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Timestamp: 2018-02-23 20:39:40+00:00

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LEY 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislacion española en materia de Entidades de Credito a la Segunda directiva de Coordinacion bancaria y Se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15382739
Marginal: BOE-A-1994-8489
Fecha de Entrada en Vigor: 16 de Abril de 1994
Norma citada en: 197 sentencias, 96 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 156 resoluciones administrativas
Por el que se adiciona un nuevo Título V a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Por el que se adiciona un nuevo Título VI a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e Intervención de las Entidades de crédito.
Por el que se modifican determinados preceptos de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
La letra l) pasa a ser letra m).
Se incorporan los siguiente apartados:
Sin perjuicio de lo previsto en el Título V,.
8. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se entiende sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas y de lo que resulte de los convenios entre el Banco de España, y las Comunidades Autónomas a que se refiere la disposición adicional primera , apartado 3 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro. En todo caso, la inscripción en los correspondientes registros del Banco de España y, cuando proceda, de la Comunidad Autónoma competente será indispensable para que las entidades a que se refiere este artículo puedan desarrollar sus actividades.
Por el que se modifican determinados preceptos de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, será competente para acordar la revocación. No obstante, corresponderá la competencia a este último en los casos de renuncia y de revocación de la autorización de una sucursal de una entidad extranjera por habérsele sido retirada la autorización por su autoridad supervisora.
Cuando el Banco de España tenga conocimiento de que a una entidad de crédito de otro Estado miembro de la Comunidad Europea que opera en España le ha sido revocada su autorización, acordará de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad no inicie nuevas actividades, así como para salvaguardar los intereses de los depositantes.
4. Las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate. Las restantes autoridades, personas o entidades que reciban información de carácter reservado quedarán sujetas al secreto profesional regulado en el presente artículo y no podrán utilizarla sino en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente establecidas.
Artículo citado en: 6 artículos doctrinales, un formulario, una resolución administrativa
Disposición adicional primera Establecimientos financieros de crédito.
Las de «factoring», con o sin recurso.
Los establecimientos financieros de crédito no podrán captar fondos reembolsables del público, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.
La denominación de «establecimiento financiero de crédito», así como su abreviatura, «E.F.C.», quedará reservada a estas entidades, las cuales estarán obligadas a incluirlas en su denominación social, en la forma que reglamentariamente se determine.
Corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España, autorizar la creación de establecimientos financieros de crédito.
A los establecimientos financieros de crédito les será de aplicación, con las adaptaciones que reglamentariamente puedan establecerse, el régimen sancionador previsto en el Título I de la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. De igual forma les será de aplicación lo establecido en el artículo 48 de dicha Ley.
Las sociedades de crédito hipotecario, las entidades de financiación, así como las sociedades de arrendamiento financiero, deberán transformarse en establecimientos financieros de crédito antes del 1 de enero de 1997. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la citada transformación, ni haberse pedido convertir en otro tipo de entidad de crédito, perderán su condición de entidad financiera.
Se faculta al Gobierno para desarrollar esta disposición adicional y regular el régimen aplicable a los establecimientos financieros de crédito.
Los actos y documentos legalmente necesarios que, con anterioridad al 1 de enero de 1997, realicen las sociedades de crédito hipotecario, las entidades de financiación, así como las sociedades de arrendamiento financiero, con la finalidad de transformarse en establecimientos financieros de crédito o en otro tipo de entidad de crédito, quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las sociedades de crédito hipotecario, las entidades de financiación, así como las sociedades de arrendamiento financiero gozarán de una reducción del 30 por 100 de los derechos que los notarios y los registradores hayan de percibir como consecuencia de la aplicación de sus respectivos aranceles por los negocios, actos y documentos necesarios para la realización e inscripción registral de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior.
Disposición citada en: 5 sentencias, 24 artículos doctrinales, 8 resoluciones administrativas
Se da la siguiente redacción al artículo 12:
2. Los fondos de capital-riesgo son patrimonios administrados por una sociedad gestora, que tendrán el mismo objeto exclusivo que el definido en el apartado anterior.
Se da la siguiente redacción al artículo 14:
Reglamentariamente podrán establecerse limitaciones a la concentración del activo de las sociedades y fondos de capital-riesgo en una misma empresa o grupo de empresas.
Se da la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 16:
2. Las sociedades y fondos de capital-riesgo tributarán en el Impuesto sobre Sociedades conforme al régimen general, con las siguientes especialidades:
Los dos primeros años y a partir del undécimo no se aplicará exención.
Se da la siguiente redacción al artículo 20:
Los valores emitidos por los Fondos de Titulización Hipotecaria regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, tendrán el carácter de títulos hipotecarios de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, podrá extender el régimen previsto para la titulización de participaciones hipotecarias en los artículos 5 y 6 de la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre los Fondos de Titulización Hipotecaria, con las adaptaciones y cambios que resulten precisos, a la titulización de otros préstamos y derechos de crédito, incluidos los derivados de operaciones de «leasing», y los relacionados con las actividades de las pequeñas y medianas empresas.
A los Fondos de Titulización de Activos les serán de aplicación, en relación con los préstamos y demás derechos de crédito que adquieran, el régimen que en favor de los titulares de las participaciones hipotecarias se contempla en el párrafo final del artículo 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
Reglamentariamente se regulará el régimen jurídico de las Sociedades Gestoras de los Fondos de Titulización, quienes podrán asumir tanto la administración y representación legal de los Fondos de Titulización Hipotecaria previstos en la Ley 19/1992, de 7 de julio, como la de los Fondos de Titulización de Activos. Las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización Hipotecaria actualmente existentes podrán transformarse en Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización en los plazos y con cumplimiento de las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Disposición citada en: 14 sentencias, 17 artículos doctrinales, 15 resoluciones administrativas
Cuatro. Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría las informaciones contables que con carácter anual deban hacer públicas, y las que con carácter reservado remitan al Banco de España, de conformidad con las reglas contables que sean de aplicación.
Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones gozarán de derecho absoluto de separación respecto a los valores y al efectivo en que estuvieran materializadas las garantías que los miembros y clientes hubieran constituido o aceptado en favor de aquéllas en razón de las operaciones realizadas en los mercados citados, en caso de que tales miembros o clientes se vieran sometidos a un procedimiento concursal. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después de la liquidación de las operaciones garantizadas se incorporará a la masa patrimonial concursal del cliente o miembro en cuestión.
Declarada judicialmente la quiebra o admitida a trámite la solicitud de suspensión de pagos de una entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones o de una entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, se procederá del siguiente modo:
Una vez que la Central de Anotaciones tenga acreditadas las situaciones concursales antes referidas con respecto a una entidad gestora, procederá de oficio, sin coste para el inversor, al traspaso a cuentas de terceros del Banco de España, en cuanto entidad gestora, o de otra entidad gestora, de los valores anotados en cuentas de terceros de la entidad afectada por el procedimiento concursal. A estos efectos, tanto el juez competente como los órganos de procedimiento concursal facilitarán el acceso de la entidad gestora destinataria a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso, asegurándose de este modo el ejercicio de los derechos de los titulares de los citados valores.
Cuando los procedimientos concursales afecten a una entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá disponer de forma inmediata, y sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, y los titulares de tales valores podrán solicitar el traslado de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los registros señalados, esta actividad será asumida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, de modo provisional, hasta que otra entidad se haga cargo de ellos o hasta que los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. En el presente caso el juez competente y los órganos concursales facilitarán igualmente el acceso a la documentación y registros a que se refiere el apartado anterior.
En los casos de declaración judicial de quiebra o de admisión a trámite de una suspensión de pagos de una Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública o de una entidad habilitada para efectuar compraventas con pacto de recompra en las cuales la entidad actúe como compradora a plazo, las operaciones de este tipo que tengan concertadas con terceros quedarán transformadas en operaciones a vencimiento.
Disposición citada en: 26 sentencias, 3 artículos doctrinales
El régimen disciplinario aplicable a los corredores de comercio será, en general, el previsto para los funcionarios civiles de la Administración del Estado.
Además de las previstas en la normativa señalada en el apartado precedente, se considerarán también faltas graves o muy graves, según su importancia, naturaleza y transcendencia, de los corredores de comercio:
Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con la prestación de la fe pública o que causen daño a la Administración o a los particulares.
Haber sido sancionado administrativamente por infracción grave o muy grave de disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, tributaria, mercantil o de mercado de valores, en estos dos ultimos casos siempre que la infracción esté directamente relacionada con el ejercicio de su profesión.
La intervención de operaciones contrarias a lo dispuesto en las Leyes o sus reglamentos, o que carezcan de las preceptivas autorizaciones administrativas.
La intervención de operaciones sin observar las formas y reglas esenciales establecidas legal o reglamentariamente para la prestación de la fe pública por los corredores de comercio.
La alteración u omisión maliciosa de datos en los asientos de sus libros o registros, o en los documentos que expidan por razón del ejercicio del cargo.
La infracción prevista en el apartado 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
La percepción de derechos arancelarios superiores a los establecidos.
Los actos denigratorios de otros fedatarios públicos, así como los demás actos que reglamentariamente se consideren constitutivos de competencia desleal para los corredores de comercio.
La incoación de procesos penales por delitos dolosos, o de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones de las señaladas en el párrafo b) del apartado precedente, facultará al Ministro de Economía y Hacienda para acordar la suspensión provisional del corredor afectado.
Corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Director general del Tesoro y Política Financiera, la imposición de las sanciones de separación del servicio y suspensión de funciones, así como la adopción de acuerdos de suspensión provisional.
Disposición citada en: 7 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Multa por importe de hasta 5.000.000 de pesetas.
Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de infracciones muy graves, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá imponerse una de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, sean responsables de la infracción:
Disposición citada en: 3 sentencias, 3 resoluciones administrativas
El régimen sancionador aplicable a las sociedades de tasación y a las entidades de crédito que dispongan de servicios propios de tasación, se regirá por lo previsto en esta disposición adicional.
Las infracciones se califican en muy graves, graves y leves.
El incumplimiento de los requisitos de homologación para ejercer la actividad de tasación recogidos en la legislación del mercado hipotecario.
El incumplimiento por los firmantes de los informes y certificados de tasación de los requisitos de titulación profesional previstos reglamentariamente.
La manifiesta falsedad en la tasación de los bienes.
La resistencia, negativa u obstrucción a la labor inspectora del Banco de España, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
La emisión de certificados de tasación que no sean conformes con el informe de tasación efectuado.
La emisión de certificados o informes cuyo contenido no fuese acorde con las pruebas obtenidas en la actividad de valoración efectuada, o que se aparten, sin advertirlo expresamente, de los procedimientos, comprobaciones y análisis previstos en la normativa aplicable.
No remitir los datos que deban ser suministrados al Banco de España.
Incumplir los deberes de secreto profesional, independencia e incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones.
No será de aplicación la sanción prevista en el párrafo b) del artículo 10.
El procedimiento sancionador aplicable será regulado en el Real Decreto sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
El Banco de España incoará obligatoriamente un procedimiento sancionador cuando exista una comunicación razonada de otro organismo o autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestación irregular de los servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de actuación administrativa.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, antes de imponerse la sanción, informará el organismo o autoridad administrativa competente.
Disposición citada en: 19 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Disposición adicional undécima Disolución del Consejo Superior Bancario.
Queda disuelto el Consejo Superior Bancario que, no obstante, conservará su personalidad jurídica hasta la completa liquidación de su patrimonio, a cuyo fin podrá adoptar las decisiones que sean precisas. La liquidación podrá efectuarse de acuerdo con las normas que actualmente regulan dicho Consejo o bien atribuyendo su patrimonio a entidades representativas de los bancos que lo componen, quedando subrogados en los derechos y obligaciones del Consejo Superior Bancario las entidades a las que se adscriban los mismos.
Se dejan sin efecto cuantas disposiciones establecen el informe preceptivo del Consejo Superior Bancario en determinadas materias.
Las restantes referencias al Consejo Superior Bancario que se contengan en la normativa preexistente se entenderán hechas en lo sucesivo a las entidades representativas de los bancos que lo componen; del mismo modo estas últimas sucederán al Consejo Superior Bancario respecto de las instituciones y servicios que le estuviesen adscritos.
A efectos de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, en relación con el personal laboral del Consejo Superior Bancario, se entenderá producida una sucesión de empresa entre este último y las entidades a las que se adscriban los derechos y obligaciones del referido Consejo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para adoptar las resoluciones que, en su caso, puedan ser necesarias para la ejecución de lo establecido en el apartado 1 de esta disposición.
Se deroga el capítulo II del Título II (Entidades Oficiales de Crédito) de la Ley 13/1971, de 19 de junio, Organización y Régimen del Crédito Oficial.
Quedan derogados los apartados 2, 4 y 5 de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Quedan derogados los artículos 48, 50, 51 y 52 de la Ley de 31 de diciembre de 1946, de Ordenación Bancaria, así como el Decreto de 16 de octubre de 1950 por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Superior Bancario.
Se deroga el artículo 19 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales.
Se derogan igualmente las demás disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Real Decreto de Régimen Jurídico de las Entidades de Dinero electrónico (Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo)
DECRET 77/2003, de 18 de març, pel qual es regulen les distincions en matèria de justícia a Catalunya.
DECRETO 203/1991, de 7 de agosto, por el que se asignan funciones a la Consejería de Industria, Comercio y Consumo en materia de promoción industrial y comercial.
Decreto 290/2001, de 31 de octubre, por el que se crea la categoría de médico de urgencias hospitalarias.

References: resolución 
 artículo 48
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 15
 resolución 
 artículo 10
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 19

Real Decreto