Source: http://www.slideshare.net/gruiz/stjue-15-012013-c41610-krizan-y-otros-vslovenska
Timestamp: 2015-10-09 15:26:28+00:00

Document:
Stjue 15 01-2013, c-416-10, krizan y otros v.slovenska.
at GTA VILLAMAGNA
La cuestión prejudicial en los supuestos de anulación de una Sentencia de Tribunal Supremo por Tribunal Constitucional con remisión del caso al primer Tribunal
ENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)de 15 de enero de 2013 (*)«Artículo 267 TFUE – Anulación de una resolución judicial – Devolución al órganojurisdiccional de que se trata – Obligación de adecuarse a la resolución de anulación –Procedimiento prejudicial – Posibilidad – Medio ambiente – Convenio de Aarhus –Directiva 85/337/CEE – Directiva 96/61/CE – Participación del público en elprocedimiento de toma de decisiones – Construcción de un vertedero de residuos –Solicitud de autorización – Secreto comercial – No comunicación de un documento alpúblico – Incidencia sobre la validez de la resolución de autorización del vertedero –Subsanación – Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente –Informe final anterior a la adhesión del Estado miembro a la Unión – Aplicación en eltiempo de la Directiva 85/337 – Recurso jurisdiccional – Medidas provisionales –Suspensión de la ejecución – Anulación de la resolución impugnada – Derecho depropiedad – Menoscabo»En el asunto C-416/10,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo alartículo 267 TFUE, por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Eslovaquia), medianteresolución de 17 de agosto de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de agostode 2010, en el procedimiento entreJozef Križan,Katarína Aksamitová,Gabriela Kokošková,Jozef Kokoška,Martina Strezenická,Jozef Strezenický,Peter Šidlo,Lenka Šidlová,Drahoslava Šidlová,Milan Šimovič,Elena Šimovičová,Stanislav Aksamit,Tomáš Pitoňák,
Petra Pitoňáková,Mária Križanová,Vladimír Mizerák,Ľubomír Pevný,Darina Brunovská,Mária Fišerová,Lenka Fišerová,Peter Zvolenský,Katarína Zvolenská,Kamila Mizeráková,Anna Konfráterová,Milan Konfráter,Michaela Konfráterová,Tomáš Pavlovič,Jozef Krivošík,Ema Krivošíková,Eva Pavlovičová,Jaroslav Pavlovič,Pavol Šipoš,Martina Šipošová,Jozefína Šipošová,Zuzana Šipošová,Ivan Čaputa,Zuzana Čaputová,Štefan Strapák,
Katarína Strapáková,František Slezák,Agnesa Slezáková,Vincent Zimka,Elena Zimková,Marián Šipoš,Mesto PezinokySlovenská inšpekcia životného prostredia,con intervención de:Ekologická skládka as,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, vice-Presidente, losSres. A. Tizzano, M. Ilešič, L. Bay Larsen (Ponente), J. Malenovský, Presidentes deSala, y los Sres. A. Borg Barthet y J.-C. Bonichot, la Sra. C. Toader y los Sres. J.-J. Kasel y M. Safjan, Jueces;Abogado General: Sra. J. Kokott;Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de enerode 2012;consideradas las observaciones presentadas:– en nombre de Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, JozefKokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová,Drahoslava Šidlová, Milán Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, TomášPitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, DarinaBrunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská,Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milán Konfráter, Michaela Konfráterová,Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič,Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa,Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, AgnesaSlezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, por el Sr. T. Kamenec y laSra. Z. Čaputová, advokáti;
– en nombre de Mesto Pezinok, por el Sr. J. Ondruš y la Sra. K. Siváková, advokáti;– en nombre de Slovenská inšpekcia životného prostredia, por el Sr. L. Fogaš,advokát;– en nombre de Ekologická skládka as, por el Sr. P. Kováč, advokát;– en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;– en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y D. Hadroušek, encalidad de agentes;– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. S. Menez, en calidad de agente;– en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad deagente;– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Oliver y A. Tokár, en calidadde agentes;oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 deabril de 2012;dicta la siguienteSentencia1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Conveniosobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones yel acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de juniode 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1; en lo sucesivo«Convenio de Aarhus»), de los artículos 191 TFUE, apartados 1 y 2, y 267 TFUE, de laDirectiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación delas repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156,p. 17; en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), y de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de lacontaminación (DO L 257, p. 26), en su versión modificada por el Reglamento (CE)nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 (DO L 33,p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 96/61»).2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre el Sr. Križan y otras43 demandantes personas físicas, habitantes de la ciudad de Pezinok, y Mesto Pezinok(municipio de Pezinok), por un lado, y Slovenská inšpekcia životného prostredia(Inspección eslovaca de medio ambiente; en lo sucesivo, «inšpekcia»), por otro, relativoa la legalidad de resoluciones de la autoridad administrativa que autorizaban laconstrucción y la explotación de un vertedero de residuos por parte de Ekologická
skládka as (en lo sucesivo, «Ekologická skládka»), parte coadyuvante en el litigioprincipal.Marco jurídicoDerecho internacional3 El artículo 6 del Convenio de Aarhus, titulado «Participación del público en lasdecisiones relativas a actividades específicas», dispone en sus apartados 1, 2, 4 y 6:«1. Cada Parte:a) aplicará las disposiciones del presente artículo cuando se trate de autorizar o noactividades propuestas de las enumeradas en el anexo I;[...]2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente,se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momentooportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, alcomienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:[...]d) el procedimiento previsto, incluidas, en los casos en que estas informacionespuedan facilitarse:[...]iv) la autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener informacionespertinentes y ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el públicopueda examinarlas,[...]4. Cada parte adoptará medidas para que la participación del público comience alinicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aúnposibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.[...]6. Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma queel público interesado pueda consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno loexija, de forma gratuita, en cuanto estén disponibles, todas las informaciones queofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo quepuedan obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sinperjuicio del derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones conarreglo al artículo 4, [apartado 4].[...]»
4 El artículo 9 del mismo Convenio, titulado «Acceso a la justicia», establece ensus apartados 2 y 4:«2. Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que los miembrosdel público interesado:[...]b) [...] podrán interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano independientee imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y encuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entreen el ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé y sinperjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 más abajo, de otras disposiciones pertinentesdel presente Convenio.[...]4. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los procedimientos a quehacen referencia los apartados 1, 2 y 3 precedentes deberán ofrecer recursos suficientesy efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán ser objetivos,equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. […]»5 El anexo I, apartado 5, del Convenio de Aarhus señala, como actividades a que serefiere su artículo 6, apartado 1, letra a):«Gestión de residuos:[...]– Vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidadtotal de más de 25000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.»Derecho de la UniónDirectiva 85/3376 El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337 define el concepto de«autorización» como «la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes queconfiere al promotor el derecho a realizar el proyecto».7 El artículo 2 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes deconcederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en elmedio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones olocalización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluacióncon respecto a sus efectos. Estos proyectos se definen en el artículo 4.2. La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse enlos procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados miembros
o, a falta de ello, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberánestablecerse para satisfacer los objetivos de la presente Directiva.[...]»Directiva 96/618 El considerando 23 de la Directiva 96/61 establece:«[...] a fin de informar al público respecto al funcionamiento de las instalaciones y a suefecto potencial en el medio ambiente, y para garantizar la transparencia delprocedimiento de autorización en toda la Comunidad, el público deberá tener acceso,antes de que se adopte cualquier decisión, a la información relativa a las solicitudes deautorización de nuevas instalaciones [...]»9 El artículo 1 de la mencionada Directiva, titulado «Objeto y ámbito deaplicación», dispone:«La presente Directiva tiene por objeto la prevención y la reducción integradas de lacontaminación procedente de las actividades que figuran en el anexo I. En ella seestablecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones delas citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativasa los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambienteconsiderado en su conjunto, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva [85/337], yde las otras disposiciones comunitarias en la materia.»10 El artículo 15 de la misma Directiva, titulado «Acceso a la información yparticipación pública en el procedimiento de concesión de permisos», establece:«1. Los Estados miembros garantizarán que el público interesado tenga posibilidadesreales de participar en una fase temprana del procedimiento:– para la concesión de un permiso de nuevas instalaciones;[...]A efectos de dicha participación se aplicará el procedimiento establecido en el anexo V.[...]4. [El apartado 1, en particular, se aplicará] sin perjuicio de las restricciones previstasen los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE [del Consejo, de 7 dejunio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(DO L 158, p. 56)].[...]»11 El artículo 15 bis de la Directiva 96/61, titulado «Acceso a la justicia», es delsiguiente tenor:
«Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, losmiembros del público interesado:[...]tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otroórgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, encuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones quecaigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público dela presente Directiva.[...]Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados seránjustos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamenteonerosos.[...]»12 El anexo I de la Directiva 96/61, titulado «Categorías de actividades industrialescontempladas en el artículo 1», se refiere, en su punto 5.4, a los «vertederos que recibanmás de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes».13 El anexo V de la misma Directiva, titulado «Participación del público en la tomade decisiones», establece en particular:«1. Se informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados,como los electrónicos cuando se disponga de ellos) de los siguientes asuntos en una fasetemprana del procedimiento previo a la toma de una decisión o, como muy tarde, encuanto sea razonablemente posible facilitar la información:[...]c) datos sobre las autoridades competentes responsables de tomar la decisión, de lasque pueda obtenerse información pertinente, de aquellas a las que puedan presentarseobservaciones o formularse preguntas, y de los plazos para la transmisión de talesobservaciones o preguntas;[...]f) una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la informaciónpertinente, así como los medios empleados para ello;[...]»Directiva 2003/4/CE14 El considerando 16 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y delConsejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313 (DO L 41, p. 26), es delsiguiente tenor:«El derecho a la información significa que la divulgación de la información debe ser lanorma general y que debe permitirse que las autoridades públicas denieguen unasolicitud de información medioambiental en casos concretos claramente definidos. Portanto, los motivos de denegación deben interpretarse de modo restrictivo, de tal formaque el interés público atendido por la divulgación de la información debe ponderarsecon el interés atendido por la denegación de la divulgación. Las razones de ladenegación deben comunicarse al solicitante en el plazo establecido en la presenteDirectiva.»15 El artículo 4, apartados 2 y 4, de la citada Directiva dispone en particular:«2. Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de informaciónmedioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a:[...]d) la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dichaconfidencialidad esté contemplada en la legislación nacional o comunitaria a fin deproteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener laconfidencialidad estadística y el secreto fiscal;[...]Los motivos de denegación mencionados [en particular, en el apartado 2] deberáninterpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta para cada caso concreto el interéspúblico atendido por la divulgación. En cada caso concreto, el interés público atendidopor la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de ladivulgación. [...][...]4. La información medioambiental solicitada que obre en poder de las autoridadespúblicas o en el de otra entidad en su nombre se pondrá parcialmente a disposición delsolicitante cuando sea posible separar del texto de la información solicitada lainformación a que se refieren las letras d) y e) del apartado 1 o el apartado 2.»Directiva 2003/3516 El considerando 5 de la Directiva 2003/35 establece que la normativa de la Unióndebe ser coherente con el Convenio de Aarhus para su ratificación por ésta.Derecho eslovacoNormas de procedimiento17 El artículo 135, apartado 1, del código de procedimiento civil establece:
«[...] El órgano jurisdiccional estará también vinculado por las decisiones del Ústavnýsúd Slovenskej republiky o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a losderechos y libertades fundamentales.»18 El artículo 56, apartado 6, de la Ley nº 38/1993, sobre organización, normas deprocedimiento y estatuto de los jueces del Ústavný súd Slovenskej republiky, en suversión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone:«Cuando el Ústavný súd Slovenskej republiky anule una resolución, medida u otraintervención válida y devuelva el asunto, el órgano que haya adoptado la resolución, lamedida o haya realizado la intervención estará obligado a reexaminar el asunto ypronunciarse de nuevo. En dicho procedimiento o trámite le vinculará el právny názor[apreciación jurídica] que haya adoptado el Ústavný súd Slovenskej republiky.» Disposiciones relativas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, alas normas de urbanismo y a las autorizaciones integradas– Ley nº 24/200619 El artículo 1, apartado 1, de la Ley nº 24/2006, sobre evaluación de lasrepercusiones sobre el medio ambiente y por la que se modifican varias leyes, en suversión aplicable a los hechos del litigio principal, establece:«La presente Ley regula:a) el procedimiento de evaluación, por parte de los profesionales y del público, de lassupuestas repercusiones sobre el medio ambiente[...]2. de actividades en proyecto, antes de la adopción de la resolución acerca de suinstalación o antes de su autorización conforme a su normativa específica.[...]»20 El artículo 37 de dicha Ley establece:«[...]6) El plazo de validez del dictamen definitivo relativo a una actividad será de tresaños a partir de su expedición. El dictamen definitivo continuará siendo válido si,durante dicho plazo, se inicia un procedimiento de construcción o de autorización deactividad conforme a la normativa específica.7) La validez del dictamen definitivo relativo a una actividad podrá prorrogarse pordos años renovables a petición del solicitante si aporta la prueba por escrito de que laactividad en proyecto y las condiciones sobre el terreno no han sufrido modificacionessustanciales, de que no se ha producido ninguna circunstancia nueva en relación con elcontenido material del informe de evaluación de la actividad y de que no se handesarrollado nuevas tecnologías útiles para la realización de la actividad en proyecto. La
resolución de prorrogar la validez del dictamen definitivo relativo a la actividadincumbe al organismo competente.»21 El artículo 65, apartado 5, de esta misma Ley precisa:«Cuando el dictamen definitivo haya sido emitido con anterioridad al 1 de febrero de2006 y no se haya iniciado el procedimiento de autorización de la actividad sujeta aevaluación de conformidad con la normativa específica, procederá solicitar ante elMinisterio que se prorrogue su validez, con arreglo al artículo 37, apartado 7.»– Ley nº 50/197622 El artículo 32 de la Ley nº 50/1976 sobre el código de urbanismo, en su versiónaplicable a los hechos del litigio principal, establece:«La construcción de una obra, la modificación del aprovechamiento del suelo y laprotección de intereses superiores sobre el terreno únicamente serán posibles sobre labase de una resolución de urbanismo que adopte la forma de unaa) resolución de construcción de una obra;[...]»– Ley nº 245/200323 El artículo 8, apartados 3 y 4, de la Ley nº 245/2003 sobre prevención y reducciónintegradas de la contaminación y por la que se modifican varias leyes, en su versiónmodificada por la Ley nº 532/2005 (en lo sucesivo, «Ley nº 245/2003»), dispone:«3) En el supuesto de una autorización integrada de explotación que requiera almismo tiempo una autorización de construcción de una obra nueva o de modificación deuna obra existente, el procedimiento incluirá también un procedimiento de urbanismo,un procedimiento de modificación antes de la finalización de la obra y un procedimientode autorización de obras de acondicionamiento.4) No estarán incluidos en la autorización integrada el procedimiento de urbanismo,la evaluación de las repercusiones de la instalación sobre el medio ambiente ni ladeterminación de las condiciones para la prevención de los accidentes industriales degravedad.»24 El artículo 11, apartado 2, de esta misma Ley precisa:«Se adjuntarán a la solicitud [de autorización integrada]:[...]c) el dictamen definitivo que resulte del procedimiento de evaluación de lasrepercusiones sobre el medio ambiente, si la explotación lo requiere,[…]
g) la resolución de urbanismo si se trata de una nueva explotación o de la ampliaciónde una explotación existente [...]»25 El artículo 12 de dicha Ley, titulado «Inicio del procedimiento», establece:«[...]2) La Administración, tras constatar que la solicitud está completa y determinar laspartes en el procedimiento y los órganos interesados,[...]c) [...] publicará la solicitud en su página de Internet, excepción hecha de los anexosque no estén disponibles en formato electrónico, y, durante al menos 15 días, publicaráen su tablón oficial la información esencial relativo a la solicitud presentada, a laexplotación y a su titular,[...]»Litigio principal y cuestiones prejudicialesProcedimiento administrativo26 El 26 de junio de 1997 Mesto Pezinok adoptó el Reglamento General nº 2/1997relativo al plan urbanístico que preveía, en particular, la construcción de un vertedero deresiduos en una cantera de tierra para fábricas de ladrillos, denominada «Nová jama»(cantera nueva).27 Sobre la base de un informe de evaluación de un proyecto de construcción de unvertedero de residuos presentado por Pezinské tehelne as el 16 de diciembre de 1998, elMinisterio de Medio Ambiente llevó a cabo en 1999 una evaluación de lasrepercusiones sobre el medio ambiente. El 26 de julio de 1999 emitió un dictamendefinitivo.28 El 7 de agosto de 2002, Ekologická skládka presentó al servicio competente deMesto Pezinok una solicitud dirigida a obtener una resolución de urbanismo acerca de laconstrucción de un vertedero de residuos en el emplazamiento de Nová jama.29 El 27 de marzo de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente, a petición de Pezinskétehelne as, prorrogó la validez de su dictamen definitivo del 26 de julio de 1999 hasta el1 de febrero de 2008.30 Mediante resolución de 30 de noviembre de 2006, en su redacción resultante deuna resolución de Krajský stavebný úrad v Bratislave (servicio regional de urbanismode Bratislava) de 7 de mayo de 2007, Mesto Pezinok autorizó, a petición de Ekologickáskládka, la construcción de un vertedero de residuos en el emplazamiento de Novájama.31 A raíz de una solicitud de autorización integrada presentada el 25 de septiembrede 2007 por Ekologická skládka, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava (inspección eslovaca de medio ambiente, órgano deinspección de medio ambiente de Bratislava; en lo sucesivo «inšpektorát») incoó unprocedimiento integrado sobre la base de la Ley nº 245/2003, instrumento legislativo detransposición de la Directiva 96/61. El 17 de octubre de 2007, junto con los serviciospúblicos de protección del medio ambiente, publicó dicha solicitud fijando un plazo de30 días para que el público y los servicios del Estado interesados pudieran formular susobservaciones.32 Dado que los demandantes en el litigio principal alegaron que la solicitud deautorización integrada presentada por Ekologická skládka era incompleta por noadjuntar, como establece el artículo 11, apartado 2, letra g), de la Ley nº 245/2003, laresolución de urbanismo acerca de la construcción del vertedero, el inšpektorátsuspendió el procedimiento integrado el 26 de noviembre de 2007 y solicitó que se lecomunicara dicha resolución.33 El 27 de diciembre de 2007, Ekologická skládka remitió dicha resoluciónseñalando que la consideraba secreto comercial. Sobre la base de tal indicación, elinšpektorát no puso el citado documento a disposición de los demandantes en el litigioprincipal.34 El 22 de enero de 2008, el inšpektorát concedió a Ekologická skládka unaautorización integrada para la construcción de la instalación «Pezinok – vertedero deresiduos» y para su explotación.35 Los demandantes en el litigio principal interpusieron un recurso contra lamencionada resolución ante la inšpekcia, órgano de alzada en materia de protección delmedio ambiente. Dicho órgano decidió publicar la resolución de urbanismo acerca de laconstrucción del vertedero en el tablón de anuncios oficial del 14 de marzo al 14 deabril de 2008.36 En el procedimiento administrativo de alzada, las demandantes en el litigioprincipal alegaron, en particular, el error de Derecho consistente en iniciar elprocedimiento integrado sin contar con la resolución de urbanismo acerca de laconstrucción del vertedero, a continuación, una vez que dicha resolución fue presentada,sin publicar ésta, por considerarla secreto comercial.37 Mediante resolución de 18 de agosto de 2008, la inšpekcia desestimó el recursopor infundado.Procedimiento judicial38 Los demandantes en el litigio principal interpusieron recurso contra la resoluciónde la inšpekcia de 18 de agosto de 2008 ante el Krajský súd Bratislava (Tribunalregional de Bratislava), órgano jurisdiccional contencioso-administrativo de primerainstancia. Mediante sentencia de 4 de diciembre de 2008, dicho órgano jurisdiccionaldesestimó el recurso.39 Los demandantes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación contradicha sentencia ante el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal supremo de laRepública Eslovaca).
40 Mediante auto de 6 de abril de 2009, dicho órgano jurisdiccional suspendió laejecución de la autorización integrada.41 Mediante sentencia de 28 de mayo de 2009, el mismo órgano jurisdiccionalmodificó la sentencia del Krajský súd Bratislava y anuló la resolución de la inšpekcia de18 de agosto de 2008 y la resolución del inšpektorát de 22 de enero de 2008,reprochando en esencia a las autoridades competentes no haber observado las normasque regulan la participación del público interesado en el procedimiento integrado y nohaber evaluado suficientemente las repercusiones de la construcción del vertedero sobreel medio ambiente.42 Ekologická skládka interpuso ante el Ústavný súd Slovenskej republiky (Tribunalconstitucional de la República Eslovaca), el 25 de junio de 2009, un recurso deinconstitucionalidad contra el auto del Najvyšší súd Slovenskej republiky de 6 de abrilde 2009 y, el 3 de septiembre de 2009, un recurso de inconstitucionalidad contra lasentencia de dicho órgano jurisdiccional de 28 de mayo de 2009.43 Mediante sentencia de 27 de mayo de 2010, el Ústavný súd Slovenskej republikyfalló que Najvyšší súd Slovenskej republiky había vulnerado el derecho fundamental deEkologická skládka a la tutela judicial, reconocido por el artículo 46, apartado 1, de laConstitución, su derecho fundamental a la propiedad, reconocido por el artículo 20,apartado 1, de la Constitución, y su derecho al disfrute pacífico de su bien, reconocidopor el artículo 1 del Protocolo adicional del Convenio Europeo para la Protección de losDerechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 denoviembre de 1950.44 En particular, determinó que el Najvyšší súd Slovenskej republiky no habíatomado en consideración todos los principios aplicables del procedimientoadministrativo y que se había excedido en sus facultades al examinar la legalidad delprocedimiento y de la resolución de evaluación de las repercusiones sobre el medioambiente pese a que los demandantes no las habían puesto en duda y no era competentepara pronunciarse sobre dicho extremo.45 Mediante su sentencia, el Ústavný súd Slovenskej republiky anuló, enconsecuencia, el auto y la sentencia recurridos y devolvió el asunto al Najvyšší súdSlovenskej republiky para que se pronunciara de nuevo.46 El Najvyšší súd Slovenskej republiky señala que varios participantes en elprocedimiento pendiente ante él alegan que le vincula la sentencia del Ústavný súdSlovenskej republiky de 27 de mayo de 2010. No obstante, subraya que continúaalbergando dudas acerca de la compatibilidad de las resoluciones impugnadas con elDerecho de la Unión.47 En esas circunstancias, el Najvyšší súd Slovenskej republiky decidió suspender elprocedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:«1) ¿Impone o permite el Derecho [de la Unión] (en particular el artículo 267 TFUE)que el Tribunal supremo de un Estado miembro plantee de oficio ante el [Tribunal deJusticia] una petición de decisión prejudicial en una fase procesal en la que el Tribunalconstitucional ha anulado la sentencia del Tribunal supremo, basada principalmente en
la aplicación de la [normativa de la Unión] en materia de protección del medioambiente, obligándole a atenerse a las apreciaciones jurídicas del Tribunalconstitucional basadas en la vulneración de los derechos constitucionales procesales ysustantivos de una parte del procedimiento judicial sin tener en cuenta las cuestiones de[Derecho de la Unión] del litigio; en otras palabras, cuando el Tribunal constitucional,actuando como órgano jurisdiccional de última instancia, no considera que debeplantear una cuestión prejudicial ante el [Tribunal de Justicia] y excluye con carácterprejudicial la aplicación en el litigio principal del derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y a su protección?2) ¿Es posible lograr el objetivo básico de la prevención integrada –quefundamentalmente se desprende de los considerandos 8, 9 y 23 y de los artículos 1 y 15de la Directiva [96/61] y, en general, del Derecho [de la Unión] en materia de medioambiente– que consiste en prevenir y reducir la contaminación del medio ambientemediante la participación del público para alcanzar un elevado nivel de protección delmedio ambiente en su conjunto, a través de un procedimiento en el que el públicointeresado no tiene acceso garantizado, en el momento del inicio del procedimientosobre prevención integrada, a toda la documentación pertinente (artículo 6 en relacióncon el artículo 15 de la Directiva [96/61]), sobre todo a la resolución sobre la ubicaciónde un vertedero de residuos, y posteriormente, durante el procedimiento de instancia, eldocumento que faltaba es aportado por el solicitante con la condición de que no se dé aconocer a las demás partes en el procedimiento por tratarse de material protegido comosecreto comercial? En otras palabras ¿cabe considerar razonablemente que la resoluciónsobre la instalación de una construcción (y sobre todo los motivos de la misma) influirásensiblemente en las alegaciones, observaciones y demás propuestas que se presenten?3) ¿Se cumplen los fines de la Directiva [85/337], sobre todo por lo que atañe alDerecho [de la Unión] en materia de medio ambiente y, en concreto, del requisitoprevisto en el artículo 2, según el cual antes de obtener una autorización determinadosproyectos deben evaluarse a efectos de determinar sus repercusiones sobre el medioambiente, en el caso de que el dictamen inicialmente emitido por el Ministerio de MedioAmbiente en 1999, con el cual se concluyó en el pasado el procedimiento de evaluaciónde impacto medioambiental, se prorrogue al cabo de varios años por una simpleresolución sin llevar a cabo un nuevo procedimiento de evaluación de impactomedioambiental? En otras palabras, ¿cabe considerar que una vez emitida, unaresolución adoptada con arreglo a la Directiva [85/337] tiene validez ilimitada?4) ¿Incluye la condición general establecida en la Directiva [96/61] (en particular ensu exposición de motivos y en los artículos 1 y 15 bis), a saber, que los Estadosmiembros deberán garantizar la prevención y reducción de la contaminación poniendo adisposición del público interesado procedimientos de recurso administrativos yjudiciales justos, equitativos y sometidos al criterio de celeridad, en relación con elartículo 10 bis de la Directiva [85/337] y con los artículos 6 y 9, apartados 2 y 4, delConvenio de Aarhus, la posibilidad de que dicho público solicite la adopción demedidas provisionales, administrativas o judiciales, con arreglo a Derecho interno (porejemplo, una decisión de suspensión de la ejecución de una autorización integrada), quepermitan interrumpir de forma provisional, es decir hasta que se resuelva sobre el fondo,la construcción de la instalación solicitada?
5) ¿Cabe que una resolución judicial con la que se dé cumplimiento a un requisitoprevisto por la Directiva [96/61], por la Directiva [85/337] o por el artículo 9, apartados2 y 4, del Convenio de Aarhus, es decir, que se dicte en aplicación del derecho delpúblico, previsto en tales normas, a una tutela judicial equitativa con arreglo al artículo191 TFUE, apartados 1 y 2, sobre la política de la Unión Europea en materia de medioambiente, vulnere de forma ilegal el derecho de propiedad del titular sobre suexplotación, garantizado entre otros por el artículo 1 del Protocolo adicional alConvenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, por ejemplo por el hecho de que, en el marco de un procedimientojudicial, se anule la autorización integrada definitiva del solicitante para una nuevainstalación?»Sobre las cuestiones prejudicialesSobre la admisibilidad48 La inšpekcia, Ekologická skládka y el Gobierno eslovaco sostienen, basándose endiversos motivos, que la petición de decisión prejudicial o algunas de las cuestionesplanteadas son inadmisibles.49 En primer lugar, en opinión de la inšpekcia y de Ekologická skládka, todas lascuestiones planteadas son inadmisibles porque se refieren a situaciones enteramentereguladas por normas internas, en particular por los actos de transposición de lasDirectivas 85/337 y 96/61. Ekologická skládka deduce de ello que dichas Directivascarecen de efecto directo mientras que la inšpekcia considera que son suficientementeclaras, lo que priva de sentido a la remisión prejudicial. La inšpekcia señala también quelas cuestiones prejudiciales deberían haber sido planteadas en la primera fase delprocedimiento desarrollado ante el Najvyšší súd Slovenskej republiky. Del mismomodo, Ekologická skládka considera que dichas cuestiones son superfluas en la medidaen que ahora el Najvyšší súd Slovenskej republiky está vinculado por la apreciaciónjurídica adoptada por el Ústavný súd Slovenskej republiky y que ninguna de las partesen el litigio principal solicitó que se plantearan al Tribunal de Justicia las mencionadascuestiones.50 En segundo lugar, Ekologická skládka sostiene que la separación que establece elDerecho nacional entre el procedimiento integrado, el procedimiento de urbanismo y laevaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente priva de pertinencia, por lo querespecta al resultado del procedimiento principal, a las cuestiones segunda y tercera. Enopinión de la inšpekcia, tal separación justifica la inadmisibilidad de las cuestionestercera, cuarta y quinta, e implica que un vicio relativo a la resolución de urbanismo o ala evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente no influye en la legalidad dela autorización integrada.51 En tercer lugar, Ekologická skládka y el Gobierno eslovaco consideran que lacuarta cuestión es de naturaleza hipotética. Por un lado, las medidas provisionalesdictadas por el Najvyšší súd Slovenskej republiky en su auto de 6 de abril de 2009 handejado por completo de tener efecto. Por otro lado, dicha cuestión es irrelevante para lainstancia en curso ante el órgano jurisdiccional remitente dado que no se refiere a laadopción de nuevas medidas provisionales, sino a la validez de las resolucionesadministrativas impugnadas.
52 En cuarto y último lugar, Ekologická skládka sostiene que la quinta cuestiónplanteada presenta también un carácter hipotético dado que se refiere a la resolución queNajvyšší súd Slovenskej republiky deberá emitir al término del procedimiento principal.Además, dicha cuestión resulta asimismo inadmisible porque trata de la interpretacióndel Derecho constitucional nacional.53 A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia,corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumirla responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de lasparticularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial parapoder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal deJusticia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a lainterpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio,obligado a pronunciarse (sentencias de 10 de marzo de 2009, Hartlauer, C-169/07, Rec.p. I-1721, apartado 24, y de 19 de julio de 2012, Garkalns, C-470/11, Rec. p. I-0000,apartado 17).54 De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan deuna presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobreuna cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posiblecuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada noguarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando elproblema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga delos elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a lascuestiones que se le hayan planteado (sentencias de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez yChao Gómez, C-570/07 y C-571/07, Rec. p. I-4629, apartado 36, y de 5 de julio de2012, Geistbeck, C-509/10, Rec. p. I-0000, apartado 48).55 Pues bien, la argumentación basada en el carácter completo del Derecho nacionalno permite determinar que la interpretación de las normas de Derecho de la Unióncitadas por el juez remitente carezca manifiestamente de cualquier relación con el objetodel litigio principal, máxime cuando no se pone en duda que las disposicionesnacionales aplicables constituyen en parte medidas de transposición de los actos de laUnión. En consecuencia, dicha alegación no basta para invertir la presunción depertinencia mencionada en el apartado anterior.56 Procede señalar que la alegación de que las Directivas en cuestión carecen deefecto directo no modifica dicho análisis, ya que el Tribunal de Justicia es competente,en virtud del artículo 267 TFUE, para pronunciarse con carácter prejudicial sobre lainterpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Unión, conindependencia de que sean directamente aplicables o no (sentencias de 10 de julio de1997, Maso y otros, C-373/95, Rec. p. I-4051, apartado 28; de 16 de julio de 2009,Futura Immobiliare y otros, C-254/08, Rec. p. I-6995, apartado 34, y de 27 denoviembre de 2012, Pringle, C-370/12, Rec. p. I-0000, apartado 89). Por otra parte, porlo que respecta a la supuesta falta de utilidad de la petición de decisión prejudicial porser claras las normas aplicables, procede recordar que, con arreglo al artículo267 TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales conservan plena libertad parasometer cuestiones de interpretación al Tribunal de Justicia, si lo consideran oportuno(véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2011, Stichting Natuur en Milieu yotros, C-165/09 a C-167/09, Rec. p. I-0000, apartado 52 y jurisprudencia citada).
57 Las demás alegaciones formuladas por la inšpekcia y por Ekologická skládka parademostrar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial en su totalidad serefieren al objeto de la primera cuestión y, por tanto, serán examinadas por el Tribunalde Justicia al analizar dicha cuestión.58 Respecto de los elementos relativos a la separación de los distintosprocedimientos en Derecho nacional, procede señalar que el punto de vista del juezremitente acerca de las consecuencias que hay que extraer de tal separación por lo queatañe al Derecho nacional es muy distinto del que sostienen la inšpekcia y Ekologickáskládka. Pues bien, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE,las funciones del Tribunal de Justicia y las del órgano jurisdiccional remitente estánclaramente diferenciadas y corresponde exclusivamente a este último interpretar sulegislación nacional (sentencias de 17 de junio de 1999, Piaggio, C-295/97, Rec.p. I-3735, apartado 29, y de 17 de julio de 2008, Corporación Dermoestética, C-500/06,Rec. p. I-5785, apartado 21). En consecuencia, dichos elementos no bastan parademostrar que las cuestiones planteadas carecen manifiestamente de relación con larealidad o el objeto del litigio.59 Por lo que atañe a la admisibilidad de la cuarta cuestión, de la resolución deremisión se desprende que Najvyšší súd Slovenskej republiky adoptó nuevas medidasprovisionales dirigidas a suspender los efectos de las resoluciones controvertidas en ellitigio principal. Además, Ekologická skládka puntualiza en sus observaciones escritasque consideró útil interponer un recurso contra dichas medidas. En esas circunstancias,no parece que la cuarta cuestión puede considerarse hipotética.60 Por último, por lo que respecta a la admisibilidad de la quinta cuestión, no sediscute que Ústavný súd Slovenskej republiky declaró que Najvyšší súd Slovenskejrepubliky había vulnerado el derecho de propiedad de Ekologická skládka con susentencia de 28 de mayo de 2009, que establecía qua la autorización integrada habíasido concedida en condiciones incompatibles con el Derecho de la Unión. En la medidaen que el juez remitente continúa albergando dudas acerca de la compatibilidad con elDerecho de la Unión de las resoluciones impugnadas en el litigio principal, la quintacuestión no es de naturaleza hipotética. Por otra parte, del tenor de la citada cuestión sedesprende que éste no versa sobre la interpretación del Derecho constitucional nacional.61 Por tanto, procede declarar admisibles las cuestiones planteadas por el órganojurisdiccional remitente.Sobre la primera cuestión62 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, enesencia, si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órganojurisdiccional nacional puede plantear de oficio al Tribunal de Justicia una petición dedecisión prejudicial incluso cuando conoce del asunto tras habérsele devuelto los autosa raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional delEstado miembro de que se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver ellitigio siguiendo la apreciación jurídica de dicho tribunal constitucional. También sepregunta si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que obliga a eseórgano jurisdiccional nacional a acudir ante el Tribunal de Justicia cuando susresoluciones pueden ser objeto de un recurso, ante un órgano jurisdiccional
constitucional, limitado al examen de una supuesta vulneración de los derechos ylibertades garantizados por la Constitución nacional o por un convenio internacional.63 Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su primera cuestión, elNajvyšší súd Slovenskej republiky pretende también que se determine si el Derecho dela Unión le permite dejar de aplicar una norma nacional que le prohíbe formular unmotivo basado en la vulneración de un derecho que no ha sido invocado por las partesen el litigio principal. No obstante, de la resolución de remisión se desprende que dichointerrogante únicamente se refiere a la Directiva 85/337 y, en consecuencia, sóloprocederá pronunciarse al respecto si, a la luz de la respuesta dada a la tercera cuestión,dicha Directiva resulta aplicable en el litigio principal.64 Respecto de los demás aspectos de la primera cuestión prejudicial, segúnjurisprudencia reiterada el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionalesnacionales una amplísima facultad para someter una petición de decisión prejudicial alTribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestionesque exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derechode la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen (sentencias de 27de junio de 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, apartado 44, y de 5 de octubrede 2010, Elchinov, C-173/09, Rec. p. I-8889, apartado 26).65 Por tanto, el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionalesla facultad y, en su caso, les impone la obligación de efectuar la remisión prejudicialcuando comprueben, de oficio o a instancia de las partes, que el fondo del litigio versasobre un extremo contemplado en el párrafo primero de dicho artículo (sentencias de 10de julio de 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, apartado 20, y de 21 de julio de2011, Kelly, C-104/10, Rec. p. I-0000, apartado 61). Por ello, el hecho de que las partesen el litigio principal no hayan suscitado ante el órgano jurisdiccional remitente unproblema de Derecho de la Unión no impide que éste se pueda remitir al Tribunal deJusticia (sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, apartado 7, yde 8 de marzo de 2012, Huet, C-251/11, Rec. p. I-0000, apartado 23).66 En efecto, el procedimiento prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuyainiciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacionalhaga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión (sentencias de 16 de diciembrede 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, apartado 91, y de 9 de noviembre de 2010,VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, apartado 29).67 Por otra parte, la existencia de una norma nacional de Derecho procesal no puedeponer en entredicho la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales nacionales deplantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial cuando, como en elcaso de autos, albergan dudas acerca de la interpretación del Derecho de laUniónº (sentencias Elchinov, antes citada, apartado 25, y de 20 de octubre de 2011,Interedil, C-396/09, Rec. p. I-0000, apartado 35).68 Una norma de Derecho nacional, en virtud de la cual las valoraciones efectuadaspor el órgano jurisdiccional superior vinculan a otro órgano jurisdiccional, no puedeprivar a éste de la facultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones deinterpretación del Derecho de la Unión al que se refieran tales valoraciones jurídicas. Enefecto, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la libertad de someter al Tribunal de
Justicia las cuestiones que le preocupan, si considera que la valoración jurídicaefectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentenciacontraria al Derecho de la Unión (sentencias de 9 de marzo de 2010, ERG y otros,C-378/08, Rec. p. I-1919, apartado 32, y Elchinov, antes citada, apartado 27).69 En este punto, procede destacar que el juez nacional que ha ejercido la facultadque le otorga el artículo 267 TFUE está vinculado, a la hora de resolver el litigioprincipal, por la interpretación de las disposiciones de que se trate realizada por elTribunal de Justicia y debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones del órganojurisdiccional superior si, habida cuenta de dicha interpretación, estima que las referidasvaloraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión (sentencia Elchinov, antescitada, apartado 30).70 Los principios que se enuncian en los apartados anteriores se imponen del mismomodo al órgano jurisdiccional remitente por lo que atañe a la apreciación jurídicaadoptada, en el presente asunto principal, por el órgano jurisdiccional constitucional delEstado miembro de que se trata en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, nopuede admitirse que normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional,menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión (sentencias de 17 dediciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3,y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, apartado 61).Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dichos principios se aplican alas relaciones entre un órgano jurisdiccional constitucional y cualquier otro órganojurisdiccional nacional (sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C-188/10 yC-189/10, Rec. p. I-5667, apartados 41 a 45).71 Por tanto, la norma nacional que obliga al Najvyšší súd Slovenskej republiky aseguir la apreciación jurídica del Ústavný súd Slovenskej republiky no impide que eljuez remitente pueda plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicialen cualquier momento del procedimiento que considere oportuno y dejar de lado, en sucaso, las valoraciones formuladas por el Ústavný súd Slovenskej republiky que resultencontrarias al Derecho de la Unión.72 Por último, en su condición de Tribunal supremo, el Najvyšší súd Slovenskejrepubliky está incluso obligado a plantear al Tribunal de Justicia una petición dedecisión prejudicial en cuanto constate que uno de los extremos sobre los que versa elfondo del litigio está comprendido en el ámbito de aplicación del primer párrafo delartículo 267 TFUE. En efecto, la calificación de un órgano jurisdiccional nacional comoórgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recursojurisdiccional de Derecho interno, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero,no resulta afectada por el hecho de que contra las decisiones de ese órganojurisdiccional pueda interponerse ante el Tribunal constitucional del Estado miembro deque se trate un recurso limitado al examen de una posible violación de los derechos y delas libertades garantizados por la Constitución nacional o por un convenio internacional.73 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primeracuestión que el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órganojurisdiccional nacional, como el tribunal remitente, está obligado a plantear de oficioante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial incluso cuando sepronuncia tras la devolución de los autos a raíz de la casación de su primera resolución
por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata y cuando unanorma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo la apreciación jurídica formuladade este último tribunal.Sobre la segunda cuestión74 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, enesencia, si la Directiva 96/61 debe interpretarse en el sentido de que exige que elpúblico interesado tenga acceso, desde el inicio del procedimiento de autorización de unvertedero, a una resolución de urbanismo sobre la construcción de dicha instalación.También se pregunta si la negativa a poner a disposición dicha resolución puedejustificarse invocando un secreto comercial que protege la información incluida enaquélla o, en su defecto, regularizarse por el acceso a dicha resolución ofrecido alpúblico interesado en el transcurso del procedimiento administrativo de alzada.75 Con carácter preliminar, debe constatarse que de la resolución de remisión sedesprende que la instalación controvertida constituye un vertedero que recibe más de 10toneladas de residuos por día o que tiene una capacidad de más de 25.000 toneladas. Portanto, está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61, como resulta de suartículo 1, en relación con el punto 5.4 de su anexo I.76 El artículo 15 de dicha Directiva establece la participación del público interesadoen el procedimiento de concesión de permisos para nuevas instalaciones y precisa quedicha participación se lleva a cabo en las condiciones previstas en el anexo V de dichaDirectiva. Ese anexo obliga a que se comuniquen al público, en particular, los datossobre las autoridades de las que pueda obtenerse información pertinente y unaindicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente.77 Estas disposiciones sobre la participación del público deben interpretarse a la luzde los objetivos del Convenio de Aarhus, al que debe «ajustarse» la legislación de laUnión, tal como se afirma en el quinto considerando de la Directiva 2003/35, quemodificó parcialmente la Directiva 96/61 (sentencia de 12 de mayo de 2011, Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09,Rec. p. I-0000, apartado 41). Pues bien, el artículo 6, apartado 6, de dicho Convenioestablece que el público interesado deberá poder consultar toda la información querevista un interés para un proceso de toma de decisiones relativo a la autorización deactividades contempladas en el anexo I del citado Convenio, entre las que figuran enparticular los vertederos que reciban más de 10 toneladas de residuos diarios o quetengan una capacidad superior a 25.000 toneladas de residuos.78 En consecuencia, el público interesado en el procedimiento de autorizaciónprevisto por la Directiva 96/61 debe, en principio, tener acceso a toda la informaciónpertinente para dicho procedimiento.79 De la resolución de remisión y de la documentación transmitida al Tribunal deJusticia se desprende que la resolución de urbanismo acerca de la construcción de lainstalación objeto del litigio principal, constituye una de las medidas sobre cuya base seadoptará la resolución definitiva de autorizar o no dicha construcción, y que ésta incluyeinformación acerca de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente, de lascondiciones impuestas al titular para limitar dichas repercusiones, de las objeciones
planteadas por las partes en el procedimiento de urbanismo y de las razones quemotivaron las elecciones efectuadas por la autoridad competente para adoptar la citadaresolución de urbanismo. Además, las normas nacionales aplicables obligan a que éstase adjunte a la solicitud de autorización dirigida a la autoridad competente. Por ello,debe considerarse que la mencionada resolución de urbanismo incluye informaciónpertinente en el sentido del anexo V de la Directiva 96/61 y que, en consecuencia, elpúblico interesado debe, en principio, poder tener acceso a la misma durante elprocedimiento de autorización de la citada construcción.80 Sin embargo, del artículo 15, apartado 4, de la Directiva 96/61 resulta que laparticipación del público interesado puede verse limitada por las restricciones previstasen el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 90/313. No obstante, en la fecha en quesucedieron los hechos del litigio principal, la Directiva 90/313 había sido derogada ysustituida por la Directiva 2003/4. Habida cuenta de la tabla de correspondencias anexaa esa última Directiva, de la obligación de adecuar la normativa de la Unión a lodispuesto en el Convenio de Aarhus y del tenor del artículo 15 de la Directiva 96/61 enel momento de su codificación posterior por la Directiva 2008/1/CE del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al controlintegrados de la contaminación (DO L 24, p. 8), procede declarar que el artículo 15,apartado 4, de la Directiva 96/61 debe interpretarse en el sentido de que se remite a lasrestricciones previstas en el artículo 4, apartados 1, 2 y 4, de la Directiva 2003/4.81 Con arreglo al apartado 2, párrafo primero, letra d), del mencionado artículo 4, losEstados miembros podrán denegar una solicitud de información cuando su revelaciónpueda afectar negativamente a la confidencialidad de datos de carácter comercial eindustrial, cuando dicha confidencialidad esté contemplada en la legislación nacional ode la Unión a fin de proteger un interés económico legítimo.82 No obstante, habida cuenta, en particular, de la importancia de la localización deuna u otra de las actividades contempladas por la Directiva 96/61 y tal como resulta delapartado 79 de la presente sentencia, no sucede así con la resolución mediante la cualuna autoridad pública autoriza, con arreglo a las normas de urbanismo aplicables, laconstrucción de una instalación comprendida en el ámbito de aplicación de dichaDirectiva.83 Aun suponiendo que no pueda excluirse que, de manera excepcional,determinados elementos de la motivación de una decisión de urbanismo puedan incluirinformación comercial o industrial confidencial, consta en el presente asunto que laprotección de la confidencialidad de dicha información fue utilizada, en contra de loestablecido en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2003/4, para denegar al públicointeresado el acceso, incluso parcial, a la resolución de urbanismo sobre la construcciónde la instalación controvertida en el litigio principal.84 De ello se desprende que la negativa a poner a disposición del público interesadola resolución de urbanismo acerca de la construcción de la instalación controvertida enel litigio principal durante el procedimiento administrativo de instancia no estabajustificada por la excepción enunciada en el artículo 15, apartado 4, de la Directiva96/61. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente debe esclarecer si el acceso adicha información ofrecido al público interesado durante el procedimientoadministrativo de alzada es suficiente para regularizar el vicio de procedimiento de que
adolecía el procedimiento administrativo de primera instancia y descartar, enconsecuencia, una infracción del artículo 15 de la Directiva 96/61.85 A falta de normas adoptadas en este ámbito en el Derecho de la Unión,corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular lasmodalidades procesales de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de losderechos que el Derecho de la Unión concede a los justiciables, a condición, sinembargo, de que no sean menos favorables que las aplicables a recursos similares decarácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica oexcesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamientojurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias de 14 de diciembre de 1995,Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, apartado 12, y de 12 de julio de 2012, VALEÉpítési, C-378/10, Rec. p. I-0000, apartado 48 y jurisprudencia citada).86 El principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplicables a losrecursos se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derechode la Unión y a los basados en la infracción del Derecho interno (véanse, en particular,las sentencias de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail y otros, C-591/10, Rec.p. I-0000, apartado 31, y de 4 de octubre de 2012, Byankov, C-249/11, Rec. p. I-0000,apartado 70). En consecuencia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar siel Derecho nacional permite la regularización de vicios de procedimiento comparablesde naturaleza interna en el curso del procedimiento administrativo de alzada.87 Por lo que atañe al principio de efectividad, aunque el Derecho de la Unión nopuede oponerse a que las normas nacionales aplicables permitan, en determinadoscasos, regularizar operaciones o actos que son irregulares con arreglo a aquél, talposibilidad está supeditada a la condición, por una parte, de que no ofrezca a losinteresados la oportunidad de eludir las normas de la Unión o de verse dispensados desu aplicación y, por otra, de que dicha posibilidad siga siendo excepcional (sentencia de3 de julio de 2008, Comisión/Irlanda, C-215/06, Rec. p. I-4911, apartado 57).88 A este respecto, procede subrayar que el artículo 15 de la Directiva 96/61 obliga alos Estados miembros a garantizar que el público interesado tenga posibilidades realesde participar en una fase temprana del procedimiento de concesión de un permiso.Dicha disposición debe interpretarse a la luz del considerando 23 de la citada Directiva,con arreglo al cual el público deberá tener acceso, antes de que se adopte cualquierdecisión, a la información relativa a las solicitudes de autorización de nuevasinstalaciones, y del artículo 6 del Convenio de Aarhus, que establece, por un lado, quela participación del público comienza al inicio del procedimiento, es decir cuando aúnson posibles todas las opciones y soluciones y puede influir realmente, y, por otro lado,que debe tener acceso a la información pertinente a partir del momento en que estándisponibles. De ello se desprende que el público interesado debe tener a su disposicióntoda la información pertinente a partir de la fase del procedimiento administrativo deinstancia, antes de que se adopte una primera resolución, si dicha información estádisponible en la fecha en que se tramita esa fase del procedimiento.89 En cuanto a si el principio de efectividad se opone a una regularización delprocedimiento en alzada mediante la puesta a disposición del público de documentospertinentes no accesibles durante el procedimiento administrativo de instancia, de lainformación transmitida por el juez remitente resulta que, según la normativa nacional
aplicable, el órgano administrativo de alzada tiene la facultad de modificar la resoluciónadministrativa de instancia. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitentecomprobar si, por un lado, en el marco del procedimiento administrativo de alzada, sonaún posibles todas las opciones y soluciones en el sentido del artículo 15, apartado 1, dela Directiva 96/61, interpretado a la luz del artículo 6, apartado 4, del Convenio deAarhus, y si, por otro lado, la regularización en esa fase del procedimiento mediante lapuesta a disposición del público interesado de documentos pertinentes permite aún a esepúblico influir realmente en el resultado del procedimiento de toma de decisiones.90 En consecuencia, el principio de efectividad no se opone a que una negativainjustificada a poner a disposición del público interesado la resolución de urbanismocontrovertida en el litigio principal durante el procedimiento administrativo de instanciapueda regularizarse durante el procedimiento administrativo de alzada siempre que aúnsean posibles todas las opciones y soluciones y que la regularización en esa fase delprocedimiento permita todavía al público interesado influir realmente sobre el resultadodel procedimiento de toma de decisiones, extremo que corresponde comprobar alórgano jurisdiccional nacional.91 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que la Directiva 96/61debe interpretarse en el sentido de que:– obliga a que el público interesado tenga acceso a una resolución de urbanismo,como la controvertida en el litigio principal, a partir del momento en que comience elprocedimiento de autorización de la instalación de que se trata;– no permite que las autoridades nacionales competentes denieguen al públicointeresado el acceso a una resolución de ese tipo amparándose en que el Derechonacional o de la Unión protege la confidencialidad de la información comercial oindustrial para preservar un interés económico legítimo, y– no se opone a que una negativa injustificada a poner a disposición del públicointeresado una resolución de urbanismo, como la controvertida en el litigio principal,durante el procedimiento administrativo de instancia pueda regularizarse durante elprocedimiento administrativo de alzada siempre que aún sean posibles todas lasopciones y soluciones y que la regularización en esa fase del procedimiento permitatodavía al público interesado influir realmente en el resultado del procedimiento detoma de decisiones, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccionalnacional.Sobre la tercera cuestión92 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, enesencia, si la Directiva 85/337 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que lavalidez de un dictamen relativo a la evaluación de las repercusiones sobre el medioambiente de un proyecto pueda prorrogarse válidamente varios años después de laadopción del dictamen y si, en tal caso, obliga a evaluar de nuevo las repercusiones dedicho proyecto sobre el medio ambiente.
93 A este respecto, la inšpekcia, y los Gobiernos eslovaco y checo, sostienen que laDirectiva 85/337 no es de aplicación ratione temporis a la situación contemplada por elórgano jurisdiccional remitente.94 Según reiterada jurisprudencia, el principio de sujeción de los proyectos quepuedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente a una evaluaciónmedioambiental sólo es aplicable en el caso en el que la fecha de presentación formal dela solicitud de autorización de un proyecto sea anterior a la fecha de vencimiento delplazo de transposición de la Directiva 85/337 (sentencias de 11 de agosto de 1995,Comisión/Alemania, C-431/92, Rec. p. I-2189, apartados 29 y 32, y de 18 de junio de1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, C-81/96, Rec. p. I-3923, apartado 23).95 En efecto, esa Directiva se aplica en gran medida a proyectos de granenvergadura, cuya realización precisa a menudo un largo período de tiempo. Por tanto,no sería oportuno que procedimientos ya complejos a nivel nacional se vieran lastradosy retrasados a consecuencia de requisitos específicos exigidos por dicha Directiva, y quesituaciones ya formadas se vieran afectadas por ello (sentencia Gedeputeerde Staten vanNoord-Holland, antes citada, apartado 24).96 En el presente asunto, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia sedesprende que las gestiones efectuadas por el titular dirigidas a obtener la autorizaciónpara llevar a cabo el proyecto de vertedero objeto del litigio principal comenzaron el 16de diciembre de 1998, mediante la presentación de una solicitud de evaluación de lasrepercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente. Pues bien, del artículo 2 delActa relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República deEstonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, laRepública de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República deEslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que sefundamenta la Unión (DO 2003 L 236, p. 33) se desprende que la República deEslovaquia debía aplicar la Directiva 85/337 a partir de la fecha de adhesión de dichoEstado miembro a la Unión, es decir, el 1 de mayo de 2004.97 No obstante, procede señalar que la concesión por parte de la administracióneslovaca de la autorización para realizar el vertedero controvertido en el asuntoprincipal necesitó tres procedimientos sucesivos que concluyeron con la adopción desendas resoluciones.98 Las solicitudes del titular relativas a los dos primeros procedimientos fueronpresentadas respectivamente los días 16 de diciembre de 1998 y 7 de agosto de 2002, esdecir antes de que venciera el plazo de transposición de la Directiva 85/337. Por elcontrario, la solicitud de autorización integrada fue presentada el 25 de septiembre de2007, es decir tras el vencimiento de dicho plazo. En consecuencia, procede determinarsi puede considerarse que la presentación de las dos primeras solicitudes marca el inicioformal del procedimiento de autorización en el sentido de la jurisprudencia mencionadaen el apartado 94 de la presente sentencia.99 A este respecto, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes presentadasdurante las dos primeras etapas del procedimiento no pueden considerarse meroscontactos informales que no permitan determinar el inicio formal del procedimiento de
autorización (véase, en ese sentido, la sentencia Comisión/Alemania, antes citada,apartado 32).100 A continuación debe destacarse que la evaluación de las repercusiones sobre elmedio ambiente finalizada en 1999 fue realizada con el fin de permitir llevar a cabo elproyecto de vertedero que constituye el objeto de la autorización integrada. Lacontinuación del procedimiento, y en particular la expedición de la autorización deconstruir, reposa en dicha evaluación. Como señaló el Abogado General en el punto 115de sus conclusiones, el hecho de que, en Derecho eslovaco, las repercusiones sobre elmedio ambiente se evalúen separadamente del procedimiento de autorizaciónpropiamente dicho no puede ampliar el ámbito de aplicación temporal de laDirectiva 85/337.101 Del mismo modo, de las consideraciones que figuran en el apartado 79 de lapresente sentencia se desprende que la resolución de urbanismo sobre la construccióndel vertedero controvertido en el litigio principal constituye una etapa indispensablepara que el titular obtenga la autorización para realizar el proyecto de vertedero de quese trata. Dicha resolución impone por otra parte al titular una serie de condicionesdurante la realización de su proyecto.102 Pues bien, al examinar un procedimiento similar, el Tribunal de Justiciaestableció que la fecha que debía servir de referencia para determinar la aplicacióntemporal de una Directiva que imponía una evaluación medioambiental era aquella en laque se había presentado formalmente el proyecto ya que las distintas etapas del examende un proyecto están de tal modo relacionadas que constituyen una operación compleja(sentencia de 23 de marzo de 2006, Comisión/Austria, C-209/04, Rec. p. I-2755,apartado 58).103 Por último, según reiterada jurisprudencia una autorización en el sentido de laDirectiva 85/337 puede estar constituida por la combinación de varias resolucionesdistintas cuando el procedimiento nacional que permite al promotor obtener laautorización para comenzar las obras de realización de su proyecto comprende variasetapas sucesivas (véanse, en ese sentido, las sentencias de 7 de enero de 2004, Wells,C-201/02, Rec. p. I-723, apartado 52, y de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino Unido,C-508/03, Rec. p. I-3969, apartado 102). De ello se desprende que, en ese supuesto, lafecha de la presentación formal de la solicitud de autorización del proyecto es en el díaen que el promotor presentó la solicitud dirigida a poner en marcha la primera fase delprocedimiento.104 De las consideraciones anteriores resulta que la presentación formal de lasolicitud de autorización del proyecto de vertedero de que se trata en el litigio principales anterior a la fecha de vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 85/337.En consecuencia, las obligaciones que derivan de la citada Directiva no son aplicables aese proyecto y, por tanto, no procede responder a la tercera cuestión.Sobre la cuarta cuestión105 Mediante su cuarta cuestión. el órgano jurisdiccional remitente pregunta, enesencia, si los artículos 1 y 15 bis de la Directiva 96/61, en relación con los artículos 6 y9 del Convenio de Aarhus, deben interpretarse en el sentido de que los miembros del
público interesado deben poder, en el marco del recurso previsto en el artículo 15 bis dedicha Directiva, solicitar al órgano jurisdiccional o al órgano independiente e imparcialestablecido por la ley competente que ordene medidas provisionales que suspendantemporalmente la aplicación de una autorización en el sentido del artículo 4 de lamencionada Directiva a la espera de que llegue la resolución definitiva.106 Los Estados miembros gozan, en virtud de su autonomía procesal y siempre quese respeten los principios de equivalencia y de efectividad, de un margen de maniobra alaplicar los artículos 9 del Convenio de Aarhus y 15 bis de la Directiva 96/61. Enparticular, les corresponde determinar qué órgano jurisdiccional o qué órganoindependiente e imparcial establecido por la Ley es competente para conocer de losrecursos contemplados por esas disposiciones y con arreglo a qué normas deprocedimiento, siempre que se cumplan las disposiciones antedichas (véase, poranalogía, la sentencia de 18 de octubre de 2011, Boxus y otros, C-128/09 a C-131/09,C-134/09 y C-135/09, Rec. p. I-0000, apartado 52).107 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, el juez nacional que conoce de unlitigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidasprovisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaeracerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión(sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame y otros, C-213/89, Rec. p. I-2433,apartado 21, y de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, apartado 67).108 Procede añadir que el derecho a ejercer un recurso previsto en el artículo 15 bisde la Directiva 96/61 debe interpretarse a la luz de la finalidad de dicha Directiva. ElTribunal de Justicia ya ha declarado que esa finalidad, tal como se define en su artículo1, es la prevención y la reducción integradas de la contaminación mediante la aplicaciónde medidas encaminadas a evitar o a reducir las emisiones de las actividadescontempladas en su anexo I, en la atmósfera, en el agua y en el suelo, a fin de alcanzarun nivel elevado de protección del medio ambiente (sentencias de 22 de enero de 2009,Association nationale pour la protection des eaux et rivières y OABA, C-473/07, Rec.p. I-319, apartado 25, y de 15 de diciembre de 2011, Møller, C-585/10, Rec. p. I-0000,apartado 29).109 Pues bien, el ejercicio del recurso previsto en el artículo 15 bis de la Directiva96/61 no permitiría prevenir con eficacia dicha contaminación si no pudiera evitarse queuna instalación que haya obtenido una autorización concedida en incumplimiento dedicha Directiva continúe funcionando a la espera de una resolución definitiva acerca dela legalidad de dicha autorización. De ello se desprende que la garantía de la efectividaddel derecho a ejercer un recurso previsto en el citado artículo 15 bis exige que losmiembros del público interesado tengan el derecho a solicitar al órgano jurisdiccional oal órgano independiente e imparcial competente que adopte medidas provisionales quepuedan prevenir dicha contaminación, incluida, en su caso, la suspensión temporal de laautorización impugnada.110 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuartacuestión que el artículo 15 bis de la Directiva 96/61 debe interpretarse en el sentido deque, en el marco del recurso previsto en dicha disposición, los miembros del públicointeresado deben poder solicitar al órgano jurisdiccional o al órgano independiente eimparcial establecido por la ley competente que ordene medidas provisionales que
puedan suspender temporalmente la aplicación de una autorización en el sentido delartículo 4 de dicha Directiva a la espera de que se dicte la resolución definitiva.Sobre la quinta cuestión111 Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, enesencia, si una resolución de un juez nacional, adoptada en el marco de unprocedimiento nacional que tiene por objeto las obligaciones que resultan de losartículos 15 bis de la Directiva 96/61 y 9, apartados 2 y 4, del Convenio de Aarhus, queanula una autorización concedida incumpliendo las disposiciones de dicha Directivapuede constituir un menoscabo injustificado al derecho de propiedad del titularconsagrado en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UniónEuropea.112 Como señaló la Abogado General en los puntos 182 a 184 de sus conclusiones,los requisitos que impone la Directiva 96/61 restringen el uso del derecho de propiedadsobre las superficies afectadas por una instalación comprendida en el ámbito deaplicación de dicha Directiva.113 No obstante, el derecho de propiedad no constituye una prerrogativa absoluta,sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Porconsiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad,siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interésgeneral perseguidos por la Unión y no constituyan, habida cuenta del objetivoperseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esenciadel derecho así garantizado (sentencias de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al BarakaatInternational Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, Rec.p. I-6351, apartado 355, y de 9 de marzo de 2010, ERG y otros, C-379/08 y C-380/08,Rec. p. I-2007, apartado 80).114 Por lo que respecta a dichos objetivos de interés general, según reiteradajurisprudencia la protección del medio ambiente forma parte de dichos objetivos y, portanto, puede justificar una restricción al uso del derecho de propiedad (véanse lassentencias de 7 de febrero de 1985, ADBHU, 240/83, Rec. p. 531, apartado 13; de 20 deseptiembre de 1988, Comisión/Dinamarca, 302/86, Rec. p. 4607, apartado 8; de 2 deabril de 1998, Outokumpu, C-213/96, Rec. p. I-1777, apartado 32, y de 9 de marzo de2010, ERG y otros, C-379/08 y C-380/08, antes citada, apartado 81).115 Por lo que atañe a la proporcionalidad del menoscabo al derecho de propiedad,cuando puede apreciar que se produce dicho menoscabo, basta con constatar que laDirectiva 96/61 establece un equilibrio entre las exigencias de ese derecho y lasrelacionadas con la protección del medio ambiente.116 En consecuencia, procede responder a la quinta cuestión que una resolución de unjuez nacional, adoptada en el marco de un procedimiento nacional que tiene por objetolas obligaciones que resultan de los artículos 15 bis de la Directiva 96/61, y 9, apartados2 y 4, del Convenio de Aarhus, que anula una autorización concedida incumpliendo lasdisposiciones de dicha Directiva no puede, por sí misma, constituir un menoscaboinjustificado al derecho de propiedad del titular consagrado por el artículo 17 de laCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Costas117 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácterde un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a ésteresolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigioprincipal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden serobjeto de reembolso.En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:1) El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órganojurisdiccional nacional, como el tribunal remitente, está obligado a plantear deoficio ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial inclusocuando se pronuncia tras la devolución de los autos a raíz de la casación de suprimera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro deque se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo laapreciación jurídica de este último tribunal.2) La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a laprevención y al control integrados de la contaminación, en su versión modificadapor el Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18de enero de 2006, debe interpretarse en el sentido de que:– obliga a que el público interesado tenga acceso a una resolución deurbanismo, como la controvertida en el litigio principal, a partir del momento enque comience el procedimiento de autorización de la instalación de que se trata;– no permite que las autoridades nacionales competentes denieguen al públicointeresado el acceso a una resolución de ese tipo amparándose en que el Derechonacional o de la Unión protege la confidencialidad de la información comercial oindustrial para preservar un interés económico legítimo, y– no se opone a que una negativa injustificada a poner a disposición delpúblico interesado una resolución de urbanismo, como la controvertida en el litigioprincipal, durante el procedimiento administrativo de primera instancia puedaregularizarse durante el procedimiento administrativo de alzada siempre que aúnsean posibles todas las opciones y soluciones y que la regularización en esa fase delprocedimiento permita todavía al público interesado influir realmente en elresultado del procedimiento de toma de decisiones, extremo que correspondeverificar al órgano jurisdiccional nacional.3) El artículo 15 bis de la Directiva 96/61, en su versión modificada por elReglamento nº 166/2006, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco delrecurso previsto en dicha disposición, los miembros del público interesado debenpoder solicitar al órgano jurisdiccional o al órgano independiente e imparcialestablecido por la ley competente que ordene medidas provisionales que puedansuspender temporalmente la aplicación de una autorización en el sentido delartículo 4 de dicha Directiva a la espera de que se dicte la resolución definitiva.
4) Una resolución de un juez nacional, adoptada en el marco de unprocedimiento nacional que tiene por objeto las obligaciones que resultan de losartículos 15 bis de la Directiva 96/61, en su versión modificada por el Reglamentonº 166/2006, y 9, apartados 2 y 4, del Convenio sobre el acceso a la información, laparticipación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia enmateria de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobadoen nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE delConsejo, de 17 de febrero de 2005, que anula una autorización concedidaincumpliendo las disposiciones de dicha Directiva no puede, por sí misma,constituir un menoscabo injustificado al derecho de propiedad del titularconsagrado por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de laUnión Europea.FirmasENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)de 15 de enero de 2013 (*)«Artículo 267 TFUE – Anulación de una resolución judicial – Devolución al órganojurisdiccional de que se trata – Obligación de adecuarse a la resolución de anulación –Procedimiento prejudicial – Posibilidad – Medio ambiente – Convenio de Aarhus –Directiva 85/337/CEE – Directiva 96/61/CE – Participación del público en elprocedimiento de toma de decisiones – Construcción de un vertedero de residuos –Solicitud de autorización – Secreto comercial – No comunicación de un documento alpúblico – Incidencia sobre la validez de la resolución de autorización del vertedero –Subsanación – Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente –Informe final anterior a la adhesión del Estado miembro a la Unión – Aplicación en eltiempo de la Directiva 85/337 – Recurso jurisdiccional – Medidas provisionales –Suspensión de la ejecución – Anulación de la resolución impugnada – Derecho depropiedad – Menoscabo»En el asunto C-416/10,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo alartículo 267 TFUE, por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Eslovaquia), medianteresolución de 17 de agosto de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de agostode 2010, en el procedimiento entreJozef Križan,Katarína Aksamitová,Gabriela Kokošková,Jozef Kokoška,Martina Strezenická,Jozef Strezenický,
Peter Šidlo,Lenka Šidlová,Drahoslava Šidlová,Milan Šimovič,Elena Šimovičová,Stanislav Aksamit,Tomáš Pitoňák,Petra Pitoňáková,Mária Križanová,Vladimír Mizerák,Ľubomír Pevný,Darina Brunovská,Mária Fišerová,Lenka Fišerová,Peter Zvolenský,Katarína Zvolenská,Kamila Mizeráková,Anna Konfráterová,Milan Konfráter,Michaela Konfráterová,Tomáš Pavlovič,Jozef Krivošík,Ema Krivošíková,Eva Pavlovičová,Jaroslav Pavlovič,
Pavol Šipoš,Martina Šipošová,Jozefína Šipošová,Zuzana Šipošová,Ivan Čaputa,Zuzana Čaputová,Štefan Strapák,Katarína Strapáková,František Slezák,Agnesa Slezáková,Vincent Zimka,Elena Zimková,Marián Šipoš,Mesto PezinokySlovenská inšpekcia životného prostredia,con intervención de:Ekologická skládka as,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, vice-Presidente, losSres. A. Tizzano, M. Ilešič, L. Bay Larsen (Ponente), J. Malenovský, Presidentes deSala, y los Sres. A. Borg Barthet y J.-C. Bonichot, la Sra. C. Toader y los Sres. J.-J. Kasel y M. Safjan, Jueces;Abogado General: Sra. J. Kokott;Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de enerode 2012;
consideradas las observaciones presentadas:– en nombre de Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, JozefKokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová,Drahoslava Šidlová, Milán Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, TomášPitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, DarinaBrunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská,Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milán Konfráter, Michaela Konfráterová,Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič,Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa,Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, AgnesaSlezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, por el Sr. T. Kamenec y laSra. Z. Čaputová, advokáti;– en nombre de Mesto Pezinok, por el Sr. J. Ondruš y la Sra. K. Siváková, advokáti;– en nombre de Slovenská inšpekcia životného prostredia, por el Sr. L. Fogaš,advokát;– en nombre de Ekologická skládka as, por el Sr. P. Kováč, advokát;– en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;– en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y D. Hadroušek, encalidad de agentes;– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. S. Menez, en calidad de agente;– en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad deagente;– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Oliver y A. Tokár, en calidadde agentes;oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 deabril de 2012;dicta la siguienteSentencia1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Conveniosobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones yel acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de juniode 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1; en lo sucesivo«Convenio de Aarhus»), de los artículos 191 TFUE, apartados 1 y 2, y 267 TFUE, de laDirectiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación delas repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156,p. 17; en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), y de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de lacontaminación (DO L 257, p. 26), en su versión modificada por el Reglamento (CE)nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 (DO L 33,p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 96/61»).2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre el Sr. Križan y otras43 demandantes personas físicas, habitantes de la ciudad de Pezinok, y Mesto Pezinok(municipio de Pezinok), por un lado, y Slovenská inšpekcia životného prostredia(Inspección eslovaca de medio ambiente; en lo sucesivo, «inšpekcia»), por otro, relativoa la legalidad de resoluciones de la autoridad administrativa que autorizaban laconstrucción y la explotación de un vertedero de residuos por parte de Ekologickáskládka as (en lo sucesivo, «Ekologická skládka»), parte coadyuvante en el litigioprincipal.Marco jurídicoDerecho internacional3 El artículo 6 del Convenio de Aarhus, titulado «Participación del público en lasdecisiones relativas a actividades específicas», dispone en sus apartados 1, 2, 4 y 6:«1. Cada Parte:a) aplicará las disposiciones del presente artículo cuando se trate de autorizar o noactividades propuestas de las enumeradas en el anexo I;[...]2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente,se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momentooportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, alcomienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:[...]d) el procedimiento previsto, incluidas, en los casos en que estas informacionespuedan facilitarse:[...]iv) la autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener informacionespertinentes y ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el públicopueda examinarlas,[...]
4. Cada parte adoptará medidas para que la participación del público comience alinicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aúnposibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.[...]6. Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma queel público interesado pueda consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno loexija, de forma gratuita, en cuanto estén disponibles, todas las informaciones queofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo quepuedan obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sinperjuicio del derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones conarreglo al artículo 4, [apartado 4].[...]»4 El artículo 9 del mismo Convenio, titulado «Acceso a la justicia», establece ensus apartados 2 y 4:«2. Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que los miembrosdel público interesado:[...]b) [...] podrán interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano independientee imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y encuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entreen el ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé y sinperjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 más abajo, de otras disposiciones pertinentesdel presente Convenio.[...]4. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los procedimientos a quehacen referencia los apartados 1, 2 y 3 precedentes deberán ofrecer recursos suficientesy efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán ser objetivos,equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. […]»5 El anexo I, apartado 5, del Convenio de Aarhus señala, como actividades a que serefiere su artículo 6, apartado 1, letra a):«Gestión de residuos:[...]– Vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidadtotal de más de 25000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.»Derecho de la Unión
Directiva 85/3376 El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337 define el concepto de«autorización» como «la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes queconfiere al promotor el derecho a realizar el proyecto».7 El artículo 2 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes deconcederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en elmedio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones olocalización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluacióncon respecto a sus efectos. Estos proyectos se definen en el artículo 4.2. La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse enlos procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados miembroso, a falta de ello, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberánestablecerse para satisfacer los objetivos de la presente Directiva.[...]»Directiva 96/618 El considerando 23 de la Directiva 96/61 establece:«[...] a fin de informar al público respecto al funcionamiento de las instalaciones y a suefecto potencial en el medio ambiente, y para garantizar la transparencia delprocedimiento de autorización en toda la Comunidad, el público deberá tener acceso,antes de que se adopte cualquier decisión, a la información relativa a las solicitudes deautorización de nuevas instalaciones [...]»9 El artículo 1 de la mencionada Directiva, titulado «Objeto y ámbito deaplicación», dispone:«La presente Directiva tiene por objeto la prevención y la reducción integradas de lacontaminación procedente de las actividades que figuran en el anexo I. En ella seestablecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones delas citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativasa los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambienteconsiderado en su conjunto, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva [85/337], yde las otras disposiciones comunitarias en la materia.»10 El artículo 15 de la misma Directiva, titulado «Acceso a la información yparticipación pública en el procedimiento de concesión de permisos», establece:«1. Los Estados miembros garantizarán que el público interesado tenga posibilidadesreales de participar en una fase temprana del procedimiento:– para la concesión de un permiso de nuevas instalaciones;
Case of trabelsi v. belgium 4 09-2014
Case of oao neftyanaya kompaniya yukos v. russia (1) just satisfaction 31 jul...
Auto ts 13 05-2013 rec. 4386-1998 efectos sstedh
A. libertad ines del rio prada 22102013142557 000223, auto 61-2013, 22-10-2013
Stjue 5 06-2014, asunto c-398-12 auto de sobreseimiento firme y non bis in idem

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 135
 artículo 56
 artículo 1
 resolución 
 artículo 37

resolución 
 artículo 65
 artículo 37
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 11
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 20
 artículo 1
 resolución 
 artículo 267
 artículo 15
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 9
 artículo191
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 267
 artículo267
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 267
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 15
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo1
 artículo 15
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 artículo 267
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 15