Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC200810140115.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-04 19:10:20+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 115, de 14/10/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 115
Sesión núm. 4 celebrada el martes 14 de octubre de 2008
- Para que detenerse o estacionar en los aparcamientos reservados para personas con discapacidad comporte pérdida de puntos del carné.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000268.)... (Página 2)
- Para impulsar medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000331.)... (Página 6)
Relativa al establecimiento de mecanismos eficaces de inspección y control que impidan el juego ilegal, en colaboración con la plataforma en defensa del cupón. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000360.)... (Página 8)
- Sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/000362.)... (Página 10)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000403.)... (Página 14)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000268.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Sus señorías disponen del orden del día. Como podrán comprobar, se compone de proposiciones no de ley. Vamos, por tanto, a comenzar con la primera, proposición no de ley cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que detenerse o estacionar en los aparcamientos reservados para personas con discapacidad comporte pérdida de puntos del carné. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Esta proposición no de ley obedece a las reivindicaciones de muchos afectados pero además tiene el aval del Cermi, del Comité Español de Representantes de Minusválidos, así como del Foro de vida independiente. Ambos han manifestado el escaso casi nulo respeto de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad; un hecho que conlleva una limitación a su movilidad, a la circulación urbana y, por tanto, también a su propio desarrollo personal. Lo cierto es que el transporte privado de las personas con discapacidad es a día de hoy un aspecto esencial para lograr su integración y su máxima autonomía personal, máxime si tenemos en cuenta que, a pesar de las recomendaciones a todos los niveles, el transporte público todavía hoy no es totalmente accesible, tiene grandes limitaciones. En terminología de la Liondau, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, estaríamos hablando de una acción positiva para compensar la inaccesibilidad en el transporte público. Y no entraré en el detalle legislativo de la propuesta, pero lo que se plantea simple y llanamente es que el estacionamiento o parada indebida en zona reservada para personas con discapacidad sea considerado como infracción grave y no leve, como hasta ahora, hecho que comportaría la pérdida de puntos en el carné de conducir, concretamente dos puntos; infracción que se asimilaría al estacionamiento en carriles de transporte urbano o en los lugares peligrosos que obstaculicen la circulación.
Hay que destacar que se trata, además, de una cuestión de igualdad de oportunidades en línea con lo establecido no solo en la Liondau sino también en la reciente aprobada Convención de las personas con discapacidad y concretamente en su artículo 20, relativo a la movilidad personal, en el cual se establece que los Estados parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. Y la pregunta es: si hoy lo aprobado en la legislación sobre tráfico, circulación, vehículos a motor y seguridad vial no es efectivo -y no lo es- para evitar el reiterado estacionamiento de conductores en lugares reservados a personas con discapacidad ¿el legislador y el Gobierno tienen que mostrarse inactivos? ¿Tienen que instar simplemente a llevar adelante aquella legislación que no funciona o tiene que instar a modificar dicha legislación? Nosotros entendemos que el legislador tiene que instar al Gobierno a modificar dicha legislación. Es más, se me argumentará que una sanción grave que conlleve la pérdida de puntos tiene que producirse en los casos que afecten a la seguridad vial, a la seguridad de las personas. Y la pregunta es sencilla: una persona que no puede estacionar en una plaza reservada a personas con discapacidad, que tiene que estacionar por tanto en otro espacio, que se tiene que desplazar jugándose en muchos casos la vida, ¿eso no afecta a la seguridad vial y a la seguridad de las personas? ¿Cómo puede ser -y digo que ni lo entiendo y
además me sorprende amargamente- que todos los grupos de la Cámara no se sumen a una iniciativa tan razonable y de tanto sentido común, reivindicada por las entidades del sector y que lo que pretende es mejorar una legislación que no está funcionando? Porque el argumento de que el estacionamiento en una plaza reservada a una persona con discapacidad no afecta a la seguridad del tráfico podría utilizarse de forma análoga para aquellos que estacionan en plazas reservadas para el transporte público. ¿O es que afecta más a la seguridad de las personas estacionar en una plaza reservada al transporte público que en una reservada al aparcamiento de una persona con discapacidad? Afectará igual, pero no afectará en un caso y en el otro no.
Por eso, más allá de la iniciativa, que es simple y que lo que pide es una sanción disuasoria para que a aquellos que aparquen en plazas reservadas para personas con discapacidad se les puedan quitar dos puntos, lo que sí pediría ahora es una reflexión para que el Congreso y esta Comisión mandate al Gobierno lo que es de sentido común, que se proceda a la modificación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación, vehículos a motor y seguridad vial en los siguientes términos: añadiendo un nuevo apartado al artículo 65.4, relativo a las conductas tipificadas como infracción grave, garantizando que las paradas y estacionamientos en zonas señalizadas para uso exclusivo de las personas con discapacidad sea considerado precisamente una infracción grave, y añadir un nuevo apartado 28 al anexo 2 para garantizar esta pérdida de puntos y una sanción disuasoria. Luego el Gobierno lo articulará como entienda, como tiene que ser, y en los plazos que considere, y lo propondrá a esta Cámara. Por tanto, rogaría toda la sensibilidad del mundo a los miembros de esta Comisión para aprobar una proposición no de ley que cuando la presenté pensaba que seguro que se aprobaba, como no podía ser de otra manera porque, cuando una ley no funciona, el Congreso responde. Me sorprende una enmienda de modificación en la que se insta al Gobierno a analizar la repercusión sobre la reeducación de los conductores, cuando de lo que se trata en definitiva no es de instar a ver cómo reeducamos a los conductores, sino cómo garantizamos -en este caso con medidas disuasorias- que los conductores no hagan aquello que no deben hacer. Lo que estamos diciendo es que el estacionamiento en una plaza reservada para una persona con discapacidad afecta a la seguridad vial tanto como estacionar en un carril bus. Es más, puede afectar incluso a la seguridad de la persona con discapacidad que tiene que aparcar después en otro sitio. Por tanto, rogaría la reconsideración de una proposición no de ley hecha para ser aprobada, hecha para el consenso, hecha desde la sensibilidad de las entidades y espero que también aprobada finalmente con la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Discúlpenme, olvidé decir al principio que acumularemos las votaciones de las cinco proposiciones no de ley y el cálculo que hago en este momento es que éstas no se producirán en principio, si ustedes están de acuerdo, al menos antes de la una de la tarde, más bien un poquito después.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Villagrasa.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la que se propone la pérdida de puntos en el carné cuando se pare o estacione en las zonas señaladas para uso exclusivo de las personas con discapacidad, quiero señalar que la seguridad vial, al igual que la discapacidad, ha constituido y constituye una prioridad para este Gobierno. Su máxima ha sido la de garantizar el derecho de acceso de las personas con discapacidad a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y a la cultura, al ocio y al deporte, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten.
Según se recoge en la Ley de Seguridad Vial, en su artículo 7, es competencia de los municipios la regulación, mediante ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, debiendo prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos. El artículo 159 del reglamento general de circulación, al regular la señal S-17 de estacionamiento, establece que puede llevar determinados símbolos representando ciertas clases de vehículos. De este modo, indica que ese estacionamiento está reservado a esas clases de vehículos. En el caso de que ese símbolo represente a un discapacitado, significará, por tanto, que solo esos vehículos pueden estacionar en ese lugar. El artículo 94.2 del mismo texto reglamentario prohíbe estacionar en las zonas señalizadas para uso exclusivo de las personas con discapacidad. En consecuencia, si bien la citada señal es de indicación, el precepto que la regula contiene una reserva de uso del espacio al que hace referencia para el tipo represetado en el símbolo, reforzándose la obligatoriedad de su cumplimiento en el mencionado artículo 94.2 del reglamento general de circulación. Por todo ello, el hecho de estacionar en zonas reservadas para personas con discapacidad es de desobediencia a una señal y está considerada como infracción leve, al no estar calificada expresamente como grave o muy grave en el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial y, por tanto, su sanción máxima es de 90 euros.
Quiero recordar que el sistema del permiso y licencia de conducción por puntos se estableció para actuar sobre las conductas peligrosas para la vida y la integridad física o moral de las personas físicas, es decir, para reducir aquellos comportamientos que constituyen un riesgo para la seguridad vial. La pérdida de puntos está asociada a las sanciones graves y muy graves que se relacionan en el artículo 65 en el cuadro general de sanciones. Como señaló el director general de Tráfico en su comparecencia en esta Comisión para hablar del carné por puntos, es función o competencia de la Dirección General de Tráfico garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal para las personas con discapacidad y, por ello, desde la Dirección General de Tráfico se vienen enviando a Cermi todos los proyectos de disposiciones que se hacen, con el fin de cumplir un acuerdo de consulta y participación para cuestiones de accesibilidad o atención por razones de discapacidad, apostando desde la Dirección General de Tráfico por la cultura de la seguridad vial, ya que ello indica el nivel cívico de un país. Otro aspecto importante es el manifestado por el ministro del Interior en su comparencia del pasado 26 de junio, en la que indicó que se está trabajando en los contenidos de educación vial dentro de la asignatura de educación para la ciudadanía, trabajando con el Ministerio de Educación y con las administraciones autonómicas que son las competentes en materia educativa, obligando a las comunidades autónomas a que lo recojan en sus planes de estudio y garantizando que se dé en los centros. La siguiente línea de trabajo en el ministerio es el impulso a la consulta y participación de la ciudadanía con la idea orientada fundamentalmente a promover conductas sociales positivas en el campo de la seguridad vial. Convendría la realización de campañas de sensibilización de la sociedad sobre este aspecto.
Finalizo mi exposición recordando de nuevo el espíritu con el que nació esta ley, que fue la reducción de los accidentes de tráfico, trasladando a la sociedad nuestro compromiso de tolerancia cero contra los mismos. En la actualidad, la conciencia social sobre la necesidad de respetar los normas viales y la importancia que tienen para su propia seguridad ha aumentado, lo que ha significado una disminución de la siniestralidad.
Pero queda camino por recorrer y es en base a ello por lo que hemos presentado la enmienda que ustedes conocen. También quisiera señalar que el Grupo Socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a considerar la posibilidad de suprimir la pérdida de puntos por infracción de parar o estacionar en los carriles destinados al transporte público urbano, que va claramente en una dirección contraria a la propuesta que hoy se trae a estudio. Señalo que, en caso de no ser admitida nuestra enmienda, votaremos en contra de dicha iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Simplemente, señor presidente, quiero fijar la posición de mi partido, de Unión Progreso y Democracia, a favor de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Creo que cuando ha presentado la iniciativa, el portavoz ha dado suficientes argumentos y no quiero insistir en ninguno de ellos. Sin embargo, hay una cuestión en la que me gustaría poner énfasis, precisamente después de escuchar las palabras de la representante del Grupo Socialista defendiendo su enmienda. La representante del Grupo Socialista nos ha recordado cómo las medidas de retirada de puntos y las sanciones graves están previstas precisamente para aquellos comportamientos que constituyan un riesgo. Creo que es más que evidente que constituye un riesgo que las personas con movilidad aparquen los vehículos en aquellos espacios reservados para personas que no la tienen, porque obligan a las personas discapacitadas a tenerse que mover con grave riesgo para su propia seguridad. Está muy bien lo de hacer pedagogía y sensibilización y todas las campañas que a ese respecto se puedan hacer, pero creo que la ley ha mostrado en esta materia un fracaso y pienso que podemos ponernos de acuerdo todos nosotros a la hora de establecer que no se están respetando estas plazas que, además, son demasiado pocas -realmente ya tenemos un problema desde esa perspectiva- y me parece que tenemos la obligación de dar un paso más. Efectivamente, esta es una proposición no de ley, el Gobierno, a la hora de presentar la iniciativa, tendría que arbitrar y podríamos discutir sobre el contenido de la misma, pero me parece que perderíamos una oportunidad verdaderamente importante si rechazáramos esta iniciativa. Por tanto, mi posición es de apoyo a la proposición no de ley presentada.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que nuestra posición va a ser también favorable a la aceptación de la proposición, a su toma en consideración y lo digo no sin reservas mentales. El presidente conoce la posición de mi grupo sobre la Ley de descuento por puntos, que es una posición crítica, porque no sé hasta qué punto se puede llamar educativa o que tiene una fundamentación educativa una ley que establece sencillamente sanciones, una ley de naturaleza estrictamente punitiva. La pérdida o el descuento de puntos es una sanción, aunque no se califique así y no sé si alguien tiene legitimidad también para establecer un crédito de solvencia en materia de conducción de doce puntos a un ciudadano; no sé por qué ni con qué legitimidad se atribuye esto. Por tanto, cualquier medida que afecte a este ley, de carácter estrictamente punitivo, nosotros la observamos siempre desde una perspectiva muy restrictiva. Comparto, por tanto, el argumentario de la portavoz del Grupo Socialista. En el ámbito del derecho punitivo hay que ser particularmente estricto y fino; hilar muy fino y ser restrictivo en las menciones. Lo que pasa es que yo, que voy a tener que debatir esta proposición, señor presidente, por duplicado ejemplar, porque ha sido presentada también en la Comisión de Seguridad Vial, tengo que decir que esta conducta que en este momento se denuncia, la de estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad, resulta particularmente repugnante. Además, no es cierto del todo lo que decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que en la actual Ley de descuento de puntos no esté previsto el descuento de puntos por aparcamientos indebidos, incluso desafectos esos aparcamientos indebidos a situaciones de seguridad. La conducta que se sanciona mediante el descuento de puntos es el aparcamiento indebido en determinados
lugares. Qué duda cabe que abusar de una situación que intenta generar condiciones de igualdad en relación con los minusválidos, ocupando los escasos espacios, todo hay que decirlo, que en las ciudades existen, para que estos pueden aparcar, es algo manifiestamente sancionable mediante la correspondiente retirada de puntos. Por tanto, la petición del Cermi, reconvertida en iniciativa parlamentaria, es muy razonable. Las normas punitivas no admiten interpretaciones extensivas, hay que ser muy prudentes a la hora de establecer medidas de esta naturaleza, pero esta particularmente nos parece pertinente y oportuna. En toda caso, sí le haría una petición al señor Herrera. Cuando estamos hablando de modificar una ley de estas características, quizá el trámite parlamentario más adecuado hubiera sido presentar una proposición de ley para ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados. Esta vía es un tanto colateral y perifrástica para conseguir efectos tan profundos como los que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pretende conseguir. A pesar de las dudas sobre el procedimiento utilizado, nos parece que la reprensión y la represión de una conducta tan incívica como esta, merece la respuesta que la proposición que se somete a nuestra consideración consigna, el descuento por puntos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Quiero empezar confesando, hablando sinceramente, que esta proposición no de ley me tiene el corazón partido.
Voy a explicarme. Esta es un proposición no de ley cuya finalidad e intencionalidad con la que está hecha está muy bien documentada, sobre todo porque va a sancionar las conductas incívicas de muchísimas personas que no tienen la consideración y el respeto que tendrían que tener con estas plazas reservadas para las personas con movilidad reducida. Por otro lado, nuestro grupo parlamentario siempre se ha distinguido y ha trabajado mucho y duramente para instaurar el carné por puntos y ha considerado siempre que en ese sistema quizá haya demasiados casos en los que consta la retirada de puntos del carné, porque eso se contemplaba, al menos desde la filosofía de nuestro grupo parlamentario, como una medida de estricta seguridad vial y cuando peligrara la vida o la integridad de las personas. Tendríamos que intentar volver a ese espíritu con el que se inició y se hizo la ley. Queremos ser coherentes en la seguridad vial.
Por eso, aunque me gustaría apoyar aquí esta proposición no de ley, por lo que comporta para las personas con discapacidad, no vamos a cargar esta ley con más medidas restrictivas, con más sanciones, cuando hay mucha falta de eliminación de barreras de nuestras calles, de servicio público puerta a puerta para las personas con discapacidad y otras muchísimas faltas y necesidades que tiene este colectivo con discapacidad. Por eso he empezado diciendo que tengo el corazón partido.
Cuando estas plazas están ocupadas, muchas veces he visto el trastorno que supone para estas personas, pero aquí lo que tenemos que hacer entre todos es que los ayuntamientos, que como decía la compañera del Grupo Parlamentario Socialista tienen la competencia, tengan una mayor vigilancia sobre estas plazas, que comportara la retirada inmediata por parte de la grúa, unas sanciones más fuertes o las medidas que sean necesarias, aparte de sensibilizar a la población y de hacer ver la falta de civismo de estas personas al no respetar estas plazas. No vamos a apoyar aquí una proposición no de ley que muy probablemente se modificará después en otra Comisión durante la reforma de la ley, si es que se llegara a hacer, cuando mi grupo parlamentario siempre se ha distinguido por esa filosofía de no ser demasiado restrictivo a no ser en unos casos de extrema seguridad. Por tanto, en este caso nuestro grupo no va a apoyar esta proposición no de ley por el hecho de comportar la retirada de puntos, aunque sí nos gustaría muchísimo instar cualquier otra medida que representara una forma de sensibilizar a la gente para que no deje sus vehículos en esas poquísimas zonas que tienen reservadas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición respecto a esta proposición no de ley. En principio, quiero decir que entendemos que es una proposición oportuna, que los argumentos fácticos o exposición de motivos nos parecen apropiados, que la analogía normativa que intenta introducir puede ser razonable, lo que quiere decir, y así lo voy adelantando, que vamos a votar a favor de la misma. Efectivamente, la movilidad de las personas con discapacidad por medio del transporte privado es un aspecto esencial para su normalización y para el logro efectivo de su autonomía personal.
Las diversas administraciones públicas han intentado y han realizado esfuerzos importantes para conseguir los objetivos mencionados, desde la tarjeta de estacionamiento europea a la reserva para vehículos pertenecientes a personas con discapacidad de estacionamiento en la vía pública, en los lugares de concurrencia pública, en sus domicilios, centros de trabajo o en los estacionamientos públicos. Estas actuaciones van encaminadas hacia la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, conceptos estos que están enmarcados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Hoy, incluso ya tenemos que en la Convención de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en concreto en su artículo 20, relativo a la movilidad personal, se establece que los Estados adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. Sin embargo, la experiencia contrastada desde el movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias es la el escaso o nulo respeto de los estacionamientos reservados para personas
con discapacidad, lo que comporta una grave falta de movilidad y un quebranto en las posibilidades de desenvolvimiento personal y, por ende, afecta a la circulación urbana, al limitar las posibilidades de estacionamiento de este grupo de personas. Esta situación es perfectamente constatable y, por lo tanto, entendemos que precisa elevar las sanciones de este tipo de infracciones y ser consideradas como graves, y además por la afectación en la circulación y en la movilidad de un importante grupo de población que requeriría que las sanciones lleven aparejada la pérdida de puntos. Dado que actualmente el estacionamiento indebido en una zona reservada para personas con discapacidad se encuentra tipificado como una infracción leve y, por tanto, sancionable con multa de cuantía de hasta 90 euros y no lleva aparejada la pérdida de puntos, deberíamos dar un paso más y elevarla a infracción grave o muy grave. De la analogía normativa que pretende el grupo proponente, en concreto cuando dice que se plantea asimilar esta situación a la de estacionar en carriles de transporte urbano o en lugares peligrosos que obstaculicen la circulación, nos parece razonable, ya que se presenta una alternativa forzada que supone la inaccesibilidad al aparcamiento y, por tanto, el peligro que pudiera suponer el hecho de aparcar en zonas que no están reservadas para el discapacitado. En consecuencia, estamos de acuerdo con la proposición no de ley, porque entendemos que se tiene que acabar con los abusos que se realizan por parte de aquellas personas que tienen posibilidad de aparcar con toda facilidad en contra de los intereses de aquellas personas discapacitadas que lo tienen francamente mal. En cuanto a que sería deseable tratar de utilizar el camino de la educación, está claro y hemos podido comprobar, por lo que manifiestan todos los grupos y sectores de la discapacidad, que esto no es así.
Entendemos que primero es el paso de la educación, pero evidentemente es necesaria la punibilidad y el aumento de las sanciones en algunos casos.
No es la primera ocasión que debería tener no un trato de favor, sino que existe una colisión de intereses y hay que proteger al más necesitado en este caso, como en otras normas que se han hecho discriminaciones positivas. Entendemos que es una proposición oportuna y apropiada y, por tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, para fijar posición sobre la enmienda.
El señor HERRERA TORRES: No vamos a aceptar la enmienda y esperamos una reconsideración hacia una propuesta que es más que razonable.
(Número de expediente 161/000331.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Sustituyo en la defensa de esta proposición no de ley a su autor, que es mi compañero el diputado don Miguel Ángel Heredia.
Es una proposición no de ley que expresa muy bien el compromiso político de mi compañero tanto con la discapacidad como con el desarrollo de las infraestructuras de mi provincia. El pasado 26 de julio entró en vigor el reglamento europeo sobre los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. Dicho reglamento establece que la asistencia a estas personas es responsabilidad de las entidades gestoras de los aeropuertos.
Somos plenamente conscientes de la sensibilidad de AENA y del Ministerio de Fomento ante la problemática del acceso a las instalaciones aeroportuarias de las personas con discapacidad; una sensibilidad que llevó a las autoridades de AENA a firmar un convenio con el presidente del Cermi para establecer un protocolo de colaboración entre ambas entidades. Fruto de ese protocolo es el compromiso de tener en cuenta la opinión cualificada del Cermi a la hora de redactar los pliegos de condiciones de los servicios que saque AENA a concurso, para que se preste la atención debida a los requisitos de accesibilidad y atención a las personas con discapacidad en nuestros aeropuertos.
El aeropuerto de Málaga es uno de los más importantes de nuestro país por volumen de pasajeros. Veintidós millones de pasajeros lo utilizan cada año. Se calcula que en torno al 9 por ciento de la población tiene algún problema de discapacidad, lo que nos permite hacernos una idea del elevado número de personas que pueden encontrarse algún tipo de barreras y dificultades a la hora de usar nuestros aeropuertos. En los últimos años, AENA ha llevado a cabo importantes actuaciones en el aeropuerto de Málaga relacionadas con la mejora de sus instalaciones para atender a las personas con dificultades de movilidad. La ampliación del aeropuerto de Málaga es una magnífica oportunidad para que cuente con todos los elementos que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas; una obra civil con un presupuesto de más de 300 millones de euros dota a nuestra provincia de una infraestructura aeroportuaria de la que nos sentimos muy orgullosos. Nuestro contento sería pleno si los visitantes que llegan a nuestra provincia fueran testigos de la sensibilidad de nuestro pueblo ante las necesidades de las personas con discapacidad con un aeropuerto totalmente accesible. Esta es la razón por la cual presentamos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Mercant.
La señora MERCANT NADAL: Señor presidente, señorías, en relación con la proposición no de ley con número de expediente 161/000331, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre instar al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga, evidentemente en el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo con eliminar el déficit de ciudadanía a que están sometidos los discapacitados, tal como figura en la motivación de la proposición no de ley. Evidentemente, en el Partido Popular pensamos que las políticas sobre discapacidad han de hacerse de forma conjunta, corresponsabilizándonos todos los partidos políticos. Evidentemente, en el Partido Popular opinamos que la participación del Cermi puede contribuir a incrementar la calidad de las actuaciones. También resulta evidente que después de las cinco actuaciones, las macroactuaciones, realizadas por Fomento en el aeropuerto de Málaga -puertas, señalización de asientos, punto de acceso para ambulift, rampa de acceso y procedimiento interno de colaboración- puede que sea necesario impulsar más medidas para que el aeropuerto de Málaga o cualquier otro sea accesible.
En el Partido Popular sabemos que la no accesibilidad es una sutil, pero letal forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Puede que a SS.SS. les suenen las últimas palabras que he pronunciado. He usado textualmente las palabras emitidas ante SS.SS. por el señor García, presidente del Cermi, y el motivo ha sido no desentonar con la motivación expuesta en la proposición no de ley, donde, si exceptuamos unos paréntesis de datos y otros de autopropaganda del partido que la presenta, la motivación presentada es un corta y pega del artículo aparecido en la Fundación ONCE en la sección noticias. No sé si es poca creatividad, filtración o telepatía. Tampoco me interesa. Después de la anécdota, sin ninguna importancia, por cierto, pero que quizá haya servido para alegrar un momento mi exposición a SS.SS., a pesar del enfoque demagógico y electoralista barato de la proposición no de ley, considero que la temática es muy seria y debemos ofrecer medidas serias.
Como dijo Kant, ante el sentimiento del deber enmudecen las más rebeldes pasiones. Es tan seria que pensamos que no podemos debatir hoy una proposición no de ley que inste al Gobierno a continuar impulsando medidas en el aeropuerto de Málaga hasta lograr la plena accesibilidad.
Si nos limitamos a Málaga, en próximas proposiciones no de ley aparecerán mejoras para el aeropuerto de Reus, donde en la información de AENA no figuran los puntos de acceso para PMR, o para los aeropuertos de Santander, Burgos o Santiago, por citar algunos en los que tampoco aparecen, o solicitarán mejoras de otro tipo para cada uno de los aeropuertos españoles que probablemente carezcan de la accesibilidad total que propugna nuestro estimado compañero. Señorías, además de practicidad, pensamos que esta proposición localista no debería tener como consecuencia acrecentar diferencias entre las personas de movilidad reducida del Estado español. Debería abarcar un contexto más amplio y, aunque este concepto de establecer diferencias entre distintas partes de nuestra nación va de acuerdo con la filosofía aplicada por el partido del Gobierno, no debería tender a originar aún más desigualdades entre comunidades o aeropuertos.
Nuestra propuesta, señorías, es, pues, de consenso, de sentido común y de practicidad sobre todo. Asimismo, la localización puntual de solicitarla para Málaga nos lleva a formular algunas preguntas: ¿Por qué en Málaga, por electoralismo local o porque la ministra de Fomento dice ser de Málaga? ¿Es que el Partido Socialista hace una autocrítica y piensa que el Gobierno no ha cumplido, tal como era su obligación, en Málaga de la misma manera que en los otros aeropuertos? Me refiero a este aspecto porque en julio entraba en vigor el reglamento 1107 de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, que obliga a los Estados miembros a adoptar unos aspectos asistenciales, lo que obviamente tiene su implicación en el diseño y mejoras de los aeropuertos, con puntos designados en las entradas principales de los edificios terminales, en zonas con mostradores de facturación, en estaciones de tren, en tren de cercanías, Metro, autobús, paradas de taxis y otros puntos de bajada, así como los aparcamientos de los aeropuertos; obligaciones y deberes que, por lo visto, este Gobierno socialista aún no ha cumplido, tampoco en el campo de la movilidad reducida.
Para finalizar, señorías, aunque estamos a favor de instar a las mejoras en el aeropuerto de Málaga, apelo a su sentido común y espero que se acojan a nuestra enmienda más global, aunque he hablado con el Grupo Socialista y aceptamos la enmienda de transaccional que va a presentar la portavoz de su grupo.
El señor PRESIDENTE: Al final le daremos la palabra al señor Torres Mora para fijar posición.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Me alegra que después del discurso de los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular nos anuncie la portavoz del Grupo Popular que, a pesar de lo que parecía, hay una enmienda transaccional que vamos a poder conocer todos. La posición de mi partido respecto a esta proposición no de ley es una posición de apoyo porque me parece positivo que se lleven a cabo las obras necesarias para hacer accesible el aeropuerto de Málaga; naturalmente, no solo el aeropuerto de Málaga, pero el contenido de la proposición nos lleva a considerar las obras de este aeropuerto, Nosotros tenemos una posición positiva a que se inicien esas obras de accesibilidad que, además, quiero entender, por el texto de la proposición, se tiene la intención de que sirvan como modelo para futuras obras de accesibilidad en el resto de aeropuertos españoles. El hecho de que sea el movimiento asociativo de la discapacidad quien asesore dichas obras de modificación es también
un elemento muy positivo y muy pragmático para que se inicie en Málaga y se puedan hacer obras de las mismas características en el resto de aeropuertos que, como muy bien reseñaba la portavoz del Grupo Popular, también tienen las mismas serias dificultades que aquí se apuntan respecto del aeropuerto de Málaga. La posición de mi partido -insisto- es apoyar esta proposición no de ley, que nos parece importante. Por alguna parte hay que empezar, y como se suele decir, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Es un hecho cierto que Málaga tiene necesidad de hacer estas obras de accesibilidad, es un hecho positivo que tenga el asesoramiento de los movimientos asociativos de la discapacidad, y es un hecho positivo que pueda servir como ejemplo para iniciar obras en otros aeropuertos españoles. Por tanto, anuncio mi voto positivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Más grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Señor presidente, hemos consensuado una transacción que si le parece leo para que conste en el"Diario de Sesiones": El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga, así como adoptar las medidas necesarias para que en el más breve plazo posible todos los aeropuertos españoles sean accesibles a las personas con discapacidad. Este es el acuerdo al que hemos llegado. Y sería lo que votaríamos.
El señor PRESIDENTE: Si ningún grupo tiene inconveniente, en su momento se someterá a votación esta enmienda transaccional acordada por el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EFICACES DE INSPECCIÓN Y CONTROL QUE IMPIDAN EL JUEGO ILEGAL, EN COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL CUPÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000360.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al establecimiento de mecanismos eficaces de inspección y control que impidan el juego ilegal, en colaboración con la plataforma en defensa del cupón. Para su defensa tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Yo creo que es conocida por todo el mundo la historia de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, que empieza en el año 1938 -este año se ha celebrado su 70 aniversario y el 20 aniversario de su fundación- y que demuestra que a través de la venta de lo que antiguamente eran llamados iguales, hoy en día llamado cupón, cuando a los discapacitados se les dota de un instrumento adecuado son capaces de salir adelante, de promover trabajo, de mejorar su situación y de acceder a la ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto. Buena muestra de ello es que la ONCE tuviese éxito con el cupón, lo que corrobora la solidaridad a través de la creación de la Fundación ONCE que, como todo el mundo sabe, se dedica fundamentalmente al empleo de personas con discapacidad sin tener en cuenta la patología y a acciones de accesibilidad. Hay que reconocer aquí la labor de esas 22.000 ó 23.000 personas que están en la calle vendiendo el célebre cupón de la ONCE, todos ellos discapacitados de todas las patologías, que, a través de la Fundación ONCE, que se nutre con un 3 por ciento de la venta bruta de ese cupón, está haciendo una labor que yo creo que hasta incluso está sustituyendo la que debería hacer el Estado en temas sociales, como lo avalan las cifras de sus actuaciones desde 1988, fecha en que se creó esta fundación. Quiero recordar aquí que, a través de las empresas participadas de la Fundación ONCE o a través de la intermediación laboral que ha hecho con otras empresas privadas, se han creado 71.000 puestos de trabajo, de los cuales 45.000 son plazas de empleo para personas con discapacidad en 30 años, y 19.000 plazas ocupacionales, es decir, para personas que no tienen la posibilidad de trabajar en empresas competitivas pero que, por supuesto, tienen derecho al trabajo.
Se han llevado a cabo cerca de 54.000 acciones formativas, labor previa e imprescindible para la incorporación al trabajo de las personas con discapacidad; más de 800 actuaciones de accesibilidad de municipios a través de convenios; actuaciones en algo que puede parecer irrelevante pero que acabamos de tratar en otro tema, como es el transporte; los convenios con el Imserso para hacer los taxis accesibles, los célebres eurotaxis, lo que ha supuesto que haya más de 1.200 taxis. Todo esto ha sido una labor encomiable que hay que aplaudir y tratar de favorecer y sustentar. Yo creo que con la excusa del empleo para discapacitados, llevamos tradicionalmente sufriendo la aparición de una serie de rifas ilegales, de ventas de cupones, que a lo mejor sí emplean algún discapacitado, pero en malas condiciones. Esas organizaciones que llevan a cabo rifas ilegales o no están auditadas como Dios manda -por decirlo de algún modo- o no están controladas por la Administración, y están utilizando el empleo de personas con discapacidad como escaparate para vender ese cupón que, insisto, compite con el cupón de la ONCE, que es un cupón que, a través del protectorado, está controlado y auditado por el Gobierno con todos los parabienes; y además, insisto, la función -como he descrito antes con los datos que he dado- es claramente eficaz.
Todas estas rifas ilegales y alegales -porque existen de los dos tipos- que, además, utilizan una infraestructura de la ONCE, creo que están compitiendo y quitándole la posibilidad a la Fundación ONCE de obtener más
beneficios para poder crear más empleo y más acciones de accesibilidad, como he citado antes, por tanto, su defensa se hace imprescindible. De hecho, tanto la ONCE -que sería arte y parte y parecería que estaba justificado- como el resto de las asociaciones y federaciones del sector de la discapacidad unidas en torno a la ONCE se engloban a través de la plataforma en defensa del cupón, porque son conscientes de que todo lo que perjudique a esa venta del cupón, que va en beneficio de esas acciones formativas, laborales y de accesibilidad, está perjudicando a todo el sector. Por tanto, están exigiendo -de ahí el motivo de la proposición no de ley que hoy traemos a la Cámara- que se tenga un rigor, un control más exquisito a la hora de evitar esa venta ilegal o alegal de cupones, así como las rifas ilegales. Nosotros pretendemos que con las rifas ilegales se actúe a través de la justicia y que se regulen y administren por parte del Estado los cauces adecuados para las alegales, porque hay que tener en cuenta que no solo están compitiendo con esas acciones de la Fundación ONCE sino que se están detrayendo ingresos a Hacienda a través de esas rifas ilegales y alegales. Por tanto, que se actúa a través de la justicia contra las ilegales y que se organice y se dé el cauce adecuado respecto a las alegales para poder a su vez ingresar por parte de Hacienda o del Estado los beneficios correspondientes derivados de esa función.
Por todo ello, está justificado que esa plataforma en defensa del cupón tiene una voz autorizada para defender la función que está llevando a cabo, y nosotros presentamos esta proposición no de ley para pedirle al Gobierno que excite el ánimo de la justicia de manera que exista un control más exhaustivo o mucho más pormenorizado de esas rifas ilegales que tanto daño están haciendo a esa función que, insisto, en cierto modo sustituye a la labor que debería hacer la Administración pública. Se calcula -por dar una cifra que me facilitó esta plataforma- que este año, a través de las rifas ilegales y alegales, se puede alcanzar cerca de 1.000 millones de euros de facturación; 1.000 millones de euros que compiten, insisto, con la Fundación ONCE pero que deja de ingresar la Administración del Estado. Por tanto, consideramos imprescindible plantear esta proposición no de ley -para la cual pedimos el acuerdo de todos los grupos parlamentarios-, en la que pedimos que se inste al Gobierno a establecer mecanismos eficaces y adecuados no solo de inspección sino también de control y prohibición del juego ilegal en colaboración con las comunidades autónomas, que también tienen competencia en esta materia, y en estrecha colaboración con la plataforma en defensa del cupón.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: Señoras y señores diputados, el Gobierno socialista ha impulsado en estos últimos años un avance sin precedentes en la integración de las personas con discapacidad. Por ello hemos desarrollado políticas que permiten conseguir de una manera efectiva la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y la equiparación de derechos de las personas con discapacidad. Somos conscientes de que la verdadera inclusión social se produce por una plena inserción en el mercado laboral y, en ese sentido, el Partido Socialista y su grupo parlamentario reconocen la labor que desempeña la Organización Nacional de Ciegos de España y la Fundación ONCE, así como las asociaciones presentes en la plataforma en defensa del cupón. Con la excusa del empleo de discapacitados han aparecido distintas rifas y sorteos ilegales que compiten con el cupón de la ONCE y el resto de los juegos legales, de manera que inciden negativamente -eso hay que reconocerlo así- en las ventas legales y controladas de la organización nacional de ciegos. Por esta razón nuestro programa electoral lleva incorporados compromisos políticos para profundizar en la lucha contra los juegos no autorizados con arreglo a la ley, que utilizan a las personas con discapacidad y la imagen de las organizaciones sociales y otros grupos sociales vulnerables para fines ilícitos, lógicamente con graves perjuicios para los intereses generales. En primer lugar, y en lo que se refiere a las competencias en materia de juego, hay que señalar que todas las comunidades autónomas sin excepción son las competentes para autorizar loterías y cualquier apuesta cuyo ámbito de desarrollo no exceda del ámbito territorial de la propia comunidad autónoma, y, por tanto, para sancionar aquellas conductas que en esa materia y en ese ámbito sean ilegales.
En cuanto a las funciones de vigilancia, inspección y control de las actividades relacionadas con el juego corresponde también su ejercicio, dentro de su ámbito territorial, a cada una de las diecisiete comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior tiene suscritos convenios con dichas comunidades autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla conforme a los cuales el servicio de control de juegos de azar, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, desarrolla todas aquellas funciones conexas de inspección que le requieren las comunidades autónomas, así como las denuncias de las infracciones administrativas en materia de juego. Por otra parte, el Servicio de Control de Juegos de Azar y sus grupos periféricos han realizado una gran labor en el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control del cumplimiento de la normativa vigente sobre el juego llevando a cabo todas estas actuaciones con la máxima eficacia, entre las que se incluye el seguimiento de las asociaciones que, amparándose en personas con minusvalía o discapacidad, se dedican a la venta ilegal de cupones.
La colaboración con las comunidades autónomas ha sido satisfactoria tanto en la coordinación y en la asistencia y apoyo para la realización de estas funciones como en la posterior remisión de las actuaciones realizadas a cada una de las respectivas comunidades autónomas, al objeto de que instruyan los expedientes sancionadores
que en su caso corresponden en el ejercicio de las competencias sancionadoras que les son propias. Las principales actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior en orden a la prevención y persecución de esta actividad ilegal han sido las siguientes. Primero, coordinar las actuaciones con el Servicio de Control de Juegos de Azar de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y de las policías autonómicas a través de los convenios de colaboración suscritos con las mismas comunidades en materia de control e inspección de juegos para que, en el ámbito de sus competencias, actúen contra los juegos ilegales remitiendo a los órganos autonómicos competentes las actas que se levantan por infracciones en esta materia. Segundo, la coordinación de actuaciones en los distintos órganos jurisdiccionales donde se instruyen procedimientos en materia de juego ilegal. Tercero, unificar actuaciones con otros departamentos ministeriales y así, como ejemplo, el día 26 de marzo de 2008 se celebró una reunión convocada por la secretaría del Consejo de Protectorado de la ONCE en el Ministerio de Trabajo con representantes de Interior, Economía y Hacienda y del ministerio fiscal, en la que se analizó la situación ilegal del juego en España para identificar los problemas, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y formulando propuestas para corregir su erradicación.
Cuarto, convocatoria de la comisión sectorial del juego a la que asistieron la totalidad de los directores generales de las comunidades autónomas con competencia en materia de juego, así como los representantes de otros departamentos ministeriales. Dicha reunión se celebró el pasado día 17 de junio en la ciudad de Barcelona y en ella se analizaron diversos asuntos relacionados con el juego, tratándose de forma especial en el punto 4 del orden del día el referente al informe sobre medidas aplicadas en la lucha contra el juego ilegal e intercambio de opiniones sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. Al respecto se informó amplia y lógicamente de la asistencia y sobre la reunión celebrada el día 27 de marzo en las dependencias del Ministerio de Trabajo. Como conclusión, hemos presentado una enmienda a la iniciativa del Grupo Popular que paso a leerles. Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar las actuaciones que por parte del Ministerio del Interior, y en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, viene desarrollando en materia de vigilancia, control e inspección de juegos en el marco de los convenios de colaboración suscritos a tal efecto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Vañó, tiene la palabra para pronunciarse sobre la enmienda.
El señor VAÑÓ FERRE: En aras de algo que ya viene siendo habitual en esta Comisión, vamos a admitir esta enmienda como añadido, convirtiéndola en una transaccional. Creemos que rebaja un poco nuestra pretensión pero vamos a confiar en que efectivamente se van a reforzar esas actuaciones y, por tanto, vamos a votar favorablemente esta enmienda transaccional que hemos pactado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vañó. Si ningún grupo tiene inconveniente, en su momento someteremos a votación esta enmienda transaccional.
(Número de expediente 161/000362.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social. En nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: A pesar de las dificultades derivadas de la necesaria y en muchas ocasiones falta de conciencia social -de hecho, ha sido motivo de muchas reflexiones en esta misma Comisión-, es cierto que se ha conseguido avanzar en la incorporación de las personas trabajadoras discapacitadas en el mundo del trabajo. Las medidas institucionales de apoyo, inserción e incentivos al empleo han contribuido mucho a la mejora de la integración social de las personas discapacitadas a través de su inserción en el mundo del trabajo. La inserción en el mundo laboral no solo contribuye a la integración social de la persona sino también a su equilibrio personal y a su salud mental. Desde esta perspectiva, la inserción laboral de las personas con discapacidad supone un deber para el Estado del bienestar, de la misma manera que, contrariamente, la pasividad de los poderes públicos en este ámbito supondría el mantenimiento de una inercia de marginación y de discriminación hacia unas personas capacitadas aunque con algún tipo de limitación. En los últimos años, no solo se ha conseguido introducir esta problemática en la agenda política, sino que se han tomado medidas tanto en el ámbito del fomento de la concienciación social como en todo aquello relativo al apoyo de la discriminación positiva para promover la igualdad social y efectiva a la que obliga el artículo 9 de la Constitución española.
Aunque se pudiera estar satisfecho de lo alcanzado y del convencimiento de que las medidas que se han tomado están ya consolidadas en cuanto a las políticas activas, este impulso no siempre ha ido asociado, al menos con la misma intensidad, respecto a la mejora de la regulación
de la protección social de estas mismas personas con discapacidad.
Es evidente que las dificultades físicas y psíquicas revierten en una mayor dificultad para generar carreras estables de cotización, extremo necesario en el marco de nuestro sistema público de protección social para la generación de prestaciones, no solo por la dificultad de generar largas carreras de cotización, sino porque, en algunos casos y fruto de ciertas patologías, pueden generarse prestaciones que acaban siendo vitalicias a edades más precoces. Resulta recomendable un nuevo giro hacia la introducción de medidas de discriminación positiva en los sistemas de acceso al trabajo para introducir medidas que favorezcan la cotización, pero que a su vez mejoren el régimen de acceso de las personas discapacitadas a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. En este sentido, se propone realizar las modificaciones legales oportunas con el objeto de que la pensión de jubilación sea compatible con otras prestaciones. Favorecemos, pues, que aquellas personas puedan seguir trabajando sin miedo a la pérdida de prestaciones, a que este conjunto de personas puedan ser beneficiarias de las prestaciones. Esta es una realidad que todos hemos oído y de la que nos ha hecho partícipes el sector. Si no se produce esta compatibilización, las personas discapacitadas que al inicio de su trabajo pierden la prestación que perciben por ello y además en algunos casos el acceso a los medicamentos, lejos de mejorar económicamente al empezar a trabajar, pueden llegar a perder dinero y recursos, de manera que es más difícil que se integren al mercado laboral. Esta, repito, es una realidad que hemos escuchado a personas del sector en múltiples ocasiones.
También se propone realizar las modificaciones oportunas para que las prestaciones y demás ayudas de los trabajadores discapacitados sean compatibles con la percepción de ingresos derivados del trabajo por cuenta propia o ajena, siempre que estos no superen el 200 por ciento del salario mínimo interprofesional. Hemos realizado una enmienda para aclarar la redacción e indicar explícitamente que, en caso de superar este límite, la persona pueda cobrar la parte proporcional de la pensión hasta llegar a este límite, porque si no nos podemos encontrar con el caso referido anteriormente en el que a la persona no le compense económicamente su integración en el mercado laboral.
Por último, se propone realizar las modificaciones oportunas para el acceso anticipado a la pensión de jubilación para las personas con discapacidad en función de su capacidad productiva. Si bien en un momento se introdujeron determinados beneficios en la jubilación -me refiero al 65 por ciento de discapacidad o más que, como ustedes saben, tiene un coeficiente del 0,25 y del 0,50 para las personas con este mismo porcentaje pero que requieren una persona a su cargo-, esto debería ser mejorable, y además planteamos la necesidad de que se estudie qué pasa con aquellas personas que tienen un porcentaje de discapacidad menor del 65 por ciento.
Esta es nuestra demanda. Ciertamente, con este ánimo y esta voluntad que presiden esta Comisión, de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, hemos estudiado las enmiendas y nos gustan algunas presentadas por la diputada y compañera Rosa Díez y también vemos interesantes las del Partido Popular. Tanto interés por parte de todo el mundo se ha traducido en una transaccional, a partir de la voluntad del grupo mayoritario en la Cámara, que comentaré, al igual que harán los demás compañeros, puesto que es de todos. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo y dentro de la revisión que sobre los mismos deben realizarse en la presente legislatura, analice y proponga las medidas que posibiliten una mayor integración sociolaboral de las personas trabajadoras discapacitadas y una mejora de las prestaciones y ayudas para personas con discapacidad, así como las referidas a su jubilación anticipada.
Es evidente que esto es un paso hacia delante, puesto que por un lado, lo remitimos al Pacto de Toledo -somos conscientes de que estamos en la coyuntura necesaria y favorable ya que en esta legislatura es cuando debe revisarse todo aquello que contiene el Pacto de Toledo- y además se ha consensuado introducir la palabra mejora. Estamos satisfechos de lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros no lo hemos negado, antes al contrario, pero valoramos positivamente que los compañeros de la Comisión del Pacto de Toledo reciban el encargo de trabajar en esta orientación, de mejorar todo aquello que se ha alcanzado hasta el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra la señora Díez en nombre del Grupo Mixto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Las enmiendas han evolucionado. El señor Tardà nos acaba de leer la enmienda transaccional, que comparto Comparto la iniciativa, la proposición no de ley y también el resultado final de las negociaciones que se han producido, buscando la mejora y el consenso, como el compañero Tardà acaba de explicar. Las enmiendas que yo he presentado están superadas por los acontecimientos, y simplemente quería decir, para que conste, que las cuatro enmiendas tienen un objetivo, que es hacer compatibles las pensiones de incapacidad absoluta y gran invalidez con percepciones obtenidas por el trabajo a tiempo parcial o completo, contribuyendo de esa manera -es un elemento importante- a la reinserción sociolaboral de las personas discapacitadas. No se trata solo de una cuestión de retribuciones económicas sino de contribuir fundamentalmente -y este es el objetivo- a la reinserción sociolaboral.
También hemos tenido cuidado -y esa ha sido una de las aportaciones que supongo que podrán formar parte de los debates que se hagan en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo- de que se recogiera en esta proposición no de ley el cambio de criterio del Tribunal
Supremo, que anteriormente solo consideraba compatibles con la incapacidad absoluta y la gran invalidez actividades que por sus limitaciones de jornada o de retribución tenían un carácter residual. La sentencia 30 de enero de 2008 ha sido un avance en este sentido. Quisimos tener en cuenta en las enmiendas este avance y esta modificación de criterio del Supremo, pero nos gustaba la proposición. Creemos que daba un paso adelante y nos gusta que la transaccional suponga no solo el encargo al Pacto de Toledo sino que sea un encargo condicionado, es decir, para superar la situación actual y no solo para que lo estudien sino para que lo hagan con el encargo de mejorar la situación actual.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA VIÑES: Señoras y señores diputados, la realidad es que llegar a una transaccional en una cuestión como esta es muy satisfactorio para el Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente porque es una manifestación más de la atención que desde nuestro grupo parlamentario y desde el propio Partido Popular se ha mostrado siempre a todo lo relacionado con la discapacidad, la integración, la incorporación laboral de los mismos y la mejora de las condiciones sociolaborales de los discapacitados. Por ello, llegar a este acuerdo en estos momentos con los demás grupos parlamentarios es para nosotros una cuestión importante. No obstante, la creación de la comisión para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, hacía necesaria que se remitiese la propuesta a esa comisión e instara al Gobierno para que dentro de esos acuerdos que se tienen que revisar, adopte las medidas necesarias para que se adecuen las propuestas que estamos realizando en estos momentos. Creemos que está muy bien que esta Comisión, con la característica específica que tiene, indique, advierta e impulse a otras comisiones y a otras instancias el camino que se tiene que recorrer en algunas ocasiones. Camino en el que, como comentábamos hace un rato, tenemos que proponer grandes proyectos, cuestiones de máximos para ir avanzando paso a paso en una cuestión como esta. Por tanto, nos tenemos que congratular esta mañana por haber llegado a este acuerdo y aprobar esta enmienda transaccional de mutuo acuerdo, esperando que redunde en la mejora de las condiciones sociolaborales y socioeconómicas de los discapacitados.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bar Cendón.
El señor BAR CENDÓN: Quisiera comenzar mi intervención expresando, ya que se trata de una proposición no de ley, mi respeto y también mi felicitación al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por su valiosa aportación a esta Comisión y por la preocupación mostrada y el esfuerzo que se dedica en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En ese camino el Grupo Parlamentario Socialista no va a estar nunca muy lejos, nos vamos a encontrar con seguridad muy a menudo y, coincidiendo con lo dicho por anteriores portavoces, estamos convencidos de que esta Comisión se caracteriza por tener un clima de consenso que es francamente difícil de encontrar en otros foros.
Afirma Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds algo en lo que estamos plenamente de acuerdo -lo dice en la exposición de motivos-, y es que pese a estar muy lejos aún de los objetivos deseados, se ha ido avanzando considerablemente en este campo y, a día de hoy, la inserción laboral y la ocupación estable ha experimentado una mejora significativa, gracias a los incentivos desplegados y a la creciente concienciación social. Añadiría yo que también gracias a todas las disposiciones reglamentarias y de rango legal que han ido desplegando los distintos gobiernos desde la promulgación de la Lismi, pero todavía -insistimos- estamos lejos de sentirnos satisfechos. Es cierto que necesitamos dedicar progresivamente más recursos porque es de justicia social y porque, además, nuestro país se lo puede permitir, incluso ahora, cuando corren tiempos en los que hay que hacer un cierto ejercicio de contención, bien es cierto que no de cualquier modo ni en cualquier cuantía. Pero esa contención no debe estar en las partidas destinadas al gasto social, a la protección de los colectivos más vulnerables o a la compensación de la desigualdad. Lo que, por el contrario, no puede permitirse este país es desaprovechar el enorme caudal de recursos humanos, de capacidad generadora, productiva y ciudadana que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. A los 25 años de la aprobación de una ley tan trascendental como la Lismi hemos conseguido ir evolucionando nuestro concepto de la discapacidad, de modo que ya no es el hándicap personal el problema, sino las desventajas que afrontan 3,5 millones de personas en nuestro país a la hora de interactuar con su entorno. No son las carencias personales en sí -digo entrecomillado-, sino las dificultades que impone ese entorno físico y social. En este sentido, fue enormemente edificante y muy ilustrativa -quisiera recordarlo aquí- la reciente comparencia del presidente del Cermi en esta Comisión. Una de sus demandas conectaba precisamente con el anhelo de vida autónoma e independiente de la persona con discapacidad para hacer realidad sus aspiraciones. Esa forma de vida independiente pasa por disponer, y es la materia que nos trae esta proposición no de ley, de autonomía económica, pasa por el ejercicio de un trabajo digno, estable y de calidad. En esa misma línea se aprobaron en la legislatura pasada diversas iniciativas de gran calado, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral efectiva de las personas con discapacidad. Se agruparon en torno a tres ejes. La atención a las situaciones de dependencia, la accesibilidad universal
y el empleo. Por citar rápidamente, la Ley 39, conocida como Ley de Dependencia; la Ley 27/2007; los reales decretos de desarrollo de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal; y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones de esta última. En el plano específicamente laboral ha de hacerse referencia a la Ley 43/2006, que supuso el establecimiento de ayudas al empleo e importantes bonificaciones para la contratación indefinida de las personas con discapacidad; y los reales decretos 469/2006, y 870/2007, de fomento y apoyo al empleo de personas con discapacidad a través de programas y unidades de apoyo específicas.
La última de las medidas adoptadas ha consistido en la aprobación en Consejo de Ministros, el pasado 26 de septiembre, de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad.
La obligación de alguna de estas medidas pudiera verse atenuada si después la persona con discapacidad ve reducidas sensiblemente otras prestaciones a cambio de su inserción laboral, y es por lo que, en previsión de ello y de forma concurrente, se dictaron otras medidas en el ámbito al que viene a referirse la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Una de ellas sería la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, que incluye medidas en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social que tienen como finalidad coadyuvar a la integración laboral de las personas con discapacidad y que son las que a continuación se enumeran. En primer lugar, los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva pueden hacer compatible el percibo de la misma con los ingresos de una actividad lucrativa; en segundo lugar, los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva que pasen a trabajar por cuenta ajena o propia o queden acogidos a programas de renta activa de inserción, recuperarán automáticamente, cuando cesen las actividades correspondientes, el derecho a dicha pensión. La edad de 65 años prevista para la jubilación podrá ser reducida en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Tal posibilidad se ha extendido por medio de la nueva redacción dada al citado artículo de la Ley 40, cuando la discapacidad sea igual o superior al 45 por ciento y concurran algunas evidencias de posibilidad apreciable de reducción de la esperanza de vida. La Ley 40, ya citada, vuelve a insistir sobre el tema de las edades de jubilación. Si estas disposiciones suscitaron en su día un consenso como el que se pudo alcanzar con las iniciativas de otros grupos, ahora la idea sería seguir caminando en esa senda.
En la redacción de la proposición no de ley hay cosas con las que el Grupo Parlamentario Socialista estaría de acuerdo en la sintonía, pero no en la letra y el escenario en el que se enmarcan. En primer lugar porque, como se ha explicado, no entendemos que sea correcto que no se hayan desarrollado medidas específicas para el reconocimiento de derechos en materia de Seguridad Social. Prueba de ello son todas las disposiciones que he ido detallando. En segundo lugar, porque, en lo que se refiere al punto primero de su proposición no de ley, las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva son ya compatibles con los ingresos de una actividad lucrativa y habría que precisar o hacer una mejor valoración, en todo caso, sobre a qué otras prestaciones pudiera referirse. En tercer lugar, porque ya está contemplado que el acceso anticipado a la pensión de jubilación de las personas con discapacidad pueda producirse cuando la discapacidad supere el 65 por ciento o incluso el 45 por ciento en determinadas previsiones y coeficientes. En todos los casos -y esto afecta especialmente al apartado segundo de su iniciativa- el Grupo Socialista piensa que el marco más adecuado para el estudio de medidas en materia de Seguridad Social nos remite directamente al Pacto de Toledo, que, dicho sea de paso, tiene entre sus finalidades prestar una especial atención al impacto de las reformas laborales sobre la financiación de la Seguridad Social y su sistema de prestaciones; Pacto de Toledo al que por cierto toca ahora precisamente su renovación.
Concluyo ya. Este sería el sentido de nuestra enmienda, ya leída por el proponente. Creo que el camino del consenso lo hemos trazado y se ha alcanzado y quiero acabar agradeciendo el esfuerzo del propio proponente en la asimilación de la enmienda transaccionada, así como del resto de grupos y particularmente del Grupo Popular, al aceptar la transacción mencionada.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea fijar posición?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a intervenir con brevedad porque ya ha sido glosada tan exhaustivamente la transacción conseguida que no tiene sentido adicionar nada más, señor presidente. Solo quiero hacer una reflexión sobre las bondades del consenso, que son particularmente relevantes en esta Comisión. No sería malo que otras también fijaran su atención en cómo en esta Comisión realmente se acogen no solo posiciones que hacen referencia a sectores y colectivos que lo meritan desde la perspectiva del consenso, de la integración y de la flexibilidad intelectual, sino que además estamos acogiendo, como bien se ha manifestado por los dos portavoces que me han precedido inmediatamente en el uso de la palabra, las tendencias jurisprudenciales más modernas en el desarrollo del contenido esencial de los artículos 41, 50 y 39 de la Constitución. O sea que nos tenemos que felicitar todos porque creo que lo que se ha hecho, señor presidente, es importante.
El señor PRESIDENTE: En su momento someteremos a votación la enmienda transaccional en los términos en que fue leída por el señor Tardà.
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA PLENA ADECUACIÓN DE NUESTRA LEGISLACIÓN A LOS VALORES, CONTENIDOS Y MANDATOS DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HECHA EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000403.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006.
Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor presidente, para nuestro grupo es una iniciativa que tiene un valor en sí misma, por lo que insta al Gobierno y por lo que pretende, y también tiene el valor del consenso y el acuerdo que se ha ido adoptando en esta materia a lo largo del tiempo que lleva funcionando la Comisión de Discapacidad como permanente. Nosotros queremos destacar el valor importante para las personas con discapacidad y para los ciudadanos en general que tiene la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tras un gran proceso de debate y de análisis que supuso cinco años de negociación y en el que se ha profundizado en todos los temas que tienen que ver fundamentalmente con la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la adaptación normativa que hay que hacer para que eso no ocurra así. Las personas con discapacidad van a disponer de una herramienta válida que se inaugura desde un marco protector absolutamente garantista e inédito en el sistema de la ONU y en el derecho internacional. Y se cumple también con ello la Declaración de Madrid, que se aprobó en 2002 como marco conceptual del Año Europeo de las Personas con Discapacidad, que indicaba que la discapacidad era un asunto de derechos humanos. La convención pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, debiéndose para ello eliminar todas las barreras y todas las restricciones materiales o mentales que impidan su participación efectiva en la misma.
El Gobierno en su momento y el Comité español de representantes de las personas con discapacidad, el Cermi, acordaron una declaración de apoyo.
Así se hizo y fuimos pioneros en el apoyo a la Convención de Naciones Unidas y el día 30 de marzo de 2007 se acordó por el Gobierno, se ratificó el 3 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo del presente año.
Esta convención por lo tanto es una herramienta fundamental para la protección de las personas con discapacidad y la garantía del cumplimiento de sus derechos humanos. Es un paso gigante, como bien decía la ministra de Educación, Política Social y Deporte, en una respuesta en esta Cámara a una pregunta mía, en el sentido de que las legislaciones nacionales deben adaptarse a lo acordado en la convención. Prevé medidas que tienen que tomar los gobiernos precisamente para lograr la no discriminación y la acción positiva a favor de las personas con discapacidad. Debemos reconocer que en nuestro país tenemos una legislación avanzada en esta materia, así como en materia laboral y en elementos relacionados con la posible vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, pero con seguridad tenemos aún cosas por hacer y adecuar nuestra propia normativa al tema es una de ellas. Tanto es así que nos hemos puesto a ello desde que entró en vigor y, como consecuencia de la ratificación de la citada convención por nuestro país, España, que quedó obligada a adaptar la normativa vigente a los compromisos adquiridos en el marco de la misma, se ha puesto a trabajar en este tema.
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una reforma normativa contenida en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la incapacitación, que va precisamente en la línea de la adaptación, y se está desarrollando un grupo de trabajo constituido para este fin, que está dirigido por el Real Patronato sobre Discapacidad. Por lo tanto, ya se está trabajando para realizar la adaptación normativa. No obstante, entendemos que instar al Gobierno en este sentido es un refuerzo por parte de esta Cámara a ese trabajo que se está haciendo y por eso queremos defender nuestra iniciativa.
Se han presentado algunas enmiendas que ahora veremos, pero nosotros pretendemos llegar a un consenso, porque consideramos que los grupos que estamos aquí estamos trabajando en este sentido. Tanto es así que hemos acordado en algunas reuniones de Mesa y portavoces que hemos mantenido tener comparecencias de expertos y del propio Gobierno, para que nos vayan informando sobre esta materia y así poder tener mayores elementos de valoración de la adaptación normativa.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos la opinión de que es necesario impulsar la adecuación plena de nuestra legislación a los contenidos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero tengamos en cuenta ciertas consideraciones, algunas de ellas las ha dicho la portavoz del Grupo Socialista pero no todas. Hay que tener presente que una vez que un país ratifica la convención, las obligaciones que se
estipulan en ella deben incorporarse en el ordenamiento jurídico nacional, como bien ha dicho, en los planes y presupuestos de desarrollo y también en las políticas conexas del Estado. Pero además, con arreglo a lo dispuesto en la convención -eso también lo ha nombrado la portavoz-, los Estados están obligados a consultar con las personas con diversidad funcional, a través de las organizaciones que las representan, siempre que elaboren y apliquen legislación y políticas y al formular otras medidas normativas. Por eso nosotros no acabábamos de entender si la proposición que presenta el Grupo Socialista responde a un cierto nivel de falta de confianza de este de grupo en que el Gobierno sea lo suficientemente diligente a la hora de cumplir con los compromisos que adquirió España en esta materia cuando ratificó la convención. Unos compromisos, he de decir, firmes, cuyo propósito es asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de los derechos humanos por parte de todas las personas con discapacidad. Indudablemente, es una buena práctica cumplir con los compromisos adquiridos, máxime cuando no se trata de simples declaraciones de buena voluntad, sino de obligaciones formalmente contraídas por España al ratificar la convención, que entró en vigor, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, el pasado 3 de mayo.
Parece muy conveniente recordar al Ejecutivo que debe hacer todos los esfuerzos necesarios para adecuar nuestra legislación a los contenidos y valores recogidos en la convención de la ONU. Pero nosotros hubiésemos preferido por parte de ustedes una proposición no de ley más concreta, más precisa, en el sentido de demandar al Gobierno, por ejemplo, la explicación sobre medidas para articular esa adecuación. Por todo esto, desde nuestro grupo parlamentario hemos creído necesario presentar una enmienda de modificación que, por un lado, incide en la concreción a la que nos referíamos, al solicitar al Gobierno que presente en la Cámara, en el plazo de seis meses, un informe para dar a conocer el marco constitucional, jurídico y administrativo, para la aplicación de la convención, pero que también explique las medidas políticas y los programas adoptados para hacer efectiva cada una de las disposiciones de la convención. Por otra parte, también nos referimos al protocolo facultativo. En este sentido, debemos recordar que España no solo ratificó el documento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, sino que también ratificó su protocolo facultativo, también llamado protocolo opcional. Podía -y ahí tengo que hacer un inciso- no haberlo hecho así; podía haber ratificado solamente la convención, pero no su protocolo facultativo, como es el caso de algunos países. Algunos países solo han ratificado uno de los dos documentos. La cuestión es que España ratificó los dos documentos y ahora debe ser coherente y consecuente con lo que firmó.
No entendemos cómo ustedes no han hecho referencia a esta importante herramienta en la proposición no de ley que ustedes han presentado, que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado. Quiero incidir -nosotros, desde el Partido Popular, queremos incidir- en que el protocolo facultativo confirma el compromiso de dar cumplimiento efectivo a los derechos que en él se contienen, introduciendo dos procedimientos que fortalecen la puesta en marcha de la convención. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la posibilidad de reparación específica en los casos personales en los que el Estado infrinja los derechos de las personas con discapacidad, y, en segundo lugar, a la posibilidad de investigar por parte de un comité de expertos de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, las posibles vulneraciones sistemáticas o generalizadas de las disposiciones de la convención. Es importante quedarse con esta idea, que la efectividad del protocolo está directamente relacionada con el conocimiento de los mecanismos y procedimientos que el protocolo establece, tanto por las personas con discapacidad como sus familias y por las organizaciones que les representan. De ahí que nuestra enmienda tenga como objetivo asegurar que el Gobierno va a poner todos los medios necesarios para dar a conocer y difundir los procedimientos para denunciar ante el comité correspondiente posibles incumplimientos que pudieran producirse, tanto a nivel general como a nivel individual.
Voy terminando y no quiero quedarme sin decirles que con la ratificación del protocolo facultativo por España, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación no solo difundir este texto, sino también alentar a las personas con discapacidad cuyos derechos hayan sido vulnerados para que recurran como corresponda en cada caso. Pensamos que esa será una garantía de que van a llevarse a la práctica los valores contenidos en la convención. Espero que todos ustedes lo entiendan así. Permítame señalar, por último, que con nuestra aportación no hacemos otra cosa sino seguir las recomendaciones de la misma organización de Naciones Unidas, en el sentido de dar a conocer ampliamente los contenidos de la convención y su protocolo facultativo como medio imprescindible para su aplicación.
El señor PRESIDENTE: Había también enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señora Tarruella, tiene usted la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señor presidente, nuestra enmienda va en la línea de lo argumentado por los proponentes de esta proposición no de ley. Estamos completamente de acuerdo con su contenido y con la argumentación, pero a nosotros nos gustaría ir un poquito más allá y nuestra enmienda va dirigida a poner un plazo de tiempo para que el gobierno presente los informes de todas las leyes que hay que modificar.
Esto está relacionado con la importancia que damos a adecuar la legislación a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, pero deseamos acotarlo en el tiempo. No obstante, hay una enmienda transaccional entre el grupo Popular y los proponentes de la proposición no de ley que después presentaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, tiene la palabra para fijar su posición sobre las enmiendas.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Hemos introducido una enmienda transaccional consecuencia de ambas enmiendas, en la que se matiza la cuestión del tiempo y que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el menor plazo posible las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores contenidos y mandatos de la Convención de la ONU.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. (La señora Bañuls Ros pide la palabra.) Señora Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: El Grupo Parlamentario Popular querría también fijar su posición respecto a la transaccional.
Nosotros aceptamos la enmienda transaccional con las modificaciones y sin concretar, como ha dicho, el plazo de seis meses, pero confiamos en que esta nueva proposición no de ley no sea un mero brindis al sol, no queremos que sea solamente una declaración de buenas intenciones.
Aceptamos por tanto la transaccional rebajada, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Necesitan los grupos alguna recesión antes de proceder a la votación? (Asentimiento.) Vamos a interrumpir la sesión, dado que se cumplió el plazo que establecí para poder votar, tres minutos máximo. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones.
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que detenerse o estacionar en los aparcamientos reservados para personas con discapacidad comporte pérdida de puntos del carné. Se vota en sus propios términos.
Pasamos a la proposición no de ley número dos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que fue leída y que es conocida por toda la Comisión.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número tres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de mecanismos eficaces de inspección y control que impidan el juego ilegal, en colaboración con la plataforma en defensa del cupón. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido acordada y que fue leída a la Comisión.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número cuatro, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social. De igual modo, se vota en los términos de la enmienda transaccional que fue leída por el señor Tardà y que es conocida por la Comisión.
Y pasamos al quinto punto del orden del día. Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la cual se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para lograr la plena adecuación de nuestra legislación a los valores contenidos y mandatos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que fue admitida por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y que conoce la Comisión.
Gracias por su presencia, señoras y señores diputados. Se levanta la sesión.

References: artículo 20
 artículo 65
 artículo 7
 artículo 159
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 20
 artículo 9