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Timestamp: 2016-12-08 07:56:50+00:00

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LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN REGLAMENTO A LA LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Preámbulo de la Constitución Política del Estado Bolivia, febrero de 2009
Palacio Legislativo (La Paz – Bolivia)
LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Reglamento a la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación (Compilación)
Resumen: En esta publicación se ha compilado, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010) y su Reglamento (Decreto Supremo n° 0762 de 5 de enero de 2011). Ambas fueron tomadas de la página de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, sin alterar su contenido textual. http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ Por otra parte, se incluye una “Exposición de Motivos” -no oficial- de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, así como el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de 30 de agosto de 2010, mediante el cual, se recomienda la aprobación del Proyecto de Ley Nº 737/2010 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”. Como citar: CUSICANQUI MORALES, Nicolás (Compilador). Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y su Reglamento. Edición Digital. La Paz-Bolivia, febrero de 2011 Palabras Claves: Ley contra el racismo, Racismo en Bolivia, Discriminación en Bolivia, Delito de Racismo, Ley antirracista, nuevas leyes de Bolivia La Paz – Bolivia 2011
Vicepresidencia del Estado (La Paz – Bolivia)
CAPÍTULO PRIMERO Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010 Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación ______________________________________
LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN ______________________________________________ 8 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES _______________________________________________ 8 CAPÍTULO II DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ERRADICAR EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN ____________________________________________________ 12 CAPÍTULO III DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN _____________________________________________ 14 CAPÍTULO IV INSTANCIAS COMPETENTES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN ____________________________________________ 16
CAPÍTULO V DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO _____________________________________________________ 18 DISPOSICIÓN FINAL _____________________________________________________ 23 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ______________________________________________ 23
DISPOSICIÓN ABROGATORIA ____________________________________________ 23
CAPÍTULO SEGUNDO Decreto Supremo Nº 0762 de 5 de enero de 2011 Reglamento a la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación ______________________________________ 26
REGLAMENTO A LA LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN _____________________________________ 27 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________
TÍTULO II DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN ____________________________ 28 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________
CAPÍTULO II EDUCACIÓN __________________________________________________________ 31 CAPÍTULO III ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ______________________________________________ 32 CAPÍTULO IV COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN _____________________________
CAPÍTULO V ÁMBITO ECONÓMICO ___________________________________________________ 33
TÍTULO III FALTAS Y SANCIONES QUE CONSTITUYEN RACISMO Y DISCRIMINACIÓN __________________________________________
CAPÍTULO I EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA __________________________________ 34
CAPÍTULO II FALTAS Y SANCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ___________________ 35 CAPÍTULO III DISPOSICIONES DE APLICACIÓN COMÚN ___________________________________ 36 SECCIÓN I EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ________________________________________ 36 SECCIÓN II REMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO _______________________________________ 38 SECCIÓN III PROCEDIMIENTOS _____________________________________________________ 39 DISPOSICIONES FINALES ________________________________________________ 39
CAPÍTULO TERCERO Documentos previos de la Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010 ______________________________
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN _____________________________ 41 INFORME DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY Nº 737/2010 “CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN” _________________ 50
Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010 Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación
LEY DE 8 DE OCTUBRE DE 2010 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN2 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. (OBJETO Y OBJETIVOS). I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación.
Artículo 2. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley se rige bajo los principios de: a) Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los
El autor de esta compilación, Nicolás Cusicanqui Morales, es Abogado con Título de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), y estudios de Postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Docente Universitario, miembro Titular de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, y Miembro Honorario e Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Investigación y desarrollo de Ciencias Jurídicas y Políticas “Carlos María Romeo Casabona (Grupo Cromeo - Perú).
Fuente: Página de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. (Edición: 178NEC de 08/10/2010) http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/138670
pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos. c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. d) Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio.
Artículo 3. (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción. No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a: a) Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y a todo estante y habitante en territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado. b) Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas. c) Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Universidades, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal. d) Personas privadas jurídicas, instituciones no gubernamentales nacionales o extranjeras a través de sus representantes. e) Organizaciones sociales y mecanismos de control social. f) Misiones diplomáticas bilaterales, multilaterales y especiales ejerciendo funciones en territorio boliviano, de acuerdo a normas de derecho internacional.
Artículo 5. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. b) Discriminación Racial. Se entiende por “discriminación racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada. c) Racismo. Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. d) Raza. La “raza” es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. Utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al poder y a
la riqueza. Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la teoría o en la práctica permite justificar la discriminación racial. e) Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. f) Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. g) Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual. h) Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género. i) Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia. j) Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos y los principios de la presente Ley. k) Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real. l) Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación. m) Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos.
CAPÍTULO II DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ERRADICAR EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Artículo 6. (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN).
Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales, que contengan las siguientes acciones: I. En el ámbito educativo: a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario. b) Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano. c) Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basados en los principios señalados en la presente Ley, para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación. II. En el ámbito de la administración pública. a) Capacitar a las servidoras y servidores de la administración pública sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación. b) Gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en los Institutos Militares y Policiales. c) Promover políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de prestación de servicios públicos, que incluyan.
d) Adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones específicas. e) Promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía. f) Garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano en el marco de los Derechos Humanos.
g) Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario campesinos, el pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales. III. En el ámbito de la comunicación, información y difusión. a) El Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos, sobre racismo y toda forma de discriminación con el fin de eliminar las desigualdades sociales. b) Promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos, sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los efectos de estos fenómenos sobre sus víctimas, con el fin de definir políticas y programas encaminados a combatirlos. c) Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado. d) Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio. e) Difundir el contenido de la presente Ley; los instrumentos nacionales e internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación; y las políticas públicas relacionadas con el tema. f) Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del racismo y toda forma de discriminación. IV. En el ámbito económico. a) El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de las inversiones públicas y privadas, para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza; orientada especialmente a los sectores más vulnerables.
CAPÍTULO III DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Artículo 7. (COMITÉ).
Se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. El Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, estará bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización. El Comité estará conformado por dos comisiones: a) Comisión de Lucha contra el Racismo. b) Comisión de Lucha contra toda forma de Discriminación. El funcionamiento de ambas comisiones estará a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, del Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas.
Artículo 8. (INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN). I. Para efectos de esta Ley, el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación estará conformado por: a) Instituciones públicas: 1. Órgano Ejecutivo: Ministerio de Culturas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Defensa; 2. Órgano Judicial; 3. Órgano Electoral; 4. Órgano Legislativo: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; 5. Gobiernos Autónomos Departamentales; 6. Gobiernos Autónomos Municipales; 7. Autonomías Indígena Originaria Campesinas. b) Organizaciones Sociales. c) Organizaciones Indígena Originaria Campesinas. d) Comunidades Interculturales y Comunidades Afrobolivianas. e) Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la juventud, la niñez y adolescencia, personas con discapacidad y sectores vulnerables de la sociedad.
f) Otras instituciones y/o organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la sociedad civil. II. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del Pueblo como órganos observadores y de acompañamiento técnico.
III. Los miembros del Comité, por estas funciones, no percibirán salario alguno que provenga del Tesoro General de la Nación. IV. El Viceministerio de Descolonización podrá contratar personal técnico, profesional o no profesional, para apoyar el funcionamiento del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación. V. Las comisiones: a) de lucha contra el racismo y b) lucha contra toda forma de discriminación, estarán conformadas por los delegados del comité, de acuerdo a un reglamento interno. Artículo 9. (DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ). El Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación tendrá como tareas principales: a) Dirigir la elaboración de un Diagnóstico y un Plan Nacional de Acción contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, sobre la base de los lineamientos propuestos en el Artículo 6 de la presente Ley. b) Promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. c) Precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley. d) Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación. e) Velar porque los Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos disciplinarios u otros al interior de la Administración Pública, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, incluyan como causal de proceso interno, faltas relativas al racismo y toda forma de discriminación, conforme a la presente Ley. f) Promover en todas las entidades públicas, la creación de instancias de prevención contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la recepción de denuncias e impulso de procesos administrativos hasta su conclusión, de acuerdo a reglamento.
g) Promover la conformación de Comisiones y Comités contra el Racismo y toda forma de Discriminación, con el propósito de implementar medidas de prevención en el marco de las autonomías. h) Promover el reconocimiento público de personas naturales y/o jurídicas estatales o privadas que se hayan destacado por su labor en contra de la discriminación racial o toda forma de discriminación.
CAPÍTULO IV INSTANCIAS COMPETENTES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Artículo 13. (VÍA ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS). I. Constituyen faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes conductas:
a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios, b) Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios, c) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito.
Siempre que estas faltas se cometan en el ejercicio de funciones, en la relación entre compañeros de trabajo o con las y los usuarios del servicio. II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal. III. La institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor, infractor se someta a tratamiento psicológico, cuyos gastos correrán a cargo de la misma institución. IV. Todas las instituciones públicas deberán modificar sus Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos Disciplinarios u otros que correspondan, de manera que se incluyan las faltas descritas en el parágrafo I del presente Artículo, como causal de inicio de proceso interno y motivo de sanción administrativa o disciplinaria. V. En caso de que en el proceso administrativo o interno, se determine la existencia de responsabilidad penal, la institución pública deberá remitir el caso al Ministerio Público. VI. Los actos de racismo y toda forma de discriminación que constituyan faltas cometidas por servidoras y servidores públicos serán denunciados ante la misma institución a la que pertenecen, a fin de aplicar las sanciones administrativas o disciplinarias correspondientes. VII. La institución pública que conoce denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento. VIII. La denunciante o el denunciante, podrá remitir copia de la denuncia contra la servidora o servidor público, al Ministerio de Culturas para fines de registro y seguimiento.
Artículo 14. (INSTITUCIONES PRIVADAS). I. Todas las instituciones privadas deberán adoptar o modificar sus Reglamentos Internos de manera que incluyan como faltas, conductas racistas y/o discriminatorias, tales como: a) Agresiones verbales por motivos racistas y/o discriminatorios,
b) Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios, c) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito, d) Acciones denigrantes.
II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal. III. En caso de existir indicios de responsabilidad penal, deberá remitirse a conocimiento del Ministerio Público. IV. La institución privada que conozca denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación contra sus empleados, deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento.
Artículo 15. (PROHIBICIÓN DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOCALES PÚBLICOS). I. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito, a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo sanción de clausura por tres días en la primera vez, de treinta días en la segunda y definitiva en la tercera. Salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido. II. Esta medida será aplicada por los Gobiernos Autónomos Municipales de acuerdo a reglamentación especial, quienes deberán verificar los extremos de la denuncia. III. Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos y privados de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, en forma visible el siguiente texto: “Todas las personas son iguales ante la Ley”. En caso de restringirse ilegalmente el acceso a locales públicos, podrá presentar su denuncia ante los Gobiernos Autónomos Municipales.
CAPÍTULO V DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Siendo que desde la Reforma Parcial del Código Penal Boliviano, Ley N° 1768 de 10 de octubre de 1997, se ha modificado el Texto Penal, se debe tomar en cuenta el Decreto Supremo N° 0067 de 8 de octubre de 2010, por el cual, se ordena que el Ministerio de Justicia elabore un texto ordenado del Código Penal, tomando en cuenta todas las normas modificatorias que al texto penal hasta la promulgación de la presente Ley N° 045. En ese sentido, ver la página de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Edición: 179NEC de 8 de octubre de 2010. http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/138671
Artículo 22. Se modifica el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos: “Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”. Artículo 23. Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que comprenderá las siguientes disposiciones:
Artículo 281 bis.- (Racismo). I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años. II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando: a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. c) El hecho sea cometido con violencia.
Artículo 281 ter.- (Discriminación). La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica,
estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años. I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando: a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. c) El hecho sea cometido con violencia.
Artículo 281 quater.- (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación). La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años. I. La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, o autoridad pública. II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
Artículo 281 septieser.- (Organizaciones o Asociaciones Racistas o Discriminatorias). La persona que participe en una organización o asociación que promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a cuatro años.
Articulo 281 octies.- (Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios) El que por cualquier medio realizare insultos u otras agresiones verbales, por motivos racistas o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de cuarenta días a dieciocho meses y multa de cuarenta a ciento cincuenta días. I. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo. II. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho. III. La retractación deberá realizarse por el mismo medio, en iguales condiciones y alcance por el cual se realizó el insulto o la agresión verbal, asumiendo los costos que ello implique.
Artículo 24. (ACCIÓN PENAL). Se modifican los Artículos 20 y 26 del Título II del Libro Primero del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos: Artículo 20º.- (Delitos de acción privada). Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Los demás delitos son de acción pública.
1. Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las excepciones previstas en el Artículo 17º de este Código; 2. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente comprometido; y,
3. Cuando se trate de “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano” siempre que no exista un interés público gravemente comprometido, 4. Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304º o la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el numeral 1) del Artículo 21º de este Código y la víctima o el querellante hayan formulado oposición. En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez competente.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. El Órgano Ejecutivo, se encargará de la reglamentación de la presente Ley, en lo que corresponda en un plazo de 90 días a partir de su promulgación, en base a un amplio proceso de concertación y participación social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Se encomienda al Ministerio de Justicia, la elaboración de un texto ordenado del Código Penal, incluyendo las modificaciones incorporadas por la presente Ley.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez. Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra Paredes.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre de dos mil diez años. FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Walter Juvenal Delgadillo Terceros MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Antonia Rodríguez Medrano MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nilda Copa Condori, Elizabeth Arismendi Chumacero MINISTRA DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO E INTERINA DE AUTONOMÍA, Zulma Yugar Párraga.
Palacio Quemado (La Paz – Bolivia)
Decreto Supremo Nº 0762 de 5 de enero de 2011 Reglamento a la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 1.
C O N S I D E R A N D O: Que el Parágrafo II del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. Que el Parágrafo III del Artículo 14 del Texto Constitucional, dispone que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Que el Artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señala que los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. Que la Disposición Final Única de la Ley Nº 045, de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, establece que el Órgano Ejecutivo se encargará de su reglamentación, en lo que corresponda, en un plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación, en base a un amplio proceso de concertación y participación social. Que el Órgano Ejecutivo ha dado cumplimiento al proceso de concertación, llevando a cabo jornadas departamentales para la reglamentación de la Ley Nº 045, habiendo contado con la participación de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, entidades académicas, colegios profesionales, entidades públicas y otros, en las cuales se recolectaron aportes y propuestas que son las bases y fundamentos que sustentan el presente Decreto Supremo.
Fuente: Página de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. (Edición: 211NEC de 05/01/2011) http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/138928
D E C R E T A: REGLAMENTO A LA LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 045, de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
TÍTULO II DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 4.- (POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN). Las políticas de prevención e información de las entidades públicas y privadas deberán considerar: 1. Los riesgos e implicaciones de los hechos de racismo y toda forma de discriminación.
2. Las medidas necesarias para prevenir la comisión de los delitos de racismo y toda forma de discriminación. 3. La protección efectiva de la dignidad del ser humano. 4. Las acciones utilizadas por los responsables para la prevención del racismo y toda forma de discriminación. 5. Los daños físicos y psicológicos que puedan generar los hechos de racismo y discriminación. 6. Información sobre las instancias competentes para la atención de casos de racismo y discriminación.
CAPÍTULO II EDUCACIÓN ARTÍCULO 5.- (AUTORIDAD COMPETENTE). El Ministerio de Educación es la instancia competente para implementar las medidas de prevención en el Sistema Educativo Plurinacional en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación.
ARTÍCULO 6.- (MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN). Sin perjuicio de otras medidas de prevención, de acuerdo a lo establecido por Ley en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación se encargará de: 1. Implementar en la currícula educativa, en los diferentes niveles de la educación regular, alternativa, especial y superior contenidos relativos a la igualdad y no discriminación referidos a: 1.1 Principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado. 1.2 Ejercicio de los derechos culturales.
1.3 Ejercicio de los derechos humanos. 1.4 Deberes ciudadanos. 2. Instruir a las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, especial y superior, la obligación de realizar al menos dos (2) actividades anuales dirigidas a la comprensión de la Ley N° 045, con la participación de los actores educativos, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad de todo ser humano. 3. Instruir a las Instituciones Educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, especial y superior, la implementación de políticas: 3.1 De estímulo que fomenten conductas de respeto a la dignidad humana. 3.2 De asistencia especializada e integral en casos de racismo y discriminación cuando afecte al derecho a la integridad física, psicológica y/o sexual, debiendo desarrollar estrategias de detección temprana, atención, derivación y seguimiento. 3.3 Adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo. 4. Fomentar relaciones interinstitucionales entre centros culturales y educativos para promover modalidades combinadas de educación regular, alternativa, especial y superior, que contribuyan a una formación integral y de desarrollo cultural de los estudiantes y ciudadanos en general. 5. Promover que en el proceso educativo se difundan las diversas culturas y cosmovisiones, con una visión crítica, tanto en los programas de enseñanza, como en los textos escolares y en el desarrollo de la actividad docente. 6. Producir materiales educativos en todos los idiomas oficiales establecidos en la Constitución Política del Estado. 7. Estimular la formación especializada en igualdad y no discriminación a docentes de los niveles de educación regular, alternativa, especial y superior.
CAPÍTULO III ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 9.- (OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS). Son obligaciones de los servidores públicos: 1. Ejercer el Servicio Público aplicando el principio de igualdad y no discriminación en todos sus actos. 2. Cursar los módulos de actualización en valores, ética funcionaria, derechos humanos e igualdad y no discriminación desarrollados por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, independientemente de la modalidad de incorporación, nombramiento, contratación o designación.
ARTÍCULO 10.- (OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS). I. Son obligaciones de las entidades públicas: 1. Capacitar a las autoridades sumariantes de las entidades públicas, para procesar las denuncias por faltas fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 2. Organizar y realizar talleres, seminarios de sensibilización, concientización y capacitación permanente. II. Obligaciones de las entidades públicas de formación y capacitación: 1. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional diseñará, implementará y evaluará un plan de capacitación y estrategias de sensibilización dirigidas a servidores y servidoras públicas para erradicar actos y prácticas racistas y discriminatorias en la Administración Pública en base a un diagnóstico del sector. 2. La Escuela de Jueces, de Fiscales, de Abogados del Estado, Academia Diplomática y otras instancias de formación de servidores públicos, incluirán en sus planes de estudio, el desarrollo de competencias para la protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad y la prevención de actos de racismo y discriminación en el ejercicio del servicio público.
III. El Viceministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Culturas, llevará el registro y seguimiento de las denuncias efectuadas y sanciones impuestas conforme establece la Ley. IV. Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el ámbito de sus competencias, al momento de autorizar espectáculos públicos, podrán exigir que los organizadores informen y adviertan a los espectadores sobre los contenidos de dichos espectáculos.
ARTÍCULO 11.- (OBLIGACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA). Son obligaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana: 1. Adoptar políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias. 2. Adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo. 3. Implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía, antigüedad y méritos profesionales. 4. Fortalecer los mecanismos de no discriminación en los procesos de admisión y reclutamiento de las y los postulantes a institutos. 5. Fortalecer el sistema educativo y de instrucción de docentes, instructores, conscriptos, cadetes, alumnos y personal administrativo transversalizando principios de igualdad, respeto, sin racismo y toda forma de discriminación.
CAPÍTULO IV COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍCULO 12.- (AUTORIDAD COMPETENTE). El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es la instancia competente para implementar políticas de prevención en los ámbitos de comunicación, información y difusión en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transporte y Telecomunicaciones – ATT, en el marco de sus competencias. ARTÍCULO 13.- (OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN). Son obligaciones de los medios de comunicación: 1. Adoptar o readecuar sus Reglamentos Internos, incorporando principios orientados a impulsar el reconocimiento, el respeto de las diferencias y la promoción de principios,
valores y normas para erradicar conductas racistas y toda forma de discriminación, conforme a la Ley Nº 045. 2. Promover las acciones de prevención y educación destinadas a precautelar el respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, mediante la elaboración de productos comunicacionales propios, en idiomas oficiales y alternativos de acuerdo a la región y audiencia, que serán difundidos bajo los siguientes parámetros:
2.1 En canales de televisión: al menos veinte (20) minutos al mes, en horarios preferenciales. 2.2 En radioemisoras: al menos cuarenta (40) minutos al mes, en horarios preferenciales. 2.3 En diarios y semanarios: al menos una (1) página al mes, y en revistas: media página al mes; en espacios preferenciales para ambos casos. 2.4 En periódicos digitales en internet, un (1) espacio al mes. 3. Enviar semestralmente un informe de dichos productos comunicacionales difundidos al Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; el que a su vez verificará el contenido de los mismos. 4. En caso de incumplimiento de lo establecido en el numeral 3 precedente se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 17 del presente Decreto Supremo.
CAPÍTULO V ÁMBITO ECONÓMICO ARTÍCULO 14.- (OBLIGACIONES). I. El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de inversiones públicas, para lo cual las Máximas Autoridades Ejecutivas, deberán incluir en la programación operativa anual acciones contra el racismo y toda forma de discriminación, tomando en cuenta a los sectores en situación de vulnerabilidad y darán cumplimiento a acciones adoptadas en el Plan Nacional de Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, otras políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. II. Las entidades privadas podrán prever recursos económicos para la implementación de acciones contra el racismo y toda forma de discriminación.
TÍTULO III FALTAS Y SANCIONES QUE CONSTITUYEN RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CAPÍTULO I EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 15.- (FALTAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA).
I. Se consideran faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes: 1. Agresiones verbales, que consiste en toda expresión o ataque verbal, que de forma directa realiza una persona hacia otra por motivos racistas o discriminatorios con la intención de ofender su dignidad como ser humano. 2. Denegación de acceso al servicio, entendido como la restricción o negación injustificada o ilegal de un servicio por motivos racistas o discriminatorios. 3. Maltrato físico, psicológico y sexual, que consiste en todo acto o comportamiento que tenga motivos manifiestamente racistas o discriminatorios, que cause daño psicológico y/o físico, que no constituya delito. II. Los motivos racistas son aquellos que se fundan en razón a la raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o al pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio. III. Los motivos discriminatorios son aquellos que se fundan, de manera ilegal, en razón al sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta. IV. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas: 1. Son faltas leves, las previstas en los numerales 1 y 2 del Parágrafo I del presente Artículo. 2. Son faltas graves, el incurrir en la comisión de una falta leve, habiendo sido anteriormente sancionado por otra leve. 3. Son faltas gravísimas, la prevista en el numeral 3 del Parágrafo I del presente Artículo o la comisión de una falta leve, habiendo sido sancionado anteriormente por otra grave.
CAPÍTULO II FALTAS Y SANCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 16.- (DE LAS FALTAS). Se consideran faltas de los medios de comunicación, cualquiera sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias, que se traducen en las siguientes: 1. Expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios. 2. Difusión sistemática de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios, en propagandas, espacios pagados, avisos solicitados y publicidad, que inciten al odio, desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupos de personas. 3. Defensa o elogio de los actos de racismo o discriminación con el fin de justificar el odio, la violencia o la persecución de determinada persona o grupo.
ARTÍCULO 17.- (SANCIONES). Las sanciones previstas para los medios de comunicación son las siguientes: 1. Sanciones de primer grado.- Serán sancionados con diez (10) a ciento cincuenta (150) días multa, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente Decreto Supremo, por primera vez. 2. Sanciones de segundo grado.- Serán sancionados con ciento cincuenta y uno (151) a trescientos (300) días multa, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente Decreto Supremo, por segunda vez. 3. Sanciones de tercer grado.- Serán sancionados con inhabilitación temporal de funcionamiento de ciento cincuenta (150) a trescientos sesenta (360) días calendario, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del Artículo 16 del presente Decreto Supremo, por tercera vez. En las posteriores reincidencias se aplicará directamente la máxima sanción establecida en el presente numeral.
ARTÍCULO 18.- (DAÑOS, PERJUICIOS Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES). I. Independientemente de la sanción administrativa impuesta, el medio de comunicación cubrirá el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado, que serán determinados judicialmente. II. Se salva el derecho de repetición del medio de comunicación.
CAPÍTULO III DISPOSICIONES DE APLICACIÓN COMÚN SECCIÓN I EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 20.- (ACTOS QUE NO CONSTITUYEN RACISMO NI DISCRIMINACIÓN). Los actos que no constituyen racismo ni discriminación son los siguientes: 1. Las medidas especiales, sean políticas, normas, planes u otras acciones afirmativas, en cualquier ámbito, encaminadas a lograr la igualdad para las personas en situación de vulnerabilidad. 2. En el ámbito educativo y laboral, los requisitos académicos previamente establecidos con carácter general y público. 3. Trato diferenciado y/o preferente para niños, niñas, personas adulto mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial u otras que por su condición de salud así lo requieran. 4. El manifestar defectos de normas o actos legislativos, administrativos o judiciales, independientemente de la autoridad o servidor público que las propusiese o adoptase, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, siempre que no contengan ofensas de contenido racista o discriminatorio.
5. La exigencia de requisitos relativos a la integridad física y la salud corporal en las escuelas de formación de ciertas profesiones, artes, deportes u oficios que por su naturaleza los demanden. 6. Denegar el acceso al servicio en establecimientos y lugares públicos cuando la persona:
6.1 Se encuentre en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas. 6.2 Se encuentre portando armas u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 6.3 Ocasione o haya ocasionado disturbios dentro del establecimiento.
ARTÍCULO 21.- (CONDUCTAS QUE NO GENERAN RESPONSABILIDAD DIRECTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN). La publicación o difusión de ideas y mensajes racistas y discriminatorios no generará responsabilidad directa al medio de comunicación en los siguientes casos: 1. Cuando se publiquen o difundan como parte de cobertura informativa o de las tareas propias de la comunicación, sin que constituyan defensa o elogio de acciones de racismo y discriminación. 2. Cuando sean expresiones de terceras personas difundidas en programas en directo o con participación de la audiencia. En este caso, de conformidad a las normas de ética periodística, el medio de comunicación deberá advertir al público de abstenerse de expresiones de naturaleza racista o discriminatoria e interrumpir la declaración. En caso de que el medio de comunicación no aplique su autorregulación y de persistir la infracción será pasible a las sanciones establecidas en el Artículo 17 del presente Decreto Supremo. 3. Cuando corresponda a un programa independiente en espacios alquilados en radio y televisión, el responsable directo es el (la) director (a), productor (a), conductor (a) o el (la) que contrate el espacio del programa emitido. En caso de que el medio de comunicación no advierta y permita la infracción, será pasible a las sanciones establecidas en el Artículo 17 del presente Decreto Supremo.
SECCIÓN II REMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 22.- (DEBER DE REMITIR AL MINISTERIO PÚBLICO). I. Cuando como resultado del proceso interno o administrativo, se determine que existen indicios de responsabilidad penal por tratarse presuntamente de un acto de racismo o discriminación que se adecue a cualquiera de las conductas descritas en el Código Penal, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, exceptuando las conductas señaladas en los Artículos 281 quinquies, 281 sexies y 281 nonies. II. Las disposiciones del presente Artículo serán aplicadas por las entidades públicas y privadas.
ARTÍCULO 24.- (PAGO Y CONVERSIÓN DE LAS MULTAS). I. Las sanciones económicas deberán ser pagadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles desde su notificación con la resolución. II. En el caso de los medios de comunicación, el incumplimiento del Parágrafo precedente, conforme a procedimiento, dará lugar a la apertura de la vía coactiva fiscal para el cobro de la deuda, pudiendo solicitarse como medida precautoria la anotación preventiva de los bienes del medio de comunicación. III. Los medios de comunicación podrán solicitar, en el plazo de diez (10) días hábiles de recibida la notificación con la resolución, que un cincuenta por ciento (50%) de la sanción económica impuesta sea convertida en su equivalente en espacios dentro de su programación o publicación, destinados a la promoción del derecho a la igualdad y no discriminación.
SECCIÓN III PROCEDIMIENTOS
DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- La autoridad competente para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador a los medios de comunicación, aplicará el procedimiento administrativo para las Autoridades de Fiscalización y Control Social en todo lo no previsto por el presente Decreto Supremo. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Todas las instituciones públicas y privadas, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberán incorporar en sus Reglamentos Internos, de Personal o Disciplinarios, los Principios Generales de la Ley Nº 045 y las faltas que constituyan actos de racismo y discriminación señalados en el Parágrafo I del Artículo 13 y el Parágrafo I del Artículo 14 de la misma norma, como causal de proceso interno y su sanción correspondiente. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las instituciones públicas y privadas deberán remitir una copia de su Reglamento Interno al Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en el plazo máximo de noventa (90) días calendario, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de enero del año dos mil once. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz MINISTRO DE GOBIERNO E INTERINO DE TRANSP. Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano MINISTRA DE DES. PRODUC. Y ECONOMÍA PLURAL E INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Zulma Yugar Párraga.
Tribunal Supremo de Justicia (Sucre - Bolivia)
Documentos previos de la Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
La discriminación como trato diferenciado que busca un resultado desfavorable a personas o grupos a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta, sea de raza, orientación sexual, religión, rango socioeconómico, edad, discapacidad u otros es una de las peores formas de vulneración de derechos. Dentro de ella, el concepto de raza fue desarrollado como una construcción social basada en prejuicios que distorsionan ideas sobre diferencias humanas y comportamientos que fue utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza; esta visión de mundo o ideología devino en estrategia para dividir, jerarquizar y controlar a la gente y fue utilizada por poderes coloniales en todo el mundo, 6 y Bolivia no fue la excepción Por ello la lucha contra la discriminación y el racismo partió por lograr el reconocimiento de derechos iguales para todas las personas que se extiende en toda la historia de humanidad, pero
(Estos comentarios no pertenecen a la Exposición de Motivos, sino al compilador) Como viene sucediendo hace mucho tiempo atrás, el Órgano Legislativo omite la publicación de una Exposición de Motivos, que anteceda a la ley, y que sirva de orientación para la necesaria finalidad interpretativa de otros órganos del Estado. Ahora bien, se incluye la Exposición de Motivos de llamado Proyecto de Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, ya que el mismo tuvo mayor consenso en relación a otros proyectos, tal como se desprende del artículo “Propuesta, crítica y análisis de Anteproyectos de Ley contra el Racismo y la Discriminación” (http://bolivia.indymedia.org/node/44060), en el que se hace una interesante cronología de los proyectos contra el racismo que se presentaron y el tratamiento que recibieron. Luego dicho proyecto de Ley, sería conocido como el Proyecto de Ley N° 737, que recibió tratamiento legislativo hasta convertirse en la Ley N° 045. Es en ese sentido que nos permitimos publicar la presente Exposición de Motivos, y que en el encabezamiento señala: “PROYECTO DE LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, presentado por: La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Con los aportes de: Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – CBDHDD. Red Contra el Racismo y la Discriminación. Comunidad de Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo. APDHB –APDHLP. ADESPROC LIBERTAD. CEDEAFROB. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Agradecimientos: A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia por las orientaciones legales brindadas durante la elaboración de la presente propuesta. La Paz, junio 2010”
http://www.derechoshumanosbolivia.org/archivos/biblioteca/proyecto_de_ley_contra_el_racismo.pdf
http://somossur.net/documentos/proyectoleycontraracismo_jun2010.pdf http://www.cedib.org/leyes/PropuestaSociedadCivil.pdf
Defensoría del Pueblo y Universidad Cordillera. Observando el Racismo N°12. Racismo y Regionalismo en la Constituyente. La Paz, enero 2008. (N.B. Desde aquí empiezan las notas y pie de páginas de la Exposición de Motivos)
en los hechos aún continua siendo un ideal que exige por parte de los Estados acciones concretas que permitan alcanzarla, así como el prevenir y erradicar el racismo y la discriminación como prácticas y conductas que persisten en el mundo y que atentan contra la dignidad humana entendida como al valor esencial e intransferible de todo ser humano, independientemente de su condición social o económica, raza, religión, edad, sexo, etc. La dignidad humana en consecuencia, constituye la base de todos los derechos, por ello que su referencia se inscribe en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales y demás tratados de derechos humanos, de los que el Estado Plurinacional de Bolivia es parte. Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. [...] Art. 2.-1º Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2º Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Convención Internacional Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -Parte I Art. 1.- 1º En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida política. Art. 3.- Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. Art. 4.- Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretenden justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan a la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley; c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Convención sobre toda Forma de Discriminación Contra la Mujer Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Artículo 2 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 1.- Obligación de respetar los derechos: 1º Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2º Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Art. 12.- Libertad de conciencia y de religión: 1º Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar se religión, sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su profesión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Para comprender la problemática del racismo, la discriminación y la intolerancia en Bolivia, es necesario analizar el proceso histórico colonial originalmente ligado a fenómenos de conquista y de esclavitud, en que las poblaciones indígenas, que no son exterminadas, pasan a formar parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal. Los pueblos indígenas y minorías colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que caracterizan al colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: se encuentran en situación de desigualdad frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; ideologías como las del capitalismo y el individualismo se instalan como mejores y se ignoran las tradiciones, creencias, prácticas de gobernar de los pueblos originarios como opciones viables en el Estado; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” 7 y una “cultura” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada “inferior” . Poblaciones afrodescendientes también fueron traídas a Bolivia en el marco de la colonización para ser utilizadas como mano de obra, primero en las minas de Potosí y después en haciendas. Para asegurar su sometimiento y destruir sus sistemas organizacionales y de toma de decisión, se mezclaron etnias de afro descendientes, antes de traerles a Bolivia. La discriminación también llega a otros sectores de la población tales como las mujeres fruto de las estructuras patriarcales y machistas que tienen sus principales manifestaciones en la violencia hacia las mujeres, su exclusión de la vida política y los obstáculos para el acceso a la educación y el trabajo en las mismas condiciones que los hombres, frente a los cuales se fortalece un movimiento de mujeres que logra importantes los últimos 20 años importantes resultados. Otros sectores como las personas con capacidades distintas, adultos mayores y las diversidades sexuales y genéricas entre otros también son objeto de discriminación traducida principalmente en diversas formas de maltrato y exclusión. En ese contexto, se desarrollan procesos históricos de discriminación y racismo que se permean en todas las esferas de la sociedad boliviana, es decir en el ámbito jurídico, económico, político, social, cultural, lo que finalmente acaba por “naturalizar” el racismo en las prácticas y vida cotidiana del boliviano, al extremo de que es asumido por “los que discriminan y por los discriminados” como un hecho y no como un problema.
Pablo Gonzales Casanova. Colonialismo Interno. Una redefinición. http://bibliotecavirtual.flacso.org.ar/ar/libros/campus/marxis/P4C2Casanova.pdf
Sin embargo, a partir del 2006 con la elección y asunción al poder del primer presidente indígena a la cabeza del Estado boliviano y el inicio del proceso denominado “revolución democrática y cultural”, se ha puesto en evidencia la existencia de más de un “proyecto de nación” en Bolivia. La pugna entre éstos distintos “proyectos de nación”, generó un proceso de exacerbación del 8 racismo, en varios puntos del país; la masacre de El Porvenir el 11 de septiembre en Pando y el acto de humillación perpetrado en contra de personas llegadas de zonas rurales a Sucre el 24 de 9 mayo , ambas en 2008, nos muestran, en corto tiempo, lo rápido que una sociedad puede transitar entre el escarmiento y castigo a las personas que transgreden los posicionamientos sociales, políticos y culturales de inferioridad que les fueron asignados históricamente dentro de un sistema de dominación específico, a la eliminación física de esas personas como “otros” 10 ajenos y a la vez construidos como enemigos internos de la nación . Sin embargo, el análisis más profundo de cada uno de estos casos nos remite nuevamente a procesos históricos de discriminación y racismo internalizados profundamente en la memoria y la práctica de las y los bolivianos, lo que nos muestra nuevamente la magnitud de los desafíos y la profundidad de las contradicciones históricas, sociales, culturales y políticas que se encuentran en el trasfondo de la lucha contra el racismo y la discriminación en Bolivia. En este contexto, durante los últimos años el Estado boliviano ha dado pasos concretos para eliminar prácticas e ideologías discriminatorias prevalentes, tales como la aprobación, en enero de 2009, de la Constitución Política del Estado, la misma que establece como un valor 11 fundamental del Estado boliviano a la igualdad , prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 12 reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona .
El 11 de septiembre de 2008, el paso de un grupo de campesinos e indígenas que se dirigían a una reunión en la Ciudad de Cobija fue interrumpido en las inmediaciones de la localidad de El Porvenir por funcionarios y seguidores de la Prefectura de Pando, así como miembros del Comité Cívico. Se produjeron incidentes violentos que al menos dejaron 11 muertos y alrededor de 50 heridos. Nueve de las víctimas eran campesinos indígenas y normalistas, y dos, seguidores de la Prefectura. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades en su Oficina en Bolivia (A/HRC/10/31/Add.2)
El 24 de mayo de 2008, en Sucre estallaron violentos, luego de que grupos de jóvenes, y un número de seguidores de la oposición pretendieron evitar la visita del Presidente Morales a la ciudad para participar en la conmemoración de la efeméride departamental. También se dieron enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas que habían sido desplegadas para asegurar la llegada del Jefe de Estado. Algunos indígenas simpatizantes del Gobierno fueron capturados, insultados, pateados, apaleados, humillados y forzados a arrodillarse en la Plaza Principal. Más de 30 indígenas y campesinos fueron heridos ese día. Todos estos vejámenes tuvieron un serio trasfondo racista. Los agresores, principalmente miembros de la oposición política, actuaron con total impunidad. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades en su Oficina en Bolivia (A/HRC/10/31/Add.2)
Defensoría del Pueblo y Universidad Cordillera. Observando el Racismo N°13. Racismo y Regionalismo en el proceso autonómico. La Paz, enero 2009.
Constitución Política del Estado, articulo 8.II. Constitución Política del Estado, articulo 14.II.
Por otra parte, el Estado boliviano: a) crea, en febrero de 2009, el Viceministerio de Descolonización y la Dirección General de Lucha contra el Racismo y la Discriminación, con competencia para desarrollar políticas para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación, racismo, xenofobia y de intolerancia cultural y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades con la atribución de Formular, dirigir y concertar, políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad, 13 b) aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2009 – 2013 que prevé acciones concretas para promover el derecho a la no discriminación, tales como definir una política pública y normativa adecuada para combatir el racismo y la discriminación, y en diciembre de 2009, posesiona al Consejo Nacional de Derechos Humanos -responsable de la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos- integrado por representantes de entidades estatales, ONG´s, sociedad civil y organizaciones indígenas, c) Mediante Decreto Supremo 131 declara al 24 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, como parte de los esfuerzos de reparación de las víctimas de los hechos de mayo de 2008 en Sucre, finalmente, d) el Estado dicta una serie de normas antidiscriminación tales como el Decreto Supremo 213 contra la discriminación en los procesos de reclutamiento laboral; el Decreto Supremo 264 que declara el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores y amplia el régimen de privilegios y descuentos para ese sector de la población; y el Decreto Supremo 189 que declara el 28 de junio como Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa. e) durante la Conferencia de examen de Durban en Ginebra en 2009, el Estado Boliviano reafirmo su compromiso con la declaración y el programa de acción de Durban. Sin embargo, a pesar de los avances, aún se encuentra pendiente el compromiso asumido por el Estado boliviano -a través de la suscripción de la Declaración y Programa de Acción de Durban y la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional parar la Igualdad de Oportunidades- de diseñar e implementar una política pública integral de lucha contra el racismo y la discriminación. En ese contexto, se plantea la necesidad de realizar un “Diagnóstico sobre el racismo y la discriminación en Bolivia” que sirva de sustento para la elaboración de un “Plan de Acción de lucha contra el Racismo y la Discriminación”. Empero, tomando en cuenta que el racismo es una de las formas de discriminación que más ha afectado y afecta a los bolivianos, parece razonable que ambos procesos -es decir, la elaboración del diagnóstico y plan de acciónconsideren con mayor amplitud este fenómeno y presten mayor atención a los sujetos que sufren múltiples formas de racismo y discriminación. Por otra parte, estos procesos deben convocar a todos los sectores de la población que se consideren víctimas de racismo y/o discriminación con la finalidad de comprometer a los participantes en el seguimiento y la evaluación de la implementación de la política pública sobre racismo y discriminación. Por último, en el caso de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la elaboración del diagnóstico y el plan de acción, debe tener como base el ejercicio de los derechos a la consulta y participación de éstos pueblos, reconocidos por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución. La Conferencia Mundial contra el Racismo la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, se realizó en el año 2001 en la ciudad de Durban (Sudáfrica), con el
El Plan Nacional de Derechos Humanos fue adoptado mediante Decreto Supremo 29851 de 10 de diciembre de 2008.
compromiso de prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En esa oportunidad, la Conferencia señala que : a) el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos y niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, b) la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente, y adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras sociedades, c) la participación equitativa de todos los individuos y pueblos en la formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes puede contribuir a un mundo libre de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y, d) la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas, que a su vez generan más pobreza. Como resultado de la Conferencia, los países participantes –entre los cuales se contaba Bolivia suscribieron una Declaración y un Programa de Acción, que definen objetivos y lineamientos de lucha contra el racismo, con relación a los siguientes temas: a) orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, b) víctimas la discriminación racial, y esferas (como la educación, el empleo, la salud, la vivienda) en las que se produce la violación de sus derechos, c) medidas de prevención, educación y protección destinadas a erradicar la discriminación racial, en todos los ámbitos, d) recursos y medidas eficaces de reparación, resarcimiento, indemnización y de otra índole a nivel nacional, a favor de las víctimas del racismo y la discriminación racial, e) estrategias programas, políticas y legislación adecuada, para promover un desarrollo social equitativo y la realización de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las víctimas de la discriminación racial. En abril de 2009 se celebró en Ginebra la Conferencia de Examen de Durban –en la que también participó el gobierno de Bolivia- con el objetivo de estudiar y evaluar los progresos hechos en la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban (Sudáfrica, 2001) por todos los interesados en los planos nacional, regional e internacional. En esa oportunidad se llamó a los Estados: a) combatir con mayor determinación y voluntad política todas las formas y manifestaciones del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en todas las esferas de la vida, y b) promover el diálogo intercultural, e intensificar la intervención de todas las partes interesadas en un diálogo constructivo y auténtico basado en la comprensión y el respeto mutuos. Finalmente, la Conferencia alentó a los Estados a consolidar su legislación antidiscriminación, y a mejorar sus políticas en materia de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En febrero de 2010 el Consejo de Derechos Humanos recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia en relación al racismo y discriminación: a) Promover la adopción del proyecto de ley para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y considerar favorablemente la tipificación penal de la discriminación racial, en concordancia con las recomendaciones hechas por mecanismos internacionales; b) Continuar los esfuerzos para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas e intensificar sus esfuerzos para eliminar la discriminación contra los migrantes; c) Derogar toda
legislación que discrimina a las mujeres (ley penal y civil); y d) Incluir la orientación sexual e identidad de género en todas las leyes e iniciativas, combatiendo la discriminación y promoviendo la igualdad, y desarrollar la educación pública y programas de concienciación y hacerlos disponibles, incluyendo a la Policía, las FFAA, instancias judiciales, autoridades penitenciarias y otras autoridades. Estas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado, en consecuencia, se ha asumido su cumplimiento. La lucha contra el racismo y la discriminación está orientada a consagrar el principio de igualdad que sustenta los derechos humanos que implica entre otros la adopción de una legislación que permita de manera efectiva prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. Con ese propósito fue elaborada la presente propuesta por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos que recibió orientaciones legales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, constituyendo este documento una contribución al proceso convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Proyecto se inspira en los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, en los criterios de igualdad y justicia proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, la Convención sobre Todas Las Forma de Discriminación contra la Mujer, y otros pactos internacionales referidos a la materia. Toma en consideración las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, los Comités de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Pueblos Indígenas. El Proyecto ha sido dividido en cuatro capítulos: I Disposiciones Generales, II Conductas Racistas y Discriminatorias, III La Consejería Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; y IV Infracciones, Delitos y Sanciones El Primer Capítulo está referido a las disposiciones generales, que señala el objeto de la norma, los principios en la sustentan: la igualdad, la interculturalidad, la equidad y la protección judicial, así como definiciones sobre racismo, discriminación y otros términos que permitan una comprensión inequívoca parar efectos de aplicación de la norma. Se determina también el alcance y ámbito de aplicación. Se hace una diferenciación en relación a los sujetos cuando se trata de servidores/as públicos/as y personas particulares, como aspectos que deberán tomarse en consideración para la imposición de sanciones dado que se considera que la pena deberá ser mayor cuando el acto de racismo o discriminación sea cometido por una autoridad o servidor/a público/a. El Segundo Capítulo, norma las conductas que serán comprendidas como racistas y discriminatorias, sin que la misma sea restrictiva de otros actos que se enmarquen dentro de las definiciones establecidas en el capítulo primero. El Tercer Capítulo, crea el ente responsable de diseñar e implementar políticas, estrategias y acciones de defensa contra el racismo y toda forma de discriminación, el mismo que tiene carácter independiente de los órganos del Estado.
El Cuarto Capítulo, establece las infracciones y delitos contra la dignidad humana que deberán ser investigados y procesados ante las instancias correspondientes, diferenciado las vías 14 administrativa, constitucional y penal .
(Nota Final del Compilador). Como se señaló anteriormente, existieron diversos proyectos de Ley para sancionar el racismo. En ese caso, otros documentos también contienen sus propias justificaciones, tal como puede leerse en los sitios abajo citados. http://www.lostiempos.com/media_pdf/2010/09/11/171215_pdf.pdfe http://www.icees.org.bo/art-colaboracion/proyecto-de-ley-contra-el-racismo.pdf
INF.COM DDHH 02/2010-2011 P.L. N° 737/2010
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. INFORMA15 ASUNTO: Ref. : PROYECTO DE LEY Nº 73716 “CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”
I. ANTECEDENTES La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, considerando la realidad social y la tarea de gestión intercultural que se lleva adelante con la Constitución Política del Estado, propone en el ámbito de sus funciones legislativas, el Proyecto de Ley “Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación” para su consideración dentro la Asamblea Legislativa.
II. MARCO LEGAL El presente informe se fundamenta en las siguientes disposiciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Constitución Política del Estado. Código Penal. Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Plan Nacional de Derechos Humanos fue adoptado mediante Decreto Supremo 29851 de 10 de diciembre de 2008. Convenio 169 de la O.I.T. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Convención Internacional Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas. Convenio sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de 30 de agosto de 2010, mediante el cual, se recomienda la aprobación del Proyecto de Ley Nº 737/2010 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” Fuente: http://www.scribd.com/doc/37436444/Informe-Comision-DD-HH-Proyecto-de-Ley-N%C2%BA-737%E2%80%9CContra-el-Racismo-y-Toda-forma-de-Discriminacion%E2%80%9D
Puede leerse todo el Proyecto de Ley Nº737/2010 – 2011, en el sitio que abajo se muestra: http://www.scribd.com/doc/37650711/Proyecto-de-Ley-Contra-el-Racismo-y-Toda-Forma-deDiscriminacionla
Convención sobre toda Forma de Discriminación Contra la Mujer. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
III. PRESUPUESTOS BÁSICOS CONSTITUCIONALES
1. Los principios y valores del Estado Plurinacional, previstos en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado. 2. La prohibición y sanción de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica y social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona; previsto en el Art. 14.II de la Constitución Política del Estado. 3. Los fines y funciones esenciales del Estado previstos en el Art. 9 de la Constitución. 4. El respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales y garantías previstos en el Título II de la Primera Parte de la Constitución. 5. El principio democrático de la participación y control social previstos en los artículos 241 y 243 de la Constitución.
IV. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN La proposición de una ley se dirige a desarrollar legislativamente una prescripción constitucional y se justifica cuando ante las prácticas de racismo y toda forma de discriminación, como los hechos del 24 de mayo de 2008, 11 de septiembre de 2008 y los hechos de Santa Cruz y Tarija 2008 que se presentaron como formas de disfunción social de la realidad en contra de la Constitución; pretende corregir actitudes, conductas y comportamientos en consonancia con los principios de igualdad y de acuerdo a la prohibición y sanción de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica y social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona; previsto en el Art. 14.II de la Constitución Política del Estado. El precepto constitucional referido constituye la fuente material de la que dimana la legitimidad de la propuesta legislativa y el desarrollo legislativo de la prohibición de conductas de racismo y toda forma de discriminación y de las sanciones que deben fijarse por la realización de dichas conductas, es un mecanismo que permitirá la incorporación de imperativos de conducta y conciencia en la sociedad, porque la ley tiene como destinatarios a todos los habitantes y estantes del país, cumpliéndose de esa manera el mensaje motivacional del Estado para que los destinatarios de la ley se abstengan de realizar las conductas descritas como prohibidas en la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Sin embargo, el espíritu de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, no solamente dimana del artículo referido, sino que encuentra su mayor legitimidad en el
reconocimiento del modelo de Estado que el pueblo se ha conferido, al señalar en lo pertinente, que Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional Comunitario e Intercultural. Efectivamente, el reconocimiento de las identidades culturales bolivianas, nos ha permitido reconocer una estructura básica de usos y costumbres basados en la existencia de valores culturales y principios de comportamiento, por eso, no somos solamente una “sociedad multicultural”, que implicaba una práctica de tolerancia de nuestras identidades culturales, un reconocimiento de que en la sociedad existían diferentes culturas y que debíamos aceptarlas, convivir con ellas desde la concepción monocultural del modelo de Estado anterior que se encontraba previsto en la Constitución Política del Estado de 1967 y sus posteriores reformas; ahora, las identidades culturales fundamentalmente reflejadas en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, tienen su incorporación en la vida institucional del Estado y forman parte de las estructuras de poder para decidir el destino de nuestro país. Este es un elemento de ruptura importante del modelo de Estado liberal y capitalista hacia un Estado Constitucional con gestión intercultural. De ese modo la multiculturalidad se opone al multiculturalismo que representa la aceptación de la tolerancia en una sociedad multicultural, ahora nos obligamos a adoptar medidas para evitar razonablemente la imposición de reglas morales propias del liberalismo, cuestiones éticas que conformaban la tolerancia frente a estas identidades culturales. Estas identidades culturales bajo el proyecto de una gestión intercultural como se ha definido al Estado boliviano, imponen criterios de igualdad en el respeto de las identidades culturales, todas ellas tienen el mismo nivel de posicionamiento, están fuera de lugar consideraciones etnocentristas que permitían la tolerancia, como una concesión de la cultura occidental y política hacia la mayoría que conformaban las identidades culturales. El principio democrático de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, los intereses de estas identidades culturales en Bolivia y sus derechos fundamentales, constituyen ahora bienes jurídicos dignos y necesitados de protección, por lo que no queda otra cosa que protegerlos de la manera más eficiente y eficaz posible ante los ataques más graves de las conductas que resienten todavía prejuicios basados en factores raciales, etnocéntricos, de color de piel, de origen, culturales, nacionalidad idioma o credo religioso y filosófico, cuando estos son los factores que configuran nuestros valores y principios (Art. 8 CPE). Por otro lado, otros factores inherentes a los derechos humanos son también objeto de discriminación, es decir, la identidad sexual, la condición de género, la discapacidad, la instrucción, la ocupación, el embarazo y otros. Esos son los valores más importantes a gestionar para su real incorporación en la sociedad boliviana, pero como todavía no se comprende el alcance del reconocimiento de las identidades culturales o los ataques a las mismas bajo una intolerancia grupal, o como todavía existe la práctica de la tolerancia como criterios de imposición de una cultura dominante, sin reconocer derechos fundamentales; es necesario emplear un mecanismo más efectivo para lograr el respeto de aquellos valores y de los derechos fundamentales, instrumentando políticas preventivas y complementariamente una actitud punitiva del Estado para lograr la convivencia de los seres humanos, en condiciones de igualdad, para evitar el racismo y toda forma de discriminación, en definitiva para buscar la sociedad justa y armoniosa como fin del Estado, sin discriminación, ni explotación, con plena justicia social y consolidación de las identidades plurinacionales (Art. 9, p. I CPE). En consecuencia, el proyecto de ley pretende garantizar la consecución de una sociedad justa y armoniosa, y aunque es preventivo, también es un instrumento punitivo, con la finalidad de generar los mensajes motivacionales de respeto a los valores y bienes que protege y tutela este
proyecto legislativo, incorporándose todos los factores que dan origen a la discriminación referidos en el Art. 14, p. II CPE (sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras), razón por la que se justifican los diferentes tipos penales de la proposición legislativa. La propuesta legislativa lleva implícito los objetivos perseguidos por la ley y promueve fundamentalmente el carácter preventivo para evitar conductas de racismo y toda forma de discriminación. Esta propuesta legislativa contiene los aportes de la sociedad civil, conforme al Art. 241 de la Constitución Política del Estado, por tanto, goza de respaldo y legitimidad social en los diferentes eventos de socialización del proyecto de ley y audiencias públicas, en los que se recogió aportes, propuestas y sugerencias bajo el principio democrático con el que se legitima también la oportunidad, conveniencia, contenido y alcances del proyecto de Ley. La racionalidad nos obliga a tener en cuenta la realidad social en la que se quiere incidir, cuando atiende los hechos sobre los que pretende tener efectos, es decir, se ha tomado en cuenta la realidad social, la realidad jurídica, los efectos que se pueden ocasionar en esas realidades al tomarse la decisión legislativa. Bajo ese presupuesto, la racionalidad ética de la ley necesariamente debe compartir un sistema de creencias que no son objeto de debate, porque los compartimos todos, ese sistema de creencias se traduce en los principios y valores previstos en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado que hay que tener presente en la propuesta del “vivir bien”, razón por la que el proyecto de ley no es contradictorio tampoco con los fines y funciones esenciales del Estado previstos en el Art. 9 de la Constitución, exigiendo que, por principio democrático, la ley sea pragmática y para que sea pragmática tiene que ser efectiva y eficaz; es efectiva cuando se cumple o sea capaz de ser cumplida por los destinatarios de la ley; es eficaz, cuando consiguen sus objetivos, si no es efectiva ni eficaz no es una ley racional. La propuesta legislativa instituye la reglamentación a través de las instancias correspondientes en la que se incorporará criterios de evaluación como mecanismos de control racional sobre la efectividad y eficacia de la ley.
V. CONCLUSIONES 1. La propuesta legislativa desarrolla los preceptos constitucionales de la igualdad y la prohibición y sanción de conductas de discriminación racial y toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica y social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 2. La propuesta legislativa es compatible con los principios y valores previstos en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado y con los fines y funciones del Estado previstos en el Art. 9 del mismo texto constitucional.
VI. RECOMENDACIÓN La Comisión de Derechos Humanos, tras un proceso de socialización, acopio de aportes, sugerencias y propuestas de la sociedad civil incluida la proposición del Dip. Jorge Medina, y el análisis y aprobación en grande y en detalle por parte del pleno de esta instancia legislativa, recomienda la aprobación del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, conforme al procedimiento legislativo constitucional, salvo criterio diferenciado de la Asamblea Legislativa.
Es cuanto la Comisión de Derechos Humanos, informa para fines consiguientes. La Paz, agosto 30 de 2010 Dip. Marianela Paco Durán PRESIDENTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Dip. Nelly Núñez Zegarra (Secretaria Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades) Dip. Patricia Mancilla Martínez (Vocal Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades) Dip. Herbeth Salvatierra Becerra (Vocal Comité de Derechos de Género e Igualdad de Oportunidades) Dip. Carmen Rosa Duran Solíz (Secretaria Comité de Derechos Humanos) Dip. Flora Aguilar Fernández (Vocal Comité de Derechos de Género) Dip. Ibonne Luna Zeballos (Vocal Comité de Derechos de Género)
NICOLÁS CUSICANQUI MORALES nicolascusicanqui@hotmail.com La Paz – Bolivia, 4 de febrero de 2011
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Ley contra el racismo y toda forma de discriminación (Ley 45 Bolivia) por Nicolas Cusicanqui Morales24K visitaInsertarDescargaDescripción:LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
En esta publicación se ha compilado, la Ley contra e...LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓNReglamento a la Ley contra el Racismoy toda forma de discriminación(Compilación)Resumen:En esta publicación se ha compilado, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010) y su Reglamento (Decreto Supremo n° 0762 de 5 de enero de 2011).Ambas fueron tomadas de la página de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, sin alterar su contenido textual.http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/Por otra parte, se incluye una “Exposición de Motivos” -no oficial- de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, así como el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de 30 de agosto de 2010, mediante el cual, se recomienda la aprobación del Proyecto de Ley Nº 737/2010 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”.Como citar:CUSICANQUI MORALES, Nicolás (Compilador). Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y su Reglamento. Edición Digital. La Paz-Bolivia, febrero de 2011Palabras Claves:Ley contra el racismo, Racismo en Bolivia, Discriminación en Bolivia, Delito de Racismo, Ley antirracista, nuevas leyes de BoliviaLa Paz – Bolivia2011Intereses Types, Research, LawLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMostrar másMostrar menos
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