal y como señaló el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, si la intervención del subcontratista incidió negativamente en la ejecución de dicho contrato.
32 La CNAIR ha de examinar asimismo si el contrato n.º 1 contenía una obligación de ejecución personal por el propio adjudicatario o si supeditaba el recurso a un subcontratista a la obtención de la autorización previa del Ayuntamiento, dado que tales exigencias son compatibles con el artículo 71, apartado 2, de la Directiva 2014/24, tal y como observó sustancialmente el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones. En efecto, a tenor de dicha disposición, «en los pliegos de la contratación el poder adjudicador podrá pedir, o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir, al licitador que indique en su oferta la parte del contrato que tenga intención de subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos». Según indicó el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, solo a partir de ese dato el poder adjudicador estará en condiciones de medir si el subcontratista es fiable. La solicitud de autorización previa del poder adjudicador tiene por objeto, en particular, permitir que este se cerciore de que no existe ningún motivo de exclusión del subcontratista al que el adjudicatario pretende recurrir.
34 Por otro lado, incumbe a la CNAIR determinar si, al no haber informado de la resolución del contrato n.º 1, la UTE n.º 2 adoptó uno de los comportamientos contemplados en el artículo 57, apartado 4, letra h), de la Directiva 2014/24. En efecto, tal como observó esencialmente el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, la citada disposición incluye tanto una conducta activa, como es la falsificación, como una omisiva, puesto que la comunicación de información falsa, al igual que la ocultación de información verdadera, puede tener trascendencia en la decisión que adopte el poder adjudicador.
36 En el presente asunto, al haberse constatado formalmente que el contrato n.º 1 había sido resuelto anticipadamente, incumbía a la UTE n.º 2, en virtud de los requisitos de transparencia y de lealtad, informar al poder adjudicador acerca de su situación. De este modo, la UTE n.º 2 habría debido presentar de entrada toda la información que pudiera demostrar que la calificación de subcontratación era errónea, de manera que no había incumplido sus obligaciones en el marco del contrato n.º 1, o que la no obtención de la autorización del poder adjudicador en el marco del contrato público anterior solo constituía una irregularidad menor. Tales precisiones se habrían podido mencionar, en particular, en el formulario normalizado del documento europeo único de contratación, anexo al Reglamento de Ejecución 2016/7. En efecto, la parte III de dicho formulario, que está dedicada a los «Criterios de exclusión», contiene un apartado C relativo a los «Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional». Pues bien, en el marco del referido apartado C, los candidatos deben responder, en particular, a la pregunta de si son culpables de una falta profesional grave y, en caso afirmativo, se les insta a que aporten precisiones.

References: artículo 167
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 167
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 171
 resolución 
 artículo 71
 resolución 
 artículo 57