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Timestamp: 2020-01-22 00:12:23+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1997-2436
Documento BOE-A-1997-2436
Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1997.
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 1997, páginas 3810 a 3830 (21 págs.)
BOE-A-1997-2436
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1996/12/27/19
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1997.
Esta Ley contiene los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1997, los cuales se enmarcan dentro de un contexto en que la reducción del déficit, de acuerdo con los escenarios de convergencia europea, deviene el objetivo básico. En coherencia con este fin, la contención del gasto público en el conjunto del presupuesto, con una adecuada priorización de las líneas de actuación de la Generalidad y del sector público vinculado o dependiente, se plantea como elemento determinante en la configuración del estado de gastos, y es especialmente notable la reducción de las transferencias a las entidades del mencionado sector público.
Por otra parte, el año 1997 es el primero de aplicación del nuevo sistema de financiación aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 23 de septiembre de 1996, que amplía el principio de corresponsabilidad fiscal mediante la cesión parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la atribución de competencias normativas en los tributos cedidos.
Desde el punto de vista estructural, la Ley conserva básicamente el planteamiento de la Ley de Presupuestos para 1996, y se divide el texto articulado, concretamente, en seis títulos, dedicados, respectivamente, a la aprobación del presupuesto y al régimen de las modificaciones presupuestarias, a las normas sobre gestión presupuestaria y gasto público, a los gastos de personal, a las operaciones financieras, a las normas tributarias y a la participación de los entes locales en ingresos del Estado y de la Generalidad. Del conjunto de las normas incluidas en los mencionados títulos es preciso destacar las medidas de control de la ejecución presupuestaria, así como la regulación del régimen de concesión, del seguimiento y del control de las subvenciones.
Con las disposiciones adicionales se completa el marco jurídico presupuestario, y las disposiciones finales contienen las normas relativas a la prórroga de disposiciones y a la entrada en vigor de la Ley.
Aprobación del presupuesto y régimen
1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 1997, integrado por los estados de gastos y los estados de ingresos de la Generalidad y de los siguientes entes que dependen de la misma:
e) Las empresas a las que se refiere el artículo 4.2 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
2. En el estado de gastos de la Generalidad se conceden los créditos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de 1.685.415.729.298 pesetas. Los ingresos que se estima que deben liquidarse durante el ejercicio suman un importe de 1.685.415.729.298 pesetas.
3. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos estatales cuyo rendimiento está cedido a la Generalidad se estiman en 15.007.000.000 de pesetas.
4. En el estado de gastos de las entidades autónomas de carácter administrativo, los créditos concedidos para atender el cumplimiento de sus obligaciones suman un importe total de 17.607.642.863 pesetas. Los derechos que se estima que deben liquidarse por parte de cada entidad autónoma de carácter administrativo se detallan en los correspondientes estados de ingresos, por un importe total de 17.607.642.863 pesetas.
5. En el estado de gastos de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, los créditos concedidos para atender el cumplimiento de sus obligaciones suman un importe total de 79.406.749.976 pesetas. Los recursos estimados para las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo se detallan en el correspondiente estado de ingresos, por un importe total de 79.406.749.976 pesetas.
6. En el estado de gastos del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, los créditos concedidos para atender sus obligaciones suman un importe total, deducidas las transferencias internas del Servicio Catalán de la Salud al Instituto Catalán de la Salud, de 647.442.373.418 pesetas. Los derechos económicos que se estima que éstos deben liquidar durante el ejercicio suman un importe de 647.442.373.418 pesetas. Los créditos consignados en los estados de gastos y los derechos económicos detallados en los estados de ingresos incluyen los créditos y los derechos económicos correspondientes a los servicios traspasados de la Seguridad Social, por un importe total equilibrado entre los dos estados de 593.007.000.000 de pesetas.
7. En el estado de gastos del ente público Corporación Catalana de Radio y Televisión se conceden las dotaciones necesarias para atender el desarrollo de sus actividades, por un importe total de 13.189.540.000 pesetas, y los recursos se estiman en 13.189.540.000 pesetas.
a) «Televisió de Catalunya, Sociedad Anónima», por un importe total de dotaciones de 27.205.892.000 pesetas, y de recursos de 27.205.892.000 pesetas.
b) «Emissores de la Generalitat-Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, Sociedad Anónima», por un importe total de dotaciones de 3.592.821.000 pesetas, y de recursos de 3.592.821.000 pesetas.
c) «Principal d'Edicions, Sociedad Anónima», por un importe total de dotaciones de 79.755.000 pesetas, y de recursos de 79.755.000 pesetas.
d) «Principal de Vídeo, Sociedad Anónima», por un importe total de dotaciones de 10.000.000 de pesetas, y de recursos de 10.000.000 de pesetas.
9. Las dotaciones y los recursos consolidados estimados de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado en las que la Generalidad participa directamente, total o mayoritariamente, son los siguientes:
Pesetas / Recursos
Pesetas / Entidades de derecho público sometidas
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / 19.343.706.000 / 19.343.706.000
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries / 1.976.888.000 / 1.976.888.000
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions / 1.581.500.000 / 1.581.500.000
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. / 903.086.635 / 903.086.635
Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil / 2.212.604.240 / 2.212.604.240
Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials / 1.943.416.000 / 1.943.416.000
Centre d'Alt Rendiment Esportiu / 872.546.759 / 872.546.759
Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya / 10.204.450.000 / 10.204.450.000
Institut Català d'Energia / 1.183.360.000 / 1.183.360.000
Aigües Ter-Llobregat / 8.805.793.386 / 8.805.793.386
Junta de Sanejament / 53.111.776.000 / 53.111.776.000
Junta de Residus / 7.981.000.000 / 7.981.000.000
Institut de Diagnòstic per la Imatge / 1.575.996.758 / 1.575.996.758
Gestió de Serveis Sanitaris / 2.712.550.000 / 2.712.550.000
Institut d'Asistència Sanitària / 4.358.494.006 / 4.358.494.006
Gestió i Prestació de Serveis de Salut. / 463.889.391 / 463.889.391
Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica / 156.354.670 / 156.354.670
Institut Català d'Oncologia / 3.137.572.000 / 3.137.572.000
Serveis Sanitaris de Referència-C. de Transfusió i Banc de Teixits / 1.617.925.210 / 1.617.925.210
10. Las dotaciones y los recursos estimados de explotación y de capital de las empresas en las que la Generalidad participa directamente, total o mayoritariamente, son las que se especifican en el anexo al presente artículo.
Artículo 2. Vinculación de créditos del presupuesto de las entidades sanitarias y de servicios sociales.
1. a) Los créditos autorizados en el presupuesto de gastos del Servicio Catalán de la Salud, sección 51, tienen carácter vinculante por artículo, salvo el concepto 160 del capítulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», y el concepto 489, del capítulo 4, «Farmacia», en los que la vinculación es a nivel de concepto.
b) Los créditos autorizados en el presupuesto de gastos del Instituto Catalán de la Salud, sección 32, tienen carácter vinculante por artículo, salvo el concepto 160 del capítulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», en el que la vinculación es por concepto.
c) Los créditos autorizados en el presupuesto de gastos del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, secciones 41 y 42, tienen carácter vinculante por artículo, salvo el concepto 160 del capítulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», y los conceptos 471 y 487 del capítulo 4, «Transferencias corrientes», en los que la vinculación es por concepto.
2. Independientemente de la vinculación de los créditos del presupuesto de gastos, la clasificación por conceptos y subconceptos se utilizará para el registro contable de las operaciones de gasto en el momento de la ejecución del presupuesto y en los expedientes de modificaciones presupuestarias de las entidades citadas en el apartado 1.
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios deben ajustarse a lo dispuesto en la presente Ley y a lo establecido sobre esta materia en el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, en aquellos puntos que no son modificados por los artículos 4 y 5 de la presente Ley.
2. Se autoriza al Consejero de Economía y Finanzas para dictar las normas necesarias para la modificación y el seguimiento de los créditos del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, previo informe, según corresponda, del Consejero de Sanidad y Seguridad Social o del Consejero de Bienestar Social.
1. Las transferencias de crédito no pueden afectar mediante minoraciones a los créditos que tienen la naturaleza de ampliables, los créditos nominativos, los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito concedidos a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas autorizar, con las únicas limitaciones que establece el apartado 1, las siguientes modificaciones presupuestarias:
c) La habilitación de créditos mediante la creación de los conceptos presupuestarios que sean procedentes, en el supuesto de que en la ejecución del presupuesto se planteen necesidades que no hayan sido expresamente recogidas en el mismo; con esta finalidad, deben efectuarse las transferencias de crédito necesarias para compensar, por un importe igual, la dotación de los nuevos conceptos.
d) Previa solicitud del Consejero de Bienestar Social, las transferencias entre los créditos consignados a favor de la sección 41 y las demás aplicaciones presupuestarias de la sección 20, destinadas a actuaciones sociales, transferencias que no pueden minorar los créditos comprometidos ni los afectados por ingresos finalistas. En función del desarrollo de la Ley 4/1994, de 20 de abril, de administración institucional, de descentralización, de desconcentración y de coordinación del Sistema Catalán de Servicios Sociales, podrán autorizarse transferencias entre las aplicaciones presupuestarias del capítulo 1 de las secciones 41 y 20.
3. El Consejero de Economía y Finanzas puede autorizar, con las únicas limitaciones que establece el apartado 1, transferencias de crédito entre los créditos consignados en un mismo departamento u organismo autónomo, y entre los consignados entre un departamento y sus organismos autónomos, excepto las que afecten a créditos para gastos de personal.
4. En las transferencias de crédito del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, corresponde al Consejero de Economía y Finanzas autorizar la creación de conceptos, en caso de que correspondan a créditos con vinculación por artículo.
5. Los titulares de los departamentos y los Presidentes de los organismos autónomos pueden autorizar transferencias, con las limitaciones establecidas en el artículo 42 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, entre los créditos consignados en un mismo artículo del capítulo 2 del presupuesto, «Gastos de bienes corrientes y de servicios», excepto que supongan aumento de los subconceptos del concepto 226, «Gastos varios». Una vez que la transferencia ha sido autorizada, el departamento u organismo autónomo remitirá el expediente al Departamento de Economía y Finanzas para que formalice contablemente la modificación presupuestaria.
6. Los Interventores delegados en los distintos departamentos y organismos autónomos deben informar, previamente a la autorización de las propuestas de transferencias de crédito, sobre los siguientes puntos:
7. Si la autorización de las transferencias de crédito es competencia de los Titulares de los departamentos o de los Presidentes de los organismos autónomos y el informe de la Intervención Delegada es desfavorable a la propuesta de modificación presupuestaria, debe remitirse el expediente al Departamento de Economía y Finanzas para que el Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, adopte la resolución que considere procedente.
1. Deben generarse en el estado de gastos los créditos necesarios para atender las obligaciones derivadas de los servicios que traspasen a la Generalidad otras administraciones durante el ejercicio de 1997. La cuantía de los créditos generados no puede ser superior al importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados.
2. Igualmente, deben generar créditos en el estado de gastos las transferencias de fondos efectivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinadas a las corporaciones locales para financiar los déficit provocados por la prestación de servicios que no corresponden a competencias municipales, así como las correspondientes a los gastos de capitalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
3. En las generaciones y ampliaciones de créditos financiadas con ingresos procedentes de otras administraciones o entidades públicas de la Generalidad puede dictarse resolución ampliando o generando el crédito a la vista de la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación por parte de la administración que debe remitir los fondos, pero no pueden ordenarse pagos hasta que se haya producido efectivamente el ingreso, salvo que las ampliaciones o generaciones sean necesarias para atender los gastos de personal traspasado o las subvenciones de naturaleza periódica que tengan por finalidad prestaciones de carácter personal o social, o que sean necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios transferidos o conveniados.
Se consideran créditos ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las normas legales oportunas y, en todos los casos, dando cuenta de ello trimestralmente al Parlamento, los créditos incluidos en el presupuesto de la Generalidad y en los de los entes públicos aprobados por la presente Ley que se detallan a continuación:
b) Los trienios derivados de los cómputos de tiempo de servicio realmente prestado a la Administración por parte de los funcionarios.
c) Los créditos destinados a gastos de funcionamiento (capítulo 2), «Gastos de bienes corrientes y de servicios» de servicios para los que se exigen tasas, exacciones parafiscales, cánones o precios. Estos créditos pueden ampliarse por la diferencia entre la recaudación inicialmente prevista entendida ésta, si procede, como la obtenida en 1996, incrementada en un 8 por 100 y la efectivamente ingresada.
d) Los créditos correspondientes a servicios traspasados, si, por aplicación de la normativa vigente, fuese necesario reconocer obligaciones adicionales a las previstas inicialmente, por el importe de las transferencias de fondos que para compensar estas actuaciones deba formalizar la correspondiente Administración.
b) Los créditos correspondientes a intereses, amortizaciones y menoscabos en operaciones de créditos avaladas consignados en los presupuestos de las entidades como consecuencia de operaciones financieras autorizadas. En el supuesto de que los ingresos presupuestarios sean insuficientes para atender las obligaciones producidas por estas operaciones, deben ampliarse los créditos que para estas entidades sean consignados en las correspondientes secciones del presupuesto de la Generalidad.
3. Los créditos consignados en el presupuesto de la Generalidad y en el Servicio Catalán de la Salud que se destinan al pago de intereses, a la amortización de principal y a los gastos derivados de la deuda, considerada ésta en los términos del artículo 16 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. Si fuese preciso, deben generarse los créditos oportunos para atender las obligaciones, y los pagos deben aplicarse, independientemente de cuál sea el vencimiento al que correspondan, a los créditos respectivos del ejercicio económico de 1996. En el supuesto de la formalización de las operaciones de modificación, refinanciación y sustitución que autoriza el artículo 36.2 de la presente Ley, el Departamento de Economía y Finanzas ha de instrumentar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el capítulo 9 del estado de ingresos y en el capítulo 9 del estado de gastos, correspondientes a variación de pasivos financieros.
a) En la sección 04 (Departamento de Gobernación):
Primero. El crédito 04.03462.01, para hacer frente al compromiso económico que representan las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 1/1994, de 22 de febrero, de creación del municipio de Badia.
Segundo. Los créditos 04.03.462.03 y 04.03.767.01, destinados a la refinanciación de la deuda municipal, en función del plan de actuación que acuerden las administraciones públicas.
Tercero. El crédito 04.06.226.10, para hacer frente a los gastos extraordinarios producidos en caso de situaciones de emergencias debidamente aprobados por el Gobierno.
b) En la sección 05 (Departamento de Economía y Finanzas): El crédito 05.01.226.11, hasta el importe necesario para atender el pago de los intereses de demora resultantes de la devolución de ingresos tributarios y para atender el pago de las retribuciones del Perito tercero en las tasaciones periciales contradictorias, en los términos que determina la Ley General Tributaria del Estado.
c) En la sección 06 (Departamento de Enseñanza):
Primero. El crédito 06.04.480.01, en función de los módulos económicos de los conciertos educativos aprobados por la Ley de Presupuestos del Estado para 1997.
Segundo. El crédito 06.05.462.01, en función de la matriculación del curso 1997-1998 en aplicación de la LOGSE.
d) En la sección 07 (Departamento de Cultura):
Primero. El crédito 07.05.601.01, en caso de que por resolución judicial se acuerde un justiprecio superior al fijado inicialmente por el Jurado en la expropiación del Teatro Romano de Tarragona.
Segundo. Los créditos para operaciones de capital consignadas en el servicio 07.05, en función de los recursos procedentes de la «esponsorización», en especial las actuaciones correspondientes al patrimonio románico de Boí y a la rehabilitación de la Seo vieja de Lleida.
e) En la sección 08 (Departamento de Sanidad y Seguridad Social), el crédito 08.06.421.03, en función de los ingresos que efectivamente se reconozcan, para atender a insuficiencias de los servicios traspasados y que no estén afectos a gastos concretos.
f) En la sección 09 (Departamento de Política Territorial y Obras Públicas), los créditos destinados a promover actuaciones de adquisición y rehabilitación de viviendas y los destinados a atender las obligaciones derivadas del convenio con la Administración central del Estado en materia de patologías estructurales de las viviendas.
g) En la sección 11 (Departamento de Trabajo):
Primero. Los créditos destinados a atender el coste de las acciones que, dentro de distintos objetivos, sean aprobadas por el Fondo Social Europeo.
Segundo. El crédito 11.07.481.01, para las prestaciones económicas del Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI).
Tercero. El crédito 11.04.481.01, para las acciones que lleve a cabo el Servicio Catalán de Colocación.
Cuarto. El crédito de la partida 11.03.410.01, para atender al coste de la creación y del funcionamiento del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña.
h) En la sección 12 (Departamento de Justicia):
Primero. El crédito correspondiente a la aplicación presupuestaria 12.05.228.02, en función del mayor gasto en comunicaciones derivada de la supresión de franquicias postales de las oficinas judiciales, hasta el importe traspasado, por este concepto, por la Administración central y de los gastos producidos por el funcionamiento del Jurado.
Segundo. Los créditos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias 12.05.440.15 y 12.05.440.16, en función del coste que se produzca en los turnos de oficio de Abogados y Procuradores, respectivamente, determinado por los módulos fijados por la Generalidad de Cataluña y por el número de asuntos atendidos.
Tercero. Los créditos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias 12.06.226.09, 12.06.261.07, 12.06.261.08 y 12.06.261.09, proporcionalmente al aumento neto de niños tutelados por imperativos legales y judiciales, siempre que no superen los módulos unitarios de coste del año 1996.
i) En la sección 20 (Departamento de Bienestar Social), los créditos que deban ampliarse a partir de los ingresos que se produzcan en la Tesorería de la Generalidad provenientes de los resultados de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, como consecuencia de los beneficios obtenidos de la recaudación total, una vez deducidos todos los gastos de explotación, los premios y demás gastos previstos en la Ley 5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1992. El importe de los créditos ampliados por este concepto debe destinarse a la financiación de inversiones y programas de atención social.
j) En la sección 21 (Gastos varios departamentos):
Primero. El crédito 21.01.226.04, si mediante sentencia judicial firme se declaran responsabilidades pecuniarias de la Generalidad y por los gastos jurídicos efectuados por la Dirección General del Patrimonio con motivo de la gestión de los inmuebles.
Tercero. El crédito 21.01.460.01, por un importe igual al de las transferencias de fondos para atender los gastos generados por los servicios estatales que presta el Ayuntamiento de Barcelona, consignados en los Presupuestos Generales del Estado.
Cuarto. El crédito 21.03.610.01, en función de los ingresos efectivamente obtenidos por la enajenación de inversiones reales (0610.01) y hasta el importe de los censos que se deban constituir.
Quinto. El crédito 21.04.770.01, destinado al pago de las obligaciones derivadas de menoscabos en operaciones de crédito avaladas por la Generalidad.
6. En la sección 32 (Instituto Catalán de la Salud), el crédito 32.02.226.04, destinado al pago de profesionales que tienen encomendada la gestión de cobro de la asistencia sanitaria prestada a terceros, en la cuantía necesaria para atender el importe de los honorarios devengados en función de las cantidades ingresadas en el concepto 317.20, «Prestación de los servicios de asistencia sanitaria», del estado de ingresos del Instituto Catalán de la Salud.
7. En la sección 51 (Servicio Catalán de la Salud), los créditos de la aplicación 51.01.489.01, destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas. La instrumentación de la ampliación puede condicionarse a la realización de reservas de crédito en otras partidas del presupuesto del Servicio Catalán de la Salud.
8. En la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, los créditos consignados para operaciones corrientes, y también los créditos consignados en el capítulo 6, «Inversiones reales», en función de los ingresos que, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 5/1986, de 17 de abril, de creación de dicha entidad, deben fijarse mediante Decreto del Gobierno.
Artículo 7. Retenciones de saldos presupuestarios.
En función de la ejecución del estado de ingresos, el Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, debe acordar la retención de saldos presupuestarios correspondientes a créditos no vinculados a ingresos afectados de los departamentos y las entidades el sector público. El importe de estas retenciones no puede ser superior a las ampliaciones de crédito autorizadas, de acuerdo con el artículo 6 de la presente Ley.
Artículo 8. Créditos autorizados a favor de las entidades autónomas.
1. El importe de los créditos presupuestarios destinados a transferencias corrientes a favor de las entidades autónomas y de las empresas públicas reguladas en la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, debe ajustarse de forma que la liquidación de sus presupuestos a 31 de diciembre sea equilibrada. Para conseguir dicho objetivo de equilibrio también pueden aplicarse las aportaciones de capital a la compensación de pérdidas de anteriores ejercicios, previo acuerdo del Gobierno.
2. Con el fin de determinar los gastos que deben tenerse en cuenta en la liquidación de los presupuestos de las entidades autónomas y de las empresas públicas, debe incluirse en las mismas el importe de las obligaciones reconocidas para operaciones corrientes.
3. Si se han librado fondos en exceso, deben minorarse por el importe de éstos los créditos autorizados a favor de las entidades autónomas y empresas públicas en el presupuesto para el ejercicio de 1998.
4. Las transferencias corrientes a favor de sociedades cuyo capital pertenece íntegramente a la Generalidad, a sus entidades autónomas o a los entes de derecho público tienen la naturaleza de subvención de explotación, en la medida necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con las normas que dicte el Consejero de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General, y de libramiento a cuenta de futuras operaciones de capital por el resto. Para aplicar los libramientos a la ampliación de capital de las sociedades es preciso, en todo caso, el acuerdo previo del Gobierno.
Artículo 9. Estudios y dictámenes.
1. Para disponer de fondos con cargo a las aplicaciones presupuestarias respectivas para la contratación de estudios y dictámenes se precisa la aprobación del Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, si la cuantía supera los 3.000.000 de pesetas.
2. La Administración de la Generalidad ha de encargar la realización de los estudios y dictámenes a los departamentos o institutos de las universidades públicas de Cataluña, si el carácter del tema lo aconseja.
1. Tienen la consideración de contratos menores los que tengan una cuantía, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que no exceda de los siguientes límites:
a) Obras: 5.000.000 de pesetas.
b) Suministros: 2.000.000 de pesetas.
c) Consultoría y asistencia: 2.000.000 de pesetas.
d) Servicios: 2.000.000 de pesetas.
2. En los contratos menores, el órgano de contratación de los departamentos de la Generalidad ha de ser el Secretario general respectivo o el órgano en quien delegue.
3. La tramitación del expediente de los contratos menores exige, con carácter general:
b) La fiscalización previa de la Intervención, excepto en los contratos menores de una cuantía inferior o igual a 500.000 pesetas, y excepto también en los supuestos del artículo 69 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
d) La incorporación de la factura correspondiente que reúna los requisitos establecidos por reglamento.
4. En los contratos menores de obras es necesario, adicionalmente, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de un proyecto, cuando normas específicas así lo requieran.
Artículo 11. Régimen de concesión de las subvenciones.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, es subvención toda disposición sin contraprestación de fondos públicos acordada por la Generalidad o sus organismos autónomos a favor de persona o entidades públicas o privadas para fomentar la realización de actividades de utilidad o interés social o para promover la consecución de una finalidad pública.
2. También es aplicable lo que disponen el presente artículo y el artículo 12 a las subvenciones y a las ayudas que concedan las empresas y las entidades públicas, los consorcios y otros entes con participación mayoritaria de la Generalidad, siempre que estén financiados con aportaciones del presupuesto de algunas de las entidades relacionadas en el apartado 1.
3. Las ayudas y subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios iniciales que no tienen asignación nominativa y que afectan a un colectivo de beneficiarios potenciales, general o indeterminado, deben concederse de acuerdo con criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
4. Los departamentos y las entidades concedentes han de establecer, en su defecto, y previamente a la adopción de los acuerdos de concesión, las bases reguladoras, que deben ser sometidas al informe de los servicios jurídicos del departamento otorgante de la subvención o ayuda y publicarse en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y deben fijar, como mínimo:
a) La definición del objeto de la subvención.
b) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para obtener la subvención o ayuda y la forma de acreditar dichos requisitos.
c) El plazo y la forma de justificación por parte de los beneficiarios en cuanto al cumplimiento de la finalidad para la que se ha concedido la subvención y en cuanto a la aplicación de los fondos.
d) En el supuesto de que se considere la posibilidad de efectuar adelantos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, si procede, deben aportar los beneficiarios.
e) La forma de conceder la subvención.
f) La obligación de los beneficiarios de facilitar toda la información requerida por los órganos de control de la Administración.
5. Excepcionalmente, pueden ser concedidas directamente, por resolución del Consejero correspondiente, las subvenciones innominadas o genéricas en las que no sea posible promover la concurrencia pública por la especificidad de las características que debe cumplir la entidad, empresa, persona o actividad destinataria de la subvención. La resolución debe contener lo que establecen las letras a), c), d) y f) del apartado 4. Si el importe de la subvención es superior a 50.000.000 de pesetas, es necesario el acuerdo del Gobierno para autorizar la concesión de la subvención.
6. Los departamentos han de publicar trimestralmente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» las subvenciones concedidas en cada período al amparo del apartado 5, con expresión sucinta del crédito presupuestario al que se han imputado, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y los fines de la subvención. En el caso de subvenciones nominativas en el presupuesto inicial no se precisa la publicidad, si bien el beneficiario debe justificar la aplicación de los fondos recibidos y el cumplimiento de la finalidad.
7. Si el importe de la subvención es superior a 1.000.000 de pesetas, en cualquiera de los casos, es preciso, para que sea concedida, que el beneficiario acredite que está al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social y que no tiene contraída deuda alguna bajo ningún concepto con la Administración de la Generalidad y sus organismos autónomos.
1. Las convocatorias de subvenciones deben indicar la aplicación presupuestaria a la que deben imputarse y es necesario efectuar la correspondiente reserva de crédito. La concesión de subvenciones implica la contabilización de la disposición de gastos por las cuantías otorgadas. El reconocimiento de la obligación debe realizarse cuando el perceptor haya justificado el cumplimiento de las condiciones por las que se le ha otorgado la subvención y sin más limitación que las establecidas en la normativa que sea de aplicación a la subvención. En caso de que se otorguen adelantos antes de que se realice dicha justificación, debe hacerse constar expresamente en la concesión, indicando si se precisa garantizar mediante un aval bancario u otro medio el cumplimiento de las obligaciones del perceptor. Si la justificación no se presenta dentro del plazo establecido queda anulada la concesión.
2. Las subvenciones que concedan los departamentos con carácter compensatorio de las cargas por operaciones financieras formalizadas por los perceptores pueden ser libradas por su importe total en 1997 al Instituto Catalán de Finanzas o al Instituto Catalán del Crédito Agrario, según cual sea la materia, para que procedan bien al pago periódico de estas subvenciones en los ejercicios correspondientes, bien a la amortización parcial del capital pendiente de las operaciones con subvención asociada.
3. Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones:
a) Realizar la actividad o inversión que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Acreditar ante el órgano concedente que se ha realizado la actividad o inversión, que se han cumplido los requisitos que determina la resolución de concesión y que el importe de la subvención se ha invertido en la actividad que es objeto de la misma. A tal efecto, el citado órgano puede solicitar cuantos documentos justificativos crea necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.
c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otros departamentos o de otras administraciones o entes públicos.
d) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir en el destino de la subvención. El cambio debe ser autorizado expresamente por el órgano concedente, si procede.
4. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones en los plazos acordados, por causas que les sean directamente imputables, la subvención debe reducirse en proporción al citado incumplimiento, sin perjuicio de que el órgano concedente disponga su total revocación, en caso de no poder alcanzar los objetivos de la subvención y, en cualquier caso, previa notificación y audiencia del beneficiario.
5. El control del cumplimiento del destino de las ayudas y subvenciones por parte de los beneficiarios debe ser llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, y de acuerdo con los planes de control aprobados por el Consejero de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General de la Generalidad, la cual puede pedir tanto al órgano concedente como al beneficiario todos los documentos, los justificantes y los antecedentes que considere necesarios.
6. De conformidad con el artículo 18.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con los Reglamentos de la Comunidad Económica Europea números 4253/1988, 4042/1989 y 4045/1989, y con las demás normas aplicables, corresponde en el ámbito de Cataluña a la Intervención General de la Generalidad la elaboración y ejecución de los planes de control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total o parcialmente con fondos comunitarios.
7. Si, a consecuencia del control a que se refieren los apartados 5 y 6, se comprueba que las cantidades percibidas por el beneficiario están destinadas, total o parcialmente, a finalidades diferentes del objeto de la subvención, debe procederse a revocarlas y a reintegrarlas, con el interés de demora fijado por la presente Ley desde la fecha de pago. En caso de que se hayan pagado adelantos sobre la subvención y que por incumplimiento del beneficiario sea procedente la ejecución de la garantía prestada, el interés de demora debe computarse desde la fecha fijada al beneficiario para justificar el cumplimiento de la finalidad y los objetivos que han motivado la concesión de la subvención o desde la fecha del pago si es posterior.
8. Se faculta expresamente al Consejero de Economía y Finanzas para que desarrolle por Reglamento el presente artículo y el artículo 11, y, en especial, para que determine los procedimientos a seguir en la justificación y el control de las subvenciones y para que regule los requisitos que han de cumplir los justificantes de las mismas.
Artículo 13. Construcción y adquisición de inmuebles.
1. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, puede autorizar los departamentos para que adquieran inmuebles para sustituir a los que actualmente ocupan en régimen de alquiler o para construir en ellos nuevos edificios y, con esta finalidad, puede acordar las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
2. Se autoriza al Gobierno para que, con la finalidad de instalar o agrupar en ellos dependencias de la Generalidad, y con cargo a los créditos de los departamentos afectados, pueda adquirir edificios construidos y vincularlos al pago de una prestación periódica en cualquiera de las modalidades reguladas por el derecho de censo en la legislación civil catalana, y pueda asumir, si es preciso, los compromisos previos que, sin conllevar obligaciones pecuniarias con vencimiento anterior a la adquisición definitiva de los derechos, sean adecuados a tal finalidad, y, asimismo, se le autoriza a representar documentalmente las prestaciones correspondientes en cualquiera de las formas admitidas en derecho.
3. Se dará cuenta al Parlamento de las adquisiciones a que se refieren los apartados 1 y 2.
Artículo 14. Vinculación de inmuebles.
Se autoriza al Gobierno a vincular los inmuebles de la Generalidad, cualquiera que sea su afectación, al pago de una prestación periódica de las reguladas en la legislación civil catalana sobre el derecho del censo. El capital obtenido se ha de destinar a financiar las operaciones de capital presupuestadas en la presente Ley.
Artículo 15. Ejecución anticipada de proyectos de inversión.
1. El Gobierno, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del Departamento de Enseñanza o del Departamento de Cultura, puede autorizar que éstos establezcan convenios de colaboración con las entidades locales que permitan la ejecución anticipada de proyectos de construcciones escolares, de bibliotecas o de centros polideportivos incluidos en los correspondientes planes.
2. Las obras a que se refiere el apartado 1 deben ser financiadas y, si procede, adjudicadas por las entidades locales. El importe de estas obras será reintegrado, en todo o en parte, por la Generalidad, de acuerdo con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupuestario para la financiación de los planes fijados por el departamento correspondiente y de acuerdo con los convenios firmados con cada entidad local.
3. El Gobierno, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del Departamento de Sanidad y Seguridad Social o del Departamento de Bienestar Social, puede autorizar que el Servicio Catalán de la Salud o el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales establezcan convenios de colaboración con entidades locales y otras entidades titulares de centros sanitarios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública o de centros de servicios sociales de la Red Básica de Servicios Sociales que permitan la ejecución anticipada de proyectos de inversión en infraestructura sanitaria o social.
4. Las inversiones a que se refiere el apartado 3 deben ser financiadas y gestionadas por las citadas entidades bajo la supervisión del Servicio Catalán de la Salud o del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Éste reintegrará, en todo o en parte, el importe de estas inversiones a las entidades que las realicen, de acuerdo con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupuestario para la financiación de los planes fijados por el Servicio Catalán de la Salud o por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de acuerdo con los convenios firmados.
Artículo 16. Financiación del programa de inversiones de las universidades.
2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 pueden cumplirse mediante la inversión directa de la Administración, mediante transferencia de capital a favor de las universidades o mediante subvenciones por importe de la carga financiera por interés y amortización de las operaciones de crédito que el Gobierno les autorice para la ejecución del programa.
3. Excepcionalmente, el Gobierno puede autorizar a las universidades a anticipar las inversiones previstas en el programa, mediante operaciones de crédito de las universidades. En tal caso, las amortizaciones deben ser subvencionadas por el presupuesto de la Generalidad, que también puede hacer frente, total o parcialmente, a los intereses.
Artículo 17. Identificación de los proyectos de inversión.
2. Las modificaciones de los programas de inversión que implican el inicio de nuevos proyectos requieren la asignación de los correspondientes códigos, de acuerdo con el Departamento de Economía y Finanzas.
Artículo 18. Mandamientos de pagos a justificar.
b) Antes del libramiento de fondos, debe efectuarse la retención del crédito en los conceptos presupuestarios para los que se solicita, por el mismo importe que el librado.
c) El régimen de funcionamiento y los conceptos presupuestarios a cuyo cargo pueden librarse fondos a justificar de carácter renovable deben ser fijados por orden del Departamento de Economía y Finanzas.
Artículo 19. Liquidación de los presupuestos y control financiero.
1. Los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, las empresas públicas, estén constituidas o no en forma de sociedad anónima, las universidades públicas financiadas por la Generalidad y los patronatos y consorcios en los que participa la Generalidad deben remitir a la Intervención General de la Generalidad, antes del día 30 de abril de 1997, la liquidación del presupuesto, las cuentas anuales y la Memoria de gestión del anterior ejercicio, remitiéndose también la misma documentación referida a las empresas en las que participan.
2. El control de carácter financiero a que se refiere el artículo 71 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, debe ajustarse al plan anual que para cada ejercicio económico debe aprobar el Consejero de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General. Las actuaciones mencionadas deben comprender una auditoría financiera y de regularidad, a fin de comprobar que la actuación de la entidad se ha ajustado a la legalidad vigente y a las directrices del Gobierno y del Departamento de Economía y Finanzas que le sean aplicables, y también que las transferencias recibidas de la Generalidad se han aplicado a las finalidades previstas; en caso contrario, pueden proponer las medidas de ajuste y de compensación que sean pertinentes.
3. Las entidades enumeradas en el apartado 1 pueden establecer órganos de control económico-financiero interno propios. Corresponden a la Intervención General de la Generalidad las funciones de coordinación, inspección, asesoramiento e impulso de los citados órganos.
Artículo 20. Contabilidad de los organismos autónomos, comerciales, industriales y financieros y de las entidades públicas.
Los organismos autónomos, comerciales, industriales y financieros, las entidades de derecho público que han de ajustar su actividad al derecho privado y las entidades con participación mayoritaria de la Generalidad, excepto las que estén constituidas en forma de sociedad anónima, han de ajustar su contabilidad a lo que dispongan los correspondientes planes parciales o especiales que, de conformidad con el artículo 75, c), del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, apruebe la Intervención General en desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden del Consejero de Economía y Finanzas de 28 de agosto de 1996.
Artículo 21. Limitación del aumento del gasto.
1. Durante el ejercicio de 1997, el Gobierno está obligado a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no propone al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente especificación presupuestaria.
2. Durante el ejercicio de 1997, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios.
1. Las obligaciones derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos por contratos de trato sucesivo, relativos a compra de bienes corrientes y de servicios, en el último trimestre de 1996, por los departamentos de la Generalidad y los organismos autónomos, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente.
2. El Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta de otro departamento, previo informe del respectivo interventor delegado, puede determinar los créditos con cargo a los cuales se imputa el pago de las obligaciones a que se refiere el apartado 1, que deben ser los adecuados a la naturaleza del gasto según la estructura presupuestaria.
3. Por lo que se refiere al Servicio Catalán de la Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social, el Departamento de Economía y Finanzas puede autorizar, a propuesta de los respectivos directores y previo informe del correspondiente interventor delegado, la aplicación a los créditos del presupuesto vigente de las obligaciones derivadas de compromisos de gasto del ejercicio anterior.
Artículo 23. Recurrencia de gastos en ejercicios futuros.
El Departamento de Economía y Finanzas ha de emitir informe preceptivo sobre cualquier disposición normativa de carácter general que implique recurrencia de gastos en
ejercicios presupuestarios futuros, especialmente por cuanto se refiere a plantillas y retribuciones del personal de los distintos departamentos y entidades.
Artículo 24. Contabilización de compromisos anuales.
1. Durante el primer mes del ejercicio, los departamentos han de efectuar la autorización de gastos por el importe de la anualidad de 1997, de los compromisos plurianuales de gasto y por el importe de los contratos o los convenios de alcance anual relativos al funcionamiento de los servicios.
2. El Departamento de Economía y Finanzas, previo informe del correspondiente interventor delegado, puede efectuar reserva de crédito de las cantidades a que hace referencia el apartado 1 hasta que se materialice la autorización de gasto correspondiente.
Artículo 25. Ámbito de aplicación de las normas sobre gastos de personal.
e) Las empresas a que hace referencia el artículo 4.2 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
Artículo 26. Retribuciones del personal no laboral.
1. Para el ejercicio de 1997, las retribuciones íntegras del personal en activo no sometido a la legislación laboral, incluyendo a los altos cargos, no tienen variación respecto a las fijadas para el ejercicio de 1996.
2. Lo establecido en el apartado 1 se entiende, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias, si es preciso, para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo mantienen la adecuada relación con el contenido de especial dificultad técnica, de dedicación, de responsabilidad, de peligrosidad o de penosidad, con informe favorable del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
3. Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia y las indemnizaciones por razón de servicios se rigen por su normativa específica y por lo dispuesto en la presente Ley, y no experimentan ningún incremento respecto a las fijadas para el ejercicio de 1996.
Artículo 27. Retribuciones del personal funcionario.
1. Las retribuciones a percibir en 1997 por los funcionarios, de acuerdo con el sistema retributivo establecido en la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalidad, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, son las siguientes:
a) El sueldo y los trienios, según el grupo en que se clasifican los cuerpos y escalas, referentes a doce mensualidades:
Pesetas / Grupo / Trienios
b) Las pagas extraordinarias, que son dos al año y se abonan en los meses de junio y diciembre, por un importe de una mensualidad de sueldo y trienios. Si un funcionario ha prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe ser objeto de la correspondiente reducción proporcional.
Pesetas / Nivel / Nivel / Pesetas
30 / 1.602.036 / 15 / 541.428
29 / 1.437.012 / 14 / 504.312
28 / 1.376.568 / 13 / 467.160
27 / 1.316.112 / 12 / 430.008
26 / 1.154.628 / 11 / 392.916
25 / 1.024.416 / 10 / 355.776
24 / 963.972 / 9 / 337.224
23 / 903.552 / 8 / 318.612
22 / 843.084 / 7 / 300.084
21 / 782.760 / 6 / 281.496
20 / 727.116 / 5 / 262.920
19 / 689.952 / 4 / 235.104
18 / 652.824 / 3 / 207.300
17 / 615.672 / 2 / 179.448
16 / 578.580 / 1 / 151.656
d) El importe del complemento específico, que no tiene variación respecto a los aprobados para 1996, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.2.
e) El complemento de productividad establecido en el artículo 67.3, c), de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, que retribuye el rendimiento especial, la actividad y dedicación extraordinarias, el interés o iniciativa con que se desempeñan las tareas inherentes al puesto de trabajo, de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados por cada departamento a tal efecto, y que se rige por las siguientes normas:
Primera. La apreciación de la productividad, a efectos del pago de este complemento, debe realizarse mediante una valoración individualizada para cada funcionario de los factores especificados en el citado artículo 67.3, c). Los complementos de productividad deben ser de conocimiento público para los demás funcionarios del departamento u organismo interesado, y debe darse conocimiento de los mismos, asimismo, a los representantes sindicales.
f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que deben ser concedidas por cada departamento u organismo autónomo dentro de los créditos asignados a tal finalidad. Estas gratificaciones tienen carácter excepcional y sólo pueden ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, no pudiendo ser en ningún caso fija la cuantía ni periódica la ganancia.
g) Los complementos personales transitorios reconocidos, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, que son absorbidos por cualquier mejora retributiva producida durante el año 1997, incluidas las derivaciones del cambio de lugar de trabajo. Se computa el 100 por 100 del importe de la mejora, a efectos de la absorción. En caso de que el cambio de lugar de trabajo determine una mengua de las retribuciones, se mantiene el complemento personal transitorio, al cual se ha de imputar cualquier mejora retributiva. No se consideran, a efectos de la absorción del complemento personal transitorio, los trienios, las gratificaciones por servicios extraordinarios ni el complemento de productividad regulado en la letra e) del presente apartado.
2. El cálculo de las retribuciones que haya que liquidar normativamente por días se ha de efectuar teniendo en cuenta el número de días naturales del correspondiente mes.
3. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, perciben el 100 por 100 de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupan la vacante, excluyendo los trienios, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, excluyendo los complementos vinculados a la condición de funcionario de carrera.
4. El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria tercera de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, hasta que concluya el proceso de extinción regulado por la citada Ley, percibe el 100 por 100 de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupa la plaza, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupa, excluyendo los trienios y los complementos vinculados a la condición de funcionario de carrera.
5. El personal al que no sean de aplicación las retribuciones fijadas en el apartado 1 del presente artículo sigue percibiendo durante 1997 las mismas retribuciones que el año 1996.
6. Las retribuciones básicas y complementarias del personal que, de acuerdo con las directrices que el Gobierno establece en esta materia, solicite reducción de su jornada de trabajo, se han de reducir en la misma proporción que el tiempo de la jornada.
1. Para el ejercicio de 1997, la masa salarial del personal laboral no se puede incrementar, respecto a la establecida para el ejercicio de 1996, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
2. Para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral es preciso el informe favorable del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas. Se consideran determinación o modificación de las condiciones retributivas los proyectos de convenios colectivos, las revisiones, adhesiones o extensiones de los mismos, la aplicación de los convenios colectivos de ámbito sectorial y de los pactos de mejoras que modifiquen las condiciones del personal laboral y la fijación de retribuciones mediante contrato individual, si no están reguladas mediante convenio colectivo.
3. A efectos de la emisión del correspondiente informe, los departamentos, organismos autónomos y entidades han de remitir el proyecto de pacto o mejora convenio, proyecto de convenio o propuesta individual previamente a su firma, acompañado de una Memoria, con la valoración de todos los aspectos económicos y de su incidencia en ejercicios futuros.
4. El informe a que se refiere el apartado 3 debe ser elaborado por el departamento competente en materia de función pública y por el Departamento de Economía y Finanzas, en el plazo de quince días desde la recepción del proyecto.
5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en materia de retribuciones del personal laboral con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos.
6. No pueden autorizarse los gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para 1997 si no se cumplen los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 29. Adecuación de acuerdos, convenios o pactos.
No puede firmarse ningún acuerdo, convenio o pacto en contravención de lo que establece la presente Ley. Los acuerdos, los convenios y los pactos ya firmados que impliquen crecimientos retributivos han de adecuarse a lo establecido en la presente Ley, y así devienen inaplicables las cláusulas que sean contrarias a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la presente Ley, que se le opongan o que resulten incompatibles con la misma.
1. Con efectos desde el 1 de enero de 1997, la cuantía de las pensiones reconocidas en el Decreto de 14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939, se incrementan el 2,6 por 100 en relación a las del ejercicio de 1996.
3. Los Consejeros de la Generalidad que dejen el cargo durante el año 1997 tienen derecho a la pensión por un período máximo de dieciocho meses. Sin embargo, dejan de percibirla en el momento en que obtienen otra retribución con cargo a fondos públicos.
Otras disposiciones en materia de gastos
1. Durante el ejercicio de 1997 no pueden tramitarse expedientes de ampliación de plantillas ni disposiciones o expedientes de creación o reestructuración de unidades orgánicas si el incremento del gasto público que se deriva de los mismos no se compensa mediante la reducción por el mismo importe de otros conceptos presupuestarios de los capítulos de gastos corrientes. Si la ampliación y creación de plantillas o la reestructuración de unidades orgánicas derivan de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones, el incremento del gasto resultante debe ser financiado mediante la minoración de los créditos para inversiones del departamento o la entidad que lo proponga. En cualquier caso, no pueden minorarse créditos que tengan la naturaleza de ampliables.
2. Los departamentos y las entidades autónomas pueden contratar temporalmente a personal laboral, de acuerdo con la legislación vigente, para ejectuar obras y para prestar servicios correspondientes a alguna de las inversiones incluidas en el presupuesto y a cargo del mismo. La contratación del personal laboral se realizará a través de las oficinas de empleo, con prioridad para los trabajadores sin subsidio de paro. Los departamentos y las entidades autónomas han de comunicar trimestralmente al departamento competente en materia de función pública las contrataciones que haya habido, así como sus características. El departamento competente en materia de función pública ha de dar cuenta de toda la información referente a este personal a las centrales sindicales consideradas más representativas.
1. Para el ejercicio de 1997, la oferta pública de empleo sólo puede incluir las plazas que el Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de función pública y previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
2. No obstante lo que establece el apartado 1, el Gobierno puede aprobar una o varias ofertas parciales de ocupación públicas de puestos de trabajo, dotados presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, que estén ocupados por interinos o por personal laboral temporal.
3. Lo que disponen los apartados 1 y 2 debe sujetarse, en cualquier caso, a los límites que puedan ser de aplicación al conjunto de las administraciones públicas en virtud de las disposiciones estatales de carácter básico en la materia.
Artículo 33. Relaciones de puestos de trabajo.
Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas, sin perjuicio de las facultades de delegación introducidas en la normativa de la función pública por la Ley 9/1994:
1. Para cumplir los principios de integración en el trabajo establecidos en la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y en la Ley 17/1985, de 23 de julio, de función pública de la Administración de la Generalidad, modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, y con la finalidad de que el 2 por 100 de la plantilla orgánica de la Administración de la Generalidad esté cubierto por personas con disminución, se reserva un 3 por 100 de las plazas previstas en la oferta pública de ocupación.
2. Las empresas públicas de la Generalidad han de reservar el 3 por 100, como mínimo, de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario de 1996 para que sean cubiertas por personas con disminución.
1. La Generalidad puede prestar avales durante el ejercicio de 1997 para las operaciones de crédito interior o exterior que concierten las entidades o empresas que se indican y hasta los importes que se señalan:
a) «Túnels i Accessos de Barcelona, S. A. C.»: El aval autorizado en el año 1996 y no formalizado a 31 de diciembre de 1996 puede instrumentarse en 1997.
b) «Túnel del Cadí, CESA»: Hasta 500.000.000 de pesetas. Adicionalmente, los avales autorizados en años anteriores y no formalizados a 31 de diciembre de 1996 pueden instrumentarse en 1997.
c) «Gestió d'Infraestructures, Sociedad Anónima»: Hasta 19.800.000.000 de pesetas, que incluye hasta 6.000.000.000 de pesetas para inversiones en infraestructuras del Departamento de Enseñanza.
d) «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»: Hasta 4.500.000.000 de pesetas.
e) «Teatre Nacional de Catalunya, Sociedad Anónima»: Hasta 1.500.000.000 de pesetas.
f) «Televisió de Catalunya, Sociedad Anónima»: Hasta 6.000.000.000 de pesetas.
g) «Catalunya Ràdio, SRG, Sociedad Anónima»: Hasta 1.500.000.000 de pesetas.
h) Consorci de l'Auditori i Orquestra i Fundació Privada Teatre Lliure, para inversiones: Hasta 1.400.000.000 de pesetas.
i) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, para inversiones: Hasta 2.220.000.000 de pesetas.
j) «Autopista Terrassa-Manresa, Sociedad Anónima»: Hasta 1.500.000.000 de pesetas.
2. Los avales a que se refiere el apartado 1 deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del Consejero de Economía y Finanzas y del Consejero del Departamento interesado por razón de la materia, y deben ser firmados por el Consejero de Economía y Finanzas o por la autoridad en quien delegue expresamente.
4. Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para que pueda prestar durante el ejercicio de 1997 las siguientes garantías, tanto en forma de primer aval como en forma de segundo aval, sobre las operaciones de crédito concertadas por empresas o entidades:
a) En los términos que establece la Ley 2/1985, de 14 de enero, de creación del Instituto, hasta un importe acumulado que no podrá exceder del que autoriza la Ley 14/1996, de 29 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1996, esto es, hasta un importe total de 25.250.000.000 de pesetas. Para el ejercicio de 1997, el límite a que se refiere el artículo 11.4 de la citada Ley 2/1985 es el 2,3 por 100 de la cantidad global autorizada. Excepcionalmente, el Gobierno puede acordar aumentar este límite.
b) Para operaciones de crédito destinadas a la financiación de inversiones y de gastos de reestructuración que concierten las entidades que dentro del ámbito de actuación del Servicio Catalán de la Salud tienen como objetivo la gestión de servicios sanitarios, hasta un importe total de 16.000.000.000 de pesetas.
c) Para financiar inversiones en materia de servicios sociales, hasta un importe total de 2.650.000.000 de pesetas.
d) Para operaciones de crédito que concierte el Hospital General de Cataluña, siempre que se mantenga el riesgo máximo a que se refiere el artículo 31.4, d), de la Ley 14/1996, de 29 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1996.
5. Se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario, en los términos que establece la Ley 4/1984, de 24 de febrero, de creación del Instituto, para que avale operaciones de crédito hasta un importe máximo de 400.000.000 de pesetas.
6. Los institutos a que se refieren los apartados 4 y 5 deben tener necesariamente en cuenta, en los avales que puedan prestar, que en ningún caso deben hacerse cargo de los intereses de demora producidos por el incumplimiento de obligaciones de los avalados.
7. El Departamento de Economía y Finanzas ha de inspeccionar las inversiones financiadas con créditos avalados por la Generalidad para comprobar su aplicación y rentabilidad y ha de instrumentar, si procede, las medidas corrrectoras que sean oportunas.
8. Se autoriza al Gobierno para conceder el aval de la Generalidad a las operaciones de crédito formalizadas por las entidades de derecho público sujetas al derecho privado, al amparo de la autorización contenida en el artículo 36.
9. El Consejero de Economía y Finanzas ha de remitir trimestralmente a la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa sobre la concesión de avales y préstamos por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario, que debe incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, la incidencia sectorial y territorial de éstas y los resultados de la gestión realizada por los citados institutos.
Artículo 36. Operaciones de endeudamiento.
1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores al año en cualquier modalidad, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, hasta un importe máximo de 78.272.000.000 de pesetas; adicionalmente, el endeudamiento autorizado en 1996 y no formalizado a 31 de diciembre de este año puede instrumentarse en 1997. El Gobierno ha de fijar las características del endeudamiento y la forma de representación de la deuda pública.
2. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, modifique, refinancie y sustituya las operaciones de endeudamiento de la Generalidad y de sus entidades o empresas públicas, instrumentadas en cualquiera de las modalidades que se enumeran en el artículo 16 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, y existentes antes o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con o sin novación del contrato, para obtener un coste menor de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado. No obstante, el endeudamiento de la Generalidad, en cualquier modalidad, también puede refinanciarse, con o sin novación del contrato, a fin de obtener una mejor estructura de la deuda en circulación.
3. En caso de refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año, el importe máximo que puede refinanciarse o sustituirse no puede ser superior a la deuda viva existente en esta modalidad a 31 de diciembre de 1996.
5. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año, referido en consecuencia tanto a las dispuestas en 1996 como las dispuestas en 1997, se mantiene en la cantidad resultante de aplicar el porcentaje previsto en el artículo 32.5 de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1995, incrementado en el 3,5 por 100 sobre el estado de gastos del presupuesto.
6. Adicionalmente al límite señalado en el apartado 5, pueden concertarse operaciones de crédito para atender necesidades transitorias de tesorería producidas por los retrasos en los libramientos de fondos a la Generalidad procedentes de la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
7. Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para que, sin sobrepasar el límite máximo de endeudamiento vivo acumulado de 42.900.000.000 de pesetas, concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, destinadas a financiar las operaciones propias del Instituto.
8. Se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que, sin sobrepasar el límite máximo de endeudamiento acumulado vivo de 7.000.000.000 de pesetas, concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, destinadas a financiar las operaciones propias del Instituto.
9. Se autoriza al Instituto Catalán del Suelo para que concierte durante 1997 las siguientes operaciones de endeudamiento:
a) Suscribir préstamos calificados para las actuaciones de suelo residencial con destino preferente a viviendas de protección oficial y viviendas a precio tasado programadas por el Instituto Catalán del Suelo hasta un importe nominal de 6.000.000.000 de pesetas. El año 1997 puede disponerse de un importe nominal de 7.500.000.000 de pesetas, que corresponden a las disposiciones pendientes de ejercicios anteriores y a las del propio ejercicio. Adicionalmente, el endeudamiento autorizado para 1996 y no formalizado a 31 de diciembre de 1996 puede instrumentarse en 1997.
b) Préstamos hipotecarios, hasta un importe nominal máximo de 15.000.000.000 de pesetas, para financiar obras de construcción que promueva. Este importe corresponde al total de operaciones a realizar en el año 1997 por este concepto, siendo el importe a ejecutar en el año 1997 de 8.621.000.000 de pesetas.
10. Se autoriza al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya para que concierte durante el año 1997 operaciones de endeudamiento a largo plazo, en cualquier modalidad, por un importe máximo de 4.250.000.000 de pesetas.
11. Se autoriza a la Junta de Sanejament para que concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, por un importe de 15.000.000.000 de pesetas, destinadas a operaciones de capital. Dichas operaciones de endeudamiento tienen efectividad en el supuesto de que la Junta de Sanejament no obtenga los fondos necesarios mediante la modalidad establecida por la disposición adicional vigésima octava de la presente Ley.
12. Se autoriza al Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil para que renegocie los plazos de devolución del endeudamiento autorizado por la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1993, y formalizado antes de 31 de diciembre de 1995, por un importe total de 1.360.000.000 de pesetas.
13. Se autoriza al Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries para que concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, por un importe de 100.000.000 de pesetas, destinadas a operaciones de capital.
14. Se autoriza a la Corporación Catalana de Radio y Televisión para que concierte durante el año 1997 operaciones de endeudamiento a largo plazo, en cualquier modalidad, por un importe máximo de 5.253.000.000 de pesetas.
15. Durante el mes siguiente a la aprobación del presupuesto, los organismos autónomos no financieros y las entidades públicas han de remitir al Departamento de Economía y Finanzas los proyectos de inversión previstos en sus respectivos presupuestos que propongan financiar con el producto de las operaciones de endeudamiento autorizadas por el presente artículo, así como el programa de ejecución de los mismos.
16. Los organismos autónomos no financieros y las entidades públicas deben informar al Departamento de Economía y Finanzas de las disposiciones que efectúen de las operaciones de endeudamiento formalizadas, así como de la aplicación de las mismas.
17. Las características de las operaciones de endeudamiento señaladas en los anteriores apartados deben ser fijados por el Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, salvo las características de las operaciones a que se refieren los apartados 5 y 6, que pueden ser determinadas por dicho Consejero.
18. Se autoriza al Gobierno a acordar la transformación de los títulos representativos de la deuda pública actualmente en circulación en anotación en cuenta, siempre que se respeten las demás características de la respectiva emisión.
19. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Finanzas, puede establecer las actuaciones que deben llevarse a cabo en el curso del ejercicio de 1997 encaminadas a cubrir el riesgo de tipos de interés y de tipos de cambio de las operaciones de endeudamiento existentes antes o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, mediante la utilización de los distintos instrumentos financieros de cobertura de riesgo existentes en los mercados. La contratación de las operaciones concretas, dentro del citado marco, corresponde al Consejero de Economía y Finanzas, quien puede delegar esta facultad en la Dirección General de Política Financiera.
1. Los organismos autónomos, las entidades públicas y las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Generalidad han de remitir mensualmente al Departamento de Economía y Finanzas un estado de su situación financiera, de acuerdo con la estructura que éste determine.
Artículo 38. Incremento de tarifa de saneamiento
y canon de saneamiento.
Durante el año 1997 los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación, a efectos de la determinación de los tipos del incremento de tarifa y el canon de saneamiento dentro de cada plan zonal de saneamiento, son los siguientes:
Usos domésticos: 32,35 pesetas/m.
Usos industriales: 40,63 pesetas/m.
Materias en suspensión (MES): 37,21 pesetas/kg.
Materias oxidables (MO): 74,43 pesetas/kg.
Materias inhibidoras (MI): 744,29 pesetas/k-equitox.
Sales solubles (SOL): 595,44 pesetas/Sm/cm.
Incremento de temperatura (IT): 0,007881 pesetas/m/C.
Usos domésticos: 29,35 pesetas/m.
Usos industriales: 36,85 pesetas/m.
Incremento de temperatura (IT): 0,007881 pesetas/m/ºC.
Artículo 39. Canon de infraestructura hidráulica.
1. En los supuestos de utilización del agua para usos industriales, de conformidad con el artículo 11.4 de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de Cataluña, la base imponible del canon de infraestructura hidráulica se afectará de los siguientes coeficientes, en función del volumen de agua utilizada, de su procedencia y del tipo de uso:
Volumen de agua / Coeficiente
Volumen de agua procedente de entidades suministradoras:
Hasta 500.000 m/año / 0,75
De 500.001 a 5.000.000 m/año / 0,15
De 5.000.001 a 10.000.000 m/año / 0,015
Más de 10.000.000 m/año / 0,0015
Volumen de agua procedente de captaciones propias:
Hasta 50.000 m/año / 0,75
De 50.001 a 500.000 m/año / 0,4
De 500.001 a 5.000.000 m/año / 0,1
De 5.000.001 a 10.000.000 m/año / 0,01
Más de 10.000.000 m/año / 0,001
Uso por generación de energía hidroeléctrica: 0.
2. En los supuestos de utilización o consumo de agua que proceda al mismo tiempo de captaciones propias y del abastecimiento efectuado por entidades suministradoras con un volumen acumulado dentro del ejercicio superior a 500.000 m, la cuota del canon no puede exceder del importe resultante de aplicar al tipo de gravamen al volumen acumulado que constituye la base imponible afectado de los coeficientes establecidos para el agua procedente de entidades suministradoras.
3. El tipo de gravamen correspondiente a los usos domésticos del agua para todo el territorio de Cataluña debe afectarse de los siguientes coeficientes de concentración demográfica:
Municipios / Coeficiente
Hasta 400 habitantes / 0
De más de 400 habitantes / 1
Artículo 40. Actualización de las tasas con tipo de cuantía fija.
1. Los tipos de cuantía fija de las tasas de los títulos primero al décimo de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, se elevan, para 1997, hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,08 a la cuantía exigida de 1996.
2. Se consideran tipos de cuantía fija los que no se determinan por un porcentaje sobre la base. La cifra de las unidades de los tipos resultantes de la aplicación del incremento a que se refiere el apartado 1 se redondean al 5, las comprendidas entre el 1 y el 5, al 0, las comprendidas entre el 6 y el 9, con aumento en este último supuesto de una unidad en la cifra de las decenas.
a) Las que son objeto de actualización y modificación específica en la presente Ley.
b) Las reguladas en el artículo 71 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre.
4. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, se introducen en dicha Ley las modificaciones que se detallan en los artículos 41, 42 y 43 de la presente Ley.
Artículo 41. Tasas con carácter general de los diversos departamentos de la Generalidad de Cataluña.
Se modifica el artículo 36 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado de la forma siguiente:
1. Para acceder a un puesto de trabajo del grupo A / 7.000
2. Para acceder a un puesto de trabajo del grupo B / 5.500
3. Para acceder a un puesto de trabajo del grupo C / 4.000
4. Para acceder a un puesto de trabajo del grupo D / 3.000
5. Para acceder a un puesto de trabajo del grupo E / 2.500»
Artículo 42. Tasas del Departamento de Enseñanza.
1. Las tarifas de las tasas del Departamento de Enseñanza se actualizan de acuerdo con el porcentaje que se establece en el artículo 40, con excepción de la tarifa correspondiente a matrícula y servicios para los alumnos oficiales de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que queda fijada en 20.000 pesetas.
Artículo 43. Tasas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 194 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Metrología.
1.1 Aprobación del modelo, modificación de aprobación de modelo, certificados de uso metrológico, certificados de ensayos metrológicos y prórrogas de aparatos metrológicos:
a) La tasa de tramitación es de 15.000 pesetas por modelo o familia de modelos.
b) Para la concesión es necesaria la presentación de un informe favorable de un laboratorio acreditado, salvo en el caso de las prórrogas.
1.2 Verificación primitiva, verificación de la Comunidad Europea y primeras verificaciones:
1.2.1 Realizadas por la Administración:
a) La tasa de emisión de la etiqueta o del certificado de verificación es la correspondiente al punto 3.1.1.
b) En la tramitación del expediente es necesaria la presentación de un informe favorable de un laboratorio acreditado.
1.2.2 Realizadas por un laboratorio habilitado o por una empresa con certificación de la Comunidad Europea:
a) La tasa de tramitación es de 200 pesetas por aparato.
b) En ningún caso el importe de este gasto puede representar más del 5 por 100 del precio de venta del aparato.
1.3 Verificación después de reparación o modificación:
1.3.1 Realizadas por la Administración:
b) En la tramitación del expediente es necesaria la inspección directa o bien la presentación de un informe favorable de un laboratorio acreditado o de una entidad verificadora autorizada.
1.3.2 Realizadas por un laboratorio habilitado o una entidad verificadora autorizada: La tasa de tramitación es de 200 pesetas por aparato.
1.4 Verificación periódica:
b) En la tramitación del expediente es necesaria la emisión de un informe favorable de un laboratorio acreditado o de una entidad verificadora autorizada.
1.5 Verificaciones por motivos de reclamación: La tasa para dichas comprobaciones es la correspondiente al punto 3.1.1. A partir de la segunda reclamación, incluida ésta, es necesaria la presentación de un informe emitido por un laboratorio acreditado o por una entidad verificadora autorizada.»
Participación de los entes locales en ingresos
del Estado y de la Generalidad
Artículo 44. Participación en ingresos.
b) La participación en los ingresos de la Generalidad por un importe de 7.738.093.283 pesetas, de las cuales 3.738.093.283 pesetas consignadas en la partida 04.03.461.03, se distribuirán entre las comarcas y 4.000.000.000 de pesetas, consignados en la partida 04.03.463.01, que se distribuirán entre los municipios de Cataluña.
2. Las participaciones en ingresos del Estado deben distribuirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía y la normativa que sea de aplicación.
3. Los créditos consignados en la sección 19 (participación de los entes locales de Cataluña en los ingresos del Estado), deben ajustarse, en cuanto a su cuantía definitiva, al resultado de la distribución que de ellos se realice de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa que sea de aplicación. La gestión presupuestaria de estos créditos será efectuada por la Dirección General de Presupuestos y Tesoro.
4. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial de la Val d'Aran, se establece un porcentaje de participación en los ingresos de la Generalidad a favor de la Val d'Aran de un 1,86 por 100 de la aplicación presupuestaria 04.03.461.03 del Departamento de Gobernación. El 98,14 por 100 restante de dicha aplicación presupuestaria debe distribuirse entre las demás comarcas, teniendo en cuenta el número de habitantes de la comarca y el principio de solidaridad interterritorial, mediante indicadores objetivos de sus necesidades de gasto.
5. La aplicación 04.03.463.01 del presupuesto del Departamento de Gobernación, en concepto de participación de los municipios en los ingresos de la Generalidad, se distribuirá en función de la población de los municipios y de indicadores objetivos de sus necesidades de gasto, estableciendo, previamente, una participación específica para el municipio de Barcelona, y asignando a todos los municipios una participación mínima inicial garantizada.
6. Las distribuciones a las que se refieren los apartados 4 y 5 deben ser acordadas por el Gobierno, previo informe de la Comisión de Gobierno Local de Cataluña.
1. La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento ha de incorporar los remanentes de crédito de la sección 01 del presupuesto para 1996 a los mismos capítulos del presupuesto para 1997.
2. Las dotaciones presupuestarias de la sección 01 se librarán en firme y periódicamente a nombre del Parlamento, a medida que éste las solicite.
3. La Comisión del Gobierno Interior del Parlamento puede acordar transferencias de créditos entre conceptos de la sección 01 sin limitaciones, lo cual debe comunicar al Departamento de Economía y Finanzas.
Las dotaciones de la sección 15 se librarán en firme, por cuartas partes, a nombre del Consejo Consultivo, cuyo Presidente es el ordenador de los pagos propios de este organismo.
Las dotaciones de la sección 18 se librarán en firme, por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, cuyo Síndico mayor es el ordenador de los pagos propios de este organismo.
Disposición adicional cuarta. Presupuestos de las Diputaciones Provinciales.
Al presupuesto de la Generalidad se unen los presupuestos de las Diputaciones Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio de 1996.
1. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el interés legal del dinero es el fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el interés de demora aplicable a las cantidades debidas a las finanzas de la Generalidad es del 9,5 por 100.
3. En el supuesto de que el tipo de interés de la demora que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 difiera del establecido en el apartado 2, se autoriza al Consejero de Economía y Finanzas a proceder al ajuste exacto de este tipo de interés.
Disposición adicional sexta. Remanentes de crédito.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca puede librar al Instituto Catalán del Crédito Agrario los remanentes de crédito de la partida 10.01.731.01, «Ayudas para mejorar las condiciones económicas de las líneas de fomento», existentes a 31 de diciembre de 1996. El Instituto Catalán del Crédito Agrario ha de destinar estas cantidades a cubrir el mayor coste derivado de garantizar sus préstamos con sociedades de garantía y seguros cuando lo estime conveniente por razón de las características de determinadas operaciones activas, así como a minorar el coste de las garantías acordadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de los préstamos otorgados por el Instituto Catalán del Crédito Agrario.
2. Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para que los remanentes de los créditos no utilizados de las partidas «Dotación ayudas comida» y «Dotación fondos de acción social», del servicio presupuestario competente en materia de función pública, se incorporen a la correspondiente aplicación del ejercicio de 1996, para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales, así como a los proyectos interdepartamentales en materia de personal.
Disposición adicional séptima. No liquidación o anulación y baja de liquidaciones.
Se autoriza al Consejero de Economía y Finanzas para que pueda disponer la no liquidación o, si procede, la anulación y la baja en la contabilidad de todas las liquidaciones de las cuales resultan deudas inferiores a la cuantía que se fija como insuficiente para cubrir el coste que la exacción y la recaudación de éstas conllevan.
Disposición adicional octava. Sistema de intercambio electrónico de documentos.
1. Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para que pueda establecer la utilización de un sistema de intercambio electrónico de documentos con los proveedores de la Generalidad. Este sistema debe permitir la sustitución de documentos impresos en papel por documentos grabados en soporte electrónico y la sustitución de los sistemas de autorización y control instrumentados mediante sellos y diligencias por autorizaciones y controles establecidos por las mismas aplicaciones informáticas, así como, o en sustitución de los controles, validaciones de acceso restringido o firma electrónica.
2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, el Departamento de Economía y Finanzas debe determinar los casos en los cuales es aplicable el nuevo sistema, así como los nuevos procedimientos administrativos que la introducción de estas técnicas permita modernizar.
Trimestral y conjuntamente con el envío del estado de ejecución del presupuesto a que se refiere el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, debe enviarse al Parlamento información sobre la evolución del déficit de la Generalidad y sus organismos autónomos, con el análisis, en su caso, de las desviaciones que se produjeran en relación a las previsiones de este presupuesto.
Disposición adicional décima. Enajenación de inmuebles y de títulos de sociedades con participación de la Generalidad.
1. Se faculta al Gobierno para que, durante el año 1997, pueda aprobar los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de la Generalidad o de sus entidades autónomas de valor pericial superior a 1.000.000.000 de pesetas cuya utilización no se considere necesaria.
2. Igualmente, se faculta al Gobierno para que, durante el año 1997, pueda acordar la enajenación de títulos representativos del capital en empresas en las que la Generalidad participe directa o indirectamente, incluso si esta enajenación supone la pérdida de la posición mayoritaria.
3. De los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de valor superior a 2.000.000.000 de pesetas y de enajenación de títulos de sociedades que supongan la pérdida de la posición mayoritaria o la extinción de la participación directa o indirecta de la Generalidad aprobados por el Gobierno en uso de la presente autorización, debe darse cuenta al Parlamento.
Disposición adicional undécima. Adquisición o arrendamiento de locales o inmuebles y derechos reales por el sistema de contratación directa.
1. Los organismos, entidades autónomas o empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las empresas en las que la Generalidad participa mayoritariamente que han de adquirir mediante cualquier título locales, inmuebles o derechos reales o han de disponer de los mismos como arrendatarios, ocupantes o usuarios, por el sistema de contratación directa, deben remitir a la Dirección General del Patrimonio, previamente a la formalización del correspondiente contrato, una copia íntegra del expediente de contratación para la emisión del informe favorable, que tiene carácter de vinculante. Dichos organismos, entidades o empresas han de proceder de la misma forma en cualquier contrato o documento de modificación o sustitución, total o parcial, o de resolución de los citados anteriormente. En su caso, han de remitir a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad una copia o fotocopia debidamente compulsada del contrato o del documento firmados. Dicho informe no es preciso respecto a las adquisiciones de bienes para empresas públicas con la finalidad de devolverlas al tráfico jurídico privado, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.
2. Lo establecido en la presente disposición es de aplicación a todas las entidades, empresas o sociedades a que se refiere el artículo 1, a) y b), de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, a la Corporación Catalana de Radio y Televisión, al Servicio Catalán de la Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social, incluido el Instituto Catalán de la Salud y, en general, a todas las entidades en las que la participación directa o indirecta o la representación de la Generalidad de Cataluña es mayoritaria.
Disposición adicional duodécima. Primera ocupación de inmuebles destinados a uso administrativo.
Los proyectos de primera ocupación de inmuebles destinados a uso administrativo y adscritos a servicios de los departamentos de la Generalidad y sus organismos autónomos, así como los de reforma sustancial de dichos inmuebles, han de contar, para su ejecución, con un informe favorable previo que tiene carácter vinculante, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad. La Dirección General del Patrimonio de la Generalidad ha de emitir los correspondientes informes en el plazo de un mes.
Disposición adicional decimotercera. Contratos de seguros privados.
1. Todos los nuevos contratos de seguros privados llevados a cabo por los organismos autónomos de la Generalidad de Cataluña, por las empresas y las sociedades a que se refiere el artículo 1, a) y b), de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, por la Corporación Catalana de Radio y Televisión, por el Servicio Catalán de la Salud y por las entidades gestoras de la Seguridad Social, incluido el Instituto Catalán de la Salud y, en general, por todas las entidades en las que la participación directa o indirecta o la representación de la Generalidad de Cataluña es mayoritaria deben ser objeto de un informe favorable previo de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad. Para la emisión de dicho informe, debe remitirse a la citada Dirección General todo el expediente, incluidos, si procede, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas. Dicho informe, que tiene carácter vinculante, debe ser emitido en el plazo de un mes.
2. En cualquier caso debe remitirse a la Dirección General del Patrimonio una copia del contrato de seguros suscrito. Si se mantienen las mismas condiciones para la renovación de contratos de seguros ya informados previamente, éstos sólo deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio, y si se modifica o varía alguna de estas condiciones, debe solicitarse el correspondiente informe a la citada Dirección General.
Disposición adicional decimocuarta. Cesiones de dominio en materia de tiempo libre.
1. Se autoriza al Gobierno a ceder, a los ayuntamientos donde estén situados, el dominio de los bienes inmuebles transferidos a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 2688/1980, de 4 de diciembre, sobre transferencias de servicios del Estado en materia del Instituto Social del Tiempo Libre, cuando la Generalidad de Cataluña o sus entidades autónomas no consideren que sea preciso utilizarlos, previa tramitación establecida por la legislación patrimonial de la Generalidad de Cataluña. Las cesiones de dominio quedan condicionadas al cumplimiento por parte del cesionario de la obligación de destinar el inmueble a finalidades de utilidad pública o
de interés social. El incumplimiento de esta condición supone la resolución de la cesión, y los bienes deben revertir a la Generalidad de Cataluña, la cual tiene derecho a recibir, una vez realizada la tasación pericial, el valor de los daños y el detrimento experimentado por los mismos.
2. Se faculta al Departamento de Economía y Finanzas para que, a través de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad, realice los actos y formalice los documentos necesarios para hacer efectivas las cesiones a que se refiere el apartado 1.
Disposición adicional decimoquinta. Modificaciones de los conciertos educativos.
Se autoriza al Departamento de Enseñanza para que apruebe las modificaciones de los conciertos educativos necesarias para aplicar los acuerdos de centros en crisis y el acuerdo para la implantación del nuevo sistema educativo, firmados con las organizaciones patronales y sindicales representativas de los sectores de la enseñanza privada y de la educación especial.
Disposición adicional decimosexta. Presupuestos de las universidades catalanas.
Con carácter previo a la aprobación de los presupuestos de las universidades, el Comisionado para Universidades e Investigación del Departamento de la Presidencia ha de elaborar la propuesta del gasto del personal funcionario docente y no docente, así como el del personal contratado de las universidades que se financie con cargo al presupuesto de la Generalidad, y ha de elevarla al Gobierno, previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, para su autorización.
Disposición adicional decimoséptima. Convenios con las administraciones locales para la financiación de centros docentes.
Se autoriza al titular del Departamento de Enseñanza, previo informe vinculante del Departamento de Economía y Finanzas, a suscribir convenios de alcance plurianual con las administraciones locales para colaborar en el sostenimiento del funcionamiento ordinario de centros docentes de titularidad de dichas administraciones que impartan enseñanzas de las reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, o de las reguladas por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Los citados convenios se rigen por las cláusulas incluidas en los mismos, las cuales han de determinar también su régimen de seguimiento y control.
Disposición adicional decimoctava. Créditos destinados a programas de formación ocupacional.
El 50 por 100, como mínimo, de los cursos a realizar con cargo a los créditos presupuestarios destinados a programas de formación ocupacional, consignados en la sección 11 del Departamento de Trabajo, deben destinarse al colectivo de parados.
Disposición adicional decimonovena. Formación ocupacional para las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades anónimas laborales.
Debe destinarse un mínimo de 80.000.000 de pesetas de la dotación de las partidas correspondientes a la formación ocupacional consignadas en la sección 11 del Departamento de Trabajo a la formación de los cooperativistas y trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y de las sociedades anónimas laborales, siempre que las propuestas de acciones formativas se ajusten a las disposiciones legales que les sean de aplicación en cuanto a su aprobación, seguimiento y control.
Disposición adicional vigésima. Fondo de garantía para el establecimiento de una línea especial de crédito para actividades de producción cinematográfica.
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad a ampliar, en función de las disponibilidades presupuestarias, en un máximo de 200.000.000 de pesetas el fondo de garantía constituido en entidades de crédito en virtud de la autorización contenida en la disposición adicional duodécima de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1995, y ampliando en virtud de la autorización contenida en la disposición adicional vigésima de la Ley 14/1996, de 29 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1996.
Disposición adicional vigésima primera. Afectación de ingresos procedentes de sanciones en materia de cinematografía.
Los ingresos procedentes de las sanciones en materia de cinematografía se afectan al fomento de la cinematografía. Los ingresos afectados son objeto de generación de créditos en las partidas correspondientes de la sección 07 (Departamento de Cultura).
Disposición adicional vigésima segunda. Programa de actuación odontológica integral y óptica para la población escolar.
Dentro de las disposiciones presupuestarias, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social ha de establecer un programa piloto de actuación odontológica integral y óptica para la población escolar, que debe incluir actividades preventivas, asistenciales y rehabilitadoras. Este programa debe dar prioridad a las actuaciones en las zonas más deprimidas socialmente.
Disposición adicional vigésima tercera. Cooperación al desarrollo.
El Gobierno de la Generalidad ha de destinar un importe total de 1.150.000.000 de pesetas a la cooperación al desarrollo que se desglosa de la siguiente forma:
a) 450.000.000 de pesetas son consignados en la partida presupuestaria 02.06.480.03.
b) 700.000.000 de pesetas corresponden a acciones a realizar en los ámbitos de la solidaridad internacional y de la cooperación al desarrollo, ya sea directamente desde varios departamentos y organismos autónomos de la Generalidad de Cataluña, o bien mediante el apoyo a entidades que actúan en estos ámbitos. Se autoriza al Gobierno para que habilite las partidas presupuestarias necesarias, compensando el importe de dichas dotaciones con la minoración de otros créditos presupuestarios, para las actuaciones que no tienen cabida en las partidas presupuestarias previstas por los distintos departamentos.
Disposición adicional vigésima cuarta. Instituto Catalán de Servicios a la Juventud.
A partir del plazo establecido por el apartado 3 de la disposición vigésima novena de la Ley 14/1996, de 29 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1996, por el que se disuelve el Servicio Catalán de Servicios a la Juventud, las obligaciones y los compromisos contraídos por dicho organismo deben ser reconocidos con cargo al presupuesto del Departamento de Cultura.
Disposición adicional vigésima quinta. Régimen de autonomía económica de los espacios naturales de protección especial, de las escuelas de capacitación agraria y pesquera y del Centro de la Propiedad Forestal.
1. Se faculta al Gobierno para establecer que los espacios naturales de protección especial gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como las escuelas de capacitación agraria y pesquera dependientes de dicho departamento y el Centro de la Propiedad Forestal tengan régimen de autonomía económica.
2. El régimen de autonomía económica a que se refiere el apartado 1 tiene por objeto gestionar todos los ingresos obtenidos como resultado de la gestión del espacio natural, de las escuelas y del Centro de la Propiedad Forestal, así como las transferencias de la Generalidad, de las demás administraciones públicas o de otras entidades.
3. El órgano responsable de la gestión en régimen de autonomía económica de un espacio natural de protección especial, de una escuela de capacitación agraria y pesquera o del Centro de la Propiedad Forestal ha de presentar anualmente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la justificación de los ingresos y la cuenta de gestión económica, los cuales quedan a disposición de la Intervención General, de la Sindicatura de Cuentas y, si procede, del Tribunal de Cuentas.
4. Por Decreto del Gobierno han de determinarse los espacios naturales de protección especial y las escuelas de capacitación agraria y pesquera del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca que se acogen a lo establecido por esta disposición y la normativa que ha de regir su gestión.
Disposición adicional vigésima sexta. Subvenciones en el marco de la política agraria comunitaria.
Las subvenciones que se establezcan en el ámbito de Cataluña como consecuencia de la aplicación de la política agraria comunitaria y que se financien con fondos de la Administración del Estado y de la Unión Europea se rigen por la siguiente normativa específica:
a) Las bases y la convocatoria pueden hacerse en un solo acto y tienen la vigencia y han de adecuarse a lo que establezca el programa, el plan o la correspondiente reglamentación vigente.
b) Cuando la ayuda se financie parcialmente con cargo a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña, únicamente ha de indicarse la aplicación presupuestaria a la cual ha de imputarse la parte financiada por la misma y la concesión de las ayudas ha de estar condicionada a los compromisos previamente conseguidos o a los programas aprobados por las diferentes administraciones.
c) Cuando no exista financiación con cargo a los presupuestos de la Generalidad, la convocatoria ha de ajustarse a lo que determine la reglamentación comunitaria.
Disposición adicional vigésima séptima. Plan de contabilidad de las universidades públicas catalanas.
La Intervención General debe establecer un plan de contabilidad para las universidades públicas catalanas.
Disposición adicional vigésima octava. Cesión de derechos de crédito a la Junta de Sanejament.
Se añaden nuevos apartados al artículo 18 de la Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de reforma de la Junta de Sanejament, con el siguiente texto:
«3. Asimismo, la Junta de Sanejament, previa autorización del Gobierno de la Generalidad, puede ceder a terceros, total o parcialmente, los derechos de crédito, presentes o futuros, que puedan resultar a su favor de la aplicación del incremento de tarifa y del canon de saneamiento. La Junta de Sanejament ha de destinar necesariamente las cantidades que perciba por estas cesiones a los fines previstos en el apartado 1 del presente artículo, realizando con éstas las atribuciones a que se refieren las letras a y b del apartado 1 del artículo 19.
4. La autorización a que se refiere el apartado 3 debe establecer, además, los mecanismos jurídicos necesarios para asegurar los derechos de los cesionarios en caso de cualquier alteración referida a la existencia o al régimen jurídico de los recursos que se cedan.
5. Lo que disponen los apartados 3 y 4 es aplicable a las exacciones a que se refiere el artículo 26.»
Disposición adicional vigésima novena. Plan director de inversiones locales.
1. Durante el presente ejercicio presupuestario, el Departamento de Gobernación ha de redactar un informe sobre todas las partidas de este presupuesto destinadas a entidades locales, indicando en cada caso la finalidad, los criterios y los procedimientos de asignación o distribución a los entes locales destinatarios de dichas partidas y el órgano responsable de su gestión.
2. El informe a que hace referencia el apartado 1, junto con los demás elementos de información precisos, ha de servir de base para la elaboración del Plan director de inversiones locales.
Disposición adicional trigésima. Recuperación del biogás de los fangos de las plantas depuradoras.
El Gobierno de la Generalidad ha de promover, dentro de las previsiones presupuestarias para 1997, un programa de recuperación del biogás de los fangos procedentes de las plantas depuradoras de las aguas residuales, cuando las condiciones técnicas lo hagan posible y derive de ello un ahorro económico.
Disposición adicional trigésima primera. Programa de gestión de los residuos municipales.
El Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias para 1997, ha de promover la reducción de la producción de residuos, la recogida separada de materia orgánica y de fracciones reciclables y las plantas de tratamiento ecológico de la materia orgánica, en el programa de gestión de los residuos municipales, de conformidad con la Ley 6/1993 y con la colaboración de los entes locales.
Disposición adicional trigésima segunda. Generación de créditos para ingresos procedentes de la enajenación de bienes adquiridos mediante expropiación forzosa.
El Gobierno puede autorizar la generación de créditos en los capítulos de operaciones de capital del presupuesto del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas por el producto de la enajenación de bienes adquiridos mediante expropiación forzosa. Dicho producto queda afecto a la adquisición de terrenos necesarios para la ejecución de obras del mencionado Departamento.
Disposición adicional trigésima tercera. Plan de investigación de la Generalidad de Cataluña 1997-2000.
En el marco del Plan de investigación de la Generalidad de Cataluña 1997-2000, y previa autorización del Gobierno de la Generalidad, pueden efectuarse gastos de alcance plurianual para los programas de becas, ayudas y subvenciones que se incluyan en el mismo.
Disposición adicional trigésima cuarta. Modificación de la Ley 17/1985.
1. Se modifica el artículo 55 de la Ley 17/1985, de la función pública de la Administración de la Generalidad, que queda redactado en los siguientes términos:
b) En el caso de nombramientos por el sistema de concurso, mediante expediente administrativo contradictorio y no disciplinario, una vez oídos la Junta de Personal o el delegado del personal, si procede, en los siguientes supuestos:
2. Los funcionarios que sean removidos o hechos cesar de un puesto de trabajo de acuerdo con la normativa vigente sin obtener otro por alguno de los sistemas de concurso o de libre designación quedan a disposición del Secretario general del departamento correspondiente, que ha de atribuirles provisionalmente un puesto o el ejercicio de funciones correspondientes a su cuerpo o escala.
3. Los funcionarios que sean removidos o hechos cesar tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y el complemento de destino equivalente al grado personal que tengan consolidado y el complemento específico del puesto que pasen a ocupar o, si es superior, al correspondiente al complemento específico mínimo de dos niveles por debajo del grado personal consolidado, con exclusión de los factores de penosidad, peligrosidad, incompatibilidad y dedicación superior a la normal. En caso de atribución de funciones, el complemento específico deber ser el correspondiente al mínimo de dos niveles inferiores al grado personal consolidado, excluidos los factores de penosidad y peligrosidad. El funcionario que no tiene grado personal reconocido tiene derecho a percibir el complemento específico correspondiente al mínimo de su cuerpo o escala.
4. Los funcionarios hechos cesar discrecionalmente de acuerdo con lo que establece la letra a) del apartado 1 pueden optar por percibir el complemento específico a que hace referencia el apartado 3 o un complemento personal y variable en sustitución del complemento específico del puesto que pasen a ocupar, equivalente al 70 por 100 del complemento específico mínimo atribuido a puestos de trabajo del nivel correspondiente al grado personal que acrediten.
5. Los complementos personales a que se refieren los apartados 3 y 4 no se perciben en los siguientes casos:
6. Lo establecido en los apartados 2, 3, 4 y 5 también es aplicable en el caso de que el cese del puesto de trabajo se produzca por la supresión de dicho puesto, sin perjuicio de los procedimientos de reasignación que se puedan adoptar de acuerdo con la normativa vigente.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los funcionarios que cesen por alteración del contenido o la supresión de sus puestos de trabajo han de seguir percibiendo, mientras no se les atribuya otro puesto de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o alterado.»
2. Se añade una disposición adicional vigésima quinta a la Ley 17/1995, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalidad, con el siguiente texto:
«Los funcionarios que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley ya tengan reconocido un complemento personal y variable equivalente al 70 por 100 del complemento específico mínimo atribuido a puestos de trabajo de nivel correspondiente al grado de personal que acrediten, pueden optar por percibir el complemento establecido por el apartado 3 del artículo 55. En cualquier caso, los efectos económicos de dicha opción no pueden ser anteriores a 1 de enero de 1997.»
Disposición adicional trigésima quinta. Cesión de inmuebles.
1. Se cede a la Asociación Casa del Poble, de Blanes, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalidad de Cataluña, con el número 1.528, de la Sección Primera del Registro de Girona con fecha 22 de enero de 1986, el dominio del inmueble situado en el paseo de Dintre, número 18, de Blanes, inscrito en el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 885, libro 81, folio 240, finca 54, para que sea destinado al desarrollo de las actividades propias de la asociación cesionaria, de acuerdo con su objeto social. Si en el bien cedido no se destinase al uso previsto, la cesión se consideraría resuelta y el bien revertiría en la Generalidad de Cataluña.
2. Se faculta al Departamento de Economía y Finanzas para que, mediante la Dirección General del Patrimonio, haga los actos y formalice los documentos necesarios para que la cesión a que se refiere el apartado 1 se haga efectiva.
Disposición adicional trigésima sexta. Afectación de ingresos procedentes de sanciones en materia de actividades extractivas.
Los ingresos procedentes de las sanciones en materia de incumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente en las actividades extractivas se afectan a la restauración de las actividades extractivas finalizadas o abandonadas. Los ingresos afectados son objeto de generación de créditos en el presupuesto de gasto de la sección 22 (Departamento de Medio Ambiente).
Disposición adicional trigésima séptima. Reequilibrio de Cataluña y atención hacia las comarcas deprimidas.
El Gobierno ha de velar para que la gestión presupuestaria garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan territorial general en lo referente al reequilibrio de Cataluña, así como la atención específica y coordinada de los diferentes departamentos hacia las comarcas deprimidas.
1. Se prorroga para el ejercicio de 1997 el contenido de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 9/1990, de 16 de mayo, de Presupuesto de la Generalidad de Cataluña, de sus entidades autónomas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990, relativa a la percepción de las pensiones determinadas para el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939.
2. Se mantiene para el ejercicio de 1997 la vigencia de la disposición adicional vigésima de la Ley 16/1993, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1994.
3. Se prorroga para el ejercicio de 1997 la autorización contenida en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña.
Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para realizar, en las secciones del presupuesto de gastos de la Generalidad y sus entidades autónomas, las adaptaciones técnicas que sean precisas, como consecuencia de reorganizaciones administrativas, para crear las secciones, los servicios y los conceptos presupuestarios necesarios y para autorizar las correspondientes transferencias de créditos. Dichas operaciones no pueden dar lugar en ningún caso a un incremento de crédito dentro del presupuesto.
La presente Ley entra en vigor el día 1 de enero de 1997.
Anexo al artículo 1.10 de la Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1997
Presupuesto de explotación / Presupuesto de capital / Recursos
Pesetas / Dotaciones
Pesetas / Empresas
Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, S. A. / 3.314.782.000 / 3.314.782.000 / 329.940.000 / 329.940.000
Túnels i Accessos de Barcelona, S. A. C. / 3.483.403.000 / 3.483.403.000 / 11.500.000.000 / 11.500.000.000
Administració, Promoció i Gestió, S. A. / 6.275.600.000 / 6.275.600.000 / 82.300.000 / 82.300.000
Institut Català de Telemàtica Aplicada, S. A. / 167.903.000 / 167.903.000 / 9.602.000 / 9.602.000
Promotora d'Exportacions Catalanes, S. A. / 119.310.400 / 119.310.400 / 0 / 0
Forestal Catalana, S. A. / 1.320.000.000 / 1.320.000.000 / 312.440.000 / 312.440.000
Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, S. A. / 234.880.000 / 234.880.000 / 165.000.000 / 165.000.000
Gestió d'Infraestructures, S. A. / 4.266.653.219 / 4.266.653.219 / 77.464.000.000 / 77.464.000.000
Recs de Catalunya, S. A. / 688.620.690 / 688.620.690 / 9.191.000.000 / 9.191.000.000
Energètica d'Instal.lacions Sanitàries, S. A. / 12.864.996 / 12.864.996 / 0 / 0
Sistema d'Emergències Mèdiques, S. A. / 1.057.045.000 / 1.057.045.000 / 5.000.000 / 5.000.000
Equacat, S. A. / 142.200.000 / 142.200.000 / 75.000.000 / 75.000.000
Empresa de Prom.ilocalitz.Ind. de Catalunya, S. A. / 696.590.656 / 696.590.656 / 487.962.899 / 487.962.899
Centre Català de Pomoc.i Reconv. Industrial, S. A. / 272.491.200 / 272.491.200 / 0 / 0
Eficiència Energètica, S. A. / 68.225.600 / 68.225.600 / 153.000.000 / 153.000.000
Turisme Juvenil de Catalunya, S. A. / 1.543.470.000 / 1.543.470.000 / 1.000 / 1.000
Agència de Patrocini i Mecenatge, S. A. / 115.700.000 / 115.700.000 / 34.400.000 / 34.400.000
Teatre Nacional de Catalunya, S. A. / 650.705.000 / 650.705.000 / 1.459.500.000 / 1.459.500.000
Centre Integral de Mercaderìes i Activitats Logístiques, S. A. / 1.065.200.000 / 1.065.200.000 / 0 / 0
Túnel del Cadí, S. A. C. / 2.831.221.000 / 2.831.221.000 / 1.218.981.097 / 1.218.981.097
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.300, de 31 de diciembre de 1996.)
Publicada en el DOGC núm. 2300, de 31 de diciembre de 1996.
SE DEROGA del art.1 a la disposición adicional 24, de la disposición adicional 26 a la final 3 y el anexo, por Ley 5/2017, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2017-7353).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 41, de 17 de febrero de 1997 (Ref. BOE-A-1997-3429).
arts. 36 y 194.1 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre (Ref. BOE-A-1992-2756).
art. 55 y añade una disposición adicional 25 a la Ley 17/1985, de 23 de julio (Ref. BOE-A-1985-18551).
AÑADE nuevos apartados al art. 18 de la Ley 19/1991, de 7 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-29140).
disposición adicional 15 de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-1927).
disposición adicional 17 de la Ley 9/1990, de 16 de mayo (Ref. BOE-A-1990-12401).
Ley 14/1996, de 29 de julio (Ref. BOE-A-1996-19187).
Ley 12/1994, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-1610).
Ley 6/1993, de 15 de julio (Ref. BOE-A-1993-21942).
Ley 32/1991, de 24 de diciembre (Ref. BOE-A-1992-2622).
Ley 4/1984, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-1984-7075).
Real Decreto 2688/1980, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-1980-27033).

References: artículo 33
 artículo 4

Artículo 2
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 36
 resolución 
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 6

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 69

Artículo 11
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 71

Artículo 20
 artículo 75

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 4

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 26
 artículo 67
 artículo 67

Artículo 29

Artículo 33
 artículo 11
 artículo 31
 artículo 36

Artículo 36
 artículo 16
 artículo 32

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 11

Artículo 40
 artículo 71
 artículo 9

Artículo 41
 artículo 36

Artículo 42
 artículo 40

Artículo 43
 artículo 194

Artículo 44
 artículo 48
 artículo 79
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 26
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 1

Real Decreto