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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 30 DE BARCELONA SENTENCIA. En Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce. - PDF
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Emilio Ramos Ortega
1 LUCAS RUBIO ORTEGA Procurador de los Tribunales Tel.: Fax: Ldo.: ALBERTO FERNANDEZ BOIRA Su Ref.: Mi Ref.: F.Notificacion: 03/04/14 Sentencia Estima demanda con costas JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 30 DE BARCELONA Procedimiento: Juicio Ordinario nº 842/ Sec. A2 SENTENCIA En Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce. Vistos por D. ******** ****** *********, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia Número Treinta de Barcelona, los autos de Juicio Ordinario sobre acción de nulidad de contrato registrados con el número 842/2013-A2, a instancia de D. **** ******* *******, DNI: *********, con domicilio en Barcelona, calle *******************, representado por el Procurador Sr. Rubio Ortega y asistido por el Letrado Sr. Fernández Boira, contra la entidad BANKIA, S.A., CIF: A , con domicilio a efectos de citaciones en Valencia, calle Pintor Sorolla nº 8, representada por la Procuradora Sra. ****** **** y asistida por el Letrado Sr. ******* ********. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Procurador Sr. Rubio Ortega, en representación de D. **** ******* *******, presentó demanda en fecha 5 de julio de 2013 contra la entidad Bankia, S.A.. Se señala que el demandante contrató con la entidad Caja Madrid unas participaciones preferentes correspondientes a la emisión de 2009, Serie II, que constituye un instrumento financiero complejo y de alto riesgo. Este producto fue comercializado indebidamente, ya que fue ofrecido a clientes minoristas que tenían asegurados sus ahorros en depósitos a plazo fijo. El demandante es cliente de la sucursal de la entidad demandada desde hace más de 30 años, cuando aún era Banca Jover. Por ello, había establecido una estrecha relación de confianza con los empleados de la sucursal, es especial Dª. ****** ****** ******** ************, que desarrollaba funciones de asesora de banca personal. El demandante carece de conocimientos financieros, y recababa el consejo y las recomendaciones de los profesionales de la sucursal. Se asignó al demandante al empleado D. ****** ******** ************ como gestor personal, y posteriormente fue la Sra. ********** la que asumió tal función. El actor era un cliente minorista y consumidor, con un perfil ahorrador totalmente conservador. En fecha 7 de mayo de 2009 venció una de las imposiciones a plazo fijo que el demandante tenía concertada con la demandada. A los pocos días, el demandante recibió una llamada de la Sra. ********** **********, invitándole a que pasara por la sucursal, y le ofreció un producto que le fue presentado como
2 seguro, disponible, con una rentabilidad superior, y reservado para clientes preferentes con alta vinculación con la entidad. El día 22 de mayo de 2009 se produjo la visita. El producto se presentó como seguro y conservador, sin ningún tipo de riesgo. En suma, se dijo que este producto era similar a un depósito, sin riesgo de perder capital, y con una mayor rentabilidad. No se hizo ninguna evaluación de la conveniencia e idoneidad de la operación. De hecho, se recomendó expresamente al actor que suscribiese este producto. Se dijo que no había plazo, ya que el vencimiento lo fijaba el propio cliente, avisando con unos días de antelación. El demandante no sólo destinó a este producto la cantidad existente en el depósito que acababa de vencer, sino que canceló anticipadamente otro producto para destinarlo a participaciones preferentes. No se dejó ningún periodo para madurar la decisión, la información fue tendenciosa e interesada. Se afirma que en aquella época ya se sabía que la operación era de elevado riesgo, y de hecho se había variado la calificación hecha por la agencia Moody's. El demandante comenzó a tener problemas de tesorería en su negocio. En fecha 24 de enero de 2011 retiró euros de los que había contratado en su momento, con lo que quedaron sólo euros. No hubo ningún problema para ello, y los empleados de la demandada continuaron asegurando la disponibilidad del producto. Siempre se comunicó al actor que el producto tenía una valía del 100%, cuando el informe de la Comisión del Mercado de Valores de 11 de febrero de 2013 establece un valor razonable entre el 64,5% y el 71,5%. Si el actor hubiese sabido que las posibilidades de disponer del capital dependían de las fluctuaciones de esta valoración, nunca habría contratado el producto. Cuando el actor decidió retirar su dinero, los empleados de la demandada le dijeron que no se preocupase y que la situación se resolvería. En fecha 18 de abril de 2013 se publicó Resolución del FROB por la que las participaciones preferentes pasaron a convertirse en acciones de Bankia, S.A.. Se afirma que la demandada ha quebrantado sus deberes de lealtad, información y diligencia; ha incumplido el deber de evaluar la conveniencia del producto para el cliente concreto, conforme a la normativa MIFID; no hubo un análisis de idoneidad ni se cumplieron los presupuestos básicos de la venta asesorada. El producto sirvió para capitalizar a la demandada en un momento en que ya había entrado en dificultades, con lo que existía un evidente conflicto de intereses. Con ello, se ha producido un vicio en el consentimiento, provocado por el dolo y la mala fe de la demandada. El perjuicio se fija en ,92 euros, que se obtiene del nominal en cartera de las participaciones preferentes ( euros), más el interés legal de esa suma mientras estuvo a disposición de la entidad (2.182,46 euros y 1.755,61 euros), menos la rentabilidad que ha supuesto para el actor durante todo el tiempo de la contratación (4.253,48 euros). Tras exponer los fundamentos de derecho considerados aplicables, se solicitaba sentencia por la que: 1.-) Se declare la ineficacia del contrato de valores así como la compra de participaciones preferentes Caja Madrid Serie II 2009 por dolo y error como vicio del consentimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1303 del Código Civil (en adelante, CC), en concordancia con los arts. 1303, 1262, 1265 y 1266
3 del mismo cuerpo legal y, en consecuencia, se condene a Bankia, S.A. a estar y pasar por dicha declaración y a devolver al actor la cantidad de ,92 euros, más costas procesales. A su vez, el demandante deberá entregar los valores obtenidos fruto de la acción de gestión de híbridos a la demandada para consolidar su propiedad. 2.-) Subsidiariamente, se declare el incumplimiento por Bankia, S.A. de las obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información en la comisión mercantil consistente en una venta asesorada y administración de los instrumentos financieros objeto de la demanda (Participaciones Preferentes Caja Madrid Serie II 2009), y se declare de conformidad con el art CC la resolución de los contratos, con resarcimiento de los daños ocasionados y el abono de los intereses de dichas sumas y, en consecuencia, se condene a Bankia, S.A. a estar y pasar por la resolución del contrato de administración de valores y la orden de suscripción que conlleva la obligación de que las partes se restituyan recíprocamente lo que hubieren percibido, por lo que la demanda deberá devolver al actor la cantidad de ,92 euros. A su vez, el demandante deberá entregar los valores obtenidos fruto de la acción de gestión de híbridos a la demandada para consolidar su propiedad. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada. 3.-) Final y subsidiariamente, se declare el incumplimiento por Bankia, S.A. de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información en la comisión mercantil consistente en venta asesorada de los instrumentos financieros objeto de demanda (Participaciones Preferentes Caja Madrid Serie II 2009), así como del contrato de administración y depósito de valores, y se declare la responsabilidad contractual del art CC para el resarcimiento de los daños ocasionados y el abono de los intereses de dichas sumas, y en consecuencia se condene a Bankia, S.A. a pagar la cantidad consistente en la diferencia entre el nominal de la inversión que se mantiene en cartera ( euros) y el valor real líquido que tuvieran las acciones obtenidas fruto de la acción de gestión de instrumentos híbridos en el momento de ejecutar la sentencia, todo ello con condena en costas a la demandada. SEGUNDO.- Por Decreto de 15 de julio de 2013 se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la demandada para contestarla en el plazo legal. TERCERO.- La Procuradora Sra. ****** ****, en representación de la entidad Bankia, S.A., presentó escrito de contestación a la demanda. Se planteó excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, por no haber dirigido la demanda contra la entidad Caja Madrid Finance Preferred, S.A.. También se formuló excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por falta de precisión en la determinación de las partes y de la petición que se deduce de la misma. También se alegó caducidad respecto de la acción ejercitada por supuesto vicio del consentimiento, por el transcurso del plazo de cuatro años previsto en el art CC. Se alegó que no hubo ningún incumplimiento de normativa en cuanto a la información facilitada al cliente. Se alude a la existencia de productos complejos que previamente habían sido contratados por el actor, en concreto fondos de inversión. Se reconoce que en fecha 22 de mayo de 2009 se emitió la orden de compra de 350 títulos de
4 participaciones preferentes, por euros. En la operación aparece Dª. ******* ******* ********** ************ como persona que asesora y gestiona el patrimonio del Sr. N*******. En fecha 24 de enero de 2011 el actor vendió 170 títulos, por importe nominal de euros. Se alega que el tiempo transcurrido en la contratación y la existencia de esta orden de venta evidencia que el actor era conocedor de las características del producto. Se señala que la demandada aportó toda la información legalmente exigible, en concreto el documento Información de las condiciones de prestación de servicios de inversión, el Folleto de emisión de participaciones preferentes serie II, Caja Madrid Finance Preferred, S.A., el Resumen de la Emisión de Participaciones Preferentes Serie II y el Test de conveniencia. En esa documentación se advierte de todos los riesgos del producto. El demandante nunca mostró disconformidad, y sólo ha intentado anular el producto cuando ha dejado de obtener rentabilidad. Durante el tiempo en que disfrutó del producto, el Sr. N****** obtuvo una rentabilidad total de 5.321,13 euros, mucho más que lo que habría resultado de un depósito tradicional. Se alega que la pérdida de rentabilidad de las participaciones preferentes proviene de la crisis mundial que ha azotado al sector financiero. Dentro del plan de reestructuración de Bankia, se procedió a la oferta voluntaria de canje o recompra de esos valores. Posteriormente, mediante Resolución de 16 de abril de 2013, el FROB acordó canjear de forma automática todas las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Se señala que no cabe acordar la resolución del contrato, ya que esta parte no incurrió en incumplimiento. Se alega que no existió incumplimiento del deber de informar a los clientes. No concurre vicio del consentimiento. No se dan los elementos de esencialidad, inexcusabilidad y causalidad que determinan que el error pueda anular el consentimiento prestado. Tampoco concurrió dolo en la actuación de la demandada. La entidad Bankia prestó un servicio de ejecución de una orden de inversión o depósito o administración de valores, pero no un asesoramiento financiero. Se alega la doctrina de los actos propios y la confirmación del contrato por actos del perjudicado. No cabe apreciar que la demandada actuase en contra de los principios de buena fe. No cabe declarar la resolución del contrato al no existir un perjuicio indemnizable, ni nexo causal entre la actuación de la demandada y los perjuicios cuya indemnización se pretende. Así, tras exponer los fundamentos de derecho considerados aplicables, se solicitaba sentencia desestimando la demanda, con costas a la parte actora. CUARTO.- Citadas las partes a audiencia previa, y tras una suspensión por el motivo que obra en las actuaciones, ésta se celebró en fecha 11 de diciembre de No se llegó a avenencia entre los interesados. Se rechazaron las excepciones procesales de falta de litisconsorcio pasivo necesario y de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Se realizaron alegaciones complementarias. La parte actora precisó que existió un error aritmético al calcular los rendimientos derivados de los títulos. Se reconoció que la cuantía correcta es la que aparece en la contestación a la demanda, esto es, 5.321,23 euros. Por eso, el saldo que se reclama es de ,93 euros. Se señaló asimismo, que la Sra. ********** no es la gestora del demandante, sino su esposa. Tras dar audiencia a la parte contraria, se tuvo por modificada la cuantía
5 reclamada, en la forma expuesta por la parte actora en este trámite. Se hicieron manifestaciones sobre los documentos presentados de contrario. Se fijaron los hechos controvertidos, y se abrió la fase de prueba. QUINTO.- En fecha 17 de diciembre de 2013 se presentó escrito por la Procuradora Sra. Llinàs Vila, en representación de la entidad Caja Madrid Finance Preferred, S.A., solicitando la intervención voluntaria en el procedimiento. Tras haberse oído a las partes, se dictó Auto en fecha 5 de febrero de 2014 por el que se denegó la petición formulada. SEXTO.- El juicio se celebró en fecha 26 de febrero de Se practicaron las pruebas declaradas pertinentes en la audiencia previa, en concreto documental y testifical. Tras el trámite de informe y conclusiones, quedaron los autos pendientes de sentencia. SÉPTIMO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo el plazo previsto para dictar sentencia, debido a la acumulación de asuntos existente en este juzgado. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La representación de D. ***************** ejercita una acción de nulidad y resolución de contrato, relativa a un negocio jurídico perfeccionado con la entidad Caja Madrid, hoy Bankia, S.A.. Concretamente, y según se aclaró en la audiencia previa, se solicita la nulidad (en el Suplico de la demanda se habla de ineficacia, aunque la invocación de los arts y ss. del CC no deja dudas sobre cuál es la acción ejercitada) de la orden de compra y suscripción de participaciones preferentes, de fecha 22 de mayo de 2009, por importe de euros (doc. nº 16 de los acompañados a la demanda y doc. nº 2 de los acompañados a la contestación). En fecha 24 de enero de 2011 el demandante suscribió la venta de parte de esos títulos, en cuantía de euros, por lo que la acción se refiere a unos títulos con valor nominal de euros. Esas participaciones preferentes fueron canjeadas por acciones de Bankia, S.A., en virtud de Resolución del FROB de 16 de abril de Se ejercita la acción de nulidad, por entender que la demandada actuó con dolo en la contratación, omitiendo el deber de información e induciendo al actor a error en la prestación del consentimiento. SEGUNDO.- Según el art CC, no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º) Consentimiento de los contratantes. 2º) Objeto cierto que sea materia del contrato. 3º) Causa de la obligación que se establezca. El art CC establece: Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. En este caso, y según se expresa en la demanda, se ejercita la acción de nulidad basada en el vicio o error del consentimiento, por el desconocimiento de
6 lo que realmente se estaba contratando, y ello por la falta de información por la demandada respecto del producto comercializado, hasta el punto de que el demandante firmó el contrato convencido de que estaba suscribiendo un mero producto de renta fija, recuperable a su voluntad, sin riesgo alguno de perder el capital inicialmente desembolsado. TERCERO.- Como señala la parte actora en su demanda, las participaciones preferentes constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad, y que cotiza en el mercado secundario. Ello implica para el cliente mayores dificultades para conocer el resultado de su inversión y proceder a su venta, y, correlativamente, ha de suponer incrementar el deber de celo exigible al banco en cuanto a la obligación de informar sobre las vicisitudes que pueden rodear la inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha indicado que las participaciones preferentes son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital, ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido. Las participaciones preferentes no cotizan en bolsa, sino que se negocian en un mercado secundario organizado. Su liquidez, en cualquier caso, es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión. No se ha cuestionado que el actor debía ser calificado como cliente minorista en cuanto a su perfil inversor. Además, ostenta la condición de consumidor conforme a nuestra legislación. Con ello, resultaba merecedor de la máxima protección en la contratación de este tipo de productos. CUARTO.- Antes de abordar la cuestión de fondo que constituye el núcleo de la cuestión litigiosa, y después de haberse resuelto en la audiencia previa las cuestiones procesales de falta de litisconsorcio pasivo necesario y defecto legal en el modo de proponer la demanda, debe analizarse la excepción de caducidad alegada por la demandada. El art CC establece que la acción de nulidad sólo durará cuatro años. En cuanto al momento a partir del cual ese plazo empezará a correr, el precepto establece que en los [casos] de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. La demanda que ha dado lugar a la incoación de este procedimiento se presentó en fecha 5 de julio de 2013, por lo que en ese momento ya habían transcurrido más de cuatro años desde la suscripción de la orden de compra cuya nulidad se solicita en el Suplico de la demanda (22 de mayo de 2009). Este juzgador comparte la afirmación de la demandada, en el sentido de que la acción ejercitada sólo puede dar lugar a una nulidad relativa o anulabilidad, y no a una nulidad radical o absoluta. La parte actora fundamenta su pretensión en el error cometido por el demandante, al no tener verdadera consciencia del significado del negocio, y por lo tanto en el hecho de haber prestado su consentimiento contractual de una manera viciada. No puede hablarse de una falta absoluta de consentimiento, desde el momento en que el actor emitió una declaración de voluntad deliberada y consciente, dirigida a desplegar derechos y obligaciones entre las partes, aunque fuese en la creencia de que su contenido habría de ser muy diferente del que finalmente se llevó a cabo.
7 A criterio de este juzgador, no procede apreciar la excepción alegada. Cabe invocar la reiterada jurisprudencia según la cual debe distinguirse entre perfección y consumación del contrato. La consumación del contrato sólo tiene lugar, según esta doctrina, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de las partes. Y, puesto que la orden de compra no tenía fijada fecha de vencimiento y sólo establecía el marco de relación entre las partes, la acción de nulidad no podría considerarse caducada. Ya la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo vino a establecer esta clara distinción entre perfección y consumación del contrato. La STS de 11 de julio de 1984, haciéndose eco de las SSTS de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928, destacaba que, aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error, se produce a partir de la consumación del contrato, ello ha de identificarse con el momento de realización de todas las obligaciones. El término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo (STS de 24 de junio de 1897), y la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó (STS de 20 de febrero de 1928). Así, en contratos de tracto sucesivo, la consumación del contrato, a los efectos de aplicar el art CC, ha de corresponder al momento en que quedan agotadas todas las prestaciones derivadas del negocio jurídico (STS de 11 de junio de 2003). Así, en contratos de tracto sucesivo, la consumación del contrato, a los efectos de aplicar el art CC, ha de corresponder al momento en que quedan agotadas todas las prestaciones derivadas del negocio jurídico (STS de 11 de junio de 2003). En este caso, procede entender que el contrato suscrito por las partes es de tracto sucesivo. El negocio jurídico no se agota con la orden de compra, sino que se prolonga en el tiempo y despliega efectos hacia el futuro. La obligación de la entidad bancaria de abonar al actor los intereses o beneficios de su inversión deriva de los pactos alcanzados. Los rendimientos que se derivan de la titularidad de participaciones preferentes no constituyen unos frutos que generen los títulos per se, sino que la demandada, al suscribir el contrato, se está comprometiendo frente a su cliente a la realidad y eficacia de su abono. Con ello, la función de la entidad financiera incluye obligaciones posteriores a la firma, en especial la ya indicada de liquidar y abonar periódicamente el interés pactado, hasta que se produzca el vencimiento del contrato o una orden de venta por el demandante. En conclusión, no cabe considerar que la acción se haya ejercitado con posterioridad al transcurso de los cuatro años desde la total consumación del contrato. Y, en consecuencia, no puede considerarse que la acción de nulidad (anulabilidad), basada en la existencia de un vicio de consentimiento, haya caducado. QUINTO.- En cuanto al derecho de información en el ámbito de la contratación bancaria, y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 19ª, de 9 de mayo de 2011, la tutela de la transparencia es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios. La finalidad de ese deber de transparencia es no sólo la de lograr la eficiencia del sistema bancario, sino
8 también la de tutelar a los sujetos que intervienen en él. En ese ámbito, el legislador ha impuesto una serie de deberes que alcanzan tanto a la fase previa a la contratación (información precontractual, anterior a la firma), como al propio momento de la suscripción (mediante la documentación contractual exigible). El art de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y su posterior desarrollo, supuso una evidente mejora en la tarea de salvaguarda de los derechos de protección del cliente bancario. No obstante, resulta de aplicación a casos como el que se plantea en este proceso la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante, LMV). El art. 79 LMV, en su redacción original, establecía como reglas esenciales del comportamiento de las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito, frente a sus clientes, el deber de diligencia y transparencia en la contratación y el desarrollo de una gestión ordenada y prudencia, cuidando de los intereses del cliente como propios. Posteriormente, el Real Decreto 629/1993 desarrolló, en su anexo, un código de conducta, cuyos valores esenciales eran los principios de imparcialidad y buena fe, el cuidado y la diligencia debida, así como la adecuada infomación tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de inversión (anexo 1, art. 4), como frente al cliente (art. 5). Se imponía el deber de proporcionar toda la información disponible y que pudiera ser relevante para la adopción por el cliente de la decisión de inversión, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación pudiera conllevar (art. 5.3). Aunque dicho Decreto fue derogado, la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modificó la LMV, continuó el desarrollo normativo de protección del cliente bancario. Se introdujo la distinción de clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a unos y otros (art. 78 bis LMV). Se reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador de servicios. Se introdujo un art. 79 bis LMV, en virtud del cual se regularon exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no profesional, incluidos los potenciales. Entre otras circunstancias, el deber de información debía abarcar la naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrecía, a los fines de que el cliente pudiera tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. La información debía incluir las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencia financiera y aquellos objetivos (art. 79 bis LMV, apdos. 3, 4 y 7). Posteriormente, el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre Régimen Jurídico de Empresas de Servicios de Inversión, ha insistido, entre otros aspectos, en este deber de fidelidad y adecuada información al cliente, tanto en fase precontractual como contractual (arts. 60 y ss.) Todas estas normas son consecuencia de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), esto es, Directiva 2004/39 de 21 de abril de 2004, Directiva 2006/73 de 10 de agosto de 2006 y Reglamento 1287/2006 de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
9 en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva. Esta regulación es aplicable directamente, aunque la legislación europea no hubiera sido traspuesta al ordenamiento jurídico español en el momento de suscribirse el contrato cuya nulidad se predica. Obviamente, no cabe pretender que la entidad bancaria desatienda el fin que le es propio, como entidad que actúa en el tráfico económico con un ánimo de lucro. El deber de fidelidad y de información al cliente no puede llevarse al extremo de que la entidad bancaria deba anteponer el interés de aquél al suyo propio. Puesto que en estos casos estamos ante contratos de carácter sinalagmático, cada parte velará por su propio interés. No obstante, eso no quita para que pueda y deba exigirse a la entidad bancaria un deber de lealtad hacia su cliente, conforme al principio de buena fe contractual consagrado en el art. 7 CC, maxime en los casos en los que es el propio banco el que toma la iniciativa en la contratación, proponiendo un determinado modelo de contrato ya preconfigurado. De lo que se trata, en definitiva, es de que el cliente pueda prestar su consentimiento contractual de una manera libre y consciente, con suficiente conocimiento de causa de los derechos y obligaciones que se derivan del negocio jurídico, y del alcance de los mismos. SEXTO.- Y, a la vista del conjunto de la prueba practicada, deberá estimarse la demanda interpuesta. Vaya por delante, ante todo, que el Sr. N****** está plenamente legitimado para ejercer por sí solo la acción de nulidad relativa a la orden de compra de participaciones preferentes a la que se refiere este procedimiento. Es cierto que estas participaciones preferentes fueron adquiridas en el marco de un contrato de depósito o administración de valores, suscrito en la misma fecha de 22 de mayo de 2009 por D. ******************** y Dª. *********************** (doc. nº 2 de los acompañados a la contestación a la demanda). Sería discutible precisar el verdadero sentido de las expresiones propietario y gestor que aparecen en el apartado Condición, pero sí se antoja obvio que ambos suscribieron el contrato como titulares. Por tanto, cualquier acción de nulidad o de resolución que viniese referida a tal contrato debería haber sido ejercida conjuntamente por D. ******************** y Dª. ***********************. El demandante carece de legitimación activa para ejercer por sí solo tales acciones. No obstante, si se observan los documentos en los que se plasmaron las órdenes de compra (22 de mayo de 2009) y venta (24 de enero de 2011) de participaciones preferentes, a los que específicamente se refiere este procedimiento (docs. nº 1 y 2 de la contestación a la demanda), se observa en los mismos que, si bien aparecen también los nombres del Sr. ********* y la Sra. ************, sólo el primero de ellos firmó de puño y letra esas órdenes. En el mismo sentido, las distintas liquidaciones que se realizaron por la demandada, como pago de rendimientos, así como las notificaciones fiscales, se hicieron únicamente a nombre del Sr. **********, como titular (docs. nº 20 a 22 de los acompañados a la demanda y doc. nº 6 de la contestación). Por tanto, en lo que se refiere concretamente a la suscripción de los títulos de participaciones preferentes, cabe entender que fue el actor la única persona que suscribió el producto, asumiendo por sí solo la condición de parte contractual, y por ello
10 estará plenamente legitimado para el ejercicio de las acciones de nulidad o resolución contractual que pudieran proceder. SÉPTIMO.- En este caso, no ha quedado acreditado que el demandante contara con experiencia financiera relevante en operaciones con productos bancarios complejos, o fuera conocedor de los mercados de finanzas, hasta el punto de poder conocer el contenido de los contratos cuya nulidad se pretende, en especial en lo que se refiere a funcionamiento y riesgos asumidos mediante la contratación de participaciones preferentes. El demandante es una persona a la que cabría atribuir un nivel medio de conocimientos generales, en la medida en que puede presumirse que acudía a su oficina bancaria y se interesaba por el estado de sus cuentas y por sus inversiones. Pero, en todo caso, ello revelaría un nivel de conocimientos ajustado al que correspondería a cualquier ciudadano interesado en la llevanza ordenada de su patrimonio. La parte demandada ha apuntado que el demandante estaba ilustrado en la contratación de inversiones complejas y de riesgo, ya que con anterioridad había adquirido productos de estas características. No obstante, el hecho de que en el listado de productos de la demandada aparezca un fondo de inversión, cuyas características y circunstancias se desconocen, contratado en 1997, y por una cuantía de euros, no se puede considerar una prueba suficiente para poder presumir que el Sr. *********** tenía especiales conocimientos en productos bancarios y financieros, ni que estuviese experimentado en la contratación de operaciones de riesgo. En suma, resulta evidente que se trataba de un cliente minorista cuando suscribió la orden de compra de participaciones preferentes. Y, en la medida en que ese contrato venía a sustituir o complementar otros productos bancarios de renta fija tradicional, cabe deducir que se trataba de un cliente de perfil conservador. El contrato cuya nulidad se solicita en este proceso fue suscrito cuando ya estaba en vigor la normativa MIFID. Por tanto, era obligatorio para la demandada someter al demandante al oportuno test de conveniencia. Y, en contra de lo que se pretende por la representación de Bankia, S.A., no cabe considerar probado que el Sr. ************ cumplimentase dicho test. Tan sólo consta en la propuesta de inversión (doc. nº 16 de los acompañados a la demanda) y en la propia orden de compra (doc. nº 2 de los acompañados a la contestación) que ese test de idoneidad se ha realizado. Sin embargo, a pesar de los requerimientos dirigidos a la demandada para su aportación a las actuaciones, lo cierto es que no consta en este procedimiento que dicho test haya llegado a formalizarse de una forma expresa. Ante ello, las alegaciones efectuadas por la demandada no pueden merecer ningún juicio favorable. La documentación aportada junto a la contestación a la demanda no viene a decir que el perfil del demandante corresponda a un cliente conocedor de productos financieros de riesgo, familiarizado con su funcionamiento y consciente de los peligros que puede entrañar para el inversor. En realidad, el soporte documental aportado parece más bien dirigido a acreditar que el Sr. ********** fue informado adecuadamente de los riesgos del producto, y que a pesar de ello decidió suscribir el contrato de un modo consciente. En concreto, el Sr. ********** suscribió en fecha 22 de mayo de 2009 un documento de asunción de riesgos, mediante el que manifestaba, entre otras cosas, que ha
11 sido informado de que el instrumento financiero referenciado presenta un riesgo elevado. En particular, de la posibilidad de incurrir en pérdidas en el nominal invertido y de que no existe de negociación rápida y fluida en el mercado en el caso de que decida vender el instrumento financiero referenciado (doc. nº 4 de los acompañados a la contestación). No consta que el Sr. ************ suscribiese la recepción de la información de las condiciones de prestación de servicios de inversión (doc. nº 3 de la contestación), aunque sí consta que firmó la recepción del resumen de la emisión de participaciones preferentes de Caja Madrid (doc. nº 4 de la contestación), en donde consta una referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas y de perder todo o parte del capital invertido. Como destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 25 de julio de 2012, para que la entidad financiera se vea exonerada de responsabilidad, no será suficiente con la inclusión de una cláusula genérica en el contrato sobre recepción de información y asunción de riesgos. En concreto, en cuanto a los tests de adecuación y conveniencia exigidos por la normativa MIFID, los mismos constituyen algo más que una engorrosa formalidad, pues se imponen a las entidades que contratan productos de alto riesgo. Ello es así porque se presume que con muy alta probabilidad el cliente carece de la formación necesaria para comprender los riesgos del producto, así como la adecuación del mismo a sus necesidades financieras. Por consiguiente, el papel de las entidades bancarias en esta contratación no es el de velar exclusivamente por sus propios intereses, sino el de hacerlo también por los del cliente, aconsejándole la contratación del producto más adecuado a sus necesidades. Ese deber es un imperativo legal que está justificado por el carácter de productos de difícil comprensión y alto riesgo. Quienes intermedian en la contratación, u ofrecen estos productos en el mercado, deben asumir, por mandato del legislador, un papel de garantes de los derechos de los clientes que va mucho más allá de la simple intermediación y se concreta en funciones de verdadero asesoramiento, esto es, esa función que, según la contestación a la demanda, Bankia, S.A. afirma no haber desarrollado en este caso. OCTAVO.- La prueba practicada en este proceso conduce a la conclusión de que el demandante no fue debidamente informado de las condiciones de este producto. La demandada relata en su contestación que el actor recibió toda la información suficiente para conocer las características del contrato, el funcionamiento del mismo, y el contenido de los derechos y obligaciones asumidos por cada parte. Es más, durante el juicio se ha llegado a decir que el demandante ya tenía un conocimiento previo sobre la existencia y funcionamiento de este producto, y que hubo un interés especial por su parte en adquirir participaciones preferentes. Pues bien, la información escrita, aparte de ser compleja, voluminosa y de difícil comprensión en muchos de sus apartados, hace referencia en todo momento a que se trata de un producto de riesgo. Sin embargo, ese rasgo esencial que caracteriza esta operación no aparece indicado en caracteres suficientemente destacados. Toda la documentación suscrita por el demandante sobre asunción de riesgos parece corresponder más bien a la firma de documentos preconstituidos. El carácter arriesgado de la compra de participaciones preferentes no aparece con la suficiente claridad en la orden de compra, en la
12 que el riesgo se menciona mediante la mera remisión a otros documentos que no consta que se llegasen a realizar. El test de idoneidad, que en principio debería servir para calibrar el perfil del cliente y para acreditar que la demandada realizó un estudio serio sobre si la operación a contratar se ajustaba a sus características como inversor, no se ha aportado a las actuaciones. La demandada fundamenta su oposición en las manifestaciones plasmadas en los documentos firmados, en el sentido de haber instruido al actor sobre la complejidad y riesgos del producto, en especial de la posibilidad de perder el capital y de las dificultades de obtener una liquidez inmediata. Sin embargo, no consta por escrito una adecuada información y comprobación de idoneidad en tales términos. Según se indicó por los testigos que intervinieron en el juicio, las participaciones preferentes constituían un producto financiero que no se promocionó específicamente entre clientes de determinado perfil, sino que se ofertó de manera indiscriminada también a pequeños ahorradores. Y es que, en general, se ofertaban como inversiones seguras, en donde prácticamente el único inconveniente respecto de un depósito tradicional era la imposibilidad de obtener una liquidez inmediata, y la necesidad de solicitar el rescate del capital con una antelación de dos o tres días. Aunque se informaba de que las participaciones preferentes no eran un depósito tradicional, los riesgos reales de perder el capital invertido no eran comunicados a los clientes o, caso de serlo, se planteaban como una hipótesis descabellada e irrazonable. Así, de la documentación aportada y de las declaraciones prestadas por los testigos no se desprende prueba suficiente para poder afirmar que las participaciones preferentes se ofreciesen al demandante presentándolas como el producto arriesgado que realmente era, seguramente porque en la época en que se contrataron ni siquiera los propios empleados de la demandada eran capaces de percibir que estos títulos podían tener consecuencias perjudiciales para clientes minoristas. La testigo Sra. ********, que al parecer fue la que comercializó este producto al actor, insistió en que informó al demandante, como al resto de sus clientes, de que el contrato no consistía en un depósito tradicional, sino en la adquisición de unos títulos que se debían vender en el mercado secundario para poder recuperar el capital invertido. Sin embargo, no consta que hablase de posibles escenarios de insolvencia de la entidad emisora, sencillamente porque ni siquiera los empleados del banco imaginaban como hipótesis una situación semejante. Difícilmente podía existir sensación de riesgo cuando el producto tenía demanda, se ofertaba de manera indiscriminada a clientes conservadores, y los clientes que deseaban recuperar su inversión vendían sus títulos sin problemas, sin más inconveniente que el de tener que esperar unos días para disponer del dinero inicialmente invertido. Es decir, aun tomando como ciertas todas las manifestaciones vertidas por los testigos, cabe entender que el Sr. ************ fue informado de que lo que adquiría no era un depósito. Sin embargo, no cabe considerar probado que efectivamente se le presentasen las participaciones preferentes, durante la comercialización, como productos de riesgo elevado, como se indicaba en la documentación preconstituida que se le hizo firmar. Según tal documentación, los empleados de la entidad demandada habrían detectado y advertido al cliente de que el
13 producto adquirido suponía un significativo riesgo, no obstante lo cual el actor habría insistido en su contratación. Sin embargo, no cabe considerar probado que se informase adecuadamente al Sr. ********** de los verdaderos riesgos. Cabe presumir que el demandante se limitó a firmar los papeles que le ponían delante, con plena confianza en los empleados de la entidad y en la información que verbalmente se le transmitía. Buena prueba de ello son las continuas referencias a un test de idoneidad que no ha llegado a aportarse, y que no puede presumirse que se llegase a cumplimentar. Los testigos han declarado que el test ha de existir, ya que de no ser así el programa informático no habría permitido registrar y validar el contrato. No obstante, esa manifestación no puede ser suficiente para que este juzgador considere probado que el test se llegase a cumplimentar, y menos aún para presumir cuál fue su contenido. Y, con ello, y atendiendo a la condición de consumidor del actor, el valor probatorio de la documentación aportada por la demandada es, necesariamente, muy endeble. NOVENO.- De ello cabe deducir que el actor habría aceptado suscribir este contrato en el ámbito de relación de confianza depositada en la entidad bancaria, y dejándose guiar por el asesoramiento que la misma le proporcionaba. Es posible que el demandante llegase a entender que lo que suscribía no era exactamente un depósito a plazo fijo. No obstante, no se ha acreditado que recibiese una información adecuada sobre las características del producto adquirido, y ello a pesar de que su objeto no era otro que el de invertir sus ahorros. Es más, al Sr. ******** podría parecerle que este producto le era ventajoso, en la medida en que le proporcionaba una alta rentabilidad. Es evidente que el mero hecho de que se le dijese que tal producto no era un depósito no es suficiente para que pudiese conocer sus verdaderas características, y desde luego esa falta de información es atribuible en exclusiva a la parte demandada. La conclusión de ello ha de ser la nulidad del contrato consistente en la orden de compra de participaciones preferentes. Más allá de que en las fechas en que se firmó el contrato hubiese un escenario de mayor o menor confianza en la buena marcha de la entidad emisora y en el mercado secundario en general, es obvio que la operación contratada tenía un carácter marcadamente especulativo y, como tal, desaconsejable para clientes minoristas de perfil conservador. En el caso del demandante, no se ha probado que fuese debidamente informado de los riesgos que este contrato entrañaba. Aunque pueda ser comprensible que el Sr. ******** estaba interesado en destinar sus ahorros a un producto que le pudiera proporcionar mayor rentabilidad que un depósito tradicional, no es verosímil que asumiese de manera consciente la contratación de una operación mediante la que invertía la nada desdeñable cantidad de euros, y por la que podía llegar a tener que soportar en la práctica una absoluta falta de liquidez respecto de la totalidad del capital invertido. Es más, la prueba practicada en este procedimiento conduce precisamente a la conclusión contraria. El cliente minorista de banca no identifica sus operaciones de inversión con meras actuaciones de juego o apuesta. A criterio de este juzgador, el producto colocado al demandante no se adecuaba a su perfil de riesgo, hasta el punto de que le era desaconsejable, por mucho que en la situación fáctica existente en la
14 fecha de la contratación pudiese haber expectativas de obtener una alta rentabilidad. Y es que, en este caso, la complejidad del producto viene determinada no sólo por la manera en que funcionan las operaciones contratadas, sino también por la dificultad de estimar, por los inversores, la idoneidad real de los títulos adquiridos. Dicho de otro modo, quizá el Sr. ******** disponía de un nivel de conocimientos bastante como para saber qué eran las participaciones preferentes. Es más, en el caso de que hubiese recibido una información adecuada (que no consta que fuese así), podría haber entendido que se trataba de un producto de riesgo, con posible pérdida de liquidez del principal invertido. Pero, por las propias características del producto, la prestación de un consentimiento consciente implicaba, además, un suficiente juicio sobre la bondad o maldad del producto. Y, en este caso, ello pasaba por el análisis de si los títulos adquiridos tenían una mayor o menor fiabilidad, cuáles eran las expectativas de comportamiento en el mercado secundario, y, en definitiva, cuál podría ser la evolución durante el tiempo de duración del contrato. Para poder examinar la idoneidad de estos productos, el cliente precisa de una gran capacidad técnica y conocimientos financieros avanzados. Sólo así podrá evaluar de manera consciente si asume o no el riesgo que este producto comporta. Decir lo contrario supondría, prácticamente, equiparar al cliente de banca con un mero jugador de loterías o de juegos de azar, o dejarlo a merced de las indicaciones de los empleados de banca (los cuales a su vez, estarán condicionados por las instrucciones que puedan recibir en el ámbito de su empresa). Todo ello no puede ser admitido en modo alguno. No puede presumirse que el demandante tuviese conocimientos suficientes para hacer este tipo de análisis, y sin duda prestó su consentimiento contractual por el asesoramiento prestado por los empleados de la demandada. Así, cabe presumir que el demandante prestó el consentimiento movido por el asesoramiento de los empleados de la demandada, que promovieron la firma de este contrato en la confianza de que en el futuro no se daría ninguna situación de iliquidez, ni de imposibilidad de venta en el mercado secundario, ni de grave pérdida de la inversión realizada. La entidad financiera debía explicar detalladamente la mecánica del producto y su sensibilidad a cambios en determinadas variables que afectarían a la liquidez de los títulos, con datos y escenarios reales de mercado. Los clientes minoristas, con un nivel de conocimiento general medio, de ningún modo pueden valorar la conveniencia e idoneidad de la contratación sin el asesoramiento de la entidad financiera. En este caso, se obviaron los posibles escenarios adversos de la inversión, potenciando de manera inadecuada las bondades del producto, e interpretando de forma sesgada e incorrecta la liquidez y bonanza de los títulos adquiridos. Sólo así puede entenderse que el actor, que era un inversor minorista sin especiales conocimientos financieros, y sin ninguna predisposición a poner en riesgo sus ahorros, aceptase prestar el consentimiento en un producto de estas características, y por una cuantía de euros. DÉCIMO.- Tampoco cabe acoger la alegación efectuada por la demandada, relativa a la doctrina de los actos propios o a la posible confirmación de la contratación con motivo del cobro de cantidades por cupones devengados
15 periódicamente, o por el hecho de que en enero de 2011 se produjese la venta de una parte de estos títulos. El hecho de que el demandante recibiese los rendimientos pactados, o que decidiese desligarse del producto, en un momento en que aún había fluidez en el mercado secundario, no puede considerarse una ratificación del contrato en los términos de los arts a 1311 CC. Estas circunstancias entraban dentro de la información que el cliente había recibido, y no hay motivo para apreciar que las mismas viniesen a determinar la aportación de una información adicional que permitiese al Sr. ******** conocer las verdaderas características del producto contratado y los riesgos que el mismo conllevaba. UNDÉCIMO.- La STS de 21 de noviembre de 2012 establece que hay error, determinante de vicio de consentimiento, cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta, es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. La mencionada Sentencia cita a su vez las SSTS 114/1985, de 18 de febrero, la 295/1004, de 29 de marzo, la 756/1996, de 28 de septiembre, la 434/1997, de 21 de mayo, y la 695/2012, de 12 de noviembre. El principio elemental de respeto a la palabra dada (pacta sunt servanda) impone la concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda quien lo sufrió desvincularse del mismo. El contrato constituye el instrumento jurídico por el que quienes lo celebran, en ejercicio de su libertad, deciden crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una lex privata, cuyo contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, exige ser en esta materia razonablemente riguroso (STS de 15 de febrero de 1977). En primer lugar, para que quepa hablar de error como vicio del consentimiento, es necesario que la representación equivocada merezca esa consideración. Quien afirma haber errado habrá de acreditar que efectivamente actuó movido por tal error, sin que baste la apreciación de ese error como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. Además, el art CC establece que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer, además de sobre la persona, en determinados casos, sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato, o sobre aquellas circunstancias que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo. El error ha de recaer sobre el objeto o materia propia del contrato (art CC). Además, el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones (respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato) que hubieran sido la causa principal de su celebración. Las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración en el momento de la perfección o génesis del contrato (SSTS de 8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 1978, 21 de mayo de 1997, etc.). Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se tratará de meros eventos posteriores, explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano. Finalmente, el error ha de ser excusable. La jurisprudencia (SSTS de 4 de enero de 1982, 28 de septiembre de 1996, 17 de julio de 2000, 13 de mayo de 2009, etc.) exige tal cualidad, no mencionada en el art CC, porque valora la
16 conducta del ignorante o equivocado. No cabe otorgar protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, por el contrario, cabe amparar a la parte contratante que actuó confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida. DUODÉCIMO.- En este caso, si bien no hay pruebas relevantes que permitan afirmar que la demandada actuó de forma dolosa, sí cabe apreciar que concurrió error invalidante del consentimiento. Cabe entender que el demandante suscribió el contrato movido por el asesoramiento de la demandada, que mediante la asistencia de su personal comercial le aconsejó en la contratación de estos productos, sin que conste que se aportase toda la información relevante sobre la naturaleza de los títulos contratados y una advertencia real sobre el riesgo de pérdida de liquidez del capital invertido. Por la demandada se ha negado que existiera una relación de asesoramiento propiamente dicha, ya que actuó como una mera intermediaria o mandataria, dando cumplimiento a las instrucciones y órdenes de su cliente. Pues bien, aunque las partes no suscribieron un contrato de asesoramiento o gestión, ello no es obstáculo para que se aprecie que la perfección de este contrato vino claramente determinada por la actuación del personal de Caja Madrid, hasta el punto de que puede presumirse que el actor no habría prestado ese consentimiento contractual de no haber sido por las indicaciones recibidas al respecto. No es admisible la alegación consistente en que la función de la demandada era la de una mera intermediación, o la de traslado de ofertas de productos de inversión, a fin de que el cliente escogiese la que le pareciese más interesante, y la ejecución de las órdenes recibidas al respecto. Sin duda, el Sr. ******** requirió los servicios de Caja Madrid interesando una asistencia estable en materia financiera, que englobaba una parte o la totalidad de su dinero. Es decir, demandó un asesoramiento sobre cuál era el modo más idóneo para mantener o invertir sus ahorros. La relación entre las partes era continuada, de modo que el personal de Caja Madrid sugería las distintas formas de disponer del dinero, lo que sin duda generaba una apariencia de relación estable de asesoramiento bancario y financiero. Con independencia de si existía o no un contrato escrito, la prueba practicada revela que en este caso hubo una relación consolidada de asesoramiento, de carácter continuado, y que necesariamente se sostenía en un clima de confianza personal. Con ello, cabe extraer la conclusión de que Caja Madrid había asumido una función de asesoramiento, y de que la adquisición de estas participaciones preferentes vino dada por un consejo o recomendación previa por el personal de esa entidad, que necesariamente tuvo que presentar el producto bajo la perspectiva optimista de que generaría importantes beneficios, sin informar adecuadamente de los riesgos. Ese juicio sobre la probabilidad de que se diesen las hipótesis desfavorables que desembocarían en la imposibilidad de disponer del capital por el cliente no podía ser realizado por el mismo, ya que no consta que fuese debidamente informado de ello, ni contaba con conocimientos técnicos ni experiencia para efectuar ese análisis. Fueron los empleados de la demandada, y no el actor, quienes necesariamente tuvieron que llevar a cabo
17 ese juicio de razonabilidad, como profesionales especializados en este tipo de productos. A criterio de este juzgador, cuando una entidad financiera, que tiene entre otros fines el de captar inversiones de sus clientes, se comporta de este modo, crea una especial situación de confianza en el cliente. El principio general de buena fe, el de diligencia en la gestión de negocios ajenos, y el respeto a la confianza creada, justifican que se exija a dicha entidad extremar sus funciones, dando una información completa y continuada. Sólo así el consumidor podría prestar un consentimiento consciente ante una operación contractual de tanta complejidad y riesgo como la que aquí se analiza. En conclusión, la prueba practicada permite afirmar que el demandante prestó su consentimiento movido por el asesoramiento prestado por el personal de Caja Madrid, en la creencia de que el producto era beneficioso para sus intereses, y sin percatarse de un riesgo cuya verdadera magnitud, por sus escasos conocimientos financieros, no era capaz de calibrar ni valorar, y del que no consta que fuese debidamente informado, a pesar de su incuestionable condición de consumidor. Deberá, por tanto, declararse la nulidad del contrato. DECIMOTERCERO.- Lógicamente, la nulidad del contrato de participaciones preferentes ha de extenderse a la venta parcial de títulos por el actor, en fecha 24 de enero de 2011, por un importe nominal de euros, y sobre el canje posterior en acciones de Bankia, que fue impuesto por ministerio de la Ley, y en el cual no hubo ninguna declaración de voluntad nueva por el actor. DECIMOCUARTO.- En cuanto a las consecuencias que deben derivarse de esa nulidad, no cabe desconocer que durante el tiempo en que se mantuvo la titularidad de las participaciones preferentes el actor se benefició de la alta rentabilidad derivada de este producto. El art CC establece que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes. La parte actora pretende que la demandada reintegre la suma desembolsada para la compra de participaciones preferentes, y sin duda esa pretensión debe estimarse. Además, el art CC prevé la posibilidad de imponer el interés legal desde el momento del propio desembolso, como mecanismo efectivo de restitución de las partes a la situación existente en el momento inmediatamente anterior a la suscripción del contrato. Eso sí, tampoco puede obviarse el resto de prestaciones derivadas del contrato, y que sin duda también han de ser objeto de restitución. El recobro de las cantidades invertidas ha de estar condicionado a la recíproca devolución de los títulos adquiridos (a día de hoy, acciones), si bien en este caso no consta que existiese entrega de título o documento en donde se instrumentalizasen las acciones otorgadas. Eso sí, la parte demandante también habrá de restituir la cantidad neta percibida como cupones correspondientes a los títulos contratados desde la formalización del contrato, que también deberá ser restituida con sus correspondientes intereses.
18 Puesto que en puridad la nulidad contractual ha de generar la restitución de todas las prestaciones derivadas del contrato, no procederá hacer una mera compensación entre las cantidades cargadas y abonadas en la cuenta de los clientes. Cada apunte deberá generar los correspondientes intereses legales. Sólo así puede darse una efectiva restitución a la situación anterior al contrato, y el transcurso del tiempo no beneficiará ni perjudicará a ninguna de las partes. Se trata de una liquidación de cierta complejidad que, en cualquier caso, cualquiera de las partes ha de estar en disposición de hacer, ya que se basa en liquidar los abonos y cargos realizados entre ambas. Y, precisamente por ello, no cabe hacer un cálculo adicional basado en el interés legal devengado por el capital nominal durante el tiempo de vigencia del contrato. No cabe presumir que la tenencia de una cantidad de dinero, sin destinarla a un producto bancario concreto, suponga un perjuicio o depreciación equivalente al interés legal del dinero. Tampoco cabe entender que durante el tiempo de vigencia del contrato se haya producido un beneficio patrimonial a favor de la demandada, ni puede hablarse de lucro cesante equivalente a ese interés legal. A lo sumo, habría que determinar cuál habría sido el rendimiento obtenido en un producto tradicional de depósito a plazo fijo, que es lo que según la demanda se pretendía contratar. En realidad, estas elucubraciones no hacen sino intentar hacer trascender la importancia del transcurso del tiempo a la hora de restituir prestaciones. Y, como ya se ha dicho, este efecto ha de conseguirse no mediante una mera compensación entre capital nominal y rendimientos, sino que ha de aplicarse el interés legal a cada una de las operaciones o apuntes realizados. Más allá de ello, no cabe otorgar ninguna otra prestación, ya que ello excedería de la consecuencia legal de restitución de prestaciones que se deriva de toda nulidad contractual. DECIMOQUINTO.- Ese deber de contraprestación recíproca y de liquidación conjunta de abonos y cargos impide la apreciación adicional de una situación de mora. Por ello, a las cantidades objeto de condena les serán de aplicación los intereses del artículo 576 LEC. DECIMOSEXTO.- Las indicaciones realizadas respecto de la forma de restituir las prestaciones conduce a que no pueda hablarse de una estimación íntegra de la demanda. No obstante, sí cabe hablar de estimación sustancial, a los efectos de aplicar el principio de vencimiento objetivo en materia de costas. Por tanto, cabrá imponer costas procesales a la parte demandada. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Estimando sustancialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Rubio Ortega, en representación de D. **** ******* *******, contra la entidad BANKIA, S.A., DECLARO LA NULIDAD de la orden de compra PARTICIP. PREFERENTES CAJA MADRID 2009, suscrita por el demandante en fecha 22 de mayo de 2009, con un valor nominal de euros (doc. nº 2 de los
19 acompañados a la contestación a la demanda), así como de la orden de venta de parte de esos títulos llevada a cabo en fecha 24 de enero de 2011, con un valor nominal de euros (doc. nº 2 de los acompañados a la contestación a la demanda), así como del consiguiente canje forzoso posterior de esos títulos por acciones de BANKIA, S.A.. En consecuencia, CONDENO a la entidad BANKIA, S.A. a abonar al actor la cantidad de treinta y cinco mil euros (35.000,00 ), más los intereses legales desde la fecha del cargo en la cuenta del demandante. No obstante, dicha condena dineraria estará condicionada a la simultánea transmisión de la propiedad de las acciones a favor de la demandada y al reembolso por el actor de la cantidad recibida como consecuencia de la orden de venta (17.000,00 ), así como de todas las cantidades netas percibidas como cupones, rendimientos e intereses derivados de los contratos a los que se refiere este proceso, y en todo caso también con el incremento de los intereses legales desde las fechas de abono en la cuenta del cliente. A la cantidad objeto de condena le serán de aplicación los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que esta Sentencia no es firme, y que contra la misma cabe recurso de apelación, que deberá interponerse ante este Juzgado, en un plazo de veinte días desde su notificación, y del que conocerá la Audiencia Provincial de Barcelona. Conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (redacción aprobada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre), para la interposición de dicho recurso deberá constituirse un depósito de 50 euros, que deberá consignarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco de Santander, S.A. (entidad núm. 0049), sucursal 3569, cuenta número , debiéndose hacer constar que se realiza en concepto de recurso. Tal depósito deberá ser acreditado en el momento de interponer el recurso, ya que en caso contrario no se procederá a su admisión. Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará oportuna certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. En el día de hoy se da a esta Sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las leyes, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA Las participaciones preferentes y la deuda subordinada son productos financieros complejos y de riesgo elevado, con unas características concretas: - Son
S E N T E N C I A ANTECEDENTES DE HECHO
S E N T E N C I A En Madrid, a quince de abril de dos mil catorce. Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 99; habiendo visto los precedentes autos de juicio ordinario
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