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Timestamp: 2018-12-11 04:35:38+00:00

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Boletín 11/2012
Mencionaba Piero Calamandrei: “El derecho, mientras nadie lo perturba y lo contrasta, resulta invisible e impalpable, como el aire que respiramos; inadvertido como la salud, cuyo valor sólo se conoce cuando nos damos cuenta de haberla perdido. Pero cuando el derecho es amenazado o violado, descendiendo entonces al mundo astral en que reposaba en forma de hipótesis al de los sentidos, se encarna en el juez y se convierte en expresión concreta de voluntad operante a través de su palabra”[1].
Esta reflexión nos permite apreciar como la labor de la Rama Judicial y, dentro de ella la labor de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ha venido ascendiendo de nivel dentro de un plano social de mayor necesidad hecho que se visualiza por el aumento del número de usuarios a la misma; dicha circunstancia pone en cuestionamiento la tan sonada frase de que en Colombia no hay verdadera justicia; sino hubiera una luz de esperanza en la labor de la justicia no habría tanto usuario golpeando a sus puertas.
El Presidente del Tribunal Administrativo del Cauca mencionaba al observar en la Oficina de Relatoría de esta Corporación sentencias desde 1948, que en ese tiempo el número de sentencias era mínimo comparado con lo que ocurre en la actualidad; solo en el mes de octubre el Tribunal expidió un total de noventa y ocho sentencias en diversas temáticas las cuales son producto de un estudio minucioso de los diferentes funcionarios y empleados de la Corporación, sin contar con el gran número de sentencias expedidas por los Despachos de los Jueces Administrativos. Es incuestionable que las problemáticas sociales han aumentado en complejidad con el paso del tiempo lo que se refleja en una aplicación del derecho que invita a más profundidad pero también a más diversidad interpretativa.
Queda a disposición de Ustedes el Boletín número 011 de nuestra Corporación, el cual contiene un total de cincuenta (50) providencias que ponemos bajo su criterio con el placer de siempre. Esperamos les sea de utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012.
1. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/ Improcedencia de la acción de cumplimiento para disponer la aplicación de normas legales o administrativos en los procesos judiciales/19001233300220120054400/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
2. ACCIÓN DE GRUPO/ SEGUNDA INSTANCIA/Masacre cometida por el Ejército Nacional/ “Falso positivo”/Pese a la desestimación de la prueba testimonial, el resto del acervo probatorio arroja que el 16 de julio de 2003, en la vereda San Gabriel de los Azules, existió una acción oficial que cegó, en forma arbitraria, la vida de cuatro personas/19001333100120050112101/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
3. DESACATO/ TUTELA /Derecho de petición/ Ha pasado un año y siete meses, sin que el peticionario haya obtenido respuesta de fondo a su derecho de petición/ 19001233300220120006301i/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
4. ACCIÓN POPULAR/ No pago del incentivo/Confirma decisión de primera instancia/Confirma decisión del a quo/19001333100220100022801/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ DIAN/ La convocatoria es norma de obligatorio cumplimiento para las partes/No se vulneró derecho fundamental alguno/ 19001233300320120058200/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Remuneración por trabajo al interior del centro de reclusión/Confirma decisión del a quo/19001333100520120017101/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Falta que la Entidad comunique la respuesta al interesado/ Modifica decisión del a quo/19001333100820120014901/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ La efectividad del derecho de petición radica en que lo resuelto trascienda el ámbito del sujeto que lo adopta, que se conteste en forma total a sus peticiones y sea puesto en conocimiento del peticionario/ 19001333100520120058000/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Inasistencia a la prueba por causas ajenas a la propia liberalidad del actor/ 19001233300220120059500/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Para buscar la reparación de daño antijurídico/ Lesiones sufridas por explosión/Debe acudirse a la vía ordinaria/ medio de control de Reparación Directa/19001233300220120059400/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Terminación de nombramiento para aforado sindical/Debe acudir a vía ordinaria mediante acción de reintegro/ 1900123330022012000531/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/Internos/ Solicitud de cambio a fase de alta seguridad/El cambio debe satisfacer ciertos requisitos normativos/Confirma decisión del a quo/19001333100420120015201/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas/Competencias de la Secretaría de Educación Municipal y la FIDUPREVISORA/ 19001233300320120056700/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Rama judicial/Cargo de Juez Civil del Circuito/ La tutelante al estar inscrita en la Convocatoria solo tiene una expectativa de derecho para ser vinculada en propiedad a la Rama Judicial, situación que lo único que exige para la Administración es el respeto por las reglas del concurso/No concede/19001233300320120056000/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Pagos a cargo de la entidad territorial/Circular 027del 2012/ El pago lo asumen las entidades territoriales respecto de aquellos medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que han sido ordenados con anterioridad al 1 de julio de 2012. 19001233300220120017101/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Pensiones/ No se demostró afectación al mínimo vital /Debe acudirse a la vía ordinaria/Confirma decisión del a quo/ 19001333100120120018701/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
17. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Recobro de servicios y medicamentos no POS tiene su origen en la ley y no en la sentencia ya no es el objeto de la tutela ordenar el pago de sumas de dinero/Revoca. 19001333100420120015401/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
18. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Visitas conyugales/ Reglas de higiene/Confirma decisión del a quo. 19001333100720120015001/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
19. ACCIÓN DE TUTELA/Debido proceso/Cosa juzgada/Dentro de las pruebas recaudadas, dos documentos informaban, con destino a un proceso diferente, de la misma materia que estaba juzgando/Deja sin efectos sentencia del a quo/ 19001233300320120054200/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. ACCIÓN DE TUTELA /Mínimo vital/ Descuentos ilegales al salario/Tutela como mecanismo preventivo/19001230000420120060300 MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
21. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Para proteger derechos colectivos está instituida la acción popular /1900123330022012005600/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
22. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Derecho al trabajo/ Incumplimiento del preacuerdo en el que se acordó retiro compensado de los trabajadores que tenían contrato de trabajo a término indefinido en Cedelca/Debe tramitarse ante la vía ordinaria laboral/ Confirma decisión del a quo/ 19001333100320120015401/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
23. ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos del menor/ ICBF/ Idoneidad de los padres para permanecer con un menor en calidad de custodio no se define por tutela, sino por medio del proceso administrativo de restitución de derechos del menor/Confirma decisión del a quo/19001233300220120015000/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz
24. AUTO/EJECUTIVO CONTRACTUAL/Perención del proceso para los juicios ejecutivos contractuales iniciados antes del 2 de julio de 2012, la perención fundamentada en el artículo 23 de la Ley 1285 aún sigue vigente, ya que para ellos y por el régimen de transición de la Ley 1437 no se ha cumplido la condición contenida en la norma/Auto que confirma decisión del a quo/ 1900123000420070031601A MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
25. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Renovación de contratos con administradoras del régimen subsidiado/ No eran susceptibles de renovación automática, toda vez que fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén la posibilidad de prórroga automática y por tal el ente territorial demandado no estaba obligado a ello/Confirma decisión del a quo/ 19001333100120050050701 /MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
26. EJECUTIVO/ Asignación de retiro/Prima de actualización/ El reajuste de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actualización, dejó de ser exigible a partir del 1º de enero de 1996/ Al verificarse la ausencia de este requisito, la constitución del título ejecutivo deviene enervada/Confirma decisión del a quo/ 19001230000120080019301 / MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones interno/ No existe ningún elemento que demuestre que el actor requería una cirugía de clavícula y la implantación de clavos/Confirma decisión del a quo/ 19001233170220060005701/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones leves a interno/ La tasación del perjuicio moral es apropiada en relación con lo probado/Confirma decisión del a quo/19001233170220060008101/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
29. REPARACIÓN DIRECTA /Accidente de tránsito/ Montículo de tierra dejado en la vía/ Inadecuada vinculación de las entidades públicas/ No accede a pretensiones/19001230004200700001000/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
30. REPARACIÓN DIRECTA/ Error judicial/ Presunta omisión por parte de la administración de justicia respecto del comiso y la cadena de custodia de camión inmerso en accidente de tránsito donde falleció un particular/No accede a pretensiones/ Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 19001233170120060107600/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
31. REPARACIÓN DIRECTA/Autolesión de interno/ Intento de suicidio/ la lesión obedeció a un actuar personal, autónomo y consentido del demandante/Confirma decisión del a quo que no accedió a las pretensiones del demandante/19001333100720070030101/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
32. REPARACIÓN DIRECTA/Error judicial/Consignación a título de reparación integral que no fue devuelta a la demandante debiendo serlo dentro de la decisión de preclusión penal a su favor/Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación/19001230000120070030300/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
33. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ Las pruebas que permiten constatar las circunstancias en que ocurrieron los hechos son suficientes para responsabilizar a la entidad/ Las conclusiones extraídas, imponen revocar la sentencia proferida por la juez de primera instancia, y en su lugar declarar responsable al INPEC de las lesiones causadas en la humanidad al actor/ 19001230000320060055501/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
34. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones por mina antipersonal/ Acciones de terceros/ No se demostró responsabilidad del Estado ni por la teoría de la falla del servicio, ni por riesgo especial/ Revoca decisión del a quo/ 19001233170220060005601/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
35. REPARACIÓN DIRECTA/Término de caducidad/ Lineamientos del Tribunal Administrativo del Cauca/ 19001233170120040053301/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
36. REPARACIÓN DIRECTA/Término de caducidad en asunto donde se expidió acto administrativo/Declaratoria de siniestro de incumplimiento del convenio celebrado con constructora/ La configuración del hecho dañoso no se puede condicionar a la expedición de un acto administrativo/ Revoca decisión del a quo/19001233170120030010901/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
37. REPARACIÓN DIRECTA /Daño en inmueble por obra pública/ El dictamen no acreditó con fundamentos serios y concluyentes que los daños presentados por la residencia del actor tuvieran como causa los trabajos realizados por las entidades demandadas/ No se probó nexo causal/Confirma decisión del a quo/19001230000120030231001/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
38. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones de interno/ Intención suicida empleando utensilio de uso personal/Deniega/Confirma fallo del a quo/19001230000120050163001/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
39. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/Líneas del Consejo de Estado/Régimen objetivo de responsabilidad/Precedente del Tribunal Administrativo del Cauca/19001233170220100008000/MP Magnolia Cortés Cardozo.
40. REPARACIÓN DIRECTA/Conscriptos/Régimen objetivo del daño especial/Cuando el conscripto sufre un desmedro físico o fallece por razón del servicio obligatorio/ El Estado debe asumir la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo/19001233170220090046000/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/El precedente Constitucional sobre el régimen pensional en el tiempo y su relación con el principio de igualdad para las personas que habían consolidado derechos en vigencia de regímenes anteriores/No se vulnera el principio de igualdad por falta de aplicación del Decreto 4433 de 2004 -reglamentario ley 923 de 2004 - a situaciones consolidadas con anterioridad a la fecha en que entraron en vigencia dichas normas/Confirma decisión del a quo/ De la normatividad que regula el tema de la prima de actividad para los miembros de la Policía Nacional/Precedente del Tribunal Administrativo del Cauca/19001333100220080010901 /MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
42. REPARACIÓN DIRECTA /Lesiones a internos/ Régimen objetivo de responsabilidad/ Revoca decisión del a quo/19001233170120050135001/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
43. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ Hecho súbito y excepcional imputable a la conducta del propio interno/ Deniega// Lesiones a internos/ Condena en costas/ 19001230000120070005101/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
44. REPARACIÓN DIRECTA/Falla en el servicio/ Los centros educativos deben responder por los perjuicios ocasionados a sus alumnos/ deberes de vigilancia y protección de sus alumnos/ conducta irregular de los docentes compromete la responsabilidad del ente estatal/ Relación de sujeción de los directivos y docentes hacia los alumnos/ Fuero de atracción/La Jurisdicción Contenciosa Administrativa es competente por conexidad para conocer de las acciones u omisiones de los particulares/ 19001233170120070002700/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
45. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo/Hospital Universitario San José/Los precedentes del Tribunal niegan la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/No es aplicable la sentencia C-349 de 2.007 por tener supuestos fácticos diferentes al caso tratado/ Confirma fallo del a quo/ 19001 233170220070016701/MP Magnolia Cortés Cardozo.
46. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Insubsistencia del provisional en cargo de carrera administrativa/ Obligación de las entidades públicas de motivar los actos mediante los cuales se declara la insubsistencia de un cargo/ 19001233170220060053401/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
47. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Retiro del servicio activo de la Policía/Falta de nexo causal/ Facultad de libre remoción en procura del cumplimiento de metas institucionales/Confirma decisión del a quo de negar pretensiones/ 19001233170220070009301/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
48. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Retiro del servicio/ Facultad discrecional/ Policía Nacional/ No se evidenció la relación causal entre el hecho que adujo el actor como fundamento de su retiro, y el ejercicio de la facultad discrecional/Confirma decisión del a quo/ 19001230000120050111201/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
49. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Impuesto de industria y Comercio/Avisos y tableros/La liquidación de aforo no se atemperó a las exigencias normativas/ Vulneración del derecho de defensa del contribuyente/Vicio de nulidad del acto administrativo/19001233170220090010200/MP Magnolia Cortés Cardozo.
50. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Grado Jurisdiccional de Consulta/ Sustitución de asignación de retiro/ Al existir convivencia simultánea del causante con cónyuge y compañera permanente, debe distribuirse la sustitución en proporción al tiempo convivido con cada una/19001230000120050027001/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
51. CONFLICTO DE JURISDICCIONES/Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa/ TITULO EJECUTIVO COMPLEJO/ regla general. Consejo Superior de la Judicatura/ MP/ Henry Villarraga Oliveros.
Sentencia: 18 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300220120054400
Tema tratado: Improcedencia de la acción de cumplimiento para disponer la aplicación de normas legales o administrativos en los procesos judiciales.
“La accionante solicita que a través de la presente acción de cumplimiento se le ordene a las entidades accionadas realizar el cambio de Despacho y/o radicación del expediente Partida 04 de 1986 del proceso de Sucesión Intestada de la señora Mercedes Trujillo Mosquera que se tramita en el Juzgado Segundo Promiscuo de Cajibío (Cauca), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010. Al respecto, el Consejo de Estado ha determinado que la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Nacional y desarrollada por la Ley 393 de 1997, no es procedente para disponer la aplicación de normas legales o administrativas en los procesos judiciales (…) Así las cosas, en razón a que la acción de cumplimiento no fue establecida para disponer el cumplimiento de Normas con Fuerza Material de Ley o Actos Administrativos por parte de los operadores judiciales dentro de un proceso judicial, se declarará improcedente la presente acción, como en efecto se hará”.
Acción: De Grupo
Sentencia: 04 de septiembre de 2012
Expediente: 19001333100120050112101
Tema tratado: Masacre cometida por el Ejército Nacional/ “Falso positivo”/Pese a la desestimación de la prueba testimonial, el resto del acervo probatorio arroja que el 16 de julio de 2003, en la vereda San Gabriel de los Azules, existió una acción oficial que cegó, en forma arbitraria, la vida de cuatro personas.
“Ese día, en ese lugar, miembros del Ejército Nacional - Brigada de Selva No.: 27 - Batallón de Contraguerrillas No.: 059, llevaron a cabo la denominada operación “IMPERIO”, desde las 10:00 horas, aproximadamente, y hasta después de las 16:45 horas. Los uniformados se dividieron en dos compañías: CONDOR y DELTA, cuyo actuar trascurrió en dos áreas y horas diferentes. Hicieron maniobras de emboscada sobre las vías de aproximación a la vereda y no permitieron el acceso de personal civil a la vereda. La compañía DELTA realizó cuatro retenciones. De los retenidos, uno se entregó en forma voluntaria y aportó información sobre sitios y personas pertenecientes a la subversión. De otro, se precluyó la investigación penal a su favor, porque las pruebas indicaron que no era subversivo. (…) Las pruebas demuestran fehacientemente que en el momento y lugar de los hechos, no se presentaron combates. Es más, no hay prueba alguna que indique que esas cuatro personas hayan iniciado una agresión armada contra los uniformados. Los militares obtuvieron en forma arbitraria una serie de documentos, cuyo análisis de inteligencia se encarrila a señalar como subversivas a las cuatro personas retenidas, las cuatro personas dadas de baja y algunos de sus familiares más cercanos.(…) Con el objeto de enmarcar jurídicamente la responsabilidad estatal, cabe recordar que se reconoce en los estados el deber y el derecho de garantizar su propia seguridad o mantener el orden. Empero, el ejercicio del poder, en particular, el uso de la fuerza, no puede hacerse sin límite alguno, pues, el Estado no puede valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos. (…) El Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad del Estado en aquellos casos en que se advierte que la muerte de una persona es resultado del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, esto es, cuando ha sido empleada sin que existiera un ataque o una amenaza real, actual, cierta y seria por parte de la víctima, bajo el precepto de la inviolabilidad del derecho a la vida y el rechazo a las denominadas ejecuciones extrajudiciales, sumariales o arbitrarias. Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de febrero de 2009, radicado 17.138. (…) En el sub judice, quedó demostrado suficientemente que lo ocurrido fue un crimen múltiple cometido por el Ejército Nacional, con el uso ilegítimo de la fuerza para controlar el área, perpetrar cuatro homicidios y presentar los hechos como un combate legítimo (…) En efecto, las víctimas fueron ubicadas en un lugar apartado, tras haber sido sacadas de sus hogares, encontradas en el camino y/o haber sido señaladas como subversivas por un informante. Luego fueron asesinadas y finalmente se montó la escena ficticia de un combate legítimo, con inclusión, en este caso, de material de guerra incautado y con incriminaciones posteriores contra las víctimas como subversivas. (…) Es también reprochable la falta de investigación judicial sobre lo demandado. La investigación por la muerte de los señores MANUEL SANTOS SAMBONI ILES, JAIME –o KIKO-, MAURICIO SAMBONI MARIN y AZAEL JOAQUI GAVIRIA fue asumida por la justicia penal militar, la cual solamente adelantó una investigación preliminar. Además, el caso no fue remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Providencia: Desacato
Sentencia: 25 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300220120006301
Tema tratado: Derecho de Petición/ Peticiones de autorización de despido colectivo/La respuesta está supeditada a la realización de un trámite por parte del accionante/No concede.
“…resulta evidente que el elemento objetivo para que proceda la sanción por desacato se encuentra presente en el caso en estudio, toda vez que se verifica el incumplimiento al fallo de tutela por la falta de pronunciamiento por parte de la entidad encargada. En relación con el elemento subjetivo, se tiene que en principio la persona encargada de dar cumplimiento al fallo de tutela es la Dra. MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA Gerente Seccional del entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-SECCIONAL DEL CAUCA hoy INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-SECCIONAL DEL CAUCA - En liquidación, funcionaria que ha actuado de manera negligente y omisiva, pues ya ha pasado un año y siete meses, sin que el señor MARCO AURELIO DORADO haya obtenido respuesta de fondo a su derecho de petición. Por lo expresado, en este momento el fundamento de la sanción impuesta por desacato se mantiene, pues en efecto no se aporta prueba alguna que demuestre el cumplimiento del fallo de tutela No 089 del 28 de mayo de 2012, lo que conduce a que el incumplimiento del fallo de tutela que ordenaba dar respuesta al accionante, se ha incumplido de manera injustificada por parte de la señora MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA, funcionaria encargado de acatarlo. (…) Finalmente, se debe indicar que en razón a que en la actualidad la entidad encargada de la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida está a cargo de Colpensiones, y por ende es la encargada de dar cumplimiento a la sentencia de Tutela del 28 de marzo de 2012, se insta al A Quo para que dentro del presente incidente de desacato, se ordene la vinculación de la citada entidad, con el fin de que los efectos de la sentencia de tutela no se tornen nugatorios, y se garantice la plena efectividad de los derechos fundamentales del accionante amparados por el Juez Constitucional”
Sentencia: 29 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100220100022801
Tema tratado: No pago del incentivo/Confirma decisión de primera instancia/Confirma decisión del a quo.
“El Tribunal Contencioso del Cauca ha sido reiterativo en su posición en asuntos similares, entre otros:“Al momento es que se profiere este fallo, está expedida la Ley 1425 de 2010 que en su artículo 1° derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, que suprimió los incentivos en este tipo de acciones, disponiendo en su artículo 2° que la presente, rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias; por lo tanto, al proferirse este fallo en esta fecha, ya no existe el mismo y no hay lugar a la fijación. Y trae a colación apartes de la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del H. Consejo de Estado, del 24 de enero de 2.011, ya referida por la A quo: “Es así como, la Sala, en vigencia de los arts. 39 y 40 habría concedido el incentivo, sin embargo, no puede hacerlo ahora, toda vez que a la fecha en que se dicta esta providencia están derogadas las disposiciones que lo autorizaban. Ello supone, dado que se trata de normas de contenido sustantivo, que su aplicación requiere de su vigencia, y por eso debe regir la nueva normativa, no obstante que el proceso se tramitó en vigencia de la ley 472, pero ocurre que no basta esta circunstancia para aplicar su contenido al caso en estudio. En efecto, en la ley 153 de 1887 se respalda esta posición, como quiera que el art. 3 dispone: “Estímese insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”, de manera que si perdió vigencia no se puede aplicar. Además, en el artículo 17 de la misma ley también se apoya esta conclusión, porque siendo el incentivo una expectativa de derecho para el actor popular, no un derecho adquirido con la simple presentación de la demanda, entonces aplica aquello que ordena que “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene” Rematando así: “En conclusión, según lo anteriormente expuesto, la actora popular no tendría derecho al pago del incentivo bajo ningún supuesto, pues como se pudo observar, la normatividad que disponía el pago del mismo en las acciones populares no se encuentra vigente.” Así las cosas, la Sala considera que la Juez de primera instancia negó el pago del incentivo dentro del marco legal y acorde con jurisprudencia reiterada”.
Sentencia: 16 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300320120058200
Tema tratado: Concurso de méritos/ DIAN/ La convocatoria es norma de obligatorio cumplimiento para las partes/No se vulneró derecho fundamental alguno.
“Así las cosas, se observa que la CNSC y la USB no han vulnerado ningún derecho fundamental del accionante toda vez que de los documentos expedidos para orientar la presentación de las pruebas, se detalló de manera precisa la manera en la cual se iban a desarrollar los mismas y se ajustó a lo previsto a la Ley 909 de 2.004, la Resolución No 1245 a través de la cual se convocó el concurso de méritos, para proveer los cargos de carrera adscritos a la DIAN y las demás normas con las cuales se reguló el proceso de selección dentro de la Convocatoria 128 de 2009. En este orden de ideas, los argumentos del accionante se muestran cargados de subjetivismo y desprovistos de algún medio de prueba que lleve a concluir que lo dicho por él es cierto, pues por el contrario en la guía para la presentación de las pruebas se especifica de manera clara como se desarrollarían las mismas, cuál era su objetivo y mostraban ejemplos de los ítems a evaluar, norma que hace parte de la convocatoria, así como también las guías precedentes y sus adendas, las cuales son de obligatorio acatamiento tanto para el accionante, como para la administración. Por tanto, se evidencia que las reglas para la elaboración, desarrollo y calificación de las pruebas funcionales fueron dadas a conocer a través de la página web de la CNSC, sin que Elvis David Vidal Maca hubiera manifestado de manera oportuna disconformidad al respecto, ésta solamente se presentó cuando el resultado de las mismas le fue desfavorable”.
Expediente: 19001333100520120017101
Tema tratado: Internos/ Remuneración por trabajo al interior del centro de reclusión/Confirma decisión del a quo.
“De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se encuentra que el interno (…) en otra fase de su tratamiento penitenciario sí recibió algún tipo de remuneración por su labor desempeñada, pero ello no significa que toda labor al interior del centro de reclusión deba ser remunerada pues es claro que existen ciertas restricciones presupuestales, siendo lógico implementar un sistema rotativo para que todos los reclusos puedan gozar de las actividades remuneradas en alguna fase de su tratamiento. En conclusión, no se observa que exista una decisión arbitraria y carente de motivación por parte de la demandada para asignarle al actor la labor en INDUSTRIA DE MADERAS como “P.A.S.O. FINAL” en su tratamiento, por el contrario, se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, concretamente la Resolución No. 2392 de 2006, proferida por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, por lo que no se vislumbra la vulneración del derecho fundamental invocado, siendo del caso, confirmar el fallo impugnado. (Subrayas del texto original)”.
Sentencia: 10 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100820120014901
Tema tratado: Derecho de petición/ Falta que la Entidad comunique la respuesta al interesado/ Modifica decisión del a quo.
“En suma, el Juzgado consideró vulnerado el derecho de petición por la falta de respuesta a las solicitudes del 18 de abril y el 4 de junio de 2012, pero bajo las circunstancias analizadas por la Sala, se tiene que al momento de interponer la tutela únicamente se estaba vulnerando el derecho fundamental de petición por la falta de pronunciamiento frente a la solicitud del 4 de junio de 2012. Ahora, como a la fecha en que se decide la impugnación, ya se produjo la respuesta y sólo falta que se le comunique al interesado, en ese sentido es que se accede al amparo constitucional, para restablecer plenamente la garantía que se encontró conculcada”.
Sentencia: 17 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100520120058000
Tema tratado: Derecho de petición/ La efectividad del derecho de petición radica en que lo resuelto trascienda el ámbito del sujeto que lo adopta, que se conteste en forma total a sus peticiones y sea puesto en conocimiento del peticionario.
“En estas condiciones en el sub-judice se configura una vulneración al derecho de petición, por cuanto no aparece acreditado en el proceso que se haya emitido respuesta alguna sobre la solicitud elevada, sin olvidar que, como se dijo: (supra 4.3.) la efectividad del derecho de petición radica en que lo resuelto trascienda el ámbito del sujeto que lo adopta, que se conteste en forma total a sus peticiones y sea puesto en conocimiento del peticionario, esto es, mediante notificación tratándose de un asunto de interés particular, puesto que es lógico concluir que si éste no conoce el contenido de lo resuelto, no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente. Así entonces, encuentra la Sala que es clara la violación al derecho fundamental de petición, pues respecto a la solicitud radicada por el accionante en agosto de 2012, no se ha emitido respuesta de fondo por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y de Policía, cual entidad peticionada y por lo tanto encargada de proferirla. Lo anterior, sin perjuicio de que para todos los efectos legales, se entiende suspendido el término de 04 meses dispuesto para la presentación del recurso de solicitar convocatoria de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar establecido en el Decreto 1796 del 2000 y el Decreto 094 de 1989, desde el momento de la presentación de la solicitud hasta la fecha en que la accionada profiera respuesta de fondo”.
Sentencia: 22 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300220120059500
Tema tratado: Concurso de méritos/ Inasistencia a la prueba por causas ajenas a la propia liberalidad del actor.
“Bajo estos derroteros, precisamente en aras de garantizar el derecho a la igualdad de que es titular el señor Henry Paul de la Rosa Dorado, se impone a la entidades accionadas el deber de realizar la prueba tantas veces referenciada, teniendo en cuenta que la inasistencia a la misma se debió a causas ajenas a la propia liberalidad del actor, situación disímil a la de los demás concursantes, la cual no era previsible ni superable por parte del actor, lo cual torna procedente la diferencia de trato, sin que se logre conculcar por este hecho los derechos de los demás concursantes. En este punto, para esta Corporación resulta necesario persuadir a las entidades accionadas para que situaciones como las acontecidas al actor, sean previstas y reguladas dentro de las diferentes convocatorias, para que las personas tengan la oportunidad de exponer las razones para su inasistencia a las pruebas dentro de las diferentes etapas y así garantizar derechos como el debido proceso, igualdad y buena fe”.
Expediente: 19001233300220120059400
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Para buscar la reparación de daño antijurídico/ Lesiones sufridas por explosión/Debe acudirse a la vía ordinaria/ medio de control de Reparación Directa.
“El señor JUAN CARLOS PALECHOR OBANDO, interpuso acción de tutela en contra de la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y mínimo vital, por las lesiones sufridas en su mano izquierda e incapacidad para laborar, como consecuencia de la explosión ocurrida el día 18 de junio de 2011 en el sector del Barrio Los Jazmines de la ciudad de Popayán. Con fundamento en ello solicitó que sean indemnizados, él y su familia por los daños materiales y morales causados. (..) En relación con lo anterior, la Sala observa que, si bien el actor anexó documentos que demuestran las lesiones sufridas como consecuencia del mencionado hecho, es del caso aclarar que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual cuya finalidad radica en la protección efectiva de los derechos fundamentales y opera ante la inexistencia de acciones judiciales eficaces. En el caso sub examine, el accionante tiene la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo a través del medio de control de Reparación Directa consagrado en el Art. 140 del CPACA, cuya finalidad es la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado”.
Sentencia: 03 de octubre de 2012
Expediente: 1900123330022012000531
Tema Tratado: Improcedencia/ Terminación de nombramiento para aforado sindical/Debe acudir a vía ordinaria mediante acción de reintegro.
“En tratándose de la imposibilidad en que presuntamente se encontraba el ente departamental para terminar el nombramiento en provisionalidad del actor, dada su condición de socio activo al sindicato Sintraestatales, esta Corporación advierte inicialmente que el actor no manifiesta si el impedimento de la entidad está basada en tener la calidad de aforado sindical, pues la sola condición de asociado a un sindicato, no conlleva la imposibilidad alegada por el actor. Sin embargo, en el sublite, aún bajo el entendido de que el accionante ostentara la calidad de aforado sindical, según se dejó establecido en precedencia, el accionante dispone de otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la acción de reintegro para la protección del fuero sindical, por lo que no resultaba procedente acudir a la acción de tutela para satisfacer dicha pretensión”.
Sentencia: 11 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100420120015201
Tema tratado: Derecho de petición/Internos/ Solicitud de cambio a fase de alta seguridad/El cambio debe satisfacer ciertos requisitos normativos/Confirma decisión del a quo.
“….no se observa que exista una decisión arbitraria y carente de motivación por parte de la demandada para clasificar al actor en la fase de alta seguridad, por el contrario, se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, exigir el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el cambio de fase, en los términos de la Resolución No. 7302 de 2005, proferida por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, por lo que no se vislumbra la vulneración de derechos fundamentales invocada, siendo del caso, confirmar el fallo impugnado”.
Sentencia: 09 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300320120056700
Tema tratado: Derecho de petición/ Pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas/Competencias de la Secretaría de Educación Municipal y la FIDUPREVISORA.
“Vistas así las cosas, la entidad competente para emitir una respuesta frente a la petición realizada por la accionante es la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán ya que para el caso en concreto la FIDUPREVISORA no cumple con las característica propias de una autoridad pública. Al respecto cabe precisar que de conformidad con las disposiciones de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005 la Fiduprevisora solamente se encarga de revisar el proyecto de acto administrativo en el que se reconoce una prestación y lo aprueba o niega, devolviéndolo a la Secretaría de Educación con las observaciones de forma y fondo a que haya lugar. Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones del Magisterio representado por el Secretario de Educación Municipal de Popayán debe pronunciarse sobre la viabilidad del reconocimiento y pago de los interese moratorios de las cesantías definitivas reconocidas a la accionante a través de la Resolución 010 de febrero 20 de 2012, es decir tiene que pronunciarse de manera negativa o positiva respecto a esta petición”.
Sentencia: 08 de octubre de 2012
Expediente: 19001233300320120056000
Tema tratado: Concurso de méritos/ Rama judicial/Cargo de Juez Civil del Circuito/ La tutelante al estar inscrita en la Convocatoria solo tiene una expectativa de derecho para ser vinculada en propiedad a la Rama Judicial, situación que lo único que exige para la Administración es el respeto por las reglas del concurso/No concede.
“La señora (…) pretende se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, la igualdad y el debido proceso, los cuales considera podrían ser vulnerados, al incluir en la lista de opciones de sede para las Convocatorias 15 de 2006 y 18 de 2008 al Juzgado Civil del Circuito de Santander de Quilichao – cargo que actualmente ocupa-, ya que el mismo no se encontraba vacante al momento de las mencionadas convocatorias, debido a que la vacancia definitiva del referido cargo se produjo el 1° de julio de 2011. Máxime que el mismo cambió su denominación a Juzgado Civil del Circuito que conoce procesos laborales de Santander de Quilichao – Cauca. Además la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PSAA12-9135 del 12 de enero de 2012 convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de juez civil del circuito que conocen procesos laborales, convocatoria que la accionante considera ha sido desconocida, al incluir en la lista de opciones de sede para las convocatorias de 2006 y 2008 los cargos de jueces del circuito de Santander de Quilichao, en tanto que los mismos están contenidos en el Acuerdo 9135. Por su parte, la entidad accionada considera que a la tutelante no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, ya que, su pretensión de permanecer en el cargo que desempeña, en calidad de provisional va en contravía de lo previsto en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. (…) De otra parte, la tutelante al estar inscrita en la Convocatoria N° 20 de 2012 solo tiene una expectativa de derecho para ser vinculada en propiedad a la Rama Judicial, situación que lo único que exige para la administración es el respeto por las reglas del concurso, lo cual como antes se explicó, no ha sido desconocido con la inclusión de los juzgados civiles del circuito de Santander de Quilichao como opciones de sede para la lista de elegibles de la convocatoria de 2008, en la medida que la misma aclara que su finalidad es la de garantizar la disponibilidad de talento humano para proveer las vacantes que se presenten en la rama judicial, así que el acceso al empleo por el que se concursa está dado no solo por el cargo de Juez Civil del Circuito con conocimiento de procesos laborales en Santander de Quilichao, sino también por otras vacantes que sean de la misma clase y especialidad y en cualquier sede territorial, hecho que no desconoce las normas del ingreso a la carrera judicial. Así las cosas, la decisión a adoptar teniendo en cuenta la situación de la actora es la de negar el amparo de los derechos invocados, en el entendido que no han sido vulnerados por la entidad accionada”.
Expediente: 19001233300220120017101
Tema tratado: Derecho a la salud/Pagos a cargo de la entidad territorial/Circular 027del 2012/ El pago lo asumen las entidades territoriales respecto de aquellos medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que han sido ordenados con anterioridad al 1 de julio de 2012.
“…la Circular 027 del 13 de junio de 2012 que busca impartir instrucciones orientadas a facilitar la transición en la unificación del POS (Acuerdo 032 de 2012), señala en su numeral tercero lo siguiente: “3. Sí al afiliado el médico tratante, de manera ambulatoria, con anterioridad al 1º de julio de 2012 le ordenó actividades, intervenciones procedimientos, insumos o medicamentos no incluidos en el POS– S, el pago de los mismos estará a cargo de la entidad territorial” (Subraya la Sala)De lo anterior, la Sala precisa que la continuidad que señala la disposición en comento, no está relacionada con la prestación del servicio, sino que, se relaciona con el pago que asumen las entidades territoriales respecto de aquellos medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que hayan sido ordenados con anterioridad al 1 de julio de 2012. Así las cosas, y en razón a que el accionante se encuentra actualmente afiliado al sistema de salud en el régimen subsidiado a través de la EPS Salud Vida, es esta entidad la encargada de prestar los servicios de salud que el accionante requiere para el tratamiento de la patología que padece, debiendo suministrar el medicamento ordenado por el médico tratante y que es objeto de controversia en el asunto de autos. Respecto del recobro que puede adelantar la EPS-S en relación con los servicios y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, precisa la Sala que éste es un derecho que tiene su origen y fundamento en la ley y no en la sentencia, pues no es el objeto de la tutela ordenar el pago de sumas de dinero, por tanto la Sala revocará las órdenes impartidas por el A Quo en este sentido. Por las razones de hecho y de Derecho, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar se ordenará a la EPS-S Salud Vida autorizar el medicamento VALCOTE ACIDO x 500 MG que requiere el accionante según la prescripción médica expedida por el médico tratante, así como a suministrarle el tratamiento integral que necesite, según el problema de salud que lo aqueja”.
Expediente: 19001333100120120018701
Tema tratado: Pensiones/ No se demostró afectación al mínimo vital /Debe acudirse a la vía ordinaria/Confirma decisión del a quo.
“No obstante la Sala advierte que la afectación al mínimo vital y el supuesto perjuicio irremediable alegados, se convierten en una mera afirmación carente de prueba, pues aparte de la copia del folio del Registro Civil de Defunción de su cónyuge y del acto administrativo por medio del cual se le niega el derecho pensional, no se aportó ningún otro elemento que lleve al convencimiento, que al acudirse a la vía ordinaria se estaría causando el perjuicio alegado. En conclusión, la Sala considera que le asiste razón al a quo cuando afirma que la accionante no demostró los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha establecido para acceder por vía de tutela al reconocimiento pensional, la cual se convierte en un mecanismo excepcional para acceder a la protección del derecho invocado, por cuanto efectivamente existe otro medio de defensa judicial - vía ordinaria- al que puede acudir la interesada, en donde pueda controvertir los argumentos de hecho y de Derecho que esgrimió el Instituto de Seguros Sociales, para negarle el reconocimiento de la pensión de vejez”.
Expediente: 19001333100420120015401
Tema tratado: Derecho a la salud/Recobro de servicios y medicamentos no POS tiene su origen en la ley y no en la sentencia, no es el objeto de la tutela ordenar el pago de sumas de dinero/Revoca.
“Así las cosas, la Sala concluye que quién está a cargo de la prestación de los servicios en salud de la señora SANDRA JANETH SOLARTE LEITON es la EPS-S CAPRECOM, por cuanto a esta entidad se le están girando los recursos para que suministre la atención a sus afiliados, de los cuales hace parte la accionante, en relación con los servicios y medicamentos incluidos en el POS. En relación con el recobro de los servicios y medicamentos NO POS, queda claro que es un derecho que la EPS-S CAPRECOM adquiere una vez preste el servicio u otorgue el medicamento no incluido en el POSS a la accionante, el cual tiene origen y fundamento en la ley y no en la sentencia, pues no es el objeto de la tutela ordenar el pago de sumas de dinero, razón por la cual, la Sala no está de acuerdo con la orden impartida al respecto en primera instancia y por lo tanto revocará el numeral cuarto de la sentencia impugnada que dispuso tal situación”.
Sentencia: 01 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100720120015001
Tema tratado: Internos/ Visitas conyugales/ Reglas de higiene/Confirma decisión del a quo.
“El señor (…) interno del patio número 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, junto con otros compañeros, solicitan el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la intimidad, por cuanto argumentan en síntesis, que la demandada no está cumpliendo con la normatividad que regula lo referente a las visitas conyugales, en lo relacionado con el tiempo de duración y la higiene del lugar donde se llevan a cabo dichas visitas (…)en cuanto a las medidas de salubridad para la visita íntima, el Director del Establecimiento Carcelario informa que existen celdas destinadas únicamente para llevar a cabo las visitas conyugales de los internos y precisa el procedimiento que se sigue para desinfectar los colchones y sábanas utilizadas, lo cual evidencia que las autoridades carcelarias adoptan una serie de acciones para preservar lo relacionado con la higiene que se requiere, lo que permite inferir que tampoco se denota una vulneración de derechos fundamentales por este aspecto. Por lo anterior se confirmará el fallo impugnado en cuanto deniega la acción de tutela, al no encontrar probada la vulneración de derechos fundamentales”.
Expediente: 19001233300320120054200
Tema tratado: Debido proceso/Cosa juzgada/Dentro de las pruebas recaudadas, dos documentos informaban, con destino a un proceso diferente, de la misma materia que estaba juzgando/Deja sin efectos sentencia del a quo
“Es inquietante que dentro de las pruebas de un proceso aparezcan documentos relacionados con un proceso diferente al cual se allegan, y en los que se relatan con detalle circunstancias de los mismos hechos que se juzgan. Así las cosas, el Juzgado Segundo Administrativo, en el proceso 2008 00018 00, pasó por alto que dentro de las pruebas recaudadas, dos documentos informaban, con destino a un proceso diferente, de la misma materia que estaba juzgando. Frente a estas situaciones, la Sala antepone la indudable importancia constitucional de lo acontecido. Se trata, claramente, de la violación del derecho al debido proceso y del quebrantamiento de la cosa juzgada, en perjuicio de los intereses de una entidad estatal. Además, el cumplimiento de las dos obligaciones impuestas en las dos sentencias, que nacieron en la misma causa, implicaría un detrimento patrimonial del Estado y desnaturalizaría el principio de reparación integral, según el cual solo hay lugar a reparar el daño y nada más que él, sin que se enriquezca o empobrezca a las partes, como ocurriría a favor del demandante y en contra del INPEC. En este caso, la acción de tutela es el único mecanismo para poner fin a la vía de hecho en que se incurrió en perjuicio del INPEC”.
Sentencia: 24 de octubre de 2012
Expediente: 19001230000420120060300
Tema tratado: Mínimo vital/ Descuentos ilegales al salario/Tutela como mecanismo preventivo.
“Ahora, analizaremos la procedencia de la tutela como mecanismo preventivo que propone el tutelante en las otras pretensiones de la demanda, para que en adelante los demandados le paguen el 100% de su sueldo para no ver afectado su mínimo vital. Habiéndose entregado por la DESAJ las copias del reporte de nómina a pagar en el presente mes al Dr. Armando Torres se establece que no está dando aplicación a la normatividad, y a pesar de tener los documentos en que consta la calificación como accidente de trabajo, continúa haciendo descuentos del 50%- LICENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL. Estableciéndose así, que en este caso el empleador vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social del Actor como se demuestra en las nóminas, ya que del sueldo, descuenta el 50% por la licencia, hace descuentos de Ley, de las acreencias, y solo paga al demandante la suma de $239.400 pesos (menos del salario mínimo). Situación que además refiere él, le genera más estrés y afecta su salud. Es así, que por el carácter preventivo ya referido, se debe hacer pronunciamiento por vía de tutela a fin de que el empleador demandado –DESAJ, RAMA JUDICIAL, cese en sus actuaciones violatorias de los derechos fundamentales y prevenirlo para que a futuro dé aplicación a la ley, en relación a los pagos a realizar al demandante”.
Expediente: 19001233300220120057600
Tema tratado: Improcedencia/ Para proteger derechos colectivos está instituida la acción popular.
“Al contrario, lo que se resalta de los hechos expuestos por los accionantes y de la contestación realizada por las entidades, es que existe en el ordenamiento jurídico, otro medio de defensa judicial para proteger los derechos invocados, como lo es la Acción Popular, establecida en la Ley 472 de 1998, para proteger los derechos colectivos, como aquellos objeto de debate en el presente caso. En conclusión, en el presente caso los accionantes no lograron demostrar la existencia de un daño o amenaza concreta de algún derecho fundamental, ni la omisión de las autoridades públicas, que les afectara tanto los derechos colectivos como los fundamentales, ni el nexo causal requerido entre uno y otro por la Jurisprudencia de la Alta Corporación para tramitar el presente proceso como acción de tutela, tornándose por lo tanto en improcedente, por cuanto como ya se advirtió, existe otro mecanismo de defensa judicial para salvaguardar los derechos invocados por los accionantes”.
Expediente: 19001333100320120015401
Tema tratado: Improcedencia/ Derecho al trabajo/ Incumplimiento del preacuerdo en el que se acordó retiro compensado de los trabajadores que tenían contrato de trabajo a término indefinido en Cedelca/Debe tramitarse ante la vía ordinaria laboral/ Confirma decisión del a quo.
“En el caso bajo estudio, el señor FREDI LLANTEN SALAZAR, actuando a nombre propio y en representación del señor ALBERT EMIRO BETANCOURT, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo en conexidad con la dignidad humana, mínimo vital y móvil, al considerar que CEDELCA S.A E.S.P incumplió con el Preacuerdo del 27 de noviembre de 2007, en el cual se acordó el retiro compensado, de los trabajadores que tenían contrato de trabajo a término indefinido, mediante conciliación extraprocesal, con el compromiso de garantizar la opción empleo para los trabajadores que se acogieran al plan de retiro voluntario en desarrollo del plan de salvamento de la empresa(…) Así, en el caso concreto, al tratarse de un presunto incumplimiento a las garantías laborales contenidas en un preacuerdo suscrito por CEDELCA S.A. E.S.P. y SINTRALECOL, se trata de un asunto que es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, habida cuenta que no se encuentra probado la gravedad o inminencia de un perjuicio irremediable, que amerite la protección por vía de tutela, pues si bien se anexó copia de diferentes contratos de compra y venta de bienes, constancia de créditos bancarios, entre otros, no indican una situación que demuestre un perjuicio irremediable, más, teniendo en cuenta que la terminación del contrato laboral los accionantes recibieron una compensación, por valor de $ 441.469.673 y $ 519.039.627, respectivamente. En suma, de conformidad con los hechos expuestos por los accionantes, se torna improcedente la acción de tutela para ordenar a la entidad accionada que haga efectiva la primera opción de empleo suscrita en el preacuerdo mencionado. Por todo lo anterior la Sala considera que al existir otro medio de defensa judicial, que en el presente caso es la jurisdicción ordinaria laboral y no encontrarse probado el perjuicio irremediable, procederá a confirmar el fallo proferido en primera instancia”.
Sentencia: 23 de octubre de 2012
Expediente: 119001233300220120015000
Tema tratado: Derechos del menor/ ICBF/ Idoneidad de los padres para permanecer con un menor en calidad de custodio no se define por tutela, sino por medio del proceso administrativo de restitución de derechos del menor/Confirma decisión del a quo.
“Por el contrario, observa la Sala que ante los problemas familiares que se suscitan en el entorno de la menor, deberán ser las autoridades competentes, a través de los procedimientos establecidos en la Ley y la práctica de las pruebas necesarias, quienes decidan sobre la idoneidad de los padres para permanecer con la menor en calidad de custodio, ya sea en pareja o en forma individual, desvirtuándose de esta forma la existencia de un perjuicio irremediable que se pretende evitar con la presente acción. Al respecto, es preciso indicar que frente a la solicitud elevada tanto en la demanda como en el escrito de impugnación, mediante la cual se requirió una valoración psicológica a la hija menor del señor JOSE RAFAEL por parte de un experto en psiquiatría del Instituto Colombiano de Medicina Legal, considera la Sala, que este tipo de pruebas deben ser decretadas, practicadas y valoradas por el ICBF dentro del proceso administrativo de Restitución de Derechos de la menor, pues es en ese proceso en donde debe surtirse el debate probatorio que permita determinar con quien debe permanecer la menor, y no en sede de tutela, como se expresó anteriormente”.
Auto: Ejecutivo contractual
Expediente: 1900123000420070031601A
Tema tratado: Perención del proceso para los juicios ejecutivos contractuales iniciados antes del 2 de julio de 2012, la perención fundamentada en el artículo 23 de la Ley 1285 aún sigue vigente, ya que para ellos y por el régimen de transición de la Ley 1437 no se ha cumplido la condición contenida en la norma/Auto que confirma decisión del a quo.
“En concordancia con lo anterior, en los incisos 2º y 3º del artículo 308 (Ley 1437/11) se contempla como régimen de transición que: “Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. De lo anterior se colige que, al día de hoy, y hasta el 17 de enero de 2017, la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra implementando el plan especial de descongestión, destinado a evacuar los procesos iniciados bajo el régimen jurídico del Decreto 01 de 1984. Por tanto interpreta la Sala que, para los juicios ejecutivos contractuales iniciados antes del 2 de julio de 2012, la perención fundamentada en el artículo 23 de la Ley 1285 aún sigue vigente, ya que para ellos y por el régimen de transición de la Ley 1437 no se ha cumplido la condición contenida en la norma. El juicio propuesto por el apoderado del señor JOSE ARCINIO RIASCOS en contra del Municipio López de Micay corresponde a un proceso ejecutivo contractual, cuya demanda fue presentada el 6 de septiembre de 2009 (fl. 15 C.P.pal), mientras que la perención de que fue objeto se decretó mediante auto de 4 de abril de 2011, es decir bajo el régimen jurídico del Decreto 01 de 1984, y trámite procesal del Código de Procedimiento Civil, por tanto, le es aplicable el artículo 23 de la Ley 1285, en consecuencia y contrario a lo alegado por el impugnante, la medida sancionatoria adoptada por el a quo tuvo fundamento jurídico en una norma vigente”.
Sentencia: 04 de octubre de 2012
Expediente: 19001333100120050050701
Tema tratado: Renovación de contratos con administradoras del régimen subsidiado/ No eran susceptibles de renovación automática, toda vez que fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén la posibilidad de prórroga automática y por tal el ente territorial demandado no estaba obligado a ello/Confirma decisión del a quo.
“Para el período contractual que iniciaba el 01 de abril de 2003, el Alcalde Municipal se abstuvo de renovar los contratos suscritos con CAPRECOM, en tanto manifiesta que existían una serie de quejas respecto a la prestación del servicio que suministraba la entidad. De conformidad con el artículo 58 numeral 1º del Acuerdo 244 de 2003, los contratos que se suscribieran para el período contractual del 1º de abril de 2003, tendrían una vigencia de 6 meses, sin que en dicha norma se estableciera la obligación para el municipio de renovar los contratos suscritos con anterioridad; por su parte el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, estableció que en los eventos en que las Administradoras el Régimen Subsidiado hayan incurrido en mora superior a siete (7) días calendario respecto de las cuentas debidamente aceptadas, habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podía abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes con las correspondientes Administradoras del Régimen Subsidiado. En este orden observa la Sala, que no obra en expediente prueba alguna que demuestre que CAPRECOM ARS, se encontraba a paz y salvo en los pagos, o si bien presentaba mora, esta le era imputable al Municipio por la demora en la cancelación de los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, siendo preciso reiterar, que el ente territorial no estaba obligado a suscribir o renovar los contratos. Por el contrario, se observa, según los documentos obrantes en el expediente, concretamente el informe rendido por el interventor del contrato, que existían quejas frente al servicio que prestaba CAPRECOM, además de la constancia emitida por parte del Jefe de Cartera y Gerente del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., en la que hace referencia a una conciliación celebrada con la entidad actora con ocasión a unos dineros adeudados en el período transcurrido entre el 12 de abril de 1999 y el 30 de junio de 2003, situación de la que se infiere que la entidad presentaba mora al 1º de abril de 2003 (fecha en la que pretendía se renovara el contrato). En este orden, se concluye que los contratos suscritos entre el Municipio de Sucre y CAPRECOM, no eran susceptibles de renovación automática, toda vez que fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén la posibilidad de prórroga automática y por tal el ente territorial demandado no estaba obligado a ello. En este orden, es preciso concluir que las decisiones adoptadas por el Municipio de Sucre, se tomaron en consideración al contrato suscrito y las normas aplicables al momento de la ejecución del mismo, hecho que el demandante no logró desvirtuar. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia”.
Expediente: 19001230000120080019301
Tema tratado: Asignación de retiro/Prima de actualización/ El reajuste de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actualización, dejó de ser exigible a partir del 1º de enero de 1996/ Al verificarse la ausencia de este requisito, la constitución del título ejecutivo deviene enervada/Confirma decisión del a quo.
“En este orden, observa la Sala que en la sentencia emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (Fl. 52 – 58 C. Ppal), se resolvió ordenar a favor del actor se expidiera “el correspondiente acto administrativo por medio del cual se reconozca el reajuste de la asignación mensual de retiro de la que es titular (…), con fundamento en la PRIMA DE ACTUALIZACIÓN, reconocimiento que se efectuará a partir del 1º de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1995. Frente a dicha orden, manifiesta la parte actora que la entidad procedió a su cumplimiento, no obstante su inconformidad radica en el incumplimiento de la orden de reajustar su asignación mensual de retiro a partir del año 1996, con inclusión de la prima de actualización. Es preciso reiterar que la posición adoptada en un principio, sobre el tema, por el Consejo de Estado, sufrió una variación sustancial, en el sentido de considerar que el reajuste a partir del año de 1996 no tenía lugar y por lo tanto en ningún caso era viable continuar pagando suma alguna por concepto de prima de actualización por tratarse ésta de una prestación de carácter temporal o transitorio que tuvo vigencia hasta cuando se logró la nivelación salarial de ciertos servidores, esto es hasta la expedición del Decreto 107 de 1996. En este orden, tenemos que por ministerio de la ley y conforme al marco jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, el reajuste de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actualización, dejó de ser exigible a partir del 1º de enero de 1996, resultando que en el presente asunto, al verificarse la ausencia de este requisito, la constitución del título ejecutivo deviene enervada. Debe anotar la Sala que si bien en la sentencia judicial presentada como título para incoar la acción que nos ocupa, esta Corporación ordenó el reajuste de la asignación de retiro del actor con fundamento en la prima de actualización “a partir del año 1996”, dicha obligación perdió sustento legal y no es actualmente exigible, toda vez que, como ya se expuso, dicho emolumento tuvo un carácter temporal entre los años 1992 a 1995, lo que impide tomarlo como factor de reajuste de la asignación de retiro para los años posteriores, más cuando el Decreto 107 de 1996, mediante el cual se logró la escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, no contempló porcentaje alguno por tal concepto. Además se debe precisar que el acceder a reajustar la asignación del retiro con inclusión de la prima de actualización, implicaría un doble reconocimiento a favor del activo del actor, toda vez que si bien, como la parte actora lo manifiesta, el señor Olmedo Jiménez Calvache hace parte del grupo de pensionados, el reajuste de la asignación de retiro debe ser realizada con base en el sistema de oscilación, el cual es aplicable en estos casos de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de esta Corporación. En conclusión, considera la Sala que le asiste razón al Juez de instancia al abstenerse de seguir adelante con la ejecución, cuando la obligación adolece del requisito sine qua non de exigibilidad, propio del título ejecutivo, en consecuencia se procederá a confirmar la sentencia del 08 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán”.
Expediente: 19001233170220060005701
Tema tratado: Lesiones interno/ No existe ningún elemento que demuestre que el actor requería una cirugía de clavícula y la implantación de clavos/Confirma decisión del a quo.
“Del material probatorio obrante en el proceso, no existe ningún elemento que demuestre que el actor requería una cirugía de clavícula y la implantación de clavos como se afirma en la demanda y mucho menos que ésta no fuera realizada por causas imputables al INPEC. Por el contrario, de las historias clínicas aportadas se colige fácilmente que las lesiones ocurridas el 27 de septiembre de 2006, fueron atendidas de manera pronta y oportuna, y se le brindó el tratamiento ordenado por el galeno tratante, consistente básicamente en la inmovilización del hombro y el suministro de analgésicos para el dolor. Bajo estos elementos, la Sala comparte la apreciación del A quo, en el sentido de exonerar a la entidad demandada de cualquier tipo de responsabilidad respecto de las lesiones sufridas por el interno el 27 de septiembre de 2006, razón suficiente para confirmar la sentencia No. 0180 de 29 de agosto de 2.011, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán”.
Expediente: 19001233170220060008101
Tema tratado: Lesiones leves a interno/ La tasación del perjuicio moral es apropiada en relación con lo probado/Confirma decisión del a quo.
“En consecuencia, considera la Sala que el A quo realizó una estimación razonada de los perjuicios morales padecidos por el señor ALVEIRO YACUMAL ISOTO, por las lesiones sufridas el 21 de noviembre de 2006, fundada en las probanzas respectivas obrantes en el expediente, pues como se manifiesta en la sentencia de primera instancia, las heridas ocasionadas al interno son leves, no requirieron tratamiento especial o sutura, fueron curadas en la misma institución carcelaria con compresas de agua fría, no hay evidencia que refiera controles médicos posteriores por dolor o complicaciones, no generó secuelas temporales o permanentes, ni incapacidad, y tampoco requirió tratamiento terapéutico, razón suficiente para confirmar el fallo cuestionado, pues la tasación del perjuicio moral es apropiada en relación con lo probado y el tipo de lesión acreditado en el expediente”.
Expediente: 19001230004200700001000
Tema tratado: Accidente de tránsito/ Montículo de tierra dejado en la vía/ Inadecuada vinculación de las entidades públicas/ No accede a pretensiones.
“Todo ello, lleva a la Sala a concluir que los mismos elementos aportados por la parte actora con los cuales pretendía derivar responsabilidad a la administración la eximían de ella, por ende se vislumbra que desde el principio del proceso existió un inadecuada vinculación de las entidades públicas respecto de los hechos que se referían en la demanda, por tanto en el sub examine no se configuró el factor de conexión en relación con la persona jurídica de derecho privada demandada, en consecuencia, se producirá un fallo inhibitorio respecto de esta última y se procederá a remitir el expediente al juez ordinario competente. Además de lo anterior destaca la Sala, que esta Corporación ya se había pronunciado sobre los mismos hechos aquí debatidos, al resolver la apelación de la Acción de Grupo Rad: 200600167, Actor: Elisa Buenaventura Lugo y otros Demandado: INVIAS Y OTROS, la cual fue fallada en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo, llegando a una conclusión semejante a la adoptada en este caso, en cuanto a que no le asiste responsabilidad a las entidades demandadas, el daño causado en el fatídico accidente; aclarando que de dicha acción de grupo no hicieron parte quienes acudieron en este proceso en demanda de reparación directa”.
Expediente: 19001233170120060107600
Tema tratado: Error judicial/ Presunta omisión por parte de la administración de justicia respecto del comiso y la cadena de custodia de camión inmerso en accidente de tránsito donde falleció un particular/No accede a pretensiones/ Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
“Así las cosas, considera la Sala que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto fue la Fiscalía General de la Nación quien adelantó la respectiva investigación y profirió las providencias que la parte actora consideraba fuente de los perjuicios reclamados, entidad que debió demandarse y que, no obstante el Juez que conoció en un primer momento la acción instaurada, dispuso se corrigiera la demanda para que se precisara cual era la entidad demandada, el actor se reafirmó en que lo era la Nación, Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial. En consecuencia, se tiene que la entidad demandada no es la llamada a responder por los perjuicios que reclama la parte actora, al configurarse – como se anotó - una falta de legitimación en la causa por pasiva (…) De conformidad con lo planteado, la Sala encuentra que la llamada a comparecer al proceso por los hechos materia de la acción instaurada era la Nación-Fiscalía General de la Nación, quien –como se vio- profirió las providencias que dieron origen a los perjuicios que reclama la parte actora, sin que en el expediente se observe prueba que permita deducir responsabilidad a la entidad demandada Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Razón por la cual se negaran las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001230000120070030101
Tema tratado: Autolesión de interno/ Intento de suicidio/ La lesión obedeció a un actuar personal, autónomo y consentido del demandante/Confirma decisión del a quo que no accedió a las pretensiones del demandante.
“Por lo dicho, es claro para la Sala que no existió un antecedente médico específico respecto a que el demandante padeciera algún tipo de alteración mental. Ha de tenerse en cuenta – según lo expuesto - que fue precisamente en razón a los hechos que hoy se demandan que se recomendó la valoración del demandante por el área de psicología. Luego entonces, itera esta Corporación, no se podía prever la materialización de la lesión que de manera voluntaria se causó el recluso y frente a la cual se pretende imputar responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, pues ella - la lesión - obedeció a un actuar personal, autónomo y consentido del demandante. De esta manera, no se puede desconocer que si bien es cierto -debido a la relación especial de sujeción- el Estado debe garantizar la vida e integridad física de los reclusos, no es menos cierto que la conducta desplegada por FERNANDO ENRIQUE AGUILAR contribuyó de manera exclusiva, determinante y eficiente, en la producción del daño, debiendo, por lo tanto, asumir las consecuencias de su actuar y que hoy pretende endilgar a la entidad demandada. Bajo los anteriores elementos, la Sala comparte la apreciación del a quo, en el sentido que el hecho dañoso fue producto del proceder de la víctima, habiendo resultado absolutamente imprevisible e irresistible para la entidad demandada. Así, vistas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, emerge claramente que FERNANDO ENRIQUE AGUILAR se auto lesionó el día 13 de diciembre de 2006, por lo que el daño así sufrido excluye cualquier actuación u omisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, debiendo exonerárselo de toda responsabilidad. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada”.
Expediente: 19001230000120070030300
Tema tratado: Error judicial/Consignación a título de reparación integral que no fue devuelta a la demandante debiendo serlo dentro de la decisión de preclusión penal a su favor/Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
“En efecto, está demostrado que la demandante consignó la suma de $26’009.233, en dos transacciones de $17’981.021 y $8’118.212.17, a título de reparación integral a fin de evitar ser capturada, valor que la decisión de preclusión de primera instancia ordenó entregar, por vía de la reexpedición de los títulos respectivos, al Municipio de Timbío como afectado por la pérdida de los bienes, siendo que éstos ya habían sido ubicados; por ello la misma fiscalía al resolver el recurso de apelación presentado contra esa primera decisión ordenó la devolución de dicha suma a la investigada (…) De lo anterior concluye la Sala que la demandante sufrió un daño antijurídico real, consistente en haber sido privada del uso de su capital un tiempo superior al debido.(…)la Sala reitera lo dicho en el numeral 3 de esta providencia, en el sentido de que la representación de la Nación en eventos en los que como aquí se endilga la responsabilidad por actuaciones de la Fiscalía general de la Nación, recae en el Fiscal General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. Entonces, como en el sub examine el proceso penal no superó la etapa de instrucción, fuerza concluir que a la entidad pública que se le puede imputar el daño es a la Fiscalía General de la Nación; circunstancia que hace que se libere de responsabilidad administrativa a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se concluya entonces que la entidad que deberá responder por los daños ocasionados es la Fiscalía General de La Nación”.
Expediente: 19001230000320060055501
Tema tratado: Lesiones a internos/ Las pruebas que permitan constatar las circunstancias en que ocurrieron los hechos son suficientes para responsabilizar a la entidad/ Las conclusiones extraídas, imponen revocar la sentencia proferida por la juez de primera instancia, y en su lugar declarar responsable al INPEC de las lesiones causadas en la humanidad al actor.
“A pesar de las medidas tomadas, al realizar un operativo en el patio No.3 (donde incautaron varias armas de fabricación carcelaria), los guardianes del INPEC, encontraron al actor en su celda, herido nuevamente con un arma de fabricación carcelaria, sin que se sepa quién fue el autor de la lesión. La falta de pruebas que permitan constatar las circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos son suficientes para responsabilizar a la entidad, puesto que no se logró demostrar alguna de las causales eximentes de responsabilidad, por el contrario se demostró que el interno fue agredido en su integridad física con armas corto contundentes, cuyo porte está prohibido en el plantel y producto de esas lesiones se afectó su salud, hecho que ocurrió por descuido de los funcionarios del INPEC encargados de la vigilancia y control del orden al interior del establecimiento carcelario. En síntesis, en la demanda se señaló que el actor fue lesionado en dos oportunidades con armas de fabricación carcelaria y según memorando suscrito por el médico de la institución, y la historia clínica, fue atendido y curado en el área de sanidad, sin embargo no se indica que dichas lesiones hayan tenido una evolución desfavorable para el actor, ni tampoco se realizó el dictamen médico laboral para establecer la merma laboral. Las conclusiones extraídas, imponen revocar la sentencia proferida por la juez de primera instancia, y en su lugar declarar responsable al INPEC de las lesiones causadas en la humanidad al señor EDILBERTO REINOSA CANDELO, pues no se explica cómo al interior del Establecimiento Carcelario los internos porten armas y que ellas sean utilizadas para atacar a otros internos, por lo que en este caso quedó demostrada la omisión en la función de control y vigilancia del INPEC”.
Expediente: 19001233170220060005601
Tema tratado: Lesiones por mina antipersonal/ Acciones de terceros/ No se demostró responsabilidad del Estado ni por la teoría de la falla del servicio, ni por riesgo especial/ Revoca decisión del a quo.
“…la prueba recaudada en el proceso apunta a que los hechos demandados, obedecieron al accionar de un tercero, circunstancia que ha dicho el H. Consejo de Estado, rompe el nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y el daño antijurídico, toda vez que las graves lesiones sufridas por el señor MAURO ANTONIO JOAQUI obedecieron a la activación de un artefacto explosivo o mina antipersonal, que como ya se refirió, es utilizado comúnmente por los grupos al margen de la Ley para causar bajas en las filas del Ejército y no como arma de guerra por la Fuerza Pública. Lo anterior encuentra además respaldo en la manifestación que al unísono hacen los declarantes, de que durante varios años los subversivos permanecieron en la región y específicamente en las Veguitas, por ser considerado este como un sitio estratégico en la zona. Por otro lado, se repite, la parte actora no probó que el artefacto mencionado, se trataba de un arma de dotación oficial o que la guarda o detentación del mismo estaba a cargo de las Fuerzas Militares legalmente instituidas en el País. Adicionalmente, tampoco se demostró que el Ejército Nacional se encontraba en la posibilidad de impedir o evitar que ocurrieran hechos como los que se presentaron el día 16 de marzo de 2005, en los cuales resultó lesionado el señor MAURO ANTONIO JOAQUI a causa de la explosión de un artefacto explosivo, toda vez que no se probó que se hubiera informado o puesto en conocimiento de la entidad demandada la posible existencia de dichos artefactos en la zona, que se hubiere solicitado su protección al respecto, y que la demandada teniendo la posibilidad y los medios para hacerlo, sin justificación alguna se hubiere negado a cumplir con su obligación de brindar protección y seguridad a los habitantes de la región. En defecto de lo anterior, tampoco encontró la Sala que existieran circunstancias indicadoras que permitieran a la entidad demandada, inferir que los hechos demandados se pudieran presentar. En este estado, cabe mencionar que el deber positivo de protección no es ilimitado ya que el no sólo se predica respecto a los ciudadanos o población civil, sino también en relación con los propios miembros de la fuerza pública y por otra parte, por cuanto se encuentra condicionado al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a la posibilidad de prevenir o evitar ese riesgo. En este orden de ideas, para la Sala no es posible atribuir responsabilidad alguna a la entidad demandada como quiera que no está acreditado que la misma hubiere incumplido con un deber legal o que una actuación u omisión suya hubiere sido la causa del daño alegado, ni tampoco, que estos fueran determinantes en la ocurrencia de los hechos. A juicio de la Sala, tampoco era posible atribuir responsabilidad a la administración a titulo de daño especial como lo hizo el A quo, por cuanto en la ocurrencia de los hechos, no se probó la participación o intervención de la fuerza pública”.
Expediente: 19001233170120040053301
Tema tratado: Término de caducidad en acción de reparación directa/ Lineamientos del Tribunal Administrativo del Cauca.
“Frente al inicio del conteo del término de caducidad reflejado en el artículo 136 del C.C.A., este Tribunal ha sintetizado las hipótesis desarrolladas jurisprudencialmente, de la siguiente manera: i) El inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble. ii) En los eventos en los que la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño, sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. iii) Cuando el daño se presenta en forma continuada, el término de caducidad debe contarse desde el momento en que inicia su ocurrencia, aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo. iv) Cuando el daño por el cual se reclama indemnización proviene de una conducta omisiva de la Administración, la prolongación en el tiempo de esa actitud omisiva, característica que es connatural a la omisión, no conduce a concluir la inexistencia del término para intentar la acción; en este evento, tal término empezará a contarse a partir del día siguiente en que se consolidó la omisión, es decir, del momento en el cual se puede predicar el incumplimiento de un deber por parte de la Administración”.
Expediente: 19001233170120030010901
Tema tratado: Término de caducidad en asunto donde se expidió acto administrativo/Declaratoria de siniestro de incumplimiento del convenio celebrado con constructora/ La configuración del hecho dañoso no se puede condicionar a la expedición de un acto administrativo/ Revoca decisión del a quo.
“En la sentencia de primera instancia, al analizarse el término de caducidad se tomó como fecha de ocurrencia de los hechos el momento en que el Municipio de Popayán profirió la Resolución No. 2896 - que resolvió el recurso de reposición frente a la Resolución No. 491 de 2001 que declaró el siniestro -, esto es el 28 de diciembre de 2001, concluyendo que la acción se había sido interpuesto dentro del término de caducidad. Para esta Sala de decisión, la configuración del hecho dañoso no se puede condicionar a la expedición de un acto administrativo por parte de la administración como lo consideró la A quo, en tanto ello implicaría afirmar que la existencia del daño depende de la voluntad de la administración de emitir o no el respectivo acto, siendo que la declaratoria del siniestro por incumplimiento puede ser declarado o no por la administración dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del mismo, como quedó visto. En consecuencia, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 7 de febrero de 2003, y que el hecho dañoso se configuró el 8 de enero de 2001, resulta claro que se interpuso por fuera de los dos (2) años que otorga el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, pues debió intentarse máximo hasta 9 de enero de 2003. Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida el por la a quo, para en su lugar declarar probada la excepción de caducidad y negar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001230000120030231001
Tema tratado: Daño en inmueble por obra pública/ El dictamen no acreditó con fundamentos serios y concluyentes que los daños presentados por la residencia del actor tuvieran como causa los trabajos realizados por las entidades demandadas/ No se probó nexo causal/Confirma decisión del a quo.
“En la experticia se reiteró la realidad de los agrietamientos en el piso, las paredes y el muro de contención de la vivienda, así como el desplazamiento que sufrió el techo de la misma; sin embargo, el mismo no precisó el origen de tales daños, cual era su objetivo. En efecto, a pesar que se consignó que “…los daños ocasionados son recientes, en la parte interior de la casa los daños en el muro de contención si se da la veracidad porque esta parte es muy visible al público, y antes de realizar los trabajos en la vía el muro no presentaba daño alguno”, tal afirmación carece de sustento científico y argumentativo que permita estructurar la relación causal entre los trabajos de obra realizados en la vía y los daños advertidos en la vivienda. En otros términos: el dictamen no acreditó con fundamentos serios y concluyentes que los daños presentados por la residencia del señor José Isauro Yatacué Tombé tuvieran como causa los trabajos realizados por las entidades demandadas. Al punto vienen pertinentes las consideraciones expuestas en la sentencia de segunda instancia dictada por este Tribunal el 26 de octubre de 2.006, dentro del proceso radicado No. 2003 0010132 01, en la que se dejó claro que sólo la utilización de medios especiales de lectura y medición permitirían asegurar con certeza que la causa de los daños que presentan las viviendas ubicadas a la vera de la carretera panamericana donde se adelantaron trabajos en ejecución del Contrato No. 0005 de 1.999;(…) Así las cosas, para la Sala es claro que en el sub examine no está demostrado el nexo causal entre la falla del servicio y el daño probados, esto es, entre las omisiones advertidas en la ejecución del contrato por parte de INVIAS y la U.T.DVVCC, y los deterioros que presentó la vivienda del aquí demandante; por tanto no hay lugar a considerar a tales entidades, responsables de los mismos”.
Expediente: 19001230000120050163001
Tema tratado: Lesiones de interno/ Intención suicida empleando utensilio de uso personal/Deniega/Confirma fallo del a quo.
“Así las cosas a fecha del 26 de octubre, cuando el actor se autoinfligió las lesiones por las que demanda la reparación de perjuicios, las autoridades del establecimiento carcelario no tenían por qué saber de su “intención suicida”, si la misma, en la hipótesis de ser real, lo que no consta en este proceso, no se había manifestado; además, tal intención no pareció ser tal hasta ese momento, pues si su designio hubiera sido quitarse la vida, bien habría podido optar por emplear el arma hechiza que le fue incautada por los guardas (“chuzo”), y no el utensilio de uso personal que empleó, máxime que las heridas fueron superficiales y causadas, como ya se dijo, para hacerse notar y lograr ser atendido, como se lo hizo saber a la profesional de la salud que le brindó atención. Vistas así las circunstancias de tiempo, modo y lugar, emerge, claramente, que Jean Sebastián García Tascón el día 26 de octubre de 2.006 se auto lesionó, por lo que el daño así sufrido excluye cualquier actuación u omisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pues ese resultado dañoso era imprevisible e irresistible para dicha entidad, debiendo ser exonerada de responsabilidad”.
Expediente: 19001233170220100008000
Tema tratado: Privación injusta de libertad/Líneas del Consejo de Estado/Régimen objetivo de responsabilidad/Precedente del Tribunal Administrativo del Cauca.
“De forma reiterada, esta Corporación se ha referido al tema de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y a su evolución jurisprudencial, señalando que en su desarrollo por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, se han identificado 3 líneas: Una denominada restrictiva, en la cual sólo surge el deber de reparar a aquellas personas que por causa de alguna decisión judicial se hubieren visto ilegítimamente privadas de su libertad, de manera que solamente existía deber de reparar la “falla del servicio judicial”. Una segunda, en la cual se consideró que la responsabilidad era objetiva y solo si la situación encajaba en las 3 causales del artículo 414 del C.P.P., ya que en los eventos contrarios el actor tenía el deber de demostrar la ocurrencia de error jurisdiccional derivado del carácter “injusto” o “injustificado” de la detención. La última, calificada como “amplia”, según la cual debe evaluarse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley; por lo que se abarcan las situaciones previstas en el artículo 414 del CPP más aquellas situaciones en las que la persona es absuelta en aplicación del in dubio pro reo. Cfr. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), Magistrado Ponente: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ, Expediente 20050079400, Actor HERALDO ZÚÑIGA. Bajo este contexto, se tiene que el régimen aplicable actualmente por responsabilidad patrimonial del Estado por la privación y/o detención injusta de la libertad, es el objetivo, siempre y cuando se profiera una sentencia judicial absolutoria o su equivalente, “(…) ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del in dubio pro reo”.
Expediente: 19001233170220090046000
Tema tratado: Conscriptos/Régimen objetivo del daño especial/Cuando el conscripto sufre un desmedro físico o fallece por razón del servicio obligatorio/ El Estado debe asumir la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo.
“Partiendo del caso bajo estudio, para esta Sala es claro que los daños causados a miembros de la Fuerza Pública que ingresan al servicio en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son incorporados de manera obligatoria (Soldados regulares, bachilleres, campesinos) deben ser analizados bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir: en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional en los términos y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren un desmedro físico o fallecen por razón del servicio obligatorio ellos impartido, sin duda alguna el Estado debe asumir la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo. Así las cosas, siempre que el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe la misma administración garantizar la integridad psicofísica del ciudadano en la medida en que es una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, por la estrecha relación de sujeción que surge entre el particular (Soldado conscripto) y la Institucionalidad; además que, por regla general, sitúa a quien es obligado por imperio de la Ley, en una posición de riesgo, lo que, en términos de imputabilidad significa que es el mismo Estado quien debe responder por los daños que le sean causados relacionados con la ejecución de la carga pública”.
Expediente: 9001333100220080010901
Tema tratado 1: El precedente Constitucional sobre el régimen pensional en el tiempo y su relación con el principio de igualdad para las personas que habían consolidado derechos en vigencia de regímenes anteriores/No se vulnera el principio de igualdad por falta de aplicación del Decreto 4433 de 2004 -reglamentario ley 923 de 2004 - a situaciones consolidadas con anterioridad a la fecha en que entraron en vigencia dichas normas/Confirma decisión del a quo.
“Del aparte jurisprudencial transcrito se colige, sin duda alguna, que el principio de igualdad en que funda el impugnante su recurso de alzada, no se vulnera por falta de aplicación del Decreto 4433 de 2004 -reglamentario ley 923 de 2004 - a situaciones consolidadas con anterioridad a la fecha en que entraron en vigencia dichas normas, porque - como se observó - se trata de personas sometidas a regímenes jurídicos distintos, cuya situación, en cada caso, debe resolverse conforme al régimen pensional vigente a la fecha en el que adquirieron su status de retirados. Luego el cargo de la apelación dirigido a atacar la decisión de la primera instancia, bajo el argumento de que se menoscabó el principio de igualdad frente a la aplicación de la ley, a la luz la doctrina constitucional arriba citada, emerge sin fundamento jurídico válido que permita atacar en este sentido la sentencia objeto de alzada”.
Tema tratado 2: De la normatividad que regula el tema de la prima de actividad para los miembros de la Policía Nacional/Precedente del Tribunal Administrativo del Cauca.
“Así mismo, sobre el tema objeto de estudio, esta Corporación ya se había pronunciado negando las pretensiones de la demanda, en razón a que los actores ya tenían una situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004, sin que pueda entenderse la afectación de un derecho adquirido, pues precisamente esta prestación les fue reconocida bajo las normas vigentes para la época de su causación, derecho que a su vez fue respetado con la expedición de normas posteriores. Además - se agrega -, no se evidenció que el reajuste de la asignación de retiro solicitado tuviese como fundamento un incremento en la prima de actividad del personal activo, que es el presupuesto que consagra el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 para que proceda la aplicación del principio de oscilación. Así pues, itera la Sala, que el reconocimiento de la asignación de retiro del señor MANUEL SALCEDO GUTIERREZ TITIMBO, es una situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004, cuyos efectos no son retroactivos, sin que pueda entenderse la afectación de un derecho adquirido, pues precisamente esta prestación le fue reconocida bajo las normas vigentes para la época de su causación, derecho que ha sido respetado con la expedición de normas posteriores. Las conclusiones extraídas imponen la confirmación de la sentencia proferida por la jueza de primera instancia, quien acertó al negar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001233170120050135001
Tema tratado: Lesiones a internos/ Régimen objetivo de responsabilidad/ Revoca decisión del a quo.
“De acuerdo a los lineamientos expuestos en esta providencia, es decir, en lo que a un régimen objeto de responsabilidad se refiere, para que el demandante pueda ser indemnizado por los posibles daños ocasionados mientras se encontraba privado de la libertad, le corresponde acreditar simplemente la ocurrencia del daño junto con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el mismo; mientras que a la administración, si quiere eximirse de responsabilidad, le compete acreditar una causal eximente de la misma. Como se expuso en el acápite “3.6. Del material probatorio”, el acervo probatorio da fe de la ocurrencia de un daño – lesiones - en la humanidad del demandante, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, hechos presentados mientras se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, razón por la cual en el sub examine se presume la responsabilidad patrimonial del Estado, invirtiéndose así, como se ha explicado, la carga de la prueba en cabeza de la demandada. La responsabilidad estatal que se predica, tiene que ver con el deber de protección de la autoridad carcelaria, cuyo objeto es el de mantener al recluso en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad e ingreso al centro carcelario. Ese deber de protección, está consagrado en el artículo 44 literal c de la ley 65 de 1993, entendido como la custodia o el deber de cuidado; la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios, así como la vigilancia que conlleva al deber de atención de la conducta de las personas a su cargo. Si bien la demandada alega la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, para la Sala dicho argumento no tiene un sustento probatorio claro, pues de la anotación del Libro de Minuta de Guardia del Patio No. 3, no se puede afirmar que el actor hubiera sido quien inició la riña en mención, sino que, por el contrario, lo que allí se refiere con claridad es que WILLINTON PERALTA ÁLVAREZ fue agredido por otro interno con un arma de fabricación carcelaria, heridas por la que tuvo que ser remitido de urgencias a un hospital para que fuera valorado por la especialidad de cirugía. De esta manera, se tiene que el INPEC en ejercicio de su derecho de contradicción, no acreditó la existencia de ninguna de las causales exonerativas de responsabilidad, razón por la cual no pudo desvirtuar la responsabilidad por los hechos dañinos, acaecidos en el interior de un establecimiento penitenciario y carcelario. Concluye la Sala que el deber de protección y garantía ya explicado, no se cumplió frente al actor, máxime si se tiene en cuenta que el arma utilizada para agredir al hoy demandante es un objeto cuya tenencia resulta prohibida según lo reglado en el Código Penitenciario y Carcelario. Así pues, esta situación demarca aún más la responsabilidad deprecada, pues es otro indicio de la inoperancia en el deber control y protección estatal debatido en el sub júdice. Bajo los anteriores elementos, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2004”.
Expediente: 19001230000120070005101
Tema tratado 1: Lesiones a internos/ Hecho súbito y excepcional imputable a la conducta del propio interno/ Deniega.
“En el sub examine está comprobado que las lesiones sufridas por el interno William Correa Alzate, a partir de las cuales demanda la reparación de perjuicios, fueron producto de un hecho súbito y excepcional, imputable a su propia conducta –culpable o no-, que por las circunstancias de modo en que tuvieron ocurrencia no pueden serle atribuidas a la entidad demandada, pues se trató de un hecho “imprevisto”, súbito, excepcional o, en definición de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, acogida por el Consejo de Estado, “de rara ocurrencia”, pues según el dicho del demandante al bajarse del camarote “…me enredé, y como soy siempre alto me caí y me golpee la cara” En cuanto a la responsabilidad en los casos de muerte de reclusos, la pauta jurisprudencial indica que aplica el régimen objetivo, en virtud de la posición de garante que frente a ellos tiene el Establecimiento, traducido en el deber de protección especial a cargo de las autoridades por las especiales condiciones de sujeción a las que están sometidos quienes se hallan privados de la libertad. De modo que para estructurar el juicio de responsabilidad basta que el demandante acredite el daño y su condición de recluso; mientras que la entidad, por la naturaleza del régimen de responsabilidad, sólo podrá exonerarse demostrando la ocurrencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero. No es cierto, entonces, como se figuró en la demanda, que las lesiones fueron causadas por terceros y en circunstancias distintas, al decir de la misma que “…en la cancha de futbol del penal…varios de sus compañeros lo tiraron al piso, y le dieron varios punta pies en la cara principalmente en la frente y nariz la cual le fracturaron, todo esto pasó en un lapso de 15 minutos en donde la guardia no hizo presencia para llamar a los internos al orden para que hechos tan graves no sucedieran, de tal forma que en el mismo instante en que sucedieron los hechos el interno quedó prácticamente desmayado en el patio, motivo por el cual fue llevado a la estación de enfermería del penal donde le realizaron las respectivas curaciones y anotaciones del caso…” (fl. 2, c.ppal). Vistas así las circunstancias de tiempo, modo y lugar, emerge, claramente, que las lesiones padecidas por el señor William Correa Alzate el día 11 de febrero de 2.007, fueron producto de un hecho atribuible exclusivamente a él, por lo que el daño así sufrido excluye cualquier responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pues ese resultado dañoso le era imprevisible e irresistible”.
Tema tratado 2: Lesiones a internos/ Condena en costas.
“En el caso concreto la Sala considera que hay lugar a condenar en costas al demandante pues, tal como quedó evidenciado en la declaración rendida por él ante el a quo, era clara la infundabilidad de la demanda si los hechos alegados en la misma en sustento de las pretensiones no correspondían a la realidad; y además porque en esas circunstancias la interposición del recurso implicó un desgaste procesal innecesario, tanto para la administración de justicia, como para la entidad demandada, pues era previsible la confirmación de la decisión de primera instancia. Por esa razón se modificará la sentencia objeto del recurso, para imponer costas a la parte demandante, sin que ello implique una reforma en perjuicio, pues conforme al artículo 171 citado, las mismas pueden ser aplicadas incluso por el juez que resuelve el “recurso”.
Expediente: 19001233170120070002700
Tema tratado 1: Falla en el servicio/ Los centros educativos deben responder por los perjuicios ocasionados a sus alumnos/ deberes de vigilancia y protección de sus alumnos/ conducta irregular de los docentes compromete la responsabilidad del ente estatal/ relación de sujeción de los directivos y docentes hacia los alumnos.
Lesiones a internos/ Hecho súbito y excepcional imputable a la conducta del propio interno/ Deniega.
“Del material probatorio relacionado, se tiene - sin lugar a dudas - que el establecimiento educativo en el que estudiaba el menor (…), plantel a cargo del Municipio de Popayán, falló en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y protección de sus alumnos, al permitir que dicho menor, de escasos siete años de edad, ingresara solo al área de piscinas del centro recreacional y, sin la vigilancia de un adulto, se lanzara a la piscina grande, intentara nadar unos pocos metros, para quedar inmóvil en la mitad de la misma, falleciendo minutos después. Esa conducta irregular de los docentes bajo cuyo cuidado y protección se encontraban los menores en el centro recreacional, indudablemente compromete la responsabilidad del ente estatal - Municipio de Popayán - a cuya dirección y cuidado estaba el plantel educativo, a título de falla en el servicio, al no haber tomado las medidas de seguridad necesarias tendientes a proteger la integridad física de sus menores educandos, entre las que se encontraban – para el caso sujeto a estudio – el impedir que se dirigieran solos al área de las piscinas. La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que los centros educativos deben responder por los perjuicios ocasionados a sus alumnos, bien sea que se causen dentro de las instalaciones escolares o por fuera de ellas cuando la institución organice actividades académicas o recreacionales. Ello en el entendido de que surge una relación de sujeción de los directivos y docentes hacia los alumnos, que se traduce en la obligación de brindarles protección y cuidado, máxime cuando se trata de menores de edad que no están en condición de determinarse por sí mismos (…) Así las cosas, estima la Sala que se ve comprometida la responsabilidad del Municipio de Popayán con base en el título de imputación de falla en el servicio, por la conducta omisiva de los docentes del plantel educativo - a cargo del ente territorial - en el que estudiaba el menor (…), al no haber tomado las medidas de seguridad y vigilancia necesarias tendientes a evitar que se dirigiera solo al área de las piscinas del centro recreacional de COMFACAUCA, omisión que conllevó a la causación del lamentable hecho que culminó con su vida”.
Tema tratado 2: Falla en el servicio/ Fuero de atracción/La Jurisdicción Contenciosa Administrativa es competente por conexidad para conocer de las acciones u omisiones de los particulares.
“Conforme al material probatorio allegado al proceso, considera la Sala que su responsabilidad, en virtud del fuero de atracción, también resulta comprometida en el asunto sub júdice, como pasa a explicarse. La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha precisado que la jurisdicción contencioso administrativa resulta competente por conexidad para conocer de las acciones u omisiones de los particulares cuando además se ha demandado a una entidad pública respecto de la cual, desde la presentación de la demanda se evidencia, tras una análisis razonable, que pueda resultar responsable”.
Expediente: 19001233170220070016701
Tema tratado: Reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo/Hospital Universitario San José/Los precedentes del Tribunal niegan la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/No es aplicable la sentencia C-349 de 2.007 por tener supuestos fácticos diferentes al caso tratado/ Confirma fallo del a quo/ Lesiones a internos/ Hecho súbito y excepcional imputable a la conducta del propio interno/ Deniega.
“…es claro que la solución del asunto implica determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo, a pesar de no tener la calidad de empleada inscrita en carrera administrativa al tenor del artículo 39 de la Ley 43 de 1998, y si le es aplicable el tratamiento excepcional que dio la Corte Constitucional a los trabajadores que se vieron afectados con el proceso de escisión sufrido por el ISS (S. C-349 de 2004), por existir, presuntamente, similitudes entre los supuestos fácticos y jurídicos estimados en esa oportunidad por la Corte que posibilitan el reconocimiento pedido bajo las mismas consideraciones. Vale la pena aclarar que asuntos afines al puesto en comento, ya habían sido definidos en segunda instancia por este Tribunal, baste citar las sentencias proferidas por el magistrado ponente Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO del 16 de febrero de 2012, expediente 19001-23-00003-2007-00247-01, y del magistrado ponente Dr. HORACIO CORAL CAICEDO del 26 de abril de 2012, expediente 19001-23-00003-2007-00241-01, en contra del Hospital Universitario San José de Popayán, las cuales confirmaron las sentencias de primera instancia que negaron la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales. Ahora, respecto a la aplicación en el presente asunto de la sentencia C-349 de 2.007 para sustentar el pago de esta indemnización, considera la Sala que no es procedente acceder a la petición realizada por la actora en esos términos, en tanto que la Corte Constitucional se refirió específicamente en aquella ocasión al proceso de escisión del Instituto de Seguros Sociales y la creación de varias empresas sociales del Estado, consagrando un tratamiento eventual y excepcional que tuvo como origen la “incorporación automática” y “sin solución de continuidad” en beneficio de los nuevos empleados y trabajadores de las ESE-S creadas y, regidas en todo caso por el sistema regulado en el Decreto 1750 de 2003. Es de resaltar que sobre un tema similar ya se había pronunciado ésta Corporación, y en aquella ocasión se arribó a la misma conclusión. En otros términos, si el tratamiento dispensado por el Tribunal Constitucional fue excepcional, obedeciendo a un régimen especial de permanencia preestablecido por el legislador para los trabajadores incorporados automáticamente y sin solución de continuidad, como empleados públicos, a la planta de cargos de las nuevas entidades derivadas de la escisión del ISS, su extensión a los servidores involucrados en el proceso de modificación de la planta de cargos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. o cualquier otra entidad resulta del todo improcedente, pues si así se permitiera, terminaría por desbordarse el ámbito de aplicación subjetivo material y cronológico fijado por el legislador extraordinario y la Corte, inclusive. Más aún, aceptándose viable esa extensión –en hipótesis-, no habría lugar a estimar a la actora como beneficiaria de la indemnización, pues ni siquiera demostró ser trabajadora oficial antes de la reclasificación, de la que tampoco consta su realidad”.
Expediente: 19001233170220060053401
Tema tratado: Insubsistencia del provisional en cargo de carrera administrativa/ Obligación de las entidades públicas de motivar los actos mediante los cuales se declara la insubsistencia de un cargo.
“La línea jurisprudencial sobre la motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad un cargo de carrera administrativa ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en sentencia 007 del 2008, en aquella ocasión se hizo además alusión a la diferencia que existe entre la declaratoria de insubsistencia del empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, y la de un empleado de libre nombramiento y remoción (…) Con base en lo expuesto, es claro que la facultad discrecional del ente nominador solo se predica para el caso de retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción, en virtud de la cual no es necesario justificar los actos de desvinculación, no así para los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, en los que preside la obligación de motivar el acto de desvinculación. Esta afirmación obedece a la necesidad de respetar la Constitución, ya que la administración debe dar igual trato a los empleados que estén desempeñando empleos de carrera, y en este sentido brindar una estabilidad relativa a los empleados provisionales que ocupan cargos de carrera, como garantía laboral”.
Expediente: 19001233170220070009301
Tema tratado: Retiro del servicio activo de la Policía/Falta de nexo causal/ Facultad de libre remoción en procura del cumplimiento de metas institucionales/Confirma decisión del a quo de negar pretensiones.
“Así las cosas, observa la Sala que el material probatorio no es suficiente para concluir que el retiro del servicio activo del actor, con fundamento en la voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, contraviene los postulados legales establecidos para tal fin, ni tampoco se probó la existencia de un nexo causal que haya ocasionado su salida, distinta al mejoramiento del servicio que presupone este tipo de actos, más aún cuando las anotaciones positivas en su hoja de vida y formulario de seguimiento hacen referencia al buen desempeño de su servicio y la consagración a su trabajo, que es lo mínimo que se espera de un funcionario o empleado público en el ejercicio profesional de sus labores; son diversas las razones que pueden llevar al nominador a ejercer la facultad de libre remoción en procura del cumplimiento de metas institucionales, y en el plenario no se allegó prueba alguna con la cual se demuestre que fueron razones distintas al buen servicio público las que en esta oportunidad llevaron al nominador a ejercer la facultad discrecional. Por otra parte, la carga probatoria sobre la causal de desvío de poder le corresponde asumirla a la parte actora, acreditando tanto la conexidad entre el acto discrecional y los hechos enunciados en la demanda, como la afectación del servicio público. Las razones expuestas son suficientes para confirmar el fallo proferido por la A quo que negó las súplicas de la demanda, en tanto no se enervó la presunción de legalidad del acto acusado”.
Expediente: 19001230000120050111201
Tema tratado: Retiro del servicio/ Facultad discrecional/ Policía Nacional/ No se evidenció la relación causal entre el hecho que adujo el actor como fundamento de su retiro, y el ejercicio de la facultad discrecional/Confirma decisión del a quo.
“De acuerdo al material probatorio, considera la Sala que no se demostró en el caso concreto que, en cuanto hace a la situación de aquí demandante, el Decreto No. 1375 de mayo 3 de 2.005, por medio del cual se retiró del servicio a unos oficiales de la Policía Nacional, se expidió con desviación de poder. Como se advirtió, no hay constancia de que el actor hubiera incurrido en conductas susceptibles de ser investigadas penal o disciplinariamente, que dieran lugar a procesos de la misma naturaleza; de modo que no puede considerarse, por fuera del plano de las especulaciones, que el Presidente de la República y el Ministro de la Defensa al decidir el retiro del TTE Restrepo Sabogal ejercieron simultánea e indebidamente la facultad discrecional y las facultades disciplinaria y punitiva, como tampoco que al hacer uso de la facultad discrecional su designio estuviera orientado a sancionar su presunta participación en el hecho ocurrido el 28 de febrero de 2.005 en el que resultaron involucrados un intendente y un agente de la Policía de Carreteras del Cauca, pues como se dijo, no consta en el expediente que el actor hubiera tomado parte en tales hechos, o que por los mismos se lo haya cuestionado penal o disciplinariamente. Por lo anterior, la Sala muestra su acuerdo con la consideración que al punto tuvo el a quo, pues ciertamente bajo la estructura secuencial del indicio no se evidenció la relación causal entre el hecho que adujo el actor como fundamento de su retiro, y el ejercicio de la facultad discrecional, hecho en el que, se repite, no está demostrado que el actor hubiera tenido participación. En otros términos: no puede afirmase que fue el hecho ocurrido el 28 de febrero de 2.005, la causa determinante del retiro del actor. En el mismo sentido, tampoco probó el actor, acorde con la pauta jurisprudencial, que el retiro no tuviera por fin el mejoramiento del servicio, pues si bien el último periodo respecto del cual acreditó su evaluación, correspondiente al año 2.004, da cuenta de su calificación en el nivel SUPERIOR, el mismo no versa sobre su última vinculación en la Policía de Carreteras del Departamento de Policía Cauca durante el año 2.005, por lo que considera la Sala que no se satisfizo la carga de probar el comportamiento excepcional del actor durante el tiempo inmediato anterior a la decisión del retiro; como se anotó atrás, en relación con la vinculación al Departamento de Cauca, sólo aportó evaluación del periodo comprendido entre el 20 de junio y el 5 de octubre de 2.004, pues enseguida fue trasladado al Departamento de Policía Caldas”.
Expediente: 19001233170220090010200
Tema tratado: Impuesto de industria y Comercio/Avisos y tableros/La liquidación de aforo no se atemperó a las exigencias normativas/ Vulneración del derecho de defensa del contribuyente/Vicio de nulidad del acto administrativo.
“De acuerdo con lo anterior, solo está acreditado que el Municipio calculó la suma de $687’126.627, como el total del impuesto adeudado para los años 2.005 y 2.006, cifra que mencionada de manera global no se atempera a las exigencias normativas establecidas respecto a la liquidación de aforo, y vulnera el derecho de defensa del contribuyente, pues no se le da a conocer de manera específica que suma corresponde al impuesto, la base gravable calculada mes a mes respecto a los periodos o años objeto del gravamen, y el valor de las sanciones impuestas, datos esenciales para controvertir la liquidación de aforo si ella no está acorde con la realidad de la empresa. Al no existir prueba que acredite la realización de la liquidación conforme a los parámetros establecidos en el artículo 712 del E.T., es claro que la Liquidación de Aforo del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros realizada mediante Resolución No. 015 de 2.008 está viciada por la causal de nulidad contemplada en el numeral 4 del artículo 730 ibídem y por ende constituye razón suficiente para declarar la ilegalidad de la Liquidación Oficial de aforo acusada”.
Expediente: 19001230000120050027001
Tema tratado: Grado Jurisdiccional de Consulta/ Sustitución de asignación de retiro/ Al existir convivencia simultánea del causante con cónyuge y compañera permanente, debe distribuirse la sustitución en proporción al tiempo convivido con cada una.
“La sentencia de primera instancia, resolvió declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 012816 de 13 de noviembre de 2002 (artículos 1º y 2º) en cuanto había reconocido el 50% de la sustitución de la asignación de retiro en favor de la cónyuge, sin respecto de la compañera permanente; igual declaración efectuó frente al artículo 3º de la Resolución No. 001490 de marzo 14 de 2.003, en cuanto excluyó de la nómina el reconocimiento hecho a la señora Martha Cecilia Pulgarin Tangarife. Frente a tales ordenaciones la Sala muestra su conformidad, pues, de acuerdo con la pauta jurisprudencial, al existir convivencia simultánea del causante con cónyuge y compañera permanente, debe distribuirse la sustitución en proporción al tiempo convivido con cada una. Sin embargo, se advierte una incorrección en la estimación hecha sobre el tiempo de convivencia en el caso de la compañera permanente, pues se afirmó en la providencia que los testimonios dieron cuenta de su inició el 10 de noviembre de 1.997, siendo que, como quedó establecido, los mismos fueron coincidentes en que la convivencia principió en el año 1.996 (…) Se modificarán los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la providencia pasiva del grado jurisdiccional, en el sentido de precisar los porcentajes a reconocer a favor de cada una de las demanandantes a título de sustitución de la asignación de retiro, que serán los que aquí se han establecido”.
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Tema tratado: CONFLICTO DE JURISDICCIONES/Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa/ TITULO EJECUTIVO COMPLEJO/Regla general.
Asunto: Conflicto negativo de jurisdicciones
Corporación: Consejo Superior de la Judicatura
Magistrado Ponente: HENRY VILLARRAGA OLIVEROS
Expediente: 11001010200020120163300
“Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali, dentro del proceso ejecutivo contra el MUNICIPIO DE DAGUA, donde solicita el actor que se libre mandamiento de pago de la obligación adquirida con los respectivos intereses moratorios por concepto de unas facturas de venta y se condene en costas a la entidad demandada (…) Sólo es posible iniciar procesos ejecutivos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa cuando los títulos ejecutivos se deriven de condenas impuestas por la misma jurisdicción y por obligaciones que provengan de contratos estatales. En este Caso no fue posible demostrar la existencia entre la parte demandante y el MUNICIPIO DE DAGUA –VALLE DEL CAUCA-, de un negocio jurídico estatal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 41 de la Ley 80 de 1993….lo cierto es que en principio no se advierte la integración de un título ejecutivo complejo de carácter contractual, pues no hay prueba del contrato estatal que soporte esa relación y tampoco del registro presupuestal que respalde las obligaciones económicas derivadas de ese acuerdo”.
[1] Calamandrei Piero “Elogio de los Jueces” Ediciones Jurídicas, Europa-América, Buenos Aires, 1956, pp 10-11, fragmentos incorporados en Ámbito Jurídico, No. 360, diciembre 10 de 2012 a enero 13 de 2013, Editorial Legis, pp 13.

References: artículo 23
 artículo 9
 artículo 87
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 17
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 artículo 23
 artículo 308
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 58
 artículo 36
 artículo 49
 artículo 149
 artículo 136
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 artículo 136
 artículo 414
 artículo 414
in dubio
in dubio
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 171
 artículo 39
 artículo 712
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 artículo 730
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 artículo 3
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