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Timestamp: 2019-04-23 14:19:19+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 451, de 30/10/2013
cve: DSCD-10-CO-451
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 451
- Proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (Número de expediente 121/000058) ... (Página2)
- De la diputada doña María Paloma Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre puestos directivos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Navantia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/014962). (Número de expediente 181/001261) ... (Página16)
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 121/000058.)
El punto 1.º del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. ¿Podemos darla por ratificada? (Asentimiento). Queda ratificada por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Hago dos advertencias previas en relación con el orden del debate. En primer lugar, los grupos intervendrán de menor a mayor por un tiempo de diez minutos. El Grupo Mixto y algún otro grupo han pedido distribuir sus tiempos entre varios portavoces. Así lo podrán hacer y les ruego que se ajusten al máximo al tiempo establecido. En segundo lugar, dado que hay coincidencia del desarrollo de esta Comisión con la Comisión de Economía y hay muchos miembros que forman parte de ambas, procuraremos que las votaciones no coincidan para que no haya problemas. Anuncio que las votaciones serán complicadas porque hay un número de enmiendas muy elevado y por tanto tendremos que hacer muchas votaciones.
Sin más, pasamos al debate del proyecto de ley. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Son treinta y cuatro las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, que fundamentalmente tienen como razón las siguientes. Por un lado, señorías, entendemos desde el BNG que la modificación del régimen local debe ir presidida por favorecer una reestructuración por parte de cada comunidad autónoma de las diputaciones provinciales que vaya mermando su capacidad de forma progresiva para permitir acometer en el futuro una definitiva reforma constitucional que supere definitivamente el modelo institucional provincial. Es necesario adaptar las diputaciones provinciales de régimen común a cada realidad territorial sobre la base de una racionalización de las administraciones y del gasto público duradera y centrada en la reducción de estructuras burocráticas que permitan destinar mayores recursos al mantenimiento de servicios públicos básicos para la ciudadanía o, en caso de que la crisis persista, no ponga en riesgo la financiación de dichos servicios esenciales. En este sentido, señorías, muchas enmiendas tienen relación con lo que pretende este proyecto de ley, que es centrar en las diputaciones provinciales buena parte de los servicios que tienen que ser dados por los ayuntamientos, sobre todo en los casos de aquellos de menos de 20.000 habitantes.
Nosotros entendemos, por las razones que he expuesto, que esto no debe ser así porque en vez de reconducir para la eliminación de las diputaciones, lo que se hace es reforzarlas en el futuro. Por otro lado, las enmiendas también tienen relación con lo que es evidente de injerencia en las competencias autonómicas. Entendemos que deben ser las comunidades autónomas las que legislen en relación con el ordenamiento de la actividad municipal. Además, las comunidades autónomas tienen competencias en esta cuestión, por tanto, no podemos compartir este empeño recentralizador que tiene el Gobierno y que está en consonancia no solamente con ese empeño de que sea la legislación estatal la que prevalezca por encima de la autonómica, como es normal, sino que se fortalece con el reforzamiento de las diputaciones. Otras enmiendas, señorías, están relacionadas con las propuestas presentadas por la Federación Gallega de Municipios, que seguramente todos ustedes conocen, que se refieren precisamente a cuestiones en las que todos los alcaldes se pusieron de acuerdo, los alcaldes de todos los grupos políticos. Es la primera vez que alcaldes del Partido Popular, del BNG, del PSOE, independientes o de alguna otra fuerza política se han puesto de acuerdo para presentar unas enmiendas a este proyecto de ley por unanimidad. De ahí que el Bloque Nacionalista Galego, fielmente, incorporara a sus enmiendas las
presentadas por la Fegamp. Nos sorprende que esto no haya sido así por parte del grupo mayoritario de la Cámara porque, como he dicho, esta entidad municipal está presidida por un alcalde del Partido Popular y por tanto se refleja en estas enmiendas la posición de los alcaldes del partido mayoritario de esta Cámara.
Nos parece lamentable que hoy se vaya a aprobar este proyecto de ley sin que se haya producido ese diálogo que el ministro de Hacienda prometió hace una semana nada más en el debate de las enmiendas de devolución, y sobre todo que no se tengan en cuenta estas observaciones que, como en el caso de la Fegamp, se han presentado. Por eso, señorías, además de defender y votar a favor de nuestras enmiendas, votaremos en contra del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado más de cuarenta enmiendas destinadas a evitar las reiteradas invasiones competenciales que presenta el proyecto de ley, y no solo eso sino que el Estatuto de Autonomía de Cataluña requiere la necesidad de reconocer un régimen especial a Cataluña. El proyecto que debatimos ni tan siquiera contempla la implementación de las veguerías, que son las administraciones territoriales que organizan el territorio catalán de manera racional, adaptadas a la realidad y a las necesidades territoriales, superando el esquema jacobino que nosotros entendemos rígido e ineficiente de las diputaciones.
Una vez más tenemos que decirles que ustedes creen en un Estado unitario, un Estado en el que incluso la Administración local no es más que un simple apéndice del Estado centralista. La reforma que nos plantean supone un duro ataque a la autonomía local, recortando básicamente en democracia -que no es poco- y alejando el poder de la ciudadanía. Además, es una reforma que obvia las competencias autonómicas en régimen local y administración territorial, y evidentemente no resuelve el problema más importante, que no es otro que la financiación de los entes locales. No afrontan, señorías, el verdadero problema de sostenibilidad financiera de los entes locales que, como hemos dicho, es su sistema de financiación. A nuestro entender, ustedes no lo afrontan básicamente porque nunca han pretendido garantizar la suficiencia financiera y la autonomía de los entes locales. Después de más de treinta años de recuperación de los ayuntamientos democráticos aún no han configurado un sistema de financiación adecuado. Nosotros queremos afrontar el problema y hemos presentado una disposición adicional para garantizar que los municipios puedan, por ejemplo, participar en los ingresos por el IVA.
Nos encontramos ante un proyecto de ley que nace de la más absoluta desconfianza hacia los gobiernos locales. Con esta reforma, el Estado se sitúa en una posición de tutela de la Administración local. Nuestras enmiendas pretenden poner en valor justamente esto, la autonomía local, actualizarla y adaptar su concepto a la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de Europa. Nosotros sí creemos en la descentralización del poder. Por eso apostamos por hacer efectivo el principio de subsidiariedad, esto es, que se atribuyan las competencias a la Administración más cercana a la ciudadanía, salvo que por su naturaleza se justifique que sean prestadas por un ente más alejado. Fortalecen el papel de las diputaciones provinciales -esto también es importante destacarlo-, justificando de este modo su mantenimiento. Si de verdad pretenden cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es lo que parece, lo que deben hacer es suprimirlas. Sin embargo, no las suprimen, sino que prefieren ahorrar en democracia, dotando de competencias a unos órganos de elección indirecta, llegando incluso a desvirtuar el propio principio democrático. Pretenden que los ciudadanos y las ciudadanas no puedan exigir responsabilidad política por la gestión, básicamente por su mala gestión desarrollada.
Acabo. Por supuesto, desde esta visión obvian, como ya he apuntado al principio, la singularidad catalana. La Generalitat de Catalunya tiene plenas competencias en materia de organización territorial y régimen local, los entes locales forman parte de su sistema institucional. Sin embargo, ustedes, con su política profundamente homogeneizadora, siguen imponiendo una vez más una regulación homogénea a una realidad territorial que no es precisamente homogénea, sino al contrario, completamente heterogénea.
El señor PRESIDENTE: Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Al igual que dijimos en la enmienda a la totalidad, desde Amaiur queremos repetir que no vemos de ninguna manera esta reforma de la Administración local, teniendo en cuenta que venimos de un territorio en el que los ayuntamientos tienen un peso histórico institucional
bastante importante. De repente ver que todos estos ayuntamientos pueden quedarse sin autonomía municipal nos parece un grave ataque a la democracia participativa.
Hemos presentado una serie de enmiendas parciales para pedir que esta ley no se aplique en Vizcaya, Guipuzcoa, Álava y Navarra, porque el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Gasteiz, las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa y la Diputación de Guipuzcoa con cientos de ayuntamientos se han mostrado en contra de este proyecto de ley, han aceptado mociones en contra de la misma, y creemos que hay que respetar las palabras de estas instituciones que han sido elegidas democráticamente. Sabemos que el ministro habló de un acuerdo con el PNV en este aspecto, pero hemos añadido una enmienda porque el condado de Treviño tiene que considerarse parte de Álava en esta reforma. Si los municipios de Treviño acaban perteneciendo a cualquier municipio burgalés, al final sus intenciones de pertenecer a Álava quedarán truncadas, cuando más de una vez sus vecinos han hecho constar en plenos municipales que quieren ser parte de Álava. Es necesario respetar la palabra de todas estas instituciones y no aplicar esta ley, y como no hemos podido echar atrás este proyecto de ley en toda su amplitud, por lo menos queremos que no se aplique en los territorios que a nosotros nos conciernen.
El señor PRESIDENTE: Le correspondería intervenir ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, pero veo que no está en este momento, porque está en otra Comisión. Si no les parece mal, le daremos más adelante la palabra, pero dado que está aquí la portavoz de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Debo empezar por lamentar el trámite, y digo el trámite porque una Comisión lo es, pero también lo digo porque estamos liquidando en una tarde -permítame la expresión coloquial- una ley importantísima para la estructura de nuestras administraciones, en definitiva, para la estructura de nuestro sistema democrático, y porque no hemos tenido ni vamos a tener la posibilidad de volver a debatirlo en el Pleno, ya que así se rechazó en la semana que se pidió que no terminara aquí este debate parlamentario. Le llamo también trámite, presidente, porque se ve que va de eso, de trámite, de cumplir con la exigencia legal mínima y, salvo que nos llevemos una enorme sorpresa, se observa por la actitud del grupo mayoritario que las enmiendas, las propuestas, las reflexiones, las iniciativas de todos los grupos de la oposición no han merecido ninguna consideración por su parte. He observado que tampoco han merecido consideración la mayor parte de las enmiendas que el propio grupo ha presentado, el propio grupo... (Rumores). ¿Le pasa algo, señor Matarí, con mi intervención? (El señor Matarí Sáez: ¿He dicho yo algo?) Sigo, presidente, discúlpeme, a veces es inevitable. Decía que me resulta bastante descorazonador que una ley tan importante para la democracia y para el futuro de las instituciones, de las administraciones públicas, haya merecido tan poca consideración por parte del grupo mayoritario y entiendo que por parte del Gobierno también. Porque no solamente es que la mayoría de los grupos parlamentarios, si no todos -ahora mismo no lo recuerdo-, planteamos enmiendas a la totalidad y una serie de enmiendas parciales, en el caso de nuestro grupo hasta un total de sesenta y cuatro enmiendas, sino que, como ya se ha dicho por parte de alguna de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, esta es una iniciativa, una ley que ha merecido el rechazo de toda la colectividad, si se me permite, que vive en la Administración local, también de muchos concejales y de muchos alcaldes del propio grupo mayoritario, del único grupo que sustenta en este momento este texto legal. Seguramente no digo nada que no sea cierto si me atrevo a afirmar que en el tiempo que ha transcurrido desde que iniciaron aquel procedimiento y el primer anteproyecto de ley al respecto hasta que llegó el texto e incluso las dos semanas posteriores al debate de totalidad en el Congreso, el grupo mayoritario, en vez de tratar de ampliar el consenso con el resto de fuerzas políticas y de organizaciones sociales, se han dedicado a ponerse de acuerdo entre ustedes mismos. Esto, que siempre está bien, naturalmente, que se pongan de acuerdo dentro del propio partido, para el resultado final es un poco pobre y un poco lamentable.
Nuestro grupo parlamentario considera, como ya lo hicimos notar en el debate de totalidad, que esta es una ley que no resuelve ninguno de los problemas que tiene la Administración local, realmente ninguno de los problemas por los que nos pusimos de acuerdo en que era necesario hacer esta reforma. Ni resuelve el problema de la financiación; ni resuelve la distribución competencial, que sigue siendo, a nuestro juicio, extremadamente confusa; ni resuelve el problema de las duplicidades entre administraciones, porque sigue estando absolutamente revuelto y la Administración local básica, el ayuntamiento, más la diputación, más la comunidad autónoma y en algunos casos el Gobierno central pueden hacer frente, con esta no distribución y no clarificación de competencias, a la misma competencia y, claro, cada uno de ellos podríamos decidir que lo puede abordar, pero todos a la vez no, porque aparte de ser una dispersión
absolutamente injustificada, al final, cuando todos son responsables de todos, termina la cosa en que no solamente sale muchísimo más caro, resulta mucho menos eficaz, sino que hay una elusión de responsabilidad, y al final, como la culpa es de todos, termina no siendo de nadie cuando ocurre algo lamentable y nadie sabe a quién exigir responsabilidades. Cuando digo nadie me refiero, naturalmente, a los ciudadanos, que son los últimos receptores de estos servicios. No resuelve tampoco la profesionalización de los trabajadores de las administraciones. Es una ley que mantiene la opacidad, incluso la acrecienta, como diré luego, si tengo tiempo para entrar en ello, porque, como ya se ha dicho también, mantiene todos los ayuntamientos, todos los municipios, todas las estructuras; mantiene los más pequeños ayuntamientos, aquellos que ya se sabe que no van a tener capacidad para enfrentarse en condiciones con la prestación de los servicios a los ciudadanos; mantiene las instituciones que son elegidas -insisto- directamente por los ciudadanos y, por tanto, los ciudadanos pueden ejercer control democrático sobre sus elegidos, pero les quita las competencias, por tanto, empeora la calidad. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor, para poder escuchar a la interviniente.
Empeora la calidad del sistema democrático, hay más opacidad y menos control. Estas son rémoras, son cuestiones que se incorporan en esta nueva ley y que van a ser muy negativas para el desarrollo futuro. Quita a los ayuntamientos en general y a los menores de 20.000 habitantes competencias en materia de servicios sociales, por ejemplo, en las que habían demostrado una gran capacidad y una gran cualificación para prestar esos servicios, y mantiene, sin embargo, competencias en materia urbanística, en la que sí han mostrado un gran capacidad para la corrupción este tipo de ayuntamientos, porque hay algunas competencias que sería bueno elevarlas. (El señor Elorza González: No todos). No sé si Odón Elorza me quiere decir que no todos; por supuesto, no todos, pero de forma muy escandalosa. En el Pleno tuve la oportunidad de detallar un montón de casos al respecto que nos debieran llevar a la reflexión de que en algunas materias, por ejemplo el urbanismo, es muy bueno separar la toma de decisión de la persona que se decide. Es nuestra opinión. En muchos casos, en los ayuntamientos, la relación directa entre la procedencia de los ingresos y la corrupción en materia urbanística -no hay más que mirar la costa- es una cosa verdaderamente destacable, suele haber causa-efecto, y a nuestro juicio la hay. En todo caso, no hay problema, porque el legislador y el grupo mayoritario han coincidido en que eso hay que mantenerlo pero, eso sí, hay que quitarles todas las competencias en aquello en lo que habían mostrado una gran capacidad, que es en materia de políticas sociales. A la vez que mantienen toda esa estructura, que es la estructura parroquial diseñada en las Cortes de Cádiz, a la vez que huyen de hacer lo que han hecho todos los países de nuestro entorno, que es la fusión de municipios -todos, absolutamente todos los países de nuestro entorno, de una manera o de otra, han terminado fusionando municipios precisamente para dotar de mejores servicios a sus ciudadanos-, aquí se mantiene otra estructura; una estructura que tenía sentido hace dos siglos pero que no tiene ningún sentido en la España de las autonomías, en la España de la alta descentralización política que es la España de hoy, me refiero naturalmente, como ustedes ya habrán supuesto, a las diputaciones. No solamente las mantiene, sino que les da más competencias; en los últimos dos años les han incrementado el presupuesto en un 13 %. Yo he tratado de saber, de conocer hasta qué punto esto que tanto se nos dice de que gracias a las diputaciones los ayuntamientos pueden prestar los servicios no tiene otra parte, que mantenemos ayuntamientos pequeños para poder justificar que mantenemos las diputaciones. He leído hace poco un estudio titulado La diputación provincial, esa gran desconocida, en el que he encontrado unos datos que quiero poner en conocimiento o por lo menos compartir con ustedes, porque me llama mucho la atención que al analizar los presupuestos de las diputaciones la cuantía del gasto de personal y servicios corrientes esté entre el 30 y el 50 % del gasto total, y otro 20 o 30 % es gasto corriente. Para realmente atender lo que las diputaciones tendrían como capacidad de inversión y programas tienen, como mucho, un 40 %, digo como mucho porque no es un 40 %, como luego detallaré. Imagínense que esto fuera una ONG, por ejemplo; si una ONG presentara un presupuesto y nos pidiera dinero para hacer proyectos y nos encontráramos con que el 70 % del dinero que le diéramos a esa ONG se destina a pagar al personal de la ONG, que simplemente por abrir la persiana ya se ha gastado el 70 % del presupuesto, diríamos que no tiene sentido, aquí algo no está funcionando, porque no lleva a cabo ninguno de los programas para los que la ONG se ha puesto en marcha o para los que dice estar funcionando. ¿Qué quieren que les diga? Si entramos en el detalle, ocurre lo mismo en Castellón, que tiene un tamaño más bien mediano, que en Sevilla. O sea que es la estructura, ni siquiera es el color partidario de la diputación. Castellón gasta el 41,7 % de su
presupuesto en gasto corriente, lo que significa que abrir la diputación, sin hacer nada, cuesta 45 millones de euros. Pero en Sevilla ocurre una cosa similar, en Sevilla es el 54,7 %.
En fin, creo que estos datos, unidos a que realmente las diputaciones se quedan con las competencias y no están sometidas al control directo de los ciudadanos, nos debieran llevar a la conclusión de que efectivamente suprimir las diputaciones no solamente produciría mucho ahorro sino que mejoraría la calidad de nuestra democracia. Por todo ello, por las cosas que he dicho y por las que no he tenido tiempo de decir que están en la enmienda de totalidad y que están en las 64 enmiendas que hemos presentado en coherencia con este discurso y con estas propuestas, rechazaremos, como rechazamos ya en el Pleno, el proyecto que el Gobierno nos somete a consideración.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señorías, señoras y señores del Partido Popular, el hecho de que se despache esta ley cuando la ponencia se reunió anteayer quince minutos sin admitir una sola enmienda de la oposición y hoy, apenas cuarenta y ocho horas después, nos encontremos ya votando en esta Comisión, desde luego dice mucho del carácter autoritario e impositivo de este Gobierno. El uso y abuso de su mayoría absoluta se ha convertido en una apisonadora parlamentaria. En apenas una hora y media se van a ventilar ustedes una ley que supone el desmantelamiento definitivo de la Administración más cercana y del Estado social y compuesto del que nos hemos dotado entre todas y todos con muchos años de esfuerzo. Esta ley dará satisfacción sin duda a la troika y a las ansias recentralizadoras y de recorte democrático del Partido Popular, pero desde luego no a la mayoría silenciosa y la que no lo es en este país, ni a los alcaldes, alcaldesas y ediles de todos los pueblos y ciudades, ni a los expertos profesionales de los sectores sanitarios, educativos, deportivos, culturales, promotores de vivienda social, igualdad y servicios sociales, a los que hay que sumar la mayoría de la oposición parlamentaria. No respeta la Carta europea de gobierno y autonomía local, no respeta la Carta europea para la igualdad en la vida local del año 2006, ni la Ley de 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que en su artículo 31.2 obliga a todas las administraciones públicas a integrar este derecho en el ejercicio de sus competencias porque elimina el artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y tampoco respeta los estatutos de autonomía, especialmente los de segunda generación, como son los de Andalucía y Cataluña, que cuentan con leyes que forman parte del cuerpo constitucional y que les dan las competencias -aquí ya se ha dicho- para regular su planta local.
Señoras y señores del Partido Popular, esta ley es un ataque sin precedentes a la autonomía local y a las comunidades autónomas. Tendríamos que irnos a tiempos predemocráticos para encontrar algo igual. Hoy mismo, la Confederación estatal de asociaciones de vecinos ha convocado concentraciones y cadenas humanas a las siete en todos los ayuntamientos del país. Piden la retirada de esta ley en defensa de la democracia local, los derechos sociales y para rescatar los ayuntamientos. Ya les adelanto que, en cuanto acabe esta desafortunada Comisión, yo también estaré allí ejerciendo mi derecho a la manifestación y a la protesta que ustedes tanto critican y ponen trabas. (Rumores). Será lo único -se lo digo sinceramente- que me dará la certeza de que no estamos aquí perdiendo el tiempo precisamente. Porque, al fin y al cabo, lo que de verdad quieren es ventilar esta ley rapidito, sin apenas debate y sin ningún consenso. Pero ya les digo que esto no les va a salir gratis. Esto no ha hecho más que empezar. ¿De verdad se creen que los pueblos, ciudades, aldeas, cabildos, consejos insulares y veguerías de este país, los vecinos y vecinas, se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo se cierran sus escuelas infantiles municipales, los centros de atención y promoción a la mujer... (Protestas). Sí, sí, porque se van a cerrar. Se privatizarán los polideportivos y se despedirá a los trabajadores sociales, quedándose sin la atención que necesitan precisamente ahora, cuando más lo necesitan y peor lo están pasando, viendo cómo los culpables y los responsables se van de rositas. (Rumores). ¿Ustedes se creen que los vecinos y vecinas se van a quedar de brazos cruzados? Yo creo que no. La miopía y el cortoplacismo político que demuestra el Partido Popular imponiendo una reforma de este calado a espaldas de la mayoría social y de todos los sectores profesionales, agentes sociales y los propios ayuntamientos (Rumores), demuestran el poco recorrido que tendrá esta ley y lo difícil que va a ser su cumplimiento, y ustedes lo saben.
Desde mi grupo ya les hemos pedido la retirada mediante la enmienda a la totalidad presentada; no obstante, porque creemos en la democracia representativa, una vez que se nos ha rechazado hemos presentado también un total de 62 enmiendas que pretenden la supresión, por una parte, de los aspectos más sangrantes como son, por ejemplo, la eliminación de competencias que hasta el momento eran
propias de los ayuntamientos o bien que se prestaban como complementarias y que son todas las del ámbito social, educativo y sanitario y, por otra parte, de lo que suponen la práctica desaparición de las entidades locales menores sin respetar las competencias de las comunidades autónomas. Así, hemos propuesto eliminar el artículo 32 en defensa de las entidades locales menores; el artículo 13, sobre fusión de municipios y el límite de 5.000 habitantes mínimo para poder segregarse; el artículo 24.bis, sobre personalidad jurídica propia de las entidades locales menores; el artículo 45, para reconocer y garantizar la personalidad jurídica de las entidades locales menores; el artículo 116.bis, sobre la disolución de estas entidades locales menores contemplada en planes económico-financieros. Asimismo, hemos pedido que se eliminen los artículos con los que se pretende potenciar a las diputaciones provinciales en detrimento de la propia democracia y de la autonomía local: la eliminación del artículo 26 sobre competencias de municipios a las diputaciones provinciales vía prestación de servicios mínimos; del artículo 27 sobre delegación de competencias a los ayuntamientos, abriendo la posibilidad de que las diputaciones coordinen y hagan seguimiento de las delegaciones; del artículo 36, que refuerza competencias a las diputaciones, y del artículo 116.bis. También creemos que hay que suprimir el artículo que acaba con la iniciativa pública en el desarrollo de actividades económicas, artículo 86. Hemos pedido que se suprima el artículo 85.2, que da poder a los interventores para valorar la eficiencia de los servicios; la disposición adicional novena sobre prohibiciones de crear entes instrumentales; también la disposición transitoria tercera sobre participación en salud por parte de los municipios. Además, también hemos presentado un paquete de enmiendas de modificación y adición para mejorar y clarificar: el artículo 25 de competencias municipales; el artículo 26 sobre las competencias municipales y normas de accesibilidad y el artículo 72.bis sobre accesibilidad.
Como verán, doy por defendidas mis enmiendas y les digo que esto demuestra la necesidad de empezar de cero con esta ley, de iniciar un camino de verdadero diálogo con los alcaldes, las alcaldesas y los ediles representantes soberanos de los municipios en el conjunto del Estado, con todos los sectores profesionales; que cuenten con los expertos -que no lo han hecho tampoco-, con los sindicatos y con todos los afectados; con la participación ciudadana, porque serán sin duda los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas quienes van a sufrir esta terrible contrarreforma y además van a sufrir mayores desigualdades y más recortes. Están a tiempo, ustedes verán.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Páramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió vuelve a manifestarse absolutamente contrario al proyecto de ley. Nos mantenemos en los mismos términos que en la defensa de la enmienda a la totalidad. No es una buena propuesta para los municipios e incumple o ignora el cuerpo constitucional, concretamente en lo que se refiere al Estatut d'Autonomía de Catalunya. Dicho esto, entendemos que el proyecto de ley, si no sirve para España, menos para Cataluña.
Señorías, hemos estudiado con atención las enmiendas, casi 500, y esto para un articulado que, junto a adicionales y transitorias, no pasa de los 50. Nuestro grupo parlamentario ha presentado 56 enmiendas; no las detallaré una por una pero hablaré también de paquetes o de grupos. Un grupo va encaminado a rebajar el grado de intervencionismo con que el Estado pretende laminar la capacidad de gestión de los ayuntamientos suplantando a los electos locales; un atentado a la autonomía local.
Otro grupo de enmiendas, dentro del cual debe haber alguna que en principio se anunció que tenía luz verde, se ha presentado con ánimo constructivo para aportar pragmatismo a la realidad del día a día. Finalmente, el grueso de las enmiendas, si bien se podían haber planteado como de supresión -algún grupo ha optado por este camino-, las hemos presentado reconvertidas, como siempre, en positivo, de modificación, para ejercer nuestra infinita paciencia intentando reformar aquello que no va bien en el Estado español.
El proyecto de ley atenta contra las competencias autonómicas. Este proyecto de ley es la muestra de hasta qué punto la propuesta es capaz de ignorar una Constitución que continuamente se está invocando. Hay que señalar que la referencia a la habilitación competencial del Estado se debe poner en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha establecido de forma reiterada que Constitución y estatutos forman el bloque de constitucionalidad, de manera que uno de los límites del Estado para dictar normas básicas se encuentra en el respeto a las normas autonómicas; faltar a esta norma tiene unos calificativos.
Dicho esto, señorías, entendemos que este proyecto de ley no sirve para España pero estamos seguros de que nos sirve para Cataluña. Como decía, el primer grupo de nuestras enmiendas demuestra que han entrado ustedes en una espiral para controlarlo todo y a todos. Con esta ley se pretende dirigir desde la distancia a los más de ocho mil municipios, y si controlar ocho mil alcaldes es difícil -alcaldes o alcaldesas-, se pretenden controlar las cincuenta diputaciones. Este camino lamina la democracia más real, la que se desarrolla en el municipio. Cataluña va en otro sentido, más bien en sentido contrario. La nueva ley de Administración local, que está en trámite en el Parlament de Catalunya, propone eliminar las diputaciones y sustituirlas por veguerías para acercar la gestión del día a día del mundo local al ciudadano; acercar la política al pueblo.
Esta ley pretende racionalizar y dar sostenibilidad. La propuesta de la ley ha recogido, señorías, 500 enmiendas, lo que demuestra la falta de sensibilidad municipalista que tiene esta ley, una ley hecha desde los despachos, desde la tecnocracia e ignorando lo que es la realidad del día a día de nuestros ayuntamientos. Esta ley demuestra que falta conocimiento de la realidad.
Sostenibilidad económica. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se ha demostrado -y el propio ministro lo ha reconocido en su comparecencia la semana pasada en el Pleno del Congreso- que es eficaz en el sentido de poner en orden las cuentas de la Administración local. La inmensa mayoría de los municipios hoy presentan números más que positivos y demuestran que la obligación que tenemos todos de conseguir la estabilidad presupuestaria se está consiguiendo, y donde más es precisamente en los ayuntamientos.
Poca cosa más me queda. Solo quiero decirles que esta ley, con sus traspasos a las diputaciones, lo que va a hacer es aumentar el coste, alejar, entre comillas, al consumidor del prestador del servicio, con lo que se pierde calidad, y aumentar la burocracia; por tanto, tampoco en esto sirve. Finalmente, nos reafirmamos en que esta propuesta de ley atenta o va en contra de los preceptos constitucionales, como he dicho antes. Para terminar, anuncio que estamos abiertos a sus intentos de solventar la cuestión, pero para nosotros esta cuestión es importantísima y, si no se llega a un acuerdo a última hora, votaremos en contra de esta ley.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado dividir la intervención, y así lo pueden hacer. En primer lugar, tiene la palabra el señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Efectivamente, vamos a consumir el turno mi compañero don Ignacio Sánchez Amor y un servidor.
En la línea de lo que planteamos en el debate de totalidad, estamos frontalmente en contra del modelo de ayuntamiento que este proyecto de ley nos plantea. En este debate fugaz que pretenden hacer, en dos meses liquidar algo tan importante como la modificación de una ley que planifica la organización territorial de nuestro país, donde no se han producido comparecencias -no hay que confundir el periodo de alegaciones previo al Consejo de Estado con el papel que tiene esta Cámara- pretenden darle un cambio muy importante a lo que es la estructura territorial. He tenido las ganas, o no sé cómo llamarlo, de examinar lo que sucedió en el año 1984, cuando se puso en marcha la ley local vigente en estos momentos. Entonces el Gobierno tenía 202 diputados. Entró en marzo de 1984 y salió en marzo de 1985, un año, dos Plenos de totalidad, ocho sesiones de Comisión, tres sesiones de Pleno para aprobar el texto antes de mandarlo al Senado.
Han malogrado, señores del Partido Popular, una oportunidad histórica de intentar buscar una solución a los problemas que tienen los ayuntamientos de nuestro país. Sí a la reforma, lo dijimos el otro día y lo seguimos manteniendo, pero evidentemente no a esta reforma porque no compartimos el modelo. No es una cuestión trivial; es una cuestión de fondo. En mi pueblo dicen que no es un problema de chapas y pintura; no es una coma o un punto; hay que desmontar el coche y volverlo a montar entre todos. Su modelo lo que pretende es acabar con los ayuntamientos, darle un golpe grave a esa democracia directa que significa la elección de alcaldes y concejales y, a partir de ahí, pedirles las responsabilidades que sean convenientes. Es un prejuicio ante los ayuntamientos como culpables de las crisis, con esa idea de que los alcaldes son derrochadores y que, por lo tanto, hay que poner una lupa encima de los ayuntamientos porque están bajo sospecha. Sobre todo comparto las palabras del señor Páramo sobre el presunto desconocimiento de lo que es la vida local, y cuando hablo de la vida local no le pongo ningún tipo de color político; la vida local, la vida que llevan a cabo en la inmensa mayoría de los 8.116 municipios de este país los alcaldes y concejales que se dejan la vida, los amigos y otras muchas cosas por defender los intereses
de sus vecinos. Su modelo es un modelo intervencionista que deja a los ayuntamientos sin capacidad política y de gestión; es decir, los deja atados de pies y manos, los deja vacíos.
Y lo que es más grave, este bodrio que ustedes van a aprobar no cumple para nada con los objetivos que han ido voceando permanentemente desde hace algún tiempo porque no clarifican competencias. No nos engañen más con eso de una Administración, una competencia. Saben ustedes que eso no es así; no evita duplicidades; no simplifica la estructura de la Administración local, más bien todo lo contrario, lo que consiguen es abrir la puerta a la privatización, cuando no el desmantelamiento de los servicios que prestan las entidades locales en nuestro país. Una privatización de lo que denominan en la ley servicios básicos, con lo que supone de pérdida de control desde lo público de la gestión de esos servicios, o el desmantelamiento en aquellos otros servicios, como son los servicios sociales, que estoy convencido -y así lo han dicho representantes de diferentes comunidades autónomas- de que dejarían de prestarse. Esa fórmula de la delegación de competencias es simple y llanamente un monumento a la arbitrariedad. Eso del coste efectivo, después del dislate del coste estándar -que ya ustedes conocen porque las liquidaciones están en la página web del ministerio correspondiente-, no conduce absolutamente a nada.
Dan un papel a las diputaciones -y no entro en el debate de diputaciones sí, diputaciones no- para que coordinen. De alguna forma desoyen mandatos constitucionales. Y tengo que decirles que con este lío que ustedes intentan poner sobre la mesa dan a la provincia superioridad frente a los municipios. Esta nueva regulación que ustedes nos plantean se yuxtapone a la antigua, y la provincia asiste al municipio en la prestación de determinados servicios mínimos y, al mismo tiempo, los suplanta para el mismo objetivo. Vamos a ver, ¿dónde estamos, asistiendo o suplantando? Yo creo que es simple y llanamente un verdadero sinsentido. Lo que va a ocurrir es que las diputaciones, que no son entes prestadoras de servicios, recogerán los residuos, el abastecimiento, la limpieza, los meterán en un paquete y los privatizarán, lo que significará que los ciudadanos pagarán mucho más, serán menos eficientes, les recogerán la basura, en vez de tres días, uno y serán menos eficaces, porque el servicio lo prestarán la mitad de los trabajadores.
Se ha hablado aquí, en esta Comisión, señorías, del problema importante de los servicios sociales. Si ustedes quieren ahorrar 8.000 millones de euros -y luego hablaremos de ello-, la única forma no es reordenar competencias o reordenar servicios, la única forma es desmantelar servicios, y ustedes van a saco a por los servicios sociales, van a saco a las escuelas infantiles, a las becas comedor, a la ayuda a domicilio, a los pisos tutelados, a los talleres ocupacionales, y así una larga lista de elementos fundamentales en la vida de nuestros pueblos que prestan los ayuntamientos. Estamos, por lo tanto, señorías, con otro modelo.
Me decían en la ponencia exprés del otro día que hemos trabajado poco porque hemos planteado enmiendas de supresión. Efectivamente, nuestras enmiendas son de supresión porque estamos totalmente en contra de lo que ustedes plantean, del modelo; lo que les pedimos es que devuelvan el toro a los corrales. Y nosotros no solamente presentamos enmiendas de supresión, sino que tenemos una propuesta articulada, que no queremos que sea el catecismo, ni mucho menos, pero sí es un documento que desde la exposición de motivos hasta la última disposición final pretende modernizar nuestros ayuntamientos en tres o cuatro aspectos que me van a permitir que comente brevemente.
Actualizar el funcionamiento de los ayuntamientos; en este sentido la enmienda 420, pasando del Pleno a la Comisión de Gobierno temas clave, me parece muy peligrosa. Hacer ayuntamientos más transparentes de dentro afuera y de fuera adentro. Una apuesta clara por la intermunicipalidad, donde cada territorio determine cuál es el elemento que debe prestar la ayuda y la colaboración a los pequeños municipios, puede ser la diputación o puede ser otro organismo, no vale en este caso el café con leche para todos. Una verdadera clarificación de competencias que para nada existe en el texto que estamos discutiendo; cuidado, competencias, funciones sobre materias, que no servicios, y sobre todo que estén en el máximo rango institucional o constitucional, que sea la Constitución la que delimite esas competencias. Por lo tanto, queremos una reforma de verdad y no una reforma chapuza como la que ustedes nos plantean.
De sus enmiendas -en las que no voy a entrar porque lo hará mi compañero Sánchez Amor- se evidencia lo que ya les comentaba y se molestaron, una mala conciencia. Simplemente es una vuelta de tuerca más en ese intervencionismo desmesurado que hace de los ayuntamientos administraciones tuteladas y bajo el control del Ministerio de Hacienda. Se pasan por el arco del triunfo, con perdón, el principio de autonomía municipal. ¿Y a qué se debe eso? A sus peleas internas, a las presiones de las
comunidades autónomas y, por desgracia, no a las sugerencias de los ayuntamientos, buena parte de esos ayuntamientos de su color político y la inmensa mayoría de otro color político. ¿Qué hacen? Amplían plazos en los temas, digamos, más sensibles a diciembre de 2015. ¿Pero esto no era el bálsamo de Fierabrás que todo lo iba a arreglar? ¿Esta ley no era la que acababa con los problemas de nuestros ayuntamientos, que iba a ser el ahorro y por lo tanto la panacea? ¿Por qué van ustedes a diciembre de 2015? ¡Ay, es que en mayo hay elecciones locales y elecciones autonómicas! Lo que ustedes reconocen con este tipo de enmiendas es que no quieren que su desastre lo noten los ciudadanos antes de que vayan a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas, porque se trata simple y llanamente en un recorte más. Esta ley, con estos plazos y este contenido no se va a aplicar en nuestro país. Posiblemente se derogue antes pero, si no se llegara al momento de derogarla, hay cuestiones que serán absolutamente inaplicables. Pero antes de llegar a esa fecha no les quepa la menor duda de que plantearemos un recurso de inconstitucionalidad por varias razones, un recurso que queremos abrir al resto de los grupos parlamentarios que compartan con nosotros los objetivos de una Administración local distinta a la que ustedes plantean, un recurso que plantearán las comunidades autónomas por una invasión clara de competencias, y también pondremos en marcha lo que determina el artículo 75.ter de la Ley del Tribunal Constitucional.
Terminó mi intervención, señor presidente, diciéndoles que con esta ley ustedes sentencian de muerte a muchos ayuntamientos de nuestro país. La firma de esa sentencia de muerte se producirá dentro de unas semanas, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero se ejecutará a partir del año 2016. Es como casi todo lo que hacen ustedes, firman la sentencia y después lo hacen en diferido dentro de un par de años.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ AMOR: No insistiré en las cuestiones sobre cómo se ha tramitado la ley porque creo que han quedado bastante claras, no solo en la intervención de mi compañero don Gaspar Zarrías, sino también en otras. Estamos en contra del modelo porque creemos que a una leucemia no se le pueden poner tiritas, y de ahí que nuestras enmiendas hayan sido, como se ha explicado ya, enmiendas especialmente de supresión, porque nos parece que no se puede partir de este modelo para arreglar de ningún modo la cuestión. Entiendo la paciencia de la que hablaba mi colega Páramo, pero nosotros hemos optado por que no se pueda partir de este esquema para intentar arreglarlo mediante enmiendas parciales. Por eso quiero que mis colegas de los grupos de la oposición entiendan que nuestra posición general con las enmiendas que no sean de supresión -las que sean de supresión las apoyaremos- será la de abstención, no por un acuerdo o desacuerdo concreto con cada una de las enmiendas que ellos propongan, sino porque pensamos que no se puede arreglar con enmiendas parciales un esquema de este tipo.
Nuestras enmiendas van a diversos bloques -es imposible hacer una intervención en tan poco tiempo si no es así- e intentamos con ellas que ese principio de proximidad que se proclama por la ley sea real, porque lo que hace la ley es una especie de subsidiariedad inversa, una presunción de mayor eficacia de los niveles más lejanos de la Administración. Con esa falacia simplista de una Administración, una competencia, lo que hace el Ministerio de Hacienda es cargarse un paradigma que está en el Gobierno de todo el mundo, que es la gobernanza multinivel. Ahora resulta que vamos a descubrir aquí -al contrario que todo el mundo- que las competencias tienen que ser compartimentos estancos entre administraciones por un problema de que nadie defiende a la Administración local en un ministerio cuya obsesión lógica es la Hacienda. El hecho de haber colocado a la Administración local en ese ministerio lleva a que toda esta ley y todo el esquema del sistema local español se subordine a lo financiero, cuando las limitaciones financieras ya están en otras leyes que hemos aprobado en este Parlamento hace poco. El objeto de la coordinación -se dice en la ley- es el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. ¿Cómo va ser el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria el objeto de la coordinación? El objeto de la coordinación será que los ciudadanos tengan mejores servicios. La estabilidad presupuestaria no puede convertirse en el eje alrededor del que gire todo un sistema local. Esos planes económico-financieros con los que se sujeta a los municipios, el coste efectivo se ha citado y no insistiré, una función interventora que se supone una especie de tutela delegada por el Ministerio de Hacienda... Rechazamos con enmiendas de supresión este bloque.
En relación con las entidades locales menores, queremos que se mantenga la personalidad jurídica. Creemos que no tienen por qué dar una prueba de eficiencia diferente de la que den otras entidades
locales. Las causas de disolución de la disposición adicional cuarta son absolutamente exageradas. Hay -creo que lo ha dicho el señor Páramo- una cierta actitud de desconocimiento del mundo rural de este país. Ustedes funcionan como las potencias coloniales, que se repartieron África haciendo las fronteras con una regla y un cartabón en los despachos europeos, sin entender para nada la sociedad que trataban de gobernar. Hay que gobernar la complejidad; la complejidad no puede ser reducida para que resulte cómoda de gobernar. Este país es como es, tiene unas tradiciones históricas y unas culturas administrativas y pretender operar sobre una hoja en blanco no es más que una arbitrariedad, a lo que nos tienen muy acostumbrados el ministro Montoro.
En relación con las competencias, hay una absoluta condicionalidad financiera o se habla también de la ejecución simultánea. Si un municipio tiene un piso tutelado y al día siguiente, porque hay más necesidades, la comunidad autónoma abre otro piso tutelado, ¿tiene que cerrar el piso tutelado el ayuntamiento? ¿Por qué tendría que cerrar ese servicio solo por el hecho de que aparezca otra Administración prestando el mismo servicio?
La tutela política es obvia a partir de esos informes vinculantes de las administraciones superiores y especialmente del Ministerio de Hacienda. Eso es contrario a la Carta europea de la autonomía local, que exige competencias plenas y completas. Pretendemos resucitar mediante las enmiendas de supresión el criterio del interés local, para que haya competencias locales. Todo el sistema de competencias invade competencias autonómicas, como se ha dicho reiteradamente por otros compañeros, y por tanto no insistiré en ello.
Atribuir a las diputaciones, a través de la técnica de la coordinación, los municipios de 20.000 habitantes, al final lo que hace es dar la última palabra a Hacienda mediante el sistema de los informes vinculantes y al final llevará, como decía mi colega Gaspar Zarrías, a la privatización. La expresión clarificación competencial en realidad está ocultando algo tan sencillo como la desaparición de servicios y su posible privatización, porque antes se ejercían competencias con autonomía y ahora se ejercen de una manera delegada mediante el control y la supervisión de las administraciones superiores. Hay una suspicacia respecto de los consorcios, hay una suspicacia inexplicable respecto de la gestión empresarial pública.
En relación con las fusiones -un cuarto bloque-, hay en invasión competencial, se deja sin margen de oportunidad a las comunidades autónomas. Además, el dinero que se allega a los municipios fusionados se detrae del resto de los municipios y, atendiendo a lo que decía doña Rosa Díez, se fusionan municipios pero se les exime de prestar los servicios que deberían prestar de acuerdo con el nuevo nivel demográfico que tienen. Con lo cual, a través de la fusión, no se están mejorando los servicios de los ciudadanos, de nuevo por esa obsesión puramente financiera del asunto.
En materia de personal, se desposee a los municipios de capacidad de selección. Hay una preponderancia del personal funcionario respecto del criterio de los políticos, y nos parece perverso.
Finalmente -término, presidente, gracias por su generosidad- en relación con las diputaciones hay un obvio refuerzo a costa de la autonomía municipal que no nos parece adecuado en una institución que no cuenta, como se ha dicho ya, con un control directo de los ciudadanos.
Por todos estos motivos, planteamos cuarenta y cuatro enmiendas de supresión con las que tratamos de resucitar el modelo anterior, no porque nos parezca perfecto o porque no requiera ninguna reforma, sino porque nos parece que no se puede arreglar el sistema local español a partir de enmiendas parciales a lo que nos ha presentado el Gobierno y que se ha trazado con esta celeridad inusitada.
El señor PRESIDENTE: No sé si el portavoz del Grupo Vasco quiere intervenir.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señor presidente, seré breve. Agradezco a todos los grupos la deferencia de permitirme intervenir en último lugar, debido a que hoy hay demasiados frentes abiertos en diferentes comisiones y ponencias y está resultando complicado atender a todos. No puedo negar que si fuera una ley de partida de mi grupo político efectivamente este texto no sería el que nosotros presentáramos, pero tengo que dejar claro que se han producido avances en el ámbito de la adecuación a las especificidades forales de la Comunidad Autónoma Vasca de muchos de los artículos de la ley y que eso hace que la veamos desde un punto de vista diferente.
Hay dos enmiendas que consideramos muy importantes y que salvaguardan la especificidad de las instituciones municipales vascas en el marco foral, que han sido presentadas juntamente con el Grupo Popular. También ha habido avances en la negociación de otras enmiendas, algunas de ellas aceptadas de manera transaccionada parcialmente y otras que parece que pueden suscitar el apoyo del grupo
mayoritario en cuanto al traspaso de competencias de comunidades autónomas a manos de los ayuntamientos, etcétera. No les oculto que me queda la preocupación de que en esta ley no acabemos de cerrar en la fase del Congreso sino que tengamos que posponerlo al Senado algo que creo que es de gran importancia para todos, que son mancomunidades y consorcios, pero, por las conversaciones que estamos teniendo unos y otros, creo que la preocupación es generalizada entre todos los grupos políticos y se va a producir un movimiento, entiendo que en la línea de lo propuesto por nuestras enmiendas, en una fase posterior.
Hay una enmienda que nosotros consideramos muy importante y que espero que hoy pueda ser aprobada en su integridad, la 476, que de alguna manera cierra ese círculo foral que mencionaba anteriormente, y si esto es así -y le pediría al presidente, no sé si será posible, hacer un pequeño receso, no muy largo, antes de empezar la votación-, haría que retiráramos una serie de enmiendas que ya no tendrían sentido. Quiero agradecer la disposición negociadora que diversos representantes del Grupo Popular han tenido con mi grupo respecto a esta materia foral.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: El Grupo Popular considera que el proyecto de ley de reforma local da respuesta a la necesidad de clarificar el sistema competencial en la Administración local. Ha sido una reivindicación histórica del municipalismo que había que clarificar las competencias y por tanto es un avance en la línea que se ha reclamado desde siempre. Mi primera asamblea de la FEMP fue en el año 1991, en La Coruña, presidiendo la FEMP Paco Vázquez, y de esto se hablaba, de eliminar las competencias impropias que gravaban las arcas de los ayuntamientos. Esta clarificación de competencias, como digo, es histórica, elimina las competencias impropias, que han sido en muchos casos la ruina para muchos ayuntamientos. El proyecto de ley fija reglas claras en las relaciones competenciales entre los municipios y las comunidades autónomas. La indefinición siempre ha conllevado una situación de inferioridad del municipio frente a una tendencia centralizadora del poder autonómico. Eso ha sido así y quien se ha dedicado a los ayuntamientos lo sabe perfectamente.
El proyecto de ley garantiza la financiación al cien por cien, una fórmula que garantiza el pago y la estabilidad en el tiempo de los convenios que firmen los municipios con otras administraciones públicas, fundamentalmente con la Administración autonómica, en la cesión de servicios de competencias autonómicas. Es algo que era impensable. Es uno de los mayores problemas que han padecido los ayuntamientos, que las comunidades autónomas que tienen en sus estatutos como competencias exclusivas sanidad, educación, bienestar social, consumo, firmaban convenios con una financiación insuficiente, año a año, teniendo a los trabajadores de los ayuntamientos pendientes de un hilo sobre si se iba a renovar ese convenio, y además se producían impagos permanentes y acumulación de deudas del pago de los convenios por parte de las comunidades autónomas. Este proyecto de ley soluciona ese problema y ese es un gran avance para los ayuntamientos, para los municipios.
El proyecto de ley potencia las funciones municipalistas de la diputación. Creo que ustedes conocen cómo funcionan las diputaciones. No digan ustedes que ahora resulta que no hay diputaciones en España que prestan los servicios de basura de forma provincial y por supuesto voluntaria, y seguirá siendo voluntaria, y la recaudación y los bomberos. ¿O es que pretenden que haya un vertedero y una planta de reciclaje de basura en cada ayuntamiento? ¿O es que pretenden que haya un parque de bomberos en cada ayuntamiento? Estos servicios los están prestando las diputaciones y no lo están haciendo privatizándolos. Eso ya existe. He sido presidente de un consorcio de recogida de basuras en la Diputación Provincial de Ciudad Real y no se presta el servicio privatizadamente, gobierne el PP o gobierne el PSOE, no lo han privatizado. Curiosamente, si una gestión indirecta es adjudicada por el Partido Socialista, es una mejora del servicio para los ciudadanos, y si esa gestión indirecta la realiza el Partido Popular, es una privatización en favor del capitalismo y de las empresas que vienen a manipular a los ciudadanos y a prestar peores servicios. Pero es que ustedes privatizan, y mucho, señores del PSOE.
Las diputaciones van a garantizar la prestación de los servicios básicos en los municipios más pequeños y a todos los ciudadanos residentes en ellos. Eso es lo que se pretende y lo que va a ser. Todos los catastrofismos que anuncian Izquierda Unida, ustedes y otros grupos no se van a producir, porque no va a llegar el caos, la Administración local va a seguir funcionando con absoluta normalidad pero con mayores garantías y con mayor claridad. Las diputaciones ofrecerán sistemas de prestación de forma coordinada a los municipios de menos de 20.000 habitantes que así lo soliciten. ¿Les recuerdo el modelo
del libro blanco que ustedes elaboraron en la anterior legislatura? Se tiraron prometiendo la reforma local hace años y años. Hubo acuerdos del Congreso reclamando al Gobierno Zapatero, al señor Zarrías, que tenía responsabilidad en él, que aprobara el proyecto de reforma de la Administración local y no lo hacían. El modelo del libro blanco apostaba por las diputaciones y por sistemas supramunicipales de gestión. Claro, es que a ustedes ahora no les gustan las diputaciones, pero no les gustan las diputaciones desde junio de 2011, que pasaron de gobernar veintitantas diputaciones a cuatro. (Un señor diputado: La de Sevilla sí.-Aplausos). Sí, gobiernan en Sevilla, es cierto.
Las diputaciones son el gobierno de las provincias, señorías, son órganos contemplados en la Constitución española y plenamente democráticos. ¿Que el gobierno de las provincias tiene una elección indirecta? Como la tiene el gobierno de las comunidades autónomas, como la tiene la elección de los presidentes autonómicos, como la tiene la elección del presidente del Gobierno. Es una elección indirecta por los parlamentos. Y, muy importante, las diputaciones están formadas exclusivamente por concejales. Si las competencias de las diputaciones pasaran a las comunidades autónomas, muchos ayuntamientos perderían un apoyo fundamental, porque no iban a tener nunca la sensibilidad con el mundo local que tienen las diputaciones, y el que afirma lo contrario es porque no lo conoce. Espero que no sea por mala fe, sino simplemente porque no lo conoce.
El proyecto de ley no elimina municipios, ni mancomunidades, ni entidades menores, ni número de concejales. Apuesta por la fusión voluntaria de municipios con incentivos para ello. Además se mantiene la personalidad jurídica de las Eatim -se ha referido a ello el segundo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, así como sus competencias y su forma de funcionamiento. Ustedes se quejan, pero la tramitación del proyecto de ley ha sido muy larga -más de un año y medio-, es cierto que no en la vía parlamentaria, pero sí ha estado abierta a la ciudadanía y a todos los colectivos que han querido opinar. Del primer proyecto de ley al actual han cambiado muchas cosas, ha habido muchas reformas, y creo que han sido para mejorarlo. En esas modificaciones han participado multitud de sectores que se han reunido con el Gobierno, con grupos parlamentarios, con el Partido Popular y con la Federación Española de Municipios y Provincias, que a ustedes, ahora que no la gobiernan, se les olvida, ya no les importa la FEMP, y además presionan a sus representantes para que abandonen el diálogo. Eso está más que certificado, es una pura realidad. Este proyecto de ley atiende la demanda social de regular las retribuciones, las dedicaciones exclusivas y el número de eventuales en las administraciones locales. Es una demanda social y lo regula.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado veintiuna enmiendas al proyecto de ley que han mejorado y clarificado las competencias municipales de las diputaciones, de los cabildos y de los consejos insulares. Apuesta por la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y clarifica las funciones de control de los interventores, cuyos informes serán emitidos con criterios técnicos de legalidad exclusivamente, no de oportunidad. Es una enmienda del Grupo Popular, pero no digan que el control de los técnicos no es necesario. Si se hubiera hecho caso a los informes del interventor de la Junta de Andalucía, no se hubiera producido el pago de los ERE falsos. (Aplausos). No se hizo caso de los informes, se metieron en un cajón. Es importante la labor de los funcionarios independientes y con criterios de legalidad. No se ataque a esa figura y no se tenga miedo a la ley y al rigor presupuestario.
Con las enmiendas propuestas por el Grupo Popular el proyecto de ley mejora la redacción del reconocimiento de la peculiaridad de la gestión autonómica foral o de las ciudades autónomas del régimen local y amplía los plazos de entrada en vigor de determinados preceptos. Parece que no les gusta, pero en esa línea han ido muchas enmiendas de muchos grupos políticos, no solo del Grupo Parlamentario Popular, y me imagino que esos grupos políticos no tendrán el objetivo de que esta ley no afecte electoralmente al Partido Popular. Simplemente hemos considerado, a petición de muchas entidades y de muchas asociaciones, que para una correcta transición de las transferencias de competencias impropias a quien de verdad las tiene, a las comunidades autónomas, hay que dar un plazo y además debe ser un plazo prudente para que no afecte a la prestación de los servicios a los ciudadanos. En eso es en lo que estamos pensando.
Otros grupos políticos han presentado numerosas enmiendas y queremos diferenciar entre los que han trabajado, los que se han currado la ley, la han estudiado y han hecho propuestas constructivas, y el Grupo Parlamentario Socialista, que se ha limitado a proponer enmiendas de sustitución o de eliminación de determinados aspectos de la ley, que no de todos, así que debemos entender que, como proponen eliminar muchos, están de acuerdo con aquellos cuya eliminación no proponen. Debe ser una consecuencia lógica del análisis de la política del Partido Socialista en este tema.
Muchas enmiendas del PSOE son de eliminación. Es lamentable y censurable que tengan tan poco interés por el mundo local o que no aporten una sola idea de mejora de la ley. Creo que es una postura obstruccionista que ni siquiera comparten los representantes municipales del Partido Socialista. Se limitan al trámite facilón de proponer supresiones, nada más y nada menos. Además, mantienen argumentos que corresponden a borradores anteriores del proyecto de ley. No se han molestado ni en corregir sus argumentarios para sus cargos públicos. Siguen diciendo cosas que ya no figuran en la ley. Es sorprendente. Ustedes son los que se han negado al diálogo. El señor Zarrías tiene desde el primer borrador al último y se le ha pedido insistentemente desde el Partido Popular y desde el Grupo Popular abrir un proceso de diálogo al que siempre se ha negado. Antes era el coste estándar y cuando se eliminó el coste estándar buscaron cualquier otra excusa. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Por supuesto, menos mal, estoy de acuerdo. Ustedes se olvidan de la participación de los municipios a través de la FEMP, que ha presentado enmiendas, muchas de las cuales han sido aceptadas.
Ustedes faltan a la verdad en sus argumentos. No se deja sin competencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Eso es mentira. No se obliga a la fusión de municipios. Eso es mentira. No se eliminan las Eatim. Eso es mentira. No se eliminan las mancomunidades. Eso es mentira. No se fija un coste estándar de los servicios. Eso es mentira. El proyecto de ley no es fruto de la imposición del Partido Popular sino de la participación. El proyecto de ley no es inconstitucional. Eso es falso y lo avala el Consejo de Estado, que ustedes cuando quieren lo aprovechan y cuando no quieren no lo aprovechan. Se han tenido en cuenta por tanto las peticiones de modificación del Consejo de Estado, un informe que no era preceptivo ni de obligado cumplimiento, y desde el Gobierno hemos dado un ejemplo de transparencia y de querer saber la postura de un organismo tan importante como este. No se obliga a los municipios a ceder sus competencias a las diputaciones. Eso es mentira. Las diputaciones no son órganos faltos de democracia. Eso es mentira. La reforma era necesaria y es municipalista. El Gobierno del PP ha cumplido con su compromiso, lo que no hizo el PSOE con el Gobierno de Zapatero, que se tiró años prometiendo y diciendo el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene y nunca se aprobaba la reforma. Mucho libro blanco pero nada más. Señor Zarrías, usted sabe de estos incumplimientos y de los requerimientos que en Pleno el Congreso hizo al Gobierno del señor Zapatero para que trajera con carácter de urgencia el proyecto y usted manifestó en sus declaraciones: esto queda para la próxima legislatura. Pues ha quedado para la siguiente legislatura. Ustedes no supieron aprovechar su oportunidad de legislar, dejaron pasar su tiempo.
Las enmiendas de Izquierda Unida y la intervención de su portavoz me han parecido absolutamente catastrofistas, fuera de lugar y que apuestan por el enfrentamiento y por generar miedo y desconfianza en los ciudadanos. Verá como no va a producirse todo lo que usted ha anunciado, todas esas catástrofes no se van a producir, usted lo verá y yo lo veré. Lo que me ha sorprendido es que ustedes son tan plurales que usted presenta un bloque de enmiendas y otro compañero de su partido presenta otro bloque, pero es que encima los bloques son contradictorios. (Risas). Sí, sí, en determinados artículos proponen la supresión y en otros la modificación, hay diferentes redactores de las enmiendas. Incluso algunas veces proponen la supresión por partida doble, porque ni siquiera han cruzado sus enmiendas, no se han reunido consigo mismos para cruzar las enmiendas y decir: ¡hombre, cómo vamos a proponer dos veces la supresión del apartado 10! (Rumores). Sí, sí, mírese sus enmiendas. A lo mejor solo se ha mirado las que usted ha presentado y no las de su compañero. Hay dos bloques de enmiendas, no sé si lo sabe, y son contradictorios. Le voy a dar los datos de algunos de los artículos donde se demuestra que son contradictorios. Quizá les gusta tanto el derecho a decidir que cada uno de ustedes decide lo que quiere y son contradictorios entre sí, puede ser. Le voy a dar los ejemplos. Tienen propuestas contradictorias a la modificación del artículo 22 y a su supresión; al artículo 27, al 28, al 32, al 36, al 75.ter, al 86, a la disposición adicional novena, a la disposición transitoria primera, y hay otras muchas que son coincidentes pero duplicadas. Es la primera vez en la historia que veo que un grupo presenta dos enmiendas iguales, que se suprima por duplicado un apartado.
En relación con las enmiendas y la postura de UPyD, con todo el respeto para su portavoz, tengo que decirle que ustedes se quieren convertir en un partido urbanita. Solo plantean soluciones para las grandes ciudades. Sus enmiendas proponen -eso sí que es un ataque al mundo rural- suprimir por ley obligatoriamente los municipios de menos de 10.000 habitantes y en algunas intervenciones de otros compañeros han llegado a hablar de suprimir los de menos de 20.000. Hacerlo de forma obligatoria, eso sí que es autoritarismo, y además cargarse el mundo rural y su representación.
Luego realizan propuestas sorprendentes, como que en seis meses venga una ley orgánica para modificar la Constitución y suprimir las diputaciones. Por cierto, su grupo votó en Pleno suprimir las diputaciones del régimen común, pero mantener las forales, los cabildos y los consejos. ¿Es que las comunidades donde hay diputaciones de régimen común somos de peor condición? (Un señor diputado: Ciudad Real). No lo sé, no sé cuál es el motivo. Me sorprenden algunas enmiendas, como las que proponen que todos los concejales de los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona tengan dedicación exclusiva. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). ¡Anda!, pero si yo creía que ustedes apostaban por el ahorro. ¿No será porque ustedes tienen muchos concejales en Madrid? ¿Qué interés tienen en Madrid? No, en Barcelona no, pero, claro, proponer solo para Madrid y no para Barcelona les ha debido suponer mucho. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Otro señor diputado: Ahí los has pillado). Claro, les he pillado y además también los podemos pillar por el único diputado de Asturias, que tiene un montón de asesores. (El señor Suárez Lamata: Nueve). Esa es la austeridad que ustedes predican. Hay otra muy interesante: que los empleados públicos municipales de los ayuntamientos sean seleccionados por una agencia nacional. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Es decir, que los ayuntamientos no tengan competencias para contratar sus propios trabajadores. ¿El PSOE va a llegar a un acuerdo con UPyD para modificar la ley? Pues creo que no se parece en nada a su modelo. Ese sí que es un modelo distinto.
En cuanto al PNV, agradezco la postura de diálogo que hemos tenido. Ha habido enmiendas trabajadas para mejorar el proyecto, ha habido dos enmiendas conjuntas con el Grupo Popular y ha habido un diálogo fructífero, por lo que vamos a aceptar enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, en concreto la 260, la 261, la 267, la 268 y la 286. A la 274 votaremos que no porque estamos pendientes de redactar una nueva regulación -otros grupos lo han pedido- de la disposición adicional novena, que a todos nos parece mejorable, y la dejaremos para el Senado. La enmienda 276 está pendiente de una última negociación.
La intervención de mi amigo Carles Pàramo me ha sorprendido, porque ayer negociábamos con mucha fluidez, con mucho diálogo, con mucha amistad y hoy ha hecho una intervención muy contundente, él que además ha sido presidente de la Diputación de Cataluña y que sabe -hemos hablado de ello- de la importancia de las diputaciones provinciales. Él mismo creó el servicio de recaudación provincial de la diputación, pero entiendo que muchas veces las instrucciones de los grupos pueden prevalecer. Seguimos insistiendo en la posibilidad de acuerdos, porque creo que hay cosas en las que podemos acercarnos. Vamos a aceptar las enmiendas 374 y 384. A la 380 vamos a votar que no porque la enmienda 418 del PP es similar y por tanto vamos a mantener la nuestra, pero está recogido lo que propone CiU. Con la 381 sucede lo mismo, votaremos que no porque la 418 del Grupo Popular la asume. Y quedamos pendientes para negociar en el Senado, porque afectan a la disposición adicional novena y al artículo 116.bis -a los que queremos dar una nueva redacción-, las enmiendas 387, 388, 389 y 406. Negociaremos la que tanto le preocupa a CiU, que es la 392.
Antes se me ha olvidado decir que hay dos enmiendas de UPyD que están subsumidas en enmiendas del Grupo Popular, en concreto la 294, que está total o parcialmente reflejada en la 412 nuestra, y la 352, que lo está en la 428.
Con Unión del Pueblo Navarro también ha habido una negociación fluida. (El señor presidente: No está). Ya sé que no está, pero lo voy a decir. La 185 está subsumida en la 422 del Grupo Popular; la 186 lo está en la 426 y estamos negociando alguna modificación posible en el Senado con respecto al Régimen Foral de Navarra.
En cuanto a Foro Asturias, también se acepta la enmienda 30; la 23 está subsumida en la 422 del PP; la 40 lo está en la 426 del PP y la 43 lo está en la 419 también del PP.
Por último, hemos planteado a los letrados de la Mesa unas correcciones técnicas de algunas enmiendas del Grupo Popular. En concreto, en cuanto a la 420, que se refiere a la asunción por la junta de gobierno de determinadas competencias de pleno, teníamos dos borradores y por error se presentó aquel en el que figuraba que la aprobación del presupuesto sería asumida por la junta de gobierno. Mantendríamos las otras competencias, pero no la aprobación del presupuesto. En la 421 hay un error de redacción, pues se repite dos veces el mismo artículo. Se refiere al régimen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la 428 se hace mención al artículo 75.quáter, que no existe; es 75.ter. Son las correcciones técnicas que queríamos realizar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Puesto que se dan dos circunstancias, por una parte que estamos coincidiendo en el tiempo con las votaciones de la Comisión de Economía y por otra que nos falta un último elemento
para poder ordenar las votaciones, vamos a dar paso a la pregunta oral, rogando a todos los grupos parlamentarios que cualquier texto transaccional que se haya podido alcanzar en las últimas horas lo hagan llegar a la Mesa y, a ser posible, se lo facilitemos a los otros grupos parlamentarios para que lo tengan antes de que procedamos a las votaciones y que se complete toda la información disponible para votar.
Suspendemos un minuto la sesión para que entre el compareciente y continuamos. (Pausa).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PALOMA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PUESTOS DIRECTIVOS DE LA SEPI (SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES) Y NAVANTIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/014962). (Número de expediente 181/001261.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para dar trámite a la contestación de la pregunta formulada al Gobierno por la Diputada Paloma Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista. Le agradezco al presidente de la SEPI, que es a quien va dirigida la pregunta, que haya podido atender personalmente a la misma. Dado que es la primera pregunta a la que damos respuesta en la Comisión, el mecanismo a seguir será el siguiente. Se dará un tiempo de cinco minutos distribuido en dos intervenciones tanto para la parlamentaria que formula la pregunta como para el presidente de la SEPI que, a diferencia de lo que es habitual, no tiene tiempo ilimitado para su intervención, sino que debe ceñirse al mismo.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor Aguirre, por venir a contestar esta pregunta que, como sabe, estaba presentada como escrita y ha tenido que ser reconvertida en oral porque no se dio respuesta en tiempo y forma. La pregunta era sobre los puestos directivos de la SEPI y de Navantia, pero, antes de que me conteste, quisiera ponerle un poco en antecedentes de por dónde va la misma.
Usted sabe muy bien, señor Aguirre, que en los dos últimos años se han perdido en el naval de Ferrol cerca de 2.600 puestos de trabajo y que en diciembre, con la entrega del Adelaide, se prevé que otras 1.000 personas en empresas auxiliares pierdan también su puesto de trabajo. Es una comarca que, como sabe bien, tiene un 30 % de paro, que alcanza en la ciudad de Ferrol a un 32 %. Es una zona con altos niveles de pobreza, que se van incrementando, y de despoblación, donde muchos de los trabajadoras y trabajadores despedidos han agotado ya sus prestaciones y otros y otras han emigrado, llevándose su experiencia y sus conocimientos. Tecnymo, Elecnaval, Grupo Cachaza, Metalúrgica del Atlántico, TAE, Turmoil y Eymosa son empresas auxiliares de Navantia que han cerrado o que están a punto de hacerlo. Los astilleros de la ría de Ferrol están en una situación extrema, con falta de trabajo y falta de perspectivas a corto plazo. En los últimos tiempos hemos escuchado al presidente de la Xunta de Galicia constituirse en garante de la construcción del dique flotante de Ferrol, hemos visto al Parlamento de Galicia consignar 5 millones de euros que, por cierto, están en sus presupuestos para el año que viene para la construcción mientas sigue brillando por su ausencia este dique en los Presupuestos Generales del Estado para 2014. También hemos escuchado al ministro de Hacienda afirmar que en marzo de este año 2013 los astilleros estarían cortando chapa, hemos escuchado que se haría el flotel de Pemex a través de un contrato supuestamente firmado; un contrato que nadie ha visto porque, por lo visto, tenía cláusulas de confidencialidad y que ahora nos disputan otros once astilleros, entre ellos Singapur y Noruega; un contrato que esgrimía en campaña el presidente de la Xunta de Galicia y que hoy, precisamente esta mañana, en el Parlamento de Galicia dijo que espera que México cumpla su palabra. Nos han hablado de gaseros, de remolcadores, de quimiqueros; nos han hablado de veinticinco barcos; nos han hablado del señor Fernández Tapia. Todo humo, señor Aguirre. Hasta ahora no hemos visto nada concreto. Estamos ante una operación de malabarismo más en la dilación de toma de decisiones para conseguir carga de trabajo para el naval de Ferrol.
La creación de una comisión de seguimiento del dique flotante es una muestra de ello. Esta comisión fue liquidada ocho meses después de su creación alegando la negativa de la Unión Europea a la construcción del dique; un argumento sobre el que no había certeza alguna pues fue con posterioridad cuando, a instancias de los integrantes de la propia comisión, de los sindicatos y de los alcaldes de la
zona, han hecho la consulta a Bruselas, que está todavía sin respuesta. Mi pregunta deriva precisamente de la última reunión de esa comisión de finales de enero de este año, en la que se nos dijo a una parlamentaria socialista de Galicia y a mí que uno de los problemas económicos de los astilleros son los salarios y las prejubilaciones de los trabajadores y trabajadoras. Esta respuesta nos ha producido no solamente un profundo rechazo sino también una gran indignación, y de ahí deriva la pregunta. Sabemos que para 2014 hay 2.319 millones de euros consignados a gastos de personal de la SEPI y sabemos bien a qué se dedican las trabajadoras y trabajadores de los astilleros: a hacer barcos; los barcos más punteros en el mundo, reconocidos internacionalmente. Por ello queremos saber cuántos puestos directivos existen en la SEPI y en Navantia y, si es posible, sus cometidos y retribuciones y sus objetivos, entre los que seguro está la búsqueda de carga de trabajo, pero reconozca, señor Aguirre, que en ese ámbito hasta ahora se han mostrado totalmente ineficaces. Por cierto, creo que tiene usted una gran oportunidad hoy y aquí de demostrarnos y de convencernos de lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Aguirre Rodríguez): Vengo gustoso a contestar la pregunta de la Diputada Paloma Rodríguez Vázquez. He podido tomar nota de su intervención y toda ella se ha referido al naval. Personalmente me encantaría entrar en ese debate, pero yo vengo a contestar una pregunta sobre los puestos directivos de SEPI y sobre los puestos directivos de Navantia. He tomado buena nota de su discurso y comparto algunas de las cuestiones, no todas, pero me va a permitir que no conteste a ninguna de las diecisiete anotaciones que he hecho porque no están relacionadas con la pregunta. Por tanto, solo me voy a referir a su última cuestión, que es la que se centra en su pregunta sobre los puestos directivos y sus retribuciones.
Me gustaría señalar que ha habido un conjunto de normas que se han modificado en el año 2012 y que supongo que su señoría conoce perfectamente. Derivado de esas normas que se han implementado a través de reales decretos y de órdenes ministeriales, todas ellas entre febrero y marzo de 2012, tengo que confirmarle, por una parte, que en SEPI los puestos directivos son exactamente los mismos que había cuando gobernaba el Partido Socialista, es decir, nueve. Las retribuciones agregadas de esos nueve puestos directivos de la SEPI, en 2011, es decir, cuando gobernaba el señor Zapatero, ascendían a 954.384 euros y, una vez que han entrado en eficacia los reales decretos y las órdenes ministeriales, en el año 2012 se han liquidado las retribuciones de esos nueve puestos de directivos por un total de 650.097 euros. Es decir, señoría, entre una etapa y otra, las políticas de ajuste han representado un 31,88 % menos de salarios en los puestos directivos de SEPI, y contamos con los mismos miembros de puestos directivos que en la etapa de Gobierno socialista. Haciendo esta misma comparación en referencia al grupo Navantia, tengo que señalarle que también, con el mismo número de puestos directivos que tiene en este momento Navantia que en la etapa de Gobierno del Partido Socialista, el año 2011 cerró con unas retribuciones en todos sus puestos directivos de 970.617 euros y en el año 2012, la cifra agregada para cubrir las retribuciones de los puestos directivos ha sido de 855.638 euros, es decir, se han ajustado las retribuciones del Grupo Navantia en su equipo directivo en un 11,8 %. En cuanto a las funciones y los objetivos de los puestos directivos, señoría, me va a permitir, porque creo que no tenemos tiempo para hablar sobre nueve puestos directivos en cada una de las sociedades, que le remita a la página web de SEPI o a la página web de Navantia, donde figuran sus organigramas de la etapa anterior y de esta nueva. Le remito a esa página web, si es tan amable, donde podrá comprobar qué cometidos y qué objetivos tienen. Podrá comprobar que tenemos los mismos puestos directivos y que se ha producido en un caso un descenso de las retribuciones de un 31,88 % y en otro caso un descenso de un 11,8 %.
El señor PRESIDENTE: Para una intervención brevísima, puesto que ha consumido prácticamente todo su tiempo, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Agradezco su generosidad, señor presidente.
Quiero agradecer al señor Aguirre no solamente que haya venido y que haya traído datos tan concretos, sino haberle oído que las políticas de austeridad empiecen por donde tienen que empezar, un poco por arriba. Me alegra saberlo. No obstante, considero que los directivos de la SEPI están considerablemente bien pagados y que hay bastantes. Creo que uno de sus cometidos fundamentales era la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros y quería decirle que esta mañana el ministro ha contestado a mi compañero Francisco Cabañas que siguen buscando carga de trabajo, que agradece que seamos
constructivos, que los trabajadores de Navantia en Ferrol, en Cádiz y en Cartagena pueden confiar en su futuro, que los habitantes de esas zonas pueden estar tranquilos, pero, señor Aguirre, han sido demasiados enredos, demasiadas contradicciones para llamar a la tranquilidad. Lo que sabemos es que necesitamos carga de trabajo para que el motor del naval se ponga en marcha y tire de nuestra comarca, Ferrolterra, para delante, por eso, yo le pediría que aliente a sus directivos, que no son muchos, ya lo sabemos, pero que están bastante bien retribuidos, para que se ocupen con presteza de las funciones que tienen encomendadas, y entre ellas supongo que estará la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor presidente de la SEPI.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Aguirre Rodríguez): Bien retribuidos, pero -tengo que decirlo- de manera muy inferior a la retribución que tenían en etapas anteriores, como he hecho constar, de manera muy inferior. Eso ha sido gracias a la política de austeridad que ha llevado a cabo el Gobierno a través del Real Decreto de 10 de febrero de 2012, del Real Decreto-ley de 5 de marzo de 2012 y de la Orden Ministerial de 30 marzo 2012. Como se dará cuenta, todos los instrumentos legales que se han puesto en marcha se adoptaron al principio de la legislatura, buscando siempre introducir racionalidad, eficacia y austeridad en el sector público empresarial, provocando un intenso capítulo de ahorros. Sabe su señoría que las cuentas anuales auditadas de SEPI y de Navantia se presentan en esta Cámara obligatoriamente por el mandato de la Ley de 1996; ahí tiene usted acceso a toda la información que ha pedido en su pregunta. Nosotros hemos cumplido puntualmente con el objetivo de esa ley de darle a esta Cámara toda la seguridad y todo el control parlamentario en relación con las retribuciones del sector público empresarial. En esa misma información, concretamente en la auditoría de la IGAE a las cuentas de la SEPI, podrá usted comprobar que las retribuciones se ajustan a la legalidad vigente, que cumplen los requisitos previstos en las normas que le citaba anteriormente y que se encuentran muy por debajo del límite fijado por dichas normas. Quiero hacer hincapié en que en ninguna de las empresas se ha aprovechado el techo total permitido por la ley; se ha hecho siempre apostando por estar por debajo de los límites. Tengo que decir que su señoría conocía perfectamente todas estas informaciones sobre puestos de trabajo y retribuciones gracias a una rueda de prensa que se dio el 16 de marzo tras el Consejo de Ministros donde se aprobaron todas las normas; rueda de prensa que dio la vicepresidenta y en la que dejó claramente fijados los límites de la política retributiva del sector público empresarial.
Quiero hacer una comparación. En la etapa anterior las retribuciones del grupo SEPI y de Navantia no estaban topadas; en nuestra etapa las retribuciones se han topado a un máximo. En la etapa anterior las retribuciones de SEPI y de Navantia tenían una variable vinculada a no se sabe qué; actualmente la variable está vinculada al cumplimiento de unos objetivos. Tengo que decirle también que en esta etapa hemos clasificado todas las empresas por su tamaño, por sus recursos humanos, por su facturación y por sus resultados en tres grupos; hemos sustituido el método de la etapa anterior, que era que todo el sector público cobraba igual estuviese en la empresa pública que estuviese. Cobraba lo mismo el señor que presidía Mayasa, que es una compañía que se dedica a la gestión de las minas de Almadén, que por ejemplo el presidente de una compañía tan importante como Navantia. Ahora hemos pasado a clasificar las empresas públicas en tres niveles en función de esos criterios. Las retribuciones de los puestos directivos son claramente diferenciadas si se pertenece a una compañía como la que usted menciona, Navantia, o como la propia entidad SEPI, por tanto, hemos acabado con una etapa en donde había un exceso de retribuciones que no eran para nada convenientes.
Señoría, no tenga la más mínima duda de que seguiremos buscando que los puestos directivos de cada una de las empresas, en este caso Navantia y SEPI, cumplan con sus objetivos marcados y aprobados por sus consejos de administración y tengan dedicación plena para conseguir que esos objetivos se lleven a cabo. Ya sé que a usted hoy le ha interesado sobremanera hablar de Navantia, pero yo no he venido a hablar hoy de Navantia, cosa que sí haré gustosísimo si esta Cámara me reclama; contestaría puntualmente al detallado y muy fundamentado discurso que usted ha hecho en su primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos de nuevo la sesión durante unos instantes y la reanudaremos en cuanto tengamos preparado el cuaderno de votaciones y haya terminado la votación en la Comisión de Economía. (Pausa).
Reanudamos la sesión para proceder a las votaciones. Vamos a ir votando como habitualmente hacemos, por grupos parlamentarios. Están buena parte de las enmiendas agregadas, está distribuido el cuaderno de votación. En todo caso, si hubiese algún problema con la agregación, paramos la votación y separamos lo que haga falta. Hay una enmienda transaccional, que votaremos en último lugar.
Vamos a dar comienzo a la votación. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, las números 181, 184 y 187.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 28; abstenciones, 13.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 185 y 186.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 28; abstenciones, 16.
Resto de enmiendas del señor Salvador.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 27; abstenciones, 16.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes a la señora Barkos. En primer lugar, votamos de forma acumulada las números 116, 117, 119 y 121 a 125.
Resto de enmiendas de la señora Barkos.
Votamos ahora las presentadas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Álvarez Sostres.
En primer lugar, acumuladamente, las números 12, 18 y 37.
Votamos conjuntamente las números 14, 17, 19, 20, 22, 31, 32 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 25; abstenciones, 15.
Votamos ahora la enmienda número 23.
Votamos la enmienda número 15.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 21, 25, 28, 29, 34, 38 y 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 27; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 30; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 4; abstenciones, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 27; abstenciones, 15.
Pasamos a votar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto las enmiendas del señor Baldoví. Votamos conjuntamente las números 45 a 49, 51, 52, 55, 58 y 68.
Votamos conjuntamente las números 66 y 69.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Baldoví.
Votamos dentro del Grupo Mixto las de la señora Oramas.
En primer lugar, conjuntamente las enmiendas números 151 a 153, 164 y 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 16.
Votamos la enmienda número 154.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 157, 171 y 175.
Votamos las enmiendas números 160, 163 y 169.
Votamos las enmiendas números 172 y 173 conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 25; abstenciones, 18.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 177, 178 y 180.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 25; abstenciones, 19.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Mixto correspondientes a la señora Fernández Davila.
Votamos conjuntamente las números 194, 196 a 198, 200, 206 y 210 a 212.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.
Votamos la enmienda número 214.
Votamos conjuntamente la 209, 215, 216 y 219 a 222.
Votamos el resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.
Votamos las enmiendas correspondientes a la señora Jordà.
Primero conjuntamente las números 71, 72, 76 a 78, 86, 87, 92, 93, 97, 104 y 110.
Votamos las números 96, 101 y 103.
Votamos el resto de enmiendas de la señora Jordà.
Votamos las de la señora Enbeita.
En primer lugar, la enmienda número 114.
Votamos la enmienda número 115.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 17.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, en el siguiente grupo de votaciones, que corresponde al mío en concreto, me gustaría que fuera separada también la 282, de manera individual.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 260, del Grupo Parlamentario Vasco.
Enmienda número 261.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 1; abstenciones, 15.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 262 a 265 y 274.
Votamos la enmienda 282.
Votamos la enmienda 266.
Votamos la enmienda 267.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 14.
Votamos la enmienda 268.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 16.
Votamos la enmienda número 279.
Votamos la enmienda 286.
Enmienda 287.
Votamos conjuntamente las enmiendas 269 a 273, 275, 278 y 280.
El señor PRESIDENTE. Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos la enmienda número 294.
Votamos conjuntamente las enmiendas 295, 298, 306, 325, 331, 333, 342, 343 y 345 a 351.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 28; abstenciones, 15.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 296, 300, 301 y 317.
Votamos la enmienda 299.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 25; abstenciones, 13.
Votamos la enmienda 303.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 27; abstenciones, 13.
Votamos la enmienda 315.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 27; abstenciones, 15.
Votamos la enmienda número 316.
Votamos la 340.
Votamos la enmienda 352.
Votamos ahora conjuntamente el resto de las enmiendas de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 29; abstenciones, 13.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, conjuntamente, la 128, 130, 131, 136 a 140, 147 y 148.
Votamos las enmiendas número 132, 133, 135, 150, 223, 226, 227, 229, 231, 234, 237, 241, 247, 249, 254, 255 y 258.
Votamos conjuntamente la 224, 225, 228, 230, 232, 236, 243, 250, 251, 253 y 256.
Votamos la enmienda 244.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, votamos la 376, 379, 387 y 400.
Votamos conjuntamente las enmiendas 353 a 370, 378, 385, 388 a 390, 392 a 394, 396, 397, 399, 403, 405 a 407.
Votamos la enmienda 374.
Enmienda número 375.
Enmienda número 381.
Votamos la enmienda 384.
Votamos conjuntamente las enmiendas 371 a 373, 382, 383, 386, 391, 395, 398, 401, 402, 404 y 408.
Votamos la enmienda 380.
Votamos conjuntamente el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Una señora diputada: Señor presidente, pedimos votación separada de la enmienda 436).
Entonces, votamos, en primer lugar, la enmienda 436.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, conjuntamente las números...
El señor ESTEBAN BRAVO: Presidente, ¿puede separar la 410?
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 409 y 412.
Votamos la enmienda 410.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 411, 420, 421, 422, 424 y 427.
Votamos conjuntamente el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20; abstenciones, 1.
Votamos ahora, si todo el mundo está en disposición de hacerlo, que espero que sí, la enmienda transaccional a la enmienda 276, que mantiene en sus términos originales el primer párrafo y el segundo queda en los términos de la enmienda transaccional firmada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 2; abstenciones, 16.
Votamos ahora el informe de la ponencia con la incorporación de las enmiendas que han obtenido el voto favorable de esta Comisión en las votaciones que hemos realizado en este momento y con la advertencia de que lo hacemos en trámite de competencia legislativa plena, por lo que, una vez aprobado el texto, será remitido directamente al Senado para su tramitación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 20.

References: artículo 31
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 45
 artículo 116
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 36
 artículo 116
 artículo 86
 artículo 85
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 72
e contrario
 artículo 75
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 116
 artículo 75
 Real Decreto