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Timestamp: 2017-03-29 04:03:02+00:00

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RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Fuenlabrada don Agustín Rodríguez García, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Fuenlabrada don Agustín Rodríguez García, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Fuenlabrada don Agustín Rodríguez García, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Fuenlabrada don Agustín Rodríguez García contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria.
El día 30 de enero de 2007 don Agustín Rodríguez García, Notario de Fuenlabrada, autorizó una escritura de crédito con garantía hipotecaria concedido por determinada entidad de crédito.
En dicha escritura se expresa que la citada entidad acreedora, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura de constitución y a su inscripción en el Registro Mercantil), está representada por el apoderado cuyas circunstancias de identidad se especifican; que acredita la representación mediante una escritura de poder conferido en su favor por dicha entidad (escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil). El Notario Sr. Rodríguez García expresa lo siguiente: «De dicha copia, que tengo a la vista, resulta tener el apoderado facultades suficientes a mi juicio para esta escritura de crédito con garantía hipotecaria...».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 30 de enero de 2007, con asiento 1787 del Diario 63.º; fue posteriormente retirado y devuelto para su despacho el 26 de febrero de 2007; y fue objeto de calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente:
I. El Notario autorizante se limita a señalar que el apoderado tiene «facultades suficientes para esta escritura de crédito con garantía hipotecaria», si bien no especifica cuáles son esas facultades representativas. Este tipo de redacción, impide que el Registrador de la Propiedad califique la suficiencia del poder alegado en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
A. La constancia del juicio de suficiencia es una formalidad básica (como se ha señalado anteriormente) exigida por el articulo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre. Decimos que se trata de una formalidad porque de todos modos, si el Notario considera que el poder no es suficiente, debe abstenerse de la formalización de la escritura o denegarla, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 145 inciso 2° del Reglamento Notarial ya citado. Ahora bien, el juicio de suficiencia produce sus efectos en el ámbito propio del contrato formalizado en escriture pública, tal y como resulta de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de Abril de 2002, cuya doctrina ha sido posteriormente alterada en múltiples resoluciones sobre la base de que se trata de diversas reinterpretaciones. Lo cierto es que supone una «reinterpretación» de tal alcance que implica una revocación de su fallo inicial, que tenía carácter general e interpretativo de una Ley, y que no ha sido declarada lesiva ni revocada expresamente por el Centro Directivo que la dictó.
«No puede admitirse que el artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no solo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna, su función calificadora. Al asumir esta postura (ejercicio de la calificación) el Registrador, no está haciendo sino mantener el principio de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito de sus atribuciones de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, al decir que -los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase».
Segundo.-De la congruencia. La Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, de redacción no excesivamente afortunada, contenía la siguiente frase: «La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario».
También este último punto se refleja, en la ya citada Sentencia de 17 de Enero de 2007, que en el mismo Fundamento Tercero párrafo 6°, expresa lo siguiente «,.es la misma argumentación que expone la DGRN en la resolución recurrida la que determina que no sea posible que el Registrador cumpla, no ya la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sino la función que la DGRN entiende que debe cumplir, esto es, y citando a su vez literalmente la resolución recurrida >. Es decir, que se impone el Registrador un «juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el acto a efectuar», juicio de congruencia que, sin expresar las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor, resulta no ya difícil, sino imposible saber cómo va a poder efectuarlo el Registrador, como no sea obviando su función de control. Así expresiones limitada a «tiene a mi juicio capacidad para otorgar este acto por esta escritura de fecha» sin más como el que nos ocupan, impiden cumplir la función encomendada al Registrador, pues no es posible con esa fórmula genérica y sin que se acompañen las escrituras al no ser obligatorio, saber si es congruente o no que se otorgue la escritura por esa persona para ese acto, como congruencia en cuanto a su capacidad».
4) Por último, si se parte del criterio de que el término de comparación es el documento presentado, éste ha de ser motivado. La doctrina administrativista clásica, parte del criterio de que la motivación del acto administrativo cumple varias funciones: básicamente asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la administración que en el terreno formal no es sólo una cortesía, sino que constituye una garantía para el administrado, que podrá impugnar, en su caso, la decisión administrativa, con posibilidad de criticar las bases en las que se fundaron (En este sentido cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1992 -Ref. Arz. 2929. Además, la motivación del acto facilita el control jurisdiccional de la administración (artículo 106.1 de la Constitución). En este sentido, cabe citar las Sentencias de 17 de Junio de 1981 y 11 de Julio de 1983 del Tribunal Constitucional, que señalan que la motivación es una garantía elemental del derecho de defensa incluida en el haz de facultades que comprende el derecho fundamental a la tutela efectiva, es decir a obtener una resolución fundada en Derecho.
Artículo 18 de la Ley Hipotecaria; 143, 145.2.º y. º66 del Reglamento Notarial, artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, reformada por el artículo 34 de la Ley 24/05 de 18 de noviembre, y resto de las disposiciones citadas en las Sentencias reseñadas.
Madrid, 2 de marzo de 2007.-El Registrador [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador]».
La calificación fue notificada al Notario autorizante de la escritura calificada el 5 de marzo de 2007, según afirma el Registrador y reconoce aquél.
Por escrito que tiene fecha de 12 de marzo de 2007, así como un sello del Servicio de Correos de 13 de marzo, que causó entrada en el Registro el 14 de marzo, dicho Notario interpuso recurso contra la calificación en el que, alegó los siguientes argumentos:
No deben añadirse razones a las que ya ha expuesto de manera suficiente esta Dirección General sobre esta materia. Si la reseña del poder y el juicio de suficiencia están en la escritura y éste resulta congruente con la calificación de la escritura, el Registrador, que está obligado a seguir lo que ha ordenado esta Dirección General -carácter vinculante de las Resoluciones- ha de inscribir.
Sin embargo, hay en la calificación que es objeto de este recurso un punto que puede considerarse nuevo en esta materia: las consecuencias que pretende extraer el Registrador de lo dispuesto en el artículo 143, párrafo cuarto, del Reglamento Notarial en la nueva redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero.
Si el Notario autoriza una escritura es porque considera que ello se ajusta a la ley, y de ahí la atribución legal de las presunciones de veracidad, integridad y legalidad a los documentos públicos. Ese valor que la ley les atribuye sólo puede ser negado o desvirtuado en el seno de un procedimiento contradictorio.
Si un funcionario público -distinto de la autoridad judicial- quiere negar o desvirtuar los efectos de la fe pública notarial, sólo podrá hacerlo -han dicho las recientes Resoluciones de 14 y 20 de febrero de 2007- «si concurren tres elementos: primero, que tenga atribuida esa potestad en una norma con rango de ley; segundo, que se produzca tal actuación en el seno de un procedimiento con todas las garantías y con la debida contradicción; y tercero y último, con la extensión y dentro de los límites expuestos en la norma atributiva de competencia y para la finalidad legalmente prevista». En cuanto a los Registradores -siguen diciendo las citadas Resoluciones- el procedimiento es de calificación y sólo a través de dos medios: por lo que resulte de ellas (las escrituras) y de los asientos del Registro. No puede acudir a medios extrínsecos ni existe en el procedimiento registral contradicción ni práctica de pruebas. El Registrador sólo puede revisar si el negocio jurídico es, desde la perspectiva registral, inscribible. Y, por otra parte, -siguen siendo palabras de las Resoluciones- «en ningún caso puede extenderse la calificación registral a nada que otra norma con rango de ley le haya excluido, corno sucede con el juicio de la suficiencia de las facultades representativas ex artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, pues el artículo 143.4 del Reglamento Notarial por el simple hecho de que es una norma jerárquicamente subordinada a la ley no puede contradecir tal artículo, salvo que admitamos que aquel precepto reglamentario el esquema previsto en dicha norma con rango de Ley o en otras (artículos 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado), en cuyo caso sería nulo de pleno derecho En suma, el artículo 143.4 del Reglamento Notarial no ha ampliado función o competencia alguna, como no la hubiera podido menoscabar Por ello, esta Dirección General ha reiterado que el Registrador no puede «revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas».
Dado que el Notario autorizante ha cumplido, como queda dicho, las exigencias legales con total exactitud, no cabe más que inscribir la escritura, sin que sea atendible la intención del Registrador de pretender que el nuevo artículo 143.4 del Reglamento Notarial le atribuye una facultad que antes no tenía. Dice dicho funcionario en su calificación, al referirse a ese precepto, que «precisamente la fe pública notarial en materia de poderes es uno de los aspectos que queda (sic) sujeto a la calificación del Registrador en el ejercicio de sus competencias conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria».
Afirmación que envuelve una verdadera y propia petición de principio, al hacer supuesto de la cuestión. En efecto, el artículo 18 de la Ley Hipotecaria se refiere a «la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas»; este [es] el principio de calificación, que los Notarios defienden como necesario y conveniente en nuestro sistema. Pero este principio ha de quedar reducido a sus justos términos, es decir, como la Dirección General ha reiterado, basándose en los que resulte de las mismas escrituras calificadas y de los asientos del Registro, que es lo que el citado artículo establece. Si la Ley -el famoso artículo 98- atribuye al Notario la calificación de la suficiencia del poder, el artículo 143.4 no ha podido traspasársela al Registrador, sencillamente porque no podía hacerlo, al ser una norma de rango inferior.
Mediante escrito con fecha 23 de marzo de 2007, el Registrador emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el 29 de marzo de 2007).
Respecto del juicio de suficiencia el Notario autorizante expresa que tiene a la vista copia autorizada de dicha escritura de poder y que, a su juicio, de la misma resulta que el apoderado tiene «facultades suficientes para esta escritura de crédito con garantía hipotecaria...».
Algunas de tales Resoluciones fueron dictadas para estimar recursos interpuestos contra calificaciones del Registrador Sr. Arnáiz Eguren sobre la misma materia (las de 21, 22 y 23 de febrero, 1 de abril y 4 de mayo de 2005, así como las recientes -y posteriores a la calificación ahora impugnada- de 30 de marzo, 2 de abril, 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2007). Y, aunque todas ellas son conocidas, interesa recordar brevemente su contenido una vez más, habida cuenta del proceder de dicho funcionario calificador.
4. Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Y, al expresar el Notario en el título que de la copia autorizada de dicha escritura de poder exhibida resulta que el apoderado tiene «facultades suficientes para esta escritura de crédito con garantía hipotecaria...», resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de crédito con garantía hipotecaria.
Precisamente, frente a la interpretación que del artículo 143.4 del Reglamento Notarial hace el funcionario calificador, debe reiterarse la doctrina sentada por este Centro Directivo en las citadas Resoluciones de 14, 20 y 28 de febrero de 2007 (las dos primeras publicadas ya en el B.O.E. al tiempo de la calificación impugnada), según la cual resulta inequívocamente de las citadas normas que en ningún caso puede extenderse la calificación registral a nada que otra norma con rango de Ley le haya excluido, como sucede con el juicio de suficiencia de las facultades representativas ex artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, pues el mencionado artículo 143.4 del Reglamento Notarial, por su rango normativo, no puede contradecir aquel precepto legal ni modificar el esquema establecido en dicha Ley o en otras normas de rango legal (artículos 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado).
Madrid, 30 de octubre de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 

Artículo 18
 artículo 98
 artículo 34
 artículo 143
 Real Decreto 
 artículo 98
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 98
 artículo 143
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 98
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 98
 artículo 143