Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531847.html
Timestamp: 2019-03-19 19:11:52+00:00

Document:
as201531847
Auto Supremo N° 847
Expediente : 291/2015-A
Demandante : Juan Evangelista Gutiérrez Velarde
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 333 a 337, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 063/2015 de 25 de marzo (fs. 328 a 331), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del trámite de Renta Única de Viudedad seguido por Nelly Magdalena Montaño Gonzales derecho habiente de Juan Evangelista Gutiérrez Velarde ante la entidad recurrente; la respuesta al recurso de casación, cursante de fs. 342 a 346; el Auto de fs. 341, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, mediante Resolución Nº 0011041 de 19 de noviembre de 2013 (fs. 59 a 60, repetida a fs. 189 a 190), el SENASIR a través de la Comisión de Calificación de Rentas, resolvió desestimar la Renta Única de Viudedad solicitada por la Sra. Nelly Magdalena Montaño Gonzales, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de la misma resolución.
Ante dicho auto la Sra. Nelly Magdalena Montaño Gonzales, interpuso recurso de reclamación (fs. 226 a 229), concibiendo que la Comisión de Reclamación, a través de la Resolución Nº 525/14 de 30 de junio (fs. 287 a 290), confirme la Resolución N° 0011041 de 19 de noviembre de 2013, cursante de fs. 223 a 224, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normas legales que rigen la materia.
Dicha resolución fue recurrida en apelación por la interesada (fs. 314 a 318), mereciendo el Auto de Vista Nº 063/2015 de 25 de marzo (fs. 328 a 331), por el cual, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió revocar la RA N° 525/14 de 30 de junio, dictada por la Comisión de Reclamaciones, disponiendo que el SENASIR proceda al cálculo y pago de la Renta Única de Viudedad a favor de Nelly Magdalena Montaño Gonzales, como cónyuge supérstite al fallecimiento del asegurado Juan Evangelista Gutiérrez Velarde, conforme disponen los arts. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), 51 del Código de Seguridad Social (CSS), 102.d) del Decreto Reglamentario del Código de Seguridad Social (DRCSS) y 33 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA).
Dicha resolución motivó que el SENASIR, por intermedio de su representante legal, presente recurso de casación en el fondo, indicando que el Auto de Vista recurrido constituye una resolución contraria a los intereses del Estado, así como no se enmarca dentro los alcances de la normativa legal vigente en materia de Seguridad Social, todo bajo los siguientes fundamentos:
Que, el Tribunal ad quem incurrió en error de hecho y error de derecho al aplicar indebidamente los arts. 34 del MPRCPA, 52 del CSS, 97 y 131 del Código de Familia (CF), 180 de la CPE y la Resolución Administrativa N° 255.10 de 30 de septiembre, y al concluir que la demandante habría convivido con el de cujus antes de su deceso, puesto que la prueba de fs. 5 y 109 (cédula de identidad), la cual indicaba que el Sr. Juan Evangelista Gutiérrez Gonzales vivía en la calle Junín N° 169 - Punata y que su estado civil era de soltero caducaba el año 1999, existiendo contrariamente las pruebas testificales cursantes de fs. 124, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 144 y el Informe Social N° 186/13 de 29 de mayo de verificación de convivencia matrimonial, que demostraron que el de cujus vivía en su casa de Villa Rivero, ubicado en calle Sucre s/n, aspecto corroborado con el acta de audiencia preliminar de fs. 21 a 23 dentro el proceso de asistencia familiar que demostró que los esposos estaban separados por más de 20 años, habiéndose acreditado de acuerdo al principio de verdad material que no hubo convivencia entre los esposos durante los dos últimos años previos al fallecimiento del causante, por lo que no corresponde la renta viudedad a favor de la demandante.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 063/2015 de 25 de marzo de 2015, cursante de fs. 328 a 331, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 525/14 de 30 de junio de 2014, cursante de fs. 287 a 290, sea previa las formalidades de rigor.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso, de acuerdo a la normativa aplicable a la materia se establece lo siguiente:
Se observa que, la parte recurrente denunció mala aplicación por el Tribunal de segunda instancia de los arts. 34 del MPRCPA, 52 del CSS, 97 y 131 del CF, 180 de la CPE y la Resolución Administrativa N° 255.10 de 30 de septiembre, por haber dispuesto la revocatoria de la Resolución Nº 525/14 de 30 de junio, y disponer que el SENASIR proceda al cálculo y pago de la Renta Única de Viudedad a favor de Nelly Magdalena Montaño Gonzales como cónyuge supérstite al fallecimiento del asegurado Juan Evangelista Gutiérrez Velarde, toda vez que con la prueba aportada al proceso se demostró que no hubo convivencia entre ambos durante los dos últimos años previos al fallecimiento del causante, por lo que la demandante no podría ser acreedora de la renta que solicita.
Al respecto, revisados los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el SENASIR mediante las Resoluciones Nº 0011041 de 19 de noviembre de 2013 (Comisión de Calificación de Rentas) y 525/14 de 30 de junio (Comisión de Reclamación), cursantes de fs. 189 a 190 y 287 a 290 respectivamente, resolvió desestimar la Renta Única de Viudedad solicitada por la Sra. Nelly Magdalena Montaño Gonzales, sustentando dicha decisión en base al Informe Social N° 186/13 de 29 de mayo de fs. 44 a 46, emitido por la Trabajadora Social del SENASIR, en el cual se establece que el causante Juan Evangelista Gutiérrez Velarde y la demandante Nelly Magdalena Montaño Gonzales, no convivieron los últimos dos años previos al fallecimiento del causante, puesto que el mismo habría vivido en el domicilio de sus padres en Villa Rivero bajo el cuidado y atención de su hija Silvia Gutiérrez, y que la demandante vivía en el domicilio de calle Junín N° 169 de la Provincia de Punata, por lo que la misma no contaría con pertenencias de su esposo fallecido, motivo por el cual no tendría derecho a la renta de viudedad solicitada, conforme prevé el art. 34 del MPRCPA.
Se debe indicar lo dispuesto por el art. 52 del CSS, que señala: “La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa o a falta de ésta, a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiere iniciado dos o más años antes de deceso. A falta de la esposa y en caso de no existir conviviente escrita en los registros de la Caja, tendrá derecho, a la renta, la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante o hubiese quedado en estado de gravidez para éste. No tendrán derecho a renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa” (sic).
Así también, el art. 34 del MPRCPA establece: "No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia, la conviviente, si el "de- cujus" estuvo casada y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubiera quedado dos o más concubinas, situación que será comprobado mediante procedimiento especial" (sic).
Si bien es cierto, este artículo menciona que no correspondería el pago de la renta de viudedad a la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, sin embargo, también dice que esta situación debe ser comprobada mediante procedimiento especial, entonces en el caso de autos, se tiene que no se comprobó que los esposos hayan estado separados, teniendo solamente el Informe Social N° 186/13 de fs. 167 a 169 para sustentar aquella afirmación, por lo que dicha separación, no fue demostrada mediante un proceso especial o con una Sentencia de divorcio ejecutoriada como refiere la última parte de la norma citada.
Asimismo, respecto a las pruebas de fs. 5, 109, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 144 y el Informe Social N° 186/13 de 29 de mayo, que cursan en el expediente, las mismas son contradictorias, puesto que las declaraciones testificales de los vecinos indican que el de cujus no convivió los dos últimos años de su vida con la demandante, afirmación corroborada por la declaración de su hija Silvia Lily Gutiérrez Montaño, empero también existen las declaraciones de la demandante y de la hija mayor, las cuales indican que los esposos vivían juntos, aspecto corroborado por las certificaciones de fs. 139 y 140, siendo estas últimas pruebas señaladas las que crean mayor convicción, puesto que entre los esposos se concibió seis hijos, debiendo aplicar el principio de verdad material en relación a los hechos suscitados, por lo que se advierte que el Tribunal ad quem aplicó correctamente la normativa establecida por el Código de Familia, al concluir que no se demostró que la demandante no haya convivido con el de cujus los dos últimos años antes de su fallecimiento, por lo que le correspondería el derecho a la Renta Única de Viudedad.
Este análisis pormenorizado de antecedentes, nos lleva al razonamiento y certeza de que la cónyuge supérstite, acompañó al de cujus hasta los últimos días de su vida, desvirtuando con ello lo afirmado por el SENASIR, en sentido de que a la viuda no le corresponde acceder a la renta de viudedad de manera injusta e incorrecta mediante Resolución Nº 0011041 de 19 de noviembre de 2013 de fs. 189 a 190, y confirmada por la Resolución Nº 525/14 de 30 de junio, por no haber convivido por más de dos años con el de cujus.
En tal sentido, corresponde que la solicitante perciba la Renta Única de Viudedad, de conformidad al art. 52 del CSS, sea desde el mes de su solicitud, como acertadamente estableció el Tribunal de segunda instancia, obrando conforme a derecho y aplicando de manera correcta las disposiciones pertinentes, porque determinar que no le corresponde el pago de la renta única de viudedad, como estableció el SENASIR en sus resoluciones, se estaría yendo en contra de los derechos de la asegurada, que son irrenunciables conforme prevé el art. 48. III de la CPE, por lo que no es evidente que dicho Tribunal haya aplicado incorrectamente los arts. 34 del MPRCPA, 52 del CSS, 97 y 131 del CF, 180 de la CPE y la Resolución Administrativa N° 255.10 de 30 de septiembre, como planteó la parte recurrente.
A mayor abundamiento es preciso indicar que, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, contenida en el art. 4. d) de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, como también regulado en los arts. 180.I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en el art. 48 de la CPE, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión economía, oportunidad y eficacia, señalados por el art. 45.II y IV de nuestra CPE.
Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 333 a 337, toda vez que, el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS, 55.III del DS N° 822 de 16 de marzo de 2011, y 15 del MPRCPA aprobado por RS N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 333 a 337, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo en representación del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 063/2015 de 25 de marzo (fs. 328 a 331).

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