Source: https://es.scribd.com/document/284472537/Cuestiones-Prejudiciales-Devolutivas-y-Non-Bis-Idem
Timestamp: 2019-04-19 23:49:46+00:00

Document:
21145(22-09dasdas-04)
La Inaplicación Del Principio NON BIS in IDEM en La Relación de Sujeción Especial de Los Funcionarios y Servidores Públicos
Boletín Jurisprudencial 2017-04-18
CUESTIONES PREJUDICIALES DEVOLUTIVAS Y “NON BIS IN IDEM” EN EL
SUMARIO: I. LA PREFERENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL: FUNDAMENTO HISTÓRICO:
1. Criterios materiales. 2. Criterios Orgánicos. 3. Criterios Procesales.- II. EL RÉGIMEN ACTUAL:
EL DESCUBRIMIENTO POR LA STC 30/1996 DE LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
DEVOLUTIVAS.- III. LA PRETENDIDA EXPANSIÓN DE LA DOCTRINA DE LA STC 30/1996 A
LOS TIPOS PENALES IMPERFECTOS.- IV. CUESTIONES PREJUDICIALES Y
CONSTITUCIÓN.- V. CUESTIONES PREJUDICIALES DEVOLUTIVAS Y DERECHO A LA
TUTELA: 1. La identidad de la relación heterogénea de antijuricidad. 2. Los requisitos
complementarios. 3. El éxito de la cuestión prejudicial y la indebida condena del acusado.- VI. LA
PREFERENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL Y EL “NON BIS IN IDEM”: 1. Antecedentes y
relevancia. 2. La doctrina del T.C. 3. La doctrina del TEDH. 4. La necesidad de cohonestar la
doctrina del T.C. con la del TEDH.- VII. CONCLUSIÓN.
La lectura de la importante e interesantísima monografía de los Profesores Dres.
Manuel BALLBÉ MALLOL y Carlos PADRÓS REIG sobre “La prejudicialidad
administrativa” me ha provocado muchos interrogantes sobre el actual régimen legal de
la prejudicialidad administrativa en el proceso penal, contenido, como es sabido, en los
arts. 10 de la L.O. 6/1985 (LOPJ, en adelante) y 3 a 7 LECRIM, que, de conformidad con
la clásica regla que, tal y como demostró PARADA, importamos del Código Procesal
Penal napoleónico, según la cual “le criminelle tient le civil en état”, otorga una clara
preferencia a la jurisdicción penal frente a la civil o la administrativa, tal y como lo
demuestra, tanto el art. 10.2 LOPJ, que obliga, como regla general, a suspender el
proceso civil o el administrativo cuando en ellos surja una cuestión penal determinante
del fallo a dictar en dichos procesos, como su reverso de la medalla, el art. 3 LECRIM,
que faculta a los Juzgados y Tribunales de lo Penal a conocer de las cuestiones
prejudiciales civiles o administrativas “cuando tales cuestiones aparezcan tan
íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación”.
Lo que no parece ya tan claro es, en primer lugar, si dicha preferencia, y con olvido
de lo dispuesto en el art. 4 LECRIM (que, como es sabido, consagra la norma inversa,
cuando la cuestión prejudicial civil o administrativa fueren determinantes de la inocencia
o culpabilidad del acusado), ha de concebirse en cualquier caso como una regla absoluta
y, en segundo, si, en el momento actual, se justifica dicha preeminencia de los
Tribunales penales sobre los demás órdenes jurisdiccionales, lo que aconsejaría, en el
supuesto de una respuesta negativa, su revisión legislativa.
Para realizar una adecuada respuesta a ambos interrogantes, habría que empezar,
aunque sea someramente, por examinar el fundamento histórico de esta prerrogativa de
I. LA PREFERENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL: FUNDAMENTO HISTÓRICO
En mi opinión, a esta situación de hegemonía, proclamada por las Leyes de
Enjuiciamiento Criminal de 1.881 y Civil de 1.882, de los Tribunales Penales sobre las
demás manifestaciones de la Jurisdicción contribuyeron distintos factores, que pueden
ser sistematizados en materiales, orgánicos y procesales.
1. Criterios materiales
Desde un punto de vista material, la preferencia de la Jurisdicción Penal encontraba y
encuentra su fundamento en la relevancia de los bienes e intereses protegidos por las
normas penales, que, al comprometer su violación el interés público, aconsejan su
determinación en un proceso, cual es el penal, que, informado por los principios de
legalidad y oficialidad de la acción penal, se encuentra ajeno a la autonomía de la
A lo anterior se unía la escasa entidad y simplicidad de las cuestiones civiles y
administrativas, que podían suscitarse en el proceso penal y que, por lo tanto, podían ser
fácilmente determinadas por los Tribunales Penales e incluso por el Jurado. Tal y como
señalaba JIMÉNEZ DE ASÚA, los, por él denominados, “tipos imperfectos”, que
precisaban, para su integración, de una valoración, por el juzgador, independiente y
distinta a la del Derecho Penal, eran la excepción en los Códigos Penales del S. XIX,
quedando reducidos al depósito en la apropiación indebida, a la ajenidad de la cosa en
los hurtos y robos, a las cuestiones de estado civil en los delitos de bigamia y suposición
de parto y a la cualidad de “funcionario” o de “autoridad” en los delitos cometidos por
dichos servidores públicos.
A esta escasa relevancia de las cuestiones prejudiciales en el proceso penal
contribuía, de un lado, la ausencia práctica de protagonismo del Derecho Administrativo,
como consecuencia de la nula intervención del Estado “vigilante” en la economía y en la
sociedad (regida por las mágicas reglas de la oferta y demanda, según la concepción
fisiocrática imperante) y, de otro, la hegemonía del positivismo jurídico, su ficción de la
hermenéutica y plenitud del ordenamiento jurídico y su peculiar (y envidiable hoy,
Criterios Orgánicos Por otra parte. debiendo el Juez ser un mero “autómata de la subsunción” o. es decir. y ello. 2. como decía MONTESQUIEU. junio 2003 diríamos nosotros) concepción de la técnica jurídica en la elaboración de Leyes.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. entendido como prohibición de las “normas penales en blanco” y. dicha conducta no era encuadrable en norma penal alguna. si. hay que recordar al lector que. esta concepción del positivismo se traducía en el más estricto cumplimiento del principio de legalidad.956 para instaurar. era natural que el legislador desconfiara de la solución que. de valoración alguna por parte del Juzgador. como se ha indicado era el propio Poder Ejecutivo el encargado de solventarlas). “claras. que habían de ser. cuando se acreditara en el proceso el cumplimiento del supuesto de hecho previsto en la norma penal. y desde un punto de vista judicial orgánico. fuera dicha Jurisdicción la única legitimada para conocer. En el S. en tanto que (tras la promulgación del Decreto de “unificación de fueros”) los Tribunales penales y civiles se erigían en la única Jurisdicción Ordinaria. En lo que al ordenamiento penal se refiere. En nuestro país. de las escasas cuestiones civiles y administrativas que pudieran excepcionalmente plantearse en el proceso penal. 407 del C. del antiguo art.. condenar. habían de dictar los “tribunales” administrativos. como exigencia de promulgación de tipos “perfectos” que. en un sistema procesal.P. XIX. pues. hay que esperar a la Ley de SANTAMARÍA DE PAREDES para alcanzar la “Jurisdicción delegada” y a la LJCA de 1. de tal suerte que el Juez. en el que la solución de las cuestiones prejudiciales administrativas no llegaba siquiera a ser encomendada a una “Jurisdicción especial” (pues. encomendada a los Consejos Reales o de Estado. para la integración de la conducta. según la dicción gramatical del precepto. predominaba el sistema de la “jurisdicción retenida”. lo que es lo mismo.com. (“el que matare a otro…”) no requerían. por vez primera. si el tenor literal de la norma condena o absolver. un sistema “judicialista”.ª República española) no existían. era natural que la Jurisdicción Penal desconfiara de la Administración y.º 1. precisas y concisas”. “a los solos efectos de la represión”. 3. en Europa y en materia de control judicial de los actos administrativos. Criterios Procesales 3 . de las cuestiones prejudiciales administrativas. debía ser “la boca que pronuncia las palabras de la Ley”.. según decía SILVELA. iustel. RGDPR.”. al contrario. sólo había de limitarse a aplicar o incluso a “deletrear la Ley” (FEUERBACH). como es el caso. n. por la sencilla razón de que (salvedad hecha del paréntesis “judicialista” de la 1. Así.
oralidad. el régimen procesal de las cuestiones prejudiciales no ha cambiado sustancialmente desde el año 1. habría sido una temeridad por parte del legislador otorgar a tales cuestiones un tratamiento devolutivo y excluyente. el art. una justicia material. se manifestaba mucho más adecuado para impartir. regido por los principios dispositivo. 10 del R. el sistema de libre valoración de la prueba. de 23 de noviembre de 1. calificados por la doctrina. en los referidos procesos civiles. 324 LECRIM cifra en un mes el periodo de duración de los sumarios). EL RÉGIMEN ACTUAL: EL DESCUBRIMIENTO POR LA STC 30/1996 DE LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DEVOLUTIVAS Tal y como se ha adelantado. en la práctica. A esta solución contribuía. pues no cabe desconocer que el proceso penal. oneroso y poco propicio para el descubrimiento de la verdad material. escritura. secreto y de valoración tasada de la prueba. quien había de defender el interés público y. que otorgaba a los Tribunales penales un mayor grado de legitimación democrática que los civiles. Pero. publicidad y libre valoración de la prueba. 5 LECRIM.2 de la LOPJ de 1.882. que excluye expresamente de la preferencia de la Jurisdicción Penal a las cuestiones referentes a la “validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil” y ello. informado por los principios de legalidad. no puede causar asombro alguno su excepción prevista en el art. si acaso. por dos razones fundamentales: en primer lugar. como “inquisitorios”.985 a acentuar el carácter preferente de la Jurisdicción Penal. a la disposición de las partes la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado. 4 . oficialidad. limitándose. inmediación. que. porque. el cual hubiera dejado. D. había de ser siempre parte el Ministerio Fiscal. en estos procesos sobre cuestiones de estado civil. mediación. 10. II. porque el art. investigación. de esta regla general. al propio tiempo que la necesidad de instaurar la valoración de los jurados “en conciencia” se manifestó. que el complejo sistema de reglas tasadas de valoración de la prueba que aplicaban los Jueces-funcionarios civiles.Vicente Gimeno Sendra También desde un punto de vista estrictamente procesal se justificaba la preferencia y exclusividad de la Jurisdicción Penal en el conocimiento de las cuestiones prejudiciales civiles y administrativas. en última instancia. por tanto. en ellos recaídas. en segundo. la instauración del Jurado. en los procesos civiles de nulidad matrimonial. como sistema más perfecto para el descubrimiento de la verdad material. que el proceso civil (o el entonces inexistente procedimiento administrativo). por otra parte. de las que podía depender la aplicación del “ius puniendi” del Estado. Tales prevenciones hicieron que. de aportación. pudiera descubrirse la verdad material y.872 consagró. Tratándose de la solución de cuestiones prejudiciales. podían servir de base o vincular prejudicialmente a los Tribunales de lo Penal. era excesivamente lento. las Sentencias. con prontitud (el olvidado art.
en cuyo caso el Juez o Tribunal penal suspenderá el procedimiento y concederá a las partes un plazo máximo de dos meses para que la parte interesada ejercite la acción ante el juzgado civil o administrativo competente. de la que fui ponente.3 de la C..E. el principio de seguridad jurídica que. máxime cuando del conocimiento de esta cuestión por el Tribunal competente pueda derivarse la limitación 5 . junio 2003 Por lo tanto. lo siguiente: “…ya desde la STC 77/1983.1 de la C. a fin de evitar el puro dominio del principio dispositivo. Así pues. RGDPR. afirma el T. a través de la prejudicialidad devolutiva. cuando el ordenamiento jurídico impone la necesidad de deferir al conocimiento de otro orden jurisdiccional una cuestión prejudicial. tuvimos ocasión de sostener que “unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado”.E. reconocido por el art. a los tribunales del orden jurisdiccional competente. estas cuestiones prejudiciales devolutivas eran ignoradas por la práctica forense hasta el punto de que el Tribunal Constitucional tuvo que “desempolvar” dicho art. n.com. en efecto. son cuestiones necesariamente devolutivas las relativas al estado civil. para evitar que aquel efecto.”. y como regla general.º 1. 158/1985). 24.. contempladas en el art.” (SSTC 62/1984. Por el contrario. llegue a producirse (STC 158/1985). en dicha Sentencia. Pues bien.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. ha de considerarse que ello vulneraría. F. que ha sido objeto de un amplio comentario en la referida obra de los Dres. el art. 3 LECRIM). asimismo. en algunos supuestos. Así. o que una misma persona fue su autor y no lo fue. 6. debiendo comparecer en este proceso el M. Ello vulneraría. 5). Ballbé y Padrós. resulta también constitucionalmente legítimo que el ordenamiento jurídico establezca. debiéndose entender comprendidas siempre entre ellas las relativas al derecho de propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles (art. 4 LECRIM también obliga a los órganos jurisdiccionales penales a deferir el conocimiento. se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. De esta forma. Junto a las mismas. las cuestiones prejudiciales que se susciten en el proceso penal no son devolutivas (art. indeseado desde la perspectiva constitucional. de aquellas cuestiones que fuesen determinantes “de la culpabilidad o inocencia” del acusado. la primacía o la competencia específica de una jurisdicción sobre otra. 9.C. como una exigencia objetiva del ordenamiento. Pero. el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva. iustel. en cuanto dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia. lo que sucede cuando la contradicción no deriva de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas. 4 LECRIM en su STC 30/1996. sino que reside precisamente en que “unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron.
III. ignorando la resolución de dicho recurso por el que la Sala de lo ContenciosoAdministrativo declaraba al acusado estar habilitado para la realización de la profesión concernida (normalmente se trataba de supuestos de Odontólogos que obtuvieron su título en la República Dominicana).Vicente Gimeno Sendra del derecho a la libertad. objeto de amparo. abundan las normas “penales en blanco”. los tipos penales “imperfectos” (en los que el presupuesto de hecho de la norma penal contempla elementos típicos de valoración jurídica independiente a través de normas del Derecho Civil o Administrativo) ya no constituyen. en él. por cuanto la resolución judicial así adoptada no puede considerarse como una resolución razonada. contenidos éstos esenciales del derecho fundamental reconocido en el art. lo que obligaría. en el nuevo Código Penal de 1. incurre en vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. que fue secundada por las SSTC 30. debían dichas Secciones de las Audiencias Provinciales haber deferido necesariamente el conocimiento de la cuestión administrativa.995. el órgano jurisdiccional penal conoció en todos ellos “incidenter tantum” (art. la excepción. (que castiga la realización de “actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España”). 102/1996 y 255/2000. 4 LECRIM.P. sucede en la actualidad que. y siempre y cuando de la resolución de la pertinente cuestión prejudicial derivara la determinación de la culpabilidad o inocencia del imputado. a diferencia del C. en ellos. que han de ser integradas a través de estos sectores del ordenamiento. 403 C. en virtud de la anterior doctrina sustentada por el T. fundada en Derecho y no arbitraria.C. la ha aplicado reiterada y exclusivamente el Tribunal Constitucional en los procesos penales por la comisión de un delito de “intrusismo” del art. de 1.E. por cuanto.973.” Dicha doctrina.1 C. 91. por imperativo de lo dispuesto en el art. 24. P. en la que las Audiencias Provinciales incurrían en contradicción con la declarada por los tribunales administrativos competentes. en los que ha estimado la totalidad de los recursos amparos. al Tribunal Penal a deferir siempre y necesariamente el conocimiento de dicha cuestión al tribunal del orden 6 . a los que. sino que. el apartamiento arbitrario de esta previsión legal del que resulte una contradicción entre dos resoluciones judiciales. 3 LECRIM) de la cuestión administrativa y pronunció la correspondiente sentencia condenatoria. de forma que unos mismos hechos existan y dejen de existir respectivamente en cada una de ellas. 50. LA PRETENDIDA EXPANSIÓN DE LA DOCTRINA DE LA STC 30/1996 A LOS TIPOS PENALES IMPERFECTOS Tal y como agudamente plantean los Profesores BALLBÉ y PADRÓS. el Tribunal Penal no suspendió su procedimiento hasta tanto se resolviera el pertinente recurso contencioso-administrativo e.
De este modo. P. determinados delitos contra la salud pública. mercantiles (delitos contra la propiedad industrial. iustel. por cuanto. al orden jurisdiccional administrativo se refiere. De aplicar. cabe destacar que todos los tribunales que integran los diversos órdenes jurisdiccionales. de 1. los delitos contra la Hacienda Pública.com. de riesgo catastrófico. civiles. En lo que. A favor de la expansión de esta doctrina nacida con ocasión de la interpretación del art.º 1. sino que son tribunales ordinarios y. Civil o Administrativo hacen decaer el peso del argumento funcional. eficacia y celeridad efectuada por la LJCA 29/1998 y la reforma operada por la LEC 1/2000. 1). en particular. incendios en espacios naturales protegidos. delitos societarios de adopción de acuerdos abusivos o de infracción de las normas que disciplinan el derecho al voto o el deber de información) e incluso laborales (fraude a la Seguridad Social. 6/1998 de los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo.. O.. de protección de la fauna y flora. los delitos ecológico. y desde un punto de vista judicial orgánico. junio 2003 jurisdiccional competente. Laboral.. RGDPR. dicha doctrina al C. de promoción de la inmigración clandestina. el incremento de los principios de inmediación.). el conocimiento de las cuestiones prejudiciales a los tribunales del orden jurisdiccional competente. 4 LECRIM militaría además la desaparición de los principales obstáculos que. etc.4 y D.”. posibilita el descubrimiento de la verdad material por parte de los Juzgados y Salas de lo contencioso-administrativo.. 4 LEC). vigente nos encontraríamos con que los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales tendrían que remitir.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. cabe destacar los profundos cambios habidos en esta manifestación de la Jurisdicción. por otra parte. y con suspensión del proceso penal.. en no pocas ocasiones. contra los derechos de los trabajadores. laborales o administrativos. que. sino también civiles (los delitos contra la propiedad intelectual…). en el S. tenencias de armas prohibidas y sin licencia.P. de aplicación especial supletoria en materia probatoria (art. 7 . de unos buenos Códigos Procesales. abonaban por la preferencia de la Jurisdicción penal sobre los demás órdenes jurisdiccionales y a los que nos hemos referido más arriba (supra. ostentan el mismo grado de independencia. La existencia.. contra el patrimonio histórico. pues. F.). estafas o daños que recaigan sobre bienes de dominio público o integren el patrimonio público especial protegido. mediante la introducción de la oralidad y el incremento del principio de investigación. 60. al igual que los penales. XIX. conforme al cual la Jurisdicción Penal sería más rápida y propicia al descubrimiento de la verdad material que los demás órdenes jurisdiccionales. 1. no constituyen hoy suerte de jurisdicción especial alguna. art. etc. en el C.ª LJCA. la ordenación del territorio. surgidos como consecuencia de la instauración por la L.995 abundan dichas cuestiones prejudiciales y no sólo administrativas (así. n.
Vicente Gimeno Sendra IV. sin perjuicio de la siempre deseable labor del C. con suspensión del proceso penal. 24.E. pues. pudieran incluso suprimirse dichos tribunales administrativos y atribuir su competencia al orden judicial civil (solución que. 24. como el que consagra la Constitución (art. ha de afirmarse que no existe inconveniente alguno en que los Tribunales Penales puedan extender su competencia al conocimiento de todas las cuestiones prejudiciales y ello. 117.G. 106. al tener que. al igual como acontece en los regímenes anglosajones. Así. desde la existencia en nuestra Constitución de un Poder Judicial “único” (art. Por tanto. civiles o administrativas. integran el Poder Judicial. de formación de los Jueces y 8 . de las referidas cuestiones prejudiciales.3). deferir siempre el tribunal penal al órgano jurisdiccional competente el conocimiento de la cuestión y esperar su firmeza. ya que son. civiles. a través de las cuestiones previas o en cualquier estado del procedimiento penal. como veremos. ocasionaría no pocas dilaciones indebidas. desde un punto de vista constitucional. pues. se rigen por un mismo sistema de autogobierno y sus titulares ostentan la misma independencia judicial y están sometidos a idéntico estatuto jurídico. con ser cierto lo anterior. Por otra parte. (STC 170/2002).J. tras el transcurso de dos o tres instancias. sin embargo. en definitiva. La naturaleza devolutiva o no de las cuestiones prejudiciales integra.3) no puede reclamarse el monopolio de la competencia de los tribunales administrativos para el conocimiento de todas las cuestiones administrativas. porque. 117. CUESTIONES PREJUDICIALES Y CONSTITUCIÓN Ahora bien. una materia de legalidad ordinaria. pues. sino tan sólo. Por esta razón. todos los órganos jurisdiccionales. ni cualquier parte puede recurrir en amparo para denunciar la supuesta infracción del derecho al Juez legal. sin que existiera obstáculo constitucional alguno a que. meras razones de especialización las que han inducido al Legislador a crear los tribunales administrativos. “de lege ferenda” no postulamos. ante la necesidad de dicha especialización). tampoco lo es menos que el mecánico planteamiento.P. aunque pueda infringir el derecho a la tutela del art.2 C. penales y administrativos.1 y 117. el Tribunal Constitucional ha podido declarar que la infracción de los preceptos de la legalidad ordinaria relativos a las cuestiones prejudiciales no vulnera el derecho al Juez legal o “predeterminado por la Ley” del art.1.5) y desde el principio de exclusividad de todos sus Juzgados y Tribunales (art. ni la vulneración de las normas que disciplinan las cuestiones prejudiciales es idónea para plantear conflicto de jurisdicción o de competencia alguno (STC 170/2002). el condenado a una pena privativa de libertad y por violación del derecho a la tutela. en un sistema “judicialista”.
b) en segundo. el cual nos indica en qué supuestos. de otro. al condenar indebidamente al acusado a una pena privativa de libertad. el tribunal penal dicte una sentencia contradictoria con la emanada del orden jurisdiccional competente para el conocimiento de la cuestión e infrinja además el art. 4. que sea “determinante de la culpabilidad o inocencia”. por ser determinante la cuestión de la culpabilidad o inocencia.1 C. no significa. que. debe el tribunal penal. no toda cuestión civil o administrativa prejudicial ha de ser siempre deferida al tribunal del orden jurisdiccional competente.. Veamos un poco más detenidamente todos estos requisitos. que cumpla con lo dispuesto en el art. 1. que pueda infringir el derecho a la tutela judicial efectiva.. que el tribunal de lo Penal ignore la solución dictada por el órgano del orden jurisdiccional competente para dirimir la cuestión. 17. haya conocido o esté conociendo.com. n. con arreglo al cual deba la cuestión ser enjuiciada. RGDPR. E. que. otro tribunal del orden jurisdiccional competente para aplicar el Derecho material. junio 2003 Magistrados penales en el Derecho Civil y Administrativo. el Tribunal Constitucional ha reconocido reiteradamente la plena legitimidad constitucional que ostentan los tribunales penales para el conocimiento incidental o no devolutivo de las cuestiones prejudiciales civiles o administrativas (SSTC 147 y 278/2000). Pero. y c) finalmente. tal y como se ha avanzado. pues. con la doctrina anteriormente expuesta (supra.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. deferir su conocimiento al tribunal civil o administrativo competente. es decir. que podríamos denominar de “relación heterogénea de antijuricidad”. c) en tercero. La identidad de la relación heterogénea de antijuricidad De todos los requisitos enunciados. 4 LECRIM. De conformidad. es necesario. que la infracción de las normas que disciplinan las cuestiones prejudiciales no pueda fundamentar un amparo por violación del derecho al juez legal. como consecuencia de esta omisión. 4 LECRIM. es claro que el menos pacífico para su interpretación es el material. en el momento de dictar la sentencia penal. que. de dicha cuestión. iustel. para que ello suceda. debiera desecharse el carácter devolutivo de la cuestión en los 9 . por resultar manifiestamente contradictoria con otras resoluciones judiciales. CUESTIONES PREJUDICIALES DEVOLUTIVAS Y DERECHO A LA TUTELA Ahora bien. y en aplicación de lo establecido por el art. que se haya producido una violación tan burda del art. de un lado. V. convierta a la sentencia en manifiestamente arbitraria y. 2). sino que es necesaria la observancia de los siguientes requisitos: a) en primer lugar. En nuestra opinión. que dicha resolución infundada incida en el derecho a la libertad del recurrente.”.º 1..
debieran ser objeto de tratamiento devolutivo y excluyente las acciones susceptibles de ser subsumidas en un concurso aparente de Leyes. lo que puede acontecer en todos los supuestos de su no integración. deben extender sobre ellas dichos tribunales su competencia “incidenter tantum” y por la vía del art. En estos supuestos. cuya traslación al orden jurisdiccional competente no sería útil para la integración de la conducta (éste es el caso. de cuestiones prejudiciales civiles o administrativas referentes a circunstancias modificativas de la culpabilidad o de la penalidad. en los delitos de estafa o daños cualificados de los arts. constituyendo el art. como por el Derecho Civil o Administrativo. por ejemplo. pueda depender la integración de la conducta penal. los de resolución de cuestiones incidentales y de aquellas cuestiones prejudiciales sobre las que exista una depurada doctrina por parte de los Tribunales penales. de la noche a la mañana. b) cuando se trate de una mera conexión instrumental de normas. etc. de tal suerte que. cuando una determinada acción recibe simultáneo reproche y de la misma naturaleza por el Derecho Penal y por el Civil o Administrativo. y c) cuando la jurisprudencia penal haya elaborado una doctrina propia y distinta sobre las cuestiones prejudiciales civiles o administrativas. tanto por este sector del ordenamiento. de la valoración de la cuestión prejudicial. por poseer la cuestión una clara naturaleza de “incidente” de previo pronunciamiento para la integración de la conducta. a convertir en ilícitos penales lo que hasta la fecha eran meros ilícitos administrativos o. En los supuestos.4 por recaer la acción delictuosa en bienes de dominio público o especialmente protegidos. de los conceptos de “funcionario” o de “autoridad”. Por el contrario.5 y 264. 6 un claro ejemplo (así la determinación de la ajenidad de la cosa en los delitos contra la propiedad o la relación de depósito en la apropiación indebida…). lo que acontece en todos aquellos casos. por ejemplo. existiendo un mismo juicio de reproche desde el bien jurídico protegido y una misma “identidad del hecho” objeto de valoración jurídica. 250. bien sea como 10 . en los de incendios del art. 3 LECRIM con la expresión de que “aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación”. a estas cuestiones se refiere el art. civiles. como civiles o administrativas. que no tienen necesariamente por qué coincidir con los del Derecho Administrativo). pero sí de la agravación o minoración de la pena (así. P. sino que el propio hecho punible puede ser al mismo tiempo enjuiciado.). 353. incluso. no es que una determinada relación jurídica ínsita en la acción deba ser enjuiciada por un ordenamiento distinto al Derecho Penal.995 procedió.3 que afecten a espacios naturales protegidos. de 1. con respecto a los cuales el C. tanto penales. 3 LECRIM.Vicente Gimeno Sendra siguientes casos: a) cuando la solución de la cuestión prejudicial no sea imprescindible o necesaria para la determinación de la conducta penalmente típica. es decir. pues.
. el delito de usurpación de funciones del art.. Habrá de extender necesariamente a ella su conocimiento “para el solo efecto de la represión” (art. por la parte interesada. los delitos contra el patrimonio histórico del art. por el transcurso del tiempo. 403 y el de tenencia de armas prohibidas o sin licencia de los arts. 3 LECRIM los delitos de adopción de acuerdos sociales “abusivos” o de infracción del derecho a la información o de voto de los arts. han convertido al oficio de administrador en una profesión de alto riesgo). los delitos de construcciones no autorizadas o no autorizables en suelos protegidos o no urbanizables del art. 291-293 (que.. Naturalmente. n. 312 y 313. 4 LECRIM al Tribunal a conceder a las partes un plazo no superior a dos meses. 2.º 1.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”.1. P. Los requisitos complementarios Junto al mencionado requisito material de identidad de la relación heterogénea de antijuricidad. y aunque la norma no lo diga de modo expreso. el de desvío de subvenciones públicas del art.s. finalizado el cual sin haber promovido el oportuno proceso civil o administrativo. 273 y ss. los delitos ecológicos de los arts. todo sea dicho de paso. 325 y s. 3 LECRIM). bien como ilícito civil o administrativo. 270. huelga que el tribunal penal conceda a las partes siquiera dicho plazo. De este modo. 332 y s. RGDPR. junio 2003 delito.2. si se hubiera incoado el pertinente proceso civil o administrativo. en 11 . 308. el de usurpación de patente o de modelo de utilidad o marcas de los arts. faculta el art. Esta exigencia de vigencia del derecho subjetivo “en pie de guerra” (WINSCHEID) adquiere singular relevancia en las cuestiones prejudiciales que nos ocupan.s. del derecho de acción ante el tribunal del orden jurisdiccional competente.. 319. el delito de tráfico ilegal de mano de obra de los arts. y sin ningún ánimo exhaustivo debieran ser tratadas como cuestiones prejudiciales devolutivas y excluyentes del art. 321. podrá el Tribunal extender su conocimiento a la cuestión prejudicial.. 4 LECRIM y de la doctrina de la STC 30/1996. el particular no reaccionó contra el acto del que se deriva la cuestión y ya no pudiera ser revisado por la Jurisdicción civil o administrativa. pues la inmensa mayoría de las mismas encierran pretensiones constitutivas de anulación y. suspenderse el proceso penal hasta tanto el Tribunal del orden jurisdiccional competente determine la correspondiente cuestión prejudicial. el delito de plagio del art. Si. la posibilidad de ejercicio del derecho de acción queda supeditada a la ausencia de “prescripción” del derecho subjetivo material o de “caducidad” del propio derecho de acción. en aplicación de lo dispuesto en el art. En todos estos casos. los delitos contra la fauna y flora especialmente protegida de los arts. debiera. para el ejercicio. iustel.”.com. 563 y 564 C. determinados delitos de riesgo y contra la salud pública.
como es sabido.1 y 2 C. para obtener la anulación jurisdiccional de un acto administrativo es necesario interponer. por lo que.1 LJCA). ecológico. 291 C.d LJCA). con el tipo de delitos societarios por adopción de “acuerdos abusivos” del art. si hubiera emanado del Consejo de Administración (art. 116. los respectivos actos denegatorios habrán adquirido firmeza (a salvo. De no ser así. P.1 LSA). 31.administrativo. 143. el éxito de la devolución y suspensión del procedimiento penal dependerá de la diligencia de la parte interesada (normalmente.882 no pudo prever la exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa y de la interposición. de un lado. habrá que impugnar la denegación de licencia en los suelos supuestamente protegidos o no urbanizables de dentro de los referidos plazos. En todos estos supuestos. Pues. 27/1999 de Cooperativas). dentro de plazo. pues el Juzgado o Tribunal habría de inadmitirlo por haber “caducado el plazo para la interposición del recurso” (art.. y. para que puedan ser válidamente anulados precisan de su impugnación ante el Juzgado de 1.1. bien. Lo mismo acontece con todas las cuestiones prejudiciales administrativas. tales acuerdos. que ha elevado a rango penal el clásico supuesto de adopción de acuerdos sociales contra el interés social.2 LSA. devendría inútil el planteamiento de la cuestión devolutiva. el acuerdo habrá adquirido firmeza y no podrá ser trasladado a la Jurisdicción civil.Vicente Gimeno Sendra cuanto tales. 319. 46. o de treinta.P. de otro. finalizados los cuales no puede obtenerse su revisión jurisdiccional. en cuyo caso podría el particular provocarlo). en los supuestos de los delitos contemplados en el art. en general. bien el de alzada en los plazos de 1 o 3 meses. según el acto sea expreso o tácito (arts. Ello es lo que sucede.. si se tratara de un acuerdo adoptado por la Junta General (arts. pues. están sometidas al cumplimiento de estrictos plazos de caducidad.3 L. D. 1564/1989. la defensa). Así. del pertinente recurso contencioso. En cualquier otro caso. si el tribunal penal “ex” art. Leg. bien el recurso de reposición. como se ha dicho. excepto por causa de delito y. con respecto a las cuales la LECRIM de 1. etc.ª Instancia competente dentro del plazo de caducidad de cuarenta días. contra todos los tipos penales que hemos descrito en el epígrafe anterior. la necesidad de actualizar el art. 4. Lo mismo ocurrirá con los delitos contra el patrimonio histórico. consistente en suscitar el pertinente proceso civil o administrativo dentro de los plazos de prescripción o de caducidad. que no exista acto. y ante la imposibilidad de 12 . a los únicos efectos de la represión. de lo contrario. 51. por ejemplo. claro está. en el momento actual. 4 LECRIM y. que.1 LECRIM sugiriera a las partes la interposición de un recurso contencioso administrativo extemporáneo. ya que. De lo que se ha expuesto se infiere. según dicha naturaleza del acto (art. 115 y 116 LRJAPAC) e impugnar la resolución ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en los plazos de dos o seis meses.
pues la ausencia de Jurisdicción o de competencia del Juez de Instrucción. El éxito de la cuestión prejudicial y la indebida condena del acusado Finalmente. y. como ponen de relieve los Profesores BALLBÉ y PEDRÓS. desde el procesal penal. el Tribunal penal.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. ante el Tribunal Constitucional. de un presupuesto procesal. junio 2003 deferir la cuestión al orden jurisdiccional competente. iustel. su ausencia puede ser denunciada por la parte interesada en cualquier estadio del procedimiento. pues. 3. que pudo haber obtenido la conformidad del acuerdo social o del acto administrativo al ordenamiento jurídico ante la jurisdicción civil o administrativa competente. en la comparecencia preliminar del art. ignorando los efectos prejudiciales de la sentencia civil o administrativa. de lo Penal o de la Audiencia Provincial produciría un acto nulo por exceso de Jurisdicción (art. por ejemplo. condenar a un procesado. ya que. haya conocido también y resuelto contradictoriamente la cuestión prejudicial. razones todas ellas que abonan por una revisión “despenalizadora” de todas estas conductas. y como requisito previo para poder acudir. Así. Como podrá observarse. que el tribunal civil no haya declarado contrario al interés social el supuesto acuerdo abusivo o que el administrativo haya anulado el acto denegatorio y condenado a la Administración a otorgar la pertinente licencia) y.1.com.”. podrá invocarse la cuestión dentro de la instrucción. en la fase intermedia del sumario ordinario por el cauce del art. puede también atentar al sentimiento de justicia de todo Magistrado. 786. ello no obstante. será necesario que la cuestión prejudicial. LOPJ) y. una sentencia privativa de libertad al acusado. la falta de jurisdicción para el conocimiento de la cuestión prejudicial. a través del recurso de amparo.2 (en 13 . 3 LECRIM. buena parte de los delitos urbanísticos o de protección del medio ambiente versan sobre materias de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (por lo que un mismo hecho puede ser. pues. n. Tratándose. RGDPR. habiendo impuesto. examinable de oficio en cualquier estadio procesal (art. 666. 1. debe la parte interesada provocar su suspensión al amparo de lo dispuesto en el art.888).º 1.. la solución legal no puede ser más defectuosa. sea resuelta satisfactoriamente para el acusado (es decir.1 LECRIM y en calidad de artículo de previo y especial pronunciamiento (Memoria FTS. 240.2 LOPJ). como consecuencia de ello. como cuestión previa. Si el proceso civil o administrativo transcurriera en paralelo al proceso penal. habrá el tribunal penal de conocer “incidenter tantum” de la cuestión prejudicial al amparo de lo dispuesto en el art. en cuanto tal. constitutivo de delito en Madrid e inocuo en la Comunidad Valenciana).. 238. 4 LECRIM. interpuesta dentro de los plazos de prescripción o de caducidad. desde un punto de vista material el tratamiento de estas cuestiones administrativas podría repugnar al principio de igualdad.
como es sabido. es únicamente entonces cuando podrá el condenado recurrir en amparo. de un lado. en una “supercasación”. en cuya virtud no pocas infracciones penales pasaron a convertirse. sobre todo tras la promulgación de la Ley 339/1990 de Seguridad vial. un procedimiento penal para determinar ese mismo hecho desde el ángulo del Derecho Penal sustantivo. LA PREFERENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL Y EL “NON BIS IN IDEM” Un fenómeno especial de prejudicialidad penal lo constituye la comisión en un mismo hecho (integrado por una o varias acciones) de un ilícito penal y otro administrativo. un procedimiento administrativo sancionador para aplicar la pertinente sanción y. si la condena incide en el derecho a la libertad. así. lo que es lo mismo. suspendiendo el procedimiento. para estimar el amparo es indiscutible. Si no lo hiciera así o si. mediante la sola invocación del derecho a la tutela por el carácter irrazonable de la resolución. materiales y procesales. en especial. para ello. 17. De entre todas las medidas orgánicas. Pero. es necesario que la condena lo sea a una pena privativa de libertad o. durante y a partir de la década de los años 1.Vicente Gimeno Sendra este sentido. dictara sentencia de condena por haber resuelto la cuestión en sentido desfavorable al acusado y contradictorio con el pronunciamiento del órgano civil o administrativo. la cual aconsejó al Consejo de Europa a dictar la Recomendación 18/1987 de su Consejo de Ministros sobre medidas de simplificación de la Justicia Penal. el Tribunal Constitucional se convertiría. el legislador español secundó fundamentalmente las materiales y. STC 2/2003) y. pues dicho Tribunal no puede permanecer ajeno a todo lo que afecte a los derechos fundamentales y.E. 1. como cuestión de fondo en el juicio oral. puede incoarse. Sin embargo. en todo caso.1 C. 14 . de otro. Una vez denunciada ante el órgano penal su incompetencia para conocer de la cuestión devolutiva. incida en el derecho fundamental a la libertad del art. dentro de esta política merece destacarse la Ley 3/1989 de “descriminalización” del Código Penal. en ilícitos administrativos.. en cualquier otro caso.C.990. que aconsejó adoptar a los Parlamentos europeos la referida Recomendación. la legitimación del T. al derecho a la libertad (STC 245/1991). 4 LECRIM suspender el procedimiento penal hasta tanto recaiga sentencia firme en el proceso civil o administrativo. al revisar la aplicación del Derecho efectuada por los Tribunales penales. pues. Antecedentes y relevancia Esta posibilidad se incrementó notablemente. En tal supuesto. como consecuencia de la sobrecarga de trabajo de la Jurisdicción Penal. VI. deberá “ex” art.980-1. en una tercera instancia y el recurso de amparo.
Lo cierto es que. 7 del R. a los efectos de la prohibición del “non bis in idem”. 14/1999). Austria). desde la STEDH de 21 de febrero de 1984. 159/1987. en los casos en que se aprecie identidad del sujeto. 5 del mismo Decreto impidiera la irrogación de una sanción administrativa por un hecho cubierto por la cosa juzgada penal. 77/1983. caso “Gradinger” c. Austria..“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. 4 del Protocolo núm.C. Austria. de entre las que se encuentra la prohibición del “non bis in idem”. el procedimiento administrativo sancionador ha de respetar todas las garantías. La doctrina del T. coincide con la del TEDH en la exigencia de que las principales garantías del Derecho Penal (el principio de legalidad) y del Derecho Procesal Penal son asimismo reclamables en el procedimiento administrativo sancionador. desde la STC 18/1981 similar doctrina. en este extremo.com. 234/1991. aunque no siempre unánime. de denunciar el hecho ante la Jurisdicción Penal y de suspender el procedimiento sancionador hasta tanto recayera sentencia penal) o que el art. de 30 de mayo de 2002. las principales garantías de los arts. D. ha declarado que. han sido muchos los amparos. 152/2001. 2/2003…). principalmente en temas de contravenciones a la seguridad vial y de comisión de delitos por funcionarios. C. RGDPR. acerca del cual el Tribunal Constitucional guarda ya una copiosa. si bien cada Estado es libre de despenalizar o no los delitos y convertirlos en ilícitos administrativos. 177/1999. 279/1994. cuando el hecho fuere constitutivo de delito.. a los mismos hechos. Austria. bajo ciertas modulaciones. contenidas en el CEDH. c. en los que se ha invocado la infracción del “non bis in idem”. caso “Sallen” c. que el art. 197/1995. n. efectuada por el art. hecho y fundamento”). También el Tribunal Constitucional ha suscrito. de 29 de mayo de 2001. es cuestión pacífica en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. de una sanción penal y otra administrativa (SSTEDH de 23 de octubre de 1995. de 6 de junio de 2002. 2. caso “Franz Fischer” c. Así. dictada en el caso Öztürk contra la RFA. jurisprudencia (SSTC 2/1981. 204/1996. materiales y procesales. 1398/1993 estableciera el principio de preferencia de la Jurisdicción penal sobre el procedimiento administrativo (estableciéndose la obligación de la Administración. 133 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) proclamara la prohibición del “non bis in idem” (“no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente.º 1. 154/1990. en la práctica. El punto de partida de la doctrina del T. pero todavía no suscrito por el Reino de España). Asimismo. junio 2003 De poco sirvió que el art. la de que. F. 66/1986. caso W. 7 a dicho Convenio (firmado. llegando a proclamar que. 24 y 25 han de estar presentes en el procedimiento administrativo sancionador (SSTC 18/1981. 15 . iustel.”. dicho principio ha de estar presente también en los supuestos de aplicación.
el momento actual. FJ 2. el art. Asimismo. hecho y fundamento” (STC 2/1981. de 1.973.E. C. el T. de 20 de mayo. 154/1990. FJ 2. no parece que se justifique. el T. limitaba a los supuestos de imposición de sanciones penales (STC 159/1985. a prever como sanción muy grave “cualquier conducta constitutiva de delito doloso” (así. y 204/1996. de 16 de diciembre. C. de 1. (y en el referido art. debiendo suspender esta última las actuaciones hasta tanto recaiga sentencia penal firme. desde la STC 77/1983. tras la promulgación del C. sobre un mismo hecho. 234/1991. de 16 de diciembre. 30/1990. Dicha dualidad sancionadora proscrita. hasta esa fecha. pero no a la concurrencia mixta de sanciones penales y administrativas (STC 154/1990).P. de 26 de octubre. el cual se caracterizaba por la lenidad de las penas de los delitos cometidos por funcionarios.P. FJ 4. como reconoce la STC 2/2003. C. reiterado entre muchas en las SSTC 66/1986. 206 del Reglamento de Disciplina de la Policía Gubernativa de 1. ha declarado la preferencia de la Jurisdicción Penal sobre la Administrativa. 7 al CEDH. al concurso aparente de Leyes. de 17 de octubre. AATC 600/1987.975) y a establecer sanciones administrativas más graves que las contenidas en el C. si bien pudo estar justificada durante la vigencia del C. 234/1991…). “sólo ha reconocido de manera expresa autonomía al derecho a no ser sometido a un doble procedimiento sancionador cuando se trata de un doble proceso penal (STC 159/1987. 413/1990. nuestro T. penales y administrativas. de 1 de junio. el T. FJ 5. 154/1990. de 15 de octubre. pues. a la Administración irrogarle una sanción administrativa más grave por el solo motivo de haber cometido un “delito doloso” (STC 2/1981. de modo que la mera coexistencia de procedimientos sancionadores —administrativo y penal— que no ocasiona una doble sanción no ha adquirido relevancia constitucional en el marco de este derecho (STC 98/1989.” También ha permitido y legitimado en este extremo la legislación de funcionarios. Pero las diferencias con la doctrina del TEDH siguen permaneciendo notables. ha propugnado la 16 . 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). ATC 1001/1987. C. ha sido extendida. y separándose de la doctrina del TEDH. así como en el art. FJ 3. 270/1994. Asimismo. 25 C. FJ 2). 204/1996) o administrativas entre sí. a partir de la excelente la STC 177/1999 (cuya tesis en este extremo ha sido ratificada por la STC del Pleno 2/2003). con posterioridad a la condena penal de un funcionario. que suele autorizar.Vicente Gimeno Sendra En lo que al “non bis in idem” se refiere. que. de 26 de noviembre). 14. el cual veda la imposición de una dualidad de sanciones “en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto. de 16 de septiembre). de 26 de mayo.995 y el notable incremento de las penas de los delitos cometidos por funcionarios. para los delitos cometidos por funcionarios públicos. lo que obligó a la Administración a reforzar su estatuto funcionarial. ha reconocido que se encuentra recogido en el principio de legalidad del art. en un principio el T.P. C. 4 del Protocolo núm. Esta solución.
la afirmación de que el “non bis in idem” es aplicable a la concurrencia. la reafirmación de la preferencia de la Jurisdicción Penal y el levantamiento de la carga (que la STC 152/2001 había impuesto como motivo de inadmisión) del particular de denunciar el derecho fundamental vulnerado en el procedimiento administrativo previo al penal. En el otro lado de la balanza.. en lo sucesivo. integra una obligación de la Administración la suspensión del procedimiento hasta que recaiga sentencia penal (F. (conducción bajo la influencia de la ingestión de bebidas alcohólicas) y el art. en tal caso. llegando a proponer al legislador que establezca normas de concurso que obliguen a dicho Tribunal a subsumir y computar la sanción administrativa en la condena penal (F. que aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico. 9. junio 2003 “compensación” de condenas administrativas y penales. de la que destacamos sus aspectos más positivos o sobresalientes: a) en primer lugar.J. a los efectos del “non bis in idem” (la cual tan sólo resulta cierta en su aspecto formal e incluso en el material de los efectos prejudiciales. 6). por tanto.7) y. diferencia al acto administrativo de la sentencia). 12. no impugnados ante la Jurisdicción contenciosoadministrativo no poseen fuerza de cosa juzgada (F. que. iustel.”. 8). n..1) y a la libertad (art. pues “no basta la mera declaración de imposición de la sanción.P. en el que la Administración no respetó el principio de preferencia de la Jurisdicción penal y dictó una sanción administrativa. de 25 de julio. ha recibido su refrendo por la STC 2/2003 (F. C. ha tenido ocasión de rectificar y fijar su doctrina en la STC 2/2003. si se procede a su descuento”.º 1.J.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990. como solución superadora del “non bis in idem”. no son equiparables a las Sentencias. RGDPR. de tal suerte que. Hasta tal punto de división y de confusión ha llegado la nada pacífica jurisprudencia del T. b) y.J.J. 6) al afirmar que. pero posteriormente el Tribunal Penal tomó en cuenta el cumplimiento de esta sanción para determinar la cuantía de la pena.4).com. de 16 de Enero. pueden situarse el sostenimiento de las siguientes cuestionables doctrinas: a) el mantenimiento de la compensación por el Tribunal Penal de la sanción administrativa en el cómputo de la pena. circulación de vehículos a motor y seguridad vial (prohibición de conducción bajo determinada tasa de alcohol. b) la afirmación de que los actos administrativos firmes. sobre un mismo. de sanciones administrativas y penales. 379 C. 17)-. que. a un procedimiento sancionador sencillo no le es de aplicación la interdicción del “non bis in idem”. 17 . mediante el avocamiento de un amparo al Pleno. c) la polémica tesis -después de reconocer que la doble incriminación atenta a la seguridad jurídica (art. según la cual. de tal suerte que en la STC 105/2001 desestimó un recurso de amparo. llegando a reclamar la existencia de la necesaria identidad del hecho entre el delito del art.J. en nada sustancial. en segundo. porque no le son equiparables las garantías del proceso penal (F. no existe infracción del “non bis in idem”.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. pero no en el de su inmutabilidad y ejecutoriedad. doctrina que.
posterior a la sanción administrativa.002).F.el TEDH estimó la vulneración del “non bis in idem” (art.).3 C. de 6 de Junio de 2. Idéntica doctrina se reproduce en las SSTEDH. si ésta emanara de un Tribunal Penal. porque “existen casos en los que un acto.C. 3. 4 del Protocolo 7 al CEDH).J. Ello es lo que sucede ante la doble incriminación. de 23 de Octubre de 1. 25 y 117. La doctrina del TEDH Del examen de las notas esenciales de la doctrina constitucional sobre el “non bis in idem” cabe destacar que se adecua a la misma en todo lo referente a la supremacía de la Jurisdicción Penal sobre el procedimiento administrativo y en la reciente inclusión de los ilícitos administrativos en concurrencia con los penales a los efectos de dicha regla de prohibición. Austria”. 5). como consecuencia de la comisión de un delito contra la salud pública por tenencia.995 (en el que igualmente se trataba de un homicidio por imprudencia en estado de embriaguez). en la STEDH “Franz Fischer” contra Austria.002 (concurso entre conducción bajo estado etílico y lesiones por imprudencia) y “Gradinger” c. 18 . “Sailer c. Austria (STEDH. que puede suceder. conclusión a la que llega con manifiesta revisión de la doctrina sustentada en la STC 177/1999 (F. como de la existencia de superiores garantías en el proceso penal que en el administrativo sancionador. el Tribunal debe examinar si dichos delitos tienen o no los mismos elementos esenciales”. sobre todo.E.Vicente Gimeno Sendra c) la imposibilidad del T. penal y administrativa. en los concursos ideales de delitos en los que. Así.001 [TEDH 2001\352] -en el que se trataba de un recurrente que. Pero se distancia notablemente de ella. por ejemplo. a primera vista. el TEDH no ha estimado la violación del “non bis in idem”. Por el contrario. cuando permite la compensación de sanciones administrativas en la condena penal y. para su venta. Austria. bien la propia Jurisdicción Penal aplican normas heterogéneas. por haber conducido ebrio causó un accidente con una víctima. c. W. parece constituir más de un delito. “…cuando diferentes delitos basados en un acto son perseguidos consecutivamente. mientras que un examen más atento muestra que únicamente debe ser perseguido un delito porque abarca todos los ilícitos contenidos en los otros…”. de anular la segunda sanción. de droga. de 29 de Mayo de 2. tanto desde la preferencia de la Jurisdicción Penal y su monopolio de imposición de penas privativas de libertad (art. bien dos Jurisdicciones. uno después de la resolución firme sobre otro. siendo sancionado por el ilícito de alcoholemia por la Autoridad administrativa y por el homicidio imprudente por un Tribunal Penal. cuando prohíbe la anulación de una condena penal. si en la individualización de la pena tuvo en cuenta dicho descuento del “quantum” de sanción administrativa. de 30 de Mayo de 2.
supuesto contemplado por la STS. Y así. en el que. El objeto de ambos procedimientos ha de ser. tanto cuando un mismo hecho recibe una duplicidad de sanciones penales o administrativas entre sí. no solo el supuesto de concurso de Leyes.998). los concursos de Leyes y reales de delitos o de ilícitos administrativos han de quedar cubiertos por la unidad del hecho y por el “ne bis in idem”. en los concursos ideales.. ha de complementarse con la naturaleza del bien jurídico. no obstante las reiteradas sanciones administrativas sigue efectuando vertidos tóxicos a un río. El hecho histórico. pero no puede suceder otro tanto con los ilícitos o delitos continuados (así. que acontece cuando el hecho merece un mismo juicio de reproche. y un delito de contrabando. en el que el concurso de normas es heterogéneo (así. sobre todo. y 4) En todos los supuestos de infracción del “non bis in idem” es indiferente que se haya efectuado la compensación de sanciones o que la sanción penal sea anterior o posterior a la administrativa. el de una empresa que. incluida la sentencia penal posterior a la administrativa. supuestos contemplados en el caso “Ponsetti y Chesnel” c. Por esta razón. junio 2003 importada del extranjero. por lo demás. sino también ha de reputarse extensivo al concurso real. tal y como afirma ROXÍN. en cuanto a su fundamento.997) y “Göktan” c.. 2) Por identidad del hecho hay que entender. no ha de ser extensible la prohibición que nos ocupa en los supuestos de concurso ideal. de 2 de Julio de 2. 19 . 3) Por el contrario. el “hecho histórico o natural” (SCHMIDT. como por la Jurisdicción Penal (así. supuesto contemplado en el asunto Oliveira c. se nos manifiesta coherente con la naturaleza del objeto del proceso penal. el cual no puede diferir del administrativo sancionador. por ejemplo. desde este somero examen de la jurisprudencia del TEDH sobre la materia cabe inferir las siguientes conclusiones: 1) La infracción de la prohibición del “non bis in idem” sucede. RGDPR. la conducción bajo estado de embriaguez). por ejemplo. como cuando ese mismo hecho es objeto de una sanción administrativa y de una condena penal. KLEICHNECHT. 2.”. n. Francia (DTEDH.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”.º 1. Suiza (STEDH. cuando la conducción bajo el estado de embriaguez provoca un accidente con resultado de lesiones o muerte). iustel. dentro de una misma unidad del hecho. Así. el autor realiza varias acciones distintas susceptibles de ser calificadas como delitos independientes (por ejemplo. tanto por la Administración.002) o de la comisión de un delito de conducción sin el pertinente permiso y la de un delito de lesiones. de 30 de Julio de 1. Francia (STEDH.…).com. como “una unidad según el concepto de la vida” (“nach der Lebenauffassung”). pues. ROXIN. el concurso entre delito contra la salud pública y el de contrabando o la conducción sin permiso y los delitos contra la vida o integridad física). de 19 de Enero). Esta doctrina. debiendo el Tribunal superior anular siempre la última.ª. 7/2002. entendido. si el bien jurídico es homogéneo. de 14 de Septiembre de 1.
O. (6. sin que pueda servir de pretexto la ausencia de ratificación del Protocolo núm.994.C. L. del hecho y del fundamento”) y que ha sido asumido por la STC 2/2003. 17 de Noviembre de 1. llega a propugnar como solución “de lege ferenda”. tratándose de la comisión por un ciudadano de un mismo ilícito. dos frentes procesales.O. no debiera estimarse esta infracción. concurso de delitos de tráfico de estupefacientes y contrabando). sobre el “non bis in idem” no se manifiesta totalmente coherente con la del TEDH. porque. 9 de Mayo de 1.995. 7 del CEDH. penal y administrativo. y ello. 13/1985. debiera entenderse el hecho histórico cometido por una persona determinada y subsumible en tipos penales o administrativos de carácter homogéneo. De aquí que esta tesis se encuentre ya vigente en el ámbito de la Jurisdicción Militar (arts.990. pero. En particular.5 de la L. la doctrina del TEDH permanece de obligado cumplimiento por todos nuestros Juzgados y Tribunales. 10.M. y 85. por cuanto tan sólo podría encontrar su justificación en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción. por lo que debiera ser revisada por nuestro Tribunal Constitucional. y a los efectos de la determinación de la triple identidad del hecho. 133 LERJPAC (“identidad del sujeto. aun cuando dicha circunstancia pudiera provocar la inadmisión de la correspondiente demanda ante el TEDH contra la STC desestimatoria del amparo. La necesidad de garantizar la disciplina militar mediante sanciones administrativas sumarias o de plano. 27 del C. C. a la que se refiere el art. la doctrina del T. 30 de Enero de 1.E. de 16 de Abril.S.Vicente Gimeno Sendra habrá de regir la prohibición del “non bis in idem”.992. la tesis de la compensación en la Sentencia Penal de la sanción administrativa. no me parece satisfactoria.C. 14 de Abril y 6 de Julio de 1.ª. que ha castigado por segunda vez al ciudadano que haya podido sufrir ya una sanción administrativa. sin perjuicio de la ulterior sentencia penal podrían justificar constitucionalmente esta solución de absorción de la sanción administrativa por la condena penal (STS. Pero. en virtud de lo dispuesto en el art. La necesidad de cohonestar la doctrina del T. esta solución le obliga a mantener. si fuera heterogéneo (por ejemplo.997). con la del TEDH Tal y como el lector habrá podido observar. frente al mismo hecho. por cuanto la antijuricidad o juicio de reproche no es el mismo. Sala de lo Militar. que debiera circunscribirse a la tesis de la compensación o absorción de la sanción administrativa por la penal y a la de la imposibilidad de anular la sentencia penal. Por consiguiente. el contencioso-administrativo y el penal con los consiguientes gastos 20 . De aquí la conveniencia de dicha revisión jurisprudencial. 2001/5271. 1 de Diciembre de 1. 4. 2/1989 o Ley Procesal Militar) y haya recibido su refrendo por la jurisprudencia del T. que el T.P.2 de la C.
Y es que. iustel. de que el Estado es dueño de despenalizar conductas y trasladarlas al ámbito del Derecho Administrativo sancionador. bien ante los penales. de tal suerte que no se produzca lo que ha venido a denominarse la “invasión del Derecho Administrativo (y Civil y Mercantil. que permitiera al particular impugnar jurisdiccionalmente la sanción. que remiten “in toto” para la integración de la conducta a otros sectores del ordenamiento. RGDPR. 21 . según el cual el proceso penal ofrece mayores garantías que el administrativo. junio 2003 económicos y personales. monitorio. ni vulneración. es decir. su procedimiento ha de ser plenamente respetuoso y contener todas las garantías de los arts. 24 y 25 C. Somos de la opinión. bien ante los tribunales administrativos. Se hace necesario. material o formal.”. no le evita la doble incriminación con las molestias que le supone permanecer sometido a un proceso penal por la comisión de un ilícito. consistente en evitar los concursos de Leyes. 25. impuesta de plano por los agentes de la Administración. acometer una despenalización de determinados tipos penales en blanco. del que puede haber ya cumplido la pertinente sanción administrativa. el argumento de la STC 2/2003. la mejor política legislativa ha de ser la preventiva. En especial. si adopta esta solución... pues.“Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem”. pues. Pero. si se quiere evitar la infracción del “non bis in idem”. pero nunca con doble incriminación. a la vez que estimula a la Administración a incumplir su obligación de respetar la preferencia de la Jurisdicción Penal y de suspender el expediente sancionador hasta tanto recaiga sentencia penal sobre ese mismo hecho. si se quiere evitar el planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas en el proceso penal y las consiguientes dilaciones que generan y.3). con independencia de que. añadiríamos nosotros) por el Derecho Penal”. aun cuando la Administración no pueda irrogar penas privativas de libertad (art. penal o administrativo. del “non bis in idem”. CONCLUSIÓN De lo expuesto anteriormente la principal conclusión que cabría extraer es la de que.com. no parece convincente. sobre todo. que el ciudadano no quede sometido injustificadamente a “esa grave tragedia” (utilizando palabras de ALONSO MARTÍNEZ en su célebre Exposición de Motivos de la LECRIM) que le supone ser imputado en una instrucción penal.º 1. máxime. en definitiva. la posibilidad de imposición de sanciones económicas y privativas de derechos puede reputarse suficiente para garantizar los fines de prevención de las penas. n. cuando ha podido además haber cumplido ya la sanción que le depara el ordenamiento. puede atentar a la seguridad jurídica. la mejor garantía para el ciudadano ha de ser siempre la de la ausencia de un innecesario proceso penal. En particular. fundamentalmente al Derecho Administrativo. E. Como también podría incluso instaurar un proceso. VII. como afirma NARVÁEZ.
como es el caso de la conducción bajo la influencia del alcohol o de drogas (art. no suele su autor ser condenado a una pena privativa de libertad (lo mismo cabría afirmar con respecto a los delitos contra la ordenación del territorio. tras la creación de los Juzgados de lo contencioso administrativo. En tales casos. y la existencia de un orden jurisdiccional administrativo que.). 321-.P. 322 y s. la protección de la fauna y flora –arts.. sobre todo. 22 .arts. contra el patrimonio histórico –art.). etc.Vicente Gimeno Sendra cuando se trata de delitos que. debiera ser suficiente para evitar la doble tipificación y consiguiente doble incriminación de las conductas. eficacia e incluso con superior rapidez a la justicia penal. 319 y 320-. 24 C. E. la legalidad de los actos administrativos. 402.s. la existencia de un procedimiento sancionador que (diga lo que diga la STC 2/2003) cumple con las garantías del art. 379 C. con independencia.o la usurpación de funciones del art. controla.
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