Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=647069
Timestamp: 2019-07-21 07:37:14+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE SALIDA DE MENORES DEL PAÍS
NORMAS SOBRE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y PERFECCIONAMIENTO DE ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
TABLA DE FÁCIL DESPACHO PARA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA
INCENTIVO TRIBUTARIO A INVERSIÓN PRIVADA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Longueira Montes
MAYOR SEGURIDAD EN SERVICIOS DE TAXIS Y DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AEROPUERTO MERINO BENÍTEZ. OFICIOS
DISCRIMINACIÓN CONTRA SECTORES POBLACIONALES EN MATERIA DE INGRESOS SEGÚN ENCUESTA CASEN. OFICIO
PRÁCTICAS ANTISINDICALES Y DESPIDOS EN EMPRESAS DE OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS A ENTIDADES CON LITIGIOS JUDICIALES PENDIENTES. OFICIOS
ESTADO DE AVANCE EN LIMPIEZA DE PETRÓLEO EN BAHÍA DE SAN VICENTE. OFICIOS
FISCALIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL SEMANAL. OFICIO
DEPÓSITO DE DESECHOS EN RIBERA DE RÍO ANDALIÉN. OFICIO
PAGO DE BENEFICIOS A CODOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS. OFICIOS
DECISIÓN SOBRE PUERTOS ESTATALES. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, NÚÑEZ, PROKURICA Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.070, QUE FIJÓ EL ESTATUTO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, CON EL FIN DE REGULAR CAUSAL DE DESTITUCIÓN DE DOCENTES DEL SECTOR MUNICIPAL (5321-04)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, ESCALONA, GARCÍA, GAZMURI Y KUSCHEL, MEDIANTE LA CUAL DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA TARIFAS, COMISIONES Y GASTOS QUE PUEDEN ESTABLECER ENTIDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (5322-03)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.253, PARA DAR REPRESENTACIÓN A ETNIAS DE CANALES AUSTRALES EN CONSEJO NACIONAL DE CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (5323-06)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, CANTERO, ESPINA, GARCÍA Y ROMERO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE ESTABLECER DIFERENCIAS ARBITRARIAS QUE SE FUNDEN EN EL ORIGEN ÉTNICO O RACIAL DE LAS PERSONAS (5324-07)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, ÁVILA, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y ZALDÍVAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE A TRÁMITE LEGISLATIVO UN PROYECTO DE LEY QUE ELIMINE EL LÍMITE AL VALOR DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY Nº 19.200 (1012-12)
(De 16:21 a 18:49)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre salida de menores desde Chile (4594-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (4981-14) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona Estatuto de Capacitación y Empleo (3507-13) (vuelve a Comisión para nuevo segundo informe)¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivo tributario a inversión privada en investigación y desarrollo (4627-19) (queda pendiente su discusión general)¿¿¿¿¿.
Mayor seguridad en servicios de taxis y de transporte público en Aeropuerto Merino Benítez. Oficios (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Discriminación contra sectores poblacionales en materia de ingresos según encuesta CASEN. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿.
Prácticas antisindicales y despidos en empresas de Octava Región. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿.
Asignación de contratos a entidades con litigios judiciales pendientes. Oficios (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Estado de avance en limpieza de petróleo en bahía de San Vicente. Oficios (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Fiscalización de reducción de jornada laboral semanal. Oficio (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Depósito de desechos en ribera de río Andalién. Oficio (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Pago de beneficios a codocentes de establecimientos municipalizados. Oficios (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Decisión sobre puertos estatales. Oficios (Observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; de Economía Fomento y Reconstrucción, don Alejandro Ferreiro Yazigi; del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz, y la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , subrogante, doña Carmen Andrade Lara.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 46ª, especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 4 de septiembre; 48ª, especial, 49ª, ordinaria, y 50ª, extraordinaria, en 5 de septiembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los seis primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 (boletín N° 233-10).
2) Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula el lobby (boletín N° 3.407-07).
3) Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre acceso a la información pública (boletín Nº 3.773-06).
4) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago (boletín N° 5.076-15).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé; para ordenar el traspaso del hospital Hanga Roa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente , y para modificar las leyes de planta que indica (boletín N° 5.080-11).
Con los nueve restantes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", en relación con los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución N° 2391 (XXIII), el 26 de noviembre de 1968 (boletín N°1.265-10).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, a fin de otorgar a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto de Propiedad Industrial (boletín N° 2.469-03).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (Boletín Nº 3.588-08).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios (boletín N° 3.968-12).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín Nº 4.030-04).
7) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la figura de las personas competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras (boletín Nº 4.065-08).
8) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que amplía el plazo para otorgar facilidades respecto del pago de impuestos adeudados que indica, y modifica el artículo 17 de la ley N° 19.682, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal (boletín N° 5.245-05).
9) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002 (boletín N° 4.542-10).
Con el primero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento (boletín N° 4.878-14).
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 4.864-29).
Con el tercero comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que amplía el plazo para otorgar facilidades respecto del pago de impuestos adeudados que indica, y modifica el artículo 17 de la ley N° 19.682, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal, con urgencia calificada de "simple"(boletín N° 5.245-05).
Con el cuarto hace presente que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que regula el lobby (boletín N° 3.407-07), con excepción de las que indica, y remite la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
Con el último comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 491 y 494 del Código Penal, con el objeto de hacer responsables a propietarios de perros domésticos por mordeduras y daños a terceros (boletín N° 4.546-07).
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados, respectivamente, en contra de los artículos 6°, letra B. N°s. 3º y 6º; 107 y 161 del Código Tributario, y en contra de los artículos 6º, letra B. Nº 7º, y 116 del Código Tributario, y del artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
Con el último envía copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en contra de los artículos 6°, letra B. N° 6º, y 115 del Código Tributario, y del artículo 19, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a las facultades del Ministerio de Obras Públicas para celebrar contratos con entidades con las cuales tiene litigios pendientes.
Dos del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público , con los cuales contesta tres oficios remitidos en nombre del Senador señor Espina, los dos primeros atinentes al funcionamiento de la División de Atención a las Víctimas y Testigos y diversos datos estadísticos, y el tercero, en relación con las características de las bandas o pandillas con alto compromiso delictual que actúan a lo largo del país.
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a medidas que es necesario adoptar a consecuencia del fenómeno sísmico y volcánico que se produjo en la Región de Aisén.
Con el primero da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Naranjo, Gazmuri, Letelier, Sabag y Vásquez, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que presentara un proyecto de ley sobre régimen aduanero aplicable a la importación de trigo al país.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, sobre normas relativas a la importación de mercancías al país y arancel aduanero.
Con el primero responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, acerca del grado de desarrollo del gobierno electrónico en Chile.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, referido al cumplimiento de la ley de subcontratación por parte de las empresas portuarias públicas.
De la señora Ministra de Planificación , por medio del cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Frei, respecto de planteamientos formulados por la Asociación de Estudiantes Chilenos en Francia.
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Gómez, tocante a las obras que se deben ejecutar con el fin de evitar fenómenos aluvionales en las quebradas de las comunas de Taltal y Tocopilla.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador Horvath, relativo a áreas de riesgo que deberían establecerse en cada comuna del país y los proyectos de protección y reubicación de la población.
Con el último da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, con referencia a la elaboración de un proyecto de camino costero entre Quintero, Ritoque y Concón.
De la señora Ministra de Salud , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la solicitud para la construcción de un Centro de Salud Familiar (CESFAM), en la localidad de Capitán Pastene, comuna de Lumaco.
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional del Deporte, mediante el cual responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a los incentivos y facilidades que es necesario otorgar a los estudiantes que son deportistas destacados.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, atinente a medidas de coordinación entre Carabineros de Chile y la empresa constructora que realiza trabajos en la Ruta 60-CH.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la solicitud formulada por los vecinos del sector de Mininco, en la comuna de Collipulli, acerca de labores de limpieza en predios pertenecientes a dicha empresa.
De la señora Intendenta de la Región de Antofagasta , mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Gómez, sobre las muertes sufridas por estudiantes en la práctica de actividades deportivas en colegios de la comuna de Calama.
De la señora Gerenta de Desarrollo y Gestión de Canales del BancoEstado, con el que responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Chadwick, acerca del cierre de la oficina bancaria ubicada en la comuna de Malloa.
Del señor Gerente de la Sociedad Concesionaria de la Ruta de la Araucanía , por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, tocante a la construcción de una pasarela peatonal a la altura del kilómetro 596 de la Ruta 5-Sur.
Del señor Gerente General de la Sociedad Concesionaria Autopista del Bosque, mediante el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, por el que solicita reparar la pasarela peatonal ubicada en el sector "El Riego", en la comuna de Collipulli.
Segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que crea examen único nacional de conocimientos de medicina, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 4.361-11)
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las Policías (boletín Nº 4.321-07).
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.076-15).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín N° 3.139-05).
De los Senadores señores Bianchi, Núñez, Prokurica y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.070, que fijó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, con el fin de regular causal de destitución de docentes del sector municipal (boletín N° 5.321- 04).
De los Senadores señores Bianchi, Escalona, García, Gazmuri y Kuschel, mediante la cual dan inicio a un proyecto de ley que regula las tarifas, comisiones y gastos que pueden establecer las entidades emisoras de tarjetas de crédito (boletín N° 5.322-03).
Del Senador señor Muñoz Aburto, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 19.253, con el objeto de dar representación a las etnias de los canales australes en el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (boletín N° 5.323-06).
De los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que prohíbe establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen étnico o racial de las personas (boletín N° 5.324-07).
Moción del Senador señor Sabag, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el Código del Trabajo y la Ley sobre Seguro de Desempleo, en materia de indemnizaciones laborales y disposiciones de seguridad social aplicables a los trabajadores que indica.
--Se declara inadmisible por regular materias que corresponden a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en los números 4° y 6° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
De los Senadores señores Bianchi, Ávila, Pérez Varela, Prokurica y Zaldívar, por medio del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe a trámite legislativo un proyecto que elimine el límite al valor de la pensión a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 19.200 (boletín N° S 1.012-12).
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley Nº 19.968, con el objeto de extender el funcionamiento de los juzgados de menores que indica (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 5.329-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, unidas, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
Señor Presidente , solicito que se envíe un oficio al Ejecutivo solicitando su patrocinio para el proyecto que modifica el Código del Trabajo y la Ley sobre Seguro de Desempleo, en materia de indemnizaciones laborales y disposiciones de seguridad social, que la Mesa ha declarado inadmisible.
Asimismo, pido que se amplíe en una hora el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, originado en moción de los Senadores señora Alvear, señor Naranjo y Su Señoría, referido al pago de peajes.
La indicación del Ejecutivo llegó con diez minutos de retraso, y para su consideración se hace necesario extender el plazo legal en una hora.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a dos proposiciones sobre la materia.
Señores Senadores, el Ejecutivo solicita ampliación del plazo para presentar indicaciones, hasta las 18 horas de hoy, a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica la sanción por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas (iniciativa a la cual se refería el Honorable señor Sabag), y
2.- El que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios.
En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la que solicita a la Sala cambiar el trámite dado al proyecto de ley que establece obligaciones para los notarios y conservadores de bienes raíces en lo que dice relación con las tierras indígenas, y que pase a la Comisión de Agricultura.
Pido la palabra para referirme a la Cuenta.
Señor Presidente , en la parte pertinente de la Cuenta figura una moción respecto de la cual se dice textualmente: "De los Honorables Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, con la que inician un proyecto de reforma constitucional, que prohíbe establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen étnico o racial de las personas".
Esa no es la iniciativa. Está mal transcrita. Nuestra moción tiene por objeto el reconocimiento constitucional de las etnias originarias. De manera que su título -que está claramente señalado en ella- no corresponde al que aparece en la Cuenta.
Y, en segundo lugar, por ser una reforma constitucional, debe ser conocida por la Comisión de Constitución.
Se hará la corrección correspondiente.
En todo caso, en la Cuenta se especifica que la moción pasa a la Comisión de Constitución.
Perfecto, señor Presidente.
Entonces solo pido que se haga la corrección del título, de modo que diga lo siguiente:
"Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, por el cual se reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena.".
Así se procederá, Su Señoría.
Ha llegado también a la Mesa el informe de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, relativo a la discusión de medidas adicionales para enfrentar el impacto en la agricultura de las incidencias climáticas y la implementación de políticas públicas para el problema del endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas agrícolas.
La Comisión propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio a la Presidenta de la República.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Letelier y Muñoz Aburto, relativo a la salida de menores del país, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4594-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Muñoz Aburto, Letelier y Escalona).
Constitución, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007.
El objetivo principal de la iniciativa es proponer un procedimiento especial para la autorización judicial de salida del país de menores cuyos padres se encuentren ausentes o en situación de grave incumplimiento de sus deberes de mantener un contacto directo y regular con su hijo, y dar a la autorización el carácter de permanente, mientras subsistan las condiciones que la hacen procedente.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, Muñoz Aburto y Vásquez).
El texto de la iniciativa se consigna en el informe correspondiente.
Señor Presidente , esta iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Camilo Escalona , Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz Aburto que fue acogida en forma unánime por la Comisión de Constitución.
Y su contenido es básicamente el siguiente.
La legislación actual dispone que para que un menor pueda salir del país requiere la autorización de ambos padres. Y establece dos hipótesis: que uno de ellos no quiera que su hijo salga o que uno de los padres no sea ubicable. En ese caso, aquel progenitor que desea que el menor salga del país debe concurrir a los tribunales de justicia si no está conforme con la decisión de la otra parte; o bien, como dije, si no lo puede ubicar. Entonces, el tribunal citará al padre que se niega a dar la autorización y, sobre la base de los antecedentes, resolverá.
Ahora bien, si ante el tribunal el padre insiste en su negativa a que su hijo salga del país, existe una situación excepcional: si ha sido dos veces apercibido por no pago de alimentos, el juez puede resolver contra la voluntad del progenitor y autorizar la salida.
De manera que la regla general es la siguiente: se requiere la autorización de ambos padres; si uno de ellos se opone o bien no es habido, se recurre a los tribunales de justicia, y hecho esto, el juez resuelve. Sin embargo ¿reitero-, nuestra legislación señala que si se ha apremiado dos veces al alimentante por incumplimiento de su obligación, el juez puede autorizar, si así lo estima oportuno, la salida del menor.
Y cada vez que se da esta situación, hay que recurrir a los tribunales de justicia.
Pongámonos en la hipótesis del padre que no es habido, que no tiene contacto con la familia. Esto ocurre particularmente en las zonas norte y sur del país -por ejemplo, Punta Arenas y comunas cercanas o en Arica-, donde existe un tránsito mucho más fluido con las naciones vecinas. En cada oportunidad en que se quiera que el hijo salga del país, el progenitor debe recurrir a los tribunales de justicia, no obstante que el padre puede no estar ubicable desde hace mucho tiempo o, como dije, que se niegue a conceder el permiso.
Por lo tanto, esta moción señala lo siguiente: cuando el padre no ejerce su derecho a visitas que tiene sobre el hijo, el tribunal citará a las partes involucradas y establecerá una autorización especial permanente para que el menor pueda salir del país. Así, el padre o la madre no tendrá que acudir a la justicia cada vez que necesite sacar del país a un hijo.
Recuerdo que estamos en la hipótesis exclusiva de aquel que deja de ejercer por un tiempo su derecho a visita y, por lo tanto, ha perdido interés en vincularse con su hijo o carece de justificación para ello.
En todo caso, el juez siempre debe citarlo. Y, escuchando a las partes, resolverá si el niño o la niña puede abandonar el territorio nacional.
Ahora, si da una autorización de salida, tratándose del padre que no ejerce su derecho a visita, tendrá carácter permanente. Pero eso no obsta a que el padre que no ejercita tal derecho -porque desapareció, porque no es ubicado o, simplemente, porque no ha querido hacerlo- recurra en algún momento al tribunal a los efectos de pedirle, por estimar que el viaje a otro país puede ser perjudicial para el menor, que revoque esa decisión y no otorgue la autorización.
La finalidad de ello es, básicamente, evitar que cada vez que se deba abandonar el país en esa circunstancia excepcional haya que recurrir a los tribunales de familia.
A nosotros nos pareció razonable la moción, en la medida que apunta a una realidad, simplifica un trámite para situaciones excepcionales y resguarda los derechos del padre que no desea que su hijo salga del país al evitarle que siempre deba ir a los tribunales para pedir la revocación de la medida pertinente.
Por tales consideraciones, los miembros de la Comisión de Constitución aprobamos la iniciativa en debate, originada -como se ha dicho- en moción de los Senadores señores Camilo Escalona , Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz Aburto.
Señor Presidente , esta moción, que es importante, procura modificar lo que en su momento, allá por 1993, fue considerado un adelanto en cuanto a la responsabilidad que cabe al padre y la madre en el cuidado de sus hijos.
Conforme a nuestro Código Civil, hasta ese año, únicamente el padre autorizaba la salida del país de un hijo o hija. Sin embargo, en 1993 se introdujo una modificación en términos de que lo hicieran el padre y la madre. Ello, motivado por un número significativo de casos -los conocimos en su minuto- en que muchas veces el menor abandonaba nuestro territorio solo con la autorización del padre y, lamentablemente, por diversas causas, no regresaba más. Y, a este respecto, se ha sabido de hechos bastante dramáticos a niveles tanto nacional como internacional.
Por ello, si bien parece razonable efectuar una modificación como la planteada mediante la iniciativa en debate, estimo que, aprobada la idea de legislar, sería conveniente fijar plazo para presentar indicaciones, por cuanto es muy relevante que la falta de visita de los padres o el no pago de pensión de alimento se corroboren. De lo contrario, podríamos quedar expuestos a la misma situación que vivimos años atrás: que un padre o una madre sacaran del país a un menor, por razones de cualquier índole -esto ocurre especialmente en casos de separación de los cónyuges-, y en definitiva se burlara el espíritu de la ley en proyecto.
Entonces, señor Presidente , sin perjuicio de aprobar en general la iniciativa, considero importante buscar la forma de posibilitar la acreditación de la falta de visita del padre o el no pago de la pensión de alimento, a fin de evitar que menores salgan al exterior sin una autorización debidamente respaldada.
Quedan dos minutos de discusión, porque el proyecto se halla en la tabla de Fácil Despacho.
Están pidiendo intervenir dos señores Senadores. De manera que concedo un minuto a cada uno.
Señor Presidente , independiente de lo señalado por los señores Senadores que me antecedieron, cabe puntualizar que con esta iniciativa al menos se obvian significativamente trámites en los tribunales de familia, los cuales hoy día se encuentran bastantes colapsados.
En consecuencia, se trata de buen proyecto también en tal sentido, pues se eliminan trámites del todo inútiles.
Por eso, anuncio mi voto favorable.
Señor Presidente , el objetivo central de esta iniciativa, aparte lo manifestado por el Senador señor Espina, es evitar la lentitud con que operan los tribunales de familia -en algunas oportunidades la demora es de hasta seis meses- tratándose de las autorizaciones que se solicitan al juez para salir del país con un hijo menor de edad. Esto perjudica en especial a quien está a cargo del cuidado del niño: normalmente, una mujer que además es jefa de hogar.
En las zonas extremas es muy largo el viaje por vía terrestre que se debe realizar hacia el lado argentino, en el caso de la Región de Magallanes, y hacia Perú y Bolivia, en el del Norte.
Es por eso que solicito la aprobación de esta iniciativa, entendiendo que ella es perfectible. De modo que, en este sentido, sería conveniente abrir un plazo para presentar indicaciones.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar, fijándose como plazo para formular indicaciones el 2 de octubre, a las 12.
--Se aprueba en general la iniciativa y se fija como plazo para formular indicaciones el 2 de octubre, a las 12.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4981-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 8 de agosto de 2007.
Vivienda y Urbanismo, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer un procedimiento simple y eficaz para el saneamiento y la regularización de loteos irregulares y otorgar a los beneficiarios la oportunidad de acceder a programas con financiamiento estatal para realizar obras de urbanización.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Horvath, Pérez Varela y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El articulado se consigna en la parte pertinente del primer informe.
El referido órgano técnico deja constancia de que en el segundo informe recogerá las opiniones de diversas organizaciones que han solicitado ser recibidas.
Cabe tener presente que los incisos primero, tercero, quinto y sexto del artículo 4º tienen carácter orgánico constitucional, por lo que deben ser aprobados con 22 votos afirmativos.
Señor Presidente , el objeto de esta iniciativa legal, nacida en una moción presentada por diversos señores Diputados, es -como se expresó- consagrar un procedimiento simple y eficaz para el saneamiento y la regularización de loteos irregulares, situación que afecta a gran cantidad de familias, fundamentalmente de escasos recursos.
Asimismo, se abre la posibilidad de que los beneficiarios accedan a programas con financiamiento estatal para realizar obras de urbanización, y una vez regularizadas, incorporarse a todos los programas de viviendas, como el de Protección del Patrimonio Familiar.
Los antecedentes jurídicos del proyecto figuran en la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en su artículo 138 sanciona con pena de presidio al propietario, loteador o urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a todo lo dispuesto en el párrafo concerniente a las obligaciones del urbanizador.
Otro antecedente es la ley Nº 16.741, que contempla normas para el saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular. Data del 16 de febrero de 1967 y se extendió, mediante otra legislación, hasta el 31 de marzo de 1990.
Los autores de la moción entregan una serie de antecedentes. Entre ellos, un informe del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile donde se expresa que más de 100 mil familias se encontrarían en estado precario -instalación informal, al interior de sitios fiscales, municipales: carencia de títulos de dominio; inexistencia de calles y, por tanto, de pavimentación; falta de servicios básicos (de alumbrado público, de agua potable, de recolección de basura)-, y muchas de ellas, en situación de precariedad habitacional, calificada así por organismos regionales competentes.
Por tales razones, no es factible entregar a quienes se hallan en esas condiciones una serie de otros beneficios, aparte los de urbanización. Esa gente tampoco puede acceder a ningún tipo de subsidio, ni transferir dominio, ni, en definitiva, tener movilidad social.
Como expresé, es muy significativa la cantidad de personas que, según el Instituto mencionado, se encuentran en la situación descrita.
La Comisión recibió antecedentes fundamentalmente de la Región de La Araucanía. Y hemos solicitado para la discusión particular los datos de cada Región a través de las Intendencias y del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Otras normativas, mediante un procedimiento sencillo, van en la misma línea. El decreto ley Nº 2.695 regulariza la pequeña propiedad raíz. La ley Nº 19.583, popularmente conocida como "Ley del mono", regla la construcción o ampliación de bienes raíces sin recepción definitiva. Y la última modificación al Código de Aguas regula fundamentalmente la situación de los pozos y norias de pequeños regantes.
A la discusión en general asistió la abogada asesora de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, quien señaló una serie de requisitos para acceder a los beneficios de la ley en proyecto: que los loteos estén materializados de hecho antes del 31 de diciembre de 2006, tengan urbanización insuficiente y no cuenten con recepción final; que el valor de las viviendas no exceda de mil unidades de fomento (debemos especificar si será la tasación comercial -ello es difícil- o si se fijará más bien un piso fiscal, de acuerdo con la calificación como persona en condición de vulnerabilidad); que la localización sea en áreas urbanas o rurales, previa autorización de la autoridad correspondiente; que la ubicación no sea en áreas de riesgo, de protección o de utilidad pública, y que no existan reclamos pendientes a determinada fecha.
El procedimiento indica un plazo de 24 meses para acogerse a los beneficios. Los interesados deberán presentar su solicitud ante la dirección de obras municipales, indicando factores y responsabilidades que justifiquen la conformación del loteo; o sea, su historia. Además, tendrán que acompañar el plano del loteo, de su ubicación y emplazamiento, firmados por un profesional competente.
A su vez, el director de obras municipales correspondiente -el proyecto en debate le entrega las facultades- contará con 180 días para otorgar la recepción provisoria. Y hay elementos de mayor detalle, que consideran, entre otros, plazos para el cumplimiento de las obras faltantes.
La iniciativa en análisis resulta más que urgente, por la cantidad de personas que serán beneficiadas y, fundamentalmente, por la condición de marginalidad o vulnerabilidad social de ellas.
El proyecto fue presentado por los Diputados señores Eugenio Tuma (quien encabeza a los autores de la moción), Gonzalo Duarte, René Manuel García , Jorge Insunza , Sergio Bobadilla , Fidel Espinoza , Rodrigo González, Juan Carlos Latorre , Carlos Montes y Gonzalo Uriarte.
En la Cámara Baja existe una fórmula bien peculiar, distinta a la del Senado: se presentan las iniciativas aunque sean inconstitucionales, y el Gobierno las asume.
Para finalizar -dentro del tiempo de que disponemos para analizar los proyectos de Fácil Despacho-, deseo informar que la Comisión de Vivienda y Urbanismo recibirá durante la discusión particular a una serie de organizaciones que nos harán llegar antecedentes a los efectos de perfeccionar los procedimientos y los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley en proyecto.
Por lo expuesto, solicito a la Sala que apruebe la idea de legislar y abra plazo para formular indicaciones, ojalá hasta la primera semana de octubre, a fin de no ir más lejos, dada la urgencia que reviste el despacho de este proyecto de ley para que más de cien mil familias se acojan a los beneficios en él previstos.
Señor Presidente , la iniciativa en análisis, como muy bien se ha manifestado, otorga una nueva facultad al director de obras municipales para recepcionar loteos de bienes raíces y, con ello, eximir del cumplimiento de normas que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Esa materia ya ha sido abordada con antelación, incluso por el Presidente Eduardo Frei Montalva , quien implementó la ley Nº 16.741, que permitió el saneamiento de bienes raíces desde marzo de 1967 hacia atrás. Posteriormente, el Presidente Patricio Aylwin , observando que muchos miles de familias continuaban con una situación anómala, amplió la aplicación de esa ley para que se sanearan con retroactividad desde 1990 todos los llamados "loteos brujos".
El presente proyecto propende a un sistema similar, ya que extiende el beneficio a todas las propiedades respecto de las cuales no existan reclamos pendientes al 31 de diciembre de 2006.
Dentro de los requisitos que plantea la iniciativa, se considera que los loteos tengan urbanización insuficiente y que no cuenten con recepción final; que el valor de las viviendas no exceda de mil unidades de fomento; que los terrenos se localicen en áreas urbanas o rurales, previa autorización del secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, y que no se ubiquen en áreas de riesgo, de protección o de utilidad pública; y que no existan -reitero- reclamos pendientes al 31 de diciembre de 2006.
Uno de los aspectos beneficiosos del proyecto es que, una vez recepcionados los terrenos, incluso de modo provisional, sus ocupantes podrán postular a fondos públicos a objeto de terminar la urbanización.
También cabe subrayar que con ello se pone fin a una incertidumbre, por cuanto en la actualidad los afectados no tienen ninguna seguridad jurídica y, por ende, no es posible que accedan a títulos, lo que crea, evidentemente, problemas desde el punto de vista de la herencia.
Ahora, felicito al Diputado señor Eugenio Tuma , compañero de Partido, quien fue el autor de la moción pertinente, a la que muy generosamente se sumaron parlamentarios de todas las bancadas políticas, lo cual permitió la aprobación unánime de la iniciativa en la Cámara Baja.
Una vez sancionada la ley en proyecto -como creo que ocurrirá-, se van a beneficiar cien mil familias que a lo largo del país enfrentan la situación descrita durante el debate. En la Región que represento se favorecerá a diez mil.
Por las razones señaladas, votaré a favor del proyecto, que tiene para mí un doble mérito: es de autoría de un compañero de Partido, el Diputado Eugenio Tuma , y corresponde a una moción donde se aborda una de las pocas materias en que podemos concretar leyes.
Se acabó el tiempo disponible para la discusión.
Han pedido la palabra tres señores Senadores. La concederé por un par de minutos a cada uno, pues se trata de una iniciativa de Fácil Despacho.
Señor Presidente , voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto en análisis -lo mismo harán los demás Senadores de Renovación Nacional- porque, en efecto, hay miles de familias (muchas de ellas en la Región de La Araucanía, y particularmente en los alrededores de Temuco) que han construido sus viviendas en los llamados "loteos irregulares". Es decir, se trata de personas que han comprado derechos sobre terrenos pero sin que estos se encuentren claramente delimitados, por lo cual el valor de las propiedades allí levantadas es tremendamente precario.
Sin embargo, y aplaudiendo la iniciativa, quiero llamar la atención sobre las exigencias del artículo 4º, que señala:
"La dirección de obras municipales procederá, dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a pronunciarse respecto a los factores y responsabilidad que explican la conformación del loteo irregular, a verificar el cumplimiento de las condiciones de urbanización y de las exigidas en los artículos precedentes, como asimismo de las normas urbanísticas aplicables al predio establecidas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
"Las condiciones de urbanización antes mencionadas estarán referidas a las siguientes obras: dotación de servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y electricidad, alumbrado público y gas, cuando corresponda, pavimentación y sus obras complementarias, obras de defensa del terreno, cuando corresponda, aprobadas y recibidas por los servicios competentes.".
En definitiva, señor Presidente , el artículo 4º hace exigibles las normas comunes sobre construcción y urbanismo. Y lo que se va a requerir, en realidad, son muchos de los programas llamados "de Mejoramiento de Barrios", porque, en numerosos casos, hay que construir el alcantarillado, la pavimentación; hay que instalar agua potable; hay que poner alumbrado público. Y, por supuesto, los pobladores -la mayoría de ellos de condición muy modesta- no cuentan con recursos para llevar a cabo tales obras de urbanización.
Por lo tanto, además de esta iniciativa de la cual es autor el Diputado señor Tuma , principalmente en la zona que represento se necesitará un esfuerzo de coordinación, tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como del Ministerio del Interior, para realizar dichos programas.
Voy a concluir, señor Presidente.
Sin esos programas, temo que la ley pueda ser letra muerta. Y no queremos que ello ocurra.
No obstante lo señalado, anuncio nuestro voto favorable.
Señor Presidente , la bancada de Senadores de la UDI también va a aprobar de manera unánime el proyecto, porque responde, en verdad, a una necesidad real y concreta que se refleja en todas las comunas donde personas de escasos recursos, con la ilusión de obtener su vivienda propia, adquieren en conjunto, sobre la base de la formación de comités, terrenos que después, al no estar regularizados, les impiden materializar su anhelo.
Me parece que, asumiendo tanto lo planteado por el Senador Horvath como por el Honorable señor Muñoz Barra , la iniciativa se halla dirigida efectivamente a dicho sector de la población. Y cuando uno lee en su articulado los requisitos que deben cumplirse para poder aplicarlo se da perfecta cuenta de que se pretende abarcar a esa gente, que, al no tener regularizados sus terrenos y carecer de la posibilidad de acceder a un título de dominio, no puede participar en ninguno de los programas de gobierno habituales, ya sea en materia de urbanización como de subsidio.
Por consiguiente, el proyecto de ley que aprobaremos hoy en general vamos a trabajarlo con intensidad en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, ya que requiere con urgencia ser promulgado. De ese modo, muchos campamentos existentes en distintas comunas podrán acceder a la nueva política habitacional y será posible resolver en forma definitiva, por esa vía, los problemas de marginalidad que viven cientos de familias.
Para terminar, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
Señor Presidente, desde luego, anuncio los votos favorables de los Senadores democratacristianos.
Considero que este es un buen proyecto, el cual apunta en el sentido adecuado: normalizar muchos loteos irregulares que se fueron formando en el transcurso de varios años.
Pero, además, quiero destacar que gran parte de los campamentos y situaciones de esa naturaleza fueron regularizados gracias al Programa Chile Barrio, que estableció justamente el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , con el propósito de erradicar los 972 catastrados en su oportunidad. En la actualidad queda todavía un remanente, por lo que resulta muy conveniente continuar con el Programa, para que se supere la situación de las 22 mil personas que aún viven en cuatrocientos y tantos campamentos.
Mediante Chile Barrio se han comprado los terrenos necesarios, y se ha instalado el alcantarillado y se ha realizado toda la urbanización.
El mérito del proyecto de ley estriba en que autoriza al director de obras municipales para eximir del cumplimiento de alguna de las normas sobre urbanización. Se podrá, entonces, reducir el ancho de las calles, favorecer con el tipo de pavimento, en fin.
También permite a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo bajar las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
En consecuencia, lo ideal sería que el Programa Chile Barrio continuara y que se abarcase gran parte de las situaciones que hoy preocupan a los señores Diputados -lo cual valoramos, por supuesto-, en especial a Eugenio Tuma, quien, junto a otros parlamentarios, ha estado muy preocupado de sacar la iniciativa adelante.
Comprendo que en la Novena Región se registran muchos casos. En otras partes hemos terminado con casi todos los existentes. Pero, por supuesto, somos solidarios y queremos que en ninguna parte de Chile ello se mantenga.
Si le parece a la Sala, se acogerá la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron a favor 27 señores Senadores, y se fija como plazo para presentar indicaciones el 8 de octubre, a las 12.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3507-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 6 de septiembre de 2006.
Trabajo, sesión 28ª, en 4 de julio de 2006.
Trabajo (segundo), sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Hacienda, sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Sesiones 28ª, en 4 de julio de 2006 (se aprueba en general); 50ª, en 5 de septiembre de 2007 (queda para segunda discusión).
La discusión particular de la iniciativa se inició en la sesión de 5 del mes en curso, ocasión en la que el Comité Unión Demócrata Independiente solicitó segunda discusión respecto de dos modificaciones acordadas por mayoría en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, cabe tener presente que el Ejecutivo presentó una indicación para sustituir el artículo tercero transitorio.
Las enmiendas acordadas por unanimidad en Comisión fueron aprobadas sin debate por Sus Señorías el 5 de septiembre, de conformidad al inciso sexto del artículo 133 del Reglamento.
En el entretanto han llegado indicaciones renovadas.
Ahora bien, con relación al artículo 1º, la Comisión de Trabajo propone incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Ninguna entidad u organismo podrá ser obligado a acreditarse bajo el sistema que crea esta ley, para efectos de certificar competencias laborales.".
Hasta ahí, la norma fue aprobada por unanimidad.
Pero continúa con el siguiente texto: "En este último caso, estas entidades no podrán optar a los mecanismos de financiamiento público establecidos en la presente ley. ".
Esta oración recibió los votos conformes de los Senadores señora Alvear y señores Letelier y Muñoz Aburto; se pronunciaron en contra los Honorables señores Allamand y Longueira.
En segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Novoa.
Señor Presidente , la parte del inciso tercero, nuevo, que vamos a votar establece -según entendemos, porque tampoco está muy clara la redacción- que las entidades no inscritas no podrán optar a los mecanismos de financiamiento público establecidos en la ley en proyecto.
La primera dice relación a que en la Comisión de Trabajo los Honorables señores Allamand y Longueira estimaron que para optar a financiamiento público no es necesario estar inscrito en el registro. Perfectamente es factible establecer qué entidades pueden acceder a esa posibilidad por la vía de cumplir otro tipo de requisitos o condiciones.
En lo básico, el punto en discusión es si se excluye del financiamiento público a aquellas no registradas. Es lo que habría que votar.
Sin embargo, quiero hacer una salvedad respecto de la redacción de dicha norma, que, después de establecer que "Ninguna entidad u organismo podrá ser obligado a acreditarse bajo el sistema que crea esta ley, para efectos de certificar competencias laborales.", prosigue con las palabras "En este último caso", como si hubiera varios. En realidad, la redacción es bastante confusa, y entiendo que se desea señalar que si los organismos no están inscritos no obtendrán financiamiento.
Después, según el resultado de la votación respectiva, la Secretaría deberá estudiar si la redacción aprobada es la más adecuada o no.
Señor Presidente , la verdad es que estamos frente a un proyecto de gran importancia, especialmente -quiero decirlo- en materia de equidad, respecto de la cual hemos estado hablando estas últimas semanas. Ojalá que ese tema se mantuviera vigente, a fin de poder superar tantas inequidades.
Y digo que el asunto se vincula con ella porque va a permitir que muchos trabajadores valoren su experiencia y habilidades, con lo cual podrían evolucionar y buscar nuevos y mejores empleos, en un sistema siempre en movimiento.
En Chile, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no se crean los suficientes incentivos para que las empresas busquen retener a sus trabajadores e invertir en capacitación. Ello los perjudica cuando tienen que conseguir un nuevo empleo, en la medida en que, cuando deben cambiarse a otra, no han tenido la oportunidad de especializarse o, si lo hicieron, no pueden acreditar sus nuevas habilidades. Es algo que también afecta a la economía, en general, al hacer más caros los costos de transacción en la contratación y causar ineficiencia.
Con esta regulación no solo se corrige una conocida "falla de mercado", sino que asimismo se ayuda al progreso personal de los trabajadores y se aporta un grano de arena -como ya lo dije- en la gran tarea de la equidad.
Respecto al inciso tercero del artículo 1º, se debe tener cuidado con los recursos públicos y usarlos del modo más estratégico posible. El mercado, en esta materia, no necesariamente da todas las soluciones, y la institucionalidad que estamos creando puede tener una visión mucho más clara de las áreas donde se requiere invertir recursos de todos los chilenos en la certificación laboral. Por eso, las que reciben recursos públicos deben ser, a mi juicio, entidades que se encuentren dentro de dicho sistema.
Por lo demás, en educación sucede algo similar. Si se quiere una subvención del Estado, es preciso someterse a las reglas que este dispone, las cuales buscan velar por la buena utilización de los dineros.
Nada impide, señor Presidente , que quien desee establecer un sistema de certificación fuera de la institucionalidad, lo haga. La Cámara de Comercio no pide ningún recurso público y efectúa estas actividades en la actualidad.
Lo importante es que los que pretendan hacer uso de recursos públicos en el ámbito que nos ocupa se sometan al sistema preceptuado en la ley en proyecto.
En votación el inciso tercero, nuevo, del artículo 1º.
Votar que sí, señores Senadores, significa aprobar la referida norma tal como lo propone la Comisión.
--Se aprueba el inciso tercero, nuevo, del artículo 1º (16 votos contra 13).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez y Prokurica.
En seguida, respecto del artículo 16, que pasa a ser 17, la Comisión de Trabajo propone reemplazarlo por el que sigue:
"No podrán desempeñarse como Centros las instituciones que desarrollen actividades de capacitación o de formación, en conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, ni las instituciones reguladas en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, a excepción de las entidades de educación superior que renuncien a la función de capacitación establecida en la primera ley citada.".
La disposición fue aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señora Alvear y señores Letelier y Muñoz Aburto, con la abstención del Honorable señor Allamand.
Respecto de este artículo, los Senadores señores Novoa, Larraín, Allamand, García, Pérez Varela, Matthei, Orpis, Chadwick, Espina y Arancibia han renovado la indicación Nº 5 bis, que propone sustituirlo por el siguiente, que sería 17:
"Artículo 17.- Las entidades certificadoras que además se desempeñen como instituciones reguladas en la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, o en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, o instituciones que desarrollen otras actividades de capacitación o de formación financiadas con fondos públicos, no podrán certificar las competencias laborales de personas egresadas de sus propios establecimientos.".
Puede hacer uso de ella el señor Ministro del Trabajo.
Señor Presidente , respecto a esta norma, en particular, se ha suscitado una dificultad que deseo mencionar.
Sin perjuicio de la formulación alternativa a la del proyecto original, el artículo 16 también comprende tres incisos: el segundo, el tercero y el cuarto, que no están siendo considerados en el nuevo texto. Nuestra impresión es que en algún momento de la tramitación no se hizo mayor cuestión respecto de ellos y se entendió que no suscitaban controversia. Ignoro, para ser franco, si hubo un planteamiento específico al respecto o, simplemente, se trata de una situación que no alcanzo a entender.
Entonces, quiero solicitar a la Mesa que tales incisos, incluidos en el artículo 16 original -hoy día, artículo 17, en controversia-, se entiendan incorporados, o bien, si no se estimara así, que se emita un nuevo segundo informe, para aclarar la dificultad.
Se trata, además, de disposiciones relevantes desde el punto de vista del conjunto de inhabilidades e incompatibilidades consideradas en la disposición.
Señor Presidente , la norma en debate es bastante importante. Así que sería lógico un nuevo segundo informe sobre el particular.
Estoy de acuerdo con la proposición del señor Ministro.
Hay dos indicaciones más que se podrían ver en ese momento.
Si le parece a la Sala, se procederá en tales términos, sin contemplarse un nuevo plazo para la presentación de indicaciones.
O sea, se consideran solo recibidas hasta este momento.
Y también la que acaba de plantear el señor Ministro.
Porque tengo la impresión de que se trata de una omisión involuntaria.
Para los efectos de que sea considerada en Comisiones, sugiero al señor Ministro que presente su indicación por escrito.
--Se acuerda devolver el proyecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para un nuevo segundo informe.
El señor Presidente anuncia que la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana estará compuesta de los siguientes proyectos:
1.- El que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina.
2.- El que crea el Administrador Provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago, y
3.- El que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria.
El proyecto de ley que establece el Administrador Provisional para el Transantiago no es un asunto simple como para que solo intervengan un Senador por 5 minutos y luego otro por igual lapso. Provoca distintos efectos. Por tanto, tenemos derecho a conocerlo más a fondo antes de pronunciarnos.
Por eso, propongo retirarlo de la tabla de Fácil Despacho y colocarlo en el primer lugar del Orden del Día de mañana.
Además, como estuve participando en el Foro Parlamentario Iberoamericano y no asistí a la reunión de Comités -ignoro si hubo, en realidad-, no sé qué asuntos conformarán esa parte de la sesión de mañana. De modo que, así como se ha anunciado el contenido del Fácil Despacho, también podría darse a conocer la composición del Orden del Día.
Señor Senador , la tabla del Orden del Día de mañana estará conformada por los proyectos que no se alcancen a ver hoy, más los que quedaron en condiciones de figurar en ella después de cumplir algún trámite de que se haya dado cuenta al inicio de esta sesión.
Apenas se confeccione la tabla se hará llegar una copia a Sus Señorías.
Señor Presidente , deseo consultar si se incluirá ahí el proyecto que establece medidas contra la discriminación. Porque viene informado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y nosotros queremos pedir que igualmente sea estudiado por la de Constitución, Legislación y Justicia.
Los Comités acordaron poner ese proyecto en tabla; pero si ahora se plantea enviarlo a la Comisión de Constitución, la Sala debe pronunciarse.
Señor Presidente, yo prefiero que siga en la Comisión de Derechos Humanos.
Entiendo que hubo acuerdo con el Ministro señor Viera-Gallo en cuanto a reenviar esa iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos.
Pero ahora el Honorable señor García ha propuesto que vaya a la de Constitución, Legislación y Justicia.
Además de la otra.
Entonces, si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Y también el mío, señor Presidente.
¡O varias de Constitución...!
Creo que la Comisión de Derechos Humanos es perfectamente capaz de discutir y resolver un proyecto sobre discriminación.
Entonces, si le parece a la Sala, se enviará el proyecto a la Comisión de Constitución, con la oposición de todos los señores Senadores que están manifestando una actitud contraria.
--Con los votos en contra de los Honorables señores Naranjo, Gazmuri, Núñez y Muñoz Barra, se acuerda enviar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto que establece medidas contra la discriminación.
En cuanto a la petición del Senador señor García de retirar de la tabla de Fácil Despacho el proyecto que establece el Administrador Provisional para el Transantiago, quiero indicar a Su Señoría que dicha iniciativa será puesta en la tabla del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, la cual no se ha terminado de confeccionar aún ante el posible despacho por la Cámara de Diputados de dos iniciativas calificadas con "discusión inmediata".
La tabla se hará llegar a Sus Señorías tan pronto esté lista.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo, con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda , y en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4627-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Educación, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Hacienda, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2007 (queda para segunda discusión).
Señores Senadores, la primera discusión del proyecto se efectuó en la sesión del 5 de septiembre último.
La Comisión de Educación aprobó en general la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Navarro, Núñez y Ruiz-Esquide).
Por su parte, la Comisión de Hacienda acogió la idea de legislar por 3 votos a favor (Honorables señores Gazmuri, Novoa y Sabag) y un voto en contra (Senador señor Escalona).
Cabe recordar que el Comité Socialista solicitó segunda discusión para este proyecto en la oportunidad recién mencionada.
En la segunda discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
Señor Presidente , deseo fundamentar el voto favorable a la idea de legislar que emití en la Comisión de Hacienda y dar cuenta de cierto debate habido en ese organismo, no tanto sobre la iniciativa misma, sino más bien en cuanto al tema tributario más general.
El proyecto es bastante simple. Establece beneficios tributarios a proyectos de inversión privada en investigación y desarrollo que se realicen a través de un contrato con universidades o centros de investigación del país.
Sobre el tema, haré la siguiente observación.
Efectivamente, en Chile tenemos una problema complicado, pues generamos escasa innovación; nos apropiamos de muy poca innovación exterior; contamos con una investigación básica insuficientemente vinculada a la producción; existe cierto distanciamiento entre la investigación que efectúan, básicamente, nuestras universidades y los requerimientos científico-tecnológicos del desarrollo contemporáneo.
Sin duda, este es el mayor talón de Aquiles de nuestro modelo de crecimiento. Si seguimos teniendo una economía fundada esencialmente en la utilización extensiva de nuestros ricos recursos naturales, no vamos a alcanzar el desarrollo.
Creo que esa es una evidencia general que hemos tardado mucho tiempo en entender. Nos hemos quedado muy contentos con un tipo de desarrollo que si bien fue alto en los años 90, aunque con más problemas en los 2000, es tremendamente débil si queremos proyectar el país hacia un desenvolvimiento más dinámico, en un mundo donde la economía y el valor agregado cada vez tienen más que ver con la creación e incorporación de conocimiento.
En consecuencia, que en este indicador estemos sistemáticamente bastante por debajo de economías desarrolladas o de mayor nivel de crecimiento, e incluso de algunas equivalentes a la nuestra, revela que, sin duda, ese es uno de los principales talones de Aquiles de nuestro modelo de desarrollo, que tiene también implicancias sociales. Porque una economía basada en extremo en la utilización relativamente extensiva de recursos naturales tiende a concentrar la actividad productiva en pocas Regiones del país y en pocas empresas que exportan, y a generar, por tanto, una estructura de salarios que impide la creación de empleos de mayor calidad.
Todo el debate sobre el mercado del trabajo, las desigualdades en Chile y el salario ético tiene que ver, a mi juicio, con dos variables primordiales.
Una es la debilidad de la contratación, de las condiciones de trabajo; vale decir, sindicalismo débil. No hay negociación colectiva y, por ende, no existe un mecanismo fundamental de distribución de la renta que no sea la contratación directa entre capital y trabajo. En Chile hay un desequilibrio brutal a favor del capital. Y eso explica buena parte de los ingresos tan bajos que tenemos.
Y la segunda es una estructura de desarrollo en exceso primaria, lo que genera productividades muy bajas en numerosas actividades.
El proyecto, entonces -como mencioné anteriormente-, viene a estimular la inversión privada en investigación y desarrollo. Porque en nuestro país el aporte particular a dichas áreas es muy pequeño, menor incluso que el que se efectúa en economías equivalentes. La mayor inversión proviene del sector público y de las universidades, fundamentalmente de las vinculadas al Consejo de Rectores, que reúne a las más grandes del país, demasiado concentradas, desgraciadamente, en la Región Metropolitana: la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, que realizan una parte muy importante de nuestra labor de investigación.
La iniciativa consiste, básicamente, en otorgar de manera directa un subsidio equivalente al 35 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo, el cual dará derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría y será considerado, en su remanente, como gasto necesario para producir la renta.
Creo que, en materia de exenciones tributarias, esta es la única que se justifica, porque, efectivamente, apunta a fortalecer una de las áreas centrales de nuestra estrategia de desarrollo.
En todo caso, anuncio que en la discusión particular formularé indicación para que solo puedan ser objeto de la franquicia -lo conversamos en la Comisión- las empresas que realicen convenios de investigación con universidades y no con centros de investigación. Considero que estos últimos constituyen un concepto muy impreciso y estoy por eliminarlos, pues por ahí se podría generar un elemento distorsionador del espíritu de la ley, cual es fortalecer la vinculación entre el sector productivo -o sea, las empresas privadas- y los organismos que efectúan investigación de calidad en el país, que son, esencialmente, las universidades. Si no, estaremos abriendo un camino para que las empresas creen centros propios de dudosa certificación y, por esa vía, utilicen la franquicia tributaria de una manera no plenamente productiva.
Algunos colegas, incluso de esta bancada, plantearon dos objeciones al proyecto en discusión.
En primer lugar, en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet existe el compromiso de disminuir exenciones tributarias, en particular algunas que, en opinión de muchos -también la mía-, no tienen ninguna justificación, como la del IVA a la construcción de sectores altos. Esta es una exención sin ningún fundamento, y estoy completamente de acuerdo en suprimirla. Su eliminación figura en el Programa, pero la actual Administración todavía no la ha propuesto.
En segundo término, se encuentra pendiente en el país -también se planteó en la discusión- un debate más general sobre nuestra estructura tributaria, sobre nuestro nivel de gasto público. Tengo la impresión de que ese debate se halla en el centro de toda la discusión que hay acerca de salario ético, desigualdad y distribución de ingresos.
Me parece completamente absurdo pretender avanzar hacia mayores niveles de igualdad de oportunidades en una nación con un gasto público de 20 por ciento del PIB. Ello no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Así que hacer un gran discurso de corrección del modelo y mantener la actual estructura tributaria es, a mi juicio -lo digo con toda seriedad-, irresponsable o simplemente populista.
No existe ninguna experiencia internacional que demuestre que es posible generar condiciones de equidad mínimas, de protección de ingresos familiares que sean éticos en el sentido de que efectivamente permitan superar los niveles de pobreza, etcétera, sin que se realice un proceso de redistribución, el cual, históricamente, se ha logrado -y se logra-, entre otras, por la vía tributaria. Y en Chile tenemos una estructura tributaria que, en ese aspecto, es extraordinariamente desigual.
Aquí, las personas de más altos ingresos, que en teoría están gravadas con tasas bastante altas, pagan muy pocos impuestos. No es concebible que en la tasa marginal más alta, que es de 40 por ciento en el impuesto de segunda categoría, haya inscritos en el Servicio de Impuestos Internos solo 17 mil ciudadanos. Es evidente que en Chile son muchos más los que perciben una renta superior a los 5 millones de pesos mensuales. Aquí hay una evasión, una elusión espectacular. Basta con ir a cualquier supermercado -no solo de sectores altos- y observar la fila de la caja que dice "Facturas". ¡Eso es elusión! Miles de consumidores de ingresos altos y medios altos -no sé si algunos de Sus Señorías- pasan sus consumos domésticos como consumos de sociedades de papel y con eso disminuyen su tributación.
En consecuencia, hay un debate tributario pendiente. Sin embargo, ese debate pendiente, que va a venir en los próximos años -de ello no tengo ninguna duda, sobre todo si la equidad se pone como tema central (todos concordamos en que lo es)-, no constituye un obstáculo para aprobar el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración.
En eso difiero de otros colegas, porque, cualesquiera que sean las conclusiones de ese debate y la estructura tributaria que tengamos, me parece que esta iniciativa, que establece un incentivo para vincular sistemas productivos y universidades con miras a generar condiciones de mayor inversión privada en investigación y desarrollo, contribuye a un propósito que estratégicamente le interesa a Chile.
A mi juicio, en esta materia hemos perdido, como país y también como Gobierno, demasiado tiempo. Aquí todavía está empantanada la iniciativa relativa al Fondo de Innovación para la Competitividad. Llevamos un año -¡un año!- discutiendo si les damos a las Regiones el 25 por ciento o un porcentaje mayor de lo recaudado por el impuesto especial al cobre. Nos viene propuesta una institucionalidad completamente débil. ¡Y decimos que este es un tema central para el desarrollo! En este ámbito, el tiempo vale mucho, y ya hemos perdido un lapso considerable en generar institucionalidad, instrumentos, capacidad de conducción pública, entendimiento entre universidades, sector público y privados, regionalización del esfuerzo de investigación y desarrollo. Y yo no quiero que sigamos perdiendo más tiempo.
Hay países a los que podemos observar para aprender en esta dimensión. Algunos están casi de moda. Todo el mundo está yendo a mirar qué pasa en Nueva Zelandia; la estrella es Irlanda, y estamos muy esperanzados en seguir los modelos de Finlandia, Singapur y otros. Irlanda, por ejemplo, quebró su línea de desarrollo en 15 años. En ese período pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a otro que hoy compite con los nórdicos en renta per cápita.
O sea, no es verdad que se necesitan tres generaciones para lograr niveles aceptables de desarrollo, sino una y media a dos. Corea, después de los 40, hizo lo mismo. No demoró 80 años en llegar a ser una potencia industrial. Eso sí, dichos países trabajaron con perspectiva; planificaron su desarrollo -a ninguno de ellos los desarrolló el mercado solo-; establecieron alianzas amplias entre empresariado, intelectualidad y mundo obrero -léase organizaciones sindicales y trabajadores-, y lograron dar un salto importante al desarrollo.
Esa discusión está pendiente en Chile. La de este proyecto es un ladrillo en el edificio y creo que apunta en la dirección correcta.
Por ello, sin perjuicio de que se halla pendiente dicho debate y respetando el voto contrario del Presidente del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda -así son las cosas en la vida-, invito a los señores Senadores a respaldar la idea de legislar.
Desde ya anuncio que presentaré una indicación durante la discusión particular para que la garantía consagrada en la iniciativa se convierta en un estímulo destinado a vincular los centros de investigación de relativa excelencia que tenemos con modalidades modernas en la materia -habrá que determinarlas- y con la empresa privada.
Por lo tanto, propongo aprobar hoy el proyecto en general, dado que el tiempo camina en contra de nuestros buenos propósitos.
Solicito el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala la señora Subsecretaria de Hacienda.
Señor Presidente , no atenderé a la amable invitación que acaba de formular el Senador señor Gazmuri para aprobar el proyecto.
No me cabe ninguna duda de que este nació en los laboratorios de Expansiva. El discurso neoliberal sigue socavando insensiblemente ciertos ámbitos que parecían, en algún momento, invulnerables a su contaminación.
El Estado, una vez más, se debilita; pierde su rol rector, sus atribuciones, y se desangra financieramente en función de los estímulos de carácter tributario.
Bien decía el Subcomandante Marcos: "Asistimos al estriptís del Estado. Este se desprende de todo, menos de su prenda favorita: la represión.". Ahí, sí, no cede un milímetro.
Parece que no son suficientemente ilustrativas las experiencias que están ocurriendo en diversos campos a causa de las exenciones tributarias.
¡Vean ustedes lo que acontece en la educación! Universidades que hoy se ubican entre las más poderosas del país han ido creciendo en infraestructura y poder económico gracias, precisamente, a este tipo de incentivos.
El nuevo fetiche es el crecimiento. Pero sucede que, en una sociedad tan profundamente desigual y con crecientes rasgos de monopolización en todos los sectores de la economía, el crecimiento no hace otra cosa que agravar las condiciones de desigualdad. Mientras no se empleen instrumentos eficaces para combatir este flagelo, que siempre mantendrá al país a las puertas de un eventual desarrollo pero nunca inmerso en tal condición -ello es imposible con la fractura social expuesta que hoy nos aqueja-, parece improbable que Chile pueda alcanzar cotas interesantes de competitividad real.
Este proyecto me resulta lo más parecido a aquel engendro de la depreciación acelerada. Por la vía de una exención tributaria bastante significativa, se trata de estimular -supuestamente- la investigación de los privados y se admite la posibilidad de incluir a las universidades. ¡A cualquiera!
Estimado Senador Gazmuri , no le quepa la menor duda de que la Universidad de Chile y, en general, las de carácter público obtendrán la menor proporción de esos recursos, ¡si es que llegan a recibir un peso! La gran mayoría de ellos irá a la Universidad del Desarrollo, a la de Los Andes o a otra que haya ido creciendo a la luz de este tipo de granjerías, concebidas con el aplauso de todos los sectores, en aras de los consensos, de la paz social y de todas esas oraciones.
Se plantea también que esos fondos pueden destinarse a centros de investigación. ¡Por Dios! ¡No sé hasta dónde llega el candor de algunos colegas! La verdad es que, cuando se apruebe este nuevo incentivo, van a florecer tales centros. ¡Obviamente! Y, por supuesto, los recursos no se distribuirán, sino que seguirán concentrándose. Y, así, hasta el infinito.
Entonces, ya está bueno que de una vez por todas pasemos de la retórica vacía a los hechos.
Hay una sola forma de corregir mínimamente las actuales condiciones de profunda injusticia en que está sumida la inmensa mayoría de la población chilena: llevar a cabo una reforma tributaria de verdad y no con meros maquillajes, ni mucho menos con estas exenciones tributarias que a cada rato son aprobadas en el Parlamento y que se convierten en un verdadero alud de estímulos que las grandes empresas muchas veces ni siquiera necesitan. De hecho, no han pedido este beneficio, porque nunca les ha interesado la investigación. Si esta no se realiza en el ámbito público, no se hace con seriedad ni como corresponde.
La Universidad de Chile ha sido condenada a andar mendigando recursos y poniéndose a la fila para conseguir "proyectitos" de inversión o de capacitación. No recibe los aportes que merece y necesita para llevar a cabo el tríptico misional: docencia, extensión y, por cierto, investigación. ¡Pero cómo va a hacer investigación si está sometida a las reglas del mercado! ¡Y bien sabemos por dónde van los intereses del mercado!
En la Comisión de Educación el proyecto fue aprobado por unanimidad. Y ahí no hubo díscolos, ni nada parecido, que levantaran la voz frente a una iniciativa que, con un mínimo de sentido social y, más aún, de sentido nacional, debería ser rechazada categóricamente, porque el curso que están tomando las cosas es profundamente nefasto. Y por esa vía jamás resolveremos los problemas de fondo que sufre el país.
Debido a estas y a muchas otras consideraciones que cabría hacer, anuncio mi voto contrario a la idea de legislar. Y lamento, una vez más, que el Congreso Nacional no ponga mayor diligencia en examinar iniciativas de esta índole.
Señor Presidente , no voy a entrar al debate a que nos invita el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Esa es una discusión bastante más de fondo, que dice relación...
¡Ah! ¡Más de fondo!
Yo lo escuché atentamente, Senador Ávila. Normalmente hago eso porque soy un caballero y entiendo la relación que debe existir entre personas decentes. En consecuencia, le pido que guarde sus opiniones.
Este es un tema muy de fondo, por cierto. Pero quiero mirar las cosas de una forma distinta.
Cuando votamos en la Comisión de Educación, donde el proyecto se aprobó por unanimidad, no lo hicimos de manera irreflexiva ni en función de intereses menores.
Nuestro desarrollo económico enfrenta un problema grave, independiente de que los sectores clave o más significativos de la economía se encuentren en el ámbito privado o en el público: Chile estará condenado a ser, durante muchos años más, un país que exporta solo materias primas si no es capaz de incorporar valor agregado a cada uno de los productos que envía al extranjero. No tenemos otra alternativa. Y nuestra potencialidad para hacer eso llega casi a cero.
En los sectores minero, forestal, pesquero, agrícola, vitivinícola, ha sido muy poca la capacidad de investigación y de desarrollo implementada en los últimos años. Nuestras universidades, incluidas las privadas, se hallan realizando investigaciones casi de tercera clase. Y las que efectúan -esto vale también para las regionales- no son significativas, como las que queremos impulsar con el proyecto.
Hoy, ninguna casa de estudios superiores sobresale en este ámbito, ni siquiera las mencionadas en la intervención anterior. La Universidad de Chile o la Católica no están llevando a cabo investigaciones que apunten, en lo esencial, a generar condiciones para mejorar sustantivamente nuestros productos de exportación, que, con toda seguridad, nos van a acompañar por muchos años más. Peor aún, nuestras universidades regionales languidecen en materia de investigación.
Por ello, comparto lo que se ha señalado en el sentido de que estos recursos deben ir fundamentalmente a las universidades que forman parte del Consejo de Rectores.
Las universidades que se ubican en el norte no tienen preocupación alguna por descubrir cómo mejorar la calidad del que seguirá siendo nuestro principal producto de exportación: el cobre. No hay ninguna que hoy esté realizando investigaciones relevantes, por ejemplo, en el área de nuevos usos de este metal en el mercado mundial.
Al respecto, hace 40 años la CORFO se propuso efectuar una investigación de gran contenido. Se invitó a los mejores químicos y metalurgistas de América Latina. Pero, lamentablemente, por razones que todos conocemos, hace 34 años se detuvo esa investigación.
¿Qué se pretendía con ese trabajo? Nada más y nada menos que decir: "El cobre tiene muchos más usos que los que se le dan en la actualidad". Y es así. Pero hoy en día solo sirve en todo el mundo como conductor. Y si ahora existe una gran demanda de nuestro principal producto, es, básicamente, porque China está generando condiciones para que se use mucho más cobre, por ejemplo, en los automóviles que fabrica: se utiliza 17 a 32 por ciento. En Japón, esa cifra alcanza a 26 por ciento.
¡Pero resulta que lo único que sirve es el cobre! Cuando este deje de ser un factor importante en nuestra economía, cuatro Regiones y millones de compatriotas nuevamente se van a quedar sin posibilidad de desarrollarse, por no haber invertido lo suficiente como para diversificar la matriz productiva del norte y de otras zonas de nuestro país.
Del mismo modo, no puede ser que, si baja el precio de la celulosa en el mercado mundial, dos o tres Regiones se vengan al suelo.
En consecuencia, la única alternativa de desarrollo es meternos con fuerza en la denominada "sociedad del conocimiento". Y esto no es solo una frase. El mundo avanza cada vez más en esa dirección. ¡Y nosotros estamos retrasados! Y no solamente el sector privado, que, por cierto -en esto comparto la apreciación del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, no muestra mucho interés en la investigación. Es más, a veces tiende a aprovecharse de este tipo de garantías que generamos y no incorpora realmente capacidad productiva suficiente como para mejorar la productividad de esos sectores tan vitales de la economía.
Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo significativo en esta materia y también respecto del proyecto que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, en el cual no hemos avanzado casi nada por hallarnos entrabados en una situación francamente lamentable. Como dijo el Senador señor Gazmuri , debiéramos haberlo aprobado hace un año. Tendríamos a todas las universidades del país -no solo a las más grandes- recibiendo recursos y buscando mejorar la calidad de sus docentes e investigadores para los efectos de incorporar mayor conocimiento a los principales productos de cada una de las Regiones.
Hay dos de ellas que podrían decir que están en un equipo de segunda en esta materia: la Quinta y la Octava. Porque tienen buenas universidades. El resto solo cuenta con casas de estudios superiores y centros de investigación de tercera clase.
Según se nos dijo en Chuquicamata, a propósito de una visita que hicimos los miembros de la Comisión de Minería y Energía, en los últimos tres meses se han ido alrededor de 50 profesionales del más alto nivel, que han sido contratados por empresas canadienses, neozelandesas, australianas. Nos estamos quedando sin personal calificado, que es fundamental para mejorar la calidad de nuestros productos y, sobre todo, del cobre.
Es cierto que el debate a que nos ha invitado el Senador señor Ávila es de fondo. Y comparto con él algunas apreciaciones y algunos temores. Por ejemplo, el de que, aprobado este proyecto de ley, se configurarán determinadas entidades con el único propósito de evadir impuestos y no de ocupar esos recursos efectivamente en realizar investigaciones. Voy a presentar una indicación destinada a evitar que suceda aquello.
En segundo término, estoy de acuerdo en que hay empresas que no tienen necesidad de usar este beneficio. Me refiero, en particular, a las extranjeras, que se vinculan básicamente con la producción de nuestros principales minerales. No requieren esos fondos. ¿Por qué? Porque la investigación la llevan a cabo en sus países de origen. ¿Cuáles son las empresas que los necesitan? Las medianas de capitales nacionales, algunas de las cuales pertenecen al Estado.
En el proyecto no se contempla la posibilidad de que un privado recurra a una entidad como el INIA, que es, lejos, el mejor instituto de investigación del país en materias agrícolas, o como el IFOP, por nombrar otro organismo de excelencia.
Hace poco todas las empresas salmoneras recurrieron a la Universidad de Chile -no a las universidades del sur- para solicitar una investigación respecto de dos virus que están provocando consecuencias bastante negativas para la exportación de salmones. Bueno, necesitamos que las casas de estudios superiores ubicadas allá -en Punta Arenas, en Puerto Montt o en Coihaique- investiguen, a fin de que las empresas no se vean obligadas a venir a Santiago a pedir los análisis respectivos. Conozco muy íntimamente a una de las personas que hacen estos estudios, porque es parienta mía. Y me ha dicho: "Yo no me voy a ir nunca a Puerto Montt, porque tengo mi marido y mi familia acá y, además, porque en aquel lugar me pagan exactamente la mitad de lo que gano en Santiago".
Entonces, se requieren universidades que paguen bien y que motiven a sus investigadores para que se vayan a Regiones y trabajen en los productos que exporta cada una de ellas.
Creo que, en ese sentido, la iniciativa apunta en la dirección correcta.
Existe la posibilidad de que ocurra lo que señala el Senador señor Ávila , pero, tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda, podemos evitar que ello suceda. La idea es que el proyecto no vaya en beneficio solo de los poderosos, porque estos -fundamentalmente, las grandes empresas extranjeras instaladas en Chile- no lo necesitan. Como dije, la investigación la hacen en los países de origen.
Por esa razón, aprobamos por unanimidad la iniciativa en la Comisión de Educación. Estamos aspirando a dar, de una vez por todas, un salto cualitativo en esta materia. Si no, el país se va a estancar, por mucho entusiasmo que tengamos en seguir creciendo a los niveles actuales.
No nos basta el crecimiento, por cierto. Pero estoy pensando en los miles de académicos e investigadores de las universidades del Estado, que sé que languidecen, que estarían dispuestos a seguir un doctorado en cualquier lugar para mejorar sus conocimientos. Se trata de gente joven carente de toda motivación, que debe cumplir agobiantes jornadas completas. No tienen incentivo alguno, por cuanto su vocación es la investigación y no cuentan ni siquiera con un miserable laboratorio en las universidades que forman parte del Consejo de Rectores o en las 16 universidades estatales que todavía quedan en el país.
Esas son, a mi juicio, las universidades que debemos mejorar. Y son las que históricamente han realizado labores de investigación en Chile. La Universidad de Concepción, que no es tan estatal; las Universidades de Chile, de Valparaíso y de Santiago y, por cierto, la Universidad Católica de Santiago siempre fueron centros de investigación por excelencia.
Ahora, necesitamos este tipo de recursos para nuestras universidades regionales, como la de Talca -que yo envidio-, que poco a poco ha ido convirtiéndose en la universidad regional de mejor calidad que existe en el sur de Chile, fuera de la de Concepción, por cierto.
Por esas razones, apoyamos el proyecto en debate.
Señor Presidente , Chile debe transitar de una economía fundada en la extracción de recursos naturales a una basada en el conocimiento. Seguir apostando a que el ciclo de buenos precios de nuestros recursos naturales irá acompañando el desarrollo económico es irresponsable y, por lo tanto, no puede sostenerse sobre eso una política pública de largo plazo.
La economía del conocimiento significa conocimiento vinculado a la actividad productiva. Se trata de una nueva relación entre la empresa nacional y los entes generadores del conocimiento: centros de investigación, universidades, etcétera.
En esta materia Chile está muy atrasado -peligrosamente atrasado-, y quizás nuestras tasas de crecimiento en el último tiempo no nos han permitido observar esa debilidad subyacente de nuestro modelo de desarrollo económico.
Sólo 0,68 por ciento del producto interno bruto se destina a investigación y desarrollo. Nuestro nivel es muy bajo si se compara con el 2,3 y 2,5 por ciento promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Pero no solo el nivel es bajo, sino particularmente -y este es el punto al que precisamente busca dar respuesta la iniciativa en análisis- la composición del gasto es distinta e inferior en calidad a la que debiésemos tener para avanzar hacia la economía del conocimiento. Únicamente un tercio del gasto es privado. Es decir, solo un tercio del gasto es capaz de generar las respuestas que las empresas requieren para resolver los desafíos de competitividad.
Lo que hace el proyecto en estudio es generar un estímulo tributario fundamental para dar el salto que se requiere en esa dirección. Nuestro país debiese avanzar a niveles de un país desarrollado en este punto. Si quisiéramos hacerlo y llegar al 2025 con los niveles actuales de porcentaje del gasto en investigación y en desarrollo que se observa en las naciones líderes de Europa, debiéramos multiplicar por dos, en términos relativos, el gasto público y -atención- por cinco el gasto privado.
Ese es el déficit que tenemos respecto del gasto privado y a eso apunta el proyecto: a la relación entre empresas y universidades, que hoy es débil e insuficiente. Y esperamos que salga fundamentalmente fortalecido una vez que entre en vigencia.
Una economía basada en el conocimiento es también una economía potencialmente mucho más democrática, porque dispersa mejor las oportunidades de crecimiento. En la medida en que se logran efectos positivos en las políticas públicas de reforma educativa y de protección a la primera infancia, es posible pensar que en el mediano plazo Chile va a tener una distribución más equitativa del conocimiento que la que hoy existe respecto del stock de recursos naturales o de capital.
Por lo tanto, cuando transitamos a una economía basada en el conocimiento, no solo estamos avanzando hacia aquella que nos va a permitir sostener los niveles de desarrollo que se requieren para insertarnos derechamente en el grupo de los países desarrollados, sino que también nos hallamos creando las bases para una economía más equitativa y democrática.
Quiero referirme a un par de cuestiones que se han mencionado aquí. La ley es clara en cuanto a prohibir relaciones de propiedad y de otro tipo entre la empresa que efectúa el gasto y la universidad o centro de investigación que lo recibe.
El artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, que establece la regulación de las partes relacionadas, se aplica en este caso, porque se ha querido evitar que por esta vía se generen triangulaciones que busquen, en forma exclusiva, un beneficio tributario indebido.
Por otro lado, la norma consagra sistemas de acreditación en la CORFO tanto para el centro de investigación como para los contratos de investigación y desarrollo que se celebren entre aquellos y las empresas. Por consiguiente, existe un instrumental destinado precisamente a controlar parte de los riesgos que se han presentado acá y que, por cierto, se han tenido a la vista al momento de redactar el proyecto.
Para terminar, quiero señalar que este es un componente fundamental de una política nacional de innovación que requiere institucionalidad y más gasto público y privado. Y, en especial, una nueva relación, un nuevo "matrimonio" -virtuoso y de largo plazo- entre nuestros centros de investigación universitarios y las empresas.
A esos últimos dos puntos, a la relación entre el mundo del conocimiento y el mundo empresarial y al aumento del gasto privado, apunta derechamente la iniciativa sometida a la consideración del Senado.
Señor Presidente , la Comisión de Educación aprobó por unanimidad la normativa en estudio después de un extenso y sólido debate acerca de los pros y los contras de ella.
Aquí se han analizado las ventajas que presenta la iniciativa, las que comparto, y por eso hemos votado a favor.
¿Qué queremos, además de lo señalado por distintos personeros aquí en el Senado? Deseamos varias cosas.
La primera, desde el punto de vista del crecimiento del país -que es lo que más nos preocupa cuando no va acompañado de un verdadero desarrollo-, disminuir suficientemente la brecha que hoy existe, con el objeto de que pase a ser un mecanismo posible de revertir y no se transforme en una situación irreversible, inmanejable, que acarrearía muchos males. Porque, en mi opinión, una democracia realmente formal -como la que queremos; pero, sobre todo, de fondo, como la que buscamos- no resiste esa diferencia.
Es un tema que lo hemos planteado muchísimas veces y de repente no nos damos cuenta de lo que ello significa. Porque la verdad es que el crecimiento, cuando es muy alto y distinto en su caminar frente a lo que pasa con la brecha que queremos cerrar, termina siendo curiosamente perverso. Y esa perversidad molesta, daña y enerva las democracias.
Lo segundo. No vamos a salir del subdesarrollo, como se ha dicho aquí, si no tenemos una participación real en el cambio que implica pasar de aquel al desarrollo real, si no contamos con un modelo educacional y de investigación adecuados, aspectos que están muy ligados.
Aquí se ha buscado un procedimiento que en sí mismo no es malo. Nadie podría discutir que dicho mecanismo es algo perverso para el desarrollo del país.
¿Dónde radica el problema? En que ello consolida, como lo han señalado aquí algunos señores Senadores, cohonesta, ratifica y hace prácticamente inmanejable el modelo de desarrollo que hoy existe, que no es el que a muchos nos gusta.
El modelo de desarrollo capitalista, con subsidios estatales o con cierta participación de sensibilidad social, como se ha dicho, no es el que yo desearía para Chile. Pero también es verdad que cualquier visión en esa línea debe ser realista.
En cuanto al hecho de creer que no se puede avanzar en esa línea -y es necesario hacerlo-, porque no logramos lo máximo, en verdad, se ha demostrado en nuestro país, en su momento, que ello resulta inadecuado. Y eso es lo que queremos realizar esta tarde con la iniciativa que nos ocupa.
Somos partidarios de una acción más directa del Estado, pero ello no es posible en nuestra economía. Pienso que de alguna manera debemos entender eso. Y, por lo tanto, apoyamos lo propuesto en la normativa en debate.
Ahora, quiero formular otras dos observaciones.
La primera tiene directa relación con el proyecto que crea el Fondo Nacional de Innovación para la Competitividad que las Comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Minería y Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, están estudiando. En ello, no hemos avanzado con celeridad, porque la verdad es que el tema no es fácil.
Sin embargo, creemos que podemos progresar en eso, y correlacionarlo razonablemente con lo que dispone el proyecto en debate. En política no es posible aseverar que haremos determinada cosa y que así va a suceder; pero, sí, si estamos en condiciones de controlar los males que puedan producirse por la incorrecta aplicación de esta iniciativa, espero que lo podamos realizar, como Gobierno y como parlamentarios.
Por último, cuando escucho al Senador señor Ávila -no quiero omitir lo que expresaré a continuación, no obstante que se trata de una discusión ajena, distinta de la que nos ocupa-, pienso que muchas de las cuestiones que señala son correctas, y lo son en la perspectiva de los objetivos que anhelo también para el país. Pero cuando son parcialmente verdades, distorsionan la noción general que debemos tener respecto a un tema. Es decir, un buen proyecto, si lo empezamos a discutir solo por partes, podría parecer malo, y en esa virtud rechazarse, con lo cual perderíamos una buena oportunidad.
En cuanto a cómo se produjo la aprobación de esta iniciativa en la Comisión de Educación, en mi calidad de Presidente de ella debo señalar que los Senadores que la votamos a favor -con esto termino- no lo hicimos sin reflexionar, ni tampoco sin pensar en el país. No nos declaramos díscolos, porque eso no corresponde a la forma como busca trabajar nuestra Comisión.
¿Por qué señalo esto? Porque de repente, también, a fuer de no recoger lo que el estado general del contexto nacional indica que se debe hacer, uno termina quedándose con una insatisfacción, una sensación de mucha frustración, que a la larga torna incómodo seguir trabajando en un modelo de Concertación que, más allá de los errores que tenga, más allá de lo que uno quisiera progresar en algunos aspectos, es algo que debemos mantener -estoy convencido-, y con racionalidad, para llevar a cabo los avances correspondientes.
Si miramos la historia de Chile de hace 40 ó 45 años, veremos que uno de los signos exhibidos por todos -cada uno en su momento- ha sido la incapacidad de ser racionales para unir la realidad nacional con nuestras utopías. Y esto se ha verificado en todos los sectores que han gobernado nuestro país desde por lo menos 1960 en adelante.
Debo expresar que el proyecto que nos ocupa -no es mi ánimo justificar la forma como se trató en la Comisión- lo vimos con mucha serenidad, cariño, fuerza, colocando toda nuestra inteligencia. Creo que nos va a ayudar. A lo mejor, en algún momento, tendremos que realizar el debate de fondo, pero eso requiere que seamos capaces de implementarlo.
En consecuencia, anuncio nuestro voto favorable, esperando que sea un aporte al asunto que se está discutiendo en las Comisiones a que hice referencia.
Señor Presidente , concurrimos a aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto porque nos parece de suma importancia que en el país pueda desarrollarse investigación, a fin de ponernos a la altura de los tiempos en cuanto a la organización de nuestros factores productivos.
Tenemos que pasar de productores de materia prima sin mayor grado de elaboración a productores que incorporen un gran nivel de tecnología, de conocimientos, de aporte hecho por trabajadores y profesionales chilenos. Creo que, en el mundo actual, el no estar a la altura en el desarrollo del conocimiento científico significa, definitivamente, perder el tren de la historia.
Los argumentos para apoyar una iniciativa de este tipo son bastante simples.
En primer lugar, experiencia mundial.
Hemos recibido información del Ejecutivo , y queda claro que los países avanzados o que han alcanzado en el último tiempo estándares altos de desarrollo -como los nórdicos- gastan mucho más que Chile en investigación y desarrollo. Se puso el ejemplo de Finlandia, que destina el 3,5 por ciento de su producto interno bruto a esas áreas del conocimiento; en cambio, nuestro país solo el 0,7 por ciento. Vale decir, esa nación invierte cinco veces más que la nuestra en investigación y desarrollo.
Y la constante en los países que destinan más parte de su presupuesto a investigación y desarrollo es que el porcentaje de aporte del sector privado es mucho más importante que el que hace el sector público. En el caso de Chile, lo poco que se invierte en investigación y desarrollo es financiado en un 70 por ciento por el Estado, y solo en un 30 por ciento por el sector privado. En Finlandia, los guarismos son exactamente al revés: el 70 por ciento de la investigación la efectúa el sector privado. En todas estas naciones por lo menos se comenzó dando franquicias tributarias para investigación y desarrollo.
En segundo término, la franquicia que se otorga ahora constituye un instrumento bastante frecuente en política tributaria. Esto no es ninguna novedad. Aquí no se precisa de ningún instituto de genios para diseñar este sistema. Tampoco es producto de un complot de las fuerzas oscuras del mal. ¡No! Es algo absolutamente normal en todas partes del mundo: una franquicia tributaria.
Acá se trata de un contrato entre una empresa y una universidad o instituto en que hay prestaciones recíprocas, un producto que la universidad o instituto debe entregar, que es el derivado de la investigación, donde existen costos asociados. Por lo tanto, no es tan fácil llegar y decir: "Aquí vamos a triangular".
El control sobre estas operaciones es absolutamente normal de cualquier servicio de impuestos internos. Es el mismo que se hace con respecto a los gastos que efectúa una empresa o cuando se revisa tributariamente a cualquiera de estas.
En tercer lugar, siendo la franquicia tributaria un instrumento bastante común, cabe precisar que en materia de inversión y desarrollo los gastos que realice una empresa normalmente debieran ser los necesarios para producir la renta. Porque no hay ninguna empresa que se dedique a contratar y a gastar de su plata en investigaciones que no lo haga con el propósito de, en determinado momento, transformar estas en parte de su actividad lucrativa. De modo que lo normal es que ello sea un gasto necesario para producir la renta.
Lo que se agrega acá es que parte de ese gasto (35 por ciento, con cierto tope) puede ir como crédito al impuesto.
Por lo tanto, es algo que no debiera sorprendernos. Se trata de un instrumento común, pero que ha probado ser muy efectivo.
Obviamente, esta iniciativa quedará sujeta a todo tipo de perfeccionamiento o modificaciones durante la discusión particular.
Sin embargo, aquí se ha planteado una duda o inquietud con respecto a los centros de investigación. Por cierto, habrá que analizar con bastante detalle cuáles son los que califican o no como tales. Pero, al mismo tiempo, se señaló, por ejemplo, que el INIA era el que desarrollaba las investigaciones agrícolas con mayor calidad científica en Chile.
Entonces, si no se permite que haya centros de investigación, será imposible contratar con el INIA, porque este instituto no es universidad. Pero sí puede calificar como centro de investigación.
Por lo tanto, con relación a ese tema, que se ha planteado en la discusión general, ciertamente no se trata de que proliferen centros de investigación "callampas". Tampoco creo que alguien vaya a gastar su plata en un centro de investigación "callampa", porque acuérdense Sus Señorías que la empresa gasta el 100 por ciento de lo que cuesta la investigación y tiene derecho a un crédito equivalente al 35 por ciento del total de los pagos. Entonces, no por obtener un crédito por este porcentaje aquella va a botar a la calle el total de su inversión.
A mi juicio, lo relacionado con los centros de investigación debería ser considerado, obviamente tomando todos los resguardos del caso.
Hago presente a la Sala que hay siete Senadores inscritos.
En consecuencia, luego de que intervenga el próximo orador se pondrá término al Orden del Día.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a la intervención del Senador Jaime Gazmuri, quien señaló que las empresas usan distintos productos destinados al consumo doméstico para pasarlos como gastos propios y aprovechar el impuesto al valor agregado que por ellos se genera.
Debo recordar a Su Señoría que hace un par de años todos concurrimos a aprobar un proyecto, que hoy es ley, referido a la evasión y a la elusión tributarias, y que todas las prácticas que indicó se encuentran debidamente sancionadas. En efecto, frente a una revisión del Servicio de Impuestos Internos -organismo que hoy día cuenta con una unidad especial de fiscalización para las grandes empresas-, al descubrirse que se está haciendo uso de un gasto que no corresponde para producir la renta, él es rechazado y, además, se cobra a la empresa pertinente una sobretasa de 35 por ciento. Y todos concurrimos al acuerdo respectivo precisamente porque queremos que no exista ningún incentivo para que alguna empresa incurra en prácticas de evasión o de elusión tributarias -aun cuando reconozco que este último término es bastante controvertido-, que nadie use subterfugios como el señalado porque, en definitiva, constituyen formas de competencia desleal.
En mi opinión, la ley ha funcionado bien. En un minuto se propuso recaudar mediante ella mayores ingresos para el Fisco por 800 millones de pesos, y se ha sobrepasado con creces esa cantidad. Es cosa de observar cómo han aumentado en estos últimos años los ingresos tributarios, más allá del crecimiento de la economía, para darnos cuenta de que estamos frente a una fiscalización verdaderamente eficaz por parte del Servicio de Impuestos Internos.
De igual manera, deseo referirme a la intervención del Senador Ávila, quien nos plantea una cosa, desde mi punto de vista, bastante insólita.
Su Señoría dice que hay que evitar el crecimiento económico mientras no alcancemos mayores niveles de equidad.
Le recuerdo al señor Senador que hace solo un par de días la propia Presidenta de la República , en una entrevista que dio en Japón a Televisión Nacional de Chile, expresó que sin crecimiento económico no hay nada que repartir.
¡Pero aquí con crecimiento no se reparte...!
Manifestó que sin crecimiento económico las políticas sociales no tienen financiamiento.
Por lo tanto, Senador Ávila , debemos tener por delante, como norte, el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, ninguno de los proyectos solidarios que deseemos llevar a cabo -por ejemplo, la reforma previsional, que empezamos a discutir ayer en el Senado- podrá ser materializado porque va a faltar financiamiento.
Tenemos el deber de cuidar a los trabajadores, pero también a los empresarios y, sobre todo, a las empresas. Sin trabajadores, sin empresas, finalmente el Fisco también pierde, pues no hay tributación, la cual es necesaria para el financiamiento de los buenos proyectos sociales, sobre todo aquellos que apuntan a superar las condiciones de pobreza en que se debaten miles de compatriotas.
Ahora, este proyecto de ley es bastante claro respecto de cómo va a funcionar el sistema. Ya lo dijo el Senador Novoa: "el crédito equivale solo a 35 por ciento de los pagos hechos conforme a contratos de investigación y desarrollo debidamente certificados por la Corporación de Fomento de la Producción. O sea, no cualquiera va a usar una franquicia tributaria sin que esté debidamente visada por una entidad fiscal como la CORFO, la cual, además, va a vigilar que los convenios se encuentren celebrados con universidades o centros de investigación acreditados por ella".
Señor Presidente , en algún momento el Senador Ávila dijo también que los empresarios van a crear sus propios centros de investigación para traspasar los recursos y seguir aumentando la concentración económica. Sin embargo, el proyecto señala que para acceder al beneficio no se permitirá que los contribuyentes estén relacionados en términos de propiedad o administración con los centros de investigación con los que contraten. Y, por lo demás, lo acaba de aclarar el Ministro de Economía , quien señaló que se hará uso de todas las herramientas legales para evitar que existan relaciones y distorsiones que muchas veces están presentes porque no se legisla adecuadamente sobre los conflictos de interés, cosa que en esta iniciativa no sucede.
Ahora bien, aquí se ha señalado con claridad que nuestro país tiene que elevar el porcentaje que destinamos a investigación y desarrollo. Se dijo que debemos llegar a 2,5 por ciento del producto interno bruto en 2025 -es decir, solo en 18 años más- y que estamos invirtiendo en ambos rubros apenas a 0,7 por ciento del PIB. Nos falta, por lo tanto, 1,8 -eso es bastante dinero- para llegar a 2,5, meta establecida para el año 2025. Y, en mi concepto, la forma correcta de lograrlo es estimulando la inversión mediante la franquicia tributaria que se nos propone.
Por las razones, expuestas, anuncio el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional.
Señor Presidente, ¿no se va a votar este proyecto?
No, Su Señoría, porque hay muchos inscritos: siete en total.
Entonces, ¿queda pendiente el debate?
--Queda pendiente el debate general de la iniciativa, la cual se halla en segunda discusión.
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, pidiéndole información sobre COMISIÓN DE DELITOS A PEDRADAS CONTRA VEHÍCULOS EN REGIÓN METROPOLITANA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , planteándole URGENTE INICIO DE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOLÉN (Mitrauquén Alto, Novena Región).
Al señor Ministro de Defensa Nacional , requiriéndole antecedentes acerca de SITUACIÓN DE DOÑA MARGARITA VILLANUEVA (Puerto Montt, Décima Región).
A la señora Ministra de Educación , en cuanto a POSIBILIDAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE PAGO DE SUBVENCIÓN EN CASO DE ALUMNOS CON LICENCIAS MÉDICAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole antecedentes que permitan dar RESPUESTA A SEÑOR PEDRO LICANQUEO ALAN ANTE PROBLEMA POR CARENCIA DE CAMINO.
A la señora Ministra de Salud , exponiéndole la delicada SITUACIÓN DE SALUD DE DOÑA MARITZA ZÚÑIGA LISBOA, DE MACHALÍ.
A la señora Subsecretaria de Marina , pidiéndole pronunciarse a la brevedad acerca de SOLICITUDES DE CONCESIONES DE ACUICULTURA PARA SALMÓNIDOS EN ESTUARIO DE RÍO IMPERIAL.
Al señor Presidente de Televisión Nacional de Chile , recabándole información acerca de contrato de arrendamiento para INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA DE CANAL ESTATAL EN CERRO DOROTEA.
A Su Excelencia la Presidenta de la República , agradeciéndole invitación para integrar delegación en VISITA OFICIAL A JAPÓN CON MOTIVO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA.
A los señores Ministro del Interior y de Economía y Director del SAG, solicitándoles adoptar las medidas pertinentes para evitar EVENTUAL CIERRE DE PLANTA COMERCIAL MAÑIHUALES, EN AISÉN.
Al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Bienes Nacionales , requiriéndoles regularizar o expropiar franja de terreno para permitir realización de OBRAS DE MEJORAMIENTO EN SENO GALA, MELIMOYU Y MARCHANT, EN AISÉN.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , pidiendo OTORGAMIENTO EXPEDITO DE DERECHOS DE AGUA PARA PEQUEÑAS GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , a la señora Intendenta de Aisén y al señor Alcalde de Chile Chico , para exponer ARGUMENTOS SOBRE REEMPLAZO DE BARCAZA EN LAGO GENERAL CARRERA.
A la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el objeto de manifestar APOYO DE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL SENADO A POSTULACIÓN DE HUMEDAL DE RÍO LLUTA COMO SANTUARIO DE NATURALEZA y pedirle que informe FECHA DE CÚMPLASE DE RESOLUCIÓN SOBRE NULIDAD DE AUTORIZACIÓN PROVISORIA DE OBRAS DE PLANTA DE GAS EN PEÑALOLÉN.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales , a fin de obtener RELACIÓN DE RECHAZO DE SOLICITUDES PARA APLICACIÓN DE LEY Nº 19.776 Y EVALUACIÓN CASO A CASO.
A los señores Ministro de Relaciones Exteriores y Embajador de Chile en Japón, con el objeto de expresarles AGRADECIMIENTOS POR TRABAJO REALIZADO EN VISITA OFICIAL A JAPÓN y requerirles ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPECTO DE MATERIAS VINCULADAS A ACUERDO ECONÓMICO Y DECLARACIÓN CONJUNTA DE COOPERACIÓN ENTRE CHILE Y JAPÓN.
Al señor Subsecretario de Pesca , solicitándole PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN A PESCADORES ARTESANALES PARA EXTRACCIÓN DE LOCOS Y ERIZOS EN PUERTO GALA.
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO , relativo a DEMORA EN ENTREGA DE RESULTADOS RESPECTO DE CONCURSO PARA CARGOS DE AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (ambos de la Undécima Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole CONTRATACIÓN MAYORITARIA DE MANO DE OBRA LINARENSE EN CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE ANCOA (Séptima Región) y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA REGANTES QUE APORTAN A CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE ANCOA.
A la señora Ministra de Salud , solicitándole RECURSOS PARA DOTAR DE SILLÓN DENTAL A POSTA RURAL DE TALHUENES, COMUNA DE RETIRO.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo , en lo concerniente a REVISIÓN DE SUBSIDIO DE AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS PARA BENEFICIARIOS DE SECTORES RURALES.
Del señor LONGUEIRA:
A los señores Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía.
A la señora Directora Ejecutiva del Programa País de Eficiencia Energética , demandándoles ANTECEDENTES COMPLETOS ACERCA DE APLICACIÓN DE PROGRAMA "USA BIEN LA ENERGÍA, SIGUE LA CORRIENTE".
En Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano, Mixto (Partido Por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata e Independiente), Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional e Independiente no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
Me referiré a varias materias, señor Presidente.
Señor Presidente , solicito que se oficie a los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones; a la Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile, y a la Oficina de Seguridad Pública a propósito de la concesión para taxis y transporte público en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Quiero que se me informe detalladamente en cuanto a las características de los contratos de concesiones para las tres empresas que desarrollan allí tal actividad, toda vez que cada día es más público y notorio que no son las únicas que prestan dicho servicio y que cuentan de manera permanente con asistencia de vehículos de alquiler diferentes de los concesionados, con inminentes riesgos para la seguridad de los usuarios del transporte aéreo tanto nacional como internacional.
Claramente, corresponde al aeropuerto no solo resguardar que el servicio de transporte que allí se ofrece sea oficial y responsable en cuanto al cobro de un precio justo y adecuado, sobre la base de tarifas reglamentadas, sino también garantizar que quienes lo otorgan -los conductores de taxis o de otros vehículos- ajusten sus condiciones a las exigidas en los contratos de concesión.
Cada día más, la actuación de taxis "piratas" o la existencia de otro tipo de ofertas de transporte ponen en riesgo la seguridad especialmente de los turistas extranjeros. La prensa suma ya innumerables denuncias acerca de cobros excesivos y, sobre todo, de los riesgos que conlleva para una persona que por primera vez llega a Chile su transporte por dichos medios, pues, en lugar de ser conducida a su destino final, puede resultar víctima de un asalto o de algún tipo de presión.
El denominado "secuestro express" no ha prendido en Chile. Creo indispensable cerrarle la puerta y ponerle las mayores barreras de entrada posibles. Son múltiples los casos de compatriotas víctimas de él cuando llegan a diversos países del mundo y toman un taxi en el respectivo aeropuerto.
Lo expuesto no constituye alarmismo. Es algo que sucede a diario. Además, se confronta con la situación de las propias empresas transportistas, que pagan un alto canon por brindar servicio dentro y fuera del aeropuerto Arturo Merino Benítez.
La idea no es, por supuesto, limitar la libertad de trabajo a quienes van a dejar pasajeros a ese terminal aéreo, sino reglamentar y controlar la actividad a fin de dar seguridad a las personas que ingresan al territorio nacional a través de él.
Por eso, señor Presidente , pido oficiar a las instituciones mencionadas y, además, a la sociedad concesionaria solicitándoles informar sobre las medidas de seguridad con que se cuenta e innovar respecto de ellas, con el propósito de evitar la ocurrencia de cualquiera de los eventos referidos.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
En segundo término, solicito oficiar al Ministerio de Planificación requiriéndole información con el máximo detalle sobre la encuesta CASEN aplicada particularmente en las zonas indígenas de las Regiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Octava, Novena y Décima, por cuanto se hace necesario desagregar los resultados, tanto de esa medición como de la Ficha pertinente, en torno a una población a la que no hemos buscado privilegiar sino proteger.
Los resultados son extraordinariamente preocupantes: 988 mil personas ganan entre 101 mil y 104 mil pesos mensuales -menos de un sueldo mínimo-; 54 por ciento de la fuerza laboral activa percibe un promedio de 216 mil pesos. Y lo que resulta en extremo frustrante es que, a pesar de los esfuerzos por lograr igualdad de género, claramente las mujeres profesionales solo obtienen 61,4 por ciento de la remuneración que perciben sus homólogos hombres, con similares estudios, por desempeñar igual cargo.
Son cifras reveladoras de que existen sectores de la población que, en materia de ingresos, están siendo discriminados.
Al respecto, me gustaría contar con datos actualizados y detallados.
Señor Presidente , deseo que oficie a la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío en relación con el problema que paso a exponer.
Desafortunadamente, en las últimas horas hemos tenido conocimiento de una importante cantidad de despidos en Comercializadora de Productos S.A., FANALOZA, empresa tradicional de la comuna de Penco que proporcionó miles de empleos y hoy día se encuentra en proceso de reestructuración.
Sin embargo, independiente de la legitimidad del derecho que asiste a todas las empresas privadas para ajustar su personal en virtud de las cláusulas establecidas en la legislación del trabajo, es del todo evidente que existe gran inquietud entre los trabajadores de FANALOZA por la circunstancia de que en esta el ajuste se está llevando a cabo sobre la base de lo que ellos denominan "prácticas antisindicales".
Los despidos se han centrado en uno de los tres sindicatos existentes en la empresa, donde se presentó una situación que ya fue denunciada a la Dirección del Trabajo regional. Espero de esta un informe detallado en cuanto a las denuncias sobre prácticas antisindicales en el año 2006 y en lo que va corrido de 2007 en las cuatro provincias de la Región: Concepción, Arauco , Biobío y Ñuble.
De esa manera sabremos si efectivamente la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales se encuentran acogiendo las reclamaciones por tales prácticas -lamentablemente, cada vez más extendidas- en orden a que, cuando es preciso efectuar ajustes, ellos se hacen en contra del sindicato que ha levantado una mayor defensa de los derechos de los trabajadores, con la insinuación explícita de que si se cambian de sindicato el ajuste definitivo no va a ocurrir.
En mi opinión, la denuncia formulada por los trabajadores en la Dirección del Trabajo es grave, toda vez que las prácticas antisindicales han sido demostradas y hay testimonio de ellas.
En ese aspecto, debemos profundizar la legislación. No sé si la reforma laboral presentada por el Senador Allamand o por el Senador Longueira -a esta altura no sabemos con certeza quién es su autor- contempla elementos que permitan hacer frente a problemas reales y concretos como los reseñados.
Teniendo a la vista el caso concreto a que me estoy refiriendo, espero un informe general, señor Presidente. La Dirección del Trabajo podrá llevar a cabo la fiscalización frente a las denuncias tanto de empleadores como de trabajadores.
En la situación en comento, la denuncia ante el juzgado laboral expresa:
"A su vez, en cuanto a funcionamiento sindical, existen en la empresa actualmente CUATRO (4) sindicatos: Coprosa Nº 1, trabajadores del área técnica; Coprosa Nº 2, del área de mantención; Coprosa Nº 3, del área de producción y nuestro Sindicato Sanisur, también del área de producción. De estos sindicatos dos de ellos agrupan a los trabajadores que en calidad de operarios participan directamente en la manufactura de los productos que exporta y vende la empresa" en el mercado nacional: el Sanisur-Coprosa y el Coprosa Nº 3, formado con posterioridad por ex dirigentes que habían resultado derrotados en la última elección anterior a su constitución.
Uno podrá decir: este debe de ser un problema interno de la sindicalización y, por ende, de la autonomía propia de los trabajadores. Y desde entonces, como ha ocurrido y por desgracia ocurre en las grandes cadenas de tiendas y supermercados por parte de algunos empleadores (no de todos, por cierto), ha habido una intervención abierta, brutal de la empresa. Ello ha llevado a que los trabajadores lleguen a sentir temor en vez de protección al incorporarse a un ente gremial.
¡Esa práctica no puede ser permitida!
La Cámara de Diputados ha realizado innumerables investigaciones y formado Comisiones con el objeto de poder visualizar, comprender y, en definitiva, detener ese tipo de práctica antisindical.
Lo que me interesa, señor Presidente , es contar con un informe global, al menos respecto de la Región del Biobío, sobre cuántas denuncias se han efectuado en los tribunales del trabajo acerca de prácticas antisindicales, y saber si la Dirección del Trabajo y el Ministerio del ramo poseen antecedentes que permitan determinar si los tribunales respectivos se hallan funcionando con eficiencia.
Hemos sostenido que se requiere personal y financiamiento para que la justicia laboral actúe. Y, por supuesto, nos interesa tener una evaluación al respecto antes del debate del proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, con la finalidad de mejorar el personal de dicha Secretaría de Estado.
Señor Presidente , hemos recibido respuesta de la Contraloría General de la República, División de la Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes, Subdivisión Jurídica, con referencia a un tema trascendental: los contratos del Estado con empresas que mantienen litigios pendientes con un Ministerio.
Es el caso del celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y BESALCO, sociedad que genera litigios importantísimos, por ¡117 millones de dólares!, en los cuales esa Secretaría de Estado designa un juez árbitro que vota en contra de su mandante. Dicho contrato parte con un costo de 66 millones de dólares -los cuales fueron cancelados-y termina con la suscripción de otro que adiciona 117 millones.
En cualquier licitación pública, el sobrepasar en 20 por ciento el costo inicial determina la caducidad del contrato.
Estamos frente a una ley de concesiones muy especial, que posibilita que un proyecto finalmente cueste 140 por ciento más que el monto original. Y, al parecer, todo indica que el Ministerio está obligado a pagar.
La Contraloría General de la República señala que el legislador, en materia de exenciones o restricciones, ha reglamentado un conjunto de inhabilidades para contratar con la Administración, "sin incluir entre ellas la existencia de litigios pendientes con la entidad contratante, impedimento que solo podría establecerse por vía legislativa". O sea, la Contraloría somete el asunto al Congreso Nacional.
No me parece procedente que el Fisco, y particularmente el Ministerio de Obras Públicas, haya entregado más de 30 mil millones de pesos a BESALCO, en circunstancias de que con esa empresa mantiene, no solo un litigio, sino, además, un listado innumerable de ellos en todo el país, lo cual afecta el patrimonio de esa Secretaría de Estado y el nacional.
Por tanto, pido que se oficie a cada uno de los ministerios para que nos señalen, a fin de reunir los antecedentes necesarios -dado el informe de la Contraloría, que plantea la vía legislativa, lo cual comparto-, cuántos juicios pendientes mantienen con empresas que hayan ganado licitaciones o hayan sido objeto de una asignación directa.
Ello permitirá tener una idea acerca de si se trata de una excepción o no -creo que no lo es y que la norma general es el litigio-, para presentar un proyecto de ley respecto de la situación, que estimo de verdad inaceptable.
Por otra parte, solicito que se oficie a la Empresa Nacional del Petróleo y a la CONAMA de la Región del Biobío para que nos proporcionen antecedentes sobre el avance de la limpieza en la bahía de San Vicente, a raíz del vertimiento de más de 400 metros cúbicos de petróleo. Los trabajos habrían sufrido retraso por la acreditación necesaria de lo realizado en playas y rocas.
Deseo saber cuánto tiempo durarán las labores, su costo y, particularmente, las características de los productos que se están utilizando.
De esa forma, los pescadores y la población, que han experimentado mucha preocupación y que incluso han presentado demandas civiles, podrán conocer, independientemente del resultado de tales acciones, si los trabajos se están materializando, en qué tiempo, a qué costo y, en especial, sobre qué superficie.
El propósito perseguido es que se puedan saber todos los detalles que permitan tranquilizar a una población de pescadores artesanales que se vio afectada por uno de los mayores desastres de derrame de hidrocarburos en la Región del Biobío y las costas chilenas.
Asimismo, quisiera que la Dirección del Trabajo nos informase acerca de la fiscalización del cumplimiento de la rebaja de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, aprobada por el Congreso Nacional.
No contamos con un mecanismo -y esto es un déficit de la institucionalidad propia- que haga posible un seguimiento de las leyes.
Aprobamos el cuerpo legal respectivo y lo difundimos, pero innumerables trabajadores, de todo tipo de empresas, nos señalan que la reducción de tres horas no se está cumpliendo por diversos motivos: colación, horas extras, etcétera. Por tanto, en la práctica se encuentran trabajando 48 horas semanales, e inclusive, en algunas situaciones se ha procedido a una rebaja de remuneraciones.
Hemos presentado diversos casos a la evaluación de la autoridad competente. En particular, nos interesa saber la situación de Bellavista Tomé, ubicada en la ciudad de Tomé, Región del Biobío, y también la de Lozapenco, y, en general, la de todas las industrias.
Pienso que las leyes que aprobamos son para cumplirlas.
No sé si las carencias de personal, de locomoción, de infraestructura que presentan la Dirección Regional o la Dirección Nacional del Trabajo han determinado que el asunto se transforme en un problema.
Un informe detallado, Región por Región, permitirá al Congreso Nacional saber exactamente si el mecanismo definido por la ley para lograr la reducción de la jornada laboral se está aplicando o si existen dificultades para su implementación.
Porque no tengo ninguna duda en la materia. Discutimos fehaciente y detalladamente cuál era el objetivo que se perseguía. Y no se incorporaban las horas de colación. Se trataba de una reducción del horario laboral, y se dejaba la libertad de pactar con los trabajadores su mantención, pero en condiciones contractuales diferentes.
En seguida, pido que se oficie al Servicio de Salud de Concepción, particularmente a la autoridad sanitaria, respecto de la denuncia formulada por innumerables vecinos del valle Longuén que habitan en las riberas del río Andalién, relacionada con el depósito de basura en el sector, así como de desechos provenientes de las lagunas de Concepción.
El hecho resulta extremadamente grave por haberlo realizado la Ilustre Municipalidad de Concepción.
El Gobierno ya ha invertido más de mil millones de pesos, y terminará gastando 48 mil millones, en una primera aproximación, en todo el sistema hidráulico de la cuenca del Andalién, lo que hace absolutamente inaceptable que se dejen desechos en las zonas donde precisamente se está despejando el río.
Y la acción es aún más reprobable cuando es realizada por un municipio.
Nosotros hemos presentado todos los antecedentes, en conjunto con los vecinos, al juzgado de policía local y a la Contraloría Regional, pero quisiéramos que la autoridad nos especificase cuál fue el monto de la multa aplicada. Y, como la Municipalidad apeló, en ningún caso esperamos que el monto se rebaje.
Si en una población existe un microbasural imputable a un vecino, este sufre el rigor de la sanción. El comportamiento de una Municipalidad, cualquiera que sea -en este caso, la de Concepción-, debe ser ejemplar en el manejo de residuos o de basura, y es inaceptable que estos sean depositados en zonas donde precisamente se realizan los trabajos a que he hecho referencia.
También, solicito que se oficie al Ministerio de Educación, en particular a los departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Región del Biobío, para que se remitan antecedentes sobre el pago de beneficios a los titulares codocentes en cada uno de los establecimientos municipalizados.
Se llegó a un acuerdo con la Presidenta de la República, y se estableció un bono y un conjunto de otros beneficios, previo cumplimiento de ciertos requisitos.
Por tal motivo, quiero saber si el Ministerio de Educación ha efectuado un seguimiento de la aplicación de ello a los codocentes, en qué casos se está pagando y, particularmente, si los municipios de la Región del Biobío han cumplido con la cancelación de los bonos determinados en la ley que aprobamos.
Con anterioridad se han suscitado graves problemas al respecto, pues los bonos, o no se han pagado, o eso se ha realizado en forma tardía y parcial. Y si bien los municipios tienen una obligación en ese sentido, algunos han alegado que no poseen los recursos necesarios. Cuando discutimos la cuestión, se dejó establecido que, en ese caso, podrían solicitar los fondos, pero de ninguna manera denegar la cancelación. Por tal razón, sería importante conocer también, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, cómo se está aplicando la normativa a nivel nacional.
La idea es que los codocentes -o "auxiliares de la educación", como hemos decidido denominarlos- estén tranquilos en cuanto a que los beneficios se cancelarán en los plazos acordados con nuestro Gobierno.
Finalmente, señor Presidente, solicito que el Sistema de Empresas Públicas informe acerca de la decisión respecto de los puertos estatales, a nivel nacional.
Escuché, con preocupación, al gerente general del puerto de San Antonio, quien dijo que el proceso culminará en cuatro años.
En el caso de San Vicente, existe una larga lista de condiciones que hacen absolutamente imprescindible que quede en manos del Estado.
Si se trata de ser coherente con la política hacia la pequeña y la mediana empresa y si ese último puerto mueve un total de toneladas que no supera los 2,8 millones al año, pero brinda una especial atención a esas entidades, claramente la privatización significará un retroceso en el servicio y las posibilidades de exportación de ese sector, tanto de la Región del Biobío como del resto del país.
Ante el hecho de que un gerente general señale que el proceso es irreversible cabe preguntarse qué está pensando el dueño -es decir, el Estado, y la Presidenta de la República lo dirige-, aunque desde ya anunciamos nuestra más férrea oposición a la intentona de privatizar estos puertos, que brindan un servicio esencial a la pequeña y mediana empresa.
Pido que se envíen los oficios solicitados, particularmente al Sistema de Empresas Públicas y a cada una de las gerencias generales de los puertos.
El Artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, permite poner término a la relación laboral y separar de la dotación docente al profesional de la educación, que: “Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley 18.883, en lo que fuere procedente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.”.
Esto se ha interpretado restrictivamente, por lo que no concede otros derechos que la indemnización en sede laboral, en caso que el despido sea calificado de ilegal, injustificado arbitrario o improcedente. En consecuencia, el profesional de la educación no tiene ninguno de los derechos que establece el artículo 119 de la ley 18.883. Es decir, si ha sido destituido porque se le imputan hechos constitutivos de delito, no puede en caso alguno solicitar la reapertura del sumario o la reincorporación, ni la indemnización especial que allí se contempla, ni aun dándose las circunstancias de ser absuelto o sobreseído, contempladas en dicho artículo.
Esta deficiencia permite el abuso por parte de los alcaldes, que utilizan el sumario como una forma de “agilizar la planilla” para efectos de destituir por falta de probidad. Ergo, el docente sólo puede demandar en sede laboral y obtener indemnización, pero no tiene derecho al reintegro.
Nuestro interés es otorgarles mayor estabilidad, para que dichos profesionales no queden expuestos a la discrecionalidad extrema de los alcaldes.
Proponemos modificar la redacción del texto del artículo: 72 letra b) del Estatuto Docente, para efectos de hacer extensivos los derechos referidos, al profesorado que actualmente está siendo excluido de aquéllos.
Es importante asegurar el respeto de los principios del debido proceso legal en el sumario. En la práctica, aquél se tramita habitualmente con poca formalidad y ante la más mínima infracción, se propone la destitución, y con posterioridad se litiga en sede laboral exclusivamente, sin que existan responsables por el abuso cometido en el sumario y perjudicándose notoriamente los docentes afectados.
Por las razones expuestas, vengo en presentar el siguiente
Artículo único: Reemplácese la letra b del artículo 72 de la Ley 19.070, Estatuto Docente, por la siguiente letra b nueva:
“Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en el título V la ley 18.883, en lo que fuere procedente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.
El profesional docente que ha sido destituido porque se le imputan alguna de las conductas descritas en el inciso anterior, podrá ejercitar todos los derechos contemplados en el artículo 119 de la ley 18.883.
Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio indebido de la potestad disciplinaria en el sumario, originará responsabilidad civil y penal.”
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Ricardo Núñez Muñoz, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide, Senador.
Hasta el día de hoy, el tema de las tarjetas de crédito, no ha sido abordado en forma sistemática, por lo que impera en cuanto a éstas refiere, la autonomía privada y los principios generales del Derecho Civil y Comercial, lo que parece inapropiado, por la cantidad de abusos que se han generado, y sobretodo por el grado de incerteza jurídica que existe en la relación entre la institución emisora y el tenedor de la tarjeta o cliente.
Hace algunos meses, el Servicio Nacional del Consumidor, realizó un estudio para identificar el costo que deben pagar los consumidores por uso de tarjetas de crédito de casas comerciales. Para el financiamiento de una compra a crédito, los consumidores deben costear el dinero solicitado, los intereses, y los costos por la tenencia y uso de la tarjeta en cuestión.
El estudio, respecto a los intereses, reflejó que por un monto de cien mil pesos, el mercado ofrecía en su alternativa más económica, una tasa de interés de 2,65% mensual, por lo que el consumidor pagaría $18.050. Por su parte, el máximo en virtud de la Tasa de Interés Máxima Convencional (3,81% al 05 de diciembre de 2006), con cuya tasa pagaría $26.457 por concepto de intereses, lo que representa una diferencia de $8.407 o 46,6%.
Respecto al costo que un consumidor debe asumir por tener y usar una tarjeta para realizar esta compra, los actuales contratos de las casas comerciales, señalan que pueden llegar a cobrar por administración y/o mantención desde $7.080 hasta $643.007 en un año, dependiendo de factores como monto de las compras, tipo de transacciones realizadas, plazos de pago, entre otros, lo que significa una diferencia cercana al 9.000%.
Es importante recordar que estos cobros deben ser informados y aceptados por el consumidor a través de la firma del contrato, o con la aceptación de su posterior modificación, sin embargo, esto se efectúa en forma bastante ambigua, generando inestabilidad a sus usuarios.
Entre los valores por comisión fue posible apreciar importantes diferencias entre las empresas. Es así como si un consumidor decide financiar con este medio de pago un monto de $100.000 a 12 meses, pagarían sólo el uso de la tarjeta:
- $7.080, si compra con una sola tarjeta y escoge una con las comisiones más baratas.
- $73.689 si compra, los mismos $100 mil, con tres tarjetas distintas y opta por las de comisiones más caras.
Estos montos representan una diferencia de $66.609 o un 941% por el cobro de comisiones.
La regulación de las tarjetas de crédito se consagra particularmente en la Recopilación de Normas Financieras de la Superintendencia. También debemos mencionar otras normas aplicables, tal como la Ley Nº 18.010, sobre operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, en cuanto establece límite a los intereses; y la Ley Nº 19.496, norma sobre la protección de los derechos de los consumidores, en cuanto regula la transparencia de la información que se debe entregar al público. Pese a la normativa antes citada las instituciones emisoras disponen en general de amplias libertades para fijar el monto de las comisiones que cobran por sus productos y servicios, con el consiguiente perjuicio y desmedro del tenedor de la tarjeta de crédito
Según el Banco Central, se entiende por tarjeta de crédito cualquiera tarjeta u otro documento, destinado a ser utilizado por su titular o usuario en la adquisición de bienes o en el pago de servicios, vendidos o prestados por establecimientos afiliados al correspondiente sistema; sin perjuicio de las prestaciones adicionales que se podrán otorgar al titular de la tarjeta. La doctrina las define señalando que se trata de un contrato mediante el cual una entidad crediticia (banco o institución financiera), persona jurídica, concede un crédito rotatorio de cuantía y plazos determinados, prorrogables indefinidamente a una persona natural con el fin de que ésta lo utilice en los establecimientos afiliados. Estas definiciones comprenden las dos funciones básicas de las tarjetas de crédito que son el otorgamiento de crédito y la satisfacción de órdenes de pago.
Según la publicación efectuada por el abogado y profesor de Derecho Comercial don Arturo Prado Puga, en la Revista Gaceta Jurídica, la clasificación más importante efectuada en la materia es la que distingue entre bancaria o acreditativa que emite un Banco o Sociedad Financiera y la no bancaria o tarjetas-pago, que sólo pueden utilizarse en ciertos establecimientos o casas comerciales que las otorgan, o comercios asociados. Anteriormente, no cabían dentro de la regulación del Banco Central las tarjetas de crédito no bancarias, pero dado su crecimiento, realizó modificaciones a la normativa relativa a la emisión y operación de tarjetas de crédito, modificando la normativa contenida en el compendio de normas financieras, haciendo aplicable estas disposiciones tanto a aquellas empresas bancarias como no bancarias que emitan u operen tarjetas de crédito.
Respecto a los sujetos que intervienen en la relación jurídica, cabe mencionar el ente o emisor de la tarjeta y que la pone en circulación; el tenedor, cliente titular o usuario de la tarjeta que puede ser una persona natural o jurídica y, eventualmente, el operador, que es la empresa que se dedica a administrar el sistema, funciones que en algunas ocasiones asume el propio Banco emisor.
Entre estas distintas partes, se celebra una pluralidad de relaciones jurídicas complejas e independientes:
I Entre el emisor y el tenedor de la tarjeta o cliente.
i) Contrato de apertura irrevocable de crédito: Se trata de un contrato cuyo objeto es la disponibilidad de crédito como bien económico. Don Raúl Varela Varela, siguiendo al belga Dieryck, lo define como, “una convención por la cual el acreditante se obliga a tener uno o más elementos de crédito a disposición del acreditado, que hará uso de ellos si los necesita y que se obliga desde luego a restituirlos en las condiciones determinadas o en las fijadas por el uso”. Es posible además que el tenedor de la tarjeta solicite avances en dinero efectivo. Este contrato se denomina en el Acuerdo “Contrato de afiliación al Sistema y uso de la tarjeta”, contrato de ejecución o tracto sucesivo y bilateral que sirve, además, para acreditar la entrega de la tarjeta.
ii) Mandato mercantil irrevocable: Celebrado entre el Operador que administra la tarjeta y el titular –cliente o usuario de la misma–. Este mandato comercial tiene por objeto resguardar la debida documentación, cobertura y provisión de la apertura de crédito concedida en favor del titular y se confiere con el propósito de reconocer el monto adeudado y suscribir, a nombre, cuenta e interés del tenedor de la tarjeta, un pagaré o letra con mérito ejecutivo.
Para resguardar los reembolsos a la entidad que emite la tarjeta, se le atribuye a este mandato un carácter irrevocable. Nuestro Código Civil, en los arts. 12 y 1545 en relación con el art. 2165, como una excepción a la doctrina general de la disolución de los contratos, expresamente faculta a las partes a pactar la irrevocabilidad. Tratándose de una comisión para ejecutar un encargo comercial es lógico que el comitente no pueda revocarla por su sola voluntad ad libitum ya que la irrevocabilidad en tal caso es el medio o instrumento para cumplir eficazmente un negocio plurilateral debiendo operar sólo hacia el futuro. Correlativamente el comisionista tampoco puede delegar o renunciar a su encargo sin estar expresamente autorizado.
II) Entre el establecimiento afiliado o proveedor de bienes y servicios adheridos al sistema y el emisor o el operador que administra por cuenta de éste la tarjeta, se celebra un contrato de afiliación, en virtud de cual el primero debe aceptar la tarjeta que presenta el cliente como pago efectivo de los contratos o transacciones que ofrece previa firma del comprobante o boleta de resguardo; y el segundo, por su parte, debe hacerse responsable de los pagos en los plazos convenidos con el afiliado previa deducción del porcentaje de la comisión. Se trata de un contrato de ejecución continua, renovable, de adhesión, intuito personae, atípico y bilateral.
Es fundamental regular a nivel legal la materia de las comisiones cobradas por las instituciones bancarias y no bancarias, ya que sin duda se han generado grandes abusos por parte de estas entidades.
Es importante considerar, además de las impactantes cifras entregadas por el Servicio Nacional del Consumidor, la circunstancia de que en nuestro país 1.237.191 jóvenes entre 15 y 29 años presenta algún nivel de endeudamiento, de este número un 72% ocupa instrumentos financieros, donde las tarjetas de crédito de multitiendas ocupa casi un 70% de uso, seguido por las tarjetas de crédito bancarias con un 57%. Estas cifras son motivos más que suficientes para enfrentar la situación de hecho generada por las referidas herramientas crediticias, otorgándose una legislación que entregue reglas claras en torno a una relación crediticia, clave en el desarrollo de la economía nacional.
Artículo 1: Las entidades emisoras de tarjetas de crédito se someterán a las disposiciones de esta ley para efectos de fijar sus tarifas por sus productos o servicios.
Artículo 2: Las instituciones emisoras de tarjetas de crédito deberán otorgar en forma transparente y clara tanto a clientes como al público en general, la información íntegra sobre sus políticas en materias de cobros, las razones de su procedencia y sus montos, con sujeción a las exigencias mínimas de las normas otorgadas por la Superintendencia y demás disposiciones legales que regulen la materia.
Artículo 3: Las comisiones y gastos que cobren las instituciones emisoras por sus productos y servicios deben corresponder a servicios efectivamente prestados, con las formalidades legales pertinentes, y con el previo consentimiento informado del cliente, de acuerdo a los términos expresados en forma clara y detallada en los contratos celebrados.
Artículo 4: Las entidades emisoras no estarán facultadas para el cobro de gestiones derivadas directamente de las obligaciones legítimamente contraídas, respecto de las cuales la misma ya está percibiendo una remuneración, a menos que se trate de una operación diferente.
Artículo 5: Sin perjuicio de las comisiones fijas por concepto de apertura irrevocable de crédito, no procederá cobro de comisiones por servicios propios e inherentes al producto y a su manejo, tales compras, giros y en general transacciones de cualquier tipo efectuadas en cajeros automáticos; llamadas a teléfonos de auto-consulta; consultas de saldos y cartolas obtenidos por cualquier medio, sea éste la concurrencia personal ante ejecutivos de la entidad emisora, o el uso de terminales de consulta especiales o cajeros automáticos; transferencias de fondos a otros bancos a través de Internet, envío de cartolas a domicilio, etc.
Artículo 6: Ni las transacciones señaladas en el número anterior ni ninguna de orden similar podrá ser restringida en cantidad y cualquier pacto en contrario se tendrá por no válido.
Artículo 7: La entidad emisora sólo podrá modificar las tarifas y gastos en la forma y periodicidad que determine acorde la normativa legal vigente.
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Jaime Gazmuri Mujica, Senador.- Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 1º y 10º y el artículo 63º numerales 5) y 20) de la Constitución Política de la República.
1.-Que nuestro país presenta una rica diversidad cultural, subsistiendo hasta nuestros días miembros de diversas etnias originarias.
2.-Que es deber del Estado y de toda la sociedad resguardar y preservar este rico patrimonio, a través de cuerpos legales especializados, de la creación de entidades administrativas y de la implementación de acciones gubernamentales y comunitarias que preserven su identidad y desarrollo.
3.-Que, con este objeto, se constituyó, a través de la Ley 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación.
4.-Que la dirección superior de esta entidad ha sido confiada a un Consejo Nacional, conformado, entre otros, por ocho representantes de las etnias del país.
5.-Que la letra d) del inciso primero del artículo 41 del citado texto legal, dispone, expresamente, que dicha representación se compondrá de cuatro miembros mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional.
6.-Que, sin embargo, el artículo 1º de dicha ley reseña las principales etnias del país, entre las que menciona, además, a los quechuas, collas y diaguitas en el norte y a los kawashkar o alacalufes y yámanas o yagán, en el territorio austral.
7.-Que, por tanto, el Consejo Directivo de la CONADI prescinde de la participación de algún representante de las etnias australes del país, pese a que la suma de sus miembros, según el último censo nacional de población, alcanza un número similar a la de los pascuenses, teniendo aquéllos las mismas dificultades de comunicación y lejanía que la de éstos.
8.-Que, por el contrario, el Consejo Nacional de la CONADI lo integra, en representación de los pueblos originarios, un miembro urbano, condición que no representa ninguna característica relevante particular, pudiéndose haber considerado, también, otras como el sexo, condición académica o social y, más aún, por lo general tal requisito es cumplido, también, por los restantes integrantes del Consejo.
9.-Que, con el objeto de no entorpecer el actual proceso de renovación de autoridades, se propone que esta enmienda rija a partir del próximo proceso de selección de miembros del Consejo Nacional.
Por lo anterior el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
Artículo Único.-Modifíquese la ley 19.253, que Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo De Los Indígenas, y Crea La Corporación Nacional De Desarrollo Indígena, del modo que sigue:
a.-Reemplácese, en la letra d) del inciso primero del artículo 41, la frase “con domicilio en un área urbana del territorio nacional.” por “de las etnias de los canales australes. En este último caso, deberá elegirse alternadamente un kawashkar o un yámana, en cada renovación de estos integrantes del Consejo.”.
b.-Incorpórese el siguiente nuevo artículo transitorio:
Artículo 17.- La modificación tendiente a introducir al Consejo Nacional un representante de las etnias de los canales australes comenzará a regir a partir de la renovación de sus integrantes que tendrá lugar el año 2011.
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto,Senador
A pocos años de celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional se ha suscitado un interesante debate sobre las raíces de nuestra nacionalidad, produciéndose una mirada más amplia de los diversos grupos étnicos y sociales que confluyeron en su conformación.
En consideración a esta nueva perspectiva, consideramos que es un deber de la sociedad Chilena reconocer expresamente a los pueblos indígenas dentro de la Carta Fundamental, como demostración del respeto y del interés de la nación chilena por sus tradiciones y su cultura.
En este sentido, la Nación chilena, como entidad sociológica unida por un pasado presente y futuro común, es inexplicable si no se valora el aporte matriz efectuado por los pueblos indígenas originarios, los que fusionados en el transcurso de los siglos con las poblaciones de emigrantes, han amalgamado lo que hoy constituye nuestra nación.
Si bien los miembros de las distintas etnias indígenas chilenas tienen conciencia de su identidad originaria y comparten con fuerza el orgullo de su pertenencia, igualmente se sienten y son parte de la Nación chilena. Por otro lado, la Nación chilena es imposible de comprender sin valorar los aportes diversos efectuados por los pueblos indígenas originarios y por los emigrantes que poblaron nuestro país.
Mediante estas modificaciones a la Ley Fundamental se produce un avance real en nuestra Constitución, al efectuar un reconocimiento al aporte de los pueblos indígenas a la conformación de nuestra Nación.
Sin embargo, consideramos que este reconocimiento sería superfluo, si no tenemos en cuenta que parte de las desigualdades sociales que afectan a los descendientes de los pueblos originarios derivan de la discriminación de que sufren, basados en estereotipos que los afectan, impuestos por la sociedad global.
Por ello, sostenemos que es de suma relevancia eliminar como factor de discriminación, de todo tipo, las consideraciones raciales o étnicas de los habitantes del territorio nacional, para así prevenir implantación de políticas que conllevan un germen de profunda desigualdad y arbitrariedad. Sólo el mérito o la situación de indefensión o menoscabo personal puede servir como elemento de distinción en los efectos y consecuencias que derivan de la aplicación de una ley, pero jamás la condición racial o étnica puede utilizarse como elemento de discriminación en las normas legales, cualquiera sea su rango.
Para reforzar lo anterior, incluimos en el Artículo 19 N° 2 de la Constitución, una norma que prohibe establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen étnico o racial de las personas. Esta disposición reafirma el derecho a interponer un recurso de protección, establecido en el Artículo 20 de la Constitución, en contra de quienes incurran en tales conductas arbitrarias con el objeto de que los Tribunales de Justicia reestablezca el imperio de la ley.
Cabe señalar, que este proyecto no pretende de ningún modo debilitar la unidad de la Nación, sino que, por el contrario, reconocer la importancia, el aporte y el valor de las etnias originarias de nuestro territorio. Por ello, el término pueblo no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
Por lo tanto, en mérito de los antecedentes antes referidos, es que creemos conveniente modificar la Constitución Política de la República, incorporando a ella el reconocimiento expreso de la existencia de pueblos indígenas originarios, en los términos antes expresados, para lo cual proponemos el siguiente:
Modifícase el artículo 2° de la Constitución, introduciéndose los siguientes incisos primeros y segundos, pasando el actual a ser el inciso tercero:
"La Nación chilena, una e indivisible, reconoce y valora la contribución de los pueblos indígenas originarios, definidos como grupos de culturas anteriores a la organización del Estado y a la conformación del pueblo chileno. Es deber del Estado respetar la identidad, cultura y tradiciones de sus raíces ancestrales".
"Añádase al último inciso del N° 2 del Art. 19, la siguiente oración final:
"Entre otras, no se podrán establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen étnico o racial de las personas.".
(Fdo.):Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador.
La ley 19.200 en su artículo 9 vino en sustituir el límite inicial de las pensiones a que se refiere el artículo 25 de la ley 15.386 a una suma de cuatrocientos treinta mil seiscientos cinco pesos. Reajustado dicho valor en la actualidad, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 14 del Decreto Ley número 2.448, dicha suma alcanza a ochocientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y un pesos.
El acuerdo alcanzado recientemente el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, dio por cerrado el denominado “daño provisional” que históricamente ha afectado a los funcionarios públicos. Sin embargo, dicho acuerdo contempla una solución solo respecto de los afiliados al sistema de pensiones creado por el Decreto Ley numero 3.5000 de 1980, sin considerar que afecta a quienes han continuado afiliados al Instituto de Normalización provisional, quienes continúan siendo afectados por el límite impuesto por la ley a sus pensiones.
En la actualidad las rentas inferiores a $ 838.281, obtienen pensiones del orden del 90 % de la renta en actividad Por su parte, aquellas rentas que están sobre el límite establecido se castiga de tal forma su pensión, que hace prácticamente imposible el acogerse a una jubilación
Actualmente la renta bruta de un funcionario profesional grado 4 EUS es de aproximadamente 1.980.000. En dicho caso su pensión por aplicación del limite ya referido alcanza sólo a un 42% de la renta, de la misma forma aquel funcionario que se encuentra en un grado 10 EUS obtiene un coeficiente de reemplazo de un 80 % de su renta , configurándose en ambos casos de manera flagrante el denominado daño provisional para dichos profesionales.
Por esto es necesario hacer justicia para la totalidad y no parcialmente respecto de empleados públicos. Con referencia al daño provisional que han experimentado desde hace muchos años, enviándose por parte del Gobierno un proyecto de ley que elimine el límite al valor de la pensión al que se refiere el artículo 9 de la ley 19.200.
Por las razones anteriores es que este Senado ha acordado solicitar a S.E Presidente de la Republica el siguiente:
Solicitar a S.E Presidenta de la Republica Señora Michelle Bachelet Jeria la elaboración y envío de un proyecto de ley que elimine el límite al valor de la pensión al que se refiere el artículo 9 de la ley 19.200
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Nelson Ávila Contreras, Senador.- Víctor Pérez Varela , Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.-Adolfo Zaldívar Larraín, Senador.

References: ARTÍCULO 9
 Resolución 
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 RESOLUCIÓN 
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