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Timestamp: 2018-04-27 00:58:52+00:00

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Madrid (España), 24 de mayo de 2010
Año 7, Núm. 289
[BOE] Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores de origen saharaui en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2010".
[BOE 18 - 5 - 2010] [Texto completo]
[BOCG] Proyecto de Ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Informe de la Ponencia. [BOCG 18 - 5 - 2010] [Texto completo]
[BOE] Canje de Notas, de fecha 6 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.
[BOE 19 - 5 - 2010] [Texto completo]
[BOE] Orden TIN/1297/2010, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos dependientes.
[DOCE] Decisión de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, relativa al establecimiento de disposiciones de ejecución entre la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América para actividades de cooperación en el ámbito de la investigación sobre la seguridad interior/civil
[DOCE 21 - 5 - 2010] [Texto completo]
[BOE] Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La dureza y profundidad de la crisis económica ha llevado a todos los países industrializados a realizar un esfuerzo fiscal significativo para paliar las consecuencias de la crisis y preservar los niveles alcanzados de desarrollo y bienestar. No obstante, como consecuencia de esta imprescindible política fiscal expansiva, las finanzas públicas han sufrido un grave deterioro que ahora debe ser corregido como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera.
El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. En la misma se establece como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3 por ciento del Producto Interior Bruto. Asimismo, también se aprobaron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 como instrumentos para alcanzar dicho objetivo. Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Acuerdo Marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. Y, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local se aprobó el Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 en el que se prevé una senda de déficit, en términos de Contabilidad Nacional, para el conjunto de las Entidades locales que va desde el 0,5% PIB en 2009 al 0,2% PIB en 2013. Con lo que todas las administraciones públicas se suman al esfuerzo que de forma coordinada debe llevarse a cabo para reducir el déficit público y asegurar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
El Plan de Acción Inmediata 2010 supuso un acuerdo de no disponibilidad de 5 mil millones de euros que afectó a todos los Ministerios y una reducción de la oferta pública de empleo, estableciendo una tasa de reposición del 10% de las vacantes. Igualmente se aprobó un marzo un plan de racionalización del gasto farmacéutico por importe de 1500 millones de euros y en abril un plan sobre racionalización de estructuras de la Administración General del Estado y un plan de racionalización del sector público empresarial del estado.
Sin embargo, la evolución de la coyuntura económica, así como los compromisos adoptados por nuestro país en el ámbito de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona, hacen necesario anticipar algunas de las medidas previstas en dichos escenarios con la finalidad de acelerar la senda de consolidación fiscal, restableciendo de esta manera la confianza de los mercados en el cumplimiento de las perspectivas de reducción del déficit.
De acuerdo con esta necesidad, el presente Real Decreto-ley recoge una serie de medidas de ajuste que tratan de distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Adicionalmente, acompañan a este Real Decreto-ley distintos Acuerdos del Consejo de Ministros con los que, por un lado, se concreta el recorte adicional que acentúa el esfuerzo de reducción del gasto en 2010 y 2011, acelerando de esta forma la senda de consolidación fiscal y, por otro, se realiza la revisión de todos los programas y políticas de gasto, dando así concreción a lo establecido en los planes aprobados en el Consejo de Ministros del pasado día 29 de enero.
Las medidas que ahora se adoptan parten de los esfuerzos de contención y reducción de gasto ya adoptados con ocasión de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 y de los citados acuerdos de enero, marzo y abril de este mismo año. En estos casos, la reducción del gasto se proyectó esencialmente sobre el gasto corriente y de inversión de la Administración General del Estado. En este momento, el Gobierno ha decidido actuar sobre ámbitos de gasto que permitían una reducción suplementaria, y valorando especialmente evitar reducir determinadas partidas de gasto que bien resultan especialmente relevantes en la actuación pública para impulsar la recuperación del crecimiento, o bien son imprescindibles para mantener el apoyo público a quienes están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la crisis, con especial atención a quienes se encuentran en desempleo.
La extraordinaria y urgente necesidad de las reformas aquí contempladas obliga a hacer uso de la habilitación otorgada al Gobierno por el artículo 86 de la Constitución española. De manera que, aún cuando los ciudadanos no vayan a ver afectados sus derechos concretos de forma inmediata por la adopción de alguna estas medidas, es evidente que la aprobación de todas ellas va a producir unos importantes efectos económicos desde esta fecha, directamente orientados a remediar la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que el presente Real Decreto-Ley responde, pues la rapidez, seguridad y determinación en la actuación forma parte del compromiso asumido por los países integrantes de la zona euro para reforzar la confianza en la moneda única y en la estabilidad de la eurozona.
Los gastos de personal en las administraciones públicas suponen una parte significativa de los gastos corrientes. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa referida al primer trimestre de 2010, el número de empleados en el sector público supone un 13 por ciento de la población activa, proporción que ha decrecido levemente desde 2005. Por otra parte, en términos de comparación internacional, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la OCDE, esta cifra se sitúa por debajo de otros países de nuestro entorno como Alemania o Francia con un 14,5 por ciento y un 25,2 por ciento respectivamente.
En un escenario económico caracterizado por la intensidad de la crisis económica con origen en la crisis financiera internacional y con efectos sobre el crecimiento y el empleo, resulta urgente adoptar medidas de contención en los gastos de personal de las diversas administraciones públicas. A ello responden las medidas incluidas en el presente Real Decreto Ley cuyo objetivo es reducir un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales.
Dicha reducción, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario, es de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que supondrá un importante ahorro para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales dado el importante peso que el empleo público tiene en las mismas.
La normativa básica es trascendental para el logro de los objetivos comunes de racionalización y eficacia de los gastos de personal así como de su reducción mientras persistan las circunstancias económicas extraordinarias actuales, de manera que esta normativa básica, en los términos redactados por el presente Real Decreto-ley, debe estar orientada a la consecución de los mismos.
No obstante, y con la finalidad de minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos las medidas de reducción se aplican con criterios de progresividad para el personal funcionario, dictándose normas específicas para el personal laboral con el fin de reconocer la función de la negociación colectiva y garantizar a la vez la eficacia de la decisión de reducción.
En este sentido es necesario hacer referencia al Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009, en el que se adopta entre otras medidas, un incremento salarial del 0,3% para el año 2010 y una cláusula de revisión salarial que tenía como objetivo de intentar responder al principio del mantenimiento del poder adquisitivo del personal al servicio de las Administraciones Públicas en el periodo de vigencia del Acuerdo, teniendo en cuenta la evolución presupuestaria del IPC, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado y la valoración del aumento de la productividad del empleo público derivada de acciones o programas específicos.
Las medidas de contenido económico del citado Acuerdo se ven directamente afectadas por el contexto de crisis económica antes enunciado, en el que no se hace posible mantener las medidas retributivas acordadas, debiendo arbitrarse las acciones que permitan con carácter urgente la reducción del déficit público.
Por todo ello, el Consejo de Ministros ha acordado a través del presente Real Decreto-Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, suspender parcialmente la aplicación de las cláusulas del acuerdo con contenido retributivo.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36. 2 párrafo segundo y el 38.10 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ha reunido la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas el día 20 de mayo del presente año con el fin de informar a las Organizaciones Sindicales tanto de la suspensión del Acuerdo de 25 de septiembre en los términos manifestados, como de las medidas y criterios que recoge el presente Real Decreto-ley en este ámbito.
Por otra parte, dado el carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, el presente Real Decreto-ley introduce una rebaja arancelaria general del 5 % para los documentos de cuantía, dejando sin cambios los honorarios fijos referidos a los documentos sin cuantía. Al igual que en otras modificaciones, se ha optado por aplicar la rebaja sobre el importe de los derechos arancelarios resultante de aplicar la tabla de honorarios en función de la cuantía del documento, sin necesidad de modificar los Reales Decretos reguladores de los aranceles. Además, se detalla los datos informativos que deben figurar en las minutas, dada la relevancia de la información sobre honorarios que es necesario ofrecer a los interesados.
Los perceptores de pensiones han tenido en todo momento garantizado mediante las correspondientes revalorizaciones su poder adquisitivo. Este hecho se ha mostrado con mayor intensidad en los perceptores de pensiones mínimas, dado que durante los últimos años sus pensiones han mejorado sustancialmente sus cuantías por encima del Índice de Precios al Consumo.
Es un hecho especialmente destacable que durante el año 2009 todas las pensiones, y no sólo las mínimas, han visto mejorado su poder adquisitivo pues el aumento de sus cuantías fue superior a la inflación producida, circunstancia que ha sido considerada al habilitar las medidas que este Real Decreto-ley contempla.
Para lograr los objetivos recogidos en este Real Decreto-ley resulta necesario, entre otras medidas, suspender excepcionalmente la revalorización de las pensiones de carácter contributivo para el año 2011. No obstante, se ha entendido como un ejercicio de solidaridad en esta difícil situación económica excluir de estas medidas las prestaciones más bajas, que afectan a las personas más desfavorecidas, como son aquellas pensiones que están por debajo de la pensión mínima fijada para cada año y que por sus circunstancias económicas y familiares son perceptores de complementos a mínimos, así como las pensiones del SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas.
Por último, es importante destacar que las citadas medidas no afectan a la cuantía de los haberes reguladores del Régimen de Clases Pasivas del Estado regulados en el Título IV de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y que, para aquellos empleados públicos encuadrados en el Régimen de Seguridad Social, se mantiene una base de cotización semejante en su cuantía a aquella por la que se ha venido cotizando hasta el mes de mayo del año en curso.
A partir del 1 de junio de 2010, el plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria, será de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud, independientemente de que la administración competente hubiera regulado uno o dos procedimientos diferenciados.
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el derecho a percibir la prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses indicado sin que se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación que corresponda percibir a la persona beneficiaria.
Las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.
Para lograr los objetivos de reducción del déficit resulta necesario también dejar sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de hijo aprobada por la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
A tal efecto, y para los nacimientos o adopciones producidos a partir de 1 de enero de 2011, por una parte, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para suprimir la citada deducción, y por otra, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para suprimir la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo de la Seguridad Social. Del mismo modo, se dejan sin efecto otras medidas inicialmente introducidas por la citada Ley 35/2007 en relación con otras prestaciones de la Seguridad Social.
Por último, en aras del principio de seguridad jurídica se deroga, con efectos desde 1 de enero de 2011, los artículos 1 a 5 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, esto es, los artículos en los que se regulaba la citada prestación por nacimiento o adopción.
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su sesión del día 18 de marzo de 2010, aprobó por unanimidad un acuerdo en el que se establecía un conjunto de acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Este mismo acuerdo contemplaba medidas de racionalización del gasto farmacéutico a corto plazo.
En consecuencia, el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, perseguía el objetivo urgente de modificar la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios prevista en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con la finalidad última de establecer medidas de racionalización y control del gasto sanitario que posibilitaran, en el ámbito farmacéutico, una reducción inmediata del gasto que asegurara la necesaria sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo las premisas de universalidad y alta calidad en sus prestaciones.
En este sentido se modificaba la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, entre otras cosas para facilitar la aplicación del sistema de precios de referencia recogido en el artículo 93 y permitir el establecimiento de medidas que facultaran la reducción del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, al tiempo que, con carácter de mínimos imprescindibles se acordaba la reducción del precio de los medicamentos genéricos.
El presente Real Decreto-ley aborda el establecimiento de medidas complementarias a las ya adoptadas en el marco de la prestación farmacéutica. Al mismo tiempo se favorece el mantenimiento de la calidad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, y el desarrollo de las políticas y las estrategias de salud acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte de las comunidades autónomas.
Manteniendo el esfuerzo de austeridad en el gasto farmacéutico establecido en el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, son necesarios ajustes adicionales que permitan la reducción de la factura farmacéutica pública a través de descuentos en los medicamentos y revisión de precios de los productos sanitarios no afectados por el Real Decreto-ley anterior, así como, en el mismo contexto de control de gasto, facilitar la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, y la dispensación de medicamentos en unidosis.
Con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al esfuerzo de consolidación fiscal que las medidas adoptadas en este Real Decreto-ley persiguen, es necesario declarar la afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos, a la reducción del endeudamiento o en su caso a la financiación de inversiones. Por otra parte, y con idéntica finalidad, se aplaza hasta el ejercicio 2012 la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo.
Asimismo, con el objetivo de mejorar el control de la gestión económica financiera de las citadas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos que desarrollan dichas actividades, se considera necesario introducir modificaciones en su régimen de provisión.
El artículo 63 de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, estableció la necesidad de informe preceptivo y vinculante para la realización de préstamos y anticipos con cargo al capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a entidades del Sector Público, cuyo objetivo era determinar el efecto que las condiciones de dichos préstamos y anticipos pudiesen tener sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Se considera oportuno extender la necesidad del informe preceptivo a los préstamos destinados a entidades privadas, debido a su posible incidencia en el objetivo de estabilidad.
Por similares razones a las citadas, y por su posible impacto sobre el presupuesto vigente así como sobre las cuentas públicas futuras, se considera necesario informe previo favorable del Ministerio de Economía y Hacienda para aprobar determinadas medidas por las que se instrumenta la acción del Sector Público Estatal en el exterior.
Las medidas expuestas exigen la adopción de una norma de rango legal. La necesidad de su inmediata aplicación en algunos casos, para garantizar su eficacia en la reducción del gasto, y de su concreción, conocimiento y seguridad en otros, de modo que se garantice su credibilidad y efecto inmediato en los movimientos financieros y en las actuaciones relevantes para la estabilidad del euro, constituyen el hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige en su artículo 86 para la adopción de un real Decreto-ley.
[BOE 24 - 5 - 2010] [Texto completo]
[BOE] Orden PRE/1329/2010, de 20 de mayo, por la que se publica el Acuerdo por el que se aprueba el II Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
[BOE 22 - 5 - 2010] [Texto completo]
[SG Trib no resid] IRPF. Frances que vive en España y trabaja en Portugal
El consultante, de nacionalidad francesa, trabaja en Portugal y tiene su residencia en España donde regresa cada día después de su jornada de trabajo.
Desea conocer donde debería pagar sus impuestos [Texto completo]
[SG Trib no resid] IRPF. Entidad sin establecimiento permanente en España contrata a un residente en portugal.
La entidad consultante, que opera en España sin establecimiento permanente, ha contratado una persona con domicilio en Portugal.
Plantea la duda sobre la obligación de retener por parte de la oficina de representación en España, dado que no constituye establecimiento permanente y dado que la persona sobre la que se consulta tiene su domicilio en Portugal. [Texto completo]
[TC] Principio de igualdad en la ley: pérdida de la pensión de viudedad por convivencia marital (STC 125/1993). Nulidad del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social
El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, es determinar si el art. 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, vulnera el art. 14 de la Constitución.
3. Los derechos derivados del apartado anterior quedarán sin efecto en los supuestos del artículo 101 del Código Civil".
El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima".
A juicio del órgano proponente, el apartado 3 del art. 174 LGSS, en su referencia al art. 101 CC, resulta contrario al art. 14 CE, al establecer una diferenciación carente de una justificación objetiva y razonable entre beneficiarios de la pensión de viudedad. En el caso de aquellos que hubieran accedido a la pensión en los términos previstos en el apartado 2 del art. 174, en los supuestos de separación o divorcio, la pensión se extinguirá por pasar a vivir maritalmente el beneficiario con otra persona, de acuerdo con lo establecido en el art. 101 CC. Por el contrario, esta causa de extinción no existe en el caso de quienes hubieran accedido a la pensión de conformidad con lo dispuesto en el art. 174.1, es decir, conviviendo con el causante en el momento del fallecimiento sin que su matrimonio hubiera sido anulado y sin haberse separado o divorciado, supuesto en el cual la pensión no se extinguirá por pasar el beneficiario a vivir maritalmente con otra persona.
El Tribunal Constitucional estima la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el art. 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en su referencia a la concreta causa de extinción establecida en el artículo 101 del Código civil de "vivir maritalmente con otra persona".
La CEOE quiere poder despedir por faltar ocho días en dos meses aunque tengan justificación
La patronal CEOE quiere aprovechar la situación de falta de liquidez o problemas con la morosidad que atraviesan muchas empresas como una consecuencia más de la recesión, para pedir al Gobierno y a los sindicatos que ésta sea una causa más para el despido colectivo por causas objetivas. (expansion.com) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
España promete ante el Eurogrupo acometer reformas estructurales
El plan de ajuste español pasa el primer examen de las autoridades europeas.- Salgado confía en que la UE no pedirá más medidas de ajuste (elpais.com) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
Zapatero bordea la extrema soledad al no tener con quién pactar su plan de recortes económicos
España no es Portugal (Ni Portugal quiere ser España). Los lusitanos tienen una política a menudo espesa y conspirativa, pero tienden a la concertación republicana cuando las cosas se ponen feas. Ecos del 25 de abril de 1974. España es más áspera. En España, el Gobierno ha disfrazado obstinadamente la gravedad de la crisis y en la hora de la rectificación, de la dolorosa rectificación, se encuentra a un paso de la extrema soledad. José Luis Rodríguez Zapatero no tiene asegurados en estos momentos todos los apoyos necesarios para poder convalidar en el Parlamento los decretos del plan de ajuste que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo jueves. (lavanguardia.es) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se mostró partidario de que sean los ayuntamientos los que se pronuncien sobre la prohibición del 'burka' y defendió la prohibición de la prenda en las empresas y la administración pública. (europapress.es) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
El primer ministro marroquí apela a acabar con la "ocupación" de las ciudades (publico.es) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
España y Uruguay firman un convenio para el traslado de personas condenadas
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el ministro de Interior de la República Oriental del Uruguay, Eduardo Bonomi, han suscrito esta tarde un convenio que permitirá trasladar personas condenadas entre España y Uruguay. Este país era el único del área suramericana con el que España no tenía este tipo de convenio, debido a que lo impedía la legislación uruguaya. Una vez modificada, Uruguay ha podido firmar el Convenio Interamericano de Traslados, así como diversos convenios bilaterales, como el firmado hoy. [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
PP y CiU pactan en el Senado tratar de anular el nuevo régimen de incompatibilidad entre abogados y auditores
Los grupos parlamentarios de PP y CiU han presentado sendas enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Auditorías de Cuentas y Sociedades Anónimas en las que coinciden en pedir que se eliminen las novedades que introducía la norma en relación al criterio de incompatibilidad entre las actividades de abogacía y auditoría para volver al 'status quo' anterior. (abogados.es) [18 - 5 - 2010] [Texto completo]
El juez fijará el tiempo de uso de la vivienda familiar y el régimen de visitas de otros parientes - Cataluña y País Vasco también promueven 'otra ley del divorcio' (elpais.com) [20 - 5 - 2010] [Texto completo]
Crece la importancia de las comunidades autónomas en el cuarto y definitivo borrador de Reglamento a la Ley de Acceso a la Abogacía. Este texto es el primero que dice en su exposición de motivos que la prueba para ser abogado "incorpora derecho sustantivo de las comunidades autónomas", aunque asegura que el examen será "único en todo el territorio español". (expansion.com) [20 - 5 - 2010] [Texto completo]
El Gobierno ultima la creación de un nuevo impuesto extraordinario a los que más tienen. Según han confirmado fuentes del Gobierno, será un impuesto que gravaría a las fortunas cercanas a los 2 millones de euros, sumando propiedades, ahorros, ingresos y acciones, aunque por ahora no se ha decidido exactamente la barrera. (cadenaser.com) [21 - 5 - 2010] [Texto completo]
Los millonarios griegos compran residencias de lujo en Londres
Los barrios de alto standing como Chelsea y Knightsbridge son la inversión idónea para una élite que pretende minimizar el riesgo | El número de millonarios griegos que compran inmuebles de dos millones de euros se ha duplicado en los últimos meses | Los griegos están compitiendo con italianos y rusos por un número limitado de propiedades de calidad (lavanguardia.es) [24 - 5 - 2010] [Texto completo]
La ONU rechazó colocar a Garzón en sus órganos judiciales
Kofi Annan y sus servicios jurídicos consideraron que tenía «demasiado currículum» (abc.es) [24 - 5 - 2010] [Texto completo]
El fracaso se cierne sobre el pacto en la semana clave de la reforma laboral
Con mayo concluirá el intento de alcanzar un acuerdo social para reformar el mercado de trabajo. Gobierno, patronal y sindicatos mantienen abiertos los temas de mayor calado mientras la semana clave de la negociación avanza contra reloj. En el panorama, un Gobierno presionado por la UE y el FMI, unos sindicatos defraudados con el Ejecutivo y una patronal que no renuncia a ver rebajadas las cuotas y abaratado el despido. (cincodias.com) [24 - 5 - 2010] [Texto completo]

References: Resolución 
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 93
 artículo 63
 artículo 86
 artículo 174
 Real Decreto 
 artículo 101
 Real Decreto 
 artículo 101