Source: https://acoso.online/3-denuncia-a-la-justicia/
Timestamp: 2018-08-14 17:32:22+00:00

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Cualquier persona puede efectuar una denuncia, según el artículo 173 del Código Procesal Penal chileno, incluidos los menores de edad.
Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería están obligados a denunciar todos los delitos que presencien o de los que tomen conocimiento. Los miembros de las Fuerzas Armadas, los fiscales y demás empleados públicos deben denunciar todos los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Los profesionales de la salud deben denunciar los delitos que notaren en una persona. Los directores, inspectores y docentes de establecimientos educacionales deben denunciar los delitos que afecten a sus alumnas y alumnos o que ocurran en el establecimiento.
Se sanciona con multa de una a cuatro UTM a quien incumpla el deber de denunciar (artículo 177 Código Procesal Penal y artículo 494 del Código Penal).
Aunque no se exige que sea por escrito, una denuncia debería indicar la identidad de la denunciante, su domicilio, la narración del hecho ocurrido, los autores y quienes más saben del hecho (esto en la medida que el denunciante posea esos datos).
A pesar de las formalidades que puedan tener las fiscalías, policías (o el tribunal), la ley no exige ningún medio ni mecanismo formal para hacerlo (artículo 173 Código Procesal Penal). La denuncia debe remitirse a la fiscalía, y es el fiscal quien decidirá sobre el destino de la denuncia. No el policía de turno ni el funcionario del tribunal, a quienes les corresponde recibir la misma y enviarla a la fiscalía.
La denuncia no requiere el patrocinio de un abogado.
¿Es posible realizar una denuncia de forma online?
La denuncia debe hacerse presencialmente, no es posible realizarla de otra forma.
Las víctimas pueden denunciar el hecho ante la fiscalía, ante un funcionario de carabineros o ante la Policía de Investigaciones (PDI), o incluso ante un tribunal de garantía (aunque estos últimos no están habituados a hacerlo). No obstante, recomendamos realizar la denuncia frente a la oficina de la fiscalía correspondiente a tu domicilio o, mejor aún, ante una unidad especializada de la policía como, por ejemplo, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI o el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9 de Carabineros.
Cuando estamos frente a un delito del Código Penal, o amparado en la ley de delitos informáticos, de propiedad intelectual, o ante los casos de violencia intrafamiliar, corresponde a la fiscalía iniciar una investigación en conjunto con las policías, para, luego, iniciar acciones en tribunales.
En general, es recomendable presentar una querella criminal, pero no es imprescindible. Debes considerar que además implica la contratación de abogado, lo que conlleva un costo económico.
En casos de violencia intrafamiliar, puede presentarse una denuncia o demanda ante los tribunales de familia donde se pidan medidas de protección, como órdenes de alejamiento.
En casos laborales, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa o a la respectiva Inspección del Trabajo (art. 211-A del Código del Trabajo). Puede interponerse una denuncia ante la inspección del trabajo junto con demandas ante el juzgado del trabajo.
En los casos de acoso laboral, estas conductas pueden dar pie a una acción en tribunales llamada “tutela laboral”, que corresponde a cuando se vulneran los derechos fundamentales del trabajador. La denuncia debe hacerse dentro de 60 días contados desde la vulneración. Si se interpone un recurso de protección, no se puede hacer una denuncia conforme a esta norma, en tanto son incompatibles si se refieren a los mismos hechos.
En casos de daños y perjuicios, pueden presentarse demandas ante tribunales civiles. En todos estos casos, sin embargo, puede haber problemas de obtención de evidencia, al no intervenir la fiscalía ni las policías.
Cuando una persona acude a un juzgado de familia, civil o laboral, lo hace a través de una demanda judicial que, en la mayoría de los casos, implica el patrocinio de un abogado. Debes saber que en un juicio criminal puede también interponerse una demanda civil para el juicio oral, lo que requerirá también del patrocinio de abogado.
– Acciones especiales (precautorias, protección, amparo constitucional, etc.):
En el caso del recurso de protección, cualquier persona puede recurrir ante la Corte de Apelaciones a solicitar el amparo de su derecho. Sin embargo, es recomendable la asesoría de abogado.
En los casos amparados por la ley antidiscriminación 20.609, se puede interponer una acción ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.
Teléfono: 600 333 000.
– Cibercrimen Santiago
– Cibercrimen Valparaíso
– Cibercrimen Concepción
Teléfono: 41-2865129
Dirección: Angol 861, Concepción.
A la investigación debe asignársele un número único denominado RUC, que permite seguir la causa. Para poder hacer seguimiento, deben darte copia de la denuncia o el RUC.
– ¿Qué gestiones se pueden hacer?
Las víctimas son intervinientes en la causa, según el artículo 12 del Código Procesal Penal, y pueden tener acceso a la carpeta de investigación y pedir copias de ésta, según el artículo 182 del mismo código. La carpeta de investigación es secreta para personas ajenas al proceso.
La víctima puede solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con el artículo 183 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, la incautación de objetos y documentos relacionados con el hecho investigado o que pudieren servir como medios de prueba; la retención e incautación de correspondencia (incluye copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de éste); copias de comunicaciones o transmisiones e interceptación de comunicaciones telefónicas.
La víctima puede solicitar participar en las diligencias de investigación (artículo 184 del Código Procesal Penal).
La ley establece un catálogo de derechos de las víctimas de delitos, detallados en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Entre ellos, solicitar medidas de protección, presentar querellas, demandar daños y perjuicios, ser oídas por el fiscal y el tribunal antes de algunas actuaciones, presentar recursos contra el término de la causa.
La víctima tiene derecho a solicitar protección a los fiscales en el caso de que ella o su familia enfrentan presiones, atentados o amenazas.
Para evitar la revictimización en el caso de niños, niñas y adolescentes que sufrieron acoso sexual, la Ley 21.057 exige que sus declaraciones sean grabadas en video.
Todos los procesos judiciales mencionados permiten alguna forma de apelación o revisión de la sentencia. En ese sentido, es importante tener expectativas razonables sobre los plazos de duración del proceso.
En casos penales, de tener éxito, el autor de los delitos puede recibir una sanción consistente en cárcel o multa, o un arreglo que puede implicar obligaciones de alejamiento, tratamiento psicológico, o abstenerse de realizar algunas conductas.
En casos de violencia intrafamiliar, en caso de éxito, se pueden obtener además medidas de protección como órdenes de alejamiento.
– Casos con sentencias favorables:
Caso “Indemnización a Naty”.
Caso “Carabinera”.
Caso “Padres”.
– Otros casos en Chile:
– Caso “estudiante diseño”.
– Caso “Estudiantes Medicina U.Chile”.
Recurso de protección: es uno de los recursos más expeditos. Si el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, los plazos estimados son de seis a ocho meses.
En el ámbito penal, fluctúa entre cuatro meses en los casos de salidas alternativas (acuerdos reparatorios entre la víctima y el imputado), suspensión condicional del procedimiento, y hasta un año y medio en caso de juicio oral.
En el ámbito civil: es el proceso más extenso. Es difícil esperar un resultado definitivo antes de los tres años, y si se busca una indemnización por los daños causados, esto puede tardar unos tres años más.
En el caso de violencia intrafamiliar, las causas se ven dentro de un mes.
Ley sobre Protección a la Vida Privada
Centros de asistencia judicial o abogadas/os voluntarios
La Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público que proporciona orientación y asesoría jurídica de manera gratuita a quienes no cuenten con los recursos para hacerlo. Existen cuatro oficinas que gestionan la atención en cada comuna del país: www.cajmetro.cl; www.cajbiobio.cl; www.cajta.cl; y www.cajvalparaiso.cl
La Fundación Datos Protegidos es una organización sin fin de lucro que promueve y defiende la privacidad y la protección de los datos personales. Dentro de sus líneas de acción cuentan con litigación estratégica gratuita. Los casos son evaluados por el equipo de la Fundación y son llevados adelante luego del análisis de las circunstancias particulares de cada caso

References: artículo 173
 artículo 494
 artículo 12
 artículo 182
 artículo 183
 artículo 109