Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190611s00129331840.html
Timestamp: 2020-08-03 12:35:08+00:00

Document:
12ª Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2019 - C.SS
N.º 12 - TOMO 595 - 11 DE JUNIO DE 2019
–	El señor senador Coutinho solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el Plan Maestro de Aviación Civil para Uruguay.
–	La señora presidenta de la Cámara de Senadores presenta un proyecto de resolución por el que se modifica el Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores.
7), 18) y 23) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Tourné, Aviaga, De León, Garín, Lacalle Pou, Castillo, Ayala, Coutinho, Larrañaga, Delgado y Alonso.
–	Quedan convocados los señores senadores Pardiñas, Asiaín, Aristimuño, Meléndez, Argimón, Vellozas, Alcorta, Pesce, Gandini, Draper y Álvarez.
8)	Exposición escrita
–	El señor senador Camy solicita se curse una exposición escrita con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, relacionada con la situación del Jardín de Infantes n.º 109 de la ciudad de Rodríguez, departamento de San José.
9)	Solicitud de archivo de carpeta
•	A solicitud de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el Senado resuelve archivar la carpeta n.º 874/2017, por haber tomado conocimiento de dichas recomendaciones.
10)	Porte de armas por parte de los agentes de policía cuando desarrollan actividades particulares
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.
11)	Nuevas medidas para la cadena arrocera
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la prensa especializada en el sector agropecuario.
12) y 20) Postergación de los numerales primero y décimo del orden del día
•	La presidencia informa que no se han presentado todos los nombres para la integración de la Comisión Permanente, por lo que se posterga su consideración.
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve postergar el numeral décimo hasta la próxima sesión.
13)	Micro- y pequeñas empresas
–	Proyecto de ley por el que se crea el régimen especial de exportaciones.
14)	Rotulado de medicamentos en sistema braille
15)	Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
16)	Numeral quinto del orden del día. Vuelta a comisión
•	Por moción de la señora senadora Ayala, el Senado resuelve que este asunto retorne a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
17)	Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica
19)	Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación
21)	Muelle Aníbal Sampayo
–	Proyecto de ley por el que se designa con su nombre el exmuelle de la Shell, del departamento de Paysandú.
22)	Suspensión de la sesión ordinaria del día 12 de junio
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve suspenderla.
24)	Ascenso en las Fuerzas Armadas
–	Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascenso al grado de coronel médico de sus Servicios Generales Comunes al teniente coronel médico Julio Miguel Citera Gómez.
«Montevideo, 7 de junio de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 11 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º)	Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).
2.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establece un régimen especial de exportaciones de micro- y pequeñas empresas.
Carp. n.º 1257/2018 - rep. n.º 859/19
3.º) Discusión única de un proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se garantiza el acceso a la información a las personas con discapacidad visual en el rotulado de medicamentos.
Carp. n.º 395/2015 - rep. n.º 858/19 - anexo I
4.º) Discusión única de un proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Carp. n.º 933/2017 - rep. n.º 856/19
5.º) por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, que regula las cooperativas de vivienda;
Carp. n.º 1281/2019 - rep. n.º 860/19 y anexo I
6.º) por el que se aprueban el Acuerdo de coproducción cinematográfica y sus cinco anexos entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, suscritos en la ciudad de Montevideo el 20 de febrero de 2018 y en Bruselas el 16 de mayo de 2018;
Carp. n.º 1256/2018 - rep. n.º 861/19
7.º) por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010;
Carp. n.º 1319/2019 - rep. n.º 862/19
8.º) por el que se designa Muelle Aníbal Sampayo al exmuelle de Shell, en el departamento de Paysandú.
Carp. n.º 1312/2019 - rep. n.º 857/19
9.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de conferir el ascenso al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2019, al señor teniente coronel médico Julio Miguel Citera Gómez.
Carp. n.º 1315/2019 - rep. n.º 853/19
10) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de conferir el ascenso al grado de general del Ejército a los señores coroneles Mario Rafael Stevenazzi Viñas y Omar Fernando Carabajal Nolla, con fecha 1.º de febrero y 12 de marzo de 2019, respectivamente.
Carp. n.º 1304/2019 - rep. n.º 855/19
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Argimón, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carrera, Delgado, Eguiluz, Gallicchio, García, Garín, Heber, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Pesce, Saravia, Vassallo, Vellozas y Xavier. E ingresa posteriormente, por licencia del respectivo titular, la señora senadora Álvarez.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, Baráibar, Cardoso, Castillo, Coutinho, De León, Lacalle Pou, Matiaude y Tourné.
«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en Santo Domingo el 12 de noviembre de 2018.
El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se modifica el numeral 1) del artículo 487 de la Ley n.º 15903, de 10 de noviembre de 1987, sobre el Tocaf.
Asimismo, remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para designar como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos previstos por el artículo 508 del Código de Procedimiento Penal Militar, en la redacción dada por el artículo 3.º de la Ley n.º 14099, de 22 de diciembre de 1972, al señor coronel (Av.) en situación de retiro Fredy Prieto González.
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas por los cien años del surgimiento del fenómeno cultural de la murga.
•	Por el que se designa Maestra Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 91 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
•	que ha aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército nacional, a efectos de participar en la competencia Fuerzas Comando 2019, a llevarse a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, entre los días 13 y 28 de junio de 2019.
Una fe de erratas al proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueban el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, su reglamento y la resolución de la Conferencia diplomática suplementaria al Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y a su reglamento, firmado en la República de Singapur, el 27 de marzo de 2006.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.
•	por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se establece un régimen especial de exportaciones de micro- y pequeñas empresas.
La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se garantiza el acceso a la información a las personas con discapacidad visual en el rotulado de medicamentos.
La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informado un proyecto de ley por el que se designa Muelle Aníbal Sampayo al exmuelle de la Shell, en el departamento de Paysandú.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar:
•	en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor José María Gómez Ferreyra;
•	en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor Guzmán López Montemurro.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aconseja al Cuerpo el archivo de la carpeta n.° 874/2017, relacionada con un mensaje del Poder Ejecutivo por el que comunica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 6, literal B de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, por haber tomado conocimiento de dichas recomendaciones.
El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta de la Dirección General Impositiva a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Carlos Cardoso, relacionado con la recaudación del IRPF categoría II para trabajadores en general y jóvenes en particular.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a los siguientes pedidos de informes solicitados por la señora senadora Carol Aviaga:
•	relacionado con la aplicación de multas a la planta UPM instalada en Fray Bentos;
•	relacionado con las plantas de la red cloacal del Uruguay.
OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.
El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, relacionada con la situación del Jardín de Infantes n.º 109 de la ciudad de Rodríguez, departamento de San José.
(Pedido de informes consignado en la nómina de asuntos entrados).
«El señor senador Germán Coutinho, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el Plan Maestro de Aviación Civil para Uruguay.
(Proyecto de resolución consignado en la nómina de asuntos entrados).
«La señora presidenta de la Cámara de Senadores presenta un proyecto de resolución, con exposición de motivos, por el que se modifica el Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores.
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 5 de junio no se registraron inasistencias.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 6 de junio faltó con aviso la señora senadora Moreira.
A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 3 de junio faltaron con aviso los señores senadores De León y Lacalle Pou.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 5 de junio faltó con aviso el señor senador Amorín.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 6 de junio faltó con aviso el señor senador De León.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 6 de junio faltaron con aviso los señores senadores Delgado y Heber.
A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 5 de junio faltó con aviso el señor senador Amorín.
A la sesión de la Comisión de Presupuesto del 5 de junio faltó con aviso la señora senadora Tourné.
A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 4 de junio faltó con aviso el señor senador Cardoso.
A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 4 de junio faltó con aviso el señor senador Mieres.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de junio de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, el día 11 de junio.
De acuerdo con la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días 11 y 12 del corriente, por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de junio de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 11 de junio de 2019.
Se comunica que los señores Julio Calzada, Beatriz Ramírez, Felipe Carballo y Cristina Lustemberg han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 13 de junio, por motivos personales.
Se comunica que las señoras Susana Pereyra, Lucía Etcheverry y Zulimar Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día martes 11 del presente, por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de junio de 2019
Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, los días 11, 12 y 13 del corriente.
Se comunica que los señores Eduardo Lorier, Doreen Ibarra y Óscar Andrade han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Elena Vellozas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día jueves 13 de junio del presente, a partir de las 14:00.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días martes 11 y miércoles 12 de junio.
Por la presente solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorguen dos días de licencia a partir del 12 de junio.
8) EXPOSICIÓN ESCRITA
Se va a votar si se envía al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria la exposición escrita presentada por el señor senador Camy.
9) SOLICITUD DE ARCHIVO DE CARPETA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la que se dio cuenta en los asuntos entrados y por la que se pide el archivo de la carpeta n.o 874/2017.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en lo que va del año 2019, cuatro policías han sido asesinados. En ningún caso ha habido por parte del Estado una expresión de solidaridad, de acompañamiento y de repudio a esta tragedia que se está viviendo en Uruguay en materia de inseguridad y que ha costado la vida no solo de civiles sino también de policías, que son quienes tienen la misión legal de defendernos. Cuidar al que nos cuida es una misión fundamental de toda sociedad democrática y republicana.
Por eso, así como lo hicimos hace unos años cuando fue asesinado un policía en un restorán, aquí en Montevideo, volvemos a solidarizarnos y a pronunciarnos en el sentido de que el Estado, el Poder Ejecutivo, debe estar presente y levantar su voz de repudio hacia estos hechos y de solidaridad con las familias de los policías asesinados, funcionarios que se exponen todos los días para defender a los uruguayos.
En la misma noche de ayer, aquí, cerca de esta casa, un policía tuvo que utilizar su arma de reglamento, estando de particular, para abatir a un delincuente que rapiñaba un supermercado.
Como advertimos varias veces en el Senado, toda esta alarma que estamos señalando no es fruto de la casualidad: atentar contra la Policía es una estrategia del crimen en toda América Latina, y no estamos exentos de esa realidad.
Por eso, además de lo que decíamos recién, corresponde señalar el rechazo absoluto desde esta banca al hecho del que tomamos conocimiento en la noche de ayer, cuando se supo que el Poder Ejecutivo está evaluando prohibir que los agentes de policía estén equipados y con su armamento de reglamento cuando desarrollan actividades particulares.
Primero que nada, consideramos que esa es una medida absolutamente ilegal y violatoria de la Ley Orgánica Policial y de la Ley de Procedimiento Policial. Como dice la ley, policía se es las veinticuatro horas del día, independientemente de que se esté de turno o no. Pero no solo es una medida ilegal, ¡es una barbaridad! ¡Es un disparate lo que está evaluando el Ministerio del Interior! Y va en línea con lo que dijo el subdirector nacional de Policía hace unos días, en cuanto a que había circunstancias en las que la policía tenía que retroceder. Ahora se agrega su jefe, el director de la Policía Nacional, quien señala que se evalúa prohibir el uso de armas a la policía en las situaciones antes mencionadas. Es criminal hacer esto. Es exponer a la policía a ser carne de cañón de la delincuencia. ¡Imaginémonos el caso de que un delincuente armado sepa que tiene frente a él a un policía que está desarmado! Esto es absolutamente criminal. Creo que estas son las medidas que generan, con solo pronunciarlas o anunciarlas, el festejo de la delincuencia, que va a saber que quienes están frente a ella y que están obligados a defendernos las veinticuatro horas del día, por disposición del Gobierno van a estar desarmados cuando estén fuera de su turno.
Señora presidenta: desde aquí manifestamos nuestro rechazo más absoluto a esta intención que esperamos que no se concrete, pero de ser así, evaluaremos inmediatamente medidas parlamentarias, porque a la tragedia que está viviendo la Policía de tener un Gobierno que la tiene atada de manos, se le agrega ahora que explícitamente se le va a prohibir el uso de su arma de reglamento como la ley vigente le permite, la autoriza y la obliga en cualquier circunstancia durante las veinticuatro horas del día.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: hoy queremos referirnos a nuevas medidas hacia la cadena arrocera, anunciadas en los últimos días, que se enmarcan en un escenario muy difícil en el que está desarrollando sus actividades, marcado en gran medida por la estabilidad de precios internacionales en la colocación del arroz. Recordemos que más del noventa por ciento de la producción arrocera del Uruguay se exporta, y el hecho de que durante diez años haya habido precios estabilizados ha significado para el sector enormes dificultades económicas y financieras.
El sector arrocero siempre se ha caracterizado por ser uno de los que tienen la máxima producción por hectárea en la fase primaria, lo que en los últimos años ha sido reconocido a nivel internacional.
Sin ningún lugar a dudas, aunque nuestra cadena tenga estas bondades, empiezan a aparecer consecuencias. Algunas de ellas –hay varias; mencionaremos solo algunas– son la reducción del área de siembra y la pérdida de empleos y de productores por problemas de rentabilidad de sus empresas.
Todo eso ha llevado a que el pasado 20 de mayo la Asociación de Cultivadores de Arroz solicitara una entrevista al Poder Ejecutivo. El presidente de la república recibió a la delegación junto con los señores ministros de Economía y Finanzas, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En esa ocasión, la gremial de los productores presentó un conjunto de medidas que, desde su punto de vista, podrían ayudar a sobrellevar la coyuntura adversa que está viviendo el sector. Presentó su aspiración de que se tomen seis medidas concretas: no intervención del Banco Central del Uruguay en la cotización del dólar; no aumento del gasoil y la posibilidad de que los productores lo compren al por mayor; elevación y extensión de los descuentos de UTE –recordemos que están vigentes, pero se pidió mantenerlos, y aumentarlos en el caso del sector industrial–; reestructura del endeudamiento para el sector primario; creación de nuevos instrumentos de financiamiento a través de un fondo arrocero nuevo o la adecuación del existente; y baja de aranceles para la comercialización en Perú.
El pasado 4 de junio, en una nota dirigida a la Asociación de Cultivadores de Arroz, el presidente de la república comunica un conjunto de medidas para el sector. En primera instancia, remarca lo que han sido, a nuestra manera de ver, catorce grupos de medidas que fueron dirigidas al sector en los últimos años y que tienen que ver con inversiones en infraestructura, costos operativos, reducción de impuestos, mejora de la competitividad, instrumentos financieros e instrumentos de promoción de inversiones para el sector.
Esto, que se repasa en grandes titulares, hace al contexto general, al que se suman cuatro medidas nuevas y concretas: descuento del 15 % en las tarifas eléctricas tanto para la producción primaria como para el sector industrial y que se extenderá hasta fin de año; certificados emitidos por la DGI, que podrán ser utilizados ante bancos y entidades financieras; y modificación de los sistemas de garantías del sector arrocero tratando de reducir el monto mínimo para permitir que más productores arroceros accedan a los sistemas de garantías que ofrece el Gobierno. Además, se anuncian medidas de refinanciamiento de hasta cuatro años de las deudas existentes, mediante el BROU, con reducción de las tasas de interés y mejoras en las condiciones de acceso a esos beneficios a través del análisis caso a caso. Ni que hablar que también se anuncia la creación de las condiciones para generar un nuevo fondo de financiamiento para la actividad arrocera.
El Gobierno informó asimismo cómo ha manejado el tema del costo del gasoil, que se ha reducido en un 23 % en los últimos dos años a partir de un conjunto de medidas diferenciadas que han implicado la reducción, en junio de 2017, de la tarifa del gasoil, y en las sucesivas variaciones posteriores, en algunos casos no aumento del gasoil o, en otros, aumentos diferenciales para que tuviera un precio más bajo.
La última medida que se menciona –y con esto redondeo mi exposición, señora presidenta– es el anuncio de que el Banco Central del Uruguay seguirá interviniendo en la compra del dólar, porque es necesario dar estabilidad al valor de la moneda extranjera por las volatilidades que normalmente tiene en el mercado esa divisa.
Quiero finalizar mi intervención diciendo que nos parece que esta ha sido una respuesta muy concreta y rápida, atendiendo a las necesidades del momento, y el Gobierno deja nuevamente expresado el compromiso de ocuparse de brindar apoyo al sector productivo, que tiene gran importancia en la matriz productiva y exportadora del país.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la prensa especializada en el sector agropecuario.
12)	POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en primer término, pero como aún no se han propuesto todos los nombres, queda postergado para una próxima sesión.
13) MICRO- Y PEQUEÑAS EMPRESAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece un régimen especial de exportaciones de micro- y pequeñas empresas. (Carp. n.º 1257/2018 - rep. n.º 859/19».
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Comisión de Hacienda me confirió el honor de informar este proyecto de ley que consta de tres artículos. Lo más importante de este proyecto no es lo que dice, sino lo que no dice, lo que no está escrito. En sus tres artículos el proyecto de ley dice que se van a poder exportar productos por un valor que no exceda los USD 2000, y que serán aproximadamente diez o doce exportaciones al año, según la reglamentación que el Poder Ejecutivo hará, y de lo que ya adelantó algo. Lo importante de esto –que parece tan simple– es que antes, o hasta ahora –porque este proyecto todavía no está aprobado–, cuando se exporta por USD 2000, hay costos fijos por más de USD 1000, y entonces, este tipo de exportaciones es imposible de hacer. Todo empezó en el momento de discutir el tema del envío de muestras, que también tiene un costo importante. Lo cierto es que hoy, con un mundo globalizado y con lo que nosotros llamamos productos especiales y bien diferenciados, Uruguay tiene capacidad para exportar vinos, quesos, mermeladas. O sea, pasamos de exportar pequeñas cantidades para un cliente puntual –en la medida en que Uruguay no tiene escala–, que puede ser un restaurante en Estados Unidos, en Europa o en Asia, a permitir que las micro- y pequeñas empresas puedan insertarse en el mundo global.
Esto fue un acuerdo entre el Gobierno y los privados, incluidos los despachantes de Aduana y los sectores empresariales. Se ha hecho un gran esfuerzo para bajar costos por parte del sector empresarial y del Estado. Lo que antes costaba USD 1000, ahora no va a llegar a USD 50.
Cuando digo que lo más importante es lo que no está escrito, me refiero al esfuerzo entre el Estado y los privados para lograr objetivos y bajar costos. En el futuro veo el intento, entre privados y el Estado, de bajar costos en los puertos y en el transporte. En fin, veo una cantidad de áreas en las cuales se pueden reducir costos y tener mayor actividad y que el Estado termine recaudando más y que los privados facturen más en la medida en que lo hagan por mayor cantidad.
El proyecto de ley es simple; reitero que tiene tres artículos. Nosotros nos demoramos porque queríamos incluir alguna frase o algún artículo que permitiera que el Poder Ejecutivo pudiera ampliar esa cifra a un monto mayor. Tanto por parte del Poder Ejecutivo como de los despachantes de Aduana se nos dijo que en este caso hay un acuerdo que fue muy difícil de lograr y que si esto funciona bien después pedirían al Parlamento más autorización o ciertas correcciones a la ley. Lo cierto es que si el Parlamento hoy las hace, los involucrados van a sentir que se violó ese acuerdo, que se expuso –a los que hicieron un esfuerzo en el ámbito privado– a mayores esfuerzos que no fueron pactados y que, entonces, estaríamos erosionando no tanto el proyecto de ley, sino el hecho de que lo público y lo privado se pusieran de acuerdo para un fin común. En función de eso, señora presidenta, el jueves pasado la Comisión de Hacienda lo votó. Lo evaluaremos, esperemos que vaya bien y que, en algún momento, la práctica y el ejercicio de este proyecto de ley nos permitan que, si es necesario hacer alguna corrección y sobre todo –lo que algunos queremos– aumentar el monto, se pueda corregir nuevamente por ley a la brevedad.
SEÑOR BORDABERRY.- Tengo una duda exclusivamente de redacción. En el artículo 1.º se expresa: «… exenta del pago de todo tributo/gravamen…». Me parece que «tributo» y «gravamen» es lo mismo; no veo la diferencia.
Insisto: solo es una consulta de redacción, es decir, por qué se dice «tributo/gravamen», cuando «gravamen» es un impuesto y «tributo» también lo es.
Esa es la única consulta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Cuando ingresemos a la consideración del artículo 1.º podríamos poner una «o», por las dudas de que nos estemos olvidando de algo. En la comisión no discutimos la redacción sino los conceptos. Podemos votar el proyecto en general y, repito, cuando tratemos el artículo 1.º agregar una «o» entre «tributo» y «gravamen», porque notoriamente la barra no debería estar en la redacción, pero me da temor de que si quitamos uno de los dos términos podemos dejar algún elemento fuera del objetivo que tiene este proyecto de ley.
Nosotros vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley. El Partido Nacional lo hizo en la comisión y también lo hará ahora, en el plenario.
Creo que este es un paso importante para aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen carácter exportador y que cuantitativamente no representan tanto, pero cualitativamente constituyen un porcentaje importante de empresas, muchas de ellas con dificultades de costos por escala. El acceso a nichos de mercado de algunos productos diferenciados genera un costo de exportación muy difícil de solventar para pequeñas cantidades exportadas.
Este proyecto de ley, como bien decía el senador preopinante y miembro informante, se discutió en doble sentido: en primer lugar, sobre cuál era el monto a autorizar; y, en segundo término, acerca de si se podían incluir algunos aspectos que nosotros presentamos como dudas –a raíz de la opinión de la Unión de Exportadores del Uruguay y de otras instituciones que comparecieron ante la comisión–, como por ejemplo el tema de las muestras –puse el ejemplo de las piedras semipreciosas que hay en Artigas y de algunas otras cosas más–, cuyos costos de envío pueden inviabilizar cualquier tipo de operación posterior, a no ser que se trate de una escala muy mayor.
Creo que el proyecto, tal como está, no es todo lo que hubiéramos querido, pero mejora y facilita el acceso a la exportación para las pequeñas y microempresas, exentas de impuestos, por lo menos en determinadas cantidades. En este marco queremos destacar la voluntad de los despachantes de Aduana, que también se avinieron a buscar un mecanismo que facilitara que estas pequeñas muestras de exportación pudieran estar exentas de costos, quizás para viabilizar, después, una exportación más fluida de productos uruguayos, sobre todo bien diferenciados.
Como bien decía el senador Michelini, este es un camino; hubiéramos preferido que fuera más amplio, pero es un paso que va en sentido positivo y que seguramente dentro de un tiempo será bueno para poder evaluar el resultado y su impacto.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque. También sugiero eliminar «gravamen» y dejar solamente la palabra «tributo».
En consideración el articulado con la modificación propuesta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se garantiza el acceso a la información a las personas con discapacidad visual en el rotulado de medicamentos. (Carp. n.º 395/2015 - rep. n.º 858/19 y anexo I)».
Es con gran satisfacción que vamos a informar este proyecto de ley, que viene aquí como tercera cámara y que seguramente hoy se va a transformar en ley.
Este proyecto de ley fue presentado hace dos años por jóvenes integrantes de nuestro espacio político, la Lista 40, que tuvieron la iniciativa de reunirse con uruguayos que integran organizaciones de la sociedad civil –como la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay– para tratar un tema que puede ser menor para muchos uruguayos, pero que es vital para decenas de miles de personas que padecen discapacidad visual. Esto implica agregar derechos y establecer equidad e inclusión en el acceso a la salud.
En Uruguay, más de 300.000 personas –casi el 10 % o un poco más de la población– tienen algún tipo de discapacidad visual, pero 60.000 de nuestros compatriotas tienen una discapacidad severa, y casi 5000 de ellos son ciegos. Cosas muy simples para nosotros, de todos los días, como leer esos prospectos kilométricos que traen los medicamentos y conocer los efectos que puede tener el tomarlos cuando se nos indican, –discutirlos, analizarlos y consultarlos; eso que hoy, ¡por suerte!, es cada vez más accesible para cualquiera–, son totalmente inaccesibles para 60.000 uruguayos, que dependen de que alguien les lea lo que nosotros podemos hacer sin pedir ayuda a otra persona.
El proyecto original fue consultado –como decía– con organizaciones de la sociedad civil; yo simplemente le di estado parlamentario trayéndolo al Senado. En comisión –donde se dio un proceso muy rico– consultamos a la Facultad de Ingeniería, a la academia, porque comenzó siendo un proyecto que simplemente establecía la necesidad de que tuviera rotulado braille, como existe en otros países –legislaciones avanzadas de otros países ya lo tienen establecido–, pero con el asesoramiento técnico y académico llegamos a la conclusión de que también había que establecer mecanismos que permitieran la lectura a través de dispositivos tecnológicos e informáticos que hoy están al alcance de la mano, como los QRS –como se llaman ahora– u otros que puedan aparecer en el futuro –¡vaya uno a saber!– y que no conocemos ahora. Por esos motivos lo trasladamos a la reglamentación del Poder Ejecutivo, para darle mayor flexibilidad e ir adaptando esta ley a las nuevas tecnologías que vayan apareciendo.
Como ya dije, señora presidenta, este es un proyecto de ley que va a generar más derechos e inclusión y que ya despertó interés. El fin de semana me llamaron organizaciones del interior del país que trabajan con personas con discapacidad visual, para ampliar estos derechos a otras ramas de la vida cotidiana, como por ejemplo los ascensores. Se trata de poder tener acceso a la señalética, algo que todos nosotros utilizamos todos los días sin darnos cuenta de que para miles de uruguayos no es cuestión de todos los días, sino que dependen de otros uruguayos para que los acompañen y les den la autonomía que no tienen.
Por eso, este proyecto, que seguramente hoy se transformará en ley –y cierro con esto mi exposición– puede ser simple pero, sin duda, va a agregar libertad, derechos, equidad e inclusión para miles de uruguayo que lo están necesitando y que tienen tanto derecho como cualquiera de los miembros de esta cámara; y me refiero a esta cámara porque ninguno de nosotros tenemos discapacidades mayores desde el punto de vista visual. Con la aprobación de este proyecto de ley podremos ponernos en un plano de igualdad –vuelvo a reiterarlo– en el ejercicio de algo tan importante como es el derecho al acceso a la salud.
La modificación propuesta al proyecto de ley que había salido de esta cámara es que el plazo máximo para los laboratorios, que era de dieciocho meses, se extienda a veinticuatro meses. Cabe agregar que los laboratorios participaron en la discusión de este tema en el Senado, lo que me pareció interesante. Repito que el plazo se extendería seis meses más a partir del momento en que se apruebe la ley. Por tanto, habría un plazo máximo de dos años –seguramente va a ser mucho antes– para que todos los medicamentos que sean comercializados en el Uruguay tengan estos dispositivos que permitan la igualdad de acceso a la salud.
Es cuanto quería informar en nombre de la Comisión de Salud Pública.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa advierte que los ascensores del Palacio Legislativo ya cuentan con el dispositivo auditivo para ciegos. Habría que generalizarlo, pero en esta casa ya lo tenemos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la modificación introducida por la Cámara de Representantes al proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. (Carp. n.º 933/2017 - rep. n.º 856/19)».
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: efectivamente, como se dice, somos tercera cámara en la aprobación de este proyecto de ley, que estuvo en consideración en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y que ya fue aprobado en el Senado. Se trata de una modificación a la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Recordemos que este es el tercer proyecto de ley. En el año 2008 se crea la institución y en el año 2011 se aprueba una ley que modifica los artículos 1.º, 36, 75 y 76 de su ley de creación. Así que esta es la segunda vez que estamos modificando artículos de la ley original que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a efectos de que esta pueda avanzar mejor en sus funciones.
Como somos tercera cámara, voy a hacer un repaso de sus ocho artículos, pero muy rápidamente. En realidad, la Cámara de Representantes solo hizo una modificación en el artículo 8.º, y es esa la razón por la cual vuelve al Senado.
El artículo 1.º del proyecto sustituye el artículo 7.º de la Ley n.º 18446, que refiere al principio de impugnabilidad, y establece que el único recurso administrativo que corresponde a los actos ajenos al artículo 4.º es el de revocación.
El artículo 2.º –que al igual que el artículo 1.º no ha sufrido modificaciones en la Cámara de Representantes– amplía la capacidad de suscribir convenios que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –que estaban limitados a las juntas departamentales, juntas locales, intendencias– a todas las instituciones públicas, estatales y no estatales, y a los organismos internacionales de los que el Estado es parte y sus agencias.
Con respecto al artículo 3.º voy a hacer alguna precisión, señora presidenta, simplemente para dejar sentado en la versión taquigráfica el espíritu de los literales J) y M) de la Ley n.º 18446. Este artículo incorpora a las funciones de la institución las facultades de designar y destituir al personal, reglamentar el procedimiento de concurso y el funcionamiento de sus servicios. Quiero dejar sentado en la versión taquigráfica que el literal J) habla de concurso abierto de oposición o méritos, y la idea es que la institución pueda hacer un concurso de oposición, un concurso de méritos, un concurso de oposición y méritos o solo de antecedentes; en fin, ellos lo reglamentarán. Hubo una discusión sobre eso y quería dejar sentado que los concursos pueden ser de oposición o méritos, pero también pueden ser de oposición y méritos. Como se dio una gran discusión acerca de utilizar el vocablo «y» o el vocablo «o», simplemente quiero aclararlo a efectos de que la institución disponga de este instrumento.
El literal M) fue muy discutido porque dice: «Delegar la ejecución de las decisiones del Consejo Directivo». La redacción original que vino de la institución establecía que fuera una delegación de atribuciones.
Acá quiero recordar a quien debería estar informando este proyecto de ley, la exsenadora Daniela Payssé, quien fuera la autora del texto original y quien siempre informaba los proyectos de ley referidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hago cuestión porque creo que estuvimos retrasados con el homenaje, por lo que la recuerdo acá para que no se crea que los seres humanos y los políticos somos intercambiables: sale uno y entra otro. Creo que hay que ponerle un poco de perspectiva humana a esta cuestión de la política.
Como decía, quien dio la gran discusión sobre el literal M) fue la exsenadora Daniela Payssé, porque no quería que se delegaran atribuciones, sino solo ejecuciones. Por supuesto que discutí con ella –y lo hice muchas veces– porque me parecía que este literal dejaba un poco atada de manos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Justamente, el literal M) está propuesto para descentralizar el organismo –que ya tiene alguna descentralización con la regional norte de la sede de la universidad en Salto–, por lo cual tienen que descentralizarse, también, las atribuciones, a fin de que los órganos inferiores del consejo puedan tomar decisiones. Finalmente, el literal dice: «Delegar la ejecución de las decisiones», pero quería rescatar el espíritu original del literal M), que era permitir que en el proceso de descentralización estos órganos tuvieran capacidad de tomar decisiones.
El artículo 5.º refiere a la inhibición posterior al cese. Expresa que hasta tres años después los miembros del Consejo Directivo no podrán ocupar cargos de particular confianza ni ser candidatos a cargos públicos electivos. Acá también hay un tema de redacción porque dice: «La inhibición» –después de cesar en el Consejo Directivo– «incluye el asesoramiento a denunciantes u organismos públicos denunciados, en gestiones ante la INDDHH». ¿Qué quiere decir esto? Que hasta tres años después el asesoramiento a denunciantes y organismos públicos denunciados está inhibido de ser efectuado por los anteriores integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cuando estas denuncias o estos denunciantes pidan asesoramiento para gestiones ante la institución, porque si fuera en general las inhibiciones serían terribles. Por lo tanto, insisto en que la palabra «incluye» es más un sinónimo de «refiere» y significa que estos asesoramientos no pueden ser realizados si las gestiones son ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El artículo 6.º tiene que ver con la recepción de las denuncias, que actualmente la hacen los equipos técnicos y que por la ley original tenía que hacerla el Consejo Directivo; y, el artículo 7.º, con la obligación de los organismos públicos de colaborar con la institución. Esto es muy importante. El texto dice que los organismos «no podrán invocar razones de secreto, reserva o confidencialidad» para no proveer la información solicitada cuando esta sea referida a «violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos».
Ninguna de estas disposiciones, señora presidenta, ha sufrido modificaciones en la Cámara de Representantes. Con respecto al artículo 8.º, se solicitó la ampliación de los pases en comisión en hasta veinte. Actualmente, la institución tiene cuarenta y seis funcionarios y ya cuenta con la posibilidad de diez pases en comisión; la modificación que se hace en la Cámara de Representantes consiste en ampliar esos pases hasta en cinco más, es decir que puedan tener hasta quince funcionarios en comisión. Recordemos que la institución comenzó a trabajar, básicamente, con pases en comisión, y recién en 2012 consiguió hacer sus primeros concursos.
Hemos pedido a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que cumpla nuevas funciones. Una de ellas tiene que ver con la Ley n.º 19307, de servicios de comunicación audiovisual, que obliga a la institución a defender los derechos de las personas a las audiencias; también se le asigna una nueva función –además de la de descentralización– a través de la Ley n.º 19641, que crea sitios de memoria; y hasta la Ley n.º 19529, Ley de Salud Mental, le asigna nuevas funciones. Aquí vuelvo a recordar a Daniela Payssé, que decía: «No quiero comisionaditos por acá, comisionaditos por allá», refiriéndose a la proliferación de comisionados; consideraba que la institución debía responsabilizarse por todas estas vigilancias, fiscalizaciones, etcétera.
Entonces, dado que le asignamos todas estas funciones y no le dimos presupuesto para nuevos cargos, la idea es que, por lo menos, le permitamos tener algunos pases en comisión más.
En definitiva, señora presidenta, y recordando siempre a Daniela Payssé, recalco que este proyecto de ley solo tiene esa modificación en el artículo 8.º y que somos la tercera cámara. Este es el fundamento de esta iniciativa.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: a modo de constancia, queremos decir que no nos parece de recibo que la Cámara de Representantes devuelva este proyecto de ley con la única modificación de que haya más pases en comisión; y vuelve a esta cámara por ese motivo.
Lo discutimos en comisión y advertimos la necesidad de un mayor control de los gastos, porque esto integra una unidad ejecutora del presupuesto del Parlamento, y para nosotros es muy importante que no se transforme en una suerte de isla presupuestal interna que pueda llevar a que seamos responsables de ese presupuesto. Hemos encargado una misión a la institución, pero a poco de venir funcionando ya tiene bastantes funcionarios y le estábamos ampliando la posibilidad de tener pases en comisión; sin embargo la iniciativa vuelve a la Cámara de Senadores simplemente porque se quiere tener cinco pases en comisión más, tema que ya ha sido debatido en este Cuerpo. Hay ministros que cuentan con la posibilidad de tener pases en comisión y nosotros también la tenemos, pero nos parece que a la institución, con el presupuesto y los elementos que le hemos dado en las sucesivas rendiciones de cuenta, le alcanza para poder funcionar.
No acompañamos esta modificación en comisión porque no nos parece de recibo que sigan entrando a esta casa funcionarios de distintas reparticiones, generando después líos de escalafón, de remuneración y de compensaciones que crean una suerte de situación diferente a la de los funcionarios del Parlamento. Nos parece que lo que decimos es de buena administración. Sin perjuicio de que queremos que cumplan bien su función, para nosotros estos cinco funcionarios más en comisión no son esenciales para el cumplimiento de su misión.
Estos son nuestros fundamentos para no acompañar esta modificación de ampliación del presupuesto y, por lo tanto, del asesoramiento que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo requiere.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: en este momento la institución tiene cuarenta y seis funcionarios y diez pases en comisión; estamos hablando de un organismo dependiente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Lo que se pedía, que eran veinte pases en comisión, se redujo a quince, es decir que ya hicimos una reducción. Recordemos que en el Parlamento tenemos derecho a más de quinientos pases en comisión –porque cada uno de nosotros tiene derecho a cinco–, que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo controla la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio y que constantemente le agregamos nuevas funciones, por lo que me parece completamente recatado su pedido.
También quiero decir que la institución tiene dos funcionarios que ya fueron pedidos en comisión por el Poder Ejecutivo; de su plantilla, el Poder Ejecutivo le pidió dos funcionarios. Ellos mismos pidieron que se generara una inhibición para que la institución reservara a sus funcionarios y no pudiera darlos en comisión, pero esa disposición no se votó. Reitero que ni siquiera tiene a todos sus funcionarios porque, como dije, ya hay dos pedidos en comisión por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, quiero decir que había un artículo para que los funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fueran asimilados a los funcionarios legislativos y tampoco se votó.
Con esto pretendo responder lo dicho sobre los pases en comisión, que sabía que iba a surgir en esta discusión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la modificación introducida por la Cámara de Representantes a este proyecto de ley. Como los señores senadores saben, se trata de una única votación.
16) NUMERAL QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. VUELTA A COMISIÓN
SEÑORA PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado pasara a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día.
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: de conformidad con los integrantes de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, vamos a solicitar que este proyecto de ley vuelva a comisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Acuerdo de coproducción cinematográfica y sus cinco anexos entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, suscritos en la ciudad de Montevideo el 20 de febrero de 2018 y en Bruselas el 16 de mayo de 2018. (Carp. n.º 1256/2018 - rep. n.º 861/19)».
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación del Acuerdo de coproducción cinematográfica y sus cinco anexos entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, suscritos en el año 2018.
Este acuerdo se ajusta a las modernas tendencias en esta materia en todo lo que tiene que ver con acuerdos internacionales vinculados con la coproducción cinematográfica.
Como antecedentes, interesa destacar que en el año 2008 se creó la Dirección del Instituto del Cine y Audiovisual Uruguayo –ICAU– como organismo público encargado de diseñar las políticas nacionales del sector audiovisual del Uruguay. Este representa a la institucionalidad pública nacional sectorial, con la proyección de fortalecer las condiciones de los intercambios de Uruguay con el resto del mundo.
Es bueno recordar que Uruguay coproduce en Latinoamérica en el marco del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, además de tener vigentes numerosos acuerdos bilaterales de coproducción con Argentina, Brasil, Canadá e Italia, entre otros.
En el año 2016 también entró en vigencia el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, suscrito en Caracas, en noviembre de 1989. Este acuerdo es un instrumento internacional concebido para contribuir al desarrollo cultural de la región y a su identidad y, eventualmente, para dar impulso a su desarrollo cinematográfico y audiovisual en el marco de un efectivo desarrollo de la comunidad cinematográfica de sus Estados miembros. Son parte de ese acuerdo casi todos los países latinoamericanos y cabe destacar que, junto con el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, completa la base jurídica e institucional constitutiva del espacio audiovisual iberoamericano. En ese marco, el acuerdo bilateral cuya aprobación solicitamos en esta oportunidad está en línea con lo que acabamos de citar, constituyendo un instrumento por el que Uruguay y la Comunidad Francesa de Bélgica se comprometen a una serie de colaboraciones recíprocas para las producciones cinematográficas, lo que incluye tanto las inversiones de tipo financiero como las culturales y artísticas. Constituye un hito de gran importancia para el desarrollo de las relaciones culturales y su implementación seguramente coadyuvará a proyectar las innegables cualidades del sector cinematográfico nacional, así como a fomentar el intercambio entre ambos países.
Con respecto a la disposición en sí misma, podemos decir que el artículo 1 contiene definiciones básicas.
El artículo 2 establece las autoridades competentes de cada parte; en nuestro caso, el ICAU, al que ya hicimos referencia.
El artículo 3 dispone que las películas realizadas en coproducción al amparo del acuerdo se consideran como películas nacionales, de conformidad con la legislación en vigor en el territorio de cada una de las partes y gozarán del derecho a las ventajas que resulten de las disposiciones relativas a la industria cinematográfica que estén en vigor o que pudieran ser promulgadas ulteriormente en cada una de las partes. Agrega que para obtener la admisión definitiva a los beneficios del acuerdo la película coproducida deberá ser aprobada por las autoridades competentes.
El artículo 4 contiene los requisitos que deben reunir las películas para gozar de los beneficios que otorga el acuerdo. Estos son: ser realizadas por empresas productoras que dispongan de una buena organización, tanto técnica como financiera, y una experiencia profesional reconocida por la autoridad competente de la parte de la que dependen. Queda dicho, a su vez, que los principales colaboradores artísticos y técnicos deberán ser de nacionalidad uruguaya o belga, o ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y se debe prever la participación mayoritaria de artistas y técnicos nacionales de las dos partes.
En el artículo 5 encontramos las condiciones en que deben ser producidas las películas y se prevé una proporción de aportes en la que ninguna de las partes puede superar el 80 % del total para que se establezca que es una coproducción.
El artículo 6 dispone que cada coproductor es cotitular de los elementos tangibles de la película y que el material deberá ser registrado con los nombres conjuntos de los coproductores en un laboratorio elegido de común acuerdo, al que cada coproductor deberá tener acceso.
El artículo 7 contempla las facilidades que deben darse al personal artístico y técnico que participa en la coproducción.
El artículo 8 establece que debe existir un equilibrio general entre las partes, tanto en lo relativo a las contribuciones artísticas y técnicas como en materia financiera, lo que será evaluado por una comisión mixta.
El artículo 9 refiere al hecho de que los créditos, los avances y todo el material publicitario de las películas, y de contenidos audiovisuales coproducidos al amparo del presente acuerdo deben mencionar la existencia de la coproducción entre ambos países.
El artículo 10 establece que la distribución de la recaudación se hace proporcionalmente al aporte total de cada uno de los coproductores.
Por el artículo 11 se acepta que las películas amparadas en este acuerdo puedan ser coproducidas con uno o más productores pertenecientes a Estados con los cuales una u otra parte hayan celebrado acuerdos de coproducción cinematográfica, lo cual implica una ampliación del alcance.
El artículo 12 refiere a la distribución y promoción de las películas o el material audiovisual realizados en coproducción.
El artículo 13 crea la comisión mixta a la que ya hicimos referencia, que tiene el cometido de examinar las condiciones de aplicación del acuerdo, resolver sobre las eventuales dificultades y estudiar las modificaciones convenientes a efectos de desarrollar la cooperación cinematográfica para el interés común de ambas partes. En el caso del Uruguay, será el ICAU el que participe de dicha comisión.
Los artículos 14 y siguientes engloban disposiciones de carácter formal que refieren a la información entre las partes, así como la duración, renovación y denuncia del acuerdo.
Finalmente, cabe destacar que los anexos contienen las normas de procedimiento a las que deberán sujetarse los productores de cada uno de los Estados para beneficiarse de las disposiciones del acuerdo.
Las autoridades competentes intercambiarán dicha documentación a partir de su recepción. La autoridad competente de la parte a la que pertenezca el coproductor minoritario solo concederá su autorización después de haber recibido el dictamen de la autoridad competente del Estado al que pertenezca el coproductor de participación mayoritaria.
Por todo lo expuesto, se solicita al Cuerpo la aprobación de este instrumento que se transformará, sin lugar a dudas, en un factor de dinamización para las actividades cinematográficas de nuestro país.
SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero reafirmar algo: para nosotros tiene importancia en el marco del proyecto de ley que acaba de informar el señor senador Mieres y es que el desarrollo de la cinematografía en nuestro país ha tenido un empuje significativo en estos últimos tiempos. Numerosas producciones de Uruguay han sido galardonadas, no en los principales certámenes comerciales que estamos acostumbrados a ver en la televisión, sino en varios encuentros y certámenes de producción de cine, tanto en Latinoamérica como en Europa y Canadá.
Creo que esto reafirma una política de generación de cultura propia y también de producción porque la elaboración de audiovisuales es generadora de trabajo, de ingresos, de recursos y de realización personal de quienes están participando de ello.
El hecho de que el acuerdo sea con Bélgica también nos alegra, en particular porque sabemos que algunos de los realizadores uruguayos tienen o han tenido una fuerte vinculación con la formación en esta materia en ese país. Precisamente, es el caso de nuestra realizadora –fundamentalmente en la línea de documentales–, Mariana Viñoles, quien fue formada en Lovaina y ha realizado varias producciones nacionales que fueron reconocidas y galardonadas en el plano internacional y local. Esto reafirma una línea de cooperación con una escuela tan importante como es la que existe en Bélgica, a la que también ha estado vinculada la directora cinematográfica Beatriz Flores Silva.
En definitiva, hay una línea de trabajo y de relacionamiento con las escuelas de cine de Bélgica que le dan un marco de mayor profundización a esta propuesta y, por ello, nos alegramos de poder votar este acuerdo en la sesión de hoy.
Era cuanto quería manifestar como respaldo a esta iniciativa de intercambio y de apoyo al desarrollo audiovisual de nuestro país.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y sus cinco Anexos, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, suscritos en la ciudad de Montevideo el 20 de febrero de 2018 y en Bruselas el 16 de mayo de 2018».
–Damos la bienvenida a los alumnos de 6.º año de la Escuela n.º 139 de Montevideo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 12 de junio.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 13 de junio.
19) ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS ESTADOS ASOCIADOS PARA LA CREACIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010. (Carp. n.º 1319/2019 - rep. n.º 862/19)».
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales eleva, para la aprobación del Cuerpo, un proyecto de ley que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Representantes, mediante el cual se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación, suscrito el 2 de agosto de 2010 en la ciudad de San Juan, República Argentina.
El mensaje del Poder Ejecutivo llegó a nuestro Parlamento el 20 de diciembre de 2018.	En la exposición de motivos se señala que el crimen organizado transnacional a través de delitos como el tráfico de estupefacientes, la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, así como los actos o delitos cuyas características tienen la actuación de más de una parte, muestran una tendencia al incremento.
En el acuerdo se destacan los desafíos que impulsan a los países a tomar acciones conjuntas y coordinadas con el fin de reducir los delitos y su impacto negativo sobre la población, para lo cual se establecen ámbitos de colaboración que permitan reforzar la cooperación en materia penal a fin de lograr una efectiva investigación de todas aquellas conductas delictivas anteriormente señaladas. Asimismo, se toma como referencia la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, denominada Convención de Viena, que nuestro país ratificó en la Ley n.º 15738; la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, llamada Convención de Palermo y ratificada en nuestro país con la Ley n.º 17861, y sus protocolos adicionales, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, llamada Convención de Mérida, también ratificada con la Ley n.º 18056. Todas ellas prevén la instrumentación de investigaciones conjuntas.
Los artículos 1 y 2 de este convenio establecen que cuando las autoridades competentes de una parte estén a cargo de una investigación penal que tenga por objeto conductas delictivas que requieran la actuación coordinada podrán solicitar la creación de un equipo conjunto de investigación a las autoridades competentes de la otra parte. Dicho equipo, que se identifica en el tratado con la sigla ECI, podrá actuar dentro de los territorios de las partes que lo crearon, de conformidad con la legislación interna de las partes donde se encuentre actuando.
En el artículo 3 quedan claramente establecidas las definiciones y qué se entiende en cada caso.
El «Equipo Conjunto de Investigación –ECI–» es el constituido por medio de un instrumento específico de cooperación técnica que se celebra entre las autoridades competentes de dos o más partes para llevar a cabo investigaciones penales en sus territorios por un tiempo y fin determinados.
El «instrumento de cooperación técnica» es el documento suscrito entre las autoridades competentes, por el que se constituye un equipo conjunto de investigación y deberá contener los requisitos exigidos en el presente acuerdo marco.
Las «autoridades competentes» son las designadas por cada una de las partes, de conformidad con su normativa interna, para proponer la creación y para la respectiva aprobación del equipo conjunto de investigación.
La «autoridad central» es la designada por cada parte, de acuerdo con su legislación interna, para recibir, analizar y trasmitir las solicitudes de constitución de los equipos conjuntos de investigación.
Los «integrantes del ECI» son los indicados en el instrumento de cooperación técnica, designados por las autoridades competentes de cada parte.
Los artículos 4, 5 y 6 establecen con claridad los procedimientos y requisitos para la creación de un equipo conjunto de investigación.
El artículo 7 establece el contenido del instrumento de cooperación técnica, es decir: la identificación de las autoridades que suscriben el instrumento y de los Estados que actúan en el equipo conjunto de investigación; la finalidad específica y el plazo de funcionamiento del equipo conjunto de investigación; la identificación del jefe del equipo por la autoridad competente del Estado en el que actúe el equipo conjunto de investigación y, en el caso de que el equipo actúe en más de un Estado, cada parte identificará un jefe de equipo; la identificación de los demás integrantes del equipo conjunto de investigación, designados por las autoridades competentes de las partes involucradas; las medidas o procedimientos que será necesario realizar, y cualquier otra disposición específica en materia de funcionamiento, organización y logística que las autoridades competentes entiendan necesarias para el desarrollo eficaz de la investigación.
El artículo 8 establece las atribuciones del jefe del equipo que son amplias para el diseño de los lineamientos de la investigación.
En el artículo 9 quedan establecidos, además, la responsabilidad civil y penal por la actuación de un equipo conjunto de investigación que estará sujeta a las normas del Estado de su actuación. La responsabilidad administrativa estará determinada por la legislación de la parte a la que pertenecen los integrantes del equipo conjunto de investigación.
Los gastos de investigación, según el artículo 10, estarán a cargo de la parte requirente en todo lo que no sean salarios y retribuciones por la actuación de los integrantes del equipo conjunto de investigación de la parte requerida.
Por otra parte, el artículo 11 establece que la prueba y la información obtenidas en virtud de la actuación del Equipo Conjunto de Investigación solo podrán ser utilizadas en las investigaciones que motivaron su creación, salvo acuerdo en contrario de las autoridades competentes. Asimismo, estas últimas podrán acordar que la información y la prueba obtenidas en virtud de la actuación del Equipo Conjunto de Investigación tengan carácter confidencial.
Se establece en el artículo 12 que los documentos que sean tramitados por intermedio de las autoridades centrales quedan exceptuados de toda legalización u otra formalidad análoga.
El artículo 13 dispone que la autoridad central podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo la parte comunicarlo en el menor tiempo posible al Estado depositario del presente acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento de las demás partes el cambio efectuado.
En el artículo 14 se establecen dos regímenes con relación al mecanismo de solución de controversias: las controversias que surjan entre los Estados partes del Mercosur se resolverán por el sistema de solución de controversias del propio organismo, y las que surjan entre uno o más Estados partes del Mercosur y uno o más Estados asociados, así como entre uno o más Estados asociados, se resolverán de acuerdo al mecanismo de solución de controversias vigente entre las partes involucradas.
En el artículo 15 se establece la vigencia del acuerdo: treinta días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado parte del Mercosur. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados asociados que lo hubieren ratificado anteriormente. Los derechos y las obligaciones derivados del acuerdo solamente se aplican a los Estados que lo hayan ratificado. Por la información disponible –hicimos el chequeo correspondiente hace quince días–, la República Argentina aprobó el tratado y realizó el depósito del instrumento el 22 de enero de 2015 y la República Federativa del Brasil lo hizo con fecha 11 de enero de 2019. Por tanto, Uruguay sería el tercer Estado parte que completaría hoy la ratificación.
El artículo 16 dispone que la República del Paraguay sea la depositaria del presente acuerdo, así como de los instrumentos de ratificación. Se destaca que al depositar el instrumento de ratificación del presente acuerdo, las partes comunicarán la designación de la autoridad central al Estado depositario, que pondrá en conocimiento a las demás partes.
Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores recomienda al Cuerpo aprobar el mencionado acuerdo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010».
20)	POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: solicito que el punto 10 del orden del día pase para la próxima sesión ordinaria del Senado, que será el martes próximo.
21) MUELLE ANÍBAL SAMPAYO
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Muelle Aníbal Sampayo al exmuelle de Shell, en el departamento de Paysandú. (Carp. n.º 1312/2019 - rep. n.º 857/19)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: me siento muy complacido por la iniciativa del Poder Ejecutivo de que el exmuelle de la Shell de Paysandú, que se encontraba abandonado y en el que hoy se está llevando adelante un paseo costero y un plan de mejora de la zona, pase a ser nombrado Muelle Aníbal Sampayo, por todo lo que significó y significa este querido cantautor uruguayo, que pintó en sus canciones las bellezas del río Uruguay y su entorno.
Quiero recordar que Aníbal Sampayo nació en 1926 y que fue un prolífico cantante, investigador del folclore uruguayo y argentino, compositor, locutor y operador de radio. Difundió desde Radio Paysandú la música de Uruguay, Argentina y Paraguay y llevó a dicha radio a ser una de las más escuchadas en el litoral de ambas orillas desde 1947 en adelante.
Desde 1948 hasta 1951 el Gobierno paraguayo lo nombró embajador cultural y formó parte de grupos musicales en festivales y radios de la región. Editó sus primeros discos a partir de 1956 en Argentina y fundó en Córdoba una famosa peña. Desde 1961 hasta 1969 participó en el Festival Internacional de Folclore de Cosquín y fue reconocido como el compositor más popular de Uruguay y Argentina. Su canción Río de los pájaros fue galardonada en Cosquín en 1964. Entre sus numerosas e inolvidables canciones, son recordadas también Ky Chororó y Tino –un famoso hombre que frecuentaba las costas del río Uruguay en la ciudad de Paysandú–, que forman parte de la memoria de su pueblo.
En 1964 participó de un Encuentro Internacional de la Canción Protesta, en Cuba. En 1969 fue galardonado con una plaqueta de oro por la OEA, por su contribución a la difusión de la música latinoamericana.
También fue prolífico como investigador: elaboró numerosos trabajos sobre la música de la región –de su conocimiento–, los orígenes de la canción social y la música del litoral. Compuso canciones en homenaje a nuestro prócer, José Artigas, y muchas otras.
Fue preso político. Detenido en 1972, permaneció en prisión hasta 1980. Quienes compartieron con él la prisión recuerdan su buen humor, sus chistes y sus bromas, y que en los momentos de gran tensión en el penal, él tocaba la guitarra hasta lograr la distensión y el buen ánimo. Al ser liberado, viajó a Suecia con su familia y, desde el exilio, realizó numerosas giras por Europa, América Latina, Canadá y Australia, actuando en festivales, radios, teatros y televisión.
Regresó a Uruguay en 1985; recorrió escenarios, tanto acá como en Argentina, y escribió su autobiografía. Luego, regresó a Suecia para concentrarse en su investigación sobre la polca, la mazurca, el chotis y otros géneros musicales.
En 1992 se grabó una antología de su repertorio, que se llamó Homenaje, con numerosos artistas invitados, tanto de Argentina como de Uruguay, y que ganó el Charrúa de Oro en el festival de Durazno del año 1993.
Continuando con su prolífica obra, en 1996 editó Nuestras raíces, toponimia, fauna y flora guaraní en Uruguay, con dibujos de Héctor Rodríguez, que fue auspiciado por la Intendencia de Paysandú. En el año 2001 editó su último libro Desde Paysandú: canto y poesía.
En las postrimerías de su carrera y de productiva vida recibió numerosos homenajes, tanto en Argentina como en Uruguay. Los festejos por sus ochenta años fueron realizados en el teatro Florencio Sánchez; se celebraron con una gran fiesta popular en el Recital de los Pueblos Libres, con la participación de cantantes y artistas de toda la región. Entre los homenajes que le fueron dedicados por músicos y cantantes sanduceros, también encontramos el disco Aníbal Sampayo, el del río de los pájaros pintados.
En 2007 falleció en Paysandú el querido y prolífico cantautor uruguayo Aníbal Sampayo, quien dedicó su vida al arte de contar y cantar los paisajes poblados de pájaros y ríos junto a sus habitantes.
Por ser una auténtica expresión de las calles y las costas sanduceras, nada mejor que nombrar Aníbal Sampayo al exmuelle de la Shell de la ciudad de Paysandú, como forma de comenzar a hacer justicia con quien fuera durante su productiva vida, además de un militante social, uno de los compositores y cantantes más populares y queridos de esa esquina de la región latinoamericana.
Esta es la fundamentación, señora presidenta. En la Comisión de Transporte y Obras Públicas votamos el proyecto de ley por unanimidad, y para mí es un honor fundamentar la designación de este muelle con el nombre de Aníbal Sampayo.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Realmente siento un enorme afecto por Aníbal Sampayo. Conversé con él decenas de veces porque teníamos una relación muy directa y especial, al punto de que con el viejo conversábamos sobre el anfiteatro del río Uruguay, que tuvimos el honor de construir, y a cuyo escenario le pusimos su nombre.
Aníbal Sampayo es enormemente reconocido en la sociedad uruguaya por su estilo y forma de vida. Me generaba mucha gracia discutir con él en términos políticos, ya que era un personaje realmente pintoresco, de una agudeza y de una inteligencia excepcionales. Yo lo visitaba en su casa de Paysandú, muy humilde, por cierto.
Por todo esto, como sanducero acompaño con mucho gusto que el viejo muelle de la Shell –donde tantas veces intentamos pescar alguna cosa– lleve el nombre de don Aníbal Sampayo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Muelle Aníbal Sampayo” al ex Muelle Shell, en el departamento de Paysandú».
22) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE JUNIO
SEÑORA MOREIRA.- Solicito que se deje sin efecto la sesión del plenario del día de mañana, ya que hoy vamos a culminar con el tratamiento de todos los asuntos.
23) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.
Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, para la sesión del día 11 de junio de 2019.
Se comunica al Cuerpo que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Pablo Iturralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Dolores Álvarez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
24) ASCENSO EN LAS FUERZAS ARMADAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: «Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de conferir el ascenso al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2019, al señor teniente coronel médico Julio Miguel Citera Gómez. (Carp. n.º 1315/2019 - rep. n.º 853/19)».
SEÑOR GARCÍA.- La Comisión de Defensa Nacional analizó la solicitud del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de coronel médico al doctor Julio Miguel Citera Gómez. Con relación a esto no presentamos objeciones, ya que su currículo lo amerita y, desde el punto de vista legal, está en condiciones de ser ascendido.
Por este motivo, recomendamos otorgar la venia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir el ascenso al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1º de febrero de 2019, por el Sistema de Selección, al señor Teniente Coronel Médico don Julio Miguel Citera Gómez de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República».
(Así se hace, a las 11:06, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Álvarez, Argimón, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carrera, Eguiluz, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Pesce, Saravia, Vassallo, Vellozas y Xavier).

References: resolución 
 artículo 487
 artículo 508
 artículo 3
 resolución 
 artículo 19
 artículo 181
 artículo 118
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
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 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
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 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 1
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 artículo 3
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 168