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Timestamp: 2019-08-25 22:23:27+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 181, de 14/03/1995
Año 1995 V Legislatura Comisiones. Núm. 181
COMISION DE JUSTICIA PRESIDENCIA DE DON JOSE RAMON HERRERO MEREDIZ Sesión Informativa celebrada el martes, 14 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA: --Comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, para presentar la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial del año 1993.
(Número de expediente 762/000003.) --Dictaminar el Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. (Número de expediente 621/000062.) --Dictaminar, en su caso, o designar Ponencia que informe la Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. (Número de expediente 624/000008.) --Designar Ponencia que informe el Proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado. (Número de expediente 621/000072.)
Se abre la sesión a las diez horas y veinticinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, para conocimiento de los miembros de la Comisión, a las diez y cuarto ha sido citado debidamente el Ministerio de Justicia para contestar a una pregunta de la señora Zabaleta. Lo cierto es que la Secretaria de Estado no ha comparecido hasta estos momentos.
Por tanto, antes de iniciar el orden del día de esta sesión, supongo que el Acta de la sesión celebrada el día 15 de febrero de 1995, y que obra a disposición de los señores portavoces, podrá ser aprobada por unanimidad.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobada.
A las diez y media, y bajo la presidencia del Presidente del Senado, se iniciará la sesión informativa del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Quiero indicar que con el consentimiento de la Mesa y de los portavoces alteraremos el orden del día y si en el transcurso de la mañana llegase la Secretaria de Estado, pasaríamos a tratar el primer punto del orden del día al final de la sesión; es decir, antes se desarrollarán los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto.
Se suspende la sesión hasta las diez y media, que iniciaremos con la comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO PARA PRESENTAR LA MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL AÑO 1993. (762/000003.)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Segundo punto del orden del día, comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial para presentar la Memoria del Consejo.
Aprovecho para dar la bienvenida a don Pascual Sala y a sus colaboradores miembros del Consejo.
De acuerdo con la resolución de la Presidencia, el procedimiento, como saben sus señorías, consiste en una primera intervención del Presidente del Consejo; tras su intervención, se suspenderá por cinco minutos la sesión y se reanudará después con la intervención de los señores portavoces representantes de los Grupos Parlamentarios.
Tiene la palabra don Pascual Sala.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO (Sala Sánchez): Muchas gracias, señor Presidente.
Deben ser mis primeras palabras --pero no solamente por obligación, sino la expresión de un sincero deseo-- de salutación a todas las señoras y señores Senadores presentes en esta Comisión que van a recibir de mí, como representante del Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional de gobierno del tercer Poder del Estado, la expresión detallada --como figura ya en los textos escritos-- de la Memoria correspondiente al funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los juzgados y tribunales de Justicia de España durante el ejercicio de 1993, es decir, el que se cerró a 31 de diciembre de dicho año. La fecha es muy lejana, como podrán sus señorías apreciar, pero diversas vicisitudes han impedido que ante esta Cámara pueda el Consejo presentar esta Memoria y explicarla ante sus señorías. Ello me ha obligado --ha obligado al Consejo--, muy gustosamente, a actualizarla en la medida de lo posible, sobre todo en lo que respecta a datos, información y al análisis de algunos acontecimientos legislativos que, sobre todo, han ensanchado considerablemente las competencias del propio Consejo y, por ende, también su propia responsabilidad.
La Memoria de 1993, como habrán podido apreciar sus señorías, tiene la misma estructura y, naturalmente, similar contenido --por lo menos contenido formal-- a las Memorias de los años anteriores. Por consiguiente, mantiene el mismo esquema --y esto es algo que facilita su estudio, sobre todo el contraste con las Memorias anteriores-- y permite el seguimiento --el seguimiento por la Cámara y por el propio Consejo-- del cumplimiento de determinadas aspiraciones o de determinadas solicitudes que en las Memorias precedentes se hacían precisamente a través de su presentación ante las Cámaras.
Por tanto, aparte de las actividades de la Comisión de Estudios e Informes --que han sido en este ejercicio de 1993 y también en la actualización del pasado ejercicio 1994 muy intensas--, de la Comisión Disciplinaria, principalmente después del ensanchamiento de las funciones producido por la Ley Orgánica de 8 de noviembre de 1994 --que, como saben sus señorías, modificó las competencias del Consejo, también en esta materia, que figuran en la Ley originaria del Poder Judicial, de 1.º de julio de 1985--, la Vocalía de Formación y Perfeccionamiento ha continuado a ritmo acelerado y con general aquiescencia y participación de la Judicatura española todo su programa, tanto estatal, provincial o local, como los programas territoriales de Formación y Perfeccionamiento de los Magistrados, y a través de estas actividades --después de la promulgación de la Ley de 8 de noviembre de 1994, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial-- tiene que ocuparse de todo el programa, de hacer la selección como competencia nueva del Consejo, cuya actividad, al igual que la de la Comisión anteriormente indicada, ha sido particularmente intensa, sobre todo durante el ejercicio de 1984 y lo que se lleva ya consumido de 1995.
En materia de actividades de los juzgados y tribunales he de destacar, como aparece en la Memoria, el análisis efectuado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial acerca de la actividad específica de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y también de la nueva actividad de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre todo a raíz de la instauración --por vez primera en este orden jurisdiccional-- del recurso de casación, en virtud de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de abril de 1992, que demuestra, y hoy puede hacerse esta afirmación
con perspectiva suficiente, una paralización peligrosísima --porque se trata del orden jurisdiccional que controla los actos de los poderes públicos-- de la actividad jurisdiccional en relación con esta trascendental materia en un Estado de Derecho.
Las cifras que figuran en la Memoria con referencia al ejercicio de 1993, que tengo el honor de presentarles, no han sido mitigadas a pesar de la reforma de 30 de abril de 1992, reforma que afecta sobre todo --al instaurar el recurso de casación-- a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no así a las Salas territoriales, a las Salas de la jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales Superiores de Justicia, y presenta el aspecto de un orden jurisdiccional evidentemente mutilado, es decir, insuficiente o no desarrollado, vacío, que precisamente va a ser paliado por un anteproyecto de ley que fue favorablemente informado por el Consejo General del Poder Judicial en este mismo año de 1995, cual es el anteproyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que parte del texto de 27 de diciembre de 1956 y que, indudablemente, ha recogido todas las novedades que habían sido introducidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre todo en orden a la tramitación y a la protección de derechos, que prevé como un procedimiento especial el de la protección de los derechos fundamentales, que anteriormente era objeto de la Ley de 26 de diciembre de 1978.
Por consiguiente, este aspecto va a ser mitigado, van a poder ser puestos en funcionamiento los órganos jurisdiccionales unipersonales, es decir, los juzgados de lo contencioso-administrativo, servidos por especialistas. De ahí que constituya un reto para este Consejo, en el tiempo que le queda de mandato, organizar perfectamente en todos sus escalones, grados e instancias el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El estudio pormenorizado que hace el servicio de inspección en esta Memoria correspondiente a 1993 puede ser aplicado, «mutatis mutandis» y cambiando las cifras, al ejercicio de 1994 respecto del cual, a continuación, a título de actualización, les daré las cifras más significativas para que vean ustedes cuál es el estado de colapso en que se encuentra el orden jurisdiccional.
Quiero aprovechar la oportunidad de estar ante sus señorías en esta Cámara, pues en el Congreso de los Diputados se hizo la presentación de la Memoria de 1993 en los tiempos en que normalmente debe hacerse, dentro del año 1994 y antes de la terminación del indicado ejercicio, para exponer sucintamente ante sus señorías, sin perjuicio de que ulteriormente, cuando lo estimen ustedes pertinentes, haga la debida ampliación, cuál ha sido la repercusión de la Ley de 8 de noviembre de 1994, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y qué ha significado en materias tan importantes como la selección de jueces y magistrados, el régimen disciplinario, la actividad informadora y ampliación de la misma del propio Consejo, a tenor de lo prevenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también la potestad reglamentaria del Consejo y la autonomía presupuestaria.
Puedo decirles, sin perjuicio de que haga ulteriores pormenorizaciones, que la actividad del tiempo que resta a este Consejo de mandato va a ser consumida, precisamente, para cumplimentar el programa, ciertamente ambicioso e intenso, que en todas las materias que he indicado establece la Ley Modificadora de la Ley Orgánica del Poder Judicial a que acabo de hacer particular y específica referencia.
Debo destacar igualmente el desarrollo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo del ejercicio de 1994, de las actividades ya programadas de 1993 en franca fase de expansión respecto de los planes estatales de formación. Se han consumido 39 cursos durante 1994, que han sido objeto de publicación de los títulos correspondientes al plan estatal de 1993; 39 ejemplares que han pasado a integrar las bibliotecas judiciales y que constituyen otro aspecto de este programa de formación muy destacable de este Consejo. Se han publicado también 14 títulos del desarrollo del plan de formación correspondientes a 1994. Ha habido 16.006 peticiones de jueces y magistrados. Por consiguiente, 1.429 jueces y magistrados, que son los que han producido estas 16.006 peticiones, han tomado parte efectiva en los diferentes 39 cursos que han sido puestos en práctica, solamente en cuanto al plan estatal, por el Consejo General del Poder Judicial que me honro en presidir. Ha habido, por consiguiente, un 28 por ciento de incremento de la participación de jueces y magistrados, sólo en el programa estatal, respecto del ejercicio de 1993. Estoy dándoles a ustedes cifras correspondientes al ejercicio de 1994. Por eso, nos choca cuando se dice que la judicatura está ajena a los planes de formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados anteriormente a la introducción de la competencia de selección para el Consejo por la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a que hacía referencia.
Ciertamente, esta falta de participación no responde a la realidad.
Prácticamente la mitad del escalafón de la carrera judicial participa anualmente sólo en los 39 cursos de formación, por lo que el programa, sin necesidad de triunfalismo alguno, ha constituido, como dije también con ocasión de la presentación de la Memoria de 1992, un éxito considerable en su repercusión en la judicatura española y, por consiguiente, una verdadera esperanza que ya puede palparse en la realidad para fortalecer y perfeccionar el servicio de justicia que, en definitiva, es fundamental para la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que ampara el artículo 24 de nuestro texto fundamental.
No quiero darles el pormenor de los planes territoriales y provinciales.
Salvo en una provincia, ha habido planes provinciales en todas y también ha habido planes territoriales en la mayoría de ellas, bien autónomos, realizados por el Consejo General del Poder Judicial, o bien combinados con las Comunidades Autónomas. El resultado de participación superó, inclusive, al anteriormente indicado del plan estatal de 1.429 de jueces y magistrados.
Para no cansar más su atención, voy a darles las últimas cifras de productividad del Servicio de Justicia, es decir, el número de asuntos que han sido resueltos por los jueces y magistrados españoles. Durante el ejercicio que estoy presentando
ante sus señorías, el de 1993 --tal y como figura en la Memoria--, la cifra de asuntos ingresados es de 5.041.061. Me refiero a asuntos ingresados en todos los niveles, desde el Tribunal Supremo al juzgado más humilde de la escala o de la jerarquía judicial. Por consiguiente, y en cifras redondas, 5.000.000 de asuntos. Han sido resueltos 4.947.000 asuntos, prácticamente los mismos que han entrado. Han quedado pendientes, sin embargo, de ejercicios anteriores y del ejercicio de 1993 para 1994, 2.002.679 asuntos.
Los jueces y tribunales españoles han resuelto durante el ejercicio de 1993, por diferentes resoluciones, por sentencias de efectiva contradicción, 1.517.967 asuntos. Por consiguiente, se han dictado más de un millón y medio de sentencias de efectiva contradicción durante el ejercicio de 1993. Si las comparamos con las cifras del ejercicio de 1994, observamos que ha habido un incremento del 5,26 por ciento en resoluciones de esta misma naturaleza, de sentencias. Durante el año 1994 los jueces españoles han dictado 1.597.870 sentencias que representan este aumento del 5,26 por ciento.
Esto, sin duda alguna, puede parecer insuficiente. No seré yo quien haga alarde ante sus señorías de triunfalismo alguno, pero, ciertamente, no puede decirse que la productividad y el resultado del funcionamiento del servicio de justicia por los jueces o por los juzgados y tribunales españoles sea caótico ni que sea, por supuesto, muy distinto al que es en cualquiera de los países de nuestro entorno cultural.
La justicia española no es mejor que la de los países de nuestro entorno, de los miembros de la Unión Europea, pero tampoco es peor que la media, a pesar de que, naturalmente, sea una justicia lenta, como el Poder Judicial en ésta y en otras memorias viene continuamente manifestando. Es una justicia lenta que tiene procedimientos que fueron regulados a final del siglo XIX y que va a entrar, seguramente, en el siglo XXI con los mismos procedimientos, sobre todo, con los que afectan al orden jurisdiccional civil que están obsoletos, propios de una sociedad rural, de una sociedad poco industrializada, completamente diferente, por supuesto, a la sociedad española de finales del siglo XX.
A pesar de esa dificultad que obstaculiza los procedimientos judiciales, obsoletos como vengo diciendo y como el Consejo viene manifestando en todas sus memorias, son de destacar el resultado y la productividad, salvo en procesos singulares, a través de los cuales no puede juzgarse la labor de los juzgados y tribunales de España. Puede haber procesos que precisamente por eso son noticia, que se hagan famosos por razón de su tardanza, pero ésa no es la tónica general, pues puede decirse que el desarrollo y productividad del servicio de justicia son normales dentro de las condiciones de trabajo que se tienen y, sobre todo, de la regulación de los procesos que nuestras leyes procesales vienen estableciendo al respecto.
Estos son los datos fundamentales contrastados del ejercicio de 1993 al de 1994. No quiero cansar más su atención en esta exposición previa.
Prefiero que sus señorías soliciten alguna aclaración al respecto; sobre todo, las dirigidas al análisis de cuáles van a ser --o ya están siendo-- las repercusiones y las medidas que el Consejo tiene programadas para el desarrollo de las nuevas competencias que, como he dicho con anterioridad, ha venido a establecer la Ley Orgánica de Modificación de la Orgánica del Poder Judicial, de 8 de noviembre de 1994.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Muchas gracias.
Se suspende la sesión por tiempo de cinco minutos. (Pausa.)
Para formular preguntas o efectuar observaciones, abrimos el turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en primer lugar, quiero anunciar que nuestra intervención va a ser bastante breve.
No obstante, agradecemos su presencia en esta Comisión.
Quisiéramos saber su opinión acerca de dos observaciones: en primer lugar, la percepción que tenemos los ciudadanos --algunos, no todos; yo me incluyo-- de que, pese a los esperanzadores datos que usted da en la Memoria y que hemos leído apresuradamente, ya que la hemos recibido hace poco, el servicio --como usted lo denomina correctamente-- de prestación de la justicia no es todo lo ágil, todo lo correcto que sería de desear en el sentido de la rapidez de resoluciones, en el sentido de cubrir todas las plazas que deben existir en ese servicio, tanto a nivel de jueces como de los escalones inferiores.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la Comunidad Autónoma de la que procedo el baile --entre comillas; entiéndase en el sentido correcto-- de jueces y magistrados sea tan tremendo? Los asuntos se acumulan. Le podría hablar horrorosamente, por ejemplo, del Juzgado de Granadilla de Abona, del Juzgado de lo Social de Galda, del Juzgado de Arrecife, de Los Llanos de Aridane, etcétera.
Respecto de la percepción que tenemos, hasta cierto punto podemos no estar imbuidos de la razón, ni muchísimo menos, porque podemos estar equivocados, a tenor de los datos --insisto-- esperanzadores que usted nos ha dado. Según su opinión, ¿estamos equivocados? ¿Tiene que suceder así porque estamos en un proceso de modernización, como usted decía, de toda la legislación que proviene de finales del siglo pasado? En segundo lugar, usted conoce el estado del servicio de la justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias, de la que procedo. ¿Le preocupa al Consejo General del Poder Judicial el estado --prácticamente ya he hecho referencia a dicho estado en la anterior observación-- en que
se encuentra? Es decir, ¿le preocupa la falta de jueces y de administradores de la justicia estables o con una cierta estabilidad? ¿Puede existir estabilidad, en la mayor medida posible, desde los jueces y magistrados hasta los escalones inferiores? ¿Pueden existir medios? Como usted sabe, el propio Gobierno de la Comunidad está aportando medios a la Administración de Justicia.
Si usted quiere, puede contestarme englobando las dos observaciones que he expuesto en una sola.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Con mucho gusto, señor Barbuzano, voy a contestarle.
En primer lugar, me pide usted una opinión sobre por qué la percepción ciudadana es negativa con relación al servicio de la justicia e, inclusive, a otros servicios públicos y por qué el estado de la justicia en Canarias presenta, sobre todo, la característica de la movilidad del personal judicial «stricto sensu» que, naturalmente, repercute de forma negativa en su marcha.
El problema de la percepción ciudadana sobre la justicia no es, en primer lugar, estrictamente español. La justicia es, sobre todo, garantía y las garantías, naturalmente, no pueden ser actuadas inmediatamente. Hubo un tiempo en que la justicia se hacía en los mercados --la justicia pretoriana del Derecho Romano-- y, por lo visto, era muy eficaz, pero alcanzaba a un segmento de población mínimo, constituido por los únicos que tenían derechos. Desde la instauración y la vigencia de la Constitución de 1978 y la restauración del régimen constitucional en España, la exposición de motivos de una de las mejores de las últimas leyes que han visto la luz últimamente: la Ley de Demarcación y Planta, de 28 de diciembre de 1988, da precisamente las pautas que han de seguirse frente a la sobrecarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales. Estos motivos se reducen fundamentalmente a uno, cual es el de la mayor conciencia ciudadana de sus propios derechos, es decir, la justicia no es hoy algo que afecta exclusivamente a un determinado segmento social, sino que afecta a todos los ciudadanos. Deberíamos congratularnos todos por esto, es decir, que haya mayor número de ciudadanos que acudan a los juzgados y tribunales para pretender obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos, sin duda alguna, representa un normal funcionamiento o, por lo menos, el estadio previo a un normal funcionamiento de la justicia.
Pero, aparte de ser garantía y, por consiguiente, estar reñida con una inmediatez que supondría, precisamente, el desconocimiento de las garantías, la justicia discurre a través de una serie de procesos y de procedimientos, de instituciones, como es la institución del proceso, de su andadura externa, que no es otra cosa que el procedimiento, que están pensados precisamente para una situación social en la que a la justicia accedían sólo un contado número de ciudadanos y los demás vivían por completo ajenos a ella e, incluso, tenían cierto temor a acudir a los juzgados y tribunales porque de ellos sólo podrían salir perjuicios para sus derechos e intereses.
Esta era la sociedad rural del pasado siglo, con un nivel altísimo de analfabetismo, en la que la titularidad de los derechos iba unida a un determinado «status» económico, del cual, evidentemente, no eran partícipes la mayoría de los ciudadanos. La situación ha cambiado radicalmente con un giro copernicano. Hoy día, los ciudadanos acuden, y no precisamente en los niveles superiores, sino en los medios e inferiores --y si no, véase, por ejemplo, el orden social del derecho--, de una forma masiva ante los tribunales de justicia. Por consiguiente, este aumento de trabajo repercute, sin duda alguna, en la inmediatez del servicio y, sobre todo, en su eficacia; produce la lentitud, que quiere decir que España se ha desarrollado, que es común a las sociedades de nuestro entorno.
Pero, aparte de ello, hay una necesidad que aquí repetimos todos los años cuando traemos una Memoria, y por lo que no es original el Consejo General del Poder Judicial, cual es la reforma procesal. Esto parece algo retórico cuando se dice desde estos foros, pero se viene escuchando, y ya Beceña decía antes de la Guerra Civil española que hacía falta en España urgentemente una reforma procesal, refiriéndose específicamente al proceso civil. Y si hay en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en muchas ocasiones he puesto de relieve, más de 50 especialidades procedimentales solamente en la ley básica de uno de los órdenes jurisdiccionales, imagínese usted extramuros de la Ley de Enjuiciamiento Civil los procedimientos que hay, cuando el legislador español no ha perdido la costumbre --y si no, véase la última Ley de Arrendamientos Urbanos-- de hacer para cada ley sustantiva una reglamentación procesal o procedimental, en vez de remitirse a los procedimientos de deshaucio en precario, procedimiento de deshaucio propiamente dicho, que establece el Código procesal común, con lo que son más de 60 las especialidades procedimentales. Navegar por esa intrincada selva, tanto para jueces como para expertos en derecho o abogados, se convierte muchas veces en un ejercicio de habilidad que no se encuentra a disposición de todos los mortales.
Por consiguiente, la reforma procesal es urgente. Si lo decía Beceña ya en 1935, ahora, imagínese usted con lo que ha llovido desde entonces, la urgencia se ha multiplicado prácticamente por mil, puesto que los ciudadanos acuden mucho más que en 1935, masivamente, a obtener la tutela judicial efectiva.
Esto hace que los programas legislativos deban ser potenciados por el prelegislador, que es el Gobierno, fundamentalmente, y las Cámaras legislativas. La reforma procesal ha sido estudiada suficientemente en los distintos órdenes jurisdiccionales; está decantada doctrinalmente, aunque no es fácil, e incluso con remedios de parche que no resuelven nada, que muchas veces complican, pero que, naturalmente, tienen ya cierta experiencia que puede ser utilizada a la hora de hacer una reforma adecuada y profunda.
El orden jurisdiccional civil es de los más sobrecargados de trabajo en España. Indudablemente, esto hay que remediarlo; hay que llegar a un tipo de proceso plenario no rápido y otro rápido, sumario, que incluso englobe el concepto estricto de sumariedad en derecho procesal, es decir, la limitación de la cognición del juez, de las facultades de conocimiento del juez sobre un asunto determinado, como pueden ser los procedimientos interdictales. Hay que ir a un procedimiento de ejecución singular y otro de ejecución universal; hay que simplificar esta maraña de especialidades procedimentales a las que anteriormente me refería. Sin duda alguna, con un procedimiento mucho más ágil se puede conseguir, porque entonces se podrá exigir adecuadamente a los jueces que produzcan una justicia más eficaz, siempre y cuando, por supuesto, se tenga presente que nunca se podrá dar satisfacción inmediata, porque la justicia, repito --y no puede olvidarse nunca el ciudadano de ello--, es garantía.
Una usted a ello, naturalmente, también el que la percepción ciudadana se averigua a través de opiniones normales de terceros. El hecho de que los ciudadanos acudan en número considerablemente superior al que acudían hace décadas no quiere decir que todos los ciudadanos españoles estén inmersos en un procedimiento de naturaleza civil, penal, contencioso-administrativo o laboral, porque España sería un país de locos si todo el mundo tuviera uno o dos procesos. Quizá en materia de circulación de vehículos de motor muchos ciudadanos españoles han conocido lo que es un juzgado; afortunadamente para ellos, no en los restantes aspectos que se dirimen ante los otros órdenes jurisdiccionales. Es decir, cuando a un ciudadano se le pregunta --pienso yo, y muchas veces reflexionamos sobre ello en el Consejo General del Poder Judicial, a título particular-- sobre cómo funciona la justicia, naturalmente, ha oído decir que funciona mal, porque, afortunadamente para él, no la ha experimentado en su propia carne, a diferencia de la percepción que tiene el ciudadano cuando se trata de otros servicios públicos. Por eso, yo no comparto la idea de que la justicia es un servicio público, porque es algo más que eso. El ciudadano sabe cómo marcha la sanidad porque, desgraciadamente, tienen que afrontar él y su familia determinados momentos en su vida en los que pueden valorar la sanidad de primera mano, como pasa con los transportes, las comunicaciones, la educación, etcétera, es decir, los servicios públicos esenciales. De la justicia, afortunadamente para él, suele tener el ciudadano un concepto de terceros, es decir, por oídas, y, por el efecto multiplicador que se produce, dice que la justicia va mal.
Indudablemente, no es que vaya muy bien, pero digo --sin que esto sirva de consuelo-- que no se distingue de la justicia de otros países de nuestro entorno, en orden a su eficacia.
Me ha preguntado usted sobre el estado de la justicia en Canarias, y le voy a comentar concretamente dos aspectos que son extrapolables a otras Comunidades Autónomas o a otros territorios de tribunales superiores de justicia: en primer lugar, la movilidad de jueces y magistrados y, en segundo término, los medios que suministran las Comunidades Autónomas.
En materia de movilidad, tiene usted razón en que ha sido, podríamos decir, casi un cáncer de la justicia, sobre todo en Canarias, por razón de insularidad. El Consejo General del Poder Judicial, nada más iniciar su mandato en 1990 --creo que en 1991--, adoptó un acuerdo por virtud del cual se limitaba el tiempo de congelación, por así decirlo, de un funcionario judicial cuando solicitara un destino en las Islas Canarias, precisamente para propiciar la normalidad en la cobertura de los órganos jurisdiccionales en aquella Comunidad Autónoma. En la actualidad, una de las modificaciones fundamentales que ha introducido la Ley de 8 de noviembre de 1994 es la de exigir un plazo de tres años para un cambio voluntario de titularidad en un órgano jurisdiccional, con lo cual, sin duda alguna, se acentúa esta fijación, esta residenciación de los titulares de órganos jurisdiccionales y, por consiguiente, se satisface mejor el servicio de justicia.
En materia de medios, hay muchas concepciones, como su señoría sabe, y todas ellas son muy respetables. Hay desde quienes creen que las Comunidades Autónomas no deben participar en la dotación de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia y quienes, por el contrario, creen que debe descentralizarse esta materia, naturalmente, en la medida en que las leyes permitan su descentralización.
Yo, personalmente --y vuelvo a decir que respetando cualquier opinión contraria-- creo que sería bueno territorializar y, por consiguiente, descentralizar toda esta materia de medios personales y materiales, pero con las adecuadas excepciones que son, por supuesto, las que afectan al personal estrictamente judicial, jueces y magistrados, titulares del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es la esencia del Poder Judicial y es un poder del Estado, y también las que afectan al Secretariado Judicial, por la razón de que, tal como está en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las leyes procesales, no puede constituirse válidamente un tribunal ni actuar válidamente ni un tribunal ni un órgano jurisdiccional, unipersonal o colegiado, sin la presencia del Secretario. Es decir, tiene poderes cuasi jurisdiccionales en lo que afecta al proceso y al procedimiento y, por consiguiente, podría condicionarse la actuación jurisdiccional «stricto sensu» de jueces y magistrados a través del condicionamiento del Secretario.
Haciendo estas dos excepciones, yo entiendo que por parte de los jueces y magistrados siempre se ha pretendido esta territorialización. Los mejores juzgados han sido los servidos por expertos funcionarios que están o han vivido toda su vida en los partidos judiciales o en las capitales de provincia correspondiente, porque son los mejor dotados, los que conocen mejor las costumbres, los modos de actuación que varían de un sitio a otro y en función de las curias, etcétera. Por consiguiente, a mi juicio, esto sólo puede traer beneficios. Y, además, hace que, desde el centro, la resolución de los problemas, en este aspecto concretamente, sea mucho más trabajosa y mucho más defectuosa que la aproximación, como un buen principio de administración exige, de los remedios o de los medios allí donde se produce la necesidad.
Estas son las opiniones que yo tengo acerca de los problemas por los que su señoría me ha preguntado.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Senador Zubía.
En primer lugar, y como ya lo ha hecho quien me ha precedido en el uso de la palabra, quiero agradecer al señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial y a los Vocales que le acompañan su presencia en esta Comisión de Justicia a fin de presentar la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad del citado Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, referida al año 1993. Y es de agradecer su comparecencia, señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, porque, aunque es verdad que la misma obedece o tiene como razón de ser dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en momentos como los presentes, en que la Administración de Justicia, los jueces y magistrados y, en suma, el Poder Judicial, centran una parte importante de la actualidad, por encerrar una amplia, variopinta e, incluso, morbosa actualidad que aviva su siempre difícil y problemático debate, la opinión, el juicio del Presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre las diversas cuestiones que se irán suscitando a lo largo de la mañana de hoy siempre se me antoja del máximo interés.
En segundo lugar, quisiera dejar constancia de una preocupación que deriva del hecho de que al día de hoy, 14 de marzo de 1995, se esté presentando en esta Cámara la Memoria correspondiente al Ejercicio de 1993. Yo sé que el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial es el primero en lamentar este retraso --así lo ha hecho--. Sé lo que supone culminar los arduos y largos trabajos de elaboración y confección de la Memoria; sé de las vicisitudes a las que se ha referido el señor Presidente, y agradezco el esfuerzo de actualización que ha realizado en su intervención. Pero, señorías, coincidirán todos conmigo en que alguna solución de futuro hay que adoptar si queremos que en su sentido estricto este trámite parlamentario tenga realmente sentido. Por otra parte, esto es algo siempre planteado, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, pero casi nunca remediado, y yo confío en que la Memoria referida al año 1994 sea objeto de presentación y debate en esta Cámara con mayor rapidez y, en consecuencia, inmediatez.
Ciñéndome a la Memoria propiamente dicha, evidentemente son muchísimas las cuestiones que podrían ser objeto de debate u observación, y muchísimas también las posibles preguntas a realizar. Pero, siendo consciente como soy de las limitaciones de este trámite parlamentario, me conformaré con solicitar contestación a una serie de temas que paso a enumerar.
En primer lugar, en el capítulo --importante capítulo-- de la formación y perfeccionamiento, se señala en la Memoria de manera expresa que es una necesidad ineludible que el Consejo General del Poder Judicial cuente con carácter estable y ya de forma perentoria con un centro propio donde desarrollar las tareas de selección, formación inicial y continuada y documentación. La pregunta obligada, en marzo de 1995, es si se dispone ya de este centro, si se está en vías o si estamos donde estábamos al concluir la Memoria de 1993. Es decir, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿volverá a figurar en la Memoria de 1994 la necesidad ineludible de contar de forma perentoria, etcétera, con esta sede? En segundo lugar, quiero suscitar un tema que he planteado en alguna otra ocasión en el Congreso de los Diputados. Inexorablemente unido a lo que llamamos estadística judicial se halla la denominada productividad judicial, a la que se ha referido, si quiera brevemente, el señor Presidente en su primera intervención; productividad judicial que me apresuro a señalar que estimo como difícil de concretar en cuanto a sus parámetros. Pero, en la medida de lo posible, me gustaría saber qué entienden el Consejo General del Poder Judicial y su Presidente como productividad judicial normal. Qué quiere decir el Consejo General del Poder Judicial cuando señala, y lo hace también de manera expresa en la Memoria, que es media la normalidad en la eficacia y en la productividad judicial. Y también me gustaría saber cómo actúa, y con qué resultados, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, a fin de corregir lo que se denomina en la Memoria una productividad baja.
La tercera cuestión que suscito, también con brevedad, es la referida a las relaciones institucionales. Estas ocupan también un apartado específico de la Memoria, contemplándose al principio del mismo la relación con el Ministerio de Justicia. A este Senador, debo decirlo, le llama la atención lo escueto, escuetísimo de la referencia. Es por ello por lo que desearía que, en la medida de lo posible, el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial desarrollara ese tenue contenido, a fin de que en la libre interpretación de cada cual no queden silencios o vacíos. Y su señoría me entiende.
Pero, junto a esta petición general, desearía también realizar una pregunta más concreta que tiene que ver con el único contenido, con la única relación que se hace en la Memoria dentro de este apartado a relaciones con el Ministerio de Justicia. Se dice que la Comisión ha remitido entre marzo de 1993 y marzo de 1994 a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 24 informes, peticiones o reclamaciones. Y se añade que la Dirección General dio contestación a 14 de los mencionados asuntos. De lo que parece o puede deducirse que diez de los asuntos, los diez restantes, no han merecido ni siquiera contestación por parte del Ministerio de Justicia. Pero, en todo caso, se cierra este apartado señalando, también textualmente, que en ninguno de los 14 casos suscitados se dio solución al problema planteado. ¿Puede explicármelo el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial? ¿Quiere esto decir que de los 24 asuntos planteados, 10 no han merecido siquiera respuesta, y los 14 contestados lo han sido, en todo caso, negativamente? Si es
así, como parece desprenderse del literal de la Memoria, ¿qué valoración ha realizado o realiza el Consejo General del Poder Judicial? Y, por otra parte, dentro de este apartado, señor Presidente, ¿en esto, y sólo en esto, ha considerado la relación con el Ministerio de Justicia? Ya en otro orden de cosas, ni que decir tiene, señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que coincido plenamente con su aseveración --por otra parte, ya repetida en anteriores memorias-- de que la reforma procesal, la reforma urgente del contencioso-administrativo a que se ha referido, la reforma de la oficina judicial de una vez por todas, como se dice en la Memoria, y la definición del secretario son auténticas y urgentes necesidades que confío, y lo digo sinceramente, no tener que ver reproducidas nuevamente como tales necesidades urgentes y perentorias en futuras memorias y consiguientes comparecencias.
No quisiera tampoco dejar de referirme, siquiera brevemente, a las actividades desarrolladas en colaboración con los gobiernos de las Comunidades Autónomas y en ejecución de convenios firmados con ellas a tal efecto. Dedica la Memoria atención a este apartado, un buen espacio, y es ésta especialmente amplia --y lo digo con satisfacción, créame, señor Presidente-- al referirse al País Vasco. Desde un curso sobre aplicación de la ley del jurado, ahora en tramitación parlamentaria, hasta cursos de euskera para jueces y magistrados, pasando por jornadas de formación para jueces de paz e, incluso, un curso sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, configuran una extensa muestra de lo que ha sido una colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco que yo calificaría --y creo que también el Consejo General del Poder Judicial lo podrá hacer-- como satisfactoria. Esta vía abierta de colaboración se complementa, además, con la remisión que viene efectuando el propio Consejo General del Poder Judicial de los proyectos de reglamento que hasta estos momentos ha elaborado a los debidos efectos de contar con la opinión y el criterio de dicha Comunidad Autónoma; todavía en los últimos días se han recibido varios de ellos, como el que hace referencia al del servicio de guardia, al de órganos de gobierno, etcétera, que, obviamente, es cuestión de aplaudir y cuestión de señalar.
En suma, señor Presidente, ambas vías de colaboración y de relación del Consejo General del Poder Judicial con las Comunidades Autónomas sin duda deberán ser objeto de perfeccionamiento, con el tiempo se conseguirá, pero la experiencia --justo es reconocerlo y yo lo hago desde la legitimidad y el conocimiento que me da el hecho de haber pertenecido hasta hace escasamente dos meses al propio Ejecutivo vasco-- es ciertamente positiva y quería dejarlo de manifiesto expresamente aprovechando su comparecencia.
Y ya para terminar y no alargarme en exceso en esta mi intervención, señor Presidente, señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, quiero aprovechar su presencia hoy aquí para preguntarle sobre algo que mejor sería, créame, no tener que abordar, puesto que sería la mejor prueba de que es algo que no ofrece la menor duda, pero en el momento actual, lejos de ser algo pacífico, se ha convertido en punto de fricción y debate en los medios de comunicación, en foros académicos e, incluso, en tribunas parlamentarias. Me estoy refiriendo --seguro que sus señorías lo han adivinado-- al principio de la independencia del Poder Judicial, su respeto y garantías y las posibles o ciertas --según personas-- interferencias en la actividad de jueces y magistrados. Creo que este debate abierto, y que flaco favor hace al propio Poder Judicial y, en definitiva, al servicio público de la justicia, sí requiere de un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, y es por ello por lo que pregunto de manera expresa a su Presidente qué piensa al respecto.
Considero especialmente interesante conocer el juicio, la opinión, oír la voz autorizada del Consejo General del Poder Judicial en este debate, o acusación, incluso, si se prefiere. En suma, la pregunta es si cree el Presidente del Consejo General del Poder Judicial que está suficientemente preservado, suficientemente garantizado, suficientemente respetado el principio de independencia judicial, si cree el señor Presidente que se dan interferencias realmente en la actividad de jueces y magistrados y si cree el Presidente del Consejo General del Poder Judicial que realmente está en entredicho la imparcialidad de la justicia.
Dicho esto, señor Presidente, no me queda más que concluir agradeciéndole nuevamente su presencia y la de los miembros del Consejo que le acompañan, deseándole --y lo digo con absoluta sinceridad-- toda clase de éxitos en su gestión y en el ejercicio de sus competencias --felizmente ampliadas en virtud de la Ley de 8 de noviembre de 1994--, porque en definitiva, señor Presidente, esos éxitos redundarán en una mejor Administración de Justicia y, por ende, en un mejor servicio público al ciudadano, que es lo que, en definitiva, debe primar en todos nosotros.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Gracias, Senador Zubía.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO (Sala Sánchez): Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias también, pues antes lo he omitido, al Senador Barbuzano y al Senador Zubía por sus palabras de salutación y sus deseos de que el Consejo General del Poder Judicial pueda coronar con éxito el desarrollo de la ampliación de sus funciones e inclusive, por supuesto, las que anteriormente le otorgaba la Ley Orgánica del Poder Judicial ya en 1985.
Voy a contestar a todos los puntos que me ha interesado el señor Senador, y en primer lugar al retraso en la presentación de la Memoria.
Ciertamente, la Memoria abarca normalmente un ejercicio, mejor dicho, abarca legalmente un ejercicio, es decir, los datos se cierran a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios, se confecciona habitualmente en el primer trimestre del año siguiente y tiene que aprobarse antes del acto de apertura de los tribunales, que suele ser mediado el mes de septiembre; por consiguiente,
esta Memoria de 1993 fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial en el mes de julio del año correspondiente, 1994, se remitió a las Cámaras después del acto de apertura de tribunales --ésta es la praxis que se ofrece-- y acudí al Congreso de los Diputados a citación del mismo para presentarla ante la Comisión de Justicia en el mes de noviembre. Fueron diversas vicisitudes, creo que determinadas por la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sobre todo por el intenso programa legislativo que pesaba sobre esta Cámara justo en esas fechas, en el mes de diciembre, las que determinaron la imposibilidad de que fuera yo citado y pudiera comparecer ante sus señorías, ante esta Comisión, como hoy he hecho. Tengo que darle la razón a su señoría también porque, a pesar de ser ésta la praxis --no solamente de este Consejo, sino de los dos Consejos que han precedido el mandato del presente--, debo decir que ciertamente se podían acortar estos plazos, de forma que no se tuviera que producir necesariamente la presentación ante las Cámaras con posterioridad al acto de apertura de tribunales y que pudiera confeccionarse la Memoria con anterioridad al verano; por consiguiente, y tiene su señoría razón, en el verano deberían haber podido ser analizadas las Memorias correspondientes a los ejercicios anteriores, porque estarían más cerca los datos y, naturalmente, más cerca los problemas, evitando las anomalías que en todas las ocasiones ha habido por este distanciamiento en el tiempo entre confección de la memoria por el Consejo, remisión a la Cámara y presentación ante la Comisión de Justicia correspondiente por parte del Presidente, puesto que los datos son ya muy lejanos y obligan a una actualización que en otras circunstancias no sería necesaria.
El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto poder terminar la Memoria, sobre todo la copia de los datos correspondientes y la realización de los análisis, en el primer trimestre de este año. Por otro lado, no sé si sus señorías habrán tenido tiempo de analizar una memoria de la relación circunstanciada de necesidades para el año 1995 que el Consejo General del Poder Judicial ha trasladado al Gobierno de la nación, y que debería estar integrada, a pesar de que son cuerpos independientes, en la Memoria correspondiente al año 1994. En definitiva, ésta es una realidad --sin duda alguna tiene su señoría razón-- que hay que perfeccionar y hay que permitir que la Cámara tenga cuanto antes el conocimiento de todos esos datos, los juicios y apreciaciones, inclusive las necesidades que anualmente plantea el Consejo General del Poder Judicial al Gobierno de la nación, porque las Cámaras pueden exigir al Gobierno de la nación directamente --por razón de que controlan su responsabilidad, y no así el Consejo General del Poder Judicial-- estas dotaciones, sobre todo en materia de medios personales y materiales y también de las reformas procesales, necesidades que, como dice su señoría, quedan muchas veces sin respuesta o por lo menos sin satisfacción. El Consejo tendrá presente esta denuncia --dicho en términos coloquiales-- de su señoría para producir una presentación ante la Cámara si es posible con anterioridad al acto de apertura de tribunales, que se realiza normalmente los 15 de septiembre de cada año.
Ciertamente, en esta relación circunstanciada de necesidades para el año 1995, que aprobó el Consejo en diciembre de 1994, ya se pone de relieve la necesidad que tiene el Consejo en materia de formación y singularmente en materia de selección --por virtud de la ampliación de competencias de que ha sido objeto por razón de la Ley de 8 de noviembre de 1994-- de disponer de un Centro de selección, formación y perfeccionamiento, si ha de ser un centro unitario, o por lo menos de un Centro de selección y de un Centro de formación y perfeccionamiento --eso dependerá muchas veces del encuentro de una base física necesaria--. Hasta el momento, el Consejo ha tenido que abordar esta ampliación de competencias con los elementos actuales, es decir, con el Centro de Estudios Judiciales, dependiente del Ministerio de Justicia e Interior, y llegará a un concierto con el mismo, para mientras no tenga una sede independiente, poder utilizar los servicios de ese Centro, inclusive los que está utilizando en la actualidad en materia de formación y perfeccionamiento.
Además, hay ofertas autonómicas, como su señoría bien conoce, una de ellas, quizá la más documentada en este momento, sea la del País Vasco.
El Consejo todavía no ha adoptado resolución al respecto, pero está considerando, inclusive, la posibilidad de separar estas actividades nuevas, las de selección de la formación y perfeccionamiento, aunque yo creo que su señoría comprenderá también que es muy difícil separar lo que son manifestaciones o fases de un mismo fenómeno --selección, formación y perfeccionamiento--, ya que fue la razón fundamental --razón lógica y de coherencia-- que determinó el traspaso o reconocimiento de esta competencia exclusiva para el Consejo General del Poder Judicial en la Ley de Reforma de 1994. Si sirvió para que el Consejo pudiera asumir esta competencia exclusiva, también comprenderá su señoría que presenta dificultades diseccionar o separar estos tres estadios o manifestaciones de un mismo fenómeno.
De todas maneras, esta oferta del País Vasco, específicamente para un centro de selección, será analizada una vez que se tenga toda la documentación necesaria y una vez que se tengan presentes las ofertas de otras Comunidades Autónomas --están prometidas, pero no tan documentadas como la del País Vasco--, para llegar a una resolución a este respecto y para poder articular, si se puede, estos ofrecimientos, que siempre vienen bien, inclusive por razones de muy variada índole, es decir, por la razón de no concentrar en Madrid todos los servicios, que también puede ser un buen principio de administración y de eficacia y que existe en otros países, por ejemplo, en Francia, donde están entre París y Burdeos los centros de formación y de selección de los jueces y magistrados.
En la actualidad hay previstas sedes en Madrid, paralelas o en el mismo sitio o emplazamiento donde está desarrollándose la actividad fundamental de formación, concretamente la Escuela de Hacienda Pública, que es un edificio anejo a la misma, moderno y con las suficientes dotaciones, que tendrá que ser examinado sobre su idoneidad para llevar a cabo en él las actividades del Consejo, tanto las de formación como las de selección nuevamente asumidas.
También me pregunta su señoría cuáles son los criterios que el Consejo utiliza para valorar la productividad de los jueces y magistrados y, en definitiva, cuál es la actuación que ha realizado el Servicio de Inspección. Su señoría sabe que en materia de baremos fue señalado, no por este Consejo, sino por el anterior, un criterio numérico, el del número de resoluciones que tendría que dictar normalmente un juez para cumplir el mínimo de productividad que el Consejo estimaba. Este baremo está vigente, pero, y se lo puedo decir francamente a su señoría, está en desuso, porque es muy difícil aquilatar las circunstancias que concurren en cada uno de los procedimientos y la naturaleza en cada uno de los órdenes jurisdiccionales.
Pero la productividad esencial, cuando no se trata de órganos especializados, como sucede en las jurisdicciones social o laboral y la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, la jurisdicción civil y penal, que son comunes en aquellas poblaciones importantes donde los órdenes jurisdiccionales no están separados, es muy difícil de calibrar.
Los procedimientos y los asuntos no son los mismos, ni siquiera en procedimientos de efectiva contradicción, es decir, los procedimientos seguidos en rebeldía o sin oposición, como puede ser en la mayoría o en un número considerable de juicios ejecutivos, pueden ser calificados de procesos contenciosos, puede dar la impresión de que en ellos teóricamente y en la realidad legal se produce contención y, sin embargo, no son procedimientos que puedan valorarse a los fines, a su vez, de hacer un juicio sobre la productividad de jueces y magistrados.
Es quizá por ello por lo que este Consejo todavía, aun sin renunciar a esa posibilidad, no ha establecido esos criterios rígidos, criterios que, por otra parte, producirían en muchas ocasiones una baja de productividad para jueces y magistrados, cuyo principal acicate debe ser el cumplimiento del deber, y que quizá se vieran tentados a bajar su productividad, precisamente porque habrían cumplido el mínimo exigido por los baremos del Consejo General del Poder Judicial.
Esta es la razón por la que este Consejo, precisamente a través del Servicio de Inspección, calibra en cada caso cuál es la actuación de los jueces y magistrados correspondientes. Yo no sé si está detallado, pero en el Servicio de Inspección sí que aparece el número de visitas. Quizá los planes que aprueba el pleno no se han llevado a la Memoria correspondiente a 1993, pero no cabe duda de que se aprueban en pleno y así están aprobados cuáles son los planes de actuación del Servicio de Inspección; cuáles son, por consiguiente, las actuaciones ordinarias, el Servicio de Inspección está descentralizado por territorios de cada uno de los Tribunales de Justicia, y cuál es la actuación extraordinaria del Servicio de Inspección, que se produce porque también hay anomalías en los distintos órganos jurisdiccionales, principalmente en los de naturaleza unipersonal, porque son los que más dificultades pueden encontrar a este respecto en orden a su actuación jurisdiccional.
El Consejo actúa a través del Servicio de Inspección, en primera fase, inclusive para depurar las posibles responsabilidades disciplinarias, tanto en lo que es competencia de la comisión disciplinaria, que funciona autónomamente por imperativo legal, como ustedes saben, en el Consejo General del Poder Judicial, como en lo que son facultades disciplinarias --por cierto, también ampliadas con la Ley de 8 de noviembre de 1994-- de los distintos órganos de gobierno, separadamente del Consejo General del Poder Judicial, que existen sobre todo a nivel territorial, es decir, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia e inclusive las facultades gubernativas y disciplinarias de cada uno de los jueces y magistrados. Creo que en la Memoria de 1994 ya está introducido un detalle puntual de las actuaciones del Servicio de Inspección, resaltando las que han tenido mayor repercusión en este punto.
En materia de relaciones institucionales, su señoría, sobre todo con el Ministerio de Justicia, ha puesto de relieve el dato que figura en la Memoria de 1993 de que hay 24 asuntos que han sido remitidos por el Consejo General del Poder Judicial a la Dirección General de Justicia.
Sin embargo, sólo 14 asuntos han obtenido contestación y ninguno ha satisfecho las demandas que al respecto establecía el Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece que su señoría se refiere a los programas de apoyo. Los programas de apoyo, naturalmente con base legal y, por cierto, también objeto de mayor cobertura o de puntualización por parte de la Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial de 1994, han sido establecidos para atender las necesidades extraordinarias o coyunturales en que pueden encontrarse los órganos jurisdiccionales y que han dado lugar a un número considerable de asuntos, que han sido informados por el Consejo y dirigidos al Ministerio de Justicia e Interior para que satisfaga las peticiones correspondientes.
Su señoría tiene, y el resto de la Comisión, un detalle puntual de esta relación circunstanciada de necesidades que acompaña a cada Memoria y en la que se ha remitido últimamente, la que aprobó el Consejo en diciembre de 1994, ha habido actuaciones de este tipo. No son 24, por supuesto, las correspondientes al ejercicio de 1993, sino muchísimas más. Este punto también podríamos sacarlo de la Memoria en 1993, pero me voy a referir, para darles los datos actualizados, a la Memoria de 1994. Por ejemplo, en la adscripción permanente de magistrados suplentes y jueces sustitutos, se han producido 109 durante el ejercicio de 1994 y se han otorgado 85 comisiones de servicio para jueces y magistrados durante el mismo tiempo.
La comisión de servicio para personal no estrictamente judicial, es decir, para personal de secretaría incluyendo secretarios, oficiales, auxiliares y agentes judiciales ha sido de 138, y la propuesta de aplicación del nuevo régimen de prolongación de jornada a personal de secretaría a que se refiere la disposición adicional novena del Decreto 1.616, de 1989, ha sido de 567.
De todas ellas, naturalmente, dentro de las previsiones presupuestarias que tiene para este Servicio el Ministerio de Justicia, han sido atendidas la mayoría. El Consejo tiene incluso que informar la retribución de todas estas prolongaciones de jornada, comisiones de servicio o sustitución de jueces que se producen en aplicación del Plan de apoyo.
Por otra parte, las relaciones con el Ministerio de Justicia tienen también otros ámbitos en los que se proyectan.
Hay una Vocalía en el Consejo General del Poder Judicial que transmite precisamente todo este tipo de informes que realiza el Consejo General para atender a circunstancias extraordinarias de retraso por sobrecarga de trabajo, movilidad del personal o ausencia de titular que en un órgano jurisdiccional puedan darse en un momento determinado.
Quizá en la Memoria no se detalla con la suficiente precisión, pero no cabe duda de que esta Vocalía tiene todo este cometido que está proyectado especialmente en el Plan de apoyo que, con cobertura legal ampliada, desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, y que plantea muchos problemas cuyo análisis nos llevaría mucho tiempo como, por ejemplo, si es más conveniente otorgar comisiones de servicio que, a juicio del Consejo, son quizá mucho más rentables desde el punto de vista de la eficacia e incluso del coste, que otorgar planes de sustitución o de prolongación de jornada, lo que muchas veces encierra considerabilísimas dificultades para determinar si en realidad lo que se hace es prolongar la jornada habiendo cumplido ésta con total eficiencia con anterioridad o si, por el contrario, simplemente se cumple esa eficiencia o esa eficacia cuando se trata de prestar servicio --sobre todo a nivel auxiliar-- en los órganos jurisdiccionales, en esas horas de prolongación de jornada, lo que concretamente produce agravios comparativos en juzgados o en órganos jurisdiccionales que en la jornada de trabajo normal realizan su cometido lo que, sin embargo, no ocurre en otros, donde necesitan de estas prolongaciones.
La inspección procura valorar cuál es el grado de eficacia en cada caso.
Precisamente el seguimiento se hace por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, pero las dificultades, como se pone de relieve en esta relación circunstanciada sin que pueda escapar a la percepción de sus señorías, son casi insuperables.
Su señoría se refiere también a la necesidad de que no se convierta en una especie de canto reproducido en todas las presentaciones de Memorias por parte del Consejo General del Poder Judicial ante las Cámaras la petición de reformas procesales.
Estoy completamente de acuerdo. Su señoría tiene razón. Inclusive yo lo ampliaría a algo que se refiere a la Oficina Judicial o Secretaría Judicial --que por estos dos nombres puede ser llamada--. Actualmente se llama Secretaría Judicial en las leyes procesales, pero en los proyectos, borradores, etcétera, se aventura como una posible denominación en el futuro la de Oficina. Yo no soy nominalista, con lo que me da igual una u otra denominación. Lo cierto es que el estado de la Oficina o de las Secretarías Judiciales --y el Consejo lo pone de relieve-- es verdaderamente insatisfactorio. Inclusive el Congreso de los Diputados ha solicitado del Consejo General del Poder Judicial la experimentación de un modelo de Oficina Judicial, y el Consejo está estudiando la contestación a la Cámara Baja en cuanto a las posibilidades que tiene, careciendo de facultades legislativas --lo que es obvio, no necesita tenerlas--, para producir esta experimentación de una oficina o secretaría judicial nueva que viniera a romper la ecuación, un juzgado --un órgano jurisdiccional, una secretaría judicial--, una oficina judicial, lo que ciertamente responde a una concepción y a una estructuración de la justicia propia de finales del siglo pasado, que es en definitiva condonación en la estructura que consagraba la vieja Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870.
¿Por qué? Fíjense sus señorías en que muchas veces, sobre todo las poblaciones que tienen varios órganos jurisdiccionales, sean unipersonales o colegiados, estructurándose en secciones las audiencias correspondientes, o en salas los Tribunales Superiores de Justicia si es que se trata de la capital judicial de una Comunidad Autónoma, lo que necesitan es esta ecuación, un juzgado, una oficina, y, sin embargo, la realidad o la necesidad se circunscribe a que un nuevo magistrado o un nuevo juez dicte un número determinado de sentencias, que pueden ser, por ejemplo, un número genérico de 300 al año, lo que obligaría, para esa finalidad exclusiva, a la constitución de un juzgado completo, es decir, no solamente el juez, sino también el secretario, dos oficiales como mínimo, cuatro auxiliares, agentes judiciales y una sede, con lo cual ese gasto sin duda alguna se dispara, cuando lo que se necesita es quizá un solo juez que, con la misma estructura, si estuviera bien dotada y a ella hubieran tenido acceso, por ejemplo, la informática o la ofimática en términos generales aplicada al Servicio de Justicia, esto quedaría solventado, es decir, con esa misma estructura, con esa misma secretaría podrían atenderse necesidades que son estrictamente jurisdiccionales como lo es solventar los asuntos, es decir, dictarlos o resolverlos por sentencia correspondiente.
Por tanto, se produce un estancamiento cada vez que se pide la ampliación de un órgano jurisdiccional de una sala o de una sección en un tribunal superior o en una audiencia. En definitiva, lo que se está queriendo en la mayoría de las ocasiones, en el 90 por ciento, es un nuevo juez o un nuevo magistrado que solvente esta sobrecarga en materia de sentencias como existen en el resto de los órganos jurisdiccionales de la misma población.
Por consiguiente, digo expresamente, aprovechando la invitación de su señoría, que estas reformas procesales no deben nunca dejar olvidada la necesidad que existe de montar una secretaría u oficina judicial acorde con estas necesidades de simplificación del proceso, sobre todo en el orden jurisdiccional civil.
Pregunta también su señoría por las actividades del Consejo General del Poder Judicial en relación con los Gobiernos autonómicos. Precisamente ha puesto de relieve una necesidad que va a consumir también gran parte de las energías del Consejo, poner en práctica, en relación sobre todo con la competencia nueva ya asumida de selección, la actividad reglamentaria «ad intra» y «ad extra» que, de acuerdo con la anterior doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentalmente reconocida en la sentencia 108 de 1986, de 29 de julio, establecía para el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy, afortunadamente, la Ley Orgánica de 8 de noviembre de 1994 viene explícitamente a reconocer.
Están en fase de consulta o de audiencia de los Gobiernos autonómicos --no solamente del vasco-- y también en fase de consulta de las asociaciones judiciales, como prevé la reforma de la Ley de 1994, y por la cual esta actividad
reglamentaria tiene que ser complementada, como saben sus señorías, en el plazo de seis meses como establece la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a que anteriormente hacía específica referencia.
Indudablemente, debo reconocer públicamente aquí que el Gobierno vasco tiene una sensibilidad especialísima en esta cuestión de dotaciones materiales sobre todo en la Administración de Justicia. El servicio de informática, el servicio de estructuración de esta Oficina o Secretaría Judicial constituyen el avance más claro y más progresista en el sentido de más adecuado a las necesidades que existen actualmente en España.
Precisamente por ello no nos extraña esa sensibilidad particular que ha tenido al proponer un centro de selección radicado en San Sebastián para la judicatura española.
Por otra parte, las actividades no se circunscriben sólo al País Vasco.
Prácticamente está ya desarrollado en todas las Comunidades Autónomas o en la mayoría de ellas este futuro traspaso --que han asumido algunas expresamente-- de competencias en medios materiales y en medios personales de la Administración de Justicia, en el supuesto de que la ley lo permita.
Por consiguiente, en materia informática, a pesar de que ahora se haga fraccionadamente y no exista todavía un plan de informática aplicado a la Administración de Justicia, han sido considerabilísimos los progresos. La Comunidad Canaria, la de Castilla-La Mancha, las de Valencia, Galicia, Andalucía y Navarra tienen convenios de informática que están en la actualidad suponiendo un gran apoyo a la Administración de Justicia.
Naturalmente, al utilizar sistemas compatibles, harán que no sea una inversión que caiga en el vacío o que se desaproveche por parte del servicio judicial.
Necesita, por supuesto, ser completada legislativamente esta descentralización de la dotación de medios personales o materiales con las excepciones a que anteriormente he hecho referencia, si es que el prelegislador y las Cámaras legislativas así lo entienden.
Por último, su señoría ha cerrado su intervención con una pregunta que es quizá de las más importantes que pueden hacerse a propósito del funcionamiento de la justicia. Su señoría se ha referido a la independencia judicial, a que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que hoy tiene el honor de comparecer ante sus señorías, haga un pronunciamiento o, por el contrario, ponga de relieve cuáles son las deficiencias que en esta materia de independencia judicial pueden existir.
Yo puedo decirle a su señoría --y pienso que es una percepción general del pueblo español-- que los juzgados y tribunales españoles, los jueces y magistrados españoles, que es a quienes se refiere personalmente el artículo 117.1 de la Constitución, son independientes porque dependen exclusivamente de la ley, lo que no es una declaración retórica sino algo efectivo, pero no sólo porque lo dicen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino porque una y otra arbitran las medidas efectivas necesarias para que esto sea una realidad. Yo podría decirle, como cualquier juez español --en esto no me diferenciaría de ellos--, que el juez que pudiera aceptar cualquier tipo de presión o de interferencias sería porque quisiera. Creo que no hace falta decirlo una vez más, pues los ciudadanos españoles tienen una percepción bien clara de que en España la Justicia es tan independiente --no digo más-- como la que pueda existir en el Estado de Derecho donde sea la más imparcial del mundo.
Otra cosa es que se produzca una sensación contraria, muchas veces por determinadas dificultades procesales que tienen naturaleza técnica y quizá por la proliferación de utilización de los órganos jurisdiccionales para trasladar problemas que deberían tener su sede en otros foros distintos de los judiciales, pero que los jueces no podemos evitar --ni debemos evitar-- porque se trata de denuncias de hechos que, por lo menos aparentemente, presentan o pueden presentar indicios de delito. Esa dificultad no es más que una dificultad técnica. Vuelvo a decir que los jueces tienen en este sentido de defensa de su independencia absolutamente todos los medios personales y materiales que necesitan; si no los tienen, lo solicitan, como de hecho sucede en algunos procesos de gran resonancia, donde se dirigen al Consejo General del Poder Judicial, quien arbitra de inmediato las medidas necesarias para que el juez tenga el auxilio material y personal --llámese exención de reparto, llámese potenciación, a través de un juez sustituto que se dedica a resolver parte de la actividad jurisdiccional que pesa sobre un juzgado, llámese concentración de la actividad de un juez, concretamente en un sumario determinado-- siempre que, por supuesto, el juez sea preordenado por la ley. Por consiguiente, esto es algo que me interesa resaltar y dejar claro.
Creo que con ello, aunque sea de una manera muy general, he contestado a las preocupaciones que me ha transmitido su señoría.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO (Laborda Martín): Muchas gracias, señor Presidente.
La convocatoria de la Mesa me obliga a solicitar al Presidente de la Comisión que continúe presidiendo esta reunión. Aprovecho para, de nuevo, mostrar mis respetos al señor Presidente del Consejo y a los demás miembros del mismo. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, Senador Ibarz.
Sean mis primeras palabras en esta intervención para agradecer al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, y a los portavoces del Consejo que lo acompañan, su presencia y concretamente la brevedad de su primera exposición.
Señor Presidente, yo había pensado iniciar mi intervención tomando una frase pronunciada por su señoría en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el 8 de noviembre de 1994 que me llamó la atención. Decía en aquella ocasión: Nos hemos afincado en lo que hay establecido... Hoy, en sus primeras palabras le he oído pronunciar algunas expresiones que francamente me han impactado.
Ha hablado de paralización, de órganos mutilados, de estado de colapso, de justicia lenta, de procedimientos obsoletos... Cualquiera podría pensar que estábamos hablando de la agonía del sistema judicial español.
Limitaré mi intervención a poner de relieve cuatro puntos y formular a su señoría cuatro preguntas. La primera de ellas hace referencia a la Memoria, con carácter general, para poner de relieve que, a mi entender, la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, un año más, adolece de una gran ausencia: el justiciable. La Memoria habla de los temas que son objeto de atención del Consejo General denotando --permítame que lo diga con toda cordialidad-- un acendrado corporativismo, dado que se trata mucho de los derechos de los jueces y muy poco de aquellos a los que están llamados a servir: los ciudadanos.
Usted mismo, en una de las intervenciones que ha hecho como respuesta a los que me han precedido en el uso de la palabra, ha manifestado que la Justicia es algo más que un servicio público. Y yo me permitiría añadir: pero no es menos que un servicio público, o no debería serlo. Aproximar la Justicia al pueblo, de donde emana, parece, a mi entender, que debería ser una de las preocupaciones prioritarias del Consejo. ¿Qué piensa de ello el señor Presidente? Quisiera poner sobre la mesa un segundo tema, también en relación a una afirmación de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Textualmente decía: En materia de estadísticas, pecamos del mismo defecto que la Administración española. No puede más que sorprenderme. Sobre la estadística se basa la relación circunstanciada de necesidades del Consejo y se elaboran, a mi entender, los análisis relativos a la productividad y a lo que se ha dado en llamar la carga de trabajo de jueces y magistrados. En los últimos tres años, este Senador que le habla se ha tomado la molestia de estudiar y cruzar todos y cada uno de los datos que figuran en las Memorias de estos ejercicios. Con las correspondientes hojas de cálculo, he cruzado estos datos con las estadísticas que facilita la Fiscalía General del Estado y he de manifestarle, señor Presidente del Consejo, que me he quedado estupefacto al comprobar en ocasiones diferencias superiores al 40 por ciento. Se supone que las fuentes son exactamente las mismas, y entonces a mí se me plantea a este respecto un problema personal de credibilidad. Los resultados así obtenidos parecen salidos de la nada o de la imaginación.
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para resolver esta situación? Tercer punto. A 31 de diciembre de 1993 había en el Estado español 2.002.679 asuntos pendientes. A 1.º de enero de 1993, un año antes, había 1.908.000. En el transcurso del año se incrementó en 94.000. Yo me permito hacer una pequeña reflexión. Desgraciadamente, cuando hablamos de Justicia las cifras amparan u ocultan la existencia de ciudadanos detrás de ellas; cada asunto afecta por lo menos a un ciudadano, y la mayoría de ellos puede afectar a dos. De ello cabe deducir que, a finales de 1993, por lo menos entre dos y cuatro millones de ciudadanos pendían de una resolución judicial. Ello, permítame señor Presidente, que se lo diga, no es un problema tanto de productividad cuanto de servicio. El artículo 117 de la Constitución establece claramente que la Justicia emana del pueblo y alcanza su sentido más profundo cuando tutela el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. En esto, señoría, el tiempo es Justicia. De ahí que, aparte de la consabida sección dedicada al «petitum» de más medios humanos y materiales, me resulta particularmente aparatosa la ausencia de relación de medidas adoptadas por el Consejo para mejorar las prestaciones de los medios que ya tiene disponibles.
Hace un momento, con referencia a la Oficina Judicial, ha dicho su señoría que el Consejo no tiene potestad legislativa para ordenar una nueva oficina judicial. Pero, probablemente, para sacar el mínimo rendimiento a los medios humanos y materiales que el Consejo tiene a su disposición para nada le falta la potestad legislativa, sino simplemente la aplicación sencilla de algunos métodos de gestión que hoy son comunes en cualquier empresa.
He considerado particularmente preocupantes las palabras que su señoría pronunció ante el Congreso de los Diputados en relación al tema de la informatización de los juzgados. Le consta que las Comunidades Autónomas están haciendo un esfuerzo importantísimo para dotar a los tribunales de justicia de los medios en este campo suficientes, pero no es menos cierto que para que estos medios tengan la máxima efectividad debe garantizarse su compatibilidad, que sean cruzables los datos que manejan. En este sentido, le agradeceré su opinión sobre los trabajos que haya realizado el Consejo en materia de definición de criterios, elaboración de programas e implantación de sistemas para asegurar una eficiente y, sobre todo, una homogénea informatización de los jugados.
Para concluir, permítame que haga referencia a un tema que hace breves semanas ha sido objeto de noticia en los medios de comunicación, y que como Senador de la Comunidad Autónoma de Cataluña a mí realmente me ha preocupado. En un reciente debate televisivo, el Juez Decano de Barcelona facilitó los siguientes datos: en 1994 se iniciaron en Barcelona algo más de 53.000 procedimientos; de ellos, menos de cien, noventa y pocos, en catalán. Me pregunto, ¿es que los catalanes renuncian a su lengua, o es que el foro vive de espaldas a la realidad social de Cataluña? Los catalanes practicamos la diglosia judicial. A mi entender, no obstante, la justicia debiera plantearse la disyuntiva entre convertirse en un monumento de cartón piedra o insertarse en la sociedad.
Agradeceré al Presidente del Consejo su opinión al respecto.
Quiero agradecer al Senador Ibarz las palabras tan amables que ha pronunciado, sobre todo agradeciendo la brevedad de mi primera intervención sobre la presentación de la Memoria. Yo prefiero, puesto que los datos están a su disposición, como ha dicho su señoría, que ulteriormente se hagan precisiones, como en este turno, en el que los distintos portavoces, como no podía ser de otra manera, intervienen para analizar y poner de relieve los defectos o, inclusive, la falta de datos que pueda existir en los escritos que el Consejo General del Poder Judicial presenta ante la Cámara.
Usted me ha oído hablar en el día de hoy --y no solamente en el día de hoy, porque está usted muy bien informado de mis comparecencias ante el Congreso de los Diputados-- de justicia lenta, de procedimientos obsoletos, de mutilación de un orden jurisdiccional tan importante como es el contencioso-administrativo, por cuanto que desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1.º de julio de 1985 --y cito la fecha para que la Comisión se pueda hacer una idea del tiempo transcurrido--, está precisamente sin desarrollar. Yo llamo --y lo he llamado públicamente, inclusive por escrito-- procedimiento u orden jurisdiccional mutilado a aquél que está a mitad de su desarrollo, cuando las previsiones son ya tan lejanas como las que establecía al respecto en la organización de este orden jurisdiccional la Ley de 1.º de julio de 1985, que es la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, la no creación de los juzgados de los contencioso-administrativo, que hace que ante un tribunal colegiado, como son las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, deban dirimirse cuestiones que, naturalmente, en una Sala de tres magistrados como mínimo, son objeto de la competencia, cuando se trata de asuntos civiles, de un juez de paz.
Imagínense ustedes que hasta la reforma de 1992 --recurso de apelación ante el Tribunal Supremo--, donde el orden jurisdiccional no tenía introducido el recurso de casación, las competencias poco más que pasaban por las de un juez de distrito, cuando existían, o bien la competencia mínima de un juez de primera instancia, y también el Tribunal Supremo se veía obligado, a través de un recurso de apelación, a ver cuestiones que en otro orden jurisdiccional, por lo que respectaba a su plantilla, podían verse ante un juez de paz. Esto se llama un procedimiento mutilado, un procedimiento que, además, es tan esencial porque controla la actividad de los poderes públicos en un Estado de Derecho, como es el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Naturalmente, la Ley de Medidas Urgentes, de 30 de abril de 1992, y las reformas introducidas en la misma, sobre todo en lo que respecta a la actuación jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación y supresión del recurso de apelación, con todas las ventajas que ello supone, han normalizado en la cúpula de este orden jurisdiccional la actividad de esta misma naturaleza. No ha sucedido así por lo que respecta a la competencia de las salas territoriales, que siguen siendo, como saben ustedes, Tribunal de única instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El desdoblamiento de la primera instancia jurisdiccional entre juzgados u órganos jurisdiccionales unipersonales y salas territoriales, o bien la atribución de instancia única, o bien la doble instancia que permitiría este establecimiento, no cabe duda alguna que significarían un avance considerable en el desbloqueo de esta sobrecarga que pesa sobre los órganos jurisdiccionales de este orden.
Por tanto, éstas son las mutilaciones y ésta es la anomalía que se produce fundamentalmente en un orden jurisdiccional. Naturalmente, la existencia de esta multiplicidad procedimental dentro del proceso civil, intra y extramuros de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también produce disfunciones; hace falta la reforma procesal. Su señoría tiene razón cuando defiende la necesidad de llegar en este punto a soluciones concretas que están secularmente demandadas por la sociedad española e inclusive por los profesionales del Derecho, se sienten a un lado o a otro de la mesa del Tribunal.
Este es el sentido de mis palabras, y cuando hablo de procedimientos obsoletos, propios de una sociedad rural, o cuando hablo de justicia lenta o paralizada, tampoco soy pesimista, porque quizá una de las críticas que a veces se me ha hecho es que soy moderadamente triunfalista. Agradezco a su señoría la gentileza que ha tenido al recordarlo, lo cual demuestra que, efectivamente, no discurro o no suelo discurrir en mis apreciaciones por el triunfalismo, sino, a mi juicio, por el realismo, que yo creo que es el que debe presidir cualquier eficacia en una gestión de gobierno del Poder Judicial, como es la que tiene encomendada el Consejo General.
Respecto de la Memoria, dice su señoría --es la primera vez, y yo le agradezco también a su señoría esta apreciación, esta crítica-- que no se refiere al justiciable, solamente habla de los órganos jurisdiccionales, de su labor, de sus insuficiencias, de sus necesidades personales, materiales, procesales, etcétera, y parece que la justicia está vista en la Memoria exclusivamente desde el prisma de la judicatura. Se lo agradezco a su señoría porque quizá sea eso lo que aparentemente entienda cualquier profano, inclusive cualquier experto en Derecho que analice la Memoria. Pero ciertamente he de decir también que la justicia se ve como si fuera propiedad de los jueces, y es evidente que, como ha puesto de relieve su señoría, el párrafo primero del artículo 117 de la Constitución viene a solventar este problema. La justicia no es de los jueces, no es propiedad nuestra, somos unos simples administradores de la misma, es decir, gestores de intereses que no son propios, gestores de intereses ajenos. La justicia es del pueblo y al pueblo se dirige. Por consiguiente, el juez es un mero intermediario entre la proposición abstracta, que es una norma, y el problema concreto que tiene que resolver o que los ciudadanos ponen a su consideración.
Quizá debería cambiarse el estilo. Yo lo acojo personalmente, y aquí están parte de mis compañeros que tienen como fundamental misión hacer esta elaboración para que cualquier ciudadano, no necesariamente un experto en Derecho, pueda ver que la Memoria del Consejo no está proyectada desde el ángulo de los jueces, desde la perspectiva de los jueces, que sería una apreciación o una visión corporativa de lo que es la justicia, sino que estas cifras, estas
insuficiencias, estas realidades positivas que se producen, sean contempladas desde el punto de vista del justiciable.
Las cifras que ha dado su señoría ciertamente son exactas, están reflejadas en la Memoria de 1993 y en la de 1994. Ese 5,26 por ciento de mayor productividad, de mayor resolución de 1.517.000 sentencias, que fueron las que dictaron los tribunales españoles en 1993, y 1.597.000, a mí tampoco me produce una satisfacción especial. Ciertamente es mejor una desviación en más productividad, que alcance más de un 5 por ciento, que no una desviación en menos. Pero eso quiere decir que hay ciudadanos, como ha puesto de relieve su señoría, que tienen pendiente de resolver aproximadamente dos millones de asuntos, y a dos ciudadanos por asunto como mínimo son cuatro millones los que en un momento determinado pueden estar pendientes de resolución judicial. Esto está ligado a la reforma procesal, a la necesidad de agilizar los procedimientos, a la necesidad de dotaciones, etcétera, objeto de la Memoria y, fundamentalmente, de la relación de necesidades que el Consejo General del Poder Judicial plantea anualmente al Gobierno de la nación y de la que tienen puntual conocimiento las Cámaras, que es conceptuada en un sentido amplio. No hablo sólo de necesidades, por así decirlo, cicateras o pequeñas de medios materiales y personales --que, por cierto, son muy importantes, su señoría ha mencionado la informática--, sino de reformas procesales. Pero esto es cuestión de abordarlo definitivamente.
Debo decirle también, como un aspecto positivo, que el Consejo ha informado favorablemente el anteproyecto, porque se trata de un buen anteproyecto y al Consejo no le duelen prendas en reconocer las cosas como son, de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que pasaría de ser un orden jurisdiccional mutilado a tener la virtualidad, si esta ley se aprobara por las Cámaras, de corregir todos estos defectos que se producen en ese importante orden jurisdiccional.
Usted ha puesto de relieve el defecto estadístico. Ha dicho que no cuadran las estadísticas del Consejo con las que, por ejemplo, puede dar la Fiscalía. En eso su señoría lleva razón, debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque se utilizan criterios completamente diferentes. No hay un elemento que coordine la estadística del Consejo, que es cierta y es fiable, porque el consejo se nutre de la estadística que le dan la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia que canalizan dentro de cada Comunidad Autónoma el número de asuntos que ingresan, así como todas sus incidencias pormenorizadas, incidencias que se ha procurado, quizás no con el suficiente detalle, que figuren en la Memoria, con las de la Fiscalía. De ahí que no cuadren, pues las de la Fiscalía tienen otro sistema estadístico distinto que se dirige, fundamentalmente, al orden jurisdiccional penal. Que tiene otro sistema distinto es una realidad.
El Consejo ha establecido recientemente, a últimos de 1994, un centro de estadística para coordinar, precisamente, todos estos aspectos, y no solamente con el Ministerio Fiscal, sino también con la estadística del Gobierno de la Administración, que deberían estar unificadas y obedecer a los mismos criterios, ya que serían estadísticas utilizables, por ejemplo, para las reformas legislativas que afectaran, fundamentalmente, al proceso.
El Consejo General del Poder Judicial, debido a la actuación individualista que tienen, desgraciadamente, todos los sectores de la Administración española y a los que no se sustrae, como órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, tiene que actuar con medios propios, inclusive, realizando prospecciones de naturaleza estadística o sociológica, encargándolas a empresas privadas, porque no existe una estadística unificada en España, una estadística administrativa que abarcase también aspectos judiciales que, indudablemente, le servirían a la hora de informar proyectos de reforma o de producir peticiones para que se realicen reformas, fundamentalmente, procesales. Esperamos que este órgano de coordinación o servicio de estadística, que ha sido creado en el pasado ejercicio en el Consejo General del Poder Judicial, produzca efectos positivos y haga que, para la próxima memoria, su señoría y el resto de la Cámara echen de menos este descuadre de conceptos en la estadística del Consejo y en la de otros órganos judiciales o parajudiciales.
Su señoría me ha preguntado también cuáles son las medidas que el Consejo ha establecido para evitar esta pendencia. El Consejo realiza todos los años una actividad particularmente intensa de apoyo a los órganos jurisdiccionales que tienen, por razones coyunturales, anomalías, fundamentalmente, por razones de movilidad del personal judicial «sensu stricto», del personal auxiliar de las secretarías judiciales y por la premura con la que últimamente ha habido que cubrir, aproximadamente, más de 1.550 puestos judiciales en el corto espacio de cuatro años.
Evidentemente, la disfunción es tan grande que cuesta trabajo asimilarla en orden a la eficacia. El Consejo procura con estos elementos del plan de apoyo --si son ulteriormente recibidos y efectuados por la Administración que es la que tiene la competencia de gestión, concretamente, el Ministerio de Justicia e Interior-- paliar estas circunstancias. Inclusive, realiza recomendaciones. Si leen sus señorías detenidamente la relación de necesidades que eleva al Gobierno de la nación, por ejemplo, las necesidades programadas para 1995, verán que hay sugerencias tan importantes como la que anteriormente he puesto de relieve: evitar los complementos y el pago de prolongaciones de jornada, acudir a la comisión de servicio y establecer un sistema de sustituciones debidamente remunerado que tienda a paliar esta disfunción que se produce en materia de pendencia.
En cuanto a la informatización, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene conciertos con muchas Comunidades Autónomas a los que anteriormente me he referido, procura compatibilizar para que el esfuerzo que realizan los gobiernos autonómicos no queden en el vacío.
Ciertamente, echamos de menos --no está de más recordarlo aquí-- la puesta en marcha de un plan nacional de informatización. El Consejo procura paliar esta ausencia del plan nacional de informática judicial, que simplificaría mucho las cosas, con la verificación de que los sistemas sean compatibles e, inclusive, con la creación de una red informática --que ya está en estado muy avanzado y de la que se nutren ya muchos órganos jurisdiccionales de España--
en los órdenes jurisdiccionales civil, penal y laboral, y en el propio Tribunal Supremo, con la dotación informática correspondiente, sobre todo, bancos de jurisprudencia y de legislación o de modificaciones legislativas y de doctrina que puedan servir de herramienta para un normal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional. Es muy importante que los órganos jurisdiccionales tengan un conocimiento inmediato, de primera mano, suministrado por las mismas bases informáticas del Consejo General del Poder Judicial, y no a través de las revistas especializadas o de los medios de divulgación informáticos especializados o no en materia de jurisprudencia.
En cuanto a la utilización de la lengua en la Administración de justicia y en Cataluña, problema que se plantea en todas las Comunidades Autónomas que son bilingües, es decir, que al margen del castellano tienen el derecho a utilizar su propia lengua, debo decirle que no hay ningún problema una vez solventados los recursos que ha establecido el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la propia Sala del Tribunal Supremo después de la resolución del recurso de inconstitucionalidad que fue en su día entablado contra la legislación de normalización lingüística de su Comunidad Autónoma. La utilización de la lengua de una Comunidad Autónoma está perfectamente normalizada. Si es mayor o menor será, quizás, por pragmatismo de los propios profesionales de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial tiene establecida a este respecto una disposición con rango reglamentario que valora como mérito no sólo el conocimiento del Derecho Civil especial o foral de cada Comunidad Autónoma allí donde lo tenga, sino también el conocimiento de la lengua para hacer más eficaz el servicio de justicia. El ciudadano tiene perfecto derecho a utilizar su lengua propia, al margen del castellano, para obtener la satisfacción de sus pretensiones. Pero cuando lo pide, en primer lugar, y, en segundo término, cuando la justicia puede desenvolver adecuadamente este criterio, pues muchas veces exige traducciones simultáneas que pretenden ser paliadas por el Consejo valorando adecuadamente el conocimiento de cada una de las lenguas. Lo que sucede, y su señoría no es ajeno a esto, es que ese acuerdo reglamentario del Consejo está suspendido por el propio Consejo a consecuencia de un recurso interpuesto por asociaciones judiciales y sectores de la magistratura que hoy día pende ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, por consiguiente, no podrá ser actuado hasta que exista una resolución judicial firme al respecto. Debo decirle a su señoría que nos preocupa mucho, y también al Tribunal Supremo, la resolución de este asunto. Creo que antes del verano habrá ya una sentencia a este respecto.
De 53.000 asuntos durante el año 1994, según puso de relieve el Juez Decano de Barcelona, sólo 100 se han tramitado en catalán. Vuelvo a decirle a su señoría que, al margen de las esperas que se han producido por razón de los recursos interpuestos contra los planes de normalización lingüística, inclusive en su Comunidad Autónoma, ante el Tribunal Superior de Cataluña, y al margen de la valoración de méritos que produciría el conocimiento de la lengua catalana dentro de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Consejo General del Poder Judicial tiene esta preocupación, pero, naturalmente, la espera es necesaria. La utilización de cifras no es sinónimo de dificultades para la utilización del catalán en la Administración de justicia, del catalán y de las lenguas de las demás Comunidades que tienen lengua propia. Muchas veces es el pragmatismo de los propios profesionales, inclusive de los que ejercen en Cataluña, lo que les conduce a utilizar una u otra lengua porque creen que la satisfacción de la tutela efectiva va a ser más rápida, más eficaz o va a tener menores dilaciones. Esto es así. Esta es la realidad, y decir otra cosa sería, sin duda alguna, ocultarla.
Con esto creo que, en términos generales, he dado satisfacción a su señoría. Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senadora Vindel.
Como no podía ser menos, en nombre del Grupo Popular, quiero dar la bienvenida a esta Comisión de Justicia al señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los vocales que en este momento le acompañan. Ahora que el Consejo está ya casi al completo, aprovecho para desearles de forma muy sincera toda clase de éxitos.
Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, siempre he pensado que el grado de desarrollo de un país se mide en términos no sólo económicos, sino también en expresiones algo menos contables --pero, desde luego, no por ello menos importantes--, como el grado de respuesta a las necesidades de la sociedad. A lo largo de esta mañana hemos estado escuchando constantemente un calificativo que se asocia permanentemente a la Administración de Justicia: el de lentitud. Y creo, sinceramente, que ha llegado la hora de que nos vayamos olvidando del fatalismo de las cifras --algo así como lo que comentaba el Senador Ibarz sobre seguir instalados en lo que hay-- y rompamos la inercia perversa que caracteriza a nuestra tan vetusta Administración de Justicia para que, por lo menos hoy, dos de los tres poderes que integran la Administración del Estado, es decir, el Judicial y el Legislativo, comiencen a cambiar, o a intentar hacerlo, el adjetivo secular de lento por el de ágil o, si se prefiere, por el de eficaz.
Todo esto es un breve exordio a la reciente encuesta que ayer o anteayer tuvimos oportunidad de conocer sobre la imagen de la Justicia por parte de los ciudadanos. Algo debemos estar haciendo mal, o no debemos estar haciendo nada bien, cuando dicha encuesta da como resultado que el 74 por ciento de los encuestados creen que la Justicia no trata a todos los acusados por igual; el 52 por ciento considera que no es eficaz; el 51 por ciento no confía en la Justicia, y también un 51 por ciento cree que es arbitraria.
Con esto, y ciñéndome al ámbito estricto de esta Comisión de Justicia, enlazo con la principal preocupación del Senador Zubía, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Creo que una de nuestras principales quejas --y debemos
instarle a que ponga remedio inmediato a ella-- es que en marzo de 1995 no podemos estar examinando los datos de 1993. Es cierto que ha habido muchas vicisitudes para poder presentar esta Memoria. Yo tenía previsto preguntarle --son los problemas de intervenir casi al final-- si, por ejemplo, en marzo de 1996 --si es que todos seguimos aquí-- podremos examinar la Memoria de 1995. Como su señoría ya nos ha comentado que es en el primer trimestre cuando se cierra por parte del Consejo General del Poder Judicial, le recomiendo --al igual que decía el Senador Zubía--, e incluso le ruego encarecidamente, que haga todo el esfuerzo por su parte, como no dudo que hará, para que podamos examinar la Memoria de 1995 en 1996, y no más tarde del segundo trimestre, es decir, no más allá de junio. Usted sabe que los presupuestos generales llegan a la Cámara Baja en septiembre, y a partir de ese momento, lógicamente, se distorsionan todas las tramitaciones posteriores.
Entrando de lleno en las actividades, funcionamiento y estado del Consejo General del Poder Judicial, me gustaría darle la enhorabuena por lo que se refiere a los informes y dictámenes. Sabemos que el Consejo ha realizado una labor muy intensa debido al elevado número de anteproyectos que les han sido enviados, como la Ley de Crédito al Consumo, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Ley Orgánica de Cooperación con el Tribunal Internacional, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley de Reforma Laboral y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, por citar tan sólo unas cuantas. También sabemos --y usted nos lo ha recordado esta mañana-- que, en materia de formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados, está en marcha un programa dirigido a obtener la mejor calidad de la Justicia. En este sentido, por lo menos en cuanto a la participación se refiere, en este programa se ha contado casi con la del 50 por ciento de jueces y magistrados. Por cierto, señor Sala, ¿hace el Consejo algún tipo de seguimiento posterior en cuanto a la rentabilidad y eficacia de los cursos a los que se apuntan jueces y magistrados? Por lo que respecta a las necesidades, en una reciente entrevista que ha concedido a la Revista General del Consejo General de la Abogacía usted ha declarado que sus dos preocupaciones básicas para este curso --estoy hablando de septiembre de 1994-- eran recuperar la competencia en la selección de jueces y magistrados e impulsar la reforma procesal. La primera de sus preocupaciones, evidentemente, está ya cubierta por la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que, por cierto, tramitamos en una carrera heroica; sobre todo, en el Senado. Se trata de una ley que me parece bastante descafeinada, muy tímida por lo que respecta a las nuevas competencias que se otorgan, y me gustaría que nos diera su opinión al respecto, porque su primera intervención ha sido tan corta que se le ha olvidado valorar el grado de satisfacción del Consejo General del Poder Judicial sobre esta nueva Ley. ¿Es bastante para ustedes, o quizá están esperando a la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ministro Belloch anunció en esta Cámara en junio del año pasado, y que tendrá entrada a finales de este mes, en el primer trimestre de 1995? En cuanto a los medios materiales y personales, también sabemos que el Consejo ha desarrollado un plan de urgencia en este sentido para que disminuyan los retrasos. Me gustaría que, si es posible, nos diera una valoración del rendimiento estimativo y productivo de los equipos de apoyo y que me aclarara si he sido objeto de una maldad que se me ha hecho llegar. En este sentido --me gustaría que no me lo confirmara, evidentemente--, quisiera saber si es cierto que los equipos de apoyo se entienden, por ejemplo, en lo que se refiere a lo contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, a razón de, simplemente, 8.000 pesetas por sentencia y a partir de ese momento se empieza a funcionar en el ámbito de lo contencioso-administrativo.
Al igual que el Senador Ibarz, del Grupo de Convergència i Unió, nosotros estamos muy preocupados por el problema de la informatización de la Administración de Justicia y su notoria insuficiencia. Efectivamente, como nos ha recordado el Senador Ibarz, cuando usted compareció en el Congreso de los Diputados el 8 de noviembre dijo que la Justicia española no estaba informatizada, que no había tenido acceso --y mucho menos de forma unitaria-- a una coordinación, ni siquiera fragmentariamente a los mínimos medios que tanta importancia suponen para la incorporación de las técnicas informáticas. Sin embargo, mi preocupación va más allá porque, exactamente catorce días después, la Secretaria de Estado de Justicia, en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, dijo que se estaba procediendo a la informatización de los órganos judiciales, que la maquinaria que se estaba utilizando era absolutamente compatible --sobre todo, el «hardware»--, que la compatibilidad en los sistemas estaba garantizada, e incluso dijo que había una Comisión integrada por el Consejo General del Poder Judicial y miembros de Gobiernos de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Justicia para tratar de evitar todos los problemas que pudieran surgir derivados de la incompatibilidad de los equipos e incluso de los propios programas. Por tanto, señor Sala, me gustaría que nos aclarara si es cierto, o no, que esos órganos se están informatizando; si tiene noticias sobre cuáles son los 300 órganos judiciales que se van a informatizar y, si es posible, que nos informara sobre los trabajos de esa Comisión en aras, evidentemente, de tratar de evitar o allanar cualquier tipo de problemas que surjan de la compatibilidad o incompatibilidad y, desde luego, en la homologación.
Ya que hablamos de ordenadores, creo recordar que en noviembre usted informó a los Diputados acerca de que se había puesto en marcha un gabinete estadístico del Consejo, aunque era muy pronto para rendir cuentas sobre los resultados de su funcionamiento que, por otra parte, está integrado en el Servicio de Inspección. Quizá hoy nos pueda adelantar si están ustedes satisfechos o no con su funcionamiento.
Ya que nos estamos refiriendo a estadísticas judiciales, el Senador Ibarz ha comentado que echaba en falta en la Memoria la perspectiva del justiciable. En este sentido, me
gustaría que me dijera si tienen ustedes «in mente» realizar otro tipo de estadísticas, que no sean las clásicas, sobre retrasos de asuntos pendientes, etcétera, pero no solamente desde la perspectiva del justiciable, aunque ésta me parece una propuesta muy interesante. En este sentido, quisiera saber si tienen previsto plantearse el coste económico por proceso. Digo esto porque he hecho un ejercicio de valoración del coste de un proceso por insumisión que da como resultado, sólo por el juicio por insumisión --sin entrar a valorar recursos y demás--, una media de 203.500 pesetas. Por tanto, me gustaría que el Presidente del Consejo del Poder Judicial valorara si es posible que nos encaminemos a este nuevo tipo de estadística.
Conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial es tarea del Consejo --y me gustaría que nos avanzara una fecha-- la elaboración del reglamento regulador del centro de selección y formación de jueces, la aprobación de partidas presupuestarias para la entrada en funcionamiento de dicho centro, la revisión del acuerdo --quisiera saber qué van a hacer; si van a esperar a que haya sentencia, o no-- y todo lo que se refiere a la regulación del servicio de guardia en los juzgados. Si puede, me gustaría que nos avanzara una fecha o nos diera una alegría diciendo que la mayoría de estos proyectos ya los tienen ustedes en avanzada fase de elaboración.
Sus declaraciones son tan sensatas en la mayoría de las ocasiones, que, desde luego, no se puede por menos que estar de acuerdo con usted, sobre todo cuando dice que la reforma procesal --siempre se habla de ella, llevamos 60 años diciendo que es absolutamente necesaria-- nunca se hace.
Dice que hay que abordar una reforma del procedimiento judicial que asegure una eficacia moderna de la justicia y que hay que hacerlo pronto y sin miedo. Estoy absolutamente de acuerdo, señor Sala. Pero, ¿por dónde empezamos? Porque me ha dado la sensación de que usted ya da por perdida la reforma procesal del orden jurisdiccional civil y me temo que ya nos ha remitido usted al siglo XXI. ¿Entonces nos quedamos con el penal o con el contencioso-administrativo? ¿Usted cree que verdaderamente la nueva ley o el anteproyecto, que ustedes han tenido oportunidad de examinar, causante del inmenso atasco que padece en estos momentos el Tribunal Supremo, va a contribuir a eliminarlo? Tenga usted en cuenta que esta Senadora lleva dos años pidiendo, a través de los Presupuestos Generales del Estado, la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo y, hasta ahora, siempre se nos ha contestado lo mismo, señor Sala: ¿Para qué vamos a crear unos juzgados de lo contencioso-administrativo si no tenemos jueces y magistrados formados sobre esta materia? Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola y la coartada es impecable, señoría.
Me gustaría saber su opinión y que, incluso, haga de adivino y nos diga cuándo cree usted que podrán entrar, por fin, en funcionamiento los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Dentro de poco hará casi dos años que comenzó la legislatura y la única reforma procesal que nos ha llegado es la introducida a través de la ley del jurado que, por fin, vamos a empezar a debatir en esta Cámara. En relación con este proyecto --la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial me lo permite, pero no el Reglamento de esta Cámara--, me hubiera gustado que en el momento en que hubiera entrado en esta Cámara, procedente del Congreso de los Diputados, ustedes --el Consejo General del Poder Judicial-- se hubieran vuelto a pronunciar sobre él, porque, evidentemente, no es el mismo que vieron en fase de anteproyecto.
Me gustaría que me diera su opinión sobre la modificación de la prisión preventiva y su valoración o la del Consejo sobre la posible influencia en el atasco judicial de la puesta en marcha de la institución del jurado. No hay que olvidar que, según la historia judicial española, la introducción del jurado cosechó grandes fracasos y yo creo que, a finales del siglo XX, las Cortes Generales haríamos un muy flaco favor a la Administración de Justicia española si contribuimos nuevamente a atascar más la justicia.
Por último, en lo que se refiere a la oficina judicial y al papel y funciones del secretario judicial, es cierto que el Congreso de los Diputados --creo que fue una de las escasas resoluciones que se aprobaron tras su intervención en la Comisión de Justicia en noviembre pasado-- instó al Consejo General del Poder Judicial a proceder en cinco meses a la aprobación de un diseño de reforma de la oficina judicial y a iniciar una experiencia piloto. Si es posible, en primer lugar me gustaría que nos dijera si están en condiciones de cumplir ese plazo. En segundo lugar, si nos puede adelantar cuáles son las líneas del nuevo modelo de oficina judicial.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Sala Sánchez): Muchas gracias, señor Presidente.
También quiero dar las gracias a la Senadora Vindel por las palabras que ha tenido de salutación tanto para mí como para los compañeros que me acompañan en este día.
Su señoría ha puesto de relieve que ya es hora de denunciar la lentitud y la ineficacia de la justicia dentro de las Memorias y no hace falta acudir a las Memorias para llegar a una conclusión similar al hacer cualquier juicio sobre el funcionamiento de la actividad jurisdiccional en los juzgados y tribunales de España. Ya es hora de romper esa inercia y de reivindicar o, mejor dicho, de hacer cosas efectivas para evitar estas estadísticas, donde un 74 por ciento, por ejemplo, de los ciudadanos tienen una percepción negativa de la justicia e, inclusive, llegan a decir que es arbitraria --porcentaje bastante elevado-- y que no trata a todos por igual, que en realidad es otra manifestación de arbitrariedad. Quizá es la acusación más grave que se pueda hacer a un juez, ya que en la aplicación judicial del derecho es fundamental la observancia del derecho de igualdad, aunque es muy difícil de conseguir.
No quiero repetir mis observaciones anteriores cuando otros Senadores han puesto de relieve el problema de las apreciaciones ciudadanas, cuya valoración es muy difícil cuando se trata de un poder tan peculiar, como el Judicial, que no se mueve por los mismos derroteros que los otros poderes del Estado, cuyo único control se realiza a través de los recursos jerárquicos --porque ésas son las reglas--, los cuales, por su propia naturaleza, imprimen lentitud a la restauración del orden que ha sido o ha podido ser quebrantado por una resolución judicial errónea. El ciudadano tiene razón, naturalmente, cuando dice que la justicia española no es un modelo; no lo es en ningún sitio, pero eso tampoco consuela, ni debe hacerlo, y mucho menos al Consejo General del Poder Judicial. Que no se hace lo necesario para romper esa imagen y para que esos ciudadanos que cada día acuden en mayor número a los órganos jurisdiccionales españoles, en demanda de tutela para sus derechos e intereses, tengan la satisfacción adecuada. El tiempo es fundamental en la justicia --como ha dicho el Senador Ibarz y con otras palabras otros de sus compañeros-- y es una realidad. La justicia tardía no es tal ni nada que se le parezca.
Incluso es un derecho fundamental el tener derecho a un proceso o a una resolución judicial en un plazo razonable, tanto en nuestra Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y en todos los instrumentos internacionales que consagran este derecho fundamental.
En cuanto a que hay que hacer cosas concretas, estoy de acuerdo con su señoría y le agradezco que haya puesto el dedo en la llaga. El Consejo --no lo tome su señoría como justificación, sino todo lo contrario-- hace lo que puede; quizá no con la profundidad que debiera. No basta sólo con aplicar intensamente un plan de urgencia; no debería bastar tampoco, porque es una política que no se rentabiliza de inmediato, con los planes de formación y perfeccionamiento, o que coadyuvan o están mirados desde el punto de vista corporativo de los jueces y magistrados, pero también se contemplan para satisfacer el derecho de los ciudadanos. No debe interpretarse que todas las medidas se hacen en beneficio de los jueces.
Si se les forma o se pretende formarlos o aumentar el nivel y la calidad de las resoluciones que emitan, indudablemente, no es para satisfacción exclusiva de los jueces, sino que, por el contrario, se hacen para que satisfagan mejor la demanda de justicia que realizan los ciudadanos. Pero la rentabilidad no es inmediata, sino que es a medio y largo plazo. Es muy difícil variar con un acto de voluntad esa percepción negativa del ciudadano. Quiero repetir una vez más que, afortunadamente, el ciudadano tiene una percepción de segundo grado de la eficacia de la justicia, ya que ésta no se puede precisar como en el resto de los servicios públicos esenciales. Muchas veces actúa de oídas; hay que decirlo así, y no es excusa. Se podría aumentar la productividad del servicio judicial e, inclusive, con los medios obsoletos que se tienen; claro que se podría, pero eso exigiría una valoración y una crítica muy difíciles de contrastar con datos objetivos. El Consejo tiene que hacerlo así, porque, de lo contrario, también estaría incumpliendo sus obligaciones de gobierno con el propio personal judicial, considerado «stricto sensu».
Hace falta la reforma procesal; también lo ha dicho su señoría y se está diciendo durante décadas. Con la aparición de las leyes procesales en el siglo pasado ya se precisaba de una reforma, porque eran instrumentos nacidos quizá al amparo de la traducción del proceso romano canónico y eran obsoletos en la misma fecha de su aparición; estamos hablando, nada más y nada menos, que de 1881 y 1882, pero, desde luego, en la sociedad actual es inconcebible que se actúe con códigos procesales de una sociedad rural y analfabeta como era la española en las postrimerías del siglo pasado. Vamos a entrar en el siglo XXI y, desgraciadamente, muchas de estas reformas no se van a poder producir, por mucho voluntarismo que se tenga, hasta ya entrado dicho siglo. Es curioso, pero, por lo menos, si se ponen en marcha, naturalmente, se podrán rentabilizar ya a partir del año 2000. No es una visión catastrofista, sino, por el contrario, realista --como he dicho anteriormente-- o, por lo menos, pretende serlo.
Estoy completamente de acuerdo y reproduzco mi ofrecimiento de que la Memoria debe ser analizada y presentada en las Cámaras antes del verano del año siguiente --se cierra el 31 de diciembre de cada ejercicio-- y antes, por supuesto, del acto de apertura de tribunales, mediado el mes de septiembre. Si el Consejo la aprueba en julio, puede hacerlo dos meses antes y presentarla ante las Cámaras antes de que la tramitación de las leyes de Presupuestos Generales del Estado produzcan, precisamente, una concentración de la actividad legislativa del Parlamento en este sentido.
En materia de reforma orgánica, su señoría me ha pedido mi opinión sobre el calado de la Ley de 9 de noviembre de 1994 y me ha preguntado si ha supuesto una satisfacción para el Consejo. Le consta a su señoría --lo ha dicho aquí, y yo se lo agradezco-- que el Consejo, desde el inicio de su mandato en 1990, reclamó, sobre todo, la selección como competencia exclusiva de jueces y magistrados, que no tenía. Tenía única y exclusivamente la competencia de formación y el perfeccionamiento, y la selección estaba en manos del Ministerio de Justicia, anómalamente, lo que no había manera lógica de entender, puesto que, como he dicho también anteriormente, se trataba de tres fases de un mismo fenómeno, ya que no se puede hablar de selección independientemente de formación y perfeccionamiento. Tan es así, que uno de los problemas que tenía el Consejo para aceptar ofrecimientos autonómicos en el sentido de instalar el centro de selección en lugar distinto de Madrid, del centro, o incluso descentralizarlo en centro de selección, centro de formación y centros de perfeccionamiento de jueces y magistrados, era la dificultad racional de separar tres manifestaciones de un mismo fenómeno y la conveniencia, en muchos aspectos, de que estuvieran juntos, al menos geográficamente, para poder resolver cualquier disfunción que pudiera presentarse.
Sabe su señoría que también reclamábamos la autonomía presupuestaria para parangonarnos con otros órganos constitucionales, llámense Tribunal Constitucional o, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de relevancia constitucional, y no en la división de órganos constitucional y de relevancia constitucional de esta última naturaleza.
Sabe también que ha habido una ampliación del régimen disciplinario, que no sé si es o no suficiente, pero que ha corregido algunas disfunciones, y sabe también que la potestad reglamentaria era otra de las aspiraciones del Consejo a la que también se refiere la Ley de 9 de noviembre de 1994.
Sin embargo, ha sido tachada de inconstitucionalidad --y yo respeto cualquier opinión que se tenga-- porque puede afectar la capacidad o la potestad reglamentaria afectada por otras potestades reglamentarias que se reconocen implícitamente, y a veces explícitamente, tanto al Gobierno de la nación como a los gobiernos autonómicos, en el supuesto de que les sean transferidas competencias en esta materia de justicia, supuesto que la Ley permite en esta modificación.
Me pide su señoría mi opinión personal, y yo debo dársela. La potestad reglamentaria «ad intra» y «ad extra» del Consejo se ajusta en el proyecto y en la Ley de 8 de noviembre de 1994 a las directrices que había marcado ya la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, concretamente la establecida al reconocer esta potestad reglamentaria «ad intra» y «ad extra». Tenga su señoría presente que la potestad reglamentaria «stricto sensu» la Constitución la residencia exclusivamente en el Gobierno de la nación; sin embargo, «ad intra» y «ad extra», no solamente para organizar el propio Consejo, sino para regular aspectos secundarios del Estatuto orgánico de jueces y magistrados, que es lo que tiene reserva de ley orgánica, se la reconoce al Consejo.
Yo entiendo que si esto se reconoce al Consejo, los aspectos secundarios del Estatuto Orgánico de jueces y magistrados --es una interpretación mía, es mi opinión-- no se los reconoce ni al Gobierno de la nación ni a los gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Porque debe estar reconocido sólo al Consejo al aceptar que son aspectos secundarios del Estatuto Orgánico de jueces y magistrados, que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Pero ésta es mi apreciación personal, y yo lo entiendo así leyendo la modificación que se ha producido, por la Ley de 1994, de la Ley Orgánica de 1985, pero si alguien necesita una aclaración más explícita al respecto, naturalmente, puede pedirla del órgano que tiene que mandar esa potestad, y que es, precisamente, el Tribunal Constitucional, como ha sido solicitado por un determinado grupo parlamentario, por un determinado partido político, lo que es perfectamente legítimo. Yo entiendo esa aclaración como jurista y la veo clara: estos aspectos secundarios no son para ser regulados por ninguna potestad reglamentaria reconocida extramuros del Consejo General del Poder Judicial. Así de claro.
En cuanto al calado, depende también del concepto que se tenga. Por ejemplo, se ha dicho que territorializar los medios materiales y personales de la Administración de Justicia significaría prácticamente la ruptura de la unidad del Poder Judicial como un poder único del Estado.
Yo entiendo que no, respetando naturalmente cualquier apreciación que se pueda hacer al respecto, y creo, como juez --usted me pide mi opinión personal, y yo se la doy-- que lleva ya 32 años de servicios en la Administración de Justicia, que ha sido una aspiración constante, y no he encontrado ni un solo compañero mío, en mi ya larga experiencia, que no haya postulado la territorialización de los medios personales y materiales, exceptuados jueces, magistrados y secretarios judiciales.
¿Por qué? Porque acercar la solución de la necesidad allí donde está se produce siempre ha sido un principio de elemental y buena administración.
Y si consideramos el trastorno que produce la movilidad de los jueces, la movilidad del personal auxiliar, en cuanto deja a los jueces como una rueda girando en el vacío, es tan nefasta como la que se produce respecto de los jueces «stricto sensu». Que los ciudadanos gallegos estén en Canarias, los canarios en Valencia, los valencianos en Andalucía y los andaluces en Cataluña es, indudablemente, una disfunción. La Comunidad Canaria, el Gobierno canario y el Tribunal Superior de Justicia canario han pedido que se territorialicen las oposiciones a oficiales auxiliares, agentes y médicos forenses en el territorio de Canarias, porque quiere tener cubiertas las plantillas establecidas y no las tiene porque la gente está en las islas el tiempo indispensable para irse a su tierra.
Por ello, me parece que es bueno reconocer una necesidad a nivel legislativo. No rompe la unidad del Poder Judicial, en absoluto, porque el Poder Judicial es un poder del Estado. Aunque los Tribunales Superiores de Justicia son instituciones autonómicas y participan, en cuanto consumen todas las instancias por imperativo constitucional dentro de las salas de ese Tribunal Superior de Justicia, de naturaleza autonómica, lo cierto y verdad es que son miembro y parte del Tribunal Superior de Justicia, de las Comunidades Autónomas, del Poder Judicial unitario del Estado. No veo ninguna posibilidad ni ningún peligro de ruptura, y creo que ni siquiera ha sido reivindicado en este sentido por ningún gobierno autonómico. Por tanto, todo el mundo respeta que los jueces, tanto en Cataluña como en Valencia como en Galicia como en Castilla, son jueces del Poder Judicial del Estado, por lo que no hay ningún problema a este respecto.
Los medios creo que son otra cosa. Respecto a los medios materiales y la informatización, por los que ha preguntado su señoría, la Comisión que coordina tiende a evitar precisamente esta disfunción que se produce al comprobar el esfuerzo que están realizando sin haber asumido transferencias todavía los gobiernos autonómicos porque hoy día es rentable políticamente, a nivel autonómico, la inversión en justicia. Y yo me alegro de que un Presidente de Comunidad Autónoma quiera tener mejor dotados sus tribunales que los de la comunidad de al lado, porque yo pienso que es una competencia que redundará siempre en beneficio del servicio de justicia, por lo que mi opinión personal, por la que tan amablemente me ha preguntado su señoría, es favorable a esa transferencia de competencias, y quisiera que las 17 Comunidades Autónomas las asumieran. Ha habido una experiencia realmente positiva en el País Vasco, y no tengo duda alguna ni alberga la mayoría, con discrepancias perfectamente respetables, en el Consejo General del Poder Judicial de que redundaría en beneficio de un más adecuado servicio de justicia para evitar la obsolescencia de procedimientos, de actuaciones, de actividades que los ciudadanos echan de menos. A mejores dotaciones, mejor servicio y, por consiguiente, mayor eficacia de los tribunales de justicia.
En cuanto a descentralización, el Poder Judicial ha sido desde sus orígenes el poder más descentralizado de los tres poderes del Estado, curiosamente, en su estructura. Tan descentralizado es, que el Poder Judicial radica en cada juez y magistrado, que es el grado máximo de descentralización, casi rayano en una anarquía judicial. Por eso, la estructura y la cúpula judicial es el Tribunal Supremo, el único que puede embridar --y no me molesta utilizar esa palabra-- los criterios individualizados de interpretación y aplicación del Derecho que producen el resto de los tribunales de justicia. Es la fábrica de la jurisprudencia, que tiene esa misión. Cuando se inventó la democracia, los revolucionarios franceses inventaron una «Cour de Cassation» precisamente para evitar la desigualdad en la aplicación judicial del Derecho. Son ideas elementales, pero que están muy sanas, a pesar de que hace dos siglos que fueron inventadas. Si el Poder Judicial es de por sí el más descentralizado, ¿por qué atribuir miedo a una descentralización de los medios personales y materiales, siempre que se respeten las reglas del juego, que son las de que los jueces son los que integran un poder del Estado y los secretarios los que realizan, con su actuación, una validación de la actuación jurisdiccional de los primeros? Esta es mi percepción, quizá muy simplista, pero yo creo que podríamos estar hablando aquí hasta la noche de los tiempos, y pienso que es suficiente para ver que el Poder Judicial tiene una naturaleza muy especial, con una estructura muy especial, que no es asimilable al resto de los poderes del Estado ni a su funcionamiento y, por consiguiente, que debe ser respetada la lógica en la gestión y la dotación de medios personales y materiales. En la actualidad, por parte de los tribunales superiores de justicia y de los gobiernos autonómicos correspondientes hay tendencia a establecer dotación para informatizar. Creo que deben ser unos 850 los órganos jurisdiccionales que han tenido acceso a estas técnicas de informatización. Y por lo que se refiere a cuál es la aportación del Ministerio de Justicia, en este momento, y quizá debido a las dificultades presupuestarias, lo cierto es que es mínima. Incluso el mantenimiento de las aportaciones que realizan los gobiernos autonómicos debe ser costeado por ellos. Por consiguiente, la transferencia de estos medios yo la potenciaría --es mi opinión personal-- al máximo, porque serán mejor gestionados por las Comunidades Autónomas que por el propio Ministerio de Justicia, quizá por esa imposibilidad de atender a cada uno de los órganos jurisdiccionales y de coordinar las dotaciones que afecten a todos y cada uno de ellos.
Se ha referido también su señoría a la valoración del plan de urgencia.
En la relación circunstanciada de necesidades para el año 1994, que es la que se acompaña a la Memoria que he tenido hoy el honor de presentar, correspondiente al Ejercicio de 1993, y, sobre todo, en la que les traigo como primicia para 1995, aprobada por el Consejo en 1994, ya se realiza una valoración puntual de lo que ha supuesto este plan de urgencia para el Consejo General del Poder Judicial. Incluso critica, y quizá con mucha contundencia, estas prolongaciones de jornada, que se han generalizado y que tienen una cobertura legal en un Decreto al que me he referido anteriormente. ¿Por qué? Porque es muy difícil valorar cuál es el resultado o la eficiencia de una prolongación de jornada por parte, ténganlo sus señorías en cuenta, de los mismos funcionarios que están prestando en servicio normal, en horario normal, su actividad, concretamente auxiliar, y, sin embargo, luego prolongan la jornada. Es muy difícil valorar lo que se ha debido hacer en la jornada normal y lo que se hace en la jornada de prolongación, con todo el coste que ello significa. Por consiguiente, sería preferible acudir a las comisiones de servicio, tanto para los jueces como para el resto del personal auxiliar, con o sin relevación de funciones muchas veces, es decir, compatibilizando dos cargos judiciales con una adecuada retribución, que siempre produciría una consecuencia de un coste mucho menor que estos sistemas, sobre todo los de jueces sustitutos, de provisión temporal y otros sistemas de cobertura que, no por estar perfectamente recogidos y legalizados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejan de presentar la disfunción de ser mucho más caros, en coste económico, que los de una adecuada sustitución, con o sin relevación de funciones, por el personal paralelo al que haya de ser sustituido.
También me pide su señoría que le haga un adelanto de fechas en el cumplimiento de la potestad reglamentaria que el Consejo tiene que desarrollar. Yo tengo aquí los datos necesarios. El Consejo está elaborándolos y está en fase de audiencia de gobiernos autonómicos y asociaciones judiciales. Por consiguiente, lo que podríamos llamar proceso legislativo o reglamentario de elaboración de estas normas de carácter general está ya en la fase final. Espero que antes del verano estén terminados todos los reglamentos que tiene que aprobar el Consejo como consecuencia de la aplicación de la Ley de 9 de noviembre de 1994.
Es decir, antes de que el Consejo haya terminado su mandato legal, en el mes de noviembre próximo, estarán elaborados, en vigor y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» los reglamentos. Y fíjense sus señorías que son reglamentos de la carrera judicial para analizar los diferentes aspectos relativos al ingreso y promoción; aspectos accesorios a los que me refería antes del Estatuto jurídico y orgánico de jueces y magistrados; del Reglamento del Centro de Selección y Formación, donde se debe analizar la organización y las funciones de este centro, que no tiene personalidad jurídica, que no es un organismo autónomo y ello obliga al Consejo General del Poder Judicial a estar encima, porque el propio centro no es el responsable, sino que será responsable el Consejo que le habrá dotado de las disposiciones reglamentarias e, incluso, lo mantendrá presupuestariamente; del Reglamento de Jueces de Paz, un tema que no hemos tocado aquí pero que sería tremendamente conflictivo por cuanto que aumenta estadísticamente el número de delegaciones y de intervenciones en materia jurisdiccional de los juzgados de paz, lo cual es muy problemático, aparte de la llevanza del Registro Civil que, como saben ustedes, está también encomendada a dichos juzgados y que tan importante es desde el punto de vista del servicio al ciudadano; del Reglamento de los órganos de gobierno, donde se regulen como tales la composición y funciones de salas de gobierno, de juntas de jueces, de jueces decanos, con todos los criterios de reparto y
la repercusión inmediata que ello tiene sobre el juez predeterminado, etcétera, la objetivación del juez que ha de conocer de cada asunto, que es de importancia fundamental en orden a las garantías; del Reglamento sobre aspectos accesorios, no del Estatuto Orgánico de Jueces y Magistrados, sino de las propias actuaciones judiciales que afectan a la regulación de cuestiones tan importantes como la publicidad de las actuaciones judiciales, incluso las penales, donde parece que el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está en vigor, y lo está, y no se distingue por el ciudadano cuándo un juez o una juez declaran secreto un sumario y cuándo el sumario sigue siendo secreto para terceros porque lo impone dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no está derogado dicho artículo a pesar de que, en este punto, la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de preeminencia de la libertad de expresión y de las libertades de información ha introducido dudas al respecto, que producen el hecho de que no se persiga criminalmente, al menos no con claridad, la transgresión de este deber de exigir lo que impone el precepto indicado en la citada Ley, pero que tiene que ser objeto también de regulación de aspecto secundario o accesorio por el Consejo, etcétera.
No quiero cansar a sus señorías ya que esta actividad reglamentaria --no exagero en este tema, y ruego a sus señorías que me crean-- va a consumir la actividad del Consejo durante mucho tiempo.
¿En qué orden debe empezar la reforma procesal? Yo me alegro de haber empezado por la Contencioso-administrativa y de que hayamos informado el anteproyecto de ley correspondiente. Y que este orden no obsoleto, sino mutilado, incompleto, este orden sobrecargado como ninguno siendo tan importante en la organización judicial española vea por fin la luz porque entonces se podrá exigir la eficiencia de los tribunales. Si no se les dota de los instrumentos procesales y de la estructura orgánica adecuada, no se pueden pedir peras al olmo, como vulgarmente se dice.
Se interesa su señoría por el Jurado. El Consejo General del Poder Judicial emitió el Informe que todas sus señorías conocen. La aplicación del Jurado es el cumplimiento de una previsión constitucional, es decir, no es el cumplimiento de un mandato, sino de una previsión. No es que se imponga obligatoriamente, pero en un sistema democrático nadie puede ser contrario a la instauración del Jurado. Siempre hemos defendido, y así lo hicimos constar en nuestro Informe, la necesidad de su gradualidad y de no traspasar los límites razonables, precisamente para no producir una sobrecarga de trabajo y una dilación en los procedimientos que tuvieran que ser enjuiciados mediante el sistema de jurados.
También se refiere su señoría al Informe sobre las novedades que se han introducido en el acogimiento de determinadas enmiendas en la fase de tramitación ante el Congreso de los Diputados. Es el problema que tienen siempre los Informes del Consejo General del Poder Judicial en las materias en que debe informar, a tenor de lo prevenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando no se producen por la vía legislativa ordinaria, cuando el anteproyecto no se elabora por el Gobierno, el proyecto correspondiente se aprueba por el Consejo de Ministros y se introduce en el Congreso de los Diputados, es decir, cuando se trata de una proposición de ley o, caso más común, cuando se trata de la aceptación de enmiendas que cambian el texto originario. En este punto, como saben sus señorías mejor que yo, los «interna corporis» de la Cámara son muy difíciles de abordar. Si la Cámara quiere, si la Comisión que examina las enmiendas quiere, pueden pedir informe del Consejo General del Poder Judicial.
La Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1994, ya se refiere a dicho tema y explícitamente prevé esta posibilidad de que el Consejo pueda informar los proyectos de ley que están viéndose en el Parlamento, naturalmente si la Cámara así lo estima. Esto se podría compatibilizar también con las facultades reglamentarias. En el Congreso de los Diputados creo que esta posibilidad está recogida en el artículo 7.º a través de la colaboración entre poderes, y se puede pedir el informe por la Cámara incluso a mitad del procedimiento legislativo. En el caso del Reglamento del Senado no conozco exactamente cómo funciona.
(Por la Presidencia se hace la observación de en qué artículo del Reglamento del Senado figura.) Me dice el Presidente muy amablemente, y yo se lo agradezco, que figura en el artículo 67 del Reglamento del Senado. En todo caso, dejo este asunto en manos de sus señorías que son, en definitiva, los que pueden ejercer esa posibilidad y les insto, por lo tanto, a que utilicen esas posibilidades. Naturalmente, el Consejo General del Poder Judicial cumplirá con esa obligación cuando estime que la enmienda ha variado sustancialmente el tenor del proyecto y el Consejo no haya podido pronunciarse.
Me ha preguntado si en materia de gabinete estadístico --que es el que ha empezado a funcionar a partir de noviembre de 1994-- tenemos capacidad para valorar económicamente el costo de un proceso. También tomo nota y le agradezco mucho a su señoría que tenga esa finura de percepción final.
Si el Consejo General del Poder Judicial ha creado un gabinete estadístico será para valorar también económicamente esas consecuencias y, además, como tiene un servicio de gerencia de un completo nivel técnico, también lo cumplimentará en este sentido. Tomo nota y, naturalmente, procuraremos llevarlo a la práctica porque es un análisis que nunca se nos había ocurrido a los jueces y magistrados, por eso tampoco es muy bueno que nos metamos nosotros a gestionar. No creo que fuéramos unos gestores modélicos precisamente, sino que lo haríamos todavía mucho peor de lo que tradicionalmente lo hace la Administración del Estado en este sentido de gestión.
Nosotros estamos para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y los auxiliares de los jueces están para colaborar en este deber de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero me parece que no estamos especialmente dotados para construir edificios o para valorar otro tipo de cosas. Pero tiene razón su señoría: el Consejo sí debe estar dotado y tiene elementos suficientes para hacer esos estudios.
Sobre la oficina judicial, yo le reproduzco aquí estas ideas y le remito a la Relación circunstanciada de necesidades, donde el Consejo sí ha hecho una valoración de unos puntos concretos que deben ser seguidos y las circunstancias que debe reunir esta oficina judicial para 1995
como esencial y primordial necesidad que plantea el Consejo al Gobierno de la nación, de lo que tienen ustedes, por consiguiente, puntual conocimiento.
Creo que, al menos, he contestado a sus principales preocupaciones con toda la premura que ha sido posible, y les ruego que me dispensen.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Galán.
No quiere mi Grupo en modo alguno quedar excluido del turno de felicitaciones o de parabienes al señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al resto de los miembros del Consejo que le acompañan hoy aquí en esta su comparecencia para presentar en la Cámara Alta la Memoria de 1993. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista se suma a esa bienvenida por su presencia en la Cámara.
La verdad es que hablar en último lugar en este tipo de comparecencias siempre es algo que no está exento de dificultades, porque por muy acertado que esté uno a la hora de preparar su intervención intentando prever por dónde pueden ir las intervenciones del resto de los portavoces, es enormemente difícil decir algo que sea innovador o diferente de lo que otros han dicho ya, quizá con otra estructura o con otra concepción. Al hilo de la Memoria --que le aseguro, señor Presidente, he leído con detenimiento-- había preparado unas reflexiones en voz alta que acababan siempre en unas preguntas al señor Presidente en relación con problemas específicos de la Administración de Justicia española, siempre, insisto, al hilo de los datos aportados en la Memoria correspondiente al ejercicio de 1993. En cualquier caso, no quiero hurtar algunas reflexiones, pero advirtiéndole al señor Presidente que en todo aquello que haya sido contestado ya --y lo ha sido casi en su totalidad-- por su señoría, evidentemente, me doy por satisfecho con la información que ha dado a los miembros de esta Comisión.
En el capítulo de medios materiales, en principio yo había hecho una reflexión general acerca de ese continuo acusar de los males de la justicia española o de la insuficiencia de la justicia para dar respuesta a la demanda de esta sociedad española moderna de finales del siglo XX --y es habitual leerlo en la prensa y oírlo en las intervenciones de políticos, de juristas, en definitiva, de expertos en estas materias-- con el argumento de que la justicia no funciona y no puede funcionar porque el Gobierno no la dota adecuadamente de los medios materiales o personales precisos. Yo creo que la Memoria nos da pie para hacer una valoración de lo que ha supuesto 1993, un año en el que se inician los recortes presupuestarios, que luego continúan en 1994 y 1995 dentro de esa política de contención del déficit y, por lo tanto, de limitación del gasto público, política que, indudablemente, preside los tres últimos ejercicios presupuestarios y que ha llevado a que el Ministerio de Justicia --siempre incrementando su dotación más de la media del conjunto del presupuesto, porque, aun siendo una prioridad, no crece en la misma proporción que el gasto sanitario, que el gasto en pensiones, etcétera-- no crezca lo suficientemente como para que se lleven a cabo, por ejemplo, las previsiones de la Ley de Planta y Demarcación del año 1988, o para dar satisfacción a la creación de órganos judiciales, o la renovación de edificios, instalaciones, etcétera, actuaciones que se entienden como precisas y que están incluidas en la Relación de necesidades que el Consejo viene enviando periódicamente al Ejecutivo. Sin embargo, a mí me parece que en esa reflexión hay algo que merece la pena valorar y que, además, el Presidente del Consejo, señor Sala, lo ha dicho ya aquí hoy.
Yo creo que el esfuerzo cuantitativo, desde el punto de vista presupuestario, que se ha hecho para dotar adecuadamente a la Administración de Justicia española en la década que va de enero de 1983 a diciembre de 1992 para incremento de plantilla --no sólo de jueces y magistrados, sino de personal al servicio de la Administración de Justicia-- y en creación de órganos judiciales ha sido superior al esfuerzo de creación de medios que se realiza en el siglo anterior; sólo en 10 años el incremento de medios puestos al servicio de la Administración de Justicia es enormemente más relevante que el de los 100 años anteriores, lo cual no quiere decir que sea suficiente para las necesidades de la Administración de Justicia de una sociedad moderna, en una sociedad cada vez más conflictiva, en una sociedad donde cada ciudadano reclama hasta la saciedad sus derechos --a veces, yo creo que siendo menos conscientes de sus obligaciones como tal ciudadano--, todo lo cual hace de ésta una carrera sin fin.
La insistencia en la necesidad de racionalizar el gasto público en la Administración de Justicia mediante una mayor cooperación Consejo General del Poder Judicial --o sea, gobierno de los jueces, Poder Judicial-- y Poder Ejecutivo --y me refiero tanto al Ministro de Justicia como a las Comunidades Autónomas con transferencia en la materia-- coordinando las estructuras de plantilla, fijando las prioridades a la hora de constitución de nuevos órganos, estableciendo programas informáticos de carácter conjunto y perfectamente intercambiable, haciendo programas de apoyo y seguimiento que redunden en lo más eficaz, esta priorización de lo cualitativo sobre lo cuantitativo es lo que debe presidir el trabajo de todos nosotros en los cuatro años de esta legislatura. Por lo tanto, abordar las reformas procesales -- como aquí se ha dicho-- y una más adecuada racionalización del gasto son prioridades más importantes que seguir en la escalada de ampliación de plantillas, con convocatorias cada vez mayores de plazas de nuevos jueces y magistrados, nuevos fiscales, nuevos secretarios, nuevo personal colaborador, etcétera.
A mí me parece que su señoría ha dado datos suficientes, pero en este turno de preguntas me gustaría que me dijese cómo considera el Consejo que están dotadas en este momento, por ejemplo, las plazas de personal colaborador, como son los médicos forenses, los oficiales, los secretarios judiciales, los fiscales; si existen grandes déficit en
cuanto a la cobertura de estas vacantes o, por el contrario, los problemas son más a nivel de personal auxiliar, puesto que es indudable que el tema de esos casi 5.000 interinos debe abordarse convocando oposiciones suficientes para cubrir esas plazas a ser posible dentro de este mismo ejercicio de 1995. Por lo tanto, mi primera pregunta en este tema es sobre ese personal colaborador de la Administración de Justicia: ¿cómo valora el Consejo la dotación actual de las plantillas y qué criterio tiene el Consejo sobre la reforma de la medicina legal que se ha hecho en la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de noviembre de 1994, tantas veces citada, en virtud de una modificación introducida en esta Cámara? Nos gustaría conocer su opinión al respecto.
También me parecen importantes --porque por casi todos los portavoces se ha hecho referencia al programa legislativo que hay que abordar, afrontando de una vez la reforma de los distintos órdenes jurisdiccionales desde el punto de vista procesal-- las resoluciones del último debate del estado de la Nación, con el calendario legislativo aprobado hace pocas semanas por el Consejo de Ministros, donde se prevé que en marzo esté en las Cámaras la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en abril, la ley de Asistencia Jurídica Gratuita; en mayo, la ley de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos; en junio, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; en julio, la ley Penal Juvenil, acompañamiento imprescindible del Código Penal una vez que se opta por una solución de política legislativa, como es llevar la edad penal a los 18 años; en septiembre, la ley de Enjuiciamiento Civil y en noviembre, la nueva ley Concursal. Me gustaría saber si su valoración de ese calendario, que yo calificaría de ambicioso y que satisface plenamente a mi Grupo, en cuanto a la priorización de las propias iniciativas legislativas y la articulación de esas reformas a medida que van siendo sometidas al Consejo para su informe es positiva, como me ha parecido entenderle en relación con la ley de lo Contencioso-Administrativo, o si el Consejo piensa que habría que priorizarlas y articularlas a la hora de enviar a las Cámaras el calendario de una manera diferente.
Por último, no voy a entrar en los datos relativos a la actividad de los tribunales. Coincidimos en el problema complicado del atasco en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tanto del Supremo como de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. Esperemos que esa nueva ley de lo contencioso sirva para la próxima puesta en marcha de los juzgados unipersonales de lo contencioso, y aquí me parece que hay que insistir --y la responsabilidad está en el Consejo-- en la preparación y formación adecuada, incluso en la valoración que hace la reforma de la Ley Orgánica a la hora de la selección de esos nuevos jueces con unas capacidades específicas para ocupar esas plazas en órdenes jurisdiccionales como el contencioso o como, en su caso, el laboral o con los juzgados de lo social. Querría saber su opinión sobre los planes en cuanto a ese proceso de selección, formación y perfeccionamiento de cara a garantizar el conocimiento y la resolución adecuada por parte de estos juzgados unipersonales del ámbito competencial que van a tener sometido y que no deben, en modo alguno, por razón de la cuantía o de la materia, corresponder como ahora a órganos colegiados compuestos por tres magistrados.
En ese sentido, no voy a hacer una referencia a los restantes órganos jurisdiccionales, aunque sí me gustaría conocer la solución que podría tener desde el punto de vista de las modificaciones legislativas de carácter competencial la actual falta de asuntos de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Me parece que ahí hay una productividad que no es que sea baja porque los componentes de esa Sala no tengan ganas o capacidad para resolver asuntos, sino porque los asuntos que les llegan al año son muy escasos y, por tanto, sería oportuna alguna reforma legislativa en cuanto a atribuciones competenciales. También me gustaría conocer la opinión del Consejo en relación con esa materia.
Por último, y por lo que hace referencia a lo que eran la mayoría de mis preguntas, que no sólo estaban relacionadas con la Memoria del año 1993 que se presenta hoy aquí, sino con respecto al futuro, es decir, el cambio sustancial que desde el punto de vista competencial supone la reforma de la Ley Orgánica abordada en noviembre de 1994, tanto en cuanto a la atribución de la competencia de selección de jueces y magistrados al Consejo General del Poder Judicial, como en cuanto a sus potestades reglamentarias, tanto desde el punto de vista «ad intra» como «ad extra», a la que ha hecho referencia el señor Presidente, también quiero preguntarle por las prioridades de las que ha hablado en contestación a la intervención de la Senadora Vindel en cuanto al desarrollo reglamentario y a las previsiones del ejercicio de ese desarrollo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente, sobre el ejercicio de esa autonomía presupuestaria que en igualdad con el Tribunal Constitucional o con otros órganos de carácter constitucional tiene ya el Consejo, porque mi Grupo ha entendido que tenía mucha razón el señor Sala cuando reivindicaba ese trato de igualdad con el Tribunal Constitucional para el Consejo a la hora de elaborar el presupuesto de este órgano y, por último, desde el punto de vista del ejercicio de la potestad disciplinaria, que yo creo que se hace mucho más factible y posible después de la reforma de noviembre de 1994, tanto en cuanto a la definición de los tipos, como en cuanto a los plazos para la tramitación de los expedientes disciplinarios, etcétera.
Yo pienso que una de las sensaciones que tiene la opinión pública española en general respecto a la Administración de Justicia es, por ejemplo, el escasísimo ejercicio de esas potestades disciplinarias respecto a jueces y magistrados por parte del Consejo. Es decir, el número de expedientes incoados, las decisiones resueltas al final y, sobre todo, el número de sanciones que figuran en las memorias a mi Grupo y, en general, a la mayor parte de los españoles, nos parecen excesivamente escuetos en relación con la multitud de temas que aparecen en los medios de comunicación, y eso va «in crescendo». Hoy mismo, en «El País», acabo de leer, en relación con el titular del Juzgado de lo Social número 8, la aparición de dos sentencias contradictorias que se notifican en la misma causa: la causa 308, relacionada, al parecer, con un despido ocurrido en la empresa
Telemadrid. Son dos sentencias diferentes en el mismo asunto y tanto este tema, con independencia de cómo se resuelva eso en vía de recurso, como el del 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que se refería su señoría, son los que desconciertan a la opinión pública española.
Yo creo que hoy día más del 50 por ciento de los españoles, aunque esa pregunta no se hace en la encuesta a la que hacía referencia antes la Senadora Vindel, no tienen claro si levantar el secreto del sumario supone que los abogados de las partes tienen acceso al sumario o supone su publicación en el «ABC» y en «El Mundo» a la mañana siguiente. Es decir, no parece que el camino por el que van las cosas contribuya a que el común de los ciudadanos conozca el funcionamiento específico de la Administración de Justicia y se vaya en una dirección donde eso que se denomina la judicialización de la vida política no contribuya no ya a la politización de la justicia --que es lo que algunos utilizan como crítica cuando se quiere acusar al Poder Judicial de que no es independiente, de que sufre interferencias de los otros poderes del Estado, etcétera, yo creo que injustamente, como el Presidente del Consejo decía antes--, sino al absoluto desconcierto, a esa sensación de que la justicia es, aparte de lenta --y no se sabe muy bien por qué--, mucho más lenta en unos asuntos que en otros, arbitraria y que no mide a todos con el mismo rasero. Y la justicia que no trata por igual a los ciudadanos, pierde lo esencial de sí misma, que es ser justa. Señor Presidente, a mí me parece que la justicia tiene que ser rápida y eficaz para cumplir realmente la demanda de la ciudadanía en una sociedad democrática, aunque también hay que garantizar que no se dé la impresión de que en sus contenidos no responde a su auténtico calificativo de justa.
Para terminar, quisiera decirle que, como es lógico, el señor Presidente del Consejo General ha hecho referencia varias veces a la relación circunstanciada de necesidades para 1995 que hoy nos aporta. Se ha referido, por ejemplo, a trabajos realizados por el Consejo en materia de documentación, de formación, publicaciones, etcétera, que se han venido incrementando en los últimos años. Y en este punto querría transmitirle una queja en nombre de mi Grupo Parlamentario y en el mío propio, como portavoz del mismo. En lo que respecta a esta legislatura, iniciada con las elecciones que se celebraron el día 6 de junio de 1993, hemos dejado de recibir todas las publicaciones que el Consejo nos enviaba. Por ejemplo, en cuanto a la revista «Poder Judicial», que recibíamos sistemáticamente, nos hemos quedado en el número 30. Al principio yo pensaba que habría retrasos en la edición como consecuencia del cambio del Consejo General, pero en realidad creo que simplemente no se nos ha enviado. Igual ha ocurrido con los Cuadernos del Consejo, que abordan temas monográficos muy importantes y otro tanto ha pasado con la mucho menos importante información mensual, aunque orientativa para los responsables de cada grupo en el área de justicia, que nos permitía estar al corriente mes a mes de las actividades normales del Consejo, ya fueran plenos, reuniones de comisiones, informes, etc. Valoramos muy positivamente los informes que se han emitido así como ese incremento que ha habido respecto de las actividades de formación, etcétera, pero lamentamos que nuestro conocimiento e información respecto de las actividades del Consejo sea muy inferior al de períodos anteriores. No es que haya disminuido a partir de 1993, es que prácticamente ha desaparecido. Consideramos que, al igual que el Consejo ha recuperado en justicia muchas competencias con la reforma de la Ley Orgánica ultimada en noviembre de 1994, deberíamos también recuperar nosotros toda esa información que antes recibíamos.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO (Sala Sánchez): Muchas gracias.
Yo también reitero mi agradecimiento al señor Galán por su salutación por la presencia del Presidente y de los Vocales del Consejo para dar cumplida satisfacción a las señoras y señores Senadores a propósito de todas las dudas o necesidad de ampliación que pueda suscitar la presentación de esta Memoria.
Tiene razón su señoría cuando dice que los jueces siempre estamos con la misma canción --permítanme la expresión--, que siempre solemos decir lo mismo, que la justicia no funciona, que es lenta o que no es eficaz porque carecemos de medios. Es cierto que en los últimos ejercicios se ha hecho un esfuerzo presupuestario considerable, pero no es menos cierto que las carencias eran seculares y clamorosas. Por consiguiente, lo que es necesario sostener a este respecto es que el esfuerzo presupuestario debe continuar puesto que, de ser interrumpido, no habrá colmado las necesidades de la Administración de Justicia. Repito que se ha hecho un esfuerzo que es preciso reconocer. Las necesidades y las carencias eran clamorosas --insisto en ello--, por lo que ese esfuerzo debe continuar para que tengamos una justicia eficaz. Y con esto doy por reproducidas las necesidades o las apreciaciones acerca de la reforma procesal --les ruego me dispensen de pormenorizarlas-- que suscita toda esta consideración que el señor Galán ha tenido a bien manifestar.
Vuelvo a repetir que la necesidad de descentralización se compagina con la propia estructura del Poder Judicial. Esta es, por consiguiente, una apreciación lógica. Debo decir también que la inversión en justicia, a propósito de estas necesidades, también es rentable. Anteriormente no lo era puesto que afectaba a un pequeño segmento de la población, pero como hoy en día afecta como un servicio público esencial más que como un servicio público, como muy bien se ha dicho antes, repito que sí es rentable. Esto lo han percibido los propios gobiernos autonómicos, lo han desarrollado, y yo, a título personal, me felicito de que haya sido así.
Su señoría me ha preguntado por la situación específica de los determinados Cuerpos auxiliares de la Administración
de Justicia. En materia de médicos forenses es necesario generalizar --y así lo ponemos de relieve en la relación circunstanciada de necesidades que remitimos al Gobierno de la nación y de la que tienen cumplido conocimiento las Cámaras-- los institutos provinciales de Medicina Legal, ya que el sistema del médico forense exclusivamente, abandonado a sus propias inquietudes y a sus propios conocimientos y sin poder contar con las dotaciones de las clínicas médico-forenses y los institutos de Medicina Legal, no es el adecuado. Se trata de un servicio que hace décadas sí sería adecuado, pero hoy resulta totalmente inoperante. Por consiguiente, hay que generalizar este otro sistema. Se ha iniciado ya, pero insisto en que esas dotaciones deben generalizarse.
En materia de oficiales, de agentes judiciales y del resto de los Cuerpos auxiliares de la Administración de Justicia, debo decir que, a mi juicio, la necesidad de territorialización es fundamental, eso sí, exceptuando a los secretarios como ya he dicho varias veces a lo largo de mi exposición. Más que un aumento ininterrumpido de puestos y de plantillas --en algunos casos es necesario que se reestructuren, la propia Ley de Demarcación y Planta, de 28 de diciembre de 1978, prevé que cada cinco años se reestructuren y examinen las necesidades al hilo de las consideraciones y peticiones que haya puesto de relieve el Consejo General del Poder Judicial para realizar los ajustes de plantillas necesarios--, más que un ininterrumpido aumento o goteo de creación de nuevos puestos tanto de jueces como de personal auxiliar, sería necesaria una dotación y una modernización de la Secretaría u Oficina Judicial.
Esto es algo verdaderamente urgente.
También me ha preguntado cuál va a ser la suerte de los requerimientos que hizo, con motivo de la presentación de la misma Memoria en mi comparecencia de noviembre, el Congreso de los Diputados. Debo decir que todavía no ha transcurrido el plazo que previó el Consejo al hacer estas resoluciones, pero sin perjuicio de obviar cualquier dificultad técnica sobre el grado de responsabilidad ante el Parlamento que pueda tener un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, lo que supondría introducir un aspecto muy difícil desde un punto de vista técnico e incluso constitucional dada la estructura y la naturaleza específica del propio Consejo y del Poder Judicial, debo decir que en virtud del principio de cooperación entre Poderes del Estado, al que se refiere la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, sí pueden ser atendidos.
Lo que sucede es que, en muchos casos, para la experimentación práctica serían necesarias reformas legislativas, pero el Consejo incluso ha acometido la tarea de experimentar en esta última fase de su mandato, con los instrumentos legislativos de que dispone, en dos o tres lugares, no escogidos al azar sino a través de los estudios estadísticos pertinentes, esta nueva Oficina Judicial que pudiera disminuir el tamaño de los llamados servicios comunes, sobre todo en las grandes capitales, y hacer, por consiguiente, más operativa y compatible esta ruptura de la ecuación un juezÐuna oficina judicial --a la que me refería como una de las principales dificultades de la reforma de la Oficina Judicial, de la Secretaría Judicial en definitiva--, es decir, esta configuración que arranca tiempo atrás, concretamente de la estructura judicial que se instaurara en 1870.
En cuanto a la valoración del calendario legislativo, contestando a la señora Vindel, ya le he dicho que me alegro de que el orden jurisdiccional más incompleto sea el primero que haya abordado el Consejo, y asimismo el primero que el prelegislador ha tenido a bien enviar al Consejo General del Poder Judicial, y que, por consiguiente, será introducido en su día una vez sea aprobado el correspondiente proyecto por ambas Cámaras. Sí debo decir a la Senadora Vindel --y con ello respondo a una pregunta que también ha formulado el Senador Galán--, en relación a que el orden jurisdiccional civil está ciertamente abandonado, que quizá en las prioridades sería conveniente modificarlo, aunque de poderse cumplir el calendario legislativo del Gobierno esto está previsto para este mismo año. Naturalmente, es preciso hacerlo por cuanto que las disfunciones derivadas de la multiplicidad de procedimientos de un delicado sistema del régimen de recursos en el orden civil hacen que éste sea uno de los más necesitados de esta reforma. Y qué no decir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de que en este punto se parte de un instrumento que, no obstante su antigüedad, 1882, es muy válido. Precisamente muchas de las reformas que se han hecho a título de parche en realidad han empañado un buen proyecto técnico y garantista como era el de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Las modificaciones ulteriores --la que prevé el proyecto de Ley que van ustedes a abordar-- del Jurado, de la reforma de los preceptos pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en torno a la prisión preventiva, que tanta ansiedad, curiosidad o inquietud ciudadana, por así decirlo, han producido últimamente, ciertamente son necesarios, pero constituyen también una reforma aislada, otra reforma que no obedece a una reestructuración del proceso penal en su conjunto; es decir, de una «imperio» cada vez más paulatina y, si puede ser, total del principio acusatorio sobre el principio inquisitivo y un extremar las garantías cuando se adopta una medida cautelar tan importante como es la privación de libertad que no tenga el amparo de una sentencia firme, como es la media cautelar concretamente de la prisión preventiva.
En este punto es cierto que se añaden algunas garantías, como las comparecencias que todas sus señorías conocen, y como la necesidad de que alguna de las partes acusadoras solicite precisamente la prisión y la posibilidad de recurso. Pero, a mi juicio, se echa de menos --y estoy emitiendo, naturalmente, una opinión particular-- la existencia de un recurso jerárquico rápido contra la posible adopción de estas medidas, no solamente con ocasión de la resonancia de algunos procesos modernos, sino cuando se han mantenido estas mismas posiciones desde hace más de una década, de palabra y por escrito, como es concretamente en mi caso; es decir, no acordarse cuando estas medidas afectan a determinadas personas exclusivamente, sino que habría sido bueno acordarse de estas carencias hace más de diez años, cuando no se presentaban estas situaciones.
En cuanto a la necesidad de que los Reglamentos regulen aspectos accesorios del Estatuto Orgánico de Jueces y
Magistrados, como determinadas condiciones específicas para cubrir ciertas vacantes, ciertamente que en este punto se produce una dificultad derivada de la reserva de ley orgánica, pero no cabe duda alguna que en estos Reglamentos se podría regular --y el Consejo así lo podría acordar, una vez cumplidos todos los trámites del procedimiento reglamentario correspondiente que, como he dicho, se encuentra en fase de audiencia y que espero que el Consejo pueda culminar antes del verano del presente año-- ciertas condiciones para cubrir vacantes, concretamente al hilo de las experiencias habidas y de las realidades legislativas existentes en los órdenes especializados contencioso-administrativo y laboral.
Se echa de menos --y esto es un clamor también dentro de las necesidades de la Administración de Justicia-- la regulación de las competencias de la sala de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de justicia. Ciertamente que la previsión del legislador en 1985 al crear estas salas se ha visto totalmente defraudada, si es que tenía una previsión específica para cubrir de competencias estos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay aspectos de la actividad jurisdiccional que deberían y podrían ser adecuadamente cubiertos por los mismos, verbigracia, la instauración de la segunda instancia en el proceso penal. Concretamente podría estar residenciado en las salas de lo civil y de lo penal, y en este caso ya podrían actuar no solamente como instructoras y decisoras de procedimientos afectantes a aforados a nivel autonómico, sino precisamente como una segunda instancia que viniera a dar satisfacción --y no el recurso de casación en materia penal-- a la necesidad establecida, por ejemplo, en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, así como la necesidad de otorgar una instancia jurisdiccional anterior al amparo constitucional. Es decir, cuando esta instancia --una vez consumido el régimen de recursos, que es precisamente el procedimiento del amparo ordinario en la actual regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional-- no exista, la oportunidad de que los tribunales ordinarios se pronuncien acerca de alguno de los supuestos del amparo, es decir, que no existan más recursos --como no existen muchas veces-- contra las resoluciones del juez que le ampara ante el Tribunal Constitucional, ciertamente que las salas de lo civil y de lo penal podrían servir en cualquier caso como instancia dentro de la jurisdicción ordinaria previa, lo que evitaría el paso directo a la jurisdicción constitucional y, por supuesto, en el Tribunal Supremo, una sala como es la Sala de Revisión --la sala que se conoce con el nombre del artículo 61 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial--, actualmente al haberse introducido el recurso de casación para la unificación de doctrina en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, queda liberada de la mayor parte de su trabajo y podría arbitrar una instancia en la jurisdicción ordinaria previa al amparo constitucional.
En relación a la potestad disciplinaria, dice su señoría que hay una percepción ciudadana de la insuficiencia de los expedientes disciplinarios --por así decirlo-- a los jueces y magistrados. Yo creo --y lo digo con toda cordialidad-- que en este punto se exagera, y se exagera cuando se atribuye --quizá en algunas ocasiones puede haber tenido fundamento-- una percepción corporativa de la actuación del Consejo General del Poder Judicial cuando ejercita la potestad disciplinaria. Tengan sus señorías en cuenta que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene 17.000 funcionarios, y el colectivo de jueces y magistrados españoles, desde el Tribunal Supremo hasta el último juez recién salido del Centro de Estudios Judiciales, antigua Escuela Judicial, escalafonados en la actualidad son alrededor de 3.200. Para 3.200 funcionarios, yo le remito al ejercicio de actividades disciplinarias, en una profesión que no es que sea superior a las otras en materia de exquisitez a la hora de cumplir las obligaciones, porque los jueces no somos seres sobrenaturales, sino que estamos hechos absolutamente de la misma pasta que el resto de los ciudadanos, pero no cabe duda alguna que en un colectivo tan exiguo y tan pequeño --les he citado el Ayuntamiento de Madrid, y vean ustedes que son, por ejemplo, 15.000 ó 17.000 funcionarios que yo sepa, no es que diga que no hagan falta, sino que seguramente la harán y a lo mejor se quedan todavía cortos--. El hecho de que haya aproximadamente un número de 40 o 50 expedientes disciplinarios por parte de la Comisión Disciplinaria y que 10 u 11 expedientes terminen con sanciones graves; aparte de otros ciento y pico de sanciones leves por los Tribunales Superiores de Justicia, sus salas de gobierno incluso por el ejercicio de potestades disciplinarias del resto de los órganos jurisdiccionales, no es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario; es decir, es adecuado. Tengan presente que en esta materia se instruye mucho --y yo creo que esto es muy necesario--, lo comprueba el Servicio de Inspección y muchas veces resuelve el problema; no se trata de sancionar, sino de detectar un funcionamiento anormal de la Administración, que luego puede generar inclusive una obligación de responder por parte de la Administración del Estado, y precisamente se detecta cuando se abre una diligencia informativa o incluso cuando se abre un expediente disciplinario, pero no todos necesariamente tienen que terminar con sanciones, es obvio. Incluso ha habido separaciones del Cuerpo cuando las necesidades así lo han determinado, pero la percepción nuestra no es de corporativismo, ni mucho menos, seríamos unos ciudadanos especiales si tuviéramos que comportarnos también en esta materia de una forma especial. Los ciudadanos jueces responden --lo mismo que el resto de los ciudadanos-- ante sus órganos de gobierno, y cuando incurren en responsabilidad criminal --si no serían de una casta especial-- lo hacen ante otro órgano más superior o menos superior, como el resto de los ciudadanos, ante los propios tribunales de justicia, que no son por eso corporativos, es una observancia de las reglas de juego.
Tomo nota, pues no sabía que existía ese corte, por así decirlo; supongo que no obedecerá a razones presupuestarias pero, en cualquier caso, y aunque obedeciera, todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios en esta Comisión tendrán, y naturalmente la Presidencia --porque es la Comisión a la que el Consejo tiene que rendir cuentas cuando viene a presentar sus Memorias--, las publicaciones del Consejo, las revistas, los cuadernos y la información mensual, y así estarán ustedes al tanto de lo que vamos
haciendo --o dejando de hacer-- en el ejercicio de esta potestad que nos da la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el gobierno de la judicatura.
Brevísimamente, agradecemos en nombre de toda la Comisión la comparecencia del Presidente y de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Tomaremos buena nota de la posibilidad de que la Memoria del año 1994 sea remitida a las Cámaras antes de la apertura solemne de los tribunales de justicia en el mes de septiembre, es decir, en julio.
Solicito, también en nombre de toda la Comisión, que se nos envíe la relación circunstanciada de las necesidades de la Administración de Justicia para el año 1995 que el Consejo General del Poder Judicial traslada al Gobierno para su posterior reparto a todos los portavoces de los Grupos.
Por último, he de precisar que el retraso en la presentación de la actual Memoria, al menos desde el pasado mes de noviembre, no es achacable, en absoluto, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial ya que, fijada en principio para el 12 de diciembre de 1994 la sesión de la Comisión de Justicia del Senado a estos efectos, se suspendió dicha sesión por la coincidencia con la tramitación de los Presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo.
Se suspende la sesión durante cinco minutos exactamente. Ruego a los señores Senadores no abandonen la sala, ya que continuaremos con el punto tercero del orden del día, y utilicen estos minutos para, en su caso, presentar a la Mesa los escritos de sustitución de Senadores. (Pausa.)
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL, Y SE CREA LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION. (621/00062.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto tercero del orden del día: debate y votación del informe de la Ponencia del proyecto de ley por el que se modifica la ley 50/1981, de 30 de diciembre, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
En el informe de la ponencia hay ya una enmienda incorporada. Las enmiendas vivas para la discusión son las números dos a seis.
Tiene un turno a favor para defender estas enmiendas, que supongo que lo serán conjuntamente, el Senador Prada.
Como su señoría ha manifestado, mi Grupo presenta cinco enmiendas a este proyecto de ley, algunas de ellas de carácter técnico, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la fiscalía anticorrupción que se va a crear cuando se apruebe este proyecto. Estas enmiendas se han formulado en consonancia con la vigente legislación que regula la Fiscalía antidroga, otra Fiscalía Especial en esta materia del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Pretendemos que estas dos Fiscalías especiales y específicas tengan la misma o similar estructura y respondan al mismo esquema en cuanto a organización interna. En este sentido, la enmienda número 2 propone suprimir el inciso del punto segundo, que establece que también se considerarán integrados en la misma los fiscales de las distintas fiscalías que designe el Fiscal General del Estado, en cuanto ejerzan las funciones específicas a que se refiere el artículo 18 de esta ley. Esta supresión se solicita en línea con lo manifestado anteriormente.
La enmienda número 3 pretende que la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción practique las diligencias a que se refiere el artículo 5 de esta ley e intervenga directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciada por la Junta de Fiscales de Sala. A partir de aquí el artículo continuaría con igual redacción. Con ello pretendemos conceder al Fiscal General del Estado la facultad de apreciar la especial trascendencia de los delitos enumerados en el artículo 118, apartado primero. Esto puede dar lugar a la introducción de elementos de discrecionalidad que irían en detrimento de la efectividad de las funciones de la nueva Fiscalía Especial.
Con la enmienda número 4 pretendemos completar el cuadro de delitos a los que se refiere este proyecto. En consecuencia, deben añadirse, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, los siguientes delitos: con la letra k) el delito de infidelidad en la custodia de los documentos, con la letra l) el delito de la revelación de los secretos e informaciones y con la letra m) el delito de las falsedades cometidas por funcionario público.
Esta es, a nuestro juicio, la enmienda más importante o más novedosa de este proyecto. Confiamos en que al menos esta enmienda sea tenida en consideración por el grupo de la mayoría para dar un completo abanico a los delitos que sean específicos de esa Fiscalía Especial anticorrupción.
Las dos enmiendas restantes son de carácter organizativo. Con la enmienda número 5 pretendemos determinar, con una mayor precisión, los medios personales con que contará esta Fiscalía Especial, al depender muy directamente de ello el adecuado funcionamiento de la Fiscalía que se crea.
La enmienda número 6 se refiere a que la adscripción o integración en la Fiscalía anticorrupción del personal que el Fiscal del Estado proponga se haga con un informe previo y favorable del Consejo Fiscal. Con ello, pretendemos garantizar el principio de actuación objetiva que debe presidir la actuación del Fiscal General del Estado.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Abad.
El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser también breve, como lo ha sido el Senador proponente de las enmiendas, que ha reproducido en parte los argumentos dados en la Ponencia. De ahí, que sería interesante hacer constar algunas consideraciones respecto de las cuestiones que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
Respecto de su primera enmienda, entendemos que no debe ser aceptada por esta Comisión ni por el Pleno. Creo que hay una intención global --que se ha reproducido en los debates del Congreso y cada vez que se habla de algún asunto relacionado con la Fiscalía-- por parte del Grupo Parlamentario Popular, como es cambiar el sistema organizativo del Ministerio Fiscal. Creemos que éste no es el momento y aunque entendemos la opinión y posicion políticas del Grupo Popular, rechazamos que en este caso, al socaire de tratar la creación de una nueva Fiscalía, se quieran introducir modificaciones del sistema organizativo del Ministerio Fiscal.
Como saben sus señorías, la Junta de Fiscales de Sala no es un órgano democrático, carece de representación y es un órgano asesor del Fiscal General del Estado, sin que tenga --y, por tanto, tampoco debe tenerla en esta ocasión-- capacidad decisoria fuera del ámbito jurisdiccional. Como conocen perfectamente, la Fiscalía se rige por los principios de unidad y dependencia que establece la Constitución y, por tanto, del Fiscal General y no de la Junta de Fiscales de Sala, como ya debatimos en Ponencia y en el caso del referente que todos admitimos, de la creación del Fiscal Especial Antidroga.
También por lo que se refiere a la primera enmienda del Grupo Popular, con la que se trata de variar la situación de las relaciones entre los fiscales especiales y el Fiscal General, habría que recordar que, si bien es válido que el sistema orientativo es la Fiscalía General Antidroga, no es menos cierto que la experiencia del funcionamiento de dicha Fiscalía debería llevarnos a reconsiderar algunas cuestiones como las que plantea la segunda enmienda del Grupo Popular. Como sabe su señoría, la facultad que se trata de establecer en el caso del Fiscal Especial para delitos económicos no se ha ejercitado nunca en el del Fiscal Antidroga, sino que esta situación se ha integrado permanentemente. Hay experiencias en los casos de Bilbao, Asturias, La Coruña, Murcia, Valencia, Barcelona, etcétera, en los que la Fiscalía Especial no ha planteado con el procedimiento actual ninguna situación grave de problemas orgánicos ni organizativos, mientras que creemos que la inclusión de esta enmienda sí los podría provocar.
Quiero centrarme especialmente --porque así lo hicimos en la Ponencia-- en la enmienda número 4 del Grupo Popular, que entiendo que tiene importancia y calado político, en la que se propone introducir tres nuevos supuestos respecto de las competencias del Fiscal Especial.
Creemos que, de los tres supuestos, debe admitirse el que figura con la letra m), ya que las falsedades cometidas por funcionario público pueden tener relación con las cuestiones relacionadas con el Fiscal Especial para delitos económicos. Pero, a no ser que su portavoz nos lo explique con mayor detenimiento, en cuanto a los supuestos de las letras k) y l), relativos a la infidelidad en la custodia de documentos y a la revelación de los secretos e informaciones, no vemos su relación directa con la Fiscalía para los delitos económicos.
Finalmente, en cuanto a las últimas propuestas, que inciden una vez más en el funcionamiento interno de la Fiscalía, creemos que no se aporta nada al sistema planteado en el texto original. Por tanto, nuestra propuesta es mantener el texto de la ley.
En turno de dúplica, tiene la palabra el Senador Prada.
Debido a la posibilidad de que el Grupo Socialista admita uno de los supuestos, y sin perjuicio de que se le dé mayor explicación en el trámite del Pleno sobre el porqué, a nuestro juicio, se deben incluir también los supuestos de la infidelidad en la custodia de documentos y de la revelación de los secretos e informaciones --aunque, evidentemente, no necesitan de mayor precisión o explicación porque el contenido de estos dos tipos delictivos lo explicaría por sí mismo--, solicito al Grupo Socialista, como también se habló en Ponencia, que para el trámite de Pleno presente una enmienda transaccional para estudiar su posible aprobación.
El señor ABAD BECQUER: Estamos totalmente de acuerdo, señor Presidente.
¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Cerrado el debate, pasamos a la votación del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobado el informe de la Ponencia, elevado a dictamen.
Para concluir este punto del orden del día, falta designar a la persona que presentará el dictamen de la Comisión de Justicia en el Pleno. (El señor Galán Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Nuestro Grupo propone al Senador don José Blanco.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra propuesta? (Pausa.) ¿Puede aceptarse ésta por asentimiento? (Pausa.) Queda, entonces, designado el Senador don José Blanco para presentar el dictamen de la Comisión.
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO. (624/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día. ¿Podemos pasar a dictaminar el proyecto? (Pausa.) Vamos a proceder a la designación de los miembros de la Ponencia que elabore el informe para, en su día, elevarlo a dictamen de esta Comisión.
Ruego que me indiquen sus propuestas.
La señora VINDEL LOPEZ: Por el Grupo Popular, los Senadores López Henares y Fernández Aguilar.
El señor GALAN PEREZ: Por el Grupo Socialista, el Senador Arévalo y yo mismo.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Por nuestro Grupo, yo mismo, señor Presidente.
¿Hay alguna otra propuesta? (Pausa.) ¿Puede considerarse aprobada la constitución de la Ponencia por asentimiento? (Pausa.) Por tanto, los miembros de la Ponencia quedan concertados en ponerse de acuerdo con la Letrada de la Comisión para elaborar el informe.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO. (621/000072.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del día.
Designación de la Ponencia que informe el proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, seguro que se llevan una sorpresa si les anuncio que el Senador González Pons y yo misma seremos ponentes de la ley del jurado.
Tiene la palabra, Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Por parte del Grupo Socialista, proponemos a los Senadores Arévalo e Iglesias Marcelo.
Tiene la palabra, Senador Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: El Grupo de Convergència i Unió propone al Senador Vallvé.
¿Hay alguna otra propuesta? (Pausa.) ¿Puede considerarse aprobada por asentimiento la constitución de la Ponencia? (Pausa.) Muchas gracias. (La señora Vindel López pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, hay un punto del orden del día todavía vivo. La Senadora Zabaleta Areta está en la Comisión y quien no está es ningún representante del Ministerio de Justicia. Por tanto, con el permiso de la Presidencia, me gustaría decir algo al respecto.
El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo brevemente, señoría.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, me parece francamente intolerable que la pregunta de la Senadora Zabaleta haya quedado sin respuesta y que no haya venido nadie del Ministerio de Justicia e Interior. Comprendo que el biministro sea un ser que viva absolutamente ocupado en otras cosas mucho más importantes que, por ejemplo, el impago de pensiones alimenticias. Pero, señorías, reconozcamos que, por debajo del Ministro, cualquier funcionario cualificado, y me consta que los hay, podía haber venido a responder a la Senadora. Y si no podía ser así, por lo menos nos deberían haber dicho en qué otro momento sería contestada la Senadora en un tema tan importante como es el impago de pensiones alimenticias.
Por tanto, ante la falta de noticias oficiales y, sin embargo, sabiendo que oficiosamente todo el Ministerio de Justicia debe estar en el sarao carcelario de la inauguración de la cárcel de Soto del Real, me gustaría --no sé cuál es el procedimiento-- que se trasladara, por lo menos en nombre del Grupo Popular, la protesta formal de este Grupo por el desprecio a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señoría, antes de seguir por el mismo camino, y dada la hora, en primer lugar, he de decir que por los servicios de la Cámara ha sido citado reglamentariamente el representante del Gobierno y no sabemos exactamente por qué razón no está aquí. Evidentemente, trasladaremos su protesta, pero a expensas de las posibles explicaciones que se den en su día.
Una vez que sepamos qué ha pasado, daré una explicación --que, insisto, pediré oficialmente-- a la Comisión. Pero creo que sería prematuro, no el presentar la protesta,
porque eso ya es un hecho, sino adelantar justificaciones, o no, porque no sabemos lo que ha pasado. Pero insisto en que no quisiera que se abriera un debate sobre esta cuestión. (El señor Barbuzano González pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, no pretendo abrir un debate, sino simplemente mostrar mi sorpresa. Creo que es la primera vez que observo esta situación desde el año 1989, año desde el que pertenezco a esta Cámara. La Senadora tiene mi solidaridad con el estado anímico en el que debe estar, el cual no califico por respeto a la Comisión.
(Risas.) No hay justificaciones, salvo las contempladas en todos los estatutos, reglamentos, etcétera, que todo el mundo conoce. Hay que cumplir con el Poder Legislativo; está muy claro. Por tanto, señor Presidente, no tengo más remedio que manifestar mi protesta.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Galán.
El señor GALAN PEREZ: Quiero sumarme a las intervenciones que sobre este asunto han realizado los portavoces. Mi grupo protesta por la incomparecencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Zubía.
El Senador ZUBIA ATXAERANDIO: Me creo obligado, señor Presidente, a unirme a este coro de insatisfacciones por la no presencia de ningún representante del Ministerio de Justicia e Interior. La verdad es que no soy la persona más indicada, en cuanto a que es la primera vez que acudo a esta Comisión de Justicia en el Senado, pero, desde luego, sí puedo decir que en mis siete años largos de experiencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados creo que no había ocurrido ninguna situación similar.
Tiene la palabra el Senador Ibarz i Casadevall.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Intervengo a los únicos efectos de que quede constancia de la unanimidad de todos los grupos. Evidentemente, el caso no tiene otra explicación que la que se dé en su día, pero, en cualquier caso, es insólita.
El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, quiero decirles que recogeré estas protestas, las trasladaré y, evidentemente, pediré explicaciones.
A nivel informativo, les comunico que el día 25 de abril, a las diez horas, la Mesa y Portavoces de la Comisión celebrará una reunión con un grupo de jueces y magistrados, que efectuarán una visita a las Cortes Generales. Quiero que lo sepan a efectos de calendario.

References: resolución 
 artículo 108
 artículo 24
 resolución 
 artículo 109
 resolución 
 resolución 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 117
 artículo 117
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 301
 artículo 108
 artículo 7
 artículo 67
 resolución 
 artículo 61
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 118