Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-461.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-21 16:28:43+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 461, de 29/11/2018
cve: BOCG-12-D-461
130/000044 Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
130/000045 Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
162/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página3)
162/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página9)
172/000163 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial ... (Página12)
172/000164 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación ... (Página12)
172/000165 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica ... (Página13)
173/000122 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página13)
173/000123 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la Ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
Texto de la moción ... (Página15)
173/000124 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Aprobación ... (Página25)
140/000029 Declaración institucional del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres... (Página26)
140/000030 Declaración institucional para manifestar el apoyo de la candidatura de las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo a "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" de la UNESCO para el año 2018 ... (Página27)
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (núm. expte. 130/000044), se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000033), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
130/000045
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras (núm. expte. 130/000045), se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000034), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
162/000308
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 99, de 3 de febrero de 2017.
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
Se modifica el punto 1, que queda redactado en los siguientes términos:
"1. Desarrollar un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical para avanzar en un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en dichas materias."
"X. Realizar las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación a la investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos empresariales, sean devueltas en caso de que estas decidan trasladar la producción a otro país."
"X. Colaborar con las asociaciones representativas de las PYMES en el desarrollo de reformas económicas estructurales desde políticas de oferta para la mejora de la productividad, que eviten el agravio comparativo de las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes empresas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley para potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
Punto 7 (nuevo)
7. Adoptar un enfoque territorial en el plan de reactivación industrial con el objetivo de reducir las asimetrías productivas existentes dentro del Estado Español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
4. Una política de l+D+i y desarrollo tecnológico y digital que facilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y que permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria, aumentando la generación de producciones de mayor valor añadido.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
Se sustituye el texto de la PNL por la siguiente redacción:
1. Recuperar la decisiva importancia de la industria española en el conjunto del PIB nacional hasta alcanzar el 20 % en el año 2020.
2. Implantar los objetivos planteados a finales de 2016 por la Alianza por la competitividad de la industria española y su "Declaración de los agentes sociales instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria", así como desplegar en España la "Estrategia renovada de política industrial de la Unión Europea (UE)".
3. Eliminar la incertidumbre que pesa sobre la industria básica electro-intensiva (metalurgia, siderurgia, cemento, gases industriales, química y otros) mediante una reforma profunda del sistema de fijación de precios de la electricidad al objeto de disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados.
4. Establecer una planificación energética nacional que permita hacer frente a las necesidades de la industria y las empresas mediante la elaboración de un Plan Estratégico de la Energía que aborde de forma integral el conjunto del sector energético y busque el máximo consenso para afrontar de manera estable las necesidades de nuestro país a medio y largo plazo, estableciendo orientaciones estratégicas para el futuro de nuestro modelo energético.
5. Reforzar la defensa de los intereses de la industria nacional frente a las prácticas comerciales desleales.
6. Acometer políticas que profundicen en la digitalización de la industria, incluida la formación de habilidades para atender a las grandes necesidades de personal cualificado para trabajar en la denominada "Industria 4.0".
7. Eliminar los obstáculos fiscales a la innovación y el desarrollo industrial, así como todas aquellas trabas legales y administrativas que inciden negativamente en todos los sectores industriales, de modo particular en empresas auxiliares y Pymes.
8. Ejecutar las partidas contempladas en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 que incluye, entre otras, importantes dotaciones para reforzar los diferentes sectores industriales y para la reducción de emisiones medioambientales de las centrales de generación eléctrica, así como ayudas regionalizadas para innovación e impulso a la competitividad con objeto de crear nuevos puestos de trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
1. Abordar el reto que supone la digitalización de la industria española mediante la profundización en el desarrollo de las ocho áreas estratégicas recogidas en la Estrategia Industria Conectada 4.0: concienciación y comunicación, formación académica y laboral, entornos y plataformas colaborativas, fomento del desarrollo de habilitadores digitales, apoyo a empresas tecnológicas, apoyo a la adopción de la Industria 4.0 por el sector industrial, marco regulatorio y estandarización y financiación de proyectos de Industria 4.0.
2. Apostar por la actividad innovadora de las empresas, incrementando la inversión pública y privada en I+D+i, impulsando la colaboración y coordinación de los diferentes actores que desarrollan o promueven la investigación y la innovación para dotar de una mejor base tecnológica a nuestra industria, y fomentando el uso de las tecnologías innovadoras en las Pymes como herramienta para incrementar su competitividad.
3. Adecuar los sistemas formativos para mejorar la empleabilidad futura de los estudiantes, fomentando las materias científico-técnicas, y garantizar el desarrollo del talento y la formación de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral, así como aumentar la eficacia de la conexión formación-empresa y profundizar en el desarrollo del sistema integrado de Formación Profesional, todo ello teniendo en cuenta que, en un entorno tecnológico cambiante, este proceso debe ser continuo.
4. Perseverar en el objetivo de facilitar el acceso a la financiación, tanto la bancaria, con instrumentos especialmente diseñados para promover el crecimiento y desarrollo de las Pymes, como la no bancaria, en condiciones similares a las empresas de otros países de nuestro entorno. En consonancia con lo anterior, se deben seguir impulsando los mercados alternativos de valores, bursátil y de renta fija, fomentar el capital riesgo y la semilla, el sistema español de garantías recíprocas y facilitar otras vías de financiación no convencional. Debe, además, realizarse un esfuerzo para mejorar las condiciones que permitan reducir la morosidad de los cobros.
5. Racionalizar el marco regulatorio, continuando con la defensa de la unidad de mercado a escala nacional y europea, evitando la inseguridad jurídica y las ineficiencias que se derivan de las duplicidades administrativas y fiscales, y la dispersión de competencias, mejorando la calidad de las normas mediante el establecimiento de evaluaciones de impacto sobre la actividad industrial, y continuando con los esfuerzos de simplificación y transparencia administrativa.
6. Promover las estrategias empresariales dirigidas a incrementar la dimensión de la Pyme industrial, y revisar su marco normativo (fiscal, laboral, contable, etc.) para remover los obstáculos que desincentivan el incremento de tamaño. Asimismo, deben simplificarse los trámites legales y administrativos para la creación, fusión y adquisición de empresas industriales. Es preciso, también, coadyuvar a la profesionalización de la gestión empresarial, poniendo énfasis en la innovación tecnológica, la organización avanzada de los recursos humanos, el desarrollo del capital humano, la participación y la transparencia.
7. Instrumentar una política energética que compatibilice la sostenibilidad económica y financiera del sistema con la preservación de la competitividad de la industria, garantizando el suministro energético a un precio competitivo. Esta política deberá primar la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías sostenibles, impulsar la independencia energética española con el desarrollo de energías renovables, la cogeneración y los recursos autóctonos, y preservar los sistemas de gestión de la demanda.
8. Reducir los costes logísticos del transporte y la distribución, mejorando la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte y de las infraestructuras intermodales, y especialmente de aquellas redes y conexiones esenciales para el transporte de mercancías ferroviario, aéreo y marítimo, tanto nacional como internacional.
9. Impulsar la sostenibilidad industrial, mediante el fomento de modelos de negocio socialmente responsables y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente. Simultáneamente, deberá garantizarse el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país, para evitar su deslocalización hacia lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección del medio ambiente sensiblemente inferiores a los europeos.
Fomentar actividades industriales de regeneración, reciclaje y aprovechamiento de residuos, impulsando iniciativas de economía circular.
10. Apoyar la internacionalización de nuestra industria, mediante la expansión de la oferta industrial española en los mercados exteriores, con especial énfasis en la diversificación hacia países de alto potencial fuera de la Unión Europea, reforzando el posicionamiento de España como emisora y receptora de inversión directa extranjera en el sector industrial y defendiendo, en el marco de la UE, nuestros intereses, apoyando el uso de instrumentos de defensa comercial frente a restricciones de acceso a mercados terceros y frente a la competencia de importaciones desleales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.
1. Poner en marcha el Marco Estratégico para la industria 2030 con el objetivo de atender las prioridades de digitalización y de descarbonización a las que se enfrenta la industria liderado por el sector público y con participación de los agentes sociales y económicos implicados, para avanzar en un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior. Este Marco contribuirá al desarrollo y potenciación de nuestros sectores estratégicos, para lo cual se definen, además, unas agendas que se configuran como las hojas de ruta a medio y largo plazo de los distintos sectores industriales.
3. Potenciar el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como Agencia financiera del Estado en la financiación de proyectos de infraestructuras y equipamientos, proyectos empresariales estratégicos, y proyectos de Pymes, emprendedores y autónomos y fomento a la exportación.
4. Articular agendas sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial, y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos.
Establecer conjuntamente un documento estratégico para cada uno de los sectores industriales estratégicos que identifique las principales acciones y medidas a poner en marcha para impulsar la competitividad del sector en cuestión.
6. Establecer una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial, e introduzca transparencia en la formación de precios en el mercado de la energía.
Poner en marcha medidas de apoyo a los consumidores electrointensivos (estatuto) de conformidad con la normativa comunitaria y ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero que permitan mejorar la posición competitiva del sector industrial.
7. Trabajar en la digitalización de la industria (Industria 4.0) y colocar a las empresas industriales, especialmente pequeñas y medianas empresas, en el camino de la innovación tecnológica y la competitividad. Apoyar el emprendimiento digital y las industrias emergentes. Acompañar a las empresas tradicionales en su transformación tecnológica y digital. Mejorar las competencias digitales y proporcionar una oferta formativa que favorezca la adquisición de competencias digitales tanto básicas como avanzadas, acompañando a los trabajadores en su adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 440, de 26 de octubre de 2018.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la subida del impuesto al diésel presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
"Presentar, en un plazo no superior a seis meses, una Estrategia Nacional para la Descarbonización del Transporte en España y su respectiva memoria económica que dé una respuesta coherente a los retos: medioambiental, de salud, de movilidad e industrial que tenemos por delante para cumplir con los objetivos de emisiones cero en 2050.
La Estrategia Nacional incluirá las siguientes acciones:
1. Impulsar la renovación de la flota automovilística, en el que el parque móvil público de todas las administraciones debe liderar con el ejemplo.
2. Aumentar los incentivos -sobre todo fiscales- a la producción y compra de vehículos de cero emisiones e industrias auxiliares (ej. baterías).
3. Eliminar el impuesto de matriculación para favorecer la renovación del parque móvil y revisar el impuesto de circulación y de hidrocarburos con criterios medioambientales más rigurosos.
4. Eliminar toda subvención e incentivo a la compra de vehículos de combustión interna y establecer un calendario de implantación de niveles de emisión máximos cada vez más ambiciosos para los vehículos nuevos y en circulación.
5. Impulsar soluciones de transporte alternativo en las ciudades de mayor densidad, como el refuerzo del trasporte público, parkings disuasorios, carriles bici, car pooling, para garantizar niveles de calidad del aire óptimos.
6. Desarrollar una red de puntos de recarga con facilidades para las instalaciones privadas de particulares, puntos suficientes en vía pública y electrolineras rápidas y semirrápidas (en centros de trabajo, centros de ocio, estaciones de servicio, garajes públicos y autopistas)."
Se desarrollan los puntos básicos que debería tener la Estrategia Nacional para descarbonizar el Transporte en España, en la que la revisión de la fiscalidad es solo una de muchas acciones a planificar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la subida del impuesto al diésel realizada por el Grupo Parlamentario Popular registrada en fecha 16 de octubre de 2018.
1. Impulsar el proceso de equiparación progresiva del impuesto especial sobre hidrocarburos del diésel a la gasolina sin plomo sin que afecte a transportistas y agricultores.
En el marco de una transición justa se impulsará:
- Un plan de política industrial de forma concertada entre las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y sindicales que permita que la industria automovilística española se adapte con celeridad al nuevo modelo de movilidad eléctrica.
- Un Plan estratégico para el despliegue de infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico en la Red de Carreteras del Estado, que incorpore el fomento de puntos de recarga de vehículo eléctrico, tanto de los de carga rápida, de acceso al público, como de los vinculados de acceso restringido.
- Una política de fomento del transporte público, garantizando una frecuencia adecuada y la asequibilidad del coste por trayecto. Apoyar la reducción de emisiones contaminantes que están impulsando los planes existentes en las grandes ciudades.
2. Poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas. Las ayudas a la compra introducirán criterios de progresividad para establecer la concesión y cuantía de las mismas en función de la capacidad económica de las personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del primer apartado de la Proposición no Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la subida del impuesto al diésel.
Al primer apartado
- Pactar una estrategia de fiscalidad medioambiental para la automoción, en el Congreso de los Diputados, previa consulta y participación de patronales y sindicatos del sector de la automoción y de sus componentes, que persiga un doble objetivo:
1. Estimular una transición ordenada de tecnologías en el sector de la automoción a través de la progresiva modulación de la fiscalidad que grava los combustibles, con el fin de reducir emisiones y residuos.
2. Reforzar la competitividad del sector con la utilización de nuevas tecnologías y la generación de empleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar progresivamente, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales, como la OCDE, las medidas oportunas para mejorar la fiscalidad medioambiental de nuestro país, como instrumento facilitador de la consecución de una economía baja en carbono y resiliente al clima, comprometida con el medio ambiente y con la disuasión de conductas perjudiciales para las generaciones futuras, teniendo en cuenta, además, como prioridad, la defensa de la salud pública de los ciudadanos.
Asimismo, con el fin de minimizar su impacto sobre los sectores productivos e industriales y sobre los consumidores más vulnerables, dichas medidas se acompañarán de otras de transición justa que, respetando las señales de precio, garanticen precios de acceso a la energía asequibles para el ciudadano y para las empresas."
172/000163
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Catalá, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación urgente sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000164
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación.
- Se cerraron 222.000 pequeñas y medianas empresas.
- 250.000 autónomos tuvieron que echar el cierre a sus negocios.
- 3.514.100 españoles perdieron su empleo, muchas de ellas mujeres.
- 2.764.921 españoles han encontrado empleo.
- 222.810 menores de 25 años han encontrado empleo, hemos superado el umbral de un millón de jóvenes menores de 25 años trabajando.
Los continuos anuncios y globos sonda del ejecutivo nos hacen ser pesimistas sobre la capacidad del Partido Socialista en materia laboral, y los datos de la EPA así lo demuestran.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente interpelación urgente para que el Gobierno explique sus políticas en materia de empleo y la formación.
172/000165
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente interpelación urgente al Gobierno sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas.
Lamentablemente, esta sensación generalizada tiene motivos para existir: desde el año 1985, es a los partidos políticos a los que les corresponde, cada cinco años, elegir a la totalidad de los veinte vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial. Con el tiempo, este sistema de elección, como ya predijo el Tribunal Constitucional en el año 1986 cuando afirmó en su sentencia que entrañaba este "el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional", se ha traducido en un reparto político que socava la independencia judicial y, de esa manera, debilita grave y peligrosamente a uno de los poderes del Estado. Mencionar esto resulta del todo oportuno, por cuanto precisamente en estos días se está produciendo la renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, gracias a una serie de acuerdos políticos francamente poco ejemplares.
El citado debilitamiento institucional, alarmante en cualquier democracia que en gran medida se sustenta gracias al equilibrio entre los tres poderes del Estado -los llamados pesos y contrapesos-, adquiere una mayor gravedad cuando otro de los poderes básicos del Estado, el Gobierno, actúa en ocasiones como censor del Poder Judicial -y, particularmente, del Tribunal Supremo- y contradice diametralmente el criterio que éste había sentado.
A la vista de algunos casos recientes en los que el Gobierno ha procedido de esta manera, a este grupo parlamentario le preocupa la estrategia política que el Ejecutivo planea acometer en lo que se refiere al proceso judicial de los líderes separatistas de Cataluña. Como resulta conocido, el 30 de octubre de 2017 el Fiscal General del Estado interpuso querella contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, el resto del Govern, diversos miembros de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, y dirigentes independentistas, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional sin precedentes en nuestro país que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, realizada con total desprecio a nuestra Constitución. Dicha querella ha dado lugar a la Causa Especial 20907/2017, que se sigue ante el Tribunal Supremo y que se ha venido tramitando a lo largo del último año; causa en la cual se ha dictado ya Auto de Procesamiento contra los 13 querellados por delitos de especial gravedad, a saber: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Pues bien, paralelamente a la tramitación de la causa penal se ha ido sucediendo una serie de declaraciones de dirigentes políticos, especialmente del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que se han manifestado favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor, e incluso partidarios de la concesión de futuros indultos para el caso de que se llegase a dictar sentencia condenatoria contra los procesados. En este sentido, cabe recordar que ya en el mes de diciembre del año pasado, durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 21-D, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando apenas se había iniciado la causa penal, se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe al Estado de derecho en Cataluña. Igualmente, la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el pasado 22 de septiembre en declaraciones a Catalunya Radio se manifestó partidaria del indulto a los líderes golpistas en el caso de que fuesen condenados por el Tribunal Supremo, con el único requisito de que "tienen que pedirlo". Estas actuaciones comprometen gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, en la medida en que se advierte de la posible inejecución de las sentencias que se pudieran dictar para el caso de que no resultasen alineadas con la estrategia política considerada más favorable para sus intereses políticos.
Y es que el principio de igualdad ante la ley, como regla básica del Estado social y democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas. Y todo ello, como decíamos, porque, de producirse, se haría contraviniendo el criterio de otro poder el Estado, seguramente bajo la sospecha ciudadana de que la concesión responde a criterios de oportunidad política (y no a "razones de justicia, equidad o utilidad pública") y, en definitiva, menoscabando gravemente la credibilidad de la Justicia y de la separación de poderes en nuestra democracia.
Teniendo presente lo anterior
2. En consonancia con lo anterior y para el caso de producirse sentencia condenatoria, insta al Gobierno a no conceder el indulto ni ninguna otra medida de privilegio a los que resulten condenados por el golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la Ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
La triste trayectoria de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia, solamente destaca por un hito que no había alcanzado ninguno de sus predecesores en el cargo hasta la fecha. Ese logro -que no es precisamente un mérito- es el haber sido censurada por las dos Cámaras que componen las Cortes Generales. El 25 de septiembre pasado, el pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta su reprobación como ministra de Justicia. Asimismo, el pasado 9 de octubre, el Congreso de los Diputados, en la misma línea, censuró su gestión.
Pero aunque la decisión de ambas cámaras es clara, la ministra ha hecho oídos sordos a ellas, pues no solo no ha dimitido, sino que ha dado pie a otras polémicas que engrosan las razones de su imposible continuidad en el cargo.
Como dijo el pensador inglés Edmund Burke, "Todo lo aprendemos mediante la imitación, mucho más que por las leyes. La imitación forma nuestras costumbres, nuestras opiniones y nuestras vidas, es uno de los vínculos más fuertes de la sociedad".
Y tenía razón: todos somos ejemplos para los demás. Pero entre todos, deben ser especialmente ejemplares los gobernantes, por la enorme influencia que ejercen -con sus acciones, omisiones y actitudes- sobre la sociedad. Ejemplaridad exigible tanto privada como públicamente: unos requisitos -la ejemplaridad pública y privada- que en el caso de la ministra de Justicia, la Sra. Delgado, han faltado por partida doble.
Los ciudadanos depositan su confianza en los gobernantes. Que en su caso esa confianza no sea directa, pues deriva del presidente del Gobierno, no le exime de su obligación de ser ejemplar; es más, precisamente por ello debe demostrar que su actuación es digna de una confianza en grado superlativo. Pero la actual ministra de Justicia no solo no es ejemplar, ni mucho menos digna de confianza porque miente continuamente, cuando dice una cosa y la contraria; miente en sede parlamentaria, miente ante los medios de comunicación, miente cuando utiliza las redes sociales corporativas de su departamento... miente continuamente y, por tanto, una política que miente debe dejar inmediatamente de seguir haciéndolo como ministra del Gobierno de España.
Ninguna de las expectativas creadas por la ministra entre propios y extraños ha dado fruto. Su trabajo no solo ha sido estéril de raíz, sino que aun suponiendo que se esforzara en el futuro por enderezar la situación, esos esfuerzos estarán siempre viciados por la desconfianza que genera. Una desconfianza que en el Palacio de Sonora -sede del Ministerio de Justicia- recorre todas las plantas: en la segunda, donde está la Abogacía del Estado, víctima principal de su injerencia; a pie de calle, donde los ciudadanos asisten atónitos a su continuidad en el cargo; y en la propia planta principal, donde el equipo de Gobierno se debate a diario entre intentar sacar adelante el trabajo pendiente o hacer cajas ante el inminente y necesario cese de quien dirige el departamento.
Por lo tanto, la sociedad solo espera de ella que ejerza una de sus atribuciones: la de Notario Mayor del Reino en funciones dando testimonio de la toma de posesión de su sucesor.
1. Reprobar la actuación de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado.
2. Mostrar el reconocimiento y respeto de esta Cámara hacia el trabajo de todos los funcionarios de la Administración General del Estado y de forma muy especial de los pertenecientes al Ministerio de Justicia, trabajo basado en criterios técnicos, velando por la legalidad vigente y el interés general.
3. Instar al Gobierno para que profundice en el funcionamiento transparente de la Administración General del Estado y especialmente en la motivación de sus decisiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la Ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
El problema del acceso a la vivienda en España está estrechamente relacionado con la crisis hipotecaria y la imposibilidad de miles de familias de poder pagar los créditos inmobiliarios, por falta de recursos económicos y de oportunidades laborales. Durante los últimos 10 años se han generado cientos de miles de desalojos forzosos, muchos de ellos sin una alternativa habitacional.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde inicio de la crisis en 2007 y hasta 2017 (últimas series de datos disponibles) se ha producido cerca
de 751.202 desahucios y 585.047 ejecuciones hipotecarias. A esto se suma la incapacidad de las administraciones públicas competentes para proporcionar accesos a la vivienda pública a cientos de familias solicitantes.
España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea un 1,1 %, solo superado por Grecia y lejos de otros, como Holanda (32 %), Austria (23 %), Reino Unido (18 %) o Francia (17 %). Así mismo, nuestro país cuenta con un porcentaje ínfimo de vivienda asequible (2,5 %), frente a otros países europeos tales como Austria que poseen el 24 % de parque público de protección y el Reino Unido o Francia alrededor del 17 %, entre otros, según datos de Amnistía Internacional.
La falta de vivienda pública contrasta irónicamente con la acaparación de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres que invierten en el sector inmobiliario. Actualmente España acumula el 30 % de las viviendas vacías de toda Europa. Según el censo oficial de población y vivienda más reciente, en 2011 había 3,44 millones de casas vacías. El número de viviendas vacías aumentó en un 10,8 % en un decenio y, de las casas construidas durante el periodo de auge de la construcción, el 18,5 % continuaban vacías. Más de 263.000 casas en la Comunidad de Madrid (el 9,1 % de todas las viviendas de la región) y más de 448.000 en Cataluña (11,6 %) seguían desocupadas.
Actualmente los jueces emiten órdenes de desalojo a instancia de los bancos y de los fondos buitres que acaparan viviendas, sin existir una previa y obligatoria consulta a los servicios sociales para determinar si las personas y familias desalojadas se encuentran en riesgo de exclusión social y sin saber si tienen una alternativa habitacional. Adicionalmente, las familias se enfrentan a la desprotección de las Comunidades Autónomas que no dan respuesta a las solicitudes de acceso a vivienda pública, obligándolas a mantener la posesión de las viviendas en situaciones de precariedad legal.
El ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no solo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros, tanto del deudor hipotecario como de sus avalistas, subsistiendo parte de la deuda contraída. La regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan solo el 60 % del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Dicha situación es insostenible y profundamente injusta.
Esta situación ha provocado que cientos de familias españolas se encuentren en riesgo de exclusión social, haciendo más dramático el problema cuando son desalojadas de sus viviendas sin una alternativa habitacional y en muchos casos con niños, niñas, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Frente a las órdenes de desalojo, y ante el agotamiento de los recursos internos, las familias se han visto obligadas a recurrir a los órganos de Naciones Unidas para la protección de sus derechos humanos y de su derecho de acceso a una vivienda digna. A través de las denuncias individuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han obtenido medidas cautelares para paralizar los desalojos y evitarles un daño irreparable en casos de peligro inminente.
Estas medidas cautelares no están siendo cumplidas por parte de los jueces en procedimientos de ejecución hipotecaria, quienes no reconocen la obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones de los órganos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una de las principales razones es que los jueces no son informados oficialmente por parte del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado de la adopción de estas medidas, a pesar de haber sido formalmente notificadas al Estado español.
Actualmente en España no existe un protocolo de actuación del Estado para el cumplimiento y seguimiento a las disposiciones y medidas cautelares ordenadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o de otros órganos de las Naciones Unidas. Es indispensable la existencia de una norma que coordine a las diferentes administraciones públicas, a los tribunales y jueces y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y establezca los procedimientos para asegurar el seguimiento de los casos denunciados.
El acceso a la vivienda en España es un derecho social reconocido por la Constitución, que establece en su artículo 47:
El derecho a una vivienda digna es un derecho humano que viene recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que declara:
España firmó en 2009 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el pasado 5 de mayo de 2013 tras su ratificación. Este Protocolo permite a los ciudadanos de los Estados miembros presentar denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para la salvaguarda de los derechos reconocidos en el Pacto.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su 61° período de sesiones (23 de junio de 2017), emitió un Dictamen en contra del Estado español que establecía las siguientes recomendaciones:
- Emprender reformas legislativas que permitan a los inquilinos presentar recursos para que el juez valore la proporcionalidad y consecuencias de la medida de desalojo.
- Procurar una mejor coordinación entre las autoridades judiciales y los servicios sociales para evitar que ninguna persona se quede sin vivienda.
- Asegurar en los desalojos la adopción por el Estado de todos los pasos, movilizando los recursos necesarios, para garantizar que las personas desalojadas disponen de vivienda alternativa, realizando una protección de la familia, menores, mayores y otras situaciones de vulnerabilidad.
- Aplicar un plan, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar la vivienda pública a las personas sin recursos.
Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales presentó el 25 de abril de 2018, las Observaciones finales sobre el Sexto Informe periódico de España, que sobre Derecho a la Vivienda establece lo siguiente:
- Insta al Estado a que adopte un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
- Adoptar las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas, asegurando que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada, sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo.
- Adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio.
De conformidad con los principios de Derecho Internacional de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el Comité DESC recordó que España tiene la obligación de prevenir vulneraciones de derechos similares en el futuro. Así mismo, nuestro país tiene la obligación de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité DESC.
A lo largo del año 2018 se vienen sucediendo casos de desalojos de familias vulnerables, habitualmente con niños, niñas y adolescentes a cargo de un solo progenitor. La situación no es nueva pues arrastramos
una crisis habitacional desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y sin embargo, cientos de miles de desahucios no han servido para que los sucesivos gobiernos implementen medidas de amparo desde los poderes públicos a la altura de la emergencia social en materia de vivienda.
En aplicación del Protocolo Facultativo del PIDESC, cada vez más familias están recurriendo a los mecanismos de tutela de Derechos Humanos previstos en el mismo, incluyendo la solicitud de Medidas Cautelares reguladas en su artículo 5 que implican la suspensión del desalojo mientras se tramita el procedimiento internacional.
Según datos del "Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento del Dictamen DESC", en lo que va del 2018 se han sustanciado ante el Comité DESC un total de 68 procedimientos por vulneración del Pacto a nivel mundial. De estos, 33 corresponden a denuncias individuales en las que se ha solicitado el otorgamiento de medidas cautelares para la suspensión de desalojos. De estas 33 denuncias, 27 denuncias han sido aceptadas por el Comité DESC y se han dictado medidas cautelares, siendo cumplidas favorablemente por los juzgados en 10 casos en los que se paralizaron de los desalojos. En los 17 casos restantes se han incumplido las medidas cautelares vulnerando los derechos de los denunciantes reconocidos por el PIDESC.
Nos preocupa la falta de respuesta adecuada de España ante los órganos de salvaguarda de Derechos Humanos, con la posible consecuencia de incurrir en situaciones de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del incumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por los órganos del Sistema de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Así ha ocurrido por ejemplo, en el caso de María de los Ángeles González Carreño, Sentencia del Tribunal Supremo STS 2747/2018, de 17 de julio de 2018, en el cual se determina la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Dictamen 47/2012, de 16 de julio del Comité de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en un caso de violencia contra la mujer.
Esta sentencia reconoce que los dictámenes tienen "carácter vinculante/obligatorio para el Estado que reconoció la Convención y el Protocolo" y que el Estado tiene la obligación internacional de adoptar las medidas necesarias para conseguir la realización de los derechos reconocidos en la Convención. Según el Tribunal Supremo el Dictamen emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por expresa previsión del artículo 96 de la Constitución Española, forma parte del ordenamiento jurídico interno tras su ratificación. Adicionalmente la sentencia reconoce que en España no existe inexistencia de un procedimiento específico de ejecución de los dictámenes del Comité de la CEDAW, que es en sí mismo un incumplimiento de un mandato legal y constitucional por parte de España.
A pesar del criterio del Tribunal Supremo, el Gobierno insiste en no reconocer el carácter vinculante y obligatorio que tienen todas las resoluciones, medidas cautelares y dictámenes emitidos por el Comité DESC o por cualquier otro órgano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
El Estado está internacionalmente obligado a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el PIDESC sin distinción. Así mismo, el Estado está obligado a adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto.
Pero por sobre todo, el Estado español está obligado a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el Pacto hayan sido puestos en peligro inminente puedan ser protegidos a través de medidas cautelares destinadas a evitarle un daño irreparable. En este sentido, los jueces están obligados a cumplir con estas medidas, y el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado, está obligado a promover mecanismos ágiles de comunicación y notificación de estas medidas, sobre todo si la situación es particularmente urgente, de modo que las medidas deban adoptarse inmediatamente para evitar que la víctima sufra un perjuicio irreparable.
1. Remitir inmediatamente todas las resoluciones, dictámenes y medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los juzgados
competentes que conozcan de ejecuciones hipotecarias y a los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes que tramiten informes de riesgo de exclusión social o solicitudes de vivienda pública. El Gobierno debe garantizar la plena efectividad de las resoluciones adoptadas por órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2. Establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos de toda España que definan acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales para que, en casos de desalojo, las administraciones públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler social.
Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a familias sin recursos, solo se ejecuten después de que exista un contacto efectivo y que se hayan realizado todos los esfuerzos, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias con personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.
3. Modificar la legislación vigente para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En especial cumplir con la recomendaciones vinculantes del Comité DESC formuladas en su Dictamen de 20 de junio de 2017 (Comunicación N.º 5/2015) y en las Observaciones finales del Sexto informe periódico de España emitido el 25 de abril de 2018.
4. Cumplir con el principio de precaución y adoptar medidas legislativas para garantizar que en los procesos judiciales, las personas demandadas puedan oponerse al desalojo y presentar un recurso con el objetivo de que el juez evalúe las situaciones de vulnerabilidad y acceso a vivienda de las familias demandadas. En especial, se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n.º 27 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias con menores de edad en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
6. Desarrollar, conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, cursos de formación para jueces y magistrados sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de sus órganos, convenciones y tratados internacionales ratificados por España y sobre las obligaciones internacionales vinculantes que deben observar al momento de impartir justicia.
7. Incluir en los planes de estudios de las facultades de Derecho de todas las universidades del país, créditos sobre derechos humanos y los tratados internacionales que reconocen su existencia, así como los sistemas de protección existentes a nivel nacional e internacional.
8. Proporcionar acceso público a los datos del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado sobre las denuncias individuales y medidas cautelares que sean notificadas por los órganos del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de transparentar la información sobre el cumplimiento de España de sus obligaciones internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2018.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlmanetario Confederal de Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
1. Remitir inmediatamente todas las resoluciones, dictámenes y medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los juzgados competentes que conozcan de ejecuciones hipotecarias y a los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes que tramiten informes de riesgo de exclusión social o solicitudes de vivienda pública. El Gobierno debe garantizar la plena efectividad de las resoluciones adoptadas por órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo ello respetando la legislación vigente en España, de forma muy especial la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Estos protocolos deberán procurar que se apliquen medidas que garanticen que los desalojos que afecten a familias sin recursos llevarán aparejados de manera simultánea las precisas decisiones de los órganos competentes para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias con personas mayores, niñas/as y/u otras personas en situación de vulnerabilidad.
En particular, se asegurará el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: "En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".
Asegurar también el derecho a la propiedad privada, mediante el cumplimiento de la legislación vigente y, en concreto, de la jurisprudencia constitucional (entre otras la STC 11/1981 y la STC 37/1987, FJ 2) que señalan que la imposición de deberes al propietario de una vivienda no puede llegar al extremo de alterar el contenido esencial del derecho de propiedad, de manera que lo hagan irreconocible como perteneciente al tipo constitucionalmente descrito, es decir, que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección.
Continuar tomando como ejemplo las buenas prácticas que ya se están llevando a cabo en distintas partes de España e implicar en estas medidas a todas las administraciones.
3. Continuar trabajando junto al resto de administraciones públicas para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, en especial hacia colectivos vulnerables.
4. Desarrollar conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial y respetando sus competencias en formación, cursos de formación para jueces y magistrados sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de sus órganos, convenciones y tratados internacionales ratificados por España y sobre las obligaciones internacionales vinculantes que deben observar al momento de impartir justicia.
5. Asegurar que en los planes de estudios de las facultades de Derecho de todas las universidades del país, se incluyan créditos sobre derechos humanos y los tratados internacionales que reconocen su existencia, así como los sistemas de protección existentes a nivel nacional e internacional.
6. Proporcionar acceso público a los datos del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado sobre las denuncias individuales y medidas cautelares que sean notificadas por los órganos del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de transparentar la información sobre el cumplimiento de España de sus obligaciones internacionales, respetando la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Protección de Datos."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
"1. Remitir inmediatamente, tal y como se viene haciendo actualmente, todas las recomendaciones y dictámenes adoptados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los juzgados competentes que conozcan de ejecuciones hipotecarias y a los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes que tramiten informes de riesgo de riesgo de exclusión social o solicitudes de vivienda pública. El Gobierno debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de los dictámenes y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
3. Llevar a cabo cuantas modificaciones normativas sean necesarias e impulsar la máxima coordinación entre las distintas administraciones públicas con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España para garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada. En especial, cumplir con las conclusiones y recomendaciones del Comité DESC formuladas en su Dictamen de 20 de junio de 2017 (Comunicación N8 9 5/2015) y en las Observaciones finales del Sexto informe periódico de España emitido el 25 de abril de 2018.
4. Estudiar y promover, en el seno del Grupo de Trabajo Interministerial sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, la reforma Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con objeto de regular un procedimiento específico para incrementar la protección en aquellos desahucios que afecten a personas u hogares vulnerables.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de garantizar del derecho a la vivienda reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, extremando las garantías en los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de especial vulnerabilidad.
6. Desarrollar, conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, cursos de formación para jueces y magistrados sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de sus órganos, convenciones y tratados internacionales ratificados por España.
7. Promover que las Universidades incluyan créditos sobre derechos humanos y los tratados internacionales que reconocen su existencia, así como de los sistemas de protección existentes a nivel nacional e internacional, en los planes de estudio de las facultades de Derecho, respetando el derecho fundamental de la autonomía universitaria.
8. Proporcionar, previo consentimiento informado y expreso por parte de las personas afectadas, acceso público a los datos del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado sobre las denuncias individuales y medidas provisionales que sean notificadas por los órganos del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de transparentar la información sobre el cumplimiento de España de sus obligaciones internacionales."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Remitir inmediatamente todas las resoluciones, dictámenes y medidas cautelares adaptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los juzgados competentes que conozcan de ejecuciones hipotecarias y a los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes que tramiten informes de riesgo de exclusión social o solicitudes de vivienda pública. El Gobierno tomará medidas tendentes a cumplir con las resoluciones adoptadas por los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a familias sin recursos solo se ejecuten después de que exista un contacto efectivo y que se hayan realizado todos los esfuerzos, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias con personas mayores, niños/as y/u otras personas en situación de vulnerabilidad.
3. Llevar a cabo las medidas y/o reformas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible.
4. Cumplir con el principio de precaución y adoptar medidas legislativas para garantizar que en los procesos judiciales, las personas demandadas puedan oponerse al desalojo y presentar un recurso con el objetivo de que el juez evalúe las situaciones de vulnerabilidad y acceso a vivienda de las familias demandadas.
5. Asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional y, a este fin, reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los que se vean afectados negativamente por la desocupación de la vivienda cuando concurriese alguna justificada razón social, especialmente en el caso de que se trate de personas y familias con menores de edad en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
6. Ofrecer, en el marco de los cursos de formación que ya se ofrecen a jueces y magistrados, módulos sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de sus órganos, convenciones y tratados internacionales ratificados por España.
7. Proporcionar acceso público a los datos del Ministerio de Justicia y la Abogacía General del Estado sobre las denuncias individuales y medidas cautelares que sean notificadas por los órganos del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de hacer transparente la información sobre el cumplimiento de España de sus obligaciones internacionales."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
1. Remitir inmediatamente todas las resoluciones, dictámenes y medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los juzgados competentes que conozcan de ejecuciones hipotecarias y a los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes que tramiten informes de riesgo de exclusión social o solicitudes de vivienda pública. El Gobierno debe garantizar la plena efectividad de las resoluciones adoptadas por órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a familias sin recursos sólo se ejecuten después de que exista un contacto efectivo y que se hayan realizado todos los esfuerzos, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias con personas mayores, niños/as y/u otras personas en situación de vulnerabilidad.
3. Modificar la legislación vigente para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En especial cumplir con las recomendaciones vinculantes del Comité DESC formuladas en su Dictamen de 20 de junio de 2017 (Comunicación N.º 5/2015) y en las Observaciones finales del Sexto Informe periódico de España emitido el 25 de abril de 2018.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias con menores de edad en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
6. Desarrollar, conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, cursos de formación para jueces y magistrados sobre el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de sus órganos,
convenciones y tratados internacionales ratificados por España y sobre las obligaciones internacionales vinculantes que deben observar al momento de impartir justicia.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
"El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 para aunar las voces de la comunidad internacional frente a una violencia que afecta a las mujeres en todo el mundo.
El Congreso de los Diputados, con este motivo, quiere recordar de manera muy especial a todas las víctimas asesinadas por esta causa y a sus familias. Desde que tenemos datos oficiales, son 972 las mujeres asesinadas y 27 las y los menores de edad asesinados. Este año son 44 las mujeres asesinadas por violencia de género y 35 los huérfanos y huérfanas que deja. Combatir esta violencia, que se alimenta de unos valores y creencias machistas, es uno de los mayores desafíos de nuestro país.
Con esta declaración institucional, el Congreso de los Diputados quiere manifestar su firme compromiso contra la violencia hacia las mujeres, su profundo rechazo a agresores y asesinos, y su apoyo total a las víctimas. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y compromiso de todos los poderes públicos, administraciones, organizaciones y ciudadanía para no parar hasta conseguir que todas
las mujeres de nuestro país disfruten de una vida segura y libre de cualquier manifestación de violencia machista."
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El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional para manifestar el apoyo de la candidatura de las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo a "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" de la UNESCO para el año 2018.
"El tambor y el bombo se han convertido en tradición y símbolo que identifica a un importante número de pueblos de la geografía Española.
En 1983 el tambor se convierte en emblema de amistad y concordia entre pueblos con una misma tradición. Así, el 18 de septiembre de ese año, un grupo de vecinos de la Ciudad de Mula encabezados por Don Diego Cervantes Díaz, decidió reunir a todos los pueblos de España en un nexo común y específico en sus tradiciones y costumbres, el toque del tambor, organizado bajo el título de "Primera Muestra del Tambor", lo que hoy se conoce como Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, "Tamborada Nacional", las cuales se vienen celebrando sucesivamente todos los años en un pueblo diferente. Dichas Jornadas se celebraron en Baena los años 1992, 1999 y 2016. En el año 2017 se celebraron en Alcañiz y así sucesivamente podríamos ir especificando todos y cada uno de los pueblos pertenecientes donde se han celebrado.
En el año actual "La Tamborada Nacional" se ha celebrado los pasados días 9, 10 y 11 de marzo de 2018, en la Ciudad de Mula, en su XXXIII edición de las Jornadas Nacionales, coordinadas por el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, cuyo Presidente desde el inicio hasta la actualidad es el baenense Don Antonio Mesa Sevillano, al mismo pertenecen las 22 localidades de las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, y la Comunidad Valenciana.
Decenas de miles de Tamboristas y Tamborileros y Tamborileras de Agramón, Alagón, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcora, Alcorisa, Alzira, Andorra de Teruel, Baena, Calanda, Fuentes de Ebro, Hellín, Híjar, Jumilla, La Puebla de Híjar, Moratalla, Mula, Samper de Calanda, Teruel, Tobarra, Urrea de Gaén y Valderrobres, pondrán en valor la riqueza cultural que posee el toque de tambor y el bombo en nuestro país, siendo un hecho diferencial que forma parte de nuestra historia, identidad, sentimientos y costumbres.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, por ser las Tamboradas Rituales del toque del tambor y el bombo la única candidatura que se presenta por España ante la UNESCO, a "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" para 2018 y por la riqueza cultural que posee el toque del tambor y el bombo en numerosos pueblos de nuestro país."

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 173
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 47
 artículo 5
 artículo 96
 artículo 184
 artículo 441
 resolución 
 artículo 184
 artículo 11
 artículo 97