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Timestamp: 2020-04-09 11:11:45+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Abril de 2009. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Serie C No. 196 - Jurisprudencia - VLEX 428300678
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Abril de 2009. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Serie C No. 196
Caso K.F. vs. Honduras
En el caso K.F.,
L.V.L., J.A.H.;
El 4 de febrero de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Honduras (en adelante “el Estado” o “Honduras”), la cual se originó en la denuncia presentada el 13 de enero de 2003 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (en adelante “ERIC”). El 13 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe No. 67/05[1], mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 20 de julio de 2006 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 63/06[2], en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 4 de agosto de 2006. Tras considerar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de Fondo, y ante “la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de [sus recomendaciones]”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores F.M., Comisionado, S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, J.P.A.A. y A.A., especialistas de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión.
Según la demanda de la Comisión, el 6 de febrero de 1995, alrededor de las 7:30 p.m., B.J.K.F. fue asesinada por un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en su casa de habitación. La Comisión indicó que al momento de su muerte la señora K.F. era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (en adelante “PROLANSATE”), organización creada con el objeto de “mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela, [Departamento de Atlántida, Honduras]”, y que en dicha condición “denunció entre otras cosas, los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques de la región”. Según la Comisión Interamericana, “del material que obra en el expediente, puede establecerse que efectivamente se presentan fuertes indicios para concluir que existe responsabilidad estatal directa en la privación de la vida de la presunta víctima”. Además, indicó que tras la muerte de aquella “graves omisiones demuestran que las autoridades estatales no adoptaron con la debida diligencia todas las medidas que eran necesarias para impulsar una investigación que pudiera llegar a un resultado concreto. Como consecuencia del incumplimiento estatal de sus deberes, se ha negado el derecho a ‘los familiares’ de la [presunta] víctima a conocer la verdad sobre lo sucedido y a que se reparen los daños y perjuicios sufridos”.
La Comisión alegó que “los efectos causados por la impunidad del caso y la falta de adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos ha alimentado un contexto de impunidad de los actos de violencia cometidos en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras”. En este sentido, señaló que “el caso refleja la situación de los defensores del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras, los ataques en contra de tales personas, y los obstáculos en la investigación de los actos de hostigamiento y persecución”.
Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de B.J.K.F.; así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) también de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de los “familiares” de B.J.K.F.. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias.
El 7 de mayo de 2008 la señora V.K., Directora Ejecutiva del CEJIL, y los señores L.D.O., R.B., S.L. y G. de León, todos ellos del CEJIL, y el P.I.M., Director del ERIC, representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. En dicho escrito alegaron que “B.J.K. fue una destacada defensora ambientalista hondureña que promovió la protección de los recursos naturales en su país, principalmente en Tela, zona ubicada en la costa atlántica de Honduras” y que, en esa condición, fue asesinada el 6 de febrero de 1995. Los representantes reiteraron que la muerte de la señora K.F. “reviste un especial simbolismo, pues es la primera persona asesinada en Honduras por defender los recursos naturales y el ambiente. Tras su ejecución, y por la impunidad que la caracterizó, se sucedieron una serie de asesinatos contra otros defensores ambientalistas en Honduras”.
Así, los representantes solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de B.J.K.F., “por la [supuesta] participación de agentes estatales en ordenar, planificar y ejecutar su asesinato y por la falta de una investigación efectiva de su muerte”; de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de B.J.K.F. y de “sus familiares”, “por no haber realizado una investigación seria y efectiva tendiente al procesamiento y sanción de los responsables de la violación del derecho a la vida de J.K.”; del artículo 16 (Libertad de Asociación) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de B.J.K.F., “porque la ejecución de la señora K. se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de asociación”, y del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los “familiares” de B.J.K.F., “por el sufrimiento causado a raíz de su ejecución y la falta de investigación efectiva”.
El 3 de julio de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en el que, por un lado, “present[ó] allanamiento parcial a la [demanda de la Comisión y al escrito de solicitudes y argumentos], y acept[ó] su responsabilidad internacional” por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo instrumento, “en perjuicio de los familiares de la señora B.J.K.F.”; y por otro, “contradice la supuesta violación” del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, “en perjuicio de B.J.K.F.”; del artículo 16 (Libertad de Asociación) de la Convención, “en perjuicio de B.J.K.F.”; y del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, “en perjuicio de los familiares de la [presunta] víctima”; todos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención.
Asimismo, el Estado rechazó “el argumento manifestado por la Comisión […], en cuanto a que [este] caso refleja la situación de los defensores del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras, así como los ataques en contra de tales personas, y los obstáculos en la investigación de los actos de hostigamiento y persecución contra los mismos”. De igual manera, rechazó “los argumentos esgrimidos por los representantes, en cuanto [a] que la impunidad del caso K. permitió la generación de un contexto de violencia contra los ambientalistas, sin que el Estado asuma eficazmente medidas de prevención e investigación con el agravante de la falta de oficiosidad de los operadores de justicia, favoreciendo un clima de impunidad”. El Estado designó al señor Á.D.R.P., Sub-Procurador de la República, como Agente y, como Agente Alterno al Embajador R.R.B., Director General de Asuntos Especiales de la Secretaría de Estado.
La demanda de la Comisión fue notificada tanto al Estado como a los representantes el 7 de marzo de 2008. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1 a 8), la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), declaraciones de siete testigos y dos peritos...

References: artículo 50
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
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 artículo 16
 artículo 5
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