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Derechos posesorios sobre islas y costas | Burica Press -- Panamá por Dentro
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Derechos posesorios sobre islas y costas
Y dale con el derecho posesorio
Pedro M. Vallarino Cox
De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.
El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia
plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.
Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!
Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.
El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe
El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa. Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!
El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.
Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!
Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.
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Donnie Estrada Troetsch, on diciembre 17, 2008 at 11:39 am said:
El Derecho Posesorio debe ser reconocido y registrado mediante una figura juridica simple y sencilla que le permita al ocupante y usuario de un predio asegurar su propiedad. Le toca a esta persona decidir que uso le dara a su tierra. No le corresponde a terceros limitar o restringir la libertad del dueño del predio, es decir de su tierra, su hogar y sustento. Creo que a nadie le gustaria que entren a su casa y le digan cuando y como puede administrarla. Las personas que viven en la zona costera tienen derecho a decidir que quieren hacer con su casa o su tierra.
by Donnie Estrada Troetsch Presidente de la FUNDACION DESARROLLO DEL CARIBE http://www.fdcpanama.com
Donnie Estrada Troetsch, on diciembre 17, 2008 at 11:57 am said:
Impedir que se otorgen titulos de propiedad privada a los ocupantes de las zonas costeras, es una posicion mas sospechosa aun, que la de aquellos que quieren liberar estas tierras en favor de los que poseen estas tierras de forma comprobada. El permitir que estas regiones costeras se integren a la economia mediante su reconocimiento formal, abre las puertas al desarrollo y propesridad de la region, esto nos brinda seguridad juridica y atrae la inversion privada. Esto adicionalmente genera beneficios indirectos para todas las comunidades locales. Asi por ejemplo, para el desarrollo turistico y comercial son de vital importancia los lugareños porque constituyen la fuerza laboral del area o region costera. Se generan impuestos que enriquecen las arcas del Estado, al que le tocara evaluar como reinviertir estos fondos recaudados de impuestos, brindando educacion accesible para todos, salud y otros servicios que mejoran el rendimiento de una region que esta produciendo riqueza para el pais. By Donnie Estrada Troetsch Presidente de la FUNDACION DESARROLLO DEL CARIBE http://www.fdcpanama.com
Angel Gonzalez, on diciembre 21, 2008 at 11:56 am said:
Para Fundacion Desarrollo del Caribe:
Ustedes me huelen a una seudo organizacion sin fines de lucro que lo unico que estan haciendo es aprovechándose del momento para titular sus derechos posesorios adquiridos en forma “non sancta” (quien adquirió derechos posesorios en las islas a través de la Reforma Agraria así lo hizo) y a los que esa ley les cae como anillo al dedo.
Por otro lado, entrando en su página web, noto con preocupación que está totalmente en inglés. Hacia quienes va dirigida? no hacia las comunidades que han sido objeto de robo de tierras mediante los derechos posesorios…
Bolívar López, on junio 9, 2009 at 9:30 am said:
El señor Donnie Estrada, como hace en sus comentarios, está muy interesado en adquirir terrenos y titularlos y luego venderlos al mejor postor, y creo que una empresa multimillonaria tiene los tentaculos por todos lados, empezaron como una Fundacion para la proteccion de las Tortugas en el Caribe Panameño y los verdaderos dueños son holandeses interesados solo en el veneficio economico de sus bolsillos hací se aprovechan de los necesitados la gente de Santa Isabel en Colón, por lo tanto hay que cuidarse de esa gente en nuestro territorio, se nota en su pagina web , está dirigido a los extranjeros y millonarios.
fernando, on diciembre 4, 2011 at 2:28 pm said:
Hay un hecho claro, que nadie parece ver, el estado siempre será el dueño de la tierra, no importa a quien esté titulado.
Ahora que si se deja que el dueño de la tierra haga, como dice Donnie Troetsch, lo que se le de la gana, si estoy de acuerdo en que debe haber todas las limitaciones que quiera.
Aquello que sustenta. “No le corresponde a terceros limitar o restringir la libertad del dueño del predio, es decir de su tierra, su hogar y sustento. “, es un sofisma de distracción ya que parte de un hecho aparentemente cierto para terminar en uno falso.
Primero: El estado esta en toda la obligación y derecho para limitar y decir que se puede y no se puede hacer en una propiedad o área. No se en que país vive el señor Troetsch, pero en todos los que conozco, el estado tiene unos estatutos de uso de suelo, donde le dicen precisamente que puede hacer en su casa, aquello de su sustent, suena a más falso y corrupto, suena a defensa de intereses de multinacionales hoteleras, resorts, inversionistas, etc. Será el sustento de sus regordetas cuentas multimillonarias en dólares.
Segundo. Uno no puede hacer en su casa lo que le de la gana, cultive coca en el patio de atrás y verá lo que le pasa, haga dinero falso y verá, tenga prisionero aunque sea a su hijo y verá como termina en la cárcel, ese es un falso punto de partida, la ley limita todo tipo de propiedad.
Lo que sucede es que quienes tienen dinero para ir a construir sus complejos turísticos, creen que ya fuera de su país se pueden poner los demás países de ruana o de sombrero.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 1
 Resolución 
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in fine