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Garantismo penal | Luigi Ferrajoli | download
หน้าหลัก Garantismo penal
Una de las materias que mayor espacio ha ocupado y sigue ocupando en el conjunto de la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli es el derecho penal. Para Ferrajoli es en este campo donde se juega su legitimación el Estado constitucional de nuestros días, pues es ahí donde se enfrentan en toda su crudeza y toda su violencia el Estado y el individuo.
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ISBN: 970-32-4131-X
Series: Serie Estudios Jurídicos 34
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La serie Estudios Jurídicos presenta diversos temas jurídicos
monográficos y de fácil acceso a quienes se han iniciado
en el estudio de la ciencia jurídica.
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ISBN (Serie Estudios Jurídicos): 970-32-0140-7
ISBN (núm. 34): 970-32-4131-X
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La teoría garantista de Luigi Ferrajoli
na de las materias que mayor espacio ha ocupado y sigue ocupando en el conjunto de la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli
es el derecho penal. Para Ferrajoli es en este campo donde se
juega su legitimación el Estado constitucional de nuestros días, pues
es ahí donde se enfrentan en toda su crudeza y toda su violencia el
Estado y el individuo.
Por eso es que desde hace décadas ha venido construyendo un sistema conceptual de alta precisión que sirva para alcanzar un derecho
penal garantista. Un derecho penal de este tipo tendría que tener un
carácter mínimo, el cual se expresaría al menos en dos sentidos: como
minimización de la capacidad del Estado para determinar qué conductas
son delito y qué penas deben imponerse a quienes las realicen, por un
lado, y para establecer qué respuesta procesal puede dar el Estado frente al fenómeno delictivo, por otro. Ambas cuestiones tienen un único
propósito: disminuir la violencia, tanto la perpetrada de los particulares
hacia otros particulares, como del Estado hacia los particulares.
La idea de un derecho penal mínimo, y de la correspondiente cultura
jurídica garantista que le ofrezca soporte teórico y discursivo, no encuentra muchos adeptos en el México de nuestros días (aunque tampoco en
otros países). Tal parece que, lejos de las indicaciones del sistema penal
garantista construido por Ferrajoli en muchos de sus trabajos (entre
ellos los que el lector encontrará en las páginas siguientes), las autoridades mexicanas de todos los niveles y de todos los poderes parecen
empeñadas en continuar con una absurda carrera hacia el incremento
de las penas y hacia la inﬂación de los catálogos delictivos.
Frente a esta tendencia absolutista (que además de poner en riesgo
distintos derechos fundamentales es inservible para combatir la de-
DR © 2006. Universidad Nacional Autonoma de México
lincuencia), son pocas las voces que se alzan y que se ponen del lado
de los sujetos más débiles para exigir una racionalización del sistema
represor del Estado. Para quienes están convencidos que aumentar
los castigos y el número de delitos no es la mejor solución, la lectura
de los textos de Ferrajoli seguramente será muy provechosa.
La ideología que está detrás de todo el sistema ﬁlosóﬁco de Ferrajoli
es el garantismo. El garantismo es una ideología jurídica, es decir, una
forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho.
Su difusión se debe sobre todo a la obra del propio Ferrajoli, quien a
partir de 1989 ha construido una completa y muy estructurada teoría
del garantismo aplicado a la materia penal. En sus trabajos posteriores
a esa fecha Ferrajoli ha ampliado su teoría para conformar una especie
de Teoría General del Garantismo, la cual ha vinculado estrechamente con la Teoría del Estado Constitucional (desde el punto de vista
normativo) y con el llamado neoconstitucionalismo (desde el punto
de vista teórico).1
Una de las principales ideas del garantismo es la desconﬁanza hacia
todo tipo de poder, público o privado, nacional o internacional. El garantismo no se hace falsas ilusiones acerca de la existencia de “poderes
buenos”, que den cumplimiento espontáneo a los derechos y preﬁere
verlos limitados siempre, sujetos a vínculos jurídicos que los acoten y
que preserven los derechos subjetivos, sobre todo si tienen carácter
de derechos fundamentales.2 Sobre este punto Marina Gascón aﬁrma
que “la teoría general del garantismo arranca de la idea —presente
ya en Locke y en Montesquieu— de que del poder hay que esperar
siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar haciendo del
derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para
la tutela de los derechos”.3
Cfr. Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (editores), Garantismo. Estudios sobre el
pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta, 2005. Ferrajoli ha escrito una
extensa respuesta a los trabajos contenidos en el este libro: Garantismo. Una discusión
sobre derecho y democracia, Madrid, Trotta, 2006.
Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, traducción de Miguel
Carbonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, México, CNDH, 2006, p. 31.
Gascón, Marina, “La teoría general del garantismo. Rasgos principales” en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (editores), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico
de Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 22.
El garantismo tiene por noción central o articuladora precisamente la de “garantía”. Ferrajoli deﬁne en términos generales a una
garantía como “cualquier técnica normativa de tutela de un derecho
subjetivo”.4
Aunque el concepto de garantía tiene un origen vinculado al
derecho civil, en el que existen garantías de tipo real y personal, su
utilización se ha extendido a otras ramas del derecho y en particular
al derecho constitucional.
Precisando el concepto general que se ha citado, Ferrajoli aﬁrma
que por garantía puede entenderse “toda obligación correspondiente
a un derecho subjetivo, entendiendo por ‘derecho subjetivo’ toda
expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”.5
Si el derecho subjetivo se traduce en una obligación de abstención
por parte de uno o más sujetos nos encontraremos ante una garantía
negativa, que obliga a abstenciones a los sujetos obligados; en cambio,
si el derecho subjetivo se traduce en una obligación de hacer estaremos
frente a una garantía positiva, que obliga a acciones o comisiones a
los sujetos obligados.
Existen también, en la categorización de Ferrajoli, garantías primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras corresponden a las conductas, en forma de obligaciones de hacer o
prohibiciones, señaladas por los derechos subjetivos garantizados. Las
segundas son las obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional para
sancionar o declarar la nulidad cuando constate actos ilícitos (a los que
corresponde una sanción) o actos no válidos (a los que corresponde la
anulación) que violen las garantías primarias. Podría decirse, en este
sentido, que las garantías secundarias requerirían para su activación y
entrada en funcionamiento al menos de una presunta violación a las
garantías primarias, de las cuales serían dependientes. Sin embargo,
las garantías primarias son normativa y conceptualmente autónomas,
por lo que pueden existir aún en ausencia de las garantías secundarias.
El reconocimiento de la autonomía de las garantías primarias respecto
de las secundarias es importante, ya que sirve para apoyar uno de los
Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, op. cit., p. 29.
principales postulados de la teoría garantista de Ferrajoli, aquel que
consiste en distinguir entre los derechos subjetivos y sus garantías.
El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de
un derecho penal mínimo,6 que intenta poner fuertes y rígidos límites
a la actuación del poder punitivo del Estado.
Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. Entre las garantías sustanciales
se encuentran los principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad,
materialidad y culpabilidad. Entre las garantías procesales están los
principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la
separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia,
la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad
del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el
principio del juez natural.7
Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación
de la verdad jurídica, a partir de la veriﬁcabilidad y refutabilidad en
abstracto de las hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica.8
Es claro que si atendemos a los postulados sobre el derecho penal
mínimo de nuestro autor, tendríamos que hacer una revisión profunda
de nuestras disposiciones penales, tanto las que ﬁguran en la Constitución como las que se encuentran en los códigos penales e incluso
las que observamos en la jurisprudencia.
Así por ejemplo, deberíamos limitar a su mínima expresión desde
el propio texto constitucional a la prisión preventiva, que vulnera la
presunción de inocencia y supone un sacriﬁcio desproporcionado
de la libertad de un individuo que no ha sido declarado culpable de
Como lo señala el propio Ferrajoli, “El imputado debe comparecer
libre ante sus jueces, no sólo porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también —es decir, sobre todo— por
necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con
la acusación; para que después del interrogatorio y antes del juicio
Idem, p. 38.
Idem, p. 39.
pueda organizar eﬁcazmente sus defensas; para que el acusador
no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando
las pruebas a sus espaldas”.9
Para que la presunción de inocencia y la minimización de la prisión
preventiva sean efectivas, se deben encontrar fórmulas de redacción
del texto constitucional que hagan que tales principios no queden
sujetos al arbitrio del legislador, ya que con ello se estaría anulando
el principio de supremacía constitucional. No haría falta decirlo, sino
fuera porque ese es justamente el caso del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deja a la ley
la determinación de los “delitos graves”; las personas acusadas por esos
delitos no tienen derecho a la libertad caucional y deben enfrentar el
proceso penal en prisión. Es decir, el artículo 20 permite la libertad
caucional, pero traspasa al legislador la facultad de determinar los casos
en los que se puede negar. No parece una norma muy congruente con
el modelo de derecho penal garantista.
En una tesitura parecida se encuentra el criterio del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite, de hecho, la
imposición de penas de prisión perpetúa (sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad 20/2003, dictada con mayoría de ocho
votos bajo la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero). Con este tipo
de criterios se amplía de forma irracional el poder sancionador del
Estado y se permite que el legislador reduzca a nada el contenido
del derecho a la readaptación social establecido en el artículo 18 de la
Constitución mexicana. Porque ¿cómo se va a readaptar socialmente
una persona que saldrá de prisión cuando haya muerto?
Con estos ejemplos y otros que podrían ponerse se acredita la
necesidad de atender las sugerencias de Ferrajoli y avanzar hacia una
“desprisionalización”, lo que equivale a racionalizar la medida del
castigo que priva de la libertad a las personas.
Hay otra propuesta de Ferrajoli que tiene gran interés para México. Me reﬁero a su idea de la “reserva de Código Penal”. Esta reserva
tendría un doble objeto: en primer término que ninguna medida
privativa de la libertad pudiera establecerse fuera del código penal
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 6ª edición, Madrid,
Trotta, 2004, p. 559.
(con excepción de ciertas medidas administrativas como los arrestos);
en segundo lugar, que el código penal fuera aprobado y reformado
por una mayoría caliﬁcada en las Cámaras legislativas. En palabras
de Ferrajoli,
Esta reserva de código habría de suponer que todas las normas en materia
de delitos, penas y procesos deberían contenerse en el código penal o en
el procesal y no podría introducirse ninguna si no es mediante la correspondiente reforma de uno u otro, que tendría que aprobarse por procedimientos legislativos agravados. Se trata de una medida indispensable
para devolver la credibilidad al derecho penal y restituirle su naturaleza
de extrema ratio. Una nueva codiﬁcación informada en el principio ‘todo
lo penal en los códigos, nada fuera de los códigos’, por más compleja y
voluminosa que pudiera resultar, siempre lo sería incomparablemente
menos que el actual cúmulo de leyes especiales; aunque sólo fuera porque
la prohibición de la dispersión en materia de legislación penal constreñiría
al legislador a hacerse cargo de la unidad y de la coherencia del conjunto, al
legislar en la materia. Por lo demás, puesto que el derecho penal incide
en la libertad de los ciudadanos, tiene una relevancia cuasi-constitucional,
y no resulta tolerable que quede cotidianamente expuesto a los humores
contingentes de las mayorías de gobierno y a la eventual producción de
nuevas emergencias.10
Esta medida serviría para detener el caótico desarrollo de la legislación penal mexicana, que junto a una incomprensible e injustiﬁcada
inﬂación penalizadora ha generado un enorme conglomerado de
normas privativas de la libertad repartidas a todo lo largo y ancho del
ordenamiento federal y de los locales.
La reserva de Código Penal tendría, en síntesis, el efecto de obligar
al legislador a sistematizar las disposiciones penales dentro de un único
cuerpo normativo, impediría su fácil reforma y permitiría tener una
regulación penal mucho más adecuada al principio de proporcionalidad, pues estando todos los tipos penales y sus sanciones en un único
“Jurisdicción y democracia”, trad. de Perfecto Andrés, incluido en Carbonell,
Miguel, Fix Fierro, Héctor y Vázquez, Rodolfo (compiladores), Jueces y derecho. Problemas
contemporáneos, México, Porrúa, UNAM, 2004, p. 112.
ordenamiento sería mucho más obvio el hacer la comparación para
determinar si existe o no proporcionalidad en dichas disposiciones.
En todo caso, las que se han comentado y muchas otras ideas que
se derivan del enorme ediﬁcio conceptual que ha construido Ferrajoli
en los últimos años merecen ser estudiadas y discutidas. Estamos frente
a uno de los teóricos más importantes de Europa y, con toda probabilidad, uno de los más importantes del mundo. Por eso es que cada
nueva publicación de sus trabajos es un motivo más para el optimismo
y para la esperanza. Signiﬁca que la cultura garantista no permanece
muda ni está secuestrada en los cubículos de los académicos. Por el
contrario, publicar, difundir y discutir los trabajos de Ferrajoli signiﬁca apelar a los mejores valores de la Ilustración; valores que están
dirigidos a alcanzar mayores ámbitos de libertad y de igualdad en las
sociedades de nuestro tiempo. Se trata de una causa en la que vale la
pena militar.
Garantías y Derecho Penal*
Garantismo y Derecho Penal mínimo
esde hace unos veinte años, ha entrado en el léxico jurídico
y político italiano una palabra relativamente nueva, ‘garantismo’, con la que se designa un modelo de derecho orientado
a garantizar derechos subjetivos.
Según el tipo de derechos para cuya protección se establecen las
“garantías”, es decir las técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela
o satisfacción, pueden distinguirse aún diversos tipos o signiﬁcados
de garantismo. Se habla así de garantismo patrimonial para designar el
sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de
derechos patrimoniales; de garantismo liberal, y especíﬁcamente penal,
para designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos
de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones
policiales o judiciales arbitrarias; de garantismo social para designar el
conjunto de garantías, todavía bastante escasas e imperfectas, encaminadas a satisfacer los derechos sociales, como los derechos a la salud,
a la educación, al trabajo, etcétera.
Con todo, la acepción prevalente de la palabra ‘garantismo’ es la
de “garantismo penal”. Es, en efecto, en el ámbito del derecho penal
donde el garantismo se ha desarrollado como teoría y como práctica
jurídica, en oposición, primero, a los contundentes legados de la legislación fascista y, después, a las numerosas leyes excepcionales y de
emergencia que han terminado reduciendo, en contra de los principios constitucionales, el ya débil sistema de garantías contra el arbitrio
punitivo. En este sentido, el garantismo se vincula a la tradición clásica
del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia, propia de la
* Traducción de Marina Gascón.
ilustración jurídica, de minimización de ese “terrible poder” —como
lo llamó Montesquieu— que es el poder punitivo, mediante su estricto
sometimiento a la ley: en concreto, mediante el sometimiento a la ley
penal del poder penal judicial y mediante el sometimiento a las normas
constitucionales del poder penal legislativo.
Precisamente por ello, una tal exigencia se ha venido identiﬁcando
con el proyecto o programa de un “derecho penal mínimo”. “Garantismo” y “derecho penal mínimo” son, en efecto, términos sinónimos
que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz
de minimizar la violencia de la intervención punitiva —tanto en la
previsión legal de los delitos como en su comprobación judicial— sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de
la persona. Por lo que respecta al delito, estos límites son las garantías
penales sustanciales: desde el Principio de estricta legalidad o taxatividad
de los hechos punibles, a los de su lesividad, materialidad y culpabilidad. Por lo que respecta al proceso, se corresponden con las garantías
procesales y orgánicas: la contradictoriedad, la paridad entre acusación
y defensa, la estricta separación entre acusación y juez, la presunción
de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la magistratura
y el principio del juez natural. Así pues, mientras las garantías penales se orientan a minimizar los delitos, es decir a reducir al máximo
lo que el poder legislativo puede castigar, las garantías procesales se
orientan a minimizar el poder judicial, es decir a reducir al máximo
sus márgenes de arbitrio.
Tres son las tesis que defenderé aquí de forma inevitablemente
sumaria. La primera es que existe un nexo indisoluble entre garantías y justiﬁcación externa o política del derecho penal, es decir los
ﬁnes que lo justiﬁcan. La segunda es que existe un nexo igualmente
indisoluble entre garantías y legitimación interna de la jurisdicción. La
tercera es que el garantismo representa la base de una teoría crítica y
al mismo tiempo de una ﬁlosofía política del derecho penal, idóneas
ambas para ser generalizadas como ﬁlosofía política y teoría crítica
del Estado constitucional de derecho.
Garantismo y justiﬁcación externa del derecho penal
Comenzaré por la primera tesis, la del nexo entre garantías y justiﬁcación externa o política; es decir, los ﬁnes del derecho penal.
Precisamente por orientarse a regular y minimizar la violencia punitiva, las garantías se conﬁguran como las fuentes de justiﬁcación del
derecho penal, como alternativa a la anarquía en las reacciones ante
la ofensa —desde la venganza privada hasta las reacciones informales
y arbitrarias de los aparatos públicos— que se produciría en ausencia
del derecho penal.
Quiero decir que la única justiﬁcación racional que puede ofrecerse
del derecho penal, como alternativa a las hipótesis abolicionistas, es que
permita reducir o minimizar, la cantidad y calidad de la violencia en la
sociedad: no sólo la violencia de los delitos, sino también la violencia
de las reacciones frente a los delitos. Las doctrinas abolicionistas tienen
sin duda un mérito en este punto: el mérito, de carácter heurístico y
metodológico, de revertir sobre ese artiﬁcio que es el derecho penal la
carga de su justiﬁcación. El derecho penal, podríamos decir, se justiﬁca
si y sólo si, además de prevenir los delitos —cosa que conseguirían
hacer igualmente bien los sistemas policiales desregulados y los de
justicia privada salvaje—, logra también minimizar la violencia de las
reacciones frente a los delitos. Si y sólo si, en consecuencia, logra ser
instrumento de defensa y garantía de todos: de la mayoría no desviada,
pero también de la minoría desviada. Si, en suma, es capaz de realizar,
como derecho penal mínimo, un doble objetivo: no sólo la prevención y
la minimización de los delitos, sino también la prevención de las reacciones informales frente a los delitos y la minimización de las penas.
Es evidente que un paradigma de este tipo se contrapone no sólo a
las tradicionales doctrinas retribucionistas de la pena —à la Kant o à la
Hegel— que son el fruto de una concepción supersticiosa y vengativa
de la relación entre delito y pena, sino también a las tradicionales
doctrinas utilitaristas de la prevención o defensa social, sean las de la
prevención general o las de la prevención especial, que adoptan como
punto de vista y parámetro sólo la utilidad de la mayoría no desviada.
Frente a este utilitarismo demediado, el paradigma del derecho penal
mínimo cifra la justiﬁcación del de éste en su papel de ley del más débil
como alternativa a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia: no,
por tanto, en la defensa social, genéricamente, sino en la defensa del
más débil, que en el momento del delito es la parte ofendida, en el
momento del proceso es el imputado y en el de la ejecución penal
es el reo.
De ahí el nexo que vincula el modelo de justiﬁcación del derecho
penal mínimo —como justiﬁcación sólo a posteriori, esto es, condicionada a la efectiva capacidad del derecho para minimizar no sólo la
violencia de los delitos sino también la de las penas— y el garantismo.
Este nexo se funda precisamente sobre el segundo de los objetivos
asignados al derecho penal por el paradigma garantista en adición
al tradicional de la prevención de los delitos: el objetivo de la minimización de la violencia punitiva. Las garantías, en efecto —todas las
garantías, desde las penales de la taxatividad, materialidad, lesividad
y culpabilidad hasta las procesales de la presunción de inocencia y del
contradictorio—, no son más que las técnicas encaminadas a minimizar
la violencia y la potestad punitiva; es decir, a reducir lo más posible la
esfera de los delitos, los espacios de arbitrio judicial y la aﬂictividad
de las penas.
De ahí, además, una segunda y no menos importante consecuencia.
Todas las doctrinas de justiﬁcación de la pena, desde las absolutas o
retribucionistas a las relativas o utilitaristas, tienen un rasgo en común. Ofrecen una justiﬁcación a priori, no de este o aquel concreto
derecho penal o de esta o aquella particular institución del mismo,
sino del derecho penal o de la pena en abstracto, cualquiera que
sean sus contenidos. Y por eso su carácter ideológico. Tales doctrinas
identiﬁcan, en efecto, los criterios o parámetros de justiﬁcación que
proponen —por ejemplo, la prevención de delitos o la reeducación
del reo— con la justiﬁcación misma, resultando así inconfutables por
lo que de hecho sucede: por ejemplo, por la no prevención, de hecho,
de los delitos, o por la ulterior deseducación de los reos producida
por la expiación de la pena.
El paradigma de justiﬁcación ofrecido por el garantismo, en
cambio, sólo permite fundar justiﬁcaciones a posteriori: un determinado derecho penal está justiﬁcado sólo si, y en la medida en que, se
satisfagan efectivamente las garantías de las que está dotado y que lo
diferencian de los sistemas de control no penal. La justiﬁcación del
derecho penal con base en este paradigma, es decir la respuesta positiva
a la clásica pregunta de “si y por qué castigar”, depende, en efecto, de
la existencia y de la efectividad del conjunto de las garantías —penales
y procesales— que equivalen, a su vez, a otras tantas respuestas, a otras
preguntas más especíﬁcas: cuándo y cómo prohibir; cuándo y cómo
castigar; cuando y cómo juzgar. Y es una justiﬁcación solo eventual y
sectorial —de este o aquel derecho penal; del derecho penal italiano
pero no del nazi; de esta o aquella norma o institución— que depende de la satisfacción de los criterios de justiﬁcación establecidos por
el modelo, es decir de las garantías. Con la consecuencia de que el
paradigma vale no sólo como fuente de justiﬁcación y legitimación,
sino también como fuente de deslegitimación —y, por tanto, de crítica, como se dirá en el último punto de este trabajo— del derecho
penal existente o de alguna de sus partes, así como del poder judicial
encargado de su aplicación.
Garantismo y legitimación de la jurisdicción penal
Llegamos así a la segunda tesis: la del nexo entre garantías y legitimación, tanto interna o jurídica cuanto externa y política, del poder
La pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿cuál es el fundamento democrático de la legitimación del poder punitivo, es decir de
la jurisdicción penal? En la opinión común, como en el pensamiento
político dominante, “democracia” equivale a primacía de la voluntad
popular, y por tanto de la mayoría. Es evidente que el derecho penal es el
ámbito donde de manera más emblemática se maniﬁestan los límites de
esta acepción puramente “política” de la democracia. Si el signiﬁcado
de “democracia” equivaliese a “voluntad de la mayoría”, quedaría ciertamente excluida toda posibilidad de fundar una axiología democrática
y garantista del derecho penal. Un derecho penal “democrático” en tal
sentido se orientaría inevitablemente hacia formas de derecho penal
máximo, es decir máximamente represivo, carente de límites y de
garantías. Ello por dos motivos. Ante todo, porque el punto de vista
de la mayoría tiende a concebir el derecho penal esencialmente como un
instrumento de defensa social —es decir, de prevención de los delitos y,
por tanto, de defensa de los intereses de la mayoría no desviada— contra
los atentados a la seguridad causados por la minoría de los desviados;
y es obvio que el parámetro de la máxima utilidad posible de los
no desviados no sólo no ofrece criterios para limitar o minimizar la
aﬂicción de la pena, sino que ofrece, por el contrario, criterios para
maximizarla. La idea de la defensa social, aﬁrmaba hace un siglo Francesco Carrara, tiene como resultado inevitable el terrorismo penal. En
segundo lugar, porque la desviación suscita siempre la movilización de
la mayoría, que se ve a sí misma como no desviada, contra la minoría
de los desviados, a los que ve como “diferentes” y fuente de oscuros
peligros. Si tras la aparición de la obra de Beccaria De los delitos y de
las penas se hubiese realizado un referéndum sobre ella, sólo hubiera
obtenido el consenso de Beccaria y de unos cuantos amigos.
Todo esto signiﬁca que entre garantismo penal y democracia política, entre seguridad y libertad, entre defensa social y derechos del
imputado, del reo y del detenido, existe de facto una antinomia; que la
legitimación del poder judicial, en otras palabras, no es “democrática”,
si por “democracia” se entiende únicamente voluntad del pueblo, y
por tanto de la mayoría. La batalla por el garantismo penal, ha escrito
Norberto Bobbio, siempre ha sido una “batalla de la minoría”.
Existe, sin embargo, un segundo sentido, o mejor, una segunda
dimensión de la “democracia” —no antitética, sino complementaria de
la de “democracia política”— que permite entender los fundamentos
axiológicos y al mismo tiempo los límites del derecho penal y de la pena:
se trata de la dimensión que connota a la democracia como “democracia
constitucional” o “de derecho” y que hace referencia no a quién puede
decidir (la mayoría, en este caso), sino a qué es lo que no puede decidir
ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad. Una dimensión respecto
a la cual, de nuevo, el derecho penal representa, e históricamente ha
sido, el campo emblemático de reﬂexión y elaboración: precisamente,
el de la construcción del Estado constitucional de derecho.
Esta esfera de lo “no decidible” —“lo que” no es lícito decidir (o
no decidir)— no es otra cosa que aquello que en las constituciones
democráticas se ha convenido sustraer a la voluntad de la mayoría.
¿Y qué es lo que las constituciones, esos contratos sociales en forma
escrita que son los pactos constitucionales, establecen como límites
y vínculos a la mayoría, presupuestos de la convivencia civil y al mismo tiempo razones del propio pacto de convivencia? Esencialmente dos cosas: la igualdad de los ciudadanos —sean desviados o no
desviados— y la garantía de sus derechos fundamentales, ante todo
la vida y la libertad personal, que no pueden ser sacriﬁcados a ninguna
voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público.
Por consiguiente la garantía de los derechos de todos, que es lo que
son, precisamente por su universalismo, los derechos fundamentales.
De ahí el carácter “democrático” de las garantías —que hace referencia no ya a la mayoría, según el modelo de la democracia política,
sino a la tutela del individuo, donde individuo signiﬁca “todos”—
y al mismo tiempo la dimensión “sustancial” que éstas introducen
en la democracia política o formal: precisamente porque tienen que
ver no con el “quién” o con el “cómo” de las decisiones, es decir con
su fuente y su forma, sino con el “qué” de las mismas, es decir con su
contenido o signiﬁcado.
Las garantías, por cuanto incorporadas en las constituciones, se
conﬁguran no sólo como fuentes de justiﬁcación externa o política
de la existencia del derecho penal, sino también como fuentes de
legitimación jurídica y política de las concretas decisiones penales. El
fundamento de la legitimidad sustancial de la jurisdicción, no es, en
efecto, el consenso de la mayoría, sino la verdad de sus decisiones, que
viene asegurada, de un lado, por las garantías penales, especialmente
por la estricta legalidad, es decir la taxatividad y materialidad y, por
tanto, la veriﬁcabilidad y refutabilidad de los supuestos de hecho legales, de otro, por las garantías procesales de la carga de la prueba para
la acusación y del contradictorio, es decir del derecho a la refutación
conferido a la defensa. No se puede condenar o absolver a un hombre
porque convenga a los intereses o a la voluntad de la mayoría. Ninguna
mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de
un inocente o la absolución de un culpable.
De ello deriva también el carácter no consensual ni representativo
de la legitimación de los órganos encargados de la jurisdicción penal
y su independencia frente a cualquier poder representantivo de la
mayoría. Precisamente porque la legitimación del juicio penal reside
en las garantías de la imparcial comprobación de la verdad; precisamente porque los derechos fundamentales y sus garantías son, según
la feliz expresión de Ronald Dworkin, derechos y garantías “frente a
la mayoría”, también el poder judicial a quien se encomienda su tutela debe ser un poder virtualmente “frente a la mayoría” Por eso, el
carácter electivo de los magistrados o la dependencia del ejecutivo del
ministerio público están en contradicción con la fuente de legitimación
de la jurisdición. El sentido de la frase de Brecht “habrá también un
juez en Berlín” es que debe haber también un juez capaz de absolver
o condenar contra la voluntad de todos cuando falten o existan las
pruebas de la culpabilidad.
Garantismo como ﬁlosofía política y como teoría crítica del Derecho
Así pues, las garantías pueden conﬁgurarse como fuentes de justiﬁcación externa y de legitimación interna y al mismo tiempo —en
cuanto ausentes o inefectivas— como criterios de deslegitimación
Se concreta así el sentido de la tercera tesis que he avanzado al
comienzo. El garantismo es una doctrina ﬁlosóﬁco-política de justiﬁcación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-normativa de
las garantías penales y procesales. Es una ﬁlosofía utilitarista sobre los
ﬁnes y los fundamentos del derecho penal y, al mismo tiempo, una
teoría del derecho penal mínimo —una y otra sobre el deber ser del
derecho penal— que en gran parte reproduce los principios de justicia
y garantía incorporados los ordenamientos evolucionados.
Como ﬁlosofía política, el garantismo es una doctrina normativa
sobre el deber ser del derecho penal desde un punto de vista axiológico
externo. De ahí su dimensión proyectiva además de normativa. En efecto, la doctrina ﬁlosóﬁca del garantismo elabora —teniendo en cuenta
los dos ﬁnes justiﬁcativos de la minimización tanto de los delitos como
de las penas que asigna al derecho penal— los modelos normativos
del derecho penal como ley del más débil, es decir, como sistema de
garantías para la tutela de los derechos de todos: de los que sufren los
delitos y de los que sufren los procesos y las penas. Pero esa ﬁlosofía
provee también los criterios de crítica y de deslegitimación externa de
los rasgos de injusticia de un derecho penal concreto o de sus normas
o instituciones particulares, en cuanto sean contrarias o incluso sólo
inadecuadas a tales ﬁnes justiﬁcativos.
Como teoría jurídica, el garantismo es, en cambio, una teoría empírica y al mismo tiempo normativa sobre el deber ser del derecho
penal desde el punto de vista jurídico interno de los principios de justicia
incorporados en nuestros ordenamientos, y en particular en nuestras
constituciones. Como tal, el garantismo se identiﬁca en gran parte
con el constitucionalismo, es decir, con esa extraordinaria innovación
del derecho moderno consistente en regular la creación del derecho
desde el propio derecho. Y se conﬁgura de nuevo tanto como teoría
proyectiva, dirigida a colmar o a integrar las lagunas con garantías
que están presentes en el nivel constitucional pero no en el legislativo,
cuanto como teoría crítica, dirigida a identiﬁcar los rasgos de invalidez
y de incoherencia, respecto al modelo constitucional, de la legislación
vigente y de la praxis judicial.
Concluyo observando que una tal concepción del garantismo
se presta a ser extendida, como paradigma de la ﬁlosofía jurídica y
de la teoría general del derecho, a todo el ámbito de derechos de
la persona. Todos los derechos fundamentales pueden, en efecto, ser
concebidos como leyes del más débil: como técnicas de tutela de los
bienes primarios de todos, sólo en presencia de las cuales se justiﬁca
ese artiﬁcio que es el derecho positivo. Por ‘garantismo’ se entenderá
pues un modelo de derecho fundado sobre la rígida subordinación
a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a éstos para
garantía de los derechos consagrados en las constituciones.
En este sentido, el garantismo es sinónimo de “estado constitucional
de derecho”, es decir, de un sistema que recoge el paradigma clásico de
estado liberal, extendiéndolo en dos direcciones: de un lado, a todos
los poderes, no sólo al judicial sino también al legislativo y al ejecutivo,
y no sólo a los poderes públicos sino también a los privados; de otro
lado, a todos los derechos, no sólo a los de libertad sino también a los
sociales, con el consiguiente surgimiento de obligaciones, además de
prohibiciones, para la esfera pública.
Deseo añadir que hoy la opción entre un uso restringido y un
uso amplio de garantismo no es en absoluto políticamente neutral.
En Italia, por ejemplo, la apelación al garantismo como sistema de
límites impuestos únicamente a la jurisdicción penal se conjuga con
frecuencia, entre las fuerzas de la derecha, con el rechazo de cualquier tipo de límite y control jurídico, en particular judicial, al poder
político y económico. Signiﬁca por ello exactamente lo contrario de
“garantismo” como paradigma teórico general, que quiere decir, en
cambio, sujeción al derecho de cualquier poder en garantía de los
derechos de todos, a través de vínculos legales y controles jurisdiccionales idóneos para impedir que se formen poderes absolutos, sean
La idea de la democracia constitucional expresada por el paradigma garantista es, por tanto, opuesta a la imagen de la democracia
mayoritaria o plebiscitaria que hoy domina, al menos en Italia, y que
se basa en la confusión entre democracia y principio de la mayoría. La
democracia constitucional designa un complejo sistema de separaciones y equilibrios, de límites y contrapesos, de garantías para la tutela
de los derechos de todos, de técnicas de control y reparación frente
a sus violaciones. Desgraciadamente esta imagen de la democracia
resulta hoy oscurecida en la opinión común y ha sido sustituida por
la idea de “democracia” como omnipotencia de la mayoría, a la que
le estaría permitido cualquier abuso, y por la correlativa de “liberalismo” como ausencia de reglas y de límites a la libertad de empresa.
Es hoy tarea de la cultura jurídica —no sólo penalista sino también
constitucionalista— restaurarla, ante todo en las propias doctrinas y,
por tanto, en el imaginario colectivo.
La pena en una sociedad democrática*
El Derecho Penal mínimo como ley del más débil
na reﬂexión sobre la pena —es decir sobre el rol y los límites
de la sanción penal y especíﬁcamente de la pena carcelaria— en una sociedad democrática requiere de una precisión
inicial sobre lo que debe entenderse por una “sociedad democrática”.
“Sociedad democrática” alude evidentemente a un genérico parámetro
axiológico: el deber ser de la pena en una sociedad basada en los valores de la democracia. Debemos decir entonces, que la relación entre
derecho penal y democracia es muy particular. En efecto el derecho
penal es el terreno en el que, en forma más emblemática, se expresan
los límites de la “democracia política”, entendida ésta expresión en el
sentido de poder y voluntad del pueblo, y por tanto de la mayoría.
Si este, y sólo este, fuera el sentido de “democracia”, resultaría
excluida cualquier posibilidad de fundar una axiología democrática
y garantista del derecho penal. Un derecho penal, “democrático” en
tal sentido se orientaría inevitablemente hacia formas de derecho
penal máximo, es decir, al máximo represivo, privado de límites y
garantías. Ello por dos motivos: Ante todo porque el punto de vista
de las mayorías conduce a concebir el derecho penal como un instrumento de defensa social —es decir de prevención de los delitos, y por
tanto de defensa precisamente, de las mayorías no desviadas— contra
los atentados a la seguridad provenientes de las minorías desviadas;
y es claro que el parámetro de la máxima utilidad posible de los no
desviados no sólo no proporciona criterios para limitar o minimizar
la aﬂicción de la pena, sino que proporciona, por el contrario, criterios para maximizarla. La idea de la defensa social, sostenía hace un
siglo Francisco Carrara, tiene como resultado inevitable el terrorismo
* Traducción de Mauricio Martínez.
penal. En segundo lugar, porque la desviación provoca siempre la
movilización de la mayoría, que se asume ella misma, como “no desviada”, contra la minoría de los desviados, percibidos por ella como
“diversos” y fuente de peligros sombríos. Si después de la aparición de
la obra de Beccaria De los delitos y de las penas en torno a ella se hubiese
realizado un referéndum, éste habría recogido sólo el consenso del
mismo Beccaria y de alguna docena de sus amigos.
sindicado y luego del enjuiciado y del detenido, existe una antinomia.
La batalla por el garantismo penal, ha escrito Norberto Bobbio, ha
sido siempre una “batalla de minorías”.
Existe, sin embargo, un segundo sentido, o mejor una segunda
dimensión de la “democracia” —no antitética, sino complementaria a
la de la “democracia política”— que permite entender los fundamentos
axiológicos y conjuntamente los límites del derecho penal y de la pena:
se trata de la dimensión que resalta la democracia como “democracia
constitucional” o “de derecho”, y que tiene que ver no con quién está
habilitado para decidir (precisamente la mayoría), sino con lo que
no es legítimo decidir por ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad. Una dimensión con respecto a la cual, de nuevo, el derecho
penal representa e históricamente ha sido el terreno emblemático de
reﬂexión y elaboración: el de la construcción del Estado constitucional de derecho. Esta esfera de lo “no decidible” —el sobre qué no es
lícito decidir (o no decidir)— no es sino lo que en las constituciones
democráticas se ha convenido sustraer de la voluntad de las mayorías.
escrita que representan los pactos constitucionales, establecen como
límites y vínculos para las mayorías, precondiciones del vivir civilizado
y simultáneamente razones mismas del pacto de convivencia? Esencialmente dos cosas: la igualdad de los ciudadanos —sean ellos desviados
o no— y la garantía de sus derechos fundamentales, primero entre
todos la vida y la libertad personal, pues no puede existir voluntad
de mayorías, ni interés general, ni bien común o público, frente a los
cuales ellos puedan ser sacriﬁcados. “Ningún hombre —escribió Beccaria— ha donado gratuitamente parte de la propia libertad a favor del
bien público”. En efecto, “[…] fue la necesidad la que presionó a los
hombres a ceder parte de la propia libertad: él está entonces seguro
de que nadie quiere poner en depósito público sino la mínima porción posible, la suﬁciente para inducir a los otros a defenderla, […];
todo lo demás es abuso y no justicia, es hecho, más no derecho”.
Si este es el límite impuesto al poder punitivo por la razón misma del
pacto constitucional que lo ha originado, la sola justiﬁcación del derecho penal que pueda ser proporcionada, en alternativa a las hipótesis
abolicionistas, es que él logre ser instrumento de defensa y garantía de
todos: de la mayoría no desviada, pero también de la minoría desviada;
que por ello se conﬁgure como derecho penal mínimo, es decir, como
técnica de minimización de la violencia en la sociedad: de la violencia de los delitos, pero también la de las reacciones a ellos; en suma,
que él cumpla un doble objetivo: no sólo la prevención y minimización
de los delitos, sino también la prevención de las reacciones informales
a los delitos y la minimización de las penas.
Es claro que un paradigma similar se contrapone no sólo a las
tradiciones de las doctrinas retribucionistas de la pena —Kant o Hegel— que son el fruto de una concepción supersticiosa y vengativa
doctrinas utilitaristas de la prevención o defensa social, sean ellas de
la prevención general o de la prevención especial, las cuales asumen
como punto de vista y parámetro la utilidad solamente de la mayoría
no desviada. Contra este utilitarismo dividido, el paradigma del derecho penal mínimo asume como única justiﬁcación del derecho penal
su papel de ley del más débil en alternativa a la ley del más fuerte
que regiría en su ausencia: no, entonces, genéricamente la defensa
social, sino la defensa del más débil, que en el momento del delito es
la parte ofendida, en el momento del proceso es el imputado y en el
de la ejecución penal, el condenado.
De aquí el nexo que une el modelo de justiﬁcación del derecho penal mínimo —como justiﬁcación sólo a posteriori, es decir,
respecto de la efectiva capacidad del derecho de minimizar no sólo
la violencia de los delitos sino también la de las penas— con el garantismo. Las garantías penales y procesales, en efecto, no son sino las
técnicas dirigidas a minimizar la violencia y la potestad punitiva: es
decir, a reducir en lo posible los delitos, la arbitrariedad de los jueces
y la aﬂictividad de las penas.
Cuestión criminal y cuestión penal en la actualidad
Si ahora examinamos nuestro derecho penal, debemos constatar que
él se encuentra bien lejos de un tal modelo de justiﬁcación, precisamente el del derecho penal mínimo. Y lo está hoy más que nunca,
después del desarrollo en los últimos veinte años, de dos fenómenos
convergentes: la transformación tanto de la cuestión criminal como
de la cuestión penal.
Ha cambiado ante todo la cuestión criminal. En efecto, es de estos
años el desarrollo de una criminalidad nueva, de la cual provienen
las ofensas más graves a los derechos fundamentales y a la convivencia civil: la criminalidad del poder, en la doble forma de los poderes
criminales; es decir, de la criminalidad organizada de la maﬁa y de
la camorra, pero también los crímenes del poder, desde los atentados
hasta las intentonas de golpes de Estado, desde las tramas de los poderes invisibles hasta la gran corrupción organizada. Se trata de una
criminalidad relativamente nueva, que es tal vez el signo más perverso
de la crisis profunda por la que ha atravesado en estos años nuestro
sistema político. En un doble sentido: ante todo en el sentido en que
esta nueva criminalidad es —directamente en lo concerniente a los
delitos de los titulares de los poderes públicos, indirectamente en lo
relacionado con los poderes criminales— el producto de una degeneración de la política; en otro sentido, evidenciado tantas veces, pero más
recientemente por Rossana Rossanda, por la incapacidad del sistema
político de afrontarla con los instrumentos de la política, de tal manera
que sólo el derecho penal ha estado interesado, con el inevitable efecto
de una acentuación del rol político de la jurisdicción penal.
Pero ha cambiado simultáneamente la cuestión penal. Si ha crecido
la criminalidad del poder, no ha crecido para nada, sino al contrario
disminuido —al menos para los delitos más graves, como aquellos contra la integridad personal (homicidios, lesiones, violencia sexual)— la
criminalidad tradicional de los sujetos marginados. Y sin embargo,
no obstante la reforma carcelaria de 1975 y la ley Gozzini de 1986, ha
aumentado enormemente en estos años el número de detenidos, que
en los años noventas se ha casi duplicado en relación con el de hace
veinte años, sin que haya habido cambio alguno de la calidad de la
población carcelaria, conformada principalmente por sujetos débiles
y marginados —toxicodependientes (en un tercio) y emigrantes (en
un cuarto)— condenados por hechos de microcriminalidad. En ﬁn,
contemporáneamente ha aumentado, con motivo de la inﬂación de
la legislación penal, el número de procesos, que se cuentan hoy en
millones cada año y que sin embargo terminan en un montón de
absoluciones, preclusiones, suspensiones condicionales de las penas
Tenemos de este modo, en Italia, la convivencia de tres derechos
penales: el de las grandes investigaciones sobre la maﬁa y la corrupción,
sin duda el más conforme, más allá del sacriﬁcio de las garantías, con
la ﬁnalidad propia del derecho penal de prevención de los delitos;
el derecho penal, que llamaré “burocrático”, que se maniﬁesta en un
trabajo tan inútil —o aún dañoso— como ineﬁciente y dispendioso,
y que corresponde al grueso de la justicia penal; en ﬁn, el de la represión efectiva, manifestado principalmente en la reclusión carcelaria,
aunque para delitos no graves, de sujetos débiles y marginados. La
cárcel —fuera de la espectacularidad de los grandes procesos y de
la enorme cantidad de sujetos involucrados en la justicia penal— en
resumen, sigue siendo un instrumento de control y de represión social
reservado a los sujetos marginados. Tóxico-dependientes, emigrantes
y jóvenes subproletarios son en cantidad creciente los destinatarios
principales, con motivo del aumento del desempleo y la pobreza, de
la crisis simultánea del Estado social y de sus prestaciones asistenciales,
y por otro lado de las crecientes presiones represivas que animan a
la opinión pública, movilizándola contra los sujetos débiles y diferentes. Contra ellos la justicia penal es extraordinariamente rápida
y “eﬁciente”. También porque el clima de emergencia en el que vivimos desde hace más de veinte años, junto con el consenso adquirido
por la judicatura en las investigaciones contra la gran criminalidad,
extendido de hecho a todas sus actuaciones, han legitimado en estos
años la pérdida de todas las garantías, ante todo las de la defensa, y
han avalado, sobre todo frente a la microcriminalidad marginada,
prácticas sumarias y veloces.
De allí ha resultado una desproporción enorme entre la carga de
sufrimientos ocasionados con la cárcel y la poca relevancia social
de los delitos castigados con la detención preventiva y, por otro lado,
entre la gravedad de las ofensas ocasionadas por la criminalidad del
poder y la tan enorme como inútil mole de procesos generados por la
inﬂación de la legislación penal. Dos desproporciones que representan
una clamarosa conﬁrmación del nexo señalado, asegurado por el paradigma del derecho penal mínimo, entre eﬁciencia y garantismo: es
decir, entre el papel de defensa social del derecho penal y la reducción
tanto de la esfera de los bienes merecedores de tutela penal como del
grado de aﬂicción de las penas.
De aquí la necesidad de un replanteamiento de todo el derecho
penal: tanto del sistema de los delitos como del sistema de las penas.
Veinte años de legislación de emergencia, de inﬂación penal y del
progresivo decaimiento del sistema de las garantías han producido una
pérdida de legitimación de la justicia penal que es sólo contingentemente cubierta por la legitimación falseada, proveniente del consenso
popular frente a las grandes investigaciones. De aquí sobretodo, la
necesidad y urgencia de que se abra ﬁnalmente —después de años de
leyes excepcionales, de conﬂictos y choques institucionales, de tensiones políticas, de incomprensiones y el corporativismo del mundo de
la justicia— un período de reformas capaces de refundar sobre bases
racionales y garantistas el derecho penal.
La justiﬁcación del derecho penal exigido por el modelo ilustrado
aquí de derecho penal mínimo, es decir, la respuesta positiva a la clásica
pregunta “si, y para qué castigar”, depende, en efecto, de la respuesta
racional que nuestro sistema político esté en capacidad de dar a otras
dos preguntas: qué y cómo castigar. Dos cuestiones relacionadas respectivamente con los objetivos justiﬁcadores del derecho penal —las
ofensas por prevenir y las reacciones a las ofensas por minimizar— y
que imponen hoy una doble estrategia reformadora: una drástica
despenalización de los delitos, con la consecuente supresión de las
penas, una drástica desprisionalización, es decir, la limitación de la
cárcel solamente para las ofensas más graves e intolerables contra los
Qué castigar: la despenalización
Empezaré por la primera cuestión, “qué castigar” y por el tema de
la despenalización. Me limitaré a dos observaciones, ambas banales.
La primera relacionada con el nexo entre derecho penal mínimo
y eﬁciencia, entre garantismo y rol de defensa social del derecho
penal. Es claro que nuestra maquinaria judicial podrá afrontar con
mucha mayor eﬁciencia y con mucho mayor respeto de las garantías
las ofensas más graves provenientes de la potente y gran criminalidad,
entre más sea reducido al mínimo, dirigiéndose exclusivamente a los
delitos más graves. La segunda observación se relaciona con el nexo
entre derecho penal mínimo y credibilidad del derecho penal. La
incertidumbre jurídica, la incognoscibilidad y la irracionalidad del
derecho penal generadas por la inﬂación legislativa, en efecto han
eclipsado los conﬁnes entre esfera del ilícito penal y esfera del ilícito
administrativo e incluso de lo lícito, transformando el derecho penal
en una fuente oscura e imprevisible de peligros para cualquier ciudadano, sustrayéndole su función simbólica de intervención extrema
contra las ofensas más graves y ofreciendo por ello el mejor terreno
de cultura a la corrupción y al arbitrio.
Una despenalización seria debería por ello apuntar, antes que la
reducción de la tutela penal sólo para los bienes que consideramos
fundamentales, a la reducción de la esfera de los bienes que nos podemos permitir considerar fundamentales sólo a las ofensas, que de
manera real, consideramos pueden ser juzgadas decentemente por
nuestro sistema judicial, aunque reforzado en sus medios y estructuras.
En esta perspectiva serían despenalizados, además de los innumerables delitos bagatelares, todas las contravenciones y todos los hechos
castigados con penas pecuniarias, salvo que se considere, por su
gravedad —pensamos en las violaciones en el ámbito de la seguridad
del trabajo o del medio ambiente— necesario castigarlos más seriamente como delitos de peligro. Pero me doy cuenta que todo esto requiere
una más amplia argumentación. Lo que es cierto, es que habría que
reescribir la tabla completa de los bienes penalmente protegidos,
relacionados por el código fascista y enormemente ampliada por el
legislador republicano.
Cómo castigar: la desprisionalización
Mucho más relevante es la segunda cuestión —cómo castigar— y el
tema ligado a ella, la desprisionalización.
Creo que los tiempos han madurado para poner en discusión la
centralidad de la cárcel como pena principal en nuestro sistema penal.
La cárcel, como sabemos, ha sido una invención moderna: una gran
conquista buscada por el iluminismo humanitario como alternativa a la
pena capital, a los suplicios, a las penas corporales, a la picota pública y
otros horrores del derecho penal premoderno. Con la cárcel la pena
se volvió incruenta y se conﬁguró como pena igualitaria, legalmente
predeterminada, susceptible de medición y cálculo: privación de un
tiempo abstracto de libertad, exactamente cuantiﬁcable y graduable
por la legislación y luego por el juez, en relación con la gravedad
—en abstracto y en concreto— de los delitos castigados. Pero el grado
de civilización de un país, advertía Montesquieu, se mide y progresa
según la benignidad de sus penas. Es posible, entonces, dar hoy, a
una distancia de dos siglos, un nuevo salto de civilización: destronar
la reclusión carcelaria de su rol de pena principal y paradigmática y,
si no abolirla, al menos reducir drásticamente su duración y transformarla en sanción excepcional, limitada a las ofensas más graves contra
los derechos fundamentales (como la vida, la integridad personal y
similares), las únicas que justiﬁcan la privación de la libertad personal,
que es también un derecho fundamental garantizado.
Es necesario reconocer, por otro lado, que la cárcel ha sido siempre,
en sentido contrario a su modelo teórico y normativo, mucho más que
la privación de un tiempo abstracto de libertad. Inevitablemente ella ha
conservado múltiples elementos de aﬂicción corporal, manifestada en
las formas de vida y de tratamiento, y diferenciadas de las penas corporales antiguas sólo en cuanto no se concentran en el tiempo, sino que
se prolongan por toda la duración de la pena. Además, a la aﬂicción
corporal la pena carcelaria agrega la aﬂicción psicológica: la soledad, el
sometimiento disciplinario, la pérdida de sociabilidad y de afectividad
y por tanto de identidad, además de la aﬂicción especíﬁca ligada a la
pretensión reeducativa y en general a cualquier tratamiento dirigida
a doblegar y transformar al prisionero. De hecho, en consecuencia,
la reclusión posee un contenido aﬂictivo que va mucho más allá de la
privación de la libertad personal, resultando afectada la mayor parte
de los otros derechos vitales de la persona.
Tanto las aﬂicciones físicas como las psíquicas, en ﬁn, le quitan a la
pena carcelaria sus caracteres de igualdad, de tipicidad, de legalidad
y de jurisdiccionalidad. “El gran principio que debe regular el uso de
esta especie de pena es que la ley debe determinar la duración y el
objeto de la pena”, escribía Filangieri hace dos siglos; y agregaba: “[…]
en el estado actual de las cosas ordinariamente el juez es quien ﬁja la
primera y un verdugo el segundo”. Obviamente después de dos siglos
han mejorado las condiciones de las cárceles: pero no ha cambiado,
sino, por el contrario, agravado, la atipicidad e imprevisibilidad de los
contenidos de la detención. Estos contenidos varían profundamente
según la clase de detenido, de la discrecionalidad de las autoridades
carcelarias, pero sobre todo de las condiciones de vida en los diferentes establecimientos carcelarios, y conﬁeren por tanto a la pena
detentiva, en contraposición a la proclamada certeza e igualdad, un
carácter sustancialmente arbitrario y desigual: Rebibbia y San Vittore,
Poggioreale y Volterra, Ucciardone y Regina Coeli, equivalen cada una
a un régimen carcelario diferente. Sin contar las diferenciación de la
pena introducida en Italia, como en todos los países avanzados, con
la señal de su programática transformación en “tratamiento” individualizado y personalizado sobre la base de la “observación cientíﬁca de la
personalidad” del detenido y de sus “carencias ﬁsio-psíquicas” —según
el lenguaje del siglo XVIII y paleopositivista de la ley de 1975— dirigido
a corregir al detenido, a transformarlo y a readaptarlo forzando su
libertad interior.
La cárcel es entonces una institución al mismo tiempo iliberal,
desigual, atípica, al menos en parte, extralegal y extrajudicial, lesiva de
la dignidad de la persona, penosa e inútilmente aﬂictiva. Nacida del
proyecto iluminista de mitigación y de racionalización de las penas,
ella no parece a su vez idónea —porque no es pertinente o porque es
innecesaria— para satisfacer ninguna de las dos razones que justiﬁcan
la sanción penal: no la prevención de los delitos, dado el carácter
criminógeno de las cárceles destinadas desde siempre a funcionar
como escuelas de delincuencia y de reclutamiento de la criminalidad
organizada; no la prevención de las venganzas privadas ni de las penas
informales, satisfecha en las sociedades modernas por los medios de
comunicación mucho más que por la expiación de la cárcel, por la
publicidad del proceso y por el carácter simbólico y estigmatizante de
las condenas. De esta institución, cada vez más pobre de sentido, de esta
“máquina enloquecida” como la ha llamado Manuzzu, que produce
un costo de sufrimientos no compensado por ventajas apreciables para
ninguno, resulta por ello justiﬁcado en una perspectiva de largo plazo,
su superación: lo cual no signiﬁca —para evitar equívocos— superación de la pena, que equivaldría de hecho, más allá de las ilusiones
de sus partidarios, a un sistema de derecho penal máximo, salvaje y/o
Mientras tanto, en espera de los largos tiempos en los cuales está
destinada a madurar la abolición de la pena detentiva, exigencias
elementales de certeza y de justicia hacen necesaria a corto plazo su
drástica reducción, a través, por un lado, de la restricción de su duración, y por otro, de la disminución de sus posibilidades de aplicación,
sustituyéndola en muchos casos por medio de un amplio abanico de
penas, aunque limitativas de la libertad pero no segregativas.
La reducción cuantitativa de la duración de las penas signiﬁca
ante todo la supresión de la cadena perpetua, y en segundo lugar
una drástica reducción del límite máximo de la reclusión: límite
que, como he sostenido muchas veces, no debiera superar los quince
años, como lo es en Dinamarca y en Alemania, y sobre todo, como lo es
también potencialmente en Italia, cuando se concedan los beneﬁcios
discrecionales previstos por la ley ‘Gozzini’.
Se trata del objetivo reformador seguramente más importante. El
argumento principal de las sentencias de la Corte Constitucional números 264 de 1974 y 274 de 1983 para mantener la cadena perpetua
—e indirectamente el límite de 30 años de la reclusión— consiste
de hecho, en que gracias a los beneﬁcios previstos en la reforma penitenciaria de 1975 y luego en la ley ‘Gozzini’, la duración máxima
de dichas penas, puede bajar en la práctica a 20 e incluso a 15 años: la
pena perpetua —se dijo en sustancia— es legítima porque de hecho
no es perpetua. El resultado de la introducción de los beneﬁcios y por
tanto de la ﬂexibilidad de la pena, ha sido así el de legitimar teóricamente el mantenimiento de penas elevadísimas, y prácticamente la
aplicación de penas más severas en previsión de su reducción en
Por otro lado, la introducción de los beneﬁcios ha estado siempre
a su vez justiﬁcada, también por quien no comparte las ideologías correccionalistas en que se inspiraron, por el hecho de que una persona,
a distancia de decenios de la condena, es de todas formas diferente a
la que fue condenada: en otras palabras, como un remedio a la exce-
siva duración de las penas. Existe, en sustancia, un círculo vicioso y
perverso en las argumentaciones con las cuales la ﬂexibilidad de las
penas y su larga duración se legitiman recíprocamente.
Debemos entonces preguntarnos si no es el caso de romper este
círculo vicioso. La reforma carcelaria de 1975 y luego la ley ‘Gozzini’
de 1986 fueron saludadas como conquistas de civilización pues servían
para mitigar y humanizar las penas en cumplimiento del artículo 27
de la Constitución. Por años, en el clima de emergencia que ha pesado
continuamente en la política penal de nuestro país, una reducción legislativa de las penas ha parecido irrealista y por tanto se ha escogido la
vía compromisoria de una posible atenuación en fase de ejecución: con
el resultado, agravado por las reducciones de penas introducidas con la
institución de la negociación, de una separación estructural entre pena
legislativa, pena judicial y pena carcelaria concretamente ejecutada.
Después de veinte años de ﬂexibilidad en el que se ha visto duplicar la población carcelaria, me pregunto si ﬁnalmente, antes que
defender la enmienda al defecto de la larga duración de las penas, no
haya llegado el momento de eliminar el defecto, con todos los costos
que ello comporta: la incertidumbre de la pena; su desigualdad; la
falta de correspondencia entre pena legislativa, pena irrogada y pena
ejecutada, que es además la sustancia del principio de legalidad de las
penas; el arbitrio extralegal y extrajudicial a la cual resulta conﬁada
la concreta dosimetría de la pena; en ﬁn, el menoscabo de la libertad
interior del detenido, violatorio del primer principio del liberalismo:
el derecho de cada uno de ser y de permanecer como es, y por tanto
la prohibición para el Estado de entrometerse en la personalidad
psíquica del ciudadano y de transformarlo moralmente mediante
medidas premiales o punitivas irrogadas por lo que él es, antes que
por lo que él hace.
El segundo objetivo de una política de desprisionalización es el de
la limitación de la cárcel sólo para los delitos más graves y la previsión
para el resto, ante todo para los patrimoniales, de una lista más amplia
de penas: limitativas de la libertad o de otros derechos pero no consistentes en la segregación, es decir, en la privación integral de la libertad
personal, que deposita cuerpo y alma en una institución total y es por
tanto una mezcla de pena corporal y de pena disciplinaria.
Los tipos de pena que pueden ser hipotizados como alternativa a
la detención son numerosos y variados, pudiendo tener por objeto
facultades singulares incluidas en la libertad personal, o bien derechos
diversos y menos extendidos: como muchas de las actuales medidas
alternativas, desde la vigilancia especial hasta la semilibertad y el
sometimiento a prueba, que privan sólo parcialmente de la libertad
personal y que deberían convertirse en penas directamente previstas
por la ley e irrogada por el juez antes que discrecionalmente negociadas en sustitución de la cárcel en la fase de ejecución; o los arrestos
domiciliarios, la residencia obligatoria o la prohibición de residencia,
los cuales privan de la libertad de circulación; o penas patrimoniales
como el decomiso de los instrumentos del delito, por ejemplo del vehículo en los delitos cometidos con él; o, en ﬁn, las penas interdictivas
que deberían pasar de penas accesorias a penas principales, las cuales
privan o restringen determinadas facultades de las que ha abusado el
implicado: el retiro de la licencia de conducción, la revocatoria de
licencias comerciales o de habilitaciones profesionales, la interdicción
de cargos públicos, etcétera.
Es además evidente que los enormes gastos representados en el
sostenimiento de la población carcelaria actual podrían destinarse
a mejorar las condiciones de vida y de sociabilidad al interior de las
cárceles y a fomentar las relaciones de los detenidos con el mundo
externo, tal como lo prevé la primera parte del parágrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución.
Recodiﬁcación penal y cláusula de reserva
Despenalización y desprisionalización representan evidentemente un
compromiso reformador en capacidad de concebir, a una distancia de
sesenta años del Código Rocco, un nuevo código penal.
En los últimos veinte años nuestra política criminal ha sido siempre
una política de emergencia, sin asesoramiento de un diseño teórico,
privada de toda dimensión axiológica, cuyo resultado ha sido un
derecho penal máximo, al mismo tiempo inﬂacionario e ineﬁcaz y
una justicia que de hecho golpea preponderantemente la pequeña
delincuencia. Una política caracterizada en todos los niveles por una
fuga de las responsabilidades, expresada en un conjunto de representaciones en cadena. La doctrina penal parece haber renunciado al papel
crítico y propositivo que la caracterizó en los orígenes iluministas y se
conforma en la actualidad con contemplar la legislación existente, a
nombre de un malentendido juspositivismo. La legislación, privada
de respaldo axiológico y conﬁada únicamente a la política coyuntural,
a su vez ha renunciado a la tarea de escoger los bienes fundamentales merecedores de tutela penal, descargando sobre la jurisdicción
funciones de control sobre las infracciones más dispares, incluidas
las que deberían someterse a los controles políticos y administrativos.
La jurisdicción, en ﬁn, ha delegado a su vez la determinación concreta de la pena para la fase de ejecución, conﬁándole la función de
adecuar el contenido y la duración a la improbable valoración de la
personalidad del condenado y, de hecho, a las contingentes exigencias
administrativas de la cárcel.
Es signiﬁcativo además, que en medio siglo de historia republicana
las únicas reformas hechas hayan sido la penitenciaria y la procedimental, y que el problema de la inﬂación de los delitos y del exceso
de las penas haya estado siempre rodeado de correctivos extrapenales,
como la negociación en la fase judicial o las medidas alternativas en
la fase de ejecución: como si el derecho penal —es decir el sistema
de delitos y penas— fuese una especie de fenómeno natural y todo
replanteamiento hubiese precluido cual espejismo utópico.
Hoy es posible abrir un período reformador, metiéndole mano a
una reforma del código penal, orientada a la minimización y a la
racionalización del derecho penal como condiciones, simultáneamente, de eﬁciencia y garantismo. Sin embargo, considero, ni siquiera una
seria reforma de los códigos será suﬁciente para superar la crisis que
afecta irreversiblemente hoy al derecho penal. Lo demuestra la breve
y desoladora historia del nuevo Código de Procedimientos Penales, en
vigencia desde hace sólo cuatro años, pero desarticulado por el decreto
‘Martelli’ en 1992, con la primera y además previsible reagudización
de la emergencia maﬁosa.
Por esto quisiera concluir presentando una última propuesta, sobre
la cual he insistido muchas veces y deseo repetir hasta el cansancio,
siempre que tenga oportunidad de hablar y de escribir sobre derecho
penal: la introducción en la Constitución de una reserva reforzada de
código contra las intervenciones de excepción y de ocasión por parte
del legislador ordinario.
Las reformas de los códigos están destinadas a fracasar, como un
inútil trabajo de Sísifo, si no van acompañadas de esta nueva y especíﬁca garantía: una metagarantía, por así decirlo, dirigida a proteger
las mismas garantías penales y procesales frente a la legislación de
excepción, y al mismo tiempo, a poner freno a la inﬂación penal que
hoy ha hecho regresar al derecho penal a una situación de sustancial
descodiﬁcación, no diferente a la premoderna, en la que el cúmulo
de fuentes, la indeterminación de las leyes, la incertidumbre de las
competencias y el predominio de la práctica, habían generado en la
cultura iluminista la exigencia del código, como sistema claro, unitario y coherente de prohibiciones y castigos, en defensa de la libertad
de los ciudadanos contra el arbitrio de los jueces. Hoy —después de
la declaración de bancarrota del derecho penal que ha sido la sentencia de la Corte Constitucional Nº 364 de 1988 que archivó como
irrealista el clásico principio penal de la exculpabilidad por ignorantia
legis— aquella exigencia se volvió, como entonces, igualmente urgente.
Es un imperativo pues, la cláusula de reserva, contra la incertidumbre
del derecho generada ahora no sólo por “[…] aquella juris prudentia
o “sabiduría de los jueces desordenados” de la que hablaba Thomas
Hobbes (Leviathan, XXVI) hace tres siglos, sino por la misma legislación,
no menos inﬂacionaria, incoherente y ‘desordenada’.
Esta cláusula de reserva debería implicar que todas las normas
sobre delitos, penas y procedimientos deben estar contenidas en los
códigos penales sustantivo y procesal y que no puedan ser introducidas
sino mediante una reforma aprobada por procedimiento legislativo
caliﬁcado. Se trata de una medida indispensable para retornarle credibilidad al derecho penal y para restituirle a su naturaleza de extrema
ratio. Por más compleja y voluminosa que fuese una nueva codiﬁcación
orientada por el principio ‘todo lo penal en los códigos, nada fuera
de los códigos’, lo sería mucho menos que el actual cúmulo de leyes
especiales; para que por lo menos la prohibición de legislar en materia
penal y procesal obligue al legislador a hacerse cargo siempre de la
unidad y coherencia del conjunto. Por lo demás, si es cierto que el
derecho penal incide en la libertad de los ciudadanos ello tiene una
relevancia cuasi-constitucional, y no sería admisible que se le deje
cotidianamente expuesto a los humores contingentes de las mayorías
de gobierno y al sobrevenir de cada vez nuevas emergencias.
La ética de la jurisdicción penal*
(Apuntes para una deﬁnición de la deontología de los magistrados)1
La separación entre derecho y moral
os fundamentos de la deontología del juez y de la ética de la
jurisdicción penal descansan, a mi parecer y aparentemente
en forma paradójica, en el rasgo característico del Estado de
derecho, que se expresa frecuentemente en la ﬁlosofía jurídica con la
tesis de la moderna “separación entre derecho y moral”.
¿Qué quiere decir “separación entre derecho y moral? Ciertamente
no es que el derecho y la jurisdicción no tengan o no deban tener contenidos morales o que en ellos no intervengan inevitablemente juicios
morales. Podemos distinguir, analíticamente, dos signiﬁcados conexos
al nacimiento del Estado de derecho y al proceso de laicización y secularización del derecho moderno, de los cuales deriva un conjunto de
corolarios que expresan otros tantos valores ético-políticos: los valores
o, si se quiere, la especíﬁca ética del Estado de derecho.
En un primer signiﬁcado, de carácter asertivo, la tesis de la separación
signiﬁca simplemente que una cosa es el derecho y otra la moral; que la
validez de una norma jurídica no depende de su justicia intrínseca, sino
únicamente de sus formas de producción, esto es, del acatamiento de
otras normas del ordenamiento que regulan su formación. Auctoritas,
non veritas facit legem, proclama Thomas Hobbes en el Diálogo entre un
ﬁlósofo y un ciudadano,2 en contraposición a la tesis de la primacía de las
* Traducción de Rodrigo Brito Melgarejo.
Informe del congreso sobre “Ética y deontología judicial” que se llevó a cabo en
Roma del 14 al 16 de enero de 1999 en la Accademia dei Lincei.
La formulación latina de la máxima “doctrinae quidem verae esse possunt; sed authoritas, non veritas facit legem” se encuentra en realidad en T. Hobbes, Leviathan, (1651) trad.
latina (1670) en Opera philosophica quae latine scripsit omnia, edición de W. Molesworth,
“leyes de la razón” sostenida por sir Edward Coke y que se expresa con
la máxima opuesta veritas, non auctoritas facit legem. Ésta puede parecer
una tesis autoritaria y moralmente contra-intuitiva. Pero en lugar de
esto, como escribió Herbert L. A. Hart, ésta no es más que el signiﬁcado
del positivismo jurídico,3 de manera opuesta a la tesis inversa que bien
puede ser considerada el signiﬁcado del iusnaturalismo. Y equivale a
un principio meta-ético y meta-jurídico: por un lado la autonomía de la
moral del derecho positivo y, por otro, la sujeción a la ley de cualquier
poder, es decir el principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho válido y fundamento de la legitimidad de todo poder, y
antes que de ningún otro, del poder judicial. A su vez, el principio de
legalidad y de la sujeción del juez a la ley, expresa los dos valores éticopolíticos fundamentales de la jurisdicción en el Estado de derecho y en
la democracia política. Es, antes que nada, el fundamento de la certeza
del derecho, pues las normas jurídicas no son aquellas consideradas en
su momento justas por la conciencia y el sentido moral del juez (lo que
querría decir de su arbitraria autoridad según el modelo del juez de
cadí), sino aquellas preestablecidas por las leyes y de las cuales el juez
sólo debe comprobar las violaciones según la fórmula inversa a aquella
que marca la legislación: veritas, non auctoritas facit iudicium. En segundo
lugar, es el fundamento —en los ordenamientos que dejan la producción
legislativa en manos de órganos políticamente representativos— de
naturaleza democrática de las fuentes del derecho: el derecho no es lo
que parece justo a la subjetividad de cada juez, sino lo que ha sido convenido y preestablecido por el parlamento como órgano representativo
Existe además un segundo signiﬁcado —de carácter prescriptivo y
por tanto inmediatamente ético o axiológico— de la tesis de la separación entre derecho y moral, independiente del primero aunque conexo a éste por el común modelo ilustrado: el derecho, y en particular
el derecho penal, no sólo no es, sino ni siquiera debe coincidir con la
[1839-1845], Scientia Verlag, Aalen, 1965, vol. III, cap. XXVI, p. 202. Pero es retomada por
Hobbes en el Diálogo entre un ﬁlósofo y un estudioso del derecho común de Inglaterra (1681),
en Obra política, edición de N. Bobbio, Turín, 1959, I, 397: “No es la sabiduría, sino la
autoridad la que crea la ley” (“It is not wisdom, but authority that makes a law”).
H. L. A. Hart, Il positivismo e la separazione fra diritto e morale (1958), en Contributi
all’analisi del diritto, edición de V. Frosini, Milán, 1964, 105-166.
moral. Ésta también puede parecer una tesis moralmente contraria a la
intuición; pero en realidad es una tesis que limita y minimiza el papel
y el ámbito del derecho penal. Con base en ella, el derecho penal no
debe ser un instrumento de aﬁrmación o fortalecimiento de la moral.
El derecho penal tiene una ﬁnalidad más restringida, pero muy importante. No sirve para impedir pecados, sino acciones que lesionen
a terceros. Por tanto, si se justiﬁca la tipiﬁcación de un hecho como
delito no basta que éste sea deplorable como pecado, sino es necesario
también que produzca daños o ponga en peligro a otros. Si la tesis de la
separación en sentido asertivo representa el fundamento del Estado de
derecho y del positivismo jurídico, la tesis de la separación en sentido
prescriptivo es el fundamento del liberalismo y, como fundamento del
principio de lesividad, del utilitarismo jurídico. La valoración de un
comportamiento como inmoral no justiﬁca, con base en esta segunda
acepción de la separación entre derecho y moral, la pena. Al contrario, esta segunda tesis equivale a un principio general de tolerancia,
aun cuando una conducta haya sido considerada —razonablemente
o en forma injusta— inmoral, no produce daños a terceros o produce
daños que la intervención penal no puede prevenir: como en el caso
de la herejía, los delitos de opinión, el intento de suicidio, la evasión,
la homosexualidad, el aborto, el adulterio, el uso personal de droga y
conductas similares. Además, las sentencias no son veredictos morales,
sino asignaciones de responsabilidad. A través de ellas se juzgan los
hechos, no la identidad, y se castiga por la forma en que se actúa y no
por la forma como se es.
Pues bien, lo que intento sostener es la tesis, aparentemente paradójica, de que la ética del juicio penal y la moral profesional de los
jueces y de los ministerios públicos, tienen su origen por completo en
estas dos tesis —una meta-ética y la otra ética— de la separación laica
entre derecho y moral, que son la base tanto del garantismo como
del respeto a la persona en la forma de ejercicio del poder —que de
otra forma sería “terrible” y “odiosa”, como escribió Montesquieu a
Condorcet— constituida por la jurisdicción.4
“La puissance de juger, si terrible parmi les hommes” (Ch. Montesquieu, De l’esprit des
lois [1748], en Oeuvres complètes, Gallimard, París 1951, vol. II, XI, 6, 389); “Le despotisme
des tribunaux est le plus odieux de tous” (M. Condorcet, Idées sur le despotisme [1789], en
Oeuvres de Condorcet, Firmin Didot, París, 1847, tomo IX, 155.
De esto derivan cuatro tipos de implicaciones éticas o deontológicas: la primera, de carácter general, concierne a la ética del juicio
como juicio sobre hechos y no sobre personas, y al mismo tiempo como
comprensión equitativa de sus circunstancias concretas; la segunda y
la tercera atañen a la ética de la búsqueda de la verdad procesal fáctica y a los principios de honestidad intelectual que deben dirigir el
razonamiento probatorio, así como cualquier forma de conocimiento
empírico, y la cuarta tiene que ver con la ética de la interpretación de
la ley en ordenamientos dotados de constitución. Se trata de cuatro
reglas tan esenciales como frecuentemente olvidadas, o peor aún,
ignoradas por la cultura común de los jueces, al punto de que no hay
huella de ellas en ninguno de los códigos éticos de los magistrados
aprobados en estos años y que se limitan a pocas reglas de urbanidad
y buenas maneras institucionales de los magistrados en sociedad, tan
banales como obvias y dadas por descontadas.5
Nolite iudicare: juicios sobre hechos y no sobre personas.
Comencemos por el primer orden de implicaciones, relativo a la separación en sentido asertivo y meta-ético entre derecho y moral.
Esta separación, se ha dicho, no es sino el efecto —la otra cara, por
decirlo así— del principio de estricta legalidad penal y de la sujeción
del juez a la ley como criterio de identiﬁcación de lo que es delito. De
ésta deriva el carácter tendencialmente cognitivo de la jurisdicción.
Incluso se puede aﬁrmar que gracias a este principio las decisiones
judiciales, y en particular las sentencias penales, son las únicas decisiones cuya validez jurídica y legitimación ético-política dependen de
su verdad, y precisamente de la motivación como “verdaderas” de las
tesis que aﬁrman o niegan la responsabilidad de un sujeto conforme
a lo que la ley caliﬁca como delito. Las otras decisiones jurídicas
Me reﬁero a los códigos éticos aprobados en 1994 por las diversas magistraturas:
al Código Ético de los Magistrados Ordinarios, aprobado el 7 de mayo de 1994 por el
Comité Directivo Central de la Asociación Nacional de Magistrados; al Código Ético de
los Magistrados Administrativos aprobado el 3 de mayo de 1994 por el Comité directivo
de su Asociación nacional y al Código Ético de los Magistrados del Consejo de Estado,
aprobado el 28 de abril de 1994 por la asamblea general de su Asociación.
—las leyes, los reglamentos, las disposiciones administrativas y los
negocios privados— son actos exclusivamente preceptivos —ni verdaderos ni falsos— cuya validez jurídica depende sólo del respeto a los
procedimientos previstos por las normas para su producción y cuya
legitimación política depende, en la esfera privada, de la autonomía
de sus autores y, en la pública, de su oportunidad y adherencia a los
intereses representados. Las sentencias, en cambio, gracias a la taxativa
predeterminación por parte de la ley, de los hechos que éstas deben
comprobar como sus presupuestos, son actos fundados en argumentos
cognitivos de hecho y recognitivos en derecho, cuya verdad, incluso
en el sentido relativo y aproximativo que más adelante precisaré, representa la única fuente de su legitimación jurídica y ética.
De esto deriva una primera regla deontológica que el principio de
estricta legalidad impone a la jurisdicción penal y que al mismo tiempo es la primera garantía del ciudadano contra el arbitrio judicial: el
juez no es llamado a juzgar la moralidad de los reos, sino solamente a
comprobar los hechos empíricos por ellos cometidos y previstos por
la ley como delitos. Es esta particularidad (al menos tendencialmente)
cognitiva la que distingue lo que Beccaria llamó el “proceso informativo”, en el que el juez es “un indiferente buscador de la verdad”, de
lo que denominó el “proceso ofensivo” propio del modelo inquisitivo,
en el cual “el juez se convierte en enemigo del reo”, aspira a arrancar
de cualquier modo la confesión y “no busca la verdad del hecho, sino
que busca el delito en el prisionero, lo insidia y cree que pierde si
no lo logra y que falta al respeto a la infalibilidad que el hombre se
atribuye en todas las cosas.6
Precisamente porque funda el juicio penal en la comprobación como
verdaderos o como falsos de los hechos juzgados, el modelo garantista
excluye —o al menos tiende a excluir— cualquier valoración moral o política de la subjetividad del reo. Sobre la base de este modelo, el derecho
penaliza acciones y no autores, hechos y no sujetos, comportamientos y
no identidades. Y el juez no debe indagar en el alma del imputado, sino
solamente pronunciarse sobre la veracidad de los hechos que se le imputan. Gracias al principio de legalidad se puede, en resumidas cuentas,
Dei delitti e delle pene (ed. de Livorno de 1776), edición de F. Venturi, Turín, 1981,
juzgar y castigar por lo que se ha hecho y no por lo que se es. Al menos
porque sólo los hechos, y no la moralidad o el carácter u otros aspectos
sustanciales de la personalidad del reo, son susceptibles de prueba de
refutación empírica y, consecuentemente, de juicio.
En este sentido el modelo garantista comparte con la ética cristiana
la máxima nolite iudicare, al menos si por “juzgar” se entiende el juicio
sobre la identidad inmoral o malvada del sujeto y no la comprobación
y la caliﬁcación jurídica del hecho cometido por éste y previsto en la
ley como delito. Agregando una especíﬁca connotación ética de tipo
laico, la incuestionabilidad jurídica y moral de las conciencias proviene
del principio de estricta legalidad: de la igual dignidad de las personas reconocida tanto a los reos como a los que no lo son, del respeto
debido a su identidad por malvada que sea, así como del derecho de
cada uno a ser como es. Por esto las garantías penales y procesales
son al mismo tiempo garantías de verdad y garantías de libertad y
dignidad de la persona. Es más, estas son garantías de libertad y de
respeto de la persona en la misma medida en que son garantías
de verdad; en la medida como, en otras palabras, la epistemología garantista otorga iguales valores a todos los seres humanos como personas
y por tanto excluye, en el ámbito legal y en el judicial, valoraciones
que tengan que ver con el carácter del reo, con su moralidad, con su
arrepentimiento o actitudes similares, que pertenecen más bien a la
epistemología inquisitoria.
Todo esto no excluye que valoraciones justas de las particularidades
especíﬁcas y singulares de los hechos juzgados existan necesariamente
en cualquier juicio; pero no es éste el lugar para un análisis de las
relaciones entre legalidad y equidad en el juicio penal.7 Me limitaré a
señalar un error epistemológico que tradicionalmente ha pesado sobre
la concepción de equidad, que tiende a conﬁgurarla, de Aristóteles
hasta nuestros días, como derogación de la ley, como su excepción,
corrección o la mitigación de su dureza, entre otras. Por el contrario,
la dimensión equitativa pertenece inevitable y ﬁsiológicamente a cada
juicio penal, consistiendo también ésta en una actividad cognitiva: en
Remito, para una reformulación teórica de la relación entre legalidad y equidad,
a mi obra Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (1989), 5ª ed., Bari-Milán, 1998,
la comprensión de las particularidades especíﬁcas e irrepetibles que,
más allá del juicio verdadero/falso sobre las tesis que comprueban
la responsabilidad, vuelven diferente cada hecho de cualquier otro
aunque todos sean subsumibles dentro de la misma especie legal (el
robo de manzanas es diferente al robo de mil millones y el robo en
estado de necesidad es diverso de aquel que se comete simplemente
por abuso).
El juicio verdadero/falso sobre la caliﬁcación jurídica de un hecho
como delito depende de la semántica del lenguaje legal, esto es, de la
exacta connotación por parte de la ley de los comportamientos contemplados por ella como delitos. Pero la comprobación de la verdad
procesal no termina la actividad congnitiva del juez, que requiere
también la valoración equitativa de aquellas particularidades que
diferencian el hecho que juzga de todos los demás señalados por la
misma norma en proposiciones igualmente “verdaderas”. Es claro que
la valoración de estas particularidades, que la ley no prevé ni puede
prever especíﬁcamente y a las que sólo puede aludir, como en el artículo 133 del código penal,8 no puede sino conﬁarse a la sensibilidad
moral del juez y resolverse comprendiendo el contexto en el que el
hecho ha ocurrido. Y es claro que esta comprensión está destinada
frecuentemente a traducirse en una actitud de indulgencia en la determinación de la pena, conforme al principio favor rei.
La ética en la comprobación de los hechos
Pero ¿cuáles son las condiciones que hacen a un juicio penal un proceso “informativo”, es decir “cognitivo”, dirigido a comprobar antes
que nada la verdad de los hechos juzgados? Sin pretender afrontar
los enormes problemas conexos al signiﬁcado de “verdad procesal” y
a los criterios de aceptación de una tesis judicial como “verdadera”,
será suﬁciente mostrar, para los ﬁnes de nuestro análisis, que estas
condiciones dependen completamente del sistema de las garantías
penales y procesales, las cuales son garantías de verdad, más que de
El artículo 133 del Código Penal italiano señala que en el ejercicio del poder discrecional que tiene el juez para aplicar la pena, éste debe tomar en cuenta la gravedad
del delito teniendo en cuenta aspectos como la gravedad del daño, la intensidad del
dolo, el grado de culpa, la capacidad para delinquir, etc. (N.T.)
inmunidad del ciudadano contra el arbitrio y de respeto de su identidad como “persona”.
Precisamente, podemos deﬁnir las garantías penales —y en particular el principio de estricta legalidad o taxatividad de los tipos delictivos— como las reglas que, imponiendo a la ley la exacta connotación
empírica de las acciones indicadas por ella como delitos, garantizan
en grado máximo, a nivel legal, la comprobación de la verdad jurídica,
es decir, las condiciones de uso de los términos “verdadero” y “falso”
y la veriﬁcabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis acusatorias que demuestran los hechos previstos como hipótesis con los
tipos delictivos contemplados por la ley. En lugar de esto, podemos
deﬁnir las garantías procesales, como aquellas que garantizan en mayor
medida, a nivel jurisdiccional, la constatación de la verdad factual, es
decir, la comprobación de la acusación y el intento por plantear como
falsas por parte de la defensa las hipótesis acusatorias, imponiendo las
condiciones de su aceptación como verdaderas: a) antes que nada la
pluralidad de comprobaciones per modus ponens por las que se satisface la carga de la prueba; b) en segundo lugar la ausencia incluso de
una contraprueba per modus tollens con la que se ejercita el derecho
de defensa, y c) en tercer lugar, el desmentir las hipótesis diversas y
alternativas a ellas, pero que al mismo tiempo explican el delito puesto
en duda y del material probatorio reunido.9
Naturalmente la verdad procesal obtenida aún con el máximo respeto de las garantías no es ni objetiva ni cierta, sino solamente relativa y
aproximativa por el carácter probabilístico de la inducción probatoria
y por ende de la verdad factual, así como por el carácter opinable de
la interpretación judicial y por lo tanto de la verdad jurídica. Es entonces esta doble conciencia —de la necesidad de las garantías como
técnicas que aseguran máximamente la constatación de la verdad, y
además de su propia insuﬁciencia para alcanzar la certeza objetiva de
las hipótesis acusatorias— la fuente de otras dos reglas deontológicas
de la ética profesional de los magistrados, que corresponden a tantas
otras reglas deontol

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 27

artículo 27
 artículo 133
 artículo 133