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Timestamp: 2020-06-02 08:21:58+00:00

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Preocupación y Cautela en la Prensa Nacional, Euforia Contenida en PRISA | Terrorismo en España
Preocupación y Cautela en la Prensa Nacional, Euforia Contenida en PRISA
Por Narrador - 26 de Marzo, 2006, 16:55, Categoría: General
De todas las opiniones que hemos leído en al prensa nacional es EL MUNDO quien más se acerca a la realidad. Este ‘alto el fuego permanente’, expresión contradictoria en si misma inspira más preocupación que esperanza. Toda persona de bien desea el fin de la actividad criminal de ETA (que no la paz pues en España no hay ninguna guerra desde hace casi 70 años), pero el escepticismo por la forma que se ha desarrollado esta declaración sumado al conocimiento de ‘contactos’ anteriores no permite demasiada esperanza, tal vez con la excepción de los chicos de PRISA qué no se sabe dónde ven esa ‘oportunidad única’.
Un texto y un contexto que inspiran más preocupación que esperanza (Editorial de EL MUNDO)
Aunque sea bajo el eufemismo de un «alto el fuego» y con la contradicción intrínseca de declararlo «permanente», el anuncio de ETA de que renuncia en la hora presente al terrorismo merece ser acogido con satisfacción y esperanza. Queda por ver si ello incluye también el fin de la extorsión, de la kale borroka y de otras manifestaciones de violencia de baja intensidad o si, como ocurrió en 1998, la banda vuelve a jugar a dos barajas, aprovechando la tregua para fortalecerse. En todo caso, hay que congratularse por el alivio experimentado por miles de personas amenazadas por ETA y ante la perspectiva de un País Vasco sin asesinatos ni secuestros, aunque es inevitable preguntarse a cambio de qué.
Todas las respuestas a esta pregunta clave suscitan motivos de sombría y grave preocupación. Hasta el punto de que esta inquietud neutraliza, o al menos merma, esos sentimientos de satisfacción y esperanza. Tanto por lo que dice el comunicado como por el contexto en el que se produce.
La banda no habla de negociar la entrega de las armas, de repatriar a los exiliados o huidos de la Justicia, de reinsertar a sus dirigentes o ni siquiera de acercar a los presos o buscar fórmulas legales que permitan acortar su estancia en la cárcel. O sea, no habla de nada de lo que el Estado puede negociar. ETA sólo habla de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herría para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden». Es decir, de iniciar una negociación política que implique sustituir el marco constitucional vigente por una nueva legalidad auspiciada por quienes han llegado hasta aquí aupados por una montaña de cadáveres.
ETA anuncia que «al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro» y que «los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático sin ningún tipo de limitaciones».O sea, la autodeterminación y, eventualmente, la independencia.
El resto del comunicado se mueve entre la retórica habitual sobre «la superación del conflicto» -así le llaman a sus 30 años de crímenes horrendos- y la exigencia del fin de «la represión» -así le llaman al funcionamiento del Estado de Derecho-. Por muy acostumbrados que estemos a todos estos eufemismos, no puede dejar de producir una profunda repugnancia leer cómo ETA se atreve a hablar de «la construcción de una paz basada en la justicia».
Aceptar todo esto supondría dinamitar el Estado constitucional, renegar del espíritu de la Transición, renunciar a nuestra identidad común como españoles, decretar la inutilidad del sacrificio de las víctimas, traicionar su memoria y convertir en estéril y absurda la resistencia de los vivos.
APOYO CRITICO AL GOBIERNO
Al Gobierno francés le entrará por un oído y le saldrá por otro este comunicado. ¿Por qué nos alarma tanto a nosotros si hemos escuchado exigencias similares en numerosas ocasiones? La respuesta es sencilla: porque por primera vez en tres décadas existe el riesgo de que quien representa al Estado esté dispuesto a realizar concesiones políticas a ETA. Y ello no es una simple hipótesis sino un temor que se sustenta en la trayectoria de este Gobierno.
Ha sido el propio Zapatero quien ha suscitado las expectativas de una negociación con ETA, quien afirmó en sede parlamentaria que el concepto de nación era «discutido y discutible» y quien ha demostrado que no tiene nada claros los límites del artículo dos de la Constitución, que habla de la «indisoluble unidad de la nación española».
Ha sido este Gobierno quien ha roto el Pacto Antiterrorista, quien no ha respetado el pacto constitucional no escrito de abordar por consenso las reformas de Estado y los Estatutos y quien impulsó en el Congreso una resolución que daba alas a ETA al concederle un protagonismo político con el que ni podía soñar.
Tras dosificar hábilmente las expectativas de la tregua anunciada ayer, ETA se ha convertido en un interlocutor político del Gobierno, lo que siempre ha sido su máximo objetivo. Y esto ha sido posible por el contexto creado por una serie de hechos como los anteriormente citados, su permisividad con Batasuna y otras muchas concesiones más. La lista sería interminable, pero el hito fundamental que enmarca el anuncio de ETA es la aceptación por la Comisión Constitucional del Congreso de la autodefinición de Cataluña como nación, en reconocimiento de la supuesta soberanía del Parlamento catalán. No es una casualidad que entre el comunicado y la decisión del Congreso hayan pasado menos de 24 horas. Nuestra preocupación sería mucho menos fuerte de no haber visto sucumbir a Zapatero en un asunto tan esencial ante las presiones nacionalistas.
No resulta descabellado pensar que la banda ha querido recompensar al presidente por su decisiva contribución a un Estatuto que abre un proceso de ruptura de la unidad del Estado, como pretenden los nacionalistas y la propia ETA.
No faltará quienes intenten equiparar la anterior tregua concedida por ETA en septiembre de 1998 con la anunciada ayer. Pero la de hace casi ocho años no tiene nada que ver con la de ahora, ya que fue la consecuencia de un pacto entre los partidos nacionalistas y la banda y la actual ha sido promovida por el Gobierno a través de dirigentes del PSE. La anterior tregua fue precedida de una dura y efectiva campaña de acoso policial, que puso contra las cuerdas a ETA, muy debilitada tras la reacción social por el asesinato de Miguel Angel Blanco. Cogió por sorpresa a Aznar, lo que no se puede decir de la actual, largamente anticipada. Las circunstancias son hoy totalmente distintas, entre otras razones, porque sabemos cómo ETA utilizó aquel alto el fuego para volver a asesinar.
Desde sus primeras fechorías, ETA ha anunciado treguas en diez ocasiones. La de ayer fue la undécima. Hace ocho años, unos dirigentes etarras declararon en la BBC que su generación no volvería a coger las armas. Apenas un año después, la banda reanudó los asesinatos. Es suficiente motivo para mantener el escepticismo.
Resulta muy dudoso que ETA no vaya a recurrir de nuevo a sus métodos, pero siempre hemos dicho que apoyaríamos a cualquier Gobierno democrático que buscara una solución dialogada al conflicto vasco previa renuncia a la violencia de la banda terrorista. Por tanto, vamos a respaldar de forma crítica las acciones de este Gobierno, con una condición que también hemos subrayado con frecuencia: que la paz no implique pagar un precio político. Por ejemplo, el Gobierno no puede ni debe aceptar la creación de una mesa de partidos fuera del Parlamento vasco para discutir cambios en el marco jurídico, porque esto sería una victoria de ETA.
PACTAR CON EL PP
Hay cosas que el Ejecutivo puede y debe hacer, pero hay otras que no. Por ejemplo, no debe respaldar la declaración del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que anticipó ayer que va a pedir a los jueces que «valoren la incidencia» de sus actuaciones a la luz de la «nueva situación» que se deriva del alto el fuego de ETA. Ello supone una interpretación arbitraria de la ley, como resaltaron ayer varias asociaciones judiciales, y un verdadero despropósito en boca de un jurista, que, como el fiscal general del Estado, se proclama adicto al principio de legalidad.
Relajar la persecución policial, mirar para otro lado cuando se vulnera esa legalidad, renunciar a perseguir a los criminales son las cosas que no se deben hacer. Sí se puede, en cambio, dialogar o negociar ahora con ETA sobre cómo hacer operativo su definitivo adiós a las armas. El Gobierno tiene toda la legitimidad para actuar así siempre que se respeten los límites legales y políticos que un Estado no debe traspasar.
En cualquier caso, sería deseable explicitar y concretar tales límites con las formaciones con representación parlamentaria y, muy especialmente, con el principal partido de la oposición. Zapatero ha marginado a Rajoy de la política antiterrorista. Ahora, necesariamente debe contar con él. El líder del PP reaccionó ayer de forma constructiva y debe hacer un esfuerzo por ayudar al Gobierno, pero no a costa de sus convicciones.
La garantía de que el Gobierno no va a traspasar esos límites se halla precisamente en un acuerdo entre los dos grandes partidos, lo que además fortalecería sensiblemente la posición negociadora de Zapatero. Si no fuera posible alcanzar ese consenso en las próximas semanas, no habría otro recurso que una convocatoria de elecciones generales para que los españoles decidieran hasta dónde puede llegar el Estado en el proceso que se acaba de abrir con la tregua de ETA.
Editorial publicado en el diario EL MUNDO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.
“Entre la cautela y el escepticismo” (Editorial de LA RAZON)
ETA ha pedido tiempo muerto acorralada por el Estado de Derecho, pero aún no se ha rendido
La inmensa mayoría de los ciudadanos desea desde hace demasiado tiempo que ETA desaparezca definitivamente de la vida nacional. Los españoles de menos de cuarenta años desconocen lo que es vivir sin terrorismo etarra y ninguna noticia les produciría tanta satisfacción como el anuncio de la disolución de la banda. El comunicado de ayer puede abrir ese camino. No obstante, debe recibirse como lo que es: la promesa de una organización que ha asesinado a más de ochocientas personas en los últimos cuarenta años y ha roto su palabra en varias ocasiones. Por tanto, lo que de positivo tiene la noticia ha de tomarse con todas las precauciones y sabiendo que ni es suficiente, ni convincente. La decisión etarra debe analizarse con frialdad y rigor, de tal modo que no se reproduzcan viejas frustraciones, como en el año 1998, cuando ETA declaró una tregua «indefinida y total » que se desveló tramposa. Nada más equivocado que algunas de las reacciones habidas, con brindis incluido, casi agradecidas a la banda. Para empezar, hay que subrayar la ambigüedad y contradicción de la expresión «alto el fuego permanente », que no es renuncia a las armas, sino un paréntesis que no excluye la extorsión a empresarios ni la «kale borroka».
Momento escogido. En segundo lugar, sorprende el drástico cambio de estilo que se aprecia en el comunicado etarra (a la espera de un segundo comunicado, anunciado para estas horas), muy alejado de la retórica violenta y revolucionaria que le caracteriza. El breve texto difundido ayer es fruto evidente de una negociación entre la banda y los ignotos mediadores. No se explica, de otro modo, que una organización terrorista haga tal profesión de fe en el sistema democrático. También conviene subrayar el momento en que se registra el «alto el fuego »: una vez que el Estatuto catalán ha superado el trámite parlamentario más delicado aprobando el término «nación » y en vísperas del casi seguro encarcelamiento de Otegi por el juez Grande-Marlaska, después de que han sido encarcelados otros dirigentes de Batasuna. Parece que la bronquitis de Otegi ha tenido la doble virtud de retrasar su vuelta a prisión y adelantar el «alto el fuego » etarra. Que la tregua empiece el mismo día en que Otegi comparecerá ante el juez no es casual. Dicho de otro modo, ETA se ha visto forzada a bajar sus armas ante la ofensiva judicial que está descabezando a Batasuna y su entramado abertzale. Si alguna conclusión segura puede sacarse del comunicado de ayer es que el Estado de Derecho ha doblegado a la banda terrorista. Con la Policía y la Guardia Civil, con los jueces y fiscales, con la Ley de Partidos y con el Pacto contra el Terrorismo del PP y PSOE. ETA no ha pedido tiempo muerto porque haya descubierto la democracia, sino por sentirse acorralada en todos los frentes. La cuestión a resolver ahora es si la pausa etarra basta para poner en marcha una negociación formal. Si nos atenemos a la resolución aprobada por socialistas y nacionalistas en el Congreso, en mayo de 2005, tal negociación tiene que ir precedida de dos condiciones: deponer las armas y disolverse. No es el caso. Por tanto, corresponde al Gobierno, que ayer reaccionó con estudiada prudencia, administrar con honradez las perspectivas de futuro. Hace bien en convocar a la oposición, pero antes debe dejar bien claro que no es ETA ni Batasuna quienes marcan el calendario, como sugiere el comunicado. A la par, tampoco será admisible que se interfieran o se violenten los mecanismos judiciales en marcha, como exige la banda. En este sentido, no pueden ser más rechazables las palabras del fiscal general, ayer. Conde-Pumpido aseguró que «la Fiscalía hará llegar a los magistrados que valoren la nueva situación », al tiempo que rehusó confirmar si pedirá prisión incondicional para Otegi. Es inaudito que la máxima autoridad fiscal del Estado de Derecho, yendo más allá del propio Gobierno al que sirve, abone la estrategia de los terroristas y les conceda su primer éxito poniendo la justicia al servicio de la coyuntura política.
Zapatero, mano tendida. Al contrario, lo apropiado es el gesto de mano tendida de Zapatero al PP. Desde aquí se ha criticado, sin paños calientes, al presidente del Gobierno cuando se ha apartado del consenso y del pacto de Estado en la lucha contra los terroristas. Ahora, y aunque se haya retrasado más de lo debido, elogiamos con la misma convicción su voluntad de sumar a la oposición a este proceso. Sus palabras de ayer son conjugables con las de Rajoy, quien ha definido con claridad el campo de juego: rendición de ETA sin concesiones políticas; Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos; mantenimiento de la acción policial y judicial; y petición de perdón a las víctimas. En suma, consenso y juego limpio en el que no se sacrifiquen las 817 razones que representan cada uno de los asesinados por ETA. Más aún, los terroristas darían por bien empleado su largo y sanguinario historial si lograran equiparar a las víctimas con sus presos y que no hubiera vencedores ni vencidos.
Editorial publicado en el diario LA RAZON el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.
“Sin precio político” (Editorial ABC)
La banda terrorista ETA emitió ayer un comunicado en el que anuncia «un alto el fuego permanente» a partir de mañana. El objetivo de este gesto es «impulsar un proceso democrático para Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». En una traducción meramente deductiva, ETA pretende que, al amparo de ese «alto el fuego permanente», el Gobierno y las demás instituciones del Estado negocien, de una parte, un marco jurídico-político para el País Vasco -ETA también emplaza al Estado francés- diferente del actualmente recogido en el Estatuto de Autonomía de Guernica, y, de otra, que se proceda a legalizar de nuevo a Batasuna, que es su marca electoral.
Ante esta pretensión de la banda terrorista ETA, y antes de cualquier otra consideración, es necesario reconocer al Gobierno español un amplio margen de confianza para la gestión de la nueva situación que se plantea. El Gabinete de Rodríguez Zapatero merece el mismo trato que recibieron el de Felipe González en 1989 y el de José María Aznar en 1998. Y en ese margen de confianza se debe mover el Ejecutivo para lograr que la banda terrorista ETA deponga definitivamente las armas sin que esa decisión conlleve contrapartida o precio político o de otra naturaleza. La sociedad española; el sistema político que alumbró la Constitución de 1978, posterior a una amnistía que vació las cárceles de presos etarras; la generalización del proceso autonómico, específicamente en el País Vasco, mediante un autogobierno sin parangón en los países de nuestro entorno, y la memoria de las víctimas son argumentos definitivos e irreversibles para exigir a ETA que olvide cualquier aspiración a obtener rédito alguno del cruel ejercicio terrorista que ha venido desplegando, y que se ha cobrado casi mil víctimas mortales y decenas de miles de millones en pérdidas materiales, además de un sufrimiento colectivo e individual de incalculable valor moral.
ES prudente, por eso, que el presidente del Gobierno se tome el tiempo necesario para comprobar las posibilidades de obtener la renuncia terrorista de ETA, y sólo cuando tenga muestras inequívocas de que la banda se resigna a dejar de delinquir de modo definitivo debe acudir al Congreso con el discurso que, en atención a los datos de que disponga, considere procedente. Rodríguez Zapatero, su Gobierno y el PSOE saben que carecen de potestad y de legitimidad -y, por supuesto, de mandato popular- para moverse fuera de los parámetros que en estas líneas se exponen. El Ejecutivo debe recabar todos los apoyos en esta coyuntura tan especial y los obtendrá íntegros en la medida en que, con la máxima transparencia, se encare a la decisión de ETA con lucidez ética, política e histórica.
Las esperanzas hay que administrarlas sin avaricia, pero también sin despilfarro. No es la primera vez que la banda terrorista declara una tregua para, después de transcurrido un tiempo, volver a practicar sañudamente el terrorismo. En esta ocasión, como era previsible, los dirigentes etarras han cuidado de no rememorar las vicisitudes de 1989 y 1998. Se refieren a su decisión no como tregua, sino como «alto el fuego permanente», expresión emparentada con la semántica utilizada en su día por el IRA, pero que enlaza con un propósito que no es de irreversibilidad. Es decir, ETA no anunció ayer el abandono de las armas, sino una suspensión de sus actividades criminales -es de suponer que de todas sin distinción, incluida la extorsión a empresarios y profesionales del País Vasco y fuera de él- cuya inmutabilidad queda condicionada a una negociación claramente política, expuesta en unos términos calculadamente blandos, pero suficientemente explícitos de que su objetivo es convertirse, por sí o a través de otros, en interlocutora del Gobierno y, en definitiva, del Estado. Contra esta ensoñación totalitaria de los terroristas -a los que debe persuadir de su derrota, no ya operativa, sino también política, social y moral- habrá de luchar el Ejecutivo. Los sucesivos gobiernos democráticos, secundados por una opinión pública española resistente al sufrimiento y por un heroico sector constitucionalista en el País Vasco, son los titulares del mérito de haber derrotado a ETA hasta el punto de alcanzar una situación como la ayer anunciada por la banda.
EL Gobierno y su presidente -que lo es de todos, incluso de los que discrepan de sus actuaciones- deben, primordialmente, en esta nueva tesitura cuidar con esmero y grandeza de miras la unidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, pero también de la cohesión de la opinión pública en torno a los grandes valores de las democracias fuertes y solventes. Las manifestaciones convocadas por las víctimas para disuadir al Ejecutivo de cualquier negociación con ETA no han sido episodios anecdóticos, sino de hondísimo calado. La capacidad de convocatoria de las víctimas, secundada por el primer partido de la oposición y otras asociaciones y colectivos, remite a una convicción muy arraigada en el conjunto de la sociedad española cuya formulación es muy simple: la paz no tiene precio político.
Desde estas perspectivas, en las que la esperanza no debe velar la encarnadura criminal de ETA, ni nublar el recuerdo de sus terribles delitos, ni alejar la memoria de sus cientos de víctimas, ni relegar los aprendizajes que la historia proporciona, ha de insertarse lo que es un tiempo nuevo y distinto, pero no inédito. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles desean que éste sea el «principio del fin» de ETA. No está claro que así sea, porque también pudieron pensarlo -y hacerlo igualmente con sólidos argumentos- con motivo de la tregua de 1989 y en la de 1998. En aquellos hitos históricos que alentaron tantas ilusiones, ETA mostró, al final, su auténtica faz, la peor. Ahora, la sintomatología de la estrategia etarra recuerda a la del IRA. En Irlanda del Norte no se ha establecido la paz -de hecho, la autonomía sigue suspendida por el Gobierno de Blair-, pero se rehabilitado la situación general, aunque con la permanencia de ciertas derivas mafiosas que no permiten aún la visualización de un proceso concluido y bien rematado.
SI lo que mañana se inicia es el «principio del fin» de ETA, como todos los ciudadanos de buena fe desean, lo será no tanto porque así lo decida la banda terrorista, sino porque el Gobierno gestione con inteligencia, fibra ética y adhesión constitucional la situación; porque la sociedad se sienta reconocida en su esfuerzo histórico de combatir el terror; porque, sin sectarismos, se reconozca a los sucesivos gobiernos -tanto de Suárez como de Calvo Soltelo, González y Aznar- su aportación innegable en la lucha por la libertad y se asuma con plena convicción que, pronto o tarde, pero de manera indefectible, siempre triunfan la justicia y la libertad. Y que ambas se obtienen y disfrutan sin más precio que la decisión democrática colectiva de todo un pueblo que, como el español, no admitirá una ecuación indigna para lograrlas en plenitud.
Editorial publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.
“Oportunidad inédita” (editorial de EL PAIS)
El alto el fuego permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se produzca tras un periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la experiencia obliga a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego "permanente", expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia, incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.
La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran "definitivas, sin vuelta atrás". Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -"disolverse y deponer las armas"- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un "final dialogado de la violencia". Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar "territorialidad", pero mantiene que el objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que presenta como "reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden"; España y Francia deberán aceptar "sin limitaciones" esos derechos y respetar "la decisión de los ciudadanos vascos". Resulta sarcástico que ETA exhorte a los demás a respetar la decisión de los ciudadanos tras más de tres décadas de ignorar el deseo de paz de la inmensa mayoría de la población y de acumular más de 800 muertos. También advierte a Francia y España de que deben abandonar la represión. En un segundo comunicado publicado la pasada madrugada, ETA reitera las ideas del primero y muestra su deseo de construir "una paz basada en la justicia". Y añade: "Nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria". El presidente del Gobierno reaccionó con muy medida cautela, evitando cualquier expresión triunfalista y apelando a la recomposición de la unidad entre los partidos, y especialmente entre el suyo y el de Rajoy, que se había limitado a decir que el de ayer no era el anuncio de ETA que esperaban los ciudadanos. Por supuesto que lo ideal sería que ETA se rindiera incondicionalmente, como pedía hace poco Acebes, pero es poco realista esperar algo así. Incluso si ETA hubiera interiorizado su derrota política, en el sentido de que no existe ya ninguna estrategia política a la que haga avanzar la violencia, no lo plantearía en esos términos. Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir. Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó John Major para realizar "verificaciones" sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en 1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso. Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakari Ibarretxe anunciando la convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se afirma que "no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de utilizar el terror". Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su desembocadura sea un fin de ETA con justicia.
Editorial publicado en el diario EL PAIS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.

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