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Timestamp: 2020-01-28 06:41:46+00:00

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BIO SIDUS SA c/ DGA, s/recurso de apelación (Por: T.F.N. Sala E) N° de Expediente: 20935-A
En Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2005, reunidas las Señoras Vocales miembros de la Sala “E”, Dras. Catalina García Vizcaíno y D. Paula Winkler, con la presidencia de la Vocal nombrada en primer término, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “BIO SIDUS SA c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”; expte. Nº 20935-A.
I) Que a fs. 14/20 vta. Bio Sidus SA por apoderado, interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 1331/05; 1276/05 y 1131/05, dictadas por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en los expedientes Nros. AA 73 937/03, 12043-110-2005 y 12043-109-2005, respectivamente, del registro de la Aduana de Ezeiza, por la que se rechazan las impugnaciones presentadas y se intima a abonar los derechos de exportación correspondientes a los permisos de embarques involucrados por la suma de $ 29.944,29. Sostiene que los permisos de embarque amparan la exportación de productos medicinales a integrantes plenos del Mercosur. Manifiesta que el SIM, en cumplimiento de las normas vigentes, liquidó en los documentos aduaneros los derechos de exportación conforme a la alícuota vigente del 5% sobre el valor FOB declarado. Señala que, conforme a los lineamientos de la ley 25561, fueron establecidos algunos derechos de exportación y posteriormente se dictó la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía que fijó diversas alícuotas, según el tipo de mercadería, para todo el universo arancelario vigente en la República Argentina sobre derechos de exportación. Manifiesta que la aduana argumentó que estas medidas fueron tomadas conforme a las facultades previstas en el CA, que establece la existencia del derecho de exportación como tributo aduanero, y delega a su vez al PEN la potestad para fijar las alícuotas correspondientes. Afirma que el Tratado de Asunción establece en el art. 1 que el Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países que lo integran, lo que significó la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida de efecto equivalente. Destaca que la no inclusión de reserva alguna sobre el particular, habiendo realizado para ciertos productos, implica que en el contexto vigente del Acuerdo de Asunción, no pueden ser establecidos derechos de exportación, como de importación para las operaciones de comercio exterior entre los países integrantes del Mercosur. Advierte que la implementación de derechos de exportación, respecto de mercadería de origen del Mercosur, es violatoria del Tratado de Asunción ya que no existe reserva, ni programa de convergencia alguno, se trata de una medida unilateral adoptada por la República Argentina, y no puede considerarse a este tributo como interno ya que el derecho de exportación es un arancel aduanero y, por ende, comprendido en los términos del Tratado de Asunción. Plantea que la aplicación de derecho de exportación para operaciones a realizarse en el Mercocur es violatoria del Tratado, máxime que dicha consecuencia no deriva de otro tratado, si no de una norma interna de menor jerarquía (Resolución Ministerial). Considera que no puede aducirse que la medida fue dictada en un contexto de emergencia económica, ya que ésta es admisible en la medida que los derechos afectados de alguna manera puedan tener una contraprestación, que en el caso bajo examen no aconteció. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Reserva el caso federal y solicita que se revoquen las resoluciones apeladas con costas
II) Que a fs. 27/29 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una somera reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por la actora. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por ésta que no fuesen de su especial reconocimiento. Afirma que el informe producido por la División Verificación indica que para las operaciones de exportación, como las de la especie, se debe abonar el derecho que se ha fijado como norma general, sea cual fuere el destino de la operación, dejándose constancia que no es de aplicación la excepción a la Res. 11/02 (ME) ni al instructivo Nº 19/2002. Señala que la liquidación de los derechos de exportación son consecuencia de la aplicación de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 11/2002, que estableció derechos de exportación para consumo de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, específicamente el art. 2 de la citada normativa, que fija un 5% de derechos para la mercadería documentada bajo los PE en consideración. Arguye que dicha resolución se funda en la ley Nº 25561 que declaró el estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Destaca que es obligación del servicio aduanero aplicar y cumplir con normativas expresas, impuestas por las autoridades competentes como directivas obligatorias de ejecución. Ofrece prueba. Solicita que se confirme el decisorio aduanero recurrido, con costas.
III) Que a fs. 30 se declara la causa de puro derecho.
IV) Que a fs. 1/5 del expte. AA73-937/03 obra la impugnación presentada por la actora por el PE N° 03 073 EC01 001941-H, que corre glosado dentro de la carpeta obrante a fs. 20. A fs. 9/14 luce la “consulta declaración detallada”. A fs. 16 se hace saber que correspondería encuadrar la impugnación en el inc. a) del art. 1053 del CA, toda vez que se trata de liquidación de tributos de forma originaria, se considera que correspondería la constitución de una garantía. A fs. 17 se reliquidan los derechos de exportación. A fs. 33/34 se dicta la Resolución N° 1331/2005 (DEPLA DVI)
Que a fs. 1/5 del expte. AA 73- 11097/02 obra la impugnación presentada por la actora por el P.E. N° 02 073 EC01 042842 L, que corre glosado dentro de la carpeta obrante a fs. 18. A fs. 9/10 luce la “consulta síntesis de declaración”. A fs. 14 se hace saber que correspondería encuadrar la impugnación en el inc. a) del art. 1053 CA, toda vez que se trata de liquidación de tributos en forma originaria, se considera que correspondería la constitución de una garantía. A fs. 15 se reliquidan los derechos de exportación. A fs. 34/35 se dicta la Resolución N° 1131/2005 (DEPLA DVI)
Que a fs. 1/5 del expte. AA 73 394/03 obra la impugnación presentada por la actora por el PE N° 03 073 EC01 000134 A, que corre glosado dentro de la carpeta obrante a fs. 16. A fs. 9/10 luce la “consulta declaración detallada”. A fs. 12 se hace saber que correspondería encuadrar la impugnación en el inc. a) del art. 1053 CA, toda vez que se trata de liquidación de tributos de forma originaria, se considera que correspondería la constitución de una garantía. A fs. 13 se reliquidan los derechos de exportación. A fs. 31/32 se dicta la Resolución N° 1276/2005 (DEPLA DVI)
V) Que, en primer lugar, corresponde declarar de oficio la incompetencia por la Resolución N° 1331/05, atento a que el importe reclamado ha sido de $ 1.259,99, con más sus intereses, siendo que la sumatoria no excede de $ 2.500.
Que, en efecto, el art. 19, punto 1, de la ley 25.239, publicada en el Boletín Oficial el 31/12/99, ha sustituido el monto mínimo apelable de los incisos a), b) y c) del apartado 1 del art. 1025 del CA., elevándolo a más de $ 2.500.
Que la ley 25.239 comenzó a regir para lo establecido en el Título XVI (art. 26 inc. k), a partir del 1º de enero del año 2.000, razón por la cual, a la fecha de interposición del recurso (27/5/2005 -ver cargo obrante a fs. 20 vta.-), la misma se encontraba vigente.
Que de lo relatado en el punto IV surge que, pese a la similitud de las cuestiones tratadas por las resoluciones recurridas, cada una de ellas recayó en un procedimiento independiente, en el que se impugnó en forma autónoma.
Que –a mi juicio- no obsta a la incompetencia de este Tribunal, por razón del monto, la posibilidad de que la actora, conforme al art. 19 in fine del RP del TFN, pueda recurrir de diversas resoluciones administrativas emanadas del mismo organismo recaudador en un solo escrito, lo cual importa deducir conjuntamente todas las acciones que tenga contra el ente recurrido, ya que si bien con esta actuación requiere la composición integral de las distintas litis que conforman la acumulación objetiva, esto no quita que se trate de pluralidad de acciones, cuyo monto controvertido en forma independiente debe establecerse a los efectos de la competencia del Tribunal por razón del monto.
Que, empero, por aplicación de los arts. 1017 y 1174 del CA, a fin de salvaguardar debidamente los derechos de la actora, debe reencuadrarse el recurso deducido en cuanto a la Resolución N° 1331/05 en recurso jerárquico “menor” de los arts. 89, 90 y 93 del DR de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (como etapa previa a la eventual instancia judicial). Este reencuadre se efectúa en virtud de que lo dispuesto por la citada Resolución impide totalmente la sustanciación del reclamo del apelante. Si bien el recurso fue interpuesto dentro del plazo de 10 días previsto en el art. 84 del DR de la LPA, no reencuadro en el recurso de reconsideración de esta norma (que conlleva implícitamente, en subsidio, el recurso jerárquico), en virtud de la cuestión constitucional planteada, que podría tornarlo en inoficioso.
Que, por lo tanto, propicio que el expediente en el que recayó la Resolución N° 1331/05, por la que se decreta la incompetencia, sea elevado al Director General de Aduanas para que le imprima el trámite correspondiente.
Que una solución contraria al referido reencuadre podría impedir la posibilidad de revisión judicial, ya que según los arts. 1139 y 1183 del CA las resoluciones definitivas que recaen en el procedimiento de impugnación, al quedar firmes, pasan en autoridad de cosa juzgada y por el art. 1132 ap. 2 del CA la única posibilidad recursiva prevista consiste en el recurso de apelación ante este Tribunal.
Que la Corte Suprema ha sostenido que las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (doctr. de Fallos, 296:372; 297:142; 300:1080) y que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra (Fallos, 299:167 y 304:1820). Pero a ello cabe agregar que la hermenéutica de la ley no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse también lo que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución nacional (Fallos, 304:937).
Que conviene recordar que, a partir del precedente de “Fernández Arias, Elena” (Fallos, 247:646), la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido conteste en admitir la validez constitucional de órganos jurisdiccionales administrativos estables, esto es, creados fuera del marco del Poder Judicial, siempre que la actividad de esos órganos -entre otras condiciones- esté sometida a limitaciones que no es lícito transgredir, especialmente la que obliga a que sus pronunciamientos queden sujetos a control judicial posterior suficiente (doctrina de Fallos, 247:646; 253:485; 278:287 y muchos otros; en sentido análogo, Cám. Nac. Cont.-Adm. Fed. Cap., Sala 1, “De la Fuente, Gabriel”, del 28/12/79; Sala 4, “Fox Film de la Argentina S.A.”, del 26/12/80). En Fallos, 205:17 y 245:351, la Corte aclaró que control judicial suficiente significa: a) reconocimiento a los litigantes del derecho de interponer recursos ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales acerca de los hechos y el derecho controvertidos, salvo en los supuestos en que habiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa privándose voluntariamente de la judicial.
Que con arreglo a estos principios jurisprudenciales debe reconocerse la posibilidad de ocurrir a la vía judicial a quien sea afectado por el dictado de una resolución definitiva que recaiga en impugnaciones ante la aduana, o por el retardo en dictarla, siendo el monto controvertido igual o inferior a $ 2500..
Que la interpretación que postulo –a mi juicio- parece conciliarse con el principio de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales (vgr., art. 8 ap. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 ap. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que tienen jerarquía constitucional a tenor del art. 75 inc. 22 de la CN.
Que, por último, el reencuadre que propongo se basa en la aplicación del principio del informalismo a favor del administrado -conf. arts. 1º inc e), 7, y 5º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ordenamiento éste de aplicación supletoria en la materia a tenor del decreto 722/96, y del art. 1017 del CA-; no cobra relevancia en este aspecto que la apelante no lo hubiera solicitado expresamente, por tratarse de disposiciones que hacen a los derechos de los litigantes de obtener una resolución fundada a sus peticiones.
Que, a mayor abundamiento, señalo que (como lo noté en Derecho Tributario, t. II, p. 148, Depalma, Buenos Aires, 1997, 1ª edición, así como en la p. 183 de la 2ª edición de 2000), con distintos fundamentos, diferentes salas de la Cám. Nac. Cont.-Adm. Fed. Cap. confirmaron la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de remitir las actuaciones a la DGI ante una declaración de incompetencia de aquél (Sala 1, “Laboratorio Charly Color S.A.”, del 1/9/92; Sala 2, “Grandes Pinturerías del Centro S.A.”, del 6/4/93; Sala 3, “Ríos, Juan Carlos”, del 6/4/93; Sala 4, “Polischer, Abraham”, del 23/6/82, y “Giocattoli S.A.”, del 23/12/92). Para ello, la Sala 2 invocó lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación respecto del art. 1, inc. c), de la LPA, por el cual no es menester calificar jurídicamente las peticiones, y que los recursos han de ser interpretados no según la letra de los escritos, sino conforme a la intención del recurrente, como modo de no frustrar los remedios procesales que la ley les otorga a los administrados – “Dictámenes”, t. 39, p. 115; t. 66, p. 225; t. 70, p. 210; t. 73, p. 86; t. 68, p. 210, entre otros- (PET, 14/5/93, p. 5).
VI) Que las Resoluciones 1131/05 y 1276/05 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros rechazaron las impugnaciones formuladas por derechos de exportación por los PE 02 073 EC01 042842 L y 03 073EC01 000134 A.
Que no se halla controvertido que las exportaciones fueron realizadas a países miembros del MERCOSUR (específicamente a Brasil), y que por ellas fue liquidado y garantizado el 5% en concepto de derechos de exportación (ver reconocimiento de fs. 14 vta.).
VII) Que la presente causa es sustancialmente análoga a la votada por la suscripta con fecha 28/11/03 en el expte. N° 18.095-A, caratulado “Sancor Cooperativas Unidas Ltda.”, donde efectué las consideraciones que expreso en este voto.
Que el art. 1° del Tratado de Asunción –aprobado por ley 23.981- dispuso que. “Este Mercado Común [el MERCOSUR] implica:
Que el art. 1° de la ley 25.561 (BO, 7/1/02) vigente en la fecha de ese pronunciamiento, declaró, “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:
Que las referidas facultades del Poder Ejecutivo son delegables en el Ministerio de Economía e Infraestructura conforme a las disposiciones que se citan en el Considerando de la citada Resolución N° 11/02 y, específicamente, por el decreto N° 2752/91.
Que, además, corresponde destacar que el art. 3° de la ley 24.148 (BO, 24/8/99) y el art. 3º de la ley 25.645 (BO, 9/9/02) expresamente aprobaron “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Que, con posterioridad, el art. 3° de la ley 25.918 (BO, 24/8/04) aprueba “la totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Que, en consecuencia, las atribuciones o delegaciones del art. 755 del C.A. aun subsisten en la actualidad.
1º) Declarar de oficio la incompetencia por razón del monto para entender del recurso de apelación articulado contra la Resolución DEPLA DVI 1331/05 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, y reencuadrar el recurso deducido por esta Resolución en el recurso jerárquico “menor” de los arts. 89, 90 y 93 del DR de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, a cuyo efecto por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, póngase en conocimiento del Director General de Aduanas este pronunciamiento, agregándose copia del escrito de apelación de fs. 14/20 vta. y de la documentación agregada con el recurso, así como remítase el expediente N° AA 73-037-2003. Sin costas a la actora, en razón de que la incompetencia se declara de oficio.
2°) Confirmar las Resoluciones DEPLA DVI 1131/05 y 1276/05 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Sin costas a la recurrente, atento a las dificultades de la cuestión planteada por las cuales pudo verosímilmente considerarse con derecho a litigar.
I.- Que con relación a la incompetencia por el monto, que la Sra. Vocal Preopinante propone se declare de oficio, adhiero en lo sustancial.
II.- Que, en cuanto al fondo, no se encuentra controvertido que la exportación de la especie fuera realizada a países del MERCOSUR y que por ellas fue liquidado y garantizado el 5% de derechos.
Que la causa que ahora se analiza es análoga a otra, de igual carátula, expdte. TFN N° 18.095-A, sentencia del 28.11.03 en la que la suscrita, entre otros argumentos, dijo que la norma internacional que se invoca es el Tratado de Asunción, el que en el marco de los decretos (locales) 2275/94 y 998/95, no contiene ninguna norma concreta – no programática – referida a los derechos de exportación de la mercadería bajo examen, pues solamente si hubiera fijado expresamente tales derechos, como lo hizo en el art. 7° el primero de los decretos citados, habría nuestro país contraído una obligación, pasible de ser respetada en el ámbito local.
Que también sentencié que “(…) en otro orden, el art. 755 del C.A. delega en el PE la facultad para gravar las exportaciones para consumo con derechos de exportación, facultad que a su vez se delegó en el Ministerio de Economía (v. dec. 2752/91) y que, a los efectos de lo establecido en el art. 76 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, se encuentra –a mi juicio- contemplada y prevista en el art. 3° de la ley 25.645 (…) por lo que (…) no parece que los derechos de exportación fijados por la Resolución n° 11/02 merezcan un reproche, que por otra parte no ha sido específicamente introducido a la causa por la actora (nótese que la mencionada resolución, que entró a regir el 5.3.02 (v. su art. 8°), estaba convalidada por el art. 3° de la citada ley 25.645 (B.O. del 9.9.02), en tanto se dispuso aprobar la “totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Que, por lo demás, la cuestión fue exhaustivamente analizada por la Dra. García Vizcaíno en su voto.
III.- Por lo expuesto y demás consideraciones del voto precedente, considero debe confirmarse la disposición venida en apelación, en lo que fue materia de recurso, sin costas atento la dificultad de la cuestión planteada por la que la actora pudo considerarse con derecho verosímil a interponer el recurso, sin perjuicio de la declaración de oficio de incompetencia en razón del monto, con el reencuadre en el recurso jerárquico “menor” que propicia la Sra. Vocal preopinante con respecto a la apelación del acto dictado en el expdte. AA 73-037-2003, respecto de lo cual también considero no deben imponerse costas porque la declaración se hace de oficio. ASÍ LO VOTO.

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 artículo 76
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