Source: https://www.mambiaccion.com/2009/05/
Timestamp: 2019-08-26 03:26:53+00:00

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Mambí en Acción: mayo 2009
Obstaculizan en Cuba servicio de telefonía móvil al ex preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez
La Habana, 27 de mayo.- El conocido ex preso político cubano, Jorge Luis Pérez Antúnez, denunció en La Habana, que el Departamento de Seguridad del Estado, en abierta complicidad con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), le obstaculiza el servicio telefónico móvil.
Pérez Antúnez, Coordinador Nacional del Presidio Político “Pedro Luis Boitel“, en presencia de activistas de los derechos humanos, pidió a éste periodista que le hiciera una llamada a su móvil. Una voz desconocida de un hombre, respondió a la llamada, la acción se realizó en 4 ocasiones con el mismo resultado.
Antúnez, quien todavía muestra las secuelas de la huelga de hambre que realizó durante 29 días, y posteriormente un ayuno en rebeldía contra el régimen comunista de la isla, aseguró: “Personas haciéndose pasar por supuestos miembros de organizaciones del exilio cubano, me han realizado entrevistas falsas, y me han gastado todo el crédito del móvil.
Excarcelado en abril de 2007, tras haber cumplido 17 años y 38 días en las prisiones castristas, enfatizó: “Tal como lo sentenció Pedro Luis Boitel, “Los hombres no abandonan la lucha, cuando la causa es justa“, le transmito al régimen comunista de Cuba que continuaré en mi lucha por la defensa de los derechos humanos en la isla“.
Etiquetas: comunicaciones, Cuba, derechos humanos, Jorge Luis García Perez Antúnez, libertad, móvil
La Cuba de Hoy y su Sistema Jurídico. ¿Es Compatible con el Sistema Interamericano?
Examinaremos el tema, primero desde el punto de vista de la legislación castrista, seguido, en referencia a la carta Democrática Interamericana, para terminar con una conclusión fundada.
I- Constitución y legislación castrista
Para responder a la pregunta que encabeza el título de este informe se requiere que comencemos haciéndonos una pregunta de rigor. ¿Existe hoy en Cuba un cuerpo de derecho constitucional que merezca tal nombre y que garantice los derechos ciudadanos? La respuesta es definitiva: la constitución de 1976, enmendada en 1992, no es un documento apto para propiciar un cambio hacia la libertad porque no protege al ciudadano sino que concentra poderes en el estado en forma extrema, mientras restringe al máximo la libertad individual.
Se trata de un documento diseñado para imponer un sistema unipersonal de gobierno apoyado por un solo partido que reclama el acceso exclusivo al discurso político. La constitución de 1976 no fue el producto de una constituyente compuesta de delegados libremente electos con libertad para ofrecer una variedad de puntos de vista. Fue por el contrario el producto de una comisión designada por el partido comunista. Su mandato era concentrar y mantener el poder en las mismas manos.
Pocos extranjeros y aún cubanos de la época actual quizás sepan que tanto Blas Roca como Juan Marinello, líderes del partido comunista fueron constituyentes en 1940, electos como parte de una coalición con la que pactó el partido comunista, que entonces al igual que ahora, siempre ha sido oportunista. Se sabía perfectamente quienes eran y lo que propugnaban pero no se les impidió presentar sus ideas porque al fin de cuentas el pueblo de Cuba quería libertad y no totalitarismo, y en buena lid se sabía también que serían derrotados.
Así ocurrió en esa época y es por eso que el tamaño inusitado del porcentaje de aprobación del proyecto castrista en 1976 no sólo es sospechoso sino ridículo. O merece figurar en el libro de récords mundiales, o simplemente refleja un sistema para obtener una “unanimidad” a toda costa.
Sin embargo, no contentos con un 97%, se mejoró el récord en la enmienda constitucional de 1992 que fue aprobada por “unanimidad” por la Asamblea Popular en el curso de una de sus usuales sesiones relámpago de tres días. El totalitarismo se nutre de “unanimidades”.
La criminalización de las conductas de oposición al régimen por la simple expresión de ideas diferentes es típica de las constituciones totalitarias. Primero se establecen los principios totalitarios y seguidamente se dictan las leyes represivas. El Código penal castrista, la ley mordaza (Ley No.88 de Protección de la independencia nacional y la economía de Cuba) y demás disposiciones no surgen por mero accidente. Son parte de un engranaje diseñado para mantener el poder concentrado en pocas manos y reprimir. El comunismo intenta primero la coacción psicológica, y el entramado legal es parte relevante de esa coacción.
Esta referencia a la moral confirma el carácter casi teocrático del sistema cubano. Si dijéramos que actuar en contra de la moral cristiana, budista o musulmana es delito se nos acusaría de fanáticos religiosos. ¿Y qué es la moral socialista? Un subterfugio para exigir aún más control pues obviamente será lo que el gobierno, sumo sacerdote de esta religión decida que sea. En particular todo aquello que amenace directa o indirectamente al sistema sin importar que sea pensado, hablado o actuado.
Pronunciarse en contra de esa “moral” puede pasar a ser un acto de ‘propaganda enemiga’, delito definido en el artículo 103 del Código Penal que sanciona al que “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma”.
Esto fue a su vez remachado por la mencionada Ley Mordaza cuyo Artículo 2 reza: "Dado el carácter especial de esta Ley, su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda”. Establece nuevas y severísimas sanciones sólo por el hecho de expresar una opinión, e increíblemente postula la retroactividad de la ley en perjuicio del acusado violando así un principio clásico del derecho penal.
De hecho, la primera sanción contra un opositor es despedirlo de su puesto. Si para subsistir recurre a la familia o amigos en el extranjero puede contar con hasta veinte años de sanción.
• reciben asistencia en todas las instituciones de salud
• se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel.
• son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público.
• disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso."
Dado el apartheid turístico que prohíbe a los cubanos frecuentar locales asequibles sólo a los turistas, la existencia del llamado turismo de salud sólo pagadero en divisas con clínicas especiales no asequibles a los cubanos, los desalojos por vivir en ciudad prohibida, y otra interminable lista de abusos, este artículo pasa a ser una burla diaria a la dignidad del pueblo cubano.
Bajo la constitución actual, la defensa del ciudadano ante el poder público es problema de imposible solución dado el monopolio que la constitución confiere al estado para solventar una serie de necesidades sociales tales como la educación, el acceso a los medios de comunicación y la gestión laboral y sindical, y las posibilidades de intimidación que dicho monopolio implica. Únase a ello, el sistema judicial diseñado para servir de instrumento al ejecutivo y la situación queda encuadrada.
Un buen ejemplo es el artículo 53, que “reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista.” O sea: tiene usted derecho a estar de acuerdo con el status quo.
La falacia que se intenta presentar es la siguiente: Como los medios de comunicación son del estado y el estado es el pueblo, entonces obviamente son del ciudadano y no pueden pertenecer a nadie más. El ciudadano puede acceder a ellos cuando quiera, excepto que la “ley” le dirá cómo se ejerce ese derecho. El hecho de que las leyes se dicten por un consejo de estado y un parlamento en un sistema unipartidista habla por sí sólo.
Continuemos con los monopolios. La educación es uno de los más ofensivos, puesto que el estado se apropia de ella para sus propios fines y procede a dictar no sólo el programa educativo sino a prohibir cualquier otra educación contraria a su objetivo. El artículo 39 de la constitución castrista incisos a) y c) establece que los estudiantes deben de ser formados de acuerdo con el ideario marxista al establecer que es deber del estado “promover….la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social.”
De nuevo causa y efecto. El Código de la Niñez y la Juventud en su artículo 1 explica su propósito: formar una personalidad comunista, y alega que es preciso regular los diferentes aspectos de la vida de la nueva generación, sus deberes y sus derechos. No es de extrañar que más adelante (Art. 23) hable de la actitud política como criterio de acceso a la enseñanza superior, y que el Art. 26 requiera una actitud “integralmente correcta.” Y para colofón existe el horrible instrumento de presión llamado 'expediente acumulativo', que acompaña al estudiante durante toda su carrera escolar registrando no sólo sus calificaciones, sino sus “actitudes políticas" y por analogía las de su familia.
El monopolio educativo diseñado para formar una personalidad comunista como objetivo, es uno de los abusos más flagrantes. La educación de los hijos es un derecho natural de los padres reconocido por todas las legislaciones y constituciones civilizadas. Negarlo es retroceder y convertir al niño en objeto, en un bien de uso. Sólo por eso merece el gobierno de Castro la condenación.
Tanta es la preocupación del estado con mantener su monopolio que inventa un delito peculiar, el de “abuso de la libertad de cultos “ que define en el Art. 206 del Código Penal así: “El que abusando de la libertad de cultos garantizada por la Constitución, oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación.”
Para no ser omisos y mantener su sistema marxista y hegeliano de contradicción sistemática la ley viola el artículo 8 de la constitución que dice: “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa”.
El pueblo cubano ha perdido así hasta los más sagrados derechos, hasta aquellos que pertenecen a la intimidad familiar al hogar, al derecho de pasar opiniones y tradiciones a los hijos. La enormidad del desafuero jurídico es abrumadora.
Siguiendo con su costumbre de enunciar derechos inexistentes la constitución en su Art. 54 nos dice que los “derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.” Pero como de costumbre los hace inoperantes al presumir que se ejercen en vez de protegerlos. Se añade una coletilla innecesaria cuando expresa que los trabajadores “disponen de los medios para tales fines” o sea: Se usarán los únicos medios existentes aquéllos controlados por el estado, a su vez empleador único
Uno de los ‘delitos’ más aberrantes es el de salida ilícita lo cual convierte la patria en cárcel y a los gobernantes en cancerberos. Choca frontalmente con el Art. 13 de la declaración de los derechos humanos que expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. La constitución de Castro se muestra silente al respecto pues la emigración se utiliza solo para librarse de los adversarios políticos después de reprimirlos. Compárese con el claro precepto de la constitución del 40:
“Art. 30. Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las Leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. A nadie se le obligará a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirán la entrada en el territorio de la República. "
Una de las notas características de las constituciones que defienden al ciudadano es la que se refiere a las garantías procesales. Se consagran constitucionalmente para que el legislador no pueda dictar leyes que las vulneren. En la Cuba de Castro el Código de Procedimiento Criminal deja al acusado prácticamente indefenso hasta que comience el juicio y para colmo los cuerpos de la policía política y los comités de defensa de la revolución (comités de cuadra y barrio) son según el Art. 101 de dicho Código “auxiliares del Poder Judicial,” elevando la categoría de delatores, a un estrato que demuestra la verdadera función del poder judicial
Bajo el sistema anterior a Castro, el acusado tenía derecho a gozar de auxilio legal durante la instrucción del proceso llevado a cabo por un juez instructor independiente de los poderes políticos. El acusado podía impugnar las pruebas aducidas o presentar las suyas durante este proceso. A menudo esto resultaba en un sobreseimiento. El auto final de procesamiento abriendo el proceso a juicio también era apelable.
¿Y qué puede esperarse de una constitución donde no figura el derecho de “habeas corpus”? Era concedido tanto por la constitución de 1901 como la de 1940 en términos perentorios, pues se exigía la presentación del detenido ante un juez competente dentro de las 24 horas de su detención sin que pudiera alegarse obediencia debida. Se daba asimismo una acción para exigir la presentación del detenido. Acción que podía ser interpuesta por cualquier ciudadano instruyéndose expresamente a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre su obligación de destituir al juez que no concediese el mandamiento de “habeas corpus.” (Art. 29 constitución del 40). Gracias a ese precepto, que se respetaba, salvaron la vida muchos revolucionarios incluyendo algunos de los actuales gobernantes.
¿Y qué decir de los derechos laborales concedidos por la constitución cubana de 1940? No existen artículos en la constitución castrista (que crea un supuesto “estado de los trabajadores”) que garanticen un salario mínimo, (Art. 61 const. del 40) ni protección contra despidos injustos (Art. 77 const. del 40) ni ciertos principios del derecho laboral que son comunes como por ejemplo:
• Los contratos laborales se interpretan en la forma más favorable al trabajador. (Art. 72 const. del 40)
• Los derechos laborales son irrenunciables. (Art. 72 const. del 40)
• Deben existir límites obligatorios a los trabajos que sean potencialmente peligrosos o dañinos a la salud y las medidas de seguridad son obligatorias. (Art. 79 const. del 40)
Es notable que el derecho a la libre sindicalización y el de huelga no existan. Estos derechos estaban tan protegidos que un sindicato no podía disolverse sin previa sentencia judicial. (Art. 69 y 71 de la constitución del 40) Efrén Córdova, antiguo profesor de derecho laboral cubano nos dice que ello se debe precisamente al sofisma que comentábamos, o sea, que el estado se confunde con el trabajador, y por ello supuestamente el ciudadano no precisa protección contra sí mismo. Pero como nos explica Córdova en la relación laboral siempre existe quien ordena y quien obedece, y si el que ordena es el gobierno y detenta todo el poder, es evidente que el potencial para abusos es ilimitado. Y en todo caso se pregunta Córdova ¿Cómo puede coexistir la sindicalización libre con el “trabajo voluntario” no remunerado impuesto por el régimen? Y aún más, preguntamos. ¿Cómo es posible compaginar el derecho laboral con la sustracción continuada del salario pagado en dólares por el inversionista extranjero directamente al gobierno castrista, mientras que éste paga en pesos, una ínfima fracción de lo recibido al trabajador?
A este punto se hace necesario explicar otro aspecto importante de la cuestión que nos ocupa. La forma en que se organiza un estado, es vital cuando se trata de proporcionar remedios efectivos al ciudadano que se sienta agredido o perjudicado por los poderes de ese mismo estado que o bien, dictan leyes inconstitucionales si se trata del poder legislativo, o actúan inconstitucionalmente si se trata del poder ejecutivo.
Para eso está el poder judicial independiente. Pero en Cuba no hay revisión judicial de los actos de los otros poderes del estado, y en particular de la constitucionalidad de las leyes. El Art. 75c) confiere esa función a la Asamblea del Poder Popular, pero es una competencia absurda, pues quien dicta las leyes no puede juzgarlas. Es un viejo principio del derecho de todos los tiempos y naciones el que establece que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Sin embargo, el totalitarismo castrista pretende poseer la verdad absoluta, y se arroga el derecho de decir que sólo él puede enmendar errores. Existe otra contradicción que da pie al peculiar sistema judicial vigente en Cuba. El Art. 122 de la constitución dice que los jueces son independientes pero de acuerdo con esa misma constitución (Art. 75 y 121) los jueces y hasta los magistrados del tribunal supremo deben su puesto a la Asamblea del Poder Popular que los elige, y a quien están subordinados:
“Artículo 121.- Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro y subordinados jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.”
Como si no fuera poco, el Consejo de Estado según el Art. 90 inciso h, tiene el increíble poder de dar “instrucciones” a los tribunales a través del tribunal supremo (otra mezcla inaceptable de funciones) a fin de asegurar que ningún juez se desvíe del camino “correcto”.
Estas instrucciones tienen un carácter muy serio, pues dicho tribunal según el Art. 121 citado, “dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.” Esto es mucho más que práctica administrativa. Son órdenes sobre cómo decidir las cuestiones.
No para aquí el entuerto. La Ley de Organización del Poder Judicial consagra otra monstruosidad jurídica, pues permite a un juez serlo y al mismo tiempo ejercer como parlamentario. No contentos con violar las más elementales normas de incompatibilidad de cargos se procede a incorporar a los tribunales miembros legos (gentes del partido) para que se aseguren de que nadie se salga de la ruta marcada.
Queda pues demostrado que el Poder Judicial en Cuba está diseñado de ex-profeso como un apéndice del poder ejecutivo y del legislativo, que a su vez depende del primero según veremos a continuación.
Aunque el Art. 69 dice que la Asamblea del Poder Popular es el supremo poder del estado, y que representa la soberanía del pueblo, la realidad es otra. La Asamblea elige de entre sus miembros un Presidente, un Primer Vicepresidente, 5 Vice Presidentes y 23 miembros más que integran el Consejo de Estado. Castro y su hermano no han fallado en ser elegidos como Presidente y Primer Vice Presidente del Consejo durante los últimos 46 años, y es allí donde “legalmente” reside el poder.
La Asamblea, a diferencia de todos los cuerpos legislativos del mundo, se reúne una o dos veces al año por cortísimos períodos (de tres a siete días) dado que no se le exige más, y mientras tanto el Consejo de Estado “legisla” por decreto. Además el Consejo de Estado puede cambiar las leyes “votadas” por la Asamblea. La redacción original de la constitución del 76, en un intento cosmético de mantener el pudor, concedía a la Asamblea la facultad de revocar en todo o en parte los decretos del Consejo. Pero esta facultad teórica desapareció en el 92, y la realidad queda a la vista: El consejo de Estado es quien ordena y manda, y los demás poderes le están sujetos.
No existe la menor revisión judicial de ningún acto de gobierno. No se ha dado en la Cuba de Castro ningún caso de recurso de inconstitucionalidad (ver) y por ello subsisten leyes manifiestamente inconstitucionales sin que sea posible impugnarlas ante un tribunal.
Queda demostrado que la estructura del documento promueve la concentración del poder en vez de lo contrario, y es bien sabido que las concentraciones del poder y las tiranías son sinónimas. Todos los intentos retóricos del proemio a la constitución son sólo esto: Retórica vacía aunque ocupen más de dos páginas vulnerando la sobriedad obligatoria de un texto constitucional. Pero quizás se presentía que había que llenar con palabras la vaciedad de texto constitucional que ni protege al ciudadano ni crea una república funcional.
No es necesario ser un experto en derecho constitucional para llegar a la conclusión de que la constitución castrista fue dictada para organizar una prisión. Los reclusos tienen los derechos que decida el alcaide o ninguno.
La legislación asfixiante construida alrededor de este sistema es un resultado congruente y la antítesis de un estado de derecho.
II- Sistema Interamericano
En aras a la brevedad hemos tocado sólo lo esencial para demostrar cómo este sistema es intrínsecamente incompatible con los principios que motivaron la Carta Democrática Interamericana y su articulado. Una comparación con dichos principios y preceptos demuestra lo dicho. Ahorramos al lector los comentarios pues las conclusiones son inevitables.
Principios y Preceptos de la Carta Interamericana (nuestro énfasis en las parte pertinentes)
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente
Considerando todo lo anterior, es improcedente la petición de reingreso de Cuba al sistema interamericano mientras dicho país mantenga un ordenamiento jurídico hostil a la democracia representativa, y vulnerador sistemático del estado de derecho y de los derechos humanos.
No tomar este hecho en cuenta es desalentar a la oposición pacífica que en Cuba sufre cárcel por el supuesto delito de expresarse y pedir reformas políticas. Más que desaliento, en verdad sería burla.
La OEA iría además en contra de sus propios principios con el consiguiente descrédito que ello acarrearía.
El problema medular no es si la resolución de enero 31 de 1962 suspendiendo a Cuba del sistema interamericano, es obsoleta o no, como dice el Sr. Secretario General.
El problema medular es si la causa expresada: [que] “la adherencia de cualquier estado miembro al sistema marxista - leninista es incompatible con el sistema interamericano”, se mantiene o no. Y si dicha incompatibilidad o es o no es intrínseca, exista o no una guerra fría o un bloque chino - soviético. Dicho en otra forma:
¿Se ha mantenido o no, la causa subyacente de la suspensión?
Cuba expresa en su constitución que es marxista - leninista. ¿Pueden existir naciones con libertades democráticas bajo tal sistema? El entramado jurídico de un estado organizado bajo tal sistema lo hace imposible, y de ahí la declaración de incompatibilidad.
La experiencia acumulada por los antiguos países de Europa Oriental, hoy democracias representativas, es contundente y no deja lugar a dudas. La aplicación del sistema marxista - leninista extinguió la libertad. Su cancelación en los que la crearon, son hoy repúblicas libres, prósperas y respetadas.
Esta realidad no se puede soslayar con arreglo a derecho, si se trata de cancelar una resolución sin referirse a la causa subyacente que no se ha modificado según ratifica la propia constitución castrista.
Si la Asamblea determinase que el sistema marxista - leninista es compatible con el sistema interamericano, entonces habría resuelto la cuestión en forma congruente, aunque su determinación sería imposible de sustentar con argumentos jurídicos razonables.
Como cubanos y juristas desearíamos la presencia de nuestra patria en todos los foros internacionales, pero de la Cuba que fue la ponente del Código Internacional de Derecho Privado, autorado por un cubano eminente, el Dr. Antonio de Bustamante y Sirven, código que por cierto fue ratificado y rige en un número considerable de las repúblicas que integran la OEA.
Esa es la Cuba que querríamos ver representada y no la actual, que aferrándose a un sistema inoperante y vetusto, bien merece la calificación de obsoleta que hace el Sr. Secretario de la resolución en cuestión.
Etiquetas: constitución, Cuba, democracia, interamericano, marxismo - leninismo, OEA, sistema jurídico
La acción común tendrá lugar el próximo lunes 1º de junio. Ese día todos los blogs y webs de cubanos y no cubanos que se sumen a la convocatoria abrirán sus páginas con un mismo post de cabecera. Dicho post permanecerá como primera entrada durante todo ese día.
Etiquetas: convocatoria, Cuba, internet, libertad, movilización
Etiquetas: Cuba, poema, todos unidos
Por: José A. Arias.
A los que somos historiadores de oficio, nos resulta impracticable el ejercicio de una crónica más afín con el estilo periodístico. Comúnmente solemos establecer relaciones que nos permitan explicar diáfanamente los argumentos que sirvan de base a nuestra tesis.
Vendría al caso exponer algunos argumentos de carácter histórico antes de arribar a la conclusión final. Junto al envejecimiento cronológico de los que aún detentan el poder en Cuba, también se ha producido el de las generaciones que fueron testigo de su advenimiento al poder. Algunos fueron sus simpatizantes, otros no tanto y los menos; visionarios, fueron desde siempre sus opositores. De lo que nadie puede desentenderse es del paso de los años.
Desde luego que en condiciones normales, digamos las de países que han vivido en democracia, el vínculo entre gobierno y pueblo se da a otro nivel muy diferente de comunicación, implícita en la relación entre gobernantes y gobernados. No es casual que donde el ejercicio de la tiranía hubo de arraigarse, e independientemente de su signo político, se haya producido un hiato notable entre las formas de ejercer el poder y los efectos entre los receptores de ese ejercicio.
La evidencia más notable del siglo XX tomó cuerpo en el establecimiento del bloque soviético tras haber finalizado la segunda guerra mundial. Un grupo de países con una tradición histórica más o menos trascendente, amén de diferentes niveles de desarrollo económico y cultural, metidos en el saco del sovietismo estalinista. El resultado; un desbordamiento de insuperables contradicciones incapaces de acerar los pies de un gigante que siempre fueron de barro.
No es mi objetivo hacer la crónica en detalle de una conocida catástrofe filosófico-política de uno de los fracasados “ismos” del pasado siglo. Se trata de poner en contexto la vida de un pequeño país que aún hoy sigue padeciendo los efectos de la turbulencia del fracasado sistema socialista. También de cierto modo, de alertar -si aún esto es posible- a los que se empeñan en vivir de espaldas a la Historia.
Resulta obvio que si aplicamos la referida receta al caso cubano, encontraremos todos los ingredientes de uno de los desaguisados mas indiscutibles de la historia reciente de América Latina. Un concepto de “democracia socialista” aun muy lejano de ciertos casos vinculados al proceso vivido en algunos de los países del extinto bloque de Europa oriental; un gobierno unilateralmente ejercido durante medio siglo por la misma persona, el absoluto irrespeto a los derechos humanos, la falta de información y comunicación con el mundo exterior y la existencia de un demagógico procedimiento que agota sus recursos y se desarma frente al paso del tiempo.
Frente a semejantes evidencias tenemos hoy una situación cambiante. Todo lo que tiene que ver con la acción de los extemporáneos gobernantes es, en el mejor de los casos, agua que se vierte en una canasta; en el peor para los que pretenden perpetuarse, la antítesis de sus propósitos. A la tiranía y quienes la ejercen se les teme, no se les respeta, se les lee pero no se les entiende, los jerarcas pretenden gobernar al país como si fuera un predio militarizado, pero se olvidan que como espetó Martí a Gómez en conocida cita, no se funda una república como se manda un campamento.
Ahora evidencian una marcada inquietud por el auge del fenómeno “blog”. Quieren, como de costumbre convertir a Yoanis Sánchez y su “Generación Y” en un instrumento financiado por el enemigo y al servicio de éste. Las “reflexiones” del “compañero” han comenzado a publicarse en un nuevo blog de “cubadebate” además de la página web, de esa entidad, donde ya aparecían. Estaría por verse si las opiniones contrarias (que sólo serían leídas en el exterior) serán mostradas. Es predecible que la soberbia del autor, lo hará imposible. Volveremos a ver, sin embargo, las innumerables “muestras de apoyo” a lo injustificable. Amplificados fantasmas en la red se convertirán en voceros del culto al pasado.
Tenemos que influir, educar, hacer partícipes a todos de nuestra experiencia de vida; pero a la vez dejar que quienes entienden el presente basado en el diapasón de su propia experiencia, sigan pulsando para someter al castrismo a la batalla más difícil a la que ha tenido que enfrentarse. Eso, sin pretensiones, sería apostar por el futuro.

References: artículo 103
 Artículo 2
 artículo 53
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 8
 resolución 
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