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Timestamp: 2019-02-21 04:37:56+00:00

Document:
Registro Oficial. 2 de JULIO del 2003
Miércoles, 2 de julio del 2003 - R. O. No. 116
-\n Ley de Fomento y Atención de Programas para los Sectores\n Vulnerables en los Gobiernos Seccionales
-\n Convenio entre la República del Ecuador y la República\n de Panamá\n para la protección y recuperación de bienes culturales\n y naturales y otros específicos, robados, importados o\n exportados ilícitamente
-\n Convenio Marco para la Cooperación y Desarrollo Sostenible\n del Turismo\n entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República de Panamá
-\n Acuerdo entre la República del Ecuador y la República\n de Panamá sobre trabajo remunerado para familiares dependientes\n del personal diplomático,\n consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas\n y consulares.
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO
\n CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
90\n Leonardo Francisco\n Avellán Bolaños y otros en contra del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería.
91 Ingeniero Pablo Ochoa Maldonado\n en contra de la Municipalidad del Cantón Biblián
92 José Bernardo Muñoz\n Ojeda y otros en contra del Director Ejecutivo del Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario y otro
93 Ingeniero Dixon Eligio Ruiz\n Ruiz en contra de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado\n de Santo Domingo de los Colorados
95 Abogada Carmen Lucciola Martínez\n Aráuz en contra de la Ministra Fiscal General.
97 Miriam Barcia Montalbán\n en contra de la Municipalidad del Cantón El Empalme.
98\n Luis Enrique\n Álava Cedeño en contra del Director General del\n Registro Civil, Identificación y Cedulación
100\n Juan Antonio\n Guanoquiza Quisanga en contra del Ministro de Educación\n y otra
106\n Mario Calderón\n Peredo en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
107 José Paredes López\n en contra del Director Nacional de Rehabilitación Social
108 Profesora María Magdalena\n Briones Murillo en contra de la Procuraduría General del\n Estado y otro
109\n Doctora Pilar\n de Lourdes Guerrero en contra del IESS
126\n Segundo Bolívar\n Guerrero Enríquez en contra de INDA
128\n Licenciado Gonzalo\n Medina Guachisaca en contra de la Municipalidad de Centinela\n del Cóndor
129 Ingeniero Luis Alejandro Heras\n Calle en contra del Intendente General de Bancos y otros.
409\n Consorcio Urbanización\n y Construcciones C.C.V. Cía. Ltda. y Asociados en contra\n de la I. Municipalidad de Cuenca
-\n Cantón Daule: Que establece los requisitos municipales\n para ejercer actos de comercio y para el funcionamiento de locales\n destinados para desarrollar actividades comerciales, industriales\n y financieras; y que regula la tasa de habilitación y\n control de los establecimientos comerciales, industriales y financieros.
-\n Cantón Suscal: Que\n regula las sesiones del Concejo, las comisiones permanentes y\n especiales
-\n Cantón Suscal: Que\n reglamenta la emisión de actos decisorios del Concejo.
-\n Cantón Chillanes: Que\n cambia su denominación de Ilustre Municipalidad de Chillanes\n a Gobierno Municipal del Cantón Chillanes.
-\n Provincia de Tungurahua: Que\n reforma la Ordenanza reformatoria para el cobro del timbre provincial \n \n
Oficio N0 0573-PCN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154\n de la Constitución Política de la República,\n el Congreso Nacional del Ecuador, atento el contenido de la Resolución\n N0 001-2002-01 del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 2003,\n resolvió disponer la promulgación de la LEY DE\n FOMENTO Y ATENCIÓN DE PROGRAMAS PARA LOS SECTORES VULNERABLES\n EN LOS GOBIERNOS SECCIONALES, a cuyo efecto remito a usted en\n copia certificada el texto de la referida ley.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE FOMENTO Y ATENCIÓN\n DE PROGRAMAS PARA LOS SECTORES VULNERABLES EN LOS GOBIERNOS SECCIONALES,\n fue discutido y aprobado, de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE:	11 y 17-07-2002.
SEGUNDO DEBATE:	30-10-2002.
\n PROMULGACIÓN:	18-06-2003.
Quito, 19 de junio de 2003.
Que la Constitución Política de la República\n determina que bajo los imperativos, de la desconcentración\n y descentralización administrativa y financiera del Estado,\n el Gobierno Central transferirá progresivamente funciones,\n atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las\n entidades seccionales autónomas;
Que es necesario dictar normas complementarias a las contenidas\n en la Ley de Descentralización del Estado y de Participación\n Social, a fin de concretar el antes citado mandato constitucional,\n especialmente en lo que hace relación con la planificación\n y ejecución de programas sociales de prevención\n y asistencia en beneficio de los sectores más vulnerables\n de la población ecuatoriana;
Que la Constitución de la República establece\n en el artículo 47 que "en el ámbito público\n y privado recibirán atención prioritaria, preferente\n y especializada los niños y adolescentes, las mujeres\n embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen\n de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las\n de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las\n personas en situación de riesgo y victimas de violencia\n doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.";
Que el artículo 52 de la Carta Magna, en su último\n inciso, establece que: "Los gobiernos seccionales formularán\n políticas locales y destinarán recursos preferentes\n para servicios y programas orientados a niños y adolescentes";
Que es obligación del Estado garantizar que los recursos\n públicos sean canalizados efectivamente hacia los fines\n y objetivos del desarrollo humano; y,
En ejercicio de sus facultades constituciones y legales, expide\n la siguiente,
LEY DE FOMENTO Y ATENCIÓN DE PROGRAMAS PARA LOS SECTORES\n VULNERABLES EN LOS GOBIERNOS SECCIONALES
Art. 1 .- Introdúzcanse las siguientes reformas a la\n Ley, de Régimen Municipal:
1. El numeral 1º del artículo 12, dirá:
"1º Procurar el bienestar material y social de\n la colectividad y contribuir al fomento y protección de\n los intereses locales".
2. Al final del artículo 15, agréguese el siguiente\n ordinal:
"12ª Planificar, coordinar y ejecutar planes y\n programas de prevención y atención social.".
3. El literal n) del artículo 164, dirá:
"n) Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar, con la\n participación activa de la comunidad, de las organizaciones\n y de otros sectores relacionados, programas sociales para la\n atención a niños de la calle, jóvenes, nutrición\n infantil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, de\n la tercera edad, prevención y atención a. la violencia\n doméstica. Para efectos de la ampliación y eficiencia\n de estos programas, las correspondientes entidades dependientes\n de la Función Ejecutiva encargadas de ejecutar programas\n y prestar servicios similares, a petición de los municipios\n obligatoriamente les transferirán sus funciones, atribuciones,\n responsabilidades y recursos, especialmente financieros internos\n y externos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial\n de Descentralización del Estado y de Participación\n Social".
4. El inciso segundo del artículo 16 dirá:
"En el caso de que alguna de las funciones señaladas\n en el artículo precedente corresponda por Ley también\n a otros organismos, éstos transferirán a los municipios\n tales funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos económicos\n internos o externos silos hubiere".
5. A continuación del artículo 533, agrégase\n el siguiente:
"Art. No se aprobará el Presupuesto del Concejo\n si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento\n (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de\n la planificación y ejecución de los programas sociales\n descritos en el literal n) del artículo 164 de esta ley.
Art. 2.- Introdúzcanse las siguientes reformas a la\n Ley de Régimen Provincial:
1. El inciso tercero del artículo 1, dirá:
"Tiene personería jurídica y fundamentalmente,\n su misión es impulsar el desarrollo social, cultural y\n material de la provincia, con especial atención al sector\n rural, y colaborar con el Estado y las municipalidades en la\n respectiva circunscripción, para la realización\n armónica de los fines nacionales".
2. A continuación del literal g) del artículo\n 3, añádase otro que dirá:
" Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar, en el Sector\n rural, programas sociales para la atención a niños\n de la calle, jóvenes, nutrición infantil, mujeres\n embarazadas, personas con discapacidad, de la tercera edad, prevención\n y atención a la violencia doméstica. Para efectos\n de la ampliación y eficiencia de estos programas, las\n correspondientes entidades dependientes de la Función\n Ejecutiva encargadas de ejecutar programas y prestar servicios\n similares, a petición de los consejos provinciales obligatoriamente\n les transferirán sus funciones, atribuciones, responsabilidades\n y recursos, especialmente financieros internos y externos de\n conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Especial\n de Descentralización del Estado y de Participación\n Social".
3. El literal n) del artículo 28, dirá:
"n) Crear preferentemente en el sector rural, ya sea\n directamente o en asocio con otras instituciones públicas\n o privadas, escuelas de trabajo, centros de educación\n de adultos presenciales y a distancia, centros de artesanos centros\n para la prevención de la violencia doméstica, para\n la atención y nutrición de la población\n infantil, niños de la calle, jóvenes, de las mujeres\n embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad.
4. Al final del artículo 114. agrégase el siguiente\n Inciso:
"No se aprobará la Ordenanza del Presupuesto General\n del Consejo si en el mismo no se asigne, por lo menos, el diez\n por ciento (10%) de sus ingresos por asignaciones fiscales para\n el financiamiento de la planificación y ejecución\n de programas sociales de atención a la niñez, juventud,\n mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera\n edad en el sector rural, así como de prevención\n y atención de la violencia doméstica".
Art. 3.- El literal a) del artículo 9 de la Ley Especial\n de Descentralización del Estado y de Participación\n Social, publicada en el Registro Oficial N0 169 de.8 de octubre\n de 1997, dirá:
"a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar, bajo parámetros\n de eficiencia, calidad total y mejoramiento continuo, programas\n integrales de salud, nutrición y seguridad Alimentaría,\n de atención y prevención de la violencia doméstica,\n con énfasis en los grupos de mayor riesgo social: niños(as),\n jóvenes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad\n y de la tercera edad, entre otros, garantizando la participación\n activa de la comunidad, de las organizaciones de salud formales\n y tradicionales, y de otros sectores relacionados;".
Art. 4.- Al final del artículo 3 de la Ley Especial\n de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central\n para los gobiernos seccionales, publicada en el Registro Oficial\n N0 27 de 20 de marzo de 1997, agrégase el siguiente inciso:
"Los consejos provinciales y los municipios destinarán\n obligatoriamente un porcentaje de las asignaciones estatales\n que les correspondan a la planificación y ejecución\n de programas sociales de atención a niños de la\n calle, jóvenes, nutrición infantil, mujeres embarazadas,\n personas con discapacidad y de la tercera edad, prevención\n y atención de la violencia doméstica".
Art. 5.- Agréguese una disposición general que\n diga:
" Los recursos que los consejos provinciales y municipios\n destinen a la planificación y ejecución de programas\n sociales en beneficio de los grupos más vulnerables de\n la población: niños, jóvenes, mujeres embarazadas,\n personas con discapacidad y de la tercera, así como de\n la prevención y atención de la violencia doméstica\n se incrementarán con no menos del 10% de los recursos\n que se liberen por la reconversión de la deuda externa\n por programas sociales. Para este efecto, el Ministro de Economía\n y Finanzas, bajo su responsabilidad, vigilará que dentro\n del programa de reconversión de la deuda externa bilateral\n o con organismos internacionales, por programas sociales, se\n efectúen las asignaciones respectivas a los gobiernos\n locales en forma descentraliza y equitativa.".
ARTICULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial y sus\n disposiciones prevalecerán sobre las que se le opongan.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador\n a los treinta días del mes de octubre del año dos\n mil dos.
Palacio Nacional, en Quito, a once de noviembre de dos mil\n dos.
Objétase totalmente.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: que la copia que antecede es\n igual a su original, que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 19-06-2003.- Hora: 17h35.
f.) Ilegible, Secretaria General.
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR\n Y LA REPUBLICA DE PANAMÁ PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN\n DE BIENES CULTURALES Y NATURALES Y OTROS ESPECÍFICOS,\n ROBADOS, IMPORTADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE
La República del Ecuador y la República de Panamá\n en adelante denominadas las Partes:
Que el patrimonio cultural y natural es la expresión\n de la riqueza histórica de los pueblos y que su protección\n y conservación son las tareas prioritarias de los Estados.
El grave perjuicio que representa el robo y la exportación\n ilícita de objetos pertenecientes al patrimonio cultural,\n la pérdida de los bienes culturales, así como el\n daño que se infringe a sitios arqueológicos, a\n la flora, fauna, patrimonio paleontológico y otros sitios\n de interés histórico y cultural;
Que los principios y normas establecidos en la Convención\n de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para\n prohibir e impedir la importación, exportación\n y transferencia ilícita de bienes culturales, en la Convención\n de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico\n y Artístico de las Naciones Americanas, de 1976, la Convención\n sobre el Comercio .Internacional de Especies Amenazadas de Flora\n y Fauna Silvestre (CITES), 1973, así como la Decisión\n del Acuerdo de Cartagena de 1972 obligan a los Estados a tomar\n medidas de protección;
Que la colaboración entre los Estados para la recuperación\n de bienes culturales robados, importados, exportados o transferidos\n ilícitamente, constituye un medio eficaz para proteger\n el derecho propietario originario de las Partes sobre sus bienes\n culturales respectivos; y,
Que es necesario establecer normas comunes que permitan la\n recuperación de los referidos bienes, en los casos en\n que éstos hayan sido robados o exportados ilícitamente,\n así como su protección y conservación,
Las Partes se comprometen a prohibir el ingreso en sus respectivos\n territorios de bienes culturales, prehistóricos, arqueológicos,\n artísticos e históricos, y especies protegidas\n de la flora y la fauna que provengan de la otra Parte y que hayan\n sido robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente.\n Sólo podrán ser aceptados temporalmente por cualquiera\n de los Estados Parte, aquellos bienes culturales y patrimoniales\n que cuenten con la respectiva autorización expresa para\n su exportación, otorgada de acuerdo con las normas correspondientes\n de cada país.
Solo podrán ser aceptados temporalmente por cualquiera\n de los Estados Parte, aquellos bienes culturales y patrimoniales\n que cuenten con la respectiva autorización expresa, otorgada\n de acuerdo con las normas correspondientes de cada país.
El instrumento legal mediante el cual ambos países\n permitirán la exportación, deberá contener\n el motivo y tiempo de la exportación, la identificación\n y documentación técnica de cada objeto exportado,\n los seguros con sus pólizas debidamente cumplimentado,\n así como otros requisitos que por disposición específica\n exija cada Parte en su territorio. En caso de exportación\n de bienes culturales contemporáneos y productos artesanales,\n éstos- deberán igualmente estar acompañados\n por la certificación correspondiente que cada país\n tenga establecida.
Para efectos del presente convenio, se denominan "bienes\n culturales y otros específicos" a los que establecen\n las convenciones sobre la materia y las legislaciones internas\n de cada país y en forma enunciativa aunque no limitativa,\n los que se detallan a continuación:
Los artefactos de culturas precolombinas de ambos países,\n incluyendo elementos arquitectónicos, estelas, estatuas,\n esculturas y objetos de cualquier material, calidad o significado,\n piezas de cerámica utilitaria o religiosa -ceremonial;\n trabajos de metal, textiles, líticos y otros vestigios\n de la actividad humana y fragmentos de estos. Así como\n el producto de las excavaciones o de los descubrimientos arqueológicos.
Objetos de valor científico, como especimenes enteros\n o fraccionados raros de zoología, botánica, mineralogía,\n anatomía y/o colecciones y ejemplares paleontológicos\n clasificados y no clasificados y otros que sean importantes para\n la historia de la ciencia de los Estados Parte.
Los objetos de arte, pinturas, grabados, estampados, litografías\n y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte o\n material, imaginería angélica, santos, alegorías\n y otros, retablos y parafernalia y artefactos religiosos de valor\n histórico de las épocas precolombinas, virreinal\n y republicana de ambos países o fragmentos de valor.
Bienes de interés artísticos contemporáneos\n declarados como patrimoniales por alguno de los Estados Parte\n como cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano; producciones\n originales de arte estatuario en cualquier material; grabados,\n estampados y litografías originales, conjuntos y montajes\n artísticos en cualquier material.
Los bienes relacionados con la iconografía de la historia\n civil - militar y social, como retratos de próceres, temas\n históricos, mitológicos, épicos o cualquier\n otro género pictórico, así como los relativos\n a la vida de héroes pensadores, sabios y artistas nacionales\n que sean de especial interés de los Estados Parte y se\n encuentren debidamente registrados en dichos países.
Muebles y/o mobiliario civil o religioso como bargueños\n mesas, escaños, armarios, baúles, camas, cofres,\n espejos mesas, sillones, sillas relojes, lámparas, alfombras,\n tapices, indumentaria y otros incluidos instrumentos musicales\n de interés histórico y cultural, así como\n equipos e instrumentos de trabajo; material de valor tecnológico\n o industrial como objetos y piezas utilizadas en minería,\n metalurgia, transporte y otros que tengan más de cien\n años de antigüedad y que constituyen patrimonio de\n la historia civil, religiosa e industrial de los Estados Parte.
Objetos con antigüedad de más de cien años\n tales como monedas, armas, inscripciones y sellos grabados porcelana,\n vidrio, heráldica, vestimenta, ornamentos y otros. Sellos\n de correo, sellos fiscales y análogos, individuales o\n que formen parte de colecciones nacionales filatélicas,\n numismáticas y de valor histórico.
Los documentos provenientes de archivos eclesiásticos\n u oficiales de los gobiernos centrales, estatales, regionales,\n departamentales, provinciales, municipales u otras entidades\n de carácter público, o de sus agencias correspondientes\n de acuerdo a las leyes de cada Parte, o con una antigüedad\n superior a 100 años, que sean propiedad de éstos\n o de organizaciones religiosas a favor de los cuales ambos gobiernos\n están facultados a actuar.
Los manuscritos raros e incunables, libros documentos y publicaciones\n de interés histórico, artístico, científico\n y literario, como revistas, boletines, periódicos nacionales\n y otros semejantes, sean sueltos o en colecciones, mapas, planos,\n folletos, fotografías y audiovisuales, fonoteca, discoteca\n y microfilm antiguos de interés histórico y relacionado\n con acontecimientos de tipo cultural.
El material etnológico de uso ceremonial y utilitario\n como tejidos, trajes y máscaras folclóricas y rituales\n de cualquier material; arte plumario como adornos cefálicos\n y corporales; lapidaria y acrílicos clasificado o no,\n incluyendo el material de grupos étnicos en peligro de\n extinción.
Quedan igualmente incluidos los bienes culturales y documentales\n de propiedad privada que cada Estado Parte estime necesario proteger\n por sus especiales características y que se encuentran\n debidamente registrados y catalogados por la respectiva autoridad\n competente.
El patrimonio cultural subacuático producto de rescates\n autorizados o no autorizados, excepto aquellos bienes específicamente\n permitidos en contratos oficiales de reparto de bienes con compañías\n nacionales o extranjeras que realicen actividades de rescate\n subacuático.
A solicitud expresa y escrita de una de las Partes, por vía\n diplomática, la otra empleará los medios legales\n establecidos en su ordenamiento público para recuperar\n y devolver desde su territorio los bienes culturales patrimoniales\n y o especifico que hubieran sido robados importados, exportados\n o transferidos ilícitamente del territorio de la Parte\n solicitante.
Los pedidos de recuperación de bienes culturales deberán\n formularse por la vía diplomática de conformidad\n a la legislación interna de cada una de las Partes y de\n acuerdo a los convenios internacionales vigentes que regulan\n la materia, en la que dicho. Estado sea parte. Para ello, utilizarán\n además, en forma expedita, los recursos de que dispone\n INTERPOL.
Los gastos inherentes a la recuperación y devolución\n mencionados en el presente artículo serán sufragados\n por la Parte solicitante.
Las Partes propenderán a utilizar un formato uniforme\n en los formularios sobre los bienes por recuperarse y facilitarán\n la información sobre bandas de traficantes, así\n como enviarán información cruzada al servicio informativo\n de la INTERPOL.
Las Partes convienen en intercambiar información destinada\n a identificar a los sujetos que, cii sus respectivos territorios\n hayan participado en el robo, importación, exportación\n o transferencia ilícita de bienes culturales patrimoniales\n y/o específicos o en conductas delictivas conexas.
Las Partes se comprometen también a intercambiar información\n técnica y legal relativa a los bienes culturales materia\n de robo o tráfico ilícito. Asimismo, cada Parte\n contratante difundirá entre sus respectivas autoridades\n aduaneras, y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras,\n información relativa a los bienes culturales que hayan\n sido materia de robo y tráfico ilícito, con el\n fin de facilitar su identificación y la aplicación\n de las medidas cautelares y coercitivas establecidas en sus respectivas\n legislaciones, para su correspondiente devolución a los\n estados solicitantes.
Las Partes se comprometen a realizar pasantías e intercambiar\n información para actualizar conocimientos y coordinar\n actividades bilaterales en la adopción de medidas para\n contrarrestar el comercio ilícito de bienes culturales.
Las Partes convienen en la exoneración total de gravámenes\n aduaneros y otros recargos aduaneros equivalentes, sean de carácter\n fiscal, monetario, cambiario o de otra naturaleza durante el\n proceso de recuperación y devolución de los bienes\n culturales patrimoniales y/o específicos hacia el país\n de origen, en aplicación de lo dispuesto en este convenio\n y de acuerdo con sus legislaciones.
El presente convenio tendrá una duración indefinida,\n a menos que una de las Partes lo denuncie total o parcialmente,\n para lo cual deberá comunicar a la otra su decisión\n con 90 días de anticipación. A partir de la formalización\n de la denuncia se suspenderán los alcances del presente\n convenio, excepto para aquellos trámites de devolución\n que estén en proceso hasta su conclusión. Las modificaciones\n podrán ser oficializadas mediante notas reversales o por\n cualquier otro procedimiento que las Partes acuerden.
El presente convenio entrará en vigor después\n de la fecha de la última notificación mediante\n la cual las Partes se comuniquen por la vía diplomática\n el cumplimiento de sus disposiciones legales internas.
El presente convenio se suscribe en dos ejemplares idénticos\n y de igual valor, en idioma castellano, en la ciudad de Panamá,\n el 9 de septiembre de 2002.
Quito, a 18 de junio de 2003.
CONVENIO MARCO PARA LA COOPERACIÓN\n Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA\n DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ
El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República de Panamá, en adelante denominados\n las "Partes";
Convencidos de la importancia que el desarrollo de las relaciones\n turísticas puede tener, no solamente a favor de las respectivas\n economías, sino también para fomentar el conocimiento\n e intercambio cultural entre los habitantes de ambos países;
Conscientes de que el turismo en razón de su dinámica\n sociocultural y económica es un excelente instrumento\n para promover el desarrollo económico, el entendimiento,\n la buena voluntad y estrechar las relaciones cordiales entre\n Panamá y el Ecuador;
Las Partes promoverán condiciones favorables para asegurar\n el desarrollo sostenible y la cooperación en turismo,\n con el propósito de incrementar las corrientes turísticas\n entre ambos países mejorando el conocimiento de la historia\n y la cultura.
Las Panes, mediante la participación y coordinación\n de sus organismos oficiales, los que actuarán como punto\n focal en cada país, suministrarán periódicamente\n informaciones respecto de sus programas de promoción para\n la explotación sostenible del turismo, a fin de colaborar\n en la orientación y recomendaciones que ambos gobiernos\n realizan para sus respectivas corrientes turísticas.
De conformidad al referido marco legal vigente en cada país,\n ambas Partes podrán asesorarse recíprocamente tanto\n en la preparación como en la realización de campañas\n de publicidad y promoción turística, para cuyo\n efecto impulsarán el intercambio de expertos para la promoción\n y mercadeo del turismo, colaborando en la formación e\n investigación tecnológica, para la mejor conservación\n y gestión de las áreas destinadas al uso turístico,\n así como en el fomento y desarrollo de las inversiones\n turísticas.
Las partes alentarán, asimismo, la cooperación\n en materia de legislación turística.
Ambas Partes acuerdan intercambiar información referente\n a los procesos de manejo de turismo sostenible con soporte en\n las comunidades autóctonas, así como la metodología\n para la recopilación de datos de las empresas de este\n tipo, dedicadas al turismo y los resultados por éstas\n alcanzados.
Ambas partes promoverán tanto la asistencia y/o el\n intercambio de expertos para la formación profesional\n o para la realización de entretenimientos en períodos\n cortos, así como para el desarrollo de programas de investigación\n sobre aspectos relacionados con la actividad turística,\n elaboración y ejecución de proyectos turísticos\n y de gestión empresarial de servicios turísticos,\n de conformidad con la legislación sobre cooperación\n internacional de cada país.
Los gobiernos de Panamá y del Ecuador intercambiarán\n información sobre los planes de enseñanza en el\n ámbito del turismo, con el fin de perfeccionar la formación\n de técnicos y personal especializado, para lograr la homologación\n de los programas y cursos de formación turística,\n y según el caso, conceder validez a los títulos\n obtenidos en estos cursos en uno u otro país, por los\n organismos pertinentes, y de acuerdo a la legislación\n de cada una de las Partes.
Ambas Partes promoverán el intercambio gastronómico,\n cultural, artesanal, a través de festivales y eventos;\n en este sentido, la cooperación mutua constituirá\n un factor preponderante que permitirá la agilización\n de trámites y la optimización del uso de recursos\n de dichos festivales y eventos.
El Ministerio de Turismo del Ecuador favorecerá el\n intercambio de información y experiencias al Instituto\n Panameño de Turismo sobre Elaboración de la Cuenta\n Satélite de Turismo.
El Ministerio de Turismo del Ecuador favorecerá el\n intercambio y experiencias relacionadas con los procesos de descentralización\n de competencias en materia turística y la participación\n del sector privado en la política turística.
El Instituto Panameño de Turismo favorecerá\n el intercambio de información y experiencias relacionados\n con metodologías de ordenamiento territorial, protección,\n conservación, restauración, puesta en valor turístico\n de sitios y monumentos históricos, así como de\n la planificación de la infraestructura de facilitación\n turística necesaria y condicionada a lograr equipamientos\n armónicos que mejoren la calidad de las ofertas relacionadas\n con turismo cultural y de sol y playa.
El Instituto Panameño de Turismo favorecerá\n el intercambio de información y experiencias relacionadas\n con el desarrollo de Turismo de Negocios en el Ecuador.
Los gobiernos de la República de Panamá y del\n Ecuador, designan al Instituto Panameño de Turismo y al\n Ministerio de Turismo, respectivamente, como las oficinas ejecutivas\n responsables de la implementación del presente convenio,\n las mismas que promoverán y comunicarán por vía\n diplomática, las convocatorias a reuniones técnicas\n anuales de seguimiento para asegurar la aplicación del\n presente convenio.
Cualquier erogación que conlleve la realización\n de este convenio requerirá previamente la disponibilidad\n presupuestaria de ambas Partes.
El presente convenio entrará en vigor en la fecha de\n la última notificación por medio de la cual las\n Partes se comuniquen el cumplimiento de las formalidades legales\n internas para el efecto.
Este convenio tendrá una duración indefinida.\n Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá denunciarlo,\n mediante notificación por escrito a la otra Parte, con\n seis meses de antelación a la propuesta de expiración\n de su validez. Dejando a salvo el mejor criterio de las autoridades.
La terminación del presente convenio no afectará\n la realización de los programas y proyectos que hayan\n sido formulados durante su vigencia, a menos que las Partes acuerden\n lo contrario.
El presente convenio se suscribe en dos ejemplares, en la\n ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de septiembre\n de 2002, en idioma español, siendo ambos textos igualmente\n auténticos.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR\n Y LA REPUBLICA DE PANAMÁ SOBRE TRABAJO REMUNERADO	PARA\n FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR,\n ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS\n Y CONSULARES
La República del Ecuador y la República de Panamá,\n en su deseo de permitir el libre ejercicio de actividades remuneradas,\n sobre la base de un tratamiento recíproco, a los familiares\n dependientes a cargo de los miembros titulares de las misiones\n diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes\n ante organizaciones internacionales de una de las Partes destinadas\n en misión oficial en el territorio de la otra Parte, acuerdan\n lo siguiente:
Los familiares dependientes de un funcionario diplomático,\n consular o del personal administrativo, técnico y de servicio\n de las misiones diplomáticas y consulares del Ecuador\n en Panamá y de Panamá en el Ecuador, estarán\n autorizados para realizar actividades remuneradas en el Estado\n receptor en las mismas condiciones que los nacionales de dicho\n Estado, previa la autorización correspondiente, conforme\n a las disposiciones de este acuerdo. Este beneficio se extenderá,\n igualmente, a los familiares dependientes de nacionales, panameños\n o ecuatorianos acreditados ante organizaciones internacionales\n con sede en cualesquiera de los dos países.
Para los efectos de este acuerdo, miembros de familia dependientes,\n son aquellos que forman parte del grupo familiar de un funcionario\n diplomático, consular o del personal administrativo, técnico\n y de servicio del Estado acreditante, siempre que compartan un\n domicilio común y, cuya condición de tales haya\n sido comunicada por el Estado acreditante y aceptada por el Estado\n receptor.
a)	Cónyuge;
b)	Hijos e hijas solteros dependientes económicamente,\n menores de 21 años de edad;
c)	Hijos e hijas solteros menores de 25 años, que cursen\n estudios superiores en centros de enseñanza superior;\n y,
d)	Hijos e hijas solteros, dependientes económicamente,\n que estén física o mentalmente discapacitados.
No habrá restricciones en cuanto a la naturaleza o\n tipo de actividad que se pueda realizar, salvo las limitaciones\n constitucionales y legales contempladas en el ordenamiento jurídico\n del Estado receptor. Sin embargo, se entenderá que para\n aquellas actividades o profesiones que se requieran calificaciones\n especiales, será necesario que el miembro de familia dependiente\n cumpla con las normas que rigen el ejercicio de esas actividades\n y profesiones en el Estado receptor. Además, la autorización\n podrá ser denegada en aquellos casos en que, por razones\n de seguridad, puedan emplearse solamente a nacionales del Estado\n receptor.
La solicitud de autorización para llevar a cabo una\n actividad remunerada la hará la Embajada del Estado acreditante\n mediante petición oficial al Ministerio de Relaciones\n Exteriores -Dirección General de Protocolo- del Estado\n receptor. Dicha solicitud deberá contener el nombre del\n dependiente y señalar brevemente la naturaleza de la actividad\n que se propone ejercer. Una vez comprobado que la persona para\n la cual se solicita autorización se encuentra comprendida\n dentro de las categorías definidas en el presente acuerdo\n y acredita el cumplimiento de los procedimientos internos pertinentes,\n el Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección General\n de Protocolo-informará a la Embajada del Estado solicitante,\n que el familiar dependiente ha sido autorizado para trabajar.
Este acuerdo no implica el reconocimiento de títulos,\n grados o estudios entre los dos países, debido a que en\n esta materia se sujetarán a lo que dispone cada legislación\n interna y los convenios bilaterales o multilaterales vigentes\n para las dos Partes.
En caso de que los familiares dependientes, autorizados para\n trabajar o ejercer actividades remuneradas en el país\n receptor, gocen de inmunidades civiles y/o administrativas, de\n conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones\n Diplomáticas u otro instrumento internacional aplicable,\n y si como consecuencia de ejercer tales actividades, sea necesaria\n la renuncia a dichas inmunidades, por entablarse una acción\n legal en su contra por actos o contratos relacionados directamente\n con el desempeño de las mismas, el Estado acreditante\n analizará los casos y procederá a retirarlas. En\n este sentido, el Estado acreditante podrá también\n proceder al retiro de la inmunidad para el juzgamiento y ejecución\n de sentencias en contra del familiar dependiente autorizado para\n trabajar o ejercer actividades remuneradas.
El familiar dependiente que desarrolle actividades remuneradas\n en el Estado receptor, estará sujeto en lo pertinente\n al ejercicio de las mismas a la legislación aplicable\n de dicho Estado en materia tributaria, laboral y de seguridad\n social.
En caso de que los familiares dependientes, autorizados para\n trabajar o ejercer actividades remuneradas, gocen de inmunidad\n de jurisdicción penal de acuerdo con la Convención\n de Viena sobre Relaciones Diplomáticas o cualquier otro\n acuerdo internacional aplicable el Estado acreditante retirará\n la inmunidad al miembro de familia en cuestión, para permitir\n la aplicación de la jurisdicción penal del Estado\n receptor acerca de cualquier hecho que tenga relación\n con dicha actividad, salvo circunstancias especiales en las que\n el Estado acreditante estudiará toda petición escrita\n que presente el Estado receptor para el retiro de dicha inmunidad.\n La renuncia a la jurisdicción penal deberá ser\n siempre expresa.
La autorización para ejercer una actividad remunerada\n en el Estado receptor expirará en la fecha en la que el\n Agente Diplomático o Consular, empleado o técnico\n del cual emana la dependencia termine sus funciones, lo cual\n se comunicará mediante nota verbal dirigida al Ministerio\n de Relaciones Exteriores del Estado ante el cual se encuentra\n acreditado, en un plazo no mayor de 30 días después\n de haberlas culminado.
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas que fueren\n necesarias para aplicar este acuerdo.
El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de\n la última nota en la que las partes se comuniquen el cumplimiento\n de los requisitos exigidos por sus respectivos ordenamientos\n jurídicos internos para la celebración de esta\n clase de instrumentos internacionales.
Cualesquiera de las Partes podrán denunciar el presente\n acuerdo mediante notificación a la otra Parte por escrito\n y por vía diplomática, de su intención de\n denunciarlo. La denuncia surtirá efecto transcurridos\n seis meses, contados a partir de la fecha de notificación.
En fe de lo cual, las Partes suscriben el presente acuerdo\n en unidad de acto, en tres ejemplares de idéntico tenor,\n en la ciudad de Panamá, a los nueve días del mes\n de septiembre del año dos mil dos.
Quito a, 7 de abril de 2003; las 11h00.
VISTOS (342-01): Dentro del término establecido en\n el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría\n General del Estado publicada en el Registro Oficial N0 372 de\n 19 de julio de 2001 comparece el Ing. Galo Plaza Pallares, en\n su calidad de Ministro de Agricultura y Ganadería e interpone\n recurso de casación contra la sentencia dictada el 16\n de agosto de 2001 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo de Guayaquil, la cual declara con lugar la demanda\n incoada por los accionantes Leonardo Francisco Avellán\n Bolaños y otros en contra del Ministerio representado\n por los recurrentes. El recurso de casación se funda en\n la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación y aduce\n que en la decisión recurrida existe falta de aplicación\n de los Arts. 5, 31, 98 numerales 3, 4, 6 y 7 de la Ley de Cooperativas;\n y, 6 y 24 letra h) del Reglamento General de la Ley de Cooperativas.\n Para resolver, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO:\n Al recurso interpuesto se le ha dado el trámite legal\n inherente a su naturaleza sin que se observe omisión alguna\n de solemnidad sustancial que afecte su validez. SEGUNDO: Quedó\n establecida que esta Sala es competente para conocer y decidir\n del caso, conforme a la Constitución Política de\n la República y la Ley Especial de Casación que\n regula su ejercicio. TERCERO: Es axiomático, por la naturaleza\n y teleología del recurso de casación, que es de\n estricto rigor legal, pues, atañe al control de la legalidad\n de la sentencia. Y consecuentemente, para el pronunciamiento\n que corresponde a la Sala, debe atenderse a dos aspectos fundamentales\n o antecedentes que circunscribe el ámbito de decisión\n jurisdiccional de la casación: la sentencia, y el contenido\n del recurso, supuesto que éste fue admitido al trámite\n por cumplir los requisitos formales exigidos en la ley de la\n materia. CUARTO: El recurso de casación, según\n la doctrina y la ley, se contrae a conocer y resolver posibles\n errores en derecho que pudiesen existir en la decisión\n impugnada; de ocurrir este presupuesto elemental, el Tribunal\n de Casación no puede conocer el fondo del asunto y, en\n consecuencia procede desechar la pretensión. QUINTO: Es\n criterio reiterativo de esta Sala que durante un proceso que\n se encamina a impugnar un acto administrativo, como en el presente\n caso, no sólo hay que mencionar el fundamento de derecho\n que, a criterio del recurrente tuvo la administración\n para proceder como lo hizo sino que además debe probar\n la existencia de los hechos que configuren la causal jurídica\n de la acción legal emanada de la administración.\n La institución en su escrito contentivo del recurso de\n casación ataca la sentencia dictada el 16 de agosto de\n 2001 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Guayaquil, manifestando que existe falta de aplicación\n de los artículos 5, 31, 98 números 3, 4, 6 y 7\n de la Ley de Cooperativas; y, 6 y 24 h) del reglamento general\n de la indicada ley. Consiguientemente hay que establecer si ha\n existido violación de las indicadas normas; y. al efecto\n se advierte: la Cooperativa de Producción Agropecuaria\n "San Vicente" cuyo domicilio es la parroquia Antonio\n Sotomayor del cantón Vinces, provincia de Los Ríos,\n fue declarada en proceso de liquidación mediante Acuerdo\n Ministerial 207 de 29 de diciembre de 1998 expedido por el Ministre\n de Agricultura y Ganadería tomando como base, según\n se observa del considerando tercero de dicho acuerdo, la asamblea\n general extraordinaria de socios llevada a cabo el 8 de julio\n de 1997 en la que se ha resuelto su disolución, cuyo contenido\n ha sido protocolizado el 29 de julio de 1997, acta que no cumple\n con lo que determina el artículo 98 de la Ley de Cooperativas\n que expresamente determina: "Cualquier cooperativa podrá\n ser disuelta por acuerdo del Ministerio de previsión Social,\n previo informe de la Dirección Nacional de Cooperativas,\n si estuviere comprendida en una o más de las siguientes\n causales: 2) haber resuelto su disolución por votación\n tomada en tal sentido por dos las terceras partes de la totalidad\n de socios, cuando menos, en una Asamblea General convocada para\n el efecto,... 7) Por contravenir reiteradamente a las disposiciones\n emanadas por el Ministerio de previsión Social o de los\n organismos de fomento y supervisión. El artículo\n 6 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas determina\n que ninguna cooperativa se formará con menos de once personas\n naturales o jurídicas, o de tres personas jurídicas\n solamente, con excepción de las cooperativas de consumo\n de artículos de primera ne

References: artículo 154
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 164
 artículo 16
 artículo 533
 artículo 164
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 114
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 98