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Timestamp: 2020-07-15 10:35:02+00:00

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Administrador – Plataforma Redes
lunes, 01 junio 2020 por Administrador
Telemedicina y responsabilidad
jueves, 28 mayo 2020 por Administrador
Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la telemedicina ha adquirido un papel protagonista tanto en la asistencia relacionada con la propia situación de pandemia como en relación con el seguimiento y teleasistencia sanitaria en otras muchas patologías.
Con respecto al concepto de telemedicina, la Asociación Médica Mundial (AMM) define la telemedicina como “el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas y recomendaciones de tratamientos subsiguientes están basadas en datos de los pacientes, documentos y otra información transmitida a través de sistemas de telecomunicación. La telemedicina puede realizarse entre un médico y un paciente o entre dos o más médicos, incluidos otros profesionales de la salud”.
En España no existe una regulación específica respecto a la prestación de asistencia sanitaria a distancia. En consecuencia y sin perjuicio del derecho comunitario que pudiera aplicar, a efectos de posibles responsabilidades aplicará lo dispuesto en las normas que regulan el ejercicio profesional de la medicina, esto es, los principios básicos de la relación médico-paciente y los derechos de autonomía, información y confidencialidad de los pacientes.
El artículo 4.7 de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece que, el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico. Es decir, el médico podrá optar por la telemedicina si lo considera técnica y científicamente adecuado, pero siempre con la debida sujeción a los principios y limitaciones contenidos en el ordenamiento deontológico.
El Código de Deontología Médica, hoy en revisión, en su artículo 26.3 establece que “el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normas deontológicas. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente”.
No obstante, continua el artículo 26.4 del Código que “es éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas, el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial y de la telemedicina, siempre que sea clara la identificación mutua y se asegure la intimidad”.
Se debe recordar que la responsabilidad deontológica es la que deriva del incumplimiento de las normas deontológicas y de organización interna de los Colegios Profesionales. El incumplimiento de alguna de las normas del Código de Deontología Médica supone incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial, cuya corrección se hará a través del procedimiento normativo en ellos establecido.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que dada la situación excepcional de emergencia sanitaria, el pasado 12 de mayo la Comisión de Deontología y Derecho Médico del CGCOM publicó un documento titulado ‘E-consulta en la Deontología Médica’ del cual se pueden extraer las siguientes conclusiones;
1) La asistencia médica ofrecida mediante las nuevas tecnologías o sistemas de comunicación se concibe como un verdadero acto médico que completa la atención presencial del médico.
2) En determinadas circunstancias, como la actual pandemia de COVID-19, la e-consulta puede sustituir y otras veces completar el acto médico presencial porque este no sea posible, aconsejable o porque la ponderación del beneficio/riesgo para el paciente así lo sugiera. En cualquier caso, en situación de normalidad, la opción de usar la e-consulta deberá ser consensuada con el paciente.
3) En cuanto a la introducción de los nuevos modelos de consulta en la gestión médica y telemedicina, se deberán desarrollar medidas necesarias para la instauración de sistemas médicos telemáticos que aseguren la privacidad de la comunicación.
4) El uso de medios telemáticos es conforme a la Deontología Médica, siempre que haya voluntad y consentimiento del paciente, del que debe quedar constancia en la historia clínica.
5) Siempre ha de ser clara y fehaciente la identificación de quienes intervienen en la comunicación.
6) El médico debe tener conocimiento directo de la historia clínica del paciente o bien acceso a la misma en el momento de la atención médica. Se debe hacer constar por escrito en la historia clínica el medio de teleasistencia por el que se ha realizado la consulta, así como el tratamiento médico pautado y recomendaciones dadas.
En definitiva, el uso de los sistemas de telecomunicación (telemedicina, internet, redes informáticas, telefonía móvil u otros medios telemáticos) debe adecuarse a los preceptos deontológicos aplicables a la relación médico-paciente, la defensa de los derechos y la seguridad del paciente, así como el respeto a los profesionales sanitarios.
Artículo de Ofelia De Lorenzo en Redacción Médica
Responsabilidad exigible a las residencias para mayores
jueves, 14 mayo 2020 por Administrador
La Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la hija de una residente, contra la residencia en la que se encontraba ingresada su madre, recordando que no se pueden exigir las mismas obligaciones a una residencia para mayores que a un centro hospitalario.
Los hechos traen causa, en el fallecimiento de la residente como consecuencia de un infarto de miocardio mientras paseaba por los jardines de la residencia.
La hija de la residente funda su demanda en que, si la residente hubiera estado debidamente vigilada podría haber sido atendida por el personal asistencial y médico de la residencia, con posibilidad de haber podido salvarle la vida, esto es “la responsabilidad que se imputa a la demandada se concreta en la existencia de un daño ocasionado a la finada bajo su control causalmente vinculado al fracaso del sistema organizativo de la vigilancia y control de la residencia sobre los residentes”.
En este sentido, la reclamante sostiene que la ausencia de control y de atención determinó una ‘pérdida de oportunidad’ que debe ser indemnizada.
No obstante, lo anterior, la presente resolución analiza el contrato existente entre la residente y residencia; “el contrato abarcaba el régimen de pensión completa, alojamiento y atención sanitaria” y analiza las patologías que presentaba la existente y en especial el hecho de que la misma no refería ninguna enfermedad psíquica que exigiera un especial deber de vigilancia.
Sostiene la presente resolución que el fallecimiento de la residente, lo fue, sino por causa natural, hallándose en un lugar que tampoco constituía una situación objetiva de peligro como era el jardín del centro y que además la misma no refería ninguna patología previa generadora de riesgo cardiovascular del que habría que estar atento ante la eventualidad de una atención inmediata.
En este sentido, razona la Sentencia que, además, no puede afirmarse, que si la residente hubiera estado acompañada al sobrevenirle el infarto de miocardio se le hubiera podido facilitar una asistencia que hubiera evitado su fallecimiento.
Concluye la presente resolución que “por otra parte, la gestión de una residencia de la tercera de edad no constituye una actividad anormalmente peligrosa, sin que ello signifique, claro está, el cumplimiento de los deberes de diligencia y cuidado que exige la prestación de tales servicios. Ahora bien, dentro de ellos no nace la exorbitante obligación de observar a los residentes, sin solución de continuidad, las 24 horas del día, cuando no se encuentran en una situación de peligro, que exija el correspondiente control o vigilancia o la adopción de especiales medidas de cuidado”.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) num. 171/2020 de 11 marzo
jueves, 23 abril 2020 por Administrador
La presente resolución trae causa en la reclamación formulada contra la compañía aseguradora, que aseguraba la responsabilidad civil del Hospital, donde en este caso una paciente fue intervenida quirúrgicamente para corregir su incontinencia urinaria.
Como consecuencia de la cirugía y en concreto durante la misma, a la paciente se le lesionó el nervio obturador, ocasionándole una neuropatía del nervio obturador, siéndole reconocida un grado de discapacidad de un 35 por ciento, como consecuencia de enfermedad en el aparato genito urinario, por síndrome álgico de etiología traumática limitación funcional en miembro inferior y trastorno de la afectividad.
Conforme se recoge en la presente resolución, de la totalidad de la prueba practicada y en especial de las pruebas periciales, no quedo acreditado la existencia de mala praxis “De tales hechos y de las conclusiones que se recogen por los tres peritos no cabe entender que existiera ninguna negligencia, pues la técnica quirúrgica era correcta, siendo una posible complicación o consecuencia de este tipo de intervención que se pueda o ver afectado el nervio obturador izquierdo como ocurrido en el presente caso, por lo que tampoco cabe entender que existió una mala praxis médica”.
Ahora bien, no obstante, en el presente caso, se razonaba por la sala, que, si la lesión del nervio obturador se trata de una complicación inherente a la cirugía a la que fue sometida la paciente, dada la cercanía anatómica del nervio al lugar donde se coloca la banda, y esa afección del nervio no implica una mala praxis médica, si debió al menos informarse de esa posibilidad o complicación a la paciente.
En ese sentido los riesgos descritos en el documento de consentimiento informado suscrito por la paciente y conforme recoge la presente resolución fueron “respecto a los riesgos típicos que tiene la cirugía de suelo de la pelvis, se alude entre otros a lesiones en vejiga, uretra, uréter, recto, intestino u otras estructuras cercanas, lo que a juicio de la parte apelante no cumple con esos parámetros legales y la jurisprudencia que interpreta ese deber de información”.
Nos recuerda la presente resolución que, si bien el consentimiento informado no exige que se haga una información minuciosa y precisa de todas y cada una de las consecuencias que pueda derivarse del acto quirúrgico, si debe incluir dicha información los riesgos ordinarios y relevantes bien por ser típicos o por su gravedad si pueden producirse en ese tipo de intervenciones.
En el presente supuesto concluye la Sala que “el hecho de que se aluda a que se pueden ver afectados determinados órganos, y se añada la coletilla que se pueden ver afectadas otras estructuras cercanas, no permite al paciente saber ni siquiera intuir que esa intervención sencilla, como todos los peritos la califican, pueda tener esa consecuencia tan grave como se produjo en el presente caso”.
En base a lo anterior, la Sala revoca la Sentencia de 1ª Instancia que absolvía a la compañía aseguradora y estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la paciente, condena a la compañía aseguradora a indemnizar a la paciente con la cantidad de treinta y nueve mil setecientos cuarenta y siete euros (39.747 euros), más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) núm. 53/2019 de 5 febrero.
sábado, 11 abril 2020 por Administrador
Ahora que todos cumplimos y a las ocho de la tarde nos asomamos a las ventanas para aplaudir, vitorear y agradecer a nuestros profesionales sanitarios su abnegada entrega, dedicación y compromiso.
Ahora que nuestros teléfonos se inundan de mensajes de apoyo, vídeos de ánimo y reconocimiento a estos “héroes”. Unos profesionales que diariamente se enfrentan cara a cara con esta terrible pandemia exponiéndose ellos mismos y a sus propias familias para intentar salvarnos a nosotros y nuestros familiares.
Ahora que nos indignamos, y con razón, cuando vemos que nuestro Ejército no cuenta ni con medios suficientes para librar esta batalla, ni con medios para protegerse de la misma.
Ahora que observamos maravillados cómo nuestros gestores sanitarios, directores de hospitales, jefes de servicio, directores de equipos… estiran las costuras de nuestros hospitales creando soluciones, disparando la creatividad y la imaginación mientras no dejan de preocuparse por mantener alta la moral de sus batallones. Unos batallones formados por miles de profesionales que, pese a acumular horas y horas de trabajo; pese a ser el colectivo más castigado por la pandemia; pese a vivir en primera fila y en primera persona esta tragedia, no cejan en su empeño de salvar todas y cada una de las vidas que caen en sus manos.
Ahora que nos olvidamos de la absurda distinción entre pública y privada, dándonos cuenta de que Salud, con mayúsculas, sólo hay una. Ahora que nos damos cuenta de que cuando hay voluntad entre todas las partes se logra avanzar. Ahí está el ejemplo de Madrid, en donde la colaboración entre el Gobierno de la Comunidad, su Ayuntamiento y los grupos hospitalarios es un ejemplo de coordinación y eficacia.
Ahora que sabemos que después de esta pandemia nada volverá a ser igual, no puedo dejar de preguntarme: ¿no se merecían antes el mismo reconocimiento nuestros profesionales sanitarios? ¿Acaso antes de la pandemia no luchaban con la misma intensidad y ahínco para salvar y cuidar a nuestros enfermos?
Los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, sacaban un comunicado de prensa conjunto ante el nuevo protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por el Ministerio de Sanidad. En él, acertadamente, mostraban su rechazo a las medidas y recomendaciones contenidas en ese documento.
No lo rechazaban por un puro interés en la figura del profesional, sino por el hecho de que si éste no está bien curado, puede suponer un riesgo elevado para la población en general, pacientes atendidos y compañeros de trabajo. Entre otros aspectos, y con muy buen criterio, argumentaban que de ninguna manera un profesional sanitario, sin haberse realizado el pertinente test y prueba confirmada de negatividad, debe reincorporarse a su puesto de trabajo.
Hoy comprendemos mejor que nunca las limitaciones de la ciencia y, sobre todo, las carencias con las que cuentan nuestros profesionales sanitarios. Ahora valoramos mucho más el trabajo que cada uno de ellos está desempeñando estos días.
Todos ellos están dando lo mejor de sí mismos para ayudarnos a salir de esta crisis de salud pública. Una crisis que, como nos recordaba el Comité de Bioética de España en su Informe del pasado 25 de marzo, no es económica, ni educativa, ni social; es una crisis de salud pública que trae vinculada una crisis sanitaria cuyas consecuencias están siendo extremadamente graves.
Ojalá saquemos de todo esto un aprendizaje: la capacidad de ver más allá del profesional y ver a la persona. Eso permitiría que, a la hora de valorar el trabajo, se piense no solo en el sanitario, sino en el ser humano.
Lamentablemente y a pesar del esfuerzo titánico que todos los españoles estamos haciendo para vencer a esta pandemia, los juristas y gestores sanitarios ya escuchamos a lo lejos tambores de guerra de los múltiples conflictos jurídico-sanitarios que se avecinan. Todos ellos vendrán catalizados por falta de recursos, errores en planificación y previsión, y por la opacidad en la información.
En materia de responsabilidad profesional sanitaria, auspiciada por el dolor de la pérdida de seres queridos y la falta de comprensión de cómo y por qué ha pasado. En materia de riesgos laborales, por cómo nuestros profesionales sanitarios se han visto expuestos al riesgo sin contar con la adecuada protección y, sobre todo, en materia de responsabilidad patrimonial y de la Administración, litigiosidad por la gestión que de esta crisis se ha hecho.
No cabe duda de que una parte importante de estos conflictos pudieran estar más que justificados. Ahora bien, no podemos olvidar que los diferentes sistemas que la sociedad ha buscado como mecanismos de solución del conflicto siempre han generado dos posiciones: la del “perdedor” y la del “ganador” y, ahora mismo, ni uno solo de nuestros ciudadanos merece una sola pérdida más.
Resolver los conflictos que se avecinan, en un contexto tan complejo como el sanitario, hacerlo de modo directo, al margen de los Tribunales, con menos costes, con agilidad, con sencillez y a través del diálogo, es todo un reto al que ahora más que nunca es preciso dar respuesta.
Ojalá esta crisis nos ayude a humanizar todas nuestras relaciones, en las que incluyo que, a la hora de resolver conflictos sanitarios, se valoren métodos alternativos de solución de los mismos, como puede ser la negociación sanitaria o la mediación sanitaria. En esos sistemas, más allá de la judicialización, lo que se busca es el mutuo entendimiento. Muchas veces tras una debida explicación, comprender y empatizar, ofrecer una disculpa y asumir una situación, ya por sí solo supone una victoria.
Artículo de Ofelia De Lorenzo en EL ESPAÑOL

References: artículo 4
 artículo 26
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