Source: http://galeon.hispavista.com/razonespanola/re92-poi.htm
Timestamp: 2018-06-20 16:52:11+00:00

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I. LA PREVISION CONSTITUCIONAL
La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, reinstauró en nuestro país el sistema de los juicios por jurado 1, a más de medio siglo desde el último periodo de vigencia de la institución del jurado, más de tres lustros después de contemplarse en la Constitución de 1978 la posibilidad de que los ciudadanos participaran en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado (art 125 de la Constitución)2 y algunos años después -concretamente trece- de que el partido ganador de las elecciones generales celebradas en 1982 prometiera -en su programa electoral de aquel año- la instauración del sistema, mediante el siguiente tenor literal: «el Gobierno establecerá el jurado, tratando de evitar algunos errores históricos que viciaron la práctica de esta institución» 3.
La Constitución vigente contempla, en efecto, la posibilidad («posibilidad», que no «obligación», el matiz es importante) de participar en la Administración de Justicia mediante el sistema de juicios por jurados. Es muy posible que tal sistema no sea el mejor de todos 4, aunque ello debió preverse antes de redactar la Constitución. Después ya era demasiado tarde, ya no era tiempo. Sólo quedaba un único camino, cristalizar en una efectiva realidad aquella posibilidad teórica, contemplada en el texto constitucional, aunque algunos no ocultaban su satisfacción por la tardanza en reinstaurar en nuestro país el jurado.
II. LA SUPUESTA INFALIBILIDAD DEL JURADO
No vamos a trascribir las amplias opiniones de reconocidas autoridades 5 en la materia a favor y en contra del jurado. No tiene sentido a estas alturas abrir un debate doctrinal a favor o en contra, porque ello daría como resultado un índice de partidarios o detractores del sistema que serviría a lo sumo para alimentar estadísticas pero no para favorecer a corto plazo el cambio de sistema judicial.
Sí me tomaría la libertad de llamar la atención de quienes ilusionadamente habían creído que con el nuevo procedimiento de los juicios por jurados se resolverían todos los endémicos males que aquejaban -y, por desgracia, siguen aquejando- a nuestro sistema judicial, esto es, de aquellos que tradicionalmente, y amparándose en supuestas razones de acentuado democratismo y de vanguardista progresía, habían pensado que el sistema de juicios por jurado era algo así como la panacea de todos los males de nuestro sistema judicial. Ellos son, en realidad, los más ingenuos. Porque a cualquier persona medianamente inteligente no se le puede escapar que -sobre no existir ningún sistema absolutamente infalible- el jurado, como cualquier otro procedimiento, es un sistema que no genera soluciones incontrovertibles.
Ignoro si el Jurado es el menos malo de los sistemas. Lo que sí sé es que el sistema de juicios por jurados ni antes ni ahora va a resolver de raíz los problemas, a pesar de la favorabilísima opinión -transida de un inusitado y aun sorprendente optimismo- que se ha vertido por algún ingenuo.
III. DEFICIENCIAS DE ELABORACION Y PUESTA EN PRACTICA
La Ley Orgánica por la que se reinstaura el jurado no es buena, sino que -por el contrario- adolece de numerosos fallos, perceptibles desde el inicio de su elaboración, algunos de ellos corregidos y otros -muchos todavía- que no fueron advertidos ni subsanados a su debido tiempo, y que ahora, al iniciar sus primeros pasos el sistema, se han puesto de manifiesto, abriendo las puertas de la polémica y aun el despropósito, de inseguridad jurídica y de la impotencia, de par en par. Muy difícilmente una ley con fallos y errores tan flagrantes puede triunfar en la práctica. Además, la triste y reciente realidad fundamenta mi supuesto. Hace ya muchos años, un jurista argentino -José Peco- contabilizó en el Código penal argentino de 1921-1922, entonces recién aprobado, unos 600 errores, aproximadamente dos por cada uno de los preceptos que el texto tenía 6. No querría pensar lo mismo de nuestra Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, sino que por el contrario me gustaría pensar que -al menos- parte de la misma es aprovechable, o como mínimo, que la misma constituye un comienzo, parafraseando aquello que del Código penal español de 1995 dijo el Profesor Rodríguez Ramos: que era un buen texto para ser reformado.
La Ley Orgánica del Tribunal del jurado lleva fecha de 22 de mayo de 1995, y fue publicada en el BOE del día siguiente. Se establecía un periodo de vacatio legis de varios meses, de tal manera que la Ley entraría en vigor el 24 de noviembre de 1995. Sin embargo, muy poco tiempo después de su publicación en el BOE del 23 de mayo de 1995, varios grupos políticos con representación parlamentaria presentaron en el Congreso de los Diputados de forma conjunta una proposición de ley tendente a la necesaria modificación de varios preceptos, algunos de los cuales se consideraba que eran -incluso- inconstitucionales 7.
La causa de esa necesaria reforma, sobre causar perplejidad y asombro 8, es simplemente vergonzosa. El Senado introdujo en el texto todavía en discusión varias modificaciones, pero tras salir el texto de la Cámara Alta con destino al Congreso de los Diputados, y una vez que allí hubo llegado, no pudieron ser aprobadas las modificaciones introducidas por los Senadores, por la masiva ausencia de Diputados, lo que impidió que se obtuviera el quorum necesario para la aprobación de las mismas 9.
La reforma legislativa pudo, finalmente llevarse a cabo, días antes de que concluyera la vacatio legis, y por tanto antes de que comenzara la vigencia, por virtud de la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, publicada en el BOE del día siguiente, y que entró en vigor el día 18 del mismo mes 10. En el BOE del día 21 de noviembre se publicó una corrección de errores, y aun la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece (en su Disposición Final 2.ª) una nueva redacción del art° 2.1 de la Ley del Jurado, acorde con las nuevas rúbricas de las materias delictivas que son competencia del Jurado 11.
IV. SER JURADO ¿ES UN DERECHO Y UN DEBER?
La Ley Orgánica del Jurado dedica el segundo de sus capítulos a los jurados en general, dividiéndose su regulación en tres secciones: en la sección 1.ª se contienen unas «disposiciones generales»; en la sección 2.ª los «requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas», y finalmente, en la sección 3.ª, se trata el tema de la «designación de los jurados».
Ser jurado, y ejercer la condición de tal, se presenta en el articulado de la Ley como un derecho y un deber 12 (art° 6). Que el ser jurado es un derecho, desde luego, es algo sobre lo que no cabe duda, que no admite opinión en contrario. Ahora bien, ¿puede voluntariamente renunciarse a ejercer tal derecho? En otras palabras, la facultad de ser jurado ¿es también -además de un derecho- un deber?
Según mi opinión, no hay ningún precepto en la Constitución que establezca que se trata de un deber inexcusable, de una imposición de irrenunciable cumplimiento, sino que, antes bien, el artículo 125 del texto constitucional, establece que «los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado». Ese «podrán» es, a lo que pienso, una «mera posibilidad» de participación activa en el sistema judicial de nuestro país, y a mi parecer se fundamenta en varias razones, entre las que podríamos señalar las dos siguientes:
A) En primer lugar, una razón que podemos denominar gramatical-sistemática: la «posibilidad» de que los ciudadanos participen en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado se contempla en el artículo 125 de la Constitución al mismo tiempo que la «posibilidad» de ejercer la acción popular: ambas acciones (ejercer la acción popular y particpar en la Administración de Justicia) se nutren de la misma forma verbal principal: «podrán». Ese artículo de la Constitución dice literalmente: «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado» Esto es, «podrán ejercer» y «podrán participar». Lógicamente el ejercer la acción popular es un derecho, pero no un deber de inexcusable cumplimiento. A nadie se le impone que ejerza la acción popular en condición o circunstancias determinadas, y mucho menos se le sanciona y multa si no lo hace. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el ciudadano que se niega a ser jurado. Resulta absolutamente incomprensible que, bajo la misma forma verbal «podrán», una de las alternativas acciones que comprende tenga el carácter de derecho subjetivo y otra de deber inexcusable. Es más, ello es, no sólo incomprensible, sino inadmisible e incorrecto de todo punto. Por tanto, y en base a este razonamiento, me parece claro el carácter de «mera posibilidad» que concede el precepto 125 de la Constitución al comportamiento consistente en el ejercicio de la acción popular y al consistente en la participación en la Administración de Justicia mediante el jurado.
B) En segundo lugar, una razón que podríamos denominar de coherencia con la línea mantenida por la Constitución: resulta también inadmisible que se interprete y considere como un deber el ser jurado, vulnerando el propio artículo 1 del texto cnstitucional, que propugna -entre otros- la libertad y la justicia como valores superiores del ordenamiento jurídico español, es decir, que se imponga al ciudadano la condición de ser jurado, ignorando su libertad para decidir lo contrario.
La mera posibilidad que -en mi opinión- establece el artículo 125 de la Constitución no hace únicamente referencia al momento ulterior y posible en el cual se lleve a cabo la realización de la ley reinstauradora del jurado, sino a la facultad discrecional y subjetiva de cada individuo de decidir por sí mismo, esto es, sin la necesaria e impuesta opinión de ninguna -absolutamente ninguna- autoridad ni voluntad superior, de decidir libremente, y manifestar y exteriorizar su voluntad, su consentimiento y su decisión de participar -en calidad de jurado- en la Administración de Justicia.
Sin embargo, no obstante, el legislador de 1985 lleva a cabo una interpretación sui generis del artículo 125 de la Constitución, reputando la disposición constitucional como un deber de obligatorio cumplimiento 13. Concretamente se establece en el artículo 83.2.a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, que «la Función de jurado será obligatoria y deberá ser remunerada durante su desempeño». Idéntica interpretación realiza el mismo legislador diez años después, en 1995, al considerar la condición de jurado como un «deber inexcusable, de carácter público y personal», según establecen los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. La prueba inequívoca de que lo reputa como un deber es que establece sanciones monetarias para el jurado que incumple con las obligaciones que en tanto tal le pudieran corresponder asumir.
Esta interpretación llevada a cabo por el legislador de 1985, y reiterada por el de 1995 puede suponerse que se realiza en base al propio artículo 125 de la Constitución, que añade que se producirá esa participación del ciudadano en la Administración de Justicia «en la forma que la ley determine». Pero esa ulterior regulación habrá, en todo caso, de hacerse sobre la base del respeto a los propios fines constitucionales.
La referencia que se contiene en la disposición constitucional («en la forma que la ley determine) es -ciertamente- amplia. Tan amplia que, tras de preverse constitucionalmente la institución del jurado, remite a la ley ulterior la regulación del sistema de participación del mismo en la Administración de Justicia. Amplitud peligrosa, en tanto que no establece límite alguno.
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, como antes la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí establece, como ya hemos expuesto, esa obligatoriedad, haciendo una extremista interpretación abusiva, arbitraria y partidista, aunque - prima facie- resulta conforme a Derecho, por virtud de la escasa precisión constitucional.
He escrito intencionadamente que ese comportamiento resulta conforme a Derecho prima facie. En efecto, ello no es más que una suposición, porque realmente no resulta justo y lícito el desconocimiento de los principios básicos informadores del propio Ordenamiento jurídico, según establece el artículo 1 de la Constitución Española, en cuya virtud «España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y el pluralismo político» 14.
A un ciudadano que no presente ninguna de las excusas legales para eludir ser jurado, sino cuya única razón sea el no querer ejercer tal condición «porque esa es su voluntad», ¿es justo que se le obligue a participar en la Administración de Justicia, en calidad de jurado, contra su voluntad?, ¿es razonable y proporcionado que se le sancione si se niega a realizar las funciones propias del jurado?, ¿se tiene en cuenta la voluntad del ciudadano?, ¿se está respetando su libertad?
Recuerdo que el lema que -con entusiasmo- se difundió en los anuncios destinados a la promoción del jurado rezaba «En democracia juzgamos todos». Esa rúbrica recoge en su interior una supuesta concepción democrática de la Justicia, en tanto que pretende resaltar que todos somos iguales ante la ley y que todos podemos juzgar -dentro de nuestra igualdad- a nuestros semejantes. Pero lo que en verdad recoge es un verdadero cuchillo de doble filo, que a la postre resulta peligroso: tras de la pretendida magnificencia de que el ciudadano participe en la Administración de Justicia aparece la imposición institucional de tener inexcusablemente que juzgar a un sujeto al que se imputa un delito, valorar los hechos delictivos supuestamente cometidos por él y decidir o resolver su inocencia o su culpabilidad, y -en este último- con las consiguientes consecuencias jurídicas derivadas de la infracción penal que se le atribuye y eventualmente se demuestra como acto de su autoría, y por ello sin posibilidad alguna de poder desistir de ostentar condición de tan elevada responsibilidad.
V. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 10
El artículo 10 de la Ley del Jurado establece, en 12 extensos apartados, las incompatibilidades para el desempeño de la condición del jurado, que en realidad no son sino prohibiciones para ejercer la función de jurado 15.
Conviene señalar, en primer lugar, el acentuado desorden que caracteriza los apartados en que divide el legislador este artículo, de tal manera que tiene como fruto unos apartados deslabazados y, en algunos casos, sin pies ni cabeza, donde se llega a meter, como en una suerte de cajón de sastre, v.gr., al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes, a los Ministros, a los Secretarios de Estado () junto al Director y a los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral, así como al Gobernador y al Subgobernador del Banco de España (artículo 10.2). No encuentro razón lógica alguna para explicar, con un mínimo de coherencia, la actuación del legislador al englobar en un mismo saco cargos tan objetivamente dispares y con tan distinta responsabilidad.
Además resulta llamativo que, en varios apartados, se aluda a puestos relativos a la organización estatal-central y a sus correspondientes en la comunidad autónoma (en este sentido, v.gr., el apartado 6, que se refiere al Defensor de Pueblo y a sus adjuntos, así como a los cargos similares de las Comunidades Autónomas) o incluso a los puestos centrales-estatales y a sus correspondientes en instancia transnacional, comunidad autónoma o aún en las corporaciones locales (así, por ejemplo, en el apartado 4, que hace referencia a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, a los Diputados del Parlamento Europeo, a los miembros de las Asambleas Legislativas de las comunidades Autónomas y también a «los miembros electos» -sic-«de las Corporaciones locales»: en este último punto considero verdaderamente inexplicable la alusión legal a «los miembros electos»; a sensu contrario si ya han tomado posesión del cargo para el que han sido elegidos, ¿ya no son incompatibles para el desempeño de la condición de jurado?, ¿por qué los electos sí y los posesionados de su cargo no? ello resulta sorprendente), y sin embargo en otros apartados (por ejemplo, los números 2 y 3) se aluda por separado a los puestos centrales y a sus correspondientes en las comunidades autónomas. No existe, pues, un criterio uniforme que guíe la actuación del legislador.
Para colmo, el artículo 10.8 establece la incompatibilidad para ser jurado de «los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Autonomías de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Gobernadores civiles». Ante semejante tenor literal cabe preguntarse: los Delegados insulares del Gobierno, ¿no son Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas? Habremos de suponer que el legislador ignora que las Islas Baleares y Canarias son dos de las 17 Comunidades autónomas existentes en España, y que por ello huelga la alusión por separado a los Delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los Delegados insulares del Gobierno.
En otros apartados resultan sorprendentes las alusiones que, a modo de inconcretas cláusulas extensivas, hace el legislador. Como ejemplo podríamos señalar la referencia del propio artículo 10.2 y del artículo 10.3 a «los cargos asimilados», tras referirse a los Directores generales. ¿Cuáles son esos «cargos asimilados»?, ¿a qué cargos se refiere el legislador cuando utiliza semejante expresión?, ¿no podría haber especificado todos y cada uno de los puestos a los cuáles se refiere para favorecer la precisión normativa y dispositiva en vez de dejar abierta la puerta a la imprecisión?, ¿cabe mayor inconcreción e inseguridad jurídica?
Para la correcta valoración de la procedencia jurídica o no de las incompatibilidades que se establecen en el citado precepto de la Ley del Jurado debe partirse, en mi opinión, del artículo 14 de la Constitución Española, que establece: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, edad, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Si se siguiera a rajatabla esta disposición constitucional carecería de fundamento jurídico cualquier declaración de incompatibilidad para ser jurado por parte de la persona que fuere, con independencia de su profesión, puesto o dignidad social o política. La ley es una sola, y -al menos en teoría- está hecha para todos, absolutamente todos, los ciudadanos. El Rey sería, con una aplicación rígida de la Constitución, el único que encontraría verdadera incompatibilidad preestablecida para ser jurado, por virtud de la propia disposición manifestada en el artículo 54.3 de la Constitución Española, en cuya virtud «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
No tiene por qué existir «incompatibilidad» por parte de los sujetos que se mencionan en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para ejercer la condición de jurado.
Y en el hipotético caso de que, para los sujetos de los que se realiza mención específica en el artículo 10 de la Ley del Jurado, existiera causa o circunstancia de algún tipo que impidiera el ejercicio de la condición de jurado habría para poder ser causa suficiente de constitución de incompatibilidad, de encuadrarse dentro de las causas que la propia Ley establece -en el artículo 11- como «prohibiciones» (v.gr. que tenga interés, directo o indirecto, en la causa concreta) o -artículo 12- como «excusas para actuar como jurado» (v.gr. que sufra grave trastorno por razón de las cargas familiares o que desempeñe un trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originara importantes perjuicios al mismo.
Lo que se consigue -en consecuencia- con la calificación de la condición de jurado como «deber inexcusable» de un lado, y con la exclusión de una serie de sujetos del derecho de ser jurado por virtud de su especial carácter o condición, no es la Justicia, entendida «como ideal supremo de la vida humana comunitaria en régimen de igualdad y libertad», que decía el Profesor Gutiérrez-Alviz 16, sino una pretendida y supuesta «Justicia» sesgada y fragmentaria. Y ya se sabe que lo que es en mitad no lo es doblemente.
¿Por qué no puede ejercer su derecho subjetivo a participar en la Administración de Justicia un miembro del cuerpo o fuerza de Seguridad del Estado?, ¿o un adjunto al Defensor del pueblo?, ¿o un funcionario de Instituciones Penitenciarias?, ¿o un auxiliar de la Administración de Justicia?, ¿o un profesor universitario de disciplina jurídica o de Medicina legal? Son cuestiones a las que el legislador deja sin respuesta.
El legislador parece pretender con el establecimiento de estas últimas exclusiones o incompatibilidades que los jurados sean totalmente inexpertos y legos en Derecho, porque se supone que precisamente para emitir un juicio satisfactorio sobre un caso concreto conviene partir de una situación absolutamente neutral, tanto en posición (carecer de interés alguno, directo o indirecto, sobre la causa u objeto del litigio) como en conocimientos jurídicos (o para mejor decir, desconocimiento, que es lo que, por lo visto, se pretende). Sin embargo, la veracidad de tal suposición hay que ponerla bajo la sombra de la duda. Que sea más satisfactorio desde el punto de vista jurídico un veredicto acordado por sujetos legos en Derecho que otro establecido por jurados con un conocimiento previo sobre la materia es -como mínimo- realmente dudoso.
Es absurdo excluir por incompatibilidad, v.gr., a los abogados o procuradores en ejercicio o a los profesores de disciplinas jurídicas o de medicina legal, precisamente por ser sujetos a los que les suponen conocimientos jurídicos.
¿Hay alguna causa objetiva y lógica o adecuado fundamento de orden material que justifique, de una manera coherente, la imposibilidad para que pueda ser jurado un sujeto que sea -a título de ejemplo- profesor de una disciplina jurídica o de medicina legal, o funcionario de Instituciones penitenciarias, o auxiliar de la Administración de Justicia?, ¿por qué razón se impide o se prohibe a estos ciudadanos la posibilidad de ser jurado, esto es, la posibilidad de ejercer un derecho?
A la vista del artículo 14 de nuestro texto constitucional, hemos de señalar que el artículo 10 de la Ley del Jurado es inconstitucional.

References: artículo 125
 artículo 125
 artículo 1
 artículo 125
sui generis
 artículo 125
 artículo 83
 artículo 125
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 54
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 10