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Timestamp: 2020-07-13 02:45:22+00:00

Document:
Registro Oficial. 18 de MAYO del 2004 Suplemento
2004-34\n Ley Orgánica\n de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gobierno\n Municipal de Shushufindi: Que\n reforma a la Ordenanza para la determinación,\n administración, control y recaudación del impuesto\n de patentes municipales\n \n
Oficio No\n SGA.0000173
\n Quito, a 11 de mayo del 2004
· LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA\n INFORMACIÓN PÚBLICA.
No 2004-34
EL CONCRESO NACIONAL
Que el artículo 81 de la Constitución Política\n de la República, garantiza el derecho a acceder a las\n fuentes de información, cómo mecanismo para ejercer\n la participación democrática respecto del manejo\n de la cosa pública y la rendición de cuentas a\n la que están sujetos todos los funcionarios del Estado\n y demás entidades obligadas por esta Ley;
Que es necesario hacer efectivo el principio de publicidad\n de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del\n Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos\n o que por su naturaleza sean de interés público;
Que la misma norma constitucional establece que no existirá\n reserva respecto de informaciones que reposen en archivos públicos,\n excepto de aquellas que por seguridad nacional no deben ser dadas\n a conocer;
Que la libertad de información está reconocida\n tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos\n Civiles y Políticos, como en el artículo 13 de\n la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y,
LEY\n ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN\n PÚBLICA
Art.1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.-\n El acceso a la información pública es un derecho\n de las personas que garantiza el Estado.
Toda la información que emane o que esté en\n poder de las instituciones, organismos y entidades, personas\n jurídicas de derecho público o privado que, para\n el tema materia de la información tengan participación\n del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera\n de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado; las organizaciones\n de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado,\n instituciones de educación superior que perciban rentas\n del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales\n (ONG's), están sometidas al principio de publicidad; por\n lo tanto, toda información que posean es pública,\n salvo las excepciones establecidas en esta Ley.
Art. 2.- Objeto de la Ley.- La presente Ley garantiza y norma\n el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información\n conforme a las garantías consagradas en la Constitución\n Política de la República, Pacto Internacional de\n Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana\n sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales\n vigentes, de los cuales nuestro país es signatario.
a) Cumplir lo dispuesto en la. Constitución Política\n de la República referente a la publicidad, transparencia\n y rendición de cuentas al que están sometidas todas\n las instituciones del Estado que conforman el sector público,\n dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos\n los entes señalados en el artículo anterior, las\n personas jurídicas de derecho privado que realicen obras,\n servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto,\n adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización,\n clasificación y manejo de la información que den\n cuenta de la gestión pública;
b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que\n sobre la materia ha suscrito legalmente nuestro país;
c) Permitir la fiscalización de la administración\n pública y de los recursos públicos, efectivizándose\n un verdadero control social;
d) Garantizar la protección de la información\n personal en poder del sector público y/o privado;
e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y\n la plena vigencia del estado de derecho, a través de\n un genuino y legítimo acceso a la información pública;\n y,
f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en\n la toma de decisiones de interés general y su fiscalización.
Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta\n Ley es aplicable a:
a) Los organismos y entidades que conforman el sector público\n en los términos del artículo 118 de la
\n Constitución Política de la República;
b) Los entes señalados en el artículo 1 de la\n presente Ley;
c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones\n pertenezcan en todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre\n el destino y manejo de recursos del Estado;
d) El derecho de acceso a la información de los diputados\n de la República se rige conforme a lo dispuesto en la\n Constitución Política de la República, en\n la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su\n Reglamento Interno;
e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales\n (ONG's) aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas\n de la provisión o administración de bienes o servicios\n públicos, que mantengan convenios, contratos o cualquier\n forma contractual con instituciones públicas y/u organismos\n internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función\n sea pública;
f) Las personas jurídicas de derecho privado, que sean\n delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma contractual\n de servicios públicos del Estado, en los términos\n del respectivo contrato;
g) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen\n gestiones públicas o se financien parcial o totalmente\n con recursos públicos y únicamente en lo relacionado\n con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que\n se destinen tales recursos; y,
h) Las personas jurídicas de derecho privado que posean\n información pública en los términos de esta\n Ley.
Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el\n desarrollo del derecho de acceso a la información pública,\n se observarán los siguientes principios:
a) La información pública pertenece a los ciudadanos\n y ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas depositarías\n de archivos públicos, son sus administradores\n y están obligados a garantizar el acceso a la información;
b) El acceso a la información pública, será\n por regla general gratuito a excepción de los costos de\n reproducción y estará regulado por las normas de\n esta Ley;
c) El ejercicio de la función pública, está\n sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones.\n Este principio se extiende a aquellas entidades de derecho privado\n que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos;
d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar\n las normas de esta Ley Orgánica de la manera que más\n favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí garantizados;\n y,
e) Garantizar el manejo transparente de la información\n pública, de manera que se posibilite la participación\n ciudadana en la toma de decisiones de interés general\n y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades\n que ejerzan el poder público.
Art. 5.- Información Pública.- Se considera\n información pública, todo documento en cualquier\n formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas\n y de las personas jurídicas a las que se refiere esta\n Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren\n bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del\n Estado.
Art. 6.- Información Confidencial.- Se considera\n información confidencial aquella información pública\n personal, que no está sujeta al principio de publicidad\n y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos\n y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los\n artículos 23 y 24 de la Constitución Política\n de la República.
El uso ilegal que se haga de la información personal\n o su divulgación, dará lugar a las acciones legales\n pertinentes.
No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones\n que realicen las autoridades públicas competentes, sobre\n violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos\n en la Constitución Política de la República,\n en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales\n y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento\n establecido en las indagaciones previas.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-\n Por la transparencia en la gestión administrativa que\n están obligadas a observar todas las instituciones del\n Estado que conforman el sector público en los términos\n del artículo 118 de la Constitución Política\n de la República y demás entes señalados\n en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán\n a través de un portal de información o página\n web, así como de los medios necesarios a disposición\n del público, implementados en la misma institución,\n la siguiente información mínima actualizada, que\n para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la\n rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la\n entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas\n de conformidad con sus programas operativos;
b) El directorio completo de la institución, así\n como su distributivo de personal;
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso\n adicional, incluso el sistema de compensación, según\n lo establezcan las disposiciones correspondientes;
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos,\n horarios de atención y demás indicaciones necesarias,\n para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir\n sus obligaciones;
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos\n vigentes en la institución, así como sus anexos\n y reformas;
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes\n que se requieran para los trámites inherentes a su campo\n de acción;
g) Información total sobre el presupuesto anual que\n administra la institución, especificando ingresos, gastos,\n financiamiento y resultados operativos de conformidad con los\n clasificadores presupuéstales, así como liquidación\n del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de\n recursos públicos;
h) Los resultados de las auditorías internas\n y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
i) Información completa y detallada sobre los procesos\n precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación,\n de las contrataciones de obras, adquisición de bienes,\n prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc.,\n celebrados por la institución con personas naturales o\n jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido\n contratos con dicha institución;
l) El detalle de los contratos de crédito externos\n o internos; se señalará la fuente de los fondos\n con los que se pagarán esos créditos. Cuándo\n se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se\n hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica\n de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y\n contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros\n o tipos de interés;
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía,\n tales como metas e informes de gestión e indicadores de\n desempeño;
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos\n de movilización nacional o internacional de las autoridades,\n dignatarios y funcionarios públicos;
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal\n y dirección electrónica del responsable de atender\n la información pública de que trata esta Ley;
p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional,\n adicionalmente, publicarán el texto íntegro de\n las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán\n el texto integro de las resoluciones ejecutoriadas, así\n como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones;
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los\n indicadores e información relevante de su competencia\n de modo asequible y de fácil comprensión para la\n población en general;
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente\n a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante\n la publicación de las actas de las respectivas sesiones\n de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo\n local; y,
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente,\n publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas,\n producidas en todas sus jurisdicciones.
La información deberá ser publicada, organizándola\n por tonas. Ítems, orden secuencial o cronológico,\n etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano\n pueda ser informado correctamente y sin confusiones.
Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.-\n Todas las entidades que conforman el sector público en\n los términos del artículo 118 de la Constitución\n Política de la República y demás entes señalados\n en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán,\n según sus competencias y posibilidades presupuestarias,\n programas de difusión y capacitación dirigidos\n tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones\n de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y\n mejor participación ciudadana en la vida del Estado.
Las universidades y demás instituciones del sistema\n educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento,\n difusión y promoción de estos derechos. Los centros\n de educación fiscal, municipal y en general todos los\n que conforman el sistema de educación básica, integrarán\n en sus currículos contenidos de promoción de los\n derechos ciudadanos a la información y comunicación,\n particularmente de los accesos a la información pública,\n babeas data y amparo.
Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información\n Publica.- El titular de la entidad o representante legal, será\n el responsable y garantizará la atención suficiente\n y necesaria a la publicidad de la información pública,\n así como su libertad de acceso.
\n Su responsabilidad Será recibir y contestar las solicitudes\n de acceso a la información, en el plazo perentorio de\n diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días\n más, por causas debidamente justificadas e informadas\n al peticionario.
Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad\n de las instituciones públicas, personas jurídicas\n de derecho público y demás entes señalados\n en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener\n registros públicos de manera profesional, para que el\n derecho a la información se pueda ejercer a plenitud,\n por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia\n de normas técnicas en el manejo y archivo de la información\n y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio\n de acceso a la información pública, peor aún\n su destrucción.
Quienes administren, manejen, archiven o conserven información\n pública, serán personalmente responsables, solidariamente\n con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información\n y/o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas\n o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones,\n en la ocultación, alteración, pérdida y/o\n desmembración de documentación e información\n pública. Los documentos originales deberán permanecer\n en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas\n a los archivos generales o Archivo Nacional.
El tiempo de conservación de los documentos públicos,\n lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional\n y las disposiciones que regulen la conservación de la\n información pública confidencial.
Los documentos de una institución que desapareciere,\n pasarán bajo inventario al Archivo Nacional y en caso\n de fusión interinstitucional, será responsable\n de aquello la nueva entidad.
Art. 11.- Vigilancia y Promoción de la Ley.- Sin perjuicio\n del derecho que las leyes asignan a otras instituciones públicas\n de solicitar información y de las facultades que le confiere\n su propia legislación, corresponde a la Defensoría\n del Pueblo, la promoción, vigilancia y garantías\n establecidas en esta Ley. Tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento\n del derecho de acceso a la información pública;
b) Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones\n públicas, personas jurídicas de derecho público\n o privado y demás entes señalados en el artículo\n 1 de la presente Ley;
c) Vigilar que la documentación pública se archive\n bajo los lineamientos que en esta materia dispone la Ley del\n Sistema Nacional de Archivos;
d) Precautelar que la calidad de la información que\n difundan las instituciones del sector público, contribuyan\n al cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
e) Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de\n evaluación, sobre la base de la información publicada\n en los portales o páginas web, así como todos los\n medios idóneos que mantienen todas las instituciones y\n personas jurídicas de derecho público o privado,\n sujetas a esta Ley;
f) Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona\n natural o jurídica o por iniciativa propia, acciones judiciales\n de acceso a la información pública, cuando ésta\n ha sido denegada; y,
g) Informar al Congreso Nacional en forma semestral, el listado\n índice de toda la información clasificada como\n reservada.
Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones\n públicas, personas jurídicas .de derecho público\n o privado y demás entes señalados en el artículo\n 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante\n legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo,\n hasta el último día laborable del mes de marzo\n de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del\n derecho de acceso a la información pública, que\n contendrá:
a) Información del período anterior sobre el\n cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información\n y el trámite dado a cada una de ellas; y,
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice\n de información reservada.
Art. 13.- Falta de claridad en la Información.- Cuando\n se demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe ambigüedad\n en el manejo de la información, expresada en los portales\n informáticos, o en la información que se difunde\n en la propia institución, podrá exigirse personalmente\n la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá\n solicitarse la intervención del Defensor del Pueblo a\n efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización,\n en la organización de esta información.
El Defensor del Pueblo, dictaminará los correctivos\n necesarios de aplicación obligatoria a la información\n que se difunde; al efecto, la institución brindará\n las facilidades amplias y suficientes, so pena de destitución,\n previo sumario administrativo, de las autoridades que incumplan\n su obligación de difundir la información institucional\n correctamente. La sanción dictaminada por el Defensor\n del Pueblo, será ejecutada inmediatamente por la autoridad\n nominadora.
Art. 14.- Del Congreso Nacional.- Además de la información\n señalada en esta Ley, el Congreso Nacional publicará\n y actualizará semanalmente en su página web, lo\n siguiente:
a) Los textos completos de todos los proyectos de Ley que\n sean presentados al Congreso Nacional, señalando la Comisión\n Especializada Permanente asignada, la fecha de presentación,\n el código; y, el nombre del auspiciante del proyecto,\n y.
b) Una lista de proyectos de Ley que hubieren sido asignados\n a cada Comisión Especializada Permanente.
Art. 15.- Del Tribunal Supremo Electoral.- Además de\n la información señalada en esta Ley, el Tribunal\n Supremo Electoral, en el término de sesenta días,\n contados a partir de la fecha de recepción de los informes\n de gasto electoral, presentados por los directores de las diferentes\n campañas electorales, agrupaciones políticas o\n candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos\n recibidos y gastados en cada campaña.
Art. 16.- Información Pública de los Partidos\n Políticos.- Todos los partidos y organizaciones políticas\n que reciben recursos del Estado, deberán publicar anualmente\n en forma electrónica, sus informes sobre el uso detallado\n de los fondos a ellos asignados.
Art. 17.- De la Información Reservada.- No procede\n el derecho a acceder a la información pública,\n exclusivamente en los siguientes casos:
a) Los documentos calificados de manera motivada como reservados\n por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa\n nacional, de conformidad con el artículo 81, inciso tercero,\n de la Constitución Política de la República\n y que son:
1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar,\n movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones\n militares ante posibles amenazas contra el Estado;
2) Información en el ámbito de la inteligencia,\n específicamente los planes, operaciones e informes de\n inteligencia y contrainteligencia militar, siempre que existiera\n conmoción nacional;
3) La información sobre la ubicación del material\n bélico cuando ésta no entrañe peligro para\n la población; y,
4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para\n fines de la defensa nacional; y,
b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas\n en leyes vigentes.
Art. 18.- Protección de la Información Reservada.-\n La información clasificada previamente como reservada,\n permanecerá con tal carácter hasta un período\n de quince años desde su clasificación. La información\n reservada será desclasificada cuando se extingan las causas\n que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará\n el período de reserva sobre cierta documentación\n siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que\n dieron origen a su clasificación.
El Consejo de Seguridad Nacional, en los casos de reserva\n por motivos de seguridad nacional y los titulares de las instituciones\n públicas, serán responsables de clasificar y desclasificar\n la información de conformidad con esta Ley. La clasificación\n de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud\n de información.
La información reservada que se haga pública\n antes del vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta\n a la prevista en el inciso anterior, podrá ocasionar\n responsabilidad civil, administrativa y/o penal según\n los casos, de la persona que por su función haya violado\n la reserva.
Las instituciones públicas elaborarán semestralmente\n por temas, un índice de los expedientes clasificados como\n reservados. En ningún caso el Índice será\n considerado como información reservada. Este índice\n de información reservada, detallará: fecha de resolución\n y período de vigencia de esta clasificación.
La información reservada en temas de seguridad nacional,\n solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad\n Nacional. La información clasificada como reservada por\n los titulares de las entidades e instituciones del sector público,\n podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso\n Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta\n de sus integrantes, en sesión reservada.
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN\n PUBLICA
Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El interesado\n a acceder a la información pública que reposa,\n manejan o producen las personas jurídicas de derecho público\n y demás entes señalados en el articulo 1 de la\n presente Ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita\n ante el titular de la institución.
En dicha solicitud deberá constar en forma clara la\n identificación del solicitante y la ubicación de\n los datos o temas motivo de la solicitud, la cual será\n contestada en el plazo señalado en el artículo\n 9 de esta Ley.
Art. 20.- Límites de la Publicidad de la Información.-\n La solicitud de acceso a la información no implica la\n obligación de las entidades de la administración\n pública y demás entes señalados en el artículo\n 1 de la presente. Ley, a crear o producir información,\n con la que no dispongan o no tengan obligación de contar\n al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución\n o entidad, comunicará por escrito que la denegación\n de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder,\n respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco\n faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen\n evaluaciones o análisis de la información que posean,\n salvo aquellos que por sus objetivos institucionales deban producir.
No se entenderá producción de información,\n a la recopilación o compilación de información\n que estuviese dispersa en los diversos departamentos o áreas\n de la institución, para fines de proporcionar resúmenes,\n cifras estadísticas o índices solicitados por el\n peticionario.
Art. 21.- Denegación de la Información.- La\n denegación de acceso a la información o la falta\n de contestación a la solicitud, en el plazo señalado\n en la ley, dará lugar a los recursos administrativos,\n judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición\n a los funcionarios, de las sanciones establecidas en esta Ley.
Art. 22.- El derecho de acceso a la información, será\n también garantizado en instancia judicial por el recurso\n de acceso a la información, estipulado en esta Ley, sin\n perjuicio de la acción de amparo constitucional.
Se encuentra legitimada para interponer el recurso de acceso\n a la información, toda persona a quien se hubiere denegado\n en forma tácita o expresa, información de cualquier\n índole a la que se refiere esta Ley, ya sea por la negativa\n de la información, ya sea por la información incompleta,\n alterada y hasta falsa que le hubieren proporcionado, incluso\n si la denegatoria se sustenta en el carácter reservado\n o confidencial de la información solicitada.
El recurso de acceso a la información se podrá\n interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia\n del domicilio del poseedor de la información requerida.
c) Señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta\n a esta Ley, que denegó la información; y,
Los jueces o el tribunal, avocarán conocimiento en\n el término de cuarenta y ocho horas, sin que exista causa\n alguna que justifique su inhibición, salvo la inobservancia\n de las solemnidades exigidas en esta Ley.
El juez o tribunal en el mismo día en que se plantee\n el Recurso de Acceso a la Información, convocará\n por una sola vez y mediante comunicación escrita, a las\n partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse\n dentro de las veinticuatro horas subsiguientes.
La respectiva resolución deberá dictarse en\n el término máximo de dos días, contado desde\n la fecha en que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de\n la información no asistiere a ella.
Admitido a trámite el recurso, los representantes de\n las entidades o personas naturales accionadas, entregarán\n al juez dentro del plazo de ocho días, toda la información\n requerida.
En el caso de información reservada o confidencial,\n se deberá demostrar documentada y motivadamente, con el\n listado índice la legal y correcta clasificación\n en los términos de esta Ley. Si se justifica plenamente\n la clasificación de reservada o confidencial, el juez\n o tribunal, confirmará la negativa de acceso a la información.
En caso de que el juez determine que la información\n no corresponda a la clasificada como reservada o confidencial,\n en los términos de la presente Ley, dispondrá la\n entrega de dicha información al recurrente, en el término\n de veinticuatro horas. De esta resolución podrá\n apelar para ante el Tribunal Constitucional la autoridad que\n alegue que la información es reservada o clasificada.
Dentro del recurso de acceso a la información, instaurado\n por denegación de acceso a la información pública,\n por denuncia o de oficio, cuando la información se encuentre\n en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción,\n el juez de oficio o a petición de parte, dictará\n cualquiera de las siguientes medidas cautelares:
a) Colocación de sellos de seguridad en la información;\n y,
b) Aprehensión, verificación o reproducción\n de la información.
Para la aplicación de las medidas cautelares antes\n señaladas, el juez podrá disponer la intervención\n de la fuerza pública.
De considerarse insuficiente la respuesta, a petición\n de parte, el juez podrá ordenar la verificación\n directa de él a los archivos correspondientes, para 19\n cual, la persona requerida facilitará el acceso del recurrente\n a las fuentes de información, designándose para\n dicha diligencia la concurrencia de peritos, si fuere necesario.
De la resolución al acceso de información que\n adopte el juez de lo civil o el tribunal de instancia, se podrá\n apelar ante el Tribunal Constitucional, para que confirme o revoque\n la resolución apelada. El recurso de apelación,\n se interpondrá dentro de los tres días hábiles\n siguientes, será concedido con efecto devolutivo, salvo\n en el caso de recursos de apelación deducidos por acceso\n a la información reservada o confidencial.
Negado el recurso por el juez o Tribunal Constitucional, cesarán\n las medidas cautelares.
La Ley de Control Constitucional, será norma supletoria\n en el trámite de este recurso.
Art. 23.- Sanción a funcionarios y/o empleados públicos\n y privados.- Los funcionarios de las entidades de la Administración\n Pública y demás entes señalados en el articulo\n 1 de la presenté Ley, que incurrieren en actos u omisiones\n de denegación ilegítima de acceso a la información\n pública, entendiéndose ésta como información\n que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información\n incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron\n haber proporcionado, serán sancionados, según la\n gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles\n y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera:
a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de\n sueldo o salario que se halle percibiendo a la fecha de la sanción;
b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta\n días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración\n por ese mismo lapso; y.
c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de\n la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa\n a la entrega de la información.
Estas sanciones serán impuestas por las respectivas\n autoridades o entes nominadores.
En el caso de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales\n y miembros de juntas parroquiales, la sanción será\n impuesta por la respectiva entidad corporativa.
Los representantes legales de las personas jurídicas\n de derecho privado o las naturales poseedoras de información\n pública que impidan o se nieguen a cumplir con las resoluciones\n judiciales a este respecto, serán sancionadas con una\n multa de cien a quinientos dólares por cada día\n de incumplimiento a la resolución, que será liquidada\n por el juez competente y consignada en su despacho por el sancionado,\n sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que\n hubiere lugar.
Las sanciones se impondrán una vez concluido el respectivo\n recurso de acceso a la información pública establecido\n en el artículo 22 de la presente Ley.
La remoción de la autoridad o del funcionario que incumpliere\n la resolución, no exime a quien lo reemplace del cumplimiento\n inmediato de tal resolución bajo la prevención\n determinada en este artículo.
El Tribunal Constitucional, dentro de un término no\n mayor de noventa días, a partir de la recepción\n del proceso, despachará y resolverá los recursos\n de acceso a la información interpuestos.
PRIMERA.- Los recursos relacionados con el acceso a la información\n pública, están exentos del pago de la Tasa Judicial.\n
SEGUNDA.- Los portales en internet, deberán ser implementados\n por las entidades de la Administración Pública\n y demás entes señalados en el artículo 1\n de la presente Ley, en el plazo perentorio de un año,\n contado a partir de la publicación de esta Ley en el Registro\n Oficial. El Reglamento de la presente Ley, regulará los\n lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción,\n fácil ubicación y acceso de esta información.
TERCERA.- La Defensoría del Pueblo, dentro del plazo\n de seis meses contado a partir de la promulgación de la\n presente Ley, adoptará las medidas administrativas, técnicas\n y presupuestarias para el cabal cumplimiento de la responsabilidad\n que esta Ley le asigna.
CUARTA.- En el plazo no mayor de seis meses desde la vigencia\n de la presente Ley, todas las entidades de la Administración\n Pública y demás entes señalados en el artículo\n 1 de la presente Ley, deberán elaborar el listado índice\n de toda la información que a la fecha se encuentre clasificada\n como reservada, siempre y cuando se encuentre inmersa en algunas\n de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la\n presente Ley. La información que no se sujete a estas\n excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio\n de dos meses.
A partir de la fecha de publicación de esta Ley en\n el Registro Oficial, toda información clasificada como\n de acceso restringido, que tenga más de quince años,\n deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.
QUINTA.- Dentro del plazo de noventa días a contar\n desde la promulgación de esta Ley, el Presidente de la\n República expedirá el reglamento para la aplicación\n de la misma.
SEXTA.- Dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días\n se reformará la Ley del Sistema Nacional de Archivos,\n armonizando sus disposiciones con las normas pertinentes contenidas\n en esta Ley. Se encarga al Sistema Nacional de Archivos\n la capacitación pertinente a todos los funcionarios\n de las entidades de la Administración Pública y\n demás entes señalados en el artículo 1 de\n la presente Ley.
La presente Ley tiene el carácter de Orgánica\n y prevalece sobre todas las que se le opongan, entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Palacio Nacional, en Quito, a diez de mayo del dos mil cuatro.
EL CONCEJO\n DEL GOBIERNO MUNICIPAL
\n DE SHUSHUFINDI
Que, en el Registro Oficial No. 715 de 13 de junio de 1995,\n se publicó la Ordenanza para la Determinación,\n Administración, Control y Recaudación del Impuesto\n de Patentes Municipales en el cantón Shushufindi;
Que, el Art. 11 de la ordenanza vigente está en contradicción\n con el Art. 383 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal\n respecto a la cuantía de los derechos de patente anual;
Que, la cuantía del impuesto mensual de patentes, no\n responde a la realidad económica actual del cantón;
Que, mediante oficio No. 0610-SGJ-2004 de fecha abril 26 del\n 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas otorga dictamen\n favorable, previo a la publicación de la presente ordenanza,\n en el Registro Oficial; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, en su Art. 64,
LA SIGUIENTE REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN,\n ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO\n DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI.
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 11, por el\n siguiente:
Art. 11.- La cuantía de los derechos de patente anual\n será de dos centavos de dólar para todos los establecimientos\n comerciales e industriales que operen en el cantón Shushufindi.
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 12, por el\n siguiente:
Art. 12.- "Independientemente de la patente anual, quienes\n ejerzan actividades comerciales e industriales en el Cantón\n Shushufindi, pagarán el impuesto de patente mensual, el\n valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.009 por el\n monto del capital en giro declarado por el contribuyente o determinado\n por la administración tributaria municipal. El valor obtenido\n de esta manera corresponderá al monto anual del Impuesto\n de Patente Mensual". Independientemente del valor obtenido\n por la multiplicación del coeficiente por el monto del\n capital en giro, todos los contribuyentes pagarán como\n mínimo la cantidad de $ 10,00.
Art. 3.- La presente reforma a la ordenanza entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial.
Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Shushufindi,\n el día diecinueve de febrero del año dos mil cuatro.
f.) Lic. Luis A. García A., Vicepresidente.
La infrascrita Secretaría General del Gobierno Municipal\n de Shushufindi, certifica que la presente reforma a la Ordenanza\n para la Determinación, Administración, Control\n y Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales en\n el cantón Shushufindi, fue discutida y aprobada los días\n 19 de febrero y 2 de marzo del 2004.
ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI.- Shushufindi,\n 11 de marzo del 2004.
f.) Lic. María Molina C., Secretaría General.

References: artículo 81
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 81
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 22
 resolución 
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 12