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Timestamp: 2016-02-13 15:48:26+00:00

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XI. ESTUDIO DE FONDO for adr-517_2011
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Como se expondrá a continuación, los agravios vertidos por la
parte recurrente resultan fundados, por lo que procede revocar la
sentencia recurrida y otorgar el amparo a la quejosa.
Es necesario advertir que esta Primera Sala estudiará los agravios
expuestos por el recurrente en un orden distinto al propuesto en el recurso.
Asimismo, y al tratarse de un asunto del orden penal, las siguientes
manifestaciones se realizan, en lo que correspondan, en suplencia de la
deficiencia de la queja266
En primer término, se estudiarán los agravios identificados como 4 y
2, que se refieren básicamente a la violación al derecho fundamental a la
asistencia consular, previsto en el artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y a la violación al
mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido, previsto
en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional.
Como se desarrollará a continuación, estos agravios resultan
fundados y suficientes para otorgar el amparo en los términos que a
continuación se desarrollan.
De conformidad con el régimen de derechos humanos vigente en
nuestro país, todo individuo, al momento de ser detenido por una autoridad,
Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 4 de noviembre de 2011.
Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 18 de enero de 2012.
Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 25 de enero de 2012
La suplencia de la deficiencia es procedente en el presente caso, en términos de lo prescrito en
el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la recurrente tiene la calidad de
sentenciada en el proceso penal del que deriva el acto reclamado.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011
goza en primer término de dos derechos fundamentales que resultan
esenciales en la protección del régimen constitucional de la libertad
personal: que sea puesto a disposición del Ministerio Público sin demora y,
en el caso de que sea extranjero, que sea informado de su derecho a recibir
asistencia consular.
En las siguientes líneas nos daremos a la tarea de dotar de contenido
a estos derechos fundamentales, a fin de tener el marco de referencia
adecuado para determinar si en el presente asunto se actualiza su violación.
1. El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular.
En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se
encuentra en territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado
está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos,
cuya importancia resulta transcendental, es la posibilidad de que el
extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su
país en el territorio en el que se encuentre.
En nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho se encuentra
consagrado en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares267
. Esta norma dispone lo siguiente:
“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares
relacionadas con los nacionales del Estado que envía:
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con
los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del
Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse
con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;
b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado
receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular
competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un
nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma,
Ratificada por el Estado mexicano el 18 de mayo del 1965 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de noviembre de 1967.
detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación
dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o
puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin
demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin
dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le
reconocen en este apartado;
c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional
del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión
preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los
tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del
Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado,
detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo,
los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del
nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello”.
De conformidad con el texto vigente del artículo 1°constitucional, el
orden jurídico mexicano cuenta con lo que se ha denominado un nuevo
bloque de constitucionalidad. Este nuevo paradigma implica que, en materia
de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes
primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución;
y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango
constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico
mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas
materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a
su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no
se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que
también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano268
, por lo que resulta
Tesis Aislada XIX/2011 (10ª) cuyo rubro es: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”, derivada del amparo
incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación,
contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en
Asimismo, este derecho también se encuentra consagrado a nivel de la
legislación federal, en específico, en la fracción IV, del artículo 128 del
Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando
una persona extranjera fuese detenida, este acto “se comunicará de
inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda”269
directo 28/2010, resuelto el 23 de noviembre de 2011. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
La importancia de este artículo resulta trascendental en la regulación del procedimiento penal
federal, ya que establece los derechos del detenido. El texto completo del artículo es el siguiente:
Artículo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el
Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:
I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el
día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo
de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no
dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información
circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;
II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o
querellante;
III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:
a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;
b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no
quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;
c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la
averiguación;
d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación,
para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en
presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;
e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para
dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que
no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se
encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de
pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y
práctica de las mismas; y
f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme
a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo
segundo del artículo 135 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al
indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio
de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la
información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las
IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no
hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los
derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor
que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de
un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o
consular que corresponda, y
V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de
detención o reclusión.
Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es
proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas
fuera de su país. Así, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares es el resultado de un consenso internacional: los
extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser
detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las
normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño.
El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular representa
el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho
internacional. Por un lado, afianzar el papel de las oficinas consulares como
representantes de la soberanía de su país de origen y, por el otro, la
creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los
derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial
efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido
A pesar de que el propio nombre de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares no sugiere que sea un tratado cuya materia sean los
derechos humanos, el artículo 36 consagra no solamente la facultad de los
cónsules para comunicarse y asistir a sus connacionales detenidos, sino
que también comprende los derechos fundamentales de los extranjeros a
ser informados, de forma inmediata, que son titulares del derecho a
comunicarse con sus respectivos consulados y a recibir su asistencia si así
lo solicitan.
Si bien es cierto que la ayuda consular para los connacionales
detenidos puede asumir diversas formas, cada intervención implica, por lo
menos, tres acciones básicas270
. La primera es de carácter humanitario. Los
Véanse, por todos, Michael Fleishman, “Reciprocity Unmasked: the role of the Mexican
Government in defense of its foreign nationals in United States death penalty cases” . Ariz. J. Int´l &
comp. L. 2003; Mark J. Goldsmith, “Torres v. State No. PCD-04-442 (Okla. Crim. App. May 13,
2004) (order granting stay of execution and remaining case for evidentiary hearing)”. 17 Cap. Def.
J. 2004-2005; Verónica Gómez, “The Inter-American System: Recent Cases”. Human Rights Law
Review, Volume 1, Number 2 -2001; Dinah L. Shelton, “Case Concerning Avena and Other
Mexican Nationals (Mexico v. United States)”. American Journal of International Law 2004; Jeremy
White, “A New Remedy Stresses the Need for International Education: the impact of the Lagrand
funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el
mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de
confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los
detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran
privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia
de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las
autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que
pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la
suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último,
la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica, respecto a
la cual nos ocuparemos más adelante, ya que resulta uno de los puntos
fundamentales para resolver el asunto que nos ocupa.
Por el momento, lo que resulta de vital importancia es señalar que a
través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los
separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo
La asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en
situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las
violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes
debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven
inmersos. Una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una
multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que
dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los
derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta271
case on domestic court‟s violation of foreign national‟s consular relations rights under the Vienna
Convention”. 2 Was. U. Global Stud. L. Rev 2003; Kweku Vanderpuye and Robert W. Bigelow “The
Vienna Convention and the Defense of Noncitizens in New York: A Matter of Form and Substance”.
Pace Int´l L. Rev 2006; y Arwa J. Fidahusein, “VCCR Article 36 Civil Remedies and Other
Solutions: a Small Step for Litigants but a Giant Leap Towards International Compliance”. Seton
Hall Circuit Review 2008.
Véanse, por todos, Sarah M. Ray, “Domesticating International Obligations: How to Ensure U.S.
Compliance with the Vienna Convention on Consular Relations”. California Law Review, December
2003; Janet K. Levit, “Does Medellín Matter?”. Fordham Law Review 2008; Marshall J. Ray, “The
Right to Consul and The Right to Counsel: a Critical Re-Examining of State v. Martinez-Rodriguez”.
New Mexico Law Review, 2007; Howard S. Schiffman, “The Lagrand Decision: The Evolving legal
Landscape of the Vienna Convention on Consular Relations in U.S. Death Penalty Cases”. Santa
Clara Law Review 2002; Aparna Sridhar, “Creating Judicial Remedies for Violations of the Vienna
La importancia del derecho fundamental que venimos tratando ha sido
reconocida por diversos tribunales internacionales, específicamente por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte
Internacional de Justicia, curiosamente, como resultado de dos peticiones
del gobierno de nuestro país.
La Opinión Consultiva OC-16/99 fue emitida el 1 de octubre de 1999
y lleva por título “El derecho a la información sobre la asistencia consular y
su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal”272
resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –a solicitud de
México–, interpretó el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena,
con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones establecidas por la
Convención de Viena, poniendo énfasis en la aplicación de este derecho en
los casos de pena de muerte en los Estados Unidos de América273
Convention on Consular Relations: A Proposed Resolution to Medellin v. Dretke”. Stanford Journal
of Civil Rights and Civil Liberties, Vol. II:2, 2006; y Jennifer Goodman, “Avena and Other Mexican
Nationals (Mex v. U.S.). The International Court of Justice Deems U.S. Actions in Fifty-Two Death
Penalty Cases as Violations of International Law”. Tulane J. of Int‟l Comp. Law, Vol. 13, 2005.
Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las
Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1°de octubre de 1999.
Serie A No. 16.
El Estado mexicano solicitó esta consulta a raíz de la representación que había realizado
respecto a algunos de sus nacionales, alegando que las autoridades estadounidenses no les
habían informado sobre su derecho a comunicarse con los funcionarios consulares mexicanos y
que los procesos habían culminado con sentencias de pena de muerte. Como los Estados Unidos
de América no han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, México decidió
solicitar una opinión consultiva de conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana.
Es pertinente recordar que, a través de la competencia consultiva, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos puede abordar la interpretación de un tratado siempre que tenga implicaciones
en la protección de los derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano,
aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección. Véase: Corte
IDH. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982 (solicitada
por el Perú). Serie A No. 1, fundamento 38.
Volviendo al contenido de la Opinión Consultiva OC-16/99, doce preguntas, divididas en tres
secciones, fueron planteadas por México: las preguntas uno a cuatro componen el primer grupo, en
el que se le pide a la Corte Interamericana que determine si, a la luz del artículo 64.1 de la
Convención Americana, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
debe ser interpretado en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los
derechos humanos en los estados americanos. Las preguntas cinco a diez componen un segundo
grupo, relativo a si dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención Americana debe
interpretarse que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos contienen disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados americanos. Las preguntas once y doce comprenden el último grupo y conciernen a la
interpretación de la Declaración Americana y de la Carta de la OEA y su relación con el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Véase Opinión Consultiva OC-16/99.
En esta resolución, la Corte Interamericana no dudó en señalar que el
derecho a la asistencia consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la
Convención de Viena, es parte del corpus iuris del derecho internacional
de los derechos humanos contemporáneo, ya que dota a los extranjeros
detenidos de derechos individuales que son la contraparte de los deberes
correlativos del Estado anfitrión274
. Asimismo, la Corte Interamericana
señaló que resulta indispensable tomar en cuenta las circunstancias de
desventaja en las que se encuentra un extranjero, por lo que la notificación
del derecho a comunicarse con el representante consular de su país
contribuye a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a
que los actos procesales en los que interviene se realicen con mayor apego
a la ley y respeto a la dignidad de las personas. Consecuentemente, la
Corte Interamericana concluyó que el derecho individual a la notificación
consular debe ser reconocido y considerado en el marco de las
garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de
preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo275
En esta misma línea, y también a petición del gobierno mexicano, la
Corte Internacional de Justicia, en el llamado caso Avena, reconoció que
el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos
en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas
posibles que otorgue su ordenamiento jurídico a fin de reparar a los
extranjeros las violaciones a este derecho276
Ahora bien, sentadas estas cuestiones es necesario que esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca cuáles son
los derechos específicos que se derivan de lo contenido en el artículo
36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 29.
Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 122.
Corte Internacional de Justicia, Caso referente a Avena y a otros nacionales mexicanos (Mexico
v. Estados Unidos de América), sentencia de 31 de marzo de 2004. En este caso la Corte
Internacional de Justicia retomó la doctrina establecida en el Caso Lagrand (Alemania v. Estados
Unidos de América), sentencia de 27 de junio de 2001.
En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al
extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de
custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o
representación consular de su país. La información de este derecho
debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna
En segundo lugar, el extranjero tiene el derecho de escoger si desea
o no contactar con su respectivo consulado.
En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea
contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar
de esta situación a la oficina consular correspondiente que se
encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta
comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los
medios que estén al alcance de la autoridad respectiva.
Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita
y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de
que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata
Este último punto, que representa la asistencia consular en un
sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben ser
Es necesario reconocer la especial proyección que tiene la exigencia
de asistencia consular en el proceso penal debido a la complejidad técnica
de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los
bienes jurídicos que pueden verse afectados.
Como anunciábamos anteriormente, la asistencia consular, en
cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva
realización de los principios de igualdad de las partes y de
contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar
desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero. En esta
lógica, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento
del proceso y una exigencia estructural del mismo.
Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los
extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma.
Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a
un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los
medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su
disposición, no solo limita, sino que hace imposible la plena
satisfacción del derecho a una defensa adecuada.
Para el detenido extranjero, el derecho a la asistencia consular
tiene una función propia y diferenciada tanto del derecho a tener un
abogado como del derecho a tener un traductor o intérprete.
La asistencia consular no se reduce a una simple medida de
comunicación entre el extranjero y un representante de su gobierno. Es ante
todo un derecho fundamental reconocido para evitar la indefensión del
inculpado, que no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del
idioma del país en el que ha sido detenido.
El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer
término, de que el extranjero no sea simplemente informado de la
acusación y de los derechos que le asisten, sino que los comprenda
La comprensión del significado gramatical de las palabras que
contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una
explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada
por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo,
esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato
constitucional de una defensa adecuada.
A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de
forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se
encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La
herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento
de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto
a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.
En algunos ordenamientos jurídicos, la declaración ante los agentes
de policía y la colaboración con las autoridades que investigan un delito
puede ser considerado a lo largo del proceso como una muestra de buena
voluntad por parte del detenido. Por el contrario, en otros sistemas, resulta
recomendable que los inculpados no externen ningún comentario hasta que
se encuentren en presencia de un juez. Asimismo, en ciertos ordenamientos
jurídicos, cooperar con la policía y aceptar determinados hechos puede
ameritar, a futuro, una reducción de condena. En otros, resulta irrelevante la
confesión espontánea del inculpado.
Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente
ponderadas por los abogados nacionales. Este tipo de decisiones solo
pueden ser tomadas una vez que se ha recibido una efectiva asistencia
técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios consulares, quienes
por su actividad profesional presumiblemente se encuentran debidamente
capacitados para dicha tarea.
Es importante subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares no habla sólo de contacto, sino de asistencia, de donde se
infiere que lo que la Convención dispone es que el detenido tiene derecho a
gozar de una asistencia técnica que sea real y efectiva. En caso contrario,
el derecho de defensa de los extranjeros tendría el riesgo de convertirse
una serie de palabras vacías, donde la especial posición del extranjero, al
ser un extraño en un sistema jurídico extraño, nunca sería tomada en
En definitiva, el núcleo fundamental del derecho a la defensa
adecuada de un extranjero es preciso ubicarlo, no solo en la modalidad de
la designación de un perito en Derecho, sino en la efectividad de la
En esta línea, una asistencia consular efectiva solo será aquélla
que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que
es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la
comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión
básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos
de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de
decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de
establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin
de evitar un escenario de indefensión. Esta exigencia, por lo demás
elemental y obvia, se constituye como un elemento básico de la tutela
judicial a fin de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero.
El derecho fundamental contenido en el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares se quedaría en una mera
declaración de buenas intenciones, si la asistencia se sucede en un
momento procesal en el que los elementos que acabamos de describir ya
no resultan relevantes para la suerte del procesado, lo que conllevaría que
el funcionario consular se convierta en un simple convidado de piedra. Esto
es, alguien a quien se le invita por compromiso, pero que no es tenido en
En definitiva, la importancia del derecho a la notificación, contacto y
asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en
sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás
derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la
posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en
condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e
imparcial, depende –de forma absoluta– del presupuesto previo relativo
a la asistencia real y efectiva de los miembros de la oficina diplomática
de su país277
Una vez que hemos desarrollado el contenido esencial del derecho
fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es necesario
ocuparnos del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición
inmediata ante el Ministerio Público, a fin de contar con los elementos
necesarios para determinar si, efectivamente, se actualiza la violación de
estos derechos en el caso concreto.
2. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a
disposición inmediata ante el Ministerio Público.
Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el quinto
párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al momento en que señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”278
En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
señalar que el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el
derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la
luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Opinión Consultiva OC-
16/99, párrafo 124.
La actual redacción de esta porción normativa del artículo 16 constitucional fue modificada a
través de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. En el momento de los hechos, el
mandato en estudio se encontraba ubicado en el párrafo cuarto del artículo 16 y establecía lo
siguiente: “En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la
del Ministerio Público”. En cualquier caso, lo relevante es que el mandato de puesta a
disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público también se encontraba vigente
en el momento de los hechos.
A nivel de la legislación federal también se encuentra previsto este
derecho en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales,
el cual establece que “el indiciado deberá ser puesto sin demora a
disposición de la autoridad competente (…) Las autoridades que realicen
cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de
comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro
administrativo correspondiente y que la persona sea presentada
inmediatamente ante la autoridad competente. La autoridad que intervenga
en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las
circunstancias de la detención. Desde el momento de la detención hasta la
puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se
deberán respetar los derechos fundamentales del detenido. El Ministerio
Público constatará que los derechos fundamentales del detenido no hayan
sido violados. La violación a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será
causa de responsabilidad penal y administrativa”.
Muy recientemente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el régimen
constitucional de las detenciones y el principio de inmediatez, en el amparo
directo en revisión 2470/2011279
Nuestro análisis debe partir de la imposibilidad de establecer reglas
temporales específicas en este punto. Por el contrario, resulta necesario
determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del
derecho reconocido a la persona detenida280
En esta lógica fue que en la sentencia recaída al amparo directo en
revisión antes citado, esta Primera Sala estableció que se está frente a una
Amparo directo en revisión 2470/2011. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario:
Julio Veredín Sena Velázquez. Resuelto el 18 de enero de 2012.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se han pronunciado en el mismo sentido. Véanse, de la Corte Interamericana: Caso Acosta
Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C
No. 129; y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135. Asimismo, véanse del Tribunal Europeo: Brogan and Others
vs. United Kingdom, sentencia de 29 de noviembre de1988; Punzelt vs. República Checa,
sentencia de 25 de abril de 2000; y P.B. vs. Francia, sentencia de 1°de agosto de 2000.
dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que
imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a
disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea
competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables
únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales y
comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y
el lugar de la puesta a disposición). Además, estos motivos deben ser
compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades.
Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a
una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla
ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben
desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que
permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción
temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener
a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información
relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras
Este mandato, que se encuentra consagrado en la mayoría de las
legislaciones del mundo occidental, no es más, ni menos, que la mayor
garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que
se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a
presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente
En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen
estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando
cualquier justificación que pueda estar basada en “la búsqueda de la
verdad” o en “la debida integración del material probatorio” y, más aún,
aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema
democrático, como serían “la presión física o psicológica al detenido a fin de
que acepte su responsabilidad” (la tortura) o “la manipulación de las
circunstancias y hechos objeto de la investigación” (la alteración de la
realidad), entre otras.
3. La actualización de la violación, en el caso concreto, al
derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación,
contacto y asistencia consular, así como al derecho del
detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el
Como ha quedado extensamente desarrollado en los antecedentes de
esta sentencia, es un hecho cierto y probado, no solo para el Tribunal
Colegiado de Circuito281
, sino para las mismas autoridades que organizaron
y realizaron la detención de la ahora recurrente282
, que en el caso concreto
existió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a
disposición ante el Ministerio Público, en el que la privación de la
libertad de Florence Cassez Crepin no encuentra sustento
constitucional alguno. Sin embargo, el órgano judicial antes citado
determinó que ello no provocó una violación de derechos fundamentales.
Como se verá a continuación, nuestra conclusión es distinta.
En primer término, resultará necesario realizar un breve recuento de
los hechos transcurridos durante ese periodo de tiempo. En segundo lugar,
nos ocuparemos de los argumentos del Tribunal Colegiado de Circuito en
virtud de los cuales consideró que, en el caso concreto, no existió una
violación a los derechos fundamentales que venimos analizando.
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937.
Supra apartados I y II.3. Asimismo, véanse: (i) la emisión del programa “Punto de Partida” de 5
de febrero de 2006 (Cuaderno de Primera Instancia [25/2006-IV]. Tomo VIII. Prueba documental
consistente en video con el programa “Punto de Partida” emitido el 5 de febrero de 2006. Foja 299);
y (ii) la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006 en la que participaron el Procurador
General de la República, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada de la misma dependencia y el Director General de la Agencia Federal de
Investigaciones (Cuaderno de Primera Instancia [25/2006-IV]. Tomo VII. Prueba documental 19
consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Foja 793).
Existe constancia en el expediente de que a las 4.30 a.m., del 9 de
diciembre de 2005283
, la recurrente y otro individuo fueron detenidos por
agentes de la Agencia Federal de Investigación en el kilometro 28, de la
carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del pueblo de Topilejo.
A continuación, los agentes de policía, en vez de encaminarse a las
dependencias del Ministerio Público, se dirigieron a una propiedad
denominada Las Chinitas, a tan sólo kilómetro y medio del lugar donde los
Como ha quedado extensamente reseñado en los antecedentes de
esta sentencia, a las 6:47 a.m., de ese mismo día284
, inicia la transmisión, a
nivel nacional, de toda una escenificación ajena a la realidad en la cual
participaron la recurrente, el otro detenido, las supuestas víctimas del delito,
así como un sinnúmero de agentes de policía. Esta escenificación o
montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, que
implicaron –sin ánimo ser exhaustivos– los siguientes puntos:
1. La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas
de un secuestro que se estaba realizando en esos momentos.
2. La detención, en ese mismo lugar, de Florence Cassez Crepin y de
otro individuo, los cuales supuestamente se encontraban
relacionados con los hechos.
3. El interrogatorio, en ese mismo lugar, a Florence Cassez Crepin y
a otro individuo, por parte de los medios de comunicación que
habían sido invitados a transmitir la escenificación. Dicho
interrogatorio fue permitido y favorecido por los miembros de la
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: José Luis Escalona
Aldama (Fojas 148 a 150); Germán Ovidio Zavaleta Abad (Fojas 157 a 161); Carlos Servín
Castorena (Fojas 163 a 167); y José Aburto Pazos (Fojas 169 a 172).
Supra apartado I.
4. Las declaraciones, por parte de la autoridad, en el sentido de que
Florence Cassez era parte de una banda de secuestradores.
5. Las declaraciones, por parte de de la autoridad, de que Florence
Cassez Crepin y otro individuo habían sido identificados por las
víctimas como sus captores.
6. Las declaraciones, por parte de los miembros de los medios de
comunicación presentes en ese momento, de que Florence
7. La identificación de los nombres, edad y nacionalidad de Florence
Cassez Crepin y de otro individuo, por parte de la autoridad y de
8. La declaración simultánea de las víctimas del supuesto delito.
9. La exposición de estas imágenes, desde ese momento y hasta
nuestros días, por parte de la autoridad y de los medios de
comunicación, asumiendo, indubitablemente, que Florence Cassez
Crepin y otro individuo resultaban los responsables de los hechos
Una vez finalizada la escenificación, a las 8:32 a.m., de ese mismo
día, los agentes de la Agencia Federal de Investigación transportaron a la
recurrente a las dependencias del Ministerio Público Federal en la Ciudad
de México285
Según declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a
disposición del agente del Ministerio Público Federal a las 10:16 a.m., del 9
de diciembre de 2005286
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encuentra
ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 03600, México, Distrito Federal.
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO de
Israel Vallarta y Florence Cassez. Fojas 188 y 189.
Florence Cassez Crepin realizó su primera declaración ante el agente
del Ministerio Público Federal a las 3:10 p.m., del 9 de diciembre de
El agente del Ministerio Público Federal se comunicó con el
Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México a las 12:20
p.m., del siguiente día, el 10 de diciembre de 2005288
El Cónsul General de Francia en México visitó a la hoy recurrente, en
las dependencias del Ministerio Público Federal, a las 3:45 p.m., del 10 de
Pues bien, a pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo por
ciertos los tiempos y hechos relatados con anterioridad, llegó a la conclusión
de que no existía violación constitucional alguna por los siguientes motivos:
a) Respecto al derecho del detenido a ser puesto a disposición
inmediata ante el Ministerio Público, los argumentos principales del
Tribunal Colegiado de Circuito fueron los siguientes:
“En cuanto al hecho de que no fue puesta sin demora a disposición
del Ministerio Público, debe decirse que efectivamente no se le
puso a disposición de la autoridad competente inmediatamente
después de las cuatro horas con treinta minutos del nueve de
diciembre de dos mil cinco289
(…) El hecho de que no hubiera sido puesta a disposición de
autoridad competente, sin demora, obedeció a causas de fuerza
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Declaración de Florence Cassez. Fojas
282 a 290.
Un día antes, a las 3:05 p.m., del 9 de diciembre de 2005, la Agente del Ministerio Público de la
Federación trató de comunicarse a la embajada de Francia para avisar que Florence Cassez se
encontraba a disposición de la SIEDO. En ese momento, no se localizó a nadie del personal de la
embajada toda vez que el Ministerio Público había llamado fuera del horario de atención. Es
importante advertir que esta cuestión se tratará más adelante. Cuaderno de primera instancia
(25/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada Francesa. Foja 279. Véase el apartado II.4.A y B.
mayor, como lo era el preservar la vida y la integridad física de
las víctimas, y una vez rescatadas, recibir atención médica y
psicológica de urgencia. De lo anterior, se sigue, que si bien es
cierto que se aprecia un lapso considerable de tiempo, desde la
detención de la quejosa, hasta su puesta a disposición del Ministerio
Público de la Federación, no puede considerarse que ese periodo
resulte violatorio del artículo 16 constitucional, pues es evidente que
al no haber una forma lógica de medir en horas o minutos los
términos “inmediatamente” o “sin demora” o “sin dilación”, la
valoración correspondiente tiene que apreciar en conciencia las
circunstancias particulares del caso, particularmente en la especie, la
necesidad de velar por la integridad física de los ofendidos y
brindarles auxilio que para ellos garantiza el artículo 20 constitucional
en los términos citados (…)290
(…) En lo que se refiere a la manifestación de la peticionarios de
amparo de que en lugar de ponerla a disposición del Ministerio
Público sin demora, fue llevada o retenida ilegalmente en el rancho y
colocada contra su voluntad en una escenificación, y que ese tiempo
es injustificable y es una violación directa al mandato constitucional,
debe decirse que es infundado, y la manera en lo que lo expone la
peticionario resulta tendenciosa, pues enseguida de lo arriba
resumido, se limita a señalar las horas que tuvo por ciertas la
responsable respecto de la detención y el rescate de las víctimas, e
igualmente señala el registro cronológico que aparece en el video
transmitido por el programa „Primero Noticias‟, y afirma como ahí se
aprecia como mínimo una hora retenida, tiempo en que no fue
trasladada ni puesta a disposición del Ministerio Público, sino
colocada frente a las cámaras (…)291
(…) Asiste la razón a la peticionaria de amparo cuando
manifiesta que no hay fundamento legal o protocolo que permita
a la autoridad poner a un indiciado a disposición de los medios
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 937
y 937 vuelta.
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 938
vuelta y 939.
y a ser fotografiado o filmado, y ser obligado contra su voluntad
a estar en un simulacro escénico. Sin embargo, como ya se ha
dicho repetidamente, lo que aparece en los videos de los
programas televisivos, no fue tomado en consideración por el
tribunal señalado como autoridad responsable ni en beneficio, ni en
perjuicio de la quejosa (…)292
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
comparte estos razonamientos, por lo que procede a revocar la sentencia y
a declarar la violación del derecho fundamental en estudio, con base en lo
Como señalábamos anteriormente, resulta una exigencia
constitucional el que los agentes de policía no retengan a una persona que
ha sido detenida, más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla
En esta lógica, estaremos frente a una dilación indebida cuando, no
existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición
inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea
entregada a la autoridad competente para definir su situación jurídica. Así
las cosas, la autoridad debe justificar esos motivos razonables a través de
impedimentos fácticos reales y comprobables.
En la sentencia que ahora se revisa, el Tribunal Colegiado de Circuito
estableció que el motivo por el cual no se puso a la recurrente a disposición
inmediata del Ministerio Público se encuentra justificado por la necesidad de
preservar la vida e integridad física de las víctimas y que, en cualquier caso,
a pesar de ser reprobable la escenificación que se sucedió, ésta no fue
tomada en cuenta en su condena.
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 939
vuelta y 940.
Pues bien, suponiendo sin conceder que fuera cierta la afirmación de
los agentes de policía, en el sentido de haberse dirigido a la propiedad
denominada Las Chinitas a fin de liberar y proteger a las víctimas del delito;
lo cierto es que no encuentra justificación constitucional alguna el
tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y
expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia
Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios
de comunicación como la responsable de la comisión de tres
Ese período de tiempo puede ser comprendido entre las 6:47 a.m., y
las 8.32 a.m., del 9 de diciembre de 2005, según se aprecia en el video que
recoge la escenificación. Es decir, 1 hora con 45 minutos. Seguramente
este periodo se extendería si tomamos en cuenta el tiempo necesario para
implementar toda esta escenificación. En cualquier caso, esto resulta
irrelevante para nuestros efectos.
No son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en
cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o
motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En nuestro caso no
es una actuación loable de la policía –como lo sería la protección de las
victimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso
tráfico de la Ciudad de México–, sino la manipulación de las
circunstancias y hechos objeto de la investigación.
Asimismo, es imposible sostener, como lo hace el Tribunal Colegiado
de Circuito, que esta violación resulta irrelevante en la determinación de la
responsabilidad de la recurrente, ya que como explicaremos más adelante,
resulta el detonante de una serie de violaciones de derechos
fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan, de forma total
y compleja, al curso del procedimiento.
Es por estos motivos que la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determina que, en el caso concreto, existe una
violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a
b) Respecto al derecho fundamental del detenido extranjero a la
notificación, contacto y asistencia consular, los argumentos
principales del Tribunal Colegiado de Circuito fueron los siguientes:
“(…) No existe constancia en la averiguación previa, de que se le
haya informado a la aquí quejosa, sobre su derecho a la asistencia
consular, a que se refiere el mencionado artículo 36 de la
Convención de Viena (…)293
(…) Como puede verse, el representante social de la federación sí
incurrió en transgresión a un derecho fundamental de la
indiciada (….)294
(…) No obstante lo anterior, no se aprecia erróneo el argumento
del magistrado responsable, de que la ley aplicable no establece
como prerrogativa mayor a la de cualquier otro gobernado el
que antes de declarar ministerialmente sobre hechos delictivos
investigados en su contra, deba necesariamente estar
asesorada o asistida por determinada persona, institución o
embajada, pues como se ha visto, si bien existe la disposición
expresa en el código adjetivo, que obliga al Ministerio Público a
comunicar la detención a un extranjero, a la representación
diplomática de su país, el mencionado ordenamiento procesal no
obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta que
el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o
consulado [de] su país, para recibir declaración ministerial; en
tanto que el artículo 36 de la convención citada, tampoco dispone
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 956
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957.
que las actuaciones de la autoridad investigadora, deban retrasarse
por falta de la comunicación a la representación diplomática (…)295
(…) No puede estimarse que la declaración ministerial de la
quejosa fue obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa
violación (…). Máxime que no debe perderse de vista que es a la
defensa ante los tribunales, a la que se refiere la mencionada
convención, defensa que sí pudo organizar la peticionaria de
amparo con asesoramiento de su representación diplomática (…)296
Como señalamos anteriormente, existen diversos derechos
específicos que se derivan de lo contenido en el artículo 36 de la
debe ser inmediata a la detención y no puede ser demorada bajo
En segundo lugar, la autoridad deberá informar de esta situación a
la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al
lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser
inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al
alcance de la autoridad respectiva.
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 958
y 958 vuelta.
Existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de
Circuito, que demuestran que al ser detenida Florence Cassez Crepin –a
las 4:30 a.m., del día 9 de diciembre de 2005– no se le informó de su
derecho a comunicarse con la oficina consular de su país y tampoco que las
autoridades hubiesen contactado de forma directa al consulado francés.
Como lo establecimos en su momento, los derechos contenidos en el
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares deben
ser otorgados, a fin de lograr una asistencia consular efectiva, de
forma inmediata a la detención del extranjero.
Fue al momento de ser detenida Florence Cassez, en el kilómetro 28
de la carretera federal México-Cuernavaca, y al haberse identificado con su
licencia de conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal en la que se
indica que la portadora es de nacionalidad extranjera, cuando se le debió
haber informado de estos derechos297
Asimismo, señalamos que la autoridad debe favorecer la
comunicación consular a través de todos los medios posibles a su
Florence Cassez manifestó que su detención fue iniciada so pretexto de una inspección de
rutina, que posteriormente les pidieron que se identificaran y que, finalmente, le sustrajeron su
bolso en donde portaba sus identificaciones, entre otras pertenencias. Véase el cuaderno de
primera instancia (25/2006-IV). Tomo VIII. Comparecencia de Florence Cassez dentro de la
investigación DII/113/DF/06. Foja 103. Lo anterior puede confrontarse con los objetos asegurados
por los agentes de la AFI a la quejosa. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Oficio
No: AFI/DGIP/PI/2498/05.Foja 193. Es importante señalar que la Circular C/003/01, por la que se
reitera a los agentes del Ministerio Público de la Federación y miembros de la Agencia Federal de
Investigación se abstengan de llevar a cabo o tolerar cualquier forma de detención ilegal, publicada
en el Diario Oficial del lunes 24 de diciembre de 2001, establece en su punto sexto que “queda
estrictamente prohibido a los miembros de la Agencia Federal de Investigación practicar los
denominados recorridos de revisión y vigilancia rutinarios o las revisiones rutinarias con fines
distintos a la investigación de los delitos y sin que medie mandamiento judicial o instrucciones del
Ministerio Público de la Federación”. Asimismo, en su punto decimo sexto, señala esta circular
que “en las detenciones que practiquen los miembros de la Agencia Federal de Investigación, se
deben cerciorar de la identidad del detenido (…)”.
alcance, por lo que no resulta trascendente que la detención se realizara en
una horario no laborable, ya que el Consulado de la República Francesa
cuenta con teléfonos de emergencia para estas vicisitudes, los cuales se
pueden obtener, de manera muy sencilla, tanto en el conmutador del
Consulado como en su página web298
. Esto mismo resulta aplicable a la
excusa desarrollada por la autoridad, cuando horas después de la detención
y ya en las dependencias ministeriales, llamó al consulado francés a las
3:05 p.m., y se encontró con una grabación que le indicaba que ya había
finalizado el horario general de atención al público299
En este sentido, esta Primera Sala advierte que la legislación que
regulaba en ese momento las funciones de los policías que realizaron la
detención, les imponía un mandato muy claro para situaciones como la
que venimos estudiando.
El artículo 5, fracción II, apartado a), de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República300
, establecía que la Procuraduría
debía fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de
respeto a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales
en que México fuera parte. En esta lógica, la fracción IV del mismo artículo
5, establecía que la Procuraduría debía velar por darle cumplimiento y
seguimiento a dichos tratados en coordinación con las dependencias
correspondientes de la Administración Pública.
Así las cosas, existía un claro mandato del legislador en el sentido de
que para darle cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 36
de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, la autoridad que
realizó la detención debió coordinarse de manera institucional, directa e
inmediata con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es la
En caso de emergencia, la embajada de Francia en México puede ser contactada, fuera de los
horarios de apertura al público, a través de los siguientes teléfonos: Consulado General de Francia
en México: 0445554068664 desde el Distrito Federal, 0455554068654 desde el resto del país y
005215554068664 desde el extranjero.
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958;
y cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada francesa. Foja 279
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002 y abrogada el 29 de
dependencia encargada de mantener el censo de delegaciones
diplomáticas en nuestro país, así como los datos de contacto de estas
En cualquier caso, la violación a los derechos fundamentales de la
recurrente no sólo se sucedió en esos momentos, sino que se extendió
hasta las 12:20 p.m., del día 10 de diciembre de 2005, momento en el
cual, por fin, el agente del Ministerio Público logró comunicarse con el
Consulado francés301
Entre las 4:30 a.m., del 9 de diciembre y las 3:45 p.m. del día
siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la
recurrente y el funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia
consular302
Se podría pensar, ¿qué tanta importancia pueden tener 35 horas?
Son 35 horas en las que se sucedieron una serie de eventos que
conformaron el devenir del proceso penal y que pudieron ser evitados en
caso de que la recurrente hubiese gozado de asistencia consular. Son las
horas en que Cassez fue trasladada a Las Chinitas, son las horas en las
que se preparó y efectúo la escenificación por parte de la autoridad a fin de
involucrarla en los delitos investigados, son las horas en las que fue
trasladada a las dependencia ministeriales, son las horas en las que Cassez
realizó su primera declaración y son las horas en la que la autoridad se
encargó de divulgar a los medios de comunicación las escenas grabadas en
El 10 de diciembre de 2005, a las 12:20 p.m., la agente de Ministerio Público de la Federación
se comunicó a la embajada francesa para avisar que Florence Cassez se encontraba a disposición
de la SIEDO. La llamada fue atendida por el agente de permanencia del Consulado General de
Francia en México, quien manifestó que daría aviso al Cónsul General para que girara
instrucciones. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada Francesa.
Foja 404.
El 10 de diciembre de 2005, a las 3:45 p.m., horas el Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, dio fe de la siguiente
actuación: “se hace constar la presencia en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada, del
Sr. Didier Jean Marie Goujaud, Cónsul General de la República Francesa en México, Distrito
Federal, el cual una vez entrevistándose con este Representante Social, solicitó poder visitar y
entrevistar a la C. FLORENCE MARIE LOUSIE CASSEZ CREPIN, motivo por el cual se le designó
un espacio cómodo, dentro de estas oficinas, para que se realizara dicha entrevista; por lo que no
habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente constancia, firmando los
que en ella intervinieron para la debida constancia legal”. Cuaderno de primera instancia (25/2006-
IV). Tomo I. Visita del Cónsul de Francia a Florence Cassez. Foja 405.
el montaje. En definitiva, son las horas que marcaron el curso de toda la
En esta lógica, la asistencia consular efectiva solo puede ser
aquella que se otorgue de forma inmediata a la detención y no en un
momento procesal en la que se encuentre vacía de contenido. Es en la
detención donde la comprensión de la acusación, de los derechos que le
asisten al detenido, del sistema penal al que se enfrenta, de los efectos de
la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones
relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer
una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar
un escenario de indefensión.
Así, resultan incompatibles con esta interpretación las
manifestaciones del Tribunal Unitario y del Tribunal Colegiado de Circuito en
el sentido de que no resulta necesario que un extranjero cuente con
asistencia consular antes de su primera declaración.
No sólo es necesario, sino que es una exigencia constitucional a fin
de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero, ya que la
importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular
radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino
como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e
intereses de los que sean titulares los extranjeros.
En el caso que nos ocupa, la falta de notificación, contacto y
asistencia consular, como explicaremos a continuación, resulta el
detonante de una serie de violaciones de derechos fundamentales que
se extienden en el tiempo y afectan, de forma total y compleja, al curso
Es por estos motivos, que la Primera Sala de la Suprema Corte de
violación al derecho fundamental del detenido extranjero a la
notificación, contacto y asistencia consular.
4. Los efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho
fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto
y asistencia consular, así como al derecho del detenido a ser
puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.
En un primer análisis, abstracto y aislado de las circunstancias del
caso, se podría llegar a pensar que la violación a estos derechos
fundamentales únicamente puede afectar directamente a aquellos actos que
se realizaron sin garantía de dichos derechos. Es decir, tratar a estas
violaciones como meros defectos procesales que pueden ser subsanados a
través de una nueva sentencia.
Sin embargo, existen escenarios en los que la vulneración material de
un derecho fundamental apareja consecuencias prácticas consistentes en la
privación total del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los
intereses del afectado por esas violaciones.
El caso que nos ocupa es uno de ellos. Esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un caso muy
específico en el que la violación a los derechos fundamentales a la
asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron,
por sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo
anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por
la violación individualizada de estos derechos, sino porque, además,
estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento
al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales,
como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.
En las siguientes líneas, nuestros esfuerzos estarán destinados a
demostrar esta afirmación a fin de justificar que los agravios identificados
como 1, 5 y 6, que se refieren básicamente a la violación al derecho a la
presunción de inocencia, resultan también fundados y suficientes para
otorgar el amparo en los términos que a continuación se desarrollan.
A fin de facilitar el siguiente estudio, es conveniente recordar que los
argumentos vertidos en los agravios 1, 5 y 6, son básicamente los
En el agravio número 1, la recurrente se queja de que la actuación
de la policía vulnera los principios que rigen la actividad del Ministerio
Público, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 21
constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que, a pesar de
que esos principios fueron vulnerados en su contra, ninguno de los “datos”
contenidos en la escenificación fueron tomados en consideración en
perjuicio de Cassez.
En el agravio número 6, la recurrente se queja de que la actuación
de la policía vulnera su presunción de inocencia y que no fueron tomados
en cuenta los efectos que tuvo la actuación ilegal de la autoridad. El
Tribunal Colegiado de Circuito respondió que la presunción de inocencia
resulta oponible únicamente frente a “tribunales constitucionalmente
constituidos” y que, en cualquier caso, los datos contenidos en la
escenificación no fueron tomados en consideración en perjuicio de Cassez.
En el agravio número 5, la recurrente se queja de que la sentencia
no tuvo en cuenta las afectaciones a las pruebas derivadas de la actuación
de la policía. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que no existió
animadversión en contra de la sentenciada y que siempre tuvo expedito su
derecho a confrontar, contradecir y controvertir los elementos que sirvieron
de base para la acusación.
Pues bien, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, todos los argumentos vertidos en estos tres agravios
pueden ser reconducidos al estudio de un solo tema: la posible
vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia.
En primer término, es indispensable partir de un elemento ya
anunciado anteriormente: las violaciones al derecho fundamental a la
asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición
inmediata del detenido ante el Ministerio Público, fueron las causas
que permitieron, favorecieron y prepararon el terreno, para que la
autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la
escenificación ajena a la realidad.
Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera
decidido emprender de inmediato el camino hacia las dependencias
ministeriales (lo cual es una exigencia de la Constitución), no se hubiera
efectuado la escenificación ajena a la realidad. Es más, aun aceptando la
versión de la autoridad –en el sentido de que se dirigieron a Las Chinitas a
rescatar y proteger a las víctimas–, si sólo se hubieran limitado a realizar
esas acciones y de inmediato emprender el camino hacia las dependencias
ministeriales, no se hubiera efectuado la escenificación ajena a la realidad.
garantizado los derechos relativos a la asistencia consular de Florence
Cassez y hubiera contactado con el Consulado General de la República
Francesa en México, la mera presencia del funcionario consular hubiera
disuadido, seguramente, a la Agencia Federal de Investigación de efectuar
la escenificación ajena a la realidad o, si no, por lo menos, el funcionario
consular hubiera denunciado de forma inmediata las actividades de la
Sin embargo, esto no fue así. Lo cierto es que la policía violó de forma
clara y contundente los derechos fundamentales de la recurrente y decidió
continuar con su conducta contraria a la Constitución, procediendo a montar
un escenario a través del cual pudiese imputar la responsabilidad de tres
secuestros a Florence Cassez.
Pues bien, esta escenificación ajena a la realidad –que se sucedió a
partir de la violación a la asistencia consular y a la puesta sin demora– tiene
repercusiones directas e inmediatas en la violación al derecho fundamental
A continuación dotaremos de contenido a este derecho fundamental,
a fin de dar respuesta a los agravios del recurrente y determinar la violación
del derecho en el caso concreto. Una vez realizado este ejercicio, será
necesario demostrar que las diversas violaciones sufridas por la recurrente
tuvieron un efecto devastador en el proceso. Conclusión contraria a la
establecida por el Tribunal Colegiado de Circuito a lo largo y ancho de su
sentencia, en el sentido de que la actuación de la policía nunca fue tomada
en cuenta para acreditar la responsabilidad de la recurrente.
5. El derecho fundamental a la presunción de inocencia.
El reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia por el
comporta un cambio esencial en la naturaleza de esta regla básica de la
ordenación de un proceso penal. Una vez consagrada constitucionalmente,
la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del
derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para
convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los
poderes públicos y que es de aplicación inmediata303
Véanse las tesis aisladas: P.XXXV/2002 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. “EL
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL” y I/2012 (10ª) de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO
ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008”.
Así las cosas, la presunción de inocencia, además de constituir un
principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo
En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual
8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. (…).
La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la
presunción de inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías
, según el cual las personas deben ser consideradas inocentes
hasta que se acredite plenamente su culpabilidad305
En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que “el
derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la
realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado
durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que
determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica
que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le
atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa”306
Así las cosas, a través de la consagración de este principio se
entiende que la eficacia del proceso penal deriva ahora de su carácter de
medio civilizado de persecución y represión de la delincuencia. Civilizado
304 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997.
Serie C No. 35, párr. 77; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 145; y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de
2010. Serie C No. 220, párr. 182.
Corte IDH. Caso Suárez Rosero. Fondo, párr. 77; y Caso Ricardo Canese, párr. 153; y Caso
Cabrera García y Montiel Flores, párr. 182.
Caso Ricardo Canese, párr. 154 y Caso Cabrera García y Montiel Flores, párrs. 182 y 183.
en tanto respeta los derechos fundamentales de los individuos, lo que
convierte al proceso penal en un proceso con todas las garantías, lo cual
es la aspiración del constituyente al establecer todos los derechos de
La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de
inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues
influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al
imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la
actividad probatoria que se practique con el objeto de demostrar su
culpabilidad, sin dejar de lado su singular trascendencia en el contexto
general de todo el proceso penal. Así, de la presunción de inocencia es
posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: como regla
de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como
regla de juicio o estándar probatorio en el proceso307
Las vertientes más estudiadas de la presunción de inocencia son las
que se refieren a su cualidad de regla probatoria y de estándar
probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada en el momento de
La presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho
que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las
características que deben reunir los medios de prueba para poder
considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de
inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier prueba
puede enervar la presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse
de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada forma para cumplir
con esa finalidad. En esta línea, deben existir pruebas que puedan
entenderse de cargo, es decir, pruebas sobre la existencia del delito y la
responsabilidad del acusado, y que hayan sido suministradas por el
Al resolver el amparo directo en revisión 466/2011, esta Primera Sala ya anunciaba que la
presunción de inocencia es un derecho que podría calificarse de poliédrico, en el sentido de que
tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías
encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso penal.
Ministerio Público con respeto a los principios y garantías constitucionales
que rigen su práctica. Así, puede decirse que este derecho entra en juego
en un momento anterior a la valoración de las pruebas, cuando el juez
examina si las pruebas presentadas por la acusación pueden considerarse
válidamente como pruebas de cargo.
Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o
estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los
jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han
aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del
delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de
inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como
actividad), sino al momento de la valoración de la prueba (entendida como
resultado de la actividad probatoria) Al resolver el amparo directo en
revisión 715/2010308
, esta Primera Sala estableció que para poder
considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente
para enervar la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas,
cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén
desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la
defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de
contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
En esta lógica, es importante señalar que la valoración de la prueba
es, en principio, una facultad exclusiva de los tribunales ordinarios. Sin
embargo, existen ocasiones en las que los jueces y tribunales de amparo
deberán examinar la actividad probatoria desarrollada en el proceso ante el
tribunal ordinario, para determinar si la misma tiene el valor jurídico
necesario para contrarrestar la presunción de inocencia. No se trata de que
el tribunal de amparo sustituya la interpretación de los hechos realizada por
el tribunal ordinario por entenderla más correcta o más adecuada, sino que,
por el contrario, sólo ha de extenderse a aquellos supuestos en los que la
Ministra Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Secretaria: Rosalía Argumosa
López. Resuelto el 29 de junio de 2011.
resolución judicial pueda poner en riesgo la vigencia de un derecho
fundamental apoyándose en una indebida valoración de las pruebas.
Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha
sido menos estudiada y que en nuestro caso reviste una importancia capital:
la presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente
Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho
fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y
determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las
consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal
naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas
anticipadas309
Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla de juicio, la
violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar
de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades
Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la
Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin
de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de
nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de
investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como
finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho
delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de
condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad
La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre esta
cuestión en el amparo en revisión 89/2007, resuelto el 21 de marzo de 2007, del cual derivó la tesis
aislada de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL”. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado
extensamente este tema. En este sentido, véanse los casos: Lizaso vs. España, sentencia de28 de
junio de 2011; Kamasinski vs. Austria, sentencia de19 de diciembre de 1989; Allenet de Ribemont
vs. Francia, sentencia de 10 de febrero de 1995; Viorel Burzo vs. Rumania, sentencia de 30 de
junio de 2009; y Moullet vs. Francia, sentencia de 13 de septiembre de 2007.
que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la
imputación pública realizada por la policía.
Además, la violación a la presunción de inocencia como regla de trato
puede afectar de una forma –intraprocesal– mucho más grave aún los
derechos relativos a la defensa del acusado. Puede introducir elementos
de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo
del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos,
actúen después como pruebas de cargo en contra de los más
elementales derechos de la defensa.
Así, la presunción de inocencia se relaciona tanto en el proceder
de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de
la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás
partes involucradas en el juicio.
La violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede
influir en un proceso judicial cuando la manipulación de la realidad por
parte de la policía tiende a referirse a: (i) la conducta, credibilidad,
reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o
posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión,
admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a
declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido
sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobra la
culpabilidad del detenido; y (v) el hecho de que alguien hubiera identificado
al detenido, entre muchas otras.
Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio”
se celebró mucho antes de la aparición del juez. En las situaciones a las
que nos estamos refiriendo la policía no pretende facilitar información de la
causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su
desarrollo, pero sin cumplir con las garantías del debido proceso.
Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana, la
cual estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México que
”el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no
inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha
cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en)
quien acusa”310
Es importante señalar que el respeto de las autoridades policiales y
ministeriales a la regla que venimos desarrollando se encuentra exigido en
nuestro ordenamiento jurídico, no solo en virtud del derecho a la presunción
de inocencia sino también por lo establecido en el artículo 21 constitucional.
Como acertadamente señala la recurrente en su agravio primero y
sexto agravio, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra el principio de buena fe ministerial, al
establecer que: “la actuación de las instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Resulta indudable que con la inclusión de este apartado en el artículo
21 constitucional, el constituyente tuvo por objetivo establecer un estándar
constitucional relativo a la actuación de los policías: la legalidad, la
honestidad, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de derechos
fundamentales311
Como ya lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al
orden constitucional. En esta lógica, “resulta inadmisible
constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento
de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo
Caso Cabrera García y Montiel Flores, párr. 184.
Exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 1994.
social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los
órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran
vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo”312
A continuación, deberemos proceder a determinar si, en el caso
concreto, la recurrente sufrió la violación a su derecho fundamental a la
6. La actualización de la violación, en el caso concreto, al
derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Como fue reseñado en la primera parte del estudio de fondo de esta
sentencia, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y
al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido
ante el Ministerio Público, fueron las causas que permitieron, favorecieron y
prepararon el terreno para que la autoridad organizara y efectuara lo que
hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad.
Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos
hechos ajenos a la realidad, que implicaron –sin ánimo ser exhaustivos– los
1. La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas de un
secuestro que se estaba realizando en esos momentos.
Tesis jurisprudencial P./J.35/2000, cuyo rubro es: “SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN
PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época.
Tomo XI, abril de 200, página 557.
En el mismo sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, en su Observación General N°32, donde, al estudiar el contenido del artículo
14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señaló que el derecho de toda
persona a que se presuma su inocencia implica que “todas las autoridades públicas tienen el
deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de
hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado”. Véase: Comité de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Observación General N°32, U.N.
Doc. CCPR/C/GC32 de 27 de agosto de 2007, párr. 30, citando el precedente establecido en la
Comunicación N°770/1997, Gridin c. la Federación de Rusia, párrafos 3.5 y 8.3.
2. La detención, en ese mismo lugar, de Florence Cassez Crepin y de otro
individuo, los cuales supuestamente se encontraban relacionados con
3. El interrogatorio, en ese mismo lugar, a Florence Cassez Crepin y a otro
individuo por parte de los medios de comunicación que habían sido
invitados a transmitir la escenificación. Dicho interrogatorio fue permitido
y favorecido por los miembros de la Agencia Federal de Investigación.
Florence Cassez Crepin era parte de una banda de secuestradores.
5. Las declaraciones, por parte de de la autoridad, de que Florence Cassez
Crepin y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como
comunicación presentes en ese momento, de que Florence Cassez
Cassez Crepin y de otro individuo, por parte de la autoridad y de los
9. La exposición de estas imágenes, desde ese momento y hasta nuestros
días, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación,
asumiendo, indubitablemente, que Florence Cassez Crepin y otro
individuo resultaban los responsables de los hechos investigados.
Pues bien, frente a esta situación, el Tribunal Colegiado de Circuito se
limitó a señalar en su sentencia que no existía violación alguna ya que “la
presunción de inocencia (se garantiza) frente a tribunales
constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública (…).
Asimismo, que en la lógica del recurrente, “se debería absolver a todo aquél
que sea fotografiado en el momento de la detención”, lo que a juicio del
Tribunal Colegiado es “sencillamente absurdo” (…)313
Como lo señalamos anteriormente, de la presunción de inocencia es
regla de juicio en el proceso o estándar de prueba.
Como regla de tratamiento, el derecho fundamental a la presunción
de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una
conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el
trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues
puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –
sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional
propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento.
Así las cosas, el Tribunal Colegiado de Circuito desconoce que la
presunción de inocencia determina una configuración compleja en su
contenido y que, en los términos desarrollados en esta sentencia, no se ve
limitada al actuar de los jueces.
Asimismo, el Tribunal Colegiado pretende señalar que frente a la
“opinión pública” no es exigible la presunción de inocencia.
En este punto resulta fundamental señalar que no es la “opinión
pública” o los medios de comunicación a los que se les debe imputar la
Cuaderno de amparo directo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 983
y 983 vuelta.
escenificación ajena a la realidad y el trato anticipado de culpable respecto
a la recurrente.
No fueron los medios de comunicación quienes detuvieron a Florence
Cassez y no la pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, ni
fueron ellos quienes le negaron su asistencia consular y la trasladaron a Las
Chinitas. Fue la autoridad.
Fueron los agentes y responsables de la Agencia Federal de
Investigación quienes organizaron y prepararon un montaje a efectos de
publicitarlo en las principales cadenas de televisión en México. Como quedó
reseñado en los antecedentes de esta sentencia, el máximo responsable de
esta Agencia reconoció este hecho en una conferencia de prensa, meses
después314
Esta Primera Sala no censura que la prensa informe sobre los
acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha
contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de
una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de
crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a
la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso,
como los culpables del hecho delictivo.
Florence Cassez fue expuesta repetidamente y en profundidad a un
espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos
y libertades. Nadie que hubiese visto la televisión ese día y durante los
meses siguientes, podría negar que tal espectáculo fue, para los miles y
miles de ciudadanos que lo vieron y oyeron, el auténtico juicio de Cassez.
Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos
fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una
mera formalidad.
En este sentido, resulta irrelevante si la planeación y ejecución de la escenificación ajena a la
realidad fue perpetrada por los miembros de la Agencia Federal de Investigación que realizaron
materialmente la detención, por sus altos mandos o por ambos. Lo cierto es que hubo un concierto
de agentes de la autoridad que, a través de acciones complejas, manipularon la realidad.
Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación determina que, en el caso concreto, existe una violación al
derecho fundamental de la recurrente a la presunción de inocencia
como regla de trato y, como se verá a continuación, también como
regla probatoria que disciplina los requisitos que han de cumplir las
pruebas de cargo para considerarse válidas.
En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha condenado
enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de
comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún
no han sido condenadas por sentencia firme315
. Al respecto, dicho tribunal
sostuvo que “el derecho a la presunción de inocencia (…) exige que el
Estado no condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la
sociedad (que) contribuy(a) así a formar una opinión pública, mientras no se
acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”316
Sin embargo, falta determinar qué efectos tuvo en el proceso la
violación que acabamos de declarar. Cuestión capital, ya que uno de los
argumentos centrales del Tribunal Colegiado de Circuito, repetido de forma
constante, es que la actuación de la policía no tuvo reflejo en la
determinación de la responsabilidad de Cassez.
7. Los efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho
fundamental a la presunción de inocencia.
A juicio de esta Primera Sala, la violación a la presunción de
inocencia –derivada a su vez de las violaciones al derecho a la asistencia
consular y a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público–,
Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997.
Serie C No. 33, párr. 46 inciso d en relación con la sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 123; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo.
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 63.i, 85 y 106; y Caso Lori Berenson
Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C
No. 119, párrs. 158, 160 y 161.
Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía, párr. 160.
generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso
penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de la
Antes del entrar al análisis de efecto corruptor en el caso concreto,
es necesario señalar que esta Primera Sala entiende por tal efecto a las
consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas
o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones
sugestivas en la evidencia incriminatoria, en los términos que se explican a
continuación317
Asimismo, para que la conducta de la autoridad produzca un efecto
corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido,
es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal.
El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca
su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la persona
acusada, ya que es indudable que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a que, en
caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de
cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la
actuación ilegal de la autoridad. Así, cuando la falta de fiabilidad en el
material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las
autoridades, las cuales no hubiesen tutelado efectivamente los derechos
fundamentales de los inculpados en la búsqueda de la verdad,
indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el
procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a
sus resultados318
Un concepto semejante ha sido utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América. Véanse las siguientes sentencias de la de la Corte Suprema de Estados Unidos: United
States v. Wade (1967), Stovall v Denno (1967), Foster v. California (1969), United States v. Ash
(1973), Neil v. Biggers (1972), Moore v. Illinois (1977), Mason v. Brathwaite (1977) y Perry v. New
Hampshire (2011).
Como lo sostuvo esta Primera Sala en la sentencia recaída a solicitud de facultad de atracción
45/2011, resuelta en sesión de 11 de mayo de 2011, la doctrina ha distinguido dos modelos del
derecho procesal penal: el modelo garantista (que corresponde con el derecho penal mínimo) y el
modelo decisionista (que corresponde con el derecho penal máximo). El modelo garantista se
Ahora bien, esta Primera Sala considera que claramente se observa
un efecto corruptor en el presente caso como consecuencia de la conducta
indebida y arbitraria de los miembros de la Agencia Federal de Investigación
al exponer a la quejosa ante los medios de comunicación como la
responsable de la comisión de tres secuestros. Lo anterior, como se
expondrá a continuación, tuvo repercusiones claramente identificables en el
proceso, las cuales perjudicaron indudablemente a la quejosa.
Las consecuencias de la escenificación comprendieron la exposición
de una persona, en este caso a la quejosa, señalándola como la
responsable de un delito, sin que mediara un juicio que esclareciera su
situación jurídica, además de una supuesta recreación de hechos que
nunca ocurrieron pero que, sin duda, pretendieron causar un impacto en la
opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso.
En el mismo orden de ideas, el hecho de que las autoridades
orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el
proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada,
también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose
la fiabilidad de sus declaraciones. Esta situación resulta inadmisible y
peligrosa en un estado democrático de derecho, pues la probabilidad de
ocasionar una identificación errónea e irreparable en contra de la quejosa
estuvo latente desde ese momento. Este peligro aumentó
considerablemente, cuando, como se ha establecido en la presente
sentencia, la escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos
orienta a la averiguación de una verdad procesal empíricamente controlable y controlada, limitada
por el principio de taxatividad; asimismo, las garantías procesales circundan la averiguación de la
verdad procesal a través de cánones como la presunción de inocencia, la carga de la prueba de la
acusación, el principio in dubio pro reo, la publicidad del procedimiento probatorio, el principio de
contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de la acusación. Por el contrario, el
modelo decisionista apunta a la búsqueda de la verdad fundada esencialmente en valoraciones y
en averiguaciones de “verdades” políticas que van más allá de la prueba, perseguidas sin límite
normativo en cuanto a los medios de adquisición de las pruebas y al mismo tiempo no vinculada
sino discrecional, aunque sólo fuera porque la indeterminación y el carácter valorativo de las
hipótesis acusatorias reclaman, más que pruebas, juicios de valor no refutables por la defensa. En
este modelo, el fin (la obtención de la verdad sea cual fuere) justifica los medios. Ministro Ponente:
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
ajenos a la realidad, situación que produjo, desde un inicio, la manipulación
de las circunstancias y hechos que constituyen el objeto de la investigación.
Así las cosas, y como fue extensamente expuesto en los
antecedentes de esta sentencia, los tribunales que han juzgado este caso
tuvieron como pruebas de cargo, a fin de tener por acreditada la
responsabilidad de Florence Cassez en los delitos de secuestro y
delincuencia organizada, las referidas a los testimonios de las tres
víctimas y el de un tercero319
Empezando por el último testigo, de nombre Testigo 4, resulta claro el
efecto corruptor que la escenificación ajena a la realidad tuvo en su
testimonio, ya que el mismo día que las autoridades admitieron que las
imágenes mostraban un montaje, y 5 días después de que esa información
saliera a la luz pública, este testigo compareció voluntariamente ante el
Ministerio Público a declarar que identificaba a la recurrente como una de
las secuestradoras en virtud de lo que había visto en la televisión320
Respecto a la declaración de la víctima menor de edad, de nombre
Víctima-Testigo 3, es importante partir del hecho de que a pesar de haber
estado presente en la escenificación ajena a la realidad, ese mismo día –
ante el agente del Ministerio Público– declaró que no reconocía a
Florence Cassez físicamente ni por su voz (una vez que esta le fue
expuesta en la Cámara de Gesell)321
. Sin embargo, 67 días después del día
del operativo, y solo 9 después de que saliera a la luz pública el hecho de
que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes
Véase el apartado IV de esta sentencia así como la foja 857 vuelta y 858 de la sentencia del
Tribunal Colegiado de Circuito.
Supra apartado II.4.E. Este testigo señaló exactamente que: “reconozco plenamente sin temor a
equivocarme a la persona que aparece en la fotografía, como la misma persona que en ocasiones
iba a mi puesto a comprar verdura, la cual siempre lo hacía cuando llegaba la Víctima-Testigo 2,
así mismo (sic) de (sic) trata de la misma persona que vi en la televisión como la francesa
secuestradora (…)”. (Cuaderno de primera instancia. Tomo III. Declaración de Testigo 4. Fojas
321 a 323). El 1°de marzo de 2006 acudió a las instalaciones de la SIEDO, para rendir su
segunda declaración, y reconoció a Florence Cassez en la Cámara de Gesell (Cuaderno de
primera instancia [25/2006-IV]. Tomo III. Declaración de Testigo 4. Fojas 476 y 477). El testigo
falleció el 21 de mayo de 2006 y, consecuentemente, no compareció ante la Juez de Distrito.
Supra apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Comparecencia del
menor de edad Víctima-Testigo 3. Fojas 238 a 242.
volvieran a salir a la palestra, declaró que identificaba la voz de Cassez
como la de una mujer que tenía un acento raro y extranjero y que le
había inyectado durante su cautiverio322
Una situación similar sucede con la Víctima-Testigo 2, madre del
anterior testigo, la cual, a pesar de haber estado presente en la
escenificación ajena a la realidad, ese mismo día –ante el agente del
Ministerio Público– declaró que no reconocía a Florence Cassez como
una de sus secuestradores, indicando que la diligencia de
reconocimiento era la primera vez que la veía y que su voz no coincidía
con la de los secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales de
la Agencia Federal de Investigación le informaron que Florence Cassez
había participado en su secuestro323
. Sin embargo, 61 días después del
día del operativo y solo 3 después de que saliera a la luz pública el hecho
de que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes
volvieran a salir a la palestra, declaró que su hijo le comentó que una
mujer con acento raro fue quien le sacó sangre324
. Siete días después,
la Víctima-Testigo 2 compareció nuevamente a declarar y en esta ocasión
describió que su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya
voz, según la reconocieron en los noticieros, es la de Florence Cassez.
Consecuentemente, identificó a la quejosa como la mujer que escuchó
en las dos casas de seguridad325
Segunda declaración de Víctima-Testigo 3 (14 de febrero de 2006). Supra apartado II.4.E.
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de Víctima-
Testigo 3. Fojas 370 a 375. El 7 de junio de 2006, Víctima-Testigo 3 compareció por tercera vez a
declarar (175 días después del operativo) y agregó la descripción del diálogo sostenido con
Florence Cassez, señalando que ella le había pedido que “apretara el puño” (Cuaderno de
primera instancia [25/2006-IV]. Tomo IX. Videoconferencia de Víctima-Testigo 3. Fojas 664 vuelta a
667 vuelta).
Supra apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Declaración de la
Víctima-Testigo 2 a las 14:00 p.m. Foja 256 a 259.
Segunda declaración de Víctima-Testigo 2 (8 de febrero de 2006). Supra apartado II.4.E.
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo III. Comparecencia de Reconocimiento de
Inmueble por parte de la Víctima-Testigo 2. Fojas 294 a 296.
Tercera declaración de Víctima-Testigo 2 (15 de febrero de 2006). Supra apartado II.4.E.
Testigo 2. Fojas 379 a 386. Casi cuatro meses después de su tercera declaración, Víctima-Testigo
2 compareció una vez más a declarar, esta vez ante la Juez de Distrito, y en su narración explicó
cómo pudo percatarse de la complexión física y color de cabello de Florence Cassez, a
quien reconoció como la mujer que había visto en la casa de seguridad. Véase cuaderno de
primera instancia (25/2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de Víctima-Testigo 2. Fojas 657 vuelta
a 660 a 663 vuelta.
Es importante advertir que esta Primera Sala no se pronuncia sobre la
credibilidad o no de los testigos antes citados. Lo relevante, a nuestros
efectos, es que la escenificación ajena a realidad resulta un elemento
que –derivado de sus propios testimonios– resta indudablemente de
fiabilidad a sus testimonios. Esto es así ya que la exposición al
montaje, como personajes y posteriormente como los principales
espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad
a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de
Investigación. Asimismo, y esto resulta aplicable para todos los testigos,
esta Primera Sala no soslaya la posibilidad de que las personas que han
sufrido experiencias traumáticas recuerden los hechos ocurridos durante las
mismas con el paso del tiempo. Sin embargo, en el presente caso la
situación es distinta, ya que ese proceso de recuerdo se vio
indudablemente contaminado –consciente o inconscientemente– por
el hecho de que las autoridades crearan una realidad alternativa en
detrimento de la acusada.
Por último, en lo que hace a la víctima de nombre Víctima-Testigo 1 ,
es importante recordar que fue entrevistado en el mismo lugar de los
hechos hasta en cuatro ocasiones distintas por los medios de
comunicación presentes en Las Chinitas. Según se desprende de esos
testimonios, reconoció como uno de sus captores al individuo que
acompañaba a la recurrente, pero no a Florence Cassez326
. Una vez que
fue trasladado a las dependencias del Ministerio Público, la Víctima-Testigo
1 declaró que reconocía Florence Cassez como parte de los
secuestradores, en virtud de su acento de origen francés y del color de su
cabello327
. Ese mismo día, por la noche, dio una entrevista en exclusiva para
un noticiero televisivo en la que ya no solo la reconoce, si no que le otorga
uno de los principales roles dentro de sus secuestradores328
Supra apartado I, fojas 1 a 21.
Supra apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Declaración de
Víctima-Testigo 1 a las 14:00. Foja 248 a 255.
Supra apartado I, fojas 25 y 26. Víctima-Testigo 1 compareció en diferentes ocasiones para
ampliar su declaración ministerial original. En dichas comparecencias: (i) aportó datos sobre la
identificación de otros presuntos inculpados en su secuestro, más no así sobre Florence
Cassez (segunda declaración: Cuaderno de primera instancia [25/2006-IV]. Tomo IV. Segunda
Respecto a este testigo, es necesario señalar que fue uno de los
personajes más activos en la escenificación ajena a la realidad, ya que se
vio sometido al “filtro” creado por la autoridad desde un inicio, en un
escenario en el cual la ahora recurrente era señalada hasta la saciedad
como la culpable. Esta situación produce una falta de fiabilidad en su
testimonio, ya que la deformación de la realidad provocada por la Agencia
Federal de Investigación lo transformó involuntariamente en uno de los
actores, provocando condiciones sugestivas de tal calado que resulta
imposible considerar a su declaración como una prueba de cargo
respetuosa con la presunción de inocencia de la ahora recurrente.
En consecuencia, no es que dichas pruebas resulten insuficientes
para condenar a la quejosa, lo que supondría una contravención a la
presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de
prueba. La violación tiene lugar en dos momentos anteriores a la valoración
de las pruebas: por un lado, cuando la autoridad actúa violentando los
principios constitucionales que rigen su actuación, dando lugar con su
comportamiento a la existencia de circunstancias sugestivas que afectan la
fiabilidad de las pruebas, especialmente de las identificaciones, que
generan un efecto corruptor en el material probatorio; y posteriormente,
cuando se utiliza como prueba de cargo testimonios viciados por ese efecto
Por último, es necesario referirnos al parte informativo en el cual se
da cuenta de la detención de la recurrente, ya que ésta es la prueba de
cargo relativa a los delitos de posesión y portación de armas de fuego de
uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y además fue valorada al
declaración de Víctima-Testigo 1 . Fojas 231 a 234); y (ii) repitió la información que dio en su
primera declaración sobre el cabello de Florence Cassez y la forma en que escuchó e
identificó su acento extranjero (tercera declaración: cuaderno de primera instancia [25/2006-IV].
Tomo IX. Declaración de Víctima-Testigo 1. Fojas 529 a 533).
momento de determinar la responsabilidad en el delito de secuestro y en el
de delincuencia organizada.329
Los testimonios de los agentes federales contenidos en dicho parte
informativo también se han visto afectados por lo que hemos
denominado como efecto corruptor, ya que el documento representa, ni
más ni menos, que la versión oficial de la autoridad de lo ocurrido el 9 de
diciembre de 2005. El parte informativo inicia con la narración de la
detención de la recurrente, pasando por el traslado a Las Chinitas y el
supuesto rescate de las víctimas, y concluye con el traslado de los
detenidos a las dependencias ministeriales330
. Este documento pretendía
ser el soporte probatorio a través del cual la autoridad pudiese sostener
aquella realidad alternativa a la que nos venimos refiriendo desde el inicio
de esta sentencia.
Asimismo, no podemos pasar por alto el hecho de que, una vez
comprobado que dicha realidad no fue más que una escenificación, la
información contenida en el parte informativo tuvo que adaptarse a lo que
en verdad ocurrió. Esto explica que los propios agentes involucrados hayan
modificado su versión de los hechos en la aclaración de su parte
informativo331
Así las cosas, resulta indudable que los testimonios de los policías
federales no pueden ser considerados como una prueba de cargo
respetuosa de la presunción de inocencia de la ahora recurrente332
Supra apartado II.3. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención
por los policías federales de Israel Vallarta y Florence Cassez. Fojas 190 a 194; y cuaderno de
primera instancia (25/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: José Luis Escalona Aldama (Fojas
148 a 150); Germán Ovidio Zavaleta Abad (Fojas 157 a 161); Carlos Servín Castorena (Fojas 163
a 167); y José Aburto Pazos (Fojas 169 a 172), todas ocurridas el 1°de marzo de 2006.
Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías
federales de Israel Vallarta y Florence Cassez. Fojas 190 a 194.
Supra apartados II.3 y II.4.E. Cuaderno de primera instancia (25/2006-IV). Tomo VIII.
Declaraciones de: José Luis Escalona Aldama (Fojas 148 a 150); Germán Ovidio Zavaleta Abad
(Fojas 157 a 161); Carlos Servín Castorena (Fojas 163 a 167); y José Aburto Pazos (Fojas 169 a
172), todas ocurridas el 1°de marzo de 2006.
En cualquier caso, aunque no se aceptase lo anterior, de igual forma procedería la inmediata y
absoluta liberación de la quejosa. Lo anterior debido a que ya compurgó las penas de prisión que le
fueron impuestas por la comisión de los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército,
Armada o Fuerza Aérea (cuatro años de prisión) y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército,
Por último, no sobra mencionar que en la sentencia del Tribunal
Colegiado de Circuito existen otras pruebas que fueron valoradas333
embargo, estas se referían únicamente a cuestiones relacionadas con el
otro individuo detenido el 9 de diciembre de 2005: Israel Vallarta
Cisneros334
Armada o Fuerza Aérea (dos años), toda vez que conforme a lo dispuesto en el punto resolutivo
noveno de la sentencia del Tribunal Unitario de Circuito, el cómputo para el cumplimiento de la
pena impuesta inició el nueve de diciembre de dos mil cinco, de forma que la pena de prisión de
seis años correspondiente a esos delitos se extinguió el nueve de diciembre de dos mil once.
En términos idénticos a como lo había hecho el Tribunal Unitario de Circuito.
Véase el Cuaderno de amparo 423/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, en la
que se valoran las siguientes pruebas de cargo referentes a Israel Vallarta Cisneros: Informes
rendidos por la agente de policía Catalina Jessica Murgui Hernández y su ratificación en relación
con el secuestro de la Primera denunciante de Israel Vallarta (fojas 845, 878 vuelta y 879);
declaración ministerial y ampliación de ****, quien pagó el rescate de la Primera denunciante de
Israel Vallarta (fojas 845 y 879); las declaraciones ministeriales y judiciales de la Primera
denunciante de Israel Vallarta, las de su madre declaraciones y los informes rendidos por los
elementos de la AFI: José Luis Escalona Aldama, José Aburto Pasos e Israel Zaragoza Rico,
relativos al secuestro de la Primera denunciante de Israel Vallarta (fojas 845 vuelta a 846 y 879 a
880 vuelta); declaración de Israel Vallarta Cisneros, en lo relativo a sus actividades ilícitas, su
relación con la persona identificada como “Salustio” y los otros miembros de Los Zodiaco (fojas 874
a 875 vuelta); dictamen pericial en materia de audio y video con muestra de voz y video de Israel
Vallarta Cisneros (fojas 850 y 850 vuelta); dictámenes periciales en materia de balística en los
que se relata que las armas encontradas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que
funcionan correctamente (fojas 859 y 859 vuelta); declaración ministerial de ****, dueña de Las
Chinitas, relativa al contrato de arrendamiento del predio celebrado con Israel Vallarta (fojas 850
vuelta y 851); diligencia de cateo de 18 de diciembre de 2005 e inspección ministerial de 26 de
diciembre de 2005, ambas del rancho Las Chinitas (fojas 848 vuelta y 849); informe en materia de
criminalística con imágenes de Las Chinitas (fojas 849 vuelta Y 850); dictamen pericial en materia
de video en el que se filmó el cateo a Las Chinitas (foja 850); inspección ministerial de la
camioneta Express Van (foja 848 vuelta); diligencias de traslado de personal de actuaciones,
inspección ministerial e inventario del automóvil Volvo S40 identificado por la Primera
denunciante de Israel Vallarta (fojas 846 y 846 vuelta); parte informativo y ratificación sobre la
denuncia del secuestro de Víctima-Testigo 1 (fojas 847 y 847 vuelta); declaración ministerial de
****, empleado del billar donde trabajaba Víctima-Testigo 1, y su ampliación (fojas 802 a 803);
declaración ministerial de Esposa de la Víctima-Testigo 1 relativa a la denuncia de su secuestro
(fojas 803 vuelta a 805); declaraciones ministeriales del padre de la Víctima-Testigo 1, las que
relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo, en donde reconoce la voz de Israel Vallarta
Cisneros y entrega las grabaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre él y quien
secuestró a su hijo (fojas 805 a 806 vuelta y 808 vuelta, 810 y 810 vuelta); el oficio
PGR/SIEDO/CT/DGAST/00672006 con la transcripción de las comunicaciones telefónicas entre
el secuestrador y el padre de la Víctima-Testigo 1 (foja 844 vuelta y 854 vuelta); declaraciones
ministeriales de **** en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hermano e
identifica la voz de Israel Vallarta Cisneros como la de uno de los secuestradores que llamó a su
casa (fojas 806 vuelta a 808 vuelta); declaración y ampliación ministerial de la madre de la
Víctima-Testigo 1, en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo y sus
comunicaciones con los secuestradores (foja 810 vuelta a 812); acta circunstanciada de la
diligencia de cateo de 28 de diciembre de 2005, realizada en el inmueble de Xochimilco, donde se
encontraron distintos objetos de la Víctima-Testigo 1 (fojas 844 y 844 vuelta); parte informativo,
ratificación y ampliación de la diligencia realizada por distintos miembros de la AFI en la que
recorrieron un barrio de Xochimilco con la Víctima-Testigo 1 para que reconociera la primera casa
donde estuvo secuestrado (fojas 847 y 847 vuelta); pericial en materia de representación gráfica
sobre el inmueble de Xochimilco e informe de criminalística practicado a dicho inmueble (foja 847
vuelta); pericial en materia de video sobre la diligencia de cateo realizada en el inmueble de
Xochimilco (fojas 850 y 850 vuelta); declaración de **** sobre negociaciones del secuestro de la
Víctima-Testigo 1 (fojas 848 y 848 vuelta); declaración ministerial de Declarante-padre de
víctima-testigo 3, esposo de Víctima-Testigo 2 y padre de Víctima-Testigo 3, y sus dos
En definitiva, es evidente que el material probatorio en contra de la
recurrente no pueden considerarse prueba de cargo válida al haber sido
alcanzados por el efecto corruptor derivado de una violación a la presunción
de inocencia. En este caso, dicha violación ocurrió en un doble plano, como
regla de trato extraprocesal que establece la forma en la que debe ser
tratado una persona acusada de un delito antes de empezar un proceso o
fuera de éste; y como regla probatoria que disciplina los requisitos que han
de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.
Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor imbuyó en todo el
proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el
cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo,
esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la
escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciadas
por aquélla. Al respecto, es necesario enfatizar que toda acusación debe
sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos
fundamentales. En este caso, el efecto corruptor, al haber subvertido el
material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los
términos ordenados por nuestra Constitución.

References: artículo 36
 artículo 16
 artículo 76
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 128

Artículo 128
 resolución 
 artículo 20
 artículo 135
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo
36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 16
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 193
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36

artículo 36
 artículo 5
 artículo
5
 artículo 36
 artículo 21
in dubio
 artículo 8

resolución 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo
21
 artículo
14
in dubio