Source: http://adeb.com.pe/novedades/
Timestamp: 2020-08-07 08:39:03+00:00

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ADEB | Novedades
El sistema de control municipal peruano está diseñado para extorsionar y corromper.
El poder que tienen los inspectores municipales para clausurar locales comerciales, obliga a las empresas a ceder ante el abuso de autoridad.
“Ceder ante la extorsión y hacer un pago indebido, es mejor que cerrar el negocio y perder dinero.”
Veamos cómo opera:
Todo empieza con una visita de fiscalización y una clausura temporal. No se necesita una razón específica. Los inspectores pueden inventar cualquiera. Incluso una ilegal.
A partir de ese momento, el empresario empieza a perder dinero. Sin ingresos para cubrir gastos, su negocio está en peligro. El miedo y la ansiedad se apoderan de él.
Cada minuto con el local clausurado, sus riesgos y pérdidas aumentan exponencialmente.
Y las municipalidades lo saben. El tiempo y la incertidumbre son partes del mecanismo.
Si quieres librarte de él, tienes que pagar. Si quieres reabrir, tienes que pagar. No importa si es una coima o una multa injustificada. Tienes que pagar.
El mecanismo está diseñado para captar dinero. Para hacerlo de forma rápida rápido, las municipalidades ofrecen jugosos descuentos. Pero claro, el monto de las multas también lo fijan ellas.
Teniendo los locales clausurados, no hay nada que las empresas puedan hacer. El poder y el abuso de las municipalidades no tienen límites.
Contratar un abogado suele ser más caro que pagar la multa o la coima.
Aun contratándolo, una apelación demoraría más de dos meses en resolverse.
Una denuncia por abuso de autoridad ante el ministerio público resulta poco útil para reabrir el local.
El INDECOPI no revisa barreras burocráticas contenidas en sanciones o medidas correctivas.
El empresario no tiene como defenderse ante el mecanismo.
Los municipios aprovechan la vulnerabilidad del sistema y el paso del tiempo para captar dinero de las empresas ilegalmente.
Las normas que permiten a las municipalidades clausurar locales ilegalmente deberían cambiar rápidamente. Pero no cambiarán.
¿Quién debe pechar a las municipalidades?
El ejercicio ilegítimo del poder municipal se ha salido de control. Los actos de abuso de autoridad y la persecución a empresas formales, abundan y atentan contra la continuidad de los negocios.
La imputación de infracciones superfluas, la imposición de multas exorbitantes y la clausura temporal de establecimientos; son hechos ilegales que se repiten diariamente, y que no encuentran un freno legal que los detenga.
Las empresas se encuentran en un estado de indefensión frente al poder municipal, que las induce a ceder a actos corrupción, con el propósito de salvaguardar sus negocios frente a la extorsión de funcionarios municipales.
De nada sirven apelaciones, denuncias penales o acciones de amparo; que tardan meses en resolverse, mientras la clausura de un local comercial amenaza con quebrar una empresa. Nuestro sistema de justicia no está preparado para enfrentar estos abusos de poder.
No obstante, hay un actor que está pasando desapercibido dentro de esta crisis de control. Los artículos 82° y 199° de nuestra Constitución encargan a la Contraloría General de la República la función de controlar la legalidad de los actos de las municipalidades. ¿Lo está haciendo?
Ante la indefensión que sufren las empresas frente a los actos de extorsión municipal, el Contralor General de la República está llamado a crear un sistema de control que permita responder, sin dilación, frente denuncias de extorsión y abusos de poder municipal por parte de las empresas.
El control de legalidad de los actos municipales no es sólo una cuestión de presupuestos. La Contraloría podría jugar un papel preponderante en la desburocratización del país y la continuidad de los negocios, que se ven detenidos indefinidamente por actos arbitrarios de las municipalidades.
En el libro “Sobreviviendo a la burocracia” se propuso darle a la Contraloría el poder para eliminar las barreras burocráticas del Estado. Como organismo constitucionalmente autónomo, encargado de controlar la legalidad de los actos de las entidades públicas, es el llamado a hacerlo, sin verse sometido a presión política del gobierno central.
Ojalá el Contralor General de la República despertara una mañana y viera el poder que tiene para acelerar la economía y mejorar la competitividad del país. No necesita ejecutar obras ni administrar una cartera para hacerlo. Basta con remover los actos ilegales de las municipalidades, que impiden a las empresas desarrollarse en el mercado con normalidad.
Desde que comenzó el estado de emergencia, más de 29,000 empresas han solicitado la suspensión perfecta de labores para mitigar el impacto de la crisis económica generada por la pandemia.
La suspensión perfecta de labores es un derecho que corresponde a las empresas para descontinuar temporalmente el pago de sueldos y derechos laborales de sus trabajadores, que se encontraban impedidos de laborar durante la cuarentena dispuesta por el gobierno.
La razonabilidad de este derecho es más que evidente. En una situación en la que una empresa se encuentra imposibilitada de generar ingresos, resulta entendible que pueda suspender ciertas obligaciones para preservar su permanencia en el mercado.
A pesar de la inminente necesidad que tienen las empresas de acogerse a esta suspensión durante la crisis; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE ha rechazado muchas de las solicitudes amparándose en meros formalismos, sin prestar atención al fondo de la solicitud y a la gravedad de la coyuntura.
Sin embargo, en muchos de estos casos lo ha hecho de manera extemporánea, fuera del plazo impuesto por la ley; dando lugar a la aprobación ficta de las solicitudes en virtud del silencio administrativo positivo establecido en el artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 038-2020 y en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.
Si el MTPE no cumplió con verificar la solicitud de suspensión perfecta dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la solicitud de suspensión, y emitir un pronunciamiento al término del plazo; la solicitud se entiende automáticamente aprobada y no puede ser desaprobada con posterioridad.
El rechazo de la solicitud por parte del MTPE en forma posterior al vencimiento del plazo para su pronunciamiento, supone un desconocimiento de la aprobación ficta producto del silencio administrativo positivo; y configura una barrera burocrática ilegal.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, ha emitido decenas de pronunciamientos declarando barreras burocráticas los desconocimientos del silencio positivo por diversas entidades – entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Educación.
De manera que, si su empresa solicitó la suspensión perfecta de labores y el MTPE la rechazó fuera de plazo, debe saber que su solicitud ya fue aprobada en forma automática y que el rechazo del ministerio es ilegal, pudiendo ser denunciado como una barrera burocrática ante el INDECOPI para solicitar el reconocimiento de sus derechos.
Si el rechazo de hizo dentro del plazo, puede impugnar esta decisión ante el mismo ministerio y, porteriormente, ante el poder judicial para hacer valer y respetar los derechos que por ley corresponden a su empresa y subsistir en el mercado.
"Sobreviviendo a la burocracia" es la primera publicación de ADEB, que tiene como propósito generar conciencia entre ciudadanos y empresas, sobre la importancia de conocer sus derechos para hacerlos valer frente a actuaciones ilegales del Estado.
Como bien señala el autor, "...el Estado peruano es una maquina generadora de exigencias, requisitos, cobros e impedimentos, ilegales e irracionales, cuya producción va en aumento año tras año."
La única manera de sobrevivir a la burocracia es siendo conscientes de nuestros derechos. Las normas no deben cumplirse ciegamente. Cuando transgreden la ley o la razón nos asiste el derecho de resistirnos a cumplirlas, a cuestionarlas. A denunciar el abuso de poder y el abuso de autoridad.
Si todos logramos ser conscientes de esto y nos unimos para enfrentar la burocracia, podemos mejorar significativamente nuestra competitividad.
¡Juntos podemos hacer del Perú un país más competitivo y menos burocrático!
Tras una denuncia interpuesta por Adeb, INDECOPI ha declarado que la restricción del tránsito de vehículos en la ciucad de Chiclayo, en función a su peso; es una barrera burocrática carente de razonabilidad.
Por esa razón, INDECOPI ha ordenado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo abstenerse de continuar restringiendo el tránsito por horas y áreas en la ciudad, a todos los vehículos de las empresas denunciantes.
La irrazonabilidad de la barrera burocrática radica en que no existe sustento alguno que justifique que la restricción al tránsito sea una medida idónea y proporcional a los fines que se buscan cautelar.
La Municipalidad debe informar de esta medida en toda su jurisdicción; y si incumple el mandato del INDECOPI podrá ser multada hasta con S/ 84,000.00.
Sin duda alguna, se trata de un importante precedente para evitar restricciones que limitan la actividad empresarial en otras ciudades del país. Mira la Resolución aquí.
Municipios exigen a farmacias duplicar sus planillas
Decenas de farmacias independientes se viene sumando a la denuncia que, desde Adeb, interpondremos contra 15 municipalidades* que vienen exigendo, ilegalmente, contratar personal que tome la temperatura y suministre alcohol en gel a todos los visitantes.
Una farmacia independiente puede tener 2 trabajadores para atender al público durante su horario de funcionamiento. Obligarlas a mantener a alguien permanentemente en la puerta del local, tomando la temperatura y dispensando alcohol a los visitantes; supone contratar dos trabajadores para que puedan cubrir todo el horario de atención.
Estas exigencias suponen un sobrecosto muy grande para la mayoría de farmacias, puesto que implica para muchas duplicar el costo de su planilla, innecesariamente; en una época de crisis en la que el control de gastos y la productividad del personal resulta esencial.
Se trata de una medida desproporcionada, en tanto aplica a las farmacias - que suelen medir menos de 100 m2 y tener 2 o 3 trabajadores - el mismo tratamiento que a un supermercado - que puede pedir más de 4,000 m2 y tener más de 100 trabajadores.
Lo más grave, sin embargo, es que se trata de una medida discriminatoria; por cuanto las bodegas de barrio, que suelen tener metrajes y aforos similares a los de una farmacia; no son objeto de estas exigencias.
Si tienes una farmacia independiente y quieres sumarte a la denuncia para evitar abusos, escríbenos a admin@adeb.com.pe y envíanos firmado el poder que poder que puedes descargar aquí.
Es posible enfrentarse a la burocracia. Es posible evitar que exigencias ilegales causen daños a las empresas.
* Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, Pueblo Libre, Jesús María, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Tacna, Pozuzo, Barranca, Viru, Huancane, Santa Rosa
Al rescate de las cafeterías y restaurantes
"La unión hace la fuerza". Todos conocemos este refrán. Sin embargo, las cafeterías y restaurantes lo han pasado por alto durante mucho tiempo.
A pesar del boom gastronómico en nuestro país y la proliferación de cafeterías y restaurantes de los últimos años; no existe un gremio fuerte que los represente.
Esta es una debilidad muy grande para este tipo de negocios, pues los pone a mercer de los abusos de las autoridades; con pocas posibilidades para defenderse con éxito.
Esto no tiene porque ser así. Si tienes una cafetería, restaurante, fuente de soda o cualquier negocio similar; ahora puedes afiliarte con nosotros, totalmente gratis.
Desde Adeb representaremos los intereses del sector gastronómico frente a los abusos de autoridad y ejercicios ilegítimos del poder que hagan las entidades públicas.
Solo envíanos un correo con tus datos a admin@adeb.com.pe y te mantendremos informado de la novedades del sector.
Y si quieres ser parte de las denuncias que presentemos contra exigencias ilegales de las autoridades, adjuntándonos firmado el poder que podrás descargar aquí.
¡Juntos podemos hacer del Perú un país más competitivo y menos burocrático! ¡Únete!
Ver todas las barreras
En el artículo 4 de la ley orgánica de las municipalidades se indica: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.”
En línea con lo anterior, surge una gran inquietud y está en función al reinicio de actividades luego del aislamiento social obligatorio. Si la finalidad que tienen las municipalidades menciona aspectos relacionados con el desarrollo integral, tenemos que entender que no solo hay vecinos sino también empresas, negocios (mypes por ejemplo) y ciudadanos que interactúan en el distrito.
¿Cuáles son las acciones de prevención que han realizado las municipalidades de cara a “contribuir” con el reinicio de operaciones de los vecinos en general en sus distritos? Si bien han generado “mercados al paso” para los ciudadanos, las empresas o negocios en su circunscripción son también “vecinos” y requieren por ello “apoyo” de su autoridad y no solo acciones “sancionadoras”.
Acciones de “concientización” y talleres virtuales enfocados en “asistir” para el desarrollo de protocolos e identificación de riesgos serían valiosos como etapa inicial y generaría un “acompañamiento” a los vecinos en general. Considero que esto generaría que puedan iniciar sus operaciones en función a las fases establecidas por el gobierno, al contar con mejor información.
Si las empresas, negocios han estado cerrados más de 3 meses y muchos de ellos o han iniciado operaciones o están por hacerlo, ¿cuál es rol real de fiscalización, cerrar el negocios o generar acciones de prevención?, considero que es lo segundo y para ello es importante que los gobiernos municipales inicien una campaña de “acompañamiento” a los vecinos en general, considerando como pilar clave a la PREVENCIÓN, y que la FISCALIZACIÓN termine siendo una acción más de aporte y reducción de brechas que de castigo o multa, lo que al final sigue impactando negativamente en el flujo y cadena de pago de nuestros empresarios, emprendedores y vecinos en general.
El presente artículo analiza la situación posterior a la clausura de un establecimiento comercial, ordenada por la Administración Pública, y el procedimiento que los administrados deben seguir, a fin de poder abrir nuevamente y continuar con sus actividades comerciales.
Analizaremos como en esas situaciones existen incentivos que influyen en la toma de decisiones de las personas y de esa manera regulan su conducta, en ocasiones para obedecer las disposiciones administrativas normativas y en otras, para simplemente satisfacer sus necesidades. Veremos que el procedimiento posterior a la orden de clausura temporal, significa un largo y oscuro camino que el administrado sujeto a fiscalización se encuentra obligado a seguir, y que ello muchas veces constituye un incentivo perverso que motiva al administrado a no obedecer.
Asimismo, veremos que el factor de detección de las infracciones, es como un indicador de la deficiencia del Estado para identificar a los administrados infractores y exigirles cumplir con el correspondiente pago por las multas, lo cual a su vez, también crea incentivos que motivan a los administrados a desobedecer la orden de clausura.
Finalmente, proponemos como alternativa de solución, la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entendido como el derecho que tiene la autoridad, de comprobar la veracidad de los argumentos, documentos e información presentada por los administrados, en el marco de los procedimientos administrativos, lo cual constituye un mecanismo eficiente para la situación bajo análisis, puesto que de ser así, la lentitud con la que generalmente opera el Estado al momento de ejercer su facultad de fiscalización no perjudicará los derechos fundamentales de los administrados.
A través de las normas administrativas se crear incentivos que regulan el comportamiento de los administrados, a veces de manera positiva y otras veces de manera negativa. Si un mandato contenido en alguna norma provoca un daño no previsto en perjuicio del administrado, generará la disyuntiva de obedecerla o de rechazarla. Bajo los dos escenarios el perjudicado debería ser siempre el administrado; puesto que de obedecerla se vería perjudicado con el daño no previsto, y de no obedecerla, la Administración Pública debería detectar dicho desacato y aplicar la respetiva sanción. Sin embargo, en algunos casos el factor de detección de una infracción, generará incentivos que motivarán al administrado a efectuar una determinada conducta infractora, la misma que podría quedar sin castigo.
En el ejercicio de las actividades de fiscalización que ejercen las Entidades Públicas, se encuentran facultadas para ordenar medidas cautelares y/o medidas de carácter provisional. Dentro de ella encontramos la orden de clausura temporal de establecimiento comercial, la cual es dictada en cualquier momento en el marco de una fiscalización, y tiene como objetivo asegurar la eficacia de la resolución final, siempre y cuando no cause un perjuicio de difícil o imposible reparación. Sin embargo, el problema principal de esta medida es que siempre causa un perjuicio de difícil reparación, y en algunos casos, el daño es irreversible.
COCEPTOS PRELIMINARES
Tomamos decisiones en cada momento de nuestras vidas. Incluso cuando creemos que no estamos decidiendo nada y simplemente nos encontramos leyendo estas líneas, esta situación es consecuencia de una decisión tomada segundos antes de iniciar la lectura. “La primera lección sobre la toma de decisiones la resume el dicho <<el que algo quiere, algo le cuesta>>” ([1]), y es muy cierto porque en nuestra búsqueda de alcanzar lo que queremos, generalmente debemos renunciar a otra que también queremos. Por ejemplo, al decidir leer este artículo, hemos renunciado a invertir ese tiempo en alguna otra actividad, y ¿porque hemos decidido así?, tal vez sea por curiosidad; o, tal vez porque el tema sea de su importancias, es decir, existen muchas probabilidades que nos den una razón lógica, pero, la operación que realizaremos al “decidir” siempre será misma: “cuando los individuos se enfrentan a disyuntivas, para tomar decisiones deben comparar los costes y los beneficios de los diferentes cursos de acción posible ([2]), en este ejemplo, el lector considerará que satisfacer su curiosidad, o conocer la implicancia legal que encierra la ejecución de un cierre temporal, será mayor a lo que sea que vaya a sacrificar por acabar la lectura, como por ejemplo, leer otra materia o simplemente descansar.
Tomamos decisiones a fin de obtener un beneficio.
A veces, el resultado de las decisiones que tomamos se pueden apreciar en un corto tiempo, como la decisión de leer esta lectura o como cuando decidimos que ropa usar para ir al trabajo o a la universidad, y una vez en nuestro centro laboral o de estudios, como resultado de una acertada decisión, recibimos un comentario positivo sobre nuestra vestimenta, y tal vez, ello signifique el beneficio esperado. Por tanto, todas las personas buscamos tomar una decisión a fin de conseguir un beneficio, es decir, nadie toma una decisión deseando verse perjudicada con ella.
Los incentivos influyen en las decisiones de las personas.
Por otro lado, existen factores externos a la voluntad de la persona, que crean juicios de valor y motivan al individuo a tomar una decisión específica. Nos referimos a los incentivos. “Como los individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios. Su conducta puede cambiar cuando varían los costes o los beneficios. Es decir, los individuos responden a los incentivos” ([3]).
Un ejemplo, es el caso de la ley del Pico y Placa y el dilema entre transitar o no transitar por la avenida Javier Prado. Si mi auto es de placa impar, no tendré ningún problema en transitar por esa avenida el primer día laboral de la semana; sin embargo, el día martes tendré que decidir entre pasar por esa avenida y arriesgarme a que me apliquen una papeleta, o en su defecto, despertarme un poco más temprano y pasar por las vías alternas, en donde con seguridad habrá más tráfico. Si pensamos en la idea de elegir transitar por Javier Prado cuando no nos corresponda, advertimos la posibilidad de recibir una sanción administrativa, lo cual constituiría un incentivo que nos motivaría a no transitar por esa avenida. En consecuencia, podemos decir que la aplicación de una sanción podría significar un incentivo determinante que regule la conducta de las personas en un caso concreto.
Incentivos: Las Sanciones Administrativas
Con una educación básica que permita conocer las normas elementales que regulan nuestro sistema, es poco probable que las decisiones que tome un individuo promedio, configuren como resultado un delito, y en consecuencia, deba estar inmerso dentro de un proceso, con todo el infortunio que ello implica a fin que se le aplique la correspondiente Sanción Penal. Sin embargo, de lo que casi nadie se podrá salvar, es de una Sanción Administrativa.
En efecto, con todas las normas administrativas que hoy en día existen, es casi imposible por decirlo menos, que una persona encuentre la vejez sin antes haber sido acusada de haber cometido alguna infracción, y en consecuencia, se haya situado dentro en un Procedimiento Administrativo Sancionador (En adelante “PAS”).
Sin temor a equivocarnos podríamos replicar aquella famosa frase del evangelio -“aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”…. quien no haya tomado alguna de las siguientes decisiones:
Sacar la basura fuera del horario establecido por el municipio ([4]).
Claro, es posible que la municipalidad de tu distrito haya establecido un horario para el recojo de residuos, pero no lo sabias.
No recoger las heces de tu perrito dejadas en el parque luego de jugar ([5]).
A pesar de que el origen de esta infracción no nazca precisamente de la voluntad de las personas, es pertinente aclarar que lo que aquí se castiga es la acción posterior al acto natural ejecutado por tu perrito. Es decir, el hecho constitutivo de infracción es “no recoger”.
No izar la bandera en julio ([6]).
Sin importar tu nacionalidad o los ideales religiosos que pudieras tener, el Estado establece que si tienes una propiedad, estás en la obligación de cumplir con la presente exigencia.
No pintar anualmente tu casa ([7]).
Así también, en algunas ocasiones el Estado decide ayudarte con la elección del pintado de tu casa, bajo el criterio de que sus buenos gustos van en favor al ornamento de la ciudad.
En el ejercicio de las actividades que desarrollamos en nuestro día a día, es muy poblarle que las decisiones que tomemos con conocimiento o sin él, configuren una infracción administrativa y tenga como consecuencia una sanción, y la situación podría ser más abrumadora si se tratara de una persona que desarrolla una actividad económica. Aunado a ello, está lo difícil que en ocasiones puede llegar a ser cumplir con una determinada norma administrativa, ya sea porque los requisitos sean muchos o porque su cumplimiento nos genere pérdidas económicas.
La decisión de desobedecer una disposición normativa.
A pesar que el desconocimiento o ignorancia no es causa justificable para eximir o atenuar una sanción administrativa ([8]), debemos señalar que un gran número de infracciones se dan por esos factores, pero para los intereses del presente artículo, hablaremos del otro grupo de personas, las que con conocimiento toman la decisión de cometer el hecho constitutivo de infracción.
Existen innumerables situaciones en donde una persona tomará la decisión de cometer una infracción, como por ejemplo, el caso de Tiffany, una peruana que como muchas, trabaja muy duro para mantener a su familia y poder sacarla adelante, y para ello, se vale de un pequeño negocio que ella dirige.
En el ejercicio de las actividades propias de su negocio, desafortunadamente el dispensador de bebidas sufrió una avería, justo el día cuando la municipalidad decidió realizar una visita de fiscalización inopinada.
En la diligencia de inspección, los fiscalizadores, además de emitir el Acta de Infracción en la cual se describió la falta advertida, decidieron además emitir una segunda acta mediante la cual se ordenó como medida de carácter provisional, el cierre temporal de su establecimiento hasta que cumpliera con subsanar las observaciones.
Tiffany, muy preocupada por lo sucedido, contrató a un electricista para que reparara el dispensador de bebidas averiado, luego fue a la municipalidad a fin de recibir orientación respecto de los pasos a seguir para abrir nuevamente su negocio. En la Municipalidad le informaron que i) primero debía subsanar la observación advertida (reparar el dispensador), luego debía redactar un escrito comunicando la subsanación y dirigirlo a la oficina de Fiscalización; ii) luego, debía redactar otro escrito dirigido a la oficina de Vigilancia Sanitaria, solicitando a los inspectores de dicha oficina, que regresen a su establecimiento a verificar la subsanación efectuada, habiendo previamente pagado la suma de S/ 25.00, por derecho de visita de inspección; iii) luego, debía permanecer con su establecimiento cerrado al público y esperar entre cuatro a cinco días para que los inspectores regresen y verifiquen la subsanación efectuada; iv) luego, si en la visita de inspección los inspectores confirmaban la veracidad de la subsanación, emitirían un acta de conformidad, y acto seguido, debía redactar nuevamente un escrito dirigido a la oficina de Fiscalización, comunicando que la oficina de Vigilancia Sanitaria, había verificado el cumplimiento de la subsanación, adjuntando para esos efectos, una copia del Acta de Verificación; v) luego, debía esperar entre cuatro a cinco días más con su establecimiento cerrado al público, a que el personal de la oficina de Fiscalización tome conocimiento del escrito presentado y emita el acta de Levantamiento de la medida de carácter provisional de cierre temporal; vi) finalmente, debía continuar con su establecimiento cerrado, y esperar a que se le notificara con el Acta de Levantamiento, lo cual ocurriría en un plazo no determinado, puesto que ello dependería del número de procedimientos que se encontraran en trámite al momento que Tiffany presentara el escrito final.
Luego de la información recibida, Tiffany advierte con suma preocupación, que en el mejor de los escenarios, su establecimiento volverá a ver la luz del día, nueve días después del cierre. En ese momento, le viene a la mente las responsabilidades que asume todos los días frente a sus dependientes, los pagos que debe honrar frente a sus acreedores y el alimento que necesita comprar todos los días para su familia, y entonces ella debe tomar una decisión:
Cerrar su negocio y cumplir con el procedimiento indicado o;
abrir su negocio y continuar con el ejercicio de sus actividades.
*En los dos escenarios, el hecho constitutivo de infracción ha sido subsanado.
Tal como lo hemos mencionado, esta disyuntiva se resolverá comparando los costes y los beneficios. Si Tiffany decide la opción “i”, sabe muy bien que los costes serán muy alto dado que no podrá cumplir con sus obligaciones, hecho que le podría traer daños irreparables, y el beneficio significará estar en “regla” con el Estado, y no recibir ninguna eventual sanción adicional por desobedecer la orden de cierre. En cambio, si decide la opción “ii” y abre su negocio, los costes serán que eventualmente cabría la posibilidad de ser detectada por la Municipalidad y que se le aplique una sanción más perjudicial que la anterior, incluso que se le abra un proceso judicial por la presunta comisión del delito de desacato y/o resistencia a la autoridad; y el beneficio para este caso sería que va a cumplir con todas sus obligaciones familiares y contractuales.
Asimismo, Tiffany sabe que la misma deficiencia con la que actúa el Estado para verificar el levantamiento de una observación y emitir la correspondiente autorización para abrir, lo cual puede tardar días o incluso semanas, también se presenta al momento en que el Estado debe detectar la comisión de un desacato. Por tanto, la decisión que tome la efectuará no solamente en función a la magnitud total de la sanción que vaya a recibir en caso sea descubierta, sino también, evaluará además la capacidad que tiene el Estado para detectar estos desacatos, capacidad que en muchas ocasiones es nula.
El Entidades Públicas trabajan lento.
En efecto, el administrado conoce lo deficiente que es la Administración, que a menudo, se ve reflejada en incentivos que ésta misma crea para que los administrados sancionados cumplan de manera voluntaria con asumir sus obligaciones.
Por ejemplo, si te sancionan y pagas la multa dentro de los cinco primeros días de impuesta, entonces la Administración te retribuye ese buen acto, con una reducción del 30%, 50% y en ocasiones hasta el 80% de la sanción; y la razón de ese actuar benévolo no es precisamente el espíritu generoso que tiene, sino más bien, atiende a que la Administración es consciente de su deficiencia e incapacidad, y sabes que por muchos factores económicos, es difícil detectar omisiones y recaudar el pago de las respectivas multas.
¿Acataría la orden de cierre, o simplemente seguiría su camino?
Del ejemplo basado en hechos, personas y entidades que a menudo se presentan en nuestra realidad, se desprende una verdad preocupante. Por un lado está el procedimiento que el administrado debe seguir a fin de abrir nuevamente su establecimiento, luego de la ejecución de un cierre temporal, lo cual es un largo y fangoso camino por recorrer, lleno de ambigüedades; y, por otro lado, encontramos la deficiencia del Estado para actuar rápidamente y detectar las infracciones en los casos de desacato a la orden de cierre.
Dos realidades que sin duda perjudicaran a cualquier persona, ya sea natural o jurídica que desea realizar algún tipo de actividad económica en nuestro país.
CIERRE TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Medida de Carácter Provisional o Medida Cautelar.
La Ley del Procedimiento Administrativo General No. 27444, en adelante “Ley General”, establece que la administración pública tiene la facultad para ordenar el cierre temporal de un establecimiento comercial como una “Medida de Carácter Provisional” ([9]) dentro de un PAS, o como una “Medida Cautelar” ([10]) dictada dentro de la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.
Cuando se ordene dentro de un PAS, a través de una “Medida de Carácter Provisional” su finalidad será asegurar la eficacia de la resolución final, cuidando de que en su aplicación, no se cause perjuicio de difícil o imposible reparación al administrado. Asimismo, cuando sea ordenada como una “Medida Cautelar” juntamente con la resolución que ponga fin al PAS, tendrá el objetivo de garantizar su eficacia en tanto lo ordenando no sea ejecutado.
Ahora bien, del ejemplo citado en los párrafos precedentes, podemos advertir que la medida adoptada corresponde a una de “Carácter Provisional”, aplicada al momento de la inspección, es decir, en el transcurso del PAS. Sin embargo, sin importar que la orden de cierre se haya aplicado mediante una “Medida de Carácter Provisional” en el transcurso del PAS o una “Medida Cautelar” al momento de resolver, para los intereses del presente artículo, corresponde analizar el procedimiento a seguir luego de la orden de cierre.
Oscuridad en la Norma.
El legislador ha dejado al libre albedrio de cada Entidad, la regulación del procedimiento a seguir luego de haberse dictado un cierre temporal, y cada Entidad en muchos casos, por no decir en todos, ha decidido limitarse a únicamente expresar en sus reglamentos, el siguiente enunciado: “Clausura temporal hasta que se subsane o se adecue la conducta infractora”.
Dicha falta de regulación ha provocado que en la práctica el administrado y hasta incluso los propios funcionarios, no tengan herramientas legales para resolver determinadas situaciones, puesto que del marco legal existente que establece algunos “alcances” por decirlo de algún modo, de lo que podría significar el procedimiento a seguir luego de una orden de cierre temporal, podemos advertir que el derecho constitucional al trabajo que tiene todo administrado, se encuentra supeditado a la voluntad y disponibilidad del personal inspector de la Entidad fiscalizadora, toda vez que, en la práctica, solo se considerará que la observación objeto del cierre temporal ha sido subsanada, solo si el personal inspector llega a verificar su cumplimiento.
Sin embargo, también podemos ver que en la práctica, esa simple constatación pudiera generar un daño de difícil reparación o en algunos casos, irreparable, en perjuicio del administrado, toda vez que la inoperatividad de la administración pública por falta de personal y presupuesto, así lo ha demostrado.
Consecuencia de no existir un Procedimiento Post-Cierre.- Daño de difícil reparación o en algunos casos, irreparable.
En efecto, tanto para la Medida de Carácter Provisional como para la Medida Cautelar, la Ley General establece que no deberían causar perjuicio de difícil o imposible reparación ([11]).
Sin embargo, lo que habitualmente sucede en la práctica, cuando se decide ordenar un cierre temporal, ya sea como una Medida de Carácter Provisional o como una Medida Cautelar, es que el cierre del establecimiento genera un perjuicio de difícil o imposible reparación, y para calcular dicho perjuicio, bastaría con desarrollar el siguiente análisis.
Pongamos por ejemplo que para reparar el daño originado por un (01) día de cierre, no siempre bastará con que el administrado trabaje al día siguiente, una jornada doble, dado que:
Los clientes no llegan a su establecimiento las 24 horas del día, sino que existen horarios de mayor afluencia de público, En tal sentido, así el Administrado trabaje de hasta de madrugada, no podrá cubrir lo trabajado en el horario normal de mayor afluencia.
Todos los días, la familia exige gastos de manutención, que de no cubrirlos, se deberá disponer dinero de los ahorros y si no se contara con ellos, se deberá recurrir a créditos que conllevan al pago de intereses.
Si el pago a sus acreedores no fuera diario, un negociante sabe que una parte de la ganancia de un día de trabajo, constituirá un porcentaje del pago mensual destinado a honrar sus deudas, y de no cubrir ese porcentaje debido a ese día no laborado, el Administrado incurrirá en moras y/o intereses.
Ahora bien, mientras a más días se prolongue el cierre, mayor será el daño y habrá más posibilidades de que éste sea irreparable, con lo cual, se estaría infringiendo lo dispuesto por la Ley General, respecto a los cierres: no deberían causar perjuicio de difícil o imposible reparación.
El Principio de Privilegio de Controles Posteriores.- Como una alternativa de solución.
Es cierto que las Entidades deben constatar con sus sentidos, el cumplimiento de la subsanación para aceptarla, puesto que al parecer, no bastará la palabra del administrado quien haya comunicado haber cumplido con adecuar su conducta infractora.
Una alternativa de solución podríamos encontrar en el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, establecido en el numeral 1.16 del Artículo IV, del Título Preliminar de la Ley General:
“La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz”.
El mencionado principio establece que los procedimientos administrativos se deberán sustentar en la aplicación de la fiscalización posterior, es decir, la administración pública, comprobará la veracidad de la información que el administrado proporcione en determinado procedimiento.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ([12]), ha referido que la aplicación de este principio guarda sujeción con los principios de razonabilidad, presunción de veracidad y verdad material:
Considerando del Tribunal Constitucional
4. De conformidad con el Principio del Privilegio de Controles Posteriores contemplado en el artículo IV, numeral 1.16, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 en la tramitación de los procedimientos administrativos que se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz, en concordancia con los principios de razonabilidad, presunción de veracidad y de verdad material establecidos en los artículos 1.4, 1.7 y 1.11 del citado artículo IV denominado "Principios del procedimiento administrativo"
(El resaltado y subrayado es agregado)
En efecto, el privilegio de controles posteriores se empleará con posterioridad a la información brindada por el administrado, considerando que en su momento dicha información era veraz (presunción de veracidad), asimismo, en la aplicación de este principio la autoridad buscará constatar las afirmaciones del administrado y adoptar toda evidencia probatoria permitida por ley, a fin de tomar decisiones de manera motivada (principio de verdad material).
Si consideramos a las diligencias posteriores que, tanto el administrado como la administración deberán realizar, a fin de corroborar la adecuación de la conducta, es en conjunto un actos que integran un procedimiento independiente a lo que motivó la aplicación de la medida de cierre temporal, entonces en beneficio del administrado, se debería aplicar este principio y dejar que el administrado cumpla con comunicar la subsanación y otorgarle automáticamente la orden de apertura.
Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, podemos señalar además que lo mencionado guarda estrecha relación con el principio de presunción de licitud que regula al procedimiento administrativo sancionador, toda vez que la administración deberá tener por ciertas las afirmaciones que el administrado presente en la primera oportunidad que comunique las subsanaciones en tanto no se demuestre lo contrario.
Orden de cierre de establecimiento originada por una medida de carácter provisional o una medida cautelar.
Subsanación de la observación y la respectiva comunicación por escrito del administrado (autorización de apertura automatiza).
De ser así, se evitará todo el trámite burocrático que envuelve al “procedimiento”, vale decir, no establecido por la ley general, que se aplica para la etapa post clausura de establecimiento.
De esa forma se resguardarían tantos derechos fundamentales que se ven afectados por la demora en la verificación de las subsanaciones que declara haber realizado el administrado.
Se podría señalar, con justa razón, que ello podría generar un incentivo perverso que motivaría a los administrados que hayan sido perjudicados por una orden de clausura temporal, a presentar escritos de manera indiscriminada, indicando una falsa subsanación a fin de no verse perjudicados con dicha medida. Sin embargo, debemos recordar que el Principio del Privilegio de Controles Posteriores establece en su último párrafo que se aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz, de ahí que el legislador, podría establecer medidas mucho más gravosas para el administrado que falte a la verdad a fin de general incentivos que lleven al administrado a hacer lo correcto.
Un incentivo importante que motivará al administrado a desobedecer una orden de cierre temporal, es el perjuicio de difícil o imposible reparación que se generaría por el tiempo que dure el cierre. Incentivo que muchas veces nace de la imposibilidad de la administración para verificar las subsanaciones que originaron el cierre.
El Estado, quien generalmente se ocupa en regular todas las situaciones y conductas de los administrados, ha dejado al libre albedrío de la administración pública, el regular en sus procedimientos especiales, los pasos que el administrado debe seguir luego de un cierre temporal, en el marco de las fiscalizaciones.
La administración pública por su parte, dejos de proporcionar claridad a esta incertidumbre legal y no perjudicar al administrado con distintos procedimientos, ha resumido su explicación del procedimiento posterior al cierre, a la siguiente premisa “la clausura subsistirá hasta el cumplimiento de las subsanaciones”, lo cual, en la práctica, ha significado que la clausura subsistirá hasta que la subsanación haya sido verificada por el personal fiscalizador, limitando de esa manera, el derecho del administrado a la voluntad y posibilidad que tiene el personal fiscalizador para poder verificar el cumplimiento de las subsanaciones, que como lo hemos mencionado, para el Estado es una actividad muy difícil de realizar.
Finalmente, consideramos que la solución es la aplicación el principio de controles posteriores, mediante la cual, bastaría la sola comunicación por parte del administrado en donde señale que ha cumplido con subsanar las observaciones que originaron el cierre, para que éste pueda abrir nuevamente su establecimiento, y la autoridad, en virtud al mencionado principio, realiza una fiscalización posterior, verificando la veracidad de lo afirmado.
En este escenario no se perjudicaría al Administrado y las medidas de cierre temporal, cumplirían con lo que establece el marco legal respecto a que las mencionadas no deben causar un daño de difícil o imposible reparación para el Administrado.
Barra, Rodolfo Carlos (1980) Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, DePalma.
García de Enterría (2011) Curso de Derecho Administrativo, Lima, Palestra.
Guzmán Napurí, Christian (2011) Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo, Lima, Caballero Bustamante.
Huamán Ordoñez, Luis Alberto (2017) Procedimiento Administrativo General Comentado, Lima, Jurista Editores.
Mankiw, Nicholas Gregory (2004) Principios de la Economía, Madrid, McGraw-Hill.
Morón Urbina, Juan Carlos. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima, Gaceta Jurídica.
Morón Urbina, Juan Carlos (2014). El Control Jurídico de los Reglamentos de la Administración Púbica, Lima, Gaceta Jurídica.
[1] N. Gregory Mankiw, Principios de la Economía 3° Edición (2004), “Los Individuos se enfrentan a disyuntivas” p. 4.
[2] N. Gregory Mankiw, Principios de la Economía 3° Edición (2004), “El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguir un beneficio” p. 4.
[3] N. Gregory Mankiw, Principios de la Economía 3° Edición (2004), “Los individuos responden a los incentivos” p. 5.
[4] Tipificada como infracción administrativa según la Ordenanza No. 37-2017-MPC, expedida por la municipalidad provincial de Cañete.
Código de Infracción 5.22, sanción 0.03 UIT.
[5] Tipificada como infracción administrativa según la Ordenanza No. 345-2019-MDCH, expedida por la municipalidad distrital de Chorrillos
Literal C: no recoger las heces de sus mascotas 0.15 UIT.
[6] Tipificada como infracción administrativa según la Ordenanza No. 1971, expedida por la municipalidad de Lima, que institucionaliza los actos cívicos patrióticos en fechas conmemorativas en el Cercado de Lima.
Código de Infracción 06-0603, sanción 0.10 UIT.
[7] Tipificada como infracción administrativa según la Ordenanza No. 327-MDSM, expedida por la municipalidad distrital de San Miguel, que regula el pintado de fachadas y el acabado exterior de las edificaciones ubicados en el distrito de San Miguel.
Código de Infracción 2336, sanción 0.50 UIT.
[8] Artículo 236-A de la Ley No. 27444, modificada según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272: Eximentes y Atenuantes de responsabilidad por infracciones.
[9] Artículo 236 de la Ley No. 27444, modificada según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272: Medidas de Carácter Provisional.
[10] Artículo 237 de la Ley No. 27444, modificada según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272: Resolución.
[11] Artículo 236.4 y 237.2 de la Ley No. 27444, modificada según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272.
[12] Expediente No. 07412-20 I3-PA/TC, Piura - DESIDERIO MONTERO MONJE.
Las clausuras de establecimientos comerciales se han convertido en un mecanismo muy común que fomenta la corrupción y la extorsión por parte de funcionarios públicos. Inspectores municipales utilizan indebidamente el poder que tienen para cerrar establecimientos, y obligan a las empresas a realizar pagos a cambio de reabrir prontamente sus locales y evitar mayores pérdidas de ventas y daños económicos.
Las normas que facultan a las municipalidades a clausurar establecimientos comerciales son demasiado amplias y discrecionales. Al mismo tiempo, las restricciones para aplicarlas resultan insuficientes para limitar los abusos de autoridad.
La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce en su artículo 49° que la autoridad municipal “…puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.”
La misma ley, en su artículo 78°, establece que los municipios “…pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.”
Por su parte, el artículo 256° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que “La autoridad que tramita el procedimiento puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final..."
Si bien el mismo artículo establece que “Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto”; y que “No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos”; se trata de restricciones que suelen ser pasadas por alto en la mayoría de los casos.
La solución a un problema de normas genéricas que permiten amplios criterios de interpretación, pasa en primer lugar por acotarlas; y, en segundo lugar, por garantizar que su aplicación dependa de funcionarios que garanticen la objetividad de criterios y eviten la comisión de delitos.
Para ello se requieren las siguientes modificaciones a los artículos 49° y 78° de la Ley Orgánica de Municipalidades:
“ARTÍCULO 49.- CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios, únicamente en presencia de un fiscal de prevención del delito, cuando su funcionamiento está legalmente prohibido o cuando se encuentren infracciones insubsanables al momento de la inspección que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. En ningún caso proceden medidas de clausura por faltas administrativas o incumplimiento de procedimientos administrativos.”
“ARTÍCULO 78.- SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios en estricta observancia del artículo 49.”
Asimismo, se requiere introducir el siguiente numeral en el artículo 256° del TUO de la Ley N° 27444:
“256.9 Tratándose de medidas de clausura temporal de establecimientos, se requerirá necesariamente la presencia de un fiscal de prevención del delito; y sólo serán procedentes cuando se encuentren infracciones insubsanables al momento de la inspección que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. En ningún caso proceden medidas de clausura por faltas administrativas o incumplimiento de procedimientos administrativos."
Si la corrupción encuentra espacio en normas que otorgan una amplia capacidad discrecional a los funcionarios municipales, es preciso acotarlas y someterlos al principio de legalidad. Urge implementar cambios normativos que restrinjan el poder de clausura a casos excepcionales, con la participación de fiscales que eviten la comisión de delitos.
Retos para revertir el desprestigio empresarial
El 13 de marzo de 1964, una joven neoyorkina de 28 años, llamada Catherine Genovese, fue asesinada en el barrio de Queens; ante la presencia de 38 testigos que se abstuvieron de prestarle ayuda o llamar a la policía para evitar su muerte.
El crimen pudo pasar desapercibido – como uno más de los 630 asesinatos que ocurrieron ese año en Nueva York –, pero un artículo publicado en el New York Times evitó que cayera en el olvido y causó que se convirtiera en uno de los casos de comportamiento social más estudiados por la psicología.
La noticia daba cuenta que 38 personas observaron desde distintos lugares como Catherine era perseguida por un sujeto, y apuñalada mientras intentaba escapar. A pesar de sus gritos de auxilio, ninguno de los espectadores acudió en su ayuda, ni llamó a la policía.
Los testigos tuvieron diversas explicaciones del porqué omitieron socorrer a Catherine. Si bien algunos declararon no querer verse involucrados, la mayoría pensó que alguien más lo haría. No llamaron a la policía, porque habiendo tantas personas observando, ninguno supo a quien le correspondía hacerlo.
La opinión pública culpó del hecho a la indiferencia de la sociedad neoyorkina, a la falta de empatía y al desinterés por los demás. Tiempo después, la ciencia demostraría que la conducta omisiva de los 38 testigos aquella noche, fue producto de un comportamiento que resulta bastante típico en circunstancias en las que, habiendo muchos llamados a actuar, nadie lo hace porque se piensa que alguien más lo hará.
La inacción colectiva de un grupo de individuos gatilla un comportamiento al que se le conoce como “prueba social”; según el cual los seres humanos suelen observar la actuación del resto antes de decidir cómo actuar. Este comportamiento puede inducir a que, en determinadas circunstancias, en las que nadie actúa decididamente; el efecto se contagie y todos terminen siendo simples espectadores de sucesos extraordinarios, crisis o emergencias.
¿Cuántas veces hemos sido testigos de un accidente y no hemos llamado a emergencias porque hemos asumido que alguien más lo hará? Nos ha ocurrido a todos alguna vez. El no sentirnos responsables frente a una crisis, nos hace pensar que es otro quien debe reaccionar primero. El problema es que todos razonamos igual, y nadie se siente llamado tomar la iniciativa para actuar.
El empresariado peruano viene atravesando una grave crisis de desprestigio por parte de la población. El descontento social frente a las empresas se ha ido acrecentado con los años, y hoy pone en riesgo la continuidad de nuestro modelo económico. Aun así, son pocos quienes se sienten llamados a revertir esa visión generalizada en buena parte de nuestro país. Muchos piensan que alguien más lo hará, porque asumen que el responsable es otro, y esperan que ese otro actúe.
Las empresas están compuestas por personas que no son ajenas al principio de la “prueba social”. La atomización del empresariado y la falta de un liderazgo claro y legítimo en el sector privado, permite que las empresas se comporten cual individuos presenciando una muerte, omitiendo el deber de actuación que corresponde a todos ante una crisis.
La muerte de Catherine Genovese demuestra que es mejor tener 38 llamados de emergencia a no tener ninguno. Ojalá seamos capaces de aprender de ella, antes de que sea demasiado tarde. Todo empieza por generar consciencia.
La formalización de la extorsión
La extorsión en nuestro país se ha formalizado. Se ha puesto un disfraz, con el que ha logrado pasar desapercibida. Se manifiesta a diario. Amenaza a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ocasiona daños inconmensurables a la economía, la formalidad y la seguridad jurídica.
Cada día, miles de inspectores municipales salen a las calles a fiscalizar locales comerciales. No hay inspección en la que no se encuentre alguna observación, alguna imperfección, algún error, alguna excusa para sancionar al infractor con todo el poder del Estado.
No está mal que los gobiernos locales fiscalicen. Lo que está mal es que todo el sistema legal que debe permitir a las empresas defenderse frente a errores, abusos de autoridad y excesos de poder; haya devenido en inservible frente a las medidas de clausura dictadas para forzar el pago de multas, a cambio de reabrir prontamente locales cerrados indebidamente.
“La pared está sucia, la luz no enciende, el caño está malogrado…”; son infracciones que hoy sirven para justificar la clausura de establecimientos, bajo el supuesto incumplimiento de normas de seguridad y sanidad municipales.
Infracciones irrisorias o inexistentes, facultan a funcionarios uniformados a ordenar la evacuación de clientes, el cierre de tiendas y el pegado de carteles de clausura en sus puertas; para luego enorgullecerse ante cámaras de televisión y posar para fotos que comparten en sus redes sociales; acusando a empresas formales de incumplir ordenanzas muchas veces contrarias a la ley, sin reparar en el daño reputacional que ocasionan a las marcas.
Las medidas de clausura, que debieran ser excepcionales y aplicables únicamente cuando está en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas; se han convertido en una forma de extorsión que busca privar a empresas y emprendedores del derecho a defenderse frente al abuso.
¿Quieres reabrir un local injustamente cerrado? No apeles. No te defiendas. Acepta la infracción aunque no exista. Paga la multa por más abusiva que sea. Obedece sin cuestionar. Porque apelar o denunciar a los funcionarios responsables, solo alarga los procesos de reapertura y acrecienta los daños económicos de las empresas.
Al igual que la inseguridad ciudadana, la extorsión municipal es hoy un riesgo natural de los negocios. Si un delincuente te amenaza con un arma y te pide dinero, es mejor dárselo. De lo contrario, el daño puede ser mayor. Lo mismo ocurre ante una clausura ilegal.
El poder que tiene una municipalidad para hacer daño es tan grande, y el costo para defenderse con el local cerrado tan alto; que es mejor resignarse y ceder ante el abuso. Es lamentable. Es nuestra realidad.
La Municipalidad de Miraflores se ha vanagloriado de haber incautado, en menos de dos horas, más de 140 scooters pertenecientes a una empresa que ha invertido y apostado por proveer a la ciudad de una nueva forma de transporte, que podría aliviar el caos vehicular.
Según indicó la municipalidad en un comunicado, la incautación se debió a que los scooters estaban estacionados en la vereda e interrumpían el tránsito peatonal. Sin embargo, en el mismo comunicado se dio a conocer que el objeto de la medida era reducir los accidentes debido a la alta velocidad que pueden llegar alcanzar. Pareciera, pues, que estacionar en la vereda fue solo una excusa para impedir que los scooters circulen por el distrito, debido a una supuesta amenaza pública producto del exceso de velocidad.
Pero, ¿son en verdad los scooters una amenaza? Las bicicletas, motocicletas, automóviles y micro buses circulan a diario excediendo la velocidad, y ésa no es excusa para incautarlos todos. Las autoridades deben hacer respetar las leyes, sin que eso implique atentar contra el desarrollo de actividades económicas ni impedir el progreso de una ciudad. El punto de partida para lograr ese objetivo debe empezar por establecer un marco normativo que permita a las personas y empresas conocer sus derechos y obligaciones.
Los scooters parecen ser una buena alternativa de transporte que se viene masificando. Sin embargo, hasta la fecha no existe una regulación clara. Hoy la mayoría desconoce si puede circular por la vereda como las personas, o por la calle como los autos. No sabe si pueden hacer uso de las ciclovías, o si le está prohibido. No tiene claro si puede dejarlos en la vereda, como a veces deja las bicicletas; o en la calle, ocupando el espacio que corresponde a un automóvil. Duda si puede andar por una avenida, o si puede hacerlo por el margen izquierdo.
Para crecer ordenadamente y buscar soluciones innovadoras, la Municipalidad Metropolitana de Lima debe dar a conocer las normas que debemos observar para hacer uso de estos sistemas de movilización. Solo de esa forma tendremos predictibilidad respecto del actuar de las autoridades, y sus medidas de incautación no nos parecerán tan arbitrarias. Las normas no pueden atomizarse por distrito. La municipalidad provincial debe asumir el rol que le corresponde y establecer una única normativa que conozcamos todos de manera general.
Para conocer el ranking de entidades de la Administración Pública que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional, o que han impuesto mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad a nivel nacional

References: artículo 3
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 236
 artículo 2
 Artículo 236
 artículo 2
 Artículo 237
 artículo 2
 Artículo 236
 artículo 2
 artículo 49
 artículo 78
 artículo 256
 resolución 
 artículo 49
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