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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. sobre la mediación en los seguros. (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) - PDF
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. sobre la mediación en los seguros. (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE)
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Héctor Mendoza Camacho
1 COMISIÓN EUROPEA Bruselas, COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2012) 191 final} {SWD(2012) 192 final} ES ES
2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA La Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la mediación en los seguros (DMS I) 1 es la única legislación de la UE que regula el punto de venta de los productos de seguro, y lo hace con el fin de garantizar los derechos de los consumidores. Fue adoptada el 9 de diciembre de 2002 y debía ser incorporada por los Estados miembros antes del 15 de enero de Se trata de un instrumento de armonización mínima que contiene principios de alto nivel y que ha sido implementada en los 27 Estados miembros de muy diversas formas. La necesidad de revisar la DMS I ya se reconoció durante el control de aplicación efectuado por la Comisión en Tanto las recientes como las actuales turbulencias financieras han puesto de manifiesto la importancia de garantizar la protección del consumidor de manera efectiva en todos los sectores financieros. En noviembre de 2010, el G-20 pidió a la OCDE, al Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y otras organizaciones internacionales pertinentes que elaboraran principios comunes en el ámbito de los servicios financieros, al objeto de incrementar la protección de los consumidores. El proyecto de principios de alto nivel del G-20 sobre la protección del consumidor en materia financiera destaca la necesidad de una adecuada regulación y/o supervisión de los proveedores de servicios financieros y los agentes que tratan directamente con los consumidores. Según dichos principios, los consumidores deben gozar siempre de niveles de protección comparables. La actual revisión de la DMS I se enmarca en esos principios y en iniciativas internacionales conexas. Durante los debates en el Parlamento Europeo sobre la Directiva que regula la capitalización y la supervisión de las empresas de seguros desde un enfoque basado en el riesgo (Solvencia II) 2, adoptada en 2009, se pidió, además, expresamente una revisión de la DMS I. Algunos diputados del Parlamento y algunas organizaciones de consumidores consideraban que la crisis financiera había puesto de relieve la necesidad de mejorar la protección del tomador de seguro, y que era posible mejorar las prácticas de venta de diferentes productos de seguro. En especial, se expresaron serias dudas sobre las normas de venta de productos de seguro de vida con componentes de inversión. En aras de la coherencia intersectorial, el Parlamento Europeo pidió que en la revisión de la DMS I se tuviera en cuenta la revisión, actualmente en curso, de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) 3. Ello supone que, en lo que atañe a la regulación de las prácticas de venta de los productos de seguro de vida con componentes de inversión, la propuesta de Directiva revisada (DMS II) debe establecer niveles de protección del consumidor iguales a los de la MiFID II DO L 9 de , p.3. Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), DO L 335, p.1. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Refundición); COM(2011) 656 final. ES 2 ES
3 1.1. Objetivos de la propuesta La Directiva revisada (DMS II) aspira a mejorar la regulación del mercado minorista de seguros de manera eficiente. Persigue garantizar condiciones equitativas de competencia entre todos aquellos que intervienen en la distribución de los productos de seguro, e incrementar la protección del tomador de seguro. Los objetivos generales de la actual revisión son evitar el falseamiento de la competencia y reforzar la protección del consumidor y la integración del mercado. Más concretamente, con el proyecto DMS II, se pretenden las siguientes mejoras: ampliar el ámbito de aplicación de la DMS I a todos los canales de distribución (por ejemplo, aseguradores directos, empresas de alquiler de automóviles, etc.); detectar, gestionar y mitigar los conflictos de intereses; aumentar el nivel de armonización de las sanciones y medidas administrativas aplicables por incumplimiento de disposiciones esenciales de la Directiva vigente; aumentar la adecuación y objetividad del asesoramiento; garantizar que la cualificación profesional del vendedor sea acorde con la complejidad de los productos vendidos; simplificar y aproximar el procedimiento de acceso transfronterizo a los mercados de seguros de toda la UE Coherencia con otras políticas y otros objetivos de la Unión Los objetivos de la propuesta guardan coherencia con las políticas y los objetivos de la Unión. El Tratado prevé actuaciones para garantizar la implantación y el funcionamiento del mercado interior con un elevado nivel de protección de los consumidores, así como la libre prestación de servicios. La actual propuesta se presenta en el contexto de un paquete de medidas orientado a los productos minoristas y centrado en el consumidor, conjuntamente con la propuesta relativa a los productos preempaquetados de inversión minorista (PPIM), que regula la información sobre los productos de inversión, y la Directiva OICVM V. La iniciativa PPIM tiene por objeto garantizar un enfoque horizontal coherente de la información sobre los productos de inversión y los productos de seguro con componentes de inversión (los denominados seguros de inversión 4 ); las disposiciones sobre las prácticas de venta se incluirán en las revisiones de la DMS I y la MiFID. La propuesta guarda, asimismo, coherencia y complementariedad con otros actos legislativos y otras políticas de la UE, en particular en materia de protección de los consumidores, protección de los inversores y supervisión prudencial, tales como la Directiva Solvencia II, la MiFID II y la iniciativa PPIM. La DMS II regulará las prácticas de venta de todos los productos de seguro, desde los de carácter general, como puede ser el seguro de automóviles, hasta los contratos de seguro de vida, incluidos los que tienen componentes de inversión, como, por ejemplo, los seguros de vida vinculados a fondos de inversión. 4 Para más detalle, véase la evaluación de impacto relativa a los PPIM: ES 3 ES
4 La DMS II seguirá siendo un instrumento jurídico de «armonización mínima». Ello quiere decir que los Estados miembros pueden ir más lejos, si lo consideran necesario, a efectos de la protección del consumidor. No obstante, las normas mínimas de la DMS I se reforzarán considerablemente. Algunas partes de la nueva Directiva se reforzarán con medidas de nivel 2, en aras de la concordancia con la MiFID: en particular, en el capítulo que regula la distribución de contratos de seguro de vida con componentes de inversión. 2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO Los servicios de la Comisión consultaron a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ, antes CESSPJ) numerosos aspectos de la revisión de la DMS. La AESPJ presentó su informe final en noviembre de Durante , los servicios de la Comisión se reunieron periódicamente con representantes del sector de seguros, organizaciones de consumidores y supervisores para debatir sobre la revisión prevista. Entre el 26 de noviembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011, dichos servicios realizaron una consulta pública sobre la revisión de la DMI I. Los resultados de esta consulta también eran favorables, en líneas generales, a la orientación de la revisión trazada por los servicios de la Comisión 6. El 10 de diciembre de 2010, se organizó una audiencia para debatir sobre la DMS II. La discusión se centró en el ámbito de aplicación de la Directiva, los requisitos de información aplicables a los intermediarios de seguros, los conflictos de intereses, las operaciones transfronterizas y los requisitos de cualificación profesional 7. El 11 de abril de 2011, se organizó una reunión con expertos de los Estados miembros y con la AESPJ para debatir los resultados de la consulta pública y la posible estructura y contenido de la DMS II. La gran mayoría de los interesados presentes en estas reuniones manifestaron su apoyo a la orientación de la revisión de la DMS I trazada por los servicios de la Comisión. En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó una evaluación de impacto de las distintas opciones de actuación. Para preparar la evaluación de impacto se utilizaron diversos estudios específicos encargados por diferentes servicios de la Comisión. En primer lugar, la DG MARKT encargó a PriceWaterhouseCoopers (PWC) un estudio que ofreciera una visión global del funcionamiento de la distribución de seguros en la UE. El informe, finalizado en julio de 2011, se publicó en el sitio web de la Comisión 8. En segundo lugar, la presente propuesta tiene en cuenta los resultados de un estudio encargado en 2010 sobre los costes y beneficios de las posibles modificaciones de las normas de CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf Los resultados pueden consultarse en: El acta de la audiencia puede consultarse en el siguiente sitio web: El análisis de costes se basa en las cifras recogidas en el estudio de PWC y revisadas por los servicios de la Comisión. El estudio abarcó a cinco Estados miembros (BE, DE, FR, FI, UK). Algunos participantes no podían o no deseaban hacer una estimación precisa de los costes. La evaluación de los datos hecha por los servicios de la Comisión indica que algunos de los consultados aportaron cifras que parecen exageradas, sin explicarlo o justificarlo. ES 4 ES
5 distribución de productos de seguro y de productos de seguro de inversión 9. En tercer lugar, se han tenido en cuenta las conclusiones de un estudio sobre la calidad del asesoramiento que se ofrece en toda la UE 10. Asimismo, se ha tenido en cuenta un cuarto estudio que analiza desde la óptica de la economía de la conducta los diferentes factores que intervienen en la toma de decisiones de los inversores 11. Las opciones de actuación examinadas en la evaluación de impacto se analizaron en función de diferentes criterios: la integración del mercado por lo que atañe a los operadores del mercado, la protección y confianza del cliente, condiciones de competencia equitativas para los diversos operadores del mercado, y la relación coste-eficacia, es decir, en qué medida las distintas opciones sirven para alcanzar los objetivos perseguidos y facilitar el funcionamiento de los mercados de seguros de forma eficiente y con una buena relación coste-eficacia. Globalmente, de acuerdo con el mencionado estudio de PWC y las estadísticas del sector, reelaboradas por los servicios de la Comisión, y a la vista del gran número de empresas afectadas (aproximadamente un millón), se estima que la carga administrativa que representará la propuesta tendrá un coste medio relativamente moderado de unos 730 euros por empresa. La evaluación de impacto se ultimó en Se atendió a las recomendaciones del Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión Europea, en particular en lo relativo a los efectos sobre las PYME. Por ejemplo, las PYME intermediarias, actualmente excluidas del ámbito de aplicación, y que la presente propuesta incluirá, son esencialmente empresas cuya actividad principal no es la mediación de seguros (de modo que esta última tiene carácter meramente auxiliar frente a su actividad principal; por ejemplo, las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles). Estos intermediarios estarán sujetos a un régimen más liviano (procedimiento de declaración, artículo 4 de la presente propuesta), aplicándose así un enfoque proporcionado al carácter auxiliar de la mediación que realizan. En general, se han introducido requisitos proporcionales a fin de tener en cuenta los intereses de las PYME y respetar el principio de que «a menor complejidad del producto, menor regulación». Por ejemplo, algunos productos de inversión se presentan bajo el envoltorio de contratos de seguro de vida. Se introducirá un régimen más riguroso para las prácticas de venta de esos productos (contratos de seguro de vida con componentes de inversión [productos de seguro de inversión o PPIM de seguros]); véase el capítulo VII. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica La propuesta, basada en el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE, reemplazará a la Directiva 2002/92/CE, y aborda la armonización de las disposiciones nacionales sobre los intermediarios de seguros y otros vendedores de productos de seguro. Introduce en el ámbito de aplicación de la Directiva a algunos ES 5 ES
6 vendedores que realizan ventas auxiliares, así como servicios postventa, tales como el peritaje y la gestión de siniestros. Aclara el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, así como las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto. El objetivo y objeto principal de esta propuesta es la armonización de las disposiciones nacionales relativas a las normas de conducta aplicables a los vendedores de productos de seguro y otras entidades presentes en los mercados de seguros y de reaseguros, sus condiciones de gobernanza y su marco de supervisión Subsidiariedad y proporcionalidad Según el principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TUE), solo debería actuarse a escala de la UE cuando los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE. La mayoría de los aspectos que plantea la revisión ya están regulados en el vigente marco jurídico de la DMS I. Además, los mercados de seguros tienen cada vez más carácter transfronterizo. Las condiciones en las que las empresas y los operadores pueden competir en este contexto, ya se trate de las normas sobre transparencia o protección del cliente, han de ser comparables en todos los países y constituyen ya la esencia de la DMS I. Es preciso actuar ahora a escala europea para actualizar y modificar el marco regulador establecido por la DMS I, a fin de tener en cuenta la evolución habida en los mercados de seguros desde su entrada en aplicación. Debido a esta integración, una intervención nacional por separado sería mucho menos eficiente y daría lugar a una fragmentación de los mercados, generando arbitraje regulador y un falseamiento de la competencia. La AESPJ debe desempeñar un papel fundamental en la implementación del nuevo marco de alcance comunitario. Es necesario dotar a la AESPJ de competencias específicas de cara a mejorar el funcionamiento de los mercados de seguros. La propuesta tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, a saber, que la actuación de la UE debe ser la adecuada para alcanzar los objetivos, y limitarse a lo estrictamente necesario. La propuesta es compatible con este principio y busca un equilibrio adecuado entre el interés público y la relación coste-eficacia de las medidas: en particular, al elaborar las disposiciones se ha atendido especialmente a la necesidad de hallar un equilibrio entre la protección del consumidor, la eficiencia de los mercados y los costes para el sector. Atendiendo a ese principio, la propuesta diferencia entre los diferentes canales de venta de productos de seguro e impone obligaciones de registro y de cualificación profesional menos gravosas para quienes venden productos de seguro simples. Así, por ejemplo, quienes venden productos de seguro con carácter auxiliar, como pueden ser las empresas de alquiler de automóviles y las agencias de viajes, están sujetos a un procedimiento simplificado de declaración, en lugar de tener que registrarse como intermediarios de seguros. La propuesta distingue también entre los productos de seguro de vida y los productos de seguro de carácter general a la hora de fijar los requisitos de transparencia de la remuneración. Estas medidas de proporcionalidad se adoptan para tener en cuenta los diferentes niveles de complejidad y de riesgos para ES 6 ES
7 el consumidor que presentan los diversos productos de seguro, y, asimismo, a fin de reducir las cargas administrativas de las PYME que vendan productos de seguro Cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó tres propuestas de reglamentos por los que se creaban la ABE, la AESPJ y la AEVM. A este respecto, la Comisión se remite a las declaraciones que hizo, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con ocasión de la adopción de los reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisión, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.» Referencias a otras directivas La Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), no es todavía aplicable, por lo que la presente propuesta hace referencia a las definiciones establecidas en la Directiva 73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la Directiva 2005/68/CE. Las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CE y 2005/68/CE quedarán derogadas por la Directiva 2009/138/CE Explicación detallada de la propuesta Capítulo I Ámbito de aplicación y definiciones El artículo 1 amplía el ámbito de aplicación de la DMS I para incluir las ventas de contratos de seguro realizadas por empresas de seguros y de reaseguros sin la intervención de un intermediario. Incluye, asimismo, las actividades de gestión de siniestros realizadas por empresas de seguros y para empresas de seguros, así como el peritaje y la liquidación de siniestros. La exclusión «de minimis» del ámbito de aplicación de la DMS I sigue siendo la misma (las ventas de contratos de seguro con carácter auxiliar a la venta de bienes, una prima anualizada inferior a 500 EUR y el cumplimiento de otros criterios previstos en la exención), salvo que el límite de prima anualizada se incrementa a 600 EUR en prorrata (menos de 2 EUR al día). Los mencionados 2 EUR son el importe de la prima por contrato y por día. Por ejemplo, los ópticos que vendan seguros complementarios de gafas aún quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Los contratos de seguro vendidos con carácter auxiliar a la venta de servicios entran en el ámbito de aplicación de la Directiva tras la revisión. Este es el caso, por ejemplo, de los contratos de seguro de viaje vendidos por agencias de viajes, de los contratos de seguros generales vendidos por empresas de alquiler y arrendamiento con opción a compra de automóviles. El artículo 2, reformula las definiciones de la DMS I, introduciendo algunos cambios y nuevas definiciones. ES 7 ES
8 La «mediación de seguros» se amplía para dar cabida a la ampliación del ámbito de aplicación que establece el artículo 1, y se especifica que determinadas actividades realizadas a través de sitios web de búsqueda y comparación de seguros constituyen actividad de mediación de seguros. Se elimina la actividad de «presentación». La «mediación de reaseguros» se modifica de igual manera. Los «productos de seguro de inversión» se definen siguiendo la definición de «producto de inversión» del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión (Reglamento PPIM). La definición de «intermediario de seguros ligado» se amplía para incluir a los intermediarios que trabajen bajo la responsabilidad de otro intermediario de seguros. «Asesoramiento» se define como una recomendación personal efectuada a un cliente a solicitud de este o por otras razones. Se define «cliente profesional» a efectos de su exclusión de las disposiciones sobre información. «Practicas de venta cruzada» se define como una práctica en la que dos o más productos se agrupan en una misma venta. «Comisión contingente» se define como una comisión en la que el importe a pagar se basa en el logro de objetivos acordados. «Vínculos estrechos» se define como determinadas relaciones entre personas y situaciones que podrían afectar a la capacidad del supervisor para ejercer su labor eficazmente. «Remuneración» se define para incluir, además de los pagos (honorarios, comisiones, etc.), las ventajas económicas de cualquier tipo. Se introducen modificaciones aclaratorias de las definiciones de «Estado miembro de origen», «Estado miembro de acogida», «intermediario de seguros», «intermediario de reaseguros» y «soporte duradero». Capítulo II Condiciones de registro El artículo 3 apenas introduce cambios en las condiciones de registro, pero dispone que la AESPJ cree un registro electrónico único (conexión de las bases de datos nacionales) y que se facilite información sobre determinadas relaciones con otras personas. Este registro electrónico único funcionará como un portal con conexión a los registros nacionales. Asimismo, se exime del registro a las personas que entren en el ámbito de aplicación del procedimiento de declaración (véase el artículo 4). Capítulo III Procedimiento de declaración El artículo 4 establece un procedimiento simplificado que exime a dos categorías de personas del procedimiento de registro antes mencionado, permitiéndoles realizar actividades de mediación mediante una simple declaración. Se trata de las siguientes personas: ES 8 ES
9 aquellas cuya actividad de mediación de seguros sea auxiliar de su actividad principal y que reúnan una serie de otras condiciones (por ejemplo, las agencias de viajes); grosso modo, esas otras condiciones consisten en que los productos sean complementarios de otro producto o servicio y no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo de forma accesoria; asimismo, se exime a quienes realicen solo actividades de gestión de siniestros a título profesional y de peritaje. El procedimiento de declaración se aplica principalmente a las agencias de viajes, las empresas de alquiler de automóviles que vendan productos de seguro y a quienes realicen peritajes o gestión de siniestros. Capítulo IV Libre prestación de servicios y libertad de establecimiento Los artículos 5, 6 y 7 son reflejo de lo dispuesto en el artículo 5 de la DMS I, la propuesta de MiFID revisada y el Protocolo de Luxemburgo 12. Se aborda también el reparto de competencias entre los supervisores del Estado miembro de origen y de acogida, en particular en las situaciones en las que un intermediario de seguros o reaseguros incumpla sus obligaciones mientras ejerce su actividad en el Estado miembro de acogida. Capítulo V Otros requisitos de organización El artículo 8 establece los requisitos profesionales y de organización que recoge el artículo 4 de la DMS I: poseer los conocimientos y aptitudes apropiados; gozar de buena reputación; disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional y adoptar medidas de protección frente a la posibilidad de que el intermediario no pueda transferir la prima a la empresa de seguros, o el importe de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado. Establece también el requisito de formación profesional permanente. En aras de la proporcionalidad, las normas aplicables a quienes realicen actividades de mediación con carácter auxiliar o cuyas actividades se limiten a la gestión profesional de siniestros serán proporcionadas a la complejidad del producto vendido. Por consiguiente, el artículo 8 no se aplica plenamente a estos intermediarios Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados en los que se detalle el concepto de conocimientos y aptitudes apropiados. El artículo 9 se refiere a la publicación de normas de interés general. Este artículo varía frente al artículo 6 de la DMS I, exigiendo ahora a los Estados miembros que publiquen las normas de interés general, y a la AESPJ que recabe y publique información sobre dichas normas (en la Comunicación Interpretativa de la Comisión «Libre prestación de servicios e interés general en el sector de seguros» [2000/C 43/03] figura una exposición indicativa de los principios de interés general en relación con las Terceras Directivas de seguros). 12 Protocol Relating to the Cooperation of the Competent Authorities of the Member States of the European Union in Particular Concerning the Application of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on Insurance Mediation. ES 9 ES
10 Los artículos 10 a 12, reformulan los antiguos artículos 7, 9 y 10, sobre las autoridades competentes, el intercambio de información entre los Estados miembros y las quejas. El artículo 13 se refiere a los procedimientos para la resolución extrajudicial de litigios con los clientes, y refuerza el antiguo artículo 11 de la DMS I, exigiendo (en lugar de exhortar) a los Estados miembros que establezcan procedimientos y velen por la participación en ellos. El artículo 14 se refiere a la restricción en el uso de intermediarios. Amplía el antiguo artículo 3, apartado 6, de la DMS I a las empresas de reaseguros y a los intermediarios de seguros y reaseguros, y tiene en cuenta el procedimiento de declaración (véase el artículo 4). Capítulo VI Obligaciones de información y normas de conducta Los artículos 15 a 20 reformulan los requisitos de información, la exención relativa a los grandes riesgos, las disposiciones más estrictas del antiguo artículo 12 y las condiciones de información del antiguo artículo 13. Establecen, además, las siguientes disposiciones adicionales: El principio general de que los intermediarios deben actuar en el mejor interés de sus clientes. Requisitos de información similares para las empresas de seguros. La obligación de que los intermediarios de seguros revelen la base y el importe de su remuneración. La obligación de divulgar el importe de toda remuneración variable que perciban los empleados de ventas de las empresas y los intermediarios de seguros. Un régimen obligatorio de «plena información» para la venta de productos de seguro de vida y un régimen de «información a solicitud» para la venta de productos de seguro no de vida, con un período transitorio de cinco años. Transcurrido el período transitorio de cinco años, el régimen de plena información se aplicará automáticamente también a la venta de productos de seguro no de vida. Durante el período transitorio, la propuesta distingue entre los productos de vida y no de vida. En la venta de productos de seguro de vida, la remuneración (comisión) tiende a ser más elevada. Además, los productos de seguro de vida están más próximos a los productos de inversión y su adquisición constituye una inversión a largo plazo. En el caso de los productos de seguro no de vida, la situación es diferente. La remuneración es generalmente inferior (comisión de entre aproximadamente el 5 % y el 10 % de la prima) y el producto conlleva menos riesgos. En la mayoría de los países de la UE, el consumidor puede cambiar a otro producto sustitutivo muy fácilmente y de forma asequible. La obligación de que las empresas y los intermediarios de seguros faciliten al cliente, antes de celebrar un contrato, suficiente información sobre el producto de seguro de modo que pueda tomar una decisión fundada. ES 10 ES
11 El requisito de que la AESPJ garantice que la información que reciba sobre disposiciones nacionales más estrictas se comunique a las empresas y los intermediarios de seguros, así como a los consumidores. Otras excepciones al requisito general de facilitar la información en un soporte duradero. Por lo que atañe a una mayor protección de los consumidores, estas disposiciones ofrecen más transparencia respecto a la Directiva original (2002/92/CE) en relación con la naturaleza, la estructura y el importe de la remuneración del intermediario, y arrojan claridad sobre la relación entre el comitente y el agente, incluido el modo en que la misma puede repercutir en el asesoramiento. La protección de los consumidores ha progresado significativamente en los últimos años, y los consumidores de hoy buscan cada vez más información y son conscientes de los costes. La comunicación de los distintos componentes del precio total -incluida la remuneración del intermediario- permitirá al cliente elegir basándose en la cobertura del seguro, los servicios conexos (por ejemplo, si el intermediario se ocupa también de gestionar los siniestros) y el precio. Esto contribuirá a garantizar a los consumidores unos servicios de mediación y unos productos de seguro adecuados y con una buena relación coste-eficacia. La comunicación obligatoria de la remuneración se estima que tendrá efectos positivos en la competencia dentro de la distribución de seguros, al garantizar que los consumidores reciban información más extensa sobre los productos y los costes, así como sobre posibles conflictos de intereses. Será más fácil para los consumidores comparar las coberturas y los precios del seguro frente a los productos vendidos por otros canales de distribución. Varios Estados miembros de la UE ya exigen que se informe sobre la remuneración en relación con algunos productos de seguro, y la MiFID II así lo exigirá en relación con los productos de inversión. Esta nueva información ofrecerá a los consumidores un conocimiento más completo de los servicios que presta el intermediario y los correspondientes costes. La información sobre la remuneración deberá, no obstante, hacerse de forma que pueda efectuarse una comparación entre los intermediarios y los aseguradores directos. La información sobre el precio de la cobertura y los costes de distribución permitirá la comparabilidad. En particular, a fin de evitar situaciones de conflictos de intereses, las empresas de seguros deberán también comunicar la base de cálculo de la remuneración variable que corresponda a sus empleados por la venta de un producto. Estas disposiciones buscan, además, resolver determinados problemas esenciales que plantea la prestación transfronteriza de servicios de mediación de seguros: la falta de seguridad jurídica y de comparabilidad. Si se mejora el marco jurídico armonizado, tanto los intermediarios como sus clientes pueden ser más proclives a vender o adquirir productos de seguro transfronterizamente. Una mejor información facilitará la comparación entre productos y canales de distribución (como se señaló más arriba), algo que en la actualidad resulta particularmente difícil en situaciones de comercio transfronterizo. El artículo 21 introduce una disposición sobre las prácticas de ventas combinadas, y exige que se informe al cliente de que los productos pueden adquirirse por separado, y se aporte determinada información al respecto. Además establece que la AESPJ debe elaborar -y posteriormente actualizar- directrices para la supervisión de estas prácticas. ES 11 ES
12 Capítulo VII Requisitos adicionales de protección del cliente en relación con los productos de seguro de inversión El artículo 22 establece el ámbito de aplicación de estas disposiciones adicionales, que se aplicarán a las empresas o los intermediarios de seguros cuando vendan productos de seguro de inversión El artículo 23 contiene disposiciones adicionales sobre los conflictos de intereses, y establece que deben determinarse tales conflictos. Faculta a la Comisión para que, mediante acto delegado: especifique las medidas necesarias para detectar, prevenir, gestionar y comunicar esos conflictos; y establezca criterios para la especificación de los tipos de conflictos que pueden perjudicar a los intereses de los clientes. El artículo 24 se basa en el artículo [23] de la MiFID II. Establece la obligación que impone la MiFID II de: actuar con honestidad, equidad y profesionalidad, en el mejor interés de los clientes; velar por que la información sea veraz, clara y no engañosa; aportar información sobre la empresa o el intermediario de seguros, y sus servicios (en particular, si se ofrece o no asesoramiento de forma independiente), sobre el alcance de un posible análisis de mercado (si se ofrecerá o no una evaluación continua de la adecuación), sobre las estrategias y los productos de inversión propuestos, y sobre los costes. Asimismo, especifica los criterios para determinar si el asesoramiento es independiente, que incluyen la obligación de evaluar productos disponibles en el mercado y de no aceptar remuneración de terceros. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que garanticen el cumplimiento de este artículo. El artículo 25 establece cómo debe evaluarse la idoneidad y la adecuación, y exige que se obtenga información del cliente. En las ventas sin asesoramiento, el intermediario o empresa debe obtener información sobre los conocimientos y la experiencia del cliente para determinar si el producto es adecuado para él. En las ventas con asesoramiento, debe averiguarse la situación financiera del cliente y sus objetivos de inversión para determinar si el producto es adecuado. Cuando un producto no sea adecuado o idóneo, según el caso, debe advertirse al cliente de ello. El vendedor también deberá conservar documentación sobre las condiciones en que prestará servicios al cliente, y proporcionar informes a este. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que garanticen el cumplimiento de este artículo. Capítulo VIII - Sanciones ES 12 ES
13 El artículo 26 establece que los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes adopten sanciones y medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la Directiva. Las sanciones y medidas administrativas se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que, con arreglo al Derecho nacional, sean responsables de una infracción. Las autoridades competentes deben estar dotadas de todas las facultades de investigación necesarias, y cooperar en los casos transfronterizos. El artículo 27 establece que las sanciones o medidas impuestas por infracciones cometidas deben publicarse. El artículo 28 especifica una serie de infracciones, y establece las sanciones administrativas aplicables a los intermediarios, tales como la revocación del registro y prohibiciones a las personas responsables de las funciones de gestión, así como sanciones pecuniarias de hasta el doble del beneficio derivado de la infracción cuando este pueda determinarse. La presente propuesta no regula las sanciones penales. El artículo 29 establece los factores que deben tenerse en cuenta al aplicar sanciones y medidas, tales como los beneficios derivados de la infracción, las pérdidas ocasionadas a terceros, y el grado de colaboración de la persona responsable, y dispone que la AESPJ debe emitir directrices con respecto a las sanciones. Asimismo, establece que las sanciones y medidas deben comunicarse al intermediario o la empresa, motivando dichas sanciones. El artículo 30 exige mecanismos eficaces para alentar la denuncia de infracciones y proteger adecuadamente a los denunciantes y sus datos personales, así como los datos personales de las personas físicas presuntamente responsables de las infracciones. El artículo 31 dispone que debe facilitarse anualmente a la AESPJ información agregada con respecto a las infracciones, que la AESPJ deberá publicar. Se faculta a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución en este sentido, que la AESPJ deberá elaborar y presentar a la Comisión [6] meses después de la publicación de la Directiva. Capítulo IX Disposiciones finales Los artículos 32 a 39 reformulan (y actualizan, en su caso) las disposiciones finales de la DMS I sobre el derecho a acudir a los tribunales, la incorporación y entrada en vigor, la derogación de legislación previa y los destinatarios. Además, los artículos 33 y 34 establecen las condiciones aplicables a la facultad de la Comisión de adoptar actos delegados según se especifica en esta Directiva, y el artículo 35 prevé un proceso de reexamen y evaluación de la Directiva por la Comisión después de su entrada en vigor. En ese reexamen se analizarán, en particular, los efectos de las normas de información que establece el artículo 17, apartado 2, sobre los intermediarios de seguros no de vida que sean pequeñas y medianas empresas. ES 13 ES
14 4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA En la ficha financiera que acompaña a esta propuesta se evalúa la incidencia presupuestaria específica para la Comisión. La incidencia presupuestaria de la propuesta está relacionada con los cometidos asignados a la AESPJ, según se especifica en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta. La propuesta tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión. ES 14 ES
15 Propuesta de 2002/92/CE (adaptado) 2012/0175 (COD) DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y el artículo 55 su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 2002/92/CE Previa consulta del Supervisor Europeo de Protección de Datos, 2002/92/CE De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 251 del Tratado, ES 15 ES
16 Considerando lo siguiente: (1) Procede introducir una serie de modificaciones en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros 13. En aras de la claridad, la citada Directiva debe refundirse. (2) El objetivo y objeto principal de la presente Directiva es armonizar las disposiciones nacionales aplicables en los ámbitos mencionados, por lo que la misma ha de basarse en el artículo 53, apartado 1, y en el artículo 62 del TFUE. La forma de Directiva resulta oportuna a fin de que las disposiciones de aplicación en los ámbitos regulados por la presente Directiva puedan adaptarse, en su caso, a las posibles especificidades del mercado y del sistema jurídico concretos de cada Estado miembro. La presente Directiva persigue también la coordinación de las disposiciones nacionales que regulan el acceso a la actividad de mediación de seguros y de reaseguros, incluidos la gestión de siniestros a título profesional y el peritaje, y, por tanto, se basa en el artículo 53, apartado 1, del Tratado. Asimismo, dado que se trata de un sector que ofrece servicios en toda la Unión, la presente Directiva se basa también en el artículo 62 del Tratado. 2002/92/CE considerando 1 (adaptado) (3) Los intermediarios de seguros y reaseguros desempeñan un papel fundamental en la distribución de productos de seguros y reaseguros en la Comunidad Unión. 2002/92/CE considerando 2 La Directiva 77/92/CEE del Consejo, de 13 diciembre 1776, relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros (ex grupo 630 CITI) y por la que se establecen, en particular, medidas transitorias para estas actividades 14, supuso un primer paso en el objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para los agentes y corredores de seguros DO L 9 de , p. 3. DO L 26 de , p. 14; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de ES 16 ES
17 2002/92/CE considerando 3 La Directiva 77/92/CEE debía seguir siendo aplicable hasta la entrada en vigor de disposiciones que coordinasen las normas nacionales sobre el acceso y ejercicio de las actividades de agente y de corredor de seguros. 2002/92/CE considerando 4 La Recomendación 92/48/CEE de la Comisión, de 16 diciembre 1791, sobre los mediadores de seguros 15 fue seguida en gran parte por los Estados miembros y contribuyó a aproximar las normas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de los intermediarios de seguros. 2002/92/CE considerando 9 (4) Pueden distribuir los productos de seguros diversas personas o instituciones entidades: agentes, corredores, operadores de bancaseguro, empresas de seguros, agencias de viajes y empresas de alquiler de automóviles, etc. La igualdad de trato entre los operadores y la protección del cliente requieren que todas estas personas o instituciones entidades se contemplen en la presente Directiva. (5) La aplicación de la Directiva 2002/92/CE ha dejado patente la necesidad de precisar más una serie de disposiciones, al objeto de facilitar el ejercicio de la mediación en los sectores de seguros y de reaseguros, y, asimismo, que la protección del consumidor exige ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a todas las ventas de productos de seguro, ya se realicen a través de intermediarios de seguros o de empresas de seguros. Las empresas de seguros que vendan productos de seguro directamente deben estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la nueva Directiva, en condiciones similares a las de los agentes y corredores de seguros, por lo que atañe a sus ventas, sus servicios postventa y sus procedimientos en caso de siniestro. (6) Al objeto de garantizar un mismo nivel de protección, sea cual sea el canal a través del cual el consumidor adquiera un producto de seguro, bien directamente a una empresa de seguros, bien indirectamente a un intermediario, es necesario incluir en el ámbito de la presente Directiva, además de a las empresas de seguros, a otros participantes en el mercado que vendan productos con carácter auxiliar (por ejemplo, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de automóviles y los proveedores de bienes que no reúnen las condiciones para estar exentos). 15 DO L 19 de , p. 32. ES 17 ES
18 (7) La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad consista en asistir (por cuenta de un cliente o de una empresa de seguros) en la gestión y ejecución de un contrato de seguro o de reaseguro, tal como la actividad de gestión de siniestros a título profesional, o de peritaje o liquidación de siniestros. 2002/92/CE considerando 5 (8) Sin embargo, eexisten aún entre las normativas nacionales diferencias de importancia, las cuales constituyen obstáculos al acceso y ejercicio de las actividades de los intermediarios de seguros y reaseguros en el mercado interior. Conviene por consiguiente sustituir la Directiva 77/92/CEE por una nueva Directiva. (9) Las recientes y las actuales turbulencias financieras han puesto de manifiesto la importancia de garantizar la protección del consumidor de manera efectiva en todos los sectores financieros. Por ello, resulta oportuno fortalecer la confianza del cliente y hacer más uniforme el régimen regulador aplicable a la distribución de los productos de seguro, a fin de garantizar un nivel de protección del cliente adecuado en toda la Unión. Las medidas de protección del cliente deben adaptarse a las especificidades de cada categoría de cliente (profesional o de otro tipo). 2002/92/CE considerando 11 (10) La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad consistae en suministrar a terceros servicios de mediación de seguros o de reaseguros a cambio de una retribución remuneración, que puede ser pecuniaria o revestir cualquier otra forma de ventaja económica acordada y relacionada con la prestación suministrada por dichos intermediarios. (11) La presente Directiva debe aplicarse a aquellas personas cuya actividad consista en proporcionar información sobre uno o varios contratos de seguro o de reaseguro a partir de unos criterios seleccionados por el cliente a través de un sitio web o por otra vía, o proporcionar una clasificación de productos de seguro o reaseguro o un descuento sobre el precio del contrato cuando el cliente pueda celebrar directamente un contrato de seguro al final del proceso; no debe aplicarse a las actividades meramente de presentación consistentes en proporcionar información sobre posibles tomadores a los intermediarios o empresas de seguros o reaseguros, o información sobre los productos de seguro o reaseguro o sobre una empresa o un intermediario de seguros o reaseguros a posibles tomadores. ES 18 ES
19 2002/92/CE considerando 12 (12) La presente Directiva no debe aplicarse a las personas que ejerzan otra actividad profesional, por ejemplo, experto fiscal o contable, que asesoren en materia de seguros de forma accesoria en el marco de esta otra actividad profesional, ni a quienes faciliten simple información de carácter general sobre los productos de seguro, siempre que dicha actividad no tenga como objetivo niayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato de seguro o de reaseguro, ni gestionar, de forma profesional, los siniestros de una compañía de seguros o de reaseguros, ni efectuar actividades de peritaje y de liquidación de siniestros. 2002/92/CE considerando 13 (13) La presente Directiva no se debe aplicar a las personas que ejerzan la mediación de seguros como actividad auxiliar bajo determinadas condiciones estrictas restrictivas en lo que atañe al contrato y, más concretamente, los conocimientos necesarios para venderlo, los riesgos asegurados y el importe de la prima. 2002/92/CE considerando 10 (adaptado) (14) La presente Directiva contiene una definición de define «intermediario de seguros ligado» que toma para tener en cuenta las características de los determinados mercados de determinados los Estados miembros y cuyo objetivo es establecer las condiciones de registro que pueden aplicarse aplicables a dichos intermediarios. Esta definición no impide que los Estados miembros tengan conceptos similares a éste, referentes a intermediarios de seguros que, sin dejar de actuar por cuenta de una compañía de seguros y en su nombre, y bajo la total responsabilidad de dicha compañía, estén habilitados para percibir primas y cantidades de dinero destinados a los clientes según las condiciones de garantía financiera establecidas en la presente Directiva. 2002/92/CE considerando 14 (15) Los intermediarios de seguros y reaseguros que sean personas físicas deben ser registrados en por la autoridad competente del Estado miembro en el que residan o en el que tengan su domicilio social, siempre y cuando cumplan requisitos profesionales estrictos en relación con su competencia, honorabilidad, seguro de responsabilidad profesional y capacidad financiera; aquellos que sean personas jurídicas deben ser registrados por la autoridad competente del Estado miembro en que tengan su domicilio social (o si, conforme al Derecho nacional aplicable, carecen de domicilio social, su administración central), siempre y cuando cumplan requisitos profesionales estrictos por lo que atañe a sus aptitudes, buena reputación, seguro de responsabilidad ES 19 ES
20 civil profesional y capacidad financiera. Los intermediarios de seguros que ya estén registrados en Estados miembros no deben estar obligados a registrarse nuevamente en virtud de la presente Directiva. 2002/92/CE considerando 6 y considerando 15 (adaptado) (16) Los intermediarios de seguros y reaseguros deben poder gozar de los derechos de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el Tratado. Dicho registro En consecuencia, el registro o una declaración en sus Estados miembros debe permitir a los intermediarios de seguros y reaseguros ejercer sus actividades en otros Estados miembros en virtud de los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, siempre y cuando se haya seguido un procedimiento de notificación adecuado entre las autoridades competentes. 2002/92/CE considerando 16 (nuevo) (17) Conviene imponer sanciones adecuadas a las personas que ejerzan la actividad de mediación de seguros o reaseguros sin estar registradas, a las empresas de seguros o reaseguros que empleen los servicios de intermediarios no registrados y a los intermediarios que no cumplan las normas nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva. (18) En aras de una mayor transparencia, y a fin de facilitar la actividad transfronteriza, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) debe crear, hacer pública y mantener actualizada una base de datos única en la que consten inscritos todos los intermediarios de seguros y de reaseguros que hayan notificado su intención de ejercer el derecho a la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. Los Estados miembros deben facilitar a la AESPJ la información pertinente a la mayor brevedad posible a fin de que pueda llevar a cabo esa labor. En la base de datos debe figurar un hiperenlace a las autoridades competentes pertinentes de cada Estado miembro. Cada autoridad competente de cada Estado miembro debe, a su vez, incluir en su sitio web un hiperenlace a esta base de datos. (19) Deben establecerse claramente los derechos y las responsabilidades de los Estados miembros de origen y de acogida en lo referente a la supervisión de los intermediarios de seguros y de reaseguros que estén registrados en ellos o que desarrollen actividades de mediación de seguros o reaseguros en su territorio en el ejercicio de la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. (20) Los Estados miembros no deben aplicar los requisitos de registro a aquellos intermediarios de seguros que desarrollen la actividad de mediación de seguros en ES 20 ES

References: artículo 4
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