Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_ES.html
Timestamp: 2019-08-19 04:03:57+00:00

Document:
Procedimiento : 2017/2089(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0051/2019
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sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión
Ponente: Barbara Spinelli
La aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») ha constituido una encrucijada en el proceso de la integración europea. La Unión Europea asumió una responsabilidad formal ante sus ciudadanos: pasar de una comunidad económica a una Unión basada en el Estado de Derecho y los derechos humanos. El Tratado de Lisboa, en virtud del artículo 6, apartado 1, del TUE, ha constitucionalizado dicha opción, confiriendo a la Carta el mismo valor jurídico que los Tratados.
De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, la conducta de las instituciones de la Unión Europea en relación con la Carta constituye el principal punto de referencia para analizar su alcance y evaluar el grado de aplicación de sus disposiciones. El informe tiene por objeto evaluar, desde la perspectiva institucional de la Unión Europea, la situación actual por lo que respecta al papel de la Carta como fuente de Derecho primario de la Unión al tiempo que sugiere márgenes de mejora.
Se han llevado a cabo las siguientes actividades de información:
– un estudio(1) del Departamento Temático C de la DG IPOL, presentado en la Comisión AFCO el 28 de noviembre de 2017 en presencia del presidente del Grupo «Derechos Fundamentales, Derechos de los Ciudadanos y Libre Circulación de Personas» (FREMP) del Consejo y de un representante de la Comisión Europea (Unidad de Política de Derechos Fundamentales);
– reuniones técnicas con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) (10.1.2018), la Comisión Europea (Unidad de Política de Derechos Fundamentales) (22.2.2018), el jefe del Departamento de la Carta Social Europea (Consejo de Europa) (13.3.2018) y la Defensora del Pueblo Europeo (30.5.2018);
– un dictamen jurídico(2) de la FRA, presentado en la Comisión AFCO el 1 de octubre de 2018, sobre la base, entre otras cosas, de las respuestas de las agencias de la Unión Europea a un cuestionario enviado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales a todas las agencias.
La Carta en los procesos legislativos y de toma de decisiones de la Unión Europea
A pesar de los avances pertinentes realizados por las instituciones de la Unión Europea para integrar la Carta en los procesos legislativo y de toma de decisiones, parece que sigue siendo un instrumento infravalorado, cuyo potencial no se aprovecha al máximo. La tendencia general consiste en centrarse en impedir la violación de la Carta y no en maximizar su potencial(3), a pesar de que el deber de promover su aplicación se especifica claramente en la propia Carta (artículo 51, apartado 1).
Los controles de compatibilidad y las evaluaciones de impacto — los principales instrumentos de que dispone la Comisión para evaluar, ex ante, la conformidad de sus propuestas con los derechos fundamentales y, por tanto, con la Carta — siguen esta trayectoria, haciendo hincapié en una actitud pasiva con respecto a la Carta y no en una actitud proactiva. En concreto, por lo que se refiere a la evaluación de impacto, aunque el papel de los derechos humanos se ha reforzado gradualmente, la atención principal se centra en las normas tradicionales, es decir, los factores económicos, sociales y medioambientales. Entretanto, las propuestas de la Comisión pueden cambiar significativamente durante el proceso legislativo, con el riesgo de que la evaluación de impacto no tenga sentido, especialmente durante los llamados diálogos tripartitos: la opacidad de estas negociaciones conjuntas dificulta sumamente la evaluación del desarrollo del proceso de toma de decisiones y, al mismo tiempo, las consideraciones políticas o de partido podrían prevalecer sobre otras preocupaciones. El Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» permite a los colegisladores llevar a cabo nuevas evaluaciones de impacto, pero de forma opcional. A nivel de los colegisladores, el Parlamento dispone de medios sólidos para evaluar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra un procedimiento específico previsto en su Reglamento interno (artículo 38) que, no obstante, nunca se ha utilizado. Sin embargo, como en el caso de la Comisión, se trata principalmente de procedimientos internos llevados a cabo por sus propios servicios. En cuanto al Consejo, a pesar de la aprobación de directrices internas para comprobar la conformidad de la legislación con los derechos fundamentales, no existe ningún mecanismo formal de evaluación de impacto. Además, la falta de transparencia de su proceso legislativo, de la que ha informado recientemente la Defensora del Pueblo Europeo(4), hace difícil determinar su toma de decisiones.
En su ámbito de actuación, las instituciones de la Unión Europea deberán garantizar la plena operabilidad de las disposiciones de la Carta manteniendo sus obligaciones negativas (deber de abstención) y las obligaciones positivas (deber de acción), de conformidad con los requisitos de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Esta responsabilidad está claramente confirmada en el TUE, en virtud de sus artículos 2 y 6, y en obligaciones análogas consagradas en las disposiciones de aplicación general del título II, parte I, del TFUE. A fin de alcanzar dicho objetivo, complementando al mismo tiempo los procedimientos internos de la Unión, se podrían prever otras medidas: promover una cooperación más estructurada y regulada con organismos externos independientes, como la FRA, a la hora de evaluar la dimensión de derechos humanos de las propuestas legislativas; llevar a cabo evaluaciones de impacto distintas e independientes sobre los derechos fundamentales; y establecer un mecanismo para identificar la necesidad de tomar medidas a escala de la Unión para defender y cumplir las disposiciones de la Carta y hacer que el Derecho de la Unión se atenga al carácter evolutivo de la legislación internacional en materia de derechos humanos. También sería conveniente establecer instrumentos adicionales para la realización de revisiones ex post sistemáticas de la coherencia de la legislación de la Unión Europea con la Carta, lo que actualmente es prácticamente competencia exclusiva del Tribunal de Justicia (TJUE). Un punto de partida a este respecto podría ser la inclusión en los textos legislativos de una cláusula de notificación y revisión de los derechos humanos y de la Carta.
La Carta en las políticas de la Unión Europea
El informe analizará el papel de la Carta, en particular en dos ámbitos de la elaboración de las políticas de la Unión Europea.
En primer lugar, la acción exterior, incluida la celebración de acuerdos comerciales con terceros países. En el ámbito específico de la política exterior y de seguridad común (PESC), el informe se centrará en las condiciones restringidas en las que el TJUE puede ejercer su jurisdicción, a saber, la falta de recursos jurídicos contra las violaciones de los derechos humanos derivadas de las decisiones adoptadas en este ámbito. Al mismo tiempo, el comportamiento interno de las instituciones de la Unión Europea en relación con la Carta representará la prueba de fuego para la evaluación de su comportamiento en la dimensión exterior. La capacidad de la Unión Europea para desarrollar eficazmente una PESC plenamente conforme con los principios consagrados en el artículo 21, apartado 1, del TUE dependerá de su actuación en pleno cumplimiento de estos requisitos a nivel interno.
Los acuerdos comerciales globales son especialmente importantes por el posible impacto de amplio alcance que podrían tener en los derechos humanos. A pesar de la adopción de importantes prácticas y directrices destinadas a abordar la dimensión de los derechos humanos en los acuerdos comerciales, el informe sugiere ir más allá del llamado «enfoque integrado» que sigue actualmente la Comisión en sus evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad, respaldando plenamente las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo(5) de llevar a cabo evaluaciones de impacto específicas en materia de derechos humanos antes de concluir cualquier negociación comercial.
En segundo lugar, la gobernanza económica: un ámbito en el que las competencias de la Unión Europea son muy amplias y pueden afectar gravemente a los derechos humanos, pero en el que se ignora la Carta de manera manifiesta. El Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión Europea no asignan, en este ámbito, ninguna función explícita a la Carta y apenas mencionan sus disposiciones. Una serie de instrumentos que configuran la política económica y monetaria de la Unión Europea se han adoptado fuera del marco de la Unión, eliminando la responsabilidad política de las instituciones de la Unión Europea, pero atribuyéndoles importantes funciones de supervisión y ejecución. Las decisiones y opciones adoptadas sin una evaluación adecuada de la dimensión de los derechos humanos y dando plena prioridad a los factores macroeconómicos y a la condicionalidad ya han tenido profundas repercusiones en los derechos civiles, económicos y sociales, como también ha destacado el Comité Europeo de Derechos Sociales. En opinión de la ponente, la sentencia Ledra Advertising del TJUE debería convertirse en un punto de inflexión para la integración de la Carta en el marco de la gobernanza económica de la Unión Europea, así como en su dimensión intergubernamental, convirtiéndose en un punto de referencia para la evaluación de la legitimidad de las medidas propuestas y adoptadas en este ámbito.
Por último, una mención específica al Eurogrupo. A pesar de que el TJUE ha confirmado su carácter informal y el carácter no vinculante de sus decisiones(6), de ahí la inmunidad derivada del artículo 263 del TFUE, el impacto político de sus determinaciones y conclusiones ha influido profundamente en la elaboración de las políticas, eludiendo los trámites de la legislación de la Unión Europea y «desinstitucionalizando» el proceso de toma de decisiones. En vista de este papel reforzado de hecho, resultaría oportuna una aclaración de su pertinencia respecto a la Carta.
Derechos frente a principios
La Carta es única en cuanto a la combinación, en un solo documento, de derechos civiles y políticos, así como de derechos sociales y económicos, incluida la «tercera generación» de derechos humanos. No obstante, la falta de claridad de la dicotomía entre derechos y principios, consagrada en los artículos 51, apartado 1, y 52 de la Carta, reforzada por las explicaciones de la Carta, y el distinto nivel de protección que se les confiere (respeto de los derechos y principios que deben observarse) amenazan con socavar este elemento distintivo. Avanzar hacia una «conceptualización» unívoca de todos los artículos consagrados en la Carta en los procesos de toma de decisiones y elaboración de políticas de la Unión Europea, al tiempo que se presta la debida atención al papel primordial del TJUE en la interpretación de la legislación de la Unión Europea, contribuiría a confirmar su unicidad y reforzar su ámbito de aplicación. La promoción de una sinergia sistemática entre la Carta y los demás instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos, así como entre los organismos de supervisión competentes, sería mutuamente beneficiosa para el refuerzo de las disposiciones y las obligaciones previstas en la misma. La adhesión a la Carta Social Europea es un paso hacia adelante indispensable que la Unión Europea debe adoptar a este respecto.
La Carta y las agencias de la Unión
Las agencias de la Unión Europea están obligadas a respetar y promover la Carta al igual que cualquier otro organismo de la Unión Europea. Este deber es especialmente significativo si se tiene en cuenta que a menudo actúan como vínculo operativo entre la Unión Europea y las esferas nacionales, al apoyar a los Estados miembros y a sus agentes pertinentes en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la legislación de la Unión Europea y, por tanto, potencialmente, en la aplicación concreta de las disposiciones de la Carta. Observando la realidad actual de las agencias de la Unión Europea, se constata que el grado de conciencia interna de la Carta, así como el establecimiento de procedimientos o instrumentos internos para hacer efectivas sus disposiciones, difieren ampliamente en función de su mandato y naturaleza. Ya existen diversas mejores prácticas que podrían ampliarse horizontalmente a todas las agencias de la Unión Europea. Otros instrumentos, como por ejemplo la creación de agentes independientes responsables en materia de derechos fundamentales, serían beneficiosos para este fin. El refuerzo de la cooperación entre agencias y el desarrollo de un diálogo estructurado con las partes interesadas pertinentes en materia de derechos humanos son elementos clave de este proceso. Es urgentemente necesario que el legislador de la Unión Europea incluya referencias explícitas a la Carta en todos los reglamentos constitutivos de las agencias.
Aplicación de la Carta a nivel nacional
La «dimensión nacional» de la Carta complementa la de la Unión Europea. La aplicación inadecuada de la Carta a nivel nacional socava su coherencia y eficacia globales. De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión. A pesar de las aclaraciones del TJUE, las prácticas nacionales muestran que sigue siendo difícil evaluar si la Carta se aplica en concreto y de qué manera. Curiosamente, a veces los jueces nacionales utilizan la Carta como fuente de interpretación positiva incluso en los casos que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión Europea. Más en general, sin embargo, esta ambigüedad, junto con una amplia «brecha de sensibilización» con respecto a la Carta y la falta de políticas nacionales destinadas a promover su aplicación, lleva a su considerable infrautilización a nivel nacional. Las instituciones y agencias de la Unión Europea podrían desempeñar un papel importante a la hora de colmar estas lagunas estableciendo una amplia gama de medidas y acciones destinadas a apoyar a los Estados miembros a este respecto. En cualquier caso, es de suma importancia aclarar el ámbito de aplicación y avanzar hacia una interpretación más restrictiva del artículo 51 de la Carta, al tiempo que se evalúa la posibilidad de dejarlo a un lado en caso de revisión de los Tratados.
«The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU Institutional Framework» (La aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el marco institucional de la Unión Europea), Olivier De Schutter (PE 571.397).
Dictamen de la FRA – 4/2018 «Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental Rights» (Retos y oportunidades para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales), 24 de septiembre de 2018.
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, «Fundamental Rights Report 2017» (Informe sobre los derechos fundamentales 2017), p. 23.
Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo en la investigación estratégica OI/2/2017/TE sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo, 15.5.2018.
Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo en el caso 1409/2014/MHZ sobre la abstención de la Comisión Europea de realizar una evaluación previa de impacto en materia de derechos humanos relativa al Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam, 26.2.2016.
Sentencia de 20 de septiembre de 2016, Mallis y otros, asuntos acumulados C-105/15 P a C-109/15 P, apdo. 61.
– Vistos los artículos 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 y 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 67, apartado 1, 258, 263, 267 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),
– Visto el Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea,
– Vistos los dictámenes y la lista de criterios del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
– Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica(1),
– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso(2),
– Vistas sus Resoluciones anuales sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea,
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(3),
– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(4),
– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión(5),
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(6),
– Visto el Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(7),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2005, titulada «Respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso» (COM(2005)0172),
– Visto el informe de la Comisión, de 29 de abril de 2009, sobre el funcionamiento práctico de la metodología para un control sistemático y riguroso del cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales (COM(2009)0205),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea» (COM(2010)0573),
– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de mayo de 2011, titulado «Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments» (Directrices operativas para tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto de la Comisión) (SEC(2011)0567),
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo, de 12 de diciembre de 2011, titulada «Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE - Hacia un enfoque más eficaz» (COM(2011)0886),
– Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE para los derechos humanos y democracia de 25 de junio de 2012,
– Vistas las Directrices del Consejo, de 20 de enero de 2015 sobre las medidas metodológicas que se han de tomar para verificar la compatibilidad de los derechos fundamentales en los órganos preparatorios del Consejo,
– Vistas las Directrices del Consejo para los órganos preparatorios del Consejo tituladas «Compatibilidad de los derechos fundamentales»,
– Visto el informe sobre el seminario de la Presidencia del Consejo, de 13 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en las políticas nacionales,
– Vistas las directrices de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, sobre el análisis de los impactos de las iniciativas en materia de política comercial en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de impacto,
– Vistos los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos los coloquios anuales de la Comisión sobre los derechos fundamentales,
– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de septiembre de 2016, C‑8/15 P a C‑10/15 P, Ledra Advertising/Comisión y BCE(8),
– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 2018, C-569/16 y C-570/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer y Volker Willmeroth/Martina Broßonn(9),
– Visto el Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia, de 18 de diciembre de 2014, sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(10),
– Visto el Dictamen 4/2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 24 de septiembre de 2018, titulado «Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental Rights» (Retos y oportunidades para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales),
– Vistos los informes anuales sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el Manual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de octubre de 2018, titulado «Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level – Guidance» (Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la legislación y la formulación de políticas a nivel nacional — Orientaciones),
– Vista la caja de herramientas para la mejora de la legislación, y en particular la herramienta n.º 28, relativa a los derechos fundamentales y los derechos humanos,
– Visto el artículo 38 de su Reglamento interno,
– Visto el dictamen del secretario general del Consejo de Europa, de 2 de diciembre de 2016, sobre la iniciativa de la Unión Europea de establecer un pilar europeo de derechos sociales,
– Vistos el documento de la delegación neerlandesa en la COSAC sobre la transparencia en la Unión, de noviembre de 2017, titulado «Abrir las puertas cerradas: una Unión más transparente para sus ciudadanos», y la carta de las delegaciones en la COSAC dirigida a las instituciones de la Unión, de 20 de diciembre de 2017, sobre la transparencia en la toma de decisiones políticas de la Unión,
– Vistos los estudios titulados «The implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework» (Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el marco institucional de la UE), «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the Dilemma of Stricter or Broader Application of the Charter to National Measures» (Interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: el dilema entre una aplicación más estricta o más amplia de la Carta a las medidas nacionales) y «The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights» (La Carta Social Europea en el contexto de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), publicados por su Dirección General de Políticas Interiores el 22 de noviembre de 2016, el 15 de febrero de 2016 y el 12 de enero de 2016, respectivamente(11),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y la opinión de la Comisión de Peticiones (A8‑0051/2019),
A. Considerando que el Tratado de Lisboa ha conferido a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta») el rango de Derecho primario dentro del marco jurídico de la Unión, por lo que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados;
B. Considerando que el presente informe no efectúa una evaluación individual de los derechos recogidos en la Carta, sino que analiza la aplicación de la Carta en cuanto instrumento del Derecho primario;
C. Considerando que las disposiciones sociales son parte esencial de la Carta y de la estructura jurídica de la Unión; que es importante garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la Unión y destacar su importancia;
D. Considerando que, según el Tribunal de Justicia, los derechos fundamentales reconocidos por la Carta forman parte del núcleo de la estructura jurídica de la Unión y que la legalidad de cualquier acto de la Unión está supeditada al respeto de estos derechos;
E. Considerando que la Carta incluye, en consonancia con los requisitos del Derecho internacional de derechos humanos y de su artículo 51, obligaciones tanto negativas (de no vulneración) como positivas (de promoción activa), que deben cumplirse por igual a fin de que sus disposiciones sean plenamente operativas;
F. Considerando que el artículo 51 de la Carta limita el ámbito de aplicación de la misma en lo que respecta a la observancia del principio de subsidiariedad, la consideración de las competencias de los Estados miembros y de la Unión y el respeto de los límites de las competencias atribuidas a la Unión en los Tratados;
G. Considerando que el artículo 51, apartado 2, de la Carta especifica que esta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna nueva competencia o misión para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados;
H. Considerando que las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión están vinculados por la Carta de modo permanente, incluso cuando actúan fuera del marco jurídico de la Unión;
I. Considerando que, en virtud del artículo 51, las disposiciones de la Carta son de aplicación a los Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión; que, no obstante, los límites inciertos de este requisito hacen difícil determinar concretamente los casos y el modo en que se aplica la Carta;
J. Considerando que hasta ahora no se ha desarrollado adecuadamente el potencial de los derechos sociales y económicos establecidos en la Carta; que, como se señala en el dictamen del secretario general del Consejo de Europa, el respeto de los derechos sociales no solo es un imperativo ético y una obligación jurídica, sino también una necesidad económica;
K. Considerando que el artículo 6 del TUE también hace hincapié en que los derechos fundamentales que garantiza el CEDH constituyen principios generales del Derecho de la Unión;
L. Considerando que el artículo 151 del TFUE hace referencia a derechos sociales fundamentales como los que contempla la Carta Social Europea;
M. Considerando que en su estudio de 22 de noviembre de 2016 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión(12) se señala, entre otros aspectos, la importancia de la Carta para las actividades de la Comisión en el marco del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Tratado del MEDE) y en el contexto del Semestre Europeo; que en la gobernanza económica de la Unión se presta escasa atención a los derechos sociales contemplados en la Carta; que estos derechos deben ser considerados auténticos derechos fundamentales;
N. Considerando que, con el compromiso del pilar europeo de derechos sociales de dotar a los ciudadanos de nuevos y más eficaces derechos en el ámbito de la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, las condiciones laborales justas y la protección e inclusión sociales, se consolidan en mayor medida los derechos consagrados en la Carta;
O. Considerando que el principio de igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea que se encuentra consagrado en los Tratados de la Unión y en la Carta; que en el artículo 8 del TFUE se establece el principio del enfoque integrado de la igualdad que establece que, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»;
P. Considerando que la transparencia de los procesos legislativos y de toma de decisiones de la Unión es un corolario del derecho a una buena administración, previsto en el artículo 41 de la Carta, y que es una condición previa esencial para que los ciudadanos puedan evaluar y supervisar adecuadamente la aplicación de la Carta por parte de las instituciones de la Unión;
Q. Considerando que la promoción por parte de los Estados miembros y de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión del amplio espectro de derechos contemplados en la Carta, que van desde los derechos civiles y políticos a los derechos sociales, económicos y de tercera generación, daría un impulso fundamental al desarrollo de una esfera pública europea y constituiría una expresión tangible del concepto de ciudadanía europea y de la dimensión participativa de la Unión consagrada en los Tratados;
R. Considerando que la FRA ha formulado una serie de recomendaciones de cara a la aplicación efectiva de la Carta en sus dictámenes sobre la mejora del acceso a vías de recurso en el ámbito de la actividad empresarial y los derechos humanos a escala de la Unión(13) y sobre los retos y oportunidades para la aplicación de Carta de los Derechos Fundamentales(14);
S. Considerando que el artículo 24 de la Carta establece los derechos del menor, obligando a las autoridades públicas y a las instituciones privadas a garantizar que el interés superior de los menores constituya una consideración primordial;
T. Considerando que el artículo 14 de la Carta hace hincapié en el derecho de todos los niños a una educación equitativa;
Reforzar la integración de la Carta en los procesos legislativos y de toma de decisiones
1. Está firmemente convencido de que la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573) supuso un esfuerzo inicial tras la entrada en vigor de la Carta, pero que necesita ser actualizada con urgencia; acoge con satisfacción los informes anuales sobre la aplicación de la Carta por parte de la Comisión, y pide una revisión de la estrategia, elaborada en 2010, con objeto de actualizarla para tener en cuenta los nuevos retos y la realidad institucional, en especial tras el Brexit;
2. Reconoce los importantes pasos dados por las instituciones de la Unión para integrar la Carta en los procesos legislativos y de toma de decisiones de la Unión; toma nota de que la principal función de la Carta es garantizar que la legislación de la Unión resulte plenamente conforme con los derechos y principios consagrados en ella, y reconoce las dificultades que supone su promoción activa y garantizar su cumplimiento;
3. Insiste en que es importante que todas las propuestas legislativas de la Unión respeten los derechos fundamentales consagrados en la Carta;
4. Recuerda que los procedimientos establecidos por las instituciones de la Unión para evaluar la compatibilidad de las propuestas legislativas con la Carta son principalmente de carácter interno; pide la oportunidad de establecer formas reforzadas de consulta, evaluación de impacto, incluida la evaluación de impacto específica en materia de género, y control jurídico en las que participen expertos independientes en materia de derechos fundamentales; pide a la Comisión que promueva una cooperación estructurada y regulada con organismos de derechos humanos, como la FRA, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y los organismos pertinentes del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, siempre que un expediente legislativo pueda promover o afectar negativamente a los derechos fundamentales;
5. Pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que revisen el Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo para permitir que la FRA emita dictámenes no vinculantes sobre los proyectos de legislación de la Unión por propia iniciativa, y que fomenten las consultas sistemáticas con dicha agencia;
6. Insta a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a los Gobiernos nacionales y regionales de los Estados miembros a que consulten a la FRA cuando estén en juego los derechos fundamentales;
7. Reconoce el papel fundamental de la FRA en la evaluación del cumplimiento de la Carta y celebra el trabajo realizado por la Agencia; anima a dicha agencia a que continúe asesorando y apoyando a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros para que mejoren la cultura en materia de derechos fundamentales en la Unión; acoge con satisfacción la estrategia de la FRA para el período 2018-2022, adoptada recientemente;
8. Toma nota de la herramienta en línea interactiva CLARITY, desarrollada por la FRA para permitir una identificación sencilla del órgano no jurisdiccional más apropiado con competencia en materia de derechos humanos para una cuestión determinada relacionada con los derechos fundamentales;
9. Insta a la Comisión a garantizar evaluaciones de impacto exhaustivas a través de una evaluación equilibrada de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales, y a revisar su decisión de repartir las consideraciones relativas a los derechos fundamentales entre las tres categorías existentes (impacto económico, social y medioambiental) y a establecer dos categorías específicas tituladas «Impacto en materia de derechos fundamentales» y «Evaluación del impacto en materia de género», a fin de garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos de los derechos fundamentales;
10. Pide a la Comisión que tome medidas de manera sistemática a nivel de la Unión para defender y cumplir las disposiciones de la Carta y que garantice que el Derecho de la Unión se adapte para tener en cuenta la evolución jurídica y jurisprudencial del Derecho internacional de derechos humanos; a este respecto, vuelve a reiterar su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta que dé efecto a la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(15), lo que permitiría el examen sistemático de la evolución en las instituciones y los organismos de la Unión y en los Estados miembros que exigen medidas para proteger y cumplir los derechos, las libertades y los principios de la Carta; propone, en particular, que las condiciones establecidas en los criterios de Copenhague con relación a los derechos fundamentales no se utilicen simplemente una vez como condiciones previas para la adhesión, sino que se evalúe periódicamente a los Estados miembros para comprobar la observancia de las mismas;
11. Toma nota de que la Defensora del Pueblo también desempeña un papel relevante a la hora de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el contexto de la Carta, no solo en cuanto al artículo 41 sobre el derecho a una buena administración en sí mismo, sino también teniendo en cuenta que dicha buena administración constituye una piedra angular para la garantía de otros derechos fundamentales; recuerda la labor ejemplar de la Defensora del Pueblo en el ámbito de la transparencia y la libertad de información, entre otros, así como el Informe especial sobre Frontex(16) durante esta legislatura, en particular en relación con los derechos de reclamación de los migrantes y solicitantes de asilo;
12. Considera que la jurisprudencia influirá en el alcance de la Carta, y que hay que tomar en consideración esta circunstancia;
13. Pide a los legisladores de la Unión que reconozcan y apliquen las conclusiones de la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2018 (asunto T-540/15) sobre el acceso a los documentos de los diálogos tripartitos(17) y que actúen en consecuencia; insiste en la necesidad de aumentar la transparencia y mejorar el acceso a los documentos entre las instituciones de la Unión, con el fin de desarrollar una cooperación interinstitucional más efectiva, incluida la rendición de cuentas sobre cuestiones relativas a los derechos fundamentales; insta al Consejo a que dé rápidamente respuesta a los motivos de preocupación planteados en relación con la transparencia de su proceso de toma de decisiones y el acceso a los documentos, en consonancia con las recomendaciones correspondientes de la Defensora del Pueblo Europeo;
Integración de la Carta en las políticas de la Unión
14. Recuerda que la formulación de las políticas de la Unión se basa en los principios y objetivos establecidos en los artículos 2 a 6 del TUE, observando y aplicando plenamente los requisitos consagrados en las disposiciones de aplicación general de la primera parte, título II, del TFUE;
15. Reafirma que todos los actos jurídicos adoptados por la Unión deben cumplir en su totalidad las disposiciones de la Carta, incluidas sus disposiciones sociales; destaca la importancia de incorporar referencias explícitas a la Carta en el marco jurídico que rige la política económica y monetaria de la Unión; hace hincapié en que el recurso a acuerdos intergubernamentales no exime a las instituciones de la Unión de sus obligaciones de evaluar la compatibilidad de dichos instrumentos con el Derecho de la Unión, incluida la Carta;
16. Considera fundamental que la Unión dé pasos decididos para consolidar sus propios compromisos de garantizar el disfrute de los derechos de la Carta, en particular los derechos sociales;
17. Pide a la Comisión que garantice que el proceso del Semestre Europeo, incluidas las recomendaciones específicas por país y las recomendaciones del Estudio Prospectivo Anual, cumpla los componentes normativos de los derechos sociales de la Carta;
18. Respalda la introducción de cláusulas de derechos fundamentales sólidas y coherentes en los textos operativos de los proyectos de reglamento por los que se establecen los fondos de la Unión;
19. Pide a la Comisión y al Consejo que supediten las decisiones macroeconómicas a una evaluación en materia de derechos fundamentales, basada en todo el espectro de derechos civiles, políticos y sociales garantizados por los instrumentos del Derecho internacional y europeo de derechos humanos;
20. Insta a la Comisión a estudiar las medidas necesarias para la adhesión de la Unión a la Carta Social Europea revisada y a que proponga un calendario a tal fin;
21. Recuerda que, sobre la base de las competencias dispuestas en los Tratados, es responsabilidad primordial de los Estados miembros poner en práctica las políticas sociales, así como dotar de eficacia y expresión tangible a las disposiciones sociales consagradas en la Carta; reitera, no obstante, su propuesta, en el contexto de una posible revisión de los Tratados, de incorporar en ellos un protocolo social con el fin de reforzar los derechos sociales fundamentales en relación con las libertades económicas;
22. Toma nota del papel crucial, pero informal, que tiene de hecho el Eurogrupo en la gobernanza económica de la zona del euro, y del impacto que sus decisiones podrían tener al influir en la formulación de las políticas, sin que exista un contrapeso consistente en mecanismos adecuados de rendición de cuentas democrática y control judicial; recuerda a sus miembros las obligaciones horizontales que les incumben en virtud de los artículos 2 y 6 de la Carta;
23. Pide a la Comisión y al Banco Central Europeo que respeten plenamente la Carta en el cumplimiento de sus tareas en relación con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, incluidas las prácticas crediticias del segundo, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE;
24. Recuerda que la acción de la Unión en la escena internacional debe basarse en los principios consagrados en el artículo 21, apartado 1, del TUE; tiene el convencimiento de que el pleno respeto y la promoción de las disposiciones de la Carta en la Unión constituyen un punto de referencia para evaluar la legitimidad y la credibilidad del comportamiento de la Unión en sus relaciones internacionales, también en el marco del proceso de ampliación de conformidad con el artículo 49 del TUE;
25. Pone de relieve la limitada competencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y advierte contra cualquier potencial limitación de los derechos a la tutela judicial efectiva consagrados en la Carta;
26. Recuerda a las instituciones de la Unión sus obligaciones en materia de derechos humanos en el ámbito de la Carta, también en la política comercial; alienta a la Comisión a llevar a cabo evaluaciones de impacto específicas en materia de derechos humanos antes de concluir cualquier negociación comercial, haciendo referencia a los Principios rectores de las Naciones Unidas relativos a las evaluaciones de los efectos de los acuerdos de comercio e inversión en los derechos humanos;
27. Recuerda que tanto los Tratados como la Carta hacen referencia a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación por razón de la lengua; pide medidas administrativas concretas dentro de las instituciones de la Unión para alentar a los Gobiernos nacionales a buscar soluciones duraderas y promover la cultura de la diversidad lingüística, más allá de las lenguas oficiales de la Unión, en sus Estados miembros;
28. Recuerda la obligación establecida en el artículo 6 del TUE de adherirse al CEDH; insta a la Comisión a tomar las medidas necesarias para eliminar finalmente las barreras jurídicas que impiden la conclusión del proceso de adhesión y a presentar un nuevo proyecto de acuerdo para la adhesión de la Unión al CEDH, proporcionando soluciones positivas para las objeciones planteadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su Dictamen 2/13 de 18 de diciembre de 2014; considera que su realización introducirá salvaguardias adicionales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de la Unión y proporcionará un mecanismo adicional para reforzar los derechos humanos, a saber, la posibilidad de presentar una denuncia ante el TEDH en relación con una violación de los derechos humanos derivada de una acción de una institución de la Unión o de un Estado miembro en el marco de la aplicación de la legislación de la Unión y que se inscriba en el marco de las competencias del CEDH; observa asimismo que la jurisprudencia del TEDH aportará de esta manera una contribución adicional a la acción actual y futura de la Unión en lo relativo al respeto y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos de las libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior, además de la jurisprudencia del TJUE al respecto;
29. Destaca el potencial de determinadas agencias de la Unión para ofrecer apoyo a los Estados miembros en el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta, actuando con frecuencia como enlace operativo entre la Unión y las esferas nacionales; señala que esta labor solo se puede realizar de modo eficaz mediante el completo desarrollo de una práctica en materia de derechos fundamentales en el seno de las agencias que trabajen en la esfera de la justicia y los asuntos de interior y/o aquellas cuyas actividades podrían afectar a los derechos y principios derivados de la Carta, teniendo en cuenta las dimensiones internas y externas de la protección y la promoción de los derechos fundamentales;
30. Pide a las agencias pertinentes de la Unión que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los principios de igualdad de género consagrados en la Carta, en particular garantizando que todas las instituciones y agencias de la Unión apliquen una política de tolerancia cero frente a todas las formas de violencia sexual y acoso físico o psicológico; pide a todas las instituciones y agencias de la Unión que apliquen en su totalidad la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea(18);
31. Toma nota de la diversidad de políticas e instrumentos desarrollados por las distintas agencias para cumplir sus obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos, lo que da lugar a distintos grados de aplicación; destaca la necesidad de promover la cooperación entre agencias dentro de la Unión, así como los diálogos estructurados con expertos independientes en derechos humanos, y de aprovechar las mejores prácticas existentes, con el fin de promover un marco común y reforzado en materia de derechos humanos;
32. Insta a las agencias de la Unión que trabajen en la esfera de la justicia y los asuntos de interior y/o a aquellas cuyas actividades podrían afectar a los derechos y principios derivados de la Carta a adoptar estrategias internas de derechos fundamentales y a promover sesiones de formación periódicas sobre los derechos fundamentales y la Carta para su personal a todos los niveles;
33. Lamenta que en muchos reglamentos de base de las agencias de la Unión no figure una referencia expresa a la Carta; pide a los colegisladores que subsanen esta laguna, de ser necesario, cuando se redacten o revisen los reglamentos o decisiones por los que se crean agencias, y que prevean, teniendo en cuenta el mandato y las especificidades de cada agencia, nuevos mecanismos operativos que velen por el cumplimiento de la Carta;
Apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la Carta a nivel nacional
34. Recuerda que las dimensiones nacional y de la Unión de la Carta están ligadas inextricablemente y que se complementan para garantizar que las disposiciones de la Carta se apliquen de manera coherente en todo el marco jurídico de la Unión;
35. Destaca el persistente desconocimiento de la Carta, de su alcance y de su grado de aplicación, entre los titulares de los derechos que la Carta reconoce, que se benefician de su protección, y entre los juristas y los expertos en derechos humanos, y lamenta la escasez de iniciativas nacionales para corregir estas deficiencias;
36. Pide a la Comisión que refuerce sus actividades de sensibilización relativas a la Carta, con la plena participación de las organizaciones de la sociedad civil, y que promueva y financie módulos de formación acerca de la Carta para los jueces y los profesionales del Derecho nacionales y para los funcionarios, con el objetivo de mejorar el conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión, incluidos el Derecho sustantivo y el procesal, de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión, de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del lenguaje jurídico y del Derecho comparado; pide asimismo a la Comisión que proporcione a los Estados miembros orientaciones prácticas que les ayuden a aplicar la Carta a escala nacional; pide a la Comisión, en este contexto, que dé plena visibilidad al recientemente publicado Manual de la FRA sobre la aplicación la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la legislación y la formulación de políticas a nivel nacional;
37. Alienta a los Estados miembros a intercambiar regularmente información y experiencias sobre el uso, la aplicación y la supervisión de la Carta, y a incorporar los ejemplos de mejores prácticas ya desarrollados a nivel nacional; anima a los Estados miembros a revisar sus reglas procesales en materia de control jurídico y evaluación de impacto de los proyectos legislativos desde la perspectiva de la Carta; opina que estos procedimientos deben incluir una referencia expresa a la Carta, al igual que sucede con los instrumentos nacionales en materia de derechos humanos, a fin de reducir el riesgo de ignorar la Carta;
38. Señala que las lagunas en la transposición y correcta aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros pueden tener repercusiones reales en el ejercicio de los derechos fundamentales de la Unión; recuerda, en este contexto, el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados y, por tanto, responsable en última instancia, sino responsable principal, de la salvaguardia de los derechos fundamentales, en caso necesario mediante procedimientos de infracción; pide, en este contexto, un liderazgo con mayor determinación para garantizar una aplicación adecuada del Derecho de la Unión;
Hacia una interpretación más coherente de la Carta
39. Está convencido de que las diferentes interpretaciones relativas a la aplicación de las disposiciones de la Carta a cargo de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Estados miembros merman el valor añadido que aporta la Carta, a saber, el de representar un conjunto de normas mínimas comunes de protección que se apliquen horizontalmente a todos los actores institucionales y a todas las políticas y actividades relacionadas con la esfera de la Unión;
40. Subraya que la integración de la Carta en el Derecho primario de la Unión, si bien no amplía las competencias de la Unión y respeta el principio de subsidiariedad definido en su artículo 51, crea nuevas responsabilidades para las instituciones encargadas de la toma de decisiones y la ejecución, así como para los Estados miembros en lo relativo a la aplicación de la legislación de la Unión a nivel nacional, y que las disposiciones de la Carta han pasado a ser de aplicación directa para los tribunales europeos y nacionales;
41. Alienta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a hacer posible una aplicación más directa de la Carta en su conjunto;
42. Lamenta que, hasta la fecha, la República de Polonia y el Reino Unido no hayan decidido retirarse del Protocolo 30 de los Tratados, asegurándose así la posibilidad de no atenerse a la Carta;
43. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
DO C 337 de 20.9.2018, p. 167.
DO C 301 E de 13.12.2007, p. 229.
DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
DO C 337 de 20.9.2018, p. 120.
DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
Estudio titulado «The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework» (Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el marco institucional de la UE), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 22 de noviembre de 2016; estudio titulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the Dilemma of Stricter or Broader Application of the Charter to National Measures» (Interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: el dilema entre una aplicación más estricta o más amplia de la Carta a las medidas nacionales), Dirección General de Políticas Interiores Departamento Temático C, 15 de febrero de 2016; y estudio titulado «The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights» (La Carta Social Europea en el contexto de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), 12 de enero de 2016.
The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework (La aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 22 de noviembre de 2016.
Dictamen 1/2017 de la FRA de 10 de abril de 2017.
Dictamen 4/2018 de la FRA de 24 de septiembre de 2018.
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de diciembre de 2015, sobre el informe especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de oficio OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex (DO C 399 de 24.11.2017, p. 2.).
Sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2018, De Capitani/Parlamento Europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (5.12.2018)
Ponente de opinión: Eduard Kukan
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que las disposiciones sociales son parte esencial de la Carta de Derechos Fundamentales y de la estructura jurídica de la Unión; que es importante garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la Unión y destacar su importancia;
B. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta es fuente de Derecho primario y se aplica en primer lugar a las instituciones y organismos de la Unión;
C. Considerando que la Unión, incluidas sus instituciones, órganos, organismos y agencias, así como los Estados miembros, tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales al ejecutar sus mandatos y de cumplir plenamente la Carta, también a lo largo de todo el proceso legislativo y al aplicar la legislación de la Unión; que es importante aplicar sistemáticamente la Carta en todos los ámbitos de actuación;
D. Considerando que dicha obligación implica que las instituciones de la Unión no solo deben tratar de evitar las violaciones de los derechos consagrados en la Carta, sino que también deben reforzar el potencial de la Carta mediante la incorporación activa y sistemática de esos derechos cuando legislan o definen políticas;
E. Considerando que el Consejo y el Parlamento deben garantizar sistemáticamente que a la hora de elegir entre las diferentes opciones que se estudien en el marco de las políticas, tales opciones se evalúen en función de su contribución al cumplimiento de la Carta;
F. Considerando que la proclamación del pilar de derechos sociales subraya aún más la importancia de la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, de unas condiciones de trabajo justas y dignas y de la protección y la inclusión sociales, con vistas a proporcionar a los ciudadanos derechos nuevos y más efectivos y a mejorar los derechos ya consagrados en la Carta;
1. Reafirma que todos los actos jurídicos adoptados por la Unión deben incluir y cumplir en su totalidad las disposiciones de la Carta, incluidas sus disposiciones sociales y las relativas al ámbito de la gobernanza económica; subraya que se debe evaluar sistemáticamente la conformidad con la Carta de la legislación de la Unión y de sus políticas; pide a la Comisión que garantice la conformidad del proceso del Semestre Europeo con la Carta, incluidos el Estudio Prospectivo Anual y las recomendaciones específicas por país;
2. Saluda, en el contexto del pilar europeo de derechos sociales, las propuestas de la Comisión sobre conciliación de la vida privada y la vida profesional, sobre condiciones laborales previsibles y transparentes y sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social;
3. Considera que la jurisprudencia influirá en el alcance de la Carta, y que hay que tomar en consideración esta circunstancia;
4. Pide que la Unión Europea se adhiera a la Carta Social Europea del Consejo de Europa;
5. Hace hincapié en que todos los agentes de la Unión deben otorgar la misma consideración a los derechos sociales y a los derechos y principios económicos que a los demás derechos fundamentales y principios consagrados en la Carta;
6. Pide a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a los Gobiernos nacionales y regionales de los Estados miembros que, cuando estén en juego los derechos fundamentales, consulten a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA);
7. Destaca que la Unión ha de intensificar su labor de sensibilización respecto de la Carta a nivel tanto nacional como de la Unión, mejorando a tal fin la comunicación sobre los derechos, valores y libertades fundamentales, centrándose en las políticas de asuntos sociales y de empleo; subraya la importancia de seguir promoviendo los derechos y libertades fundamentales; pide a las instituciones y agencias de la Unión, y en particular a las agencias que trabajan en el ámbito de las políticas sociales y de empleo, que adapten mejor sus prácticas a la aplicación de la Carta; pide una atención especial a facilitar el empleo de las personas con discapacidad y a eliminar los obstáculos que encuentran en su carrera profesional; pide que la Comisión cree una Dirección General responsable de cuestiones relativas a las personas con discapacidad; lamenta que aún no se haya aprovechado plenamente el potencial de la Carta;
8. Destaca el importante papel de la Defensora del Pueblo Europeo en relación con la rendición de cuentas por parte de las instituciones de la Unión y con la promoción de las buenas prácticas de su administración; acoge con satisfacción el trabajo llevado a cabo por la Defensora del Pueblo Europeo;
9. Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión sobre los derechos fundamentales, así como sus informes anuales sobre la aplicación de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta;
10. Acoge con satisfacción la importancia cada vez más grande que la Unión da a los derechos de los ciudadanos mayores y aboga por continuar el desarrollo de un enfoque del envejecimiento basado en derechos; destaca la importancia de luchar contra la discriminación por razón de edad;
11. Hace hincapié en que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben respetar sus obligaciones relativas a los requisitos sociales y económicos de la Carta cuando traten de ajustarse a los instrumentos de la Unión, como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; exige, además, que la noción de «circunstancias excepcionales» con arreglo al artículo 3, apartado 3, letra b), del TECG, que permite una desviación del objetivo a medio plazo o de la trayectoria de ajuste prevista, se interprete de modo que incluya la incapacidad del país para cumplir sin comprometer sus obligaciones respecto a las disposiciones sociales de la Carta;
12. Reconoce el papel fundamental de la FRA en la evaluación del cumplimiento de la Carta y celebra el trabajo realizado por la Agencia; anima a dicha agencia a que continúe asesorando y apoyando a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros para que mejoren la cultura en materia de derechos fundamentales en la Unión; acoge con satisfacción la estrategia de la FRA para el período 2018-2022, adoptada recientemente;
13. Reitera que las disposiciones sociales de la Carta garantizan una cobertura y protección social y sanitaria adecuadas para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de las plataformas en línea;
14. Insiste en que es importante que todas las propuestas legislativas de la Unión respeten los derechos fundamentales consagrados en la Carta; destaca, con referencia especial a los derechos fundamentales de los trabajadores, la necesidad de que la Unión garantice que todo trabajador disfrute los mismos derechos fundamentales, independientemente del tamaño de la empresa, del tipo de contrato o de la relación laboral;
15. Pide a la Comisión y al Banco Central Europeo que respeten plenamente la Carta en el cumplimiento de sus tareas en relación con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, incluidas las prácticas crediticias del segundo, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (11.1.2019)
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 44 y 51,
– Visto el estudio titulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to national measures» (La interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: el dilema de una aplicación más estricta o amplia de la Carta a las medidas nacionales), publicado en febrero de 2016 por el Departamento Temático C de la Dirección General de Políticas Interiores,
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y en particular su apartado 20(1),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(2), y en particular su apartado 45,
A. Considerando que el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados;
B. Considerando que, de conformidad con el artículo 51 de la Carta, sus disposiciones se dirigen, en particular, a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; que el artículo 51, apartado 1, establece que las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión»;
C. Considerando que el artículo 51, apartado 1, de la Carta establece también que las instituciones y los órganos de la Unión «promoverán su aplicación»; que se subraya que la Carta no es un simple conjunto de prohibiciones, sino que también debe ser considerada como una herramienta para adoptar medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de sus disposiciones;
D. Considerando que el artículo 6 del TUE también hace hincapié en que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) constituyen principios generales del Derecho de la Unión;
E. Considerando que el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) hace referencia a derechos sociales fundamentales como los que contempla la Carta Social Europea;
F. Considerando que en su estudio de noviembre de 2017 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión(3) se señala, entre otros aspectos, la importancia de la Carta para las actividades de la Comisión en el marco del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Tratado del MEDE) y en el contexto del Semestre Europeo; que en la gobernanza económica de la Unión se presta escasa atención a los derechos sociales contemplados en la Carta; que estos derechos deben ser considerados auténticos derechos fundamentales;
G. Considerando que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha formulado una serie de recomendaciones de cara a la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales en sus dictámenes sobre la mejora del acceso a vías de recurso en el ámbito de la actividad empresarial y los derechos humanos a escala de la Unión(4) y sobre los retos y oportunidades para la aplicación de Carta de los Derechos Fundamentales(5);
1. Afirma que la Carta de los Derechos Fundamentales debe aplicarse respetando plenamente el CEDH, al tiempo que se reconoce la importancia de la Carta Social Europea y el pilar europeo de derechos sociales, e insta a la Comisión a que acelere el proceso de adhesión de la Unión al CEDH y dé mayor prioridad al examen de la posible adhesión de la Unión a la Carta Social Europea;
2. Insta a la Comisión a que aclare el ámbito de aplicación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales, puesto que las diferentes interpretaciones añaden confusión y hacen que la aplicación de la Carta sea clara e insatisfactoria(6);
3. Pide a la Comisión que proporcione a los Estados miembros directrices sobre cómo deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales al aplicar el Derecho de la Unión;
4. Subraya que el artículo 51, apartado 1, de la Carta requiere que se promuevan los derechos y principios consagrados en la misma, y señala el vínculo entre los valores de la Unión, los de la Carta y los criterios de Copenhague para la adhesión de terceros países a la Unión; lamenta que, hasta la fecha, la Unión no tenga a su disposición un mecanismo global para la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales —tal y como proponía el Parlamento en su Resolución de 14 de noviembre de 2018(7)—, lo que permitiría el examen sistemático de la evolución en las instituciones y los organismos de la Unión y en los Estados miembros que exigen medidas para proteger y cumplir los derechos, las libertades y los principios de la Carta; propone, en particular, que las condiciones establecidas en los criterios de Copenhague con relación a los derechos fundamentales no se utilicen simplemente una vez como condiciones previas para la adhesión, sino que se evalúe periódicamente a los Estados miembros con arreglo a las mismas;
5. Observa con preocupación que la Carta de los Derechos Fundamentales solo se aplica en los Estados miembros cuando se aplica la legislación de la Unión, e invita a las distintas instituciones de la Unión a que en la próxima revisión del Tratado consideren la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Carta;
6. Insta a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a los Gobiernos nacionales y regionales de los Estados miembros a que consulten regularmente a la FRA cuando estén en juego los derechos fundamentales; pide, además, la introducción, en el marco del Semestre Europeo, de una evaluación obligatoria y una revisión de la observancia de las disposiciones de la Carta por parte de los Estados miembros;
7. Manifiesta su preocupación por la ausencia de evaluaciones de impacto sistemáticas en materia de derechos humanos antes de la adopción, por parte de la Comisión, de sus propuestas legislativas, e insta a la Comisión, al Consejo y al Parlamento a que lleven a cabo controles independientes y exhaustivos de la compatibilidad, así como evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales, para cada propuesta legislativa, integrando así los derechos fundamentales en todos los ámbitos políticos pertinentes;
8. Pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que prevean formas sistemáticas de consulta a los organismos e instituciones con experiencia en materia de derechos humanos, en general, y en la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular; se remite, en este sentido, a la FRA, pero también a los organismos pertinentes del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas;
9. Recuerda que el Tribunal de Justicia ha dictaminado(8) que la Comisión ha de respetar plenamente la Carta, también al desempeñar las tareas que le atribuye el Tratado del MEDE, en particular cuando se trata de firmar memorandos de entendimiento, y que esta obligación se aplica asimismo a las recomendaciones específicas por país en el contexto del Semestre Europeo; insta a la Comisión a integrar sistemáticamente las evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales en la gobernanza socioeconómica de la Unión, prestando especial atención a su compatibilidad con las disposiciones sociales de la Carta;
10. Señala que las lagunas en la transposición y la correcta aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros pueden tener repercusiones reales en el ejercicio de los derechos fundamentales de la Unión; recuerda, en este sentido, el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados y, por tanto, responsable en última instancia, sino responsable principal, de la salvaguardia de los derechos fundamentales, en caso necesario mediante procedimientos de infracción; pide, en este contexto, un liderazgo más firme para garantizar una aplicación adecuada de la legislación de la Unión, especialmente en lo que se refiere al derecho de protección del medio ambiente establecido en el artículo 37 de la Carta, mediante procedimientos de infracción más diligentes, determinados y rigurosos; recuerda la importancia de una rápida implantación y una aplicación adecuada del pilar «Acceso a la justicia» del Convenio de Aarhus;
11. Destaca que la Carta también se aplica a las agencias de la Unión; afirma que, cuando se redacten o revisen los reglamentos o decisiones por los que se crean agencias, debe incluirse una referencia a la obligación de que, en el marco de sus respectivos mandatos, respeten tanto la Carta como el Derecho internacional en materia de derechos humanos; pide a todas las agencias que adopten una estrategia sobre los derechos fundamentales que incluya un código de conducta para su personal y un mecanismo independiente para la detección y notificación de la violación de los derechos fundamentales; alienta especialmente a Frontex y a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) a que respeten plenamente la Carta, no solo mediante sus políticas generales sino también en las actividades cotidianas de los guardias de fronteras y costas, así como por parte de los responsables de asilo destinados a estas agencias;
12. Insta a concluir la adopción de la Directiva horizontal de la Unión contra la discriminación(9), con el fin de seguir garantizando los derechos fundamentales en la Unión mediante la adopción de normativas concretas de la Unión y, por lo tanto, evitando la actual interferencia del artículo 51;
13. Recuerda la importancia del principio de subsidiariedad, al tiempo que anima a los Estados miembros a que apliquen plenamente la Carta de conformidad con el CEDH, e insta al intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, así como con la Unión y sus agencias; evoca y reafirma la valoración, así como la interpretación y aplicación positivas de la Carta, por parte de los jueces nacionales;
14. Subraya que, mediante su aplicación en políticas y actividades políticas específicas, la Carta es probablemente el principal instrumento para la defensa, promoción y realización de los valores de la Unión; hace hincapié en que es fundamental que la Unión defienda estos valores, tanto en su política exterior como a nivel interno, ampliando la cobertura que proporciona la Carta a sus ciudadanos y residentes, así como en la acogida de refugiados y la recepción de migrantes;
15. Insiste en que todos los órganos, agencias e instituciones de la Unión, incluida Frontex, así como los Estados miembros, quedan plenamente obligados por las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales;
16. Recuerda que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión hacen referencia a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación por razón de la lengua; pide medidas administrativas concretas dentro de las instituciones de la Unión para alentar a los Gobiernos nacionales a buscar soluciones duraderas y promover la cultura de la diversidad lingüística, más allá de las lenguas oficiales de la Unión, en sus Estados miembros;
17. Alienta la creación y promoción de instituciones nacionales para los derechos humanos, que contribuyen a garantizar que los derechos fundamentales se respetan al elaborar y aplicar las políticas y la legislación, y prestan asistencia a las personas en casos concretos;
18. Afirma que siguen existiendo lagunas en lo que respecta al acceso a vías de recurso por parte de las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales en empresas establecidas en terceros países, y pide que en los acuerdos exteriores de la Unión, en particular en sus acuerdos comerciales y de inversión, se introduzcan mecanismos accesibles, poco onerosos y que no conlleven una burocracia excesiva que permitan a las víctimas luchar contra esas vulneraciones cuando la empresa en cuestión esté establecida en la Unión;
19. Hace hincapié en que los ciudadanos de la Unión han sido facultados a través de la iniciativa ciudadana europea, introducida con el Tratado de Lisboa y aplicada en 2012, que otorga a los ciudadanos de la Unión el derecho de pedir a la Comisión que proponga nueva legislación de la Unión; observa que hasta la fecha se han organizado cuatro iniciativas, tres de las cuales han conducido a la elaboración de nueva legislación;
20. Pide a la Comisión que lleve a cabo de forma sistemática evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos antes de celebrar acuerdos exteriores, particularmente acuerdos comerciales;
21. Subraya la importancia de que se hayan establecido las normas necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros; respalda la introducción de cláusulas de derechos fundamentales sólidas y coherentes en los textos operativos de los proyectos de reglamento por los que se establecen los fondos de la Unión;
22. Condena la decisión de Polonia, sin precedentes y aislada, de oponerse a las Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales durante la reunión celebrada por los ministros de Justicia el 11 de octubre de 2018 en Luxemburgo;
23. Recuerda el acuerdo político entre las principales instituciones de la Unión y los Estados miembros sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); considera que la conclusión del proceso introducirá salvaguardias adicionales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de la Unión; pide asimismo que se tomen las medidas necesarias para eliminar finalmente las barreras jurídicas que impiden la conclusión del proceso de adhesión.
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género: Angelika Mlinar (ponente)
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:
– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión1,
1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0066.
– Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica1,
1 DO C 337 de 20.9.2018, p. 167.
Visto 1 quater (nuevo)
– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea1,
1 DO C 346 de 27.9.2018, p. 192.
Visto 1 quinquies (nuevo)
– Vistos el documento de trabajo conjunto, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Transformar la vida de niñas y mujeres mediante las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182), así como las conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de acción en materia de género 2016-2020,
Visto 1 sexies (nuevo)
– Vistas las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en su reunión del 24 de junio de 2013,
G bis. Considerando que el principio de igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea que se encuentra consagrado en los Tratados de la Unión y en el artículo 23 de la Carta; que en el artículo 8 del TFUE se establece el principio del enfoque integrado de la igualdad que establece que, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»;
G ter. Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género tiene como cometido desarrollar, analizar, evaluar y difundir instrumentos metodológicos para promover la integración de la igualdad de género en todas las políticas de la Unión y en las políticas nacionales resultantes y para apoyar la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones y organismos de la Unión;
Considerando L bis (nuevo)
L bis. Considerando que el artículo 24 de la Carta establece los derechos del menor, obligando a las autoridades públicas y a las instituciones privadas a garantizar que el interés superior de los menores constituya una consideración primordial;
Considerando L ter (nuevo)
L ter. Considerando que el artículo 14 de la Carta hace hincapié en el derecho de todos los niños a una educación equitativa;
1 bis. Lamenta que la violencia de género se tolere con excesiva facilidad y hace hincapié en la necesidad de poner fin a la impunidad garantizando el enjuiciamiento de los autores; pide a la Unión Europea que llegue a un acuerdo sobre la ratificación del Convenio de Estambul y pide a la Comisión que presente una estrategia global de la Unión contra todas las formas de violencia de género, incluido el acoso sexual y los abusos sexuales contra mujeres y niñas, a fin de garantizar la coherencia entre las acciones interiores y exteriores de la Unión en este ámbito;
Apartado 1 ter (nuevo)
1 ter. Manifiesta su profunda preocupación por la vulnerabilidad de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, en particular las mujeres, los niños y las personas LGBTI, y pide la mejora urgente de vías seguras y legales para la migración, el pleno respeto del principio de no devolución y el acceso a los servicios de reagrupación familiar, la vivienda, la educación, el empleo, la atención sanitaria y el apoyo psicológico tras llegar a la Unión;
2. Recuerda que los procedimientos establecidos por las instituciones de la Unión para evaluar la compatibilidad de las propuestas legislativas con la Carta son principalmente de carácter interno; recalca la necesidad de establecer formas reforzadas de consulta, evaluación de impacto y control jurídico en las que participen plenamente expertos independientes en derechos fundamentales; pide a la Comisión que promueva una cooperación estructurada y regulada con organismos externos independientes, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, siempre que un expediente pueda promover o afectar negativamente a los derechos fundamentales;
2. Recuerda que los procedimientos establecidos por las instituciones de la Unión para evaluar la compatibilidad de las propuestas legislativas con la Carta son principalmente de carácter interno; recalca la necesidad de establecer formas reforzadas de consulta, evaluación de impacto —incluida la evaluación de impacto específica en materia de género— y control jurídico en las que participen plenamente expertos independientes en derechos fundamentales; pide a la Comisión que promueva una cooperación estructurada y regulada con organismos externos independientes, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, siempre que un expediente pueda promover o afectar negativamente a los derechos fundamentales;
Apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Subraya la necesidad de una estrecha cooperación con el EIGE en su papel de difusión de instrumentos metodológicos precisos y con vistas a una aplicación más eficaz de la integración de la perspectiva de género en los procesos legislativos y decisorios de la Unión Europea;
4. Reitera su llamamiento a la Comisión para que revise su decisión, por lo que se refiere a las evaluaciones de impacto, de repartir las consideraciones relativas a los derechos fundamentales entre las tres categorías existentes (impacto económico, social y medioambiental) y para que establezca una categoría específica titulada «Impacto en materia de derechos fundamentales» a fin de garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos de los derechos fundamentales;
4. Reitera su llamamiento a la Comisión para que revise su decisión, por lo que se refiere a las evaluaciones de impacto, de repartir las consideraciones relativas a los derechos fundamentales entre las tres categorías existentes (impacto económico, social y medioambiental) y para que establezca dos categorías específicas tituladas «Impacto en materia de derechos fundamentales» y «Evaluación del impacto en materia de género», a fin de garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos de los derechos fundamentales, en particular los de las minorías y los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas LGBTIQ+;
7 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que promuevan, en los acuerdos comerciales, el compromiso de adoptar, mantener y aplicar de manera eficaz leyes, reglamentos y políticas en materia de igualdad de género, incluidas las medidas activas necesarias para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los niveles, de conformidad con el artículo 23 de la Carta;
Apartado 8 bis (nuevo)
8 bis. Lamenta que la integración de la perspectiva de género no se aplique de manera coherente en todas las actividades de la Unión, lo que impide la aplicación efectiva de las medidas de lucha contra la discriminación de género y de promoción de la igualdad de género;
Apartado 8 ter (nuevo)
8 ter. Hace hincapié en la necesidad de impulsar un cambio cultural en las instituciones mediante un proceso de aprendizaje organizativo sistemático y estructurado, a fin de lograr la igualdad de género tanto a nivel interno como, en particular, en lo que se refiere a los resultados de su trabajo;
16 bis. Pide a las agencias pertinentes de la Unión que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los principios de igualdad de género consagrados en la Carta, en particular garantizando que todas las instituciones y agencias de la Unión apliquen una política de tolerancia cero frente a todas las formas de violencia sexual y acoso físico o psicológico; pide a todas las instituciones y agencias de la Unión que apliquen en su totalidad la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea;
20 bis. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que luchen contra todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTI en sus respectivos países y fuera de sus fronteras, como se indica en la Carta;
20 ter. Destaca que la Unión Europea debe adoptar medidas globales y estratégicas que permitan a los Estados miembros responder a las violaciones de los derechos de las mujeres dentro de sus propias fronteras y garantizar su promoción activa de la Carta de los Derechos Fundamentales; reitera su llamamiento a todos los Estados miembros, en este contexto, para que ratifiquen rápidamente el Convenio de Estambul en su totalidad;
20 quater. Hace hincapié en que los derechos de la mujer y la igualdad de género, incluido el respeto universal y el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, deben situarse en el centro de la Carta de los Derechos Fundamentales y de la elaboración de políticas a escala nacional;
24 bis. Reconoce que la exclusión social puede obedecer a una falta de educación equitativa y verse exacerbada por el acoso; anima a las administraciones y escuelas nacionales y locales a que adopten medidas para ayudar a las víctimas del acoso y prevenir su exclusión social, de conformidad con el artículo 34 de la Carta;
25 bis. Anima a los Estados miembros a que apoyen el uso de evaluaciones de impacto para los grupos más vulnerables (madres solteras, niños, personas con discapacidad, etc.) en el desarrollo de la legislación nacional en materia educativa, reconociendo al mismo tiempo que esto no es obligatorio en virtud de ninguna legislación o Carta y representa una laguna importante y un punto de discrepancia entre la legislación nacional y la de la Unión, lo que obstaculiza el desarrollo de la igualdad de género, tal como se establece en la Carta;
DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework (La aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, noviembre de 2017.
Véase, por ejemplo, la sección 2.3 del Dictamen 4/2018 de la FRA de 24 de septiembre de 2018.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0456.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising Ltd y otros contra Comisión Europea y Banco Central Europeo, ECLI:EU:C:2016:701.
OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (21.1.2019)
Ponente: Josep-Maria Terricabras
La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 44 y 51,
B. Visto el estudio titulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to national measures» (La interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: el dilema de una aplicación más estricta o amplia de la Carta a las medidas nacionales), publicado en febrero de 2016 por el Departamento Temático C de la Dirección General de Políticas Interiores,
C. Vista la audiencia sobre el tema «¿Ampliación del ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 51)?», organizada por el Comité de Peticiones el 23 de febrero de 2016,
D. Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y en particular su apartado 20(1),
E. Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(2), y en particular su apartado 45,
1. Reafirma que el derecho fundamental de petición, establecido en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales y los artículos 20 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constituye uno de los pilares de la ciudadanía europea y un elemento fundamental de la democracia participativa, cuyo objetivo es acercar a los ciudadanos a la Unión mediante un procedimiento abierto, democrático, inclusivo y transparente;
2. Recuerda que un creciente número de peticiones presentadas al Parlamento tras la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en diciembre de 2009 mencionan la Carta como base jurídica para supuestos casos de vulneración de los derechos fundamentales; observa que estas peticiones pueden poner de manifiesto la seria carencia estructural de un enfoque basado en los derechos fundamentales a la hora de elaborar legislación y políticas a escala nacional y de la Unión y de aplicar la legislación en los Estados miembros; considera que los ciudadanos de la Unión pueden beneficiarse de una mejora de la interacción entre la Comisión de Peticiones y la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), específicamente en cuanto al tratamiento de las peticiones, en la que la Agencia aborde las posibles preocupaciones de los peticionarios en materia de posibles vulneraciones de los derechos fundamentales;
3. Toma nota de que el Defensor del Pueblo Europeo también desempeña un papel importante a la hora de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el contexto de la Carta, no solo en cuanto al artículo 41 sobre el derecho a una buena administración en sí mismo, sino también considerando que dicha buena administración constituye una piedra angular para la garantía de otros derechos fundamentales; recuerda el trabajo ejemplar realizado por la Defensora del Pueblo de esta legislatura, en el ámbito, entre otros, de la transparencia y la libertad de información, así como su informe especial sobre Frontex(3), en particular por lo que se refiere al derecho de reclamación de los solicitantes de asilo y los migrantes;
4. Señala que la entrada en vigor de la Carta es vista por los ciudadanos y los residentes de la Unión como una de las principales maneras en que la pertenencia a la Unión aporta un valor añadido; está convencida de que puede lograrse una reforma de la Unión con el fin de aumentar su legitimidad y su valor a ojos de los ciudadanos y residentes, principalmente mediante la mejora del ámbito de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta; subraya que la Carta de los Derechos Fundamentales puede remediar el déficit democrático y considerarse la piedra angular sobre la que desarrollar políticas sociales sólidas que permitan salvar las desigualdades socioeconómicas y conducir a una auténtica Unión de los pueblos;
5. Muestra su preocupación acerca del hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales solo se aplique en los Estados miembros en el contexto de la aplicación del Derecho de la Unión; reitera que muchos ciudadanos y residentes consideran la aplicación de la Carta poco clara e insatisfactoria; hace hincapié, no obstante, en que la Carta constituye una fuente de Derecho primario de la Unión, no solo para sus instituciones, sino también para los Estados miembros; recuerda que, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los derechos fundamentales, los Estados miembros también deben asegurar la plena aplicación de las disposiciones de la Carta, y que su aplicabilidad limitada no ofrece carta blanca para vulnerar los derechos en ella recogidos;
6. Opina que el gran número de fuentes de protección de los derechos fundamentales (nacionales, europeas e internacionales) y la complejidad de su interacción no debe mermar la protección de los derechos fundamentales en sí misma; destaca que una interpretación y aplicación más rigurosas de la Carta de los Derechos Fundamentales sería suficiente para garantizar la protección y la promoción de los derechos fundamentales en toda la Unión; considera que esta interpretación más amplia debe estar en consonancia con las obligaciones internacionales de la Unión en materia de derechos humanos, puesto que emanan del deber de la Unión de respetar el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho internacional público;
7. Considera que las expectativas de la mayoría de los peticionarios con respecto a los derechos que les confiere la Carta son elevadas y transcienden en gran medida de su actual ámbito de aplicación; destaca que una interpretación demasiado restrictiva o incoherente del artículo 51 aleja a la gente de la Unión; invita a las instituciones europeas y a los Estados miembros a que refuercen la aplicación de la Carta ampliando su ámbito de aplicación e insta a la Comisión a que adopte medidas para garantizar que la interpretación del ámbito de aplicación del artículo 51 sea lo más coherente y amplia posible, de modo que se preserve la aplicación universal y uniforme de la Carta en toda la Unión y para todos los ciudadanos; considera que la aplicación universal de la Carta supone una condición para la promoción y la consolidación de la ciudadanía europea y el refuerzo de la participación ciudadana en la Unión;
8. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por combatir la discriminación de las mujeres; recuerda que el artículo 23 de la Carta dispone que «la igualdad entre hombres y mujeres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución»; indica que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado;
9. Considera fundamental que, además de la garantía general de la libertad, las salvaguardias de igualdad y los derechos políticos, la Unión dé pasos decididos para consolidar, en particular, sus propios compromisos de garantizar el disfrute de los derechos sociales establecidos en la Carta; considera que, de este modo, las garantías actuales de los derechos civiles y políticos producirán, en último término, una mejora de los derechos económicos, sociales y culturales, armonizando así la Unión con la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos; expresa el deseo de que la Carta Social Europea revista el mismo estatus que los Tratados, tal como sucedió con la Carta de los Derechos fundamentales;
10. Insiste en que el artículo 7, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 472/2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades(4), que especifica que los esfuerzos de consolidación presupuestaria necesarios conforme al programa de ajuste macroeconómico «tendrán en cuenta la necesidad de garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y la salud», se interprete en consonancia con los requisitos de las disposiciones sociales de la Carta y los principios de la Carta Social Europea;
11. Propone el desarrollo y la aplicación de un código de conducta aplicable a todo el personal en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales; pide la creación de mecanismos para el cumplimiento que garanticen que se detectan, se notifican y se procesan todas las infracciones de manera oportuna; considera que el derecho de las presuntas víctimas y de los denunciantes a la protección de sus datos personales debe considerarse inalienable a lo largo de todo el proceso; pide organizar sesiones de formación para el personal con vistas a eliminar la discriminación y la incitación al odio basadas en el género, la orientación sexual, el origen étnico o cualquier otra condición;
12. Insta al Consejo a concluir la adopción de la Directiva horizontal de la Unión contra la discriminación, ya que garantizaría el principio de no discriminación consagrado en la Carta; lamenta que se haya bloqueado durante tanto tiempo, ya que su adopción garantizaría en mayor medida los derechos fundamentales concretos en la Unión, eludiría la actual interferencia del artículo 51 mediante la adopción de legislación específica de la Unión que los Estados miembros deberían transponer, y se ajustaría a las obligaciones asumidas por la Unión en el momento de su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
13. Insiste en la suma importancia de garantizar la protección efectiva de los ciudadanos y residentes de la Unión con arreglo al sistema actual, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también con respecto a las libertades civiles, la discriminación y la participación democrática, ampliando la aplicación de la Carta; insta a la Comisión, a este respecto, a asegurarse de incluir una evaluación del impacto de los derechos fundamentales independiente, participativa y transparente en todas las nuevas propuesta legislativas, con objeto de conseguir la integración y la protección efectiva de los derechos humanos en todos los ámbitos políticos pertinentes; propone el desarrollo y la aplicación ulteriores de un concepto de derechos fundamentales desde el diseño, a fin de fomentar la incorporación de los más elevados estándares de derechos fundamentales desde las primeras etapas de la elaboración de políticas; subraya que el hecho de que existan artículos que no se apliquen, como es el caso del artículo 9 del TFUE sobre alto nivel de empleo y protección social, no favorece la naturaleza democrática de la Unión y de sus Estados miembros, sino que, por el contrario, contribuye a deslegitimarla;
14. Destaca la importancia de la FRA en el marco institucional; lamenta la falta de integración del trabajo de la Agencia tanto en la evaluación de la compatibilidad de las actividades institucionales con los derechos fundamentales como, con frecuencia, en materia de conocimientos especializados sobre los actos legislativos pertinentes para las competencias internas y externas de la Unión; reitera que es fundamental el conocimiento independiente e imparcial para preparar de forma sistemática pruebas de compatibilidad en todos los sectores de actividad de las instituciones de la Unión; considera, a tal fin, que, con objeto de aumentar su importancia, se podrían sistematizar y mejorar aún más las contribuciones de las agencias pertinentes (el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la FRA) a las instituciones legislativas y a quienes sustentan competencias operativas en dicho ámbito; toma nota de la herramienta en línea interactiva CLARITY, desarrollada por la FRA para permitir una identificación sencilla del órgano no jurisdiccional más apropiado con competencia en materia de derechos humanos para una cuestión determinada relacionada con los derechos fundamentales;
15. Está firmemente convencida de que la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea supone un primer paso positivo tras la entrada en vigor de la Carta, pero necesita ser actualizada con urgencia; acoge con satisfacción los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación de la Carta, y pide una revisión de la Estrategia, elaborada en 2010, para reflejar los nuevos retos y las realidades a los que se enfrentan las instituciones, en especial a raíz del Brexit;
16. Hace hincapié en que todos los órganos, agencias e instituciones de la Unión, incluida Frontex, así como los Estados miembros, están plenamente obligados por las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales;
17. Recuerda que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión hacen referencia a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación por razón de la lengua; pide medidas administrativas concretas dentro de las instituciones de la Unión para alentar a los Gobiernos nacionales a buscar soluciones duraderas y promover la cultura de la diversidad lingüística, más allá de las lenguas oficiales de la Unión, en sus Estados miembros;
18. Señala que los Estados miembros pueden aplicar las disposiciones de la Carta en su legislación, y que tienen la obligación moral de hacerlo, incluso cuando no están transponiendo directamente el Derecho de la Unión; lamenta el deterioro de la situación de la libertad de los medios de comunicación en diversos Estados miembros e insta a los Estados miembros a que respeten, y a la Comisión a que adopte, las medidas necesarias para controlar y hacer cumplir la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; alienta la creación y promoción de instituciones nacionales para los derechos humanos, que contribuyen a garantizar que los derechos fundamentales se respetan al elaborar y aplicar las políticas y la legislación y que prestan asistencia a las personas en casos concretos; considera que el uso arbitrario o excesivo de la violencia por parte de la policía u otras fuerzas de seguridad de los Estados miembros en contra de las reuniones pacíficas es contrario a las disposiciones de la Carta;
19. Pide a la Comisión que adopte un enfoque más valiente a la hora de supervisar las medidas tomadas por las autoridades nacionales para aplicar las disposiciones legislativas de la Unión que planteen cuestiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente teniendo en cuenta que estos derechos no están necesariamente garantizados en toda la Unión;
20. Acoge con satisfacción la ratificación del Tratado de Marrakech sobre el acceso para personas con discapacidad visual a obras publicadas adaptadas, puesto que supone un paso fundamental en el contexto del artículo 26 de la Carta con respecto a la integración de las personas discapacitadas;
21. Toma nota de la petición n.º 0657/2016 y hace hincapié en la importancia capital que reviste el respeto del artículo 10 de la Carta sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en todos los Estados miembros, y en todas las instancias e instituciones de la esfera pública, en particular en el ámbito de la educación;
22. Insta a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a las autoridades de los Estados miembros a que consulten regular y directamente a la FRA cuando estén en juego los derechos fundamentales; pide, además, la introducción, en el marco de la gobernanza económica europea, de una evaluación obligatoria y una revisión de la legislación marco vigente y de las políticas públicas de los Estados miembros, con objeto de garantizar la observancia de las disposiciones de la Carta, y en especial de sus disposiciones sociales; propone el desarrollo de un cuadro de indicadores de los derechos fundamentales, con el fin de supervisar el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros;
23. Considera que la aplicación de los aspectos internos de la Carta presenta deficiencias considerables, en particular en lo que respecta al ejercicio de las competencias de la Unión por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que se mantenga vigilante a la hora de garantizar la aplicación completa y coherente de la Carta por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que desarrolle un enfoque integrado con vistas a realizar un seguimiento de la observancia del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 258 a 260 del TFUE, y que permita la notificación, reacción y prevención oportunas en caso de vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales; recuerda la promesa realizada por la antigua Comisión de crear una nueva herramienta, además del último recurso al artículo 7 del TUE, que vaya más allá de los procedimientos de infracción actuales en términos de sanciones para abordar casos de vulneración flagrante de los derechos fundamentales recogidos en la Carta, en especial cuando estén implicados los Gobiernos de los Estados miembros;
24. Discrepa profundamente de la Comisión en su restrictiva interpretación del artículo 51, apartado 1, al evaluar el número de peticiones presentadas al Parlamento, y reitera firmemente que las instituciones de la Unión deben respetar la Carta en toda circunstancia y en cualquier función que ejerzan;
25. Hace hincapié en la necesidad de garantizar el respeto de la Carta, en particular de sus disposiciones sociales, durante y en todas las etapas del Semestre Europeo, incluido el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) con una actualización simultánea del Informe Conjunto sobre el Empleo (ICE); pide que se supervise el desarrollo de indicadores sociales y que se incluyan en las recomendaciones específicas por país (REP) como parte de un enfoque integrado;
26. Destaca que las políticas de austeridad adoptadas a nivel de la Unión y por los Estados miembros causaron un enorme aumento de las desigualdades socioeconómicas, impidiendo que los ciudadanos ejerciesen plenamente y de forma concreta sus derechos fundamentales;
27. Recuerda el acuerdo político entre las principales instituciones de la Unión y los Estados miembros sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; subraya que esta adhesión es una obligación legal de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del TUE; considera que esto introduciría nuevas salvaguardias de los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de la Unión y proporcionaría un marco coherente para la protección de los derechos humanos en Europa; pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para eliminar las barreras jurídicas que impiden la conclusión del proceso de adhesión y, de ser necesario, que presente un nuevo proyecto de acuerdo para la adhesión que ponga remedio a las deficiencias señaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Dictamen 2/13;
28. Pide a las distintas instituciones de la Unión que en la próxima revisión del Tratado consideren la ampliación del ámbito de aplicación de la Carta, incluida la supresión de su artículo 51;
29. Manifiesta su descontento con la interpretación de los artículos 51 y 52, ya que generan contradicciones artificiales entre derechos y principios, en especial los derechos civiles y políticos con los principios sociales y económicos; se hace eco de la posición de la FRA en su Informe sobre los derechos fundamentales de 2017, donde se afirma que la Carta es única al combinar, en igualdad de condiciones, los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y económicos en un único documento; considera que los derechos sociales y económicos presentan deficiencias considerables y que deben reforzarse de forma decisiva en el Derecho de la Unión y en los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros, haciendo que los veinte principios de la Carta Social Europea sean jurídicamente vinculantes para todas las instituciones y todos los Estados miembros.
José Blanco López, Andrea Cozzolino, Jude Kirton‑Darling, Gabriele Preuß
Margrete Auken, Ana Miranda, Josep‑Maria Terricabras
Informe especial de la Defensora del Pueblo Europeo, de 7 de noviembre de 2013, relativo a su investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex.
DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
Última actualización: 5 de febrero de 2019 Aviso jurídico

References: artículo 6
 artículo 51
 artículo 21
 artículo 263
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 38
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 151
 artículo 8
 artículo 41
 artículo 24
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 21
 artículo 49
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 51
 Resolución 
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Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
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 artículo 6
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 artículo 51
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 151
 artículo 51
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 51
 artículo 23
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 34
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 44
 artículo 41
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 51
 artículo 6
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