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Timestamp: 2020-07-14 00:21:12+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-00207/2070-2014 DE JUNIO 8 DE 2017
SENTENCIA 2013-00207 DE 08 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y RÉGIMEN APLICABLE A LOS DOCENTES. SE PRECISÓ QUE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTITUYE AUSENCIA DEFINITIVA DE LA PERSONA QUE ATENDÍA EL SOSTENIMIENTO DEL GRUPO FAMILIAR. TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 100 DE 1993. LA SALA ESTIMO PERTINENTE SEÑALAR QUE, SI BIEN EL RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS DOCENTES Y EL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES LOS CUALES SON REGÍMENES DIVERSOS CON REGLAS JURÍDICAS PROPIAS, POR ELLO LA JURISPRUDENCIA HA SEÑALADO LA POSIBILIDAD DE QUE A LOS BENEFICIARIOS DE UN RÉGIMEN ESPECIAL LE SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES GENERALES, EN TANTO ESTAS RESULTEN MÁS FAVORABLES A LAS PRETENSIONES. FINALMENTE SE DETERMINÓ QUE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE CON CARÁCTER VITALICIA A FAVOR DE LAS VIUDAS E HIJOS DE LOS DOCENTES QUE HUBIERAN LABORADO POR LO MENOS 18 AÑOS CONTINUOS O DISCONTINUOS EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCENTE, DOCENTE NACIONAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN MÍNIMA DE SOBREVIVIENTES, ÉTICA PROFESIONAL
Sentencia 2013-00207/2070-2014 de junio 8 de 2017
Exp. 27001-23-33-000-2013-00207-01
Nº interno: 2070-2014
Demandante: Alfredo Pacheco Mosquera
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Pensión de sobrevivientes – régimen prestacional docente – Ley 100 de 1993 – principio de favorabilidad
Considerando los cargos desarrollados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la Sala deberá determinar, si con fundamento en el principio de favorabilidad, puede reconocerse una pensión de sobrevivientes en virtud de la Ley 100 de 1993 causada por la muerte de un docente vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Como asunto asociado, y de manera previa la Sala esclarecerá si el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio está legitimado para responder por la pensión de sobrevivientes reconocida a la parte actora.
2.2. Legitimidad del Fondo de Prestaciones del Magisterio.
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 describió unos regímenes especiales de seguridad social, que quedaron exceptuado de su aplicación, entre los que se encuentran el de los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional y el de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Al respecto, el legislador mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, dispuso la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a sus afiliados, esto es, de los docentes. Así se observa en el artículo 5 ibídem:
Con relación a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la citada norma, teniendo en cuenta el proceso de nacionalización de la educación dispuesto mediante la Ley 43 de 1975(10), señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es, 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
En lo que se refiere a los recursos económicos que hacen parte del citado fondo, el artículo 8 ibídem indicó que los mismos estarían integrados, principalmente por los aportes de los docentes afiliados, en cuantía del 5% del sueldo básico mensual. Y, en cuanto al manejo de los recursos que lo integran, artículo 3 de la Ley 91 de 1989, dispuso que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta, que se encargaría de su administración.
Con posterioridad, el Presidente de la República mediante los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990(11), reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio precisando, en relación con el trámite de las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones económicas de los docentes, que las mismas debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo Fondo Educativo Regional, quien procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.
No obstante lo anterior, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República mediante la Ley 962 de 2005(12), en el artículo 56 dispuso que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien lo administre, el cual en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente. Debe señalarse que el anterior trámite fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005(13).
Así las cosas, debe decirse que las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de acto, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente(14).
Ahora bien, la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a éste último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de la prestación deprecada por el docente peticionario, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005.
Así las cosas se infiere que a la Secretaría de Educación del Chocó ente territorial al cual pertenecía la causante, se le confió la función de elaborar el proyecto de resolución relacionada con el reconocimiento de una prestación social, resolución que con posterioridad debía aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del referido Fondo de Prestaciones.
En efecto, no hay duda de que es a la Nación representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.
Así las cosas, estima la Sala que el extremo pasivo para este litigio que versa sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, fue integrado en debida forma dado que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación del Chocó, a quien le correspondía pronunciarse en relación con la petición del demandante, como en efecto lo hizo mediante el acto acusado.
Lo anterior, permite entrar al fondo del presente asunto, entrando a analizar el régimen pensional de los docentes en relación la pensión de sobrevivientes.
2.2.2. De la pensión de sobreviviente y el régimen aplicable a los docentes.
La muerte constituye una contingencia prevista en el sistema de seguridad social, en cuanto a que la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, dejaría en situación de desamparo a los integrantes del mismo.
Con la finalidad de atender dicha contingencia derivada de la muerte, el legislador ha previsto la pensión de sobrevivientes cuya finalidad, no es otra que suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el empleado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación.
“(…) La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. (…)”.
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales. En efecto, el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente, en su artículo 7 reguló lo relacionado con el reconocimiento de la pensión post mortem en los siguientes términos :
“(…) ART. 7º—En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años. (…)”.
El artículo transcrito, en cuanto a su regla temporal, esto es los 5 años por los cuales se reconocía la citada prestación pensional, se entiende derogado por la Ley 33 de 1973 en primer lugar, porque a través de ésta se transforman en vitalicias las pensiones reconocidas a favor de las viudas de los docentes y, en segundo lugar, porque su artículo 4 derogó las disposiciones que le fueran contrarias.
Para mayor ilustración se transcriben los artículos 1 y 4 de la Ley 33 de 1973:
“(…) ART. 1º—Fallecido un particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
“PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.
“ART. 4º—Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. (…)”.
Esta sección mediante providencia del 29 de enero de 2004 analizó el tránsito legislativo entre el Decreto-Ley 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, precisando que(16):
“Por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas.”
De ahí que, evidentemente el artículo 7º del Decreto-Ley 224 de 1972, está vigente, como lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil, pero sustituída su regla temporal de los 5 años allí establecida, por la condición vitalicia de la pensión, por mandato de la Ley 33 de 1973.
5. No atina la Nación cuando alega que la Ley 33 no se refirió a las pensiones post-mortem, pues basta leer su artículo 1º para convencerse de lo contrario: “Fallecido un trabajador...”.
6. Desde luego, que la Ley 33 no mencionó a las pensiones docentes, ni al artículo 7º del Decreto-Ley 224 de 1972, pero a juicio de la Sala no hacía falta que los mencionara para entenderlo modificado en lo pertinente, porque los términos en que fue expedida es omnicomprensiva, tanto de las pensiones ordinarias como de las especiales y las de los sectores público, “sea este oficial o semioficial” y privado”.
De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que las normas antes transcritas establecen el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente con carácter vitalicia a favor de las viudas e hijos de los docentes que hubieran laborado por lo menos 18 años continuos o discontinuos en planteles oficiales. Sin embargo, en criterio de la parte demandante, la situación pensional en cuanto a la prestación de sobrevivientes, debe regirse conforme a la Ley 100 de 1993, asunto que se analizará en el caso concreto.
Observa la Sala que mediante el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Alfredo Pacheco Mosquera en representación de su menor hija Lucy Doliana Pacheco Lloreda, pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente argumentando para tal efecto, como causa eficiente, la muerte de la señora Ileana Lloreda Mosquera (QEPD), quien en vida se desempeñaba como docente al servicio del Departamento de Chocó.
Sobre este particular, observa la Sala el Formato Único de Historia Laboral del27 de febrero de 2010(17), expedido por el Director Administrativo Sector Educativo de Chocó, que Ileana Lloreda Mosquera (QEPD), prestó sus servicios como Docente desde el 1º de febrero de 1994 hasta el 17 de noviembre de 2008.
Adicionalmente se encuentra acreditado, de acuerdo con el certificado de registro de defunción Nº 06531447, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que la señora Ileana Lloreda Mosquera falleció el 17 de noviembre de 2008(18).
Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante en representación de su menor hija, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, mediante oficio AT-GTH-646-13 del 19 de febrero de 2013(19) el director de talento humano de la Secretaría de Educación de Chocó, negó tal solicitud, por cuanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio había establecido que no tenía derecho a una pensión de sobrevivientes por cuanto a los docentes que se encontraban afiliados al citado fondo se regían por la Ley 91 de 1989(20).
En efecto, debe decirse que en el caso concreto la causante al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como docente igual a 18 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su hija menor, en los términos del Decreto 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como docente y hasta su muerte, trascurrieron 14 años, 9 meses y 17 días.
A pesar de lo anterior, el demandante consideró que le resulta aplicable el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por cuanto esta norma en particular estableció la pensión de sobrevivientes como un amparo a favor de las personas que dependían económicamente del afiliado al sistema que ha muerto, sin haber logrado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.
Bajo estos supuestos, se observa que los requisitos previstos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes resultan ser menos exigentes que los establecidos por el Decreto-Ley 224 de 1972, en concordancia con la Ley 33 de 1973, en tanto sólo se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte del afiliado, en contraste a los 18 años de servicios que exige el régimen especial aplicable a los docentes.
En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre de 1995, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993(21), concretamente a lo que se refería a la excepción a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, indicó que(22):
“(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la carta. (…)”.
“(…) Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, en casos similares al que se juzga en este proceso(2), a las excepciones en la aplicación de las normas generales por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse sólo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad, como ocurre en el caso que se examina, en el cual las previsiones contenidas en los artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la pensión de sobrevivientes, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas por muerte en situaciones especiales a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares en el ordenamiento que rige la materia, por lo que la definición del asunto no puede conducir a la decisión adoptada por la entidad demandada, que negó la prestación en aplicación de dicho régimen especial. (…)”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la aplicación del régimen especial previsto para los docentes en el caso concreto, Decreto-Ley 224 de 1972 y Ley 33 de 1973, da lugar a un trato desfavorable a las pretensiones de la parte demandante, la Sala estima acertada la decisión del tribunal en cuanto por vía de excepción aplicó las disposiciones previstas en el artículo 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las cuales resultan más beneficiosas a su situación particular, en cuanto logra satisfacer los requisitos exigidos por tal normativa.
Sobre este particular, vale la pena precisar que en lo que se refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente, reconocida a la parte actora, que deberá corresponder al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la causante cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; y, en cuanto a su monto se deberá seguir la regla establecida en el artículo 48(3) de la Ley 100 de 1993, esto es, el 45% del ingreso base de liquidación, más un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500 sin exceder, en todo caso, del 75% del ingreso base, tal y como lo dispuso el Tribunal de primera instancia.
Es necesario señalar con relación a la prescripción, que si bien el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, establece un término prescriptivo de tres (3) años para reclamar un derecho laboral, y que el agotamiento de la vía gubernativa lo suspende por un lapso igual y por una sola vez , que para el caso ocurrió el 21 de enero de 2013; al tratarse de derechos de un menor de edad beneficiario de una pensión de sobrevivientes, la prescripción extintiva solo es exigible cuando éste adquiere la mayoría de edad, tal como ha sido pacíficamente aceptado por la jurisprudencia constitucional(24) y de ésta Corporación(25), atendiendo los contenidos de los artículos 2530(26) y 2541(27) del Código Civil.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará la sentencia del a-quo, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
Sin embargo, en aras de brindar una tutela judicial efectiva, y clarificar el restablecimiento del derecho, deberá la Sala adicionar este aparte de la providencia, entendiendo que el derecho a la pensión de sobrevivientes para los hijos de causante, conforme al artículo 47(28) de la Ley 100 de 1993 es hasta los 25 años, siempre y cuando demuestren la escolaridad; siendo ésta la situación de la menor Lucy Doriana Pacheco Lloreda(29), quien en este juicio estuvo representada por su padre.
En cuanto a las costas(30), la Sala debe reiterar lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda(31) de esta corporación, en la medida que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho de réplica. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.
1. CONFIRMAR la Sentencia de 18 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Alfredo Pacheco Mosquera en representación de su menor hija Lucy Doliana Pacheco Lloreda, encaminadas al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes para ésta última, con excepción de los numerales CUARTO, que se revoca, y SEGUNDO, que se modifica y quedará así:
“2. CONDÉNESE al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a la menor Lucy Doriana Pacheco Lloreda, a causa de la muerte de la docente Ileana LLoreda Mosquera, a partir del 18 de noviembre de 2008 y hasta el 31 de mayo de 2026, siempre y cuando la beneficiaria demuestre la calidad de estudiante conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y disposiciones reglamentarias”.
(10) “(…) por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
(11) “(…) ART. 5º—Recepción de Solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
“ART. 6º—Estudio de Solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.
“ART. 7º—Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
(12) “(…) ART. 56.—Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el fondo, el cual debe ser elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del secretario de educación de la entidad territorial. (…)”.
(13) “(…) ART. 2º—Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
(14) En este mismo sentido puede verse la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Rad. 1887-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(15) Así puede verse en su mismo epígrafe en el cual se señala: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
(16) Consejo de Estado, Subsección A, Sentencia de septiembre 7 de 2000, exp. 1108-99, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(17) Folios 18 a 20.
(18) Visible a folio 13.
(19) Visible a folios 11 y 12.
(20) “(…) Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…)”.
(22) Corte Constitucional, C-461 de 12 de octubre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(23) Consejo de Estado, Sentencia de 27 de agosto de 2009, rad. 130012331000200000421 01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(24) Sentencia C-466-14, M.P. María Victoria Calle.
(25) Sentencia del 29 de abril de 2010, Sección Segunda, subsección A del Consejo de Estado, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, exp. 1259-09.
(26) “ART. 2530.—<Suspensión de la prescripción ordinaria>. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> (…).
La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría”.
(27) ART. 2541.—<Suspensión de la prescripción extintiva>. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1o. del artículo 2530.
(28) “ART. 47.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hastalos25años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes (…);
(29) Ver registro civil de nacimiento, folio 15. Fecha de nacimiento 31 de mayo de 2001.
(30) Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (CGP, arts. 361 y ss.).
(31) Sentencia del 19 de enero de 2015, Nº interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Nº interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

References: ARTÍCULO 46
 artículo 279
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 3
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 279
 artículo 279
 artículo 13
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 21
 artículo 48
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 188
 artículo 365
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2530