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Timestamp: 2020-01-24 02:49:21+00:00

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Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el septiembre 14, 2019 a las 8:40pm
No acabo de entender los argumentos que expone el TACRC en esta resolución de para justificar la posibilidad de poner umbrales de saciedad en el precio cuando ya existe un procedimiento, el de la baja temeraria, para determinar la viabilidad económica de una oferta.
El precio no es un criterio como cualquier otro: es el único que puede ir solo en una licitación y es el único para el que existe un procedimiento especial para determinar la validez de una oferta. Esto tiene consecuencias que el tribunal, creo yo, ha pasado por alto.
El precio en sí mismo no determina la viabilidad de la oferta (como dice Juan Carlos Gómez, solo mediante el análisis de la estructura de costes del licitador se puede determinar la solvencia del licitador) ni tampoco garantiza la calidad durante la ejecución del contrato.
La calidad de la oferta, que no de la ejecución, la determina el resto de criterios, los cuales debemos definir atendiendo al nivel de servicio que hemos establecido en el PPT y que representan lo que esperamos durante la ejecución. Si, por ejemplo, queremos que el tiempo de respuesta ante cualquier solicitud sea menor que un determinado tiempo establecido en el PPT, debemos exigir como mínimo la formación y experiencia que, a nuestro juicio, puedan garantiza dichos tiempos de respuesta y valorar positivamente la formación y experiencia mas allá de estos mínimos.
Con independencia de como se estime el límite de anormalidad (T) pueden darse dos situaciones en relación al umbral (U) definido para el precio de la oferta (O):
U <= O < T
En este caso, cualquier oferta O menor que T, pero mayor o igual que U, tiene que superar el procedimiento de anormalidad si quiere continuar en la licitación
T < U <= O
En este caso, como ningún licitador ofertará menos que U porque eso no le daría más puntos, la Administración tendría que pagar más por unos servicios que quizás el licitador hubiese aceptado hacer por un precio menor con las mismas garantías de calidad.
Para el TACRC definir este umbral evita tener que someter a los licitadores al procedimiento de anormalidad que podría expulsar al licitador del concurso, a cambio de pagar más por los servicios como hemos visto, pero no veo qué problema hay en someter al licitador al procedimiento de anormalidad cuando sea necesario. Es más, el procedimiento de anormalidad ofrece garantías adicionales a la Administración mientras que la simple definición de un umbral puede dar lugar a que licitadores no solventes ganen el concurso.
Así que no sé dónde está la ventaja de permitir poner umbral al precio distinto al límite de temeridad.
Me pregunto cómo se ha obtenido el umbral para el precio. Si ha sido el resultado de un estudio del mercado al que va dirigido el concurso, podría haberse incluido entre las condiciones para determinar la anormalidad de una oferta. La otra posibilidad para obtener el umbral mejor no la comento porque no es muy ética.
Un apunte más en relación a esta licitación. El modo en que se define la puntuación otorgada a los distintos criterios, incluido el precio, es inadecuado, porque es discontinuo. Me explico.
Si concedemos 1 punto por cada 500 € de descuento no otorgamos ninguna ventaja al que ofrece 900 € de descuento frente al que solo ofrece 500 € de descuento: ambos obtienen 1 punto.
Pasa lo mismo con la experiencia del personal. Los puntos se asignan de modo discontinuo de tal manera que a 6 años menos 1 día le corresponde 0 puntos y a 6 años, 1 punto; a 15 años menos 1 día le corresponden 16 puntos y a 15 años o más, 20 puntos.
Hay tenéis el ejemplo para la experiencia tal y como está definido en el concurso que ha provocado esta resolución del TACRC. La última línea es el resultado de aplicar la fórmula que os muestro. Esto permite valorar años que no sean enteros como por ejemplo 9,9 años. Como veis a 9,9 años le corresponden según el concurso 4 puntos mientras que a 10 años se le otorgan 6; un 50% mayor. La fórmula permite asignar bien la puntuación de modo que 9,9 años y 10 años tiene puntuaciones más cercanas que suponen una diferencia de solo el 3%, como es lógico. No hace falta definir fórmulas tan complejas, pero si es lo que se quiere este es un ejemplo.
Tiene que ser muy frustrante para el licitador pensar que si esta situación se hubiese producido en otra comunidad como Euskadi, cuyo TARC seguramente base sus dictámenes en las resoluciones del TACRC anteriores a ésta, el recurso hubiese prosperado.
Juan Carlos Gómez tiene razón al reclamar que existan equipos multidisciplinarios en la contratación pública. Hace falta mucho asesoramiento en los tribunales en materias que se escapan del ámbito puramente legal.
Que tengáis un buen fin de semana a pesar de la lluvia.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el septiembre 15, 2019 a las 1:39pm
La primera es que en el ejemplo anterior faltaba normalizar e incluir el valor para 0 años de experiencia de modo que los valores obtenidos se muevan entre 0 y 20 puntos que es el rango asignado a este criterio.
La tabla anterior queda así:
Como veis, el ajuste de la fórmula es bastante bueno (véase la figura abajo donde los puntos verdes es lo que dice el PCAP, la segunda línea de la tabla anterior, y la curva roja es la fórmula, la tercera línea de la tabla) y se podría ajustar aún más a costa de complicar la ecuación. Salvo en año=1 y año=9, además de los de 0 a 6 años que no se le asigna valor, la desviación no pasa del 2,4% con respecto a los valores que asigna el concurso a la experiencia.
La segunda cosa se refiere al modo en que valoramos la experiencia.
En primer lugar, la experiencia siempre tiene valor aunque sea poco. En este concurso, de 0 a 6 años menos 1 día no se asigna valor, pero es evidente que el valor de una persona con 6 años menos 1 día de experiencia en muy superior al de una persona sin experiencia. En el criterio de experiencia se han puesto 2 umbrales: uno por arriba (mayor o igual que 15 años de experiencia valen 20 puntos) y otro por abajo (menos de 6 años de experiencia no tienen ningún valor).
No parecen muy correctos estos umbrales, en particular el umbral inferior. Si se necesitan al menos 6 años de experiencia, se podría haber indicado como requisito de solvencia, con las consecuencias que ello tiene, salvo que creamos que la valoración en el resto de criterios puede compensar la falta de experiencia.
En segundo lugar, las curvas de experiencia no son así. Son curvas crecientes que se aproximan a un valor asintótico; esto no lo digo yo, hay multitud de estudios al respecto. Si fueran como las del concurso no tendría ningún sentido poner límites al valor de la experiencia porque estaríamos despreciando mucho valor; a 16 años de experiencia le deberían corresponder 24,58 puntos porque el valor, en el modo que se asigna en el concurso, no solo crece con el tiempo sino que además el crecimiento se acelera (punto negro sobre la curva roja).
Las curvas de aprendizaje se parecen a la curva azul. En este ejemplo, la curva azul se aproxima asintóticamente al valor 20 y como puede verse después de un crecimiento del valor acelerado, hasta más o menos los 6 años, el crecimiento se ralentiza. Esto es así porque el aprendizaje se agota con el tiempo. Factores como el cansancio, la falta de motivación o la falta de reciclaje hacen que la productividad se ralentice.
Si vemos la tabla que representa los valores del concurso resulta que pasar de 6 años de experiencia al doble, 12 años, hace que el valor se multiplique por 10. En realidad, una persona con 12 años de experiencia no es ni siquiera el doble de productiva que una con 6 años de experiencia, aunque esto depende del ámbito de conocimiento de que se trate. Por ejemplo, para el caso de las Tecnologías de la Información, que es el ámbito de conocimiento en el que me muevo, la obsolescencia del conocimiento es muy acusada debido a lo acelerada que es la innovación en este campo.
Los órganos de contratación tienen libertad para fijar los criterios y el modo en que se evaluarán, pero una vez más reclamo ser más "científico" en el modo en que tratamos de medir las cosas. No todo vale.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el septiembre 25, 2019 a las 8:40pm
Los umbrales de saciedad son una forma de manipular las adjudicaciones.. para evitarlo hay que tener en cuenta la propia doctrina del TACRC sobre el efecto práctico de los criterios cuando hacen variar el peso de la adjudicación hacia los no matemáticos, a lo que se reifiere de manerea algo difusa esta propia RTACRC 853/2019 cuando dice
“para determinar si el establecimiento de una cláusula como la cuestionada es o no ajustada a derecho, hay que tomar en consideración el conjunto de criterios de valoración que se establecen para la licitación, así como su respectiva ponderación, de modo que solamente procederá anular la cláusula cuanto se detecte que el establecimiento del umbral de saciedad infringe una norma imperativa o contradice los principios que rigen en materia de contratación pública, pudiendo dar lugar a una manipulación de la licitación.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José María Agüeras Angulo el octubre 27, 2019 a las 10:43pm
Buenas noches a todos, comentar en este debate que acaba de publicarse una resolución del TARC de Andalucía, la número 331/2019, que anula un umbral de saciedad (bueno, una fórmula que prácticamente conducía a fijar un cuasi-umbral), y es muy contundente en sus afirmaciones, lo que se agradece porque hasta el momento, que yo sepa, el TACRC es el único que lo está admitiendo, pero comienza a extenderse la tentación... Si os interesa, es su FD 7. Saludos
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para M. José Hernández el octubre 28, 2019 a las 10:15am
Gracias, Jose María. Muy interesante la resolución.
Ya está bien que los Tribunales empiecen a posicionarse en este sentido porque la aplicación de umbrales de saciedad está provocando adjudicaciones que se alejan bastante del principio de "mejor relación calidad precio" y, por supuesto, ni se acercan a la oferta económicamente más ventajosa (al menos para la Administración). Saludos,
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para David Tobajas Garachana el octubre 28, 2019 a las 10:26am
Muchas gracias José María, para los que trabajamos en Andalucía esta resolución nos aporta claridad y seguridad: al menos aquí sabemos la posición respecto de los umbrales de saciedad con claridad. Se podrá estar o no de acuerdo. Supongo que es otro debate.
Otra cosa es también el caos que generará en los licitadores, puesto que una misma empresa, que impugne un PCAP en base a un umbral de saciedad en la formula de la proposición economica obtendrá distintos pronunciamientos según la CCAA en la que interponga el recurso......
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el octubre 28, 2019 a las 1:13pm
Muchas gracias por esta nueva resolución
El Órgano de Recurso de Euskadi, que fue quien planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE admite los umbrales sin cuestionarse siquiera como debe hacerse y quien el informe de evaluación para determinar las ofertas que alcanzan el umbral
Aunque comparto en el fondo las consideraciones del Acuerdo del Tribunal andaluz, que mantuvo en ya en el 191/2019, me temo que el fallo de la STJUE de 20 de septiembre 2018, en el asunto C-546/16 (ECLI:EU:C:2018:752) admite el sistema, por lo que lo que nos queda es exigir que la valoración de la oferta técnica en esos caso se haga por un comité de expertos, como había planteado la JCCA de Cataluña en 2014. Así lo tenemos contemplado en la instrucción de contratación del Ayto. de Valladolid.
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que los poderes adjudicadores impongan en el pliego de condiciones de un procedimiento abierto de contratación pública unos requisitos mínimos en lo referente a la evaluación técnica, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de esa evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior, basada tanto en criterios técnicos como en el precio.
El artículo 66 de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que los poderes adjudicadores impongan en el pliego de condiciones de un procedimiento abierto de contratación pública unos requisitos mínimos en lo referente a la evaluación técnica, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de esa evaluación quedan excluidas de las fases sucesivas de adjudicación del contrato, y ello con independencia del número de licitadores restantes.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José María Agüeras Angulo el octubre 28, 2019 a las 8:53pm
Efectivamente David, es una locura
En Aragón por el momento también estamos a salvo del umbral de saciedad e incluso hace un tiempo el TACPA anuló la fórmula proporcional inversa en una licitación
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el octubre 28, 2019 a las 2:19pm
Muchas gracias José María, la dejo anexada.
Resolucion331.pdf, 195 KB
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José María Agüeras Angulo el octubre 28, 2019 a las 8:58pm
Gracias a tí Guillermo; llego tarde a contestarte así que, buena semana

References: resolución 
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 artículo 66