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UNA CRÍTICA AL JUICIO DE PONDERACIÓN DE ALEXY A PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL - PDF
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Josefina Paula Páez Barbero
1 123 UNA CRÍTICA AL JUICIO DE PONDERACIÓN DE ALEXY A PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL A CRITIQUE OF ALEXY S BALANCING TEST IN THE CONTEXT OF THE LABOR PROTECTION PROCESS FRANCISCO ALBERTO RUAY SÁEZ * RESUMEN En el presente trabajo el autor plantea una postura crítica sobre la inclusión del juicio ponderación de Robert Alexy como método idóneo para resolver los casos de colisión de derechos fundamentales. Para cumplir dicho objetivo se analiza la estructura interna del principio de proporcionalidad; los subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El argumento tomará como referencia su eventual aplicación en el procedimiento de tutela laboral. Palabras clave: Juicio de ponderación, derechos fundamentales, Tutela Laboral, principio de proporcionalidad. ABSTRACT In this paper the author proposes a critical position about the incorporation of the Robert Alexy balancing test like a suitable method to solve the cases of collision of fundamental rights. To achieve this aim the author analyzes the internal structure of the proportionality principle; the sub-principles of adequacy, necessity and proportionality in stricto sensu. The argument will rely on its possible application in the process of labor protection. Key words: Judgment of weighting, fundamental rights, Labor Guardianship, proportionality principle. Fecha de recepción: 26 de octubre de 2014 Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2014 * Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ayudante ad honorem de la cátedra de Criminología en el Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile y de Derecho del Trabajo en el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la misma facultad. Correo electrónico: Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp
2 124 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp INTRODUCCIÓN En el último tiempo una novedosa concepción de los derechos fundamentales se ha difundido entre juristas y legos: la idea de eficacia horizontal de los derechos fundamentales (teoría de la Drittwirkung der Grundechte). La inclusión del procedimiento de Tutela de derechos fundamentales en sede laboral (iniciada con la Ley N ), la entrada en vigencia de la popular Ley Zamudio (Ley N ), la discusión sobre interpretación y alcance de los derechos fundamentales a propósito del recurso de protección, etc., son solo algunas de las manifestaciones actuales de esta novedosa ideación. No solo aquello, sino que, en un segundo momento argumentativo, es común encontrar en literatura jurídica, y también en la no jurídica en sentido estricto, una visión o concepción que respalda y da sentido al problema iusfundamental desde una óptica conflictualista 1 ; un mercado de competencia de derechos (fundamentales) en donde los límites de unos estarían definidos a su vez por la interacción con el otro, sea de manera estática (en un análisis abstracto) o dinámica (en la solución de un caso concreto). Por otra parte, los mismos titulares de los derechos fundamentales han de ponerse entre paréntesis al momento de verificar que eventualmente puede iusfundamentalizarse cualquier tipo de conflicto jurídico, ya no solamente entre los alcances de las potestades del Estado y las libertades individuales, sino que ahora también entre un sujeto de derecho en su relación con cualquier otro sujeto de derecho, por lo que consecuencialmente, y por la universalidad misma de los derechos fundamentales, lo que encontraríamos en la mayoría de los casos sería un conflicto entre derechos 2. Pero cuidado. Supuestamente 1 Por ejemplo: UGARTE CATALDO, José Luis, El Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial LexisNexis, Santiago, Chile, 2007 pp. 114 y ss.; GAMONAL CONTRERAS, Sergio. Ciudadanía en la empresa o los derechos fundamentales inespecífi cos, FCU, Montevideo, Uruguay, 2004 pp. 13 y ss. 2 Esto no sería nada nuevo, está relacionado simplemente con el movimiento de abstracción metafísica que realiza el Derecho en general al momento de resolver los conflictos intersubjetivos, supuestamente, en búsqueda y resguardo de la igualdad de las partes. Lo importante para el Derecho, serían los derechos mismos, y el mundo material entra en la dinámica jurídica solo en el segundo momento de aplicación de la ley, al momento de determinar un hecho (propiamente material) que ha de subsumirse a determinada ley, y entrar en relación con la interpretación de los derechos
3 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp habría determinados elementos que permitirían distinguir un conflicto cualquiera de derechos subjetivos, con un conflicto de derechos fundamentales. Se trata de ampliar la vigencia iusfundamental horizontal, pero en ningún caso al punto de vulgarizar los mismos derechos fundamentales. Un criterio de salvaguarda, aventuro, podría ser buscar posibilidades de solución reglada, dejando como ultima ratio el recurso a la argumentación racional iusfundamental, aunque estoy consciente de que aquello termina por ignorar que, sin importar si una eventual situación se encuentra reglada en la ley o no, el carácter iusfundamental del conflicto se encontraría no en la posibilidad de definir la naturaleza de su solución, sino en la determinación misma de la naturaleza de la vulneración, e inclusive antes que aquello, podría también señalarse que la determinación del juicio racional argumentativo a aplicar, o desarrollar, se encontrará determinado no por el hecho mismo alegado, no por la solución eventualmente aplicable, sino antes, y sobre todo, por la definición de la pretensión incoada por la parte que se sienta vulnerada. El desarrollo de una argumentación jurídica conflictualista lo determinaría aquel que excita la actividad jurisdiccional del Estado, pero he aquí nuevamente otro problema; serían los particulares quienes determinarían el alcance de la naturaleza procedimental iusfundamental, a través de su interpretación del eventual derecho que se encuentre vulnerado. Siguiendo este sendero lógico, los derechos fundamentales, entré sí, y de manera abstracta incluso, podrían encontrarse en conflicto. Pero para nuestros efectos, los casos relevantes los encontraremos en la resolución por preferencia condicionada de los conflictos iusfundamentales, esto es, en una instancia dinámica, en un caso concreto. Y he aquí otro eje relevante en nuestro análisis: la solución del conflicto entre derechos fundamentales ha de atribuirse a la función jurisdiccional del Estado, ejercida por el juez (en principio, no señalaremos si se trata de un juez especialmente calificado al efecto, ya veremos de qué manera resuelve esto nuestra propia ley). Dicha posición se relaciona también con una determinada interpretación de los fines del Proceso: el denominado Publicismo o Activismo Judicial, según el cual el proceso es un instrumento o herramienta para la realización del derecho de fondo, donde el juez (principal actor en este sistema) mismos. Solo como una segunda premisa, separada de del ejercicio jurídico hermenéutico puro.
4 126 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp debe velar por la búsqueda de la verdad objetiva material 3. Esta corriente como forma ideológica de comprensión de la función jurisdiccional en general, en donde prima la búsqueda de la solución justa y la Verdad 4, encuentra su reverso en el denominado Garantismo Procesal, doctrina en la que primaría una posición pasiva y propiamente imparcial del Juez, coherente con la noción fundamental de Debido Proceso, en donde la finalidad del mismo se encuentre determinada de manera fundamental por la función pacificadora heterocompositiva que desarrollaría el Estado al servicio de la persona humana, conforme al principio de juridicidad 5. Bajo esta noción, como señala el profesor Benabentos, [e]l proceso tiene una doble misión: a) satisfacer las pretensiones jurídicas que esgrimen los litigantes en la contienda, es decir atender al interés privado de los litigantes y b) suprimir el estado de conflicto, buscando la pacificación social por medios civilizados (interés público) 6. A grandes rasgos, el lector ya se habrá dado cuenta de que lo expuesto se condice con el discurso de aquella corriente doctrinaria que 3 GODOY, Mario Rodolfo. Garantismo y activismo: posiciones encontradas. En: Revista Electrónica Cartapacio de Derecho, Vol 14, 2008 [en línea] <http://www. cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1147/1147> [Consultada el 25 de octubre de 2014]. En el mismo sentido PEYRANO al señalar que se trata de jueces [que] se encuentran hondamente preocupados por distribuir el pan de la justicia. En: PEYRANO, Jorge. El juez distribuidor de la justicia versus el juez dador de paz. [En línea] <http://www.elateneo.org/documents/trabajosbajar/el_juez_distri- BUIDOR_DE_LA_JUSTICIA.doc> [Consultado el 10 de octubre de 2014]. 4 En un ejemplo más claro de la intrínseca relación entre ambas doctrinas encontramos en PEYRANO lo siguiente: [p]ara el activismo judicial la lectura de la Constitución Nacional no constituye un obstáculo para distribuir el pan de la Justicia, sino más bien un estímulo [...] el juez es el administrador de la Justicia; con ley, sin ley, o contra la ley [...] PEYRANO, Jorge. Activismo Judicial. En: AA.VV. Activismo y Garantismo. Instituto de la Academia en la Región Centro. Ediciones de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Vol. XLVII, Editorial Advocatus, Córdoba, Argentina p. 6 también [en línea] < [consultado 20 de octubre de 2014]. 5 Sobre la relación entre Garantismo Procesal y la sujeción de los órganos del Estado al principio de Juridicidad revisar: RUAY SÁEZ, Francisco Alberto. Sobre la Sujeción de los tribunales de justicia al principio de juridicidad y su relación con el garantismo procesal. En: Revista de Estudios Ius Novum, Librotecnia, Número 6, Año 2013, pp BENABENTOS, Omar. Teoría General Unitaria del Derecho Procesal. Editorial Juris, Rosario, Argentina, 2001 p. 42.
5 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp se ha denominado Neoconstitucionalista, y que en nuestra doctrina nacional encuentra acérrimos seguidores. Especial y curiosamente, luego de la reforma procesal laboral que incluyó el Procedimiento de Tutela de derechos fundamentales, han sido muchos los laboralistas que han comulgado con dicha doctrina, pregonando vivazmente la Constitucionalización del Derecho del Trabajo 7. Sin duda, tal como ocurre en cualquier disciplina, la popularidad de una determinada idea no ha de coincidir necesariamente con la prerrogativa de una verdad absoluta ni mucho menos. En el mundo de las ideas, y en particular en el mundo del Derecho siempre es posible poner en discusión y en tela de juicio aquello que sospechosamente se autoproclama como la nueva panacea. El caso de la aplicación del juicio de ponderación a los eventuales conflictos de derechos fundamentales no es la excepción. El juez en tal caso, para encontrar lo que se ha denominado la solución racionalmente justa, ha de efectuar la aplicación de un método racional al caso concreto, de lo cual podrá extraer como resultado, una única solución y respuesta correcta posible. Al menos esa era la promesa inicial de Robert Alexy, luego de revisar las inacabadas propuestas de Ronald Dworkin 8. En las siguientes páginas pretendo exponer sintéticamente la estructura del principio de proporcionalidad (también llamado método de ponderación) de manera crítica, y mostrar por qué su eventual inclusión en la argumentación jurídica desarrollada por el juez en la resolución de un caso concreto representa un detrimento serio a la certeza jurídica, a la noción de derechos fundamentales, y en último término, a la democracia misma. Se desprende de lo anterior que en estas páginas no pretendo abordar mayormente la discusión sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ni menos la discusión sobre la noción conflictualista, que son ambas nociones que sustentan la condición de posibilidad del juicio de ponderación mismo, aunque de no poder evitarlo haremos sucinta referencia a ambas ideas. 7 Este procedimiento de tutela viene a ser la traducción procesal de la idea de eficacia horizontal de ese tipo de derechos en las relaciones jurídicas entre privados, y en este particular caso al interior del contrato de trabajo. UGARTE CATALDO, José Luis. La constitucionalización del derecho del trabajo: la tutela de derechos fundamentales. Revista Latinoamericana de Derecho Social. Núm. 7, julio-diciembre de 2008 p DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Ariel, Barcelona, 1997.
6 128 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp En otras palabras, en las siguientes líneas pretendo forzar las posibilidades del discurso racional de Alexy para ver si se puede sostener en pie el método que él mismo propone EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE ROBERT ALEXY 2.1. Distinción fuerte entre principios y reglas La distinción básica, y que sirve de fundamento 10 para construir teóricamente el juicio de ponderación como forma de solución de conflictos de derechos fundamentales es aquella que diferencia entre principios y reglas, como dos tipos de normas diferentes: [...] toda norma o bien es una regla o un principio 11, [l]as reglas son normas que, dadas determinadas condiciones, ordenan, prohíben, permiten u otorgan un poder de manera definitiva. Así, pueden caracterizarse como mandatos definitivos 12 ; en cambio, los principios son normas de un tipo completamente distinto. [...] son normas que ordenan que algo debe hacerse en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible. Las posibilidades jurídicas, además de depender de reglas, están esencialmente determinadas por otros principios opuestos, hecho que implica que los principios pueden y deben ser ponderados. Los derechos que se basan en principios son derechos prima facie 13, no derechos 9 Claramente no me referiré en este espacio a lo que efectivamente ha estado haciendo la jurisprudencia en estos años, puesto que aquello da lugar a otra interesante y extensa investigación sobre el efectivo discurso y razonamiento judicial, que espero ya desarrollar en otra oportunidad. En estas páginas se pretende abordar y cuestionar internamente el clamoroso llamado que se realiza desde el mundo doctrinario a utilizar el juicio de ponderación como método de resolución racional de conflictos iusfundamentales. 10 Alexy señala: Para la teoría de los derechos fundamentales, la más importante es la distinción entre reglas y principios. Ella constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para la solución de los problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella no puede existir una teoría adecuada de los límites, ni una teoria satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, España, Madrid, 1993 p Ibid. p ALEXY, Robert. Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional En ISONOMIA: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Nº 1, Octubre 2004 p Ibid. p. 41.
7 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp definitivos. Lo importante aquí es que los derechos fundamentales tienen el carácter de principios y [...] que los principios son mandatos de optimización 14. Que tengan tal carácter implica que pueden ser cumplidos gradualmente, y no necesariamente que se busque un punto máximo de rendimiento de los derechos fundamentales en donde todos (los titulares) ganen (a pesar de que Alexy varias veces haga referencia al óptimo de pareto). La distinción anteriormente expuesta (en un plano ontológico), tiene una expresión funcional importantísima: a la distinción entre reglas y principios le corresponden dos tipos diferentes de aplicación de las normas: la subsunción y la ponderación 15. A lo anterior corresponde una diversa forma de resolver enfrentamientos de normas de uno u otro tipo: conflictos de reglas, por una parte, o la colisión de principios, por otro. Alexy señala que es [c]omún a las colisiones de principios y a los conflictos de reglas [...] el hecho de que, dos normas aplicadas independientemente, conducen a resultados incompatibles 16 (se refiere a lo que comúnmente conocemos como antinomias), sin embargo los métodos de solución del enfrentamiento de normas serían diversos. Mientras que en las reglas el conflicto se soluciona declarando la invalidez total de una de estas, o la presencia una cláusula de excepción, en el caso de los principios, por su parte, se aplica el juicio de ponderación: lo que Alexy denomina un procedimiento racional de ponderación. Es precisamente esta última idea la que se vuelve el centro de nuestro análisis y que pasamos a exponer a continuación La estructura de la ponderación Ya se ha reiterado por innumerables destacados doctrinarios del Derecho, y también por muchos magistrados, en qué consistiría el mencionado juicio de ponderación, o principio de proporcionalidad, sin embargo es preciso en estas páginas volver a su explicitación para que en el desarrollo de su contenido podamos ir evaluando cada una de las propuestas teóricas de Alexy en relación con esta particular forma de enfrentar los supuestos conflictos iusfundamentales. 14 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales. Revista española de derecho constitucional, Año nº 22, Nº 66, 2002 p ALEXY, Robert. Derechos, razonamiento jurídico.... p ALEXY, Robert. Teoría... p. 87.
8 130 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp Para resolver casos de colisión de derechos fundamentales ha de darse aplicación, según Alexy, al principio de proporcionalidad. Luego de su utilización racional se logrará obtener la determinación analítica de los pesos relativos de los derechos que se encuentren en disputa en el caso concreto. Para llevar adelante esta tarea Alexy se ve obligado a negar que un juicio de ponderación solo esconde una mera decisión arbitraria irracional o intuición, y en su lugar, propone que es posible llevar adelante un procedimiento racional de ponderación, que se encuentre fundado y estructurado desde la teoría de los principios. O sea, en palabras simples, no basta con que alguien diga que está ponderando, como si bastara solo su buen juicio y prudencia para determinar la solución del caso concreto. Es necesario que exista un ejercicio netamente racional que permita obtener la decisión en cuestión. Entre otras cosas, porque precisamente en su faz pública, y en particular en el Civil Law, en esto consiste el Derecho; en la posibilidad de que cualquiera tenga acceso racional a la solución determinada por el juez; que su decisión sea a lo menos comprensible. Luego, para continuar con el desarrollo de su plan teórico, señala que los principios son mandatos de optimización [y] como tales, implican lo que en la doctrina alemana se llama la regla de proporcionalidad. Esta regla comprende tres subreglas: la regla de la adecuación, la regla de necesidad y la regla de proporcionalidad en sentido estricto 17. El subprincipio de adecuación excluye la adopción de medios que infrinjan un derecho constitucional sin promover ningún derecho u objetivo para los que se adoptaron tales medios 18 ; el subprincipio de necesidad prescribe que de entre dos medios que promueven idóneamente un mismo principio, ha de escogerse aquel que interfiera menos en el principio que se encuentra en colisión; y por último, el principio de proporcionalidad en sentido estricto (identificable con la ley de colisión) señala que cuanto más alto sea el grado 17 ALEXY, Robert. Derechos, razonamiento jurídico... p. 46. Cabe señalar que en otro lugar se les denomina subprincipios ALEXY, Robert. Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, enero-junio de 2009, p. 8. Disponible en: -<http://www.iidpc.org/revistas/11/ pdf/19_29.pdf> [Consultado 10 de noviembre de 2011]. 18 ALEXY, Robert. Sobre los derechos constitucionales a protección. En: Derechos sociales y ponderación, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, España, p. 57.
9 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp de incumplimiento o perjuicio de un principio, más importante tiene que ser la realización del otro 19. Una versión completa del juicio de ponderación debe abarcar todos los elementos que Alexy considera relevantes en la resolución de colisiones de principios, y en ese sentido, sin olvidar obviamente la estructura general tripartita de subprincipios, se vuelve imperativo hacerse cargo de la estructura compleja de la ponderación en su última fase 20 compuesta por: la ley de ponderación (o ley de colisión) 21, la fórmula del peso y las cargas de argumentación ANALÍSIS CRÍTICO DE SU POSIBLE INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL Un acercamiento desde la doctrina nacional El Derecho del Trabajo ha ampliado sus horizontes protectores acogiendo la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales para insertarla directamente al interior de la empresa. Así, de manera categórica, el profesor Ugarte señala al respecto que [l]o interesante de todo es que el sector del ordenamiento jurídico donde este debate se difumina [el debate sobre la aplicabilidad de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales] es, precisamente, en el derecho laboral. Aquí la lógica de la autonomía privada y de la igualdad 19 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos... p Precisamente, como suele ocurrir con todas las cosas importantes, lo esencial y que pone en juego el fundamento suele obviarse. 21 La ponderación es objeto del tercer subprincipio del principio de proporcionalidad, el de proporcionalidad en sentido estricto; este subprincipio dice lo que significa la optimización relativa a las posibilidades jurídicas. Es idéntico a una regla que podemos denominar ley de ponderación la cual dice: Como alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia de la realización del otro ALEXY, Robert. Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad p De acuerdo con Alexy, para establecer la relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión, es necesario tener en cuenta tres elementos que forman la estructura de la ponderación: la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. En: E. Cáceres, I. B. Flores, J. Saldaña y E. Villanueva (coord.), Problemas contemporáneos de la fi losofía del derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 21. Disponible en: <http://
10 132 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp de las partes, principal lanza argumentativa de los partidarios de la eficacia indirecta, viene trastocada desde mucho antes de la constitucionalización del derecho y de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, en razón de haber intentado esta rama del derecho, desde su aparición histórica, la corrección y equilibrio de la situación de poder en que se desenvuelve la relación privada entre empleador y trabajador 23. Actualmente nos enfrentaríamos a la verdadera entrada de la democracia a la empresa, y la inserción del trabajador al ámbito laboral ya no solo como un factor de producción, sino como un ciudadano titular de derechos fundamentales; en realidad, titular de un conjunto complejo de derechos. El profesor Ugarte realiza una distinción que permite de manera preclara distinguir las diversas dimensiones protectoras del Derecho del Trabajo en general, y así señala que [e]l Derecho del Trabajo ha cumplido y cumple así diversas funciones, de modo simultáneo, preocupado de la protección de los derechos de los trabajadores en diversos planos: 1. Los derechos laborales propiamente tales (salarios mínimos, jornada de trabajo, indemnizaciones por término de contrato), atribuidos al trabajador como contratante débil, que ha permitido asegurar un mínimo socialmente aceptable para los trabajadores, 2. Los derechos fundamentales específicos (libertad sindical, derecho negociación colectiva, huelga) atribuidos al trabajador como miembro de una organización de representación de intereses, que han permitido al Derecho del Trabajo intentar democratizar la dirección económica y política de las empresas y de algún modo de la propia sociedad, y por último 3. Los derechos fundamentales inespecíficos (intimidad, integridad, libertad de expresión, no discriminación), atribuidos al trabajador en su calidad de ciudadano, han permitido al Derecho del Trabajo garantizar al interior de las empresas un trato digno y acorde con un miembro de una sociedad democrática ] 24. Ahora sí (supuestamente antes en ningún caso, o al menos, de manera desmejorada, por culpa del ejercicio del derecho de propiedad 23 UGARTE CATALDO, José Luis. La constitucionalización.... p UGARTE CATALDO, José Luis. La tutela de derechos fundamentales y el derecho del trabajo: de erizo a zorro. Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vol. XX - N 2, Valdivia, Chile - diciembre 2007 pp
11 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp por parte del empleador) estamos ante trabajadores que son a la vez ciudadanos; estamos ante la ciudadanía en la empresa. Este reconocimiento de los derechos inespecíficos del trabajador al interior de la empresa y la idea de que la Constitución sería una fuente de derecho vinculante y directamente aplicable, son expresión de lo que se ha denominado la constitucionalización general del Derecho 25, susceptible de ser situada en las corrientes denominadas neoconstitucionalistas 26. El mencionado fenómeno fue recogido por la legislación laboral y, en consecuencia, se estableció un procedimiento especial 27 (el procedimiento de Tutela laboral) para demandar vulneraciones de derechos 25 En este nuevo paradigma, la clave será considerar que las normas constitucionales tienen todas sin distinción plena eficacia vinculante, y que[...] son susceptibles de producir efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación legal de ningún tipo UGARTE CATALDO, José Luis. La constitucionalización del derecho del trabajo.... p Para una perspectiva crítica consultar ALDUNATE LIZANA, Eduardo, Derechos fundamentales, Santiago, Editorial. LegalPublishing, 2008 pp. 211 y ss. 26 Entre los fenómenos distintivos de las tendencias denominadas neo constitucionalistas, relevantes para el desarrollo de nuestro estudio se encuentra la idea de: [...] c) constituciones con fuerza normativa vinculante y aplicación directa en el sistema de fuentes, con el consiguiente resultado de irradiación (de la constitución hacia las demás fuentes) y de constitucionalización del derecho, cuando los tribunales asumen ambos postulados ; d) consideración de los derechos fundamentales y eventualmente de otras partes del texto constitucional como valores en la argumentación fundante de decisiones jurisdiccionales, en especial, pero no exclusivamente, a nivel de la jurisdicción constitucional ; e) introducción del método de ponderación para la solución de conflictos entre derechos fundamentales o entre derechos fundamentales y otros principios constitucionales (en general, proposición de la ponderación como forma de solucionar la colisión entre valores). Al igual que en el literal precedente, en especial, pero no exclusivamente, a nivel de la jurisdicción constitucional [...] ALDUNATE LIZANA, Eduardo. Aproximación Conceptual y Crítica al Neoconstitucionalismo. Rev. Derecho (Valdivia), Valdivia, v. 23, n. 1, jul pp Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s &lng=es&nrm=iso> 27 Es discutible su calidad de procedimiento especial si en lo referente al desarrollo consecutivo de los actos procesales remite directamente al procedimiento de aplicación general. Sin perjuicio de aquello, se establecieron algunas reglas especiales en consideración de la naturaleza de la infracción que se produciría por el empleador y que lo distinguen el procedimiento de aplicación general. Es en esos elementos especiales en donde se genera la discusión, por ejemplo, sobre las cargas probatorias dinámicas, sobre el alcance de las medidas reparatorias que puede decretar el juez, o la eventual aplicación del juicio de ponderación.
12 134 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp fundamentales del trabajador por parte de otro sujeto que se encuentra en una posición similar y horizontal a él: el empleador. En dicho procedimiento básicamente se daría solución a la colisión entre los derechos fundamentales del trabajador que se encuentran señalados en el artículo 485 del Código del Trabajo, y el derecho de fundamental que el empleador considere a su favor como fundamento de la medida que adopte, que en la mayoría de los casos corresponderá al derecho de propiedad. Para determinar si las garantías y derechos de los trabajadores han sido lesionados, el mismo precepto señala los supuestos en que la acción del empleador en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce ha llegado a ser vulneratoria: cuando limita el pleno ejercicio de las garantías del subordinado sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial, así como las eventuales represalias que el empleador pudiese adoptar a causa de la labor fiscalizadora de la Dirección del trabajo o el ejercicio de acciones judiciales. La cultura jurídica interna relacionada directamente con el derecho laboral ha acogido el método ponderativo de Robert Alexy como método jurídicamente idóneo para la solución de colisión de derechos fundamentales en sede laboral. Incluso, previo a la configuración del actual procedimiento de Tutela Laboral, la Dirección del Trabajo ya habría utilizado dicho criterio 28. Jose Luis Ugarte señala que este conflicto de derechos fundamentales [entre el empleador y el trabajador] supone una modalidad de aplicación del derecho distinta al común o tradicional la subsunción que corresponde a la denominada ponderación 29. En un texto reciente vuelve a defender el método de ponderación, luego de asumir la inevitable posibilidad de colisión entre derechos fundamentales, y desechar el método de jerarquización cerrada y estática 30. En el mismo sentido se pronuncia Sergio Gamonal, diferenciando 28 GAMONAL CONTRERAS, Sergio. Ciudadanía en la empresa..., 2004 pp. 25 y ss y Dictámenes 684/50 DE 1997, 4.842/300 DE 1993; 8.273/337 DE 1995; 287/14 DE 1996; 2.309/165 DE 1998 y 4.541/319 de 1998, entre otros. 29 UGARTE CATALDO, José Luis. El Nuevo Derecho del Trabajo 2007 p UGARTE CATALDO, José Luis. Privacidad, trabajo y derechos fundamentales. Estudios constitucionales, v. 9, n. 1, Santiago, Chile, 2011 pp Disponible en: <http:// &nrm=iso>
13 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp las relaciones Estado-ciudadano y empleador-trabajador (particularparticular), pasando a sostener que no es posible asimilar la eficacia vertical con la horizontal 31, y hace suyos los argumentos de Alexy sobre la diferenciación en un conflicto entre dos titulares de derechos fundamentales (dos ciudadanos comunes), y un titular de derechos fundamentales y otro que no lo es (el Estado), lo que nos lleva al tema de la ponderación 32. A su vez, Eduardo Caamaño adhiere a esta postura cuando expresa que: [...] en el ejercicio de un derecho fundamental puede producirse un conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, el que se ha de resolver mediante la utilización de mecanismos de ponderación en clave constitucional 33. Incluso, conforme a lo anterior, el profesor Gamonal ha llegado a identificar parte del texto normativo contenido en el art. 485 CT con los elementos de la ponderación propuestos por Alexy. Desarrolla un cuadro que reflejaría la dirección directa entre el método expuesto por Alexy y las normas contenidas en el artículo 485 CT. Así, la expresión justificación suficiente tendría relación directa con la subregla de necesidad, que la medida no sea arbitraria tiene una correlación directa con la regla de adecuación, el requisito que exige que la medida no sea desproporcionada, encuentra su correlato en el análisis de la proporcionalidad en sentido estricto, en una faz que mira hacia la racionalidad del objeto en la medida adoptada, el que no debe afectarse el contenido esencial del derecho, tendría su correspondencia directa con la proporcionalidad en sentido estricto desde la faz de los efectos de la medida, y por último, el que no debe tratarse de una represalia, es expresión de la subregla de proporcionalidad en sentido estricto desde el punto de vista de los efectos de la medida. En ese sentido, la garantía de indemnidad servirá como criterio definitorio posterior a los anteriormente señalados y tendrá el carácter de absoluto, ya que no se comportaría al igual que las otras garantías, pues pareciere que no es posible graduar la intención de represalia que puede 31 GAMONAL CONTRERAS, Sergio. Ciudadanía en la empresa... p Ibidem. 33 CAAMANO ROJO, Eduardo. La ley de subcontratación y la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores de servicios transitorios. Ius et Praxis, v. 13, n. 2, Talca, Chile, 2007 p. 182 Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=s &lng=es&nrm=iso>
14 136 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp tener el empleador, como si hubiese un margen de represalia permitido o lícito, y un límite que definiera la vulneración o no Análisis crítico de la ponderación Analizaré uno por uno los tres subprincipios del principio de proporcionalidad o juicio de ponderación, y la posibilidad de obtener un resultado positivo (un juicio racional) de su utilización. Luego, también hare revisión de la estructura de la ponderación, que permite establecer qué principio en el caso concreto tendrá mayor peso, luego de haber analizado las posibilidades fácticas de la medida en cuestión. A medida que vaya avanzando presentaré las consecuencias que acarrea la aplicación del juicio de ponderación como método de solución de colisión de derechos fundamentales. Intentaré no caer en reiteraciones o redundancia conceptuales siempre que no sean pertinentes, aunque a ratos será necesario volver sobre algunos conceptos para plantear de mis ideas de manera más clara. Además usaré la expresión medida continuamente para hacer referencia al acto que se encontrará evaluando el juez pertinente. Esto sin duda parece un poco extraño en aquellos casos en lo que se pretende hacer es ponderar dos derechos fundamentales en disputa de dos sujetos relacionados horizontalmente, sin embargo espero se entienda que la medida también hace referencia a cualquier acto vulneratorio de derechos fundamentales, una vez que se acoge plenamente la teoría de la eficacia horizontal de estos derechos La ad hoc adecuación del subprincipio de adecuación García Amado en un artículo de su autoría realiza una evaluación crítica del principio de proporcionalidad que nos servirá de guía en lo que sigue. En dicho texto, y en relación al subprincipio de adecuación o idoneidad, postula categóricamente que: el principio de idoneidad solo opera, y opera bien, cuando se ha predecidido entre qué dos derechos o principios tiene lugar el conflicto que en el caso se dirime. Y es tal predecisión la que predetermina el resultado final de la aplica- 34 GAMONAL CONTRERAS, Sergio. Procedimiento de Tutela de derechos Laborales. LexisNexis, Chile, 2007 p. 37.
15 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp ción del principio de idoneidad 35. En otras palabras, el resultado del análisis de adecuación de una medida cualquiera que limite un derecho fundamental P, estará ya condicionado, y en gran parte resuelto, por la decisión sobre el principio que se escoge como beneficiario de tal limitación. En tal sentido, el aspecto esencial de la argumentación del tribunal correspondiente quedará oculto en la selección del principio (Px) que se enfrente a P. Así, se predicará de una medida cualquiera que es idónea, habiendo decidido previamente cuál será el principio que se someterá a análisis, a fin de verificar si existe, para aquel, alguna ventaja como consecuencia de la medida en cuestión. Dicho ejercicio supone descartar otras vías de análisis posible, esto significa, la posibilidad de que sean otros los principios beneficiados que entren en conflicto con P. En el presente punto, en principio, se realiza un análisis meramente fáctico (puesto que la posibilidades de realización de la medida se evalúan en su dimensión fáctica mediante la aplicación del subprincipio de adecuación y el de necesidad), pero parece que no es tan simple. Ahora, por qué elegir uno u otro principio (dentro de todos los posibles Px) como fundamento de la limitación de P? Aquello es simplemente el resultado de la interpretación de la medida decretada (o del acto libre del sujeto de derechos que haya infringido el derecho de otro, si se quiere hacer aplicable la ponderación horizontalmente). Lo relevante, es que no siempre el juez que esté aplicando la Constitución expondrá como parte de la argumentación jurídica interna las razones por las que desecha algunos principios (derechos fundamentales) y no otros. Pero cuidado. Incluso, en caso de que sí se refiera a tal decisión en la sentencia, lo que sucederá es que lo decisivo en la argumentación jurídica ya no será la aplicación casi mecánica del subprincipio de adecuación, sino más bien, el ejercicio hermenéutico que le lleva a concluir que es un determinado principio x el que entra en conflicto con P, y no otro, e inmediatamente, el problema decisional jurídico se traslada desde el método ponderativo (supuestamente objetivo y racional en el balanceo de los principios) a un paso previo; la interpretación de la medida adoptada (o texto normativo si existiese). La ponderación como juicio racional, ya de entrada, pasa a situarse 35 GARCÍA AMADO, Juan Antonio, El juicio de ponderación y sus partes. Una crítica, en Alexy R. (coord.), Derechos sociales y ponderación, Fundación Coloquio Europeo, Madrid, 2007 p. 249.
16 138 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp en un segundo plano, o a lo más, es representación final del trabajo interpretativo realizado sobre la medida en cuestión y los derechos en conflicto. La aplicación supuestamente mecánica y accesible de este subprincipio (decidir si una medida es idónea o no), es en el fondo sumamente complejo, y supone no una, sino varias decisiones jurídico racionales previas. Por lo menos ha de concederse que no es tan simple como se presenta 36. En el ámbito de las relaciones laborales, y a propósito del procedimiento de Tutela al que hacíamos referencia, se ha señalado la posibilidad de conflicto entre el derecho de propiedad del empleador, manifestado en su potestad de dirección y mando, por un lado, y los derechos fundamentales de los que es titular el trabajador, enumerados taxativamente en la ley. Pareciese que por esta vía ya se encuentra solucionado uno de los problemas que nos planteaba el subprincipio de adecuación. Esto debido a que por la propia naturaleza de la relación laboral ya se encuentra objetivamente determinado al menos uno de los derechos fundamentales que colisionan: el derecho de propiedad del empleador. Sin embargo, también en sede laboral, se nos presenta otro cuestionamiento sumamente interesante: podría el empleador justificar la idoneidad de su medida ya no solo en su derecho de propiedad 37, sino que en el fundamento legitimante posicionar como beneficiario a un tercero, que incluso puede tratarse de otro grupo de trabajadores? Para determinar si la medida es adecuada o no, podríamos ya no mirar al derecho de propiedad del empleador, sino a los beneficios que percibiría un grupo de trabajadores frente a otros, enfrentándose los derechos de unos contra los derechos de otros. El derecho de propiedad, si bien es el fundamento último de la legitimación de la medida adoptada, podría pasar a un segundo plano, y poner en juego a otros derechos fundamentales. Sin embargo, eventualmente al hacer esto 36 El juicio de ponderación es totalmente tributario de la previa interpretación de la norma cuestionada, y ello en un doble sentido: i) tributario del fin que, de entre los posibles, se asigne en concreto a la norma; y ii) tributario de la prospección o cálculo que se haga de las consecuencias que la aplicación de la norma puede tener en relación con ese fin GARCÍA AMADO, Juan Antonio, El juicio de ponderación... p Al Estado no se le exige que justifique sus medidas en el beneficio de un principio propio, puesto que no es titular de derechos fundamentales; su legitimidad se fundaría en el principio democrático. En todo caso, su finalidad debe ser promover el bien común, por lo que es razonable que fundamente en aquella meta las medidas adoptadas.
17 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp obviamos la presencia de dos movimientos diversos. En un primer instante el ejercicio puro de las facultades que la ley otorga al empleador para desarrollar su actividad económica. En un segundo momento, el eventual beneficio de terceros ante la medida adoptada, a la vez que la vulneración de algunos titulares que se situarían como sus pares. Aquí ciertamente complejizamos el asunto. Del mero conflicto o interacción entre dos derechos fundamentales (y titulares) diversos y opuestos, pasamos a una relación triádica en donde un tercero aparece en su relación de beneficiario de uno de los conflictuados (el empleador), a la vez que adversario del afectado por la medida adoptada por el empleador (un trabajador par). Con lo expuesto en el párrafo anterior evidenciamos otro problema al que en cierta medida ya hemos hecho referencia. Al dar lugar a la vigencia o eficacia horizontal de derechos fundamentales, y adoptar el juicio de ponderación como mecanismo racional de solución conflictual, hemos de decidir si modificamos la noción inicial de Alexy de medida (propia de los órganos estatales), por alguna que la reduzca a hecho vulneratorio (que sería más propia en caso de particulares que se vulneran mutuamente). Pero he aquí nuevamente otro problema para la doctrina. Debemos decidir si aceptamos que analíticamente el empleador y trabajador se encuentran efectivamente en un plano de horizontalidad (idea bastante extraña en el Derecho del Trabajo), pues solo en tal caso habría conflicto de derechos fundamentales desde un punto de vista purista, o si bien, lo que realmente estamos requiriendo es un control de las facultades del empleador precisamente por su posición de superior jerárquico 38 (circunstanciado y constituido por la forma misma de la relación de trabajo), y en tal caso podríamos aplicar directamente la noción de medida. Si el Estado puede (y debe) justificar las medidas adoptadas interprivados, por qué el empleador 38 En este punto la doctrina laboral en general ha pretendido caracterizar la particularidad de la rama a través de la comparación entre sujeción al poder estatal y subordinación laboral, lo que sin duda lleva a una paradoja conceptual al momento de resolver conflictos de derechos fundamentales que provienen de la eficacia horizontal. Así, por ejemplo, Ugarte: Esa relación de poder [empleador-trabajador], qué duda cabe, tiene más parecido a la relación existente entre autoridad y ciudadano que a la del vendedor y comprador del Código Civil UGARTE CATALDO, José Luis. La constitucionalización... pp
18 140 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp no podría hacer lo mismo? 39. Esta discusión parece trasladarnos a otro plano, abandonando el análisis interno de la argumentación de Alexy. En el fondo, lo que pretendo decir, es que la diferencia misma entre medida potestativa realizada por algún órgano estatal y dirigida a los particulares, respecto del cual existe una relación de sujeción, y cualquier hecho libre de algún particular en su relación para con otro, es la que decide las posibilidades de realización misma de la eficacia horizontal de derechos fundamentales. De lo que se trata en este punto entonces, es de poner en tela de juicio uno de los fundamentos de la teoría: la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y la aplicación directa de la Constitución a estos casos 40. Pero como ya señalé previamente, ese no es el tema central de esta exposición, y dejaremos para otro momento su desarrollo extensivo. Pero bien, hay que encontrar alguna orientación que nos permita insertar el subprincipio de adecuación en nuestra argumentación jurídica interna. En ese sentido, estimo que, respetando el debido proceso, el derecho vulnerado ha de ser determinado por el contenido pretensional (o protector conservativo) de la demanda presentada por el legitimario activo en concreto (legitimado activo en la presentación de recurso de protección, legitimado en la acción de discriminación, trabajador, organización sindical o Dirección del Trabajo, etc). La otra opción es que concibamos la posibilidad de que el juez agregue como vulnerado un derecho fundamental que no ha sido considerado por la parte demandante o denunciante, caso en el cual retrocedemos 39 Es uno de los aspectos que generan más discordia. Sin duda llevar al límite la comparación entre subordinación y dependencia con la sujeción al poder estatal, termina por desnaturalizar la relación laboral tal como la conocemos hoy en día. 40 Una muy buena reflexión crítica sobre la supuesta aplicación directa de la Constitución, que traería aparejado el procedimiento de tutela la realiza el profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, y entre las afirmaciones más relevantes podemos destacar: Esta tipificación del ilícito [vulneratorio iusfundamental] exige por parte del juez analizar la conducta del empleador a la luz de las facultades que la ley le reconoce. La insuficiente justificación, la arbitrariedad o desproporción y la afectación al contenido esencial de los derechos se enmarcan en el ejercicio de las facultades legales del empleador; luego, cómo podrá el juez comprobar la realización del ilícito sin servirse de la ley como parámetro de verificación? SILVA IRARRÁZAVAL, Luis Alejandro. Supremacía constitucional y tutela laboral. Rev. derecho (Valdivia). [online]. jul. 2011, vol. 24, no. 1 [citado 26 octubre 2014], p Disponible en la World Wide Web: <http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s &lng=es&nrm=iso>
19 Revista de Derechos Fundamentales - UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR - Nº 12 (2014), pp a las críticas planteadas anteriormente sobre la determinación previa de los derechos que colisionan. Precisamente en tal situación el juez por sí solo mostraría la evidencia de la irracionalidad del juicio de ponderación, nada menos que al inicio de su argumentación jurídica. Luego, pero sin ser menos importante, la idoneidad de la medida x en cuestión, estará determinada esencialmente por el cálculo proyectivo de las consecuencias de su aplicación en relación con el principio que pretende beneficiar. Aquel cálculo queda sujeto a la interpretación del derecho fundamental, o principio, en cuestión que realice el juez respectivo, en relación a sus alcances y limites internos (si considera que los tiene), y como es evidente, no bastará con un análisis mecánico de la medida en relación con el derecho fundamental vulnerador. Por tanto, ya en este punto que aparecía como un adentramiento meramente fáctico hay varios elementos interpretativos que se encuentran actuando, y que no es baladí ignorar. Dependerá de la concepción de derechos fundamentales que abrace nuestro juez de turno para evaluar nuestra suerte en juicio. La medida ha de ser evaluada no como una apreciación de hecho meramente, sino que a la luz y en relación dialéctica con la interpretación del principio o derecho fundamental que ha escogido el juez para poner en su balanza. En resumen, la adecuación no está afuera, puesta objetivamente frente al juez, esperando que él constate su presencia, sino que es él más bien quien debe desarrollar argumentativamente dicha correspondencia desde su apreciación fáctica, pero sobre todo, desde los conocimientos del derecho. Como en un juego de niños, antes de iniciar propiamente el mismo juego (el juicio) sale al jardín a esconder su juguete favorito, para luego, más tarde, invitar a sus amigos a la búsqueda, en donde sorprendentemente es él quien se alza como triunfante descubridor. Otorguemos que podría ser posible realizar correctamente un juicio de adecuación tal como plantea Alexy. Ahora, podría pasar la segunda vaya y superar el juicio de necesidad la medida en cuestión? Pasemos a revisar El subprincipio de necesidad, o la inclusión de escenarios imaginarios Hay que recordar que en el juicio de ponderación se utiliza el término necesidad no en referencia a la noción filosófica naturalista que entendería por tal concepto algo así como lo siguiente: se puede predicar de un fenómeno X que es necesario respecto de Y, si y solo

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 resolución 
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 artículo 485
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