Source: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n20/nnews.html
Timestamp: 2018-03-24 09:44:41+00:00

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Boletín CF+S > 20 -- Vidas «tecnológicas». Ecos de Brasil... > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n20/nnews.html
Los Programas de Mejoramiento de Barrios: políticas de reducción de la pobreza centradas en el hábitat.
Las reformas constitucionales: instrumento para consolidar el poder de las transnacionales petroleras en Bolivia.
Los grandes negocios de ENRON en Bolivia: corrupción y transnacionales.
Los Programas de Mejoramiento de Barrios: políticas de reducción de la pobreza centradas en el hábitat
Moderador: Raúl Fernández Wagner (ICO-UNGS)[1]
Transcurrido un año, durante el cual mantuvimos abierto el foro de discusión en el Portafolio 2 de Urbared, sobre los programas de mejoramiento de barrios en América Latina, acerca de la pobreza urbana, aparecen dos hechos que es importante destacar.
Uno, es la noticia que la situación del hábitat en el mundo ha empeorado en la década de los 90. Esto fue revelado por las sesiones extraordinarias de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, denominadas Estambul+5, que tuvieron lugar en junio de 2001, con el objetivo de efectuar el seguimiento de la Agenda Hábitat, a los cinco años de la Conferencia Hábitat II realizada en Estambul. Todos los países elaboraron nuevamente un documento oficial y respondieron al grupo de 23 indicadores, y 8 datos cualitativos, por países y por ciudades, solicitados por UN-Hábitat de Nairobi. El resultado, como era de esperar, fue desalentador. El cumplimiento de la Agenda Hábitat es bajo y la situación mundial empeoró ostensiblemente en esos cinco años, como consecuencia de la aplicación de las políticas de ajuste estructural, de la transferencia de recursos a los países ricos vía el endeudamiento externo y de la reducción y/o desfinanciamiento del Estado, en los países menos desarrollados. Políticas que contribuyen a un aumento sostenido de la pobreza, donde la profundización de la injusta distribución de la riqueza, incrementa la criticidad de una situación social que tiene por escenario principal a las ciudades.
El otro, es un hecho al que no le habíamos prestado debida atención en la introducción al debate, y que merece destacarse por su gran importancia política e institucional, como lo es la aparición en escena de Cities Alliance, una asociación de los países mas poderosos cuya iniciativa principal centra en acciones de mejoramiento barrial las estrategias de reducción de la pobreza urbana. Ello, además de reforzar la importancia de este debate, agrega nuevos elementos para nuestra consideración.
The Cities Alliance (ver http://www.citiesalliance.org) fue lanzada en el 2000 por el Banco Mundial y UNCHS (Hábitat de Naciones Unidas) con el soporte del Grupo de los 7. Su objetivo principal es enfrentar los desafíos de las políticas destinadas a promover la superación de la pobreza y promover ciudades más prósperas sin asentamientos irregulares. Su foco se centra en dos aspectos:
Vinculación de los procesos por los cuales los referentes locales definen sus visiones para su ciudad, analizando su proyección económica y estableciendo una estrategia de desarrollo y prioridades de acción para su ciudad.
Realización de mejoras sin precedentes en las condiciones de vida de los pobres urbanos mediante la promoción de una amplia participación ciudadana en los programas de mejoramiento urbano, y las acciones a escala nacional, con los objetivos establecidos en la iniciativa mundial denominada «Cities Without Slums».
La iniciativa global «Cities Without Slums», que constituye el Plan de Acción principal de «The Cities Alliance», se propone el objetivo ambicioso de lograr la mejora de las condiciones de vida de 100 millones de personas en los próximos 20 años. Para el logro de este objetivo, como coalición de múltiples donantes, Cities Alliance se compromete a expandir el nivel de recursos que alcanzarán a los pobres urbanos, mediante la mejora y coherencia del esfuerzo en los programas urbanos en curso, catalizando los esfuerzos de los socios de forma que vayan mas allá de ser programas individuales y una más directa relación con la cooperación financiera para el desarrollo urbano.
En oportunidad de producirse el lanzamiento de Cities Alliance en Berlín (diciembre de 1999), fueron significativas las palabras del presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn, quien expresó que la iniciativa «Cities Without Slums es una creativa y desafiante respuesta a la pobreza urbana...», agregando que «...la pobreza urbana debe ser la preocupación de todos si queremos lograr ciudades sustentables...». Nelson Mandela (designado «patrón» de la iniciativa), por su parte, cuando dijo «...La reducción de la pobreza y el mejoramiento de los asentamientos no será posible a menos que las ciudades sean productivas y eficientes, y capaces de proveer a los pobres oportunidades económicas para mejorar sus bienes e ingresos...», no dejó pasar la cuestión central, que es la promoción real de sus habitantes.
Estas palabras expresan veladamente la contraposición entre una visión que destaca la necesidad de ciudades sustentables, como condición ideal -que la pobreza pondría en peligro- a alcanzar para un buen desempeño del capital, y otra visión donde la existencia de pobreza es éticamente inadmisible frente a los niveles de riqueza mundial que está concentrada en pocas manos. La primera, parece ser la visión dominante en los «donantes» de lo que parece ser un nuevo dispositivo de «filantropía global».
Estos hechos reafirman la pertinencia de nuestro debate. En un tiempo donde, a la luz de los movimientos antiglobalización, el discurso y los postulados de las agencias internacionales sobre la «reducción de la pobreza» crecientemente están en cuestión cuando se confrontan con las recomendaciones de política económica, que reproducen pobreza. En nuestros países no tenemos más remedio que aceptar financiamiento de los organismos, pero podemos contribuir a construir una práctica diferente, que se contraponga a la forma tradicional de financiamiento con recetas. Un ejemplo de ello es la apertura progresiva (o declinación de las recetas) del BID en los 90, a favor de dejar que los equipos locales definan el programa más apropiado. Ello es parte de la riqueza y del impulso actual de los programas de mejoramiento de barrios (PMBs) en América Latina.
Nuestro debate, en el plano más general tuvo un punto saliente en la confrontación de posiciones entre Félix Bombarolo y Fernando Cavallieri, que va mas allá del viejo dilema revolución o reformismo. Lo que inquieta a Bombarolo centrando la observación en lo social, es que los programas siguen atacando el emergente visible de la pobreza (el asentamiento pobre) dando en mayor o menor medida por descontado que la problemática social se resolverá automáticamente. Sin duda que es insuficiente que se intervenga en el enclave (pobre), pero desde la perspectiva de las políticas urbanas, que agrega Cavallieri, se destaca que lo bueno es justamente que se intervenga con inversión allí, donde antes no se hacía, pero incorporando otras acciones que le otorguen una mayor integralidad.
Ahora bien, queda claro que no ocurre lo mismo en el resto de las ciudades latinoamericanas, como destaca José Luis Coraggio acerca de las particularidades de cada contexto. Lo que funcionó con la antigüedad e insularidad en las favelas de Río, puede no funcionar en contextos urbanos de reciente conformación en trama abierta, como en Argentina. Por ejemplo, evaluaciones del PMB Argentino, han demostrado que la intervención, como resultado de su focalización, genera discriminación positiva, al recortar un grupo de favorecidos en un entorno urbano socio-espacial homogéneo. En este caso, los PMBs podrían contribuir a la segmentación urbana, al afectar también a otros pobres.
La intervención de Fernando Cavallieri, desde la rica experiencia de Favela Bairro, agrega varios elementos más. En primer lugar, parece crucial que estos programas sean parte -no sólo de una política social más integral- de una política urbana integral. Por ello, si se observan los PMBs sólo desde la óptica del grupo social involucrado, se pierde la perspectiva de que estamos hablando de bienes y servicios que forman parte del mercado urbano. La generación de plusvalía, propia del proceso de urbanización- y el modo en que ésta es distribuida, es central. En ese sentido, cuando Cavallieri enumera la diversidad de acciones simultáneas que son necesarias y la importancia estratégica que tiene la regulación urbanística, centra el eje en lo que en muchas ciudades- especialmente en Argentina- no existe en las agendas urbanas aún. Nos referimos a instrumentos diseñados con objetivos de distribución más justa de la riqueza socialmente generada por la urbanización. Aquí radica en gran medida la debilidad institucional de los gobiernos locales, que particularmente señala Rosalía López Paniagua.
En este sentido, la intervención de Alejandro Florián centra también la mirada en el mercado, pero destacando la importancia de la economía popular como «universo económico dinámico», como actor activo a tener en cuenta en la intervención. Este es un punto central también, pues los programas plantean la participación de una forma acotada, buscando sólo justificar y legitimar la actuación, pero no una profunda articulación con el sistema cultural-económico del grupo involucrado. Sobre la promoción y/o fortalecimiento de la economía local centrará su argumento también José Luis Coraggio. Lo cierto es que prácticamente en todos los casos- el diseño de los programas no contempla una evaluación de los recursos existentes (especialmente los intangibles) y las posibles sinergías que pueden producirse con la intervención. La dimensión de la sustentabilidad, que algunos PMBs están planteándose con resultado de evaluaciones negativas del impacto económico, provoca que el seguimiento posterior a la intervención sea necesario, dando la razón a lo que Cristina Cravino plantea sobre los tiempos sociales distintos a los de la gestión de la intervención.
La intervención de Raúl Zavalía va aún mas allá al plantear, por una parte, que para verdaderamente expandir estas intervenciones lo importante es no realizarlas a fondo perdido, sino recuperando la inversión; y por otra parte, que el potencial productor, la estima y la capacidad de los vecinos, se potenciaría con estrategias que asocien financiamientos públicos rotativos con organizaciones autogestionarias barriales.
Aquí por cierto estamos llevando al extremo las cosas, poniendo a prueba los supuestos (como los que señala Cravino), exigiendo a unos programas que esquematizan la heterogeneidad y complejidad de la pobreza urbana, a causa de su concepción y limitaciones operativas, cuyos logros (como los que muestra el caso que relata Carlos Rivero Ballesteros desde Venezuela), por cierto que constituyen un avance cierto.
Ahora bien, cuando Raúl Sánchez Rodríguez, plantea que lo importante es «evitar» los asentamientos irregulares, revertir el proceso migratorio y descentralizar los asentamientos humanos, coloca en otro eje la discusión y nos lleva a cuestiones precedentes a los supuestos sobre los que se asienta nuestro debate. Para esa opinión, quiero recordar que, mientras transcurría la breve historia de la segunda mitad del siglo XX que narro en la introducción al debate, sobre la evolución y pasaje de las políticas de vivienda hacia políticas de reducción de la pobreza centradas en el hábitat, tuvo lugar en tan sólo cincuenta años, un aumento al doble de la población mundial, y al triple de la población urbana, y que la mayoría se concentra en las grandes ciudades del mundo no desarrollado. La urbanización ha sido un proceso tan irreversible, como lamentablemente lo ha sido el aumento de la pobreza. Por ello, si bien el ideal sería que los asentamientos humanos tendieran a un equilibrio territorial, ello no ocurre, y por ello hay que asumir el costo de la intervención urbana. El costo no es para nada alto. Si se observa que en nuestras ciudades, en áreas de los sectores de altos ingresos, la intensa especulación ha provocado que se construya y destruya varias veces en pocos años, se tiene que el costo social de la destrucción de parque bueno es infinitamente mayor.
En correspondencia con uno de los ejes fundamentales de nuestro debate, el arraigo de la población se produce por el desarrollo de las economías locales, en el marco de la globalización, en general se asiste a la quiebra de las economías regionales y/o locales (en pocos años en el caso de Argentina), con lo cual se acentúa el proceso migratorio hacia las grandes ciudades. Por ejemplo en Argentina la administración de la Provincia de Buenos Aires durante ocho años decidió no aportar fondos (unos 1.200 millones de dólares en esos años) para construir viviendas en el Gran Buenos Aires (9 millones de habitantes) y hacerlo en las poblaciones pequeñas de las provincias, con el objetivo de «anclar» la población. El resultado fue el contrario: se especulo con la vivienda pública en pueblos que se siguieron vaciando y aumentó la penuria habitacional y los asentamientos en la gran ciudad, donde faltó la inversión.
En síntesis, el debate reunió valiosos aportes que contribuyen a construir una mirada mucho más profunda a las intervenciones socio-espaciales en el complejo universo de la pobreza urbana. Mucho agradecemos a quienes aportaron su tiempo y voluntad en este constructivo debate.
Sobre el marco regresivo
Como comentario final queremos agregar, que se debe tener en cuenta que estamos debatiendo el alcance de los programas de mejoramiento de barrios en un contexto Latinoamericano donde, con excepción de Chile y en parte Brasil, el resto de los países, en los años 90, han desmantelado sus sistemas nacionales de financiamiento y gestión habitacional. Por lo tanto en algunos casos estos programas se desarrollan en un escenario de deconstruccción, en muchos casos incompleta, de lo que había sido una construcción también incompleta de un sistema de provisión al estilo del europeo de la posguerra, y un intento de regulación del mercado con el fin de mejorar la asignación social a los bienes del ambiente construido (suelo urbanizado, vivienda, servicios y equipamientos urbanos). Los bancos hipotecarios nacionales se privatizaron, los organismos públicos se redujeron o desaparecieron en la reforma del Estado, al tiempo que los programas se desvanecieron por falta de financiamiento o por transferencia mediante una «descentralización» en gran medida forzada- a provincias y municipios con serias dificultades (técnicas y financieras) de gestionar en modo apropiado y de sostener en el tiempo los programas. Mucho menos de avanzar hacia una administración y gestión socio-urbana más integral.
En nuestros países, las políticas urbano-habitacionales, pocas veces alcanzaron madurez, no pudiendo consumar un sistema comprehensivo, eficiente y equitativo, que vaya mas allá de la mera construcción de casas con fondos públicos. En los hechos sólo se configuró un sistema de financiamiento de la oferta basado en la asociación entre lobby empresario y distribución clientelar. Lejos se estuvo de constituir un sistema de acciones, o como dice Pierre Bourdieu (2001) que la política de vivienda es «... el producto de una larga serie de interacciones cumplidas bajo una coacción estructural...» compuestas por medidas reglamentarias que establecen las interacciones entre agentes en una unidad territorial determinada. Esto se abandonará definitivamente a la luz de las estrategias de facilitación (del funcionamiento del mercado), promovidas por las agencias en los 90, y de la focalización recomendada para el conjunto de las políticas sociales.
En ese sentido los PMBs, constituyen el mejor ejemplo de la nueva generación de políticas de reducción de la pobreza centradas en el hábitat, las cuales se caracterizan por constituir un modo más acabado de «focalización» socio-espacial.
La (condición de) «vivienda social», que había sido producto de las luchas sociales de buena parte del inicio siglo XX en Europa y fue heredada y desarrollada, en diferente grado, en los distintos países de América Latina, desde los años 50, es abandonada en los 90 e incluso condenada, en las acciones de las políticas neo-liberales basadas en las recomendaciones de la agencias internacionales en la materia. La reinstauración del principio (liberal) de la responsabilidad individual en el acceso a la vivienda, obviamente implica el abandono de la noción de la responsabilidad compartida y los principios de solidaridad social. El Estado abandona así su rol de promotor del desarrollo (nacional) y de garante del equilibrio y la cohesión social interna, para transformarse en garante de las inversiones extranjeras y el equilibrio financiero ante la banca internacional. El desmantelamiento de las instituciones de la seguridad social y su obsceno reemplazo por múltiples reaseguros privados, implican en primer lugar la ruptura de la condición de derecho-habiente de la población, y su reemplazo por la condición de seguro-adquirente, bajo una lógica de mercado que desprotege, excluye y fragmenta socialmente.
Boletín Petropress Nro. 8/2001[2]
En Bolivia esta a punto de cometerse un gran atentado contra los intereses de los bolivianos en beneficio directo de las grandes transnacionales que controlan los sectores más importantes de la economía. Este atentado viene de la mano de la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, que bajo el auspicio de los máximos organismos internacionales (PNUD-BID-BM) se proponen modificar la constitución política del estado boliviano y ajustarla a las políticas neoliberales y a los requerimientos del ALCA y la OMC.
El objetivo es legalizar las arbitrariedades que cometen las transnacionales en Bolivia y someter las leyes y las decisiones internas del país a organismos extranjeros de los países desarrollados de donde provienen las transnacionales.
Antecedentes. Los gobernantes bolivianos en los últimos años, en los hechos han venido modificando y hasta contraviniendo los establecido en la constitución política del Estado Boliviano, ley de leyes del país, en función de ejecutar las reformas de corte Neoliberal en la economía (sobre todo las privatizaciones). En los hechos se han dictado leyes (como las de capitalización y privatización) cuyo carácter es inconstitucional y anticonstitucional para garantizar a los inversionistas extranjeros, léase transnacionales, un marco jurídico que les otorgue seguridad en el país.
La máxima garantía, pese a todo, para las transnacionales en Bolivia ha sido el contar con gobernantes dispuestos a defender los intereses foráneos a toda costa. Sin embargo, después de las masivas protestas sociales de los últimos dos años en contra de las políticas neoliberales y de privatización que terminaron inclusive con la expulsión de la Transnacional "Aguas del Tunari" en la denominada "Guerra del Agua" en la ciudad de Cochabamba en Abril del 2000. Los gobernantes bolivianos presionados por los organismos internacionales de las transnacionales han iniciado una ofensiva para minimizar los riesgos que sus inversiones puedan correr en caso de protestas sociales. La reforma de la constitución política del estado boliviano es un medio para este fin.
Proceso de la reforma constitucional. El 14 de febrero de 2001, el Poder Ejecutivo boliviano hace entrega al Honorable Congreso Nacional la agenda de la Reforma Constitucional para la Participación Ciudadana.
El 18 de mayo del 2001, se posesiona a un denominado Consejo Ciudadano encargado de discutir y sugerir modificaciones a la constitución política, de acuerdo a un borrador de reforma realizado por el Programa de Gobernabilidad del Gobierno Boliviano (PRONAGOB) que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). EL consejo ciudadano esta formado por ciudadanos "notables", quienes una vez por mes se reunieron he hicieron las modificaciones al texto propuesta.
El 1 de noviembre, el Consejo Ciudadano concluyó sus labores con la redacción de la versión final de un Anteproyecto de Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional. Ley que deberá ser aprobado por el parlamento hasta agosto de el año 2002, para que las reformas planteadas entren en vigencia desde esa fecha por 5 años.
Observaciones al proceso y a la finalidad de la reforma constitucional. Las observaciones de forma y al contenido de las reformas planteadas a la constitución política tienen que ver con:
Proceso no transparente. Para la conformación del Consejo ciudadano se tomo en cuenta a personas, no así a organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, organizaciones populares, etc.) que planteen sus aspiraciones respecto de la constitución que quieren. Es sospechoso el financiamiento brindado por las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo para que se hagan estas reformas.
Borra lo social de la economía. Ajusta el sentido de la constitución a las reformas neoliberales.
Superintendencias estarán incluidas en la nueva constitución. Introduce a las Superintendencias, creadas por el programa de privatización para beneficiar a las transnacionales, en el cuerpo jurídico de la constitución confiriéndoles un carácter constitucional y no así de medida coyuntural aplicada en beneficio de las empresas extranjeras.
Recortan protección a bienes nacionales. Los bienes nacionales (incluidos los recursos naturales) que son considerados por la constitución, en la propuesta de reforma ya no son propiedad inalienable del país, sino que puede ser entregado a las transnacionales en condición de propiedad.
Preparación para el ALCA. Somete las leyes nacionales a las leyes, convenios y tribunales internacionales.
Régimen agrario anticampesino
Las reformas planteadas y los recursos naturales. La Fundación Solón en Bolivia ha realizado un minucioso análisis de las reformas a la constitución planteadas en comparación con la constitución vigente. De tal manera que con claridad se observa la orientación que tiene la reforma, esto porque eliminan partes de la constitución que mínimamente garantizaban derechos sociales y el control sobre los recursos y bienes nacionales, que son un estorbo para las transnacionales.Del análisis de los cambios propuestos se concluye que:
Con esta reforma se busca garantizar la propiedad privada, sobretodo de las grandes empresas transnacionales y de los empresarios nativos. En la propuesta de reforma se omite la parte del articulo 22 de la constitución que garantizaba la propiedad privada siempre y cuando no atenté contra el interés común . La prouesta sólo dice: "Se garantiza la propiedad privada". La parte de indicaba "siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo" quedo eliminado de la propuesta.
Se busca someter a las leyes bolivianas a lo que se disponga en otros países o instancias internacionales. Por eso en la propuesta de reforma se elimina completamente el Artículo 24 de la Constitución que dice: "Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas." Para el caso de las empresas que capitalizaron y privatizaron YPFB, esta norma consiga un beneficio particular, pues se sabe (por ejemplo en el caso de Enron) que varios contratos fueron hechos de manera irregular y que los bolivianos buscan la revisión y anulación de los mismos. Con la eliminación de este artículo de la Constitución, cualquier empresa, incluso aquellas que hayan suscrito contratos que perjudiquen a los intereses del país, podrán apelar a las instancias internacionales para hacer respetar sus contratos, también podrán utilizar como presión para continuar con sus actividades el poder de sus países de origen a través de las instancias de arbitraje internacionales. Se nos quita el derecho de decidir internamente la conveniencia o no para el país de los contratos suscritos por los gobiernos de turno, que la mayoría de las veces sólo los favorecen sus mezquinos intereses.
Se intenta violentar la soberanía territorial: en el proyecto de reforma se omite un artículo que garantizaba un geopolítica en resguardo del territorio nacional. Pues para evitar ocupaciones territoriales de extranjeros en las fronteras nacionales la Constitución preveía un mecanismo que les impedía a los ciudadanos y empresas extranjeras poseer territorio boliviano en 50 kilómetros de la frontera. Este artículo en el proyecto de reforma quedaría eliminado, el mismo de manera textual dice: " Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa". Se omite este artículo, porque en los hechos las empresas petroleras ya tenían concesiones más allá de los 50 kilómetros previstos por la Constitución, los que se hizo es eliminar este artículo que en los hechos era violado por las concesiones petroleras.
Se pretende dejar que los contratos que tienen que ver con la explotación de las riquezas nacionales no queden claramente definidos como atributo del poder legislativo, es presumible que motivados por los jugosos negocios que dejan al poder ejecutivo contratos que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales como el petróleo y el gas natural, se quiera que sea este quien defina las cosas en esta materia y no el parlamento. En la reforma planteada el Artículo 59 diría sólo: "Son atribuciones del Poder Legislativo: Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado." La parte que fue omitida dice: "así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales." En todo caso históricamente tanto el poder ejecutivo como el legislativo en Bolivia han actuado como agentes de las empresas transnacionales, con esta reforma a lo sumo les ahorrarían unos centavos a las petroleras, quienes ya no tendrían que sobornar a gran cantidad de parlamentarios, sino tan sólo a los gobernantes de turno.
El Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Boliviano dice: "El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura de bienestar del pueblo boliviano." Objetivamente, este artículo de la Constitución nunca fue cumplido por los gobernantes bolivianos y más al contrario en los últimos años han hecho todo lo contrario imponiendo un régimen económico neoliberal que entrega a manos extranjeras los recursos naturales y la soberanía nacional. La reforma planteada, sin embargo elimina este texto de la Constitución. Es decir de aquí en adelante, ni siquiera líricamente, las políticas económicas que se apliquen en Bolivia deberán tener como objetivo el fortalecimiento de nuestra independencia, ni el bienestar del país. Al parecer con esto se intenta dejar claro que la explotación de los recursos naturales y humanos, no tiene nada que ver con el desarrollo del país ni el bienestar del pueblo boliviano, por el contrario la explotación de los recursos naturales deberá servir a las transnacionales como sucede ahora con la política neoliberal.
En la Propuesta de Reforma, también se elimina el Artículo 137 de la Constitución que afirmaba: "Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla." Es decir que sin este texto incluido en la Constitución los bienes del patrimonio de la Nación, como pueden ser las empresas estratégicas o los recursos naturales (gas y petróleo), pueden ser tanto propiedad pública así como privada siendo su defensa no atribuible a los gobernantes. En los hechos la privatización y capitalización de las empresas estatales constituía un atentado contra este artículo de la Constitución, por lo que si se eliminara esta parte de la Constitución quedarían ajustadas a la "Ley" las medidas de traspaso de los bienes nacionales a manos de las transnacionales. Los que demuestra el carácter neoliberal y antinacional de esta reforma, pues aun cuando las leyes de privatización, capitalización e hidrocarburos para el sector petrolero propiciaron la entrega de las empresas estatales a manos de las empresas petroleras, los recursos naturales constitucionalmente todavía pertenecían al domino del estado boliviano. En último termino con esta reforma se recorta la protección a los bienes nacionales.
El artículo más importante en materia hidrocarburifera de toda la Constitución es el Artículo 139. Este artículo en el proyecto de reforma es eliminado, para borrar junto con el cualquier atisbo de participación nacional en la gestión de los recursos hidrocarburiferos que posee Bolivia. Pues el artículo indica: "Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presente, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado." Se entiende que una vez privatizada YPFB, los recursos naturales sean propiedad de las transnacionales petroleras, lo que para los reformadores de la Constitución significa que esta artículo es innecesario y molesto. Se trata de no contradecir el espíritu de la capitalización de YPFB, con un artículo ratifica que la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran suelo boliviano pertenece al estado boliviano. Una ves más una reforma en beneficio directo de las transnacionales petroleras.
Las observaciones hechas aquí al proyecto de necesidad de reforma constitucional, son parte de las observaciones que en conjunto varias organizaciones de la sociedad civil boliviana hacen al contenido y finalidad de la misma. Reforma que esta siendo impulsada por los organismos internacionales de los países desarrollados y los partidos neoliberales bolivianos para favorecer a las transnacionales que hoy dominan nuestra economía.
Los grandes negocios de Enron en Bolivia: corrupción y transnacionales
Boletín Petropress Nro. 6/2001[3]
En el marco de la economía mundializada, no es raro saber de grandes transnacionales que utilizan la presión política y económica que poseen los países industrializados, de donde provienen estas empresas, sobre los países atrasados y dependientes para garantizarles a sus transnacionales la explotación y la mercantilización de los recursos naturales y humanos que poseen en abundancia las colonias y semi-colonias.
Tampoco provoca sorpresa enterarse de los vínculos irregulares que mantienen los gobernantes de los países periféricos con las empresas extranjeras interesadas en hacer negocios en su país. Cuando mas al contrario la corrupción parece haberse convertido en una política que las grandes transnacionales fomentan para garantizarse buenos negocios por el mundo entero.
En Bolivia, después de concretarse las reformas recomendadas por los organismos internacionales de los países industrializados (FMI, BM), después de consolidarse la penetración de las más grandes transnacionales del mundo en los sectores principales de la economía boliviana. La situación parece haber empeorado, no sólo que la economía boliviana se encuentra en crisis (producto de los despidos masivos a causa de las privatizaciones y de las quiebras en muchas empresas del sector privado) sino que la corrupción, generada por los partidos políticos que por turno son gobierno, se ha convertido en una suerte de política de estado para favorecer a los burócratas gobernantes y a las grandes empresas transnacionales.
Este parece ser el meollo del asunto, no solo que las privatizaciones buscaron reorientar en lo económico las políticas nacionales hacia en la perspectiva de mejorar, ampliar y reforzar el poderío económico de las grandes potencias mundiales, sino que los gobernantes locales de los países dependientes estas medidas económicas fueron bien aceptadas por los mismos gracias a los beneficios personales que las transnacionales les ofrecieron. Una estrechez de vínculos de intereses entre las transnacionales y los gobernantes locales parece ser la única explicación que justifique la aplicación de la política de privatizaciones en Latino América y el mundo.
¿Enron?
Enron es el nombre de una de las más grandes transnacionales petroleras del mundo de origen estadounidense. Con todo el poder económico, acumulado a lo largo de varias décadas de negociados en su país y en el mundo entero donde se extendió por mas de 40 países , y el inmenso poder político -varias veces- ganado a través de sobornos y prebendas ofrecidas a tradicionales partidos en Estados Unidos. Esta empresa , que en Bolivia fruto de la capitalización logro apoderarse del sistema nacional de transporte por ductos, hoy ve como su imperio se derrumba cual castillo de naipes, junto con sus acciones en la bolsa de valores que se desplomaron hasta llegar en las primera semana de diciembre del 2001 a cotizarse en 0,26 centavos de dólar la unidad.
Enron un prontuario poco recomendable: Algunos de sus "negocios" en el mundo:
En Argentina. Fue introducida por los hermanos Shaw en octubre de 1998 bajo el nombre de Westerfield S.A. con un capital de diez dólares. Poco tiempo después presentaron una propuesta de inversión de dólares 800 millones para crear un polo petroquímico en Neuquén. Con Carlos Menem en el poder presentaron una nueva propuesta para construir otro polo petroquímico, exigiendo a cambio excepciones impositivas: no pagar IVA.
En la India. En medio de denuncias de corrupción Enron se adjudico un contrato para construir una estación energética de 2.000 MW en Dhabol. Los contratos fueron negociados antes de ser adjudicados a una oferta competitiva. Se dice que el contrato con Enron fue logrado a través de sobornos a los gobernantes de la India.
En Filipinas. Gracias al apoyo de la Cia y el Pentágono, en una suerte de asociación Estado-Transnacional, Enron pudo entrar a los mercados emergentes de Filipinas, Indonesia, Qatar y la India.
En Filipinas el apoyo decidido del Embajador norteamericano Franck Wisner, permitió que ENRON se apropiase de las plantas energéticas de Subic Bay y Batangas en 1991-92.
El colapso de la petrolera Enron en Estados Unidos, junto con la intención del senado de ese país de investigar hasta el fondo las asociaciones irregulares que esta empresa tuvo con sus gobernantes actuales, en una especie de acto reflejo ha generado en Bolivia reacción respecto de los negocios que esta empresa tiene en el país. Varios medios de comunicación y personalidades de la vida política iniciaron una serie de denuncias acerca de actos irregulares, cometidos por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario cuando se encontraba en función de gobierno(1994-1997), que le habrían favorecido a Enron el ingreso al país y la participación en el negocio millonario de la exportación de gas natural al Brasil.
A continuación presentamos un resumen de los negocios que Enron conjuro en Bolivia.
El sospechoso ingreso de Enron en Bolivia
Con tintes claramente oscuros, ya el 13 de julio de 1994 el entonces presidente ejecutivo de YPFB, Mauricio Gonzales, y la presidenta ejecutiva de Enron, Rebeca Mark, suscribieron en Brasilia un "Memorandum de Entendimiento" para la Constitución de un contrato de "riesgo compartido" entre YPFB y Enron que, entre otras cosas, estipulaba el desarrollo, financiamiento, construcción y operación para el trasporte de gas natural de Bolivia al Brasil, donde YPFB tendría el 60% de participación y la Enron el 40%, comprometiéndose a prestar esta última a YPFB hasta 10 millones de dólares para los gastos que demande el trámite del proyecto. El contenido del memorandum fue mantenido en absoluto secreto por el gobierno del MNR.
El 9 de diciembre de 1994 se suscribe en Miami un contrato de "Acuerdo de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas" que contiene esencialmente lo acordado en el "Memorandum de Entendimiento" suscrito en Brasilia el 13 de julio de 1994. Ese contrato somete a Bolivia a las leyes del estado de Nueva York y otorga a "Enron (Bolivia) C.V." la exclusividad en la construcción de otros gasoductos en el país; garantizando a la Enron rendimientos anuales del 18,5% sobre las inversiones que pudiera realizar.
Debe quedar claro que esta asociación de YPFB con Enron (Bolivia) C. V. desde el principio quedaba seriamente cuestionada, pues dicha empresa jurídicamente no inexistía en Bolivia. Su establecimiento legal en el país se produjo recién el 18 de Agosto de 1995 , es decir 8 meses después de haberse firmado el contrato con YPFB, sin que el pueblo boliviano supiese nada al respecto.
ENRON no puso un solo centavo: Petrobras financió el gasoducto.
Aunque el contrato de asociación con participación suscrito entre YPFB y Enron establecía que esta última debía conseguir financiamiento para la construcción del gasoducto al Brasil, Enron jamás cumplió lo establecido. Ya que a más de dos años de suscrito dicho contrato esa empresa transnacional no puso ni un centavo para la construcción del gasoducto. Tal es el caso que el 26 de julio de 1996 Petrobras ofreció financiar la construcción del tramo boliviano del gasoducto. En ese momento correspondía al gobierno boliviano dar por terminado el lesivo contrato con Enron, pero causó indignación saber que el gobierno de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aún cuando no había invertido nada.
El mejor negocio para Enron: la capitalización de YPFB.
Mediante el Decreto Supremo 24617, del 14 de mayo de 1997 (pocos meses antes del cambio de gobierno), el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada subrogó el contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YFPB) al contrato de capitalización, luego de que la poderosa transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la estatal petrolera. Con esta medida se trató de invisibilizar el irregular ingreso del gigante energético en el país. La norma establece que con la firma del contrato la parte de la petrolera nacional en el tendido del gasoducto a Brasil quedaba en manos de Transredes -con socios mayoritarios Enron-Shell-, empresa a la que también se transfiere el contrato de exportación de gas a Brasil, con lo que el consorcio Enron -Shell quedaba en el tramo boliviano a cargo de 59% del negocio de exportación de gas al Brasil (15% Petrobras y sólo 34% para las AFPs).
La participación de Enron en la capitalización de YPFB fue cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del proceso, porque la asociación accidental dio ventajas a la compañía norteamericana ahora en quiebra. A esto se suma el hecho de que el original del primer contrato suscrito entre Enron y YPFB, que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de la multinacional) y que tiene la rúbrica de Sánchez de Lozada, el presidente de la estatal petrolera Mauricio González y el entonces canciller Antonio Araníbar, no existe en Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Económico, el Viceministerio de Energía e Hidrocarburos y el Congreso, entre otras reparticiones, tienen sólo una fotocopia. Fuentes gubernamentales informaron que hasta 1996 el departamento legal de YPFB no tenía en sus archivos el contrato con la Enron. Luego de que la firma del documento salió a luz pública con ribetes de escándalo, tras la denuncia de un partido político, la estatal petrolera accedió a una copia.
La inexistencia de un original de este contrato es un elemento más en la serie de irregularidades del acuerdo YPFB-Enron, que es investigado por una comisión en la Cámara de Diputados. En principio se cuestiona la firma de Sánchez de Lozada en el contrato, cuando por Enron sólo aparece la rúbrica de su presidenta y no participa ninguna autoridad del gobierno de EE.UU.
Se observa también el hecho de que Sánchez de Lozada firmara el documento durante la Cumbre de las Américas en Miami. Andrés Soliz Rada, diputado por Condepa y miembro de la Comisión Investigadora del Caso Enron, recordó que en aquella ocasión Sánchez de Lozada solicitó permiso al Parlamento para asistir a la Cumbre de las Américas; en ningún momento mencionó la firma del contrato Enron-YPFB. El contrato fue suscrito bajo las leyes del estado de Nueva York. Además, una "Asociación Accidental con Pacto de Accionistas" no existe en el Código de Comercio.
Finalmente, se observa el hecho de que el contrato YPFB-Enron fue firmado el 9 de diciembre de 1994, mientras la resolución de directorio de la estatal petrolera que autoriza el acuerdo recién fue emitida el 14 de diciembre de ese año.
Gracias a este contrato y sin invertir nada, Enron obtuvo el 40 por ciento de participación en el lado boliviano del gasoducto Bolivia-Brasil. El propio Banco Mundial reveló que el aporte de Enron al gasoducto fue nulo y que todo el riesgo financiero lo asumió Petrobras. Sospechoso, es lo menos que podemos decir a estas alturas. Ojalá la Comisión de Diputados logre echar luz sobre el tema, al margen de intereses electorales. Preguntarse si una empresa que cometió inmensas irregularidades en su país de origen no habrá cometido irregularidades equivalentes y proporcionales en el nuestro, no es ningún atrevimiento. Porque además el problema no se acaba con la firma del contrato.
Enron y el actual gobierno.
No se trata de endilgarle toda la responsabilidad al gobierno capitalizador, obviamente es el mayor responsable por el ingreso irregular de Enron a Bolivia. Existen también datos preocupantes respecto de los favores del actual gobierno a la transnacional fraudulenta. Resulta que en el proceso de capitalización la unidad de transportes de YPFB se había adjudicado la deuda de la petrolera Enron y de su socia Shell a raíz de todos los gastos en los que se había incurrido (viajes, abogados, papelería, etc.).
Posteriormente Transredes se comprometió a reembolsar a YPFB alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, por la premura que se tenía en el cierre de la capitalización, no se incluyó este monto en ningún documento. Meses después, cuando YPFB solicitó el pago, Transredes se negó a reembolsarlo, bajo el argumento de que no había ningún documento que mencionara esa deuda. Para no continuar con la disputa, el gobierno de Banzer aceptó la figura de "donación" de Transredes al Programa de Electrificación Rural (Proner). Sospechosamente, esta operación se concretó horas antes de la aprobación de la denominada "Ley Corazón", norma que viabilizó la construcción del gasoducto a Cuiaba que atraviesa el bosque chiquitano, el último bosque seco en el mundo, a través de la cual se transporta el gas que alimenta a la planta termoeléctrica construida por Enron.
Así es como la deuda de 10 millones de dólares que esta empresa tenía con YPFB pasó a convertirse en una "donación" de Transredes al Proner, con la facilidad de pagos en cómodas cuotas. Este acuerdo fue muy beneficioso para la Enron, porque consiguió, con dinero del Estado, zanjar la posible oposición de los pobladores de la región a la construcción del gasoducto entre San Miguel y San Matías, obra que fue observada por muchas organizaciones de la sociedad civil por cuanto atraviesa el bosque chiquitano, el último bosque seco en el mundo. (Aún se desconoce si la Fundación Proner y Transredes cumplieron con sus compromisos).
En todo este proceso el rol de la Enron para aprobar el financiamiento para este ducto fue totalmente oscuro al "convencer" de su construcción -con 20 millones de dólares- a ONGs, llamadas "conservacionistas" (como FAN, WCS; Instituciones Públicas MHNNKM, WWW, e Instituciones Privadas MBG tanto de Bolivia como de los Estados Unidos)
Finalmente, la influencia de la poderosa Enron también frenó la aplicación de multas en contra de Transredes (Enron-Shell) por procesos administrativos derivados del derrame de petróleo sobre el río Desaguadero. Una visita al país de la ex-embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak -en defensa de la empresa norteamericana- al entonces ministro de Desarrollo Sostenible, José Luis Carvajal, evitó la multa.
La privatización como forma de generar corrupción.
Mientras los responsables de la administración corrupta de las empresas estatales nos decian " la administración estatal es corrupta" y "por tanto es mejor entregarla a manos privadas". Pues bien, lo menos que se puede concluir después de investigar el ingreso y los negocios poco claros de Enron en Bolivia es que una empresa privada puede ser igual de corrupta que el estado, cuando no más, y que por supuesto el estado puede ser su cómplice.
Es el caso de Enron (la empresa energética que ha causado la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos), que no pagó impuestos sobre sus ingresos durante cuatro de los últimos cinco años gracias al uso a gran escala de paraísos fiscales, empleando otros trucos contables para esconder ingresos. Además sus ejecutivos (previendo la quiebra) vendieron las acciones a sus propios empleados y a otros miles de inversores ingenuos. La auditoría Andersen (una de las cinco más prestigiosas del mundo) también aparece complicada, al igual que las empresas calificadoras de riesgo, y los grandes bancos de la Enron (Morgan Chase y City Group) que guardaron silencio. Y falta por investigar las oscuras conexiones de la empresa con el Partido Republicano y sus aportes a la campaña electoral del presidente Bush.
Lo menos que se puede concluir ¿¿por ahora?? es que entregar nuestras empresas estatales a semejantes pulpos sin conciencia era mucho más peligroso que seguir nombrando presidentes y gerentes estatales sospechosos de corrupción. La sacralización de la empresa transnacional sólo puede provenir de quien tiene intereses ocultos en la misma.
No estamos hablando de un tema secundario, sino del transporte de la mayor riqueza que en este momento tiene nuestro país. Por el momento sabemos que no hubo transparencia en el contrato, ni en los sucesivos tratos con la empresa (que al ser más poderosa ella sola que todo el estado boliviano, de entrada tenía las de ganar). Sabemos también que nuestro país se había asociado con un monstruo tramposo. Tenemos por tanto el derecho y la responsabilidad de exigir que se investigue la actuación de Enron en nuestra vida económica y política. Luego de ello, será bueno exigir que las acciones irregularmente cedidas a Enron en el gasoducto Bolivia -Brasil retornen a manos bolivianas, para recuperar lo usurpado al pueblo boliviano por los gobiernos de turno.
Fecha de referencia: 22-07-2002
1: Remitido el 17 de mayo de 2002 por Marie-Christine Lacoste,
Coordinadora de "Rumbos"; lista de información científica y red de investigadores sobre y de América Latina
E-mail: lacoste@univ-tlse2.fr
CNRS/GRAL (Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine)
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Hoja Informativa de Urbared: http://www.urbared.ungs.edu.ar
2: Remitido desde: petropress@cedib.org
3: Remitido desde petropress@cedib.org

References: Artículo 24
 Artículo 59
 Artículo 133
 Artículo 137
 Artículo 139
 resolución