Source: http://www.saladeprensa.org/art313.htm
Timestamp: 2018-12-13 07:22:31+00:00

Document:
Denuncia de periodistas contra empresas periodísticas
Ante la conspiración mediática en Venezuela
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Los Jefes de Estado y de Gobierno de la III Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, suscriben un documento en el que se comprometen a «fomentar la autorregulación en los medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética». Inspirados en este acuerdo entre 34 países, preocupados ante las desviaciones del ejercicio del periodismo y del papel de los medios de comunicación en Venezuela y convencidos de la necesidad de que en otras latitudes se conozcan las prácticas abiertamente antidemocráticas de algunos medios en el país, un grupo de periodistas con amplia experiencia profesional, gremial y docente decidimos acudir ante la Organización de Estados Americanos, en su sede en Washington, el 14 de diciembre de 2001, para presentar nuestros argumentos y denunciar las peligrosas actuaciones de algunos medios de comunicación y sus intenciones desestabilizadoras contra un gobierno elegido democráticamente por una indiscutible mayoría ratificada en seis elecciones.
Estos planteamientos se recogen en el siguiente texto.
Periodistas venezolanos, hombres y mujeres, con una amplia y sólida experiencia en el ejercicio profesional y comprometidos con el proceso de transformación que vive el país, hacemos pública, mediante este documento, la denuncia sobre la posición asumida por diversos medios de comunicación miembros del Bloque de Prensa Venezolano y de las Cámaras Venezolanas de Radio y Televisión, los cuales se ha erigido, tal cual una agrupación política, en una fuerza opositora al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, y que se expresa clara e invariablemente en el contenido tendencioso, manipulado y tergiversado de las informaciones diarias, dirigidas a la opinión pública a través de los distintos medios. Esta denuncia la hacemos desde nuestra amplia experiencia en el ejercicio de la profesión.
Debe quedar claro que respetamos y exigimos la libertad de expresión y de información, privilegio del que han disfrutado, como nunca antes, todos los medios de comunicación social del país durante los años de este proceso. Y no nos oponemos a la crítica, porque este recurso permite evaluar situaciones y corregir errores que pudieran lesionar el derecho a la información que tiene todo ciudadano.
Si rechazamos y repudiamos esas informaciones que distorsionan la verdad y los irrespetos a la dignidad de las personas, perversiones completamente ajenas a la función de un medio de comunicación y al papel que deben cumplir los periodistas en el ejercicio profesional.
Estas actitudes persiguen descalificar y violentar el modelo democrático, participativo y protagónico de cambios que se vive en Venezuela, elegido por abrumadora mayoría, libre y contundentemente en el 1998, y ratificado en cinco sucesivas elecciones realizadas desde esa fecha hasta la relegitimación de todos los poderes en julio de 2000. Queremos alertar también a la opinión pública sobre la actitud hostigadora y ofensiva contra la investidura de las figuras del Presidente de la República y de la Primera Dama, así como de las ministras y ministros del Gabinete y del resto del equipo de gobierno, por parte de los dueños y directores de la mayoría de los medios adscritos al BPV y a las CR y TV.
Los medios que ya no son lo que deben ser
El rol de la oposición ha sido usurpado por algunos medios de comunicación, circunstancia que ha acentuado peligrosamente su carácter mercantilista y ha deformado totalmente la definición del ejercicio de la función intermediadora que le corresponde, entre los poderes constituidos y el pueblo venezolano. Además, esta deformación trae como consecuencia la sistemática violación de la Resolución 59, Artículo 1, de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1946, cuando expresa:
La libertad de información requiere como elemento indispensable la voluntad y capacidad de usar y no abusar de sus privilegios, requiere, además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin prejuicios y difundir las informaciones sin intención maliciosa.
Y la Declaración de la Unesco sobre los medios de comunicación en sus artículos: UNO: Racismo y desequilibrio en el flujo de información y CUATRO: Participación esencial en la educación.
Como dice el manifiesto de Creadores, intelectuales y profesionales de la cultura ante el país, publicado el día 10 de diciembre en Caracas:
Lo que no puede arrogarse como derecho esa minoría, a riesgo de colocarse no sólo contra la voluntad popular sino también contra la ley misma, es convertir la disidencia en campaña desestabilizadora, o en descarada incitación al golpe de Estado y al magnicidio, que pretende doblegar, someter o simplemente chantajear a un gobierno fruto de la voluntad popular.
Esta confabulación en la que funcionan la mayoría de los medios de comunicación social del país trae consecuencias lamentables para la sociedad venezolana, que cada vez más carece de medios que transmitan información veraz y oportuna y que merezcan su credibilidad. Vale citar algunos ejemplos recientes:
a) el silencio cómplice para protegerse entre sí, lo que constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos. Recientemente, la actitud asumida por un canal de televisión durante la conducción de un acto musical público convocado por esa planta de televisión en la ciudad de Valencia, lo hace responsable de un accidente en el cual perdieron la vida 14 personas. La decisión colegiada de estos medios fue la total censura a las informaciones y a los artículos de opinión que se referían al tema durante los días siguientes al gravísimo incidente.
b) La presión que ejercen a sus periodistas para que publiquen informaciones sin haber sido confirmadas, basándose, el editor, en el argumento de que «después se le dará derecho a réplica»; derecho que ha sido negado a los agraviados en reiteradas oportunidades.
c) Las falsas noticias: 1. Supuestas renuncias de miembros del gabinete, desplegadas en primeras páginas, impidiendo a sus periodistas, bajo presión, que se genera una matriz de opinión de aparente inestabilidad gubernamental. 2. La transmisión en directo, vía teléfono, de la denuncia distorsionada de un desconocido, por las pantallas de un canal de televisión y su respectiva emisora de radio, sobre un número totalmente falso de víctimas mortales de un sector de trabajadores, para después desmentir en un brevísimo comentario, lo que permitieron que se transmitiera, sin siquiera repreguntar y mucho menos ratificar la veracidad de los datos. Ante esta gravísima violación de la tranquilidad y la estabilidad sicológica de los televidentes o radioescuchas, no hay defensa.
La opinión, ¿con derecho a agredir?
Otro aspecto importante de destacar es el abuso de las columnas (que pretenden ser calificadas de opinión) pero que se alimentan de rumores, especulaciones y calumnias, y en las cuales se veja, humilla y discrimina a venezolanos y venezolanas; que son usadas hasta el cansancio como una supuesta arma política, pero que no reflejan más que una degradación del ejercicio del periodismo y además, incurren en una indudable violación al Código de Ética del Periodista Venezolano cuando manda:
Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin prueba o ataques injustificados a la dignidad, al honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones;
Artículo 13. El periodista no podrá en ningún momento evadir el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, que dice a la letra: «Toda tergiversación de la información debe ser ratificada oportuna y eficientemente...».
Artículo 19. El periodista debe ratificar las informaciones que recibe y recurrir a las fuentes idóneas que le permitan transmitir la información de manera veraz.
Vale la pena mencionar en este contexto el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas de fecha 4 de diciembre en relación a la situación que vive Venezuela, en el cual además de llamar a un Pacto de Entendimiento, exhorta a sus agremiados a «cumplir con el sagrado deber de informar dentro de la concepción de servicio social de acuerdo con las normas deontológicas y legales de nuestra profesión».
Una visión unilateral del mundo
Llamamos también la atención sobre otra deformación que se impone desde el exterior: la desinformación provocada por la globalización, que se expresa en una visión unilateral del mundo y, por ende, de Venezuela, lo que nos acerca, cada vez más, a una dictadura mediática. Ejemplo de ello son las transnacionales de la información, que conspiran contra el desarrollo real de las democracias en el mundo, al manejar las informaciones sólo desde el ángulo que satisface sus intereses, excluyendo así la participación de las mayorías en las opiniones y testimonios, la única vía que permite que se genere un pensamiento crítico, que no único, sobre los temas que tratan regionalmente. Como señala José Manuel Naredo, en Temas de debate: pensamiento crítico vs. pensamiento único:
La globalización conjunta de los mercados y de la información está dando lugar a un «nuevo totalitarismo con sus dogmas y sus oficiantes». Un totalitarismo que convierte ese antiguo vehículo de libertad que fue la información en instrumento de tiranía y de superstición. La contaminación informativa y la redundancia de mensajes que origina este «imperialismo comunicador» se traduce en una auténtica opresión para los ciudadanos de la que empieza a tomar conciencia.
Tomando en cuenta el mandato suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno de la III Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, en el que se comprometen a «fomentar la autorregulación en los medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética», exhortamos a los medios de comunicación a que materialicen la creación de ese Código de Ética que tanto le han prometido al país y que ha quedado sólo en promesas. Lo creen, lo apliquen y lo cumplan.
Asimismo, consideramos que es una necesidad que se tomen medidas sobre el contenido de los medios audiovisuales, tal como existe en todos los países del mundo y como ha existido en Venezuela desde 1940, con la Ley de Telecomunicaciones. La selección de los textos que aparecen en la última columna de este documento ratifican el sentir generalizado, no sólo de sectores de la sociedad sino de los dueños y de algunos directores de los medios de comunicación.
Es por todas estas razones que presentamos nuestra denuncia sobre la situación por la que atraviesa el derecho del periodismo en Venezuela ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, representada por su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, el 14 de diciembre de 2001 en la sede de la Organización en Washington, mediante un documento y pruebas que se recogen en el espíritu de este comunicado y en el que les solicitamos:
a) incorporar la presente denuncia al expediente que esta comisión sustancia sobre nuestro país con respecto a la libertad de expresión; y
b) solicitamos a la Comisión que exhorte a los medios de comunicación venezolanos y de todos los países que lo suscribieron, a cumplir con el mandato de Quebec. Delegamos la ejecución de este acto en la colega periodista Nora Uribe y las internacionalistas Ilenia Medina, Consejero, y Mercedes Massei, Primer Secretario, de la Misión de Venezuela en la OEA.
Asimismo y como siempre lo hemos hecho, ratificamos también nuestro compromiso con los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la información oportuna y veraz, y afirmamos nuestro compromiso y disposición para defender la democracia venezolana que disfrutamos hoy a través de este modelo: participativo, protagónico y corresponsable.
Caracas, 5 de enero de 2002
Nora Uribe Trujillo
Cristina González Q.
Jesús Romero Anselmi
Marco Tulio Páez
Arnaldo Tavio
Orlando Utrera
José Oswaldo Pino
Luis Rafael García
Rafael Cusab
Ramón Roquette
Eloísa Lagonel
Manso Rodríguez
Liliam Melcones
Ezequiel Patiño
Freddy Baptista
Dellanira Muñoz
Manela Ibarra
Alba Rengifo
Neida Arrechedera
Amelia Bustillos
Gipsy Casteyo
Quisaira Guevara
Carlos Javier Rojas
Tamar Sánchez
María de la Paz Higuera
Rosa Mireya Marcano Víctor Avilán
León Olivier
Fernando Alfonzo
César Quivera
Enoc Cortés
Francisco Javier Barbarito
Ángel Jesús Liendo Origüen
Zenaida Hernández
Ninmeth Moreno
Francisco Hernández Bárcenas
Luis Guillermo Acosta
Alejandrina Gómez
Argimiro Briceño
José Timoschenko
Manuel Manrique Siso
Servando García Ponce
Grisel Marroquí
Josefina Serrano Prieto
Nolasco Guarisma Álvarez
Yolanda Barbieri
Noel Briceño
Alexis González Mariches
Luis Rafael Martínez
Américo Morillo
William García Insausti Beligs Alfaro
Dyanne Solo Medina
Yaifred Ron
Pavel Mudarra
Jesús Berenger
César Quijada
Diógenes Carrillo
José Rodríguez Acosta
Orlando José Castro
Nelson González Mota
Jesús Ochoa Pereira
Rafael Monzón Marquina
Mauro Briceño
Máximo González Mariches
Kessey Oberto
Fernando Ganteaume
Anayis Gómez
Gaspar Velázquez
Luis Esteban Rojas
Beglis Canelón
Gilberto Mora Muñoz
Marichina García Herrero
Selene Cedeño
Taily Galindo

References: Resolución 
 Artículo 1

Artículo 11

Artículo 13
 artículo 9

Artículo 19