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Timestamp: 2018-11-18 08:48:58+00:00

Document:
﻿ AUTO 4695 DE DICIEMBRE 19 DE 1990
AUTO 4695 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:PERJUICIOS DERIVADOS DEL HECHO PUNIBLE, NO PUEDE HABER CONDENA EN ABSTRACTO
TEMAS ESPECÍFICOS:CONDENA, CONDUCTA PUNIBLE, EJECUCIÓN POR PERJUICIOS, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE
PONENTE:DUQUE RUIZ, GUILLERMO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:232 DE ABRIL DE 1991, PÁG.296
Auto 4695 de diciembre 19 de 1990
•PERJUICIOS DERIVADOS DEL HECHO PUNIBLE
NO PUEDE HABER CONDENA EN ABSTRACTO
EXTRACTOS: «2. Tiene razón el Magistrado que salvó el voto sobre la consideración de que ya no es procedente que la condena al pago de los perjuicios derivados del hecho punible se haga en abstracto, como ocurrió en este caso y se viene haciendo de verdad asiduamente por juzgados y Tribunales.
Al respecto conviene precisar:
El Código Penal dispone:
“Artículo 106. Indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente. Si el daño moral ocasionado por el hecho punible no fuere susceptible de valoración pecuniaria, podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido o perjudicado hasta el equivalente, en moneda nacional, de un mil gramos oro.
Esa tasación se hará teniendo en cuenta las modalidades de la infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencia del agravio sufrido.
Artículo 107. Indemnización por daño material no valorable pecuniariamente. Si el daño material derivado del hecho punible no pudiere avaluarse pecuniariamente, debido a que no existe dentro del proceso base suficiente para fijarlo por medio de perito, el Juez podrá señalar prudencialmente, como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta de cuatro mil gramos oro.
Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza del hecho, la ocupación habitual del ofendido, la supresión o merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón del hecho punible”.
Los vocablos de esos artículos que se han subrayado significan, en principio, que sólo cuando de acuerdo con la realidad procesal la indemnización no pueda ser concretada mediante peritaje, el juez podrá fijarla por sí propio bajo los parámetros que dichas normas le marcan.
Mas si como acontece con frecuencia, del proceso emergen las bases suficientes para cuantificar la indemnización por medio de perito, pero la experticia no se lleva a cabo por negligencia del juez, del Ministerio Público y/o de la parte civil, ¿es dable acudir a dichos artículos 106 y 107, cuyo carácter, ha dicho la jurisprudencia, es subsidiario? Algunos son del criterio que no, y de ahí que, como en el caso de autos, se decidan por la condena en abstracto. Empero, la Sala, dentro de una hermenéutica correcta es del sentir que en ningún caso procede tal condena in genere.
En efecto. El artículo 50 del Código de Procedimiento Penal señala en su inciso 2º que “en los casos de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijara en la forma prevista en los artículos 106 y 107 del Código Penal”. Y el artículo 187 ibídem, dispone:
“Condena en concreto. En toda sentencia condenatoria el juez deberá señalar el monto de los perjuicios ocasionados por el hecho punible”.
Es decir que con el Código de Procedimiento Penal nuevo (Decreto 050 de 1987) quiso el legislador erradicar, en guarda de los principios de celeridad y de economía procesal, la condena en abstracto, y en armonía con este objetivo suprimió el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal anterior (Decreto 409/71), que decía:
“Liquidación de perjuicios. La condena al pago de daños y perjuicios se hará en forma genérica, cuando establecido el quebranto, no aparezca demostrada su cuantía. En tal caso, se señalarán las bases de la liquidación, si ello fuere posible.
La liquidación de perjuicios se adelantará ante el mismo juez que dictó la sentencia de primera instancia y se tramitará en la forma prevista en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil”.
También en aras de los principios procesales precitados, los artículos 307 y 308 del susodicho Código, que consagraban la condena en abstracto, fueron derogados por los artículos 137 y 138 del Decreto 2282 de 7 de octubre de 1989 (reformatorio del Código de Procedimiento Civil), que disponen expresamente la obligación de condenar en concreto; e incluso el inciso 3º del mencionado artículo 137 establece que la no observancia de las reglas tendientes a concretar los perjuicios, “constituye falta sancionable conforme al régimen disciplinario”.
En el expresado orden de ideas, siempre que el hecho punible origine perjuicios, en la respectiva sentencia debe el juzgador condenar en concreto a la cancelación de los mismos.
Y es que según el Código de Procedimiento Penal, uno de los objetos primordiales de la investigación es establecer “los daños y perjuicios de orden moral y material que causó el hecho punible” (art. 360-6), y cuando la investigación exija “avalúos, el juez decretará la prueba pericial” (art. 266). También dentro de las funciones del Ministerio Público como representante de la sociedad, se señala la de procurar “la indemnización de los perjuicios causados por la infracción” (art. 122-1).
3. Aquí la fiscal casacionista enfrentó una condena en abstracto, y el único cargo que formula en su demanda se basa en que, a su juicio, en el presente caso no se causó perjuicio alguno, razón por la cual el Tribunal “ha debido guardar silencio” respecto al pago de la indemnización.
Empero, el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal dice:
“Cuantía para recurrir. Cuando el recurso de casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil”.
Las causales son las establecidas en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el 182 del referido Decreto 2282), y la cuantía, teniendo en cuenta la fecha del fallo recurrido, es de diez millones de pesos ($10.000.000), según los artículos 1º y 2º del Decreto 522 de 1988.
Si no existe cuantía —como en el caso presente—, o si ésta es inferior a la supradicha, ninguna de las partes puede interponer recurso de casación, si el objeto de la impugnación extraordinaria se limita con exclusividad a discutir el tema de los perjuicios decretados en sentencia condenatoria.
La señora Fiscal que aquí impugna, insiste en que ella no discute el monto de la indemnización, sino solamente que la condena no es procedente ante la ausencia de daño derivado del delito. Sin embargo, reitérase que tanto el Fiscal recurrente como las demás partes se encuentran en idénticas condiciones de cara a su legitimidad para recurrir en casación. Dijo al respecto esta Sala en auto de 26 de septiembre(*), referido inicial mente, frente a la casación interpuesta por la misma actora en otro proceso:
“Y si corresponde al Ministerio Público buscar que se aplique la ley en el curso del proceso penal, debe sujetarse a las normas que lo rigen, incluso en los recursos extraordinarios. Por ello, como defensor de la ley, tiene la facultad de recurrir los fallos de segundo grado proferidos por los tribunales superiores, cuando el delito por el cual se ha juzgado a una persona, tiene señalada pena privativa de la libertad de cinco (5) años o más. Corresponde entonces al Fiscal respectivo interponer el recurso extraordinario de casación, y una vez admitido por la Corte, dentro del término legal presentar la demanda”.
(*) Providencia publicada en este mismo tomo, página 22. (N. del D.).
“Si el recurso extraordinario de casación versa exclusivamente sobre indemnización de perjuicios, el recurrente debe presentar su demanda con arreglo a las causales previstas en el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el interés para recurrir (económico) sea el previsto o determinado por la ley para su procedibilidad. No puede la Corte aceptar causal distinta a las señaladas en el Código de Procedimiento Civil, ni admitir recurso que por la cuantía resulta improcedente, así se trate del Ministerio Público”.
Conclúyese, pues, que el recurso no era admisible en este caso por no cumplirse con el examinado requisito de la cuantía. Ahora bien: es cierto que no hay norma que exija “anunciar” el tema o temas del recurso de casación al momento de interponer el mismo. Mas como en tratándose exclusivamente del aspecto de los perjuicios, es requisito indispensable para su admisibilidad o inadmisibilidad cotejar su monto, la Corte, en su citado proveído, señaló que el impugnante, al interponer la casación, si ésta va a versar únicamente sobre el tema de perjuicios debe expresarlo así ante el Tribunal, con el fin de que éste disponga del elemento de juicio respectivo para decidir si concede o no el recurso. Dijo la Sala en dicha ocasión:
“Cuando el recurrente es el Ministerio Público (o en su caso el procesado o la parte civil) y el fallo es condenatorio, en su escrito de interposición debe consignar inequívocamente que su discrepancia con él es por motivos de la indemnización de perjuicios, para que el Tribunal con conocimiento pleno pueda tomar determinaciones sobre la cuantía. Porque si el motivo es diverso, no es necesario mencionarlo, pero tampoco podrá ante la Corte presentar acusación alguna por la vía de las causales de casación civil, es decir, por indemnización de perjuicios, so pena de ser rechazada in limine su demanda” (M.P. Gómez Velásquez).
Se anulará, pues, lo actuado en la Corte, a partir inclusive del auto de 30 de enero del año en curso, mediante el cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente, y se declarará que tal impugnación no es admisible».
(Auto de diciembre 19 de 1990. Radicación 4695. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

References: Artículo 107
 artículo 50
 artículo 187
 artículo 26
 artículo 308
 artículo 137
 artículo 220
 artículo 366