Source: http://www.repacar.org/2017/02/06/mas-codigo-penal-en-materia-de-gestion-de-residuos/
Timestamp: 2020-05-31 07:27:30+00:00

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“Más Código Penal” en materia de gestión de residuos – Repacar
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Publicado por repacar_adm el 6 febrero, 2017
CHRISTIAN MORRON LINGL, abogado del despacho de derecho ambiental Terraqui.
La última reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, impone una mayor intervención penal respecto a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, especialmente los relativos a la gestión de residuos.
El 31 de marzo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la cual se realizaron una serie de modificaciones en los delitos contra el medio ambiente que, según el legislador, vienen, en cierta medida, a completar el proceso acontecido en la reforma del año 2010 del Código Penal de transposición de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal y de la Directiva 2009/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques.
Esta modificación de los delitos relativos al medio ambiente no estaba contemplada en el texto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicado el 4 de octubre de 2013 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, siendo la misma introducida en el último momento por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el 27 de noviembre de 2014, en el trámite de enmiendas al articulado del citado proyecto.
Luego vienen las previsiones en materia de prevaricación de autoridad o funcionario en materia ambiental (artículo 329 del CP), cuyo redactado no varía del anterior texto vigente.
El actual artículo 325 del CP exige que las conductas “puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, mientras que en la normativa comunitaria penal ambiental se requiere que se produzca un “deterioro de la calidad del agua” (artículo 5 bis, apartado tres de la Directiva 2009/123/CE) o “que el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas” (artículo 3 a) de la Directiva 2008/99/CE). En consecuencia, a la vigente puesta en peligro del equilibrio de los sistemas naturales del tipo básico -penada con prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses (de 480 € a 288.000 €) e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años-, en la reforma del Código Penal se introdujo una nueva modalidad de delito ambiental cual es aquella que, con infracción de prohibiciones derivadas de la legislación protectora del medio ambiente, se haya producido una contaminación que “cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”, que será castigada con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses (de 600 € a 168.000 €) e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
Esta modificación, sin lugar a dudas, complica extraordinariamente la diferenciación entre el delito y la infracción administrativa que deba aplicarse en razón de la materia, lo que redundará en una situación de inseguridad jurídica, cuya clarificación dependerá, en primera instancia, del criterio interpretativo que adopten las Administraciones competentes en materia ambiental, las Fiscalías y, en última instancia, los Juzgados y Tribunales penales por medio de sus sentencias. En otras palabras, lo que deberá dilucidarse en este supuesto concreto es donde está la frontera entre el ilícito administrativo que tipifica una conducta infractora en función de un daño o deterioro grave del medio ambiente, y el ilícito penal que castiga la producción de un daño sustancial de carácter ambiental. Sobre la definición de daño tendrá que acudirse a las establecidas en la normativa sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (Directiva 2004/35/CE y Ley 26/2007), pero sobre el carácter grave y/o sustancial de ese daño ambiental, en cambio, no hay referentes legislativos que puedan servir de pauta interpretativa de su significado.
Otra cuestión que también genera polémica es la de la penalidad “reducida” de aquellas conductas que causen o puedan causar daños ambientales sustanciales con respecto de aquellas otras que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, ya que las primeras se castigan con penas de prisión de hasta 2 años, lo que implica el no cumplimiento de la pena en cuestión para aquellos condenados que no tengan antecedentes penales, y las segundas se sancionan con penas de prisión de hasta cinco años, que pueden dar lugar al ingreso en prisión del condenado si la pena impuesta por sentencia es superior a dos años. En este sentido, el carácter eficaz, proporcionado y disuasorio de la sanción penal a imponer que establece tanto la Directiva 2008/99/CE (artículo 5) como la Directiva 2009/123/CE (artículo 8) puede, perfectamente, llegar a interpretarse que no se cumple en el primer supuesto referido a las conductas que causen o puedan causar daños ambientales sustanciales.
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2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Art. 325
La anterior justificación no encuentra fundamento respecto a las conductas del actual artículo 328.3 del CP, pudiendo haberse aprovechado esta reforma para mejorar la referencia que efectúa la Directiva 2008/997CE a las operaciones efectuadas por los comerciantes o intermediarios, que, al parecer, queda circunscrita en la vigente y futura regulación a la expresión “aprovechamiento de residuos”.
En relación al traslado de residuos (apartado 2 del nuevo artículo 326 del CP), la modificación de su regulación penal se justifica por la necesidad de una adecuada incorporación de la conducta prevista en la letra c) del artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE), que impone la obligación a los Estados miembros de considerar como delito “el traslado de residuos, cuando dicha actividad esté incluida en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 35, del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos y se realice en cantidad no desdeñable, tanto si se ha efectuado en un único traslado como si se ha efectuado en varios traslados que parezcan vinculados”, ya sea en su modalidad dolosa o por imprudencia grave.
Por lo tanto, en este supuesto se modificó, por un lado, el término empleado de traslado de “una cantidad importante de residuos” por el término originario de la citada Directiva de traslado de “una cantidad no desdeñable de residuos”; a efectos prácticos, la utilización de uno u otro término parece irrelevante como elemento diferenciador en dicho supuesto entre el delito o la infracción administrativa, del que no consta que todavía los Tribunales se hayan pronunciado de momento sobre qué es o en qué consiste el traslado de “una cantidad importante de residuos”, por lo que no se tiene, por el momento, una interpretación sobre el tema. Significar, también, que, a diferencia del apartado anterior referido a las actividades de gestión de residuos, sigue sin hacerse referencia alguna a la producción de peligro grave o, en su caso, de la realización potencial o efectiva de daños sustanciales ambientales. En consecuencia, la comisión de un delito de estas características depende de la comisión de una doble condición, a saber, que el traslado se realice en contravención de lo dispuesto en la normativa comunitaria aplicable y que ese traslado sea de “una cantidad no desdeñable de residuos”.
Señalar, igualmente, que respecto al redactado del tipo del artículo 328.4 del CP, que castiga el traslado ilícito de una cantidad importante de residuos únicamente con la pena de prisión de uno a dos años, el nuevo precepto impone con carácter alternativo una sanción de prisión más reducida, de tres meses a un año, o de multa de seis a dieciocho meses -de 360 € a 216.000 €- e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.
2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año. Art. 328
Por último, las agravaciones de las penas por la concurrencia de circunstancias tales como, por ejemplo, de clandestinidad o ausencia de autorización administrativa, de desobediencia a órdenes expresas de la Administración, de falseamiento u ocultación de información ambiental, también se aplican a los delitos en materia de residuos (nuevo artículo 327 del CP), lo que de forma injustificada no acontecía en la anterior redacción del Código Penal.
El próximo 11 de mayo tendréis la oportunidad de poder comentar todos estos temas con Christian Morron y Gemma Modolell, abogados del despacho de derecho ambiental Terraqui, en la jornada que REPACAR organiza en la sede de CEOE en Madrid.

References: artículo 325
 artículo 328
 artículo 326
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 328
 artículo 327