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Timestamp: 2018-01-18 03:35:29+00:00

Document:
03. DESORDENES DE LOS TRABAJADORES EN HUELGA
La Contraloría General de la Republica se pronuncio acerca de una denuncia hecha por una empresa con relación a desordenes hechos por trabajadores dentro del proceso de negociación colectiva. Sobre obligación de denunciar los incidentes producidos durante un proceso de negociación colectiva, por parte de la Dirección del Trabajo.
Aplica dictámenes 54736/2012, 28330/2013
ditra, negociación colectiva, obligación de denunciar incidentes
N° 16.736 Fecha: 06-III-2014
Se ha dirigido a esta Contraloría General don P.M. S., en representación de la sociedad xxxxxxxx S.A., lo que no se acredita con los documentos acompañados, solicitando un pronunciamiento que determine la legalidad de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, de negarse a interponer una denuncia ante los tribunales de justicia, por los desórdenes ocasionados el 28 de febrero de 2013, por trabajadores de la referida firma, durante el respectivo proceso de negociación colectiva, quienes bloquearon el ingreso al centro de distribución de la empresa, ubicado en calle Vecinal con Avenida Américo Vespucio, comuna de Renca, impidiendo la salida de camiones desde ese lugar y, además, por no acoger su requerimiento de disolución del sindicato implicado en los hechos.
Requerido informe, la Dirección del Trabajo señaló que el proceso de negociación colectiva de la empresa xxxxx S.A. fue tramitado en la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, desde el 4 de diciembre de 2012, y que ante la falta de acuerdo se originó una huelga legal a partir del 28 de febrero y hasta el 11 de marzo de 2013, data en que la entidad le comunicó que ambas partes habían suscrito un contrato colectivo.
Sin embargo, agrega, que el 1 de marzo de 2013, la mencionada compañía xxxxxx S.A. dio cuenta de una serie de incidentes acaecidos al interior de la misma, solicitando a la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, que interpusiera una denuncia ante los tribunales de justicia y se persiguieran las responsabilidades comprometidas, informándose en esa oportunidad que carecía de competencia para intervenir en los desórdenes o incidentes que se susciten dentro de una empresa durante un proceso de negociación colectiva y que el empleador debía adoptar las medidas correctivas que estimara pertinentes o bien denunciar los hechos ante los tribunales competentes.
Añade, que el 7 de marzo de 2013, nuevamente concurrieron a la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representantes de la mencionada empresa, solicitando que se denunciara ante los tribunales de justicia las prácticas desleales en que habría incurrido el citado sindicato, durante el proceso de negociación colectiva, y además su disolución, por haberse apartado de sus fines, oportunidad en la que se les manifestó que las denuncias y resolución de las infracciones por prácticas desleales en la negociación colectiva corresponde su conocimiento a los juzgados de letras del trabajo, estando las partes interesadas facultadas para deducirlas ante el tribunal competente.
Seguidamente, esa Dirección del Trabajo, expresa que desde la vigencia de la ley N° 19.759, ha ido desarrollando un criterio de admisibilidad restrictivo respecto de las denuncias que se interponen ante ella, y que conforme a la normativa vigente su actuación ante los tribunales de la jurisdicción laboral debe impulsarse cuando se ha constatado una lesión a la libertad sindical que afecta a los titulares de tal derecho, entendiendo por tales a los trabajadores, a fin de evitar que ese servicio asuma la defensa de intereses particulares, y considerando que su labor principal es fiscalizar el orden laboral, lo que no es aplicable a las organizaciones sindicales, toda vez que estas gozan de autonomía que excluye la intervención de esa entidad, manifestando además, que los sindicatos no están sujetos a disolución o suspensión por la vía administrativa.
Sobre el particular, y de acuerdo con los antecedentes verificados por esta Contraloría General, cabe hacer presente que el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -que dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo-, en sus letras a), b) y e), en relación con el artículo 505 del Código del ramo, expresa que corresponde a esta última entidad fiscalizar la aplicación de la legislación laboral y fijar, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo y la realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver conflictos en el ámbito del sector privado (aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 54.736, de 2012, de esta Entidad de Control).
Luego, el artículo 290 del referido código establece que serán consideradas prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de estos y del empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical, señalando que incurren especialmente en dicha infracción quienes ejecutan alguna de las conductas que ahí se enumeran, mientras que el artículo 291 indica que atentan contra la referida libertad las acciones que allí se consignan.
A su vez, el artículo 292 del precitado cuerpo legal prescribe que las tales prácticas serán sancionadas en los términos que ahí se explicitan, agregando, en lo que interesa, en su inciso cuarto, que la Inspección del Trabajo deberá denunciar al tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, de los cuales tome conocimiento.
Pues bien como puede advertirse, los hechos expuestos por el recurrente, ante la aludida Inspección del Trabajo, requieren, para ser denunciados por esta ante los tribunales competentes, que ese servicio realice una labor de ponderación previa de los antecedentes, a fin de determinar si ellos constituyen efectivamente alguna de las conductas que la ley ha determinado como antisindicales o desleales, como quiera que el legislador le encomendó denunciar tales casos solo cuando estime que se trata de situaciones que revistan las características a que se refieren los artículos 290 y 388 del Código Laboral.
En ese mismo sentido, la Dirección del Trabajo, en uso de sus atribuciones para interpretar la legislación laboral, emitió la orden de servicio N° 2, de 2011, que regula la tramitación de denuncias por vulneraciones de derechos fundamentales, incluidos entre ellas las prácticas desleales, la cual dispone que la legitimación activa para denunciar administrativamente este tipo de materias no corresponde a la empresa, debiendo esta dirigirse directamente a los tribunales de justicia competentes, razón por la cual no procede que la Inspección del Trabajo realice denuncia alguna sobre la materia requerida por la recurrente en sus presentaciones ante ese servicio.
Por otra parte, dicho organismo mediante la orden de servicio N° 9, de 2005, que regula e imparte instrucciones sobre disolución de organizaciones sindicales, indica que de acuerdo con lo previsto en el artículo 295 del Código del Trabajo estas no están sujetas a disolución o suspensión administrativa y solo pueden ser disueltas por el solo ministerio de la ley, una sentencia judicial o el acuerdo de la mayoría de sus afiliados.
En consecuencia, es dable concluir que la Dirección del Trabajo ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, encontrándose esta Contraloría General impedida de emitir un pronunciamiento que determine si existió una errónea interpretación de la normativa laboral en relación con los hechos descritos, toda vez que ello significaría fijar el sentido y alcance de aquella, lo que compete en forma exclusiva a ese organismo (aplica criterio contenido en el dictamen N° 28.330, de 2013).
Finalmente, cumple con hacer presente que la circunstancia de que la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte no hubiese denunciado los antecedentes de que se trata ante el tribunal competente, no es óbice para que los afectados hubieran ejercido las acciones judiciales que estimaran procedentes.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 505
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 292
 artículo 295