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Timestamp: 2016-10-23 18:58:47+00:00

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LEY 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias	LEY 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias Mis Leyes
LEY 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias Estado	:
Artículo 3. Vinculación de los dictámenes.
TÍTULO II. MIEMBROS.
Artículo 5. De los derechos y obligaciones de los Consejeros y del personal del Consejo.
Artículo 6. Retribuciones e incompatibilidades.
Artículo 10. Presidente.
TÍTULO III. COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
Artículo 11. Dictámenes preceptivos.
Artículo 12. Solicitud del dictamen.
Artículo 13. Dictámenes facultativos en procedimientos legislativos.
Artículo 16. Competencia del Pleno y de las Secciones.
Artículo 18. Inhibición de los Consejeros.
Artículo 19. Convocatoria de las sesiones.
Artículo 20. Plazo para la emisión de los dictámenes.
Artículo 21. Dictámenes sobre recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia.
Artículo 22. Documentos que deberán facilitarse al Consejo.
TÍTULO V. RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL.
Artículo 23. Anteproyecto de presupuesto.
Artículo 24. Relación de puestos de trabajo.
Artículo 25. Letrado Mayor.
Artículo 26. Letrados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Reglamento de Organización y Funcionamiento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Publicidad de la doctrina del Consejo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cuerpo de letrados.
La Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que desarrolló el que fuera artículo 43 del Estatuto de Autonomía -hoy artículo 44-, describió en su preámbulo al Consejo en la doble vertiente de órgano de dimensión reflexiva y racionalizadora dirigido a velar por la correcta interpretación del bloque constitucional en su aplicación a Canarias -la adecuación al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de Ley, en la dicción del antiguo precepto estatutario-, y en su otra vertiente de institución de apoyo al quehacer administrativo ordinario que habría de desarrollarse mediante juicios técnicos en los temas sometidos a consulta, señalándose que el alejamiento de la perspectiva de la línea ejecutiva reportaría la ventaja de la aprehensión de los problemas suscitados con una mayor profundidad que habría de facilitar el desapasionamiento de la gestión diaria.
La sentencia 204/92, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, despejó desde el primer momento la incertidumbre de la superposición de órganos de consulta (Consejo de Estado y órganos similares de las Comunidades Autónomas), sentando la doctrina del reconocimiento de la competencia de las Comunidades Autónomas para la creación, en virtud de sus potestades de autoorganización, de órganos consultivos propios semejantes al Consejo de Estado, estableciendo al propio tiempo la constitucionalidad de la sustitución de los informes preceptivos de éste por los del correspondiente órgano superior consultivo autonómico.
Por otra parte, el legislador estatal, en coherencia con tal doctrina, ha tenido en cuenta que son numerosas las Comunidades Autónomas que han optado por dotarse de órganos consultivos, reflejando en sucesivos textos legales supuestos de consulta a éstos; así, por ejemplo, las Leyes 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La reforma del Estatuto de Autonomía de 1996 dio nueva redacción al precepto referido al Consejo Consultivo -artículo 44, señalado anteriormente-, y depuró su formulación sin mayores innovaciones, que se redujeron a precisar el carácter supremo del órgano consultivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a introducir la referencia a la Constitución como parámetro de las iniciativas legislativas, y a asegurar la imparcialidad y la independencia del Consejo, lo que ya se había materializado en la Ley 4/1984.
La revisión que se aborda en esta ley responde, por tanto, a la necesidad de introducir mejoras en la regulación del órgano de consulta que ha aconsejado la experiencia en los años transcurridos desde que se constituyó el Consejo Consultivo de Canarias, en buena parte sugeridas desde la propia institución.
En líneas generales, la ley innova en tres vertientes: la composición del Consejo, el alcance de la función consultiva, y su funcionamiento.
El Consejo Consultivo, de 5 miembros pasa a estar integrado por 7, manteniendo la proporción en las propuestas de nombramiento que hayan de hacer el Parlamento -4- y el Gobierno -3-, y se refuerza aún más el quórum de mayoría para la formación de la propuesta parlamentaria de Consejeros, que pasa de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara a la de las dos terceras partes.
El conjunto de supuestos en los que habrá de dictaminar el Consejo con carácter preceptivo ha quedado sensiblemente ampliado, de modo que, por una parte, va a requerirse la intervención previa del Consejo en todas las iniciativas legislativas -excepción hecha de los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma-, y no ya tan sólo en algunas de ellas en razón de materias determinadas. De otra parte, la incorporación de un apartado sobre consulta preceptiva en materia de legalidad de la actuación de las diversas administraciones públicas canarias, comporta un incremento notable del papel del Consejo. Novedoso ha sido también, junto a la posibilidad de solicitar con carácter facultativo el parecer del Consejo, propiciar que en el curso del procedimiento legislativo en la Cámara, pueda recabarse dicho parecer sobre los informes de las ponencias cuyos textos articulados hayan producido modificaciones en el texto inicial.
En cuanto al modo de funcionar el órgano, se produce otra significativa innovación, al crearse las Secciones como alternativa al Pleno para resolver en determinado tipo de asuntos y las figuras de los Secretarios -de Pleno y de Sección- y de los Presidentes de las Secciones, al tiempo que se transforma el cargo de Letrado-Secretario General en Letrado Mayor, con funciones de asistencia y dirección de los servicios del Consejo.
1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete consejeros nombrados por el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de tres quintos de sus miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas de reconocida competencia y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional.
2. Los Consejeros, que serán independientes e inamovibles en el ejercicio de sus cargos, se nombrarán por un período de 4 años, a contar desde el momento de la toma de posesión, sin perjuicio de la salvedad prevista en el apartado siguiente de este mismo artículo. Los nombramientos de todos los Consejeros se efectuarán simultáneamente, con excepción de los que deban hacerse en los casos de provisión de vacantes previstos en el artículo 8 y del supuesto previsto en el apartado siguiente de este mismo artículo.
3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento, en que se trate la elección de los cuatro consejeros a proponer por éste, no se ha conseguido la mayoría de tres quintos exigida en este artículo, pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombramiento y toma de posesión de los consejeros propuestos por el Gobierno, continuando en funciones aquellos que hubieron sido designados en el período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la mayoría requerida y tomen posesión los nuevos que les sustituyan. El mandato de estos últimos concluirá coincidiendo con la finalización del mandato de los que previamente hubiesen sido nombrados a propuesta del Gobierno.
4. Las propuestas de nombramiento de Consejeros efectuadas por el Parlamento y por el Gobierno deberán expresar, en su caso, la circunstancia de concurrencia de causa de incompatibilidad, a efectos de que en el plazo de 10 días de producirse el nombramiento sea removida la causa por el Consejero afectado, quedando sin efecto el nombramiento si transcurrido dicho plazo no procediere éste en el sentido indicado, en cuyo caso deberá efectuarse nueva designación, computándose el plazo de duración del mandato desde la fecha del nombramiento precedente.
Terminación del mandato.
COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
De competencia del Parlamento.
Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía.
Proyectos de ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, exceptuados los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Proposiciones de ley tomadas en consideración.
De competencia del Gobierno.
Proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea.
Disposiciones reglamentarias en materia de Régimen Económico-Fiscal de Canarias, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12.
Proyectos de convenios y acuerdos con otras Comunidades Autónomas regulados en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía.
Interposición de recursos de inconstitucionalidad por las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Conflictos de competencias y de defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional.
De legalidad de la actuación de las administraciones públicas canarias.
Propuestas de acuerdos y de resoluciones de los órganos de la Administración autonómica y de los cabildos insulares, ayuntamientos y universidades canarias cuando así lo disponga la legislación aplicable.
Revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativos, y recurso de revisión.
Nulidad, interpretación, modificación y resolución de los contratos administrativos en los casos previstos en la normativa general de contratación administrativa.
Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas cuando se formule oposición por parte del concesionario.
Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa patrimonial cuya cuantía sea igual o superior a 6.000 euros.
Creación o supresión de municipios y alteración de términos municipales.
Cualquier otra actuación administrativa de las universidades y administraciones públicas canarias para la que se exija en una ley el dictamen del Consejo Consultivo como requisito previo.
3. Las disposiciones reglamentarias y resoluciones administrativas sobre asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen o se apartan de él. En el primer caso, se usará la formula de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias; en el segundo, la de visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
2. Si el Gobierno, un grupo parlamentario o la quinta parte de los diputados denunciaran la omisión del preceptivo dictamen del Consejo en los supuestos previstos en el artículo 11.A y B.a), tal dictamen deberá ser recabado por el Presidente del Parlamento.
2. Se constituirán 2 Secciones integradas por 3 Consejeros cada una. El Pleno designará a los Presidentes y miembros de las Secciones de entre los Consejeros, sin que ninguno pueda formar parte de ambas.
3. Cuando en la solicitud de dictamen se haga constar su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el Presidente del Gobierno o del Parlamento, en su caso, fijaran otro menor. Si este plazo fuera inferior a 10 días, el Presidente del Consejo Consultivo podrá establecer, excepcionalmente, que la consulta sea despachada por las Secciones, aun siendo competencia del Pleno. En los supuestos previstos en este apartado la reducción de plazos deberá ser motivada.
2. Si estimare incompleta la documentación, el Consejo podrá solicitar del órgano consultante que se le dé traslado de la que falte, interrumpiéndose el plazo durante 15 días, o por la mitad del plazo reducido en su caso. Si transcurrido ese plazo no se hubiere recibido la documentación recabada, el Consejo procederá a emitir dictamen, sin perjuicio de las observaciones que haga constar acerca de la falta de documentación.
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2002.
Artículo 11 (apdo. 1.D.e):
Redacción según Ley 5/2011, de 17 de marzo, de modificación del artículo 11.1.D.e de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
Artículo 4 (apdos. 1 y 3):
Redacción según Ley 3/2012, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Cerrar
ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por la que se resuelve procedimiento de revisión de oficio y suspensión de los efectos de la lista de reserva de la especialidad de Economía en cuanto a los integrantes con nivel de titulación de diplomado exclusivamenteACUERDO de 20 de diciembre de 2010, del Pleno, por el que se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter personal, de naturaleza pública, del Consejo Consultivo de Canarias, que se relacionan en anexo, para su posterior inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de DatosLey 5/2011, de 17 de marzo, de modificación del artículo 11.1.D).e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de CanariasLEY 5/2011, de 17 de marzo, de modificación del artículo 11.1.D).e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de CanariasExpediente de revisión de oficio propugnando la nulidad
parcial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación de servicios funerarios en los cementerios
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Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 39
 resolución 
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 11

Artículo 4
 artículo 11
 artículo 11