Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr%2027/27.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:40:52+00:00

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Establece un estatuto de derechos de los ciudadanos en relación con el suelo, más transparencia y participación ciudadana, y fija un porcentaje mínimo de suelo para vivienda protegida.
El suelo se valora según el uso de cada momento de acuerdo a su situación real
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de la Vivienda sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo, que tiene como objetivo esencial apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible, en-tendiendo éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad am-biental y cohesión social. Empieza ahora un proceso de consulta con las Administraciones públicas e instituciones representantes del sec-tor antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros para su remisión posterior a las Cortes Generales.
El Anteproyecto de la Ley del Suelo establece un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que, por encima de los intereses inmo-biliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamien-tos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades.
El Anteproyecto establece los me-canismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello se someten a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácil-mente qué se quiere hacer y en qué les afecta.
Además, el Anteproyecto de Ley del Suelo busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa; en segundo lugar garantizar la dispo-nibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el estableci-miento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25 por 100 de los desarrollos urbanísticos. También busca conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativas del suelo.
El Anteproyecto de Ley busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación en las plus-valías urbanísticas, que se estable-ce entre el 5 por 100 y el 15 por 100 del aprovechamiento urbanís-tico en cuestión, lo que permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.
Al mismo tiempo, se establece una mejor regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a deter-minados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexi-bilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.
Pero, sin duda, una de las mejoras de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.
El Anteproyecto objetiva valores prudentes de mercado no especu-lativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no puedan participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
La vivienda protegida necesita suelo en condiciones favorables para su desarrollo y por eso, desde su formación, el Gobierno ha venido movilizando suelo de propiedad estatal para aplicarlo a la cons-trucción de nuevas viviendas.
En los dos años que van trans-curridos de esta legislatura se han movilizado catorce millones de metros cuadrados de suelo público que permitirán construir 42.000 viviendas protegidas.
Para dar una idea del esfuerzo llevado a cabo en estos dos años en movilización de suelo público basta comparar esas cifras con las correspondientes a los ocho años comprendidos entre 1996 y 2003. En esos años se liberó suelo público para 26.753 viviendas protegidas. Eso significa que en dos años se ha movilizado suelo para más vivien-das protegidas que en los ocho años anteriores. En definitiva, el Gobierno compromete suelo para 21.000 viviendas protegidas cada año, mientras el Gobierno anterior lo hizo a razón de 3.344 viviendas anuales protegidas.
El tipo aplicable en IVA o la primear entrega de apartamentos turísticos cuya calificación urbanística es la de apartahoteles y que van a ser utilizados por los adquirentes como vivienda habitual.
El destino habitual de los apartahoteles es el de apartamento turístico ocasional sin carácter de residencia permanente. Por ello, en la medida en que la expedición de la cédula de habitabilidad (o la licencia sustitutiva) no está prevista para la ocupación de tales apartamentos turísticos, no cabe calificar los mismos como aptos para su utilización como viviendas, puesto que su destino lógico no es el de residencia habitual, aunque de facto si lo sea. En consecuencia, el tipo es el del 16 por ciento. Se les exige licencia de apertura y funcionamiento como apartamentos turísticos en lugar de la tradicional cédula de habitabilidad.
El consultante es el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal.
Está previsto que dicho presidente, además de las funciones propias de su cargo, preste a la comunidad los servicios propios de la administración del edificio, percibiendo por esto una retribución
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), están sujetas a dicho Impuesto las entre-gas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresa-rios o profesionales en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
2.- En virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado uno del artículo 5 de la citada Ley 37/1992, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido se reputarán empresarios o profesionales quienes realicen ac-tividades empresariales o profesio-nales, considerándose como tales actividades, según lo previsto en el apartado dos del mismo artículo, aquellas que impliquen la ordena-ción por cuenta propia de factores de producción materiales y huma-nos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Entre las actividades de tal naturaleza que a título de ejemplo se citan en el referido apartado dos del artículo 5 figuran las actividades de prestación de servicios.
Cabe señalar también que, según establece la letra b) del apartado tres del citado artículo 5, se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales cuan-do para la realización de las mismas se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas.
3.- Según se desprende del escrito de consulta, el consultante ordena-ría por cuenta propia una serie de medios (al menos, medios huma-nos: su propia actuación) con la finalidad de prestar mediante con-traprestación los servicios propios de la administración del edificio a la comunidad de propietarios del mismo, resultando además que, según la contestación dada el 14 de julio de 2000 al consultante por la entonces Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, el mismo estaría obligado a darse de alta y tributar por el Impuesto sobre Actividades Económicas por la realización de la citada actividad, por lo que tal actividad constituiría una actividad empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, estando por tanto los referidos servicios sujetos a dicho Impuesto.
4.- Lo señalado en el apartado anterior resulta aplicable con inde-pendencia y sin perjuicio del cumpli-miento de lo previsto en otras normas en relación con el desarrollo de la referida actividad por el consultante.
5.- Lo que comunico a Vd. con el alcance y efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley General Tributaria
Agradecería sinceramente que me argumentase, desde una base jurídica, si alguno, todos, su con-junto o ninguno de los órganos de gobierno de una comunidad de propietarios, con estatutos, es o se puede considerar Órgano Colegiado, bien por mera definición, ciertas similitudes, etc.
El artículo 13 de la LPH regula los órganos de gobierno, cargos y funciones en materia de propiedad horizontal.
De los órganos relacionados en el artículo 13 de la LPH son impres-cindibles el Presidente y la Junta de Propietarios.
El Presidente ostenta la represen-tación legal y orgánica de la comunidad y se trata de un órgano unipersonal.
La Junta de Propietarios debe adoptar los acuerdos por doble mayoría voto/coeficiente, constitu-yendo un órgano colegiado, o por unanimidad.
El mayor problema que presenta es que, al ser una superficie porosa, absorbe rápidamente los líquidos y es sensible a cualquier ácido. Las manchas que se eliminan en el acto no presentan especial dificultad. Para el mantenimiento habitual de las superficies de mármol se debe emplear agua y jabón, pero hay que tener especial cuidado en utilizar un jabón neutro que no lo dañe. Para la limpieza especial, utiliza un cepillo de cerdas naturales empapado en agua jabonosa. Frota sobre el mármol con el cepillo trazando pequeños círculos, sin presionar demasiado y aclara con agua.
Se debe limpiar lo antes posible, pues si se filtra por los poros y penetran en la piedra serán muy difíciles de quitar. Si el mármol es blanco, puede verter un poco de acetona sobre una hoja de papel secante blanco, poner el papel sobre la mancha y cubrirlo con un trozo de plástico, sujetándolo con cinta adhesiva. Al cabo de una hora la acetona habrá sido absorbida por el papel . La mancha desaparecerá sin dejar rastro. En manchas persistentes, el ácido oxálico es una buena solución.
Aplica una capa de ácido (es en polvo) sobre el mármol limpio y humedecido con agua. Conviene hacer esta operación en un lugar ventilado. Cuando el ácido cubra la mancha, frota con un cepillo de cerdas naturales mojado con agua hasta formar una especie de barro. Mas que frotar con fuerza, debes hacerlo con constancia pues la operación dura unos 25 minutos. Transcurrido ese tiempo, si el ácido está sucio, limpia el mármol y repite la operación hasta que el barro que se forme salga limpio. Este método de limpieza es muy efectivo también con manchas de tinta
Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea
verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la
misma experiencia, madre de las ciencias todas". (I, 21)
Los pisos se habían entregado en los primeros meses del otoño y sus vecinos, en su mayoría compradores de su primera vivienda, fueron colonizando” el edificio paulatina-mente. Los primeros en llegar fueron tres familias con niños en edad de ir al colegio, que se incorporaban a su nuevo centro al comenzar el curso. Les siguieron dos matrimonios jubilados que venían a disfrutar de un piso con más comodidades. Los demás se iban incorporando con más ilusión que efectividad, con mucho trabajo los fines de semana y muchos frutos secos con botes de refresco para entretener los descansos.
Se constituyó la Comunidad de Propietarios y se nombró una Comisión para analizar todas las chapuzas que los de la obra habían dejado, la puerta caída, la arqueta que se hundía, las conexiones del teléfono que no funcionaban, porteros automáticos que conecta-ban con otros pisos y buzones que se quedaban sin puerta. Total chapuza.
Los problemas eran reales, pero tampoco eran muy graves, y como los que los sufrían eran pocos, pues tampoco se hacían tan penosos.
Por otra parte el representante de la Promotora, don Ramón, era de esos que no se escondía nunca y estaba dispuesto a resolverlo todo.
Según avanzó el invierno algunos residentes detectaron fallos en la caldera de calefacción y como los aparatos estaban en garantía se dio aviso al servicio técnico. El problema era que se encendía y apagaba inopinadamente. Los técnicos que acudían no encontraban explicación a este fenómeno. Ramón tranquilizó a todo el mundo, en cuanto el instalador, que ahora estaba en la costa haciendo un edificio, hubiera terminado, vendría a resolver esta menudencia.
En plena temporada de calefacción y el problema perdió virulencia, pero una mañana Matías, uno de los jubilados de la casa telefoneó muy temprano al despacho del adminis-trador pidiéndole que fuera a visi-tarle.
El administrador, camino de su casa, se desvió para visitar a Matías.
- Mire, Luis, yo estoy fuerte como un toro, pero algunas veces tengo problemillas con las digestiones, y eso me ha ocurrido esta noche.
- ¿ Se encuentra usted mejor?
- Sí, sí. El hecho es que con tanto ir y venir he escuchado que se disparaba la caldera aunque yo no abría el grifo del agua caliente. Pero en cuanto llegaba a la cocina estaba apagada.
- Desde luego este asunto es extraño.
- Pues no señor, porque en uno de esos viajes al “señor roca”, al apoyar la espalda en la cisterna he pegado un brinco porque estaba caliente.
- Si, mire usted. A la cisterna le llega agua caliente.
Ya se había descubierto el misterio de las calderas. Todos los pisos, con algunas excepciones, alimentaban las cisternas desde las tuberías de agua caliente sanitaria y por esta razón cada ocasión en que se utilizaba la cisterna se producía el disparo de la caldera.
Inmediatamente se telefoneó a don Ramón para explicarle el asunto y urgir que se viniera a resolver tamaño disparate, pero este impertérrito, respondió:
- Si ya sabía yo que el instalador es un hombre de una calidad extraordinaria. Esto no es un error, es una medida sanitaria muy avanzada, porque de esta manera la higiene de los inodoros es mucho más eficaz. Pero si ustedes desean que se modifique, se modifica.
Hoy, varios años después, todavía hay vecinos que disponen de agua caliente en su cisterna.
MI TORTURA ES EL PLACER
DE MI VECINO: LA MUSICA
¿Qué es convivencia? Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuado las normas básicas
¿En que se basa la convivencia?
Se basa en el principio del respeto hacia los demás.
En las comunidades de propietarios, el propietario que es un melómano puede ser el mayor torturador de sus vecinos, sobre todo cuando el de primero escucha la música del vecino que vive en el quinto
Algo tan básico como el respeto al derecho de cualquier persona a escuchar música, pero cuando se produce con unos decibelios de más, se entra en el terreno de las actividades molestas(Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por D. 2414/1961 de 30 de noviembre) convirtiéndose entonces en un comportamiento que afecta de forma directa al derecho de cada persona a disfrutar de la comodidad de su casa y, en especial, del silencio de las siestas y de la noche. El fondo de la cuestión tratada no es el cómo, ni el porqué, sino simplemente que no se debe moles-tar.
Lo primero que debe hacer el afectado, en base a las reglas de vecindad, es dirigirse directamente, sin más, al vecino en cuestión, para hacerle saber que le esta moles-tando, eso si, con mucha corrección. Si el vecino no atiende a razones, deberá usted dirigirse al presi-dente, para que requiera al vecino ruidoso y molesto que cese con su actitud, como indica el artículo 7 de la LPH apercibiéndole que de proseguir, la comunidad podrá iniciar un procedimiento judicial de acción de cesación, y que a tal efecto convocará Junta de Propietarios.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que todo afectado, independiente-mente de las acciones que tome la comunidad, está en su derecho y en su deber de denunciar directamente al que molesta. Las consecuencias de una acción judicial de cesación como indica el articulo 7 de la LPH:" Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local de negocio por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasio-nados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definiti-vamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento,"
Con el consabido perjuicio para el propietario que dejará de percibir las rentas, y el inquilino que se verá en la calle y buscando otro lugar donde vivir, con los perjuicios económicos además que le puede acarrear.
RECAUDADOR MUNICIPAL NO PUEDE EMBARGAR INMUEBLES DE OTROS MUNICIPIOS
R. 9 de marzo de 2006, DGRN. BOE de 14 de abril de 2006.
Hechos: Se presenta mandamiento de embargo del Recaudador Municipal de un Ayuntamiento por impago del Impuesto de actividades económicas y basuras con providencia de embargo de inmuebles en otro término municipal.
El Registrador deniega la anotación por falta de competencia del Ayuntamiento al carecer de jurisdicción para trabar bienes en actuaciones de recaudación ejecutiva situados fuera del territorio de su corporación.
El Recaudador alega en su recurso las instrucciones de una Circular de 1990 de la Dirección General de Recaudación en el sentido de remitirse los mandamientos directamente al Registro correspondiente.
La DGRN confirma el defecto pues el Registrador puede calificar la competencia del órgano administrativo y, según el articulo 8.3 de la Ley de Haciendas Locales “las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva Entidad local en relación con los ingresos de Derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del Presidente de la Corporación."
Nota: El art. 8.4 presenta una excepción que no parece darse en el presente caso, al estipular que “las Entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan establecido fórmulas de colaboración con Entidades locales para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho público propios de dichas Entidades locales, podrán desa-rrollar tal actividad colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras Entidades locales con las que no hayan establecido fórmulas de colaboración alguna.”
Por otro lado, nada se dice en la Resolución de la Instrucción alegada. (JFME).
http://www.boe.es/boe
/dias/2006/04/14/pdfs/A14418-14418.pdf
registradores.com
Propietario de solar que fue objeto de obras de acometida y construcción de cuatro viviendas unifamiliares sin que en ningún caso lleguen a terminarse, transmitiéndose con posterioridad mediante subasta.
Si el objeto de la entrega es una edificación en fase de construcción, no serán aplicables los conceptos de primera o segunda entrega. Se considera terminada una edifica-ción cuando es objetivamente apta para un uso concreto (oficinas, aparcamiento, viviendas, etc...), sin necesidad de que el adquirente realice obra adicional alguna. Resulta indiferente el grado de avance de las obras. Si la construcción no se encuentra com-pletamente finalizada no cabe considerar como terminado el objeto de la entrega. La termi-nación de la obra puede ser acreditada, entre otros medios, por el certificado del Arquitecto.
Sentencia de la Audiencia Provin-cial de Cantabria, de 7 de Diciembre de 2005, recurso número 401/2005. Pacto sobre pago de la plusvalía municipal y los derechos del consumidor.
Contrato de compraventa de una vivienda en el que se pacta que todos los gastos, entre los que se comprenden los de Notario, Regis-tro, IVA y Plusvalía municipal, serán de cuenta y cargo exclusivo de la parte compradora.
No se consideró cláusula abusiva en el sentido del artículo 10 bis de la vigente Ley General de Consu-midores y Usuarios. No se observa desequilibrio entre las prestaciones o la vista de la escasa cuantía del Impuesto en relación al montante total del precio de la vivienda. Imaginamos que esta última alusión es relativa a la plusvalía municipal. Es una condición gene-ral, admitida por lo general dada su pequeña cuantía, en la jurisprudencia menor, salvo que no se insertase en el documento privado y se pretendiese incluir en la escritura pública, por una de las partes, sin haberse negociado, supuesto de cláusula sorpresiva.
Pensamos que en el supuesto de que el importe del Impuesto de la plusvalía municipal fuese desco-nocido y excesivo la jurisprudencia sería contraría a lo expuesto. Sería el caso del promotor inmobiliario que no ha comprado un solar, sino las acciones de una sociedad cuyo único patrimonio es el solar que le pertenecía a la sociedad vendedora de las acciones desde hacía más de veinte años, en este caso el importe de la plusvalía cambiaría notablemente. Al no haber tenido conocimiento real el consumidor del alcance de la cláusula, sería nula la repercusión del impuesto de la plusvalía.
Sobre el tema recomendamos el libro de Pertinez Sánchez titulada: Las cláusulas abusivas por un defecto de trans-parencia, Navarra, 2004, y el artículo en Aranzadi Civil, número 14, diciembre de 2005, titulado: Libertad de pactos y cláusulas abusivas en la compra-venta de viviendas, escrito por Ana Díaz Martínez.
REGLAMENTO DEL CATASTRO
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 DE 5 DE MARZO
Destaquemos de la reseña del Consejo de Ministros:
http://www.lamoncloa.es/
/Referencias/_
2006/refc20060407
.htm#Catastro
- La nueva normativa dispone que los ciudadanos puedan obtener las certificaciones catastrales directamente mediante acceso telemático a través de la Oficina Virtual del Catastro. Por otra parte, cualquier ciudadano desde su propio domicilio puede acceder a la información catastral a través de Internet y obtener los datos protegidos de sus propie-dades, siempre que disponga de certificado de firma electrónica o del nuevo DNI electrónico, ya que el Catastro es de los primeros servicios de la Administración General del Estado en los que ya puede utilizarse el nuevo DNI.
- En materia de simplificación, el Real Decreto establece la elimina-ción del deber de declarar las alteraciones inmobiliarias ante el Catastro. Se sustituye dicho deber por la comunicación de datos desde los propios Ayuntamientos que decidan incorporarse a este nuevo sistema de colaboración.
- Por otra parte, se establecen Puntos de Información Catas-tral en todos los Ayuntamien-tos que deseen prestar este servicio, por el cual cualquier ciudadano que no disponga de Internet en su domicilio puede acceder de forma inmediata a toda la información catastral de sus propiedades, cualquiera que sea la provincia en que estén ubicadas dentro del territorio de régimen común, y obtener certificaciones oficiales de dicha información.
Centrándonos ya en el propio Decreto, su estructura, en seis títulos, tiende a adecuarse a la ley que desarrolla, intentando no repetir contenidos.
El Título I está dedicado al régimen de los órganos colegia-dos en el ámbito catastral, donde concurren los tres grandes grupos de Administraciones, esto es, la Estatal, la Autonómica y la Local.
El Título II, bajo la rúbrica de la regulación del Catastro Inmobili-ario, completa determinados as-pectos relativos a la referencia catastral, centrándose sustancial-mente en su asignación y en las particularidades en el tratamiento de determinados bienes como inmuebles a efectos catastrales, cuales pueden ser los trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso. Del mismo modo, desa-rrolla la definición de los inmuebles de características especiales.
Podrá asignarse una referencia catastral provisional, a petición del notario que autorice la escritura pública correspondiente, a los inmuebles pendientes de su consolidación material o jurídica, en supuestos tales como una obra nueva en construcción o una divi-sión en propiedad horizontal en idénticas circunstancias (art. 18.4)
Tendrán la consideración de bienes inmuebles independientes, a efectos catastrales, los trasteros y las plazas de estaciona-miento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y per-manente de un titular mediante escritura pública en la que se incluya su descripción pormeno-rizada (art. 21). Para su decla-ración, la comunidad o entidad sin personalidad jurídica que integre el pro indiviso tendrá la conside-ración de representante de todos y cada uno de los comuneros. Dicha declaración se acompañará de las escrituras públicas acreditativas de la adscripción de uso y disfrute, con referencia a un plano descriptivo de la situación de todos los trasteros y plazas de estacio-namiento afectados (art. 22). Según la D. Tr. 2ª, no será obligatoria la inscripción catastral de éstos, cuando hubieran sido adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular mediante escritura pública forma-lizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. La comunidad, con la conformidad de todos los comuneros, o cada uno de ellos individualmente, podrá solicitar voluntariamente su incor-poración al Catastro Inmobiliario, con efectos a partir del día siguiente al de la solicitud.
El Título III está dedicado a la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y, en sucesivos capítulos, desarrolla las normas sobre los distintos procedimientos de incorpora-ción contenidos en el texto refundido de la ley, con excepción del de valoración.
Singular interés reviste la regu-lación de los procedimientos de comunicación contenida en el capítulo III y de la concordancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del capítulo IV que, dado su carácter novedoso, así como su gran potencialidad de cara al correcto mantenimiento del Catastro sin incremento de cargas formales para los ciudadanos, ha requerido un tratamiento muy detallado, como lo es también el dispensado a la inspección catas-tral en el capítulo VI.
Para la práctica de las inscripcio-nes catastrales se podrá utilizar cualquier medio de prueba ad-mitido en derecho que sea suficiente para acreditar la realidad de los hechos, actos o negocios que las motiven. En particular, se considerarán medios de prueba idóneos, entre otros, la certifi-cación expedida por el Registro de la Propiedad, la escritura pública o, en general, cualquier documento público, y el documento privado respecto del que conste fehacien-temente la realidad de su fecha, de los intervinientes y los requisitos del artículo 1261 del Código Civil. La carga de la prueba correspon-derá siempre a quien haga valer su derecho y se practicará por él mismo o a su costa.
La inscripción catastral tendrá carácter provisional cuando se realice en virtud de certificación de inscripción registral practicada con arreglo al procedimiento estableci-do en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y hasta tanto haya desaparecido la limitación frente a terceros de los efectos de las inscripciones registrales así practi-cadas (art. 25.1).
Alcance de las comunicaciones de Notarios y Registradores: Las comunicaciones a que se refiere el artículo 14.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario incluirán, además de la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea una parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble (art. 29).
Las Administraciones públicas (incluye a Notarios y Registradores) están obligadas a conservar a disposición de los órganos gestores del Catastro Inmobiliario, durante los plazos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal y sobre archivo de documentación, los documentos acreditativos de los datos comunicados y de aquellos otros que hayan sido puestos en su conocimiento, o testimonio de los mismos, ya sea en soporte convencional o informático (art. 38).
Se trata de obtener la concor-dancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles obligan-do a las entidades que gestionen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a remitir mensualmente a la Geren-cia del Catastro competente información sobre las rectificacio-nes que hubieren acordado res-pecto del sujeto pasivo del referido tributo cuando resulte acreditada documentalmente la no coinciden-cia del mismo con ninguno de los titulares catastrales que figurasen en el Padrón del correspondiente ejercicio, o cuando, coincidiendo con un titular, éste figurara en el Padrón por un derecho distinto al que determina la sujeción al impuesto.
El Título IV se centra en la colaboración en materia catastral y el intercambio de información. Incluye previsiones respecto a la suscripción y régimen jurídico de convenios. Desarrolla, así mismo, los diversos supuestos de suminis-tro de la información catastral por la Dirección General del Catastro a otras administraciones, entidades o instituciones y viceve-rsa.
Finalmente, como novedad, se regula en este título la creación de los puntos de información catastral como instrumento para la difusión por otras Administra-ciones, Corporaciones o Entidades de la que esté disponible en la base de datos nacional del Catastro.
El Título V es el relativo a la regulación de la información catastral y su difusión que, además de recoger los principios relativos a la protección de los datos de carácter personal, el régimen de cesiones y autoriza-ciones y el uso indebido de la información catastral, incorpora el plazo de tramitación de las solicitudes de información catas-tral. El título incluye, así mis-mo, en dos capítulos diferenciados, la regulación específica del acceso a la información catastral y de los certificados catastrales.
El empleo de medios electróni-cos, informáticos y telemáti-cos permitirá entre otras funciones:
- La obtención de certificados catastrales telemáticos y el acceso a la información catastral, bien sea con el alcance de mera consulta o para permitir la descarga y ulterior tratamiento de los datos.
- La confección y presentación de declaraciones, comunicaciones y solicitudes catastrales.
La información gestionada me-diante estos procedimientos ten-drá la misma validez y eficacia que la recogida en los documentos originales que reproduzcan, que podrán ser destruidos salvo que una norma imponga un específico deber de conservación.
Las Administraciones, corpo- raciones, entidades e institu-ciones públicas no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados catastrales cuando puedan disponer de la información catastral mediante acceso telemático a la base de datos nacional del Catastro o por medio de las transmisiones de datos previstas en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Cuando la información que deba contenerse en el certificado catastral incluya datos protegi-dos, se precisará el consentimien-to del afectado para dicho acceso, salvo que éste estuviera amparado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 53 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (entre los que está la identificación de las fincas por los notarios y registradores de la propiedad).
El plazo de tramitación no podrá ser superior a veinte días hábiles, contados a partir del momento de la recepción de la solicitud de información. Cuando se trate de solicitudes de información extensa o compleja este plazo podrá ampliarse en otros veinte días, previa notificación al interesa-do.
Los arts. 83 y 84 se dedican a los certificados catastrales, defi-niendo sus datos mínimos y sus efectos. Tendrán exclusivamente carácter informativo y reflejarán los datos existentes en la base de datos catastral, en los documentos catastrales o en los que hubieran sido aportados por los interesados o por terceros.
Los certificados catastrales tendrán validez durante un año a partir de la fecha de su expedición, siempre que durante ese plazo no se produzcan modificaciones en las circunstan-cias determinantes de su conteni-do. El solicitante no podrá interpo-ner recurso alguno contra ellos fundado en error o inexactitud en la descripción catastral de los inmuebles a los que se refiera. La copia impresa de los certificados catastrales telemáticos producirá idénticos efectos a los expedidos en soporte papel.
El Título VI y último está consagrado a las infracciones y sanciones catastrales.
La disposición adicional séptima dice: “En las escrituras públicas relativas a la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles o a la constitución, modificación o extinción de un derecho de usufructo sobre los mismos, el notario incorporará, a petición de los otorgantes, las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas correspon-dientes. Esta certificación será obtenida directamente por el notario autorizante a través de la Oficina Virtual del Catastro, según reseña del Consejo de Ministros.
LEY 10/2006
LEY 10/2006 de
28 de abril por la
que se modifica la
LEY 43/2003,
de 21 de noviembre
Se redefine el objeto de la Ley que será, según el nuevo art. 1º: garantizar la conservación y pro-tección de los montes españoles, promoviendo su restauración, me-jora, sostenibilidad y aprovecha-miento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.”
-Según el art. 5, tienen también la consideración de monte:… e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.
-El art. 6 reconoce a los agentes forestales la condición de agentes de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas
-Se definen más claramente las competencias estatales y de las Comunidades Autónomas con cam-bios en los arts. 7 y 32. Corresponderá al Gobierno la aprobación de las directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento de montes, mien-tras que serán las comunidades autónomas las competentes para aprobar las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de los montes.
-Clasificación de montes. Se añade el art. 12 bis: Montes protectores y montes con otras figuras de especial protección. Por razón de sus especiales caracte-rísticas, los montes podrán clasi-ficarse en protectores y montes con otras figuras de especial protección, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV bis de esta ley. Este es un nuevo capítulo que, bajo el título Régimen de los montes protectores y montes con otras figuras de especial protec-ción, tiene el siguiente contenido:
- Determina qué montes pueden ser declarados protectores y qué montes encajan dentro de “otras figuras de especial protección de montes. Entre éstas se encuentras las que contribuyan a la conserva-ción de la diversidad biológica, las que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, las que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio, por ejemplo.
- Indica que la declaración de monte protector, o de especial protección, y su desclasificación, se hará por la Administración de la comunidad autónoma correspon-diente, previo expediente en el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radiquen.
- Las comunidades autónomas deberán crear para estos montes los registros públicos de carácter administrativo corres-pondientes donde constarán las cargas, gravámenes y demás derechos reales que soporten los montes incluidos en ellos.
- La gestión de estos montes corresponde a sus propieta-rios, que deberán presentar a la Administración forestal de la comunidad autónoma un proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de no disponer de instrumento de plani-ficación de ordenación de recursos naturales o forestal vigente en la zona.
-La titularidad que se asigne a un monte en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 18). Antes se aludía al art. 41 de la Ley Hipotecaria.
-En cuanto al deslinde de montes de titularidad pública, según el 21.7: “La resolución se-rá recurrible tanto por los intere-sados como por los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real.”
-El derecho de tanteo y re-tracto previsto en el art. 25 se extiende de los montes declarados protectores (sobre los que ya exis-tía) a otras figuras de especial protección conforme a los ar-tículos 24 y 24 bis. Se recuerda que, conforme al párrafo 5 de este artículo 25, “los notarios y regis-tradores no autorizarán ni inscri-birán, respectivamente, las corres-pondientes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente”.
-Se modifica el art 35, relativo a la certificación forestal, instando a las Administraciones públicas a promover el desarrollo de los sistemas de certificación, garan-tizando que el proceso de certificación forestal sea voluntario, transparente y no discriminatorio, así como a velar por que los sistemas de certificación forestal establezcan requisitos en relación con los criterios ambientales, económicos y sociales que permi-tan su homologación internacional. Con el uso de esta certificación se pretende vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes de los que proceden y conseguir que el usuario final se decante por productos procedentes de montes ordenados y gestionados con crite-rios sostenibles.
Respecto a los aprovechamien-tos maderables y leñosos, se modifica el artículo 37 b), exigiendo autorización administrativa previa si no hay proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente o esté el monte en un plan de ordenación de los recursos forestales (PORF).
Sufre una importante transforma-ción el artículo 50 relativo al mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados, quedan-do prohibido:
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómi-ca.
Con carácter singular, las comuni-dades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
1.º Un instrumento de planea-miento previamente aprobado.
2.º Un instrumento de planea-miento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
3.º Una directriz de política agro-forestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.
Estatuto de la Propiedad Forestal: se prevé que el Gobierno remita en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley una propuesta de Ley regu-ladora del Estatuto de la Propiedad Forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las compe-tencias que ostentan las Comuni-dades Autónomas, según sus respectivos Estatutos, en esta materia
Se derogan expresamente los siguientes apartados puestos en cursiva:
-Artículo 7. Administración General del Estado. 1. Corresponden a la Administración General del Estado en las materias relacio-nadas con esta ley las siguientes competencias de forma exclusiva:
Se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, creándose Secciones de Medio Ambiente específicamente encargadas de la investigación y persecución de delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, el medio ambiente e incendios forestales y la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente.
Entrada en vigor: el 30 de abril de 2006.
ORGANO: SG DE TRIBUTOS
FECHA SALIDA :15/10/2003
Nº CONSULTA : 1647-03
NORMATIVA: Ley 230/1963, arts. 33, 35 y 111. Ley 37/1992 art. 78.
Ley 37/1992, artº. 5. Ley 40/1998, art. 10.
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La con-sultante ha sido presidente de su comunidad de propietarios.
CUESTIÓN PLANTEADA : Obliga-ciones fiscales de la comunidad de propietarios.
En relación con la cuestión plan-teada, hay que señalar que las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica, sino que se configuran como una modalidad específica de las comunidades de bienes, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y en la Ley de 21 de julio de 1.960, de la Propiedad Horizontal.
No teniendo personalidad jurídica propia, les sería de aplicación el régimen de atribución de rentas recogido en el artículo 10 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el cual:
"1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tribu-taria, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2ª del Título VII de esta Ley.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al Impuesto sobre Socie-dades."
En este mismo sentido se expresa el artículo 6 de la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
En consecuencia, dado que las Comunidades de Propietarios no son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni del Impuesto sobre Sociedades (y siempre que no desarrollen actividades empresaria-les), no deberán tributar por ellos ni quedarán sometidas a las obligaciones contables y registrales exigidas por los mencionados impuestos.
No obstante, conforme al artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, las comunidades de propietarios sí estarán obligadas a retener cuando satisfagan rentas sometidas a esta obligación.
A estas rentas se refiere el artículo 70 del citado Reglamento, que señala lo siguiente:
1. Estarán sujetas a retención o ingresos a cuenta las siguientes rentas:
a) Los rendimientos del trabajo
Los rendimientos de actividades profesionales
d) Las ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones repre-sentativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.
En cuanto a la obligación de las Comunidades de Propietarios de presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Perso-nas, deben hacerse las siguientes observaciones:
"A tenor de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, que desarrollan actividades empresariales o profe-sionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.
A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, tendrán la consideración de actividades em-presariales o profesionales todas las definidas como tales en el apartado dos del artículo 5 de la Ley 37/1.992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, tendrán esta consideración las actividades reali-zadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el apartado uno del mismo artículo 5 de la precitada Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e."
Las Comunidades de Propietarios se encuentran entre las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a las cuales alude el transcrito artículo 1 del Real Decreto 2027/1995.
Como se ha constatado, dicho artículo 1, al definir los obligados tributarios que deben presentar esta declaración anual, exige que los mismos "desarrollen actividades empresariales o profesionales". A la hora de definir el concepto de actividad empresarial o profesional, y de empresario o profesional, el Real Decreto 2027/1995 remite a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido. A dichos efectos, debe acudirse a los artículo 4 y 5 de la Ley 37/1992, reguladora de dicho Impuesto.
El artículo 4 de la Ley 37/1992 dispone que están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
Por su parte, el artículo 5. Uno de la misma Ley dispone que se reputarán empresarios o profesio-nales:
"a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresaria-les o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la con-sideración de empresarios o profe-sionales quienes realicen exclusiva-mente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo estable-cido en la letra siguiente.
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal con el fin de obtener ingresos continua-dos en el tiempo.
En particular, tendrán dicha con- sideración los arrendadores de bienes.
e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos, de esta Ley.
Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha consideración a los efectos de las entregas de los medios que en ella se comprenden."
El número Dos de este precepto define las actividades empresaria-les o profesionales como aquéllas que "impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta conside-ración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y presta-ción de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construc-ción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas."
Por último, el número Tres de dicho artículo dispone que se presumirá el ejercicio de actividades empresa-riales o profesionales:
"a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3º del Código de Comercio.
b) Cuando para la realización de las operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas".
Las Comunidades de Propietarios no reúnen los requisitos estable-cidos por las precitadas disposi-ciones para atribuirles la condición de empresarios o profesionales, en tanto en cuanto realicen exclusiva-mente las actividades que les son propias.
En consecuencia, las Comunidades que no realicen actividades empre-sariales o profesionales no tienen la naturaleza de sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, sino de consumidores finales y, por tanto, no tendrán en relación con el mismo otra obligación tributaria que la de soportar la repercusión de las pertinentes cuotas impositi-vas correspondientes a las adquisi-ciones de bienes y servicios que llevan a cabo.
Por lo tanto, si las Comunidades de Propietarios no tienen, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, la consideración de empresarios o profesionales ni, de este modo, desarrollan actividades empresaria-les o profesionales, debe concluirse que las mismas no cumplen las condiciones fijadas por el artículo 1 del Real Decreto 2027/1995 a efectos de la obligación de presentar la declaración o relación anual de operaciones con terceras personas. Las Comunidades de Propietarios no estarán obligadas a presentar esta declaración, al entenderse que no desarrollan actividades empresariales o profe-sionales.
En relación con la obligación de conservar las facturas y presen-tarlas a requerimiento de la Admi-nistración, debe señalarse que la misma viene recogida con carácter general en el artículo 35 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que establece entre las obligaciones de los sujetos pasivos la de "llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca; a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justifican-tes que tengan relación con el hecho imponible."
Asimismo, las leyes propias de cada tributo recogen expresamente entre las obligaciones formales de los sujetos pasivos la obligación de conservar las facturas y justifican-tes contables durante el período de prescripción del impuesto, que según indica el artículo 64 de la Ley General Tributaria es de cuatro años.
Organo: Trib. Sup. Sala de lo Civil
N° de Recurso: 2695/1999
N° de Resolución: 259/2006
Fecha de Resolución: 20060406
PROPIEDAD HORIZONTAL: EL ACUERDO SOBRE CERRAMIENTO PARA IMPEDIR EL PASO A TERCE-ROS NO PROPIETARIOS: SOLO REQUIERE LA MAYORIA PARA SU APROBACIÓN.
NULIDAD DE ACUERDO QUE FIJA UN CANON PARA ANUNCIOS O ROTU-LOS EN LOCALES COMERCIALES.
En la Villa de Madrid, a seis de Abril de dos mil seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indi-cados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de las constituidas en apoyo a la Sección Quinta, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Alicante, sobre impugnación de acuerdos; cuyo recurso fue interpuesto por la DIRECCION000, representado por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Angel de cabo Picazo; siendo parte recurrida Dª Angelina, D. Jose Francisco D. Benito, D. Miguel, D. Juan Luis, Dª María Dolores, D. Guillermo y D. Carlos Jesús, representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Carmen Giménez Galán.
PRIMERO.- 1.- La Procuradora de los Tribunales Dª Irene Ortega Ruiz, en nombre y representación de doña Angelina, don Jose Francisco, don Benito, don Miguel, don Juan Luis, doña María Dolores, don Guillermo y don Carlos Jesús, formuló demanda de menor cuantía en impugnación de acuerdos, contra la DIRECCION000", en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que se declare la nulidad de los acuerdos contenidos en los puntos 5º y 6º del Orden del Día de la Junta de Propietarios de la demandada celebrada el 28-03-95, relativos al cerramiento del acceso de vehículos a la comunidad, a la regularización de los carteles de los locales comerciales, y al canon a pagar por los carteles de los mismos, en base a los argumentos y consideraciones expuestos en los Fundamentos de esta demanda, condenándose a la demandada a estar y pasar por esta declaración y desistir de sus pretensiones y, expresamente, al pago de las costas generadas en este pleito".
2.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos la Procuradora Dª María Paz de Miguel Fernández, en nombre y representación de la DIRECCION000, quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando íntegra-mente la demanda, y condenando a la parte actora al pago de la totalidad de las costas de este juicio".
3.- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Alicante, dictó sentencia en fecha 15 de abril de 1996 cuyo FALLO es como sigue: "Que estimando la demanda de origen de las presentes actuaciones promovida por la procuradora Sra. Ortega Ruiz en nombre y representación de Angelina, Jose Francisco y otros contra la DIRECCION000, debo declarar y declaro nulos los acuerdos contenidos en los puntos 5º y 6º del Orden del día de la Junta de Propietarios celebrado en fecha 28 de marzo de 1995, imponiendo las costas a la parte demandada".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Sexta (de las constituidas en apoyo a la Quinta) de la Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia en fecha 23 de marzo de 1999 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que estimando totalmente el recuso de apelación interpuesto por Dª Mª Paz de Miguel Fernández, en nombre y representación de la DIRECCION000 y estimando parcial-mente el recurso interpuesto por Dª Irene Ortega Ruiz, en nombre y representación de Dª Angelina frente a la sentencia dictada el pasado día 15 de Abril de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia Nª Tres de Alicante , procede revocar la misma en el sentido de declarar nulos los acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios demandada en su sesión celebrada en pasado 28 de Marzo de 1995, relativos al cerramiento del acceso a vehículos a la comunidad y al establecimiento de un canon a los locales por los rótulos que exhiben. No cabe hacer pronunciamiento en costas ni de la primera instancia ni de esta alzada la cual se mantiene íntegramente".
TERCERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales D. Miguel de Cabo Picazo, en nombre y representación de la DIRECCION000, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Alicante, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del art. 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia la infracción de los artículos 11, 13.5, y el 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal . SEGUNDO.- Al amparo del art. 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia la infracción del artículo 5 en relación con el 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal , porque la sentencia considera modificado el Título Constitutivo, por la colación de una puerta metálica, cuando en dicho Título Constitutivo no se describen los accesos y elementos al conjunto inmobiliario. TERCERO.- Al amparo del art. 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia la infracción de los artículos 9, 5, en relación con el 16 de la Ley de Propiedad Horizontal.
2.- Admitido el recurso de casación por auto de fecha 18 de septiembre de 2001 , se entregó copia del escrito a la representación de los recurridos, conforme lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , para que en el plazo de 20 días puedan impugnarlo.
3.- La Procuradora de los Tribunales Dª Carmen Giménez Galán, en nombre y representación de doña Angelina, don Jose Francisco, don Benito, don Miguel, don Juan Luis, doña María Dolores, don Guillermo y don Carlos Jesús, presentó escrito de impugnación al recurso de casación y alegando los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia por la que, declarando no haber lugar al recurso, confirme la resolución recurrida, con imposición de las costas al recurrente".
4.- Al no haberse solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veintidós de marzo del año en curso, en que ha tenido lugar.
PEDRO GONZALEZ POVEDA
PROPIEDAD HORIZONTAL: EL ACUERDO SOBRE CERRAMIENTO PARA IMPEDIR EL PASO A TERCEROS NO PROPIETARIOS: SOLO REQUIERE LA MAYORIA PARA SU APROBACIÓN. NULIDAD DE ACUERDO QUE FIJA UN CANON PARA ANUNCIOS O ROTULOS EN LOCALES COMERCIALES.
Primero.- Por varios copropietarios integrantes de la DIRECCION000, de Alicante, se formuló demanda con-tra la Comunidad de Propietarios ejercitando acción de impugnación de acuerdos de la Junta de copropietarios, celebrada el día 28 de marzo de 1995. Los acuerdos impugnados son los que figuran bajo los números 5 y 6 del acta de la Junta. En el primero de ellos se acuerda la colocación de una o dos puertas en la entrada de vehículos de la Comunidad, para evitar la entrada en el aparcamiento de las personas ajenas a la misma; por el segundo se acuerda la regulariza-ción de los anuncios de los establecimientos sitos en los locales de negocio, tanto de los existentes como de los venideros, regulariz-ación consistente en que no moles-ten a ningún vecino, se obtenga permiso de la Junta de Gobierno y entrega de fotocopia del seguro obligatorio de responsabilidad civil para cada cartel; asimismo se acuerda aprobar el pago de un canon de 5.000 pesetas por metro cuadrado de cartel para los que se encuentren situados fuera de la zona de la puerta de los locales, es decir en lo que se considera fachada general del edificio.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda al ser nula la votación por la que se aprobaron los acuerdos impugnados. La sentencia de apelación declaró la nulidad de los acuerdos impugnados.
Segundo.- Acogido al art. 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia como infringidos los arts. 11, 13.5 y 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal en su redacción de 21 de julio de 1960 , aplicable al caso por razones temporales; se combate la sentencia recurrida en cuanto exige la unanimidad para la adopción de instalación de una puerta metálica, considerando que esta instalación supone una modificación susceptible de ser adoptada por unanimidad. Por la íntima conexión con el primero, ha se ser examinado conjuntamente el segundo en el que, por el mismo cauce procesal, se acusa infracción del art. 5 en relación con el 16.1 de la citada Ley de Propiedad Horizontal, al consid-erar la sentencia "a quo" que la colocación de una puerta metálica modifica el título constitutivo.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con obras e instalaciones de cerramiento de análogo o idéntico contenido a las acordadas en la Junta de la Comunidad demandada celebrada en 28 de marzo de 1995 y ha declarado que las mismas no suponen alteración del título constitutivo por lo que para su aprobación no se requiere la unanimidad de los copropietarios. Ante el acuerdo de cierre de una calle particular mediante la coloca-ción de dos portillas metálicas, la sentencia de 14 de noviembre de 1985 señala: "porque aun cuando como dicen los recurrentes, "el bloqueo de la calle -no previsto en el título constitutivo -supone una limitación en el uso de la misma", su influencia en el mayor o menor uso y disfrute de dicha calle particular por los titulares domini-cales de los locales (hoy recurren-te), además de ser a lo sumo mediata o indirecta al venir referida a una presunción de disminución de clientela, no puede ser tenida en cuenta dado que, cual queda ya dicho, referida calle aun cuando particular puede ser utilizada por los posibles clientes de dichos locales"; en el caso ahora enjuicia-do, las razones aducidas por los demandantes recurridos, titulares de locales comerciales, se basa, precisamente, en la dificultad de acceso a sus locales por sus clientes, siendo así que la coloca-ción de las puertas acordadas no impide el acceso peatonal a esos locales, como consta en el acta de la prueba de reconocimiento judicial.
Ante el cierre al público y vehículos no pertenecientes a la Comunidad de la calle interior que separa los dos bloques de edificación, dice la sentencia de 15 de febrero de 1988 que "como bien se razona en la sentencia recurrida abundando en lo argumentado en la primera instancia "la simple colocación de una verja o puerta móvil en el pasaje o calle particular con la única finalidad de impedir a los extraños su indebida utilización, en nada viene a alterar la naturaleza de elemento común que indudablemente ostenta el paso, ni le hace inservible para su adecuada utilización general que continúa sirviendo de acceso y comunicación, ni impi-de su normal uso por los comu-neros"; se declara no ser necesaria la unanimidad para adoptar el acuerdo sobre colo-cación del indicado cerramiento. Criterio que es reiterado en las sentencias de 5 de diciembre de 1989, con cita de las dos anteriores, de 31 de marzo de 1995 y 19 de noviembre de 1996, y que lleva a la estima-ción de los dos primeros motivos del recurso. No se da una alteración del título constitutivo por la colocación del cerramiento acordado ni se causa perjuicio a los titulares de los negocios instalados en los locales; lo que se pretende es regular el uso de las zonas de aparcamiento de la comuni-dad por quienes tienen derecho al uso del mismo, los copropie-tarios, no los potenciales clien-tes de los negocios allí instala-dos, teniendo en cuenta ade-más la existencia de accesos peatonales a éstos.
Tercero.- Por el mismo cauce procesal que los anteriores, el motivo tercero denuncia infracción del art. 9.5 en relación con el art. 16 de la Ley de Propiedad Hori-zontal al afirmar la sentencia recurrida que la contribución de un canon supone una modificación de la cuota de participación acordada en el título constitutivo y en los estatutos y por ello, exige para su adopción un acuerdo unánime de todos los copropietarios.
Ciertamente, el canon establecido por el acuerdo impugnado no puede considerarse, como estima la Sala de instancia, como modificación de la cuota de participación en los gastos generales de la Comunidad. Tal canon no se acomoda a los parámetros establecidos en el art. 5, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 , ni responde a la obligación impuesta a los copropietarios por el art. 9.5ª de la citada Ley ; el citado canon res-ponde a un acto de administración de la Comunidad al permitir la colocación de carteles en las facha-das del edificio, elemento común; como tal acto de administración, su aprobación está sometida al régimen de mayoría, no de unani-midad. En este sentido procede la estimación del motivo. Ahora bien la característica del recurso de casación es producir, caso de ser estimado, una alteración del fallo de la sentencia impugnada, por lo que la casación no puede ser acogida si ha de mantenerse dicho fallo, aun-que sea por razonamientos jurídicos distintos de los que aquella resolu-ción había tenido en cuenta (sentencias de 23 y 30 de diciembre de 2003, 3 de marzo, 22 de octubre y 12 y 15 de noviembre de 2004). La instalación de anuncios o carteles es inherente a cualquier actividad negocial y constituye un uso lícito de los elementos comunes en cuanto no se perjudiquen los derechos de los demás propietarios ni alteren el decoro arquitec-tónico del inmueble; en tanto no se produzca ese perjuicio a los demás copropietarios o se altere el aspecto arquitectónico del edificio, no se pude prohibir a los propietarios de los locales de negocio, bien sea a ellos mismos o a sus arrendatarios, el uso de los elementos comu-nes, siempre que la colocación de rótulos o carteles no exceda de los parámetros exteriores del local; la imposición del pago de un canon por el uso de esta forma de los elementos comu-nes, supone una limitación injustificada de los derechos del copropietario de locales comerciales adecuados a los usos sociales y del comercio. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que los anuncios o carteles de los recurridos han sido autorizados por la Comunidad y su instalación se produjo varios años antes a la producción del acuerdo impugnado, por lo que la Comu-nidad no puede venir contra sus propios actos: procede, en consecuencia, declarar la nulidad del acuerdo recogido bajo el número 6 del acta de la Junta.
Cuarto.- La estimación de los dos primeros motivos del recurso deter-mina la casación y anulación de la sentencia recurrida en el sentido de declarar la validez del acuerdo adoptado por la Junta de Copro-pietarios celebrada el día 28 de marzo de 1995, incluido en el número 5 del acta de la Junta, y la nulidad del acuerdo incluido en el número 6 de dicha Acta.
La estimación del recurso determi-na la no expresa condena en las costas de este recurso.
Que debemos declarar y declara-mos haber lugar al recurso de casa-ción interpuesto por la DIREC-CION000, de Alicante, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve , que casamos y anulamos, si bien parcialmente, en el sólo sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento por el que se declara la nulidad del acuerdo adoptado en la Junta celebrada el día 28 de marzo de 1995 relativo al cerramiento del acceso de vehículos a la Comunidad, incluido bajo el número cinco en el acta de dicha Junta.
No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de este recurso.
Y líbrese a la mencionada Audien-cia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de Apelación, en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronuncia-mos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- José Antonio Seijas Quintana.- Pedro González Poveda.-rubricado PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebran-do Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

References: artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 107
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 10

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1261
 artículo 205
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 250
 resolución 
 artículo 25
 artículo 37
 artículo 50
 artículo 396
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 70
 artículo 111
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 64
 artículo 5
 artículo 1710
 resolución