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﻿ Sentencia SL8644-2014 de septiembre 3 de 2014
SENTENCIA SL8644-2014 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:INTERESES MORATORIOS POR RETARDO EN EL PAGO DE PENSIONES. CASOS DE EXONERACIÓN MIENTRAS SE DISCUTE EL DERECHO PENSIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO, DERECHO AL SISTEMA DE PENSIONES, INTERÉS MORATORIO EN LA MESADA PENSIONAL, PAGO DE PENSIÓN, PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:518 DE FEBRERO DE 2015, PÁG.222
Sentencia SL8644-2014 de septiembre 3 de 2014
Rad.: 50259
Pretende el recurrente que la Corte CASE totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme el fallo de primer grado que condenó a la pensión de invalidez, junto con el retroactivo de mesadas causadas y las adicionales, así como los intereses moratorios, y se provea lo que corresponda por costas. Subsidiariamente persigue que la Corte, actuando como tribunal de instancia, revoque la decisión del a quo, a fin de que sean acogidas las pretensiones de la demanda inicial, en aplicación la excepción de inconstitucionalidad consagrada en la C.N. artículo 4º, que lleve a la inaplicación de la Ley 860 de 2003, artículo 1º.
Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que merecieron réplica, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.
Atacó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía directa, en el concepto de infracción directa de los artículos “26 de la Ley 16 de 1972, los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 9º y 11 de la parte primera de la Ley 74 de 1968; los artículos 1º, 2º y 9º de la Ley 319 de 1996; los artículos 1º, 2º, 4º, 9º, 13, 25, 29, 47, 48, 53, 83, 85, 93, 209, 243 y 366 de la Constitución Política; los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 10, 11, 13, 38, 39 (modificado por L. 860/2003, art. 1º, a su vez modificado por Sent. C-428, jul. 1º/2009), 40, 59, 60, 69, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993”.
En la sustentación del cargo el recurrente expuso que el tribunal desconoció abiertamente el “principio de progresividad” en materia de seguridad social, al no acoger lo enseñado por la Corte Constitucional en su abundante jurisprudencia sobre esta precisa temática, según la cual dicho principio constituye el rango esencial de la seguridad social, pues cualquier modificación legislativa que disminuya la protección de los derechos sociales debe contar con una justificación y un suficiente apoyo argumentativo para la validez de ese paso regresivo; de lo contrario todo retroceso será inconstitucional. Transcribió varios apartes de la Sentencia C-428 de 2009 que declaró inexequible el requisito de fidelidad contenido en la Ley 860 de 2003, artículo 1º numerales 1º y 2º, cuya motivación estuvo enmarcada en el atentado de tal exigencia contra el principio de progresividad y la prohibición de la regresión establecida en la C.N. artículos 48 y 53 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Especificó que la C.N., artículo 9 dispone que el Estado colombiano debe acatar los principios del derecho internacional, entre ellos el de “pacta sunt servanda”, contemplados en los artículos 18, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados que exige a los Estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin que sea de recibo su incumplimiento, invocando o amparándose en disposiciones internas contrarias a lo pactado.
Manifestó que el tribunal dejó de aplicar en este asunto el bloque de constitucionalidad al desconocer los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de derecho al trabajo y de la seguridad social. Además, tampoco consideró los principios de la condición más beneficiosa y el de favorabilidad. Agregó que:
“Una vez desaparecidos los efectos jurídicos de la denominada “fidelidad al sistema”, a través de la Sentencia C-428 de 2.009, desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho que contemplaba esa primigenia norma —artículo 1º de la Ley 860 de 2003, numerales 1º y 2º—, sin que sea dable al operado (sic) judicial hacerle seguir produciendo efectos; además, es claro, que tras la sentencia (sic) de constitucionalidad referida, solo se exige para acceder a la pensión de invalidez de origen común, sea por enfermedad o por accidente, la acreditación de un mínimo de 50 semanas de cotización dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez; y, conforme al artículo 288, citado, en tanto el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue modificado, no cabe duda acerca de que, el texto de la disposición reformada, sin la exigencia del requiso de fidelidad al sistema, debió ser aplicada por el tribunal de instancia, al estimarse más favorable ante el primigenio texto del artículo 1º de la Ley 860 de 2003”.
Remató diciendo que el ad quem no hizo cosa distinta que aplicar una norma más gravosa y formalmente inexequible, en desmedro de los principios de cosa juzgada constitucional (C.P., art. 243) y situación más favorable (C.N., art. 53), impidiéndole al actor alcanzar su pensión de invalidez, cuando ese derecho debió reconocerse al contar con el requisito de las 50 semanas de cotización en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, junto con los intereses moratorios previstos en la Ley 100 de 1993, artículo 141.
A su turno la oposición solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el tribunal sí tuvo en cuenta el principio de progresividad en materia de seguridad social. Es así, que citó como antecedente lo dicho en la sentencia de la CSJ SL, 2 de septiembre de 2008, radicado 32765, analizando cómo debe aplicarse el mismo, sin desconocimiento de las leyes colombianas y las normas del derecho internacional que lo han desarrollado, acogiendo la doctrina de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con esta temática. Por ende, no se configura la transgresión de la ley sustancial denunciada.
Dada la vía directa escogida para encauzar el ataque, son hechos indiscutidos los siguientes: I) Que el demandante es afiliado a BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.; II) Que tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 52.90%, con fecha de estructuración del estado de invalidez del 18 de julio de 2008; III) Que de lo cotizado durante su vida laboral al sistema general de pensiones, 153.86 semanas corresponden a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, tal como lo aceptan las partes tanto en la demanda inaugural como en su contestación (hecho sexto, fls. 4 y 107-108, cdno. del juzgado).
Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional, que el actor elevó a la administradora de pensiones accionada, solicitud de pensión de invalidez de origen común, la cual le fue negada por no tener cumplido uno de los requisitos de la Ley 860 de 2003 artículo 1º, correspondiente al de la fidelidad al sistema, pues requería tener 327.20 semanas cotizadas entre el momento en que cumplió los 20 años de edad y la fecha de la primera calificación de su invalidez y solo alcanzó un total de 308.43 semanas, como da cuenta la comunicación emanada del fondo de pensiones convocado al proceso JB-08-7924, fechada 20 de octubre de 2008, obrante a folios 86 a 89 del cuaderno principal.
Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal revocó el fallo condenatorio de primer grado para absolver totalmente a la demandada. En esencia, porque estimó que la situación pensional del demandante debía solucionarse con la norma vigente para el momento de la estructuración del estado de invalidez, que exigía la fidelidad al sistema que el citado afiliado no cumplía, esto es, la Ley 860 de 2003 artículo 1º, que modificó la Ley 100 de 1993 artículo 39, en su versión original antes de su declaratoria de inexequibilidad parcial, tal como lo adoctrinó la Sala de Casación Laboral en sentencias de la CSJ SL, 25 de mayo, 22 de junio y 24 de agosto de 2010, radicados 38023, 39792 y 40884, respectivamente. Ello con base en la aplicación inmediata de la ley en los términos del CST artículo 16, que igualmente tiene cabida en asuntos de seguridad social, y dado que la sentencia de la Corte Constitucional C-428, 1º de julio de 2009, tiene efectos solo hacia el futuro, por cuanto en ella no se previó ningún efecto retroactivo, todo lo cual lleva a inferir que el a quo se equivocó al inaplicar el requisito de fidelidad para así conceder la prestación económica por invalidez.
De la lectura del cargo se deduce que el recurrente busca que se determine jurídicamente que con fundamento en el “principio de progresividad” en materia de seguridad social, el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez por origen común, ya que con amparo en aquel no es posible exigir el requisito de la fidelidad al sistema, en la medida que es una medida regresiva que por mermar la protección de los derechos sociales es a todas luces inconstitucional. Además de que esta exigencia va en contravía de la prohibición de la regresión establecida en la C.N. artículos 48 y 53 y de las normas del derecho internacional que han desarrollado tal principio. Que una vez desaparecieron los efectos jurídicos de la denominada “fidelidad al sistema”, con la sentencia de la Corte Constitucional, C-428 de 2009, no es posible que los operadores judiciales sigan haciéndole producir efectos a la primigenia norma de la Ley 860 de 2003 artículo 1º, numerales 1º y 2º, debiéndose conceder el derecho si el asegurado inválido cuenta con un mínimo de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la invalidez, como en este caso acontece, sin cumplir adicionalmente con ninguna fidelidad.
Pues bien, planteadas así las cosas, la razón está de parte de la censura y no del tribunal, en la medida en que el requisito de la fidelidad al sistema, estipulado en la mencionada Ley 860 de 2003 artículo 1º numerales 1º y 2º, impuso una evidente condición regresiva, comparativamente con lo establecido por la normativa anterior, esto es, la Ley 100 de 1993 artículo 39. Lo que significa, que en este asunto la segunda instancia se equivocó al no acoger el “principio de progresividad” e inaplicar tal exigencia, lo cual no obedece a darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad (C. Const., Sent. C-428/2009), sino por la patente contradicción de ese requisito con el citado principio constitucional.
Es preciso aclarar que las sentencias de la Sala en que se apoyó el tribunal, eran aquellas que contenían el anterior criterio de esta corporación, que por su nueva composición reexaminó el tema y fijó por mayoría el nuevo criterio que actualmente impera.
Sobre la inaplicación del requisito de “fidelidad” por virtud del principio de progresividad y no regresividad, que se exigía tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, en sentencia reciente de la CSJ SL-3178-2014, 29 de enero de 2014, radicado 56545, se condensó el actual criterio mayoritario de la Sala y si bien en esa oportunidad se trataba de un caso en el que se debatía dicha exigencia a la luz de la Ley 797 de 2003 artículo 12 literales a) y b), también declarados inexequibles con la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009, sus enseñanzas y directrices son igualmente aplicables al presente asunto. En esa ocasión se puntualizó:
(...) el requisito de “fidelidad” que reclama la censura, esta corporación, por mayoría, lo viene inaplicando con base en el denominado principio de progresividad y no regresividad. Ha adoctrinado que no es dable exigir tal requisito para obtener la pensión de sobrevivientes, aun cuando el derecho se hubiera causado con antelación a la sentencia de la Corte Constitucional 556 del 20 de agosto de 2009, que lo declaró inexequible, y en sentencia de la CSJ Laboral, 25 de julio de 2012, radicado 42501, reiterada en casación del 16 de octubre de 2013, radicado 45261 (SL727/2013), tuvo la oportunidad de fijar el actual criterio que impera, en la que se puntualizó:
Sin embargo, no cumplió con la segunda condición exigida por la mencionada norma, cual era el requisito de fidelidad al sistema, pues, según el ISS, solo acreditaba un 5.33% de fidelidad de cotización, requiriendo un porcentaje mucho mayor y equivalente al 20% del lapso comprendido entre la fecha de cumplimiento de los veinte años de edad y la data de la muerte.
Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con “la mutua ayuda entre las […] generaciones” (L. 100/93, art. 2-b), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
“Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación” (resalta la Sala)”.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad (…).
Además, conviene precisar, que acoger el principio de progresividad a efectos de no aplicar la fidelidad al sistema, no tiene que ver con darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino que ello obedece a la patente contradicción de ese requisito con el citado principio constitucional. Igualmente, la Sala ha señalado, que el juzgador debe abstenerse de aplicar disposiciones legales regresivas aún frente a situaciones consolidadas antes de su declaratoria de inexequibilidad, en los eventos en que se constituyan en obstáculos para obtener un derecho pensional. Es así que en sentencia de la CSJ Laboral, 10 de julio de 2012, radicado 42423, se dijo:
En este orden de ideas, se concluye que el sentenciador de segundo grado, cometió los yerros jurídicos endilgados y, por consiguiente, este primer cargo prospera, lo cual es suficiente para quebrar la sentencia impugnada, haciéndose innecesario el estudio de los otros dos cargos que persiguen igual cometido.
Además de lo expuesto al resolverse el cargo, es pertinente agregar, en sede de instancia, que la parte demandada en su recurso de apelación (fls. 176 y 177, cdno. ppal.) plantea dos inconformidades: a) La aplicación en el presente caso del requisito de fidelidad o permanencia en el sistema general de pensiones, que al no cumplirlo el actor lleva a que no pueda acceder a la pensión de invalidez implorada; y b) La improcedencia de los intereses moratorios, por virtud de que al no existir la obligación de reconocer la pensión tampoco es dable condenar a tales intereses, a más que no está demostrado ningún incumplimiento por parte de la accionada que dé origen a un estado de mora, pues lo cierto es que la negativa de la entidad en conceder la prestación lo fue “por no existir fidelidad en el sistema”.
Respecto a la primera inconformidad, queda resuelta con lo analizado y definido en sede de casación. En lo que atañe a la segunda, relativa a los intereses de mora, debe decirse que teniendo derecho el demandante a la pensión de invalidez por estar demostrada una pérdida de capacidad laboral equivalente al 52.90% con fecha de estructuración 18 de julio de 2008 y por contar con 153.86 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores al estado de invalidez, se reúnen los presupuestos normativos de la Ley 860 de 2003 artículo 1º para acceder a la prestación, lógicamente inaplicando la exigencia de la fidelidad al sistema por contradecir el principio de progresividad. A continuación se pasa a estudiar la procedencia o no de tales intereses.
Sobre este punto, la Sala tuvo la oportunidad de estudiar el tema y en un proceso con características similares al presente, fijó el criterio de que no hay lugar a imponer el pago de los intereses de mora de la Ley 100 de1993 artículo 141, en aquellos casos en que el no reconocimiento de la pensión tiene una plena justificación, bien porque tenga un respaldo normativo o provenga de la aplicación acuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en su función propia de interpretar las normas sociales a la luz de los principios y objetivos de la seguridad social, como sería el caso del cambio de jurisprudencia, que permite inaplicar el requisito consagrado en el precepto legal que tuvo en cuenta la administradora de pensiones relativo a la fidelidad al sistema. En sentencia de la CSJ SL 787-2013, 6 de noviembre 2013, radicado 43602, se adoctrinó:
En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, radicado 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.
En sentencia de 13 de junio de 2012, radicado 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, radicado 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:
Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia. Máxime que en Colombia el control difuso que es el que opera en las excepciones de inconstitucionalidad está a cargo de los jueces y no de las administradoras.
En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues la concesión de la pensión de invalidez, obedeció al cambio de jurisprudencia operado entre otras en sentencia de 1º de agosto de 2012, radicado 41043, criterio de acuerdo con el cual en materia de seguridad social, la norma regresiva debe ser inaplicada por el operador judicial cuando se constituya en un obstáculo para la obtención del derecho, incluso en el lapso que va entre su entrada en vigencia y la ejecutoria de la respectiva sentencia declaratoria de inexequibilidad, aún en los eventos en que la Corte Constitucional no le dé efectos retroactivos, como se dejó suficientemente explicado con ocasión de los cargos precedentes (Resalta la Sala).
Sin embargo, frente al anterior criterio precisa la Sala, que para estos casos excepcionales en que se reconoce la pensión por inaplicación del requisito de fidelidad al sistema, la exoneración de los intereses de mora debe entenderse que solo opera mientras el derecho pensional está en discusión, pues no resulta dable considerar que en ese lapso específico los mismos se hubieran configurado o hecho exigibles, ello con fundamento en las razones expuestas en el antecedente que se acaba de transcribir. Lo que significa, que para estos eventos dichos intereses sí se generan pero a partir de la ejecutoria de la sentencia que los ordenó, hasta tanto la administradora de pensiones que fue condenada a cubrir la pensión de invalidez cancele las mesadas adeudadas.
Debe aclararse que para los demás casos, se mantiene incólume el criterio según el cual los intereses moratorios previstos en la Ley 100 de 1993 artículo 141, se hacen exigibles es desde el momento en que, vencido el plazo o término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen, esto es, que se generan desde la fecha de retardo o retraso en el pago de la prestación pensional, aun cuando posteriormente se inicie el trámite de la actuación judicial (Sents. CSJ, SL, dic. 12/2007, Rad. 32003 y oct. 17/2008, Rad. 30550).
Así las cosas, se confirmará el fallo de primera instancia en cuanto condenó a la pensión de invalidez a favor del demandante y se modificará la condena por intereses moratorios en el sentido de que se generan es a partir de la ejecutoria de la sentencia hasta que se haga efectivo el pago de las mesadas adeudadas.
En lo que tiene que ver con el monto de la pensión de invalidez por riesgo común, con una disminución en la capacidad laboral inferior al 66%, como es el caso del actor del 52.90%, se ha de aplicar en el régimen de ahorro individual con solidaridad la Ley 100 de 1993 artículo 69, que a su vez se remite al artículo 40 ibídem, norma última que en su literal a) consagra como porcentaje “El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%”.
Por su parte, el ingreso base de liquidación de tal prestación, corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o todo el tiempo si este fuera inferior, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según la certificación expedida por el DANE. Esto de conformidad con lo señalado en la citada Ley 100 de 1993 artículo 21.
Es entonces, sobre dicho IBL que se aplica el porcentaje obtenido que para el asunto a juzgar será del 45%, por razón de que el demandante conforme a la comunicación del fondo de pensiones JB-08-7924 (fls. 86 a 89, cdno. del juzgado) y la historia laboral del afiliado (fls. 60 a 74 y 150 a 152 ibídem), cuenta con un total de 308.43 semanas cotizadas al sistema, cuyo resultado se traduce en el valor de la mesada pensional a pagar a partir del 18 de julio de 2008.
Hechas las operaciones del caso, siguiendo los anteriores parámetros, el IBL de la pensión de invalidez del accionante, asciende a la cantidad de $468.393.59, que al aplicarle el 45% el monto de la prestación arroja el valor de $210.777.11 pero, al resultar inferior al salario mínimo legal de la época, la cuantía de la pensión será equivalente a ese salario mínimo vigente para el año 2008, esto es la suma mensual de $461.500.00.
Por mesadas causadas con los respectivos incrementos legales y las mesadas adicionales, para el período comprendido entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de abril de 2014, la sociedad demandada debe cancelar al demandante la suma de $43.284.783.33, debiendo continuar cancelando la pensión de invalidez con una mesada para el año 2014 de $616.000.00 mensuales. Lo anterior es posible condensarlo en el siguiente cuadro:
Fechas Nº de pagos Valor pensión Valor mesadas
18/07/2008 31/12/2008 6.43 $461.500.00 $2.968.983.33
01/01/2009 31/12/2009 14 $496.900.00 $6.956.600.00
01/01/2010 31/12/2010 14 $515.000.00 $7.210.000.00
01/01/2011 31/12/2011 14 $535.600.00 $7.498.400.00
01/01/2012 31/12/2012 14 $566.700.00 $7.933.800.00
01/01/2013 31/12/2013 14 $589.500.00 $8.253.000.00
01/01/2014 31/12/2014 4 $616.000.00 $2.464.000.00
$4.284.783.33
Respecto a las excepciones propuestas por el ente demandado al dar respuesta al libelo demandatorio, la de prescripción se declaró no probada desde la primera audiencia de trámite, y la de inexistencia de toda obligación por las resultas del proceso no puede prosperar.
De tal manera que, se modificará la sentencia de primer grado, en cuanto a la condena por intereses moratorios en el sentido de ordenar su pago a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se cancelen las mesadas adeudadas. Se confirmará en lo demás, concretando la condena por la pensión de invalidez de origen común en los términos antes mencionados.
Las costas de primera y segunda instancia serán a cargo de la entidad demandada. No hay lugar a ellas en el recurso extraordinario, por cuanto la acusación salió avante.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso ordinario promovido por Jesús Antonio Gómez Gómez contra BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A., que fue absorbida por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
En sede de instancia, se MODIFICA el fallo de primer grado, en cuanto a la condena por intereses moratorios en el sentido de ordenar su pago a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se cancelen las mesadas adeudadas. Se CONFIRMA en lo demás concretando la condena por pensión de invalidez de origen común, así:
CONDENAR a la administradora de pensiones demandada a reconocer y pagar al demandante la pensión de invalidez de origen común, a partir del 18 de julio de 2008, en cuantía equivalente al salario mínimo legal. En consecuencia deberá cancelar la suma de cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos con treinta y tres centavos ($43.284.783.33) moneda corriente, por concepto de mesadas causadas con los respectivos incrementos legales y las mesadas adicionales, del período comprendido entre el 18 de julio de 2008 y el 30 de abril de 2014, debiendo continuar cubriendo la pensión con una mesada mensual para el año 2014 por valor de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000.00) moneda corriente. Se DECLARAN no probadas las excepciones propuestas por el ente demandado.

References: artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 288
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 69
 artículo 40
 artículo 21