Source: http://gomezporchini.blogspot.com/2015/02/inconstitucionalidad-de-la-reforma-del.html
Timestamp: 2017-11-17 21:03:24+00:00

Document:
VALE LA PENA: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Fernando Mancilla Ovando
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Fernando Mancilla Ovando
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
El anhelo que antepongo a este trabajo, es que los Abogados laboralistas que defienden trabajadores, tengan referentes argumentativos para poder combatir en amparo directo la negativa de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a declarar la inconstitucionalidad de las reformas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo que limita el pago de los salarios vencidos, desaplicarlo e incorporar la redacción anterior en el fallo; en el mismo sentido, para que pueda operar en su caso, el recurso de revisión constitucional, ante la negativa que cualquier Tribunal Colegiado estableciera en relación a la limitación de los salarios vencidos.
Aún cuando pudiera considerarse egoísta la intención, lo cierto es que aquellos Abogados que no tienen la experiencia suficiente, puedan hacer la redacción de su amparo o recurso de revisión, tomando en cuenta lo que aquí se expone y evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice los planteamientos que se le expongan, desde una perspectiva muy superficial, ante las deficiencias del planteamiento.
Desde esta postura, hago el señalamiento de que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que estuvo vigente desde el mes de mayo de 1970, en su redacción establecía:
Este dispositivo, sin entrar al comentario de la motivación que tuvo el legislativo para su modificación, fue variado radicalmente, en el nuevo texto del artículo que se comenta, agregándosele mayor volumen a su redacción; empero lo que en el caso importa, son los párrafos segundo y tercero, que son los que modifican el contenido de lo que se establecía en el segundo párrafo del numeral objeto de estudio, en los que se estableció:
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
Esta variación establece una limitante a los salarios vencidos implantados en el artículo 48 de la codificación laboral y la hace extensiva a otro tipo de procedimientos, donde operan la prestación, entre ellas las indemnizaciones del artículo 50 del cuerpo de leyes invocado, que se aplica en los casos de la eximisión.
La reforma aún cuando establece el pago de intereses, al rebasarse el periodo de un año y no haya concluido el procedimiento o cumplido el laudo, contradice lo dispuesto en los principios de progresividad o no retroceso y el de igualdad, previstos en el artículo 1° de la Constitución General de la República y los Convenios Internacionales que recogen en su redacción la primera de las máximas.
El estudio consecuente, se circunscribe a demostrar que el legislador en la metamorfosis que hizo al contenido del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, pasa por alto los principios constitucionales de progresividad e igualdad y los convenios internacionales, lo que trae como consecuencia que tales modificaciones sean contrarias al bloque de la constitucionalidad y esencialmente al principio de progresividad, por representar un retroceso los términos actuales del texto del artículo a estudio, que forma parte de un cuerpo de leyes que establece las condiciones de trabajo mínimas de la clase obrera, que debe conceptuarse como un derecho humano como con amplitud se expondrá en el capítulo correspondiente.
Asumiendo tal postura, se parte en el análisis que se realiza, el definir lo que debe entenderse en relación al principio de progresividad; la formulación de un perfil histórico de la evolución que desde la Ley de Trabajo de 1931 ha tenido la figura de los salarios vencidos; la conceptualización de la normatividad laboral como un derecho humano en razón a su contenido; y, por último, establecer las razones por las cuales se considera inconstitucional el nuevo texto del artículo 48 del ordenamiento laboral, contando para ello con la redacción de la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que como criterio aislado es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro IX, agosto de 2014, tomo III, página 1953, que aborda el tema en una postura contraria a la que se sostiene y cuyos argumentos serán diseccionados, para concluir que tal punto de vista constituye un desatino.
Se sostiene como premisa mayor, que el principio de progresividad contemplado en el artículo 1° del a Constitución General de la República y en los tratados internacionales, impide a los órganos de poder actuar en retroceso a las disposiciones existentes, relativas a los derechos humanos, que contengan algún beneficio a los gobernados. Por ello, tanto el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tienen la obligación de acatarlo por no existir una disposición superior que lo contradiga.
El Congreso de la Unión, en las reformas que realizó a la Ley Federal del Trabajo el 30 de Noviembre de 2012, incurrió al modificar el texto del artículo 48 de tal ordenamiento, en una infracción obvia del principio de progresividad, el cual es un concepto que debe describirse.
La redacción del artículo 1° de la Constitución General de la República, a partir del año 2011 sufrió una transformación, en la que incorporó el principio de progresividad, como se advierte de la transcripción del tercer párrafo, en donde se lee:
El principio de progresividad no es nuevo dentro del ámbito constitucional, pues el mismo se encontraba ínsito en la redacción del artículo 1° de la Constitución General de la República, con anterioridad a las modificaciones que se le realizaron en el año 2011, sin que se pueda dejar de lado que en el texto del primer párrafo de la norma que se menciona, se establecía:
1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece.
Al ordenarse que las garantías individuales no pudieran restringirse, implícitamente se encontraba la orden en todos los órganos de poder, de no actuar en retroceso de aquellos principios básicos que operaban en beneficio de los gobernados. De ahí, que de tal redacción se encontraba en germen el actual principio de progresividad.
No se puede soslayar en el tema a estudio, el tratado internacional contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, por haberse originado en el período del 7 al 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José, Capital de Costa Rica, en el cual se estableció el Principio de Progresividad en el artículo 26, cuyo contenido es del tenor siguiente:
A los parámetros establecidos en la disposición constitucional y en el Pacto de San José, en relación al principio de progresividad que nos ocupa, puede extraerse adicionalmente, una interpretación de lo que debe entenderse al aplicarse analógicamente el contenido del artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 3 de enero de 1976, el cual establece:
Usando los anteriores textos como referencia, encontramos como barreras al principio de progresividad, que: 1) no admite interpretación alguna que disminuya o limite la efectividad de los derechos humanos. Asimismo, 2) no admite menoscabo a través de la implementación de legislación, costumbre o alguna otra fuente del derecho, que tendría como efecto una mutación jurídica, es decir, un cambio informal. A lo anterior se agrega también el caso de la 3) reforma de la norma en la que se encuentre contenido el derecho, es decir, la disminución por medio del cambio formal.
Los parámetros desarrollados en el párrafo que antecede, son susceptibles de ser aplicados como limites competenciales de los órganos encargados de aplicar las normas pertinentes, es decir, todo órgano que tenga la capacidad de interpretar, reformar o mutar derechos humanos, tiene la obligación de no incurrir en su detrimento en el ejercicio de dicha actividad; de lo contrario, dichos actos estarán dotados del vicio de inconstitucionalidad.
De lo expuesto se advierte la operatividad en nuestro ámbito jurídico, del principio de progresividad, el cual en síntesis puede conceptuarse como el avance, mejora o adelanto; por lo que puede entenderse, que el retroceso, empobrecimiento o la precarización de los derechos, no se encuentran ínsitos y son contrarios a la mencionada facultad.
A contrario sensu, se llega a la conclusión que el principio de progresividad, significa el no retroceso de los Derechos Humanos existentes como beneficios a favor de los gobernados, en las diversas disposiciones legales que rigen como marco jurídico en la Nación Mexicana.
Supongo, que mentes brillantes pueden formular una conceptualización en mejores términos, que la que formulo sobre el principio de progresividad, sin embargo, para el objeto de nuestro estudio, lo hasta aquí expuesto guarda suficiencia.
III.- Perfil histórico y evolución de los salarios vencidos.
En el artículo 123 apartado A, fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no prevé a favor de la clase trabajadora, el derecho a percibir salarios vencidos, para aquellos trabajadores que sean sujetos a un despido injustificado y que por ello puedan optar por las acciones de reinstalación o indemnización. Tampoco lo prohíbe o limita.
Si bien no existe el respaldo constitucional específico, como respaldo de los salarios vencidos, no puede perderse de vista, que estos obedecen más que a un referente dentro del artículo 123 Constitucional, a que la separación injustificada que los origina, es un acto ilícito que engendra responsabilidad y trae aparejado en consecuencia la obligación de reparar los daños y perjuicios que ocasiona, por parte de quien lo comete.
En base a este principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó como enseñanza por conducto de su cuarta sala, que los salarios vencidos constituyen daños y perjuicios ante la actitud culposa que se establece en el actuar del patrón.
Sobre el particular véase la tesis de la cuarta sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación volumen CXXVI, quinta parte, página 81, de donde se advierte el principio general de derecho que considera el más alto Tribunal de la Nación para señalar la naturaleza de los salarios vencidos, al decir:
CLAUSULA DE EXCLUSIÓN, CONSECUENCIAS DE LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA.-Cuando un sindicato no se ajusta a la ley al pedir la aplicación de la cláusula de exclusión, ya sea porque no existió renuncia del trabajo o porque no se observaron los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley, se produce un acto ilícito que engendra responsabilidad, conforme al principio, universalmente admitido, de que el que obrando ilícitamente causa daño a otro, está obligado a repararlo; y una de las consecuencias de la inobservancia de los requisitos legales en la aplicación de la cláusula de exclusión, es la de reintegrar al trabajador en sus derechos sindicales, y la de pagar los daños y perjuicios, de acuerdo con el principio de derecho invocado, daños y perjuicios que equivalen a los salarios que debió percibir el trabajador.
Amparo directo 6442/63. Sindicato Industrial "21 de Marzo" de Trabajadores Textiles y Similares CROC y coagraviados. 8 de mayo de 1967. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Con mayor precisión, sobre el mismo tópico, véase la tesis de la cuarta sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LI, quinta parte, página 47, en la que se aprecia:
SALARIOS CAÍDOS.- El pago de salarios caídos se ha considerado equivalente a los daños y perjuicios que resiente el trabajador por la rescisión de su contrato, de que es objeto, y de los cuales debe ser resarcido por el patrón.
Amparo directo 4508/61. Caminos y Puentes Federales de Ingresos. 27 de septiembre de 1961. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Angel Carvajal.
Sobre el tema de los daños y perjuicios que son el fundamento al pago de los salarios vencidos, la entonces cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia por reiteración, en la que hace la precisión correspondiente sobre el punto objeto de análisis. Véase:
Registro: 815972
Informe 1981, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 118, página 88.
Apendice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 343, página 228.
PREFERENCIA, DERECHO DE. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION RESPECTIVA.- El artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores que se consideran postergados en sus derechos de preferencia derivados de los artículos 154 y 156 del mismo ordenamiento, dos acciones ejercitables a elección del trabajador afectado, la del otorgamiento del puesto reclamado o la de indemnización consistente en el importe de tres meses de los salarios que correspondan al puesto. En cualquiera de los dos casos, la procedencia de la acción intentada, cualquiera que ella sea, da derecho, además, al pago, por concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la postergación hasta la del cumplimiento del laudo condenatorio. Estas acciones guardan una estrecha analogía con las consignadas en la fracción XXII del Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución y en la reglamentación de dicho precepto constitucional, desarrollada en el artículo 48 de la ley reglamentaria. Ahora bien, las acciones motivadas por el despido del trabajador a que estas últimas disposiciones se refieren, sea la de indemnización o la de cumplimiento del contrato o relación de trabajo, tienen señalado, para su ejercicio, un término de prescripción de dos meses, según lo dispone el artículo 518 del ordenamiento laboral. En estas condiciones cabe concluir que el término a que debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157, es igualmente de dos meses, porque si bien es cierto que las acciones de preferencia que se estudian no están señaladas expresamente en el invocado artículo 518 y que, por ello, se pudieran encontrar sujetas a la norma general consignada en el artículo 516, que es de un año, también lo es que las mencionadas acciones de preferencia, según se ha indicado antes, guardan una estrecha analogía con las acciones ejercitables en el caso de despido del trabajador; ambas tienen la misma naturaleza jurídica y tienden a la protección del obrero en cuanto a la estabilidad en el empleo y la conservación de los derechos derivados del mismo y, en tal virtud, si existe la misma "ratio legis" en ambas acciones, les debe ser aplicada también la misma disposición reguladora, esto es, que el término de prescripción debe ser el de dos meses contenido en el artículo 518 ya indicado. La conclusión a que se llega deriva de que el legislador considera que las acciones consignadas en la fracción XXII del Apartado "A" del artículo 123 constitucional, tienen por objeto la reclamación del puesto del que el trabajador ha sido despedido, para que pueda seguir percibiendo el salario que constituye el medio de subsistencia de la familia obrera o bien para que el trabajador obtenga la indemnización correspondiente y esté en aptitud de prestar sus servicios a otro patrón o ejercer la actividad que estime conveniente. En ambos casos, el legislador laboral estimó, con la disposición del artículo 518, que la reclamación debe hacerse dentro de un término de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha en que ocurra la separación del trabajador, y si no lo hace dentro del término indicado, considera que el propio trabajador afectado con el despido o separación carece del interés jurídico para hacer la reclamación. Las mismas consideraciones son valederas no solamente por analogía sino aun por mayoría de razón, en el caso de las acciones consignadas en el artículo 157, ya que el trabajador que se encuentra comprendido en las hipótesis a que se refieren los artículos 154 y 156, esto es, que se considera con derecho a ocupar la vacante o puesto de nueva creación en la empresa, tiene las mismas necesidades vitales del trabajador que ha sido despedido. Por otra parte, es de agregarse que la situación jurídica que se produce en la empresa o establecimiento con motivo de presentarse la vacante o crearse un puesto nuevo, debe resolverse de inmediato debiendo quedar protegida dicha situación con firmeza y seguridad jurídica en beneficio de todos los factores de la producción, esto es del patrón, del sindicato que esté facultado con exclusividad para hacer proposiciones, del trabajador que ya ocupa el puesto reclamado, y del aspirante que promueve el juicio. Los razonamientos invocados coinciden sustancialmente con los que fueron esgrimidos por esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la determinación del criterio que se encuentra en la jurisprudencia que con el número 183 aparece visible en la página 178 del tomo correspondiente a esta Cuarta Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Conforme al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es obligación a cargo del patrón prorrogar el contrato de trabajo por todo el tiempo que subsistan las causas que le dieron origen, de tal manera que si no cumple con esta obligación su actitud debe equipararse a la de un despido, porque con esta actuación se impide que el trabajador continúe desarrollando normalmente sus labores. El término de prescripción para el ejercicio de la acción correspondiente, es de dos meses, conforme a lo establecido en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y no de un año como lo establece el artículo 516 de la misma ley". Las anteriores argumentaciones llevan a la conclusión que debe quedar sin efecto, por interrupción, la tesis jurisprudencial 170 visible en la página 165 del tomo correspondiente a esta Cuarta Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975. Por lo expuesto, esta Sala considera que el término a que debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo es de dos meses, por guardar una estrecha analogía con las acciones ejercitables en el caso del despido del trabajador.
Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 1635/76. Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros y otro. 27 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Andrés Cruz Martínez.
Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 3303/76. Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otro. 27 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Eduardo Aguilar Cota.
Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 4320/75. Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros y otros. 27 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Guillermo Ariza Bracamontes.
Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 6468/76. Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otro. 27 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Andrés Cruz Martínez.
Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 5057/75. Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 28 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente:María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Miguel Bonilla Solís.
Por ello, queda evidenciado que los salarios vencidos son básicamente el perjuicio que se le ocasiona al trabajador, con la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido en el cumplimiento de la obligación.
Se extrae que la condena a los salarios vencidos, son consecuencia de un acto ilícito, de característica culposa, cometido por el patrón al separar injustificadamente a sus trabajadores, que generan daños y perjuicios, por lo que está obligado a repararlos y se entiende que tal es su naturaleza.
Definida la naturaleza de los salarios vencidos, encontramos su antecedente más remoto en el artículo 122 de la Ley del Trabajo de 1931, cuyo texto original se anota en los términos siguientes:
Artículo 122.- El patrón que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas a que se refiere el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad.
Si posteriormente no se comprueba la causa del despido, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha en que presente su reclamación, hasta que termine el plazo que esta ley señala a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, para que pronuncie resolución definitiva, sin perjuicio de las demás acciones que le competen por haber sido despedido sin causa justificada.
En caso de que el laudo no hubiere sido dictado dentro del plazo legal y hubiere necesidad de plazos adicionales de acuerdo con lo que dispone el artículo 542, el trabajador tendrá derecho a los salarios correspondientes a los días adicionales a que se refiere el mencionado artículo.
Esta inicial referencia a los salarios vencidos, advierte que los mismos se generan por la actitud ilícita del patrón cuando despide a un trabajador sin causa legal alguna.
Esta disposición, interpretada en su momento, no dejaba lugar a dudas que los salarios vencidos se ceñían al término de duración técnica del proceso laboral, esto es, del momento de la presentación de la demanda a la emisión del laudo, contabilizando los términos que la ley del trabajo señalaba para emitir el acuerdo inicial, fecha para audiencia, emplazamiento, el lapso de desahogo de pruebas y el laudo, lo que podría adicionarse con ocho días máxime como ampliación al término de la emisión del fallo. En síntesis, los salarios vencidos podrían ajustarse a lo sumo al periodo de dos meses, lo que significa que para la ley de la época los daños y perjuicios estaban limitados a una temporalidad específica.
Lamento no poder señalar con precisión la fecha en que el artículo 122 de la Ley de Trabajo de 1931 fue modificada, lo cierto es que su texto varió en el segundo párrafo, sin embargo, me permito transcribir en su integridad de nueva cuenta dicha disposición:
Si posteriormente no se comprueba la causa del despido, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice con tres meses de salarios y a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido, hasta que se cumplimente la resolución definitiva pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones que le competan por haber sido despedido sin causa justificada.
Se modificó el segundo párrafo, desapareció el tercero, se incluyó tres meses de salarios como indemnización, se ampliaron los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento de la resolución definitiva.
La Suprema Corte, interpretando esta disposición novedosa emitió criterios como el que a continuación traigo a cuenta:
Registro: 801066
Volumen XXXI, Quinta Parte
DESPIDO INJUSTIFICADO REGIDO POR EL ARTICULO 122 (REFORMADO) DE LA LEY LABORAL.- El artículo 122 (reformado) de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que si no se comprueba la causa del despido, "el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice con tres meses de salarios y a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido ..., sin perjuicio de las demás acciones que le competen por haber sido despedido sin causa justificada.", no contraviene las bases contenidas en el artículo 123 constitucional, pues la circunstancia de que este último determine, en su fracción XXII, las dos acciones alternativas que competen al trabajador en los casos de despido injustificado, la de reinstalación y la de indemnización de tres meses de salarios, no constituye obstáculo alguno para que en la ley reglamentaria correspondiente se imponga al patrón la obligación de pagar al trabajador los salarios que deje de percibir con motivo del despido, ya que, aparte de que el artículo 123 de la Constitución sólo consagra las garantías mínimas de que disfrutan los trabajadores, resulta que con el pago de los salarios caídos se reparan los daños y perjuicios sufridos por el trabajador con motivo del incumplimiento del contrato de trabajo por parte del patrón, por lo que a éste corresponde pagar dichos salarios, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, máxime que, según principio universalmente admitido, el que obrando ilícitamente causa un daño a otro, está obligado a repararlo.
Amparo directo 5020/58. Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C. V. 4 de enero de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto Valenzuela.
La enseñanza de este criterio es evidente, ubica al artículo 123 Constitucional como la disposición que consagra garantías mínimas para los trabajadores e insiste que los salarios vencidos equivalen a los daños y perjuicios que se generan por la actitud ilícita del patrón.
En mayo de 1970 se genera lo que ya se conoce como la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 48 se creó la redacción siguiente:
La redacción subsistió en las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, básicamente en el ámbito procedimental, en el mes de mayo de 1980 y generaron, jurisprudencia de la Cuarta Sala, sobre el salario que debería cubrirse en razón a la acción específica hecha valer, esto es la de cumplimiento de contrato o la de pago de indemnización. Véase:
Registro: 207788
Núm. 64, Abril de 1993
Tesis: 4a./J. 14/93
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 489, página 323.
SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCIÓN QUE SE EJERCITO FUE LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL.- Esta Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, publicada en la página 2773 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional, los salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisión, porque la ruptura de la relación laboral operó desde aquella época. Esto se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, de forma que los salarios vencidos solicitados ya no tiene el mismo concepto de los que se generaron con motivo de la relación de trabajo que continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral, encontrando al respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización.
Contradicción de tesis 7/92. Sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 1o. de marzo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Pablo Galván Velázquez.
Tesis de Jurisprudencia 14/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del primero de marzo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas por Comisión Oficial.
Por lo que se entendió que la acción de reinstalación conllevaba los incrementos salariales y la de pago de indemnización, se cubría con el salario vigente en el momento de la separación, sin posibilidad de incremento.
Hasta aquí, podemos concluir que los salarios vencidos progresaron desde la redacción inicial que los limitaba a la duración técnica del proceso laboral, hasta quedar su pago previsto desde el instante del despido al momento del cumplimiento del laudo; también se aprecia, que el artículo 123 apartado A fracción XXII de la Constitución General de la República, jamás constituyó una limitante; y, que técnicamente, los salarios vencidos son los daños y perjuicios a los que queda obligado el patrón, cuando se demuestra su conducta ilícita en la separación injustificada del trabajador.
No se puede pasar por alto en lo analizado, la evidencia del principio de progresividad en el devenir histórico de la figura de los salarios vencidos, pues la mejora fue evidente.
IV.- La Ley Federal del Trabajo como derecho humano en su contenido.
A raíz de la reforma del año 2011 al artículo 1° de la Constitución General de la República, cambió su redacción, y se estableció en su primer párrafo lo siguiente:
Se infiere del texto transcrito, que nuestro país todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
El segundo párrafo, complementa lo anterior y dice:
Dada la expresión "normas relativas" empleada, se puede apreciar que los derechos humanos reconocidos en la Constitución, se hacen extensivos a las normas secundarias que reglamenten una disposición de carácter constitucional o cualquier otra de carácter ordinario, siempre y cuando los contengan.
En nuestra Constitución, en el segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución, se establece un catálogo que debe entenderse ejemplificativo y no limitativo, en donde se hace referencia a los derechos humanos que no pueden restringirse ni suspenderse, a saber:
Con excepción de los derechos humanos específicos que señala el párrafo transcrito, nuestra Constitución no proporciona una definición de lo que debe entenderse por derechos humanos, por lo que es obligatorio tomar en cuenta para ello, la declaración de los derechos humanos suscrita en el año de 1948 por los Estados miembros de la Naciones Unidas, en especial los artículos 1 y 2 que conviene traer a cuenta:
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto sí se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Estas disposiciones, al decir del Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles[1], se plasmaron en la exposición de motivos por parte del legislador al reformar el artículo 1° constitucional y extrae de ellos los principios que considera, debe contener toda norma que pueda conceptuarse como un derecho humano y al efecto las indica:
a).- Deriva de la vida o se relaciona directamente con la vida o la dignidad humana.
b).- Son universales (reconocidos a todo ser humano por ese solo hecho: ser humano).
c).- Son absolutos (no tienen excepciones en su obligatoriedad).
Si estos principios son los que deben conformar un derecho humano, habrá de hacerse la indicación, que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derecho de Trabajo llena tales requisitos, como se advierte del contenido de los artículos del 6 al 9 de dicho convenio internacional, que por su relevancia se transcribe:
Estos principios del tratado internacional de que se comenta, están consignados en el artículo 123 desde el año de 1917, los que desde luego conllevan las nociones básicas que el autor que se invoca menciona que debe contener toda norma que contemple un derecho humano.
Insistiendo en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, que amplía la conceptualización a toda norma relativa a los derechos humanos, que obviamente refiere a toda disposición que los contenga, se advierte que la Ley Federal del Trabajo, en su parte sustantiva, se constituye en esencia por normas que se conceptúan como derechos humanos.
Las razones son evidentes y me permito destacarlas.
La Ley Federal del Trabajo es una ley de carácter social, distributiva, que hace igual al desigual.
De acuerdo a su artículo 1°, se aplica a todas las relaciones de trabajo, que es el elemento primordial para que se concrete la manifestación plena del ordenamiento laboral.
La propensión de las normas que constituyen la Ley Federal del Trabajo se encamina a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones (artículo 2).
El contenido del artículo 3 es elemental, y pone de manifiesto que se trata el ordenamiento que la contiene, de un catálogo de derechos humanos, pues sobresale de él la dignidad humana y el principio de igualdad, al establecer:
Artículo 3°.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es Artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
El artículo 4° de la Ley Federal del Trabajo, es una reiteración del artículo 5° Constitucional y conlleva el principio de libertad en cuanto al trabajo.
El artículo 5° de la Ley Federal del Trabajo es de suyo relevante, pues señala que las disposiciones de la ley, sin hacer distinción alguna son de orden público; impide la renuncia y con ello establece derechos inalienables, que evita el trabajo para menores de catorce años; jornadas mayores a la legalmente permitida; jornadas inhumanas por excesivas; trabajo extraordinario para menores de dieciséis años; salarios inferiores al mínimo; salarios que no sean remuneradores; plazos mayores a una semana para el pago del salario; la prohibición de pagar los salarios en lugares inadecuados; la obligación de consumir artículos de tiendas o lugares determinados; facultad del patrón para retener salarios para garantizar multas; el principio de que a salario igual trabajo igual; la prohibición del trabajo nocturno industrial después de las 24 horas para menores de dieciséis años; y, la renuncia por parte del trabajador a cualquiera de los derechos o prerrogativas establecidas en las normas de trabajo.
En la Ley Federal del Trabajo se ha aceptado la aplicación de los tratados internacionales; se define lo que debe entenderse por trabajador y se hace la diferenciación del personal de confianza; se precisa al patrón y quiénes son sus representantes.
En su artículo 17, se establece los parámetros que deben considerarse para la interpretación de las normas laborales, habiéndose adelantado a la redacción actual del artículo 1° constitucional, al haberse indicado que las norma constitucionales deben prevalecer, seguido de la ley y sus reglamentos, los tratados internacionales, las disposiciones que reúnen casos semejantes, principios generales, jurisprudencia, costumbre y equidad.
Además se contempla el principio pro homine, al señalarse en su artículo 18 que en las interpretaciones, en los casos de duda debe estarse a lo favorable al trabajador.
Visto desde esta perspectiva contemplada en los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo es indudable, que en el ordenamiento laboral se da el respeto a la dignidad humana; es universal porque se reconoce su aplicación para todo ser humana por solo ese hecho; y es absoluta, porque no tiene excepciones en su obligatoriedad.
Si adicionamos el hecho que el artículo 133 de la Constitución, por ser la Ley Federal del Trabajo emanada del Congreso de la Unión, le otorga el calificativo de ley suprema en la Unión, es evidente que es una normatividad de orden público, lo que de suyo le hace relevante.
No se puede omitir en este estudio, que el artículo 123 apartado A fracción XXVII inciso g), establece un derecho humano básico, por reunirse las características que debe llenar tal conceptualización (se relaciona con la vida y dignidad humana, es universal y absoluto) al decir:
XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se exprese en el contrato: [...] g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra, y
Cuando existe la prohibición expresa, en un dispositivo constitucional, que reglamenta derechos sociales, impidiendo a el trabajador renunciar a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, se hace una referencia explícita a los salarios vencidos en razón a que estos tienen el carácter de perjuicios, por ser las prestaciones que se dejan de percibir en virtud de la actitud ilícita del patrón.
Desde estas perspectivas, la Ley Federal del Trabajo en su parte sustantiva y el contenido del artículo 48 de tal ordenamiento, modificado en el año 2012, para limitarlo a su alcance por un año, es un derecho humano en el cual el legislador obrando incorrectamente, deja de aplicar el principio de progresividad, lo que le da la característica de inconstitucional y permite al Poder Judicial Federal corregir esta situación.
V.- La Inconstitucionalidad de la limitante a los salarios vencidos.
En este espacio, es dable establecer las razones por las cuales, desde la perspectiva del principio de progresividad y también el de igualdad resulta inconstitucional las modificaciones que se realizaron al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el 30 de Noviembre de 2012 por parte del Congreso de la Unión, sin embargo previamente al ejercicio, deseo exponer las consideraciones que toda autoridad jurisdiccional tiene la obligación de acatar como interpretación. Veamos:
De acuerdo a lo que dispone el artículo 1° de la Constitución General de la República, advierte en su segundo, tercer y quinto párrafos, una riqueza interpretativa inconmensurable, que le permite el control difuso constitucional y convencional, de oficio, según se advierte del segundo, tercer y quinto párrafos, de los cuales ya se hizo transcripción en el cuerpo de este estudio, con excepción del último de ellos, que en su texto consigna:
Recogiendo los ideales de este numeral constitucional, se considera sin taxativas, que toda autoridad dentro del ámbito de su competencia, tiene la facultad para actuar oficiosamente y desaplicar disposiciones subconstitucionales, que contradigan a los derechos humanos establecidos en la Constitución y los convenios internacionales de los que México es partícipe, actividad que se denomina Control difuso de la Constitución, que a partir de la reforma del año 2011 al artículo constitucional que se comenta, en complemento al 133 de la Carta Magna, le es permitido a los órganos jurisdiccionales de la República.
Sobre el particular, en la serie cuadernos de jurisprudencia publicados por la suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial, se publicó el título que se denomina "El Control de Convencionalidad Ex Officio. Origen el ámbito Regional Americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos, precisión de sus alcances y retos para el Poder Judicial de la Federación", en el cual se explica lo que el título anuncia, y en el tema 6, en las páginas 46 y 47, se hace una referencia al control difuso, que por su relevancia, da lugar a la copia de los últimos dos párrafos, los cuales instruyen sobre el particular:
El difuso, lo deben realizar todos los Jueces, incluso de oficio, y también tiene como parámetros de control los derechos humanos de fuente interna y externa, así como su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia (figura 4). Finalmente, los pasos a seguir por los Jueces se reducen a partir de la presunción de constitucionalidad de la ley que se va aplicar, intentar después una interpretación del precepto conforme a los derechos humanos y, si esto no es posible, desaplicarlo, en el supuesto que abiertamente contraríe las normas del bloque constitucional de primer nivel o su interpretación. Precisando: el control de convencionalidad ex officio obliga en último extremo al juzgador de cualquier grado o materia a desaplicar una norma interna que de forma manifiesta viole Derechos Humanos o el claro e inequívoco estándar nacional o internacional fijado en la jurisprudencia.
Ahora bien, derivado del deber de realizar jurisdiccionalmente el control de convencionalidad incluso de oficio de las normas generales que deben aplicarse y de los pasos a seguir se desprende, en mi opinión, una regla de interpretación jurídica que debe prevalecer sobre las demás. En efecto, las normas jurídicas en México de cualquier naturaleza deben ser interpretadas siempre conforme a los derechos humanos. Esto involucra incluso que debe estarse a esta última por encima de la gramatical o la sistemática y que esto debe convertirse en una práctica generalizada y común en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, en función de que no hay duda de la obligación jurisdiccional de primer orden de realizar el control de convencionalidad, que partiendo de la presunción de constitucionalidad de las normas, debe buscarse siempre una interpretación conforme a los derechos humanos y sólo en el último supuesto de que esto no sea posible, desaplicarlas en el caso concreto, por lo que en automático, estimo que la primera opción hermenéutica será en adelante una interpretación conforme a los derechos humanos de todas las normas del sistema jurídico mexicano.
Con independencia de la facultad del control difuso, existen otras implícitas, como lo es el principio pro homine establecido en el segundo párrafo, del artículo constitucional que se analiza, que obliga a los órganos jurisdiccionales, a favorecer la interpretación más favorable a los intereses de la persona, en el ejercicio de sus derechos humanos; sin que se pueda pasar por alto los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, sin soslayar la obligación de desaplicar toda aquella disposición que conlleve una discriminación, entre otros.
En cuanto a lo relativo al control de convencionalidad y de los derechos humanos implícitos en la Constitución, el pleno del más alto Tribunal de la Nación, lo previó así en la sentencia varios 912/2010, en cuya interpretación establece las facultades que los jueces nacionales tienen sobre el tema en comento:
21. De este modo, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1°, lo cual tendrá que valorarse caso por caso fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.
De ahí que las autoridades laborales y los Tribunales Colegiados, puedan asumir el control de la constitucionalidad y convencionalidad, dentro del ámbito de su competencia, dado que no es exclusivo de una sola instancia.
Conforme a la exposición realizada, analicemos ahora desde la perspectiva del principio de progresividad, la inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, dado que la reforma implica un retroceso a la redacción anterior existente en tal disposición.
a).- En virtud al Principio de progresividad.
Como se anunció en el preámbulo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, emitió una tesis donde argumenta la improcedencia del principio de progresividad, para declarar inconstitucional las reformas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la cual si bien no es obligatoria, si fija los parámetros por los cuales los Tribunales Colegiados del país pudieran inclinarse, máxime que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito también se pronunció en el mismo sentido y los razonamientos que fueron empleados, nos sirven de base, para que mediante su disección se llegue a la conclusión contraria a la que llegó este órganos jurisdiccional.
El criterio referido es el siguiente:
Tesis: XVI.1o.T.2 L (10a.)
2007330 1 de 2
Pag. 1953
Dicho precepto legal, al establecer la obligación del patrón de reinstalar inmediatamente a los trabajadores que hubieran sido despedidos injustificadamente y pagar los salarios caídos, computados desde la fecha de ese suceso hasta por un periodo máximo de 12 meses, así como de un interés a razón del 2% mensual sobre el importe de 15 meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo- no viola los derechos humanos de los trabajadores. Es así porque, del artículo 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que consagre a favor de los trabajadores el derecho a percibir salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio laboral o hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, sino únicamente que aquellos trabajadores que sean separados injustificadamente puedan optar por la reinstalación o la indemnización. De ahí que el citado artículo 48 sea acorde con el lineamiento mínimo previsto en el apartado A del precepto constitucional aludido, en el sentido de que la referida indemnización comprenderá el monto de 3 meses de salario. Medida legislativa que es razonable y proporcional, habida cuenta que resulta idónea para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé al respecto, tales como evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por ese concepto; preservar el carácter indemnizatorio de esa prestación, logrando la efectiva protección de los derechos de los trabajadores, así como la necesidad de conservar las fuentes de empleo, tutelando el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y productividad, ya que su economía se ve seriamente afectada cuando son condenados al pago excesivo por ese rubro derivado de la prolongación indebida de los asuntos. Acotación que es necesaria, porque, habiendo varias medidas legislativas que pudieron emplearse para lograr los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera ningún tipo de salario dejado de percibir; sin embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integra la indemnización por dos prestaciones (reinstalación o el pago de salarios caídos) que no son inferiores al único parámetro constitucional referido; y, finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la importancia de los objetivos perseguidos por el creador de la norma está en una relación adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque los salarios vencidos equivalen a los que dejó de percibir el trabajador durante el juicio, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades que no obtuvo con motivo del despido. Además, si de los numerales 871 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que los juicios laborales deben resolverse en un término aproximado de 12 meses a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que se limite el pago a este periodo. Por otra parte, el precepto legal impugnado tampoco vulnera el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues con ello no se desconoce ningún derecho humano, ya que la acción por despido injustificado continúa siendo tutelada en la Ley Federal del Trabajo, a través de la reinstalación o la indemnización por el importe de 3 meses, a elección del operario; además, la indemnización en sentido amplio (como sanción para el patrón por haber separado injustificadamente a su empleado) se preveía tanto en el ordenamiento legal reformado como en el vigente.
Amparo directo 61/2014. Rosa María Flores Villagómez. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Ulises Fuentes Rodríguez.
El primer argumento que expone el Tribunal expresa:
... Es así porque, del artículo 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que consagre a favor de los trabajadores el derecho a percibir salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio laboral o hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, sino únicamente que aquellos trabajadores que sean separados injustificadamente puedan optar por la reinstalación o la indemnización...
Sobre el punto referido, la apreciación del Tribunal es equivocada, pues los términos de dicha disposición, me refiero al apartado A, existían desde la creación de la Ley del Trabajo de 1931, esto es, el artículo constitucional no preveía el pago de salarios vencidos en su fracción XXII y sin embargo, el artículo 122, con su posterior modificación, de la ley secundaria referida, que en su evolución dio lugar al artículo 48, se contemplaron los salarios vencidos y jamás, el más alto Tribunal de la Nación lo declaró inconstitucional, por no existir un referente constitucional.
Por el contrario, se mencionó que el artículo 123 constitucional, contiene garantías mínimas para los trabajadores, lo que no impide que la ley secundaria pueda considerar a favor de la clase obrera prestaciones no reguladas constitucionalmente.
El artículo 122 de la Ley del Trabajo y su evolución al 48 dentro de la Ley Federal del Trabajo, al contemplar los salarios vencidos desde el instante del despido al momento de la ejecución del laudo, constituyó un derecho a favor de la clase obrera que de acuerdo al artículo 133 constitucional, forma parte de una ley suprema en toda la Nación al haber emanado del Congreso de la Unión. Así lo establece el texto del artículo referido que me permito copiar:
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constitucionales o leyes de los estados.
Es insoslayable, que la naturaleza de los salarios vencidos, obedece a daños y perjuicios que se generan de la actitud culposa del patrón de separar injustificadamente al trabajador, pues así lo refirió de ordinario la Cuarta Sala en sus criterios, no superados en ese aspecto, bajo el principio general de derecho de que quien actúa ilícitamente está obligado a reparar los daños y perjuicios.
De ahí, que lo que argumenta el Tribunal Colegiado, en el sentido de que el artículo 123 apartado A fracción XXII y B fracción IX de la Constitución General de la República, en el sentido de que no contempla la existencia de los salarios vencidos, es irrelevante.
Debe quedar bien precisado, que el principio de progresividad, cuyos alcances se delinearon con anterioridad, pero que básicamente implica un no retroceso, es un principio constitucional que refiere a un supuesto específico, que no contiene excepciones. Por ello es significativo, para el análisis de la inconstitucionalidad del artículo 48 del ordenamiento laboral, únicamente considerar el antes y el después en torno a su redacción y partiendo de esa base, confrontarlo con el principio que nos ocupa, para inferir si el legislador en el momento en que emite la reforma, vulnera esa máxima, lo que permite al intérprete evitar que trascienda.
Lo precisado en el párrafo anterior, implica que las argumentaciones que hace el Tribunal Colegiado, al establecer las razones por las cuales pondera la procedencia de la modificación al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, constituyan un desatino en razón a que la argumentación que debió exponer debió ser estrictamente jurídica, porque un principio constitucional solamente puede ser confrontado en cuanto a restarle mérito a su valor, por otro de la misma jerarquía y no por razonamientos socioeconómicos que no pueden anteponerse, por ser de naturaleza subconstitucional y no venir al caso; por ello, se insiste en lo equivocado de lo que dice el Tribunal en el sentido de que:
...De ahí que el citado artículo 48 sea acorde con el lineamiento mínimo previsto en el apartado A del precepto constitucional aludido, en el sentido de que la referida indemnización comprenderá el monto de 3 meses de salario. Medida legislativa que es razonable y proporcional, habida cuenta que resulta idónea para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé al respecto, tales como evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por ese concepto; preservar el carácter indemnizatorio de esa prestación, logrando la efectiva protección de los derechos de los trabajadores, así como la necesidad de conservar las fuentes de empleo, tutelando el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y productividad, ya que su economía se ve seriamente afectada cuando son condenados al pago excesivo por ese rubro derivado de la prolongación indebida de los asuntos. Acotación que es necesaria, porque, habiendo varias medidas legislativas que pudieron emplearse para lograr los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera ningún tipo de salario dejado de percibir; sin embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integra la indemnización por dos prestaciones (reinstalación o el pago de salarios caídos) que no son inferiores al único parámetro constitucional referido; y, finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la importancia de los objetivos perseguidos por el creador de la norma está en una relación adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque los salarios vencidos equivalen a los que dejó de percibir el trabajador durante el juicio, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades que no obtuvo con motivo del despido. Además, si de los numerales 871 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que los juicios laborales deben resolverse en un término aproximado de 12 meses a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que se limite el pago a este periodo...
Estos argumentos, son los que motivaron al legislativo para la reforma objeto de análisis, los repite el Tribunal Colegiado para justificar su determinación, lo que es de notorio mal gusto, pues con ello asume connivencia con un Poder diverso.
Finalmente, el Tribunal Colegiado, desdeña el principio de progresividad diciendo:
...Por otra parte, el precepto legal impugnado tampoco vulnera el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues con ello no se desconoce ningún derecho humano, ya que la acción por despido injustificado continúa siendo tutelada en la Ley Federal del Trabajo, a través de la reinstalación o la indemnización por el importe de 3 meses, a elección del operario; además, la indemnización en sentido amplio (como sanción para el patrón por haber separado injustificadamente a su empleado) se preveía tanto en el ordenamiento legal reformado como en el vigente.
En principio, ya se advirtió porqué la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo, en el que se incluye su artículo 48, constituye un derecho humano según se advirtió del punto IV de este análisis, que contrariamente a lo que señala el Tribunal Colegiado, fue desconocido al disminuirse su alcance, circunstancias que no pueden soslayarse.
Lo cierto, es que de la evolución de la figura de los salarios caídos, se advierte que la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, disminuye el derecho de los trabajadores a la percepción de los salarios vencidos, al limitarlos únicamente al importe de doce meses, no obstante que implemente el pago de intereses.
En conclusión, si el principio constitucional de progresividad, se refiere a la no disminución de los derechos humanos; si no existen excepciones que puedan oponérsele; si no concurre en antinomia con otro principio constitucional, que obligue al intérprete a ponderar el alcance de su aplicación, es claro que factores socioeconómicos como el que hace valer el Tribunal Colegiado en su fallo, no pueden ser considerados para oponerse al principio constitucional aludido, por lo que si en el particular resulta claro, que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, con anterioridad a la reforma de 30 de Noviembre de 2012, establecía un derecho a favor de los trabajadores, que debe conceptuarse como un derecho humano que se disminuye con la modificación, es obvio que se atenta por parte del legislativo al principio de progresividad, por lo que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de declararlo inconstitucional y desaplicarlo.
b).- En razón al Principio de Igualdad
Otro aspecto por el cual, la reforma de 30 de Noviembre de 2012 al artículo 48 del ordenamiento laboral resulta inconstitucional, obedece a que se violenta el principio de igualdad y con ello se da una discriminación en perjuicio de la clase obrera.
Quedó dilucidado que los salarios vencidos obedecen en su génesis a la figura de daños y perjuicios, como quedó ampliamente explicado con antelación.
El Código Civil para el Distrito Federal, en relación a los daños y perjuicios, establece su procedencia y definición en los términos siguientes:
Artículo 2104.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes:
I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste;
II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080.
El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención.
Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.
Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.
En los asuntos de carácter civil, de acuerdo a la redacción de los artículos invocados, él que actúa ilícitamente tiene la obligación de cubrir daños y perjuicios.
En la definición de daño se entiende la pérdida o menoscabo patrimonial por la falta de cumplimiento a una obligación; y, en relación al perjuicio, se advierte como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido en el cumplimiento de la obligación.
Se advierte del contenido de los artículos del Código Civil invocados, que no se establece ninguna limitación en cuanto al cumplimiento que debe realizar el obligado respecto de los daños y perjuicios, lo que significa que él que los causa, está obligado a cubrirlos en los términos en que los ocasionó.
En el mismo sentido opera la reparación de los daños y perjuicios en materia penal, que no tiene más límite que la demostración de aquellos que fueron ocasionados.
En el ámbito laboral, al implementarse en la modificación al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo una limitación a los daños y perjuicios, que constituyen los salarios dejados de percibir desde el instante del despido, que constituye la conducta ilícita del patrón al momento del cumplimiento del laudo, constriñéndolos al lapso de doce meses y al pago de un interés, se genera una desigualdad y con ello una discriminación a la clase trabajadora.
Si dentro del marco jurídico nacional, los daños y perjuicios tienen una doble regulación, en la que se advierte una disparidad, pues en el Código Civil y en el Penal no existen limitantes como sí las hay a los salarios vencidos en el ámbito laboral, queda en claro la notoria discriminación a la clase trabajadora.
Con ello se da la inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo el 30 de Noviembre de 2012, dando lugar a su desaplicación por parte del órgano jurisdiccional.
De acuerdo a lo expuesto se puede advertir:
a).- Que la evolución de la figura de los salarios vencidos dentro de la Ley del Trabajo, progresó desde la limitante inicial a la duración técnica del proceso, hasta considerarse que los mismos se generan desde el despido, momento de la conducta ilícita patronal, al instante de la ejecución del fallo.
b).- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de su Cuarta Sala, en tesis que no han sido superadas, consideró que los salarios vencidos son daños y perjuicios y se conciben del principio general de derecho, de que quien actúa ilícitamente está obligado a reparar los daños y perjuicios que cause.
c).- Que el artículo 123 apartado A fracción XXII y B fracción IX de la Constitución General de la República, establecen las garantías mínimas que operan a favor de los trabajadores, hecho por el cual, la circunstancia de que en tal disposición no se prevean los salarios vencidos, no constituye excepción o contradicción a los principios de progresividad e igualdad previstos en el artículo 1° de la Carta Magna.
d).- Que la figura de los salarios vencidos, establecida inicialmente en el artículo 122 de la Ley del Trabajo de 1931 y retomada en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, en redacción que subsistió hasta antes del 30 de Noviembre de 2012, por estar contemplados en un artículo que forma parte de una Ley Suprema en la Unión, por provenir del Congreso de la Unión, conforme lo dispone el artículo 133 constitucional, constituye a favor de los trabajadores un derecho humano que puede ser superado, pero jamás menoscabado.
e).- Que los principios de progresividad e igualdad, previstos en el artículo 1° de la Constitución General de la República, únicamente pueden ser confrontados y ponderados por el interprete en razón a otra disposición de la misma jerarquía, que le permita establecer su alcance, pero no se les puede anteponer disposiciones subconstitucionales para limitarlos o hacerlos nugatorios, y mucho menos situaciones socioeconómicas que resultan ajenas a la exegesis.
f).- Que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer el pago de salarios vencidos de la fecha de despido al instante de la ejecución del laudo, establece un derecho humano que de acuerdo al principio de progresividad no puede ser revertido, lo que significa que la reforma del 30 de Noviembre de 2012, que limita los alcances de los salarios vencidos al lapso de dos meses y establece pago de intereses por el término que rebase esta temporalidad, contradice el principio invocado y resulta inconstitucional.
g).- Que no existe duda, porque así lo interpretó reiteradamente la Cuarta Sala en múltiples ejecutorias que no están contradichas por la Segunda Sala actual, que la naturaleza jurídica de los salarios vencidos corresponde a daños y perjuicios que se crea acorde al principio general de derecho de que el que actúa ilícitamente ocasionando daños y perjuicios debe repararlos.
h).- Que en el Código Civil y el Penal del ámbito Federal, las disposiciones inherentes a los daños y perjuicios, no establecen taxativas, por lo que los mismos deben ser resarcidos en forma íntegra, acorde a los causados por el obligado; en tal sentido, al hacer la comparativa correspondiente, puede verse que el artículo 48 reformado de la Ley Federal del Trabajo, al limitar los salarios vencidos y con ello los daños y perjuicios ocasionados por el patrón, da lugar a una discriminación y a una vulneración del principio de igualdad previsto en el artículo 1° de la Constitución General de la República.
Que en consecuencia, el artículo 48 reformado a partir del 30 de noviembre de 2012, por las razones que se expusieron, resulta inconstitucional al confrontarse con los principios de progresividad e igualdad previstos en el artículo 1° constitucional, lo que da la pauta a que el órgano jurisdiccional correspondiente, en el ámbito de su competencia, pueda desaplicar tal disposición y darle relevancia a la redacción anterior del artículo, que arteramente fue modificada.
1.- Procedencia: Despacho Jurídico Mancilla y Asociados
2.- Ciudad: Reynosa, Tamaulipas
3.- Maestro en Impartición de Justicia Laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
4.- Nombre: Fernando Mancilla Ovando
5.- E-mail: fernando_mancilla_ovando@hotmail.com
6.- Nombre de la Ponencia: Inconstitucionalidad de la Reforma del 30 de Noviembre de 2012, del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
En cumplimento a requerimientos, mi dirección es la que se ubica en San Luis Potosí 840 Colonia Rodríguez, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con Código Postal 88630, en donde ejerzo la profesión de Abogado.
Mis teléfonos lo son con la clave (899), los siguientes: 9-23 76 80, 9-23 76 81, 9-25 59 95 y el celular, que con la misma clave es el 936 08 79.
Mi correo electrónico es: fernando_mancilla_ovando@hotmail.com
Mis antecedentes profesionales resultan breves.
1.- Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, como Licenciado en Derecho, generación 1970-1974.
2.- Cuento con la Maestría de Impartición de Justicia Laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
3.- Soy abogado de los Tribunales Laborales del Noreste del País, Tamaulipas y Nuevo León, desde el mes de marzo de 1976 en forma continúa hasta la fecha.
4.- Autor de la publicación denominada "El aumento indemnizatorio en los riesgos de trabajo", Editorial Novum, México 2013.
Como complemento, durante mi trayectoria he rechazado ser Secretario de Estudio y Cuenta de Tribunal Colegiado y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por considerar que ser litigante es la mayor responsabilidad de un Abogado.
[1] Baltazar Robles Germán Eduardo, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Juicio de Amparo y Reparación Integral, COEDI, México 2015, página 25.
Publicado por José Manuel Gómez Porchini en 21:52
Etiquetas: Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, Capacitación y Adiestramiento, Educación, Seguridad Social, Textos ajenos, Textos Jurídicos ajenos

References: ARTÍCULO 48
 ARTÍCULO 48
 ARTÍCULO 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 157
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 518
 artículo 157
 artículo 518
 artículo 516
 artículo 518
 artículo 123
 artículo 518
 artículo 157
 artículo 39
 artículo 518
 artículo 516
 artículo 157
 artículo 122

Artículo 122
 resolución 
 artículo 542
 artículo 122
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 89
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 29

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 133
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 48
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 133

Artículo 133
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 2104
 artículo 2080

Artículo 2108

Artículo 2109
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 122
 artículo 48
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 48