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Agustín Guzmán Nieto
1 La importancia de los seguros agrarios como motor del desarrollo rural y su necesidad de adaptación a los cultivos sociales. El caso de la vid. Enedina Calatayud Piñero Santiago Escribano Pintor Profesores del Departamento de Economía y CC. Sociales Agrarias ETSI Agrónomos de Madrid Resumen. La necesidad de un sistema de seguros eficaz para el sector agrario en las sociedades más avanzadas, debe considerarse como un claro testimonio de la apuesta por los valores endógenos de nuestras deterioradas sociedades rurales, con los que necesariamente conseguir un desarrollo socioeconómico adecuado que logre evitar la desestructuración social y económica de las comarcas rurales. Pero para conseguir alcanzar un grado de eficacia aceptable en la implantación de esta herramienta de política agraria, con fuertes implicaciones sociales, es necesario previamente la existencia de un marco normativo eficaz, que regule y ampare este tipo de instrumentos, junto al decidido apoyo de las Administraciones Públicas y la participación tanto de agricultores como del sector asegurador. Por ello, pretendemos analizar el conjunto normativo y posibilidades de aseguramiento que nuestro sistema de seguros agrarios ofrece al agricultor en el cultivo de uva de vinificación, al tratarse de un cultivo social, generador de riqueza y de fijación de población en el medio rural. Palabras clave. Seguros agrarios cultivo social uva de vinificación gestión de riesgos 1. Introducción. Es inusual que la doctrina se dedique al estudio del derecho del seguro agrario, ya que, además de la aridez del tema, influye sin duda la necesidad de poseer conocimientos, tanto jurídicos como técnicos. Y si a ello unimos la fuerte intervención del Estado en el fomento y reglamentación de los mismos, nos encontramos que, a diferencia de otros tipos de seguros de daños, en este caso, además de la posición enfrentada en que se encuentran el agricultor/asegurado y el asegurador ante la ocurrencia de un siniestro, también se encuentra la posición del Estado, como garante de la posición más débil, el agricultor, pero cada vez más teniendo en cuenta las implicaciones que tiene el seguro agrario para el medio rural, como herramienta de política social que contribuye a evitar la desestructuración de la sociedad y del medio rural, sobre todo en cultivos que podemos calificar de sociales, como es el caso de la vid, por la necesidad de mano de obra que necesitan y las industrias de transformación que requieren, lo que implica la creación de empleo en el medio rural. 2. Necesidad de un sistema de gestión de riesgos eficaz. Nuestras explotaciones agrarias se encuentran en una posición de debilidad estructural frente al resto de sectores productivos pues se enfrentan actualmente a toda una serie de incertidumbres que repercuten negativamente en su gestión y viabilidad. Fundamentalmente destacaremos, en primer lugar, la globalización y liberalización de los mercados agrarios, cuyas consecuencias negativas no sólo se encuentran en un incremento de los riesgos de mercado sino también en el incremento de los posibles 12 riesgos zoosanitarios y fitosanitarios. También habría que añadir la importancia de los riesgos medioambientales, consecuencia del aumento de los valores medioambientales como paradigma que sustituye al de maximización de la producción que estuvo vigente hasta finales del siglo pasado. Y sobre todo la incertidumbre que provoca la probabilidad de destrucción de sus cosechas como consecuencia de siniestros meteorológicos no controlables, al que habría que añadir la tendencia al cambio climático con el consiguiente incremento que se genera de incertidumbre en los riesgos de producción. Todos los factores expuestos anteriormente ponen en peligro, en numerosos casos, la continuidad y supervivencia de este tipo de pequeñas y medianas explotaciones agrarias, consecuencia de su limitada capacidad para soportar la materialización de dichos riesgos, sobre todo cuando no cuentan con instrumentos eficaces para su gestión. Por tanto, como mantiene Espinosa (2006) las pequeñas explotaciones y las explotaciones familiares resultan especialmente vulnerables al impacto de los riesgos no controlables, ya que tras la ocurrencia de catástrofes pueden encontrar dificultades para recuperar su capacidad productiva y para continuar en el ciclo de producción, lo que conduce a su progresiva descapitalización y a la reducción de su futura viabilidad. La importancia del sector agrario, al menos en los países avanzados, no hay que buscarla tanto en la tradicional función de proporcionar alimentos a la población, pues los avances tecnológicos que han generado un nuevo tipo de agricultura, la agricultura intensiva, junto con los avances en telecomunicaciones y mercados, hacen que la población española y europea se pueda suplir fácilmente y a costes relativamente asequibles de los productos de primera necesidad, por lo que la importancia/necesidad de un sector agrario en nuestro país tenemos que buscarlo, además de tener un mínimo de reservas de productos alimenticios, en el hecho de que la agricultura es la actividad que nos preserva el medio ambiente y ser el soporte necesario para evitar la desestructuración social y económica de la sociedad y del medio rural, sobre todo después del gran trasvase de población activa joven que se realizó durante todo el siglo pasado del campo a la ciudad en un primer momento, y posteriormente del sector agrario al resto de sectores productivos de aquellos pocos que se habían quedado en el medio rural. Por este motivo, cuando desde las altas instancias de la Administración o del Gobierno se generen políticas enfocadas hacia la agricultura, se debe tener en cuenta cada vez más que no se deben basar exclusivamente en valores productivos sino también sociales. Las condiciones climáticas, como las heladas, pedriscos, inundaciones o sequías, con que se enfrentan nuestras explotaciones agrarias son la principal causa de las pérdidas económicas de las mismas. Por otro lado, la gestión de riesgos en España tiene una larga tradición, resultado de la complejidad de su clima que determina, por un lado la existencia de una producción agraria muy variada, y por otro, unas adversidades climáticas frecuentes e irregulares a lo largo del tiempo. Gráfico nº 1 Distribución de los siniestros en España durante el periodo3 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Ruiz Zorrilla (2010). Actualmente consideramos a la sociedad española como una sociedad moderna y avanzada que progresa hacia cotas de desarrollo insospechadas, sobre todo si la comparamos con la de hace unas décadas. Como consecuencia de lo anterior, un signo inequívoco de dicho avance lo encontramos en la capacidad de dotarse de unos sistemas de protección y garantía que logran reducir el riesgo en el desempeño de las distintas actividades productivas. Por tanto, el sector agrario no puede arrinconarse en posturas primitivas de evasión de dicha realidad, máxime cuando además existe un amplio consenso entre las diferentes instituciones y personas comprometidas con este sector, en considerar los seguros agrarios como un importante mecanismo de seguridad, cuya preservación y buen funcionamiento constituye una garantía de seguridad imprescindible, no sólo para los propios agricultores, sino para el resto de la sociedad (López de Coca, 1997). Es fundamental en la necesidad de la existencia de un seguro agrario eficaz el hecho de la permanencia de los ciclos productivos, es decir, en el hecho de que la producción agrícola poco transformada por las innovaciones técnicas sigue dependiendo actualmente de ciclos naturales, de tormentas, sequías y heladas (Sánchez Jiménez, 1975). La imposibilidad de modificar de forma apreciable el ciclo productivo de los cultivos principales de nuestro país, como son los cereales, la vid, el olivo, los frutales o los cítricos, deja a estas cosechas a disponibilidad de los agentes climatológicos incontrolables durante mayor tiempo, con lo que también el riesgo es mayor. Ello implica, que el agricultor actual, al igual que sus antepasados, siga mirando hacia el cielo y hacia los boletines informativos meteorológicos, pero aún así, no habría que caer en lo que según Sánchez Jiménez (1975) Fontana indicaba, fundamentalmente, la preocupación por impedir que otros factores variables, controlables y fácilmente cambiantes, aparezcan con todo su vigor, de tal modo que como Flores de Lemus manifestaba, que las cosechas quedaran al cuidado de la Providencia divina, que es normalmente la que ha venido supliendo en nuestra historia a la previsión del Gobierno. Todo ello hace que el seguro agrario nazca ante todo, más como una necesidad que como un negocio, ante la impotencia que sufre el agricultor frente a las inclemencias climatológicas que le atenazan desde el inicio del cultivo hasta el final del ciclo del mismo, ya que es precisamente la eliminación de la incertidumbre junto con la transferencia de los riesgos de que son objeto las producciones agrarias uno de los grandes deseos no sólo del moderno agricultor, sino también de las diferentes administraciones públicas en su empeño de constituir un sector agrario eficiente. Ya que, siguiendo las palabras de Forteza del Rey (1997) el seguro agrario es capaz de 34 proporcionar lo que la naturaleza le quita al agricultor, es decir, los medios materiales necesarios para que los agricultores puedan mantenerse en activo evitando el endeudamiento, y convirtiéndose por tanto en un factor de estabilidad moral y material del sector agrario de suma importancia. De este modo el seguro agrario se considera como un instrumento para la garantía de las rentas. Si partimos del hecho, constatado fehacientemente en el campo español, de que la capitalización deficiente de las diferentes explotaciones agrarias, junto con la inercia innovadora y la escasa financiación recibida por el sector agrario son en gran medida consecuencia de la falta de garantías con que cuentan las inversiones agrarias además de para convertir en realidad las rentabilidades programadas sino para afrontar también las cargas financieras presupuestadas (Gómez Borrero, 1980) es indudable que la importancia del seguro agrario desde la perspectiva financiera es indiscutible. Pero no cabe duda, que las bondades de un buen sistema de seguros agrarios no se limita exclusivamente a los aspectos financieros de las explotaciones agrarias, sino que invaden otros campos, como el jurídico y el sociológico. 3. Antecedentes del actual sistema de seguros agrarios. El estudio de la evolución del aseguramiento agrario durante el siglo pasado (MAPA, 2002) nos muestra una serie de constantes como son por un lado la imposibilidad de las mutuas de seguros para hacer frente a las indemnizaciones cuando los siniestros se producen de forma continuada, ya que provocaba la quiebra de dichos fondos mutualistas. Según Burgaz (1997) el primer intento por parte de la Administración de implantar un sistema de seguros agrarios se realizará en el año 1902, pero habría que esperar a 1917 cuando se convoque, por parte del entonces ministro de Fomento Luis Marichalar, una Conferencia de Seguros sobre los riesgos en la Agricultura y la Ganadería de donde saldría la propuesta de poner en marcha un seguro basado en un sistema mutualista donde se daba participación a los distintos ámbitos, local, provincial, regional y nacional a través de cajas de compensación. Posteriormente en el año 1919 se crearía a través del Real Decreto de 9 de septiembre de 1919 la Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario compuesta exclusivamente con capital público que tendría unos resultados muy limitados. En el año 1930 la Mutualidad Nacional sería sustituida por la Comisaría de Seguros del Campo, que cambiaría su denominación por la de Servicio de Seguros Agrarios en 1932, en que las entidades aseguradoras privadas recuperarían su protagonismo, limitándose el papel de las administraciones públicas a actuar como reasegurador de dichas entidades privadas así como por la adopción de ayudas directas para aquellos daños no asegurables. El sistema, como indica Bataller (1996), se centraba sobre todo en un reaseguro con compensación, pues según el Real Decreto Ley de 26 de septiembre de 1929, facultaba a la Mutualidad para concertar directamente los seguros combinados del campo que pudieran ser necesarios para las operaciones propias del crédito agrícola, aunque el sistema tampoco tuvo la aceptación deseada. En 1934 se produciría una modificación importante en el sistema de seguros agrarios de la época como consecuencia de la promulgación del Decreto del Ministerio de Agricultura de 11 de enero de dicho año, relativo a la protección por el Estado contra los riesgos agropecuarios y forestales, donde además de clasificar a los riesgos en asegurables y no asegurables, establece que la protección contra dichos riesgos asegurables se hará por parte del Estado por medio de contratos de reaseguro con o sin compensación de pérdidas, mediante contratos de seguro subsidiario, implantando de forma voluntaria u obligatoria los seguros directos. Por otro lado, con respecto a los riesgos no asegurables, se llevaría a efecto a través de la propulsión de Cajas de Socorro Mutuos y mediante auxilios concedidos por el Estado cuando se trate de inundaciones y 45 huracanes. En este periodo destacaremos también el Decreto de 10 de febrero de 1940, con claras ventajas técnicas y a cuyo amparo se autorizaría en 1948 al Servicio Nacional de Seguros del Campo para establecer una Caja de compensación de los seguros de grupos ganaderos para los riesgos no asegurables. Pero antes de llegar a la etapa actual, en la década de los 50 del siglo pasado se promulgaría la Ley de 3 de diciembre de 1953, donde se fiaría más a la iniciativa privada la cobertura de los riesgos agrícolas, aunque se seguiría sin llegar a tener una gran difusión del sistema de seguros. Durante todo este periodo, de 1929 a 1953 el protagonismo en los seguros agrarios pasaría del Estado a las mutuas provinciales y regionales, para posteriormente hasta la década de los 70 ser las aseguradoras privadas sin prácticamente intervención estatal las que intentaran llevar a cabo productos de seguros agrarios, aunque con unos resultados bastante modestos. Hasta llegar al actual sistema de seguros agrarios implantado en 1978, podemos decir que las Administraciones Públicas han intentado cubrir los riesgos climáticos con figuras que mostraban una excesiva burocratización, poca agilidad y sobre todo el uso político de dichas actuaciones. Asimismo, la voluntad de productores y Administración también fue relativa en muchos periodos de la historia del seguro agrario. El uso de fondos o créditos extraordinarios para paliar situación de catástrofe se ha utilizado, en muchos casos, por las administraciones de forma poco rigurosa, tendiendo más en cuenta otros objetivos que no eran exactamente la pérdida de renta de los productores. Por otro lado, en algunas ocasiones, a los productores les era más interesante, en caso de siniestros graves, presionar políticamente a la administración que utilizar sistemas de aseguramiento muy deficientes y al final controlados por las mismas administraciones. Los sistemas de seguros tradicionales, a pesar de ser una experiencia fracasada en la mayoría de los casos y países, no puede considerarse como error en el tiempo, sino como una rica experiencia que los técnicos e investigadores en el ámbito del seguro agrario deben analizar para el posterior desarrollo de nuevas modalidades de seguro agrario, como así ha ocurrido. 4. El actual marco legislativo del seguro agrario en España. La actual política de seguros agrarios se inicia con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, en un clima de transición democrática, aunque dentro del mundo agrario el camino a recorrer en relación con el resto de sectores productivos era mayor y por tanto había que hacer con una mayor aceleración para evitar las marginaciones que a lo largo de los tiempos se han ido produciendo en la agricultura española. Siendo fundamental las remodelaciones de Gobierno producidas en marzo de dicho año con la incorporación a la cartera de Agricultura de Jaime Lamo de Espinosa con el propósito fundamental de situar la vida rural en un lugar más digno aunque en muchas ocasiones dentro de la ignorancia por parte de otros sectores hacia la propia idiosincrasia del medio rural, siendo éste uno de los mayores lastres con que contaría la administración agraria durante esta época de transición, siendo también la causante de muchos de los conflictos que se generaron (Posada, 1983). Incluso en los Pactos de la Moncloa llegarían a tratarse materias agrarias por parte de las instancias firmantes con la pretensión de que la Agricultura alcanzara mayores cotas de protagonismo y no fuera como siempre apartada y marginada de la vida política, sin olvidar tampoco que en dichas fechas también se produjeron numerosas manifestaciones por parte de los agricultores a través de numerosas movilizaciones, conocidas como tractoradas, heredadas fundamentalmente del anterior régimen. Aunque quizás lo más destacable de 56 aquella época en que se generó la norma fundamental de los seguros agrarios actuales es el clima de negociación que imprimió el nuevo ministro y que conducía a un nuevo estilo de relacionarse los agricultores con la Administración y viceversa. Para conseguir un sector agrario español sostenible y competitivo, se ha de disponer de un buen instrumento para la gestión de riesgos y crisis, centrado en la cobertura de dichos riesgos relacionados con las adversidades climáticas y fenómenos naturales, como sin duda son los seguros agrarios. Pero esto no se podría conseguir si a su vez no se dispusiera de un marco normativo eficiente, ágil y dinámico, cuya base normativa la encontramos en: La Ley 87/1978, de 28 de diciembre de Seguros Agrarios Combinados. Reglamento 2329/79 que desarrolla la Ley Ley 50/1980, de 8 octubre de Contrato del Seguro Normas de Contratación y Condiciones Especiales Normas de Peritación Todo el sistema se completa a su vez con los llamados Planes Trienales y Planes Anuales de Seguros Agrarios, que conforme al artículo 5 de la Ley del Seguro Agrario, se aprueban por el Gobierno para cada ejercicio, junto con toda una serie de Resoluciones y Órdenes Ministeriales donde se definen las producciones, rendimientos asegurables, condiciones técnicas mínimas de cultivo, ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en todos los cultivos que poseen líneas de seguros agrarios. Y por último, y sólo subsidiariamente, a través de ayudas directos o ex-post. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se hizo necesario determinar dentro de las políticas agrarias una regulación específica del aseguramiento agrario a través de una participación del Estado mediante aportaciones a los seguros agrarios a través de subvenciones al importe global de las primas que debieran pagar los agricultores. El desarrollo de la ley 87/1978 de seguros agrarios se produjo a través del Reglamento que se establece mediante el Real Decreto 2329/1979 de 14 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 242 de fecha 9 de octubre de 1979 y en el que se desarrollan los principios básicos enumerados en dicha ley. En este Reglamento se establece el Seguro Agrario Combinado de riesgos múltiples, diferenciándose su aplicación según se refiera a producciones agrícolas, pecuarias o forestales. Asimismo se establecen los riesgos, las zonas y las producciones asegurables. La suscripción de los Seguros Agrarios deberá realizarse a través de las Entidades aseguradoras integradas en Agroseguro, S.A. mediante la formalización de un documento suscrito por el asegurado y que una vez se encuentre firmado por la aseguradora constituye el instrumento del contrato, aceptándose, por tanto, las Condiciones Generales y Especiales del Seguro en cuestión, así como su supeditación a toda la legislación de desarrollo referente a seguros agrarios. En las Condiciones Especiales de los seguros se determinan los porcentajes de cobertura que cada línea de seguro tenga, variando dentro del intervalo del 65% al 100%. También ENESA se encarga de establecer las condiciones que deben tener los cultivos para su aseguramiento así como las condiciones técnicas mínimas de cultivo que deben desarrollarse durante la vigencia del seguro agrario. 67 Dicha suscripción deberá realizarse en las fechas que ENESA establezca en las correspondientes Órdenes Ministeriales que regulen cada línea de seguro agrario. También se establece la posibilidad de suscripción individual o colectiva de dichos seguros, así como su voluntariedad. Aunque se establece la salvedad a favor del Gobierno de acordar la suscripción obligatoria cuando para una zona o producción más del cincuenta por ciento de los que lleven o dirijan directamente las explotaciones agrarias presten su conformidad a suscribirlo, expresada a través de las organizaciones y asociaciones de agricultores o las Cámaras Agrarias, sin perjuicio de que llegado el caso, el Gobierno lo acuerde en casos graves. En las pólizas de los seguros agrarios se concretarán las fechas iniciales de entrada en garantías del seguro así como las fechas límites o finales de dichas garantías. Un aspecto importante que se debe establecer en dichas Condiciones Especiales es el establecimiento del periodo de carencia, que comprende el número de días que deben transcurrir desde la entrada en vigor del seguro hasta el comienzo efectivo de la cobertura de los riesgos, no siendo indemnizables, por tanto, aquellos siniestros que aunque causen daños se produzcan durante dicho periodo. Además se reflejarán todos aquellos datos que se consideran necesarios tales como rendimientos, precios, identificación catastral de las parcelas, cultivos asegurados, etc. Todos los modelos de Declaración de Seguro deberán ser aprobados conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda, previo Informe del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Se establece de la misma manera en dicho Reglamento, que el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el de Economía y Hacienda, establezca las normas que han de regir los sistemas de peritación, así como las condiciones que han de reunir los Peritos Tasadores. Así como que el sistema de peritación se realizará con la participación de los representantes de las organizaciones y asociaciones de agricultores y de las Entidades aseguradoras. También el Gobierno deberá establecer las normas para que dichas Entidades aseguradoras realicen las funciones de suscripción y cobertura de los riesgos contemplados en esta Ley. La actual normativa vigente sobre Seguros Agrarios alcanza más de 81 órdenes ministeriales, la mayoría provenientes del extinto Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La gestión del sistema de seguros agrarios español se lleva a cabo mediante la empresa Agroseguro, S. A. Esta agrupación se constituyó el 17 de abril de 1980 con la forma jurídica de sociedad anónima, bajo la denominación social de Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S. A. y es el instrumento previsto por la Ley 87/1978 de participación del sector asegurador privado en el sistema, siendo accionistas las entidades coaseguradoras agrupadas, las cuales participan en la cobertura del seguro en la misma proporción que en el capital de la sociedad. La adhesión a Agroseguro, S. A. es voluntaria y se determina por su participación en el capital social, siendo ese mismo porcentaje el que determina la participación de la aseguradora en los beneficios o pérdidas de cada ejercicio económico. Agroseguro S. A. no es en sí una Entidad Aseguradora, sino que está configurada actualmente con un pool mixto de entidades aseguradoras privadas, que constituyen un cuadro de coaseguro, cuya integración en el mismo es de carácter voluntario. Actualmente participan 33 entidades aseguradoras, aunque varía cada año, además del 78 Estado a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata de una empresa de servicios creada con el objeto de gestionar y administrar los seguros agrarios combinados, regulados por la ley de Seguros Agrarios, y subvencionados, en una parte muy importante del precio, por el Estado y por las distintas comunidades autónomas (Fernández Toraño, 1997). 5. Los cultivos sociales en España. El caso de la vid. En nuestro país uno de los ejemplos más paradigmáticos de cultivo social lo encontramos en la vid, desde Hidalgo (2002) que expresamente le denomina al viñedo cultivo social y colonizador de extensas superficies, creador de riqueza y fijador de población, hasta Escribano (2010) que llega a las mismas conclusiones a través de su estudio de la comarca Mancha, principal zona viticultora del país. El cultivo de la vid revalorizó los trabajos manuales en las regiones que se beneficiaron de su plantación según nos indica Duby (1968), de forma diferente a las que se basaron exclusivamente en la producción cerealística, ya que, a diferencia de éste, las actividades que exige el cultivo de la vid se extienden a lo largo de todo el año requiriendo de mucha más mano de obra, que a pesar de los medios de comunicación de que se dispone actualmente, obligan a que tanto el viticultor, como su familia por los aportes puntuales de mano de obra que aporta a la explotación, y por los trabajadores empleados en este tipo de explotaciones residan mayoritariamente en el medio rural, por lo que podemos considerarle como un cultivo social y cohesionador del medio rural. La viticultura es un cultivo fuertemente arraigado en la cultura y en la historia de muchas comarcas agrarias españolas, pero fundamentalmente en la zona centro peninsular desde que fue introducida a finales del siglo XIX como consecuencia de la destrucción de viñedos por la filoxera en Francia y la necesidad de cubrir dicho mercado, constituyéndose en eje central de sus explotaciones agrarias, y en signo identificativo de su paisaje. La vid y su producto por excelencia, el vino, están ligados a la cultura y a la historia de la Europa Mediterránea, teniendo una gran importancia en todos los países de esta cuenca, entre los que destaca España por ser el de mayor extensión de superficie cultivada dedicada a este cultivo. Y dentro de España es en Castilla-La Mancha donde la vid alcanza la mayor extensión al ser un cultivo que se adapta perfectamente a las tierras de secano de la región, con escasas precipitaciones, veranos secos y calurosos. Aunque todo ello comporte producciones con bajos rendimientos, por debajo de los 35 hl/ha de media, frente a los más de 50 hl/ha de media de los países vitícolas de la Unión Europea. Como determinan Cebrián y Cebrián (2000) para el conjunto de Castilla-La Mancha, la dinámica geográfica suele ser reflejo de la especialización funcional de las ciudades y de la mayor o menor pujanza de las actividades económicas. En este caso analizaremos la especialización funcional en el sector vitícola de los municipios de la comarca Mancha de la provincia de Toledo, al considerarla como elemento representativo de la realidad rural castellano-manchega. Analizando el conjunto de estos municipios, se observa que en esta comarca, los municipios de mayor concentración de superficie de viñedo, son aquellos que también tienen una mayor densidad de población. De este modo, para los municipios con superficie de viñedo superior al 40 % la densidad de habitantes por km 2 asciende a 29,91 en tanto que para el resto de municipios de la comarca tan sólo llega a 25,58. Observamos asimismo, como para los municipios con superficie de viñedo superior al 89 40% la relación de agricultores sobre el censo de población total alcanza el 21.25%, en tanto que para el resto de la comarca sólo se llega al 15.56%. Ahondando en la dinámica social de la viticultura, también nos es posible afirmar que los municipios con mayor superficie de viñedo son los que más población han aumentado, o que en todo caso la han retenido, como nos lo demuestra el gráfico siguiente, donde, de los municipios de la comarca que tienen una superficie de viñedo superior al 30%, tan sólo dos de ellos han perdido población a lo largo del siglo, en tanto que los doce restantes que tienen en sus términos municipales más del 30% de superficie de viñedo han aumentado su población a lo largo del siglo XX. Y de los 25 municipios de esta comarca con superficie de viñedo inferior al 30 %, la tendencia de despoblación ha sido constante a lo largo del siglo XX, como lo demuestra la pérdida de población en el 70% de los mismos. Se aprecia mejor en el siguiente gráfico la relación existente entre los distintos municipios de la comarca entre el porcentaje de superficie de viñedo y la evolución de su población a lo largo del siglo XX. Gráfico nº 2 Relación entre el porcentaje de superficie de viñedo y el balance de la evolución de la población a lo largo del siglo XX en los distintos municipios de la comarca agraria Mancha. Fuente: elaboración propia. Es clara la evolución negativa de la población para el conjunto de municipios en que su superficie de viñedo es inferior al 15 %. Por lo que podemos afirmar que los municipios con mayor superficie de viñedo son los que más población han aumentado, o en todo caso la han retenido, ya que, a diferencia de los municipios agrarios que basan la agricultura en los cultivos herbáceos, la viticultura además de generar a través de sus bodegas una cierta industria agroalimentaria a su alrededor, necesita de una mano de obra de forma continua a lo largo del año. La conclusión no puede ser otra que la de determinar que la viticultura retiene población en los tramos de edad más productiva, en tanto que en aquellos municipios donde predominan los cultivos herbáceos, cuenta con una población más envejecida, consecuencia de la menor capacidad de retención de población activa en los tramos de menor edad. 910 6. El seguro agrario de uva de vinificación. La conclusión del apartado anterior acerca de las bondades de la viticultura, como cultivo social y elemento cohesionador de la sociedad rural, no puede ser sino la necesidad de unos seguros agrarios que apoyen a las explotaciones agrarias en que se cultiva predominantemente la vid. De este modo, para la campaña 2010, nos encontramos con las siguientes líneas de seguros agrarios para el cultivo de uva de vinificación: Seguros combinados y de daños excepcionales Línea 04 Uva de vinificación Línea 182 Modalidad A Línea 183 Modalidad B Línea 165 Uva de vinificación en Islas Canarias Línea 65 Viveros de viñedo Seguros integrales Línea 21 Integral de uva de vino en Lanzarote Seguros de rendimientos de explotación Línea 177 Parcelas en secano Línea 178 Daños modalidad A Línea 179 Daños modalidad B Línea 180 Daños modalidad C Seguros de cooperativas Línea 85 Garantía adicional en uva de vinificación para cooperativas en la Comunidad Foral de Navarra Las normas jurídicas que dan cobertura a las anteriores líneas y opciones de seguros agrarios para uva de vinificación son tanto la Ley 50/1980, de 8 octubre de Contrato del Seguro como la Ley 87/1978, de 28 de diciembre de Seguros Agrarios Combinados, y el Reglamento 2329/79 que desarrolla dicha Ley. Pero específicamente nos encontramos ahora con el Plan anual de seguros agrarios para el año 2010, con la Orden de 20 de diciembre de 2001 por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación, con el Seguro Combinado de Uva de Vinificación, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, el Condicionado especial de uva de vinificación para cada una de estas líneas, que puede variar cada campaña, y la Orden de 16 de febrero de 1989 por la que se aprueba la Norma Específica para Peritación de siniestros del cultivo de uva de vinificación (BOE, número 46 de 23 de febrero de 1989) Los seguros agrarios combinados y de daños excepcionales en uva de vinificación. Excede de nuestro trabajo el estudio pormenorizado de todas las líneas y opciones de aseguramiento de que disponen nuestros viticultores, un estudio más detallado se tiene en Escribano (2010). Por lo que, por su importancia se tratará de forma detallada el 1011 seguro combinado y de daños excepcionales en uva de vinificación integrado Línea 04, al ser la opción predominante a la hora de asegurar sus cosechas nuestros agricultores. Una de las características definitorias de esta línea de seguro combinado de uva de vinificación es que los daños se fijan por parcela y no para el conjunto de la explotación, con la peculiaridad de que el agricultor puede fijar libremente los rendimientos de sus parcelas, a diferencia de los seguros de rendimientos, siendo ésta una de las causas de conflicto en las tasaciones finales si el agricultor, tanto si actúa de buena fe o no, fija unos rendimientos potenciales superiores a los que en dicho momento de la tasación final, en periodo de recolección, le es fijado por el técnico tasador, ya que el coste de dicho exceso de producción asegurada no le es devuelto al asegurado. En las condiciones especiales de esta línea de seguro agrario, multirriesgo de daños, nos encontramos con que el objeto del seguro tiene dos garantías bien diferenciadas, por un lado para la producción y por otro para la plantación. En cuanto a la Garantía a la Producción, con el límite del capital asegurado se cubren exclusivamente: o Los daños producidos en cantidad por helada, así como por los riesgos excepcionales de inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado. Posteriormente, desde hace un par de campañas también se incluye como riesgos excepcionales a la fauna silvestre. o Los daños en cantidad ocasionados por pedrisco. Recientemente se han introducido también coberturas para daños en calidad como consecuencia de siniestros de pedrisco, e indicar como novedad, que desde la campaña 2010 también para el riesgo de helada, para aquellas parcelas inscritas en los Consejos Reguladores de las correspondientes Denominaciones de origen. Desde la pasada campaña 2009 se introdujo como daño garantizado el mildiu para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Dichos daños se aplican sobre la producción real esperada de uva de vinificación en cada parcela, y acaecidos dentro del periodo de garantía, siempre según la opción que hubiera elegido el agricultor. Respecto a la compensación por la muerte o pérdida total de la cepa, es decir, lo que se entiende por Garantía a la Plantación, se compensará, para cada una de las parcelas que componen la explotación, por la muerte de la cepa ocasionada por los riesgos cubiertos en la garantía a la producción. El asegurado en el momento de proceder a la formalización de su Declaración de Seguro en la Línea 004 Uva de Vinificación puede optar por alguna de las siguientes opciones de seguro: Opción A: cuya entrada en vigor se produce cuando se alcanza en las vides de la parcela el Estado Fenológico B yemas de algodón, el cual se considera que se ha alcanzado cuando se encuentra dilatada la yema con las escamas separadas y la protección algodonosa pardusca muy visible. En el caso de que la parcela se 1112 encuentre inscrita en el correspondiente Consejo Regulador de Denominación de Origen, corresponderá contratar la Opción C. Opción B: la entrada en vigor de esta opción se produce cuando al menos el cincuenta por ciento de las vides de la parcela asegurada alcancen o sobrepasen el Estado Fenológico F. Se considera que una cepa ha alcanzado o sobrepasado dicho estado cuando al menos el cincuenta por ciento de los brotes de la misma se encuentran en dicho estado fenológico F o posteriores. Se dice que un brote ha alcanzado dicho estado fenológico cuando en el extremo del brote aparecen los racimos rudimentarios netamente visibles y éste tiene de cuatro a seis hojas extendidas o abiertas. En el caso de que la parcela se encuentre inscrita en el correspondiente Consejo Regulador de Denominación de Origen, corresponderá contratar la Opción D. Opción E: Seguro combinado de pedrisco. siendo su entrada en vigor cuando se alcance el Estado Fenológico I de floración o cierne. Se considera que una inflorescencia está en este estado, cuando en sus flores la corola en forma de capuchón, se separa de su base y es rechazada hacia arriba por los estambres, permaneciendo el ovario desnudo, disponiéndose los órganos masculinos en forma de radios alrededor de él. En el caso de que la parcela se encuentre inscrita en el correspondiente Consejo Regulador de Denominación de Origen, corresponderá contratar la Opción F. Actualmente se tienen en cuenta también los daños en calidad. Hasta la campaña del año 2008, tan sólo se podían contratar seis opciones diferentes, que son las que hemos descrito de forma breve anteriormente, a saber, las opciones A, B y E en el caso de no estar las parcelas inscritas en Consejo Regulador de Denominación de Origen, o las opciones C, D y F si se encontraban inscritas en el mismo. Sin embargo, a partir de la campaña 2009 ha aumentado el número de opciones y ha variado la anterior opción B/D. De este modo, nos encontramos con: Opción G: para los viñedos con aclareo de racimos en la Denominación de Origen Calificada Rioja, donde se podrá elegir en parcelas en que no sea necesario el aclareo de racimos, con un precio de aseguramiento superior cumpliendo una serie de parámetros productivos especificados en las condiciones especiales del seguro. Opción H: para viñedos con características especiales, donde se podrá elegir en parcelas de viñedos de características específicas inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Calificadas de Rioja y Priorato y Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Rueda, con un precio de aseguramiento superior y una valoración del riesgo de pedrisco diferenciada, siempre que se cumplan los parámetros productivos y de equilibrio vegetaciónproducción que se especifiquen en las condiciones especiales del seguro. El ámbito de aplicación del seguro se extiende a toda España, aunque determinados riesgos como el de marchitez fisiológica se aplica solamente a la variedad Bobal dentro de determinadas comarcas de las provincias de Albacete, Cuenca y Valencia. Así como las parcelas de viñedo de las Islas Canarias se limitan a ser aseguradas en las opciones E o F. Y para los daños en calidad del riesgo de pedrisco, el ámbito de aplicación se extenderá sólo a las parcelas inscritas en cualquiera de las denominaciones de origen del ámbito nacional. 1213 No se considerarán producciones asegurables, a efectos del seguro, las parcelas destinadas a experimentación o ensayo tanto de material vegetal como de técnicas o prácticas culturales, las parcelas que se encuentren en estado de abandono y las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al autoconsumo. Se establece con carácter general un periodo de carencia de seis días completos desde la entrada en vigor de la póliza. Respecto a las Garantías, distinguiremos entre: Garantía a la producción: o Inicio de Garantías: se inician con la toma de efecto, una vez transcurridos el periodo de carencia y nunca antes de la fecha o estado fenológico establecido para la opción elegida por el asegurado entre las disponibles, según los riesgos y daños cubiertos en las correspondientes Condiciones especiales del seguro agrario combinado. o Final de Garantías: para todas las opciones, riesgos y tipos de daño se producirá en la fecha más temprana de las siguientes: En el momento de la vendimia. Fecha en que se sobrepase la madurez comercial del fruto. Aquellas fechas que se determinan a nivel de provincia en el Condicionado Especial. Garantía a la plantación: o Inicio de Garantías: se produce con la toma de efecto, una vez finalizado en periodo de carencia. o Final de Garantías: Para las opciones que incluyen el riesgo de helada, las garantías finalizan en la fecha más temprana de los doce meses desde que se iniciaron las garantías o desde la toma de efecto del seguro de la campaña siguiente. Y para las opciones que no incluyen el riesgo de helada, las garantías finalizan el 31 de diciembre. Posteriormente se eliminaría esta distinción entre opciones que incluyen o no el riesgo de helada y en los Condicionados Especiales no aparece esta última posibilidad. Tanto para el tomador del seguro como para el asegurado se establecen una serie de obligaciones que se concretan en el Condicionado Especial, siendo fundamental en el caso del asegurado la de asegurar toda la producción de uva de vinificación que se posea en el ámbito de aplicación del seguro, de tal modo, que su incumplimiento conllevará la pérdida del derecho a la correspondiente indemnización. Posteriormente esta obligación se matizó a exigir incluir en la declaración de seguro todas aquellas producciones asegurables de parcelas inscritas en el Registro Vitícola, aumentando el control por parte de las empresas aseguradoras. En el Condicionado Especial se establece para el Capital Asegurado una distinción del siguiente tipo: Garantía a la producción. El capital asegurado para cada parcela, se fija para los distintos riesgos en: 1314 o Riesgos de helada y marchitez fisiológica: el capital asegurado será el 80 por 100 del valor de la producción establecido en la Declaración del Seguro, quedando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del Asegurado el 20 por 100 restante. o Riesgos de pedrisco y los riesgos excepcionales el capital asegurado será el 100 por 100 del valor de la producción establecido en la Declaración del Seguro para todas las opciones de aseguramiento. Garantía a la plantación. El capital asegurado para todos los riesgos se corresponderá con el 100 por 100 del valor de producción establecido en la Declaración de Seguro. El valor de la producción será el resultado de aplicar a la producción declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado. Asimismo, se establece en el Condicionado Especial una serie de circunstancias y hechos que provocan una reducción del capital asegurado. Para que un siniestro se considere indemnizable, el Condicionado Especial determina que lo son aquellos que: Garantía a la producción. Distinguiendo entre: o Riesgo de pedrisco: los daños causados han de ser superiores al 10 por 100 de la producción real esperada. Si el pedrisco afectara a una extensión inferior al 10 por 100 de su superficie total, para que el siniestro pueda ser considerado como indemnizable, los daños ocasionados deberán ser superiores al 10 por 100 de la décima parte de la producción real esperada. o Riesgo de helada y marchitez fisiológica de la variedad Bobal: los daños han de ser superiores al 10 por 100 de la producción real esperada. o Riesgos de daños excepcionales: se considera que un siniestro de inundación-lluvia torrencial y/o lluvia persistente es indemnizable, cuando la suma de los daños de todos los riesgos cubiertos, salvo los daños de riesgos excepcionales que no sean acumulables, deducidos los daños indemnizables de helada, pedrisco y marchitez fisiológica, sean superiores al 20 por 100 de la producción real esperada de la parcela afectada. Del mismo modo, se considera que un siniestro de viento huracanado es indemnizable, cuando la suma de los daños de todos los riesgos cubiertos, salvo los daños de riesgos excepcionales que no sean acumulables, deducidos los daños indemnizables de pedrisco, helada, marchitez fisiológica y el exceso de daños sobre el mínimo indemnizable de inundación-lluvia torrencial y/o lluvia persistente, sea superior al 30 por 100 de la producción real esperada de la parcela afectada. Garantía a la plantación: para que los siniestros de daños en plantación sean considerados como indemnizables, el porcentaje de cepas perdidas deberá ser superior al 20 por 100 de las cepas totales de la parcela afectada. Para comprender mejor las diferentes garantías, tanto a la producción como a la plantación, se aporta el siguiente cuadro resumen de los diferentes rendimientos asegurables, ámbitos de aplicación, opciones, riesgos y daños, así como el nivel de tasación, a nivel de parcela o de explotación, las coberturas y franquicias. 1415 Cuadro nº 1 Opciones de aseguramiento y riesgos cubiertos en uva de vinificación para la campaña RENDIMIENTO ASEGURABLE GARANTÍA A LA PRODUCCIÓN LIBRE GARANTÍA A LA PLANTACIÓN LIBRE ÁMBITO PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO OPCIONES A-C-G-H B-D A-C-B-D-E-F-G-H A-C-B-D-E-F-G-H A-C-B-D-E-F RIESGO DAÑOS HELADA MARCHITEZ CANTIDAD CALIDAD (SÓLO EN D.O.)(*) HELADA MARCHITEZ CANTIDAD CALIDAD (SÓLO EN D.O.)(*) PEDRISCO CANTIDAD CALIDAD (SÓLO EN D.O.)(*) RIESGOS EXCEPCIONALES CANTIDAD DAÑOS EXCEPCIONALES CANTIDAD A NIVEL DE A NIVEL DE A NIVEL DE A NIVEL DE TASACIÓN PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA COBERTURA 80% 80% 100% 100% 100% A NIVEL DE PARCELA CEPAS SINIESTRO MÍNIMO VIENTO 30% PERDIDAS 10% 20% 10% INDEMNIZABLE RESTO 20% SUPERIOR AL 20% FRANQUICIA 10% DAÑOS 20% ABSOLUTA 10% DAÑOS 20% ABSOLUTA 20% ABSOLUTA (*) Para todos los riesgos se cubren exclusivamente los daños en cantidad, excepto para el pedrisco y la helada en las uvas de Denominación de Origen, Opciones C, D, G, H y F, que cubren también los daños en calidad. Fuente: Agroseguro, S.A. El periodo de suscripción de las pólizas de las diferentes opciones varía en función de las mismas así como de la zona de España en que nos encontremos. De este modo, para las zonas cálidas, la opción A-C tiene como fecha tope el 1 de marzo, la opción B-D el 31 de marzo y la opción E-F el 15 de abril. Para el resto de zonas no consideradas cálidas las fechas límites para contratar las diferentes opciones son las siguientes: para la opción A-C el 25 de marzo, para la opción B-D el 15 de abril y para la opción E-F el 30 de abril. Este seguro también tiene una Franquicia que se establece según los riesgos cubiertos, variando desde el 10 por 100 de la helada, pedrisco y marchitez fisiológica, hasta el 20 por 100 para el resto de riesgos así como para la garantía a la plantación. Sin embargo, actualmente la situación ha cambiado considerablemente en algunas opciones, como la B y la D. También se establece en el Condicionado Especial las Normas de Peritación como aplicación a la Condición Decimotercera de las Condiciones Generales de los Seguros Agrícolas, que también han ido variando a lo largo de las campañas Los seguros de rendimiento de explotación de uva de vinifación. Por otro lado, por su importancia, destacaremos al seguro de explotación de uva de vinificación, seguro muy deseado por los agricultores pero que sin embargo no ha tenido la aceptación que se esperaba del mismo. Este seguro consta de cuatro líneas, de tal forma que obligatoriamente el asegurado tiene que suscribir el seguro de rendimientos (línea 177) y una de las tres modalidades 1516 de daños (líneas 178, 179 o 180). La diferencia entre las anteriores tres líneas de seguro de daños estriba fundamentalmente en el diferente tratamiento que recibe el siniestro de helada, ya que tanto las líneas 178 como 179 lo hacen a nivel de explotación, teniendo en cuenta que la consideración de explotación es sobre la base de aseguramiento del Registro Vitícola y toda parcela que no se encuentre en el mismo se considera como no asegurable, en tanto que la línea 180 lo es a nivel de parcela. En todas esas líneas los siniestros acaecidos como consecuencia de pedriscos o de daños excepcionales tienen el igual tratamiento que en la línea 04 de seguro agrario combinado de uva de vinificación. En el caso del seguro de rendimientos (línea 177), la fecha de suscripción ha sido hasta ahora el 15 de diciembre del año anterior, es decir, se adelantaba bastante en relación a la del seguro combinado. A diferencia del combinado sólo existe una única modalidad de contratación para todas aquellas parcelas de secano de la explotación, cubriendo exclusivamente daños en cantidad. Y con respecto a las garantías, coberturas y franquicias que ofrece dicha línea, son diferentes según se trate de garantizar la producción o a la plantación. En las garantías a la producción los riesgos cubiertos son para las distintas adversidades climáticas con una tasación a nivel de explotación. En tanto que para las garantías a la plantación, se cubren exclusivamente los riesgos de la helada invernal y la sequía a nivel de parcela. El mayor problema que tiene el seguro de rendimientos de la línea 177 es el establecimiento del rendimiento asegurable, Aunque no se puede establecer de forma libre, al asegurar sí que se pueden compensar todas las parcelas de la misma comarca y cultivo, pero cuidando que la media no supere el límite establecido, que no es libre a diferencia del seguro combinado, sino que es individualizable en función de los datos que aparezcan en una base de datos de contratación y siniestros en el periodo , y que según datos de Agroseguro, S. A. para la campaña 2007, para el establecimiento del rendimiento asegurable por cada agricultor sólo se tuvieron en cuenta dos de los tres últimos planes más dos más de la serie o bien cinco planes de la serie , asociados a cualquiera de los seis niveles de riesgo (A, B, C, D, E y F), de aquellos agricultores que han asegurado dichos años en las líneas del seguro combinado (línea 04) y los de rendimientos (líneas 116 y 117) y de los rendimientos comarcales de referencia, para conseguir un coeficiente de productor con el que poder determinar la producción asegurable. El problema es que, según datos de Agroseguro, S. A., tan sólo se disponen de menos de asegurados con Coeficiente de Productor, a los que les son aplicables unos rendimientos comarcales de Referencia desde 0,5 a 3,5. De tal modo, que los agricultores que no disponen de una serie suficiente de años se les aplica un coeficiente de productor de 0,5 sobre el rendimiento comarcal de referencia. Este hecho hace que se llegue a desvirtuar su contratación, ya que si tenemos en cuenta que en muchos casos los agricultores suelen asegurar en la línea de combinado producciones superiores a las potenciales, que no son rebajadas si no se llega a producir siniestro, se da el caso de que al tener en cuenta su serie de producciones (aseguradas y fijadas en tasación) sean superiores a las potenciales y contrate esta línea durante una serie de años, hasta que finalmente se llegue al equilibrio, momento en que predominará la complejidad técnica de esta línea y muchos de esos agricultores abandonen su contratación. Pero además, junto al seguro de rendimientos (línea 177), el asegurado está obligado a suscribir una de las tres modalidades de daños (líneas 178, 179 o 180), donde si bien el rendimiento asegurable es libre y el ámbito de aplicación es tanto para las parcelas de secano como para las de regadío, dependiendo de los riesgos se cubren una serie de daños diferentes (en cantidad y calidad) para cada uno de ellos, siendo la tasación (por 1617 parcela o explotación), las coberturas, opciones y franquicias diferentes, con una gran diversidad de casuísticas. 7. Conclusiones. La realidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias españolas parte de la ausencia de una estrategia clara por parte de las diferentes Administraciones Públicas, donde se definan objetivos claros y precisos para la agricultura y ganadería, estableciéndose las herramientas necesarias para su mantenimiento. Ante esta perspectiva no debe sorprendernos la desmotivación de un sector ya de por sí envejecido, en el que no existe relevo generacional, y que además presenta grandes dificultades para organizarse, a pesar de la labor de las cooperativas agroalimentarias, y conseguir diferenciar sus producciones dentro de un mercado cada vez mas globalizado. Por todo ello, dentro de este panorama ensombrecido para el sector agrario nacional, sorprende gratamente el disponer de una herramienta de política agraria como es el actual sistema de seguros agrarios con un amplio marco normativo que le da cobertura, y con un objetivo manifiesto dentro de la ley del seguro agrario, que es el de mantener las rentas de las explotaciones agrarias. El seguro agrario es un instrumento de política agraria y social viva, que para ser eficaz ha de estar en continuo proceso de evolución para adaptarse a las necesidades del sector, las antiguas y también las nuevas. En la actualidad nuestros agricultores disponen de un gran abanico de posibilidades para asegurar sus cosechas, pero ello no implica que todas las líneas de seguro se encuentren adaptadas a las necesidades de los pequeños y medianos agricultores, por lo que deberían de ser susceptibles de algunas modificaciones, para conseguir un equilibrio entre las necesidades del agricultor y las de las empresas aseguradoras, pero teniendo en cuenta, como ya sentenció el Tribunal Supremo, que el seguro agrario es en beneficio del agricultor. La implantación media del seguro agrario en el sector es del 55%, según datos de ENESA, y en conjunto existe un alto grado de consenso entre los diferentes actores implicados en relación a la eficacia de los seguros agrarios como instrumento de gestión de riesgos, donde comienzan las divergencias es en la forma de seguir perfeccionando el modelo. De este modo, frente a una política que se centra fundamentalmente en seguir diversificando la oferta de seguros con el objetivo de alcanzar todas las producciones a toda costa, nosotros entendemos que se debería tender en primer lugar a reducir la complejidad de las líneas y opciones de aseguramiento, de buscar nuevas vías de aseguramiento, como podrían ser las pólizas asociativas que se reclama desde las cooperativas agrarias, sobre todo pensando en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, que son el sostén del medio rural. Entendemos que dentro del desarrollo sostenible en que se encuentra inmerso en sector agrario español, crece en importancia la necesidad de unos seguros agrarios adaptados a los agricultores, y fundamentalmente a aquellos que se dedican a los cultivos sociales. Los viticultores disponen actualmente de dos grandes opciones a la hora de asegurar sus parcelas: por un lado estarían los seguros multirriesgo de daños, llamados seguros combinados, donde los daños se fijan siempre a nivel de parcela, los riesgos se definen individualmente y existe una libre fijación de rendimientos, siendo esta la opción más elegida por los agricultores. Y por otro lado estarían los seguros de rendimientos, donde se cubriría cualquier adversidad climática pero donde los rendimientos son fijos para cada zona o bien individualizados según una serie temporal propia de cada agricultor, 1718 tratándose de seguros agrarios que han tenido muy poca aceptación entre nuestros agricultores. 8. Bibliografía. Bataller, J. (1996) La determinación de la indemnización. En Prats, L. (coord.) Estudios en homenaje a la profesora Teresa Puente. Valencia: Universidad de Valencia. Burgaz, F. J. (1997) Noventa años de seguros agrarios en España. 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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Artículo 1
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REAL DECRETO