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Timestamp: 2017-06-26 08:43:32+00:00

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El BOE del pasado sábado publicó el Real Decreto 1055/2015, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, lo que supondrá la aplicación de los siguientes cambios: Como ya os adelantamos el mes pasado, uno de los contenidos de esta reforma es la supresión del permiso de conducir de la clase BTP, a partir del próximo año (pulsa en este enlace para acceder a nuestra anterior noticia).
La Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), sufrió una importante
modificación a través de la Ley 9/2013 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (como ya te informamos en nuestro Blog en Julio de 2013).
El objetivo era encuadrar esta actividad como una modalidad concreta de transporte de viajeros
en vehículos de turismo, aplicándole en consecuencia todas las reglas relativas
a la actividad de transporte y no sólo las referidas a actividades meramente
auxiliares y complementarias del transporte.
Con esta finalidad, se modificó el
artículo 99.4 de la LOTT, indicando que la actividad de alquiler de vehículos
con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros, por lo que su
ejercicio está condicionado a la obtención previa de la correspondiente
autorización. Para ello, se hacía referencia a los requisitos de los artículos
42 y 43.1 de la LOTT, así como aquellos otros que reglamentariamente se establecieran.
Para ello, el nuevo
artículo 48 de la LOTT, habilitaba al Estado a introducir, por vía
reglamentaria, limitaciones al otorgamiento de nuevas autorizaciones para el
ejercicio de esta actividad de transporte, condicionándolo a que la oferta de
transporte público de viajeros en vehículos de turismo esté sujeta a
limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local.
Por último, el nuevo artículo 91
de la LOTT permitía introducir limitaciones reglamentarias en relación con el
origen, destino o recorrido de los servicios. Necesidad de reformar el Reglamento (ROTT)
Para una efectiva aplicación de
estos cambios en la LOTT, es necesario introducir cambios en el Reglamento que
la desarrolla, modificando a nivel reglamentario la regulación del
Este el objetivo de la modificación Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) que acaba de
publicarse, que también establece los requisitos exigidos para la obtención de
la correspondiente autorización y las condiciones de prestación del servicio. Novedades en el alquiler de vehículos con conductor
Las nuevas autorizaciones, que
serán concedidas por las Comunidades Autónomas, permitirán desarrollar la
actividad de arrendamiento de vehículos con conductor dentro de dicha
comunidad, con independencia que pueda realizarse también fuera de ella, con ciertos
Como norma básica, los servicios
de arrendamiento de vehículos con conductor han de contratarse con antelación
al inicio de los mismos. Esta contratación podrá realizarse de forma
presencial, telefónica o telemática, si bien dentro del vehículo habrá de
llevarse la documentación que así lo acredite. Esto significa que estos
vehículos no podrán circular por las vías “buscando clientes” que no hubiesen
contratado antes el transporte, ni tampoco estacionar “a la espera” de captarlos.
En cuanto a las tarifas, a
diferencia de los taxis, rige la libertad de precios, sin que estén sujetas a cuantías
previamente autorizadas por la administración.
Estos vehículos pueden llevar
publicidad exterior, así como signos de identificación (si así se estableciera por la comunidad autónoma), siempre que no induzcan
a confusión con los vehículos con licencia de taxi.
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publicado la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Estas dos normas, que entrarán en
vigor dentro de un año (el 2 de Octubre de 2016) están llamadas a sustituir a la Ley 30/1992 de Régimen
Común, que a partir de ese momento se “desdobla” en dos textos independientes.
Como adelanto a las acciones
formativas que nuestra Escuela está programando para el próximo año sobre esta profunda
modificación legislativa, os dejamos un anticipo de las novedades de la Ley 39/2015 del Procedimiento
La nueva Ley, que regula las
relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, pretende
implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente,
mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los
tiempos de tramitación. Destaca el hecho de que sólo
mediante otra Ley podrán establecerse trámites adicionales o distintos a los
contemplados en esta norma, de modo que reglamentariamente tan sólo podrán
concretase ciertas especialidades del procedimiento referidas a la
identificación de los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y
terminación, publicación e informes a recabar. En cuanto a los interesados en el
procedimiento, se hace extensiva por primera vez la capacidad de obrar en el
ámbito del Derecho administrativo a los grupos de afectados, las uniones y
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o
autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. En materia de representación, se
incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las
Administraciones Públicas, como son el apoderamiento “apud acta”, presencial o
electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de
apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente. En este
sentido, cada Administración Pública ha de contar con un registro electrónico
de apoderamientos (pudiendo adherirse al del Estado). En materia de archivos, se
introduce como novedad la obligación de cada Administración Pública de mantener
un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a
procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes
sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad,
integridad y conservación del documento. Respecto a la validez y eficacia
de las copias, se aclara y simplifica el actual régimen y se definen los
requisitos necesarios para que una copia sea auténtica, las características que
deben reunir los documentos emitidos por las Administraciones Públicas para ser
considerados válidos, así como los que deben aportar los interesados al
procedimiento (estableciendo con carácter general la obligación de las
Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados por los
interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos
originales, salvo las excepciones contempladas en la Ley). Las Administraciones
Públicas también deben contar con un registro u otro sistema equivalente que
permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realización de
copias auténticas, de forma que se garantice que las mismas han sido expedidas
adecuadamente. Sobre los términos y plazos,
destaca como principal novedad la introducción del cómputo de plazos por horas
y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el
cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. Respecto al procedimiento
administrativo común, se incorpora como novedad la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común, donde se establece su ámbito objetivo de
aplicación, el plazo máximo de resolución que será de treinta días y los
trámites de que constará. Si en un procedimiento fuera necesario realizar
cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse entonces la tramitación
ordinaria (sin perjuicio de la posibilidad de acordar la tramitación de
urgencia del procedimiento en los mismos términos que ya contemplaba la Ley
30/1992). Respecto de los recursos
administrativos, se mantienen las mismas vías previstas en la Ley 30/1992,
permaneciendo por tanto la revisión de oficio y la tipología de recursos
administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo de reposición y
extraordinario de revisión). Como novedad destaca la posibilidad de que cuando
una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que
traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un
recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá
acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento
judicial. En cuanto a sus Disposiciones
adicionales, se reconocen ciertas “especialidades por razón de la materia”, que
se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en
esta Ley, entre las que se incluyen los procedimientos sancionadores en materia
El Secretario de Formación del SPPME-Andalucía recoge el galardón el 12/11/15 en Madrid, Según indica Promusicae en su web, “El jurado ha valorado el extraordinario esfuerzo que este sindicato realiza en el apoyo formativo de sus afiliados en todas las áreas vinculadas a la actividad profesional policial, siendo un referente básico en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la investigación y persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, desarrollando y cubriendo parcelas formativas en materias que precisan una continua adaptación y capacitación. Desde el año 2010 han sido muchos los seminarios y cursos organizados bajo el paraguas de esta organización sindical, que ha permitido con ello el acercamiento y conocimiento de las tipologías infractoras tanto en la piratería física como digital a las distintas Policías Locales de Andalucía”.
Nuevo certificado de superación de nuestros cursos para los alumnos, con FIRMA DIGITAL Enviado por email, puede imprimirse y validarse en Internet

References: Real Decreto 

artículo 99

artículo 48
 artículo 91
 resolución 
 resolución