Source: https://e-justice.europa.eu/content_how_to_proceed-34-pt-es.do?member=1
Timestamp: 2019-12-10 11:12:43+00:00

Document:
¿Cómo proceder? - Portugal
La respuesta a esta pregunta depende de cada caso concreto.
Puesto que aquí es imposible contemplar todos los problemas que puedan producirse, deberá asesorarle un profesional en la materia.
En caso de que no disponga de medios económicos para ello, podrá solicitar asistencia jurídica gratuita (consulte en esta página la ficha relativa al tema «Asistencia jurídica gratuita»).
Eventualmente, podrá justificarse en función de los aspectos concretos del problema la utilización de un medio alternativo de resolución de conflictos (consulte en esta página la ficha relativa al tema «Medios alternativos de resolución de conflictos»).
El periodo durante el cual puede recurrir a un tribunal para dirimir un determinado litigio varía en función de cada situación.
También deberá esclarecer esta pregunta recurriendo a un profesional en la materia, tal y como se menciona en la respuesta a la pregunta anterior.
Sin perjuicio de lo dispuesto en reglamentos de la Unión Europea o en otros instrumentos internacionales, los tribunales portugueses tienen competencia internacionalmente:
a) cuando un tribunal portugués pueda conocer del litigio según las reglas de competencia territorial contempladas en la legislación portuguesa;
b) cuando el hecho en que se fundamenta la demanda o algunos de los hechos que la componen se hayan producido en territorio portugués;
c) cuando el derecho invocado solo pueda hacerse efectivo interponiendo la demanda en territorio portugués o el demandante encuentre serias dificultades para hacerlo en el extranjero, siempre que entre el objeto del litigio y el ordenamiento jurídico portugués haya un nexo de unión importante, personal o real.
Los tribunales portugueses tienen competencia exclusiva:
a) en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles y de arrendamiento de bienes inmuebles situados en territorio portugués. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro de la Unión Europea donde esté domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario sea una persona física y que arrendador y arrendatario estén domiciliados en el mismo Estado miembro;
b) en materia de validez de la constitución o disolución de sociedades o de otras personas jurídicas que tengan su sede en Portugal, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos. Para determinar dicha sede, los órganos jurisdiccionales portugueses aplican sus reglas de Derecho internacional privado;
c) en materia de validez de inscripciones en registros públicos conservados en Portugal;
d) en materia de ejecuciones sobre bienes inmuebles situados en territorio portugués;
e) en materia de insolvencia o de recuperación de personas con domicilio en Portugal o de personas jurídicas o sociedades con sede en territorio portugués.
Fuero del lugar de los bienes
Las acciones relativas a derechos reales o personales de uso de bienes inmuebles, las acciones de división de cosa común, las acciones de desahucio, de prioridad y de ejecución sobre bienes inmuebles, así como las acciones de ampliación, sustitución, reducción o levantamiento de hipoteca deben interponerse ante el tribunal del lugar donde se encuentran los bienes.
Las acciones de ampliación, sustitución, reducción o levantamiento de hipotecas de buques y aeronaves deben interponerse en la circunscripción donde estos se hallan matriculados. Si la hipoteca se refiere a bienes muebles matriculados en diferentes circunscripciones, el demandante puede optar por cualquiera de ellas.
Cuando la acción tiene por objeto una universalidad de hecho, bienes muebles e inmuebles, o bienes inmuebles situados en distintas circunscripciones, esta debe interponerse ante el tribunal del lugar donde se hallan los bienes inmuebles de mayor valor, calculado con arreglo al valor catastral de los mismos. Si el inmueble objeto de la acción está situado en varias circunscripciones territoriales, dicha acción podrá interponerse en cualquiera de ellas.
Competencia para el cumplimiento de una obligación
Las acciones destinadas a exigir el cumplimiento de obligaciones, el pago de indemnizaciones por incumplimiento o cumplimiento defectuoso y la resolución de un contrato por incumplimiento se interpondrán en el tribunal del domicilio del demandado, aunque el acreedor puede optar por el tribunal del lugar en que debería cumplirse la obligación cuando el demandado sea una persona jurídica o cuando el domicilio del acreedor se sitúe en el área metropolitana de Lisboa o de Oporto y el demandado tenga su domicilio en la misma área metropolitana.
Tratándose de acciones de responsabilidad civil basadas en hechos ilícitos o en riesgos, es competente el tribunal correspondiente al lugar donde se produjo el hecho.
En las acciones de divorcio o de separación de personas y bienes, es competente el tribunal del domicilio o del lugar de residencia del demandante.
Demanda de restitución de honorarios
En las demandas de restitución de honorarios de representantes legales o técnicos y para el cobro de las sumas adelantadas al cliente es competente el tribunal que conoció del asunto en el que se prestó el servicio, siendo necesario unir ambas demandas en una sola.
Si no obstante la demanda hubiese sido interpuesta en un tribunal de apelación o en el Tribunal Supremo, la demanda de restitución de honorarios se sustanciará en el tribunal de apelación del domicilio del deudor.
Regulación y repartición de avería gruesa
El tribunal del puerto donde se haya entregado o se debería haber entregado la carga de un buque que haya sufrido avería gruesa es competente para resolver sobre dichos daños y repartirlos.
Pérdidas y daños por abordaje de buques
La acción de indemnización de daños y perjuicios por abordaje de buques puede interponerse ante el tribunal del lugar del accidente, el tribunal del domicilio del propietario del buque causante del abordaje o el tribunal del lugar donde se encontró dicho buque o de donde procedía, así como el tribunal del lugar del primer puerto donde recaló el buque víctima del abordaje.
Remuneraciones por operaciones de rescate o asistencia a buques
Las remuneraciones adeudadas en virtud de operaciones de rescate o asistencia a buques pueden ser objeto de una demanda ante el tribunal del lugar donde ocurrió el hecho, el tribunal del domicilio del propietario de los objetos recuperados y en el tribunal del lugar de donde procedía o donde se encontraba el buque rescatado.
La acción destinada a eximir de todo privilegio un buque adquirido a título gratuito u oneroso debe interponerse ante el tribunal del puerto donde el buque estuviese atracado en el momento de la adquisición.
Medidas cautelares y diligencias previas
En cuanto a las medidas cautelares y a las medidas previas a la interposición de la acción, cabe tener en cuenta lo siguiente:
a) el embargo y el inventario pueden ser objeto de una demanda que se presentará ante el tribunal donde debe interponerse la acción respectiva o ante el tribunal del lugar donde se encuentran los bienes o, si estos se hallan en varios partidos, ante el tribunal de cualquiera de ellos;
b) para la suspensión de obra nueva es competente el tribunal del lugar donde se desarrollan los trabajos;
c) para las otras medidas cautelares es competente el tribunal donde debe interponerse la acción respectiva;
d) las diligencias previas de práctica de prueba son objeto de una demanda presentada ante el tribunal del lugar donde deben practicarse.
La causa de los actos y medidas referidas se incorpora a la de la acción respectiva, para lo que debe remitirse, cuando sea necesario, al tribunal en que se interpuso la misma.
Las notificaciones particulares deben ser objeto de una demanda presentada ante el tribunal del área en que resida el destinatario de la notificación.
La regla general del Derecho procesal civil portugués, por lo que respecta a la competencia territorial, es que siempre que no se prevea expresamente lo contrario, el tribunal competente para conocer de la demanda es el tribunal del domicilio del demandado.
Sin embargo, si el demandado no tiene residencia habitual o no se conoce con exactitud o se halla ausente, será competente el tribunal del domicilio del demandante. En cualquier caso, las demandas de custodia, ya sea provisional o definitiva, de los bienes del ausente serán interpuestas en el tribunal del último domicilio que haya tenido en Portugal.
Si el demandado tiene su domicilio y su residencia en un país extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se encuentre. Si el demandado no se encuentra en territorio portugués, será competente el tribunal del domicilio del demandante y, si este último se halla en un país extranjero, el tribunal competente para conocer del asunto será el tribunal de Lisboa.
Regla general para las personas jurídicas o empresas
Si el demandado es el Estado, el tribunal del domicilio del demandado se sustituye por el del domicilio del demandante.
Si el demandado es otra persona jurídica o una empresa, será competente el tribunal del lugar donde tenga su domicilio la administración principal o el tribunal del domicilio de la sucursal, agencia, filial, delegación o representación, en función de que la acción se interponga contra la primera o contra una de las citadas entidades. Sin embargo, la acción judicial contra personas jurídicas o empresas extranjeras que posean una sucursal, agencia, filial, delegación o representación en Portugal puede interponerse ante el tribunal del domicilio de una de las citadas entidades, aunque la demandada sea la empresa matriz.
Pluralidad de demandados y acumulación de demandas
Siempre que haya más de un demandado en la misma causa, todos ellos deben ser demandados en el tribunal del domicilio donde resida la mayoría. Si el número de diferentes domicilios fuese igual, el demandante puede escoger cualquiera de ellos.
Si el demandante acumula demandas para cuya apreciación sean territorialmente competentes diversos tribunales puede elegir cualquiera de ellos para interponer la acción, a menos que la competencia para apreciar alguna de las demandas dependa de alguno de los elementos de conexión que permiten conocer de oficio de la incompetencia relativa. En ese caso, la acción se interpondrá en ese tribunal.
No obstante, cuando se acumulen demandas entre las que haya una relación de dependencia o subsidiaridad, la acción debe interponerse en el tribunal competente para conocer de la demanda principal.
Regla general de competencia en materia de ejecuciones
Salvo en los casos especiales previstos en otras disposiciones, la competencia para la ejecución recae en el tribunal del domicilio del ejecutado, aunque el ejecutante puede optar por el tribunal del lugar en que deba cumplirse la obligación cuando el ejecutado sea una persona jurídica o cuando el domicilio del ejecutante se sitúe en el área metropolitana de Lisboa o de Oporto y el ejecutado tenga su domicilio en la misma área metropolitana.
No obstante, si la ejecución se refiere a la entrega de cosa cierta o a deudas garantizadas con activos, son competentes, respectivamente, el tribunal del lugar donde se encuentre la cosa o el de los bienes gravados.
Cuando la ejecución deba interponerse en el tribunal del domicilio del ejecutado y este no tenga domicilio en Portugal pero sí bienes en el país, será competente para la ejecución el tribunal del lugar en que se encuentren dichos bienes.
En los casos en que se acumulen ejecuciones para cuya apreciación sean competentes territorialmente varios tribunales, será competente el tribunal del domicilio del ejecutado.
Ejecución sobre la base de una sentencia
En la ejecución de sentencias dictadas por tribunales portugueses, el requerimiento ejecutivo se presenta en la causa en que se dictó dicha sentencia. La ejecución se registra en los propios autos y se tramita de forma autónoma, excepto cuando la causa haya sido recurrida, momento en que se traslada.
Cuando, con arreglo a la Ley de Poder Judicial (lei de organização judiciária), para la ejecución sea competente una sección especializada de ejecución, será necesario remitir a la misma, con carácter urgente, una copia de la sentencia, del requerimiento que dio inicio a la ejecución y de los documentos que la acompañan.
Si la resolución ha sido dictada por árbitros en un arbitraje que haya tenido lugar en territorio portugués, es competente para la ejecución el tribunal del partido del lugar del arbitraje.
Ejecución de una sentencia dictada por tribunales superiores
Si la acción se interpuso en un tribunal de apelación o en el Tribunal Supremo, la ejecución es competencia del tribunal del domicilio del ejecutado.
Ejecución sobre la base de una resolución extranjera
Para la ejecución derivada de una resolución extranjera es competente el tribunal del domicilio del ejecutado.
Competencia del tribunal en relación con cuestiones incidentales
El tribunal competente para conocer de la acción también lo es para conocer de los incidentes que en esta surjan y de las cuestiones que el demandado plantee como medio de defensa.
Competencia para las cuestiones de reconvención
El tribunal de la acción es competente para conocer de las cuestiones planteadas por reconvención, siempre que tenga competencias sobre ellas por motivos de nacionalidad, materia y jerarquía. Si no la tuviese, el contrademandado es absuelto de la instancia.
Cláusula de elección de fuero
Las partes pueden pactar cuál es la jurisdicción competente para resolver un determinado litigio o los litigios que puedan resultar de una determinada relación jurídica, siempre que esta guarde conexión con más de un ordenamiento jurídico. Dicha cláusula puede implicar la atribución de competencia exclusiva o simplemente alternativa a la de los tribunales portugueses, cuando esta última exista, entendiéndose que la competencia se considera exclusiva en caso de duda.
La elección del fuero solo es válida si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) tratarse de un litigio referente a derechos inalienables para las partes;
b) estar autorizada por la ley del tribunal designado;
c) estar justificada por un interés serio de ambas partes o de una de ellas, siempre que dicho interés no represente un inconveniente importante para la otra parte;
d) no corresponder a una materia que sea competencia exclusiva de los tribunales portugueses;
e) resultar de un acuerdo escrito, o confirmado por escrito, en el cual se mencione expresamente la jurisdicción competente.
Se considera consignado por escrito el acuerdo compuesto de un documento firmado por las partes, o el acuerdo resultante de un canje de notas, télex, telegramas u otros medios de comunicación de los cuales exista prueba escrita, si dichos instrumentos contienen el acuerdo propiamente dicho o una cláusula de remisión a cualquier otro documento donde figure el acuerdo.
Protección de niños y jóvenes en peligro
Por lo que se refiere a la jurisdicción de menores, es competente para la aplicación de las medidas de promoción de los derechos del niño y de protección de menores la comisión de protección o el tribunal de la zona de residencia del niño o joven en el momento en que se comunique la situación o se abra el procedimiento judicial.
Si no se conociese la residencia del niño o joven, y resultase imposible determinarla, es competente la comisión de protección o el tribunal del lugar donde este haya sido encontrado.
Sin perjuicio de ello, la comisión de protección o el tribunal del lugar en que se encontró el niño o joven adoptará las medidas urgentes que se consideren necesarias para su protección inmediata.
Si tras la aplicación de la medida el niño o joven cambia de residencia por un periodo superior a tres meses, el proceso se remite a la comisión de protección o al tribunal de la zona de la nueva residencia.
Excepto esta circunstancia, las modificaciones de hecho que se produzcan con posterioridad a la apertura del procedimiento son irrelevantes.
No obstante las reglas de competencia territorial, cuando la situación de peligro afecte a la vez a más de un niño o joven, es posible incoar un solo proceso y, de haberse abierto procedimientos diferentes, todos ellos pueden acumularse en el que fue incoado en primer lugar, si las relaciones familiares o las situaciones de peligro concretas lo justifican.
Cuando, por lo que se refiere al mismo niño o joven, se incoen sucesivamente procedimientos de fomento y protección, de tutela educativa o referentes a medidas tutelares civiles, estos deben ser acumulados, conociendo de ellos el juez del procedimiento abierto en primer lugar.
Para apreciar los hechos y aplicar medidas tutelares educativas es competente el tribunal de la residencia del menor en el momento en que se abrió el proceso. Si no se conoce la residencia del menor, es competente el tribunal del lugar de residencia de los titulares de la patria potestad. Si los titulares de la patria potestad tienen lugares de residencia diferentes, es competente el tribunal del lugar de residencia de la persona que tiene la guardia del menor o, en el caso de custodia compartida, de la persona con la que reside el menor. En el resto de casos, es competente el tribunal del lugar en que se produjo el hecho o, de desconocerse, el tribunal del lugar en que se encontró al menor.
Las modificaciones que se produzcan con posterioridad al inicio del procedimiento son irrelevantes.
El tribunal del lugar en que se produjo el hecho y el del lugar en que se encontró el menor adoptan las medidas urgentes.
A este respecto, consulte en esta misma página las fichas sobre «Sistema judicial» y «Competencia jurisdiccional».
En las causas en que no sea obligatorio hacerse representar por un abogado, las partes pueden litigar por sí mismas o hacerse representar por un abogado pasante o por un asesor jurídico o procurador (solicitador).
Es obligatorio hacerse representar por un abogado:
a) en las causas que sean competencia de órganos jurisdiccionales con umbrales monetarios (alçada) que admitan recurso ordinario;
b) en las causas en que siempre se admita el recurso, independientemente del valor en litigio;
c) en los recursos y causas presentados ante órganos jurisdiccionales superiores.
Aunque sea obligatorio hacerse representar por un abogado, los abogados pasantes, los asesores jurídicos o procuradores y las propias partes pueden presentar demandas que no planteen cuestiones de derecho.
En las causas en que, sin ser obligatorio hacerse representar por un abogado, las partes no hayan designado un representante legal, será el juez el que tome declaración a los testigos, quien, además, adaptará los trámites procesales a los aspectos concretos de la situación.
Las partes tienen que hacerse representar por un abogado, abogado pasante, asesor jurídico o procurador estor en las ejecuciones de valor superior a la alçada del tribunal de primera instancia, y deben hacerse representar por un abogado en las ejecuciones de valor superior a la alçada de los tribunales de apelación y en las de valor igual o superior a esta suma, pero superior a la alçada del tribunal de primera instancia, cuando tenga lugar algún procedimiento que siga las condiciones del procedimiento declarativo.
Tratándose de una causa que no implique la obligación de designar un representante y la parte no esté representada, los actos procesales antes referidos pueden ser presentados a juicio por una de las siguientes vías:
a) entrega en la secretaría judicial, contando como fecha de realización del acto procesal la de la respectiva entrega;
b) envío por correo certificado, contando como fecha de realización del acto procesal la del acuse de recibo de dicho envío;
a) envío por fax, contando como fecha de realización del acto procesal la de la expedición;
Véase, asimismo, la ficha «Tratamiento automatizado».
En los actos judiciales se utiliza el portugués.
No obstante, cuando deban declarar ciudadanos extranjeros que desconozcan la lengua portuguesa, estos podrán expresarse en otra lengua, aunque deberá designarse un intérprete cuando sea necesario para, bajo juramento de fidelidad, establecer la comunicación.
Cuando se presenten documentos escritos en una lengua extranjera que carezcan de traducción, el juez ordenará, de oficio o a instancias de alguna de las partes, que quien los presente aporte dicha traducción.
En los juzgados de paz las causas pueden presentarse oralmente. En ese caso, será un funcionario quien lo ponga por escrito.
Los actos procesales que las partes deban efectuar por escrito se remiten a los tribunales por vía electrónica a través del sistema Citius, en la dirección electrónica http://citius.tribunaisnet.mj.pt/, según los procedimientos e instrucciones que en este se contemplan, considerándose como fecha de realización del acto procesal la de la respectiva expedición.
La parte que realice el acto procesal por esta vía debe remitir por vía electrónica la pieza procesal y los documentos que deban acompañarla, por lo que quedará exenta de remitir los originales respectivos, salvo que el juez así lo determine con arreglo a la ley procesal.
Siempre que la causa no implique la obligación de designar un representante y la parte no esté representada, véase la respuesta a la pregunta anterior.
En lo que respecta a los procedimientos monitorios, consulte la respectiva ficha informativa.
Existen impresos adecuados para iniciar los procedimientos monitorios, los procedimientos ejecutivos, así como para iniciar los procedimientos ante los juzgados de paz cuando, en este último caso, no se hubiere optado por la presentación oral del asunto.
Consulte a este respecto en esta misma página las fichas sobre «Procedimientos monitorios», «Ejecución de sentencias» y «Medios alternativos de resolución de conflictos».
Las acciones declarativas se presentan ante los tribunales a través de una demanda inicial, en la cual el demandante deberá:
designar el tribunal y la causa a través de la cual se interpone la demanda e identificar a las partes, indicando sus nombres, domicilios o sedes y, siempre que sea posible, los números de identificación civil y de identificación fiscal, profesión y lugar de trabajo;
indicar el domicilio profesional del representante legal;
indicar el tipo de procedimiento;
exponer los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la demanda;
formular la demanda;
declarar el valor de la causa;
designar el agente de ejecución responsable de efectuar la citación o el representante legal responsable de su promoción.
Al final de la demanda, el demandante debe presentar el papel de los testigos y requerir otros medios de prueba.
El demandante debe adjuntar a la demanda inicial el justificante del pago previo de la tasa judicial pertinente o de haberse beneficiado de asistencia jurídica gratuita en forma de exención de dicha tasa.
La secretaría rechazará la demanda inicial, justificándolo por escrito, cuando se dé alguno de los siguientes hechos:
no se indique la dirección o esté remitida a otro tribunal, sección del mismo tribunal o autoridad;
omita la identificación de las partes y no indique los elementos identificativos obligatorios de estas (nombres, domicilios o sedes y, cuando sea posible, número de identificación civil y de identificación fiscal, profesiones y lugares de trabajo);
no indique el domicilio profesional del representante legal;
no indique el tipo de procedimiento;
omita la indicación del valor de la causa;
no se haya comprobado el pago previo de la tasa judicial correspondiente o la concesión de la asistencia jurídica gratuita, salvo en el caso previsto legalmente de citación urgente;
no esté firmada;
no esté redactada en portugués;
el papel utilizado no cumpla los requisitos reglamentarios.
Las costas procesales incluyen la tasa judicial, los gastos y las costas.
La tasa judicial se corresponde con la suma debida por el impulso procesal de cada parte y se fija en función del valor y la complejidad de la causa, con arreglo al Reglamento de costas procesales;
La tasa judicial la abona únicamente la parte que presenta la demanda en calidad de demandante o demandado, ejecutante o ejecutado, solicitante o parte solicitada, recurrente o parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de costas procesales.
La tasa judicial deberá liquidarse previamente a la entrega de la pieza procesal sujeta a la obligación de pagar una tasa (petición o requerimiento inicial, impugnación, entre otros), salvo cuando la parte o el procedimiento están exentos o la parte está eximida de pagar previamente.
En el caso de reconvención o intervención principal, solo es necesario abonar la tasa judicial complementaria cuando el contrademandante presente una demanda diferente de la del demandante.
No se considera una demanda diferente, en concreto, cuando la parte pretenda conseguir en su beneficio el mismo efecto jurídico que el demandante se propone obtener, o cuando la parte pretenda obtener únicamente una compensación.
En caso de litisconsorcio, el actor que figure como primera parte en la demanda inicial, reconvención o requerimiento debe proceder al pago de la totalidad de la tasa judicial, reservándose el derecho de repetición sobre el resto de actores.
En caso de coalición, cada demandante, contrademandante, ejecutante o solicitante es responsable del pago de la respectiva tasa judicial, cuyo valor se determina con arreglo al Reglamento de costas procesales.
En las demandas interpuestas por sociedades mercantiles que hayan presentado en cualquier tribunal, durante el año anterior, 200 o más demandas, procedimientos o ejecuciones o más, la tasa judicial se determina con arreglo al Reglamento de costas procesales.
A efectos de la condena al pago de la tasa judicial, se consideran especialmente complejas las acciones y procedimientos cautelares que:
a) contengan articulados o alegaciones extensos;
b) se refieran a cuestiones de una alta especialización jurídica, especificidad técnica o que conlleven el análisis combinado de cuestiones jurídicas de ámbito muy diverso; o
c) impliquen tomar declaración a un número elevado de testigos, el análisis de medios de prueba complejos o la realización de diversas diligencias de práctica de prueba extensas.
Por regla general, el pago único de la tasa judicial, o del primer plazo de la misma, se puede realizar hasta el momento en que se presenta el acto procesal sujeto a ella, siendo obligatorio:
a) en caso de entrega electrónica, justificarlo por verificación electrónica, con arreglo a lo previsto en la ley;
b) en caso de entrega en formato físico, que el interesado presente el comprobante de pago.
El segundo plazo de la tasa judicial debe abonarse dentro de los diez días posteriores a la notificación de la última vista. El interesado deberá presentar el comprobante de pago o justificar haberlo realizado dentro del mismo plazo.
Se consideran gastos procesales todos aquellos derivados de su desarrollo, ya sean requeridos por las partes u ordenados por el juez de la causa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que regula el acceso a la justicia, cada parte debe pagar los gastos que haya originado o que vayan surgiendo durante el procedimiento.
Los gastos corren a cargo de la parte que requirió la medida o, cuando esta se lleve a cabo de oficio, de la parte que se beneficia de la misma.
Las costas comprenden lo que cada parte haya gastado en la causa y tenga derecho a ser compensada en virtud de la condena de la parte contraria. Las costas se integran en el ámbito de la condena judicial en costas.
En la condena en costas se incluyen, entre otros, las tasas judiciales abonadas por la parte vencedora, en la proporción correspondiente a la cantidad fijada en la sentencia, los gastos en que haya incurrido realmente, las remuneraciones abonadas al procurador o agente de ejecución y los gastos que este haya tenido, los honorarios del representante y los gastos que este haya tenido, de acuerdo con un justificante detallado de todos ellos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
El demandante que, pudiendo recurrir a una estructura de resolución alternativa de litigios, opte por recurrir a un procedimiento judicial, deberá correr con las costas independientemente del resultado de la acción, salvo que, a causa de la parte contraria, no haya sido viable recurrir a ese medio de resolución alternativa del litigio.
Algunos procedimientos, al igual que determinados sujetos procesales, están exentos del pago de costas en virtud de disposiciones legales.
Puesto que la tasa judicial corresponde a la suma debida por el impulso procesal de cada interviniente, por regla general toda persona que pueda ser considerada interviniente en un procedimiento (demandante, demandado, ejecutante, ejecutado, recurrente, parte recurrida, solicitante o parte solicitada) puede que tenga que abonar la tasa judicial, ya que este pago no se corresponde con la obtención de un resultado favorable en la acción, sino con la prestación de un servicio. Las partes vencedoras tienen derecho a la devolución de las sumas abonadas en concepto de tasa judicial en el ámbito del régimen de costas.
Los honorarios del profesional del fuero son establecidos por él mismo, debiendo, para ello, considerar el valor de los servicios prestados, la dificultad y urgencia del asunto, el grado de creatividad intelectual de su prestación, el resultado obtenido, el tiempo empleado, las responsabilidades que ha asumido y el resto de obligaciones profesionales.
Sí, puede, una vez comprobado que se reúnen los supuestos para la obtención de la asistencia jurídica gratuita (véase la ficha «Asistencia jurídica gratuita»).
Vea las respuestas a las preguntas 7 y 8.
Los aspectos formales son controlados en el momento de la recepción de la demanda por el funcionario encargado de dicha recepción. Posteriormente existen momentos procesales en que este control es realizado por el juez de forma más profunda y rigurosa.
Dichas decisiones siempre serán notificadas a las partes.
La ley no impone al tribunal suministrar este tipo de información. No obstante, a través del proyecto de desmaterialización de los procesos en los tribunales judiciales desarrollado por el Ministerio de Justicia, CITIUS, los representantes legales cuentan con la posibilidad de consultar desde su despacho los actos procesales practicados.
Con la entrega de piezas procesales y documentos por vía electrónica y su entrada directa en las aplicaciones de los tribunales, unida a la práctica de actos por los magistrados judiciales a través de una aplicación idéntica, los abogados, la secretaría y los magistrados pueden consultar, a través de las aplicaciones y del Portal CITIUS, los actos y documentos que constan en el proceso.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución