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Timestamp: 2019-09-22 01:58:57+00:00

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DE 29 DE MARZO DE 2016
CASO I.V.* VS. BOLIVIA
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”), el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”) de la representante de la presunta víctima1 (en adelante “la representante”), y el escrito de excepciones preliminares, contestación al sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante “Bolivia” o “el Estado”), así como los escritos de observaciones a las excepciones preliminares.
La comunicación de la Comisión donde remitió el nombre de los peritos propuestos, las listas definitivas de declarantes presentadas por el Estado, la representante y la Comisión, así como las correspondientes observaciones a dichas listas presentadas por el Estado, la representante y la Comisión.
La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Presidente”) de 13 de enero de 2016 sobre el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Los escritos de 17 de marzo de 2016, mediante los cuales los señores Antonio José Pardo Novak y Erwin Hochstatter Arduz, peritos propuestos por el Estado, remitieron respectivamente sus observaciones a las recusaciones presentadas en su contra por la representante.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46 a 50, 52.3, 57 y 58 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”).
La Comisión ofreció como prueba tres dictámenes periciales; la representante se adhirió al ofrecimiento de prueba pericial de la Comisión y ofreció cuatro declarantes, mientras que el Estado ofreció tres declaraciones testimoniales y dos dictámenes periciales. Todo ello en la debida oportunidad procesal (supra Vistos 1 y 2). En su lista definitiva, el Estado solicitó, con base en el artículo 49 del Reglamento, la sustitución de los dos peritos propuestos (supra Visto 2).
La representante objetó el testimonio de Juan Calle, propuesto por el Estado, así como la solicitud de sustitución del perito propuesto Daniel Rodolfo Cárdenas Sánchez, y presentó recusación contra los señores Antonio José Pardo Novak y Erwin Hochstatter Arduz, peritos ofrecidos por el Estado en sustitución. El Estado objetó dos testimonios propuestos por la representante, así como los peritajes propuestos por la Comisión Interamericana y, en particular, el de la señora Ana Cepin. La Comisión objetó el testimonio de Juan Calle, propuesto por el Estado, así como la solicitud de sustitución de los peritos presentada por el Estado.
En cuanto a las declaraciones que no han sido objetadas, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite las declaraciones de I.V., N.V., Edgar Torrico Ameller y Marco Vargas.
A continuación, el Presidente examinará en forma particular: a) las objeciones del Estado a las declaraciones ofrecidas por la representante, b) las objeciones de la representante y la Comisión al testimonio de Juan Calle propuesto por el Estado, c) la solicitud de sustitución de los peritos formulada por el Estado, d) las recusaciones presentadas por la representante, e) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana, f) la solicitud de la Comisión para formular preguntas a los peritos ofrecidos por el Estado, g) la modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales por recibir, h) los alegatos y observaciones finales orales y escritos, y i) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte.
Objeciones del Estado a las declaraciones ofrecidas por la representante
La representante propuso a los psicólogos Andrés Gautier y Emma Bolshia Bravo como testigos para declarar, inter alia, sobre la salud psicológica y estado emocional de I.V. en diferentes períodos temporales. Ambos son miembros del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI).
El Estado solicitó que se declare inadmisible la prueba ofrecida por la representante, consistente en la declaración de Andrés Gautier, pues la consideró “innecesaria e impertinente”. El Estado alegó que en las conclusiones del señor Gautier respecto a la valoración psicológica que realizó a I.V. “tra[jo] a colación hechos referentes a las dictaduras queriendo confundir a la Corte, infiriendo que el Estado tiene antecedentes de prácticas sistemáticas de esterilización forzada, evidenciándose de esta manera su falta de objetividad profesional al rememorar hechos de la dictadura de la década de los 70 que no forman parte del marco fáctico del presente caso”.
El Estado también solicitó la desestimación del testimonio propuesto de Emma Bolshia Bravo, en tanto “la [misma], sin ser parte afectada y/o acreditada del caso en cuestión, [habría] emiti[do] criterios y juicios de valor sobre las presuntas vulneraciones de derechos humanos, así como la responsabilidad que tuviese el Estado en relación [con] éstas, actuando en inobservancia de la ética profesional que debería regir sus actuaciones y la imparcialidad que caracteriza al dictamen pericial”.
El Presidente recuerda que el deber de objetividad no es exigible a los testigos, como sí lo es respecto a los peritos2. Por lo tanto, cuando una persona es llamada a declarar como testigo ante la Corte puede referirse a los hechos y circunstancias que le consten en relación con el objeto de su declaración, evitando dar opiniones personales3. El Presidente estima que lo planteado por el Estado se relaciona con el valor o peso probatorio de los testimonios propuestos en relación con los hechos establecidos en el marco fáctico del presente caso, pero no afecta su admisibilidad y eventual valoración por parte de la Corte. Adicionalmente, el Presidente considera que los objetos de las referidas declaraciones pueden contribuir a esclarecer los hechos del presente caso, razón por la cual corresponde que los testigos sean escuchados por la Corte. Una vez que esta prueba sea evacuada, el Estado tendrá la oportunidad de presentar las observaciones que estime pertinentes. Por ende, se admite los testimonios del señor Andrés Gautier y la señora Emma Bolshia Bravo según el objeto y modalidad definidos en la parte resolutiva de esta decisión.
Objeciones de la representante y la Comisión al testimonio de Juan Calle propuesto por el Estado
El Estado propuso al señor Juan Calle, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, para declarar sobre la atención y tratamiento brindado a I.V.
La representante objetó este ofrecimiento de testigo debido a que “I.V. no dio su consentimiento expreso para que el secreto profesional médico sea levantado o revelado respecto a la atención y tratamiento que ella recibió de parte del Hospital de Clínicas y del médico psiquiatra ofrecido por el Estado como declarante”. Asimismo, indicó que I.V., de manera expresa no ha dado ni da el consentimiento o la autorización a la que se refiere el artículo 17(a) de la Ley 3131 al Dr. Calle, al Hospital de Clínicas o al Estado boliviano. Por lo tanto, sostuvo que el Dr. Juan Calle no puede brindar una declaración ante la Corte sobre hechos y actos médicos que están protegidos por el instituto del “secreto profesional médico”. Además, la representante envió una comunicación de la presunta víctima I.V., en la cual indicó no haber dado ni dar autorización al Dr. Calle para que se levante el secreto profesional médico respecto a la atención recibida.
El Presidente nota lo expresado por la presunta víctima en cuanto al testimonio propuesto por el Estado y su falta de autorización para que el secreto profesional sea levantado. Al respecto, es pertinente recalcar que resulta necesario adoptar las medidas conducentes para evitar o, al menos, reducir al máximo el riesgo de una eventual revictimización en casos como el presente. Por ello, atendiendo a la naturaleza del testimonio propuesto y la solicitud expresa de la presunta víctima de que el médico psiquiatra que la atendió no sea convocado, el Presidente estima conveniente no admitir su testimonio.
Solicitud de sustitución de los peritos formulada por el Estado
En su escrito de contestación, el Estado ofreció dos peritos, Daniel Rodolfo Cárdenas Sánchez y Jorge Lafuente Méndez, para emitir su dictamen sobre “los factores médicos para la procedencia de la intervención quirúrgica de la [s]alpingoclasia [b]ilateral”. Al presentar su lista definitiva, el Estado solicitó al amparo del artículo 49 del Reglamento del Tribunal la sustitución de ambos peritos por los señores Antonio José Pardo Novak y Erwin Hochstatter Arduz. Al respecto, manifestó que “por razones supervinientes ambos peritos se encuentran imposibilitados de emitir los dictámenes requeridos así como la ulterior defensa de los mismos en la audiencia pública convocada ya que por un lado el Dr. Cárdenas Sánchez ha sido recientemente designado como Director del Hospital de la Mujer, (nosocomio donde se le realizó la intervención quirúrgica a I.V.) aspecto que podría comprometer a la imparcialidad de su peritaje y, por el otro el Dr. Lafuente Méndez, por motivos profesionales de docencia, manifiesta no poder realizar el correspondiente peritaje y su defensa”. En cuanto al objeto de los peritajes, el Estado mantuvo el ofrecido para el señor Hochstatter Arduz, pero modificó el relativo al señor Pardo Novak, a fin de que declare sobre “la pertinencia y necesidad de la intervención quirúrgica (salpingoclasia bilateral) en el caso de I.V.”.
La representante se opuso a la procedencia de la solicitud estatal de sustitución dado que “[e]l argumento que plantea el Estado para solicitar a la Corte la sustitución del Dr. Cárdenas como perito no es plausible en sentido de que no obedece a un hecho o a una razón superviniente (como alega el Estado), ya que si bien el Dr. Cárdenas fue nombrado Director del Hospital de la Mujer el 21 de enero de 2016, mucho antes de ese nombramiento el mencionado médico ya era Jefe del Servicio de Obstetricia del mismo hospital, es decir, Jefe del área médica [que realizó la salpingoclasia bilateral] a I.V.”. En consecuencia, para la representante la imparcialidad del Dr. Cárdenas ya se encontraba comprometida cuando el Estado lo ofreció como perito en la presente causa, de modo tal que no existiría una razón superviniente para justificar la sustitución del perito, toda vez que el impedimento ya existía. Asimismo, hizo hincapié en su relación funcional con el Estado, lo que contravendría el artículo 48(c) del Reglamento. Además, resaltó que “el Dr. Cárdenas ya había participado en su condición de experto médico en el trámite interamericano, dando opiniones técnicas sobre aspectos que hacen a la controversia, aspecto encuadrado dentro de la causal establecida en el art. 48(f) del Reglamento de la Corte”. Por lo tanto, la representante consideró que el Estado debió haber tomado todos los recaudos y todas las previsiones necesarias a fin de garantizar que las personas propuestas como peritos reunieran todas las condiciones establecidas en la normativa interamericana aplicable, y además que no incurrieran en las causales previstas en el artículo 48 del Reglamento de la Corte. En la especie, sostuvo que el Estado “no fue diligente respecto a esos requerimientos” pues decidió proponer como perito al Dr. Cárdenas, un médico que tendría un interés directo en el caso de autos y carecería de independencia e imparcialidad frente al mismo, por ser: i) funcionario subordinado del Estado; ii) Jefe del Servicio de Obstetricia –segunda autoridad- del establecimiento médico donde se habría producido la violación de los derechos humanos de la presunta víctima; iii) suscriptor de varias pruebas documentales presentadas por el Estado en este proceso; y iv) por haber adelantado criterios sobre el asunto.
La Comisión también objetó la solicitud estatal de sustitución al sostener que, tanto el Reglamento como la práctica constante de la Presidencia de la Corte, indica que las solicitudes de sustitución deben obedecer a situaciones excepcionales. Para la Comisión las razones esgrimidas por el Estado para proceder a la sustitución no responden a dicho criterio de excepcionalidad, tomando en cuenta la manera en que ha sido interpretado por la Presidencia de la Corte en anteriores oportunidades frente a solicitudes de sustitución en esta etapa avanzada del proceso.
Corresponde entonces analizar si las solicitudes de sustitución observan los requerimientos estipulados en el artículo 494 del Reglamento del Tribunal. Lo relevante para considerar una solicitud “fundada” es que se expliquen los motivos o razones por los cuales la persona ofrecida no podrá rendir la declaración5.
En cuanto al Dr. Cárdenas Sánchez, el Presidente nota que la hoja de vida proporcionada por el Estado es del año 2002. Por su parte, la representante presentó prueba documental de la cual surge que el señor Cárdenas fungió antes de su designación como Director del Hospital de la Mujer en enero de 2016, como Jefe del Servicio de Obstetricia de dicho nosocomio. Asimismo, se demuestra que ha brindado declaraciones en la prensa sobre el presente caso.
En virtud de lo anterior, el Presidente considera que el motivo invocado por el Estado -esto es, que como funcionario público que trabaja en el Hospital de la Mujer su objetividad podría verse comprometida- se encontraba presente desde el momento en que dicho peritaje fue propuesto. Al respecto, es pertinente recordar que la parte que ofrece una prueba debe asegurar que su presentación cumpla con los requisitos reglamentarios. Así, teniendo en consideración la excepcionalidad prevista en el Reglamento para la sustitución de declarantes, el Presidente no puede admitir la sustitución propuesta por el Estado. Asimismo, por las razones expuestas tampoco corresponde admitir al perito originalmente propuesto.
En lo que se refiere al Dr. Lafuente Méndez, esta Presidencia constata que la solicitud de sustitución observa los requerimientos estipulados en el artículo 49 del Reglamento del Tribunal. En efecto, Bolivia proporcionó una explicación de los motivos por las cuales no podría rendir dictamen pericial. Asimismo, la sustitución respeta el objeto del peritaje originalmente ofrecido. En virtud de las anteriores consideraciones y siendo que el dictamen pericial puede resultar útil para la resolución del presente caso, se admite de conformidad con el artículo 49 del Reglamento, la sustitución del peritaje del señor Jorge Lafuente Méndez por el del señor Erwin Hochstatter Arduz.
Recusaciones presentadas por la representante
La representante sostuvo que los dos médicos ofrecidos en sustitución tienen una relación estrecha de subordinación funcional con el Estado, ya que son funcionarios públicos, lo que afectaría la imparcialidad de los Dres. Antonio José Pardo Novak y Erwin Hochstatter Arduz en su condición de peritos, lo que podría ir en desmedro de la correcta administración de justicia en el caso. Por lo tanto, presentó recusación en su contra con base en el artículo 48.1.c) del Reglamento de la Corte.
Dado que sólo se ha aceptado la sustitución del peritaje a ser rendido por el Dr. Hochstatter Arduz (supra Considerando 19), esta Presidencia sólo resolverá lo conducente en lo que respecta al mismo.
Respecto a la recusación presentada en su contra, el señor Hochstatter Arduz señaló que, de acuerdo a su “trayectoria profesional y académica con base en la cual la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia [lo] designó como perito”, posee los méritos y la experiencia necesaria para desempeñarse como perito, cumpliendo con los criterios de neutralidad e imparcialidad, basado exclusivamente en conocimientos científicos, así como en la evidencia médica disponible. Agregó que considera que “resulta incorrecto presuponer que un profesional […] por el solo hecho de ser servidor público sea corruptible e intelectivamente dependiente”, por lo que debe desestimarse la recusación presentada en su contra.
De conformidad con el artículo 48.1.c) del Reglamento6, para que la recusación de un perito sobre esa base resultara procedente está condicionada a que concurran dos supuestos: la existencia de un vínculo determinado del perito con la parte proponente y que, adicionalmente, esa relación, a criterio del Tribunal, afecte su imparcialidad.
El Presidente nota que la representante fundó la recusación en una situación de subordinación por ejercer su profesión de médico en un hospital público, lo que afectaría la imparcialidad del perito propuesto. Al respecto, es pertinente reiterar que el hecho de que un perito haya ocupado u ocupe un cargo público, no constituye per se una causal de impedimento7, sino que corresponde demostrar que dicho vínculo o relación, “a juicio de la Corte”, pueda “afectar su imparcialidad” o que la persona tenga un interés directo que pueda “afectar su imparcialidad” al emitir una opinión técnica en el presente caso8.
De la hoja de vida del señor Hochstatter Arduz se desprende que al año 2000 no se desempeñaba en cargos que pudieran tener algún tipo de relación con o participación en los hechos objeto del presente caso, de modo tal que su imparcialidad se vea afectada. Por otra parte, que el perito propuesto actualmente ejerza un cargo público no revela, en ausencia de otros elementos adicionales, una relación estrecha o de subordinación entre éste y la parte que lo propuso. Por tanto, el Presidente desestima la recusación presentada por la representante.
La Comisión ofreció como prueba pericial tres dictámenes, a saber: 1) Christina Zampas sobre “los estándares internacionales y de derecho comparado relevantes para el análisis del consentimiento informado, en general, como mecanismo de protección de los derechos de los pacientes y, en particular, en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo procedimientos de esterilización”; 2) Ana Cepin ofrecerá “un peritaje médico que incluya los elementos necesarios para la comprensión del procedimiento de salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas, así como sus efectos en la capacidad reproductora de la mujer[, y sobre] los eventos en los cuales la ligadura trompas se realiza como un procedimiento médico de emergencia”; y 3) Luisa Cabal sobre “el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al concepto de autonomía sexual y reproductiva en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1.f) del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados9.
La Comisión consideró que los peritajes ofrecidos se refieren a temas de orden público interamericano, en los términos del artículo 35.1.f) del Reglamento de la Corte, refiriéndose a que “el presente caso permitirá a la Corte desarrollar la jurisprudencia sobre las obligaciones positivas y negativas que imponen a los Estados los derechos a la salud y autonomía sexual y reproductiva, los cuales derivan a su vez de varias normas de la Convención Americana”. Asimismo, la Comisión argumentó que la Corte podrá pronunciarse, por primera vez, sobre el alcance de la responsabilidad internacional y los derechos involucrados en un supuesto aún no tratado en su jurisprudencia, esto es, en un caso que trataría a su criterio de esterilización forzada. Añadió que la Corte podrá pronunciarse sobre el consentimiento informado, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva, así como sobre las condiciones y requisitos para la manifestación de dicho consentimiento para ser considerado compatible con las obligaciones internacionales del Estado.
El Estado objetó la producción de los peritajes propuestos por la Comisión pues a su juicio el presente caso no ilustra hechos que afecten el orden público interamericano. Asimismo, alegó que no le corresponde a la Corte subsanar las falencias argumentativas en las que incurrió la Comisión en su ofrecimiento al no expresar en debida forma las razones por las que se afectaría el orden público interamericano de manera relevante.
En sus observaciones a las listas definitivas, el Estado solicitó a la Corte que desestimara el peritaje ofrecido de la señora Ana Cepin, pues en su criterio no obedece al orden público interamericano. Señaló que “[e]l peritaje ofrecido no tiene la vocación de generar un impacto en fenómenos y problemáticas, en materia de derechos humanos, que pueden enfrentar los demás Estados, por el contrario se enmarca, de manera evidente, exclusivamente en la plataforma fáctica del caso y en las pretensiones manifiestas por la Comisión y la representante”. Además, sostuvo que el peritaje ofrecido abordará, exclusivamente desde una perspectiva médica, el procedimiento de la salpingoclasia bilateral. Por ende, fue del criterio de que no aportará parámetros ni estándares jurídicos que constituyan un referente para la protección de los derechos humanos en el continente, es decir una cuestión novedosa en el sistema interamericano de derechos humanos.
En atención al objeto de cada uno de los peritajes propuestos y su relación con el orden público interamericano, el Presidente considera que los tres peritajes trascienden el interés y objeto del presente caso por abarcar aspectos científicos y jurídicos relacionados con el procedimiento de la salpingoclasia bilateral; el derecho a la salud sexual y reproductiva, y el consentimiento informado desde la perspectiva del derecho internacional y comparado. Debido a que éste sería el primer caso ante la Corte Interamericana que podría implicar un análisis de estándares internacionales sobre la afectación de derechos contenidos en la Convención Americana, derivada de una supuesta esterilización forzada en razón de un procedimiento de salpingoclasia bilateral, el Presidente estima que los mismos resultarán útiles para el análisis del presente caso. En ese sentido, el objeto de los peritajes trasciende la controversia del presente caso y se refiere a conceptos y aspectos que pueden tener un impacto sobre fenómenos ocurridos en otros Estados Parte de la Convención en relación con temas en evolución en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, el Presidente estima que los mismos resultan relevantes al orden público interamericano y procede admitirlos.
Solicitud de la Comisión para formular preguntas a los peritos ofrecidos por el Estado
La Comisión solicitó la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas, en la medida de lo relevante y razonable, a los peritos ofrecidos por el Estado de Bolivia, en caso de que se acepte la sustitución solicitada. La Comisión notó que el peritaje a cargo de los dos expertos médicos ofrecidos por el Estado se encuentran directamente relacionados con el peritaje a ser rendido por la Dra. Ana Cepin. Dicha perita se referirá a ambos aspectos de los peritajes ofrecidos por el Estado: i) el procedimiento de la salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas en sí mismo y sus efectos; y ii) las circunstancias en las cuales dicho procedimiento se realiza de emergencia.
Respecto a la referida solicitud de la Comisión, el Presidente recuerda las normas del Reglamento en cuanto a la recepción de declaraciones propuestas por la Comisión, así como en relación con la facultad de la misma para interrogar a los declarantes ofrecidos por las demás partes10. En particular, es pertinente recordar lo establecido en el artículo 52.3 del Reglamento, que prevé la posibilidad de que la Comisión interrogue a los peritos declarantes presentados por las demás partes, “si la Corte lo autoriza a solicitud fundada de la Comisión, cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos y su declaración verse sobre alguna materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión”. De modo tal que corresponde a la Comisión fundamentar en cada caso cuál es la vinculación tanto con el orden público interamericano como con la materia sobre la que verse un peritaje ofrecido por la misma, para que la Corte o su Presidencia pueda evaluar la solicitud oportunamente y, si corresponde, autorizar la posibilidad de que la Comisión haga su interrogatorio.
En cuanto al peritaje a cargo del señor Hochstatter Arduz, éste fue propuesto a fin de que se expidiera sobre “los factores médicos para la procedencia de la intervención quirúrgica de la [s]alpingoclasia [b]ilateral”. El Presidente considera que el objeto del peritaje de la señora Ana Cepin propuesto por la Comisión, en lo atinente a “los elementos necesarios para la comprensión del procedimiento de salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas, así como sus efectos en la capacidad reproductora de la mujer[, y] los eventos en los cuales la ligadura trompas se realiza como un procedimiento médico de emergencia”, tiene relación con el objeto del peritaje propuesto por el Estado.
Al respecto, el Presidente resalta que las consideraciones de los aspectos científicos que expondrán ambos peritos guarda íntima relación con las eventuales consideraciones jurídicas que pueda desarrollar el Tribunal en torno al consentimiento informado en materia sexual y reproductiva.
Por todo lo anterior, el Presidente estima procedente conceder oportunidad a la Comisión para formular preguntas al perito Hochstatter Arduz, específicamente en lo que atañe a temas relacionados con el orden público interamericano.
Es necesario asegurar la más amplia presentación de hechos y argumentos por las partes en todo lo que sea pertinente para la solución de las cuestiones controvertidas, garantizando a éstas tanto el derecho a la defensa de sus respectivas posiciones como la posibilidad de atender adecuadamente los casos sujetos a consideración de la Corte, teniendo en cuenta que su número ha crecido considerablemente y se incrementa de manera constante. Asimismo, es necesario que se garantice un plazo razonable en la duración del proceso, como lo requiere el efectivo acceso a la justicia. En razón de lo anterior, es preciso recibir por declaración rendida ante fedatario público el mayor número posible de declarantes, testigos y peritos y escuchar en audiencia pública a aquellas personas cuya declaración directa resulte verdaderamente indispensable, tomando en consideración las circunstancias del caso y el objeto de las declaraciones y dictámenes.
G.1. Declaraciones y dictámenes periciales a ser rendidos ante fedatario público
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 50.1 del Reglamento, lo indicado por la Comisión, la representante y el Estado, el objeto de las declaraciones ofrecidas, así como el principio de economía procesal, el Presidente estima conveniente recibir, por medio de declaración rendida ante fedatario público, las declaraciones de N.V., Andrés Gautier y Emma Bolshia Bravo, propuestos por la representante; el testimonio de Marco Vargas, propuesto por el Estado; así como el dictamen pericial de Luisa Cabal, propuesto por la Comisión y al cual se adhirió la representante.
El Presidente recuerda que el artículo 50.5 del Reglamento de la Corte contempla la posibilidad de que las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado y, en ciertos casos la Comisión, aporten un listado de preguntas para realizar a aquellas personas citadas a rendir declaraciones ante fedatario público. En aplicación de lo dispuesto en dicha norma reglamentaria, el Presidente procede a otorgar una oportunidad para que el Estado presente, si así lo desea, las preguntas que estime pertinentes a la declarante, a los testigos y a la perita referidos en el párrafo anterior, así como que la representante presente las preguntas que estime pertinentes al testigo propuesto por el Estado. Al rendir su declaración ante fedatario público la declarante, los testigos y la perita deberán responder a dichas preguntas, salvo que el Presidente disponga lo contrario. Los plazos correspondientes serán precisados en la parte resolutiva de la presente Resolución. La declaración, los testimonios y el peritaje antes mencionados serán transmitidos a la Comisión, a la representante y al Estado. A su vez, conforme al artículo 50.6 del Reglamento, la representante y el Estado, así como la Comisión en lo que le concierne, podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes respecto de dichas declaraciones en el plazo indicado en la presente Resolución (infra puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto).
G.2. Declaraciones y dictámenes periciales a ser recibidos en audiencia pública
Los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del procedimiento oral en cuanto a las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, por lo que el Presidente estima pertinente convocar a una audiencia pública para recibir la declaración de la presunta víctima I.V.; del testigo Edgar Torrico Ameller, propuesto por el Estado; y los dictámenes de las peritas Ana Cepin y Christina Zampas, ambas propuestas por la Comisión y a las que la representante adhirió, así como del perito Erwin Hochstatter Arduz, propuesto por el Estado. Adicionalmente, cabe advertir que si los peritos desean presentar su peritaje por escrito deberán aportarlo al momento de rendir su dictamen pericial ante la Corte11.
La representante y el Estado podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso, al término de las referidas declaraciones y dictámenes. Como se establece en el artículo 51.8 del Reglamento, concluidos los alegatos, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales orales.
De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, la representante, el Estado y la Comisión podrán presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, en el plazo fijado en el punto resolutivo decimosegundo de esta Resolución.
En Resolución adoptada por esta Presidencia de 13 de enero de 2016 (supra Visto 3), se resolvió declarar procedente la solicitud realizada por la presunta víctima, a través de su representante para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana, de modo que se otorgaría la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones en la modalidad que correspondiera. Habiéndose determinado las declaraciones ofrecidas por la representante que serán recibidas por el Tribunal y el medio por el cual se realizarán, corresponde precisar el destino y objeto específicos de dicha asistencia.
Al respecto, el Presidente dispone que la asistencia económica estará asignada para cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios para que la señora I.V. pueda participar en la audiencia pública. Adicionalmente, esta Presidencia determina que los gastos razonables de formalización y envío del affidávit de las demás declaraciones propuestas por la representante serán cubiertos con recursos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. A tal fin, la representante deberá remitir la cotización del costo de la formalización de la declaración jurada en el país de residencia del declarante y de su envío, en el plazo establecido en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo segundo).
La Corte realizará las gestiones pertinentes y necesarias para cubrir los costos de traslado, alojamiento y manutención de la persona compareciente con recursos provenientes del Fondo de Asistencia.
Finalmente, el Presidente recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento del Fondo, se informará oportunamente al Estado demandado las erogaciones realizadas en aplicación del mencionado Fondo, para que presente sus observaciones, si así lo desea, dentro del plazo que se establezca al efecto.
de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 15.1, 26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45 a 56 y 60 del Reglamento,
Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución (supra Considerando 38), de conformidad con el principio de economía procesal y de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, que las siguientes personas presten sus declaraciones ante fedatario público:
Propuesta por la representante
N.V., hija de la señora I.V., quien declarará sobre los hechos objeto del presente caso; las secuelas producidas en su madre, en ella y en su entorno familiar como consecuencia del procedimiento de salpingoclasia bilateral practicada en I.V. y del proceso penal instaurado para determinar las responsabilidades penales y civiles por los hechos objeto del presente caso, así como la solicitud de reparaciones.
Propuestos por la representante
Andrés Gautier, psicoanalista y miembro del ITEI, quien declarará sobre la salud psicológica y estado emocional de N.V., L.A. e I.V., en este último caso hasta el año 2008.
Emma Bolshia Bravo, psicóloga y directora del ITEI, quien declarará sobre la salud psicológica y estado emocional de I.V. entre los años 2008 y 2015.
Propuesto por el Estado
Marco Vargas, médico, quien declarará sobre la intervención quirúrgica realizada a I.V. el 1 de julio de 2000.
Propuesta por la Comisión y la representante
Luisa Cabal, abogada, quien rendirá dictamen sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como el concepto de autonomía sexual y reproductiva en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado.
Requerir a la representante y al Estado que remitan, de considerarlo pertinente, en lo que les corresponda y en el plazo improrrogable que vence el 11 de abril de 2016, las preguntas que estimen pertinentes formular a través de la Corte Interamericana a la declarante, a los testigos y a la perita indicados en el punto resolutivo primero de la presente Resolución. Las declaraciones y el peritaje requeridos en el punto resolutivo primero deberán ser presentados al Tribunal a más tardar el 25 de abril de 2016.
Requerir a la representante, al Estado y a la Comisión que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas de la contraparte, la declarante, los testigos y la perita incluyan las respuestas en sus respectivas declaraciones y dictámenes rendidos ante fedatario público, de conformidad con el Considerando 39 de la presente Resolución.
Disponer que, una vez recibidos las declaraciones y el peritaje requeridos en el punto resolutivo primero, la Secretaría de la Corte Interamericana los transmita a la representante, al Estado y a la Comisión para que presenten sus observaciones, conforme al Considerando 39, a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritos, respectivamente.
Convocar al Estado Plurinacional de Bolivia, a la representante de la presunta víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas que se celebrará durante el 114° Período Ordinario de Sesiones, que se llevará a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, el 2 de mayo de 2016, así como para recibir las declaraciones de las siguientes personas:
I.V., quien declarará sobre los hechos objeto del presente caso; las secuelas sufridas por ella y su entorno familiar como consecuencia del procedimiento de salpingoclasia bilateral; su proyecto de vida, y la solicitud de reparaciones.
Edgar Torrico Ameller, médico ginecólogo obstetra, quien declarará sobre la intervención quirúrgica realizada a I.V. el 1 de julio de 2000.
Propuestas por la Comisión y la representante
Ana Cepin, médica, quien rendirá dictamen sobre los elementos necesarios para la comprensión del procedimiento de salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas de Falopio, así como sus efectos en la capacidad reproductora de la mujer, incluyendo los eventos en los cuales se realiza como un procedimiento médico de emergencia.
Christina Zampas, abogada, quien rendirá dictamen sobre los estándares internacionales y de derecho comparado relevantes para el análisis del consentimiento informado, en general, como mecanismo de protección de los derechos de los pacientes y, en particular, en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo procedimientos de esterilización.
Erwin Hochstatter Arduz, médico, quien rendirá dictamen sobre los factores médicos para la procedencia de la intervención quirúrgica de salpingoclasia bilateral.
Requerir a Bolivia que facilite la salida y entrada de su territorio de los declarantes, si residen o se encuentran en él, quienes han sido citados en la presente Resolución a rendir declaración en la referida audiencia pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte.
Requerir a la Comisión Interamericana, al Estado y a la representante que notifiquen la presente Resolución a las personas por ellos propuestas, respectivamente, que han sido convocados a rendir declaración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.2 y 50.4 del Reglamento.
Informar a la Comisión, al Estado y a la representante que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo considerativo 44 de la presente Resolución.
Requerir a la Comisión, al Estado y a la representante que informen a las personas convocadas por la Corte para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.
Informar a la representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que, al término de las declaraciones rendidas en la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.
Disponer que la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento, indique a la Comisión Interamericana, a la representante y al Estado el enlace donde se encontrará disponible la grabación de la audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, a la brevedad posible luego de la celebración de la referida audiencia.
Informar a la representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que cuentan con un plazo hasta el 2 de junio de 2016 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable e independiente de la puesta a disposición de las partes de la grabación de la audiencia pública.
Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representante de la presunta víctima y al Estado Plurinacional de Bolivia.
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso I.V. Vs. Bolivia.
* De conformidad con lo indicado por la Comisión en su Informe No. 72/14, “por solicitud expresa del peticionario en comunicación de 7 de marzo de 2007, se mantiene en reserva el nombre de la presunta víctima”, utilizándose la sigla “I.V.” para referirse a la misma. De igual forma, se mantiene en reserva los nombres de las hijas de la presunta víctima, por lo que se utilizarán las siglas “N.V.” y “L.A.” para referirse a ellas.
1 La representante de la presunta víctima en el presente caso es la señora Rielma Mencias Rivadeneira, Directora Ejecutiva de Derechos en Acción.
2 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009, Considerando 45, y Caso Pollo Rivera y Otros Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2016, Considerando 30.
3 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de julio de 2010, Considerando 21, y Caso Yarce y Otros Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio para el presente caso de 26 de mayo de 2015, Considerando 47.
4 Dicha norma estipula lo siguiente: “[e]xcepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la Corte podrá aceptar la sustitución de un declarante siempre que se individualice al sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido”.
5 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de septiembre de 2010, Considerandos 8 y 10, y Caso Hermanos Landaeta Mejía y Otros Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de diciembre de 2013, Considerando 18.
6 El referido artículo establece que: “Los peritos podrán ser recusados cuando incurran en alguna de las siguientes causales: […] c. tener o haber tenido vínculos estrechos o relación de subordinación funcional con la parte que lo propone y que a juicio de la Corte pudiera afectar su imparcialidad”.
7 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009, Considerando 88, y Caso Cruz Sánchez y Otros Vs. Perú. Resolución del Presidente en Ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de diciembre de 2013, Considerando 41.
8 Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2010, Considerando 15, y Caso Yarce y Otros Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio para el presente caso de 26 de mayo de 2015, Considerando 65.
9 Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Pollo Rivera y Otros Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de marzo de 2016, Considerando 7.
10 Cfr. Caso Luna López Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, Considerando 20, y Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de diciembre de 2015, Considerando 26.
11 Cfr. Caso Herrera Espinoza y Otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 2015, Considerando 22, y Caso Flor Freire vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de diciembre de 2015, Considerando 35.

References: Resolución 
 artículo 49
 artículo 17
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 494
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 52
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 60
 artículo 54
 artículo 55
 Resolución 

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