Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920549.html
Timestamp: 2019-11-20 02:27:45+00:00

Document:
as201920549
Auto Supremo: 549/2019
Expediente: PT-3-19-S.
Proceso: Acción reivindicatoria, negatoria, resarcimiento de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 240 a 241, interpuesto por Lourdes Eulalia Martínez contra el Auto de Vista Nº S – 156/2016 de 22 de septiembre, cursante de fs. 219 a 223, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro el proceso ordinario de acción reivindicatoria, negatoria, resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Plácido Cuevas Montes contra la recurrente, el Auto de concesión de 16 de octubre de 2018 cursante a fs. 287, el Auto Supremo de admisión Nº 63/2019-RA de fs. 293 a 294 vta., los antecedentes procesales, y;
Planteada la acción reivindicatoria, negatoria, resarcimiento de daños y perjuicios de fs. 18 a 20 vta., interpuesta por Plácido Cuevas Montes contra Lourdes Eulalia Martínez, quien una vez citada, contestó a la demanda de forma negativa e interpuso excepciones de citación previa al garante de evicción y de oscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda de fs. 31 a 34.
Tramitado el proceso el Juez Público N° 1 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tupiza, pronunció la Sentencia Nº 023/2016 de 05 de abril cursante de fs. 84 a 88, donde declaró PROBADA parcialmente la demanda de reivindicación, e IMPROBADA en relación a la acción negatoria, resarcimiento de daños y perjuicios, disponiendo la restitución del bien inmueble ubicado en el Barrio Obrero manzana “B” a favor del actor.
Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandada a través del memorial de fs. 98 a 102, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista Nº S – 156/2016 de 22 de septiembre, cursante de fs. 219 a 223, que CONFIRMÓ la sentencia, argumentando que:
La parte demandada no acreditó el título de propiedad por el cual se encuentra en posesión del inmueble demandado.
Refirió que en el escrito de impugnación la demandada señaló agravios diferentes a lo establecido en el auto de relación procesal, de suerte que no fueron objeto de análisis.
Razonó que los fundamentos emitidos en la sentencia son congruentes y están debidamente fundamentados, ya que en base a la valoración de la prueba se dispuso la reivindicación del objeto de la litis.
Indicó que la impugnante solo demuestra una disconformidad con la sentencia, debido a que los agravios se concretan en una relación de antecedentes, sin llegar a desvirtuar el título de propiedad del demandante.
Resolución que fue impugnada vía recurso de casación interpuesto por Lourdes Eulalia Martínez, recurso que se analiza.
1. Indicó que el Tribunal de segunda instancia habría perdido competencia conforme a los arts. 264 y 267 del Código Procesal Civil, ya que el Auto de Vista se dictó 5 meses y 20 días después de habérsela remitido a los de instancia.
2. Señaló que a fs. 224 se les notificó en forma conjunta con el Auto de Vista, en vista a que se debió sustanciar en el efecto suspensivo y no así en el devolutivo, debiéndose anular obrados hasta fs. 219.
3. Manifestó que el Tribunal Ad quem imprimió un trámite erróneo, a causa de la concesión del recurso de apelación en el efecto devolutivo, debiendo concederse en el efecto suspensivo, de modo se vulneraría el derecho a la defensa y el debido proceso.
Por lo que solicitó que este Tribunal anule obrados.
III.1. Con relación a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal:
La SCP 1662/2012 de 01 de octubre en el Punto III.3 de los fundamentos jurídicos del fallo, estableció lo siguiente:
“…Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”.
Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: “El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.
En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio de una fragosidad de formas procesales…”
Previamente a considerar los reclamos vertidos por la recurrente, se debe tener presente que la finalidad de todo proceso es la efectiva materialización de la justicia a través de la eficacia del derecho sustancial.
a) Conforme al reclamo adscrito en el punto 1, la recurrente indicó que el Auto de Vista fue dictado fuera de plazo y por consiguiente el Tribunal colegiado habría perdido competencia para emitir su resolución, de modo que tal elocución solo advierte un aspecto formal intrascendente en el ordenamiento jurídico procesal, ya que el pronunciamiento de una resolución judicial fuera del plazo señalado por ley no da lugar a la pérdida de competencia, como mecánicamente lo entiende la recurrente, sino la pérdida de competencia obedece a situaciones específicas señalados por ley, sirviendo como referencia el art. 16 del Código Procesal Civil, en la que expresa: “(Pérdida de competencia). La autoridad judicial perderá competencia por: 1. Excusa declarada legal. 2. Recusación probada. 3. Resolverse en su contra la competencia suscitada. 4. Conclusión del pleito”. De igual manera, al haberse observado que la resolución del Tribunal Ad quem fue dictada fuera de plazo, ello no deriva en su invalidez, ya que a este caso se extiende y aplica lo dispuesto por el art. 217 de la Ley Nº 439, en este ámbito resulta intrascendente el reclamo efectuado por la recurrente concordante con el art. 105 del Código Procesal Civil, debido a que el Auto de Vista Nº S – 156/2016 de 22 de septiembre, cumplió con su objeto procesal al resolver el recurso de apelación confirmando la sentencia Nº 023/2016 de 05 de abril.
b) Siendo que los puntos 2 y 3 gravitan en que el recurso de apelación debió concederse en el efecto suspensivo y no así en el efecto devolutivo, corresponde señalar que el Código Procesal Civil prevé en el art. 279 que ante la inobservancia de las normas procesales referidas a la concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, se debe plantear el recurso de compulsa, siendo inoportuno este reclamo en sede de casación.
Conforme se tiene en obrados a fs. 105 vta. la concesión al recurso de apelación planteado por Lourdes Eulalia Martínez en el efecto devolutivo, siendo notificadas ambas partes el 18 de mayo de 2016 conforme fs. 106, de manera que si la recurrente consideraba que la concesión de su recurso de apelación era errónea, nada impedía interponer el recurso de compulsa respectivo y al no haberlo sustanciado, se entiende como una renuncia tácita, consolidando de esa manera la decisión asumida por el juez de instancia en el auto de 17 de mayo de 2016 cursante a fs. 105 vta. Por otra parte, este reclamo viene a ser intrascendente, en vista que fue subsanada por el juez instancia mediante Auto de 13 octubre de 2017 a fs. 278, en tal sentido es que se analiza el recurso de casación interpuesto por Lourdes Eulalia Martínez, la misma fue admitida mediante Auto Supremo de admisión Nº 63/2019-RA de fs. 293 a 294 vta., aspecto por el cual que la recurrente efectivizó los mecanismos recursivos previstos por el Código Procesal Civil, materializando de esa manera su derecho a la defensa.
Bajo las anteriores consideraciones, las acusaciones de haberse vulnerado a su derecho a la defensa, negación de justicia quedan desvirtuadas, no siendo sustento válido para disponer la nulidad del Auto de Vista.
c) Finalmente la recurrente de manera genérica manifiesta que el bien inmueble objeto del litigio no fue precisado y a su vez observó que la resolución del Tribunal de segunda instancia solo tendría un considerando, tales reclamos resultan ser vacuos y genéricos, ya que no expresa a cuál de las causales de casación previstas en el art. 271 debiera adecuarse los argumentos expuestos, por este motivo hace defectuoso su planteamiento, asimismo el hecho de agrupar en un solo considerando los agravios y su respectiva fundamentación es una facultad del juzgador, lo cual no implica que no se absuelvan los reclamos planteados, por el contrario a fs. 221 in fine el Tribunal Ad quem fue claro al manifestar con respecto a Lourdes Eulalia Martínez que: “… no se ha demostrado a que título posee el bien en cuestión, menos se constata que ella hubiera comprado el bien, que los pormenores que señala respecto a la numeración del lote, barrio, etc., no han sido consistentes para determinar una confusión en la que pudiera incurrirse, que fuera otro el lote que persigue el demandante…”, en este sentido tampoco señala algún medio probatorio por el que las autoridades de instancia hayan incurrido en algún error de hecho o error de derecho, lo cual deriva en una inconsistencia de su reclamo, no obstante en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, se absolvió las denuncias formuladas y al no encontrar sustento legal para aquellos reclamos, corresponderá emitir resolución por el infundado
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 240 a 241, interpuesto por Lourdes Eulalia Martínez contra el Auto de Vista Nº S – 156/2016 de 22 de noviembre, cursante de fs. 219 a 223, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Sin consta ni costos por no haberse contestado al recurso de casación

References: Resolución 

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