Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Scolombia100-99.html
Timestamp: 2015-03-02 16:35:46+00:00

Document:
Zapata Valencia and Jose Heriberto Ramirez Llanos v. Colombia,
Caso 10.916,
Informe Nº 100/99, Inter-Am.
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 198 (1999). I. RESUMEN
2. Los peticionarios alegan que las víctimas fueron detenidas y desaparecidas el 22 de marzo de 1988 por individuos que se identificaron
como miembros del grupo de inteligencia F-2 de la Policía Nacional. Posteriormente
señalaron que las presuntas víctimas reaparecieron sin vida y con signos
tortura, en violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. Los
peticionarios sostienen que el proceso judicial destinado a juzgar a los
responsables que lleva ya más de diez años de duración no ha sido eficaz y consideran que el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación de respetar y garantizar
los derechos protegidos en la Convención Americana. El Estado alega que no
han agotado los recursos internos y por lo tanto el caso es inadmisible. En
cuanto a las consideraciones sobre el fondo, sostiene que no se ha probado
la participación de agentes estatales en las violaciones alegadas.
6. El 17 de octubre de 1996 la Comisión se puso a disposición de las partes para lograr la solución amistosa del asunto. El 19 de noviembre el Estado solicitó una prórroga para presentar su respuesta, la cual fue concedida. Mediante comunicación de fecha 15 de diciembre los peticionarios formularon una serie de consideraciones sobre las medidas que a su entender debían adoptarse para posibilitar la solución amistosa del caso.1 El 2 de enero de 1997 el Estado manifestó que "por el momento no parecería viable la iniciación de un proceso de solución amistosa, habida cuenta que la investigación penal aun no ha concluido". Se comprometió, sin embargo, a solicitar el traslado del expediente a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos "como una muestra de su empeño de superación de la impunidad".2 El 15 de enero de 1997 presentó información adicional en la cual expresa textualmente
el ánimo de la Fiscalía General por "intentar una solución amistosa que se traduciría en la asignación del proceso penal en curso a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos humanos que [..] será entendida por la Comisión [..] como una actitud positiva tendiente al impulso judicial del caso".3 La Comisión convocó a las partes a una audiencia que tuvo lugar el 6 de marzo de 1997. El 7 de marzo de 1997, la Comisión se dirigió al Estado solicitando la adopción de una serie de medidas de apoyo a la tarea de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en la investigación de este caso, en el marco de la posible iniciación de un proceso de solución amistosa.4
7. El 4 de agosto de 1997, el Estado remitió a la Comisión copia de la decisión emanada del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, mediante la cual se declaró la caducidad
de la acción por daños
y perjuicios intentada por los familiares del señor James Zapata Valencia.
Por nota del 7 de octubre de 1997 durante el curso del 97 período de sesiones los peticionarios solicitaron a la Comisión dar por concluida la búsqueda de la solución amistosa del caso debido a que "las investigaciones penales [..] continúan en el estado inicialmente denunciado".5 El 23 de abril de 1999 los peticionarios, a solicitud de la Comisión, presentaron información adicional sobre el caso, la cual fue debidamente transmitida al Estado para sus observaciones.
8. En cuanto a las alegaciones de hecho, los peticionarios sostienen que el 22 de marzo de 1988 las víctimas fueron detenidas cuando se
encontraban almorzando en el restaurante "La Basconia" en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, donde se los vio con vida por última vez. Alegan que, conforme a la declaración de testigos, los individuos que efectuaron la detención se identificaron como miembros del grupo de inteligencia F-2 de la Policía Nacional (en adelante "F-2"). Señalan que las presuntas víctimas habían sido objeto de acciones intimidatorias por parte de miembros
del Ejército Nacional y del F-2 por haber pertenecido al movimiento guerrillero
M-19. Los señores Zapata Valencia y Ramírez Llanos se incorporaron a la vida
civil en 1986 tras beneficiarse del indulto general otorgado por el Estado
9. El 25 de marzo, tres días después de este incidente, el periódico "La Patria" publicó una noticia relativa al hallazgo de dos cuerpos NN con heridas de bala en la finca "Taparca", del vecino Municipio de Palestina. Los familiares de James Zapata identificaron a las
víctimas con base en la fotografía publicada e impulsaron el inicio de la investigación.6 Los peticionarios señalan que posteriormente los agentes de la Policía Nacional Néstor Martínez, Oscar Gutiérrez Giraldo y Jorge Enrique García fueron vinculados a la causa penal con base en el reconocimiento fotográfico efectuado por uno de los testigos presenciales. Sin embargo inmediatamente después de la indagatoria correspondiente y sin practicar más prueba, el Juez de Orden Público de Medellín ordenó la libertad de estos funcionarios policiales. Los peticionarios alegan que durante más de cuatro años la investigación permaneció radicada en la jurisdicción de Orden Público sin que se abriese proceso penal y sin que se produjese resultado alguno.
10. En octubre de 1993, la Fiscalía Regional de Medellín solicitó la preclusión de la investigación por falta de méritos y pruebas. El 5 de septiembre
de 1994, sin embargo, la Fiscalía Regional de Medellín decidió reabrir la
de indagación previa. Los peticionarios alegan que esta decisión retrotrajo
la investigación a su estado inicial y que las pruebas aportadas mediante
esfuerzo de los familiares de las víctimas fueron totalmente desestimadas.
Los peticionarios alegan que el hecho de que el Estado haya decidido trasladar
investigación a la Unidad de Derechos Humanos como "un esfuerzo en la superación de la impunidad" constituye un reconocimiento de responsabilidad por la violación del artículo 25 de la Convención Americana.
12. En suma, alegan que el 22 de marzo de 1988 agentes del Estado consumaron la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los señores Zapata Valencia y Ramírez Llanos en violación de los artículos 4, 5, 7 y 8 de la Convención Americana. Asimismo consideran que el retardo y la ineficacia demostrada en la investigación emprendida conlleva una violación del artículo 25 de la Convención Americana. 13. En cuanto a la admisibilidad del presente caso, los peticionarios alegan que se ha verificado un retardo injustificado en adelantar la investigación, lo cual ha viciado la eficacia de los recursos internos como medio para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables. Sostienen que procede la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana dado el lapso transcurrido desde la presunta violación del derecho a la vida sin que exista instrucción formal sobre los hechos. Señalan que no obstante el traslado de la investigación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos en enero de 1997, ésta continúa en su etapa preliminar.
14. El Estado alega que los recursos internos se encuentran aun pendientes de agotamiento. El Estado informó que en marzo de 1992 el Juzgado
de Orden Público de Medellín ordenó la apertura del proceso penal formal
y solicitó
la comparecencia de cinco presuntos implicados, quienes no se presentaron a
declarar. Como consecuencia se dictó orden de captura en su contra. También
informó que el 5 de septiembre de 1994 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín
emitió resolución de preclusión de la investigación en favor de los procesados
Néstor Martínez, Oscar Gutiérrez y Jorge García debido a que las declaraciones
de los testigos presenciales llevaron a descartar la intervención los indagados.
El Estado sostiene que las personas que participaron en el reconocimiento
identificaron a sujetos diferentes a los señalados como presuntos responsables.
En enero de 1997 trasladó la investigación a la Unidad de Derechos Humanos
la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público dispuso la constitución de la agencia especial 4831 con el fin de esclarecer
15. En cuanto a la alegada violación del derecho a la vida, sostiene que no ha sido demostrado en sede interna que sus agentes hayan tenido participación en la alegada desaparición.7 En su opinión, el hecho de que las personas que presuntamente detuvieron a Zapata Valencia y Ramírez Llanos se hayan identificado como miembros del F-2 no necesariamente significa que se tratara de funcionarios policiales. Señala que se trata de una estrategia comúnmente utilizada por bandas de criminales con el propósito de evitar resistencia por parte de sus víctimas.8 IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
18. La Comisión considera que en este caso el requisito del agotamiento de los recursos internos se encuentra estrechamente vinculado al
fondo del asunto. Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana
Derechos Humanos (en adelante "la Corte") ha señalado que:
19. Dadas las características de este caso, la Comisión considera que corresponde postergar la decisión sobre la procedencia de la excepción
establecida en el artículo 46(2) (c) hasta el momento de decidir sobre el
fondo del asunto,
particularmente en lo que respecta a la protección judicial brindada por el
Estado en este caso. 20. En cuanto al requisito relativo al plazo de presentación del reclamo, la Comisión considera que está relacionado con el agotamiento de recursos internos. Por lo tanto, corresponde igualmente diferir la determinación de si el plazo establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana es exigible en este caso.
1 "1) Debe contemplar como supuesto necesario el reconocimiento de responsabilidad por
parte del Estado [..]; 2) [..] la adopción por parte del Estado de medidas
garanticen una indemnización justa a los familiares de los dos jóvenes por
el dolor y el daño sufrido con su desaparición y posterior ejecución; 3)
[..] medidas
que garanticen la superación de la impunidad y que viabilicen el enjuiciamiento
y sanción de los autores de los crímenes cometidos contra James Zapata y
Ramírez; 4) Debe contemplar por último, la creación de un mecanismo que permita
hacer un seguimiento adecuado de las medidas adoptadas [..] Comunicación
los peticionarios de fecha 15 de diciembre de 1996.
5 El peticionario alegó que sólo una de las recomendaciones de la Comisión había sido adoptada el apoyo de los organismos de seguridady que no existía información sobre la efectiva designación de agentes especiales del Ministerio Público.
Comunicación del peticionario de fecha 7 de octubre de 1997.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46