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Timestamp: 2017-10-18 02:10:24+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla y León 172/2006, de 20 de febrero. Extinción del contrato. Incumplimiento empresarial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 172/2006, de 20 de febrero
Extinción del contrato. Incumplimiento empresarial. Falta de pago salarial grave y persistente. Más de seis meses y pagas extras. La causa de extinción no es enervada por expediente de regulación de empleo. Grupo de empresas: participación en el capital social; prestación de trabajo sucesiva. Responsabilidad solidaria.
Primero.-Con fecha 5 de octubre de 2005 se presentó en el Juzgado de lo Social de Número Uno de Salamanca, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.
Segundo.-En mencionada sentencia y como hechos probados constan los siguientes:
"1.º En fecha 26 de abril de 1976, mediante escritura otorgada en Cabra (Córdoba) ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla D. Julio Sabater Genovés, se constituye la Asociación para la Promoción del Minusválido PROMI, resultando designado, como Vicepresidente y con plenos poderes de represtación, D. Benedicto, quién posteriormente resultaría nombrado Presidente de la Asociación, cargo que mantiene en la actualidad.
El día 12 de noviembre de 1987, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, se constituye la Sociedad 'Arte Manual, Sociedad Limitada', en abreviatura 'Arte Manual, S.L.'. Su objeto social es la facturación y venta de toda clase de artículos de artesanía, en la forma y amplitud que señalan los estatutos. Nombran Administrador Social a D. José.
El día 11 de junio de 1998, igualmente mediante escritura pública otorgada en Cabra, se constituye la Fundación PROMI (Fundación para la Promoción del Minusválido), siendo sus fundadores, entre otros, la Asociación PROMI y el Ayuntamiento de Cabra, resultando dotada la Fundación con los bienes de la Asociación que se relacionaban en la mencionada escritura de constitución.
Debido a la situación de crisis económica, en el año 2001 el denominado Grupo PROMI presenta a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía un plan de viabilidad en el que se traza como uno de sus objetivos la separación de la gestión institucional y la gestión operativa. Dicho Plan será financiado con un préstamo por importe de 500.000.000 ptas. concedido por la citada Consejería.
En ejecución del Plan, la Asociación para la promoción del Minusválido ha venido constituyendo diversas Sociedades de Responsabilidad Limitada a través de las cuáles ha venido desarrollando las diversas actividades económicas acometidas por el Grupo con el designio de hacer realidad los principios de la Asociación en cuanto a la fecha 17 enero de 2003 la Asociación PROMI constituye la entidad Muebles de Madera 'PROMI, S.L.' Unipersonal, cuyo objeto social es 'la fabricación y comercialización de mobiliario, objetos de decoración y complementos de madera'.
Don Benedicto y D. Pedro Miguel han sido nombrados administradores solidarios de las distintas Sociedades de Responsabilidad Limitada constituidas por la Asociación.
En el acto del juicio comparece como representante legal de las sociedades demandadas Gerardo.
2.º Antonio comenzó a prestar servicios para la codemandada "Asociación para la Promoción de los Minusválidos"el 5 de junio de 1997. Su categoría profesional es la de Monitor-Oficial la y su salario el de 26,42 euros diarios, incluida la parte proporcional de pagas extras.
3.º Mediante comunicación de fecha 9 de junio de 2003, la empleadora comunica al demandante que la Rama de Actividad de Multiservicios de la Asociación para la Promoción del Miinusválido, PROMI (Unidad Productiva Autónoma de Multiservicios, División de Multiservicios) ha pasado a ser propiedad de la 'Mercantil Servincab Promi Multiservicios, S.L.' (Sociedad Unipersonal), por lo que en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se está en el.supuesto de la sucesión de empresas y que al finalizar la jornada del día 10 de junio de 2003 pasará a ser trabajador de la empresa 'Servincab Promi Multiservicios, S.L.' Permanece en alta como trabajador de esta empresa hasta el 30-03-2005. Desde el día 01-04-2005 está dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de la demandada 'Arte Manual, S.L.'
4.º En la fecha de presentación de la demanda 'Arte Manual, S.L.'adeudaba al actor los salarios correspondientes a las mensualidades de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y pagas extraordinarias.
5.º Con fecha 11 de octubre de 2005 la empresa Arte Manual S.L. presentó ante la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León escrito solicitando autorización para suspender la relación laboral con dieciocho trabajadores de su plantilla por motivos económicos.
Esta solicitud dio lugar al Expediente de Regulación de Empleo 16/2005 en el que se ha dictado el 24 de octubre de 2005 resolución del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en la que se acuerda:
Primero: Autorizar a la empresa 'Arte Manuel, S.L,' la suspensión durante 6 meses como máximo de los contratos de los dieciocho trabajadores que se especifican en el expediente fundamentado en razones económicas según la relación de trabajadores que consta en el expediente, entre los que figura el actor.
Segundo: Deberán comunicar a esta Oficina Territorial de Trabajo y al Servicio Público de Empleo Estatal la fecha a partir de esta resolución, que hacen uso de la presente autorización de suspensión de los contratos durante seis meses.
Tercero: Si mejorase la situación económica de la empresa antes de transcurridos los seis meses por los que se concede la autorización de suspensión, los trabajadores podrían reintegrarse a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones, comunicándolo a esta oficina y al Servicio Público de Empleo Estatal.
6.º Con fecha 1 de noviembre de 2005 la empleadora comunica al actor la suspensión de la relación laboral que le une con la empresa, quedando suspendido su contrato de trabajo desde la misma fecha de la carta, teniendo derecho a la correspondiente prestación por desempleo.
7.º El actor ha interpuesto Recurso Ordinario contra la Resolución Administrativa de 24 de octubre de 2005, que autoriza la suspensión de los contratos de trabajo del actor, entre otros.
Tercero.-Interpuesto recurso de suplicación por la parte demandante, fue impugnado por la parte demandada, "Arte Manual, S.L.' Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
Primero.-Con amparo en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se denuncia la vulneración de los artículos 4.2.f), 29, 96 y 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores. El actor reclamó judicialmente la extinción indemnizada de su contrato mediante demanda presentada el 4 de octubre de 2005 por el indiscutido impago de la empresa de los salarios correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005, además de las correspondientes pagas extraordinarias. La demanda fue precedida del intento de conciliación, al que no comparecieron las demandadas. El día 11 de octubre de 2005 la empresa "Arte Manual, S.L." presentó ante la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca un expediente de regulación de empleo para la suspensión durante seis meses de las relaciones laborales con diversos empleados de su plantilla, incluido el actor, que fue aprobado y tuvo efectos desde el 1 de noviembre. No consta pago salarial posterior alguno desde la presentación de la demanda, ni existe tampoco constancia de que se haya intentado negociar el aplazamiento del pago de la deuda salarial.
La cuestión que ha dilucidarse en primer lugar es doble y consiste en saber si la falta de pago de los salarios del tiempo referido es causa suficiente que justifique la resolución del contrato por incumplimiento a instancias del trabajador ex artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y, en caso afirmativo, si tal justificación queda enervada por la presentación por la empresa con posterioridad a la demanda de un expediente de regulación de empleo de suspensión de contratos que fue autorizado por la Autoridad Laboral.
La primera cuestión ha de ser respondida afirmativamente, puesto que la falta de pago en este caso reviste los caracteres de gravedad y persistencia que justifican la resolución contractual pretendida. Se trata de una falta de pago completa y no de meras diferencias salariales, abarca un período superior a medio año con sus pagas extraordinarias incluidas y, además, no aparece acreditada solución alguna prevista a la falta de pago, puesto que no puede entenderse por tal el expediente de regulación de empleo, que sólo evitará temporalmente el incremento de la deuda, pero no implica el saldo de la anterior.
La segunda cuestión ha de resolverse negativamente. Ante situaciones de crisis empresarial la empresa puede acudir a la suspensión de contratos por la vía del expediente de regulación de empleo, pero ello no evita que opere la causa extintiva del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Es cierto que si la empresa hubiese acudido meses antes al recurso a la suspensión de contratos, con ello hubiera evitado su propio incumplimiento salarial, pero este no es el caso, sino que, al contrario, ha mantenido las relaciones laborales vigentes, incumpliendo prolongadamente las obligaciones que le corresponden como consecuencia del contrato de trabajo en el ámbito de la retribución, que es precisamente el elemento sinalagmático al cual se condiciona la voluntad contractual del trabajador que presta sus servicios. No puede entenderse que el incumplimiento pueda dejar de ser tal por cuanto meses más tarde la Autoridad Laboral conceda la autorización debido a la situación económica de la empresa, puesto que la diligencia debida en la gestión empresarial debe llevar a una pronta reacción ante la imposibilidad del pago de salarios, de manera que cuando la petición de suspensión de contratos se presenta medio años más tarde y una vez que los trabajadores reclaman la extinción indemnizada de sus contratos ya existe un incumplimiento grave de las obligaciones salariales que configura precisamente el supuesto de hecho previsto en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores. Es irrelevante a tales efectos que la empresa se pudiera hallar en una situación de iliquidez derivada de dificultades económicas, puesto que la causa extintiva opera de manera objetiva, independientemente de la culpabilidad de la empresa. No es exigible para quien presta servicios a cambio de un salario el que continúe en la prestación de servicios sin percibir su retribución. Para evitar tal situación existe precisamente el expediente de crisis, al que la empresa ha de acudir con diligencia ante situaciones de imposibilidad de atender a sus obligaciones salariales.
En este sentido debe recordarse que la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, reflejada, entre otras, en sus sentencias de 24 de marzo de 1992 (recurso 413/1991), 29 de diciembre de 1994 (recurso 1169/1994), 25 de septiembre de 1995 (recurso 756/1995), 28 de septiembre de 1998 (recurso 930/1998) ó 25 de enero de 1999 (recurso 4275/1997), nos dice que una interpretación conjunta de los apartados b) y c) del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores exige para que prospere la causa resolutoria a instancia del trabajador basada en la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial, y que a los efectos de determinar tal gravedad debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario «ex» artículos 4.2.f) y 29.1 del Estatuto, partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado). En consecuencia, concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, por lo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos. También, por ello, cuando exista una situación de impago de salarios como comportamiento empresarial continuado y persistente concurre el requisito de la gravedad de la conducta empresarial que justifica la extinción contractual a instancia del trabajador "ex" artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, con independencia a estos fines de que tal retraso no esporádico sea debido al arbitrio injustificado del empresario o derive de una imposibilidad total o parcial debida a circunstancias económicas imputables o no a aquél. En efecto, pues si tal situación de crisis económica concurre impidiéndole cumplir con su obligación de pago puntual de salarios la norma estatutaria le posibilita el acudir a las formas de modificación de las condiciones de trabajo, suspensión o extinción "ex" artículos 41, 47, 51 ó 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, pero no puede obtener por su propia autoridad y contra la voluntad de los trabajadores afectados una quita o aplazamiento en el pago de sus obligaciones salariales, por lo que de no acudir a tales figuras y persistir en su continuado incumplimiento existe justa causa para la extinción contractual "ex" artículo 50.1.b) del Estatuto a instancia de los trabajadores afectados. En suma, que una situación económica adversa, ponderable a efectos de posibilitar la modificación, suspensión o extinción de los contratos de trabajo, no es aducible, sin embargo, para excluir la aplicación de la causa resolutoria "ex"artículo 50.1.b) del Estatuto, ya que dicha situación no afecta al esencial deber de abonar puntualmente los salarios.
La estimación del recurso lleva a la revocación de la sentencia de instancia para declarar la extinción del contrato de trabajo en la fecha de esta sentencia, condenando a la empresa a abonar al trabajador la indemnización prevista en el citado artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades, partiendo como módulo del salario mensual de 26,42 € y computándose el período de antigüedad desde el 5 de junio de 1997 hasta la fecha de esta sentencia.
Segundo.-Es preciso para terminar determinar quienes han de ser condenados de entre los demandados al abono de tal indemnización. Es claro que en todo caso lo ha de ser su empleadora, "Arte Manual, S.L." Es igualmente claro que el Fondo de Garantía Salarial ha de ser condenado exclusivamente a estar y pasar por lo declarado en el fallo, puesto que su obligación de garantía sólo aparecerá una vez que concurran los requisitos de insolvencia exigibles para ello y tendrá los límites legales aplicables, lo que habrá de ser comprobado mediante la tramitación en su caso del oportuno expediente, con posterior recurso ante el orden jurisdiccional social. Los problemas se circunscriben a tres de los demandados, la Asociación para la Promoción de los Minusválidos, la Fundación PROMI y Servincab Promi Multiservicios S.L. Lo que alega la parte actora es que tales personas jurídicas forman un grupo de empresas con la empleadora Arte Manual S.L., algo que ha de dilucidarse aplicando el citado concepto de grupo de empresas a los hechos declarados probados, cuya modificación no ha sido instada.
Ha de recordarse que el grupo de empresas, a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial en una doctrina que hoy se encuentra sistematizada en la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (como puede ser la constituida por las sentencias de 26 de enero de 1998 ó 21 de diciembre de 2000, entre otras). Para comenzar hay que decir que no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales (sentencias de 30 de enero, 9 de mayo de 1990 y 30 de junio de 1993). No puede olvidarse que, como señala la sentencia de 30 de junio de 1993, "los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como persona jurídicas independientes que son". La dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determinante de la existencia del grupo empresarial, pero no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas. Para lograr tal efecto hace falta un plus, un elemento adicional, que la Jurisprudencia de la Sala Cuarta ha residenciado en la conjunción de alguno de los siguientes elementos:
1. Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (sentencias de 6 de mayo de 1981 y 8 de octubre de 1987).
2. Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo (sentencias de 4 de marzo de 1985 y 7 de diciembre de 1987).
3. Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales (sentencias de 11 de diciembre de 1985, 3 de marzo de 1987, 8 de junio de 1988, 12 de julio de 1988 y 1 de julio de 1989).
4. Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección (sentencias de 19 de noviembre de 1990 y 30 de junio de 1993). Y todo ello teniendo en cuenta que "salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores".
Aplicando tales criterios al caso presente nos encontramos con que existe una prestación sucesiva de servicios del trabajador para la Asociación para la promoción de los minusválidos (5 de junio de 1997 a 9 de junio de 2003), "Servincab Promi Multiservicios, S.L." (10 de junio de 2003 a 30 de marzo de 2005) y "Arte Manual, S.L." (a partir del 1 de abril de 2005). Encontramos igualmente que "Arte Manual, S.L." y "Servincab Promi Multiservicios, S.L." son sociedades unipersonales cuyo capital pertenece íntegramente a la Asociación para la promoción de los minusválidos. Constando igualmente que la constitución de sociedades mercantiles por esta asociación obedece a un plan de viabilidad presentado a la Junta de Andalucía en 2001 por el que se reconoce a sí mismo como grupo empresarial PROMI en virtud del cual transfiere a tales sociedades sus actividades de naturaleza mercantil, pero manteniendo el control de las mismas como sociedades unipersonales. Concurren por tanto en relación con "Servincab Promi Multiservicios, S.L." y Asociación para la promición de los minusválidos (PROMI), requisitos suficientes para considerarlos como grupo empresarial junto con "Arte Manual, S.L.", dado que aparece la característica de participación en el capital social, unida a la de prestación de trabajo sucesiva en favor de varias de las empresas del grupo, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección. No puede decirse lo mismo respecto a la Fundación PROMI, puesto que en relación con la misma lo único que consta en hechos probados es que se constituyó en 1998, siendo sus promotores, entre otros, la asociación PROMI y el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), lo que resulta a todas luces insuficiente para declarar su responsabilidad solidaria en cuanto empresario del actor en comunidad con los demás entes referidos.
Estimar parcialmente el recurso de suplicación presentado por D. Antonio contra la sentencia de 5 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Social número uno de Salamanca (autos 799/2005), revocando el fallo de la misma para, en su lugar, declarar la extinción en la fecha de esta sentencia del contrato de trabajo que une a D. Antonio con la empresa "Arte Manual, S.L." y condenar a esta empresa, solidariamente con la Asociación para la promoción de los minusválidos y "Servincab Promi Multiservicios, S.L.", al abono al actor de una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades, partiendo como módulo del salario mensual de 26,42 € y computándose el período de antigüedad desde el 5 de junio de 1997 hasta la fecha de esta sentencia. Se condena al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta declaración. Se absuelve a la Fundación PROMI de los pedimentos de la demanda.

References: artículo 44
 resolución 
 Resolución 
 artículo 191
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 43