Source: https://es.scribd.com/document/4965090/IMPUGNACION
Timestamp: 2016-09-25 04:28:48+00:00

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A los Señores Miembros del Consejo de la Magistratura De la Provincia de Neuquén.Ciudad de Neuquén.------------------------------------------Ref.: • Denuncia Falta de Imparcialidad, y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Sr. Consejero Dr. Gustavo Olivera.Plantea impugnación a la Calificación individual de la entrevista personal realizada por el Sr. Consejero Gustavo Olivera. – Se reserva el derecho de ampliar impugnación al notificarse el orden de mérito definitivo.
GRACIELA ISABEL DEMIZ, DNI 18.279.115, por derecho propio y en mi carácter de postulante inscripta en el concurso número DOCE, para cubrir el cargo de Juez Cámara para el Juzgado de Todos los Fueros de la Cuarta Circunscripción Judicial, ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén, me presento y digo: I.- OBJETO: Que en virtud del carácter mencionado, vengo en tiempo y forma a plantear formal impugnación administrativa –Art. 41 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición – respecto de la calificación de la entrevista personal –Art. 36 y cc. del Reglamento- que resulta del puntaje individual asignado por el Sr. Consejero Gustavo Olivera, a raíz de los antecedentes y argumentos que expresaré a continuación.-
II.- IMPUGNACIÓN: El día 31 de julio del corriente año, en oportunidad de ser entrevistada por el consejo de la Magistratura, el Consejero Olivera manifestó una actitud hostil hacia mi persona. Me realizó sólo dos preguntas en forma confusa, relacionadas con el fallo Arancibia Clavel, y los tratados de derechos humanos. Ninguna de las repuestas que le daba lo conformaban, gesticulando como que no sabía nada. Ante tal actitud le manifesté que no entendía lo que me estaba preguntando, que me repitiera la pregunta. Luego no me realizó ninguna otra pregunta, relacionada con otro tema. Era evidente que contestara lo que contestara, él estaba dispuesto a no conformarse con cualquier respuesta que le diera. Recuerdo a los Sres. Consejeros, que estas preguntas técnicas que el consejero Olivera me realizara en la entrevista personal fueron realizadas por la Dra. MARIA ANGELICA GELLI en oportunidad del examen técnico, mereciendo al respecto la más alta calificación. El día 1º de agosto del presente año, en el diario Río Negro tomé conocimiento de una noticia referida al cuestionamiento que realizan los trabajadores judiciales designación de una de las postulantes para el cargo. Textualmente dice en el segundo párrafo de la noticia de referencia: “Se refirieron además a Gustavo Olivera, integrante del Consejo de la Magistratura que- indicaronrepudia las denuncias contra Rossi, “a las víctimas de su accionar y descalifica las actuaciones sumariales que se le siguen en un claro apoyo a su candidatura para camarista intentando limpiarla de los antecedentes que obturan su tránsito hacia la Cámara”. Posteriormente me puse a buscar en Internet, noticias referidas a esa supuesta relación de amistad que uniera al consejero Olivera con la Dra. Rossi, y que denunciara el gremio de los trabajadores judiciales. Para mi sorpresa, encuentro en la página de la Central de Trabajadores Argentinos una carta dirigida al presidente del consejo de la Magistratura por el gremio SEJUN, que expresa textualmente en el séptimo párrafo: “…Otra cuestión que queremos referir está a la
relacionada a la situación del integrante del Consejo de la Magistratura Dr. Gustavo Olivera. El nombrado, en su reciente presentación ante la H. Legislatura Provincial en la que pide la apertura del juicio político contra todos los integrantes del Excmo. T.S.J. (Ud. inclusive), hace el panegírico de la Dra. Rossi, elevándola prácticamente a la cumbre de la jurisdicción y las máximas virtudes republicanas. Pero no se queda en ello solamente sino que repudia las denuncias en contra de Rossi… ” Asimismo encontré varias noticias periodísticas y comentarios de ciudadanos que manifiestan que el consejero Olivera ha defendido a la Dra. Rossi, en cuanta oportunidad ha tenido, evidenciando que existe una relación de amistad, entre ambos.
Esa circunstancia, es causal de RECUSACIÓN Y EXCUSACION. Conforme la ley 2533, Artículo 10: “Recusación. Excusación. Procedimiento. Sólo serán admitidas como causales de recusación y excusación de los consejeros, las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. No se admitirá la recusación sin causa. Todo consejero que se encuentre comprendido en alguna de las causales de recusación deberá excusarse. La recusación deberá formularse por el postulante al momento de inscribirse al cargo a concursar o dentro de los dos (2) días de conocida la causal, ofreciendo la prueba en el mismo acto. Previa vista al consejero recusado por el plazo de un (1) día, quien contestará en igual forma ofreciendo la prueba que haga a su derecho, se abrirá el incidente a prueba por el plazo de dos (2) días -si fuere considerado pertinente por el Consejo de la Magistratura-, resolviéndose el mismo por simple mayoría en un plazo de tres (3) días sin recurso alguno. Aceptada la recusación o inhibido un consejero, deberá ser reemplazado por su suplente según lo previsto en el artículo 9º de la presente Ley. Si respecto del suplente se plantea una causal de recusación o excusación, agotada la lista, la decisión será tomada por el resto de los consejeros”. Por su parte el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia establece en su Artículo 17: Recusación con expresión de causa.
Serán causas legales de recusación: 1° El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. 2° Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con algunos de grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con algunos de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 3° Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 4° Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. 5° Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito 6° Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que el Tribunal Superior de Justicia hubiere dispuesto dar curso a la denuncia. 7° Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 8° Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 9° Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato. 10° Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento, que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.
Asimismo en cuanto a la excusación, el Código dice: Artículo 30: Excusación. Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes. Artículo 32: Falta de excusación. Incurrirá en la causal de "mal desempeño", en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite. Conforme a la normativa precedentemente transcripta, y de las actitudes de defensa de la Dra. Graciela Rossi, manifestadas públicamente por el Consejero Olivera, surge que NUNCA PODRÍA HABER INTERVENIDO EN EL CONCURSO Nº 12 en su calidad de integrante del Consejo de la Magistratura. De no haber sido recusado en tiempo y forma, por desconocimiento de los postulantes; de las causales que le impedían intervenir, (como es mi caso), debió EXCUSARSE, como lo dice la ley. Como lo sostienen los reconocidos juristas, Dr. Roland Arazi y Jorge A. Rojas: la imparcialidad del juez se constituye en un presupuesto básico que la ley procesal ha establecido en resguardo del debido proceso legal, viniendo a constituirse la recusación y la excusación; en un mecanismo tendiente a la regularización de la composición del órgano jurisdiccional. La recusación y la excusación son institutos procesales íntimamente relacionados, que tienen por objetivo el apartamiento del consejero sospechado de alguna causal de parcialidad, como medio de garantizar al concursante la imparcialidad. Reiterada jurisprudencia ha resuelto que la excusación tiene por finalidad asegurar una recta administración de justicia y una conducta imparcial e independiente a los magistrados, obligados a actuar objetivamente y con neutralidad, y hacer insospechables sus decisiones. Cf. CNFed. CAdm., sala II, 26-11-2002, “ Entel - en liquidación – Inc. exc. c/Natelco S.A. s/ Contrato Administrativo” .
Este artículo no limita la excusación a los supuestos taxativamente enumerados en el artículo 17 del mismo código, sino que también autoriza a hacerlo cuando existan otras causales que le impongan al magistrado abstenerse de conocer en el juicio fundadas en motivos graves de decoro y delicadeza. Cf. CNCiv. Sala C, 20-8-2002, “Llamas, Juan M. c/ De Romaris, José”. Con respecto al Art. 32, la falta que establece la norma es tan grave que expone al juez que haya omitido el deber de excusarse a las sanciones previstas en la ley de enjuiciamiento de magistrados. En el caso específico del Consejo de la Magistratura a la sanción de remoción, conforme Art. 3º y 4º de ley 2533. El consejero Olivera se encontraba impedido de participar en el concurso Nº 12, y menos aún de emitir opinión respecto de la idoneidad de los concursantes. Como si esto fuera poco, como he narrado precedentemente, en la entrevista personal mantuvo una actitud hostil hacia mi persona. Por ello, luego de haber tomado conocimiento por la prensa de la existencia de causales de recusación y excusación, que impedían su imparcialidad; encontré una explicación razonable a su actitud. Que no puedo dejar de resaltar a los consejeros en esta instancia, que al evaluar a otro de los postulantes, específicamente al Dr. Saguez, manifiesta textualmente: “… Que
no puedo dejar de referirme para justificar mi voto … a lo referido por la Dra. Rossi en cuanto al tratamiento que se da a los casos de ley 2212…”. Cf. Fs. 274 de expediente de concurso.
Cuándo, cómo y en que circunstancias la Dra. Rossi le manifestó esa opinión al Dr. Olivera?. Lo más grave del caso es que él utiliza ese parámetro para descalificando a un contrincante de la Dra. Rossi. Esta es una prueba más de la relación de amistad denunciada en los medios de comunicación. fundar su voto,
La actuación y posteriores calificaciones realizadas por el consejero Olivera transgreden una prohibición expresa de la ley Nº 2.533, que específicamente establece, en su Artículo 10; que todo consejero que se encuentre comprendido en alguna de las causales de recusación deberá excusarse.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, a continuación me referiré específicamente a la calificación individual realizada por el consejero Olivera. Conforme resulta de la calificación de los consejeros a las entrevistas personales, el Sr. Gustavo Olivera calificó con CERO mi idoneidad para ejercer el cargo de Juez de Cámara. El puntaje emitido por el Sr. Consejero a la entrevista personal, adolece de causales suficientes que lo descalifica para su procedencia y, como tal es impugnado.A fojas 274 el expediente del concurso de referencia expresa textualmente: “… la Dra. Demiz me convence como una persona carente en absoluto de crítica. Si bien de 10 palabras dos eran derechos humanos estoy convencido que no podría resolver en base a ellos. Cita el fallo Arancibia Clavel y desconoce por completo los hechos y sus fundamentos y no puede explicar porqué nuestra constitución admite explícitamente en unos casos e implícitamente en otros la aplicación de normativa internacional. Es más, no considero que tenga independencia de criterio conforme pide sea el TSJ quien regule las cuestiones atinentes a la libertad de expresión e información. Dice concretamente que el STJ debe dar directivas claras en cuanto a la información a dar a la prensa, contraviniendo el derecho a los habitantes a una información fidedigna y el derecho de todos, inclusive a los jueces a informar y expresarse. Que remito también al informe psicotécnico. Que este grado de dependencia descalifica a la Dra. Demiz para ocupar el cargo que pretende… ” Por considerar que estas afirmaciones no son imparciales, y además son agraviantes a mi persona; me permito responder a cada una de ellas.
1º) En el transcurso de la entrevista, la cual duró aproximadamente una hora, fui interrogada por todos los consejeros sobre distintos temas. Las respuestas dadas a cada una de ellas manifestaron una postura o posición en temas referentes al manejo del personal en el juzgado, a la función del juez, al rol de la justicia, a distintos problemas sociales, a la procedencia de la prisión preventiva, a la contaminación en la zona, a los derechos de las comunidades indígenas, a los cortes de rutas, al tipo de causas que se manejaban en la Circunscripción Judicial, etc., etc. etc. Esa toma de posición a las distintas preguntas, evidenciaron una postura crítica de mi parte. La afirmación del Dr. Olivera: “… la Dra. Demiz me convence como una persona carente en absoluto de crítica...”, no puede ser considerada seriamente. Prueba de ello es, que el resto de los consejeros, (a diferencia de Olivera), se mostraron interesados en saber cuál era mi opinión en distintos temas; y en su calificación demuestran lo contrario. Con más o menos puntuación, ninguno de ellos me calificó como una persona carente en absoluto de crítica. Es más, el Consejero ENRY REBOLLERO, que me calificó con cinco puntos, demostró durante mi entrevista una actitud de respeto, y de interés a mis opiniones. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del consejero OLIVERA, que contrariamente se mostró hostil desde el inicio de la entrevista, y totalmente desinteresado a mis opiniones. Evidentemente, antes de iniciada la entrevista, tenía intención de ponerme cero. 2º) Continúa el Dr. Olivera diciendo: “… Si bien de 10 palabras dos eran derechos humanos estoy convencido que no podría resolver en base a ellos. Cita el fallo Arancibia Clavel y desconoce por completo los hechos y sus fundamentos y no puede explicar porqué nuestra constitución admite explícitamente en unos casos e implícitamente en otros la aplicación de normativa internacional...” Como señale precedentemente el Consejero Olivera me realizó sólo dos preguntas en forma confusa, relacionadas con el fallo Arancibia Clavel, y los tratados de derechos humanos. Ninguna de las repuestas que le daba lo conformaban, gesticulando como que no sabía nada. Ante tal actitud le manifesté que no entendía lo que me estaba preguntando, que me repitiera la pregunta. Luego no me realizó ninguna otra pregunta, relacionada con otro tema. Era evidente que contestara lo que contestara, él estaba dispuesto a no conformarse con cualquier respuesta que le diera.
Estas preguntas técnicas que el consejero Olivera me realizara en la entrevista, personal fueron realizadas por la Dra. MARIA ANGELICA GELLI en oportunidad del examen técnico, mereciendo al respecto la más alta calificación. Por ello sostengo que es inconcebible que este señor manifieste que desconozco por completo los hechos y sus fundamentos y que no puedo explicar porqué nuestra constitución admite explícitamente aplicación de normativa internacional. Me pregunto lo siguiente: ¿Quién sabe más de Derecho Constitucional, la Dra. MARIA ANGELICA GELLI o el DR. GUSTAVO OLIVERA?. Desconocía por completo, que el Dr. Olivera fuera también especialista en derecho constitucional. ¿Puede un consejero evaluar temas técnicos que ya fueron sometidos a evaluación, por parte del jurado académico?. ¿Puede un consejero poner un cero, formulando las mismas preguntas que merecieron una máxima calificación por parte de una jurista, como es la Dra. María Angelica Gelli?. Es evidente que no; porque de sostenerse lo contrario, no tendría sentido la metodología adoptada por la normativa de Concursos. Como lo señala el reglamento de Concurso en su Artículo 36: La entrevista personal tendrá por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la función, capacidades para la gestión de personal, sus puntos de vista sobre temas básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su conocimiento respecto a la interpretación de las cláusulas de la Constitución Nacional y de la Provincia del Neuquén, así como los principios generales del derecho. Serán valorados sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiera; asimismo sus valores éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos, y cualquier otra información de interés público que, a juicio del Pleno, sea conveniente requerir. En el ámbito señalado por el art. 36 debía manejarse el consejero Olivera, y no en temas técnicos, que ya fueron evaluados por personas con amplio conocimiento en la materia. 3º) Continúa diciendo el Dr. Olivera: “… Es más, no considero que tenga independencia de criterio conforme pide sea el TSJ quien regule las cuestiones atinentes a la libertad de expresión e información. Dice concretamente que el TSJ debe dar directivas claras en en unos casos e implícitamente en otros la
cuanto a la información a dar a la prensa, contraviniendo el derecho a los habitantes a una información fidedigna y el derecho de todos, inclusive a los jueces a informar y expresarse...” Recuerdo a los consejeros que ante la pregunta de uno de los consejeros, referente a que opino sobre los jueces mediáticos, respondí lo siguiente: Que no estaba de acuerdo con esa metodología. Que a efectos de no poner en riesgo los procesos judiciales, (en referencia a la imparcialidad de los jueces sobre futuras resoluciones), era conveniente que el TSJ, por intermedio de su oficina de prensa organizara la información a difundir a través de los medios de comunicación. En ningún momento expresé o dejé entrever, que los habitantes no tengan derecho a una información fidedigna y mucho menos que los jueces no tengan derecho a informar y expresarse. Estas son opiniones vertidas por el consejero Olivera, con el objetivo de justificar su arbitrario accionar, al calificarme. Recuerdo que nuestra legislación, expresamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia establece, en el Artículo 17 entre otras causales de Recusación con expresión de causa la siguiente: “… Serán causas legales de recusación…7° Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.”. Cuando opiné que era conveniente difundir la información por intermedio de la oficina de prensa del TSJ, era a efectos garantizar la imparcialidad en los procesos en marcha. Como bien lo sostiene la Dra. María Angelica Gelli: “… la imparcialidad es una cuestión problemática que resuelven, en general, las leyes adjetivas o procesales, mediante instituciones como la recusación o la inhibitoria... ”.Cf. Página 230, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada. María Angelica Gelli. Editorial La Ley. A esta relación existente entre dar información a la prensa en los procesos Judiciales en marcha, a la imparcialidad y a las causales de recusación y excusación; me estaba refiriendo cuando formulé esa opinión, que deliberadamente tergiversa el consejero Olivera. Es notorio que al Dr. Olivera no le interesa respetar esta normativa. Prueba de ello, es que en base a las causales de recusación y excusación; debió excusarse de participar en este concurso luego de efectuar la defensa pública de una de las postulantes.
4º) Continúa diciendo el Dr. Olivera: “… Que remito también al informe psicotécnico. Que este grado de dependencia descalifica a la Dra. Demiz para ocupar el cargo que pretende… ” En este punto me remitiré a las CONCLUSIONES del informe psicoevaluativo, que textualmente dice: CONFIDENCIAL Esta conclusión a mi informe psicoevaluativo de ninguna manera puede ser interpretado como descalificante para ocupar el cargo, como maliciosamente lo sostiene el Sr. Olivera. Como puede apreciarse, existe una total falta de fundamentación en su calificación. Como lo dice la Dra. María Angelica Gelli, en su obra bibliográfica: “… el principio de razonabilidad exige que las decisiones se justifiquen siempre, aún si quien ejerce algún tipo de poder estatal lo hace en uso de facultades discrecionales. En esa línea puede anotarse la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que el Consejo de la Magistratura de esa provincia debía justificar la elaboración de las ternas de candidatos a cargos de Agente Fiscal y Agente Fiscal Adjunto en el Departamento Judicial de Mar del Plata. En palabras del juez Domínguez – siguiendo el pensamiento doctrinario de Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, Fundación de Derecho Administrativo), “al no motivarse el acto, no puede evidenciarse la razonabilidad del mismo, constituyendo esta última, una motivación coherente con los principios generales del derecho, los propios del derecho administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso”. En la misma línea, al adherir por sus fundamentos al voto anterior, el juez Soria sostuvo “… la razonabilidad es un requisito esencial de la legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas, entre cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se adopte para justificar su dictado, en especial en materia de facultades discrecionales”.En consecuencia y al carecer de la justificación necesaria, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires,
dejó sin efecto la terna que había aprobado en Consejo de la Magistratura y mandó que el organismo la elaborara “observando el requisito de publicidad y adecuada motivación” …”. Cf. Página 326, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada. María Angelica Gelli. Editorial La Ley. En autos caratulados “Sambro Merlo, Claudia M. c/ Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo: “… que tanto la motivación como la publicidad de aquellos actos por los que se resuelve un concurso, hacen a la transparencia que exige una forma de gobierno republicana...”. Al respecto, el tratadista Manuel Diez, argumenta, en forma correcta y de manera más amplia, que la excepción a la motivación de los actos sería para aquellos que obedecen ya sea a motivos secretos que no deben divulgarse, o los referentes a relaciones exteriores o la administración militar y que, por el contrario, la obligación de motivar existirá cuando: a) lo disponga una norma legal expresa; b) resulte de la naturaleza especial del acto. En cuanto a éstos últimos agrega deberán motivarse los actos que expresen un juicio, como por ejemplo, los que resolvieren un concurso o impongan obligaciones a un sujeto de derecho. (Manuel María Diez Tratado de Derecho Administrativo. T.2 Bs.As. Bibliográfica Omeba, 1965). En autos ZARLENGA, MARCELO CONTRA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA S/ACCION DE AMPARO” (letra B 62.241), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, manifestó: “… la discrecionalidad no significa libertad absoluta en la decisión de la Administración, por el contrario, la misma se debe encontrar enmarcada dentro de la legalidad y la juridicidad, siendo que además como todo acto administrativo, debe cumplir con el fin de la ley respectiva; me refiero a la que ha establecido la discrecionalidad. La necesidad de la motivación que hace a mi convicción, es que constituye una de las formas para evitar que el órgano administrador obre arbitrariamente. Al motivar sus decisiones, se ve obligado a expresar los motivos, las razones, que hacen a la legitimidad, sobre todo cuando ellos contienen un juicio. De otra manera, sería consagrar o validar la existencia de una potestad administrativa ilimitada no posible de concebir en un estado de derecho.
La motivación del acto administrativo tiene por objeto exteriorizar el íter psicológico que ha inducido al titular del órgano a emanar el acto, de forma tal que haga posible conocer los momentos fundamentales del razonamiento. Para poder apreciar en qué medida un acto es conforme al fin que para él quiere el ordenamiento jurídico, es necesaria una fundamentación precisa y clara, que exprese las razones específicas que en el caso particular inducen a la Administración a la emanación de un determinado acto (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 1997/07/03, “Maruba S.C.A. c./Ministerio de Economía y Obras y Serv.Públicos”, La Ley, 1998A151). Sostiene, Jorge Reinaldo Vanossi, cuanto mayor es la discrecionalidad que tiene el órgano para decidir, debe asegurarse aún más la intervención de todos los interesados en el acto y mayor y más precisa debe ser la fundamentación del mismo. Este es un principio de sana doctrina republicana, exigido para la publicidad de los actos de gobierno. También se basa en el acatamiento a la regla de la razonabilidad consagrada por el artículo 28 de la Constitución Nacional. (“El amparo como instrumento de control de la administración pública”, Jorge Reinaldo A. Vanossi, “La Ley” 1984D). El Consejo de la Magistratura cumple un papel trascendente en el procedimiento de designación de magistrados, verdadero complejo de actos de diferentes poderes públicos que confluyen en el ejercicio de competencias diferenciadas. La Constitución confía al órgano referido la delicada labor de selección de los candidatos a magistrados, requiriendo que ella sea el producto de una evaluación objetiva y que se inserte en un procedimiento que garantice adecuada publicidad. Apoyado en tal fundamento constitucional es que considero que la puntuación del Consejero Olivera, en la entrevista personal, no puede ser reputada un acto libre de motivación. Varias razones conducen a sostener esta posición. a) En primer lugar, lo afirmado es consecuencia lógica de la función realizada por el Consejo, así como del contenido y consecuencias jurídicas de la evaluación en la entrevista personal.
En cuanto al aspecto funcional, el órgano en cuestión despliega una actividad materialmente administrativa. Comadira, Julio R., “La ubicación institucional del Consejo de la Magistratura y el control judicial de algunas de sus decisiones”, en V.A., Jornadas Internacionales sobre el Consejo de la Magistratura, Bs. As., 1999, p. 173, 174 y ss.; Ello torna pertinente la exigencia de motivación, que, como es sabido, viene impuesta para otras esferas del quehacer estatal como presupuesto de la actuación válida del poder público. Por su contenido esencial, la valoración de la entrevista personal, se expresa en el resultado de la evaluación realizada por los Consejeros. Al tiempo que se nutre de una ponderación y valoración de los méritos acreditados por los postulantes, con la objetividad e imparcialidad propias de la función encomendada al citado órgano. Pues bien, la señalada condición atribuida al acto en cuestión, torna aplicable la regla que impone al consejero Olivera, el deber de motivar su determinación. Esta obligación, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar el acto administrativo de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (CSJN, Fallos 315: 2771, 2930; 319: 1379; 320: 1956, 2590; 321: 174; 322: 3066; 324: 1860). b) La índole del cometido constitucional del Consejo de la Magistratura determina la necesidad de motivar sus decisiones. En la amplitud de las atribuciones de selección conferidas al Consejo por la Constitución (Art. 251) como por su ley reguladora Nº 2533, no cabe afincar la inexigibilidad de la motivación. Si bien es cierto que la observancia de este requisito esencial no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad administrativa por el ordenamiento (doct. CSJN, Fallos 308: 132) no lo es menos que su modo de concreción depende en cada caso del contenido de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa. En otros términos, el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo (CSJN, Fallos 324: 1860).
En la especie, se trata de una evaluación, concepto que obviamente supone dar cuenta de un proceso intelectivo y valorativo que justifica lo decidido o propuesto. Forzoso es concluir que semejante determinación debe hallarse fundada. Más aún en este caso particular, donde la nota fue cero, produciéndome perjuicio, al promediarse con el resto de las calificaciones de los consejeros. c) Por otra parte, exigir que la calificación (en el caso totalmente denigrante en mi calidad de postulante a un cargo judicial), surja de un acto fundado, no importa consagrar un avance impropio sobre las competencias constitucionales del Consejo de la Magistratura; en tanto que al consagrar esta exigencia se auspicia, en todo caso, el control de la justificación de la decisión valorativa y no, en principio, el de la valoración misma llevada a cabo. La propia naturaleza de la actuación involucrada, esto es, el tratarse de una evaluación, conlleva, de suyo, la exposición del razonamiento justificador. El actuar del Consejo, conforme al trámite disciplinado en la norma objetiva no refleja sino el ejercicio de la potestad administrativa con ajuste a la garantía del debido proceso adjetivo, mientras que el fundar sus decisiones conlleva el respeto al principio republicano de gobierno. Esto último implica, a dar cuenta de las razones por las cuales el Sr. Olivera pone cero. Allí radica el vicio de legalidad. Sin motivación, resulta inverosímil predicar la legitimidad de la evaluación establecida por el consejero. La razonabilidad es un requisito esencial de legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas, entre cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se adopte para justificar su dictado, en especial en materia de facultades discrecionales. Ello, con el fin de evitar que se desvirtúen el principio republicano, que impone a los órganos administrativos dar cuenta de sus actos, se afecten los derechos de impugnación de los particulares afectados y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos ( Corte Suprema de Bs. As. causas B. 49.238, “Salanueva”, 31184; B. 48.482, “Salinas”, sent. de 30687, “D'Gregorio Hnos.”, sent. de 7688, “González Menéndez”, sent. de 27988, “Mendoza”, sent. de 31790, “Pereyra”, sent. de 28295, “Gómez”, sent. de 6896; B. 54.506, “Romero”, “Viera”, sent. de 21297; B.56727, “Blasetti”, sent. de 3111998, etc.)
De allí pues que, de acuerdo al reiterado criterio de los Tribunales, la deficiencia en la motivación del acto administrativo, lo torna irrazonable y, por tanto, conlleva su nulidad (Suprema corte de Bs. As. Causas B. 55.490, “Arrambide”, sent. de 2162000; B.55.953, “Lozano”, sent. de 722001; B.58.345, “Lara”, sent. de 952001; B 55.957, “Menéndez”, sent. de 1292001, entre muchas más). Si, tal cual resulta en la especie, no existe motivación justificadora de la nota CERO impugnada, entonces, la determinación cuestionada, debe ser dejada sin efecto. Porque la absoluta falta de motivación apareja la arbitrariedad de las decisiones adoptadas (o bien, su irrazonabilidad, en términos de la jurisprudencia citada supra.
Como pueden apreciar los consejeros, sólo estoy cuestionando la calificación del Consejero Olivera, en función de todas las consideraciones vertidas en este escrito de impugnación. Considero que cuanto menor es la calificación puesta por un consejero mayor motivación y fundamentación debe tener su decisión discrecional. De sostenerse lo contrario se estaría avalando la arbitrariedad, concepto rechazado por todo nuestro ordenamiento jurídico. En el caso del consejero Olivera debe, conforme lo determina la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina; detallar en forma motivada y fundada, cuales son las condiciones no reunidas por los postulantes. La verdad de los hechos es que el Sr. Olivera me puso un cero, para beneficiar de alguna manera a su defendida. Por otro lado, en la calificación a la Dra. Graciela Rossi, como ya lo venía sosteniendo públicamente antes de sustanciarse el concurso, no ahorra elogios; poniéndole la máxima calificación posible (veinte puntos). Asimismo manifiesta que el examen psicotécnico coincide con su opinión. No me extrañaría, que ese examen psicotécnico (al que hace referencia) no sea mucho mejor que el mió. Conforme normativa aplicable a los concursos, los postulantes pueden realizar impugnaciones a las distintas etapas de evaluación.
¿Cuá es el objetivo de la impugnación en esta instancia? Entre otras causales, es evidente que una de ellas es evitar la arbitrariedad por parte de los consejeros. ¿Qué prueba más patente de la arbitrariedad en que ha incurrido el Sr. Olivera, cuando realizó las conductas que se detallan a continuación? 1º) No se EXCUSÓ teniendo la obligación legal de hacerlo, siendo ello causal de mal desempeño, conforme art. 4 y 10 de ley 2533, y art. 17 y 30, y 32 de Código de Procedimiento de la Provincia de Neuquén; 2º) Formuló preguntas técnicas que ya habían sido evaluadas; 3ª) Tuvo una actitud totalmente hostil hacia mi persona, inmediatamente después de haberse iniciado la entrevista, moviendo la cabeza negativamente, cuando respondía las preguntas. 4ª) No me realiza ninguna de las preguntas que denoten mi idoneidad para el cargo conforme lo determina la ley, y que sí realizara el resto de los consejeros, 5ª) Me pone un cero porque se le ocurre, sin dar ningún tipo de fundamentación como lo exige la constitución nacional y lo sostiene reiterada doctrina y jurisprudencia. 6º) Tergiversa, mis opiniones y miente con respecto a las conclusiones de mi informe psicotécnico. ¿Si esto no es arbitrariedad, a que llamaríamos arbitrariedad? Entiendo que las conductas anteriormente enumeradas son manifiestamente ilegales y arbitrarias, violan lo dispuesto por el art. 251 de la Constitución de la Provincia y de la ley 2533 y conculcan mis derechos "a la igualdad", "a integrar los poderes del Estado", "a la reputación, al prestigio y a la dignidad profesional", a acceder a los cargos públicos sin otra condición que la idoneidad. La actuación del consejero Olivera enumeradas precedentemente constituyen actos manifiestamente ilegales y arbitrarios. Un acto es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, importando violación del orden jurídico. La ilegalidad se configura, entonces, cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley. En el caso específico que estamos tratando, el consejero debió excusarse.
La arbitrariedad, por su parte, es la manifestación caprichosa sin principios jurídicos, involucrando los conceptos de irrazonabilidad e injusticia. Se exterioriza inclusive cuando aún apareciendo el acto o la omisión formalmente fundados en ley, ésta es aplicada con error inexcusable, exceso ritual o autocontradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso. Ambos extremos se evidencian en forma manifiesta, o sea de un modo descubierto, patente, claro, ostensible, palmario, notorio. Prueba de que Olivera actúo arbitrariamente se trasluce en las calificaciones y consideraciones realizadas. Como puede apreciarse el resto de los consejeros, no cuestionan de esta manera mi idoneidad para el cargo. En tanto OLIVERA, es el único que discrepa, en este tema. Es evidente que este señor se ha acostumbrado a actuar con total impunidad, sin tener en cuenta la responsabilidad que significa la función de designar jueces, y funcionarios judiciales. Este tipo de actitudes causan un perjuicio a una institución tan importante como es el consejo de la Magistratura, propiciando su desprestigio. Esta afirmación la hago en base a las publicaciones periodísticas y en base a la lamentable accionar del Sr. Olivera, el cual merece conforme a la ley la calificación de “mal desempeño en el ejercicio de la función”. Asimismo pido que se le inicien actuaciones por mal desempeño de sus funciones, conforme lo determina art. 4º de ley 2.533. La creación del Consejo de la Magistratura y de un jurado de enjuiciamiento de jueces por la reforma constitucional de 1994, respondió a dos propósitos primordiales: contribuir a "asegurar la independencia de los jueces" y lograr "la eficaz prestación de los servicios de justicia", según GARCIA LEMA, Alberto M., "El Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de jueces en la teoría de la división de poderes", LA LEY, 1995-B, 1129. De modo similar, la reforma neuquina se orientó en igual sentido. Para la mayoría de los Constitucionalistas el Consejo de la Magistratura es un dispositivo que procura resolver la crisis contemporánea de legitimidad del Poder Judicial que es triple: de calidad, de imparcialidad y de eficacia.
La inclusión del consejo de la magistratura en el nuevo diseño institucional puede resultar efectivamente útil para contribuir a la solución de algunos de los problemas que afectan a la Justicia, en particular los vinculados a la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces. De acuerdo a las ideas expuestas, se delineó la conformación del Consejo de la Magistratura como un organismo con legitimidad democrática, que pueda legitimar, a su vez, los nombramientos de los jueces que designará y que estuviera compuesto de modo tal que la participación representativa de los interesados pueda potenciar la eficiencia de sus decisiones, incluyendo a los grupos especialmente aptos para contribuir a la mejor selección. Este nuevo Consejo de la Magistratura supera ampliamente al sistema de designación de jueces que lo precedía y su especial diseño resulta funcional para los fines de su creación. Ahora, en base a las consideraciones precedentemente expuestas, me pregunto lo siguiente: ¿Actitudes ilegales y arbitrarias, como la del consejero Olivera, no desprestigian la institución?, ¿Los reiterados cuestionamientos publicados en los medios de prensa hacia su persona, contribuyen a la legitimación de los jueces que resultan seleccionados?. Evidentemente, que no. Actitudes como las denunciadas, no sólo desprestigian la institución, sino que desprestigian al poder judicial. Estas manifestaciones resultan de puntual aplicación al sistema de selección y evaluación de postulantes. Como he señalado, el Consejo es un órgano constitucionalmente investido de la facultad de materializar esas actividades, concebido con una composición plural y equilibrada con la finalidad de jerarquizar al Poder Judicial y desterrar prácticas anacrónicas en la designación de los jueces. Ahora bien, para llevar a cabo su misión legal y reglamentariamente, el Consejo cuenta con un diseño procedimental determinado y, paralelamente, quienes concursan para acceder a las funciones judiciales tienen derecho a que sean respetadas las garantías constitucionales que les asisten. En mi caso, el Consejero Olivera no ha respetado el debido proceso y los mecanismos que la Constitución, la ley y el reglamento imponen para materializar la selección, dentro de las competencias propias y con las formalidades que su ejercicio requiere.
El mecanismo de selección de jueces y funcionarios judiciales arbitrados por la constitución, y por su ley, tienen en cuenta además de los antecedentes, la realización de una evaluación técnica y la entrevista personal. La colaboración de juristas reconocidos que exige la constitución provincial tiene por objetivo, asegurar que las personas que evalúen técnicamente a los candidatos posean un elevado conocimiento en la materia del derecho a evaluar. Por su parte, los requisitos exigidos a los consejeros para conformar al consejo de la magistratura, tienen por objetivo garantizar que las personas que van a seleccionar candidatos a jueces y funcionarios; reúnan como mínimo las mismas cualidades que los postulantes. Específicamente, deben poseer condiciones éticas, morales, de transparencia, de imparcialidad, de decoro y delicadeza. Un consejero que se ha manejado impunemente, propiciando opiniones, defensas e incluso formulando recomendaciones para beneficiar a una de las candidatas a evaluar, que se maneja arbitrariamente fuera de toda lógica y de sentido común; no reúne las condiciones para el cargo que está desempeñando. En base a las consideraciones legales establecidas en la Constitución Provincial, en la ley 2.533 y en el código de Procedimiento Civil y Comercial, solicito se evalúe por el resto de los consejeros la denuncia realizada. Todo ello en función de haber incurrido en una de las causales de remoción, como es el “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. III. PETITORIO: En razón a lo expresado al Excmo. Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén SOLICITO: 1. Tenga por presentado en tiempo y forma la presente impugnación a la calificación del Consejero Olivera. 2. Proceda cfr. Art. 42 del Reglamento de Concursos y Ley de Procedimiento Administrativo. 3. Por denunciada falta de imparcialidad hacia mi persona efectuada por el Sr. Consejero Dr. Gustavo Olivera. Por denunciada causal de mal
desempeño por no proceder a su excusación. Procédase conforme las disposiciones del Art. 4º de la Ley 2.533.4. Me reservo el derecho de ampliar impugnación al notificarse el orden de mérito definitivo. No acompaño noticias periodistas, por cuanto están disponibles en Internet. Sin perjuicio de ello, lo acompañaré oportunamente en caso de considerarlo pertinente los señores consejeros. Tener presente lo expuesto y Proveer de Conformidad.-
Maestro Carlos Fuentealba“Año Del Bicentenario”csjnfiscalias neuquenReestructuracion FiscaliasConsejo de La Magistratura Comisión de SelecciónLista BlancaNEUQUEN, 2 de Febrero de 2010. ACompaÑer@s Judiciales !!! Después de Tanta LuchaBuenos Aires, 12 de Enero de 2009Comunidad Mapuche...MC-269-08D_2374_2009Ley 2212 - estadísticassesion conjuecesinformefemicidiosenargentina2009nota_CMnota_AMdenuncia contra maggiozonadesfavorableManual de Buenas Prácticassuspensión audiencia correccionalNeuquén2010 (2)Neuquen2010Proyecto Amicus Curiaehonorarios extrajudiciales
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