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Timestamp: 2018-12-12 23:50:05+00:00

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﻿ Sentencia 42859 de diciembre 11 de 2013
AUTO 42859 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA DEFINIR LIBERTAD DE DESMOVILIZADO QUE NO ES PROCESADO POR LEY JUSTICIA Y PAZ. SI AL DESMOVILIZADO NO SE LE HA FORMULADO IMPUTACIÓN NI IMPUESTO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO BAJO EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, EL JUEZ QUE VIGILA LA EJECUCIÓN DE LA PENA QUE AQUEL ESTÁ PURGANDO ES EL ENCARGADO DE RESOLVER SU SOLICITUD DE LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, IMPUTADO, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, AUTO, JUEZ PENAL, PERSONA DESMOVILIZADA, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Sentencia 42859 de diciembre 11 de 2013
Aprobado Acta 419
1. El artículo 32 numeral 4º de la Ley 906 de 2004, dispone que la Corte conoce de “la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos”.
De conformidad con la norma en comento, los eventos en que a esta corporación le corresponde definir la competencia, son:
“1. Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.
2. Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un tribunal.
3. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial”(1).
2. En el asunto de la especie se concreta la hipótesis señala en el numeral segundo de la decisión en cita, puesto que el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, considera que la competencia para resolver la petición formulada por el defensor del desmovilizado Víctor Julio Ramírez corresponde al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle), encargado de la vigilancia de la pena de 33 años de prisión que le fuera impuesta al citado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga.
3. El artículo 54 de la Ley 906 de 2004 estableció la definición de competencia como un procedimiento sumario y ágil para determinar de manera perentoria el funcionario competente para conocer de la audiencia de formulación de acusación en la fase del juzgamiento y, en la etapa investigativa, de la audiencia de formulación de imputación.
No obstante que la norma guarda silencio en relación con la posibilidad de acudir al referido mecanismo en oportunidades procesales diferentes a las atrás enunciadas, esta corporación ha extendido su aplicación a otras audiencias preliminares, bajo la consideración de que la controversia que surja con motivo del funcionario que debe adelantarlas no puede quedar en la indefinición, so pena de afectar el principio de celeridad que rige dichos trámites y los derechos de los intervinientes en el proceso penal(2).
Además, conviene precisar que la Sala ha aceptado la procedencia de la institución de la definición de competencia en trámites regidos por la Ley 975 de 2005, toda vez que esta no pierde la calidad de superior funcional de las Salas de Justicia y Paz a las cuales compete la resolución de los litigios sometidos a su consideración(3).
4. En el caso concreto, se trata de determinar si la solicitud de “suspensión de la ejecución de la pena y/o la libertad por indulto” presentada por el defensor del desmovilizado Víctor Julio Ramírez, debe ser resuelta por el juez cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali (Valle), encargado de la vigilancia de la pena impuesta al prenombrado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga por delitos cometidos cuando hacía parte de la columna “Gabriel Galvis” de las Farc, o por el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a donde el primero remitió la referida petición por cuanto los beneficios deprecados están previstos en la Ley 975 de 2005.
Pues bien, atendiendo a la manifestación del magistrado de la Sala de Justicia y Paz en la audiencia convocada para resolver la pluricitada solicitud, en cuanto a que se estableció que contra el desmovilizado Víctor Julio Ramírez no se adelanta proceso rituado por la Ley 975 de 2005, que por tanto no se le ha formulado imputación, ni impuesto medida de aseguramiento conforme a tal procedimiento, resulta claro que no se halla a disposición de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, luego no le corresponde al citado funcionario resolver de fondo lo atinente al reconocimiento del subrogado, ni la “libertad por indulto, o, cualquier otro beneficio”, reclamado en razón de la desmovilización individual del supranombrado, sino al juez que está vigilando la ejecución de la pena que actualmente purga.
Así lo consideró la Sala en un asunto de similar sustrato fáctico, donde se definió la competencia entre un magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz y un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para resolver sobre una solicitud de libertad formulada por un postulado al beneficio de la pena alternativa contenida en la Ley 975 de 2005, que incluso había sido escuchado en versión libre por la Unidad Nacional de Justicia y Paz, pero al cual no se le había formulado imputación, ni impuesto medida de aseguramiento.
En esa oportunidad dijo esta corporación:
“La Sala considera que como al desmovilizado... aún no se le ha formulado la imputación ni tampoco se le ha impuesto medida de aseguramiento en relación con el proceso rituado por la Ley 975 de 2005, el llamado a resolver la solicitud liberatoria es el juez que vigile la ejecución de la pena que en la actualidad se encuentra purgando, ya que aún no se halla a disposición de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, siendo por tanto la pena alternativa una simple expectativa cuyo reconocimiento depende de una serie de factores, ninguno de los cuales se pude aún establecer.
Basten estos breves planteamientos para resolver la definición de competencia propuesta, en el sentido de disponer que sea el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga el llamado a pronunciarse sobre la solicitud de libertad elevada por el desmovilizado...”(4).
No sobra indicar que en relación con las normativas en que se apoya la solicitud del defensor del desmovilizado, su aplicabilidad, beneficios y los funcionarios que están facultados para reconocerlos, esta Sala tiene dicho:
“En el anhelo de búsqueda de una paz esquiva hace tiempo para diversas generaciones de colombianos, se han promulgado leyes que propenden por alcanzarla mediante los diálogos o la desmovilización, como la 418 de 1997 y la 975 de 2005, las cuales además de prever instrumentos judiciales específicos relacionados con esas situaciones, incorporan mecanismos excepcionales propios de la justicia transicional(5) o de transición,(6) que soporta una tensión entre el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia y los derechos de las víctimas.
Para los efectos de la presente decisión importa destacar que la Ley 418 de 1997, junto con las disposiciones que la han modificado y prolongado en el tiempo,(7) establecen, en ese escenario de justicia transicional, instrumentos para la búsqueda de la convivencia relacionados con la posibilidad de propiciar diálogos, negociaciones y la firma de acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley(8).
Prevé, además, beneficios judiciales(9) como el indulto por facultad del Gobierno, para los nacionales condenados por delitos políticos y los conexos con estos, cuando a su criterio, la organización armada al margen de la ley a la que se le reconozca el carácter político, haya mostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Beneficio que cobija por igual a quienes en forma individual y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que así lo soliciten y, además, hayan demostrado (también a criterio del Gobierno) su voluntad de reintegrarse a la vida civil(10).
El legislador negó expresamente la posibilidad del indulto y de los restantes beneficios jurídicos (también los socioeconómicos) a quienes hayan incurrido en delitos de genocidio, secuestro, lesa humanidad, crímenes de guerra, o los cometidos contra personas o bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
Los destinatarios de estos beneficios, queda claro, son delincuentes políticos pertenecientes a los grupos armados organizados al margen de la ley, calidad que de conformidad con el artículo 53 de la Ley 418 de 1997(11) se comprueba por el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo, por las pruebas que aporte el solicitante, o mediante la información de que dispongan las instituciones estatales.
De todas formas, lo determinante es que cuando la persona abandona en forma voluntaria la organización armada ilegal y se presenta ante las autoridades civiles, judiciales o militares, en forma oficiosa debe desatarse el trámite previsto en el parágrafo del artículo 53 ibídem, esto es, remitir la documentación pertinente al Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), con el fin de que decida si expide o no la certificación que da cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada y de su voluntad de abandonarla, documento que según prevé el artículo 2º del Decreto 128 de 2003, es el que le permite al interesado ingresar al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor de los beneficios jurídicos y socioeconómicos.
Con la valoración efectuada por el CODA, el Ministerio del Interior, elabora las actas de las personas que, a su juicio, pueden solicitar los beneficios,(12) gestión gubernamental de la que no son ajenas las autoridades judiciales, quienes deben informar semestralmente a ese ministerio “de cada uno de los procesos que se sigan en contra de personas debidamente identificadas por hechos constitutivos de delitos políticos y los conexos con estos”(13).
Además del indulto, la normativa examinada prevé(14) la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación o la resolución inhibitoria, de acuerdo con el estado del proceso, a quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por delitos políticos y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada; para lo cual se seguirá el mismo trámite previsto para las solicitudes de indulto, es decir, obtener en forma previa la certificación del CODA, relacionada con la pertenencia del desmovilizado a una organización armada ilegal y, verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio del Interior remite la solicitud a la autoridad judicial competente para que de plano emita la providencia respectiva.
La Ley 1421 de 2010, la cual prorrogó por cuatro años la vigencia de la 418 de 1997, siguiendo el esquema procesal introducido con el Acto Legislativo 3 de 2002, desarrollado por el Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), que como se sabe, entrega exclusivamente a los jueces, en el marco del principio de reserva judicial, la posibilidad de decidir lo relacionado con la disponibilidad de la acción penal,(15) o de declarar la existencia de causales que impiden iniciar o continuar su ejercicio,(16) en su artículo 17(17) establece sobre el particular que,
“Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria cuando la actuación se adelante conforme al procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, o preclusión por el juez de conocimiento en los términos de la Ley 906 de 2004, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de delitos a que se refiere este título, según el estadio procesal (sic), y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Expedida la certificación correspondiente por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, o la acreditación de que trata del Decreto 3360 de 2003, deberá ser enviada por la autoridad competente al fiscal delegado que adelante el trámite respectivo, quien procederá a solicitar al juez de conocimiento, que decida sobre la preclusión de la investigación, cualquiera sea el estado del proceso o se inhibirá si el desmovilizado es investigado solo por delitos políticos y conexos.
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos, y en la decisión en la cual se otorgue el beneficio jurídico, disponerse la libertad inmediata del beneficiario, cancelarse las órdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes”.
Así las cosas, sobre la procedencia de los beneficios jurídicos previstos en las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, a que puede acceder el desmovilizado individual en razón a la dejación de las armas y una vez ha sido certificado por el CODA, como acontece en el caso de la especie con Víctor Julio Ramírez, es claro que corresponde al juez cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali (Valle) resolver la solicitud formulada por el defensor del mencionado.
Ahora bien, en caso de que la decisión se adopte en el sentido de que no procede el reconocimiento de tales beneficios, deberá evaluar el funcionario judicial la procedencia de remitir la petición a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, Sub Unidad de Subversión, de la Fiscalía General de la Nación, competente para determinar la viabilidad de adelantar el trámite previsto en el artículo 10 y siguientes de la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, en caso de que el Gobierno Nacional haya sometido el nombre del desmovilizado a consideración del ente acusador, en orden a que este pueda eventualmente acceder al beneficio de la pena alternativa allí prevista.
Bajo esa perspectiva, la corporación asignará la competencia para conocer de la petición en mención al juez cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali (Valle), a donde se remitirá el asunto.
1. DECLARAR que la competencia para conocer la petición presentada por el defensor de Víctor Julio Ramírez, corresponde al juez cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali (Valle), a donde se remitirá el asunto.
2. INFÓRMESE de esta decisión al magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y a todos los intervinientes en este trámite procesal.
3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
(1) Auto Radicado 26201 de octubre 10 de 2006.
(2) Auto Radicado 41228 de octubre 14 de 2013.
(3) Auto Radicado 31491 de marzo 31 de 2009.
(4) Auto Radicado 34006 de mayo 26 de 2010.
(5) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, auto del 09-02-11 Radicado 34959.
(6) La justicia de transición “abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación... pueden ser judiciales o extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”. Cita realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370-06, del informe anual para el año 2004 del Secretario General de la ONU. “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”.
(7) Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.
(8) Ley 418 de 1997, artículo 8º. Y, en el parágrafo 1º precisa “De conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
(9) Título III artículos 50 a 66, causales de extinción de la acción y de la pena en casos de delitos políticos.
(10) Artículo 50-2, Ley 418 de 1997, condicionalmente declarado exequible “en el entendido de que el indulto a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley únicamente podrá concederse por los delitos políticos y los delitos conexos con aquellos”. C-928-05
(11) Corresponde al artículo 12 de la Ley 1421 de 2010
(12) Artículo 54, ibídem.
(13) Artículo 55.
(14) Artículo 60.
(15) Los jueces de garantías ejercen control de legalidad a las decisiones de la Fiscalía de aplicar el principio de oportunidad, artículos 321 a 330, Código Procedimiento Penal.
(16) Artículos 331 y 332, Ley 906 de 2004.
(17) Que modificó a su vez el artículo 60 de la Ley 418 de 1997.

References: artículo 32
 artículo 54
 resolución 
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 2
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 8
 Artículo 50
 artículo 12
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 60
 artículo 60