Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015s/se201531020.html
Timestamp: 2019-03-20 01:43:42+00:00

Document:
se201531020
Expediente : 142/2015-CA
Demandante : Gerencia Distrital Santa Cruz
del Servicio de Impuestos Nacionales
Tercero Interesado : Edith Nallar Paz de Roca
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 0357/2015 de 10 de marzo
Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo, interpuesto por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Santa Cruz, representado por Santos Victoriano Salgado Ticona contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria representado por Daney David Valdivia Coria.
VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 69 a 73, que impugna, la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0357/2015 de 10 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la respuesta a la demanda de fs. 95 a 99, los memoriales de réplica de fs. 119 a 120, dúplica de fs. 123 a 124, el decreto de autos para sentencia a fs. 120 y los antecedentes procesales, y:
I.1.1. Resolución determinativa
Que dentro el Operativo Nº 73, el Servicio de Impuestos Nacionales, identificó a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, como sujeto pasivo, emitiendo la Vista de Cargo Nº 700-76/02012-2004 de 05 de noviembre, estableciendo una deuda en favor del SIN de 112.693 UFVs, por tributos omitidos.
Que con la Vista de Cargo, se notificó a la contribuyente, conforme lo previsto en el art. 86 del Código Tributario Boliviano (CTB); mismo que no presentó descargos, emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa Nº 193/2004 de 16 de diciembre con la que fue notificada Edith Nallar Paz de Roca, el 24 y 28 de diciembre de 2004.
Que la contribuyente, el 10 de enero de 2005, se apersonó ante la Administración Tributaria, solicitando se le extienda fotocopias legalizadas, para que asuma defensa.
El 14 de enero de 2005, se notificó y entregó personalmente al sujeto pasivo, las fotocopias legalizadas.
En la misma fecha se emitió el proveído de inicio de Ejecución Tributaria y posteriormente el 29 de mayo de 2006, la contribuyente solicitó a la Administración Tributaria la conclusión del trámite de extinción por pago documentado.
El 23 de octubre de 2013, la contribuyente solicitó la suspensión de la Ejecución Tributaria, manifestando que no tuvo conocimiento de la existencia del Operativo Nº 73, estando en consecuencia impedida de presentar la documentación requerida, al no haber sido legalmente notificada con la Resolución Determinativa Nº 193/2004, asimismo solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, esta pretensión es rechazada, mediante proveído de 20 de noviembre de 2013.
I.1.2. Resolución de recurso de Alzada
La contribuyente el 13 de diciembre de 2013, interpuso Recurso de Alzada, contra el referido proveído. Luego de un trámite de excusa, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada CBA/RA 0498/2014 de 12 de diciembre, por la que dispuso anular obrados, hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la notificación con la Orden de Verificación de 9 de septiembre de 2003, disponiendo se notifique a la contribuyente en su domicilio declarado.
I.1.3. Resolución de recurso jerárquico
Contra esta resolución la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, interpuso Recurso Jerárquico, que mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2015 de 10 de marzo, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0498/2014.
II.1. Tramite del proceso contencioso administrativo
II.1.1. Contenido de la demanda contencioso administrativo
En mérito a estos antecedentes, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, a través de su representante legal, interpuso demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2015, bajo los siguientes fundamentos:
Cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0022/2015-S2 de 16 de enero, que establece para la procedencia de una nulidad procesal se debe tener presente los siguientes principios: a) especificidad o legalidad; b) finalidad del acto; c) trascendencia y d) convalidación.
Que el principio de convalidación, según el profesor Eduardo Couture, se activa a través de cuatro posibilidades, mismas que las trascribe en el escrito de demanda.
Que con estos antecedentes, la entidad actora, menciona que “si bien y como señala la AGIT, que no se evidencia ningún acto que demuestre que la contribuyente asumió defensa dentro del proceso de determinación, corresponde mencionar que dicha situación no se debió a que no tuvo conocimiento del caso, sino más bien a la propia dejadez de la contribuyente, ya que como lo señalamos líneas arriba, la contribuyente se apersono en fecha 10-01-2015, ante la Autoridad Tributaria a solicitar fotocopias legalizadas del proceso de determinación, fecha en la cual se encontraba dentro del plazo legal para interponer el correspondiente Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa, notificada en fecha 28 de diciembre de 2004”(sic).
Que por lo explicado, no correspondía que la Autoridad General de Impugnación Tributaria disponga la nulidad de obrados debido a una presunta errónea notificación, en mérito a que la contribuyente, habría convalidado todas las nulidades que se aducen en la referida diligencia, criterio concordante con lo expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Alega que la Autoridad General de Impugnación Tributaria realizó una incorrecta aplicación de los principios que rigen las nulidades procesales.
II.1.1.1. Petitorio
Solicita que Tribunal Supremo de Justicia, declare probada la demanda contenciosa administrativa, disponiendo anular la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0357/2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, para que emita nueva resolución analizando el resto de los puntos planteados por la contribuyente.
II.1.2. Admisibilidad y citación al demandado y al tercero interesado
Mediante decreto de 19 de junio de 2015, se admitió la demanda por esta Sala, se citó al demandado el 17 de agosto de 2015 a horas 9:30 según consta a fs. 88; posteriormente el 1 de septiembre de 2015 a horas 15:55 se notificó al tercero interesado con provisión citatoria según consta la diligencia de notificación a fs. 111.
Sin embargo el tercero interesado a pesar de su legal notificación, no se apersonó, tampoco presento memorial alguno.
II.1.3. Contestación a la demanda
Admitida la demanda, mediante la providencia de 19 de junio de 2015 y corrida en traslado es respondida a fs. 95 a 99 por el representante legal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria en los siguientes términos:
Que el art. 83 del Código Tributario Boliviano (CTB), menciona las diferentes formas de notificación, los arts. 84, 85 de la misma norma jurídica, regulan lo relativo a la notificación personal. A su vez el art. 86 del CTB, hace referencia a la notificación por edictos, formalidades procesales que luego de ser compulsadas con los datos del proceso en ambas instancias administrativas de impugnación, se acredito que la Autoridad Tributaria no cumplió con las previsiones legales contenidas en dichos preceptos, relativas a las notificaciones, dentro un procedimiento de fiscalización hasta su conclusión con la resolución determinativa.
Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de una revisión de los antecedentes administrativos, identificó que el funcionario de la administración tributaria equivocó el domicilio de la contribuyente que es Garzas Nº 9UV 0061MZ 0003 (de conformidad a lo que está registrado en el padrón del RUC, con el domicilio UV 50 Mza 16 s/n Radial 27 s/n, error que generó que el Gerente Distrital de Santa Cruz del SIN, autorice la notificación por edicto, situación que se fue reiterando en las posteriores diligencias de notificación a la contribuyente. La notificación de la Resolución Determinativa Nº 193/2004, efectuada en fechas 24 y 28 de diciembre, estarían viciadas de nulidad por no cumplir con lo previsto en el art. 86 del CTB, dejando en indefensión a la contribuyente que no es hasta el 10 de enero de 2005 que se apersona ante la Administración Tributaria a efectos de solicitar fotocopias legalizadas de los antecedentes administrativos.
Que referente a la convalidación que presuntamente habría realizado la contribuyente, la entidad demandada, responde: que esta instancia Jerárquica obró y resolvió en el marco de sus competencias y en observancia del art. 35 de la Ley Nº 2341, que establece que las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley, asimismo el art. 36 de la misma normativa en su parágrafo primero dispone que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. Mal puede decir el ahora demandante que no se dieron los presupuestos jurídicos para declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, cuando de todos los antecedentes revisados se tiene de forma fehaciente que la administración tributaria notificó a la contribuyente por edictos, como consecuencia de un error en la identificación del domicilio de la misma (que fue ampliamente desarrollado en el punto precedente).
Que lo explicado por la entidad actora, en relación a la convalidación no tiene asidero legal ni doctrinal, respecto a que la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, tuvo la oportunidad de interponer el Recurso de Alzada y que no lo hizo, no es cierto, hecho que es viable corroborar, toda vez que la contribuyente es quien interpuso el Recurso de Alzada y la resolución que resolvió dicho medio de impugnación fue la que motivó la interposición del Recurso Jerárquico, por lo que la parte actora, mal puede decir que las notificaciones observadas y viciadas de nulidad quedaron convalidadas por la contribuyente.
Que finalmente la contestación hace referencia a jurisprudencia administrativa tributaria y al Auto Supremo Nº 510/2013 de 27 de noviembre.
Concluye pidiendo se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2015 de 10 de marzo, emitida por la AGIT.
II.1.4. Memoriales de réplica y dúplica
Con los escritos de réplica de fs. 119 a 120., dúplica de fs. 123 a 125., formuladas por ambas partes se reiteraron los argumentos anteriores en los memoriales de demanda y contestación
II.1.5. Decreto de autos para sentencia
Concluido el trámite del proceso, se decretó autos para sentencia conforme la providencia de 12 de octubre de 2015.
III.1. Fundamentos jurídicos de la resolución
En mérito a los antecedentes descritos, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de resolver la presente controversia considera pertinente y necesario manifestar que:
Por imperio de la Ley Nº 620 del 29 de diciembre de 2014, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, que reviste las características del juicio ordinario de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad, sobre los actos ejercidos por la autoridad administrativa a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica, aspecto este que acredita haberse agotado la vía administrativa.
Al respecto, Giovanni F. Priori Posada establece que: “…el proceso contencioso administrativo será el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional frente a una actuación de la Administración Pública. Pero debe tenerse en cuenta que, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la pretensión que dirija el particular contra la Administración tendrá como finalidad no sólo revisar la legalidad del acto administrativo (…) declarando su validez e invalidez, sino que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva determina que el particular pueda plantear una pretensión solicitando una efectiva tutela a la situación jurídica subjetiva que alega que le ha sido vulnerada o que le está siendo amenazada.” (Cfr. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Perú, Ara Editores, 2009, Pág. 87).
Sobre la base de las consideraciones precedentes, corresponde resolver la controversia expuesta por la entidad en su demanda, que se resume en que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2015 de 10 de marzo, emitida por la AGIT, erróneamente confirmó la decisión de anular obrados hasta la comunicación de 9 de septiembre de 2003, Operativo Nº 73, Notificación Nº 827, disponiendo que a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca se la deba notificar en su domicilio declarado ante la autoridad tributaria, sin haber valorado que la referida contribuyente se apersonó ante la administración tributaria, posterior a su notificación y no activo ningún mecanismo de defensa, consiguientemente, convalidó cualquier posible defecto procesal en cuanto hace a las diligencias de comunicación procesal.
De la revisión de los antecedentes administrativos se acredita: a) que a fs. 2 del anexo 2, cursa un documento emitido por el SIN, de fecha 9 de septiembre de 2003, correspondiente al operativo 73, a través del cual la administración tributaria, comunica a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca que se habría detectado diferencias en 19 facturas emitidas por dicha persona, emplazándola a que en el término perentorio de cinco días de recibida dicha documentación se apersone al Departamento de Fiscalización a objeto de presentar determinada documentación de descargo. Este mismo documento contiene como domicilio de la referida contribuyente “calle Las Garzas Nº 9UV 0061 MZ 003, de la ciudad de Santa Cruz”.
A fs. 5 del anexo 2, cursa fotocopia legalizada de una representación, por la que un funcionario del SIN-Santa Cruz, comunica a la Gerente Distrital de Santa Cruz:
Que en relación a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, el domicilio consignado en el padrón del RUC, es decir el ubicado en la “calle Las Garzas Nº 9UV 0061 MZ 003, de la ciudad de Santa Cruz” NO FUE POSIBLE ENCONTRAR.
Que el domicilio señalado en el certificado de inscripción al RUC corresponde a una dirección inexacta como ser UV 50 Mza 16 s/n, Radial 27 s/n, etc.
Que en mérito a lo explicado, se solicitó la notificación mediante edicto, conforme lo previsto en el art. 86.
Que la Administración Tributaria mediante Resolución de 23 de septiembre de 2004, cursante a fs. 9 del anexo 2, dispone se proceda a la notificación, vía edictos con el Inició de Operativo Nº 73, a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca.
El art. 86 del CTB, referente a la notificación por edictos, refiere: “Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado o intentada la notificación en cualquier de las formas previstas, en este Código, esta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos….”.
De lo transcrito se asume que procede la notificación vía edictos, siempre que se haya acreditado la imposibilidad de ejecutar la notificación personal o cedularía. Compulsando esta disposición jurídica con lo ocurrido dentro la presente causa se acredita:
Que la notificación personal no pudo realizarse debido a la no ubicación de la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca.
Que referente a la notificación por cédula, el art. 85 del CTB, aclara que los funcionarios del SIN deben constituirse en el domicilio del contribuyente, si no se lo ubicó, se debe dejar un pre aviso a cualquier persona mayor de 18 años, bajo apercibimiento de que será el contribuyente será buscado nuevamente en un día y hora determinados.
Compulsado lo previsto en el Código Tributario Boliviano y lo ocurrido dentro el proceso administrativo se concluye:
Que en que la representación que un funcionario del SIN-Santa Cruz, de 23 de septiembre de 2004, hace a la Gerente Distrital del SIN, se acreditan los siguientes errores:
Se manifestó que el domicilio constituido en el padrón del RUC, fue imposible de ubicarlo, aspecto que no es evidente, demostrándose ello a través de la inspección ocular diligenciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dentro un trámite de Recurso de Alzada, cuya acta cursa a fs. 176 y vta., del anexo 1, medio probatorio por el que se acredita la existencia de la dirección de contribuyente sito en “calle Las Garzas Nº 9UV 0061 MZ 003, de la ciudad de Santa Cruz”, adjuntándose a dicha acta nueve fotografías, cuyas fotocopias cursan de fs. 173 a 175 del anexo 1. Consiguientemente si existe dicho domicilio.
La referida representación, erróneamente informa que el domicilio de la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, habría consignado en su inscripción al RUC como su domicilio, la siguiente: “UV 50 Mza 16 s/n, Radial 27 s/n”, lo que es incorrecto, la dirección que la contribuyente señalo en su registro del RUC fue calle Las Garzas Nº 9UV 0061 MZ 003, de la ciudad de Santa Cruz.
Estos errores hacen que se acredite las siguientes posibilidades procesales:
Si se habría consignado la dirección correcta de la contribuyente es decir: “calle Las Garzas Nº 9UV 0061 MZ 003, de la ciudad de Santa Cruz”, probablemente se habría ubicado a la contribuyente y practicado lo notificación personal, logrando con ello que dicha contribuyente asuma defensa dentro la presente causa.
En caso de haber ubicado el domicilio de la contribuyente, pero el mismo habría estado desocupado en ese momento, el funcionario del SIN-Santa Cruz, habría activado los mecanismos previstos en el art. 85 del CTB y practicado la citación por cédula.
Ambas posibilidades procesales eran viables, si se ubicaba la dirección correcta de la contribuyente.
Nada de lo manifestado ocurrió y en una muestra de negligencia administrativa, el SIN-Santa Cruz, dispuso la notificación a través de edictos, del Inicio del Operativo Nº 73, por desconocimiento del domicilio de la contribuyente, lo que no es correcto, conforme se acreditó, consiguientemente, la resolución administrativa que autorizo la publicación y por ende notificación vía edictos, es contrario a lo previsto en el art. 86 del CTB en sentido que no se acredito de manera idónea por parte del SIN-Santa Cruz, la imposibilidad de haber diligenciado la notificación personal o por cédula.
El origen de estos errores administrativos procesales, se lo ubica en la representación cursante a fs. 5 del anexo 2 y la ejecución de dicha decisión administrativa, vulnera el derecho a la defensa que tiene todo contribuyente, correspondiendo anular obrados, hasta esta dicha representación, actuado procesal que cumple los cuatro principios que rigen las nulidades procesales:
El principio de legalidad. No hay nulidad sin ley específica que lo establezca, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, ella debe ser expresa, específica, ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley. En el caso de autos el art. 74 del CTB, refiere: “Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 1.Los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.”
Complementando, la resolución de 23 de septiembre de 2004, de fs 9 del anexo 2, que dispone se diligencie la notificación por edictos a la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, incumple lo previsto en el art. 86 del CTB, esta norma legal, taxativamente señala que sólo procedería la notificación por edictos, si es imposible la notificación personal o por cédula, en el caso de autos se acreditó que la representación de fs. 5, correspondiente al anexo 2, si bien manifiesta que fue imposible ubicar el domicilio de la contribuyente, dicho domicilio es diferente al que se consignó por parte de la contribuyente a tiempo de inscribirse en el RUC. Competencialmente, la instancia de impugnación jerárquica obró y resolvió en el marco de sus competencias y en observancia del art. 35 de la Ley Nº 2341 que establece que las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley, asimismo el art. 36 de la misma normativa en su parágrafo primero dispone que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.
Con estos argumentos se advierte que la decisión administrativa de disponer la nulidad de obrados, sustantivamente cumple con este principio y adjetivamente, era competente la instancia jerárquica para disponer dicha nulidad.
Principio de finalidad. La finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, sino en su aspecto objetivo, o sea a la función del acto, dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que esta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado su finalidad a la que estaba destinada. En el caso de autos, la finalidad última de una notificación es que el demandado conozca de la existencia de un proceso iniciado en su contra y por ende asuma defensa. De los antecedentes administrativos se advierte que fue la Autoridad Tributaria quien erróneamente y de inició a través de la representación de 23 de septiembre de 2004, a fs. 5 consigno un domicilio equivocado correspondiente a la contribuyente, a consecuencia de este dato la misma Autoridad Tributaria por resolución administrativa, cursante a fs. 9 del anexo 2, dispuso la notificación por edictos, manteniendo la dirección del domicilio errado.
Lo ocurrido en autos no condice con la finalidad que se pretende a través de dicha notificación, otra habría sido la situación si el SIN-Regional Santa Cruz, mediante sus funcionarios dependientes habría acudido al domicilio correcto de la contribuyente y no la habría ubicado o finalmente teniendo la dirección correcta del mismo no habría ubicado dicha dirección en la ciudad de Santa Cruz, en cualquiera de estas dos variables, si se habría acreditado que el SIN- Regional Santa Cruz, pretendía desde un inicio cumplir con la finalidad del acto administrativo, pero no ocurrió ello, consiguientemente el único medio para subsanar dicho error administrativo es vía la nulidad, habiéndose cumplido este segundo principio.
Principio de trascendencia. No puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, esto implica que quien solicita la nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si es cierto e irreparable. En el caso de autos, este Tribunal ha acreditado documentalmente que la Autoridad Tributaria a través de un funcionario, mediante la documentación a fs. 5, del anexo 2 informó que no pudo ubicar el domicilio de la contribuyente para ser legalmente notificada, sin embargo el domicilio al que hizo referencia dicho funcionario no corresponde al de la contribuyente, es decir que fue erróneamente consignado, a ello se suma que en instancia de alzada, la autoridad de impugnación regional, mediante inspección ocular acredito la existencia del domicilio de la contribuyente, el cual está consignado en la inscripción del RUC, según se evidencia del acta de dicha inspección, cursante a fs. 176 y vta., del anexo 1.
La manera irregular en la que se diligencio la notificación a la contribuyente con el inicio de la verificación tributaria, tiene directa relación con el derecho a la defensa previsto en la Constitución Política del Estado, consiguientemente es un acto de trascendencia que sólo puede ser corregido vía la nulidad de obrados, habiéndose cumplido en el presente caso este principio.
Principio de convalidación. No procederá la nulidad procesal si el interesado acude voluntariamente a asumir defensa, no obstante la informalidad en la que se ejecutó un determinado actuado administrativo o judicial.
En el caso de autos, corresponde precisar que la Autoridad Tributaria, mediante resolución de 23 de septiembre de 2004, cursante a fs 9, del anexo 2, dispuso la notificación por edictos a la contribuyente, decisión que es consecuencia de una representación realizada por un funcionario administrativo, donde se consignó un domicilio errado de la contribuyente (ver fs. 5 del anexo 2). Con este antecedente, se emitió –por lógica consecuencia- una notificación por edictos errada, no obstante ello, la contribuyente Edith Nallar Paz de Roca, por escrito de 10 de enero de 2005, cursante a fs. 41 del anexo 2, se apersono ante la Autoridad Tributaria a solicitar fotocopias legalizadas de los antecedentes administrativos y en el otrosí primero de dicho memorial consigno como domicilio procesal la secretaria del despacho de la autoridad tributaria.
Lo sorprendente de estos antecedentes administrativos es que la Autoridad Tributaria, posterior al memorial de 10 de enero de 2005, continuo notificando a la contribuyente vía edictos, con las demás resoluciones administrativas, (ver fs. 134 del anexo 2). Este actuado ratifica la manera negligente en la que fue tramitada la presente causa, en sede administrativa por parte de la Autoridad Tributaria, al error de origen de haber consignado un domicilio equivocado (ver fs. 5 del anexo 2), se suman otros errores, como el continuar notificando vía edictos a un contribuyente que expresamente señalo domicilio procesal a través del escrito de fs. 41., del anexo 2.
Estos antecedentes hacen comprender que en el caso concreto no se puede activar el principio de convalidación, con relación a los errores frecuentes cometidos por la Autoridad Tributaria, en razón a que: a) la Autoridad Tributaria, fue la que provocó se ejecute de manera errada la diligencia de notificación, consignando un domicilio equivocado; b) Esta negligencia o equivoco, fue constante por parte de la Autoridad Tributaria, en el transcurso del trámite de la causa, en sede administrativa, por ejemplo; pese a que la contribuyente señalo domicilio procesal, este no fue tomado en cuenta por el ente tributario y continúo notificando vía edictos, que la contribuyente presentó documentación de descargo, en fecha 11 de febrero de 2005 (ver fs. 8., del anexo 1), emitiéndose a consecuencia de ello el informe Nº 376/2006 cursante a fs. 76-78 del anexo 1, que no mereció una resolución administrativa oportuna; c) el art. 74 del CTB, precisa que “Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria…”.En el caso de autos, al haber consignado la Autoridad Tributaria una dirección del domicilio de la contribuyente equivocado y pese a ello informar que el mismo no pudo ser ubicado, para luego disponer sobre estos datos errados una notificación por edictos, implica vulnerar de manera expresa la garantía procesal del derecho a la defensa, contenido en el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), consiguientemente, se asume que la instancia de resolución jerárquica al haber dispuesto la nulidad de obrados, ha cumplido a cabalidad lo previsto en el art. 115 de al CPE que dispone: “ I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
A consecuencia de estas consideraciones, este Tribunal no advierte ninguna de las vulneraciones expuestas por el actor, en contra de las autoridades administrativas demandadas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 184 de la CPE, 42.5 de la LOJ 787 del CPC Y 2.2 de la Ley Nº 620, resuelve:
PRIMERO.- En única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.
SEGUNDO.- Mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0357/2015 de 10 de marzo.
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a esta Sala por la autoridad demandada, con las formalidades de rigor y disponiéndose archivo de obrados.
Regístrese, notifíquese, cúmplase.

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