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Timestamp: 2020-07-09 15:02:35+00:00

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Derecho Constitucional Y Derecho Ordinario Una Estrecha Y Permanente Relación A Partir De La Constitución: Un Análisis De Legislación Comparada | Constitución | Caso de ley
Derecho Constitucional Y Derecho Ordinario Una Estrecha Y Permanente Relación A Partir De La Constitución: Un Análisis De Legislación Comparada
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7 MODELO CONSTITUCIONAL EUROPEO
DOI: 10.5433/2178-8189.2017v21n2p10
* Doutor e Mestre em Direito Pela Universidad de los An- des (Santiago- Chile). Gra- duado em Direito pela Uni- versidad de Atacama (Chile). Professor na Universidad de Atacama (Chile). Advogado. Email: emilio.garrote@uda.cl
Constitutional Law And Law Ordinary Close And Permanent Relationship From The Constitution:
An Analysis Of Comparative Law
Emilio Alfonso Garrote Campillay*
Como citar: CAMPILLAY, Emilio Alfonso Garrote. Derecho Constitucional y Derecho
Ordinario na estrecha y permanente relación
a partir de la constitución: un análisis de
legislación comparada. Scientia Iuris, Londrina, v. 21, n. 2, p. 10-40, jul. 2017. DOI:
10.5433/2178-8189.2017v21n1p10. ISSN:
2178-8189.
Resumen: En el presente trabajo se propone un concepto de Derecho y de Constitución a partir del cual se analizan las principales normas contenidas en los textos constitucionales de Italia, Alemania, Francia, Portugal y España a objeto de demostrar la estrecha y directa relación que existe entre el Derecho Ordinario
y el Derecho Constitucional a través de la
Constitución. Relación a partir de la cual,
SCIENTIA IURIS, Londrina, v.21, n.2, p.10-40, Jul.2017 DOI: 110.5433/2178-8189.2017v21n2p10
el Derecho Constitucional gozaría de una especial posición dentro del ordenamiento jurídico de cada Estado, lo que en ningún caso implica que la Constitución agote o contenga todo el Derecho.
Palabras claves: Constitución. Derecho. Derecho Constitucional. Derecho Ordinario.
Abstract: This paper proposes a concept of law and constitution, from which the main rules contained in the constitutional texts of Italy, Germany, France, Portugal and Spain are analyzed in order to demonstrate the close and direct relationship between the Ordinary Law and Constitutional Law through the Constitution. A relationship from which Constitutional Law would enjoy a special position within the legal system of each State, which in no case implies that the Constitution exhausts or contains the entire Law.
C o n s t i t u t i o n .
L a w. law.
Existe una estrecha y permanente relación entre el Derecho Ordinario y el Derecho Constitucional a partir de la propia Constitución gozando el Derecho Constitucional de una especial posición en el ordenamiento jurídico. Pero ello en ningún caso implica que la Constitución debe contener todo el Derecho cuando ni siquiera agota el Derecho Constitucional (UPRIMNY, 2006, p. 25; NÚÑEZ, 2015, p. 157 ss.). La Constitución es norma jurídica y a la vez una norma política,
pero en lo que tiene de jurídico, debe contener lo estrictamente jurídico, esto es, aquello que es justiciable. Sin embargo, en el último tiempo, es posible observar una tendencia generalizada a pensar que todo el Derecho debe estar vertido en
la principal norma jurídica de un ordenamiento, esto es, en la Constitución.
Así todo se ha constitucionalizado ´´[…] Las constituciones europeas posteriores a la II Guerra Mundial, tratando de evitar los atropellos a los derechos fundamentales de los regímenes totalitarios y acogiendo también principios de la llamada democracia social, abandonan la aproximación clásica de regular únicamente el funcionamiento del poder, y pasan a explicitar cuáles son los principios morales básicos que sustentan y hacen posible un régimen democrático, elevan a la categoría de normas constitucionales los derechos fundamentales de las personas, y, lo que es más relevante, establecen mecanismos jurisdiccionales especiales para hacer efectivos dichos derechos” (CORRAL, 2004, p. 50).
Lo que implica en la práctica convertir al principal intérprete
de la ley suprema, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional
o Suprema Corte, en el “nuevo señor del Derecho” controlando tanto el
Derecho Ordinario como el Derecho Constitucional (ZAGREBELSKY, 1995, p. 33 y ss.). Una especie de tercera rama legislativa (cuestión que
escapa al objeto de este trabajo). Así por ejemplo, en los Estados Unidos, sin necesidad de reformar la Constitución, la Corte Suprema comienza
a hacer interpretaciones que le permiten incursionar en el derecho de
familia y en otras materias de derecho privado utilizando los textos a la luz de las nuevas concepciones (CORRAL, 2014, p. 1). A objeto de evitar equívocos estimo necesario aclarar y declarar lo que entiendo por Constitución y por Derecho. Y no partir del supuesto errado a mi juicio, de que todos estamos de acuerdo en todo, y que cuando hablamos de Constitución o Derecho, entre otros temas, todos tenemos las mismas concepciones. Para ello la investigación comienza determinando y proponiendo un concepto de Derecho y de Constitución
a partir del cual se analizan las principales normas contenidas en las
constituciones de Italia, Alemania, Francia, Portugal y España a objeto de demostrar y dar cuenta de la estrecha y permanente relación que existe entre el Derecho Ordinario y el Derecho Constitucional a partir de la Ley Suprema o Fundamental, gozando el Derecho Constitucional de una posición especial en los sistemas objeto de la presente investigación. Lo que en ningún caso implica que la Constitución agote o contenga todo el Derecho (GARROTE, 2012, p.1) Una aproximación al concepto de Derecho puede efectuarse a partir de dos grandes sistemas jurídicos occidentales, a saber, el sistema del Common Law y el sistema romanista continental (PEREIRA, 2006, p. 14). La concepción anglosajona se destaca por su no estatismo. Por ello, la Constitución no nace como un Derecho distinto, segregado del resto y referido exclusivamente a la cosa pública, sino más bien, como una extensión de los principios del Derecho privado a los asuntos políticos
(DICEY, 1982, p. 1). Nació, por tanto, desde abajo hacia arriba. La Constitución es tan jurídica como el resto de las leyes, es “el Derecho del país”, Ley de la tierra en la Carta Magna (art. 39) y Ley suprema de la nación en la Constitución norteamericana (art. 7). Estas constituciones son judicialistas, más bien pragmáticas, sobrias de palabras, poco ideológicas, en las que existe bastante acuerdo sobre las cuestiones fundamentales (PEREIRA, 2006, p. 16). En cambio, la concepción europea continental originariamente se caracteriza por el fuerte estatismo jurídico y político. La Constitución nace como una ley cualitativamente distinta de las privadas. El Derecho Público se concibe a partir de la idea de Estado y de soberanía. Es una super ley, que trata poco respecto de las materias concernientes a las otras leyes, e incluso deja al Código Civil definir los principios generales del ordenamiento jurídico. No son judicialistas (PEREIRA, 2006, p. 15). Son más bien retóricas e ideológicas y menos pragmáticas. Reflejan sociedades más inestables, por ende su duración es más breve. Sin acuerdo sobre lo fundamental y no aplicables en un litigio.
1 CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN
Lo primero a considerar es que Constitución y Derecho no son términos sinónimos y mucho menos unívocos (PEREIRA, 2006, p. 13). La Constitución no contiene todo el Derecho; o dicho en otras palabras, el Derecho no se agota en la Constitución (KELSEN, 1987; HOBBES, 1997; ROSS, 1970; BOBBIO, 1965; HART, 1995). Ni siquiera contiene todo el derecho constitucional (NOGUEIRA, 2015, p. 313). Tomando como base nuestra propia Constitución, en su artículo 5º inciso segundo señala que también forman parte de “lo constitucional” los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana contenidos en los tratados internacionales (NOGUEIRA, 2015, p. 304), bajo la condición que hayan sido ratificados y se encuentren vigentes (NOGUEIRA, 2015, p. 306). Caso contrario, no existirían la equidad, Derecho natural, ni los principios generales del Derecho como parte del ordenamiento jurídico, y, por tanto, que pudieran ser invocados ante un juez, salvo y en la medida en que la ley de leyes los reconozca (PEREIRA, 2006, p. 17). En un primer momento la Constitución fue entendida como un documento político muy importante, pero sin valor jurídico inmediato (MARTÍNEZ, 2006, p. XIII). En palabras de Pereira Menaut “Invocarla ante un juez no sólo carecía de sentido, sino que, además, suponía pasar por alto que la máxima norma a la que aquél debía someterse era la Ley” (PEREIRA, 2006, p. 12). Por su parte, el Derecho se reducía a un puro conjunto de normas, confundiéndose con el poder, ya que éstas son producidas por el poder. A partir de la Segunda Guerra Mundial va a cambiar esta visión de Constitución (KELSEN, 1987; SMEND, 1985; BASSA, 2008; LASSALLE, 2012); la que pasa a ser entendida como “un instrumento de limitación del poder y de garantía de la dignidad y derechos consustanciales del ser humano, y que en tal sentido es tan política como jurídica” “Y en lo que tiene de jurídico es una norma justiciable, o sea, directamente aplicable” (MARTÍNEZ, 2006, P. XIV). Se trata de la norma jurídica más importante. Pero ello no significa que agote todo el Derecho (Nogueira, 2015, p. 312), ni que sea la fuente última de la juridicidad” (MARTÍNEZ, 2006, p. XVI). En el mismo sentido el profesor Pereira Menaut señala lo que es una Constitución tanto material como formal (BELLAMY (1996); DWORKIN, 1984; RAWLS, 1971; VINOGRADOFF, 1967). “En sentido material la Constitución es una
limitación del poder, llevada a cabo por medio del Derecho y afirmando una esfera de derechos y libertades a favor de los ciudadanos”. “En sentido formal, es el documento (o documentos) legal que recoge todo lo dicho, pero al que no se le puede atribuir valor más que si se observa la realidad en un grado mínimamente razonable, puesto que tener una espléndida constitución, en sentido formal, está al alcance de cualquiera” (PEREIRA, 2006, p. 5 y ss.). Concepto al cual adhiero y es el que he seguido en la investigación.
2 CONCEPTO DE DERECHO
Determinar qué es el Derecho no es tarea fácil. De hecho, no hay uno sino que muchos conceptos de Derecho (HART, 1963; FINNIS, 2000; SQUELLA, VILLAVICENCIO Y ZÚÑIGA, 2012). Por mi parte, adhiero al concepto dado por el profesor Pereira Menaut en su obra Teoría Constitucional y otros Escritos, quien al respecto señala “[…] el Derecho forma un repertorio de soluciones para casos de conflictos basadas en criterios de justicia natural y procedimental. No necesariamente forma una pirámide, un sistema, ni un ordenamiento”. Luego agrega “[…] existe Derecho cuando un tercero imparcial y que no ha sido nombrado por ninguna de las partes, hallándose éstas en pie de igualdad ante el juzgador y ante las reglas que va a aplicar.
Se produce por medio de sentencias, contratos, normas y costumbres. En su producción intervienen, además, los principios, la equidad, las opiniones de autoridad y las reglas jurídicas naturales. Se expresa, sobre todo, a través de las sentencias judiciales” (PEREIRA, 2006, p. 18). Se trata de un concepto judicialista, similar al de Álvaro d`Ors, para quien “el Derecho vigente es el que resulta de las sentencias
de los jueces” (D`ORS, 2001, p. 18; 1973, p. 47 ss.). 3. Relación entre la Constitución y el Derecho Ordinario o Común
A partir de la concepción de Constitución en su aspecto normativo, esto es como una norma justiciable o directamente aplicable, sumada a la existencia de un órgano encargado de su interpretación y aplicación, la relación entre ella y el Derecho ordinario es cada vez más estrecha. Cualquier asunto, incluso de naturaleza privada -por ejemplo, la propiedad sobre un determinado bien-, puede constitucionalizarse (CORRAL, 2004, p. 50). Así las cosas, quienes lo tendrán que resolver, ya sea de manera directa o indirecta, dependiendo del sistema de control constitucional que exista, serán los jueces constitucionales. Por eso, y con razón, Zagrebelsky señala que los jueces constitucionales son los “nuevos señores del Derecho” (ZAGREBELSKY, 1995, p. 33 y ss.). Así, los Tribunales Constitucionales u órganos encargados de determinar el sentido y alcance de la Ley Suprema controlan tanto el Derecho constitucional como el Derecho no constitucional u ordinario (ALONSO, 1998, p. 24). En especial, en aquellos países donde tienen competencia en materia de Derechos Fundamentales (SILVA, 2006, p. 321 y ss.). El sistema Alemán es un claro ejemplo de este fenómeno. El Tribunal Constitucional Federal Alemán (en adelante TCFA), es el verdadero señor del Derecho. Esto es así en la medida en que el concepto de Constitución sea el de norma normarum, o el alemán que entiende que la Constitución es una representación de “valores”. Lo mismo sucede, aunque en menor grado, con el Tribunal Constitucional Español (en adelante TCE), por la vía del amparo constitucional (ALONSO, 1998, p. 24 y ss.), y con el Consejo Constitucional francés (en adelante CCF), a partir de su competencia para conocer de la cuestión prioritaria de
constitucionalidad. Quizás, con mayores reparos, lo mismo se podría decir del Tribunal Constitucional Chileno (A través del principio de igualdad
y del derecho de propiedad, el Tribunal Constitucional Chileno controla
tanto el derecho constitucional como el derecho ordinario o común), en
particular debido a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 1980, ART. 93 N° 6 Y 7). Sin embargo, hay que tener en consideración las nuevas estructuras jurídicas y políticas (AGUILAR, 2015, p. 277). Éstas han permitido que el Derecho ya no se construya desde arriba hacia abajo, al estilo Kelseniano. La vieja forma piramidal ha quedado atrás, dando paso
a un nuevo paisaje jurídico y político, sobre todo en Europa, con un nuevo
tipo de Constitución y comunidades políticas postmodernas. En palabras de Pereira Menaut “[…] nos estamos encaminando hacia constituciones post-soberanas, post-estatistas, articuladas en varios niveles de gobierno, de jurisdicción y de ordenamientos jurídicos desde el nivel continental hasta el regional; constituciones que pueden no ser normae normarun ni cúspides de sus ordenamientos jurídicos; constituciones adecuadas para comunidades políticas integradas en otras comunidades políticas mayores e integradas, a su vez, por otras comunidades políticas menores” (PEREIRA, 2003, p. 125 y ss.). En el mismo sentido, Zagrebelsky al referirse al Derecho en el Estado Constitucional actual señala que “[…] si pensásemos, mediante una transposición del viejo orden conceptual, en una mecánica unificación de arriba hacia abajo, por medio de una fuerza jurídica jerárquicamente superior que se desarrolla unilateral y deductivamente a partir de la Constitución, invadiendo todas las demás y subordinadas manifestaciones del derecho, andaríamos completamente errados. Estaríamos proponiendo
de nuevo un esquema que simplemente sustituye la soberanía concreta del soberano (un monarca o una asamblea parlamentaria), que se expresaba en la Ley, por una soberanía abstracta de la Constitución. Semejante sustitución no es posible y nos conduciría a un mal entendimiento de los caracteres del Estado Constitucional actual” (ZAGREBELSKY, 1995, p. 40 y ss.).
Hoy en los estados constitucionales ya no hay en absoluto la unificación característica del estado de derecho del siglo XIX. Por el contrario, existe una serie de divisiones o pluralidad de ordenamientos jurídicos que conviven entre sí. Y ya no es posible su unidad en términos lineales con que en el pasado se realizaba su coherencia bajo la ley. Se hace necesario entonces prestar atención a las separaciones que constituyen la novedad de los ordenamientos jurídicos del siglo XX, que hacen del iuspositivismo jurídico decimonónico un puro y simple residuo histórico (ZAGREBELSKY, 1995, p, 41).
4 DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO COMÚN A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN
Corresponde ahora analizar esta relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Ordinario a partir de las Constituciones de legislación comparada. A saber: Italia, Alemania, Francia, Portugal, España. Para estos efectos daremos cuenta de las principales normas contenidas en los respectivos ordenamientos a partir de las diversas Constituciones, las que en mi opinión demostrarían la estrecha y permanente relación entre el orden ordinario y el orden constitucional. En otras palabras, cómo a partir de las respectivas Constituciones se establecen diversos puntos de conexión ya sea con el derecho anterior
y posterior a la Constitución; el derecho interno y el derecho externo
o entre el Derecho Común y el Derecho Constitucional. Dándole una especial posición al Derecho Constitucional.
4.1 Constitución italiana de 1 de enero de 1948
En el caso italiano podemos encontrar diversas normas que dan cuenta de la estrecha relación que existe entre el orden ordinario y el orden constitucional. Tanto a nivel interno como externo. Entre el derecho anterior y posterior a la Constitución. Lo que de alguna manera refleja la especial posición que ha ido adquiriendo el Derecho Constitucional dentro de los respectivos ordenamientos jurídicos. Así su artículo 10
declara que el ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional generalmente reconocidas. La situación promoverá
y favorecerá las organizaciones internacionales encaminadas a ese fin.
Por su parte, el artículo 54.1 dispone que todos los ciudadanos tendrán el deber de ser fieles a la República y de observar la Constitución y las
leyes. A su vez el artículo 71 señala que la iniciativa de las leyes pertenece
al Gobierno, a cada miembro de las Cámaras y a los órganos y entidades
a los cuales se ha conferido este derecho por una ley constitucional. El artículo 101.1 declara que la justicia se administrará en nombre del pueblo. Los jueces sólo estarán sometidos a la ley. Por su parte, el artículo 101.2 se refiere a las competencias del Tribunal Constitucional sobre las controversias de legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con fuerza de ley, del Estado y de las Regiones, sobre los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y sobre los que surjan entre el Estado y las Regiones y los de las Regiones entre sí; sobre las acusaciones promovidas contra el Presidente de la República,
conforme con las normas de la Constitución. En sus disposiciones transitorias y finales la Constitución italiana se refiere a la compatibilidad entre el derecho ordinario o común anterior con el Derecho Constitucional. Así, en su disposición quince, al respecto señala que al entrar en vigor la Constitución se tendrá por convertido en ley el decreto ley lugartenencial de 25 de junio de 1944, número 151, sobre la ordenación provisional del Estado. Por su parte, la disposición dieciséis dispone que en el plazo de un año de la entrada en vigor de la Constitución se procederá a la revisión y a la coordinación con ella de las leyes constitucionales anteriores que no hayan sido hasta ahora explícita o implícitamente derogadas. Cada una de las normas antes trascritas demuestra la importancia
y el rol de la Constitución en el sistema jurídico italiano. Hay una clara
recepción del derecho internacional en el orden jurídico interno a partir de
la Ley Suprema. El constituyente derivado permanentemente hace alusión
tanto a la Constitución como a la ley. De esa manera va estableciendo diversos puntos de conexión, estrechando la relación entre el derecho ordinario y el derecho constitucional. No deja de llamar la atención el hecho de que la Constitución, al igual que en el caso español, sólo
someta al Poder Judicial a la ley, debiendo éste estar sometido tanto a la Constitución como a la ley, y a las demás normas dictadas conforme
4.2 Constitución alemana de 23 de mayo de 1949
Al igual que en el caso anterior, la Constitución alemana contiene diversas disposiciones en virtud de las cuales se pretende reflejar la especial posición e importancia del Derecho Constitucional, así como
también las relaciones de éste con el derecho ordinario o común. Así, su artículo 20.3 dispone que el Poder Legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes Ejecutivo y Judicial, a la ley y al Derecho. Por su parte, el artículo 20 a dispone que el Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del ordenamiento constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el Derecho, por medio de los poderes Ejecutivo y Judicial. A su vez, el artículo 23.1 señala que para la realización de una Europa unida la República Federal Alemana contribuirá al desarrollo de la Unión Europea, que está obligada a la salvaguardia de los principios democráticos, del Estado de Derecho, social y federativo y del principio de subsidiariedad y garantizará una protección de los derechos fundamentales comparable en lo esencial a la asegurada por la presente Ley Fundamental. A tal efecto, la Federación podrá transferir derechos de soberanía por una ley que requiere la aprobación del Bundesrat. De acuerdo con el artículo 25, las reglas generales del Derecho internacional público son parte integrante del Derecho federal. Tienen primacía sobre las leyes y crean directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal. Por su parte, el artículo 31 declara que el Derecho federal deroga el derecho de los Lander. El artículo 56 dispone que al tomar posesión de su cargo, el Presidente Federal prestará ante los miembros reunidos del Bundestag y del Bundesrat el siguiente juramento: “Juro consagrar mis fuerzas al bien del pueblo alemán, acrecentar su bienestar, evitarle daños, salvaguardar y defender la Ley Fundamental y las leyes de la Federación, cumplir mis deberes escrupulosamente y ser justos con todos. Que Dios me ayude”. Por su parte el artículo 70.1 declara que los Lander poseen el
derecho de legislar en tanto la presente Ley Fundamental no lo confiera a la Federación. Asimismo, de acuerdo con el artículo 93.2, la Corte Constitucional Federal decide en caso de controversias o dudas relativas a la compatibilidad formal y material de la normativa federal o de los Lander con la presente ley Fundamental, o la compatibilidad del Derecho federal, a petición del Gobierno Federal, del Gobierno de un Land o de un cuarto de los miembros del Bundestag. En sus disposiciones transitorias y finales, la Constitución alemana se refiere a la vigencia y compatibilidad entre el Derecho común anterior a la Constitución y el Derecho Constitucional. Así, su artículo 123.1 y 2 declara que el derecho vigente antes de la reunión del Bundestag continuará en vigor, siempre que no contradiga la presente Ley Fundamental […]. Por su parte el artículo 124 declara que el derecho que se refiere a materias de la legislación exclusiva de la Federación se transforma en Derecho federal dentro del ámbito de su vigencia. Asimismo, de acuerdo con el artículo 126, las controversias sobre la continuidad de la vigencia de las normas, como Derecho federal, serán resueltas por la Corte Constitucional Federal. La Constitución alemana, como se ha podido constatar, contiene normas que no sólo reflejan la importancia y especial posición del Derecho Constitucional, sino también disposiciones que le otorgan una primacía a las normas generales del Derecho internacional público sobre el derecho común, creando directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal. La Corte Constitucional Federal tiene competencia para pronunciarse sobre la vigencia del derecho anterior y posterior a la Constitución. El legislador por mandato directo de la Constitución está sometido al orden constitucional. Mientras que el Ejecutivo y Judicial están sometidos al legislador y al Derecho. En este último caso se habla
de la ley y el Derecho como si fueran cosas distintas. Debe entenderse que cuando se hace referencia al Derecho quiere significar que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial también están sometidos a la Ley Fundamental, la cual sin duda también es parte del Derecho.
4.3 Constitución francesa de 4 de octubre de 1958
Corresponde ahora analizar la Constitución francesa, con el objeto de determinar si a partir de sus disposiciones se puede extraer la relación entre el Derecho constitucional y el derecho ordinario, entre el derecho anterior y posterior a la Constitución, que de alguna manera nos permita determinar la especial posición del Derecho Constitucional dentro del sistema francés. Así, su artículo 1.1 declara que Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada. Por su parte, el artículo 4.3 dispone que la ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y las agrupaciones políticas a la vida democrática de la Nación.
El artículo 5.1 dispone que el Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado. A su vez, el artículo 10.1 señala que el Presidente de la República promulgará las leyes dentro de los quince días siguientes a la comunicación al Gobierno de la ley definitivamente aprobada. Por su parte, el artículo 37.1 establece que la ley y el reglamento pueden contener disposiciones de carácter experimental para una duración y un
fin determinados. Asimismo, de acuerdo con el artículo 46.1, las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas serán votadas y modificadas en las siguientes condiciones […]. Si bien en el caso francés también existen disposiciones que hacen referencia tanto a la propia Constitución como a la ley o, dicho de otro modo, al Derecho Constitucional y al Derecho Ordinario o Común, no es tan clara como en los casos anteriores la especial posición del Derecho Constitucional dentro del ordenamiento jurídico francés. Tampoco posee una norma que dé cuenta con tanta claridad, como en el caso alemán, sobre la recepción del derecho internacional en el orden interno. Lo mismo puede decirse respecto de la compatibilidad y vigencia del derecho anterior a la Constitución. En la mayoría de sus pasajes el texto constitucional se remite más a la ley que a la propia Constitución. Lo que obedece, entre otras razones, a una cuestión histórica, dada la primacía del Parlamento. La ley era considerada una emanación de la voluntad del pueblo, por lo que no podría equivocarse. Luego, un control constitucional respecto de ésta se tornaría inútil, ya que la ley, en cuanto emanación del pueblo soberano, era considerada ella misma soberana. Sólo en el último tiempo el Derecho Constitucional ha adquirido relevancia y una verdadera importancia dentro del ordenamiento jurídico francés. Se debe tener presente que la Corte Constitucional Francés en el último tiempo ha operado como un verdadero Tribunal Constitucional; antes sólo existía un control a priori de la ley. En el año 2010, a partir del mes de marzo, se comienza a controlar la ley vigente a través de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, pero limitada a la infracción de derechos fundamentales (Ley Orgánica Constitucional Nº 2009-1523 de 10 de diciembre de 2009).
4.4 Constitución de Portugal de 2 de abril 1976
La Constitución portuguesa en diversas disposiciones da cuenta de la relación entre la Constitución y del derecho común, así
como también de la compatibilidad entre el derecho anterior y posterior
a la Ley Suprema. Así, su artículo 2 declara que la soberanía, una e
indivisible, reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita en la Constitución. Por su parte, el artículo 2 dispone que el Estado debe cumplir con la Constitución y con base en la legalidad democrática. A
su vez, el artículo 3.1 señala que la validez de las leyes y otros actos del Estado, comunidades autónomas, administración local y cualquier otro público depende de su conformidad con la Constitución. El artículo 8 dispone que las normas y principios del derecho internacional general o común forman parte integrante del derecho portugués. Por su parte el artículo 15.1 declara que los extranjeros, los apátridas, que se encuentren o residan en Portugal gozan de los derechos
y están sujetos a los deberes del ciudadano portugués. En el número 2
señala que quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior de los derechos políticos, el ejercicio de las funciones públicas que no tengan un carácter predominantemente técnico y los derechos y deberes reservados por la Constitución y por la ley a los ciudadanos portugueses exclusivamente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 16.1, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen ningún otro en las leyes y normas del derecho internacional. Por su parte, el artículo 18.2 declara que la ley sólo puede restringir los derechos, libertades y garantías en los casos previstos expresamente en la Constitución, las restricciones deben limitarse a lo necesario para salvaguardar otros
derechos o intereses constitucionalmente protegidos. A su vez, el
artículo 18.3 señala que las leyes que restringen los derechos, libertades
y garantías deben tener carácter general y abstracto y no pueden tener
efecto retroactivo o reducir la extensión y el alcance de la esencia de las disposiciones constitucionales. El artículo 19.7 señala que la declaración del estado de sitio o el estado de emergencia puede afectar la normalidad constitucional, de conformidad con la Constitución y la ley, no puede afectar la aplicación de las normas constitucionales sobre la jurisdicción y el funcionamiento de los órganos de soberanía y autonomía de Comunidades Autónomas
o de los derechos e inmunidades de sus respectivos propietarios. Por su
parte, el artículo el artículo 27.5 señala que la privación de libertad en contra de la Constitución y la ley dan origen a la obligación del Estado de indemnizar a la parte perjudicada por la ley. El artículo 52.1 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a presentar, en forma individual o colectiva, a los órganos de soberanía, los órganos de autogobierno de las comunidades autónomas o cualquier autoridad, peticiones, reclamaciones o quejas para proteger
sus derechos, la Constitución, la ley o interés y, también, el derecho a ser informados, en un plazo razonable, sobre los resultados de su evaluación. Por su parte, el artículo 61.1 señala que la empresa económica privada se ejercerá libremente en el marco establecido por la Constitución y la ley, y teniendo en cuenta el interés general. Asimismo, el artículo 103.3 declara que nadie puede ser obligado a pagar los impuestos que no han sido creados por la Constitución, que son retroactivos en vigor, o el pago
o cobro no se lleva a cabo de conformidad con la ley. El artículo 11.2 señala que ningún cuerpo soberano, región autónoma o municipio podrá delegar sus competencias en otros órganos,
salvo en los casos expresamente previstos y de acuerdo con la Constitución
y la ley. Por su parte, el artículo 112.3 declara que tienen la fuerza, además
de las leyes orgánicas, las leyes que requieren la aprobación por mayoría
de dos tercios, así como los que, según la Constitución, son requisitos
legales obligatorios u otras leyes que deben ser respetadas por los demás.
A su vez, el artículo 114.2 señala que se reconoce el derecho de las
minorías de la oposición democrática, conforme con la Constitución y la
ley. Asimismo, de acuerdo con el artículo 115.1, los ciudadanos votantes registrados en el país pueden ser llamados a gobernar directamente, y
en una unión, a través de un referéndum, por decisión del Presidente, a
propuesta del Parlamento o del Gobierno, en materias de su competencia, en los casos y de conformidad con la Constitución y la ley. El artículo 217.3 declara que la ley define las reglas y determina
la competencia para la asignación, transferencia y promoción, y para
ejercer el control disciplinario en relación con jueces de otros tribunales, con las garantías previstas en la Constitución. Por su parte, el artículo 223.1 dispone que la Corte Constitucional examina la inconstitucionalidad
e ilegalidad, en virtud de los artículos 277 y siguientes. A su vez, el
artículo 223.3 señala que el Tribunal Constitucional también realizará las demás funciones que le confieren la Constitución y la ley. Asimismo, de acuerdo con al artículo 271.1 y 2, son inconstitucionales las normas que contravengan la Constitución o los principios consagrados en ella.-Los tratados internacionales de inconstitucionalidad orgánicos o formales debidamente ratificados no se oponen a la aplicación de estas normas en el ordenamiento jurídico portugués, siempre que dichas normas se apliquen en el sistema de la otra parte, a menos que tal resultado de inconstitucionalidad genere la violación de una disposición esencial. La Constitución portuguesa también se pronuncia de manera
expresa sobre la vigencia del derecho común y constitucional anterior y posterior a la Constitución de 1974. Así, su artículo 290.1 declara que las leyes constitucionales posteriores al 25 de abril de 1974 por el presente capítulo no se considerarán leyes ordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Por su parte, el artículo 290.2 dispone que las leyes ordinarias antes de la entrada en vigor de la Constitución siguen vigentes, siempre que no sean contrarias a la Constitución o a los principios contenidos en la misma. La Constitución Portuguesa, de acuerdo con las normas revisadas, contiene diversas disposiciones que reflejan la especial posición del Derecho Constitucional. Cada una de estas normas demuestra el rol de la Constitución en el sistema jurídico portugués y la relación entre el orden ordinario o común y el orden constitucional, así como del derecho anterior y posterior a la Constitución, el que continúa vigente, siempre que no se oponga al Derecho Constitucional. La Constitución contiene una recepción expresa del derecho internacional dentro del orden jurídico interno al disponer que las normas y principios del derecho internacional general o común forman parte integrante del derecho portugués.
4.5 Constitución española de 6 de diciembre de 1978
La Constitución española de 1978 es la primera en la historia de España que puede invocarse ante los tribunales, aunque ninguna norma legislativa haya sido aprobada en conformidad con las disposiciones constitucionales (PEREIRA, 1999, p. 221 y ss.). Por eso en España, para algunos autores, el derecho constitucional no es sólo la rama más importante del Derecho, sino también su única rama sustantiva, la base de las demás ramas del derecho (civil, penal, administrativo, procesal). Se
trataría de una especie de nuevo Derecho Común básico o de “Common Law español” (FERNÁNDEZ, 1989, p. 37 y ss.), con la diferencia de que el Derecho Común antiguo era supletorio y no soberano (PEREIRA, 1999, p. 231). Los principios jurídicos tradicionales del Código Civil español
han perdido la supremacía indiscutida que mantuvieron durante un siglo,
y dan lugar a un derecho constitucional activista y autoexpansionista, que se impone sin discusión. Por lo menos hasta el momento en que el “Derecho Común” europeo-comunitario apareció con la misma tendencia expansionista, amenazando la supremacía de la Constitución española (PEREIRA, 1999, p. 222). La propia Constitución de 1978 contiene normas que pretenden reflejar esta especial posición del Derecho Constitucional. Así, su artículo 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político. Por su parte el artículo 9.1 dispone que los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. A su vez, el artículo 9.3 señala que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte el artículo 10.1 declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, de acuerdo
al artículo 103.1, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. De acuerdo al artículo 117.1, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Conforme al artículo 161.1, el Tribunal Constitucional Español (en adelante TCE) tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Por otra parte, en la disposición adicional primera la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. En cuanto a la compatibilidad entre el derecho anterior y la nueva Constitución, la disposición derogatoria tercera dispone que queden derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Por su parte, a nivel del ordenamiento común también podemos encontrar normas que dan cuenta de la relación entre las dos órdenes. Por
ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 6 de 1 de julio de 1985 (Boletín Oficial del Estado Nº 157, de 2 de julio de 1985; corrección de errores en Boletín Oficial del Estado Nº 264, de 4 de noviembre de 1985), y la Ley Orgánica del TCE Nº 2 de 3 de octubre de 1979 (Boletín Oficial del Estado Nº 239, de 5 de octubre de 1979). La Ley Orgánica del
Poder Judicial en su artículo 1 declara que la justicia emana del pueblo
y se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados integrantes
del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables, sometidos
únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. Asimismo, el artículo 3.1 señala que la jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados
y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
El artículo 4 señala que la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes. A su vez, el artículo 5.1 declara que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento
jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán
y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme con la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Asimismo, de acuerdo al artículo 6, los Jueces
y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Por su parte, la Ley Orgánica del TCE en su artículo 1.1 declara al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, estableciendo su independencia de los demás órganos constitucionales
y sometiéndolo sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.
Asimismo, el artículo 27.1 dispone que en los procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantizará la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. Cada una de las normas demuestra el rol y la importancia de la Constitución en el sistema jurídico español, destacando su carácter de norma jurídica vinculante. A partir de la Constitución pasando por las normas orgánicas constitucionales se establece el carácter de intérprete supremo del TCE. Se establece el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional respecto de la jurisprudencia de la judicatura ordinaria. Esta última resulta modificada por la interpretación que realiza el TCE
a través de la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica
con rango de ley. Sin embargo, la Constitución Española somete al Poder Judicial únicamente al legislador, en cambio la Ley Orgánica del Poder Judicial los somete a la Constitución y al imperio de la ley. A partir del derecho común u ordinario se establece una debida correspondencia entre los dos órdenes. Así los jueces y tribunales deberán interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico español conforme con las interpretaciones contenidas en los fallos del TCE, independiente del proceso en que se realicen.
Materialmente la Constitución es una limitación del poder, llevada a cabo por medio del Derecho y afirmando una esfera de derechos
y libertades a favor de los ciudadanos. En sentido formal, es el documento
(o documentos) legal que recoge todo lo dicho, pero al que no se le puede
atribuir valor más que si se observa la realidad en un grado mínimamente razonable, puesto que tener una espléndida constitución, en sentido formal, está al alcance de cualquiera. El Derecho forma un repertorio de soluciones para casos de conflictos basadas en criterios de justicia natural y procedimental. No necesariamente forma una pirámide, un sistema, ni un ordenamiento. Existe Derecho cuando un tercero imparcial y que no ha sido nombrado por ninguna de las partes, hallándose éstas en pie de igualdad ante el juzgador y ante las reglas que va a aplicar. Se produce por medio de sentencias, contratos, normas y costumbres. En su producción
intervienen, además, los principios, la equidad, las opiniones de autoridad
y las reglas jurídicas naturales. Se expresa, sobre todo, a través de las sentencias judiciales. A partir de la concepción de Constitución en su aspecto normativo, esto es como una norma justiciable o directamente aplicable, sumado a la existencia de un órgano encargado de su interpretación y
aplicación, la relación entre ella y el Derecho ordinario es cada vez más estrecha. Cualquier asunto, incluso de naturaleza privada -por ejemplo,
la propiedad sobre un determinado bien-, puede constitucionalizarse. Así
las cosas, quienes lo tendrán que resolver, ya sea de manera directa o indirecta, dependiendo del sistema de control constitucional que exista, serán los jueces constitucionales. Los Tribunales Constitucionales u órganos encargados de determinar el sentido y alcance de la Ley Suprema controlan tanto el Derecho constitucional como el Derecho no constitucional u ordinario. En especial, en aquellos países donde tienen competencia en materia de Derechos Fundamentales. El sistema Alemán es un claro ejemplo de este fenómeno. Lo mismo sucede, aunque en menor grado, con el Tribunal
Constitucional Español, por la vía del amparo constitucional, y con el Consejo Constitucional francés, a partir de su competencia para conocer de la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Quizás, con mayores reparos, lo mismo se podría decir del Tribunal Constitucional Chileno, en particular debido a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Las normas constitucionales analizadas demuestran claramente la permanente y estrecha relación entre el orden ordinario y el orden constitucional. Las diversas Constituciones objeto de estudios reiteradamente se remiten a la Ley y a la Constitución, estableciendo diversos puntos de conexión, estrechando la relación entre el derecho ordinario y el derecho constitucional otorgándole una especial posición al Derecho Constitucional dentro de cada ordenamiento jurídico, lo que en ningún caso implica que la Constitución contenga todo el Derecho, dado que ni siquiera agota el Derecho Constitucional en atención al límite impuesto al poder soberano de los Estados, por los Derechos Humanos, por ejemplo, la Constitución alemana contiene normas que no sólo reflejan la importancia y especial posición del Derecho Constitucional, sino también disposiciones que le otorgan una primacía a las normas generales del Derecho internacional público sobre el derecho común, creando directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal o el caso chileno el deber de observancia de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana contenido no solo en la Constitución, también en tratados internacionales ratificados y vigentes de acuerdo al inciso segundo del artículo 5° de la Constitución de 1980.
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Como citar: CAMPILLAY, Emilio Alfonso Garrote. Derecho Constitucional y Derecho Ordinario na estrecha y permanente relación a partir de la constitución: un análisis de legislación comparada. Scientia Iuris, Londrina, v. 21, n. 2, p. 10-40, jul. 2017. DOI:
10.5433/2178-8189.2017v21n1p10. ISSN: 2178-8189.
Recebido em: 22/06/2017 Aprovado em: 19/07/2017
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References: artículo 5
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 artículo 20
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 artículo 123
 artículo 124
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 artículo 10
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 artículo 2
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 artículo 19
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 artículo 223

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 artículo 271
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 artículo 1
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 artículo 5
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