Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2016/09/el-principio-general-del-derecho.html
Timestamp: 2017-11-18 04:22:06+00:00

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El principio general del derecho a ninguna obligación (o a la vía penal)
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que las líneas del proceso estaban más o menos marcadas y en el que la disconformidad con la resolución del juzgado se mostraba con el correspondiente recurso. La reforma de la oficina judicial del año 2009 y la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia terminó de romper una presa que ya hacía aguas y que había transformado el recurso en un derecho al pataleo, pero fuera del proceso tirando de quejas en cualquier administración o de querellas: era el triunfo del art. 24 CE en la interpretación del Tribunal Constitucional de los años noventa o del Tribunal Supremo en la exigencia del depósito para recurrir. Cito este último caso porque en la actualidad son mínimos los supuestos en los que se consigna el depósito cuando se interpone un recurso y lo que era una excepción (la subsanación) es ahora la regla general.
Ni que decir tiene que cuando a la sociedad se le vende un producto que solo tiene derechos y ninguna obligación, lógico parece que cuando acude a un órgano judicial tenga el derecho a ganar y que si no lo hace (por la razón que sea, que dará igual) algún responsable tendrá que rendir cuentas.
Este proceder, que poco a poco va extendiéndose en la Administración de Justicia, no solo se asienta en la ausencia de una inspección informática de Juzgados y Tribunales (inexistente en la actualidad y, en este siglo al paso que vamos), sino en la inexistente sanción automática al ciudadano que acude a un órgano judicial sin razón para ello; y adviértase que en el término “ciudadano” se incluye también a la Administración que con reiteración obvia pronunciamientos judiciales del mismo sentido.
De lo contrario, esto es, de seguir evitando límites en uno y otro lado, autos como el de 20 de abril de 2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Roj: AAP B 547/2016) terminarán siendo la regla general:
PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2015, por el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Granollers se dictó Auto en las Diligencias Previas nº 2082/2015, seguidas por querella interpuesta por la Procuradora contra Feliciano, Letrado de la administración de justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Granollers, y contra el BBVA por presunto delito de expropiación ilegal previsto en el art. 541 CP, cuya parte dispositiva en lo que afecta al presente recurso es del tenor literal siguiente: "No admito a trámite la querella (...) por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito."
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes personadas, contra la misma se ha interpuso por la acusación particular, debidamente personada, recurso de reforma y subsidiario de apelación. Resultando desestimado el primero por auto de fecha 26 de noviembre pasado, al tiempo que se admitía a trámite el de apelación al que se le dio el trámite previsto legalmente por el Juzgado de Instrucción.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto, habiéndose presentado escritos de oposición al recurso por parte del Ministerio Fiscal y ambos querellados, quienes han solicitado la condena expresa en costas a la apelante por concurrir temeridad y mala fe.
PRIMERO.- Se admiten y dan por reproducidos los de la resolución recurrida, así como los de aquella otra de la que trae causa. El auto impugnado fundamenta la inadmisión de la querella a trámite en el contenido del art. 313 LECrim, entendiendo que los hechos en que se fundamenta ni constituyen el delito pretendido, ni pueden considerarse constitutivos de ilícito penal alguno. Contra tales argumentos se alza el recurrente, primero en reforma y ahora en apelación. Disiente en primer lugar de la interpretación que el auto recurrido hace de los elementos del tipo del mencionado precepto, pretendiendo que el término "expropiación" ha de considerarse en sentido genérico, abarcando la adjudicación de un bien inmueble en trámite de ejecución hipotecaria. Tal interpretación extensiva de un precepto penal contraria "a reo" resulta absolutamente inadmisible, pero es que además la discusión resulta intrascendente a efectos del recurso puesto que la resolución apelada excluye la existencia de cualquier ilícito penal en los hechos denunciados.
SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar. Dejando a un lado el carácter desafortunado y gratuito de algunas expresiones referidas a la resolución que se impugna, lo que se plantea no es sino una disconformidad con la resolución adoptada en el procedimiento hipotecario que, lejos de constituir la "expropiación ilegal" que se pretende, se ha ajustado en todo momento a las normas procesales que lo regulan. El propio apelante reconoce en su escrito que el art. 671 LEC reconoce la posibilidad de adjudicar al acreedor el bien hipotecado cuando a la subasta no concurre postor alguno y se declara desierta por el porcentaje del valor que allí se detalla dependiendo de que se trate o no de la vivienda habitual del deudor. Tal resolución podrá ser objeto de los recursos correspondientes pero en ningún caso justifica el ejercicio de una acción penal.
TERCERO.- Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones que en otros ámbitos puedan corresponder.
CUARTO.- El art. 240.3 LECrim permite la condena en costas al querellante cuando de las actuaciones resulte que el mismo ha obrado con temeridad o mala fe. La juez de instrucción no se ha manifestado al respecto en primera instancia, pero la interposición del recurso de apelación ha de considerarse, cuando menos, como temeraria, pues ningún profesional del derecho puede desconocer la imposibilidad de que la presente pretensión prospere por las razones que se exponen en su recurso tras la argumentación ofrecida por el auto que inadmitió la querella presentada, lo que lleva a este tribunal a condenar en cuanto a las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.
Y de ahí al proceso preventivo habrá un paso. ¿Saben lo que es? No se discute con ninguna de las partes y se dice que sí a todo lo que pidan y en la forma en que lo hagan. No hay en este caso nada nuevo bajo el sol: la medicina en los Estados Unidos se practica de esta forma (evita demandas millonarias) y no pocos protocolos médicos en España están inspirados en ese principio.
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