Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060403.htm
Timestamp: 2018-11-16 17:57:50+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Lunes 3 Abril 2006
De la Vega Rubalcaba.”Demasiado listos o “tontos del haba”
José Luis Palomera Ruiz Periodista Digital 3 Abril 2006
Breve antología a propósito del Estatuto
Ramón Tamames Periodista Digital 3 Abril 2006
Otegui, que no ZP, ya ha dicho la verdad sobre el futuro que nos aguarda tras haber "derrotado a España"
Juan Pablo Mañueco Periodista Digital 3 Abril 2006
Peligroso entusiasmo
Por Germán Yanke ABC 3 Abril 2006
El desprecio del fiscal al Estado de Derecho
EDITORIAL Libertad Digital 3 Abril 2006
España, sobre el tapete del poder
Pablo Sebastián Estrella Digital 3 Abril 2006
Cuando las certezas se tambalean
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO ABC 3 Abril 2006
Cándido! ¿Consejos vendo y para mí no tengo?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 3 Abril 2006
Los efectos de la euforia
Editorial ABC 3 Abril 2006
El z-eta-tuto
Isabel Durán Libertad Digital 3 Abril 2006
Batuta etarra y turismo penitenciario
José Javaloyes Estrella Digital 3 Abril 2006
IGNACIO CAMACHO ABC 3 Abril 2006
Zapatero liquida la nación y, de paso, se deshace del guerrismo
Miguel Ángel Orellana elsemanaldigital 3 Abril 2006
OTEGUI, EL NUEVO AMIGO DE ZAPATERO
Editorial minutodigital 3 Abril 2006
¿Quién quiere la Revolución?
Alfonso Basallo elsemanaldigital 3 Abril 2006
Mediadores a granel
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 3 Abril 2006
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 3 Abril 2006
El Estatut y la lealtad política
Luis de Velasco Estrella Digital 3 Abril 2006
Vidal Quadras aboga por una "campaña intensa" y si Piqué "no está cómodo que se vaya de vacaciones"
Libertad Digital 3 Abril 2006
Cincuenta artículos de la ley audiovisual de Cataluña vulneran la Constitución
24. Llámame
Luis del Pino Libertad Digital 3 Abril 2006
INICATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA ENSEÑANZA EN LENGUA MATERNA Y EL BILINGÜISMO ESCOLAR
CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA Minuto Digital 3 Abril 2006
Es que de verdad hay que tener O-varios, y O- huevos para decir delante de toda España que el estatuto es la “gran bicoca para el pueblo español”, cual octava maravilla del mundo mundial..
¡Vamo ver! Vicepresidenta y Rubalcaba.
Si es estatuto catalán es bueno para España como es que MÁS de la mitad de los Españoles pensamos que no es, ni bueno ni malo, el estatuto incluso para los propios catalanes-no confundir con catalanistas- es un BODRIO ulcerado de idiotez.
¿Saben ustedes cuantos habitantes de Cataluña siguen denunciado las trabas que en determinados colegios les ponen a la hora de enseñar a sus hijos en idioma de sus descendientes-CASTELLANO, lo saben...
Ustedes, erre que erre, insisten en vendernos una moto que no QUEREMOS, ENTIENDEN, no la quieren más de dos tercios de Españoles.
Les repito, ustedes creen que somos todos “tontos del haba” y ustedes los únicos listotes..., modélela y pasiegote...
Sinceramente, me cuesta pensar que ustedes mantienen un pensamiento normal, si ustedes dicen, lo que dicen, en vez de amparados por sus supuestas actitudes para gobernar, en un psiquiátrico, les atan de por vida...
Por última vez, ustedes piensen lo que quieran pensar, pero no piense por los demás, al menos por diez millones de votantes del P.P, ya que estos, les dicen, han dicho y dirán “FUERTE a sus orejas” ¡Que no les GUSTA, el estatuto catalán no les GUSTA nada de nada!.
Que de verdad les agradecen sus esfuerzos por convencerles, pero que NO...Si ustedes quieren les mandan una peluca, pal pasiego y un modelito muy chips para la vicepresidenta, de verdad se lo mandan, pero por favor, dejen ustedes de decir, payasadas en torno al estatuto.
El estatuto es un despropósito absoluto para la unidad de España, además de un mejunje de “dame que te quito y quítame que te doy”.
En fin, manden talla de cabeza y tronco, ya saben para la peluca y el modelito, ok...Gracias majos.
Sin ánimo de molestar a nadie y al hilo de alegrías, renuencias y amarguras en torno al Estatuto de Cataluña, hoy traemos al blog algunas citas que nos parecen oportunas para el momento que vivimos en esta “patria común de todos los españoles” del artículo 2 de la Constitución:
De Antonio Machado en Juan de Mairena:
—De aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos, extremeños, castellanos, antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse.
—Según eso, amigo Mairena, un andaluz andalucista será también un español de segunda clase.
—En efecto —respondía Mairena—: un español de segunda clase y un andaluz de tercera.
De José Ortega y Gasset sobre el Estatuto de Cataluña de 1932:
"¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio".
De Ramón Menéndez Pidal, de su Historia de España:
"¿Qué cultura es la vasca, sino inseparablemente unida a la castellana, para gloria de ambas? Cuando si San Ignacio no hablase en castellano más que en vasco, jamás hubiera podido concebir sus Ejercicios Espirituales, ni hubiera sido Ignacio universal, sino un oscuro Iñigo, perdido en sus montes nativos; si Elcano no tuviera nombre castellano y no guiara una nave de nombre castellano al servicio de ideales fraguados bajo la hegemonía castellana, no hubiera concebido otra empresa marítima que pescar en el golfo de Vizcaya. De igual modo, ni imaginar siquiera se pueden las grandes figuras de catalanes y de gallegos sin ponerles por fondo el reino de Aragón o el de Castilla, como ni concebir tampoco se puede sin esas figuras la historia de Castilla o de Aragón".
De Indalecio Prieto en 1943, desde su exilio mexicano:
“Algunos cosmopolitas de nuevo cuño se burlan de lo que llaman mi patriotismo enfermizo. Para ellos, todo el mundo es lo mismo; para mí, no. Yo no tuve más que una madre, a quien perdí, y una sola Patria, que temo haber perdido para siempre: España. Jamás encontraré modo de sustituirlas".
De Helmut Schmit, al cesar como canciller de Alemania:
"¿El logro más relevante de mi mandato? Haber reducido la autonomía de los Länder en beneficio del poder central, para que Alemania funcione mejor".
De Mitterrand cuando en el país vascofrancés se produjo un leve brote independentista:
"Mientras yo sea presidente de la República no consentiré la emancipación de una sola aldea de Francia".
Pero parece que por aquí no nos enteramos, porque estamos en pleno puerto de arrebatacapas. Y ya, ni siquiera cabe gritar: ¡Viva la Pepa!, porque aquella constitución de 1812, como la de 1978, ya no sirve de inspiración a los prevalentes cartoclastas (rompedores de Cartas Magnas).
UNA VEZ QUE HASTA Alfonso Guerra, en contra de sus convicciones, que sigue manifestando en privado a muchos otros de sus conmilitones...
...se ha plegado a las órdenes de quien le echa de comer en el comedero del PSOE (Pesebre Sucursalista Organillero del Estatut) y que éste ha sellado la traición a sus electores para unir su destino al PPC (Partido Patricio Catalán, de carácter único, aunque desagregado en varias siglas, durante los tiempos de Franco y ahora mismo), es tiempo de que se inicie una nueva comedia por el norte, donde ZPerjuro encabezará a sus huestes del Partido de los Tontos Útiles (PATONTU, antes PSOE) para la nueva representación que nos aguarda, cuyo libreto ya está escrito y publicado, como ahora comentaremos.
Antes permítasenos probar una vez más la falacia que los Profesionales del Sillón Obtenido Enfoscándose, Envainándosela, Enlistándose y Enmudeciéndose (PSOEEEE) están obligados a mentir si quieren conservar sus puestos: quienes crispan no son ellos con sus rupturas constitucionales sino esos Pobres Pardillos del PP.
Si este último pesebre, el de los pardillos, tuviera un gramo de contundencia... ya habría empapelado los distritos electorales de sus oponentes con carteles a gran tamaño en que se mostrara a cada diputado provincial en el momento en que votaba el desmantelamiento de la Constitución del 78, el pasado 30 de marzo, con una leyenda a grandes letras que indicara simplemente: “Perjuro”.
Con eso, ni siquiera Pepe Bono podría volver por su provincia, aunque se ausente de su escaño azul en el momento de la votación... para seguir oculto y camuflado tras el Gobierno. Y sin crispar nada, sólo describiendo la realidad, que es tan cruda y tan sencilla de entender como eso...
Ahora, ZP ya ha cambiado su brújula, a fin de que el PSOE sea también el Partido Seguidista Organillero u Orgallinero de Euskadi.
La verdad no nos la ha contado él, lo cual sería un imposible en boca de Zapahuero, sino Arnaldo Otegui, porque a este grado de vileza moral ha llegado el Gobierno español: su palabra, incluso en el Parlamento, vale mucho menos que la de los terroristas. Ha mantenido contactos secretos desde siempre y después, cuando comiencen los contactos públicos oficiales, continuará teniendo “negociaciones discretas” bilaterales con la banda, donde se pactará todo lo que no esté ya pactado, a estas horas.
Aquí tienen la entrevista completa que publicó “Gara” el viernes 31 de marzo y ahí se leen los pasos exactos que ya se han dado y los que nos aguardan.
La exigencia única que se le impone a Zapahuero, después de que ETA presuma de "haber derrotado a la Transición española": la autodeterminación de Euskal Herria. De lo contrario, “el conflicto se alargará... hasta que se resuelva”.
Si ZP ya la ha concedido, que lo diga y nos evite la nueva comedia “muy larga y difícil” que nos anuncia, quizá para que nos habituemos a los pasos intermedios.
Si, finalmente, no la va conceder, que no inicie la comedia: los fascistas/comunistas de ETA (porque las dos cosas son) nunca han querido ni querrán otra cosa. Su doble delirio totalitario jamás les ha dejado resquicio para otro “diálogo”.
Mantener la esperanza tras el «alto el fuego permanente» de ETA es algo que exige voluntad y esfuerzo y yo, no sin sentirlo, empiezo a mosquearme. Quizá sea algo pasajero, porque lo que haya de venir no será fácil, pero ahora, al parecer, estamos en esa peligrosa fase en la que se desliza el más absurdo de los entusiasmos: el que se expresa, con mayor o menor acento, por la banda y sus conmilitones.
El presidente del Gobierno, entrevistado en Tele 5, dice que Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz y por abrir una etapa política distinta en el País Vasco. Como resumen de lo que ha sido Batasuna en los últimos tiempos no tiene desperdicio este entusiasmo retórico del Gobierno. Se comprende que se quiera restar importancia mediática a la aprobación en el Congreso del Estatuto -que se produjo el mismo día de la entrevista-, pero las declaraciones reiteradas de los dirigentes socialistas sobre las maravillas del «proceso», el logro de un «sueño» (que Rodríguez Zapatero ha repetido este fin de semana en Cornellá), la acertada actitud del entorno de ETA, etc., pertenecen más a la fogosidad del ánimo que al realismo de la política, que, salvo dogmatismos, suele ser más escéptico.
Pero el presidente y sus próximos forman parte de una estela en la que, en primer lugar, y sin que sea una metáfora, se pide la oposición y a los ciudadanos en general que sonrían. Gerry Adams, entrevistado ayer en «El País», afirma, sin que aparentemente se le revuelva el estómago, que el anuncio de ETA es una decisión «muy valiente». Y aquí, los entusiastas siguen asintiendo o aplaudiendo.
Pero Adams, además, cuenta que lleva mucho tiempo asesorando a Batasuna y diciendo a Clinton, al Gobierno irlandés, a Blair y al sursum corda que la banda quería el «proceso de paz». Mucho tiempo, dice. Y luego los curas, que aparecen en legión como en las viejas misiones. El irlandés Alec Reid, esperado y celebrado ya en Madrid, que entiende la democracia, y no sé si la religión, como el procedimiento para que ceda el adversario y que pretende colarnos la especie de que lo que ha ocurrido ahora es que los atacados se han dado cuenta de que los atacantes no querían hacer daño. Así que, según todos ellos (y los entusiastas), los muertos, los chantajes y las amenazas de estos últimos diez años, las bombas de hace unos días, las extorsiones económicas no canceladas aún y el totalitarismo de cada pronunciamiento han sido, sencillamente, un largo «proceso de maduración».
Uno espera, valga la palabra para sostener la esperanza, que Clinton, Blair, el Gobierno irlandés y hasta una parte de los entusiastas que nos rodean sepan que ese militar «alto el fuego» es fruto de la persecución del terrorismo por el Estado de Derecho y la cooperación internacional. Ahora se trata de aprovechar la circunstancia, claro, pero el verdadero entusiasmo, el que debe presidir lo que siga, es el del éxito de una larga batalla de la democracia contra el terrorismo.
Un día después de que los aliados separatistas de Zapatero se sumaran a los proetarras de Batasuna en una manifestación para exigir la amnistía de los presos de la banda y la independencia del País Vasco, el dirigente batasuno Pernando Barrena ha comunicado al Gobierno vasco que el lehendakari tendrá que esperar a que Arnaldo Otegi salga de la cárcel para llevar a cabo la ronda de partidos en la que el lehendakari ha incluido a la formación ilegalizada.
Ante este clamoroso desprecio a la legalidad supuestamente vigente, el Fiscal General del Estado ha salido a la palestra para reclamar a todos "respeto y prudencia". Los destinatarios de este llamamiento de Conde Pumpido no han sido, sin embargo, todos estos separatistas que, de forma tan ostentosa, muestran su desprecio a la Ley de Partidos, sino a una inmensa y silenciada mayoría ciudadana que rechaza la pronta excarcelación de Otegi, para quien la Fiscalía no reclamó prisión incondicional.
Conociendo al personaje, a nadie debe extrañar que el fiscal de Zapatero no tome cartas en el asunto y que, por el contrario, se sume a quienes desprecian la legalidad vigente. Ello no es óbice, sin embargo, para que no lo denunciemos, silencio que contribuiría a la progresiva insensibilización ciudadana a la que nos quiere someter el gobierno del 14-M, en pro de su "pacífica" alianza electoral con la organización terrorista.
El Partido Popular está obligado a hacer un firme y claro seguimiento público a las supuestas "líneas rojas" que Rajoy marcó a Zapatero en la Moncloa, a cambio de su apoyo a este mal llamado "proceso de paz". Tras la espléndida intervención parlamentaria, un día después, del dirigente popular contra el estatuto catalán, dirigentes nacionalistas como Artur Mas han reclamado para el estatuto catalán el mismo "respeto" y la misma "moderación" que, según el dirigente de CiU, el PP ha mostrado al "proceso planteado en el País Vasco", una vez que se ha conocido el comunicado de tregua.
Tal vez sea exagerada la apreciación de Mas, y lo que hay en realidad en el PP es una distinta medición de los tiempos respecto al estatuto catalán –ya aprobado en el Congreso– con el que pronto se planteará en el País Vasco. Sin embargo, aunque el PP prefiriera esperar a denunciar ese inminente precio político del gobierno del 14-M a los separatistas vascos en forma de estatuto soberanista, Rajoy no tiene porque esperar para denunciar públicamente la nueva burla de la Ley de Partidos que el gobierno del 14-M ya ha vuelto a hacer gala a los pocos días del encuentro con Zapatero en Moncloa.
Sin duda el narcótico de la "paz" busca anestesiar mediáticamente a la opinión pública respecto a los pagos políticos en el País Vasco. El PP no puede, sin suicidarse, buscar acomodo en esa progresiva insensibilización moral y política a la que se nos quiere someter.
Lo que está ocurriendo en España en torno al modelo de Estado, y la identidad y unidad nacional no es sólo una cuestión y responsabilidad de la clase política. En este tobogán infernal, que ahora viaja desde Cataluña al País Vasco para cubrir su segunda etapa, han participado y actúan de manera definitiva —sin su concurso todo esto sería imposible— los grandes medios de comunicación, empresarios y grupos financieros y bancarios. Lo que, con los anteriores gobiernos del PSOE o con los del PP, siempre se ha llamado el Régimen. La novedad en este caso, y en este juego de política e intereses, está en que en esta ocasión es el nombre de España el que se halla en juego sobre el tapete verde del gran casino o sistema de pactos y repartos del botín español.
De todas las imágenes que han ocupado los primeros planos de la actualidad española en los últimos días, la más significativa quizá sea la del pasado jueves cuando Alfonso Guerra salió con prisas del hemiciclo del Congreso de los Diputados para evitar a los periodistas tras votar a favor del Estatuto que reconoce a Cataluña como nación. Las de este fin de semana en Bilbao, con la ilegal Batasuna ocupando las calles y pidiendo el regreso de sus presos etarras y la independencia del País Vasco, no es nueva, aunque se escapa del marco legal vigente en España. Y la de Zapatero en Cornellá diciendo que él prefiere abrazar a Cataluña aunque sea dando la espalda a España tampoco es nada que nos llame la atención, visto lo ocurrido en los últimos meses desde que el presidente dijo que la nación española es discutida y discutible.
La espantada de Guerra, por su mala conciencia o por su desvergüenza política al votar el Estatuto que rechazó semanas atrás, era la viva imagen de la traición del PSOE a la nación española y al modelo constitucional del Estado pactado en 1978, camino de otra España que nadie está en condiciones de definir. Aunque sabemos que está en marcha y pendiente de un segundo impulso hacia no se sabe dónde por causa del mal llamado “proceso de paz” del País Vasco, donde Batasuna está adquiriendo, al margen de la ley, el mismo protagonismo que tuvo la Esquerra Republicana en el arranque del Estatuto de Cataluña, al que se acabará subiendo a pesar del paréntesis actual en sus relaciones con el PSC-PSOE.
En efecto, ERC y Batasuna, las dos minorías nacionalistas, radicales e independentistas, están en el origen del nuevo diseño y desfiguración de España. Los seguidores de Carod-Rovira, como los garantes de la estabilidad política del Gobierno de Zapatero, y los de Otegi, como impulsores de una rendición pactada de ETA —que tarde o temprano sería imparable por el deterioro de la banda y su soledad internacional— que por ahora otorga a Zapatero el aparente triunfo del final de la violencia terrorista. Un logro en teoría muy barato aunque incluya la pérdida de identidad y unidad de España, porque este profundo cambio —de espaldas a la soberanía nacional— no se hará visible a corto plazo aunque los riesgos que incluye el segundo salto en el vacío, de pacto con Batasuna y ETA sobre el futuro de Euskadi, está preñado de altos riesgos y crecientes tensiones en la sociedad española.
Las que en otra época hubieran sido denunciadas no sólo por el PP sino también por el PSOE, partido del que han desaparecido todos los dirigentes de altura y cuyo centro de poder oscila entre el palacio de la Moncloa y la presidencia del Grupo Prisa, ambos de común acuerdo en dos cosas esenciales: mantener el poder al precio que sea —“como sea”, que le gusta decir a Zapatero— y repartirlo equitativamente entre el partido y sus grandes empresas, grupos financieros y medios de comunicación afines.
Por ejemplo: la aparición de los dos nuevos canales de televisión, Cuatro y La Sexta, ambos en la órbita del PSOE y beneficiarios del Mundial de fútbol, son botones de muestra del festín de los grandes repartos donde el poder político, el dinero —véanse los descaros de la Moncloa a la famosa OPA de Gas Natural y La Caixa contra Endesa como moneda de cambio con los nacionalistas para el pacto de Mas con Zapatero en el Estatuto catalán— y la influencia mediática desempeñan un papel determinante en la acción política.
Pero nada de esto es nuevo. Ya ocurrió con los gobiernos de Felipe González y también con los de José María Aznar. La novedad en el tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero estriba en que por primera vez, desde el inicio de la transición, se ha incluido sobre el tapete del gran casino nacional del poder y de los repartos —lo de Marbella es un simple alegoría de chorizos de poca monta— la unidad y la identidad de España como moneda de cambio para satisfacer el creciente poder e influencia de los nacionalistas radicales o moderados que han encontrado en el palacio de la Moncloa el croupier sin escrúpulos que permite sentarse a la mesa a cualquier aventurero, llámense Carod u Otegi, con la condición en este último caso de dejar las armas fuera de este casino nacional donde, por supuesto, hay normas de cortesía y salas VIPS para los jugadores de primer nivel: los editores, financieros, empresarios y banqueros del nuevo régimen aun por diseñar y en plena ebullición.
Lo más asombroso de esta bacanal del poder que se está celebrando ante los ojos de los españoles es el convencimiento de Zapatero y sus compañeros de viaje de que no pasa nada, de que nunca pasa nada. Nos lo dijo una vez en el Congreso de los Diputados: “¿Os acordáis de la bronca montada contra la ley de matrimonios homosexuales? Pues ya no queda nada, no pasó nada”. El presidente imagina que lo de la España confederal —que el diario El País apadrina como federal— o la negociación con ETA a cualquier precio tiene la misma trascendencia que lo de los matrimonios gays. Que de lo que se trata es de educar a los españoles para que acepten el Estado confederal, en vez de hacer lo contrario con los nacionalistas, que en este tiempo llevan la iniciativa y tienen en sus manos las llaves de la gobernabilidad.
No pasa nada, no pasará nada. Éste es el convencimiento que se tiene en la Moncloa sobre la situación actual. Sobre todo porque están seguros de que el PP actual, como única oposición, no tiene mucha credibilidad porque todavía arrastra las mentiras del 11M y de la guerra de Iraq, así como sus pasadas broncas con los nacionalistas. Y porque los pocos medios que hoy son críticos con el Gobierno o son minoritarios en difusión, o entran por la puerta trasera en el casino del reparto del poder, a ver si el Gobierno les arregla sus negocios editoriales y de televisión —como ocurre con los editores vascos y los catalanes, Vocento, Planeta y Godó—, o se han echado al monte —hacia las lejanas montañas de las mochilas del 11M— y de la extrema derecha, como ocurre con los mal llamados medios liberales y católicos, El Mundo y la COPE.
Y también porque en los cálculos del Gobierno y del PSOE está, sobre todo, el objetivo de las elecciones generales del 2008, demasiado cercanas para que se note el disparate de la soterrada reforma constitucional y ataque a la unidad e identidad nacional hoy en curso. Como dice Zapatero, mientras sonríe, de momento no pasa nada, son cosas de la derecha, alucinaciones de patriotas de hojalata, los lamentos de una derecha anticuada y ancestral. En la izquierda política e intelectual apenas se mueve un gato, a lo más ciertos románticos fuera de la realidad —unos cómicos en Cataluña, la trouppe de Boadella—. El resto de dirigentes, Guerra, González, Bono, Ibarra, Vázquez, están huidos (Guerra), escondidos (Bono) y en sus dorados exilios (Vázquez) o pingües negocios (González), y de intelectual (obligados a escoger entre las escuderías de El Mundo o El País), o bien se allanan o desaparecerán.
Por MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO. Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 3 Abril 2006
NO teníamos por que haber llegado hasta aquí, pero ya lo hemos hecho. Puede que se deba, como piensan algunos, a los costes que ha asumido el partido del Gobierno para que sus socios parlamentarios le garanticen estabilidad. Puede, no obstante, que tenga raíces más antiguas y que sea una consecuencia previsible de la deslealtad y la voracidad de los nacionalistas en un sistema de distribución del poder demasiado abierto y flexible. Vivimos tiempos de ruptura; pacífica y no declarada, pero ruptura con un modelo de convivencia política que unos pocos no aceptaron y otros, no tan pocos, aceptaron a regañadientes, con convencimiento de que a medio plazo podrían corregirse los errores propiciados por la voluntad de consenso y la fuerza electoral del centro-derecha.
Dicen que no, que nadie quiere cambiar la Constitución, que simplemente España es una realidad plural, de muchas identidades, que debe ser gobernada con exquisito respeto a esa pluralidad, y en especial a la de las élites políticas de Cataluña y el País Vasco. La izquierda intelectual e historiográfica se empeña en enseñarnos que la idea de nación es una invención; un artificio diseñado que no debemos sacralizar, un invento que podemos cambiar a nuestro antojo según las circunstancias políticas, sin que eso afecte al pilar de la soberanía sobre el que descansa la Constitución.
Tratan de convencernos, además, de que la reacción conservadora ante el nuevo estatuto catalán es fruto de una mala digestión de las reglas de la democracia, una ofensa a la pluralidad de intereses y sentimientos que conviven en España. Al parecer, los conservadores se han empeñado en idealizar el 78, haciendo de la transición una referencia para el inmovilismo.
Los conservadores, mientras, observan atónitos lo que ocurre a su alrededor. Aferrados a los principios constitucionales y convencidos de que la España autonómica ha sido un hecho positivo e irreversible, reiteran las reglas básicas que en buena lógica deberían ser tan incuestionables. Seguros de que ellos no se han movido de la posición política constitucional, liberal y reformista que les permitió refundarse y convertirse en un partido de gobierno, se desconciertan ante una realidad política que no les trata como esperaban. Para su sorpresa, les llaman antidemócratas, les reprochan que estén polarizando la vida política y llegan a acusarles de golpistas. No entienden nada; no comprenden que su lealtad institucional y su mano tendida al pacto sean contestadas con desprecio, y se dividen ante la opción de responder airadamente y elevar el tono de la crítica, o mantener las formas y seguir demostrando moderación y prudencia. No quieren creer que todo lo que les desconcierta y sorprende vaya a terminar del modo que sospechan; prefieren la certidumbre del presente más cercano, la poca certidumbre que les queda. Nada importante ha cambiado por el momento: esa es la ilusión en la que es mejor manejarse a la espera de acontecimientos; seguridad minúscula, rentable a corto plazo.
La vida política española, sin embargo, está cambiando a un ritmo tan acelerado que es casi imposible asimilar lo que ocurre a nuestro alrededor. Los dirigentes del PP lo saben, pero les cuesta asimilarlo. Es comprensible; no pueden eliminarse de un plumazo todas las certidumbres sobre las que descansa nuestra conducta social; hemos de creer, con razón, que las reglas y las convenciones permanecerán aunque el cielo prometa tormenta; necesitamos creerlo para seguir actuando como si nada estuvieran cambiando. La democracia impone una regla que para los partidos con posibilidades de gobierno puede ser una trampa: el acceso al Gobierno pasa por ganar unas elecciones, y si son las inmediatamente próximas, mejor que mejor.
No alejarse demasiado del centro político, presentarse con un discurso moderado y reformista, no contribuir a crispar la vida política, evitar ser identificado por el electorado como una opción reaccionaria, es una estrategia comprensible y natural. Que el PP mantenga esa posición entra dentro de la lógica. Sin embargo, la aceleración del cambio político al que estamos asistiendo quizá empiece a requerir de una digestión alternativa y complementaria. La modificación de gran parte de los supuestos en que se fundaba nuestro análisis de la política está acelerándose, con consecuencias que van a cambiar el tablero en el que habrá que disputar las próximas partidas electorales.
Hay razones para defender los principios que hasta ahora nos habían ayudado a tomar decisiones y articular la alternancia. La reducción del Estado a su mínima expresión es resultado de un proceso más largo que ahora está siendo llevado, queramos verlo o no, a su expresión máxima posible. El problema que se avecina no es tanto si el Estatuto será o no constitucional sino la respuesta que el resto de las comunidades autónomas darán a este proceso de vaciado del poder central y los instrumentos que al final, cuando todas reclamen lo suyo, quedarán en manos de cualquier gobierno nacional para poder ejecutar la tareas mínimas que sólo un Estado moderno bien armado y dotado puede cumplir. En ese sentido, tomar conciencia del problema que se planteará en el momento en que se produzca la alternancia es fundamental para comprender que, sin perder el centro, el desafío no consiste tanto en ganar de cualquier manera las próximas elecciones, como en diseñar una estrategia que permita tener nuevos parámetros para hacer política nacional en un sistema y un Estado que, guste o no, están dejando a marchas forzadas de ser lo que fueron.
Tras más de veinticinco años de democracia impecable y una descentralización intensa y generosa, las pretensiones de los nacionalismos, lejos de moderarse y acomodarse al sistema, se han extremado; habrá que empezar por tomar buena nota de esto y del modo en que su intervencionismo antiliberal les acerca al centro-izquierda y busca excluir y desorientar al PP.
Lo peor de este Gobierno aciago, liberticida, filoetarra, antipopular y antiespañol no es que sea todo eso, amén de escándalo europeo en opas, reopas y contraopas, que ya sería demasiado, sino que no encuentra nunca momento de callarse. Hasta la traición es incapaz de hacerla con discreción. Hasta cuando debería callar no puede parar de hablar. Hasta cuando su miserable comportamiento produce vergüenza ajena es incapaz de dejar de presumir y de dar lecciones de ética al contado, democracia a la remanguillé y liberalismo after hours. Como dice el refrán: consejos vendo y para mí no tengo.
Zapatero ha sido capaz de perpetrar a medias con Artur Mas, con nicotina y cafeína, nocturnidad y alevosía, un nuevo Estatuto catalán que destruye el actual régimen constitucional español, acaba con la nación española como base de la soberanía popular y destruye la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Sin embargo, no ha sido capaz de defender a su criatura en el Congreso, despreciando abiertamente a nuestros representantes democráticos, incluidos los del PSOE, y reservando sus ocurrencias para el primer mitin a favor de ese Estatuto sobre el que no dijo una palabra en el Parlamento. Bien es cierto que el mitin ha sido en Cornellá, feudo de Montilla, el ministro de Industria que aún no ha devuelto los mil millones que le regaló La Caixa y que tampoco acaba de cosechar el éxito vaticinado a sí mismo en la devolución del favor entregando Endesa a los perdonadores de su condición morosa desde un abuso de poder por parte del árbitro que no se ha visto ni en el Camp Nou.
Pero son Peces Barba y Conde Pumpido los que sin duda se llevan la palma irritando al personal, siempre que no sea incondicional. Y aunque lo sea. Es tan tosca, tan zafia su manera de producirse, el uno en melifluo y el otro en listillo, que casi antes de hablar ya han cosechado la bronca. Ambos se han distinguido por vejar a las víctimas del terrorismo y Cándido, además, por humillar a los jueces, instrumentalizar a los fiscales y poner en ridículo cualquier pretensión de independencia o incluso de simple higiene intelectual en el llamado Poder Judicial. Cándido, vanidoso como Peces pero estrenando apenas los humos de la notoriedad, parece empeñado en darnos todos los días con la ETA en las narices. A todos: a las víctimas, a los jueces, a los fiscales, a los políticos, a los ciudadanos y a cualquiera que no sea etarra. No es de extrañar que, en una detención anterior, el terrorista Otegui dijera: "¿Pero sabe esto el fiscal general?".
Después de poner a los fiscales al paso de los abogados de los etarras más sanguinarios, Cándido parece complacerse en el desprestigio del juez Marlaska. Primero le llama la atención por su severidad con el capo batasuno y cuando el juez, privado del apoyo del fiscal, lo manda a la cárcel con fianza no sólo deja que Batasuna, organización ilegal por formar parte de ETA según sentencia del Supremo, recaude públicamente ese dinero sino que pide respeto a las decisiones del mismo juez al que él mismo faltaba al respeto días antes. En cuanto a la prudencia que también pide, reclama u ordena a la opinión pública, la última
LA segunda parte del Barómetro Estacional que hoy publica ABC recoge un vuelco en la opinión de los españoles sobre las expectativas electorales del PSOE y el PP, así como sobre la situación política y económica. La causa única de este cambio drástico es el «alto el fuego» anunciado por ETA, que ha producido dos efectos: por un lado, un sentimiento de satisfacción por el cese, aunque sea provisional, de la violencia; por otro, una capitalización de la situación a favor del Gobierno. Esto último no es un fenómeno excepcional, ante una tregua terrorista. La reacción natural de la sociedad es asociar la decisión de los terroristas de paralizar sus acciones violentas con la eficacia -supuesta o real- de la acción del Gobierno que en cada momento ocupe el poder, estableciendo una suerte de causalidad entre esta y aquella, y sin entrar en juicios de mayor hondura, eludidos por los ciudadanos por efecto de la euforia que provocan las buenas noticias.
Por eso, los datos de la encuesta, siendo muy significativos, se explican en un contexto de impacto emocional colectivo y no es arriesgado presumir que se irán templando con el paso del tiempo. Ahora bien, son datos que se deben tener en cuenta, sobre todo, para diagnosticar el estado de ánimo de los ciudadanos ante una etapa política que va a ser larga, porque el supuesto final dialogado del terrorismo de ETA no ha hecho más que empezar. Por eso entra dentro de lo previsible que el PSOE mejore sus expectativas de estimación de voto, que actualmente se sitúan en el 44,5 por ciento, frente al 39,5 por ciento que le otorgaba el Barómetro del pasado enero. Correlativamente, el PP baja en la estimación de voto desde el 40,4 por ciento que registraba en enero, al actual 36,8 por ciento, y esta variación llega a la preferencia del PSOE como partido ganador para las próximas elecciones y a la valoración de las gestiones del Gobierno y del PP y de los líderes políticos.
A partir de este impulso en las expectativas electorales, la encuesta refleja un «efecto dominó» de la euforia producida por el «alto el fuego», irrumpiendo en valoraciones que sufren alteraciones tan llamativas que sólo se explican por la superposición de la reacción afectiva a cualquier reflexión crítica. Por ejemplo, el 50 por ciento considera que la situación económica es muy buena o buena (frente al 44 por ciento de enero pasado); y el 41 por ciento juzga en los mismos términos la situación política, frente al 28 por ciento del mes de enero. Las previsiones a un año son, sin embargo, mucho menos optimistas. Lo más expresivo de la excepcionalidad del momento es que son diez los ministros que merecen el aprobado de los encuestados, frente a los cinco que lo merecían en enero.
En conjunto, este estudio ha tomado el pulso a un estado de opinión y de emoción causado por un acontecimiento objetivamente importante, como es la tregua de ETA. Dicho esto, resultaría imprudente tanto que el Gobierno y el PSOE dieran por consolidada estas diferencias frente al PP como que el PP las considerara irrelevantes. Probablemente, ninguno hará esto, teniendo en cuenta sus propios antecedentes sobre la evolución de las tendencias electorales y la imposibilidad de protegerse frente a todos los factores incontrolables que afluyen a la voluntad de un ciudadano cuando va a votar. Y en un proceso de negociación con terroristas, esos factores se hacen aún mas incontrolables. Hasta que ETA anunció el «alto el fuego», el PSOE y el PP estaban en empate técnico, con una tendencia constante de subida en la estimación de voto atribuido a los populares. La inversión de posiciones es tan drástica, que sólo con sentido crítico podrán los partidos utilizar estos nuevos indicadores en el diseño de sus estrategias.
Sin duda, es el PP el principal emplazado a analizar la situación con detalle y frialdad, porque en el contexto de las dos entregas de este Barómetro estacional se demuestra que la opinión general cree que está haciendo lo que debe hacer y que, a pesar del tirón electoral que representa el «alto el fuego» para el PSOE, los populares tienen un partido muy sólido y asentado, lo que para Mariano Rajoy es la premisa de su estrategia en la nueva relación establecida con el Ejecutivo socialista. Es seguro que los datos de la encuesta van a ser motivo de análisis, incluso de preocupación, en el PP. Pero no deberían dar pie a nada más, y menos a iniciar un movimiento de vacilación sobre el liderazgo de Rajoy o la continuidad de Ángel Acebes -quizás el dirigente más apreciado por la militancia popular- al frente la organización del partido.
Este es un momento en el que el centro-derecha tiene que saber ejercer su capacidad política en un ambiente complejo para su discurso, cicatero en el reconocimiento de sus méritos y tentador para quienes, tanto fuera como dentro del PP, desearían dar una patada al tablero. Los plazos de esta coyuntura son largos y las reglas del juego vienen impuestas por circuitos ajenos a las instituciones democráticas y a lo que debería ser una relación leal entre el Gobierno y la oposición. Pero la sociedad necesita una oposición de centro-derecha que se inmunice a las coyunturas adversas y afronte, como ha sabido hacerlo en estos dos años, los efectos de un cambio de ciclo que, como todo en política, es reversible. Y para cuando toque un nuevo cambio, ahí debe estar el PP, preparado y unido.
Sin esperar al fin de la tramitación legal pertinente cuyo trámite tiene su paso obligado por el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero se ha erigido en el feudo catalán del ministro Montilla como "progenitor A" in pectore del Estatuto. Sorprenden varias cuestiones. La primera, las enormes prisas del mismísimo presidente en vender lo que él mismo no se atrevió a defender ante la sede de la soberanía nacional tres días antes.
En segundo lugar está el hecho de que el jefe del Ejecutivo inicie la campaña de un referéndum previsto para el 18 de junio, sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Una de dos, o sabe por anticipado el sentido favorable de la sentencia que en su momento emitirá el TC sobre la constitucionalidad del Estatuto o le importa una higa que las urnas estén convocadas sin esperar al pronunciamiento del TC. Cualquiera de las dos hipótesis tiene cabida en el presidente rojo y no son ni contradictorias ni contrapuestas. La primera es de fácil deducción y explicaría por qué mintió Zapatero en la sesión de control al Gobierno al proclamar que el TC había refrendado hasta en dos ocasiones la constitucionalidad del texto. Mentira y gorda.
La segunda presenta un Gobierno capaz de pasar por encima de cualquier procedimiento democrático con tal de conseguir su objetivo. De cualquiera de las formas, Zapatero hace trampas porque contraviene lo que él mismo prometió en su investidura, es decir, aprobar las reformas estatutarias por consenso. Lo que la Cámara Baja aprobó fue exactamente lo contrario, el Estatuto con menor apoyo de la democracia, con sólo el 53 por ciento de los votos.
Por último, el presidente hizo en Cornellá una petición expresa: "Os animo con toda mi alma y esfuerzo a que pongáis las mejores energías de este pueblo culto y cívico que es Cataluña para ganar al paz en el País Vasco". El exhortó presidencial a los 4.500 asistentes al mitin del pistoletazo de salida de la campaña para el referéndum es revelador. Zapatero vinculó la aprobación de su Estatuto con la ansiada paz. La criatura nacida en Perpiñán, cuyo "progenitor B" dejó su apadrinamiento por escrito, ha cobrado vida sin posibilidad de marcha atrás.
El referéndum para el z-eta-tuto está servido.
Antes de preparar la sincronización de su propia salida a la calle con la de otros dos primates del universo terrorista, Petrikorena y Olano, una vez que se depositen las correspondientes fianzas, reclamadas, postuladas y aparentemente recaudadas en una manifestación en Bilbao, con participantes de ERC, Arnaldo Otegi se jactaba en declaraciones a Gara, el órgano batasuno. Se jactaba y presumía de que la izquierda abertzale había “derrotado”, conseguido, que descarrilara la transición y que la Constitución de 1978 quedara, más que averiada, rota y descompuesta.
Ni se marcaba un farol ni exageraba. Pero tampoco la cuestión era ésa, la de los resultados y frutos del empeño etarra desde el primer momento: que la democracia española fracasara a todo evento. A Constitución proclamada y democracia establecida, ETA asesinó a Javier Ybarra. No quería que hubiese dudas ni que existieran equívocos sobre la naturaleza de sus propósitos. Los etarras estaban contra las libertades, aun de forma más rotunda que los más recalcitrantes partidarios de un franquismo que rebasaba, con mucho, los designios del vencedor de la Guerra Civil para después de su muerte. El culmen del inmovilismo, todavía entonces y hasta ahora mismo, eran los descendientes rojos de Sabino Arana: los nazis bolcheviques.
La cuestión ahora es que el autor de ese canto de victoria resulta ponderado por el presidente del Gobierno; elogiado incluso como sujeto conveniente para la paz que se dice buscar, aunque le menoscabe a él mismo el mérito de haber liquidado el consenso con el que se hizo la Constitución y la propia Transición, pero que no bastó para cerrar debidamente el techo de la Norma Mayor para la libertad de los españoles.
Este galimatías sobre la coautoría de la victoria sobre el consenso se habría de explicar, de una vez desde donde corresponde, es decir, desde el propio Gobierno. Otegi disputa el mérito de haberle ganado el pulso a la voluntad de los españoles, a la ley y a la democracia, o sea, a ese compendio de cosas que se llama la Transición, y el presidente del Gobierno dice que ese Otegi es un hombre para la paz. Será para la paz de los cementerios por donde se encuentran repartidos los restos de las víctimas mortales del terrorismo, durante el franquismo y en la democracia. Víctimas a las que este presidente dedica las flores de la retórica peor.
Pero al escándalo del elogio presidencial a Otegi hay que sumar el fondo de inmensa perplejidad generada por el mérito que se atribuye el etarra de ayer y hoy negociador; portavoz y negociador en nombre de los etarras de hoy, unos en la cárcel y otros constituidos en “talde” de reserva, tras de la proclama del alto el fuego indefinido. ¿Cómo y de qué manera consiguió la “izquierda abertzale” que la transición descarrilara y a la normalidad de cinco largos lustros le cambiaran las agujas? ¿Lo consiguió quizás porque ETA pudo presionar en estos dos últimos años, lo que no alcanzó ni consiguió antes, cuando sí mataba porque podía hacerlo? ¿Cómo ha podido obtenerlo? Qué lo explique Otegi, en nombre de los sacudidores de nogales, o que lo explique alguien en nombre de quienes recogen las nueces, cuya nómina se ha ampliado tan perceptiblemente en la presente legislatura.
Que nos digan con urgencia cuáles son las claves de esa taumaturgia. Que reconozca de una vez este Gobierno que él sólo, en únicamente dos años, ha logrado lo que los etarras no consiguieron en casi 30. El “mérito” central es de Rodríguez y de sus aliados, no de Otegi y de la batuta etarra.
Pero más propio que hablar de derrota de la transición sería decir rendición del Gobierno y poco menos que del Estado, porque del dolor del proceso de que habla el presidente del Consejo de Ministros sólo cabe entenderlo como el peso de las capitulaciones del Estado y del Gobierno ante los etarras. Peso tan liviano para él.
Y es a eso a lo que se convoca al jefe de la oposición. Lo que Rodríguez parece buscar en las capitulaciones con el terrorismo etarra —que en Bilbao exigía el sábado amnistía para sus presos e independencia para la mega-Euskadi que incluye Navarra—, no es sólo el estribo para deshacer la Transición, sino darle la vuelta al resultado de ese terrible desencuentro histórico que fue la Guerra Civil, madurada hace 70 años.
La batuta etarra queda ahora establecida como eje del nuevo consenso entre los nacionalistas y el Gobierno de Rodríguez, donde se ofrece hacer un aparte, establecer un reservado, para que la oposición ‘popular’ sea copartícipe en la ceremonia. Queda la cosa, en fin, entre el creer que no se entiende nada y el pensar que se entiende todo, cuando un tercer marzo ha pasado y no hay quien guarde a España de sus Idus. La Transición se hizo desde la ley a la ley, y la Transición se ha deshecho desde el terrorismo, y desde la burla política de la ley, que ha reinstalado a Batasuna en las instituciones y a sus representantes en el turismo penitenciario, para que se filmen nuevos exteriores para la película propagandística de nunca acabar. Goebels no lo hubiera montado mejor. Los nazis, como los comunistas, también tienen sus tontos útiles.
Por IGNACIO CAMACHO ABC 3 Abril 2006
COMO Zapatero se ha metido de lleno en la Segunda Transición, ya le han salido los batasunos a las calles pidiendo amnistía. Y no le piden «estatuto de autonomía» porque a los coleguis de Otegi eso les parece poco, y además ya lo tienen; si acaso, podrían pedir independencia, que rima con clemencia, o autodeterminación, que rima con perdón. La tercera pata del viejo canto de cuando éramos jóvenes era la libertad.
Una libertad política y civil, para todos, no la que reclaman los proetarras para sus presos. La libertad que pedíamos en la Transición era, es, la que el terrorismo les ha quitado a la mitad de los vascos y a numerosos ciudadanos de toda España. Y eso se ve que ahora no cuenta.
Habrá que ver si cuenta la clara voluntad popular de no ceder en materia penal. El principal problema que va a tener el Gobierno en el proceso que ha emprendido es el de manejar las contrapartidas que los etarras le van a pedir por cada gesto. Ni siquiera Zapatero está dispuesto a jugarse en ese envite la mayoría que persigue con su maniobra de acercamiento, y a la que las encuestas le aproximan tras estas semanas de euforia. Las euforias en política son volátiles, y una de las maneras más rápidas de volatilizar ésta es conceder medidas de gracia para los presos de la ETA. Por ahí no van a pasar los ciudadanos... de momento.
Ahora mismo hay españoles que creen que la negociación con ETA va a salir bien, y otros que se muestran pesimistas, pero casi todos coinciden en que de indulto, nada. Ha habido demasiada sangre, demasiado dolor, y demasiada chulería criminal para ver en la calle a los que brindaban con champán en la cárcel tras cada atentado. Otra cosa será lo que nuestros compatriotas estén dispuestos a aceptar, si ETA se desarma y se disuelve, respecto a los presos menos involucrados en el baño de horror de las últimas décadas. Ahí cabe el pesimismo: podemos terminar viendo a varios centenares de Cándidos Aspiazu cruzándose con los familiares de las víctimas, y hasta beneficiándose de subvenciones públicas para montar algún negocio con el que «reinsertarse». Y luego está el acercamiento: ése empezará ya pronto, tiempo al tiempo, pero al menos es reversible.
En el Ulster, con el que tanto y tan incorrectamente se compara ahora este proceso, muchos presos han acabado en sus casas y con pulseritas de control, aunque el Estado se reservó el derecho de volverlos a enchironar por decreto si se torcían las cosas. Aun así, ha sido cuestión de siete años. Consta por el propio ministro que Justicia tiene copia de los papeles de ese acuerdo, y del caso de Italia con las Brigadas Rojas, y que los han estudiado. Este asunto de la «paz» sin guerra, aunque salga bien -hablando en términos pragmáticos, que no morales-, va a revolver muchas tripas. Yo, por lo pronto, voy a pedirle a mi farmacéutico que no me falte el antiácido.
Hace tiempo que ya nadie piensa en el presidente como Bambi. La aprobación del Estatuto catalán le ha permitido coronar su liderazgo en el PSOE y arrinconar a la "vieja guardia".
3 de abril de 2006. La del jueves 30 de marzo de 2006 será una fecha que quedará para siempre grabada en la Historia de España. En un penoso, lamentable y vergonzoso Pleno, el nuevo Estatuto de Cataluña salía adelante. El Congreso de los Diputados cruzó el Rubicón que marca el inicio de la disolución a plazo fijo de la nación española, del Estado-nación que ha sido España desde el siglo XV. Dispuesto a ignorar su fechoría, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sólo salió en la imprescindible foto de la votación y, junto al president Pasqual Maragall, y porque éste se había emperrado.
De espaldas a cuarenta y cinco millones de ciudadanos, Zapatero sacó adelante con el convergente Artur Mas un proyecto alcanzado con nocturnidad y alevosía, con las prisas del furtivo que tiene que valerse de la noche porque le apremia la luz del alba y necesita no dejar rastros, que significa el entierro de la Constitución y de la verdadera soberanía popular.
El derribo de España…
El día de autos, Zapatero ocultó su protagonismo llegando tarde a la Cámara Baja. "El presidente quiso evitar un choque con el líder del PP, Mariano Rajoy, que estropease los pasos dados en su encuentro del pasado martes", dicen en el Palacio de La Moncloa. Y quiere demostrar que, para él, el texto estatutario ya es asunto amortizado, una página pasada.
Es una forma de operar que define la ideología de este iluminado príncipe de la democracia deliberativa que se cree "llamado a transformar radicalmente nuestra sociedad", como dicen sus exégetas de El País, sin que nadie le haya otorgado mandato para ello. En este contexto, la Constitución, las leyes y el respeto a las normas democráticas más elementales son simples inconvenientes sobre los que hay que pasar, porque el fin justifica los medios.
Imbuido del "todo es posible en política", él sabe lo que el pueblo quiere y lo que al pueblo conviene, y por tanto, lo que hay que dar al pueblo sin reparar en medios, aunque sea la laminación del Estado con el visto bueno a una verdadera Carta Magna para Cataluña. Dos años han sido suficientes para que Zapatero inicie una operación de acoso y derribo a España.
…y la muerte del guerrismo
Sin embargo, la aprobación del Estatuto de Cataluña en el Congreso marca un antes y un después en la historia del PSOE. Según entiende una mayoría de sus dirigentes, el guerrismo ha muerto –esta vez sí– definitivamente para dejar paso a Zapatero y a su troupe de radicales dispuestos a poner España patas arriba. Habrá que ver ahora a Alfonso Guerra dando lecciones sobre la Transición que ha hecho posible el más largo periodo de paz y prosperidad conocido en mucho tiempo por estos pagos. Sería como si el etarra Henri Parot disertase sobre el quinto mandamiento, como El Fari descifrando a Kafka en el Ateneo. Hablamos del mismo Guerra –colocado en la portería de la Comisión Constitucional- que, junto a los Francisco Fernández Marugán o los José Acosta, entre otros mandarines, votaron todos a una sí al proyecto de reforma.
Sus diatribas anti-estatutarias, incluso las patéticas amenazas de "me esconderé en los baños de la Cámara Baja para no sufragar ese texto" de algunas de sus señorías, como si hablasen de una ruidosa desbandada infantil a la hora del recreo, quedaron disueltas en aguas de borraja ante la unanimidad registrada en el Grupo Parlamentario Socialista. "Fue una sesión rumana", comenta de aquella manera, arrastrando los pies, un diputado.
La batalla generacional que se asomó en privado ante el neófito leonés fue enterrada bajo siete capas de tierra ante la necesidad de que el barco no se hundiera porque todos –y de esto al PSOE le gusta presumir– eran pasajeros de la misma nave. Estupendo argumento, ejemplo vivo de vergüenza moral. En la mismísima sede de Ferraz lo toman como la confirmación del liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero y del adiós a las viejas familias. "Los guerristas vuelven a ir en patera, como los magrebíes", apuntan en el círculo de confianza del secretario de Organización, José Pepiño Blanco.
ZP, "match point"
Y detrás de Cataluña viene el País Vasco sobre la base de la misma receta: cesión ante las exigencias de Batasuna-ETA. Y el primer paso ha sido el pacto con la propia banda asesina que ha alumbrado el conocido "alto el fuego". A Zapatero le llaman ya Match point, como la película de Woody Allen, porque la pelota acaba cayendo de su lado. Tal y como argumentan varios dirigentes socialistas, poco importaría de qué lado cayera la pelota si el presidente no hubiese corrido todos los riesgos para estar allí, esperando el anuncio de ETA. Todo será una cuestión de precio.
Pero los españoles han pagado ya, y por adelantado, un precio altísimo por culpa del terrorismo etarra: nada menos que la vida de casi mil de sus compatriotas, en un proceso de treinta años de sangre, sudor y lágrimas.
Quizás llegue el día en el que individuos como Otegui sean ensalzados como luchadores por la libertad y la democracia, ya ha ocurrido con conspicuos asesinos que, como Carrillo, sirvieron la mayor parte de su vida al más feroz de los totalitarismos.
Durante años hemos asistido a homenajes a los asesinos de ETA en numerosas poblaciones del País Vasco, homenajes tolerados por las autoridades, cuando no impulsados por ediles nacionalistas. La manifestación de la ilegal Batasuna del sábado, nuevamente consentida en un reiterado insulto al estado de derecho, supone un capitulo más en esta historia de cobardía e indignidad.
Pero lo que nunca soñamos, fue ver como el presidente del gobierno de España, evitaba censurar al jefe de la banda. Hasta en eso Zapatero ha sobrepasado todas las líneas éticas imaginables. En su afán de vender la tregua con ETA ha sido capaz de resaltar el "discurso por la paz" de "Otegi, el líder de la izquierda abertzale", al mismo tiempo que estaba siendo procesado como inductor de los últimos 108 actos de violencia de esa misma izquierda aberzale, penúltimo capitulo de la larga serie de asesinatos, secuestros, extorsiones y coacciones de ese grupo de indeseables. Con razón se jacta el facineroso de "haber derrotado la transición política española", pero esa derrota viene de la mano de la ruptura que Zapatero ha emprendido. Sin su inestimable ayuda Otegui, no podría haber pronunciado esas palabras.
En este abominable proceso en el que nos encontramos se ha aceptado sacrificar la ética y la justicia sin ningún tipo de contemplación al objetivo final de esa paz con ETA. Todo vale, todo se justifica, con tal de que sirva al propósito de lograr que la sociedad duerma tranquila. El PSOE ya lo intentó a través del GAL, rebajándose a la misma altura que ETA al usar la violencia ilegitima para doblegar a la banda, ahora lo intenta por la vía contraria, doblegando ilegítimamente al estado para que la banda deje las armas.
En “La República”, Platón ya argumentaba sobre la necesidad moral para el estado de regir toda su conducta según la justicia, o más precisamente, según la idea de “bien”, principio de buen orden para las sociedades, que nunca debía de dejar de estar subordinado a la ética, porque sin esta ética, la política degeneraría en ambiciones personales o en defensa de intereses particulares de bando, ajenos al bien común.
Es evidente que no es la ética lo que guía las acciones de Zapatero. Con su estrategia para pactar la paz con ETA, sin duda se salvará el PSOE, pero se perderá España.
La propaganda y los clichés peliculeros nos han vendido la burra de que la Revolución Francesa fue algo necesario para acabar con la tiranía, dar el poder al pueblo e impulsar el progreso. Oui mais... es decir, mazo de matices.
Por ejemplo, pocos en la generación analfabeta (made in LOGSE), saben que la Francia del XVIII era una nación próspera y poderosa, necesitada de cambios para corregir abusos, pero quizá hubiera bastado con una reforma. No era precisa una revolución.
De hecho, ¿quién la quería? ¿El pueblo, que luego sería invocado hasta la saciedad como fetiche de un baño de sangre? En absoluto. Era la burguesía, nuevos ricos que, ciegos de ambición, ansiaban ampliar su influencia económica a la esfera política.
La necesidad de la Revolución, contemplada con perspectiva, es muy discutible. Al cabo, generó más problemas que los que teóricamente iba a solucionar, sembró de cadáveres Francia, provocó varias guerras europeas, y, como todas las revoluciones, sustituyó a unos oligarcas por otros nuevos.
Nadie dice que la Constitución del 78 sea la Biblia, y que el régimen de la Transición no tenga defectos, y que, en conclusión, no sea conveniente emprender reformas, pero la aprobación del Estatut es empezar la casa por el tejado y encender una peligrosa mecha que puede cargarse un razonable marco de convivencia política.
Porque el texto aprobado en el Congreso se parece más a una revolución que a una reforma.
Cuatro razones.
Una, siembra de minas la Carta Magna de 1978, porque permite que sea subvertida desde el carácter orgánico de un Estatuto de autonomía; y porque, como apunta Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, implica, en la práctica, vaciar de sentido a la Ley de Leyes en la marca catalana.
Dos, deja al Estado reducido a una raspa de sardina, sin chicha, sin músculo.
Tres, implica un cambio de modelo de Estado, de suerte que mantienen relaciones bilaterales Cataluña y España (¡qué grima dan esos dos sustantivos separados por una conjunción copulativa!).
Cuatro, consecuencia del anterior: ese cambio deja escrito el guión del magma confederal en que puede convertirse España, mediante otros Estatutos y demás leyes orgánicas.
Y lo reconocen todos (menos Artur Mas, por razones obvias). Por supuesto, Rajoy: "El principio del fin del Estado"; pero también, al otro lado de la trinchera, Alfonso Guerra, cuando avisaba del peligro que entrañaba el órdago nacionalista y repetía que la Carta Magna corría el peligro de a ser transformada bajo cuerda y ahí estaba él para guardar las esencias jacobinas desde la presidencia de la Comisión Constitucional. Y hasta el propio Zapatero, no con palabras, sino con gestos (que son más elocuentes): al no dar la cara en la trascendental sesión del jueves en el Congreso, demostrando con su renuncia tácita a defenderlo, con su invisibilidad que, en el fondo, no acaba de creerse el Estatut.
Lo más triste de todo es que el pueblo, principal perjudicado, no está por la labor. ¿Quién quería el Estatut? Todo ha sido un embrollo cocinado por PSOE, ERC, CiU que, como los burgueses de 1789, se han dejado llevar por la ambición, pero a la inversa: tratando de ampliar la influencia política a la esfera económica.
La paralización de la actividad terrorista de ETA ha provocado la repentina salida a la luz de innumerables asesores, mediadores, intermediarios, facilitadores, aguadores... todos dispuestos a reivindicar su papel en el catering de las conversaciones que habrían conducido a la tregua. Con tanta gente en la trastienda, sólo nos falta conocer quién daba la vez para poner un poco de orden.
La presencia de este tipo de protagonistas no es nueva. Durante décadas, individuos o grupos cargados de buenas intenciones han entrado en contacto con ETA y el Gobierno para favorecer conversaciones de paz. Los ha habido de todos los pelajes: unas veces religiosos (jesuitas, comunitarios de San Egidio, clero regular), otras enviados gubernamentales (franceses, argelinos o dominicanos), profesionales organizados de la mediación (Fundación Carter, Gernika Gogoratuz) o francotiradores (Adolfo Pérez Esquivel, Josep Lluis Carod-Rovira). Todo ello, sin mencionar a múltiples protagonistas locales, alguno de los cuales dejó la vida en el intento, como José María Portell.
Y nunca la intervención de estos mediadores ha sido capaz de provocar el desistimiento de ETA. Seguramente ahora tampoco. Si ETA ha parado -ya veremos si de manera definitiva o a plazo fijo-, ha sido por causas estructurales más profundas que tienen que ver con la debilidad de la organización terrorista inducida por la eficacia de la persecución legal y por la puesta fuera de la ley de su entorno político. Lo uno y lo otro han hecho que la violencia haya dejado de ser útil para los que la practican y para su causa, y de ahí que hubiera empezado a cuestionarse desde dentro, como revelaba el escrito de Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'.
La labor de los mediadores, facilitadores y demás complementos se parece, en cierto modo, a las funerarias, que pueden convertir las exequias en un acto solemne y majestuoso, pero nunca son la causa de la muerte de su cliente. El hecho principal y realmente importante ocurre antes de su intervención. Ellos, funerarias y mediadores, se ocupan sólo de las apariencias.
Es importante tener clara la diferencia entre los factores que pueden conducir a ETA a la renuncia definitiva, por un lado, y la puesta en escena que se haga, por otro, para que el Estado no cometa el error de desmantelar esos instrumentos que le han dado ventaja antes de que la organización terrorista haya abandonado las armas sin subterfugios. En medio de la ola de euforia que invade a muchos, hay que tener la cabeza fría para no verse afectado por el síndrome de Estocolmo, creer que todo el mundo es bueno y renunciar a una buena defensa.
EL DOCTOR Ferrer, jefe del servicio de psiquiatría del hospital Juan Canalejo, en una memorable conferencia en la Academia de Medicina y Cirugía acaba de explicar magistralmente algunas de las notas maníacas características de la psicopatología de la posmodernidad que creo pueden aplicarse también al ámbito de lo político y lo institucional que se suele retroalimentar con lo antropológico y lo social para clarificar lo que nos pasa.
Así, según mi memoria: opinión sustituyendo a la voluntad, pérdida de creencia en los grandes discursos y en la existencia de verdades absolutas, devaluación del saber y del pensamiento, crisis de la razón ilustrada como instrumento para dar cuenta del mundo, desaparición del tiempo de espera, infantilización del adulto, degradación del ciudadano a usuario consumidor amputado de referencias verdaderas y condenado a pseudoelegir sobre lo efímero, pérdida del sentido de los límites, del pudor y de la autoridad legítimamente constituida, es decir sujeta a principios y normas, todo vale en el aquí y ahora¿ En fin, si lo aplicamos a nuestro mundo político-social, los cuadros maníacos propios del paraíso electoral y mediático donde medran ZP y sus compañeros nacionalistas.
Por si no teníamos bastante con gestionar este caos social más o menos propio del presente que nos ha tocado vivir, aquí, que somos más chulos e irresponsables que nadie, vamos a tratar de poner patas arriba el sistema constitucional para aumentar nuestras incertidumbres, dificultar la gestión y aumentar nuestras angustias. Después de que el Congreso de los Diputados haya perpetrado la aprobación del Estatuto catalán, la nación ha muerto y la Constitución en que se basa, también.
Y se inicia un nuevo período de vértigo, inestabilidad, de superabundancia de normas y vacío de derechos civiles, de nacionalismos adolescentes narcisistas e irresponsables, esclavos de la pulsión del queremos todo aquí y ahora, en el que todo puede ser posible.
Como era de prever, el texto del Estatuto catalán aprobado la pasada semana por eso que La Vanguardia, en ejemplo de manejo informativo, ha definido como una amplia mayoría, tiene modificaciones destacables respecto del aprobado en su día, celebrado con cava y Els Segadors, por el Parlamento catalán.
Sin duda que las dos más importantes, tanto por su contenido como por el hecho de ser fácilmente entendibles por la opinión publica, son las relativas al encaje del concepto de nación como al intento de colar un segundo Cupo Vasco.
En toda esa larga, tediosa y confusa tramitación fundamentalmente extraparlamentaria, los socialistas, Gobierno y partido, han sido la fuerza clave. Es lógico. Ese partido y, más concretamente, el propio presidente del Gobierno impulsaron esa iniciativa en su origen (“Respaldaré lo que apruebe el Parlament”), así como en los momentos de disensiones entre los propios nacionalistas (“Mas, ahora o nunca”). Ocurre que ese partido, en el que desaparecieron hace mucho tiempo los mínimos principios, vive sólo por y para mantenerse en sus cuotas de poder y, por ello, pendiente de las encuestas. Ceder en esos dos temas era demasiado pues peligraba todo el tinglado. De ahí que las mínimas objeciones de algunos ministros y dirigentes se han evaporado (como algunos, buenos conocedores de los clásicos, vaticinamos en su momento) y, una vez más, las filas están prietas. Como dijo Ibarra, si el presidente me dice que el texto está ya limpio como una patena, yo me lo creo.
Si está limpio o no, corresponderá al Tribunal Constitucional decidir. Aunque visto lo visto y la procedencia de la mayoría del mismo, hay que ser pesimistas. Mientras tanto, destacados constitucionalistas sostienen la amplia inconstitucionalidad del procedimiento y de numerosos artículos del texto aprobado.
Pero conviene insistir en que no se trata sólo de eso sino de que este texto abre el camino no ya hacia un modelo federal sino incluso confederal y que, dada además la deplorable técnica jurídica empleada, su largo y farragoso texto dará lugar a discusiones e incidentes numerosos que supondrán tensiones políticas y sociales, siempre perjudiciales. Estamos así ante un paso, seguramente decisivo, en la debilitación del Estado con las consecuencias que esto supone si se quiere un país cohesionado, equitativo y moderno.
Los nacionalistas catalanes ya han dicho claramente que esto no termina aquí. Ya se ha planteado en el Parlamento catalán una iniciativa para eliminar la palabra nacional en toda instancia del Estado en Cataluña, pues ese adjetivo, diga lo que diga el texto aprobado, queda reservado para lo catalán. Al fin y al cabo, el preámbulo del texto reconoce a Cataluña como nación.
El federalismo está basado, entre muchas otras cosas, en la lealtad recíproca de las partes que integran el todo, que siempre se consideran parte de ese todo. Los Estados federados en EEUU defienden sus derechos pero siempre dentro de lealtad y respeto hacia el Estado federal. Ese elemento clave es lo que aquí falta, y eso es decisivo.
Nos adentramos en tierra incógnita debido principalmente a la irresponsabilidad, en este caso y sin exagerar, histórica del PSOE. Este tema hubiese sido una magnífica, seguramente irrepetible, oportunidad para, mediante un acuerdo entre ese partido y el PP, encarar y resolver la madre de todos estos problemas, como es una desdichada norma electoral que prima brutalmente a los nacionalistas y que los convierte en árbitros de un problema de nunca acabar y que ninguna sociedad puede resistir.
El PP mantiene el pulso al tripartito y lleva el Consejo Audiovisual al Constitucional
Presenta hoy un recurso en el que alega que invade espacios de libertad «de españoles y catalanes»
C. Morodo La Razón 3 Abril 2006
Piqué apoya que Rajoy se implique en la campaña del referéndum, pero no quiere un despliegue de los dirigentes nacionales
Madrid- «Ni un paso atrás». Así responden en la dirección del PP al discurso «del miedo» bajo el que, a su juicio, ha decidido parapetarse el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su campaña en favor del «sí» en el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña.
A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa -de aquí a entonces tiene la agenda ocupada con desplazamientos a Andalucía y a Vitoria-, el líder de los «populares» encabezará personalmente una ofensiva para desmontar las «mentiras» de los socialistas sobre su supuesto «anticatalanismo». Una estrategia -dicen en Génova- con la que el PSOE pretende esconder las «inconstitucionales» del proyecto de «Zapatero y Mas», y a la que se piensa contestar «con hechos» que confirmen que es el PP, y no una clase política que «vive de ensoñaciones nacionalistas», quien se preocupa por los intereses de la sociedad catalana.
Contra la «censura previa». Al margen del Estatuto, el principal partido de la oposición dará hoy un paso adelante contra el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) del tripartito, órgano con facultades «calcadas de la censura previa» y que se interpreta, además, como un anticipo de otros organismos interventores que están por venir. El CAC tiene incluso prerrogativas para adoptar medidas cautelares que comporten la suspensión provisional de la eficacia de las licencias o, incluso, el cese definitivo de la prestación de los servicios audiovisuales.
El recurso que se formalizará ante el Tribunal Constitucional, elaborado por Ignacio Astarloa, tiene como piedra angular el principio de que la Generalitat, al crear un «pretendido espacio de comunicación audiovisual propio», invade «espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española». En concreto, la declaración de inconstitucionalidad de la norma se sostiene, a juicio del principal partido de la oposición, en tres ejes. Primero, infracción de derechos fundamentales (principalmente artículo 20 y 25 y otros conexos) hasta extremos tales que su contenido es incompatible con la libertad de información y con las libertades de opinión y de expresión. «La clausura y el cese de actividades de un medio de comunicación, tal como están reguladas en esta ley, comporta el sacrificio del bien jurídico “libertad de comunicación” sin razón ni justificación alguna». En segundo lugar, se alega que supone una infracción del régimen lingüístico establecido en el artículo 3 de la Constitución, ya que el llamado «espacio audiovisual catalán» se utiliza para desequilibrar «absolutamente el tratamiento de la lengua en la Comunidad Autónoma de Cataluña, procediendo a un arrinconamiento progresivo de la lengua castellana para otorgar un desmedido protagonismo a la catalana».
Por último, el tercer eje es la denuncia de que la Generalitat ha soslayado la reserva a ley orgánica de ciertos aspectos esenciales, contraviniendo así la competencia estatal exclusiva. En concreto, se cita la invasión de competencias en materia de telecomunicaciones y, en especial, de radiocomunicación (artículo 149.1.21 de la Constitución) y la vulneración del régimen de distribución de competencias sobre «medios de comunicación social» (artículo 149.1.27 de la Carta Magna).
El PP argumenta jurídicamente que, frente a lo establecido en la ley que regula el CAC, «en aquellos supuestos en los que la suspensión o el cierre de una emisora deba producirse por la ilicitud de los contenidos emitidos, tal sanción sólo podrá ser impuesta por la autoridad judicial». Y demuestra también que la obligación que se impone a los medios de comunicación para que hagan una «separación clara entre informaciones y opiniones» vulnera por sí misma la letra de la Ley Fundamental del año 78.
EL PP NACIONAL "SE VA A VOLCAR" EN EL REFERÉNDUM DEL ESTATUTO
En La Mañana de la Cadena COPE, Vidal Quadras, planteó cual va a ser la postura del PP en la campaña del referéndum catalán, tras las declaraciones de Piqué apostando por hacer una campaña "pedagógica y de perfil bajo".
Vidal Quadras relató que según le explicó Marianop Rajoy los planes del partido son absolutamente diferentes a los que anunció Piqué. Según Vidal, Rajoy le dijo que "el partido tenía como máxima prioridad de aquí a junio el referéndum, defender el no al Estatuto de Cataluña echando el resto".
Además justificó porque él cree que debe de ser así y no como plantea Piqué. Tras decir que se va "implicar personalmente" explicó que "el estatuto liquida a España como nación, cualquier español y cualquier catalán debe echar el resto para que los ciudadanos de Cataluña voten que no el próximo mes de junio". Y añadió que "la maniobra de Zapatero de no intervenir en el debate del Congreso forma parte de esa estrategia de darle al Estatuto y al referéndum un perfil bajo, quieren que parezca un estatuto normal, una reforma dentro del marco normal cuando es la destrucción de la Constitución del 78" por lo que consideró que "ellos quieren perfil bajo y el que aceptes eso está beneficiando al adversario".
El eurodiputado abogó por "someter a los catalanes a un electroshock de aquí a junio para que reaccionen y para que se den cuenta de que ese Estatuto les lleva a la ruina". "Para Cataluña es letal, en unos pocos años se habrá empobrecido cultural, material, política y moralmente de una forma inadmisible", dijo Vidal y señaló como algunos ejemplos "la obligatoriedad del catalán" y el "desmesurado intervensionismo". Para Vidal Quadras "eso hay que hacérselo ver" a los ciudadanos catalanes.
Vidal concluyó que hay que dejar "esas chorradas" de lado y vaticinó que será "una campaña durísima y desde luego el PP va a echar el resto". Añadió que "el PP nacional se va a volcar, el que no quiera participar en eso porque está incomodo se pueda ir de vacaciones". Respecto a las sorprendentes declaraciones de Josep Piqué, Vidal Quadras también hizo referencia al reciente viaje del presidente del PP catalán a Shangai: "puede ser que los aires de china tenga extraños efectos sobre la gente".
EL PP PRESENTA UN RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley audiovisual de Cataluña, al considerar que cincuenta de sus artículos vulneran diez preceptos de la Carta Magna, desde el que consagra la libertad de información, al que establece que el español es la lengua oficial del Estado. En su recurso, el PP argumenta que, el CAC "puede acordar el cese de servicios de un medio en virtud de los contenidos emitidos, algo que según la Constitución sólo puede hacer un juez". Este recurso deja en evidencia al diputado del PP de Cataluña, Santiago Rodríguez, que ha defendido en varias ocasiones la "independencia" y "pluralidad" del CAC.
Según explica el PP en un comunicado, con la ley audiovisual, que entró en vigor en enero, se otorgaron poderes "desproporcionados" al Gobierno catalán y al Consejo Audiovisual catalán, "ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de conceptos, como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales, de un modo exclusivo y excluyente".
En el recurso de inconstitucionalidad, firmado por Ignacio Astarloa, presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 22/2005 de 29 de diciembre de la comunicación audiovisual de Cataluña, el PP denuncia que 50 artículos de la norma vulneran en su conjunto diez artículos de la Constitución española.
El PP destaca que "por primera vez, una Administración se arroga la potestad de cierre definitivo o temporal de una emisora por cuestiones que afectan al contenido esencial de los derechos a la libertad de expresión e información". Y advierte que se pretende utilizar el "espacio audiovisual catalán" para arrinconar progresivamente al castellano y reducirlo a la mínima expresión.
Los diez preceptos constitucionales que, según el PP, vulnera la Ley del CAC son:
3: El que consagra al castellano como lengua oficial del Estado.
14: Igualdad de los españoles ante la ley.
20: Libertad de información y expresión.
25: Regula la legalidad y proporcionalidad de las sanciones.
81: Reserva la facultad de elaboración de leyes orgánicas al Estado (toda ley que regula aspectos esenciales de derechos fundamentales, como ésta, debe ser orgánica).
139: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de España y ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente las obstaculicen.
149.1.1ª: Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
149.1.3ª: Competencia exclusiva del Estado en relaciones internacionales.
149.1.21ª Competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones.
149.1.27 Competencia exclusiva del Estado en medios de comunicación social.
El recurso consta de tres bloques que agrupan preceptos sobre los que se demanda la inconstitucionalidad: un primero dedicado a la infracción de derechos fundamentales, los artículos 20 y 25 de la Carta Magna; el segundo circunscrito a la infracción del régimen lingüístico establecido en el artículo 3 de la Constitución y un tercer relativo a las competencias territoriales.
En el primero, el PP subraya en el recurso que con esta Ley "se atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña la potestad de dictar instrucciones que definan el contenido de lo que es o no veraz, delimitando cuando hay información y cuando opinión, función reservada hasta ahora al poder judicial en atención al ejercicio que los afectados realizaban de su derecho a la protección del honor, la intimidad y la propia imagen". Para el PP, “no existe un límite más severo en el ordenamiento para la libertad de expresión y de información que la privación del derecho a comunicar”, y esto se pone de manifiesto con la suspensión, no renovación o cese definitivo de prestación de servicios que coactivamente podrá imponer el CAC.
En el segundo, el PP señala que el CAC pretende “desequilibrar absolutamente” el tratamiento de la lengua en Cataluña, “procediendo a un arrinconamiento progresivo de la lengua castellana para otorgar un desmedido protagonismo a la lengua catalana y aranesa más allá de todo límite razonable, vulnerando el artículo 3 de la Constitución”, al establecer que la lengua “normalmente” utilizada en los medios de comunicación catalanes sean el catalán o el aranés, así como que la “mayor parte de los canales” sean también en estas dos lenguas.
Según el recurso del PP el vocablo “normalmente “ y la expresión “la mayor parte de canales” recogida en la citada ley imponen de modo indirecto a la opinión pública el conocimiento de la lengua catalana.
Finalmente, el tercer bloque del recurso atañe a las "insuficiencias del título competencial que esgrime el legislador territorial para la regulación que pretende, soslayando la reserva a Ley Orgánica de ciertos aspectos esenciales y contraviniendo la competencia estatal exclusiva o la normativa estatal básica en otros".
El recurso del PP argumenta que está sujeto a Ley Orgánica –y por tanto, a competencia estatal– toda normal que afecte a aspectos esenciales de derechos fundamentales, "y la suspensión y cese definitivo de prestación de servicios de un medio de comunicación es un aspecto esencial, porque supone nada menos que la privación de las libertades constitucionalmente protegidas".
Por Luis del Pino Libertad Digital 3 Abril 2006
Lea también la noticia: La "mochila de Vallecas" fue detectada el 11-M por la tarde y no en una comisaría al día siguiente
Son pocos ya los hechos que nos quedan por desmontar en la versión oficial sobre los atentados del 11-M. Uno de esos pocos datos sobre los que aún no habíamos puesto la lupa del análisis es el relativo a las siete tarjetas telefónicas que supuestamente se activaron en la casa de Morata de Tajuña el día anterior a los atentados y que se utilizaron, al parecer, en la confección de siete de las bombas de los trenes.
Es hora de que volvamos nuestra atención sobre ello. Vamos a ver si ese dato nos confirma, efectivamente, que alguien que residía en Morata participó en los atentados o si se trata, por el contrario, de una más de esa cadena de intoxicaciones en que está basada la versión oficial. Como el lector es inteligente, ya se imaginará cuál es la respuesta más probable. Sin embargo, le garantizo que el análisis le sorprenderá, porque esas siete tarjetas de Morata nos van a llevar a demostrar la falsedad de otro de los datos fundamentales del sumario referido a la mochila de Vallecas.
Las tarjetas de Morata
¿Cómo llegó la Policía a la conclusión de que en Morata se activaron esas siete famosas tarjetas telefónicas? Acudamos a los primeros informes policiales incluidos en el sumario.
En el primer informe de diligencias policiales, que recoge las actuaciones realizadas entre el 11 y el 18 de marzo, la Policía afirmaba que:
La investigación consiguió determinar que 15 de las primeras 30 tarjetas [llegadas al locutorio de Zougham] no se han activado nunca, y de ellas siete habían sido encendidas (marcar número de PIN sin realizar llamada) entre las 16:0.0 v las 19:00 horas del día 10 de marzo en las proximidades de Morata de Tajuña. Entre ellas estaba la tarjeta 652.28.29.63 [la encontrada en la mochila de Vallecas].
En el segundo informe de diligencias policiales, que abarca las actuaciones comprendidas entre el 17 y el 22 de marzo de 2004, la versión es ya menos explícita:
A partir de esos datos [el teléfono y la tarjeta encontrados en la mochila de Vallecas], se pudo identificar una serie de IMEI y de Tarjetas SIM que habían estado, alternativamente, colocadas en diferentes teléfonos, y que habían tenido diferentes intercambios de comunicación, o contacto. La característica más llamativa de dicho estudio estuvo en averiguar que algunas de ellas habían estado, juntas, en un periodo de tiempo determinado y el día antes de los atentados, en un mismo sitio que pudo ser centrado entre los términos municipales de Morata de Tajuña y Chinchón.
Por tanto, la Policía había determinado en una fase muy temprana de las investigaciones que siete tarjetas se habían activado en Morata el día anterior a los atentados, siete tarjetas que se supone que fueron utilizadas con sus correspondientes terminales telefónicos en otras tantas bolsas-bomba de los trenes.
¿Cómo había llegado la Policía a la conclusión de que esas tarjetas habían sido activadas en Morata el 10 de marzo? Se supone que preguntando a las compañías telefónicas, pero ¿qué datos son, exactamente, los que Amena le dio a la Policía?
La respuesta a esta pregunta está contenida en un detallado informe en el que la UCIE le indica al juez Del Olmo el estado de las investigaciones a fecha de 29 de marzo de 2004. Ese informe se encuentra en el tomo 17 del sumario e incluye un Anexo III titulado "Informe conexiones telefónicas", donde la Policía explica más en detalle las averiguaciones:
5) INVESTIGACIONES EFECTUADAS SOBRE LOS TERMINALES Y LAS TARJETAS CITADAS EN LOS ANTERIORES APARTADOS.
5.1) Tomando como dato objetivo que el auténtico IMEI del terminal recuperado en la bolsa [de Vallecas] fuese el 350822350941947, se ha averiguado que fue encendido con la tarjeta 652 282 963 en su interior (sin hacer llamada alguna, por tanto sin activarse) bajo la cobertura de la BTS (Estación Base) de Morata deTajuña (con posterioridad al 09-03-04 a las 2 de la mañana, no pudiéndose precisar más ya que el día 12-03-04 fue analizada, teniendo constancia los sistemas de la actividad realizada tan solo en 72 horas)
5.2) El mismo procedimiento que se usó con la tarjeta 652 282 963 y el terminal 350822350941947, en el mismo lugar y periodo temporal, fue asimismo el utilizado con las siguientes tarjetas e IMEI, lo cual nos lleva a pensar que han sido de las utilizadas para la realización de los atentados [enumera a continuación las otras seis tarjetas y terminales de Morata]
En otras palabras: el día 12 de marzo a las 2 de la madrugada, Amena le dice a la Policía que la tarjeta 652282963 [la tarjeta de la mochila de Vallecas] se había encendido junto con otras seis tarjetas telefónicas bajo el repetidor de Morata en algún momento de las 72 horas anteriores, sin llegar a realizar llamada alguna.
Ese párrafo del informe policial tiene una enorme importancia, porque nos dice dos cosas:
1) En primer lugar, que la consulta sobre la tarjeta de la mochila de Vallecas se realiza a las 2 de la madrugada del día 12 de marzo. Sin embargo, este dato contradice todo lo que sabemos acerca de la aparición de la mochila de Vallecas. ¿Cómo es posible que se efectuara esa consulta a las 2 de la madrugada, si la mochila de Vallecas no fue encontrada oficialmente hasta más o menos esa hora y no es desactivada hasta las cuatro o cinco de la mañana de ese mismo día? ¿Cómo se puede preguntar a las 2 de la madrugada por una tarjeta que no aparecería hasta algunas horas después?
2) En segundo lugar, ese informe policial revela que esas tarjetas fueron encendidas en Morata en algún momento de las 72 horas anteriores a las 2 de la madrugada del día 12 de marzo. Es decir, esas tarjetas fueron encendidas en algún momento entre las 2 de la madrugada del 9 de marzo y las 2 de la madrugada del 12 de marzo. Lo cual equivale a decir que resulta perfectamente posible que esas tarjetas fueran encendidas en Morata después de los atentados.
La gravedad de los hechos que se derivan de este informe policial es enorme, porque esos hechos contradicen la historia oficial sobre la hora de aparición de la mochila y porque echan por tierra el dato de que siete tarjetas se encendieran cerca de la casa de Morata el día anterior a la masacre.
Tratemos de pensar en una explicación racional que no invalide la versión oficial sobre la hora de aparición de la mochila. Vamos a suponer, por ejemplo, que se trata de un error del informe policial: las horas de la madrugada siempre causan confusiones a la hora de asignarlas a un día u otro, así que vamos a suponer que la consulta a la compañía telefónica se realizó "por la noche" del día 12 de marzo, es decir, a las 2 de la madrugada del día 13 marzo. Si fuera así, eso querría decir que las siete tarjetas se encendieron en Morata en algún momento entre las 2 de la madrugada del día 10 de marzo y las 2 de la madrugada del día 13 de marzo. Eso seguiría dejando abierta la puerta a la posibilidad de que esas tarjetas hubieran sido activadas en Morata después de los atentados, pero serviría para evitar la contradicción con la hora oficial de aparición de la mochila.
Sin embargo, ese error resulta muy poco probable. La versión oficial nos dice que la mochila de Vallecas se encontró alrededor de las 2 de la madrugada del día 12 y se desactivó un par de horas después. Es decir, en la mañana del día 12 la Policía disponía ya de la tarjeta y el terminal telefónicos de la mochila de Vallecas, así que cualquier consulta a las compañías telefónicas se habría realizado a lo largo de ese día. No habría tenido sentido que esperaran a la madrugada del día siguiente.
Pero, además, el propio informe de la UCIE, como vamos a ver, proporciona otra información que viene a corroborar que en realidad no hay ningún error y que lo que sucede es que no es cierto que la mochila de Vallecas fuera encontrada a eso de las 2 de la madrugada del día 12 de marzo.
¿Dónde se encontró la mochila?
En el sumario hay varios testimonios e informes en los que se indica que la mochila de Vallecas pasó por IFEMA antes de terminar recalando en la comisaría de Puente de Vallecas (donde luego sería encontrada, según la versión oficial).
Así, en el primer informe de diligencias policiales, de 17 de marzo, se afirma que:
A través del análisis que se realizó de la bolsa sin explotar encontrada entre los efectos llevados al recinto ferial, y posteriormente trasladada a la Comisaría de Vallecas, y de ahí a los Servicios TEDAX, se averiguó que contenía un teléfono móvil.
Es decir, se afirma que la mochila de Vallecas pasó por IFEMA. Pero, si esa mochila fue descubierta en la comisaría, ¿cómo podía la Policía estar tan segura de que había pasado por IFEMA? Como ya saben los lectores de "Los enigmas", sólo la primera tanda de bultos de la estación de El Pozo pasó por IFEMA; todas las demás tandas de bultos del tren de El Pozo fueron directamente desde la estación hasta la comisaría. Entonces, ¿por qué no podía esa mochila haber ido directamente a comisaría desde El Pozo? ¿Qué dato tenía la Policía para afirmar que esa mochila estaba en la primera tanda de bultos, que sí que había pasado por IFEMA?
Esta misma afirmación vuelve a realizarse en el segundo informe de diligencias policiales, de fecha 22 de marzo:
... en total se produjeron DIEZ EXPLOSIONES, a las que había que unir otras dos que fueron provocadas por Equipos TEDAX en bolsas, no explosionadas, que fueron encontradas, y una que fue localizada entre los efectos recuperados en los lugares de los hechos, y trasladados a los recintos de IFEMA y que, desde allí, fue remitida a la Comisaria de Policía de Vallecas. Esta bolsa fue intervenida por equipos TEDAX que procedieron a su estudio y análisis.
De nuevo, la pregunta es la misma: ¿cómo sabía la Policía que la mochila pasó por IFEMA?
El misterio lo desvela el informe de la UCIE de fecha 29 de marzo al que hacíamos referencia en el apartado anterior. En ese informe, la Policía le comunica al juez Del Olmo, textualmente, lo siguiente:
2) APARICIÓN DE UNA BOLSA SIN EXPLOTAR.
Entre los efectos recuperados de la Estación del Pozo y trasladados seguidamente al Pabellón 6 de IFEMA, fue localizada una bolsa de deportes de loneta, en cuyo interior se hallaba:
- Un detonador eléctrico del número 5, con dos mordazas y cápsula de cobre, fabricado por Unión Española de Explosivos,
- Un cargador de red a energía eléctrica, para teléfono móvil.
- Un teléfono móvil, marca TRIUM, unido a explosivo compuesto por diez kilos y ciento veinte gramos de sustancia, identificada como Goma-2/ Dinamita, con el logotipo ECO,
- 640 gramos de diversos elementos de tornillería y clavos que actuarían, en su caso, como metralla.
La bolsa fue posteriormente remitida a una Comisaría de Policía y el artefacto, que estaba programado para explosionar a las 07:40 horas del día once de marzo, fue neutralizada por los artificieros del TEDAX.
Es decir, aquella mochila de Vallecas fue encontrada, en realidad, en IFEMA. Es allí donde se detecta aquella bolsa-bomba, mucho antes de la hora oficial en que nos dicen que se encontró. Y es sólo después de detectar esa bomba que se decide trasladarla a la comisaría de Puente de Vallecas.
Es por eso que sí que pudo realizarse la consulta a la compañía telefónica a las 2 de la madrugada de aquel 12 de marzo: porque la Policía podía perfectamente disponer ya de la tarjeta telefónica contenida en esa bolsa que, en realidad, había sido detectada algunas horas antes de lo que nos dijeron.
Hasta aquí, todos los datos están extraídos de los informes policiales contenidos en el sumario judicial. Pero además contamos con testimonios de personas que estuvieron en IFEMA aquella tarde del 11 de marzo y que cuentan cómo se produjo una alarma de bomba en algún momento entre las 19:30 y las 21:00, alarma que motivó la presencia de un equipo de desactivación de explosivos con perros que (según dicen) no encontraron nada. Esa labor de rastreo de explosivos con perros en IFEMA no está reflejada en el sumario. ¿Se ha molestado alguien en informar de ese episodio al juez instructor?
El episodio no es baladí, porque ¿cómo pudo producirse esa alarma de bomba, si no es porque alguien abriera algún bulto y viera algo raro en su interior? ¿Quién llamó a ese equipo de desactivación de explosivos y qué fue lo que motivó la llamada? ¿Quiénes acudieron a IFEMA a realizar esa inspección? ¿Fue antes o después de que los bultos de El Pozo salieran hacia la comisaria de Puente de Vallecas, lo cual se produjo en torno a las 21:00?
Los propios informes policiales nos permiten afirmar dos cosas. En primer lugar, que no existe constancia alguna de que las famosas siete tarjetas de Morata fueran activadas antes de los atentados. En segundo lugar, que la mochila de Vallecas no sólo no estuvo nunca en los trenes, sino que tampoco fue encontrada en Vallecas, ni tampoco fue encontrada a la hora que nos dijeron, sino varias horas antes.
Aquella mochila fue, muy probablemente, depositada en los recintos feriales de IFEMA, localizada varias horas antes de la hora oficial de aparición y trasladada a comisaría sólo después de saberse que contenía una bomba.
¿Por qué ese retraso en la comunicación de que había aparecido una bolsa-bomba en IFEMA? ¿Quién podía tener interés en retrasar ese hallazgo unas horas? ¿A quién se le comunicó la existencia de esa bomba, y a quién se le ocultó que esa bomba había aparecido? ¿Quién estuvo a cargo de la custodia de esa bolsa entre su hora de aparición "real" y la hora de aparición "oficial"? ¿Tuvo alguien oportunidad de manipular su contenido? Pero, sobre todo, la pregunta fundamental es: ¿quién depositó esa bomba en IFEMA?
A estas alturas, pocas dudas caben ya acerca del inmenso ejercicio de manipulación que se puso en marcha aquel 11 de marzo. Aunque aún nos queda mucho por averiguar. Y necesitamos el testimonio de las personas que vivieran los hechos aquella jornada. Si estuviste en IFEMA, si viste algo raro, si tuviste conocimiento de algún dato relacionado con esa mochila de Vallecas, llámame. El teléfono de Libertad Digital está en la página web. O, si lo prefieres, escríbenos a:
redactorjefe@libertaddigital.com
En el próximo capítulo: Puro teatro
ANTE EL PARLAMENTO DE CATALUÑA
CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA presentará mañana martes día 4 de abril, a las 9 horas, ante el Parlamento de Cataluña una iniciativa legislativa popular en defensa de La enseñanza en lengua materna y el bilingüismo escolar.
Como establece la Ley de la iniciativa legislativa popular de 1/2006 de 16 de febrero, en el ámbito legislativo, el artículo 87.3 de la Constitución y el artículo 32.6 del Estatuto de Autonomía prevén la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, de manera que el impulso de la actividad legislativa pueda recaer también en los ciudadanos y no solamente en el Gobierno y el mismo Parlamento.
La iniciativa legislativa popular consiste en una propuesta legislativa en la que los proponentes no tienen ningún tipo de poder decisorio, pero que permite completar la integración de intereses que tienen lugar en el Parlamento de Cataluña mediante la irrupción en la discusión política de temas que, siendo de interés para un sector de la población, no han sido planteados por las fuerzas políticas parlamentarias.
A pesar del reconocimiento legal del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua materna y de la obligación legal de la Generalidad de Cataluña de garantizar ese derecho y poner los medios para su ejercicio efectivo, el gobierno autonómico ha suprimido de facto ese derecho obstaculizando su ejercicio, como recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acreditan, y otorgando a los niños castellano hablantes un trato discriminatorio, la llamada “atención individualizada”, en los casos en los que sus padres solicitan la efectividad de ese derecho.
En la situación actual sólo los niños catalanohablantes reciben sin ningún obstáculo, y sin que tengan que solicitarlo sus padres o tutores, la totalidad de la enseñanza en su lengua materna, mientras que los castellanohablantes, en el caso de que lo soliciten expresamente, obtienen, en el mejor de los casos, en la primera enseñanza, lo que se que denomina “atención individualizada” que consiste en que el profesor, en el interior de la clase exclusivamente en catalán, “explica individualmente al niño castellanohablante lo que no ha entendido”. Tal procedimiento ha de ser calificado de inequívocamente discriminatorio, puesto que implica un trato desigual, e incluso degradante, para los niños castellanohablantes respecto a los catalanohablantes.
En los demás niveles escolares el castellano se halla absolutamente excluido como lengua vehicular o de aprendizaje, limitándose su enseñanza a la de una lengua extranjera. Con lo cual se priva a los todos escolares de Cataluña, catalanohablantes y castellanohablantes del aprendizaje y dominio de la lengua castellana, lengua común de todos los españoles y lengua de ámbito internacional, con el consiguiente perjuicio de su formación.
Esta situación, como sostienen los expertos y los organismos internacionales (UNESCO desde 1953), ocasiona a los niños castellanohablantes muchos problemas y retrasa su aprendizaje. Los últimos informes (PISA 2003, OCDE) proporcionan cifras alarmantes sobre el fracaso escolar de los niños castellanohablantes en Cataluña: frente a un índice de fracaso escolar de los niños catalanohablantes del 18,6%, los niños castellanohablantes alcanzan la cifra de 42,6%, una diferencia del 24%.
Con el fin de adecuar la actual legislación a los principios de la UNESCO y los convenios internacionales en materia de educación y derechos humanos, CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA promueve la iniciativa legislativa popular en defensa de la enseñanza en lengua materna y el bilingüismo escolar ante el Parlamento de Cataluña para la aprobación de un texto legal que tiene como objetivo la abolición de todas las normas que limitan el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua materna y todas las prácticas discriminatorias por razón de lengua en las escuelas de Cataluña, y la reinstauración del modelo de “conjunción lingüística o de bilingüismo integral”, en el que la primera enseñanza del niño sea impartida en su lengua materna, siendo la segunda lengua introducida progresivamente en la segunda enseñanza, sin que ninguna de las dos lenguas oficales, el castellano y el catalán, sean excluidas como lenguas vehiculares, para asegurar a todos los escolares, al final del proceso educativo, una igual competencia en las dos lenguas oficiales sin merma de su rendimiento escolar.

References: artículo 2
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 87
 artículo 32