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Timestamp: 2020-04-03 06:02:49+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2016-3515
Documento BOE-A-2016-3515
«BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2016, páginas 25386 a 25389 (4 págs.)
BOE-A-2016-3515
El día 4 de enero de 2016, el notario autorizante, don Antonio Juan García Amezcua, interpuso recurso contra la calificación con los siguientes fundamentos jurídicos: «Primero.–Veracidad de la calificación: Para analizar la veracidad de la calificación es necesario en primer lugar analizar la redacción del precepto estatutario discutido y el momento de su redacción: En cuanto a la redacción del artículo 4 de los estatutos sociales el tenor literal de este, antes de su modificación por el traslado de domicilio era: “La sociedad tiene su domicilio en Atarfe, calle (…). Los cambios de sede dentro del mimo municipio se realizaran por acuerdo del Consejo de Administración…ˮ. Por tanto del tenor literal de la redacción del precepto no resulta que éste fuera competente únicamente para los cambios de domicilio dentro del mismo término municipal, sino que era competente para esos cambios. En segundo lugar, hemos hecho referencia al momento de la redacción del precepto, que se produce en el momento de constitución de la sociedad y por tanto es conforme con la legislación societaria vigente el doce de febrero de dos mil catorce que en el artículo 285 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital dispone: “Artículo 285 Competencia orgánica 1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general. 2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.ˮ Lo que hacía el artículo de los estatutos sociales no era más que remarcar una competencia que la ley ya le atribuía. Sin embrago en la fecha en la que se produce el acuerdo de traslado de domicilio social el mismo precepto legal señala: “Artículo 285 Competencia orgánica 1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general. 2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.ˮ A continuación trataremos de analizar si existe disposición estatutaria contraria a la competencia de los administradores, sirviendo este primer punto solo para dejar constancia de que en ningún caso el sentido del precepto estatutario es atribuir la competencia a los administradores únicamente en el caso de traslado dentro del mismo término municipal, pues no de la interpretación gramatical, lógica o sistemática los estatutos resulta esta consecuencia. Y subrayamos la palabra únicamente porque creemos que es fundamental para entender la calificación y la falta de ajuste de esta al contenido del acuerdo y de la escritura de elevación a público sobre la que recayó. Segunda.–Congruencia de la calificación. La conclusión que extrae el señor Registrador de la redacción del precepto estatutario no puede considerarse congruente por las siguientes razones: 1º.–La modificación que se produce en el apartado 2º del artículo 285 del TRLSC (la nueva redacción del precepto se produce en virtud del número uno de la disposición final primera de Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal) al atribuir la competencia para el traslado de domicilio social al órgano de administración, lo que hace es ampliar la competencia de los administrador respecto de la situación anterior a su entrada en vigor y en ningún caso restringirla. 2º.–No puede oponerse a esta competencia de los administradores, el contenido de un precepto estatuario que ni siquiera podía prever esta posibilidad en el momento de su redacción. La única posibilidad de que el precepto estatutario fuera contrario a esta competencia es que hubiera reservado la competencia exclusiva para el cambio de domicilio social a la Junta general, pues de este modo habría limitado la competencia del órgano de administración. 3º.–En relación con la remisión que el señor Registrador efectúa al artículo 160 del TRLSC (entendemos que a los apartados g) y j)), si el artículo de los estatutos no dice expresamente que la competencia es de la Junta General para casos distintos del legalmente previsto (traslado del domicilio social fuera del territorio nacional), no puede entenderse que este restringiendo la competencia del órgano de Administración y en la cláusula estatutaria discutida no se reserva esta competencia exclusiva a la Junta General. 4º.–A nuestro juicio la comprensión correcta del precepto estatutario en el que tiene origen la calificación y este recurso es la siguiente: a).–Traslado de domicilio dentro de la misma población: La competencia es del Consejo de Administración, porque los estatutos se la atribuyen expresamente. b).–Traslado de domicilio dentro del territorio nacional: La competencia es del Consejo de Administración, porque la ley se la otorga (artículo 285.2 TRLSC) y no hay disposición contraria en los estatutos que expresamente se la reserve a la Junta General. c).–Traslado de domicilio fuera del territorio nacional: La competencia es de la Junta General, porque la ley se la otorga [artículo 160 del TRLSC apartado g)]».
1. Mediante la escritura calificada el consejo de administración de una sociedad anónima traslada el domicilio social de Atarfe a Maracena.
3. Como tiene reiteradamente establecido este Centro Directivo (vid. las Resoluciones de 4 de julio de 1991, 26 de febrero de 1993, 29 de enero y 6 de noviembre de 1997, 26 de octubre de 1999 y 10 de octubre de 2012), las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen legal entonces vigente (sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de la regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. Aplicada esta doctrina a la cuestión planteada en el presente caso resulta que, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas legales que atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su traslado dentro del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la modificación legal por la que se amplía la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional» será ésta la norma aplicable, y así lo reconoce el registrador en la calificación impugnada. Y es que, de no aceptarse esta conclusión, las sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado artículo 149 de la Ley de Sociedades Anónimas -o el análogo artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital en su redacción anterior a la Ley 9/2015- resultarían agraviadas respecto de aquellas otras en las cuales, por carecer de previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el órgano de administración puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

References: artículo 4
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 160
 artículo 149
 artículo 285