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Timestamp: 2020-01-19 14:17:05+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 158, de 23/05/2017
cve: BOCG-12-D-158
184/011642 Autor: Domènech Sampere, Francesc Xavier
Muestras públicas de apoyo a la dictadura franquista... (Página3)
184/011860 Autor: García Sempere, Eva
Valoración del impacto de la extracción de tierras raras en la comarca del Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real... (Página3)
Represión a la oposición cubana. Retirada... (Página5)
184/012108 Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Situación del personal de Tripulación de Cabina de Pasajeros... (Página5)
184/012109 Autor: García Puig, María del Mar Martín González, Lucía Fernández Castañón, Sofía
Valoración de la situación de desigualdad laboral que sufren las mujeres en la radiotelevisión pública española, así como medidas para revertir dicha situación... (Página7)
184/012257 Autor: Sánchez Melero, Tania
Solicitud de ayuda que la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y anterior Delegada del Gobierno en Madrid realizara al CNI por cuestiones relacionadas con el espionaje... (Página8)
179/000182 Autor: García Puig, María del Mar Martín González, Lucía Fernández Castañón, Sofía
Desigualdad laboral de las mujeres en la radiotelevisión pública española, así como medidas para revertir dicha situación... (Página9)
232/000058 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5972/2014, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los artículos 4, 5, 6, 7 y Anexo 1 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia... (Página10)
232/000059 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2002/2014, promovido por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto contra los artículos primero, apartados tres, cinco, siete, ocho, nueve, diez, trece, dieciséis, diecisiete, veintiuno, treinta, treinta y uno, treinta y seis y treinta y ocho; segundo, apartados dos y tres; disposiciones adicionales octava, novena, undécima y decimoquinta y transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local... (Página11)
232/000060 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1815/2013, promovido por el Gobierno Vasco, contra los artículos 22.Tres; 23.Uno.2; disposiciones adicionales duodécima; cuadragésima y septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012... (Página13)
232/000061 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2003/2014, promovido por el Parlamento de Andalucía, contra los artículos primero, tres, cinco, ocho, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veinticinco, treinta, treinta y uno, treinta y seis, treinta y ocho; segundo, dos y tres; disposición adicional decimoquinta y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local... (Página14)
233/000031 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 7601/2014, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación con los artículos 2.e), 7.1, 7.3, 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto-Ley 3/2013 por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución española... (Página15)
233/000032 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 232/2016, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación con los artículos 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico Álava y de los artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución... (Página16)
233/000033 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2887/2015, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, en relación con los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución española... (Página18)
184/011642
Autor: Domènech Sampere, Francesc Xavier (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre muestras públicas de apoyo a la dictadura franquista.
Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Xavier Domènech Sampere, diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantea al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta escrita;
Hace unos días murió José Utrera Molina, ministro y vicepresidente del régimen franquista, uno de los firmantes de la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el último preso ejecutado en España con garrote vil. En 2014, la justicia de Argentina cursó una orden de detención y extradición contra Utrera Molina por delitos de lesa humanidad.
El sábado 22 de abril el ex-ministro de Justicia del Gobierno español 2011-2014, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, asistió al entierro de José Utrera Molina, y mientras portaba el féretro del difunto algunos asistentes cantaron el himno falangista "Cara al sol" y vitorearon al dictador genocida Francisco Franco.
¿El Gobierno considera aceptable y correcto que en 2017, 39 años después de aprobarse la Constitución democrática, sigan existiendo muestras públicas de apoyo al régimen dictatorial de Francisco Franco?
¿Qué medidas tomará el ejecutivo para evitar que en espacios públicos se practiquen acciones de apología de la dictadura franquista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2017.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Diputado.
184/011860
Autor: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre valoración del impacto de la extracción de tierras raras en la comarca del Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real.
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha concedió permisos para la investigación de la presencia de tierras raras como la monacita en la comarca del Campo de Montiel, provincia de Ciudad Real. Este tipo de actividad supone un importante impacto sobre el aire, agua y suelos y puede afectar tanto al medioambiente como al desarrollo económico de la comarca, así como a la salud de la población y de los trabajadores de este tipo de explotaciones.
Las actividades de extracción de las tierras raras genera la acumulación de depósitos de residuos de los que se producirán emanaciones radiológicas. Igualmente, conllevará la contaminación de las aguas que, necesariamente por el método de explotación, tienen que entrar en contacto con estos materiales y que serán almacenadas en balsas. Estos almacenajes generarán un impacto radiológico para la población en general y para los trabajadores en particular, así como para todo el medio ambiente. En el caso que nos ocupa, el riesgo es evidente al encontrarse el embalse de La Cabezuela a 6,7 km de la planta de tratamiento y a 5,4 km de la explotación, alimentado por el Río Jabalón, cuya cuenca queda aún más cerca (a 3,7 km de la planta de tratamiento y a 3,4 km de la explotación).
Desde que se hizo público que la empresa Quantum Minería estaba realizando estudios sobre diferentes zonas del Campo de Montiel para llevar cabo un procedimiento de extracción de monacita, el pueblo dijo que no. La expresión más clara de esa respuesta es la aparición de organizaciones como la "Plataforma Sí a la Tierra Viva" o los "Frentes Antimina" que han liderado un movimiento de oposición al que se han ido sumando plataformas ecologistas, partidos políticos, entidades locales y expertos de todo tipo.
Esta es una comarca cuyo presente y futuro depende de la explotación agropecuaria, en concreto de productos agrícolas y ganaderos de alta calidad y alto valor añadido. A lo que habría que añadir que esta actividad económica se pretende enclavar en un entorno natural que es hábitat del lince ibérico y de aves rapaces y esteparias en peligro de extinción.
¿Ha valorado el Gobierno qué impacto ecológico va a tener este tipo de actividad que es pionera en España?
Teniendo en cuenta la actividad económica de la comarca, ¿ha valorado el Gobierno el impacto que puede tener sobre el desarrollo económico y el empleo actual y futuro debido al riesgo contaminante?
Considerando lo ocurrido con el conocido como "Proyecto Castor" y la indemnización a la empresa promotora que obtuvo permiso para una actividad que finalmente no se podrá explotar, ¿cómo valora el Gobierno que se concedan los permisos de explotación antes de que se reconozca el riesgo acreditado de esa actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.
184/011985
Autor: Maura Barandiarán, Fernando (GCs).
Retirada de su pregunta sobre represión a la oposición cubana.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 153, de 16 de mayo de 2017.
184/012108
Situación del personal de Tripulación de Cabina de Pasajeros.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las preguntas 2 a 4 por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente pregunta relativa a la situación del personal de Tripulación de Cabina de Pasajeros, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El personal que presta servicio como Tripulación de Cabina de Pasajeros (TCPs) en Air Europa ha venido denunciando desde hace tiempo su situación, primero por la contratación fraudulenta como personal temporal a tiempo completo, y posteriormente por la conversión de esos contratos a indefinidos a tiempo parcial en un proceso sin las mínimas garantías para los trabajadores.
La práctica de la empresa durante 15 años con los empleados de tripulación de cabina fue la de realizar contratos eventuales a tiempo completo por circunstancias de la producción. Esto consistía en la contratación del trabajador por 6 meses, seis meses fuera de la empresa, otros seis meses de contrato, 1 año fuera de la empresa y posteriormente nueva contratación por 6 meses.
Este tipo de contratación supone un claro fraude de ley, ya que se usa personal temporal para cubrir unos trabajos que cubre necesidades permanentes de la empresa, tal y como recoge el requerimiento de la Inspección de Trabajo realizada en la empresa en febrero de 2015. Dicho requerimiento también plantea el gasto que supone al sistema de la Seguridad Social dichas prácticas, ya que dicha rotación laboral que realiza la empresa se facilita por el cobro de prestaciones por desempleo.
La solución a dicha situación que planteó la empresa fue la conversión de dichos contratos temporales en indefinidos a tiempo parcial. Esto se llevó a cabo en un proceso bastante irregular con la empresa PriceWaterHouseCoopers, en el cual se envía un correo a los 1.546 trabajadores eventuales instándoles a firmar el nuevo contrato a tiempo parcial indefinido en unos días, sin facilitarles dicho contrato y sin dejar que los que firmaran hicieran ninguna anotación ni observación en dicho contrato.
Los nuevos contratos han supuesto una vuelta de tuerca en la precarización de las condiciones laborales de los tripulante de cabina; en primer lugar se pierde cualquier antigüedad y derecho anterior reconocido; también supone el despido de al menos 400 trabajadores que no aceptaron la conversión, algo totalmente ilegal, ya que el Estatuto de los Trabajadores recoge que la conversión de un contrato de jornada completa a uno de jornada parcial debe ser de manera voluntaria y no puede constituir motivo de despido.
Además de estas circunstancias, la empresa, a través de sociedades en el extranjero, realiza la contratación de personal extracomunitario, en una práctica irregular tal y como recoge la Inspección de Trabajo de Baleares. Dichos trabajadores no disponían en su mayoría ni de permiso de trabajo ni de residencia, ni alta en la Seguridad Social. Después de beneficiarse un tiempo la empresa de los mismos, con iguales tareas, pero inferiores salarios al personal español, dichos trabajadores son despedidos antes del tratamiento del tema por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Otro problema planteado es el descuento en las nóminas de hasta 200 euros por concepto de cursos a los trabajadores, cuando dichos cursos son obligatorios para el personal y están subvencionados por la Fundación Tripartita.
La nueva situación no ha hecho más que aumentar la precariedad de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, la pérdida de antigüedad supone menores salarios, lo que supone también una merma recaudatoria para la Seguridad Social, y es una de las causas de las 700 denuncias individuales de los TCPs a la empresa.
Otra problemática generada por esta nueva contratación es la situación de las trabajadoras tripulantes de cabina embarazadas. Según informa una trabajadora, la notificación a la empresa del embarazo supone que se pasa a estar inactiva, ya que no es adecuado volar en esta situación, sin que la empresa ofrezca una actividad alternativa en tierra, lo que lleva al trámite de una prestación con una base de cotización mucho menor que cuando tenían jornada completa, lo que supone una penalización al hecho de que una empleada se pueda quedar embarazada y una posible discriminación por razón de sexo.
1. Durante el tiempo que la compañía Air Europa había venido usando la contratación eventual como forma de evitar hacer indefinidos a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que realizaban una labor permanente, ¿cuáles fueron las acciones del Gobierno, desde las distintas instancias, para abordar la situación?, ¿existe un cálculo del coste que estas prácticas han tenido para la Seguridad Social por el gasto en prestaciones por desempleo, bonificaciones a la contratación, etc.?
5. ¿Considera el Gobierno que la empresa Air Europa, con este modelo de contratación, podría estar incurriendo en una discriminación por razón de sexo, directa o indirecta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.
184/012109
Autor: García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM). Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM). Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM).
Valoración de la situación de desigualdad laboral que sufren las mujeres en la radiotelevisión pública española, así como medidas para revertir dicha situación.
1. En cuanto al segundo, tercer y cuarto interrogantes, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo núm. expte. 179/000182).
3. Comunicar este acuerdo a las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, las diputadas adscritas al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En los últimos días hemos conocido cifras preocupantes en referencia a la situación de las mujeres en RTVE. A pesar de las leyes estatales y de los propios planes de Igualdad de la radiotelevisión pública, la situación de desigualdad de las mujeres es hoy peor que en 2011.
Así, por ejemplo, en 2016 había un 35% menos de mujeres directivas que en 2011, teniendo en cuenta tanto directoras como subdirectoras. Más alarmante es ver cómo en algunas plataformas no existe ninguna mujer directiva, como es el caso de Radio Nacional de España. Se demuestra así que los recortes del año 2012, que redujeron el número de directivos, tuvieron una afectación mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres.
Algunos sindicatos, además, han denunciado que, aunque no se proporcionan datos separados de direcciones y subdirecciones, la mayor parte de las 47 directivas actuales de RTVE -frente a 122 hombres- ocupan puestos de subdirección. Una desigualdad más para las mujeres a la que debemos sumar datos también preocupantes en materia de pluses, formación o toma de decisiones. Ninguna mujer en la cúpula de RTVE (el comité de dirección, formado por 7 hombres) es, por ejemplo, una situación que no puede permitirse la radiotelevisión pública, que debería ser un ejemplo en igualdad.
En la sesión de control del pasado 6 de abril en el Senado, en el marco de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, el actual presidente José Antonio Sánchez se mostró "razonablemente satisfecho" con las cifras del plan de Igualdad. ¿Comparte el Gobierno esta opinión?
¿Cree el Gobierno que se destinan los recursos suficientes a medidas de Igualdad para la Mujer en los organismos y empresas públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2017.-María del Mar García Puig, Lucía Martín González y Sofía Fernández Castañón, Diputadas.
184/012257
Autor: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM).
Solicitud de ayuda que la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y anterior Delegada del Gobierno en Madrid realizara al CNI por cuestiones relacionadas con el espionaje.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto los puntos quinto, sexto y octavo, en la medida en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta las siguientes preguntas relativas a la solicitud de ayuda que la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y anterior Delegada del Gobierno en Madrid realizara al CNI por cuestiones relacionadas con el espionaje, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En el día de hoy se ha publicado en un medio de comunicación que la que fuera Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recibió un aviso de que estaba siendo investigada o espiada por el entonces Presidente de la Comunidad de Madrid, y hoy sospechoso encarcelado por delitos de corrupción, Ignacio González, y de que ante dicho aviso se pidió colaboración al Centro Nacional de Inteligencia,
Para todo ello se plantean las siguientes preguntas:
- ¿Existe, en la Delegación de Gobierno en Madrid, registro alguno con respecto a la participación del CNI en tareas de asesoramiento de seguridad a la que fuera delegada del gobierno Cristina Cifuentes?
- ¿Es habitual que la Delegación de Gobierno de Madrid recurra al CNI para cuestiones de seguridad de sus altos cargos, en lugar de recurrir a los cuerpos de seguridad del Estado dependientes de la misma?
- ¿Existe en la Delegación de Gobierno en Madrid registro alguno respecto a la actuación de agentes del CNI o de la Policía Nacional para la inspección o "barrido" de las dependencias de la Delegación de
Gobierno en Madrid para la búsqueda de micrófonos o cámaras ocultas por sospechas de la entonces delegada, Cristina Cifuentes, de que estaba siendo espiada?
- ¿Se produjo denuncia policial o acción judicial alguna por parte de la Delegación de Gobierno ante las sospechas de la entonces delegada Cristina Cifuentes de estar siendo espiada por un compañero de su propio partido?
- ¿Es habitual que ante sospechas de problemas de seguridad de los altos cargos de la Delegación del Gobierno se solicite ayuda al CNI?
- ¿En qué consiste el procedimiento discreto para la solicitud a la Policía Nacional de barridos con el fin de localizar la instalación de micrófonos o cámaras de vigilancia?
- ¿Existe registro de la realización, por parte de la Policía Nacional, de barridos en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas de 2015 para la localización de micrófonos o cámaras de vigilancia?
- En la relación que, supuestamente, estableció la Presidenta electa tras los comicios de 2015 con la Policía Nacional por cuestiones de seguridad en la sede de la Presidencia del Gobierno Regional de Madrid, ¿participó de alguna manera el Director General de Seguridad de la Presidenta, José Enrique Núñez Guijarro?
- ¿Se encontraron, por parte de la Policía Nacional, micrófonos o cámaras de vigilancia irregularmente instaladas en las sedes de la Delegación de Gobierno en Madrid y/o en la sede de la Presidencia Regional de Madrid?
- ¿Es habitual que se produzca la actuación de la Policía Nacional para la búsqueda de micrófonos o cámaras de vigilancia en sedes de instituciones públicas por petición de miembros electos o designados del Gobierno del Estado o del Gobierno Regional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2017.-Tania Sánchez Melero, Diputada.
179/000182
(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.
Desigualdad laboral de las mujeres en la radiotelevisión pública española, así como medidas para revertir dicha situación.
En cuanto a la información solicitada en los interrogantes segundo, tercero y cuarto del presente escrito, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación de desigualdad laboral que sufren las mujeres en la radiotelevisión pública española?
¿Qué medidas va a tomar RTVE para revertir esta situación y conseguir una igualdad real y efectiva de las mujeres, también en los mandos directivos?
¿Con qué motivos se justifica que los recortes producidos en 2012 afectaran en 8 puntos más a las mujeres que a los hombres?
232/000058
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5972/2014, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los artículos 4, 5, 6, 7 y Anexo 1 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como votos particulares formulados a la misma.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5972-2014, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y, en su representación y defensa por el Letrada de dicha Junta, en relación con los artículos 4; 5; 6; 7 y Anexo I del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 27 de abril de 2017.
232/000059
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2002/2014, promovido por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto contra los artículos primero, apartados tres, cinco, siete, ocho, nueve, diez, trece, dieciséis, diecisiete, veintiuno, treinta, treinta y uno, treinta y seis y treinta y ocho; segundo, apartados dos y tres; disposiciones adicionales octava, novena, undécima y decimoquinta y transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2002-2014, interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto, contra los artículos 1, apartados 3, 5, 7 8, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 30, 31, 36 y 38; 2, apartados 2 y 3; las disposiciones adicionales 8.ª, 9.ª, 11.ª y 15.ª; y las disposiciones transitorias 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 11.ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de los siguientes preceptos: el artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 LRSAL, en los incisos: "al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" y "Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera."; el artículo 57 bis LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.17 LRSAL; la disposición adicional 16.ª LBRL, introducida por el artículo 1.38 LRSAL; la disposición adicional 11.ª, párrafo 3.° LRSAL; las disposiciones transitorias 1.ª, 2.ª y 3.ª LRSAL; y los incisos "Decreto del órgano de gobierno de" y "el Órgano de
Gobierno de", incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias 4.ª.3 y 11.ª, párrafo tercero, LRSAL.
2.º Declarar que el artículo 36.2.a), segundo párrafo, LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.13 LRSAL, y la disposición adicional 15.ª LRSAL, no son inconstitucionales interpretados en los términos del fundamento jurídico 2, que respectivamente se remite a las SSTC 111/2016, FJ 12.c) y 41/2016, FJ 13.e).
232/000060
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1815/2013, promovido por el Gobierno Vasco, contra los artículos 22.Tres; 23.Uno.2; disposiciones adicionales duodécima; cuadragésima y septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, así como voto particular formulado a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1815-2013, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra los artículos. 22.Tres, 23.Uno.2, disposición adicional duodécima, disposición adicional cuadragésima y disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
232/000061
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2003/2014, promovido por el Parlamento de Andalucía, contra los artículos primero, tres, cinco, ocho, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veinticinco, treinta, treinta y uno, treinta y seis, treinta y ocho; segundo, dos y tres; disposición adicional decimoquinta y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2003-2014 interpuesto por el Letrado del Parlamento de Andalucía, en representación de éste, contra los apartados 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 25, 30, 31, 36, 38 del
artículo 1, los apartados 2 y 3 del artículo 2, así como disposiciones adicional 15.ª y transitorias 1.ª a 4.ª y 11.ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por vulneración de las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma, de la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículos 137, 140 y 141.1 CE) y de otros preceptos constitucionales y estatuarios. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 LRSAL, en los incisos "al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" y "Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera."; del artículo 57 bis LBRL, introducido por el artículo 1.17 LRSAL; de las disposiciones adicional 16.ª y transitorias 1.ª, 2.ª y 3.ª; y de los incisos "Decreto del órgano de gobierno de" y "el Órgano de Gobierno de", incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias 4.ª.3 y 11.ª, párrafo tercero, todas de la LRSAL.
2.º Declarar que la disposición adicional 15.ª LRSAL no es inconstitucional interpretada en los términos del fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, que se remite a la STC 41/2016, FJ 13 c).
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 7601/2014, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación con los artículos 2.e), 7.1, 7.3, 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto-Ley 3/2013 por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución española.
En la cuestión de constitucionalidad núm. 7601-2014 planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a los artículos 2.e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y la Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
Estimar parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7601-2014, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los artículos 2.e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y, en consecuencia:
1.º Declarar la pérdida sobrevenida del objeto de la presente cuestión, en lo que se refiere a los artículos 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, ambos en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
2.º Declarar, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 3 b) de esta Sentencia, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: ... Apelación: 800 ?" del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
3.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 232/2016, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación con los artículos 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico Álava y de los artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
En las cuestiones de inconstitucionalidad y prejudicial núm. 232-2016, promovidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con los artículos 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Han comparecido y formulado alegaciones la Abogada del Estado, en representación del Gobierno de la Nación; la Procuradora de los Tribunales doña Ana Belén del Olmo López, en representación de la Diputación Foral de Álava; y la Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los artículos 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2.º Declarar la extinción de la cuestión prejudicial de validez con relación a los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Álava, por desaparición sobrevenida de su objeto.
Madrid, a 27 de abril de 2017.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2887/2015, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, en relación con los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2887-2015, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en relación con los artículos 2.e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012 en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 14 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Declarar la pérdida sobrevenida de objeto de la presente cuestión, en lo que se refiere a los artículos 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012 en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos 24.1 CE de la Ley 10/2012.
2.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Dada en Madrid, a 8 de mayo de 2017.

References: artículo 185
 artículo 185
 artículo 190
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 190
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 1

artículo 1
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 7
 Real Decreto 
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