Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2010/06/
Timestamp: 2018-10-23 17:26:02+00:00

Document:
Cataluña: El Constitucional niega que el catalán sea la lengua "preferente" y elimina el Consejo de Justicia
La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña aprobada ayer por el Tribunal Constitucional rechaza, por ocho votos a favor y dos en contra, que el catalán sea la lengua "preferente" en Cataluña, niega el "carácter exclusivo" del Síndic de Greuges y elimina todas las atribuciones del Consejo de Justicia.
Getafe: Un juez examina en historia a los que piden la nacionalidad española
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) subrayó, tras conocer que el Registro Civil del Partido Judicial de Getafe está realizando exámenes orales de historia a los extranjeros solicitantes de la nacionalidad, que el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil establece que el encargado de dicho registro "oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles".
Según explica en un comunicado el TSJM, esta entrevista tiende, entre otras finalidades, "a evitar fraudes en la adquisición de la nacionalidad y comprobar la veracidad de las circunstancias que el peticionario debe mencionar en su solicitud, de conformidad con el artículo 220 del mismo Reglamento, donde se precisa que quien desee conseguir la nacionalidad española por residencia debe aportar información sobre estudios, actividades sociales o benéficas o cualquier otro dato que estime conveniente".
El juez de Getafe, realiza de forma habitual y reiterada un cuestionario de conocimientos históricos a los inmigrantes que solicitan la nacionalidad española y entre algunas de las preguntas destacan mencionar el nombre de tres poetas españoles de la posguerra, en qué año tuvo lugar la Transición o qué pasó en 1868.
Entre las preguntas también se solicita dar detalles sobre quiénes eran pintores como Picasso, Dalí o Murillo, o los deportistas Fernando Alonso, Nadal o Gasol, pero también qué es la tortilla de patatas o qué se celebra el 12 de octubre.
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Valencia: Las pulgas atacan a los trabajadores de la Ciudad de la Justicia
Las pulgas han tomado por la fuerza la Ciudad de la Justicia de Valencia. Según la Conselleria de Justicia, las pulgas han anidado en la sala multiusos, que además de como sala de vistas, también se utiliza de archivo.
El papel acumulado, las pruebas de convicción de varios casos que allí se guardan y la humedad han sido el caldo de cultivo para la nidificación de una colonia de parásitos. Pero no es el único sitio donde hay colonias de pulgas. Fuentes judiciales consultadas aseguraron que el Juzgado de Guardia es otro de sus lugares favoritos. Allí, cada día entran detenidos que no siempre guardan los cánones de limpieza establecidos por la sociedad.
Algunos de ellos son portadores de parásitos como pulgas o piojos. Una vez puestos a disposición judicial son transportados por la policía desde los calabozos hasta el despacho del juez. En el recorrido, los bichos saltan y se instalan en el resto de dependencias. Varios trabajadores consultados aseguraron que, durante los días de guardia, se van a su casa con "las piernas cosidas a picaduras".
La Conselleria del ramo informó de que hoy, a partir de las dos de la tarde, comienza la fumigación de la Sección Quinta. Se hace a esa hora porque los productos son tóxicos y no puede haber nadie.
Según Justicia, "los juzgados se fumigan cada tres meses, pero en cuanto se tiene noticia de que hay parásitos se toman las medidas oportunas para erradicar la colonia". Con respecto a qué medidas se iban a tomar en el Juzgado de Guardia, las mismas fuentes informaron de que ellos no tenían constancia de que allí también hubiera pulgas, pero aseguraron que si reciben alguna queja sobre ello fumigarán.
El Ministerio de Justicia subvenciona al centro musulmán de Alcalá que defendió la lapidación
El ministerio de Justicia ha sido generoso con el centro musulmán de Alcalá Al Madina. El mismo cuyo imán, Abu Omar Hussein, justificaba las leyes islámicas diciendo: “Son leyes de Dios. Si cortamos la mano sólo a uno servirá para prevenir que el resto robe. Si lapidamos a una persona entonces la gente se cuidará”. El Ministerio de Justicia otorgó en 2009 una subvención a esta mezquita de 2.000 euros y 5.000 euros anuales en años anteriores.
Son datos contenidos en la memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia, a través de la cual subvenciona el Ministerio a las religiones no católicas, presentada el pasado día 15. Al frente de su Patronato se encuentra el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
A Omar Hussein no le parece cruel morir a pedradas: "Son leyes de Dios. Si tengo fe en Dios no puedo decir que es cruel. Trato de obedecer y no hacer esas cosas para no llegar a esa situación". Hussein es contrario, eso sí, al uso del burka. "Prefiero que se vea la cara, porque alguien puede cometer un crimen y luego imputarlo a cualquier persona musulmana sólo por la apariencia". Pero defiende el uso del pañuelo en las mujeres: "Creo que basta con cubrir la cara y que no hay que molestar a una chica de 14 a 15 años que lo ha elegido libremente. Es un crimen prohibir el pañuelo".
Al Madina, registrada desde 2007 como entidad religiosa, recibió anteriormente una subvención anual de 5.000 euros de la Fundación Pluralismo y Convivencia, pero las cuentas de la mezquita fueron embargadas por Hacienda el 15 de abril de este año por impagos.
Además, el Ministerio de Justicia otorgó en 2009 subvenciones a las comunidades musulmanas por mucho más dinero del que pedían (el 130%). A las federaciones religiosas judías les otorgó prácticamente todo lo que pedían (el 99%), mientras que a los protestantes les concedió algo menos del 49%.
En cifras absolutas, los musulmanes, con algo más de 2 millones de euros, fueron los que más recibieron de los 4,6 millones de euros repartidos en 2009 por Pluralismo y Convivencia, fundación que dirige José Manuel López Rodrigo, que presentó la memoria junto con el ministro Francisco Caamaño. Los protestantes recibieron una cantidad algo inferior y a las comunidades judías correspondieron 610.119 euros.
Multiplicado por 17
Si se relacionan las subvenciones con el número de miembros de las comunidades religiosas, las hebreas recibieron casi 41 euros por cada uno de sus 15.000 fieles declarados, lo que supone multiplicar, casi por 17, los 2,4 euros por fiel que reciben los protestantes (con 800.000 fieles) y, casi por 30, los 1,4 euros por fiel que se concedieron a las organizaciones musulmanas (supuesto que tengan el casi millón y medio de fieles que dicen tener).
Aunque la Iglesia católica no recibe subvenciones del Estado, sino una asignación que depende de lo que los ciudadanos deciden, los 41 euros por persona que Pluralismo y Convivencia da a las comunidades hebreas supera incluso a la media de 35 euros que el Estado traspasa a la Iglesia por cada fiel que marca la equis en la declaración del IRPF.
Además del apoyo a las confesiones no católicas, Pluralismo y Convivencia financia actividades de “promoción de la libertad religiosa y de convicción, y (de) mejora del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias”. Por este concepto, en el año 2009 pagó 64.050 euros para 22 actividades.
En el primer semestre de 2010, entre las asociaciones subvencionadas por este concepto, se encontraban la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (3.000 euros) y Europa Laica (2.500 euros). En el segundo semestre, aparece el Movimiento contra la Intolerancia (3.124,68 euros).
Fuente: gaceta.es , eldigitaldemadrid.es
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Etiquetas: Despilfarro, Madrid
Ponferrada: Justicia confirma los plazos para el nuevo edificio de los juzgados
El Ministerio de Justicia confirmó que el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia de Ponferrada no sufrirá demoras por la crisis económica, como consecuencia de recortes presupuestarios. En los últimos días, en diferentes ámbitos judiciales y políticos del Bierzo se había despertado el temor de que la crisis económica pudiera afectar a la construcción del nuevo edificio judicial, anexo al actual y situado en el solar que cedió el Ayuntamiento, situado entre la Comisaría de Policía y la Casa de la Cultura.
El temor se fundamenta en que antes de que finalice este año debe aparecer consignada la partida presupuestaria en el Boletín Oficial del Estado. En total, el coste de la obra asciende aproximadamente a unos 600.000 euros. Además, desde febrero, según diversas fuentes locales, no se ha tenido más información sobre este tema.
Sin embargo, el viernes pasado, fuentes del Ministerio de Justicia en Madrid confirmaron que no habrá recortes presupuestarios y que el proyecto sigue adelante sin problema alguno. Es más, el diseño técnico arquitectónico está ya prácticamente terminado. Faltan algunos retoques de diseño de ubicación de nuevas salas y dependencias judiciales, pero en breve se presentará la última fase y se entregará para el siguiente paso, que no es otro que la licitación de las obras.
Una fuente autorizada del Ministerio de Justicia fue tajante sobre el proyecto de la ampliación: «Sigue adelante; no se suspenderán las obras y Ponferrada tendrá cubierta esta necesidad; seguimos trabajando para cumplir con los objetivos marcados».
El mismo responsable ministerial, a través del teléfono, añadió que «todo sigue adelante bajo las previsiones presupuestarias. No hay nada que cambie los objetivos que se han marcado». Es más, aunque existan ajustes de ahorro en gasto corriente, en el caso del Ministerio de Justicia no afectará a lo que son los proyectos de obras ya comprometidos.
En el ámbito judicial berciano -”en lo que se refiere a la abogacía, procuradores, jueces y fiscales-” existe aún cierta preocupación ante noticias recientes que les hacían pensar que no habría dinero para estas obras y se paralizaría el proyecto de ampliación de los juzgados ponferradinos. De ser así, estiman que el revés sería «monumental» y un «fuerte varapalo» para las necesidades de la Justicia en la demarcación judicial del Bierzo. De hecho, si no se consigue el nuevo edificio no se podría implantar el servicio de la nueva oficina judicial, lo que vendrá a modernizar y agilizar el servicio de Justicia desde Ponferrada para todo el Bierzo y Laciana. No se podría ampliar juzgados y se darían graves problemas para atender toda la demanda existente. La Fiscalía de Área está previsto que se traslade temporalmente a un edificio cedido por la Junta de Castilla y León en la calle Ave María, por la carencia de espacio.
Cantabria contará con dos nuevos juzgados y un juez de adscripción territorial
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de dos nuevos juzgados en Santander, el número 6 de lo Social y el número 12 de Primera Instancia, y ha acordado dotar a la comunidad autónoma con un juez más que reforzará a aquellos órganos judiciales que lo necesiten, según ha informado el Gobierno. La creación del Juzgado de Primera Instancia número 12 permitirá, a su vez, que el Juzgado número 10 de Santander pueda dedicarse, en exclusiva, a asuntos de naturaleza mercantil.
La decisión de poner en marcha dos nuevos juzgados en la capital cántabra figura en un real decreto aprobado por el Consejero de Ministros, por el que se crean 134 nuevos juzgados en toda España y otras 16 plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia.
El real decreto crea, asimismo, 50 plazas de juez de adscripción territorial, entre ellos el que estará a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para reforzar a aquellos órganos judiciales de la comunidad autónoma que lo necesiten.
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Zamora: El nuevo juzgado entrará en funcionamiento a finales de año
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, avanzó que “el 29 ó 30 de diciembre entrará en funcionamiento el nuevo juzgado de Zamora”, algo que aseguró en el acto de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Luis Brualla.
El galardonado Luis Brualla coincidió con el presidente del TSJCyL al indicar que la nueva oficina judicial “entrará en funcionamiento este año” y recalcó que “hay espacio preparado para que pueda entrar en la cuarta plaza del edificio de los Juzgados, conjuntamente o al lado de donde se encuentra el Juzgado de lo Social”. Asimismo, señaló que “está pendiente de su dotación económica y de su publicación en el BOE”.
En este contexto, Brualla insistió en que “Zamora tiene necesidad de un Palacio de Justicia” y bromeó, como en la anterior ocasión en la que fue preguntado por este asunto, afirmando que el actual “no es de chicle y no es acomodable a las necesidades que se han venido produciendo, porque físicamente esto no da más de sí”.
Por lo que se refiere al contexto de crisis económica y sus posibles repercusiones en materia de Justicia, Brualla afirmó que “el Ministerio de Justicia se ha manifestado en el sentido de que todo lo proyectado se llevará a cabo”, aunque reconoció que se han "notado recortes en las dotaciones de la Audiencia y en personal”.
El presidente la Audiencia Provincial zamorana puntualizó la necesidad de “pedir nuevos miembros para el servicio de seguridad” y consideró que “Zamora, aunque la asistencia a la Audiencia los sábados sea poco numerosa, no puede permitirse cerrar la puerta por falta de seguridad para que entre la gente por el edificio de los Juzgados”. En este escenario aseguró: “Lo voy a exigir, no sólo al presidente del TSJCyL, sino también al delegado del Gobierno”
Por su parte, el presidente del TSJCyL dijo “tener conocimiento” de la situación y aseguró que se “está gestionando estupendamente”, además de mostrar su esperanza de que la Delegación del Gobierno en Castilla y León y la gerencia del Ministerio de Justicia “tomen buena nota para evitar cualquier incidente en cualquier sede judicial”.
José Luis Concepción comentó que el periodo actual "es de cierta tribulación y cierta intranquilidad porque la nueva oficina judicial que se muestra en lontananza impide al Ministerio de Justicia ampliar plantillas de funcionarios y los juzgados están muy necesitados de medios personales y materiales para desarrollar plenamente su función”. Así, apuntó que “habrá que esperar" a que realicen las relaciones de puestos de trabajo con vistas a la nueva oficina judicial y, así como en Burgos y en León "será realidad este año", en las restantes provincias "se escalonarán en 2011 y años siguientes”.
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Asturias: El Consejo de Ministros aprueba la creación de tres nuevos juzgados en 2010
El Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha este año de tres nuevos juzgados en Asturias. Serán el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 en Siero, el Juzgado de lo Mercantil número 3 y el Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gijón. Con esta decisión se formaliza definitivamente la petición que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad planteó en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada a finales de 2009.
Según recordó el Ejecutivo, estos tres nuevos juzgados fueron solicitados por el Gobierno del Principado de Asturias teniendo en cuenta los datos estadísticos de los asuntos que se tramitan en cada una de las jurisdicciones y partidos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma y de común acuerdo con los miembros de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Además de estos tres juzgados, a Asturias se le asigna también un juez de adscripción territorial, lo que permitirá hacer frente al incremento de trabajo que, de forma coyuntural, se produzcan en distintos juzgados de la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidirá, en función de las necesidades, el destino de este juez de adscripción territorial.
Respecto al nuevo Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gijón, el mismo se ubicará en el edificio judicial de la calle Juan Carlos I. Para ello, y con el objetivo de que cuente con el espacio adecuado, previamente se trasladará a la sede judicial de la calle Decano Prendes Pando el Juzgado de lo Contencioso número 1.
La puesta en marcha del Juzgado de Violencia permitirá una mejor redistribución de los casos. En el Juzgado de Violencia de Género de Oviedo, el único de estas características existente en estos momentos en Asturias, se registraron en 2008 un total de 766 procedimientos penales. En Gijón en Juzgado de Primera Instancia número 4, en el que se han concentrado los casos de violencia de género a falta de uno especializado, el número fue de 969.
En cuanto al juzgado de lo Mercantil número 3, con su aprobación por parte del Ministerio, la propuesta debe ser ahora ratificada por el Consejo General del Poder Judicial, que debe además aprobar su ubicación en Gijón. Ahora sólo resta el pronunciamiento sobre su ubicación en Gijón del CGPJ, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con ello se cerraría una aspiración que el Gobierno del Principado de Asturias viene planteando desde 2006, pero que no ha podido materializarse debido a que el CGPJ, según la interpretación que venía realizando de la Ley Orgánica del Poder Judicial, limitaba la creación de los Juzgados de lo Mercantil a las capitales de provincia.
Con la renovación del CGPJ se ha producido un cambio en esa interpretación que ha permitido desbloquear este tema, de tal forma que se han puesto ya en marcha juzgados de estas características en Elche y Vigo.
Gijón, además de ser la ciudad más poblada del Principado de Asturias —su Partido Judicial representa un 26,43% de la población asturiana—, es la de mayor tráfico industrial y comercial, de ahí que la creación de este Juzgado fuera sea desde hace tiempo una prioridad tanto para el Gobierno asturiano como para el TSJA.
En la Memoria 2008 del Tribunal Superior de Justicia se destaca que el 30% de los asuntos que se tramitan en los Juzgados de lo Mercantil actualmente existentes (números 1 y 2 de Oviedo, éste último creado en 2007) provienen del partido judicial de Gijón. La asunción por un nuevo Juzgado de esos de asuntos permitiría aliviar la carga de trabajo de los existentes y se lograr un reparto equitativo, ya que cada uno de los Juzgados pasará a asumir aproximadamente el 33% de los asuntos de estas características generados en Asturias.
La previsión es ubicar este nuevo Juzgado en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando, habiéndose realizado ya las obras de adecuación necesarias para ello.
Por último, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero se ubicará en los locales que, actualmente, ocupa la Policía Local en los bajos del edificio judicial de esta localidad. La semana que viene está previsto solicitar la licencia de obra para adecuar el edificio a su nuevo uso.
En Siero, hasta ahora, existen tres juzgados de instrucción en los que, según datos de la memoria 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se registraron un total 8.005 casos: 3.807 civiles y 4.198 penales.
Córdoba: Los sindicatos independientes reunieron a 400 funcionarios
Unos 400 empleados públicos se concentraron el pasado miércoles a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para protestar contra las medidas de recortes aplicadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía y en defensa de los servicios públicos andaluces. La concentración la convocó la Plataforma de Sindicatos Profesionales e Independientes de Funcionarios Públicos andaluces integrada por sindicatos del ámbito de la función pública andaluza, incluyendo Administración general (SAF), sanidad (Satse, SMA, USAE), educación (ANPE), justicia (STAJ), policía local o bomberos (UPLB-A).
El portavoz de la plataforma en Córdoba, Manuel Cascos, indicó que la concentración es uno de los actos programados para rechazar de forma "contundente, enérgica y firme a los decretos que imponen recortes sociales nunca vistos en la Democracia". Asimismo, insistió en que el objetivo principal es que tanto la Junta como el Gobierno "no sigan avanzando en recortes sociales hacia los empleados públicos y los más débiles, como por ejemplo, pensionistas, los dependientes y a las madres".
Cascos apuntó que el sector público "lleva mucho tiempo castigado", y en concreto, señaló la situación del sector de la sanidad "que lleva sufriendo recortes desde hace mucho tiempo". Esta situación, según Cascos, genera que los trabajadores desarrollen su labor con una sobrecarga permanente en las unidades y centros de salud. Además, afirmó que los recortes tienen dos fases, una inicial "aguda" que tendrá lugar en la nómina de junio con los recortes en las retribuciones, y otra futura caracterizada por ajustes en plantillas o en sustituciones. Cascos insistió en que el recorte debe ir en la dirección de "eliminar duplicidad de cargos públicos y todo lo que no sea estrictamente necesario".
Los participantes en la manifestación además llevaron a cabo el corte de tráfico en Conde de Vallellano durante 20 minutos como otra medida de protesta a los recortes.
Navarra contará con 4 nuevas unidades judiciales en 2010
En concreto, las cuatro unidades judiciales para Navarra se reparten en una plaza de magistrado para cada una de las secciones primera, segunda, y tercera de la Audiencia Provincial, y el juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Tudela, según informó la delegación del Gobierno en Navarra en un comunicado.
En el conjunto de España se constituyen, para este año, 150 nuevas unidades judiciales, de las que 134 son nuevos juzgados y 16 corresponden a plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Además, se ponen en marcha las primeras 50 plazas de juez de adscripción territorial, una figura de nueva creación establecida en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009.
Con estas 150 unidades judiciales más y las 50 nuevas plazas de jueces, "el Ministerio de Justicia cumple con el compromiso adquirido en el citado plan para la creación de 200 unidades judiciales en el presente año, cuyo presupuesto asciende a 32,3 millones de euros".
Los nuevos jueces de adscripción territorial estarán adscritos a los Tribunales Superiores de Justicia y ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular se prevea que estará ausente por más de tres meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes.
Las 50 plazas de este tipo que ahora se crean contribuirán a reducir la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, potenciando su desempeño por miembros de la carrera judicial. Todo ello redundará en la agilización de la justicia y la mejora de los estándares de calidad del servicio público.
Por comunidades autónomas corresponderán nueve a Andalucía; una a Aragón; una a Asturias; dos a Baleares; cuatro a Canarias; una a Cantabria; dos a Castilla y León; dos a Castilla-La Mancha; siete a Cataluña; cinco a la Comunidad Valenciana; dos a Extremadura; dos a Galicia; seis a Madrid; dos a Murcia; tres al País Vasco y uno a La Rioja.
De los diez nuevos juzgados de lo Mercantil, se crean con carácter provincial uno para Asturias y dos para Barcelona y se transforman otros siete de primera instancia ya existentes --en Almería, Córdoba, Granada, Santander, León, Girona y Tarragona--. Con esta ampliación de la planta mercantil, unida a los planes de refuerzo puestos en marcha, se pretende paliar el incremento de la litigiosidad derivada de la crisis económica.
Los diez nuevos juzgados de lo Social se pondrán en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Benidorm (Alicante), Badajoz, Santiago de Compostela, Orense, Pontevedra, Madrid, Cartagena, Murcia. Según el Ministerio, la ampliación de la planta en el orden social, al igual que en el caso de los juzgados mercantiles, también supone una respuesta a la repercusión de la crisis económica en la justicia.
También se crean tres nuevos juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer en Alcobendas (Madrid), Alcorcón (Madrid) y Gijón (Asturias), donde hasta ahora no había un órgano judicial dedicado en exclusiva a los asuntos de violencia contra las mujeres.
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País Vasco tendrá 4 unidades judiciales nuevas y 3 plazas para jueces
Euskadi contará este año con cuatro unidades judiciales nuevas y tres nuevas plazas de jueces de adscripción territorial, según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. El Real Decreto contempla la creación de tres plazas de jueces de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de una plaza de magistrado para la sección sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, y de tres unidades judiciales más, el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 6 de Bilbao, el Juzgado de lo social nº 5 de San Sebastián y el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Tolosa.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha destacado que con esta medida "el Ministerio de Justicia cumple, en el plazo de seis meses, el compromiso adquirido en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia (2009-2012) aprobado por Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2009".
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Un nuevo juzgado y un juez de adscripción territorial para La Rioja
La Rioja contará este año con un nuevo juez de adscripción territorial dentro del Tribunal Superior de Justicia y con un nuevo juzgado de Primera Instancia, que será el número 7 de Logroño, fortaleciendo así el poder judicial en el territorio riojano.
Con esta decisión ministerial, el número de Juzgados de Primera Instancia que alberga La Rioja alcanzará la docena. Están repartidos en la capital (que hasta ahora tenía seis), Haro (que cuenta con dos) y Calahorra (que tiene tres). Además de los siete de Primera Instancia con los que contará Logroño, la capital posee tres juzgados de instrucción y uno de violencia sobre la mujer.
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Andalucía contará con 15 nuevas unidades judiciales y 9 jueces de adscripción territorial
Andalucía tendrá 15 nuevas unidades judiciales y nueve jueces de adscripción territorial en 2010, según un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Además, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) habrá nueve jueces de adscripción territorial.
Por provincias, en Granada se crean una plaza de magistrado para la sección quinta de la Audiencia Provincial; el Juzgado de primera instancia número 19 y el Juzgado de lo penal número 2 de Motril.
En Almería habrá una plaza más de magistrado para la Sección primera de la Audiencia Provincial; y se crea el Juzgado de primera instancia número nueve; mientras que en Cádiz se creará el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 10 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en El Puerto de Santa María.
Por su parte, en Córdoba se creará el Juzgado de de primera instancia número 11 y el de instrucción número 8; y en Huelva, el de primera instancia e instrucción nñumero 5 de Ayamonte.
En Jaén se creará el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Linares; en Málaga el Juzgado de lo penal número 14; el de primera instancia número 8 de Marbella y el de primera instancia número 5 de Fuengirola.
Por último, se crea el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 11 de la Comunidad Autónoma de Andalucía con sede en Sevilla; y el Juzgado de lo penal número 15 de esta provincia.
Además, los juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba y número 14 de Granada, en funcionamiento, se transforman en juzgados de los mercantil número 1 de Almería, número 1 de Córdoba y número 1 de Granada.
La Región de Murcia contará con cinco nuevos juzgados
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se constituyen 150 nuevas unidades judiciales para todo el territorio nacional y se crean 50 plazas de juez de adscripción territorial. En concreto, la Región de Murcia contará con cinco nuevos juzgados en Murcia (2), Cartagena, Lorca y San Javier; además de dos jueces de adscripción territorial.
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ZP olvida el "Caso Cacería" y concede una medalla de postín a Bermejo
Salió del Gobierno en febrero del año pasado por la puerta de atrás y después de ser pillado de cacería con Baltasar Garzón en plena explosión del Caso Gürtel, pero eso es agua pasada. Al menos para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora le premia. El Ejecutivo decidió este pasado viernes conceder la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Mariano Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia.
A Bermejo y a cinco vocales de la Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. Ésta fue creada el 24 de abril de 2009 y entregó su informe al actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el pasado 7 de abril. Los otros cinco galardonados son Silvia Barona Vilar, José Luis Bueren Roncero, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito y Herminia Palencia Guerra.
La Cruz de San Raimundo de Peñafort se creó por decreto el 23 de enero de 1944 para premiar "los relevantes méritos contraidos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia". Entre ellos, los de quien fuera uno de los ministros más controvertidos de la era Zapatero.
En una nota de prensa, el Gobierno destaca que Fernández Bermejo ingresó en la carrera fiscal en 1974 y hasta el momento en el que fue nombrado ministro, en febrero de 2007, desempeñaba el cargo de fiscal jefe de la Sala de la Sección Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Además, recuerda que es licenciado en Derecho y experto en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense, ha sido profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho de Extremadura, profesor de la Facultad de Derecho de la UNED y del Centro de Estudios Jurídicos. También ha firmado numerosos artículos en publicaciones jurídicas, revistas especializadas y en la memoria fiscal durante distintos años.
De lo que no dice nada ese breve currículum es de la forma en la que salió del Gobierno ni de su afición a cazar con jueces que instruyen procesos judiciales contra el PP. Tras su obligada dimisión, como premio de consolación fue nombrado presidente de la Comisión de Política Territorial del Congreso. Durante meses se especuló con que seguiría los pasos de Jordi Sevilla, Bernat Soria y César Antonio Molina, tres ex ministros de Zapatero que renunciaron a su acta de diputados. Pero Fernández Bermejo le ha cogido cariño a su escaño, y ahí seguirá por lo menos hasta las elecciones generales.
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Cataluña tendrá 23 nuevas unidades judiciales en este año 2010
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para constituir este año 23 nuevas unidades judiciales y 7 jueces de adscripción territorial en Cataluña. Además de estos 7 jueces de adscripción territorial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contará también con dos nuevas plazas de magistrado, una para la sala de lo social y otra para la sala de lo contencioso-administrativo.
También se crearán plazas de magistrado para tres secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona y una para la Audiencia Provincial de Gerona, y un registro civil exclusivo en Tarragona Entre las 23 unidades nuevas destacan los juzgados de instrucción en Badalona, Mataró y Manresa (Barcelona), Amposta y Tortosa (Tarragona) y Blanes (Gerona), y los juzgados de primera instancia en Tarrasa (Barcelona), Manresa, Blanes, Lérida, Balaguer (Lérida), Tarragona, Amposta y Tortosa.
Además, según un comunicado del Ministerio de Justicia, también se prevé la apertura de un juzgado de lo penal en Barcelona, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Gerona y Tarragona, y dos juzgados de lo mercantil en la capital catalana.
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Aragón: Justicia crea 5 juzgados en Zaragoza y Huesca
El Consejo de Ministros aprobó formalmente, a través de un real decreto, la creación de cinco nuevos juzgados en Aragón. Dos de ellos, los de Primera Instancia números 20 y 21, comenzarán a operar en Zaragoza el próximo 30 de diciembre, lo que permitirá paliar la descomunal carga de trabajo que soporta la jurisdicción civil como consecuencia de la crisis económica.
Ese mismo día entrarán en funcionamiento tres oficinas judiciales mixtas --de Primera Instancia e Instrucción-- en tres capitales de comarca oscenses. Fraga y Barbastro dispondrán de un segundo tribunal, mientras en Huesca comienza a operar el quinto.
La plantilla de cada una de esas oficinas estará integrada por un juez, un secretario y ocho funcionarios, con lo que al terminar el ejercicio se habrán creado 40 plazas de funcionario en la Administración de Justicia en Aragón.
Paralelamente, el próximo 30 de junio, finalizan los contratos eventuales de 21 de los 47 interinos que ahora cubren plazas de funcionario no cubiertas por sus titulares o son asignados a oficinas con una carga de trabajo inasumible con la plantilla oficial, explicaron el viceconsejero de Justicia de la DGA, José María Bescós, y el director general del ramo, José Borrás, que añadieron que no serán prolongados ni renovados. Siete desempeñan su trabajo en la jurisdicción penal y los catorce restantes, en la civil.
Bescós y Borrás hicieron hincapié en que en los dos años y medio que la DGA lleva gestionando las competencias sobre medios materiales y personal de Justicia --desde enero del 2008--, los interinos o personal de refuerzo se han multiplicado prácticamente por seis, al pasar de ocho a 47.
También señalaron que en la actualidad existen en la plantilla de los tribunales aragoneses 110 bajas por enfermedad de larga duración --más de un mes-- cubiertas por personal interino. Esta circunstancia únicamente se da en los servicios sanitarios.
Por otro lado, José María Bescós y José Borrás señalaron que a lo largo de los últimos meses se han producido algunas amortizaciones de puestos de trabajo en la plantilla de la consejería para asignarlos a las unidades de asistencia técnica de los juzgados, oficinas distribuidas por el territorio --normalmente en las delegaciones provinciales y comarcales del Gobierno de Aragón-- que se encargan de gestionar los problemas de intendencia que surgen en las oficinas de la administración de justicia.
Galicia: El Consejo de Ministros aprobó la creación de once nuevas unidades judiciales
La comunidad gallega cuenta con once nuevas unidades judiciales asignadas -además de dos jueces de adscripción territorial- una vez que el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se constituyen 150 para todo el territorio estatal (134 juzgados y 16 plazas de magistrado en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales). Asimismo, se crean cincuenta plazas más de juez de adscripción territorial.
La propuesta la llevó al Consejo de Ministros el máximo responsable de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, cuyo departamento señala que se han cumplido así, en un plazo de seis meses, los compromisos adquiridos en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 que había sido aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 18 de septiembre del 2009.
En lo que respecta a las nuevas unidades asignadas correspondientes a la comunidad autónoma gallega, son las siguientes: dos plazas de magistrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia -sede que absorbe también a los dos jueces de adscripción territorial-, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de La Coruña, el de Instrucción número 8 de La Coruña, el de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos, el de lo Social número 3 de Santiago, el de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, el de lo Social número 4 de Orense, el de Primera Instancia número 14 de Vigo, el de lo Penal número 4 de Pontevedra y el de lo Social número 4 de Pontevedra.
Es una ampliación considerable de los medios del mapa judicial gallego, pero que no satisface todas las demandas. Por ejemplo, en Ferrol, donde se hablaba de la necesidad urgente de crear sendas unidades de lo contencioso y lo mercantil. Por no mencionar la falta de medios generalizada con que se ha encarado la implantación de la nueva oficina judicial; los problemas de funcionamiento del sistema de gestión procesal Minerva han sido un verdadero clamor.
“Bajo ningún concepto asumimos responsabilidades de que como jueces seamos los responsables de la inseguridad ciudadana porque se ha dejado en libertad a delincuentes”, dijo el dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), Lenin Zeballos. Así respondió al ministro de Justicia, José Serrano, que pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) la destitución ‘inmediata’ de más de una decena de jueces que permitieron 1.405 casos de caducidad de prisión preventiva’ de presuntos delincuentes.
Zeballos, quien también es juez de la Niñez y Adolescencia en la provincia de Los Ríos y que aparece como asesor político de la Fenaje, sostuvo que hay cosas que la opinión pública y ciertas autoridades de Gobierno desconocen.
Explicó las argucias legales que existen en la Constitución y las últimas reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, que son extremadamente garantistas.
También habla de falta de jueces, infraestructura, insumos y presupuesto para un correcto funcionamiento. Pese a todo, agrega, se hace lo que se puede, pero hay quienes se hacen de la vista gorda en cuanto a la actuación de los fiscales y la Policía Nacional.
Recuerda que en el proceso penal acusatorio, el fiscal es el responsable de ir a las audiencias, presentar las pruebas, llevar a los testigos y sostener sus acusaciones, pero si no lo hace, el juez no tiene otra alternativa que aplicar las leyes ‘garantistas’ que favorecen al victimario y no a la víctima.
‘Chivos expiatorios’
Los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dieron paso a la caducidad de la prisión preventiva en más mil 405 causas, rechazaron el informe del Gobierno.
Osvaldo Sierra, juez 15 de garantías penales, dijo que el listado que presentó el ministro Serrano es impreciso y dirigido a crear el desconcierto y la desconfianza de la ciudadanía.
“En la lista que ellos dan, se dice que el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Guayas ha dado 711 caducidades de prisión preventiva, eso es falso. Este tribunal sólo ha otorgado 180, sin embargo, el Ministerio de Justicia dice que son 237 y los multiplican por 3”, explicó.
Sierra, que analizaba el informe junto a los jueces Jorge Guzmán y Reynaldo Cevallos, señaló que los tribunales se componen de tres miembros y que cada resolución es firmada por los tres magistrados de manera pluripersonal.
Penalista aboga
El conocido penalista quiteño, Ramiro Aguilar, comparte de alguna manera con el criterio de la Fenaje en el sentido de que no solo los jueces son los responsables de la caducidad de la prisión preventiva, hecho que ha sido tomado como un parámetro para medir la inseguridad ciudadana.
Comienza por señalar que este hecho ocurre en todo el mundo porque la sociedad ha entendido que es preferible este ambiente, a mantener en la cárcel a una persona sin sentencia.
Este jurista también le atribuye la caducidad a la falta de jueces penales y a las últimas reformas de marzo, en las que se introdujo audiencias para todo y esto exige a los jueces duplicar y hasta triplicar su presencia, lo cual físicamente es imposible, por tanto está obligado a priorizar los casos.
Oviedo: STAJ y 14 sindicatos más protestaron ante la Junta contra el recorte salarial
Representantes de quince organizaciones sindicales de Asturias, que representan al 74 por ciento de los empleados públicos, han protestado ayer en Oviedo en la Junta General del Principado para rechazar el recorte salarial del 5 por ciento que prevé el proyecto de ley para la contención del déficit presentado por el Gobierno regional.
Los sindicatos SATSE SIMPA. STAJ, CSI, USO, USIPA, CSIF, SIPLA, SICEPA, SIPU, SIAT, ACAIP, CUATEA-SF Y ANPE convocaron una concentración ante el Parlamento asturiano, en el que se estaba debatiendo el proyecto de ley de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal que aprobó el Consejo de Gobierno este mes.
Esta iniciativa pretende aumentar los ingresos fiscales en diez millones de euros y rebajar el gasto salarial en cuarenta millones más.
Los manifestantes han recorrido las calles aledañas a la Cámara asturiana portando pancartas en contra del recorte de salarios y pensiones, y en defensa de los servicios públicos.
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Canarias: Los sindicatos prevén protestas contra el nuevo sistema informático
El sistema informático procesal Atlante II vuelve a estar en el ojo del huracán después de que las seis organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Justicia elevaran una queja formal a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias por su mal funcionamiento y hayan convocado asambleas para decidir si se realizan movilizaciones.
Según mantienen los sindicatos, el Gobierno presume de que es una herramienta puntera y modelo para el resto de España cuando, hasta el momento está dando más problemas que otra cosa. En concreto, señalan que el funcionamiento es tan complejo que la mayor parte de los usuarios opta por utilizar la opción de cortar y pegar que contiene el Word antes que utilizar el Atlante II.
El problema parece radicar en que las aplicaciones previstas por el Atlante I y que venían siendo utilizadas con normalidad no han sido volcadas en su totalidad a la nueva versión, lo que, según los representantes de los trabajadores, hace que se tenga que realizar el doble de trabajo para una gestión. Como ejemplo, señalan que en los casos en los que un funcionario está de guardia, no puede trabajar porque no cuenta con los modelos de mandamientos de detención.
Asimismo, critican que si bien por una parte desde la Consejería de Justicia se han enviado circulares solicitando el uso racional y ajustado a las necesidades reales del material de oficina, al mismo tiempo permita que haya un "gasto exagerado de papel" como el que genera el Atlante II.
Respecto a si los funcionarios han recibido cursos de formación para adaptarse al nuevo sistema informático procesal, los sindicatos aseguran que "simplemente se cubrió el expediente", ya que recuerdan que lo único que hay son unas pequeñas presentaciones que duran escasos minutos en cada partido judicial en el que se implanta.
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Justicia paga más de un millón al mes en envíos por correo
El Ministerio de Justicia gasta más de un millón de euros al mes en servicios postales. Según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el departamento que dirige Francisco Caamaño desmbolsará 12,38 millones de euros para la contratación de una empresa que gestione sus envíos durante un año.
El contrato sólo corresponde a las seis comunidades donde las competencias judiciales no han sido transferidas a las autoridades autonómicas: Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja. El resto realiza sus propias contrataciones individualmente.
Aunque el Ministerio de Justicia está intentando poner en marcha medidas para la reducción del uso del papel, lo cierto es que los juzgados españoles siguen moviendo toneladas de papel cada año a través de Correos. Por el momento, sólo Interior ha conseguido rebajar su factura para este contrato gracias a que la nueva Ley de Tráfico fomenta los envíos telemáticos.
Andalucía: 1.500 empleados públicos se concentran convocados por la Plataforma contra los recortes
Más de 1.500 empleados públicos andaluces se concentraron ayer sin incidentes de forma simultánea ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno central en las ocho provincias para protestar contra las medidas de recortes aplicadas por los gobiernos central y autonómico y en defensa de los servicios públicos andaluces, en concentraciones convocadas por la plataforma constituida por siete sindicatos andaluces, entre los que se encuentra STAJ.
Según indicaron a Europa Press fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), uno de los convocantes, las movilizaciones se desarrollaron sin incidentes en todas las provincias, y en algunas de ellas, como Sevilla, los manifestantes estuvieron acompañados por una charanga o de pancartas donde se podía leer, entre otros mensajes, 'Ellos malgastan, nosotros pagamos', 'Menos recortes y más empleo' o 'Esta crisis la pagan los usuarios'.
Asimismo, los miembros del Sindicato Médico y los enfermeros del Satse, otros de los convocantes, acudieron con sus batas blancas.
La concentración está convocada por la Plataforma de Sindicatos Profesionales e Independientes de Funcionarios Públicos andaluces integrada por sindicatos del ámbito de la función pública andaluza, incluyendo Administración general, sanidad, educación, justicia, policía local o bomberos.
Así, esta unión está formada por los sindicatos sanitarios Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USAE (de los auxiliares de enfermería), el educativo ANPE, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (STAJ) y la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLB-A).
En dichas concentraciones, los convocantes leyeron un manifiesto conjunto, donde estos sindicatos, autodenominados "independientes", manifestaron su "total rechazo" a las medidas de Gobierno central y Junta, toda vez que "se nos ha hecho culpables de una crisis de la que no somos responsables; además han actuado inconstitucionalmente, ya que nos meten la mano en la cartera sin previa negociación y de forma expropiatoria".
Criticaron que los recortes "supone una rebaja en nuestras pensiones en años venideros" y lamentaron que las administraciones "no han adoptado otras medidas de ajuste alternativas como una reducción de altos cargos en todas las administraciones públicas, una reducción de asesores de confianza política de los altos cargos, una reducción de los puestos de libre designación en todas las administraciones, una reducción de ministerios y consejerías, una reducción drástica de gastos de protocolo, o una eliminación del 'gratis total' para los altos cargos, asesores, diputados, senadores o concejales".
Asimismo, lamentaron que Gobierno y Junta "no eliminen la 'administración paralela' con trabajadores que asumen competencias exclusivas de los funcionarios públicos; ni tampoco suspendan temporalmente los proyectos inviables económicamente en la actualidad, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial". También criticaron que "no se eliminen las subvenciones injustificadas e improductivas, ni se combata el fraude fiscal, para evitar que miles de millones de euros se queden sin tributar".
Además rechazaron estos decretos "porque van a suponer una caída del consumo y, por tanto, un incremento del paro" y criticaron que otras medidas de ajuste como la congelación de las ofertas de empleo público o de los concursos de méritos "están suponiendo un grave deterioro de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía, ya que las administraciones no están cubriendo las bajas y vacantes permanentes".
Por ello, exigieron a los gobiernos que "suspendan estas injustas e inmerecidas medidas y que, en todo caso, en todas las administraciones establezcan, en los acuerdos retributivos, la compensación efectiva y real de estas medidas y en las mismas condiciones en las que se van a aplicar en las nóminas".
Asturias: STAJ critica el viaje en Business Class de Areces a China
Los sindicatos STAJ, SATSE, SIMPA, USAE, CSI, USO, USIPA, SIPLA, SICEPA, SIPU, SIAT, ACAIP, CSIF, SUAETA-SF Y ANPE, han asegurado ante el viaje que el Presidente del Principado lleva a cabo estos días a China y la India, que "se puede hacer sin ir a hoteles de 5 estrellas , sin viajar en Business Class, y sin llevar mas de diez personas de protocolo o apoyo, en un momento de crisis en el que se piden mayores esfuerzos a los trabajadores", y convocan a todos los empleados públicos a una concentración mañana jueves día 24 a las 16:30 delante de la Junta General, en la Calle Fruela de Oviedo.
En una nota de prensa, estos sindicatos que representan a más del 74% de los empleados públicos, siendo mayoritarios en Sanidad, Enseñanza, Justicia y Funcionarios de la Administración General, afirman que "no pueden aceptar la postura farisea del Gobierno Regional que mientras reduce el salario de los empleados públicos, sigue derrochando dinero de todos los Asturianos con un gran número de de Asesores (enchufados), Organismos solapados que sólo sirven para incrementar el gasto y para colocar amiguetes, familiares, etc".
Por ello, los sindicatos mayoritarios en la Administración Pública, anuncian que "seguiremos llevando a cabo todo tipo de acciones tendentes a detener esta agresión a los empleados públicos, y si al Presidente no le gusta lo que tiene que hacer es gobernar, demostrar austeridad en todos sus comportamientos y dejar de quitar el dinero a los empleados públicos, para dárselo a la banca y a Grandes Empresas".
Etiquetas: Asturias, Despilfarro
Andalucía: STAJ participa en la Plataforma de Sindicatos Profesionales contra los recortes
Los recortes en materia económica que los gobiernos central y autonómico han aprobado, y que afectan a los funcionarios, personas dependientes y futuras madres, van a conllevar la movilización de sindicatos profesionales, que se han unido ya en una plataforma a nivel autonómico con el objetivo de aunar esfuerzos e impedir que los trabajadores sean las víctimas de las crisis cuando no han sido los culpables. De esta manera surge la denominada "Plataforma de Sindicatos Profesionales e Independientes de Empleados Públicos". La plataforma está formada por los sindicatos sanitarios Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USAE (de los auxiliares de enfermería), el educativo ANPE, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (STAJ) y la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLB-A).
Todas las organizaciones sindicales trabajarán contra los decretos leyes del Gobierno central y autonómico que permiten una rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la anulación del cheque-bebé y la reducción de los derechos de las personas dependientes. Están convencidos de que hay "una desconfianza muy grande" hacia los sindicatos de clase frente a su "independencia" por depender exclusivamente de las cuotas de los afiliados y su mayor comprensión de las necesidades de cada colectivo al ser organizaciones "estrictamente profesionales" que representan "el sindicalismo del futuro", en palabras de los líderes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, José Luis Fernández, el de auxiliares de enfermería, Cristo Barajona, o el de médicos Antonio Gutiérrez.
Según indicaron a Europa Press fuentes del Satse y del SAF, estos sindicatos representan a más del 50 por ciento de empleados públicos andaluces, de forma que "representamos y somos la voz de mucha gente de muchas administraciones, tanto general, sanidad, educación, justicia, policías locales o bomberos".
Como primera acción de protesta, la plataforma ha convocado una concentración mañana miércoles ante las subdelegaciones de las ocho capitales andaluzas contra los recortes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Antonio Griñán. El acto se desarrollará al mismo tiempo a partir de las 19 horas.
Esta plataforma además tiene previsto seguir con las movilizaciones tras el verano, aparte de las acciones que pueda convocar cada colectivo, incluidas las de orden judicial.
En ese sentido, precisaron que a nivel de plataforma no se va a emprender ninguna medida judicial, tras lo que fuentes del SAF consideraron que "los recursos presentados por otros sindicatos son un brindis al sol, y los sindicatos no estamos legitimados para recurrir un real decreto ley toda vez que son necesarios la firma de 50 diputados o senadores o la acción del Defensor del Pueblo".
No obstante, advirtieron de que "sí se puede recurrir el desarrollo reglamentario de los decretos", de forma que el SAF va a recurrir ante la Audiencia Nacional una instrucción del Gobierno central sobre confección de nóminas en aplicación del real decreto ley.
Fuentes del SAF se mostraron preocupados por que ese recorte "puede afectar a los servicios que prestamos a los ciudadanos, que se están deteriorando porque no se están cubriendo las vacantes al cien por cien". Asimismo, criticaron el "despilfarro de subvenciones y ayudas que se siguen concediendo con criterios despilfarradores por parte de la Junta".
En su manifiesto conjunto, estos sindicatos, autodenominados "independientes", manifestaron su "total rechazo" a las medidas de Gobierno central y Junta, toda vez que "se nos ha hecho culpables de una crisis de la que no somos responsables; además han actuado inconstitucionalmente, ya que nos meten la mano en la cartera sin previa negociación y de forma expropiatoria".
Fuente: Europa Press , elmundo.es
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Canarias: STAJ denuncia la reducción del 43% de los funcionarios dedicados a violencia sobre la mujer
Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunciaron que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha emitido una resolución en la que deja de considerar como funcionarios encargados de la tramitación y gestión de los casos de violencia sobre la mujer a 42 funcionarios, lo que supone una disminución del 43%.
Las citadas organizaciones recuerdan en un comunicado que "uno de los logros fundamentales que en materia de Justicia concretaron los sindicatos y la Administración en el acuerdo que suscribieron el 20 de noviembre de 2009, fue el reconocimiento con traducción económica del trabajo realizado por los funcionarios que en los distintos Partidos Judiciales se ocupaban de la tramitación de los asuntos relacionados con la Violencia de Género, rama jurisdiccional que por sus complejidades y el adecuado trato a las víctimas exige en todas sus actuaciones una atención especial, motivo que indujo a los agentes sociales a la suscripción del Acuerdo invocado en esta materia".
De esta forma, se consiguió que 97 funcionarios se encargaran en la totalidad del archipiélago de forma concreta de la tramitación y gestión de este tipo de asuntos en los juzgados mixtos. Sin embargo, agregan los sindicatos, "y pese a los resultados positivos que esta decisión bipartita venía arrojando, la Administración --al socaire de la tan cacareada crisis económica-- decidió hace varias semanas, unilateralmente y mediante Resolución expresa que ha contado con la oposición de la totalidad de los sindicatos con representación en el sector, dejar en únicamente 55 el número de funcionarios que en el ámbito de la Comunidad Autónoma se dedican desde ahora a la tramitación de asuntos de Violencia de Género".
El Ejecutivo autónomo, apuntan IC y STAJ, "intentó fundamentar tan desafortunada decisión en criterios cuantitativos fijados en razón a número de procedimientos, vulnerando con ello el texto del Acuerdo suscrito, que determinaba la dedicación de un contingente humano a este tipo de asuntos en base a criterios de penosidad y de especial dificultad por el carácter especial que tal trabajo lleva, por la incidencia especifica que supone principalmente en las víctimas".
A juicio de estos sindicatos, "la absurda y despótica decisión de la Administración lleva a situaciones tan absurdas como a rebajar en tres funcionarios los efectivos que hasta ahora tramitaban asuntos de violencia sobre la mujer en el Partido Judicial de La Laguna, cuando el volumen y número de asuntos allí existentes es prácticamente superior en esta materia a la de cualquiera de los dos Juzgados exclusivos de Santa Cruz de Tenerife (que dedican a estos cometidos a la totalidad de sus plantillas)". Según las organizaciones sindicales, "igual de triste y penosa a la expuesta es la situación en que al respecto ha quedado el Partido Judicial de Arrecife de Lanzarote".
En esta tesitura, IC y STAJ no dudan al afirmar que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias con su responsable al frente, "ha mostrado su cara más autoritaria e intransigente en una materia que como ésta debe tratarse con un cuidado exquisito por las connotaciones que conlleva, máxime cuando el ahorro que conlleva para la Administración es la exageradísima cifra de 3.330 euros mensuales". Los sindicatos lamentan que "por este inmenso ahorro dejan de tener las mujeres canarias maltratadas un número prudencial de funcionarios que merecen para atender su problemática".
Por todo lo expuesto, IC y STAJ piensan que "por responsabilidad y dignidad, no podemos permanecer en silencio ante esta situación, por lo que queremos hacer pública nuestra postura ante semejante dislate". En consecuencia, y pese a que aseveran entender que la Administración ha incumplido "manifiestamente" el contenido de un Acuerdo legal, se reservan su derecho a realizar las medidas que resulten oportunas para la defensa de los derechos de la ciudadanía canaria y de los trabajadores afectados.
Cantabria: STAJ pide que se paralice la Nueva Oficina Judicial porque la crisis económica hace "inviable" el proyecto
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha reclamado la "paralización inmediata" de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Cantabria porque, a su juicio, las "fuertes inversiones" necesarias para su desarrollo hacen "inviable" el proyecto en la actual coyuntura económica. STAJ abogó por esperar "un momento mejor para el despliegue" de la Nueva Oficina Judicial, si se quiere "culminar con garantías de éxito".
El sindicato ha remitido un escrito al consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, para trasladar esa demanda y, a la vez, para mostrar su rechazo al recorte salarial para los empleados públicos.
En su opinión, se trata de un recorte "indiscutiblemente abusivo" para un personal cuyas retribuciones estaban ya "mermadas por la pérdida de poder adquisitivo" sufrido "a lo largo de muchos años".
Según STAJ, la medida perjudicará en el ámbito de la justicia en Cantabria a más de 600 familias de funcionarios y afectará a su capacidad de consumo y ahorro, dado que "la gran mayoría" son "mileuristas" y "difícilmente van a poder hacer frente a sus hipotecas y pagos corrientes".
Por eso, el sindicato pide que no se apliquen los recortes salariales y solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Justicia, para que el Gobierno informe a los sindicatos sobre las medidas que va a adoptar tanto en lo que respecta a los salarios como en lo relativo a la Nueva Oficina Judicial.
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Sevilla: Trabajo detecta 'muchos' fallos de seguridad y salud en el edificio judicial Noga
La Inspección de Trabajo ha dado un plazo de 30 días a la Delegación Provincial de Gobernación y Justicia para que "planifique las pertinentes medidas correctoras" de cara a resolver las "deficiencias" en materia de seguridad y salud que presenta el edificio Noga. Este dictamen de la Inspección se ha producido a raíz de la denuncia que interpusieron los sindicatos STAJ, CSIF, SPJ-USO, UGT Y CCOO por la omisión de medidas de seguridad y salud en el edificio Noga, que engloba, entre otros, los 14 juzgados de lo Penal de la capital hispalense.
El pasado día 10 de mayo se giró por parte de la Inspección de Trabajo una visita de inspección a este edificio, llevándose a cabo un recorrido "exhaustivo" por todas sus dependencias y detectándose "numerosas deficiencias" en materia de seguridad y salud, tales como falta de espacio y de ventilación, "deficiente" iluminación en determinadas zonas y falta de persianas en las ventanas de todas las dependencias con el "considerable" aumento de temperatura.
Los jueces también se quejaron
Ante las deficiencias detectadas, y según fuentes sindicales, la Delegación del ramo ha sido objeto de requerimiento para que en un plazo de 30 días lleve a cabo "evaluación completa de riesgos, planifique las pertinentes medidas correctoras fijando para las mismas responsable, plazos y medios materiales y humanos necesarios para su ejecución, y también para que elabore las preceptivas medidas de emergencia del edificio".
En este sentido, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha emitido un comunicado en el que lamenta que haya sido necesario acudir a esta vía para que la Consejería de Gobernacion y Justicia "se dé cuenta de las penosas condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo los funcionarios de la Administración de Justicia en muchos edificios judiciales".
Pero no son únicamente carencias como éstas las que padece el llamado a ser uno de los edificios emblemáticos del ámbito judicial sevillano. Ya en su día la Junta de Jueces de lo Penal manifestó su preocupación por las "graves deficiencias" organizativas del inmueble, derivadas de que la Junta no haya puesto aún en marcha el servicio común de ejecutorias.
"Lamentable" estado de la clínica forense
Al hilo de ello, confió en que la Junta "tome buena nota", ya que "aún existen muchos lugares de trabajo donde la situación es realmente tercermundista, como la Clínica Forense de Sevilla, muchas sedes de pueblos e incluso algunas de nueva construcción, como Morón de la Frontera".
Respecto al caso de la clínica forense, el STAJ dijo que presenta un estado "lamentable" por "falta de espacio o inundaciones esporádicas", mientras que, en el caso de Morón de la Frontera, indicó que, en las ventanas, "no se han instalado, ni persianas, ni cortinas que impidan el paso de los rallos del sol, lo cual hace insoportable el trabajo; no sólo por las altas temperaturas, sino también por la elevada luminosidad que impide visualizar correctamente las pantallas de los ordenadores".
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Málaga: Unos 400 funcionarios de justicia se concentraron en protesta por la bajada de los salarios
Unos 400 funcionarios se concentraron el pasado viernes en las puertas de la Ciudad de la Justicia y con gritos como 'Zapatero, deja al obrero y ve contra el banquero' protestaron por el Decreto de Medidas extraordinarias que, según apuntaron, ha rebajado sus retribuciones "en mayor medida incluso que al resto de los empleados públicos".
En este sentido, el responsable de SPJ-USO Málaga, uno de los sindicatos convocantes junto a STAJ, aseguró que "el personal está indignado porque no entiende esta medida que es injusta e innecesaria tras el despilfarro de este gobierno, que ha gastado alegremente".
Por su parte, desde el sindicato STAJ precisaron que con dicho decreto "el gobierno nos ha metido la mano en el bolsillo y nos ha quitado de la cartera dinero ya consolidado", al tiempo que apuntaron que supone "una merma importante en los ya pobres sueldos de los empleados de la Administración de Justicia".
A este respecto, desde dicho colectivo consideraron que estos recortes "se debían haber hecho en otros ámbitos, sobre todo en los grandes capitales, y de otra manera, y no ir directamente a lo fácil que son los empleados públicos, los discapacitados y los pensionistas".
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Segovia: El Ministerio recibe más de cuarenta ofertas para el edificio de juzgados
El Ministerio de Justicia ha recibido más de cuarenta ofertas para la redacción del proyecto del que será nuevo edificio de juzgados de Segovia, que se ubicará en el barrio de Nueva Segovia. Esta elevada cifra, poco habitual, se debe, en parte, a que el presupuesto inicial asciende a 866.000 euros y, en contra del procedimiento que suele seguir este departamento, se tratará de un edificio de arquitectura singular, que no seguirá la misma línea de otros proyectados por los arquitectos de Justicia.
Para mediados de este mes está previsto que se abran las plicas con las ofertas económicas presentadas por los interesados.
Como se recordará, el Ministerio publicó el pasado mes de marzo en el BOE el anuncio para la licitación de este proyecto, iniciándose así la tramitación de una aspiración largamente demandada no solo por los responsables de órganos judiciales de la capital, sino también de Fiscalía, colegios de abogados y procuradores y colectivos relacionados con la Administración de Justicia.
Una vez adjudicado, el plazo para la ejecución es de tres años (36 meses), incluyendo un mes para la redacción del anteproyecto, dos para el proyecto básico; tres para el de ejecución y el estudio de seguridad y salud y 30 para la fase de dirección de las obras.
Justicia valorará la oferta económicamente más ventajosa presentada por empresas que deben acreditar la cualificación profesional requerida para la prestación del servicio: Arquitectos, arquitectos técnicos o ingenieros superiores. Los criterios de adjudicación han fijado para la propuesta económica una ponderación máxima de 5 puntos, para la solución arquitectónica y urbanística, 3,7; la memoria descriptiva del proyecto, uno y el control de calidad del mismo, 0.25.
El nuevo edificio se construirá en la parcela D-3 del barrio de Nueva Segovia, frente a la finca donde se construye el edificio destinado a cuerpo de bomberos y donde se ubicará también la nueva sede de la Policía Local.
La construcción, de nueva planta, tendrá al menos 5.000 metros cuadrados para alojar los ocho juzgados unipersonales que existen actualmente en la ciudad y la Audiencia Provincial y capacidad para otros cuatro más que podrían implantarse en el futuro. Además, estará completamente adaptado a las exigencias de la nueva oficina judicial, cuya implantación comenzó el pasado mes de mayo en la provincia de Burgos.
Justicia busca sede para el Juzgado N. 6
Aunque su creación todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, distintas fuentes jurídicas han confirmado que el Ministerio de Justicia está buscando en la capital segoviana un local para albergar el que será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6.
De esta forma, Justicia acepta la propuesta realizada tanto por los responsables de los órganos judiciales de Segovia, con el presidente de la Audiencia, Andrés Palomo, a la cabeza, así como con el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que justifica la creación del nuevo juzgado por la carga de trabajo que se ha incrementado de forma notable en los otros cinco juzgados mixtos de la capital.
Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia reivindicó la creación de 36 nuevas unidades judiciales en su Memoria Judicial de 2009, donde además de este juzgado de primera instancia e instrucción se observaba la conveniencia de crear el que sería Juzgado de lo Penal nº 2. Sin embargo, según han informado fuentes judiciales, el Ministerio sólo ha accedido a aprobar un refuerzo temporal para el Juzgado de lo Penal de Segovia, con un juez y un secretario suplementarios.
Desde la vecina Ávila, ciudad con mayor población que Segovia, se mira con envidia estas medidas, ya que allí reclaman la creación del Juzgado nº 5.
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Madrid: Suspenden por la huelga la mitad de los juicios en los juzgados de Plaza Castilla
Uno de los convocantes de la huelga, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), celebró una concentración en las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, donde varias decenas de trabajadores han mostrado con pitos y pancartas su malestar por la reducción de su sueldo. Un abogado que trabaja habitualmente en estos juzgados, Javier Mariscal, aseguró a Qué.es que se suspendieron la mitad de los juicios previstos para la jornada.
Tres de los afectados por la suspensión de los juicios en Plaza Castilla contaron su caso a Qué.es. Así, Víctor, un policía que tenía que acudir a mediodía a un juicio, aseguró que habían suspendido la celebración de la vista y que la nueva fecha prevista para la celebración del juicio es octubre. También Antonio Gumiel se vio afectado por la huelga, pues también le han aplazado el juicio aunque sin una fecha clara. En este sentido, destacó que le parecía mal el hecho de que le multasen en el caso de que él no acudiera al juicio y que en este caso nadie le haya avisado de que se iba a suspender. Según aseguró, los juicios con casos más graves sí se celebraron, pero se suspendieron el 80% de los juicios por faltas. Otra afectada, Arancha García, comentó que había tenido que madrugar y pedir el día en el trabajo y que, una vez suspendido el juicio, ni siquiera ha conseguido que alguien le firmase o sellase la cita para justificar en su empresa que había acudido al juicio.
Los trabajadores de los Juzgados de Plaza Castilla se mostraron indignados a las puertas de estas instalaciones y portaron carteles con lemas como "¡Esto es un atraco, me llevo tu 5%!" (con la imagen de Zapatero portando una pistola), o con el lema "Abaratar" encabezando una fotografía de Zapatero vestido como uno de los personajes de la película 'Avatar'. También se empleó la 'Z' de Zapatero como la 'Z' de El Zorro junto al lema: "Roba los sobres y se los da a los ricos".
"Vete a León, por Sonsoles y los españoles", "Por tu despilfarro, me bajas el salario", "Zapatero dimite, los funcionarios no te admiten", "Menos asesores y más retribuciones", "Otros han robado y nosotros lo pagamos" y "Basta ya de oficina judicial" son algunos de los lemas coreados por los funcionarios.
El portavoz del STAJ, Alberto García, dijo que el recorte salarial aprobado por el Ejecutivo ha producido "un malestar absoluto" en un sector donde el 60 por ciento de los empleados son "mileuristas".
Hay muchos otros sitios de donde el Gobierno podría haber "retrotraído el gasto público", según García, que ha puesto como ejemplo de ello la nueva oficina judicial, con la que están de acuerdo porque la justicia necesita de "una gran modernización", pero no en este momento.
Muchos funcionarios consideran que se debería haber aplazado la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, pues "es como si pones la cocina nueva y reluciente, pero no tienes dinero para comprar comida".
Así, los funcionarios consideran que los recortes tendrían que haberse centrado en los asesores y en los coches oficiales, en lugar de centrarse en los salarios de los trabajadores.
El STAJ, a través de un comunicado, ha hecho constar que los servicios mínimos del dia de huelga han sido "abusivos", y que seguirá realizando, como lleva a cabo desde hace unos días, diversos actos de protesta a la puerta de los diferentes juzgados madrileños.
Fuente: que.es , ABC.es
Publicado por LIBRA a las 23:57 0 comentarios
Bruselas: Iraní reconoce asesinato de una juez de paz y su secretario
El móvil del doble crimen, según explicó el portavoz de la justicia belga, fue la venganza por una decisión tomada en 2007 por la juez de paz asesinada, Isabella Brandon, según la cual el iraní debía acatar una orden de desalojo de la casa de Bruselas en la cual residía ilegalmente.
El asesino confeso fue detenido la noche del pasado jueves en el parque Warande, en pleno centro de Bruselas, a unos diez minutos a pie de la Grand Place, después de oponer resistencia y disparar al aire con su arma para intimidar a los agentes que pretendían neutralizarle.
Pagar impuestos, no dan derecho a matar
Según la radiotelevisión pública belga flamenca, VRT, que ha difundido un vídeo policial en el cual se muestra el momento de la detención -colgado en el portal de la cadena www.deredactie.be - el detenido dijo: "¡Dejadme morir tranquilo, ya he pagado todos mis impuestos!".
El asesino confeso penetró el pasado jueves en un juzgado de paz, adyacente al Palacio de Justicia de Bruselas, y disparó a quemarropa contra la jueza de paz Isabella Brandon, de 60 años, que murió por un disparo en la cabeza, y su secretario, André Bellemans, por disparos en la zona del abdomen, de 59. Ambos funcionarios, que estaban cerca de disfrutar de una jubilación anticipada, murieron casi en el acto.
Bélgica seguía conmocionada por los hechos. Además de las manifestaciones espontáneas realizadas ante el palacio de justicia de Bruselas y delante de juzgados y tribunales del todo el país, los jueces y funcionarios de Justicia guardaron un emocionado minuto de silencio en memoria de las víctimas.
También exigieron a las autoridades judiciales belgas que mejoren sustancialmente las condiciones de seguridad a la entrada de los edificios judiciales, considerada muy precaria. Según confesó un juez de paz de Bruselas, que pidió el anonimato, "cualquiera puede entrar o salir de los juzgados de Bruselas sin que nadie le moleste. Cualquiera puede entrar con un arma de fuego y nadie se dará cuenta".
"Tragedia nacional" en Bélgica
El ministro belga de Justicia, Stafaan de Clerck, aseguró que los asesinatos suponen una "tragedia nacional" nunca vista antes en el país, que el próximo 13 de junio celebra elecciones generales anticipadas.
"Es un drama nacional. Es la primera vez que algo así ocurre en Bélgica. Es un atentado contra la justicia de este país. Que hayan matado a una juez de paz es inconcebible. La justicia de paz es, por definición, aquella que está siempre al lado de los ciudadanos", se lamentó nuevamente Stefaan De Clerck.
Precisamente, la necesaria reforma de la justicia belga, considerada obsoleta y arcaica, y el aumento de la seguridad en las prisiones, tras numerosos casos de fugas rocambolescas en 2008 y 2009, es uno de los asuntos candentes que deberá asumir el próximo gobierno.
Tras los asesinatos, el asunto de la seguridad en cárceles y juzgados se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral. El próximo 13 de junio se celebran elecciones en Bélgica, después de la crisis de gobierno del 26 de abril pasado, que forzó a adelantar los comicios. Bélgica asume el próximo 1° de julio la presidencia semestral rotativa de la Unión Europea (UE) de manos españolas.

References: artículo 221
 artículo 220
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