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BOE.es - Documento BOE-A-2008-11587
Documento BOE-A-2008-11587
Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 165, de 9 de julio de 2008, páginas 30008 a 30021 (14 págs.)
BOE-A-2008-11587
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2008/05/23/3
La justificación de la solvencia económica del solicitante podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
Un informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, una presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas.
Una declaración relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos mineros realizados por el solicitante en el curso de los cinco últimos años.
Cualquier otra documentación considerada como suficiente por el órgano minero competente.
Titulaciones académicas y profesionales y experiencia de las plantillas de la empresa.
Una declaración de los medios materiales y equipo técnico del que dispondrá el solicitante para la ejecución de su programa minero.
Una declaración sobre los efectivos personales de la empresa, indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos e importancia de sus equipos directivos durante los últimos cinco años.
Cualquier otra documentación establecida reglamentariamente.
d) En caso de los derechos mineros sometidos a la evaluación ambiental, un estudio ambiental con el contenido establecido en la legislación vigente para su remisión al órgano ambiental autonómico.
g) Un plan de cese de actividades mineras.
h) Un calendario de ejecución y presupuesto.
i) Planos.
k) Cualquier otra documentación e información acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial de aplicación.
2. A la solicitud de los derechos mineros se adjuntará un resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas en los párrafos anteriores, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública.
Artículo 18. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A).
Además de la documentación exigida en el artículo 17 de la presente ley, a la solicitud de derechos mineros de la sección A) se adjuntará la documentación que acredite el derecho al aprovechamiento cuando el yacimiento se encuentre en terrenos de propiedad privada, de conformidad con la legislación específica de minas. Cuando el yacimiento se encuentre en terrenos de propiedad pública, será necesario el oportuno título habilitante de la administración titular.
Artículo 19. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección B).
Además de la documentación exigida en el artículo 17 de la presente ley, la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y huecos resultantes de canteras exigirá la declaración previa de su calificación como recursos de la sección B), realizada por el órgano minero competente.
Artículo 20. Enmienda de las solicitudes.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la presente ley, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución motivada.
Artículo 21. Información pública.
1. Una vez completada la documentación, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se abrirá un periodo de información pública que no será inferior a treinta días.
2. Simultáneamente, el órgano minero competente remitirá copia del expediente a las demás administraciones públicas para que puedan pronunciarse sobre las diferentes materias de su competencia.
1. El municipio que tenga ubicado el derecho minero en su término municipal emitirá un informe sobre las cuestiones de competencia municipal. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde la recepción del expediente.
2. En caso de no emitirse el informe en el plazo señalado, podrán proseguirse las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo pero recibido antes del otorgamiento de los derechos mineros, deberá ser valorado en su resolución por el órgano minero competente.
3. Si el informe municipal fuera desfavorable, con independencia del momento en que se emitió, el órgano minero competente, en caso de disconformidad con el mismo y excepcionalmente, elevará al Consejo de la Xunta el expediente para su resolución motivada. La resolución adoptada por el Consejo de la Xunta determinará, en su caso, el contenido de los derechos mineros y adoptará las disposiciones necesarias en relación al planeamiento urbanístico y la protección ambiental.
El órgano minero competente remitirá a los órganos ambiental, urbanístico y agrario de la comunidad autónoma la solicitud de derechos mineros para que emitan informe preceptivo y determinante que acredite una gestión minera compatible con el medio ambiente y el patrimonio cultural y con la planificación urbanística y territorial, así como con la ordenación agraria. Dichos informes deberán emitirse en el plazo de dos meses desde la recepción del expediente.
Artículo 25. Trámite de audiencia.
1. Una vez emitidos los informes preceptivos a que se refieren los artículos anteriores, se dará audiencia a los interesados e interesadas para que formulen las alegaciones o aporten las informaciones y documentos que estimen oportunos, en el plazo máximo de quince días.
2. Si antes del vencimiento del plazo los interesados e interesadas manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
2. La resolución otorgará o denegará el derecho minero solicitado. Los derechos mineros podrán denegarse motivadamente en los siguientes casos:
a) La inadecuación de la memoria y demás documentos presentados a los requisitos y condiciones exigidos por la legislación minera.
c) El incumplimiento de los requisitos subjetivos, o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante.
e) La incompatibilidad y la no prevalencia con otro derecho minero preexistente, o con infraestructuras de interés público en el territorio de la comunidad autónoma.
3. La resolución que otorgue el derecho minero podrá imponer las condiciones necesarias para su adecuación o compatibilidad con otros intereses dignos de protección.
Dicha resolución podrá incluir también, con los condicionamientos que en su caso procedan, la autorización de escombreras y de establecimientos de beneficio, siempre y cuando exista una unidad productiva y de ubicación física de las instalaciones.
4. Transcurrido el plazo máximo de doce meses sin que se hubiera notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
b) Su extensión y delimitación.–En caso de permisos de exploración, el órgano minero competente valorará que, dentro de los límites fijados por la legislación específica de minas, su extensión no supere las cuatrocientas cuadrículas mineras, teniendo en cuenta las peculiaridades del territorio de la comunidad autónoma, por razones ambientales, agrarias, urbanísticas u otras de su competencia.
1. La persona titular de un derecho minero deberá constituir una garantía suficiente en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de su otorgamiento, siendo responsable de su mantenimiento en los términos señalados en los epígrafes siguientes.
2. La cuantía de la garantía corresponderá a la suma de dos conceptos, uno fijo y otro variable. En todo caso, su importe deberá ser actualizado según se determine reglamentariamente.
3. La garantía fija responderá del cumplimiento de las obligaciones de financiación y viabilidad de los trabajos mineros. Su importe será del 4% del presupuesto de financiación, en caso de una autorización de aprovechamiento o de una concesión de explotación, y de un 20% para los permisos de exploración o investigación.
4. La garantía variable responderá del cumplimiento del Plan de restauración ambiental, determinándose su cuantía de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Coste real de todos los trabajos de restauración.
El plazo de la garantía se fijará en función de criterios técnicos derivados de los trabajos mineros y de la ejecución del plan de restauración.
5. La garantía podrá constituirse por cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en metálico o en títulos de emisión pública, constituido en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Mediante aval solidario e incondicionado prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito o establecimientos financieros de crédito autorizados para operar en España.
1. Los terrenos francos resultantes del levantamiento de una zona de reserva o la declaración de caducidad de un permiso de exploración, un permiso de investigación o una concesión minera podrán ser declarados registrables una vez celebrado el necesario concurso público previsto en la legislación específica minera.
2. Las convocatorias tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) La documentación a presentar por el solicitante, que será, al menos, la siguiente:
La que acredite que reúne los requisitos establecidos para ser titular de derechos mineros.
La que acredite la constitución de una fianza provisional.
b) La designación del terreno que se pretende, lugar y superficie del yacimiento o recurso minero objeto del concurso.
c) Los requisitos de viabilidad y solvencia técnica.
d) La metodología y técnica minera requeridas.
e) La inversión mínima necesaria.
f) El plazo de ejecución de los trabajos.
3. El concurso se adjudicará al solicitante que, en su conjunto, formule la propuesta más ventajosa a juicio del órgano minero competente, pudiendo declararse desierto.
4. Si después de celebrado el concurso quedaran aún terrenos no adjudicados, podrán ser declarados francos y registrables por la Administración minera, debiéndose publicar esa declaración en el Diario Oficial de Galicia.
El otorgamiento de los derechos mineros se hará en coordinación con las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias, entre otras, la licencia municipal de actividades clasificadas y las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
1. No podrán otorgarse derechos mineros sin que previamente se tenga dictada la declaración ambiental, cuando sea necesaria de conformidad con la legislación vigente.
2. A estos efectos, el órgano ambiental competente, en cuanto formule la declaración ambiental, remitirá una copia de la misma al órgano minero, que habrá de incorporar su condicionado al contenido de los derechos mineros.
Artículo 38. Coordinación con el régimen de aplicación en materia de licencias urbanísticas y actividades clasificadas.
1. El ejercicio de los derechos mineros estará condicionado al otorgamiento de las licencias municipales urbanísticas y de actividades clasificadas, de conformidad con la normativa de aplicación.
2. A estos efectos, el municipio en que esté ubicado el derecho minero habrá de pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto minero en el informe que deberá remitir al órgano minero competente durante la tramitación de los derechos mineros.
Disposición adicional tercera. Inspección.
Disposición adicional cuarta. Fianza ambiental.
Disposición transitoria única. Expedientes administrativos de regularización no resueltos.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
Disposición final tercera. Aprobación de las normas y planes previstos en la presente ley.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 109, de 6 de junio de 2008)
Fecha de disposición: 23/05/2008
Publicada en el DOG núm. 109, de 6 de junio de 2008.
el art. 2.2, por Ley 8/2019, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2020-1850).
los arts. 35, 36, 50, 58 y 59 y SE AÑADE el art. 61 bis y las disposiciones adicionales 8 y 9 por Ley 3/2018, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-3997).
SE DEROGA el art. 25 bis y SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 5/2017, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12949).
los arts. 9.2, 14 y SE AÑADE la disposición adicional 5, por Ley 2/2017, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2017-3823).
el art. 14, por Ley 2/2016, de 10 de febrero (Ref. BOE-A-2016-3191).
SE DECLARA en el recurso 5458/2015, su desestimación en relación con las disposiciones transitorias 1 y 2, en la redacción dada por el art. 84 de la ley 12/2014, de 22 de diciembre, por Sentencia 33/2016, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2016-2914).
Recurso 5458/2015 planteado en relación con las disposiciones transitorias 1 y 2, en la redacción dada por el art. 84, de la 12/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-10864).
SE MODIFICA los arts. 2, 17.1, 22, 23, 26, SE RENUMERA la disposición transitoria única como 1 y SE AÑADE el art. 25 bis y la disposición transitoria 2, por Ley 12/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-2606).
DEROGA Decreto 56/1985, de 21 de marzo (DOGA de 27 de abril).
arts. 36, 37 y la disposición transitoria 12 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1267).
Anexo I de la Ley 6/2001, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2001-14560).
art. 28.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).

References: Artículo 18
 artículo 17

Artículo 19
 artículo 17

Artículo 20
 resolución 

Artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 38