Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4105
Timestamp: 2020-01-22 17:16:59+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 121/2000
SENTENCIA 121/2000, de 10 de mayo
ECLI:ES:TC:2000:121
En el recurso de amparo núm. 376/98, promovido por don José Jané Solá, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Francisco García Díaz y asistido del Letrado don Juan Córdoba Roda, contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 15 de diciembre de 1997, desestimatorio del recurso de queja que había sido formulado contra el Auto de 18 de julio de 1997 del Juzgado núm. 3 de la misma ciudad. Este último Auto desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 16 de junio de 1997, que acordó la clausura de la instrucción de unas diligencias previas, las núm. 3261/93, y su continuación por los trámites del procedimiento penal abreviado.
Han sido parte el Abogado del Estado, así como don José María Fabregat Piferrer y don Eugenio Fabregat Mora, don Francisco Busquets Farras, don Agustín Costs Calsina, don Alberto Rivillo Solé y la entidad Egarfil, S.A., respectivamente representados por los Procuradores Sres. García Díaz, Velasco Núñez Cuellar, Rodríguez Chacón, Pérez Mulet y Suárez y González Díez, y asistidos por los Abogados don Ignacio Toda Jiménez, don Javier Amat Badrinas, doña Roser Rafols Vives, don José López Sánchez y don José María Cánovas Delgado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en este Tribunal el 30 de enero de 1998, el Procurador don Antonio Francisco García Díez, en nombre y representación de don José Jané Solá, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se han reseñado en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. En la demanda de amparo se denuncia la violación, por las resoluciones contra las que se recurre, del art. 24.1 CE, ya que la falta de fundamentación jurídica de las mismas comporta una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, dejando al ahora quejoso en una clara indefensión.
3. Los hechos relevantes para el enjuiciamiento de la pretensión de amparo son, sucintamente expuestos, los que a continuación se indican:
a) El día primero de octubre de 1993, don José María Albiol Morera y doña Silvia Grau Farré, un matrimonio que actuaba dirigido profesionalmente por el Abogado don Jacinto Gimeno Valentín-Gamazo, presentó una querella criminal contra varios directivos del Banco de la Mediana y Pequeña Empresa, S.A. (Bankpyme), entre ellos el recurrente en amparo don José Jané Solá, consejero delegado de la entidad crediticia.
"HECHOS. Primero. Las presentes diligencias se incoaron en virtud de querella interpuesta por el Procurador Sr. Martínez Campos en nombre y representación de José María Albiol Morera y Silvia Grau Farré, contra José Jané Solá, José María Fabregat Piferrer, Ramón Solanellas Solanellas, Alberto Rivillo Sole, Francisco Busquets Farras y Juan Cavalle Miranda, directivos del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. y Bankpyme S.A., por un presunto delito de falsedad en documento mercantil y delito continuado contra la Hacienda Pública, en grado de cooperación necesaria. En fecha 11 de noviembre de 1993, se tuvo por apartados de la querella a los referidos querellantes, en virtud del escrito de fecha 4 de noviembre de 1993, habiéndose personado el mismo Procurador en nombre de Manuel del Arco Jiménez mediante querella presentada en fecha 10 de diciembre de 1993, ejercitando la acción popular. Asimismo, en fecha posterior se personó la Abogacía del Estado".
El Abogado de los querellantes, matrimonio Albiol-Grau, primero, y don Manuel del Arco Jiménez, después, fue sometido a un proceso penal en el que ha sido condenado, como autor de un delito de amenazas (una de cuyas víctimas es el Sr. Jané Solá, recurrente en amparo); le condenó el Juzgado núm. 16 de Barcelona, siendo confirmada la Sentencia por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Sexta), el día 3 de febrero de 1999.
b) En las diligencias previas núm. 3261/93, seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Barcelona, y tras diversas vicisitudes, con fecha 16 de junio de 1997 recayó Auto en el que, entre otras declaraciones, se desestimó la petición de archivo que habían formulado la representación del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y otras personas, acordándose la continuación del procedimiento por un delito contra la Hacienda Pública. En lo que respecta al recurrente en amparo, en la referida resolución se le considera imputado en la comisión del delito fiscal a título de "cooperador necesario".
c) El ahora quejoso interpuso recurso de reforma contra el Auto de 16 de junio de 1997, solicitando la revocación del mismo y el consiguiente sobreseimiento libre de las actuaciones. En el recurso alegaba, entre otras razones, que: 1) el delito objeto del procedimiento no podía ser cometido por "complicidad necesaria", por tratarse de un "delito especial y propio"; 2) los hechos imputados se habían producido con posterioridad a la comisión del delito, por lo que no podían ser constitutivos del mismo; 3) la actividad supuestamente delictiva forma parte del objeto social del Banco; 4) el Banco nunca garantizó a los inculpados la opacidad fiscal; 5) no es posible hablar de delito continuado; 6) los inculpados presentaron declaraciones fiscales complementarias.
d) El recurso de reforma fue desestimado por Auto de fecha 18 de julio de 1997, en el que: 1) No se menciona al Sr. Jané Solá, que queda fuera de la resolución judicial. 2) No se consideran, en consecuencia, los motivos alegados por él, que en parte son propios y distintos de los que invocaron otros inculpados.
e) Mediante escrito de 22 de julio de 1997, la representación procesal del recurrente en amparo solicitó ante el Juzgado de Instrucción la nulidad del Auto de 18 de julio de 1997, por haber omitido el Juzgado resolver el recurso de reforma interpuesto por él, sin perjuicio de formular similar pretensión en el recurso de queja que se interpusiere contra el Auto de 18 de julio de 1997; recurso de queja que, efectivamente, se formuló ante la Audiencia Provincial de Barcelona mediante escrito de 24 julio de 1997 en el que se alegó la marginación del Sr. Jané Solá de la resolución judicial, con la consiguiente omisión de respuesta a los motivos jurídicos de impugnación opuestos por él en el recurso de reforma (únicamente existe un pronunciamiento general sobre la prescripción de alguno de los delitos), alegación que fue posteriormente complementada mediante escrito de 28 de octubre de 1997, en el que se efectúan determinadas consideraciones acerca del gravísimo daño que a la viabilidad del Bankpyme puede acarrear el que dos de sus directivos (uno de ellos el demandante de amparo) se vean abocados a figurar en calidad de acusados en un juicio oral sobre la base de resoluciones infundadas dictadas por el Juez de Instrucción.
f) El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona dictó un Auto el 4 de septiembre de 1997, en el que se declaraba la nulidad parcial del Auto de fecha 18 de julio de 1997, en los siguientes términos:
"Dispongo: Que, declarando la nulidad parcial del Auto de fecha 18 de julio de 1997, se amplia el mismo, desestimando los recursos de reforma interpuestos por el Procurador Sr. Anzizu en nombre de J. Jané Solá y José María Fabregat Piferrer contenido en el mismo recurso del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa".
"Primero. No procede acceder a la nulidad del Auto de 18 de julio de 1997, al amparo del art. 242.2º L.O.P.J., al ser procedente dictar la nulidad parcial, en el único aspecto de no haberse resuelto los recursos presentados por los Sres. Jané Solá y Piferrer, sin que tal extremo afecte al resto de los recursos presentados y resueltos en dicha resolución. Ambos inculpados formularon su recurso en el mismo escrito que lo formuló el Banco y esta Instructora erróneamente atribuyó su interposición a esta última entidad. Examinado nuevamente el mismo, se mantiene íntegramente el primer razonamiento jurídico del Auto de 18 de julio de 1997, en el que se razonaba la desestimación del recursos interpuesto por el Banco contra el Auto de fecha 16 de junio de 1997, dado que el escrito de recurso es idéntico para los tres recurrentes, sin que se especificaran cuestiones distintas o diferentes a las alegadas por el Banco, y sin que se hayan desvirtuado los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la resolución recurrida".
g) La Audiencia Provincial de Barcelona, por Auto de 15 de diciembre de 1997, desestimó el recurso de queja, declarando en el fundamento jurídico segundo:
"Segundo. En lo que respecta a la presunta vulneración del derecho fundamental a la tutela efectiva se basa, de forma sintetizada, en que en el Auto de fecha 18 de julio de 1997 no se hace referencia al recurso de reforma interpuesto por los Sres. Jané y Fabregat sino al formulado por la entidad bancaria ya citada de manera que han quedado sin respuesta las diversas argumentaciones que contenía el escrito impugnatorio salvo el referente a la prescripción. Se añade que se ha remitido escrito al Juzgado de Instrucción haciendo patente dicha falta de respuesta. De acuerdo con lo expuesto por la Juez Instructor en el citado informe y según se acredita por el correspondiente testimonio de un Auto dictado en fecha 4 de septiembre de 1997 el ahora impugnado de fecha 18 de julio de 1997 es parcialmente nulo, al haberse omitido resolver sobre los recursos de reforma interpuestos con los Sres. Jané y Fabregat, omisión que se suple en el citado Auto por lo que el presente recurso carece de contenido, puesto que el pronunciamiento que debería haberse adoptado ha sido corregido y es contra dicho Auto de 4 de septiembre de 1997 en cuanto que amplía el recurso de reforma en el sentido indicado contra el que procederá en su caso, recurso de queja".
4. Por providencia de 8 de mayo de 1998, la Sección Segunda acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, requiriendo a los órganos judiciales de procedencia la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso de que trae causa el presente recurso de amparo.
5. Mediante providencia de 22 de junio de 1998, la Sección Segunda tuvo por recibidos los escritos presentados por el Abogado del Estado y por los Procuradores Sres. García Díaz, Velasco Muñoz Cuellar, Rodríguez Chacón, Pérez Mulet y Suárez y González Díez, teniéndoles por personados y partes, en nombre y representación, respectivamente, de la Administración General del Estado, don José María Fabregat Piferrer y don Eugenio Fabregat Mora, don Francisco Busquets Farras, don Agustín Costs Calsina, don Alberto Rivillo Solé y la entidad Egarfil, S.A.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de julio de 1998 el Abogado del Estado interesó que se dicte Sentencia denegatoria del recurso de amparo, por entender que concurren diversas causas de inadmisibilidad del mismo. En primer término alega que no existió lesión del derecho fundamental a obtener una respuesta congruente (art. 24.1 CE) en el momento de interponer la demanda de amparo, pues se había dictado ya el Auto del Juzgado subsanando o reparando la falta cometida en el Auto de 18 de julio de 1997. Así, el amparo era inadmisible con arreglo a los arts. 41 (1 y 3) y 44.1 LOTC, por falta de lesión actual.
7. Por escrito registrado el 17 de julio de 1998, la representación procesal de don Francisco Busquets Farra solicita de este Tribunal que dicte Sentencia estimatoria del recurso de amparo interpuesto por don José Jané Solá por entender que la resolución que se impugna, Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona, infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva.
De igual forma, el Procurador don Antonio Francisco García Díaz, en representación del recurrente en amparo, y los Procuradores don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, doña María Jesús González Díez, don Antonio Francisco García Díaz (que también ostenta la representación de don José María Fabregat Piferrer y de don Eugenio Fabregat Mora, además de la del recurrente), doña Consuelo Rodríguez Chacón y don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez, en la representación que cada uno de ellos tiene acreditada, insisten en los argumentos de la demanda de amparo, a cuyo suplico se adhieren.
8. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado en este Tribunal el 22 de julio de 1998, alega la concurrencia de la causa de inadmisión -en este trámite de desestimación- de falta de agotamiento de la vía judicial previa, de conformidad a lo previsto en los arts. 44.1 a) y 50.1 c) LOTC, desde dos perspectivas.
En cuanto al fondo de la pretensión de amparo -para el supuesto de no apreciación de la concurrencia de aquellas causas de inadmisión-, entiende el Fiscal que la demanda carece manifiestamente de contenido, pues, en definitiva, atendiendo al conjunto de resoluciones dictadas en la causa, se observa que el Auto de continuación del procedimiento estableció, de forma más que suficiente, los indicios que llevan al instructor a considerar la existencia de los delitos contra la Hacienda Pública, cuya comisión se atribuye al hoy recurrente, sin que, dado el carácter de juicio provisional de imputación judicial de dicho Auto, sean exigibles mayores especificaciones. Y, por otra parte, en los Autos resolutorios de los recursos de reforma y queja, no se aprecia incongruencia omisiva, pues el derecho a la tutela judicial efectiva permite dar una respuesta global y no necesariamente pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos empleados por el recurrente, como así ha ocurrido, y, especialmente, cuando se trata de cuestiones que, como las planteadas, deben ser objeto de consideración pormenorizada en Sentencia y no en el Auto de continuación del procedimiento abreviado, o de las resoluciones de los recursos que contra aquél se interpongan.
9. El 31 de enero del año 2000, la Sala Primera acordó dar traslado a las partes personadas de los escritos y documentos recibidos del Procurador Sr. García Díaz, presentados con posterioridad a la formulación de las alegaciones, para que en el plazo de tres días expongan lo que estimen procedente.
10. El 3 de febrero del 2000, el Abogado del Estado alega que, en su opinión, el escrito de la parte actora carece de la mínima relación discernible con la supuesta vulneración derecho a la tutela judicial. El 4 de febrero del 2000, la Procuradora doña María Jesús García Díez evacua el trámite, manifestando que no tiene nada que añadir a lo expuesto por la representación de don José Jané Solá.
11. Por providencia de 25 de febrero de 2000 se fijó para la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de febrero de 2000, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
1. El objeto del presente recurso es el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 15 de diciembre de 1997, así como las anteriores resoluciones del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona, que desestimaron las pretensiones del ahora quejoso respecto al Auto de 16 de junio de 1997, dictado en las diligencias previas núm. 3261/93, tramitadas por el citado Juzgado. Se alega vulneración de la tutela judicial efectiva.
Según el demandante de amparo, él no ha recibido respuesta judicial a sus alegaciones contra el Auto de fecha 16 de junio de 1977, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona. Por una equivocación que el propio Juzgado reconoce dejó fuera al ahora recurrente en amparo y, consiguientemente, no consideró las alegaciones del mismo. La Instructora, en ese Auto de 4 de septiembre de 1997, en el que decide la nulidad parcial de su anterior Auto de 18 de julio de 1997, se habría limitado a remitirse a lo dicho en el fundamento jurídico primero de este Auto de 18 de julio de 1997, donde sólo se considera la impugnación del Banco y nada se afirma en relación con las alegaciones personales y propias del Sr. Jané Solá [antecedente 3 f)]. La Audiencia Provincial de Barcelona, en su Auto de 15 de diciembre de 1997, tampoco habría considerado las alegaciones del recurrente en amparo, remitiéndose, como figura en el texto transcrito [antecedente 3 g)] a que la omisión del primer Auto del Juzgado ha sido suplida en el posterior de 4 de septiembre.
2. Pero antes de entrar en el enjuiciamiento de la denunciada falta de motivación de las resoluciones judiciales recurridas en amparo, hemos de considerar que, según exponen el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, la demanda resulta prematura, sin tener en cuenta el carácter subsidiario del amparo, cuyo recurso debe interponerse después de haber agotado todos los utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC].
Como hemos recordado en la STC 73/1999, de 26 de abril, e insistiendo en la doctrina reiterada de este Tribunal, "'no puede estimarse cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa que establece el art. 44.1 a) LOTC cuando la queja se deduce frente a resoluciones judiciales dictadas en el seno de un proceso penal que aún no ha finalizado, pues es necesario, en el respeto a la naturaleza subsidiaria propia del recurso de amparo, plantear dicha cuestión y dar posibilidad a los órganos judiciales de pronunciarse sobre tales vulneraciones antes de acudir en petición de amparo ante este Tribunal' (SSTC 32/1994, 147/1994, 196/1995 y 63/1996; y ATC 168/1995, entre otros muchos). 'El marco natural en el que ha de intentarse la reparación del derecho constitucional vulnerado por la actuación del órgano jurisdiccional es el mismo proceso judicial previo, de tal modo que, en principio, sólo cuando éste haya finalizado por haber recaído una resolución firme y definitiva puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo' (SSTC 32/1994 y 147/1994)" (STC 73/1999, FJ 2).
Últimamente, en la STC 18/2000, de 31 de enero, se ha reiterado que "es, en el marco del propio proceso, cuando éste aún se encuentra pendiente, donde deben invocarse y, en su caso, repararse las vulneraciones de los derechos fundamentales que hayan podido originarse, precisamente, en la sustanciación del proceso mismo, salvo que no esté abierta otra vía para remediar la vulneración actual del derecho que el recurso de amparo. Y será cuando el proceso ha finalizado -o, dicho en otras palabras, cuando no quepa acudir a instancia judicial alguna que pueda apreciar y reparar la vulneración del derecho fundamental-- cuando se habrá agotado la vía judicial previa y cabrá, por consiguiente, acudir a este Tribunal en demanda de amparo constitucional. Si así no se hiciese, estaríamos privando a los jueces y tribunales ordinarios de la función, que constitucionalmente tienen atribuida, de tutelar los derechos e intereses legítimos y, señaladamente, los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados. Por consiguiente, no puede estimarse cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa que establece el art. 44.1 a) LOTC cuando la queja se deduce frente a resoluciones judiciales dictadas en el seno de un proceso penal que todavía no ha finalizado (SSTC 196/1995, de 19 de diciembre, 63/1996, de 16 de abril, y 73/1999, de 26 de abril, entre otras)" (STC 18/2000, FJ 5).
3. En el presente caso se recurren unas resoluciones judiciales relativas a la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, de modo que no puede entenderse agotada la vía judicial por el hecho de haberse interpuesto un recurso de reforma y otro ulterior de queja, ya que el quejoso dispone todavía de la posibilidad de alegar a favor de sus derechos fundamentales en la denominada "audiencia preliminar" prevista en el art. 793.2 LECrim.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 376/98.
I. La subsidiaridad del amparo constitucional no es un dogma.
Mi respuesta es que la regla general admite excepciones. Nuestra más reciente jurisprudencia así lo establece. El rigor de esta regla general -precisa la STC 247/1994 y reiteran las SSTC 318/1994 y 31/1995- admite, sin embargo, alguna excepción y en concreto que el seguimiento exhaustivo del itinerario procesal previo, con todas sus fases y etapas o instancias, implique un gravamen adicional, una extensión o una mayor intensidad de la lesión del derecho por su mantenimiento en el tiempo. En la STC 161/1995, de 7 de noviembre, FJ 4, se considera también una excepción aunque el proceso principal continúe: los casos en que se trate de una infracción actual, entendida la actualidad, de acuerdo con lo dicho en la STC 30/1986, cuando "hace sentir sus efectos de inmediato -en todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Juez- y por ello ha de ser denunciada cuando se produce y no cuando recae la resolución que pone fin al proceso".
Y a continuación, en el mismo FJ 2 de la STC 27/1997, subrayábamos: "Por esta razón, y porque el recurso de amparo no sólo está dirigido a restablecer, sino también a 'preservar' el libre ejercicio de los derechos fundamentales (art. 41.3 LOTC), la doctrina de este Tribunal ha modulado, en ocasiones, la rigurosa observancia de este presupuesto procesal".
II. Una excepción: conculcación grave con posibilidad (frustrada) de revisión judicial.
He dicho "conculcación grave de derechos fundamentales cuya preservación se ha frustrado en la vía judicial". Mi interpretación considera el supuesto en el que se dio ocasión a los Jueces y Tribunales, al resolver los pertinentes recursos, de reparar las graves violaciones por ellos mismos cometidas o por órganos judiciales inferiores. Es lo que ocurrió en el presente asunto, con un recurso de reforma, una petición de nulidad y un recurso de queja ante la Audiencia (antecedente 3 de la Sentencia). Y fue la tesis que latía en la STC 78/1994 (FJ 2). Una actitud distinta habrá de adoptarse si el recurrente en amparo no da oportunidad a los Jueces y Tribunales de preservar los derechos y libertades, acudiendo prematuramente -en estos casos, sí- al Tribunal Constitucional.
III. La singularidad de este caso.
a) La querella que da origen al proceso penal es la consecuencia de haber resistido el Banco, del que es consejero delegado el recurrente en amparo, la presión bajo amenazas (o chantaje) de un Abogado que pedía trescientos millones de pesetas (Es un hecho declarado probado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 3 de febrero de 1999, confirmatoria de otra del Juzgado núm. 16 de la misma ciudad).
b) El Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona, de 18 de julio de 1997, contra el que se recurre en amparo, marginó al Sr. Jané Solá, por una "equivocación" reconocida expresamente por la Juez en su posterior Auto de 4 de septiembre de 1997, pero sin que, a pesar del error, se diese respuesta a las alegaciones del recurrente, que ha quedado indefenso.
c) La "injustificada perpetuación en el tiempo de la lesión", que hemos también invocado para la configuración de casos excepcionales, es aplicable al que estamos enjuiciando, ya que se trata del consejero delegado de un Banco, entidad que, como todas las de su clase, necesita de la confianza de sus clientes, los cuales se apartarían de Bankpyme en el supuesto de iniciarse un juicio oral , con la trascendencia social que hoy adquieren tales actos procesales. Esperar, como alega el Fiscal, a la sesión preliminar del juicio para resolver allí sobre las infracciones de derechos fundamentales, sería "consumar definitivamente la violación, haciéndose imposible el restablecimiento in integrum", según palabras tomadas de nuestra propia jurisprudencia.
d) El daño es "actual", según lo concibe nuestra jurisprudencia antes invocada, ya que hace sentir sus efectos de inmediato, tramitándose un procedimiento afectado de vicio constitucional en el origen (una querella fruto de un chantaje), con perjuicios graves y presentes a una entidad bancaria.
IV. Falta de fundamentación jurídica de los Autos recurridos.
El Auto de fecha 18 de julio de 1997, del Juzgado núm. 3 de Barcelona, desestimatorio de un recurso de reforma interpuesto por el ahora aquí quejoso, dejó fuera al mismo de la consideración y lista de recurrentes, por lo que no se valoraron, ni positiva ni negativamente, sus pretensiones. Posteriormente, mediante Auto de 4 de septiembre de 1997, el Juzgado anula parcialmente su anterior resolución (Auto de 18 de julio), incluyendo ahora al Sr. Jané Solá y reconociendo la Juez el error padecido.
La Audiencia Provincial de Barcelona, por medio de su Auto de 15 de diciembre de 1997, tampoco considera, ni positiva ni negativamente, las razones esgrimidas por el Sr. Jané Solá, rechazando la pertinente queja con remisión a los Autos del Juzgado núm.
3 [En los antecedentes 3 f) y g) de la Sentencia, se han transcrito estas resoluciones judiciales].
Recientemente (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4) hemos insistido en que "la respuesta debe ser motivada, razonada y congruente". Las resoluciones judiciales contra las que se recurre en amparo ni fueron motivadas (dado el error del Juzgado al marginar al Sr. Jané Solá), ni contienen razonamiento alguno sobre las pretensiones propias de este recurrente, ni fueron, en suma, congruentes. No se obtuvo una resolución, ni por parte del Juzgado ni por parte de la Audiencia, jurídicamente fundada, con violación del derecho ínsito en el art. 24.1 CE.
Debemos registrar, por último que la exigencia de motivación de los Autos que acuerdan la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado - Autos objeto del presente recurso de amparo- ha sido expuesta con detalle por la misma Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en su resolución de 28 de enero del año 2000. Al tratarse de un asunto idéntico al que estamos enjuiciando, y de un Auto de la misma Sección Segunda de la Audiencia, tiene interés subrayar el contraste entre la argumentación de las dos resoluciones judiciales.
La aplicación de esta buena doctrina a los Autos aquí recurridos nos lleva directamente al otorgamiento del amparo, ya que no se motivó la respuesta a los recursos presentados por el Sr. Jané Sólá, el cual fue marginado de la resolución judicial en un primer Auto (el de 18 de julio de 1997) y luego incorporado (por Auto de 4 de septiembre de 1997), sin consideración alguna, ni por el Juzgado ni por la Audiencia, de las alegaciones por él efectuadas.
Los Autos del Juzgado y de la Audiencia debieron ser declarados nulos. Como tenemos dicho, los derechos fundamentales son "reglas básicas de todos los procedimientos de la democracia, de modo que ninguno de ellos puede calificarse de constitucionalmente legítimo si no los respeta en su desarrollo o si los menoscaba o vulnera en sus conclusiones. Ese principio general ha de afirmarse, de modo especialmente rotundo, en el ámbito del proceso penal. 'En efecto, al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema -la pena criminal-, actuación que implica una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más "sagrado" de sus derechos fundamentales. Por eso, cada una de sus fases -iniciación (STC 111/1995, FJ 3), imputación judicial (STC 153/1989, FJ 6), adopción de medidas cautelares (STC 108/1994, FJ 3), Sentencia condenatoria (SSTC 31/1981, 229/1991 y 259/1994), derecho al recurso (STC 190/1994, FJ 2), etc.- se hallan sometidas a exigencias específicas que garantizan en cada estadio de desarrollo de la pretensión punitiva, e incluso antes de que el mismo proceso penal empiece (STC 109/1986, FJ 1), la presunción de inocencia y las demás garantías constitucionales del imputado' (STC 41/1997, FJ 5)"
V. Eliminación del "arrepentimiento espontáneo".
Pues bien, sucede que, en el supuesto que enjuiciamos, los querellados carecieron del ejercicio de tal posibilidad, al surtir eficacia la presentación de una querella por un particular, que, en definitiva -como ya se apuntó- no era más que el fruto de una conducta sancionada como integrante de un delito. El Ministerio Fiscal y los demás órganos legitimados como posibles denunciantes o querellantes permanecían inactivos y, consecuentemente, abierta la posibilidad de acogerse a lo que la doctrina considera como "arrepentimiento espontáneo", siendo la repetida actuación delictiva de un Abogado lo que vino a imposibilitar su aplicación.
VI. Otorgamiento del amparo: nueva posibilidad al Juzgado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 376-1998
Promovido por don José Jané Solá respecto de los Autos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona que clausuraron la instrucción de una causa por delito fiscal, y acordaron seguir los trámites del procedimiento abreviado, denegando el sobreseimiento libre de aquél.
Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: recurso de amparo prematuro. Voto particular.
En el presente caso se recurren unas resoluciones judiciales relativas a la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, de modo que no puede entenderse agotada la vía judicial por el hecho de haberse interpuesto un recurso de reforma y otro ulterior de queja, ya que el quejoso dispone todavía de la posibilidad de alegar a favor de sus derechos fundamentales en la denominada «audiencia preliminar» prevista en el art. 793.2 LECrim [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre los recursos de amparo prematuros, por deducirse frente a resoluciones dictadas en el seno de un proceso penal que aún no ha finalizado (SSTC 32/1994, 174/1994, 73/1999) [FJ 2].
Artículo 44.1 a), ff. 2, 3, VP
Artículo 305, VP
Proceso penal pendienteProceso penal pendiente, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 44

Artículo 305