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Timestamp: 2020-07-03 17:39:32+00:00

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Cosa Juz Gada | Res Judicata | Ley procesal
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Jurisprudencia+nulidda cosa juzgada fraudulenta
La acción de nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta se ubica en los límites mismos de los alcances de la función jurisdiccional, la validez de las sentencias judiciales y el conflicto entre los valores cardinales del sistema jurídico:
certeza, justicia y seguridad jurídica. Las cuestiones conflictivas y litigiosas que afectan la vida de relación social deben ser resueltas de manera definitiva en algun momento, es una condición para alcanzar orden y seguridad jurídica, pero la sentencia definitiva injusta es la expresión de una injusticia también definitiva. La Cosa Juzgada por definición Constitucional es inamovible. La Cosa Juzgada Fraudulenta, no es, en términos consitucionales Cosa Juzgada. El nombre de la acción concedida a fin de anular aquellas sentencias originadas en un proceso seguido con fraude, o colución, afectando el debido proceso, cometido por una o por ambas partes, o por el Juez o por este y aquellas, la Acción de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta da cuenta cabalmente de la antinomia. La antonomia es aparente. Lo cierto es que en el ordenamiento jurídico nacional las sentencias adquieren la Autoridad de Cosa Juzgada, en sentido constitucional, si su Nulidad no ha sido demandada en el plazo de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de Cosa Juzgada, si no fuere ejecutada, o si seguido el proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta la demanda es desestimada.
Los Recursos de Casación relacionados a las sentencias emitidas en procesos de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta tienen singular interés en cuanto el objeto del proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, es el proceso en que se emitió la sentencia impugnada en vía de acción. En tanto que el Recurso de Casación acusa los defectos de la sentencia emitida en el proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, lo cual muchas veces no es tenido en cuenta por los impugnantes
Las Salas Civiles de la Corte Suprema en el curso del año 2003 emitieron 68 resoluciones en procesos de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. La Sala Civil Transitoria 25, 16 de ellas declararon improcedente el recurso, 9 contienen pronunciamientos sobre el fondo, habiendo sido declaradas fundadas 5 demandas e infundadas 4.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema emitió 43 resoluciones de las cuales 40 declararon improcedente la demanda. Se emitieron tres sentencias sobre el fondo, 2 declararon fundada la demanda y una de ellas infundada.
La estadística, selección y sumillado de las ejecutorias han sido realizados por las abogadas Hilda Cardeña y Patricia Espinoza colaboradoras del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.
Lima, 04 de marzo de 2004
CUADERNOS DE INVESTIGACION/CUADERNO Nº 3
CAS.N°.531-2003
SUMILLA: DEMANDA EXTEMPORANEA
En el presente caso, las instancias de mérito han establecido correctamente, que el plazo de caducidad señalado en el articulo 178 ab initio del Código Procesal Civil comienza a correr desde la fecha en que se produjo la adjudicación del inmueble sub litis, no importando que ulteriormente se hubiesen inscrito, o que aun falte pedir la liquidación de costas y costos, porque estos supuestos no suspenden ni interrumpen el
Lima, cuatro de setiembre del dos mil tres.-.
VISTOS: verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del
recurso interpuesto y -ATENDIENDO: PRIMERQ: El recurrente, no ha
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, por lo que
satisface el requisito de procedencia previsto por el inciso 1 artículo 388 del
Código Procesal Civil SEGUNDO El recurrente ampara su recurso en el inciso
3 del Código Procesal Civil, denuncia la contravención de los artículos I del
Título Preliminar y 178 del Código Procesal acotado. Sostiene que las
instancias de mérito han afectado el derecho al debido proceso al no admitir a
tramite la demanda propuesta sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta por
considerarla extemporánea; señala también, que en un proceso de ejecución
de garantías no implica que consista en uno de ejecución forzada, tal como se
inferiría de los artículos 725 y siguientes de la misma norma legal mencionada.
Asimismo, expone que está dentro del plazo para interpone la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, teniéndose en cuenta que la inscripción registral de la
adjudicación fue posterior, además, que la ejecutante no ha cobrado aún las
costas y costos del proceso.- TERCERO: Examinando el recurso interpuesto,
se advierte que el artículo 178 ab initio del Código Procesal Civil, establece un
plazo de caducidad para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada,
hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de
cosa juzgada, si no fuere ejecutable la resolución objeto de revisión. En el
presente caso, las instancias de mérito han establecido correctamente, dicho
plazo comienza a correr desde la fecha en que se produjo la adjudicación del
inmueble sub litis, no importando que ulteriormente se hubiese inscrito, o que
aún falte pedir la liquidación de costas y costos, porque estos supuestos no
suspenden o interrumpen el plazo para interponer este tipo de demandas.
Finalmente, cabe agregar que, la recurrida se ajusta al mérito de lo actuado y al
derecho, no verificándose el error in procedendo que se esgrime. En
consecuencia no satisface el requisito previsto en el numeral 2.3 del articulo
388 del Código Procesal Civil. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo
392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de
casación interpuesto por don Manuel Roosvel Gómez Tesheira; en los
seguidos con el Banco Internacional del Perú sucursal Tarapoto, sobre nulidad
de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON al recurrente al pago de la multa
de tres Unidades de Referencia Procesal, así como las costas y costos
originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; bajo responsabilidad y los
devolvieron.- SS: ALFARO ALVAREZ.- CARRION LUGO.- HUAMANI
LLAMAS.- CAROAJULCA BUSTAMANTE.- MOLINA ORDOÑEZ.-
CAS N° 2973-2002
LA LIBERTAD SUMILLA: DEBIDO PROCESO
De la revisión de la sentencia impugnada no se advierte contravención al
debido proceso de norma alguna que garantice el derecho al debido
proceso, habiéndose expedido sujetándose al mérito de lo actuado y al
derecho, siendo que la demandante
adecuadamente en que consintió el fraude o colusión en que se habría
incurrido en el proceso de desalojo. Siendo que lo que en el fondo pretende
Lima veinticuatro de marzo de dos mil tres.-
VISTOS: Con los acompañados, verificado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del recurso; y ATENDIEND0: PRIMERO.- La resolución de
primera instancia ha sido favorable al recurrente en casación, por lo que no le
es exigible el requisito de procedencia previsto en el
impugnante, invocando la causal prevista en el inciso 10 del artículo 3860 del Código Procesal Civil, denuncia casatoriamente la aplicación indebida de la Ley N°27101, de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventinueve, que modifica el artículo 178 del Código Procesal Civil. Sostiene que dicha ley no ha variado en lo sustantivo la norma contenida en el artículo 178 del Código adjetivo. Agrega que la citada modificatoria se ha centrado en aspectos formales. Sin embargo, debe tenerse presente que las causales de aplicación indebida e interpretación errónea están reservadas a normas de derecho material, siendo que la norma indicada por el recurrente es de connotación
procesal, por lo que el recurso debe desestimarse por improcedente TERCERO: Asimismo, el recurrente, invocando la causal de casación prevista, en el inciso 30 del artículo 3860 del Código Procesal Civil, denuncia la contravención de normas que garantizan el derecho al debido proceso. Señala que la Sala Superior ha transgredido lo dispuesto por los artículos I y VII del Título Preliminar, inciso 60 del 50, inciso 30 del 122, del Código Procesal Civil y 139, inciso 5, de la Constitución Política. Manifiesta, igualmente, que dicho colegiado ha desconocido la colusión y el fraude que han primado en la tramitación del proceso sobre desalojo que es materia de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, omitiendo, según afirma, la valoración de los daños y perjuicios que se les ha irrogado con el despojo del bien que poseían como propietarios por más de treinta años. Sin embargo, revisada la sentencia Impugnada, no se advierte contravención de norma alguna que garantice el derecho al debido proceso, habiéndose expedido sujetándose al mérito de lo actuado y al derecho. Cabe agregar que cuando se denuncia la causal bajo análisis ésta debe referirse a la contravención de normas trascendentales para
la tramitación y decisión del proceso y no a normas genéricas. Finalmente, es
precisó señalar que, revisada la demanda de fojas cuarenta, se advierte que la parte demandante no cumplió con describir adecuadamente en qué consistió el fraude o colusión en que se habría incurrido en el proceso sobre desalojo, siendo que lo que en el fondo pretende el recurrente es que se revise la cuestión jurídica relativo al trámite procesal observado, lo que no es viable en los procesos sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta Por las razones anotadas y en observancia de lo dispuesto por el artículo 392 del Código
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación,
interpuesto por don Luís Alberto Romero Chávez por la sucesión Alberto
Romero Alarcón, en los seguidos con el Banco Wiesse Sudameris y otros
sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON al recurrente al
pago de una multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como a las
costas y costos originadas en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo
responsabilidad; y los devolvieron.- SS: ALFARO ALVAREZ.- SILVA
VALLEJO.- CARRION LUGO.- HUAMANI LLAMAS.- GONZALES MUÑOZ.-
CAS. N° 393-2003
SUMILLA: CONVALIDACION DE LOS ACTOS PROCESALES
El vicio procesal que se denuncia no justifica la acción de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, si se tiene en cuenta que durante el anterior proceso
sobre otorgamiento de escritura, no se ha producido devolución de las
notificaciones ni anotación en los cargos de notificación que evidencie un
emplazamiento defectuoso, además, mediante escritura publica de
absorción la demandante se comprometió a cumplir con las obligaciones de
la empresa emplazada en el proceso cuestionado, siendo la demandante
sucesora procesal de la vendedora con la cual se ha fusionado asumiendo
Lima, veinticinco de agosto del dos mil tres.-
VISTOS; con los acompañados; verificado el cumplimiento de los requisitos de
forma que exige el artículo 387 del Código Procesal Civil para la admisibilidad
del recurso interpuesto; y, ATENDIENDO PRIMERO.- La sentencia de primera
instancia ha sido favorable a la empresa recurrente, motivo por el cual no le es
exigible el requisito previsto en el inciso 1° del artículo 388 del Código citado.
SEGUNDO.- El impugnante en casación debe fundamentar con claridad y
precisión en cuál de las causales descritas en el artículo 386 del ordenamiento
procesal civil se sustenta y, según sea el caso, señalar cómo debe ser la
debida aplicación o cuál la interpretación correcta de la norma de derecho
material, cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso, en qué
ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la
formalidad procesal incumplida.
TERCERO.- En el presente caso, invocando el inciso 3º del artículo 386 del
Código Formal, la recurrente denuncia la contravención al debido proceso por
transgresión de los artículos 160 y 161 del Código citado, sosteniendo que en el proceso de otorgamiento de escritura pública, la cédula de notificación con el traslado de la demanda se debió notificar a la empresa recurrente (antiguamente Constructora Marielba); a pesar de ello, en primera visita la cédula de notificación fue dejada a una tercera persona ajena a la relación jurídico procesal: la empresa Los Portales.Ello se encuentra permitido por el ordenamiento procesal y constituye una causal de nulidad de la notificación, ya que la demanda jamás le fue notificada; agrega que la afectación al debido proceso ha consistido en que en la sentencia materia de casación no se ha aplicado el artículo 160 del Código Procesal Civil, el cual establece que la cédula de notificación se debe entregar a la persona que se va a notificar con la resolución. De otro lado, señala que la notificación fue recibida por la empresa Los Portales, a pesar de que la cédula estaba dirigida a la empresa Constructora Marielba. Al no ubicarse a la persona a la que estaba dirigida la cédula, lo que correspondía era que el notificador realizara el procedimiento regulado en el artículo 161 del Código Procesal Civil; sin embargo el notificador no cumplió con dejar aviso ni con realizar una segunda visita. CUARTO.- Estando a los términos de la sentencia de vista, ha quedado establecido que el año de mil novecientos noventicuatro la empresa Inversiones Shapaja tenía apoderados que también formaban parte de la empresa Constructora Marielba Sociedad Anónima, continuando hasta la fusión con Inversiones Shapaja, y la ficha registral número ciento veintiséis mil cuatrocientos treintisiete, obrante a fojas trescientos quince se advierte que las mismas personas son socios fundadores de la empresa Los Portales, quien recibió la notificación con la demanda del proceso cuya nulidad se solicita, manteniendo relación con dicha empresa, lo que lleva a establecer que la notificación fue recepcionada por una empresa del mismo grupo comercial y que Inversiones Shapaja si tenia conocimiento del proceso de otorgamiento de escritura
QUINTO.- El vicio procesal que se denuncia no justifica la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si se tiene en cuenta que durante el proceso anterior no se ha producido ninguna devolución de las notificaciones ni anotación en los cargos de notificación que evidencie un emplazamiento defectuoso. Además, a fojas trescientos sesentidós se aprecia el documento en el que consta el sello de recepción de Los Portales que contiene un acto jurídico celebrado por
Marielba Sociedad Anónima (Inversiones Shapaja), acreditándose que Los Portales recibía documentación dirigida a Marielba Sociedad Anónima (Inversiones Shapaja) lo cual lleva a concluir que Eleucadio Dionicio Valverde Rodríguez no ha actuado con fraude en el proceso anotado, ya que la empresa recurrente tenía conocimiento del proceso de otorgamiento de escritura pública y no hizo valer su derecho en su oportunidad, quedando convalidado el emplazamiento de la demandada conforme a lo dispuesto por el artículo 172 del Código Procesal Civil.
SEXTO.- Además, mediante escritura pública de absorción, la accionante se comprometió a cumplir con las obligaciones de Constructora Marielba, entre ellas la de perfeccionar el contrato de compraventa otorgado a favor de Eleucadio Dionisio Valverde Rodríguez en cancelación de sus beneficios laborales. La recurrente es sucesora procesal de la vendedora con la cual se ha fusionado asumiendo las acciones de ésta, habiendo quedado establecida la relación y conexión entre las personas jurídicas y sus socios de las empresas Marielba Sociedad Anónima y Shapaja Sociedad Anónima y Los Portales, por lo tanto no se advierte vulneración alguna al debido proceso, debiendo destacarse que el largo tiempo transcurrido desde la fusión de las empresas que ha sido inscrita con fecha tres de diciembre de mil novecientos noventitrés (fojas ciento setenticuatro vuelta del acompañado) hasta la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta presentada el dos de junio de mil novecientos noventinueve (fojas ochentiséis del principal) evidencia el poco interés que tuvo la accionante para cumplir con una obligación que asumió al absorber a la empresa Constructora Marielba Sociedad Anónima
Por las razones anotadas y no habiéndose satisfecho las exigencias del apartado 2.3 inciso 20 del artículo 388 del mismo Código Procesal Civil, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 392 del mismo Código:
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas seiscientos
ochentidós, interpuesto por Inversiones Shapaja Sociedad Anónima; en los
seguidos con don Eleucadio Dionisio Valverde Rodríguez y otro, sobre nulidad
de cosa juzgada fraudulenta;
CONDENARON a la entidad recurrente a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron.-
ALFARO ALVAREZ, CARRIO LUGO, HUAMANI LLAMAS, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MOLINA ORDOÑEZ.-
CAS. 407-2003. CUZCO
SUMILLA: DEBIDO PROCESO
No existe contravención al debido proceso si de la revisión del proceso se advierte que por resolución de la Sala Superior, declaro nula la sentencia de primera instancia expedida bajo el fundamento, entre otros, que se había omitido analizar el proceso de diligencia preparatoria que constituye el punto de partida de la controversia sobre cumplimiento de obligación y de este proceso, en consecuencia la actuación del A-quo al analizar dicho proceso
Lima, veintiséis de agosto del dos mil tres.-
VISTOS; con los acompañados y verificando el cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad del recurso interpuesto por don Washington Farfán Paucar
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil; y
ATENDIENDO: PRIMERO: Que, el recurrente no consintió la resolución de
primera instancia que le fuera adversa, por lo que ha cumplido con el requisito
previsto en el inciso 10 del articulo 388 del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: El recurrente invoca en su recurso de casación la causal prevista
en el inciso 3º del artículo 386 del Código Procesal Civil, es decir la
contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso
respecto a los artículos VII del Título Preliminar, 424 inciso 6º y 442 inciso 2º
TERCERO: El peticionante denuncia la contravención al debido proceso bajo
el argumento que el Colegiado Superior ha basado su decisión y declarado la
nulidad del proceso de cumplimiento de obligación por un hecho no invocado
como fundamento de la demanda, es decir por haber encontrado
irregularidades en el proceso de diligencia preparatoria, lo que no fue sustento
de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
CUARTO: Que de la revisión del proceso se advierte que por resolución de la
Sala Superior corriente a fojas quinientos sesentiséis de fecha siete de junio
del dos mil uno la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cuzco,
declaró nula la sentencia de primera instancia expedida bajo el fundamento,
entre otros, que se había omitido analizar el proceso de diligencia preparatoria
que constituye el punto de partida de la controversia sobre cumplimiento de
obligación y de éste proceso, en consecuencia la actuación del A-quo al
analizar dicho proceso valorando todas las pruebas en forma conjunta y
razonada, fue acatando la orden superior lo que no constituye contravención
alguna al debido proceso.
En consecuencia la denuncia resulta inviable y de conformidad con el artículo
casación interpuesto por don Washington Farfan Paucar en los seguidos por
don Rene Escalante Zuñíga sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta;
CONDENARON al recurrente al pago de una multa de tres Unidades de
Referencia Procesal así como de las costas y costos originados en la
tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el
Diario Oficial "El Peruano" bajo responsabilidad; y los devolvieron.-
SS ALFARO ALVAREZ, CARRION LUGO, HUAMANI LLAMAS, CAROAJULCA, BUSTAMANTE, MOLINA ORDOÑEZ
CAS. 407-2003
CUZCO SUMILLA: DEBIDO PROCESO
La Sentencia materia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta fue dictada bajo el ordenamiento del Código de Procedimientos Civiles, hecho que no impide formular demandas de esta naturaleza, toda vez que la diferencia existente entre el Código de Procedimientos Civiles con el actual Código Procesal Civil es de tramite de las acciones judiciales y la figura de nulidad de resoluciones contempladas en el articulo 1085 y 1087 del Código de Procedimientos Civiles ha sido subsumida en el Código vigente con el nombre de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no existe dispositivo expreso en el Código Procesal Civil que prohiba aplicar esta figura a las sentencias expedidas bajo el amparo del
VISTOS.- con los acompañados y verificando el cumplimiento de los Requisitos
de admisibilidad del recurso interpuesto por don Antonio Denis Rodríguez
Zegarra conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil; y
ATENDIENDO: ---------------------------
PRIMERO: Que, el recurrente no consintió la resolución de primera instancia que le fuera adversa, por lo que ha cumplido con el requisito previsto en el inciso 1º del articulo 388 del Código Procesal Civil.--------------------------------------
SEGUNDO: El peticionante invoca en su recurso de casación la causal prevista en el inciso 3º del artículo 386 del Código Procesal citado, es decir la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso respecto a los artículos I, II del Título Preliminar del I Código Civil, artículo 139 inciso 13 de la Constitución Política del Estado, I y VII del Título Preliminar y 424, 425 Y 426 del Código Procesal Civil.
TERCERO: Dentro de esta misma causal el recurrente denuncia tres agravios:
A) Señala que se ha violado el debido proceso porque la causa sobre cumplimiento de obligación se tramitó al amparo del Código de Procedimientos Civiles y en este ordenamiento procesal no se contemplaba la figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; no pudiéndose aplicar dos legislaciones procesales civiles distintas, motivo por los cuales se ha contravenido lo dispuesto por los artículos 139 inciso 13 de Constitución Política del Estado; artículos II, III del Título Preliminar del Código Civil; I y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Analizando la denuncia se encuentra que efectivamente la sentencia materia de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta fue dictada bajo el ordenamiento del Código de Procedimientos Civiles, hecho que no impide formular demandas de esta naturaleza, toda vez que la diferencia existente entre el Código de Procedimiento Civiles el actual Código Procesal Civil es de trámite de las acciones judiciales y la figura de nulidad de resoluciones contempladas en el artículo 1085 Y 1087 del Código de Procedimientos Civiles ha sido subsumida en el Código vigente con el nombre de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por lo que no resulta amparable el argumento del demandado. Además no existe dispositivo expreso en el Código
Procesal Civil que prohiba aplicar esta figura a las sentencia expedidas bajo el amparo del Código de Procedimientos Civiles, no siendo ello una aplicación retroactiva de la ley. En consecuencia no existe contravención alguna al debido
proceso. B) Denuncia también que se ha violado los artículos 424, 425 Y 426 del Código Procesal Civil, porque se admitió el presente proceso sin que exista una petición clara y concreta de lo que se pretende; que estos supuestos vicios no fueron alegados en su oportunidad por el recurrente, no pudiéndose en vía casatoria denunciar vicios que él mismo ha consentido, además manifiesta en su recurso motivo por los cuales esta denuncia resulta desatendible. C) Que las resoluciones emitidas en el proceso de diligencia preparatoria y de cumplimiento de obligación habían quedado consentidas y adquirido la calidad de cosa juzgada, por lo que eran inimpugnables; sin embargo bajo estos mismos fundamentos se interpuso excepción de cosa juzgada la que fue resuelta en segunda y última instancia declarándose infundada, tal como aparece a fajas sesentiuno y ciento setenticuatro de los cuadernos de excepción, razón por la cual resulta improcedente denunciar vicios que ya fueron resueltos. Por último argumenta que existe pronunciamiento sobre hechos no solicitados en la demanda como son los supuestos vicios ocurridos en el proceso de diligencia preparatoria. Que de la revisión del proceso se advierte que por resolución de la Sala Superior corriente a fojas quinientos sesentiséis de fecha siete de junio del dos mil uno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, declaró nula la sentencia de primera instancia expedida bajo el fundamento, entre otros, que se había omitido analizar el proceso de diligencia preparatoria que constituye el punto de partida de la controversia sobre cumplimiento de obligación y de éste proceso, en consecuencia la actuación del A-quo al analizar dicho proceso valorando todas las pruebas en forma conjunta y razonada fue acatando la orden superior; lo que no constituye contravención alguna al debido proceso. En consecuencia la denuncia resulta inviable.
Por tales razones y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por don Antonio Denis Rodríguez Zegarra en los seguidos por don Rene Escalante Zuñiga sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON al recurrente al pago de una multa de tres Unidades de Referencia Procesal así como de las costas y costos originados en la tramitación del recurso;
DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario Oficial “El
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron.
SS. ALFARO ALVAREZ, CARRION LUGO, HUAMANI LLAMAS,
CAROAJULCA BUSTAMANTE, MOLINA ORDOÑEZ.
CAS. N° 529-2003
HUANUCO SUMILLA: PLAZO DE CADUCIDAD
El articulo 178 ab initio del Código Procesal Civil establece un plazo de caducidad para interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, contado dentro de los seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable la resolución objeto de examen, es así que en el presente caso, no importa la ulterior inscripción registral, porque este supuesto no suspende o interrumpe el plazo para interponer este tipo
Lima, Cuatro de Setiembre del dos mil tres.-
VISTOS y ATENDIENDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto
cumple con las exigencias de forma establecidas para su admisibilidad; no
siendo necesario que la entidad recurrente cumpla con el requisito de fondo
establecido en el inciso 10 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al haberle
sido favorable la resolución de primera instancia. SEGUNDO: La impugnante
fundamenta su recurso sobre la base de las causales contenidas en el inciso
30 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referidas a la contravención de las
normas que garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción de las
formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales
TERCERO: Al respecto, alega que la Sala Civil Superior ha transgredido los
artículos 178 y 447 del Código Procesal Civil; así como el numeral 22 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, afirmando que la sentencia impugnada se ejecutó
al extinguirse la hipoteca con la inscripción registral correspondiente, es
entonces, que desde esa fecha se debe contar el plazo de caducidad; acusa
asimismo, que el cuaderno de apelación se elevó de manera incompleta, no
ordenándose además que se remita el original, lo cual atenta contra las formas
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; finalmente,
denuncia que la recurrida no sigue los principios jurisprudenciales que deben
ser acatados obligatoriamente. Analizada la fundamentación precedente, debe
indicarse que se advierte que el artículo 178 ab initio del Código Procesal Civil,
establece un plazo de caducidad para interponer la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, contado dentro de los seis meses de ejecutada o de haber
adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable la resolución objeto
de examen; es así que en el presente caso, no importa la ulterior inscripción
registral, porque este supuesto no suspende o interrumpe el plazo para
interponer este tipo de demandas; en cuanto a la denuncia de no haberse
remitido el cuaderno original, se observa que la resolución apelada fue
concedida sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, motivo por el cual
se ha elevado el cuaderno con copias certificadas de los actuados, habiéndose
tenido en cuenta lo previsto en el artículo 377 del Código formal; por último,
debe precisarse que aún no existe doctrina jurisprudencia! con las formalidades
exigidas en el artículo 400 del Código adjetivo; en consecuencia, la denuncia
formulada no puede ser amparada Por las razones expuestas y de conformidad
con lo establecido en el artículo 392 del Código adjetivo: declararon
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fajas cincuentinueve, interpuesto
por el Banco de Crédito del Perú; en los seguidos con don Donato Lino Ventura
y otro, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON a la entidad
recurrente al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así
como de las costas y costos originados en la tramitación del recurso;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron.- ALFARO ALVAREZ.-
CARRION LUGO.- HUAMANI LLAMAS.- CAROAJULCA BUSTAMANTE.-
MOLINA ORDOÑEZ.-
CAS. NRO. 165-2002. LIMA
SUMILLA: DEBIDO PROCESO Y LITISCONSORCIO NECESARIO
No constituye exceso el que la Sala Superior haya solicitado tener a la vista copias certificadas completas del expediente que motiva el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por cuanto el juzgador debe contar con todos los elementos necesarios a fin de determinar el supuesto fraude o colusión, para así poder formarse un claro criterio sobre los hechos materia de la controversia, asimismo se debe evaluar y resolver las alegaciones contenidas en la demanda, tendentes a acreditar si el proceso anterior se siguió con fraude o colusión, afectándose el derecho a un debido proceso, el cual puede ser cometido por una o ambas partes o por el Juez, o por este y aquellas conforme lo señala el articulo 178 del Código Procesal Civil, por lo que resulta necesario la intervención litisconsorcial de quienes iniciaron el proceso donde se expidió la sentencia materia de la presente acción, siendo predecible que la decisión a recaer les va a afectar, razón por lo que la sentencia de vista que declara nula la sentencia apelada se ajusta a derecho.
Lima, dieciséis de mayo del dos mil tres.- SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
República, vista la causa el día de la fecha, producida la votación
correspondiente de acuerdo a ley y de conformidad con lo dictaminado por el
Señor Fiscal Supremo, emite la siguiente resolución:
Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas
seiscientos sesentitrés, su fecha veintinueve de noviembre del dos mil uno,
expedida por la Quinta Sala Civil de Lima, que declara nulo el fallo apelado de
fojas cuatrocientos cincuenticuatro su fecha treinta de abril del mismo año, nulo
lo actuado desde el auto que declara saneado el proceso y cita a audiencia de
conciliación; seguidamente ordena al A-quo actuar conforme a ley-
PROCEDENTE EL RECURSO
Mediante resolución de fecha tres de junio del dos mil dos, esta Sala ha
estimado procedente el recurso de casación por la causal prevista en el inciso
3° del articulo 386 del Código Procesal Civil, al amparo de la cual la
peticionante denuncia la contravención de normas que garantizan el derecho a
un debido proceso, sosteniendo que el Ad-quem actúa irregularmente en los
autos sub litis pues ejecuta una serie de vicios e irregularidades procesales
que desnaturalizan el normal desenvolvimiento de la controversia, anomalías
que se materializan en la denegatoria del pedido de informe oral del abogado de la Presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples "Siete de Agosto Limitada" (actora), el exceso de la resolución que ordena tener a la vista copias certificadas del íntegro de un proceso que está en trámite, cuando existen ciertas copias certificadas del mismo, no sustentar que causales no han sido evaluadas por el A- quo, incumpliendo lo prescrito en el inciso 5 del articulo 139 de la Carta Magna, ordenar sin sustentación legal la intervención de otros sujetos procesales en calidad de litisconsortes necesarios pasivos, sumado al hecho que el Decreto Legislativo 17537, no sanciona con nulidad, el que no se haya emitido dictamen fiscal en primera instancia.
PRIMERO: Que, en cuanto a la presunta violación del derecho de defensa por impedir informar oralmente al abogado de la recurrente, es menester tener en cuenta que la presente causa se ha tramitado conforme a lo establecido por el articulo 375 del Código Procesal Civil, que señala que la designación para la vista de la causa se notifica a las partes diez días antes de su realización, y dentro del tercer día de notificada el abogado que desee informar lo comunicará por escrito. En el presente caso conforme se aprecia de fojas seiscientos cuarentiséis se expidió resolución comunicando la fecha para la vista de la causa, la cual fue notificada a la recurrente el día nueve de noviembre del dos mil uno según constancia de recepción, sin embargo el abogado de la parte recurrente recién con fecha veintisiete del mismo mes y año solicita el uso de la palabra (exordio de fojas seiscientos sesenta) fecha por demás extemporánea a la que establece la norma procesal, motivo por el cual fue desestimado el pedido por resolución de fojas seiscientos sesentiuno, la cual ha sido expedida con arreglo a ley sin conculcar derecho alguno, por lo que el recurso en dicho extremo resulta infundado.
SEGUNDO: En lo referente a que si ha existido exceso al solicitar tener a la vista copias certificadas completas del expediente número diecinueve mil cuatrocientos tres -noventiocho, se debe tener en cuenta que los autos versan sobre un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, donde el juzgador
debe contar con todos los elementos necesarios a fin de determinar el supuesto fraude ó colusión, para así poder formarse un claro criterio sobre los hechos materia de controversia, por ello la Sala de grado determina la necesidad de tener a la vista el expediente que motiva el presente proceso, no habiéndose cometido el exceso que se denuncia, deviniendo en infundado también este extremo del recurso.
TERCERO: En cuanto a la carencia de fundamentación de la sentencia referido a la falta de señalamiento de las causales que no han sido evaluadas por el A- quo, es necesario señalar que al encontrarnos avocados al conocimiento de un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se debe evaluar y resolver las alegaciones contenidas en la demanda, tendentes acreditar si el proceso anterior se siguió con fraude ó colusión, afectándose el derecho a un debido proceso, el cual puede ser cometido por una ó por ambas partes ó por el juez ó por éste y aquéllas conforme así lo señala el articulo 178 del Código Procesal Civil; razón por la que también resulta necesaria la intervención litisconsorcial de quienes iniciaron el proceso donde se expidió la sentencia materia de la presente acción, siendo predecible que la decisión a recaer les va a afectar, razonamiento lógico jurídico utilizado por el Colegiado Superior en los considerandos quinto y sétimo de la recurrida, por lo que no se puede considerar como fundamentación genérica, resulta infundado también el extremo del recurso al no haber cometido violación alguna al inciso 5 del articulo 139 de la Constitución Política del Estado.
CUARTO.- Finalmente respecto al extremo denunciado que el Decreto
Legislativo 17537 no sanciona con nulidad la no intervención del fiscal, es necesario señalar que este no es el principal sustento para declarar la nulidad
de la sentencia de primera instancia sino lo expuesto en los considerandos precedentes.
a) Por estos fundamentos y de conformidad con el articulo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Cooperativa de Servicios Múltiples "Siete de Agosto Limitada"; en
consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fajas seiscientos sesentitrés
su fecha veintinueve de noviembre del dos mil uno.
b) CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades de
Referencia Procesal, así como a las costas y costos originados en la
tramitación del recurso; en los seguidos por Cooperativa de Servicios Múltiples
"Siete de Agosto Limitada" con el Poder Judicial, sobre nulidad de cosa
juzgada fraudulenta.
c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron.
SS. ALFARO ALVAREZ, CARION LUGO, HUAMANI LLAMAS, CAROAJULCA
BUSTAMANTE, MOLINA ORDÓÑEZ.
SENTENCIA CAS N° 793-2002
SUMILLA: MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES
Es de verse del expediente correspondiente al proceso cuestionado sobre ejecucion de garantías, que el adjudicatario cumplió con depositar el valor de la suma subastada, por tanto la ejecución forzada del bien afectado y realizado por remate, ha concluido en concordancia con lo dispuesto en el articulo 725 del Código Procesal Civil, al haberse sustentado la recurrida que el proceso cuestionado concluye recién con el lanzamiento del ocupante, hace que dicha resolución no contenga motivación arreglada a ley toda vez que habiendo declarado improcedente la demanda instaurada
Lima, veintiséis de Setiembre del dos mil tres.-
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
vista la causa en la fecha, con los acompañados y producida la votación con
Se trata del recurso de casación interpuesto por don Clever Gómez Rojas
contra la resolución de vista de fojas seiscientos treintiuno, su fecha cuatro de
febrero del dos mil dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de
Huánuco, que revocando la sentencia apelada de fojas quinientos treintiocho, su fecha doce de diciembre del dos mil uno, que declaró fundada la demanda de fojas ciento cuarenticuatro; y reformándola declara improcedente dicha demanda; con lo demás que contiene.
2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO i PROCEDENTE EL RECURSO:
Admitido el recurso de casación a fojas seiscientos sesentinueve, fue declarado procedente mediante auto de fecha cuatro de julio del dos mil dos, por la causal contenida en el inciso 30 del artículo 386 del Código Procesal Civil, respecto a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, denunciándose que se han vulnerado los artículos 139 inciso 50 de la Constitución Política del Estado, 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el 50 inciso 60 y 122 incisos 30 y 40 del Código Procesal Civil, sosteniendo en relación a ello, que al condicionarse la interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada previo lanzamiento del inmueble cuya validez se cuestiona, la sentencia de vista infringe su derecho de acción y a la tutela jurisdiccional por no haber interpretado correctamente el artículo 178 del Código adjetivo.
Primero: La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Segundo: En el caso de autos, el demandante solicita la nulidad del proceso número setenticuatro - noventisiete, seguido por el Banco Internacional del Perú con don Astrubel Jhony Silva Pajuelo, Félix Carranza Michuy y Magna
Pozo Silva de Carranza, sobre ejecución de garantía hipotecaria. Tercero:
Sostiene que el demandado don Félix Carranza Michuy, ante la imposibilidad de restituir el dinero materia de contrato (treinta mil soles oro), se coludió con su esposa a fin de otorgar poder a don Astrubel Jhony Silva Pajuelo, quien se endeudó por seis mil nuevos soles ante la entidad bancaria. Dicho proceso se ha instaurado con la única finalidad de conculcar su derecho de posesión del inmueble y no reconocer el pago del dinero mutuado, ya que no se ha cancelado dicha obligación, por lo que se instauro el proceso materia de nulidad ", Cuarto: En el citado proceso de ejecución de garantía hipotecaria y por remate judicial se adjudicó a don Ladislao Aponte Santiago, quien a su vez lo transfirió a don Romel Juan Acosta De La Vega. Quinto: Conforme se aprecia de fojas ochocientos doce del tomo dos del expediente setenticuatro - noventisiete, por Resolución número veintinueve de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventiocho, el adjudicatario cumplió con depositar el valor de la suma subastada, por tanto, la ejecución forzada del bien afectado y realizada por remate, ha concluido con el pago al ejecutante con el producto del remate, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 725 del Código adjetivo; Sexto: Al haberse sustentado en la sentencia recurrida que el proceso de ejecución de garantía hipotecaria concluye recién con el lanzamiento del ocupante, hace que dicha resolución no contenga una motivación arreglada a ley, toda vez que habiendo declarado improcedente la demanda instaurada, sin motivación legal congruente, se esta conculcando el derecho al debido proceso del recurrente
Por las consideraciones anotadas y estando a lo establecido por el acápite 2.1 del artículo 396 del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas seiscientos cincuenta, interpuesto por don Clever Gómez Rojas; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas seiscientos treintiuno, su fecha cuatro de febrero del dos mil dos, ORDENARON que la Sala Civil de la Corte Superior de Huánuco expida nuevo fallo teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución; en los
seguidos con don Félix Carranza Michuy y otros, sobre nulidad de cosa
juzgada fraudulenta; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; y los devolvieron.-SS.
ALFARO ALV AREZ, CARRION LUGO, HUAMANI LLAMAS, CAROAJULCA
BUSTAMANTE, MOLINA ORDOÑEZ
CAS. Nº 3273-2002
APURIMAC SUMILLA. CADUCIDAD DE LA DEMANDA
La nulidad de cosa juzgada fraudulenta puede demandarse hasta dentro de los seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable conforme al articulo 178 del Codigo Procesal Civil, que establece un plazo de caducidad inexorable. Improrrogable y fatal, habiendo transcurrido mas de cuatro años desde la fecha en que fue expedida la Ejecutoria de Casacion en el proceso de resolucion de contrato a la interposicion de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la misma resulta manifiestamente extemporanea, sobre todo si se tiene en
Lima, , trece de mayo del dos mil tres.-
VISTOS; verificado el cumplimiento de los requisitos de forma del recurso
interpuesto, que para su admisibilidad exige el artículo 387 del Código Procesal
Civil; y, ATENDIENDO. PRIMERO.- El recurrente no ha consentido los efectos
de la resolución de primera instancia que le ha sido adversa, por lo que
satisface el requisito de procedencia establecido en el inciso 1º del artículo 388
del anotado Código.
SEGUNDO.- El impugnante, invocando la causal prevista en el inciso 3º del
artículo 386 del ordenamiento procesal Civil, denuncia casatoriamente la
contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso por
transgresión de los artículos I, II, V y VI, del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, incisos 1º y 6º del artículo 50 y 178 del mismo Código e inciso 3º
del artículo 139 de la Constitución; argumenta que la resolución de contrato no
sólo es una acción declarativa, sino de condena, pues a tenor del artículo 1372
del Código Civil, si se declara fundada la demanda las partes deben restituirse
las prestaciones; en ejecución de sentencia el vendedor debe devolver el
dinero recibido al comprador y éste devolverle al vendedor el bien Avendido.
Que al haber admitido la Sala Superior que las pretensiones ccesorias de devolución de dinero y pago de intereses son de condena, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es factible interponerla dentro de los seis meses de ejecutada y el plazo de caducidad previsto en dicha norma a no se debe computar desde la fecha en que se expidió la Ejecutoria Suprema, sino dentro de seis meses después de ejecutada la sentencia.
TERCERO.- Sin embargo, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta puede demandarse hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable conforme al artículo 178 del Código Procesal Civil, que establece un plazo de caducidad inexorable, improrrogable y fatal. En el caso de autos, la Ejecutoria de Casación expedida en el proceso sobre resolución de contrato cuya nulidad se pretende, ha sido expedida el veinte de marzo de mil novecientos noventiocho; computando el plazo al veintisiete de marzo del dos mil dos -fecha en que se interpone la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta- ha transcurrido mas de cuatro años, resultando manifiestamente extemporánea la demanda, sobre todo si se tiene en cuenta que la sentencia del proceso anterior no se ha ejecutado por culpa imputable al propio demandante de estos autos, resultando contradictorio con la posición que pretende asumir en el presente proceso; en consecuencia, no existiendo afectación al debido proceso la causal invocada resulta improcedente.
Por estas razones, habiéndose incumplido con los requisitos de fondo del acápite 2.3 del inciso 2º del artículo 388 del Código Procesal Civil, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 392 del mismo Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas ciento setenticinco, por don Lázaro Ortiz León y otra; en los seguidos con don Vides Germán Castillo Torres y otra, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON a los recurrentes a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial "El Peruano., bajo responsabilidad; y los devolvieron.
SS. ALFARO ALVAREZ, CARRION LUGO, HUAMANI LLAMA, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MOLINA ORDOÑEZ
CAS. Nº 3621-2002
Los vicios procesales que en vía de casación se formulan deben referirse al presente proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y no así al proceso de divorcio cuya nulidad se pretende; además, de su fundamentacion se advierte que esta se orienta a cuestionar el criterio jurisdiccional de las instancias de fallo que han determinado que el aludido proceso de divorcio se tramito en forma regular lo que implicaría un nuevo
Lima, veintiséis de junio del dos mil tres.-
forma que para la admisibilidad del recurso interpuesto prevé el artículo 387 del
Código Procesal Civil; y, ATENDIENDO:
PRIMERO.- La recurrente no ha consentido de la sentencia de primera
instancia que le fuera adversa, por lo que satisface el requisito de procedencia
señalado en el inciso 10 del artículo 388 del Código Procesal citado
SEGUNDO.- La impugnante en casación debe cumplir con fundamentar con
claridad y precisión en cuál de las causales descritas en el artículo 386 del
ordenamiento procesal civil se sustenta y, según sea el caso, señalar cómo
debe ser la debida aplicación o cuál la interpretación correcta de la norma de
derecho material, cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso,
en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido
la formalidad procesal incumplida.
TERCERO.- La recurrente sustenta su recurso en la causal prevista en el
inciso 3º del artículo 386 del Código Procesal Civil, al amparo de la cual
denuncia la contravención a un debido proceso por transgresión de los
artículos 160, 161 Y 171 del anotado cuerpo legal; alega no se le ha notificado
con la demanda de divorcio por causal en la forma y modo que ordena el
Código Procesal Civil, lo cual constituye contravención a las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, pues nunca radicado en la ciudad
de Pucallpa; que en el expediente de divorcio no obra la constancia de
habérsele cursado aviso para que espere el día indicado con el objeto de
notificarla conforme lo dispone el artículo 161 del ordenamiento procesal citado
CUARTO.- la causal así sustentada es improcedente, pues los vicios
procesales que en vía de casación se formulen deben referirse al
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y no así al proceso de divorcio
cuya nulidad se pretende; además, de su fundamentación se advierte que ésta
se orienta a cuestionar el criterio Jurisdiccional de las instancias de fallo que
han determinado que el aludido proceso de divorcio se tramitó en forma
regular, lo que implicaría un nuevo examen de los hechos y las pruebas
actuadas, materia ajena a los fines de la casación destinado a las cuestiones
de derecho. Por lo expuesto y no habiéndose cumplido con las exigencias de
fondo señalados en el acápite 2.3 del inciso 2º del artículo 388 del Código
Procesal Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del mismo
Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas
doscientos ocho, interpuesto por doña Rosario Reátegui Burga; en los
seguidos con don Carlos Hugo layche Dávila y otro, sobre nulidad de cosa
juzgada fraudulenta; CONDENARON a la recurrente a la multa de tres
Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos
originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los
CAROAJULCA BUSTAMANTA, MOLINA ORDOÑEZ.
CASACION NRO. 3635-2002 JUNIN
SUMILLA: PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta solamente es materia de conocimiento las causales señaladas taxativamente en el articulo 179 del Codigo Procesal Civil, por ende no puede revisarse la cuestion de fondo del proceso fenecido, como tampoco puede servir este proceso excepcional para el reexamen de la prueba como si se tratara de una instancia mas para discutir el fondo de la litis; en consecuencia no se trata de promover un nuevo juicio de revision del proceso anterior, agregando nuevos elementos a favor o en contra de la resolucion, revaluacion de las pruebas que se actuaron en él, reabriendo el debate concluido; asimismo no puede sustentarse el error in procedendo en un supuesto yerro procesal que no
Lima veintisiete de Junio del dos mil tres.-
VIST0S; con los acompañados y ATENDIENDO: .:.
PRIMERO: El recurso de casación interpuesto cumple con las exigencias de forma establecidas para su admisibilidad; así como con el requisito de fondo previsto en el inciso 10 del artículo 388 del Código Procesal Civil SEGUNDO:
La recurrente fundamenta su recurso sobre la base de la causal contenida en el inciso 30 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debIido proceso. TERCERO: La impugnante denuncia que la Sala Civil Superior ha Vulnerado los artículos 139 inciso 5° de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 50 inciso 6°, 121 Y 122 incisos 3° y 4° del Código Procesal Civil, sosteniendo que la recurrida no se ha pronunciado sobre la cuestión controvertida ni sobre todos los puntos en que se sustenta su recurso de apelación ya que en autos se ha acreditado meridianamente la existencia de dolo materializado en el hecho que la demandada actuó con un poder insuficiente que no la autorizaba para tramitar dicha acción, lo que violenta el principio de literalidad; además el único documento que acredita la existencia de colusión está plasmado en el documento entregado por don Alejandro Artica Sovero, a sabiendas que la recurrente cuenta con los contratos originales de adquisición del inmueble materia de la litis; agrega también, que se ha desnaturalizado en proceso puesto que la Sala se ha pronunciado sobre la pretendida propiedad del bien inmueble objeto del otorgamiento de Escritura Pública, valorándose indebidamente los medios probatorios con el contrato anexo a fojas dos, la constancia de fojas cinco del expediente noventiocho - cero setentiséis, así como el poder con el que actuó la demandada en el proceso de otorgamiento de Escritura Pública; añade finalmente, en cuanto a la transgresión de los artículos 139 inciso 5° de la Constitución Política del Estado y 50 inciso 6° del Código adjetivo que la resolución de vista no ha cumplido con fundamentar la improcedencia de la indemnización peticionada por la recurrente; y ni siquiera ha hecho suyos los fundamentos de la apelada, en uso de la facultad conferida por el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al respecto, debe
indicarse que en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta solamente es materia de conocimiento las causales señaladas taxativamente en el artículo 178 del Código Procesal Civil, por ende, no puede revisarse la cuestión de fondo del proceso fenecido, como tampoco puede servir este proceso excepcional para el reexamen de la prueba como si se tratara de una instancia más para discutir el fondo de la litis; en consecuencia, no se trata de promover un nuevo juicio de revisión del proceso anterior, agregando nuevos elementos a favor o en contra de la resolución, revaluación de las pruebas que se actuaron en él, reabriendo el debate concluido; asimismo, no puede sustentarse el error in procedendo en un supuesto yerro que no existe en la recurrida, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a la Sala, para que pueda reproducir los fundamentos de todo o parte de la sentencia apelada al absolver el grado, en tal sentido, la sentencia impugnada hace suyos los fundamentos de la apelada cuando establece en su parte introductoria la frase "por sus fundamentos pertinentes". Siendo ello así, no se ha cumplido Con lo establecido en el artículo 388, inciso 2°, ordinal 2.3 del Código ProcesaI Civil. Por las razones expuestas y en uso de la facultad prevista por el artículo 392 del Código adjetivo: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas mil treinta, interpuesto por doña Marisol Gaby Santana ~ Suárez; en los seguidos con doña Ana María Vicetti Va/verde en representación de don Luis Felipe Vicetti Valve,rde y otros, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, más no así de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, por gozar del beneficio del auxilio judicial; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad, y los devolvieron.- SS. ALFARO ALVAREZ – CARRION LUGO – HUAMANI LLAMAS – CAROAJULCA BUSTAMANTE – MOLINA ORDÑEZ.-
CAS. 1376-02 SAN ROMAN NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
SUMILLA: PRINCIPIO DE PROTECCION
La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta , se encuentra regulada por principios procesales que autolimitan su utilización , de modo que no se utilice de manera maliciosa e indiscriminada. Uno de estos principios es el de protección, que guarda relación con la doctrina de los hechos propios, conforme al cual quien dio lugar o propició el vicio no puede ejercitar la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y así se evita atentar contra
Lima, trece de enero del dos mil tres.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA; vista la causa número mil trescientos setentiséis- dos mil dos, con los acompañados, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fojas quinientos dieciocho interpuesto por don Esteban Suyoc Alejo, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos noventiséis, emitida por la Sala Civil Descentralizada de San Román el cinco de abril del dos mil dos que, confirmando la apelada de fojas cuatrocientos veintiuno, del dieciocho de octubre del dos mil uno, declara fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, con lo demás que contiene; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de éste Supremo Tribunal de fecha trece de junio del dos mil dos, se ha declarado la procedencia del recurso por la causal del inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, por la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; CONSIDERANDO: Primero.- Que, emitido un fallo que se encuentra firme, sea porque ha quedado consentido, sea por que fue ejecutoriado, el mismo adquiere la calidad de cosa juzgada protegida constitucionalmente, la que únicamente puede ser atacada con la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, contemplada en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, cuando en el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso; Segundo.- Que, en autos doña María Isabel Aguilar Otazu ha incoado la nulidad de cosa juzgada fraudulenta del proceso de división y partición, que siguiera Esteban Suyoc Alejo y su cónyuge Isabel Cabana de Suyoc contra Juan Ernesto Aguilar Otazú (hermano de la demandante), para lo cual manifiesta que el mismo ha sido seguido con fraude por parte de los esposos afectando su derecho al debido proceso, en tanto que en él no se emplazó a ella ni a sus hermanos; no obstante, haber conocido los esposos Suyoc Cabana de su existencia como herederos de
Nicolaza Otazú Luza, quien fuera su madre fallecida el ocho de marzo de mil novecientos setentidós, siendo que por transmisión sucesoria loshermanos conjuntamente con su padre Zacarías Quispe Aguilar tenían derechos patrimoniales sobre el inmueble del Jirón Deústua doscientos quince, doscientos diecisiete y doscientos diecinueve sub materia; recortándoles su derecho de defensa; a lo que agrega que presumiblemente hubo colusión con el demandado en aquel proceso y su hermano Juan Aguilar Otazú, quien tampoco indicó que el bien se encontraba en estado de indivisión sucesoria; Tercero.- Que, los esposos Suyoc Cabana han negado la acción expresando que a su parte le vendieron el
inmueble sub litis el once de julio de mil novecientos setenticinco, cuando se le manifestó como herederos de la causante a su cónyuge y a sus hijos Pablo Alfredo, Jorge Jerónimo y Nancy Enriqueta Aguilar Otazú, apareciendo luego Juan Ernesto Aguilar Otazú, quien se atribuyó la condición de heredero universal de su madre; que
único que ha pretendido cuestionar la validez del contrato de compra venta ha sido
aludido Juan Ernesto; que si la demanda se siguió contra
éste fue porque en los juicios el mismo apareció como heredero universal con la sentencia judicial firme; que al tiempo de la división y partición la demandante era sólo presunta heredera y su hermano Juan Ernesto pudo efectuar la denuncia civil
correspondiente, lo que no hizo, siendo que en ese tiempo no había la declaración notarial de sucesión intestada en la que también se reconoce como heredero a Juan Ernesto, pese a que existía sentencia en la que aparece como heredero universal; y que la conducta de la actora es maliciosa y desleal, ya que seguramente sabía de los
diversos procesos judiciales y luego de veintiséis años obtiene la declaración notarial de sucesión intestada, confabulada con su hermano, con el propósito de impedir la ejecución de la sentencia del proceso de división y partición; Cuarto.- Que, es de advertirse en los corrientes autos la accionante, María Isabela Aguilar Otasu, cuestiona el que no se haya emplazado en el proceso de división y partición ni a ella ni
a sus hermanos, llegando a manifestar incluso en su demanda que habría colusión
con su hermano Juan Ernesto Aguilar Otasu, sin embargo, de modo contradictorio no emplaza a éste con la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, cuando es el nombrado hermano que en el proceso que se cuestiona presentó una copia de la certificación del juzgado de primera instancia de la Provincia de San Román, como es de verse de fojas cuatrocientos dieciséis, así como de su original de fojas cuarentitrés, con la que se presentaba como único heredero de doña Nicolaza Otazu Luza, al haberse decretado así por sentencia del veintiuno de octubre de mil novecientos ochentiocho; hecho que excluye el fraude por parte de los demandados Suyoc Cabana, ya que con quien se confrontaron era con el heredero declarado, quien en
cualquier caso sería el responsable del no emplazamiento de sus hermanos; Quinto.- Que, a las situaciones descritas, como son el no emplazamiento de Juan Aguilar por parte de la nulidicente María Aguilar, se suma el que ésta al efectuar su declaración de parte a fojas trescientos cuarentiocho, ante la pregunta de que su nombrado hermano aparece como heredero universal, desconociendo a sus hermanos y padre, responde que no cree que su hermano los haya desconocido; así como indica que ella y sus hermanos le habían encargado a Juan Ernesto que vea la casa; de donde es de concluirse que cualquier recorte de derechos a la recurrente ha sido motivado por la actuación del señor Juan Aguilar, quien adicionalmente a ello pudo efectuar la denuncia civil correspondiente manifestando la existencia de sus hermanos que debían integrar la litis; Sexto.- Que, abunda contra la recurrente el que, sólo recién de que el proceso le fuera desfavorable, su hermano haya efectuado la sucesión intestada notarial; que estimada con los argumentos antes expuestos, llevan la determinación de que la actora permitió que sea su hermano Juan Ernesto, el encargado de ver los asuntos de la casa, con lo cual éste se apersonó como único heredero en el proceso de división y partición, sin denunciarlos civilmente para que se incorporen al proceso, como debió haber actuado; y en tal entendido, no puede pretenderse ahora que se sancione una nulidad, pues se ha esperado las resultas del proceso de división y partición para recién alegarse el no emplazamiento al resto de la sucesión, la que se reitera ha sido declarada con posterioridad a la sentencia del proceso de división y partición; Sétimo.- Que, es oportuno señalar que la nulidad es una situación no querida en el proceso, por implicar un retroceso en el iter procesal, lo que implica prolongar el tiempo en la solución de conflicto de intereses, y en virtud de ello, conforme a la teoría general de las nulidades, que rige la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, existen principios que están destinados a autolimitar su utilización de modo que no se utilice tal medio impugnatorio de manera maliciosa e indiscriminada. Uno de esos principios es el de protección, que guarda relación con la doctrina de los hechos propios, y que se encuentra recogido en el precepto "nemo auditor propriam turpitudine allegans", conforme al cual quien dio lugar o propicio el vicio no puede solicitar la nulidad, con lo cual se busca evitar que quien realiza o propicia el acto viciado pueda tener la posibilidad de elegir cuales deben ser sus efectos, es decir aceptarlos si le son favorables o denunciarlos si les son adversos, pues ello atenta contra los principios de lealtad y buena fe procesal; Octavo.- Por tales consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo, de conformidad con el artículo trescientos noventiséis inciso segundo acápite dos punto cinco del Código Procesal Civil, concordado con los artículos ciento veintiuno in fine, ciento veintiocho y ciento setenticinco inciso primero de ese mismo texto legal;
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas quinientos dieciocho; NULA la resolución de vista de fojas cuatrocientos noventiséis, su fecha cinco de abril del dos mil dos; INSUBSISTENTE la apelada de fojas cuatrocientos veintiuno, su fecha dieciocho de octubre del dos mil uno; NULO todo lo actuado e IMPROCEDENTE la demanda de fojas cuarentinueve; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano" ; en los seguidos por María Isabel Aguilar Otazu contra Esteban Suyoc Alejo y otra, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, AGUA YO DEL ROSA, LAZARTE HUACO, PACHAS AVAL:OS, CAROAJULCA BUSTAMANTE
CAS. 22-02 LAMBAYEQUE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
SUMILLA:DEBIDO PROCESO
La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta , conforme al texto del artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil , establece que podrá ejercitarse esta acción, siempre que se alegara que el proceso en que se origina hubiera mediado dolo, fraude , colusión o afectación al derecho al debido proceso. La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, no convierte a los Juzgadores en un supra instancia o instancia adicional del proceso que se impugna, no constituye dicha acción una en que se reviva la discusión sobre el tema de litis. Que la Sala de Vista se pronuncie sobre la nulidad formal del título valor y no sobre si el proceso cuestionado ha existido fraude, dolo, colusión o afectación al
Lima, diez de enero del dos mil tres,-
LA REPUBLICA, vista la causa número veintidós -dos mil dos, con los
acompañados, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación, con
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata
de los recursos de casación de fojas setecientos veintiséis y setecientos
cuarenticinco, formulados por el Banco Santander Central Hispano -Perú y por
Emilse Victoria Niquen Peralta, respectivamente, contra la sentencia de vista
emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque de fojas setecientos tres, de fecha veintiséis de setiembre del dos
mil uno, la misma que ha sido integrada por la resolución de fojas setecientos diez, del seis de noviembre del dos mil uno, mediante las que se revoca la apelada de fojas quinientos noventiséis, del veinticuatro de enero del dos mil uno, que declaró improcedente la demanda, y reformándola se declara fundada dicha demanda, anulándose las sentencias emitidas en el proceso cuestionado, ordenándose que el juez de primera instancia de aquellos autos emita nueva resolución; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por sendas resoluciones del siete de febrero el dos mil dos, emitidas por éste Supremo Tribunal se ha declarado la procedencia de los recursos de fojas setecientos veintiséis y setecientos cuarenticinco, al haberse invocado para el primero las causales de los incisos primero y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, acusándose: 1.a) La aplicación indebida del artículo mil trescientos cincuentiuno del Código Civil, argumentándose que en el caso de autos no se discute sobre la validez o invalidez de un contrato, sino la determinación de la existencia de un fraude procesal; y 1.b) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, toda vez que la impugnada no había respetado el principio de congruencia, ya que su fundamentación no guarda relación con lo actuado, al haber remitido pronunciamiento sobre la nulidad formal del título valor y no sobre si en el proceso cuestionado ha existido fraude, dolo o colusión, o afectación al derecho al debido proceso, además de no contener argumentos propios al tema de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta; mientras que para el segundo, se denunció: 2.a) La aplicación indebida del artículo mil trescientos cincuentiuno del Código Civil, indicándose que tal norma es impertinente, ya que el presente proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene como origen una acción cambiaria que se sustenta en mérito a una letra y no a un contrato; 2.b) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso,toda vez que la sentencia impugnada no ha respetado el principio de congruencia, ya que invoca normas ajenas a la materia controvertida y por tanto determina que el fallo se fundamente en hechos diversos a los alegados por las partes; y 2.c) La infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, ya que la sentencia contiene defectos de forma al haberse desarrollado en la parte expositiva consideraciones de hecho y de derecho; ) CONSIDERANDO:
Primero.-Que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido proceso, en el que se de oportunidad de ofrecer los medios de prueba que sustenten su pretensión, de ejercer el derecho de defensa y de obtener una sentencia judicial que resuelva el conflicto de intereses o elimine la Incertidumbre jurídica dentro de un plazo preestablecido. Segundo.- Que conforme al texto del artículo ciento setentiocho .del Códi Procesal Civil vigente a la fecha en que se incoa la demanda, podía darse la nulidad de una sentencia siempre que se alegara que el proceso en que se origina hubiera mediado dolo, fraude, colusión o afectación al derecho un debido proceso; para lo cual, como ha sido aceptado de manera uniforme tanto jurisprudencialmente como doctrinariamente, lo que constituía materia de probanza era justamente la acreditación del dolo, del fraude, de la colusión o de la afectación del derecho a un debido proceso; no constituyendo dicha acción una en que se reviva la discusión sobre el proceso que se pretende nulificar, ni se convierta a los juzgadores de éste en una supra instancia de aquel, para que analicen el tema de litis de ese proceso; Tercero.- Que, en ese sentido es importante destacar que, conforme al artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil en sus incisos tercero y cuarto, las resoluciones deben contener la xpresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto a los puntos controvertidos, los fundamentos de hecho que la sustentan, así como los respectivos argumentos de derecho, según el mérito de lo actuado; Cuarto.- Que en autos se ha demandado la nulidad de la sentencia de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventisiete, recaída en el proceso quinientos sesentisiete- noventiséis- JCS, seguido ante el Juzgado Sentenciador Civil que despacho la recurrente Doctora, Victoria Niquen Peralta, emitida en el proceso ejecutivo de obligacióh de dar suma de dinero que incoara el Banco Mercantil Sucursal Chiclayo (Hoy Santander Central Hispano) contra Julio Ismael Severino Bazán; la misma que fuera confirmada por la resolución superior, de fecha treintiuno de marzo de mil novecientos noventisiete; al sostener el actor que ambas resoluciones se encontrarían afectas de un fraude, seguido de dolo y colusión que han afectado su derecho al debido proceso; Quinto.- Que la Corte Superior en Ia resolución recurrida ha amparado la demanda considerando: a) Que el contrato, es un acuerdo que obliga a las partes en su contenido, en el que
prima la manifestación expresa de las partes, siendo que si bien en el contrato de cuenta bancaria se presume el consentimiento de la cónyuge, sólo se refiere ello a las operaciones bancarias para el abono y retiró de dinero más no para la novación de Ia obligación o de un contrato de mutuo, para el que se requiere el consentimiento expreso de los de los cónyuges; b) Que, en el procedimiento previo a la expedición a la letra (la letra materia de ejecución en el proceso impugnado fue emitido por el banco por cierre de cuenta corriente), para que surta efectos, se necesita hacer de conocimiento de ambos cónyuges en la forma prevista por la ley, resultando que dicho acto no es exigible por contener un acto unilateral no exigible en la acción cambiaria; c) Que, los cargos de cuenta corriente deben ser autorizados por el cliente, y la garantía no es liquidable si se necesita de la prestación efectiva del otro cónyuge por no tratarse de una operación bancaria, sino de una obligación personal que lo subroga en el pago de la obligación en caso que su garantizado no honre la obligación; d) Que, el juez se encuentra en la obligación de exigir se cumplan con los requisitos referidos al contenido del título de ejecución, lo que no ha sucedido así al no considerarse procedente en la sentencia la contradicción a la demanda ejecutiva; y e) Que, el banco en contravención de las normas que facultan la emisión de la letra, fraudulentamente consignó un monto indebido por su cliente, siendo que al ser advertido por el juez tal hecho, se omitió el mismo lo que implica colusión; Sexto- Que, puede advertirse de las sentencias emitidas en el proceso originario, específica mente la de primera instancia, que el juzgador analizando el tema manifestó que el cargo en la cuenta corriente del recurrente se había efectuado en mérito a que el demandado en aquel- proceso y actor en éste, don Severino Bazán expresamente se había comprometido a garantizar a la empresa Representaciones Miguel Angel EIRL, autorizando a que se realicen cargos en su cuenta personal; y que se presumía de pleno derecho que su cónyuge había prestado consentimiento en la apertura de la cuenta corriente y operaciones efectuadas por su cónyuge, como lo normaba el artículo doscientos noventinueve de la Ley General de Instituciones bancarias; Sétimo.- Que siendo así se desprende que lo que hace la Sala de Mérito es reexaminar nuevamente asuntos discutidos en el procedimiento impugnado, lo que no corresponde ser realizado, aun cuando se considere que el razonamiento del juzgador en aquel proceso fue deficiente o
errado, toda ve que se reitera que en este tipo de procesos lo que debe acreditarse el dolo, fraude o colusión, lo que es materia del proceso conforme excepcional del mismo; determinaciones a la que no se puede llegar con Ias argumentaciones vertidas por el Colegiado Superior, menos aún si la derminación de la recurrida es la existencia de colusión, es decir del contubernio que se habría dado entre el juzgador y la entidad bancaria, situación que es la que debería acreditarse y que nuevamente se acota, no se presenta por las consideraciones del superior, que tienden a desvirtuar las afirmaciones hechas por el juez y que fueran confirmadas por el superior en aquel proceso, que debería probarse sería el entuerto entre los juzgadores y el Banco lo que no se da en mérito a un nuevo análisis jurídico contrario al que motivo los fallos que ahora son objeto de nulidad, en tanto que como se precisó anteriormente el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no convierte a los juzgadores de éste en una supra instancia o instancia adicional del proceso que se impugna; Octavo.- Cabe señalar que cuando se denuncia causal es de índole sustantivo y adjetivo deben analizarse primeramente las adjetivas, pues de ampararse estas acarrearán una sanción de nulidad, que hace innecesario el pronunciamiento sobre las sustantivas; Noveno.- Que, en consecuencia, al haberse afectado el principio de congruencia, en afectación del artículo ciento ventidós inciso tercero y cuerto del Código Procesal Civil, concordando con el artículo trescientos noventiséis, acápite dos punto uno, declararon:
FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Banco Santander Central Hispano-Perú y Emilse Victoria Niquen Peralta, a fojas setecientos ventiseis y setencientos cuarenticinco respectivamente, y en consecuencia; NULA la resolución de vista de fojas setencientos tres su fecha veintiséis de setiembre del dos mil uno; ORDENARON que Sala de su procedencia emita nueva resolución con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por Julio Ismael Severino Bazán contra el Banco Santander Central Hispano – Perú y Emilse Victoria Niquen Peralta, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.
SS. MENDOZA RAMÍREZ, AGUAYO DEL ROSARIO, LAZARTE HUACO, PACHAS AVALOS, HUAMANI LLAMAS
CAS 2712-2002
SUMILLA: ADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA DE MEDIOS IMPUGANATORIOS
Los medios impugnatorios se interponen ante el Juez que expidió la resolución impugnada, quien luego de verificar si se cumplen con los requisitos de admisibilidad deberá pronunciarse sobre su admisibilidad o no según sea el caso.
El Superior también podrá declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la apelación si advierta que no se han cumplido los requisitos para su concesión y deberá pronunciarse de manera clara y precisa respecto de cada uno de los medios impugnatorios interpuestos. El no análisis de todos y cada uno de ellos implica un recorte del derecho de defensa de
Lima, veintisiete de enero del dos mil tres.-
LA REPUBLlCA, vista la causa dos mil setecientos doce - dos mil dos, en
audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la
siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de
casación interpuesto por Julio César Soles Lagos contra la resolución de vista
de fojas ciento noventiséis, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad el veinticuatro de mayo del dos mil dos que,
revocando la apelada de fojas ciento veinticinco, del diez de octubre del dos mil
uno, declara fundada la excepción de caducidad propuesta por el Banco de
Crédito del Perú Sucursal, Trujillo, y en consecuencia nulo todo lo actuado y
concluido el proceso; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de éste
Supremo Tribunal de fecha diecisiete de setiembre del dos mil dos se ha
declarado la procedencia del recurso por la causal del inciso tercero del artículo
trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es por la contravención
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción de
las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, al
haberse denunciado: a) Que, en la demanda se ha señalado un monto que
sobrepasa las tres mil unidades de referencia procesal, no obstante lo cual el
Banco al apelar la resolución de primera instancia adjuntó una tasa diminuta,
por lo que el recurrente solicitó en dos oportunidades se declare la nulidad del
concesorio de la apelación, sin embargo tales escritos fueron resueltos recién
con posterioridad a la vista de la causa, el catorce de junio del dos mil, transgrediéndose el debido proceso y el derecho de defensa, al no haber sido tenidos en cuenta pese a que fueron presentados con anticipación a la vista de la causa; b) Que, la excepción formulada es de caducidad, sin embargo la apelación se sustentó en una falta de legitimidad para obrar del demandante, lo que no ha sido tenido en cuenta por el ad quem, c) Que, los escritos de nulidad antes acotados fueron proveídos luego treinta días, sin considerarse el artículo ciento veinticuatro del Código Procesal Civil, porque al tratarse de un decreto se debió proveer dentro del segundo día; y d) Que, la Sala de mérito ha computado el plazo de caducidad desde el veintitrés de agosto del dos mil, llegando a la conclusión tácita de que la demanda ha sido presentada extemporáneamente, sin embargo no ha tenido en cuenta que la demanda ha sido presentada el veintinueve de mayo del dos mil, es decir tres meses antes de la fecha que indica la Sala de vista, siendo que el plazo no se computa desde la fecha de adjudicación, sino desde la fecha en que se ejecuta la sentencia, más aún si la resolución no cumple con el artículo ciento veintidós incisos tercero y cuarto del Código Adjetivo, por cuanto no es clara ni precisa, ni tiene una debida fundamentación; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la nulidad procesal es el estado de anormalidad procesal originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo colocan en la situación de ser declarado judicialmente inválido; Segundo.- Que, de acuerdo al artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil la nulidad debe sancionarse sólo por causa establecida en la ley, o cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; Tercero.- Que, uno de los motivos que acarrean sanción de nulidad es el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo ciento veintidós incisos tercero y cuarto del Código Procesal Civil, conforme a los cuales la decisión debe tener mención de los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan, así como las normas aplicables según el mérito de lo actuado, y con la expresión clara y expresa respecto a todos los puntos controvertidos; Cuarto.- Que, bajo estas premisas debe apreciarse de autos que declarado infundada la excepción de caducidad propuesta por el Banco de Crédito del Perú Sucursal, Trujillo, dicha entidad financiera formuló recurso de apelación a fojas ciento cincuenta, compañando a su escrito una tasa de treintiún nuevos soles, no obstante que conforme al petitorio de la demanda a la pretensión de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta se acumuló la de indemnización por el monto de cuatrocientos setentiséis mil ochocientos diecinueve dólares americanos con ochenta centavos, por lo cual la tasa a abonar era la de doscientos setenta nuevos soles en virtud a la Resolución Administrativa cero cero dos- dos mil uno- CT -PJ, del cuatro de enero del dos mil uno, vigente a la presentación del recurso; Quinto.- Que, dicho defecto en el abono de la tasa judicial motivó la presentación por parte del demandante de los escritos de nulidad y alegatos obrantes a fajas doscientos dos y doscientos cuatro, ingresados con fecha catorce de mayo del dos mil dos, esto es antes de la expedición de la resolución de vista que se impugna, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dos; sin embargo, el Tribunal Superior ha proveído dichos escritos recién con fecha catorce de junio del dos mil dos, señalando que se esté a lo resuelto en la resolución de vista, cuando más bien ésta debió considerarlos para que pueda emitirse; tanto más si corresponde al superior verificar que se cumplan con los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, ordenando su subsanación en casos como el de autos conforme al artículo trescientos sesentisiete del Código Procesal Civil, de donde se conduye que al absolverse el grado la Sala de Vista no analizó los escritos antes aludidos, recortando el derecho de defensa de la recurrente y pronunciándose contrario al mérito de lo actuado y el derecho, vulnerando el artículo ciento veintidós incisos tercero y cuarto del Código Procesal Civil; .Sexto.- Que, en tal virtud corresponde anularse la recurrida a fin de que el Colegiado de mérito, ordene se cumpla con subsanar el pago del arancel respectivo, luego de lo cual recién se podrá resolver sobre la excepción propuesta en grado de apelación, resultando esa misma razón el motivo por el que éste Colegiado no puede pronunciarse sobre el fondo de la misma; Sétimo.- Que, en consecuencia, de conformidad con el acápite dos punto uno del inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación de fajas doscientos cuarentitrés; NULA la resolución de vista de fajas ciento noventiséis, su fecha veinticuatro de mayo del dos mil dos; MANDARON que la Sala de su procedencia emita nuevo fallo con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" ; en los seguidos por Julio César Soles Lagos contra Banco de Crédito del Perú y otro sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.-
SS. ECHEVARRIA ADRIANZEN, MENDOZA RAMÍREZ, AGUAYO DEL
ROSARIO, LAZARTE HUACO, PACHAS AVALOS
CASACION 3730 -2002 MOQUEGUA
SUMILLA: IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE NULIDAD
Para ejercitar la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta , el recurrente deberá
establecer, de modo claro y preciso, en que ha consistido el fraude procesal o la
colusión o la afectación a su derecho al debido proceso.
Existe un proceso fraudulento cuando es el resultado del fraude, colusión de las
diversas partes que se confabulan para obtener una sentencia en determinado
sentido, con el fin de producir efectos jurídicos sustanciales ilícitos o ilegales. Actuar
con ligereza, y pretender vía nulidad de cosa juzgada fraudulenta alegar la falta de
Lima, diecinueve de mayo del dos mil tres.-
LA REPUBLICA, vista la causa Número tres mil setecientos treinta -dos mil
dos, con los acompañados; en la audiencia pública de la fecha y producida la
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por don Héctor
Náquira Velarde, mediante escrito de fojas quinientos veintiséis, contra la
sentencia de vista, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Tacna, de fojas quinientos uno, de fecha diecisiete de setiembre del dos mil
dos, que confirma la apelada que declara infundada la demanda de nulidad de
cosa juzgada fraudulenta; sin costas, ni costos; FUNDAMENTOS DEL
RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas quinientos
treintiuno, fue declarado procedente por resolución del nueve de enero del dos
mil tres, por la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos
ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en la contravención de las
normas que garantizan e debido proceso, porque el artículo ciento veintidós del
Código Procesal Civil establece en sus numerales tres y cuatro, que las
resoluciones judiciales contienen entre otros requisitos, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden de los fundamentos de hecho que la sustentan y los de derecho con las citas legales que correspondan y la expresión clara y precisa de lo que se decide ordena, respecto de todos los puntos controvertidos y en este caso no ha habido pronunciamiento sobre el argumento del escrito de apelación, de que el Juzgado de Paz Letrado era incompetente para conocer el proceso de otorgamiento de escritura pública de levantamiento de hipoteca, por razón de la materia y de la cuantía, en aplicación del artículo doce del Código Procesal Civil y tampoco se ha pronunciado si ha operado el cambio de domicilio a través de la notificación de la demanda de ejecución de garantías, conforme lo dispone el artjculo cuarenta del Código Civil y menos aún no ha mencionado en ningún caso su valoración de las pruebas, siendo su obligación fundamentar fáctica y jurídicamente su decisión, expresando las valoraciones esenciales y determinantes que la sustentan, conforme Ordena el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el argumento del recurso de casación de que no ha habido pronunciamiento en la sentencia de vista sobre si se ha operado el cambio de domicilio a través de la notificación de la demanda de ejecución de garantías conforme lo dispone el artículo cuarenta del Código Civil no puede prosperar, porque en el considerando sexto de la sentencia apelada y tercero de la vista se señala con fundamentos de hecho y de derecho, que la notificación cursada en el proceso de cancelación de deuda y levantamiento de hipoteca fue válida, por lo que la sentencia de mérito reúne los requisitos de los numerales tercero y cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, más aún, el recurrente expresa que se operó el cambio del domicilio a través de la notificación de la demanda de ejecución de garantías, pero el domicilio señalado por los recurrentes en dicho proceso, no coincide con el certificado domiciliario presentado en autos, ni con el señalado en la escritura de constitución de hipoteca ; Tercero.- Que, siendo válido el emplazamiento realizado a los recurrentes en el proceso de cancelación de deuda y levantamiento de hipoteca y habiendo apelado de la resolución que declaraba consentida la sentencia, se han sometido a la competencia del juez de paz
Letrado y no puede vía nulidad de la cosa juzgada fraudulenta alegar la falta – de competencia y menos aún sostener que con ello ha habido fraude o colusión afectando el debido proceso, amparado en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil; Cuarto.- Que, por las razones expuestas
y no presentándose la causal del inciso tercero del artículo trescientos
ochentiséis del Código Procesal Civil, y aplicando el artículo trescientos noventiodlo del Código Adjetivo, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Héctor Náquira Velarde, a fojas quinientos uno,
fecha diecisiete de setiembre del dos mil dos; CONDENARON al recurrente
pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así
como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; en los seguidos por Héctor Leoncio Náquira Velarde y otra con Cruz Castro Flores y otros, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, y los devolvieron.-
S.S. ECHEVARRIA ADRIANZEN, MENDOZA RAMÍREZ, AGUAYO DEL ROSARIO, LAZARTE HUACO, PACHAS AVALOS
CASACION Nº 3754 -2OO2
NULIDAD DE COSA JUZGAGA SUMILLA:DEBIDO PROCESO
Si la Sentencia no cumple con las formalidades establecidas en la ley, se entiende que se ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil .
Lima, primero de agosto del dos mil tres.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA; Vista la causa número tres mil setecientos cincuenticuatro - dos mil dos, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata
del recurso de casación interpuesto por don Ramón Huamán Mamani, mediante escrito de fojas noventitrés, contra la resolución de vista, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Román, de fojas setentiséis, de fecha veintitrés de octubre del dos mil dos, que revocando la apelada y reformándola declaró improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y ordenaron el arco de la misma; dispusieron se comunique la presente resolución al juzgado de origen para los fines de Ley; FUNDAMENTOS DEL RECURSO .Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento quince, fue declarado procedente por resolución de fecha trece de enero del dos mil tres, por la causal contemplada en el inciso tércero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en a) Que no se ha cumplido lo señalado en el artículo ciento cuarentiuno de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, que al revocarse la apelada declarándola improcedente, se ha puesto fin a la instancia, por lo que conforme al tipo de decisión adoptada, hace que se, requiera de tres votos conformes; b) Que el Superior ha obviado los fundamentos de los puntos seis y siete de la demanda, en los que se invoca como causales nulificantes el fraude
la afectación al debido proceso y existiendo conexión lógica entre los hechos
el petitorio, siendo por ello un caso que amerita tutela jurisdiccional, por este
motivo considera que ha sido afectado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva regulada en el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil; c)Que la calificación errónea de la demanda afecta lo previsto en los artículos cincuenta inciso sexto y ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil; d) Que, también han sido afectados los artículos ciento ochentinueve del Código Procesal Civil concordante con el artículo doscientos ocho de ese mismo cuerpo legal, puesto que las pruebas se actúan en la etapa probatoria, habiendo el Superior desnaturalizado el proceso cuando en grado de apelación de una resolución expedida en la etapa postulatoria hace una revisión del proceso Número ciento ochentiocho -dos mil uno como si resolviera el fondo; e) Que la impugnada afecta también lo establecido en el artículo cuatrocientos cuarentinueve del Código Procesal acotado Concordante con el
artículo cuatrocientos sesenticinco del mismo Código, sobre la facultad s eadora del juez; y por último f) Que la Corte Suprema ha establecido en constantes ejecutorias, el carácter inimpugnable del auto admisorio, que está contemplado en la doctrina, como lo ha establecido la Casación Número mil quinientos sesentiuno -noventiocho del treinta de abril o dos mil uno; CONSIDERANDO: Primero.- Que, por resolución de fecha a veintidós de mayo del dos mil dos se admitió a trámite la demanda sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta y al ser esta resolución objeto de apelación, la Sala Superior por resolución sub materia revoca dicho admisorio y reformándolo declara improcedente la acción; en consecuencia se advierte del sentido.de esta decisión, que la misma pone fin a la instancia; Segundo.- Que, el articulo Ciento cuarentiuno del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que en Ias Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia; empero en este caso el auto de vista citado infringe tal disposición, pues ha sido expedido únicamente con dos votos conformes; Tercero.- Que, estando al efecto de esta sentencia casatoria, carece de objeto que este Tribunal se pronuncie respecto a las otras denuncias invocadas en el recurso casatorio; Cuarto.-Que, todo esto determina que en la sentencia de vista se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil; Quinto.-Que, por estas razones que anteceden y de conformidad con el Dictamen de la señora Fiscal Supremo, y presentándose la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil y de conformidad con el acápite dos punto uno del inciso segundo del artículo trescientos noventisé;s del Código acotado, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ramón Huamán Mamani, a fojas noventitrés, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas setentiséis, de fecha, veintitrés de octubre del dos mil dos; ORDENARON al Organo Jurisdiccional Inferior expedir nuevo fallo con arreglo a ley; DISPUSfERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; en los seguidos por Ramón Huamán Mamani y otro con Viamonte Impresores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y otro, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.-
SS. MENDOZA Ramírez, AGUAYO DEL ROSARIO, LAZARTE HUACO,
PACHAS AVALOS, QUINTANILLA QUISPE.
CAS 3864 -2002 LIMA NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
SUMILLA: PLAZO DE CADUCIDAD
Para el ejercicio de la pretensión de Nulidad de cosa juzgada fraudulenta previsto en el artículo ciento setentiocho del Código procesal Civil, las partes o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia , deberán interponer su acción dentro del plazo previsto, esto es hasta dentro de séis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada sino fuera ejecutable. Caso contrario se estaría produciendo la caducidad de la
LA REPÚBLICA; Vista la causa tres mil ochocientos sesenticuatro -dos mil
dos, en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo
a Ley emiten la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del
recurso de casación interpuesto por Ana Rosa Torres Ramos de Linares,
contra la resolución de vista de fojas ciento treintiocho, su fecha once de
Noviembre del dos mil dos, que confirmando la apelada de fojas veintisiete,
fechada el veintinueve de Octubre del dos mil uno, declara Improcedente la
demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de
fecha veintiuno de Enero del dos mil tres ha estimado procedente el recurso
por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un
debido proceso, expresando la recurrente como fundamentos: que la sentencia
de vista estima que la presente demanda es extemporánea al considerar que la
sentencia cuestionada expedida por el Cuarto Juzgado Civil dentro del proceso
sobre Retracto seguido
se ejecutó ~ con su inscripción en los Registros Públicos el veinticinco de
Agosto de mil novecientos noventiocho; que sin embargo, la Sala se equivoca,
pues la recurrente: no intervino en el presente proceso; de tal modo que no
entre las mismas partes del presente proceso
habiendo sido parte en el referido proceso no le corre término alguno de los seis meses previstos en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil; CONSIDERANDO: Primero - Que, tal como se puede apreciar, la recurrente sustenta su recurso en el argumento de que el plazo de caducidad para el ejercicio de la pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta previsto en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil resulta inaplicable a su persona debido a que ella no intervino en el proceso que está cuestionando; dando así a entender la demandante que ella puede interponer dicha pretensión en cualquier momento; Seaundo.- Que sin embargo, de acuerdo al artículo ciento setentiocho, segundo párrafo, del citado Código, puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia; de tal modo que tanto !a parte como el tercero ajeno al proceso para ejercer la multicitada pretensión deben hacerlo dentro del plazo previsto para todos en el primer párrafo del mismo artículo, esto es, hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, sino fuere ejecutable; Tercero.- Que siendo ello así, no cuestionando la recurrente en el presente caso que la sentencia firme dictada en el proceso de Retracto que cuestiona, fue ejecutada el veinticinco de Agosto de mil novecientos noventa y ocho con la inscripción en los Registros Públicos de la referida sentencia, resulta evidente que a la fecha de interposición de la presente demanda, el veinticinco de Octubre del dos mil uno, ha transcurrido con exceso el plazo de Ley; Que en consecuencia, si bien es cierto el Superior Colegiado incurre en error al considerar de modo genérico que las partes en este proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta son las mismas que en el proceso de Retracto, cuando la recurrente evidentemente no participó en ella, también lo es que ello en lo absoluto altera el sentido de la recurrida toda vez que, conforme ya se ha indicado, el mismo plazo de caducidad de seis meses es también aplicable al tercero ajeno al proceso; de conformidad con el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil; estando a las consideraciones que preceden, y de acuerdo con lo dictaminado por la Señora Fiscal Supremo: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fajas ciento cuarenticinco en consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fajas ciento treintíocho su fecha once de noviembre del dos mil dos; CONDENARON al recurrente al pago de las costas
y costos del recurso así como la multa de tres Unidades de Referencia Procesa; DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en el diario oficial "El Peruano"; en los seguidos por Ana Rosa Torres Ramos de Linares con José Luis Suárez Daneri y otros; sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.-
SS. AGUAYO DEL ROSARIO, LAZARTE HUACO, PACHAS AVALOS, MOLINA ORDÓÑEZ, QUINTANILLA QUISPE.
CAS 670 –2003
La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, es una pretensión impugnatoria de naturaleza procesal y extraordinaria pues cuestiona la resolución que haya sido obtenida sobre la base del engaño o la simulación. Pretender debatir , cuestionar la interpretación y valoración probatoria efectuada
Lima, diecinueve de agosto el dos mil tres.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE USTICIA DE
LA REPÚBLICA, vista la causa número seiscientos setentas dos mil tres, en
Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley emite la
siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Que, el Banco Santander
Central Hispano interpone Recurso de Casación contra el auto de vista de fojas
noventiseis, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, el dieciséis de enero del dos mil tres, que onfirmando la apelada, de
fojas treintitrés, su fecha veinte de mayo del dos mil dos declara liminarmente
improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta;
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, por resolución e esta Sala Suprema
fechada el veintiocho de abril del dos mil tres, se ha declarado procedente el
recurso por la causal de contravención a las normas que garantizan su derecho
al debido proceso, señalando que la acción de Cosa Juzgada Fraudulenta es
de naturaleza extraordinaria pues cuestiona la resolución que haya sido
obtenida sobre la base del engaño o la simulación, de lo contrario sería
aberrante mantener una resolución firme bajo esas condiciones; En éste caso
se ampara una acción de Tercería reconociendo un estado civil que no
constaba registralmente por tanto no se pretende debatir la intrerpretación y
valoración probatoria efectuada por los jueces, sino que se analice el proceso
mismo a fin de determinar que la causal de contravención invocada es cierta;
CONSIDERANDO: Primero.- Que, a fojas veintisiete el Banco Santander
Central Hispano interpone demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
dirigiéndola contra Silverio Afranio Rivera Abril, en su calidad de tercerista,
contra Rosa Condori Caballero, en su calidad de ejecutada y contra los
magistrados de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la apelada, declararon fundada la demanda de tercería interpuesta por el tercerista; Segundo.- Que, el Banco recurrente relata que Rosa Condori Caballero, gravó, a su favor, un inmueble, en el que, documentalmente, aparece como única y exclusiva propietaria; sin embargo, cuando el Banco iba
a proceder a ejecutar la hipoteca a su favor Silverio Afranio Rivera Abril le
interpone una demanda de tercería, alegando que había contraído matrimonio con la ejecutada (Rosa Condori Caballero) el primero de setiembre de mil novecientos sesentiuno y que el bien era social, al haberlo adquirido en forma
conjunta; el A quo, en el proceso de tercería, amparó este argumento, el mismo que fue confirmado por la Sala revisora; Interpuesto el recurso de casación, por parte del Banco, fue declarado improcedente; Tercero.- Que, en esta oportunidad, el Banco sostiene, sintéticamente, que en el proceso de
tercería no habría respetado los principios registrales de publicidad y buena fe,
lo que constituye un fraude procesal; Cuarto.- Que, el A qua, liminarmente,
declaró improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, atendiendo a que es evidente que el Banco recurrente no esta sosteniendo, como argumento de su demanda, un acto fraudulento procesalmente, sino que cuestiona el fondo mismo de la controversia surgida en el proceso de tercería de propiedad; la Sala, al absolver el grado, confirma la apelada; Quinto.- Que, el recurrente sostiene que su intención no es debatir la interpretación o valoración que hayan efectuado los magistrados de mérito sino que se analice el proceso mismo de tercería, para determinar que la causal de fraude procesal es cierta; Sexto.-Que, el inciso tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política vigente señala que es principio y derecho de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; asimismo, la primera parte del artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, señala que: hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por
una, o por ambas partes, o por el
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta puede ser conceptuado como:
rescisión de una sentencia o de un auto que haya puesto fin al proceso y que, por tanto, tenga la autoridad de la cosa Juzgada o los efectos de ella, respectivamente. Esta pretensión es excepcional
Lima -Perú; junio de mil novecientos noventinueve; página doscientos
fraudulento, en sentido estricto, cuando es el resultado del fraude conjunto o de
Sétimo.- Que,
Juez o por este y aquellas;
una pretensión impugnatoria, de naturaleza procesal, destinada a la
(Juan Monroy Gálvez; en: Revista Ius Et Veritas dieciocho; año noveno;
ochentitrés); Asimismo, Devis Echandia señala que: "(
de las diversas partes (
en determinado sentido de contenido especifico, con el fin de producir efectos
(en El Fraude Procesal:
Fundamentos doctrinarios para el estudio del artículo ciento setentiocho del
Código adjetivo; Editorial Palestra; Lima -Perú; página setenta); Octavo.- Que,
maquinaciones enderezadas a obtener el dictado de una sentencia que no
(Derecho Procesal Civil (de
acuerdo al Código Procesal Civil Peruano; Jorge Peyrano; Ediciones Jurídicas; Lima -Perú; mil novecientos noventicinco; (página cuatrocientos cuarentiséis);
Noveno.- Que, analizados así en el caso de autos, el Banco demandante pretende, aún cuando lo niegue, que los Magistrados de mérito establezcan que en el proceso de tercería se ha preferido los derechos del cónyuge de la deudora (tercerista) a los principios registra s, lo cual constituye un análisis sustantivo de los elementos probatorios del proceso de tercería, siendo esta una labor totalmente extraña para el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; Décimo.- Que, de la sustentación de su demanda, de su apelación
y de su recurso de casación, no se desprende que el Banco recurrente haya
jurídicos sustanciales ilícitos o ilegales (
quienes se confabulan para obtener una sentencia
además, el fraude procesal se puede definir como "(
refleja la verdadera voluntad del ordenamiento (
podido establecer, de modo claro -Preciso, en que ha consistido el fraude procesal o la colusión o la afectación a su derecho al debido proceso, en la que hayan intervenido sólo el tercerista o los magistrados, demandados en este proceso, y que permita la configuración de alguna de las causales descritas en
setentiocho del Código adjetivo; Décimo Primero.- Que, al
no haberse configurado ninguno de los supuestos prescritos en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, ha permitido a los magistrados de mérito, declarar liminarmente improcedente la demanda, lo que implica que no se ha presentado la causal casatoria de contravención a las normas que garantizan su derecho al debido proceso; por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo trescientos noventisiete del Código adjetivo; declararon: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fajas cientos dos; en consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fojas noventiséis su fecha dieciséis de enero del dos mil tres; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos del recurso así como la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente
el artículo ciento
resolución en el diario oficial "El Peruano", en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú sucesor procesal del Banco Santander Central Hispano con Silverio Afranio Rivera Abril y otros; sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron. S.S. MENDOZA RAMIREZ, AGUAYO DEL ROSARIO, ACEVEDO MENA, PACHAS AVALOS, QUINTANILLA QUISPE.
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