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Timestamp: 2018-09-26 05:25:06+00:00

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﻿ Sentencia 45802 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 45802 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PENSIÓN DE INVALIDEZ - REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA. AUNQUE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL SE HAYA PRODUCIDO ANTES DE QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARARA INEXEQUIBLE PARTE DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 80 DE 1993, SE DEBE CONCEDER LA GARANTÍA, AUNQUE EL AFECTADO NO HAYA ACUMULADO EL 20 % DE COTIZACIONES DURANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL MOMENTO EN QUE CUMPLIÓ 20 AÑOS DE EDAD Y LA FECHA DE LA PRIMERA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. EN ESTOS CASOS ES POSIBLE APLICAR LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ORDENA OPTAR POR EL MECANISMO MÁS FAVORABLE A LOS INTERESES DEL TRABAJADOR. POR LO TANTO, PARA QUE SE RECONOZCA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ NO ES NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA, AUN CUANDO EL DERECHO HAYA SURGIDO EN VIGENCIA DE LA NORMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 45802 de diciembre 4 de 2013
SL-866-2013
Rad.: 45802
El actor demandó al Instituto de Seguros Sociales, para que se le condene a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez de origen común; las mesadas adicionales de junio y diciembre; los intereses moratorios del artículo 141 Ley 100 de 1993; la indexación de las sumas adeudadas; y las costas del proceso.
En sustento de las pretensiones afirmó, que el 28 de agosto de 2006 solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común; mediante Resolución 7617 de 2007, le fue negada tal prestación por considerar que no reunía las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pues adujo que si bien acreditaba 142 semanas de cotización en los últimos tres años anteriores al momento de la estructuración de la invalidez, no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema; contra el anterior acto administrativo, se interpusieron los recursos de ley, sin tener aún resolución de los mismos; de conformidad con el criterio jurisprudencial, se debe reconocer la pensión de invalidez a quienes hayan cotizado por lo menos 26 semanas, siempre que se aporten antes de la estructuración de la invalidez, momento para el cual había cotizado un total de 142 y tenía calificada una pérdida de la capacidad laboral de 61.40%.
La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aceptó como ciertos los hechos relacionados con la solicitud que hizo el demandante de la pensión de invalidez, así como la negativa a su reconocimiento por las razones que allí se esgrimieron; sobre la pérdida de la capacidad laboral aun cuando la aceptó, adujo que el porcentaje fue del 51.40% y no del 61.40% como se indica; advirtió por su parte que el demandante no reunía el requisito de fidelidad al sistema. Propuso las excepciones de ausencia de causa para pedir, inexistencia de la obligación de aplicar el criterio jurisprudencial de la condición más beneficiosa, compensación, buena fe, improcedencia de intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas y prescripción (fls. 17 a 20).
Fue proferida el 28 de noviembre de 2008, y con ella, el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, condenó al instituto demandado al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor del actor, a partir del 5 de mayo de 2006, así como a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; de igual forma, dispuso el pago de $15.621.800 por retroactivo pensional desde el 5 de mayo de 2006 al mes de noviembre de 2008 y a continuar cancelando la mesada desde el mes de diciembre de 2008, sin que la misma pueda ser inferior al salario mínimo de cada anualidad. Impuso costas (fls. 42 a 55).
La alzada se surtió por apelación de la parte demandada, que terminó con la sentencia atacada en casación, que confirmó la de primera instancia (fls. 76 a 82).
Adujo el tribunal que de acuerdo con el dictamen expedido el 8 de junio de 2006, que obra a folios 10 y 11 del expediente, la perdida de la capacidad laboral de la actora (sic) se fijó en un 61.40%, pero advirtió que existía un error por cuanto al realizar las cuentas de los porcentajes referidos en el numeral 6, se aprecia que el total corresponde al 51.40%; no obstante dicha situación, consideró que el demandado, ni el actor mostraron inconformidad con el dictamen, razón por la cual quedó en firme. Una vez copió los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, este último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y se refirió al Decreto 917 de 1999 y al artículo 9º de la Ley 776 de 2002, consideró que de acuerdo a la normatividad vigente el porcentaje asignado al demandante es suficiente para que se le otorgue la pensión.
Frente al tema de las semanas cotizadas determinó que el juez de primer grado no aplicó la Ley 860 de 2003 para dar aplicación a la anterior normatividad, esto es, la Ley 100 de 1993 que exigía un cúmulo de 26 semanas; destacó que el ISS aceptó que el demandante tiene 142 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, y que si bien el artículo 1º de la primera de las leyes citadas exigía además de las 50 semanas de cotización el requisito de la fidelidad al sistema, tal exigencia fue declarada inexequible en la Sentencia C-428 de julio 10 de 2009 de la Corte Constitucional, dejando como única condición las 50 semanas cuyo tope rebasa el demandante.
Luego de extractar algunos de los apartes de la referida sentencia, precisó que atendiendo a los principios constitucionales y legales sobre la materia, debía inaplicar la Ley 860 de 2003, en lo que hace relación al requisito de fidelidad al sistema.
Fue propuesto por la entidad demanda, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
Pretende que se case totalmente la sentencia del Tribunal y, una vez en sede de instancia, se revoque íntegramente el fallo del juzgado, para en su reemplazo, absuelva al seguro social de todas las pretensiones que se plantearon en su contra en la demanda inicial, proveyendo sobre costas como corresponda.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula un cargo que oportunamente fue replicado.
Textualmente reza: “La sentencia acusada viola directamente por infracción directa, los artículos 37 y 45 de la Ley 100 de 1993, 45 de la Ley 270 de 1996, 1º de la Ley 860 de 2003 y 230 de la Constitución Política, lo cual se produjo como consecuencia de la aplicación indebida de los artículos 40 de la Ley 100 de 1993 y 4º de la Constitución Política”.
En la demostración del cargo, luego de plasmar algunos de los argumentos del Tribunal, concretamente en cuanto atañe a la inaplicación de la Ley 860 de 2003, manifestó que a diferencia de lo aducido por el ad quem, la norma vigente y que regía el posible derecho pensional del accionante era el artículo 1º de la ley; pues sostuvo que dicha norma “No había sido retirada del ordenamiento jurídico a través de una sentencia de inexequibilidad de la Corte Constitucional cuando se causó el supuesto derecho, situación que solo ocurrió mucho tiempo después a través de la Sentencia C-428 del 10 de julio de 2009. Por lo tanto, la “inaplicación” de la normatividad de la Ley 860 de 2003 por parte del Tribunal está en contravía con el artículo 230 de la Constitución Política, causando una inmensa y muy dañina inseguridad jurídica”.
Adujo que mediante la Sentencia C-37 de 1996, la disposición del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, respecto de los efectos a futuro de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, fue declarada exequible “por lo cual, por regla general, las decisiones de la mencionada Corte tienen efectos hacia el futuro y, de manera excepcional, esas consecuencias pueden ser definidas en otro sentido por la misma corporación, lo cual no sucedió en el caso que nos ocupa”. Agrega que frente a este tema la Sala Laboral de Corte (sic), a través del Fallo de 11 de mayo de 2000, ha tomado la misma posición, por lo que aseguró que “solo es admisible que un juez implique para el caso concreto una norma vigente con bases en el artículo 4º de la Constitución Política cuando esta sea abierta y notoriamente contraria a la Carta Política, cuando sea una aberración legislativa, cuando quebrante en forma vulgar la norma superior, caso que no se presentó en el proceso de referencia”.
Por último concluyó que como “el señor Posada Arcila no reunió el requisito legal del porcentaje de fidelidad de cotización con el sistema pensional, no puede concedérsele una pensión de invalidez de origen común son (sic) violar de manera flagrante la Constitución Política y la ley”.
Manifiesta que el cargo debía desestimarse porque “la jurisprudencia dice que se debe citar a lo menos una norma de carácter sustancial que regule el derecho, y en este caso se indica como aplicado indebidamente el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 que regula el monto de las pensiones y no el 39 que regula los requisitos de la pensión por invalidez de origen no profesional”; trajo a colación la Sentencia de esta Sala de la Corte de 17 de junio de 2008, radicación 32681, respecto al mandato de progresividad, y de la misma manera citó la sentencia de la Corte Constitucional C-552/09, para finalmente asegurar que “de manera pacífica la jurisprudencia la Corte Constitucional ha sentado que es dable aplicar el mandato de progresividad y por ellos (sic) echando mano del artículo 4º de la Constitución Política, inaplicar las disposiciones de la Ley 860 de 2003 y exigir bien las semanas del régimen precedente, ora solamente las 50 en los últimos tres años, dando cumplimiento a la sentencia C-559 de 2009”.
Frente al tema de la pensión de invalidez inaplicando el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y sobre los efectos de la sentencia de constitucionalidad, copió apartes de la Sentencia de tutela T-609 de 2009 de la Corte Constitucional, para por último concluir que “de lo dicho es que aun cuando la Corte encontrara fundado el cargo, en instancia llegaría a la misma conclusión del Tribunal, en el sentido que debe implicar el requisito de fidelidad y exigir solo las 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, las que satisfizo el asegurado, tal y como lo dejó sentado el Tribunal en las consideraciones del proveído cuestionado en el recurso extraordinario”.
De acuerdo con la vía directa por la que se orientan el único cargo propuesto, no es objeto de discusión en el recurso, que el demandante presenta una pérdida de su capacidad laboral del 61.40% por enfermedad común, estructurada el 2 de mayo de 2006; que para ese momento se encontraba afiliado a la entidad de seguridad social demandada; que tenía acreditadas más de las 50 semanas de cotización, todas ellas dentro de los 3 años anteriores a su invalidez; y que no cumplía con el requisito de la fidelidad al sistema que trata el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, norma que era la vigente para el momento en que se estructuró la discapacidad.
El Tribunal para acceder a la prestación económica pretendida por el demandante, consideró que al estar demostrada la invalidez y el cumplimiento de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores, esas circunstancias eran suficientes, así no se satisfaga el requisito de la fidelidad, en tanto que dicha exigencia fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C- 428 de 2009, para lo cual extractó algunos apartes de dicha providencia.
Para la Corte, si bien es cierto que en asuntos de similares características se ha exigido el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en tratándose de casos en los que la estructuración de la invalidez se produjo en vigencia de dicha normativa y antes de la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, que declaró inexequible la parte pertinente del inciso 1º de la norma en lo que es tema de discusión, la nueva composición de la Sala al reexaminar el tema que suscita controversia fijó mayoritariamente un nuevo criterio a ese respecto, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, en cuanto se ha considerado que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.
Precisamente, la Corte en un asunto de similares características al que constituye objeto de estudio, en el que se analizó el tema de los efectos de la fidelidad del sistema respecto de situaciones que se consolidaron en vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, consideró viable su inaplicación por inconstitucional, en cuanto en las sentencias del 17 de julio, 18 y 25 de septiembre de 2012, radicados 46825, 44424 y 48331, se dijo:
“El hecho, prudente las más de las veces, de abstenerse el Tribunal Constitucional de otorgar un apresurado efecto retroactivo a su sentencia de inexequibilidad, no implica, en modo alguno, restringir, cercenar o impedir al resto de jueces el ejercicio de la prerrogativa de la inaplicación normativa; por el contrario, ello permitirá que, en cada caso, pueda determinarse cuidadosamente, el efecto positivo o negativo de la aplicación de la norma excluida, pues, habrá casos en que el interesado sí alcanzó a cumplir con las condiciones impuestas por la norma inexequible (Rad. 32457 de 2008, por ejemplo), lo que posibilitará la adjudicación de un derecho, que no podría hacerse de existir una declaratoria imprudente o apresurada de efecto retroactivo del fallo constitucional y, en otros, por el contrario, en obedecimiento del carácter tuitivo de la legislación laboral y de la seguridad social, se dispondrá del valioso elemento de la inaplicación normativa por inconstitucionalidad. Comporta razonamiento falaz el considerar que si la Corte Constitucional no otorgó efectos retroactivos a su fallo de inexequibilidad, ello insoslayablemente, implique, entonces, que la norma fue constitucional hasta cuando fue excluida del ordenamiento; por el contrario, no obstante los efectos hacía el futuro del fallo, cada caso que se presente, aún no resuelto, podrá contrastarse, para su solución justa, con las consecuencias respectivas en caso de aplicarse o no la norma cuestionada.
De igual forma, en la Sentencia del 8 de mayo del mismo año, radicación 41832, la Corte precisó:
“La discrepancia de la recurrente con el fallo acusado estriba, en estricto rigor, en que la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 “genera la inexistencia de la norma hacia el futuro pero no puede desconocer las situaciones fácticas consolidadas durante la vigencia de la norma porque no es el sistema consagrado en nuestra Constitución, para los efectos de la inexequibilidad, en estas circunstancias es indudable que el H. Tribunal Superior ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 797/03 que se encontraba vigente el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual se estructuró la invalidez por la Junta Regional de Risaralda y en esa fecha el señor Jaime Londoño Londoño no cumplía con los requisitos que consagraba la ley vigente para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No puede darse efectos retroactivos a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional y considerar que la norma aplicable era la consagrada en la Ley 100 de 1993” (fl. 13 cdn. 3).
“Y entonces, bajo estos supuestos no existe la menor duda de que el promotor del proceso tiene derecho a pensionarse con fundamento en la norma en precedencia, como acertadamente lo sostuvo el juez colegiado, sin que tenga que cumplir con la densidad de cotizaciones que exigía la mencionada Ley 797, como lo propone la entidad recurrente, por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez —19 de febrero de 2003— sufragó en su integridad las semanas requeridas por aquella ley, haciéndolo acreedor a la prestación que implora”.
“(…) el Tribunal concluyó que, como la invalidez del actor se estructuró el 30 de mayo de 2003, la norma vigente en ese momento era el citado artículo y luego de transcribirlo asentó que, como el promotor del pleito cotizó 42 semanas, se “… hace innecesario ubicar en qué tiempo se cotizaron, toda vez que son inferiores a las que se exigen en el artículo citado”. Es claro, así las cosas, que fundó su conclusión en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, lo que hacía ineludible la crítica de esa inferencia y, desde luego, la inclusión del precepto en la proposición jurídica.
“Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con “la mutua ayuda entre las […] generaciones” (L. 100/93, art. 2º-b), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
“De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C. P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado Colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (Rad. 30581) en la que se sostuvo:
Como consecuencia de lo anterior, no violó el Tribunal las normas legales denunciadas, al dispensar al demandante para efectos de acceder a la pensión de invalidez incoada, el requisito de la fidelidad de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de que trata el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a pesar de que la pérdida de la capacidad laboral de aquel se haya estructurado en vigencia de dicha normativa y con anterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional C-428 del 1º de julio de 2009, que retiró del ordenamiento jurídico dicha exigencia.
Las costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de enero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Oscar de Jesús Posada Arcila contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.
Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $6.000.000.

References: ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 53
 artículo 141
 Resolución 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 230
 artículo 45
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 1