Source: http://frentemex.org.mx/component/content/article/7/80
Timestamp: 2018-01-22 06:25:57+00:00

Document:
Frente Inicia procedimientos de suspensión
Martes 24 de Marzo de 2015 01:52
EL FRENTE MEXIQUENSE EN DEFENSA PARA UNA VIVIENDA DIGNA A.C., INICIA EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL CONCURSO MERCANTIL: EXPEDIENTE 216/2014, PROMOVIDO POR EL GRUPO CONSTRUCTOR GEO, QUE ESTÁ RADICADO EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS DE MANERA SISTEMÁTICA Y PERMANENTE DE MILES DE FAMILIAS QUE ADQUIRIERON INMUEBLES CON ÉSTA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA
El pasado 5 de febrero de 2015 le solicitamos al Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México Lic. Alfredo Torres Martínez, que se ejecute la finanza para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento en el Conjunto Urbano de Interés Social, denominado “Hacienda del Bosque 3ª Etapa”, ubicado en el Municipio de Tecámac, por la cantidad de $249’313,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100), cuya autorización para construir el citado conjunto se le otorgó al Grupo Constructor GEO.
El Grupo Constructor GEO no cumplió con las Obras de Urbanización consistentes en la:
Red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reuso y tratamiento de agua;
Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para la infiltración del agua pluvial al subsuelo que se aprobaron por la autoridad competente respectiva;
Red de distribución de energía Eléctrica;
Red de Alumbrado Público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de energía eléctrica. Con estos incumplimientos por parte del Grupo Constructor GEO contraviene lo dispuesto en el artículo 74º del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México que señala:
“ARTICULO 74. Si el titular de la autorización del conjunto urbano no realiza las obras de urbanización, equipamiento y en su caso, de infraestructura primaria, en los plazos consignados en el acuerdo respectivo o sus prórrogas, la Secretaría, indepedientemente de imponer las sanciones que correspondan, podrá instaurar los procedimientos legales para hacer efectivas las garantías otorgadas a afecto de ejecutar o concluir las obras de que se trate”. .
Por tal motivo al no garantizar la empresa “GEO EDIFICACIONES” S.A. DE C.V. los estándares mínimos de infraestructura básica (obras de urbanización, concretamente la infraestructura eléctrica e hidráulica), se viola el Derecho Humano para que las familias que adquirieron viviendas con el Grupo Constructor GEO disfruten de Vivienda Digna y Decorosa.
Con estos incumplimientos se contraviene el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11.1 y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos definió y concluyó de manera concreta y puntual en la Propuesta de Conciliación de fecha 31 de julio de 2014 con el Número de Expediente CNDH/4/2012/8843/Q, en donde, se concluyó que a los integrantes del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna, A.C. y a sus agremiados se violaron sus derechos humanos de Vivienda Digna y Decorosa, este documento en su página 7 párrafo 3 señala lo siguiente:
“Con la Omisión señalada, también dejo de observarse el artículo 11, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en algun lugar con seguridad, paz, y dignidad, en el cual se cuente con una adecuada privacidad, espacio, seguridad, iluminación y ventilización adecuada, que posea una infraestructura básica adecuada y este ubicada en relación con el trabajo y los servicios básico todos ellos a un costo razonable”.
Las viviendas que ha construido el Grupo Constructor Geo en diversos estados de la República Mexicana no cumplen con la infraestructura básica, (obras de urbanización, concretamente la infraestructura eléctrica e hidráulica), como es el caso del Estado de México, por tal motivo el pasado 25 de febrero de 2015 con el Número de Oficio 224030000/08/2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México dio respuesta a nuestra petición de fecha 5 de febrero de 2015, y resolvió que se inicie el procedimiento administrativo sancionatorio a la empresa: “GEO EDIFICACIONES” S.A. DE C.V., para que una vez determinado los incumplimientos, otorgar la garantía de audiencia y de no cumplir con lo resolutivos de este procedimiento, se inicie la reclamación de la Fianza correspondiente y acabar de construir las obras de urbanización.
Es importante señalar que el pasado 6 de febrero de 2015 le dimos vista al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal sobre la petición que le realizamos al Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, en donde se encuentra radicado el Concurso Mercantil con Número de Expediente 216/2014, promovido por el Grupo Constructor GEO, y con la resolución de fecha 25 de febrero de 2015 con el Número de Oficio 224030000/08/2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México dio respuesta a nuestra petición de fecha 5 de febrero de 2015, y que resolvió para que se inicie el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la empresa: “GEO EDIFICACIONES” S.A. DE C.V.
Esta Resolución Sancionatoria de fecha 25 de febrero de 2015 será base para acreditar como el Grupo Constructor GEO, de manera sistemática y permanente ha venido enajenando y vendiendo las viviendas que construye violando el Derecho Humano a la Vivienda Digna y Decorosa, por la falta de entrega de la infraestructura básica,(obras de urbanización, concretamente la infraestructura eléctrica e hidráulica) .
El próximo martes 24 de marzo de 2014 el Frente Mexiquense iniciará el procedimiento para la suspensión y cancelación del Concurso Mercantil con Número de Expediente 216/2014 y que el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Lic. Enrique González Meyenberg, deberá de dar entrada al recurso que interpondremos por tener la legitimidad para solicitar la suspensión y cancelación del Concurso Mercantil, en virtud de que el Grupo Constructor Geo ha violado el Derecho Humano a la Vivienda Digna y Decorosa.
El recurso se sustenta en el artículo 1º párrafo segundo de la Carta Magna, en virtud de que las: “normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución y a los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, el Principio (Pro Homine)”.
Nuestro recurso se basa en el Principio (Pro Homine), que ya fue interpretado por los Tribunales Colegiados de Circuito, con la tesis en Materia Constitucional de la Décima Época, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, enero de 2012, y que se titula: DERECHOS HUMANOS. EL RELATIVO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA DEBE SER ANALIZADO A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE FAVOREZCA EN TODO MOMENTO A LAS PERSONAS(AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 1º., PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL-PRINCIPIO PRO HOMINE), la parte central que sustentaremos de la presente tesis es la siguiente:
“Por su parte, el derecho humano a una vivienda es reconocido en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se incorporó el Estado Mexicano a través de la firma del Instrumento de Adhesión, el día dos del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo del mismo año. En concordancia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo creado para la verificación del cumplimiento del pacto internacional antes citado, elaboró la Observación General Número 4 (OG4), de trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la cual con el fin de profundizar en los elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener para poder considerar que las personas tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado, se consideró como partes elementales del citado derecho a la vivienda, la accesibilidad en la adquisición de un inmueble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad y la adecuación cultural, entre otros”.
“…..en cambio, una interpretación no restrictiva -atendiendo al principio Pro Homine- permite acudir a una interpretación del concepto de vivienda acorde con los principios sustentados en la Carta Magna y en los Derechos Humanos contenidos en el tratado internacional referido, a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Otro fundamento normativo con mayor sustento del procedimiento para la suspensión y cancelación del Concurso Mercantil con Número de Expediente 216/2014, es la tesis aislada en Materia Constitucional de fecha 22 de enero de 2014, de la Décima Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se titula DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL ESTADO MEXICANO ESTÁ OBLIGADO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE VIVIENDA, PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SINO QUE SE HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO, la parte central que sustentaremos de la presente tesis es la siguiente:
“Si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que deja libertad de configuración para que cada Estado sea quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales y climatológicas de cada país. En ese sentido, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normativa que regulen la política nacional en torno al derecho a una Vivienda adecuada, en el entendido de que aquélla deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo, y que una vez emitida, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Consecuentemente, la obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. De ahí que sea inadmisible que el derecho fundamental a una vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder ser considerada como tal -como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se haya pactado en un contrato, puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes”.
En conclusión el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Lic. Enrique González Meyenberg, deberá de dar entrada al recurso para la suspensión y cancelación del Concurso Mercantil con Número de Expediente 216/2014 promovido por el Grupo Constructor GEO, porque la infraestructura basica o el estandar mínimo con el que debe contar una vivienda (obras de urbanización, concretamente la infraestructura eléctrica e hidráulica) no se entregaron en diversos Conjuntos Habitacionales: “para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes”; por lo tanto el Juez especialista en Concurso Mercantil no solo debe de suspender y cancelarlo, sino que deberá de decretar la quiebra del Grupo Constructor Geo, por violar de manera sistemática y permanente los derechos humanos de miles de familias que adquirieron viviendas con esta desarrolladora y sus diversos grupos filiales.
Por tal motivo nosotros no buscamos ser reconocidos como acreedores en el Concurso Mercantil para obtener el reembolso de lo que hemos pagado de los créditos hipotecarios que nos otorgaron el INFONAVIT y FOVISSSTE y que los Fondos de Vivienda de los Trabajadores le pagaron nuestras viviendas al Grupo Constructor Geo, porque contario a lo solicitado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la Acción Colectiva interpuesta en el Concurso Mercantil Expediente Número 216/2014, el Juez del Concurso Mercantil resolvió “que el grupo de personas representadas por la PROFECO no son consumidores sino compradores de vivienda al amparo de los contratos de compraventa que aún son válidos y exigibles, porque la empresa se compromete a entregarles sus casas, por lo tanto las personas representadas por la PROFECO no tienen derecho a recibir un pago de la constructora”.
Esta resolución es violatoria del Derecho Humano para disfrutar de una Vivienda Digna y Decorosa, en virtud de que el Grupo Constructor GEO forma parte de la Estrategía Nacional de Vivienda “Que el cumplimiento al Derecho Fundamental de una Vivienda Digna y Decorosa no es exclusiva de los Órganos del Estado, sino que se hace extensivo a los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario”.
Por tal motivo el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Lic. Enrique González Meyenberg, omitió en su resolución hacer valer el Principio Pro Homine, el Juzgador tiene la obligación constitucional de acudir a una interpretación del concepto de Vivienda acorde con los principios sustentados en la Carta Magna y en los Derechos Humanos contenidos en el Tratado Internacional referido, a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas, la protección más amplia, y esto no se presentó en la especie, es decir, en la resolución de la sentencia sobre la Acción Colectiva que interpuso la PROFECO representando a 340 personas afectadas y defraudadas por el Grupo Constructor GEO.
Cuando el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Lic. Enrique González Meyenberg, señala en su resolución lo siguiente: “que el grupo de personas representadas por la PROFECO no son consumidores sino compradores de Vivienda al amparo de los contratos de compraventa que aún son válidos y exigibles, porque la empresa se compromete a entregarles sus casas, por lo tanto las personas representadas por la PROFECO no tienen derecho a recibir un pago de la constructora”.
Es claro que el Juzgador omite señalar la tesis que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 22 de enero de 2014 y que en sus útimos párrafos señala lo siguiente: “De ahí que sea inadmisible que el derecho fundamental a una Vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder ser considerada como tal -como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se haya pactado en un contrato, puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una Vivienda para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los Tratados Internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes”.
Si las Viviendas no se han entregado no se puede considerar que cuenten con el estándar mínimo con el que debe contar una Vivienda, porque se deja en la incertidumbre jurídica a los compradores y esto no se deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los Tratados Internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes.
Es decir, cuando el Juez del Concurso Mercantil señala que los contratos de compraventa aún son válidos y exigibles, el Juzgador argumenta jurídicamente que estos se deben hacer valer ante el tribunal correspondiente y respetar el pacto entre las partes, olvidando el impartidor de justicia que para estos casos no se puede dejar a la voluntad de las partes, sino a lo que señala la Constitución General de la República y de los Tratados Internacionales, que en el caso que nos ocupa es El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna, A.C., desde el pasado lunes 26 de enero de 2015 señalo cuando dio a conocer su postura sobre El Plan de Vivienda 2015 anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, en donde, afirmamos que el Rescate Inmobiliario nació en el Poder Ejecutivo mediante la figura del Concurso Mercantil y que el Poder Judicial de la Federación lo concretaría, y esta afirmación se confirma con la Sentencia del Titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Lic. Enrique González Meyenberg, en contra de la Acción Colectiva promovida por PROFECO que representa a 340 afectados y defraudados por el Grupo Constructor GEO, cuando el juzgador en uno de sus principales razonamientos concluyó que: “por lo tanto las personas representadas por la PROFECO no tienen derecho a recibir un pago de la constructora”.
Para confirmar nuestra afirmación de como el Rescate Inmobiliario nació en el Poder Ejecutivo mediante la figura del Concurso Mercantil y que el Poder Judicial de la Federación lo concretaría, incluimos los párrafos que dimos a conocer el lunes 26 de enero de 2015 cuando se dio nuestra postura sobre El Plan de Vivienda 2015 anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, al respecto el Frente Mexiquense señalo lo siguiente:
El Rescate Inmobiliario lo diseño el Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, quien con las reformas a la Ley de Concurso Mercantil, permitó que las constructoras de vivienda: GEO, HOMEX y URBI obtuvieran de Tres Juzgados de Distrito en Materia Federal la Declaratoria de Concurso Mercantil, para obtener recursos públicos y poder pagar a sus acreedores deudas impagables y seguir construyendo viviendas sobrevaluadas, y con esta política de vivienda seguir violando los Derechos Humanos de las familias mexicanas para disfrutar de Viviendas Dignas y Decorosas.
Las desarrolladoras de vivienda: HOMEX tienen deudas por un monto de $192 mil millones de pesos, Corporación GEO por la cantidad de $60 mil millones de pesos y URBI DESARROLLOS URBANOS por la cantidad de $41 mil millones de pesos, es decir, el monto total de los pasivos o deudas de éstas 3 desarrolladoras asciende aproximadamente a $293 mil millones de pesos, es decir, casi el 80% de los recursos que el gobierno federal invertirá por la cantidad de $370 mil millones de pesos en La Política Nacional de Vivienda de 2015.
Por este motivo se anunció con bombo y platillo que se eliminaban las restricciones que limitaban a los pequeños constructores para obtener recursos del Gobierno Federal para construir Viviendas y con una gran perversidad el gobierno de Enrique Peña Nieto señaló que con estas medidas: “Mas Jugadores tendrá en el Mercado de Vivienda”. El Rescate Inmobiliario de las 3 desarrolladoras de viviendas: HOMEX, Corporativo GEO y URBI DESARROLLOS URBANOS solo fortalecen el mercado oligopólico en la construcción de vivienda en México y eliminan la libre competencia.
La Declaratoria de Concurso Mercantil de HOMEX, Corporativo GEO y URBI DESARROLLOS URBANOS sólo confirma que el Rescate Inmobilairio nació en el Poder Legislativo y lo concreto el Poder Judicial de la Federación, toda vez que estos tribunales federales especialistas en concursos mercantiles tienen pleno conocimiento que estos pasivos de los desarrolladores por $293 mil millones de pesos son impagables, y que además los recursos no saldrán de nuevos acreedores particulares para pagar a los acreedores que exigen el pago de estos adeudos, los recursos para el Rescate inmobiliario los otorgará la Sociedad Hipotecaria Federal.
Es claro que el Juez Enrique González Meyenberg es un juzgador de consigna que mediante el Concurso Mercantil Expediente Número 216/2014 concretaría el Rescate de la Inmobiliaria, en el caso que nos ocupa siempre sus resoluciones van a favorecer al Grupo Constructor GEO, es importante dar a conocer que sobre el “Impartidor” de justicia González Meyenberg pesa una grave acusación de proteger a traficantes de armas y del narcotráfico.
En el año de 2006 el Juez Enrique González Meyenberg fue el primer juzgador separado de sus funciones y removido del Juzgado de Distrito en la Paz, Baja California Sur, por liberar a tres detenidos en una finca donde había armas y drogas, no obstante del grave acto de corrupción y que por estas resoluciones de proteger a traficantes de armas y del narcotráfico en el país existe la violencia y los asesinatos sin control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo premió y lo designó Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
La SCJN como pudo reinstalar al Juez Enrique González Meyenberg por los graves actos cometidos como impartidor de justicia al proteger a traficantes de armas y del narcotráfico, en donde queda el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013 que recibió el 5 de diciembre de 2013 el entonces Ministro Presidente de la SCJN Juan Silva Meza por parte de la ONU, si el Juzgador del Concurso Mercantil Expediente Número 216/2014 en su resolución contraviene el Derecho Humano a la Vivienda Digna y Decorosa, derechos tutelados por el Estado Mexicano y plasmados en la Carta Magna y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y no cumplió con el Principio Pro Homine, establecido en el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su formación académica el Lic. Enrique González Meyenberg ha sido abogado General de empresas como: General Electric de México, S.A. (empresa que despúes en México se convirtió en Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL) como General Hipotecaria, después en Ge Money y Ge Consumo), de Seguros la Comercial S.A, en G y GM Consultores S.A., en la Guardiana S.A. y de la Compañía General de Fianzas del Grupo Financiero INBURSA, esta última propiedad de Carlos Slim Helú.
Sus estudios los realizó y curso la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho, de 1971 a 1976 se tituló con la tesis “La Inconstitucionalidad de la “Procuraduría Federal del Consumidor”, Diplomado en Derecho Corporativo, impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); “Programa de Instrucción para Abogados”, en Harvard Law School, Cambrige; “Curso de Especialización Judicial de la Nación. En la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal se ha desempeñado como: Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz; y Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, fue designado como Juez de Distrito desde el mes de diciembre de 2002.
Con este currículum solo se confirma porque las sentencias de éste Juez favorecen a los Factores Reales del Poder de nuestro país, es un juzgador sin libertad de aplicar la justicia y el derecho, éste personaje confirma una máxima de Sócrates que narra Platón en “La Apología de Sócrates” , cuando el Ateniense en el juicio que lo lleva al envenenamiento señala: “que los Jueces están para hacer justicia, no para hacer favores”,y en los siguientes casos el Juez Enrique González Meyenberg está para hacer favores no para hacer justicia, por esto favoreció al Grupo Constructor GEO en la Acción Colectiva que interpuso la PROFECO por las familias defraudadas por la Inmobiliaria, así como también favoreció a traficantes de armas y narcotráfico para dejarlos libres, aunque el país se bañe en sangre y sufra mucho el dolor profundo que mata a miles de mexicanos día con día.
Tecámac, Estado de México a lunes 23 de marzo de 2015
Nota Prensa LaJornada 24-mar-2015: Afectados solicitan a juez suspender concurso mercantil de Geo
Nota Prensa LaJornada 25-mar-2015: Defraudados por Geo piden a juez que la declare en quiebra
Nota Prensa El Semanario 25-mar-2015: Experto señala que la vivienda no puede abaratarse mediante políticas económicas de corte fiscal

References: artículo 74
 artículo 11
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 artículo 4
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