Source: https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20190207123318893
Timestamp: 2019-04-22 10:25:40+00:00

Document:
Acción de amparo. Reglamentación administrativa. Utilización armas de fuego de fuerzas de seguridad. Admisibilidad. Declaración de inconstitucionalidad. Interpretación restrictiva. Resolución administrativa
Se rechaza la acción de amparo interpuesta por los actores, por medio de la que solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su anexo estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. Para decidir así, el juzgado explicó que la interpretación de la normativa atacada por los actores fue arbitraria y parcial, por lo que, a criterio del juez, no se advierten contradicciones entre la norma administrativa y la Constitución Nacional en lo referente al manejo de armas de fuego por las fuerzas federales.
Junín, 4 de enero de 2018
Autos y vistos: los presentes, venidos a despacho para sentenciar, de los que,
1. - Que Alberto Sebastián Ghiorzi y Carolina Arrizabalaga, en representación de la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos”, con el patrocinio del Dr. Gabriel Elías Eriberto Ganon, interpusieron esta acción contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y su titular la Licenciada Patricia Bullrich, pidiendo que se declare inconstitucional y manifiestamente ilegal la Resolución N° 956/2018 que en su anexo estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
Sostuvieron que la Asociación que representan posee legitimación para actuar en defensa de derechos colectivos afectados, representando a todos aquellos que puedan verse afectados por la normativa impugnada, en el caso, los habitantes del distrito de Lincoln.
Señalaron que la resolución en cuestión y el reglamento aprobado, vulneran en forma flagrante los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional.
Asimismo, expusieron que su contenido se encuentra en contraposición con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.
Indicaron que las normas cuestionadas y su consecuente acatamiento por parte de las fuerzas de seguridad y policiales federales, pueden hacer incurrir a nuestro estado nacional en responsabilidad internacional, ello con las consecuencias que dicha declaración acarrea.
Requirieron una medida cautelar, fundaron su reclamo en derecho y solicitaron que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la acción de amparo promovida.
2. - Que a fs. 65/80 se presentó el Dr. Geremías I. Mémoli en representación del Ministerio de Seguridad, acompañando el informe requerido.
Opuso excepción de falta de legitimación de la actora, por considerar que no representa a grupo o clase o colectivo determinado, no resultando afectada en modo alguno por el acto que por la presente acción pretende cuestionar.
Señaló que debe tenerse presente que para que el amparo resulte procedente y admisible debe necesariamente aparecer, del acto u omisión de la autoridad pública, de modo claro y manifiesto la ilegalidad o arbitrariedad, extremos que no concurren en la especie.
Remarcó que la resolución del Ministerio de Seguridad 956/18 y su anexo encuentran plena conformidad y adecuación legal con el plexo normativo vigente, tanto a nivel nacional como internacional, no vulnerando el derecho a la vida y a la integridad personal como erróneamente señala la parte actora.
Luego, yendo a la cuestión de fondo, sostuvo que la resolución atacada brinda los parámetros para que los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad actúen en aquellos casos en que el art. 34 del Código Penal autoriza el uso de la fuerza; lo que en modo alguno torna impunes los casos en que no reúnan los requisitos allí exigidos.
Continuó explayándose sobre las normas internacionales tenidas en cuenta al dictar la resolución, el contenido -que dice acorde con ellas y aún más restrictiva- de la resolución; que el uso de la fuerza sigue siendo una ultima ratio, puesto que el principio de progresividad en el uso de medios para prevenir y reprimir el delito es lo que orienta la actuación de los agentes que responde a la órbita del Ministerio de Seguridad. En definitiva, el Reglamento aprobado por la Resolución 956/18 estableció que el accionar de los miembros de los cuerpos y fuerzas policiales y de seguridad federales deberá procurar usar medios no violentos y armas de fuego en los supuestos allí consignados y sólo hasta que cese el peligro inminente.
Siguió diciendo que, en definitiva, siempre será el juez competente quien decida sobre cada caso concreto que se presente, evaluando si la respuesta fue racional para repeler o hacer cesar la agresión.
Formuló la reserva del caso federal y peticionó que se rechace la acción de amparo, con costas.
3. - Que habiéndose rechazado la medida cautelar solicitada (fs. 58/64) y producido el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, no existiendo hechos controvertidos, quedaron los autos en estado de sentenciar. Y
I.- Que la vía procesal del amparo debe ser reservada para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta o insuficiencia de otros medios legales, puedan resultar afectados derechos y garantías constitucionales reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Su viabilidad requiere, por consiguiente, circunstancias muy particulares caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción expedita y rápida del amparo (art. 43 de la Constitución Nacional; Fallos: 294:52; 301:1061, entre otros).
Asimismo, la procedencia de la acción de amparo debe analizarse con criterio razonablemente amplio, dado que a partir de la reforma del año 1994 a la Carta Magna no solo constituye una garantía judicial sino constitucional (art. 43 CN), que es otorgada a los particulares para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos en ella establecidos, y debe ser entendido como un derecho directa y necesariamente operativo.
En este mismo sentido, las pautas hermenéuticas prevalecientes conducen a sostener la posibilidad de acceder a la instancia en función del principio pro actione (Fallos: 312:1017, 1306; 312:83); el que adquiere especial relevancia a la luz del artículo 75, inciso 22, párrafo 2° de la Constitución Nacional y las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XVIII); de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 8); del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2, ap. 3 y 14) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8, ap. 1, 25 y 29), que establecen la necesidad de posibilitar la prerrogativa política de obtener un rápido acceso a un Tribunal de Justicia imparcial.
Siendo que las garantías constitucionales "(...) Sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y como los estados partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respetivas garantías, es decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 8/87, párr. 25, cit. en Lorenzetti, Ricardo L., “Teoría de la decisión judicial”, p. 161); donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido, principio éste del que ha nacido la acción de amparo, ya que las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para su vigencia efectiva.
II. - Ahora bien, respecto a la pretensión de atribuir carácter colectivo a la acción interpuesta por la actora, la Constitución Nacional admite, en el segundo párrafo del art. 43, una tercera categoría de derechos, conformada por aquellos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos -tal el supuesto de derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de usuarios y consumidores y los derechos de sujetos discriminados-, en cuyo caso existe un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos, mas tal acepción incluye una excepción; que es en lo que hace a la existencia de un perjuicio cierto.
La admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificar ciertos recaudos elementales (conf. Ac. CSJN, 32/14 y 12/16 y cc); resultando innecesario tratar el colectivo pretendido en sí mismo, con todas sus aristas, estando a la forma en que ha de quedar resuelta la cuestión de fondo en debate.
III. - La acción fue interpuesta también contra la titular del Ministerio que emitió el Reglamento cuestionado.
Sin embargo, no acercó ninguna razón para que sea personalmente parte demandada en esta acción. Siendo que sólo en razón del cargo que ocupa estuvo facultada para dictar la resolución atacada, llevarla a juicio carece de sentido, puesto que, a todo evento, si dejara de ocupar el cargo que hoy detenta, esta nueva situación no afectaría al Reglamento ni lo privaría de valor.
Es lisa y llanamente desconocer, entre otros principios, el de la continuidad del Estado, pretender que el funcionario pueda ser llevado a juicio por el sólo hecho de haber suscripto una disposición propia de sus funciones. Reitero, así como la vigencia del reglamento no se verá afectada por una mutación en la persona a cargo del ministerio, traerla personalmente a juicio sin presentar los argumentos que lo justifiquen constituye, al menos, un dispendio jurisdiccional.
Esta parte de la pretensión, pese a su rechazo, no generará costas, puesto que no concretó la citación.
IV. - Sentado ello, resta tratar la cuestión de fondo.
La actora trae a consideración una particular interpretación de las normas que cuestiona.
El mejor método de interpretación es el que tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma; por lo que resulta ser "principio básico de hermenéutica jurídica el de atender, en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan" (Fallos: 260:171), cuidando asimismo que "concuerde con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, en tanto ello sea posible sin violencia de su letra o de su espíritu" (Fallos: 253:344; 261:36). A lo que debe agregarse, de acuerdo con lo expresado en Fallos: 254:362, "... Que, como esta Corte lo ha declarado reiteradamente, la determinación del alcance de las normas legales constituye tarea específica judicial, que no requiere, en términos genéricos, que se la practique en forma literal ni restrictiva” (Fallos: 249:37; causas "Riera, Blas L. s/ Hábeas corpus" y "La Americana SRL querella a Cavalli, Vicente s/ art. 48, ley 3975", sentencias del 23 y 28 de noviembre de 1962, respectivamente).
Es tópico hermenéutico que los jueces, al decidir el caso concreto, no sólo deben aplicar la ley que directamente contempla el supuesto examinado, sino la Constitución Nacional y, en general, todo el orden jurídico (Linares, Juan F., Control de constitucionalidad mediante interpretación, en: Rev. Jurisprudencia Argentina 1961-II, p. 94). De todos modos, tal interpretación no ha de prescindir de la graduación constitucional de las leyes supremas de la Nación, porque “... la inteligencia de las leyes debe tener en cuenta el contexto general y los fines que las informan y, a ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad el precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma” (Fallos: 308:2246). No se trata de desconocer la palabra de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo.
Es que cuando se emplean en la norma determinados términos o varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, ya sea el de ampliar, limitar o corregir conceptos (Fallos: 315:1256 y 316:2732).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo siempre que las leyes se presumen constitucionales, y de ahí que, en principio, cabe interpretarlas conformes con la Constitución y no opuestas a ella. Lo mismo cabe decir de una disposición administrativa dictada por el órgano competente dentro del ámbito de sus funciones. Luego, siendo que ninguno de estos aspectos ha sido objeto de cuestionamiento, es necesario concluir que, desde tal punto de vista, la actora no tiene objeción alguna que formular.
Y entonces, frente a la presunción de legitimidad que emana de los actos de los poderes públicos, para obtener que se suspendan sus efectos, el interesado debe demostrar que, a priori, dicha presunción carece de sustento, de modo que debe ser examinada con carácter restrictivo (Falcón; Enrique M. “Tratado de Derecho Civil y Comercial", T. IV. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2006, p. 403. Con cita a la CSJN, 28-5-98, J.A. 1998-IV-137; CNCiv, Sala C, 21-2-95 “Arietti, Carlos R. c/ Municipalidad de Buenos Aires”, J.A. 1998-I, sint.; Sala M, 28-9¬95, “Cámara Argentina de Fabricante de Pasacalles c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, J.A. 200-I, sínt.).
La declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere prueba plena, clara y precisa, de la oposición entre ella y la Constitución, esto es, la demostración de un conflicto ‘claro e indudable' entre ambas prescripciones. El juicio de inconstitucionalidad implica una función delicada, que exige mesura y prudencia en el intérprete. Es la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y ejemplifica un extremo de gravedad institucional. De ahí que sólo cabe decidir la inconstitucionalidad cuando no queda la vía de optar por la ‘interpretación constitucional' de la ley: ‘... toda vez que respecto de una ley quepan dos interpretaciones jurídicamente acogerse la que preserva, no (Sagüés, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional, segunda edición, Buenos Aires, Astrea, 1989, tomo II, p. 121). Estas reglas inspiran también el control de constitucionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, sistema en el cual la Corte Suprema encuentra frecuente fuente de inspiración (Tribe, Laurence, American Constitutional Law, segunda edición, Mineola, New York, The Foundation Press, 1988, p. 69 y siguientes; Barron, Jerome A. y Dienes, C. Thomas, Constitutional Law, tercera edición, St. Paul, Minn., West, 1995, pág. 24 y ss. “. Tampoco una corte, como regla general, examinará una cuestión constitucional y decidirá que un estatuto es inválido, a menos que una decisión sobre ese mismo punto llegue a ser necesaria para la determinación de la causa (...) En todo caso, por lo tanto, donde una cuestión constitucional se plantea, aunque pudiera haber sido legítimamente presentada en el expediente, si en éste también se presenta un soporte claro sobre el cual la corte pudiera reclinar su juicio, tornando de éste modo abstracto para el caso la cuestión constitucional, tal es el curso que deberá adoptarse, y la cuestión con carácter constitucional será diferida para su estudio hasta que aparezca un caso que no pueda ser despachado sin su consideración, y cuando, en consecuencia, una decisión sobre el punto sea inevitable” (Cooley, Thomas M., “Constitucional limitations”, Little, Brown & Co., Boston, 1927, 8° ed., vol. II, En este págs. 338/339).
En este caso la actora ha presentado su pretensión basándose en una interpretación alejada de la razón, fundada en lo que parece haber querido leer y no en los términos reales en que está concebida la norma.
Es que, analizado el reglamento, no he podido advertir dónde se encuentra la contradicción con las normas supranacionales -si fuera el caso que sólo a éstas cabría referirse- que trae en apoyo de su posición. Excepto que algunas palabras difieren o están ubicadas en distinto lugar, el sentido, tanto de las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución n° 34/169 del 17 de diciembre de 1979, como el del reglamento adoptado en la Resolución 956/18 aquí cuestionado, es el mismo. Menos aún que el reglamento contenga normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país.
La denunciada contradicción con las recomendaciones adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas, como adelanté, no pasó de eso: una enunciación. Lo mínimo que podía esperarse era que la presentación desarrollara cómo y dónde el nuevo reglamento suponía poner en peligro la vida o la integridad física de los habitantes. No lo ha hecho en modo alguno, limitándose a enunciar principios generales sin llevarlos a demostrar la contradicción con el reglamento que cuestiona.
Temiendo caer en una sobreabundancia, vemos que traen como parte integrante de las directrices en la Resolución ONU n° 34/169 un documento emanado del Relator Especial de ese sobre ejecuciones extrajudiciales (el resaltado me pertenece), sin aclarar suficientemente que ya no mencionan las directrices o Principios Básicos que postularon antes como contrarios al Reglamento adoptado Resolución 956/18. No obstante, siendo que públicamente abundaron las expresiones de contenido similar al del escrito que inició esta acción, quizá sea prudente aclarar algunas cuestiones.
El reglamento cuestionado, precisamente, responde al principio de legalidad que mencionan en la presentación. El código penal, en su art, 34 inciso 4 remite, implícitamente, a un reglamento o conjunto de normas que señalen al funcionario cómo y cuándo actuar para que su obrar quede amparado en el permiso legal allí contenido.
Desarrollan seguidamente los principios de necesidad y proporcionalidad que surgen de la presentación del relator oficial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, haciendo una transcripción bastante completa, pero limitada a eso: copiar y pegar sin ningún análisis. Y así colocan al juzgador a decidir sobre un postulado que no existe. ¿Cuál es el punto sobre el que debería resolver? Como no lo concretaron, tampoco puedo decidir si tienen o no razón.
De todas formas, puedo apuntar que lo antes dicho en cuanto a que toda disposición debe estar en comunión con el resto del cuerpo jurídico nacional evita que deba señalar que de ninguna forma es admisible que se dicte una norma que discrimine por motivos de raza, etnia, religión, identidad de género o afiliación política. También dije antes que el libelo inicial se abstenía de intentar siquiera demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad denunciada. Esta parte es un claro ejemplo.
Volviendo a la demanda, acto seguido retornaron a las directrices. Continuaron con una larga transcripción que culminaron relacionando con el art. 34 del Código Penal... en los incisos que no son de aplicación para el caso de funcionarios públicos en ejercicio de su función, que es el tema que motivó estas actuaciones.
Es necesario sacar de la confusión a los presentantes: los incisos 3°, 6° y 7° contemplan situaciones ajenas al reglamento y a los funcionarios que actúan en cumplimiento de sus funciones, a los que se aplica el inciso 4°. Los otros incisos están referidos a los casos en que el Estado, como titular exclusivo y excluyente de la fuerza, reconoce y admite que no siempre podrá estar presente, a través de sus funcionarios, para resolver todos los conflictos que se dan en la vida diaria. Entonces, en los casos de emergencia, admite que el particular actúe, dado que no se le puede exigir que espere siempre la llegada de la autoridad pero no tiene nada que ver con la cuestión a tratar, y exponerlos aquí carece de sentido. El funcionario público al que el Estado dota de un arma para cumplir sus funciones, si se encuentra obligado a usarla, no se defiende de una agresión ilegítima, sino que cumple con su deber de hacer cesar una agresión o conjurar una situación de peligro, independientemente de que lo involucre personalmente.
El Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad empieza sosteniendo lo contrario a lo que afirman los accionantes. El Artículo 1° dice: “Los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
Refuerza el concepto en el artículo 2°, sosteniendo que: “Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
No quiero calificar la actitud de transcribir el art. 2° omitiendo su precedente, que lo enmarca y da sentido. En lo que interesa, leído en conjunto y con un mínimo de buena fe, es imposible coincidir en que el reglamento haya creado una obligación de usar armas de fuego donde antes había una prohibición: ambas afirmaciones son falsas. El funcionario público está facultado para usar el arma provista por el Estado en esas circunstancias, pero en modo alguno está obligado a hacerlo. Y las directrices de la ONU no prohíben el uso de las armas de fuego, sino que recomiendan circunscribirlo a determinadas situaciones.
Sigue luego un análisis parcial del artículo 5° del reglamento, basado también en su particular visión del problema del uso de armas, cuando quien la esgrime es un funcionario público.
El examen al que someten la norma es parcial, arbitrario e inexacto. Ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestionan. En lo que interesa, ninguna de las normas que rigen el accionar de los funcionarios públicos los obligan a usar las armas. Se limitan a tratar de precisar cuándo, cómo y hasta dónde pueden usarlas, si deciden hacerlo.
Carecen también de fundamento cuando afirman que el reglamento pretende reformar el art. 34 del Código Penal. Sólo lo completa en donde debe ser completado. Antes ya me explayé sobre el particular y no es necesario retornar sobre la cuestión.
En cuanto al caso que traen a colación, no advierto cómo se relaciona con este tema. El reglamento cuestionado no pone en duda que el control judicial posterior será realizado... y si lo pusiera carecería de efecto. La demandada en su informe lo menciona expresamente, de modo que no existe controversia posible.
Y las argumentaciones relativas a la legítima defensa, legítima defensa putativa y exceso en la legítima defensa, fueron postulados de los defensores, que el tribunal consideró necesario responder. Pero el accionar policial debe juzgarse a la luz del inciso 4° del artículo 34 y los reglamentos de las fuerzas que fueron, en ese caso, evidentemente inobservados.
Las especulaciones sobre un peligro respecto del futuro accionar de las fuerzas de seguridad cuando apliquen el reglamento cuestionado no guarda relación con su contenido. Abundando, el reglamento respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución n° 34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu.
La acción intentada, entonces, debe ser rechazada en todas sus partes.
Por lo expuesto, consideraciones legales, citas doctrinarias y jurisprudenciales realizadas,
1. - Rechazando en todas sus partes la acción intentada por la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos” contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y su titular la Licenciada Patricia Bullrich (arts. 1, 4, 11 y cc de la ley 16986).
2. - Con costas a la actora que resulta vencida (arts. 14 de la ley 16986, 68 y cc del CPCCN).
3. - En cuanto a las retribuciones, conforme lo preceptuado por los artículos 10, 15, 16, 19, de la ley 27423, he de tener en cuenta la naturaleza y complejidad del proceso, el resultado obtenido, el mérito por la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión del trabajo, actuación profesional, como la trascendencia jurídica, moral y económica del asunto, como así también la etapa a la cual arribó el proceso, por lo que a posteriori de observar tales tópicos, y habiendo culminado anticipadamente, estimo prudente establecer los honorarios del letrado de la parte actora, Dr. Gabriel Elias Ganón en la cantidad de pesos veinte mil ($ 20.000) (12 UMA, conforme la acordada 27/18 de la CSJN, que fijó el valor de cada UMA en pesos mil setecientos quince, ascienden a la suma de $ 20.580), y los del Dr. Geremías I. Mémoli, representante del Ministerio demandado, en la suma de pesos cien mil ($ 100.000) (aproximadamente 58 UMA), ambas cantidades con más el 10% que establece la ley provincial 6718 (arts. 2, 3, ss y cc de la ley 27423).
4. - Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese.
CORREPI, Bregman, Myriam y otro c/GCBA s/medida autosatisfactiva; Asociación Civil Nace un Derecho y otro c/GCBA s/medida autosatisfactiva - Juzg. Cont. Adm. y Trib. - N° 2- 04/12/2018 - Cita digital IUSJU034161E
Cita digital:IUSJU035285E

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 artículo 2
 artículo 5
 artículo 34
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