Source: https://es.scribd.com/doc/104303742/Constitucion-de-Los-Jueces-2
Timestamp: 2016-02-08 04:40:21+00:00

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PRESENTADA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUECES DE BOYACÁ Marzo 2012
PRÓLOGO El documento que ahora tiene en sus manos, denominado: “CONSTITUCIÓN DE LOS JUECES”, fue el resultado de las “Tertulias por la Justicia” llevadas a cabo con jueces del Departamento de Boyacá y que fuera entregado a los Honorables Parlamentarios por el mismo departamento el día nueve (9) de marzo de 2012 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Tunja. Lo que motivó esta iniciativa fue la necesidad de hacer honor a esta tierra reconocida como la cuna de la libertad de América, a propósito del proyecto de reforma estructural de la rama judicial presentado por el Gobierno Nacional, y, por supuesto, la íntima convicción de poder y querer levantar nuestra voz como jueces para expresar lo que consideramos debe ser el derecho fundamental a la independencia judicial, tanto del ciudadano como del propio juez como persona. La experiencia de las tertulias se alimentó de las propuestas de quienes diariamente están directamente relacionados con los ciudadanos que se acercan a los despachos judiciales a pedir justicia, por eso esta perspectiva casi personal, pero no por ello menos histórica ni patriótica, tiene la virtud de ser un aporte desde las propias entrañas de lo cotidiano y rutinario de la administración de justicia. Del derecho desde la región, lo local y de la provincia colombiana. Nuestra voz, es simplemente un ejercicio de nuestra propia libertad de pensar y opinar. Seguramente distinta, como debe ser, pero por esto mismo esencial en este debate, donde la justicia es un bien supremo de toda la sociedad y donde los primeros legitimados a pronunciarse sobre ella, somos los jueces.
Las tertulias también fueron una experiencia de todos los que participaron en ellas porque cada uno sintió a un par, a un compañero que sufría y padecía las mismas situaciones que lo hacían concurrir a soñar en un cambio y que por esta razón, nuestro propio quehacer cotidiano debe servir de alimento al constitucionalismo democrático y pluralista que militamos. Colombia para el Siglo XXI necesita jueces independientes e imparciales. Por eso estamos convencidos que este comienzo de Siglo es para Colombia una oportunidad para cambiar las prácticas y formas que la han llevado a tantos males y dolores en sus gentes y derechos. Éste, es el siglo de los derechos y el siglo de los jueces. No como dictadura de los jueces, como muchos lo creen, sino porque con jueces independientes y una administración de justicia autónoma, el estado colombiano sale fortalecido. Los jueces son el patrimonio histórico y cultural de las sociedades liberales, democráticas, participativas y pluralistas, fundada en la dignidad humana, la solidaridad y el trabajo, como bellamente reza el artículo 1º de la Constitución Política. La propuesta busca contribuir en este debate constitucional de manera sencilla y personal, desde la perspectiva del juez y sus derechos. Esperamos haber cumplido el deber patriótico que nos anima y llenar las expectativas de quienes esperan que sus jueces sean sabios y justos, pero para ello debe ser independiente e imparcial, pues SIN DERECHOS!. Por último, nuestras discusiones se encuentran y pueden ser consultadas en el foro abierto de www.facebook.com/tertuliasporlajusticia, donde todos estamos invitados a vincularnos y participar. JUECES INDEPENDIENTES NO HAY
morosidad y cumplimiento de términos. Los derechos y los jueces Antecedentes La independencia del juez y sus garantías III El estado actual del Proyecto de Reforma IV La Propuesta de Reforma de Jueces de Boyacá La voz activa del juez en la Reforma A) La independencia del juez. Tutela y habeas iuris C) Privatización de la administración de justicia. Justificación Límites explícitos al presidencialismo El diagnóstico adecuado sobre responsabilidad participación del juez en la congestión. El desempeño y estabilidad del juez B) Mecanismos de protección. 35 44 49 54 59 64 13 13 18 23 26 26 29 29 31 y 32 4
La Constitución de los Jueces. Propuesta de Reforma a la Justicia 13
G) Respeto a la carrera judicial. Normas transitorias sobre 66
.TABLA DE CONTENIDO I II Texto de la Propuesta de Reforma de Jueces de Boyacá. D) La administración de la justicia E) El disciplinamiento de los Magistrados y Jueces F) La integración de las Altas Cortes incorporación.
Adiciónese un inciso final al artículo 29 de la
Constitución Política que disponga:
Las partes en los procesos judiciales podrán ejercer el Hábeas Iuris como instrumento y garantía de sus derechos fundamentales al interior del proceso. También lo hace la Justicia Penal Militar. Las
. ante el juez de conocimiento. la Corte Suprema de Justicia. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Parágrafo. Si encuentra fundado propondrá ante su superior funcional la solución al caso. en plazo improrrogable de diez (10) días hábiles. el Consejo de Estado. Este mecanismo no procederá contra sentencias ni contra providencias ejecutoriadas que pongan fin a los procesos. administran justicia. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. la Fiscalía General de la Nación. ARTÍCULO 2.. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: “ARTICULO 116. cualquiera que sea su categoría. procedencia y procedimiento. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas de carácter técnico. pero será requisito de procedibilidad para ejercer la acción de tutela contra la sentencia". "Artículo 29. (. los Tribunales y los Jueces. En cada municipio habrá al menos un juez. Dicho instrumento será reglamentado por la ley a efectos de determinar su alcance. La Corte Constitucional.I TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 1º.. El superior funcional resolverá de plano en un término máximo de quinde (15) días y adoptará las decisiones constituciones a que haya lugar. cuando considere violados sus derechos fundamentales.
sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley. ARTÍCULO 4. Parágrafo. La Administración de Justicia es función pública.. en relación con la Rama Judicial: (.) 3. Corresponde al Gobierno. Abstenerse de controvertir públicamente los fallos judiciales.decisiones que le pongan fin a estas actuaciones podrán impugnarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Los conflictos de competencia entre jurisdicciones. Artículo 3º. El artículo 228 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 228. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales. conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. serán dirimidos en la forma en que lo establezca la ley. Sus decisiones son independientes. por Salas de Decisión integradas por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los términos procesales se observarán con diligencia y
. no asignados especialmente. uno del Consejo de Estado y otro de la Corte Constitucional”. En ningún caso dichas autoridades administrativas podrán adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. en los términos que determine la ley.. Adiciónese un numeral al artículo 201 de la
Constitución Política que disponga: "Artículo 201.
su incumplimiento injustificado será sancionado. en los términos de la letra b del artículo 152 de esta Constitución. patrimonial y administrativa. ARTÍCULO 5. Toda persona tiene derecho a que sus controversias se resuelvan mediante procesos jurisdiccionales de duración razonable. a la ley y al precedente judicial vinculante. su desempeño será evaluado de manera permanente y por periodos de cuatro años al cabo del cual tendrán derecho a ingresar a la escuela de altos estudios judiciales. La Ley fijará los términos para resolver estos procesos en primera y segunda instancia. Parágrafo. son independientes y están sometidos a la Constitución. el salario será el 80% del superior
. Los magistrados y jueces serán de carrera. en sus providencias. el retiro sólo procederá por causales taxativas. La Rama Judicial tendrá autonomía presupuestal. de conformidad con un régimen legal propio de naturaleza estatutaria. la participación de la Rama Judicial en el Presupuesto General de la Nación de cada año. los recursos necesarios para que la administración de justicia se mantenga al día. El artículo 230 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 230. A la Rama Judicial se le asignarán. porcentaje que en ningún caso podrá ser disminuido y no incluirá el presupuesto que se asigne a la Fiscalía General de la Nación”. a incentivos y estímulos. Con el fin de garantizar su autonomía. en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal. Se garantiza la independencia y autonomía de la Rama Judicial del Poder Público. se garantice el acceso oportuno y eficiente a la misma y se atienda su demanda sin dilaciones. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Los jueces. no podrá ser inferior al 5% del mismo. tiene derecho a una carga de trabajo razonable. incluida la totalidad de los gastos e inversiones.
durante diez años. la profesión de abogado. 4. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por concurso público y abierto.
. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 232. o haber ejercido. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. Haber desempeñado. en los términos de la letra b del artículo 152 de esta Constitución. de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere : 1. con buen crédito.funcional o nivel a partir del de Magistrado de Alta Corte. o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional será órgano de cierre en la interpretación de derechos constitucionales fundamentales ARTÍCULO 6. por el mismo tiempo. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 231. Ser abogado y tener mínimo cincuenta y dos (52) años de edad. La ley determinará los requisitos y los casos en los cuales el precedente judicial tendrá efectos vinculantes”. 2. ARTÍCULO 7. cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público. 3. excepto por delitos políticos o culposos.
el Ministro de Justicia y del Derecho y el Gerente de la Rama Judicial. así: (…) Un delegado escogido por los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito.
. según la letra b del artículo 152 de la Constitución. La administración de la Rama Judicial estará a cargo del Consejo Superior Judicial.Parágrafo. será valorada ponderando cada año dentro del concurso. La Sala de Gobierno estará integrada por (…) miembros. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 254. el Fiscal General de la Nación. sin embargo la experiencia en el desempeño del cargo como magistrado o juez. la Gerencia de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado no será requisito pertenecer a la carrera judicial. Un delegado escogido por los magistrados de los Tribunal de lo Contencioso Administrativo. el cual estará integrado por la Sala de Gobierno. Un delegado escogido por los empleados judiciales de la rama judicial. Un delegado escogido por los jueces de la jurisdicción ordinaria. con voz pero sin voto. ARTÍCULO 8. En la Sala de Gobierno actuarán. Un delegado escogido por los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
planificación. así: Tres (3) elegidos por el Presidente de la República y cuatro (4) provenientes de la carrera judicial. y de las demás actividades administrativas de la Rama. así como la administración del recurso humano. La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto. tener mínimo tres años en carrera y serán elegidos para un periodo de dos (2) años y tener como mínimo cuarenta (40) años de edad. para ser magistrado deben por lo menos tener una experiencia de magistrado o juez como mínimo de diez (10) años.Los miembros de la rama judicial deberán ser elegidos por voto directo. elegido por la Sala de Gobierno. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
. No podrá ser reelegido. (…) La Gerencia de la Rama Judicial estará a cargo de un gerente. La Sala de Gobierno será un órgano de formulación de políticas. El Gerente de la Rama Judicial deberá ser profesional. especializado y con maestría en ciencias administrativas. Los Magistrados son de período de ocho (8) años. de conformidad con la ley. económicas o financieras y tener como mínimo veinte años de experiencia en actividades relacionadas con las mencionadas profesiones. regulación y control de las mismas. tener como mínimo cincuenta y dos (52) años de edad ARTÍCULO 9. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria estará conformada por siete (7) miembros. de la carrera judicial. con sujeción a las políticas que dicte la Sala de Gobierno. y del Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales.
las Salas de estos. Corresponde a la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones: 1. 9. ubicar. Crear. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales. fusionar. la Sala de Gobierno.
. Proponer proyectos de acto legislativo y de ley. cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia. 3. 8. Dictar los reglamentos constitucionales autónomos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos. y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales. 5. los Juzgados. cargos.Artículo 255. de acuerdo con las necesidades de estos. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial con efectos procesales. en los aspectos no previstos por el legislador 4. Administrar la carrera judicial. redistribuir. 6. trasladar. 7. relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y de procedimiento. no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones. Decidir sobre el cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción y la creación de jueces con competencia nacional. 2. así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales. En ejercicio de esta atribución. transformar y suprimir Tribunales.
Las demás que señale la ley. Adiciónese el siguiente artículo transitorio: Artículo transitorio. de conformidad con la letra b del artículo 152 de la Constitución. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria estará conformada por dos subsalas una de investigación y otra de juzgamiento. las sanciones y el procedimiento a seguir.
. la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El Código Disciplinario Especial de la Rama Judicial regulará las faltas serán de tipo cerrado. La Segunda instancia de los procesos disciplinarios contra Magistrados de Distrito. cuando hubiere lugar a ello. será resuelta por el Tribunal Superior de Apelaciones integrado por los Presidentes o sus delegados de la Corte Constitucional. hasta tanto se expida la ley estatutaria a que hubiere lugar. serán asumidas por la Sala de Gobierno. 6. ARTÍCULO 10. la que podrá delegarlas en el Gerente de la Rama Judicial. 11. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.10. Los Magistrados de Carrera de las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán incorporados por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura. Las demás que le atribuya la ley. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 256. ARTÍCULO 11. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos. Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contempladas en la ley. Parágrafo transitorio.
en las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales que cree la ley. En todo caso se garantizarán los derechos de carrera judicial.
existen muchas razones. Ahora bien. por un lado. Gaceta del Congreso No. Häberle. Garcia Belaunde. Juan Carlos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. dependiendo de la concepción teórica y política. Formato html. Mauricio. En Uprimny. (Coord) México.I.
Carbonell.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/el-diagnostico_10943467-4. Mauricio. reforma y Estado de derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. En. Serie Doctrina Jurídica (Núm. hay que ser muy claro en sostener que una reforma del Estado que no cuente con el ciudadano no puede ser calificada como democrática. Garavito César. Reforma del Estado y Derechos Fundamentales: Algunas Propuestas. Miguel.mx/libros/6/2962/12. 07 de 2011 Senado. la interpretación. pues hace parte de la segunda ola de derecho y economía iniciado en los años noventa. Peter. Homenaje a Diego Valadés.juridicas. T. Rodrigo. la justicia y la democracia”. por otro” 1
LOS JUECES Y LOS DERECHOS Antecedentes. el acceso. 2006. En: “El Control del Poder. en http://www. [citado 22-09-2011]. La actual preocupación del gobierno y de algunos sectores de la sociedad para reformar la Administración de Justicia. La reforma democrática del Estado debe aspirar a modificar no solamente la relación entre los poderes. en el sentido del diseño institucional. no es un tema nuevo sino que debe comprenderse dentro de un contexto histórico más amplio.pdf . Globalización. Males y remedios de la Justicia. 4 Es decir. García. la cultura.cit. 4 Ver “Informe Final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia (10/06/2010) conformada por el decreto 4932 del 18 de diciembre de 2009. ¿Justicia para todos? Op. Disponible en Internet: http://biblio.II LA CONSTITUCIÓN DE LOS JUECES Propuesta de Reforma a la Justicia de los Jueces de Boyacá
“Es frecuente que cuando se habla de reforma del Estado se piense en modificar las facultades de los poderes públicos o en cambiar la manera en que tales poderes se relacionan entre ellos.eltiempo. después de veinte años de vigencia de la Constitución Política. 582). Domingo. No se suele reparar en el elemento central de cualquier Estado democrático: el ciudadano. mercado y democracia: un examen crítico de las teorías económicas sobre el (in) cumplimiento del derecho y su relación con el desarrollo. los códigos.unam. la eficiencia. 2 A pesar de que para el gobierno la crisis por la que atraviesa la administración de justicia es un “hecho notorio” 3 . César y García. ISBN ISBN 9786070219900 Ver Rodríguez. 566 del 4 de agosto 2011. Rodríguez. derechos sociales y democracia en Colombia Proyecto de Acto Legislativo No. ¿Justicia para todos? Sistema judicial. 2006. ex magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. y las relaciones de los ciudadanos con otros ciudadanos. Justicia. Esquerra. presidida por el doctor José Alejandor Bonivento Fernández. la politización de la justicia ó judicialización de la política. parece existir cierta coincidencia en la necesidad de reformar la Constitución para resolver los problemas “complejos” de la administración de justicia. sino también la relación del Estado con los ciudadanos. 2011.
La necesidad de una comprensión de la justicia basada en los logros está relacionada con el argumento de que la justicia no puede ser indiferente a las vidas que las personas realmente pueden vivir. sino pensar en términos históricos y patrióticos. o en la trampa de la consabida fórmula de “reformar” para no cambiar y que todo siga igual. En García. 17 Sen. por supuesto. Sin que signifique una posición simplista frente a la problemática de la justicia. Mauricio. 2002-2009. porque consideramos que en el
García. p. Las instituciones y las reglas son. 2010. Desequilibrio del poderes y Estado de derecho en Colombia. 2009. en síntesis. Ahora bien. Caracterización del régimen político colombiano.intereses y de la experiencia que cada uno tenga con la administración de justicia para acudir a la reforma a la Constitución como solución. La importancia de las vidas. 2009. las “Tertulias por la Justicia”. por una lado. pluralista y participativo y rechazar toda forma unilateral o unívoca o trasplantada de analizar el tema de la reforma a la justicia. pensar desde la complejidad implica. Amartya. lo cual. ni a la identificación de esquemas sociales ideales. con una violencia casi endémica. empezando por la congestión judicial y sus múltiples soluciones a partir del factor rendimiento estadístico y del esfuerzo y sacrifico personal y familiar del juez. sino más bien pragmática. es decir. derecho y realizaciones prácticas las que sirvan de horizonte. sus necesidades. en donde sea la persona. muy importantes por su influencia en lo que sucede y por ser parte esencial del mundo real. experiencias y realizaciones humanas no puede ser suplantada por información sobre las instituciones existentes y las reglas operantes. Por ello consideramos que debemos aceptar la premisa que tanto el diagnóstico como la solución a los problemas de la justicia son temas complejos. Bogotá pp. Villegas Mauricio y Revelo. Rebollo Javier Eduardo (Codirectores) Mayorías Sin Democracia. para nuestro caso. aceptar que Colombia es un país caracterizado por esa “combinación de una extraordinaria estabilidad institucional y democrática. una gran debilidad de los movimientos sociales y una marcada desigualdad social. así como la angustia constante frente al usuario ante la imposibilidad material de poder responder de manera oportuna a su demanda de justicia. 50.
Desde el anterior contexto fue que se iniciaron en Boyacá. nosotros los jueces no hemos estados alejados de este momento y hemos vivido en carne propia los problemas de la administración de justicia. debe permitir confluir en un escenario democrático. pero la realidad efectiva va mucho más allá de la imagen organizacional e incluye las vidas que la gente es capaz o no de vivir”. “Paso ahora a la segunda parte del cambio de rumbo. Bogotá: Taurus. Pero el gran reto es no caer en la tentación de ser inmediatista. a la necesidad de una teoría que no se confine a la elección de instituciones. departamento bicentenario. (1956-2008). por el otro…” 5 . DeJusticia. La idea de la justicia.
José Élver Muñoz. 747 del 4 de octubre 2011. estuvimos presentes opinando sobre los proyectos. (Art.Estado Social de Derecho..com/index. debe tener como premisa esencial la concepción democrática de los derechos. Nosotros desde el inicio del proceso de reforma. esquemas o abstracciones. 12. el Gobierno y el Congreso han sido muy abiertos al debate y la crítica. Juan Manuel. otros más exigentes proponen que la reforma solo pueda hacerse a partir de una Constituyente. 10 Ver Gaceta del Congreso No. así como mucha confusión sobre el mismo. p. en tanto garante de los derechos constitucionales de la persona. a la persona y sus derechos. 8 En realidad ha habido muchas voces al respecto y suficiente ilustración sobre el tema. Charry. 2 CP) La Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia en su “Informe” 7 sostenía que el tema de la justicia es “trasversal” y que le interesa a toda la sociedad y que se trataba de “propiciar un gran pacto o acuerdo nacional por la justicia”. cuando la Comisión Primera del Senado programó el primer Foro sobre la Reforma a la Justicia 9 . debe ser protagonista en este proceso porque esta doble condición le permite contribuir a que la reforma constitucional en curso no sea un simple debate de teorías. 2011. como sujeto de derecho y mecanismo constitucional de garantía. 10 Nuestra preocupación esencial desde el principio ha sido que el juez. cit. La reforma a la rama judicial desde la perspectiva de los derechos. Ver Gaceta del Congreso No. sino de experiencias y realizaciones
op. Versión http://razonpublica. Es decir. Presidente Tribunal Superior de Tunja. para que tenga mayor legitimidad la reforma y sea más eficaz en cuanto a su cumplimiento y realización efectiva. cualquier propuesta de reforma a la Constitución.html 9 Participaron entre por la rama judicial Horario Tolosa. Reforma de la justicia: una Constituyente para sus grandes problemas. Tunja septiembre 8 de 2011.php/politica-y-gobierno-temas-27/2238-reforma-de-la-justicia-una-constituyente-para-sus-grandes-problemas. el juez es a la vez destinatario en tanto sujeto de derecho y mecanismo de protección. debe consultarse y tenerse en cuenta a los afectados. 747 de 2011
. Juez Quinto Administrativo del Circuito. máxime cuando se trata de una reforma estructural a toda una rama del poder público. Dentro de esta perspectiva. así mismo.
el reforzamiento de las garantías para la protección constitucional de los derechos y el acceso a la administración de justicia. (Art. 143/2011) y Senado (Proyecto No. los jueces de Boyacá instalamos y promovimos las “Tertulias por la Justicia”. sino que además es indispensable profundizar en los mecanismos de protección de los derechos constitucionales de la persona. Rodrigo. y el proyecto aprobado por la Cámara (Proyecto No. el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad material y los de la democracia participativa y pluralista. dentro de una misma legislatura. Pp.
. pero al mismo tiempo creemos que este análisis de lo que se considera estructural no puede establecerse a partir de lecturas unívocas del mercado en pos de salvaguardar la propiedad privada y los contratos11 . desde nuestra perspectiva. 2006.concretas a partir de la profundización de los elementos esenciales de la democracia participativa y el estado social de derecho. 07/2011). 978 y 981 de 2011. En consecuencia. fue objeto de conciliación y publicado en Gacetas del Congreso No. cuyo objeto esencial fue la participación activa y militante de los jueces. participamos de la preocupación ciudadana y del Gobierno en cuanto a que es necesario resolver los problemas estructurales de la justicia. Para abordar el análisis del proyecto de reforma a la justicia 12 y nuestra propuesta concreta sobre el mismo. la administración autónoma e independiente de la rama judicial. por esta razón es a partir de dichos debates y la opinión de los jueces que expondremos nuestra pensamiento sobre la Reforma. En. César y Uprimny. Por lo tanto.
Ver Rodríguez. los límites democráticos de las competencias y funciones del juez. los ejes esenciales de la reforma a la administración de justicia deben garantizar la independencia e imparcialidad del juez. la participación del funcionario y empleado judicial en el cuerpo de administración de la rama. 109 Por tratarse de una reforma constitucional el proyecto debe pasar ocho debates en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos. 374 CP) En la actualidad ya se surtió el primer período legislativo ordinario. ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. ¿Justicia para Todos? op cit.
PP. México: Editorial Porrúa SA. que establezca un diseño institucional adecuado donde se incluyan las garantías mínimas de la independencia judicial.. México: Universidad Nacional Autónoma de México. en los tribunales.La independencia del juez y sus garantías. En palabras de Hamilton: “la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada” 15 . 2001. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora bien. 2004. son dos las exigencias de esta concepción: el límite (derecho) y la garantía.15-31. Cuadernos de Filosofía del Derecho. el pueblo. 2003. 2002. democracia y Constitución: nosotros. doctora Adriana Blanco. como se trata de pensar la Constitución desde los derechos de la persona y del ciudadano. Las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales. Es decir. 114-138
. 17 Dworkin. http://www. ISNN 0214-8676. 16 Nuestra preocupación constitucional es poder saber cuáles serían esas garantías y cómo quedarían reflejadas dentro de la Constitución. En. 1993. Miguel Carbonel y Leonardo García Jaramillo (Ed). 2010. Sobre la necesidad de que la reforma a la justicia sea democrática y participen en ella los sujetos inmersos en la actividad judicial consultar la intervención de la Delegada de la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá. El Canon Neoconstitucionalista. existe otra cara necesaria e inescindible de la concepción democrática de los derechos: las garantías. Justino V Castro.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 15 El Federalista.facebook. Introducción a una teoría constitucional del control”. FCE. En este sentido. Manuel Aragón. por ello proclamamos de manera contundente que “SIN JUECES NO HAY
DERECHOS”. 331 16 Sobre el concepto de garantía o mecanismo de protección revisar entre otros: Juan Carlos Esquerra. DOXA. Bogotá. entonces. Garantías y Amparo. pp. un elemento esencial y definitorio del Estado Social de Derecho y de los derechos. alcance y límite. 29 (2006). México. Ronald. especialmente “Origen y esencia de las garantías constitucionales”. Igualdad. pp. Sin embargo. Sobre este particular nos dice Dworkin que “la mayoría de las constituciones contemporáneas escritas contienen disposiciones expresamente estructurales y expresamente restrictivas” 17 Luego. afirmamos que para que una reforma a la
Constitución en lo atinente a la Rama Judicial sea democrática tiene que ser el resultado de un proceso participativo. Universidad Externado de Colombia. dentro de la Constitución deben incluirse las disposiciones que sirvan de límite a la acción de los demás
Concepto utilizado por Peter Haberle.. La protección Constitucional del Ciudadano. una concepción democrática de los derechos consistiría en que sus destinatarios (la persona) participen en la construcción de su contenido. democracia y control. Bogotá: Legis. Pensamos que el juez como institución es un patrimonio cultural de la humanidad13 . El Estado constitucional. pluralista y consensuado 14 . Constitución. Luigi Ferrajoli. especialmente “Constitución y control del poder.
115 El Federalista. de manera alguna puede considerarse que afectan la democracia. para no caer en “las repúblicas aéreas” 20 que previó Bolívar. cit. Pues. en comparación con el Congreso y el Ejecutivo que disponen de la iniciativa. incluidas dentro de la constitución a pesar de que desafían la voluntad de las mayorías históricas. Colombia 1875-1994.poderes sobre el juez y que permitan que éste pueda actuar de manera independiente. • Para el caso colombiano.330
Citado en Marco Palacios. siguiendo a Dworkin. En cuanto a las disposiciones “restrictivas” son de una especie diferente. pp. las disposiciones abiertamente estructurales son aquellas que construyen y definen los poderes. porque establecen límites al poder de que dispone la mayoría según las disposiciones estructurales explícitas. entonces. op. como dicho cumplimiento está determinado por el contexto práctico e histórico del régimen político en donde se despliega el arsenal institucional y las prácticas políticas y sociales que sustentan y adquiere dan vida a dicho régimen. Bogotá: Norma. luego la independencia judicial es un derecho fundamental de la persona: el derecho a ser juzgado por leyes que efectivamente puedan hacerse cumplir por el juez. 18 La gran paradoja. quién podrá votar y por cuánto tiempo se desempeñan los funcionarios electos. instrumentos e instituciones del gobierno: estipulan cuándo tendrán lugar las elecciones. es cómo los jueces pueden ser garantes de los derechos de las personas si no tienen esa forma de poder con el que cuenta las demás ramas? Pues precisamente garantizando su independencia con respecto a las demás ramas. Sin embargo. pp
. 2007. Entre la legitimidad y la violencia. el régimen político se caracteriza por su deficiencia en cuanto a la democracia y a los partidos políticos
Ib. sino que por el contrario “mejoran la democracia”. debemos pensar en consonancia con dicha realidad. la fuerza y la bolsa19 . Estas disposiciones.
conforme lo plantean los neo institucionalistas. Op.cit. La consecuencia es que se ahorran recursos y se presta justicia más pronta y cumplida. se refiere al juez como poder. Una justicia más rápida. lo segundo. ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. Rodríguez. económica y eficaz no sólo favorecería el desarrollo económico. 137 23 El término “independencia” es en general utilizado para caracterizar la relación de la judicatura con otras instituciones y organismos públicos. César y Uprimny. op cit. sin apasionamiento ni dogmatismos. ILSA. 45-46
Mauricio García. Se supone que los jueces deben ser independientes. 2003. ¿De quién? ¿Para Burgos Silva. pp. El grado adecuado de independencia. la informalización o privatización de la justicia u otras formas para mejorar el acceso a la justicia. entonces. vincula al Estado en general y a la ciudadanía en su defensa y realización. La independencia judicial. Rodrigo. Desde la anterior perspectiva “nada puede objetarse a que las reformas pretendan hacer más eficiente la justicia y busquen reducir sus costos. Fis. deben estar pensados desde la concepción democrática de los derechos. sino que tendría otras consecuencias deseables para la democracia” 22 . Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. pp. el diseño institucional adecuado e idóneo debe tener en cuenta dichos condicionamientos. pues la superestructura institucional sigue siendo un factor importante si al mismo tiempo se piensa desde la libertad y la igualdad. funcionales y orgánicos: 23 los primeros esencialmente se refieren a la ausencia de indebidas injerencias en la labor del juez. pp. lo cual significa que “es una ilusión pensar que el
qué? ¿Cómo?. tiene aspectos negativos y positivos. Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. Owen M. En Germán Burgos(Ed). luego los mecanismos alternativos. lo cual “es inicial y fundamentalmente predicable del juez como persona” 24 . violencia derivada de la incapacidad del Estado para cumplir en sus cometidos en materia de seguridad (ineficiencia) y una cultura política tolerante en la ilegalidad creada a partir de las dos premisas anteriores (estado de derecho o legalidad) 21 . 18-19. Germán. Independencia Judicial en América Latina. pero ¿de quién?.(ilegitimidad). 13
. En op cit. Op cit. Un juez independiente es aquel que no está bajo la influencia o control de nadie. surge un elemento de ambigüedad debido a la existencia de distinto tipos de instituciones u organismos públicos de los cuales el juez debería ser independiente. Sin embargo. p.
los otros poderes no pueden terminar siendo la última instancia de lo jurídico o del derecho. lo cual significa que si bien el juez debe respetar y seguir los precedentes tanto superiores funcionales como los propios. para que el juez pueda ser garante de los derechos es indispensable que se establezca como derecho en la Constitución la garantía institucional de la independencia del juez. Bogotá: Taurus. En. es preciso que lo tenga también de “hecho” 25 . Carlo y Pederzoli. Los jueces y la política. 170-171. el juez dentro de la estructura organizativa del estado. En el anterior sentido. por ello. op cit. Y cuarto. se refiere a las relaciones entre pares y superiores funcionales. tanto horizontal como vertical. Luego. 1999. de información. en este ámbito se deben buscar fórmulas adecuadas e idóneas para diseñar las instituciones de autogobierno. Poder judicial y democracia. también debe tener libertad para apartarse de ellos de manera justificada sin que exista ninguna posibilidad de atentar contra su estabilidad. 113 Guarnieri. es decir ocasiones de conflicto. económico y político. o sea satisfacer la exigencia de que el poder judicial esté en alguna medida integrado en el sistema político. Patrizia. para que puedan ejercer su función cabalmente. En conclusión. la carrera judicial y su conducta disciplinaria deben estar constitucionalmente establecidos. es necesario regular también la intensidad de ese conflicto.poder de los jueces deriva del derecho. económicos.. ante la inevitable y hasta “beneficiosa” judicialización de lo social. la realidad es más bien que la fuerza normativa o eficacia del derecho deriva del poder efectivo de los jueces. 2001). Lo tercero. no “basta prever contrapesos. construyendo adecuadas conexiones institucionales entre los jueces y la política” 26 . Sebastían. si bien debe limitarse el poder judicial. pp. La independencia judicial. Conceptualización y medición.
. Por la anterior razón. No basta que el juez tenga poder de “derecho”. Burgos Silva. no debe invadir espacios reservados a los órganos político-representativos. a través de disposiciones
Linares. Para esto es preciso dotar a los jueces de recursos organizativos. como una garantía de la igualdad del ciudadano. educación legal. y otros. pp.” (Binder.
activas y positivas. la reforma cae en tierra árida. si no. de los sectores políticos y de la ciudadanía. Pero al mismo tiempo las instituciones que se diseñen deben tener un respaldo social y político de la sociedad en general.
.prohibitivas.
. Juez Primero Administrativo del Circuito de Tunja. Consúltese en www. otorgándole funciones jurisdiccionales y la otra. Al mismo tiempo estrategias como un monto mínimo de recursos dentro del presupuesto nacional para la justicia y la flexibilización de las normas procedimentales. Las decisiones finales. Sala Disciplinaria. solamente nos ocuparemos de lo que consideramos es un elemento estructural y las garantías del derecho en normas de carácter prohibitivo. C) La privatización o informalización de la administración de justicia. Es decir. particulares.III EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE REFORMA. o instrumentos de protección a favor del juez. árbitros). Aquí son dos discusiones las que se presentan: una relacionada con el Consejo Superior de la Judicatura.facebook. B) El derecho al acceso a la administración de justicia: El nuevo modelo propuesto para la administración de justicia se caracteriza por la informalización de la administración de justicia (abogados como jueces adjuntos. notarios. con la inclusión de nuevos órganos con funciones jurisdiccionales. conciliadores.
.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . entonces. El
27 Esta parte se construye a partir de la presentación en la primera Tertulia hecha por el doctor Elkin Rodríguez. Obsérvese que la estructura organizativa del Estado establecido en el artículo 113 de la Constitución sigue incólume. ampliar la oferta de justicia otorgando funciones jurisdiccionales a otras autoridades u órganos o particulares. modelo mixto (autoridades administrativas y empleados judiciales). u órganos de decisión autónomos.facebook. 27 Teniendo en cuenta que se nuestro propósito es analizar los aspectos especiales de la reforma que tienen que ver con la independencia judicial del juez como derecho fundamental. consideramos que los temas que se relacionan con nuestra postura constitucional son: A) La estructura orgánica de la rama judicial: Se pretende reformar el artículo 116 de la Constitución Política. entonces. Desde la anterior perspectiva. el cual establece la estructura orgánica de la rama judicial.com:http://www. tendrán el recurso de apelación. excepto las que corresponden a única instancia.
gran argumento, entre otros, del gobierno es que ante la ascendente demanda de justicia no se puede pensar en la misma solución ortodoxa de ampliar el número de jueces quedando todo reducido a la asignación de más recursos, sino que son necesarias propuestas heterodoxas e imaginativas, pues los recursos no son ilimitados. La idea esencial del gobierno es hacer modificaciones normativas (Código General del Proceso), al modelo del proceso (oralidad), y aumentar los operadores judiciales. Para el Gobierno no se trata de una privatización de la administración de justicia sino de nuevas formas, modelos y estrategias para atender la demanda de justicia 28 . El Gobierno propuso la atribución de la acción penal a la víctima y a una autoridad distinta de la Fiscalía dependiendo del grado de lesividad de bien jurídico. 29 D) La defensa de los derechos. El Gobierno propuso reformar el artículo 86 de la Constitución 30 esencialmente para resolver el problema del conflicto entre las Altas Cortes por quién tiene la última palabra sobre la tutela contra la sentencias de dichos tribunales, lo que se conoce como el “choque de trenes”. Desde el primer debate en la comisión primera constitucional se excluyó el texto 31 . El HABEAS IURIS 32 es un instrumento y garantía de derechos fundamentales al interior del proceso. Es estricto sentido, lo que se pretende es aumentar las garantías del debido proceso a partir de un debate desde los derechos fundamentales que tendrá que ser abordado por el superior funcional dentro de la misma actuación. Como se observa con este mecanismo constitucional activo o positivo se entrega a la parte otro instrumento adicional a la tutela para la defensa de sus derechos
Intervención y entrevista del Ministro de Justicia, Doctor Juan Carlos Esguerra. En. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-284905reforma-no-soluciona-todo
29 Art. 20. (…)Parágrafo segundo. Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico o a la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente.”. 30 Gaceta del Congreso No. 566 de 2011 31 GC No. 806/2011. 32 GC No. 981/2011 "Artículo 29. (...) Las partes en los procesos judiciales podrán ejercer el Hábeas Iuris como instrumento y garantía de sus derechos fundamentales al interior del proceso, ante la autoridad jurisdiccional de superior jerarquía funcional, cuando considere violados sus derechos fundamentales. Si el mecanismo se ejerce contra actos de organismos de cierre, conocerá de él la Sala Plena de la respectiva corporación. Dicho instrumento será reglamentado por la ley a efectos de determinar su alcance, procedencia y procedimiento. El mecanismo deberá resolverse en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles. Parágrafo. Este mecanismo no procederá contra sentencias ni contra providencias ejecutoriadas que pongan fin a los procesos".
fundamentales. E) La integración de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. El Gobierno 33 y el Consejo de Estado 34 , están de acuerdo en cambiar la forma de integrar estos Altos Tribunales, ambos aceptan como criterio de distribución de los miembros de los mismos un “adecuado equilibrio” entre magistrados de carrera, profesionales y la academia. La Comisión de Conciliación (Art. 231, 232 y 233) incluyó el criterio de conformación anterior, establece como requisito 20 años de experiencia, 12 años de período individual, prohíbe la reelección, 1 año de inhabilidad y el retiro forzoso a los setenta años. F) El órgano de administración de la rama judicial. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto del Gobierno es el que se refiere al Consejo Superior de la Judicatura, al cual se hacen profundas modificaciones. G) El órgano de disciplinamiento de los jueces y magistrados. Uno de los grandes debates es el que se refiere a la Sala Disciplinaria, que finalmente fue incluida por la Comisión de Conciliación 35 , tiene funciones jurisdiccionales y competencia disciplinaria preferente, su origen en la presidencia de la República y es elegido por el Congreso de la República. Se le quita la función de revisar tutelas.
“Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación. En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se atenderá el criterio de un adecuado equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, la rama judicial y la academia.”
GC No. 566/2011.
“ARTICULO 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, serán elegidos directamente por la respectiva corporación, previa convocatoria pública y abierta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de cada Corporación, en los cuales se establecerán reglas para garantizar un adecuado equilibrio entre magistrados que provengan de la carrera judicial, la academia y el ejercicio profesional”. 35 "Artículo 256 A. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio de las siguientes atribuciones, en los estrictos y precisos términos que se establecen a continuación: 1. Examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, de los particulares y autoridades administrativas cuando actúen en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de los auxiliares de la justicia en la instancia que señale la ley. 2. Ejercer, de oficio o a solicitud de parte, el poder preferente disciplinario en relación con los procesos que se adelanten en ejercicio de la función disciplinaria en los Consejos Seccionales de la Judicatura que cree el legislador. Igualmente, podrá disponer el cambio de radicación de los mismos, en cualquier etapa. Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia, con observancia del debido proceso y la doble instancia, creará por medio de su reglamento salas internas de decisión. 3. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 4. Las demás que determine la ley Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales que cree la ley no conocerán de la acción de tutela.
GC No. 594/2011
IV LA PROPUESTA DE REFORMA DE JUECES DE BOYACÁ La voz activa del juez en la Reforma. Ahora nos corresponde presentar el resultado de las cuatro Tertulias llevadas a cabo en el Departamento de Boyacá y que las hemos puesto en la red social del Facebook 36 para que trascienda de los círculos cerrados y temporales de los auditorios o salones y los discursos de ciertas élites del poder, donde el ejercicio democrático se ve opacado por el ortodoxo método de las mayorías representativas, sin que se actualice en las otras formas más deliberativas y participativas que exige el Estado Social del Derecho. Por esta razón hoy la reforma a la Constitución ha generado un desaliento democrático por parte de las Altas Cortes y del sector académico, porque todas las propuestas presentadas y los debates en los que se participó terminaron en una larga lista de participantes, como una elegante y amable sepultura, pues sin razón ni motivo se ha asistido a los largos e interminables debates. Sin embargo, el proyecto de reforma a la rama judicial entra en su etapa definitiva y ya el Gobierno como el Congreso han declarado que a pesar del retiro de los debates de las Altas Corte (Suprema y Consejo), continuará su curso. 37 Según lo expresó el editorial de El Tiempo: “En su accidentado camino por el Parlamento, el proyecto perdió
no solo algunas de sus propuestas más audaces, sino también el acompañamiento de los magistrados. A finales del año pasado, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema se apartaron de la mesa de diálogo con el Gobierno. La Casa de Nariño se aproxima a la segunda vuelta de la iniciativa con un texto transformado por los congresistas y sin la bendición de sus beneficiarios en el Poder Judicial.” 38 Y con ocasión de la
http://www.facebook.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475
El doctor Tito Vargas Márquez, Juez Segundo de Familia del Circuito de Tunja, participante en la primera tertulia sostuvo que los jueces no debemos estar por fuera de este debate constitucional y participar en forma activa. Consulta www.facebook/http://www.facebook.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 . 38 El Tiempo. El portazo de las cortes. Bogotá, 2 de febrero de 2012. http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial_11087562-4
doctor Juan Carlos Esguerra declaró: “'Es preocupante que la propia justicia diga que aquí no hay justicia'.razonpublica. http://www. Razón Pública. se han hecho mucho más evidentes las diferencias entre el Gobierno y los jueces 39 . se coarta su independencia. Este hecho de ninguna manera puede pasarse por alto cuando se piensa en la reforma a la Constitución en esta materia. y donde existe un profundo arraigo al presidencialismo y el clientelismo no es una simple técnica electoral sino una forma de organización sociopolítica esencial para entender la historia de Colombia” 40 . Desde nuestra perspectiva la voz del juez suena hoy necesariamente con mayor resonancia y efectividad por el lugar político y cultural que ocupa en el Estado Constitucional. mucho más cuando como consecuencia de esa actitud se consiguen en su contra apresuradas medidas disciplinarias. Consultado el 29 de noviembre de 2010. Bogotá. Y si todos esos procedimientos se agotan sin que el inconforme haya conseguido modificar el criterio que no comparte.com/index. Buitrago Francisco.com/justicia/ministerio-de-justicia_11074081-4
40 Leal. proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. su obligación es la de
El Ministro de Justicia. Desde luego que si un ministro o un presidente de la República están en desacuerdo con una resolución judicial. por ello. de legitimidad y por la ilegalidad. que no fueron diseñados sólo para la gente del común. por ejemplo.php?option=com_content&view=article&id=1595:bipartidismo-y-configuracion-del-clientelismo-en-colombia-segundaparte&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
. Bipartidismo y configuración clientelista en Colombia. como su separación temporal del cargo mientras lo investigan. tienen derecho a controvertirla. en un país atravesado por la falta de estado. http://www. tanto los particulares como los funcionarios deben acudir a ellos para cuestionar las sentencias que no compartan. pero para eso existen unos canales legales dentro de un Estado de derecho. En.eltiempo. haciendo uso. del recurso de apelación o acudiendo al mecanismo extraordinario de la tutela. como sostiene una víctima de nuestras violencias y connotado penalista: “Cuando desde el Gobierno se descalifica públicamente
el pronunciamiento de los jueces.sentencia contra el coronel Plaza Vega. 5 de febrero de 2012.
North et ál. como ya lo hemos expuesto al inicio del presente texto. sino que son parte de esa lucha. debemos evitar el trasplante institucional y pensar desde el entorno social.com/impreso/opinion/columna-296305-autonomia-de-justicia. algo que viene después de que se ha definido el vencedor del debate democrático. los déficit de eficiencia y de legitimidad producen un deterioro del Estado de derecho. son su palestra y su objeto. sino que la voz y participación activa y militante del juez es un elemento esencial en la consolidación democrática de los derechos. un
41 Reyes.elespectador. vista desde la perspectiva de los jueces. Dicho sintéticamente. Por esta razón. 2000). por un lado. http://www. comparte la preocupación esencial de que no basta con reformar para que todo siga igual. Bogotá. 41
. Yesid. y la precariedad de los movimientos sociales y de la representación política (ilegitimidad el sistema político). El sentido y alcance real de las instituciones es el resultado de una lucha en un campo de batalla en donde las diferentes fuerzas sociales intentan imponer una cierta interpretación del derecho y de las prácticas institucionales que les es favorable. Pero en Colombia. Esto sucede en todas partes (Bourdieu 1986.acatarlo respetuosamente sin hacer ninguna manifestación pública de censura al mismo. ese campo de batalla es particularmente aguerrido e intenso debido al encadenamiento que aquí existe entre violencia (ineficiencia del Estado). El Espectador. En este sentido. tiene razón el investigador García Villegas cuando sostiene que “las instituciones no son simplemente lo que queda
después de la lucha por el poder político. por el otro. político y cultural de nuestra realidad. En este mismo sentido se expresó “El Claustro de Profesores de la Faculta de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia”. cuando se promulgan las leyes y las constituciones. 31 de agosto de 2011. Sin ello la transformación institucional por sí sola siempre será insuficiente y terminará siendo objeto de captura por la realidad del sistema político. es decir. La autonomía de la Justicia.
En www. si no normativa y rígida 43 .
Ahora presentaremos la propuesta de reforma que consideramos debería ser tenida en cuenta en las discusiones en el Congreso de la República para este segundo período legislativo. pp. 2001. tiene como correlato inescindible la inclusión de garantías a través de disposiciones constitucionales estructurales y restrictivas que permitan la realización de la independencia como derecho. Constitución. y no una simple idea legalista y aspiracional o política. Historia del Constitucionalismo Moderno. 51. luego cada una de las propuestas en particular y por último la norma de la Constitución.juridicas. Madrid. La Constitución como Norma y Tribunal Constitucional. Nicola Matteucci. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 1981. En Op cit. Justificación. crea condiciones favorables para la reproducción de la violencia y de la ilegitimidad”42 .
.mx. política y cultural. Madrid: Civitas. la cual. Consultar Marco Gerardo Monroy Cabra. Madrid. ob cit. Trotta. 1998. T-I. 2005.déficit de legalidad. Concepto de Constitución. De la antigüedad a nuetros días. Mauricio. El debate sobre la importancia de consolidar la independencia judicial como derecho fundamental de la persona y como principio esencial del estado de derecho. A) Independencia del juez. Trotta. Eduardo. un constitucionalismo adecuado a nuestra realidad histórica. Desde esta perspectiva. para tal efecto sólo nos ocuparemos de los aspectos que fueron debatidos en las diferentes Tertulias por los jueces y demás participantes en ellas. como al inicio fue expuesto. Organización del Poder y Libertad. García de Enterría. 2005.unam. Se expondrá primero una justificación general. Maurizio Fiovaranti. los jueces creemos que para que se consolide una idea de Constitución democrática y pluralista. no puede simplemente seguirse con el prurito de pensar que cambiando las normas legales o comprendiendo a la constitución como una simple código o compendio
García. Para el concepto de constitucionalismo aspiracional ver Mauricio García. Caracterización del régimen político colombiano (1956-2008). a su turno.
México: Universidad Autónoma de México. Ob cit. las personas tienen derechos y éstos sólo son en tanto que.razónpublica. Bogotá: Razón Pública. si bien públicamente bien intencionado.juridicas. es que la actual reforma termine siendo eso que nadie desearía y una “traición a la Constitución”. Germán Burgos. que entre otros muchos argumentos también fueron discutidos en la primera Tertulia 46 . Consúltese en www.mx/libros/4/1509/1. Nuestra preocupación. Pero nuestra pretensión. Hernando.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?. como ha sido calificada por un exconstiyente 45 porque no respeta ni garantiza la independencia y autonomía de la rama judicial. 2004.
. En. objetivamente analizado el texto de la reforma desdice completamente dichas pretensiones y termina siendo más retazos de muchos intereses muy coyunturales y de sectores.pdf
Yepes. reforma judicial y Estado de Derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. no siempre abiertos y públicos. Nuestra preocupación es esencial porque vemos que lo que se está construyendo en el Congreso es. puesto que tomar en serio la idea de Constitución es saber que. establecen instrumentos o mecanismos de protección en cabeza de las mismas personas que aseguren y garanticen dichos límites que puedan ser ejercidos ante jueces independientes e imparciales.com:http://www. Rodrigo Uprimny. el proyecto
Consúltese estudios sobre las reformas judiciales durante los últimos veinte años en América Latina: César A Rodríguez. como jueces. no son verdaderos derechos sino simples promesas o expectativas retóricas. Juez Segundo Administrativo del Circuito de Tunja. por el contrario. Experiencia de Reformas en América Latina. además de la distribución del poder político.facebook.unam. busca contribuir sinceramente en este debate y que se democratice a través de mayor participación y deliberación. Luis Pásara.facebook. además de imponer límites a las mayorías democráticas.normativo 44 . Globalización. es suficiente para cambiar las prácticas y realidades del régimen político colombiano. ob cit. expuso algunos aspectos que desde la perspectiva de la sustitución de la constitución podrían ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.org
El doctor Luis Arturo Herrera. (Comp) En busca de una Justicia Distinta. 2011. Independencia Judicial en América Latina. En síntesis. http://biblio. octubre. derechos sin garantías y sin jueces. que tratan de resolver los conflictos políticos entre Congreso y Gobierno contra Altas Cortes. Reforma a la Justicia: traición a la Constitución. Tomado: www.
en curso. incluyendo el de su Armada. dentro de una constitución democrática. donde el poder y la legitimidad del presidente proviene directamente del voto popular. Esperaríamos escuchar al presidente parafraseando: “En Inglaterra (Colombia). respalda a
. En conclusión. expresa el apoyo. participativa y pluralista. para construir una sociedad más democrática. que algunos han atribuido a Winston Churchill. primero. con quienes nos comparamos a veces y ahora sería apropiado en cuanto a la idea de Constitución se refiere.
Límites explícitos al presidencialismo. Ahora expondremos los aspectos puntuales sobre la independencia judicial que se proponen deben hacer parte de la reforma a la Constitución. más o menos constante. nuestra lucha por la independencia y autonomía judicial. es un derecho que reclamamos en defensa de los derechos y nuestros derechos. también estamos legitimados para hacer oír nuestra voz sin intermediación y esperar ser escuchados con razones y explicaciones ante nuestras posturas. y contra la institucionalidad y legitimidad de la justicia. de los distintos gobiernos ingleses a la labor independiente de la Rama Judicial: todo el poderío del Estado inglés. como pensamos que debe ser la sociedad Colombiana del Siglo XXI. Entonces tendríamos que aprender de los ingleses. pluralista y participativa. atenta directamente contra la persona del juez. Es indispensable que el presidente se abstenga de controvertir públicamente los fallos de los jueces. puesto que en un sistema presidencialista como el nuestro. detrás del más humilde de
los jueces está siempre la poderosa Armada británica (Fuerza Pública Colombiana). y sabiendo que nosotros los jueces. Esta frase.
o experiencias latinoamericanas destituyendo a la Corte a las que esperamos no tengamos que asistir. 48 Por lo anterior la propuesta es adicionar un numeral al artículo 201 de la Constitución. un incremento con respecto al 1993 del 208% y la tasa de demanda promedio por despacho pasó de 175 a 498 entre 1993 a 2010. morosidad y cumplimiento de términos. Ahora en 1993 habían 3945 despachos judiciales y para el 2010 habían 4624. la demanda de justicia para el año 2010 fue de 2. aquellos más nefastos de nuestra historia constitucional. puesto que. Bogotá.org El doctor Fernando Arias. Nosotros desde antes del debate actual sobre la reforma sostuvimos que el diagnóstico sobre los grandes problemas de la administración de justicia no podía atribuirlos al juez.
. Lo anterior tiene sentido por los hechos lamentables de
escuchar presidentes de ahora y de todos los tiempos. por ejemplo y sólo por mostrar una cifra de las que ya todos tienen suficiente ilustración. Este apoyo de los gobiernos ingleses frente a la labor judicial es un elemento esencial para explicar el prestigio y la notable independencia de los jueces ingleses 47 . Para 1993 el represamiento anual de procesos era del 18% y durante
Uprimny.dejusticia.los jueces y asegura el cumplimiento de sus decisiones. ordenando capturar personas y controvirtiendo públicamente los fallos de los jueces. Tomado: www. Juez Noveno del Circuito opina que el escenario del debate jurídico es el proceso y el presidente no está facultado para intervenir por fuera del mismo. es decir en el mismo período el crecimiento del aparato judicial fue del 17%. El crecimiento de la capacidad de respuesta del aparato judicial de justicia ente 1993 -2010 fue del 362% y en cifras corresponde a 2. es decir. para un crecimiento del 185%.303. El diagnóstico adecuado sobre responsabilidad y participación del juez en la congestión. Rodrigo.378.371. Los gobiernos y la independencia judicial.562.
ex-Magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá. Universidad UPTC. remitiendo a los juzgados y tribunales debates que pueden ser resueltos sin dificultad en sede administrativa. no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas 50 . Para el año 2010 hubo una des acumulación de procesos del 11%. mediática. es el relativo al incremento de la oferta de justicia. del incumplimiento de los términos procesales. para el mercado. de los grandes casos que interesan al ejecutivo como parte de su política o programa de gobierno. también.el mismo período hubo años de represamiento del 30%. dentro de los cuales son determinantes las reiteradas falencias del poder ejecutivo en cuanto al reconocimiento de derechos. vista integralmente. sin personas.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475
Al respecto. En el anterior sentido. en la audiencia pública celebrada el 22 de noviembre de 2011 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.co/portal2011/index. de la congestión histórica?.php/proceso-y-tramitelegislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=681. puesto que una justicia decente y digna cuesta y debe estar a la altura de las exigencias de una sociedad que aspira a crecer y desarrollarse. Una mirada puramente desarrollista o pensar las reformas para asegurar los contratos.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475
.facebook. Consúltese en http://www. las reformas deben tener en cuenta los contextos culturales e históricos donde se van a realizar dichas instituciones para que no terminen siendo capturadas por las prácticas del sistema político. lleva a una justicia del espectáculo.facebook. Tercera Tertulia. Tomado: http://www. puesto que termina dejando y evaluando aquellos asuntos pequeños y rutinarios como sin valor judicial. claramente expuso la doctora Luisa Mariana Sandoval Mesa. que dentro del período en referencia ha sido apenas del 17%. no es del juez. Sin duda y obviamente.camara. Por eso el problema de la justicia visto desde el ejecutivo y desde las grandes
Ver intervención como Vicepresidente de la Sala Administrativa del CSJ del doctor Ricardo Monroy Church. Pero la justicia. www. sin derechos fundamentales. “Conforme a lo anterior. lo que llaman la mirada neoliberal 51 .com/http://www. la propiedad y seguridad jurídica.gov. Pero claro! de quién es la culpa sobre la morosidad.facebook. que se traduce en una mayor capacidad de respuesta del aparato judicial 49 . es decir. lo que demuestra aún más el esfuerzo de los funcionarios judiciales al lograr un incremento del 352% su productividad. otro aspecto que debe destacarse. que el problema de congestión en la Rama Judicial obedece a múltiples factores.
Ver exposición del profesor Jair Fonseca.
el abogado. que haya un juez en cada municipio del país.instituciones internacionales de poder. porque se hizo o no se hizo. de socialización. alcaldes. entonces quién? El alcalde. En.elespectador. 4 de marzo de 2011. porque se escogió a una persona y no a otra. magistrados. procuradores. que de todas formas a pesar de que sea justificado el ciudadano no pierda el derecho a que se le resuelva de manera oportuna el proceso en el
52 “Que una demanda no se le niega a nadie” es una frase que hizo carrera en el país judicial. Colombia parece haber caído en una especie de enfermedad que algunos llaman “demanditis”. 52 Por lo anterior participamos de la propuesta de que se requieren mayores recursos para la rama judicial que puedan ser administrados de manera autónoma y que hagan parte directamente del presupuesto nacional sin la intervención política del gobierno de turno para garantizar una justicia “al día”. el cura…? Los jueces que trabajan en la región y los pueblos colombianos saben que él es la última y hasta la única instancia en defensa de los derechos ciudadanos. que el presupuesto de la Fiscalía General tenga otro tratamiento distinto y diferenciado de la rama. lo aborda desde la hipotética impunidad en lo penal y lo civil. Es necesario que se incluya que el incumplimiento sea “injustificado” para que el juez pueda ser objeto de sanciones. Y por ello se han caído fiscales. congresistas y hasta ministros”. Aquí se demandan elecciones de autoridades locales y regionales. Tomado: http://www. El Espectador. contralores. no tendríamos porqué temerle si no que alabaríamos el hecho que nuestros ciudadanos acudan al litigio ante el juez para resolver sus reclamaciones sobre sus derechos. Nosotros por el contrario consideramos fielmente que si los procesos judiciales se ven como un espacio democrático. Por esto nos apartamos profundamente del diagnóstico de sectores que ven en el litigio una perversión. en la que las leguleyadas e infinitas interpretaciones legales de ciudadanos y abogados sobre determinado tema — amparados bajo la sombra del Estado Social de Derecho que consagró la Constitución de 1991— se volvieron el pan de cada día. mirada de la cual el propio gobierno participa. Pues si no es el juez. el policía.com/impreso/politica/articulo-330086-demanditis-y-estado-de-derecho. gobernadores. que se establezca el concepto de términos razonables para el trámite de los procesos.
sin garantías específicas y expresas en la Constitución debe ser superada. En conclusión. positivos y prohibitivos. asociación y reunión. en el ejercicio de esos derechos. PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA. la que desde su íntima convicción personal pueda derivarse de la interpretación y aplicación de la Constitución y la ley. puesto que participa del fundamento democrático y pluralista de nuestra sociedad y por lo tanto tiene el derecho a pensar distinto a sus superiores funcionales. Adopción: Asamblea General de la ONU. Ahora nos ocuparemos de una dimensión del juez que tiene una repercusión directa en cuanto a su persona en tanto que como partícipe de la sociedad política goza de los mismos derechos fundamentales y como tal aspira que pueda ejercerlos y disfrutarlos de manera plena. que se garantice la independencia y autonomía del juez con mecanismos e instrumentos constitucionales estructurales.tiempo “razonable” y con ello el estado responda positivamente al ciudadano. para que la justicia pueda ser pronta se requieren recursos suficientes y permanentes. gozar del derecho de poder pensar de manera autónoma e independiente. del 29 de noviembre de 1985 y 40/146. sin que ello sea considerado como una desobediencia u ofensa. con la salvedad de que. del 13 de diciembre de 1985. desarrollándose como juez. que tiene el derecho a mirar el país de manera distinta a lo que lo hace el Gobierno de turno y las mayorías políticas históricas 53 . los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión. creencias. es decir.
. quiere trabajar para poder vivir dignamente. los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. Resoluciones 40/32. Es insuficiente la fórmula de que el juez es independiente y
“En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos. Por eso la ya clásica y ortodoxa fórmula de la división de poderes.
El desempeño y estabilidad del juez. exponiendo sus ideas sobre el derecho y la justicia. participamos de la propuesta del Consejo de Estado e incluimos los aspectos particulares expuestos en la modificación del artículo 228 de la Constitución Política.
2009. ostenta algún título o pertenece a alguna grupo de poder o presión. sea la parte. es decir. Robert Alexy. todo ciudadano aspira. el poder disciplinario. Es decir. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. porque la primera está construida a través de una carta de derechos. el superior funcional. el miedo a perder el cargo o sus ingresos. no porque ocupa alguna posición.
sigue teniendo sentido hoy si nos ocupamos dentro del Estado Social de Derecho de explicitar las garantías o mecanismos de protección de los derechos. Mauricio Martínez. principios y valores. 2009. Teoría de los Derechos Fundamentales. 1997. tal como la independencia judicial. eso es lo que se conoce hoy como la constitucionalización del derecho. o una facción de la sociedad que ejerza el suficiente poder para cambiar el equilibrio de poderes y que sea tratado desde su interés
54 Para una revisión actual del tema ver: Miguel Carbonell y Leonardo García. Sobre la teoría de los derechos fundamentales ver una obra clásica. ni determine la separación de los poderes. 2010. Bogotá: Externado de Colombia. el gobierno. 55 Hemos dichos antes que la independencia judicial debe ser concretada en la persona del juez pues éste debe poder decidir sin influencia de otro. (Ed) El canon neoconstitucionalista. cuya estructura semántica es abierta y le caben muchas interpretaciones. Y cuando nos referimos a un ciudadano estamos pensando en la persona humana que tiene derechos de ciudadanía por ser persona. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. que cuenta con un mecanismo. 55 Para nosotros un derecho fundamental es una “posición jurídica” de exigibilidad en la que se encuentra una persona dentro del ordenamiento normativo.sólo está sometido a la Constitución y la ley. La Constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. 54 La fórmula del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de que “Toda sociedad que no
asegure la garantía de los derechos. Madrid: Centro de Estudios Constituiconales
. no tiene Constitución”. transformar la independencia judicial como un simple postulado estructural de la organización del poder político a un verdadero derecho fundamental. ser juzgado por un “juez sabio y justo”. desde lo más profundo de lo que considera justicia. El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Carlos Bernal. instrumento o acción constitucional de protección y un órgano o juez ante quien se puede reclamar su cumplimiento o realización efectiva. y la segunda. si bien concretiza la primera está invadida e impregnada por la Constitución. en una palabra.
com/tertuliasporlajusiticaenboyaca. si bien no puede cerrarse la carrera judicial y convertirse en algo corporativo. el proceso ocho mil. Consultar: www.privilegiado. que demostraron su aporte a la construcción de un país más democrático. los aspectos que consideramos deben incluirse en la reforma son 56 : La carrera judicial debe ser una garantía para el acceso al cargo de juez. Como desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia sentimos y sabemos que la única manera de mantenerse en pie frente a los derechos es que se concretice en garantías ese derecho fundamental a la independencia. narcoparamilitarismo.
56 Esta parte fue expuesto por el doctor Javier Humberto Pereira J. más sólido en sus instituciones. Así mismo confiamos en que este Congreso comprende el reto histórico y está a su altura. más pluralista y que esperamos de la clase política esté a la altura de las exigencias de una ciudadanía con derechos. Es decir.facebook. Que sería del país sin los jueces que hicieron posible que se conociera. Juez Catorce Administrativo del Circuito de Tunja. además de las calidades académicas y profesionales. propuso que todos los cargos a proveer en el rama judicial deben provenir de
. 57 El doctor Francisco Iregui I. Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. la parapolítica… Por el contrario.57 El ingreso a la carrera debe propiciar la vinculación de quienes. ella protege al juez de la influencia de quien lo nomina y le da tranquilidad frente a éste porque sólo depende de su propia capacidad. la corrupción. para lo cual consideramos necesario que se promueva el ingreso desde los más bajos cargos de juez hacia las más altas dignidades de las Cortes. nosotros declaramos enfáticamente que se requieren jueces de ese talante. tengan vocación de servicio para ser juez. juzgara y sancionara la narcopolítica.
pero al mismo tiempo se valora la vocación de juez del ciudadano que ha entregado toda su vida productiva a servir desde esta condición ciudadana. así como la Corte Constitucional para el caso de los notarios avaló que a éstos se les pudiera otorgar un puntaje en el concurso abierto por el desempeño del cargo por año o fracción mayor a seis meses 58 . en sentencia C-097/01 la Corte Constitucional consideró que la Ley 588 del 2000 no resultaban discriminatorios.
.también debe promoverse la vocación de juez y la majestad del cargo a partir de la dedicación. se mantiene el carácter abierto y público. el derecho a participar de todos los ciudadanos en los concursos para el ingreso a la carrera. Con lo anterior. y a partir de allí se incorpore y valore de manera favorable el factor de la experiencia en el desempeño de juez. entre otras características. investigadores. así mismo consideramos que para los cargos distintos al de juez municipal o promiscuo o el que esté en la más bajo rango de la escala. se le otorgue en el concurso de méritos un puntaje adicional por el tiempo de desempeño en el cargo en la rama judicial. Este puntaje es adicional con respecto a los profesionales prestantes. para acceder a la carrera administrativa. Es decir. académicos o docentes reconocidos que quieran participar o culminar prestándole un servicio al país al final de su carrera como servidores de la Rama Judicial. para poder acceder a los demás cargos de la rama judicial y hasta los cargos de la Corte Suprema y Consejo de Estado. sin violar con esto el principio de igualdad u otras disposiciones de la Carta por cuanto dichas normas jurídicas persiguen satisfacer las necesidades del servicio notarial como función pública. Desde la anterior perspectiva. proponer un sistema mixto de carrera donde se permita el ingreso de todos los ciudadanos a partir del cargo del juez promiscuo o municipal. la entrega y experiencia en el cargo. reconociendo que el concurso para seleccionar notarios tenía como finalidad escoger personas idóneas por su experiencia y conocimiento del oficio. y al mismo tiempo se
58 Respecto de la preferencia a favor de funcionarios que venían ejerciendo un cargo en provisionalidad o interinidad.
pues los recursos no son ilimitados.
. por eso si bien el desempeño debe ser evaluado pues presta un servicio público del cual debe dar cuenta al ciudadano y al estado. ya es un esfuerzo y garantía de calidad.aprovecha la experiencia acumulada que seguramente repercutirá en una mejor prestación del servicio público. consideramos que evaluación es eficaz y busca un fin loable como es mejorar el servicio público y la transparencia. Este sentido otorga un poder desmesurado al evaluador y pone al juez en un estado de temor permanente. Entonces. al cabo del cual se tendrá el derecho a ingresar a la escuela de altos estudios. entonces. lo anterior redundaría en mejor servicio público y mayor legitimidad institucional. La estabilidad en el cargo es un elemento esencial toda vez que no puede ser influido por nada más que la Constitución y la ley. para atender aquellos aspectos puntuales de deficiencia. también lo es que su estabilidad no puede estar sub júdice todo el tiempo pues el haber superado un concurso público donde participan miles de personas y ser seleccionado como uno de los mejores. consideramos que tenemos el derecho a la confianza y ser evaluado en el desempeño del cargo no para ser excluidos sino para cualificarlo y actualizarlo en sus buenas prácticas. La evaluación no puede seguir teniendo un sentido amenazante y sancionatorio de exclusión de la carrera. por esta razón debe ser “permanente y por períodos de cuatro años”.
sino de un asunto práctico que comparte toda una
59 Por tratarse lo disciplinario de una materia sancionatoria que afecta directamente el desempeño del juez se puede acudir a este estudio. No se trata de una concepción abstracta y preconcebida de lo aceptable o exigible. Las normas disciplinarias aplicables al juez deben ser cerradas. Los Peligros del Nuevo Constitucionalismo en Materia Criminal. 1997. Los derechos mínimos como la carga razonable. Ver: Orozco. los estímulos e incentivos. Albarello Juan Gabriel.El retiro del servicio sólo puede darse por causales taxativas. Ministerio de Justicia-Universidad Nacional de Colombia-IEPRI. y menos que se someta al juez al escarnio público de responsabilizarlo por lo imposible. taxativas y especiales y no una semántica ampulosa de términos generales y abiertos. a los límites compartidos por todos los que se encuentran en una circunstancia particular y concreta y se ven sometidos a diferencias que deben ser tenidas en cuenta dentro de la deliberación pública y abierta para determinar la forma de lo objetivo y lo exigible para todas las partes en términos de igualdad material.
. De igual forma consideramos que el juez no puede estar sometido a cargas de trabajo exageradas que conculcan su dignidad humana y sus derechos laborales. Abad Iván y Gómez. Lo razonable consulta esencialmente a la condición de finitud del ser humano. de los cuales se puede derivar cualquier interpretación y por esta vía permitir que concepciones ideológicas del derecho circunstanciales se impongan y terminen excluyendo al juez de la carrera. el peligrosismo principialista 59 del derecho disciplinario pone en estado de peligro permanente al juez.
Consultar cuarta tertulia: www. Consultar: www.facebook. clara y suficiente. Bernal. Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. a través de recursos en audiencias orales para efectos de la celeridad.
. respondiente a lo pedido de manera fundamentada y argumentada. Bogotá: Taurus. expuso que la estructura de la administración de justicia no había crecido en la misma medida que la demanda de justicia de un país con cuarenta millones de habitantes. La idea de justicia. es indispensable que el juez responda por una carga razonable de acuerdo a la planta de personal y a los recursos administrativos y tecnológicos. parece que la solución es por una parte desalentar la litigiosidad y aumentar la oferta de operadores judiciales (informalización o privatización de la administración de justicia). Especialmente capítulos 3 y 9: “Instituciones y personas” y “La pluralidad de razones imparciales”. 2010. pronta y cumplidamente.facebook. 60 El debate de cuántos jueces requiere la demanda de justicia no es un asunto fácil de determinar porque depende mucho del diagnóstico sobre lo que se considera debe ser objeto de lo judiciable y ahora. Amartya. Especialmente capítulo 2: Racionalidad. como lo haría un excelente juez que imparte buena justicia. Carlos. En conclusión. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. proporcionalidad y razonabilidad en el control de Constitucionalidad de leyes”.com/tertuliasporlajusiticaenboyaca. Se escucharon muchas propuestas al respecto como la que se refiere a descongestionar la jurisdicción civil de los procesos ejecutivos 61 o partir de una revisión actualizada de las verdaderas cargas de trabajo y de la demanda de justicia la cual nos daría como resultado que deberíamos aumentar el número de jueces y fiscales 62 o la que se refiere a la mejor gestión de los recursos con jueces itinerantes o jueces de municipios pequeños que colaboren en la descongestión o de manera permanente puedan colaborar en actuaciones o fallos judiciales. moderador de la primera Tertulia. 2005. con la propuesta de gobierno.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 enboyaca. El Derecho de los derechos.facebook. doctor Javier Ortiz del Valle. 62 El doctor Pedro Nel Cárdenas.com/http://www.comunidad
racionalmente. pero que también
60 Sen. 61 El Magistrado. presentó la propuesta de que debía analizarse si toda la carga de los procesos ejecutivos debía seguir siendo asumido por jueces o podía ser asumido por una entidad de carácter técnico y reserva al juez los aspectos específicamente o problemas específicamente jurídicos. Fiscal Especializado Unidad del Lavado de Activos.
debe valorarse el esfuerzo personal de manera adecuada a través de estímulos e incentivos para aquellos jueces y juezas que realicen un esfuerzo personal más allá de las exigencias legales. 336
. Es decir. A los mejores jueces podría tenérsele en cuenta para remplazos temporales. nada
puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable su remuneración… Conforme al modo ordinario de ser de la naturaleza humana.” 63 Todos admiramos
El Federalista. etc. de rendimiento en cifras o número de sentencias por un paradigma integral donde no solamente cuentan las cifras sino también todas las dimensiones del ser humano. consideramos que cuando se supera lo razonable. En este sentido. El salario del juez. En “Federalista” dice de manera clara y contundente: “Después de la permanencia en el cargo. para becas o premios.pueda disfrutar de las demás dimensiones como ser humano con su condición particular y concreta. con todos los demás roles que podría cumplir a nivel familiar. un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad. Unido a lo anterior. social y académico. pp. se garantizaría la estabilidad del juez siempre que su rendimiento se encuentre dentro de los niveles razonables y se abandonaría la competencia como criterio para medir y evaluar su esempeño. debemos cambiar el modelo de valoración del juez desde el paradigma puramente eficientista. para magistrados auxiliares. entonces. México: Fondo de Cultura Económica. 2001.
Nº 11001-0325-000-2005-00244-01.-
. Consejo de Estado. las mismas razones y fundamentos que sirvieron para reconocer que entre dichos niveles de funcionarios no
La ley 10 de 1987 en su artículo 2º estableció el salario del magistrado auxiliar corresponde al 80% de la remuneración total del magistrado de la Corte. Creemos que la dignificación de la labor del juez exige que sea remunerada a partir del 80% del total de los ingresos mensuales de lo que recibe el superior funcional. modificado por el Decreto 4040 de 2040 64 . inmerecido para toda la labor pacificadora que cumplen los jueces a lo largo y ancho de este país. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. REF: EXP. Sección Segunda. con ponencia del doctor Carlos Orjuela Góngora. Ya el Decreto 610 de 1998. Esas diferencias abismales entre salarios de un juez municipal respecto al de circuito. estableciendo que la bonificación por gestión judicial tuvo como fundamento los principios de la equidad aplicando criterios de proporcionalidad en la remuneración entre Magistrado de Alta Corte y Magistrado de Tribunal. pero especialmente entre éste y el magistrado de tribunal. no tienen ninguna justificación material en términos de equidad. pues esa dependencia directa afecta la voluntad del juez.la
Norteamericana y con toda razón habría que aceptar que tiene sentido el haber dejado en la propia constitución esta garantía del salario del juez que no podrá ser disminuido por el gobierno de turno. En este sentido. y la ley 63 de 1988 estableció esta misma regla para los Magistrados de los Tribunales del país. consideramos que las discusiones sobre el salario justo del juez no puede seguirse manteniendo esas abismales diferencias porque atenta contra la básica regla de la igualdad material y reproduce un modelo de estructura jerárquica de la rama judicial a partir de los salarios. fue declarado nulo por Sala de Conjueces 65 .
Para todo lo anterior. La reserva de ley estatutaria. por esta misma razón tendrá que establecerse su salario a partir del salario del juez en una proporción justa y proporcional entre los diferentes cargos y funciones judiciales. pues dejar que sea objeto de reglamentación por el órgano de administración queda sujeto a concepciones extrañas a la labor judicial. Pero igualmente no puede existir entre el juez y su equipo de trabajo diferencias tan grandes e indignantes.podían existir tan grandes diferencias. Es decir. la pregunta básica es con qué instrumento cuenta el juez para que se le garantice su independencia? Ya hemos expuesto algunas normas positivas y prohibitivas que sirven de garantías constitucionales a favor de la independencia. son válidas para reclamar un trato justo del juez con respecto al Magistrado de Tribunal. consideramos que debe modificarse el artículo 230 de la Constitución Política. Obsérvese que ante esta pregunta queda cierta perplejidad porque la
. Estos temas además de incluirse dentro de la propia Constitución deben ser objeto de desarrollo en la ley estatutaria de manera clara porque sería una garantía más al derecho fundamental de la independencia del juez. pues el personal que requiere un juzgado debe ser calificado y cada vez mucho más preparado. B) Mecanismos de protección. La concepción que estamos defendiendo es que la independencia judicial para que sea un verdadero derecho fundamental debe además de estar consignada como límite también requiere para su efectividad y realización una garantía o instrumento de protección que se encuentre dentro de la propia constitución.
porque ante cualquier amenaza o vulneración de estos derechos él acude como persona ante otro juez para que se le garantice ese derecho fundamental. adviértase que la propuesta sobre reforma a la acción de tutela para resolver lo que se ha llamado el choque de trenes por los encuentros y contradicciones entre la Corte Constitucional y las Altas Cortes. luego termina por esta vía transformándose la acción de tutela en otro recurso final para logar el derecho y enfrentando al juez con su superior funcional. se está garantizando su independencia. desde el primer debate fue excluido el tema.respuesta sería que tiene la tutela y sería ese el mecanismo idóneo para cuando se le viola cualquiera de sus derechos fundamentales como el de la independencia. por la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. Con lo cual queda probado que cuando se habla de independencia judicial se habla de la persona del juez y por eso siempre que se fortalece su vinculación. Qué hacer? Si se sigue la jurisprudencia de ésta última finalmente condena al ciudadano a acudir a la tutela para que luego la Corte termine revocando la sentencia. Nuestra percepción es de desconcierto en tanto que al juez se le pone en un dilema constitucional toda vez que tiene que resolver un caso particular y concreto el cual tiene una solución en la Corte Constitucional y otra ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema. su forma de evaluación y las formas de retiro. Ahora con relación a los otros mecanismos de protección de los derechos constitucionales. Claro que sería muy interesante pensar en un mecanismo especial de rango constitucional exclusivo para la defensa del derecho fundamental a la independencia del juez. Dos casos paradigmáticos ilustran esta problemática: La motivación de los actos de desvinculación de los nombramiento en provisionalidad y la reformatio in
. su salario. en el debate en la Cámara fue reiniciado como una competencia o función exclusiva de la Corte Constitucional. su estabilidad. Sin embargo.
T-291/06. Suprema y Consejo de Estado. Creemos que hay suficiente ilustración sobre el tema y la necesidad de que en el Estado Constitucional exista quien diga la última palabra. los fallos de los jueces administrativos consultan igualmente el espíritu de la Constitución. política y moral para el ciudadano. Tal fenómeno suele explicarse por la razón histórica que determinó el surgimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: la defensa del principio de legalidad. T-091/06. a lo largo de los años. Desde esta perspectiva. no resulta extraño que dos jurisdicciones. En tal sentido. el juez constitucional.
Nuestra propuesta es que se termine con este mal llamado choque de trenes y a nivel constitucional se decida de manera definitiva quién tiene la última palabra en la interpretación de los derechos fundamentales y si procede la tutela contra sentencias de las altas Cortes.
T-1094/08. la existencia de distintas posturas jurisprudenciales en materia de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera son acordes con la dinámica interpretativa del derecho. en su quehacer interpretativo y argumentativo la ley sigue ocupando un lugar de primer orden. si bien es cierto que la expansión del principio de supremacía constitucional ha irradiado a toda la jurisdicción en Colombia. al no encontrarse atado por el texto de aquélla. y por ende. la constitucional y la administrativa. Por el contrario. hayan elaborado. Las decisiones sobre esta última de la Corte Constitucional T-436/08. y frente a la primera. la interpretación y aplicación razonables que los jueces administrativos han realizado de los textos legales que rigen la función pública en Colombia no puede ser considerada como una fuente de responsabilidades ni personales ni estatales. en esta última sentencia explica y justifica su postura en los siguientes términos:
La Sala Plena considera necesario precisar que. no existe responsabilidad alguna de los jueces administrativos por la elaboración de una jurisprudencia constante sobre un determinado punto de derecho. ni ser tampoco el llamado a interpretarla y aplicarla en casos concretos. suele adelantar una lectura distinta de las cláusulas de derechos fundamentales. Es una necesidad práctica. En efecto. las dos últimas sentencias de unificación de la Sala Plena de la Corte Constitucional SU-917 de 2010 y SU-691 de 2011 evidencian esta problemática. La Corte Constitucional consciente de esta tensión y desgaste institucional de la rama judicial ante el espectáculo frente al ciudadano.pejus. unas líneas jurisprudenciales distintas sobre un mismo tema. no porque sea el más capaz o el superior sino porque alguien tiene que cerrar los problemas interpretativos de las normas constitucionales y si hay más de un órgano de
. también lo es que. En efecto. T-254/06.
68 se criticó este nuevo instrumento constitucional por considerarlo innecesario pues no soluciona la congestión sino que la crea porque otro juez debe entrar a resolver y porque tiene un fundamento perverso en cuanto que se parte de un diagnóstico equivocado del problema en cuanto que se cree que es el juez el único culpable de la mora judicial y no se tiene en cuenta la realidad judicial. 68 La doctora Alba Luz Russi. hay más de una constitución. Rodrigo Uprimny. La Constitucionalización de la Justicia y la Autonomía judicial. sería lo ideal. Consulta tertulia cuarta: www. Ahora en cuanto al nuevo mecanismo de protección incluido en el artículo 29 de la Carta Política. 997 de 2011. entonces.facebook.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . y volver en este segundo periodo a incluir la reforma de dicho artículo generaría un problema de violación al principio de consecutividad. pp. es decir. participamos de la propuesta que salió de la Plenaria de la Cámara. En.com/http://www. ob cit. Universidad Nacional de Colombia. 472 67 GC No. que establece una función a la Corte Constitucional en el artículo 230 de la Constitución 67 .
. Mauricio Garcia y Rodrigo Uprimny. La tutela contra providencias judiciales en Colombia y España. La reforma a la tutela: ¿ajuste o demonte?. 66 Como sabemos que existe un escollo en cuanto que ya fue rechazada desde el Senado la reforma al artículo 86 de la Constitución. entonces. Desde nuestra perspectiva darle más instrumentos al ciudadano para la defensa de sus derechos fundamentales. Bogotá. entregándole la potestad de cerrar el debate interpretativo.cierre.facebook. consideramos que debemos abordar el problema de la Constitucionalización del ordenamiento jurídico a partir de vincular el debate sobre los derechos fundamentales desde el interior del proceso y no terminar asaltando al juez mediante acciones de tutela contra sentencias y separando toda la discusión constitucional del conocimiento del
Ver Mauricio Martínez. el Habeas iuris. Por esta razón. 2009. desde la concepción democrática y participativa del derecho. Jueza adjunta laboral del circuito de Duitama. siempre que coherentemente se incluyan mecanismos de garantía de la independencia judicial. pero sólo que al mismo tiempo se le dote al juez de todos los recursos e instrumentos para exigirle mayor rendimiento.
se dirá. La idea esencial es permitir que la parte presente ante el propio juez del proceso la discusión constitucional sobre la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. no existe un mecanismo interno que constitucionalice al propio juez. Nuestra propuesta es que se acoja la idea del
habeas iuris para constitucionalizar de una vez por todas el proceso y acabar
con la tentación de transformar la tutela contra sentencias en un último recurso donde se juzga la sentencia pero donde el juez ocupa un lugar pasivo. 142-155
. sin embargo. Ver Mauricio Martínez. porque está sometido a las interpretaciones de la jurisprudencia constitucional y directamente a la Constitución. quien resolverá en
69 Ver la experiencia Española sobre la “cuestión de constitucionalidad”. 2009. Ciencias Políticas y Sociales. termine el debate constitucional. como el habeas corpus. Como se observa. Faculta de Derecho. Existe un equívoco en pensar que el juez es constitucional porque resuelve una acción de tutela u otra acción constitucional. que el juez sea quien acepte o no el debate constitucional y que el superior funcional. el problema es que el juez al interior del proceso no tiene la oportunidad procesal de pronunciarse frente a debates de derechos fundamentales que luego son expuestos por vía de tutela. (Art. 4 CP). Pero este instrumento constitucional del habeas iuris no puede servir para excluir al juez del proceso y castigarlo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.juez. porque excluye al juez del debate constitucional pues la única vía que tiene es cuando se pronuncia a partir de la excepción de inconstitucionalidad o se supone que debe hacer una interpretación conforme de la ley. sino que debe ser propositivo y constructivo del discurso constitucional y de los derechos fundamentales 69 . Pero igualmente debe servir para vincular al debate constitucional al propio juez. pp. y generar mayor congestión al superior funcional. pues su función ordinaria debe decidir con fundamento en la ley… pero constitucionalizada. El modelo que ahora está vigente promueve necesariamente una escisión entre lo constitucional y lo legal. La Constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. dentro del proceso y a nivel de las instituciones procesales. La tutela contra providencias judiciales en Colombia y España.
transformaría al juez protagonista en el debate constitucional y permitiría terminar con lo que hoy conoce el país como el “choque de trenes”. Lo anterior armonizaría de manera más pacífica el diálogo entre las diferentes jurisdicciones porque respetaría la autonomía orgánica entre ellas.primera instancia. como la de administrar justicia dentro de los jueces no ha sido bien vista y mas bien se observa con mucha sospecha. para que él mismo sea quien de curso al mismo adoptando la decisión al interior del proceso o bien lo negará. sólo cabría contra la sentencia judicial si previamente se ha propuesto el habeas iuris. El actual modelo de la acción de tutela al interior del proceso y contra sentencias hace del juez un actor pasivo de la misma y está fundado en ruptura entre las diferentes jurisdicciones y el otrora concepto de ley en el sentido formal que actualmente se ha transformado en ordenamiento jurídico constitucionalizado.facebook/http://www. el derecho fundamental y garantismo de la justicia. sin que por ello pierda la competencia del proceso. armonizaría el diálogo fluido entre la jurisdicción constitucional y las demás jurisdicciones. pasando la actuación a su superior.
. Consulta tercera tertulia www. C) Privatización de la administración de justicia. profesor de la UPTC.facebook. La idea de incluir dentro de la nueva concepción de estado a los particulares y a la administración en el cumplimiento de funciones esenciales y propias del estado de derecho. como requisito de procedibilidad. entonces. Lo anterior unido a que la acción de tutela. En principio se ataca su fundamentación en cuanto que socava la estructura básica de la división del poder 70 y para otros se acaba con la garantía esencial del estado demoliberal del juez natural puesto que finalmente son los particulares los
El doctor Jorge Patiño. será quien considere relevante o no el debate constitucional propuesto por la parte.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 .
facebook. el problema de los límites y los criterios o principios para determinarlos es el problema constitucional al que nos avocamos. El ejemplo más grave ha sido el de la salud. Si se privatiza la justicia. Consultar segunda tertulia: www. cirugías y consultas especialmente costosos y en el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del ramo.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . con resultados generalmente nefastos.com/http://www. en denegar el acceso a medicamentos. Otros aspectos que también se
El doctor Horacio Tolosa.facebook. La principal característica de las privatizaciones consiste por supuesto en que los operadores particulares actúan buscando la máxima ganancia. las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear. la fórmula se ha traducido en cobrar más a los pacientes. derecho que la ley 100 convirtió en mercancía que solo puede ser adquirida por quienes tengan suficiente capacidad económica. María del Pilar Arango Hernández La Juez Civil y actualmente es Juez Civil del Circuito de Bogotá. pero a los usuarios muy mal. Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
. Un negocio donde a las EPS les va muy bien. sin embargo. En la salud. Para ello deben aumentar sus ingresos y reducir los costos de funcionamiento.que terminan imponiendo desde visiones interesadas una interpretación de la norma objeto de su aplicación 71 Otras opiniones asumen que toda privatización en el Estado es perversa: “En
Colombia las privatizaciones se vienen adelantando desde hace 20 años. 72
En este punto sin duda que el problema para nada es fácil y desde la perspectiva crítica creemos que el Estado Social de Derecho no puede seguirse pensando con las mismas categorías clásicas. situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho. preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia. tratamientos.
Rodrigo. “En lugar de fortalecer el sistema judicial para que tramite adecuadamente los conflictos entre todos los ciudadanos. luego alguien tiene que pagar el servicio de justicia. Se crea una justicia “administrativizada” de segunda para los pobres. Rodríguez. con el cual se viola el principio constitucional de acceso a la justicia. Mauricio. Justicia. señaló los problemas que han surgido en la figura de los jueces de paz. está mediado por criterios económicos. como por ejemplo sería los curadores o los notarios. formación y exclusividad. democracia y violencia en Colombia: evaluación del sistema judicial en las últimas dos décadas. pp 310
. como es la independencia. puesto que siempre están sujetos a dinámicas de poder.facebook.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . Uprimny. Juez Segundo Penal del Circuito de Duitama. que terminan decidiendo y entre más clientes tengan mayor sería su utilidad. Los procesos de “informalización” no deben hacerse como un simple mecanismo para descargar al poder judicial de sus obligaciones constitucionales. César y García. imparcialidad.facebook. 73 De todas maneras no se resuelve el problema del acceso cuando no se garantiza la gratuidad puesto que ningún particular actuaría por simple filantropía. a partir de la instauración del estado de bienestar y
73 Respecto de la inconveniencia de delegar la función de administración de justicia en particulares El doctor Fernando Tolosa S. cit.cuestiona abiertamente es la garantía de la segunda instancia porque si bien al particular. Consultar tertulia cuarta. que es una de los elementos medulares del estado social de derecho. de intereses y de influencia directa puesto que su aplicación e interpretación de una norma al momento de decidir un caso. mientras se reserva la justicia judicial a los estratos medios y altos de la población.com/http://www. www. 74 Uprimny. si bien es una propuesta novedosa y sin duda afecta las bases esencial del estado de derecho clásico que se sustenta en la división del poder de manera clara. sino que deben estar acompañados del principio del acceso a la justicia” 74 Luego. ob. la estrategia pareciera ser la de excluir los conflictos de los pobres del acceso a los jueces.. En. también lo es que ellos no gozan de las garantías del ejercicio de la juridicidad. al abogado y a la administración pueden otorgársele poderes o delegársele dichas potestades de manera permanente o especial o temporal. por falta de formación jurídica.
Las transformaciones del Estado Contemporáneo.facebook/http://www. www.
. Posición del doctor Israel Soler. Finalmente hay que decir que el país todavía no se ha puesto de acuerdo sobre este aspecto y por esta vía terminaría privatizándose la justicia 76 . en principio. se ha moderado esa concepción puesto que también se modificó su fundamento individualista hacia una concepción más solidaria 75 . Madrid: Alianza Editorial. Juez Tercero Administrativo del Circuito de Tunja. sería la fórmula sin ninguna excepción adoptada por la Comisión de Conciliación. 1994. entonces.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . y las concepciones modernas del Estado Social de Derecho. orales y muy garantistas.facebook. Por lo tanto. como las fórmulas de entregar la función jurisdiccional a particulares desnaturaliza la misma concepción de estado social en tanto que socaba el fundamento de igualdad en el acceso a la administración de justicia y transforma la justicia no en un servicio público y una función esencial del estado sino en una actividad económica remunerada que entra en el mercado. excluye del mercado y de los debates de las mayorías ciertos temas que sólo pueden ser adoptados por el poder
Ver García-Pelayo. lo que podría conciliar las visiones tan encontradas y abiertas. Manuel.del desarrollo. la fórmula no resuelve el problema de la gratuidad en el acceso a la administración de justicia. pues alguien tiene que pagar los servicios y si los casos son de mínima cuantía o de los que considera el estado insignificantes en términos económicos. así ella no tenga el valor económico y tenga otro tipo de valor para la persona con derechos. entonces. puedan ser revisados en segunda instancia por un juez y que entonces lo que habría es que pensar en procedimiento ágiles. mientras que la idea de estado social de derecho fundado en carta de derechos. Una propuesta que se ventiló es que toda decisión de los demás operadores privados o administrativos. se estaría por esta vía excluyendo del sagrado derecho a la justicia a un grupo de ciudadanos. garantías y controles. En el anterior sentido. Sin embargo.
En este sentido proponemos modificar el artículo 116 de la Constitución Política en relación con el punto que nos ocupa. Si se trata de contribuir a descongestionar la justicia hoy. Nosotros consideramos que de ninguna manera puede entregarse esta función la particular. de pequeñas causas. pues ella es sagrada para los derechos
. Lo anterior no quiere decir que estemos en desacuerdo con los mecanismos alternativos o informales de resolución de los conflictos. porque existen otros mecanismos alternativos y menos lesivos a los derechos ciudadanos. no es necesario que se privatice la justicia. Ahora. como se ha propuesto en el proyecto de reforma en curso. que desde nuestra perspectiva no tiene una connotación perversa sino halagüeña a la concepción democrática de la justicia. como por ejemplo la conciliación o el uso de entidades técnicas. humanos. transformar los modelos escritos por orales. promiscuo territorial para que puedan trasladarse procesos entre distritos y colaboren los mismos jueces a evacuar los procesos. consideramos que aceptar la entrega del poder jurisdiccional al particular es atentar contra los mismo fundamentos del Estado y contra la idea del juez natural como un legado cultural de la humanidad. el uso de las TIC.constituyente por tratarse de fundamentos esenciales u ontológicos del ser del Estado y de la Nación. entonces. para afrontar la realidad del crecimiento de la demanda de justicia. como las superintendencias. se deben utilizar los mecanismos de juez itinerante. para afrontar el problema coyuntural de la congestión judicial. son muchos los otros mecanismos que podrían utilizarse y pensarse para afrontar esta problemática. en fin. para resolver aspectos puntuales.
las decisiones de la Sala Disciplinaria se ven afectadas de legitimidad toda vez que al tener sus miembros un origen puramente político. La Corte se ha pronunciado sobre la imposibilidad de aplicar de manera general el poder disciplinario sobre interpretaciones razonables de los jueces y solamente de manera excepcional. representación de todos los integrantes de la misma 77 . el gobierno y el congreso. T-001 de 1999. T-625 de 1997. cuyo origen es político.com/http://www. Pero este modelo es la muestra de la actual concepción en la organización de la rama judicial puesto que primero se evidencia la ruptura entre las Cortes y los jueces. T-800 de 2006. así como fue diseñado desde el 91 debe sufrir modificaciones importantes pues durante estos veinte años de existencia ha generado muchas desilusiones. como debería ser en una democracia pluralista y participativa. Y específicamente con la Sala Disciplinaria.facebook. y T-747 de 2009.facebook. T-751 de 2005. Este tema es uno de los más controvertidos en la reforma porque se trata de una modificación de un órgano de poder donde existen intereses directamente relacionados con personas y grupos por una parte representan a las Altas Cortes ya que la Sala Administrativa tiene origen en ellas. en las sentencias T-249 de 1995. por no decir nula. sus decisiones parecen más como una reacción del ejecutivo o legislativo ante los
La doctora Alba Luz Russi. expuso que los proyectos era un disputa entre poderes. 254 CP). Jueza Adjunta Laboral del Circuito de Duitama. se evidencia al interior de la rama una escasa. T-056 de 2004. T-489 y T-910 de 2008. segundo.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . tercero.D) La administración de la justicia. de ahí que el debate actual está centrado en las Altas Cortes. se tienen por lo menos tres reparos esenciales: primero que por tener funciones jurisdiccionales termina cambiando la jurisprudencia de la Alta Cortes (Suprema y Consejo de Estado) por vía de la tutela. T-678 de 2007. no existe confianza ni una relación fluida. como al Ejecutivo y al Congreso porque la sala disciplinaria tiene un origen político (Art. Dentro de la comunidad jurídica del país existe una cierto consenso en torno a que el Consejo Superior de la Judicatura. Consultar cuarta tertulia: www. que termina siendo el órgano de cierre de toda la jurisprudencia porque por vía del proceso disciplinario impone la interpretación sobre las normas aplicadas por el juez vulnerando con ello la independencia y autonomía del juez 78 .
. y segundo.
porque en un Estado de derecho hay reglas que permiten encausar esas desavenencias con las decisiones de los jueces. especialmente cuando la crítica proviene de miembros del ejecutivo. de las responsabilidades relacionadas con el presupuesto y la administración judicial. 82 Ver intervención como Vicepresidente de la Sala Administrativa del CSJ del doctor Ricardo Monroy Church.fallos de los jueces que como una postura independiente. 81 Así mismo se tiene conciencia de la labor cumplida por el CSJ y la Sala Administrativa en cuanto a la carrera judicial y del manejo autónomo del presupuesto. para de esa forma evitar que ellas sean objeto de ataques por fuera del único escenario donde pueden ser válidamente controvertidas: el procesal. jurídica y justa. las críticas que se han escuchado. y la influencia del ejecutivo en la Sala Administrativa la investigación de Javier Eduardo Revelo Rebolledo. sino con la forma en que se disiente de las determinaciones judiciales. Solamente habría que recordar varios casos donde los jueces han adoptado decisiones dentro del proceso o en primera instancia.camara. Para una revisión comparativa Latinoamericana revisar: Margaret Popkin. Mauricio García. 169 y ss. reforma del CSJ.co/portal2011/index.gov. Tomado: http://www. afectando la independencia en la toma de las decisiones al interior del mismo 79 . Gaceta Constitucional 75 del 30 de abril de 1991. Mayorías Sin Democracia. es probable que no lo haya sido. el cuestionamiento público que hizo el presidente Santos a la sentencia condenatoria contra el general Arias Cabrales por desapariciones forzadas ocurridas durante las llamadas toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Ignoro si en este último caso el fallo fue correcto. En Germán Burgos. Ahora bien.
. en la audiencia pública celebrada el 22 de noviembre de 2011 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. con relación a lo que ocurría antes del 91. En. ocurrida a partir de mediados del siglo XX en Europa. autónoma. pp. cit. 249 y ss. Op cit. 80 Nadie estaría de acuerdo en que deba eliminarse la Sala Administrativa del CSJ. 82 Sin embargo.elespectador. 88 del 3 d junio de 1991 Revisar sobre los debates sobre la eliminación. pero casi todos estamos de acuerdo que es indispensable hacer una reforma donde esencialmente se resuelvan los problemas ya enunciados. desde el exterior como desde el interior de la
Yesid Reyes Alvarado: “Afirmaciones como las que en su momento hizo el exministro Fernando Londoño contra quien dejó en libertad a los Rodríguez Orejuela. El Consejo Superior de la Judicatura: entre la eliminación y la cooptación. coartan la autonomía de la rama judicial. Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una perspectiva comparativa.com/impreso/opinion/columna-296305autonomia-de-justicia. Por eso mi inconformidad no tiene que ver con el asunto de fondo (¿era o no viable conceder la detención domiciliaria?). o las más recientes declaraciones del primer mandatario descalificando la conducta de un juez que otorgó casa por cárcel a alias El Cebollero e invitando públicamente al Consejo Superior de la Judicatura (cuya eliminación propone el Gobierno) a que lo investigue. pero inmediatamente la Sala Disciplinaria inicia proceso disciplinario previo reclamo o solicitud del ejecutivo. Adelante nos ocuparemos de este último tema en particular.” Consultado: http://www.php/proceso-y-tramitelegislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=681. existe también un consenso con respecto a que un mecanismo esencial para garantizar la independencia y autonomía del juez es la separación del ejecutivo. El fundamento de la Asamblea Nacional Constituyente fue crear el CSJ como un órgano autónomo e independiente de rango constitucional con el fin de fortalecer la independencia de la rama judicial. Op.
Profundizar en formas más participativas fortalece la democracia y las instituciones del Estado Social de Derecho porque cada representante solamente actuaría como vocero temporal de la comunidad de la que proviene y a la que se debe. el actual esquema de administración no ha dado
los resultados previstos por el Constituyente. dijo al respecto: “Para la Comisión. Problemas de legitimidad cuando se adoptan medidas administrativas o se asumen posiciones que en nada consultan el sentir de la comunidad jurídica del país y menos de los jueces. cuando se podría ganar mucho si es la misma comunidad jurídica y los jueces quienes participan en pensar las políticas públicas de la rama judicial. como lo establece maravillosamente el artículo 2º de la Constitución Política El “Informe Final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia”. cuando la carrera judicial es el mecanismo democrático por excelencia para el acceso a los cargos de la rama judicial. y se permitiría que sean ellos mismos los que como pares respondan al país de sus responsabilidades públicas. Con ello no terminarían los jueces siendo objeto de discriminaciones a través de visiones extrañas al quehacer y a la labor judicial. están más unidas a problemas de transparencia en el manejo de los recursos. en la gestión y eficiencia en cuanto que se requieren técnicas de gerencia y un ejecutor de las políticas.Rama Judicial y de la comunidad jurídica nacional. el esquema actual preserva la escisión entre las altas cortes y los jueces. derivados de un diseño que no
. pero igualmente manteniendo por fuera a la comunidad jurídica y académica que también son legitimados para participar en la administración de la rama judicial. pero volvería a compartir su misma condición con sus pares luego tendría que ser responsable de las decisiones que adopte durante ese lapso. Una democracia pluralista y participativa promueve la participación activa de quienes son los interesados y afectados en sus derechos. en cuanto a la representación de la comunidad jurídica nacional y de los miembros de la propia rama.
En este mismo sentido se pronunció el doctor Pedro Noé Cárdenas. se produjo desde el comienzo un distanciamiento entre el Consejo Superior de la Judicatura y el restante estamento de la Rama Judicial. pp. contrariando un principio de unidad de gobierno y con debilitamiento de la gestión misma por la fragilidad de la estructura y restringiendo la participación en el diseño de determinadas políticas administrativas” 83
. del Consejo de Estado. Frente a esta perspectiva algunos son de la idea de que debería incluirse un solo delegado de la corporación sin hacer discriminación entre el delegado del Presidente y de la corporación. Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. La discusión se presenta cuando se incluye a los Presidentes de la Corte Suprema. Consultar cuarta tertulia: www. Consulta tertulia primera: www. unida a que sea de libre nombramiento y remoción y no de período. y que también haya una representación de los Magistrados del Distrito.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 .facebook.cuida de establecer mecanismos de jerarquía ni de coordinación entre las Altas Cortes y el nuevo ente que creaba.facebook. para que la relación entre el nombrado y la corporación esté mediada por la confianza y aquél pueda reflejar los intereses corporativos y se pueda responder al principio de la unidad judicial de gobierno. como de los empleados de la rama.facebook.facebook. 84 ya que darle funciones administrativas a estos tendría que resolverse de manera que no se afecte su labor jurisdiccional. de los jueces de la jurisdicción ordinaria y de los jueces de lo contencioso administrativo. hasta el extremo de que se adoptan decisiones que no se consultaban con los órganos jurisdiccionales respectivos. de la Corte Constitucional.com/http://www.com/http://www. 45 84 El doctor Francisco A Iregui I. para nosotros los jueces el problema no está en realidad en cómo se denomine el nuevo órgano de gobierno de la rama judicial. sino en que debe mantenerse un órgano autónomo e independiente.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . fortaleza en el gobierno
Op cit. expuso mayores argumentos sobre este punto. Fiscal Especializado Unidad de Lavados de Activos.
op cit. Consulta tertulia primera: www. pues con ello no afectaría de ninguna manera la independencia y autonomía de la rama pero sí contribuiría a mantener relaciones fluidas y conservaría la colaboración entre las ramas. los jueces deberían ser garantes de la gestión investigativa y la afectación de los derechos por parte de la Fiscalía. adoptados por el artículo 113 de la Constitución. pp. de esta forma el juez se mantendría externo e imparcial a la investigación y acusación.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475
. en esta ocasión no profundizaremos en esta discusión. del gobierno y otras entidades. sería sano y hasta conveniente que el gobierno a través de los Ministros de Justicia y Hacienda puedan participar con voz pero sin voto en este organismo. nuestra propuesta está dirigía a participar dentro de la Sala de Gobierno así: a) Un (1) Magistrado (a) de los
Comisión.facebook.com/http://www. expuso mayores argumentos sobre este punto. Hay un sector de los jueces que considera que la participación de la Fiscalía General dentro de la Rama Judicial y dentro del presupuesto de la Rama no es conveniente ni necesaria 86 . Dentro del anterior contexto. Sin embargo. Otro aspecto importante y que se vislumbró fue la participación y a qué título. Tema plantado por el doctor Francisco A Iregui I. la colaboración armónica entre todos las ramas y órganos del estado.administrativo y responsabilidad. es decir. En sentido crítico debemos decir que al tenor de los principios que inspiran la estructura organizativa del estado. dentro estas relaciones. op cit. 46. La intervención de agentes sociales legitimados externos a la rama permite que haya mayor control y transparencia. Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. y que no se cree un corporativismo ajeno a las realidades del derecho y de la sociedad. entonces. 212-214. esencialmente porque el nuevo modelo acusatorio cambia las relaciones de poder y los jueces. como lo expuso la Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia 85 .facebook. Para ver un comparación de la composición y el mandato del CSJ en los distintos países latinoamericanos ver cuadro anexo en Germán Burgos.
y sin embargo le fue anunciada una visita por parte de un magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura Consultar en Cuarta Tertulia: http://www. sin reelección y con las atribuciones de la actual Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.Tribunales Superiores del Distrito. denunció la persecución a la que fue sometido cuando en su condición de Juez laboral profirió un fallo reconociendo una pensión de vejez con intereses moratorios a cargo del ISS. El debate esencial en este punto es quién debe examinar la conducta disciplinaria de los magistrados. Otra propuesta que se ventila es que la investigación la haga el superior funcional que como se puede observar también adolecería de falta de imparcialidad e independencia. se inició una investigación en su contra por afectar presuntamente el patrimonio de la entidad. La gran debilidad del diseño actual es que la Sala Disciplinaria es su origen. El período debe ser individual de dos (2) años y elegidos por voto directo por cada uno de las jurisdicciones. puesto que quien revoque una sentencia del inferior ya tiene la diligencia preliminar de la investigación disciplinaria. Y Gerente o Director. jueces.
E) El disciplinamiento de los Magistrados y Jueces. abogados y ahora los otros operadores que entrarían a administrar justicia. d) Un (1) Juez (a) de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. e) Un (1) empleado de la rama judicial. b) Un (1) Magistrado (a) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recalcó que la investigación es infundada pues la entidad demandada no hizo uso del recurso de apelación. lo cual significa que los magistrados y jueces perdieron el derecho a ser investigados por jueces independientes y autónomos 87 . Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja.facebook.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475
. tendrá que ser un ejecutor de las políticas. c) Un (1) Juez (a) de la jurisdicción ordinaria. y como requisito mínimo el pertenecer a la carrera con un mínimo de tres (3) años. Nuestra propuesta es adicionar el artículo 254 a 256 de la Constitución Política. funcionarios. Las facultades de esta Sala serían las mismas de las que actualmente tiene la Sala Administrativa. y por iniciativa de la autoridad encargada de proferir el acto administrativo para acatar el fallo. como ya se observó. por un período de cuatro (4) años. La propuesta del Congreso en la Comisión de Conciliación es mantener y fortalecer esta Sala Disciplinaria. con ello afectaría no
Al respecto. el doctor Héctor Bastidas Barajas.
Luego. que seguramente está siendo cuestionado por una decisión en su contra. y tercero. Téngase en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia T-238 de 2011 expuso de manera clara la consistente línea jurisprudencial sobre la improcedencia del poder disciplinario para investigar y sancionar las decisiones de los jueces fundados en interpretaciones razonables:
Así pues. sabio y justo. según se explicó. es claro y no ofrece ninguna duda que los funcionarios judiciales se encuentran sujetos en sus actuaciones a la potestad disciplinaria del Estado.
. El asunto de la investigación de la conducta disciplinaria del juez no es un asunto fácil sino complejo y muy delicado. es igualmente diáfano que esa sujeción no se extiende al contenido de las decisiones y providencias que dicten dentro del ejercicio de sus funciones. segundo porque estos órganos no cuentan con la condiciones de independencia y autonomía para poder garantizar los derechos del juez. Empero. porque se trata por una parte de conservar las condiciones de independencia y por la otra de garantizarle al ciudadano que ha sido juzgado por un juez probo. toda vez que los jueces no podrían sentirse autónomos para poder dar el derecho que se les pide de acuerdo a su saber y entender sino que se verían conminados a pensar desde su estabilidad y de contera afectado en su independencia y a la justicia misma.solamente el derecho a un juez imparcial e independiente sino también el valor de la justicia. ya que están sometidos al principio de obediencia y jerarquía. buscar un mecanismo o un diseño adecuado a todas estas exigencias no es para nada fácil en ninguna parte del mundo. porque no tienen la misma exigencia de formación judicial que los jueces. Pensar en que la Procuraduría pueda ejercer la acción disciplinaria es desde todo punto de vista inadecuado por dos razones esenciales: porque los órganos de control en el país y más en la región están capturados por las prácticas políticas y se ejercen a través de ellos acciones de oposición y persecución política. pues éste es producto de la autonomía e independencia que.
En este sentido. no es posible procesar ni sancionar disciplinariamente a los jueces y Magistrados que en ejercicio de su autonomía funcional interpreten las normas jurídicas y adopten decisiones con base en tales interpretaciones. democrática y como culmen de una carrera judicial. violan el derecho al debido proceso de los funcionarios así cuestionados y constituyen una extralimitación en el ejercicio de la susodicha potestad disciplinaria. porque se trata del juez de los jueces. tenemos la profunda convicción que si bien no es un tema fácil. en las que la discrecionalidad judicial se transforme en arbitrariedad y/o se emitan decisiones que desatiendan o contraríen textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable. lo cual redunda en beneficio de la
. luego no puede quedar ninguna duda sobre su actuar. esta regla general no impide que en situaciones verdaderamente excepcionales. con una vasta experiencia en el ejercicio como juez o funcionario de la rama judicial. que resalta la invulnerabilidad de los actos y decisiones judiciales y de su contenido al poder disciplinario al que por regla general se encuentran sujetos los funcionarios judiciales. el cual no puede emitir cuestionamientos ni determinaciones sancionatorias a partir de tales contenidos. con funcionarios de muy alto nivel académico. o el contenido de éstas.
No obstante lo anterior. (…) Los anteriores ejemplos ilustran suficientemente el criterio sostenido por esta corporación en el sentido de que. entonces. para que se gane en legitimidad y dentro de dicha sala se llegue a los consensos mínimos sin que ninguna de las visiones sobre el derecho pueda imponerse de manera definitiva. se entiende entonces que todas aquellas decisiones en las que so pretexto de ejercer la función disciplinaria se cuestionen los criterios a partir de los cuales los jueces dictan sus providencias. pueda la autoridad disciplinaria cuestionar esos contenidos. compartimos parcialmente la propuesta del Consejo de Estado en el sentido que debe existir un órgano especializado que haga parte del Consejo Superior de la Judicatura. Como consecuencia de esta consideración. debe seguir funcionando la Sala Disciplinaria conformada de manera plural. por regla general. Como es obvio. pero con funciones jurisdiccionales.caracterizan la función judicial. En relación con este tema esta corporación ha observado también una postura jurisprudencial clara y consistente. reconocido prestigio profesional y ético.
Es por eso que debe expresar mi justa preocupación. hubiera sido aleccionador dar una muestra de práctica sincera de la diversidad por los encargados de velar. 241) su reglamento no es simplemente un conjunto de normas destinado a regular mecánicamente el ejercicio de la función pública. 1). 88 Desde nuestra perspectiva. Se le sustituyó por la avasallante y seca decisión numérica de la mayoría absoluta. por la integridad y eficiencia de su ordenamiento. Por lo anterior. Muy por el contrario. en las precisas circunstancias históricas derivadas de la expedición de un código fundamental que crea por vez primera un Corte encargada expresamente de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (Art. sancionatoria o absolutoria. lo instrumental terminó por prevalecer en desmedro de lo axiológico”. por el cual se dicta el reglamento de la Corte Constitucional. él está llamado a convertirse en la expresión fiel de la forma como la Corte entiende que debe hacerse una integración. Tampoco se estimuló decididamente el discurso racional colectivo hacia el consenso como intento fructífero de auscultar la complejidad de nuestro ser nacional. Los Magistrados son de período de ocho
88 El Magistrado Ciro Angarita Barón. desde la más altas cimas. “7. De otra parte. la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (Art. desde el instante mismo en que inicia sus labores. Ciertamente. dándole al ciudadano la tranquilidad que la decisión. Tener la última palabra en el ordenamiento jurídico en asuntos tan delicados y esenciales como es saber si sus jueces han actuado en el cumplimiento de sus tareas y funciones públicas. porque en el texto del mencionado reglamento no aparezcan procedimiento adecuados para la toma de decisiones que garanticen eficazmente el carácter participativo y pluralista propio de una República Unitaria (art. Así mismo sus actos son jurisdiccionales y cerrarían las discusiones en cuanto a la conducta disciplinaria de magistrados y jueces. De este modo. aplicación y desarrollo paradigmático de los principios y valores fundamentales de la nueva Carta.
. “6. al igual que en la encarnación de una operante y activa pedagogía constitucional.democracia pluralista. que se ha ido habituando a la solución violenta de sus conflictos. una vez más. para un país como Colombia. por lo menos son dos elementos los que consideramos deben tenerse en cuenta para efectos de poder decir sobre el modelo más adecuado: La Sala Disciplinaria debería estar conformada por tres (3) Magistrados nombrados por el Presidente de la República que pertenezcan o hayan pertenecido a la rama judicial y cuatro (4) Magistrados provenientes a la Carrera Judicial. 7). es tan fundamental que debe encargarse esa tarea a quien pueda ser considerado como el “juez de jueces”. y el pleno respeto a los derechos de las minorías (arts. otro modelo es que todos sus miembros sean de carrera. político y de legitimidad necesario para contribuir por esta vía a construir la nueva cultura del consenso y la convivencia pacífica que requiere el país. 9. otro que sin importar su origen no sean de período sino vitalicios y que estén obligados a decidir por consenso y no por mayoría. dijo sobre el tema de las decisiones en órganos de cierre como la Corte Constitucional. cuenta con el respaldo social. en la aclaración de voto en el Acuerdo 02 de 1992. “8. 175 y 265). un modelo puede ser el de la conformación plural donde participen todos los poderes y los demás legitimados de la comunidad jurídica donde ninguno tenga la mayoría y se resuelva con base en concepciones mínimas consensuadas.
Estas dos medidas garantizarían al juez sus derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural independiente e imparcial. y otra de juzgamiento. con lo cual no podría imponerse una concepción corporativa. como mínimo. En cuanto a lo primero. Finalmente el parámetro para juzgar su conducta debe hacerse a partir de tipos disciplinarias cerrados y no abiertos. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. para ser magistrado debe por lo menos tener una experiencia de magistrado o juez. Lo anterior es necesario que se establezca desde la Constitución porque la Corte Constitucional ya declaró exequible las normas del Código Único Disciplinario
. Luego es necesario que se expida una ley especial disciplinaria de carácter estatutario para los magistrados y jueces de la república. toda vez que los demás miembros son parte de la carrera judicial. y se prohíbe sancionar al juez por interpretaciones razonables de la ley y la jurisprudencia. de diez (10) años. pero al mismo tiempo se armoniza con una concepción más técnica y profesional. En cuanto al segundo aspecto. Lo anterior resolvería y articularía la concepción política del derecho debido al origen y la fuente democrática directa de quien los nombra (Presidente de la República). debería funcionar un Tribunal de Segunda Instancia conformada por los Presidentes o sus delegados de la Corte Constitucional.(8) años. la Sala Disciplinaria deberá funcionar en dos subsalas. para evitar la tentación de interpretaciones y analogías en la valoración de la conducta del juez. una de investigación y acusación. tener cincuenta y dos (52) años de edad. en los términos que aquí nos hemos referido. Estos delegados deberán tener las mismas calidades de Magistrado. Igualmente es necesario resolver el problema de la doble instancia y de la investigación en los procesos disciplinarios contra los Magistrados. con lo cual se resuelve cualquier problema de legitimidad e independencia.
por una parte. otra de las formas es que se termine con la ruptura entre las Altas Cortes y los jueces de carrera. que la sociedad alimente y participe en la actualización del derecho.que contiene normas abiertas. estimamos que todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Por ello. donde se valore la vocación de juez y su desempeño en la carrera judicial durante toda su vida al servicio de la rama judicial. consideramos que la experiencia específica de magistrado o juez. pluralista y participativa. académicos e investigadores de la comunidad jurídica que
. hemos considerado que una de las formas de democratizar la administración de justicia es que cada juez pueda tener la libertad de dar el derecho desde su más profunda y consciente interpretación del derecho. pero al mismo tiempo se permita a todo ciudadano entrar a hacer parte de las altas Cortes como un servicio a la sociedad y al estado. por una gran paradoja de la historia colombiana. que no se cree un corporativismo dogmático y excluyente. se requirieron jueces independientes y se adoptó la cooptación como el mecanismo para proteger una decisión política. En este sentido. revitaliza la vocación de servicio del juez y su continua formación y gestión eficiente. pero por otra parte. continuar hoy con ese modelo nos parece que atenta con la nueva concepción pluralista y participativa de los derechos. Combinar estos dos factores promueve. F) La integración de las Altas Cortes. deban ser nombrados por concurso público y abierto. Siguiendo con la concepción democrática. puesto que este modelo responde a condiciones históricas ya superadas cuando en los años cincuenta se asumió por parte de la Junta Militar como garantía de sus derechos y de los acuerdos. debe ser valorada favorablemente o darle un puntaje mayor y diferenciador en el concurso de méritos frente a los particulares. Sin embargo. los profesionales. por ello. para que se compense la entrega y la dedicación al servicio como juez. Con lo anterior.
quien quiera ingresar debe hacerlo cuando se encuentre en una edad madura tanto vital como profesional. es un deber moral y político en el Siglo XXI. Con esta medida. cuando los recursos y bienes. Otro aspecto que fue discutido es en cuanto la edad mínima para integrar las Altas Corte y la edad máxima para mantenerse en ellas. dejar que su cargo lo ocupe otra persona. como el trabajo. que puede ser su propio hijo. cincuenta y dos (52) años como mínimo. La movilidad en la carrera judicial solamente se puede lograr si aplicamos internamente la causal de retiro a partir del cumplimiento e inclusión en nómina de quienes ya tengan el derecho a la pensión. es decir. La edad de retiro forzoso debe ser una excepción para quienes se encuentren todavía sin el derecho a la pensión y no han cumplido su periodo. Es decir.están por fuera de la carrera judicial y de la rama pueden participar en los concursos públicos y alimentar el derecho desde su propia experiencia.
. Desde nuestra experiencia creemos que la edad debe servir de criterio para definir tanto el ingreso como su exclusión. asistimos al desempleo ilustrado. Esto garantizaría que sea el culmen de una carrera ya sea por vocación por haber estado en la carrera judicial o quiera prestarle el servicio a la patria a partir de su experiencia en la academia o en lo profesional. por tanto. cada vez son más escasos. ser magistrado es una dignidad especial a la que sólo aspira quien quiera servirle al país y que en realidad sea un verdadero culmen en su carrera profesional. Igualmente en la carrera judicial debe aplicarse el principio de solidaridad en cuanto al retiro al momento de adquirir el derecho a la pensión de jubilación puesto que lo mínimo que se le puede exigir al juez es que comprenda que en una sociedad del conocimiento.
que quienes se encuentran actualmente desempeñando dichos cargos se les respeten sus derechos adquiridos y puedan continuar dentro de la carrera en el mismo Consejo Superior de la Judicatura en la Sala Disciplinaria.G) Respeto a la carrera judicial. consideramos que deberían adoptarse dos premisas esenciales: primera. segundo.
. no dentro de otra jurisdicción porque con ello afectarían los derechos de quienes integran las listas y han concursado para hacer parte de una jurisdicción. Normas transitorias sobre incorporación. En cuanto a las normas transitorias que se proponen para los actuales miembros del Consejo Superior Sala Administrativa y de las listas actuales. que quienes se encuentre en una lista de elegibles puedan seguir participando por el derecho al cargo pero dentro del mismo Consejo Superior de la Judicatura.
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