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Timestamp: 2019-09-19 00:31:25+00:00

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Noticias archivos - Abogado en Lanzarote
Fuente: La Rioja/ www.prevencionintegral.com
Profesiones con más riesgo de sufrir cáncer laboral
Quienes trabajen de pintor, soldador o peluquero tienen mayor riesgo de acabar sufriendo cáncer. Son, por ese orden, las profesiones que cuentan con más situaciones confirmadas de tumor laboral en Asturias. Así lo revela un reciente informe sobre cáncer profesional elaborado por la Consejería de Sanidad y para el cual se estudiaron y analizaron muchas de las muestras e historias clínicas procesadas y almacenadas en el Registro de Tumores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) entre 2011 y 2014. Una de las conclusiones a las que han llegado los expertos es que la declaración de tumores en el ámbito laboral «es anecdótica» en Asturias. Es decir, se registran muchos casos, una media de 110 al año según las estimaciones más prudentes, «pero se declaran muy pocos», casi contados con los dedos de una mano.
Ayer, 4 de febrero, se celebró el Día Mundial del Cáncer, una jornada en la que la Consejería de Sanidad hizo hincapié en la prevención y los planes de detección precoz, entre los que destacó el que en breve se iniciará en la región para el tumor de colon y recto, al que serán citados 14.000 pacientes que se someterán a pruebas de sangre en heces. Conocer los riesgos oncológicos del trabajo resulta crucial a la hora de establecer acciones preventivas. Sin embargo, «la dificultad que existe frecuentemente para demostrar el vínculo causal entre la enfermedad y las condiciones laborales» supone un ‘handicap’ importante, indican los autores del trabajo. También actúa en contra el hecho de que «el personal sanitario ponga gran énfasis en el tratamiento de la enfermedad, pero en general no considera un aspecto relevante el conocimiento de los riesgos laborales a los que está o ha estado expuesto el enfermo ni la investigación de la causa probable que pueda haber desencadenado la dolencia», insisten los expertos.
Precisamente para intentar cubrir esas lagunas, Sanidad puso en marcha un programa de cáncer laboral en Asturias en el que participan médicos de Atención Primaria, a los que se les ha solicitado que comiencen a recabar datos sobre la ocupación profesional de los pacientes. Con este trabajo, se ha conseguido diagnosticar como tumores laborales 115 casos que entre 2011 y 2014 no se habían declarado como cáncer de origen profesional. La mayoría de los afectados son hombres.
Una de estas dificultades es el tiempo que media entre el inicio de la exposición a los agentes causantes y el diagnóstico de la enfermedad. En muchos casos ha transcurrido suficiente tiempo, incluso décadas, como para no sospechar de una relación causal y en el caso de hacerlo, como para no encontrar pruebas concluyentes de que realmente existió la exposición.
El trabajo de Sanidad permitió confirmar que al menos un 5% de los tumores estudiados, en total 566 casos, tenían su origen en el trabajo que venían realizando o que habían realizado. Pintores, soldadores, peluqueras, fotógrafos, linotipistas, mecánicos y restauradores de muebles fueron los trabajadores en los que se encontró algún tipo de relación entre el cáncer que padecían y la actividad profesional que realizaban. El amianto, que está detrás de los tumores de mesotelioma pleural, y las aminas aromáticas presentes en productos que se emplean en los tintes de pelo y en pinturas industriales y que provocan tumor de vejiga, son algunos de los agentes de mayor riesgo canceroso de los estudiados en Asturias. También el cromo, el níquel y el acero inoxidable presente en la actividad que desarrollan soldadores, albañiles y linotipistas (impresión gráfica).
Grabar al jefe con el móvil y sin su consentimiento mientras entrega una carta de despido o sanción no atenta contra los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La Sala Civil del Tribunal Supremo así lo ha establecido —en una sentencia conocida este miércoles— al rechazar el recurso presentado por el apoderado de una empresa en Bizkaia que pedía que una trabajadora a la que había despedido le indemnizara con 3.000 euros.
La Sala de lo Civil señala que el empleador actuó como representante de la compañía
La grabación se hizo en la vía pública, y recogía una conversación laboral entre jefe y empleada
Un juzgado de Barakaldo y la Audiencia de Bizkaia ya habían desestimado la demanda presentada por el apoderado, entre otras razones, porque la grabación se hizo en la vía pública, recogía una conversación entre jefe y empleada sobre temas laborales y no contenía referencias personales, familiares o profesionales del empleador. El Supremo añade que el audio no fue difundido ni utilizado como prueba en un proceso laboral.
La demandada, “angustiada por lo que pudiera sucederle laboralmente”, contó que se puso a grabar desde que salió de su coche, una vez que llegó a la empresa, hasta la puerta. El apoderado salió y, sin dejarle entrar, le entregó la carta y le pidió las llaves.
Por ello, la mujer ha insistido durante el proceso que había registrado “una conversación que le atañía de forma directa, personal e indiscutible, como trabajadora, en la que ella participaba”.
El Supremo también matiza en la sentencia la diferencia entre la grabación de una conversación “de otros” y la de una conversación “con otro”, como ocurrió en el caso de la demandada.
En este caso, se entendería como tal si los responsables de ejecutar la seguridad no han tenido en cuenta dar cursos de formación para utilizar los trajes especiales, si no hay supervisores del proceso, si las cámaras no graban o cualquier otra de las circunstancias que se han dado en el caso de Teresa Romero. Completa esta posibilidad de actuación de la justicia una circular de la Fiscalía General del Estado sobre siniestrabilidad laboral que concluye que “de acuerdo con la constante doctrina del Tribunal Supremo, sólo con carácter excepcional la imprudencia del trabajador puede excluir la de los otros posibles intervinientes en la producción del resultado lesivo”.
“Tuvimos información, no formación”
La portavoz del Sindicato de Auxiliares de Enfermería, Isabel Lozano, anunciaba la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por entender que “en este proceso hay hechos constitutivos de delito. Hay unas normas de salud laboral específicas que se contradicen con la formación que se ha dado de forma chapucera”.
Lozano pone en cuestión la versión de error humano por parte de Teresa Romero ya que “los compañeros tienen que ponerse tres guantes”, dice refiriéndose al protocolo sobre el uso del traje de protección. “El protocolo exige que hubiera observadores, que están presentes para registrar cualquier incidencia que se produzca. Nos consta que existe ese registro del protocolo y no incluye nada”, dice.
La situación en el hospital Carlos III es complicada. Falta personal y se está echando mano de sanitarios inscritos en la bolsa de trabajo. “Muchos están renunciando”, asegura Lozano y menciona un caso de una persona a la que llamaron y la supervisora le asignó a la sexta planta, donde se encuentra ingresada la auxiliar infectada con el virus.
Asturias: los médicos incluirán en las historias clínicas datos laborales de los pacientes
LAURA FONSECA | ASTURIAS.
Septiembre 2014. DIARIO EL COMERCIO
El trabajo y, en especial, las condiciones laborales, pasarán a formar parte del historial clínico de los pacientes. La Consejería de Sanidad quiere ahondar en la detección de enfermedades de posible origen laboral y profundizar, sobre todo, en la relación entre el trabajo y determinados tipos de cáncer. El caso es que los médicos, en sus consultas de los centros de salud, ya no solo preguntarán por los hábitos de salud y por el historial de dolencias del enfermo, incluidos sus antecedentes familiares, sino también por su ocupación profesional y, en especial, por las condiciones en que desarrolla el trabajo.
Se estima que casi el 25% por los tumores diagnosticados en España podrían guardar relación con la actividad profesional. Así quedó reflejado en una jornada técnica que sobre cáncer laboral organizó la semana pasada la Consejería de Sanidad y donde quedó de manifiesto que el contacto continuo y prolongado en el tiempo con determinados agentes contaminantes, como el amianto, el cromo o algunas sustancias que se emplean para teñir cabellos (hablamos en este caso de peluquerías) pueden derivar en la aparición de diferentes tipos de tumores.
Sanidad implementará un protocolo en el programa OMI de los facultativos de Atención Primaria para disponer de un espacio específico donde recoger la historia laboral y el procedimiento informático para realizar la comunicación de sospecha de una enfermedad profesional. La consejería recuerda que el cáncer es una de las causas de enfermedad que más afecta a la población por su incidencia y su gravedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un 19% de los cánceres que se detectan son debidos a factores ambientales y laborales. Sin embargo, para los médicos del sistema público de salud supone una seria dificultad determinar el origen laboral de la enfermedad neoplásica ya que sus causas son múltiples y no siempre bien conocidas, precisan desde Sanidad.
Pulmón y vejiga, a la cabeza
El Principado puso en marcha en 2011 un programa para la detección de cánceres en el ámbito laboral. El estudio permitió confirmar que al menos un 5% de los tumores estudiados, en total 566 casos, tenían su origen en el trabajo que venían realizando o que habían realizado los afectados. Carpinteros, peluqueras, fotógrafos, linotipistas, mecánicos, soldadores, pintores y restauradores de muebles fueron los trabajadores en los que Sanidad encontró algún tipo de relación entre el cáncer que padecían y la actividad profesional que realizaban.
El amianto, que está detrás de los tumores de mesotelioma pleural, y las aminas aromáticas presentes en productos que se emplean en los tintes de pelo y en pinturas industriales y que provocan tumor de vejiga, son algunos de los agentes de mayor riesgo canceroso de los estudiados en Asturias. También el cromo, el níquel y el acero inoxidable presente en la actividad que desarrollan soldadores, albañiles y linotipistas (impresión gráfica).
Tras la valoración de la historia laboral de los 566 casos estudiados, se encontró que en 27 enfermos había altas probabilidades de ser clasificados como enfermedad profesional (5% del total). En otros 65 casos (11,5%) se acreditó una relación clara aunque menos intensa entre la enfermedad y el ambiente laboral. De los 27 tumores de origen laboral, 12 fueron de pulmón, 9 de vejiga, dos de mesotelioma pleural y otros cuatro de próstata, linfoma y fosas nasales.
MODIFICADA LA LEY CONCURSAL. SEPTIEMBRE DE 2014
Se modifica la ley concursal 22/2003 de 9 de julio, mediante el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.
I.I) Régimen especial para las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.- Se añade la nueva Disposición adicional Segunda Ter: “En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición. La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley”.
II.I) Especialidades de la transmisión de unidades productivas (Artículo único apartado Dos, punto 3).- Se redacta el nuevo Artículo 146 bis de la LEC: “1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones. 3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa. 4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2. La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado”.
(El ap. 1. 4º recoge como una de las causas de oposición del ejecutado el “carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”. Esta modificación se realiza para dar cumplimiento a los términos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, la cual permite al deudor hipotecario interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución por entender el deudor que existe una cláusula contractual abusiva, si bien sólo se aplicará en aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente). Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten”.
II.III) Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución (Disposición transitoria cuarta).- “1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto”.
Establecimiento de un portal de acceso telemático (Disposición adicional segunda).- En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.
Derogación normativa (Disposición derogatoria única).- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Entrada en vigor (D.F. 5).- Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Es decir, el día 6 de septiembre de 2014.
Otra de ERES:Istobal emplea a presos con sueldos bajos tras ejecutar un ERE en 2013
	En 2011 Correos fijó un “procedimiento de actuación para trabajadoras en situación de embarazo, lactancia o parto reciente”. Estas son algunas de las directrices que marca:
	No levantar de forma regular pesos de más de diez kilos a partir de la semana 18.
	No arrastrar más de ocho kilos o manejar más de diez a partir de la semana 22.
	No subir y bajar escaleras “de forma repetitiva” más de cuatro veces por turno desde la semana 26.
	No estar de pie de forma intermitente más de 30 minutos por hora desde la semana 30.
– Hasta cinco días. Se podrá expedir el parte de baja y el de alta en la misma visita médica.
– Entre 5 y 30. Confirmación cada 14 días.
– Entre 31 y 60. Cada 28 días.
– En procesos de larga duración, de más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.
La sentencia del TSJC, difundida ayer por el sindicato CC OO, no es la primera que reconoce ese nexo. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas explican que estos fallos no son frecuentes, puesto que ese vínculo entre el suicidio y las condiciones de trabajo debe quedar muy claro. Para el tribunal, en el caso del agente forestal Jaume R. L. así sucedía. Todo arrancó el 8 de marzo de 2012, cuando se produjeron cinco incendios en el Pirineo con apenas una hora y media de diferencia. Uno de ellos se registró en Calvinyà, en la comarca leridana del Alt Urgell, donde desde 1987 él era jefe de área.
UGT señala los riesgos psicosociales como cuarta causa de incapacidad
Los expertos piden que se consideren enfermedades profesionales
Los riesgos psicosociales no están en la lista de enfermedades profesionales, cuya última revisión es de 2006. “Estamos en un entorno en el que estos riesgos tienen cada vez más peso. Deberían ser estudiados para que se incluyan en determinadas profesiones”, explica el catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia José María Peiró. Aun así, el artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social abre una ventana para que las enfermedades derivadas del trabajo sean reconocidas como causa de accidente laboral. “Aunque no estén en el listado”, puntualiza Miguel Arenas, abogado del bufete Col•lectiu Ronda.
Una mortalidad subestimada
Francia es uno de los países de la UE con mayor tasa de suicidios y donde se ven con gran preocupación las muertes ligadas a las condiciones laborales y los denominados “riesgos psicosociales”. El país cuenta con una Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo, un Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria (INVS) y, desde el 9 de septiembre de 2013, un Observatorio Nacional del Suicidio. Según el INVS, “en Francia se producen cada año 11.000 suicidios, así como 90.000 hospitalizaciones y 220.000 altas en los servicios de urgencias por tentativa de suicidio”. En la primera reunión de dicho observatorio se constató que la incidencia de suicidios “afecta el triple a los obreros que a los dirigentes” y que “las primeras víctimas son aquellas personas afectadas por el aislamiento, el paro, la precariedad, el malestar en el trabajo…”.
En Orange (antes France Télécom), una segunda oleada de suicidios a principios de este año —la primera fue en 2008-2009— ha puesto en alerta de nuevo a los sindicatos, que exigen que los cambios de puesto, la organización de la carga de trabajo y la movilidad funcional y geográfica se hagan de forma que no supongan un riesgo para la salud del trabajador. En marzo se habían contabilizado 10 suicidios en la compañía, cifra similar al total registrado en 2013 (11 suicidios). El anterior presidente de Orange dimitió tras la muerte de 35 trabajadores por suicidio en 2008 y 2009, y en 2012 fue investigado por acoso moral contra los empleados.
El problema viene de lejos. Un grupo de carteros de La Poste (el servicio nacional de Correos) de la localidad de Trilport denunciaba, ya en noviembre de 2012, en una carta enviada al presidente francés, François Hollande, la situación en la compañía, a la que se refería como “trituradora de personas”. El llamado Observatorio del Estrés en France Télécom Orange y las Empresas, de carácter no oficial y creado por investigadores y trabajadores de los sindicatos CFE-CGC y SUD, recopiló una “lista no exhaustiva”, basada en fuentes sindicales e informaciones de prensa, que mencionaba 59 suicidios y 41 tentativas de suicidio en las empresas de La Poste entre julio de 2007 y diciembre de 2012.
Debido al recrudecimiento de los suicidios en La Poste en 2012, el presidente de la empresa, Jean-Paul Bailly, nombró una comisión de diálogo para evaluar la incidencia de los planes de reorganización de la compañía. Fruto de esa comisión fue el llamado Informe Kaspar, difundido en septiembre de 2012. Este reconocía oficialmente “la existencia de un malestar, más allá de los casos individuales de personas frágiles o afectadas por un fracaso profesional”, según el citado Observatorio, que se lamenta, sin embargo, de que dicho informe “no establezca un vínculo explícito entre la degradación de los indicadores sociales y la gestión de la compañía”.
El INVS aseguraba, en un informe sobre la epidemiología del suicidio, que “la mortalidad por suicidio está subestimada” en las estadísticas oficiales.

References: artículo 25
 Artículo 146
 resolución 
 artículo 226
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 149
 artículo 675
 artículo 695
 artículo 557
 artículo 695
 resolución 
 artículo 115