Source: http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_r/romero_gormaz_ruben.htm
Timestamp: 2017-11-22 23:50:51+00:00

Document:
Romero Gormaz Ruben
RUBEN ROMERO GORMAZ
Jefe de la DICAR
Agente Comando Conjunto
Ruben Romero Gormaz, jefe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), miembro del Comando Conjunto, procesado como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.
Fuentes de Informacion: Revista Analisis; Poder Judicial; Memoriaviva
http://www.g80.cl
Sr. Piñera, mi madre puso un amparo por mi padre desaparecido. Nunca lo acogieron
“Al Sr. Presidente de la Excma. Corte Suprema, Dr. José María Eyzaguirre. Verónica Antequera Vergara, egresada de Educación Básica, casada, con domicilio en Calle Nueva Nª10803, depto. 203, Paradero 24 de La Florida, carnet de identidad Nª5.897.429, al Sr. Presidente con todo respeto digo:
Por muy reprobable que sea todo esto, lo que más me aflige en estos momentos es el paradero de mi esposo y la condición en que puede estar. Es por esto que deseo solicitar del Sr. Presidente que me escuche, a fin de poder proporcionar todos los antecedentes que fueran del caso, ya que como testigo presencial del hecho estoy en situación de hacerlo. Deseo además que el Sr. Presidente haga uso de las atribuciones que le confiere el art. 7 del Decreto Supremo 187 y se traslade al Campamento Cuatro Álamos y vea el modo de entrevistar al detenido y verificar que, a su respecto, se cumplen todas las garantías que establece la reglamentación vigente.”
El Presidente de la Corte Suprema vio durante horas cómo esta mujer embarazada seguía sentada ante su oficina dispuesta a que se la llevaran a la fuerza si no la atendía. Y ya agotado de esta imagen la escuchó. Debe ha¬berse impactado por el relato de la mujer pues decidió comunicarse en su presencia con el coronel Manuel Contreras para investigar si la DINA lo había detenido. Mi madre escu¬chó anhelante la conversación. El coronel Contreras respon¬dió que su servicio no había detenido a nadie de las carac¬terísticas de Manuel Guerrero.
El 18 del mismo mes -esto es, mientras mi padre era torturado en lo que hoy sabemos era el cuartel “La Firma” en Calle Dieciocho-, por oficio confidencial Nª2871, el Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, informó al tribunal: “En respuesta al oficio de la referencia, cumplo con informar a Vs. I. que la persona que a continuación se indica, no se encuentra detenida por orden de este Ministerio: Guerrero Ceballos, Manuel Leonidas”.
“I. Corte. Verónica Antequera Vergara, ya individualizada, en los autos de amparo a favor de mi esposo Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, a USI. con todo respeto digo:Que en el escrito en que interpuse el recurso pedí se solicitara informe al Ministro del Interior, al Servicio Nacional de Detenidos SENDET, y al Ministro de Justicia. Han transcurrido ya prácticamente 10 días, sin que se haya hasta la fecha recibido respuesta alguna. Por tanto, ruego a USI ordenar se reiteren los oficios mencionados. Otrosí:Ruego a USI tener presente que la placa del vehículo en que se movilizaban los aprehensores de mi esposo es JK 63.”
Mi padre fue torturado en el Hospital de Carabineros de Chile y luego trasladado al campo de prisioneros Cuatro Álamos -a cargo de la DINA, es decir, del Ministerio del Interior-, y luego a Tres Álamos. Recién el 25 de junio de 1976 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, conformada por los Ministros Efrén Araya, MARCOS LIBEDINSKY -sí, el que no hasta hace mucho fuera Presidente de la Corte Suprema-, y elabogado integrante Alberto Novoa, dictó la siguiente sentencia:
“Atendido el mérito de los antecedentes, y en especial lo informado por el Sr. Ministro del Interior, a fs.5, y visto además lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de amparo deducido a fs.1 de Manuel Leonidas Guerrero Ceballos”.
Visitamos a mi padre el domingo 27 de junio e inmediatamente el lunes 28 mi madre volvió al Tribunal: “Excma. Corte. Verónica Antequera Vergara, ya individualizada, en los autos de amparo en favor de mi esposo Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, a USE. con todo respeto digo: Que la I. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 25 del presente mes de junio, rechazó el recurso de amparo interpuesto. Se basó para ello la I. Corte en un informe del Ministro del Interior, de fecha 18 de este mismo mes, donde se declaraba que el ampardo no se encontraba detenido por orden de dicho Ministerio.
El fallo apelado y su antecedente -el informe del Ministerio- desconocen absolutamente la verdad de los hechos y constituyen una incalificable denegacion de justicia. La realidad es la siguiente: mi esposo fue detenido, como ya se dijo, el dia 14 del presente mes de junio, a las 10 de la mañana, en la interseccion de las calles Maria Elena y La Unión, que pertenecen al sector Paradero 24 de La Florida. En dicho lugar, fue baleado por los efectivos que tuvieron a su cargo la detención.
Todo esto sucedia el dia lunes 14 de junio, en los precisos momentos en que la Organizaciones de Estados Americanos discutia en nuestra capital, el tema de los Derechos Humanos. Lo que al dia siguiente habria de provocar el entusiasta titular de las Ultimas Noticias: ‘Y se hizo justicia’.
El hecho es que mi esposo, herido en la forma y circunstancias que ya he descrito, fue introducido a golpes en la Renoleta de los efectivos de seguridad y vendado con “scotch” en los ojos y en la boca. Fue colocado -dentro del coche- debajo de un asiento. Fue ademas golpeado y esposado.
Asi llevado, fue conducido a un lugar desconocido, donde comenzaron a desnudarlo y tenderlo en un catre de fierro, llamado “parrilla”, donde se le aplico electricidad en todo el cuerpo. Al parecer, lo drogaron con “pentotal”. Al mismo tiempo, menudeaban las amenazas, diciéndole que “algo podría ocurrirle”, y que “un accidente es siempre posible”. Tampoco faltaban las amenazas para su esposa -embarazada de 5 meses- y para su pequeño hijo de 6 años.
Este tratamiento se prolongó toda la tarde del día lunes 14 de junio. No se le prodigó ninguna atención medica durante estas largas horas; al contrario, continuaban los golpes y mi esposo seguía desangrándose.
En la noche de ese mismo día lunes 14 fue llevado a un recinto hospitalario, que el desconoce. Se interno con otro nombre y a el se le dio orden de no hablar.
En dicho recinto recibió atención medica. Los facultativos llegaron a la conclusión de que no se podía extirpar la bala en aquellos momentos, sino que había que esperar que el proyectil aflorara, para poder actuar en las debidas condiciones.
Se le tomaron además innumerables radiografías. Todo esto no significaba que el trato fuera el adecuado. En realidad, los malos tratamientos continuaron, aun en estas circunstancias. Le arrancaban la sonda que estaba conectada con el suero y cada vez que se le trasladaba de pieza, le cubrían la cara. Posiblemente, con objeto que no lo reconocieran ni se dieran cuenta del estado en que se encontraba. Además, seguían recordándole la posibilidad de un “accidente”.
En este lugar hospitalario continuo hasta el viernes 18 del presente mes de junio. Ese día -en la tarde- fue trasladado al Campamento “Cuatro Alamos”. Era el mismo dia en que el Ministerio del Interior, informaba a la I. Corte de Apelaciones de que no se encontraba detenido y que el I. Tribunal habría de considerar como el argumento decisivo para denegar el recurso.
En el Campamento Cuatro Alamos permaneció incomunicado durante 7 dias. En esos días fue el único detenido, pero pudo recibir atención medica.
El viernes 25 de junio, el mismo dia en que la I. Corte de Apelaciones denegaba el recurso de amparo, fue obligado a levantarse y se le condujo a Tres Alamos. En dicho campamento he podido visitarlo, como asimismo ha recibido la visita de sus padres y suegros. Lo extraordinario del caso, es que se le obliga después de todo lo pasado, a hacer la vida normal de un detenido normal, como si nada hubiera acontencido.
El Decreto Ley 1009 es muy claro. En su artículo 1 declara que las fuerzas de seguridad estaran obligadas a comunicar la dentencion “dentro del plazo de 48 horas”. No se necesita repetir los antecedentes ya dados, para reconocer que esta exigencia no ha sido cumplida. Igualmente, el ya mencionado art. 1 del mismo DL 1009 declara que la incomunicacion “no podra durar mas de 5 dias”. Tambien se ha infringido esta disposicion.
Ruego a USE, disponer se envien antecendentes del caso, a la Justicia del Crimen, para hacer efectivas las responsabilidades del art.1 del DL 1009, en orden a los apremios ilegitimos.”
Mi padre continuaba prisionero en Tres Alamos, con la bala aun en su cuerpo, y recien el 30 de junio de 1976, la Corte Suprema solicitó a través del Oficio No. 20.082, “Para entrar a conocer del recurso oficiese al Sr. Ministro del Interior a fin de que informe si Manuel Leonidas Guerrero Ceballos se encuentra detenido en el Campamento de Tres Alamos, como se informa en el escrito de p.9 y 10, que en copia fostática se le remitirá. “.
Esta autoridad, RAUL BENAVIDES ESCOBAR, a la sazón Ministro del Interior, el mismo que antes habia oficiado que mi padre no estaba detenido, informo por oficio confidencial No. 3120, del 5 de julio de 1976, “En respuesta al oficio en referencia, cumplese informar a VS. ILTMA que por Decreto Exento de este Ministerio que se señala, dictado en uso de la facultad que me confiere el DL No. 228, en relacion con el articulo 72, No.17, de la Constitucion Politica del Estado, sedispuso la dentecion de la persona que a continuacion se indica, recluyendosele en el lugar que se menciona: Guerrero Ceballos, Manuel Leonidas; Se dispuso su arresto en el Campamento de Detenidos Cuatro Alamos, segun D.E. No. 2120, de 18 de junio de 1976. Actualmente se ncuentra en el Campamento de Detenidos Tres Alamos, donde fue trasladado segun D.E. No. 2124, de fecha 23 de junio 1976″.
Es decir, se reconocía lo que antes se negaba, sin embargo se informa de la detencion de mi padre el 18 de junio, en condiciones que ello habia ocurrido 4 dias antes. A raiz de tal informe nuevo del Ministro del Interior, el 12 de julio de 1976, la Corte Suprema pronunciandose sobre la apelacion, dicto la siguiente sentencia: “Con el merito del informe del Ministerio del Interior de fs.12, se confirma la resolucion apelada”, por los ministros señores M. Eduardo Ortiz, Octavio Ramirez M., Marcos Aburto O., Estanislao Zuñiga C., y abogado integrante Julio Fabres.
“Vengo en interponer recurso de reposición en contra de la resolución de este Excmo. Tribunal, que declara sin lugar el Recurso de Amparo, confirmando así la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones. Lo grave de esta resolución es que confirma una resolución pronunciada considerando el informe del Sr. Ministro del Interior, de fs.5, que exponía que el amparado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.
Lo expuesto, dado a conocer en detalle por esta recurrente, tanto a la Iltma. Corte, como a este Excmo. Tribunal, constituyen delitos tipificados y sancionados por nuestra legislacion, por lo que deberian ser investigados acusiosamente, mas aun si de por medio estuvo la vida de una persona, la cual afortunadamente pudo salir airosa despues de ser sometida a un trato barbaro, cuestion tambien sancionada por nuestra legislacion.
b) b) La falta de veracidad del segundo informe, también lo que se refiere al 2 D.E., pues si algun ministro de esta Excma. Corte, en su preocupacion por velar a favor d ela legalidad vigente hubiera hablado con el detenido o se hubiera constituido en el Campamento de Tres Alamos, el dia 23, hubiera podido comprobar que no se encontraba alli tal como lo aseveraba el Sr. Ministro del Interior, en esa fecha.
Habiendo de por medio valores tan importantes como la vida del detenido, estimo que tales hechos deben ser investigados, procediendose a sancionar a los responsables. Solicito en consecuencia a esta Excma. Corte, que remita los antecedentes al juzgado del crimen competente, a fin de que se instruya sumario por la comision de los delitos que se denuncian.”
No obstante todo lo anterior, el 19 de julio de 1976, la Corte resolvió “A lo principal: no ha lugar a la reposición. Al otrosí: formalícese a quien corresponda la denuncia del caso”.
El lunes 28 de junio 1976, mi padre fue examinado por los doctores Alfredo Montiglio Espinger, asesor sanita¬rio del Servicio Nacional de Detenidos y el doctor Cesáreo Roa Muñoz, del Hospital de Carabineros. Ambos determi¬naron que debía ser trasladado al hospital de la FACH para extirpar el proyectil. A su regreso, se le notificó en Tres Alamos que estaba detenido en calidad de “activista comunista”.
El 28 de julio de 1976, el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre realizó su tradicional visita anual a las cárceles. Visitó también el campo de prisioneros polí¬ticos de Tres Alamos. Allí conoció personalmente al hom¬bre por el cual había intervenido aparentemente sin resul¬tado. Mi padre le relató en detalle la tortura, las re¬ferencias a José Weibel y Luis Maturana, el centro secreto de detención. Todo. Pidió incluso una investigación por el po-sible delito de homicidio frustrado y apremios ilegítimos.
Al día siguiente, el presidente de la Corte Suprema ofi¬cializó el inicio de la investigación con un relato detallado de mi padre. En él decía: “Por mi propia experiencia sé que hay lugares de tortura que no han sido declarados y que los desaparecidos de que se habla se encuentran en algunos de ellos.”
“El 13 de junio, alrededor de las 11 horas, Manuel Guerrero Ceballos fue detenido por personal del Servicio de Inteligencia Naval. Se encontraba presente su cónyuge. Debido a un intento de resistencia del detenido, a uno de los aprehensores se le escapó un tiro de pistola que lo hirió en el costado derecho, rebotando una bala en las costillas y si¬guiendo una trayectoria se alojo finalmente en el costado izquierdo intercostal. El detenido fue internado de inmediato en el Hospital de Carabineros donde se le diagnosticaron lesiones leves, siendo dado de alta el 15 de junio y entregado de inmediato a la DINA.”
El fiscal militar se constituyó en el Hospital de Carabi¬neros para verificar la veracidad del relato de mi padre. Al revisar los libros de ingreso, encontró: “Pedro González Rocha, 27 años, herida a bala en el hemitórax de¬recho. Médico: Osvaldo Ureta Latorre”.
El doctor Osvaldo Ureta Latorre, mayor de Carabine¬ros, quien recibió a mi padre de manos del Comando Conjunto, declaró:
“Me encontraba de turno en el servicio de urgencia cuando aproximadamente a las 14 horas recibí una información telefónica desde la dirección del Hospital, mediante la cual se me informó que llegaría un herido a bala por sus propios medios. Se me ordenó además, tratar el caso en la for¬ma más reservada posible, que no hiciera preguntas. Igno¬ro quién fue la persona que me dio la orden, pero pienso que fue personalmente el director del Hospital. No pregunté por tratarse de una orden. El hombre llegó acompañado de cinco civiles. Uno de ellos, que hacía de jefe, se me acercó y me informó que traía al paciente del cual había dado cuen¬ta. Vi que un auxiliar le preguntaba al paciente su domici¬lio y como éste se mostrara reticente a darlo, le ordené al auxiliar no hacer más preguntas. El enfermo estaba pálido y quejumbroso. Le informé de todo esto al doctor Pazols, director del Hospital, a su domicilio, quien me pidió que lo tu¬viera informado. Mi decisión, en función de los exámenes que se le tomaron, fue dejarlo hospitalizado, lo que conver¬sé después con el doctor Pazols en su oficina. Por orden del director fui a buscar a uno de los civiles que lo acompaña¬ban y lo llevé a la oficina del director. Yo me retiré. Una vez que el director dio su autorización para que lo dejáramos hospitalizado, me manifestó que lo ubicáramos en una pie¬za lo más aislada posible.”
Los recuerdos del doctor Osvaldo Pazols no fueron los mismos que los del doctor Ureta. El coronel Pazols negó ha¬ber dado instrucción alguna al doctor Ureta antes del ingre¬so de mi padre al hospital. Dijo que la primera información del asunto le fue comunicada por el doctor de turno, cuyo nombre no recordó, a su domicilio, aproximadamente a las 15:30 horas. Pazols declaró:
“El médico de turno me informó que el herido a bala era un detenido y que sus aprehensores lo habían llevado al hospital. Además, me manifestó que éstos le habían hecho saber que debía guardar reserva respecto del herido cuyo nombre nunca supe. El herido siguió en el hospital en obser¬vación por algunos días siendo custodiado por los propios aprehensores, los cuales se turnaban para tal efecto. El mé¬dico de turno condujo hasta mi oficina a uno de los aprehen¬sores, el cual me manifestó que era de un servicio de inteli¬gencia, identificándose con una tarjeta la cual lo acreditaba como tal. No me dijo de cuál servicio era.”
“Supe que el paciente era un detenido debido a que el médico de turno, creo que el doctor Ureta, así me lo informó. Pero yo no di orden alguna para que se lo recibiera. No se le hizo al paciente ficha médica por orden mía, debido al carácter reservado que me solicitó uno de sus aprehensores. Todos sus antecedentes clínicos fueron retirados por ‘ellos'”.
El fiscal decidió visitar la sección Traumatología, en el tercer piso, allí donde mi padre declaró haber sido atendido. El hecho fue ratificado por dos enfermeras, un practicante y un auxiliar del servicio, a pesar de que en los libros de la sección no existía constancia del ingreso ni del alta del paciente “González Rocha”. Sin embargo, a pesar de que mi padre estaba engrillado, custodiado y en grave estado de salud, fue atendido por cinco facultativos, entre los que figuraba Winston Chinchón, quien sería más tarde ministro de Salud, quien reconoció haberlo visto.
Con todos esos antecedentes el fiscal militar volvió a solicitar información al jefe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, general Rubén Romero Gormaz, el que de¬claró por oficio:
“Esta Dirección de Inteligencia tiene información que el ciudadano Manuel Guerrero Ceballos fue detenido por el Servicio de Inteligencia Naval y que a consecuencia de su detención y por resistencia a sus aprehensores, resultó lesionado a bala, motivo por el cual se solicitó a este servicio la cooperación del Hospital de Carabineros, la que se pres¬tó oportunamente. Posteriormente, y dentro del tercer día, es decir el 17 de junio de 1976, a petición del mismo SIN, el detenido fue puesto a disposición de la DINA, de conformi¬dad con la Orden Secreta No. 35-F-330, del 22 de noviembre de 1975, de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacio¬nal.”
Aquí está la clave. El general Romero dio la verdadera razón por la cual entregó a mi padre: la existencia de una Orden Secreta No 35-F-330, de fecha 22 de noviembre de 1976 emanada de los Ministerios del Interior y Defensa, que dejó a la DINA como único servicio con facultades para detener, incomunicar y mantener recin¬tos secretos de detención. Fue esa orden la que invocó el coronel Manuel Contreras para obtener la entrega de mi padre. Fue esa orden secreta la que provocó la eva¬cuación del campo de prisioneros en la Base Aérea de Co¬lina.
El oficio también señaló los cargos que se le hicieron a mi padre para ordenar su detención: “Extremista perteneciente al PC. Secretario general de las Juventudes Cornunistas. Registra viajes a Rusia y a la República Democrática Alemana, a cursos de adoctrina¬miento político. Es responsable de la acción panfletaria del PC, la que dirigía desde la clandestinidad.”
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Militar logró la identificación de uno de los hombres que participó en el traslado de mi padre: era un oficial de Carabineros cu¬ya Tipcar tenía el número 1644. Esa Tipcar pertenecía al teniente Manuel Agus¬tín Muñoz Gamboa, el mismo que participaría en el asesinato de mi padre en 1985, el “Lolo Muñoz”.
En ese momento la Fiscalía Naval de Valparaíso pidió el traslado de la investigación por ser su Servicio de Inteligencia el responsable de la detención de mi padre. La peti¬ción fue acogida.
Nuevamente lo buscamos por todas partes. Ahora ya éramos tres, pues el primero de octubre de 1976, mientras papá continuaba prisionero, había nacido mi hermana América, quien hasta el día de hoy no soporta los fuegos artificiales, pues desde el vientre de mi madre oyó el balazo cuando detuvieron a mi padre el 14 de junio de 1976. Ese 1 de octubre de 1976, un militar de guardia le avisó a mi padre: “Eres padre de nuevo huevón, fue niña”.
Tras exasperantes días de búsqueda, una llamada anónima nos alertó que mi padre podía estar en el Campo de Prisioneros de Puchuncaví, cerca de Valparaíso.
Viajamos para allá mientras veíamos venir los autobuses atiborreados de ex presos politicos que habían sido liberados. Cuando llegamos, en el Campo de Prisioneros no quedaba nadie, solo los guardias. Nos paramos frente al portón y vimos salir raudamente a un jeep con oficiales de la marina. En la desesperación mi madre, con América de un mes en brazos, y conmigo de seis años de la mano, junto a mi abuela materna, nos paró en medio del camino que debía hacer el jeep. “No nos iremos sin tu padre, sino mejor nos morimos todos”, dijo. El jeep frenó a gran velocidad frente a esta familia desesperanzada; corrimos a la parte trasera del vehículo, y como milagro, ahí estaba mi padre, demacrado, custodiado por marinos armados.
Mientras, el dueño de la Tipcar No 1644, fue llamado a declarar ante el juez naval que siguió con la investigación que se había originado a raíz de las denuncias que le hiciera mi padre al Presidente de la Corte Suprema. El “Lolo Muñoz” dió como domicilio la calle Dieciocho No. 229, que es el lugar de “La Firma” donde tuvieron a papá el 76 y luego el 85, y expresó:
“Un día que no recuerdo, en cumplimiento de instrucciones de mi general Rubén Romero, recibí de parte de funcionarios de Inteligencia Naval, al detenido Manuel Guerrero Ceballos, con el fin de trasladarlo al Hospital de Carabineros, en atención a que se encontraba lesionado. Allí se le mantuvo como tres días, con la respectiva vigilancia, hasta que recibí una orden de mi general, en el sentido de que debía trasladarlo al campamento de detenidos “Tres Alamos”, y entregarlo al personal de la DINA.”
Allí terminó la investigación. El informe final firmado por el vicealmirante Jorge Paredes Wetzer, juez naval, y el capitán de fragata Enrique Campusano Palacios, auditor naval, dice: “Se sobresee temporalmente la presente causa por no haber indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor de los hechos investigados”. Es decir, ni los tribunales civiles ni la justicia militar consideraron que la detención y tortura que vivió mi padre tenía responsables. Hasta el día de hoy nadie cumple condena por lo que le sucedió.
En el despacho del presidente de la Corte Suprema José María Eyzaguirre quedó, sin embargo, la declaración jurada de papá en la que dice: “Mis aprehensores, durante el interrogatorio con torturas, señalaron haber detenido y tener en su poder a Luis Emilio Maturana González, joven profesor, detenido y desaparecido desde el 8 dejunio de 1976, en Santiago”. El esfuerzo que hizo papá para intentar rescatar con vida a Luis Maturana fue inútil. En el cuartel “La Firma”, Maturana, junto a René Orellana, fueron torturados sin límite, hasta la muerte, sin que nadie de los informados intentara impedirlo. Tampoco lo impidieron los Tribunales de Justicia, a pesar de los recuersos de amparo que habían presentado sus familiares.
A mi padre lo “soltaron” recién el día 19 de noviembre, en condiciones que él era el acusador de vejámenes e ilegalidades. Días más tarde, luego que mi padre, ya libre, presentó su denuncia en todas las instancias que pudo, salimos al exilio rumbo a Suecia y Hungría.
A pesar de todo lo vivido, me siento orgulloso de tener una familia a partir de cuya entrega y sacrificio se pudo recuperar la democracia. Por muy imperfecta que sea, la recuperamos. Y hay que profundizarla, reconquistarla para las mayorías. Pero el precio que pagamos fue alto, muy alto. En nuestro caso el degollamiento de mi padre en 1985. También presentamos recursos de protección y de amparo en el secuestro del que fue nuevamente víctima en la vía pública en marzo de aquel fatídico año. Ninguno de tales recursos fueron acogidos. ¿Porqué a usted sí, Sr. Piñera?
Justicia procesa a ex agentes del Comando Conjunto por secuestro calificado de miembro del PC
En la resolución -dictada el viernes 28 de noviembre-, el ministro Llanos sometido a proceso por su responsalidad en ambos delitos a Enrique Ruiz Bunger, Antonio Quiros Reyes, Juan Saavedra Loyola,Daniel Luis Guimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, César Palma Ramírez, Raúl González Fernández, Viviana Ugarte Sandoval, Juan Aravena Hurtubia, Ernesto Lobos Gálvez y Miguel Arturo Estay Reyno.
De acuerdo a las antecedentes recopilados en el proceso, se lograron acreditar los siguientes hechos
"Durante los año 1975 y 1976 funcionó un organismo represivo –denominado "Comunidad de Inteligencia" y conocido posteriormente como "Comando Conjunto"– conformado por miembros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y también por algunos civiles ex miembros del grupo antimarxista denominado "Patria y Libertad". Dicho organismo represivo fue constituido por decisión de las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuyo cuartel general se instaló en un edificio ubicado en calle Juan Antonio Ríos N° 6 de Santiago Centro (JAR 6), donde se encontraban las Direcciones de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), del Ejército (DINE), de la Armada (SIN) y de Carabineros (SICAR)";
"El cuartel "La Firma" funcionó hasta diciembre de 1976, y corresponde a un edificio antiguo con varias dependencias, algunas de las cuales eran oficinas, otras salas de interrogatorio, y otras, calabozos. Algunas de dichas dependencias tenían piso de baldosas blanco y negro. Además, los agentes operativos que allí se encontraban utilizaban, para salir a detener personas, varios vehículos, entre ellos un automóvil Chevy Nova de color amarillo";
"Eran jefes de dicho cuartel el teniente de la Armada Daniel Luis Guimpert Corvalán, quien a su vez dependía del Comandante Sergio Barra von Kretschman, director del S.I.N.; el teniente de la FACH Roberto Fuentes Morrison, quien dependía del Comandante de la FACH, Juan Saavedra Loyola, y este a su vez, del director de la DIFA, Freddy Enrique Ruiz Bunger; y el Teniente de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, quien a su vez era subordinado del Capitán de dicho cuerpo Germán Esquivel Caballero, siendo jefe del área de inteligencia de Carabineros el Coronel Rubén Romero Gormaz";
"Desde el segundo semestre de 1976, tanto las JJ.CC. como el P.C. contaban con una dirección interna (dentro del país), existiendo distintas comisiones que desarrollaban su función en frentes específicos, como el frente sindical. Uno de los integrantes de dicha comisión sindical era Nicolás López Suárez, siendo su contacto con el Partido Juan Gianelly Company, el que había sido detenido –y se encontraba desaparecido– desde el 26 de julio de 1976. Como medida de seguridad, y a raíz de la detención de militantes del Partido y de las Juventudes Comunistas en esa época, López Suárez se trasladó a vivir desde su domicilio en la comuna de Providencia –donde vivía con su cónyuge Juana Muñoz Tapia– a calle República N° 72, Santiago Centro, domicilio de su sobrino Juan Montalván López, quien a su vez trabajaba como garzón en el Restaurante "Establecimientos Carrera", ubicado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 2167, y quien colaboraba con el trabajo clandestino del Partido Comunista, utilizándose el aludido establecimiento como "buzón". El día 30 de julio de 1976, en el antes nombrado restaurante, Nicolás López se juntó a almorzar con Anita Altamirano Aravena, mujer de Juan Gianelly Company, alrededor de las 12:30 horas, él confidenciando a su sobrino Montalván López que lo venían siguiendo y que quería hablar con él una vez que saliera. Asimismo, llegaron al local dos individuos que se sentaron cerca de Nicolás López y Anita Altamirano. Uno era alto, rubio y macizo de alrededor de cuarenta años, y el otro bajo y moreno, con el pelo ondulado y de unos treinta y cinco años, quienes antes ya habían estado en el restaurant y que comenzaron a vigilar a Nicolás López y a su acompañante. Mientras su sobrino se fue a cambiar ropa para, una vez terminado su turno, juntarse a conversar con Nicolás López, cuando salió del local aproximadamente a las 14:00 horas, aquel y su acompañante ya no se encontraban en el lugar así como tampoco los individuos que lo vigilaban. Según Anita Altamirano y algunos testigos, al salir la pareja del restaurant, López dejó a la mujer en un taxi, en la misma esquina del local. Su sobrino reconoció posteriormente en las fotografías que se le exhibieron a Roberto Fuentes Morrison, alias "Wally, como una de las personas que seguía a Nicolás López y que el día de su desaparición lo vigilaba dentro del restaurant. Igualmente, Anita Alvarado señaló que una de las personas que vio en el restaurant en el día de los hechos era Fuentes Morrison, a quien conocía con anterioridad. Desde el momento de la desaparición de Nicolás López, éste no se ha contactado con sus familiares, no registra salidas del país ni tampoco consta su defunción".
En la resolución, el ministro Llanos encausó a los ex miembros del denominado Comando Conjunto Enrique Ruiz Bunguer, Antonio Quiros Reyes, Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, César Palma Ramírez, Raúl González Fernández, Viviana Ugarte Sandoval, Juan Aravena Hurtuvia, Ernesto Lobos Gálvez, Miguel Estay Reyno y Otto Trujillo Miranda.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la causa, se logró dar por establecidos los siguientes hechos:
a) Que durante los año 1975 y 1976 funcionó un organismo represivo –denominado "Comunidad de Inteligencia" y conocido posteriormente como "Comando Conjunto"– conformado por miembros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y también por algunos civiles ex miembros del grupo antimarxista denominado "Patria y Libertad". Dicho organismo represivo fue constituido por decisión de las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuyo cuartel general se instaló en un edificio ubicado en calle Juan Antonio Ríos N° 6 de Santiago Centro (JAR 6), donde se encontraban las Direcciones de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), del Ejército (DINE), de la Armada (SIN) y de Carabineros (SICAR).
b) Operativamente, el aludido organismo represivo funcionó en centros clandestinos de detención y tortura, denominados "Nido 20" (ubicado en el sector del Paradero 20 de la Gran Avenida) y "Nido 18" (localizado en el sector del Paradero 18 de Vicuña Mackenna); y posteriormente, desde octubre o noviembre de 1975, en "Remo 0", ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina de la Fuerza Aérea de Chile (en adelante, FACH). Finalmente, los agentes operativos se trasladaron desde este último lugar –con exclusión de los miembros del Ejército, que se marginaron del organismo–, a comienzos de 1976, hasta el cuartel "La Firma", ubicado en calle 18 de Septiembre de Santiago Centro, a la altura del 200, en el edificio del ex diario "El Clarín".
c) En todos los recintos clandestinos de detención antes señalados se efectuaron torturas a los detenidos, algunos de los cuales fallecieron como consecuencia de las mismas; o se les ejecutó por los agentes, haciendo desaparecer sus cuerpos.
d) El cuartel "La Firma" funcionó hasta diciembre de 1976, y corresponde a un edificio antiguo con varias dependencias, algunas de las cuales eran oficinas, otras salas de interrogatorio, y otras, calabozos. Algunas de dichas dependencias tenían piso de baldosas blanco y negro. Además, los agentes operativos que allí se encontraban utilizaban, para salir a detener personas, varios vehículos, entre ellos un automóvil Chevy Nova de color amarillo y dos automóviles marca Peugeot modelo 404".
e) Eran jefes de dicho cuartel el teniente de la Armada Daniel Luis Guimpert Corvalán, quien a su vez dependía del Comandante Sergio Barra von Kretschman, director del S.I.N.; el teniente de la FACH Roberto Fuentes Morrison, quien dependía del Comandante de la FACH Juan Saavedra Loyola, y éste a su vez, del director de la DIFA, Freddy Enrique Ruiz Bunger; y el Teniente de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, quien a su vez era subordinado del Capitán de dicho cuerpo Germán Esquivel Caballero, siendo jefe del área de inteligencia de Carabineros el Coronel Rubén Romero Gormaz.
g) Desde fines de 1975, y durante todo el año 1976, la actividad represiva del organismo antes referido se dirigió especialmente en contra de la estructura clandestina de las Juventudes Comunistas (en adelante, JJ.CC.); pero también en contra de algunos de los militantes clandestinos del Partido Comunista (P.C.). Para lo anterior utilizó la información proporcionada por militantes de las JJ.CC. que, luego de ser detenidos, se transformaron en colaboradores y en algunos casos agentes, como Carol Flores Castillo, Miguel Estay Reyno y René Basoa Alarcón. Fue así como comenzaron a ser detenidos numerosos dirigentes de la aludida organización política, los que desempeñaban o habían asumido tareas de dirección de la misma en reemplazo de quienes eran detenidos, o que se encontraban "congelados" (ocultos en casas de seguridad) como medida de prevención ante la ola represiva desencadenada en contra de la organización.
h) En efecto, siendo las 19:30 horas del 28 de julio, llegaron hasta el domicilio de Nicomedes Toro Bravo, dos individuos que se identificaron como agentes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), los que se movilizaban en una camioneta. Los sujetos venían a dejar a Nicomedes Toro Muñoz –padre del afectado– ya que según expresaron, lo habían detenido por un alcance de nombres. Asimismo, los agentes manifestaron a la dueña de casa que más tarde traerían de regreso a sus hijos Sonia Rodina y Nicomedes Segundo, los que también habían sido detenidos por ese servicio. Efectivamente, Sonia Rodina Toro Bravo regresó a su casa el mismo día 28 de julio, alrededor de las 21:30 horas. Sin embargo, el afectado no regresaría jamás. Nicomedes Toro (padre) y su hija Sonia relataron a sus familiares que habían permanecido recluidos, junto al afectado, en un recinto secreto de detención y tortura, que no pudieron identificar por permanecer en todo momento con su vista vendada. En dicho lugar, pudieron escuchar la voz y los gritos del afectado, en los momentos en que sufría la aplicación de apremios ilegítimos, acompañados de fuertes insultos. En el mismo recinto y fecha, Nicomedes Toro Bravo fue careado con otro detenido por los organismos de seguridad, Benito Pascual Arias –amigo personal del afectado– quien posteriormente, después de obtener su libertad, viajó al extranjero con el objeto de preservar su vida. Quien asegura haber estado detenido en el recinto del "Comando Conjunto", ubicado en calle Dieciocho de septiembre denominado "La Firma", antiguas dependencias del diario "El Clarín". Así también lo afirma en distintos testimonios prestados por el ex-miembro de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Antonio Valenzuela Morales, debido a lo cual se podido reconstruir, en parte, la gestación y actuar de una organización ilícita, que ha venido a denominarse "Comando Conjunto", y de la cual el ex agente formó parte.
i) Raúl Montoya Vilchez, casado, cuatro hijos, electricista, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de seguridad el 21 de julio de 1976, a las 09:00 horas de la mañana, al salir de su domicilio ubicado en calle Club Hípico 2851, Población Alessandri de la capital, en circunstancias que se dirigía hacia un paradero de locomoción colectiva cercano. En esos instantes, un automóvil azul Peugeot 404, que marchaba en dirección contraria al afectado, se colocó a su lado, descendiendo de él tres hombres y una mujer, vestidos de civil, los cuales tomaron a Raúl Montoya Vilchez de los brazos y lo introdujeron a empellones al vehículo, el que arrancó de inmediato. La familia se enteró de su detención alrededor de las 14:00 horas de ese día, por una vecina que fue testigo de los hechos y quien le comunicó a uno de los hijos de la víctima, que iba llegando del colegio: "...a tu papá se lo llevaron...". Dicha persona posteriormente, y a pesar de los requerimientos de la familia, se negó a hacer declaraciones judiciales por temor a represalias. En los días previos, Montoya Vilchez se había entrevistado con un agente que se desempeñaba funciones tanto en el Comando Conjunto como en la DINA, de nombre Otto Trujillo, quien le ofreció entregarle información acerca del paradero de personas detenidas desaparecidas a cambio de dinero. Su secuestro se perpetro con posterioridad al referido encuentro, que comentó a su familia, compañeros de partido, y del que dejó expreso relato en una carta manuscrita. Desde esa fecha se ignoran más antecedentes del paradero de Raúl Gilberto Montoya Vilchez. Si bien, Otto Trujillo fue dado de baja en febrero de 1976, por parte del Comando Conjunto, siguió en estrecha relación con Roberto Fuentes Morrison, alias Wally, quien lo protegía, y quien era Jefe operativo en la Firma durante 1976.
j) Desde el momento de la desaparición de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilchez, éstos no se han contactado con sus familiares, no registran salidas del país ni tampoco consta su defunción".

References: artículo 306
 artículo 1
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