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Timestamp: 2019-09-17 00:16:00+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 329/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 329/11
EXPEDIENTE: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO RODRIGO YODICE EN LA CAUSA: JUAN CARLOS CALVO Y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACION”.
En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días, del mes de Junio del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA PUCHETA DE CORREA y CRESCENCIO BERNARDO PAEZ, quien integra la Sala Penal, en reemplazo del Ministro renunciante JOSE ALTAMIRANO, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO RODRIGO YODICE EN LA CAUSA: JUAN CARLOS CALVO Y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACION”, a fin de resolver el recurso extraordinario de Casación interpuesto por el Abogado Querellante RODRIGO YODICE en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital.-
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes -
¿Es admisible para su estudio el recurso de casación interpuesto?.-
En su caso ¿resulta procedente?.-
A los efectos del análisis correspondiente de las cuestiones a ser estudiadas y con el objeto de establecer un orden en la emisión de los votos, se procede al sorteo, arrojando el siguiente resultado: Doctores BLANCO, PUCHETA DE CORREA y PAEZ.-
A la primera cuestión planteada el Ministro BLANCO, dijo: El recurso extraordinario de casación fue interpuesto por el representante de la querella Abog. RODRIGO YODICE, que se alza contra el Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital, por el que se confirma la absolución de reproche y pena a los procesados JUAN CARLOS CALVO YELSI yHERMES RAFAEL SAGUIER.-
La resolución, Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, resuelve en cuanto a JUAN CARLOS CALVO YELSI y HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA: “1) DECLARAR la competencia de este Tribunal de Apelaciones para resolver el recurso de apelación especial interpuesto; 2) DECLARAR admisibles los recursos de apelación especial, interpuestos por los Abogados ENRIQUE CANTERO, en representación de JUAN CARLOS CALVO, HERMES RAFAEL SAGUIER, ejerciendo su propia defensa, RODRIGO YODICE, querellantes, en representación de ABDERRADA YAMBAY y ALVARO ARIAS, también por la defensa de JUAN CARLOS CALVO todos en contra de la Sentencia Definitiva Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007; 3) CONFIRMAR la Sentencia Definitiva Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007, dictada por el Tribunal Unipersonal de Sentencia Nº 7, presidido por el Juez Penal DIONISIO NICOLAS FRUTOS, de conformidad y con los alcances del exordio de la presente resolución…”.-
Por su parte la S.D. Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007, dispuso entre otras cosas: “…3) ABSOLVER DE CULPA Y REPROCHE a JUAN CARLOS CALVO YELSI…; 4) ABSOLVER DE CULPA Y REPROCHE a HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA…”.-
En primer término corresponde pronunciarse acerca de la admisibilidad de las impugnaciones interpuestas. En ese sentido, el artículo 477 del Código Procesal Penal, dispone en relación al objeto del recurso: “Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.-
Los recaudos formales para la admisibilidad del recurso de casación se encuentran claramente establecidos e individualizados por la ley, la jurisprudencia y la doctrina, y son: a) la presentación por escrito del recurso; b) la firma del abogado y del recurrente cuando aquel actúa como patrocinante; c) la presentación del recurso en tiempo propio (10 días), ante la Secretaría de la Sala Penal; d) con copias de la resolución impugnada y de la cédula de notificación pertinente; e) la mención de uno o más de los tres exclusivos y únicos motivos previstos en el Art. 478 del Código Procesal Penal con sus fundamentos y la solución que se pretende; f) que la sentencia o auto impugnado sea uno de los objetos de casación, de acuerdo al citado Art. 477; y g) que exista interés para interponer el recurso.-
En efecto, de acuerdo a las constancias de autos, la resolución recurrida es un Acuerdo y Sentencia (Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008), que pone fin al procedimiento, situación ésta que evidencia el carácter de definitiva y extintiva del procedimiento, por lo que la resolución impugnada se torna pasible de ser revisada por la vía de la casación impetrada.-
Conforme a lo dispuesto por el Art. 480 del C.P.P. en concordancia con el Art. 468 del mismo cuerpo legal, la impugnación debe interponerse en un plazo de diez días de notificada la resolución, lo que en este caso se verifica, conforme a la nota de notificación personal de los recurrentes de fecha 29 de mayo de 2008 (fs. 140 de los autos: Recursos de Apelación Especial en los autos: JUAN CARLOS CALVO y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACIÓN) recepcionado por el representante de la querella y al escrito de interposición del recurso, de fecha 13 de junio de 2008 (fs. 41/65 del expediente: Recurso de Casación interpuesto por el Abog. RODRIGO YODICE en la causa: JUAN CARLOS CALVO y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACION).-
Finalmente, el querellante invocó como sustento legal de su pretensión el Art. 478 inciso del C.P.P., por lo que en la constatación de tales supuestos versará el estudio del fondo de la cuestión. Con lo cual se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación, correspondiendo en consecuencia, declararlos en tal sentido. Es mi VOTO.-
A su turno, los Ministros PUCHETA DE CORREA y PAEZ manifestaron su conformidad respecto a la admisibilidad del recurso interpuesto.-
A la segunda cuestión planteada, el Ministro SINDULFO BLANCO, prosiguió diciendo: A los efectos de plasmar de manera ordenada el análisis acerca del objeto debatido, se exponen primeramente los hechos acusados por la querella autónoma, los antecedentes fácticos constatados y valorados por el Tribunal de Sentencia, con la correspondiente decisión emanada del Tribunal de Apelación. Luego se explicitan de manera concreta los argumentos y las pretensiones de cada parte y finalmente el análisis acerca de la procedencia del recurso.-
ANTECEDENTES: 1) Hechos acusados por la querella: Conforme la descripción realizada por el Tribunal de Sentencia, la querella sostuvo en sus alegatos finales que los señores JUAN CARLOS CALVO YELSI y HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA acudieron a dos programas de televisión: “Protagonistas” transmitido por el Canal 13 de la Red Privada de Comunicación en fecha 24 de julio de 2005 dirigido por Carlos Granada y “La lupa” transmitido por Telefuturo en fecha 25 de julio de 2005, dirigido por el periodista Carlos Baéz, respectivamente, y en los mismos afirmaron que el único sospechoso del atentado contra la vida de JUAN CARLOS CALVO YELSI es el señor ABDERRADA YAMBAY, de cuyas afirmaciones se hizo eco el diario ABC Color de fecha 25 de julio de 2005, lo cual produce un descrédito de la víctima ante la sociedad, con agravios considerables a su persona y la de su familia (fs. 468). Por lo cual solicitó la declaración de reprochabilidad de los procesados y la imposición de una sanción conforme a lo previsto por el Art. 151 del C.P.-
2) Razonamiento del Tribunal de Sentencia: Tomando en consideración que son dos los procesados en la presente causa, corresponde desdoblar la descripción de la decisión de instancia, atendiendo a los particulares motivos para la absolución de reproche y pena de casa uno de ellos.-
JUAN CARLOS CALVO YELSI: El Tribunal de Sentencias entendió que no se configuraron los elementos típicos del hecho punible de difamación acusado por la querella, en razón a que el procesado no hizo alusión directa al querellante autónomo -ABDERRADA YAMBAY- sino que más bien sus dichos tuvieron relación con la afirmación de la existencia de litigios judiciales pendientes entre las partes, y en ningún momento lo señaló como responsable del supuesto hecho punible de tentativa de homicidio doloso del que fuera víctima el procesado JUAN CARLOS CALVO YELSI. Igualmente entendió, que si el procesado JUAN CARLOS CALVO YELSI en su ámbito privado afirmó o comentó situaciones o sospechas al Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, lo hizo en carácter de secreto profesional, puesto que el hecho de que haya pasado datos a su Abogado no implica agraviar a ninguna persona. Aclara además que JUAN CARLOS CALVO YELSI acudió a un programa de televisión, acompañado de su abogado HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, como víctima de un hecho punible tentado contra la vida, a tratar temas que realmente ocurrieron y que no fueron inventados (fs. 468 vlto.). Por lo cual concluye que los hechos acusados a JUAN CARLOS CALVO YELSI deben ser considerados atípicos.-
HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA: En relación al mismo se determinó que el hecho de que haya afirmado que existe una sospecha en relación al querellante ello no implica difamación, puesto que su representado en aquella época –co procesado en la presente causa-, había sido víctima de un hecho punible de tentativa de homicidio y es en el contexto de las investigaciones de dichos hechos que se realizaron las alusiones de duda en relación al querellante. En ese sentido, sostiene el juzgador de instancia que el término “sospechoso” no tiene la entidad de agraviar a persona alguna, puesto que no implica definitividad sino especulación y si se admitiera la posibilidad de procesar a las personas por afirmar que existen sospechas sobre una o varias personas, entonces debieran ser encausados y eventualmente condenados los representantes de la función pública que realicen investigaciones en tanto señalen que existen sospechas sobre tal o cual persona. Afirma además que no existe animus injuriandi, puesto que el profesional no lo hizo con el ánimo de injuriar sino en el marco de un proceso penal que ya estaba abierto con independencia de que en ese momento existiera o no imputación o querella (fs. 469 vlto.), consecuentemente dispone la absolución de reproche y pena del mismo.-
3) Resolución del Tribunal de Apelación: El Tribunal A-quem determinó que el órgano de instancia actuó conforme a lo establecido por la ley procesal penal, puesto que resolvió dentro de los parámetros de lo dispuesto por los artículos 175 y 397 del C.P.P. Sostiene además, que no le es permitido inmiscuirse en el estudio de cuestiones de hechos o sus probanzas por lo cual el pronunciamiento se limita al estudio de la corrección jurídico-legal del fallo y en relación a ello es que resuelve.-
Argumentos de las partes intervinientes: 1) CASACIONISTAS: Querellante Adhesivo: Cuestiona la existencia de vicios in procedendo, ello tanto en lo atinente a la conformación del Tribunal de Alzada a los efectos del entendimiento de la apelación especial interpuesta como a la estructura material de la resolución emanada del Tribunal A-quem y la falta de motivación del mismo.-
En lo que hace al primer agravio –conformación del Tribunal de Alzada-, señala que al no haberse practicado la notificación por cédula de la integración de los miembros del Tribunal de Apelación –ante una serie de inhibiciones de sus miembros-, con lo cual se afectaron las reglas dispuestas en los artículos 151, 152 y 155 del C.P.P. Afirma además que la notificación vía fax nunca fue consentida por su parte, además expresamente hizo saber al Tribunal que el único medio por el cual se lo tendría por notificado era a través de la notificación por cédula, lo que fue incumplido, integrándose finalmente el órgano jurisdiccional de alzada que posteriormente resolvió la cuestión.-
Como consecuencia de dicha integración irregular, el recurrente entiende que la sentencia dictada por el Tribunal A-quem adolece de un vicio estructural en cuanto a la competencia del órgano que dictó la resolución. Propone como solución la acogida favorable del recurso y en reenvío de la causa a otro Tribunal a los efectos del estudio del recurso de apelación especial interpuesto.-
En cuanto al segundo argumento motivador del recurso –falta de motivación de la sentencia-, afirma que el fallo (objeto del recurso) está afectado de un grave vicio, en cuanto no resuelve sobre todas las cuestiones sometidas a su consideración ya que se limitó a meras declaraciones formales, sin determinar por qué entendía que los argumentos esgrimidos por el Juez A-quo merecían la confirmación y no la nulidad o revocación. Se cuestionó el método utilizado por el Tribunal de mérito al adoptar la decisión absolutoria, ya que de acuerdo con el casacionista, no se observó la regla de la sana crítica, ni los principios de la lógica, lo que debió ser controlado por el A-quem, haciéndose constar de manera fehaciente e inequívoca los motivos por los que -basado en las constancias de autos –se entiende que la sentencia de instancia es correcta en su doble faz: jurídica y lógica.-
Advierte que con dicho actuar el Tribunal A-quem atentó directamente contra el reconocido derecho a una tutela judicial efectiva, puesto que al no contar con una debida fundamentación la sentencia reviste un carácter de arbitraria y por lo tanto pasible de nulidad.-
Concluye solicitando la declaración de nulidad del fallo cuestionado y el reenvío de la causa a otro Tribunal de Apelación a los fines del entendimiento de la presente causa.-
2) DEFENSAS: a) HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA: En cuanto al agravio atinente a la conformación irregular del Tribunal de Segunda Instancia, entiende que el recurrente no alegó indefensión como consecuencia de las notificaciones –que a criterio del impugnante eran irregulares-, no se ha mencionado un daño específico a la realización de los actos procesales que le son reconocidos. Igualmente, si la notificación, cuyo objetivo es la de comunicar actuaciones a las partes, ha cumplido su cometido no existe causal para la declaración de nulidad de las mismas. Sostiene además que si hubiera existido agravio por la notificación vía fax, debió plantear el incidente de nulidad en su debido momento, lo cual efectivamente no ocurrió, solicita por tanto sea desechado el recurso bajo dicha causal.-
En cuanto a la aludida falta de motivación del fallo afirma que tanto la resolución dictada por el Juez A-quo como la adoptada en segunda instancia no fueron decididos en forma dogmática ni sobre convencimientos meramente subjetivos, sino que son consecuencia de razonamientos basados en los elementos de hecho y de derecho presentes en el caso y congruentes con los planteos de las partes.-
Tampoco se ha incurrido en revalorización de elementos fácticos, juzgados ante el Tribunal de mérito, lo cual –de acuerdo a su percepción- es la intención del querellante, por lo que al no estar reunidos los presupuestos que hacen a la procedencia del recurso, solicita su rechazo.-
b) JUAN CARLOS CALVO YELSI: El Abog. ALVARO ARIAS AYALA en representación del citado procesado, al contestar la impugnación interpuesta por la querella afirma en cuanto a la supuesta integración irregular del fallo, que se confunde la efectividad de la notificación vía fax (que surte efectos desde la aceptación por el destinatario) con la propuesta de forma de notificación que en alguna ocasión el recurrente mencionara en sus escritos. Al igual que la otra defensa, afirma que el recurrente tuvo la oportunidad de cuestionar dicha notificación al haber recepcionado una de ellas, sin embargo al no haber hecho quedó consentida la vía, con lo cual, de acuerdo a sus manifestaciones, el agravio formulado carece de virtualidad jurídica como para efectuar la nulidad del fallo atacado.-
En lo que hace a la supuesta falta de motivación de la resolución sostiene que la intención del recurrente es la de un reexamen de la causa, específicamente de los hechos y sus probanzas, lo que está vedado al Tribunal de Alzada. Señala además, que el fallo cuestionado no adolece de vicio alguno y que los motivos argüidos por la querella, en realidad no pasan de meras percepciones particulares de la misma, reafirmado esto por la circunstancia de que los razonamientos esgrimidos por el impugnante en realidad giran sobre la misma materia que pretendió sea estudiada por el Tribunal de Apelación y que correctamente éste desechó. Consecuentemente solicita sea rechazado el recurso en razón a su notoria improcedencia.-
Definidos los argumentos expuestos por las partes intervinientes, corresponde seguidamente analizar la segunda cuestión:-
PROCEDENCIA DEL RECURSO: El recurrente aduce la existencia de vicios in procedendo en el Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, sobre la base de la existencia de una integración irregular del Tribunal de Apelación juzgador, debido a que no fue notificada en la forma requerida por el mismo, lo que produce un vicio estructural de la sentencia dictada en consecuencia. Igualmente señala que el fallo dictado en esas condiciones, además incurre además en un vicio aún mayor, puesto que lo ataca por estar desprovisto de fundamentación, lo cual es fulminado por la ley con la nulidad del auto o sentencia en cuestión. Basamenta su petición dentro de lo dispuesto por el artículo 478 inc. 3 del C.P.P., solicita se acoja favorablemente el recurso y se disponga el reenvío de la causa a otro Tribunal a los fines del estudio de los agravios formulados al interponer el recurso de apelación especial.-
Por su parte las defensas –HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA y el Abog. ALVARO ARIAS AYALA en representación de JUAN CARLOS CALVO YELSI-, respectivamente niegan tales afirmaciones sosteniendo que la forma adoptada para la notificación de la integración del Tribunal A-quem –vía fax- en realidad está prevista en la ley y al no haber sido cuestionadas en su momento, cumplió con su finalidad –comunicar la integración- con lo cual la etapa para cuestionar tal situación ya ha precluido. En relación a la supuesta falta de fundamentación del fallo, sostienen que más que nada constituyen impresiones del querellante o la expresión de un desacuerdo con sus fundamentos, lo cual no se constituye en motivo para disponer la nulidad de una resolución judicial, que constituye lo que en definitiva persigue el querellante sobre argumentos erróneos, subjetivos y eminentemente fácticos.-
Pues bien, descripta la materia decisoria, a los fines de un orden en la comprensión y solución del litigio sometido a competencia de la Sala, entiendo procedente un estudio separado de los agravios formulados, tal como ha sido esbozada líneas más arriba, con la consecuente solución propuesta.-
Integración irregular del Tribunal de Apelación: Se afirma que las notificaciones de la integración de los miembros del Tribunal de Apelación para el entendimiento de la presente causa se realizaron de una manera irregular (vía fax), desde que no se siguieron los lineamientos requeridos puntualmente por la parte (notificación personal por cédula).-
De las constancias de autos surge lo siguiente: 1) Por providencia de fecha 12 de diciembre de 2007 (fs. 103) el Juez de Liquidación y Sentencia Nº 7, a la sazón Presidente del Tribunal Unipersonal de Sentencia Abog. DIONICIO NICOLAS FRUTOS, remite los autos al Tribunal de Apelación en lo Penal a los fines de la resolución de los recursos de apelación especial interpuestos tanto por la querella –Abog. RODRIGO YODICE- como de las respectivas defensas –Abog. ENRIQUE CANTERO y Abog. ALVARO ARIAS AYALA (en escritos separados) por JUAN CARLOS CALVO YELSI y Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, en ejercicio de su propia defensa-; -
2) Por proveído de fecha 11 de marzo de 2008 (fs. 105) el miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, Dr. AGUSTIN LOVERA CAÑETE, se inhibe de entender en la presente causa; -
3) Por proveído de fecha 11 de marzo de 2008 (fs. 108) el Dr. ARNULFO ARIAS acepta integrar el Tribunal de Alzada, lo cual es notificado a las partes: en fecha 26 de marzo de 2008 al Abog. ALVARO ARIAS AYALA, fs. 110 (vía fax) y al Abog. RODRIGO YODICE, fs. 111 (vía fax), en tanto que al Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, fs. 114 (por cédula); -
4) Por proveído de fecha 03 de abril de 2008 (fs. 118) se inhibe del entendimiento de la presente causa la Abog. NATIVIDAD MERCEDES MEZA; -
5) Por proveído de fecha 07 de abril de 2008 (fs. 119) el Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA acepta integrar el Tribunal de Apelación, lo cual es notificado a las partes: en fecha 22 de abril de 2008, al Abog. ALVARO ARIAS, fs. 122 y al Abog. RODRIGO YODICE, fs. 125 vía fax, en tanto que al Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, fs. 126 (por cédula); -
6) Por proveído de fecha 28 de abril de 2008 (fs. 127) se inhibe de seguir entendiendo en la presente causa el Dr. ARNULFO ARIAS; -
7) Por proveído de fecha 28 de abril de 2008 (fs. 128) se integra el Tribunal de Apelación con el Dr. TOMÁS DAMIÁN CARDENAS; lo cual es notificado a las partes: en fecha 22 de abril de 2008, al Abog. ALVARO ARIAS, fs, 122 y al Abog. RODRIGO YODICE, fs. 125 vía fax, en tanto que al Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA, fs. 126 (por cédula).-
Por otro lado, debe determinarse si el medio utilizado para la comunicación a las partes de las resoluciones adoptadas en la causa (notificación vía fax) está especialmente prevista en la norma y en su caso, si conforme a la normativa procesal relativa a las notificaciones y las nulidades la petición formulada bajo este acápite (nulidad de la sentencia por integración irregular del Tribunal de Apelación) resulta procedente.-
En ese orden de cosas, en primer término debe abocarse a la tarea de análisis de lay adjetiva en lo que hace a la forma de notificación a las partes. La querella invoca la supuesta inobservancia de lo dispuesto por los artículos 151, 152 y 155 del C.P.P. El artículo 151 dispone: “PRINCIPIO GENERAL. Las resoluciones serán notificadas al día siguiente de dictadas, salvo que la ley, el juez o el Tribunal, disponga un plazo menor. Cuando la ley no disponga otra cosa, las notificaciones serán practicadas en la forma prevista en este capítulo. Las notificaciones serán practicadas sin perjuicio del auxilio de otras autoridades cuando sea necesario”. Por otro lado el artículo 152 determina: “LUGAR. Los fiscales y defensores públicos serán notificados en sus oficinas. Las demás partes serán notificadas en el domicilio real o procesal denunciado, salvo cuando expresamente hayan fijado una forma espec­ial para ser notificadas. Si no han fijado domicilio procesal o espe­cificado la forma en que pueden tomar conocimiento de las notificaciones, se practicará la notificación en cualquier lugar en que se las encuentre, intimándolas para que fijen domi­ci­lio procesal en el plazo de tres días. Cuando no respondan a esta intimación qued­arán, en lo sucesivo, notificadas por el transcurso de las veinticuatro horas siguie­ntes al dictado de la resolución. En defecto de estas reglas, se procederá a su notificación por edictos. Si el imputado está privado de su liber­tad, se le notificará en el lugar de su reclusión”.-
Por su parte el artículo 155 prescribe: “FORMA DE LA NOTIFICACIÓN. La notificación de una resolución se efectuará mediante la entrega de una copia al interesado, bajo constancia de la recepción. Cuando las partes lo hayan aceptado o solicitado se les notificará por medio de carta certificada, facsímil o cualquier otro medio de comunicación eficaz, en cuyo caso el plazo comenzará a correr a partir de su recepción, según lo acredite el correo o la oficina de transmisión. Podrán utilizarse otros medios de notifica­ción que la Corte Suprema de Justicia autorice, siempre que no causen indefensión; se preferirá, en todo caso, aquella forma que el interesado haya aceptado o sugerido”.-
Igualmente el artículo 161 del C.P.P. señala: “NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN. La notificación será nula, siempre que cause indefensión: 1) si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la notifi­cación; 2) si la resolución ha sido notificada en forma incompleta; 3) si en la diligencia no consta la fecha de su realización o, en los casos exigidos, la entrega de la copia; 4) si falta alguna de las firmas requeridas; y, 5) si existe disconformidad entre el original y la copia”.-
Por su parte y en lo que hace a las nulidades, el capítulo respectivo en su artículo 165: “PRINCIPIO. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código, salvo que la nulidad haya sido convalidada. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, fundadas en el defecto, en los casos y formas previstos por este código, siempre que no hayan contribuido a provocar la nulidad. Sin embargo, el imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocarla. Se procederá de igual modo cuando la nulidad consista en la omisión de un acto que la ley prevé”.-
El artículo 166 dispone: “NULIDADES ABSOLUTAS. Además de los casos expresamente señalados en este código, serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y represen­tación del imputado, en los casos y formas que este código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y este código”.-
De donde se desprende lo siguiente en cuanto a las notificaciones: 1) la regla es que la notificación a las partes debe practicarse en su domicilio real o procesal (art. 151); 2) dicha regla encuentra diversas excepciones (cuando la parte propuso una forma especial; en el lugar en que se encuentre en los casos de falta de especificación de domicilio; por el transcurso del plazo de 24 horas posteriores al dictado de la resolución cuando intimada la parte no constituyó domicilio procesal y por edictos) (art. 151); 3) la cédula de notificación deberá ser acompañada de una copia de la resolución correspondiente (art. 155); 4) mediando aceptación o solicitud se podrá practicar la notificación mediante carta certificada, facsímil o cualquier otro medio de comunicación eficaz (art. 155); 5) la Corte Suprema de Justicia podrá autorizar otros medios de notificación siempre que no causen indefensión, con preferencia de aquella que el interesado haya aceptado o sugerido.-
Por otro lado, cabe destacar que la sanción de nulidad ha sido concebida como una garantía de legalidad dentro del proceso penal, pero que no es exclusiva del imputado, sino que del proceso penal, puesto que interesa al Estado, que sus actos de gobierno –como lo es una sentencia judicial- sean válidos y legales. Pero, ese derecho, no se puede ejercer en forma ilimitada y tampoco a los efectos de afectar la eficiencia del sistema, puesto que de acuerdo a la concepción adoptada por el nuevo proceso penal, los actos que puedan ser considerados defectuosos pueden ser convalidados o saneados. Se desecha de esta manera un criterio exclusivamente formalista que tiende a anular actos de proceso, por ciertos errores materiales o cuestiones que no hacen a violaciones de derechos fundamentales de las partes.-
De esta manera, también la doctrina ha señalado: “…Las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Sería incurrir en excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, aun aquellos que no provocan perjuicio alguno” (Couture, Fundamentos de derecho procesal, 3ª Edición, pág. 39).-
Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha declarado: “…La nulidad es la última ratio del sistema penal, porque nunca se la declara a favor de la ley, sino para proteger un interés concreto que ha sido dañado por la inobservancia” (Acuerdo y Sentencia Nº 843 de fecha 19 de mayo de 2004).-
En materia de nulidades, la ley procesal penal determina, dos clases de nulidades: las absolutas (art. 166) y las relativas (art. 167) –que pueden ser saneadas (art. 168) o convalidadas (art. 169)-, la regla para declarar la nulidad es que haya afectado actos procesales referidos a intervención, asistencia y representación del procesado o cuando el Código, la Constitución Nacional y el Derecho Internacional vigente lo establezcan.-
Igualmente, en el caso de ineficacia de la notificación, la propia norma procesal determina que debe haber indefensión y además error en la identidad de la persona notificada o el lugar de notificación, cuando el instrumento estuviere incompleto, no conste la fecha de la diligencia o, cuando la ley lo manda, no se hubiere entregado la copia de la resolución que se notifica, si no está firmada o no coinciden el testimonio original de la cédula y su copia.-
Tomando en consideración la normativa descripta se desprende que no corresponde lo requerido por la querella. Ello porque en definitiva los actos procesales, llegaron a conocimiento del recurrente, y cumplieron con su cometido de informar a la parte el trámite que se efectuaba en la causa que le ocupa. Asimismo, la notificación por facsímil no es contra legem, no exige –conforme al texto de la ley- conformidad expresa y basta con que haya sido aceptada en el momento de la remisión para que produzca sus efectos. En otras palabras y remitiéndonos a la experiencia cotidiana, basta que el destinatario al ser solicitada la aceptación de la transmisión se niegue a hacerlo para considerar que se opone al mismo, a contrario sensu, desde el momento que admite la recepción, la aceptó y se considera que la notificación produce sus efectos.-
El recurrente alega que expresamente ha solicitado una forma de notificación, dicha petición está autorizada por la norma, sin embargo el hecho de que la notificación no haya sido practicada de esa manera no implica la nulidad del acto comunicado de una manera diversa, puesto que incluso la ley autoriza que la Corte Suprema de Justicia determine otros medios de notificación “confiriendo preferencia a la solicitada por la parte”, lo que indica que si bien la parte puede solicitar un modo de notificación, la misma deberá tomarse en consideración con preferencia a otras, pero sin excluir los otros medios y mucho menos determinar la nulidad de los actos procesales notificados de otra manera.-
Lo censurable sería que se produzca la indefensión de las partes, que obviando los principios de bilateralidad e igualdad no se comunique lo resuelto en la causa que los involucra, negándole en consecuencia la oportunidad de articular los mecanismos procesales de defensa que consideren pertinentes o que el acto procesal en sí esté viciado de alguno de los defectos previstos en la norma del art. 161 del C.P.P. En este caso, claramente el recurrente ha sido notificado de las resoluciones que definían la integración de los miembros del Tribunal de Apelación, es más conforme se desprende de las constancias de autos, las cédulas de notificación fueron remitidas vía fax y admitida la transmisión por el recurrente, por lo cual es dable presumir que llegaron a su conocimiento.-
Además, al no haber cuestionado el primer acto de notificación vía fax –ocurrido en fecha 26 de marzo de 2008, fs. 111-, los mismos quedaron consentidos, por lo cual la reclamación formulada en esta etapa procesal resulta extemporánea, además de improcedente, conforme a los argumentos expuestos precedentemente.-
Supuesta resolución manifiestamente infundada: El fundamento normativo de la presentación recursiva está determinado por la norma del art. 478 inc. 3 que dispone: “MOTIVOS. El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: …3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados…”. Señala el recurrente que el fallo emitido por el Tribunal A-quem no cuenta con los fundamentos necesarios para explicitar los motivos por los que adoptó la decisión de confirmar el fallo de instancia, recurriendo a fórmulas y citas dogmáticas, sin responder a los agravios puntuales formulados oportunamente.-
La petición, en este acápite resulta procedente. Efectivamente, la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal adolece de una motivación insuficiente considerando los cuestionamientos expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso de apelación especial.-
Es tarea del Tribunal, en primer término fijar los límites del estudio en alzada, a los fines de determinar si la resolución que será adoptada estará imbuida del principio procesal de congruencia –de vigencia obligatoria en el proceso-, para ello evidentemente puede transcribir los dichos de las partes o en su caso exponerlos de manera descriptiva. Igualmente, extractar la norma que será fundamento de su decisión y, si lo considerare pertinente citar doctrina y jurisprudencia relacionada al tema. Luego, necesariamente debe conectar los dichos de las partes, la norma y las demás citas y explicar por qué entiende que una de las soluciones propuestas es la ajustada a derecho –en este caso la confirmación del fallo de instancia- para ello, tiene el deber de responder a cada agravio puntual y determinar porqué en ese caso el agravio formulado no encuentra sustento.-
Así, si el planteo tiene que ver con la reformulación de los hechos, no basta una mera admisión de que los hechos están fuera de su competencia, lo cual es ajustado a derecho, sino que determinar porqué considera que el escrito recursivo trasunta el campo de la demostración fáctica y no lo concerniente al método de análisis –sana crítica- que sí debe controlar. Igualmente, ya entrando en ese método lógico de análisis probatorio, determinar si las reglas a las que recurrió el juzgador primario no afectan principios de la lógica –identidad, no contradicción, tercero excluido- y aquellas determinadas por la experiencia, todo lo cual fue puntualmente requerido por la parte, específicamente en cuanto a la adecuación del razonamiento judicial a los principios de la sana crítica (fs. 19/20 del expediente: Recurso de apelación especial en los autos: JUAN CARLOS CALVO Y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACIÓN).-
Sin embargo, el Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, en dos párrafos (fs. 137 del expediente: Recurso de Apelación Especial en los autos: JUAN CARLOS CALVO Y HERMES RAFAEL SAGUIER S/ CALUMNIA Y DIFAMACION), determina la corrección del fallo. Lo reducido de los argumentos en manera alguna quiere decir que por ello debe ser anulado, sino el hecho de que en esas líneas no alude puntualmente a lo cuestionado por las partes, por el contrario recurren a afirmaciones dogmáticas y a un análisis genérico del caso, sin prestarle la atención que merece, y ello ocurre tanto en los agravios de la querella como de las defensas, tanto en lo que hace a la decisión principal (absolución de reproche y pena, cuestionada por la querella) como a la referida a la imposición de costas en el orden causado (cuestionado por las defensas).-
Efectivamente señalan: “…Del análisis realizado, resulta irrefutable que el Tribunal de Sentencias ha llegado al descubrimiento de verdad real, fin inmediato del proceso penal, mediante la reconstrucción conceptual del acontecimiento histórico de un modo comprobable y demostrable, en la etapa que le correspondía estudiar la causa, en razón de que se han analizado cada una de las pruebas producidas en el juicio oral y público. De las constancias de autos surge, que la admisión y producción de las pruebas se cumplieron bajo la observancia de las garantías procesales y fueron valoradas en función a las reglas de la sana crítica, de conformidad a lo dispuesto por el art. 175 del C.P.P. en concordancia con lo previsto por el art. 397 del mismo cuerpo legal… Asimismo, es viable destacar que conforme a las constancias obrantes en el expediente judicial, notamos que en ningún momento el Juez A-quo ha inobservado o mal aplicado preceptos leales violentando o transgrediendo nuestro ordenamiento jurídico penal, ya sea sustancial o en relación a las costas impuestas en el orden causado, situaciones que causaron agravios a cada una de las partes del presente juicio. Concluimos entonces, que el Juez A-quo ha analizado y bien determinado las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, por lo que la sentencia objeto del presente recurso se ajusta a derecho y debe ser confirmada”.-
Tal como se puede apreciar, los razonamientos esbozados resultan más cercanos a frases dogmáticas o afirmaciones generales, aplicables al caso que fuera con independencia de la especialidad requerida para cada proceso en particular, no menciona las partes de la sentencia que consideró para arribar a tal conclusión, ni confronta los dichos de las partes con su análisis de los agravios concordados con sus propios fundamentos, lo que resulta necesario, no sólo porque la ley dispone un deber de fundar de los jueces (art. 256 de la C.N. y 125 del C.P.P.), sino porque al constituir la sentencia una norma jurídica particular con la característica de redefinir el conflicto suscitado entre las partes, tanto ellas como la ciudadanía en general tienen el derecho de conocer los motivos por los que dentro del Estado, a través de uno de sus órganos, se ha ejercido el derecho de juzgar en un sentido u otro.-
Por ello entiendo que corresponde se declare la nulidad del fallo dictado en segunda instancia debido a que adolece del defecto previsto como causal de procedencia del recurso –motivación insuficiente del fallo-, conforme se ha descrito precedentemente.-
En síntesis, y puesto que la resolución dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital, carece de fundamentación jurídica válida, debido a que no responde los agravios puntualmente formulados por las partes, corresponde imponer la sanción de nulidad respecto a la misma, conforme lo dispone el art. 478 inc. 3 del C.P.P.-
Ahora bien, en razón de cuanto antecede corresponde seguidamente determinar el alcance de la presente resolución. Así, el art. 480 del C.P.P., al establecer lo procedente en cuanto al trámite y resolución del recurso extraordinario de casación, deriva a la aplicación analógica de las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia. De ahí que, remitidos a las disposiciones que reglan dicho recurso, nos encontramos con dos situaciones: 1) La propiciada por el art. 473 del C.P.P., que dice: “REENVÍO. Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de apelaciones anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio”; y 2) La reglada por el art. 474 del C.P.P., que establece: “DECISIÓN DIRECTA. Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de apelaciones podrá resolver, directamente, sin reenvío”.-
En el caso, considero que se dan las condiciones para optar por la segunda de las alternativas previstas en nuestro Código Ritual. Tal la convicción que me asiste luego de cotejar los antecedentes del caso, y con especialidad el acta de juicio oral y público, así como el tenor de las consideraciones vertidas en el cuerpo de la S.D. Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007, de donde es posible colegir, sin temor a equívocos, los motivos por los cuales no se consideraron reunidos los presupuestos típicos de la norma del artículo 151 del C.P. (difamación).-
Así, en primer término fija la norma cuya aplicación ha sido solicitada por la querella, determinando los alcances de su terminología, incluyendo doctrina alusiva al caso (fs. 466/467). Seguidamente se concentra en analizar la constatación o no de los elementos del tipo, determinando que la conducta de JUAN CARLOS CALVO YELSI, requerida por la norma penal en cuanto a lesión del honor de una persona no ha sido configurada, desde que sus declaraciones no afectaron directamente a la supuesta víctima, ya que no ha sido mencionado expresamente como autor de la tentativa de homicidio del que fuera víctima el señor CALVO, sustenta tal afirmación en las grabaciones y publicaciones periodísticas ofrecidas como prueba y producidas efectivamente, además de que no existió intención de lesionar el honor del señor YAMBAY.-
En lo que hace al Abog. HERMES RAFAEL SAGUIER, igualmente sobre la base de las publicaciones periodísticas entiende que si bien él mismo no ha negado hacer referencia al señor YAMBAY en ningún momento realizó la afirmación de que él mismo fuera el autor moral del atentado a la vida de su cliente, sino que hizo alusión a sospechas, lo cual de acuerdo a su interpretación no reúne la aptitud de lesionar el honor del querellante, puesto que sus dichos hacen a los hechos que afectaron su cliente.-
Al interpretar y aplicar la norma al caso concreto, determina que la alusión de “sospecha”, no implica afirmación de que la otra persona sea autora o no de un hecho punible, sino más bien una duda que se tiene en relación a ella, una situación de incertidumbre sobre la base de elementos que constan en otro proceso que relacionan al querellante con dicha causa (“…las llamadas realizadas desde el Nº de celular de Víctor Yambay al Comisario Rojas minutos después del atentado”, fs. 469).-
Efectivamente, y al abocarse a la tarea de disquisición de la presencia de los elementos típicos en las conductas descriptas, la cuestión que ha sido debatida tiene que ver con la afectación o no de los señores JUAN CARLOS CALVO YELSIy HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA al honor del señor ABDERRADA YAMBAY. Conforme a la descripción típica realizada por la norma del art. 151 la conducta censurada es aquella “capaz de lesionar” el honor de las personas. En este punto cabe aclarar que el concepto de honor a los efectos del derecho conllevan elementos objetivos exteriores (estima social) ya que también puede hablarse del honor como el valor que cada persona tiene de sí mismo (elementos subjetivos), lo cual es imposible medir para la generalidad –por medio de la ley-, ya que es intrínseco de cada persona.-
Determinar qué conductas son pasibles de afectar el honor de una persona, debe por tanto considerarse a partir de los efectos que pudieran tener en su vida cotidiana en cuanto a sus relaciones intersubjetivas (vida social), pero esa afectación debe ser directa, clara y encaminada a lesionar la imagen o la dignidad de la persona en los términos de la protección dispuesta por el art. 33 de la Constitución Nacional. En ese sentido, tal como lo razonó el Juez A-quo y conforme consta en el acta del juicio oral y público, que ambos querellados concurrieron a los medios de comunicación social a los fines de debatir sobre los hechos punibles que afectaron al señor CALVO YELSI, lo cual descarta el dolo de difamar, con lo cual, tal como se concluyera en primera instancia, las conductas acusadas son atípicas, correspondiendo por tanto la confirmación del fallo de instancia.-
Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos y con sustento legal en el art. 256 de la Constitución Nacional; los arts. 125, 151, 152, 155, 161, 473, 474, 478 inc. 3 del C.P.P., debe hacerse lugar al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto. Consecuentemente, corresponde se declare la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala y la CONFIRMACIÓN de la S.D. Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007, dictado por el Tribunal de Sentencia Colegiado de la Circunscripción Judicial de la Capital, por así corresponder en derecho. Es mi VOTO.-
A su turno, los Ministros PUCHETA DE CORREA y PAEZ manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.-
Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: -
SENTENCIA NÚMERO: 329
Asunción, 6 de Junio de 2011.
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la -
DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso extraordinario de casación articulado en relación al Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital.-
HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto por el representante de la Querella Abog. RODRIGO YODICE, en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 30 de fecha 20 de mayo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de la Capital, y en consecuencia DECLARAR la nulidad del citado Acuerdo y Sentencia recurrido, por así corresponder en derecho.-
CONFIRMAR la Sentencia Definitiva Nº 48 de fecha 11 de julio de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de la Capital, por la que se ABSOLVIÓ DE REPROCHE Y PENA a los señores JUAN CARLOS CALVO YELSI y HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA; en virtud a los fundamentos expuestos en el exordio que antecede.-
REMITIR estos autos al órgano jurisdiccional competente a los efectos legales pertinentes.-ANOTAR, notificar y registrar.-
ANTE MÍ: KARINNA PENONI DE BELLASSAI, SECRETARIA JUDICIAL

References: artículo 477
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 artículo 478
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 artículo 151
 artículo 152
 artículo 155
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 artículo 161
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 artículo 165
 artículo 166
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