Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-66001211000320000030101-de-mayo-4-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420c98f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 17:28:13+00:00

Document:
﻿ Sentencia 66001311000320000030101 de mayo 4 de 2005
SENTENCIA 66001211000320000030101 DE 04 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:CORRECCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO CIVIL. SOLO PROCEDE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN.
Sentencia 66001311000320000030101 de mayo 4 de 2005
Ref.: expediente 66001-3110-003-2000-00301-01
1. Atrás quedó anunciado el despacho conjunto de los cargos segundo y tercero, debido a que para su resolución servirán unos mismos razonamientos, pues, evidentemente advierte la Corte que cada una de las acusaciones adolece de notorias e insalvables deficiencias técnicas, algunas de las cuales incluso son concurrentes, conforme pasa a verse.
2. Por ser la casación un recurso extraordinario, se exige que la demanda con la que se sustente reúna los puntuales requisitos señalados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, modificado como quedó por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998. Entre tales exigencias, el numeral 3º de aquel artículo establece la relativa a la formulación por separado de los cargos, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, a lo que añade que, si se trata de una basada en la causal primera de las contenidas en el artículo 368 ibídem, se determinen las normas de derecho sustancial que el impugnador estime violadas, aspecto complementado por el segundo de tales preceptos, al enseñar que habrá de invocarse cuando menos una disposición de naturaleza sustancial que haya sido o debido ser base fundamental de la decisión atacada.
Ha de resaltarse que tal requerimiento, es decir, el de “indicar en cada uno los cargos que invoca por la causal primera de casación, las normas sustanciales que estima transgredidas y regulan el derecho disputado en juicio” y que constituyan la base fundamental del fallo impugnado, “tiene su razón de ser, en virtud de que precisamente la tarea de la Corte tiene su entorno en la verificación de la conformidad o inconformidad de la sentencia con las normas sustanciales que regulan el caso concreto y que son, o debieron serlo, base esencial del mismo” (G.J., T. CCLII, pág. 1514).
Lo anterior se explica por el hecho de que como el fallo del tribunal llega a casación precedido de la presunción de verdad y acierto, y como uno de los principios en que reside este recurso extraordinario es su carácter dispositivo, en orden a destruir ese sello le corresponde al impugnador señalar el camino, de manera clara, puntual y precisa, a través del cual ponga en evidencia el desacierto cometido por aquel, tarea en cuyo cumplimiento tendrá que aducir las mentadas normas de derecho sustancial, pues es mediante su cumplimiento que la corporación puede dirigir su actividad, como que su labor se circunscribe a los límites trazados por el recurrente. Ese presupuesto, ha dicho la Corte, obedece “a que sin hacerse la denuncia en torno a las normas que regulan el caso, siquiera a una que sea base fundamental del fallo impugnado, no puede hacerse ninguna confrontación destinada a verificar la legalidad del mismo; e igual se hace imposible proveer sobre la realización del derecho objetivo en este proceso; deficiencia tal, como es sabido, no la puede enmendar la Corte de oficio, dado el carácter dispositivo del recurso de casación” (Sent. 046, abr. 8/2003, exp. 7844, no publicada aún oficialmente).
Alrededor del requisito que se viene comentando, también se tiene establecido que su cumplimiento no resulta satisfecho cuando con ese propósito el casacionista opta por citar disposiciones que, de acuerdo con la naturaleza de su contenido, no son contentivas de normas de derecho sustancial, esto es, aquellas que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación”, determinándose que de esa naturaleza no gozan entonces los preceptos que “se limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo” (G.J., T. CLI, pág. 254).
3. Descendiendo a este asunto, advierte la Corte que el requisito a que se contraen las reflexiones precedentes no fue satisfecho en los cargos segundo y tercero, en los cuales, aun cuando se propusieron por la causal primera, aduciéndose violación de una norma de derecho sustancial, no se señalaron disposiciones de esa índole, vale decir, que en ellos no se determinaron los preceptos normativos sustanciales que con el fallo el tribunal pudo quebrantar, pues en la primera de las aludidas acusaciones los censores apenas atinaron a citar el artículo 140, numeral 3º, del Código de Procedimiento Civil, que regula una de las circunstancias que pueden generar la nulidad de la actuación judicial, al paso que en la segunda de ellas escasamente señalaron al artículo 305 ibídem, que se refiere a la congruencia con la que debe ser proferida la sentencia, disposiciones legales esas que son de claro corte procesal, que no sustancial. No se remite a duda que si esas arremetidas estaban soportadas en aquel motivo casacional, como ciertamente lo están, según ya se vio, los impugnadores se hallaban compelidos a citar, en cada una de ellas, los preceptos sustantivos que, a su juicio, resultaron quebrantados con la providencia atacada, lo que no hicieron.
Encuéntrase así que la ausencia de explicación acerca de en qué consistió el quebrantamiento denunciado y, por ende, si la falencia en que incurrió el sentenciador estuvo en que no hizo actuar en la resolución la disposición legal que debió precisar la censura, estando obligado a ello, o si su aplicación fue errada por no ser ese el mandato llamado a regular la controversia, o si siéndolo, erró en su interpretación, no le permite a la corporación conocer entonces dónde, en el entendimiento de los impugnadores, estuvo esa infracción para, así mismo, al cotejar esa argumentación con el parecer del fallador, concluir si devino o no la infracción.
4. La deficiencia que se ha dejado registrada impide, por sí sola, cualquier otro análisis de los cargos segundo y tercero, por lo que se impone la declaratoria de su improsperidad.
Con base en la causal primera de casación, se acusa la sentencia de infringir “una norma de derecho sustancial”, en tanto “se presentó, adelantó y falló un proceso ordinario de nulidad del acta de nacimiento” de la menor “que concluyó con la impugnación de la paternidad y maternidad legítima, contrariando en un todo” la ley sustancial, pues se violó el artículo 248 del Código Civil, “que informa quiénes son los legitimados para impugnar estos hechos y el tiempo en que deberán iniciar estas acciones”.
1. A vuelta de transcribir los artículos 247 y 248 del Código Civil y sostener, con referencia al segundo, que en tratándose de acciones de impugnación de los hijos legitimados pueden ser oídos únicamente quienes prueben un interés actual, los acusadores sostienen que la defensora de familia no probó ese interés para iniciar el proceso de nulidad del registro civil de Juliana o de impugnación de la paternidad y la maternidad de la misma, por lo que no estaba legitimada para ser parte, menos cuando, adicionalmente, no contó con la aquiescencia de la madre biológica, quien sí lo estaba pero no concurrió al litigio.
2. Añaden que de suponerse que aquella defensora sí ostenta legitimación, en tal evento su actuación estaría viciada porque no promovió la demanda dentro de los trescientos días que para el efecto tenía, contado ese término desde que “tuvo el interés actual” para poder hacer valer sus derechos, de donde concluyen que la actuación acaecida después de seis años es extemporánea, por lo que el tribunal incurrió “en error de derecho”, al apartarse de la norma a la cual debía estar sujeto. Comentan que la violación de la norma en cita también tuvo lugar al no haber probado la defensora ese “interés actual”, situación con apoyo en la cual afirman que el juez no debió oírla, “al tenor de lo dispuesto en los artículos 248 y 335 del Código Civil y debería por ende haber rechazado, in limine la demanda”.
Solicitan entonces los censores a la Corte casar el fallo “y decretar la nulidad de todo este proceso, a partir del auto que ordenó su apertura” (fl. 9).
1. Por adelantado ha de observar la corporación que el tribunal, para resolver lo atinente a la paternidad, adujo que la prueba documental expedida por la fiscalía, los testimonios y la confesión de Guevara Soto demostraban que este no es el padre de la menor, como que nunca la engendró, a más de la aceptación de ser ciertos los hechos de la demanda, razón por la cual estimó que esa impugnación también se abría paso, con fundamento en los artículos 406 del Código Civil y 3º de la Ley 75 de 1968, que autorizan al hijo para reclamar en cualquier tiempo contra su legitimidad presunta o ejercer el derecho de impugnación de la paternidad extramatrimonial, y ocurre que examinados con detenimiento el texto de la demanda de casación se advierte de inmediato que los censores no atacaron las anteriores normas, es decir, las que adoptó el sentenciador en este asunto para definir lo inherente a esa impugnación, y que contrariamente aducen disposiciones legales impertinentes, por supuesto que se limitaron a citar los artículos 247 y 248 que no se hicieron actuar.
Desde luego que, como lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte, “bien sea que se ataque el fallo de instancia por la vía directa o por la indirecta, es imperativo para el recurrente impugnar y destruir la totalidad de los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirven de soporte, lo que equivale a decir que la acusación ha de ser completa, pues una impugnación que no comprenda todos los motivos tenidos en cuenta en el fallo censurado, dejando en pie uno o algunos, suficientes para sostenerlo, no tiene aptitud legal para ocasionar el quiebre de la sentencia” (Sent. oct. 5/2004, exp. 0453-01, no publicada aún oficialmente).
2. Al margen de la deficiencia técnica anterior, de por sí suficiente para negarle todo mérito a la acusación, entendido este cargo como formulado por la vía directa, por haber quebrantado el tribunal los artículos 247, 248 y 335 del Código Civil, lo cierto es que la Corte no encuentra violación de esos textos legales, según pasa a verse.
3. Tocante con la afirmación, según la cual la defensora de familia no probó interés actual para iniciar este proceso, por lo que no se hallaba legitimada para ser parte, ha de decirse que se equivocan los acusadores al pretender tomar como sujeto procesal en este asunto a aquella funcionaria, por cuanto su intervención corresponde al cumplimiento de claros mandatos de estirpe constitucional y legal que le imponen; en interés de los derechos de los menores, el deber de asistirlos en acciones judiciales y extrajudiciales, así como propender porque su entorno esté rodeado, cuando menos, de las mínimas garantías con las que toda persona debe contar.
Justamente por ello, con fundamento en los decretos 2272 y 2737 de 1989, la jurisprudencia de la Corte tiene precisado que la gestión que desarrolla el mentado funcionario se cumple principalmente de dos maneras; por un lado, al intervenir, en nombre de la sociedad y en interés de la institución familiar, en los procesos que se siguen ante la jurisdicción de familia y en los que venía actuando el defensor de menores y, por otro, al iniciar, en interés del menor, las respectivas acciones en los asuntos de la citada especialidad, sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda. Alrededor de este particular aspecto dijo la corporación que una “visión global del artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, pone de manifiesto que las funciones del actual defensor de familia en relación con los procesos judiciales, se reducen a dos: una, contemplada en el inciso 1º, para intervenir en nombre de la sociedad y en interés de la institución familiar ‘... en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción y en los que actuaba el defensor de menores, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan al Ministerio Público’, y otra, consagrada en el inciso 2º, para promover, también en interés del menor ‘... las acciones pertinentes en los asuntos judiciales y extrajudiciales de familia, sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponde’ ...” (G.J., T. CCXXVIII, pág. 1134).
Así por ejemplo, el artículo 12 de la Ley 75 de 1968 previo que el defensor de menores —ahora conocido como defensor de familia—, que tuviese conocimiento de la existencia de un niño de padre o madre desconocidos, debía promover la investigación correspondiente, al tiempo que el artículo 13 de ese ordenamiento jurídico señaló que en los “juicios de filiación” dichos funcionarios públicos tenían derecho a incoar la respectiva acción y a intervenir en la misma, entre otros sujetos. Es claro, entonces, que en desarrollo de tan particulares atribuciones la Defensoría de Familia, como dependencia de aquel organismo estatal, está facultada para iniciar los correspondientes procesos judiciales de filiación y de impugnación, cuando se trate de averiguar el verdadero estado civil de un menor. Esa función, que al tiempo traduce deber, aparece reiterada en los artículos 11 del Decreto 2272 de 1989, al disponer que tal funcionario intervendrá también en interés del menor para intentar las acciones pertinentes en los asuntos judiciales y extrajudiciales de familia, y 277 del Código del Menor, que determina que a ese defensor le compete, entre otras atribuciones, actuar en interés de la institución familiar y del menor en los asuntos judiciales y extrajudiciales de conformidad con aquella disposición.
Como se dejó registrado en los antecedentes de esta providencia, si al promover esta acción la defensora precisó que lo hacía bajo esa calidad, es decir que ahí mismo enfatizó que su actuación correspondía al cumplimiento de los citados mandatos, no se remite a duda que desde la referenciada perspectiva a ella le era dable formular la demanda que originó este proceso, y con mayor razón cuando, como recientemente lo expuso la corporación, “no se puede afirmar que el citado defensor es representante del menor, o que en esta clase de pleitos desplaza a quien lo sea, pues el legislador solamente le ha otorgado una legitimación extraordinaria para formular la pretensión de investigación de la paternidad o, en su caso, de la maternidad” (Sent. 098, sep. 14/2004, exp. 5433, no publicada aún oficialmente). Por lo mismo, resulta claro que la demandante no es aquella institución, por medio de la defensora de familia, sino Juliana Guevara Hoyos solo que, atendida su edad, lo hizo por su conducto, pues “así el proceso haya sido promovido por la defensoría de familia, ello no traduce que la parte sea esta, desde luego que dicha calidad se predica solo del menor” (Sent. 069, jul. 14/2003, exp. 6894, no publicada aún oficialmente, entre otras).
Resulta así palmario que al actuar en interés del menor, como cuando promueve habilitada por la ley acciones de la naturaleza de las aquí ejercidas, dirigida a obtener la verdadera filiación del incapaz, ciertamente no requiere aquiescencia alguna, pues tal gestión no corresponde más que al desarrollo natural de sus funciones, de donde se sigue “que la participación del referido defensor en esta clase de procesos, no está condicionada a que el menor se encuentre en una determinada situación jurídica, exigencia que, de existir, desdibujaría el propósito tuitivo de unas disposiciones que habilitan la intervención de dicho funcionario en orden a que adelante las diligencias necesarias para hacer efectivo el derecho que tiene toda persona —y con mayor razón los niños (C.P., art. 44)—, a conocer su filiación” (Sent. 098, sep. 14/2004, exp. 5433, no publicada aún oficialmente).
4. Si bien es verdad el artículo 248 del Código Civil, que se ocupa de la impugnación del reconocimiento por expresa disposición de la Ley 75 de 1968, por remisión que esta hace, regula la legitimación y oportunidad para intentar tal cosa, y allí no aparece de manera expresa mencionado el hijo, ello no puede significar que a este se esté excluyendo de la posibilidad de hacerlo, pues sería un contrasentido que se viera el interés, verti gratia, en los ascendientes y no en quien se encuentre directamente comprometido en el vínculo filial. Su interés, por supuesto, podría decirse que es obvio y hasta no necesitaría norma que así lo dijera expresamente.
Por lo que a este caso respecta, que es al hijo, harto se ha dicho del derecho que le asiste y, por lo mismo, del interés que tiene para indagar sobre el verdadero vínculo filial; y respecto de él, cuando reclama el estado civil, se ha expresado que no tiene término alguno para ello, pues, como en su momento lo señaló la corporación, “la acción que radica en cabeza de este para investigar su verdadera filiación es imprescriptible y puede ejercerla en cualquier momento” para “reclamar por este medio la declaración de la verdadera maternidad, aunque el ejercicio de esta acción implique a la vez la impugnación de la maternidad putativa” (G.J., T. CCI, pág. 836).
Puestas así las cosas, es infundado sostener, como lo hace la censura, que esta acción, promovida por la defensora de familia en interés exclusivo de la aludida menor, hubiera caducado y que por lo mismo debió ser rechazada la correspondiente demanda, pues, siendo ella misma la demandante, por su condición de hija podía intentarla en cualquier momento en tanto su filiación no correspondiera a la verdadera, conforme a la ley.
5. De otro lado, nótese que cuando el fallador, tras desentrañar el verdadero alcance de las pretensiones deducidas del acto introductorio del proceso, comprendió que la promovida era la acción de impugnación de la filiación de la menor demandante, no hizo más que aplicar la doctrina de la Corte, que en el punto tiene establecido cómo, acorde con el artículo 335 del Código Civil, tan solo a través de la referida vía procesal se puede lograr la corrección de los datos consignados en el registro civil de nacimiento, cuando ellos sean contrarios a la realidad, pues, una vez sentada “la partida que acredita la filiación materna respecto de un hijo determinado, se insiste, la única manera de desvirtuar aquella, si el hecho es irreal, es mediante la acción de impugnación contemplada en el artículo 335 del Código Civil, que se contrae, según se vio, a obtener judicialmente la declaración de que aquel no nació biológicamente de la madre a quien se atribuye falsamente el parto. La ley, que según lo visto regula de manera especial e íntegra el estado civil de las personas, no consagra la figura de la nulidad sustancial prevista en el título XX del libro 4 del Código Civil como herramienta autónoma para remediar afirmaciones falsas que afecten materialmente la inscripción de una filiación materna; por lo que consecuentemente es del caso admitir que dicha solución es extraña al ordenamiento, en tanto el legislador encontró en la acción de impugnación (C.C., art. 335) el instrumento apropiado y único para combatir dicha irregularidad”, de donde se desprende que si la declaración judicial socorrida se fundamenta en la falsedad contenida en la partida “ella resulta procesalmente procedente, así la actora pida en concreto que se declare la nulidad del registro, o su invalidez o ineficacia, o su falsedad o inoponibilidad, porque todas esas declaraciones persiguen materializar la acción de impugnación contenida en esa norma” (Sent. 138, ago. 25/2000, exp. 5215, no publicada aún oficialmente).
6. Por tanto, no prospera el cargo.
7. Con todo, en orden a adecuar la realidad surgida de este proceso, es de esperarse que por el juez de primer grado se tomen una serie de medidas tendientes a procurar que, de la manera menos perturbadora posible para la salud física y mental de la menor, esta paulatinamente vaya asumiendo los efectos propios de la decisión judicial; con otras palabras, mientras la misma logra adaptarse a tales efectos, el a quo deberá buscar, a través de todos los instrumentos legales de que dispone, como por medio de la asistente social a su cargo, la eficaz colaboración en la orientación sicológica y social de la niña y de sus familiares, que le permitan a aquella asumir, con el mínimo de desconcierto, la transición sobreviniente de la sentencia, por supuesto que este pronunciamiento no implica por sí mismo desconocer abruptamente las circunstancias en las cuales ella actualmente se desenvuelve, ni el entorno afectivo que en el momento ostenta, todo con el propósito fundamental de contribuir a su desarrollo armónico e integral, tal y como lo prevén los artículos 44 y 45 de la Carta Política.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de abril de 2003, pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario instaurado por la Defensoría de Familia de esa ciudad, en representación de la menor Juliana Guevara Hoyos, frente a Fabio Orlando Guevara Soto y Blanca Lilia Hoyos Trejos, y en el cual de oficio se vinculó a María Elena Londoño Ríos.
Condénase a los recurrentes al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. Tásense.
Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen».

References: resolución 
 artículo 374
 artículo 51
 artículo 368
 artículo 140
 artículo 305
 resolución 
 artículo 248
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 248
 artículo 335
 artículo 335