Source: https://www.scribd.com/document/251123894/FALLO-Partido-Obrero
Timestamp: 2018-09-22 20:34:25+00:00

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Presentacion Resumida Primera Parte Introduccion Derecho
Fecha:27/06/1962
Partes:Partido Obrero - Capital Federal -.
Publicado:Fallos 253:133. JA 1963-II-393.
2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, diciembre 14 de 1960.- Considerando: Que a fs. 9/16 obran los estatutos partidarios o carta
orgánica y declaración de principios, ajustados a lo dispuesto por el art. 3 incs. a y c decreto ley 19044/1956.
Que el nombre adoptado, a juicio del suscripto está de acuerdo a lo preceptuado por el inc. b del artículo citado y el número
mínimo que establece el inc. d, resulta del padrón obrante a fs. 18/28, y los complementarios de fs. 43/44, 53/54, 57,60, 66 y
71, con las correspondientes ratificaciones de los adherentes efectuadas ante el actuario (fs. 32 y ss.).
Que en cuanto a la oposición formulada por el procurador fiscal a fs. 76, entiende el suscripto que ella debe ser rechazada por
las siguientes razones: a) el ejercicio de las facultades excepcionales durante la vigencia del estado de sitio y la apreciación de
los motivos que en cada caso abonan la procedencia de medidas tomadas en su virtud, incumbe en forma exclusiva al Poder
Ejecutivo Nacional por imperio del art. 23 CN.; b) el partido cuya personería se gestione en estos obrados para actuar
localmente en la Capital Federal, goza ya de personería como partido nacional como consecuencia de haberla obtenido antes
en los distritos de las provincias de Buenos Aires y Tucumán y haber reunido por tanto los requisitos que el efecto establece el
estatuto creado por decreto ley 19044 ; c) que el Partido Obrero no ha sido incluido ni en el decreto 5802/1959 , ni tampoco
en el recientemente dictado 15169/1960 , que prohíben ambos la actuación de los partidos políticos cuya actividad el Poder
Ejecutivo ha considerado lesiva para el interés nacional que él custodia, no obstante que su situación ha sido especialmente
considerada al efecto, como así surge del punto 1 del informe del ministro del Interior, que obra a fs. 152 y d) que por el
contrario, debe valorarse como antecedente que el Poder Ejecutivo, en la apreciación política que es de su resorte, ha
considerado implícitamente la licitud de la actividad del partido que nos ocupa, al haber aprobado el gasto de impresión de
boletas electorales del mismo (fs. 152).
Por ello, resuelvo: reconocer al Partido Obrero como agrupación política en el distrito de la Capital Federal.- Leopoldo
Isaurralde.
OPINIÓN DEL FISCAL DE CÁMARA.- Considerando: 1. Roque R. Moyano, invocando el carácter de apoderado general del
Partido Obrero (Regional Capital Federal), se ha presentado ante el Dr. Leopoldo Isaurralde "solicitando el otorgamiento de la
personería jurídica y política del Regional Capital del Partido Obrero y su inscripción en el Registro Electoral respectivo a todos
Tal presentación obedece al propósito de ajustarse a los recaudos exigidos por el decreto ley 19044 , del 16/10/1956, sin que
ello signifique -dice el presentante a fs. 30- "aceptar la constitucionalidad del mismo, el que mi partido considera repugnante a
la Constitución Nacional, en especial al derecho de reunión y asociación, como a los arts. 14 , 19 , 30 y 33 de la misma".
Dicha manifestación, pese a no comportar una impugnación concreta a la validez constitucional del preindicado decreto ley ya
que, por el contrario, el presentante se somete a sus disposiciones, me induce sin embargo a considerar oportuno un examen
del mismo en cuanto atribuye a la justicia nacional el conocimiento y decisión de cuestiones típicamente políticas y ajenas, por
ende, a la función específica de aquella emergente del art. 100 CN., ya que solicitudes de la naturaleza de la que motiva estas
actuaciones no encuadran en el citado precepto y distan mucho de constituir el "caso contencioso" a que alude el art. 2 ley 27,
o las "causas" mencionadas en la ley 48 , sobre jurisdicción y "competencia" de los tribunales nacionales.
2. Que la misión encomendada a la justicia nacional por el decreto ley en examen es ajena a la función específica de los jueces;
es cuestión que ha sido declarada invariablemente por la Corte Suprema en reiteados fallos que analizaré más adelante.
Porto cuestionando la procedencia de la apelación. de cuyo efecto el alto tribunal declaró que la atribución por ley de funciones políticas a magistrados judiciales. Leopoldo Isaurralde solicitando el reconocimiento y la inscripción del nuevo partido para intervenir en todas las elecciones a que sea convocado el electorado de la Capital Federal. interpuso el recurso de apelación que para ante V. le ha concedido la apelación que dedujo. Al respecto. pese a estar integradas por magistrados judiciales. Porto y el Sr. que ella era improcedente. pues el a quo no acordó intervención alguna a dicho funcionario durante la sustanciación del pedido formulado a fs. 66. no comporta el ejercicio de sus funciones judiciales. 238:283 . lo que. implícitamente. a mi juicio. hay en ello una cierta incongruencia derivada. Evidentemente. "Según resulta de estas actuaciones (fs. invocando las disposiciones del decreto ley 19044/1956 y la calidad de apoderados titular y suplente del Partido Tres Banderas. es reiterada y uniforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en el sentido de no ser procedente (Fallos 128:314. el Dr. lo que motivó la presentación del Dr. por no tratarse de una verdadera "causa" judicial. adoptan sus decisiones sin intervención alguna del Ministerio Público. revela que no reputó procedente la intervención del procurador fiscal aunque. 66) el Dr. 14 ley 48. sin esfuerzo. a las que con carácter transitorio competen a las juntas escrutadoras previstas por el art.si sus resoluciones eran o no susceptibles de los recursos ordinarios autorizados por la ley 50 o del previsto por el art. accediendo a lo pedido. a fin de reunir en este dictamen todos los argumentos en los que fundo la tesis que sustentaré en el mismo. 203:342 ). por lo que examinaré especialmente la primera cuestión. el juez dictó la resolución de fs. Paréceme claro que si el decreto ley 19044 reglamenta en forma especial el procedimiento a seguir en las solicitudes de reconocimiento de partidos políticos. circunstancia que corrobora la tesis que sustento. dio lugar a dudas acerca de la naturaleza de las funciones que en tal carácter cumplen dichos magistrados y -como consecuencia. y elevadas las actuaciones al tribunal se ha presentado ante V.E. Jesús E. paréceme claro que el Ministerio Público es ajeno a dichas causas. tanto en el orden local como general". se presentaron ante el Dr. 15 decreto ley 19044.sólo procede en los casos litigiosos que deban resolver los jueces en su carácter de tales. Transcribiré a continuación lo que dije entonces. A mi modo de ver. 240:11 ). 99 y vta. 189:155 . la circunstancia de que la ley 11387 pusiera a cargo de los jueces de sección el contralor del registro nacional de electores y les encomendara tareas ajenas a su función específicamente judicial. cabe señalar que el trámite cumplido hasta entonces parecería dar razón al impugnante. pese a ello. D'Albora quien.E. no altera la naturaleza de las mismas ni autoriza a considerarlas como de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia. Ahora bien. Señalaré a tal fin que con mucha anterioridad a la vigencia del decreto ley 19044 . con motivo de cuestionarse la intervención que había asumido el procurador fiscal de primera instancia en el pedido de personería política del Partido Tres Banderas. ya que ninguna le acuerda el preindicado decreto ley. 148:215. fuerza es concluir que ninguna le 2 . más de la naturaleza "sui generis" del caso de autos que de la relativa imprecisión de las funciones que competen al Ministerio Público. autoriza el art. si la intervención que corresponde a los jueces de sección en causas de la naturaleza de la presente. Respecto de este último. Previstos los trámites de práctica y reiusndo cumplidos los requisitos exigidos por dicho decreto ley. encomienda a los jueces la ley 11387 pueden equipararse. 98. que le fue concedido a fs. ya que su intervención -como integrante del Poder Judicial. manifestando cumplir instrucciones recibidas.Ello me indujo a sostener en dictamen reciente (julio 10 ppdo. las funciones que con carácter permanente. Jesús E. por estimar que el procurador fiscal carece de personería para intervenir en estas actuaciones. Francisco J. Valentín Hualich.). 57 ley 8871 y sabido es que dichas juntas. sin prever la intervención del Ministerio Público. criterio que ha prevalecido en fallos más recientes y posteriores a la vigencia del decreto ley 19044 (Fallos 237:386 .
). pues dicho cuerpo legal constituye un ordenamiento autónomo de reglas procesales a punto tal que la Corte Suprema -cierto es que sin pronunciarse acerca de la intervención asumida en el caso que el procurador fiscal. 1 y 6 del art. el alto tribunal.E. contrario a mi tesis. Ya he manifestado más arriba cuál es la finalidad que persigo al transcribir aquí mi dictamen del 10 de julio y con igual propósito me permitiré señalar respetuosamente que el fallo que dictó V. dada su injerencia en la constitución de los poderes políticos del Estado y en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos". cuidando su competencia constitucional y respetando escrupulosamente la de los otros poderes. 15 decreto ley 23398 para que el Tribunal de alzada pueda conocer de las cuestiones que se susciten en las causas típicamente judiciales sometidas a decisión de los jueces. La circunstancia de que en el caso del Partido Tres Banderas la cuestión concreta a resolver se redujera a la procedencia o improcedencia de la intervención del Ministerio Público. "Que dentro de esta última previsión -agregó V. (1 de septiembre ppdo. asumiendo la representación de aquél. la atribución de funciones políticas a magistrados judiciales.E.exteriorice su voluntad de oponerse al otorgamiento de la personería solicitada en cuyo caso el procurador fiscal. Éste fue el criterio que sostuve el 29/12/1959. en Fallos 53:420 declaró carecer de jurisdicción para conocer de una demanda mediante la cual se pretendía obtener la anulación de una ley que había dispuesto la intervención federal en la provincia de Santa Fe y con tal motivo el alto tribunal dijo: 3 .E.se encuentra todo lo que se relaciona con el reconocimiento o la caducidad de la personería de los partidos políticos. conceptúo indispensable un estudio más completo y detenido en los aludidos fallos y de otros no mencionados entonces..corresponde. Pido excusas a V. Resumiendo. hizo que me limitara a ella y a la simple mención de algunos fallos de la Corte Suprema. no rebatió eficazmente -en mi opinión. se pretendió someter al conocimiento y decisión de la Corte Suprema cuestiones de carácter político.ha declarado en fallo reciente ("Partido Justicialista s/personería" . que atribuyen al Ministerio Público la función de representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera e intervenir en todos los negocios concernientes al orden público". En efecto. del 29/1/1960. para declarar no sólo legitima sino también necesaria la intervención del Ministerio Público. mediante la apariencia de un "juicio". pero pienso que tales fundamentos no resuelven el problema. hizo mérito de "lo dispuesto en los incs.el argumento básico de mi dictamen que consistió en sostener que solicitudes del tipo de la presente. V. 3. 117 ley 1893 de Organización de los Tribunales de la Capital.E. Doctrina Judicial. pues si como lo ha declarado la Corte Suprema. para solicitar el rechazo de la cuestión de falta de personería opuesta al procurador fiscal en las actuaciones promovidas para obtener la cancelación de la personería política del Partido Comunista y que V. pero como el problema que ahora analizo y someto a la consideración de V.E.. Así. declinó su intervención formulando consideraciones que conceptúo de interés recordar. pienso que atenta la naturaleza "sui generis" de estas actuaciones. mayo 22 ppdo. que en causas de la naturaleza de la presente no procede declarar desierto el recurso por el hecho de no presentarse ante la respectiva Cámara el memorial que inexcusablemente exige el art. no configuran una causa cuyo conocimiento competa al Poder Judicial. no altera la naturaleza de las mismas ni autoriza a considerarlas como de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia. Sin pretender haber agotado la búsqueda comenzaré por recordar cada vez que. tiene proyecciones más amplias. ninguna intervención corresponde en ellas al Ministerio Público. podrá solicitar ser tenido por parte e interponer los recursos pertinentes. junio 6). paréceme clara la inaplicabilidad de las normas contenidas en la ley 1893 respecto de actuaciones notoriamente ajenas a las contempladas por ella. que consideré favorables a mi tesis.E.. salvo el supuesto de que el Poder Ejecutivo -de manera expresa y en la forma de práctica. compartió en sent.
Así. como ha sido también declarado por los tribunales de los Estados Unidos". es cuestión que ya no se discute. refiriéndose a las juntas electorales.. vulnerados por una ley del Congreso y que se encuentren protegidos por la Constitución directamente. lo que determinaba la improcedencia del recurso extraordinario autorizado por el art. 237:386 . dado que lo que se pretendía someter a revisión de la Corte era la resolución de una junta electoral. en el que luego de señalar "que el recurso deducido para ante esta Corte y 4 . 16 decreto ley 19044/1956. comercial. aunque se la intente por la vía "extraordinaria". y el mismo criterio ha exteriorizado la Corte Suprema respecto de las resoluciones de los llamados "jueces electorales" y de las respectivas Cámaras de apelación. Igual criterio mantuvo el tribunal en Fallos 148:15 al expresar "que a mayor abundamiento. no altera la naturaleza de las mismas ni autoriza a considerarlas como de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia. Matienzo. una sentencia de naturaleza política y de efecto puramente político. sino que tampoco concurriría `el caso contencioso' ( art. en la acepción propia de este concepto. por lo que cuestiones de esa naturaleza no son susceptibles de ser sometidas a decisión de la Corte Suprema. en el que la Corte Suprema hizo suyo el dictamen del entonces procurador general de la Nación. 248:61 ) y formuló consideraciones de indudable trascendencia para la adecuada solución del problema en examen. quien. que no existía un verdadero "caso judicial" en la acepción propia del concepto. 238:283 . p. José N. En Fallos 189:155 la Corte declaró improcedente el recurso intentado contra una resolución del juez letrado de La Pampa. pero considero oportuna la cita dado que el tribunal señaló de manera especial que no se trata de contienda entre partes por derechos individuales y concluyó. lo que se encuentra fuera de las atribuciones de esta Corte. Dr.y el que aquí analizo. 14 de dicha ley. ni aun por la vía del recurso extraordinario". en cuanto alude a las "causas" cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación. En fallos posteriores más recientes la Corte Suprema desarrolló con mayor amplitud dicha doctrina (Fallos 203:342 . puede decirse que no sólo falta el tribunal o entidad con potestad de juzgar creado a ese fin por las leyes."El Dr. 128. no produce un verdadero caso judicial. Que las resoluciones dictadas por las juntas electorales no son susceptibles de revisión judicial. expresión ésta que parece anticipar que el tribunal conceptúa objetable el recurso ordinario que para ante el mismo acuerda el art.314. en base a ello. No se me oculta que media apreciable diferencia entre el problema entonces resuelto -examinado nuevamente en Fallos 54:180. ni aun por la vía del art. reclama una decisión de carácter general que comprenda todo el régimen de gobierno de Santa Fe. el alto tribunal dejó establecido que "la atribución por ley de funciones políticas a magistrados judiciales. Igual doctrina mantuvo en fallo del 3/4/1957 (Fallos 237:386 ) desestimando el recurso intentado por el "Partido Obrero Revolucionario (trotskista) s/inscripción" . 2 ley 27)". declaró "que las cuestiones de la naturaleza de la que contempla el pronunciamiento apelado no son susceptibles de traerse al conocimiento del tribunal. ante quien se había impugnado la validez del padrón electoral. en Fallos 203:342 . 14 ley 48". 4. penal o de minería y no a juntas o comisiones encargadas de funciones políticas o administrativas". declaración que constituye útil regla para interpretar adecuadamente lo dispuesto por el art. 100 CN. Con posterioridad a dicho fallo no he encontrado antecedente de interés hasta el que se registra en t. 240:11 . a cuyo efecto y luego de recordar lo decidido en Fallos 128:314 y 148:215. dijo: "La ley 48 se refiere a los tribunales destinados a fallar casos contenciosos de derecho civil. Cullen demanda ante esta Corte Suprema precisamente una resolución igual a la denegada en términos tan explícitos en la sentencia precedentemente citada: no trae a decisión una contienda entre partes por derechos individuales de particulares o del Estado mismo.
son del dominio de los poderes políticos. solamente de especies conexas del género de las cuestiones políticas o. referentes al procedimiento previsto por las leyes en el orden nacional o estadual. Se trata. "Que las cuestiones electorales. como momento que son de la organización de otros poderes. 16 decreto ley 19044/1956. ello significaría un aumento tal de su autoridad que pondría en peligro el principio mismo de la división de los poderes". según expresa manifestación de la queja". la intervención de la Corte Suprema. para la constitución de los poderes políticos. es decir. no obsta a que las electorales también lo sean. como tales. fundamentó su desacuerdo con la jurisprudencia vigente. propias de organismos electorales. Porque el Poder Judicial de la Nación se circunscribe a la decisión de las `causas'. "Que es indudable que la jurisdicción de la Corte Suprema no alcanza a la protección de todos los intereses públicos de la Nación. en efecto. por último. las siguientes consideraciones para desestimar el recurso: "Que ello es así porque el mencionado recurso extraordinario se otorga respecto de las decisiones propias de los órganos permanentes del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones específicas. aun cuando la decisión provenga del ejercicio de atribuciones encomendadas a tribunales de justicia . 14 ley 48. 203:342 y otros". dictado con motivo de pretenderse someter al tribunal. Recordaré. se denominan igualmente cuestiones políticas a las que versan sobre el ejercicio de las facultades privativas de los poderes distintos del Judicial. con arreglo a la práctica norteamericana. no justiciables por la vía extraordinaria. como cabeza del Departamento Judicial de la Nación. con más propiedad. El tribunal no compartió tal criterio y luego de refirmar su jurisprudencia formuló. si la Corte Suprema extendiese a este campo su control de constitucionalidad. el mencionado recurso no procede respecto de resoluciones de naturaleza política. como cuerpos integrados por la representación del pueblo. en cuanto la supremacía que a esta Corte corresponde.denegado por la Cámara de apelaciones respectiva. 5 . es el extraordinario que legista el art. género que es el único que interesa caracterizar a los fines de la improcedencia del recurso de que se trata". otro fallo reciente de la Corte Suprema (Fallos 248:61 ). una cuestión suscitada entre dos fracciones del Partido Socialista. no son propias del ejercicio de la función judicial. así sean ellos tan altos como los que se vinculan con las fuentes mismas del poder político. pues el Dr. dijo: "Que con arreglo a reiterada jurisprudencia de esta Corte. por vía del recurso ordinario que autoriza al art. sino estrictamente políticas". Y esto a su vez obedece a exigencias del principio de la división de los poderes. 148:215. sosteniendo que correspondía admitir un distingo entre las cuestiones que puedan ser denominadas meramente "políticas" y las cuestiones "electorales" para concluir que estas últimas autorizaban. 189:157. Otro fallo que reviste particular interés es el del 19/7/1957 (Fallos 238:283 ). entre otras. a las cuestiones contenciosas reservadas a los jueces en el orden regular de las instituciones. en determinadas circunstancias. es indiscutible sólo en tanto se trate de facultades cumplidas estrictamente en la órbita de sus atribuciones". Estas últimas. "Que el hecho de que.Fallos 128:314. Sebastián Soler.
pues no se trata de cuestión relativa al ejercicio de defensa individual de derechos electorales. 67 . La precisa delimitación de la esfera de actividad propia de cada uno de los poderes creados por la Constitución Nacional debe resultar de sus pertinentes disposiciones y el art. 6 . y por los tratados con las naciones extranjeras. en cierto modo. de `las causas' concernientes a embajadores. ministro públicos y cónsules extranjeros.en que se justificaría la intervención del Poder Judicial en el ejercicio de su específica misión constitucional. siguiendo una prudente norma de conducta iniciada en 14:432. por cuanto razones de otro orden bastaban para desestimar el recurso intentado. En efecto. único supuesto -a mi modo de ver. dijo la Corte "que el carácter excepcional del recurso del art. las que. Corresponde. pues. ni de objetiva evidencia. 15 decreto ley 19044/1956.E. Como se ve. Como se ve. no creo que el hecho de que los recordados fallos de la Corte Suprema hayan sido dictados con referencia al recurso extraordinario autorizado por el art. "Que la circunscripta esfera reconocida por el citado art. la Corte Suprema ha declarado uniforme y reiteradamente que la atribución por ley de funciones políticas a los magistrados judiciales. por lo que aquélla "no configuraba un verdadero caso judicial. continuada en 155:248 y mantenida hasta el presente en el sentido de que la inconstitucionalidad de una ley sólo debe declararse cuando ello sea ineludible para dar solución al caso planteado. el conocimiento y decisión de todas `las causas' que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. resultan extrañas a la esfera de acción jurisdiccional de aquélla y reclaman su abstención como poder. 100 . como se ha visto.Por simple interpretación de dicho artículo y sin examinar su validez constitucional. no altera la naturaleza de las mismas ni autoriza a considerarlas como de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia. entre una provincia y los vecinos de otra". resulta oportuno recordar aquí. paréceme claro que tampoco corresponde a V. la que no puede ser ampliada ni restringida por ninguno de los otros pode res. dicho artículo sólo alude a "las causas" y a "los asuntos" en que la Nación sea parte. al que son ajenos los conflictos partidarios internos y los interpartidarios. con la reserva hecha por el inc. 11 del art. Porque aunque tales actividades puedan admitir consideración jurídica. la doctrina que informa otro fallo de la Corte Suprema (Fallos 242:354) que si bien no fue motivado por cuestiones electorales. 16 al recurso que prevé. las que. encuentra fundamento en la conveniencia de excluir la intervención de esta Corte cuando se trata de cuestiones indisolublemente ligadas a la actividad política y electoral. torne inaplicables respecto de esa Cámara los fundamentos expuestos por el alto tribunal para rehusar su intervención en cuestiones ligadas a la actividad política y electoral. en la acepción propia de ese concepto" y si. ha reconocido la conveniencia de abstenerse de intervenir en "cuestiones indudablemente ligadas a la actividad política y electoral". 5. finalmente. Si. estatuye que "corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. de `las causas' de almirantazgo y jurisdicción marítima. mas no su sustancia. A tal fin. de `las causas' que se susciten entre dos o más provincias. el modo del ejercicio de tal capacidad puede ser así afectado. En efecto. pese a lo dispuesto por el art. Tal es. de `los asuntos' en que la Nación sea parte. además de la política. 16 impide su ampliación interpretativa a supuestos en que las posibles decisiones de los jueces electorales no importen privar de capacidad jurídica a las entidades interesadas. al referirse a las atribuciones del Poder Judicial. intervenir en estas actuaciones. reputó extrañas a su esfera de acción jurisdiccional. por su naturaleza. y no creo encuadre en él la petición que un grupo de ciudadanos formule con el propósito de obtener su reconocimiento como partido político. por su naturaleza. el recurso fue desestimado bajo el concepto de que la cuestión resuelta por la respectiva Cámara de apelación no significa denegar ni revocar la personería de ninguno de los grupos en conflicto. refirmar en el caso la conclusión expuesta en el precedente de Fallos 236:671 ". en tanto lo resuelto no importe encubierto arbitrio de sujeción política ni práctico aniquilamiento de las atribuciones partidarias". 14 ley 48. la distinción no es siempre fácil en los hechos. si ha declinado su intervención cuando el objeto de una formal demanda no era "una contienda entre partes por derechos individuales de particulares". la Corte omitió tal examen.
corresponde resolver a los jueces ordinarios. A través de los fallos que dejo recordados. en la medida necesaria para la consideración de tales agravios". Y por la misma razón también. con fundamento en la jurisprudencia norteamericana (341 US. que la resolución apelada importa reabrir una causa fenecida con fuerza de cosa juzgada. con fundamento en los términos del art. Si. respecto de decisiones administrativas. casos judiciales concretos propios de ella y mediando. en el sentido de que esta Corte carezca de jurisdicción respecto de la resolución apelada. en cada oportunidad en que la apelación extraordinaria se intenta contra una resolución administrativa. en la solución del pleito anterior trabado por la empresa con él. por vía de su jurisdicción judicial extraordinaria. de un conflicto colectivo de trabajo. según lo expone el juez Frankfuerter. alguna salvedad. como son las decididas por la resolución arbitral y por la confirmatoria del ministro de Trabajo y Seguridad Social. en efecto. en ciertos casos. "Que en cuanto con ello aparecen detraídos a la administración regular de justicia. cuestión federal suficiente al efecto: el recurso extraordinario ha sido bien concedido. "Que. en el orden normal de las instituciones. Con esto. sin embargo. resulte detraída al Poder Judicial alguna cuestión que. sustituir. en el orden normal de las instituciones. pienso que también en cada oportunidad en que el Congreso encomiende al Poder Judicial el conocimiento de determinadas cuestiones. ha declarado también que se otorga la apelación contra decisiones administrativas. formulando. Porque se ha alegado en el curso de las actuaciones. las siguientes consideraciones: "Que con arreglo a jurisprudencia reiterada de esta Corte. 6. 100 y 101 CN. y respecto de Andrés Alvarenga. pues de otro modo la distribución constitucional de las facultades respectivas de los poderes del Estado no sería respetada". resulta patente la especial preocupación de la Corte Suprema de no intervenir en cuestiones cuya naturaleza ha reiusdo ajena a la misión específica que le corresponde con arreglo a lo dispuesto por los arts. No ha sido ni es función propia de los jueces ordinarios la solución de tal tipo de problema ni el decreto ley 10596/1957 sustrae función alguna a aquéllos al autorizar. respecto de las resoluciones definitivas de los órganos permanente del Poder Judicial". porque se trata de resoluciones que.Se trataba de un recurso extraordinario interpuesto contra resolución dictada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social con motivo de un conflicto colectivo planteado entre el personal del City Hotel y la empresa patronal. y al mismo tiempo la también especial preocupación de velar por la integridad de sus atribuciones cuando. cualesquiera sean los agravios invocados y las vías judiciales de tutela utilizables requiere. sin mengua de los límites de sus atribuciones constitucionales. al mantenerla respecto de resoluciones detraídas al conocimiento judicial". 149)". su decisión por vía arbitral". no será respetada. como lo declaró el tribunal. en el curso de su desenvolvimiento. además. sin embargo.. recurso que la Corte Suprema declaró procedente. requieren que este requisito de la existencia de un `caso' o `controversia judicial' sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes. no se extiende la jurisdicción constitucional y legal de esta Corte. en lo atinente a Francisco Torres. cuando los funcionarios u organismos de la administración desempeñan funciones judiciales. debe inquirirse si las mismas 7 . es decir. como consecuencia de la aplicación de una ley en el ámbito administrativo. otorgadas por la ley y con carácter de irrevisibles por los jueces ordinarios. "Que por tal razón es posible el conocimiento de esta Corte. Se procura así la preservación y no la extensión de la competencia de esta Corte. "Que es manifiesto que las cuestiones referentes a la solución. el recurso extraordinario procede respecto de resoluciones de los tribunales nacionales o provinciales. entre otras. El fin y las consecuencias del `control' encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa. debe inquirirse si la apelada es decisión de carácter judicial. "en cada oportunidad en que la apelación extraordinaria se intenta contra una resolución administrativa. 14 ley 48. "Que la conclusión que surge de lo expuesto. pues de otro modo la distribución constitucional de las facultades respectivas entre los poderes del Estado. debe inquirirse si la apelada es decisión de carácter judicial. no constituyen cuestiones judiciales en los términos de la jurisprudencia a que se ha hecho referencia. al juez de la causa por el árbitro del conflicto colectivo". corresponde dictar a los jueces ordinarios a los que la ley sustrae para atribuírselas a la administración.
3 inc. pues a ellas deben atenerse los magistrados. con el loable fin de crear confianza y seguridad al libre juego de los partidos políticos. en materia que es de esencia política. Como consecuencia de ello. así como el mantenimiento de las libertades. a decreto ley 19044. como es obvio. y eso es lo que. o la deniegan apartándose de las constancias de autos y en base a su exclusiva opinión personal resolviendo la petición conforme al sistema de las libres convicciones y no al de las pruebas legales. Ésta es la razón que justifica la intervención judicial. En efecto. no puedo menos que expresar mi desazón como magistrado al ser llamado a expedirme. puedan tener del derecho que asista a una u otra de las partes. al dictar la ley 14467 . dentro del ámbito de la ley. Puede. carente de toda posible transcendencia. sobre cuestiones esencialmente políticas. de modo concurrente. tal disposición no puede reiusrse cumplida por la simple verificación de que quienes pidan ser reconocidos como partido político hayan formulado una declaración de principios y un programa de acción en los que se propugne el mantenimiento del régimen democrático. resulta claro que la misión encomendada al Poder Judicial sólo podría ser adecuadamente cumplida a condición de prescindir de la primera regla que debe observar en sus decisiones. más propias y atinentes a las facultades que competen a los poderes políticos del Estado". y el Congreso pudo atribuirla aunque. solicitara ser reconocido como partido político y.. que no comportan verdadero "caso judicial" y cuya solución por los jueces tropieza con una dificultad insalvable derivada de lo dispuesto en el art. que ratifica el decreto de estatuto de los partidos políticos. fueran decididas por un órgano esencialmente imparcial. a. en base a una teoría que o comparto. para que la cuestiones que en su actividad se susciten. sin que ello importe. en ocasión de resolver el caso publicado en el diario de Jurisprudencia Argentina el 24 de agosto ppdo. pues de otro modo la distribución constitucional de las facultades respectivas de los poderes del Estado. pero lo que en manera alguna puede hacer es "atribuírseles" el conocimiento de cuestiones cuya solución no les encomiende el art. Ahora bien. al mismo tiempo. ha entendido organizar una especie de competencia concurrente entre ambos poderes del Estado. 3 inc. 100 CN. a cuyo efecto dijo: "Es que el Congreso. que establece un requisito de imposible comprobación objetiva. Pero de ello se colige que la competencia del Poder Judicial en materia regida por el estatuto de los partidos políticos. ha hecho el decreto 19044/1956 al poner a su cargo la decisión de cuestiones eminentemente políticas. paréceme claro que aquellas cuestiones que por su naturaleza no pueden ser decididas por la Corte Suprema. ha entendido organizar una especie de competencia concurrente entre ambos poderes del Estado. indudablemente. tampoco pueden ser por V. queda restricta 8 . 100 y 101 CN. con el loable fin de crear confianza y seguridad al libre juego de los partidos políticos. Bajo tal concepto. como se ha visto. desconocer eficacia a las leyes que sobre jurisdicción y competencia dicte el Congreso. ya que es absolutamente ilógico suponer que algún grupo de ciudadanos. Mario Saravia.. a mi modo de ver. sea cual fuere la notoria ideología de sus promotores y dirigentes. en virtud de lo dispuesto en los arts. tampoco sería respetada. Si así no fuera. Se explica así que el Dr.. representativo y federal del gobierno.E. derechos y garantías individuales que consagra la Constitución Nacional. dado que como lo dispone el art. formulara la siguiente advertencia: "Antes de entrar a la dilucidación del problema. Pese a ello.encuadran dentro de las atribuciones propias de los jueces. el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca. por otros conductos. republicano. que no es propiamente de su esencia. dicho precepto resultaría una disposición inocua y la función encomendada a los jueces se reduciría a una tarea meramente mecánica. como miembro de un tribunal de justicia. se manifestara expresa y francamente contrario al mantenimiento del régimen democrático y a la subsistencia de las garantías individuales. 94 CN. los magistrados se encuentran frente a un dilema de hierro: o acuerdan personería política a toda agrupación que formule la declaración exigida por el art. o sea. sometiéndose a lo dispuesto por el decreto ley 19044 . resolver el caso con arreglo a las constancias de autos. el Poder Legislativo "distribuir" y reglamentar la competencia de los jueces. sea cual fuere su íntima convicción personal derivada del conocimiento que. creyó poder entrar válidamente al examen de la cuestión de fondo.
encomendado al Poder Judicial funciones que constitucionalmente corresponden a los poderes políticos. y que debe ser tenido especialmente en cuenta. no sólo alteran su competencia constitucional. 21 decreto ley 19044 y en base a ello declaró que "la valorización acerca del contenido y alcance de la declaración de principios y del programa de acción del Partido Comunista. en cumplimiento de lo dispuesto por el art.E. Podría argüirse. con relación a la solicitud que motiva estas actuaciones. 7. 1 encomendaba al juez electoral. sino que comprometen peligrosamente la primera calidad que aquél debe cuidar.podrán ser apelados ante las juntas escrutadoras respectivas. pues sólo así puede cumplir su misión de poder moderador y de custodio imparcial de todos los derechos individuales de los habitantes de la República. Sin mengua de otros conceptos enunciados en su voto -de indudable mérito que suscribiría gustoso-. el posible equívoco desaparece en cuanto se advierte que el fallo de V. al resolver. la cuestión planteada con motivo del retiro de la personería política al Partido Comunista (DJA 15/10/1957). una gestión que tiende a obtener el reconocimiento de "un derecho individual". Tal sistema no era susceptible de reparos de orden constitucional. lo que en cierto modo podría interpretarse como implícita aceptación de una "competencia concurrente". las que entenderán el recurso deducido. prescindiendo de las constancias de autos. se autorizaba recurso alguno para ante la Corte Suprema. cuyo art. circunstancia que constituye un factor de diferenciación decisivo. circunstancias y condiciones expresamente provistos por la ley. pues pienso que las facultades de ambos son privativas y excluyentes. ya que las cuestiones políticas quedaban exclusivamente sometidas al juez electoral y a las juntas escrutadoras. al reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos. creo que las atribuciones propias del Poder Judicial no pueden ser ampliadas ni restringidas por los otros poderes y. no pueden ser sometidas a decisión de los tribunales permanentes establecidos en la República. ya que de otro modo podrían producirse conflictos de difícil o imposible solución. 94 . Cierto es que V. si bien tales informaciones no configuran verdadera "causa" o "caso judicial" comportan. conforme a lo resuelto por la Corte Suprema en Fallos 53:420. como consecuencia. que se acepta sin reparo alguno sean los jueces federales quienes otorgan carta de ciudadanía y excepciones al servicio militar.y delimitada a los casos. admitió la validez de la cláusula transitoria contenida en el el art. aquellas cuestiones que por su naturaleza no configuren una "causa". por lo demás. debiendo ajustarse los pronunciamientos a los principios procesales que gobiernan las decisiones judiciales". en los términos del art. a cuyo efecto se tramita ante ellos la correspondiente "información". 100 CN. pero el argumento pierde toda eficacia en cuanto se advierte que. 9 . En síntesis. gozaban ya de su personería jurídica y política. 8 disponía: "Los pronunciamientos sobre el reconocimiento de partidos -que el art. la posibilidad de ejercer "una competencia concurrente" con los otros poderes. aparece válidamente hecha por la autoridad política competente en la emergencia". pero en manera alguna que el tribunal aceptara para lo sucesivo y con carácter permanente. el 12/7/1957. paréceme constitucionalmente inadmisible. tal vez. evitando hasta la más ligera sospecha de participar en las luchas cívicas. sólo significó reconocer que los partidos políticos aludidos en la mencionada disposición transitoria. y si bien tanto aquél como los miembros de estas últimas eran magistrados judiciales. a fin de acreditar los extremos exigidos por las leyes respectivas. tanto la ley 13645 como el decreto ley 19044 . Sin embargo. cabría agregar otras relativas a la inconveniencia del sistema adoptado por el decreto ley 19044/1956 que. A las razones de orden constitucional que dejo expuestas y a la práctica imposibilidad de que los jueces decidan las cuestiones que se les sometan. al encomendar a órganos permanentes del Poder Judicial el conocimiento y decisión de cuestiones típicamente políticas. no actuaban en tal carácter ni.E. sin lugar a dudas.. En cambio. resolviéndolo sin más trámite dentro de las venticuatro horas de su constitución". al caracterizar el "caso judicial" como "contienda entre partes por derechos individuales de particulares". ni aceptara una delegación de atribuciones por parte de aquéllos. se aparta del sistema que inspiró el derecho del 4/8/1931. Saravia acerca de la "competencia concurrente" del Poder Legislativo y el Poder Judicial. la teoría del Dr.
es incompetente para resolver la cuestión que se trae a su conocimiento. derechos y garantías democráticas que establece la Constitución Nacional. en apéndice del imperialismo y la burguesía. a fin de dirigir las luchas tras el programa y política del marxismo. bajo la dirección del Partido Obrero y con el apoyo de los campesinos y de las otras capas oprimidas y explotadas de la población. b) recogiendo toda la herencia del movimiento obrero. (T) es la vanguardia revolucionaria del proletariado argentino. en cierto modo.. es quien llevará a cabo las tareas 10 . a la que corresponde a la Corona en las monarquías constitucionales. han traicionado la causa de los trabajadores y desvirtuado los principios revolucionarios por los cuales fueron creados. como así también las libertades. el Partido Obrero es la vanguardia del proletariado argentino. formalmente. en cuyos documentos programáticos y políticos reposan el programa y la política del POR. e) que de conformidad con el art. Partido Comunista y Partido Socialista. que es el de dirigir y acaudillar a las grandes masas del país para la resolución de las tareas nacionales y socialistas. si bien. por lo que el Partido Obrero sostiene un programa de defensa del régimen republicano. en apéndice del imperialismo y la burguesía. cuya imposición las motiva. han traicionado la causa de los trabajadores y desvirtuado los principios por los cuales fueron creados. (T) se ha constituido sobre la base del GCI. El proletariado en el gobierno. "el Partido Obrero se constituye sobre los siguientes principios programáticos y políticos: a) que los llamados partidos obreros. c) Que el objetivo es el de dirigir concientemente al proletariado del país. es el agente ideológico y político de la burocracia soviética usurpadora del Estado soviético. El Partido Comunista. He creído conveniente transcribir en forma íntegra y textual la "Declaración de Principios" del Partido Obrero. traicionando los principios del marxismo. no es la expresión sincera de los propósitos que inspiran a sus promoto res.E. Estos principios programáticos sostienen: a) Que los llamados partidos obreros. a fin de que lleve adelante el cumplimiento de su rol histórico. El PS. El proletariado en el poder. se ha convertido. cuya "Declaración de Principios" coincide casi textualmente con la del Partido Obrero. junto a las tareas socialistas para la edificación de una sociedad socialista. el POR. d) que la vigencia de los derechos democráticos para las grandes masas constituyen una conquista de valor incalculable para el proletariado para facilitar el desarrollo de sus luchas. Según se lee a fs. dice: "El POR. que es el de dirigir y acaudillar a las grandes masas del país para la resolución de las tareas nacionales y socialistas. Partido Comunista y Partido Socialista. pues. por cierto-. representativo y federal de gobierno. en lo sustancial. En efecto. examinaré la vialidad de la solicitud formulada por el Partido Obrero. el Partido Obrero lucha por la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente para resolver un régimen republicano. no sólo por la dificultad de resumir su contenido -no muy concreto. abandonando los principios del marxismo leninismo. traicionando los principios del marxismo revolucionario. b) Recogiendo toda al herencia del movimiento revolucionario. Pese a mi íntima convicción de que V. podría considerarse ajustada a la que exige el art. su estabilidad y prestigio están indisolublemente ligados a una total prescindencia respecto de las cuestiones políticas que suelen conmover a los pueblos y dividir a los ciudadanos empañados en luchas partidarias que no deben trascender el ámbito de los poderes políticos. 31 CN. en un régimen de democracia socialista. es quien deberá llevar a cabo las tareas democrático-burguesas que la burguesía es incapaz de cumplir. en un régimen de democracia socialista. (T). al igual que aquélla.. bajo la dirección del Partido Obrero Revolucionario. El PC. pues. 8. formulada el 7/11/1956 por el Partido Obrero Revolucionario (trotzkista).. c) que su objetivo final es el de dirigir concientemente al proletariado del país. a decreto ley 19044. representativo y federal en el marco de una democracia nacionalista". a fin de dirigir la luchas tras el programa y política del marxismo revolucionario. a fin de que lleve adelante el cumplimiento de su rol histórico. he tenido a la vista las actuaciones relativas a la solicitud de reconocimiento de su personería. 9. El Partido Socialista se ha convertido.No creo exagerar si afirmo que la misión del Poder Judicial en los países democráticos puede equipararse. es el agente ideológico y político de la burocracia soviética usurpadora del Estado soviético. sino para poner de relieve una circunstancia que demuestra que la manifestación formulada en el punto d. abandonando los principios del marxismoleninismo. y con el apoyo de los campesinos y de las otras capas oprimidas y explotadas de la población. 3 inc.
Si la plena y perfecta identidad política de Partido Obrero Revolucionario (trotzkista) y el Partido Obrero que resulta de su declaración de principios requiriera mayor demostración. a decreto ley 19044. Empero. a y c decreto ley 19044/1956.valorar con carácter general y con alcance puramente político. 160. el que está obligado a ceñirse a reglas procesales totalmente inaplicables para dar adecuada solución a cuestiones de índole típicamente política y que. junto a las tareas socialistas. correspondería revocar la resolución apelada de fs. 3 inc. 154 la representación del Partido Obrero. actitud que visiblemente obedece al propósito de ceñirse "a las constancias de autos" y estimar que los "hechos" que se mencionan en el informe de fs. invocando la calidad de apoderado general titular del mismo.José F. que el nombre elegido está de acuerdo con lo preceptuado por el inc. 2ª INSTANCIA. ya que la misma comporta. El efecto. 3 incs. la resolución del juez electoral expresa que el Partido Obrero goza ya de personalidad para actuar como partido nacional en los distritos de Buenos Aires y 11 . como lógica consecuencia. su examen siempre significaría -en último análisis. a decreto ley 19044.Buenos Aires. Ángel L. Para tal fin el POR. 29/30 puedan ser sometidas a decisión del Poder Judicial. como deben serlo los que se invoquen ante un tribunal de justicia. el juez lo ha reconocido como agrupación política habilitada para actuar en el Distrito de la Capital Federal. En efecto. b del artículo citado. constituyendo igual domicilio. reconociendo a dicha agrupación con aquel carácter en el distrito de la Capital Federal. (T) propugna la realización de una convención constituyente". 100 en adelante) no resulta legalmente acreditados.E.. No ha entrado al examen de otros antecedentes que pudieran demostrar la falacia de aquella declaración. por ello. pero pienso que ello no invalida mi tesis de que el Poder Judicial carece de competencia para decidir cuestiones de la naturaleza de la que motiva estas actuaciones. por lo que. el juez a cargo del Juzgado Electoral hizo lugar al pedido. fue ejercida por el Dr. 88 a 148 (especialmente de fs. d. enero 26 de 1962. tal valoración sólo puede corresponder a los otros poderes del Estado. y el mismo letrado no sólo patrocinó aquí a Roque Reginaldo Moyano. 3 inc. El caso de autos constituye así la demostración más acabada de la práctica imposibilidad de que cuestiones de la naturaleza de la que motiva la solicitud de fs. doctrinas económicas y concepciones sociales.E. se ha servido conferirme en estas actuaciones. ella estaría dada por la identidad física entre los promotores de éste y los dirigentes de aquél. quien constituyó domicilio en la calle Bartolomé Mitre 2259 (1º "B"). sino que lisa y llanamente asumió a fs. requieren la valorización de teorías económicas y doctrinas sociales que no son susceptibles de prueba ante los jueces. 3 inc. En otro orden de fundamentos. Cierto es que en el caso de autos. una circunstancia puramente casual permite comprobar que el Partido Obrero no es más que una nueva denominación del Partido Obrero Revolucionario (trotzkista). derechos y garantías individuales que asegura la Constitución Nacional y cuya preservación tiende la exigencia contenida en el art. 9. en definitiva. lo que indudablemente excede el marco de las atribuciones constitucionales del Poder judicial. ateniéndose exclusivamente a las constancias obrantes en estas actuaciones y verificando que el Partido Obrero ha formulado la declaración exigida por el art. estima lo contrario. cuya declaración de principios -absolutamente incompatibles con la vigencia de la Constitución Nacional.Considerando: Que en la solicitud formulada por el Partido Obrero (Regional Capital Federal) para que se le otorgue personalidad política. Por lo demás y aun en el supuesto de que pudieran reiusrse debidamente probados tales hechos.. Benites. la representación del Partido Obrero Revolucionario (trotzkista) en las actuaciones antes mencionadas.democráticas burguesas que la burguesía es incapaz de cumplir.ha sido levemente retocada al solo efecto de aparentar acatamiento a las exigencias del art. Para ello se fundó en las siguientes circunstancias: que los estatutos y declaración de principios del partido se ajustan a lo dispuesto por el art. lo mismo que el número mínimo de ciudadanos establecido por el inc. si V. reconocer como agrupación política al Partido Obrero Revolucionario (trotzkista) y fácil es imaginar la suerte que bajo un gobierno de tal tipo correrían las libertades. Fanjul. Dejo así evacuada la vista que V. a decreto ley 19044..
se declarara mal concedido el recurso de apelación interpuesto y se tuviera por firme la resolución dictada por el juez electoral. consistente en que solicitudes del tipo de la juzgada no configuran una verdadera causa judicial. 237:386 . a mi modo de ver -expresa el fiscal-. Que habiéndose pronunciado esta Cámara en el caso aludido por el fiscal -"partido Tres Banderas s/personería"-. en cambio. Que. 240:11 . solicitó se lo excusara de dictaminar en el caso. Que también afirma el fiscal que el decreto ley 19044/1956 . que debe valorarse como antecedente el hecho de haber aceptado el Poder Ejecutivo implícitamente. por cuanto. 3 inc. en los cuales la Corte Suprema declaró que el recurso extraordinario autorizado por el art. toda vez que la declaración exigida respecto al sostenimiento del régimen republicano de gobierno no puede reiusrse cumplida con la simple verificación de los recaudos acompañados. en apoyo de su tesis. evitando hasta la más ligera sospecha de participar en las luchas cívicas. representativo y federal de gobierno.Tucumán. al encomendar a órganos permanentes del Poder Judicial el conocimiento y decisión de cuestiones típicamente políticas. único supuesto que. en un primer momento. el apoderado general suplente del Partido Obrero solicitó. al aprobar el gasto de impresión de las boletas electorales empleadas en el distrito Buenos Ai res. 238:283 . a su vez. si bien la declaración del punto d de los estatutos. 236:671 . altera su competencia constitucional y compromete peligrosamente la primera calidad que aquél debe cuidar. cuyo conocimiento y decisión concierne a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación. se dispuso se le corriera nueva vista de estas actuaciones. que no comportan verdadero `caso judicial' y cuya solución por los jueces tropieza con una dificultad insalvable derivada de la exigencia contenida en el art. pues sólo así puede cumplir su misión de poder moderador y de custodio imparcial de todos los derechos individuales de los habitantes de la República. Que contra esta resolución interpuso recurso de apelación el procurador fiscal. "eso es lo que. no es la expresión sincera de los propósitos que inspiran a sus promoto res.. concordando con el criterio del fiscal de Cámara. A esta conclusión llega luego de transcribir la declaración de principios del Partido Obrero Revolucionario (trotzkista). 3 inc. en razón de haber sostenido en otro expediente análogo ser improcedente la intervención del Ministerio Público a su cargo por no tratarse de una causa específicamente judicial. En este sentido. el fiscal examina la viabilidad de la solicitud formulada por el Partido Obrero y expresa que. que no fue incluido en los decretos 5802/1959 y 15169/1960 que prohíben la actuación de los partidos políticos cuyas actividades han sido consideradas lesivas para el interés nacional. que no fue reconocido como partido político. 14 ley 48 no procedía respecto de resoluciones de naturaleza política. justificaría la intervención del Poder Judicial en el ejercicio de su específica misión constitucional. Que. 100 CN. 148:215. 203:342 . y por último. el cual establece un requisito de imposible comprobación objetiva. formalmente podría considerarse ajustada a lo que exige el art. a su juicio. conceptos dentro de los cuales no puede encuadrar la petición formulada por un grupo de ciudadanos con el propósito de obtener un reconocimiento como partido político. sin perjuicio de lo expuesto. ha hecho el decreto ley 19044/1956 al poner a su cargo la decisión de cuestiones eminentemente políticas. pues no se trata de una cuestión relativa al ejercicio o defensa individual de derechos electorales. si bien el Poder legislativo puede "distribuir" y reglamentar la competencia de los jueces no puede. aun cuando la decisión proviniera del ejercicio de atribuciones encomendadas a tribunales de justicia (Fallos 128:314. radicándose las actuaciones en este tribunal. este funcionario. 248:61 ). a. el fiscal de Cámara menciona numerosos casos del género que aquí se trata. En este orden de ideas. afirma el fiscal de Cámara que. sea cual fuere la notoria ideología de sus promotores o dirigentes". coincidente en lo 12 . según lo determina el art. relativa al programa de defensa del régimen republicano. "atribuirles" el conocimiento de cuestiones cuya solución no les encomiende el art. con tal motivo. Que. el tribunal no rebatió el argumento básico de su tesis. dispuesto se corriera vista de ellas al fiscal de Cámara. propias de organismos electorales. expresa que dicha normas alude a las "causas" y a los "asuntos" en que la Nación sea parte. en la apreciación política que es de su resorte. a decreto ley 19044/1956. 100 de la carta fundamental. 189:155 . en el cual declaró que procedía la intervención del Ministerio Público. la actividad del Partido Obrero. Que. a su juicio. el funcionario nombrado reitera en su dictamen la posición sostenida en el referido antecedente.
al reconocer que esas asociaciones interesan al orden público. por ende. alude al carácter propio que le proporciona la actividad desarrollada por estas asociaciones de ciudadanos. ajenas a la función judicial emergente del art. 29/30 puedan ser sometidas a decisión del Poder Judicial. por otro. Que lo limitado de la cuestión resuelta por el tribunal en el recordado caso del Partido Tres Banderas. cuyos principios son contrarios al régimen constitucional de la República.se encuentra todo lo que se relaciona con el reconocimiento o la caducidad de la personería de los partidos políticos. la solución aparece sin embargo esbozada por lógica implicancia en el fallo referido. acorde con el principio contenido en la ley 1893 . el fiscal solicita se revoque la resolución apelada. son estas cuestiones a las cuales el fiscal de Cámara asigna naturaleza política y considera. El Estado. hizo que sólo aludiera con las palabras transcriptas a lo que representan los partidos políticos en la vida pública del Estado. lo ha hecho también con los partidos políticos. el ejercicio de su derecho constitucional. por un lado. que de las distinta acepciones encerradas por la palabra "política". reconociéndoles derechos propios derivados de su naturaleza jurídica. del 1/9/1961). 117 ley 1893 de Organización de los Tribunales de la Capital. 100 CN. los partidos son considerados como los medios de que disponen actualmente los ciudadanos para alcanzar esos fines de interés colectivo. todo lo relativo a su organización y funcionamiento. dentro del mismo régimen legal ha atribuido competencia a los tribunales judiciales para resolver muchas de las cuestiones que con relación a ellos se susciten. como consecuencia. Que esta comprobación constituye para el representante del Ministerio Público "la demostración más acabada de la práctica imposiblidad de que cuestiones de la naturaleza que motiva la solicitud de fs. Que el derecho de asociarse con fines útiles establecido por la Constitución Nacional ha permitido la existencia de los partidos políticos. requieren la valoración de teorías económicas y doctrinas sociales que no son susceptibles de pruebas ante los jueces". Que. la que se vincula con los partidos estructurales legalmente. por ello. con motivo de cuestionarse la intervención asumida por el procurador fiscal de primera instancia en el pedido de personalidad política formulado por el Partido Tres Banderas. conducente a la constitución de los poderes políticos del Estado y luego. Que "dentro de esta última previsión -dijo entonces el tribunal. el que está obligado a ceñirse a reglas procesales totalmente inaplicables para dar adecuada solución a cuestiones de índole típicamente política y que. dentro de la forma republicana y representativa de gobierno. como es el de asociarse con fines útiles. A su vez. sino también física entre los promotores de este partido y los dirigentes de aquél. en general. Que planteado ahora en términos latos el problema. a la sanción de las leyes y a la orientación que ha de imprimirse al gobierno y a la administración. haciendo mérito de "lo dispuesto por los incs. Por esa razón. el tribunal declaró no sólo legítima sino también necesaria la intervención del Ministerio Público. Que. justamente. ante todo. y protegiendo. pues la misma comporta en definitiva reconocer como agrupación política al Partido Obrero Revolucionario (trotzkista). Si tal es la importancia que revisten se explica que el legislador no se haya mostrado indiferente ante ellos reglando. con proyecciones que llevarían a desconocer las funciones atribuidas por el decreto ley 19044/1956 a la justicia federal en lo atinente a la organización y funcionamiento de los partidos políticos. 1 y 6 del art. Qe para el caso de no prospera su tesis de la falta de competencia del Poder Judicial para decidir cuestiones de la naturaleza de la que motiva estas actuaciones. dada su injerencia en la constitución de los poderes políticos del Estado y en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos" (sent. justificando en esa forma la intervención del Ministerio Público. puesto que son factores directos en la formación de los poderes políticos del Estado y en el ejercicio de iguales derechos de los ciudadanos.sustancial con la del Partido Obrero. Esa identidad no sólo es política -agrega el fiscal-. no sólo como agrupaciones de personas sino como verdaderas entidades con personalidad jurídica. Conviene advertir. en la misma forma que ha establecido reglas para la organización y funcionamiento de otras personas morales. 13 . que atribuyen al Ministerio Público la función de representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera a intervenir en todos los negocios concernientes al orden público".
Así. el Partido Obrero (Regional Capital) que pide ser reconocido como agrupación política en el distrito de esta Capital Federal. lo que evidencia la identidad señalada y el subterfugio tendiente a eliminar un obstáculo para su reconocimiento oficial.constituye un aspecto derivado del derecho de asociación que puede dar motivo a cuestiones judiciales comprendidas dentro de los puntos regidos por la Constitución y las leyes nacionales. comprensivo de muchos otros conflictos o situaciones relacionados con el afianzamiento de la justicia. la defensa común. sin embargo -registrado en Fallos 248:61 -. pues.Que el otorgamiento de la personalidad jurídica a un partido político -tal es el único problema planteado en autos. corresponda su conocimiento a los tribunales federales. se trata de derechos de los ciudadanos. Que la jurisprudencia de la Corte Suprema. según que por la materia. Que. 60. a que se refiere el art. no sólo por cuanto su encuadramiento legal y la prevención de determinados conflictos entre partidos o entre los integrantes de uno de ellos. debe tenerse en cuenta que. precisamente. que el llamado hoy Partido Obrero sostiene una ideología "revolucionaria-trotzkista". Su alcance en el texto constitucional es de mayor amplitud. en la cual el fiscal de Cámara apoya su argumentación. En ese orden de cosas. se ha testado la expresión "ex Partido Obrero Revolucionario (trotzkista)".el reconocimiento de los partidos políticos. dentro del concepto de "causa" o "asunto" a la que la Constitución se refiere. 100 de aquélla. los variados procesos de naturaleza penal en que intervienen los tribunales de este fuero. Que las razones dadas por el fiscal de Cámara para así considerarlo. 178 y 179. por referirse a una garantía constitucional vinculada a la organización del Estado. Que los vocablos "causa" y "asunto" no tienen en la Constitución el sentido restringido que les asigna el procurador fiscal de Cámara. en consecuencia. son muestra de ello no sólo las informaciones tendientes a la obtención de la ciudadanía argentina o a la excepción del servicio militar sino. corriente de fs. y que corren agregada a fs. Que no hay duda. No cabe duda que bajo ese régimen legal los tribunales de justicia actúan con la potestad jurisdiccional y la competencia necesaria para decidir sobre la materia. ya pidió ese reconocimiento y que le fue denegado por el juez electoral el 13/11/1956 ( resolución confirmada por este tribunal el 26/2/1957). el decreto ley 19044/1956 ha puesto en manos de los jueces encargados de los distintos registros electorales -aparte de otras tareas de la misma naturaleza que no hacen al caso. en definitiva. desde su creación. el bienestar general o la protección de la libertad. con el nombre Partido Obrero Revolucionario Trotzkista. en lo que se declaró la improcedencia del recurso extraordinario por ser cuestiones que no justificaban la vía elegida. el alto tribunal reconoció. en este último caso cuando se trata de resoluciones que denieguen o revoquen la personalidad jurídica. según lo preceptuado por la Constitución Nacional. determinando el procedimiento a seguir y estableciendo el recurso de apelación ante las Cámaras nacionales competentes y también ante la Corte Suprema. las personas o el lugar. debe agregarse el hecho de que en las numerosas listas de afiliados acompañadas por el apoderado del Partido Obrero. la que no fue negada en el escrito que presenta un apoderado. en cuanto los limita a la contención entre partes respecto de derechos subjetivos contrapuestos. se vincula con la paz interior. 53. se relaciona con casos distintos al planteado en autos. la paz interior. 66 y 71. al contestar la vista corrida por el juez electoral de los informes de la Policía Federal y del 14 . es el mismo partido que. en el sentido de acto emanado del ejercicio de poderes privativos o funciones de gobierno de las que quedan fuera del ámbito jurisdiccional. caben. por tanto. cuya protección es de la competencia de este fuero. el caso debatido en autos reviste todas las características de una "causa". 54. 154 a 158. En uno de ellos. de modo muy especial. que los supuestos de denegación o revocación de personería jurídica que dan recurso a la Corte Suprema. 18 a 28 y a fs. como bien lo deja demostrado el fiscal de Cámara a fs. y no puede calificárselo de "político". de naturaleza eminentemente federal. Lo atinente a la organización y funcionamiento de los partidos políticos. según lo establece el art. 44. 16 Estatuto de los Partidos Políticos. Que entrando al análisis de la cuestión por la cual las presentes actuaciones han legado al conocimiento de este tribunal. son cuestiones específicamente judiciales. Ninguno de esos casos trata del otorgamiento de la personería jurídica de los partidos políticos. sino también porque. como a los derechos de sus integrantes con relación a la entidad. 43.
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