Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S9-05.html
Timestamp: 2015-05-23 08:48:37+00:00

Document:
Elias Gattass Sahih v. Ecuador, Caso 1/03, Informe No. 9/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 09/05
22. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana. A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci
29. De conformidad a los referidos alegatos de las partes, en el presente caso la Comisión debe determinar si con la decisión de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional de fecha 7 de junio de 2002, se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. 30. La Comisión observa que el requisito de agotamiento de los recursos internos establecido en el artículo 46 de la Convención Americana se refiere a los recursos judiciales disponibles, adecuados y eficaces para solucionar la presunta violación de derechos humanos. La Corte Interamericana ha establecido que cuando, por razones de hecho o de derecho, no estén disponibles recursos internos, los peticionarios están eximidos de la obligación del agotamiento de los mismos.[8] Los recursos que deben agotar los peticionarios son, por lo tanto, los que estén disponibles y sean efectivos. Si el ejercicio del recurso interno está concebido de una manera tal que prácticamente no está disponible para la víctima, ciertamente no existe la obligación de agotarlo, por más efectivo que en teoría el recurso pudiera ser para remediar la situación jurídica alegadamente infringida. 31. Al aplicar los anteriores postulados al presente caso, la Comisión observa que con respecto al recurso de habeas corpus, resultaba innecesaria su interposición porque el señor Sahih no se encuentra actualmente detenido y su liberación fue ordenada por el Juzgado que conoció del recurso de amparo constitucional. La Comisión considera que a los efectos de su libertad el recurso de amparo debe considerarse en el presente caso como el recurso efectivo. 32. Con respecto al recurso de inconstitucionalidad, la Comisión observa que el artículo 277 de la Constitución ecuatoriana establece de una manera taxativa los sujetos con legitimación activa para interponer dicha acción de inconstitucionalidad y los requisitos para su interposición. Con base en el artículo antes trascrito, la Comisión considera que el señor Sahih no tuvo acceso al recurso interno de acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que según el Estado debió ser agotado, puesto que, al no ostentar ninguno de los cargos mencionados en dicho artículo, la opción que tenía para adquirir legitimación activa destinada a interponer la acción de inconstitucionalidad era la de reunir otros 1000 ciudadanos que ejercieran con él dicha acción u obtener un dictamen favorable del Defensor del Pueblo, trámite que no se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo de Ecuador por lo cual no existe regulación alguna en cuanto al procedimiento y los plazos para la emisión de tal dictamen. Asimismo, el Estado no ha presentado información respecto de la eficacia del recurso de inconstitucionalidad en otros casos de peticiones individuales. Lo anterior implica que dicho recurso interno está concebido de una manera tal que en la práctica no constituye un recurso idóneo para la protección de los derechos del señor Sahih, por carecer de legitimación activa para intentarla. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad no era un recurso interno que el señor Sahih tuviera que agotar previamente para acudir a la Comisión. 33. Con respecto a la acción contenciosa administrativa, la Comisión observa que de conformidad a la normativa interna aplicable al ámbito administrativo, el señor Sahih se encontraba imposibilitado jurídicamente de cuestionar la legitimidad de la revocatoria de su visa en sede administrativa, dado que se trata de cuestión referida a la potestad discrecional de la administración de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Extranjería de Ecuador y ello se encuentra expresamente excluido de la jurisdicción administrativa.[9]
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de febrero de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez. [1] El artículo 25 de la Ley Nacional de Migración del Ecuador establece: “El Intendente General de Policía actuante, dispondrá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la instrucción de la acción penal de deportación, que concurran a su presencia, el representante del Ministerio Público designado, el extranjero y su defensor de oficio, si fuere necesario, en la fecha y hora que fijará en la respectiva citación que no podrá exceder del plazo de veinticuatro horas adicionales, para llevar a efecto la audiencia en que se resolverá la acción penal de deportación”.
[2] Los peticionarios alegan que la propia jurisprudencia de la Comisión Interamericana se ha manifestado al respecto en el caso Nº 11.688 “Alan García Pérez vs. Perú”, en la cual indicó que “la acción de inconstitucionalidad no esta disponible para la presunta víctima, por carecer de legitimación activa para intentarla por la manera en que se encuentra concebido el recurso”. Señalan que de conformidad a la normativa del artículo 277 de la Constitución de Ecuador la víctima carece de legitimación activa. Dicha normativa establece: Las demandas de inconstitucionalidad podrán ser presentadas por: 1. El Presidente de la República, en los casos previstos en el número 1 del Art. 276. 2. El Congreso Nacional, previa resolución de la mayoría de sus miembros, en los casos previstos en los números 1 y 2 del mismo artículo. 3. La Corte Suprema de Justicia, previa resolución del Tribunal en Pleno, en los casos descritos en los números 1 y 2 del mismo artículo. 4. Los Consejos Provinciales o los Concejos Municipales, en los casos señalados en el número 2 del mismo artículo. 5. Mil ciudadanos en goce de derechos políticos, o cualquier persona previo informe favorable del Defensor del Pueblo sobre su procedencia, en los casos de los números 1 y 2 del mismo artículo. El Presidente de la República pedirá el dictamen establecido en los números 4 y 5 del mismo artículo. La dirimencia prevista en el número 6 del mismo artículo, podrá ser solicitada por el Presidente de la República, por el Congreso Nacional, por la Corte Suprema de Justicia, los Consejos Provinciales o los Concejos Municipales. La atribución a que se refiere el número 3 del mismo artículo, será ejercida a solicitud de las partes o del Defensor del Pueblo. [3] Véase Corte IDH, Decisión del Asunto Viviana Gallardo y Otras del 13 de noviembre de 1981, Serie A, N° G, 101/81, párrafo 26.

References: artículo 46
 artículo 277
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 277
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