Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-283-16.htm
Timestamp: 2017-10-23 08:08:10+00:00

Document:
T-283-16
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que se realizó traslado a otro centro de reclusión a persona privada de la libertad perteneciente a la población LGBTI
Referencia: expediente T-5.077.589
1. El accionante indica que, es bisexual[1], víctima del conflicto armado interno[2] y pertenece a la comunidad indígena Uitoto del Amazonas. Además, dice que desde hace dieciséis meses se encuentra recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá sindicado por el delito de tentativa de homicidio en concurso con hurto calificado[3].
“Hay dos personas que me vienen maltratando sicológica y moralmente. En dos ocasiones estas dos personas han puesto en peligro mi vida. El año pasado, el 8 de junio Johana, Laura y Patricia[4] me hicieron el cajón para sacarme del patio entre las tres me agredieron en complicidad con los guardianes, estuve 5 días en el calabozo… La razón básica es que yo no comparto sus ideas… por ejemplo yo no estoy acostumbrado a consumir sustancias psicoactivas. Tampoco acepto que extorsionen a personas cuando tienen relación sexual con ellas”[5].
3. Por otra parte sostiene que actualmente se encuentra recluido en el Patio 4 Sur de La Modelo, donde está “durmiendo en el piso como un habitante de la calle, cuento con tan sólo dos mudas de ropa. Lo único que quiero es me regresen al Patio 2B, en donde he estado 16 meses, no quiero otro patio.”[6]
En el fallo, el juez tuteló el derecho fundamental de petición y ordenó al Director de La Modelo que notificara al señor Raúl de las respuestas a las solicitudes presentadas[7].
6. En cumplimiento de la orden judicial anterior, mediante comunicación del 14 de agosto de 2014, el comandante de vigilancia de La Modelo, le informó al accionante que lo ubicarían en el primer piso del patio 2B[8].
El Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela y vinculó a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior[9]. Las entidades accionadas y vinculadas presentaron escritos de contestación, que se resumen así:
Una apoderada judicial de la Procuraduría General de la Nación dio respuesta al requerimiento judicial, mediante escrito en el que solicitó denegar la acción de tutela[10]. Consideró que la entidad que representa no ha recibido solicitud de intervención o de acompañamiento en favor del peticionario. No obstante, la Procuraduría Delegada en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos manifestó que seleccionó el caso del accionante para “intervención preventiva.”
El coordinador de la Dirección Nacional de Seccionales de la Fiscalía General de la Nación[11] solicitó desvincular a dicha entidad del trámite de la acción de tutela, debido a que lo que solicita el peticionario es competencia exclusiva de la Dirección del centro carcelario.
El Defensor del Pueblo Regional Bogotá[12] solicitó la desvinculación de esa entidad de la acción de tutela, toda vez que ha llevado de manera diligente la defensa del peticionario por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio en concurso con hurto agravado y calificado, por hechos que ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Señaló que desde las audiencias preliminares dicha entidad ha actuado en representación del accionante, y que actualmente el diligenciamiento se encuentra a disposición del Tribunal Superior de Bogotá, pendiente por resolver el recurso de alzada que contra la sentencia condenatoria profirió el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad.
Mediante sentencia del 28 de abril de 2015[13], el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá negó el amparo solicitado por el accionante, al considerar que la acción de tutela no puede suplir la petición que debió presentar el interno, para solicitar el cambio de patio y la posible denuncia por los maltratos que ha recibido. Además, en relación con las supuestas agresiones que ha sufrido el accionante, mencionó que no advertía copia sumaria de una posible denuncia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 11 de junio de 2015[14] confirmó el fallo cuestionado. Para tal efecto, puso de presente que no es procedente disponer a través de la acción de tutela, que el accionante sea reubicado al interior del establecimiento carcelario. En cuanto al requerimiento para que se inicien las investigaciones respectivas ante las presuntas irregularidades al interior del penal, le indicó al peticionario que está facultado para iniciar las acciones que considere pertinentes ante la sede que corresponde, donde podrá presentar sus inconformidades.
1. Mediante Auto del 27 de octubre de 2015[15], la Sala Quinta ordenó vincular al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela y remitiera a esta Corporación un informe detallado sobre las políticas de tratamiento penitenciario dirigidas a personas pertenecientes a grupos con enfoque diferencial, específicamente a las poblaciones indígena y LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales y las personas transgénero e intersexuales).
A su vez, para conocer con más detalle las condiciones de reclusión de Raúl, en el mismo auto, la Sala ofició al Director de la Cárcel La Modelo de Bogotá para que remitiera un informe en el que debía especificar: i) el pabellón o patio en el que se encuentra recluido el señor Raúl y, si el mismo alberga a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; ii) con cuántas personas comparte celda el accionante, y si éstas pertenecen a la comunidad LGBTI; y (iii) de manera general, cuáles son las políticas de dicho establecimiento carcelario en materia de derechos de los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBTI y a la población indígena.
1.1. El Director del Establecimiento Carcelario La Modelo, en comunicación del 4 de noviembre de 2015[16], informó que el señor Raúl se encuentra en el pabellón N° 1A, en el cual fue ubicado por la Junta de Asignación de Patios y Celdas mediante acta Nº 114-0048 del 13 de marzo de 2015. Advirtió que en ese pabellón se encuentran nueve internos más pertenecientes a la comunidad LGBTI, y que al accionante se le asignó la celda Nº 34, donde comparte con dos personas no pertenecientes a dicha comunidad.
Por otra parte sostiene que “los mismos internos manifiestan que se sentirían discriminados y aislados del resto de la población reclusa”[17]. De esa manera, sostuvo que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
Por su parte, remitió la cartilla biográfica del interno[18], de la cual se resalta lo siguiente:
Leticia(Amazonas) 17/08/1985
Tentativa de homicidio agravado, hurto calificado y lesiones personales
Fecha y autoridad que lo condenó en primera instancia
Juzgado 33 Penal Municipal de Bogotá el 21 de noviembre de 2013
1.2. A su vez, el Cónsul de Derechos Humanos del Establecimiento Carcelario La Modelo, en comunicación del 4 de noviembre de 2015[19], explicó que las políticas institucionales establecidas por la Dirección General del INPEC que han cumplido son: i) la Directiva Permanente 10 del 5 de julio de 2011, la cual tiene como finalidad impartir instrucciones a los establecimientos de reclusión, frente al respeto y protección de los derechos de la población LGBTI privada de la libertad; ii) la Directiva Permanente 2 del 6 de diciembre de 2011, la cual tiene como propósito impartir instrucciones a los establecimientos de reclusión, que permitan garantizar el respeto, reconocimiento e inclusión social a la población indígena privada de la libertad; y (iii) la Directiva Transitoria 17 de 2015 mediante la cual se da cumplimiento a recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la Directiva Permanente 10 del 5 de julio de 2011[20], resaltó que la misma señala que los Directores de establecimientos penitenciarios deberán abstenerse de: i) impedir el ingreso de elementos de uso personal necesarios para que los internos de identidad sexual diversa puedan garantizar el ejercicio de dicha actividad, ii) excluir el derecho a la visita íntima en iguales condiciones que las personas heterosexuales, y iii) de manera general discriminar el acceso y goce de los derechos de las personas privadas de la libertad por el sólo hecho de autoreconocerse como parte de la población LGBTI.
Con relación a la Directiva Transitoria 17 del 3 de julio de 2015[21], explicó que ésta asigna responsabilidades para el cumplimiento de recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al INPEC, de las cuales se resalta la necesidad de (i) asegurar a través del INPEC, que se garantice el derecho de las mujeres lesbianas privadas de la libertad a acceder a la visita íntima, (ii) adoptar la reforma a las normas reglamentarias del INPEC con el fin de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas privadas de la libertad con base en su orientación sexual, y (iii) adoptar las medidas estatales necesarias, que incluyen capacitación en derechos humanos a funcionarios estatales y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar que las personas privadas de la libertad no se vean sometidas a tratos discriminatorios.
Relató que PARCES ONG ingresó a la Cárcel Modelo con un proyecto que pretende encontrar mecanismos que permitan el bienestar psicológico y social de los internos e internas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Lo anterior con el fin de mejorar la convivencia en el establecimiento a partir de la autoconstrucción de la identidad de género y sexual de cada individuo.
1.3. Por otra parte, la Directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en comunicación del 4 de noviembre de 2015[22], informó que dicho Ministerio promovió la publicación del documento CONPES 3828 de 2015 sobre Política Penitenciaria y Carcelaria. Señaló que el CONPES establece dos cuestiones que impactan directamente a la población indígena recluida. De un lado, en relación con los establecimientos de reclusión del orden nacional, que no cuentan con áreas suficientes para la atención y tratamiento de la población detenida, lo que dificulta la realización de los programas de integración social de grupos con condiciones excepcionales.
2.1. En cumplimiento a la referida providencia, mediante escrito del 14 de diciembre de 2015[23], el Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General del INPEC informó, entre otras cosas, que el interno Raúl actualmente se encuentra ubicado en la cárcel La Modelo, en el “Pabellón 1º- piso 1, Pasillo 1, Celda 4, luego de que le Junta de Asignación de Celdas y patios, mediante acta Nº 114-0048 del 13 de marzo de 2013, así lo dispusiera.”
3. Mediante Auto del 1º de febrero de 2016, la Sala Quinta ordenó la realización de una diligencia de inspección judicial a las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Modelo de Bogotá para el 29 de febrero siguiente[24].
Luego, mediante Auto del 15 de febrero de 2016 fue modificado el lugar de realización de la inspección judicial[25], debido a que la Organización Pares en Acción – Reacción contra la Exclusión Social (PARCES ONG), informó a esta Corporación sobre el traslado del peticionario Raúl de la Cárcel La Modelo de Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de esa misma ciudad (en adelante se hará referencia a este último establecimiento como ‘La Picota’).
La anterior información se constató a través del INPEC, institución que envió al despacho de la magistrada sustanciadora la Resolución Nº 900185 del 21 de enero de 2016, mediante la cual se ordenó el traslado del peticionario[26].
En el desarrollo de la diligencia, se realizaron preguntas al accionante con la finalidad de verificar la actual pretensión de amparo y las condiciones de reclusión del pabellón al que se encuentra asignado. De los relatos aportados se destacan los siguientes[27]:
(iii) Mencionó que Johana traficaba con sustancias psicoactivas al interior del establecimiento carcelario, y que ella pretendía que él también las vendiera, pero que al negarse a cometer tal ilícito “ella me comenzó a discriminar (…) me comenzó a hacer bullying, comenzó a decirle a la gente que yo era sapo.”
(iv) Sostuvo que el 8 de junio de 2014 tuvo una discusión muy fuerte con Johana delante de las personas que visitaban a los internos, y a causa de ese incidente, “un dragoneante se prestó para sacarme del patio sin argumentos, me dijo que ella me iba a matar.”
(iv) Por otra parte, informó que presentó una nueva acción de tutela ante el Juzgado 54 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Bogotá con la pretensión de ser trasladado a La Modelo[28].
5. Sobre la presentación de nuevas acciones de tutela, es importante resaltar que este despacho consultó la base de datos de tutelas de la Corporación y encontró que mediante fallo del 8 de febrero de 2016 el Juzgado 54 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente el amparo mediante el cual el accionante pretendía ser trasladado a la cárcel La Modelo[29].
Sumado a lo anterior, al analizar los anexos que el accionante adjuntó a un memorial que presentó ante esta Corporación y mediante el cual reiteró la solicitud de traslado a La Modelo, el despacho encontró una notificación del 25 de febrero de 2016, remitida al demandante por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con ocasión de la presentación de otra acción de tutela, mediante la cual el actor solicitó el mejoramiento de las condiciones sanitarias de su celda en La Picota[30].
En el referido oficio se le informó al accionante que se amparó su derecho fundamental a la diginidad humana, y en consecuencia, se ordenó al Director del INPEC y de La Picota adoptar las “medidas de protección necesarias y verificar la situación de la celda donde se encuentra el accionante, gestionando una visita con las autoridades de control de sanidad y de salud correspondientes, acatando lo que las mismas ordenen para por lo menos mitigar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.” Dicha acción fue impugnada extemporáneamente por el demandante.[31]
7. A su turno, mediante escrito allegado a este despacho el 25 de febrero de 2016, el accionante manifestó que se encuentra recluido “de una forma infrahumana” en La Picota, puesto que duerme en una cama de cemento y el baño de la celda se encuentra descompuesto. Reiteró que no tiene problemas de convivencia en dicha cárcel, pero está inconforme con la corrupción que se presenta al interior de la misma. En consecuencia, insistió en la solicitud de traslado al establecimiento carcelario La Modelo[32].
8. Mediante Auto del 16 de marzo de 2016[33], la Sala Quinta vinculó al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota), para que se (i) pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la presentación del amparo por parte del señor Raúl, (ii) remitiera un informe en el que especificara: a) el pabellón o patio en el que se encuentra recluido y, si éste alberga a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; ii) con cuántas personas comparte celda el accionante, y si éstas pertenecen a la comunidad LGBTI; y b) de manera general, para que indicara cuáles son las políticas de dicho establecimiento carcelario en materia de derechos de los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBTI y a la población indígena.
8.1. En cumplimiento de la referida providencia, mediante escrito recibido en este despacho el 18 de abril de 2016[34], el Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General del INPEC informó que el traslado del señor Raúl de la Cárcel Modelo de Bogotá a La Picota se efectuó en razón a que el interno presentaba múltiples problemas de convivencia.
En primer lugar, en el informe del Comando de Vigilancia, textualmente se indicó lo siguiente: “hoy siendo aproximadamente las 17:10 horas, encontrándome de servicio en el patio 1-A sale el interno Raúl quien presenta unas heridas en la cabeza y en el gemelo derecho, al preguntarle por lo ocurrido manifestó que fue agredido por un grupo de internos (…) Es de anotar que el interno se llevó al área de sanidad para que fuera valorado.”
En segundo lugar, el responsable de Policía Judicial señaló que se verificó en la base de datos de esa unidad y no reposa denuncia penal con ocasión de los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2015. No obstante advirtió que en la minuta de servicios de esa dependencia sí existe una anotación en el folio 180 para la fecha referida en la que se dejó constancia de lo siguiente: “se entrevistó al interno Raúl quien manifestó no poder caminar por una pequeña herida en la pierna derecha.”
9. Mediante auto del 7 de abril de 2016[35] y al cumplirse los presupuestos excepcionales señalados en el Reglamento Interno de la Corporación[36], la Sala Quinta de Revisión prorrogó el término de suspensión inicialmente decretado mediante auto del 30 de noviembre de 2015[37].
10. A través de escrito recibido en este despacho el 21 de abril de 2016[38], el demandante expuso lo siguiente: en primer lugar, señaló que en el mes de marzo un compañero de la celda Nº 52 en la cárcel La Picota, intentó abusar sexualmente de él. Adicionalmente, expuso que el 28 de marzo debido a una crisis psicológica intentó suicidarse al ingerir “dos gillette”.
11. En comunicación del 28 de abril siguiente, La Picota a través del Coordinador del Grupo de Tutelas respondió al requerimiento hecho por esta Sala[39].
Explicó que la población LGBTI está distribuida en los diferentes pabellones para “evitar la discriminación y permitiendo que esta población conviva sin ningún inconveniente con los demás”. Resaltó que en el patio 4, sólo el accionante pertenece a dicha comunidad.
12. Finalmente, mediante oficio del 23 de mayo de 2016, el Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo informó que un asesor de esa entidad realizó una visita al establecimiento carcelario La Picota y verificó que el actor a) está recluido en el patio 4 de la Picota, b) se ubica en una celda con cuatro camastros en la que convive con dos internos más, uno de los cuales es su pareja sentimental, c) que ha recibido un buen trato por parte de los funcionarios del centro y de sus compañeros, d) que no ha sido discriminado o maltratado con ocasión de su orientación sexual, y e) que no ha tenido problemas para el ingreso de sus prendas femeninas, “puesto que inició su transición sexual al sexo femenino.”[40]
Organización Pares en Acción – Reacción contra la Exclusión Social (PARCES ONG)[41]
Programa de Acción por la igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes[42]
Corporación Colombia Diversa[43]
8. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[44], “la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, las autoridades penitenciarias y carcelarias están legitimadas como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades públicas encargadas de velar por la vida e integridad física y psicológica del recluso accionante, la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
10. La procedibilidad de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Éste exige que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de las garantías fundamentales. Es decir, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna.
En la Sentencia T- 388 de 2013[45], la Corte indicó que las personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos fundamentales al interior de los mismos centros de reclusión. Por esa razón, recordó que la acción de tutela adquiría un lugar protagónico y estratégico, ya que a través de ella “no sólo se [permitía] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general, sino que, además, [permitía] a las autoridades tener noticia de graves amenazas que [estaban] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional [había] reconocido que la acción de tutela [era] un derecho protegido de forma especial para personas privadas de la libertad”.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido el hecho superado dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela, lo que permite suponer que la satisfacción de las pretensiones devino de una conducta positiva por parte de la persona o entidad demandada en orden a garantizar los derechos del accionante[46].
Finalmente, respecto a la carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, la Corte ha manifestado que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto” [47].
Así pues, en esta categoría cabe incluir la situación en que la carencia actual de objeto deviene del cumplimiento de una orden judicial proferida en otro proceso distinto al que se revisa. Estrictamente, no se está ante un hecho superado, pues la satisfacción de las pretensiones tutelares no fue producto de la libre voluntad de la parte pasiva. Se trata, por el contrario, de una modalidad adicional de la carencia actual de objeto, según la cual la situación fáctica que motivó la presentación de la acción de tutela desapareció o se modificó como consecuencia del acatamiento de una orden judicial[48] proferida en el curso de otra acción constitucional o de un procedimiento judicial ordinario.
Tercero, con respecto a la adopción de medidas por parte del centro carcelario con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ha de recordarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el Estado es quien tiene la obligación de impedir que otros reclusos (obligación de protección) así como el personal penitenciario (obligación de respeto) amenacen la vida del interno[49]. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos.[50]
Lo anterior, trae consigo la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, como por ejemplo la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible proteger su vida y su integridad física. Por ello, se ha insistido por parte de la jurisprudencia que las medidas de protección de los mismos reclusos que adopten las autoridades carcelarias han de ser compatibles con la Constitución y no pueden suponer una restricción inadmisible a sus derechos constitucionales[51], así como tampoco impedir la realización de la función resocializadora de la pena[52].
Con fundamento en lo anterior, en el presente caso se encuentra probado que el centro penitenciario La Modelo adoptó medidas especiales de seguridad ante la posible vulneración de los derechos fundamentales del accionante por las riñas y los problemas de convivencia que se estaban presentando con los demás reclusos,
las cuales consistieron en el cambio de patio y el posterior traslado del detenido al establecimiento carcelario La Picota.
Al respecto, cabe resaltar que, en un oficio remitido por el accionante durante el trámite de revisión se observa que, según una constancia del Director de la cárcel La Modelo, el demandante fue cambiado de patio en varias ocasiones “para evitar que su vida e integridad física corriera peligro”[53].
Lo anterior, por cuanto el accionante interpuso otra acción de tutela mediante la cual solicitó el mejoramiento de las condiciones sanitarias de su celda. En ese orden, mediante notificación del 25 de febrero de 2016, remitida al demandante por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, se le informó que se amparó su derecho fundamental a la diginidad humana, y en consecuencia, se ordenó al Director del INPEC y de La Picota adoptar las “medidas de protección necesarias y verificar la situación de la celda donde se encuentra el accionante, gestionando una visita con las autoridades de control de sanidad y de salud correspondientes, acatando lo que las mismas ordenen para por lo menos mitigar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.”
Lo anterior, habida consideración de la especial relación de sujeción en que se encuentran las personas internas frente al Estado, donde éste tiene la obligación de garantizarles a los grupos sociales tradicionalmente discriminados y vulnerables que puedan ejercer a cabalidad sus derechos fundamentales, más aún a las personas con orientaciones sexuales diversas, quienes “padecen en el confinamiento la reproducción y maximización de los prejuicios” [54] que imperan en la sociedad.
En las cárceles de hombres hay mayor discriminación, más temor y miedo a expresar la orientación sexual. El solo hecho de ser percibido como hombre gay es sinónimo de riesgo frente a la violencia. La violencia se agudiza en cárceles de mediana seguridad donde la guardia interna no tiene control interno de los patios. Los altos niveles de ingobernabilidad crean un contexto propicio para tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia física y verbal que son promovidos o aceptados por la guardia o los propios internos contra los hombres gay y bisexuales.”[55]
Así mismo, ha sido destacado que las personas LGBT recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran en estado de vulnerabilidad por estar privadas de la libertad, en condiciones de hacinamiento, violencia y acceso precario a los derechos básicos, y ese estado de vulnerabilidad se profundiza y puede ser una causa autónoma de violencia contra las personas LGBT debido a los imaginarios de la prisión, que, según los expertos, se caracterizan “por estar plagados de prejuicios y de lógicas de dominación típicamente machistas”[56]
OCTAVO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] A folios 21 y 22 del cuaderno inicial se observan unas certificaciones expedidas por el Director y otros funcionarios de la Cárcel La Modelo, donde se indica que el señor Raúl ha participado en los programas de “Diversidad Humana”, de dicho centro de reclusión.
[2] A folio 239 del cuaderno Corte reposa una comunicación del 27 de noviembre de 2015, suscrita por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), en la que le informan al accionante sobre el otorgamiento de ayudas humanitarias.
[3] Folios 1 y 2 cuaderno inicial.
[4] Según el accionante, Johana, Laura y Patricia pertenecen a la comunidad LGBTI de la cárcel La Modelo.
[5] Folio 1 ib.
[7] Folios 10 a 18 ib.
[8] A folio 8 del cuaderno inicial se observa la comunicación del 14 de agosto de 2014, que indica textualmente: “Por medio de la presente y en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento donde solicita ser ubicado en una celda con personas de la misma condición sexual, me permito informarle que ud es conocedor del hacinamiento que existe en este establecimiento y especialmente en el patio 2B donde se encuentra asignado mediante Acta 217 del 25/11/2013.// Le informó que previa coordinación con el señor Inspector Jefe VEGA LÓPEZ ARGEMIRO y el dragoneante LEÓN NELSON y los pabelloneros se acordó dejarlo en el primer piso del mencionado pabellón.”
[9] Folio 29 ib.
[10] Folios 36 a 40 ib.
[11] Folios 46 y 47 ib.
[12] Folios 48 a 50 ib.
[13] Folios 52 a 57 ib.
[14] Folios 3 a 11 cuaderno 2º.
[15] Folios 12 a 15, cuaderno Corte.
[16] Folios 33 y 34 ib.
[17] Folio 34 cuaderno Corte.
[18] Folios 36 a 38 ib.
[19] Folios 40 a 60 ib.
[20] Visible en folios 42 a 47 ib.
[21] Visible en folios 84 a 87 ib.
[22] Folios 61 a 71 ib.
[23] Folios 100 a 135 ib.
[24] Folios 136 a 138 ib.
[25] Folio 148 ib.
[26] En folios 164 y 165 se observa la Resolución Nº 900185 del 21 de enero de 2016, la cual fue remitida al despacho el 12 de febrero de 2016.
[27] La transcripción del contenido de las grabaciones realizadas durante la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 29 de febrero de 2016 en las instalaciones de la Cárcel La Picota se encuentran en folios 382 a 384 del Cuaderno Corte.
[28] Dicha acción de tutela correspondió al radicado T-5.422.146 y no fue seleccionada por la Corte Constitucional mediante auto del 31 de marzo de 2016, el cual fue notificado el 12 de abril siguiente.
[30] El memorial fue presentado por el accionante el 18 de marzo de 2016, y se encuentra visible en folios 233 a 243.
[31] El fallo referido aún no ha llegado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
[32] Folios 168 a 175.
[33] Folios 245 y 246.
[34] Folios 250 a 262 ib.
[35] Folios 264 a 267.
[36] Artículo 64, inciso segundo del Acuerdo 02 de 2015: “en el momento de decretar pruebas, la Sala respectiva podrá excepcionalmente ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres (3) meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado ponente.”
[37] En el Auto del 7 de abril de 2016 se estableció la suspensión de términos por dos meses contados a partir de la notificación de dicha providencia. A partir del comprobante de entrega de Correo 472, se verificó que el Auto del 7 de abril de 2016 fue notificado al accionante el 20 de abril de 2016 (folio 446).
[38] Folios 280 y 281.
[39] Folio 314.
[40] Folios 379 y 380.
[41] Folios 178 a 208.
[42] Folios 210 a 227.
[43] Folios 330 a 344.
[45] M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] T-529 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[47] Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[48] Al respecto ver Sentencia T-529 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa, ya citada.
[49] Sentencia T-265 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[50] T- 208 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[51] Sentencia T-265 de 1999 ya citada.
[52] Sentencia T-1291 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[53] Folios 400 a 402.
[54]Prólogo al informe Del amor y otras condenas: Personas LGBT en las cárceles de Colombia, 2013-2014, realizado por la Organización No Gubernamental Colombia Diversa, que trabaja por los derechos humanos de lesbianas, gays bisexuales y personas transgeneristas (LGBT) en Colombia.
[55] Colombia Diversa (2015) Del amor y otras condenas: Personas LGBT en las cárceles de Colombia, 2013-2014. Bogotá, 2005. Páginas 27 y 52.
[56] Colombia Diversa (2005) Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia. 2005. Bogotá, 2005. Pag.32.

References: Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 36
 Resolución 
 Artículo 64