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Timestamp: 2018-09-22 17:14:44+00:00

Document:
Resolución 400/38059/2017, de 28 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
Segunda Sistema de representación de las Comunidades Autónomas
Tercera Efectos y modificación del convenio
Sexta Causas de resolución del Convenio
Con fecha 30 de septiembre de 2016 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspaso de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia para establecer el sistema de representación de las comunidades autónomas en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspaso de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia para establecer el sistema de representación de las comunidades autónomas en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas
El Conseller de Justicia, Sr. D. Carles Mundó i Blanch, en virtud de nombramiento por el Decreto 3/2016, de 13 de enero, y que actúa en representación de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud de la autorización conferida por el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 27 de septiembre de 2016.
El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Sr. don Emilio de Llera Suárez-Bárcena, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.
El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, Sr. D. Guillermo Martínez Suárez, en virtud de Decreto 7/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias («BOPA »de 29 de julio de 2015) por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de agosto de 2016.
El Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Sr. D. Rafael Ángel de la Sierra González, nombrado por Decreto 4/2015, de 10 de julio, por el que se nombra a la Vicepresidenta y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno, autorizado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 2016.
El Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Sr. don Conrado Escobar Las Heras, nombrado por Decreto del Presidente 10/2015, de 10 de julio, en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 42.1 k) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus Miembros.
La Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, Hble. Sra. D.ª Gabriela Bravo Sanestanislao, nombrada por Decreto 8/2015, de 29 de junio, del Presidente de la Generalitat y autorizada para este acto por acuerdo del Consell de fecha 9 de septiembre de 2016.
El Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, D. Vicente Guillén Izquierdo, nombrado mediante Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón («BOA» núm. 128, de 6 de julio de 2015), actuando en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, facultado para este acto por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 26 de julio de 2016.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Excmo. Sr. D. Aarón Afonso González, según nombramiento efectuado por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobado a través del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.
La Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Sra. Dña. María José Beaumont Aristu, nombrada por Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 12/2015, de 22 de julio, y en ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en virtud del artículo 90.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, actuando por Delegación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excma. Sra. D.ª Cristina Cifuentes Cuencas, Decreto de Delegación 55/2016, de 29 de septiembre, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 4.1 de la Ley 8/1999 de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 16.1 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
I. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los cuales figura el de prestar la cooperación y asistencia activas que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el ejercicio eficaz de sus competencias, así como la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
II. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
III. De acuerdo con el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, corresponde al Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, así como la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia.
IV. Las competencias correspondientes a las Comunidades Autónomas que suscriben el presente Convenio, se reflejan a continuación:
– En virtud de lo establecido en el Apartado B).1. f) del Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre las funciones y servicios de la Administración General del Estado que asume la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se encuentra la de «(…) La asistencia psicológica especializada en las oficinas de Asistencia a las Víctimas (…)».
– Mediante el Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, se inicia el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
– El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, la Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja y, Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, dedica su Capítulo II a la Administración de Justicia.
– La Comunidad Autónoma de La Rioja ostenta competencias en materia de personal no integrado en el Poder Judicial, sobre los medios materiales de la Administración de Justicia, en virtud del Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en general, todas aquellas funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Gobierno de España en relación con la Administración de Justicia en La Rioja.
– Mediante el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, fueron traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y los servicios en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. El ejercicio de estas competencias transferidas en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento de Presidencia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.
– En la Comunidad Autónoma de Canarias se inicia el traspaso de funciones mediante dos Reales Decretos. El Real Decreto 2462/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y el Real Decreto 2463/1996, de 2 de diciembre, sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
V. La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, pone su atención en la persona de la víctima, reclamando una intervención positiva del Estado dirigida a restaurar la situación en que se encontraba antes de padecer el delito o al menos a paliar los efectos que el delito ha producido sobre ella. En su artículo 16 establece que se procederá a la implantación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que se constituyen como unidades dependientes del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre la materia, que analizan las necesidades asistenciales y de protección de las víctimas, y que estarán integradas por personal al servicio de la Administración de Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.
VI. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpone la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad.
VII. El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, normaliza la actuación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en atención a los derechos recogidos en la normativa europea y en el Estatuto de la víctima del delito.
VIII. Asimismo, se establecen los representantes de las distintas Administraciones públicas y Asociaciones que van a formar parte del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas y, se indica que, con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto se nombrarán tres representantes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia en régimen de rotación anual, que representarán al resto y que ejercerán, también rotatoriamente, la Vicepresidencia.
Por ello, en aplicación de los principios de cooperación y colaboración que rigen las relaciones entre las administraciones públicas, y con el fin de establecer fórmulas que contribuyan a dar un mejor servicio, en una materia tan sensible como son las víctimas del delito, las partes suscriben el presente Convenio de colaboración para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.2 b) por el que se determinan los miembros del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas correspondientes a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, que se regirá por las siguientes
El mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente Convenio consistirá en la presentación de un informe anual, por parte de los representantes de las Comunidades Autónomas que ejerzan el turno rotatorio en el Consejo Asesor de Asistencia a las Victimas, ante el órgano responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control. El informe será presentado al finalizar el correspondiente turno rotatorio anual al que se refiere la Cláusula Segunda por las tres Comunidades Autónomas que hayan ejercido dicha representación, y expondrá el grado de cumplimiento del sistema de representación acordado y cualquier otra incidencia o problema de interpretación o cumplimiento que se hubiera planteado.
El órgano que actuará como responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control será la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta del órgano responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por treceavo ejemplar, en el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Consejero de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio.–El Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó i Blanch.–El Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.–El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena.–El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Martínez Suárez.–El Consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael Ángel de la Sierra González.–El Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja, Conrado Escobar Las Heras.–La Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat, Gabriela Bravo Sanestanislao.–El Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén Izquierdo.–El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Aarón Afonso González.–La Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont Aristu.–El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido García (P.D. de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Decreto 55/2016, de 29 de septiembre).

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 42
 artículo 29
 artículo 90
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
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 artículo 10
 resolución