Source: https://spanigo.wordpress.com/category/opiniones/
Timestamp: 2017-12-17 02:04:35+00:00

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Opiniones | Espacio de Sergio
Por Daniel Cholakian – http://www.contrainfo.com/27005/por-que-desaparecio-santiago-maldonado-en-argentina/
Santiago Maldonado acompañaba a esta comunidad mapuche en su reclamo territorial. Siete u ocho de ellos cortaban una ruta nacional, junto a la entrada a la Pu Lof. Reclamaban por la libertad del lonco Facundo Jones Huala, detenido injustamente, dos veces juzgado y absuelto. El juez federal Otranto ordenó a la Gendarmería que despejará la ruta. Hacia allá fueron casi un centenar de hombres, con camionetas, vehículos especiales, armas y equipos de comunicación. Lograron rápidamente despejar la ruta, ya que en la noche del 31 de julio se había levantado el corte. Al otro día, los gendarmes persiguieron dentro de su propio territorio a los manifestantes.
Durante el tiempo en el cual Santiago estuvo desaparecido el gobierno evitó dar información, especialmente luego de una torpe y malintencionada presentación de la ministra Bullrich ante el Senado nacional. Ocultó información, minimizó la participación de su segundo (subordinado), Noceti, tanto en reuniones previas como en el mismo terreno de la represión y mintió sobre datos concretos de las acciones llevadas a cabo por la Gendarmería: falseó la cantidad de los datos de efectivos y móviles utilizados; negó el uso de armas, que luego se comprobó que llevaban algunos oficiales; situó la acción de los mismos a un espacio alejado del río Chubut, al que se supo luego llegaron al menos siete de ellos; y aseguró que ella iba a proteger a los gendarmes porque son muy necesarios para la política de seguridad del gobierno: “No voy a tirar ningún gendarme por la ventana”, afirmó.
La investigación, a cargo del mismo juez federal que ordenó desalojar la ruta, tomó el curso que el gobierno deseaba, y colaboró con el encubrimiento de la Gendarmería. El juez Otranto tardó semanas en ordenar el registro de aquellos vehículos, avisando previamente al ministerio de seguridad, que pidió a la Gendarmería que tuvieran esos vehículos preparados para la inspección. Eso les permitió que estos fueran lavados. Si alguna vez el cuerpo de Santiago o alguna de sus pertenencias estuvieron allí, era imposible encontrar cualquier rastro.
Sin un sentido claro, más que distraer la atención, el diario Clarín publicó una nota titulada “Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago”. También, según las noticias falsas difundidas cotidianamente, estuvo en un monasterio en la provincia de Mendoza, donde el sacerdote lo habría asistido; junto con un grupo de mapuches habrían atacado el puesto de una estancia y habría sido herido y probablemente muerto, ocultado por los mapuches; como aparentemente tomó algunas clases de artes marciales, se afirmó que un karateca como él no podría ser víctima de una represión sin armas de fuego; se informó de la aparición de un cuerpo con características similares en el sur de Chile, pero hasta la propia presidenta de ese país tuvo que desmentirlo; y en el colmo de las parodias, el juez mandó a allanar una peluquería en una localidad a miles de kilómetros de Chubut, pues la peluquera dijo que le había cortado unas rastras a un joven y que estaban allí, en su negocio. Más tarde una pareja dijo que en principios de agosto habían llevado Santiago Maldonado en su coche, pero lo informaron 20 días después porque estaban viajando y no le habían prestado atención a las noticias.
El nuevo juez, Cuando escuché a Sergio Maldonado decir que había estado siete horas cuidando el cuerpo sin vida de Santiago, que por entonces no estaba seguro que fuera de su hermano, no pude dejar de pensar en esas madres, estos hermanos y éstos Estados ejecutores de desapariciones forzadas de ciudadanos, y al mismo tiempo, encubridores de asesinos., cambió el enfoque, tomó medidas precisas y el 17 de octubre el cuerpo de Santiago Maldonado apareció ahogado en el río Chubut, a metros del lugar donde fue visto por última vez. Después de 78 días y al menos tres rastrillajes de la zona, Santiago fue encontrado en una zona por la que cientos de personas habían pasado desde aquel primero de agosto ¿es posible que nadie lo haya visto? ¿Estuvo allí todo este tiempo? Ojalá algún día podamos saberlo.
El viernes 20 de octubre se realizó la autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado. Al momento de escribir este artículo aún no hay ningún informe oficial al respecto. El juez Lleralsólo dijo al salir de la misma que “no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que pudieran ser determinadas por los peritos”. Esto permitió que los voceros oficiosos y muchos funcionarios determinaran que Santiago Maldonado se había ahogado y que la Gendarmería no tuvo responsabilidad alguna en su muerte. Aunque muchos aseguran que el cadáver no estuvo allí durante los 78 días, e incluso afirman que por la profundidad del río en el lugar (cerca de un metro) era imposible que se ahogara, el gobierno y sus aliados dan por concluida la discusión y lo que ocurrió fue un mero accidente. La familia por su parte, asegura que Santiago fue asesinado. La calle volverá a ser el lugar donde los ciudadanos reclamaran ahora por Verdad y Justicia para Santiago Maldonado y su familia.
Hace exactamente un año yo estaba en México, y concurrí al Congreso Latinoamericano de Antropología Forense, donde se dio un gran espacio a los familiares de las víctimas. Pude hablar con varios de ellos, todos con historias muy complejas y desgarradoras. Pero hubo un relato de una madre que me impactó como pocas historias. Ella nos contó que a varias de ellas las llamaban para darles el cuerpo de su hijo y que al verlo, se daban cuenta que no eran quien decían que era. Si rechazaban el cuerpo, los funcionarios les decían que entonces debían descartarlo, porque para ellos estaba identificado y la familia no lo quería recibir.
Pueblos originarios: Historia criminal de la Gendarmería
http://www.anred.org/spip.php?article15364
Una historia repetida La participación de la Gendarmería Nacional en el plan sistemático de desaparición de personas implementado por el Estado Terrorista durante la última dictadura cívico-militar exigiría un artículo aparte. Los juicios por delitos de lesa humanidad han demostrado sin lugar a dudas la activa participación de la fuerza en la represión ilegal y probaron la presencia de muchos de sus integrantes en los grupos de tareas y los centros clandestinos de detención.
Julián Andreu – http://hamartia.com.ar/2017/10/01/autoamnistia/
Cuando los asesinos de la dictadura sabían que el final de su oscuro, feroz y sangriento proceso que encabezaron desde el 24 de marzo de 1976 tenía final y la guerra de Malvinas le había puesto punto final político, los protagonistas buscaron su propio perdón.
La Ley 22.924 promulgada el 22 de septiembre de 1983 se conoció como Ley de autoamnistía, algunos de sus artículos:
ARTÍCULO 1º — Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.
ARTÍCULO 5º — Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores.
ARTÍCULO 12. — Los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna.
Un proceso de terror que tenía una maquinaria propagandística a favor y era muy poco lo que se podía conocer. Las primeras que pudieron quebrar ese cerco de silencio fueron las Madres de Plaza de Mayo, a costa de que varias de sus miembros sufrieron la tortura y la desaparición. Aún con esto no se amedrentaron y siguieron adelante, gracias a ello el mundo pudo conocer el régimen de terror impuesto en Argentina.
No voy a caer en la facilidad de decir que este gobierno es ni siquiera parecido a la dictadura, aunque juega al límite de la legalidad y de los principios que suponen una democracia.
En ese “juego” de una legalidad precaria o extinta, sus lineamientos son bien claros, desde la frase “los DDHH son un curro” se intentan llevar puestos derechos básicos.
Este gobierno carga ya en su corto período con una presa política, Milagro Sala, que ya no solo está privada de su libertad, sino que ahora intentan acallarla, ni siquiera puede expresar lo que piensa, solo les falta amordazarla, están a un paso.
Pero tiene algo más grave, este gobierno carga con un desaparecido que cada día lo vuelve a desaparecer con sus infamias. Hace dos meses que no sabemos donde está Santiago Maldonado, mientras la Ministra de Seguridad juega a los soldaditos y a sacarse fotos con avioncitos tuneados, su renuncia sería la mejor noticia que nos podría dar.
Tanto Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, Marcos Peña, entre otros, son responsables y encubridores de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, delito de lesa humanidad e imprescriptible como tal.
Cuando este gobierno termine en el tiempo que sea ¿Dictarán su autoamnistía tanto en lo económico como en lo político? Un buen ejemplo fue la que intentaron llevar adelante los asesinos de la dictadura cívico militar, con todo el poder del Estado cautivo de su régimen de terror. Sería un buen espejo en el cual se podrían ver y no olvidar lo que tantas veces les hicimos escuchar a esos asesinos “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar..”
Andrea Barriga y Ariel Petruccelli* – http://www.sinpermiso.info/textos/santiago-maldonado-cronica-de-una-desaparicion-forzada
…Chew müley am?…
Los estados argentino y chileno persiguieron, secuestraron, torturaron, servilizaron y asesinaron a miles de indígenas, incrementándose la violencia entre 1860 y 1890. A partir de entonces las tierras de la actual Patagonia pasaron a ser fiscales en un principio, vendidas casi inmediatamente a terratenientes de la oligarquía y a empresas extranjeras. Desde ese momento el acoso hacia los hermanos mapuche es no sólo perpetrado por los estados sino también por los privados. Su objetivo, defender la propiedad capitalista de la tierra. Su método: violencia y represión, incluso cuando eso implique violar las propias normas constitucionales de una república democrática.
La Constitución Nacional Argentina modificada en 1994 en el Artículo 72 inciso 17 establece: Reconocer la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (sic). Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
* Andrea Barriga es profesora de historia y activista social en la Patagonia.
* Ariel Petruccelli es autor, entre otros libros, de Docentes y piqueteros y El marxismo en la encrucijada.
Jesús González Pazos* – https://www.alainet.org/es/articulo/187963
En los tiempos que vivimos hablar de derechos humanos ha perdido mucho espacio y sentido en las grandes declaraciones políticas. Es una realidad que evidencia que éstos, en el pasado más reciente, se usaron en demasiadas ocasiones como arma arrojadiza con fines más de contienda político-ideológica que de preocupación verdadera por el ser y estar de la humanidad. Así, aun hoy, pese a la escasez de esos discursos, todavía estos derechos son usados con evidentes intencionalidades, cuando menos, muy discutibles. Se echa mano de ellos para condenar al gobierno de Venezuela, pero se olvidan los mismos cuando se habla, por ejemplo, de México (200.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 350.000 desplazados en la última década). Qué decir cuando se da asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Arabia Saudí o cuando algunos gobernantes, pese a la constante violación de esos derechos y al financiamiento ideológico y dinerario del yihadismo que hace la monarquía saudí, justifican con no se sabe qué argumentos hacer negocios con ese país, ya sea vendiendo trenes de alta velocidad para el desierto o armamento de todo tipo y condición. El negocio es el negocio y los derechos humanos son otra cosa que no deben mezclarse con los primeros.
Un repaso por diversos países, solo en el continente americano, permite entender perfectamente la realidad de la afirmación anterior. En los últimos tiempos del gobierno de Obama y los más recientes de D. Trump saltó a los medios de comunicación la protesta de los pueblos sioux (dakotas) ante la construcción de un enorme oleoducto en sus tierras y el alto impacto medioambiental que éste podría suponer.
En Guatemala, el país “se vende barato” a transnacionales mineras o hidroeléctricas, irrespetando el reconocido derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas que día a día se posicionan contra estas violaciones territoriales. Honduras ocupó cierto espacio en la prensa tras el asesinato de la dirigente lenca Bertha Cáceres por la defensa de este pueblo del río que le da la vida; pero en este país es continuo el asesinato de líderes indígenas que luchan por esto mismo.
La firma de acuerdos de paz en Colombia, a pesar de los grandes beneficios que éstos suponen para el país, ha traído consigo un aumento de las muertes de líderes sociales e indígenas en todo el territorio, tras los que se esconden interés del paramilitarismo en abierta confluencia con los de oligarquías y trasnacionales por explotar los recursos naturales que ahora, con el fin de la guerra, quedan abiertos a una carrera sin freno.
En un salto al sur del continente, en estas semanas, se protesta en Argentina por la desaparición (1 de agosto) del joven Santiago Maldonado, quien participaba en actos del pueblo mapuche en la Patagonia en defensa de sus tierras y derechos. Argentina rememora así una de las páginas más negras de su historia, como fue la última dictadura y los miles de desaparecidos; el pueblo mapuche rememora el permanente expolio de los últimos 150 años sobre su territorio, hoy de la mano de empresas internacionales, como Chevron o Benetton que posee, ésta última, casi un millón de hectáreas en este extremo del mundo.
* Jesús González Pazos – Miembro de Mugarik Gabe
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Argentina – Tras la campaña antimapuche, una realidad: van por la tierra
Diego Monton* – https://www.alainet.org/es/articulo/187860
Un bombardeo mediático que apunta a instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.
¿Cuál es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis
En el año 2006, la ley 26160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada, la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.
La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo, (agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho más allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.
Desde su llegada al poder, comenzaron la contraofensiva acorde a los intereses neoliberales, la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar (que entre muchas otras cosas plantea la suspensión de los desalojos de familias campesinas) nunca fue reglamentada a pesar de que estaba listo el proyecto y el informe para hacerlo. A la ley de Tierras rurales, el presidente Mauricio Macri la flexibilizó a la medida de las empresas extranjeras, mediante el decreto 820/2016. Respecto a la ley de Bosques Nativos comenzaron haciendo ensayos de modificación en Córdoba, pero el movimiento campesino, organizaciones ecologistas y sindicales los frenaron.
La ley 26160 debe prorrogarse en noviembre o de lo contrario pierde vigencia. El Instituto nacional de Asuntos indígenas, ha relevado el territorio de 759 de las 1532 comunidades registradas de pueblos originarios, falta a relevar más del 60% para determinar su territorio y luego establecer los títulos de propiedad comunitaria.
De no prorrogarse esta ley, más de 1500 comunidades vuelven a quedar jurídicamente vulnerables a desalojos. Hay tres proyectos en la Cámara de Senadores para lograr esta prórroga y sin embargo se viene dilatando su tratamiento.
Sostenemos, que toda la campaña contra el pueblo mapuche está inserta en este proceso y que uno de los objetivos es la anulación de la ley 26160 para quitar herramientas jurídicas a las comunidades.
Como lo han demostrado históricamente, los pueblos originarios no cederán, han defendido la tierra, la vida y la cultura por más de 500 años, los campesinos y campesinas tampoco se dejaran arrebatar la tierra sin presentar resistencia. La disparidad de fuerzas es enorme, de un lado trabajadores y trabajadoras de la tierra, del otro, grandes corporaciones apoyadas por el propio gobierno nacional, los medios hegemónicos de comunicación y un sector del poder judicial. Pero, la solidaridad de los trabajadores y una mayor articulación de las luchas urbanas con las luchas agrarias y populares cambiaría el escenario. La ética y la razón están del lado de los campesinos indígenas.
Pero, lo que está en juego, no es solo la vida y la cultura de los pueblos agrarios, es mucho más que eso, es que la tierra y los bienes naturales queden totalmente subordinados al capital financiero, a los buitres, a la timba. Está en juego la soberanía alimentaria, las fuentes de agua dulce y los bosques.
Quizás sea tiempo de que el movimiento popular en su conjunto, (el movimiento sindical, los intelectuales, artistas, políticos), profundice el debate sobre la tierra como un tema central para la emancipación de nuestro pueblo. Ahora, en plena campaña, donde debatimos sobre qué modelo de país queremos, sería importante poder contextualizar que la estigmatización del pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado, la militarización de los territorios requiere propuestas políticas de fondo, entre ellas la función social de la tierra, desde una perspectiva pluricultural, que priorice los intereses del pueblo y garantice un desarrollo en armonía con la naturaleza, como uno de los pilares para construir la justicia social y para que las generaciones venideras también puedan debatir su futuro.
* Diego Monton es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaria de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina.
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