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Timestamp: 2020-05-28 18:46:18+00:00

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AUTO AL8126-2017 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:DERECHO DE ACCIÓN DEL INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM. SE PRECISA POR PARTE DEL MÁXIMO ÓRGANO QUE CORRESPONDE A LA SITUACIÓN EN QUE UN TERCERO PRETENDE EXCLUIR A LAS PARTES DE UNA RELACIÓN JURÍDICO SUSTANCIAL Y PROCESAL INVOCANDO UN MEJOR DERECHO SOBRE LA COSA O DERECHO CONTROVERTIDO, LO QUE SIGNIFICA UNA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, POR CUANTO AL DERECHO DE ACCIÓN DEL DEMANDANTE INICIAL, SE AÑADE EL DERECHO DE ACCIÓN DEL INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUMSÚPLICAS QUE DEBERÁN DECIDIRSE EN EL MISMO PROCESO, EN PRIMER LUGAR LAS DEL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS Y LUEGO LAS DEL DEMANDANTE INICIAL. IGUALMENTE, RESULTA PRECISO PARA ESTABLECER LA COMPETENCIA REVISAR LAS NOTIFICACIONES DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LOS PROCESOS QUE SE PRETENDEN ACUMULAR PARA DEFINIR EN CUÁL SE LOGRÓ CONCRETAR PRIMERO DICHA ACTUACIÓN PROCESAL, Y EN ESPECIAL DETERMINAR LO RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EXCLUYENTE (AD EXCLUDENDUM).
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PROCESAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, INTERVENCIÓN EXCLUYENTE, DERECHO LABORAL, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL
Auto AL8126-2017/79073 de noviembre 29 de 2017
Rad.: 79073
Resuelve la Corte el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería y el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro de los procesos ordinarios laborales adelantados por Mirley Esther Merlano León y Claudia Marcela Narváez González y Kevin Andrés Díaz Narváez contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Para los efectos de la presente decisión baste señalar que, Mirley Esther Merlano León actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Matías Díaz Merlano promovió demanda ordinaria laboral cntra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente e hijo del afiliado fallecido Lisaldo Carlos Díaz Álvarez, a partir del 3 de enero de 2014, junto con el respectivo retroactivo pensional, la indexación, los intereses moratorios respectivos y costas del proceso.
La demanda fue presentada ante los Juzgados Laborales del Circuito de Montería y repartida al Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, el cual, mediante providencia de 17 de febrero de 2015 (fl. 15, cdno. 1), avocó el conocimiento y trámite de la referida demanda.
La convocada a juicio, procedió a través de apoderado judicial, a contestar la demanda y ejercer su derecho a la defensa, presentó oposición a las pretensiones de la actora, por estimar que en ella no concurren los requisitos para acceder al derecho alegado; formuló medios exceptivos perentorios a su favor.
Luego de tener por contestada la demanda citó a las partes a la audiencia de obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación de litigio y decreto de pruebas para el día 28 de mayo de 2015 (fl. 28). Empero al advertir la falta de comunicación de la existencia del proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con providencia del 25 de mayo de 2015, ordenó poner en conocimiento la existencia del proceso a la referida Agencia, cumplido lo cual se reanudaría la actuación.
Por providencia del 20 de agosto de 2015, ordenó la integración del contradictorio, con la vinculación de Claudia Marcela Narváez González, en calidad de demandada, que ante el desconocimiento de la dirección a los efectos de la notificación personal del auto admisorio de la demanda, dispuso su emplazamiento y la consecuente designación de Curador ad litem, para ejercer su representación en el presente asunto. Igualmente, decretó la suspensión del proceso hasta el cumplimiento del trámite señalado.
Subsiguientemente, la apoderada de la parte actora, solicitó la aplicación de la figura procesal de “acumulación de procesos” al presente asunto, con el instaurado por “Claudia Marcela Narváez González y Kevin Andrés Díaz Narváez”, el cual se adelanta ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, con idénticas pretensiones y donde aduce la calidad de compañera permanente e hijo del afiliado fallecido y allegó las copias pertinentes. Es de aclarar que dicha accionante, fue convocada al proceso como extremo pasivo de la litis.
Mediante providencia del 9 de marzo de 2016 el juzgado se abstuvo de tramitar tal solicitud, para lo cual adujo la no viabilidad de la misma por cuanto la demandada aún no había sido notificada y por ende, no se había trabado la Litis, por lo que en rigor, no existía proceso (fl. 133).
Por escrito visto a folios 144 a 145 la curadora designada procedió a dar respuesta a la demanda y a folio 149 obra la constancia de la publicación del edicto emplazatorio.
Luego de aceptada la contestación de demanda de la curadora ad litem, con providencia del 30 de junio de 2016, citó a las partes a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el 11 de la Ley 1149 de 2007 para el 1º de septiembre de 2016.
Para los propósitos de decidir sobre la acumulación de procesos, ordenó, en providencia del 26 de agosto de 2016, oficiar al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín para que certifique si dentro del proceso ordinario laboral promovido por Claudia Marcela Narváez González contra Colpensiones se encuentran notificados todos los demandados y “en caso positivo señalar la fecha en que se lo hicieron”. Cumplido lo cual se continuará el trámite respectivo y se abstuvo de celebrar la audiencia antes mencionada (fl. 151).
Recibido el oficio 002 de 12 de enero de 2017 procedente del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín a efectos de decidir sobre una posible acumulación de procesos. Para ello consideró que de acuerdo con el artículo 149 del Código General del Proceso, la acumulación la conoce el juez que adelante el proceso más antiguo, lo cual se determina por la fecha de notificación del auto admisorio a los demandados.
Adujo, que dentro del presente caso, la notificación a los demandados se surtió “a más tardar el 25 de mayo de 2016”. En el proceso adelantado ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, la notificación a los demandados se cumplió “a más tardar el 25 de enero de 2016”.
Así, concluyó que el proceso más antiguo es el que se tramita ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, por tanto, negó la acumulación solicitada mediante proveído del 17 de febrero de 2017 y por auto de 26 de abril de 2017 ordenó la remisión del expediente a dicha autoridad.
A su turno, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, no compartió la tesis expuesta por el Juzgado remitente y a efectos de decidir sobre la acumulación de procesos, advirtió:
“Teniendo claro entonces que las normas deben entenderse en su sentido natural y de acuerdo a la ley, no es plausible para este despacho aceptar las consideraciones que sobre esta acumulación hace nuestro par, toda vez que si la norma habla de la notificación al demandado, debe entenderse que en este caso es la Administradora Colombiana de Pensiones y no las intervinientes ad excludendum existentes correlativamente en cada uno de los procesos, por pertenecer a una categoría jurídica y procesal distinta; y atendiendo a esta singularidad, es que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería sería el competente para conocer de la acumulación de procesos, toda vez que una vez admitida la demanda, se notificó por aviso a la demandada el día 7 de abril de 2015 tal como consta a folio 16 del expediente; mientras que este despacho realizó lo propio el día 16 de julio de 2015 (fl. 39), siendo entonces el proceso con radicado 230001310500320150002800 el más antiguo de conformidad con el artículo 149 del Código General del Proceso”.
Por lo que consideró que no se cumplen las exigencias para la acumulación de procesos, por lo que la negó y ordenó la devolución del expediente al juzgado remitente.
Recibido nuevamente por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, y advirtió que pese a lo expresado por su homólogo para la devolución del proceso no planteó el conflicto negativo de competencia respectivo, por tanto, mediante proveído del 6 de septiembre de 2017 propuso el conflicto de competencia y ordenó la remisión el expediente a esta corporación para que decidiera lo pertinente.
Sea lo primero señalar, que el artículo 148 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral por remisión autorizada por el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, regula la figura de la “acumulación de procesos”.
A su turno, el artículo 149 de la normatividad adjetiva en cita, señala “Cuando alguno de los procesos o demandas objeto de acumulación corresponda a un juez de superior categoría, se le remitirá el expediente para que resuelva y continúe conociendo del proceso. En los demás casos asumirá la competencia el juez que adelante el proceso más antiguo”; donde la antigüedad se determinará, “por la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o de la práctica de medidas cautelares”.
Así las cosas, resulta preciso para establecer la competencia revisar las notificaciones del auto admisorio de la demanda en los procesos que se pretenden acumular para definir en cuál se logró concretar primero dicha actuación procesal, y en especial determinar lo relativo a la intervención excluyente (ad excludendum).
Ahora, respecto a esta última, el artículo 63 del Código General del Proceso, aplicable en asuntos del Trabajo, define la figura procesal de la “Intervención excluyente o ad excludendum” en los siguientes términos: “Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca”; la que se debe tramitar simultáneamente con el proceso principal y con ella se formará cuaderno separado y se resolverá primero en la sentencia la pretensión del interviniente. Así mismo, resulta lógico señalar que la intervención en el proceso puede efectuarse hasta antes de proferir la sentencia de primer grado.
La hipótesis descrita en precedencia, corresponde a la situación en que un tercero pretende excluir a las partes de una relación jurídico sustancial y procesal invocando un mejor derecho sobre la “cosa o derecho controvertido”, lo que significa una acumulación de acciones, por cuanto al derecho de acción del demandante inicial, se añade el derecho de acción del interviniente ad excludendum; súplicas que deberán decidirse en el mismo proceso, en primer lugar las del último de los nombrados y luego las del demandante inicial.
El requisito necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en parte), y sobre los cuales el tercero excluyente alegue tener mejor derecho, pues si versa sobre diversos derechos o cosas, lo propio es acudir a otro proceso y no a esta clase de intervención.
Así mismo, en la teoría general del proceso, el tercero es definido como “aquel que no tenga calidad de parte”, es decir, que no es “sujeto del litigio o de la relación jurídica sustancial sobre la que versa la controversia”. De forma general, entre las diferentes modalidades de “terceros” se encuentran los intervinientes excluyentes (ad excludendum), que son principales autónomos y con aspiraciones opuestas al promotor del proceso. Existen también los litisconsortes sucesivos o intervinientes y los coadyuvantes.
Así, el tercero excluyente ostenta las condiciones propias de una parte procesal, pues desplaza a las demás, al punto que concurre para disputar el derecho que pretende el demandante, por lo que mal puede asimilarse a la demandada, por el contrario corresponde a una verdadera solicitante de la pensión del causante, igual acontece con Claudia Marcela Narváez González, pese a su vinculación en la señalada calidad en el proceso que se adelanta ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, así que por este aspecto le asiste razón al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín.
Ahora, como el otro motivo de controversia, es la data de notificación a la parte demandada, conforme lo expuesto en precedencia, se advierte con claridad que la notificación del auto admisorio de la demanda resulta obligatoria para el demandado y quienes conforme a la ley deban comparecer al proceso, para el efecto, es de aclarar, que la comparecencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica es imprescindible en esta clase de procesos y, en consecuencia, se debe tomar en consideración la data de su notificación para definir cuál es el asunto más antiguo y el juzgado competente en relación con la acumulación de los procesos.
Sobre este aspecto cumple citar lo razonado en un asunto similar, donde la Sala en providencia CSJ AL-60732016, luego de citar los artículos 610 y 612 del Código General del Proceso, concluyó:
“De lo expuesto en precedencia, se advierte con claridad que la notificación del auto admisorio de la demanda resulta obligatoria para la comparecencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al proceso en casos como el que se discute, por lo tanto la fecha de notificación a esta entidad se debe tener en cuenta para determinar cuál es el asunto más antiguo y definir la competencia respecto a la acumulación de los procesos”.
En ese horizonte, se debe señalar que cuando el extremo demandado lo conforma una sola persona, la aplicación del citado referente legal no ofrece dificultad alguna; empero no sucede lo igual, cuando la parte demandada la integra un número plural de personas naturales o jurídicas (como en el presente), pues frente a esta circunstancia, es claro que para establecer la antigüedad del proceso no basta con relacionar la fecha de notificación del auto admisorio de uno de sus integrantes, por el contrario, debe entenderse que el proceso que ostenta tal condición es aquel donde el acto procesal se cumplió íntegramente respecto de todos los convocados.
Lo anterior en atención a que únicamente cuando se concreta primero dicha actuación procesal, respecto de la totalidad de quienes deben ser enterados de la existencia del proceso es que se puede aseverar válidamente que la etapa de notificación del auto admisorio se cumplió, pues este es el parámetro establecido por el artículo 149 del citado Código General del Proceso para determinar la antigüedad en los procesos y, por ende, al juez que le corresponde la acumulación.
Precisado lo anterior, y descendiendo al asunto bajo estudio, del examen del expediente contentivo del proceso adelantado por Mirley Esther Merlano León contra Colpensiones ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, se advierte que las notificaciones del auto admisorio de la demanda se surtieron así: (i) a Colpensiones, por aviso el 7 de abril de 2015 (fl. 16); (ii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el 9 de junio de 2015 (fl. 50). Sin que tenga incidencia la notificación de Claudia Marcela Narváez González, acorde con lo definido en precedencia.
Por su parte, el proceso adelantado ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, las notificaciones del auto admisorio de la demanda dentro del proceso promovido por Claudia Marcela Narváez González y Kévin Andrés Díaz Narváez contra Colpensiones se efectuaron de la siguiente manera: (i) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el 14 de julio de 2015 (fl. 38); (ii) a Colpensiones, por aviso el 16 de julio de 2015 (fl. 39). Así mismo, se advierte que Mirley Esther Merlano León fue llamada al proceso en calidad de tercera ad excludendum, por lo que no se tomará en cuenta la fecha de su notificación del auto admisorio de la demanda, conforme las precisiones efectuadas en los puntos anteriores.
Así las cosas, conforme lo expuesto en precedencia, es un hecho incuestionable que el primero que concluyó en su totalidad la notificación del auto admisorio de la demanda a todos los interesados fue el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, y por ende, el proceso que adelanta corresponde al más antiguo, por lo que ese despacho es el llamado a conocer de la acumulación solicitada, quien deberá continuar con el trámite y adoptar las decisiones que le competan y, en consecuencia, será allí donde se devolverán los procesos.
1. DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Laboral del Circuito de Montería y Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro de los procesos ordinarios laborales adelantados por Mirley Esther Merlano León y Claudia Marcela Narváez González y Kevin Andrés Díaz Narváez contra la Administradora Colombiana De Pensiones (Colpensiones), en el sentido de asignarle la competencia a la primera autoridad judicial mencionada para conocer de la acumulación procesal, a donde se remitirá el expediente.
2. INFORMAR lo resuelto al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.
3. REMITIR el expediente al Juez competente para que avoque conocimiento y adelante el trámite que corresponda.

References: artículo 77
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 63
 artículo 149