Source: https://worsdinresistance.wordpress.com/2013/10/09/mas-sobre-prision-por-no-pasar-alimentos/
Timestamp: 2017-04-24 11:18:48+00:00

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MAS SOBRE PRISION POR NO PASAR ALIMENTOS
Mas sobre el delito de prisión por no pasar alimentos
si bien los señores jueces tienen como criterio al resolver, el interés superior del niño, y consideran otros que el infractor penal debe ser sancionado con severidad agregando que la justicia debe ser percibida y no sólo declarada para que se logre la satisfacción material del derecho reclamado, esto no se ha visto reflejado en las sucesivas sentencias a lo largo de los años ya que resolvían condenando a pena privativa de libertad, el mismo que se encontraba suspendido bajo reglas de conducta. Pero entonces, si el infractor debe ser sancionado con severidad la sentencia de prisión suspendida estaría en contradicción expresa con lo considerado por los jueces, ya que la severidad no se llega a materializar.
Realidad que ha cambiado en la primera sentencia de prisión efectiva expedida por La Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a un año de prisión efectiva a Manuel Antonio Arteaga Cárdenas, el cual fue hallado culpable del delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que dejó de pagar la pensión de 200 soles mensuales para la manutención de su hija de 7 años desde el 2005.
Esta sentencia se debe a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ya que de acuerdo a este, las personas que no cumplan con pagar la pensión de alimentos pueden tener una pena de prisión efectiva.Pero, si interpretamos el artículo 149 del código penal (El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial), de forma estricta y literal, la respuesta lógica sería que, siendo el pronunciamiento del juez una resolución judicial, sin importar si es una de asignación anticipada, el obligado se encuentra incurso en este delito si incumple la obligación que le impone tal resolución, debidamente notificada[24]
Al Lamentablemente con respecto a este tema la doctrina no es clara ya que por un lado Reyna Alfaro, nos dice que es indispensable que se trate de una resolución judicial definitiva, lo que excluye la punición, por esta vía, del incumplimiento de la asignación provisional de alimentos, pues en ella no se fija la obligación de prestar alimentos; en sentido contrario, Salinas Siccha[25]dice que lo fundamental para configurarse este delito es omitir el cumplimiento de prestar la pensión mensual provisional o definitiva ordenada por resolución judicial
No es lo mismo demandar a un padre que trabaja, y se encuentra en planilla, al cual solo bastara con embargar un porcentaje de su sueldo, que aun padre que de repente no está en planilla, o que estando figura con un sueldo que no es el real, o que es un empresario o inversionista que a veces ni siquiera está en su propia planilla de su empresa o si lo está lo está con un sueldo ficticio.
En este último caso (empresarios que no están en planilla o están con bajo sueldo) es mucho mas trabajoso y solo si uno se preocupa en demostrar que lo que gana el demandado no hace posible que gaste en viajes al extranjero, casinos, tarjetas de crédito, comidas en lugares exclusivos, etc. solo si Ud. prueba eso !!!! …….. el juez no tomara en cuenta sus supuestos ingresos y partirá de la lógica que el demandado tiene ingresos no declarados.
En los juicios de alimentos es necesario presentar todo lo que el niño gasta, el niño por ejemplo no vive a oscuras o sin tomar agua y hasta el uso del internet se ha convertido hoy en una necesidad de primer orden, todos esos documentos se deben presentar, alimentos no es solo lo “comestible” es también el vestido, el recreo, el estudio, el aseo etc., en conclusión los alimentos son un “paquete” de diversas cosas y servicios que Ud. debe calcular correctamente.
Malas estrategias.- En nuestra experiencia hemos visto las clásicas y burdas argucias, que algunos demandados hacen al hacerse demandar por la abuela del niño u otra de sus mujeres, esto funciona temporalmente y a veces resulta como un “bumerang” ya que fijan pensiones altas para la abuela lo que permite al juez razonar de la siguiente manera:
“….Si a la abuela le asignas S/ 1,000 entonces a tu hijo le asignaremos S/ 2,000….”
En este apartado me referiré a cuatro figuras penales que contempla la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Desde luego que atendida la naturaleza de esta publicación y los fines de la misma, no abordaré el tema desde el punto de vista de la dogmática penal, sino que mi aproximación será de carácter netamente expositivo.
El Art. 235 del CP quiere decir que la inasistencia alimentaría es un delito que perdura en el tiempo, es decir; se puede denunciar o demandar a la persona varias veces por el mismo delito. Ya que como dice el Articulo la sentencia condenatoria ejecutoriada no lo impide iniciar otro proceso si el condenado reincide.
Comentario: Muy superficialmente la concordancia entre los Arts. 233 y 235 CP. resquebrajaría el principio de “Non bis in ídem” el cual enuncia que una persona no puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho. Pero, resulta que “la sentencia que decreta o deniega la asistencia alimentaría no adquiere el sello de la cosa juzgada material ya que dicha prestación obedece a un fin de solidaridad social y que puede o no variar con las circunstancias que lo hacen o no exigible” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Agosto 16 de 1969) y también claro está que es absurdo realizar una interpretación exegetica de dicho principio “Non bis in ídem” con respecto a estos Arts. en la medida en que es factible que una persona merecedora de asistencia alimentaría sea perjudicada nuevamente por una persona que ya halla sido condenada anteriormente por dicho hecho y que siga en vigencia su obligación alimentaría para con el denunciante. Y según el Art. 422 del CC. “Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda” (…) es decir; que dichas circunstancias pueden hacer que cese o subsista la obligaci
El merecimiento y necesidad de protección penal se basa también en el contenido del artículo sexto de la Constitución Política del Perú[10]el cual prescribe que “(…) es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (…)”. Pero si nos guiamos al pie de la letra de este artículo, los hijos no estarían en el deber de contribuir con la asistencia familiar, ya que no regula el deber de asistencia recíproca que se tienen padres e hijos.
Con respecto al bien jurídico protegido hay ciertas discrepancias, puesto que cierta parte de la doctrina establece que el bien jurídico protegido es la institución de la familia, pero sus contradictores dicen que ella no puede ser un bien jurídico tutelado porque no es sujeto de derecho[11]pero si fuera la institución de la familia el bien jurídico protegido…me pregunto… ¿qué pasaría con la pensión cuando el matrimonio se disuelva?, o ¿Qué pasa con los matrimonios ilegales?, siendo así que a mi parecer el bien jurídico que se pretende establecer y proteger debe ser mayor y posterior a la vigencia de la familia, llegando incluso a abarcar a aquellos que no tienen relación de parentesco[12]este es el supuesto en el cual se asigne una pensión de alimentos al legatario[13]el cual no es necesariamente una persona que tenga vínculos parentales o filiales con el testador.
Por otro lado se sostiene que el bien jurídico que se protege en este artículo son los deberes de orden asistencial, los cuales pretenden proteger el adecuado desarrollo físico y mental de los familiares dependientes del obligado.
Al respecto, nuestra jurisprudencia nacional señala que:
“el comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida, por una resolución judicial. Es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes del tipo asistencial (…)”[14]
“(…) que el bien jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes de tipo asistenciales (…)”[15]
Y en ese mismo sentido Edgardo A. Donna[16]”(…) el interés jurídico tutelado es el deber de satisfacer las necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica del sujeto pasivo mediante la correlativa prestación económica.”
Como vemos líneas arriba se identifica a los derechos de recibir alimentos con la palabra “deberes”, lo cual me parece una interpretación errónea del artículo del delito de omisión alimentaria, puesto que un deber es impuesto (en este caso por una resolución judicial) y no protegido, en cambio, pienso que lo correcto sería decir que el bien jurídico que se protege son los derechos de orden asistencial, es decir los derechos que surgen por el deber del obligado a prestar una pensión de alimentos y el derecho a pedirlos o exigirlos.
Aclarado el tema del bien jurídico continuaremos con este análisis viendo el momento en que este se lesiona, es decir el momento de la consumación y la tentativa de este delito.
La consumación constituye una de las etapas del iter criminis, habiendo un delito consumado cuando una determinada conducta, ha realizado todos los elementos del tipo penal, o cuando efectivamente se ha lesionado el bien jurídico protegido.
Con respecto a este delito se plantea la interrogante si es u delito permanente o un delito instantáneo.
En ambos casos la determinación si el delito en comento es uno permanente o instantáneo, servirá para el cómputo del plazo para la prescripción del derecho de acción[17]
Según la teoría que propone que este es un delito permanente, la consumación de la conducta delictiva dura tanto como dure el incumplimiento; es decir que la omisión de cumplir con la resolución judicial que obliga a pasar una pensión alimenticia se produce en cada instante sin intervalo alguno, concluyendo cuando el obligado decide acatar la orden judicial. Esta teoría descarta[18]que se interrumpa la permanencia del delito con las esporádicas, e insuficientes pensiones, pago parcial, ya que se entiende que este pago parcial es insuficiente para la manutención del alimentista.
Pero nuestra jurisprudencia penal no es uniforme con respecto al pago parcial, como:
“que, si bien es cierto, el procesado ha cancelado en pequeñas cuotas la pensión alimenticia, también lo es que existiendo una sentencia judicial en la cual se precisa el monto fijo, esta debe ser respetada rigurosamente”.[19]
“(…) si se tiene en consideración lo previsto en el inciso tercero de tal apartado legal (Art.45º C.P.) que establece que para la determinación de la pena se debe tener en cuenta, entre otros, el interés de la víctima, agregando a ello que la finalidad de la instrucción es el cumplimiento de la obligación y no la privación de la libertad del procesado(…); Por tales consideraciones:(…)Revocaron en el extremo que impone dos años efectiva de pena privativa de libertad(…)”[20]
Por último, en ese mismo sentido,
“(…) para la determinación de la pena se debe tener en cuenta, entre otros, el interés de la víctima, esto es, el interés superior del niño, que a todo ello hay que agregar que la finalidad de este proceso es el cumplimiento de la obligación alimentaria y no la privación de la libertad del obligado. Por estas consideraciones:(…)REVOCARON en el extremo que le impone la pena privativa de libertad de un año efectiva.”[21]
Por un lado podemos ver que en el primer extracto se exige que la pensión sea cumplida a cabalidad y no admitiéndose un pago parcial, puesto que esto, a mi parecer, supondría en igual forma el incumplimiento de la resolución judicial y como vimos antes, dicho incumplimiento permite que sea denunciado penalmente.
Pero en los extractos siguientes se asienta un precedente judicial distinto al establecer que lo que importa en primer lugar es la satisfacción del interés de la víctima, la que se vulneraría si se da prisión efectiva al obligado ya que no tendrá capacidad de trabajo y de pago; aceptándose así que la resolución judicial que impone una pensión alimentaria sea cumplida parcialmente.
Ante esto, se presentan dos situaciones igual de desagradables, ya que si la persona cumple sólo con una parte de la pensión alimenticia puede ser sujeto de denuncia penal, pero si no paga igual se le denuncia penalmente, pero con la diferencia, de que no se le da prisión efectiva en ninguna de las dos posiciones ya que lo que importa es el interés superior del niño y el encarcelamiento del obligado; entonces, según esto, no habría diferencia si incumple parcial o totalmente porque en ninguna de las dos situaciones se le va a imponer la pena de prisión efectiva.
Pero, si bien los señores jueces tienen como criterio al resolver, el interés superior del niño, y consideran otros que el infractor penal debe ser sancionado con severidad agregando que la justicia debe ser percibida y no sólo declarada para que se logre la satisfacción material del derecho reclamado, esto no se ha visto reflejado en las sucesivas sentencias a lo largo de los años ya que resolvían condenando a pena privativa de libertad, el mismo que se encontraba suspendido bajo reglas de conducta. Pero entonces, si el infractor debe ser sancionado con severidad la sentencia de prisión suspendida estaría en contradicción expresa con lo considerado por los jueces, ya que la severidad no se llega a materializar.
Esta sentencia se debe a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ya que de acuerdo a este, las personas que no cumplan con pagar la pensión de alimentos pueden tener una pena de prisión efectiva.
Visto esto, para que proceda una denuncia penal por omisión a la asistencia familiar, debe existir previamente una notificación, tanto en el domicilio real como en el procesal con el apercibimiento expreso de acudir a la vía penal en caso no se pague lo adeudado y se cumpla con la pensión alimentaria, constituyendo esto un requisito de procedibilidad[22]
Ya que como sabemos al ser requisito para que se configure el tipo, la concurrencia del dolo, este se encontraría manifiesto si no cumple con el pago de la pensión habiendo sido notificado y advertido y más importante aún, el cumplimiento de la notificación es necesario para que no se lesione el derecho al debido proceso que tiene toda persona.
Pero un tema preocupante con respecto al tema de las notificaciones es que para que proceda la denuncia penal la notificación debe ser hecha en los dos domicilios, el real y el procesal, supuesto en el cual si una persona se encuentra en rebeldía y señala un domicilio procesal por esta causa no procedería una denuncia penal ya que no ha señalado su domicilio procesal, sin importar si la notificación se hizo en el domicilio real del obligado; habiéndose plasmado este preocupante problema en nuestro precedente judicial:
“(…) del escrito de la demanda del proceso de alimentos aparece que se ha señalado como domicilio real del denunciado el ubicado en (…); que de lo actuado en ese proceso de alimentos se advierte que al denunciado se le sigue el juicio en rebeldía, no apareciendo actuado alguno con el que podamos establecer que aquel se hubiere apersonado señalando domicilio procesal, que en consecuencia no habiéndose acreditado a plenitud habérsele notificado con arreglo a ley;(…)Confirmaron el auto No Ha Lugar a la apertura de Instrucción contra(…)” Expediente Nº 4009-98, SS. Martínez Maravi/ Basconez Gómez Velásquez/ Ramírez Descal.
Ahora bien, si un alimentista quiere denunciar al obligado incumplidor, debe haber previamente una pensión de alimentos fijada, pero, el problema surge cuando uno se pregunta si la resolución que fija una pensión alimentaria debe ser una sentencia firme o puede ser aquella dada por una asignación anticipada(producto de una medida temporal sobre el fondo).
Debe tenerse en cuenta que para fijar una asignación anticipada de alimentos, solo procede la medida cuando es pedida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil, pero teniendo siempre que haya una indubitable relación familiar.
La razón por la cual se encuentra regulada esta figura en el código procesal civil, es porque la necesidad del alimentista no le permite esperar la expedición de una la sentencia definitiva, siendo menguada esta necesidad por esta medida cautelar.
Pero debe tenerse presente que esta asignación anticipada tiene carácter preventiva en el sentido que busca evitar que la falta de alimentos perjudique al alimentista y no tiene carácter definitivo ya que queda sin efecto o ser modificada con la decisión final.
Por otro lado el código procesal civil prevé la posibilidad que la persona que demanda alimentos, y beneficiaria de una asignación anticipada de los mismos, no resulte como la parte que tiene la razón en el proceso de alimento; con lo cual se devolvería lo pagado con los intereses legales[23]
Dicho esto podemos darnos cuenta que si nos inclinamos a que una denuncia penal pueda ser hecha tan solo con la resolución judicial que fija una asignación anticipada de alimentos, puede haber la posibilidad que la parte demandante no sea la favorecida con la sentencia final, pero en todo caso ya se habrá producido el daño al obligado que pretende defender su derecho.
Por otro lado, si nos inclinamos por la posición de considerar que una denuncia penal solo puede ser hecha habiendo como requisito previo una sentencia firme que fije la pensión de alimentos, la parte demandante de los alimentos va a tener que esperar a que termine el proceso para poder tener recién un medio de coerción para poder exigir su derecho.
Pero, si interpretamos el artículo 149 del código penal (El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial), de forma estricta y literal, la respuesta lógica sería que, siendo el pronunciamiento del juez una resolución judicial, sin importar si es una de asignación anticipada, el obligado se encuentra incurso en este delito si incumple la obligación que le impone tal resolución, debidamente notificada[24]
Lamentablemente con respecto a este tema la doctrina no es clara ya que por un lado Reyna Alfaro, nos dice que es indispensable que se trate de una resolución judicial definitiva, lo que excluye la punición, por esta vía, del incumplimiento de la asignación provisional de alimentos, pues en ella no se fija la obligación de prestar alimentos; en sentido contrario, Salinas Siccha[25]dice que lo fundamental para configurarse este delito es omitir el cumplimiento de prestar la pensión mensual provisional o definitiva ordenada por resolución judicial.
Puede concluirse de este trabajo que en primer lugar para poder acudir a la vía penal para denunciar la omisión a la asistencia familiar es necesario tener una resolución judicial que fije una pensión alimenticia, y al solo mencionar el artículo 149º del código penal que se debe incumplir una resolución judicial que fije los alimentos, puedo inferir que no es necesario que sea una sentencia firme ya que la asignación provisional de alimentos solo se puede dar cuando el vínculo indubitable de la relación del demandado por alimentos con el accionante. Dejando claro que esta posición puede poner en peligro la integridad moral del denunciado por alimentos ya que si bien puede estar acreditado un vínculo conyugal o parental con el accionante, no por eso tiene que ser el legítimo obligado, produciendo así que con la asignación anticipada y correspondiente incumplimiento, justificado en algunos casos, puede resultar como un mecanismo de daño al denunciado, puesto que la sentencia final no necesariamente puede estar a favor de la parte demandante.Por otro lado, nos damos cuenta que el criterio judicial es fijar como requisito de procedibilidad y para proteger el derecho al debido proceso del obligado, hacer la notificación poniendo en conocimiento el adeudo, en el domicilio real y procesal del obligado; pero como lo describo en el análisis el problema se presenta cuando el obligado se encuentra en el juicio de alimentos en Rebeldía supuesto en el cual no señala su domicilio procesal, resolviendo este problema la práctica judicial diciendo que no procede el auto apertorio de instrucción ya que el demandado no ha señalado su domicilio procesal cometiéndose como vemos un claro un claro atropello a los derechos del alimentista.
En cuanto a la prisión por deudas podemos observar un claro cambio en cuanto a su efectividad, ay que como vimos en el caso de Arequipa-donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal-la pena que condena al deudor alimentario a prisión ya no se encuentra limitada por la suspensión bajo reglas de conducta, sino que se aplica efectivamente.
En la redacción de este trabajo me pude dar cuenta que si al obligado se le encarcela por el incumplimiento de la pensión alimenticia se pueden dar dos supuestos igual de peligrosos. El primero es si el obligado es el único sustento de la familia alimentista y no cuenta con bienes que embargándose puedan solventar los gastos de la familia y si se le condena a prisión efectiva al obligado no habrá nadie que pueda sostenerla, incluso si es con una pensión de alimentos que es mucho menor a la fijada por la resolución judicial es más de lo que pueden tener si encarcelas a su único sustento.
El segundo supuesto que me permito poner en conocimiento, es cuando el obligado cuente con una familia matrimonial y con una familia extramatrimonial e incumpla con la pensión de alimentos fijada por el juez para esta última, entonces de acuerdo al nuevo código procesal civil el deudor alimentario de esta segunda familia debería ser condenado a prisión efectiva; aunque aun no he encontrado resolución alguna que haya privado de la libertad al obligado en un contexto como este, no faltara mucho para que se presente esta situación.
JUAN ANTONIO DARDER COLOM. MÉDICO DE FAMILIA Y EXPERTO EN BIOÉTICA Decía Jacinto Benavente, que era más fácil ser genial que tener sentido común, y la verdad es que hoy salen “genios” y “entendidos” en todo tipo de materias, de debajo las piedras y hasta de la barra de los bares, pero el sentido común hoy brilla por su ausencia. Vista la experiencia de los años, creo que se puede afirmar que el número de leyes, decretos y normativas que tiene un país es inversamente proporcional a su madurez cívica. Cuando por la manera de ser, su sentido común y su sensatez, un pueblo demuestra que ha alcanzado un civismo, responsabilidad y sentido de la convivencia óptimos, éste precisa un mínimo de regulación legislativa, en materia de convivencia. Todo lo contrario ocurre con un pueblo decadente, absurdo y anárquico, como el nuestro, en donde los excesos de estupidez de algunos, obligan a regular y legislar sobre casi todo, y el exceso de regulación y legislación nos conduce a una espiral de lo absurdo.
Cuando falta el sentido común de que a las cuatro de la madrugada la inmensa mayoría de ciudadanos duermen y por ello no podemos generar un ruido, por muy musical que sea, que retumbe las paredes, hay que legislar decibélicamente sobre el ruido aceptable. Cuando falta el sentido común de que la lengua o el glande no es lugar idóneo para llevar un artefacto metálico hay que legislar sobre piercings. Cuando falta el sentido común de que un matrimonio esta formado por un hombre y una mujer. hay que legislar sobre “matrimonios”. Cuando falta el sentido común de que una mujer gestante tiene una persona viva en su seno. hay que hacer una ley de plazos…
Los políticos, carentes de sentido ético, se limitan a crear leyes, decretos y normas como churros, arrastrados por una realidad social que se impone gracias a la negligencia que ellos mismos han generado, y así, paradójicamente, ellos que tanto nos hablaban de libertad, nos han conducido a una sociedad en la que todo esta regulado, milimetrado, medido, supervisado, fiscalizado, vigilado; hoy, sin ir más lejos, cualquiera de nosotros, al final del día, seguro que ha sido registrado por decenas de cámaras de seguridad, de tal manera que se podría reconstruir todos nuestros movimientos a lo largo del día.
Definitivamente, las leyes van a remolque de la realidad y solo sirven para regular ésta, pero difícilmente podrán incidir en que esta realidad cambie. Solo con educación podemos cambiar los hábitos, actitudes y valores de las personas, de aquí mi gran admiración hacia los maestros que ejercen como tales, y hacia todos aquellos colectivos que tratan de imbuir valores éticos a nuestra juventud, ya que ellos y no los políticos, hacen realidad las palabras del insigne Unamuno: “No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no proclaméis la libertad de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”.
Sin duda el pensamiento de Unamuno esta en las antípodas de la acción política de hoy, la cual premeditadamente ahoga la cultura mediante la estrategia de la idiotización de las masas a través de la política de pan y circo… Y telebasura, claro.
This entry was posted on octubre 9, 2013 at 6:19 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Una respuesta to “MAS SOBRE PRISION POR NO PASAR ALIMENTOS”
worsdinresistance Says:	abril 14, 2014 en 11:11 pm | Responder QUE TAL CONTRASENTIDO DE UNA LEY TROGLODITICA Y DRACONIANA.

References: artículo 149
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