Source: http://jubiladosypensionadosdemocraticos.blogspot.com/2010/07/
Timestamp: 2017-09-20 16:33:16+00:00

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JUBILADOS Y PENSIONADOS. BIENVENIDOS.: julio 2010
▼ julio 2010 (56)
No habrá cambios en pagos de pensiones: Karam
Aprueban en la Permanente el punto de acuerdo sobr...
Rechaza CCE que el IMSS eleve cuotas.
Ambigua explicación de la Corte: expertos.
Cordero da la razón a la Corte
El consejo técnico del IMSS, en desacuerdo con la ...
Devolverá el Seguro Social ISR a jubilados.
Suavizan en la Permanente molestia por baja de pen...
La baja en jubilaciones, sólo para quienes se acoj...
Repudia Concamin el alza a cuotas obrero-patronale...
Genera incertidumbre laboral dictamen de la SCJN s...
Historia de la represión contra los maestros.
En respaldo a los jubilados
Elevar cuotas para afiliados al seguro de salud pa...
Legisladores demandan comparecencia de Karam sobre...
La SCJN : aún puede rectificar mediante otro fallo...
Recule o habrá pleito, advierten a la SCJN senador...
Mensaje en el Correo Ilustrado
Argumentos de fondo-Fisgón
SCJN: despojo a los trabajadores.
Exige la CNTE, poner fin al acoso contra disidente...
Esto es un robo para los trabajadores jubilados
Otra vez... sobre las jubilaciones y pensiones del...
Nueva puñalada para las pensiones, pero no para la...
Puñalada de la Corte a las jubilaciones
IMSS define mañana futuro de pensiones.
Manifiesto de los jubilados, pensionados y adultos...
Se reunen jubilados y pensionados del ISSSTE
Financian empresas $304 mil millones de fondos par...
Anomalías en el primer padrón de docentes.
Marcharon unidos trabajadores contra la política d...
Movilización contra la represión.
Jubilados y pensionados de la CNTE se plantarán en...
No es fácil hacer un juicio de valor sobre este tema, porque la mayoría de las pensiones que se cubren a los afiliados al IMSS son sensiblemente menores a los 10 SM. Reclamar una cantidad mayor puede parecer excesivo en términos de equidad; sin embargo, mal haríamos en concluir que todos debemos estar condenados a pensiones empobrecidas bajo un principio de igualdad. Un consejo que puede ayudarnos proviene de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia: “Ni necesidad sin pensión, ni pensión sin necesidad.”
Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a “explicar” de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto “siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley”, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.
¿Qué vueltas tenía que darle el lerdo señor Karam a la ley que dice respetar? ¿Qué interpretaciones a una legislación más clara que el agua? Dada su inquebrantable fe en las leyes vigentes, según dice, ¿por qué recurrió a desenterrar artículos derogados para mutilar, en lo oscurito y en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de los trabajadores a una jubilación o pensión digna? Que no le digan, que no le cuenten. Se trata del mismo personaje tragicómico que poco más de un año atrás aseguraba que la Guardería ABC de Hermosillo cumplía “con los lineamientos en materia de seguridad”, que contaba con salidas de emergencia y que la estancia infantil “aparentemente está dentro de lo que señala la normatividad correspondiente”. El mismo que prometió un rotundo “no a la impunidad” por el incendio en aquel local de la capital sonorense, y el mismo, en fin, que la propia SCJN descaradamente exoneró, junto a Juan Molinar Horcasitas y demás arpías relacionadas con el caso, de cualquier responsabilidad en el incendio en que murieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados.
El lerdo cuan desacreditado Daniel Karam (que ya le debe dos a los ya tristemente célebre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tomó el micrófono para decir que “aunque se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después; esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes (porque) no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario”.
El gobierno calderonista, con Karam de pantalla, puede aducir razones de crisis en las finanzas del Seguro Social, y decir que no hay con qué cubrir las pensiones. Pero el manejo de tales finanzas no es responsabilidad de los trabajadores, tampoco los nefastos resultados. Tal crisis pretende achacársele a las pensiones, cuando es obvio que (independientemente de los malos manejos, de la profunda corrupción, de los acuerdos en lo oscurito con la patronal, de los ya famosos “convenios” que cancelan adeudos de acuerdo con el tamaño del padrino que se tenga), que ha crecido y se ha profundizado por la enclenque respuesta económica y las propias prácticas laborales en el país, que han privilegiado la informalidad, y, en los últimos años, el llamado outsourcing para evadir el pago de las cuotas que por ley le toca a la parte patronal.
Por ejemplo, alrededor de cien mil trabajadores de la banca no existen para efectos del IMSS, porque los barones del dinero los han sacado de la nómina institucional para ahorrarse tales cuotas. Y como este caso, miles a lo largo y ancho de la República. Pero el instituto en esto no se fija. Por si fuera poco, al gobierno federal en lugar de inyectarle recursos, como es su obligación legal, le ha dado por darle pellizcos a las finanzas del instituto y destinarlos a “otras actividades”.
Quienes hoy reciben su pensión, la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes, dijo el director del IMSS en conferencia de prensa.
Publicado: 30/07/2010 12:54
México, DF. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, indicó que todos los pensionados del organismo seguirán recibiendo sus remuneraciones en tiempo y forma.
“Esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes”, señaló en conferencia de prensa.
“No hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario”, explicó, dada la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 9 de junio, en la que propone que el tope para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada debe reducirse de 25 a 10 salarios mínimos a quienes se jubilen con la Ley de 1973.
Karam aseguró que el IMSS siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley y, aunque "se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después".
Refirió que el IMSS "está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la jurisprudencia), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados”.
"El IMSS siempre actuará de acuerdo con lo que señala la ley y las interpretaciones de ésta, pero no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular", señaló.
Publicado en El Correo Ilustrados.
Por ello, invito a los millones de afectados a que enviemos nuestra inconformidad por correo electrónico a la SCJN, al ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia al correo:
portalSCJN@mail.scjn.gob.mx, esperando ser considerados para que la Corte dé marcha atrás a su equivocado proceder.
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Aprueban en la Permanente el punto de acuerdo sobre la preocupación por pensiones.
En otro documento instan al IMSS a explicar la controvertida jurisprudencia de la SCJN
Jueves 29 de julio de 2010, p. 13
La Comisión Permanente aprobó ayer en el pleno el punto de acuerdo discutido un día antes para externar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su “preocupación por la definición de la tesis de jurisprudencia con número 2A/J/85/2010, que impone un límite base de cotización de 10 veces el salario mínimo general vigente en el distrito Federal para el cálculo de las pensiones a otorgar, que puede perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.
En el punto de acuerdo presentado por los senadores priístas y modificado por insistencia de los panistas se resalta que la jurisprudencia aprobada es resultado de juicios previos llevados entre trabajadores y el IMSS ante la junta federal de conciliación y arbitraje, por lo que se infiere de estos juicios “que el instituto ha tratado de evadir sus obligaciones encomendadas por la Constitución en el artículo 123 constitucional, apartado A fracción XXIX, y que son ante todo las de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales y el otorgamiento de una pensión a los trabajadores”.
Se subraya que esa jurisprudencia “al día de hoy, carece de efectos jurídicos, pero al momento en que se cumpla con el trámite administrativo tendrá alcances suficientes para afectar a un millón 217 mil trabajadores, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el propio IMSS, que cotizan hoy entre 11 y 25 mínimos”.
En tribuna, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único que habló ayer sobre el tema. Primero el diputado Alfredo Villegas se refirió al comunicado que la tarde del martes emitió la Suprema Corte en el que precisa su resolutivo. “La Corte aclara, y fue precisamente debido a que un grupo de legisladores de nuestro partido, el PRI, quienes alzamos la voz para defender a los trabajadores del apartado A. No aluden en ningún momento a los trabajadores del apartado B, pero era un daño muy grande el que se pretendía o el que se hubiera ocasionado en caso de aplicarse esa jurisprudencia en los términos que la Corte la había emitido”.
El priísta aseveró: “saludamos que la Suprema Corte haya rectificado, considerando que esta rectificación dejó sin efecto ese gran daño que podría haberse dado a más de un millón de trabajadores”.
El diputado Villegas dijo que la Corte mencionó “que esta jurisprudencia no resulta aplicable a los asegurados que decidan pensionarse conforme a la ley del IMSS vigente a partir del primero de julio de 1997”. Abundó que esa jurisprudencia “tampoco deja sin efectos el peso del artículo 28 de esta ley modificada vigente a partir del 1 de julio, pues, insiste, únicamente interpretó el texto del artículo 33 de la ley del IMSS vigente al 30 de junio del 97”.
El también senador priísta Ricardo Fidel Pacheco dijo: “Fue la preocupación de los legisladores, y en ese sentido coincidimos en poner en conocimiento de la segunda sala de la Corte, que fue quien trató este asunto, la preocupación que se había generado en la clase trabajadora y además en los diferentes actores laborales, económicos y sociales”.
Subrayó: “Creemos que la consideración de la primera comisión de la Permanente fue una buena referencia para estas precisiones que hace la Corte. Defender las pensiones de los trabajadores es una obligación nuestra. Qué bueno que queda claro que no se verán afectadas, cumplimos con la responsabilidad que nos da esta grave preocupación que había generado esta jurisprudencia”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer dos puntos de acuerdo que fueron turnados a comisiones: uno, en el que se hace un llamado a la Corte a que suspenda el engrose de esa jurisprudencia; hace un llamado al titular del IMSS a apegar su actuación a la ley del instituto, cubriendo las pensiones de cesantía, vejez, invalidez y vida (muerte) conforme al tope máximo de 25 salarios mínimos.
En el otro punto de acuerdo los perredistas exhortan al consejo técnico del IMSS a expedir un acuerdo que defina el alcance real de esa tesis jurisprudencial para brindar certeza jurídica a los trabajadores.
Jueves 29 de julio de 2010, p. 12
Luego de participar en la presentación del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, el dirigente explicó que la solución no es cortarle el “oxígeno” a las empresas, sino ampliar la base de contribuyentes para que el instituto perciba mayores recursos.
“La solución no va a ser estar pensando cada año en subir las cuotas y los impuestos, porque si les cortamos el oxígeno para seguir desarrollando y contratando personal no habrá crecimiento”, sostuvo.
El recorte pensionario afectará también a empleadores, alertan
Adultos mayores, integrantes de la Revolución Blanca, durante una marcha al Senado en defensa de sus pensionesFoto José Carlo González /Archivo Alfredo Méndez
La modificación en el cálculo de las pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectará directamente a los asegurados y a las empresas empleadoras, coincidieron ayer en entrevista con La Jornada los juristas Carlos de Buen y Marco del Toro, expertos en materia laboral.
De Buen, asesor de diversos sindicatos y empresas en el país, indicó que en el caso de las pensiones no se puede trastocar un derecho adquirido por la clase trabajadora. “La nueva ley dice que si un trabajador ya estaba inscrito desde antes de 1997, podría elegir, pero no en ese momento, sino a la hora de pensionarse, entre los dispuesto en la ley anterior y la nueva.
“Mi duda es qué pasa con el 2 por ciento de las aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¿Esas se pierden para el trabajador que fue inscrito en el régimen anterior cuando opta por el nuevo régimen o se lo devuelven?”, se preguntó el jurista, quien admitió no tener claros los efectos legales que tendrá en los hechos la jurisprudencia de la Corte.
El máximo tribunal emitió el pasado martes un boletín en el que aclaró que su jurisprudencia reciente sobre el límite de 10 salarios mínimos como base para el cálculo de pensiones, sólo aplicará a quienes se jubilen bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997.
Al respecto, el abogado Del Toro aseguró que la aclaración de la Corte es ambigua porque, “según entiendo, a ningún trabajador le dieron a elegir en cuanto al monto de las aportaciones para pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada”.
En el mismo sentido, De Buen Unna agregó que “aun esta gente que estuvo inscrita en el régimen anterior (1973) siguió cotizando conforme al nuevo, por lo tanto es absurdo que planteen que no va a poder tener como tope más de 10 salarios mínimos, cuando tú cotizaste progresivamente hasta llegar a los 25, como lo establece la Ley del Seguro Social de 1997. En todo caso, el promedio de las últimas 250 semanas sería el que operaría, o no sé si de las 500, que es el promedio establecido por la ley de 1973”.
Añadió que cualquier posible interpretación de esta jurisprudencia es “desastrosa para los trabajadores, porque la gente que estaba ya registrada no le dieron a elegir si quería seguir cotizando con 10 salarios mínimos, como lo establecía la ley de 1973, y tuvo que empezar a cotizar a partir de que entró en vigor la nueva ley de 1997, con el nuevo tope salarial de 25 minisalarios, y aunque sean aportaciones patronales esencialmente, pues se trata de aportaciones en favor de los trabajadores.
“Estamos frente a la posibilidad de un robo en caso de que por virtud de esta jurisprudencia de la Corte, ahora el IMSS no le reconozca esas aportaciones a los trabajadores para efectos de sus pensiones”, destacó De Buen.
Y añadió: “Si bien la jurisprudencia no es obligatoria para el IMSS, sino únicamente para los juzgados y tribunales, es previsible que por el ahorro que le podría significar, el organismo termine ajustándose a ella, lo cual me provoca varias preguntas: ¿qué pasará con los trabajadores que ya vienen recibiendo una pensión de más de 10 salarios mínimos?: ¿se les puede reducir?, ¿se les puede cobrar? ¿Las autoridades del Seguro Social ya estarán empezando a coquetear con esa idea?; ¿terminarán cobrándole a los trabajadores lo que supuestamente se les pagó en exceso?”
Del Toro refirió que miles de pequeñas y medianas empresas se verán afectadas, pues podrían cerrar si se elevan las cuotas obrero patronales, ya que hay muchas que no tienen la capacidad para soportar un peso más en sus finanzas.
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“Es desconcertante que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores”
La jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, “rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores”, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.
“De suyo, esa decisión no contribuye a la justicia social ni a la distribución equitativa del ingreso, al contrario, de entrada rompe un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores. Es desconcertante el que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores. Es algo que choca con el sentido superior de la justicia. Menuda Corte que se atreve a eso.”
Carrancá aseguró que la resolución de los ministros vulnera el artículo 109 constitucional, “al incurrir en acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por lo que los ministros pueden ser sometidos a juicio político”.
El académico universitario exhortó a los trabajadores a no cruzarse de brazos ante la limitante impuesta por la SCJN. “La ciudadanía no puede resignarse, la decisión de la Corte es injusta. Actuaron en perjuicio de la clase trabajadora, uno de los pilares de la sociedad. Es hora de recurrir a los instrumentos jurídicos y fincar responsabilidad a quien la tiene”.
Si en San Lázaro se aceptara la petición, tendría que llamarse a los ministros a comparecer, no solamente ante los legisladores, sino que “tienen que ser impugnados por la ciudadanía toda en un juicio político; esto representaría un precedente histórico fenomenal”.
Jueves 29 de julio de 2010, p. 10
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, hizo suyo el argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aclaró que no se están “recortando” las pensiones de quienes se jubilen bajo la ley de 1997.
Precisó el funcionario federal que el monto de la pensión “está topado en 25 salarios mínimos” para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente desde el año 1997, aseguró en relación con la decisión de los ministros de la Corte de limitar hasta 10 salarios mínimos el monto de una pensión.
Asimismo, indicó que de cualquier modo el gobierno federal es “muy respetuoso” de las decisiones que tome el Poder Judicial.
Al salir de la residencia oficial de Los Pinos, después de la firma del decreto para la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiera, aseveró: “La Corte aclaró que en ningún momento se están recortando las pensiones de los trabajadores”.
El consejo técnico del IMSS, en desacuerdo con la SCJN
No se pronunciará sobre la disminución en las pensiones
La decisión sobre el tema es facultad de la Secretaría de Hacienda
El instituto sólo es el “vehículo” para pagar a los jubilados: Carazo
El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tomará ninguna decisión en torno a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque esa es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tanto instancia responsable de hacer los pagos a pensionados y jubilados. El IMSS sólo es el “vehículo” para hacer llegar ese dinero a los trabajadores en retiro, advirtió José Luis Carazo Preciado, integrante de la directiva de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
El dirigente y representante del sector obrero ante el Consejo Técnico del Seguro Social aseguró que la mayoría de los consejeros están en contra de la disposición judicial por la que se impondría un tope de 10 salarios mínimos a las solicitudes de pensión por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada. Incluso, el director del instituto, Daniel Karam, expresó su inconformidad durante la sesión del órgano de dirección del instituto, la cual se realizó el miércoles 21 de julio, aseguró Carazo.
De acuerdo con la Ley del Seguro Social, después de la Asamblea General, que es la autoridad suprema del instituto, se encuentra el Consejo Técnico, el cual es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del organismo. Entre las 17 atribuciones que se le otorgan está decidir sobre las inversiones de las reservas y demás recursos del Seguro Social, vigilar y promover el equilibrio financiero de todos los ramos de aseguramiento, así como discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos.
También debe autorizar la realización de convenios relativos al pago de cuotas y emitir las disposiciones de carácter general sobre reversión de estos pagos para los seguros que la norma permite. Además, la fracción VIII del artículo 264 de la legislación señala que el Consejo Técnico está facultado para “conceder, rechazar y modificar las pensiones que conforme a esta ley le corresponde otorgar al instituto, pudiendo delegar estas facultades a las dependencias competentes”.
De igual forma, este órgano de dirección debe “conocer y resolver de oficio, o a petición del director general, aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten”.
La resolución de los ministros, “socialmente equivocada”
Respecto de la jurisprudencia 85/2010 de la SCJN, Carazo Preciado insistió en que se trata de una resolución “socialmente equivocada, porque en el IMSS siempre se ha buscado el beneficio de los trabajadores y que tengan el mejor retiro posible”.
Además, indicó, las aportaciones de los trabajadores que resultarían afectados son las que han subsidiado el servicio del instituto para los empleados de más bajos ingresos. Por ello, el sector obrero “estará al pendiente del tema y de la posición que asuma la Secretaría de Hacienda”, dependencia que realmente puede aplicar y exigir que se aplique la medida.
El tema será discutido en el Consejo Técnico, como lo acordaron sus integrantes, una vez que los ministros emitan la sentencia final de la resolución, adoptada el 9 de junio por la segunda sala del máximo tribunal.
Antonio Vital, dirigente del organismo civil, aseguró que dicho impuesto es “a todas luces ilegal, pues por ese dinero ya se pagaron impuestos”. Comentó que el titular de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, dijo que antes de febrero ingresaban al erario unos 3 mil millones de pesos por impuestos cobrados a las pensiones. Con el cobro del ISR se preveía obtener 21 mil millones al año. La disposición fiscal afecta a trabajadores en retiro del sector público y privado.
La primera comisión de la Permanente modificó ayer un punto de acuerdo propuesto por el PRI por el cual se exhortaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a “dejar sin efecto la tesis de jurisprudencia 2A/J/85/2010 que reduce las pensiones a 10 salarios mínimos y perjudicaría a un millón 200 mil trabajadores”, y lo suavizó para expresar únicamente la “preocupación” que ha recogido de los trabajadores que se verán afectados por esa jurisprudencia.
El punto de acuerdo original, presentado por los senadores priístas Fernando Castro Trenti, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco, contenía un “exhorto a la Corte, con pleno respeto a la división de poderes y conforme a sus atribuciones, a dejar sin efectos la tesis de jurisprudencia referida, que de otra forma perjudicaría a un millón 217 mil trabajadores afiliados al IMSS”.
En ese punto de acuerdo los senadores priístas señalan que “esa jurisprudencia contraviene no sólo lo dispuesto por los preceptos antes citados, sino también lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, pues está aplicando retroactivamente una norma en perjuicio de más de un millón de trabajadores”.
Se subraya que en la tesis aprobada el 9 de junio por la segunda sala de la Corte se señala que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que es la base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, “tienen como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la ley vigente tiene un tope para el cálculo equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente”.
Ayer, al discutir el dictamen, los diputados y senadores panistas se manifestaron contra ese punto de acuerdo. El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, dijo: “Lo que no me parece es que se pide a la Corte reconsiderar y que modifique la tesis de jurisprudencia; eso no es procedente. Cómo le vamos a pedir que rectifique; ya está el engrose, ya está la resolución y ahí podemos enterarnos de la razón que tuvo la Corte para aprobar esa tesis”.
Los panistas insistieron: “No nos gusta el punto de acuerdo. No nos gustaba porque le pedíamos a la Corte que reconsiderara su resolución, pero, ¿cómo le vamos a pedir algo de lo que no estamos bien enterados los senadores? No es un asunto cualquiera, es una contradicción de tesis que data de 1993. Nos dice el IMSS que se tienen que pagar 25 salarios, que no afecta a todos esta resolución; no creo que sea en general y para todas las pensiones. Se me haría irresponsable opinar sin saber. Démonos un espacio hasta el lunes para contar con la información”, sostuvo González Alcocer.
Castro Trenti le respondió: “Si la redacción no lo deja satisfecho, nos esperaríamos hasta el lunes próximo, sólo quisiéramos que el senador revise qué se le pide a la Corte, que valore el impacto que tendría en los trabajadores y que se reconsidere. El propio sector productivo ha salido en defensa de los trabajadores. Pedimos que reconsidere, no nos parece apropiado dejar pasar una semana más”.
El vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles, dijo: “No buscamos inmiscuirnos en los temas de la Corte, sólo le manifestamos que estamos preocupados. Quizá debemos invitar a los ministros ponentes a una reflexión o incluso que nos reciban en la Corte para tratar este asunto que es de la mayor trascendencia, pues los trabajadores están golpeados de por sí por los bajos salarios”.
El priísta Castro Trenti insistió: “El tema nos exige una reacción inmediata. La Corte, al no haberlo publicado en su gaceta oficial, puede hacer correcciones que eviten lesionar a los trabajadores”.
Y Ricardo Fidel Pacheco propuso la nueva redacción, que fue aprobada, y en la que sólo manifiestan a la Corte “su preocupación que han recogido de los trabajadores por la tesis de jurisprudencia que define la referencia de salarios mínimos para calcular las pensiones. Estamos enviando una señal de preocupación. No le estamos indicando otra cosa a la Corte.”
La baja en jubilaciones, sólo para quienes se acojan a la ley pasada: SCJN
En el documento denominado “Precisiones”, la SCJN explicó que la “jurisprudencia 85/2010 únicamente interpreta el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, y resulta aplicable a los juicios laborales en que se reclamen pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada conforme a ese régimen”.
“Es relevante señalar que, por tanto, la jurisprudencia únicamente interpreta el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, y resulta aplicable a los juicios laborales en que se reclamen pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada conforme a ese régimen”, indicó el tribunal.
“La jurisprudencia tampoco deja sin efectos el texto del artículo 28 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de 1997, pues, se insiste, únicamente interpretó el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, vigente hasta el 30 de junio de 1997”, concluyó la SCJN.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger, dijo que la pretensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de elevar las cuotas obrero-patronales “le pega directamente a la productividad de las empresas del país”.
Tras participar en un foro sobre competitividad organizado por la Secretaría de Economía, el dirigente señaló que, con “ocurrencias”, el IMSS no resolverá sus problemas financieros y menos haciendo que sus ineficiencias repercutan en las empresas.
“Transferir la ineficiencia de otros lados a la planta productiva nacional no es aceptable”, sostuvo.
“Hay que ver lo que es ahorro, porque si una norma que es necesaria se termina, por ejemplo que una estufa trabaje mal o no venga con la norma correcta, es un costo a la larga.”
“Tenemos que hacer las consultas a cada cámara y ver si hay afectación. Si la industria sale beneficiada y nos hace más competitivos, por supuesto que lo apoyamos”, señaló.
“El contrato aludido se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones que, a través de descuentos por nómina, se efectúan a los magistrados y jueces, así como por los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al mantenimiento de viviendas asignadas a magistrados y jueces. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 25 millones 740 mil 667 pesos”, indica el informe.
“El contrato aludido se conforma por los recursos transferidos por la SCJN, así como por otros ingresos y los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y comisiones bancarias por administración. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 2 mil 313 millones 559 mil 266 pesos. Incluye ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras, intereses, plusvalías y minusvalías, así como pensiones pagadas a magistrados y jueces y comisiones pagadas al fiduciario, además de comisiones bancarias”, informó el CJF.
Siguiendo el ejemplo de los profesores comunistas de San Luis Potosí contra el movimiento cedillista, ampliemos los espacios de participación magisterial, sin reservas, sin exclusión de participación política o creencias religiosas ó ideológicas, sin censura, en resumen, tomemos la palabra y rescatemos la utopía perdida y nuestra libertad para decidir una nueva trayectoria pedagógica de la Escuela Pública, como ya lo hacen los profesores de Educación Física de
EDUCACIONFISICAENMEXICO@yahoogrupos.com.mx
Considerarán que “pagaron cuotas de más” si se fija el tope en 10 salarios a los nuevos jubilados, dice
Empresarios y trabajadores podrían emprender una “oleada” de demandas legales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para demandarle una retribución de cuotas, en caso de que el consejo técnico de este organismo decida aplicar los criterios emitidos la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la reducción en el porcentaje de las jubilaciones.
Por otro lado, si se fija el tope en 10 salarios mínimos a los nuevos jubilados, las aportaciones hechas “habrán volado”, por lo que patrones y trabajadores considerarán que pagaron cuotas de más al Seguro Social, manifestó Yáñez.
“Definitivamente se ha dicho en los últimos años que las finanzas del Seguro Social no son sanas”, y las demandas lo afectarán aún más dadas las cantidades que deberá devolver, aseguró Yáñez.
Gerardo Peláez Ramos/Rebelión.org/27-07-10
La represión en contra del magisterio democrático en México ha sido y es realmente gigantesca, si tomamos como punto de partida el año 1971. E l 8 de octubre de ese año, en La Barca, Jalisco, se produjo el asesinato de César Augusto Manzanero, militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio. El 30 de junio de 1973, fue liquidado el profesor Joaquín Sánchez, dirigente del MRM, en Tlapa, Guerrero, luego de ser torturado. La Policía Judicial del Estado de Guerrero secuestró, el 2 de septiembre de 1974, a Jacob Nájera Hernández, militante del MRM y de la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG; su cuerpo jamás aparecería. Tras sufrir horribles torturas cayó, el 5 de enero de 1975, el líder sindical Hilario Moreno Aguirre, a quien la policía intentaba hacer que delatara la labor de solidaridad del Partido Comunista Mexicano con el Partido Guatemalteco del Trabajo; al no lograr que Hilario hablara, “se les pasó la mano” y el militante murió en la sala de tortura.
Durante ciertos períodos la represión llegó a extremos criminales. En un documento de la Comisión Permanente de la CNTE, fechado el 22 de octubre de 1987, se informaba: “La represión se ha venido recrudeciendo en los últimos días con los atentados del día 15 de octubre, en donde resultaron asesinados los profesores René Abacú, Cruz Cisneros y Adelina Olmos Martínez en la desviación de Achayuco en Jamiltepec, Oaxaca, acribillados con escopeta calibre 16-20 y R-15; los maestros pertenecían a la Zona Escolar 1010 de Jamiltepec. Los hechos sucedieron a las 8:00 horas.
“El 18 de octubre a las 8:30 horas, el trabajador de intendencia de la Escuela Normal de Cacahuatepec, Oaxaca, C. Respicio Peláez Carrillo y el padre de familia de esa escuela, C. Baltazar López, fueron asesinados por tres pistoleros que dispararon por la espalda en el autobús en que viajaban los hoy occisos. También resultó herida la profesora Cecilia Melo Torres.
“El 20 de octubre a las 8:30 horas una manifestación de maestros democráticos, que se realizaba en la población de San Agustín Atenango, Silacayoapan, Oaxaca, fue agredida por un grupo de “vanguardistas”, resultando muerto el profesor Cenobio Fito López Reyes, y heridos los profesores Manuel Crisóforo Narváez, Zeferino Aceves Vázquez, José Martínez Hernández, Pablo Díaz Solano, Eduardo Cortés Ocaña y Ricardo Pérez Rojas. Los asesinos materiales son los “vanguardistas” Félix Gálvez Lagunas y Carmelo Vázquez Palma… ”
Los caídos del magisterio, a lo largo de cuatro décadas, son más de cien en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Hidalgo y otras entidades federativas, por no hablar de las represiones violentas de manifestaciones, mítines y plantones; desalojos de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias oficiales; así como de secuestros, desapariciones, detenciones, juicios, encarcelamientos, persecuciones, golpizas y actos terroristas contra las casas-habitación de dirigentes. Los últimos gobiernos populistas y los sexenios neoliberales del Partido Revolucionario Institucional no se diferencian gran cosa de los gobiernos proempresariales, antiobreros y entreguistas de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque estos dos “políticos” sí han desatado una enorme matazón de mexicanos en una supuesta guerra contra el crimen organizado, han soltado a la reacción ensotanada, han suscrito acuerdos vendepatrias con Estados Unidos y se han embarcado en actividades foráneas en las cuales coinciden con los gobiernos reaccionarios de Colombia, España, Costa Rica y Panamá, y, desde luego, con el de EU.
En fechas recientes el gobierno de Calderón la ha emprendido en contra del magisterio democrático, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato minero y otros organismos sindicales. En un remitido la CNTE plantea: “El espurio gobierno federal y sus aliados parecen estar dispuestos a llevar al país a la polarización social en extremo. Lejos de resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales a través del respeto a los derechos de los mexicanos y al orden constitucional en general, insisten en criminalizar la protesta social derivada, precisamente, de las acciones antipopulares y anticonstitucionales promovidas por el mal gobierno”.
Los cargos inventados, las detenciones y las amenazas de generalizar la represión contra el magisterio tienen que ver, como dicen los corresponsales de La Jornada, A. Mariscal y E. Henríquez, “…con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.
“Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas del sector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.
“La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas de civil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos”.
Son claras las intenciones del gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa: liquidar los sindicatos de clase, promover la ausencia de organizaciones representativas de los trabajadores y, de existir asociaciones de estos últimos, estimular la creación de sindicatos blancos, con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes como centro de aglutinación del sindicalismo de inspiración patronal.
Pero con el resurgir de la acción obrera y los sindicatos clasistas en Grecia, España, Colombia, Perú y otros países, incluido el país con el mayor número de obreros y empleados asalariados en el mundo, China, la caricatura panista de gobierno federal se apresta no a resolver la crisis, sino a aplicar medidas de endurecimiento político, en tanto continúa favoreciendo el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Jerónimo Arango y Emilio Azcárraga Jean, de la gran burguesía mexicana en general y de los monopolios extranjeros, mientras los trabajadores ven disminuir los salarios, reformular de forma regresiva los contratos colectivos de trabajo, empeorar las condiciones de higiene y seguridad, y privatizar y empobrecer los instituciones de seguridad social, como parte inseparable del proyecto y programa neoliberales.
Nota en el Correo Ilustrado.
El infortunio acecha a los jubilados con motivo de la reducción de sus pensiones. Esto imposibilitaría a los jubilados compartir su pensión con sus hijos y nietos desempleados para que vivan ante la crisis económica actual. Los senadores de PT, PRI y PRD que se están pronunciando en contra de este acto y retoman su defensa como un deber ser son dignos de aplauso por miles de jubilados, para que no se vean afectados. A la honorable CNDH le hacemos una petición para que se haga un seguimiento de esta situación y si se afectan los derechos humanos de la tercera edad, como lo estipula la ONU para una vida digna, se emitan medidas cautelares para los jubilados en forma expedita.
Promotores DH STUMAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Ana María Solares Basaldúa, Oralia Fragoso, Catalina Alvarado Vera, Julieta Ramírez, María de Lourdes Galindo, Julieta Ramírez y varias firmas más
Necesario, modificar la ley del instituto, apunta informe financiero
Respecto al gasto médico de pensionados (GMP), uno de los ramos que integran el seguro de enfermedades y maternidad –con un déficit de más de 50 por ciento–, el informe propone que el Estado realice una aportación económica similar a la que hace para cada trabajador en activo.
En la reforma legal que entró en vigor en 1997 se estableció la obligación del Estado de aportar una cuota diaria equivalente a 13.9 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la cual se actualiza trimestralmente con base en el índice nacional de precios al consumidor.
Sin embargo, nada se propuso para los servicios médicos de los pensionados, tema que el IMSS también ha planteado desde hace años. Ahora de lo que se trata es de fortalecer los ingresos del ramo de GMP, el cual cubría hasta el 31 de diciembre de 2009 a 2 millones 677 mil 264 personas.
La medida representaría ingresos adicionales por 9 mil 304 millones de pesos en 2011, lo que se traduciría en una ligera reducción del déficit del seguro médico, el cual se ubicaría en 12 mil 747 millones de pesos.
De no hacerse nada, el faltante ascendería a poco más de 22 mil millones de pesos, y para 2020 el monto sería de más del doble (57 mil 470 millones).
Para aplicar esta medida se requiere modificar el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, explica el informe presentado por el IMSS ante el Ejecutivo federal y el Congreso.
Acerca del Ssfam, menciona que existe “una disminución drástica en términos relativos de las cuotas de los asegurados respecto de su participación con relación a los gastos totales”. Mientras en 2001 se registraron ingresos equivalentes a 35.8 por ciento de los gastos, en 2009 el porcentaje se ubicó en 16.6.
Resalta que también las aportaciones del gobierno federal disminuyeron, pero en menor proporción, pues pasaron de 23.4 por ciento en 2001 a 16.8 en 2009. Para 2010 el déficit es de 3 mil 623 millones de pesos.
De ahí la necesidad de revisar el esquema de financiamiento y establecer cuotas de afiliación suficientes para equilibrar los ingresos y gastos del Ssfam. Si a partir de 2011 se incrementaran las tarifas, representaría un ingreso adicional de 4 mil 986 millones de pesos. El monto crecería cada año, aunque sólo alcanzaría para aliviar en algo el déficit financiero del instituto, pero no se traduciría en años adicionales de suficiencia financiera.
El informe sobre la situación financiera del IMSS también resalta que con la finalidad de aliviar la crisis por la que atraviesa, se ha emprendido una serie de acciones, como los programas de austeridad, la reducción de costos en la compra de medicamentos y una baja en varios rubros de gasto corriente.
Advierte sobre la importancia de “redoblar esfuerzos” para extender a las finanzas institucionales los beneficios de esas y otras medidas.
También resalta que dada la trascendencia que tiene el Seguro Social para la salud y la vida de los mexicanos, debe ser prioritario avanzar en las propuestas y la aplicación de medidas que le permitan mejorar su eficiencia, con miras a impulsar una cobertura universal de salud.
Legisladores demandan comparecencia de Karam sobre recorte a pensiones
“Queremos que nos diga si está del lado de la Corte y su injusto criterio jurisprudencial”
Manifestación en demanda de cambios a la legislación sobre el retiro, el pasado día 7Foto José Carlo González Andrea Becerril
“Queremos que el funcionario nos diga de lado de quién está: de la Corte y su injusto criterio jurisprudencial o de los trabajadores que verán afectados de manera dramática sus ingresos al jubilarse”, apuntó el senador priísta Fernando Castro Trenti.
Expuso que con esa tesis de jurisprudencia –que baja de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las pensiones, lo que significa una reducción de 60 por ciento del ingreso que recibirá el trabajador cuando se jubile– el máximo tribunal se asume como “una Corte conservadora y de ultraderecha, que parece no comprender el significado de la seguridad social”. Añadió que “México fue el primer país en el mundo en elevar a rango constitucional” ese derecho.
Existe mucha preocupación entre los legisladores del PRI por ese criterio jurisprudencial aprobado por la segunda sala de la SCJN el pasado 9 de junio, por el que se fija un límite de 10 sueldos mínimos para las pensiones, con base en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en lugar de los 25 minisalarios contemplados en la legislación actual, abundó.
En el momento en que se publique esa tesis, agregó, se afectará a un millón 217 mil trabajadores que hoy cotizan entre 11 y 25 salarios mínimos ante el IMSS. “Es un ataque a su patrimonio, una resolución inexplicable en un tribunal que debiera cuidar que sus resoluciones no vulneren la Constitución y el nivel de vida de los mexicanos.
“Les está quitando su patrimonio, los recursos que ahorraron durante toda una vida de trabajo, y eso es inadmisible, por eso en el PRI sostenemos que nos enfrentamos a un tribunal de ultraderecha.”
Explicó que a los legisladores del tricolor les interesa conocer la postura del director del IMSS porque hasta ahora ha guardado silencio, y es necesario que aclare al Congreso y a la opinión pública qué opina de esa tesis de la Corte y si está dispuesto también a rechazarla, como han hecho ya los organismos empresariales y sindicales del país.
“De cualquier forma, en el PRI tenemos claro que nuestra responsabilidad es legislar para proteger las pensiones y mejorar el nivel de vida de los jubilados.”
Por ello, además de las medidas que se tomen en busca de revertir esa tesis, de la petición a la Corte de dar marcha atrás en esa resolución, durante la sesión del próximo miércoles de la Comisión Permanente van a pedir a la Cámara de Diputados que se dé trámite a iniciativas que tienen que ver con mejoras a los pensionados.
Señaló de manera especial los dos proyectos de reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentados en febrero pasado, a fin de que queden exentos del pago de ese gravamen las pensiones, los haberes de retiro y las pensiones vitalicias, toda vez que en la actualidad deben pagar ese tributo cuando son superiores a nueve salarios mínimos.
Especialistas han puesto en entredicho ese gravamen, ya que las pensiones no son salarios, y aplicarles el ISR es una doble tributación, toda vez que se constituyen de aportaciones regulares por las que el pensionado ya pagó impuestos.
Por su parte, la profesora Gabriela Bensusán, también de la UAM-X, advirtió que la decisión de la SCJN es un “recorte arbitrario” del límite superior para fijar pensiones –de 25 salarios mínimos a sólo 10–, que en realidad busca resolverle un problema de financiación a la Secretaría de Hacienda, pasando sobre los derechos de la gente.
“De esta forma resulta claro que el límite superior de 25 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, está vinculado únicamente para las prestaciones que otorga la ley en los seguros de enfermedad general y maternidad; mientras que el límite superior de 10 veces el salario mínimo citado, regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.”
Los ministros respaldaron los argumentos de Valls quien, conocedor de los recovecos legales en torno a los seguros del instituto, convenció con facilidad a sus pares al recordarles que “cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.”
“Y se consideró conveniente mantener como el límite superior de la base de cotización el de 25 salarios mínimos, para el resto de los demás ramos de seguro, excepto para invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, como fue aprobado en 1992 para el retiro, con la finalidad de propiciar que los trabajadores con mayores ingresos continúen apoyando de manera solidaria los servicios de aquellos menores favorecidos.”
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References: artículo 123
 artículo 28
 artículo 33
 resolución 
 artículo 109
 artículo 264
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
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 artículo 33
 artículo 33
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 25
 artículo 33
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 artículo 109
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