Source: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2304&IDTIPO=240&RASTRO=c897$m34326,5896,10328
Timestamp: 2018-10-15 10:13:46+00:00

Document:
CARM.es - Sancionador por incumplimientos en el orden social
2304 - Sancionador por incumplimientos en el orden social
Tramitar (instruir y resolver) el correspondiente expediente sancionador, de conformidad con el procedimiento administrativo especial vigente en esta materia, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y con la finalidad de proceder a la imposición de las correspondientes sanciones por infracciones administrativas en el orden social, en el ámbito de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Son los sujetos responsables de la infracción, considerándose como tales, las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y en particular, las siguientes:
- El empresario en la relación laboral.
- Las cooperativas con respecto a sus socios trabajadores y socios de trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
- Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las obligaciones que se establecen en su legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales.
- Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa sobre dicha materia.
- Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares de los centros de trabajo y empresas de dimensión comunitaria situadas en territorio español, respecto de los derechos de información y consulta de los trabajadores en los términos establecidos en su legislación específica.
- Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa legal que regula el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, respecto de las condiciones de trabajo que deben garantizar a dichos trabajadores desplazados temporalmente a España.
- Las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas con domicilio social en España, las sociedades, entidades jurídicas y, en su caso, las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en la constitución de una sociedad europea o de una sociedad cooperativa europea, así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes titulares de los centros de trabajo situados en España de las sociedades europeas y de las sociedades cooperativas europeas y de sus empresas filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera que sea el Estado miembro en que se encuentren domiciliadas, respecto de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, en los términos establecidos en su legislación específica.
Cabe interponer demanda ante el Orden Jurisdiccional Social
Decreto n.º 23/2011, de 25 de febrero, que modifica el Decreto n.º 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 51, de 03/03/2011)
Decreto n.º 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 222, de 23/09/2008)
Orden del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se determina el órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social, cuya competencia corresponde al titular de la Consejería competente en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), en materia de relaciones laborales y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, en materia de prevención de riesgos laborales, y en materia de economía social. (BORM nº 6, de 10/01/2017)
Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaria General de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y empleo, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 18 de noviembre de 2015, por el que se determina el Órgano Instructor de los Expedientes Sancionadores por Infracciones en el Orden Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya resolución viene atribuida al propio Consejo de Gobierno. (BORM nº 283, de 9/12/2015)
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se nombran Instructores en los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social, cuya resolución corresponde al titular de esta Dirección General. (BORM nº 272, de 25/11/2011)
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. (BOE nº 132, de 03/06/1998)
1.- Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
2.- Serán competencia de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, la instrucción y resolución de los siguientes expedientes sancionadores:
- Por infracciones en materia de relaciones laborales, y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, previstas en el Capítulo II Secciones 1.ª y 4.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe de hasta 62.500,00 euros.
- Por las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Capítulo II Sección 2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe de hasta 123.000,00 euros.
- Por infracciones en materia de sociedades cooperativas, previstas en el Título II de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, para la imposición de sanciones de hasta 3.790,00 euros.
3.- Serán competencia de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, la instrucción de los siguientes expedientes sancionadores:
- Por infracciones en materia de relaciones laborales, y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, previstas en el Capítulo II Secciones 1.ª y 4.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe superior a 62.500,00 euros y hasta hasta 187.515,00 euros.
- Por las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Capítulo II Sección 2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe superior a 123.000,00 euros y hasta 819.780,00 euros.
- Por infracciones en materia de sociedades cooperativas, previstas en el Título II de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, para la imposición de sanciones desde 3.791,00 a 37.920,00 euros.

References: Real Decreto 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto