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Timestamp: 2018-12-15 14:10:25+00:00

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constitucin progresista
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Modificaciones Ley 22
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74_ASAMBLEA_CONSTITUYENTE
1596595-4
TSJ aprueba constitucionalidad de sesiones extraordinarias de la AN
Acta Reunión 056, miércoles 21 de octubre 2009
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PRINCIPIOS PROGRESISTAS FUNDAMENTALES PARA LA DICTACIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DE CHILE
CAPÍTULO I. ASPECTOS CONSTITUTIVOS Y LEGITIMADORES DEL ESTADO
Art. 1º. Chile es un país libre y democrático, cuyo pueblo es multirracial y multicultural.
Art. 2º. La soberanía radica y proviene de su pueblo, cuya voluntad es el fundamento de toda autoridad. El pueblo ejerce su soberanía a través de los mecanismos de participación previstos en la Constitución e indirectamente a través de los órganos públicos señalados en la Constitución. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
Art. 3º. La nación adopta para su gobierno la forma de una república democrática, constitucional, representativa y laica.
Art. 4º. La república de Chile practica y promueve la democracia, la paz, la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad humana y la participación e inclusión de todos sus habitantes y ciudadanos, el desarrollo social y la equidad.
Art. 5º. La república de Chile no admite ni reconoce prerrogativas o ventajas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales antes la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas publicas. En Chile todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Art. 6º. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación la dignidad humana, los derechos fundamentales garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes. Es deber irrenunciable del Estado respetar y promover tales derechos.
Art. 7º. El Estado reconoce, asegura y ampara la participación organizada del pueblo en la resolución de los problemas nacionales, regionales y locales, así como la defensa del régimen democrático, expresado en el Estado de Derecho que establece esta Constitución. Ninguna persona ni grupo de personas podrá ejercer a título vitalicio cargo político alguno de ámbito nacional, regional o local .
Art. 8º. El Estado de Chile es unitario, pero reconoce a sus regiones como entidades descentralizadas políticamente y administrativamente desconcentradas. Cada región podrá elegir a sus autoridades, las que gozarán de atribuciones y autonomía, pero restricciones en materia presupuestaria.
Art. 9º. Todos los órganos del Estado y sus autoridades deben someter su acción a la Constitución y a las leyes. Todo acto estatal en contravención a la Constitución es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que señale la ley.
Art. 10º. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo la ley podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas o el interés nacional.
Art. 11º. La Constitución mantendrá su imperio aun cuando su observancia se viera interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán sancionados como traidores a la patria y quedarán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Las mismas sanciones recibirán quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de la Constitución, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Art. 12º. El Estado velará por el cuidado del medio ambiente y de todos sus ecosistemas. Asimismo, velará por que todos los recursos naturales de Chile sean aprovechados de manera sustentable, eficiente y en beneficio de sus habitantes. La ley establecerá los parámetros de las regalías que se adeuden a causa de la explotación de recursos naturales.
Art. 13º. Son chilenos: 1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; 2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º; 3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley,
La obtención de la calidad de ciudadano constituye una obligación de inexcusable cumplimiento. igualitario. se ha nacionalizado en país extranjero. 4 . En las votaciones populares el sufragio será personal. 3º. actividad o residencia.. ante la Corte Suprema.. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. sólo podrán ser rehabilitados por ley. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona. Art. la ley determinará la forma que esta sea automática. 16º. La ley garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos a los chilenos que residan en el extranjero.Por decreto supremo. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca. 15º. Art. Ninguna ley podrá restringir el derecho a sufragio por razón de sexo.. 4º.. profesión. por sí o por cualquiera a su nombre.Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. previamente. 2º. dentro del plazo de treinta días. Art.Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. secreto y voluntario.4º. 14º. podrá recurrir. Son ciudadanos con derecho a sufragio todos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y estén inscritos en los registros electorales..Por cancelación de la carta de nacionalización. La nacionalidad chilena se pierde: 1º. Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo. en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados.Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
o en los casos que esta Constitución lo autoriza. Las sentencias de las Cortes Internacionales o Supranacionales en materia de derechos humanos a la que el Estado de Chile le haya reconocido jurisdicción contenciosa vinculante son de obligatorio cumplimiento por los órganos del Estado de Chile. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado. de acuerdo a la definición legal.Art. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública. Las reglas generales del Derecho internacional público son parte integrante del Derecho nacional. del Poder Judicial. 3º. prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. 2º. Tienen primacía sobre las leyes y crean directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio nacional. siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública. No podrán ser candidatos a cargos de elección popular: 1º. 6º. 17º. 18º. 4º. Quienes hayan sido condenados por sentencia firme por crímenes o simple delito. salvo que hayan renunciado a sus funciones un año con antelación de la fecha señalada para la elección. o hayan ejercido cargos de confianza en los mismos. Quienes hayan tenido calidad de funcionario público directivo en gobiernos de facto. 19º. CAPÍTULO III. y del Tribunal Constitucional y del Gobierno. Los miembros del Ministerio Público. 5º. Art. La Constitución asegura a todas las personas: 5 . DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Art. Quienes adeuden pensiones alimenticias. como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas.
1º. domicilios. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. 5º. papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un tribunal del territorio jurisdiccional en que el delito se haya cometido. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La libertad de expresión que comprende: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos. científica y técnica. 2º. en sus manifestaciones. Queda abolida la pena de muerte. b) A la producción y creación literaria. artística. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación. Nadie podrá ser penado más de una vez por el mismo acto en virtud de las leyes penales generales. 4º. Se garantiza la libertad ideológica. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. que deberá haber sido determinado previamente por la ley. de que se le caree con los testigos que depongan en su contra. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. 8º. puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 3º. religión o creencias. y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil. será inviolable. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. El derecho de los habitantes de que sus personas. estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. En toda causa criminal. de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda. el escrito o cualquier otro medio de reproducción. en ningún caso. 6 . 7º. 6º. que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. ideas y opiniones mediante la palabra. religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación. sin que.
c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 9º. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro electromagnético. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 10º. Esta Constitución protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al adulto mayor en situación de abandono. También protege a la familia pues reconoce en ésta el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber de los padres alimentar, educar y otorgar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. 11º. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 12º. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El Estado debe garantizar el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 13º. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y el logro cabal de su autonomía. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se deberá impartir con respeto a la libertad de conciencia. El Estado garantizará un régimen de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades de creación, producción, edición y comercialización del libro con la finalidad de incrementar y mejorar la producción editorial nacional, satisfaciendo los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad; así como la formación de hábitos de lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura con especial consideración con la población infantil, juvenil de los sectores más desfavorecidos socialmente y a las personas con discapacidad. Los
medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación cultural. El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. El sistema de educación pública deberá ser gratuito, de calidad y estará fundado en un proyecto educativo nacional, pluralista, que promueva la equidad e integración social, velando en el cumplimiento de su misión por la eficiente gestión de sus recursos. Se prohíbe lucrar con los fondos públicos destinados a educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Con este objeto deberá dar prioridad a la educación pública en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República. La educación básica y media son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y el pluralismo. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fijará las condiciones para autorizar su funcionamiento. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 14º. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. y ningún habitante de Chile puede ser privado de ella. c) Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. 16º El Estado reconoce los derechos de sindicación. Ningún cuerpo armado podrá hacer requisiciones. La propiedad es inviolable. ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra. por el termino que le acuerde la ley. La expropiación por causa de utilidad pública. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico. que procure. invento o descubrimiento. Ningún servicio personal es exigible. 10 . 15º El trabajo es un derecho. el cual protege especialmente a la madre. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. b) Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. las que respetarán la base de igualdad.conservación. para él y su familia. sino en virtud de sentencia fundada en ley. Solo el Congreso impone las contribuciones y cargas públicas. 17º. en sus diversas modalidades. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. exhibición y difusión del mismo. negociación colectiva y huelga. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. ni exigir auxilios de ninguna especie. en especial mediante políticas de fomento del empleo y de educación para el trabajo. restauración. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido injustificado. El trabajo. el bienestar material y espiritual. es objeto de atención prioritaria del Estado. a) Garantiza la libertad sindical. sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. al menor de edad y al discapacitado que trabajan. Señala sus excepciones y limitaciones.
d) Nadie puede ser arrestado o detenido. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona. en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. editores. deberá. La infracción de este precepto. y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso. 19º. sujeto a prisión preventiva o preso. directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan. a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante. Con todo. cometida a través de un medio de comunicación social. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido. 11 . ampliar este plazo hasta por cinco días. el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación. dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. procesado o preso. Además. Sin embargo. los propietarios. por resolución fundada. dar aviso al juez competente. El juez podrá. con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. poniendo a su disposición al afectado. y hasta por diez días.18º El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia. a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio. será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley.
descendientes. h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. en un registro que será público. cónyuge y demás personas que. g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes. 20º. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia. calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. siempre que el arrestado o detenido lo requiera. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. emanada de autoridad que tenga facultad legal. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. según los casos y circunstancias. 12 . e i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención. tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes. el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria. señale la ley. f) En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Las reuniones en las plazas. que se encuentre en ella. e) La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo.sin dejar constancia de la orden correspondiente. o a reclamar para que se le de dicha copia. si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. procesado o preso. Este funcionario está obligado.
La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. 26º. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Para gozar de personalidad jurídica. El derecho de asociarse sin permiso previo. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.21º. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la seguridad nacional y a las leyes. La ley regulará el estatuto al que deberán someterse los partidos políticos. dentro de los marcos que la misma ley señale. 24º. 22º. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. sobre cualquier asunto de interés público o privado. Los tributos que se recauden. sobre la base que sus estatutos deberán contemplar siempre las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el 13 . sin otros requisitos que la idoneidad. El derecho de presentar peticiones a la autoridad. La ley podrá autorizar que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados. o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. La ley podrá autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector. cualquiera que sea su naturaleza. 25º. La admisión a todas las funciones y empleos públicos. la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos. sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. y la igual repartición de las demás cargas públicas. 23º. 27º. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. actividad o zona geográfica. ingresarán al patrimonio de la Nación.
ni imponer condiciones. no podrán afectar los derechos en su esencia. El habeas corpus es una acción constitucional que garantiza el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. especialmente en los casos siguientes: a) Privación. perturbación o amenaza de tales derechos sin orden escrita de funcionario competente. la ley o que sea arbitrario. perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva. Acción de Habeas Corpus. Art. tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Art. Acción de Amparo. 14 . salvo excepciones conforme al orden jurídico vigente. la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. perturbación o amenaza de los bienes jurídicos protegidos.interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. procediendo contra todo acto u omisión provenientes de cualquier autoridad. El derecho a desarrollar actividad física y recreativa. que importe privación. Una ley regulará un procedimiento especial al respecto. La ley establecerá la manera como el Estado proveerá lo necesario para la adecuada formación de deportistas. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación. 20º. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza. 21º. funcionario o persona con infracción a lo dispuesto por la Constitución. Esta acción podrá interponerla el afectado por sí o por cualquiera a su nombre y el Defensor del Pueblo en aquellos casos en que el acto u omisión afecte a varias personas. 29º. sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 28º.
el de ser puesto a disposición del tribunal competente dentro del plazo determinado por el Código Procesal Penal. sujeto a prisión preventiva o condenado. o la de entrar y salir del mismo. salvo resolución judicial o acto gubernativo dictado conforme al ordenamiento jurídico vigente. i) El haberse excedido del plazo legal de detención policial sin haber sido puesto el afectado a disposición del juez de garantía competente con los antecedentes que motivaron el arresto o detención. k) La ilegitimidad o exceso en la incomunicación del detenido. h) El derecho a no ser incomunicado. inhumanos o degradantes. j) La privación arbitraria de la libertad más allá del plazo legal de condena. e) El derecho del extranjero de no ser expulsado a un país cuyo gobierno lo persigue. destierro o confinación sino por sentencia firme de un tribunal competente. 15 . si se encuentra en riesgo su vida o existe el peligro de ser sometido a tortura o tratos crueles. respecto de la forma y condiciones en que se cumple la detención. m) El derecho del detenido. d) El derecho a no ser objeto de exilio. o en el caso de delito flagrante. sometido a prisión preventiva o condenado a no ser objeto de tratamiento carente de racionalidad o proporcionalidad. prisión preventiva o la pena. de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. c) El derecho a no ser separado del lugar de residencia sino por mandato judicial del tribunal competente.b) Vulneración del derecho de los nacionales o extranjeros de residir y transitar por el territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente. sin perjuicio de los casos en que ella es legítimamente autorizada por ley. f) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado de la autoridad competente. l) La desaparición forzada de personas. g) Prisión por deudas. con excepción de los casos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente.
n) El derecho de no ser privado de la cédula nacional de identidad ni del derecho a obtener pasaporte u obtener la renovación dichos documentos. o) El derecho a retirar la vigilancia domiciliaria o suspender el seguimiento de las fuerzas de orden y seguridad. Esta acción podrá ser interpuesta por el Defensor del Pueblo cuando los afectados sean varias personas. con excepción de aquellos derechos protegidos por el recurso de habeas corpus. que lesionen mediante amenaza. Habeas Data. tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos. consten en entidades públicas o privadas. sea en forma manual o electrónica. se resolverán en el mismo procedimiento . Las alegaciones efectuadas en el recurso de habeas corpus. La acción de tutela de derechos fundamentales. garantiza a las personas contra las acciones u omisiones provenientes de autoridades. p) El derecho a no ser afectado en cualquier ámbito de otro derecho conexo con la libertad personal y la seguridad individual. por si o cualquiera a su nombre. La acción de tutela de derechos. 23º. Toda persona. cuando ellos sean contrarios a la Constitución. en cualquiera de sus formas. perturbación o privación el legítimo ejercicio de un derecho asegurado y garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras convenciones complementarias del sistema interamericano ratificadas por Chile y vigentes. el origen y destino de su información 16 . Art. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos. tanto dentro como fuera del territorio nacional. su finalidad. funcionarios o personas. Art. ilegales o arbitrarios. o sobre sus bienes. bancos o archivos de datos personales e informes que sobre si misma. datos genéticos. 22º. referidas a infracciones a otras garantías conexas con la libertad personal o la seguridad individual.
El Gobierno se compone del Presidente. El afectado podrá demandar por los perjuicios ocasionados. El Primer Ministro es el jefe de gobierno y responde solidariamente de los actos de administración y gobierno junto al gabinete.personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. el Gabinete y de los demás cargos que establezca la ley. se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. La jefatura de Estado le corresponderá al Presidente de la República. así como la actualización de los datos. 17 . El Gobierno dirige la política interior y exterior. Si no se atendiera la solicitud de la persona interesada. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer funciones parlamentarias. En el caso de datos sensibles. ni actividad profesional o mercantil alguna. cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por el mismo interesado. la Administración pública y la defensa del Estado. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización del titular de ellos o de la ley. ésta podrá acudir al juez competente. con la excepción de los miembros del gabinete. DEL GOBIERNO Art. CAPÍTULO IV. Del Presidente o Presidenta de la República. 24º. sin costo. quién además es el jefe de las Fuerzas Armadas. El titular de los datos podrá solicitar el acceso al archivo al responsable. El gabinete se compone del Primer Ministro y los Ministros de Estado. eliminación o anulación. ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. su rectificación.
se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. 27º. Art. 25º. Art. 26º. Esta nueva votación se verificará. el cuadragésimo quinto día después de efectuada la primera. según corresponda. Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena. se aplicará. contado desde la fecha del deceso. El Presidente será elegido en votación directa por mayoría absoluta de sufragios válidamente emitidos. Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior. estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse sujeto a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución. Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes a la primera o segunda votación. el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de treinta días. haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura.Art. El Presidente de la República desempeñará su cargo por el término de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez para el período siguiente. 18 . la norma contenida en el artículo. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente de la Asamblea Nacional la proclamación de Presidente electo que haya efectuado. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso tercero. en lo pertinente.
Si por impedimento temporal. ausencia del territorio u otro grave motivo. sea por enfermedad. reunida en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan. el Vicepresidente expedirá las órdenes convenientes para que se proceda. el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones dentro de quince días de proclamado el resultado por el Tribunal Calificador de Elecciones. guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente. En su falta.La Asamblea Nacional. 29º. de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 2º. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en el orden de precedencia y. el Presidente de la Asamblea Nacional y a falta de éste. mientras tanto. el Presidente de la Corte Suprema. Art. a nueva elección. el Primer Ministro. El Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 1º. Con todo. En este mismo acto. conservar la independencia de la República. a falta de todos ellos. Por destitución. le subrogará. y de inmediato asumirá sus funciones. le subrogarán sucesivamente el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente de la Corte Suprema. Si el Presidente electo se encontrase impedido para tomar posesión del cargo. 19 . el Presidente electo prestará ante el Presidente de la Asamblea Nacional. asumirá. juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República. Art. Su mandato durará hasta las siguientes elecciones generales. con el título de Vicepresidente de la República. 28º. con el título de Vicepresidente de la República. tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo. dentro del plazo de sesenta días.
de acuerdo al orden establecido en la Constitución. por el Primer Ministro quien ejerza la Vicepresidencia. de percibir la dieta. si procediere. No alcanzará dicha dignidad el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. Si restare más tiempo. por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial. y en caso de faltar éste. dejará. en todo 20 . certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados. El Presidente de la República interino ejercerá el cargo hasta las siguientes elecciones generales. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo. ni aquel que hubiera accedido al cargo por una vía distinta a la elección popular. manteniendo. 4º. El que haya desempeñado este cargo por el período completo. la dignidad oficial de Ex Presidente de la República. citará a elecciones generales dentro de noventa días. Art. La ley establecerá las disposiciones aplicables a dicha calidad. y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. En caso de vacancia del cargo de Presidente la República. en tanto la desempeñe. con el cargo de Presidente de la República interino. El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido. Por revocación popular del mandato. El Presidente interino no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. 30º. El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos. será subrogado. caso en el cual designará un nuevo Primer Ministro. Art. asumirá. de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. inmediatamente y de pleno derecho. 31º. en caso de faltar menos de un año para éstas.3º.
5º. Cumplir y velar por el cumplimiento de hacer cumplir la Constitución. 21 . 6º. 7º. 12º. Art. 8º.caso. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración. nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. modificar y suprimir los ministerios. para su aprobación. Definir la política exterior. Sancionar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional y ordenar su promulgación en el Diario Oficial. entidades e instancias de coordinación. 4º. 11º. en los casos que la Constitución lo autorice. Presentar al momento de su juramento ante el Congreso Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República: 1º. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. Nombrar y remover –a propuesta del Primer Ministro Vicepresidente. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. regulación y control. 3º. suscribir y ratificar los tratados internacionales. una cuenta del Estado general de la nación y los objetivos que el gobierno se proponga alcanzar durante el año siguiente. 32º. las leyes. Crear. los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.a los Ministros de Estado y a los demás funcionarios cuya nominación le corresponda. 10º. Enviar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Congreso Nacional. el fuero. 9ª Nombrar o proponer el nombramiento de autoridades que determine la Constitución y las leyes. media y especial. 2º. organización.
y ejercer la dirección política de la defensa nacional. de la independencia del Estado.13º. Del Gabinete y del Primer Ministro. 33º. En caso de no haber acuerdo. el Primer Ministro interino será aquél que corresponda de acuerdo a la precedencia del gabinete. con acuerdo de la Asamblea Nacional. renuncia o incapacidad sobreviniente se aplicará el mismo procedimiento. En caso de vacancia por fallecimiento. así como disponer los nombramientos. Durante el período de vacancia o ausencia temporal. 22 . El Presidente de la República podrá disponer del cargo de Primer Ministro. 32º. y desempeñará sus funciones por igual período. y durará en su cargo entre tanto cuente con la confianza del Presidente de la República. un sustituto dentro de trigésimo día. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y órganos de seguridad pública y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad pública. Velar por el mantenimiento de la soberanía. caso en el cual deberá designar. cualquiera fuere su causa. Art. se llamará a elecciones parlamentarias anticipadas. Art. El Primer Ministro cumplirá los mismos requisitos y estará sujeto a las mismas inhabilidades e incompatibilidades del Presidente de la República. Convocar a consulta ciudadana en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución y las leyes. con acuerdo de la Asamblea Nacional. 16º. del orden interno y de la seguridad pública. El Primer Ministro será designado por el Presidente de la República. las que se celebrarán dentro de trigésimo día siguiente al vencimiento del plazo anterior. 14º. previa autorización por ley. 15ª Declarar la guerra.
No podrán ser ministras o ministros de Estado: 1º. Art. sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. ejercerá la potestad reglamentaria y podrá delegar algunos de sus poderes en los ministros. A las ministras y ministros de Estado. mediante concesión. 38º. quien propone su nombramiento y remoción al Presidente de la República. por los ministros encargados de su ejecución. 35º. Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Primer Ministro. de acuerdo a las funciones específicas de sus miembros. asociación o cualquier otra modalidad contractual. 3º. representantes o apoderadas de personas jurídicas nacionales o extranjeras. además de las atribuciones establecidas en la ley. propietarias. Los miembros de las Fuerzas Armadas. además de ejercer las funciones que el Presidente le asigne. Investigaciones en servicio activo. Carabineros y Policías de Art. 2º. prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de quienes ejerzan la Presidencia o la Vicepresidencia de la República. 36º. Art. conjuntamente con el gabinete. miembros del directorio. Garantizará la ejecución de las leyes. Las personas naturales. 34º. les corresponde: 23 . 37º. El Primer Ministro representa las acciones y políticas del Gobierno ante la Asamblea Nacional. Las decisiones del Primer Ministro serán refrendadas. Art.Art. en su caso. El Primer Ministro dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo. que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas.
En caso de dolo o culpa grave queda abierta la acción de regreso. 2º. y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad. 39º. Cuando alguien en ejercicio de una función pública que le fuera confiada violare los deberes que la función le impone con respecto a un tercero. 40º. Para la reclamación de daños y perjuicios abierta así como para la acción de regreso no podrá excluirse la vía judicial ordinaria . sobre el Estado o el órgano a cuyo servicio se encuentre. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado. La Asamblea Nacional estará integrada por 150 miembros elegidos en un sistema electoral proporcional. por votación directa. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.1º. y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. en conformidad con la Constitución. Art. en principio. garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse. sin perjuicio de las atribuciones que se otorgan a otras autoridades y al pueblo. de sus organismos o de las municipalidades. DEL PODER LEGISLATIVO Art. podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública. CAPÍTULO V. sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. El ejercicio del poder legislativo corresponde a la Asamblea Nacional. la responsabilidad recae. 24 .
El derecho de voto de los miembros de la Asamblea Nacional será personal. mientras se encuentre en el ejercicio de su cargo. Discutir y aprobar las leyes de la República. 43º. Se entenderá que los congresistas tienen. En tal caso nadie podrá recibir la delegación de más de un mandato . Art. 46º. así como a nivel nacional. tener cumplidos veintiún años de edad. Los congresistas serán elegidos en representación de distritos electorales. La Asamblea Nacional se renovará en su totalidad cada cuatro años. de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes. su residencia en el distrito correspondiente. con el voto de la mayoría de los representantes presentes. 44º. Art. 42º. Fiscalizar los actos de gobierno. la que será fijada por la ley y pagada con cargo a la cuenta única fiscal . La ley determinará la forma en que se reemplazará a los congresistas en caso de vacancia en el cargo. Los congresistas sólo podrán ser elegidos hasta por tres períodos consecutivos. contados hacia atrás desde el día de la elección. Son atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional: 1º.Art. Art. Los congresistas recibirán por sus servicios una remuneración adecuada que asegure su independencia. por el sólo ministerio de la ley. La ley orgánica podrá autorizar excepcionalmente la delegación de voto. Para ser elegido congresista se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Para ejercer esta atribución la Asamblea puede: a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones. quien 25 . haber cursado la enseñanza media o equivalente. 41º. tener residencia en el distrito electoral correspondiente en un plazo no inferior a cuatro años. 2º. 45º. los que se transmitirán por escrito al Primer Ministro. Art. Art.
Las comisiones investigadoras. un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario. cualquier congresista. podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 26 . El Primer Ministro contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda. b) Citar a un Ministro de Estado. Los Ministros de Estado. los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria. dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. y c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los congresistas en ejercicio. La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. que sean citados por estas comisiones. con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. En ningún caso los acuerdos. a petición de a lo menos un tercio de los congresistas en ejercicio. dentro de treinta días.deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda. Con todo. los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora. estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. Sin perjuicio de lo anterior. con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Asamblea. No obstante. a petición de un tercio de sus miembros. sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los congresistas en ejercicio. podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado.
En este caso no se afecta la responsabilidad política del resto de los miembros del gabinete. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Asamblea. 3º. del Fiscal Nacional. por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. concusión. c). La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso. por infracción de la Constitución y por los delitos de traición. d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional. sedición. del Tribunal Constitucional y del Contralor General de la República. c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia. por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la República Nación. d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la República Nación. por notable abandono de sus deberes. malversación de fondos públicos y soborno.La ley orgánica constitucional de la Asamblea Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. malversación de fondos públicos y concusión. 27 . y e) De los intendentes y gobernadores. y por los delitos de traición. por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la República Nación. Las acusaciones referidas en las letras b). b) De los Ministros de Estado y el Primer Ministro. o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Conocer y fallar como jurado las acusaciones que no menos de cincuenta ni más de setenta y cinco de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: a) Del Presidente de la República.
la Asamblea Nacional podrá revocar dicha aprobación por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. y no podrá desempeñar ninguna función pública. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo. sea o no de elección popular. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado. por mayoría de los congresistas en ejercicio. el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Asamblea y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella. en cualquier momento.Interpuesta la acusación. Durante el ejercicio del gobierno. tanto para la aplicación de la pena señalada al delito. 5º. Por el mismo quórum podrá solicitar la remoción de los Ministros de Estado. y por la mayoría de los congresistas en ejercicio en los demás casos. se afectará solidariamente la responsabilidad política del gabinete. a propuesta del Presidente de la República. Aprobar la designación del Primer Ministro. con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República se necesitará el voto de la mayoría de los representantes en ejercicio. En estos casos. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente. 28 . cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. si lo hubiere. 4º. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los congresistas en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República. por el término de cinco años. En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los representantes presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.
se tendrá por otorgado su asentimiento. así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. en consecuencia. Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su período. en el curso del trámite de su aprobación. 9º. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. 29 . Si la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República. y declarar asimismo.6º. Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. 7º. en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los congresistas en ejercicio. Aprobar. Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones. cuando el Presidente de la República renuncie a haga dimisión de su cargo. así como de las demás autoridades que esta Constitución y las leyes establecen. si los motivos que la originan son o no fundados y. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. El Presidente de la República informará a la Asamblea Nacional sobre el contenido y el alcance del tratado. admitirla o desecharla. 8º. 12º. Prestar o negar su consentimiento a los actos del Gobierno Presidente de la República. en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. La Asamblea podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional. 11º. siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. 10º.
la denuncia del tratado. Si no se pronunciare dentro de este término. a menos que se trate de materias propias de ley. En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por la Asamblea Nacional. 30 . Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas. modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. de conformidad a lo establecido en la ley respectiva. requerirá previo acuerdo de ésta. para lo cual pedirá la opinión de la Asamblea. El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración la Asamblea Nacional al momento de aprobar un tratado. la formulación y retiro de reservas. deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional. las objeciones a una reserva y su retiro. éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. la terminación y la nulidad del mismo.Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación de la Asamblea. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional. De conformidad a lo establecido en la ley. el retiro. en el caso de tratados que hayan sido aprobados por ésta. la suspensión. No requerirán de aprobación de la Asamblea Nacional los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria del gobierno. las declaraciones interpretativas. se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él. tales como su entrada en vigor.
La Asamblea Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional. En todo caso. No pueden ser candidatos a congresista: 1) Los intendentes. del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales. durante la vigencia de aquél. se entenderá siempre convocada de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. los alcaldes. Art. La Asamblea Nacional no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Pronunciarse. la calificación de las urgencias y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. cuando corresponda. 3) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras. 51º. Una ley orgánica constitucional regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales.En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá la Asamblea Nacional autorizar al Presidente de la República a fin de que. 48º. y los subsecretarios. 50º. Art. 4) Los miembros del Tribunal Constitucional. Funcionamiento de la Asamblea Nacional y disposiciones generales Art. 13º. dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento. La clausura del debate se establecerá por simple mayoría. 5) El Contralor General de la República. 31 . Art. respecto de los estados de excepción constitucional. 6) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. 2) Los miembros del Consejo del Banco Central. 49º.
los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público. De igual forma es incompatible con funciones de director de banco o de alguna sociedad anónima. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección. semifiscales o en las empresas estatales. 52º. excepto respecto de las personas mencionadas en el número 6). de las entidades fiscales autónomas. respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Art. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 7). media y especial. de la Armada y de la Fuerza Aérea. aun cuando sean ad honorem. Asimismo. conforme a las disposiciones pertinentes. en las entidades fiscales autónomas. o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 9) El Defensor del Pueblo. y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital. y 8) Los Comandantes en Jefe del Ejército. es incompatible con las funciones de directores o consejeros. El cargo de congresista es incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco.7) El Fiscal Nacional. el General Director de Carabineros. o ejercicio de cargos de similar importancia en estas actividades. de las municipalidades. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior. así como el cargo de Ministro de Estado. Esta 32 .
pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo . 53º. asimismo. según el caso. el congresista cesará en el otro cargo. Cesará en el cargo el congresista que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Asamblea Nacional o. sea o no de elección popular. empleo o comisión incompatible que desempeñe.. en sesiones de sala o de comisión. desde el día de su elección o desde su juramento. funciones o comisiones de similar naturaleza. Cesará en el cargo el congresista que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. en la provisión de empleos públicos. Los congresistas sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. natural o jurídica. Quien perdiere el cargo de congresista por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público. consejerías. Art. Cesará. empleos o comisiones. durante su ejercicio. Desde ese momento tampoco podrá ser nombrado en este tipo de cargos. el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco. 54º. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones. en sus funciones el congresista que. Art. Ningún congresista. en receso de ella. En caso de renuncia. si la 33 . de su Presidente. salvo el caso de delito flagrante.incompatibilidad tendrá lugar sea que el congresista actúe por sí o por interpósita persona. puede ser acusado o privado de su libertad. o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. por el término de dos años. o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. el congresista será reemplazado en la forma que determine la ley. Los congresistas podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
Art. en todo caso. El Gobierno también tiene iniciativa legislativa por mensaje del Presidente de la República. Son materias de ley: 1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. entonces. queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. 55º. por resolución firme. no menos de 50. no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. con la información sumaria correspondiente. previamente autorizada por la Asamblea Nacional. en pleno.Corte de Apelaciones respectiva. Esta iniciativa será regulada por la ley. haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. Las decisiones políticas en materias de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. el que será firmado conjuntamente por el Primer Ministro. será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo.000 firmas acreditadas. La iniciativa legislativa corresponde a la Asamblea Nacional. 56º. Se reconoce a los ciudadanos iniciativa popular de ley. conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. el que será convocado por el Presidente de la República. 34 . Del proceso legislativo. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez congresistas. Desde el momento en que se declare. El Tribunal procederá. por moción de cualquiera de sus miembros. Art. 57º. mediante propuesta del Vicepresidente. La iniciativa popular de proyectos de ley exigirá. Art. En caso de ser arrestado por delito flagrante.
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. sus organismos o empresas. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. 35 . 6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. para contratar empréstitos. y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República. Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central. 11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. los que en ningún caso. comercial. se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial. podrán efectuarse con el Estado. procesal. 3) Las que son objeto de codificación. sindical. 4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral. 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. 5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. a sus organismos y a gobiernos regionales y municipalidades. sea civil. la salida de tropas nacionales fuera de él. 7) Las que autoricen al Estado. Sin embargo. mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra. los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. 8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. previsional y de seguridad social. 12) Las que señalen el valor. 13) Las que fijen las fuerzas de aire. asimismo. penal u otra. sus organismos y de las municipalidades. como. 9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos. tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas.
a propuesta del Presidente de la República. 17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República. hipódromos y apuestas en general. del Legislativo. 36 . las elecciones ni al plebiscito. 16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. 58º. para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Art. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización.14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Gobierno. atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial. El Presidente de la República podrá solicitar autorización a la Asamblea Nacional. 19) Las que regulen el funcionamiento de loterías. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad. y 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. la ciudadanía. celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. 15) Las que autoricen la declaración de guerra.
debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. 60º. autónomas. a las mismas normas que rigen para la ley. su verdadero sentido y alcance.La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones. incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. y determinar su forma. sin alterar. semifiscales. de las entidades semifiscales. autónomos o de las empresas del Estado. al Gobierno la iniciativa exclusiva para: 1º.Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados. vigencia y efectos. suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. 3º.. proporcionalidad o progresión. 59º. o con la administración financiera o presupuestaria del Estado. 2º. suprimir. Art. Art.. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación. establecer exenciones o modificar las existentes. asimismo. en caso alguno. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley. restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores.Imponer.. Corresponderá. el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido. En ejercicio de esta facultad. podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables. Corresponderá al Gobierno la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. de los gobiernos regionales o de las municipalidades. sean fiscales. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. y 37 .
rentas y cualquiera otra clase de emolumentos. modificación o derogación de las leyes orgánicas constitucionales. de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados. disminuir o rechazar los servicios. La Asamblea Nacional sólo podrá aceptar. beneficios. modifiquen. modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los congresistas en ejercicio. 38 . préstamos. intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. 5º. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. tanto del sector público como del sector privado. modificar. emolumentos. Las normas legales de quórum calificado se establecerán. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Gobierno.condonar. para su aprobación de las tres quintas partes de los congresistas en ejercicio. interpreten o supriman preceptos constitucionales necesitarán. jubilaciones. y 6º.Fijar. en su caso. pensiones..Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella. montepíos. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de la Asamblea Nacional. 61º. reducir o modificar obligaciones.. conceder o aumentar remuneraciones. préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío. empleos. como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado.. Art. Las normas legales que establezcan. aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. Mismo quórum requerirá la aprobación. 4º.
quien. al mismo tiempo. Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto. previo informe de los organismos técnicos respectivos. Art. dentro del término de treinta días. La Asamblea Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. regirá el proyecto presentado por el Gobierno. El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. corresponderá exclusivamente al Gobierno. el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación. Si la fuente de recursos otorgada por la Asamblea fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe. las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos. a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. No podrá la Asamblea aprobar ningún nuevo gasto sin que se indiquen. 39 . el Presidente de la República. previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso. refrendado por la Contraloría General de la República. al promulgar la ley. 62º. si también lo aprueba. deberá reducir proporcionalmente todos los gastos. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley. Si la Asamblea aprobara las observaciones. salvo los que estén establecidos por ley permanente. y si la Asamblea no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación.Art. dispondrá su promulgación como ley. lo devolverá a la Asamblea con las observaciones convenientes. 63º. cualquiera que sea su naturaleza. Aprobado un proyecto por la Asamblea será remitido al Presidente de la República.
Art. Gobierno y Administración Regional 40 . La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 66º. Art. no habrá ley en los puntos en discordia. se devolverá al Presidente para su promulgación. contados desde la fecha de su remisión. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO Art. contados desde que ella sea procedente. el territorio de la República se divide en regiones. así como la fijación de las capitales de las regiones. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días. supresión y denominación de regiones y comunas. 64º. y en tal caso. se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.Si la Asamblea desechara todas o algunas de las observaciones e insistiere en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas. El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto. CAPÍTULO VI. Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días. Para el gobierno y administración interior del Estado. La creación. serán materia de ley orgánica constitucional. la Asamblea deberá calificarla en conformidad a la ley orgánica constitucional de la Asamblea Nacional. de acuerdo al quórum propio de la ley. la modificación de sus límites. la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. 65º. y éstas en comunas. Si la Asamblea rechaza las observaciones o no alcanza el quórum para insistir.
La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades. cultural y económico de ella. con posibilidad de ser reelegido inmediata por una sola vez. Art. El Consejo regional será elegido por votación directa en un sistema electoral proporcional. quien será elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales. Al Gobierno Regional le corresponde la administración superior de la región. Para el ejercicio de sus funciones. cada cuatro años. ajustados a la política nacional de 41 . 67º.Art. El Presidente de la República propondrá al Consejo Regional el nombre del Intendente dentro de uno de sus miembros. las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones. encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende. 70º. El intendente presidirá el consejo regional y le corresponderá la coordinación. 68º. durante cuatro años. Los consejeros regionales sólo podrán ser elegidos hasta por tres períodos consecutivos. la que tendrá por objeto el desarrollo social. resolutivo y fiscalizador. el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio. dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional. El gobierno regional reside en un Intendente y en el Consejo Regional. Art. Art. El consejo regional será un órgano de carácter normativo. 69º. supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a la Constitución. Corresponderá al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional.
gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia. La ley deberá determinará las formas de en que se descentralización de la administración del Estado. regulará los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales. sobre la base de la propuesta que formule el intendente. Art. Asimismo. 71º. La Ley de Presupuestos de la República contemplará. tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes.desarrollo y al presupuesto de la República. Art. con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional. también establecerá. 72º. como al interior de ellas. así como Sin perjuicio de lo anterior. Para el gobierno y administración regional interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo económico. asimismo. A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios. resolverá la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional. así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la República. con las excepciones que procedan. en lo referente a la distribución de los recursos públicos. la desconcentración regional de los ministerios y de los servicios públicos. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio. dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine. social y cultural territorial armónico y equitativo. Asimismo. podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública en la 42 . incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones.
respectiva región o en el conjunto de regiones que convengan en asociarse con tal propósito. Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. y por el concejo municipal. cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico. en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva. la cultura y el 43 . La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público. social y cultural de la comuna. 74º. Asimismo. que es su máxima autoridad. Art. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares. la que estará constituida por el alcalde. El Alcalde durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegidos hasta en dos elecciones consecutivas. 73º. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales. Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva. La administración local de cada comuna reside en una municipalidad. podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte. Administración Comunal Art. Los alcaldes. con personalidad jurídica y patrimonio propio. podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. 76º. en conformidad con la ley. del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos. Art. unidades vecinales. El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde. La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia. o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Art. 77º. resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden. 75º.deporte. servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades. Dentro de las municipalidades podrán establecerse. con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana. La participación municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional. En todo caso. 44 . será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta en dos elecciones consecutivas. en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. Art. ejercerá funciones normativas. Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo. La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios.
La ley establecerá los ámbitos de competencia y la coordinación con Municipios y gobiernos regionales. La Ley de Presupuestos de la República podrá asignarles recursos para atender sus gastos. Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Art. determine la ley orgánica constitucional de municipalidades. a iniciativa exclusiva del Presidente de la República. concejal o alcalde mayor. La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios. Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que. consejero regional. así como el mecanismo para elegir al Alcalde Mayor. Las municipalidades. Disposiciones Generales Art. 81º. se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio. como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley. para el cumplimiento de sus funciones. Ningún tribunal procederá criminalmente contra un intendente sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formación de causa. podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones. 78º. sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. así como entre los municipios y los demás servicios públicos Las Alcaldías Mayores tendrán atribuciones respecto a los problemas comunes en ciudades compuestas por dos o más municipios. 80º. 79º. Para ser elegido intendente. Estos cargos serán incompatibles entre sí. 45 . Art. alcalde. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal.Art. tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.
46 . 82º. Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado. consejeros regionales y concejales. La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales. Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de intendentes. regionales y comunales. Asimismo. Art. alcaldes mayores. alcaldes. Disposiciones Especiales Art. designados de la siguiente forma: a) Tres designados por el Presidente de la República. 86º. 85º. CAPÍTULO VII. establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional. Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. así como entre el alcalde y el concejo. Art. c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros. nominados por el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. 83º. b) Cuatro elegidos por la Asamblea Nacional.Art. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Art. 84º. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.
5º. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. ocho miembros y en el segundo de. el quórum para sesionar será de.haberse destacado en la actividad profesional. Art. 9º y 11º del artículo siguiente. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos. de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas. salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. funcionamiento. 8º. a lo menos. Art. procedimientos y fijará la planta. se procederá a su reemplazo por quien corresponda. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución. a lo menos. En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo. En el primer caso. régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. y no podrán ejercer la profesión de abogado. 4º. 88º. incluyendo la judicatura. Una ley orgánica constitucional determinará su organización. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones. no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1º. las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. 47 . 3º. 87º. antes de su promulgación. cuatro. 6º. de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado. 2º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema. 7º. podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría. universitaria o pública.
la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. 7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio. resulte contraria a la Constitución. si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo.3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. el acuerdo de la Asamblea nacional adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. Sin embargo. 10º Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional. como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad. la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial. además. 6° Resolver. la referida declaración requerirá. 11° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos. cuya sentencia sea contraria a los preceptos de la Constitución. por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y a requerimiento de parte. 48 . sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. cuando sea requerido por el Presidente. 4º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. 5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito. los recursos de inconstitucionalidad de las sentencias que sean formulados por los litigantes en un juicio. 9º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. 8º Resolver. por la mayoría de sus miembros en ejercicio.
podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial. Asimismo. 16º Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos descritos en la Constitución y pronunciarse sobre su renuncia al cargo. En el caso del número 3º. permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. 14º Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado. y 17° Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos. el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República. En el caso del número 1º. de la Asamblea Nacional o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. la Asamblea Nacional enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por dicha instancia. cualquiera sea el vicio invocado. incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato de la Constitución. siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por la 49 .12º Informar a la Asamblea Nacional en los casos descritos por la Constitución. cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado. 15º Pronunciarse sobre las inhabilidades. que no correspondan a la Asamblea Nacional. el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República. En el caso del número 2º. 13º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. de la Asamblea Nacional o de diez de sus miembros. o desde la primera actuación del procedimiento penal.
la cuestión podrá promoverse a requerimiento de la Asamblea Nacional. en caso alguno. el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo. También podrá ser promovida por la Asamblea Nacional o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial. que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto. la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. En el caso del número 6º. cuando ésta fuera procedente. pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido. sin ulterior recurso. En el caso del número 5º. En el caso del número 4º. la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para la realización del plebiscito. que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 50 . Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días. salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República. dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados. contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento. después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación. El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto.Asamblea Nacional y.
Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 11º y 14º de este artículo. 51 . Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad. promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de la Asamblea Nacional. En el caso del número 13°. el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio. En el caso del número 15º. En el caso del número 7°. si en el caso del número 11º la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo.requisitos que establezca la ley. el requerimiento deberá formularse por la Asamblea Nacional o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad. Si el Tribunal acogiera el reclamo. la cuestión podrá promoverse por la Asamblea Nacional o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Sin embargo. dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. En los casos del número 9º. una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal. sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. en el caso de que se ejerza la acción pública. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el caso del número 12º. conforme al número 6° de este artículo. el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.
12º y 14º. de su admisibilidad. el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2. se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación. se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley. Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno. DEL PODER JUDICIAL 52 . cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario. No obstante. En los casos de los numerales 11º. el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho. de un decreto con fuerza de ley. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento. con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 11º. 14º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte. el mismo Tribunal. conforme a la ley. sin perjuicio de que puede. Art. asimismo. de un decreto supremo o auto acordado. 4 ó 7 del artículo 93.En el caso del número 17º. CAPÍTULO VIII. en su caso. 89º. como. la que no producirá efecto retroactivo. corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso. el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de la Asamblea Nacional efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso del Nº 17º.
Las personas naturales o jurídicas que no fueran parte en el pleito. tanto de derecho escrito como de equidad. Todos los crímenes serán juzgados por medio de un jurado y el juicio de que se habla tendrá lugar en el en que el delito se haya cometido de conformidad a la ley. de las leyes y de los tratados internacionales ratificados por Chile. Tendrá. que surjan como consecuencia de esta Constitución. pueden presentarse en cualquier grado jurisdiccional en calidad de Amigo del Tribunal (amicus curiae). 53 . en todas las controversias que se relacionen con embajadores. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos con arreglo a la Constitución y a las leyes. autonomía financiera. Su presupuesto será presentado por el Presidente de la Corte Suprema en base a planes de cuatro años. conforme a la ley. Los daños causados por error judicial. otros ministros públicos y cónsules. así como los que sean consecuencia de falta de servicio de la Administración de Justicia. 90º. Art. en todos los procesos judiciales en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general . 92º. 93º. El procedimiento será predominantemente oral. Las actuaciones judiciales serán públicas. 91º. El Poder Judicial entenderá en todas las controversias. El Poder Judicial es autónomo de toda otra autoridad u organismo del Estado. con las excepciones que establecen las leyes de procedimiento. darán derecho a una indemnización a cargo del Estado. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. los que deberán ser patrocinados por el Presidente de la República y aprobados por la Asamblea Nacional por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Art.Art. Art. Ningún delito se castigará con otra pena que no haya sido fijada previamente por ley. asimismo.
de conformidad con la ley. comunitarios. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces y funcionarios. mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Magistratura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción. 3. 4. que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. 2. diálogo. en su caso ordenar la suspensión. tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. 54 . 5. Art. Ejercer facultades disciplinarias sobre jueces y funcionarios del poder judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular. de los jueces de todas las instancias y de los abogados colegiados.. 95º. asimismo. Art. en el número y la forma que indique la ley orgánica respectiva . Los jueces de paz serán elegidos por su comunidad. 96º. El Consejo Nacional de la Magistratura. que sean sometidos a su jurisdicción. Será integrado. acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones. por otras personas del ámbito académico y científico. de acuerdo con la ley. Las jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad. para el nombramiento de los jueces de los Juzgados y Tribunales. Serán sus atribuciones: 1. vecinales y contravenciones. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a los Juzgados y Tribunales. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. y formular la acusación correspondiente. 94º. Emitir propuestas en ternas vinculantes.Art. Los jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación.
los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y. De igual manera. 97º. 98º. en su caso. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número de miembros en ejercicio . ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y DEFENSOR DEL PUEBLO Ministerio Público. salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa. con el nombre de Ministerio Público. las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura.6. Art. dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. requerirán de aprobación judicial previa. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. en su caso. CAPÍTULO IX. justicia o legalidad. Art. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. 55 . La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento. jerarquizado. Un organismo autónomo. o lo restrinjan o perturben. oportunidad. Sin embargo.
Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto respecto de los Jueces en lo relativo al tope de edad. 99º. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República. señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos. repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. en los casos que tengan a su cargo. la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público. a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo de la Asamblea Nacional adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente. Defensoría Pública. 56 . Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. Art. 100º.Art. social o cultural. Art. en lo no contemplado en la Constitución. 101º. La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que. en sesión especialmente convocada al efecto. El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado. La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública. por su estado de indefensión o condición económica. El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República.
La forma de elección se realizará conforme a la Constitución y la ley. La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa.La defensoría pública prestará un servicio legal. Un organismo autónomo. Art. velará por la promoción y tutela de los de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República. con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes . en todas las materias e instancias. La Defensora Pública o Defensor Público General reunirá los siguientes requisitos: 1. cuando ejerzan actividades de servicio o utilidad pública. Rendirá informe anual a la Asamblea Nacional. Art. 105º. 2. 102º. económica y financiera. estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos. El Defensor Público desempeñará sus funciones durante ocho años y no podrá ser reelegida o reelegido. Defensor del Pueblo Art. 3. oportuno. con el nombre de Defensoría del Pueblo. Art. técnico. 104º. Tener título de abogado y conocimientos en gestión administrativa. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado. eficiente y gratuito. en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas. 103º. Ser chileno y estar en goce de los derechos políticos. le corresponderá asumir la defensa de aquellos derechos que tengan impacto colectivo o involucren a una pluralidad de 57 . o de particulares. Sin perjuicio de la facultad de otros órganos. la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años. materiales y condiciones laborales equivalentes a las del Ministerio Público. ante actos u omisiones de la Administración del Estado.
estarán obligados a proporcionar la información solicitada. de oficio o a petición de parte. CAPÍTULO X. Los órganos de la Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública. opiniones. en su caso. 106º. Además podrá instar al Estado a solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana. en relación con los tratados internacionales de protección. a la luz de lo dispuesto en el inciso precedente. 107º. Art. en relación con derechos y garantías de las personas. 58 . Podrá también ejercer las acciones o recursos que correspondan para tutelar los derechos y garantías a que se refiere el inciso primero. recomendaciones. las que serán públicas y serán remitidas a las respectivas autoridades. informes y evaluaciones sobre las políticas públicas. en virtud de una terna elaborada por una comisión unida compuesta por igual numero de Diputados pertenecientes a las Comisiones de Constitución y Derechos Humanos. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. podrá realizar tareas de mediación entre las personas afectadas y los órganos e instituciones responsables que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública. La Constitución y los órganos que ella establece velarán por una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos de la administración y gobierno. cuando ejerzan actividades de servicios o utilidad públicas. Podrá iniciar y proseguir. El Defensor del Pueblo será elegido por las tres quintas partes de los representantes en ejercicio. cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos u omisiones de la Administración del Estado y de particulares. en sesión especialmente convocada al efecto.individuos. De igual manera. Asimismo a fin de tutelar los derechos de las personas podrá formular sugerencias.
al que se incorporarán. 112º. transparencia. el sufragio será personal. por el solo ministerio de la ley.El pueblo ejerce la soberanía a través de las elecciones y consultas ciudadanas. El resguardo del orden público durante los actos electorales y consultas ciudadanas corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley. regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y las consultas ciudadanas. 59 . 108º. 111º. Es responsabilidad del Estado contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con los valores de la democracia y los derechos humanos. La ley garantizará la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos. Dicha ley establecerá un sistema de financiamiento. En las votaciones populares. Art. 109º. fiscalizan los actos de administración y gobierno. velará porque en el sistema educacional primario y secundario se inculque el compromiso de aquéllos con la República y sus instituciones. bajo la dirección del Servicio Electoral. los ciudadanos. Para ello. Art. Art. El poder constituyente reside en el pueblo. La ley orgánica constitucional contemplará un sistema de registro electoral. 110º. Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y consultas previstas en esta Constitución. límite y control del gasto electoral. Art. Asimismo. Art. a través de las normas que garantizan la transparencia en la Administración Pública. secreto y voluntario. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento. igualitario. quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. Habrá un sistema electoral público.
La consulta ciudadana puede referirse a distintos temas. El quórum de aprobación de las consultas es de cincuenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos. 114º. Las elecciones y consultas tendrán lugar los días domingo. caso en el cual cada asunto consultado será considerado individualmente. La consulta ciudadana propiamente tal no tiene valor vinculante. salvo que se trate de asuntos condicionados o interrelacionados. previamente autorizada por el Congreso Nacional. 116º. salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes. sin perjuicio que nuevas tecnologías permitan establecer otro período de votación. en tanto verse sobre temas propios de la labor de esos gobiernos. Art. la que se hará con la publicidad debida y dando a conocer 60 . el que será convocado por el Presidente. como regional y municipal. En consecuencia. La consulta ciudadana puede tener el carácter de tal. salvo a nivel regional y local. Art. Se podrá consultar a la ciudadanía por los más diversos temas de interés público. Para efectos de la contabilización de votos en elecciones y consultas. 113º. La consulta ciudadana no podrá tener lugar antes de sesenta días ni luego de noventa días de la convocatoria. Las decisiones políticas en materias de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadano. o bien consistir en un plebiscito o en un referéndum revocatorio. mediante propuesta del Vicepresidente.Art. y siempre que haya concurrido a la misma un número de electores y electoras igual o superior al cincuenta por ciento de los inscritos. Art. todos los plazos de días establecidos para celebrar éstas. 115º. los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. tanto a nivel nacional. se entenderán prorrogados para el siguiente día domingo.
salvo que se trate de asuntos condicionados o interrelacionados. Art. cada una de ellas será considerada y votada individualmente. partidos políticos y sociedad civil. El plebiscito tiene por objeto consultar a la ciudadanía sobre materias propias de una reforma constitucional y tendrá carácter nacional y vinculante . procedimientos y efectos de éstas. un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria a un referendo para revocar su mandato. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. 120º. 61 . El plebiscito puede ser convocado por el Presidente de la República y por los ciudadanos a través de iniciativa popular. lo que requerirá un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 119º. Tendrá asimismo esta atribución en el caso que. de acuerdo a lo que establezca una ley orgánica constitucional. Art.cada una de las propuestas y garantizando espacios de participación a los ciudadanos. Art. El Presidente podrá convocar a plebiscito cuando sea aprobada una norma de rango constitucional por la Asamblea Nacional. En caso que el plebiscito se refiera a distintas normas o materias. 118º. Transcurrida la mitad del período por el cual fue elegido el funcionario o funcionaria. Art. ésta lo rechazare. la que además regulará la forma. La iniciativa popular requerirá un número no inferior al veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en los registros electorales. 117º. La consulta ciudadana puede ser convocada a requerimiento de las autoridades competentes y de los ciudadanos a través de iniciativa popular. presentado un proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional. En caso de iniciativa popular para consultas y plebiscitos se requerirá que los ciudadanos presenten una propuesta específica a ser considerada.
122º. Dicho Tribunal conocerá. resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma: a) Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema. por la mayoría absoluta de sus miembros. CAPÍTULO XI.Si el cincuenta por ciento más uno del número de electores y electoras. Un tribunal especial. de los plebiscitos. y tendrá las demás atribuciones que determine la ley. el que será elegido por sorteo. elegidos por ésta en votaciones sucesivas y secretas. y siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al cincuenta por ciento de los electores y electoras inscritos. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados y sus miembros se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley electoral. 121º. hubieren votado a favor de la revocatoria. conocerá el escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República y de representantes. JUSTICIA ELECTORAL Art. Art. c) Un ex presidente de la Asamblea Nacional que haya ejercido el cargo por un lapso no inferior a dos años. que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones. 62 . b) Un abogado elegido por la Corte Suprema en la forma señalada precedentemente y que reúna los requisitos para ser juez. asimismo. se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato al reemplazo de conformidad a lo dispuesto en la Constitución.
Los miembros de este Tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las mismas inhabilidades que a los miembros del Tribunal Constitucional. y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años. 123º. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. elegido por ésta. 125º.Las designaciones a que se refieren las letras b) y c) no podrán recaer en personas que sean parlamentario. Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador. Asimismo. ni dirigente de partido político. Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento. así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Art. les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale. Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. ministro de Estado. El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho. 63 . Art. Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende. candidato a cargos de elección popular.
En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma instancia. caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Asamblea Nacional. se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales. 128º. será inamovible en su cargo y cesará en él al cumplir 75 años de edad. Art. 127º. pero deberá darles curso cuando. el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Art. Art.Art. deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer. Anualmente. a pesar de su representación. examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades. CAPÍTULO XII. el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros. En el ejercicio de la función de control de legalidad. 126º. remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley. 64 . y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. cuyas plantas. fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco. 129º. El Contralor General de la República será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la Asamblea Nacional adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. en conformidad a la ley. llevará la contabilidad general de la Nación. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración. de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes.
además. 65 . y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días.Corresponderá. el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir. 131º. la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército. al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley. a fin de que éste resuelva la controversia. asimismo. constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. CAPÍTULO XIII. Los pagos se efectuarán considerando. Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago. 130º. debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. la organización. Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley. Art. el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional. En lo demás. Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente. DE ORDEN Y SEGURIDAD Art. a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado. en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. FUERZAS ARMADAS. o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución.
como cuerpos armados. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional son además profesionales.garantizar el orden público y la seguridad pública interior. durarán cuatro años en sus funciones. Art. no podrán ser nombrados para un nuevo período. 66 . Art. son esencialmente obedientes y no deliberantes. de la Armada. Las Fuerzas Armadas y Carabineros. jerarquizadas y disciplinadas. 134º. que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos. El Presidente de la República es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. sin autorización otorgada en conformidad a ésta. en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. de la Fuerza Aérea y de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad. en calidad de Comandante en Jefe de todas ellas. Art. Art. El Alto Mando del Ejército. El Presidente de la República podrá remover a los integrantes del Alto Mando. Ninguna persona. grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado. 132º. Art. Art. 137º. de Orden y Seguridad. con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. El Ministerio encargado de la Defensa Nacional o un organismo de su dependencia ejercerá la supervigilancia y control de las armas en la forma que determine la ley. 133º. 136º. 135º.
ni adquirir documentos emitidos por el Estado. 139º. previsión. sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 67 . de carácter técnico. las normas básicas referidas a la carrera profesional. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras. funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. organización. sean públicas o privadas. mando. Art. Con todo. ascensos y retiros en Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica. ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Existirá un organismo autónomo. Art. 138º. antigüedad. con patrimonio propio. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. el Banco Central podrá obtener. en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente. otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas. El ingreso. en caso de guerra exterior o de peligro de ella. así como. Los nombramientos. los nombramientos. 141º. denominado Banco Central. El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas. instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. incorporación a sus plantas. cuya composición. CAPÍTULO XIV. la que determinará las normas básicas respectivas.Art. BANCO CENTRAL Art. sus organismos o empresas. 140º. se efectuarán por decreto supremo. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía.
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