Source: https://www.iadpi.com.ar/index.php/2018/11/13/la-notificacion-ministerio-legis-virual-o-electronica-en-el-proyecto-de-reforma-de-la-ley-de-procedimiento-laboral-2/
Timestamp: 2020-04-10 13:21:29+00:00

Document:
Inicio Doctrina Doctrina – Bs. As.: «Pautas generales para la implementación del expediente judicial...
Doctrina – Bs. As.: «Pautas generales para la implementación del expediente judicial electrónico en aquellas jurisdicciones que aún no lo han consagrado.»
Compartimos un articulo de doctrina elaborado por los Dres. Gaston E. Bielli y Andres L. Nizzo y titulado «Pautas generales para la implementación del expediente judicial electrónico en aquellas jurisdicciones que aún no lo han consagrado.» Fue publicado en el suplemento Legal Tech de Thomson Reuters La Ley. Cita Online: AR/DOC/2372/2018.
Molina Quiroga ha definido con agudeza al expediente electrónico como “…un conjunto sistematizado de actuaciones, peticiones y resoluciones, referidas a una pretensión efectuada ante un organismo administrativo o judicial, en el que la información se registra en soportes electrónicos, ópticos o equivalentes, y es recuperable mediante los programas y el equipamiento adecuados, para poder ser comprendido por los agentes del sistema (magistrados, funcionarios, agentes, letrados, peritos, litigantes en general)”.En lo que respecta al campo eminentemente técnico, hemos puntualizado que el expediente electrónico se manifiesta a través de la utilización de sistemas informáticos donde se aloja, analiza, resguarda, comunica y procesa toda aquella información ingresada por los operadores jurídicos, siendo así el espacio virtual donde confluye toda aquella serie de actos procesales que son requeridos para la válida tramitación de un proceso judicial.Esta implementación trae consigo diversos beneficios. Como fácil es advertir, se procura una mayor celeridad en los plazos procesales, seguridad, transparencia, protección de la información y el cuidado del medio ambiente, mediante la necesaria “despapelización” de los trámites burocrácticos.
En primer lugar, cabe señalar que resulta necesario, en cada jurisdicción, el dictado de una ley marco para la adhesión a la normativa nacional vigente y relativa a la materia: nos referimos a la Ley de Firma Digital Nº 25.506.
La citada legislación impone al Estado Nacional la utilización de las tecnologías contempladas en la ley en su ámbito interno y en relación con los administrados, de acuerdo con las condiciones que cada uno de los poderes fije vía reglamentaria, así como la promoción del uso masivo de la firma digital de modo tal que se posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte de los interesados, propendiendo a la progresiva despapelización. Y, mediante su artículo 50, se invita a todas las provincias de la Argentina a prestar adhesión a la misma.
Se produce así la instauración a nivel nacional del concepto de equivalencia funcional para los expedientes, firmas, comunicaciones y domicilios, dándole la misma eficacia jurídica y valor probatorio cuando los mismos se encuentran en modo electrónico. Se parte así de los conceptos de estructura y función, y se considera que cuando diferentes estructuras pueden desempeñar la misma función -y, por lo tanto, pueden sustituirse entre sí- son funcionalmente equivalentes.
En similar sintonía a la normativa vigente para el Poder Judicial de la Nación, la Provincia de Entre Rios se incorpora al entramado de la Ley 25.506 por medio de la Ley Provincial 10.500. A través de la misma, se instituye la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, notificaciones, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de Entre Ríos.
Aclarado lo anterior, consideramos que la infraestructura deberá fundarse mediante la configuración de los siguientes puntos:
Para promover este escenario, será necesario la adquisición del hardware y software preciso para crear el ecosistema digital donde dicha plataforma judicial tendrá su basamento, en conjunto con la elaboración de sendas bases de datos donde se resguarden y conserven los documentos electrónicos que se generen dentro del proceso, el trazado de redes informáticas a fin de interconectar las diversas dependencias judiciales con los usuarios que indefectiblemente deberán intervenir en el trámite y, por último pero no menos importante, emplear a personar capacitado, no solo con conocimientos en el área de informática sino también con la debida comprensión sobre el campo del derecho procesal y la praxis profesional, a fin de profundizar las pericias que requieren en esta implementación.
En el análisis de casos concretos, encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires cuenta con amplias facultades de reglamentación conferidas por el ordenamiento procesal para regular la materia. Todo ello conforme el artículo 834 del C.P.C.C.B.A., según el cual queda facultada para dictar las medidas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las normas de ese cuerpo legal, y asimismo por la Constitución Provincial, que en su art. 164 establece que: “La Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá establecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la mejor administración de justicia».
A su vez, el artículo 8 de la ley 14.142, que reformó el C.P.C.C.B.A., delegó en forma expresa la reglamentación al Alto Tribunal de la provincia lo concerniente a la implementación específica del domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas.
Pasando al ámbito Nacional, dicha facultad se encuentra consagrada a través del artículo 2 de la ley 26.685, donde establece expresamente, con relación a la implementación del expediente judicial electrónico, que: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación».
En ese andarivel, celebramos la metodología optada por la Provincia de Entre Rios, que para la implementación Reglamento para la Notificación Electrónica en el Poder Judicial, dictó en conjunto con la normativa principal un texto con los fundamentos del articulado mediante el cual se establece la correspondiente exegesis.
Sabido es, que este sistema de gestión judicial deberá ser integral, parametrizable y esencialmente adaptable a las necesidades de cada fuero o tipo de proceso. Se tratará que todas las instancias o etapas del proceso tengan la misma concepción del sistema de gestión.
Hemos definido oportunamente esta concepción como aquel estudio pormenorizado que se ejecuta para corroborar la efectividad y rendimiento informático de un sistema vinculado a la administración de justicia, así como a la utilización y uso material que se hace de aquél a través de los operadores jurídicos que se encuentran bajo su ámbito de aplicación.
Tampoco podemos dejar de lado la necesidad de establecer mecanismos técnicos de accesibilidad en la plataforma, esencialmente para aquellas personas que sufren discapacidades visuales y que requieran una adaptación especial para su uso y gestión. Proponemos que esta adaptación se genere de forma nativa a los portales web, sin la necesidad de utilizar programas externos que impliquen un desembolso extra de recursos para aquellos usuarios que lo requieran.
En resumidas cuentas, y como resalta la doctrina especializada, es necesario elaborar una plataforma informática única e integral, que permita homogeneizar la gestión administrativa de las causas, ello con miras a brindar un mejor y más eficiente servicio de justicia. Deberán estandarizarse los parámetros de carga del sistema, procurando la uniformidad de información, así como facilitar la confección de estadísticas, el control de gestión y la previsión de otras herramientas técnicas que coadyuven a un mejor funcionamiento.
Se denomina plan de contingencia al conjunto de acciones a realizar, recursos a utilizar y personal a emplear en caso de producirse un acontecimiento intencionado o accidental que inutilice o degrade los recursos informáticos o de transmisión de datos de una organización.
A dichos fines, es imprescindible conocer las funciones críticas involucradas en la gestión del mismo, su incidencia interna y externa y haber medido las consecuencias que una falla puede producir. Si bien es imposible eliminar en su totalidad los riesgos posibles, es prioritario elaborar un conjunto de acciones que deberían llevarse a cabo en caso de emergencia.
Con respecto a este punto, Bender ha sostenido la posibilidad de generar una sección complementaria del correspondiente portal web de gestión judicial, y de acceso público, que establezca un registro detallado y ordenado de toda la información relevante vinculada con el proceso de desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema, donde también se constaten todos los reportes de incidentes producidos. Todo en pos de procurar el objetivo básico de transparencia en la función.
Es necesaria la generación -en forma conjunta e interconectada a la interfaz principal de gestión- de un portal de asistencia web, donde todos aquellos operadores intervinientes como usuarios internos o externos puedan encontrar en forma remota y eficaz: instructivos, manuales, videotutoriales y otras herramientas de acceso rápido; ya sea con el objeto de tomar conocimiento sobre nuevas implementaciones y funcionalidades aplicadas, o para la resolución de problemas u errores que se produzcan en el manejo diario de la herramienta.En igual sentido, es preciso establecer un régimen de formación presencial uniforme y continuo, a través de la creación de una entidad capacitadora (en la cual se congreguen los Colegios de Abogados, Asociaciones de Magistrados, Ministerio Publico, Área de Informática y otros organismos cuya participación sea necesaria) que aúne criterios y promulgue la enseñanza sobre esta nueva incumbencia, siendo que dichas capacitaciones serán dirigidas tanto a los funcionarios judiciales como a los letrados que ejercen en forma liberal la profesión y todo otro auxiliar de la justicia.
Hemos definido al domicilio electrónico como como aquel lugar, espacio o casillero virtual que las personas involucradas en un proceso judicial -partes, letrados, auxiliares de justicia en general- constituyen a fin de recibir allí las notificaciones canalizadas por medios informáticos cursadas a lo largo de un pleito, con la característica particular y específica de que el mismo es intangible y no físico.
En este orden, también hemos definido a la notificación electrónica, como un medio de notificación fehaciente que a diferencia del soporte papel, se materializa en un formato electrónico – digital.
A modo de ejemplo, la obligatoriedad de constitución de domicilio electrónico y la utilización de la notificación electrónica, está consagrada en la normativa de rito de la Provincia de Buenos Aires, a través de la reforma que se produjo en dicho cuerpo, por la ley 14.142, conforme nos hemos referimos en los acápites anteriores. Asimismo, destacamos que el vigente “Reglamento para las notificaciones por medios electrónicos” fue aprobado mediante un Acuerdo dictado por el Alto Tribunal de esa Provincia.
Ahora bien, hemos considerado en diversas ocasiones que la gran mayoría de las normas contenidas en los códigos de procedimiento pueden considerarse “tecnológicamente neutras», en el sentido de que no exigen inexorablemente de una reforma legal para reemplazar el soporte papel por el digital. Pero sin perjuicio de sostener lo oportunamente señalado, consideramos de buen criterio legislativo la expresa introducción de los escritos electrónicos en el entramado normativo de forma, a fin de brindar sólidas bases legales para edificar el expediente judicial electrónico.
El último bastión para arraigar el expediente judicial electrónico será la implementación de resoluciones, providencias y sentencias judiciales, generadas y suscriptas, íntegramente, a través del ecosistema digital instaurado.Aquí también nos encontraremos con documentos electrónicos suscriptos mediante la tecnología de firma digital, siendo los mismos completamente independientes del soporte papel -conforme el principio de equivalencia funcional-, prescindiéndose de este último soporte.
Como nota relevante, destacamos que la provincia de San Luis ha avanzado sólidamente sobre este aspecto al establecer, en el artículo 135 ter de su Código Procesal, que el expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital y domicilio electrónico constituido tienen idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Y en su artículo 160 menciona, respecto a la temática de marras, que en los expedientes digitales se considera cumplida la obligación de protocolizar copias fieles de las sentencias definitivas e interlocutorias, con la existencia de los documentos firmados digitalmente que las contienen y que obren en la base de datos del sistema informático .
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia a través de la Resolución 1904/12 puso en funcionamiento un sistema de videograbación de audiencias como prueba piloto. Posteriormente, el Tribunal aprobó el desarrollo del Proyecto de Implementación de la Oralidad en procesos de Conocimiento destinado a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, disponiendo la puesta en marcha del mismo en numerosos Juzgados a lo largo y ancho de toda la provincia.
Las ventajas del empleo de registros audivisuales de las audiencias que se desarrollan en el proceso judicial son evidentes, en tanto permiten captar un exacto reflejo de lo actuado, registran una mayor cantidad de información sumamente relevante a los fines de resolver la causa y permiten un fluido y ágil desarrollo de la audiencia, con lo cual se concluye que debe contemplarse esta valiosa herramienta a la hora de implementarse el expediente electrónico.
Así, debe tenerse especialmente en cuenta que la implementación de los sistemas informáticos judiciales ha de estar guiada por un manejo cuidadoso por parte de todos los operadores intervinientes. Tal como fuera señalado recientemente, dicha actividad implica “asumir con autocrítica el rol que le toca a cada uno de los operadores del sistema en esta nueva etapa y también de la mejor manera (…), de genera confianza hacia el futuro en abogados, auxiliares y en la sociedad en general”.
En palabras de Camps, a la hora de interpretar las nuevas reglas gestadas en torno a la implementación del expediente electrónico, “…la respuesta debe surgir de una mirada integral, donde los destellos de la tecnología no enceguezcan al intérprete y le hagan olvidar que el derecho procesal electrónico antes que electrónico, es derecho procesal”, teniendo en cuenta al derecho procesal electrónico como una disciplina jurídica antes que informática, por lo que deberán siempre atenderse las garantías básicas del proceso que se verían gravemente menoscabadas si no son aplicadas con la prudencia y razonabilidad que demandan.
Gastón Enrique Bielli. Abogado. Presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático. Secretario de la Comisión de Informática del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA). Presidente de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Coautor del libro «Derecho Procesal Informático» -Editorial La Ley 2017.
Andres Leonel Nizzo. Abogado. Auxiliar Letrado del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Mar del Plata. Miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Docente de la cátedara Derecho Comercial en las Facultades de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Económicas de la Universidad FASTA (Mar del Plata). Coautor del libro «Derecho Procesal Informático» -Editorial La Ley 2017.
MOLINA QUIROGA, E. Ley de expedientes digitales y notificaciones electrónicas. La Ley 22/06/2011, 1, La Ley 2011-C, 1224 – Enfoques 2012 (enero), 02/01/2012, 70, Cita Online: AR/DOC/1996/2011.
BIELLI, G. – NIZZO, A. El contralor efectivo del Sistema de Gestión Judicial. Su impacto procesal en el expediente judicial electrónico. Publicado en: LA LEY 11/09/2018. Cita Online: AR/DOC/1809/2018
Conforme lo establecido por artículo 48 de la ley 25.506 que dispone: “Implementación. El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización”.
Sancionada el 14 de noviembre de 2001 y promulgada de hecho el 11 de diciembre de 2001.
Conf. Arts. 47 y 48 de la ley 25.506.
GRANERO, H. R. La sanción de la Ley 26685 de Expedientes Digitales, el principio de la equivalencia funcional y la firma digital. elDial.com – Cita: CC2736.
WARLET, A. R. Hacia el expediente digital en el proceso civil entrerriano. elDial.com. Publicado el 09/08/2018. Cita: DC25A1.
RIVOLTA, M. Tesis de maestría en Administración Pública: Infraestructura de Firma Digital Argentina: «Factores que explicarían su escasa masividad a 10 años de implementación en el Estado”. Año 2011. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
En este marco, la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA) ha adoptado los siguientes estándares tecnológicos: Formato de los certificados y de las listas de certificados revocados: ITU–T X509. Generación de las claves: RSA, DSA o ECDSA. Protección de las claves privadas de certificadores y suscriptores: FIPS 140. Políticas de certificación: RFC 5280 y 3739. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/firmadigital/estandares
Ley 14.142. Articulo 8°. ARTÍCULO 8°. – La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del correo Electrónico como medio de notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia.
Esta norma, tuvo recepción jurisprudencial, en el fallo emanado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Recurso de hecho deducido por la Asociación Médica de Almirante Brown en la causa ‘Erskis, Gerardo Alberto c. Clínica Estrada SA y otros s/ daños y perjuicios resp. Prof. Médicos y Aux.”, de fecha 27 de diciembre de 2016, donde se estableció que: “el Congreso de la Nación es la autoridad que —mediante la sanción de la ley 26.685— expresamente …. puso en manos de este Tribunal —y del Consejo de la Magistratura— las facultades para reglamentar la utilización de las nuevas herramientas y disponer su gradual implementación, atribuciones que, precisamente, han sido puestas en ejercicio mediante las Acordadas…».
Acuerdo General Nº 15/18 del 29-05-18. Fundamentos del anexo I del Reglamento para la notificación electrónica en el Poder judicial de Entre Ríos. Recuperado de: http://cotser.org.ar/wp-content/uploads/2018/09/NOTIFICACIONES-ELECTRONICAS.pdf
Proyecto Informático en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional
BIELLI, G. – NIZZO, A. El contralor efectivo del Sistema de Gestión Judicial. Su impacto procesal en el expediente judicial electrónico. Ob. Cit.
ORDOÑEZ, C. J.. El sistema de gestión judicial bonaerense “Augusta”, su evolución e incidencia en la concepción clásica del expediente. Nuevos desafíos e interrogantes procesales. elDial.com. Publicado el 16/11/2017. Citar: DC2448.
Recuperado de: https://www.ecured.cu/Plan_de_contingencia_en_seguridad_Inform%C3%A1tica
ESPERANZA, S. L. (2015). El derecho procesal electrónico en la Provincia de Corrientes. En C. E. Camps. Tratado de Derecho Procesal Electrónico. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Tomo III. Pág. 523.
BENDER, A. El nuevo Código de Procedimiento Electrónico. Problemas de constitucionalidad, transparencia y dispersión normativa en la transición al expediente digital. Publicado en elDial. 19/02/2016. Cita: DC208F.
A modo de mera mención, podemos invocar el Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático – IADPI: www.iadpi.com.ar
BIELLI, G. E. – NIZZO, A. L. Derecho procesal informático. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2017. p. 97.
BIELLI, G. E. – NIZZO, A. L. Derecho procesal informático. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2017. p. 188.
Acuerdo SCBA 3845/17. Emanado con fecha día 22 de marzo de 2017 y que entrara en vigencia, en forma obligatoria, a partir del 2 de mayo de 2017.
BIELLI, G. E. – NIZZO, Andrés L. Derecho procesal informático. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2017. p. 116.
Es así que se parte del entendimiento de que el documento material tiene dos elementos principales: el soporte, y el método de registro o conservación de la información. La doctrina especializada ha entendido que ambos tipos de documentos (papel y electrónico) tienen los mismos elementos, por lo que podían cumplir las mismas funciones, sin que obste a ello el que con los Documentos Digitales debamos recurrir a medios tecnológicos para traducir la información desde el lenguaje digital en que se registra en el soporte al lenguaje natural en el cual accedemos a ella. MORA, S. J. Documento digital, firma electrónica y digital. Publicado en: LA LEY 31/12/2013. Cita Online: AR/DOC/3995/2013.
Este artículo fue complementado por el Acuerdo N° 61 del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que con fecha 24 de febrero de 2017, aprobó el Reglamento general de expediente electrónico siendo esta manda reproducida en el artículo 7°. A su vez, el artículo 49 se establece que es obligación de los Sres. Jueces y Secretarios asegurar la publicación de los despachos diarios de expedientes hasta la hora siete con treinta minutos de cada día hábil de oficina. Para ello los decretos y demás actuaciones que deban publicarse, deberán firmarse digitalmente en el sistema hasta la hora veintidós del día previo. Pasada esa hora, las actuaciones que se firmen no publicarán en el despacho del día inmediato posterior sino al siguiente hábil.
Resolución SCBA N° 2761/16, del 23/11/2016.
Consultar el documento “Nueva gestión judicial. Oralidad en los procesos civiles”. Editorial: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junio de 2016. Disponible para su descarga online en http://www.saij.gob.ar/nueva-gestion-judicial-oralidad-procesos-civiles-coordinadores-hector-mario-chayer-juan-pablo-marcet-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000200-2016-06/123456789-0abc-defg-g00-2000blsorbil.
CNCiv., Sala I, en autos “P., A. c/ M., H. s/ Medidas Precautorias”, resol. del 28/08/2019.
CAMPS, Carlos E., “El proceso electrónico y el derecho procesal electrónico”, publicado el 19/09/2018 en el Foro de Derecho Procesal Electrónico: https://e-procesal.com/el-proceso-electronico-y-el-derecho-procesal-electronico-1764.
Artículo siguienteDoctrina – Bs. As.: «Plazo de gracia y proceso electrónico. Perspectivas actuales y futuras del instituto»

References: artículo 50
 artículo 834
 artículo 8
 artículo 2
 resolución 
 artículo 135
 artículo 160
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 8
 ARTÍCULO 8
 artículo 7
 artículo 49

Resolución