Source: https://pt.scribd.com/document/194454348/Proyecto-de-Ley-de-Matrimonio-Civil-Igualitario-Venezuela
Timestamp: 2018-12-14 19:41:06+00:00

Document:
Enviado por Venezuela Igualitaria AC
Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario Ve...
Procedimiento de Adhesión. Intervención de Terceros Interesados. Venezuela Igualitaria.
Comunicado DDHH LGBT2
Constitucionalista Analiza Alcances Del Fallo Sobre Matrimonio Gay
Radclyffe - Puerto Seguro
Entrevista a Robert Burt sobre el Lugar de Las Minorías
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Guia Para Formulacion de Proyectos Pnud
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO EN VENEZUELA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en conjunto con los Principios de Yogyakarta No. 24 (derecho a formar una familia), No. 2 (derecho a la igualdad y no discriminación) y No. 13 (derecho a la seguridad social y otras medidas de protección social), conmina a la comunidad internacional y a los Estados-nacionales y sus poderes públicos a tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurarles el derecho humano al matrimonio (en su constitución, permanencia y disolución) a las parejas que discrepan del modelo heterosexista obligatorio. Sin embargo, el Estado venezolano reserva hasta hoy la institución matrimonial para las parejas compuestas por un hombre y una mujer, o sea, parejas cuyos miembros son de distinto género y sexo 1 y siendo que esta figura constituye un derecho humano, debe democratizársele para alcanzar a las parejas sexodisidentes2: • • • del mismo género independientemente de su sexo (uniones de gays o de lesbianas). del mismo sexo y distinto género (en las que hay transgéneros y transgéneras heterosexuales). de distinto género en las cuales uno o ambos presentan dos sexos (en las que hay intersexuales heterosexuales).
El Género se refiere a las características sico-sociales que hacen sentir como tales a las mujeres y a los hombres, esto incluye un conjunto de elementos de aprendizaje de las costumbres y las normas de conducta que culturalmente se consideran masculinas o femeninas, las cuales son transmitidas de generación en generación en el seno de la familia y a través de otras instituciones (ideas, valores, roles, capacidad, rasgos de temperamento, carácter e inclinaciones). El Sexo se compone de un conjunto de características biológicas entre las cuales están los cromosomas, las gónadas (ovarios y testículos), las hormonas y los órganos genitales. 2 Término acuñado por Rodriguez, Chea que agrupa a la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros/as (transexualizados/as o no) e Intersexuados/as, quienes mediante razonamiento crítico radical disienten del modelo hetero-socio-cultural que impone: a) sólo dos sexos; b) “la” familia monogámica, matrimoniada, heterosexista, sexista y patrimoniada; y c) las relaciones sexuales obligatoriamente reproductivas. El modelo hetero-socio-cultural es una macroideología para la explotación de humanos y humanas por sus congéneres en la comunidad internacional, los estados-nacionales y sus poderes públicos, tanto de derecha como de izquierda. que mediatiza Derechos Humanos (DDHH) heteronormándolos.
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Humanos, tales como el Libre Desenvolvimiento de la Personalidad y la Igualdad frente a la Ley y al Estado. Asimismo, el artículo 22 de la Carta Magna es una cláusula abierta que reconoce en la misma jerarquía constitucional, sin necesidad de ley reglamentaria, a todo DDHH no normado aún (o no vinculante como los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 23, 25 y 28 de la DUDH) aludiendo al carácter enunciativo y progresivo y, en ningún momento taxativo, de los Derechos Humanos. De igual modo, se reconoce en el artículo 23 la jerarquía constitucional de los Derechos Humanos enunciados en los Pactos, Tratados y Acuerdos Internacionales que el Estado venezolano de forma voluntaria ha suscrito, tales como acuerdos y compromisos frente a la comunidad internacional en la Organización de las Naciones Unidas en materia de los Derechos Humanos vinculados con la Orientación Sexual3 e Identidad de Género4 (ONU, 18/12/2008), las cuales exhortan reconocer iguales derechos, sin discriminación por razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. Igualmente se han suscrito declaraciones homónimas y análogas en el 2008, 2009 y 2010 en la Organización de Estados Americanos (OEA). El Estado venezolano reafirma con estas manifestaciones de compromiso supranacional, las cualidades del Estado Laico (Artículo 59 CRBV) como característica del modelo democrático de desarrollo en aras del respeto a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas y sus libertades civiles y sociales innatas. Sin que pueda invocarse de forma arbitraria y segregacionista creencias o disciplinas religiosas para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos. La caracterización laica del Estado comienza con la secularización de sus instituciones sociales a través de la Ley civil o común, permitiendo que los órganos del Poder Público funcionen en virtud de éstas como expresión libre de la voluntad legítima del Pueblo y no de las presiones de élites religiosas. Dicho esto, a propósito de que las principales oposiciones al matrimonio civil igualitario provienen de actores/as con prejuicios hétero-socio-culturados de origen religioso judeo-cristiano. Por otra parte, La CRBV en su Artículo 75 expresa: “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.”, consagrando así el Derecho Humano Social de protección a la Familia como institución primaria
La Identidad de Genero, se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales
de la composición social, pluralizándola. De este precepto constitucional deriva la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, la cual en su Artículo 3 define a la Familia como: “la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos, jurídicos o de hecho, que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad, compresión mutua, participación, cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vida familiar”. De esta manera, el Estado refundado por el proceso constituyente de 1999 y, el nuevo ordenamiento jurídico subsumido en la naciente Carta Magna, acoge una concepción de familias (en plural) adaptada a la realidad socio-cultural venezolana, superando la ideología imperante excluyente y limitada de la familia trial o nuclear, enfocada en paradigmas anacrónicos más propios de sociedades patriarcales y burguesas, que contemplan el matrimonio como un mero contrato económico, planteando este vínculo solo desde lo patrimonial y reproductivo, dejando a un lado el cúmulo de valores sociales implícitos y desarrollados a través de la vida o convivencia en pareja donde pueden verse realizados la mayoría de las familias populares de la sociedad venezolana. Ciertamente es la figura jurídica más adecuada, bajo el sistema socio-político y cultural actual, para adquirir y exigir los diferentes derechos y deberes inherentes a las parejas casadas y a sus hijos e hijas. No se trata simplemente de una forma de asegurar la perpetuación de la especie, ni de la propiedad, donde las mujeres son simples instrumentos reproductivos que a su vez garantizan la descendencia para hacerla heredera de su patrimonio, sostén de la cultura capitalista. Se trata de solucionar problemas concretos y cotidianos, obteniendo los beneficios reales materiales de las parejas casadas. Es entonces, totalmente legítimo que dos personas del mismo sexo o género reivindiquen el derecho a conformar un hogar legal dentro de los parámetros establecidos. El matrimonio civil igualitario permite al Estado proteger a familias que de hecho existen5, sin discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, dando a todas las familias el reconocimiento jurídico efectivo necesario como garantía de amparo frente a las situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, amplifica y adecua la institución matrimonial, pues invita a repensarla dejando atrás la estructura de poder jerárquica patriarcal y machista con roles específicos para cada uno de los cónyuges (donde una mujer puede dirigir una casa y que un hombre puede criar a un niño), impuestos por una supuesta cosmovisión de la estructura social desde las elites de poder fáctico judeo-cristianas. Por otra parte, empodera a los individuos para que tomen decisiones sobre sus vidas sexuales y reproductivas y, promueve una verdadera sociedad honesta y justa de iguales.
La comunidad científica actual reconoce como un factor determinante para la elección de la pareja, la orientación sexual de cada uno de los miembros, cuya decisión de convivir y conformar familia, son expresión genuina y auténtica de la naturaleza humana y parte medular del Derecho Humano al libre desenvolvimiento de la personalidad. Asimismo, los vínculos establecidos entre las parejas se fundamentan básicamente en el afecto 6 y en el deseo de desarrollar un proyecto de vida en común. Dado que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe institución alguna que garantice los derechos de las familias conformadas por los tres tipos de parejas mencionadas anteriormente, se les deja de esta forma en inferioridad de condiciones frente a las familias formadas por parejas del distinto sexo y género, que pueden acceder tanto a las uniones estables de hecho como al matrimonio. Así mismo, se les deja en condiciones de indefensión frente a la Sociedad y el Estado al quedar absolutamente desprotegidas. En tal sentido, los preceptos legales, en constante evolución, son mecanismos de instrumentación de las trasformaciones sociales inclusivas y profundas, de la cual no escapa la institución de la Familia y sus diversos modelos intrínsecos de conformación. Esto implica que el Matrimonio entre parejas de distinto sexo y género, deje de ser sinónimo exclusivo de la Familia y, que se reconozcan bajo la efectividad y progresividad de la Ley otras formas de familia, las cuales tienen derecho a optar por dicha institución, en virtud de la fuerza, exigencia y naturaleza de la propia realidad actual. Es sabido que los lazos o vínculos de familia forjan consecuencias legales entre sus miembros, obligaciones y derechos de naturaleza privada, pero con regulaciones de carácter público y social tales como: Protección estatal plural de parejas y de familias. Impacto favorable físico y mental, autoestima, dignificación. Constituciones de hogares. Acceso a vivienda propia con ayuda estatal. Cohabitación. Hijos (as) conjuntos (as). Hijos (as) beneficiados por la estabilidad legal de su filiación. Adopciones. Reproducciones asistidas. Patrias potestades. Deberes de manutención mutuos o convenidos.
6 Mistral, Natalie (2013) La noción de amor en las parejas casadas, [...], en las sociedades occidentalizadas, es un factor determinante en la elección de la pareja. [...] más que todo desde las clases populares, cuando la herencia y el patrimonio no [tienen] mayor relevancia, que se fue imponiendo como norma. [...] La prioridad de la relación amorosa sobre la relación económica es lo que ha permitido que se acepte poco a poco el divorcio, pues desapareciendo el amor, desaparece la razón de seguir casados.
En este sentido, el matrimonio y las uniones estables de hecho previstas en el artículo 77 de la CRBV son los mecanismos jurídicos por excelencia en la cultura occidental para formalizar legalmente y dar protección a las familias ante el Estado, creando un parentesco conyugal entre dos personas que desean mantener una comunidad de vida e intereses en común. Pero es necesario que se haga una interpretación judicial extensiva y contextualizada en DDHH para no contradecir ni romper la coherencia de la carta magna pues una interpretación literal de dicho artículo afecta la interdependencia e indivisibilidad de DDHH y excluye a las familias conformadas por parejas sexodisidentes, quienes tienen derecho constitucional a la no discriminación por su orientación sexual y afectiva, pero sólo tienen derecho a casarse con personas de sexo opuesto, obligándoles a ser hipócritas, constituyéndose no en un derecho sino que es una coacción heterosexista a la libertad disfrazada de derecho. Permitir que la legislación actual sostenga una categorización fundamentada en la orientación sexual e identidad de género de las personas otorgando protección solamente a las familias constituidas por parejas de distinto sexo y género desconociendo los otros modelos de familia, resulta discriminatorio en el plano social y moral, contrario al orden constitucional. Por otra parte, sabido que las sociedades evolucionan constantemente, la institución social del matrimonio no es estática, atraviesa un proceso histórico de adaptación a las necesidades de las personas y a las nuevas realidades socio-culturales, colocándose además en un plano secundario frente a esta.
El matrimonio civil en Venezuela nace con el Decreto-Ley del Matrimonio Civil de 1873, dicha institución permanecía hasta esa fecha como un sacramento religioso exclusivo para los ciudadanos pertenecientes a la Iglesia Católica. Con ello se inicia el proceso de adecuación de la institución matrimonial a los valores comunes del Estado Laico mediante el Derecho; con la sanción del Código Civil de 1904, se instituye el divorcio y a través de las subsiguientes modificaciones en 1942 y 1982 se incluye como causal de éste la interdicción por causa de demencia del cónyuge entredicho y establece la reducción a un año del lapso requerido para la conversión de la separación de cuerpos en divorcio. En este mismo orden, el Código Civil desde 1916 sufrió algunas reformas y modificaciones en cuanto a los derechos de hijos legítimos y naturales, permitiendo ampliamente la investigación de la paternidad natural y equiparándolos en cuanto a la herencia de la madre; en la reforma de 1922 se elimina la inquisición de paternidad natural como principio, y la limitó nuevamente al caso de rapto; en 1942 se estableció la comunidad concubinaria que permite a la concubina solicitar derechos patrimoniales de su concubino; se hicieron algunas reformas en materia de obligaciones; se destacó la tutela del Estado para los menores abandonados y, con la avanzada reforma de 1982, inspirado en los principios de equiparación jurídica del hombre y de la mujer, y de los hijos y demás parientes naturales con los legítimos, se introdujeron distintas modificaciones en materia de derecho de familia como Nombre, Tutela, Patrimonio y Patria Potestad. A este proceso evolutivo en materia de derechos de familia, se le suma la CRBV cuando define y separa formalmente las Familias de la institución matrimonial en dos artículos distintos, privilegiando a las familias, por encima del matrimonio:
Es evidente que la institución matrimonial en función de los Derechos de Familia se ha venido adaptando a la realidad de su tiempo y debe seguir avanzando, pues el Estado no debe someter a la población a modelos ideales derivados de modelos excluyentes y burgueses, por el contrario debe organizar de la mejor forma posible la vida social, y consagrar los Derechos Humanos de todos los habitantes del territorio nacional. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia N.° 190 de 28 de febrero de 2008 sostiene el criterio de prohibir la discriminación por razones de orientación sexual así como la necesidad de legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, pronunciándose de la siguiente manera:
La interpretación de la mayoría [… da] por implícito un modelo constitucional de heterosexualidad obligatoria que desconoce los valores del Estado […] en los cuales se fundamentó el Estado Social de Derecho y de Justicia que proclama [... la misma] Constitución [… Para] el tratamiento de un tema en plena evolución desde el punto de vista jurídico, social y ético, como lo es la diversidad sexual, debió […] extraer [se] el núcleo central del derecho humano al libre desenvolvimiento de la personalidad para evitar discriminaciones y asegurar una vida digna a las personas con orientación sexual diversa.
En su voto salvado, la magistrada Carmen Zuleta considera además que la Sala Constitucional del TSJ asumió una visión judeo-cristiana contra-constitucional, puesto que el Estado venezolano es laico (Artículo 59 de la CRBV) y debe actuar respetando la pluralidad democrática, orientado por la tolerancia y la inclusión en una sociedad moderna heterogénea, sin confundir familia y matrimonio puesto que no son la misma cosa. Asimismo, la Sala Constitucional justifica el trato desigual a las familias constituidas por personas del mismo sexo, cuando en dicha sentencia reitera que el derecho a la igualdad implica, que se dé igual trato a quienes estén en un plano de igualdad jurídica y expone que: “el disfrute de los derechos sociales y, especialmente, de los económicos, es perfectamente posible en el caso de uniones entre personas del mismo sexo, no a través de la comunidad concubinaria, la cual no se generaría porque aquéllas no cumplen con los requisitos para ello, pero sí a través de una comunidad ordinaria de bienes, en los términos en que la legislación civil lo permite, siempre que no haya fraude a la ley y dentro de los límites que impone el orden público Lo cual resulta impropio, tal como lo señala la Magistrada Carmen Zuleta, ya que estos regímenes no parten de la institución social familiar que reconocerían en toda su amplitud los efectos de las uniones de personas de un mismo sexo. Fundamentalmente las izquierdas progresistas a nivel internacional han propiciado la tendencia en las distintas alianzas comunitarias, de reconocer los derechos de familia de las parejas de personas del mismo sexo y/o género, influyendo positivamente en el plano de la legislación interna de cada país, con base en los principios universales de igualdad y libertad, y garantizando a cada persona el goce pleno de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como admitiendo la diversidad de formas de familia que han existido y existen actualmente. En tal sentido, hasta ahora, son dieciocho (18) los países que han aprobado o reconocido derechos, tanto por vía judicial como legislativa, a las parejas del mismo sexo y/o género para conformar familia, por lo tanto tienen derecho al matrimonio para garantizar la protección de las mismas. Estos países son: Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), México (2010) 7 , Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013), Francia (2013), Brasil (2013), Colombia (2013) 8 y Reino Unido –sólo Inglaterra y Gales(2014). Asimismo, en 18 estados federados y tres tribus de EEUU: Massachusetts (2004), Connecticut (2008), Iowa (2009), Vermont (2009), Nuevo Hampshire (2010), Washington, D.C. (2010), Nueva York (2011), Washington (2012), Maryland (01/2013), Maine (01/2013), Rhode
La Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 autoriza la realización de “contratos solemnes” entre parejas del mismo sexo para que constituyan formalmente sus familias, pero algunos funcionarios aun discrepan de esta decisión..
Island (05/2013), Delaware (05/2013), Minnesota (05/2013), California (06/2013), New Jersey (10/2013), Hawái (11/2013), Illinois (11/2013), New México (12/2013), Utah (12/2013). Tribus: Coquille (2008), Suquamish (08/2011), y Little Traverse Bay Bans of Odawa Indians (03/2013). Y, están en debate leyes de matrimonio igualitario en Andorra, Finlandia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Nepal, Escocia y Taiwán, así como algunas regiones de Australia y otros estados de México y EEUU. La figura jurídica recibe espaldarazos políticos en Cuba, Chile y Tailandia. Venezuela siempre es vanguardia en los cambios sociales, políticos y culturales en nuestra América, asumiendo el liderazgo internacional en la gesta emancipadora, la instauración del Estado Laico, la abolición de la esclavitud, la igualdad de género, la reivindicación étnica, racial y de las personas con diversidad funcional, la participación ciudadana y los procesos constituyentes del siglo XXI. Nuestro reciente ingreso en el Mercado Común del Sur (Mercosur) 9 nos obliga como Estado miembro a adaptarnos a los nuevos paradigmas comunitarios en el ámbito de esta alianza internacional, los cuales van más allá de lo económico y trascienden a la integración política, social y cultural de los pueblos nuestroamericanos. Es así que consagrar derechos igualitarios a todos sus ciudadanos y ciudadanas será posicionar a Venezuela nuevamente a la vanguardia de los países más evolucionados, inclusivos y promotores de una verdadera cultura de paz y de respeto a las diferencias. En el ámbito del derecho comparado, las constituciones de países vecinos como Colombia y Brasil, tratan de manera análoga a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la institución del matrimonio. Las respectivas Cortes Supremas de Justicia, realizaron interpretaciones jurisprudenciales de sus cartas magnas de forma extensiva y contextualizada en los Derechos Humanos y en la protección a los derechos de las parejas en coherencia con su orientación sexual e identidad de género. A respecto señala Rodríguez, Chea (2013):
1. En Colombia el Artículo 42 de la carta magna establece “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, lo cual literalmente impediría a los y las sexodisidentes tomar similar decisión. No obstante, hay matrimonio igualitario en ese país gracias a la interpretación judicial extensiva y contextualizada en DDHH de su constitución. 2. En Brasil el Artículo 226 constitucional, sección tercera, señala que “se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio", lo cual literalmente obstaculizaría tal conversión a los y las sexodisidentes. Sin embargo, allá hay uniones estables gays y lésbicas transmutadas en matrimonio igualitario.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de la Patria 2013-2019 (hoy Ley de la República) presentado el 11/06/2012 por Hugo Rafael Chávez Frías, ratificado por el Presidente Nicolás
Argentina, Brasil y Uruguay son Paises Parte del Mercosur junto a Venezuela y entre los paises asociados está Colombia, en los cuales el Matrimonio Igualitario es una realidad, se hace necesario garantizar los derechos civiles en los intercambios sociolaborales, culturales, turísticos, entre otros a las familias conformadas por parejas del mismo sexo o género legalmente casadas en sus paises de orígen.
Maduro Moros, y aprobado por la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional: El Estado Venezolano en función de asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad, se propone en el Objetivo Nacional 2.2 “Construir una sociedad igualitaria y justa” especificando en el objetivo 2.2.4.2 la necesidad de “Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas” así como la necesidad de promover “la no discriminación y la protección a los grupos socialmente vulnerables”. Asimismo, el objetivo 2.2.4.3 propone “Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual.” Y el objetivo 2.2.4.4 persigue “Promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa”. En los Objetivos estratégicos y generales 2.3.4.1 reconoce a la población sexo diversa instancias participativas del poder popular en la lucha por la inclusión social y erradicación de la pobreza a la que se deben dirigir planes integrales comunitarios y políticas orientadas a la inclusión. De igual forma, en función de defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano propuesto en el Objetivo Nacional 5.3, se plantea como objetivo específico 5.3.3.3 Desarrollar estrategias de liberación y emancipación cultural, poniendo especial énfasis en grupos sociales especialmente vulnerables, tales como los grupos sexodiversos, […], con la finalidad de garantizar el respeto a sus derechos e identidades.
Es por ello que el Poder Legislativo nacional tiene la competencia, la legitimidad y la obligación moral, de acuerdo con el exhorto del Tribunal Supremo, como órgano intérprete del Derecho Patrio, de normar mediante Ley compensatoria, progresiva y garantista los derechos civiles y sociales de las parejas del mismo sexo y/o género y las familias que estas conforman, siendo el medio más idóneo, pertinente y oportuno la figura del matrimonio y las uniones estables de hecho por las condiciones de igualdad y no segregación que esta genera. La discriminación social de la que son objeto las personas y sus familias por motivo de su orientación sexual y su identidad de género, es una realidad concreta que perturba el correcto devenir de una sociedad moderna que se reconstruye en el marco del socialismo progresista del siglo XXI. Si bien expresar la homosexualidad, bisexualidad y transgeneridad no está tipificado en el Código Penal venezolano, ni en ninguna ley penal especial, las personas que poseen estas orientaciones sexuales e identidades de género forman un grupo de alta vulnerabilidad por la violencia, asesinatos, chantaje, persecución e impunidad de la que son objeto, tanto de parte de cuerpos de seguridad del Estado, como de particulares. De acuerdo con estudios realizados en 2008, 2009 y 2013 por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) 10 en unión con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Defensoría del Pueblo11 y organizaciones pro-derechos humanos en Venezuela, se prueba que la homofobia, bifobia, lesbofia y transfobia son fenómenos negativos presentes en la sociedad venezolana, que generan crímenes de odio asociados a prejuicios por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, los cuales deben ser erradicados, de la misma manera que el Estado se planteó erradicar las situaciones de violencia de género y la discriminación por razones raciales, étnicas y diverso-funcional. Adicionalmente la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas ha emitido de manera sucesiva recomendaciones a los Estados miembros para el cese de la discriminación por orientación sexual o identidad de género en sus poblaciones, a través de políticas públicas y legislaciones especiales o compensatorias no segregacionistas que permitan contrarrestar y erradicar las condiciones de vulnerabilidad. Por lo que es un reto consolidar la inclusión y justicia social, asegurando una transformación profunda en la sociedad y sus instituciones, promoviendo relaciones sanas y sinceras entre los individuos y su sexualidad, reconociendo que el derecho a la No Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual es una lucha política inseparable de la lucha contra toda dominación y que solo es posible a través de la ruptura del modelo hétero-socio-cultural, judeocristiano y eurocentrista que convierte la Ley común en un modelo exclusivo y excluyente de la diversidad humana, como actualmente rige ideológicamente el Código Civil. El reconocimiento del derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo y/o género es un mecanismo para ir rompiendo dicho modelo, diferenciando socialismos progresistas de socialismos que no lo son, atacando las estructuras típicas burguesas que estos últimos comparten, donde subsiste una sola forma de familia posible: “la” familia proveniente del matrimonio, heterosexista, sexista, con fines básicamente reproductivos y con fines patrimoniales; donde impera la división sexual del trabajo, las relaciones machistas en la pareja y los prejuicios que oprimen a los y las sexodisidentes. Haciendo visible y viable la convivencia fundada en el amor y la protección, que no tiene la reproducción como meta; reivindicando las parejas sexualmente diversas. Adicionalmente, Rodríguez Chea (2013), expresa:
“El matrimonio igualitario no es una lucha burguesa. Es solicitado por parejas pobres, clasemedias y ricas como una de las varias formas de uniones civiles posibles. Se trata de un enfrentamiento con la macro-ideología hétero-socio-culturada con alcance jurídico (hétero-normativo), es decir, un enfrentamiento con la burguesía (que practica la exclusión jurídica y evita así democratizar el poder socio-cultural).
PNUD, 2008 ONUSIDA y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), 2013
Legislativo legitimado para promulgar las Leyes de la nación, tienen el deber moral y la competencia constitucional ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 1902008 de promover la transformación igualitaria del tejido social, reconociendo el derecho de cada cual a decidir sobre su vida privada en coherencia y honestidad con su orientación sexual o identidad de género en ruptura de los vestigios del orden anterior a la Constitución de 1999. El presente Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario reforma la institución del matrimonio, ampliando su alcance, sentido y propósito. Al establecer como objeto la protección y garantías en condiciones de igualdad jurídica a las familias, permitiendo contraer nupcias a personas del mismo sexo y/o género en los mismos términos con iguales efectos, formas, deberes y obligaciones de celebración y disolución según el Código Civil en concordancia con la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República. Se establecen garantías y principios en el texto de la Ley con el fin de asegurar su aplicabilidad y eficacia, en vista de las situaciones de discriminación y vulnerabilidad presentes en la comunidad sexo-diversa, previniendo así posibles escenarios de segregación tanto en las instituciones públicas y privadas como en la sociedad a raíz de su sanción y promulgación. De esta manera se determina cómo deben ser entendidos los valores socio-jurídicos de Igualdad Jurídica, No Discriminación, Protección a la Familia, Justicia Social y Libertades Civiles, como parte de la protección a los derechos de las personas y las familias aquí regulados. Por otra parte, en aras de asegurar la tutela administrativa efectiva, se afirma la obligación de los funcionarios públicos a cumplir la Ley como parte de su servicio a la Administración Pública, prohibiéndose las objeciones de conciencia motivadas por cualquier razón que tengan como intención no reconocer de forma arbitraria los derechos humanos de las parejas del mismo sexo y/o género y sus familias, debido que violarían el principio relativo al Estado Laico, la garantía jurídica del administrado, el principio de responsabilidad del funcionario público, que compromete tanto la responsabilidad de la Administración Pública como su propia responsabilidad individual civil, penal, administrativa y disciplinaria (Artículos 25, 51, 139 y 141 de la Constitución) y el principio de la eficacia de la actividad administrativa (Artículos 4, 6, 56 y 100 de la Ley Orgánica de Procesos Administrativos). Se hace imprescindible la adaptación terminológica de los distintos artículos del Código Civil y otras leyes que se refieren o traen causa del matrimonio, así como de una serie de normas del mismo Código que contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes. En primer lugar, las referencias al marido y a la mujer se han sustituido por la mención a los cónyuges, esposos, pareja matrimonial o a los consortes. En virtud de la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil, la acepción jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona casada con otra, con independencia de que ambas sean del mismo sexo o género o de distinto sexo y género. Igualmente se universaliza el uso optativo del apellido del cónyuge, el cual hasta ahora mantuvo restos del legado patriarcal en la legislación.
Se suprimen los argumentos discriminatorios que menoscaban los derechos de las personas y que además lleven por implícito el carácter biológico, reproductivo y sexista de la institución matrimonial, tal como el impedimento por impotencia, el cual puede ser usado como un argumento de nulidad en caso de que el o la contrayente afectado(a) así lo demande, y porque no se le exigen pruebas médicas previas a la realización de la ceremonia que confirmen tal condición. Se suprimen igualmente las figuras del rapto y la seducción por ser figuras que pudieran ser utilizadas para constreñir el pleno y libre consentimiento. La legitimidad de la presente propuesta legislativa incoada por iniciativa popular, está respaldada por 20.000 firmas de ciudadanos electores inscritos en el Registro Electoral que superan el 0,1% requerido por la Constitución Nacional en artículo 204 numeral 6, quienes acuden ante el competente poder de la Asamblea Nacional en ejercicio de sus Derechos Políticos consagrados en el artículo 70 de la misma y por 30 organizaciones sociales, asociaciones civiles, colectivos, movimientos y fundaciones, para que la Ley de Matrimonio Civil Igualitario sea discutida y sancionada de conformidad con los procedimientos y declaraciones de Ley.
DISPOSICIONES GENERALES Objeto de la Ley Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto permitir contraer nupcias a personas sin discriminación por orientación sexual ni identidad o expresión de género en los mismos términos con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil, para así brindar protección y garantías en condiciones de igualdad jurídica a dichas familias. Ámbito de Aplicación Artículo 2. Las disposiciones sobre el matrimonio son las establecidas en el Código Civil, las reformas del mismo y demás que regulen la materia. Quedan sujetas a los presentes supuestos normativos las personas hábiles que contraigan válidamente matrimonio en la jurisdicción nacional o, las que en el extranjero contraigan matrimonio reconocido en el territorio de la República. A los fines de garantizar los propósitos de la presente Ley, están obligados a actuar conforme a la misma; los funcionarios y funcionarias públicos que prestan servicio en los Registros Civiles, Alcaldías de la República Bolivariana de Venezuela, los capitanes y capitanas de buques de bandera venezolana, dentro o fuera del territorio de la República, las delegaciones diplomáticas y consulares venezolanas y, en general, cualquier servidor público facultado para celebrar matrimonios, en perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias que acarre su incumplimiento”. Conceptos Artículo 3. A los efectos de la presente Ley se entiende por: Diversidad Sexual: se refiere a la diversidad dentro de la orientación sexual e identidad de género de las personas. Es utilizado en muchos países del mundo refiriéndose exclusivamente a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales (GLBTI), o sexodiversas o sexodisidentes. Género: son todas aquellas características que la sociedad espera de un hombre o de una mujer, que incluye valores, principios, roles, carácter, conductas, comportamientos, documentos y que son cambiantes a lo largo del tiempo y del contexto geográfico-cultural. Se refiere a las identidades, las funciones y las atribuciones construidas socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a las diferencias biológicas. La diferencia entre sexo
y género radica en que el sexo se concibe como un dato biológico y el género como una construcción social. Identidad de Género: se define como el sexo sentido o el sexo psicológico, que no siempre va asociado al sexo biológico. Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Matrimonio: Se define el matrimonio como una institución social que tiene como finalidad, crear un parentesco conyugal entre dos personas, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses de manera igualitaria. Orientación Sexual: es la atracción profunda afectiva, emocional y sexual que una persona pueda sentir hacia otra persona de distinto sexo y género (Heterosexualidad); del mismo sexo y/o género (Homosexualidad: incluye gays y lesbianas); y de ambos sexos y/o géneros (Bisexualidad). Es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. Sexo: Se define como el conjunto de elementos biológicos (cromosomas, las gónadas (ovarios y testículos), las hormonas y los órganos genitales) sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. Diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de los humanos personas como mujeres y hombres. Principios y Garantías Artículo 4: Los principios y garantías que rigen la presente Ley son la Igualdad Jurídica, la No Discriminación, la Protección a la Familia, la Justicia Social y las Libertades Civiles de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República. Igualdad Jurídica: Toda persona tiene derecho a la convalidación efectiva conforme a la presente Ley de su vínculo conyugal y familiar, en iguales términos y, con los mismos derechos, deberes, garantías, efectos, condiciones de celebración y disolución que los contenidos en el Código Civil y demás Leyes que regulen la materia sin distinción de sexo, género, orientación sexual o identidad de género. No Discriminación: Ninguna persona podrá ser sometida a privación arbitraria de los derechos y libertades inherentes a la comunidad conyugal y, a los derechos familiares, patrimoniales,
sociales, laborales y cualquier otro subyacente de la relación de pareja y de familia de acuerdo con la Ley, sin que sirva de excusa sexo, género, color, raza, religión, orientación sexual, identidad de género u otro que implique el menoscabo de los Derechos Humanos estipulados en la presente Ley. La objeción de conciencia no podrá ser opuesta por ningún funcionario público, capitán de buque, y cualquier otro, facultado para celebrar matrimonios y llevar los archivos y libros registrales donde se asienten matrimonios y uniones estables de hecho para negarse celebrar o asentar en los libros respectivos los matrimonios y concubinatos constituidos por personas del mismo sexo. Todos los matrimonios serán llevados en el mismo libro del Registro Civil, todo acto en contra se considera segregación y violación de la Ley. Protección a la Familia: Se protegen los Derechos Sociales de todas las formas de asociación familiar de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República. Las familias constituidas por parejas del mismo sexo y/o género gozan de los mismos derechos y deberes de naturaleza civil, económica, laboral y educativa que las familias constituidas por parejas de distinto sexo y género. No podrá ser causa de pérdida de la Patria Potestad sobre los hijos o hijas o de privación de los derechos inherentes a la paternidad y maternidad la orientación sexual, la identidad de género o la convivencia en pareja de personas del mismo sexo o género. Justicia Social: Todas las personas gozan y tienen derecho a la protección de sus Derechos Humanos sin distinción de su orientación sexual o identidad de género. La progresividad de los Derechos Humanos es el fundamento de la organización del Estado Social, de Derecho y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, las políticas públicas y la Ley son mecanismos de aplicación mediata de los fines del Estado en unión con la participación protagónica, democrática y social del Poder Popular en el proceso de inclusión social de los ciudadanos y ciudadanas sexodisidentes. Libertades Civiles: Todas las relaciones conyugales debidamente protocolizadas, judicialmente reconocidas o de hecho conformadas por personas del mismo sexo y/o género en coherencia con su orientación sexual y conforme a la Ley, gozan de efectividad jurídica y protección social en concordancia con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Toda persona tiene Derecho al respeto de su honor y reputación sin que la orientación sexual o identidad de género pueda ser considerada contraria a los mismos. La orientación sexual o la identidad de género de las personas y las familias que estas
conformen, no podrán ser consideradas contrarias al orden social y público, la moral y las buenas costumbres. En efecto, el Estado garantiza el carácter laico, democrático y socialista de sus fines y organización, en atención a la libertad religiosa y la suprema felicidad del pueblo. DEL MATRIMONIO Artículo 5: Se modifica el Artículo 44 (Título IV – Capítulo I - Sección II – Del Matrimonio y su Celebración), quedando redactado así: Artículo 44.- “El matrimonio solo puede contraerse entre dos personas cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estas. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. Artículo 6: Se deroga el Artículo 47 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos necesarios para contraer Matrimonio). Artículo 7: Se modifica el Artículo 49 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos necesarios para contraer Matrimonio) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 49.- “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo”. Artículo 8: Se deroga el Artículo 56 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos necesarios para contraer Matrimonio) Artículo 9: Se modifica el Artículo 60 (Título IV – Capítulo I - Sección III – De los requisitos necesarios para contraer Matrimonio), quedando redactado así: Artículo 60.- A falta de padre(s) y/o madre(s) se necesita el consentimiento de los abuelos y abuelas de los niños, niñas o adolescentes. En caso de desacuerdo bastará que consientan en el matrimonio dos de ellos. Si esto no fuere posible, corresponderá al Juez de Menores del domicilio de los niños, niñas o adolescentes autorizar o no el matrimonio, oída la opinión de los abuelos y abuelas. Contra esta decisión no habrá recurso alguno. Artículo 10: Se modifica el Artículo 66 (Título IV – Capítulo II - De las formalidades que deben precederá al contrato de Matrimonio), quedando redactado así: Artículo 66.- Las personas que quieran contraer matrimonio lo manifestarán así ante uno de los funcionarios de la residencia de cualquiera de los contrayentes, autorizados para presenciarlo e indicarán el que han escogido, entre los facultados por la Ley, para
celebrarlo; y expresarán, además, bajo juramento, su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio, y el nombre y apellido de los padres y/o madres(s) de ambos, de todo lo cual se extenderá un acta que firmarán el funcionario, las partes u otro a su ruego, si ellas no pudieren o no supieren hacerlo, y el Secretario. Artículo 11: Se modifica el Artículo 69 (Título IV – Capítulo II – De las formalidades que deben preceder al contrato de matrimonio), eliminando el parágrafo segundo, quedando redactado así: Artículo 69.- El funcionario ante quien se haga manifestación de la voluntad de contraer matrimonio, formará un expediente, que deberá contener: 1 º El acta de esponsales. 2º Todo lo relativo a la fijación de los carteles. 3º Copia de las partidas de nacimiento delos futuros contrayentes, las cuales no deberán datar de más de seis meses antes de la celebración del matrimonio. 4º Los documentos que acreditan la dispensa de los impedimentos que pudieren existir para la celebración del matrimonio. 5º En el caso de segundo o ulterior matrimonio, copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, o copia certificada de la sentencia firme que declare nulo o disuelto el matrimonio anterior, con la constancia de estar ejecutoriada. 6º Las pruebas que exige el artículo 111 de este Código. 7º En los casos de oposición al matrimonio, copia certificada de la decisión firme que la haya declarado sin lugar. 8º Los documentos que exige el artículo 108 de este Código, si se trata de extranjeros. Las partidas de nacimiento de los futuros contrayentes y la copia certificada de las actas de defunción de los cónyuges fallecidos podrán suplirse con una justificación evacuada ante un Juez. Los testigos deberán ser de notoria honorabilidad y darán razón circunstanciada de su dicho. De todo lo cual dejará constancia en el expediente. En el caso de que el funcionario ante quien se haya hecho la manifestación no sea el escogido para celebrar el matrimonio, el expediente expresado deberá ser remitido a este último, una vez vencido el lapso señalado en el artículo anterior. Artículo 12: Se modifica el Artículo 98 (Título IV - Capítulo V – Del Matrimonio en artículo de Muerte), en su segundo aparte y tercer aparte, quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 98.- Cuando en el caso referido de artículo de muerte no fuese fácil o inmediata la concurrencia de alguno de los funcionarios autorizados por, el artículo 82 para presenciar el matrimonio, este podrá celebrarse en presencia de tres (3) personas, mayores de edad, que no estén ligados con ninguno de los contrayentes por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que uno de ellos, por lo menos, sepa leer y escribir. Una de las personas que sepa leer y escribir presidirá el acto, y recibirá de los contrayentes la declaración de que se toman por cónyuges, respectivamente.
Inmediatamente se extenderá el acta en papel común y en la forma ya expresada, dejando constancia de la existencia de los hijos. Quien haya presidido dejará una copia certificada de ella en poder de los contrayentes, y el acta original se entregará, en el término de la distancia, a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio. Cumplidos los requisitos que establece el artículo siguiente, dicha autoridad civil insertará el acta en los libros correspondientes, certificada por él, por el Secretario, y las enviará para su inserción al Presidente del Concejo Municipal. Artículo 13: Se modifica el Artículo 105 (Título IV - Capítulo VI - Sección II - Del Matrimonio de los Extranjeros en Venezuela) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 105.- No se reconocerán en Venezuela los impedimentos del matrimonio establecidos por la Ley nacional del extranjero que pretenda contraerlo en Venezuela, cuando se fundara en diferencias de raza, rango, religión, identidad de género u orientación sexual. Artículo 14: Se modifica el Artículo 137 (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes y derechos de los cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 137.- Con el matrimonio ambos cónyuges adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de ambos cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Será optativo para ambos cónyuges añadir a su apellido el del otro cónyuge, precedido por la preposición “con”. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias. La negativa de uno de los contrayentes a usar el apellido del otro no se considerará, en ningún caso, como falta a los deberes que la Ley impone por efecto del matrimonio. Artículo 15: Se modifica el Artículo 139 (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes y derechos de los cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 139.- Ambos cónyuges están obligados a contribuir en la medida de los recursos de cada uno, al cuidado y mantenimiento del hogar común, y a las cargas y demás gastos matrimoniales. Artículo 16: Se modifica el Artículo 140 A (Título IV - Capítulo XI – Sección I – De los deberes y derechos de los cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 140 A.- El domicilio conyugal será el lugar donde ambos cónyuges tengan establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común.
Artículo 17: Se modifica el Artículo 148 (Título IV - Capítulo XI - Sección II – Parágrafo 2- De la Comunidad de Bienes) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 148.- Entre ambos cónyuges, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Artículo 18: Se modifica el Artículo 151 (Título IV - Capítulo XI – Sección II –Parágrafo 3º Primera Parte - De los Bienes Propios de los Cónyuges) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 151.- Son bienes propios de ambos cónyuges los que pertenecen a cada uno de ellos al tiempo de contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación, herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo. Son también propios los bienes derivados de las acciones naturales y la plusvalía de dichos bienes, los tesoros y bienes muebles abandonados que hallare alguno de los cónyuges, así como los vestidos, joyas y otros enseres u objetos de uso personal o exclusivo de alguno de los cónyuges. Artículo 19: Se modifica el Artículo 178 (Título IV - Capítulo XI – Sección II – Parágrafo 6º De la Disolución y de la Liquidación de la Comunidad) quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 178.- Los acreedores de cualquiera de los cónyuges no pueden, sin su consentimiento, pedir la separación de bienes. Artículo 20: Se modifica el Artículo 198 (Título V – Capítulo I - De la Determinación y Prueba de la Filiación Materna) agregando el numeral 3, quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 198.- En defecto de la partida de nacimiento, son también pruebas de filiación materna: 1º La declaración que hiciere la madre o después de su muerte, sus ascendientes, con el fin de reconocer la filiación, en las condiciones y con las formalidades que se señalan en el Capítulo III de este Título. 2º La posesión de estado del hijo, establecida de conformidad con las reglas contempladas en ese mismo capítulo. 3º Los documentos que certifiquen la técnica de reproducción asistida en cualquiera de sus modalidades por parte del cualquiera de los cónyuges (concibiente o no concibiente). Artículo 21: Se modifica el Artículo 213 (Título V – Capítulo III – Sección I - Presunciones relativas a la filiación) agregando un segundo párrafo, quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 213.- Se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en
los primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que preceden el día del nacimiento. Y en aquellos casos que están imposibilitados biológicamente entre sí para la concepción, y en conocimiento de la situación, en el momento del nacimiento, ambos aceptan (concibiente y no concibiente), bajo acuerdo expreso y escrito ser padres y/o madres del hijo matrimonial. Artículo 22: Se modifica el Artículo 235 (Título V – Capítulo III - Sección IV - Determinación del Apellido), quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 235: El hijo habido dentro del matrimonio llevará los apellidos de sus padres y/o madres en el orden que ellos opten expresamente. En caso de no hacer uso de esta opción supletoriamente se determinara por sorteo. El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres y/o madres, llevará los apellidos de estos en el orden que los mismos determinen expresamente, siendo dispuesto supletoriamente por sorteo sino hicieran uso de la opción precedentemente establecida. Artículo 23: Se modifica el Artículo 767 (Título IV – De la Comunidad), quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 235: Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando alguno de los miembros de la pareja, demuestre que han vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Artículo 24: En todas las normas reguladoras del matrimonio o conexas a este de los cuales emerjan menciones como “marido” y/o “mujer” u similares y por tanto limitativas de los derechos consagrados en esta ley deberá sustituirse como expresiones como los cónyuges, pareja matrimonial, esposos, u otras de similar tenor que no alteren el contenido sustantivo de la regulación. Artículo 25: En todas las normas reguladoras del matrimonio o conexas a este de los cuales emerjan menciones como “el padre” y/o “la madre” y por tanto limitativas de los derechos consagrados en esta ley deberá sustituirse como expresiones como “los padres y/o las madres”, u otras de similar tenor que no alteren el contenido sustantivo de la regulación. Artículo 26: Por otra parte, y como resultado de la disposición adicional primera de la presente ley, todas las referencias al matrimonio que se contienen en nuestro ordenamiento jurídico han de
entenderse aplicables tanto al matrimonio de dos personas del mismo sexo y/o género como al integrado por dos personas de distinto sexo y género. Artículo 27: Los derechos humanos y garantías constitucionales contenidos en esta ley no deben entenderse como negación de otros contenidos en otras normas reguladoras del matrimonio o conexas, sin menoscabo del ejercicio de los mismos.
Giovanni Piermattei AC Venezuela Igualitaria Alexander Lucena Diversidad Sexual del Estado Trujillo Quiteria Franco Diversidad Sexual USB (DSx USB) Rummie Quintero AC Divas de Venezuela Rafael Lozada Diversidad UBV Caracas Álvaro Ramírez Diversidad Sexual del Estado Monagas José R. Merentes Unión Afirmativa de Venezuela (UNAF) Johan León Acción Zuliana por la Vida (AZUL) Joel Panza Colectivo Almas César Sequera Núñez Comunidad Metropolitana Elena Hernaiz Fundación Reflejos de Venezuela Norberto Moran Ciudadanía Diversa Luis Meneses FUVADIS Pedro Vivas Juventud Unida en Acción JUENA Juan Delgado Palomares Diversidad Sexo-Género AD Trujillo
Hanays Montaner Fundación Amanecer Humano Katherine León Colectivo Somos Aragua María Gabriela Blanco ASGDRE Danny Rouseau Orgullo Guayana Miguel Gámez Diversidad UBV Bolívar Jhan Gil Orgullo LGBTI Mérida Adriana Molina Lesbianas y Ya AXA Activistas Gabriela Ercolani Leandro Viloria Ejército Emancipador Adriana Castro Estoy a Favor Luis Ángel Abache Fundación Zamora TV Rafael del Castillo Gayfriendly Venezuela Yolmary Diaz Homosexualidad sin miedos Luis Carlos Paredes Diversidad Consiente del Estado Barinas Daniela Peña Piensa Gay
Tamara Adrián Movimiento Proinclusión Diverlex Glorismar Carrillo Diversidad Sexual Cojedes Amni Arismendi Radar Comunidad José René Castro AC Escuela de Paz
Daniela de Jesús Rodríguez Diversidad Sexual Mariño
Juan Carlos Cordero ULA Prodiversa Abraham Pérez Comunidad LGBTI Lara Willmer Quintero Fundación Sexual e Igualdad de Géneros Cabimas Luis Ferrebuz ADDIZ Ricardo Hung Alianza Lambda de Venezuela AC Yonatan Matheus/Wendell Oviedo Venezuela Diversa AC Miguel Franco ARMIF
Héctor Moreno Fredisex Vargas Ronny Ortega Diversidad Sexual del Estado Aragua Estrella Cerezo Transvenus Venezuela Alberto Nieves ACCSI
Asesores: Abog. José Manuel Simons Abog. Marcel López
REFERENCIAS DE FUENTES Código Civil de Venezuela, Gaceta Oficial No. 2990 Extraordinario del 28 de Junio de 1982. Rodríguez Feo, Chea (17/10/2013). Hacia una ley socialista bolivariana sobre el matrimonio igualitario (fundamentos jurídicos socio-culturales sexodisidentes). Ensayo analítico críticoradical. Maracay: AC Venezuela Igualitaria (ONG solicitante) Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Onufer Corrêa, Sonia (co-presidenta) y Muntarbhorn, Vitit (copresidente) del Panel Internacional de Especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de Género (03/2007). Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. [Documento en línea] Disponible: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 [Consulta: 04/09/2013, 11:57 pm] Organización de las Naciones Unidas (ONU, Asamblea General) (10/12/1948). Declaración Universal de Derechos Humanos [Resolución 217 A-III]. [Documento en línea] Disponible: http://www.un.org/es/documents/udhr/ [Consulta: 24/08/2013, 12:38 pm] Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela (15/12/1999 refrendada; 20/12/1999 proclamada; 24/03/2000 publicada). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.453 Extraordinario. Caracas: Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (04/12/2013). Plan de la Patria. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.118 Extraordinario. Caracas: Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (28/02/2008). Interpretación del Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra de las uniones de hecho gais y lésbicas en Venezuela, de acuerdo con los artículos 21, cardinal 1, y 77, en conjunción con los artículos 19, 20 y 22,. Parte actora: Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela y otros. Sentencia No. 190, Exp. 03-2630, Pedro Rafael Rondón Haaz (magistrado ponente) y Carmen Zuleta de Merchán (magistrada disidente). Caracas. [Sentencia en línea] Disponible: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/190-280208-03-2630.htm [Consulta: 08/08/2013, 08:56 pm] Chávez Frías, Hugo Rafael (11/06/2012). Propuesta del candidato de la Patria comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 (Plan de Gobierno acogido por su sucesor, Nicolás Maduro Moros, ante el Poder Electoral el 11/03/2013). [Documento en línea]
Disponible: http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/#.UgPh6NIweBM [Consulta: 08/08/2013, 01:56 pm] ONUSIDA y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI). Informe Venezuela 2013 – Crímenes de odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género en la noticia de los Medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil Revisión Hemerográfica. Enero 2009 - Agosto 2013. PNUD. Informe sobre Homofobia, Violencia e Impunidad contra la Comunidad Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual en la República Bolivariana de Venezuela 2008.
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References: Artículo 16
 artículo 22
 artículo 23
 Artículo 75
 Artículo 3
 artículo 77
 Artículo 42
 Artículo 226
 artículo 44
 artículo 204
 artículo 70
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 44
 Artículo 44
 Artículo 6
 Artículo 47
 Artículo 7
 Artículo 49
 Artículo 49
 Artículo 8
 Artículo 56
 Artículo 9
 Artículo 60
 Artículo 60
 Artículo 10
 Artículo 66
 Artículo 66
 Artículo 11
 Artículo 69
 Artículo 69
 artículo 111
 artículo 108
 Artículo 12
 Artículo 98
 Artículo 98
 artículo 82
 Artículo 13
 Artículo 105
 Artículo 105
 Artículo 14
 Artículo 137
 Artículo 137
 Artículo 15
 Artículo 139
 Artículo 139
 Artículo 16
 Artículo 140
 Artículo 140
 artículo 138

Artículo 17
 Artículo 148
 Artículo 148
 Artículo 18
 Artículo 151
 Artículo 151
 Artículo 19
 Artículo 178
 Artículo 178
 Artículo 20
 Artículo 198
 Artículo 198
 Artículo 21
 Artículo 213
 Artículo 213
 Artículo 22
 Artículo 235
 Artículo 235
 Artículo 23
 Artículo 767
 Artículo 235
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 77