Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.SPA
Timestamp: 2020-04-02 10:33:35+00:00

Document:
EUR-Lex - 52019IE1571 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52019IE1571 - EN
Document 52019IE1571
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030: a contribution from the European Economic and Social Committee’ (own-initiative opinion)
EESC 2019/01571
OJ C 97, 24.3.2020, p. 41–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
C 97/41
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Configuración de la agenda de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad para el período 2020-2030: contribución del Comité Económico y Social Europeo»
(2020/C 97/06)
Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
El CESE pide a la Comisión Europea que considere seriamente las siguientes recomendaciones y conclusiones a la hora de redactar la Agenda europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030 (en adelante, la «Agenda»), que aplique más plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que cumpla sus compromisos en el marco de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en los que se menciona la discapacidad en once ocasiones. En particular, el CESE:
Recomienda que haya centros de referencia sobre discapacidad en todas las direcciones generales y agencias de la Comisión y en todas las instituciones de la UE, con un centro de referencia sobre discapacidad principal ubicado en el seno de la Secretaría General de la Comisión, dado el carácter transversal de las cuestiones relacionadas con la discapacidad, y que un «Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad», compuesto por estos centros, supervise la aplicación de la Agenda. Puesto que en adelante habrá un comisario de igualdad, también es de suma importancia crear un centro de referencia sobre discapacidad en el seno de la DG Justicia.
Recomienda que se ponga en marcha un mecanismo interinstitucional entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo (1), cuyos presidentes se reunirán al comienzo de cada mandato. Además, el CESE pide que se cree un grupo de trabajo sobre discapacidad en el seno del Consejo para facilitar dicho mecanismo.
Recomienda que las instituciones de la UE pongan a disposición del marco de supervisión de la UE relativo a la CDPD todos los medios, los recursos humanos y el apoyo financiero necesarios para garantizar que sea capaz de cumplir su cometido, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD.
Recomienda que se cree un Consejo Europeo de Accesibilidad para supervisar la aplicación de la legislación de la UE en materia de accesibilidad.
Recomienda que la Comisión revise sus competencias compartidas con los Estados miembros que se derivan de la CDPD y del Derecho de la UE con el fin de determinar cuándo puede la UE colaborar con los Estados miembros en materia de aplicación. Esto ha de llevarse a cabo mediante la elaboración de una declaración de competencias en la que se revise la declaración de competencias exclusivas de la UE y mediante la conclusión del Protocolo facultativo de la CDPD.
Recomienda que la Comisión integre los principios del pilar de derechos sociales en la Agenda, con propuestas específicas para aplicar el principio 17 sobre la inclusión de las personas con discapacidad (PCD).
Recomienda que se tomen medidas concretas para aplicar la Agenda. Las medidas más urgentes que deben tomarse son: adopción de legislación que combata todas las formas de discriminación por discapacidad (2), una directiva que unifique el reconocimiento de la evaluación de la discapacidad en toda la UE a fin de facilitar la libertad de circulación de las PCD, medidas que salvaguarden los derechos de las PCD a la participación política a escala de la UE y orientaciones dirigidas a los Estados miembros para que garanticen lo mismo a escala nacional, legislación vinculante que armonice las normas de accesibilidad del entorno construido, medidas que armonicen las normas mínimas para la realización de ajustes razonables en el lugar de trabajo, y elaboración de directrices sobre las normas mínimas para la concesión de ayudas en función del nivel de discapacidad y para la prestación de servicios, entre los que se incluye el apoyo a la vida independiente y, cuando sea posible, la prestación de asistencia personal en los Estados miembros.
Recomienda que las cuestiones sobre la igualdad de las PCD se incorporen en todas las políticas económicas, sociales y medioambientales de la UE, concretamente en la Estrategia sobre igualdad de género, la Garantía Juvenil, el Nuevo Pacto Verde, la Garantía Infantil y el próximo libro verde sobre envejecimiento.
Recomienda que las instituciones de la UE y los Estados miembros acuerden una garantía sobre los derechos de las PCD similar a la Garantía Juvenil para que las PCD puedan acceder a empleo, prácticas, puestos de trabajo y formación continua.
Recomienda que el presupuesto de la UE mejore su apoyo a las PCD invirtiendo en la investigación sobre el desarrollo de nuevas tecnologías asistenciales, destinando fondos para aumentar la accesibilidad de los programas Erasmus+ a fin de impulsar la participación de las PCD, financiando la transición de la asistencia institucional a los cuidados comunitarios y familiares y a la vida independiente junto con mecanismos eficaces de supervisión y evaluación en los Estados miembros e invirtiendo estratégicamente los fondos de la UE para aplicar la CDPD en los Estados miembros, en particular en ámbitos en los que la UE no tiene plena competencia.
Recomienda que la Agenda desempeñe un papel en la promoción de los derechos de las PCD en el marco de la acción exterior de la UE.
Recomienda que la mejora de la recopilación de datos y las publicaciones sobre las PCD por parte de Eurostat ocupe un lugar central en la Agenda.
Recomienda que la Agenda incluya índices de referencia claros y concretos e indicadores mensurables, en particular para las mujeres, las niñas, los jóvenes, los mayores, los refugiados, los migrantes y las personas del colectivo LGBTI que sufran discapacidad.
Recomienda que la Comisión presione a los Estados miembros, a través del Semestre Europeo, para que desarrollen sus propias estrategias nacionales en materia de discapacidad a fin de fomentar la integración transversal de la igualdad de trato en materia de discapacidad y aborden la aplicación de la CDPD en los programas nacionales de reforma.
Recomienda que la Agenda también prevea campañas de concienciación sobre los derechos de las PCD en el marco de la CDPD.
Recomienda que, cuando se entablen diálogos sociales a escala nacional y europea y los interlocutores sociales negocien convenios colectivos, se consideren seriamente los derechos de las PCD y la aplicación de la CDPD, tras una amplia consulta y con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad (OPD).
Recomienda que se garantice la participación activa y plena de las OPD y las organizaciones de la sociedad civil en la redacción, la aplicación y la gobernanza de la Agenda.
En cuanto estrategia que será elaborada y aplicada en un contexto en el que la UE y todos los Estados miembros han firmado y ratificado la CDPD, el CESE subraya que la Agenda debe servir como un medio para abordar el alcance completo de la CDPD.
A diferencia de la actual Estrategia sobre Discapacidad, la Agenda 2020-2030 también debe tener en cuenta la correlación indisociable entre las obligaciones en el marco de la CDPD y el compromiso con los ODS y el pilar europeo de derechos sociales. Por lo tanto, el CESE propone que la Agenda se denomine «Agenda europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030».
Habida cuenta del examen que el Comité de la CDPD realizó en 2015 sobre la aplicación de la CDPD por parte de la UE, el CESE señala que la Agenda también debe articularse en torno a las observaciones finales y las recomendaciones.
La nueva Agenda ha de basarse en una revisión transversal y exhaustiva de toda la legislación y las políticas de la UE y ser coherente con otras iniciativas y estrategias de la UE para garantizar la plena armonización con la CDPD. Asimismo, debe reflejar el enfoque de la discapacidad centrado en los derechos humanos e integrar los avances más recientes en los ámbitos de los derechos sociales y los derechos digitales.
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de determinados grupos de PCD, todos los ámbitos de la Agenda deben prestar especial atención a las mujeres, los niños, los jóvenes, los mayores, los refugiados, los migrantes, las personas del colectivo LGBTI y las personas sin hogar que sufran discapacidad.
3. Principios de la Agenda europea sobre los derechos de las personas con discapacidad
De acuerdo con los principios generales expuestos en el artículo 3 de la CDPD, el CESE considera que la Agenda ha de integrar las cuestiones relativas a la discapacidad en toda la legislación y las políticas de la UE que afecten a la vida de las PCD. Debe defender los principios de no discriminación, accesibilidad, participación e inclusión, igualdad de oportunidades, igualdad entre hombres y mujeres, respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, aceptación de las PCD como parte de la diversidad humana y la humanidad, y reconocimiento de la evolución de las capacidades de las PCD y de su derecho a preservar su identidad.
4. Alcance de la Agenda europea sobre los derechos de las personas con discapacidad
4.1. Combatir la discriminación y la desigualdad (3)
La mitad de los europeos considera que la discriminación por motivos de discapacidad es un fenómeno generalizado en la UE y que está aumentando a un ritmo cada vez mayor (4). Por ello, el CESE:
Insta a que las instituciones de la UE tomen medidas para adoptar una directiva horizontal (sobre discapacidad) contra la discriminación que proteja a las PCD de la discriminación en todos los ámbitos de la vida. Esta directiva debe reconocer la denegación de ajustes razonables en cualquier ámbito de la vida como una forma de discriminación por motivos de discapacidad, así como otras formas de discriminación, como la discriminación por asociación y las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
Insta a que las instituciones de la UE aceleren la adopción del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), junto con medidas específicas para prevenir, combatir y sancionar la violencia de género.
Insta a que todas las instituciones de la UE, en su papel de empleador público, velen por la accesibilidad, por ejemplo, garantizando que los sitios web internos y externos sean accesibles y fomentando políticas y procedimientos de recursos humanos que aumenten la presencia de personal con discapacidad en las escuelas europeas y promuevan su integración.
Insta a que las instituciones de la UE garanticen medidas destinadas a solucionar la falta de igualdad de oportunidades para las PCD mediante fondos de la UE. Debe prestarse una mayor atención a quienes sufren discriminación múltiple o interseccional por motivos de nacionalidad, edad, raza o etnia, género, religión o creencia, identidad de género y orientación sexual.
Insta a que el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) sobre disposiciones comunes (RDC 2014-2020) se incorpore al nuevo RDC 2021-2027 propuesto para reflejar las recomendaciones anteriores del CESE y que este principio se integre directamente en el texto principal de la propuesta de Reglamento relativo al FEDER. La accesibilidad de las PCD también debería incluirse como requisito previo para que los programas se beneficien de los fondos de la UE.
Insta a que las instituciones de la UE incorporen las cuestiones sobre la igualdad de las PCD en todas las políticas económicas, sociales y medioambientales de la UE, como la Estrategia sobre igualdad de género, la Garantía Juvenil, el Nuevo Pacto Verde, la Garantía Infantil y el próximo libro verde sobre envejecimiento.
Insta a que la Comisión promueva la conformidad de la legislación de los Estados miembros sobre la capacidad jurídica con la CDPD (6) y facilite el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros.
4.2. Garantizar la plena participación y la libre circulación
Las PCD siguen sin poder ejercer su derecho a la libre circulación en la UE debido a la falta de armonización en el reconocimiento de la evaluación de la discapacidad y la imposibilidad de transferir el derecho de servicios y prestaciones asistenciales al desplazarse a otro Estado miembro. La institucionalización continuada, la falta de inversión en servicios basados en la comunidad y la inaccesibilidad general de los servicios convencionales también obstaculizan la participación de las PCD en la sociedad. Por ello, el CESE:
Insta a que la Comisión proponga una directiva por la que se armonice el reconocimiento de la evaluación de la discapacidad para las personas que se desplazan entre Estados miembros. Mediante esta directiva las instituciones de la UE deben defender el derecho a la libre circulación de las PCD garantizando la portabilidad de las ayudas de la seguridad social, ya sea mediante su prestación continua por el Estado miembro de origen o por el nuevo Estado miembro de residencia o mediante la transición gradual entre ambos. Ha de velarse por que las PCD que se trasladan a otro Estado miembro tengan los mismos derechos y condiciones para acceder a los servicios. Esto debe llevarse a cabo de una manera coordinada que facilite una transferibilidad simple y rápida de estos derechos (7), incluida la asistencia personal.
Insta a que las instituciones de la UE garanticen que los fondos de la UE nunca se utilicen para promover la institucionalización de las PCD (8) y se inviertan activamente en servicios basados en la comunidad y en la familia. Es fundamental que a los jóvenes que participan en el Cuerpo Europeo de Solidaridad no se les asignen plazas en instituciones de acogida que perpetúen la segregación. Las inversiones también deben destinarse a la formación de los trabajadores de las instituciones para que ofrezcan una atención basada en la comunidad y conforme a la CDPD, elaborada de forma conjunta con las PCD. Asimismo, la Comisión debería concienciar sobre los daños que la institucionalización inflige a las personas con discapacidad a fin de animar a los Estados miembros a preferir las alternativas de servicios basados en la comunidad.
Insta a que las instituciones de la UE prioricen el acceso a la cultura y el ocio mediante el uso de fondos de la UE, promoviendo y formalizando la utilización de la Tarjeta Europea de Discapacidad por todos los Estados miembros con el apoyo financiero de la UE.
Insta a que las instituciones de la UE garanticen que se faciliten textos en lenguaje de signos, braille y formato de lectura fácil cuando se solicite en los diálogos con los ciudadanos.
Insta a que las instituciones de la UE emprendan iniciativas políticas para eliminar todos los obstáculos que impiden la participación política de las PCD y las privan de su derecho de voto y de su derecho a presentarse a las elecciones, especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental, que sufren una discriminación específica. La Comisión también debe asegurar la plena accesibilidad en el proceso electoral. A tal fin, la Comisión debe promover que todos los Estados miembros garanticen la participación política a sus ciudadanos con discapacidad en sus procesos electorales nacionales, regionales y locales.
Insta a que las instituciones de la UE adopten medidas apropiadas para velar por que todas las PCD puedan ejercer todos los derechos consagrados en los Tratados y la legislación de la UE, fomentar medidas no coercitivas y la toma de decisiones asistida para las PCD y garantizar la libertad y la seguridad de todas las PCD.
Insta a que las instituciones de la UE promuevan la participación estructural de las PCD y las OPD, incluidas aquellas que trabajan para los niños con discapacidad, en todos los procesos decisorios, tanto a escala nacional como europea, y financien el desarrollo de capacidades de las OPD. La Comisión y otros organismos de la UE también deben garantizar que las PCD puedan participar fácilmente en consultas públicas.
4.3. Lograr el acceso en todos los entornos
Los espacios públicos, los edificios, el transporte y la tecnología inaccesibles siguen impidiendo a demasiadas PCD desempeñar un papel activo en la sociedad y ponen en peligro su seguridad. Por ello, el CESE:
Insta a que la Comisión adopte medidas concretas para crear un Consejo Europeo de Accesibilidad, similar al Consejo de Accesibilidad de Estados Unidos, que supervise la aplicación de la legislación de la UE en materia de accesibilidad y facilite el desarrollo de normas y directrices sobre accesibilidad, el intercambio de buenas prácticas y la participación significativa de las OPD representativas en el ámbito de la accesibilidad.
Insta a que las instituciones de la UE se esfuercen por establecer las más estrictas normas de accesibilidad para la infraestructura física, la infraestructura de servicios y la infraestructura digital y garanticen la plena accesibilidad de las PCD a todos los sitios web y los formularios de contacto de la administración de la UE.
Insta a que las instituciones de la UE utilicen instrumentos legislativos y de otro tipo, como la normalización, para subsanar las carencias del Acta Europea de Accesibilidad a fin de armonizar las normas mínimas de accesibilidad para todos los aspectos del entorno construido (9), tanto en zonas urbanas como rurales, sin olvidar las disposiciones para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Insta a que la Comisión revise, amplíe y refuerce los derechos de los pasajeros con discapacidad, por ejemplo, publicando una nueva propuesta legislativa sobre el transporte multimodal, revisando el Reglamento (CE) n.o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, eliminando, armonizando y definiendo detalladamente los casos de «denegación de embarque» y mejorando otros reglamentos.
Insta a que las instituciones de la UE asuman una postura firme sobre la eliminación de los períodos de notificación previa necesarios para la asistencia ferroviaria en el nuevo Reglamento sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril de la UE.
Insta a que la Comisión siga mejorando la accesibilidad del sistema ferroviario para las PCD (11), velando por que los Estados miembros garanticen la accesibilidad a todos los andenes ferroviarios y faciliten el acceso a los vagones de ferrocarril, no solo en lo que se refiere a las nuevas construcciones, sino también a la adaptación de la infraestructura actual.
Insta a que la Comisión ofrezca orientación a los Estados miembros sobre cómo aplicar las Directivas de la UE sobre normas mínimas comunes para los derechos procesales de víctimas de delitos o personas sospechosas o acusadas de delitos en relación con cuestiones de discapacidad (12), incluida la formación sobre los derechos de las PCD para los agentes que trabajan en la administración de justicia. Las OPD deben ser consideradas entidades colaboradoras y poseer un estatus específico que las legitime ante los tribunales.
Insta a que la Comisión garantice que la previsión de accesibilidad constituya un criterio de admisibilidad para acceder a los fondos de la UE (13).
Insta a que la Comisión invierta en investigación encaminada a desarrollar nuevas tecnologías y dispositivos asistenciales para las PCD.
Insta a que se considere que la accesibilidad y la sostenibilidad van de la mano (por ejemplo, en la construcción y el transporte) y que la accesibilidad es un requisito previo para lograr una Europa más verde para todas las personas.
Insta a que la Comisión ayude a los Estados miembros a mejorar la accesibilidad del entorno construido nuevo y existente —especialmente en lo que se refiere a las viviendas— y a mejorar la formación del personal en materia de asistencia para acceder a todas las redes de transporte.
Insta a que los Estados miembros reciban apoyo de la Comisión para velar por que se conceda a las PCD acceso a dispositivos, tecnología y servicios asistenciales y ayuda para sufragarlos, con independencia del país de la UE en que se ofrezcan.
Insta a que la Comisión apoye a los Estados miembros a la hora de garantizar que la contratación pública asegure el acceso de las PCD como ciudadanos, beneficiarios y funcionarios públicos.
Insta a que la Comisión proporcione a los Estados miembros el respaldo necesario para transponer de manera correcta y oportuna la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web.
4.4. Promover el empleo de calidad y la formación profesional
La tasa de empleo de las PCD sigue siendo desproporcionadamente baja comparada con la de las personas sin discapacidad: se sitúa en un 48,1 % frente a un 73,9 %. El empleo de las mujeres con discapacidad es considerablemente más bajo (14). Por ello, el CESE:
Insta a que la Comisión proponga medidas que armonicen los requisitos en toda la UE sobre lo que los empresarios están obligados a ofrecer y, a su vez, sobre el apoyo que los gobiernos deben ofrecer a sus empresarios, con el fin de proporcionar adaptaciones razonables para los trabajadores con discapacidad (15).
Insta a que las instituciones de la UE, a la hora de contratar PCD, se conviertan en modelo de referencia aumentando la proporción de empleados con discapacidad en sus instituciones y en la administración de la Unión.
Insta a que la Comisión estudie la eficacia de los sistemas de cuotas que muchos Estados miembros utilizan para fomentar el empleo de las PCD, con vistas a promover las buenas prácticas y, potencialmente, introducir un sistema de este tipo para la administración de la UE.
Insta a que las instituciones de la UE emprendan acciones para invertir fondos de la Unión en iniciativas de formación, empleo y movilidad profesional de las PCD (incluido el apoyo para el emprendimiento social y las empresas de la economía social, que están promoviendo todo tipo de empleo inclusivo de acuerdo con la Convención) y presten especial atención a los jóvenes, las mujeres, los migrantes, los refugiados y los trabajadores de más edad con discapacidad (16). Es preciso poner énfasis en el apoyo a las PCD para que ejerzan su derecho de elegir en su ámbito de trabajo, además de realizar inversiones en políticas de rehabilitación profesional, conservación del empleo, progresión de la carrera y reincorporación al trabajo, haciendo hincapié en el desarrollo de capacidades para las profesiones emergentes.
Insta a que las instituciones de la UE y los Estados miembros acuerden una garantía sobre los derechos de las PCD similar a la Garantía Juvenil para que las PCD accedan a empleo, prácticas, puestos de trabajo y formación continua. Una iniciativa de empleo destinada a las PCD debe reservar recursos económicos para apoyar este objetivo.
Insta a que la Comisión preste a los Estados miembros la ayuda necesaria para garantizar la plena aplicación de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores para que los padres de las PCD puedan acceder a excedencias adecuadas y fórmulas de trabajo flexible, y a que luche por que las PCD tengan derecho a la misma flexibilidad.
Insta a que el Semestre Europeo y la legislación se utilicen como instrumentos para garantizar que se paga un salario adecuado y convenido a los trabajadores con discapacidad, que esté al mismo nivel que el de los empleados sin discapacidad y nunca sea inferior al salario mínimo. La Comisión debe emplear los fondos de la UE para revisar las buenas prácticas y la legislación de empleo sobre reintegración y rehabilitación de los trabajadores tras períodos prolongados de baja por enfermedad durante los que puedan haber adquirido alguna discapacidad.
Insta a que la Comisión apoye a los Estados miembros para reducir el riesgo que supone la transición hacia el mercado laboral, ofreciendo sistemas más flexibles de prestaciones por discapacidad y de asignación para evitar la pérdida de redes de seguridad contra la pobreza e incentivar el empleo.
Insta a que la Comisión presione a los Estados miembros para que ayuden mejor a los empresarios a la hora de obtener información sobre las tecnologías asistenciales y financiación para estas, hacer que los lugares de trabajo sean más accesibles y aumentar la flexibilidad del horario laboral en función de las necesidades individuales. En particular, la Comisión debería apoyar la investigación destinada a motivar la lógica económica de la creación de puestos de trabajo integradores para las PCD.
Insta a que la Comisión brinde a los Estados miembros el apoyo necesario para garantizar la plena aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo (18), por la que se prohíbe la discriminación en el empleo. Asimismo, la Comisión y los Estados miembros deben seguir adelante con la adopción del proyecto de directiva horizontal contra la discriminación sobre el acceso a los bienes y servicios, dado que la discriminación en este ámbito puede provocar discriminación en el mercado de trabajo.
Insta a que la Comisión respalde a los Estados miembros en la integración de las políticas sobre responsabilidad social empresarial y discapacidad con el fin de incorporar las cuestiones de discapacidad en las políticas de empleo de las empresas. La Comisión también debe apoyar a los Estados miembros en la promoción de aspectos relativos a la discapacidad y la accesibilidad en la información no financiera facilitada por las empresas.
Insta a que la Comisión respalde los derechos de las PCD en toda la UE para que puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales en pie de igualdad con los demás. Esto debe llevarse a cabo en estrecha cooperación con los interlocutores sociales. En particular, el proceso europeo de elaboración de «cartas de la diversidad» debería prestar más atención al fomento de la mano de obra con capacidades diferentes.
Insta a que los interlocutores sociales, a la hora de entablar un diálogo social en la UE y celebrar convenios colectivos, tengan en cuenta la aplicación de la CDPD y los derechos de los trabajadores y empleados con discapacidad, tras consultar a las OPD activas a escala de la UE.
4.5. Proporcionar una educación y un aprendizaje permanente integradores de calidad
El acceso a la educación general para las PCD sigue siendo difícil y, a menudo, se traduce en entornos educativos segregados. Las PCD en la UE tienen, de media, un 13 % más de probabilidades de abandono escolar prematuro que sus congéneres sin discapacidad y un 14 % menos de probabilidades de acceder a la educación terciaria (19). Por ello, el CESE:
Insta a que las instituciones de la UE inviertan los fondos de la UE en entornos de aprendizaje, estimulación temprana, programas de aprendizaje permanente y programas de formación integradores para facilitar la transición de las PCD de la educación al empleo. Asimismo, es preciso facilitar la movilidad profesional de las PCD.
Insta a que las instituciones de la UE emprendan acciones específicas destinadas a garantizar la integración, en su propio sistema de escuelas europeas, de los niños y jóvenes con discapacidad que sean hijos del personal de las instituciones de la UE.
Insta a que la Comisión adopte medidas concretas para aumentar la participación de las PCD en la enseñanza superior mediante la prestación de asistencia para cubrir las necesidades y los gastos de apoyo durante los estudios o la formación.
Insta a que la Comisión tome medidas para aumentar la accesibilidad de los programas Erasmus+ y la participación de las PCD mediante la prestación de asistencia para cubrir las necesidades y los gastos de apoyo durante los estudios o la formación en el extranjero.
Insta a que la Comisión proporcione a los Estados miembros el apoyo necesario para formar al personal de las escuelas convencionales y respaldar la formación de asistentes de clase especializados en discapacidad a fin de fomentar la integración de los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias. La formación también debe centrarse en cómo puede usarse la tecnología asistencial para mejorar la integración de los estudiantes con discapacidad. Asimismo, debe prestarse atención a crear condiciones adecuadas de trabajo en clase y reducir el número de alumnos por aula.
4.6. Combatir la precariedad, la pobreza y la exclusión social
Por término medio, las PCD en la UE tienen un 9 % más de probabilidades de enfrentarse a la pobreza y la exclusión social que sus congéneres sin discapacidad (20). Por ello, el CESE:
Insta a que las instituciones de la UE velen por que la nueva Agenda incluya medidas específicas para promover un sistema de protección social inclusivo y que la Comisión establezca directrices para los Estados miembros sobre niveles mínimos de protección social para las PCD y los cuidadores que les garanticen un nivel de vida adecuado (21). La Comisión y los Estados miembros deben garantizar que las PCD, en particular aquellas que hayan adquirido alguna discapacidad durante su carrera profesional y cuenten con períodos de cotización menores de cara al cálculo de la pensión, estén cubiertas por sistemas de protección social adecuados antes y después de llegar a la edad de jubilación.
Insta a que la Comisión proporcione orientación sobre las reformas de las prestaciones para ayudar con el coste adicional de los dispositivos relacionados con la discapacidad, la tecnología asistencial, el alojamiento, el transporte, etc. La Comisión debe presionar a los Estados miembros para que sean más flexibles y permitan a las PCD mantener las ayudas cuando se incorporen al mercado laboral con el fin de equilibrar los gastos desproporcionados, reducir el riesgo de pobreza de las persona con trabajo e incentivar el empleo.
Insta a que la Comisión oriente a los Estados miembros en lo que respecta a los procedimientos de evaluación de la discapacidad a fin de garantizar que no se deja atrás a las personas con enfermedades poco frecuentes o polidiscapacidad. La Comisión también debe disuadir enérgicamente a los Estados miembros, a través del Semestre Europeo, de reducir las prestaciones por discapacidad para sus ciudadanos e incrementar así el riesgo de pobreza y de exclusión social. La Comisión debe requerir a los Estados miembros que revisen la equidad de sus ayudas por discapacidad a lo largo de toda la vida de la persona para garantizar que las PCD que lleguen a cierta edad y las personas mayores que adquieran una discapacidad no pierdan sus derechos.
Insta a que se adapte el cuadro de indicadores sociales para incorporar medidas relacionadas específicamente con las PCD a fin de complementar la creciente relación entre el Semestre Europeo y el pilar europeo de derechos sociales.
Insta a que la Comisión facilite a los Estados miembros el apoyo necesario para aplicar correctamente la Recomendación del Consejo sobre la seguridad social para los contratos de trabajo atípicos y garantizar que no se niegue a ninguna PCD, ya sea trabajadora o no, su derecho a una cobertura sanitaria adecuada y otros derechos.
Insta a que la Comisión apoye a los Estados miembros en el fomento del acceso a la atención sanitaria para las PCD en pie de igualdad con las personas sin discapacidad (22).
Insta a que la Comisión garantice que las PCD empleadas en el pasado, el presente o el futuro en la administración de la UE, o los familiares a cargo afectados por una discapacidad, se beneficien de un seguro médico completo que les proporcione la mejor atención sanitaria y calidad de vida posibles.
4.7. Convertir a la UE en un líder mundial a la hora de no dejar a nadie atrás más allá de sus fronteras
La UE es el principal donante para el desarrollo a escala mundial. En cuanto Estados partes de la CDPD, la UE y los Estados miembros deben promover los derechos de las PCD en su acción exterior. Por ello, el CESE:
Insta a que las instituciones de la UE adopten medidas para garantizar que todas las acciones financiadas por la UE en terceros países respeten los principios generales de la CDPD mencionados en el punto 3.1.
Insta a que las instituciones de la UE emprendan acciones para garantizar que los países candidatos a la adhesión a la Unión demuestren que protegen los derechos de las PCD al mismo nivel que los Estados miembros de la UE. La Comisión también debe velar por que los instrumentos financieros de ayuda a la preadhesión se utilicen para mejorar su situación.
Insta a que la Comisión conciencie a las delegaciones de la UE sobre la CDPD y las necesidades de las PCD, incluida la accesibilidad, en el ámbito de la ayuda humanitaria y de emergencia, así como sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad.
Insta a que las instituciones de la UE garanticen un seguimiento claro del Consenso Europeo sobre Desarrollo y apoye la inclusión de los marcadores de discapacidad del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en los programas, proyectos y actividades de cooperación de la UE en todo el mundo.
Insta a que las instituciones de la UE velen por el respeto de los derechos y que se preste un apoyo suficiente y adecuado a las PCD que llegan a la UE como solicitantes de asilo o refugiados, o que se ofrezca apoyo a las personas que han adquirido alguna discapacidad cuando huían de su país.
Insta a que la Comisión apoye a los Estados miembros a la hora de abordar cuestiones relativas a la discapacidad en diálogos con terceros países. La Comisión también debe trabajar para fomentar el acuerdo y el compromiso en cuestiones de discapacidad en los foros internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, OCDE).
Insta a que la Comisión apoye a los Estados miembros, a la luz del Brexit, para garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea que residen en este momento en el Reino Unido, y viceversa, sigan recibiendo la asistencia que su país de origen les presta actualmente.
5. Gobernanza, aplicación y supervisión
Teniendo en cuenta las observaciones finales que el Comité de la CDPD dirigió a la UE, el CESE recomienda encarecidamente que se designen centros de referencia sobre discapacidad en cada institución, agencia y organismo de la UE (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Servicio Europeo de Acción Exterior, Comité de las Regiones, etc.) y en las agencias, como la Agencia de los Derechos Fundamentales y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Además, debe haber centros de referencia sobre discapacidad en todas las direcciones generales de la Comisión. Dado que las cuestiones sobre discapacidad presentan un carácter transversal, el centro de referencia principal debe establecerse en el seno de la Secretaría General de la Comisión. Esto será necesario para supervisar la aplicación de la CDPD y de la Agenda por parte de las instituciones de la UE. El CESE, predicando con el ejemplo, cuenta con su propio centro de referencia sobre discapacidad y con un Grupo de Estudio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyado por la secretaría de la Sección SOC. Además, el CESE:
Insta a que, dado que habrá un comisario de igualdad, se cree un centro de referencia sobre discapacidad en el seno de la DG Justicia que le asista en su cargo. Esto es de vital importancia.
Insta a que se sustituya el sistema actual de un Grupo de Alto Nivel sobre la Discapacidad por un «Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad» que sirva como plataforma para las reuniones periódicas de todos los centros de referencia sobre discapacidad ubicados en las diferentes direcciones, instituciones y agencias y en los distintos Estados miembros. Dicho Comité debe tener derecho a supervisar la aplicación de la Agenda a escala de la UE y de los Estados miembros y a formular recomendaciones a la Comisión y los gobiernos nacionales.
Insta a que la Comisión revise sus competencias compartidas con los Estados miembros que se derivan de la CDPD y del Derecho de la UE con el fin de determinar cuándo puede la UE colaborar con los Estados miembros en materia de aplicación. Esto debe llevarse a cabo mediante la elaboración de una declaración de competencias.
Insta a que se ponga en marcha un mecanismo interinstitucional entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo (23). Los presidentes de estas tres instituciones deben reunirse al comienzo de cada mandato para mostrar su compromiso con los derechos de las PCD. Debe crearse un grupo de trabajo sobre discapacidad en el seno del Consejo que facilite dicho mecanismo.
Insta a que las instituciones de la UE incluyan en la Agenda índices de referencia claros, concretos y específicos e indicadores mensurables para realizar un seguimiento de las deficiencias de aplicación y medir de manera eficaz los progresos realizados.
Insta a que la Comisión vele por que se planifiquen mecanismos de supervisión eficaces durante la elaboración de las propuestas e iniciativas legislativas y se asignen recursos y presupuestos suficientes a dichos mecanismos. La Agenda ha de incluir un compromiso claro con la financiación e indicar las dotaciones que deben preverse para los mecanismos de seguimiento.
Insta a que la Comisión proporcione al marco de la UE relativo a la CDPD los recursos adecuados para garantizar su funcionamiento independiente y correcto.
Insta a que las instituciones de la UE impulsen la participación activa y plena de las OPD y las organizaciones de la sociedad civil en la redacción, la aplicación y la gobernanza de la Agenda (24). Asimismo, las OPD deberían ser consultadas y participar de manera continuada en el diseño, la adopción, la aplicación y el seguimiento de las leyes, las políticas y los programas que se deriven de esta Agenda y tener acceso a recursos que apoyen su participación significativa. Los procesos de consulta también deben ser comprensibles y plenamente accesibles para las PCD.
Insta a que la Comisión tome medidas apropiadas para garantizar que Eurostat, en colaboración con las autoridades estadísticas nacionales y los representantes de las OPD, desarrolle un sistema de indicadores basado en los derechos humanos y un sistema de recopilación de datos relacionados con la igualdad exhaustivo y comparable sobre la situación de las PCD en la UE, y publique análisis más relevantes y desagregados sobre discapacidad. Para ello, debe tenerse en cuenta la interseccionalidad de los problemas y experiencias de las PCD, como aquellos derivados del género, la edad, la condición de refugiado, solicitante de asilo o migrante o la pertenencia a una minoría étnica, así como diferentes tipos de discapacidad y la manera en que estos afectan al bienestar y los resultados (25). Asimismo, deben recopilarse datos sobre el número de PCD que viven en residencias y de niños con discapacidad que viven fuera de un hogar.
Insta a que la Comisión presione a los Estados miembros, a través del Semestre Europeo, para que desarrollen sus propias estrategias nacionales en materia de discapacidad y aborden la aplicación de la CDPD en los programas nacionales de reforma.
Insta a que la Comisión ponga a disposición del marco de supervisión de la UE relativo a la CDPD todos los medios, los recursos humanos y el apoyo financiero necesarios para garantizar que sea capaz de cumplir su cometido, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD.
6. Comunicación y difusión (26)
Las instituciones de la UE deben dar a conocer los obstáculos a los que aún se enfrentan las PCD, romper los estereotipos y colaborar con los gobiernos nacionales y regionales para garantizar que esta información llegue a los responsables de la toma de decisiones y a otras partes interesadas en todos los niveles. La Comisión debe apoyar el trabajo de las OPD y las ONG activas en este ámbito a escala de la UE.
La Comisión debe lanzar campañas y elaborar cursos de formación para concienciar sobre los derechos de las PCD, dirigidos al público general, los responsables de las políticas y la toma de decisiones, el personal de las entidades públicas y privadas, las PCD y sus familias, etc. La Comisión debe animar a los Estados miembros a que pongan en marcha campañas similares.
La Comisión y los Estados miembros deben prestar especial atención a recalcar la discriminación múltiple e interseccional a la que se enfrentan determinados grupos de PCD, en particular las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías étnicas.
Bruselas, 11 de diciembre de 2019.
(1) Recomendaciones del Comité de la CDPD a la UE en 2015.
(2) De conformidad con el artículo 1 de la CDPD, las PCD incluyen a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
(3) Artículos 1, 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y artículos 10 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(4) Eurobarómetro especial 437. Disponible en: https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG
(6) Observación general n.o 1 del Comité de la CDPD (2014) sobre igual reconocimiento como persona ante la ley.
(7) Recomendaciones del Comité de la CDPD, artículo 18.
(8) CDPD, artículo 19 y observación general n.o 5.
(9) CDPD, artículos 9 y 20.
(10) Reglamento (CE) n.o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1)..
(11) En el marco de la próxima revisión del Reglamento (UE) n.o 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida (DO L 356 de 12.12.2014, p. 110).
(12) CDPD, artículo 13.
(13) DO C 62 de 15.2.2019, p. 83.
(14) https://www.disability-europe.net/theme/employment
(15) CDPD, artículos 5 y 27.
(16) CDPD, artículo 27.
(17) Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DO L 188 de 12.7.2019, p. 79).
(18) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
(19) Red Académica de Expertos Europeos en Discapacidad según Eurostat 2016, personas con y sin discapacidad (edad: 30-34 años), diferencia en puntos porcentuales.
(20) EU-SILC 2016.
(21) CDPD, artículo 28.
(22) Recomendaciones del Comité de la CDPD, apartado 63.
(23) Recomendaciones del Comité de la CDPD a la UE en 2015.
(24) Observación general de la CDPD.
(25) CDPD, artículo 31.
(26) CDPD, artículo 8.

References: Artículo 32
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 8