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Timestamp: 2016-10-24 12:34:23+00:00

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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José María Cid Fernández, Notario de Alboraya, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aldaia, don Vicente Carbonell Serrano, a inscribir una escritura de ampliación de préstamo hipotecario
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José María Cid Fernández, Notario de Alboraya, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aldaia, don Vicente Carbonell Serrano, a inscribir una escritura de ampliación de préstamo hipotecario Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José María Cid Fernández, Notario de Alboraya, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aldaia, don Vicente Carbonell Serrano, a inscribir una escritura de ampliación de préstamo hipotecario Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José María Cid Fernández, Notario de Alboraya, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aldaia, don Vicente Carbonell Serrano, a inscribir una escritura de ampliación de préstamo hipotecario.
En el recurso interpuesto por el Notario de Alboraya, don José María Cid Fernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aldaia, don Vicente Carbonell Serrano, a inscribir una escritura de ampliación de préstamo hipotecario.
El 3 de mayo de 2004 don José María Cid Fernández, Notario de Alboraya, autorizó una escritura de ampliación de préstamo hipotecario por virtud de la cual, don Fernando C. J., en nombre y representación de "Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito" consiente en la ampliación del préstamo hipotecario a favor de "Prodamix, S.L." representada para este negocio jurídico por su administrador único don Miguel Ángel S.C. que también resulta fiador del préstamo concedido.
En dicha escritura de compraventa se expresa que: "B) Don Fernando C.J. interviene en nombre y representación de "Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito",... Su legitimación para este acto resulta: 1) Con carácter general: del poder conferido a su favor, en escritura autorizada en Valencia el 17 de diciembre de 1997, por el Notario, Don Fernando Corbí Coloma, con el número 5024, copia autorizada de la cual, inscrita el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 5629, libro 2936, folio 83, sección 8.a, hoja número V-5578, 177.a; me ha sido exhibida y yo, el Notario doy fe de que, a mi juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que este instrumento se refiere y de la que resulta que tiene facultades para otorgar la presente ampliación de préstamo hipotecario, y todos los demás pactos que se otorgan en esta escritura."
El 13 de mayo de 2004 se presentó la escritura en el Registro de la Propiedad de Aldaia, causando el asiento de presentación 1225, del Diario 38, siendo objeto de la siguiente calificación: "Fundamentos jurídicos: Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria; 1714 y 1717 del Código Civil; 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002.
Para inscribir un título en que una de las partes actúe representada es preciso acreditar la existencia y suficiencia de la representación alegada. Este requisito es preciso para evitar la inscripción de títulos nulos o anulables, ya que lo actuado en nombre de otro sin mandato o excediendo los límites de éste no obligan al representado. En el título aportado se acredita la existencia de un título de representación, ya que el Notario autorizante indica que se le ha exhibido. Sin embargo, no acredita la suficiencia de dicha representación, ya que no se reseña de forma alguna su contenido. No basta por sí solo el juicio de suficiencia que está obligado a efectuar el Notario autorizante, sino que es preciso que el fedatario reseñe del contenido del poder la parte necesaria para que pueda acreditarse la aptitud del mismo para el acto realizado en nombre de la representada. Así, puede acompañarse el título con el poder, puede testimoniarse la parte de su contenido que justifique la actuación de los representantes, puede reseñarse este contenido de forma suficiente para dicha calificación. Sin embargo, en el presente título únicamente existe el juicio de suficiencia del Notario, sin reseña alguna de su contenido que permita calificar la aptitud del título de representación alegado. De esta forma falta la justificación de esta suficiencia, requisito necesario para cualquier acto administrativo (artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). El simple juicio de suficiencia desprovisto de relación alguna con el contenido del poder impide calificar como suficiente la capacidad de los otorgantes. Por ello suspendo la inscripción solicitada conforme la presente calificación. El Registrador. Firma ilegible."
Dicha calificación es de 21 de junio de 2004; se notificó al Notario el mismo día y se recurrió por éste el 21 de julio de 2004.
El Registrador de la Propiedad efectuó su informe el día 26 de julio de 2004, elevando el expediente a esta Dirección General para su reso -lución.
de la Ley del Notariado; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, de 28 de abril de 2004 y de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003, 30 de enero y 18 de marzo de 2004 y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y
21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero,8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003 y 11 de junio de 2004.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una ampliación de préstamo hipotecario.
Por ello, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero,8 de febrero y 17 de noviembre de 2003, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite,pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argu -mento alguno; debemos añadir, en este punto, que el informe del Sr.Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir: por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la vista del recurso del Notario, exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria). La conclusión de cuanto antecede es que no puede tenerse en cuenta las alegaciones del Sr. Registrador contenidas en su informe,
en cuanto exceden del ámbito material propio de éste a tenor de la normativa vigente y de las reiteradas Resoluciones de este Centro Directivo.
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en diferentes ocasiones por este Centro Directivo (así, Resolución de 12 de abril de 2002, por la que se resuelve una consulta vinculante formulada por el Consejo General del Notariado y Resoluciones de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 29 de septiembre de 2003 y 11 de junio de 2004). Asimismo, esta Dirección General no desconoce la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios de los que destacan, dado que son resoluciones de Audiencias Provinciales, las sentencias de 28 de abril de 2004 de la Audiencia Provincial de Alicante y de 30 de junio de 2003, 30 de enero y 18 de marzo de 2004 -esta última resolviendo diez procesos acumulados- de la Audiencia Provincial de Valladolid. Este cúmulo de pronunciamientos y, sobre todo la existencia de un elevado número de recursos sobre la misma materia pendientes de resolver, obliga a que esta Dirección General recuerde, una vez más, cuál es la interpretación adecuada del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, máxime cuando la disparidad interpretativa producida en las Audiencias Provinciales tiene como única causa la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002, pues se interpreta en sede judicial desde ópticas dispares lo que este Centro Directivo quiso manifestar. A estos efectos, resulta ilustrativo señalar que en las sentencias antes citadas se llega a conclusiones distintas con base, únicamente, en lo expuesto por esta Dirección General en la Resolución de 12 de abril de 2002. Parece lógico, por tanto, que esta Dirección General aclare, una vez más, cuál es el sentido e interpretación que del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, entiende más acorde y que ha sido siempre el mismo, como posteriormente se expondrá, desde la mencionada Resolución de 12 de abril de 2002.
"1. En los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera.
Exponíamos en la Resolución de 12 de abril de 2002 que el artículo 98 no había modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva, ni las funciones que desarrollaban Notarios y Registradores; añadíamos que la novedad introducida por tal precepto era atribuir "plena eficacia formal por sí sola a la manifestación notarial relativa a la suficiencia de las facultades representativas", siendo así que tal novedad consistía en que dicha eficacia formal se establecía en una norma con rango de Ley y que se exigía al Notario que este expresara en un juicio expreso y concreto si el representante gozaba de facultades suficientes para concluir el negocio jurídico de que se tratara.
Concluía la Resolución de 12 de abril de 2002, a los efectos que interesa,identificando los dos elementos a los que se refiere dicho artículo 98; de un lado, la reseña del documento auténtico del que nacen las facultades representativas y, de otro, el juicio de suficiencia que de tales facultades,atendido el negocio jurídico que se pretende concluir, debe realizar inexcusablemente el Notario.
En Resoluciones posteriores (así, de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo
de 2002) se concretaba el ámbito y contenido de los dos elementos previstos
en el artículo 98. Así, de la reseña se decía que es un hecho y que "tiene
por objeto los datos de identificación del documento" y del juicio que
es "una valoración de la suficiencia de las facultades representativas",siendo así que ambos elementos "harán fe suficiente, por sí solas, ..., de
la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario".
Volviendo a la Resolución de 12 de abril de 2002, y respecto de la tarea calificadora que compete al Registrador, se afirma que es necesario que el juicio de suficiencia del Notario incorporare "los elementos nece
-sarios para que el Registrador ejerza su función calificadora y pueda comprobar la adecuación de las facultades representativas al negocio otorgado cuya inscripción se pretende". De ahí que en posteriores Resoluciones se concrete que "por ello el Registrador debe comprobar si en la escritura figura la reseña de los datos identificativos del documento de represen -tación y la valoración de la suficiencia de las facultades en congruencia con el contenido de la propia escritura y del Registro", de ahí que "si la reseña es errónea, o la valoración de la suficiencia de las facultades contradicha por el contenido de la escritura o por los asientos registrales,el Registrador deberá denegar la inscripción" (Resoluciones de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo de 2002).
La cuestión se traslada, por tanto, a si para cumplir adecuadamente las exigencias del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y permitir que el Registrador ejerza correctamente sus funciones, es preciso que ese juicio del Notario acerca de la suficiencia de las facultades representativas conlleve, asimismo, la obligación de que éste incorpore,sea mediante un testimonio total o parcial el documento auténtico del que nacen dichas facultades, o acompañe el mismo o, incluso, que el juicio de suficiencia del Notario pudiera verse sustituido por la simple trascripción de facultades de ese documento auténtico, lo que resultaría aún más grave.
Pues bien, llegados a este punto tal cuestión ya ha sido resuelta más que sobradamente por esta Dirección General en sentido negativo, esto es, declarando que "no puede sostenerse que el Registrador pueda exigir que se incorpore o aporte copia auténtica del poder, cuando se ha formulado por el Notario el juicio de suficiencia de las facultades representativas conforme al artículo 98 de la Ley 24/2001. Y, como resulta de las Resoluciones de 12 (nótese que esta Resolución resuelve la consulta que ha dado lugar a la disparidad judicial de criterios y que ya en la misma se afirmaba que el Notario no tenía que incorporar parte alguna del poder y, mucho menos, acompañarlo), 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo y 30 de septiembre (que son vinculantes para todos los Registros -cfr. artículo 327 de la Ley Hipotecaria y 103 de la Ley 24/2001-), tampoco puede entenderse que dicha norma exija al Notario, además de reseñar los datos identificativos del poder y de valorar su suficiencia, que transcriba o copie, siquiera sea parcialmente, las facultades contenidas en aquél" (Resoluciones de 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002).
La precedente afirmación de esta Dirección General guarda una relación
directa con la innovación que supone el artículo 98 de la Ley 24/2001,de 27 de diciembre, ya que la misma trasciende de la mera actuación
del Notario, pues si hasta la entrada en vigor de este precepto el Registrador debía controlar como una formalidad extrínseca del documento la exis -tencia y contenido de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, asimismo, si se había incorporado éste o trascrito o testimoniado las facultades representativas, desde la entrada en vigor del precepto mencionado el Registrador no podrá exigir, en ningún caso, que el Notario transcriba o testimonie y, mucho menos acompañe el documento del que nace la representación, pues ésta ha sido la novedad querida por el legislador.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido al apoderado, mediante escritura pública, autorizada por un Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y que el mismo, según manifiestan los otorgantes está vigente. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título que "... y yo, el Notario, doy fe de que, a mi juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que este instrumento se refiere y de la que resulta que tiene facultades para otorgar la presente ampliación de préstamo hipotecario, y todos los demás pactos que se otorgan en esta escritura...", siendo así que tal juicio es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una ampliación de préstamo hipotecario.
Madrid, 21 de septiembre de 2004.-La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de Aldaia.

References: RESOLUCIÓN 

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 Resolución 
 artículo 98
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 artículo 327
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