Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/DictamenFiscalRattoHumphreys.htm
Timestamp: 2017-11-23 23:49:56+00:00

Document:
Comisión Nacional de Valores. Expte. nº 73.075.
Ratto-Humpheys s/verificación
1. La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución N° 14.139, sancionó a “Ratto-HUMPHREYS CALIFICADORA DE RIESGO S.A.” con una multa de pesos ocho mil ($ 8.000) en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en el punto 2.3.1., acápite b) de su Manual y al artículo 4º del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997) la que se hizo extensiva al síndico y a los miembros titulares del Consejo de Calificación.
Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (479/485).
2. La autoridad de control consideró que la calificación de fecha 30-9-1997 efectuada al programa global de obligaciones negociables de la emisora LIBERTAD S.A. a la cual la sociedad le asignó una categoría “BBB”, debería haberse calificado necesariamente con la categoría “E”.
3. Los recurrentes sostienen que la resolución recurrida se basa en una incorrecta interpretación del manual de procedimientos y criterios de calificación de Ratto. Ello, por cuanto a su modo de ver, el organismo de control no tuvo en cuenta el hecho de que la abstención de opinión fue singular y parcial y que el manual de procedimientos de la sociedad en su punto 2.3.1.b establecía que, en caso de salvedades vigentes al momento de la calificación, se debía analizar la importancia y naturaleza de las observaciones hechas por los auditores y en ese caso, si por la naturaleza o cuantía de las salvedades descalificaban los estados contables, correspondía asignar la calificación “E”. A su entender, una interpretación armónica de los puntos 2.3.1.b y 2.3.3.a del Manual de procedimientos y criterios de calificación llevan a una conclusión distinta ya que las abstenciones parciales o salvedades a los estados contables no impiden la consideración de otros elementos de juicio.
Señalaron, asimismo, que el acto recurrido contradice el criterio de del organismo de contralor establecido mediante Resolución General 306/98. En este sentido, argumentaron que dicha resolución permite que la calificación que surja de la aplicación del manual pueda ser modificada por las sociedades calificadoras de riesgo con fundamento en apreciaciones subjetivas referidas a la empresa calificada o a sus circunstancias. Por ello al momento de otorgar la calificación “BBB” tuvo en cuenta los estados contables de la Sociedad durante un período prolongado y consideró sus propias investigaciones de acuerdo a las visitas a la sociedad, análisis del prospecto inicial de la emisión, proyecciones cualitativas y cuantitativas y la información emitida por la empresa, organismos públicos y privados. Dicha circunstancia, alegan, no pudo ser probada debido a la negativa de la Comisión Nacional de Valores a la producción de la prueba ofrecida. Destacan que la sanción impuesta se fundamenta en un criterio formal toda vez que no existe daño al público inversor.
Resaltaron que el acto recurrido carecía de fundamento legal para sancionar a la síndico Dra. Ana Piperno. Por último, señalaron que los señores Villares, Sierra Mujica, Bennet Uzua y Piperno no intervinieron personalmente en la calificación de Libertad S.A. por lo que no cabía extenderles la responsabilidad de la sanción aquí apelada.
4. El recurso no puede progresar. De las constancias arrimadas a estas actuaciones, resulta que al momento de realizarse la auditoría llevada a cabo por Harteneck y López y Cía., debido a la ausencia de evidencia documental relacionada con altas, bajas o modificaciones de stock no se pudo confiar en el sistema de control interno vigente, razón por la cual decidieron abstenerse de opinar sobre los saldos iniciales de bienes de cambio (v. fs. 147).
A mi modo de ver, considero que asiste razón a la CNV en cuanto a que la situación descripta imponía el criterio de calificación previsto por el punto 2.3.1. del Manual de procedimientos y criterios de calificación de títulos valores de la empresa Ratto-Humphreys Calificadora de Riesgo S.A. (aprobado por Resolución N° 9745 de la C.N.V.) que establece: “calificación automática en categoría “E”.... b) cuando los dictámenes de auditoría externos tengan abstención de opinión y opinión adversa cuyas causas subsistan a la fecha de la calificación”.
En cambio, el punto 2.3.3. a) –cuya aplicación propicia la calificadora- dispone que: “Salvedades en dictámenes de auditores externos: se verificará si las condiciones que dieron origen a las salvedades se mantienen vigentes. De ser así se analizará la importancia y naturaleza de la observación por parte de los auditores. Si resultare que por su naturaleza o cuantía la salvedad formulada descalfica el análisis de los estados contables se procederá asignar categoría “E”. Por ello, toda vez que el último balance que sirvió de base para la calificación de Libertad mereció una “abstención” de sus auditores externos correspondía aplicar el punto 2.3.1. acápite b) del Manual de procedimientos y criterios de calificación; ya que el punto 2.3.3. a) se refiere a las “salvedades”, situación que no se configura en la especie, ya que auditoría formuló una “abstención” de opinión. Por otra parte, es terminante el reglamento en cuanto alude a “calificación automática”, lo que excluye la posibilidad de realizar diligencias ulteriores u otras apreciaciones subjetivas como las que refiere la calificadora.
Tampoco deben progresar, a mi juicio, las manifestaciones acerca de la aplicación al caso de la resolución N° 306/98, toda vez que –como se vio- la existencia de abstenciones obliga la calificación categoría “E” y lo resuelto en otras circunstancias por la CNV no es vinculante para que V.E. juzgue el caso.
En relación a la prueba que ha sido denegada por el organismo de control cuadra advertir que constituye una prerrogativa del órgano administrativo admitir aquellas pruebas que estime conducentes a fin de esclarecer la verdad material de los hechos controvertidos y, en el caso no se ha demostrado que las ofrecidas tengan aptitud para modificar lo decidido. En este caso resulta dirimente que el incumplimiento existió, pues el hecho de que los auditores confirmaran posteriormente el balance, no fue objeto de mérito al calificarse a la sociedad en la categoría “BBB”.
Resulta inconducente determinar si se produjo perjuicio a terceros. Es que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en la especie, vinculado a la tutela del ahorro público. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Adminsitrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, pág. 37/38).
La calificación de riesgo es una señal que se dirige al mundo financiero acerca de la capacidad de pago de los emisores de obligaciones negociables u otros valores de deuda. Su validez descansa en su credibilidad. Ésta, a su vez, se apoya en la objetividad con que se lleve a cabo el proceso de calificación, lo que requiere del ente calificador una total independencia del emisor, así como la ausencia de cualquier interés directo sobre los negocios de éste (cfr. Kenny, Mario Oscar, “Obligaciones Negociables” pág. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires).
Por otra parte resulta esencial la función que cumplen las calificadores de riesgo para la protección del público inversor y, por ende, debe ser estricto el acatamiento a las normas que rigen su actuación.
Asimismo estimo que el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón de lo dispuesto por el art. 12 de la ley 22.315, que establece que la C.N.V , dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y, a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.
El fundamento para que los directivos y síndicos estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.
Asimismo, la infracción también compromete la responsabilidad del síndico, habida cuenta de que en vista a su deber específico de vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley (art. 294 inc. 9° de la ley 19.550) debió realizar alguna actividad para que el acto antijurídico no se consume, cuanto menos, informando a la Comisión Nacional de Valores sobre el incumplimiento en que incurría el directorio.
Por ello postulo que se confirme el acto administrativo impugnado.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2003.-

References: resolución 
 artículo 4
 resolución 
 Resolución 
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