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Timestamp: 2020-06-05 00:28:28+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 693, de 18/12/2018
cve: DSCD-12-CO-693
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 693
- Sobre cogeneración en el sector cerámico. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000578) ... (Página2)
- Sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de agua entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000667) ... (Página6)
- Sobre el apoyo al sector del carbón y a las comarcas mineras. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000788) ... (Página10)
- Sobre eficiencia energética en edificios. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001285) ... (Página15)
- Relativa al desarrollo de un modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002451) ... (Página19)
- Sobre la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003176) ... (Página23)
- Sobre medidas para evitar la electrocución de aves en torres eléctricas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003237) ... (Página26)
- Sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003792) ... (Página29)
- Relativa al impulso de regeneración de las playas de la Llana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002401) ... (Página32)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión, dedicada hoy exclusivamente a proposiciones no de ley, tal y como se acordó en la Mesa. Recordaré a sus señorías que las intervenciones, como en la anterior sesión de la Comisión, semejante a esta, serán de cinco minutos para el proponente como máximo y tres minutos para quienes presenten enmiendas o fijen posición. Ello es orientativo y confío en que ninguno supere ese tiempo, y así acabaremos antes.
Se me propone por parte del Grupo Popular, por cuestiones de intendencia del propio grupo, que la PNL relativa al impulso de regeneración de las playas de la Llana se pueda llevar al final de la sesión. Parece que el portavoz lo ha comentado con los distintos grupos. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa). Así pues, el punto 5.º pasa al final del orden del día, al punto 9.º
- SOBRE COGENERACIÓN EN EL SECTOR CERÁMICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000578).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos con el punto 1.º del orden del día, proposición no de ley sobre cogeneración en el sector cerámico. El proponente es el Grupo Parlamentario Mixto, y para su defensa tiene la palabra la señora Sorlí. Bienvenida a esta Comisión, porque creo que no pertenece a ella.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señor presidente, así como al resto de los grupos por permitirme defender esta proposición no de ley.
La verdad es que, acerca de cuando nos referimos a políticas energéticas, en los últimos años vemos cómo las diferentes reformas han ido alimentando y apoyando a la industria tradicional energética y, por tanto, a los monopolios y oligopolios que mantenían la manera tradicional de generar energía. En los últimos años se ha apostado de una manera clara por el beneficio de las grandes empresas, que además en una gran mayoría generan energía de fuentes primarias o más contaminantes. A través de las políticas del Partido Popular hemos asistido a la reversión de todas las políticas energéticas que se fueron desarrollando a lo largo de los años y que apostaban por un cambio energético y generar energías más limpias, y la cogeneración es un claro ejemplo de ello. La cogeneración es un sistema consistente en reutilizar la energía que se produce, y las empresas azulejeras de Castellón son una clara muestra. Para su producción utilizan hornos de calor, un calor que se puede perder o reconvertir en energía para las propias empresas. Incluso, algunas de ellas conseguían aportar a la red pública parte de esa energía reconvertida. Esto hacía que la cogeneración y la inversión en las plantas de cogeneración fuera rentable para las empresas, conseguía que invertir para reconvertir el calor producido como energía fuera rentable, por una parte mejorando el precio del producto cerámico y, por otra, reduciendo drásticamente tanto las emisiones como la necesidad de consumo energético proveniente de otras fuentes. El calor, como la propia industria indica, es inherente a la producción cerámica, y, por tanto, se va a producir sí o sí, de modo que podemos dejarlo perder o reutilizarlo y convertirlo en energía. Pero frente a este beneficio empresarial que producía la cogeneración, el Gobierno del Partido Popular decidió una y otra vez beneficiar a las multinacionales eléctricas, en lugar de apostar por la reutilización energética. Por tanto, a partir de 2012 se empiezan a cambiar las reglas del juego de la cogeneración, hasta conseguir que sea más económico comprar energía que reutilizarla. Se ha tendido a mantener los chiringuitos de energías contaminantes y oligopolios, en vez de apostar por beneficiar a las plantas de cogeneración que recuperaban su propia energía para reconvertirla.
La empresa cerámica concentra casi la totalidad de la producción española en las comarcas de Castellón, especialmente en la Plana Alta y la Plana Baixa, que cada día se ven más despobladas y
prácticamente viven del empleo temporal en sectores de la agricultura y el turismo. Por eso, un sector industrial como el de la cerámica resulta importantísimo para nuestra existencia, un sector que genera más de 15 000 puestos de trabajo directos e infinidad de puestos indirectos, un sector que realizó las inversiones necesarias para reducir su impacto medioambiental, que se esforzó por ser competitivo. Pero el Partido Popular decidió que había que apretar dos vueltas de tuerca más e imposibilitar la competitividad que proporcionaba la cogeneración. Por eso, una vez más, con el cambio de Gobierno, solicitamos apostar por el sector industrial cerámico, apostar por la reutilización de la energía que este sector produce, recuperar los parámetros retributivos que hacían rentable la cogeneración, impulsar la renovación de las plantas de cogeneración actuales y garantizar, por tanto, el ahorro de energía primaria. Tenemos graves problemas medioambientales -todo el mundo lo sabemos-, necesitamos con urgencia reducir las emisiones y ahorrar en consumo de energía primaria. La ciudadanía lo reconoce y los propios partidos políticos lo reconocemos y hacemos infinidad de tratados internacionales para trabajar en este sentido, y, sin embargo, las políticas hasta el día de hoy se han quedado cortas. Esta proposición no de ley es tan solo un pequeño paso, un paso más para conseguir mejorar nuestra situación y evitar que otra vez ganen los de siempre. Remitamos las políticas nefastas sobre energía de los últimos años, recuperemos el camino de la reducción de emisiones y del ahorro energético, lo que necesariamente también ha de pasar por tener valentía y recuperar las reglas del juego que tenía la cogeneración al inicio de su normativa e inversión por parte de las industrias.
Hay dos grupos enmendantes. En primer lugar, en nombre del Grupo Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Ballester.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
El sector cerámico es uno de los principales núcleos industriales de la Comunidad Valenciana y, especialmente, de Castellón, donde afecta a casi 20 000 familias directa o indirectamente. Más del 90 % de la producción de azulejo en España se concentra en Castellón. Somos el primer productor de Europa y el segundo exportador del mundo. Además, es una industria innovadora y con mucha capacidad de crear tejido económico local. ¿A qué dificultades se enfrenta esta industria? Especialmente a una relacionada con el precio de la energía. Justamente leíamos ayer en la portada de varios periódicos valencianos que las azulejeras pagarán este año 54 millones de euros más en la factura del gas y la electricidad, un 13 % más que en 2017. ¿Cómo se mantiene entonces la competitividad de esta industria? ¿Bajando salarios? Los trabajadores del sector han sufrido mucho las consecuencias de la crisis. No es el momento de seguir bajando salarios y pensamos que ese no es el modelo de industria que necesita este país.
La propuesta que tratamos hoy aborda, por tanto, una cuestión fundamental. La cogeneración produce más del 10 % de la electricidad en España, permite reducir emisiones contaminantes, favorece la energía distribuida y presiona a la baja el precio de la electricidad, afectando a la pequeña y mediana empresa y también a todas las personas y familias consumidoras en su recibo de la luz. Además, supone una fuente de creación de empleo y ayuda a fortalecer la industria española. En los últimos meses se ha puesto de manifiesto una demanda histórica del sector, un problema del sector, y es que hay que evitar el cierre de más de cincuenta centrales que deberían cerrar entre 2018 y 2019. En ese sentido, el reciente Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, corrige en parte este problema de la cogeneración en España permitiendo que las cogeneraciones que después de 2018 se quedaran sin retribución y se vieran obligadas a cerrar tengan dos años más de vida útil, una medida necesaria pero, a nuestro entender, muy insuficiente, un parche que pone el Gobierno ante la falta de estabilidad retributiva de la cogeneración en España, una medida insuficiente además porque no aporta una solución duradera, ya que en cinco años el final de vida útil afectará no a cincuenta sino a doscientas cincuenta plantas y todavía no conocemos el plan integrado de energía y clima, que debería contener el desarrollo del sistema eléctrico y gasista que permita la competitividad de la industria española y, en este caso, de la industria azulejera de Castellón. No olvidemos a qué nos enfrentamos. Recordemos las amenazas de cierre de Alcoa y Vestas, recordemos los más de quince temporales que han afectado a la industria cerámica de Castellón. Es un problema crucial, que toca el modelo de industria que queremos y el sistema productivo que queremos. El coste de la electricidad en nuestro país evidentemente es un problema para la competitividad de las industrias y para las familias, es el resultado
de siete años de desatención por parte del Partido Popular, que ha dejado un rastro de devastación en un sector esencial para la soberanía de España, creador de empleo y de tejido económico local. Esta PNL puede ser un primer paso -esperemos que el Gobierno la escuche- y nosotros, por supuesto, la vamos a apoyar.
A continuación, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Quintana Martínez.
El señor QUINTANA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Las empresas de cogeneración crecen al 8 %, el doble del crecimiento del resto del sector industrial, y es una industria significativa, porque las industrias con cogeneración aportan el 20 % del PIB industrial, lo que pone de manifiesto que la cogeneración aporta competitividad en términos de actividad, exportaciones y empleo. A esta situación se ha llegado a pesar de la dura crisis económica y a las políticas energéticas del anterior Gobierno. La cogeneración está especialmente desarrollada en países industrializados que siguen apostando por incrementar su uso gracias a su continua evolución tecnológica y está reconocida por todos los estamentos europeos como una tecnología clave en el presente y futuro para la generación eficiente de energía, para la acción climática y para la competitividad de la industria europea. Ahora, eso sí, el nuevo reto es conseguir la descarbonización de la economía, de los procesos de producción y asumir la necesaria transición energética, de forma que se convierta en una oportunidad, no en un aumento de costes inasumible, y todos coincidimos en este principio por el cambio para conseguirlo, aunque no está tan claro.
Estamos hablando de algo más que de la electrificación de la economía y el transporte, como a veces se resume. No todo se puede electrificar a corto plazo, y la generación de calor industrial es un buen ejemplo. Estamos en un momento oportuno para destacar el papel que la cogeneración debe jugar en la descarbonización de nuestra economía, la contribución al ahorro de energía primaria y emisiones de CO2 mediante energía distribuida, que aporta estabilidad y competitividad. De aquí a 2025 el 40 % del parque se enfrenta al final de su vida útil y es necesario establecer un marco que ofrezca a las empresas estabilidad y certidumbre sobre la evolución de costes energéticos. Debemos aprovechar el presente ciclo de crecimiento para realizar las inversiones tantas veces propuestas y que permitirían mejorar la competitividad del sector. La prioridad es enviar señales claras de futuro para que las empresas puedan programar la renovación de su cogenerción, además de posibilitar el desarrollo del potencial económicamente viable de nuevas plantas en el horizonte hasta 2030.
En estos ambiciosos retos y objetivos del periodo 2030-2050, sin duda la cogeneración debe ser una aliada de la transición energética y la descarbonización, y es por ello que este Gobierno está apostando fuerte por la cogeneración energética. Somos conscientes del retraso que supuso el Real Decreto 1/2012, que puso a todas las tecnologías renovables en moratoria. En ese momento se paró el reloj de su desarrollo en España, pero no en el resto del mundo. Por eso, en el poco tiempo que llevamos gobernando ha actuado este Ejecutivo, y es por ello que desde el pasado viernes, 7 de diciembre, en el Real Decreto-Ley 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y del comercio en España, se prorroga en un periodo de dos años la vida útil regulatoria en que las plantas de cogeneración de alta eficiencia pueden percibir la retribución a la operación correspondiente a su instalación, tipo de acuerdo y régimen retributivo específico.
El señor QUINTANA MARTÍNEZ: Asimismo, el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética contempla el desarrollo de nuevos instrumentos para el fomento de la generación energética mediante cogeneración de alta eficiencia, de acuerdo a procedimiento de concurrencia competitiva.
Por lo tanto, este grupo parlamentario comparte el interés de esta PNL presentada por Compromís y estamos trabajando en una transaccional, que esperemos que llegue a buen término.
A continuación, pasamos al turno de fijación de posición.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). No hay ningún portavoz.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Tampoco.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias.
Estamos hoy aquí para hablar de industria y cogeneración o, lo que es lo mismo, para hablar de eficiencia energética. Ciudadanos pensamos que la cogeneración tendrá un papel clave en toda esta transición energética, pero es cierto que en lugar de debatir tecnología por tecnología se debería hacer dentro del marco del plan de transición energética y establecer entre todos hacia qué modelo queremos ir. Como digo, la cogeneración es clave para la supervivencia de gran parte de nuestra industria, en este caso de la cerámica, y por eso es necesario acometer las modificaciones normativas que sean necesarias y garanticen la renovación de gran parte de los ciclos instalados y que aún están pendientes. La supervivencia de la industria, máxime con las noticias sobre el cierre de distintos centros en nuestro país, es clave por los puestos de trabajo que crea, pero, sobre todo, si hablamos de un futuro energético, en este caso halamos de reducción de energía primaria, como decía la portavoz, y también de eficiencia energética y reducción de las emisiones. Cuando tenemos tecnologías que son eficientes y estamos en un momento tan relevante como el actual en cuanto a transición energética, utilizarlas, desarrollarlas y apostar por que formen parte de toda esta transición es muy importante para mantener la industria en esa zona, para mantener esos puestos de trabajo.
Por eso, pensando en nuestro futuro energético, nos posicionamos a favor y votaremos afirmativamente esta iniciativa.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Herrero.
El señor HERRERO BONO: Muchas gracias, señor presidente.
El grupo de Compromís presenta esta proposición no de ley sobre la cogeneración del sector cerámico, un sector muy importante para la industria española, que, como se ha dicho, se encuentra fundamentalmente en la provincia de Castellón y da trabajo a más de 15 000 trabajadores; un sector que, al igual que otro tipo de industrias, como la química y papelera, utiliza el calor para reducir los consumos energéticos y aumentar su competitividad. Desde el Grupo Popular somos conscientes de la grave situación que ha atravesado el sector por multitud de razones, pero, señorías, señorías de Unidos Podemos, hay que recordar que fue nuestro Gobierno el que tuvo la gallardía y la valentía de afrontar una situación límite en materia económica, energética, política y social a finales de 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular recibió un sistema eléctrico totalmente quebrado, un sistema con un déficit de tarifa de más de 26 000 millones de euros, un sistema en el que, de no haber tomado ninguna medida el Gobierno del Partido Popular por aquel entonces, el agujero económico crecía a razón de más de 5000 millones de euros. La implantación de tecnologías inmaduras por parte del presidente Zapatero, con unas primas exageradas y muy caras para los consumidores, hizo subir el precio de la energía de forma desorbitada. Cabe recordar que entre los años 2004 y 2011 el recibo de la luz subió más de un 47 %, y, fruto de ello, más de 177 000 empresas españolas tuvieron que cerrar por falta de competitividad y más de 3,5 millones de trabajadores fueron a la calle, muchos de ellos en el sector cerámico, pero también en otros sectores y tipos de industria en España. Por ello, al Gobierno del Partido Popular no le quedó más remedio que realizar grandes reformas dentro del sector eléctrico para cuadrar esas cuentas, unas reformas que para los españoles y nuestras empresas tuvieran menos costes energéticos, se garantizara la estabilidad y la sostenibilidad financiera y operativa de nuestro sistema energético y aquellos no sufrieran un incremento en su factura. Lástima que hoy, a petición a la Unión Europea por parte del presidente Sánchez, el presidente Macron y el portugués Costa, los pagos por emisiones de CO2 están ya a más de 20 euros, lo que hace que el coste del megavatio esté otra vez en precios récord. Señorías, solo en los años 2012 a 2015 el precio de la factura se redujo en más de un 12 %, congelándose la parte regulada de la factura. Fueron unas reformas las del Gobierno del Partido Popular que equilibraron el déficit de tarifa. Lamentablemente, el pasado día 11 de diciembre ya se nos anunció que vuelve el déficit tarifario, ni más ni menos que 455 millones de euros, un agujero económico en las cuentas del sistema eléctrico español. Ello supone un riesgo para la estabilidad de precios, y este cambio de tendencia preocupa mucho, porque todavía arrastramos una deuda de más de 18 millones de euros en nuestro sistema. Desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos considerando necesario ese plan Renove para la cogeneración. Tenemos el convencimiento de que el gas natural es el futuro a corto y medio plazo dentro de ese marco estable en el que es fundamental la apuesta por la cogeneración y la eficiencia energética.
No compartimos el punto 2 de esta proposición no de ley, porque la coherencia y la responsabilidad en nuestras políticas no nos permiten eso de invito yo y pagas tú. Tenemos que ayudar para realizar esas inversiones, pero nunca a costa de dar inestabilidad a nuestro sistema.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrero, debe ir terminando.
El señor HERRERO BONO: Por ello y además de compartir algunas de las propuestas que se solicitan al Gobierno en esta proposición no de ley, vamos a proponer la votación por puntos, si bien parece que se va a intentar llegar a una transaccional.
¿Aceptará las enmiendas la señora Sorlí?
La señora SORLÍ FRESQUET: Estamos intentando trabajar en una transaccional, que haremos llegar a la Mesa si la acordamos.
- SOBRE LA REDACCIÓN DE UN NUEVO CONVENIO EN MATERIA DE AGUA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EL GOBIERNO DE CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000667).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, proposición no de ley sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de agua entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista y la defiende el señor Franquis, a quien damos la bienvenida por no ser miembro de esta Comisión. Tiene usted la palabra por cinco minutos.
Señorías, esta es una proposición no de ley que algunos ya habrán bautizado como antigua al inicio de esta legislatura. Nosotros creemos que su objeto está plenamente vigente por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero precisamente creo que la diferencia por la que algunos la consideran antigua se debe a que cuando este partido la presentó estaba en la oposición y hoy está asumiendo las responsabilidades del Gobierno de España, pero lo mismo que defendíamos estando en la oposición defendemos estando en el Gobierno.
La materia y objeto de esta proposición no de ley muestra la especial importancia que tiene el agua en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta imprescindible para su desarrollo económico. La distribución de este recurso entre las islas es muy diversa debido a factores geográficos, climáticos, geológicos, económicos y políticos. La escasez de carácter estructural del agua que presentaba las islas al inicio de los años noventa obligaba a emprender acciones que mejoraran la eficacia de las infraestructuras existentes y la utilización del agua. Además, era apremiante emprender diversas actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales que contribuyeran a la sostenibilidad del medio ambiente de Canarias, en coherencia con el mandato recogido por las directivas comunitarias en esta materia. En consecuencia, en 1996 se firmó un convenio en materia de aguas con una inversión inicial de 456 millones de euros y una vigencia de diez años, que finalmente acabó en una inversión por parte del Gobierno de España de 597 millones de euros. Posteriormente, en 2008 se firmó un nuevo convenio por un importe de 306 millones de euros y vigencia hasta el año 2012, si bien se modificó y se ampliaron las anualidades hasta en cinco ocasiones, estableciéndose la finalización del mismo en el año 2017, en lugar de en la fecha inicialmente prevista en 2012. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos tanto en inversión como en infraestructuras creadas, no solo no se ha cubierto el importante déficit en infraestructuras hídricas en Canarias, sino que además no es posible en las circunstancias actuales hacer frente a las nueva situación derivada de la sentencia asociada al incumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en Canarias.
Por ello, resulta esencial el cumplimiento de la Directiva 2000/60 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de agua. De ahí la necesidad de ambas administraciones de desarrollar tanto por parte del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias acuerdos necesarios por los que puedan materializarse
los programas de medidas sobre los planes hidrológicos de las siete demarcaciones intercomunitarias de Canarias. Por ello, el pasado 4 de diciembre se firmó el protocolo general para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias. Este protocolo recoge las actuaciones establecidas en los programas de medidas de los respectivos planes insulares hidrológicos en Canarias, planificando su ejecución y promoviendo aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la directiva marco del agua. Además de dar cumplimento de forma definitiva a la normativa europea en el ámbito de la política de agua, se establece un desarrollo de actuaciones en materia de agua para el periodo 2018-2029. Este protocolo permitirá una inversión en torno a 900 millones de euros en los próximos doce años, con el propósito de desarrollar definitivamente el ciclo de utilidad del agua en las Islas Canarias. Ello supone la plasmación de un trabajo desde 2015 de coordinación entre todas las administraciones públicas en Canarias, que han ido aportando su planificación para los próximos años y se recogen en este protocolo. Para la ejecución posterior de estas actuaciones ambas administraciones suscribirán tres convenios específicos consecutivos en los que se concretarán los compromisos de cada parte, cada uno por cuatro años y recogerán las 186 obras declaradas de interés general en nuestra comunidad. Son actuaciones en todas las islas, que tienen que ver en su mayoría, en su 60 %, con saneamiento y depuración de agua, pero también con abastecimiento, drenaje, producción de agua, instalación, captación de aguas subterráneas, transporte y almacenamiento. Este protocolo, además de tener presente las nuevas circunstancias derivadas de la sentencia asociada al procedimiento de infracción por incumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales, también tiene en cuenta el plan sobre depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización que el Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado recientemente y está siendo sometido al trámite de información pública desde el pasado 19 de octubre. En consecuencia, serán los convenios específicos que se fijen posteriormente los que concreten las obligaciones de cada una de las partes, incluida la financiación y su duración.
En ese sentido, asumiendo que el objeto de esta PNL sigue estando plenamente vigente, es necesario actualizar su propuesta de acuerdo a los compromisos adquiridos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias a través del protocolo general para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias suscrito el pasado el 4 de diciembre. Creo que tiene máxima actualidad porque este protocolo se firmó este mismo mes de diciembre, y porque está previsto que el futuro primer convenio de los tres señalados en el protocolo se firme el próximo mes de enero entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Por tanto, el acuerdo que planteamos hoy aquí a la Comisión del Congreso es precisamente que se cumpla el compromiso adquirido en el protocolo y, por consiguiente, se lleve a cabo instando al Gobierno a la firma inmediata de este convenio.
Entre los grupos enmendantes, primero intervendrá el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Toma la palabra otra vez su portavoz, doña Melisa Rodríguez.
Hoy es el día del esperpento porque vengo de la Comisión de Fomento y estábamos hablando del convenio de carreteras cuando no se ha firmado, y ahora vengo a la Comisión de Transición Ecológica y el partido que gobierna y que no firmado todavía el convenio para infraestructuras hidráulicas, nos trae esta PNL. Una PNL que se registró en 2016 cuando eran oposición y que tenía un montón de puntos, pero como ahora son Gobierno se autoenmiendan instando al Gobierno a equis cosas y no se profundiza demasiado.
La gestión del agua en Canarias es nefasta. No lo digo yo, lo demuestran la multa que nos va a caer de Europa y el hecho de que, a día de hoy, no tengamos los planes de cuencas actualizados. Además, estamos viendo que da igual quien gobierne, el Partido Popular o el Partido Socialista, siempre en connivencia con Coalición Canaria, porque siempre hay una dejación de funciones o una falta de interés por el tema del agua, tan importante en un archipiélago como el canario. En 2017 el Tribunal de Cuentas publicó varios informes de fiscalización y presentación de lo que estaba pasando con las entidades gestoras del agua. La conclusión de los siete informes de cada una de las islas es la recomendación de que las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua en las islas deberían consideren la utilización de indicadores de gestión, que permitan conocer periódicamente la evolución del servicio con el fin de introducir mejoras o, lo que es lo mismo, para que nos entendamos todos, que la gestión es nefasta, está regida por el desconocimiento de las infraestructuras de su propiedad y de su
utilización. Además, durante el periodo fiscalizado quedaron patentes la alarmante falta de planificación, las pérdidas de agua en las infraestructuras hidráulicas de las islas, la poca racionalidad, el escaso fomento del consumo eficiente y racional o, lo que es lo mismo, no se promueve el ahorro de un bien tan necesario y tan especial como es en este caso el agua.
El Gobierno autonómico, en este caso de Coalición Canaria, se ha mostrado totalmente incapaz, pero no está solo, ha estado gobernando con el Partido Socialista, y ahora en la sombra y anteriormente con el Partido Popular, así que este baile a tres que hemos tenido en las islas en connivencia con los Gobiernos nacionales ha hecho que Canarias siga perdiendo oportunidades. Y hablo de seguir perdiendo oportunidades porque debido a la falta de planificación, estamos a punto de que nos caiga una multa y de perder el dinero que venía de Europa precisamente para esas infraestructuras. Ahora mismo el presidente del Gobierno de Canarias es el presidente de las regiones ultraperiféricas de Europa, y los canarios vamos a seguir perdiendo oportunidades porque no ha hecho nada más que sacarse fotos. Como digo, es un problema relevante, pero además especialmente grave en una isla como la mía, La Palma, y también en la isla de La Gomera, ya que la falta de actualización periódica de la cantidad de agua extraída de los recursos subterráneos y superficiales existentes imposibilita hacer una gestión del dominio público hidráulico y medioambiental. No tenemos información, no podemos decir cómo vamos a ser eficientes, nadie se ha preocupado por lo que está pasando en la isla de La Palma en materia de aguas y tampoco en la isla de La Gomera, extensible, por supuesto, a todas las islas Canarias. Nosotros señalamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avisado a España, ha puesto dos alertas tanto por el caso de Canarias como por el de Cataluña porque no se han hecho los deberes. En este caso nosotros hemos enmendado porque creemos necesario revisar y actualizar los planes hidrológicos; establecer criterios de fijación de precios en materia de aguas para dar mayor estabilidad y economía; adoptar indicadores de gestión que permitan conocer cómo va evolucionando nuestro recursos; y también adoptar medidas para que de forma periódica se puedan hacer las revisiones.
Para terminar, señor presidente, el señor Franquis hablaba de coordinación, pero aquí existe una descoordinación entre los Gobiernos nacionales y el Gobierno autonómico, que nunca ponen el foco de interés donde toca, que es conseguir que los canarios tengan un sistema de aguas mucho más eficiente porque el agua en pocos años será el oro que tengamos todos los ciudadanos de nuestro país. Solicito al Gobierno actual que firmen de una vez el convenio de infraestructuras hidráulicas y dejen de traer proposiciones no de ley. Ya que están en el Gobierno, háganlo de una vez por y para todos los canarios.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Arrojo.
Nuestra posición tenía que haberla defendido don Alberto Rodríguez, pero hoy tenemos mil comisiones a la misma hora y por todas partes, entonces, le ha resultado imposible venir y yo me hago cargo. La primera cuestión que quiero manifestar es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos, ya que cuando aceleradamente, de ayer para hoy, he estudiado el asunto y he visto que literalmente es la misma PNL que hace dos años, de verdad me parece una desconsideración. In voce y a última hora se añade una enmienda, bienvenida, y no lo digo porque esté en contra de lo que ahí se dice, sino porque, por decirlo suave y muy diplomáticamente, da mala impresión.
Como consideraciones que querría poner sobre la mesa, señorías, estamos hablamos de competencias que de entrada, hay que decirlo claramente, no son del Estado, son de los municipios con competencias solapadas de las comunidades autónomas en materias que tienen que ver y, en última instancia, por encima está el Estado que tiene que ayudar y, sobre todo en los casos en que se declaren obras de interés general, prestar el apoyo y la responsabilidad a nivel estatal. Conviene decirlo porque, si no, parece que la culpa de que no se sanee aquí o allá o de que no haya una buena planificación hidrológica aquí o allá es siempre del Estado, y no es verdad. No pretendo librar al Estado de sus responsabilidades, pero cuando se habla de convenio es porque las dos partes de entrada -y otra parte subsumida que es el nivel municipal- tienen responsabilidades a conveniar. Yo leo las argumentaciones de la proposición y no aparece ninguna responsabilidad de nadie. Segunda cuestión en la que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hace un momento; en el repaso de una historia que se explica al menos de manera superficial, qué menos que marcar un mínimo de rendición de cuentas, qué ha pasado con lo
hecho y lo no hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es que en este país estamos acostumbrados a que aquí se dice lo que hay que hacer, se acuerda, y a otra cosa mariposa. No, no, hay que repasar lo que hemos acordado, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido?; y en lo que se ha cumplido, ¿las partes han cumplido o alguna no? Incluidos los municipios, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de recuperación de costes? Es decir, mínimas cosas que se refieren a unos servicios determinados.
Acabo, señor presidente. Mis compañeros han preparado unas enmiendas que cómo mínimo apuntan un poquito más a qué hacer de aquí al futuro. Hay un reto importante y no solo en Canarias, pero en particular en Canarias y en pequeños municipios, en lo que se refiere a inversiones extraordinarias y estratégicas, como son recomposición de redes, nuevos retos de saneamiento, etcétera, que requieren de un apoyo estatal. De acuerdo, ahí tiene sentido, hagámoslo, pero también con el compromiso de rendición de cuentas. Por tanto, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, hemos presentado unas enmiendas que la pueden completar y mejorar un poquitín, detallar la cuestión, pero en cualquier caso la apoyaremos porque es de justicia, está bien.
Señor Franquis, grupo proponente, ¿algún pronunciamiento sobre las enmiendas?
El señor FRANQUIS VERA: No aceptamos la enmienda de Ciudadanos porque plantea cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto de la proposición que es firmar un convenio. Y respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la mayoría estamos de acuerdo, pero hay algún punto que queremos hablar con ellos. Por último, quiero recordarles que nosotros hemos presentado una enmienda, no in voce, sino que registramos en el día de ayer y, por tanto, está normalizada; y lo hemos hecho para ajustar la proposición a lo que está firmado en el protocolo, pero hablaremos con ellos y pasaremos a la Mesa una transaccional.
Pasamos al turno de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PRESIDENTE: No interviene, de acuerdo.
No hay ningún representante del Grupo Parlamentario Vasco, tampoco del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Popular, toma la palabra el señor Torres.
El señor TORRES HERRERA: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Señorías, las islas Canarias constituyen una demarcación hidrográfica intracomunitaria donde las competencias sobre el dominio público hidráulico son ejercidas por la comunidad autónoma. Por esta razón la Administración General del Estado no dispone en el territorio de un organismo de cuenca ni de medios humanos a través de cuales desarrollar su actividad. Este es el motivo por el que para llevar a cabo las inversiones en materia de obras hidráulicas en Canarias se suscribe un convenio específico entre el Estado y la comunidad autónoma. El régimen de funcionamiento establece que Canarias proyecta, dirige y ejecuta las actuaciones, mientras que el ministerio sufraga los costes. Es decir, la única Administración que realiza una aportación económica es la Administración General del Estado. El convenio de colaboración original contemplaba actuaciones por valor de 306 millones de euros y se suscribió en el año 2008, con un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Fue ejecutado en su totalidad por el Gobierno del Partido Popular, es decir, fue completamente cumplido quedando agotado en el plazo previsto. Hasta tal punto que en diciembre de 2017 se acordaron además entre el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de Canarias otras treinta y cinco actuaciones complementarias por valor de 20 millones de euros, que se ejecutarían en los dos próximos años y que, señorías, no figuran en el protocolo general firmado el pasado día 4 entre la ministra y el consejero de Agricultura para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas en las islas Canarias. Señorías socialistas, ¿por qué no se contemplaron estas actuaciones? Parece que este nuevo convenio es fruto del trabajo del Partido Socialista, cuando realmente la negociación y todo quedó perfectamente claro y preparado para la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado. Cuando el pasado día 24 de julio se celebró la reunión Estado-Comunidad Autónoma de Canarias ya estaba todo encauzado, hasta el punto
de que la primera partida de este futuro convenio está ya incluida en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2018, por un importe de 40 millones de euros.
Desde este grupo parlamentario instamos a los ahora firmantes del protocolo ratificado el pasado día 4 a poner en marcha de manera inmediata el convenio, así como a emprender las acciones necesarias para activar los procedimientos administrativos que son de aplicación para la autorización ambiental del conjunto de las iniciativas previstas. Téngase en cuenta que todas las actuaciones previstas quedan afectadas por la Ley de Evaluación Ambiental, recientemente modificada en esta Cámara, correspondiendo mayoritariamente procedimientos ordinarios de evaluación cuyas exigencias temporales pueden requerir, especialmente en Canarias, plazos de tiempo bastante dilatados. Especial análisis se requerirá respecto a las diferentes planificaciones insulares, en las que los cabildos tienen establecidas prioridades en el marco de sus planes insulares de ordenación. Por último, señorías, y a los efectos derivados de las instalaciones de desalación de agua de mar, este grupo parlamentario entiende necesario analizar la disponibilidad de energía eléctrica en cada caso, para lo que proponemos el detallado análisis de las previsiones mantenidas en la Estrategia Energética de Canarias EECan25, en proceso de redacción, así como la determinación de la huella de carbono asociada al conjunto de proyectos incluido en el futuro convenio.
Termino, señorías. Después de escuchar las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios, me sorprende que el representante canario del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos no esté aquí cuando estamos hablando de algo tan importante como el convenio de aguas para Canarias. En cuanto a la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, hablaba de esperpento, desconocimiento, descoordinación de la realidad, sin embargo, les confieso mi curiosidad por saber cómo será posible la transferencia de agua entre las distintas islas de nuestro querido archipiélago, tal y como manifiesta la enmienda que presenta este grupo parlamentario.
- SOBRE EL APOYO AL SECTOR DEL CARBÓN Y A LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000788).
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto segundo, pasamos al punto tercero del orden del día: Proposición no de ley sobre el apoyo al sector del carbón y a las comarcas mineras. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre habla nuestro vicepresidente, el señor García Cañal.
Señorías, esta proposición no de ley, que tiene ya más de dos años desde su presentación en la Comisión, apenas ha perdido actualidad; con una ligera modificación se actualiza y se considera oportuna en estos momentos. Es una proposición no de ley oportuna para contrarrestar a aquellos que ideologizan la generación eléctrica diferenciando entre tecnologías buenas, que son siempre las renovables, y tecnologías malas que son las del carbón, la nuclear y el gas. También es una proposición de ley oportuna porque contrarresta a aquellos que no valoran las consecuencias del cierre de estas centrales de producción eléctrica, aunque ahora parece que en una de ellas, la nuclear, ya no están tan en contra de su cierre inmediato. Además, es oportuna para contrarrestar a quienes no valoran la dimensión que tiene España en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando de un 0,8 %, e ir mucho más allá de lo que nos exigen los acuerdos de la Unión Europea nos va a llevar a una peligrosa situación. No se valora tampoco el incremento de precios que supone el cierre de estas centrales, con los riesgos de deslocalización de la industria, cierres de empresas y pérdida de empleo con sus peligrosas consecuencias. Y también es muy oportuna para contrarrestar los posibles apagones que se pueden dar por la interrupción y la propia situación de las energías renovables que no son continuas. Se trata, por tanto, de conseguir una descarbonización y los cumplimientos de los objetivos de España, pero desde una transición justa y con los menores perjuicios posibles.
En junio de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ante esta Cámara una proposición no de ley en la que exigía la formación de una comisión de expertos, para que hiciese las propuestas consecuentes y conseguir el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea con los menores perjuicios para la economía española. Para esta comisión se nombraron catorce expertos, de los cuales
ocho fueron propuestos por los grupos parlamentarios, tres por el Gobierno y tres por las organizaciones sociales. En marzo de 2018 tuvimos las conclusiones correspondientes que eran fundamentalmente tres: primero, que es imprescindible el mantenimiento, como energías de respaldo a las renovables, de la producción con carbón, nuclear y gas. Segundo, la supresión de la producción nuclear supondría un incremento de los precios, según los diferentes escenarios, entre un 15 y un 30 %, además de que incrementaría la generación de CO2 en nuestro país. La supresión del carbón supondría un incremento de los precios, según los escenarios, entre el 14 y el 30 %. Es decir, el cierre propuesto actualmente de las centrales térmicas de carbón y de las centrales nucleares nos incrementaría el precio entre un 30 y un 60 %, además de un incremento en la producción o una no reducción de CO2. Ahora parece que a los señores de la izquierda no les interesan estas propuestas que han hecho los expertos en el estudio, y por eso es oportuna esta proposición no de ley que va en la línea de esas propuestas en este caso sobre el carbón y las centrales térmicas de carbón.
La proposición no de ley insta a tratar el proceso de cierre no traumático de la minería del carbón y a establecer los mecanismos de devolución de ayudas de aquellas empresas mineras que pudiesen continuar, al menos que se flexibilice la posibilidad de la devolución de las ayudas recibidas a lo largo de estos años. En segundo lugar, el desarrollo de proyectos de infraestructura y reestructuración medioambiental, que ya desde el año 2017 están en marcha y quedan muy pocas cuestiones, está paralizado por el Gobierno actual y hay que tratar de conseguir estas compensaciones para la minería y las comarcas mineras asturianas. También aplicar las nuevas tecnologías en la reducción de emisiones, del carbón limpio utilizando para ello las técnicas disponibles, que las hay, y es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Y por último, tener en cuenta las propuestas de la comisión de expertos que se han presentado incluso ante esta Comisión, porque parece que ustedes las han olvidado y ahora no quieren saber nada de ellas porque no coinciden con su ideología. Por ello, señor presidente, pido el voto favorable para esta proposición no de ley.
A continuación, interviene el Grupo Parlamentario Ciudadanos como primer enmendante. Luego interviene usted, señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Tengo una enmienda también.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero la presentó antes el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por eso hablan ellos, va por orden de entrada de las enmiendas. La señora Rodríguez toma la palabra.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, hay palabras como incentiven, carbón limpio, no poner en peligro la viabilidad de explotaciones que se han demostrado de poca viabilidad, que ya no nos chirrían y nos hacen ver que la iniciativa no va a ir por buen término, al menos así lo considera nuestro partido. Para nosotros la energía siempre ha sido un aspecto estratégico de cara al futuro del país, que no tiene que ver con el color político, sino con la planificación y el compromiso para ver hacia dónde queremos ir. La Unión Europea ya ha dado las señales en cuanto a emisión, ya nos ha dicho que las ayudas se van a acabar. Por tanto, que en esta iniciativa se hable de incentivar o de seguir subvencionando algo que va en contra de lo que ya ha dicho Europa, no nos parece correcto ni aceptable. Creemos que con esta PNL, más allá del titular y de afianzar votos en esa zona, se está buscando seguir mintiendo a los ciudadanos, a todos los mineros de esa zona y a los habitantes de esas comarcas. Y digo bien mentir porque desde hace años se está mandando una señal, ha habido una irresponsabilidad política absoluta porque no se ha comunicado y se ha intentado llevar la contraria a lo que está diciendo Europa en lo que tiene que ver con nuestro futuro energético, y al final vemos que aquí seguimos dando la vuelta a lo mismo cuando Europa ya ha dicho qué es lo que va a pasar.
Nosotros hemos manifestado desde el principio que no vamos a dejar tiradas a las personas afectadas de esas cuencas, hay que hacer planes profundos para dar una nueva vida a esas zonas, ya que la transición energética no puede ser traumática, pero para que no lo sea primero hay que empezar por lo más importante, y es no mentirles y también decirles a dónde se ha ido su dinero. Está claro que hemos intentado sacar adelante una comisión de investigación sobre todos esos fondos destinados a las comarcas mineras, pero el Partido Popular y el Partido Socialista la han bloqueado sistemáticamente porque no quieren investigar a dónde ha ido ese dinero, ya le adelanto que a los mineros no. Tenemos casos esperpénticos, numerosos y notorios por malversación de caudales, etcétera, etcétera, de fondos
que iban para esas cuencas, para esos mineros, para revitalizar e ir reconvirtiendo esas zonas, pero alguien se los quedó en el bolsillo, además, de algunos de los que se suponía que eran representantes de todos los mineros.
Creemos que seguir hablando de un tema en el que Europa ya ha dicho cuál es el camino es continuar retroalimentando la mentira de todos estos años. Hay un compromiso con esas zonas, por lo menos de nuestro partido, no queremos dejar en la cuneta a nadie, pero tampoco vamos a mentir a nadie, como están haciendo en este caso tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Esta medida es cortoplacista, totalmente demagógica y sigue ahondando en la mentira. Para esas zonas es importante empezar a hablar de certidumbre, hablar de futuro, de cómo se van a reconvertir y de cómo esas zonas pueden tener un futuro diferente, pero solo se puede hacer si los partidos viejos son valientes y empiezan a hablar de hacia dónde queremos ir. Como decía, la energía es algo que hay que planificar a largo plazo, no se trata de sacar titulares que nos den votos para cuatro años, que es lo que dura una legislatura, sino de pensar qué futuro energético queremos dejar a nuestros hijos y a los siguientes que vengan. Al redactar esta iniciativa se ve que nadie ha pensado en el futuro, y nosotros la hemos enmendado para intentar darle otra línea. Esperamos que tengan a bien aceptar nuestra enmienda, aunque realmente lo dudo mucho. Y sigo afianzando que lo primero para hablar de futuro es dejar de mentir y poner luz donde no hay luz. Hagamos esa comisión de investigación sobre qué ha pasado con todo el dinero público destinado a reconvertir esas zonas, quién se lo ha quedado, dónde está, porque le adelanto que ni los mineros ni las comarcas lo tienen. Así que en caso de no ser aceptada nuestra enmienda, votaremos negativamente. (Aplausos).
Ahora sí, señor Martínez Oblanca, tiene la palabra y bienvenido a esta Comisión.
Buenos días a todos. Esta es una cuestión capital para las cuencas mineras, para la industria electrointensiva que se nutre de la energía que producen las centrales térmicas de generación eléctrica, y capital también para España porque, en definitiva, estamos tratando de la soberanía energética de nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa que data de hace más de dos años, y de ahí que esté justificada su autoenmienda, más aún si cabe cuando, tras el incomprensible desprecio del nuevo Gobierno, pone el valor el intenso, amplio y meticuloso trabajo ya realizado por un grupo de expertos energéticos, aportados algunos por iniciativa de todos los grupos parlamentarios, entre los que estaba un representante del carbón que fue propuesto a instancia precisamente de Foro.
¿Cuál es el estado actual del carbón y de las cuencas? Desde hace poco más de medio año hay un nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez y una ministra que ya estaba tomando decisiones copernicanas de política energética, incluso antes de ser nombrada. Ya advertí entonces que en Asturias las comarcas mineras son tan importantes como nuestro campo, nuestras costas o nuestras áreas industriales, y que no íbamos a aceptar que las sacrificasen los fundamentalistas del ecologismo urbanita. Señorías, el acuerdo marco auspiciado por la ministra para la Transición Ecológica, firmado a finales del pasado mes de octubre, es un traición a las cuencas mineras, es el epílogo funesto de la hoja de ruta socialista en contra del carbón para finiquitar el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, lo recalco, el único. Una trayectoria que comenzó en 2010 cuando el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, con el conocimiento y la aquiescencia del Gobierno que entonces presidía el señor Rodríguez Zapatero, inició una regulación por razones de competencia desleal del carbón subvencionado y puso la fecha terminal para la minería, el año 2018. Y en esas se encuentra ahora el Gobierno, en los días finales de 2018, matando y rematando el sector del carbón, matando y rematando las cuencas mineras a cuenta de un proceso que titulan falsariamente de descarbonización, tras el que se esconde su desertización total, y que es una severa amenaza para el inmediato futuro económico y social de todas las zonas mineras asturianas, las de Nalón, las del Caudal, también Degaña, Tineo y Cangas del Narcea, así como las de Aragón y Castilla y León cuyos gobernantes, a diferencia de los gobernantes autonómicos del Principado, no se han sumado a las honras fúnebres oficiadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras apuntillar la minería y las cuencas arrastrándolas a su empobrecimiento y también al empobrecimiento de Asturias. El acuerdo marco auspiciado por el Gobierno entraña asimismo la pérdida de soberanía energética. Contrariamente a lo que hacen otros países de la Unión Europea, Alemania o Polonia, aquí se desprecia el carbón. El acuerdo marco, al igual que todo el conjunto normativo que en forma de real decreto ha convalidado el Congreso con mi único voto en contra, arrastra al cierre de las centrales
térmicas de generación eléctrica, claves para suministrar energía a la industria electrointensiva de la que dependen decenas de miles de puestos de trabajo y grandes comarcas de la población.
Concluyo, señor presidente, porque veo que el tiempo se ha acabado, señalando simplemente que he presentado una enmienda que recoge los puntos que el Partido Popular y Foro comprometimos ante los electores asturianos en las últimas elecciones generales.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría, estrictamente ha cumplido su tiempo.
Señor García Cañal, han terminado las intervenciones de defensa de las enmiendas. Hay una autoenmienda de su partido de corrección formal. ¿Se va a pronunciar usted sobre las enmiendas?
El señor GARCÍA CAÑAL: Sí, señor presidente. No admitiremos la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Hemos intentado elaborar una transaccional incorporando en el primer punto alguna de las cuestiones de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero sobre la comisión de investigación que solicitan les informo que, aparte del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas, en Asturias ha habido una comisión sobre los fondos mineros y está hecha. Por tanto, esa parte no la admitiremos y la otra, si quieren una transaccional en un punto, lo discutimos a continuación, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso esperamos al final.
En turno de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.
Desde nuestro Grupo Parlamentario Confederal hemos manifestado sin descanso una y otra vez nuestra preocupación por la situación de los empleos de nuestras cuencas. En Lada, en Anllares, en Compostilla, en Andorra y en otras tantas centrales nos hemos reunido con todos los comités de empresa y con todos los sectores económicos y sociales. Hemos manifestado un claro rechazo a los cierres desordenados y precipitados de toda central o industria y, además, hemos aportado soluciones. Ahora bien, nos parece de un cinismo mayúsculo que el Partido Popular y sus filiales presenten ahora ideas bastante peregrinas, cuando han pilotado todos estos cierres de la minería en 2018. Una matriz que es corresponsable junto con el Partido Socialista de que la minería pasara de 100 000 a 5000 trabajadores en el conjunto del sector, que administró los miles de millones de euros destinados a la reconversión sin conseguir absolutamente nada más que paro, despoblación y corrupción, y es normal que no les gusten ni nuestras propuestas ni tomar una posición de responsabilidad. En sus presupuestos generales del Estado, señores del PP, se reducen más del 32 % los fondos destinados al desarrollo alternativo de las cuencas mineras, un 6,8 % los destinados al Instituto de la Reconversión en la Minería y un 3,5 % los destinados a las explotaciones mineras, aquellas que con esta PNL dicen que se deben impulsar. Nos encontramos ante un estado permanente de negaciones, solo hay que leer alguna de las enmiendas que asocian el carbón limpio, que no es otra cosa que reducir los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre en el carbón, con las cero emisiones. No sé si cumplirán las leyes que en este Parlamento acordamos, pero desde luego esta proposición de Foro Asturias no cumple con las tres leyes de la termodinámica. El 90 % del carbón -vamos a hablar de la realidad- que se quema en térmicas es importado. Las centrales propietarias de las térmicas, antes públicas, han colocado a exministros en consejos de administración -le haría la pregunta al proponente sobre si le han preguntado al señor Ángel Acebes para hacer esta proposición- y son las que más beneficios cosechan en Europa con los precios más altos para el consumidor. La comisión de expertos, además, tiene votos particulares, les recomendaría que se los leyesen.
Hemos planteado soluciones como una comisión para la auditoría de los fondos mineros a nivel estatal, ya sabemos que además de la de Asturias se ha hecho también la de Aragón, así como la modificación del impuesto especial del carbón para gravar el transporte del carbón importado, que se alimenta con la sangre y el trabajo de otros países y que se acumula en puertos como el de El Musel. Asimismo, hemos planteado otras alternativas, pero el Partido Popular fue quien con sus recortes y trabas a las energías renovables destruyó cientos de miles de empleos de trabajos vinculados a las renovables desde 2009, porque ellos entienden solo por empleo el turismo, el ladrillo y los amiguetes. No tomen a la gente de las cuencas mineras por imbéciles. Nosotros no nos vamos a corresponsabilizar de sus fracasos. Acepten y asuman sus errores, tengan vergüenza.
Para terminar este debate, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu, a quien damos la bienvenida a esta Comisión.
Se lo dijimos en el Pleno y se lo volvemos a decir ahora. Ustedes están muy equivocados trayendo una proposición no de ley del año 2016, únicamente con el objetivo de enredar y de jugar con la desesperanza de la gente. Se están aprovechando, creo que de forma equivocada, de una situación que es difícil, que es complicada y trayendo este tipo de iniciativas aquí no creo que estén aportando muchísima claridad y luz a lo que está pasando ahora mismo en las cuencas mineras.
Quiero hacerles una segunda advertencia. Yo sé que ustedes están muy preocupados por la emergencia del tea party, seguramente están preocupados por lo que está ocurriendo en la derecha, pero no creo que mintiendo a la gente vayan a votarles más. Si quieren un consejo, hagan todo lo contrario: díganles la verdad. La verdad es que ustedes son muy responsables de lo que está pasando en el sector del carbón en la actualidad y en los últimos siete años, tan responsables que incumplieron el plan 2012-2018 que ustedes elaboraron, sin invertir ninguno de los millones de euros que estaban ahí comprometidos para la reconversión de las cuencas mineras.
Señores de Ciudadanos, para que un dinero se vaya, en primer lugar, tiene que llegar y a las cuencas mineras no ha llegado nada en los últimos seis años -nada-, y si no le invito a que visite las cuencas mineras y verán cuánto se ha invertido en ese plan del carbón. Y en segundo lugar, si alguien envió un documento a la Comisión Europea en el año 2012, ratificado en 2016, solicitando el cierre de quince explotaciones mineras y centrales térmicas, fue el Gobierno del Partido Popular. Es que está puesto por escrito, es que está en estos textos que fueron enviados por el señor Rajoy a la Comisión Europea. Por tanto, si hay alguien que es responsable de lo que está pasando y que esto esté sucediendo es el Partido Popular; si hay alguien responsable de la medida que fue la puntilla para el sector -que es la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética- es el Partido Popular. Una ley que incrementa el gravamen del carbón, haciendo completamente inviable su utilización y no lo digo, o no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dicen los agentes sociales y cualquiera que sepa algo sobre el sector energético. Lo que tienen que hacer es hablar con las empresas, con los sindicatos y ellos les contarán quién es el responsable de lo que está pasando ahora mismo en las cuencas mineras.
Señores del Partido Popular, y sus marcas blancas en el resto de los territorios, lo que tienen que hacer es decir la verdad y asumir sus responsabilidades. Lo que está haciendo este Gobierno nada más llegar es firma un acuerdo con Carbunión para realizar una transición justa en las cuencas mineras entre 2019 y 2027, acordada con los agentes sociales. Por tanto, han sido los agentes sociales quienes están diciendo qué es lo que tenemos que hacer en estos lugares. Sus propuestas, las que nos traen hoy aquí, están fuera de toda la realidad, no se pueden aplicar y muchas veces lo que generan, como hicieron con las renovables en sus días, es inseguridad jurídica. Es decir, aquellos inversores que quieran acercarse al mundo energético con ustedes no tienen ninguna seguridad de lo que va a pasar con su inversión, porque cambian las normas según les apetece, dicen una cosa y hacen otra, y como ha sucedido con el sector del carbón han hablado mucho y han hecho poco en estos siete años. Es verdad, han sido un completo desastre para las cuencas mineras. Lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad, en lugar de traernos aquí iniciativas que no solo son inviables y están fuera de la realidad, sino que están hablando cosas que no son ciertas. Por eso, les invitamos a que se tomen más en serio este sector energético, creo que las cuencas mineras y sus ciudadanos se merecen un respeto, no pueden seguir tratándoles como les están tratando porque no son menores de edad, ellos saben muy bien dónde ha estado siempre cada partido y cada formación política. Les invito a que no sigan enredando en este tema tan complejo. Además, ahora mismo hay muchísima gente pendiente de que se aporten soluciones, no vengamos aquí a generar debates estériles sobre estas cuestiones, como ha sucedido en alguna intervención, desde el desconocimiento de las cuencas mineras.
- SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001285).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 4.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la eficiencia energética en edificios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa -lleva una mañana intensa, señoría-, tiene de nuevo la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Tiene razón, presidente. Llevo una mañana intensa.
Venimos a debatir algo que para nosotros es indispensable y primordial. Los datos que arroja la Unión Europea es que el 40 % del consumo total de energía corresponde a los edificios y por eso siempre hemos manifestado desde este grupo, y yo personalmente, que el ahorrar o el ser eficientes va a ser parte principal y primordial de esta transición energética. La mejor energía, la más barata, es la no consumida y por eso hablar de eficiencia es hablar de ahorro, de sostenibilidad y de un cambio también de modelo en cuanto a los patrones de consumo y a la manera de entender el confort dentro de las viviendas también en el proceso de construcción.
Como ya anuncié a mis compañeros, cuando íbamos a registrar esta iniciativa, vamos a autoenmendarnos porque queríamos actualizarla. Uno de los puntos que hemos actualizado sería en la necesidad de definir claramente el concepto de edificio de consumo energético casi nulo, ya que es una terminología que queda abierta a la interpretación y creemos que es indispensable que se haga. También es necesario que el plan nacional garantice al menos un 3 % de la renovación de edificios públicos para cumplir con el papel ejemplarizante, porque una no puede pedirle a la nueva edificación que sea eficiente y que cumpla unos objetivos, y luego hacer un real decreto de eficiencia energética que estaba en consulta pública que exima a toda la edificación pública. Como bien digo siempre, la Administración pública tiene que dar ejemplo y en materia de eficiencia también. Creemos que para evaluar la eficiencia energética de los edificios más sensibles es necesario también evaluar en concreto la eficiencia energética de edificios tan sensibles como residencias de ancianos, colegios u hospitales para garantizar no solamente el confort de los que allí están sino también el ahorro energético.
Se habla de certificación energética -aquí quiero hacer una crítica al modelo actual-, pero la certificación energética que existe hasta el momento no ha garantizado conocer ni se conoce en este momento nuestro parque edificatorio, no sabemos cuál es el parque edificatorio nacional, ni como está o cuáles son sus condiciones en materia de eficiencia. Sin embargo, vivimos un boom en cuanto a la certificación energética que llevó a que muchos de esos certificados firmasen mejoras que son imposibles de acometer por los usuarios de estas viviendas. Véase que con las prisas de tener una mejor calificación se obligaba al usuario diez años después a hacer inversiones que son del todo inasumibles. Esto viene porque cuando uno hace una regulación tiene que pensar un poco en cómo se va a aplicar y en cómo van a ser esas responsabilidades. Nosotros apostamos también por que haya un plan de rehabilitación energética y de aumento de su eficiencia que se dirija especialmente a los consumidores que se encuentren en una situación extremadamente vulnerable, porque son parte de nuestro parque edificatorio y también son beneficiarios del bono social. Por eso creemos que si ya estamos hablando de bono social, habría que hablar de ayudarles también a que sus viviendas sean más eficientes, o lo que es lo mismo, que consuman menos sin renunciar al confort.
También hablamos de que es necesario introducir la obligatoriedad del registro del certificado de eficiencia energética antes de obtener la licencia de obra, tanto de rehabilitación como de construcción. Es imprescindible que empecemos a ser todos conscientes, también desde el sector de la construcción, de que los objetivos se tienen que plasmar antes de iniciar una obra y no hacerlo a posteriori como pasa en la actualidad. Como digo, hay que mejorar la regulación de la certificación energética, debido a las deficiencias que existen hasta el momento en una parte importante de nuestro territorio, porque el compromiso de todos debe ser promover junto con las comunidades autónomas sistemas de control e inspecciones periódicos en un alto número de inmuebles para comprobar la validez de los datos, tanto administrativos como técnicos, que están presentes en las certificaciones. Esto lo enlazo con lo que dije antes: que la certificación planteada a día de hoy no nos ha servido para mucho y que se han acometido firmas de mejora que son inasumibles.
Hemos añadido en el certificado de eficiencia energética un apartado de ayudas que nos diga qué ayudas a nivel europeo existen, tanto a nivel nacional como autonómico y local, ya que podría optar cualquier usuario si quiera rehabilitar y hacer eficiente su edificio. La presentación de los informes son necesarios, al igual que es un punto indispensable el crear las herramientas necesarias para elaborar un Visor Energético
de los edificios, donde se puedan comprobar los datos energéticos de los mismos con los que poder auditar el parque construido y aplicar además las políticas de rehabilitación y mejora.
Europa está diciendo que hay que invertir en eficiencia energética. Aquí en España se ha hablado pero no con la profundidad con que se debería hacer. He manifestado ya, a nadie le sorprende, que es una preocupación personal también y que tiene que ver con mi ámbito profesional. Todos tenemos que ser conscientes de que cualquier mejora que se acometa en cualquier vivienda o en cualquier edificación de nueva construcción tiene que ser eficiente. Además, si vemos los gastos en los últimos cuatro años, lo que antes podía suponer un sobrecoste de un 30 % de la obra el ser eficiente, ahora se ha reducido un 3 %. Hemos visto, y tenemos ejemplos en España, de promociones, de vivienda social eficientes que además garantizarán que la reducción del consumo energético de esas familias va a ser cuantioso.
Hemos recibido distintas enmiendas, hablaremos con los ponentes, pero quiero dejar claro que esta iniciativa no es una iniciativa partidista, sino que es una iniciativa que pretende hablar del futuro y de la reducción en este caso del consumo energético, sin renunciar al confort de nuestros ciudadanos y con la premisa de que la energía más barata es la no consumida. Así que les pido a los compañeros que sean eficientes, que quieran ser eficientes y que voten favorablemente a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Efectivamente, usted ya ha hablado de su propia autoenmienda.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis.
Esta es una iniciativa que nos parece oportuna, nos parece desde luego muy eficiente. Seguimos la línea que seguíamos con la primera iniciativa sobre cogeneración, ya que aquí estamos hablando de eficiencia energética. Estamos hablando dentro del marco de una discusión que ya se hizo hace un año en el marco de los Veintiocho de la Eurocámara sobre la necesidad de una normativa comunitaria de eficiencia energética que garantice, usando el término recogido en el propio acuerdo, la descarbonización de los edificios antes de 2050. Esto se produjo hace ya, como decía, un año. Nuestro grupo registró una proposición que seguía un poco la línea que recoge esta iniciativa que debatimos hoy, aunque quizás la anterior iniciativa fuera un poco más exhaustiva. Precisamente por eso hemos presentado una serie de enmiendas para tratar de ampliar el objetivo de la iniciativa.
En concreto, nuestra enmienda propone, en primer lugar, diseñar una estrategia de descarbonización de edificios que permita que España reduzca su demanda de energía primaria como mínimo un 40 % en 2030, un 45 % en 2040 y un 50 % en 2050, respecto al escenario tendencia que parte de 1990. En segundo lugar, plantea como criterio general, en los planes y convocatorias de rehabilitación y eficiencia energética, incluir como presupuesto subvencionable la instalación de cubiertas verdes aisladas en los edificios. Y por último, propone en relación con la Directiva 2010/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la aplicación de la consideración de edificios de consumo casi nulo para edificios de nueva construcción, al conjunto de la edificación existente. Esto es lo que plantea nuestra enmienda de adición.
Aquí estamos hablando de una iniciativa que es oportuna, y que el Gobierno debería tener muy en consideración y que debería empezar a desarrollarse lo antes posible.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar su posición sobre las enmiendas, tiene la palabra su señoría. No tengo su nombre ahora mismo.
La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Raquel Alonso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, perdone mi despiste. Tiene la palabra, señora Alonso.
La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que admitir que cuando leí la proposición no de ley que presentó Ciudadanos a debate originalmente, si bien es absolutamente necesaria, estaba desfasada, era incompleta y prácticamente todo lo que presentaban ya estaba llevado a cabo por el Partido Popular. Entiendo que el
grupo proponente se dio cuenta, de ahí esa amplia autoenmienda, lo que hace que la iniciativa tenga algo más de credibilidad. No obstante, sí que se notan las prisas quizás con la que fueron redactadas porque no terminamos de ver claro todos los puntos y nos parece que en ocasiones puede resultar confuso. Ustedes siguen pidiendo que se incorpore una definición de edificio de consumo casi nulo, antes lo pedían vía modificación del Código técnico de la edificación, si bien ya el Partido Popular lo dejó todo prácticamente preparado y por eso piden que se modifique el Real Decreto 235/2013.
En nuestra enmienda reclamamos que se siga impulsando, que se agilice y que se acabe cuanto ante ya con la tramitación del nuevo documento básico de ahorro de energía del Código técnico de la edificación, que ya lo dejamos prácticamente terminado. Lo que queremos es que el Partido Socialista siga con esta tramitación, puesto que además incorpora la obligación de revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia energética técnicamente para adaptarlos así a los avances técnicos y a la técnica actual que permitirá, sin duda alguna, lograr alguna mejora de la eficiencia energética.
También hacen mención a un plan nacional para cumplir con la función ejemplarizante de los edificios y los organismos públicos. Pero ese plan también existe, como es el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 donde ya se contempla ese 3 % de renovación anual que viene impuesto por la Directiva 2012/27. Estamos de acuerdo, sin duda alguna, en que hay que elaborar planes y medidas para fomentar la eficiencia energética. Nosotros ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo, se hizo a través del Plan de Vivienda 2018-2021 y su programa específico de fomento de la eficiencia energética, que ya demostró que dio muy buenos resultados y que sabemos que los va a seguir dando. Nosotros estamos plenamente comprometidos con la eficiencia energética.
A veces cuando vemos esta proposición no de ley nos da la sensación de que hay muchas medidas de obligación, de restricción, pero prácticamente no hay ninguna proactiva, con un carácter de iniciativa. Nosotros somos más partidarios de hacer política en positivo. Desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos una enmienda a la proposición de ley de reforma de la Ley Hipotecaria que contempla la llamada hipoteca verde. Esta hipoteca verde es una hipoteca con condiciones ventajosas que supone una garantía, un estímulo para la realización de mejoras en eficiencia energética, ahorro de agua y uso y almacenamiento de energía renovable para lograr entre todos un parque inmobiliario sostenible y eficiente. En cambio, los bancos no pagan el impuesto sobre actos jurídicos documentados, vamos, lo que denominamos un win win en toda regla. Mi grupo planteaba medidas coherentes, medidas serias, posibles y eficaces. ¿Cómo plantea el grupo proponente financiar esas más de 350 000 rehabilitaciones anuales? Hacen falta soluciones reales, señorías. Esto, pese a las fechas, no se trata de una carta a los Reyes Magos.
Para finalizar, y pese a que el texto es bastante positivo, como arquitecta no me parece ni coherente ni correcto ni justo ni adecuado que se ponga en duda, como hace esta PNL, la formación que se da a los técnicos competentes porque nos parece un agravio a todo el sistema educativo y formativo porque tenemos muchos grandes profesionales en España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alonso. Bienvenida a esta Comisión, por eso no la teníamos aquí anotada en el guion.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Margarita Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias.
Compartimos que mejorar la eficiencia energética de los edificios es imprescindible por la creciente electrificación de los hogares, por el coste de la energía y por la necesaria descarbonización para reducir las emisiones de gasto de efecto invernadero. También obliga a ello la Directiva 27/2012 de la Unión Europea que establece un marco común de medidas para eficiencia energética en general, no solo de edificios. Esta directiva establece normas para eliminar barreras en el mercado de la energía y establece objetivos nacionales de eficiencia energética para 2020. Respecto de estos objetivos y obligaciones tenemos un retraso generado por lentitud o falta de iniciativa durante los siete años de Gobierno del Partido Popular en estos temas y ahora es preciso acelerar la toma de decisiones. De hecho la trasposición de la directiva no se hizo hasta febrero de 2016, más de tres años después, pero solo se hizo parcialmente, no se incluyó la parte relativa a la contabilización individualizada de consumos de calefacción o agua caliente o refrigeración en instalaciones centralizadas. Por eso la Unión Europea en abril de este año inició actuaciones para que se haga la correcta trasposición de la legislación europea sobre eficiencia energética.
Como todos ustedes saben antes de que termine el año se presentará el plan integrado de energía y clima y, además, ya se ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores.
Respecto a los puntos de su iniciativa, es cierto que es necesaria una reforma del Código técnico de la edificación para actualizar la definición de edificio de consumo de energía casi nulo. Por eso, aunque ustedes ya también lo saben, está en trámite de audiencia e información pública un real decreto que modifica dicho código. Se puede y se debe avanzar en el objetivo de que se renueven para conseguir consumo de energía casi nulo al menos un 3 % de edificios públicos, pero nos parece más adecuado tener en cuenta en la redacción de ese punto el ámbito de competencias de la Administración General del Estado y respecto a las competencias autonómicas y locales desarrollar mecanismos de cooperación. Respecto a evaluar la eficiencia energética de los edificios más sensibles, consideramos que hay tener en cuenta las competencias de las diferentes administraciones. En cuanto al cuarto punto, como ya saben, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores establece medidas para la protección de consumidores vulnerables y establece la obligación de aprobar antes de abril de 2019 una estrategia nacional contra la pobreza energética, y nos parece más correcto referirlo a viviendas que a rehabilitaciones. Consideramos que no procede el quinto punto, ya que para rehabilitaciones no es preciso certificación energética, salvo que sea para venta o alquiler. Asimismo, consideramos que no es necesario el punto octavo porque en los certificados de edificios ya es obligatorio un documento de recomendaciones que puede incluir la que ustedes sugieren. Además, el punto décimo lo consideramos redundante, ya que es obligatorio exhibir la etiqueta y respecto al punto undécimo es competencia de las comunidades autónomas, y lo están desarrollando.
Para posicionarse sobre las enmiendas, tiene la palabra brevemente la proponente.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista. En cuanto al Grupo de Unidos Podemos vamos a aceptar la enmienda número 7 que propone extender la obligación a casi todo el parque edificatorio, pero las otras dos no porque la primera entendemos que la de las cubiertas verdes se ha determinado que hay zonas en las que no es aplicable y que no son eficientes, y la segunda, porque creemos que no tiene mucho que ver con esta iniciativa. En definitiva, aceptamos el último punto, el punto 7 de Unidos Podemos, el resto no, y las enmiendas del Partido Socialista.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular no las aceptamos, básicamente porque no han hecho nada. No se lo han creído nunca y porque todo el mundo contempla y sabe, señor presidente, que siempre han trabajado en política en positivo -véase la ironía-.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, tenía la palabra para posicionarse sobre las enmiendas, no para seguir el debate.
Para terminar este debate, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
Los edificios se comen un tercio del consumo de energía total en España y concretamente el sector residencial se come el 18,5 %. Esto quiere decir que en torno a 12 000 millones de euros se escapan cada año por las ventanas, las puertas, las cubiertas de casi veintiséis millones de viviendas ineficientes, que son todas las construidas en España antes de 2007. En principio, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, ahora bien, nos sorprende que no se tenga en cuenta todos los esfuerzos que se vienen haciendo ya desde diversas comunidades autónomas. Por ejemplo, en el territorio valenciano se está apostando decididamente y a través de una serie de subvenciones con el Plan de reforma de interiores, accesibilidad y eficiencia energética, con un presupuesto de 5,5 millones de euros para 2018, que contempla ayudas para mejorar la calidad de las viviendas como conservación, sostenibilidad, accesibilidad, etcétera. Si actuamos en el marco de la rehabilitación de edificios, de su aislamiento térmico, contribuiremos decididamente a este escape de energía. Para ello necesitamos una apuesta decidida por parte del Estado en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contemplen la eficiencia energética a nivel estatal en la Administración pública y los suficientes aportes también a las comunidades autónomas.
Por otro lado, este año se ha aprobado la Directiva de la Unión Europea 2018/844, de eficiencia energética de los edificios, que finalizará su periodo de trasposición el 10 de marzo de 2020 y que desarrolla el conflicto de edificio de consumo casi nulo y que introduce conceptos muy interesantes como el de la estrategia de renovación a largo plazo, como el edificio de alta eficiencia energética, entendiendo por aquel en el que la poca energía que requiere sea producido en el propio edificio o en su entorno preferentemente con renovables. Esta directiva será de aplicación tanto a la hora de edificación como en rehabilitación, sin distinción alguna, y por tanto, sería interesante que se instase al Gobierno a una pronta trasposición de esta directiva y que no pase algo que por desgracia muchas veces es habitual, que vamos con mucho retraso en el tiempo de trasposición.
Por tanto, en principio a nosotros nos parece bien esta proposición. Ahora bien, sí quisiéramos concretar en cuanto a cómo queda finalmente la incorporación de las diversas enmiendas que se han presentado para que quede claro, por nuestra parte, que no hay ninguna invasión competencial al respecto. Por eso, nosotros reservamos nuestro sentido de voto a la espera de concretar con la proponente estos extremos.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE UN MODELO DE TRANSPORTE COMPATIBLE CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002451).
El señor PRESIDENTE: Como el 5.º punto lo hemos pasado al final, debatiremos a continuación el 6.º punto del orden día: proposición no de ley relativa al desarrollo de un modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor García Mira.
Estamos ante una proposición no de ley que hace referencia al cumplimiento de compromisos por parte de España con la Unión Europea. Por ejemplo, el pasado 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó el paquete legislativo Energía limpia para todos los europeos, con intención de profundizar en la articulación de una estrategia europea para la energía y garantizar el cumplimiento de los compromisos globales, como es el Acuerdo de París. Este paquete incluye reformas importantes con el objetivo de avanzar en la transición energética.
En España se ha experimentado un aumento de emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero, del 4,4 % en 2017 respecto al año anterior, lo que supone el mayor aumento interanual desde el año 2002. El transporte por carretera, ferrocarril, transporte aéreo nacional y navegación de cabotaje supone en España el 25 % de las emisiones de CO2 totales y de gases de efecto invernadero, cifra que se eleva al 40 % del total de los sectores difusos, posicionándose en este caso como principal emisor, y por tanto, es un sector clave para la mitigación del cambio climático. No podemos olvidar que en España hay más de 30 000 muertes anuales producidas por contaminación, lo que supone unido a las tres millones de muertes prematuras en el mundo un 1 % del producto interior bruto a nivel mundial, con un coste de 2,3 billones de euros.
Todo esto hace necesario que se adopten medidas destinadas a reducir el consumo de combustibles fósiles y actuar sobre el sector de transporte es prioritario. De este consumo el transporte por carretera representa el 80 %, con cerca de un 95 % de dependencia de los derivados del petróleo. Por eso el desarrollo y la implementación de medidas de mitigación en este sector del transporte, como la promoción de combustibles alternativos con bajos niveles de emisiones, como el coche eléctrico o el trasvase modal desde la carretera hacia modos más sostenibles, o como lo es el del ferrocarril especialmente en el sector de las mercancías donde España el ferrocarril tiene una de las cuotas más bajas de toda la Unión Europea, son claves para cumplir con los objetivos de descarbonización. Es necesario, por tanto, plantear medidas que se dirijan a promover una movilidad urbana y metropolitana más sostenible, fomentar un cambio hacia modos de menor consumo por pasajero/kilómetro e incentivar la renovación del parque de vehículos que utilizan combustibles fósiles por aquellos que están propulsados por energías alternativas, aumentando en particular la penetración de los vehículos eléctricos y desplegando la correspondiente infraestructura de recarga para contribuir a una mayor electrificación del transporte. Una movilidad sostenible en el
transporte a nivel global aporta beneficios en materia de diversificación energética, de reducción de la dependencia de productos petrolíferos, pero también de reducción de emisiones contaminantes, de mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades, de disminución de la contaminación acústica, de fomento del consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. Además, el fomento de las tecnologías alternativas en el sector transporte representa en el actual contexto económico un desafío y una oportunidad para varios sectores estratégicos, como son el sector energético, el de la automoción y el de las tecnologías de la información y la comunicación. Este mismo enfoque es impulsado a nivel europeo a través de la Directiva 94/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refiere a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
Esta es la base que justifica la presentación de esta proposición no de ley que contiene quince puntos, a los que sumamos cinco más a través de una autoenmienda que dan a la PNL una perspectiva de cumplimiento de los compromisos que tenemos que cumplir a nivel global, en especial los acuerdos de París.
Se han presentado otras enmiendas, y estamos negociando una transacción, como es la del Grupo Popular, que aceptamos con algunas modificaciones vinculadas a nuestra propia autoenmiendas, y la de Ciudadanos, que aceptamos en las mismas condiciones. Del mismo modo, el Grupo Mixto, el PDeCAT, ha presentado una tercera enmienda que aceptamos también, con excepción del punto 7.quater que hace referencia a algo que es necesario evaluar previamente. No vamos a admitir ese punto, pero sí los otros tres.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por adelantarse también a la posición sobre las enmiendas del resto de grupos.
Compartimos en su mayor parte el espíritu y el fondo de la PNL presentada. Hemos hecho unas pequeñas aportaciones que esperamos que sean aceptadas, aunque, en principio, vamos a votar favorablemente.
Dentro de los sectores difusos, el sector del transporte, como ha apuntado el portavoz, aporta casi el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro partido está especialmente comprometido con la reducción de dichos gases por el problema de salud pública que supone, sobre todo por el sector de automoción en las ciudades. Creo que hay que insistir en el problema de la salud pública. El Instituto de Salud Carlos III fija en la última década 93 000 fallecimientos prematuros a causa de la contaminación del aire, lo que supone ocho veces más que las muertes por tráfico y el 3 % de todas las muertes que se producen en España. Además, este problema puede ir a más, ya que hay que recordar que el 80 % de la población vive en las ciudades y existe la tendencia al envejecimiento, con lo cual la población cada vez será más sensible a la contaminación.
Quiero decir que cualquier medida que tomemos dentro del sector del transporte, sobre todo por nuestra posición estratégica en el sector de la automoción, debe estar dentro de un marco estable, consensuado, duradero, y cualquier transición debe hacerse de forma ordenada, planificada y justa. Para nosotros, el sector de la automoción es estratégico, ya que somos el segundo productor europeo de automóviles, el octavo del mundo y el primer productor europeo de vehículos industriales. Por ello, si cualquier decisión que tomemos no se hace de manera ordenada y planificada puede tener una gran repercusión sobre dos millones y medio de trabajadores. Es un tema que tenemos que tratar con mucho cariño y atención. Por eso pensamos que nuestro país necesita un plan estratégico de descarbonización del transporte, en el que haya un claro liderazgo del sector público -no hay que olvidar que la capacidad de contratación del Estado supone el 18 % del PIB-, en el que nos atengamos al rigor científico y a la neutralidad tecnológica, en el que haya planificación y previsibilidad, puesto que no puede haber inseguridad jurídica, haciendo una simplificación legislativa y fiscal para que haya una coordinación y una armonización entre todas las medidas fiscales de las diferentes comunidades autónomas.
Como ya hemos anunciado, vamos a votar favorablemente.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con la necesidad de cumplir los compromisos internacionales -los que tenemos con la Unión Europea y, desde luego, nuestro compromiso con el Acuerdo de París- y de avanzar en una economía neutra en carbono. Pero estamos ante una transición, que es algo que se ha dicho varias veces aquí a lo largo de la mañana.
Antes de nada, quisiera manifestar al Grupo Socialista mi sorpresa por la presentación de esta PNL de un modelo de transporte compatible con el cambio climático, cuando se ha presentado un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en el que no se incluyen algunas de las cosas que vienen en esta proposición no de ley. Está muy bien hacer eso cuando uno está en la oposición, que fue cuando se presentó, pero estando en el Gobierno podrían haberlo incluido en el texto.
Si hay algo que tenemos que evitar, sobre todo por lo que ha ocurrido con el anteproyecto, es la incertidumbre. El anteproyecto de ley se dio a conocer con una medida estrella que era la prohibición de la matriculación y venta de vehículos que no fuesen eléctricos en el año 2040. Eso se hizo sin hablar con los sectores afectados por la medida, sin someter el anteproyecto a consulta pública y sin saber muy bien cómo va a ser aprobado, porque se ha aprobado un trocito a través de un decreto-ley de Industria, pero no sabemos si se va a aprobar el anteproyecto mediante otro real decreto-ley, cosa que, sinceramente, sería difícil y resultaría duro.
En el anteproyecto dicen que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no se ha presentado a Bruselas, establecería para el año 2030 los objetivos de penetración de vehículos con nulas y bajas emisiones. El texto de hoy, que es parte de la enmienda de mi grupo que ha aceptado el Grupo Socialista, pretende insistir en la necesidad de vehículos con nulas, pero también con bajas emisiones. Lo que estamos viviendo es una transición, insisto, y si las transiciones ya generan incertidumbres no deberíamos añadir leña al fuego.
La segunda enmienda que presentamos insiste en que no solamente sean los vehículos con nulas emisiones, es decir, los eléctricos, sino también los de bajas emisiones, y lo hacemos precisamente teniendo en cuenta lo que el propio texto de la PNL reconoce como una alternativa en el caso de los buques, que es el uso del GNL...
El señor PRESIDENTE: Perdone señoría.
Una o dos conversaciones al mismo tiempo se soportan, pero cuatro no. Pido a sus señorías -aunque lo están haciendo en voz baja- que salgan fuera de la sala a negociar. Muchas gracias.
Puede continuar, señoría.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Lo que decimos es que no es positivo entregarse ciegamente a los beneficios de una única tecnología, que es la eléctrica, dejando al margen en tiempos de transición tecnologías que podrían ser alternativas, de la misma forma que se hace en la proposición con los buques. Lo que necesitamos es un periodo de adaptación, un periodo de transición. No se trata simplemente de prohibir y ya está, por eso insistimos -es la segunda de nuestras enmiendas- en la necesidad de desarrollar un plan especial y urgente dirigido a los automóviles y furgonetas más antiguos, que son los contaminantes, que circulan actualmente por nuestras vías.
La tercera enmienda solicita la creación de una subcomisión de movilidad sostenible en esta Comisión.
Por último, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Hay enmiendas del PDeCAT. ¿Intervengo solo para defender las enmiendas o también para fijar la posición?
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas, pero tiene usted un pequeño turno.
Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, en concreto por el PDeCAT, las doy por defendidas.
Para fijar la posición de Compromís quiero indicar lo siguiente. Apoyamos esta proposición no de ley, pero nos preocupa que, como muchas otras, se convierta en simple literatura evanescente que no tenga ningún tipo de efecto vinculante para el Estado. Cuando se habla de un modelo de transporte compatible
con la lucha contra el cambio climático, nosotros estamos hablando de partidas que necesariamente deben verse reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, queremos recordar que en los últimos presupuestos, y en los anteriores, ya pedimos 38 millones de euros para el contrato-programa para el transporte de la ciudad de Valencia en proporción a su volumen de población, como tienen otras ciudades del Estado, sin que obtuviéramos el apoyo del Partido Popular ni el de Ciudadanos. Asimismo, pedimos 124 millones para el avance en las obras del corredor mediterráneo, también desestimado. Solicitamos 20 millones para el tren Alcoy-Xàtiva-Valencia, que es todo un ejemplo de tren decimonónico que no cubre las necesidades de la población. Pedimos otra partida para la compra de vehículos eléctricos y la sustitución de flotas de autobuses. En definitiva, cuando hablamos de modelos de transporte compatibles con la lucha contra el cambio climático, de lo que estamos hablando es de hacer obras y no simplemente amores.
Hay una reivindicación esencial para la vertiente mediterránea, que es la realización del corredor mediterráneo, así como del corredor cantábrico-mediterráneo que permitirán el crecimiento económico junto a la reducción de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los datos que manejan los empresarios valencianos, el corredor mediterráneo supondrá una reducción de 900 000 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a la contaminación que generan 130 000 coches dando la vuelta al mundo.
Aquí quiero llegar -y con esto concluyo- a una cuestión muy importante. La industria europea del automóvil precisa una reconversión urgente, apoyando empresas innovadoras en software de movilidad y en tecnologías de consumo de energías limpias para evitar la destrucción de empleo. Sería interesante estudiar una extensión del Connecting Europe Facility, que es el fondo europeo finalista que financia los corredores y que podría ayudar a financiar esta reconversión, pasando del concepto de coche al de utilitario. El automóvil, en definitiva, es un sector tractor que ayudaría a avanzar más rápido hacia la industria 4.0. A ello deben dirigirse los esfuerzos, conectándonos con las ayudas que vengan de los fondos europeos.
Como he dicho, apoyaremos esta proposición no de ley, pero nos gustaría tener pronto un texto presupuestario para ver cómo se ha trabajado y, eventualmente, introducir enmiendas en la línea que he apuntado.
Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.
Esta iniciativa es oportuna, pero también podríamos caer en algo que a este grupo le preocupa especialmente, que es en el tecnooptimismo, es decir, pensar que cambiando la tecnología vamos a lograr los objetivos de cambio climático y aquello sobre lo que ya nos están diciendo desde el Panel intergubernamental de cambio climático que hay que actuar porque tenemos una ventana de oportunidad de unos doce años. Lo que tenemos que hacer en estos doce años es dar una vuelta al modelo productivo y al modelo convivencial para hacerlos compatibles con el cambio climático. En lo que se centran las medidas que propone esta iniciativa es en la tecnología que vamos a tener.
La tecnología va a apoyar y va a aportar, pero no va a ser suficiente. Todos los informes nos aclaran que esa transición va a ser, sobre todo, para la industria. La gran transición que va a venir ahora, después de la de la energía, va a ser la del modelo productivo en cuanto al automóvil, va a ser un cambio de concepto bastante profundo que va a afectar a la capacidad productiva de nuestro país. Lo que tenemos que intentar es que sea una transición justa.
Con respecto al resto de los objetivos, que son fundamentales y que quizá tienen más peso, hablamos ya de planificación; ya no se trata tanto de los puestos de trabajo, sino de cómo vamos a empezar a entender compatible del derecho a la movilidad con el cambio climático. Básicamente a lo que estamos esperando es a que se nos hagan propuestas o que se recuperen las que hemos hecho nosotros y nosotras sobre la planificación en corredores ferroviarios, en autovías, en planes de movilidad para las ciudades y para los entornos rurales. Igual que decíamos con la cogeneración, con la edificación que la energía más barata es aquella que no se utiliza, en la movilidad decimos que el desplazamiento más eficiente es aquel que no se realiza. Tenemos que entender que en medio de la compatibilidad entre el derecho a la movilidad y el cambio climático tiene que estar la virtud. Por ello, debemos cambiar el modelo
productivo, el modelo de distribución de mercancías y el modelo de trabajo y empezar a apostar por el teletrabajo, por otras formas alternativas que van a incidir en el futuro. Lo que no podemos hacer es decirle a la gente que tiene que elegir entre llegar a fin de mes o que no llegue el fin del mundo y empezar a actuar en consecuencia.
- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LAS EMPRESAS DE SECTOR ENERGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003176).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Vendrell.
Estamos en un momento difícil en la lucha contra el cambio climático. Los acuerdos de la reciente Cumbre de Polonia no han sido positivos, no asumen la evidencia científica del informe del Panel de Naciones Unidas según el cual si no se toman medidas drásticas en la próxima década los efectos del cambio climático pueden ser desastrosos. Las emisiones de CO2 continúan creciendo a nivel mundial sin que las medidas que se han tomado hasta ahora sean realmente eficaces. Eso contrasta con una mayor conciencia de la ciudadanía. La política de las distintas administraciones públicas debería estar orientada en su conjunto a hacer frente a estos retos.
Uno de los aspectos concretos, que es el que plantea esta proposición no de ley, es el consumo responsable. Para que el consumo de esa ciudadanía cada vez más concienciada pueda ser responsable es necesario facilitar información adecuada para que se puedan tomar decisiones sobre el consumo energético, valorando el impacto ambiental, el impacto sobre la salud de ese consumo energético y, evidentemente, también el impacto sobre la propia factura de la energía. (El señor vicepresidente, García Cañal, ocupa la Presidencia). Con frecuencia hemos visto que hay empresas eléctricas que en su publicidad dan a entender que el consumidor recibe energía cien por cien renovable, con mensajes que inducen a la confusión, porque cuando uno va a mirar la letra pequeña resulta que eso no es así. También hay empresas que se presentan en su publicidad corporativa como sostenibles, impulsoras de las energías renovables, concienciadas con el cambio climático, cuando son empresas que explotan centrales de generación que suponen un claro riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Existe publicidad que induce a la confusión, por ejemplo, la de la comercializadora de Endesa, con una oferta de tarifa llamada happy, que promete disponer de electricidad gratuita durante un periodo acotado de tiempo a cambio de distintos precios del kilovatio/hora en el resto de las horas de la semana. Es un producto complejo, de difícil interpretación de los datos de consumo que puede conducir a error y a un comportamiento ineficiente. Publicitar y promocionar el consumo a coste cero puede promover un uso irresponsable de la energía o aumentos en la potencia contratada. Muchas de estas empresas, además, se han sumado a iniciativas como el código de autorregulación publicitaria, por el que se comprometen a realizar un uso responsable y veraz de los mensajes publicitarios que utilicen argumentos de carácter ambiental. Hay que recordar, además, que estas empresas tienen enormes beneficios, pero parece que no tienen límite ni demasiados escrúpulos para incrementar como sea esos ya de por sí enormes beneficios.
Es una vergüenza que en un país en el que tanta gente sufre pobreza energética se pueda engañar a los consumidores con la publicidad; por tanto, hay que exigir que la publicidad sea veraz, que no sea engañosa. Aquí tenemos legislación sobre esta cuestión. La Ley 31/1991, de Competencia Desleal, dice que se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Está la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que considera prohibidas en cualquiera de sus formas la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud o el medio ambiente. También está la Ley General de Publicidad, que considera en su artículo 3 que es ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva. El problema es que, por
ejemplo, en esta ley se tenían que desarrollar disposiciones reglamentarias para obligar a las empresas a que en su publicidad se recojan los riesgos que comporta, y eso no ha sucedido.
Para evitar esa publicidad engañosa, para proteger los derechos de los consumidores que quieran ser responsables, proponemos que en el desarrollo reglamentario previsto en la Ley General de Publicidad, siempre respetando las competencias autonómicas, los consumidores puedan conocer el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, así como los residuos radiactivos que generan las empresas en su producción de energía; impulsar campañas publicitarias para dar a conocer a los consumidores el desglose de fuentes de energía de las empresas y el impacto ambiental de dicha producción, porque muchas veces vemos el desglose, pero no el impacto ambiental que tiene la producción de esa energía; y garantizar que toda empresa energética indique en sus facturas y en la documentación promocional el informe sobre emisiones de CO2 y residuos radiactivos.
En síntesis, eso es lo que solicita nuestra proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, señor Vendrell.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez.
Podemos estar de acuerdo con el grupo proponente en que hay que educar y preparar a los ciudadanos del futuro, desde los niveles más básicos hasta la formación profesional, para cambiar los hábitos y las formas de consumo y así ir a un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. No creemos que sea el momento ni la manera de abordar este tema demonizando empresas o señalándolas con el dedo de manera arbitraria, porque hoy empezamos por las eléctricas y mañana puede ser no se sabe cuál.
Empezar señalando empresas, interviniendo en la publicidad y aumentado el gasto en ideas es empezar la casa por el tejado cuando aún no tenemos ni la ley de cambio climático. Creemos que es necesario tener un sistema de gobernanza de cambio climático basado en la ciencia, que ahora no existe, y un procedimiento de huellas de cálculo de CO2 o huella hídrica homologado y de uso generalizado, que tampoco existe. En este sentido, nos parece bien una iniciativa como la del artículo 173 de la ley francesa -que se ha demostrado bastante efectivo, ya que solo en su primer año lo ha aplicado el 85 % de las empresas francesas-, que obliga a las empresas que facturan más de 500 millones de euros al año a informar una vez al año sobre los riesgos climáticos a los que están expuestas sus inversiones y las medidas que están tomando. Además, deben explicar su aportación al cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones. Estas medidas se han demostrado bastante eficaces en este ámbito. Creo que esta sería la línea y no la propuesta del Grupo Podemos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Chaib.
El señor CHAIB AKHDIM: Muchas gracias, señor presidente.
Sin duda alguna compartimos el interés en cuanto a la necesidad de incluir información sobre el impacto ambiental en las facturas y en la publicidad de las empresas de comercialización de productos energéticos, pero quisiera destacar que en la proposición no de ley no queda claro si se refiere únicamente al sector eléctrico o al sector energético en particular. De hecho, la mención a los residuos radiactivos y a las fuentes de generación de electricidad en la exposición de motivos parece hacer referencia únicamente al sector de producción de energía eléctrica. Esta consideración no es menor, sino que tiene una gran importancia, ya que no es posible cuantificar ni regular de forma homogénea el impacto sobre el medio ambiente que tienen empresas que vendan productos energéticos diferentes, como energía eléctrica, gas o carburante.
Por lo que se refiere a la comercialización de energía eléctrica, los puntos 1 y 3 de la proposición no de ley están superados por la regulación vigente, en particular, por el citado artículo 110 bis del Real Decreto 1955/2000, así como por la circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional, de información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
Hemos presentado una enmienda de modificación al punto segundo, para que la campaña de publicidad institucional no sea necesariamente responsabilidad exclusiva del Instituto de Diversificación y
Ahorro de la Energía, del IDAE. El texto quedaría de la siguiente forma: Impulsar campañas de publicidad institucionales -por tanto, a nivel general- para dar a conocer información fidedigna y homogénea a los clientes finales acerca de la energía que consumen, proporcionándole un formato uniforme, con independencia de la empresa que venda la energía, con información precisa sobre el desglose de las fuentes de energía que se han utilizado para generar la electricidad que han consumido y el impacto ambiental que dicha producción ha originado.
Espero que el señor Vendrell nos acepte esta enmienda y podamos llegar a un acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, señor Chaib.
Tiene la palabra el señor Vendrell para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Hemos propuesto una enmienda transaccional a los grupos.
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos que no han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
Sin perjuicio de algunas imprecisiones en las que pueda incurrir el texto de la proposición no de ley, compartimos plenamente su filosofía última y la vamos a apoyar, porque al fin y al cabo de lo que trata es de exigir que los poderes públicos hagan pedagogía y no se mantengan indiferentes en cuestiones que afectan tanto a la ciudadanía como es la relativa a la información sobre los consumos energéticos. De lo que se está hablando es de adoptar una serie de medidas que permitan pasar de la publicidad a la información al consumidor, pero con una exigencia de transparencia que cada vez es más sentida por nuestra sociedad. A esto debe dársele la bienvenida y debe apoyarse. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La Ley General de Publicidad vigente, del año 1988, en cierto sentido es vieja, porque contempla un enfoque a veces excesivamente privatístico del sector y no incorpora la dimensión pública que ha de tener, porque lo importante es la publicidad, pero nunca que los consumidores tengan una información completa sobre los bienes y servicios que están adquiriendo y que en función de esto dichos consumidores se conviertan en el eje básico que dirija los comportamientos en el mercado; es decir, los consumidores lo que pueden hacer es discriminar unos productos respecto a otros y dirigir el mercado hacia objetivos positivos, como puede ser, en este caso, la mejora de la eficiencia energética y el rechazo a aquellas energías que sean contaminantes o que de alguna manera no vayan en la línea de combatir el cambio climático, de transición energética y de asunción de un modelo no consumista en el que debemos embarcarnos si realmente queremos asegurar nuestro futuro.
Insisto en que Compromís comparte plenamente la filosofía de esta proposición no de ley y la vamos a apoyar.
Para cerrar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Juncal.
Estoy de acuerdo -la ley 34/1988 así lo recoge- con que la publicidad es ilícita si es engañosa, desleal y agresiva, como ha dicho el señor Vendrell. Pero, en este contexto, siendo una evidencia científicamente contrastada que determinadas fuentes de generación de energía suponen un riesgo para la salud, etcétera, empieza a criticar la tarifa Happy. Yo me voy a la tarifa Happy y lo que dice es que, si uno suscribe un contrato, tiene dos horas gratis al día, cincuenta horas al mes. Bueno, los que estamos aquí sabemos lo que son las horas valle y las horas punta. Sería como cuestionarnos el "Ya es primavera en el Cortes Inglés", que nos lo dicen en febrero, el "3×2" de Carrefour, los megas gratis ilimitados, el "Día sin IVA" o "Porque yo no soy tonto" de Media Mark, en lo que no suponemos que hay un fraude fiscal generalizado. Y, finalmente, insta a publicitar los bonos de emisiones y el desglose de las fuentes de energía. ¿Riesgo para la salud? Habrá que reflexionar, porque somos el segundo país más longevo del mundo, después de Japón. ¿Reducir emisiones? Estamos de acuerdo, pero actuemos de una forma natural, entre comillas: dejemos que sea la tecnología, dejemos que sea también el mercado, es decir, no
practicar una política energética sectorial irracional. ¿Qué datos se quieren publicitar, los de consumo en España o los de carbón en el mundo? Claro, nosotros consumimos 20 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos, por poner un ejemplo, 566 millones y China, 2700 millones, y supongo que todo eso va a la atmósfera. En cuanto a petróleo, Estados Unidos, 1216 millones de toneladas, mientras que nosotros andamos en 84 millones, y China en 799, 800 millones. En energía nuclear, Estados Unidos anda en 271 millones de toneladas, y nosotros andamos en 18,5 millones de toneladas. En fin, sus medidas, señor Vendrell, lo que crean es pobreza energética.
Sobre el problema de las interconexiones, respecto a Francia, cuando ya tenemos una y vamos a completar otra que se supone que es fundamental para alcanzar la transición energética, ¿qué vamos a hacer, vamos a poner una frontera a los electrones si son nucleares o eólicos? Vuelvo a insistir en que desde el Partido Popular no somos negacionistas y seguiremos trabajando y defendiendo el medio ambiente, pero no podemos apoyar el dogmatismo ni sus mentiras, porque, por mucho que las repitan mil veces, no se van a convertir en verdad. Y pienso que la que sí es publicidad es la que ustedes hacen, que causa pobreza.
Señorías, datos; me he traído mi factura de casa, que pongo a su disposición. Pone: información al consumidor, origen, impacto ambiental de la electricidad consumida, residuos radiactivos de alta actividad, emisiones de dióxido, etcétera, es decir, todo eso ya está recogido, independientemente de todos los temas económicos de la factura del sistema eléctrico.
Por tanto, vamos a votar en contra su proposición.
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA ELECTROCUCIÓN DE AVES EN TORRES ELÉCTRICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003237).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º, cuyo proponente es el Grupo de Unidos Podemos, sobre medidas para evitar la electrocución de aves en torres eléctricas. Tiene la palabra el señor Molla Torres.
El señor MOLLA MATAS: Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como informa el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los tendidos eléctricos ocasionan anualmente la muerte de cerca de 33 000 aves rapaces, todas de especies protegidas, entre ellas el águila perdicera, el buitre ratonero, azores, búhos reales, etcétera, a lo que también hay que sumar unas cuantos miles de aves de tamaño medio y grande, muchos de ellos también de especies protegidas, básicamente cigüeña en sus diferentes tipologías. Ello es debido fundamentalmente a la electrocución que se les causa en el momento de posarse en el tendido, desplegar las alas y hacer contacto con los dos claves de las estructuras de las torres, cerrando el arco eléctrico y sufriendo una descarga y, por tanto, la electrocución, que le supone la muerte, una muerte además por incendio, que a menudo acaba suponiendo también la caída del ave al suelo, envuelta en llamas, y el correspondiente incendio forestal o rural. De hecho, esta plaga la denuncian no solo las entidades medioambientalistas, sino también las asociaciones profesionales de agentes rurales, agentes forestales, agentes medioambientales, que vienen a confirmar que esta ya es la principal causa de muerte de la mayoría de estas especies, gravemente amenazadas y cuyas poblaciones se ven diezmadas de año en año.
Y ello sigue siendo así hoy en día, sin descenso alguno, a pesar de que hace ya diez años que se aprobó el Real Decreto 1432/2008, que establecía las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión, y ello es debido a dos factores: por un lado, a la falta de diligencia de las propias comunidades autónomas, que están obligadas por una disposición transitoria del propio real decreto a realizar una serie de inventarios previstos, estableciendo cuáles son las zonas donde se da la accidentalidad más alta, cuáles son las zonas dignas y necesarias de protección, porque en su mayoría no lo han hecho; y, por otro lado, a la interpretación que se ha dado de que dicha adopción de medidas de protección, esa obligación que corre a cargo de las compañías eléctricas queda supeditada a que el ministerio establezca una ayuda financiera. Pero una reciente sentencia, del pasado mes de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a raíz de la electrocución de un águila imperial ibérica en la provincia de Albacete, condenó a la empresa Iberdrola por una infracción muy
grave a abonar una indemnización de 42 920 euros, y ello fue debido a que el tribunal interpretó que dicha responsabilidad de la compañía eléctrica no podía excusarse en la falta de planes de financiación, sino que, al menos, estaba obligada a presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas y a adoptar medidas de corrección.
En esta PNL venimos a defender que hay que ir más allá y sentar claramente la responsabilidad de las compañías eléctricas, exigiendo la obligación inmediata de la realización de proyectos de adaptación de las líneas eléctricas por parte de todos y cada uno de los propietarios de las líneas, con independencia de cuál sea la fuente de financiación, y ello también a efectos de dotar de mayor seguridad a las administraciones públicas competentes para actuar en defensa de la aplicación de estas medidas de protección de la avifauna, porque además hemos de recordar que estamos hablando de unas compañías que intervienen en un ámbito regulado y cuya financiación debe ir a cargo de las empresas propietarias del transporte y distribución y sin que ello vaya en perjuicio del desarrollo de un plan de ayudas para pymes para la renovación de sus medios obsoletos.
En este sentido, estamos negociando con las demás fuerzas para conseguir este apoyo. De entrada, nos sorprende la posición del Partido Popular, que se defiende como un partido absolutamente liberal pero en este caso vemos que está defendiendo lo contrario, la subvención de las grandes empresas eléctricos para cumplir lo que debería ser su obligación. Y en este sentido, también encontramos ciertas diferencias con el Partido Socialista, pero lo veremos a la hora de votar. Creo que desde el otro lado de las puertas giratorias están ardiendo los teléfonos en referencia a esta Comisión.
Además, también defendemos una serie de propuestas que amplían el alcance, no solo a las zonas de protección de la avifauna, no solo a las zonas ZEPA, a la Red Natura 2000, a los lugares de importancia comunitaria, sino respecto a todas y cada una de las líneas eléctricas, puesto que las dinámicas migratorias y de anidación de las aves se ven constantemente alteradas, en especial debido a los factores del cambio climático, y todo ello en coherencia con la legalidad, con la Ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, dirigida a aplicar medidas de prevención y evitación de los daños ambientales, a establecer los principios de prevención y responsabilidad, que vendrían a cargar sobre cada una de las empresas responsables el principio de que quien electrocute pague, dotando a la Administración pública de un conjunto de potestades administrativas al servicio de la conservación de la fauna y del medio ambiente.
Y todo ello se suma también a las actividades que ya vienen realizando diversas entidades ambientalistas, como SEO Birdlife o el Grefa, el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona, que hoy están siguiendo atentísimamente esta propuesta, que hoy nos acompañan y que, más allá de defender estas iniciativas, de sumarse a la plataforma contra la electrocución en tendidos eléctricos, también realizan un intenso trabajo didáctico, además de colaborar, por ejemplo, con los profesionales de la ingeniería técnica, de modo que hace escasas semanas firmaron un convenio de colaboración con los colegios de ingeniería técnica industrial para sumar en este empeño de adaptar las líneas eléctricas de la manera más resolutiva y mejor, para atender a todas las sensibilidades.
Así pues, defendemos esta PNL, con el objetivo de recuperar los valores medioambientales, preservar la avifauna y todos los proyectos de desarrollo sostenible. Evidentemente, también estamos en disposición de adaptar su contenido a la coordinación necesaria con las comunidades autónomas con competencias a la materia para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas desde 2008, cuando se aprobó este real decreto.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre interviene el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
A pesar del tono al que nos tiene acostumbrados el señor Molla, hablando con mucho ímpetu -alguno diría que incluso más propio de mítines preelectorales que de debates en Comisión-, creemos que es una iniciativa hecha con una intención positiva, y por eso nosotros hemos presentado una enmienda, aunque tenemos algunos puntos, como mencionaba el proponente, donde resulta un poco complicado acabar de ponernos de acuerdo. Y presentamos nuestra enmienda porque para nosotros es un tema importante y creemos que el Real Decreto 1432/2008, de 19 de agosto, cubre la mayoría de los puntos que propone en esta nueva iniciativa el Grupo Podemos. Lo que pasa es que tampoco se le escapa al grupo proponente -y así lo detallamos también en la enmienda- que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional hace que
sean las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medioambiente las que deben convocar, resolver y ejecutar las ayudas y que, por tanto, son las competentes en llevar a cabo lo observado en este real decreto. Y lo mismo creemos que debería pasar con medidas consiguientes o que se detallan en la proposición, como podrían ser futuras inclusiones en temas de penalización o respecto a la creación de algún tipo de régimen sancionador. Por eso, creemos que no es a través de esta PNL, seguramente por las sentencias surgidas con posterioridad, el modo de hacerlo.
Al hilo de la intervención del proponente, es cierto que debemos mostrar mucho más celo desde todas las administraciones en el cumplimiento de los preceptos observados en este real decreto, seguro que sí, pero siempre -y a veces en algunas de las propuestas parecía no entenderse así, en las propuestas iniciales que nos presentaba el Grupo de Podemos- observando el reparto competencial con nuestras comunidades autónomas, evitando sentencias posteriores, como las que han tenido lugar en el Tribunal Constitucional, para enmendar los solapamientos o las incongruencias competenciales.
Por todo ello, una vez más intentaremos llegar a algún tipo de acuerdo mediante una transaccional si es posible, o, si no, muy probablemente nuestro grupo se abstendrá ante una proposición que entendemos que se hace con ánimo positivo.
¿Algún comentario del proponente sobre la enmienda o esperamos al final por si ustedes negocian?
El señor MOLLA MATAS: Estamos trabajando en la enmienda, señor presidente.
Pasamos al turno de fijación de posición.
¿Grupo Mixto? (Pausa). No interviene.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez.
También me ha sorprendido a mí un poco la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Creo que las aves no entienden de divisiones administrativas ni de competencias de las comunidades autónomas ni tienen abogados que las defiendan en los tribunales. Y me parece bien traída esta iniciativa de Podemos, aunque solo sirva para llamar la atención sobre un tema de primera magnitud.
Se ha hablado de 33 000 aves muertas por electrocución en tendido eléctrico al año, pero las organizaciones en defensa de las aves dicen que esto solo es la punta del iceberg y que serían muchas más las muertes que se producen sobre los tendidos eléctricos. En Ciudadanos compartimos la sensibilidad por esta problemática y en este sentido hemos presentado iniciativas también en el Congreso, preguntas al Gobierno, y en comunidades donde tenemos presencia, como en la Comunidad de Castilla y León, para evitar más muertes de aves a causa de los tendidos eléctricos peligrosos y establecer planes de vigilancia y una base de datos que recopile información sobre la situación de dichos tendidos eléctricos. Como ya se ha dicho, muchas de las muertes son de aves de especies protegidas que utilizan los apoyos de los tendidos como posaderos y, al ser de cierta envergadura, tienen mayor probabilidad de sufrir electrocución. Para mitigar este problema, legislando a nivel estatal y por comunidades, se podría optar por técnicas sencillas como el balizamiento de los tendidos o el aislamiento de los conductores de electricidad. Nos parece un problema de primera magnitud y todo lo que hagamos por defender nuestros ecosistemas y biodiversidad siempre positivo.
Se cierra este punto con la intervención de la portavoz del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Bajo Prieto.
Señorías de Ciudadanos, con esta PNL no se está debatiendo la muerte de las aves, sino quién paga. Lo que está planteando Podemos es una subida encubierta en el recibo de la luz, que el acceso a la misma pase de ser un servicio público a otra cosa, que la tengan los que puedan pagarla y que quienes no tengan dinero se queden a dos velas. Ustedes piden que la protección de la avifauna de las líneas
eléctricas de alta tensión no tenga financiación pública, salvo si son pymes y pequeños propietarios, y piden que las medidas de protección no solo se apliquen en las zonas protegidas determinadas por las comunidades autónomas, sino que se amplíen a todo el territorio del Estado. Es decir, lo que están pidiendo es subir el recibo de la luz.
Como ustedes saben, señorías de Podemos, cualquier obligación de inversión debe analizarse en función de la necesidad del criterio coste-beneficio. Entendería que esta PNL versara sobre la necesidad de apremiar a las comunidades autónomas a que definieran claramente las zonas de protección, incluyendo en ellas los criaderos o territorios de las aves afincadas en territorio español, las zonas de afección por parte de la avifauna, priorizando la adecuación de las líneas existentes y garantizando así una protección efectiva con coste razonable. Pero no, ustedes piden ampliarlo a todo el territorio español, lo que conllevaría un aumento del coste del suministro sin aportar un beneficio medioambiental en términos de protección de la avifauna. Creemos que debe aplicarse el mecanismo de financiación que establece el Real Decreto 1432/2008, que permite a las empresas realizar la adaptación a las líneas ya existentes, sin aumentar el coste para los consumidores. También nos parece un trato discriminatorio que solo puedan acogerse las pymes y pequeños propietarios, cuando las inversiones van a redundar en un beneficio social y medioambiental en general. Y lo que más nos sorprende de esta proposición no de ley es que se pretenda establecer medidas para adecuar tendidos obsoletos o irregulares de particulares, determinando la inhabilitación solo para aquellos tendidos que no se adapten, es decir, supone ratificar una situación irregular que nunca debería haber sido consentida. Un tendido irregular, independientemente de sus características técnicas de construcción o estado de mantenimiento, está fuera de todo control administrativo tanto por ausencia de licencias y controles en cuanto a su construcción como por falta de control en su explotación, lo que puede acarrear graves consecuencias para los operadores de las redes a las que están conectados, así como para todo el sistema eléctrico. La adopción de medidas de protección de la avifauna no debe ser una excusa para regularizar una situación alegal o incluso ilegal.
Señorías de Podemos, ustedes han declarado la guerra a los bancos y a las eléctricas, y ese no es el camino. Mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta proposición porque no vamos a ser cómplices de aumentar los impuestos, los recibos de la luz y el déficit de tarifa.
- SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS HABILITADAS DE GAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003792).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º, proposición no de ley sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas, presentada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Mariscal.
En el año 2015 el Partido Popular impulsó la reforma de la Ley de hidrocarburos de 1998 con la pretensión de dar entrada a nuevos operadores en el proceso para realizar las inspecciones periódicas de gas que tienen las familias y pequeñas y medianas empresas en sus casas y empresas respectivamente, ocho millones de instalaciones que son revisadas cada cinco años: por tanto, 1,5 millón de calderas o calentadores que se revisan en nuestro país cada año. Hasta la aprobación de esta norma no existía competencia y la labor la realizaba el distribuidor. Nosotros entendemos que sin competencia se rompen principios fundamentales de los procesos económicos: básicamente, hay menos opciones para los clientes a la hora de elegir quién realice esa inspección obligatoria y, por tanto, hay menos eficiencia en el proceso, existe menor calidad y, evidentemente, el precio es más alto.
La experiencia desde la aprobación de esta ley en el año 2015 es positiva, pero los últimos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos hacen presentar esta iniciativa para mejorar este proceso de entrada de nuevos operadores en la inspección obligatoria de instalaciones de gas tanto de pequeñas y medianas empresas como de familias. El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que en 2016 solo el 1 % de estas inspecciones las realizaron pequeñas empresas no distribuidoras y que en 2017 solo fue el 4 %. Con esta iniciativa fundamentalmente queremos lanzar dos ideas para que el Gobierno se ponga las pilas y modifique el reglamento a fin de que la entrada o mayor
participación de más operadores sea más efectiva. Por un lado, creemos que hay que ampliar el plazo para que los consumidores reciban la información acerca de esas ofertas y, por tanto, poder decidir quién quieren que realice esas necesarias inspecciones. Ese proceso de información debería permitir a las empresas habilitadas para ello saber cuándo tiene necesidad de realizarla cada uno de los clientes. Evidentemente, ahora la ventaja la tiene la empresa distribuidora, puesto que el periodo habitual de tiempo de que dispone el cliente para decidirlo solo es de cuarenta y cinco días, lo que limita la entrada de nuevos operadores. En segundo lugar, solicitamos que estos nuevos instaladores puedan facturar directamente a la distribuidora a través de la comercializadora, en vez de tener que hacer una factura por cada uno de los clientes, por supuesto además de dar cumplida cuenta acerca de la Ley de lucha contra la morosidad y que el pago se realice antes de los sesenta días después de haberse realizado el servicio.
En fin, me parece que es una iniciativa que redunda en la mejora de un servicio fundamental, en la garantía de la seguridad de ese servicio energético, en este caso de gas, y, en segundo lugar, es una iniciativa que afecta directamente a 150 000 trabajadores de empresas instaladoras que pueden participar en este proceso y que actualmente lo hacen de manera subrogada a través de una distribuidora mayoritaria en este caso, y, en definitiva, creemos que con ello conseguiríamos reducir el precio de este servicio para los pequeños y medianos consumidores. Sinceramente, creo que no apoyar esta iniciativa -y miro en especial a aquellas formaciones políticas que siempre apelan a la pobreza energética- supondría caer una vez más en las famosas contradicciones que a menudo cabalgan.
El Grupo Podemos ha presentado una enmienda, que defiende la señora Martínez.
Evidentemente, el objetivo de estas proposición no de ley del Grupo Popular es ahondar en la liberación de las inspecciones técnicas de instalaciones gasísticas en tres vectores: el primero, el acceso a la información de las personas consumidoras; el segundo, evitar la facturación por parte de la distribuidora y hacerlo vía comercializadora, y, el tercero, ampliar los plazos para las decisiones de las inspecciones.
Creo que hay que hacer una serie de consideraciones previas, antes de entrar en materia. En primer lugar, el gasista es un sector con un alarmante número de reclamaciones con respecto a otros servicios. Hablamos de 369 000 quejas al año, esto es, unas cinco quejas por cada cien clientes, aproximadamente el 10 % relativas a atención al consumidor y el 45 % relativas a la medida y la facturación, es decir, la mayor preocupación que tienen los clientes de gas es una correcta facturación, que se les mida el consumo como se debe.
En este contexto, creemos que no es entendible que la mayor preocupación del Partido Popular sean más medidas para que otras empresas, que no sean las distribuidoras, realicen las inspecciones, en primer lugar, porque ya pueden hacerlo y, en segundo lugar, porque las distribuidoras no lo hacen con su propio personal, sino, como ha mencionado el señor Mariscal, subcontratan un servicio que ofrece a sus clientes. Con esta propuesta claramente liberalizadora no percibimos esa voluntad liberalizadora, por ejemplo, a la hora de incrementar la concurrencia competitiva, muy insuficiente a día de hoy, ni en el sector gasista ni en el sector eléctrico, con la efectiva repercusión de precios que tanto preocupa al señor Mariscal que tendría. Hablamos de niveles de concentración por volumen de negocio en lo que se refiere a distribución, comercialización, generación o transporte superiores al 70 %; ahí sí que tendríamos realmente un impacto en los precios. Si el Partido Popular no quiere que sea la distribuidora, igual deberíamos preguntar a la propia distribuidora si quiere hacerlo, o plantearnos si quizás debiera ser quien haga estas inspecciones, puesto que tiene un monopolio de la distribución regulado y por ello se le retribuye, al tiempo que debería ser responsable de la seguridad, y esto por no hablar de la confusión añadida que supondría incluir en la factura otro agente más.
Pero, sin duda, el punto más peligroso y el que principalmente sustenta nuestra posición en contra es la posibilidad de dar acceso a los datos de los consumidores para ofrecerles mejores servicios. Esta historia ya la conocemos. El Real Decreto 15/2018 ha dado marcha atrás en la posibilidad de la contratación puerta a puerta para consumidores domésticos. No es una buena idea el bombardeo de visitas y llamadas para ofrecer servicios. Estamos ante riesgos de fraude, molestia continua y, sobre todo, abrir una guerra de precios que en este tipo de servicios puede redundar en una menor calidad. Desde nuestro punto de vista, para dar cabida a esta liberalización, primero, habría que trabajar el marco de
protección de las personas consumidoras, de acuerdo con las directivas europeas, y, en segundo lugar, la fiscalización de la actividad de las compañías del sector para que se ajuste a lo debe ser la provisión de un servicio básico.
Hemos presentado una enmienda cuya redacción acota o elimina los tres peligros que vemos en la propuesta: el acceso incontrolado a los datos de los consumidores, confusión y caos en la factura -algo que ya preocupa a estos- y la posibilidad de ofertas, bajas temerarias y una mala calidad del servicio, con el consiguiente riesgo para la seguridad. Desde luego, votaremos en contra de esta proposición no de ley y en contra de cualquier transaccional que no incluya explícitamente y de manera taxativa la protección de los datos de personas consumidoras, siendo coherentes con lo que siempre hemos defendido.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antón.
La primera pregunta que me viene a la cabeza tras la lectura de esta proposición no de ley es si el Grupo Popular hubiera presentado en estos mismos términos la iniciativa con Rajoy en el Gobierno. Y la segunda es que si el Grupo Popular hubiera apoyado la iniciativa que presentamos hace escasamente doce meses, en la que ya intentábamos dejar claro que este sector necesita la plena liberalización. A mi juicio, la respuesta a estas dos preguntas es no, porque durante los últimos siete meses el Grupo Popular viene sufriendo una extraña amnesia, con la que de repente se han olvidado de que han gobernado este país durante siete años, la mayor parte de ese tiempo con mayoría absoluta. No obstante y a pesar de todo -y así lo expresábamos en nuestra proposición no de ley-, compartimos el interés por las cuestiones suscitadas en esta iniciativa, y entendemos que estas cuestiones deben abordarse desde el Ministerio de Transición Ecológica, aunque con un planteamiento global en la actuación pendiente, en el marco normativo que regula el suministro de gas, a partir del Real Decreto 1432/2002. Por eso, hemos presentado una enmienda de modificación, que estaríamos dispuestos a transaccionar para poder apoyar esta iniciativa.
Por lo que se refiere al primer punto, si bien es cierto que conocer la información sobre la fecha y el domicilio en el que ha de realizarse la inspección de la instalación receptora de gas supone una ventaja competitiva para la compañía distribuidora, la propuesta que se plantea como solución al dar acceso en términos genéricos a las empresas instaladoras a todos los datos de los consumidores no garantiza un contacto efectivo entre el potencial cliente y la empresa instaladora. Por el contrario, el consumidor cuyos datos se han hecho públicos para todas las empresas instaladoras puede verse inundado -como ya se ha señalado- por publicidad y ofertas que realmente no mejoren su capacidad de elección. Además, el acceso por parte de las empresas instaladoras a los datos de los consumidores que obran en poder de las distribuidoras sin autorización expresa de los consumidores podría contravenir la Ley de protección de datos.
Respecto al punto número dos, es cierto que el procedimiento establecido en la normativa se está revelando perjudicial para las empresas instaladoras por dos motivos principalmente; por un lado, porque deben informar a posibles competidores del precio de ese servicio y, por otro, el cobro de la factura se ha convertido en un proceso interminable que permite retrasos exagerados en los pagos. No obstante, queremos recordar que en los últimos años para luchar contra el fraude de falsas inspecciones, tanto asociaciones de consumidores como algunas administraciones han insistido en que nunca se deben pagar directamente las inspecciones, siempre es mejor hacerlo a través de las empresas distribuidoras. Por eso proponemos un desarrollo reglamentario que mejore la situación del cobro de las empresas que realizan la inspección, y reglamentar las condiciones y plazos del pago a las empresas instaladoras habilitadas a tal efecto. En último lugar, coincidimos plenamente en que debemos revisar tanto los plazos como los mecanismos de comunicación. Los cuarenta y cinco días se cuentan desde la remisión de la comunicación al cliente, no desde su recepción; por lo tanto, retrasos en esta recepción o descuidos en la recogida del correo personal pueden hacer perder capacidad al cliente para elegir la empresa que supervise su instalación. Entendemos que estas medidas abordadas desde la actualización del marco normativo que regula el suministro de gas, no solamente beneficiarán a las empresas instaladoras, sino que fortalecerán los derechos de los consumidores.
Solo queda la intervención, en este caso, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor BATALLER I RUIZ: No intervendré, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No interviene.
El grupo proponente ¿se va a pronunciar sobre las enmiendas?
El señor MARISCAL ANAYA: Mi grupo parlamentario siempre ha sido muy partidario del estricto cumplimiento de la ley. Es decir, si para apoyar esta iniciativa el resto de los grupos necesitan que acreditemos el estricto cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos, estamos dispuestos a incluirlo para que puedan sumarse a esta iniciativa.
En turno de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez.
Pensamos que con el Real Decreto 984/2015, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, se abrió la puerta a algo necesario, que era trasladar al consumidor los beneficios de una competencia que hasta ese momento no existía en este mercado. Abrió la puerta a que las empresas habilitadas también pudieran hacer inspecciones cada cinco años, las empresas distribuidoras tenían la obligación de comunicarlo a los consumidores, y toda una serie de artículos lo desarrollan. En Ciudadanos compartimos el interés por introducir mejoras en materia de competencia dentro del sector energético, en este caso el gasista, así como en otros ámbitos de la energía como el eléctrico. Todas las normas se centran en el papel creciente de los consumidores y su influencia en consolidar este modelo, pues así viene dado por los paquetes de energía y clima, en un intento de incorporar al consumidor de modo que pueda contribuir activamente al sistema para mejorar la eficiencia y poder decidir la forma de su participación. Por ello compartimos la necesidad de flexibilizar en lo posible los procesos de contratación y revisión de las instalaciones como plantea la iniciativa, pero pensamos que hay que profundizar un poco más en la regulación porque se debe tener en cuenta al pequeño y mediano empresario autónomo...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, perdone, un segundo. Señorías, sé que llega la efervescencia de las transacciones, pero si acaso háganlo fuera de la sala porque empieza a haber mucho murmullo. Siga usted, señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias.
Como digo, se debe tener en cuenta al pequeño y mediano empresario, a los autónomos, e introducir más equidad en la regulación normativa para que puedan competir en un mercado con otros agentes que les superan en tamaño y recursos. Pondré un ejemplo, las distribuidoras saben cuándo toca hacer las revisiones y pueden hacer operaciones agrupadas en tiempo y por edificios; esto les permite un ahorro, cosa que no pueden hacer los pequeños instaladores, que van un poco a ciegas y no pueden practicar una economía de escala.
- RELATIVA AL IMPULSO DE REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA LLANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002401).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden de día, el número cinco que habíamos dejado para el último lugar, relativo al impulso de regeneración de las playas de la Llana. En nombre del grupo proponente interviene como portavoz la señora Borrego. Tiene usted la palabra.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy convencida de que todos los presentes vamos a estar de acuerdo en esta iniciativa. Para los que no conozcan las playas de la Llana, les animo a conocerlas; son playas extraordinarias, poco conocidas, que se encuentran en la vertiente mediterránea del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia. Son playas sin urbanizar, de arena fina, que son la salvaguarda del parque regional que antes les he comentado. Estas playas presentan un claro comportamiento regresivo que lleva consigo una disminución progresiva de la playa, con una tasa de retroceso, según algunos estudios, de 70-80 metros desde 1957. En el proyecto que tiene el ministerio de julio de 2018 se establece que esta regresión comenzó en el año 1950 con la construcción del puerto pesquero. Los datos que tenemos actualmente de la vida útil de la playa son escalofriantes, hablamos de que a la playa le pueden quedar diez o quince años de vida útil, si no se toman unas medidas importantes, urgentes y de manera prioritaria y excepcional.
Conscientes de la gravedad del problema, el Gobierno del Partido Popular en el Plan piloto de impulso al medio ambiente para la adaptación del cambio climático, Plan Pima Adapta 2015, introdujo entre sus actuaciones las obras para la defensa de la costa de la playa de la Llana por regresión del mar debido al cambio climático. También se han realizado algunas medidas de emergencia como alimentación de arena. El impulso de la redacción del proyecto de actualización del acondicionamiento de las playas de la Llana por parte del Partido Popular supone que ahora mismo este proyecto se encuentre en tramitación ambiental. Después de su información pública y aprobación del proyecto de acuerdo con la alternativa seleccionada, estaremos en disposición de licitar las obras para llevar a cabo su ejecución, pero para ello, como ustedes saben, es necesario impulsar prioritariamente el proyecto y dotarlo económicamente.
Señorías, hay que continuar impulsando de manera prioritaria y urgente las acciones para la regeneración de las playas de la Llana porque no solo están en peligro las playas, sino también el Parque Regional de las Salinas y los Arenales de San Pedro del Pinatar. La regeneración de las playas supone dar cumplimiento a la Ley de Costas y a la Estrategia para la adaptación de la costa española a los efectos del cambio climático, que se aprobó en julio de 2017. Eso sí, para dar impulso a estas actuaciones se debe actuar de manera coordinada con el Gobierno de la Región de Murcia e informando puntualmente de todas las actuaciones al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con la lealtad institucional que debe regir toda actuación de la Administración. Como les decía al inicio, en esta propuesta seguro que estamos todos de acuerdo. Instamos al Gobierno del Partido Socialista a continuar con el impulso que inició el Gobierno del Partido Popular, y a llevar a cabo de manera prioritaria y urgente las acciones necesarias para la regeneración de las playas de la Llana reduciendo la exposición de las mismas al mar, dotando económicamente estas obras de regeneración para poder licitar este proyecto y comenzar la ejecución de las obras.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría, y bienvenida a esta Comisión.
A continuación, toma la palabra el grupo enmendante Confederal Unidos Podemos y, en su nombre, el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
La regresión de las playas de la Llana en San Pedro del Pinatar es algo que organizaciones ecologistas, instituciones científicas, universidades y expertos vienen denunciando desde hace años, no es algo que haya descubierto esta PNL del Grupo Parlamentario Popular. Las playas de la Llana, situadas en el interior del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, han experimentado un retroceso muy importante desde mediados del siglo XX, pero las causas no son simplemente el cambio climático, como parece que apunta la PNL del grupo proponente; las causas que han provocado dicha regresión son diversas y tienen que ver con la falta de aporte de materiales procedentes de la desembocadura del Segura, con la retirada de arenas para la creación de playas artificiales en la orilla norte del Mar Menor y, desde luego, también tienen que ver con la ampliación del puerto de San Pedro del Pinatar que ha modificado las corrientes marinas de la costa. Y esto es responsabilidad del propio Gobierno regional y del grupo que hoy presenta esta proposición, que se lamenta por esta situación que se podía haber evitado. Respecto a la ampliación del puerto, todos los estudios y trabajos realizados no dejan lugar a dudas; la ampliación del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar ha sido la causa del deterioro agudo desde hace más de diez años. En resumen, todos los informes y toda la evidencia
científica disponible muestran que la ampliación del puerto generó una acumulación de sedimentos al norte de esta infraestructura y una erosión al sur.
Para resolver el estado de las playas de la Llana hay diversas propuestas que desde hace años se vienen poniendo encima de la mesa. En la última, del año 2017 del propio ministerio cuando todavía gobernaba el Partido Popular, se proponía a través de la Demarcación de Costas del Estado la instalación de dos escolleras sumergidas que pretendían frenar el embate del temporal y, de este modo, evitar el efecto remolino de las corrientes; la primera de ellas como prolongación submarina del espigón del puerto de San Pedro a unos doscientos metros de la orilla, y la otra a unos 150 metros por delante mar adentro. Sin embargo, este tipo de medidas, a las que era muy aficionada la anterior ministra, tienen un impacto ambiental muy importante, cuando existen soluciones técnicas mucho más sencillas y baratas. De hecho, hay informes que apuntan a otra solución que pasa por la modificación del perfil del dique sur del puerto rebajando el actual nivel de pendiente a uno suave, de manera que las olas que inciden en el dique pierdan energía y pasen a tener menos poder erosivo en el primer tramo de la playa de Barraca Quemada. La competencia, por lo tanto, es de la Dirección General de Transportes y Puertos de la comunidad autónoma, puesto que fue este organismo quien decidió las obras de ampliación del puerto que han dado origen a la situación. Además, esta solución se ha ido completando con otras posteriores que pasan por la permeabilización del dique de contención. Todas estas soluciones que estamos planteando son compatibles con el mantenimiento del puerto y eficaces para evitar la regresión de las playas. Mientras no se acometan estas obras, la regresión de la playa de la Llana continuará, y por muchos aportes de arena que realicemos, seguiremos echando el dinero por el mar sin solucionar prácticamente nada.
Quiero comentar una última cuestión a la señora proponente del Grupo Parlamentario Popular, deberíamos tener un principio para todas estas cuestiones ambientales: quien degrada debe pagar. El puerto ha causado el problema, el puerto tiene que arreglarlo y pagarlo y, en su caso, también el Gobierno autonómico que tiene una responsabilidad política que hay que dirimir, y sobre todo no sigamos vendiendo falsas soluciones que no son tales. Quien tiene responsabilidades las tiene que asumir y, como digo, quien degrada tiene que pagar.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Sánchez.
Para posicionar al grupo proponente sobre la enmienda presentada, en este caso el Popular, tiene usted de nuevo la palabra, señora Borrego.
La señora BORREGO CORTÉS: No aceptamos la enmienda presentada. No sé si le tengo que dar una explicación, pero le diré que si estudia el proyecto presentado en julio de 2018, o sea, hace unos meses, que se encuentra en fase de tramitación ambiental, verá perfectamente cuáles son las causas de la regresión de la playa que determina el técnico.
Pasamos entonces al turno final de posición de los grupos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Alguna intervención? (Denegación). No interviene. El representante del Grupo Parlamentario Vasco no está. ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? Sí está, señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Sí está, pero paso palabra. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Pasa palabra. Muchas gracias.
Por cierto, señor Capdevila, por alusiones, aprovecho para agradecer a usted, al señor López de Uralde y a la señora letrada que hayan representado a esta Comisión en la Cumbre de Katowice. (El señor López de Uralde Garmendia: Con gran dignidad). Muchas gracias, en nombre de todos.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, toma la palabra el señor de Murcia, su tierra, don José Luis Martínez.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Sí, un señor de Murcia. Muchas gracias, señor presidente.
Aunque ya adelanto que vamos a apoyar la iniciativa, como no podía ser de otro modo, confieso que me causa un cierto sonrojo la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando habla de algo prioritario y urgente. Lo voy a explicar en mi intervención. La situación de la playa de la Llana es alarmante desde un punto de vista medioambiental y descorazonadora para los murcianos en general y los pinatarenses en particular. En Ciudadanos compartimos desde hace años la lucha por lograr que la
situación de esta playa, perteneciente al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, se aleje de su actual estado de abandono y dejadez. Esta playa tiene, si nadie lo remedia, fecha de caducidad; quizás sea una de las pocas playas de España que sabemos cuándo va a desaparecer. Esta fecha es un espacio temporal de doce años, dentro de doce años no habrá ninguna playa; en 2030 la playa solo será un recuerdo para todos aquellos que durante generaciones pudieron disfrutar de ella. No solo se perderá un enclave único y privilegiado, sino que también se perderá una parte de la geografía y de la historia de San Pedro del Pinatar y, por consiguiente, de la Región de Murcia.
La playa de la Llana presenta un comportamiento regresivo que se conoce desde 1957. Por eso me sorprenden las afirmaciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular argumentando que esto era prioritario y urgente, pues es prioritario y urgente desde 1957. La línea de costa ha retrocedido -la tasa de retorno- 80 metros en sentido decreciente de norte a sur; es decir, a medida que disminuye la respuesta de la costa al efecto de barrera del puerto. Por eso el cambio climático, aunque podrá tener mucho que ver en el futuro, aquí ha tenido poca participación. Pese a que todo esto era conocido, y a pesar de lo que afirma la secretaria, no existen planes de regeneración ni proyectos para ejecutar las posibles acciones que los numerosos estudios científicos realizados han venido apuntando. En Ciudadanos no hemos permanecido impasibles, a la proponente se le ha olvidado decir que la moción a la que hace referencia la PNL del Grupo Parlamentario Popular, que fue aprobada en 2017 en el pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, fue una moción conjunta entre el Partido Popular y Ciudadanos, también la apoyamos. Nosotros siempre hemos tenido presente la urgencia de las actuaciones, y así lo hicimos constar en la moción en la que igualmente instábamos al Gobierno regional a intensificar la conservación del parque regional. Quiero recordar que el Partido Popular alguna responsabilidad tendrá porque lleva gobernando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia veintitrés años, y en San Pedro del Pinatar, a excepción de un interregno de cuatro años, lleva gobernando los cuarenta años de democracia, o sea, treinta y seis años, alguna responsabilidad tendrá en ello.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio que terminamos pronto.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Y alguna decisión tendrían que haber tomado en todo este tiempo. Ahora ustedes en la oposición instan al Gobierno a hacer de forma urgente algo que ustedes no hicieron. Aún así, esperamos tener más suerte y vamos a apoyar la iniciativa.
Ya para cerrar el debate toma la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Baños, a la que damos también la bienvenida a esta Comisión. Tiene usted la palabra.
Buenos días, señorías. Para empezar como ha terminado el portavoz de Ciudadanos, a mí también me causa sorpresa y sonrojo que después de siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante veintitrés años por el Partido Popular, y un ayuntamiento gobernado durante más de treinta y seis años por el Partido Popular, ahora vengan a exigir esta urgencia e imperiosa necesidad al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, señorías, el compromiso de los socialistas en la lucha al frente del cambio climático es incuestionable. Los efectos del deterioro ambiental producido por la acción del ser humano sobre el planeta y, en concreto, sobre nuestras costas son innegables, tanto es así que se trata de unos elementos que año tras año la ciudadanía puede ir viendo in situ con el retroceso de los parajes naturales frente al mar, como es el caso de las playas de las que hoy estamos hablando, pero también de otras muchas.
No voy andarme por las ramas, señoría, la estrategia para la conservación de nuestro litoral, aprobada el año pasado, confirma con criterios científicos y técnicos cuáles han de ser las acciones de las administraciones públicas en esta materia, e impulsa la necesaria colaboración entre ellas para que estas políticas públicas lleguen a dar los resultados esperados. Pero como en otras tantas cuestiones también nos enfrentamos a un problema añadido, a un problema de voluntad política; una voluntad que cuando no se ejerce solo supone retrocesos y retrasos en las tareas que deberían haberse acometido, como es el caso que ahora nos ocupa; concretamente la no ejecución de presupuestos aprobados o la mera postura política con una sarta de fotos en medios de comunicación y redes sociales, promesas incumplidas o declaraciones vacías de contenido. Frente a la inacción de
otros gestores, los socialistas avanzamos en materia ambiental desde el rigor y el cumplimiento de las obligaciones legales y de la palabra dada. Desde la aprobación del documento al que me he referido, la Estrategia de adaptación al cambio climático, hemos de poner de manifiesto que ya se ha contratado el proyecto de acondicionamiento de la playa de la Llana en San Pedro del Pinatar, al objeto de que el redactado de los documentos ambientales que le son propios estén en el trámite de consultas que corresponde a este tipo de actuaciones; paso a paso desde la legalidad, el compromiso público y la ejecución presupuestaria, señorías.
Pero no nos quedamos ahí, hemos reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de incorporar a este planteamiento a la comunidad científica a través de las universidades públicas de la Región de Murcia, la acción del Gobierno autonómico y sus organismos dependientes, además de al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Tanto el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, como la oposición socialista en el citado ayuntamiento, han comprometido su colaboración y presencia en cuantas acciones se lleven a cabo por las administraciones en este tema, sin las dilaciones y los mareos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Les invito a leer el acta del pleno municipal donde fue aprobada la moción que se recoge en la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Sería muy instructivo para todos, también para los medios de comunicación a los que trasladaremos el nivel de perversión política al que se puede llegar por parte de quien no solo no hace nada, sino que, además, se queja cuando son los demás los que intentan poner soluciones encima de la mesa.
Termino, señorías. Rigor en la ejecución de lo acordado y planificado, contratación del estudio de regeneración y su exposición pública, cumplimiento de las obligaciones legales; esa es la seña de identidad del ministerio y de la delegación del Gobierno para con los vecinos de San Pedro del Pinatar y sus veraneantes. Por supuesto, votaremos a favor de su proposición y dejaremos también meridianamente claro que mientras los socialistas trabajamos y cumplimos, hay quien solo se hace fotos.
No sé si han terminado ya de negociar las transacciones. Daremos tres minutos, incluso si pueden ser dos, mejor. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a iniciar la votación. No me voy a extender en las enmiendas de cada grupo, así que simplemente votamos el primer punto con la transacción acordada por los enmendantes.
Votamos el segundo punto, también con la transacción acordada.
Votamos el punto tercero, también con la transacción correspondiente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
Votamos el cuarto punto con la transacción correspondiente, la proposición no de ley de Ciudadanos.
Sometemos a votación el punto quinto en sus términos.
Votamos el punto sexto con la correspondiente transacción, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre transporte y cambio climático.
Votamos ahora el punto séptimo sobre la regulación de la publicidad de las empresas del sector energético, una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor PRESIDENTE: Hay empate. Por tanto, votamos de nuevo la misma iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Nuevo empate. El Reglamento habla de suspender la votación por si quieren pensarlo y demás, pero como hemos suspendido antes para lo mismo, votamos por tercera y última vez y, en caso de empate, queda rechazada directamente.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: ¿Por qué?
La señora LETRADA: Por el artículo 88.1 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar por última vez y saben, por el artículo ya mencionado, que en caso de empate decaería la iniciativa. ¿De acuerdo?
El señor PRESIDENTE: Decae la iniciativa tras la tercera votación.
Votamos, por tanto, el punto número ocho que tenía la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero se vota finalmente en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 15; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazado.
Votamos el punto número nueve y último con la transacción acordada.
Señorías, muchas gracias especialmente por este último esfuerzo. Buenas tardes a todos.

References: Real Decreto 
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 real decreto 
 artículo 3
 artículo 173
 artículo 110
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 88