Source: http://ejvmachado.blogspot.com/2012/12/publicaciones_1.html
Timestamp: 2019-05-20 01:30:54+00:00

Document:
Estudio Jurídico V MACHADO www.vmachado.es: PUBLICACIONES
Estudio Jurídico V MACHADO www.vmachado.es
Estudio Jurídico V MACHADO aspira a erigirse en un despacho de abogados referente en el asesoramiento integral de particulares y empresas de Canarias. Ejercemos la mediación y también prestamos asesoramiento consultivo y de defensa en juicios y arbitrajes. Nos diferenciamos de otros despachos porque tenemos presente que ningún caso es igual a otro, y el suyo requiere de una atención individualizada.
EXIJA A SU ABOGADO UN PRESUPUESTOS DE HONORARIOS.
Los abogados no hacemos sino prestar -con particularidades- servicios profesionales a nuestros clientes. Nos asombra que una parte importante de nuestro colectivo todavía sea reticente a elaborar un presupuesto previo. Ésta, como cualquier otra, es una profesión que requiere de una mayor transparencia en la relación cliente - abogado, que se ha de poner de manifiesto desde el primer momento.
Algunos despachos justifican la falta de presupuestos en la dificultad de prever todos los hitos procesales que darán lugar a facturación, así como en la aparición de imprevistos a lo largo del proceso. En este despacho nos apartamos del oscurantismo y queremos garantizar los mejores precios, ofreciendo servicios profesionales de calidad. Exija siempre un presupuesto de honorarios.
Sepa que los Colegios de Abogados recomiendan (lo que debería ser obligatorio) elaborar una hoja de encargo o presupuesto previo que contenga los servicios que se van a prestar, los que se excluyen y su coste. Esta práctica consolida la relación entre cliente y abogado, y disminuye malentendidos/conflictos en supuestos de impago de honorarios.
EL TEDH TUMBA LA “DOCTRINA PAROT”
¿Cree que los Tribunales españoles deben acatar el pronunciamiento del TEDH o, por el contrario, considera que existe un interés superior al estricto cumplimiento de la Ley, -como el respeto a las víctimas-, que legitime no cumplir una sentencia?
En el día de ayer, hemos conocido la sentencia de la Gran Sala del TEDH por la que se condena al Reino España, por haber aplicado retroactivamente la denominada (y ahora derogada) “doctrina Parot”.
Esta doctrina estaba ligada a la redención de las penas por aplicación de beneficios penitenciarios y al cumplimiento efectivo de las mismas. Aplicada (principal pero no únicamente) a supuestos de condenas por delitos de terrorismo, permitía ampliar el cumplimiento efectivo de las penas de prisión a quienes habían sido condenados con el anterior Código Penal. El vigente Código Penal, -conocido como CP 1995-, evita -como sucedía anteriormente- que condenados a penas milenarias salgan de prisión antes de lo deseado por aplicación de beneficios penitenciarios. En la actualidad, -y hasta la aprobación de la constitucionalmente dudosa pena de prisión revisable-, nuestro CP fija un máximo de 40 años para el cumplimiento efectivo de penas por delitos de terrorismo.
En esta ocasión, los argumentos del Gobierno de España han sido desestimados por una abrumadora mayoría del TEDH, que considera que la Justicia española ha violado con la “doctrina Parot” diversos preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora corresponderá a los Tribunales -concretamente, en supuestos de terrorismo a la Audiencia Nacional- ejecutar el fallo del TEDH, analizando individualmente cada uno de los casos.
EL ANTEPROYECTO PARA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
El pasado 5 abril de 2013 fue remitido al Consejo de Estado el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. Aún cuando son muchas y de gran calado las modificaciones que este texto introduce tanto en la Parte General como en la Parte Especial del Código Penal, nos centramos exclusivamente en las que afectan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida a través de la Ley Orgánica 5/2010 (que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010; “LO 5/2010”) y a los denominados programas de compliance penal.
En este ámbito, las novedades más destacables del Anteproyecto son, muy resumidamente:
(i) el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los programas de compliance penal tengan virtualidad no sólo como atenuantes, sino incluso, como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica;
(ii) la enumeración por la propia norma penal de los requisitos y características que deben reunir dichos programas de compliance penal para permitir a la persona jurídica exonerarse de responsabilidad penal;
(iii) la ampliación del ámbito de responsabilidad penal de la persona jurídica a los actos, no sólo de sus representantes legales, sino también de cualquier persona con capacidad decisoria o facultades organizativas o de control (suprimiéndose la referencia de la regulación actual a los administradores de hecho o de derecho); y
(iv) la introducción de un nuevo tipo penal (el nuevo artículo 286 siete del CP) que castiga al representante legal o administrador de hecho o de derecho que haya omitido la adopción de las medidas de vigilancia o control exigibles (es decir, de un programa de compliance penal).
La mayor parte de estas novedades encuentra su antecedente más próximo en el ordenamiento jurídico italiano, constituyendo en muchas ocasiones traducciones literales de varios artículos del Decreto Legislativo italiano 231/2001, de 8 de junio.
MEDIACIÓN PENAL, REALIDAD PRÓXIMA
El ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, ha iniciado desde su toma de posesión una auténtica “cruzada legislativa”. En la presente legislatura, el Gobierno ha presentado diversos proyectos de ley que implicarán la modificación y promulgación de textos legales, con los que se espera dar respuesta a las necesidades propias de la sociedad del siglo XXI.
Llama poderosamente la atención que, en el proyecto de Código Procesal Penal -que sustituirá a la vigente y vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se incluirán preceptos que darán cabida en el ámbito penal a la mediación. Una jurisdicción que, salvo contadas excepciones (p.ej. Menores), ha quedado esencialmente relegada en materia de mediación para la resolución de conflictos entre víctima/perjudicado de la infracción penal y ofensor; a raíz de la estricta aplicación del “ius puniendi” del Estado.
Ésta es, sin lugar a dudas, una de las principales novedades, por cuanto supone una férrea apuesta por la potenciación de los instrumentos alternativos para la resolución de conflictos. Fenómeno que ya tenía plasmación práctica en otros ámbitos como el laboral y, ahora también, el civil/mercantil, tras la reciente aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Indudablemente, la mediación en la esfera penal desatascará a una Administración de Justicia, colapsada por ingentes litigios. Desde el diálogo entre las partes y en el seno de un procedimiento reglado de mediación, se facilitará la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas.
La mediación se concebiría como un sistema de gestión de conflictos en que una parte neutral (mediador), con carácter técnico y en posesión de conocimientos adecuados, independiente de los actores institucionales del proceso penal e imparcial, ayudará a las personas implicadas en una infracción penal, en calidad de víctima e infractor, a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre modos de reparación, tanto material como simbólica.
La mediación penal reparadora se llevaría a cabo de forma paralela al proceso jurisdiccional, pero podría llegar a condicionarlo o influir en él. La mediación no sería un fin, sino un instrumento para alcanzar ciertos fines en los que ocupan un primer lugar los intereses de la víctima.
En otro artículo, analizaremos en profundidad aspectos concretos sobre los que pivotará la mediación penal, tales como: objeto, extensión y límites, efectos materiales y procesales,…
Por lo pronto, quienes apostamos por la mediación nos sentimos satisfechos por el avance logrado, aunque tan sólo nos encontremos en una fase embrionaria de un proyecto ambicioso y beneficioso para el conjunto de operadores jurídicos y para la sociedad en su conjunto.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
Con la aprobación de la Ley 5/2012 de 6 de julio, la mediación ha cobrado una importancia creciente en nuestro ordenamiento, configurándose como un instrumento económico, complementario y alternativo a la Administración de Justicia. ¿Quiere sabe más acerca de la mediación?
﻿1. ¿Es legal la mediación?
Por supuesto, ya que es contemplada como un medio alternativo de resolución de conflictos por la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
2. ¿Qué ventajas presenta la mediación?
A la mediación se le atribuyen las siguientes ventajas:﻿
- Rápida, ya que son las partes, junto con el mediador o mediadores que intervengan, las que establecen el plazo en el que habrá de dictarse la resolución decisoria del conflicto.
- Especializada, habida cuenta de que las partes elegirán o podrán elegir a un mediador especializado en la materia en la que consista el conflicto o la controversia que separa a las partes y que se somete a su decisión.
- Económica, carente de todo tipo de tasas. E, igualmente, asequible desde un punto de vista económico, ya que la rapidez en la consecución de la resolución evita los costes directos e indirectos que una resolución judicial demorada conlleva tanto en el objeto del contrato controvertido, como en otras actividades de la empresa por la distorsión que el conflicto provoca.
- Sencilla, pues es un procedimiento en el que prima el antiformalismo, posibilitando que las actuaciones del procedimiento se ajusten a las conveniencias establecidas por acuerdo de las partes y del mediador.
- Accesible, dado que los intervinientes y el mediador pueden tener una relación más próxima que haga que este conozca de manera más precisa la causa y demás aspectos de la controversia.
- Confidencial, por motivo del reducidísimo ámbito de personas que intervienen en el procedimiento y la forma de producirse las comunicaciones entre mediador y las partes, lo que hace prácticamente imposible la divulgación y conocimiento, de quienes son las partes en litigio, del objeto del conflicto y de las cuestiones más delicadas y sensibles del mismo.
3. ¿Existen materias vetadas para la mediación?
Únicamente, queda excluida por Ley: a) la mediación penal, b) la mediación con las Administraciones públicas, c) la mediación laboral, y, d) la mediación en materia de consumo.
4. ¿Qué principios rigen en la mediación?
Los principios informadores sobre los que descansa la mediación son: voluntariedad y libre disposición, igualdad de las partes, imparcialidad del mediador, neutralidad, confidencialidad, legalidad, buena fe, respeto mutuo, contradicción, apoyo y colaboración de las partes con el mediador, flexibilidad y oralidad.
5. ¿Es posible desistir de la mediación en cualquier momento del procedimiento?
Sí, precisamente, el principio de voluntariedad determina que son las partes en todo momento las que se comprometen a alcanzar un acuerdo y, si no pudieran o no quisieran, el procedimiento llegaría a su fin.
6. ¿Cómo se inicia la mediación?
A solicitud de las partes, o de una de éstas y previa aceptación de la otra, porque quieren someter una cuestión y lograr una solución amistosa sin necesidad de tener que recurrir a los Tribunales.
7. ¿Cómo puede concluir la mediación?
8. ¿Cabe la posibilidad de elevar a escritura pública el acuerdo de mediación? ¿Conlleva alguna ventaja?
Efectivamente, con la ventaja añadida de que, en el hipotético supuesto de que alguna de las partes no cumpliera con el acuerdo alcanzado, éste sería un título ejecutivo directamente ejecutable ante los Tribunales.
9. ¿Desde un punto de vista económico, es costosa la mediación?
En absoluto. La mediación suele ser costeada por las partes al 50 % y presenta una clara ventaja frente a los Tribunales: la eficacia y la celeridad del procedimiento, así como la posibilidad de que las partes intervengan activamente durante la tramitación del procedimiento para que, desde el diálogo, adopten aquella solución que entienden es más ventajosa para sus intereses respectivos.
10. ¿Qué duración tiene la mediación?
La duración recomendada es de un máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
11. ¿Pueden emplearse medios electrónicos en la mediación?
Así lo reconoce expresamente la Ley, siendo especialmente útil para conflictos de escasa cuantía o sencillos.
12. ¿Qué requisitos ha de cumplir el mediador?
El mediador ha de ser imparcial, conocedor del Derecho aplicable y contar con habilitación específica. Desempeñará en todo momento un papel activo en el procedimiento de la mediación. Por este motivo, le corresponderá convocar a las partes con la antelación necesaria a una “sesión informativa” y a las sesiones que pudiera estimar necesarias, atendidas las complejidad y circunstancias del caso. Asimismo, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de las posiciones y propuestas de las partes.
13. ¿Cumple Estudio Jurídico V MACHADO con los requisitos legales?
En efecto, el mediador Víctor Machado Carvajal, que además es letrado en ejercicio, se encuentra inscrito en el registro de la Asociación Española de Peritos Judiciales Mediadores y Árbitros, y cuenta con el seguro obligatorio de responsabilidad civil.
EL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
En estos últimos años se han producido numerosas reformas del Código Penal (CP), derivadas en la mayor parte de los casos, “de una tendencia a hacer del Derecho Penal la respuesta a todos los problemas de la sociedad actual, cuando lo cierto es que en la mayoría de esos supuestos la solución suele estar en otros órdenes, pero no en la sanción penal”. Sin embargo, la reforma del CP efectuada por la Ley Orgánica 5/2010 no es una reforma más, pues la misma ha introducido un cambio radical al regular la responsabilidad penal para las personas jurídicas, modificando por completo el sistema hasta ahora establecido.
Tradicionalmente, la persona jurídica podía verse involucrada en el procedimiento penal bajo tres fórmulas diferentes: (i) como simple responsable civil (directa o subsidiaria) por el hecho cometido por sus representantes o empleados; (ii) como responsable directa y solidaria en el pago de la pena de multa impuesta en sentencia a sus representantes; (iii) como sujeto de las denominadas consecuencias accesorias del artículo 129 del CP.
Hasta la fecha, en ningún caso existía un régimen general de supuestos bajo los cuales la persona jurídica respondiera penalmente y que, ahora sí, se describen prolijamente en el nuevo artículo 31.bis del CP.
Ante la realidad de que las personas jurídicas están en el proceso penal en calidad de imputadas, será preciso determinar en qué medida pueden las mismas ser destinatarias de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución española (CE). Ello, “sin contar con las graves consecuencias que los largos y lentos procesos judiciales van a tener para las compañías, desde el punto de vista del daño de imagen y reputacional que un proceso penal va a tener sobre la empresa y su funcionamiento interno, y no sólo ante la sociedad y el mercado, sino sobre todo ante inversores y accionistas”.
Por tanto, la reforma suscita una serie de interrogantes en las distintas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva: i) derecho de acceso al proceso, ii) derecho de defensa y representación de las personas jurídicas, iii) derecho a la no autoincriminación, y, iv) derecho a la presunción de inocencia. A título de ejemplo, nos planteamos:
- ¿Cómo ha de comparecer a juicio la persona jurídica y si tiene obligación de declarar o puede beneficiarse del derecho de todo imputado a guardar silencio?
- ¿Puede el administrador imputado comparecer o declarar en la doble condición de imputado persona física y además como representante de la persona jurídica también imputada? ¿Qué pasará si hay conflicto de intereses?
- ¿Cómo debe realizarse el acceso al proceso de la persona jurídica en su condición de imputada y en qué forma el ente colectivo podrá ejercer los derechos que son consustanciales a esa condición?
Estos son, sin duda, solo algunas de las principales cuestiones de orden práctico ante las que nos enfrentamos en este momento, a la espera de los pronunciamientos que al respecto puedan llegar a producirse, tanto desde los tribunales ordinarios de justicia como del propio Tribunal Constitucional.
PROTECCIÓN DE DATOS Y FICHEROS DE MOROSIDAD.
Son habituales las noticias publicadas por los medios de comunicación en las que se hacen eco, por ejemplo, de que una empresa (un importante operador de comunicaciones) había sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con una multa de 50.000 euros. La infracción: incluir los datos personales de un cliente en un fichero de solvencia patrimonial y crédito (ficheros de morosidad) antes de haberle reclamado el pago.
La última Memoria anual de la AEPD refleja que en 2010 se iniciaron cerca de 900 actuaciones previas de investigación en el campo de la morosidad, principalmente vinculadas a los sectores de telecomunicaciones y financiero, y suministros de energía. Grosso modo, los motivos que condujeron a la apertura de estas investigaciones se podrían resumir en las siguientes conductas: la inclusión indebida de datos en ficheros de morosidad, la cesión de datos a empresas para el recobro de deudas, o vulneración del deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro, o la utilización de datos para la contratación fraudulenta de servicios.
Otro dato significativo es el hecho de que en 2010 la AEPD inició 311 procedimientos de tutela de derechos que tenían relación con el derecho de cancelación, alegando una indebida inclusión en ficheros de morosos. Según declaraciones del director de la AEPD, el número de reclamaciones recibidas por la AEPD ha aumentado vertiginosamente (el 50%) en el último año respecto a 2010, en especial en los ámbitos de la privacidad en temas de morosidad y la videovigilancia. Asimismo, el director de la AEPD, en un primer avance de las cifras del ejercicio 2011, ha puesto de manifiesto que en 2010 el número de solicitudes de tutelas de derechos recibidas por la Agencia también aumentó el 34,5%.
Estas escalofriantes cifras e importantes multas impuestas por la AEPD nos dan qué pensar, e invitan a las empresas a la reflexión de que si quieren prevenir sanciones deberán instaurar cuanto antes programas efectivos y específicos de prevención.
Por tanto, esa necesidad de que la infracción haya de cometerse en "el desempeño" de la ocupación que vincula al autor del ilícito con su empleador, ha de interpretarse en el sentido de que no es suficiente con que el delito o la falta se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral.
De ahí el que, más allá incluso de la aplicación de la clásica doctrina, de contenido fuertemente subjetivista, de la culpa in eligendo o in vigilando por parte del empleador, la doctrina del TS se ha referido a la denominada "teoría del riesgo" y al correlativo principio "qui sentire commodum, debet sentire incommodum", como fundamento de esta responsabilidad civil subsidiaria dispuesta por el Legislador, lo que sin duda supone un paso hacia la "objetivación" de dicha responsabilidad, pero manteniendo no obstante la necesidad de alguna vinculación entre la actividad del trabajador, en cuanto que ésta reporta un beneficio para su principal ("commodum"), con el delito cometido y la responsabilidad de él derivada ("incommodum").
CITACIONES POLICIALES CON “TRAMPA”.
El problema radica en aquellas citaciones con “trampa”. Me explico. No es infrecuente que, en la complicada labor de investigación de hechos delictivos máxime cuando éstos son por sí mismo complejos (pensemos por ejemplo en delitos económicos con connotaciones internacionales), la Policía dé palos de ciego hasta dar con lo que persigue.
A esta conclusión se debería de llegar igualmente si establecemos una analogía con el razonamiento que en otras ocasiones ha expuesto nuestro TC cuando, en fase judicial, entiende que “no debe pedirse al imputado simple declaración testifical cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él ya existe sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible”.
La expresión de consentimiento informado está cada vez más extendida en nuestra sociedad, a raíz de la regulación de las relaciones médico – paciente; y de los derechos que estos últimos ostentan para la protección de su salud e integridad física. Estos vocablos (consentimiento informado) son proclamados a voces por asociaciones defensoras de los derechos del paciente, medios de comunicación, y entre otras, facultades de ciencias sanitarias; que con ahínco tratan de infundir conceptos jurídicos para promover las prácticas deontológicas que estos profesionales se verán obligados a respetar en virtud de sus responsabilidades profesionales.
En la actualidad, por tanto, los pacientes estamos cada vez más habituados al empleo de esa terminología y, consiguientemente, con el elenco de derechos y obligaciones que se deriva de ese estatuto protector. Estatuto que blinda a los pacientes de la mala praxis médica y, a su vez, a los profesionales de la Medicina de las infundadas reclamaciones efectuadas por algunos pacientes que -movidos por el son del “pelotazo indemnizatorio”- denuncian por denunciar.
Pero, no es mi intención (ahora) la de esbozar en este artículo las complejas relaciones y consecuencias (derechos y obligaciones) que de la relación médico – paciente se desprenden a consecuencia del consentimiento informado; sino la de trasladar este concepto a la esfera de las relaciones abogado – cliente.
¿Por qué digo esto? Porque, si bien es cierto que en el ámbito sanitario y en el jurídico los pacientes y los clientes, respectivamente, gozan de un estatuto legal informador que les protege frente a situaciones desconocidas que pueden afectar a sus derechos (por ejemplo: sometimiento por parte del paciente a una intervención quirúrgica de vida o muerte y decisión para el cliente de recurrir una resolución referente a su libertad); en la esfera jurídica, algunos clientes sumidos en la más absoluta desinformación ven como el discurrir de sus pretensiones queda al albur de las decisiones adoptadas unilateralmente por el letrado.
Ciertamente, se produce en estos supuestos una colisión entre dos intereses; a saber, a) el derecho del cliente a estar informado del devenir del procedimiento y de las consecuencias que afectan a sus intereses, y, b) el derecho del abogado a actuar independientemente en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ese choque entre derechos no debe interpretarse necesariamente como una confrontación real. Personalmente, soy de la postura de que un abogado debe actuar independientemente, sin necesidad de informar a su cliente de la totalidad de las decisiones que va a adoptar en su beneficio; y que con ello no vulnere el derecho del cliente a estar informado. Lo contrario, además de innecesario, resultaría inoperativo para el letrado.
No obstante lo anterior, si bien recomiendo no pecar de exceso (informar por informar) tampoco recomiendo lo contrario (dejar de informar o ni si quiera informar). Es precisamente, este último aspecto (la desinformación o el “fenómeno del autismo” del abogado hacia el cliente), una de las mayores quejas plasmadas por los ciudadanos en las encuestas publicadas de insatisfacción con los servicios profesionales prestados por abogados.
Ciertamente, el consentimiento informado en el plano médico ha supuesto todo un avance y una victoria de los derechos de los pacientes. Otros sectores, como el nuestro, -en el que no olvidemos también jugamos con bienes jurídicos de la persona igual de valiosos que la vida o la salud (véase por ejemplo, la libertad, el patrimonio, …)-; deberían de tomar nota para potenciar y respetar las mínimas obligaciones que para con nuestros clientes tenemos: aconsejar desde la lealtad, sinceridad, el conocimiento de las Leyes, y ante todo informar regular y verazmente.
Porque no hay mayor desasosiego para el profano en Derecho que la desinformación. Siguiendo estas bases, creo que no sólo obtendremos la satisfacción de la clientela sino que podremos presumir de profesionalidad, integridad, a la par que blindarnos frente a posibles quejas de clientes insatisfechos.
LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y SU ENGARCE CON EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL, TRAS LAS REFORMAS OPERADAS EN 2009 Y 2010.
EL “ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO”, DESDE UNA ÓPTICA PENAL.
El pasado Viernes 23 de febrero de 2012, la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia comparecía en rueda de prensa ante los medios de comunicación con la finalidad de informar, entre otros aspectos, acerca de una de las leyes que calificaba como de las “más ambiciosas e importantes” del presente Ejecutivo.
Se refería a la futura “Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, que ahora inicia su andadura parlamentaria. Una ley que, tal y como su propio artículo 1 recoge, tendrá por objeto reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Un aspecto interesante a destacar es, sin duda, la incidencia que la misma tendrá en la esfera del Derecho Penal. Por este motivo, el Gobierno ya ha anticipado su voluntad de elaborar un Anteproyecto de Ley Orgánica de naturaleza penal complementaria.
En este sentido, el “Anteproyecto de la Ley de Transparencia” enumera en sus artículos 24 a 26 una serie de infracciones, algunas de las cuales (las graves y muy graves) podrían llevar aparejadas la sanción de inhabilitación por periodo de entre 5 y 10 años para ocupar alguno de los siguientes cargos públicos: miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
De entre el elenco de las infracciones consideradas como muy graves en los artículos 25 y 26, destacamos -a título ejemplificativo- sólo algunas de las muchas conductas que se sancionarán con la inhabilitación antes citada, y que podrá significar para algunos el fin de su carrera política:
La incursión en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
La gravedad de estas conductas conllevará a que, en la mayoría de los casos, sea la jurisdicción penal la que conozca del tanto de la culpa. Por ello el artículo 27.4 del Anteproyecto de Ley ya prevé que, “cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal”.
Sin embargo, lo cierto es que a escasos días del anuncio del Gobierno, no han faltado voces contrarias provenientes de sectores muy dispares que, a la vista del catálogo de conductas sancionadas, critican la falta de necesidad de que se elabore un Anteproyecto de Ley Orgánica de naturaleza penal complementaria.
A juicio de quienes discrepan, en este punto, de la conveniencia de una “Ley de Transparencia”, la inclusión de una pena de inhabilitación temporal para el ejercicio de cargo público no supone una novedad. Opinión que sustentan en que muchas de esas conductas (por no decir prácticamente la gran mayoría), se encuentran actualmente tipificadas en el vigente Código Penal de 1995, como sucedería con la malversación y la prevaricación. Delitos que, conforme a la normativa vigente, ya llevan aparejadas penas de inhabilitación absoluta.
Lo cierto es que, con independencia del texto que finalmente resulte tras la correspondiente tramitación por las Cámaras, el Legislador deberá de valorar seriamente la necesidad de reformar el Código Penal; a los efectos de evitar una posible quiebra del principio de nos bis in idem en su modalidad de prohibición de imponer y penar con dos penas idénticas.
maria roller 3/6/14 11:15
Buen blog y articulos los que he leido aquí, también me gustaría leer algún alrticulo sobre mediación sanitaria y poder valorar lo importante que es en la actualidad.
Víctor Machado Carvajal 25/4/18 18:43
Muchas gracias por tu comentario, maria roller, y disculpas por la tardanza en contestar a tu sugerencia. Estos años hemos potenciado nuestra página web www.machado.es en detrimento del blog, que ha estado prácticamente abandonado. Sin embargo, vamos a revertir esta anomalía comprometiéndonos a efectuar publicaciones periódicas en web y blog, para que gente como tú (interesada en cuestiones de actualidad) pueda participar activamente.
En relación a tu comentario, ciertamente, la mediación sanitaria no ha encontrado (aún) el lugar que merece en el amplio espectro de la mediación. No obstante, ya en Canarias el SCS potencia protocolos de mediación para la resolución de conflictos surgidos entre su personal, y entre éste y los pacientes/familiares (usuarios) del Servicio Canario de Salud.

References: artículo 286
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 129
 artículo 31
 artículo 24
 resolución 
 ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 131
 artículo 1
 artículo 27
 resolución 
 resolución