Source: http://soberaniapopular.blogspot.com/2008_06_13_archive.html
Timestamp: 2019-08-19 11:47:53+00:00

Document:
SOBERANIA POPULAR: 13-jun-2008
COBRA FUERZA LA DEMANDA DE DEROGAR LA LEY DEL ISSSTE
DF: marchan maestros de la CNTE; piden derogar ley del ISSSTE
Llegaron al Zócalo capitalino como parte de una marcha en protesta contra las reformas a la Ley del ISSSTE.
Publicado: 13/06/2008 11:25
México, DF. Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al Zócalo capitalino como parte de una marcha en protesta contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Tras iniciar la marcha poco después de las 10:00 horas, los manifestantes que salieron del Monumento a la Revolución, efectuaron un acto frente a la Secretaría de Gobernación y continuaron avanzando por las calles Francisco I. Madero, Balderas, Eje 1 Poniente Bucareli y Paseo de la Reforma.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que los inconformes efectuaron una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de donde se retiraron sin incidentes alrededor de las 16:00 horas, tras haber marchado del Monumento a la Revolución.
Publicado por El Pejejito en 21:53 No hay comentarios:
Publicado por Resistencia Pacífica en 11:41 No hay comentarios:
Publicado por Colibrí Zurdo en 0:58 1 comentario:
El Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) se constituyó hace un año a iniciativa de la Secretaría de Asentamientos Humanos del gobierno legítimo de México, en consonancia con los acuerdos de la Mesa del Derecho a la Felicidad de la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática.
Desde su creación, el CDV ha denunciado la política devastadora del gobierno espurio que pretende despojar a los mexicanos de su propiedad. Hoy recordamos cómo el partido de la doble moral, en su campaña negra emprendida durante el proceso electoral fraudulento de 2006, no se hartó de pregonar que AMLO era un peligro para México y que, entre otras cosas, íbamos a peder nuestras casas.
Ahora vemos claramente que Felipe Calderón es quien trata de arrebatar a las familias trabajadoras su patrimonio.
Cuando menos se encontrarían en riesgo alrededor de 500 mil personas por la quiebra de 110 mil créditos del Infonavit, sin contar al ISSSTE, Fonhapo, Sofoles y bancos. También advertimos los cuantiosos activos naturales que se han perdido para privilegiar a megaproyectos habitacionales, turísticos y comerciales.
Desde el CDV hemos denunciado y documentado la venta de la cartera vencida por parte del Infonavit, a menos de 10% de su valor, a firmas trasnacionales como Capmark y Scrap II, ligadas a empresas estadounidenses relacionadas con la crisis hipotecaria de ese país. Dichas administradoras de cartera revenden a los auténticos propietarios a más de 5 veces lo contratado, sin importar lo anteriormente pagado. ¿En eso consiste, acaso, el tan mentado programa de Calderón: Vivir Mejor?
La orientación social con la que surgieron los organismos nacionales de vivienda se perdió junto con la vergüenza. “Ser sanos financieramente” es hoy su prioridad. Como han bursatilizado la cartera, deben en consecuencia cumplir con estándares internacionales para obtener una buena calificación.
Paradójicamente, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Infonavit, no cumple con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: nombró a un pariente muy cercano, Juan Manuel Setién, gerente de Titulación de la Subdirección General de Administración de Cartera del instituto. La ética y la ley son lo de menos. Lo importante es el negocio.
No cabe duda, hay que seguir luchando hasta lograr que se garantice el derecho a la vivienda como lo consagra nuestra Constitución política. Para la evaluación nacional de los trabajos realizados durante el primer año de vida, el CDV se dará cita el próximo sábado 14 de junio de las 9:30 a las 18 horas en la Casa de la Cultura de la delegación Venustiano Carranza, a unas cuadras de la estación del metro Fray Servando Teresa de Mier. La entrada es libre.
La Constitución no es una ley jurídica ni un conjunto de normas, es una institución que expresa un pacto político, expresó Arnaldo Córdoba al participar en uno de los Foros de Debate organizados por el Senado. Las iniciativas de reforma a las leyes secundarias son inconstitucionales porque contraviene a la Constitución. El pueblo debe decidir, en ejercicio de la soberanía nacional, acerca del derecho que es de la nación, propuso. Advirtió que, de imponer decisiones unilaterales, se pondría en riesgo la “paz social” y la “enclenque” democracia quedando todo en un “diálogo de sordos”.
Rechazar leyes inconstitucionales
El 20 de mayo, al participar en el Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado, Arnaldo Córdoba, profesor de la UNAM, dijo que al discutirse “la reforma energética (que es sólo una reforma petrolera)” faltó “algo que previamente debió haberse hecho: una reforma fiscal a fondo”. Cierto, si bien, conviene precisar que la susodicha reforma se refiere principalmente al petróleo pero, incluye la privatización de TODAS las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos, según se indica en una de las iniciativas, la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal referente a las “nuevas” atribuciones que se otorgarían a la secretaría de energía (Sener).
Luego dijo que “el Senado debió haber devuelto al Ejecutivo estas iniciativas y solicitarle que las presentara hasta que ofreciera una o varias iniciativas que nos resolvieran el problema fiscal del gobierno”. En realidad, tales iniciativas (con o sin el tema fiscal) deben ser rechazadas por improcedentes. El mismo Córdoba lo explicó.
“Hay un punto de técnica parlamentaria que en nuestro país no se atiende y es que toda iniciativa de ley debe estar fundamentada expresamente en una institución de la Carta Magna. Una ley que no se fundamente en la Constitución es inconstitucional; una que vaya en contra del espíritu y la letra de la misma es anticonstitucional. No debe permitirse aprobar leyes que no estén debidamente fundadas en nuestro Pacto Político que es la Constitución”.
De esta manera, el maestro Córdoba indicó que las iniciativas de reforma energética, relacionadas con la privatización de Pemex, son inconstitucionales, asunto clave en la actual discusión. Arnaldo Córdoba lo precisó con sencillez y claridad: una ley que no se fundamente o contradiga a la Constitución es inconstitucional. Esto que parece tan sencillo, los legisladores y el gobierno parecen no comprenderlo cuando afirman en su campaña propagandística que sus iniciativas son constitucionales cuando no lo son. Eso revela que la acción del gobierno no es jurídica sino política.
Córdoba expresó que “En el futuro, las Cámaras del Congreso deberían exigir a quienes les envían iniciativas de ley y están autorizados para ello que fundamenten constitucionalmente sus propuestas”. Creemos que no es al futuro sino ahora mismo y las iniciativas enviadas, mismas que no se fundamentan constitucionalmente, deben ser desechadas.
La Constitución es un Pacto político
La crítica constitucionalista a las iniciativas fue muy clara y contundente. Dijo Arnaldo que “cuando estas iniciativas dicen, en sus exposiciones de motivos, que no tocan el texto constitucional, se refieren, sin decirlo, al contenido del artículo 27. Sólo afirman que no lo tocan, pero en los hechos subvierten todos sus principios. Ustedes no pueden ignorarlo. Es verdad, que los legisladores no son jueces constitucionales, pero están obligados a salvaguardar la Constitución cuando aprueban sus leyes”.
Entonces expresó que “Es por eso que mi propósito en esta presentación es, ante todo, reivindicar el artículo 27 constitucional y confrontarlo con las violaciones a su letra y a su espíritu que resultan más ostentosas en las iniciativas sobre las que estamos debatiendo”.
Lo que a continuación expresó el doctor Córdoba fue una verdadera lección. Dijo que “la Constitución no es una ley jurídica. Es un pacto político del pueblo mexicano. Y sus artículos no son normas, sino, cada uno, una institución. La Constitución no regula ni norma. Ella instituye. Sus mandatos son instituciones de un pacto político”.
En efecto, con las iniciativas inconstitucionales, el gobierno y partidos políticos que le apoyan, auspician la ruptura del pacto político de la nación. Esa ruptura de la legalidad constitucional es un hecho político que llevaría al país a una situación límite.
Gobierno y legisladores del PRI y el PAN ni siquiera quieren oír la palabra plebiscito e, inmediatamente, argumentan que tal figura no está considerada en la Constitución. Arnaldo explicó que “La Constitución de 1857 establecía que el derecho de propiedad privada era un derecho inherente a la persona humana”, mientras que, “La Constitución de 1917 considera, en cambio, que el derecho de propiedad del individuo es un derecho otorgado por la Nación y se lo da haciéndolo responsable del mismo”.
Entonces dijo a los legisladores: “Ustedes son representantes del pueblo y de la Nación, porque los ciudadanos los eligieron. ¿Por qué no dejan o deciden que el Pueblo se pronuncie sobre estas graves materias, convocando a un plebiscito en el que se le pregunte si es partidario de la propiedad nacional o de la propiedad privada como regalo de Dios? Para una ley sobre plebiscito y referéndum ustedes pueden fundarse en el 39 constitucional, que instituye la soberanía nacional”. Así es, en ejercicio de su soberanía, el pueblo mexicano tiene el derecho no solamente de ser consultado sino, incluso, cambiar la forma de gobierno”. Córdoba tiene razón.
Propuso el maestro que, al consultar al pueblo, “También se le puede preguntar, en plebiscito, si es partidario de que Pemex siga siendo saqueado por las finanzas públicas o se le deja usar de sus enormes ganancias para renovarse y modernizarse. O también, si considera que son los empresarios nacionales y extranjeros quienes deban financiar a nuestra empresa nacional, mientras el fisco la sigue saqueando”.¡Por supuesto!
El derecho es de la nación
Refiriéndose al artículo 27 constitucional, el profesor universitario explicó que “El 27, en su redacción final de 1917 sólo habla del dominio directo de la Nación sobre el subsuelo. La reforma de 1940 introduce el concepto de explotación directa y la de 1960 (hoy vigente) mejora el concepto y prohíbe los contratos de riesgo”.
Enseguida puso en evidencia que “Ahora resulta que los amigos de la reforma no entienden qué quiere decir en el texto constitucional el término “explotación” que se concede a la Nación y de la que se encargará el Estado y nos vienen con la peregrina idea de que a la Nación sólo corresponde el “producto”, porque en el texto constitucional, malamente, hay que admitirlo, sólo se habla del producto. Pero el error de ellos consiste en que identifican dos conceptos que son, de suyo, muy diferentes: explotación y producto. La primera es el proceso productivo o cadena productiva como hoy se dice; elsegundo es su resultado. Si ambos pertenecen a la Nación, entonces los privados no tienen nada que ver en ellos, aunque se insista que eso no lo dice la Carta Magna. Si ésta dice que ambos son de la Nación, entonces son de ella y nada más”.
Para el FTE, lo anterior se basa en el proceso de trabajo, mismo que los legisladores mal interpretan y lo fragmentan a discreción y sin bases técnicas. El proceso de trabajo está determinado por las materias primas, en este caso, los hidrocarburos. La explotación de los mismos implica la producción, misma que ocurre cuando las materias primas son transformadas mediante la intervención de la fuerza de trabajo y el uso de los medios de producción. El proceso de trabajo significa el conjunto de fases necesarias para la transformación de las materias primas hasta convertirlas en productos. De manera que explotación (producción) y producto no son fases aisladas sino parte de un mismo proceso. Lo que ocurre es que los “amigos” de la privatización pervierten los conceptos privilegiando no al proceso de trabajo sino, solamente, al proceso de valor.
En el presente caso, los hidrocarburos (petróleo crudo y gas) y los diversos productos que se obtienen de su procesamiento y transformación pertenecen a la nación. Lo que ocurre es que, el gobierno y legisladores, tuercen los conceptos para “redefinir” a la industria petrolera y la fragmentan unilateralmente con el propósito de privatizarla por partes.
Córdoba expresó que “Sin ninguna razón legal ni constitucional, quieren que se deje la primera (la explotación) a los privados, porque son ellos los que tienen el dinero y que la Nación se contente con el producto. Y ése es su argumento fuerte que, repito, no tiene nada que ver con la Constitución ni con la ley. Para ellos, el dilema no es legal ni constitucional. Es operativo. Es por eso que alegan que el problema es de administración de recursos, de asociaciones estratégicas y de alianza con los privados, y no legal y menos aun constitucional”.
¿Mayoriteo o respeto a la Constitución?
Precisó Arnaldo que “La Constitución y la ley son sólo adornos innecesarios. Y lo que no me explico es por qué vienen aquí a tratar de convencerlos a ustedes de que hagan una ley como ellos quieren”. Preguntó “¿Cómo piden una ley que no se base en la Carta Magna? ¿Cómo piensan hacerla? ¿Mayoriteando en el Congreso, aunque no se respete nuestra Ley Fundamental? Lo que todos nos preguntamos, si no les gusta la Constitución, ¿por qué no la cambian? ¡Que lo intenten!”.
En referencia participantes previamente el Debate del Senado dijo que “El mismo ignorante que vino aquí a decir que el 27 es pura mitología y que, además, nadie lo cumple, planteó bien el problema: ¿de dónde van a sacar los legisladores los cuarenta centavos de cada peso que el fisco obtiene de Pemex? Y, concluyó, candorosamente, que no puede ser más que de los bolsillos de los contribuyentes, descubriendo el hilo negro. Por supuesto, no hay de donde más. El problema es saber de qué clase de contribuyentes estamos hablando”.
Luego preguntó “¿Cuánto pagan en impuestos los monopolios? ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? Al gobierno ni hay que preguntarle. Lo que quiere y lo demuestra, por lo que sé, está en su nueva propuesta de Ley Federal de Derechos, al usar como estímulo la exención de impuestos. ¿Qué más estímulos desean los grandes empresarios privados cuando tienen al hombre que oscila entre ser el primero y el segundo más rico del mundo y nos hace pagar los precios más caros en tarifas telefónicas del mundo?”. Obviamente, los legisladores no responden, carecen de argumentos; su especialidad es el mayoriteo previo “cañonazo” de a 50 mil euros o más.
Ni teólogos ni pontífices del petróleo
Córdoba expresó que “Los que nos oponemos a las iniciativas de ley de la industria petrolera que ha presentado el gobierno también deseamos la modernización de Pemex; la queremos como una empresa nacional que tenga suficientes recursos para desarrollarse a sí misma y apoyar el desarrollo integral de México; la queremos con su Instituto Mexicano del Petróleo bien abastecido de recursos para que nosvuelva a dar tecnología de punta, en lugar de andar comprándola en el extranjero; la queremos libre de la corrupción, a la que las iniciativas no hacen mención alguna; la queremos libre de ese sindicato mafioso que la sangra sin que ello redunde en beneficio de sus trabajadores (no queremos más la vergüenza de nuevos Pemexgates); abogamos porque la iniciativa privada contribuya activamente al desarrollo de nuestra industria petrolera, pero sin sacar ventajas ilegales ni anticonstitucionales; queremos que Pemex sea operada eficientemente y que sea más productiva de lo que ahora es”.
También dijo el doctor que “no somos “teólogos” ni “pontífices del petróleo” (hasta ahora me entero de que el petróleo es un dios), ni ideólogos de un trasnochado credo nacionalista, ni hacemos culto a una llamada “mitología del 27”, ni creemos que seamos reaccionarios, santannistas, alamanistas ni porfiristas. Somos ciudadanos que creemos, simplemente, que debemos emprender una nueva etapa en la que impidamos que los únicos beneficiarios de nuestro desarrollo sigan siendo los dueños de la riqueza. Si permitimos eso, pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos y, sobre todo, nuestro enclenque régimen democrático”.
Organización y movilización contra la sordera
El FTE considera que la intervención de Arnaldo Córdoba en los Foros de Debate del Senado fue precisa, central y objetiva. Abordó uno de los problemas políticos más serios: la ruptura de la legalidad constitucional. Luego de múltiples reformas a la Constitución, muchas de ellas regresivas, los párrafos 4º. y 6º. del artículo 27 son algo de lo poco bueno que queda. Ahora, el gobierno federal pretende terminar de destruir el Pacto político de la nación.
Este Pacto surgió por una Revolución; la ruptura del Pacto, entonces, tendría grandes consecuencias. La reforma privatizadora de los recursos de hidrocarburos, incluida la regulación (privatización) de todas las demás fuentes energéticas (carbón, uranio, geotermia, agua, mareas, viento, radiación solar y alimentos) llevaría al país a una situación límite.
Este proceso no se inicia ahora, lleva ya varios años. La privatización energética furtiva (petroquímica, gas natural, energía eléctrica y agua) empezó en 1992. Al momento tal privatización es alarmante. En materia eléctrica hemos perdido ya el 47% de la capacidad de generación total a nivel nacional, algo similar ocurre en materia de gas y agua.
Así pues, la defensa del Artículo 27 constitucional tiene connotaciones políticas relevantes. La amenaza a la “paz social” y al “enclenque régimen democrático” es real, el gobierno de la ultraderecha auspicia la violencia. La ofensiva neoliberal significa una verdadera “rebelión” neoliberal que debe juzgarse como lo indica el artículo 136 constitucional en términos del artículo 39 de la propia Constitución que concede al pueblo el ejercicio de su propia soberanía.
Al final de su intervención, Arnaldo Córdoba dijo, respecto al Debate del Senado: “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos y lo estamos ya viendo”. Así es, desafortunadamente, el gobierno, legisladores y partidos proclives a la privatización energética furtiva no quieren mirar ni escuchar, probablemente ven y oyen pero no atienden razones.
Esto hace imprescindible intensificar la movilización extendiéndola a todo el territorio nacional, fortaleciendo a las actuales organizaciones y/o creando nuevas y/o integrándose a las existentes. La movilización implica tomar decisiones, la primera es decir ¡NO! a la privatización de Pemex. En este proceso, desarrollar la organización y la política, con base en la mayor información posible, son cruciales para el necesario proceso de Re-Nacionalización Energética que nos permita recuperar lo que ha perdido la nación, debido a la Expropiación Extranjera en marcha, y aprovechar adecuadamente los recursos naturales e infraestructura física que son un patrimonio colectivo.
Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, charros del SNTE y del STPRM, anunciaron una alianza con propósitos turbios. Se trata de unir fuerzas entre mafias para seguir agraviando a los trabajadores. Ofrecen al gobierno “un nuevo modelo de relaciones laborales”, es decir, la aceptación de la reforma laboral neoliberal. La propuesta no implica ningún “nuevo sindicalismo”, como declaran, sino el reforzamiento de las peores prácticas, criminales y corruptas, del charrismo sindical.
Unen fuerzas contra los trabajadores
Desde el sexenio pasado, el gobierno federal ha venido promoviendo la reforma regresiva a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Con el nuevo gobierno de la ultraderecha, la ofensiva se ha profundizado. No obstante las protestas, principalmente de los maestros democráticos de la CNTE, el gobierno insiste en imponer la nueva Ley del ISSSTE que privatiza la seguridad social. Aún con la mayoría de mexicanos (as) en contra, también se insiste en imponer la reforma energética privatizadora de Pemex. Aprovechando el viaje, se prepara ya el golpe en materia laboral.
La “alianza charra” entre Gordillo y Deschamps va dirigida contra todos los trabajadores mexicanos. Ambos llevan años en la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Pero ni Gordillo ni Deschamps fueron electos por los trabajadores, están al frente porque el gobierno los impuso y se sostienen con base en la antidemocracia, la corrupción y la violencia.
Ahora, se aprestan a “hacerle el favor” al gobierno para seguir usurpando a los dos sindicatos.
En el desplegado publicado el 30 de mayo, los más connotados “charros sindicales” le “ofrecen al país (sic) y al gobierno federal” “un nuevo modelo de relaciones laborales (sic)”.
¿Qué tiene de “nuevo” ese modelo laboral?
Lo que Gordillo y Deschamps “ofrecen” al gobierno es la sumisión, la violencia contra los trabajadores y la entrega de las conquistas laborales. Eso es lo que han hecho siempre.
En el manifiesto publicado, intitulado “Por una nueva política laboral en México”, los firmantes convocan (sic) a otras organizaciones, expertos y agrupaciones civiles a iniciar “una amplia reflexión nacional sobre el presente y el futuro del movimiento laboral”. De allí surgirá un “programa de acción inmediata” (sic) y una “estrategia de movilización” (sic) para influir en la creación de un nuevo modelo de relaciones laborales y un nuevo modelo de país.
Entre las pretensiones está el “fortalecimiento de la autonomía sindical, la revisión del artículo 123 y la “transparencia y rendición de cuentas en cada organización de trabajadores”.
Estas propuestas suponen el “fortalecimiento” de sus feudos, como si los sindicatos fueran de su propiedad privada y, creyéndolo así, quieren “fortalecerlos” como sucios negocios. La “autonomíasindical”, en el concepto de los charros, significa el derecho de impunidad para seguir usurpando a los sindicatos y agrediendo cotidianamente a los trabajadores en su papel de agentes del capital. Por eso, de entrada, se muestran dispuesto a reformar la LFT.
No nada más, se proponen “revisar” el Artículo 123 Constitucional, anunciando una reforma regresiva mayor. Respecto a la “transparencia y rendición de cuentas” se trata de vulgar demagogia. Ni Gordillo ni Deschamps han rendido cuentas jamás, los recursos económicos e infraestructura de los sindicatos que usurpan siempre se han manejado corruptamente. Si rindieran cuentas, hace tiempo que los trabajadores los hubieran echado a patadas.
En suma, el “nuevo modelo” que proponen Gordillo y Deschamps consiste en apoyar la reforma laboral neoliberal a cambio de que “sus negocios”, el sindicalismo charro, no sean tocados.
Sindicalismo supuestamente apolítico
Los charros del SNTE y STPRM también anuncian más represión y violencia contra los trabajadores. Políticamente ofertan al gobierno el reforzamiento de los mecanismos de control, actualmente férreos.
Publicaron que se proponen “Desvincular la práctica sindical de las organizaciones partidistas, garantizando la libertad de militancia y participación políticas de los trabajadores. Los sindicatos no deben ser arena de lucha partidista”. Es decir, proponen que los trabajadores sigan al margen de la política. Esa fórmula es la misma que diseñó el imperialismo hace más de siete décadas y que, en México, le ha resultado exitosa al charrismo sindical. Toda protesta la descalifican inmediatamente adjudicándola a los partidos políticos (de “izquierda”) que están prácticamente ausentes del movimiento sindical. Los charros hablan de “garantizar” la libertad de militancia y participación política, siempre y cuando se limiten a ser simples apoyadores de la política y partidos en los cuales militan los charros.
Gordillo apoya esa ”militancia” solamente para sus allegados a los que hace legisladores o funcionarios públicos siempre y cuando se trate de su partido (actualmente el Partido Nueva Alianza). Lo mismo ocurre con Romero Deschamps, beneficiario del PemexGate I y II.
Otros charritos apoyadores
Entre los demás firmantes del desplegado de prensa están Joel López Mayrén de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), aliado de Gordillo. También están los charritos de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDSSP), creada en 2004 como resultado del enfrentamiento entre Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, charro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Asimismo, están los sindicatos de Comunicaciones y Transportes, del Metro, del sindicato del INEGI y algunos del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, cuyos charritos se caracterizan por una posición enfermiza anti-López Obrador.
Se trata de una coalición charra y antiobrera que se hace presente para obstaculizar la reforma energética, pudiendo enfrentar a los opositores, así como para impulsar la reforma antilaboral.
“Unificación” ¿con quien sea y como sea?
Francisco Farina, quien funge como vocero (sic) del Frente Sindical Mexicano (FSM), que encabeza el propio SME, habló de una “gran alianza que beneficie a los trabajadores, y si es necesario que sea con el diablo, quién sabe, habría que estar en disposición de analizarlo”. ¿A qué diablo se refiere? ¿Existe alguno dispuesto a sumarse a la lucha de los trabajadores? ¿Acaso la CIOSL-ORIT?.
Francisco Hernández Juárez, eterno charro del sindicato de telefonistas y uno de los presidentes colegiados de la UNT, dijo que “hay que buscar por todos los canales la unificación del sindicalismo, independientemente de la filiación partidista o posición ideológica de los líderes. En las actuales circunstancias no podemos regatear”. Agregó que “la convocatoria me parece bien”. ¿Cómo no le va aparecer bien si la “alianza” corresponde a sus propias prácticas antidemocráticas y corruptas. La “unificación” de que habla es simple demagogia.
Otro de los firmantes es Juan S. Millán, exgobernador de Sinaloa, líder de la Federación de Trabajadores de Sinaloa y por décadas miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cúpula del charrismo sindical. Esta vez, el actual vocero de la CTM descalificó a su excompañero al informar que la Federación local que preside Millán “no tiene toma de nota”, es decir, no está reconocida por el gobierno ni por la CTM. Millán pretende teorizar la “alianza” pero los objetivos del charrismo sindical son contrarios al interés de los trabajadores.
Basura del sindicalismo
La CNTE, por su parte, calificó a la “alianza” de “delictuosa” indicando que tanto Gordillo y Deschamps se han dedicado a hacer de la política un “buen negocio, y su sobrevivencia depende de su capacidad de llegar a acuerdos con los presidentes en turno”, sea del PRI o del PAN. Los maestros democráticos fueron severos y claros al señalar que “Elba Esther se dedica a recoger la basura del sindicalismo mexicano, porque sólo se puede reunir con los más corruptos, en una lógica evidente, asociarse para impulsar todas las reformas que atenten contra los derechos de los trabajadores”.
Los maestros agregaron que se trata de una “alianza política para proteger sus feudos y garantizar su permanencia en ellos, por lo que también están en juego los acuerdos políticos y las candidaturas de personajes como Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, con quien se han comprometido apoyar su aventura presidencial”.
Para el FTE de México, la alianza Gordillo-Deschamps es parte de la ofensiva neoliberal contra los trabajadores mexicanos. Es una sucia alianza, al margen de sus propios representados. En el caso del sindicato petrolero, los trabajadores están “secuestrados” en su propia organización sindical, los carceleros son los charros sindicales apoyados por la empresa, el Estado y gobierno en turno. Ahora, el Estado está moviendo a sus piezas. Gordillo y Deschamps apoyan las reformas energética y laboral, son socios de gobierno usurpador.
No extrañaría que pronto anuncien una nueva central que se sume a las casi cuatro docenas de inútiles centrales y centralistas que actualmente existen. No obstante, la nueva alianza no cuenta con el apoyo de las bases. Ni siquiera cuenta con el apoyo de otros charros, como los del SUTERM, a quienes habían anunciado como parte del nuevo negocio. Estos charros son igualmente criminales pero prefieren mantener aparte a su negocio ejerciendo un férreo control de los electricistas.
La “alianza”, sin embargo, anuncia que los peores charros cierran filas, por intereses políticos burocráticos, especialmente para las elecciones fraudulentas del 2009, y para hacerse presentes como amenaza subyacente contra quienes nos oponemos a la privatización de Pemex, de la educación y de las relaciones laborales. Ya actualmente, en el sindicato petrolero, la represión está a la orden del día.
Los maestros del SNTE-CNTE están en lucha combativa. Los petroleros democráticos de Pemex y del IMP también, si bien, la mayoría de los petroleros y electricistas siguen sometidos, apáticos y desmovilizados. Es el momento para desafiar a las cúpulas charras y sumarse al movimiento del pueblo de México en defensa de los recursos naturales y contra la privatización de Pemex y de la CFE. En esta lucha, también saldaremos cuentas con el charrismo antiobrero y privatizador.
Para Juan Camilo Mouriño, secretario de gobernación de Calderón, la consulta ciudadana propuesta por Marcelo Ebrad, jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre la reforma energética neoliberal “es una figura específica que no existe en la Constitución”. Ese individuo español desconoce la Constitución pero la viola flagrantemente pues ocupa un cargo en el gobierno sin ser ciudadano mexicano.
Mouriño carente de ética
El secretario de gobernación de Calderón se niega a cumplir las disposiciones constitucionales. El artículo 26 constitucional, inciso A, párrafo 1º., indica que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional …”. El párrafo 3º. del mismo inciso señala que “La ley facultará al Ejecutivo para establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática …”.
Las propuestas de reforma energética, tendientes a la privatización de los hidrocarburos es violatoria de la Constitución. En los términos propuestos se trata de una planeación del desarrollo nacional toda vez que la industria petrolera nacionalizada tiene un enorme significado para la nación. Se trata, por supuesto, de una planeación pervertida ya que vulnera las decisiones políticas fundamentales. Tal reforma, entonces, NO puede definirse solamente por los legisladores porque se trata del patrimonio colectivo nacional que, reiteramos, es de la nación, no es del Estado ni del gobierno en turno.
Cualquier propuesta que afecte el desarrollo nacional debe someterse a la CONSULTA POPULAR. El conjunto de la nación viviente debe decidir mediante la participación libre y democrática. Mouriño NO tiene facultades para seguir violentando la legalidad constitucional.
El gobierno maniobra para imponer la privatización de Pemex
Como hemos señalado oportunamente, el gobierno de facto pretende imponer la reforma energética a espaldas y en contra de la nación. Mouriño, Creel y Kessel declararon el 4 de junio que “después del debate que se realiza en la Cámara de Senadores vendrá el dictamen de la iniciativa”. Confirman así que el debate es una simulación. Al momento, la mayoría de los “invitados” a ese debate se han manifestado en contra de las iniciativas de reforma a la legislación secundaria, precisamente, por contravenir a la Constitución. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso e insiste en el atraco.
Kessel sigue automáticamente mintiendo
Como si nada pasara, sea porque no ha leído a la Constitución o porque su cinismo no tiene límite, Georgina Kessel declaró en Ocoyoacac, Estado de México, que “la iniciativa presidencial presentada al Congreso de la Unión no viola ningún precepto constitucional”.
Esta expresión de la secretaria de energía de Calderón-Bush revela un caso patético y necio. El párrafo 6º. del artículo 27 constitucional indica que en materia de hidrocarburos “No se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares” pero, en las primeras 5 iniciativas de reforma a la legislación secundaria petrolera, especialmente, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, señalan que SÍ se otorgarán contratos, concesiones y permisos privados. Eso contradice explícitamente a la Constitución.
El gobierno está nervioso y provoca a la nación
Ignorar al pueblo de México, además de violentar la legalidad constitucional representa una clara provocación. Las declaraciones de los funcionarios de facto, legisladores y gobernadores del PRI y el PAN, revelan su nerviosismo. Carecen de razones y argumentos y desean imponer decisiones unilaterales abusando de sus “atribuciones”. De hecho, incurren en excesos inaceptables.
Ante la propuesta de una consulta ciudadana a realizarse en el Distrito Federal, el gobierno federal exhibe su pobreza política. Simplemente, descalifica la propuesta porque sabe que la perderá y que esa consulta significará un precedente relevante. Por eso se niega sistemáticamente. El gobierno de facto, surgido de un sonado fraude electoral solamente tiene la opción de mostrarse dictatorial y seguir cerrando los espacios a la participación. Pero el pueblo organizado abrirá los espacios necesarios.
La consulta se realizará
En el Debate Popular en marcha, en todas partes, se ha manifestado una firme convicción: el pueblo de México está en desacuerdo con la privatización de Pemex. En diversos foros, reuniones, mítines y festivales artísticos existe una evidente disposición para defender el derecho de la nación. A partir de la información y discusión democrática se han tomado decisiones organizativas que permitirán el despliegue de una amplia movilización en todo el territorio nacional y allende las fronteras pues, en esta lucha, los mexicanos inmigrantes, expulsados de su propio país, también están considerados.
La movilización misma está ejerciéndose en varias partes del país. El ambiente es de optimismo y cada vez se eleva más la conciencia individual y colectiva. El movimiento se extiende por todo el país. Esto apunta a concretar decisiones populares. La consulta popular se hará, con o sin el gobierno federal y/o gobiernos locales. Debemos prepararnos adecuadamente para realizarla y hacerla valer.
La discusión independiente, abierta y amplia muestra que el pueblo de México está preparado para decidir acerca de los grandes problemas nacionales. Debemos desarrollar esta lucha creando frentes locales, estatales, regionales, a nivel nacional e internacional en defensa de los recursos naturales. Necesitamos de un movimiento incluyente, amplio, con dinámica propia, apoyado en organizaciones fortalecidas. En la medida en que avancen las acciones, no solamente realizaremos la Consulta Popular, sino que potenciaremos la lucha por la Re-nacionalización Energética para recuperar lo perdido, revertir la privatización furtiva, reorganizar a la industria energética, proteger a los recursos naturales y democratizar la vida nacional desde abajo ejerciendo medidas de poder popular.
Adelante mexicanos (as) con paso de vencedores.
México, D.F; 12 de junio de 2008
Frente a la exigencia de legisladores de la oposición que piden la renuncia de Guillermo Valdés Castellanos, director del CISEN, dependiente de la Secretaria de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño ha manifestado que éste no se irá.
En verdad tiene razón: la labor de espionaje del director del CISEN es ilegal, no hay duda de ello, pero también es ilegal la permanencia de Mouriño en Gobernación o la del jefe de ambos, Felipe Calderón, en la Presidencia de la República, y no por eso renuncian ni uno ni otro. Más aún, la mal llamada reforma de PEMEX es también ilegal, es inconstitucional y no por ello la retiran.
Frente a un gobierno usurpador, plagado de delitos y de delincuentes, pedir la renuncia de un funcionario porque realiza labor de espionaje en contra de los legisladores, es una exageración.
Los retenes militares matan civiles inocentes y nadie renuncia, las ambulancias nuevas no encienden y nadie renuncia, el titular de Gobernación se ve envuelto en tráfico de influencia a favor de su familia y no renuncia; viola además la Constitución al ostentar un cargo en su condición de extranjero y no renuncia.
Hay miles de ejecutados en el país y nadie renuncia. Calderón se robó la Presidencia y no renuncia. No puede sacar adelante un negocio (PEMEX) de 1400% de utilidades en cada barril de petróleo y no renuncia ¿Porqué habría de renunciar el pobre espía del CISEN, que es además director de ese organismo execrable?
Valdés Castellanos sería el único despedido por hacer su ilegal trabajo, no hay derecho. No entiendo por qué quieren que corra la misma suerte del funcionario de Presidencia que fue despedido por robarse varias “palm” en Estados Unidos. A éste lo despidieron por poquitero, por ladronzuelo. Robarse unos aparatejos cuando sus jefes se roban el petróleo es poner en mal a sus superiores.
En fin, que Juan Camilo Mouriño tiene razón en proteger a su espía mayor.
MICHOACAN: Cherán. Inconformes con edil toman dependencias de gobierno. (Fuente: Cambio de Michoacán).
Ante la pasividad del gobierno del estado y Congreso local para la atención del conflicto político en esta comunidad purépecha, los indígenas cumplen su promesa de comenzar a movilizarse y el día de ayer iniciaron con la toma de edificios de dependencias federales y estatales como lo es Relaciones Exteriores, Policía y Tránsito del Estado y la Coordinación para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI).
Desde las 8:00 de la mañana cientos de purépechas se concentraron en la plaza pública de Cherán para de ahí trasladarse a las oficinas centrales del CDI, donde se encuentra la radiodifusora XEPUR La Voz de los Purépecha y ahí pusieron una manta gigante que decía «Responsabilizamos al gobierno del estado de las agresiones al pueblo de Cherán» y permanecieron durante el resto del día.
Otro contingente de purépechas entre los que figuraban muchas señora ancianas y ancianos del lugar, tomó el edificio de Policía y Tránsito del Estado, donde colocaron una manta gigante que decía «El pueblo de Cherán exige solución a sus demandas, no más mentiras». Un tercer contingente tomó las instalaciones de Relaciones Exteriores y cerró sus puertas instalando en la entrada una manta que decía «El pueblo de Cherán en lucha», en ella figuraron en su mayoría puros señores quienes amenazaron con subir de tono las medidas de presión para que sean escuchadas sus demandas.
La comisión del movimiento civil pacífico de Cherán informó a Cambio de Michoacán que «el gobierno del estado y el Congreso no nos dejan otro camino más que la manifestación, tal vez porque no tiene capacidad política para intervenir en este problema que hemos venido anunciando que puede llegar a situaciones difíciles en donde ellos han permitido de que exista impunidad en tanto crimen político y bueno esta toma es para demostrar que este es movimiento vivo de gente purépecha y no artificial como lo ha informado el nefasto Mauricio Montoya Manzo», señalaron. Otro purépecha dijo: «El gobierno y los diputados no nos creen que este conflicto puede llegar a otras dimensiones pero aquí dejamos otro testimonio, nuestra gente se está cansando y no la podemos detener, pedimos una intervención pronta y si Leonel Godoy no puede que le pida ayuda a Felipe Calderón, a lo mejor él trata el problema más pronto», sentenciaron.
VERACRUZ: Denuncian violación y muerte de mujer en Zongolica, exigen justicia. (Fuente: Notiver).
Indígenas de la sierra de Zongolica denunciaron la muerte y violación, ahora en la comunidad "La Independencia". A pesar de que esta vez no se sospecha de nadie, los denunciantes afirmaron que autoridades Ministeriales y el Agente del Ministerio Público de Zongolica, dictaminaron que la mujer murió por causas naturales a raíz de un tumor, lo cual consideraron es una burla a la memoria de la occisa, Susana Xocua Tezoco, de 54 años de edad. Juan Temoxtle Acatecatl, esposo de la finada, afirmó que el agente del MP los amenazó con mandarlos a la cárcel si continuaban exigiendo el esclarecimiento de este caso y pidiendo justicia. Denunció que los hechos se presentaron el 25 de mayo en la comunidad de "La Independencia", cuando la mujer salió a una fiesta y ya no regresó a su hogar, al día siguiente la buscaron y encontraron su cadáver en una plantación de maíz.
El cuerpo de Susana Xocua Tezoco presentaba "diversos golpes, así como las piernas abiertas, desnuda y con señas de haber sufrido violencia sexual", señaló el hoy viudo. Juan Temoxtle Acatecatl, aseguró que el agente del MP se llevó el cuerpo para hacerle la autopsia de rigor, sin embargo, al entregarlo no había señas de que hubieran prácticado dicho proceso legal, pero en el acta de defunción especificaba que el deceso se derivo de un tumor canceroso.
EUROPA: Experto indígena recomienda a relator prestar atención a perseguidos. Naciones Unidas. (Fuente: AIPIN).
Tomás Alarcón, de la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ), denunció la persecución de los líderes indígenas quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales de sus pueblos.
Los indígenas que defienden sus territorios “son perseguidos y torturados, son victimas de instigaciones y amenazas, que merecen la atención del Relator especial contra la tortura”, expuso Alarcón durante la octava sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realiza en Ginebra.

References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 136
 artículo 39
 artículo 123
 Artículo 123
 artículo 26
 artículo 27
 Artículo 27