Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201715785682756.HTML
Timestamp: 2018-09-24 05:52:53+00:00

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–La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión les da las buenas tardes y agradece la presencia de la señora ministra, maestra Marina Arismendi y de la delegación que la acompaña.
Cuando hablamos de los derechos vulnerados nos estamos refiriendo a personas, familias, colectividades o comunidades que si bien desde el punto de vista de los ingresos han tenido avances –las mediciones de la Encuesta Nacional de Hogares y otros censos muestran que ha habido un abatimiento de la pobreza y más importante aún de la indigencia por tener una renta alta si nos comparamos con el promedio de los países de la región– igualmente tienen que asumir dificultades. Del trabajo hecho en cada lugar y territorio nos vamos encontrando, repito, con esas dificultades, aunque ya no de la línea base del tema de pobreza o indigencia. Siempre decimos –y esto surge tanto del documento base de la Cepal como de las intervenciones realizadas por los ministros y ministras de la región que estuvieron en nuestro país– que hay un entrecruzamiento de las desigualdades.
Esto se refiere a que ante igual situación, por ejemplo, de trabajo, hay elementos, como ser mujer, raza o etnia, diversidad, etcétera, que hacen que esas personas o familias tengan mayores dificultades. Ya en el período pasado, en la segunda etapa del Mides, pudimos identificar mucho más finamente –y por eso se empezó a trabajar con las tarjetas de alimentación de Uruguay Social– que hay una población muy concreta, la trans, que tiene menor expectativa de vida. Había estudios académicos que lo planteaban y el censo que realizamos en esta tercera etapa del Mides lamentablemente lo confirmó con creces. Nos enorgullecemos del formidable avance en la expectativa de vida que tiene el Uruguay, que hace que las personas vivan más y mejor y envejezcan con dignidad –que son derechos por los que hemos peleado–, pero en el caso de la población trans esta expectativa de vida no supera los cuarenta y pocos años; lamentablemente el censo corrobora duramente esto. En una de las presentaciones del censo el profesor Sempol manifestaba que estos datos hacen que la academia deba replantearse un montón de temas, porque confirma con dureza muchas de las hipótesis o estudios académicos pero, además, pone sobre la mesa cosas que no se habían contemplado. También tenemos el tema de los reconocimientos como sujetos de derecho. Me gusta repetir que la Constitución dice claramente que todos los habitantes de la República tenemos los mismos derechos. No habla de ciudadanos y ciudadanas como ocurre en otras constituciones, sino de todos los habitantes de la República. Digo esto, porque estamos teniendo un flujo migratorio importante y esta dirección –que es justamente la que atiende el tema– adoptó el criterio de que la Constitución se refiere a todos los habitantes de la República y por lo tanto abarca a quienes han elegido venir a vivir aquí o los han traído a través de la trata y el tráfico de personas, que es otro aspecto que debemos abordar.
Por otro lado, quiero decir que el censo fue para nosotros muy importante porque los datos firmes –eso lo ratificamos una vez más–, los datos duros, los que realmente nos muestran la realidad nos sirven, por un lado, para saber qué es lo que tenemos que hacer y, en segundo lugar, para cambiar las propias políticas que llevamos adelante. Ni las políticas ni las normas son eternas, sino que hay nuevas realidades, nuevas situaciones y ciertas posibilidades que tenemos que atender. Muchas veces hemos conversado y decimos que cuando el tema era, después de la crisis, poner un plato de comida una vez al día para cada persona, esa era una situación; en la segunda etapa pudimos hacer otra cantidad de cosas que en la primera no se podían concretar; y en esta tercera tenemos la posibilidad de ampliar y consolidar, por medio de la legislación, algunas cosas que todavía tenemos que mejorar. En otros temas tenemos, incluso, propuestas para modificar leyes que fueron iniciativa de nosotros mismos. Pero como la vida, la realidad, cambia – si ustedes nos permiten, hoy que estamos del otro lado de la mesa esta es nuestra opinión–, también tienen que cambiar la normativa; no podemos decirle a la sociedad que se constriña dentro de la ley, sino que las leyes tienen que ir transformándose junto con las modificaciones sociales.
Los señores senadores tienen en su poder la primera síntesis grande del proceso y este material va a ser publicado, como lo fue el trabajo metodológico del censo que a la brevedad les haremos llegar. La idea es presentar toda la serie de datos en conjunto, habida cuenta del interés que existe a nivel internacional. Este es el primer Estado que genera un censo específico para esta población. Por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con la secretaría de Derechos Humanos de la presidencia de la nación Argentina para asesorarlos en este tema y ellos toman como referencia nuestro censo. También estamos trabajando sobre un convenio con el Conapred, de México que, en realidad, es la comisión que genera los seguimientos de los análisis de indicadores de Derechos Humanos en México. Además, desde El Salvador, a través de Naciones Unidas, me ha llegado una invitación concreta porque es la primera vez que más allá de los discursos –sin importar de donde provengan–, se buscan datos. Es más, hasta hace poco tiempo, cuando se hizo la conferencia LGBT en nuestro país en conjunto con Holanda, hasta el Banco Mundial señaló la necesidad de generar datos duros más allá de los relatos, certeros o no, de la sociedad civil organizada. Esa es la importancia del censo.
Como decía, el promedio de edad –que no se corresponde con la expectativa de vida– es de 36 años. Como bien señaló la señora ministra, son estudios regionales los que marcan la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica. Diríamos que son los únicos estudios que hay sobre expectativa de vida porque, de acuerdo con la muestra que nosotros teníamos era muy difícil llegar a este dato.
Para entender por qué llegamos a esto vamos a compartir con ustedes algunos números. Otro dato que tiene que ver con la vejez de las personas trans –aunque no pasa solo con personas trans– es que al romper con los núcleos familiares esa etapa se vive en soledad. En la vida de las personas trans el abandono del hogar es un dato central. La edad promedio de salida del hogar es de 18 años, pero si repreguntamos se va modificando. Uno de los factores más frecuentes y que explican que se vayan de su casa tan pronto es la existencia de problemas familiares durante el proceso en el que viven su identidad de género o lo que la bibliografía comúnmente llama el «proceso de destape». Esa persona le cuenta a su núcleo familiar esta situación, empieza a vivirla y se generan conflictos. En este tipo de casos el promedio de edad en el que abandona el hogar baja a 16 años. Cuando las personas empiezan a vivir ese proceso o cuando el «proceso de destape» sucede a temprana edad son expulsadas o abandonan el hogar en el entorno de los 16 años.
Quiero dar otro dato muy interesante para comparar, que se explicará durante el proceso. Por ejemplo, la ley argentina –posterior a la uruguaya– establece un trámite administrativo que se realiza en las oficinas del registro civil de cada provincia. En realidad en Argentina no hay datos sistemáticos. Lo único que existe es una nota editada en el diario La Nación, del 5 de mayo de este año, donde figura que 5703 personas se ampararon a ese trámite. Si observamos los números veremos que hay una adherencia a esa ley distinta a la de Uruguay.
Si tenemos en cuenta el trabajo, el 65 % de las personas entrevistadas dicen estar ocupadas y si los separamos por género, el 55 % de los varones trans y el 67 % de las mujeres. El dato que doy a continuación es muy importante. El 38 % declaran ser asalariadas, pero ese porcentaje corresponde al 67 % de los varones trans –miren como cambia– y al 35 % de las mujeres trans, cuando el dato anterior era inverso.
Un 25 % declara ser trabajador independiente –hay otros datos que dependen de las preguntas– y un 32 % dice ejercer solo el comercio sexual, en esta primera pregunta. Pero cuando uno sigue profundizando advierte que hoy el 30 % de la población trans está desocupada –la desocupación de este año, de acuerdo con el censo, se ubica entre el 7 % y el 8 %– meramente por ser una persona trans. Por lo tanto, su nivel de desempleo es ampliamente superior.
Hay algunos datos que podríamos profundizar, pero para ir adelantando aquí se habla del nivel de Fonasa –aquí no daré porcentajes para no aburrir a los señores senadores, ya que están en el documento– y de los trabajos informales con muy poco acceso a prestaciones de la seguridad social.
Me quiero referir ahora a los ingresos. Si estos datos no están en el documento que hoy dejaremos, les enviaremos por mail la presentación que estamos haciendo en una gira con el Consejo Nacional de Diversidad Sexual sobre el proyecto de ley, relacionada con los ingresos de las personas trans. El ingreso promedio que arroja el censo de las personas trans en Uruguay –no me quiero equivocar en la cifra, así que miro la presentación–, es de $ 7.418. Cuando hacemos un corte etario –como mencionábamos hoy sobre la vejez y el derecho a envejecer–, el promedio de ingreso de una persona trans cuando supera los 51 años es de $ 3.764. Al respecto, quiero agregar que ese número a veces es inferior, si tomamos en cuenta que muchas de estas personas tienen un ingreso por transferencia monetaria, por la Tarjeta Uruguay Social, que está en el entorno de $ 900. Por tanto, ese valor es incluso menor. En lo declarado no desglosamos el ingreso de la Tarjeta Uruguay Social.
En cuanto a la educación, el 61 % de las personas no tiene el ciclo básico completo, el 12 % no tiene la escuela finalizada, el 25 % tiene primaria completa y el 24 % tiene el ciclo básico incompleto. Esto está totalmente relacionado –figura en el documento– con el abandono temprano del hogar. Obviamente, de las personas que abandonaron el hogar a los 12 años, el 24 % tiene primaria incompleta, el 31 % primaria completa y el 21 % tiene ciclo básico incompleto, elevando este número a aproximadamente 77 %. Lo mismo pasa en la franja de 15 a 17 años, donde vemos que hay un 10 % con primaria incompleta, un 24 % con primaria completa y un 26 % con el ciclo básico incompleto. Es decir que 6 de cada 10 personas que abandonaron su hogar entre los 15 y 17 años, no lograron superar el ciclo básico.
Teniendo en cuenta los datos de salud, podemos decir que la mayoría de estas personas se atienden en el prestador de salud del Estado. En el documento compartimos una serie de datos –los porcentajes figuran en el documento– que tienen que ver con la relación entre el trabajo, el comercio sexual y la modificación quirúrgica de las personas trans para ese mercado. No todas las personas trans sienten la necesidad de modificar su cuerpo quirúrgicamente; algunas sí lo quieren con un proceso completo que se denomina reasignación de sexo y que implica la transformación de toda su genitalidad. Sin embargo, otras personas quieren modificar estéticamente parte de su genitalidad, como ser, mediante implantes mamarios en el caso de las mujeres trans o la mastectomía en el caso de los hombres trans. ¿Qué ha pasado, sobre todo, con las mujeres trans históricamente? Que el Estado, los prestadores no brindaban estos procesos y entonces, en general, esas personas se autoadministraban esas modificaciones corporales, y voy a ser bien concreto. Muchas mujeres trans se inyectaron o les inyectaron en su cuerpo silicona industrial y no se trata de una prótesis, por tanto, no piensen en una bolsa, sino en líquido que se inyecta a través de los pezones u otras partes del cuerpo. Estas prácticas de «cirugía estética» –y es una expresión que debe ir con muchas comillas– para la modificación del cuerpo se realizan en un mercado negro. Como es obvio, luego esas prácticas le generan gastos enormes al Estado cuando esas personas se presentan con problemas cardíacos o de otro tipo debido a que ese líquido recorrió el cuerpo. Insisto en que no se trata de una prótesis, sino de un líquido que se inyecta y que durante un tiempo quedó estacionado. Voy a tratar de ser lo menos violento posible, pero hay relatos acerca de que aquello que alguna vez fue un seno, hoy es un bulto en un pie porque, como dije, ese líquido recorre el cuerpo. Esto es algo que queríamos remarcar y los datos están en el documento.
En realidad, el estado uruguayo a través del Ministerio de Salud Pública y ASSE viene realizando un proceso que ha culminado en resoluciones para poder acompañar los procesos de hormonización y en muchos casos eso ha hecho que no fueran necesarios los cambios quirúrgicos. Estos procesos de hormonización antes se daban de forma clandestina –aquí están los datos sobre el impacto que tenían– y había adolescentes que no iban al médico y se automedicaban. Ahora hay una resolución del Ministerio de Salud Pública de 2014 que permite la hormonización. En 2016 fue publicado un protocolo vinculado con la reasignación de sexo y en 2107 uno sobre hormonización. Además, existe un trabajo de atención integral para personas trans en el campo de la salud. Hablamos de hormonización, de reasignación de sexo aunque, en realidad, se trata de atender a las personas por cualquier dolencia. Normalmente, estas personas estaban concentradas en dispositivos de atención a enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo sucedió en ASSE, cuando por resolución de su Directorio se elaboró una serie de prestaciones que permitieron que estos actos médicos se llevaran a cabo. Actualmente se ha iniciado el proceso de reasignación de sexo de varias personas en muy corto lapso. Un dato muy importante tiene que ver con que a través de la UDA Saint Bois –que son convenios entre la Facultad de Medicina y el prestador público del Estado, donde hacen las pasantías los futuros médicos– se empezó a trabajar en este tema y en menos de tres años más del 7 % u 8 % de las personas trans fueron atendidas allí. La aparición de esto ha generado un impacto muy fuerte en la comunidad. Además, junto con ASSE estamos en un proceso de descentralización de la atención.
También se hay un convenio con este tema. Quien lidera parte de este proceso, el doctor Márquez, se encuentra en China y ha estado en Tailandia firmando acuerdos vinculados a estos procesos. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de un intercambio internacional, también ha firmado, con el Cenesex de Cuba –que es el Centro Nacional de Educación Sexual–, un convenio de capacitación de médicos sobre estas temáticas.
El último dato que arrojó el censo son los tipos de violencia que padecen estas personas. El 45 % de las personas trans censadas declararon haber sufrido algún episodio de violencia física por su identidad de género. El 77 % de los casos están vinculados al trabajo sexual y el 87 % de ellos se dan en espacios públicos. También hay un 11 % de episodios de violencia física por parte de la propia Policía. En ese sentido, lo que hicimos fue una sistematización de varias denuncias que teníamos de trabajos de investigación sobre los relatos de las personas trans. Ellas nos contaron cómo fueron víctimas en la dictadura –mayoritariamente– de los desmanes policiales, que están más que claros. Nos han hablado de picana y tortura, de entretenimiento –por decirlo de alguna manera– de las fuerzas policiales y militares, y de trabajos forzados en algunos casos. Estos son hechos que ha arrojado la investigación realizada por la academia. Además, un dato muy interesante es el hecho de que estos relatos hayan empezado a surgir ahora y no antes, lo cual habla de que las propias personas trans no se sentían personas con derechos. Ellas decían que creían que tenían derecho a hacérselo. Es realmente brutal escuchar cómo una persona que supera los sesenta años –que son muy pocas– cuenta que cuando fue a un cumpleaños un fusilero naval la abusó sexualmente y la dejó atada contra el muelle, por el simple hecho de estar caminando por la calle. También hay un cuento menos trágico, que fue cuando en los años ochenta una persona trans fue a comprar zapatos a una galería –hay que acordarse de que no había shoppings– y cuando salió había tres móviles policiales esperándola para detenerla.
En cuanto al proceso, les adelantamos a los señores senadores que en el pendrive que les hemos entregado está toda la investigación sobre la temática, tanto de la Universidad de la República como del Ministerio de Desarrollo Social. Hay mucho material acumulado de investigación sobre el tema: las denuncias, la investigación de la academia y la necesidad cualitativa de obtener los datos por medio del censo. Asimismo, en la publicación que está en papel –que es el libro azul, por decirlo de alguna manera–, hay un primer análisis sobre cuáles fueron las acciones que el propio Ministerio de Desarrollo Social tomó en varios de sus programas como, por ejemplo, en lo relativo a las cuotas de Uruguay Protegido y Uruguay Trabaja, o en lo que fue la ley de trabajo juvenil que ya vino con su cuota para personas trans en su planteamiento. También podemos mencionar la experiencia de llamado específico para personas trans que se hizo en el ministerio, donde ingresaron 7 nuevos funcionarios. Al día de hoy, siguen trabajando 6 personas trans que mantuvieron su puesto, ya que una de las que ingresó quedó fuera por no cumplir debidamente con las obligaciones establecidas para quienes ingresan a la función pública.
Con respecto al proceso, esta ley no es solo un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, sino que fue elaborada en el Consejo Nacional para Políticas Públicas de Diversidad Sexual, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo de diciembre de 2015. Además, participaron en la iniciativa la sociedad civil organizada de la diversidad sexual, la central sindical, la Cámara de Comercio LGBT, además de varias oficinas del Poder Ejecutivo. Por otra parte, por invitación, participaron otras instituciones del Estado, como la Universidad de la República –su Consejo Directivo Central nombró un delegado para participar–, el Codicén, técnicos de distintos ministerios, algunos de forma específica y otros durante la discusión del proceso. Para nombrar algunos jerarcas de esas carteras, podemos decir que participaron directamente la exsubsecretaria Lustemberg, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el hoy senador y exdirector general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, la ministra de educación y cultura, María Julia Muñoz, el titular de esa subsecretaría, y el Ministerio de Economía y Finanzas que actuó con un equipo que trabajó directamente en el proyecto. Quiero destacar que, además, el ministro de Economía y Finanzas dio su visión sobre esta temática en uno de los Consejos de Ministros.
En el caso del artículo 14 se establece que los sistemas de becas y apoyos estudiantiles que se resuelvan y asignen a nivel nacional y departamental deberán incorporar cupos del 2% para personas trans en su resolución y asignación. Para nosotros este artículo es muy importante. No sé si los señores senadores están informados, pero desde el Ministerio de Desarrollo Social –y desde esta dirección en particular– participamos del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de la ANEP. Tenemos funcionarios que trabajan allí. En este proceso nos comprometemos, además de la beca, al acompañamiento de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros significa una puerta de entrada del Estado para tratar, sobre todo, el tema del abandono por parte del hogar. Lo que tenemos que tratar de evitar es que estas personas sean expulsadas de sus hogares de forma sistemática. Entonces, esto nos permite una cercanía para tratar el tema. Obviamente que el Estado no se puede meter en el hogar a definir qué se hace allí, pero sí puede tratar de generar una contención cuando aparece un conflicto vinculado a esta temática, cuando se vulnera el derecho de una persona y es expulsada de su casa.
Una de ellas es que tenemos evidencia empírica con respecto a la inclusión laboral. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Uruguay Trabaja, donde tenemos, en general, éxitos y algún fracaso, porque eso también pasa. Estamos diciendo que son todas personas, y algunas personas tenemos éxito y otras no. Esto se aplica para las personas trans, pero también para las que no son trans, en Uruguay Trabaja y en la modalidad de trabajo protegido. Además, estamos avanzando con éxito en la capacitación para las cooperativas sociales. Y queremos decir que a nivel de las transnacionales es donde hemos encontrado eco –por ejemplo, en IBM– para tener cupos de inclusión laboral, porque es parte de su política a nivel internacional. En esto también nos apoyó la cámara.
El otro aspecto que quiero destacar es que todos los ministerios o dependencias del Estado que están involucrados –como Identificación Civil– fueron partícipes del proyecto de ley. Es decir que no se trata de que al Mides se le ocurrió hacer algo y lo impuso. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque cuando hay dinero que se tiene que destinar hubo acuerdo. Del mismo modo, hay acuerdos en cuanto a los temas laborales con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etcétera. Es decir que todo esto tiene un respaldo desde ese punto de vista.
En cuanto a los pocos casos que tenemos en el Mides, cuando pongo el extremo de la trabajadora que tiene una licenciatura y hoy está cursando una maestría, también pongo el ejemplo de que nosotros, como tantos organismos del Estado, tenemos el convenio con ANEP de ProCES, que permite a los funcionarios terminar el ciclo básico y el bachillerato. En este sentido, tenemos una trabajadora que ha hecho ya el ciclo básico con éxito y hoy está cursando cuarto, junto con otros trabajadores del Mides, obviamente. No son muchos, porque tenemos muchos profesionales, pero hay trabajadores –como algunos que vinieron de INDA– que no tenían el ciclo básico. Para eso hicimos este convenio con ANEP y con el programa ProCES.
Me preocupa que estemos ajustando el procedimiento en función de las insuficiencias que el Estado habría mostrado para que esta adecuación se hiciera de mejor manera. Graña decía que el 19 % ya adecuó su documentación a su definición e identidad; 19 % está procesando ese cambio, y 62 % no habría tenido intenciones de hacerlo. Más allá de que la vía jurídica va a suponer costos adicionales y la que está propuesta en este proyecto de ley sería menos onerosa, me parece importante saber qué tiempo lleva, independientemente del recurso que pueda tener la persona que encara un proceso de esta naturaleza. A mí me gustaría que este proyecto de ley tuviera el mejor procedimiento en función de cumplir con el objetivo que la ley establece y no tener que adecuar la ley porque el Estado, desde el punto de vista administrativo, no da respuestas. Capaz que esto puede ser difícil de evaluar. Capaz que los colectivos pueden mostrar no solo la dificultad, desde el punto de vista oneroso, sino, también, las trabas que suponen –como ya se hizo referencia– volver a estigmatizarlos por parte del Estado. Por esta razón es que sistemáticamente hay que ver cómo se adecuan los procedimientos al reconocimiento de los derechos de estas personas. Obviamente, ninguna de las preguntas a las que se hizo referencia puede estar dentro de un procedimiento adecuado. En ese sentido, quisiera saber cuál es el plazo que lleva un trámite de esta naturaleza porque si hay una insuficiencia –sin duda, una dificultad de adecuación cultural de los operadores del Estado–, no quiero taparla modificando la ley, sino que sea el mejor procedimiento el que está sugerido acá.
Con respecto a lo que señalaba la señora senadora Xavier, después de haber visto legislación comparada tanto argentina como española –creo que en Valencia hay una ley más reciente que prevé el cambio de adecuación registral, que por lo que he visto es un trámite administrativo–, quisiera saber cuál es el fundamento para incluir esta comisión de cambio de género, más allá de que me parece que crear comisiones siempre agrega burocracia que poco contribuye.
SEÑORA PAYSSÉ.- Ya que estamos abordando algunos artículos a los efectos de despejar dos dudas, no en cuanto a la redacción, sino a la comprensión, me gustaría saber lo siguiente. Cuando el literal c) del artículo 3.º se refiere a persona trans dice «…y sin prejuzgar otras acepciones sociales…»; planteo esta inquietud porque para el lenguaje legislativo es importante tener claro lo que se dice y por lo menos de la lectura me surge esta duda, que capaz puede aclararse.
La otra duda está vinculada al artículo 4.º de la Ley n.º 18620, cuando dice: «deberá ser presentado ante el Oficial de Registro del Estado Civil correspondiente…». Yo sé que el Registro Civil tiene sus oficinas, pero también existen los juzgados de paz, que no son las oficinas correspondientes del Registro Civil. Entonces, ¿pensaron en eso o las dejaron afuera y hay que agregarlas? Me parece que habría que agregarlas.
En cuanto a lo que mencionó el senador Otheguy de la comisión, es necesario que los senadores sepan que, como todo proceso de construcción colectiva, surgió de propuestas de distintos ámbitos, pero el Poder Ejecutivo no estaba de acuerdo con su existencia. Lo que sucedió fue que algunas organizaciones –sobre todo las trans– querían que existiera basándose, sobre todo, en el buen acompañamiento de las personas que fueron miembros de la comisión. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico o de su concepción, coincidimos con el senador Otheguy en que es innecesaria y no debería existir.
Por otra parte, no mencionamos que después del censo se realizó un proceso cualitativo de entrevistas en profundidad a 40 personas; sobre ellas los puede ilustrar más la señora Techera. En ese proceso pudimos desentrañar algunas cuestiones que los datos duros no explicaban del todo o parecían contradictorias y necesitábamos conocer con mayor propiedad. Efectivamente, el rol de la comisión y la forma en que es tomada por las personas trans genera un fuerte rechazo en términos generales, primero porque es la que da una recomendación –iba a decir «juzga», pero no es la palabra– que llega al Poder Judicial. Ahí sí hay una cuestión de derecho a la identidad manifestada por muchas de las personas que tenían que someterse a todo ese proceso que, además, es costoso en tiempo, en energía, en sobreexposición, y muchas veces también en dinero, porque recordemos que la mayoría de las personas del país igualmente tiene que venir a Montevideo a concluir el proceso.
SEÑORA PAYSSÉ.- Voy a leer el literal c) del artículo 3.º, que trata de las definiciones. Dice que se entenderá por «persona trans a quien autopercibe y/o expresa –desde ya les anticipo que no va a ir «y/o», sino seguramente «o»– un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino. A los efectos de esta Ley y sin prejuzgar otras acepciones sociales actuales y futuras […]». Les aclaro que el verbo no me termina de convencer.
SEÑORA GAINZA.- A lo que hace referencia es a lo siguiente. Vieron que la clasificación menciona travestis, transgéneros y transexuales. Más allá de las características de cada una de estas identidades, la idea es que hay algunas que son móviles, como el transgénero, que no necesariamente en algún momento de la vida, o a partir de un momento, la persona termina de asumir absolutamente esa identidad. Entonces, lo que pretende decir ese verbo –que probablemente no sea feliz– es: sin prejuzgar, sin la necesidad de atar a uno o a otro desde el vamos.
Nuestro planteo apunta a que, ya que la norma no dice que un menor de dieciocho años no puede, por el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que los menores tienen derecho a ser oídos y a ejercer sus derechos en forma autónoma. Entonces, lo que hacíamos era presentar a los menores con la representación de la patria potestad o de sus tutores –de esa manera se podía proceder al cambio–, pero se generaba algún problema cuando existía desacuerdo, principalmente entre los padres. Sin embargo, esta norma tiene una gran sabiduría porque, pese a estar ante un tema muy complejo, plantea la solución, recurriendo al artículo 110 del Código Civil, relativo a los famosos procesos de irracional disenso. Si bien la norma los creó para cuando hubiera no consentimiento en el matrimonio y, por lo tanto, el menor de edad podía presentarse ante un juzgado y pedir que el juez subrogara el consentimiento de los padres bajo condiciones fundadas de que ese disenso no era racional, sino simplemente antojadizo o arbitrario, al colocar esta estructura bastante rápida, soluciona el problema. En fin, cuando no tenemos a los padres o tutores de acuerdo, existe un procedimiento al cual recurrir que, además, tiene larga data.
SEÑORA MINISTRA.- Pienso que no podemos resolver en una reunión de comisión algo que ha tenido un largo proceso de debate y negociación en el que, como decía el director Federico Graña, como pasa siempre, todos y todas –y está muy bien que sea democráticamente– hemos dejado afuera asuntos que nos hubiera gustado que estuvieran. De todas maneras, creo que una interpretación posible es la que hacía la señora senadora Suárez. Como decía el señor senador Otheguy, tengo la misma saludable falta de entusiasmo por las comisiones. Sin pretender tener la razón, quiero decir que los seres humanos somos complejos. Artigas decía que la probidad de los hombres es muy veleidosa, a lo que yo agrego que la probidad de los hombres y de las mujeres es veleidosa, y eso es algo que he aprendido en el gobierno. Está muy bien que hagamos todo lo posible para ponernos de acuerdo en las leyes, de manera que lo que quisimos hacer sea lo que efectivamente luego se haga.
–La comisión resuelve por unanimidad, en primer lugar, que en la sesión del plenario de mañana se solicite la postergación de la votación del proyecto de ley sobre violencia basada en género a solicitud de diferentes instituciones y organizaciones y, en segundo lugar, que se ponga a consideración el día miércoles 15.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 110