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Timestamp: 2020-07-10 13:29:20+00:00

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Sanidad Universal en Canarias | Podemos
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Sanidad Universal en Canarias
WebAdmin 12 mayo, 2018 Sanidad Leave a Comment
CABILDO DE FUERTEVENTURA MOCIÓN de 12 de mayo de 2018
“SANIDAD UNIVERSAL EN CANARIAS”
El derecho a la salud como derecho humano, incluido en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 (art. 25), además de como una extensión del derecho a la vida y la integridad física, se concibe por la OMS como un derecho incondicionado que los estados deben respetar, proteger y cumplir, tal y como recogen los tratados internacionales de Derechos Humanos[1]
El Real Decreto Ley 16/2012[2] provocó la retirada de las tarjetas sanitarias a cientos de miles de personas en situación irregular en España. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy hizo que las denominadas sin papeles tuvieran que pagar de su bolsillo la atención médica salvo excepciones como urgencias, embarazadas y menores de edad.
Sólo en Canarias, unas 52.000 personas se quedaron sin cobertura sanitaria a consecuencia de este cambio legislativo radical en el sistema sanitario español.
De este modo la reducción del gasto sanitario mediante la eliminación o restricción de prestaciones repercute sobre la amplitud y la calidad de la prestación sanitaria, y va en contra del carácter fundamental del derecho a la salud como derecho humano incondicionado.
Se ligó así el derecho a la salud con el trabajo y su situación activa. De este modo, parados que hayan excedido el tiempo de cobro de su prestación contributiva de desempleo y personas extranjeras en situación irregular quedan fuera del sistema, al tiempo que se les culpabilizaba como causantes de la supuesta situación de crisis financiera del Sistema Nacional de Salud. Para evitar que la situación de desempleo de los nacionales mayores de 26 años acarrease esa pérdida del derecho a la asistencia sanitaria integral el gobierno concretó lo prescrito en el RDL 16/2012 mediante el RD 1192/2012. En él se regula la condición de asegurado de modo que los residentes legales y los nacionales vean reconocido su derecho a la asistencia sanitaria plena acreditando su situación de precariedad económica a través de la figura del beneficiario del SNS.
Estas modificaciones legales desembocaron finalmente en la quiebra de la universalidad del derecho a la salud, en la penalización de los migrantes en situación irregular o en situación de irregularidad sobrevenida con la vulneración de su derecho incondicionado a la salud y en la visibilización y culpabilización del colectivo de personas extranjeras en situación irregular como el motivo del deterioro del SNS y, por tanto, los causantes de las medidas de recorte de prestaciones y servicios que afectan a la población en su conjunto.
No se trata sólo de la exclusión sino de la expulsión de personas del derecho a la salud, el cual queda transformado por una parte en mero asistencialismo fruto de la caridad y por otro en un servicio que hace del paciente un cliente. En la práctica las personas expulsadas del Sistema nacional de salud y privadas de este derecho, pierden el derecho tener una tarjeta sanitaria y por ende a acudir a los servicios de atención primaria, tener el seguimiento de un médico de familia, e incluso una historia clínica, imposibilitando la prevención, el seguimiento de la evolución de enfermedades, con el consiguiente riesgo para el paciente y la comunidad.
Se quiebra así el reconocimiento universal del derecho a la salud de toda persona presente en España, no se actúa de modo eficaz en materia de salud pública con riesgo para la salud de todas las personas y se atribuye a la persona en situación de vulnerabilidad la carga de la prueba, es decir, con la obligación de probar que tiene un derecho que debiera ser objetivo por el mero hecho de existir como ser humano.
España se ha alejado de la cobertura sanitaria universal, pero, además, está incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos. Se ha llamado la atención a nuestro país en demasiadas ocasiones desde organismos supraestatales.
El Comité de DESC de Naciones Unidas ya alertaba de la violación del principio de universalidad por parte del RD 16/2012 antes incluso de su entrada en vigor.
La Relatora Especial sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de Naciones Unidas[3], tras su visita oficial a España en enero de 2013, observó la legislación aprobada como un ‘hecho lamentable’; afirmando que el panorama resultante en España tras la reforma sanitaria de 2012 es inaceptable y supone un incumplimiento con las obligaciones de derechos humanos del país, exigiendo a las autoridades españolas cambios legislativos que garanticen el acceso universal a la salud. Señalaba también que la falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo, pues sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia, más costosos, y se pone la salud pública en riesgo. Así determina que no sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, sobre la salud colectiva.
El Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC[4]) también ha llamado al Estado español a poner fin a las medidas de austeridad por su impacto desproporcionado sobre los grupos y personas más excluidos al favorecer el incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza entre estos colectivos, además de que el Comité afirma que el Real Decreto 16/2012 implicó “una degradación de la calidad” de los servicios sanitarios. Este pacto recoge en su artículo 12 que los Estados han de garantizar ,dentro de su territorio, el derecho a la salud por medio de un sistema global de atención sanitaria, a disposición de todas las personas, sin discriminación alguna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una propuesta[5] de cobertura sanitaria universal aprobada por unanimidad mediante una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta se instaba a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud y a avanzar hacia la cobertura universal evitando pagos directos y se establecieron las pautas que los Estados habrían de implementar para alcanzar la cobertura universal en salud.
Las tres dimensiones a las que habría que prestar atención son: 1) la extensión de la población cubierta (con el propósito de cubrir el 100% de la población); 2) los mecanismos financieros para lograrlo (evitando pagos directos) y 3) el acceso a todos los servicios sanitarios necesarios.
La Declaración de Alma-Ata, fruto de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en septiembre de 1978, fue un evento de política de salud internacional organizada por la OMS/OPS y UNICEF. En la misma se define el derecho a la salud como un Derecho Humano Fundamental, y la meta social más importante a nivel mundial que los estados deben garantizar.
El Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que España viola el derecho a la protección de la salud. También el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España en 2013, mostró su preocupación por casos de denegación de atención sanitaria a menores.
La Carta Social Europea[6], Tratado internacional elaborado por el Consejo de Europa y concerniente a los problemas sociales, que en su artículo 11 recoge el Derecho a la protección de la salud, cuyo ejercicio efectivo deben ser garantizado por los estados firmantes, eliminando causas de una salud deficiente y previniendo las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras.
El Consejo de Europa, organismo encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española[7] y establece que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa.
Médicos del Mundo[8] también ha alertado de la situación de violación de los derechos fundamentales de las personas en este sentido, afirmando que aunque se asegurase el acceso universal a las urgencias, el derecho no queda salvaguardado totalmente.
También reiterados informes de Amnistía Internacional[9] denuncian la violación del derecho universal a la salud de toda persona y la discriminación sistemática de los residentes en España según la ciudadanía, la residencia o la condición de la persona migrante. A.I. también se ha sumado a la petición de reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y la implementación de las recomendaciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa que exigen que España garantice la atención sanitaria universal. La organización también ha pedido directamente a las autoridades autonómicas que adopten medidas para asegurar el acceso al derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación.
Desde Médicos del Mundo también alertan que se han seguido recogiendo casos de facturaciones indebidas en Canarias a “personas en situación administrativa irregular que han acudido a urgencias”. Insistiendo en que las urgencias “son una excepción que no debería ser facturada a ninguna persona en situación administrativa irregular”.
Sin embargo, denuncian la existencia de numerosos casos en que personas en situación administrativa irregular se han visto obligados a firmar compromisos de pago y han tenido que afrontar facturas emitidas en urgencias, con lo que supone tener una deuda con la administración en un proceso de regularización de las personas, suponiendo una merma en la seguridad jurídica de los derechos de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad social y económica.
A principios de 2013, la consejera de Sanidad[10], anunció que el Gobierno canario iba a prestar atención sanitaria a todas las personas estableciendo una serie de condiciones (un período de empadronamiento mínimo y tener unos ingresos inferiores a 532 euros). Sin embargo, se siguieron denunciando situaciones en hospitales canarios de facturación en urgencias a las personas en situación irregular.
En diciembre de 2015, el entonces consejero[11] de Sanidad, prometió la devolución de la atención sanitaria en todos los niveles a las personas que quedaron excluidas de este servicio por el decreto de 2012, estableciendo la tarjeta de «inclusión sanitaria».
Desde la Mesa Ciudadana por una Sanidad Universal de Fuerteventura, representada por la Asociación Entre Mares se ha venido denunciando esta confusa situación y la actitud vacilante del Gobierno de Canarias al margen del color político que ha asumido la responsabilidad de la Consejería de Sanidad. Pasando del anuncio de la no aplicación del Real Decreto, para más tarde retirar las tarjetas sanitarias, y finalmente instaurar una tarjeta especial con unos requisitos prácticamente imposibles de cumplir[12].
Esta decisión facilitaba la atención por el médico de cabecera pero no evitó la exclusión de atención especializada, medidas que contribuyen a convertir la sanidad en un privilegio y en una concesión arbitraria de la administración, provocando que personas se quedaran sin atención médica e incluso resultando en la denegación de la atención en casos de enfermedades graves ya diagnosticadas.
El resultado es que se en el Hospital General de Fuerteventura se siguen facturando las urgencias, incluso a menores, incumpliendo los mínimos establecidos por el Real Decreto.
La práctica habitual es que antes de atender al paciente, se le hace firmar un compromiso de pago a personas que no tengan la tarjeta sanitaria canaria. En el caso de extranjeros ‘sin papeles’, en los que no se puede remitir la factura a otro servicio de salud autonómico o a una aseguradora, esta se le carga al propio paciente, lo que provoca casos de violación de la ley.
El trato digno en materia de salud para el inmigrante basado en los derechos humanos se traduce en medidas de asistencia médica y de salud pública, de acceso a la asistencia de salud física y mental, educación sanitaria y promoción a migrantes en general, incluyendo a los irregulares. Todos debieran tener acceso a la asistencia médica, entendiendo que se debe respetar un equilibrio entre las responsabilidades del migrante y los deberes de los Estados de acogida
Los organismos internacionales de derechos humanos ya han dado su opinión al respecto sobre la reforma sanitaria y cobertura universal en España: además de mantenerse la exclusión sanitaria se incumple los mínimos de coberturas en relación a urgencias, menores y asistencia especial a mujeres.
Las necesidades sanitarias son universales y no entienden de status administrativos, como institución insular que defiende a todos los habitantes de esta tierra, entendemos que el Cabildo ha de posicionarse en el respeto y la protección de los derechos humanos, retomando de nuevo el camino que se frenó en 2012, hacia la cobertura sanitaria universal.
Instar al Gobierno del Estado a derogar el RD16/2012 por ser un menoscabo al principio de Sanidad Universal, además de contravenir los tratados internacionales suscritos por el propio Estado español.
Instar al Gobierno de Canarias a trasladar de forma oficial criterios uniformes y estandarizados a los centros públicos de atención sanitaria de Canarias, sobre qué personas y en qué situaciones tienen derecho a atención, obteniendo protocolos ágiles y eficaces que eviten situaciones arbitrarias.
Instar al Gobierno de Canarias a, mientras continúe su vigencia, se cumplan los mínimos establecidos en el art 3 del RD16/2012 en cuanto a atención de urgencias, menores y mujeres en situación de embarazo, parto o postparto de forma gratuita, sin coste ni facturación.
[1] Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales parte iii, art. 12; Carta social europea de Turín 1968; Carta de los DD.FF. de la UE; Declaración americana de los derechos y deberes del hombre; Carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos.
[2] RD de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
[3] Magdalena Sepúlveda, experta de la ONU nombrada relatora especial en mayo de 2008.
[4] ICESCR: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, por sus siglas en inglés, aprobada mediante la Resolución de la ONU número 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
[5] OMS resolución de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, también recogida en el Informe sobre la salud en el mundo de la OMS del año 2010
[6] Fruto de la Convención internacional de Turín el 18 de octubre de 1961, de carácter socio-laboral. Ratificada por España en 1980.
[7] Informe sobre derechos sociales, de enero de 2014, Consejo de Europa.
[8] Pierre Verbeeren, director de Médicos del Mundo en el informe 2014: “Las urgencias no bastan para garantizar el derecho a la salud porque, cada país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia”
[9] Informes Amnistía Internacional 2013 -2017 ESPAÑA: exclusión sanitaria de personas migrantes en situación irregular
[10] Por ese entonces, la consejera Brígida Mendoza del partido Coalición Canaria.
[11] Ahora Jesús Morera del PSOE.
[12] Ejemplos de requisitos exigidos: aportación de declaración de la renta del país de origen o certificado de ausencia de bienes en propiedad cuando esa documentación no existía, a veces, en sus países. Además del desembolso económico que supone cada documento de no menos de 200 euros.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución