Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l48-1984.html
Timestamp: 2019-07-22 11:44:40+00:00

Document:
Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria
Publicado en BOE de 28 de Diciembre de 1984
Vigencia desde 17 de Enero de 1985. Revisión vigente desde 31 de Diciembre de 1991
CAPITULO PRIMERO. De la objeción de conciencia
CAPITULO II. De la prestación social sustitutoria
CAPITULO III. Del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
L 22/1998 de 6 Jul. (objeción de conciencia y prestación social sustitutoria)
Número 1º del artículo 3 redactado por la Disposición Adicional 13.ª de la LO 13/1991, 20 de diciembre. Apartado 1 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre. Apartado 3 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre. Apartado 4 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre. Artículo 9 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre.
Ley 48/1984, 26 diciembre, derogada por la Ley 22/1998, 6 julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria («B.O.E.» 7 julio). Se reitera la derogación por el párrafo tercero del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («B.O.E.» 20 noviembre).
El reconocimiento constitucional de la libertad ideológica, religiosa y de culto implica más allá de la protección del derecho de las personas a sustentar la ideología o religión que libremente elijan, la consagración del derecho a que los comportamientos personales se ajusten, en cuanto no lesionen ningún bien social, a las propias convicciones. La consagración de este derecho a adecuar los propios comportamientos a las convicciones personales, materializadas en el artículo 16 de la Constitución, se proyecta sobre las obligaciones militares que la propia norma fundamental impone a los españoles, obligaciones cuyo cumplimiento efectivo resulta, para algunos ciudadanos, contradictorio con las convicciones ideológicas o religiosas que profesan.
En previsión de esta situación, la Constitución reconoce la objeción de conciencia e instituye al legislador en la obligación de regularla «con las debidas garantías», pudiendo imponer a quienes rehúsen cumplir sus deberes militares por razones ideológicas o religiosas el cumplimiento de una prestación social sustitutoria. Cumplir el mandato constitucional, regular legislativamente la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria y articular, por tanto, los mecanismos que permitan a los ciudadanos comportarse de conformidad con sus convicciones son, pues, los objetivos de la presente Ley.
Los principios que inspiran el texto son, fundamentalmente, cuatro: en primer lugar, la regulación de la objeción de conciencia con la máxima amplitud en cuanto a sus causas, con la mínima formalidad posible en el procedimiento y con la mayor garantía de imparcialidad en cuanto a su declaración. En segundo lugar, la eliminación de toda discriminación en cualquier sentido, entre quienes cumplen el servicio militar y los objetores de conciencia. En tercer lugar, la previsión de garantías suficientes para asegurar que la objeción de conciencia no será utilizada, en fraude a la Constitución, como una vía de evasión del cumplimiento de los deberes constitucionales. Por último, la consecución de que el cumplimiento de la prestación social sustitutoria redunde en beneficio de la sociedad y del propio objetor.
A tal efecto, la Ley establece como causas que dan lugar a la exención del servicio militar por razones de conciencia no sólo las de índole religiosa, sino también las de carácter ideológico, filosófico o de naturaleza similar. Es la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del ciudadano, y no la naturaleza de dichas convicciones, lo que justifica la exención del servicio militar. Exención, que para evitar discriminaciones entre los ciudadanos por razón de sus creencias e ideologías, y de acuerdo con lo previsto en la Constitución, apareja el cumplimiento de una prestación social sustitutoria, estableciéndose expresamente en la Ley que el cumplimiento de los deberes constitucionalmente impuestos por una u otra vía no podrá implicar discriminación alguna entre los ciudadanos.
La Ley articula un procedimiento de resolución de las solicitudes de declaración de objeción de conciencia caracterizado por su flexibilidad en cuanto a las formas y los plazos y por las garantías que otorga al solicitante respecto de la imparcialidad y objetividad con que será juzgada su pretensión. Imparcialidad y objetividad que vienen determinadas, en primer lugar, por la creación de un órgano, el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia, encargado de resolver sobre las solicitudes y cuya composición y funciones le configuran como un órgano casi jurisdiccional. El Consejo está presidido por un miembro de la carrera judicial con categoría de Magistrado, contándose entre sus miembros un objetor, lo que asegura tanto la capacidad juzgadora cuanto la sensibilidad social de sus resoluciones. Resoluciones, por otro lado, que no pueden entrar a valorar las doctrinas alegadas por el solicitante, y que deben tomar razón de la congruencia entre las convicciones alegadas por el solicitante y las conclusiones que se desprendan de las actuaciones obrantes en el expediente.
El régimen en la prestación social sustitutoria se estructura en forma semejante al servicio militar, lo que, además de evitar las discriminaciones, garantiza a la sociedad una fuente de medios personales en caso de necesidad. La duración total de la prestación así concebida es, como ocurre con el servicio militar, de quince años. De entre ellos, la situación de actividad comprende un período de tiempo que oscila entre dieciocho y veinticuatro meses, lo que faculta al Gobierno para determinar la duración concreta de la prestación de acuerdo con las necesidades. La mayor duración de la situación de actividad respecto de la del servicio militar es, desde luego, una garantía de las que la Constitución exige para que la objeción de conciencia no constituya una vía de fraude a la Ley a través de la evasión del servicio militar; pero es, también, una necesidad para evitar discriminaciones, pues no pueden tratarse por igual situaciones desiguales y discriminatorio sería que la prestación social y el servicio militar, cuyos costes personales e incluso físicos son notablemente diferentes, tuviesen la misma duración.
La prestación social sustitutoria se enfoca, en su fase de disponibilidad, como un mecanismo que canaliza el cumplimiento por el objetor de su deber constitucional hacia la satisfacción de fines colectivos y socialmente útiles. A tal efecto, se crea un servicio encargado de la gestión del régimen de la prestación, servicio que se adscribe al Ministerio de la Presidencia por la diversidad de Ministerios implicados y el carácter coordinador de dicho Departamento. Aun cuando lo habitual será que la prestación se realice en entidades públicas, se prevé la posibilidad de que tenga lugar en entidades no públicas que satisfagan, sin ánimo de lucro, intereses generales, lo que permitirá flexibilizar el régimen de la prestación y vitalizar tanto su contenido como los fines a que sirve.
1. En el escrito de solicitud se harán constar, además de los datos personales y de la situación militar del interesado, los motivos de conciencia que se oponen al cumplimiento del servicio militar, así como las aptitudes y las preferencias para realizar la prestación social sustitutoria. Asímismo, el interesado podrá aportar cuantos documentos y testimonios estime pertinente a fín de acreditar las manifestaciones alegadas.
Número 1º del artículo 3 redactado por la Disposición Adicional 13.ª de la LO 13/1991, 20 de diciembre.
2. El Consejo resolverá favorablemente la solicitud de objeción de conciencia si el motivo o los motivos en ella alegados figurasen entre los recogidos en el párrafo segundo el artículo primero, denegando la solicitud en caso contrario. Asimismo, el Consejo podrá denegar la solicitud cuando, sobre la base de los datos e informes de que disponga, perciba incongruencia entre los motivos y manifestaciones alegados por el solicitante y las conclusiones que se desprendan de las actuaciones obrantes en el expediente.
3. En ningún caso podrá el Consejo entrar en valorar las doctrinas alegadas por el solicitante.
STC 160/1987, de 27 octubre afirma la constitucionalidad de este apartado.
1. Quienes sean declarados objetores de conciencia estarán exentos del servicio militar y quedarán obligados a realizar una prestación social sustitutoria consistente en actividades de utilidad pública que no requieran el empleo de armas, ni supongan dependencia orgánica de instituciones militar.
c) Servicios sociales y, en particular, los que afecten a la acción comunitaria, familiar, protección de menores y adolescentes, tercera edad, minusválidos, minorías étnicas, prevención de la delincuencia y reinserción social de alcohólicos, toxicómanos y exreclusos.
b) Que sirvan el interés general de la sociedad en especial, en los sectores sociales más necesitados.
1. El régimen de la prestación social sustitutoria comprenderá las situaciones de disponibilidad, actividad y reserva.
Apartado 1 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre.
3. En la situación de actividad, el objetor realizará las actividades propias de la prestación social sustitutoria en un régimen análogo al establecido para el servicio militar. La duración de la situación de actividad será fijada por el Gobierno mediante Real Decreto. En todo caso, comprenderá un período de tiempo que no será inferior a trece meses ni superior a dieciocho.
Apartado 3 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre.
4. La situación de reserva empezará el día siguiente del término de la situación de actividad y se extenderá hasta el treinta y uno de diciembre del tercer año posterior a la finalización de la prestación social sustitutoria del servicio militar. En esta situación, el Gobierno podrá acordar la reincorporación de los objetores en los supuestos previstos en la normativa sobre servicio militar y movilización nacional, a fín de realizar las tareas previstas en el artículo 6.º.4, de la presente Ley.
Apartado 4 del artículo 8 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre.
Los aplazamientos y exenciones de la prestación social sustitutoria del servicio militar serán regulados en el Reglamento que desarrolle esta Ley de forma que dicha prestación quede equiparada en estas materias con el servicio militar.
Artículo 9 redactado por la Disposición Adicional 13.ª LO 13/1991, 20 diciembre.
1. La gestión e inspección del régimen de la prestación social sustitutoria del servicio militar corresponde al Ministerio de la Presidencia, a cuyo efecto se creará en el seno de dicho Departamento, el correspondiente órgano.
a) Proponer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.º, los sectores donde se realizará la prestación social sustitutoria.
c) Concertar acuerdos con las entidades no públicas a las que se refiere el artículo séptimo.
d) Asignar los efectivos disponibles teniendo en cuenta prioritariamente las necesidades de los servicios civiles y, en su caso, la capacidad y aptitudes del objetor y su domicilio habitual.
e) Adscribir a los objetores a los servicios y modificar, en su caso, la adscripción acordada, encomendarles trabajos y funciones y controlar y garantizar el efectivo cumplimiento de las mismas.
2. Dicho Consejo, que adoptará sus decisiones por mayoría, estará formado:
b) Dos Vocales, nombrados en la forma que reglamentariamente se determine, uno por el Ministro de Justicia y otro por el de Defensa.
3. El Ministro de la Presidencia podrá acordar la incorporación al Consejo, con voz pero sin voto, con carácter permanente o no, de aquellas personas que considere conveniente y, especialmente, de representantes de las entidades señaladas en el artículo 7.º
Corresponde al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
1.º Conocer las solicitudes de declaración de objeción de conciencia y resolver sobre las mismas.
2.º Elevar al Gobierno, a través del Ministro de la Presidencia, y a las Cortes Generales por medio de aquél, informes periódicos sobre la aplicación práctica del régimen de prestación social sustitutoria, y proponer la modificación, en su caso, de las normas aplicables.
3.º Conocer las peticiones o reclamaciones que eventualmente presenten los objetores de conciencia.
4.º Emitir los informes y propuestas de resolución que le solicite el Ministro de la Presidencia.
5.º Las demás funciones que se le asignen legal y reglamentariamente.
g) El embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio.
h) El quebrantamiento de sanción.
1.ª. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se constituirá el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Hasta tanto pueda procederse al nombramiento del miembro del Consejo previsto en el apartado c) del párrafo segundo del artículo 13, el Ministerio de la Presidencia nombrará en su sustitución a un Vocal, designado de entre aquellos que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubiesen presentado solicitud de declaración de objeción de conciencia. Para la designación se dará preferencia, si los hubiere, a quienes hubiesen superado la edad prevista para el paso a la reserva.
2.ª. Dentro de los tres meses siguientes a la constitución del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, deberán legalizar su situación, mediante instancia documentada que cursarán al citado Consejo:
3.ª. A los objetores de conciencia que, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, hayan realizado o estén realizando una prestación social en condiciones equivalentes a las exigidas por esta Ley, les será computado por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, previa acreditación, el tiempo de servicio prestado.
4.ª. Quienes se hallen actualmente o hayan estado en situaciones de prisión a resultas de causas instruidas por presunto delito de negativa a prestación de servicio militar en razón de objeción de conciencia, podrán formular solicitudes para acogerse a lo previsto en la presente Ley, sirviendo de abono para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria el triple del tiempo que hayan estado privados de libertad por dicha causa.
5.ª. Quedan remitidas, con desaparición de antecedentes en los correspondientes Registros, las penas y sanciones de los objetores de conciencia que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hayan sido condenados por negativa a la prestación de su servicio militar.
Quedan derogados el Real Decreto 3011/1976, de 23 de diciembre, sobre objeción de conciencia de carácter religioso al servicio militar y cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

References: artículo 3
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 9
 artículo 16
 resolución 
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8

Artículo 9
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 artículo 13
 Real Decreto