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Timestamp: 2020-04-05 17:25:40+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de Julio de 2006. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Serie C No. 150 - Jurisprudencia - VLEX 428300146
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de Julio de 2006. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Serie C No. 150
Caso: Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Cati
Sentencia de 5 de julio de 2006
En el caso M.A. y otros (Retén de Catia),
C.M.Q., J., y
M.E.V.R., Juez.
El 24 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda en contra de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), la cual se originó en la denuncia número 11.699, recibida en la Secretaría de la Comisión el 12 de noviembre de 1996.
La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los reclusos que supuestamente fallecieron en un operativo ejecutado el 27 de noviembre de 1992 en el Retén e Internado Judicial de “los Flores de Catia” (en adelante “el Retén de Catia”). A su vez, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que declarara a Venezuela responsable por el incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, por no suprimir de su legislación las disposiciones que atribuyen a los tribunales militares competencia para investigar violaciones de derechos humanos y por no haber desarrollado políticas tendientes a reformar el sistema penitenciario.
La demanda se refiere a la presunta ejecución extrajudicial de 37 reclusos del Retén de Catia, ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Estos hechos habrían ocurrido después de un segundo intento de golpe militar en Venezuela, el cual habría originado una agitación al interior del citado retén. Presuntamente, los guardias del centro penitenciario y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente, con uso desproporcionado de la fuerza y disparando indiscriminadamente a la población reclusa. Las versiones de los hechos de algunos sobrevivientes cuentan que los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y dispararon contra ellos. También se alegó que los reclusos vivían en condiciones de detención inhumanas.
La Comisión alegó que después de los hechos se inició una investigación por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, la cual se habría caracterizado por la obstaculización y la falta de colaboración por parte de las autoridades policiales, militares y carcelarias. A partir de agosto de 1994 no se practicaron acciones tendientes a recopilar mayor información ni se desarrolló ninguna actividad procesal en el caso. Durante casi 8 años a los familiares de las presuntas víctimas se les negó el acceso al expediente. Actualmente la investigación reposa en la Fiscalía Sexagésima Octava del Área Metropolitana de Caracas en fase de investigación preliminar bajo el número de expediente 4582.
Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.
El 12 de marzo de 1996 el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (en adelante “COFAVIC”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 11.699, en relación con “los [supuestos] graves hechos acontecidos en el interior del Retén e Internado Judicial de Catia en fecha 27 de noviembre de 1992”.
El 20 de octubre de 2004, durante su 121º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el informe de Admisibilidad y Fondo No. 79/04, mediante el cual concluyó, inter alia, que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por la masacre ocurrida en el Retén de los Flores de Catia el 27 de noviembre de 1992, así como por la falta de investigación, procesamiento y sanción a los responsables, y por la falta de reparación efectiva a las víctimas de esas violaciones y a sus familiares. La Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.
El 24 de noviembre de 2004 la Comisión transmitió al Estado el Informe No. 79/04 y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas, con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas. Ese mismo día la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana, información que remitieron el 3 de enero de 2005.
El 24 de enero de 2005 el Estado solicitó una prórroga al plazo otorgado para presentar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 79/04. La Comisión concedió la prórroga solicitada, sin embargo el Estado no presentó la información requerida.
El 18 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, ante “la falta de implementación satisfactoria de la recomendaciones contenidas en el Informe No. 79/04”.
El 24 de febrero de 2005 la Comisión presentó una demanda ante la Corte en relación con el presente caso. Los anexos a la demanda fueron remitidos el 14 de marzo de 2005. La Comisión designó como D. ante la Corte a los C.P.S.P. y F.M. y al Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesores legales a los señores J.P.A., D.B. y V.H.M..
El 1 de abril de 2005 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar representación en el proceso. El 5 de abril de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d y e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a CEJIL y a COFAVIC, designados en la demanda como representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante “los representantes”), y les informó que contaban con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
El 7 de junio de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos. Además de lo señalado por la Comisión en su demanda (supra párrs. 2, 3, 4 y 5), los representantes solicitaron que la Corte decidiera si el Estado violó el “derecho a la verdad […] reconocido en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de cada una de las víctimas individualizadas en [su] escrito y de la sociedad venezolana”. El 14 de junio de 2005 los representantes presentaron los anexos al escrito de solicitudes y argumentos.
El 27 de julio de 2005 el Estado solicitó “una prórroga para presentar la respuesta a la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana”. El 28 de julio de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a Venezuela que la prórroga no podía ser otorgada con base al artículo 38 del Reglamento, que establece la improrrogabilidad de dicho plazo.
El 1 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso una excepción preliminar, contestó la demanda y remitió sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). La excepción preliminar interpuesta se refiere a la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.
El 1 de agosto de 2005 la Secretaría, de conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, otorgó a la Comisión y a los representantes un plazo de treinta días, para que presentaran los alegatos escritos sobre la excepción...
Decisión del Panel Administrativo nº D2012-0010 of Tribunal Arbitral de la OMPI, April 05, 2012 (case Johnson & Johnson v. Chad Wright, WebQuest.com, Inc.)
Decisión del Panel Administrativo nº D2016-2107 of Tribunal Arbitral de la OMPI, December 21, 2016 (case Société du Figaro v. Guolong Wang)

References: artículo 1
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 artículo 2
 artículo 63
 artículo 62
 artículo 43
 artículo 35
 artículo 38
 artículo 37