Source: https://www.scribd.com/document/65683268/Amicus-Curiae-Veracruz-Terrorismo-y-Tuiteros
Timestamp: 2016-09-26 14:14:47+00:00

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LEGITIMACIÓN DE ARTICLE 19 PARA EFECTUAR ESTA PRESENTACIÓN
ARTICLE 19, con domicilio en México, Distrito Federal, es una organización internacional sin fines de lucro, defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión. Y busca promover el derecho de toda persona a expresarse libremente y a recibir información. Constituye un objetivo central de ARTICLE 19 promover e impulsar la utilización de los tribunales locales para fomentar el pleno ejercicio de los derechos, a través de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos. En tal sentido, entre sus mandatos se encuentra el de contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, a través de la utilización de herramientas judiciales y cuasi-judiciales tanto a nivel interno como en la esfera internacional. El derecho a la libertad de expresión constituye una de las herramientas fundamentales para el libre flujo de la información y la importancia de construir una sociedad informada y una democracia participativa que permita a los ciudadanos ejercer el control de las instituciones de gobierno. Por lo expuesto entendemos que nos encontramos plenamente facultadas para presentar, en el presente caso, este “Amicus Curiae” en donde se expondrán las razones por las cuales consideramos que el delito de “terrorismo equiparado” y el de “sabotaje” así como todos los actos que han derivado de su aplicación, resultan claramente incompatibles con los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Estado Mexicano. Un memorial de “amicus curiae”, como el presente, ha sido definido como “...una presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la 1 sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida...”.
Martín Abregú y Christian Courtis, “Perspectivas y posibilidales del amicus curiae en el derecho argentino”, en “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, compilado por los nombrados, CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 387 y ss.
OBJETO: ............................................................................................................................................... 1 LEGITIMACIÓN DE ARTICLE 19 PARA EFECTUAR ESTA PRESENTACIÓN .............................................. 1 INDICE.................................................................................................................................................. 2 1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS DELITOS DE TERRORISMO EQUIPARADO Y SABOTAJE RESPECTO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN .......................................................................................................................................... 3 A. B. Libertad de expresión y su función social ............................................................................... 5 Restricciones válidas a la libertad de expresión...................................................................... 5 Prueba Tripartita ......................................................................................................................... 6 1. 2. 3. Legalidad (debida taxatividad penal) .............................................................................. 7 Propósito o fin legítimo ................................................................................................... 9 Necesidad y proporcionalidad....................................................................................... 11
2. DELITO DE TERRORISMO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS ......................................... 13 3. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DELITOS DE TERRORISMO EQUIPARADO Y SABOTAJE, LA PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE ............................................................. 20 A. Inconstitucionalidad por no ajustarse al principio de legalidad penal ................................. 20
B. La jurisprudencia sobre legalidad penal como jurisprudencia temática y suplencia de la queja deficiente en cuanto inconstitucionalidad de leyes (Aplicabilidad de la Jurisprudencia P./J. 104/2007) y análisis ex officio de Convencionalidad .................................................................... 21 C. Interpretación conforme y pro persona (artículo 1 Constitución Federal) ........................... 28
PROPUESTAS ..................................................................................................................................... 30
1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS DELITOS DE TERRORISMO EQUIPARADO Y SABOTAJE RESPECTO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El derecho internacional de los derechos humanos (claramente obligatorio para México de acuerdo a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011)2 establece diversas obligaciones entre las que se encuentra la de respetar los derechos humanos, vinculando a todos sus poderes públicos, tal cual se desprende de los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aspecto ampliamente desarrollado por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Observación General 31 sobre la “Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto”,3 a saber: 4. Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango —nacional, regional o local— están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte. Y continúa el intérprete original del PIDCP señalando: 7. En el artículo 2 se dispone que los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, judiciales, administrativas y educativas y demás medidas que sean apropiadas para cumplir con sus obligaciones jurídicas.
De igual forma, las obligaciones de respetar y adoptar disposiciones de derecho interno se encuentran en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), situación que también ha sido abordada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la Opinión Consultiva 14/94 sobre “Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, al precisar: 50. La Corte concluye que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 del 26 de mayo de 2004 http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/59/PDF/G0441959.pdf?OpenElement
Así el intérprete original de la CADH precisa: 57. La Corte concluye que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron. Lo anterior nos lleva a la afirmación de que, los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje al ser leyes manifiestamente violatorias del derecho internacional de derechos humanos por su ambigüedad y vaguedad, generará la responsabilidad internacional de México en caso de no tomarse las medidas adecuadas que, ajusten la actuación del poder público conforme a las exigencias del derecho internacional derechos humanos. Asimismo el “Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo” quien es el especialista en la materia de Terrorismo de la ONU,4 ha referido desde su primer informe a la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU (hoy Consejo de Derechos Humanos) en el 2005 (E/CN.4/2006/98) que: 27. Es especialmente preocupante para el mandato del Relator Especial que los repetidos llamamientos de la comunidad internacional en los que se pide que se tomen medidas para acabar con el terrorismo puedan, debido a la falta de una definición universal y global del término, resultar perjudiciales para los derechos humanos. Si no se define el término, puede entenderse que los llamamientos de la comunidad internacional a combatir el terrorismo dejan la definición al criterio de cada Estado. Ello entraña el peligro de que se produzcan violaciones no intencionadas de los derechos humanos e incluso una tergiversación deliberada del término. El Relator Especial expresa su preocupación no sólo porque en algunos Estados se tergiverse el término deliberadamente, sino también por los casos más frecuentes de utilización, en las leyes nacionales de lucha contra el terrorismo, de terminología que no se limita exclusivamente a la lucha antiterrorista. Asimismo, se corre el riesgo de que la utilización del concepto de "terrorismo" por la comunidad internacional, en ausencia de una definición del término, resulte en la legitimación internacional involuntaria de las prácticas de regímenes opresores, pues se transmite el mensaje de que la comunidad internacional desea que se actúe con contundencia contra el "terrorismo" cualquiera sea su definición.5
Así, se ha evidenciado el peligro de incumplir con las responsabilidades en materia de derechos humanos por el uso inadecuado de leyes sobre terrorismo (incluyendo la regulación de delitos y su aplicación), tal cual se evidenciará acontece con la normatividad en el Estado de Veracruz.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement
A. Libertad de expresión y su función social
La función social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, ha sido un tema recurrente en los desarrollos del concepto a nivel internacional,6 donde se le tiene como “piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”,7 así lo la ha referido la CoIDH al ser el órgano internacional con mayor impacto para el sistema estatal mexicano.
B. Restricciones válidas a la libertad de expresión
Es evidente que la libertad de expresión al no estar catalogada como un derecho absoluto, puede sujetarse a ciertas restricciones, mismas que internacionalmente han sido claramente definidas, a fin de evitar un actuar autoritario, arbitrario o abusivo del poder público, así la CoIDH ha señalado que: Dicha libertad de expresión puede estar sujeta a restricciones8, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención9. El artículo
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 116; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, reparaciones, y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 152; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, parr. 69; European Court of Human Rights, Case of Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria, Judgement of 13 February, 2004, para. 29; Eur. Court H.R., Case of Perna v. Italy, Judgment of 6 May, 2003, para. 39; Eur. Court H.R., Case of Dichand and others v. Austria, Judgment of 26 February, 2002, para. 37; Eur. Court. H.R., Case of Lehideux and Isorni v. France, Judgment of 23 September, 1998, para. 55; Eur. Court H.R., Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria, Judgment of 20 September, 1994, Series A no. 295-A, para. 49; Eur. Court H.R. Case of Castells v Spain, Judgment of 23 April, 1992, Serie A. No. 236, para. 42; Eur. Court H.R. Case of Oberschlick v. Austria, Judgment of 25 April, 1991, para. 57; Eur. Court H.R., Case of Müller and Others v. Switzerland, Judgment of 24 May, 1988, Series A no. 133, para. 33; Eur. Court H.R., Case of Lingens v. Austria, Judgment of 8 July, 1986, Series A no. 103, para. 41; Eur. Court H.R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March, 1985, Series A no. 90, para. 58; Eur. Court H.R., Case of The Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 29 March, 1979, Series A no. 30, para. 65; y Eur. Court H.R., Case of Handyside v. United Kingdom, Judgment of 7 December, 1976, Series A No. 24, para. 49. African Commission on Human and Peoples' Rights, Media Rigths Agenda and Constitucional Rights Project v. Nigeria, Communication Nos 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, Decision of 31 October, 1998, para 54. Comité de Derechos Humanos ONU, Aduayom y otros c. Togo (422/1990, 423/1990 y 424/1990), dictamen de 12 de julio de 1996, párr. 7.4. 7 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70. Ver también; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párrs. 64 a 68; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 116; Caso Usón Rámirez Vs. Venezuela, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 47
Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 39, párr. 36. Ver también, Caso Herrera Ulloa, párr. 120 y Caso Perozo y otros, supra nota 14, párr. 117. 9 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 56 y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131.
13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. La Corte ha precisado las condiciones que los Estados Partes deben cumplir para poder restringir o limitar el derecho a la libertad de expresión mediante la excepcional determinación de responsabilidades ulteriores, advirtiendo que dicho derecho no se debe limitar más allá de lo estrictamente necesario10.
Prueba Tripartita Las restricciones referidas, tienen que ajustarse al análisis de lo que se ha denominado como “prueba tripartita” a fin de determinar si las restricciones y una eventual responsabilidad ulterior se ajustan a las obligaciones internacionales. La CoIDH al analizar casos sobre violaciones a los derechos humanos que pueden derivar en el señalamiento de la responsabilidad internacional de México, ha precisado que al revisar un caso concreto sobre libertad de expresión y la pertinencia de las restricciones se hará lo siguiente:11 1) Verificar si la tipificación del delito afecta la legalidad estricta que es preciso observar al restringir la libertad de expresión por la vía penal. 2) Estudiar si la protección de bien jurídicamente tutelado por el tipo penal sirve a una finalidad legítima de acuerdo con la CADH y determinará, en su caso, la idoneidad de la sanción penal para lograr la finalidad perseguida. 3) Evaluar la necesidad de la medida. 4) Analizar la estricta proporcionalidad de la medida, esto es, si la sanción prevista garantizó la protección del bien jurídicamente tutelado por la ley penal, sin hacer nugatorio el derecho a la libertad de expresión. El análisis de la restricciones legítimas, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención o persecución de actividades terroristas, debe realizarse conforme a la referida prueba tripartita (1, legalidad; 2, propósito legítimo; 3, necesidad y proporcionalidad),12 así ha sido precisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el “Informe sobre terrorismo y derechos humanos” (OEA/Ser.L/V/II/.116 Doc. 5 rev. 1 corr.) del 22 de octubre de 2002: 274. El artículo 13(2) de la Convención Americana, si bien prohíbe explícitamente la censura previa, permite la aplicación de sanciones ulteriores en circunstancias limitadas. Esas sanciones “deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 46. Ver también, Caso Herrera Ulloa, párr. 120; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 110; Caso Kimel, párr. 54; Caso Usón Rámirez, párr.48 11 Cfr. Caso Usón Rámirez, párr.48 12 Caso Herrera Ulloa, párr.120; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 116
*…+ 278. Con respecto al requisito de “necesidad”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que ello significa que la pena ulterior es más que “útil”, “razonable” u “oportuna”.13 Más bien, el gobierno debe demostrar que esa pena debe ser el medio menos restrictivo posible para lograr el interés que impulsa al gobierno. Las penas “deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13”. Además, las disposiciones deben estar encuadradas de tal modo que “no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”. Esta es un estándar sumamente alto y toda disposición que imponga la responsabilidad subsiguiente por el ejercicio de la libertad de expresión debe ser detenidamente examinada, utilizando esta prueba de proporcionalidad a fin de evitar limitaciones indebidas de este derecho fundamental.
1. Legalidad (debida taxatividad penal)
Los compromisos internacionales contemplan que toda limitación a la libertad de expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley,14 aspecto que ha sido retomado por la CoIDH:15 79. La Corte considera importante reiterar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa16. Asimismo, la Corte ha señalado anteriormente que el Derecho Penal es el
La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 40. Ver también, Caso Tristán Donoso, párr. 77; Caso Kimel, párr. 63, y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 89; Caso Usón Ramírez, párr. 55. 15 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 79
medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita17. Al ser el Derecho Penal, el medio más restrictivo es necesario que el delito, se ajuste al estándar de debida taxatividad penal,18 que resulta un requerimiento característico de la tipificación penal, esto a fin de ajustarse al principio de legalidad. La CoIDH ha señalado que:19 55. La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información”20. En este sentido, cualquier limitación o restricción a aquélla debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad21. En efecto, la Corte ha declarado en su jurisprudencia previa que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal22. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. (…) Así, la tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa, más aún cuando el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano23. (RESALTADO NUESTRO) En sentido similar el “Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo” ha enfatizado que: 46. El primer requisito del párrafo 1 del artículo 1524 es que la prohibición de actos terroristas debe ajustarse a lo prescrito en el derecho nacional e internacional. Para que esté "prescrita por la ley" la prohibición debe estar enmarcada de manera que la ley sea suficientemente accesible para que las personas estén debidamente informadas del modo en que la ley limita su conducta, y esté formulada con precisión suficiente para que las personas puedan modificar su conducta. Los
Cfr. Caso Ricardo Canese Vs Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Fondo, reparaciones y costas, Serie C 111, párr. 95; Caso Herrera Ulloa, párr. 120; y La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 39. 17 Cfr. Caso Ricardo Canese, párr. 104.
Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 121; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 125, y Caso Kimel, párr. 63; Caso Lori Berenson Mejia, párrs. 51 y 55; Caso Palamara Iribarne, párr. 79. ONU Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Filipinas (CCPR/CO/79/PHL) párr. 9; Israel (CCPR/CO/78/ISR) párr. 14; Estonia (CCPR/CO/77/EST) párr. 8, entre otros.
Caso Usón Rámirez párr.55
La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 39, párr. 40. Ver también, Caso Tristán Donoso, párr. 77; Caso Kimel, supra nota 41, párr. 63, y Caso Claude Reyes, párr. 89. 21 Cfr. Caso Kimel, párr. 63. 22 Cfr. Caso Castillo Petruzzi, párr. 121; Caso Yvon Neptune, párr. 125, y Caso Kimel, párr. 63. 23 Cfr. Caso Kimel, párr. 63. 24 Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
delitos de terrorismo deben ser tipificados de manera que quede claro qué elementos del delito le confieren carácter de terrorista. De modo similar, cuando algún delito esté vinculado a "actos de terrorismo", debe definirse con claridad qué constituye un acto de ese tipo. 47. Debido a la necesidad de precisión, y para evitar la utilización de la lucha contra el terrorismo como excusa para extender innecesariamente el alcance del derecho penal, es fundamental que los delitos tipificados en la legislación antiterrorista, así como todas las competencias de investigación y encausamiento relacionadas con ella, se circunscriban a la lucha contra el terrorismo. Los delitos que no tengan carácter terrorista (con arreglo a la tipificación anterior), independientemente de su gravedad, no deben estar sujetos a la legislación antiterrorista. Tampoco deberían adoptarse medidas antiterroristas contra actos cuyo carácter no sea terrorista, ni siquiera si quien los comete es sospechoso de delitos de terrorismo. El Relator Especial reafirma las declaraciones realizadas anteriormente en el mismo sentido por la Relatora Especial de la Subcomisión sobre el terrorismo y los derechos humanos.25
Y continúa el Relator: 72. (…) En cuanto a la prohibición de actos terroristas, es importante que los Estados velen por que las prescripciones en la materia sean de fácil acceso, estén formuladas con precisión, se apliquen únicamente a la lucha contra el terrorismo y no sean discriminatorias ni retroactivas.26
El primer elemento de la prueba tripartita ajustado al tema de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje exige, para evitar generar responsabilidad por violación a los derechos humanos que, se defina con claridad la conducta delictiva, fijando sus elementos y deslindando aquellos comportamientos no punibles, ya que sólo así se cumplirá con el principio de taxatividad penal.
2. Propósito o fin legítimo
Los fines legítimos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos del cual México es parte, solamente son aquellos expresamente señalados por la normatividad internacional,27 como son la protección de los: derechos de terceras personas, seguridad nacional, salud, paz pública y orden público.28
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement 27 Caso Claude Reyes, párr. 90 28 Abrimos un paréntesis para aclarar que, la jurisprudencia -76 (H)- de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran avance al definir que el orden público se perturba sólo cuando los actos tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. (DISOLUCIÓN SOCIAL, TIPOS DE CONDUCTA QUE CONSTITUYEN EL DELITO DE-[TESIS HISTÓRICA]-.
La protección de la paz y el orden público, toman relevancia ya que en el caso motivo del presente Amicus Curiae, con el presunto interés de tutelarlos, se han utilizado los tipos penales de terrorismo equiparado y sabotaje. Es importante señalar lo que debe entenderse por orden público a fin de evitar generar responsabilidad internacional, esto es, por orden público debe entenderse lo señalado en el “Informe sobre terrorismo y derechos humanos”29 de la CIDH, ya antes referido:
276. Dos de las posibles justificaciones para la responsabilidad posterior por expresiones emitidas son relevantes en el contexto de la lucha contra el terrorismo: el orden público y la seguridad nacional. El “orden público” como ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.”30 (RESALTADO NUESTRO) En dicho informe de igual forma se retoma el estándar elaborado por la CoIDH:
[E]l mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.31
No basta invocar la protección del orden público sino que, deben señalarse con toda precisión lo que se entenderá por orden público cuya interpretación deberá limitarse a las exigencias de una sociedad democrática32, como ha sido precisado por la CoIDH: 55. Los requisitos sustantivos disponen que toda restricción debe efectuarse en aras de la seguridad de todos y de acuerdo con las exigencias justas de una sociedad democrática, y que su aplicación debe ser proporcionada y adecuada con precisión al objetivo legítimo que la determina.33 La Corte Interamericana ha sugerido a este respecto que el orden público y el bienestar general pueden debidamente ser considerados al evaluar las limitaciones a los derechos de la naturaleza señalada. El orden público, a su vez, se refiere a las condiciones que garantizan el funcionamiento normal y armónico de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, en tanto el concepto de bienestar general dentro del marco de la Convención Americana se refiere a las condiciones de la vida social que permiten a los miembros de la sociedad llegar a los más altos
http://www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/indice.htm Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 64. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 69.
“Informe sobre terrorismo y derechos humanos” (OEA/Ser.L/V/II/.116 Doc. 5 rev. 1 corr.) del 22 de octubre de 2002 33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos .Caso 10.506, Informe N° 38/96, X & Y (Argentina), Informe
Anual de la CIDH 1996, párr. 71.
niveles de desarrollo personal y al logro óptimo de los valores democráticos. Cuando se invocan estos conceptos como fundamentos para limitar los derechos humanos, sin embargo, los mismos deben estar sujetos a una interpretación estrictamente limitada a las exigencias justas de la sociedad democrática, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar intereses encontrados y la necesidad de preservar el objeto y propósito de la Convención.
El último punto de la llamada “prueba tripartita” exige que toda restricción a la libertad de expresión sea necesaria y proporcional,34 sin que eso signifique que sea sinónimo de indispensable al no ser suficiente demostrar que sea “útil”, “razonable” u “oportuna”.35 En este sentido, la CoIDH señala que las restricciones para evitar generar la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, deberán justificarse según objetivos colectivos que preponderen claramente sobre el ejercicio de la libertad de expresión:
85. El Tribunal ha señalado que la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 36.
Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 46, Caso Claude Reyes, párr. 91; Comité de Derechos Humanos, Aduayom y otros c. Togo (422/1990, 423/1990 y 424/1990), dictamen de 12 de julio de 1996, párr. 7.4.; European Court of Human Rights, Case of The Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 29 March, 1979, Series A no. 30, para. 65; y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March, 1985, Series A no. 90, para. 58; African Commission on Human and Peoples' Rights, Media Rigths Agenda and Constitucional Rights Project v. Nigeria, Communication Nos 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, Decision of 31 October, 1998, para 54. 35 Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas, supra nota 85, párr. 46; Eur. Court H. R., Case of The Sunday Times, supra nota 91, para. 59. 36 Cfr. Caso Palamara Iribarne párr. 85; Caso Ricardo Canese, párr. 96; Caso Herrera Ulloa, párrs. 121 y 123; y La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 46.
La misma CoIDH establece con claridad que, debe buscarse restringir lo menos posible el derecho a la libertad de expresión,37 sea por leyes, decisiones u otros actos del poder público.38 La exigencia del derecho penal mínimo es de gran relevancia para el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de evitar un ejercicio abusivo del poder público que generaría la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos. La CoIDH ha señalado:
119. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del 39 Estado .
Y reitera la CoIDH que toda medida penal se debe analizar con especial cautela, preponderando la extrema gravedad de la conducta, el dolo y demás datos que pongan de manifiesto la necesidad – de forma excepcional- de utilizar medidas penales, para ajustarse a la directriz del derecho penal mínimo:
74. La necesidad de utilizar la vía penal para imponer responsabilidades ulteriores al ejercicio del derecho a la libertad de expresión se debe analizar con especial cautela y dependerá de las particularidades de cada caso. Para ello, se deberá considerar el bien que se pretende tutelar, la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado, las características de la persona cuyo honor o reputación se pretende salvaguardar, el medio por el cual se pretendió causar el daño y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento 40 la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación .
La proporcionalidad en la restricción a la libertad de expresión, además de estar claramente prevista en una ley que evidencie el fin legítimo a protegerse y la necesidad de dicha medida restrictiva, según lo ha señalado la CoIDH se deberá analizar:
80. (…) i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si 41 la satisfacción de éste justifica la restricción del otro.(…)
Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Fondo, reparacones y costas, Serie C 141, párr. 165; Caso Palamara Iribarne, párr. 85; Caso Ricardo Canese, párr. 96, y Caso Herrera Ulloa, párrs. 121 y 123. 38 Caso López Álvarez, párr. 165
Cfr. Caso Tristán Donoso, párr. 119; Caso Kimel, párr. 76. Caso Uson Ramírez, párr. 74; Caso Tristán Donoso, párr. 120; cfr. Caso Kimel, párr. 78. Ver también European Court of Human Rights Mamère v. France, no. 12697/03, para 27; ECHR, Castells v. Spain. judgment of 23 of April 1992, paras 42, 46. Series A no. 236, y Cumpana and Mazare v. Romania [GC], no. 33348/96, para 115, ECHR 2004-XI. 41 Caso Uson Ramírez, párr. 80; Caso Kimel, párr. 84.
El proceso penal mismo, evidencia la falta de proporcionalidad de la medida respecto la afectación a la libertad de expresión, esto es, se actualiza como una afectación grave a la libertad de expresión de acuerdo a la CoIDH:
85. Respecto al grado de afectación de la libertad de expresión, la Corte considera que las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la imposición de la sanción, la inscripción en el registro de antecedentes penales, el riesgo latente de posible pérdida de la libertad personal y el efecto estigmatizador de la condena penal impuesta (…) demuestran que las responsabilidades ulteriores establecidas en este caso fueron 42 graves.
2. DELITO DE TERRORISMO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
El referido “Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo” que, como se ha señalado, es el especialista en la materia de Terrorismo de la ONU, ha referido desde el 2005 (E/CN.4/2006/98) que:
72. (…) Únicamente deberían considerarse "delitos de terrorismo" aquéllos en los que concurran las tres condiciones siguientes de forma acumulativa: a) actos cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves; b) actos cometidos con la intención de provocar un estado de terror, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo; y c) actos que constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito. Análogamente, la tipificación como delito de actos de apoyo a delitos de terrorismo debería limitarse a los actos de apoyo a los delitos que cumplan todas las características 43 citadas. (RESALTADO NUESTRO)
El Consejo de Seguridad de la ONU desde el 2004, en su resolución 1566 insta a los Estados a que cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, a través de la prevención y sanción de actos que reúnan las siguientes 3 características de manera acumulativa (método acumulativo):
1) Actos, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes; y 2) Actos cometidos, independientemente de toda justificación por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar, con la intención de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una
Caso Kimel, párr. 85 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement
organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo; y 3) Actos que constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito.44
Lo anterior también ha sido avalado por la Asamblea General de la ONU al precisar:
164. Esta definición de terrorismo debería incluir los elementos siguientes: (…) d) La siguiente descripción del terrorismo: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.45 Respecto la tipificación de terrorismo, el “Relator especial sobre la promoción y protección de
los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo” ha precisado que, los tipos penales deben ser acordes a los delitos ya establecidos en convenios internacionales, esto es, deberá limitarse a los actos de auténtico carácter terrorista y, en consecuencia sólo pueden ser aquellos que tengan una finalidad específica, a saber: la intención de intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes; y con la intención de provocar un estado de terror, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo.46
En cuanto a la incitación a cometer un acto o actos de terrorismo y/o su cooperación, sólo deberían considerarse como tal, aquellas conductas delictivas que reúnan las tres características, y no obstante lo anterior se ha precisado a nivel internacional que: “la incitación de otros actos delictivos puede ser ilícita, y quizá sea preciso hacerla
punible en algunos casos, de conformidad con el artículo 20, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o con el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, dicha incitación no debería tipificarse como "incitación al terrorismo".47
Cfr numeral 3 de la Resolución S/RES/1566 (2004) del 8 de octubre de 2004 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1566%20(2004) c 45 Asamblea General ONU “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” del 2 de diciembre de 2004, A/59/565 párr. 165. d) http://www.un.org/spanish/secureworld/report_sp.pdf también ver http://www.un.org/spanish/secureworld/ 46 E/CN.4/2006/98 párr 42 http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement 47 E/CN.4/2006/98 párr 43 http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/87/PDF/G0516887.pdf?OpenElement
Lo anterior se ve fortalecido por la Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/65/22148 del 5 de abril de 2011 sobre la “Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, donde retoman y complementan las resoluciones que desde 1994 a la fecha se han formulado49 respecto el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, al señalar que:
“6. Insta a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo: (…) l) Aseguren que las leyes que penalizan el terrorismo sean accesibles, estén formuladas con precisión, no sean discriminatorias ni tengan carácter retroactivo y se ajusten al derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos; (…)”
Asimismo, dicha Resolución de la Asamblea General de la ONU enfatiza la necesidad de proteger los derechos humanos al precisar que: 1. Reafirma que los Estados deben cerciorarse de que las medidas adoptadas para combatir el terrorismo estén en consonancia con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; … 4. Reafirma que las medidas de lucha contra el terrorismo deben aplicarse de conformidad con el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, tomando así plenamente en consideración los derechos humanos de todos, incluidas las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y, a ese respecto, no deben ser discriminatorias por motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o el origen social; … 6. Insta a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo: a) Cumplan plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, con respecto a la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; … 7. Insta también a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo, tomen en consideración las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, y los alienta a que tengan debidamente en cuenta las recomendaciones procedentes de procedimientos y mecanismos especiales del
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/221 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/168; http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/185; http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/159; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/487/99/PDF/N0448799.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/487/75/PDF/N0448775.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/505/05/PDF/N0350505.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/553/67/PDF/N0255367.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/487/45/PDF/N0148745.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/265/62/PDF/N0026562.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/770/26/PDF/N9877026.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/770/62/PDF/N9677062.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/770/92/PDF/N9577092.pdf?OpenElement; http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/067/85/PDF/N9406785.pdf?OpenElement
Consejo de Derechos Humanos, y las observaciones y opiniones pertinentes de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos; … En sentido similar en la “Declaración sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo”50 el Consejo de Seguridad de la ONU exhorta a que:
6. Los Estados deben cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional y adoptar esas medidas de conformidad con el derecho internacional, en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario; En 2010 el “Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo” refirió que:
12. Junto con su deber de proteger a todas las personas sometidas a su jurisdicción contra actos de terrorismo, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos, derecho de los refugiados y derecho humanitario. Estas obligaciones jurídicas dimanan tanto del derecho internacional consuetudinario, aplicable a todos los Estados como de los tratados internacionales, aplicables a los Estados partes. El respeto de todos los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo constituye una práctica óptima, no sólo porque se trata de una obligación jurídica de los Estados, sino también porque es un aspecto indispensable de una estrategia de lucha contra el terrorismo que arroja buenos resultados a mediano y largo plazo. Por consiguiente, la Estrategia global contra el terrorismo establece que el respeto general de los derechos humanos y del estado de derecho es uno de sus cuatro pilares y la base fundamental de la lucha contra el terrorismo (por lo tanto, aplicable a todos los aspectos de la Estrategia). En el primer pilar, la Estrategia reconoce además que el respeto de los derechos humanos es necesario para hacer frente a las condiciones a largo plazo que propician el terrorismo, como el imperio de la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales y religiosos, la exclusión política, la marginación socioeconómica y la falta de buena gobernanza. Dejando claro que ninguna de estas condiciones puede excusar ni justificar el terrorismo, la Estrategia constituye una afirmación clara de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de que las medidas eficaces de lucha contra el terrorismo no son contradictorias con la protección de los derechos humanos, sino que la complementan y que sus objetivos se refuerzan recíprocamente. Esto también refleja la flexibilidad de las normas de derechos humanos. Aplicando escrupulosamente las normas de derechos humanos es posible responder con eficacia a los desafíos que entraña la lucha contra el terrorismo al tiempo que se respetan los derechos humanos. No es necesario en este proceso encontrar un equilibrio entre derechos humanos y seguridad, ya que
Consejo de Seguridad ONU “Declaración sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo” S/RES/1456 (2003) del 20 de enero de 2003 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1456(2003)
el equilibrio puede y debe encontrarse en las propias normas de derechos 51 humanos. La ley es el equilibrio, no un peso que deba medirse.
13. Para lograr la complementariedad y el fortalecimiento mutuo, el Relator Especial determina diez esferas de mejores prácticas aplicables al marco legislativo de los Estados Miembros en su lucha contra el terrorismo. La primera se refiere a la compatibilidad entre la legislación contra el terrorismo —bien sea en forma de leyes especiales o bien como parte de las leyes "ordinarias", como la inclusión de los delitos de terrorismo en el Código Penal— y las normas de derechos humanos y derecho de los refugiados y, en su caso, las de derecho humanitario. Esa compatibilidad es esencial en lo que concierne tanto a la legislación vigente como a la futura. En los proyectos de legislación antiterrorista, muchos Estados incluyen mecanismos para determinar si aquéllos respetan las normas de derechos Humanos (el Canadá, Ley del Departamento de Justicia de 1985,
art. 4.1; Nueva Zelandia, Ley de la Carta de Derechos de 1990, art. 7; y el Reino Unido, Ley 52 de derechos humanos de 1998, art. 19)…
Por lo anterior el Relator formuló normas modelo sobre la promulgación, revisión e interpretación de la legislación contra terrorismo, siendo relevantes las 53 siguientes: Práctica 1. Disposiciones modelo sobre compatibilidad de las leyes contra el terrorismo con las normas de derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados La legislación antiterrorista estará sujeta a los procedimientos y garantías siguientes: 1. Los proyectos de ley o de texto revisado de leyes vigentes deben ir acompañados de una advertencia en que se señale a la atención del poder legislativo toda disposición del proyecto que parezca ser incompatible con la letra y el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados que sean vinculantes para el Estado. 2. El poder legislativo, por conducto de un órgano especial o por otros medios, examinará todo proyecto de ley a fin de cerciorarse de su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados que sean vinculantes para el Estado. 3. El poder judicial velará por que las leyes no infrinjan las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados que sean vinculantes para el Estado. En el cumplimiento de este deber, los tribunales aplicarán los medios que ponga a su disposición la Constitución, como, por ejemplo: a) Adoptar una interpretación de la ley que esté en consonancia con la letra y el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados que sean vinculantes para el Estado; b) Dejar, en su caso, sin efecto la parte de la ley que sea incompatible;
Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement 52 Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement 53 Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement
c) Declarar que la ley incompatible carecerá de validez y efecto, bien sea de inmediato bien sea después de un período que permita al gobierno adoptar medidas correctivas. 4. Si el Estado es parte en un conflicto armado, los principios expuestos se aplicarán también de manera que sean compatibles con la letra y el espíritu del derecho internacional humanitario, sin perjuicio de la obligación de respetar las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados. Práctica 2. Disposición modelo sobre compatibilidad de la actividad antiterrorista con las normas de derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados En el cumplimiento y ejercicio por cualquier persona de cualquiera de las funciones previstas en el marco de la legislación antiterrorista, será ilegal todo acto incompatible con la letra y el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados que sean vinculantes para el Estado. En este sentido: 1. El ejercicio de las funciones y atribuciones se basará en normas jurídicas claras que enumeren taxativamente dichas atribuciones. 2. En el ejercicio de dichas funciones y atribuciones, no se violarán las normas imperativas o inderogables del derecho internacional ni se atentará contra la esencia de cualquier derecho humano. 3. Siempre que el ejercicio de las funciones y atribuciones entrañe la restricción de un derecho humano sujeto a limitación, tal restricción deberá ser lo menos intensa posible y además: a) Ha de ser necesaria en una sociedad democrática para perseguir un objetivo definido legítimo y autorizado por el derecho internacional; y b) Ha de ser proporcional al beneficio que resulta de la consecución del objetivo legítimo de que se trate. 4. Si el Estado es parte en un conflicto armado, las disposiciones en cuestión se aplicarán también de manera que sean compatibles con los principios y normas del derecho internacional humanitario, sin perjuicio de la obligación de respetar las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados. … Práctica 5. Disposición modelo sobre medidas de reparación efectivas Toda persona cuyos derechos humanos hayan sido violados en el curso de actividades de lucha contra el terrorismo o por efecto de la aplicación de la legislación antiterrorista tiene derecho a una reparación efectiva, jurídicamente exigible y sin dilaciones. Corresponderá a los tribunales velar por la realidad de este derecho. Práctica 6. Disposiciones modelo sobre reparación y asistencia a las víctimas 1. Las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido daños personales o materiales como consecuencia de un acto de terrorismo o de actos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo deberán ser indemnizadas con cargo al presupuesto del Estado, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 2. Las personas físicas que hayan sufrido daños físicos o de otro tipo o hayan sido víctimas de una violación de los derechos humanos como resultado de un acto de terrorismo o de actos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo deberán disponer de la asistencia jurídica, médica, psicológica y de otra índole, necesaria para su rehabilitación social, costeada con cargo al presupuesto del Estado. Práctica 7. Definición modelo de terrorismo Práctica 8. Definición modelo del delito de incitación al terrorismo Finalmente, el Relator de la ONU ha señalado que:
26. La legislación, los principios y la actividad antiterroristas tendrán como único objetivo la lucha contra el terrorismo, definido en su sentido propio. El enfoque adoptado por la mayoría de los Estados consiste en anclar los delitos de terrorismo en una definición específica de "terrorismo", "acto terrorista", "actividad terrorista" o términos similares. Estas definiciones se remiten también a veces a listas de organizaciones proscritas (ya sea en conjunción con la Lista consolidada de las Naciones Unidas o como complemento de ésta), modifican las facultades de detención, interrogatorio y las normas relativas a la prisión y el enjuiciamiento y contienen medidas administrativas, como la expulsión del país y la confiscación de bienes. De ahí que la adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias pueda dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, por ejemplo, para responder a reivindicaciones y movimientos sociales de pueblos indígenas, así como a violaciones no intencionales de los derechos humanos. Si la legislación antiterrorista y las actividades asociadas no se circunscriben a combatir conductas que son realmente de carácter terrorista, también se corre el riesgo de que, si tienen por efecto restringir el disfrute de los derechos y libertades, se quebranten los principios de necesidad y proporcionalidad, sobre cuya base se autoriza toda 54 restricción de los derechos humanos. Por tanto, la definición modelo adoptada por el Relator de la ONU para una práctica óptima en la lucha contra el terrorismo es: Se entenderá por terrorismo todo acto o tentativa de acto en que: 1. El acto: a) Está constituido por toma de rehenes intencionada; o b) Se proponga causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a partes de la población; o c) Entrañe el recurso a la violencia física con efecto mortal o contra una o más personas o partes de la población; y 2. El acto o la tentativa deben ejecutarse con la intención de: a) Provocar un estado de terror entre la población en general o partes de ella; u b) Obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacerlo; 3. El acto: a) Debe corresponder a la definición de delito grave contenida en la legislación nacional promulgada con el propósito de ajustarse a los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo o a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo; o b) Debe contener todos los elementos de delito grave definido por la 55 legislación nacional.
De forma complementaria, puede servir el estándar establecido por el Relator de la ONU para para definir el delito de incitación al terrorismo, a saber: 31. Así, en la aplicación del artículo 5 del Convenio para la prevención del terrorismo, el delito de incitación al terrorismo: a) debe limitarse a la incitación a una conducta que sea verdaderamente de carácter terrorista, en el sentido de la
Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement 55 Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement
definición de la práctica 7; b) no deberá entrañar una restricción de la libertad de expresión más allá de la necesaria para proteger la seguridad nacional y el orden, la salud o la moral públicas; c) deberá estar definido en la ley en un lenguaje preciso, evitando en particular el empleo de términos vagos como "apología" o "promover" el terrorismo; d) deberá entrañar un riesgo real (objetivo) de que se cometa el acto al que se incita; e) deberá contener una referencia expresa a dos elementos de intencionalidad, a saber, la intención de transmitir un mensaje y la intención de que ese mensaje incite a la comisión de un acto terrorista; y f) deberá contener una referencia al carácter "ilícito" de la incitación al terrorismo, de manera que no excluya la aplicación de causas de modificación o exención de la responsabilidad penal. Práctica 8. Definición modelo del delito de incitación al terrorismo Constituye delito de difusión intencional e ilícita o la divulgación por cualquier otro medio, de un mensaje destinado al público con la intención de incitar a la comisión de un delito de terrorismo, siempre que dicha conducta, propugne o no expresamente un delito de terrorismo, provoque un riesgo de que se cometan uno 56 o más delitos de ese tipo. Lo anterior evidencia que la vaguedad y ambigüedad de la definición de los delitos de “terrorismo equiparado” y “sabotaje” al apartarse de las obligaciones internacionales actualiza la responsabilidad internacional del Estado mexicano tanto por la existencia de dichos tipos penales como de la aplicación de los mismos.
3. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DELITOS DE TERRORISMO EQUIPARADO Y SABOTAJE, LA PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE
A. Inconstitucionalidad por no ajustarse al principio de legalidad penal
Los delitos de terrorismo equiparado (artículo 313) y de sabotaje (artículo 314) previstos en el Código Penal del Estado de Veracruz, como ya se ha advertido en el presente Memorial, no se ajustan al principio de taxatividad penal (legalidad) conforme las previsiones internacionales en materia de libertad de expresión (difusión de hechos, ideas u opiniones) ya que, al contener definiciones imprecisas, vagas y/o ambiguas (terrorismo equiparado: hacer señales, simulando, tumulto, desorden; sabotaje: trastornar gravemente; vida económica o cultural), no actualizan la necesaria legalidad, en cuanto la acuosidad que deje sin lugar a reticencias, una descripción material de la conducta punible. De igual forma, los delitos en cuestión, no se ajustan a la exigencia de proteger intereses legítimos conforme al derecho internacional obligatorio para el Estado Mexicano, ya que no
Consejo de Derechos Humanos resolución A/HRC716/51 del 22 de diciembre de 2010 Informe del Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/PDF/G1110522.pdf?OpenElement
basta con que el bien jurídicamente protegido por el título XVI del Código Penal del Estado de Veracruz sea ”la seguridad del Estado”, ni que eventualmente el delito de terrorismo equiparado pretenda tutelar el orden y/o la paz pública, o el de sabotaje lo haga respecto el orden y/o la paz pública en su modalidad económica o cultural, ya que al no existir un desarrollo claro y preciso del bien jurídicamente tutelado no es dable considerar se ajusta a la protección de un interés legítimo conforme los compromisos internacionales adquiridos, asimismo en la descripción de dichos delitos, al no ajustarse a los fines (intencionalidad) exgigidos por el derecho internacional de derechos humanos, actualiza la contraposición a diversas obligaciones internacionales y en consecuencia, una eventual responsabilidad internacional del Estado Mexicano. Asimismo, se violentan las obligaciones internacionales del Estado Mexicano con la existencia de los delitos referidos ya que, las sanciones resultan ser innecesarias para lograr el desarrollo adecuado de un estado democrático así como desproporcionales respecto la presunta afectación al orden y/o paz pública, aspectos que, en todo caso deberían estar exhaustivamente probados por el poder público, en este caso el órgano acusador. Especial atención reviste el uso del llamado “delito de terrorismo equiparado” que no se ajusta a las previsiones internacionales en las acciones antiterroristas y en consecuencia puede generar la responsabilidad internacional del estado Mexicano, ya que, como ha sido señalado en el presente memorial, para que una previsión penal sea congruente con las obligaciones internacionales, debe incorporar en el tipo penal de forma acumulativa los siguientes 3 aspectos: a) actos cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales
graves; b) actos cometidos con la intención de provocar un estado de terror, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo; y c) actos que constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito;
B. La jurisprudencia sobre legalidad penal como jurisprudencia temática y suplencia de la queja deficiente en cuanto inconstitucionalidad de leyes (Aplicabilidad de la Jurisprudencia P./J. 104/2007) y análisis ex officio de Convencionalidad
Bajo la categoría de “jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes”, que de acuerdo a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es “aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente”, se actualiza la obligación de cualquier Juez de Amparo de suplir la queja deficiente y declarar la inconstitucionalidad de una normativa contraria a la Constitución que, en virtud de la reforma constitucional del 10 de junio se extiende a los Tratados internacionales en Materia de derechos humanos. 21
Registro No. 170582 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007 Página: 14 Tesis: P./J. 104/2007 Jurisprudencia Materia(s): Común
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico.
Contradicción de tesis 25/2006-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 12 de abril de 2007. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Ma. de la Luz Pineda Pineda, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 104/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.
Es así que, los delitos de “terrorismo equiparado” y de “sabotaje”, al contravenir la jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de las normas penales (jurisprudencia referida a los actos legislativos en materia penal que no pueden realizarse válidamente), en virtud de no ajustarse al principio de reserva de ley ni al de tipicidad o taxatividad penal, actualizan la procedencia de la suplencia de la queja deficiente sobre inconstitucionalidad de leyes, misma que obliga a cualquier Juzgado de Amparo a declarar la inconstitucionalidad de dichos delitos y en consecuencia de todos los actos derivados de esas previsiones normativas inconstitucionales. Así, el Pleno de la SCJN ha emitido la jurisprudencia referida al acto legislativo en materia penal que no puede realizarse válidamente, a saber:
Registro No. 167445 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Abril de 2009 Página: 1124 Tesis: P./J. 33/2009 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal
NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME INTEGRADORA.
Si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso.
Acción de inconstitucionalidad 157/2007. Procurador General de la República. 20 de octubre de 2008. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 33/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
Asimismo, el Pleno de la SCJN al referirse en su jurisprudencia sobre el principio de tipicidad y al de reserva de ley, precisa que integran el núcleo duro de legalidad en materia de sanciones, siendo una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas, esto es:
Registro No. 174326 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de 2006 Página: 1667 Tesis: P./J. 100/2006 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.
El tema de tipicidad o taxatividad así como el de reserva de ley, corresponden a un elemento esencial para decidir sobre la constitucionalidad de una norma penal, elemento coincidente con la obligación internacional prevista en el primer supuesto de la “prueba tripartita”, y que al no cumplirse en los delitos de “terrorismo equiparado” y el de “sabotaje”, actualiza su inconstitucionalidad así como todas las consecuencias que de su aplicación.
En otra jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal quedó claramente delineado el alcance de la llamada “garantía de exacta aplicación de la ley penal”, esto es:
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007 Página: 296 Tesis: 1a./J. 109/2006 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 275, PÁRRAFO SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE ACTUAL VIGENCIA), AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN "PRECAUCIONES NECESARIAS" VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al legislador a describir con precisión y exactitud los elementos que dan contenido a los tipos penales, a fin de evitar el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. En ese tenor, del análisis de los artículos 275, párrafo segundo (vigente hasta el 11 de octubre de 2004) y 275-b (de actual vigencia), ambos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, se concluye que al incluir la expresión "precauciones necesarias" como uno de los elementos constitutivos del delito, violan la referida garantía constitucional en tanto contienen un concepto vago, extensional e intencionalmente, porque impiden al destinatario saber con exactitud si alguna posible precaución es o no necesaria y no determinan todas las características de ese tipo de precauciones; además de que no establecen con claridad en contraste con qué criterios o normas se define lo "necesario" para considerar que las precauciones que se tomaron para cerciorarse de la procedencia lícita de un
vehículo fueron las "necesarias". De manera que estos vicios dejan en estado de indefensión al gobernado ante la incertidumbre que generan respecto de las medidas que debe tomar para evitar la actualización del tipo penal en cuestión. Por tal razón, en el contexto normativo en que se presenta y al no contener parámetros objetivos al respecto, la expresión "precauciones necesarias" queda sujeta a un juicio valorativo o a un ejercicio de interpretación que puede variar dependiendo del alcance que pueda darle el juzgador en cada caso, lo que coloca al particular en un estado de inseguridad jurídica, ya que no podrá prever las consecuencias jurídicas de la conducta desplegada u omitida.(RESALTADO NUESTRO) Contradicción de tesis 123/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 22 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 109/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de noviembre de dos mil seis.
Para mayor claridad puede servir de criterio orientador el emitido por el Pleno de la SCJN, a propósito del significado de “exacta siguiente emitido
Registro No. 200381 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Mayo de 1995 Página: 82 Tesis: P. IX/95 Tesis Aislada Materia(s): Penal, Constitucional
EXACTA APLICACION DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTIA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIEN A LA LEY MISMA. La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.
Amparo directo en revisión 670/93. Reynaldo Alvaro Pérez Tijerina. 16 de marzo de 1995. Mayoría de siete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de mayo en curso, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios y Olga María Sánchez Cordero; aprobó, con el número IX/95 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
En caso de considerar la permanencia de una normatividad contraria a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado mexicano, no sólo se generaría responsabilidad internacional por contravenir los derechos humanos sino por incumplir con el deber de aplicación ex officio del control de convencionalidad, tal como lo señaló la CoIDH en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, en su sentencia del 26 de noviembre de 2010:57 225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico58. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana59.
Este criterio jurisprudencial (control de convencionalidad ex officio) se ha consolidado como jurisprudencia temática al aplicarse de forma constante por la CoIDH en los casos contenciosos -4 de ellos contra México y por tanto obligatorios- siguientes: La Cantuta vs. Perú (2006);60 Boyce y otros vs. Barbados (2007);61 Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008);62 Rosendo Radilla Pacheco vs.
Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 225. 58 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 219, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217,
párr. 202. Cfr. Caso Almonacid Arellano, párr. 124; Caso Rosendo Cantú, párr. 219, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, párr. 202.
Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173. 61 Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79.
México (2009);63 Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010);64 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010);65 Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);66 Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010);67 Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010);68 Vélez Loor vs. Panamá (2010);69 Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010),70 y Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010).71
C. Interpretación conforme y pro persona (artículo 1 Constitución Federal)
La interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos de todas las normas nacionales, se deberá hacer bajo el principio pro persona, por lo que se favorecerá en todo momento la protección más amplia a las personas.
El anterior criterio también ha sido abordado a nivel nacional previo a la reforma que le da plena efectividad y en consecuencia obligatoriedad, a saber en la Tesis XI.1º.A.T.47 72 K, cuyo rubro y texto son:
Registro No. 164611 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 1932 Tesis: XI.1o.A.T.47 K Tesis Aislada Materia(s): Común
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.
Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180. 63 Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339. 64 Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307. 65 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311. 66 Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234. 67 Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219. 68 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202. 69 Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287. 70 Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106. 71 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, párr. 225. 72 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo XXXI, mayo de 2010, p. 1932.
Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen. (RESALTADO NUESTRO).
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 293/2011, pendiente de resolverse por el Pleno.
También el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el amparo directo 505/2009, el 21 de 73 enero de 2010, ha sostenido la tesis I.4º.A.91 K, cuyo rubro y texto son:
Registro No. 165074 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Marzo de 2010 Página: 2927 Tesis: I.4o.A.91 K Tesis Aislada Materia(s): Común
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que
Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, tomo XXXI, marzo de 2010, p. 2927.
tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. (RESALTADO NUESTRO).
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.
Al evidenciarse la deficiente técnica legislativa de los delitos de “terrorismo equiparado” y “sabotaje” y a fin de evitar generar la responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos, es pertinente la inaplicación y eventual declaración de inconstitucionalidad de los delitos referidos por la Justicia Federal así como de todos los actos que han derivado de su aplicación. En caso de que se tengan por constitucionales los delitos de mérito, es pertinente analizar su aplicación a la luz de los estándares internacionales, y en este aspecto es pertinente evidenciar que, toda vez que no se acredita intencionalidad alguna, es dable el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior a fin de que este H. Juzgado de Amparo ajuste su actuar a las obligaciones nacionales e internacionales bajo el principio pro persona en una interpretación conforme, de acuerdo a la reforma constitucional del pasado 10 de junio, realizando un análisis ex officio de control de convencionalidad y en consecuencia de constitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto le agradecemos anticipadamente las atenciones que sirva brindarle al presente.
ARTICLE 19 CAMPAÑA GLOBAL POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A19, A.C.
MTRO. DARÍO MANUEL RAMÍREZ Director
Amicus Curiae Veracruz Terrorismo y Tuiteros by articlex456 viewsEmbedDownloadDescriptionEl presente Memorial tiene por objeto exponer, respetuosamente y con el ánimo de coadyuvar con el sistema de impartición de justicia que Usted encarna, los estándares internacionales y demás argume...El presente Memorial tiene por objeto exponer, respetuosamente y con el ánimo de coadyuvar con el sistema de impartición de justicia que Usted encarna, los estándares internacionales y demás argumentos en materia de derechos humanos (particularmente del derecho a la libertad de expresión) a tomarse en cuenta para decidir el juicio de amparo indirecto expediente número 1231/2001 ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz.Interests: Types, Business/LawRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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