Source: https://legislacion.vlex.es/vid/regimen-juridico-pago-entidades-431495353
Timestamp: 2019-09-20 03:19:13+00:00

Document:
Real Decreto de Régimen Jurídico de los Servicios de Pago y de las Entidades de Pago (Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 431495353
TÍTULO I. Régimen jurídico de la creación de las entidades de pago - arts. 1 a 8
TÍTULO II. Actividad transfronteriza de las entidades de pago - arts. 9 a 12
TÍTULO III. Régimen de los agentes y delegación de la prestación de funciones - arts. 13 a 16
TÍTULO IV. Requisitos de garantía, requerimientos de recursos propios y limitaciones operativas de las cuentas de pago - arts. 17 a 22
TÍTULO V. Entidades de pago híbridas y deber de constitución de una entidad de pago separada - arts. 23 y 24
TÍTULO VI. Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de los servicios de pago - arts. 25 y 26
TÍTULO VII. Régimen sancionador y de supervisión de las entidades de pago - arts. 27 a 29
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen especial para la transformación en entidades de pago de los establecimientos de cambio de moneda a la que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre
Norma citada en: 15 sentencias, 10 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas, una noticia
TÍTULO I Régimen jurídico de la creación de las entidades de pago Artículos 1 a 8
ARTÍCULO 1 Autorización y registro de las entidades de pago.
Conforme al artículo 6.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, la solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o al momento en que se complete la documentación exigible. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto podrá entenderse desestimada.
Una vez obtenida la autorización y tras inscribirse en el Registro Mercantil, las entidades de pago deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en el Registro Especial de entidades de pago que se creará en el Banco de España. En ese registro se harán constar los servicios de pago para los que se haya autorizado a la entidad de pago y figurarán, además, sus agentes y sucursales. El registro será público y accesible a través de una página electrónica que se actualizará periódicamente.
En el caso de que el control de la entidad de pago, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, vaya a ejercerse por una entidad de pago, una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado Miembro de la Unión Europea o por las personas físicas o jurídicas que a su vez controlen a una de ellas, el Banco de España, antes de emitir el informe a que se refiere el apartado 1, deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de las citadas entidades.
ARTÍCULO 2 Requisitos para ejercer la actividad.
Revestir cualquier forma societaria que tenga la consideración de mercantil, bien por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constitución. Las acciones, participaciones o títulos de aportación en que se halle dividido el capital social deberán ser nominativos.
Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio español.
Disponer en todo momento del siguiente capital inicial mínimo:
20.000 euros, en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago de envío de dinero.
Que los accionistas o socios titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
Disponer, a los efectos de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad, de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados. Tales métodos, procedimientos y mecanismos serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los servicios de pago prestados por dicha entidad.
Establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Artículo 2, letra e), modificado por el Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 13 de Abril de 2013.
La solicitud de autorización para la creación de una entidad de pago se dirigirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, acompañada de los siguientes documentos por triplicado:
Proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral negativa de la denominación social propuesta; en caso de que la autorización sea solicitada por una sociedad ya existente bastará certificación vigente de su inscripción registral.
Un programa de actividades en el que se indique, en particular, el tipo de servicio de pago que se pretende prestar, así como los servicios auxiliares o estrechamente relacionados con aquellos que se pretendan llevar a cabo.
Un plan de negocios referido a las actividades citadas en la letra anterior que incluya un cálculo de las previsiones presupuestarias para los tres primeros ejercicios de actividad de la entidad de pago.
Justificación de haber constituido en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, un depósito en efectivo o en Deuda Pública, equivalente al 20 por cien del capital inicial mínimo establecido en el artículo 2, a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Una descripción de las medidas adoptadas para proteger los fondos del usuario de los servicios de pago con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
Una descripción de los métodos de gestión empresarial del solicitante y de los mecanismos de control interno, referidos todos ellos a las actividades de pago e incluidos procedimientos administrativos, de gestión de riesgo y contables, que demuestre que dichos métodos y mecanismos de control empresarial son adecuados.
Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Una descripción de la organización estructural de que proponga dotarse el solicitante para la prestación de servicios de pago, incluida, en su caso, una descripción de la utilización que se pretenda hacer de agentes y sucursales y una descripción de las disposiciones en materia de delegación de funciones, así como de su participación en un sistema de pago nacional o internacional.
La identidad de las personas que posean participaciones significativas en la entidad de pago, conforme a lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, con indicación de la cuantía de su participación efectiva y pruebas de su idoneidad.
La identidad de los administradores de la entidad de pago y de sus directores generales o asimilados, así como documentos acreditativos de su honorabilidad y de que tienen la experiencia y poseen los conocimientos necesarios para la prestación de servicios de pago.
En su caso, la identidad de los auditores responsables de la auditoria de la entidad de pago.
Una descripción de los servicios, instrumentos u otros medios de que disponga para atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes, incluido el Reglamento para la defensa del cliente, elaborado según lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo.
La dirección de la administración central del solicitante.
La entidad de pago informará inmediatamente de cualquier cambio que afecte a la exactitud de la información de conformidad con este artículo. En todo caso, cabrá exigir a los promotores cuantos datos o informes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto.
ARTÍCULO 4 Registros del Banco de España.
Corresponde al Banco de España la creación y gestión de un Registro de Altos Cargos de las entidades de pago, donde deberán inscribirse obligatoriamente los administradores, así como sus directores generales o asimilados.
También se inscribirán en este Registro las personas responsables tanto de la gestión de las sucursales en España de entidades de pago extranjeras como del control y gestión de las redes en España de agentes de entidades de pago extranjeras.
ARTÍCULO 5 Modificación de los estatutos sociales.
La modificación de los estatutos sociales de las entidades de pago estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 1, si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o al momento en que se complete la documentación exigible, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.
Aquellas otras modificaciones respecto de las que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en contestación a consulta previa formulada al efecto por la entidad de pago afectada, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
Si recibida la comunicación, las modificaciones exceden de lo previsto en este apartado, el Banco de España lo advertirá a los interesados en el plazo de treinta días, para que las revisen o, en su caso, se ajusten al procedimiento de autorización del apartado 1.
ARTÍCULO 6 Ampliación de actividades.
ARTÍCULO 7 Fusión de entidades de pago.
La entidad resultante de la fusión de dos o más entidades de pago podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizadas las entidades fusionadas.
La fusión deberá ser autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5, si bien el plazo de resolución será de tres meses.
ARTÍCULO 8 Uso de la denominación reservada.
La denominación de entidad de pago, así como su abreviatura, E.P., queda reservada a estas entidades, que pueden incluirlas en su denominación social.
Las entidades de pago habrán de incluir una referencia a su naturaleza jurídica de entidad de pago en la totalidad de documentos que suscriban o emitan en el ejercicio de su actividad de prestación de servicios de pago. En particular, deberá figurar en los contratos marco que formalicen con los usuarios de servicios de pago o en los que suscriban en la realización de operaciones de pago único, así como en la publicidad referida a la prestación de tales servicios.
La mención a redes u organizaciones internacionales en la actuación de las entidades de pago, no podrá inducir a confusión al público sobre la identidad o responsabilidad del titular con el que se contratan los servicios de pago.
TÍTULO II Actividad transfronteriza de las entidades de pago Artículos 9 a 12
ARTÍCULO 9 Autorización del establecimiento en España de sucursales de entidades de pago autorizadas o domiciliadas en un Estado no Miembro de la Unión Europea.
La mención al proyecto de Estatutos a que se refiere el artículo 3.1.a), se entenderá referida al proyecto de escritura de constitución de la sucursal y a los propios Estatutos vigentes de la entidad de pago.
Por capital inicial mínimo se entenderá la dotación mantenida por la entidad en España de fondos de carácter permanente y duración indefinida, disponibles para la cobertura de pérdidas de la sucursal.
Deberán contar al menos con una persona que sea responsable de la gestión de la sucursal que pretenden establecer en España y que determine de modo efectivo la orientación de la sucursal. Dicha persona deberá cumplir los requisitos de honorabilidad, conocimientos y experiencia a que se refiere el párrafo e) del artículo 2.
El objeto social de la sucursal no podrá contener actividades no permitidas a la entidad de pago en su país de origen.
La documentación que acompañe la solicitud contendrá la información necesaria para conocer con exactitud el régimen jurídico de la entidad de pago extranjera solicitante, la supervisión a que está sometida, así como su situación financiera. También se incluirá una descripción de la estructura organizativa de la entidad y del grupo en la que ésta eventualmente se integre. Asimismo, se acreditará que está en posesión de las autorizaciones que en su caso exija su país de origen para abrir la sucursal.
ARTÍCULO 10 Actuación en España de entidades de pago autorizadas en otro Estado Miembro de la Unión Europea.
La apertura en España de sucursales de entidades de pago autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea quedará condicionada a que el Banco de España reciba una comunicación de la autoridad supervisora de la entidad de pago que contenga, al menos, la siguiente información:
El nombre y dirección de la entidad de pago.
El nombre y el domicilio en España donde pueda ser requerida a la sucursal toda la información necesaria.
Recibida la comunicación, el Banco de España lo notificará a la entidad de pago y ésta, tras haber inscrito la sucursal en el Registro Mercantil, procederá igualmente a su inscripción en el Registro Especial del Banco de España, comunicando a éste la fecha del inicio efectivo de sus actividades.
Si, una vez abierta la sucursal, la entidad de pago autorizada en otro Estado Miembro de la Unión Europea pretendiera modificar el contenido de alguna de las informaciones relacionadas en el apartado 1, deberá comunicarlo al Banco de España, sin perjuicio de la comunicación que proceda a su autoridad supervisora, al menos un mes antes de efectuar el cambio. También se deberá comunicar al Banco de España el cierre de la sucursal, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para ello.
El procedimiento establecido en el presente artículo se aplicará igualmente a las comunicaciones que se reciban de los supervisores de una entidad de pago autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea que pretenda prestar servicios de pago en España de forma permanente mediante la utilización de una red de agentes radicados en España.
Recibida la comunicación del supervisor de una entidad de pago autorizada en otro Estado Miembro de la Unión Europea de su intención de establecer una sucursal en España o de prestar servicios de pago en España de forma permanente mediante agentes radicados en España, el Banco de España dará traslado de la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
ARTÍCULO 11 Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Estado no Miembro de la Unión Europea por entidades de pago españolas.
Las entidades de pago españolas que pretendan abrir una sucursal o realizar sus actividades en régimen de libre prestación de servicios en un Estado no miembro de la Unión Europea deberán solicitarlo previamente al Banco de España, acompañando, junto a la información del Estado en cuyo territorio pretenden establecer la sucursal y el domicilio previsto para la misma, un programa de las actividades que desee llevar a cabo, la estructura de organización de la sucursal y el nombre e historial de los directivos propuestos para la misma.
El Banco de España resolverá, mediante resolución motivada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de todas las informaciones. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.
El Banco de España podrá denegar la solicitud cuando, a la luz de ésta y la información adicional a que se refiere el apartado 1, las estructuras administrativas o la situación financiera de la entidad de pago no resulten adecuadas, o cuando en el programa de actividades se contemple la prestación de servicios de pago no autorizados a la entidad. También podrá denegarla cuando considere que la actividad de la sucursal no va a quedar sujeta a un efectivo control por parte de la autoridad supervisora del país de acogida, o que existen obstáculos legales o de otro tipo que impidan o dificulten el control e inspección de la sucursal por el Banco de España.
Toda modificación de las informaciones a que se refiere este artículo habrá de ser comunicada por la entidad de pago, al menos un mes antes de efectuarla, al Banco de España. No podrá llevarse a cabo una modificación relevante en el programa de actividades de la sucursal si el Banco de España, dentro del referido plazo de un mes, se opone a ella, mediante resolución motivada que será notificada a la entidad. Dicha oposición habrá de fundarse en alguna de las causas citadas en este artículo.
ARTÍCULO 12 Creación o adquisición de participaciones en entidades de pago de un Estado no miembro de la Unión Europea.
Quedará sujeta a previa autorización del Banco de España la creación por una entidad de pago española de una entidad de pago en un Estado no miembro de la Unión Europea y la adquisición de una participación significativa o la toma de control, bien de manera directa o a través de entidades controladas por la entidad de pago interesada, en una entidad de pago ya existente, cuando dicha entidad de pago vaya a ser constituida o se encuentre domiciliada en un Estado no miembro de la Unión Europea.
En el caso de la creación, directa o indirectamente, de una entidad de pago en un Estado no miembro de la Unión Europea, la entidad de pago española que pretenda crearla deberá acompañar a la solicitud de autorización que se presente en el Banco de España, al menos, la siguiente información:
La prevista en los párrafos a), b), i) y j) del artículo 3.1.
Descripción completa de la normativa aplicable a las entidades de pago en el Estado donde se vaya a constituir la nueva entidad, así como de la normativa vigente en materia fiscal y de prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
En el caso de que se vaya a adquirir una participación, entendiendo por tal aquella que tenga un carácter significativo según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre y en el presente real decreto, o se pretenda adquirir posteriormente el control, se deberá presentar la información señalada en el apartado anterior, si bien la prevista en el párrafo b) se podrá limitar a aquellos datos que tengan un carácter público. También se indicará el plazo previsto para la realización de la inversión, las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios de la entidad participada y, en su caso, los derechos de la entidad en orden a designar representantes en los órganos de administración y dirección de aquélla.
El Banco de España resolverá sobre la autorización en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de toda la información requerida. Cuando la autorización no sea concedida en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse denegada.
Atendiendo a la situación financiera de la entidad de pago o a su capacidad de gestión, considere que el proyecto puede afectarle negativamente.
Vistas la localización y características del proyecto, no pueda asegurarse la efectiva supervisión del grupo, en base consolidada.
La actividad de la entidad dominada no quede sujeta a un efectivo control por parte de una autoridad supervisora nacional.
TÍTULO III Régimen de los agentes y delegación de la prestación de funciones Artículos 13 a 16
ARTÍCULO 13 Concepto de agente.
ARTÍCULO 14 Obligaciones de comunicación al Banco de España y registro de los agentes.
Las entidades de pago españolas y las sucursales en España de entidades de pago extranjeras que tengan el propósito de prestar servicios de pago a través de un agente, deberán suministrar al Banco de España información relativa a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que vayan a utilizar en sus relaciones con los agentes tanto para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como para asegurar el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable. El Banco de España dará traslado de tales procedimientos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Cuando el Banco de España reciba la información de conformidad con el apartado anterior, incluirá al agente de que se trate en el registro contemplado en el artículo 1.3.
Cuando una entidad de pago española pretenda prestar servicios de pago en otro Estado miembro de la Unión Europea mediante la contratación de un agente, además de lo indicado en los apartados precedentes deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 11.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre. Cuando pretenda utilizar una red permanente de agentes en dicho Estado miembro, deberá comunicar al Banco de España la identidad de las personas que serán responsables de la gestión de la red de agentes en el Estado Miembro de acogida, así como un domicilio en el mismo.
ARTÍCULO 15 Responsabilidad de las entidades de pago respecto de los actos llevados a cabo por sus agentes y condiciones para el ejercicio de actividad de los agentes.
En los actos que lleven a cabo sus agentes, las entidades de pago serán responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto o en otra disposición normativa que les resulte aplicable. Las entidades de pago deberán desarrollar procedimientos de control adecuados a estos efectos.
Las entidades de pago y sus agentes estarán sometidos a las siguientes condiciones en el ejercicio de su actividad, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y en interés de la transparencia frente a la clientela:
Deberá ser puesta a disposición del público, tanto en cada una de sus oficinas como en su página web, una relación de todos sus agentes, debidamente actualizada y en la que conste el alcance de la representación concedida. Dicha relación figurará igualmente como anexo en la Memoria comprendida en las cuentas anuales.
Las entidades de pago se asegurarán de que los agentes que actúen en su nombre informen de ello a los usuarios de servicios de pago. A estos efectos, en los contratos de agencia las entidades de pago exigirán de sus agentes que pongan de manifiesto el carácter de tales en cuantas relaciones establezcan con la clientela, identificando de forma inequívoca a la entidad que represente.
Cuando una entidad de pago apodere a un agente que ya lo haya sido por otra, la nueva entidad exigirá al agente que ponga en conocimiento de los usuarios de servicio de pago, incluso de los potenciales, su doble apoderamiento de forma tal que, cuando coincidan los servicios, los clientes puedan tomar una decisión razonada sobre el proveedor a elegir.
Los agentes de entidades de pago no podrán actuar por medio de subagentes.
Los agentes no podrán utilizar sus cuentas bancarias para aceptar el ingreso, directamente por la clientela, de los fondos procedentes de los servicios ordenados por ellos. No obstante, podrán usar dichas cuentas para obtener las cantidades que deban abonar a los beneficiarios de una operación de servicios de pago, y para canalizar a la entidad de pago correspondiente las cantidades recibidas de sus clientes.
ARTÍCULO 16 Delegación de funciones.
La delegación de funciones operativas esenciales deberá realizarse de modo tal que no afecte significativamente ni a la calidad del control interno de dichas funciones por parte de la entidad de pago, ni a la capacidad del Banco de España para controlar que la entidad de pago cumple todas las obligaciones que establece la legislación vigente.
Cuando una entidad de pago pretenda delegar funciones operativas esenciales relacionadas con los servicios de pago, deberá informar de ello al Banco de España al menos con un mes de antelación, acompañando información detallada sobre las características de la delegación y la identidad de la empresa en que se pretendan delegar. En ese plazo, el Banco de España podrá, motivadamente, oponerse a la delegación, cuando aprecie que no se satisface lo establecido en este artículo.
En todo caso, cuando una entidad de pago delegue funciones operativas esenciales, tal delegación:
No supondrá en ningún caso el traslado de responsabilidad por parte de la alta dirección.
No alterará las relaciones y obligaciones de la entidad de pago de conformidad con la legislación vigente con respecto a sus usuarios ni con respecto al Banco de España.
No irá en menoscabo de las condiciones que debe cumplir la entidad de pago para recibir y conservar la autorización de conformidad con el presente real decreto.
No dará lugar a la supresión o modificación de ninguna de las restantes condiciones a las que se haya supeditado la autorización de la entidad de pago.
El acuerdo de delegación entre la entidad de pago y el tercero deberá plasmarse en un contrato escrito en el que se concretarán los derechos y obligaciones de las partes.
TÍTULO IV Requisitos de garantía, requerimientos de recursos propios y limitaciones operativas de las cuentas de pago Artículos 17 a 22
ARTÍCULO 17 Requisitos de garantía.
Las entidades de pago salvaguardarán los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de las operaciones de pago, sujetándose a uno de los dos procedimientos establecidos en el artículo 10 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre. El procedimiento adoptado por cada entidad de pago deberá figurar en el Registro Especial de entidades de pago del Banco de España, así como en los contratos marco que las entidades de pago suscriban con los usuarios de servicios de pago. Cuando las entidades opten por el procedimiento señalado en el artículo 10.1.b) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, en dichos contratos marco se harán constar, asimismo, la naturaleza de la garantía y la entidad que la aporta. El cambio del sistema de salvaguarda, aunque no el del garante, se sujetará al régimen previsto en el artículo 22 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
En caso de que las entidades opten por el procedimiento señalado en el artículo 10.1.a) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se considerarán activos seguros, líquidos y de bajo riesgo:
En caso de que las entidades opten por el procedimiento señalado en el artículo 10.1.b) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, la póliza de seguro o la garantía comparable de una entidad aseguradora o de una entidad de crédito deberán cumplir en todo caso las siguientes condiciones:
La garantía será directa y a primer requerimiento.
El alcance de la garantía o seguro estará definido con claridad y será jurídicamente válido y eficaz.
La garantía alcanzará a todos los servicios de pago enumerados en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y cubrirá la totalidad de los fondos pertenecientes a los usuarios de servicios de pago que se hallen en poder de la entidad de pago, incluidos los correspondientes a situaciones transitorias por operaciones de tráfico, en el momento en que se dicte el auto de declaración de concurso. Cubrirá asimismo los fondos en poder de los agentes de la entidad de pago.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 10, 12 y 15 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, el acuerdo de garantía o seguro no contendrá cláusula alguna cuyo cumplimiento escape al control directo de la entidad de pago y que permita al proveedor de la garantía o seguro cancelar unilateralmente o reducir el vencimiento de dicha garantía o seguro.
La garantía o seguro se hará efectiva en caso de que haya sido dictado auto de declaración de concurso de la entidad de pago. Declarado el concurso, y salvo que la administración concursal dispusiera otra cosa, los servicios de pago que se hubieran solicitado a la entidad de pago serán inmediatamente ejecutados. Los fondos restantes se abonarán directamente en las cuentas a la vista asociadas a las cuentas de pago.
La entidad de crédito o aseguradora que presten la garantía o seguro mencionados en este apartado no podrá pertenecer al mismo grupo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 42 del Código de Comercio, que la entidad de pago garantizada o asegurada.
La entidad de crédito que proporcione la garantía deberá tener una calificación crediticia mínima para exposiciones a largo plazo de A1, A+ o asimilados de una agencia de calificación de riesgos, otorgada por una agencia de calificación crediticia que hubiera sido registrada de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia. Si se trata de un seguro, bastará con que la entidad aseguradora disponga de la correspondiente autorización administrativa.
ARTÍCULO 18 Recursos propios.
Los recursos propios de la entidad de pago no podrán ser inferiores a la cantidad mayor de las contempladas en los artículos 2.c) y 19.
Se autoriza al Banco de España para adoptar las medidas necesarias para impedir el uso múltiple de elementos que puedan considerarse como recursos propios cuando la entidad de pago pertenezca al mismo grupo de otra entidad de pago, entidad de crédito, empresa de inversión, empresa de gestión de activos o empresa de seguros. El presente apartado se aplicará también cuando una entidad de pago preste alguno de los servicios de pago contemplados en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y realice simultáneamente otras actividades.
ARTÍCULO 19 Cálculo de los requerimientos de recursos propios.
Sin perjuicio de los requisitos de capital inicial establecidos en el artículo 2.c) y de las facultades que los artículos 8.2 y 9.3.d) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, otorgan al Banco de España, los recursos propios de las entidades de pago serán, como mínimo, igual a la suma de los siguientes elementos multiplicados por el factor de escala k, establecido en el apartado 2, en el que el volumen de pagos (VP) representa una duodécima parte de la cuantía total de las operaciones de pago ejecutadas por la entidad de pago durante el año anterior:
4,0 por ciento del tramo de VP hasta los 5 millones de euros, más.
2,5 por ciento del tramo de VP entre 5 millones euros y 10 millones de euros, más.
1 por ciento del tramo de VP entre 10 millones de euros y 100 millones de euros, más.
0,5 por ciento del tramo de VP entre 100 millones de euros y 250 millones de euros, más.
0,25 por ciento del tramo de VP por encima de 250 millones de euros.
El factor de escala k mencionado en el apartado 1 será el siguiente:
0,5 en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago de envío de dinero.
0,8 en caso de que la entidad de pago ejecute operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.
1 en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los servicios de pago que figuran en las letras a) a e) del artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Banco de España, atendiendo a las peculiaridades del negocio de una entidad de pago, y con el fin de mejorar su solvencia, proteger los intereses de los usuarios de servicios de pago o del propio sistema de pagos, o favorecer la eficaz supervisión de la entidad, podrá, a iniciativa propia, previa audiencia de la entidad, o a solicitud de la entidad de pago interesada, resolver motivadamente que ésta disponga de unos recursos propios que sean como mínimo igual a la cantidad resultante de la aplicación de uno de los siguientes métodos:
Los recursos propios de las entidades de pago serán, como mínimo, igual al 10 por ciento de sus gastos generales del año anterior.
Los recursos propios de la entidad de pago serán, como mínimo, igual al indicador pertinente, definido a continuación en el inciso i), multiplicado por el factor de multiplicación establecido en el inciso ii), y multiplicado a su vez por el factor de escala k, establecido en el apartado 2:
el indicador pertinente es la suma de los elementos siguientes:
) ingresos por intereses,
) gastos por intereses,
) comisiones y tasas recibidas, y,
) otros ingresos de explotación.
) 10 por ciento del tramo de indicador pertinente hasta los 2,5 millones de euros.
) 8 por ciento del tramo de indicador pertinente entre 2,5 millones de euros y 5 millones de euros.
) 6 por ciento del tramo de indicador pertinente entre 5 millones de euros y 25 millones de euros.
) 3 por ciento del tramo de indicador pertinente entre 25 millones de euros y 50 millones de euros.
) 1,5 por ciento por encima de 50 millones de euros.
El Banco de España determinará las partidas contables que deban incluirse en las definiciones contempladas en este artículo.
ARTÍCULO 20 Adopción de medidas para retornar al cumplimiento de las normas relativas a recursos propios.
Cuando una entidad de pago presente un déficit de recursos propios respecto de los exigidos conforme a este real decreto, la entidad informará de ello, con carácter inmediato, al Banco de España y presentará en el plazo de un mes, a contar desde la comunicación de la información anterior al Banco de España, un programa en el que se concreten los planes para retornar al cumplimiento, salvo si la situación se hubiera corregido en ese período. El programa deberá contener, al menos, los aspectos referidos a la identificación de las causas determinantes del incumplimiento, al plan para retornar al cumplimiento que podrá incluir la limitación al desarrollo de actividades que supongan riesgos elevados, la desinversión en activos concretos, o medidas para el aumento del nivel de recursos propios y los plazos previsibles para retornar al cumplimiento.
Cuando el Banco de España, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2.b) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, obligue a una entidad de pago a mantener recursos propios adicionales a los exigidos según el artículo 18, y de dicha exigencia resulte que los recursos propios de la entidad son insuficientes, la entidad presentará en el plazo de un mes, a contar desde la comunicación de su decisión por el Banco de España, un programa en el que se concreten los planes para cumplir con el requerimiento adicional, salvo si la situación se hubiera corregido en ese período. Dicho programa deberá ser aprobado por el Banco de España, que podrá incluir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias. El programa presentado se entenderá aprobado si a los tres meses de su presentación al Banco de España no se hubiera producido resolución expresa.
ARTÍCULO 21 Aplicación de resultados en caso de incumplimiento de las normas relativas a recursos propios.
Cuando una entidad de pago presente un déficit de recursos propios superior al 20 por ciento de los requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente real decreto, la entidad deberá destinar a reservas la totalidad de los beneficios o excedentes netos, salvo que el Banco de España autorice otra cosa, al aprobar el programa de retorno al cumplimiento al que se refiere el artículo anterior.
Cuando el déficit de recursos propios sea igual o inferior al 20 por ciento la entidad someterá su distribución de resultados a la autorización previa del Banco de España que establecerá el porcentaje mínimo a destinar a reservas atendiendo al programa presentado para retornar al cumplimiento del artículo 18.
El Banco de España podrá establecer los términos en los que, en su caso, las limitaciones al reparto de dividendos a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán aplicarse a las filiales instrumentales o financieras de una entidad de pago.
Lo dispuesto en el presente artículo y en el precedente se entiende sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de las sanciones previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, conforme a los dispuesto en el artículo 51 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
ARTÍCULO 22 Cuentas de pago de las entidades de pago.
Las limitaciones operativas de las cuentas de pago de las entidades de pago previstas tanto en este artículo como en el artículo 9.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberán figurar, convenientemente destacadas, en los correspondientes documentos contractuales que se formalicen con los usuarios de servicios de pago.
La apertura de una cuenta de pago deberá vincularse, necesariamente, a la existencia previa o a la tramitación simultánea de una orden de pago cuyo ordenante o beneficiario deberá ser un tercero distinto al titular de la cuenta.
Toda cuenta de pago tendrá asociada, desde su apertura y en todo momento, una cuenta de depósito de efectivo abierta por uno de sus titulares en una entidad de crédito autorizada en la Unión Europea, a la que deberá transferirse el saldo de la cuenta de pago cuando la misma no presente ninguna operación en el último año. No se computarán como operación, a estos efectos, las entradas y salidas realizadas por el propio titular de la cuenta.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, en relación con la concesión de créditos por parte de las entidades de pago, las cuentas de pago de estas entidades únicamente podrán presentar saldo deudor como resultado de la prestación de servicios de pago iniciados por el beneficiario de los mismos, pero nunca por operaciones de pago iniciadas directamente por el ordenante titular de la cuenta de pago.
TÍTULO V Entidades de pago híbridas y deber de constitución de una entidad de pago separada Artículos 23 y 24
ARTÍCULO 23 Entidades de pago híbridas.
A los efectos de este artículo se entenderá por entidades de pago híbridas aquellas que, además de prestar servicios de pago conforme al artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, desarrollen alguna otra actividad económica, según lo establecido en el artículo 9.1.c) de la misma Ley.
Son de aplicación especial a las entidades de pago híbridas las siguientes previsiones específicas.
En relación con los requisitos para ejercer la actividad, las entidades de pago híbridas deberán disponer de al menos un alto directivo con naturaleza de director general o asimilado, responsable de la gestión de los servicios de pago y los servicios auxiliares a los que esté autorizada.
Respecto a los requisitos de la solicitud:
La información sobre los directores generales y asimilados a que se refiere el artículo 3.1.j), se presentará distinguiendo entre los que vayan a tener responsabilidad directa en la prestación de servicios de pago y los restantes.
En lo que se refiere al Registro de Altos Cargos, solo será necesaria la inscripción de los administradores y de los altos directivos que vayan a tener responsabilidad directa en la gestión de servicios de pago.
En lo que atañe a la modificación de los estatutos sociales, sólo requerirán autorización previa conforme a lo previsto en el artículo 5, aquellas modificaciones que afecten o puedan afectar a la actividad de prestación de servicios de pago.
Respecto a la supervisión:
En el ejercicio de las facultades de control e inspección de las entidades de pago que el artículo 15.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, le atribuye, el Banco de España podrá solicitar de las entidades de pago híbridas información sobre las actividades económicas que viene realizando o pretende realizar, que determinan su calificación como tales y que resulten relevantes para el ejercicio de su función de supervisión.
En lo que concierne a las cuentas de pago, en el caso de que solo una fracción de los fondos en ellas mantenidos se destine a la prestación de servicios de pago, cuando se produzca el supuesto de inactividad al que se refiere el artículo 22.3, el saldo de dichas cuentas únicamente podrá ser utilizado en la prestación de servicios distintos a los de pago.
En cuanto a la contabilidad, la información separada a que se refiere el artículo 14.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberá disponer de un detalle suficiente, en los términos que establezca el Banco de España, para asegurar su fácil conciliación con los estados reservados que determine el Banco, y permitir una comparación adecuada con la información pública proporcionada por las restantes entidades de pago.
ARTÍCULO 24 Deber de constitución de una entidad de pago separada.
Conforme a lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, una entidad de pago híbrida deberá constituir una entidad separada para la actividad de los servicios de pago, en caso de que el Banco de España así lo exija por apreciar que las actividades de la entidad de pago en relación con servicios distintos de los de pago perjudiquen o puedan perjudicar, bien la solidez financiera de la entidad de pago, bien la capacidad de las autoridades competentes para supervisar el cumplimento de las obligaciones establecidas para la entidad de pago.
El Banco de España resolverá sobre el deber de constituir una entidad de pago separada previa audiencia de la entidad interesada. En su notificación hará constar las condiciones para la constitución de la entidad de pago separada, determinando qué actividades de las no contempladas en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, perjudican o pueden perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago o la capacidad del Banco de España para supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, o cualquier otro extremo cuya reforma se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones.
La constitución de la entidad separada para la actividad de los servicios de pago se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 1, debiéndose presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación de tal exigencia del Banco de España. Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado la solicitud de autorización anterior, o denegada la misma, y en caso de que la entidad de pago híbrida no cese en sus actividades en el plazo de tres meses, la autorización concedida a ésta podrá ser revocada en virtud de lo previsto en el artículo 7.1.f) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
TÍTULO VI Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de los servicios de pago Artículos 25 y 26
ARTÍCULO 25 Instrumentos de pago de escasa cuantía y dinero electrónico.
No se apliquen los artículos 27.b), 28.c), 28.d), 32.3 y 32.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el instrumento de pago no permite bloquear o impedir futuras utilizaciones.
No se apliquen los artículos 30, 31, 32.1 y 32.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el instrumento de pago se utiliza de forma anónima o el proveedor de servicios de pago es incapaz, por otros motivos intrínsecos del propio instrumento de pago, de demostrar que la operación de pago ha sido autorizada.
No obstante lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el proveedor de servicios de pago no tenga la obligación de notificar al usuario del servicio de pago su rechazo de la orden de pago, si la no ejecución resulta evidente en el contexto de que se trate.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el ordenante no puede revocar la orden de pago una vez que se haya transmitido al beneficiario la orden de pago o su consentimiento.
No obstante lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se apliquen otros periodos de ejecución.
ARTÍCULO 26 Redes limitadas.
a los establecimientos del emisor, o;
dentro de una red limitada de proveedores que hayan celebrado un acuerdo comercial directo con el emisor del instrumento.
TÍTULO VII Régimen sancionador y de supervisión de las entidades de pago Artículos 27 a 29
A Las entidades de pago, así como a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, les será de aplicación, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el régimen sancionador establecido en el título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.m) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, la reiteración en la infracción grave por parte de la entidad de pago se considerará infracción muy grave cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las normas de disciplina recogidas en el artículo 51.3 de a Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cuando ello no ponga en grave riesgo a la entidad de pago, ni afecte a los usuarios de sus servicios o del sistema de pagos en su conjunto, será sancionado como infracción leve.
Las entidades de pago, así como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan las normas de ordenación y disciplina recogidas en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cometerán infracción grave sancionable de acuerdo con el título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado.
ARTÍCULO 28 Información sobre la estructura de capital de las entidades de pago.
Las entidades de pago deberán informar al Banco de España, tan pronto la conozcan, de cualquier adquisición de una participación significativa, indicando, en su caso, la identidad de su nuevo titular, con el objeto de que el Banco de España pueda valorar la vigencia de los requisitos exigibles para conservar la autorización.
El Banco de España podrá solicitar de los obligados a realizar la comunicación a que se refiere el artículo 6.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y de la propia entidad de pago, la remisión de cuanta información que pueda ser apropiada para evaluar la idoneidad de aquellos como tenedores de una participación significativa en la entidad de pago.
Cuando del análisis de la información a la que se refiere este apartado se ponga de manifiesto que los indicados socios carecen de la idoneidad exigible, o éstos no faciliten la información solicitada, el Banco de España informará a los interesados y a la entidad de pago, indicándoles, mediante el oportuno requerimiento, la necesidad de que procedan a reducir su participación a fin de evitar el inicio del correspondiente expediente de revocación de la autorización, así como las medidas que, entre tanto, deberían adoptar para evitar que la influencia ejercida por esas personas pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la entidad. Transcurrido el plazo que se establezca sin que los interesados hayan reducido su participación, el Banco de España podrá iniciar el correspondiente expediente de revocación de la autorización.
Con independencia de lo previsto en el apartado 1, las entidades de pago deberán remitir al Banco de España semestralmente, en la forma y condiciones que éste determine, información sobre las entidades financieras que posean, directa o indirectamente, participaciones en su capital, así como sobre cualquier persona que posea al menos un 2,5 por cien de su capital.
ARTÍCULO 29 Secreto profesional.
Todas las personas que desempeñen una actividad para el Banco de España y hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello dimane.
Se observará así mismo estricto secreto profesional en relación con el intercambio de información indicado en los artículos 16.1 y 16.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Los establecimientos de cambio de moneda que hubieren sido autorizados para la gestión de transferencias con el exterior con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, al amparo de lo previsto en el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberán convalidar su autorización o transformarse en entidad de pago en la forma prevista en los párrafos anteriores del citado apartado.
A efectos de la convalidación de la autorización prevista en el segundo párrafo del apartado 1 de la Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gestión de transferencias con el exterior tendrán que acreditar ante el Banco de España el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicha Ley y en el presente Real Decreto, a excepción de los previstos en los apartados a), c), d) y e) del artículo 2 de este real decreto.
El Banco de España podrá requerir de los establecimientos de cambio de moneda, a efectos de la convalidación de su autorización, la acreditación del cumplimiento de cualquier otro extremo del régimen jurídico de las entidades de pago.
RESOLUCIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1996, de la Secretaria de Estado de la Seguridad social, por la que se introducen determinadas modificaciones en el Plan de Contabilidad vigente para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad social, aprobado por real decreto 3261/1976, de 31 de Diciembre.
Orden AAA/160/2012, de 24 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
ORDEN FORAL 339/2000, de 16 de mayo, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba el proyecto y el expediente de contratación de los trabajos de 'Conservación Integral de la totalidad de las carreteras del Distrito de Irurtzun excepto las Autovías A-15, N-240-A y N-I y la carretera nacional N-I'.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 6
 artículo 42

ARTÍCULO 2
 artículo 6

Artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 6

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 artículo 1

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 artículo 5
 resolución 

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 artículo 3
 artículo 2

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 12
 artículo 3
 artículo 6

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
 artículo 1
 artículo 11

ARTÍCULO 15
 real decreto 
 artículo 12

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 42

ARTÍCULO 18
 artículo 1

ARTÍCULO 19
 artículo 2
 artículo 1

ARTÍCULO 20
 artículo 8
 artículo 18
 resolución 

ARTÍCULO 21
 artículo 18
 artículo 51

ARTÍCULO 22
 artículo 9
 artículo 9

ARTÍCULO 23
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 22
 artículo 14

ARTÍCULO 24
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7

ARTÍCULO 25
 artículo 36
 artículo 37

ARTÍCULO 26
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 51
 artículo 51

ARTÍCULO 28
 artículo 6

ARTÍCULO 29
 artículo 2

RESOLUCIÓN 
 real decreto