Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/2011-diciembre.htm
Timestamp: 2020-04-10 19:22:46+00:00

Document:
INFORME DE DICIEMBRE DE 2011 PARA LA OFICINA NOTARIAL
§ País Vasco, Ley de Voluntades Anticipadas
§ Título de viaje para extranjeros
§ *Modelo 347
§ Ley de Cooperativas en Euskadi
§ Modificación del Fuero Civil de Guipúzcoa
§ Declaración de residencia fiscal para no residentes
§ Embargo de Cuentas por AEAT, incluso con saldo pignorado o en concurso
§ Notificaciones electrónicas
§ **Decreto Rajoy de Medidas Urgentes (IVA super reducido)
§ Salario Mínimo (Servicio Doméstico)
§ **Nombramiento Director Gral de Registros y Notariado
§ **Consulta DGRN sobre la cuestión de la Herencia Yacente
§ *Compraventa por sociedad en periodo de fusión
§ *Renuncia a herencia en acta notarial y no en escritura
§ *Legitimación del Registrador para recurrir Resoluciones
§ *Suspensión de calificación por no pago de impuesto
§ *Hipoteca otorgada antes de concurso y presentada después
§ *Convenio regulador en que se cambia el carácter del inmueble
§ *Hipoteca de mitad indivisa de finca por propietario del todo
§ Obra Nueva en suelo rústico en Canarias
§ Embargo contra herencia yacente
§ Titulo inmatriculador con modificaciones hipotecarias por medio
§ La venta de cuota se puede considerar parcelación
§ *Rectificación de cancelación por error de concepto
§ *Anotación de embargo acordada antes del concurso y presentada después
§ *Concepto de crédito refaccionario
§ *Solicitud de cancelación de hipoteca por caducidad
§ **Sociedad Express y presentación en Hacienda
§ **Concepto de identidad de denominación en Registro Mercantil
§ **El objeto social de la sociedad express sirve para todas las sociedades
§ No cabe complemento de convocatoria de junta en sociedad limitada
§ Régimen Económico en Derecho Noruego
§ Pedro Salinas Serrano “Poemas”
PAÍS VASCO. Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.
Regula esta ley el llamado testamento vital en el País Vasco. En su regulación destaca:
- Este documento, pensado para el ámbito de la sanidad, permite a las personas realizar expresión anticipada de sus deseos con respecto a ciertas intervenciones médicas.
- La previsión de la presencia bien de un notario, bien del funcionario encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas o bien de tres testigos, a elección de la persona otorgante. Y ello tanto si el documento se va a inscribir en el Registro como si no.
- Igualmente, se regula la eficacia del documento, así como su modificación, sustitución o revocación.
- Se aborda la creación de un Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, al que accederán únicamente aquellos documentos cuyos otorgantes así lo deseen.
Entró en vigor el 1 de enero de 2003. (GGB)
PDF (BOE-A-2011-19056 - 4 págs. - 160 KB) Otros formatos
EXTRANJEROS: TÍTULO DE VIAJE. Orden INT/3321/2011, de 21 de noviembre, sobre expedición de título de viaje a extranjeros.
Esta Orden tan sólo se aplica a los extranjeros que se encuentren en España y que acrediten una necesidad excepcional de salir del territorio español y no puedan proveerse de pasaporte propio.
Si se prevé el regreso a España, se especificarán los países de destino.
Entró en vigor el 6 de diciembre de 2011.
(Este tema es muy interesante en Alicante, en relación con los saharauis y la negativa del Consulado Argelino a renovarles los pasaportes caducados, con lo que la única salida de muchos de ellos es la obtención de este título de viaje, para el que la policía exige una previa acta notarial)
PDF (BOE-A-2011-19079 - 3 págs. - 169 KB) Otros formatos
MODELO 347. Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se modifica el modelo 347 que recoge la Declaración anual de operaciones con terceras personas para hacerlo congruente con las reformas introducidas por el Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, siendo las principales novedades las siguientes:
- La información que se suministre se desglosará trimestralmente
- El plazo de presentación de la declaración se anticipa al mes de febrero, si bien de forma transitoria el modelo 347 correspondiente a 2011 se presentará durante el mes de marzo de 2012.
- Se exonera de la obligación de presentación a quienes estuvieran obligados a la presentación de la Declaración informativa con el contenido de los libros registro del IVA e Impuesto General Indirecto Canario pero estableciendo la obligación de incluir en esta última declaración determinadas operaciones que antes se debían consignar como excepción en la declaración informativa de operaciones con terceras personas.
También varía el modelo 340 «Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro y otras operaciones.
La Orden, finalmente, establece la posibilidad de utilizar la colaboración social para presentar el modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual» y el modelo 353 de «Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual».
PDF (BOE-A-2011-19397 - 43 págs. - 999 KB) Otros formatos
La presente ley reforma parcialmente la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, destacando entre las modificaciones las siguientes:
- Se reduce a tres mil euros el capital social mínimo.
- Se flexibiliza la constitución de la Asamblea General en determinados tipos de cooperativas como las agrarias y las de consumo.
- Se introducen también algunas reformas en relación con las cooperativas de segundo grado o ulterior grado
- Crea una nueva figura jurídica inexistente hasta ahora, como es la de los grupos cooperativos, asentada en el principio de intercooperación, con la finalidad de impulsar nuevas modalidades de integración empresarial de las sociedades cooperativas.
En su disposición adicional única se insta al Gobierno a promover la coordinación entre los distintos Registros con la finalidad de simplificar el sistema de certificación de denominación no coincidente y de reforzar la seguridad jurídica respecto a la denominación societaria de las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica.
Entró en vigor el 2 de agosto del 2000. (GGB)
PAÍS VASCO. Ley 3/1999, de 16 de noviembre, de modificación de la Ley del Derecho Civil del País Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa.
Se publica ahora en el BOE esta reforma de hace doce años, dentro del programa del actual Gobierno Vasco de enviar al BOE disposiciones de esta Comunidad Autónoma que no habían sido remitidas por anteriores gobiernos.
El artículo 147 inicial de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco se sustituye por loa artículos 147 al 188:
Se reconoce la vigencia de las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio familiar en Gipuzkoa. Y, como plasmación y desarrollo de estas costumbres, se establecen disposiciones relativas a la transmisión mortis causa del caserío, que integran el Fuero civil de Gipuzkoa.
Se trata de reducir las limitaciones a la libertad de disposición reguladas en el Código Civil, para tratar de mantener la indivisibilidad del caserío.
Se aplica a aquellas personas que tengan por origen o hayan ganado vecindad civil en el territorio histórico de Gipuzkoa.
También se regula la posibilidad del testamento mancomunado entre cónyuges -de los que uno ha de ser guipuzcoano- y ante notario.
Se permite nombrar comisario al cónyuge en testamento abierto o escritura.
Las remisiones al Código Civil lo son a la redacción vigente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
Entró en vigor el 31 de diciembre de 1999.
PDF (BOE-A-2011-19660 - 11 págs. - 214 KB) Otros formatos*****
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL. Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la declaración de residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito, así como la relación de códigos de países y territorios.
El Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, modifica determinados preceptos del Reglamento de gestión e inspección tributaria. Concretamente excepciona en ciertos casos la obligación de obtener un número de identificación fiscal (NIF) a los no residentes.
Conforme al artículo 28.9, la condición de no residente, a los exclusivos efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 de ese artículo 28, podrá acreditarse ante la entidad que corresponda a través de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda.
Los párrafos 2, 7 y 8 dicen lo siguiente:
8. Cuando los tomadores o tenedores de los cheques, en los supuestos previstos en el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley General Tributaria, sean personas físicas o entidades que declaren ser no residentes en España, el número de identificación fiscal podrá sustituirse por el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen.
Esta Orden recoge el modelo de declaración de residencia fiscal mencionado.
También actualiza los «Códigos de países y territorios» (anexo II).
Y modifica la lista de países que deben incluirse en la información a suministrar a través del modelo 299, declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de información.
PDF (BOE-A-2011-20179 - 6 págs. - 222 KB) Otros formatos
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los t��rminos en los que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
El Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre introdujo como novedad que los obligados tributarios que estén incluidos, con carácter obligatorio o voluntario, en el sistema de dirección electrónica habilitada en relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán señalar, en los términos que por Orden Ministerial se disponga, hasta un máximo de 30 días en cada año natural durante los cuales dicha Agencia no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada.
Esta Orden desarrolla el referido Real Decreto:
Ámbito subjetivo. Podrán señalar, modificar y consultar los obligados tributarios que se encuentren incluidos en el sistema de dirección electrónica habilitada, ya sea con carácter obligatorio o de forma voluntaria, si bien, en este último caso, el señalamiento sólo surtirá efectos respecto de aquellos procedimientos a los que se encuentren suscritos. También los que figuren en el registro de apoderamientos de la AEAT de una forma global, como apoderados para la recepción de notificaciones del obligado tributario destinatario de las mismas.
- Personas Incluidas con carácter obligatorio. Comprenderá las notificaciones que efectúe la AEAT en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas que tiene atribuida o encomendada en los términos previstos.
- Personas Incluidas con carácter voluntario. Sólo afectará a las notificaciones correspondientes al conjunto de procedimientos a los que se encuentren suscritos.
Días para señalar.
- Se podrá señalar un máximo de 30 días naturales por año natural, siendo estos días de libre elección y sin necesidad de tener que agrupar un número mínimo de los mismos.
- No hay prorrateo aunque el obligado tributario sea dado de alta en medio del año, por lo que podrá disfrutar de los treinta días.
- Se ha de pedir con una antelación mínima de siete días naturales al primer día en que vaya a surtir efecto.
- Una vez señalados, podrán ser objeto de modificación mediante solicitud expresa que dejará sin efecto el período inicialmente elegido, con los mismos límites respecto al número máximo de días anuales por obligado tributario y antelación mínima anteriormente indicados.
- El retraso en la notificación derivado del señalamiento de los días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada se considerará dilación no imputable a la Administración.
- El señalamiento de estos días afectará exclusivamente a las notificaciones que pudieran haberse efectuado en los días señalados. En ningún caso estos días se descontarán del cómputo de los plazos que se hayan iniciado por haberse producido la notificación con anterioridad al primero de los días señalados.
- La AEAT deberá certificar el citado retraso, acreditando la fecha y la hora en que se pudo poner a disposición del obligado tributario el acto objeto de notificación en la dirección electrónica habilitada.
- El señalamiento deberá realizarse obligatoriamente en la sede electrónica de la AEAT en la dirección electrónica www.agenciatributaria.gob.es y se generará el correspondiente recibo de presentación. Cualquier otra solicitud presentada por cualquier otro medio carecerá de efecto alguno, procediéndose a su archivo sin más trámite.
- El interesado ha de tener NIF y deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro certificado electrónico admitido por la AEAT.
Modelo 696. Está dedicado a la autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Esta Orden lo modifica, al haber reducido la Ley 37/2011, de 10 de octubre, la cantidad fija de la tasa en los procesos monitorios.
Entró en vigor el 30 de diciembre de 2011 con salvedades y plenamente el 1º de enero de 2012.
PDF (BOE-A-2011-20472 - 10 págs. - 408 KB) Otros formatos
- En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
- No se podrá realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
- Afecta a la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Agencias estatales, Universidades de su competencia, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Corporaciones locales, Seguridad Social, Órganos constitucionales del Estado, sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales.
- A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería.
- Tampoco se procederá a la contratación de personal temporal o interino, salvo en casos excepcionales.
- No se autorizarán convocatorias de plazas vacantes de nuevo ingreso como regla general.
- Durante el año 2012 serán objeto de amortización un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan. Se citan excepciones en que se repondrá un 10% de las plazas.
5.- Pensiones y otras prestaciones públicas.
- Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2012 un incremento del 1 por ciento.
- También se incrementarán en un 1 por ciento las pensiones mínimas no contributivas y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, así como de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.
- Se enumeran excepciones que no tendrán incremento.
- Se prevé un pago complementario antes del 1 de abril de 2012 para compensar la diferencia de inflación del año pasado.
- Porcentajes de retención. Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta del 19 por ciento a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 140 de esta Ley se eleva al 21 por 100.
- Mantenimiento o creación de empleo. Se modifica la D. Ad. 12ª, prolongando durante un año más el tipo de gravamen reducido
– A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso,
– A la totalidad de los inmuebles de uso residencial con ponencia de valores anterior a 2002.
– A los inmuebles de uso residencial, con ponencia de valores de 2002 o posterior y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.
9.- Canon digital. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. A los perceptores de la compensación se les pagará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tomando como base la estimación del perjuicio causado.
10.- Desempleados sin subsidio. Se prorroga durante seis meses la asignación de 400 euros para las personas inscritas en la Oficinas de Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que, dentro del período comprendido entre el día 15 de febrero de 2012 y el día 15 de agosto de 2012, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas. Curiosamente, se ha duplicado el precepto, pues las disposiciones adicionales 13ª y 16ª son idénticas. ¿Faltará por publicar, a cambio, otra medida omitida por error o es fruto de la urgencia?
11.- Renta básica de emancipación para jóvenes. Se deroga el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que la regulaba. Se trata de un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente. Los beneficiarios que tengan reconocido el derecho -o que lo hayan solicitado hasta el 31 de diciembre de 2011-, continuarán disfrutando de dicho derecho en las condiciones establecidas en la norma que se deroga y de acuerdo con los términos de la resolución de su reconocimiento.
12.- Ley General Tributaria. Se adapta a la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, la cual introduce varios cambios importantes en el ámbito de la asistencia mutua. Estos son los preceptos afectados y los nuevos:
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Define qué se entiende por asistencia mutua.
- Artículo 5, apartado 3. Competencia de la AEAT en asistencia mutua.
- Artículo 17, apartado 4. En el marco de la asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a los obligados tributarios
- Artículo 26, nuevo párrafo e) en el apartado 2. Exigencia de interés de demora.
- Artículo 28, apartado 6. No habrá recargos del periodo ejecutivo como regla general.
- Artículo 29 bis. Nueva subsección. Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua.
- Artículo 35, apartado 6. Serán obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.»
- Artículo 62, apartado 6. Plazos para el pago.
- Artículo 65, apartado 6 en el artículo 65. Aplazamientos y fraccionamientos.
- Artículo 68, apartado 5. Interrupción de la prescripción.
- Artículo 80 bis. Prelación y garantías de créditos de titularidad de otros Estados. Nuevo. Los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales no gozarán de prelación alguna cuando concurran con otros créditos de derecho público, ni del resto de las garantías establecidas en los artículos anteriores de esta sección, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.
- Artículo 81. Medidas cautelares. Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española.
- Artículo 83, apartado 1. Se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados que se realicen en el marco de la asistencia mutua.
- Artículo 95, apartado 5. Cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua.
- Artículo 106, apartado 2. Valor probatorio de las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua.
- Nuevo Capítulo VI en el Título III, dedicado a la Asistencia mutua. Incluye trece nuevos artículos, comenzando por el 177 bis donde se inserta aspectos procedimentales.
- Nueva disposición adicional decimoséptima. Trata de la naturaleza jurídica de los créditos gestionados en el ámbito de la asistencia mutua. Tendrá la consideración de derechos de la Hacienda Pública de naturaleza pública todo crédito de otro Estado o entidad supranacional o internacional respecto del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que preste el Estado español en ejercicio de dicha asistencia mutua.
- Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013. Por la D. Ad. 35ª nueva, en los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal a que se refiere el artículo 62 de esta Ley se incrementará en los siguientes importes:
- Retenciones. En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota de retención a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Reglamento, se incrementará en el importe resultante de aplicar a la base para calcular el tipo de retención los tipos previstos en la siguiente escala:
Base para calcular el tipo de retención. Hasta euros
Cuota de retención. Euros
Resto base para calcular el tipo de retención. Hasta euros
Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, deberán realizarse sin tomar en consideración lo dispuesto en la escala anterior.
En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención tomando en consideración lo dispuesto en la escala anterior, practicándose la regularización del mismo, si procede.
- Pagos a cuenta. En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 de esta Ley (capital mobiliario, ganancias patrimoniales, arrendamientos, premios…) y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley (derechos de imagen), se elevan al 21 por ciento.
- Deducción por inversión en vivienda habitual. Art. 68, apartado 1 y D. Ad. 23ª.
- Los contribuyentes podrán deducirse el 7,5 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.
- La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios y demás gastos derivados de la misma.
- También podrán aplicar esta deducción por las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, con el límite, conjuntamente con el previsto en el párrafo anterior, de 9.040 euros anuales..
- Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por adquisición de otras viviendas habituales anteriores, no se podrá practicar deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva en tanto las cantidades invertidas en la misma no superen las invertidas en las anteriores, en la medida en que hubiesen sido objeto de deducción.
- Cuando la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimonial exenta por reinversión, la base de deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva se minorará en el importe de la ganancia patrimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este caso, no se podrá practicar deducción por la adquisición de la nueva mientras las cantidades invertidas en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.
- Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas.
- También podrán aplicar la deducción los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, con las especialidades que se desgranan, entre las que están una base máxima de 12.080 euros anuales y un porcentaje de deducción del 10 por ciento.
- Pagos a cuenta. La cuantía determinante para la toma en consideración de la deducción por vivienda en el cálculo de dichos pagos a cuenta será de 33.007,20 euros, salvo para enero de 2012 que será la anteriormente vigente.
- Enseñanza de nuevas tecnologías. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo y tendrá el siguiente tratamiento fiscal:
a) IRPF: tendrán la consideración de gastos de formación (art. 42.2.b).
b) I. Sociedades: darán derecho a la aplicación de la deducción prevista en el artículo 40 LIS. Y D. Tr. 20ª de la Ley 35/2006
- Mantenimiento o creación de empleo. D. Ad. 27ª.
- En cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012, los contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados, podrán reducir en un 20 por 100 el rendimiento neto positivo declarado, minorado en su caso por las reducciones previstas en el artículo 32 de esta Ley, correspondiente a las mismas, cuando mantengan o creen empleo.
- Se entenderá que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en cada uno de los citados períodos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de sus actividades económicas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo 2008. El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior al 50 por ciento del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.
- La reducción se aplicará de forma independiente en cada uno de los períodos impositivos en que se cumplan los requisitos.
- Para el cálculo de la plantilla media utilizada, se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y la duración de dicha relación laboral respecto del número total de días del período impositivo.
14.- No Residentes. Se añade la D. Ad. 3ª al Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, por la que, desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, los tipos de gravamen del 19 por ciento a que se refieren los artículos 19.2 (rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero) y 25.1 f) (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales…) de esta Ley se elevan al 21 por 100. Asimismo, durante el período a que se refiere el párrafo anterior, el tipo de gravamen del 24 por ciento previsto en el artículo 25.1 a) (tipo general) de esta Ley se eleva al 24,75 por ciento.
15.- Ley del Suelo. Se modifica el apartado 2 de la D. TR. 3ª del T. R. Ley del Suelo, con la finalidad de ampliar de nuevo hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, según la redacción dada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo.
16.- Ley de Dependencia. Se modifica el calendario que determina la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia y que comenzó a partir del 1 de enero de 2007.Ya han sido valorados los de Grado III de Gran Dependencia, y los de Grado II de Dependencia Severa.
E - Hasta el 31/12/2011, a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
17.- Cajas de ahorro. Se modifica el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, que pasa a tener el siguiente contenido: Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar el control, en los t��rminos del artículo 42 del Código de Comercio, de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente. Las cajas de ahorros no necesariamente quedarán convertidas en fundaciones si pasan a controlar menos del 50% del capital del banco con el que ejercen la actividad financiera.
18.- IVA superreducido de viviendas. La D. F. 5�� prórroga, para el ejercicio 2012, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, la aplicación del tipo reducido del 4 por ciento a determinadas entregas de viviendas, concretamente las del número 7.º del apartado uno.1, del artículo 91 de la Ley: Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente. En lo relativo a esta Ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas. No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición. Ver interpretación de la Agencia Tributaria. Ver criterios de la Agencia Tributaria.
19.- Permiso de paternidad. Se pospone su ampliación a cuatro semanas, exclusivo para el padre, al 1º de enero de 2013. Tendría que haber entrado en vigor el 1º de enero de 2012.
20.- Otras medidas:
- No disponibilidad de gasto por valor de 8.900 millones de los que 48 millones corresponden a Justicia.
- Reducción de subvenciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos (20%)
- Disminuye el presupuesto de RENFE, RTVE (200 millones y en I+D+I.
- Se congela la tarifa eléctrica con lo que seguirá aumentando el déficit tarifario.
- Se autoriza al Estado para otorgar avales de 100.000 millones de euros a la banca para garantizar emisiones de bonos y obligaciones nuevas.
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SALARIO MÍNIMO. Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012.
Por primera vez, se mantienen las cuantías correspondientes al año anterior, justificando la medida en la situación de crisis y en tratar de evitar que siga aumentando la tasa de paro.
Cuantía. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
Trabajadores eventuales y temporeros. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo aludido, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,39 euros por jornada legal en la actividad. Disfrutarán de una parte proporcional de vacaciones o percibirán su importe. El salario en especie no puede dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero.
Empleados de hogar. El artículo 8.5 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar e incluye todos los conceptos retributivos. El salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,02 euros por hora efectivamente trabajada. El salario en especie no puede dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero.
Entró en vigor el 1º de enero de 2012 y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
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NOMBRAMIENTO: Director General de los Registros y del Notariado: don Joaquín José Rodríguez Hernández. Cesa de doña María Ángeles Alcalá Díaz. Nacido en 1957 en Granada, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y pertenece a los Cuerpos de Registradores de la Propiedad y Mercantil, y de Notarios.
Ha sido Profesor Asociado de la Universidad de Navarra, director del Centro de Estudios Hipotecarios de Navarra, vocal de la Comisión de Informática del Colegio de Registradores y Vocal de la Junta de Gobierno, Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores de España y representante de España en la III Conferencia Internacional de Registros Mercantiles de Europa y en la Conferencia Internacional para adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y un Protocolo Aeronáutico. Codirector de la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. En la actualidad es Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Zaragoza.
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Fundamentos de derecho. Tras un abundante “Vistos”, el Centro Directivo reproduce lo que considera reiteración de su doctrina, ratificada por el Tribunal Supremo:
“1. El Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores podrán elevar consulta a la DGRN respecto de aquellos actos o negocios susceptibles de inscripción en cualquiera de los Registros a su cargo.
3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento mediante el cual se articularán las mencionadas consultas.”
2ª.- Opina Pedro Ávila Navarro que “la resolución refunde bien la doctrina anterior; pero sigue sin aclarar qué quiere decir con ese heredero demandado nominativamente y que «pueda» actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos; porque si el «que pueda» quiere decir que tenga un poder, entonces los otros herederos no serán «desconocidos��, sino que resultarán de ese poder; y si no es necesario que lo tenga, se estaría en el caso de nulidad de la S. 07.04.1992, por no acreditarse, ni siquiera alegarse, que el emplazado tenga poder. Parece que la doctrina de la Dirección es dejar el asunto en manos de la Autoridad judicial, de manera que si se ha demandado a un heredero y el juez ha «considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente», eso bastará, sin necesidad de que el registrador pida el dudoso poder. Pero llegados a ese punto, la duda está en si es necesaria una declaración expresa del juez en que dé por suficiente la legitimación pasiva, o basta con que el juez haya admitido la demanda contra un heredero y los demás desconocidos. Parece que lo procedente es lo primero, ya que, en principio, las demandas deben admitirse siempre salvo casos muy concretos (arts. 403 y 439 LEC); la falta de legitimación pasiva deben alegarla las partes como excepción procesal (falta de legitimación pasiva «ad processum», «ad causam» o falta de litisconsorcio pasivo necesario), al inicio de la vista (verbal) o en la contestación de la demanda para luego tratarlo en la audiencia previa (ordinario). Y si el Juez no puede apreciar de oficio la falta de legitimación pasiva, tampoco puede entenderse que la «haya considerado suficiente», si no lo hace expresamente.”
“…Hechos: La sociedad A es absorbida por la sociedad B, por Fusión de ambas. En el periodo intermedio entre la firma de la escritura de Fusión y su inscripción en el Registro Mercantil la sociedad A transmite un inmueble de su patrimonio a un tercero.
Aborda también el problema de que el artículo 55 del Reglamento del Registro Mercantil señala que la fecha de inscripción será la del asiento de presentación, pero considera que debe prevalecer en este caso lo dispuesto en el artículo 46 citado, por su carácter específico….”
Con posterioridad a dicha acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, al fallecer el abogado de Miami Beach, Florida Usa, D. W. W., se encontraron en sus archivos los originales de los testamentos otorgados el 26 de julio de 1963, por don M. P. J. y por su esposa doña F. P. J. C., firmados en presencia de don D. W. W., en cuyo testamento don M. P. J., entre otros extremos, dejó a su esposa, todos sus bienes inmuebles con independencia de dónde estén situados (testimonios de dichos testamentos fueron protocolizados en acta por notario español en cuyo pié consta –sic– «Lo que antecede es testimonio literal de su original, no legitimado ni apostillado, que he tenido a la vista y cotejado...).
En la escritura se incorporan determinados documentos –algunos consistentes en certificaciones consulares sobre normas de Derecho venezolano– para acreditar la validez del testamento, tanto respecto de las formalidades del otorgamiento como respecto de las disposiciones contenidas en el mismo, y la residencia en España del testador. Entre las referidas normas, se certifica sobre la vigencia del artículo 34 del Código Civil de Venezuela, según el cual «Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante» y del artículo 35 del mismo Código, conforme al cual «Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, no separado legalmente de bienes, podrán, en todo caso, hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el Derecho venezolano».
Y el artículo 11 nos dice que se entiende por domicilio en Derecho venezolano “El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual” y el artículo 15 añade. “Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el derecho aplicable”.
Pero el artículo 4, en su párrafo segundo admite el reenvío simple o de primer grado, denominado también reenvío de retorno. El artículo 4, segundo párrafo, señala: “Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho”.
El precepto venezolano utiliza la locución “deberá” por el contrario, nosotros, artículo 12.2 del código civil, utilizamos la expresión “tener en cuenta” en el sentido de “toma en consideración” (STS de 15 de noviembre de 1996 y de 21 de mayo de 1999).
Cuando los dos Ordenamientos en conflicto admiten el reenvío de retorno difícilmente se produce una armonía material de soluciones ya que cada cual “barre” para casa propia, aplica su propio Derecho. Por ello, los autores coinciden en sostener que el reenvío de retorno persigue la simplicidad en la aplicación del Derecho.
2.- Validez del testamento. He aquí un tema importante. Nuestra norma de conflicto, CONVENIO SOBRE LOS CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE FORMA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS, HECHO EN LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE 1961, hace prácticamente imposible, dada la multiplicidad de puntos de conexión, que un testamento sea inválido por defecto de forma pero una cuestión es la validez formal de un testamento como documento y otra distinta que sean necesarias o se requieran formalidades añadidas (deposito, adveración, validación por funcionario habilitado por Autoridad Pública) para dotar a un testamento formalmente válido como documento del atributo de título sucesorio; por ejemplo, la copia autorizada de un testamento abierto autorizado por Notario de corte latino es “per se” título- base de operaciones sucesorias (acompañado de certificado de defunción y últimas voluntades) y por el contrario, no acontece lo mismo con nuestro testamento ológrafo ya que precisamente la ausencia de Autoridad pública conlleva el que sea preciso la cumplimentación de trámites y/o formalidades añadidas ante Funcionario- Autoridad pública, ha de ser examinado y reconocido por la Autoridad Judicial después de fallecido el testador, para que una vez practicas las oportunas diligencias, incluido el cotejo de letra y, justificada su identidad, ordene su protocolización por Notario.
No se deduce de la Resolución si ese testamento -parece que “privado“ firmado ante “abogado”- ha sido adverado, reconocido, probado por Funcionario-Autoridad Pública; no se puede dar en España a un documento extranjero más valor que el que tendría en España un documento nacional de la misma clase.
3.- Cuestión central.- La voluntad de las legitimarias (hijas del causante que son legitimarias tanto se aplique al fondo de la sucesión derecho venezolano como se aplique derecho común español), expresando que desean respetar escrupulosamente la voluntad de su difunto padre exteriorizada en el concreto testamento al que se refieren y cuyo contenido aceptan y renuncian a cualquier impugnación del mismo, es suficiente si se “vierte” ante Notario público, el cual, de conformidad con nuestras leyes procede a identificar al compareciente, se cerciora de su capacidad y presta asesoramiento informado antes de la emisión del consentimiento; el vehículo no es baladí (la declaración de voluntad de repudiación) es objeto de escritura y no de acta, pero como señala la Resolución en el presente caso, contenido y forma pueden ser los propios de una escritura aun cuando se le haya calificado de “acta”.
4.- Una cuestión procedimental que se trató en esta resolución es la interpretación que debe darse al artículo 327.5 de la LH. El artículo 327, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria fue modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, para disponer que el registrador debía trasladar el recurso a los titulares cuyos derechos constaren presentados, inscritos, anotados o por nota al margen en el Registro y que pudieran resultar perjudicados por la resolución que recaiga en su día. No obstante, el Centro Directivo entendió (cfr. la Resolución de 14 de diciembre de 2004) que esta norma debía ser interpretada en sus justos términos, sin que pudiera servir de base para considerar autorizado el registrador para reconocer como interesados en el procedimiento –aunque fuera a los efectos de recibir comunicación sobre la interposición del recurso- a otras personas distintas a las contempladas en la referida norma legal. Además, una de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre –en concreto su artículo 31.5–, consistió en modificar dicho precepto para volver a la primigenia y actual redacción, de modo que el registrador sólo debe y puede trasladar el recurso del interesado al notario, autoridad judicial o funcionario que expidió el título. LA DGRN estima el recurso. (IES)
264. LEGITIMACION DEL REGISTRADOR PARA RECURRIR RESOLUCIONES. Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora a la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva que fue objeto de un recurso anterior, parcialmente estimatorio, acompañada de otro documento complementario.
- En algunos casos se trata de un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación –a su favor– de bienes privativos del otro cónyuge
Comenzando con la segunda posibilidad expuesta, diremos que, aunque la Administración pueda tener otro criterio, la Sentencia nº 1610 del TSJ de Andalucía, Sede de Sevilla, de 4 de mayo de 1992, declaró exenta la operación con la siguiente argumentación: "si la ley -del Impuesto sobre ITP y AJD- declara exenta la transmisión que opera con ocasión de la disolución, es claro que ha de referirse a la que opera en bienes privativos, ya que en cuanto a los gananciales no hay transmisión". Igual criterio se ha aplicado por Tribunales de Justicia en cuanto al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Así lo declaró el Tribunal Supremo en la Sentencia de 16 de marzo de 1966; también sostiene la misma opinión el Profesor Fernando Cassana Merino en su obra "Tributos Locales", 2002, página 80.
En cuanto a la primera posibilidad –la aportación-, dejando de lado la dimensión civil del problema, la operación puede tener una transcendencia recaudatoria con arreglo a las Resoluciones que a continuación se detallan:
Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 22 de noviembre de 2006, Recurso 1120/2004, declaró que la aportación sin contraprestación es gratuita, sujeta al Impuesto sobre Donaciones, sin que se pueda invocar para sostener una opini����������n contraria la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2001, pues en el supuesto de hecho que contempló el Alto Tribunal existía una contraprestación por la aportación, y por ello resultaba onerosa y exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En efecto, en la Sentencia del Tribunal Supremo se contempla una aportación a la sociedad conyugal "sin perjuicio del reintegro de su valor en la liquidación de la sociedad conyugal". En realidad, en la Sentencia del Tribunal Supremo se dice que "toda aportación" goza de exención, en TPO, sin hacerse mención expresa o literal a la distinción entre que sea onerosa o gratuita. (JZM)
La DGRN afirma que “la acreditación del transcurso del plazo debe ser tal que excluya la aplicación de la norma sancionadora por prescripción del plazo previsto en la misma (Resoluciones de 21 de octubre de 2000 y 10 de junio de 2009).”
Pero la DGRN estima el recurso diciendo que ”del conjunto de la documentación aportada, resultan indicios claros de que la obra puede ser anterior al año 1999“, y que “el registrador da por hecho que procede la aplicación de la normativa citada, cuando el posible defecto hubiese sido la necesidad de que se acredite con mayor exactitud la fecha de la edificación, con la precisa descripción que se pretende inscribir, a efectos de determinar la legislación aplicable, y sólo en el supuesto de que lo fuera con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 calificar la escritura en los términos que se ha realizado.” (JDR)
º 2º.- Falta de constancia de si las deudas por las que se sigue el procedimiento son de los causantes –titulares registrales– o de sus herederos. La DG añade que también podrían ser de la propia herencia yacente. Este dato es necesario, pues las consecuencias y la calificación del tracto sucesivo son distintas, como se verá en el desglose realizado para valorar los defectos 3º y 4º.
D) Si son deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el Mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente.
- y si fueran deudas de herederos indeterminados –herencia yacente- sería preciso que o bien se acredite en el Mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente.
La DGRN confirma la calificación registral y desestima el recurso aplicando el artículo 66 de la Ley Andaluza 7/2002, cuando considera como actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable.” , y determina que «Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad.
Señala la DGRN que “los conceptos que se emplean en los artículos 78 y 79 del citado Real Decreto, han de ser examinados, y adaptados, a las normas autonómicas sustantivas que resulten de aplicación. “, y que “el concepto de parcelación urbanística, siguiendo el proceso que han seguido las actuaciones en fraude a su prohibición y precisamente para protegerse de ellas, ha trascendido la estricta división material de fincas, la tradicional segregación, división o parcelación, para alcanzar la división ideal del derecho y del aprovechamiento, y en general todos aquellos supuestos en que manteniéndose formalmente la unidad del inmueble, se produce una división en la titularidad o goce, ya sea en régimen de indivisión, de propiedad horizontal, de vinculación a participaciones en sociedades, o de cualquier otro modo en que se pretenda alcanzar los mismos objetivos.
Y añade que “la ausencia de asignación formal y expresa de uso individualizado de una parte del inmueble, no es por sí sola suficiente para excluir la formación de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificación de parcelación urbanística”.
Y finalmente concluye diciendo que “El registrador, en el presente caso, no basa su calificación únicamente en la existencia de una transmisión de cuota indivisa, sino, también, en dos elementos de juicio adicionales, derivados, de un lado, de los antecedentes del Registro (de los que resulta que obran presentadas otras diecinueve escrituras de venta de otras tantas participaciones indivisas de la misma finca, que en conjunto representan el 96,2935% del dominio de la finca) y, de otro, del escrito remitido por el Ayuntamiento, como órgano urbanístico competente, en el que se comunica que todas las transmisiones intervivos de la finca 15781 son reveladores de una posible parcelación ilegal. Todo lo cual lleva a concluir, en atención a lo antes expuesto, que resulta justificada la calificación registral negativa”. (JDR)
Presentada en el Registro la primera escritura en unión de una instancia y de un mandamiento “con el fin que se lleve a cabo lo acordado en la sentencia y se proceda a la cancelación de la citada inscripción” el registrador canceló totalmente la inscripción a favor de B, por lo que la finca volvió a estar inscrita a nombre de A.
Calificación registral.- El registrador suspende la anotación del embargo por disponer el art. 24.4 LCo “que practicada la anotación preventiva, no podrán anotarse más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley. Tal salvedad o supuesto de excepción también ha de ser declarada por el Juez Concursal y no se acredita sea aplicable al presente supuesto”.
“La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad (que son los únicos a los que la suspensión de la ejecución pudiera afectar), es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la calificación registral. A este respecto no consta registralmente la afección del bien a las actividades profesionales o empresariales del deudor, por lo que la valoración va a depender de factores extrarregistrales cuya consideración sólo puede apreciarse en vía jurisdiccional”.
La indicada sentencia de la Sala del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal Supremo, remitiéndose a otras anteriores, ha declarado que es “improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad” del mismo.
La razón principal, que para la DGRN constituye doctrina plenamente aplicable a este caso, es que la “ejecución no podría haberse llevado a cabo en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa”, cuestión que no puede ser decidida unilateralmente por la Administración, siendo nulas, como afirma el art. 55.3 LCo, todas las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 del mismo artículo. (CBG)
La DG observa, de inicio, que no hay una definición legal de crédito refaccionario, enunciándola ella como “el contraído en la construcción, conservación, reparación o mejora de una cosa, generalmente un inmueble”.
- La Ley Hipotecaria dispone que el acreedor refaccionario puede exigir anotación preventiva –con los efectos de la hipoteca- sobre la finca refaccionada y su conversión (art. 59 en relación con los artículos 42.8, 60 a 65 y 92 a 95).
- La jurisprudencia amplía su ámbito, pues el crédito puede derivar de una anticipación de dinero, pero también de material o trabajo con las finalidades definidas, interpretando ampliamente la palabra “anticipar”.
Y la confirma, porque el requisito temporal está exigido con claridad por la Ley Hipotecaria, pues tanto el artículo 49 exige que las obras no estén terminadas, como el artículo 92 determina un breve pazo de caducidad para la anotación, una vez concluidas las obras, permitiendo el artículo 93 al acreedor refaccionario pedir la conversión de su anotación preventiva en inscripción de hipoteca. También el art. 166.7 RH alude al futuro, “obras que se pretende ejecutar”.
En cuanto a la alegación que hace el registrador de normas autonómica aplicables al caso, dice la DG que “es competencia exclusiva del Estado (cfr. el artículo 149.1.8 de la Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (véase sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de abril de 1997) y por tanto la determinación de los requisitos de acceso al mismo, por lo que la disposición adicional novena de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre de la Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23 de diciembre, –en la que se basa la nota de calificación– no es de aplicación respecto de aquellos Registros Jurídicos, como el Registro Mercantil, que no son de la competencia de la Generalitat Valenciana”.
3) Desde un punto de vista fonético no puede haber dos letras más diferentes que la “H” y la “F”.
4) Invoca de forma analógica la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de marzo de 2003, que declaró compatibles las denominaciones «BDS Consulting» y BBDO Consulting»;
En una pedagógica y explicativa resolución, cuya lectura completa se recomienda a todos los posibles interesados en la cuestión de denominaciones sociales, sienta las siguientes bases en materia de lo que se llama la “cuasi identidad o identidad sustancial” de denominaciones:
Hechos: Se trata en esta resolución de la posibilidad de inscripción de una constitución de sociedad telemática por el procedimiento establecido en el apartado Dos del artículo 5 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, ajustándose a los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, si bien el capital social era de tres mil doscientos sesenta y siete euros. En el objeto social se incluyen, entre otras actividades, las siguientes: «… 2. Comercio al por mayor y al por menor… –4. Actividades profesionales… 7. Prestación de servicios… La sociedad gira bajo la denominación de “Nueva Clínica Dental Palma, SL”.
Con posterioridad se rectifica el error (sic) padecido respecto de la cifra de capital social que, en realidad, según se expresa en diligencia, «debía fijarse en tres mil sesenta y nueve euros… y no en tres mil doscientos sesenta y siete euros…». La escritura es presentada de nuevo con la diligencia incorporada, siendo debidamente inscrita.
El notario recurre alegando en esencia el punto séptimo de la Instrucción de la DG de 18 de mayo de 2011, relativa a que «La delimitación estatutaria del objeto social podrá realizarse mediante la transcripción total o parcial de la enumeración de actividades contenidas en el artículo 2 de los Estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre”, sin establecer distinción alguna por el tipo de constitución, telemática o en papel, que se haga.
El problema lo centra en si es o no inscribible “el objeto social delimitado en la forma permitida por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, aun cuando no se cumplan todos los requisitos establecidos en el apartado Dos del artículo 5 del Real Decreto-Ley 13/2010”.
Tras un examen parcial de su propia doctrina concluye “que no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector económico más específico” y respecto de las actividades profesionales sostiene que de la regulación establecida en la ley 2/2007 se desprende que para que exista una verdadera sociedad profesional es imprescindible la existencia de un sustrato subjetivo (necesariamente socios profesionales, eventual y secundariamente socios no profesionales) que se considera esencial para la realización de la actividad social que constituye el objeto”.
Por ello “atendiendo a una interpretación teleológica de la Ley 2/2007 , quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la misma las denominadas sociedades de servicios profesionales, que tienen por objeto la prestación de tales servicios realizados por profesionales contratados por la sociedad sin que, por tanto, se trate de una actividad promovida en común por los socios mediante la realización de su actividad profesional en el seno de la sociedad”.
“Por ello, puede concluirse que la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripción”, sin que pueda el registrador “exigir una manifestación expresa sobre el carácter de intermediación de la actividad social, que la Ley no impone”, añadiendo como especial nota de estas sociedades de servicios profesionales que en ellas “el cliente contrata directamente con la sociedad para que el servicio sea prestado en nombre de la misma por el profesional contratado por ella”.
Finalmente y aunque ello no había sido objeto del recurso, considera que la denominación social no constituye problema para la inscripción al admitirse, como objeto social, el de los profesionales, pudiéndose, como hemos visto, desarrollar la actividad de clínica dental “sin necesidad de constituirse como sociedad profesional «stricto sensu»”.
Comentario: Dados los antecedentes establecidos en la Instrucción de 18 de mayo y en la resolución de 5 de Septiembre de este mismo año, las conclusiones a las que llega la DG eran previsibles. Una vez establecida una postura y admitido un modelo de objeto para una sociedad cuya única especialidad está en la forma de constitución, no existían razones verdaderamente jurídicas que impidieran que dicho objeto sea también utilizado en otras sociedades aunque su forma de constitución no sea telemática, o telemática pero sin modelo de estatutos de utilización obligatoria. Como hemos expresado en otras ocasiones el verdadero problema está en haber incluido en el modelo de estatutos de las llamadas sociedades express las actividades que para ellas eran admisibles y hacerlo con criterios de gran generalidad para no coartar la libertad empresarial. Realmente el objeto debió quedar al libre albedrío del empresario, aunque ello tuviera el pequeño “inconveniente” de estar sujeto a calificación, calificación que podría retrasar la celeridad que el legislador quiso imprimir a este tipo de sociedad. Por ello, respetando plenamente el criterio de la DG, creemos que hubiera sido más adecuado no incluir objeto alguno en el modelo de estatutos pues así se hubiera evitado la extensión de un objeto, cuando menos dudoso en cuanto a su admisibilidad, al resto de las sociedades, sin causar graves inconvenientes a las sociedades express a poco que se hubiera puesto algo de cuidado en la redacción de su objeto.
No obstante quizás lo más interesante de esta resolución sea la alusión que hace a un nuevo tipo de sociedad pseudo profesional que llama de “servicios profesionales”. Esta sociedad, en la configuración que parece darle la DG, ya no es una sociedad intermediadora, ni tampoco de medios o de comunicación de ganancias (cfr. E.M. de la Ley 2/2007), sino que es una especie nueva de sociedad profesional, no constituida conforme a la Ley 2/2007 y cuya principal característica es que los servicios profesionales que la sociedad presta de forma directa a sus clientes lo son, no por los socios como profesionales, que no tiene por qué haberlos, sino por profesionales contratados por la sociedad. Aunque ello exigiría un estudio mucho más profundo, creemos que a partir de ahora el que una sociedad sea profesional o no en el sentido de la Ley 2/2007 va a depender sólo de la voluntad de los que la constituyan pues aunque en la sociedad figuren socios profesionales, lo que por otra parte no tiene ni que constar en la comparecencia, no vemos ningún inconveniente para que éstos no desempeñen trabajos para la sociedad o aunque lo desempeñen no lo sean como deudores de prestaciones accesorias, sino como meros empleados-socios, de la sociedad. Quizás haya que volver más despacio a tratar de este tipo de sociedades. (JAGV)
Dicha solicitud fue calificada negativamente por los motivos siguientes: “Vistos los artículos 172 de la LSC; 86, 326 de la LH; 20 del C. Comercio; 727 LEC; 104 RRM y las Resoluciones de la DGRN de 5 de febrero de 2000 y 24 de abril y 25 de julio de 2007 y muy especialmente la Resolución de la DGRN de 9 de julio de 2010, se deniega la anotación preventiva de solicitud de complemento a la convocatoria de Junta”.
DERECHO NORUEGO: RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL:
El Reino de Noruega (Norge o Noreg) es uno de los Estados Monárquicos de la Europa Septentrional que, junto con Dinamarca, Suecia y Finlandia, forman la Península Escandinava. Su nombre proviene de la palabras nor veg (el camino del norte) y está poblada desde unos 12.000 años. El periodo vikingo (siglos IX y X) supuso la unificación y expansión de Noruega. Harald el Rubio fue el rey que unificó Noruega, extendiéndose su reinado desde 872 a 930, siendo algunos de sus sucesores Haakon el Bueno y Olaf Tryggvason. La línea real noruega murió en 1387 y el país ingresó en un periodo de unión con Dinamarca a partir de 1450, mediante un Tratado. Esto marcó el comienzo de lo que se conoce como “la noche de los 400 años”, siendo considerada el eslabón más débil en la unión con Dinamarca. Tras de la alianza de Dinamarca con Napoleón, Noruega fue cedida al rey de Suecia en 1814, creciendo la irritación entre los noruegos con consecuencia de esta unión, y finalmente la unión personal con Suecia fue disuelta en 1905, cuando el Gobierno Noruego ofreció el trono al Príncipe Carlos de Dinamarca, y tras un plebiscito aprobando el establecimiento de la monarquía, el parlamento lo eligió unánimemente rey, tomando el nombre de Haakon VII, siguiendo el linaje de los reyes de la Noruega independiente. Noruega se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, pero como resultado de la invasión por Alemania y la ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, los noruegos se volvieron escépticos ante el concepto de neutralidad. Noruega fue uno de los firmantes del Tratado fundador de la OTAN en 1949 y uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas; rechazó mediante referéndum su ingreso en la Unión Europea en dos ocasiones (1972 y 1994), pero forma parte del Espacio Económico Europeo. Tiene una población de unos 4.700.000 habitantes y su idioma tiene dos formas escritas: el bokmal, cercano al danés y el nynorsk (nuevo noruego) que es una lengua artificial que intenta reunir la mayoría de las formas dialectales de las diferentes regiones del país, no obstante la mayoría de la población habla de forma fluida el inglés. (Wikipedia)
Matrimonio y Régimen Económico Matrimonial:
El matrimonio se rige por la Ley 47 de 4 de julio de 1991, que entró en vigor el 1 de enero de 1993. Los contrayentes deben tener más de 18 años (hoy 16) y la autoridad noruega no autoriza el matrimonio si los esposos no tienen intención de vivir en Noruega. No está permitido el matrimonio por poder. Se puede contraer ante el Oficial del Registro Civil o en la forma religiosa permitida por el Estado.
En cuanto al divorcio está sujeto a trámites administrativos, ya que sólo interviene la autoridad judicial en casos particularmente graves, por ejemplo en caso de violación o bigamia. El divorcio sigue siempre a una separación legal, de suerte que la demanda se dirige al Prefecto (autoridad administrativa) del lugar del último domicilio del matrimonio, sin necesidad de invocar ninguna causa, ya que basta con la solicitud de uno de los esposos, sin más. No se exige la existencia de un plazo entre el matrimonio y la separación, la cual puede obtenerse al cabo de 6 a 8 semanas de aquel. Obtenida la separación (8 semanas tras de la demanda), cualquier esposo puede pedir el divorcio, que lo resuelve el Prefecto (no interviene la autoridad judicial). De igual modo cuando uno de los esposo ha roto la vida común después de al menos 2 años (sin solicitar la separación) uno de ellos puede pedir el divorcio, bastando la declaración de cualquiera de ellos. Hay un sistema de mediación y de consejo cuando el matrimonio tiene hijos de menos de 16 años, el cual se utiliza sólo en caso de divorcio por separación legal o de divorcio por ruptura de la vida común. Los efectos accesorios del divorcio se pueden regular por los esposos ante el tribunal, después de la obtención del divorcio.
Efectos de la separación y del divorcio:
Existe una regulación legal en cuanto a la liquidación de la comunidad de bienes, pero cada matrimonio puede de común acuerdo, acordar soluciones contrarias a la regulación legal, que es por tanto supletoria. El acuerdo tanto en la separación como en el divorcio es cosa de los esposos, y aunque existen dos regímenes matrimoniales, comunidad o separación, el matrimonio no tiene influencia en los derechos de propiedad de cada uno. Rara vez se acude a los tribunales para llevar a cabo la división de los bienes. Existen dos reglas principales: cada esposo conserva los bienes de valor que eran manifiestamente suyos al tiempo del matrimonio o han sido adquiridos por herencia o donación durante el matrimonio; y hay otros bienes que no se someten a la división entre ellos, por ejemplo los de uso personal, documentos administrativos, pensiones de jubilación, o indemnizaciones debidas a daños o adquiridos para los hijos. Son las necesidades de los hijos los que determinan cual de los esposos habitará la vivienda familiar, aunque no sea su propietario, aunque en este caso, deberá pagar un alquiler al otro. El espíritu de la ley noruega es que cada esposo deberá ser independiente del otro y hacer frente sus necesidades. Así una pensión concedida al otro ex esposo sólo se concede si su vida se ha reducido al cuidado de los hijos o se encuentra en paro, y se limita a tres años, con posibilidad de prórroga. Los abuelos que tengan un lazo muy cercano, pueden obtener un dcho de visita a los nietos, cuando uno de los esposos ha fallecido, ya que en otro caso, este dcho está sujeto al acuerdo de los padres.
Régimen matrimonial legal supletorio:
En defecto de capitulaciones matrimoniales, el régimen legal es el de la comunidad diferida de adquisiciones (parecido en parte al sistema alemán), ya que los bienes de los esposos se encuentran separados durante el matrimonio y cada uno puede disponer libremente de los suyos. Es en el momento de la disolución del matrimonio cuando se forma la masa común. Por tanto, durante el matrimonio, el régimen noruego se aproxima al régimen de separación, donde cada uno es propietario exclusivo de los que le pertenecen, así como de los que adquiere durante la unión. Por otro lado, durante el matrimonio, los esposos conservan su libre administración y disposición de sus bienes. Ellos pueden entre sí hacer donaciones y formalizar todo tipo de contratos. Sin embargo el matrimonio tiene algunos efectos: así un esposo tiene un dcho. de crédito contra su esposo o esposa, si éste abusa de su dcho. a disponer de los bienes, y puede incluso pedir la disolución anticipada de la comunidad y el reparto de los bienes, si su dcho. a una posible compensación está en peligro.
Son bienes personales: los excluidos de la comunidad por capitulaciones; los adquiridos por un esposo a título lucrativo, cuando el donante o testador los ha excluido de la comunidad; las sumas recibidas de un contrato de seguro, si se ha previsto su exclusión de la comunidad; los bienes y dchos de uso personal; y los bienes subrogados en el lugar de otro bien excluido de la comunidad. El resto de los bienes se consideran comunes y están sujetos a la división a la disolución del régimen.
Pese a todo lo dicho, los actos dispositivos sobre el hogar familiar y los muebles de uso ordinario que existen en él, requieren el consentimiento de ambos esposos o autorización judicial. Ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento de la familia, y en relación con estas necesidades un cónyuge puede comprometer sus bienes propios, los comunes y los del otro esposo. A la disolución del régimen matrimonial, por fallecimiento, separación o divorcio o decisión judicial, los bienes comunes son objeto de una división a partes iguales entre los esposos, aunque en el caso del fallecimiento de un cónyuge, puede el otro solicitar la continuidad del régimen matrimonial legal entre él y los herederos del difunto, teniendo entonces el sobreviviente la posesión de los bienes comunes.
Este dcho. conocido como “VSKIFTE” se regula en el artículo 9 de la ley sucesoria noruega de 3 de marzo de 1972, que dice “ A la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente tiene dcho. a permanecer en posesión de los bienes comunes sin liquidar y partir la herencia con los demás herederos legales del cónyuge fallecido”. Incluso, conforme al art 18 de dicha ley “el cónyuge sobreviviente dispone en vida de la entera propiedad de toda la masa de la herencia a excepción de las restricciones que hayan sido específicamente establecidas”. Sin embargo no puede efectuar donaciones, ya que el art. 19 indica que “el cónyuge que permanezca en posesión de la masa de la herencia en indivisión no puede hacer donación de propiedad inmueble sin el consentimiento de los herederos del difunto, ni efectuar ninguna donación que resulte desproporcionada respecto del valor de la masa hereditaria”.
Régimen económico convencional:
Las capitulaciones pueden ser concluidas antes o después del matrimonio (y dado que el sistema notarial noruego sigue el sistema anglosajón) se firma ante dos testigos, y en forma escrita. En el mismo, los cónyuges pueden modificar el régimen legal (por ejemplo excluir ciertos bienes de la división) o adoptar un régimen convencional, por ejemplo el de separación de bienes. Sin embargo no surtirá efecto frente a terceros sino a partir de su publicación en el registro Civil, y si el mismo afecta a bienes inmuebles, deberá ser publicado en el Registro de la Propiedad.
La ley 40 de 30 de abril de 1993, que entró en vigor el 1 de agosto de 1993 (modificada luego por la de 17-junio-2008), permite a dos personas del mismo sexo, registrar su unión, con efectos similares al matrimonio. La ley requiere sólo que uno de los componentes de la unión resida en Noruega, lo que evita que Noruega se convierta en el Paraíso de las Uniones Homosexuales. La ley pues asimila la unión registrada al matrimonio y establece las mismas condiciones que para éste. Es imposible que una persona que ya tiene registrada una unión, o que está casada, pueda registrar otra unión, ya que ello sería parecido a la bigamia. La unión registrada produce los mismos efectos que el matrimonio, y las palabras matrimonio” y “esposos” pueden ser sustituidas por las de “unión registrada” y “partenaires (compañeros)”. Las uniones registradas tienen los mismos efectos fiscales, patrimoniales, sociales, sucesorios que las parejas casadas, y tienen ambos igualmente el deber de asistencia mutua que los esposos. La ley de 1993 excluía la posibilidad de adoptar conjuntamente a un niño.
Esta ley ha sido modificada sin embargo en 17 de junio de 2008, por ley que entró en vigor el 1 de enero de 2009, permitiéndose ahora la adopción de niños y la inseminación artificial en parejas homosexuales; incluso la Iglesia Luterana Noruega, permite y acepta los matrimonios homosexuales; la ley habla ahora del matrimonio homosexual. La edad para contraer matrimonio heterosexual u homosexual se ha rebajado a los 16 años.
También se aplican a las uniones las normas del divorcio. No existe ninguna norma que asimile a las parejas heterosexuales no casadas a las parejas casadas, aunque algunas normas se aplican a los “concubinos” (es un término francés que no tiene el sentido peyorativo de la palabra española). El concubinato no crea por tanto ninguna comunidad de bienes, ni da lugar a dchos sucesorios.
Los esposos pueden escoger en capitulaciones la ley aplicable a su régimen matrimonial. La elección es completamente libre, aunque si la elección recae sobre una ley extranjera, la misma no tendrá efecto en relación con los créditos de los esposos domiciliados en Noruega, si dichas capitulaciones no se han registrado en el Registro Civil Noruego.
En defecto de acuerdo internacional y de elección de ley aplicable, los efectos del matrimonio se rigen por la ley del Estado del primer domicilio común de los esposos tras de la conclusión del matrimonio y en su defecto, se aplicará la ley del Estado con el que los cónyuges tengan unos lazos más estrechos.
La capacidad de las personas para concluir un matrimonio y firmar unas capitulaciones se rige por su ley personal. La forma del matrimonio y la de las capitulaciones se sujetan a la ley del lugar de celebración. El reenvio está excluido en materia de regímenes matrimoniales: cuando conforme a las reglas del DIP se debe aplicar un derecho extranjero, son las leyes internas del país las que se aplican. Tampoco se aplican aquellas normas que supongan una violación del orden público noruego.
Nota final: A la hora de redactar estas notas, se han tomado en cuenta: la Enciclopedia Wikipedia; el Manual de Derecho Privado y Justicia Preventiva en Europa de Alfonso Rentería y la Ley Sucesoria Noruega que, gentilmente, me fue enviada por mi compañero Miguel Ángel Robles, Notario de Torrevieja. En el próximo informe recogeré las normas sucesorias noruegas.
PEDRO SALINAS SERRANO: “POEMAS”
Poeta nacido en Madrid. Profesor universitario en Sevilla, Murcia, Cambridge y Boston. Los tres elementos básicos de su creación son -autenticidad, belleza e ingenio-. Autor perfeccionista, pero de gran sensibilidad. Es el principal poeta del amor de su generación. Podemos distinguir tres etapas en su producción, la primera que abarca hasta 1932. Poesía pura bajo el influjo de Juan Ramón Jiménez: Presagios (1923), Seguro azar (1929) y Fábula y signo (1931). Una segunda etapa de 1933-1939. Poeta del amor. Amor anti romántico (no es un amor atormentado ni sufrido). El amor supone un enriquecimiento de la vida y la persona, confiere sentido al mundo. La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936) (algo más pesimista, aparecen los límites del amor) y Largo lamento (1939) de tono elegíaco, le canta al amor que agoniza y muere. Y una tercera etapa tras la guerra civil, libros de poemas en lo que se observa una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que ve a su alrededor. El Contemplado (1946), Todo más claro (1949), Confianza 1942-44 (1955) libro póstumo que recoge poemas escritos en esos años. Destacamos en Salinas su concepto del amor, la amada es vista como amiga; la amada saca de la duda al amante, de su nada anterior, le inventa un mundo, lo salva del caos. El amor es una prodigiosa fuerza que da plenitud a la vida y que confiere sentido al mundo. Por él, el poeta ama la vida y dice que sí al mundo. Se han señalado las relaciones de Salinas con Guillén: van a la realidad, buscan su esencia para hacerla lírica. Se diferencian en que Salinas es más subjetivo y amétrico; Guillén posee una más fuerte voluntad objetivadora y utiliza mayor regularidad métrica. Murió exiliado en Boston en 1951 (www.epdlp.com).
He tomado dos de sus poemas que leí en mis años jóvenes:
Alicante Enero 2012 (JLN)
WIKIPEDIA Selección de poemas
Visita nº desde el 27 de enero de 2012.

References: artículo 36
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 artículo 147
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 artículo 28
 artículo 28
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 artículo 12
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 artículo 149
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