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Comisión de industria celebrada el lunes 30 de junio de 2014
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COMISIÓN DE INDUSTRIA CELEBRADA EL
En primer lugar, antes de entrar en el orden del día, vamos a votar el acta de la sesión anterior, que todos ustedes habrán recibido. ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Muchas gracias. Queda aprobada.
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: debate y votación de mociones.
Recuerdo a sus señorías lo acordado en Mesa y portavoces: que se dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos, que cada uno distribuirá como estime conveniente. Los proponentes de las mociones dispondrán de cinco minutos para la moción y cinco minutos para el resto de los turnos. Por tanto, tendrán diez minutos, y el resto dispondrá de un único turno de cinco, que distribuirá como estime conveniente. También se acordó en Mesa y portavoces que las votaciones, en todo caso, no serían antes de la 1:30 horas del mediodía.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VIARIA Y TURÍSTICA DE LAS VILLAS TERMALES DE ESPAÑA.
(Núm. Exp. 661/000309)
El señor PRESIDENTE: Hechas estas aclaraciones, pasamos a la primera moción, por la que se insta al Gobierno al estudio de la posibilidad de desarrollar un proyecto de señalización viaria y turística en las villas termales de España. A esta moción se ha presentado una enmienda, que supongo que tendrán todos los grupos.
Y ya, sin más dilaciones, pasamos a la defensa de dicha moción. Tiene la palabra el senador Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hace un año aproximadamente, mis compañeros de UPN y yo mismo presentamos esta moción a la que usted hace referencia, relativa a la señalización de los municipios españoles con aguas mineromedicinales y termales, declaradas en muchos casos de utilidad pública. Como decimos en la moción, España alberga más de 150 municipios con aguas termales y mineromedicinales. Muchas de ellas, además, declaradas de utilidad pública, como ya he comentado. El 90% de las llamadas villas termales se encuentran en zonas rurales y el 75% aproximadamente de los municipios con balnearios tienen menos de 5000 habitantes. Por todo ello entendemos que el termalismo se revela como un potente foco de desarrollo de nuestra España rural. En términos económicos, aunque es cierto que existen diversidad de estudios y las cifras difieren de unos a otros, la actividad directa que generan estos municipios termales asciende a unos 1500 millones de euros anuales: 300 provienen de los municipios que tenemos balnearios en funcionamiento y el resto de las plantas de envasado de aguas minerales. Además, la media de trabajo que genera cada villa termal asciende a unos 100 empleos por villa. Con lo cual, y dado que son municipios pequeños y rurales, podrán ustedes comprender la importancia que tienen estos negocios en los lugares donde se asientan. Les voy a poner un ejemplo que me resulta muy cercano, el pueblo de donde procedo, Fitero, en la Comunidad Foral de Navarra, del que soy alcalde. Posee un balneario en funcionamiento desde tiempos de la antigüedad; ya ha cumplido más de 100 años como sociedad anónima y los romanos ya utilizaban estas aguas termales. Genera unos puestos de trabajo directos de entre 180 y 190 personas aproximadamente y dispone de unas 20 000 pernoctaciones al año. Les adelanto que está considerado ‑y yo lo considero‑ como el mejor balneario de España, eso también hay que decirlo.
Pues bien, muchas de estas villas termales están asociadas a la sección de aguas termales y mineromedicinales de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, sección que ha puesto en marcha una serie de proyectos importantes, el último es la implantación de los estándares de calidad.
Unión del Pueblo Navarro pone un ejemplo: cuando vamos por la carretera y vemos una señal de Paradores de España –seguro que la habrán visto−, todos la identificamos con calidad de destino y esperamos encontrar en ese pueblo una serie de servicios inherentes al parador. Por ello, la Federación Española de Municipios y Provincias creó la marca villa termal. Nosotros no proponemos que se inicie el plan, lo que proponemos es que se estudie la iniciación de un proyecto de estas villas termales –somos mucho más light−, y que se realice por fases. Ya les puedo adelantar que este plan está redactado y pagado por las villas termales que se adhirieron en su día a la FEMP; hay otras que todavía no se han adherido y tendrán que hacerlo. UPN cree, y ustedes convendrán conmigo, que esto coadyuvaría a mejorar la economía rural y local de estos municipios que albergan un balneario en funcionamiento y de otros que se están poniendo en funcionamiento. Para conseguir la señalización lo primero que sería necesario −en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, cuyo trabajo agradezco, también se menciona− es que esta marca de villa termal se añada a un sistema llamado Sistho, Sistema de Señalización Turística Homologada, y una vez integrado en ese sistema se puede señalizar.
Por otra parte, debo añadir que el turismo de balnearios, según todos los estudios disponibles, tiene un gran potencial de crecimiento. Por eso es tan importante este proyecto que proponemos. Y no es menos cierto tampoco que en el Imserso o en comunidades autónomas como la nuestra, la Comunidad Foral de Navarra, también existen programas de termalismo social y son muy bien valorados por nuestros mayores. Asimismo, otros estudios ‑que disponemos de ellos y podríamos traer aquí- indican que todo lo que se subvenciona para que estos mayores puedan ir a los balnearios de España revierte vía impuestos. Hace unos meses, el propio presidente de ANBAL, la Asociación Nacional de Balnearios, solicitó incluso a la ministra de Fomento, en una feria en la que coincidieron –lo dice la prensa−, acometer este proyecto que solicitamos. Según los medios de comunicación, la ministra acogió positivamente el proyecto y se comprometió a estudiar cómo se podrían señalizar las villas termales.
Por todo ello, por el impacto económico y de empleo que podría generar, por el desarrollo local que comportaría, porque entendemos que es de justicia reconocer la señalización del sector turístico y porque soy alcalde de una villa termal, solicito el apoyo a esta moción, que exactamente pide que se estudie la posibilidad de desarrollar un proyecto de señalización viaria y turística de las villas termales por fases.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Almodóbar (Denegaciones del señor Almodóbar).
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: He tenido conocimiento esta mañana de la enmienda que propone el Grupo Popular. Quiero agradecer, como he dicho antes, el trabajo realizado, leyendo y estudiando la moción, pero, desgraciadamente, Unión del Pueblo Navarro no la puede admitir porque es una enmienda de modificación, y vacía de contenido nuestra moción. En ningún momento en la enmienda se habla de las villas termales y sí del Sistema de Señalización Turística Homologada. Se hace referencia a un acuerdo de cooperación que se suscribió en septiembre de 2013 entre 2 ministerios. Ese convenio ya se está ejecutando y lo que nosotros queremos es dar un pequeño paso más para incluir la alusión a las villas termales. Por lo tanto, como en ningún momento la modificación hace alusión a las villas termales, y yo en la moción no hago más que hablar de ellas, desgraciadamente, no la puedo admitir.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco no está presente.
¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.
El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, senador Alturo, tampoco está presente.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Almodóbar.
El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Afortunadamente, nuestro país goza de una enorme y variadísima oferta turística y, entre otros muchos atractivos, se encuentran las villas termales, objeto de esta moción del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular comparte el objeto de la moción, porque somos perfectamente conscientes de la importancia que una buena señalización e información tiene para el éxito turístico de cualquiera de los magníficos recursos y destinos con los que cuenta nuestro país, pero especialmente ‑como hoy es el caso- en la señalización viaria y turística de las villas termales.
De acuerdo con el convenio firmado por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía y Hacienda, los destinos turísticos a señalizar deben ser consensuados entre el Ministerio de Fomento, los responsables de turismo de la Administración General del Estado y los responsables de turismo de todas y cada una de las comunidades autónomas, reflejándose en un acta firmada por las partes. Esa mejora de la señalización turística en la red de carreteras del Estado iniciada a través de un convenio firmado en 1998, en la medida en que potencia la información del turista viajero, forma parte de la política integrada de calidad de los productos turísticos españoles y la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo.
Para dar continuidad a esa política, el Gobierno pretende impulsar el catálogo de señales turísticas definido en el convenio del que les hablaba de 1998, para que, en colaboración con las comunidades autónomas, se logre el perfeccionamiento del sistema en orden a conseguir la óptima señalización de los recursos turísticos seleccionados. Por todo ello, el pasado 9 de septiembre de 2013 la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, suscribieron un acuerdo de colaboración con la finalidad de realizar todas las operaciones materiales, jurídicas y técnicas necesarias para ampliar el catálogo de señales del sistema de señalización turística homologada en la red de carreteras del Estado.
Con el objeto de alcanzar las finalidades descritas, dichos órganos, que suscribieron el acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometieron a: aprobar la ampliación del catálogo existente de destinos turísticos señalizados bajo las normas Sistho, hasta un número máximo de 200 destinos; actualizar ese manual; aprobar un calendario de actuaciones materiales y administrativas durante el período de vigencia del acuerdo, dentro del marco de las competencias y de los programas de actuación de los órganos administrativos firmantes; e implantar la ampliación del catálogo Sistho con arreglo al calendario de actuaciones.
De conformidad con lo establecido en el citado acuerdo, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a través de la Dirección de Carreteras, debe: establecer las condiciones y requisitos para la implantación de las señales, aprobar la implantación de señales conforme a la normativa de carreteras y comprobar el estado de conservación de las señales. Y la Secretaría de Estado de Turismo, en el plazo de 6 meses desde la firma del acuerdo, debe: establecer los criterios generales de selección en colaboración con las comunidades autónomas; elaborar, en colaboración con dichas comunidades, una propuesta para la ampliación del catálogo de destinos y productos turísticos susceptibles de ser señalizados, o proponer las modificaciones que se consideren necesarias en la normativa vigente.
Esas solicitudes de nuevas señalizaciones por las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en el acuerdo, se deben tramitar a través de la Secretaría de Estado de Turismo y podrán realizarse en cualquier momento de la vigencia del acuerdo.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular, ya que se está trabajando en este sentido, ha presentado la enmienda de modificación, instando al Gobierno a proseguir con la ampliación del sistema de señalización turística homologada para la señalización del tipo turístico y cultural, entre las que también se incluyen las villas termales, o elaborar, en colaboración con todas las comunidades autónomas, una propuesta para la ampliación del catálogo de destinos y productos turísticos susceptibles de ser señalizados.
Como decía al principio, compartimos el objeto de la moción. Somos conscientes de la importancia que tiene una buena señalización y una buena información para el éxito turístico de cualquier destino o de cualquier atractivo turístico en nuestro país, y por ello hemos propuesto esta enmienda.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL.
(Núm. exp. 661/000353)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente moción, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Como se expresa en el texto de la moción, esta surge del análisis de la coincidencia en el tiempo, en el mes de septiembre del pasado año, de la presentación de 2 informes en relación con la situación de la industria en nuestro país, uno elaborado por la propia Comisión Europea y el otro por una importante empresa consultora. Las conclusiones que se derivaban de esos 2 estudios eran prácticamente similares: la menor presencia del peso de la industria en el producto interior bruto de nuestro país en relación con la media de la Unión Europea y de la mayoría de los Estados que la conforman. España llegó a tener en 1970 un peso de la industria sobre el PIB del 34%. Obviamente, esta situación que se daba también entonces en otros países de la Unión Europea, fruto de los cambios que se han ido introduciendo en los modelos económicos y productivos ha significado una reducción, pero es que según el último informe de Eurostat, hemos caído del 34% al 13,3%, mientras que la media de la Unión Europea de los 15 Estados se aproximaba al 15%. Somos el país en el que ‑salvo en Chipre y Grecia-, a consecuencia de la crisis, se ha producido una caída más acentuada de la participación de la industria en el producto interior bruto, cayó una cuarta parte. A pesar de ello, la industria sigue representando elementos muy positivos: representa el 50% del empleo cualificado y exporta más del 53% de su actividad. De hecho, la presencia industrial sigue siendo uno de los elementos más positivo en los modelos de desarrollo económico, 5 de los 10 países más competitivos tienen, al menos, una participación del sector industrial en el PIB del 20%. Precisamente ese es el objetivo que se ha fijado la Unión Europea para los Estados: alcanzar una participación del sector industrial en el PIB del 20%. Sin embargo, la presencia en el último año de una recuperación de la inversión extranjera en España no ha alentado a que se incremente el desarrollo del sector industrial. La inversión extranjera en industria manufacturera cayó en 2013 un 38,5%, y eran otras actividades, fundamentalmente inmobiliarias, las que servían de destino a la recuperación de la presencia de inversión extranjera en nuestro país. Las actividades inmobiliarias crecieron el 66,7%.
Todo ello, en opinión de quienes proponemos esta moción, debiera llevar a la recuperación del concepto de política industrial como una actividad fundamental del Ministerio que lleva por nombre de Industria y del conjunto de la acción del Gobierno. Lo cierto es que la única iniciativa continuada en materia de política industrial que se ha sostenido en el tiempo han sido, como sus señorías saben, los planes PIVE que afectan al sector de la automoción, muy importante porque tiene proyección sobre otros sectores industriales, pero que no puede ser el único destino de la acción del Gobierno. Además, como contrapunto, las decisiones que se han tomado en materia de política energética han tenido consecuencias y repercusiones claramente negativas sobre el sector industrial, en tanto en cuanto han conllevado un incremento de los costes energéticos que para algunos de los sectores industriales son una parte sustancial de sus costes totales.
Por ello, nuestra moción –voy terminando y resumo de forma muy rápida− plantea, en primer lugar, la necesidad de potenciar el crédito a la inversión en industria; aunque en los últimos meses se ha producido un ligero repunte en la oferta crediticia por parte de las entidades, tal situación está teniendo consecuencias limitadas pues, aunque formalmente hay una mayor oferta de crédito, los requisitos que se demandan para su obtención en demasiadas ocasiones convierten en ilusoria la oferta. Por otro lado, cuando se consigue el objetivo del crédito, las condiciones en las que se concede no son en absoluto competitivas en relación con el coste de la financiación en otros países de nuestro entorno.
En segundo lugar, la moción apuesta por recuperar la inversión pública en I+D+i, como acompañamiento a la inversión privada, que presupuestariamente ha tenido ajustes muy importantes, es decir, plantea como objetivo recuperar la previsión presupuestaria del ejercicio 2009.
También se refleja en nuestra moción la necesidad de incrementar los apoyos a la internacionalización; que se asuma que la formación es en sí misma un factor de desarrollo; que la concreción de esa política industrial marque prioridades en sectores industriales que tienen mayores potencialidades para reforzar el sector global de la industria en nuestro país; y, finalmente, que se fomente la cooperación y agrupación empresarial, y que se dé respuesta adecuada a la situación de los costes energéticos como factor de competitividad.
¿Quiere hacer uso de su turno, senador Iglesias? (Denegaciones). Gracias.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado no está presente.
Voy a intervenir muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a esta moción, porque compartimos los objetivos que en ella se fijan, como la necesidad de una política industrial, que ha de ser de carácter transversal. La política industrial no se hace exclusivamente desde el Ministerio de Industria, la política fiscal tiene componentes de política industrial, como también los tienen la política de innovación, de investigación o la política de internacionalización, por citar algunos ejemplos, y, por supuesto, también la política de infraestructuras, todas ellas relacionadas con la política industrial.
Señorías, un país con una industria potente normalmente obtiene una balanza comercial inmejorable, hay alguna prueba en Europa. Un país donde la industria tiene peso significa, entre otras cosas, más empleo, más estable y más cualificado; y un país con una industria potente tiene más posibilidades de crecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y especialmente, de que la participación del sector privado en el I+D+i se corresponda con estándares más europeos, que no es nuestro caso, como todos ustedes saben.
Por estas razones y algunas otras, que sería muy largo de explicar, consideramos conveniente dar apoyo a esta moción, porque realmente es necesaria una política industrial; es verdad que en algunos sectores existe, por ejemplo en el del automóvil, no solo por los planes PIVE sino también por políticas concertadas con las comunidades autónomas, con los sindicatos y con el sector empresarial, para tratar de atraer y mantener modelos que vayan sustituyendo a los que se dejan de fabricar en las distintas instalaciones de las multinacionales del sector que tienen factorías en España. Pero hay otros muchos otros sectores donde es necesaria una política industrial de carácter sectorial, como decía, y también de carácter mucho más transversal.
Por todas estas razones y muchas otras, mi grupo va a apoyar la moción planteada por Izquierda Unida.
Intervengo también para manifestar nuestro apoyo a la moción que se acaba de presentar, puesto que mi grupo parlamentario entiende que la política industrial tiene que ser clara y contundente y debe contemplar realmente diferentes aspectos transversales que en estos momentos no se llevan a cabo. Ya han comentado aquí otros portavoces que el plan PIVE, que nos parece muy bien, apoya al sector de la automoción pero también hay otros sectores importantes que hay que apoyar y tener presentes, así como otros elementos, como la política energética, que influye de manera decidida. A veces es bueno revisar que en el inicio de la legislatura, uno de los objetivos que marcó el ministro en su primera comparecencia en esta Cámara fue incrementar el peso de la política industrial en el PIB, pero no vamos en la buena dirección. Y quiero también poner de manifiesto que mi grupo parlamentario ha presentado bastantes iniciativas en la línea de buscar consensos para que la política industrial de este país tuviera una hoja de ruta clara y contundente.
Permítanme que haga referencia a una moción que se aprobó en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, por lo que implicó también el compromiso del Partido Popular, pero no hemos avanzado en este aspecto, y estoy hablando de hace ya un año. En esta moción mi grupo proponía presentar –imagínense, hace un año− en un periodo de tres meses una estrategia en política industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo, contemple una hoja de ruta para la reactivación de la actividad industrial donde se prevea, en coordinación con las comunidades autónomas, avanzar hacia los objetivos europeos del 20% del peso industrial en el PIB para 2020 y, entre otros aspectos: contemplar medidas para atraer nuevo tejido industrial; establecer bases que permitan acelerar procesos de relocalización industrial, especialmente en el sector textil; identificar aquellos sectores de mayor valor añadido, etcétera.
Otros puntos clave de esta moción son: estimular, en colaboración con las comunidades autónomas, procesos de acercamiento entre la industria manufacturera, es decir producción y los centros de I+D+i y los centros de formación; es decir, que haya una simbiosis y una transferencia de conocimientos desde los centros al sistema productivo. Garantizar instrumentos graduales en las dotaciones presupuestarias a los planes de reindustrialización y priorizar aquellos proyectos que permitan la reindustrialización de territorios especialmente afectados por deslocalizaciones o pérdida de tejido productivos; entendemos que este es un punto muy importante. Contemplar situaciones críticas temporales de empresas industriales, estudiando en su caso medidas que permitan evitar su cierre en los casos en los que se considere conveniente. En materia de I+D+i, solicitamos mayor inversión para acercarnos al promedio de la Unión Europea. Y en materia de internacionalización, que el Gobierno se comprometa a incrementar gradualmente, en función de las disponibilidades financieras, las dotaciones presupuestarias destinadas a tales fines a través del Fondo para la internacionalización de la empresa. Hago referencia a todo esto porque fue un compromiso de todos los parlamentarios, pero vemos que las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento están muy lejos de lo que pretendíamos hace un año.
Por tanto, para apoyar a la industria, que es clave para la activación de la economía de nuestro país, mi grupo parlamentario va a dar su apoyo a esta moción.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.
Al igual que los anteriores portavoces intervengo para ratificar nuestro apoyo a esta moción, porque coincidimos en los diagnósticos y en la falta clamorosa de política industrial de este Gobierno, únicamente con la excepción, que también han puesto de manifiesto los anteriores portavoces, de una cierta coherencia en la política industrial relacionada con el sector del automóvil. Entendemos que hay muchos sectores que no cuentan para este Gobierno. Además, y fundamentalmente, las cuestiones que se plantean en la moción tienen mucho que ver con iniciativas que hemos tratado en esta comisión y en otras, así como en otros foros de esta misma Cámara -con la I+D+i, con el acceso al crédito, con la internacionalización, con la relación que tiene la política educativa con la política industrial, y con el objetivo de atacar de la mejor manera posible el principal problema que tenemos como país, que es del desempleo-. Un país fuertemente industrializado, o adecuadamente industrializado, se ha demostrado mucho más solvente en términos de resistencia del empleo cuando llegan situaciones de recesión o crisis. Por lo tanto, para nosotros esta es la principal enseñanza que deberíamos extraer de lo que nos ha pasado en los últimos cuatro o cinco años. El empleo industrial es muy resistente a las crisis, mucho más que el empleo en otros sectores de la economía. Por eso, porque para nosotros es fundamental hacer una política industrial sensata, adecuada, que tenga en cuenta la transversalidad del resto de políticas que citaba el senador Montilla, apoyaremos esta moción.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Paloma Inés Sanz Jerónimo.
La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una serie de reformas estructurales con impacto sobre todos los sectores como la reforma laboral, el saneamiento del sistema bancario, la consolidación fiscal o la reforma energética. La finalidad de todas ellas no es otra que garantizar la estabilidad macroeconómica y crear el marco adecuado para favorecer las iniciativas de política industrial y la actividad empresarial en su conjunto. Consideramos que la política industrial es una política de Estado y que la recuperación económica y la competitividad de la economía española requieren reindustrializar España. Por esta razón, el Gobierno del Partido Popular está trabajando en una política industrial activa, con iniciativas que en el ámbito nacional se dirigen a estimular la demanda de bienes industriales, con efecto multiplicador sobre la economía, como, por ejemplo los planes PIVE o PIMA; a promover la mejora de la competitividad de los factores productivos; y a reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
Al mismo tiempo se presta una especial atención a apoyar la internacionalización de las empresas industriales españolas con medidas que redunden en las exportaciones españolas a mercados de alto potencial fuera de la Unión Europea, que favorezcan su multilocalización y dando prioridad a la defensa de nuestros intereses industriales en el exterior.
Todas estas medidas se completan con actuaciones transversales para incentivar la eficiencia y la orientación comercial de la I+D+i y para apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes, con especial atención al modelo educativo y a la mejora de su encaje a las necesidades reales de las empresas.
El Gobierno es consciente de las dificultades a las que se enfrentan las pymes españolas a la hora de solicitar préstamos bancarios. Por ello, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en poner en marcha un conjunto de alternativas a la financiación bancaria tradicional que permitan evolucionar hacia un mayor peso de la financiación no convencional en las empresas industriales. Quiero destacar entre estas últimas las siguientes: la creación de un mercado alternativo de renta fija; se ha puesto en marcha el fondo ICO global; al mismo tiempo el Gobierno está trabajando para crear un sistema nacional organizado de incubadoras de empresas que aporten apoyo logístico y financiero; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha puesto en marcha medidas relativas a incentivos fiscales y de apoyo a la financiación. Y junto a estas iniciativas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, el Minetur dispone de instrumentos específicos para facilitar el acceso de las pymes a la financiación, como la Empresa Nacional de Innovación –Enisa-.
Desde el ministerio se continúa apoyando el desarrollo de la figura de business angels con un programa de ayudas, cuyo objetivo es contribuir a la creación, fortalecimiento y profesionalización de las redes de business que desarrollan servicios de intermediación entre los emprendedores y los inversores privados. Tengo que decir que desde el año 2010 -año de su puesta en marcha- se han apoyado ya 92 proyectos con más de 2 millones de euros. Quiero destacar también el papel de los fondos de titulización de activos, instrumento que tiene por objeto facilitar a las entidades financieras la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas.
En el marco de las actuaciones del ministerio, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa –pyme-, se han reorientado las políticas públicas dirigidas al sector industrial, con el objetivo de incrementar la vertiente internacional de las empresas industriales y de aumentar la base exportadora, potenciar la mejora de determinados factores clave en la competitividad de la industria, facilitar el acceso a la financiación de las pymes y estimular su crecimiento y aumentar la orientación al mercado de I+D+i, entre otros. Se apuesta, por lo tanto, por potenciar comportamientos empresariales que incorporen la innovación tanto a productos como a procesos que apuesten decididamente por aumentar el valor añadido de las producciones. También se mantiene el apoyo a determinados sectores como el naval o el aeronáutico, ofreciendo financiación a las empresas españolas que participan en grandes contratos europeos.
Otro aspecto crucial para la pyme es la innovación como elemento clave para ganar competitividad en un entorno globalizado, sin embargo, los procesos de innovación son difíciles de acometer por parte de las pymes debido a su falta de recursos y de tamaño crítico necesario. De aquí el papel fundamental de los clusters para impulsar la innovación en el tejido industrial. Por ello, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo mantiene una política de decidido apoyo a los clusters a través del programa de agrupación de empresas innovadoras.
Por todo ello, y porque ya se están adoptando las medidas adecuadas para definir con claridad y llevar a cabo la estrategia de una política industrial fuerte y para mejorar el acceso de las empresas a la financiación y a los mercados de capital, vamos a votar en contra de su moción.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL ACATAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 341/2013, DE 28 DE OCTUBRE, DICTADA POR EL JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO CUATRO, RELATIVA AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DIMANANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE LOS FONDOS MINEROS CELEBRADOS CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
(Núm. exp. 661/000369)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción. Correspondería la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, pero se ha pedido a la Mesa trasladarla –hay asentimiento por parte de todos los grupos− para su debate después de las mociones del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno al acatamiento y ejecución de la Sentencia 341/2013, de 28 de octubre, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4, relativa al incumplimiento por parte del Ejecutivo de las obligaciones económicas dimanantes de la ejecución de los convenios de colaboración de los fondos mineros, celebrados con el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
A esta moción se presentó una modificación por el grupo proponente que conocen igualmente todos los grupos.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenos días y muchas gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención recordando que en un Pleno del Senado celebrado en diciembre, hace medio año, todos los grupos parlamentarios de la oposición votamos a favor de una moción consecuencia de interpelación, presentada por iniciativa de Foro, en la que se instaba al Gobierno a cumplir una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo sobre los fondos mineros que afectaban a convenios que totalizan inicialmente del orden de 213 millones de euros. Pedíamos entonces que el Ministerio de Industria no perpetrase maniobras y estratagemas dilatorias con las que continuar esquivando las inversiones y los pagos a las comarcas y municipios mineros españoles, unas cantidades importantes a las que estas zonas eran acreedoras por derecho, en aplicación del Plan Nacional de reserva estratégica 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, un plan que fue eliminado unilateralmente por el Gobierno de Rajoy en su primer Consejo de Ministros celebrado a finales de 2011.
Resultó inútil aquel justificadísimo intento de reclamación realizado por iniciativa de Foro y respaldado por los senadores de la oposición ya que los votos contrarios de la mayoría absoluta del Partido Popular impidieron que esta Cámara Alta aprobase aquella moción, y el Ministerio de Industria recurrió pese a la contundencia del pronunciamiento judicial. Por cierto, tanto por el titular del ministerio como por el portavoz del grupo que lo apoya hubo comentarios despectivos respecto a la interpretación que yo mismo hice del contenido de la sentencia, que califiqué de aplastante y contundente, y que recurrirla, además, era una mofa a la ley, y de la utilización de la justicia para fines políticos dilatorios por un Gobierno que debería ser el primero respetuoso con la legislación y dar ejemplo.
Señorías, el pasado mes de mayo la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado y declaró ilegal la anulación de los convenios, realizada por el Consejo de Ministros, tal y como había demandado en 2012 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado, presidido entonces por Francisco Álvarez-Cascos. También le impuso las costas e hizo firme una sentencia, sentencia que pone en la más absoluta de las evidencias la decisión injusta, inaceptable e injustificable tomada por Rajoy y sus ministros, con deslealtad hacia la Comunidad Autónoma de Asturias y, singularmente, hacia el sector minero y sus cuencas, basada en triquiñuelas y que, por lo que pudimos escuchar aquí, fue aplaudida por el Partido Popular, el mismo Partido Popular que unos días antes de aquella dolosa decisión ministerial nos había tachado a mi compañero en el Congreso, Álvarez Sostres, y a mí mismo, de asaltaescaños, por conversar personal y respetuosamente, antes de la sesión conjunta de constitución de las Cámaras, con los ministros de Industria y de Hacienda, al objeto de resaltarles la importancia de los fondos mineros para las comarcas españolas del carbón y recabarles la firma comprometida por el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una firma imprescindible para la realización de convenios que totalizan una muy importante cantidad de dinero, que, como he señalado otras veces en esta misma comisión, no es producto de un regalo, una dádiva o una cortesía del Gobierno, sino que debe revertir a las comarcas mineras en compensación por el sacrificio solidario con la economía española, que supuso cierres de pozos y explotaciones, la desaparición de más de 9000 puestos de trabajo y la renuncia a la producción anual de varios millones de toneladas de carbón.
La decisión de la Audiencia Nacional crea jurisprudencia, es decir, genera doctrina en esta cuestión, lo que significa que otras comunidades autónomas afectadas por la supresión unilateral e ilegal de los fondos mineros podrían reclamar el cumplimiento de los convenios y beneficiarse de las inversiones hurtadas por el Gobierno con aquella decisión ilícita e ilegal del Consejo de Ministros.
Inicialmente, Asturias se beneficia de 213 millones de euros en convenios que adquieren vigencia a partir de esta sentencia pero que se pueden ampliar a otros convenios que tienen una documentación susceptible de ser corregida o completada, que no están caducados en modo alguno y que podrían suponer otros 120 millones de euros para Asturias, todo ello sin perjuicio, como señalé antes, de que otras comunidades se acojan a los términos contemplados por el fallo de los magistrados y reclamen el cumplimiento de las obligaciones del Estado para sus respectivos territorios, porque los convenios responden a unas necesidades de desarrollo económico y social, surgidas como resultado de un acuerdo, en el que una de las partes, la minera, ha cumplido fielmente y la otra parte, la del Gobierno, ha triturado de manera flagrante y de proceder ilegal.
Los razonamientos desarrollados por la sala de la Audiencia Nacional para fundamentar jurídicamente la desestimación de las pretensiones del Gobierno son absolutamente clarificadores. Ponen de manifiesto el atropello político, económico y social cometido por el Gobierno del Partido Popular con su decisión de cancelar los convenios de colaboración que estaban y están amparados por la Ley general de subvenciones, y que, por lo tanto, no pueden ser denunciados unilateralmente por el Gobierno, ni aceptada tampoco su tentativa de esgrimir una imposibilidad económica sobrevenida basada en unos acuerdos de contención del gasto público y consolidación fiscal.
La arbitrariedad hacia las comarcas mineras es de especial gravedad porque el Gobierno hizo lo contrario de lo que aseguraron públicamente durante el periodo electoral. En aquella campaña, los responsables del PP prometieron aplicar los fondos y agilizar su gestión para generar empleo, ayudar a la formación y acabar con el déficit de infraestructuras en unas comarcas muy castigadas por el desempleo. Más de dos años y medio después de aquellas promesas y de aquella cancelación ilegal e injusta de los fondos mineros, no solo no se agilizó la gestión -como apalabraron y no se cansaron de divulgar- sino que se eliminaron y se agudizó el drama del desempleo en Asturias, pero muy especialmente en las cuencas mineras, a las que se les ha privado de unos recursos a los que tenían perfecto y acreditado derecho, arrastrándolas hacia una desertización y una falta de futuro que se ceba muy especialmente en los jóvenes, pero no solo en ellos, tal y como reflejan contumazmente todos los indicadores y estadísticas oficiales, desbaratando en Asturias el eslogan de la España de la recuperación.
En definitiva, reclamamos con esta moción, a la que he presentado una autoenmienda que actualiza, tras la sentencia conocida a mediados del pasado mes de mayo, este importantísimo asunto de los fondos mineros. Por cierto, quiero señalar que ayer domingo, a las pocas horas de hacer pública esta iniciativa -que yo mismo distribuí al presidente de esta comisión y a todos los portavoces durante la mañana del viernes- se anunció a través de los teletipos informativos una en términos similares, que el Partido Socialista va a presentar en el Congreso de los Diputados ante su Comisión de Industria. La mía es de fecha 8 de noviembre de 2013, y estas cosas ocurren cuando se holgazanea, actitud que entre los socialistas asturianos es una constante y muy especialmente en lo que hace referencia a la gestión de los fondos mineros que el Gobierno Zapatero canceló y el de Rajoy eliminó ilegalmente.
Señor presidente, la autoenmienda contempla dos puntos, en los que se insta al Gobierno a cumplir con carácter inmediato las obligaciones derivadas de las actuaciones, acuerdos y convenios contemplados en el Plan de la minería del carbón y de desarrollo alternativo de las comarcas mineras 2006. También se insta a tramitar con urgencia, por el órgano competente de la Administración del Estado, el correspondiente procedimiento en cada uno de los convenios objeto de recurso, en los que, previa audiencia de las administraciones interesadas, se determinen las cantidades adeudadas, de acuerdo con los razonamientos de la sentencia.
La justicia ha vuelto a poner en su sitio al Gobierno de Rajoy y han quedado desveladas sus malas formas con las que trató de hurtar a las cuencas mineras asturianas de aquello que por derecho les correspondía y se les debe. Uno se siente orgulloso de que haya habido un Gobierno autonómico, el de Foro, el que presidió Álvarez−Cascos, que inmediatamente hizo frente, con la ley en la mano, al inaceptable abuso de autoridad perpetrado por el Consejo de Ministros. Hoy no estaríamos hablando de estos importantísimos 213 millones de euros, con la posibilidad de otros 120 millones más, si Álvarez−Cascos no hubiese dado el paso para defender los intereses de los asturianos. Entonces, los holgazanes le calificaron de utilizar un estilo baballón y estéril, los mismos que ahora tratan de madurar iniciativas, que, como es el caso de esta que debatimos, formulamos y seguiremos formulando en favor de los fondos mineros.
Por parte de Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.
El señor MONTILLA AGUILERA: Intervendré muy brevemente para manifestar -igual que hicimos en el Pleno- que daremos nuestro apoyo a esta moción, si bien hay una cuestión estrictamente procedimental que no entendemos. En el punto primero se hace alusión a que la sentencia del Juzgado Central Contencioso−administrativo número 4 es del 28 de octubre de 2013 y suponemos que debe de haber sido notificada, por lo que lo que viene a continuación del redactado sería de difícil aplicación -me refiero a lo de los 15 días-, y, además de haber sido notificada, habrá sido recurrida. Esto no afectaría al fondo del asunto, con el que estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, votaremos favorablemente.
Por parte del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
Intervengo para manifestar también nuestro apoyo a la moción que aquí se nos presenta, igual que dijimos el día que se trató en el Pleno. Por lo tanto, los argumentos prácticamente son los mismos, ya que estamos hablando del sector de la minería en España.
Quiero dejar claro que nuestro grupo, Convergència i Unió, está muy sensibilizado con la situación, porque esta problemática nos afecta de cerca, particularmente a las comarcas del Segrìa y del Berguedà, donde vive en primera persona las limitaciones con que se encuentran estas zonas precisamente por los incumplimientos de convenios ya firmados y ante la falta de recursos orientados a una alternativa real para abordar una transformación de estas zonas en tejido industrial productivo que contribuya al crecimiento económico y a la creación de empleo, que, en definitiva, es de lo que se trata.
Diré respecto a estos fondos mineros que afectan a Cataluña y que reclamamos en su momento –quiero reiterarlo ahora− que al inicio del plan se autorizaron 73 proyectos de infraestructuras para las comarcas mineras catalanas por un importe de 11 617 000 euros, de los cuales se han firmado convenios por un valor de 7 millones aproximadamente, quedando pendiente una cantidad importante. Por tanto, nuestra apuesta es encontrar una salida constructiva y sostenible para las zonas afectadas, aportando soluciones y no más problemas, alejándonos de este debate o enfrentamiento bipartidista entre PP y PSOE de que si hemos hecho más o menos unos y otros; en definitiva, buscar una solución y cumplir los compromisos que se han establecido.
Nosotros entendemos el carbón como una reserva estratégica y tenemos que ser conscientes de que no podemos apostar por el mantenimiento de ayudas para la continuidad de su actividad, más allá de las fechas previstas de 2018, ya que ello comportaría el incumplimiento de los compromisos europeos y de los del Gobierno español. En este sentido, nosotros apostamos, de una vez por todas, por un lado, por que se cumpla con el plan de cierre de las unidades de producción de la minería, que fue elaborado por el Gobierno socialista en la anterior legislatura y enviado a Bruselas en agosto de 2011, siguiendo las decisiones del Consejo de la Unión Europea de diciembre de 2010. Por tanto, hay que cerrar las deficitarias y las que son menos competitivas. Pero también exigimos al Gobierno lealtad con sus compromisos y responsabilidad para dar justamente la alternativa a la reindustrialización de las zonas de las que estamos hablando.
Por lo tanto, una vez más, nuestro grupo va a dar su apoyo para que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con las zonas mineras y también los compromisos adquiridos con la Unión Europea a través del cierre de las que hayan recibido las ayudas correspondientes.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.
El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.
Esta moción se presenta a raíz de la sentencia dictada en virtud de una denuncia formulada por el Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 30 de octubre de 2013, recurrida por el Gobierno.
El incumplimiento del Gobierno actual en el tema del carbón empieza en diciembre de 2011, de lo que los aragoneses podemos dar fe porque había varios convenios aprobados por la Mesa de la Minería de Aragón que el Gobierno no puso en marcha. Hablamos de convenios referidos a infraestructuras, no vamos a entrar en temas de control de las subvenciones, de temas que generen actividad económica, tanto de infraestructuras municipales como de apoyo a inversiones que generen puestos de trabajo. Por lo tanto, el incumplimiento es tangible en 2011. Nos encontramos con un año plano, el 2012. En 2013, nos hallamos con una situación en la que dejan de gastar 171 millones del presupuesto total del carbón, o sea, además de poco presupuesto y de incumplimiento, deja de gastar una cantidad, y, por consiguiente, tampoco se atiende ningún tipo de infraestructuras municipales, que en la mayoría de los casos supone creación de empleo, y se limitan parte de las inversiones particulares de empresas con la creación de empleo.
Yo quiero recordar que el acuerdo marco que se firma en 2013 supone la pérdida de más de 400 puestos de trabajo -de 2013 a 2018- y con la espada de Damocles del cierre de muchas minas que son rentables en estos momentos y la cierta inseguridad del funcionamiento de algunas térmicas, algo que nos preocupa, no solamente por los puestos de trabajo que se pierden sino por lo que arrastran en su entorno, como los puestos indirectos, y sobre todo porque los mineros están en unos territorios que tienen pocas alternativas económicas. En otras zonas sí las hay, y no son difíciles, pero en este caso se trata de territorios de monocultivo, por ello es importantísimo financiar el apoyo a las infraestructuras y a aquellas empresas que generen puestos de trabajo. ¿Por qué? Por buscar alternativas. Teruel es el caso más candente en Aragón. Datos elocuentes son los de municipios como Utrilla, Calanda, Alcorisa, etcétera, de creación de muchos cientos de puestos de trabajo alternativos al cierre de las minas.
Ante esta situación, ese acuerdo firmado a finales de 2013 trae consigo la pérdida de más de 400 puestos de trabajo, a grandes cifras, supone unos 900 puestos en España. Si tenemos en cuenta lo que representan el carbón, las empresas implicadas, subcontratas, más la parte eléctrica derivada del carbón como las centrales térmicas, entre Aragón, León y Asturias sumarían 900, 1800, 2000 puestos de trabajo aproximadamente, que son los 4700 puestos de trabajo que están en estos momentos. Por consiguiente, existe el riesgo de perder otros 400 empleos.
Y, señorías, el carbón es un recurso endógeno y, queramos o no, tenemos una dependencia exterior de combustibles fósiles -lo estamos viendo continuamente-, con los riesgos bélicos que existen en países proveedores, por lo que tenemos que mimarlo y tener un cierto cariño a esta actividad económica, pero, repito, con los controles correspondientes de las subvenciones que procedan -esto que quede claro-, por una razón: porque si tenemos energías propias -sea el carbón, la biomasa, etcétera-, no dependeremos de vaivenes y de precios que se pueden disparar de un día a otro. Este es un motivo suficiente para tratar el carbón con un cierto cariño e incentivar sobre todo a las empresas y a las infraestructuras municipales para que se creen puestos de trabajo. Esto es algo fundamental, pues llevamos desde 2012 con una atención muy cogida por las pinzas ante estas actuaciones.
Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la iniciativa presentada, con los matices que he expresado. Y, repito, el carbón requiere cariño -y tenemos que hacerlo ver-, independientemente de los controles que haya que hacer de las subvenciones, con lo que estamos de acuerdo -si no se han hecho bien las cosas, evidentemente, habrá que corregirlas-.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sampedro.
La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.
Señorías, voy a intentar hacer una abstracción de la locuacidad a la que nos tiene acostumbrados el senador Oblanca, por su dinámica de arremeter contra el Gobierno de Rajoy a estas alturas de la legislatura. Ya sabemos todos cuál es la razón.
La enmienda es como el resto de la moción, absolutamente innecesaria. Es innecesaria porque el Gobierno ya ha reiterado -y se lo ha repetido al senador Oblanca varias veces- su intención de cumplir con lo que contempla la sentencia. De hecho, el proceso -como voy a poder explicar en esta intervención- ya está en marcha, aunque no en los términos que pretende el senador Oblanca, porque el senador Oblanca se ha inventado una sentencia a su medida, una sentencia que le permite poder seguir arremetiendo contra el Gobierno Rajoy, que destila la realidad personal que tiene –delegada, porque ni siquiera creo que sea personal-.
Pues bien, la sentencia -se lo ha dicho el ministro, se lo han dicho mis compañeros en Pleno, porque, efectivamente, es la tercera vez que saca este asunto en esta Cámara- estima parcialmente el recurso sobre la base de que no se pueden eliminar esos fondos sin revisar -uno a uno- los convenios y analizar la procedencia o no según las incidencias de su diversa casuística. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno y el proceso que está en marcha, en cumplimiento precisamente de esa sentencia. Y digo que ya está en marcha porque ya se ha puesto en funcionamiento un acercamiento entre el Instituto del Carbón y el Principado de Asturias para analizar -uno por uno- esos convenios en una comisión paritaria. De hecho, el Instituto del Carbón ha puesto en marcha un primer análisis y se ha encontrado con que la casuística es muy diversa -hay convenios en diferentes estados- y con diferentes incidencias que hay que aclarar, y necesita documentación justificativa sobre el estado de ejecución, sobre el estado de liquidación, determinadas cantidades que hay que liquidar y algunos reparos de la Intervención delegada. Esto ha sido solicitado al Principado el 14 de junio de este mismo año y está a la espera. Yo imagino que el senador Oblanca tiene mucha prisa y muchas ganas de dar a entender que ellos son los que velan por no se sabe qué necesidades y los sitios que consideran que los demás no velamos en Asturias, pero supongo que no pretenderá que el Gobierno prevarique. Hay que cumplir lo que dicta la sentencia en sus propios términos. La sentencia dice que hay que revisar uno por uno los convenios, y eso es lo que va a hacer el Gobierno y lo que ya está en marcha. Como ya se ha pedido esa documentación al Principado y estamos pendientes de que este la aporte, le ruego, senador Martínez Oblanca, que ya que es senador autonómico, y por tanto, tiene despacho y escaño en la Junta General del Principado, sea tan amable de exigir allí al PSOE, con la misma diligencia que aquí, que se acelere lo que sea pertinente acelerar, que quizá no pueda ser para mañana, porque las cosas tienen un trámite y precisan de un tiempo.
En cuanto a la preocupación de los grupos sobre la minería y el tema de Asturias, lecciones las justas, señoría, y tengan un poco más de pudor, senadores del Grupo Parlamentario Socialista. Como ya hemos reiterado muchas veces, el Plan de la minería se inicia con un Gobierno del Partido Popular. El cierre de las empresas mineras subvencionadas, fueran rentables o no, fue acordado por el Gobierno de Zapatero y por el comisario Almunia, que, si no me equivoco, también es del PSOE. Y precisamente la posible apertura más allá del 2018 a que las empresas que hubieran recibido subvención, pero que fueran rentables o viables, pudieran continuar con su actividad, es una decisión del PP. Asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado de este año se ha habilitado una partida de 51,9 millones para las comarcas mineras a fin de continuar aquellas infraestructuras que no estuvieran acabadas y vinieran de planes anteriores. En Asturias se niegan; dicen que por si acaso surgen obras nuevas. Pero teniendo en cuenta que durante muchos años ha habido muchas peticiones de ayuda que no se han producido, y por tanto, ese dinero ha quedado ahí parado, creo que lo que deberían hacer es utilizar el dinero que tienen disponible para acabar y luego reclamar todo lo que quieran. Pero el movimiento se demuestra andando y la preocupación también.
Así pues, yo solo tengo que decir que el Gobierno ya ha iniciado el proceso al que antes he aludido y está cumpliendo con sus compromisos y con la sentencia. Y respecto a esa frase del senador Martínez Oblanca de que hoy no estaríamos hablando de los 213 millones si no fuera por el Gobierno de Álvarez−Cascos, permítame decirle que, efectivamente, hoy usted no estaría hablando de esos 213 millones en esos términos si usted y el señor Álvarez−Cascos no hubieran constituido un partido propio. Porque cuando estaban en el Partido Popular y llevaban a cabo el Plan del carbón con nosotros, no decían nada. Los que se han cambiado de partido y, por lo que veo, de valores o principios son ustedes. Nosotros seguimos en el mismo sitio: preocupados por Asturias, trabajando por Asturias y consiguiendo ampliar, como ya he dicho, el horizonte de las empresas rentables más allá del 2018.
Eso es todo, señor presidente. Por supuesto votaremos en contra de la moción.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PONER EN MARCHA UN ESCENARIO TARIFARIO COMPETITIVO QUE ASEGURE EL MANTENIMIENTO DE LA AGRICULTURA EN GENERAL Y DEL REGADÍO MODERNIZADO EN PARTICULAR.
(Núm. exp. 661/000432)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner en marcha un escenario tarifario competitivo que asegure el mantenimiento de la agricultura en general y del regadío modernizado en particular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Coves.
La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace prácticamente un año el Gobierno de España puso en marcha su reforma energética por la que se revisan peajes de acceso de energía eléctrica y tarifas que en el caso de los regadíos significan un incremento considerable en el término de potencia, concretamente entre un 115% y un 125%, si bien se reduce ligeramente el término de energía. Eso fue al menos lo que nos dijo el Gobierno de España. Esas eran sus previsiones.
Pero hace unos días hemos sabido que el mercado eléctrico ha duplicado el precio del megavatio en los últimos dos meses hasta alcanzar nada menos que 50,8 euros. Concretamente la nueva estructura de la tarifa eléctrica dispara el término fijo a costa de disminuir mínimamente, como decía, el término variable. Esto se traduce en que la factura eléctrica que pagan los regantes a partir de la aprobación de esta reforma energética se ha multiplicado entre 3 y 4, y este desmesurado incremento no ha afectado a todos por igual. Respetamos, aceptamos y nos parece bien que la industria básica no haya sufrido este incremento, pero la subida de lo que los agricultores llaman el “tarifazo” va a poner en serio peligro la rentabilidad, y por tanto, la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.
Le pondré solo un par de ejemplos. Un pozo con una potencia contratada de 100 kilovatios pagaba 4498 euros al año como parte fija de la factura. Ahora deberá abonar por el mismo concepto nada menos que 10 127 euros. Otro ejemplo. Una entidad de riego que contrata 300 kilovatios ha pasado de los 13 496 euros a nada menos que 30 382 euros. Inasumible es el calificativo más cariñoso con que los agricultores se refieren a esta subida eléctrica.
En España el regadío está íntimamente ligado a la climatología; no se utiliza durante todo el año, sino que se concentra básicamente entre los seis u ocho meses del verano, y sin embargo la legislación actual obliga a contratar durante todo el año la misma potencia, se utilice o no. Además, en los últimos quince años los regantes, apremiados por los diferentes gobiernos, han llevado a cabo cuantiosas inversiones de hasta 6000 millones de euros para ser mucho más eficientes en el consumo del agua. Actualmente el regadío español ha conseguido ahorrar un 20% de agua con respecto a lo que se consumía hace unos años, pero la contrapartida es que para hacer más modernas las instalaciones y más eficientes en el consumo de agua, también se consume hasta un 60% más de energía eléctrica.
A día de hoy, señorías, la factura de la luz llega a representar para los agricultores nada menos que el 41% de lo que se gasta en la factura del agua, y eso ha llevado a alertar a un gran número de organizaciones agrarias en el sentido de que se pueden perder muchas de esas explotaciones si no se modifica o se echa atrás esta tarifa eléctrica. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista aquí en el Senado solicita al Ministerio de Industria exactamente lo mismo que las principales organizaciones agrarias y sectoriales de toda España. Hay unanimidad por parte de Fenacor, Feragua, Areda, Asaja, COAG, UPA y Faeca y también por parte nuestra, y todos solicitamos la posibilidad de un contrato para temporada alta y otro para baja con términos de potencia contratada que sean bien distintos o al menos que se deje la instalación de energías renovables, porque es inexplicable la limitación que se ha puesto a la producción de energías renovables para el autoconsumo basado en un balance de producción y de consumo de energía.
El malestar es tal que en este año ya se ha producido una gran manifestación donde más de 40 000 agricultores de toda España han pedido la vuelta a las tarifas anteriores, y en los últimos días hemos tenido ocasión de leer que ya se prepara una nueva gran manifestación debido a la inmovilidad del Gobierno. Desde que se implanta esta nueva tarifa eléctrica el Partido Socialista ha presentado mociones en las distintas instituciones. No quisiera abrumarles y solo me voy a referir a un par de ellas. Por ejemplo, en la Diputación de Almería, que está gobernada por el Partido Popular, se presentó una moción en términos similares a la que hoy traemos a esta comisión que fue aprobada por todos los grupos políticos. Y lo mismo podría decirles del Parlamento de Andalucía, donde la abstención del Partido Popular hizo posible la aprobación de una moción. Es más, la nueva ministra eligió la inauguración del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, y allí aseguró que por parte del Ministerio de Industria había buena voluntad y proclamó su apoyo para que los regadíos tuvieran una tarifa energética más justa. En este artículo que les muestro pueden ver que esto no son palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sino de la propia ministra, que está de acuerdo en que hay que modificar la tarifa eléctrica que había aprobado el Gobierno de España.
Es probable que ahora, en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se tenga la tentación de echar mano del argumentario oficial y trasladar a la herencia recibida de Zapatero todos los males y las culpas que está sufriendo la agricultura en estos momentos, y en este sentido quisiera señalar 2 cuestiones. La primera, que efectivamente en el año 2008 el Gobierno de Zapatero modificó la tarifa eléctrica al liberalizarse el sector, pero lo que yo les digo a ustedes es que no tienen por qué perseguir y ahondar en los errores. Y la segunda, que ustedes fueron muy beligerantes con la eliminación de esas tarifas específicas para la agricultura, tanto que yo creo que aseguraron y prometieron que si llegaban a gobernar cambiarían el sistema que había establecido el Gobierno de Zapatero. Pues bien, yo creo que ha llegado el momento de ser coherentes con lo que ustedes decían en el año 2008, coherentes con los pronunciamientos del Partido Popular en multitud de ayuntamientos y diputaciones, y sobre todo, coherentes con las palabras de la ministra. Por eso, yo tengo hoy fe, tengo esperanza en que aprobemos finalmente una moción y que les demos una enorme alegría a los agricultores y agricultoras de España para que puedan pagar, gracias a esas tarifas, por la potencia que realmente utilizan y no por la teórica contratada.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.
Esta moción del Grupo Socialista toca una cuestión que causa una especial preocupación en el sector de los regantes españoles. Es una moción que se hace eco, creo que certeramente, de las reclamaciones e iniciativas de todas las organizaciones, cooperativas y comunidades de regantes. Pensamos que el Gobierno no puede permanecer ajeno al gran malestar del sector porque hablamos de agricultores que ya han realizado un gran esfuerzo económico propio para modernizar sus explotaciones y cumplir con ese factor de competitividad que se les reclamaba y que ahora se trunca con unas tarifas que, como apuntaba la senadora socialista, triplican o van a triplicar las facturas. Por lo tanto, quiero manifestar el apoyo del Grupo Mixto a la moción del Grupo Socialista.
Pasamos al Grupo de la Entesa.
Brevísimamente quiero manifestar que daremos apoyo a la moción.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
Evidentemente se trata de una moción que a nosotros nos preocupa muchísimo precisamente por la cantidad de instalaciones agrarias que tenemos en Cataluña. Quiero constatar —como ya se ha reiterado aquí— que el consumo energético supone una parte de los costes más importantes de los trabajos correspondientes a la agricultura de regadío, por lo que resulta importante aplicar políticas energéticas que contribuyan a la reducción de los costes de estas actividades y, con ello, a la sostenibilidad del desarrollo rural.
Las comunidades de regantes, sean de riego de apoyo o de riego completo, necesitan estaciones de bombeo para suministrar la presión necesaria a la red de distribución, por lo que son grandes consumidoras de energía eléctrica. Los costes energéticos pueden representar entre el 60 y el 70% de los costes totales de estas corporaciones.
La importancia de estos costes ha propiciado que las comunidades de regantes siempre hayan tenido en cuenta necesidades de eficiencia energética tanto en la construcción de la red de canalizaciones como en su mantenimiento anual, de manera que tradicionalmente han aplicado las mejores técnicas disponibles para minimizar siempre el consumo energético.
Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica sin que haya margen de maniobra en ninguno de los elementos básicos de los que esta se compone. Así, por lo que se refiere a la energía consumida en términos de kilovatio/hora, las instalaciones ya muestran una eficiencia y mantenimiento adecuados, tal y como ha sido contrastado por las auditorías energéticas realizadas por las comunidades de regantes.
Por lo que se refiere al precio de la energía que equivale a la parte regulada y dependiente de un mercado teóricamente libre, las comunidades ya solicitan ofertas conjuntas y participan en subastas colectivas, por lo que ya participan de las menores tarifas del mercado.
En cuanto al segundo elemento, el término fijo de potencia o potencia contratada a la que se hace referencia en los diferentes períodos tarifarios, cabe señalar que las comunidades de regantes tienen un consumo energético estacional al que no se ajusta la tarifa estacional regulada. Se ven obligadas a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de mayor consumo. Todo ello ha hecho que las alzas no sean asumibles en los costes energéticos de las actividades agrícolas de regadío y, en particular, de las comunidades de regantes, lo que conduce a generar una disminución de uso de agua de riego y, por ende, puede poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y las propias de las comunidades de regantes.
Entendemos, por lo tanto, que está moción va en esta línea. Mi grupo presentó también una parecida en el Congreso de los Diputados y, como es evidente, nosotros, en apoyo de la agricultura y el desarrollo del mundo rural, vamos a dar apoyo a esta moción que se ha presentado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.
Voy a profundizar en algunos argumentos más. Quiero decirles, por ejemplo, que los costes energéticos en España superan un 30% más la media de la Unión Europea; es decir, los costes energéticos que pagan los agricultores españoles son un 30% superiores a los de la media de la Unión Europea. Además, la propia Comisión Nacional de la Energía cifra el uso de la potencia que contratan los agricultores tan solo en un 8%; es decir, que se ven abocados a contratar una potencia muy elevada para cuando vayan a hacer uso de esa agua de riego, pero después dejan de utilizarla. Por lo tanto, la rentabilidad o, mejor dicho, el uso de esa tarifa tan alta es bastante estacional. Podemos destacar también la importancia que el sector agrícola tiene para España; representa nada menos que el 2% del producto interior bruto y el 4% de la mano de obra ocupada. Podría seguir argumentando, pero la cuestión está clara.
Voy a darles una última razón política, si me lo permiten. En el último Pleno que celebramos aquí hubo una senadora de CiU que le preguntó al ministro de Justicia acerca de un indulto que era bastante polémico. A la senadora le extrañó que fuera el ministro de Justicia quien contestase porque esperaba que lo hiciera la ministra de Sanidad. El señor Ruiz-Gallardón argumentó que el criterio del Gobierno era único y, por tanto, daba igual quien hablase, puesto que todo el Gobierno mantenía una coherencia. Pues bien, lo que yo les pido hoy aquí en esta comisión es el mismo principio, que se aplique el mismo criterio. Si hay un miembro del Gobierno que opina que se deben cambiar las tarifas, esta comisión debe darle el visto bueno a la moción para que no prevalezca el criterio del señor Soria en contra de la señora Tejerina.
Por eso, espero que todos aquí seamos consecuentes con lo que prometíamos, con los pronunciamientos de las distintas instituciones, pero sobre todo con los pronunciamientos de los miembros del Gobierno.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Paloma Inés Sanz Jerónimo.
La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta moción planteada por el Grupo Socialista insta al Gobierno a poner en marcha un escenario tarifario competitivo que asegure el mantenimiento de la agricultura en general y el regadío modernizado en particular, con 2 medidas expresas. Señora Coves, lo primero que quiero destacar es que estas 2 medidas mencionadas explícitamente en la moción no son de ahorro y eficiencia energética; y no son de ahorro porque lo que plantean no es reducir el consumo de energía, sino los costes energéticos de las explotaciones agrícolas. La primera, mediante la reducción de costes por la reducción de la potencia eléctrica anual contratada y, la segunda, mediante la autorización del balance neto de autoproducción que puedan realizar estos consumidores de energía.
Pero, señoría, en el año 2008 las tarifas eléctricas especiales para regadío fueron anuladas por el Partido Socialista. Y no es cuestión —como usted ha dicho ahora mismo— de culparles o de responsabilizarles, pero hay que ser coherentes, señoría. Ustedes, el Grupo Socialista en el año 2008, anularon estas tarifas. Además, hicieron una promesa. El entonces secretario de Estado de Medio Ambiente prometió adecuar las nuevas tarifas para que no hubiera pérdida de rentabilidad para los regantes. No quieren ustedes que les recordemos aquello, pero sí que nos reprochan ahora que arreglemos todo lo que ustedes han hecho mal. Sinceramente yo, señorías, no lo entiendo. Fueron ustedes los que anularon aquellas tarifas y ahora quieren que nosotros recuperemos todo lo que ustedes hicieron mal y encima nos culpabilizan de no haberlo hecho bien. Señorías, ustedes tuvieron tiempo de haberlo hecho bien en ese momento. Además, como consecuencia de ello, las comunidades de regantes tuvieron que contratar en el mercado libre, lo que supuso un encarecimiento de la factura eléctrica respecto del período anterior. Es más, fueron ustedes los que en 2008 eliminaron estas tarifas y ahora tienen la desfachatez de culpabilizarnos a nosotros de no hacerlo. Es cierto que las explotaciones de las comunidades de regantes son muy sensibles a los costes energéticos, llegando a representarles el consumo eléctrico más de un 70% de sus costes de explotación, pero hay que reconocer que dicha actividad principal se reduce a bombear agua para el regadío.
Igualmente, las menciones que se hacen en el escrito al incremento de estos costes eléctricos en los últimos años también están repercutiendo sobre el resto de los sectores españoles de actividad y consumo.
Señoría, quiero insistir en que las medidas que usted menciona hoy explícitamente y que son propuestas por el Grupo Socialista no son de ahorro y eficiencia energética, no reducen el consumo de energía sino que son de reducción de costes energéticos de las explotaciones agrícolas.
Por otro lado, cualquier metodología para la fijación de los peajes de acceso debe hacerse también atendiendo a criterios de no discriminación ―y esto es muy importante― en línea con lo previsto en la Directiva 2009/72/CE, que señala en su consideración 32 que es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso a la red. Estas tarifas deben ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios de la red.
Por lo tanto, señoría, tenemos que aplicar una política basada en frenar y reducir los costes medios del sistema, en la que se tomen las decisiones sin demagogia ―y esto me parece muy importante―, utilizando además todas las tecnologías disponibles, sin excepciones, y que se regule teniendo como objetivo primordial la competitividad de nuestra economía.
Por todo ello, como puede imaginar, no vamos a apoyar su moción.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FINANCIAR CON CARGO AL FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT) LA FINALIZACIÓN DEL PASSEIG CALVIÀ ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL TORO Y SANTA PONÇA, EN LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS).
(Núm. exp. 661/000447)
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FINANCIAR CON CARGO AL FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT) LA REFORMA DEL PASEO MARÍTIMO DE MAGALUF, EN LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS). (Núm. exp. 661/000448)
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FINANCIAR CON CARGO AL FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT) EL ACONDICIONAMIENTO COSTERO EN PORTALS NOUS Y COSTA DE'N BLANES, EN LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS).
(Núm. exp. 661/000449)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a financiar con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) la finalización del Passeig Calvià entre las localidades de El Toro y Santa Ponça, en la isla de Mallorca, Illes Balears.
Tengo entendido que su señoría va a agrupar 3 mociones. Para explicar esa agrupación y defender esas mociones, tiene la palabra el senador Manchado.
Tal y como ya me comprometí en la reunión de Mesa y Portavoces, presento 3 mociones relativas al mismo tema y al mismo municipio, aunque se trate de inversiones diferentes y, por ello, resumiré las 3 intervenciones en 1. En este sentido, si me paso de los diez minutos, espero que el señor presidente lo tenga en cuenta, aunque procuraré no hacerlo.
Señorías, estas 3 mociones se refieren a inversiones de carácter turístico, en un municipio de la isla de Mallorca, como Calvià que, tal y como explicamos en la moción, cuenta con 53 000 habitantes, 60 000 camas hoteleras y otras 60 000 aproximadamente residenciales, con lo cual en verano casi multiplica por 5 la población de derecho que tenemos en invierno.
El municipio está gobernado desde el año 2003 por el Partido Popular, con mayorías absolutas, y desde los años noventa el Gobierno central y el autonómico de las Islas Baleares han venido desarrollando una política inversora muy potente.
Este municipio puso en marcha en el año 2012, con el Gobierno del Partido Popular, un Plan de rehabilitación integral de zonas turísticas que, después, en el año 2013, se integró en el Plan general de ordenación urbana porque son inversiones que se destinan fundamentalmente a romper uno de los problemas graves del municipio y de la isla de Mallorca, o las islas, que es el de la estacionalidad.
Ustedes saben que el principal problema de las economías turísticas de sol y playa, como las de las islas, es el acortamiento de las temporadas, de manera que nos estamos encaminando hacia una distribución del año de seis meses de ocupación y seis meses sin trabajo o con las infraestructuras hoteleras y de ocio cerradas, lo que tiene consecuencias letales para el empleo, para los trabajadores y, sobre todo, para el futuro de esos trabajadores en relación con las pensiones, por razones obvias.
En este momento en el consistorio hay unanimidad política en torno a ese Plan de rehabilitación integral de zonas turísticas y también apoyo unánime a los términos que plantean estas 3 mociones; apoyo que se concedió en las sesiones del Pleno del mes de marzo de este año y, anteriormente, en el mes de noviembre del año 2013, a pesar de que en aquel momento el Gobierno municipal no votó a favor de la moción presentada porque hablaba de instar a los senadores e instar es un término que, por lo visto, no pueden utilizar los ayuntamientos; es decir, una cuestión meramente formal. En todo caso, lo que sí es cierto es que en marzo de 2014 la corporación, por unanimidad, apoyó las 3 propuestas de inversión que les traigo, fundamentalmente porque después de las fases que les he mencionado de los años noventa y principios de dos mil, en los que se hizo un esfuerzo inversor importante en el municipio, no se ha hecho nada. Así, las zonas turísticas rehabilitadas, los paseos marítimos de primera línea de playa y otro tipo de infraestructuras necesitan volver a contar con un impulso inversor para tirar de la iniciativa privada, para que siga mejorando hoteles y ampliando oferta, de manera que este destino turístico maduro no se convierta en obsoleto y abandonado por los clientes.
Ustedes saben que el turismo ha venido creciendo en los últimos años, pero también es cierto que el turismo crece hasta que deja de hacerlo, y ese es un peligro que no podemos correr.
El Fomit, el Fondo de modernización de infraestructuras turísticas, entre los años 2008 y 2010 contó con una dotación de 150 millones de euros; en el año 2011 fueron 145 millones de euros; y, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, en esta segunda fase ―porque he de decir que otros Gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel central como autonómico, sí se preocuparon de las inversiones turísticas―, desde el año 2012 el fondo prácticamente ha desaparecido. Es cierto que en el año 2012 hubo 250 000 euros residuales, de proyectos que quedaban vivos, pero en 2013 y 2014 ha desaparecido ese fondo.
No podemos permitir que determinados municipios dejen de tener apoyo en este tipo de infraestructuras porque eso va a acabar con la vida en ellos y, en consecuencia, en las islas. Calvià dispone del 25% de las camas hoteleras de toda Baleares, que a la vez dispone del 25% de las camas hoteleras españolas; es decir, que estamos hablando de un municipio con una potencialidad turística enorme y poner en peligro esa manera de vivir no solamente es poner en peligro la manera de vivir de los ciudadanos de Calvià, sino de todos los que viven en las islas. Por otro lado, la población de Calvià está formada fundamentalmente por los hijos ―aunque todavía siguen allí los padres― de familias que en los años setenta vinieron a Mallorca, a Calvià, procedentes sobre todo de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, que han construido allí su manera de vivir y que necesitan seguir manteniendo el nivel de ocupación turística y de atractivo turístico que poco a poco se va perdiendo porque, por ejemplo, una de las obras que les planteo, la del paseo marítimo de Magaluf, es una obra que se remodeló hace prácticamente treinta años, de manera que es necesario volver a trabajar en ello.
No entro en la definición de los 3 proyectos, porque creo que están suficientemente explicados. En todo caso, uno de ellos tiene que ver con una primera línea de playa; otro, con dar una salida coherente, desde el punto de vista de la seguridad y urbanístico, a un acceso a un balcón que da al mar, donde hay un oratorio antiguo que se está remodelando; y el tercero, con terminar una obra que se inició a finales de los noventa y principios del 2000, que consiste en un paseo que cohesiona todo el municipio y que tiene mucho potencial de cara al turismo de senderismo, ciclismo y cicloturismo, y que es muy apto para desestacionalizar la zona.
No voy a utilizar el turno de portavoces, porque creo que las mociones están suficientemente explicadas. Y las cantidades también están reflejadas. Lo que les pido es que tengan en cuenta que son 3 mociones derivadas de un acuerdo plenario tomado por unanimidad en el seno del ayuntamiento, y que, por lo tanto, satisfarían plenamente las aspiraciones de toda la corporación.
Anuncio el voto afirmativo a las 3 mociones defendidas por el senador Manchado.
También manifiesto nuestro apoyo a las 3 mociones planteadas.
El Grupo Socialista no va hacer uso de la palabra, por lo que pasamos al Grupo Popular.
En primer lugar, todos reconocemos la necesidad de mejorar destinos maduros, y todos sabemos que Calvià, como otros sitios de la costa española, ya sea de otros municipios de Baleares o de cualquier otra zona, se encuentra con esta necesidad. Dicho lo cual, usted, residente en Calvià, senador de Mallorca, nos trae aquí 3 mociones con 3 importantes inversiones. Y digo importantes inversiones, por el valor de que se trata, porque estamos hablando, si sumamos todas, de 12 750 000 euros. Creo que con las restricciones presupuestarias que tenemos se ve, evidentemente, que es una cantidad importante. Para el año 2014 la inversión que usted nos pide es de 8,5 millones de euros, con unos presupuestos generales del Estado aprobados con una estricta restricción presupuestaria, que no están dotados de estas cantidades si solamente las dedicáramos a Calvià. Hay muchas más necesidades en toda la geografía española.
Por otro lado, le agradezco que, dada la similitud de las mociones, se traten todas en conjunto, porque, si no, estaríamos reiterando continuamente los argumentos. Lo que tengo que decirle, y supongo que usted es consciente o conocedor del tema, es que los fondos del Fomit no los asigna el Gobierno. No es el Gobierno el que decide qué inversión vamos a hacer. Por si no lo conoce, o no lo ha consultado, le diré que el Real Decreto 973/2010, de 23 de julio, regula este fondo financiero y habla precisamente de que a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional se ha tenido que modificar la manera de regular ese fondo de inversión, dando una mayor competencia a las comunidades autónomas. Es decir, son las comunidades autónomas las que tienen competencia en su convocatoria, en su tramitación y en la resolución de los expedientes relativos al fondo. Así pues, el Ayuntamiento de Calvià −no sé si por unanimidad o no, porque primero ha dicho que sí y luego ya no estaba tan claro− puede haber instado o haber decidido instar al senador Manchado a pedir al Gobierno que haga una inversión de 12 750 000 euros, pero lo que marca la legislación es que son las comunidades autónomas las que lo deciden y son los propios ayuntamientos los que piden esa adscripción al fondo, con lo cual difícilmente esta comisión puede ser la que inste al Gobierno a hacer una cosa que la propia ley no le permite, como el real decreto así lo marca.
Como digo, se recoge que son las comunidades autónomas las que convocan, tramitan y dictan la resolución sobre los préstamos con cargo al fondo, porque estamos hablando de un préstamo, no de una subvención. Yo no sé si el Ayuntamiento de Calvià está en disposición de pedir 12 750 000 euros para esta obras y en disposición de devolverlos. Estamos hablando, repito, de fondos que se devuelven de una manera establecida.
En 2010 la inversión máxima financiable era de 6 millones de euros, con un mínimo de 300 000 euros. Si tenemos que desglosar, en algunas incluso nos pasamos, y supongo que por eso ha partido la inversión más grande.
Usted dice que antes, con el Gobierno del Partido Socialista, se hacían muchas inversiones en el Fomit, y que desde que ha llegado el Partido Popular el Fomit ha desaparecido. Pero el Fomit no ha desaparecido. El Boletín Oficial del Estado del miércoles 28 de marzo de 2012 –ya gobernaba el Partido Popular− aprueba una resolución por la que se publican los criterios de valoración y el calendario de convocatorias y tramitación de préstamos con cargo al Fondo financiero del Estado para la modernización de infraestructuras turísticas 2012−2013. Evidentemente, la dotación presupuestaria habrá bajado porque los presupuestos se han reducido, pero en ese momento había un calendario de valoración de estas convocatorias para las infraestructuras 2012−2013. Para el año 2014 está previsto que las convocatorias de préstamos del Fomit sean en torno al mes de julio, por lo que en este caso usted tendría que dirigirse a la entidad local que le ha pedido que haga esta gestión, diciéndole que sean ellos los que, una vez sacada esta convocatoria, se dirijan a la comunidad autónoma y pidan, siguiendo los trámites oportunos, acceder a este fondo.
Como digo, ha hecho referencia a que con el Gobierno socialista se invertía muchísimo en el Fomit, etcétera. Sí, pero, casualmente, a mí me consta que en el Ayuntamiento de Calvià, como en el de Mallorca, de los que usted está hablando, en el año 2009 no hubo proyectos financiados. Y por lo que respecta a Baleares, y concretamente a la isla de Mallorca, en 2010 solo hubo 309 000 euros, y fueron para el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar. Con esto quiero decir que si hace tanto tiempo que se va devaluando el destino maduro, en este caso de Calvià, a lo mejor podrían haber tomado iniciativas en época de bonanza, cuando teníamos más dinero para invertir. En este caso, la política que plantea el Partido Popular, tanto en el Gobierno central como en el Gobierno autonómico, es dejar que sea la iniciativa privada la que se haga cargo de los planes de modernización y, sobre todo, que sea la iniciativa privada la que invierta en sus propios hoteles y sus propias infraestructuras.
Evidentemente, nosotros pensamos que las inversiones sí se pueden hacer, que son necesarias, pero le repito que tenemos las disponibilidades que tenemos, y en este caso son, desgraciadamente, muy muy limitadas. Si me lo permite, y sin que se lo tome a mal, espero que este rechazo –me imagino que habrá entendido que vamos a rechazar las 3 mociones presentadas− no se interprete como que el Gobierno del Partido Popular, o el Gobierno del señor Rajoy, no quiera invertir en Mallorca, ya que usted viene aquí y nos pide una inversión de más de 12 millones de euros y el Grupo Popular le dice que no. Le he explicado cuál era el conducto reglamentario y legal para que en este caso, no usted, porque no es la persona adecuada, sino la entidad local, el Ayuntamiento de Calvià, se dirija para conseguir esas inversiones.
Y, por último, también quiero hacer referencia a una noticia. Usted me ha dicho que hay unanimidad política y social porque esa es una zona madura, pero, casualmente, el 25 de junio de este año vi una noticia en prensa que decía que los hoteleros piden declarar zona madura Peguera, Santa Ponça y Palmanova-Magaluf -las zonas a las que estábamos haciendo referencia−, y que, aunque el ayuntamiento apoya esta iniciativa, no emitirá informe preceptivo hasta que no tenga claro cuál es el decreto ley, etcétera, que hace referencia a la comunidad autónoma. Lo digo, por esta supuesta unanimidad y este supuesto interés en que se invierta en Magaluf y en Calvià. Yo lo entiendo, todos tenemos mucho interés en que las inversiones lleguen a nuestros territorios, pero repito que es el ayuntamiento el que tiene que saber que debe dirigirse a la comunidad autónoma, y en este caso en el próximo mes de julio, cuando salga la convocatoria de préstamos del Fomit.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons Vila.
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE LA TÉCNICA DE LA FRACTURA HIDRÁULICA O FRACKING.
(Núm. exp. 661/000356)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO CONVERGÈNCIA I UNIÓ
El señor PRESIDENTE: Debatidas las mociones números 661/000447, 661/000448 y 661/000449, que, aunque se han defendido conjuntamente, como ustedes saben se votarán separadamente al final, pasamos a debatir la moción que había sido diferida en el tiempo, que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas sobre la técnica de la fracturación hidráulica o fracking.
A esta moción se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PALACIOS ZUASTI: Perdón, señor presidente, ¿no iba primero la moción del señor Antich?
El señor PRESIDENTE: No, iba esta moción sobre el fracking, que figuraba como tercera en el orden del día, pero que, por petición del grupo proponente, se trasladó, y se puso después de las mociones del senador socialista relativas a los temas de Mallorca.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el senador Alturo.
Señorías, nuestro grupo parlamentario presentó y registró esta moción en octubre del año pasado, precisamente para propiciar el debate sobre la técnica conocida como el fracking, puesto que ya hace bastante tiempo que se ha producido un cambio en la explotación de los hidrocarburos, sobre todo por lo que hace referencia al gas natural que se encuentra en pequeñas cavidades en determinadas formaciones rocosas, como las pizarras. Este hecho altera profundamente, y creemos que lo continuará haciendo, la distribución mundial de reservas y la seguridad energética de los países, de la que muchos de ellos hasta ahora eran deficitarios. La extracción de gas que se hace normalmente con la tecnología denominada hidráulica y conocida como fracking, es una tecnología, como todos sabemos, controvertida desde el punto de vista de impacto ambiental y que, en definitiva, en estos momentos creo que requiere análisis, debate y tener las ideas claras sobre hacia dónde hay que ir en este sentido.
Por lo tanto, nuestra moción contiene tres puntos. En el primero planteamos que el Gobierno del Estado, es decir, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elabore en el plazo de seis meses un informe de expertos que sirva como precedente ante cualquier regulación y que incida en los aspectos de mayor riesgo derivados de la técnica del fracking. Concretamente planteamos que se deberá aludir a la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, los terremotos, la contaminación acústica y los impactos paisajísticos. En el mismo informe deberán detallarse recomendaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el máximo respeto al medioambiente, para evitar una externalidad negativa sobre la sociedad.
En el segundo punto, y con la finalidad de evitar el crecimiento de normativas distintas entre los diferentes países de la Unión Europea, y paralelamente a este informe, pretendemos que el Gobierno impulse ante las autoridades europeas la aprobación de una directiva comunitaria precisa y rigurosa sobre el fracking, que contemple los riesgos que conlleva, en aras a evitar, como decía, una proliferación de normativas distintas y dispares entre los países miembros y que propicie regulaciones laxas y con riesgos en lo que a la contaminación de aguas y de la atmósfera se refiere.
Y en el tercer punto pedimos derogar la disposición final segunda de la Ley para la garantía del suministro de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, mediante la cual se habilita el método de la fractura hidráulica o fracking en la realización de trabajos de exploración, investigación, explotación o almacenamiento de hidrocarburos. Entendemos que esta regulación supone un aval a la asunción de los riesgos, que no han sido previamente evaluados, así como una invasión de las competencias de investigación que ostentan las comunidades autónomas. Y permítanme que cite al efecto la disposición final segunda de modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por la que se añade un apartado 5 en el artículo 9 de la Ley del sector de los hidrocarburos, con la siguiente redacción: Punto 5: “En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados en este artículo podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica, la estimulación de pozo, así como técnicas de recuperación secundaria y aquellos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto”.
Por lo tanto, entendemos que sin conocer previamente por parte de los expertos los riegos de la situación en la que nos encontramos, esto da, como digo, un aval con el que evidentemente no estamos de acuerdo.
Resumiendo, en esta moción proponemos 3 puntos que creemos que en estos momentos son prioritarios. El primero, repito, sería elaborar un estudio científico, riguroso y técnico por parte del ministerio, que debería presentar en el plazo de seis meses. Es decir, nuestro grupo parlamentario exige que en un período de seis meses tengamos ese estudio. En segundo lugar, impulsar normativas en el marco de la Unión Europea. Y, finalmente, derogar esta disposición, porque, en definitiva, además de dar un aval a técnicas cuyas consecuencias no conocemos, también supone una invasión de las competencias que, en relación con la investigación, ostentan las comunidades autónomas. Por lo tanto, pedimos el apoyo para esta moción en la Comisión de Industria y Energía.
Para la defensa de la enmienda que se ha presentado, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta una enmienda a esta moción. Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista en febrero del año 2013 presentó una interpelación al Gobierno en el Pleno y, posteriormente, una moción consecuencia de interpelación, en parecidos términos a los de la moción de Convergència i Unió. Y desde ese momento han pasado muchas cosas y conocemos nuevos datos.
Habría que hacer una reflexión: ¿todos los recursos energéticos son necesarios? En principio la respuesta debería ser sí, pero parece evidente que hay una coincidencia muy generalizada en que hay que transitar el camino hacia una economía baja en carbono, en definitiva, una economía sostenible, que es lo que hizo en su momento el Gobierno socialista, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, luchando contra el cambio climático; por cierto, creo que hoy hasta el propio primo de Rajoy cree que el cambio climático es una evidencia, que existe, y que hay que combatirlo. Por eso digo que el Gobierno socialista, el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, hizo una política importante en este sentido, de impulso al ahorro y la eficiencia energética y de fomento de las energías renovables. Sin embargo, el Partido Popular, debido a su miopía energética y también medioambiental, en vez de apostar por las tecnologías de futuro, como hizo el anterior Gobierno socialista, y por un comportamiento eficiente y responsable de ciudadanos, de empresas y de administraciones públicas en materia energética, ha decidido una vez más seguir criterios cortoplacistas y sumarse al carro del fracking.
Como decía el portavoz de Convergència i Unió, esta es una técnica muy agresiva, que consiste básicamente en la utilización de agua, mucha agua -más incluso de la que necesita un país como este, con escasez de agua-, arena y productos químicos altamente contaminantes, con la finalidad de extraer de la roca el gas que está incrustado en ella. Existen numerosos informes, y por eso presentamos la enmienda: porque ya hay muchos informes de universidades americanas y de organismos internacionales que hablan del riesgo de contaminación de los acuíferos, pero también de contaminación de la atmósfera, de los efectos sísmicos que provoca esta técnica, del calentamiento global del planeta o de la salud para las personas y los trabajadores de estas instalaciones. Francia, que es el país donde, supuestamente, según los estudios realizados, existe más gas no convencional, ha tomado la decisión de aplicar el principio de precaución, el llamado principio de cautela; y lo mismo han hecho hasta ahora otros países, por ejemplo, Alemania. Y muchas comunidades autónomas, incluso algunas gobernadas por el Partido Popular, como Cantabria, Aragón o La Rioja, también se han opuesto a esta técnica.
Es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho recientemente que la competencia para legislar sobre esta materia no la tienen las comunidades autónomas, sino el Estado. Y por eso presentamos esta enmienda, porque pedimos al Estado, al Gobierno de España, que en el plazo de dos meses presente un proyecto de ley de prohibición en todo el Estado de la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica, fracking, a fin de conjurar esos riesgos ambientales y territoriales de los que hablaba anteriormente, así como las negativas implicaciones para la salud humana derivadas de su utilización.
Compartimos los otros 2 puntos de la moción, así como el primero, que es lo que dijimos en su día con nuestra moción consecuencia de interpelación. Pero, como digo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de estudio y directamente ha aprobado esta técnica, aunque hay muchos informes, y creo que hay que pasar de los informes a la prohibición de una técnica tan agresiva para el medio ambiente y la salud humana.
Y termino. Señorías, el futuro de nuestro país pasa, no por crecer más a cualquier precio, sino por crecer mejor, y nosotros queremos un crecimiento con igualdad, queremos un crecimiento con respeto al medioambiente y con ganancias de bienestar para la mayoría de la población y no para unos pocos. Conviene recordar que la salida de la crisis, como señalan varios organismos europeos, pasa por un cambio de modelo energético, y hay un informe reciente de la Organización Internacional de Trabajo que dice que si este país, España, apostase por las energías limpias, por la economía verde, por el ahorro y la eficiencia energética, se podrían crear –escuchen bien− más de un millón de puestos de trabajo de aquí al año 2020. Entiendo que el objetivo de nuestro país es crear empleo, y la economía verde, el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables así lo hacen. Sí, señor senador -veo que me insta-, léase ese informe, que le dice a su Gobierno, que les dice a ustedes cómo pueden crear empleo respetando el medioambiente y la vida de las personas.
Por último, quiero agradecer al senador Medina su ayuda en este tema, porque también está muy preocupado por las prospecciones marinas que se están realizando en Canarias.
En primer lugar, quiero agradecer al senador Jesús Alique la presentación de esta enmienda. Entiendo su posicionamiento, pero consideramos que para promulgar una ley de prohibición lo primero que debemos conocer, y por personal científico autorizado, son los efectos negativos que esta técnica nos puede comportar en todos sus aspectos. Por tanto, y en consonancia con lo que la Generalitat de Cataluña está realizando en estos momentos, que está trabajando en la elaboración de un informe a través de una comisión formada por expertos y por diferentes departamentos de la Generalitat, lo primero que hay que exigir al Gobierno del Estado es que conozca los problemas que puede conllevar la técnica de utilización del fracking para la extracción de hidrocarburos. Y una vez conocido eso, incluso para promulgar luego, si ello fuera necesario, una ley de prohibición, sería adecuado tener una base científica hecha por el ministerio, por el Gobierno del Estado, en este sentido.
Así pues, entendemos que la enmienda que presenta el Grupo Socialista en estos momentos no procede, puesto que previamente, repito, queremos conocer cuál es realmente la situación. Por tanto, mantenemos nuestra moción en los términos en que se ha planteado.
¿Hay turno en contra? Senador Palacios, ¿desea intervenir? (Denegaciones).
Como es conocido, el Grupo Mixto es muy variopinto en su composición y no hay unanimidad en relación con la cuestión planteada por el senador Alturo. No obstante, la mayoría del grupo es favorable a esta moción, y, por tanto, votaremos positivamente.
La técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas de esquisto es una expectativa o posibilidad en nuestro país y en la mayoría de países de Europa, y una realidad en otros países más allá del Atlántico, especialmente en los Estados Unidos, donde, como ustedes saben, hay experiencia en estos momentos y llevan ya años aplicando esta tecnología, sobre la que hay claros y oscuros. Allí sí se han hecho estudios de carácter técnico con resultados dispares y contradictorios, y allí sí se ha legislado, legislación tanto federal como de los propios Estados, y hay unos efectos positivos que hay que poner de relieve.
Este fenómeno ha comportado una reducción de la dependencia energética de Estados Unidos y ha mejorado la competitividad de sus industrias, hasta el punto de que se están dando relocalizaciones de actividades que se habían trasladado al sureste asiático, lo que hace que puedan afrontar en mejores condiciones la situación actual de un mercado cambiante como es el del gas y el petróleo, en el que, por tanto, cuanto menos dependencia haya, mejor. Estos son los aspectos positivos, y negativos también hay algunos, como he dicho.
En el caso de nuestro país, no nos engañemos: todos los estudios apuntan a que las posibles reservas de gas de esquisto son muy reducidas, como lo son en la mayoría de los países europeos; y en algunos que se estima que pueden tener reservas importantes, las tienen en lugares donde es difícil la extracción. Por ejemplo, en Francia, a la que hacía alusión el senador Alique, la mayor parte de las reservas estimadas está situada en torno a París y su área metropolitana, una zona que no parece precisamente la más adecuada, como consideran incluso los defensores de esta tecnología, para aplicarla.
Está claro que en la Unión Europea, y especialmente en nuestro país, no hay legislación específica ni estudios de carácter científico, y me parece que sería necesario que eso se produjera en el marco del Estado español y también en la Unión Europea, en la medida en que tiene sentido que actividades de estas características tengan una legislación en algunos casos homogénea en el marco de la Unión Europea.
Por tanto, me manifiesto favorable a la moción, entendiendo que no se trata de demonizar ninguna tecnología. Las tecnologías en sí tienen pros y contras, y no hay que demonizarlas, pero la aplicación de esta tecnología y sus consecuencias en estos momentos es muy poco conocida, y esta sería la primera asignatura que deberíamos aprobar antes de pasar al recurso siguiente, al margen de si hay o no reservas, sobre lo que empieza a haber una literatura supongo que bastante especulativa, porque, entre otras cosas, no hay estudios previos al respecto.
Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
Voy a intervenir muy brevemente, para manifestar mi agradecimiento a los grupos que van a apoyar esta moción y pedir al Grupo Popular que valore el contenido de esta moción y que también le dé su apoyo, puesto que creo que es imposible no estar de acuerdo con lo que en ella se pide. En definitiva, solicitamos también el apoyo del grupo mayoritario.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Alique.
Decía el senador Montilla en su intervención, y también el senador Alturo, como decíamos nosotros hace un año y medio en la interpelación y en la moción consecuencia de interpelación, que no hay estudios en España de carácter científico sobre este asunto, aunque insisto en que hay suficientes estudios, con suficiente experiencia, como es el caso de Estados Unidos, que son cada vez más claros en la oposición a esta técnica; pero es que al Gobierno le da lo mismo que haya o no haya estudios. Les voy a leer lo que ha dicho una persona. Dice ‑escuchen bien‑: El fracking sirve para extraer el gas que está enquistado en las rocas. Por eso se llama gas esquisto.
Es una barbaridad. La Real Academia Española dice: “esquisto. Roca de color negro azulado que se divide con facilidad...” ¿Saben quién ha dicho esto? El ministro Soria. Si el ministro desconoce de qué estamos hablando, apaga y vámonos. Ustedes lo que están haciendo es simple y llanamente tener en cuenta las ganancias de bienestar de unos pocos y no del conjunto de la población. Efectivamente, hay estudios a nivel internacional que dicen que en España hay escasas reservas de gas de esquisto, que no conoce el señor Soria de qué se trata; sin embargo, ustedes, erre que erre, dicen que sí. No nos va a reducir la independencia energética, y al mismo tiempo, cuando hablamos de recursos autóctonos, como son las energías renovables, que sí pueden ayudar a reducir dicha independencia energética, y de otras externalidades positivas que tienen, como la lucha contra el cambio climático, también lo tienen muy claro, legislan contra ellas, como hemos visto recientemente, algo que ha generado protestas en el sector y muchas familias que se han visto afectadas por las medidas que ha introducido el Gobierno del Partido Popular.
Las experiencias que hay en Estados Unidos desaconsejan que se realice este tipo de técnicas en un país como el nuestro, que está mucho más densamente poblado que los Estados Unidos. Es más, las informaciones que conocemos sobre las concesiones de yacimientos susceptibles de llegar a nivel de explotación en nuestro país revelan –escuchen bien− una coincidencia muy preocupante con la ubicación de acuíferos, de tal manera que más del 80%, es decir, 8 de cada 10, tienen riesgo de acuíferos. Les voy a hablar de uno que conozco bien, el proyecto Cronos, en las provincias de Guadalajara ‑por la que yo soy senador‑ y Soria. En ese lugar, aparte de haber zonas especialmente protegidas medioambientalmente por la Unión Europea, nacen dos ríos justamente donde se va a hacer la explotación, el Henares y el Tajuña. Este último, por cierto, abastece solo en la provincia de Guadalajara a más de 40 000 personas que recogen agua de ese lugar, aparte del regadío, etcétera, y todos sabemos que los productos químicos que se inyectan en el subsuelo son altamente contaminantes, alguno de ellos incluso cancerígeno. Asimismo, todos sabemos que cuando se extrae el gas esquisto, cuando se extrae el gas no convencional, salen también parte de esos productos químicos y otros radioactivos que contienen las propias rocas.
¿Saben lo que están haciendo en Estados Unidos con eso? O bien lo vuelven a inyectar en el subsuelo, con otros riesgos para los acuíferos, o bien lo dejan en una especie de grandes balsas donde se evapora hacia la atmósfera el gas metano, que es altamente contaminante. Estamos hablando de eso, de pocas reservas y de muchos riesgos para el medioambiente y para la salud de las personas.
Y les voy a dar otro dato que creo que también es importante. Ya se empieza a hablar de una técnica especulativa, de unos importantes riesgos de burbuja financiera. No lo digo yo, sino una información del día 27 de mayo de la cadena estadounidense Bloomberg televisión, en la que se anunciaba la aparición de nuevos síntomas de una burbuja que se desinfla. Empezaba la noticia de esta manera: La retirada de los inversores amenaza el negocio del fracking mientras los operadores van a la quiebra. Estoy hablándoles de Estados Unidos.
Es más. Uno de los gestores neoyorquinos de activos alternativos, especializado en activos energéticos de los más importantes, ha dicho recientemente que la lista de empresas que están estranguladas financieramente es considerable en el tema de esta técnica. Y por si faltaba poco, les invito a que lean al catedrático de medioambiente de la Universidad de Alcalá, don Manuel Peinado, que en un primer momento empezó traduciendo libros de Estados Unidos y hablándonos sobre esos riesgos para el medioambiente, para la salud humana y de esos riesgos de movimientos sísmicos y para el calentamiento global. Pues bien, dicho catedrático dice que ya no va a seguir hablando de eso, y en su reciente libro, titulado El fracking, ¡vaya timo!, habla de que el timo del fracking se desinfla en Estados Unidos.
Creo que esto podría ser interpretativo, pero lo que no es interpretativo son los riesgos para el medioambiente, los riesgos para la salud humana, las pocas reservas que tenemos y, desde luego, si hablamos de independencia energética, miren ustedes más del lado de lo que camina hacia la transición hacia una economía baja en carbono, una economía verde, apoyen más las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética que este tipo de tecnologías que son altamente contaminantes y que aquí en España no van a solucionar el problema.
Senador Palacios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
Todos sabemos que nuestra dependencia energética es superior al 80%, que en el año 2013 pagamos 57 000 millones de euros por la importación de productos energéticos, de ellos 45 000 millones en petróleo y productos derivados. Sabemos que la crisis de Ucrania ha puesto sobre la mesa los riesgos que comporta para Europa su gran dependencia de Rusia, y la guerra civil de Irak puede producir ‑y esto es portada de hoy en un periódico‑ una amenaza para la recuperación económica de Europa y puede generar una escalada de precios del crudo que amenace nuestra competitividad y la de nuestras empresas.
Sabemos que el presidente de la Comisión Europea alertó en el año 2013 a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no solo sobre esa creciente dependencia, sino también sobre el aumento continuo de los costes energéticos en Europa. Sabemos que en Estados Unidos el precio del gas ha bajado un 44% en los últimos años mientras que en Europa ha subido una media del 23%. Sabemos que el gas de esquisto, extraído mediante fracking, ha sido clave en ese país, Estados Unidos, para superar la recesión, y que en el año 2013 el gas y el petróleo no convencionales han proporcionado en Estados Unidos 2 100 000 puestos de trabajo, ha hecho que la renta disponible de sus hogares se haya incrementado en 1200 dólares, es decir, 857 euros, y ha aportado a las arcas públicas 54 700 millones de euros.
Todos sabemos que el presidente Obama ha pasado de ser totalmente contrario al fracking a convertirse en su mayor defensor y, según los estudios que se han realizado, parece ser ‑aunque yo he oído al señor Montilla que las reservas son reducidas y al senador Alique que son escasas‑ que en España podemos tener reservas de gas no convencional para setenta años y que si explotamos nuestros recursos, que pueden ser de 2000 millones de metros cúbicos, podríamos dar la vuelta al mapa energético actual y provocar una bajada de precios en unos momentos en los que las previsiones apuntan a una Europa más pobre energéticamente hablando.
Sabemos que todas las fuentes energéticas, todas sin exclusión, tienen inconvenientes, y también las tiene, lógicamente, el gas que ahora estamos consumiendo, el que empleamos en nuestro país, porque este se extrae en lugares lejanos, pero no está exento de riesgos medioambientales, porque se trae mediante gasoductos que tienen riesgo de fugas y se embarcan en unos petroleros como gas licuado con los riesgos asociados al transporte.
Creo que lo que no se puede hacer es separar la política energética de la economía y de sus consecuencias laborales. Todos sabemos que nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada, y una de las razones es que no somos competitivos industrialmente porque tenemos una de las energías más caras del continente, lo cual lleva a la deslocalización de empresas, al aumento del paro ‑en estos momentos afortunadamente se está reduciendo y llevamos diez meses así‑ y a la pérdida de sectores estratégicos fundamentales. Por eso no podemos demonizar ninguna de las técnicas, tampoco el gas shale.
El fracking debe ser tratado con seriedad y con rigor, estudiando sus beneficios y todas sus posibles consecuencias, es decir, los impactos y riesgos medioambientales que implica esta técnica extractiva. No es una cuestión, como decía el senador Montilla, de claros y oscuros o de blancos y negros. Yo creo que es una cuestión de grises. Por eso, caso por caso, se tiene que analizar, a la vista de los detalles de cada proyecto y de su relación con el entorno concreto. Hay que ver los riesgos y los impactos negativos. Por lo tanto, hay que ver si ese proyecto es viable o no. Es decir, si se puede o no autorizar y qué condicionantes, limitaciones y prohibiciones tienen que establecerse en su caso. Y esto ha de hacerse a través de los procedimientos que están reglados en la evaluación ambiental, recogidos en la nueva Ley de evaluación ambiental que se aprobó el 9 de diciembre del año pasado, ley que ha puesto en marcha el actual Gobierno, que dispone la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa a la aprobación de proyectos y que recoge un procedimiento de impacto ambiental más exigente, con lo que se garantiza la máxima protección del medioambiente, a la vez que se ofrece a los ciudadanos y a las administraciones afectadas, que puedan participar activamente en el procedimiento.
Nos hablaban de la política de Zapatero en relación con el fracking. Yo tengo que decir que cuando gobernaba el Partido Socialista, con el señor Zapatero como presidente, lo que hicieron fue conceder permisos. Y, en estos momentos, esos permisos se encuentran en una fase muy preliminar, y no parece factible que la perforación de ninguno de los sondeos con fractura hidráulica pueda hacerse a corto plazo. Por lo tanto, la explotación comercial, si la hubiere, sería a muy largo plazo. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra normativa medioambiental, que es una de las más estrictas del mundo y tiene unos criterios de protección ambiental muy rigurosos. Es decir, que se pase la declaración de impacto ambiental. Y, si se aprueba esa declaración, es improbable que se pueda autorizar un proyecto en una zona de peligro.
Lo que no podemos hacer es demagogia en esta materia. Lo que no podemos hacer es conceder autorizaciones de fracking cuando estamos gobernando y oponernos a esta técnica cuando estamos en la oposición. Lo que no podemos hacer ahora es que un mismo partido vote a favor del fracking en el País Vasco y 90 kilómetros más allá, en Navarra, en mi tierra, vote en contra. Eso no podemos hacerlo y es lo que hace, por ejemplo, el Partido Socialista. En la memoria de todos está el lehendakari Patxi López cuando salió entusiasmado a hablar de la autosuficiencia energética de los vascos y las vascas por los yacimientos de shale gas que habían aparecido en Álava. Esto está en la hemeroteca y lo podemos ver.
Por lo tanto, esta moción de CiU, con los condicionantes que quiere establecer, nos parece que no es necesaria. Nuestra legislación y el procedimiento establecido es riguroso y suficiente, por lo que no necesita nada más. Insisto en que no podemos excluir ninguna fuente de autoabastecimiento de energía. Eso sí, con todas las garantías medioambientales. Y lo que no podemos hacer es dejar pasar la oportunidad de identificar la existencia de potenciales reservas, siempre que esté clara la seguridad y la integridad medioambiental, porque esto es lo que nos va a permitir reducir esa dependencia energética, bajar el precio del gas que consumimos, ser más competitivos y crear puestos de trabajo, que creo que es lo que a todos nosotros nos interesa.
Por eso, al hablar del fracking ‑y, termino, señor presidente‑ debemos tener muy presente que en esta aldea global en la que vivimos no podemos aislarnos de acontecimientos como los que les he indicado. Creo que tenemos que tener muy presente lo que el secretario general de la OTAN dijo la semana pasada y que ha venido publicado en el Financial Times. El señor Rasmussen alertó sobre lo siguiente: “Las agencias de inteligencia rusas están financiando en secreto el trabajo con los grupos ecologistas europeos para hacer campaña contra el fracking y mantener la dependencia de la Unión Europea hacia el gas ruso” ‑entrecomillado; fin de la cita‑. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón. Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor PALACIOS ZUASTI: Termino, señor presidente, diciendo que tenemos que tener muy presente que en Estados Unidos pagan un 70% menos por el gas que en Europa, por lo que son más competitivos. Y las condiciones sociopolíticas del planeta están cambiando. El camino más efectivo para atenuar los efectos de la crisis es reducir nuestra dependencia. Y, para eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué recursos tenemos en nuestro país a tal efecto.
MOCIÓN POR LA QUE SE MANIFIESTA EL RECHAZO A LAS PROSPECCIONES MARINAS PREVISTAS O EN REALIZACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL CUYO OBJETIVO ES LA BÚSQUEDA DE COMBUSTIBLES FÓSILES E INSTA AL GOBIERNO A SU INMEDIATA PARALIZACIÓN.
(Núm. exp. 661/000460)
El señor PRESIDENTE: Debatida esta moción, pasamos a la última del orden del día. Moción por la que se manifiesta el rechazo a las prospecciones marinas previstas o en realización en el Mediterráneo occidental cuyo objetivo es la búsqueda de combustibles fósiles e insta al Gobierno a su inmediata paralización. Tiene el número 460 y ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Antich.
La presente moción traslada una declaración institucional del Parlamento de las Islas Baleares de fecha 11 de febrero de 2014, respondiendo a la demanda que se nos hizo a los senadores autonómicos cuando hace pocos meses comparecimos en el Parlamento balear, a demanda de los grupos parlamentarios del citado parlamento, para hablar de este tema. Por lo tanto, la exposición de motivos y la petición de la moción conforman la declaración institucional que aprobó el Parlamento de las Islas Baleares por unanimidad.
Con anterioridad a esta petición, ya en el año 2011, en la anterior legislatura, el Parlamento, también por unanimidad, pidió al anterior Gobierno la paralización de los permisos. Y, con posterioridad a la declaración de febrero de 2014, han sido varios los acuerdos unánimes en esta misma dirección. Es decir, el acuerdo de la Comisión balear de Medio Ambiente se refiere a algunos de los permisos, entre ellos, el del Golfo de Valencia. Se trata de un informe muy contundente, que, entre otras cosas, dice que solo los programas de adquisición sísmica 3D y 2D, sin hablar de los efectos mayores en intensidad y magnitud de los sondeos, perforaciones o explotación, suponen ya la posibilidad de grandes impactos. Analizando los expedientes objeto de la presente moción, la comisión dice que se trata de cañonazos acústicos que en los expedientes analizados superan en mucho los umbrales que la comunidad científica fija como mínimos para que produzcan daños.
Asimismo, la comisión dice que se trata de contaminación acústica que puede desplazarse horizontalmente sin previsión de su alcance, con repercusiones significativas sobre los organismos pelágicos y bentónicos; que hay indicios demostrados de afección irreversible a cetáceos, tortugas y recursos pesqueros después de prospecciones sísmicas en las que se han utilizado pulsos acústicos de alta energía y baja frecuencia ‑en cuanto a los recursos pesqueros, ello ha significado su grave disminución, cambio de comportamientos de especies, etcétera‑; que hay especies de cetáceos que no se rigen por pautas migratorias definidas y, por ello, no se puede establecer con seguridad qué época es la más idónea para la actuación; que las aves marinas que utilizan el área como zona de alimentación, también se ven afectadas; que los organismos que viven fijos en el fondo, el plancton, las larvas, los huevos o los alevines de peces que no pueden desplazarse, o al menos no con rapidez, son especialmente vulnerables a los disparos, y ello afecta a la cadena trófica y a los recursos pesqueros; que las operadoras aportan los estudios más favorables, ignorando que la mayoría de la comunidad científica apuesta por unos efectos mucho más significativos en intensidad y en magnitud, denunciando, además, la Comisión balear de Medio Ambiente que las evaluaciones ambientales que se tramitan incumplen las normativas europeas y españolas, cuyo objetivo es evaluar los efectos totales del proyecto, no permitiendo el fraccionamiento cuando se trata de un mismo proyecto y de un mismo espacio de incidencia. Señala la comisión que, al solicitar a la operadora responsable de las prospecciones del Golfo de Valencia que se presentase la evaluación de la sísmica junto con los sondeos y perforaciones previstos en las próximas fases, esta se negó, contestando que se trataba de autorizaciones diferentes y que no procedían.
La comisión, además, advierte de que al ser la finalidad última de las prospecciones la extracción de hidrocarburos, dado el riesgo de vertidos y trasiego de barcos, esta actividad representa un grave peligro para la actividad turística, actividad de la que depende la economía de las Illes Balears. A todo ello hay que añadir que las prospecciones en trámite o aprobadas se extienden a lo largo de todo el Mediterráneo español, un mar cerrado donde los impactos se multiplican y se transfieren con facilidad de unas zonas a otras, poniendo en peligro la actividad turística y pesquera de la costa de baleares, pero también de la Costa del Sol, Valencia, Cataluña, Murcia, etcétera.
Por todos estos motivos, y otros que figuran en el informe de la Comisión balear de Medio Ambiente, es por lo que el Parlamento de las Illes Balears solicita la paralización de las prospecciones, y nosotros también mediante esta moción.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Intervengo para anunciar el voto favorable a la moción defendida por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MONTILLA AGUILERA: Manifiesto también el voto favorable a la moción.
Intervengo para manifestar también el apoyo a la moción, puesto que hace unos días se debatió en el Pleno y los argumentos son los mismos. Pero quiero dejar constancia de dos consideraciones que, desde nuestro punto de vistas, vale la pena tener presentes.
En primer lugar, es cierto que este tipo de explotaciones pueden representar un riesgo potencial tanto para el medioambiente marino como para las actividades del sector pesquero y turístico ‑y remarco pesquero y turístico‑. Por lo tanto, entendemos pertinente que la comunidad autónoma en cuestión no quiera asumir las consecuencias de un posible proyecto de prospecciones. En segundo lugar, vamos a dar también nuestro apoyo a esta moción puesto que somos partidarios de que cualquier decisión en materia de investigación e incluso de explotación de hidrocarburos recaiga sobre las comunidades autónomas afectadas y no sobre el Estado. Esto parece evidente, porque son las que conocen la realidad y, por lo tanto, los beneficios y perjuicios, pros y contras que puedan generar. Por tanto, la competencia debe recaer sobre las comunidades autónomas.
En definitiva, para evitar la dependencia energética que tenemos, debemos hacer una apuesta decidida ‑como hemos indicado en otras ocasiones‑ sobre la base de la eficiencia energética, apostar por una penetración importante en las renovables, en el ámbito de la energía distribuida, y por las energías limpias y la cogeneración. Deberíamos tener una hoja de ruta en el ámbito energético, que llevamos años pidiendo, pero en estos momento todavía no conocemos cuál es nuestra hoja de ruta en el mix energético que tantas veces se ha comentado y que desearíamos conocer para orientar nuestras políticas energéticas.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.
Aprovecho esta intervención para puntualizar algunas cuestiones, porque supongo que una parte considerable de los argumentos del señor Palacios respecto del fracking servirán también para esta moción, y después no tendré posibilidad de contestar.
Voy a empezar por el asunto de Gobierno y oposición, y quiero recordarle al señor Palacios que en la legislatura pasada, en una enmienda a la Ley de economía sostenible votada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el votaba en contra de las prospecciones en las Islas Baleares. Imagino que hoy su voto será favorable a que se hagan estas prospecciones. Además ‑y ya lo he dicho en distintas ocasiones‑, el Gobierno anterior dio una serie de permisos respecto de estas prospecciones que en estos momentos se están iniciando en otras fases. Efectivamente, aquí nadie puede dar lecciones a nadie en este sentido; el señor Palacios tampoco.
He de indicar que en la legislatura pasada, el Parlamento de las Islas Baleares, por unanimidad, votó en contra de las prospecciones ‑yo formaba parte de este Parlamento en 2011‑, y el Parlamento de las Islas Baleares, por unanimidad, en esta legislatura ha votado en contra. Por lo tanto, lo que no ha cambiado ha sido el Parlamento de las Islas Baleares. Esto quiero dejarlo claro.
Por una parte, se dice que hay estudios de impacto ambiental, y es verdad, no importa la legislación nueva que se haya acordado, sino que los propios permisos establecían que se tendrían que hacer evaluaciones de impacto ambiental en determinadas fases: en la fase de la sísmica y en la fase de los sondeos y de las perforaciones. Pero los permisos de evaluación de impacto ambiental siguen enmarcados respecto de una Ley de hidrocarburos que no solo permite las prospecciones sino que las fomenta. Se trata de una ley fomentadora de prospecciones.
Por otra parte, se sigue admitiendo ‑tal y como explicaba en mi primera intervención‑ que los permisos se realicen por fases y, por lo tanto, que no se pueda ver el global de los efectos de estos permisos. Pero es que, además, eran permisos encadenados, sin tener en cuenta los efectos de su conjunto, salvando así los parámetros máximos que establece la ley. Así, frente al golfo de León se tramitan hasta 12 permisos distintos encadenados unos a otros, cuando la normativa fija un espacio máximo para cada permiso.
Tampoco se evalúan los efectos de los distintos permisos que, aunque estén en distintas zonas, por su proximidad, por la singularidad de las características del mar, pueden tener un efecto sinergia acumulativo; en el caso de los permisos del golfo de Valencia, con los permisos de ampliación de Casablanca, con los de la operadora Spectrum y con los del golfo de León; o los permisos de Siroco, Chinook y Mar de Alborán en la Costa del Sol. Por lo tanto, estamos hablando de unos efectos sinergia que en ningún momento se evalúan.
Asimismo, el señor Palacios dice que no hay que separar economía y energía. Efectivamente todos los estudios que yo he podido ver hechos por las operadoras y los antecedentes que hay ‑que hay muchos‑ de pozos hechos en el Mediterráneo, los resultados son muy pobres, y parece que no va a ser la salida a nuestra dependencia exterior; quizás se necesite una modificación de la apuesta energética y apoyarse en las energías renovables.
Pero, además, estamos hablando de energía y de economía, y en esta región, en el Mediterráneo español, si hablamos de economía, hablamos de turismo; y el turismo es incompatible con este tipo de prospecciones. En este sentido, estamos hablando de poner en peligro una de las industrias más prósperas de España, que da muchísimos puestos de trabajo y que da de comer a muchas familias españolas. Estamos hablando de una de las regiones turísticas más importantes del mundo y, por lo tanto, de una industria absolutamente en marcha, en funcionamiento, que estamos poniendo en peligro por unas posibilidades que los antecedentes reflejan que son pocas y que, sin duda, son totalmente incompatibles con el turismo. De hecho, Francia ya hace tiempo que dio carpetazo a este tipo de actuaciones.
Por estos motivos, pedimos que se dé apoyo a esta moción y a la petición que se hace desde el Parlamento de las Islas Baleares, desde su Gobierno, desde todas sus instituciones, y desde muchas de las organizaciones sociales, tanto turísticas como pesqueras o medioambientales de las islas.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.
En mi intervención anterior sobre el fracking he hablado de nuestra gran dependencia energética del exterior y he hecho una serie de consideraciones sobre las bondades que nos reportaría poder contar con gas o petróleo autóctono; todo ello lo doy por repetido en esta intervención.
En esta moción lo que pretende el senador Antich, del Grupo Parlamentario Socialista, es que se rechacen las prospecciones marinas previstas o en realización en el Mediterráneo occidental. Unas prospecciones que, y debemos tenerlo muy presente, fueron autorizadas en el año 2010 por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero cuando el senador Antich era el presidente de Baleares. Él nos ha dicho ahora que el Parlamento de Baleares no ha cambiado de entonces ahora, pero al menos lo que su señoría declaró en ese momento es que las prospecciones no suponen ningún escándalo, y dijo que no conocía que se hubiera producido ningún desastre medioambiental. Como decía el entonces presidente Antich, las prospecciones no son un escándalo, porque hasta ahora en este país se han producido 267 sondeos de este tipo en el mar a los que no se les exigió una previa declaración de impacto ambiental, cosa que ahora se exige con la nueva ley a la que antes me refería, y no ha habido ningún problema con ninguno de ellos.
Efectivamente, no se conoce que se haya producido ningún desastre medioambiental porque la realidad es que a lo largo del mundo hay, no ya prospecciones como aquí se pretende hacer, sino plataformas en el agua del mar con las que se está extrayendo petróleo en países en los que no hay ninguna duda de su compromiso medioambiental, como pueden ser, por ejemplo, los países nórdicos que explotan yacimientos marinos y son el paradigma del respeto medioambiental. Así, está el caso de Noruega, un destino de primer nivel en cruceros, primer productor europeo de gas y uno de los principales países pesqueros del mundo, que alberga centenares de plataformas en sus costas. Y podemos hablar de países muy próximos al nuestro, como puede ser el caso de Italia. El senador Antich nos decía que el turismo es incompatible con este tipo de prospecciones. Pues bien, Italia es el quinto destino turístico mundial y cuenta con más de 100 plataformas en unas costas tan turísticas como son las de Sicilia y el Adriático. Nos hablaban del Mediterráneo como mar cerrado. Y si el Mediterráneo es un mar cerrado, ¿qué no será el Adriático? Y desde 1991 allí se han perforado 126 sondeos exploratorios en sus aguas. O podemos hablar de Portugal, que ha concedido permisos de exploración en su costa más turística, que es el Algarve. O si nos vamos más lejos, en California, un Estado que goza de uno de los niveles de vida más elevados de Estados Unidos y sede de grandes eventos sociales y deportivos de categoría mundial, hay decenas de plataformas incluso a 2 o 3 kilómetros de la costa en localidades tan turísticas como Santa Bárbara o Newport Beach, que es un destino consolidado de sol y playa en el que conviven hoteles de cinco estrellas con vistas a plataformas de producción en el mar.
En Baleares, y como consecuencia de unos permisos que fueron concedidos por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que confirieron a sus titulares un derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos, nos encontramos en estos momentos en la fase inicial de cualquier proyecto o permiso de investigación, que es previa a la realización de posibles sondeos, ya que lo que se está tramitando es el permiso para que se pueda hacer una campaña acústica para investigar y determinar si existen estructuras susceptibles de contener hidrocarburos en el subsuelo marino. Es decir, lo que se pretende hacer es una ecografía del subsuelo marino que permita identificar estructuras susceptibles de contener hidrocarburos. No son pinchazos, se trata de una campaña acústica mediante la emisión de sonido de baja frecuencia, normalmente en forma de pulsos de corta duración, que son generados a lo largo de una malla de adquisición. Hay que tener muy presente que ha sido este Gobierno, como les decía en mi intervención anterior, el que ha cambiado la legislación en esta materia, y a través de esa ley de evaluación ambiental, la 21/2013, de 9 de diciembre, exige que todas las fases de los sondeos, incluidas también las campañas acústicas, necesiten de una declaración de impacto ambiental positiva. Es decir, se somete a evaluación ambiental y a exposición pública, con lo que se da una mayor transparencia y participación a todos los afectados para que tengan una mayor garantía.
En estos momentos, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente está trabajando en esa declaración de impacto ambiental, y en el supuesto de que sea negativa, no se podrá autorizar la campaña acústica y, por tanto, finalizará toda posibilidad de prospección. Tenemos que tener muy presente que en esta misma comisión, el entonces ministro de Industria, señor Sebastián, hace ahora tres años, en junio de 2011, es decir, cuando faltaban pocos meses para las elecciones generales, decía que las prospecciones no dañan el medio ambiente, que son investigación y no barcos que generen contaminación alguna. Esto lo decía el ministro socialista. Y el Ministerio de Industria de entonces, cuyo titular, repito, era el señor Sebastián, decía que desde un punto de vista puramente técnico no existen razones que desaconsejen la realización de actividades de investigación de yacimientos de hidrocarburos, siempre que se realicen de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Y si esto es lo que decía el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno, que eran los que autorizaban las prospecciones y hacían todas estas declaraciones, incluido el entonces presidente de las islas Baleares, ¿por qué no se van a realizar ahora las prospecciones si para ello contamos con el conocimiento y la tecnología y una estricta legislación que nos garantiza las mejores prácticas medioambientales? ¿Por qué no lo vamos a hacer?
Por lo que se refiere al portavoz del Grupo Convergència i Unió, quisiera decirle que me sorprende su postura cuando en Cataluña desde hace décadas se está extrayendo petróleo. No es que se vayan a hacer prospecciones, sino que se ya se está extrayendo petróleo. Pero, además, tienen una refinería de petróleo, una gran industria petroquímica y centrales nucleares en toda la zona turística. Yo supongo que el senador que ha intervenido visitó en la legislatura pasada, con la Comisión de Industria, las centrales nucleares. Yo le pregunté al alcalde de Vandellós si estaba a favor de que se cerrara la central; su respuesta fue que no, que lo que quería era que les pusieran otra central allí. Creo que el presidente de la comisión también estaba en esa visita.
Creo, pues, que todos debemos ser consecuentes, y lo que tenemos que hacer es ver si tenemos recursos autóctonos porque esto es lo que nos va a dar independencia, y lo que nos va a permitir ser competitivos y crear puestos de trabajo, siempre que se haga con todas las garantías medioambientales como nuestra legislación, que es una de las más estrictas del mundo, exige.
Una vez acabado el debate de las mociones, y agradeciendo a los portavoces el esfuerzo de síntesis que han hecho que nos ha permitido adelantarnos al horario previsto, dado que, como he dicho al principio de la comisión, el acuerdo de Mesa y portavoces era no votar antes de las 13.30 horas, suspendemos la sesión hasta entonces.
Señorías, antes de continuar, ruego al señor letrado que proceda a comprobar las asistencias.
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014
Acta de la comisión informativa de urbanismo celebrada el díA 20 de octubre de 1999
Resolución reglamentaria 5 de 19 de junio de 2014 Diario Oficial No. 49. 241 de 12 de agosto de 2014 comisión nacional de crédito agropecuario
Bocyl n.º 117 20-junio-2014
Orden edu/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de...
Reglamento de la comision del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de el llano, ags
Reglamento publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 2 de junio de 2003

References: Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
e contrario

Resolución