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BOLETÍN INFORMATIVO: AGOSTO 2014 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: AGOSTO 2014
Domingo, 12 octubre 2014 / Publicado en Boletin
Prevenir al contribuyente sobre cualquier suceso o evento fiscal que tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial.
Seleccionar la mejor alternativa para optar por la aplicación del régimen tributario que permita lograr ahorros financieros y fiscales.
Obtener una mejor capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas reformas fiscales.
Estar preparados para adoptar con éxito cualquier cambio de la legislación fiscal que tenga como consecuencia una afectación o perjuicio económico.
PRIMERO.- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará posible violación al principio de irretroactividad de una jurisprudencia. El pasado 13 de Agosto de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la solicitud de facultad de atracción 258/2014, presentada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a efecto de conocer de un asunto en el cual se tendrá la posibilidad de determinar, si es el caso, si se vulnera o no el principio de irretroactividad en tratándose de una jurisprudencia al aplicar la tesis 1ª/J. 97/2013 (10ª) emitida por esta Sala, como fundamento para sobreseer un juicio de amparo promovido con anterioridad a la publicación de la misma.
El caso surgió con el incumplimiento de prestación de servicios de embarcaciones en el territorio nacional, por parte de operadores de una marina. La empresa afectada demandó daños y perjuicios. Después de diversos recursos, se condenó a las demandadas. Inconformes promovieron amparo, mismo que les fue concedido. En contra de tal determinación, la parte actora, por conducto de su autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, promovió amparo. El Tribunal Colegiado listó el proyecto en el sentido de sobreseer con base en la aludida jurisprudencia. Las quejosas manifestaron la prohibición de aplicar retroactivamente el citado criterio, en la medida en que la demanda de amparo fue promovida antes de que se resolviera la contradicción de tesis de la que emergió la jurisprudencia en cuestión. El tribunal colegiado solicitó la presente atracción.
La importancia y trascendencia de atraer el amparo, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se debe a que, permitirá determinar el ámbito temporal de aplicación de la jurisprudencia, en este caso, la de rubro “AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.”, a fin de que los quejosos adquieran certeza jurídica respecto de la manera en la que los órganos jurisdiccionales deben obrar para entrar, o no, a conocer el fondo de un juicio constitucional promovido en el pasado por un autorizado en términos de la legislación mercantil.
Con lo anterior, la Primera Sala estará en posibilidad, además, de fijar un criterio jurídico trascendente para casos futuros en los que, al igual que en el presente, el derecho humano de legalidad y de acceso a la administración de justicia puedan comprometerse con una interpretación incorrecta del ámbito de aplicación temporal de una jurisprudencia, ello en perjuicio de los quejosos que promovieron amparo con anterioridad a la publicación de dicho criterio.
SEGUNDO.- Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí es autoridad cuando emite actos relativos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. El pasado mes de septiembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió diversos criterios que establecían que la Comisión Federal de Electricidad no era autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando lo que se reclama en el juicio de amparo es el aviso recibo que expide por consumo de energía eléctrica, así como el ajuste, cobro o corte del suministro.
Sin embargo, al realizar un nuevo análisis constitucional, la Segunda Sala consideró que resultaba claro que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, y que derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, aspecto este que no es característico de los contratos entre particulares en un plano de igualdad, de manera que en el caso tal contrato no emerge de un plano de igualdad.
Expresó que lo anterior adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que en el país la Comisión Federal de Electricidad es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que dicten las autoridades en los contratos, pues de lo contrario no podrían obtener el servicio de energía eléctrica que en la actualidad constituye un servicio de primera necesidad.
Derivado de lo antedicho, se concluyó que los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como “verdaderos contratos administrativos”, lo que pone en evidencia que no constituyen un acto de comercio, fundamentalmente porque la Comisión Federal de Electricidad no persigue fines de lucro o de especulación comercial con el suministro de energía eléctrica, sino actúa por mandato y obligación constitucional de generar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional, procurando de esa manera el desarrollo económico y social del país.
Por lo anterior, la Segunda Sala determinó que en contra los actos que la Comisión Federal de Electricidad emite en la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en exclusiva, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad que prevé el diverso artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales.
Lo anterior, nos da nuevamente la posibilidad de reclamar los cobros indebidos por concepto de “Demanda facturable” y “Cargo por demanda” que mes a mes la Comisión Federal de Electricidad cobra indebidamente a los usuarios.
TERCERO.- Responsabilidad Patrimonial del Estado. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que derivado de la nulidad del acto administrativo, es insuficiente acreditar una actividad irregular del Estado, y por ende, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que del análisis al artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como de su ley reglamentaria, para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la indemnización por la actividad administrativa irregular del Estado, el legislador estableció un procedimiento específico, sentando los lineamientos y bases adjetivas que deben respetarse en aras de establecer si ha lugar al pago de daños y perjuicios al particular, precisamente, por esa actividad lesiva.
En esa lógica, estableció que resulta errado que en una sentencia de nulidad se establezca que con la declaratoria respectiva se debe tener por acreditada la actividad irregular del ente estatal, pues la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prevé las cargas probatorias y principios que deben observarse para ese efecto, siendo un requisito ineludible que se acredite la relación causa-efecto entre la acción u omisión que se le imputa al ente estatal y, que a su vez, éste pueda hacer valer las excepciones que prevé el citado ordenamiento legal.
Lo anterior en el entendido que el artículo 20 de la Ley citada expresamente establece que la nulidad del acto administrativo no presupone por sí misma derecho a la indemnización, pues para ello resulta necesario que se lleve a cabo el procedimiento de reclamación patrimonial del Estado conforme a las reglas que establece la ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De ahí que si en el caso específico el juicio de origen fue promovido como juicio de nulidad y no como reclamación directamente ante el Tribunal responsable –conforme al derogado artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado–, no resulta jurídicamente posible que el órgano que lo resuelva realice pronunciamiento alguno respecto a la indemnización por la actividad administrativa irregular del Estado, al no ser la vía instituida para ello.
En el entendido que lo anterior de manera alguna implica que se menoscabe el derecho humano de acceso a la justicia pronta y completa tutelado por el artículo 17 de la Constitución General de la República, pues tal derecho no llega al extremo de que los justiciables puedan soslayar los requisitos procedimentales que señala la ley reglamentaria del artículo 113 constitucional para efectos de obtener una indemnización por la actividad administrativa irregular del Estado, ni mucho menos que deban resolverse dos procedimientos de distinta naturaleza en la misma vía, pues lejos de beneficiar a los particulares, tal criterio conllevaría a menoscabar el principio de seguridad jurídica y a que se contravengan, desde luego, los principios y valores que dan forma al sistema de responsabilidad patrimonial del Estado establecidos por el Poder Revisor de la Constitución y cuyo ejercicio, se insiste, se encuentra subordinado a las formalidades que la ley secundaria establece para ello.
Bajo este criterio se revocaron las entencias de las SALAS REGIONAL HIDALGO-MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, que habían ordenado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVAMEX) indemnizar los daños sufridos por los ciudadanos a causa del desbordamiento del Río de Aguas Residuales denominado “De la Compañía”.
Registro: 2006978
Tesis: 2a./J. 71/2014 (10a.)
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN DERIVADO DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INNECESARIO QUE EN ELLAS LOS VISITADORES ASIENTEN QUE NO SE ACTUÓ EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De los artículos 12, 13, 44 a 47, 49, 50 y 53 del Código Fiscal de la Federación, que establecen los días y horas hábiles en que la autoridad fiscal podrá actuar, así como las reglas a las cuales debe ajustar su actuación durante la práctica de una visita domiciliaria, no se advierte que los visitadores estén obligados a señalar en las actas relativas si se desarrollan en días y horas inhábiles, por lo que no existe razón legal para que en dichas actas deba circunstanciarse que durante la ejecución de la visita no se actuó en días y horas inhábiles. Es así, porque si bien es cierto que el citado numeral 13 señala que la práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, también lo es que eso no significa que en todas las actuaciones deba circunstanciarse el hecho de que se desarrollan en días y horas hábiles o inhábiles, sino que basta con que en ellas se asienten el día y hora de su realización para que el visitado tenga certeza de ello y, en su caso, pueda impugnarlas, así como para que el órgano jurisdiccional competente pueda verificar su legalidad, siendo innecesaria mayor circunstanciación al respecto. En todo caso, es en los supuestos de excepción previstos en el indicado artículo 13, a saber: a) cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles; y b) al continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.
Contradicción de tesis 119/2014. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis XIV. J/2, de rubro: “VISITAS DOMICILIARIAS, PRÁCTICA DE, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SON CASOS EXCEPCIONALES Y DEBE HACERSE CONSTAR ESA CIRCUNSTANCIA EN EL ACTA FINAL DE AUDITORÍA.”, aprobada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, página 427, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 837/2013.
Tesis de jurisprudencia 71/2014 (10a). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de junio de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2006899
Libro 8, Julio de 2014, Tomo II
Tesis: IV.2o.A.72 K (10a.)
Página: 969
ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, DE QUE ANTE LA FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS SE ESTIMARÁ QUE EXISTE UN VICIO DE FONDO QUE IMPIDE A LA AUTORIDAD SU REITERACIÓN, SE REFIERE SÓLO A AQUÉLLOS, A EXCEPCIÓN DE LOS DE NATURALEZA FISCAL. El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo dispone que, en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado, y que, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; sin embargo, este numeral no puede apreciarse aisladamente, sino que, como parte del orden jurídico que conforma, debe interpretarse armónicamente con éste, en atención al principio de unidad. Así, la consecuencia señalada deriva de la posibilidad de que la autoridad complemente la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en su informe, en los términos que señala el diverso numeral 117, último párrafo, del propio ordenamiento, que establece una excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado, sólo tratándose de actos materialmente administrativos, entendidos como aquellos que, con independencia de que la autoridad que los emite orgánicamente, se considere (o no) administrativa, por su contenido material, tengan un objeto característico de los actos de la rama administrativa a los que se refiere la fracción II del artículo 107 de la ley mencionada, es decir, actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dentro de los que no quedarían comprendidos los de naturaleza fiscal, ya que esta materia, aunque pertenece a lo administrativo, tiene sus propias y específicas normas, pues el legislador previó una serie de supuestos concretos que evidencian que, dentro de los actos materialmente administrativos, no pretendió incluir a los de índole tributaria. En ese sentido se encuentra el artículo 135 de la Ley de Amparo, que dispone que es posible conceder la suspensión discrecionalmente, y ésta surte efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, regulándose también, particularmente, los distintos casos en que es posible reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento y, en lo que hace a la declaratoria de inconstitucionalidad, tal excepción a la Fórmula Otero cobra vigencia cuando se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, pero no cuando se trate de una de materia tributaria, de conformidad con el precepto 231 de la misma normativa. Por tanto, los asuntos del orden administrativo a los que se refiere el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, son aquellos en que fue posible realizar tal complementación del acto reclamado en términos de su diverso precepto 117, último párrafo, la cual sólo es posible tratándose de los actos materialmente administrativos a los que se refiere la fracción II del numeral 107 citado, pero excluyéndose a los de naturaleza fiscal.
Amparo en revisión 49/2014. Organización Treviño, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez.
Registro: 2006981
Tesis: 2a. LXXVII/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL IMPEDIR INJUSTIFICADAMENTE PLANTEAR EN DICHO JUICIO PROMOVIDO CONTRA SENTENCIAS FAVORABLES PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOLVER LA REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN. La fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que el amparo directo procede contra sentencias dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas. Ahora, esta acotación prevista en el citado precepto coloca al quejoso en absoluto estado de indefensión en aquellos casos en los que la aplicación de la norma general que causa perjuicio al actor se suscita en la propia sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no le brinda la oportunidad de cuestionar disposiciones cuya afectación se genera al resolverse dicha revisión, ya que el precepto citado en primer término reduce el campo de impugnación del quejoso, al señalar que el amparo directo procederá para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas en la sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo, pero no así respecto de la que provenga de una decisión pronunciada por el propio Tribunal Colegiado de Circuito a instancias de la autoridad demandada y en la vía recursal administrativa, la cual además tiene obligación de resolver preferentemente, sin opción a que este órgano jurisdiccional proceda conforme al orden que considere pertinente, porque la última porción del repetido precepto secundario dispone: “El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo”.
Registro: 2006982
Registro: 2006983
Registro: 2006910
Tesis: XVII.2o.P.A.11 A (10a.)
COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA SU EFICACIA REFLEJA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE UNA SENTENCIA PENAL POR DELITOS FISCALES. Si bien es cierto que el proceso penal por delitos fiscales es independiente del juicio contencioso administrativo en el que se pretende la nulidad de un crédito fiscal, también lo es que existen situaciones especiales en que la sentencia dictada en aquél influye y trasciende a éste, como cuando, en ambos, la materia de fondo consiste en resolver si el procesado y actor contribuyente, respectivamente, introdujo al país un vehículo sin realizar el pago de los impuestos de importación correspondientes. Consecuentemente, si en términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ofreció como prueba superveniente la sentencia firme recaída en el juicio penal, en la que el Juez considera demostrada la legal estancia en el país del citado vehículo, apoyándose para ello en el pedimento de importación proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, del que se advierte que se cubrieron los impuestos correspondientes, así como los datos de fabricación, que coinciden con los que ostenta dicho vehículo, verificados por un perito y ocularmente por el juzgador, no puede negarse la eficacia indirecta o refleja de la cosa juzgada en materia penal en el juicio contencioso administrativo y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme, por ser indispensables para apoyar su fallo en el fondo, sobre los elementos que estén estrechamente interrelacionados con lo resuelto y evitar la emisión de sentencias contradictorias, en perjuicio del gobernado.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 9/2014. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Araceli Delgado Holguín.
Registro: 2006883
Tesis: 2a./J. 63/2014 (10a.)
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LOS TRABAJADORES. LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 38 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 71 DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011). El precepto convencional citado dispone, entre otras cuestiones, que el financiamiento de las prestaciones de seguridad social es una obligación colectiva a cargo de trabajadores y de empleadores, y que las cotizaciones de seguro a cargo de aquéllos no deberán exceder del 50% del total de recursos destinados a la protección de los asalariados, siendo que para determinar si se cumple con esta última condición, todas las prestaciones suministradas por el Estado miembro podrán ser consideradas en su conjunto, a excepción de las familiares y en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen de una rama especial. Por su parte, la ley de seguridad social aludida, distingue entre cuotas y aportaciones, estableciendo que las primeras corren a cargo de los trabajadores y las segundas de las instituciones públicas (artículo 6, fracciones IX y X); enuncia las prestaciones que se consideran obligatorias, entre las que se encuentra la relativa a los servicios médicos, que abarca medicina preventiva, atención de enfermedades en general y maternidad, y atención de riesgos de trabajo (artículo 12, fracción I); señala que los trabajadores deberán cubrir una cuota obligatoria del 13% del sueldo básico mensual que disfrutan (artículo 38); indica que la cuota de referencia a partir de febrero de 2012, con efectos al 1o. de enero, será del 11.25%, y a partir de mayo de 2012, en adelante, del 13% (artículo sexto transitorio); y que las aportaciones que deberán cubrir las instituciones públicas corresponderán al 26% del sueldo básico de los trabajadores (artículo 41). De lo anterior se concluye que el financiamiento de las prestaciones de seguridad social, en términos de la ley aludida, es colectivo y que la norma que distribuye el financiamiento entre trabajadores e instituciones públicas no les impone una carga superior al 50%, porque la cuota que les corresponde es del 13% del sueldo básico mensual que disfrutan, mientras que las instituciones aportan el 26% sobre esa misma base, lo cual significa que el financiamiento que recae en los trabajadores equivale al 33% del total; lo anterior, con independencia de que las prestaciones de riesgos de trabajo no pueden ser consideradas en conjunto con el resto, cuando formen parte de una rama especial, porque lo que la obligación que la norma convencional impone a los Estados parte es distribuir el financiamiento de manera que los trabajadores no paguen más del 50% del total; aspecto que se respeta en la legislación del Estado de Puebla. En consecuencia, los artículos 38 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reformada y adicionada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2011, que refieren el 13% del sueldo básico mensual como cuota obligatoria, no violan el artículo 71 del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, porque atienden los parámetros fijados internacionalmente para el financiamiento colectivo de las prestaciones de seguridad social.
Amparo en revisión 644/2012. Angélica Corona Rojas. 15 de enero de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, votaron en contra de algunas consideraciones. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Erika Francesca Luce Carral y Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 645/2012. María Elisa Martínez San Juan. 15 de enero de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, votaron en contra de algunas consideraciones. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Erika Francesca Luce Carral y Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 646/2012. Guillermo Rojas Muñoz. 15 de enero de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, votaron en contra de algunas consideraciones. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Erika Francesca Luce Carral y Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 647/2012. Miriam Gianely Torres Caricio. 22 de enero de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, votaron en contra de algunas consideraciones. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Erika Francesca Luce Carral y Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 648/2012. María del Carmen Martínez Ponce. 22 de enero de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, votaron en contra de algunas consideraciones. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Erika Francesca Luce Carral y Luis Javier Guzmán Ramos.
Tesis de jurisprudencia 63/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de junio de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2006915
Tesis: I.8o.A.65 A (10a.)
Página: 1126
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE INTERESES NO ES REQUISITO QUE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO O EN LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO DE NULIDAD QUE REVOCA LA NEGATIVA RELATIVA EXISTA PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO. El artículo 22-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación no exige como requisito que deba existir pronunciamiento del pago de intereses en la resolución dictada en el recurso administrativo o en la sentencia emitida en el juicio de nulidad que revoca la negativa de devolución de saldo a favor, porque la condena a su pago constituye un resarcimiento en favor del contribuyente por no haber podido disponer de la suma monetaria de la cual tiene derecho a que se le devuelva.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 522/2013. Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “5” de la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria. 21 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: J. Guadalupe Martínez Cipriano.
Registro: 2007025
Tesis: (III Región)4o.46 A (10a.)
Página: 1158
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DECRETO 16912, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” EL 9 DE DICIEMBRE DE 1997, POR EL CUAL SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Y 123 DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, AL NO HABERSE REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD CARECE DE VALIDEZ Y, POR ENDE, NO DEBE SER OBEDECIDO. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que todas las disposiciones que el gobernador del Estado de esa entidad emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario del despacho al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas, esto es, prevé el refrendo, mediante el cual se lleva a cabo la legalización de un documento por el servidor público facultado y obligado a ello, al plasmar su firma, con la finalidad de hacer constar que quien, a su vez, realizó la actuación legalizada, asentó su firma y es quien en realidad tiene la atribución legal de hacerlo en un momento determinado; esto es, cumple una función por la cual se autentica tal proceder, porque de esa manera se dota de certeza jurídica a la disposición correspondiente, en el sentido de que quien la expidió contaba con el carácter para hacerlo y, de esa forma, podrá tener los efectos legales conducentes; de ahí la razón por la cual dicho refrendo emerge como un requisito de validez de la actuación respectiva, de lo contrario, se actualiza su falta de obediencia u obligatoriedad. Por tanto, si de dicho precepto se advierte que todas las disposiciones emitidas por el gobernador del Estado de Jalisco, sin exclusión alguna, deben firmarse por el secretario del despacho al que corresponda el asunto, es decir, la materia de éstas será el factor determinante para vincular y obligar a quien deba plasmar su firma en el acto referido, con la finalidad de legalizarlo y, así, dotarlo de certeza jurídica, entonces, si el decreto 16912 citado carece del refrendo del secretario de Finanzas, no cumplió con ese requisito de validez y, conforme a la norma constitucional local, no debe ser obedecido.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo en revisión 137/2014 (cuaderno auxiliar 352/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 8 de mayo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Claudia Mavel Curiel López. Ponente: Abel Ascencio López, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Registro: 2006962
Tesis: 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.)
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados.
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; el Ministro José Ramón Cossío Díaz formuló voto concurrente en el que manifestó apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.
Registro: 2007037
Tesis: I.7o.A.114 A (10a.)
Página: 1203
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA DÉ RESPUESTA A UN SINDICATO SOBRE EL ESCRITO DE OBJECIONES RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA QUE SE DETERMINÓ LA RENTA GRAVABLE RELATIVA, ES EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Del inciso e), fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 120, 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo; 4o. y 19 del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo se obtiene, primordialmente, que el derecho para formular objeciones respecto de la declaración anual del impuesto sobre la renta en la que se determinó la renta gravable correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas presentada por los patrones, lo ejercen la mayoría de los trabajadores o el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Por su parte, de los preceptos 20 y 21 del reglamento señalado, se advierte que, una vez admitido el escrito de objeciones, la autoridad hacendaria cuenta con un plazo que en ningún caso podrá exceder de seis meses para efectuar los estudios o investigaciones correspondientes y que, obtenidos los resultados, se dictará resolución dentro de un plazo no mayor a dos meses, mientras que en los artículos 46-A y 52-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2010, se prevé un plazo de doce meses como máximo para concluir la visita o revisión de la contabilidad, a partir de que se notifique al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación y, en su caso, otro periodo igual, a partir de que se comunique al contador público la solicitud de información. Por tanto, en atención al principio de especialidad, ante la aparente incompatibilidad de las normas precisadas, debe prevalecer la especial (lexspecialisderogatgenerali), es decir, el plazo para que la autoridad hacendaria dé respuesta a un sindicato inconforme, es el previsto en los preceptos reglamentarios citados y no el de doce meses contenido en las disposiciones de la legislación tributaria mencionadas.
Amparo en revisión 292/2013. Sindicato de Trabajadores Portuarios de Veracruz, Confederación de Trabajadores Mexicanos al Servicio de SSA México, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Daniel Rodrigo Díaz Rangel.
Registro: 2006992
Tesis: 2a. LX/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Este precepto legal, al obligar a las instituciones de fianzas o de seguros residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, a pagar el impuesto sobre la renta causado por concepto de intereses, por las contraprestaciones que perciban de residentes en México (ya sea nacionales o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país), con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta no califica como intereses los pagos que reciban por las mismas actividades las compañías aseguradoras y afianzadoras residentes en nuestro país, lo cierto es que ambos causantes no se encuentran en las mismas condiciones, ya que están sujetos a mecanismos impositivos diversos, tan es así que los residentes en el extranjero no acumulan sus ingresos conforme a las disposiciones de la ley impositiva mexicana, pues tributan conforme al principio de territorialidad o fuente de la renta, esto es, por los ingresos que perciban de fuentes localizadas dentro del país, a diferencia de los residentes en México, quienes son gravados conforme al principio de renta mundial, por todos los ingresos que reciban con independencia de su origen, habida cuenta que, el propio numeral 195 establece que el impuesto a cargo de los primeros se paga en un solo momento, vía retención, sin deducción alguna, máxime que los segundos deben acumular a sus demás ingresos los recursos dinerarios que reciben con motivo de su actividad financiera preponderante, en términos del artículo 17 de la legislación citada, por lo que es evidente que se encuentra justificado el trato diferenciado de mérito ya que, para unos, la realización de las actividades de la que derivan los pagos es una operación aislada regida por la ley fiscal mexicana, mientras que para los otros constituye su actividad preponderante, por lo que deben acumular los ingresos relativos y manifestarlos en las declaraciones correspondientes; además, con dicha diferenciación no se pretende privilegiar a los contribuyentes nacionales, ya que éstos deben pagar el impuesto conforme a la tasa prevista en el ordenamiento impositivo local, que normalmente es superior a la establecida en los convenios internacionales.
Amparo directo en revisión 374/2013. MBIA InsuranceCorporation. 13 de noviembre de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Registro: 2006993
Tesis: 2a. LXI/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto legal, al obligar a las instituciones de fianzas o de seguros residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, a pagar el impuesto sobre la renta causado por concepto de intereses, por las contraprestaciones que perciban de residentes en México (ya sea nacionales o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país), con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien no define lo que debe entenderse por dichas expresiones, lo cierto es que ello no implica un problema interpretativo invencible en detrimento de la certeza jurídica que deben tener los causantes mencionados, pues tanto la figura jurídica del aval como la de la garantía y la responsabilidad, son de uso común o de clara comprensión para todos sus destinatarios, habida cuenta que todas esas instituciones tienen como denominador común el que un tercero responda por la obligación de otra persona; de ahí que los aludidos contribuyentes residentes en el extranjero, sin presencia en el país de un establecimiento permanente, en todo momento conocen que si reciben pagos de un residente en México por garantizar el cumplimiento de una obligación principal a cargo de un tercero, en cualquiera de las mencionadas modalidades, deben considerar que constituyen ingresos por concepto de intereses provenientes de fuente de riqueza nacional y, por ende, pagar el impuesto relativo, vía retención, conforme a la tasa que le corresponda de las que prevé el propio dispositivo legal o, en su caso, acorde a los porcentajes autorizados en caso de existir algún convenio internacional.
Registro: 2006994
Tesis: 2a. LXII/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto legal, al obligar a las instituciones de fianzas o de seguros residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, a pagar el impuesto sobre la renta causado por concepto de intereses, por las contraprestaciones que perciban de residentes en México (ya sea nacionales o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país), con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atiende a la situación particular que tienen dichos causantes, dado que están obligados al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o, cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste, conforme al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de ahí que si los aludidos contribuyentes reciben recursos dinerarios por garantizar el cumplimiento de una obligación principal a cargo de un tercero, en cualquiera de las modalidades mencionadas, están obligados a pagar dicho impuesto, toda vez que esos recursos constituyen ingresos por concepto de intereses provenientes de fuente de riqueza nacional, obtenidos como retribución por aceptar responder por un tercero, el cumplimiento de una obligación principal, lo cual incide de manera positiva en su patrimonio, por lo que dicha riqueza obtenida dentro del territorio nacional es susceptible de ser gravada, conforme a la tasa que le corresponda de las que prevé el propio dispositivo legal o, en su caso, acorde a los porcentajes autorizados en caso de existir algún convenio internacional.
Registro: 2006980
Tesis: 2a./J. 59/2014 (10a.)
RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2013). El artículo citado faculta a las autoridades fiscales para determinar, de manera presuntiva, la utilidad fiscal de los contribuyentes, al prever que podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda, dependiendo de la actividad a que se dedique el causante. Sin embargo, este procedimiento no es aplicable a la estimativa indirecta de ingresos prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que se actualiza cuando el contribuyente no sustenta con documentación en su contabilidad el registro de los depósitos en su cuenta bancaria, pues dicha presunción legal deriva de datos ciertos aplicados por la autoridad cuando lleva a cabo sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en contrario dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el particular auditado no logra desvirtuarla, procede determinar la obligación tributaria con base cierta, ya que la autoridad conoce con certeza el monto de los ingresos sujetos a pagar contribuciones, lo que no sucede con la determinación presuntiva de ingresos prevista en los artículos 55, 56 y 61 de la codificación mencionada, pues la autoridad construye la presunción, por ausencia de datos, conforme a los diversos procedimientos contenidos en esos numerales; de ahí que no resultaría lógico permitir a quienes se les detectaron aquellas actividades elusivas, disminuir el monto de los recursos que se presumieron acumulables mediante la aplicación de un coeficiente diseñado para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener certeza de la cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual, las autoridades exactoras no están obligadas a aplicar los coeficientes previstos en el referido artículo 90, respecto de los ingresos derivados de depósitos bancarios no registrados.
Contradicción de tesis 457/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo, ahora Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 23 de abril de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 293/2013, y el diverso sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 625/2012.
Tesis de jurisprudencia 59/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de mayo de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 237/2014, pendiente de resolverse por el Pleno.
Registro: 2007001
Tesis: 2a. LIX/2014 (10a.)
SEGURO DE GARANTÍA FINANCIERA. LOS PAGOS QUE SE REALICEN COMO CONTRAPRESTACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO, ACTUALIZAN EL HECHO IMPONIBLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El mencionado acuerdo de voluntades constituye un contrato de seguro en sentido formal, mediante el cual, la institución aseguradora se obliga con el tomador (entidad emisora o fiduciaria en caso de certificados bursátiles fiduciarios) a pagar una suma de dinero a éste o a un tercero, denominado beneficiario (tenedor de los instrumentos bursátiles), al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima; empero, materialmente también participa de la naturaleza jurídica de los contratos de garantía, pues este tipo de convenios tiene como finalidad principal garantizar a los tenedores de diversos valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores (acreedores), el pago de emisiones de deuda para financiar proyectos de infraestructura pública, por parte del deudor o de un tercero (aseguradora). En tal sentido, se colige que el pago realizado por un residente en el país a una compañía de seguros residente en el extranjero, que no tiene establecimiento permanente en México, por concepto de prima o contraprestación del aludido contrato, actualiza el hecho imponible previsto en la citada porción normativa, pues constituyen ingresos que se pagan a un tercero dentro de una relación contractual principal o primaria, en la que dicha aseguradora no forma parte, por garantizar a los tenedores de los mencionados instrumentos crediticios, el cumplimiento de la obligación que subyace en dichos documentos bursátiles; de ahí que los recursos dinerarios percibidos representan un incremento positivo en el patrimonio de la institución extranjera y, por ende, se les da el carácter de intereses, al constituir un rendimiento o utilidad obtenida como retribución, por todo el tiempo en que tuvo que garantizar el cumplimiento de la obligación principal adquirida por el deudor, al estar latente la posibilidad de responder con su dinero, teniendo que contemplar una partida o reserva para tal efecto, habida cuenta que la remuneración lleva indexada una especie de compensación que hacen las entidades emisoras a las garantistas, por hacerlas partícipes de su calificación crediticia, pues es lo que las hace más atractivas para los inversionistas.
Registro: 2006954
Tesis: (I Región)4o.10 A (10a.)
Página: 1325
VALOR AGREGADO. LA EXPRESIÓN “OTROS SUPUESTOS”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 58, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SE REFIERE A LOS CASOS DE APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR RESIDENTES EN EL PAÍS, PREVISTOS EN LOS PRECEPTOS 29, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA Y 61 A 63 DEL PROPIO REGLAMENTO. El artículo 58, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una regla general para considerar que, cuando los servicios prestados por un residente en el país sean contratados y pagados por un residente en el extranjero, sin establecimiento en el territorio nacional, el pago se realice mediante cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones financieras de crédito o casas de bolsa y provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero, se entenderá que fueron “aprovechados en el extranjero” y que, por tanto, el servicio prestado fue exportado, por lo que la contribución por dicha operación deberá calcularse con la tasa del 0% a que se refieren los artículos 2o.-A, fracción IV y último párrafo y 29, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante, la porción normativa inicialmente citada también utiliza la expresión “otros supuestos”, la cual se refiere a otros casos en los que existe un “aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país”, como son los previstos en los preceptos 29, fracción IV, inciso b), de la ley citada, 61, 62 y 63 del propio reglamento, los cuales se refieren a casos específicos de exportación de servicios que requieren de una regulación especial; de ahí que para calcular el impuesto al valor agregado conforme a la tasa señalada, el contribuyente debe observar los requisitos, ya sean de la regla general o los relativos a los otros supuestos indicados.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
Amparo directo 76/2014 (cuaderno auxiliar 370/2014) del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Bancotel Américas, S.A. de C.V. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fabián García Miranda, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Manuel Torres Cuéllar.
Registro: 2007051
Tesis: I.7o.A.113 A (10a.)
VIOLACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE EN EL AMPARO SE ANALICE LA RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL EFECTUADA POR BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL ACUERDO EN QUE SE CONCEDIÓ AL QUEJOSO PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA, ES INNECESARIO QUE ÉSTE LA HAYA IMPUGNADO MEDIANTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO CORRESPONDIENTE [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/2013 (10a.)]. Si de las constancias del juicio contencioso administrativo federal se advierte que el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer algún medio de defensa ordinario contra la ilegal notificación efectuada por boletín electrónico del acuerdo en que se le concedió plazo para ampliar su demanda, para poder analizarla como violación procesal en el juicio de amparo conforme al artículo 171 de la ley de la materia, debe considerarse que la obligación de impugnarla, contenida en el precepto referido, encuentra, por analogía, una excepción, que consiste en la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 950, de rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA.”. Lo anterior, pues además de que dicha jurisprudencia es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de su contenido se advierte que la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de notificar personalmente al actor el auto que tiene por contestada la demanda y le concede el plazo legal para ampliarla, deriva del deber de los órganos jurisdiccionales de proteger y respetar su derecho fundamental de acceso a la justicia, así como de garantizar la efectividad de los medios legales de defensa. Consecuentemente, es innecesario que el quejoso haya impugnado, mediante el recurso o medio de defensa ordinario correspondiente, la notificación por boletín electrónico del acuerdo por el que se le otorgó plazo para ampliar su demanda, para su análisis en el amparo, al no haberse acatado la jurisprudencia mencionada.
Amparo directo 972/2013. Roberto Cruz López. 2 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: Víctor Raúl Camacho Segura.
VII-J-2aS-50
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. METODOLOGÍA PARA LA INAPLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al expediente varios 912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011; se desprende que en el ejercicio de la delicada obligación constitucional de los juzgadores que les permite inaplicar una ley en el caso concreto, es necesario agotar, de manera sucesiva y consecuente, una metodología que tiene tres etapas: I) Parámetro de análisis.- En esta primera etapa, el juzgador debe identificar si la norma legal en cuestión tiene una posible colisión con algún derecho humano establecido en: a)todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación-; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y
los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes del citado órgano de justicia internacional, cuando aquel no haya sido parte; II) Interpretación.- En caso de subsistir la posible colisión entre la norma legal en cuestión y el derecho Jurisprudencias de Sala Superior humano, en esta segunda etapa, partiendo del principio de la presunción de constitucionalidad de las leyes, los juzgadores deben proceder a realizar un contraste previo entre el Derecho humano a preservar y la norma legal en cuestión, a través de dos tipos de interpretación: a) Interpretación conforme en sentido amplio.- Los juzgadores deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, o b) Interpretación conforme en sentido estricto.- Cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los juzgadores deben preferir aquella que haga a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y III) Inaplicación.- Cuando las alternativas de interpretación anteriores no sean posibles para resolver el caso concreto, en esta tercera etapa, el juzgador debe proceder a inaplicar la ley o norma en cuestión, sin hacer una declaratoria general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las que se consideren contrarias a los derechos humanos.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/5/2014)
Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintidós de abril de dos mil catorce.- Firman el Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.
VII-P-SS-187
CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.- En términos del artículo 50-A fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las sentencias que se emitan con motivo de las demandas promovidas en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deben contener la determinación del monto de la indemnización explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. En esos términos, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 11, inciso c), 12, 13 y 14 fracciones I y II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cuantificación se realizará de acuerdo a lo siguiente: 1) Se deberá considerar la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado; 2) El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables; 3) Para el caso de la indemnización por daño personal, el monto se calculará con base en los dictámenes médicos correspondientes, incluyendo los gastos médicos que en su caso se eroguen, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo; y 4) En el caso de la indemnización por daño moral, el monto se calculará de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante, sin que dicha indemnización por daño moral exceda del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado.
VII-P-SS-188
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE DE LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO DEDUCIDA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE PRESTE POR MEDIO DE UN TERCERO A TRAVÉS DE LA SUBROGACIÓN.- Si bien es cierto en términos del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede prestar los servicios que tiene encomendados, a través de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de proporcionar a los asegurados los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo; también lo es, que la prestación de los servicios a través de esta modalidad, siempre será bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto; por lo cual, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogue la prestación de dichos servicios a través de terceros en términos del numeral en cita, ello no exime al referido Instituto de ser la autoridad responsable patrimonialmente ante la actividad irregular del Estado cometida, pues es este quien de conformidad con el numeral 2 primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es sujeto de esa ley, como ente público federal, y no así los organismos públicos o particulares con quienes celebre los aludidos convenios.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1102/09-15-01-1/760/11-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de febrero de 2014, por unanimidad de 11 votos
a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-SS-196
PRINCIPIO PRO PERSONAE. POR DISPOSICIÓN DEL CONSTITUYENTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU APLICACIÓN.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de observar los tratados internacionales firmados por México, al momento de aplicar e interpretar
las normas jurídicas en las que se vean involucrados los derechos humanos; lo cual se enfoca a lograr mediante una justicia eficaz, el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y el desarrollo de cada persona en lo individual, obligación constitucional que alcanza a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto que el precepto de cuenta no hace exclusión de alguna de ellas ni tampoco establece casos de excepción, sino que procura abarcar de manera general a todos los órganos de autoridad del Estado. Por tanto, es evidente que en aplicación al dispositivo constitucional en comento, todas las autoridades administrativas en el ámbito de su competencia, no solo se encuentran sujetas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los términos que establezca la ley, sino también se encuentran constreñidas a velar y garantizar en todo momento, la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, así como en los instrumentos internacionales suscritos por México.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21327/12-17-08-12/1735/13-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2014, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de mayo de 2014)
VII-P-1aS-961
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS MERCANCÍAS EN ADUANAS. SUPUESTO EN EL CUAL RESULTAN APLICABLES LAS CONSULTAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS Y EL IMPORTADOR.- Conforme al numeral 2 de la Introducción General del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, cuando el valor en aduana no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías, normalmente se celebrarán consultas entre la administración de aduanas y el importador con el objeto de establecer una base de valoración con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 o 3 del Acuerdo en cita; en consecuencia, dicho procedimiento de consultas solo será aplicable en el caso de que no se pueda determinar el valor en aduanas de las mercancías de que se trate a través de los métodos de valoración previstos en los artículos 2 a 6 del referido Acuerdo, los cuales son los siguientes: valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor de precio unitario de venta y valor reconstruido de las mercancías importadas, lo anterior, toda vez que con las consultas se establece una base de valoración únicamente respecto de los métodos de valor de transacción de mercancías idénticas y el valor de transacción de mercancías similares.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7367/12-07-02-2/1188/13-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de junio de 2014)
VII-P-1aS-962
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. UNA VEZ EFECTUADO SU ACREDITAMIENTO NO PROCEDE SU DEVOLUCIÓN.- Cuando es realizado el acreditamiento del impuesto
trasladado conforme a los artículos 40 y 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, resulta improcedente su devolución conforme al inciso D) del artículo 7 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, pues el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevén expresamente que el sujeto económico, tiene derecho a la devolución del impuesto trasladado siempre y cuando no lo hayan acreditado, pues ello se traduciría en un doble beneficio, por lo que si en el caso la propia actora reconoce que acreditó el impuesto trasladado res pecto del cual pretende su devolución, mediante la exención del citado inciso D) del artículo 7, por tal motivo, si pretendía su devolución en esos términos, no debió acreditarlo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30015/12-17-06-3/664/13-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE AGOSTO 2014
BOLETÍN INFORMATIVO: JULIO 2013
BOLETÍN INFORMATIVO: OCTUBRE 2014

References: artículo 1069
 ARTÍCULO 1069
 artículo 83
 artículo 14
 artículo 113
 artículo 20
 artículo 113
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 113
 ARTÍCULO 46
 artículo 13
 ARTÍCULO 124
 artículo 124
 artículo 107
 artículo 135
 artículo 124
 ARTÍCULO 170
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 104
 artículo 170
 artículo 104
 artículo 40
 ARTÍCULO 71
 artículo 71
 RESOLUCIÓN 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 46
 artículo 81
 artículo 1
 artículo 123
 resolución 
 ARTÍCULO 195
 artículo 31
 artículo 9
 artículo 17
 ARTÍCULO 195
 artículo 31
 ARTÍCULO 195
 artículo 31
 artículo 179
 ARTÍCULO 90
 ARTÍCULO 59
 artículo 59
 artículo 90
 ARTÍCULO 195
 ARTÍCULO 58
 artículo 58
 artículo 81
 artículo 171
 artículo 217
 artículo 50
 artículo 89
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 7