Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/r1-ga-l4-1993.html
Timestamp: 2017-03-23 15:06:54+00:00

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TITULO PRELIMINAR. De los principios generales
CAPITULO II. De los niveles de atención
SECCION PRIMERA. DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA
TITULO II. De la atribución de competencias
CAPITULO II. De los entes locales
CAPITULO III. De la Comunidad Autónoma
TITULO III. De la prestación de servicios sociales
CAPITULO II. De las Entidades prestadoras de servicios sociales
CAPITULO III. De los derechos y deberes de los usuarios
TITULO IV. De la participación social
CAPITULO PRIMERO. De los órganos de participación y asesoramiento
CAPITULO II. Del voluntariado social
SECCION TERCERA. DE LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE GALICIA
TITULO V. De las prestaciones, ayudas y subvenciones
CAPITULO PRIMERO. De las prestaciones y ayudas económicas
CAPITULO V. De la inspección
CAPITULO UNICO. De la financiación
Ley [GALICIA] 4/1993, 14 abril, derogada por la disposición derogatoria única.a) de la Ley [GALICIA] 13/2008, 3 diciembre, de servicios sociales de Galicia («D.O.G.» 18 diciembre) el 18 de marzo de 2009.
Preámbulo La consolidación de un Estado social y democrático, tal y como lo define la Constitución, ha supuesto en la última década la implantación de nuevas alternativas en la protección y promoción social, tanto a iniciativa de los poderes públicos como de la sociedad civil, generándose un proceso de tal dinamismo que dejó obsoletas los planteamientos teóricos heredados del pasado y el marco legal en el que se proyectaban.
El sistema de servicios sociales participa de ambos dinamismos. Por una parte, a través del mismo, se hacen efectivos importantes principios que identifican al Estado como social. De otra en el caso de Galicia, su Estatuto de autonomía, en correspondencia con la Constitución, determina que la materia de asistencia social es de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma.
El presente texto legal trata de regular exhaustivamente los aspectos básicos de los servicios sociales en Galicia, en cuanto sistema integrado, tal como se expone en el artículo 1.º, lo que resulta una nota central que informa el entero contenido de aquél, por tanto cada uno de los aspectos regulados forma parte de un todo interdependiente, coordinado y armónico, posibilitando una integración funcional de la que, en buena parte, dependerá la eficacia global del sistema.
Complementaria a esa definición sistemática es la de servicio público, con la que se establece un régimen de responsabilidad pública para la esfera de los servicios sociales que, definitivamente, en coherencia con las notas definitorias del Estado social que la Constitución diseña, acota los servicios sociales como un derecho para todos aquellos que por su situación los precisen, tal como se establece en el artículo 2.º de la presente Ley.
En lo concerniente a los niveles de atención se ha optado por una reconceptualización necesarias para minimizar las posibles ambigüedades interpretativas y recoger al mismo tiempo los matices que la práctica de estos años ha impuesto a una teorización excesivamente rígida sobre los servicios sociales. Efectivamente, se opta por la denominación «de atención primaria», por su expresividad y por permitir una flexibilidad en el sentido de que la nota de polivalencia y apertura a toda la comunidad en la que actúan los servicios sociales en ese nivel no obste para que, de acuerdo con la modulación contenida en el artículo 9.º, puedan abordarse desde ellos proyectos y actuaciones sectoriales de contenido netamente integrador.
Por otra parte, el calificativo de «comunitarios», con el que venía denominándose a los servicios de este nivel puede y ha de predicarse de cualquier servicio del sistema integrado, en el sentido de que la comunidad es, tanto en la atención primaria como en la especializada, el punto de partida y de llegada y el principal recurso para una acción integradora y normalizadora.
En esta regulación legal de los servicios sociales materia que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma, se tiene en cuenta el principio de la autonomía de los entes locales que consagra la Carta Magna, atribuyendo con toda nitidez competencias propias a los entes locales para la gestión de sus intereses en este terreno. Sólo de esa manera, tal como señala la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace realmente efectiva la autonomía que la Constitución garantiza.
Ese principio fundamental, no contemplado en la anterior Ley Gallega de Servicios Sociales, que sólo recogía la posibilidad de delegación, no debe implicar la disgregación y heterogeneidad en aspectos sustanciales de la prestación de los servicios sociales, para lo cual es preciso aplicar la necesaria coordinación. Esa coordinación no implica una tutela que menoscabe la autonomía municipal sino que, en palabras del Tribunal Constitucional, es una posibilidad del legislador exigida «por la unidad misma del sistema en su conjunto en el que las diferentes entidades autónomas se integran», así como por el «principio de eficacia administrativa» (artículo 103.1, de la CE), que ha de predicarse no sólo de cada Administración pública, sino de la entera estructuración de los servicios públicos.
En el título segundo de la Ley, de acuerdo con esos principios, tras atribuir competencias propias a los entes locales, que pasan de hecho a ser la instancia principal en la gestión de los servicios en los dos niveles de atención, se establece una serie de instrumentos fundamentales de coordinación, competencia de la Xunta de Galicia: El Plan gallego de equipamientos y servicios sociales las normativas básicas de gestión y acreditación y un sistema de registro de entidades. Asimismo, en correspondencia con lo anterior, se atribuye a la Administración autonómica el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadora.
La iniciativa privada, sujeta, en cualquier caso, al régimen de autorización administrativa previa, queda regulada tanto en su modalidad social como lucrativa, tal como la realidad de los servicios sociales lo demanda. En el artículo 55 se abre la posibilidad de que la Xunta de Galicia pueda subvencionar, en condiciones expresamente tasadas, en ambas modalidades, la creación modificación, equipamiento y adaptación de sus centros, si bien la prestación de los servicios sólo se subvencionará, tal como establece el artículo 56, a las entidades prestadoras de iniciativa social.
Por la disposición adicional primera de la presente Ley se modifica la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, añadiendo el supuesto de «prestación directa de servicios sociales y protección de menores» entre los de excepción a la regla general de que los puestos de trabajo de la Administración autonóma serán prestados por funcionarios, armonizándose de esa forma el artículo 25, 2, de dicha ley con el artículo 15.1, letra c), de la Ley estatal 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de Galicia, y con el artículo 24, de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de servicios sociales.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 24