Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-724-de-septiembre-26-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_beb03abc0a7701aee0430a01015101ae&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 09:48:06+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-724 de septiembre 26 de 2011
SENTENCIA T-724 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:COMO LO HA DICHO AMPLIAMENTE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, PARA QUE SE PUEDA UTILIZAR LA TUTELA COMO MEDIO DE PROTECCIÒN DE DERECHOS COLECTIVOS COMO LO ES EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, SE DEBE INDIVIDUALIZAR LAS VULNERACIONES QUE SE GENEREN POR CULPA DE LA AFECTACIÒN AL MEDO AMBIENTE SOBRE LOS DERECHO FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AMBIENTAL, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHOS SUSCEPTIBLES DE ACCIÓN DE TUTELA, AMPARO POR VÍA DE ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-724 de septiembre 26 de 2011
Ref.: Expediente T-3065870
En la revisión del fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Hernando Gómez y Doris Amanda Rodríguez Torres, actuando a nombre propio y aduciendo representar a otros habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas, Etapa 1, Localidad 7 de Bosa, D.C., contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
Los actores, habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas, Etapa 1, localidad 7 de Bosa, D.C., promovieron acción de tutela en febrero 10 de 2011, contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en adelante EAAB, aduciendo vulneración de los derechos “a la vida, a la salud y el derecho al medio ambiente sano”, por los hechos que a continuación son resumidos.
1. Firmas recolectadas por la Junta de Acción Comunal, de habitantes de la referida Urbanización Santiago de las Atalayas (fls. 1 a 24 cdno. inicial).
3. Respuestas emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, señalando que “Respecto a la presencia de aguas negras y mantenimiento del Canal El Tintal III: Se observó la existencia de 4 descargas de aguas residuales, debido a la existencia de conexiones erradas al sistema de alcantarillado pluvial que alimenta dicho Canal, de las cuales dos se encuentran localizadas al inicio del Canal y dos en la margen derecha. Esta entidad ofició a la EAAB Zona 5 para que realice el mantenimiento pertinente sobre el Canal” (fls. 26 y 27 ib.).
4. Derechos de petición (fls. 33, 41 a 43 ib.), dirigidos por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Santiago de Atalayas, a la EAAB.
5. Oficio dirigido por la EAAB al Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría de Ambiente, informando sobre las conexiones erradas en la red pluvial del canal El Tintal III (sep. 14/2009, fls. 34 y 35 ib.).
6. Comunicación de la EAAB, anotando que dicho canal “se encuentra en buenas condiciones hidráulicas y estructurales para el drenaje de las aguas de la zona” y que no existe ningún tipo de vertimiento de aguas servidas, que afecte a los moradores de la zona (fl. 36, 37, 54 y 55 ib.).
7. Respuesta a la solicitud de control de vectores del Barrio Santiago de Atalayas, emitido por el Hospital Pablo VI Bosa, ESE (fl. 39 y 40 ib.).
C. Contestación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
“Como lo relata en detalle el informe remitido por la División Alcantarillado Zona 5 de la EAAB-ESP; no existe en el presente caso vulneración a ningún derecho fundamental, ni menos aún al derecho a la vida, salud y ambiente sano de parte de la EAAB-ESP, ya que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones de mantenimiento del Canal Tintal III, pero las labores de saneamiento efectuadas se ven menoscabadas por las actividades de los habitantes de este sector quienes depositan residuos sólidos en el mismo afectando el medio ambiente. Por lo anterior la Empresa... no es responsable de los hechos descritos por el accionante, por el contrario, son así Juntas de Acción Comunal de los barrios aledaños, quienes deben impulsar campañas de aseo y cultura ciudadana de no arrojar basuras al Canal Tintal III”.
De igual forma, señaló que “la Empresa ha realizado mantenimientos continuos al Canal, dejándolo en buenas condiciones hidráulicas y estructurales de funcionamiento” (fl. 71 ib.).
Además de lo anterior, anexo al escrito un memorando interno, donde informa las actividades ejecutadas en el sector, en el cual señala entre otras cosas que
“lamentablemente a pesar de las actividades de saneamiento básico efectuadas en el sector, el notable incremento de desechos sólidos provenientes del mal manejo de residuos de origen doméstico por parte de personas inescrupulosas que vierten al sistema de alcantarillado o canales, hace que resulten infructuosas las labores de mantenimiento efectuadas por la EAAB”.
D. Respuesta emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente.
En comunicación de febrero 18 de 2011, la Directora Legal Ambiental de la mencionada Secretaría señaló que
“dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente no se encuentra la de dirimir controversias suscitadas entre la comunidad y las empresas de servicios públicos domiciliarios, entre las cuales se encuentra la... Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”.
En el mismo sentido, adujo que
“es claro que la obligación de recibir y transportar los residuos líquidos de los usuarios incluyendo el compromiso de transporte y disposición final de dichos residuos se encuentra a cargo de la EAAB salvo que ésta no cuente con redes o que el usuario tenga otro medio de disposición de sus residuos, siendo evidente que en el caso que nos ocupa no se configura ninguna hipótesis eximentes de responsabilidad de la empresa al tenor de su propio contrato de prestación de servicios. Cosa distinta es que debido a la falta de mantenimiento de esas redes, ellas colapsen y se presenten los insucesos que fundadamente denuncia la parte actora, pues hechos de tal magnitud podrían llegar a afectar el ambiente”.
E. Respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno.
En memorial presentado el 18 de febrero de 2011, la jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, indicando obrar en representación de la alcaldía local de Bosa, se opuso a la prosperidad de la acción incoada, señalando que
“de la acción de tutela se puede inferir con claridad meridiana que el tutelante esta impetrando una acción que va encaminada a la protección de los derechos de un colectivo de personas del Barrio Santiago de las Atalayas I sector. Situación que fuerza concluir que en el presente asunto, la titularidad de derechos cuya protección se pide no se configuran dentro de los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección individual y subjetivo, mediante el cual se busca la defensa efectiva de los derechos constitucionales fundamentales de la personas, frente a una vulneración o amenaza por parte de una autoridad pública o de los particulares, en los eventos previstos en la ley, disponiendo los accionantes entonces, de las acciones colectivas o populares para la protección de sus derechos” (fl. 100 cdno. inicial).
Por lo anterior, considera que
“no aparece demostrada ni la vulneración de derecho constitucional fundamental alguno, ni prueba que permita acreditar la amenaza o violación de los derechos, la tutela es improcedente, disponiendo los accionantes entonces, de las acciones colectivas o populares para la protección de sus derechos”.
Mediante fallo de febrero 25 de 2011, el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá negó el amparo demandado, estimando (fls. 108 a 111 cdno. inicial):
“... en síntesis se trata de una controversia presentada con respecto del mantenimiento dado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C., al Canal El Tintal III, frente a la molestia presentada por los propietarios, poseedores y tenedores de más de 4.800 unidades de vivienda habitacional que se encuentra ubicada en el barrio de Santiago de las Atalayas I, lo que puede ser materia de debate mediante la acción popular”.
Finalizó reafirmando que
“la existencia de un derecho colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho subjetivo, puesto que en el proceso de tutela debe probarse la existencia de un daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, por cuanto aceptar que la competencia correspondiente cabe dentro de las atribuciones subsidiarias del juez de tutela, implicaría que este, sin consideración a la autonomía funcional que la Constitución reconoce a quienes administran justicia o se ocupara de la cuestión litigiosa expresamente reservada a otro tipo de acción como lo es la Popular”.
En escrito presentado en marzo 7 de 2011, los actores impugnaron el referido fallo al no estar de acuerdo con lo decidido, recordando que invocan
“la acción de tutela para que se ordene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, la corrección y sellamiento de cuatro desemboques erróneos de aguas negras que provienen del alcantarillado y son recibidos por el canal El Tintal III, así como también su fumigación y limpieza, las cuales con su ausencia ha propiciado un ambiente de insalubridad con la propagación de malos olores, plagas de insectos y roedores, virosis, infecciones especialmente en la población más vulnerable como es el caso de las madres en periodo de gestación y lactancia así también como niños y ancianos”.
Así mismo, argumentaron que
“es inminente el perjuicio a nuestra comunidad vulnerable por ser estrato 1 y 2, de una localidad periférica como es la séptima de Bosa, que con el advenimiento de la temporada de lluvias, la vecindad a la circunscripción al rio Tunjuelito, que en esta localidad y zona fue tan dramática... en la época de diciembre de 2010 por las inundaciones que tantos estragos han causado al país, es cuando acudimos a la acción de tutela no solo para solicitar medidas preventivas... sino también debido a que es un trámite que no puede postergarse porque se encuentra en vilo la vida, integridad, dignidad, la salud, el derecho a un ambiente sano y decoroso, de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad” (fl. 145 ib.).
Mediante fallo de marzo 30 de 2011, el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión del a quo al considerar que la controversia que se suscito en el sentido de establecer
“si no se ha dado mantenimiento adecuado al Canal El Tintal II por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es un asunto que debe ser dirimido bien sea, a través de la acción popular donde se ventilan derechos colectivos (véase L. 472/98) o por la jurisdicción ordinaria, pues hay un conducto regular y no se puede pretender, que existiendo mecanismos idóneos, y encontrándose los accionantes en posibilidad de adelantar y obtener una decisión definitiva por parte del organismo competente, se prefiera intentar la protección última y especialísima de la acción de tutela que fue instituida para la protección de derechos”.
Anotó además que no vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable,
“toda vez que dentro del plenario no reposa prueba siquiera sumaria que demuestre la efectiva vulneración de los derechos alegados por los accionantes” (fl. 7 cdno. 2).
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los derechos invocados por Hernando Gómez y Doris Amanda Rodríguez Torres, a nombre propio y aduciendo representar a otros habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas Etapa 1, Localidad 7, de Bosa, D.C., son vulnerados por la EAAB, debido a que deben soportar “olores nauseabundos... proliferación de roedores y zancudos a tal punto que en ocasiones se hace insoportable la situación especial para los niños y adultos mayores los cuales presentan problemas en la piel, infecciones en la garganta, gripes y demás”, a causa de que el canal El Tintal III tiene vertimientos de aguas negras, sin ningún tipo de prevención.
Efectivamente, la Constitución tiene previsto en su artículo 88 que los derechos colectivos podrán ser amparados por medio de las acciones populares, reguladas en la Ley 472 de 1998. Pero, derivado de la previsión contenida en el inciso final del artículo 86 superior, “... o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo...”, que de suyo valida que la acción vaya también dirigida contra una empresa particular, los juzgadores deben ser especialmente cuidadosos y constatar si se presenta conexidad con la afectación de derechos fundamentales, en cuanto es trascendente que del atentado contra bienes colectivos se derive también la vulneración o amenaza de derechos individuales, o de un grupo concreto, como una familia, lo cual ha llevado a la jurisprudencia a determinar unas reglas de ponderación, como criterio auxiliar que el juez puede tener en cuenta para eventualmente conceder una tutela:(1)
3. La vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas...
4. El derecho a un ambiente sano.
5.1. Atendiendo los parámetros establecidos en los artículos 8º, 79, 80 y 95 numeral 8º de la Constitución, entre muchas otras normas superiores, se determinan los derechos y deberes generales que deben regir una correcta relación entre todas las personas y el medio ambiente.
5.2. En Sentencia C-671 de junio 21 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, se declaró la exequibilidad de la “Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”, que desarrolla
“los preceptos constitucionales que consagran la cooperación internacional en campos indispensables para la preservación de la salud y la vida de las personas, contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1º, 2º y 9º de la Carta. De igual forma, garantiza y respeta la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, que deben inspirar las relaciones internacionales en materia política, económica, social y ecológica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Estatuto Supremo”.
Dicho pronunciamiento hizo énfasis en
“la importancia de los diversos instrumentos internacionales para la protección del medio ambiente, como lo es la Enmienda bajo revisión, ya que ellos permiten concretar y hacer efectivas medidas y acciones para prevenir y contrarrestar las causas que lo deterioran, fijando políticas y metas específicas para cada país con el fin de eliminar o reducir las actividades que generan el impacto negativo sobre el ambiente, atendiendo el grado de injerencia de cada país sobre aquél, siendo de especial consideración los países en vías de desarrollo”. De igual forma, señaló:
“... la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Artículo 366 C.P.
La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado social de derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado ‘Constitución ecológica’, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección” (no está en negrilla en el texto original).
5.3. En Sentencia T-760 de septiembre 25 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se efectuó de nuevo mención a la Constitución “ecológica o verde”, cuando a partir de 1991 se “modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza”. De igual forma, en esa providencia constan, entre otras, las siguientes consideraciones:
“... no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han resaltado la relevancia jurídica y práctica del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano así como su conexión con derechos como la vida y la salud. Específicamente, en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoció que éste constituye un medio real para posibilitar la vida del hombre en el planeta.
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde(4) la Declaración de Estocolmo de 1972(5), la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982(6), la Declaración de Río(7) y la Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas) se reconoció la existencia de un lazo entre la verdadera realización global de la dignidad humana y un medio ambiente de calidad. Por ejemplo, en el último de los instrumentos mencionados, entre otras, se consignó la siguiente declaración: ‘los hombres y las mujeres tienen derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tienen la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras’; asimismo enseguida se afirmó: ‘la creciente degradación del medio ambiente podría poner en peligro la propia base de la vida’; y finalmente, a partir de éstas, la Asamblea reconoció que ‘toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar’”.
5.4. Es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU(8), organismo que procura manifestarse como celoso defensor del ambiente, con frecuencia derivado hacia el frágil concepto de “desarrollo sostenible”, que “satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.
6.2.1. Los accionantes manifiestan actuar en representación de otros habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas Etapa 1, Localidad 7, de Bosa, D.C., en calidad de presidente y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de dicho sector, indicando que debido a los vertimientos de aguas negras a la vista, que sin ningún tipo de mantenimiento tiene el canal El Tintal III, han venido soportando “olores nauseabundos... proliferación de roedores y zancudos”, situación que es vulneradora de varios derechos fundamentales de los residentes de la zona, en especial “los niños y adultos mayores los cuales presentan problemas en la piel, infecciones en la garganta”.
6.2.2. Según respuesta emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, se tiene que “Respecto a la presencia de aguas negras y mantenimiento del Canal El Tintal III: Se observó la existencia de 4 descargas de aguas residuales, debido a la existencia de conexiones erradas al sistema de alcantarillado pluvial que alimenta dicho Canal, de las cuales dos se encuentran localizadas al inicio del Canal y dos en la margen derecha. Esta entidad ofició a la EAAB Zona 5 para que realice el mantenimiento pertinente sobre el Canal” (ago./2009, fls. 26 y 27 ib., está en negrilla en el original).
6.2.3. Por su parte, la EAAB, una vez “programó a partir del 27 de julio de 2010... la inspección de estas redes públicas; en aras de identificar el punto de origen de las conexiones erradas al sistema de alcantarillado pluvial aferente al Canal Tintal III”, informó que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones de mantenimiento del canal Tintal III, realizándole mantenimiento continuo y dejándolo en buenas condiciones hidráulicas y estructurales de funcionamiento, “pero las labores de saneamiento efectuadas se ven menoscabadas por las actividades de los habitantes de este sector quienes depositan residuos sólidos en el mismo afectando el medio ambiente”.
6.4. No obstante lo anterior, de las circunstancias expuestas por los actores y de las pruebas contenidas en el presente expediente, se desprende también una situación que denota contradictorios conceptos, los cuales llevan a deducir la complejidad del cotidiano problema social y ambiental, que se vive en el Barrio Santiago de las Atalayas, Etapa 1, Localidad 7 de Bosa, D.C. el cual linda con el Canal El Tintal III, por lo cual se hace necesario disponer el seguimiento correspondiente.
Así, esta Corte se ve en la obligación de requerir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que disponga la realización de estudios técnicos, que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente el problema del afloramiento de aguas negras, que debe ejecutar eficientemente en un lapso no superior a seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, reportando las actuaciones trascendentes que vaya realizando, no solo al Juzgado de primera instancia, 9º Civil Municipal de Bogotá, sino a la Secretaría Distrital de Ambiente, información que será constatada con la colaboración de la Personería y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, al igual que por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dependencias a las que se enviará copia de esta providencia, para que en ejercicio de sus respectivas funciones también vigilen que la EAAB apropiadamente blinde el canal El Tintal III de vertimientos de aguas servidas y realice periódicamente sobre él las apropiadas labores de mantenimiento, sondeo y limpieza.
En lo exclusivamente atinente a la acción de tutela instaurada por Hernando Gómez y Doris Amanda Rodríguez Torres, aduciendo representación de otros habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas Etapa 1, Localidad 7 de Bosa, D.C., contra la EAAB, esta Sala Sexta de Revisión confirmará el fallo que se revisa, proferido en marzo 30 de 2011 por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, que en su momento confirmó el dictado en febrero 25 de 2011por el Juzgado 9º Civil Municipal de la misma ciudad.
1.CONFIRMAR el falloproferido en marzo 30 de 2011 por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, confirmatorio del dictado en febrero 25 de 2011por el Juzgado 9º Civil Municipal de la misma ciudad, que denegó la tutela solicitada por Hernando Gómez y Doris Amanda Rodríguez Torres, a nombre propio y aduciendo representación de otros habitantes del Barrio Santiago de las Atalayas, Etapa 1, Localidad 7 de Bosa, D.C., contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
2. REQUERIR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, para que disponga la realización de estudios técnicos, que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente el afloramiento de aguas negras, lo cual debe ejecutar eficientemente en un lapso no superior a seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia y reportar las actuaciones trascendentes que vaya realizando, no solo al Juzgado de primera instancia, 9º Civil Municipal de Bogotá, sino a la Secretaría Distrital de Ambiente, información que será constatada con la colaboración de la Personería y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, al igual que por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dependencias a las que se enviará copia de esta providencia, para que en ejercicio de sus respectivas funciones también vigilen que la EAAB apropiadamente blinde el canal El Tintal III de vertimientos de aguas servidas y realice periódicamente sobre él las apropiadas labores de mantenimiento, sondeo y limpieza.
(2) Artículo 4º, Const.
(4) “La doctrina que ha estudiado la formación del Derecho Internacional del Medio Ambiente ha definido las características que regían este tipo de normatividad antes de la Declaración de Estocolmo en 1972: (i) ‘la mayoría de reglas internacionales sobre la conservación del medio ambiente se presentó dispersa en tratados bilaterales concertados en el marco tradicional de la cooperación transfronteriza’ (...); (ii) ‘los pocos tratados multilaterales concluidos con un objetivo medioambiental específico se limitaron, bien a proteger ciertas especies (de flora y fauna), elegidas en su mayoría por su mera utilidad económica (...)’. Vid. Remiro Brotóns, Antonio. Derecho Internacional. Capítulo XXXIX, pág. 1126. McGraw-Hill, Madrid, 1997”.
1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. (...).
(8) http://www.un.org/es/

References: artículo 88
 artículo 86
 artículo 226
 Artículo 366
 Resolución 
 Artículo 4