Source: http://zihuatanejopresente.com/viernes-de-jurisprudencia-constitucional-y-administrativa-5/
Timestamp: 2018-09-20 21:50:33+00:00

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El día de hoy, se emitieron un total de 19 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. Al respecto, resulta menester mencionar que, la semana pasada no fue día laboral para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, el día de hoy se emiten bastantes jurisprudencias para ser analizadas. De igual manera, al ser de interés general la materia común, en este caso, también serán publicadas.
TRATA DE PERSONAS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IX, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, AL PREVER UNA PENALIDAD AGRAVADA DIVERSA A LA ESTABLECIDA PARA EL TIPO BÁSICO, CUANDO COMPRENDA MÁS DE UNA VÍCTIMA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional mencionado, al señalar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, reconoce el derecho a la seguridad jurídica de los procesados, en el sentido de que prohíbe la duplicidad o repetición de procesos respecto de los mismos hechos considerados delictivos, y que el legislador penalice más de una vez una misma conducta o circunstancia. En estas condiciones, el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al prever una penalidad agravada diversa a la establecida para el tipo básico, cuando el delito comprenda más de una víctima, no transgrede el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no autoriza la imposición de una doble pena al infractor, es decir, no debe confundirse la calificativa de la conducta desplegada con la recalificación del delito, pues mientras la primera es la circunstancia que modifica un tipo básico para agravarlo o atenuarlo, la segunda consiste en volver a calificar la misma conducta con base en un diverso ilícito, así como en permitir que los factores objetivos empleados para acreditarlo, así como sus agravantes, se consideren para incrementar el grado de culpabilidad del justiciable y, por ende, el quántum de las penas. De manera que, aun cuando el artículo 10 de la ley referida describe el tipo básico del delito de trata de personas y determina la penalidad correspondiente, ésta debe entenderse para cuando exista una sola víctima; en tanto que el artículo 42, fracción IX, indicado precisa la penalidad que debe imponerse cuando el delito se realice bajo determinadas circunstancias, esto es, que comprenda más de una víctima.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.P. J/37 P (10a.))
IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA CÓNYUGE DEL MAGISTRADO DE CIRCUITO IMPEDIDO ES INTEGRANTE DE LA SALA RESPONSABLE, AUN CUANDO HAYA EMITIDO VOTO PARTICULAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA. El precepto mencionado establece que los funcionarios que conozcan de los juicios de amparo deben excusarse, entre otras razones, cuando sean cónyuges de alguna de las partes. De este modo, cuando un Magistrado de Circuito, integrante de un Tribunal Colegiado, tiene conocimiento de un juicio de amparo directo en el que su cónyuge, a su vez Magistrada integrante de la Sala responsable, emitió voto particular en la sentencia reclamada, debe excusarse de conocer del asunto, al actualizarse dicha hipótesis legal. Es así porque si bien, en estricto sentido, su cónyuge no dictó el acto reclamado, sí intervino en su deliberación, tan es así que no compartió el criterio mayoritario y emitió su opinión al respecto en su voto disidente, motivo por el cual dicha circunstancia podría influir en la imparcialidad del juzgador.
(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: I.9o.P. J/21 (10a.))
DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS NACIONALES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA, EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE CONSISTIR EN QUE SE LLEVE A CABO DICHA INSCRIPCIÓN Y SE NOTIFIQUE AL QUEJOSO. Cuando en el juicio de amparo se reclama la violación al derecho de petición, por la falta de respuesta a la solicitud de inscripción de un título de concesión de aguas nacionales en el Registro Público de Derechos de Agua, el efecto del otorgamiento de la protección constitucional no puede limitarse a que se conteste al quejoso el escrito presentado, sino que debe consistir en que se culmine el trámite; esto es, que se lleve a cabo dicha inscripción y se le notifique, toda vez que el principio de oficiosidad previsto en el artículo 30, párrafo cuarto, de la Ley de Aguas Nacionales, exige que en el procedimiento iniciado por solicitud del particular, las autoridades gestionen e inscriban de oficio las etapas conducentes y cada una debe acreditar haberlo realizado, pues la ley no exige más actividad al promovente. Además, si la petición origina un trámite, en donde intervienen varias autoridades y, en alguna fase de éste, una de ellas no cumple con las obligaciones que le competen, debe considerarse que todas las intervinientes son responsables de dicha irregularidad (omisión de contestar), atento al principio de unidad del expediente administrativo.
(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XVII.1o.P.A. J/16 (10a.))
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE TENGAN POR EFECTO LA SEPARACIÓN COMO DOCENTE DEL GRUPO A SU CARGO O LA APLICACIÓN DE ALGUNA SANCIÓN POR NO SUJETARSE AL PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO EN LA LEY GENERAL RELATIVA. De los artículos 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 a 3, 4, fracción IX, 5 y 6, así como octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se colige que la finalidad de la reforma educativa al precepto constitucional citado, fue crear un nuevo modelo educativo que asegure la calidad en el servicio y, con ello, tutelar también el interés superior del menor a obtener una educación de calidad a través de procesos de evaluación y programas de regularización del personal educativo con funciones de docencia, dirección y supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, y facultados. Así lo confirman los artículos transitorios aludidos, al establecer, como consecuencias por no sujetarse al proceso de evaluación o no incorporarse a los programas de regulación del artículo 53 de la ley indicada o de negarse a participar en ellos, la separación de los docentes del servicio público sin responsabilidad para la instancia educativa correspondiente; en tal virtud, cuando solicitan que no se les separe de los grupos que tienen a su cargo, ni se les aplique sanción alguna, derivada del procedimiento administrativo correspondiente instituido en términos de la mencionada legislación docente, es improcedente otorgar la suspensión, al no surtirse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la concesión de la suspensión contra actos en ese procedimiento administrativo contravendría disposiciones de orden público y afectaría el interés social, en razón de que la comunidad está interesada en que el servicio educativo se preste con calidad, lo cual tiene preponderancia sobre una situación concreta del quejoso consistente en su derecho a la estabilidad en el empleo.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XXI. J/11 A (10a.))
AUTO QUE FIJA LA CONTRAFIANZA PARA LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL JUICIO NATURAL. OCASIONA UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO AL QUEJOSO, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El auto que fija la contrafianza para levantar las medidas cautelares decretadas en un juicio, reúne los elementos del principio de agravio personal y directo necesarios para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ocasionar un “agravio” al actor, por afectar su derecho a asegurar el cumplimiento del derecho subjetivo aducido en el juicio natural, el cual es “personal”, por encontrarse dirigido al derecho asegurado a través de las providencias precautorias, y es “directo”, porque su ejecución se considera inminente, al no requerir de una nueva orden para ello, ni de dar vista al actor o de algún trámite incidental con su correspondiente resolución, sino únicamente de la exhibición de la contrafianza fijada al demandado al efecto, quien se encuentra interesado en exhibirla, porque de antemano sabe que se trata de un requisito para la procedencia de su petición relativa al cese de las medidas cautelares. Aunado a que puede darse el caso de que sea el demandado quien reclame el proveído que fije dicha caución cuando su monto resulte excesivo, y con ello se afecte directamente su patrimonio.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.C. J/37 C (10a.))
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE TRABAJADOR EN ACTIVO. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar la competencia por materia debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable del cual proviene, lo cierto es que también ha señalado que, en determinados casos, resulta conveniente atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido para poder fincar la competencia en un determinado órgano jurisdiccional, pues más allá de la naturaleza del acto, de la relación jurídica o de la calidad del impetrante, es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el fin de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia de que se trate el que conozca y resuelva el asunto, pues en esa medida, se procurará proteger los derechos que se alegan violados. Ahora bien, cuando los quejosos, como trabajadores en activo, promueven el amparo contra el decreto referido, es evidente que dicho acto reviste naturaleza laboral y la competencia para conocer del recurso de revisión contra la interlocutoria que resuelve el incidente de suspensión en ese juicio se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito especializado en Materia de Trabajo, ya que el bien jurídico o interés fundamental controvertido se relaciona con la materia laboral, al afectarse prestaciones de ese carácter, como es el salario, protegidas por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 150/2017 (10a.))
El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 47/2017 (10a.))
AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE OFICIOSAMENTE ORDENA REPONER EL PROCESO PENAL PARA DESAHOGAR UNA DILIGENCIA DE CAREOS ENTRE EL IMPUTADO Y DIVERSOS TESTIGOS. Conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio se tramitará en vía directa o indirecta. Por su parte, el numeral 170, fracción I, de dicho ordenamiento prevé que el juicio de amparo directo procede: “contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo”. Con base en lo anterior, se concluye que el juicio de amparo directo es improcedente cuando se impugna la resolución de segunda instancia que oficiosamente ordena reponer el proceso penal para desahogar una diligencia de careos entre el imputado y diversos testigos, en virtud de que con motivo de esa determinación no se decidió el asunto en lo principal, ni se le puso fin a la causa penal de origen.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 41/2017 (10a.))
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESPEDIDOS O CESADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Así, cuando el juzgador constitucional advierta que los miembros de las instituciones de seguridad pública fueron despedidos o cesados sin mediar procedimiento administrativo alguno (sea el procedimiento de responsabilidad administrativa o el procedimiento administrativo por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia), la suplencia indicada opera en su favor. En primer lugar, porque dicha figura jurídica opera en favor de los trabajadores, aun cuando su relación sea de carácter administrativo, lo cual significa que dicha institución se estableció en favor de todos, independientemente de la naturaleza de la relación que los rige, no de quién se constituya como la parte patronal: Estado o particulares. En segundo lugar, porque en los actos de despido o cese injustificados se pueden afectar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, en favor de un servidor público que, si bien se ubica dentro de un régimen especial, es un sujeto que se encuentra regulado por el apartado B de dicho precepto constitucional.
(PLENO, Tesis: P./J. 16/2017 (10a.))
(PLENO, Tesis: P./J. 14/2017 (10a.))
AMPARO DIRECTO ADHESIVO. LA DEMANDA RELATIVA DEBE PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL PRINCIPAL Y NO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, la circunstancia de que el ejercicio del amparo adhesivo dependa del principal, cuyas reglas le son aplicables en lo conducente, no significa que, en términos del artículo 176, párrafo segundo, de la ley citada, la demanda relativa deba presentarse ante la autoridad responsable, ya que en el juicio de amparo directo ésta sólo tiene la calidad de auxiliar de la Justicia Federal, entre cuyas atribuciones explícitamente conferidas, no se encuentra la recepción de la demanda de amparo adhesivo, como deriva de los artículos 176, 177, 178 y 190 de la propia legislación, ni existe sanción para el supuesto en que no la remitiese al tribunal de amparo, según se advierte del artículo 260 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo adhesivo debe presentarse ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del principal, en el entendido de que su presentación ante autoridad distinta no interrumpe los plazos legales para su promoción, en el caso, el de 15 días previsto en el diverso 181 del propio ordenamiento legal.
(PLENO, Tesis: P./J. 15/2017 (10a.))
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 ARTÍCULO 51
 artículo 30
 artículo 53
 artículo 128
 artículo 107
 artículo 123
 artículo 5
 artículo 61
 RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 resolución 
 ARTÍCULO 79
 artículo 123
 artículo 176
 artículo 260