Source: http://elconsumo.blogspot.com/2013/05/
Timestamp: 2017-06-24 19:11:21+00:00

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Artículo de José Luis de la Serna, publicado en El Mundo Es paradójico que tenga que ser en el Día Mundial contra el Tabaco cuando haya que recordar cómo la Comunidad de Madrid intentar burlar
la Ley actual antitabaco. Dispuestos a complacer al empresario Andelson
en sus pretensiones de montar un Las Vegas en Madrid, los políticos no dudarán en poner en entredicho el Estado de Derecho nacional para reconducir la norma mayoritariamente más votada en la historia de nuestra moderna democracia.
Parece que hasta Rajoy ha bendecido el cambio
de chaqueta de las autoridades, y casi se da por hecho (no se cortan un
pelo en sus declaraciones la gente del PP) que en los casinos de ese futurible emporio de juego y diversión con sede en Alcorcón el humo del tabaco en el ambiente hará que su aire sea perfectamente irrespirable.
Si esa arbitrariedad incomprensible llega a ser realidad, podrá certificarse que a nuestros dirigentes la salud de sus conciudadanos les
importa muy poco. Será un gesto que levantará ampollas en la ciudadanía
-la Ley Antitabaco tiene un apoyo de al menos el 80% de nuestra sociedad-, acarreará críticas severas de la OMS y, sobre todo, pondrá en serio peligro la salud de los trabajadores de ese conglomerado, convertidos a su pesar en fumadores.
Probablemente porque la salud de nuestra sociedad todavía es un elemento menor para los dirigentes
y el tratar de promocionarla y preservarla ni estuvo, ni está, ni se espera que esté entre las prioridades de sus programas políticos.
En cualquier caso, en el día de hoy conviene de nuevo recordar qué es el tabaco. Sin duda la mayor arma de destrucción masiva del planeta.
Porque 6 millones de muertes cada año en el mundo por su culpa es un peaje inaceptable que cualquier sociedad civilizada tendría que combatir
a toda costa. De lo contrario, la palabra civilizada sobra.
norma: -Crear el Registro del Principado de Asturias de
Empresas Alimentarias (RPAEA) y regular
-Regular la comunicación y la autorización sanitaria
para la inscripción, modificación o cancelación registral de las empresas y
establecimientos alimentarios del Principado de Asturias en el Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGS), adscrito a la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
-Regular la comunicación de la primera puesta en el
mercado nacional de productos alimenticios destinados a una alimentación especial
y la autorización o reconocimiento de las aguas minerales naturales y las aguas
alimentaria: toda empresa pública o
privada, con o sin ánimo de lucro, que lleve a cabo alguna actividad
relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y
la distribución de alimentos en el ámbito territorial del Principado de
Establecimiento: cualquier unidad de
una empresa del sector alimentario. c)
Explotador de empresa alimentaria: personas
físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos
de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control. d)
Comercialización: la tenencia de
alimentos o piensos con el propósito de venderlos; se incluye la oferta de
venta o de cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título oneroso o
gratuito, así como la venta, distribución u otra forma de transferencia. e) Comercio
al por menor: la manipulación o la
transformación de alimentos y su almacenamiento en el punto de venta o entrega
al consumidor final; se incluyen las terminales de distribución, las
actividades de restauración colectiva, los comedores de empresa, los servicios
de restauración de instituciones, los restaurantes y otros servicios alimentarios
similares, las tiendas, los centros de distribución de los supermercados y los
puntos de venta al público al por mayor. f) Riesgo: la ponderación de la probabilidad de un efecto
perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de
un factor de peligro. g) Plan de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico: Documento preparado de conformidad con los principios
del sistema del análisis de peligros y puntos de control crítico, de tal manera
que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan
alimentaria considerada. h) Sistema
de Autocontrol: Conjunto de
actuaciones, procedimientos y controles que, de forma específica y programada,
se realizan en la empresa del sector alimentario para asegurar que los
alimentos desde el punto de vista sanitario, son seguros para el consumidor.
El sistema de autocontrol, que deberá estar
documentado, lo constituyen con carácter general, los Prerrequisitos y el Plan
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico o, en su caso, las Guías de
A efectos de este decreto, son aplicables el resto de
definiciones que incorpora el Reglamento (CE) nº 178, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
seguridad alimentaria, y las que contienen los Reglamentos (CE) nº 852/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene
de los productos alimenticios, y nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de
obligados a inscribirse en el Registro del Principado de Asturias de Empresas
Alimentarias (RPAEA)
-Las empresas alimentarias con establecimientos
ubicados en el territorio del Principado de Asturias que no deban estar
inscritas en el Registro General Sanitario de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
-Las empresas alimentarias que tengan su domicilio
social en el ámbito territorial del Principado de Asturias aunque no posean
ningún establecimiento.
-Los establecimientos y sus empresas titulares en el
supuesto de que exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen o
sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al consumidor final, con o sin
reparto a domicilio, o a colectividades, así como cuando éstos suministren a
otros establecimientos de estas mismas características, y se trate de una
actividad marginal en términos tanto económicos como de producción, respecto de
la realizada por aquéllos, que se lleve a cabo en el ámbito de la unidad
sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características o
- Los establecimientos incluidos en el ámbito de
aplicación del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se
establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y
comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos
de comercio al por menor.
exigibles para la inscripción en el RPAEA
La única exigencia que se establece para la
inscripción en el RPAEA es la comunicación previa a la Consejería competente en
materia de salud por parte de los titulares de las empresas alimentarias de los
- Descripción de todas las actividades desarrolladas,
-Sede del establecimiento o, en el caso de empresas
que no posean ningún establecimiento, el domicilio social.
Estos datos deben cumplimentarse en el Anexo I del
Decreto, pudiendo presentarse las comunicaciones en los registros y lugares que
se recogen en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC. Si se produjese alguna
modificación de dichos datos debe comunicarse ésta en el plazo máximo de 15
días desde que se haya producido, acompañando la documentación acreditativa.
El cese en la actividad debe ser, igualmente,
comunicado procediéndose a la correspondiente cancelación registral.
Una vez comunicada la actividad se procederá a la
inscripción registral de la empresa y, simultáneamente, se podrá iniciar la
actividad, sin perjuicio de los controles que posteriormente puedan llevarse a
objeto del RPAEA
-El inicio de las actividades de las empresas y
establecimientos obligados a la inscripción.
-La modificación de cualquiera de los datos de la
información obligatoria necesaria para la inscripción de las empresas y
-El cese definitivo de la actividad económica de las
empresas y establecimientos.
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
Deberán estar inscritos en el Registro General
Sanitario, las empresas alimentarias, establecimientos y productos alimentarios
a que hace referencia el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre
Para la inscripción en el Registro General Sanitario
será condición única y suficiente la comunicación previa ante la Consejería competente
en materia de salud por parte de los titulares de las empresas alimentarias,
con la excepción de las reguladas por el Reglamento (CE) nº 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal,
que, previamente al inicio de su actividad, deberán disponer de autorización
sanitaria de inscripción según disponen los artículos 9 y 10 del Real Decreto
191/2011.
El operador de la empresa debe aportar en la
comunicación los siguientes datos: -Nombre o razón social, el NIF, NIE o CIF.
-La sede del establecimiento o, en el caso de empresas
de productos alimenticios para una alimentación especial.
Los productos alimenticios para una alimentación
especial, a tenor del art. 7 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, se
inscribirán en el Registro General Sanitario, cuando así lo disponga su normativa
específica, previa comunicación de primera puesta en el mercado nacional por
parte del operador de la empresa alimentaria, siempre que la empresa
responsable de los mismos esté inscrita en el mencionado Registro.
La comunicación de primera puesta en el mercado, con carácter previo o
simultáneo a esa primera comercialización, se realizará ante la Consejería con
competencias en materia de salud, cuando la empresa alimentaria tenga su sede o
domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Para ello, el operador de la empresa alimentaria
presentará la comunicación de primera puesta en el mercado, según modelo que
figura en los anexos de la norma, acompañada del etiquetado del producto en
lengua española, y si el producto ya ha sido comercializado en algún Estado de
la Unión Europea, la indicación de la autoridad destinataria de la primera
La administración deberá pronunciarse sobre la inscripción
emitiendo y notificando una resolución en el plazo de 2 meses. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado la resolución expresa, la persona interesada
podrá entender desestimada su
comunicación previa de puesta en el mercado
La comunicación de modificación de la información del
etiquetado de los productos comportará la presentación de la nueva etiqueta.
de las aguas minerales naturales y las aguas de manantial
Las aguas minerales naturales y las aguas de manantial
se inscribirán en el Registro General Sanitario:
a) En el caso de que la extracción se efectúe en el
territorio nacional, una vez que la autorización de aprovechamiento concedida
por la autoridad minera competente se haya publicado en el Boletín Oficial del
Estado, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
b) En el caso de que sean extraídas en países
terceros, tras su reconocimiento como tales por el Estado español.
Cuando el manantial o la captación se ubique en el
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el explotador
de la empresa alimentaria presentará la solicitud de inscripción de las aguas
minerales naturales o de manantial ante la Consejería con competencias en
materia de salud para la inscripción del agua en el Registro General Sanitario.
Para ello, el explotador de la empresa alimentaria presentará la solicitud de
inscripción, según modelo que figura en el Decreto, acompañada de la
documentación indicada en el mismo.
La administración deberá pronunciarse sobre la
inscripción emitiendo y notificando una resolución en el plazo de 2 meses. Transcurrido
podrá entender estimada su solicitud
de inscripción en el Registro General Sanitario.
de autorización sanitaria de inscripción
Las empresas alimentarias que precisen una
autorización sanitaria de inscripción, deberán presentar una solicitud ante la
Consejería competente en materia de Salud según el modelo previsto en el Anexo
II del Decreto, con los siguientes datos y documentación:
- Objeto de todas las actividades/memoria detallada de
- Sede del establecimiento o, en el caso de empresas
- Documentación del sistema de autocontrol basado en
los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico o
declaración responsable de la empresa obligándose a aportar la misma en un
En la instrucción del procedimiento se comprobará
mediante visita de inspección por los servicios de control oficial el
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa de
aplicación. Recibidos los informes solicitados o superados los plazos
concedidos para emitirlos, se dará trámite de audiencia por un plazo de diez
días a los interesados.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese notificado la resolución expresa, podrá entenderse
estimada la solicitud.
El órgano competente para resolver los procedimientos
de autorización sanitaria de funcionamiento es el titular de la Consejería
competente en materia de salud.
sanitaria de inscripción definitiva y condicional La autorización sanitaria de inscripción definitiva se
concederá cuando las industrias, establecimientos y actividades sujetos a
inscripción reúnan los requisitos exigidos por la correspondiente normativa
En el caso de que cumplan los requisitos de
infraestructura y equipamiento pero no los requisitos restantes de la
legislación alimentaria, se les podrá conceder una autorización condicional,
con los plazos que marca el Reglamento (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia
de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los
de la inscripción y cancelación registral
Deberán comunicarse las modificaciones que se
produzcan en los datos que originaron la inscripción. Igualmente deberá
comunicarse el cese de la actividad de la empresa, para proceder a la
cancelación registral. Dichas comunicaciones deberán realizarse en el plazo
máximo de 15 días desde que éstas tuvieron lugar.
a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición Recibida la comunicación previa, la comunicación de
las modificaciones y cancelaciones, dictada la resolución de autorización
sanitaria de inscripción o la resolución sobre productos destinados a una
alimentación especial y sobre aguas minerales naturales y de manantial se
comunicará a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el
plazo de quince días. Dicha comunicación se realizará por parte del titular de
registradas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto
Las inscripciones de empresas, establecimientos y
productos que en la actualidad figuran en el Registro General Sanitario
continuarán teniendo plena validez, sin perjuicio de que las autoridades
competentes estatales deban realizar de oficio, si fuera necesario, las
correcciones oportunas para su adecuación a la normativa y, en su caso, proceder
a la cancelación de aquellas que no hayan de constar en el mismo, a partir de
su entrada en vigor, particularmente las de empresas y establecimientos que
tuvieran como objeto de su actividad, los detergentes, desinfectantes y
Las empresas que en la actualidad ya figuran en las
bases de datos autonómicas de establecimientos alimentarios por estar sometidas
a controles oficiales sanitarios se inscribirán de oficio en el RPAEA. Dicha
inscripción será comunicada a los titulares de las empresas en el plazo de doce
meses desde la entrada en vigor del decreto.
Acceder a la disposición en el siguiente enlace: https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/30/2013-07945.pdf
Los casos de corrupción, los desahucios, las preferentes... La crisis
y las desigualdades han hecho que en los últimos años los jueces empiecen a ser vistos por los ciudadanos como el último dique de contención ante las injusticias no resueltas por el poder legislativo y el ejecutivo. Agazapados hasta ahora en los tribunales, a veces al margen de los debates de actualidad, los magistrados han tomado ahora más protagonismo. Manuel Almenar (Valencia, 1963), vocal del Consejo General del Poder Judicial,
es uno de esos jueces. En su lenguaje se observa de alguna manera que los tiempos han cambiado. El pasado día 17 recibió a EL PAÍS para hablar
de uno de esos temas, los desahucios. Pregunta. ¿Tienen la sensación de que ustedes son vistos ahora como la china en el zapato del Gobierno?
Respuesta. Normalmente hacemos nuestra labor de una forma silenciosa, buscando soluciones a los casos concretos. Y ahora nos
hemos visto en un papel al que no estamos acostumbrados. Pero nuestro trabajo es buscar remedios a situaciones de injusticia y resolver conflictos. Si para hacerlo tenemos que adoptar decisiones que no gusten
a los poderes públicos o a los poderes fácticos, lo haremos. Nuestro deber constitucional es dar tutela judicial a las partes. Guste o no guste. P. En la cuestión de los desahucios, ¿no ha habido una cierta inactividad judicial hasta que el problema ha estallado?
R. Los jueces sí han intentado, de manera individual, buscar soluciones dentro de los estrechos márgenes de la ley. Por ejemplo, prolongando el plazo para un desalojo o dando posibilidades a la parte deudora para que pudiera oponerse. Por otro lado, la perspectiva sobre los desahucios ha cambiado. Durante los primeros años, 2007 o 2008, los hipotecados tenían aún un colchón: los ahorros de la familia, los amigos… Eso ha desaparecido ya y ha emergido lo que había debajo: una pérdida de la capacidad económica. Eso llegó a los juzgados más tarde, cuando la gente no podía ya pagar sus viviendas. P. ¿Qué margen de maniobra tenían para parar desahucios?
R. Desde el año 2009, el Tribunal de Luxemburgo había dictado varias sentencias poniendo de relieve la necesidad de que los jueces se pronunciasen de oficio sobre la existencia de cláusulas abusivas. Pero el problema con el que se encontraba el magistrado era que el tribunal decía una cosa que la ley española prohibía expresamente. P. ¿Y ahora? ¿Qué puede esperar el ciudadano a partir de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 14 de marzo?
R. El juez ahora no solo puede, sino que debe, revisar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en las hipotecas. Si encuentra una, debe eliminarla. Es decir, si se han fijado unos intereses de demora abusivos, por ejemplo, el efecto es que ya no habrá intereses de este tipo. No cabe bajo ningún concepto mantener una cláusula abusiva aunque sea suavizándola. Y este principio se aplica a otros asuntos. Nos hemos centrado en los desahucios, los más sangrantes,
pero las cláusulas abusivas son el pan nuestro de cada día. P. ¿Cree que hay una situación de equilibrio entre los bancos y el ciudadano que pide una hipoteca?
R. La realidad pone de relieve que no. La situación de inferioridad del consumidor se refleja tanto en su capacidad de negociación, prácticamente nula —uno se limita a firmar lo que le ponen—, como en el nivel de información del que dispone. P. Los bancos argumentan que ellos ya han cumplido su parte en el contrato: dar el dinero. Y que la otra parte debe devolverlo porque asumió un riesgo.
R. Eso sería así en una situación abstracta. En el caso concreto nos encontramos con que el banco muchas veces introduce cláusulas que rompen el equilibrio entre las partes. Y en el origen de esa relación no hay una situación de igualdad. Por ejemplo, en un préstamo hipotecario es esencial tasar la vivienda. ¿Quién lo hace? Una sociedad de tasación que depende del banco. Si luego la cuantía de la tasación no se corresponde con la realidad de los hechos, ¿quién debe asumir el riesgo de haberse equivocado? Entiendo que quien tasó, que además estaba cobrando por sus conocimientos. Es decir, directa o indirectamente, el banco. P. Los bancos defienden que no son responsables de la bajada de precios de la vivienda.
R. En muchos casos, el banco no tuvo en cuenta la verdadera capacidad económica del deudor. En otros, siendo el valor real
de una vivienda de 100.000 euros, la tasó en 120.000 y prestó esa cantidad, convenciendo al deudor de que esa diferencia la podía invertir
en un coche o en amueblar la casa. El riesgo no puede imputarse sin más
al consumidor, que encima ni participó en la tasación. En todo caso, habría que hablar de dos responsables. P. ¿Es suficiente la ley del Gobierno, aprobada en solitario?
R. Recoge aquellas modificaciones que la sentencia de Luxemburgo consideraba obligatorias, pero se queda corta. Por ejemplo, no fija el momento y las instancias en los que el juez puede intervenir de oficio para controlar la existencia de cláusulas abusivas.
Tampoco resuelve el problema de la protección de los avalistas: padres,
familiares próximos, amigos… El avalista pensaba muchas veces que si el
deudor no pagaba, la casa ya sería suficiente como para pagar el préstamo, y ahora se encuentra con que la casa ya no vale 100.000 sino 60.000. El banco se dirige contra los avalistas, a veces jubilados que acaban perdiendo su casa, con la que habían avalado el préstamo. Este tipo de situaciones no han sido contempladas. P. ¿Cómo se podría regular?
R. Impidiendo las situaciones de sobregarantía. Prohibiendo las segundas hipotecas de hecho; estableciendo que un préstamo se garantice solo con la hipoteca sobre la vivienda y bienes del deudor sin que pueda alcanzar la vivienda habitual del avalista. Y ampliando los umbrales de aplicación del código de buenas prácticas para
los avalistas, para que no pierdan su casa… P. La ley dice que el banco tendrá que esperar tres impagos de cuota para poder iniciar la ejecución hipotecaria. ¿Es suficiente?
R. Antes era solo de un mes y se eleva ahora a tres.
Pero eso es un mínimo. No quiere decir que cumpliéndolo el banco ya esté salvado. El juez habrá de tener en cuenta otras circunstancias, como la cuantía total de la deuda y el plazo de pago para ver si la cláusula es abusiva. P. El juez Fernández Seijo calificó la nueva ley como un monstruo de Frankenstein. Dijo que será difícil de aplicar.
R. Hubiera sido deseable una mayor claridad. La legislación hipotecaria estuvo bien en el momento en el que se aprobó, hace 100 años, pero ahora ya no da respuesta al problema. Debe ser reformada junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La pérdida de la vivienda por parte de miles de personas, que requiere una solución urgente y medidas inmediatas de carácter social, es una cuestión distinta que exige una respuesta que no tiene por qué coincidir con las soluciones jurídicas más globales. Mezclarlo todo, como hace la ley, puede generar distorsiones en su aplicación. P. El código de buenas prácticas apenas se ha aplicado, según un estudio reciente llevado a cabo en un juzgado de Madrid.
R. Este código plantea dos problemas. El primero es que el 99% de los procedimientos de ejecución hipotecaria se encuentra solo con el demandante. El proceso se inicia, se requiere de pago al deudor y se notifica que hay un procedimiento contra él. Pero el deudor no se persona. ¿Por qué? ¿Alguien cree que quien no tiene dinero para pagar la hipoteca puede ir y pagar a un abogado para que le asesore? Por
eso no se personaba ningún deudor y muy poca gente invocaba el código de buenas prácticas. El segundo problema es que los requisitos exigidos son muy rigurosos. Aunque se han flexibilizado, todavía impiden que el código pueda aplicarse y beneficiar a un gran número de familias.
semFYC ha elaborado una encuesta realizada en centros de atención primaria de toda España a 8.494 ciudadanos de todas las comunidades autónomas, entre los cuales había fumadores, no fumadores y ex fumadores. Los resultados de este trabajo se han presentado hoy coincidiendo con la presentación de la XIV Semana sin Humo, que arranca el lunes 27 y hasta el día 31 de mayo (Día Mundial sin Tabaco), con el lema Inténtalo, Consíguelo y Compártelo (ver nota de prensa).
Una iniciativa en la que participan centros de salud de todas las comunidades autónomas y que pretende recordar a la población que los profesionales del primer nivel asistencial pueden ayudar a los interesados a dejar de fumar.
encuesta indica que el 82% de los españoles ve mal o muy mal que se modifique la ley para permitir fumar en casinos y salas de juego. Aunque
el cumplimiento de la ley es bueno, el 16 % de los encuestados culpa a las autoridades, por falta de función inspectora, de que no se cumpla la
ley en su totalidad; un 61% cree que el fumador es el principal responsable y un 13% considera que es el dueño del local.
señala la doctora Ana Pastor, vicepresidenta de semFYC, en un momento en el que vuelven a alzarse voces que reclaman una relajación de la actual norma antitabaco con fines recaudatorios "es muy oportuno escuchar la voz de los ciudadanos. Desde los centros de salud hemos preguntado a todos, a los que fuman, a los que no y a los que un día decidieron dejarlo y el resultado es contundente: son conscientes de que
está en juego su salud y la de su entorno; la mayoría no desea volver a
lo de antes y ve con buenos ojos que no se permita fumar en estos espacios públicos". Para
la doctora Pastor, la actual legislación tiene como finalidad proteger a
los no fumadores, ya que no prohíbe fumar sino que regula dónde no puede hacerse. "Y esa es la razón por la que los mayores beneficios se han producido en los no fumadores, por lo que en ningún momento esta legislación va en contra de los derechos de los fumadores, ya que tampoco se les discrimina en cuanto a la utilización de recursos sanitarios, como ya ocurre en otros países".
al hecho de que se cambien las leyes para permitir fumar en casinos y establecimientos tipo Eurovegas, el doctor Plácido Gascó, coordinador de
la Semana sin Humo y miembro del Grupo de Abordaje al Tabaquismo (GAT) de semFYC, advierte de que "estaríamos ante un retroceso que podría incitar a la creación de una 'Ciudad de las adicciones' y al fomento de una sociedad de adictos con la consiguiente comercialización de las adicciones". Se ha preguntado a fumadores y ex fumadores
En la parte de la encuesta que pregunta a fumadores (2.041), el perfil resultante muestra que fuman una
media de 13 cigarros al día, y que se iniciaron en su consumo a los 17 años. Más del 60% ha manifestado su deseo de dejar de fumar, y el 40% ha
hecho un intento de dejarlo en el último año. Sólo un 2,8% respondió no
tener intención de abandonarlo nunca. De hecho, cada vez son más los españoles que se esfuerzan por dejar el tabaco, afirma el doctor Gascó "Si el año pasado por estas fechas comprobamos que un 35% de los españoles había hecho algún intento por abandonar el hábito, este año, se ha aumentado hasta un 40 %". Tabaquismo en adolescentes y Directiva Europea
La encuesta de semFYC ha puesto especial atención al consumo de tabaco en los más jóvenes. Uno de los objetivos era conocer los factores que más influyen en que este grupo de
población comience a fumar. Entre ellos, figura que los amigos fumen (94.4%), y los aditivos que los fabricantes incorporan al tabaco (82%). "Es aterrador pensar que una industria conocida por sus juegos sucios, que tiene entre las mujeres y adolescentes uno de los objetivos de sus acciones, reciba apoyos institucionales de los parlamentos de Canarias, Extremadura, Rioja, Cantabria y Navarra", comenta el doctor Gascó. Exposición al humo del tabaco y diferencias por sexo La
realidad es que a la población general cada vez le importuna más el humo del tabaco. Según datos de la encuesta, el 66% lo considera molesto
o muy molesto. Con respecto a los efectos del consumo de tabaco también
se preguntó sobre si creen que existe alguna diferencia por sexos. La mayoría de los encuestados (75%) desconoce que los efectos de su consumo
son mayores en la mujer y solo un 20% manifestó que los daños son mayores en las féminas. "La realidad es que el tabaco es más perjudicial
en ellas que en ellos. De hecho las mujeres necesitan menos años y cigarrillos para que se produzcan daños en su organismo", asegura el doctor Gascó. En esta edición, semFYC ha reconocido con el Premio sin Humo la labor de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) por su lucha para conquistar un mundo libre de humo a través de la Iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI, por sus siglas en inglés).
El biógrafo por excelencia de John Maynard Keynes comparte
con el economista la filosofía general sobre la vida y sobre la economía
Robert Skidelsky (Manchuria,
China, 1939) es mucho más que el biógrafo por excelencia del economista John
Maynard Keynes. Es un gran humanista que no ha perdido un ápice de curiosidad.
Cuando la grabadora se apaga, pregunta sobre la situación de España, cómo lo
está haciendo el gobierno y el papel de la Iglesia en la crisis. “En Reino
Unido, la iglesia ha recuperado mucha autoridad moral con esta crisis. Ha
criticado con dureza al gobierno por permitir que el desempleo escalara de
forma imparable y lo cierto es que necesitamos recuperar referentes morales y
ahí la Iglesia puede desempeñar un papel muy importante. ¿Ha pasado lo mismo en
España?”, pregunta sin doblez.
Skidelsky ha venido a Madrid a
promocionar su principal obra, que publica RBA. 1.366 páginas en las que
condensa la esencia de uno de los economistas más brillantes e influyentes de
la historia, con quien comparte, según sus propias palabras, la filosofía
general sobre la vida y sobre la economía. “Al conocerle tan bien como le
conozco el reto es imaginar cómo él habría cambiado en este tiempo y cómo lo
habrían hecho sus ideas, dadas las circunstancias”. Lamentablemente, algunas
cosas no han cambiado tanto y Skidelsky hace suyos los postulados de Keynes.
“Admiro mucho su humanidad y su
indignación contra las mentiras políticas porque creía firmemente que los
políticos debían decir la verdad a la gente. Y, por encima de todo, su ira
contra el desempleo. Aseguraba que era tan perverso como estúpido permitir que
hubiera desempleo. Y creo que es verdad. Creo que es perverso que el gobierno
español permita que el 27% de su población esté desempleada y es perverso que
el 50% de los jóvenes no tenga empleo. Y es también estúpido porque no hay
necesidad de que así sea”, concluye.
La gran hazaña de Skidelsky fue
separar al mito de la persona real, en un momento en el que las biografías
ignoraban la vida privada de los personajes. Con Keynes, si cabe, es aún más
difícil separar al economista de la persona, sostiene el profesor de la
Universidad de Warwick. “Sus ideas económicas eran parte de cómo él veía la
vida. Keynes no admiraba a muchos economistas y sí le gustaban mucho más los
artistas y los filósofos. Tampoco tuvo amigos íntimos, uno o dos como mucho”.
Keynes formó parte del grupo de Bloomsbury, integrado por artistas como Duncan
Grant o escritores como Virginia Woolf, que marcaron su forma de ver la vida y,
en buena medida, el resto de su obra. “Para él, lo importante era la belleza,
la amistad, el conocimiento. Eran el estado mental al que todos debíamos
aspirar. Y la economía solo era un medio para alcanzarlo, no era una meta en sí
misma. Y una vez conseguido el entorno que lo permitía, instrumentos como la
eficiencia, el gasto o el pleno empleo dejaban de ser importantes”.
Esas circunstancias han quedado
reflejadas en su biografía, donde desveló la homosexualidad del economista
británico y que ahora han suscitado una polémica académica con el historiador
En una reciente conferencia,
Ferguson atribuyó la defensa del gasto público de Keynes a su homosexualidad y
su falta de descendencia. Tuvo que disculparse al día siguiente. Skidelsky es
sutil pero implacable en la crítica. “El problema de esa argumentación es la
explicación, que se busque la justificación de una circunstancia con otra”. Y
añade: “Ahora es más difícil hacer el trabajo de investigación, hay más
distracciones mediáticas. Cuando algún investigador destaca en un campo o tiene
una personalidad interesante, los medios suelen hacer de ellos estrellas
mediáticas y acaban abandonando su investigación. Algo así es lo que le ha
pasado a Niall Ferguson, que escribió muy buenos libros hace 20 años pero que
ahora se ha entregado a los medios de comunicación y su trabajo se resiente”.
Con el tiempo, la izquierda
ideológica ha sido la gran abanderada del legado del keynesianismo, aunque él
nunca se declaró como tal. “Quizás sus ideas hayan sido reivindicadas por el
centro izquierda pero estaban mucho más en el centro y él se identificó durante
la mayor parte de su vida con el Partido Liberal [ahora en coalición con el
gobierno del conservador David Cameron]. Una vez John Maynard Keynes dijo que
era el trabajo del Partido Liberal propiciar ministros al Partido Laborista e
ideas al Partido Conservador. De alguna forma, él donde quería estar era en el
centro”, defiende Skidelsky.
El keynesianismo, como tal, fue
denostado durante años, y solo la mayor crisis económica y financiera desde la
Gran Depresión lo devolvió al primer plano de la actualidad e hizo aflorar a
sus adeptos. “Ya lo dijo Robert Lucas \[economista de la escuela de Chicago\].
Cuando estamos metidos en la trinchera, todos somos keynesianos. Es instintivo,
pura supervivencia política. Pero tan pronto como se consigue sacar un poco la
cabeza de ahí, los viejos hábitos y las posiciones ideológicas se imponen. Y la
derecha quiere reducir el Estado a toda costa”, aclara Skidelsky.
El biógrafo de Keynes entiende
que la sociedad mire al pasado en busca de respuestas porque “la gente ha
perdido mucha fe en los economistas, que dieron una cierta bendición al sistema
financiero y crediticio. Pero creo que la macroeconomía, que es la ciencia del
gobierno, está en un callejón sin salida, todas sus teorías han sido
destrozadas y se encuentra en serios apuros”. Y sin macroeconomía, asegura, la
acción de gobierno se resiente. “Cuando las cosas van bien, la gente no se
preocupa por la economía, solo espera que todo siga funcionando”.

References: Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
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