Source: https://es.scribd.com/doc/144783212/La-derogacion-de-la-obligatoriedad-de-los-fallos-plenarios
Timestamp: 2017-02-27 21:04:13+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLa derogación de la obligatoriedad de los fallos plenariosPor Héctor Eduardo Leguisamón (*)
El pasado viernes 17 de mayo de 2013 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.853[1] que, como comprendida dentro del paquete de proyectos de leyes anunciados por la Sra. Presidenta de la Nación destinados a la denominada "democratización de la Justicia", creó las Cámaras de Casación[2], y al mismo tiempo que instauró el recurso de casación, el de inconstitucionalidad y el de revisión, suprimió el recurso de inaplicabilidad de la ley, debido a la modificación de los arts. 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como también derogó los arts. 302 y 303 de este último cuerpo normativo, referidos, respectivamente, a la posibilidad de autoconvocatoria de la cámara de apelación a tribunal plenario y a la obligatoriedad de las sentencias plenarias para la misma cámara y para los jueces de primera instancia que dependen de aquélla, sin perjuicio de que los jueces pudieran dejar a salvo su opinión personal en las sentencias que dictaran, tópico éste último que constituye el objeto de este trabajo.
604. aunque no estén divididas en salas.
En el derecho comparado. o del máximo tribunal existente en el territorio.P. 285 y ss. inconstitucionalidad y casación-). C.. existen dos sistemas para unificar la jurisprudencia contradictoria reinante en los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones. 3. Cámara Nacional de Casación Penal. y en España.. Buenos Aires)[4].275 –de recursos extraordinarios. que sea la misma cámara de apelaciones. con carácter obligatorio para los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones y jueces que de ellas dependan. además del recurso en interés de la ley (respectivamente. o en la de Río Negro ante el Superior Tribunal (arts. en Santiago del Estero donde expresamente se estableció que la sentencia que dicta el Superior Tribunal de Justicia. de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil –ley 1 de 2000-). en virtud del recurso de casación. en México. corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas del mismo tribunal.. arts. y ss.P. sino también en cuanto a todos los órganos judiciales de la provincia (arts. Río Negro –según ley 4. Santiago del Estero).Básicamente. la doctrina legal que se debe aplicar a análogas situaciones jurídicas. 617 y 618. 287 y 289. y 236 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).P. en el ejido de la provincia de Buenos Aires en donde la Suprema Corte de Justicia determina la doctrina legal aplicable no sólo respecto del tribunal que entendió en la causa. y 15. C. San Juan. en la provincia de Santa Fe. obliga a los jueces inferiores (art. v. VIII.P.. por los tribunales colegiados de circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las salas.gr. del Nouveau Code de Procédure Civile –Nuevo Código de Procedimiento Civil-). C.gr. en donde la resolución que adoptan la totalidad de las cámaras de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia recibe el nombre de fallo
.C.C. 10.142-). que un tribunal jerárquicamente superior decida. 477.C. 238 a 250. si está dividida en salas. o por el Tribunal Electoral (arts. inc. por ejemplo.C. el recurso de casación se encuentra previsto en Francia (arts.C. C.
Uno.C.. Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires)[3]. la que unifique los criterios contradictorios existentes entre éstas. o bien que las cámaras de apelaciones de diferentes distritos de un mismo territorio se reúnan para unificar sus criterios (v. 287. y 490 y ss.
El otro sistema. en la provincia de San Juan ante la Corte de Justicia (arts. que puede variar según se trate de un tribunal creado para tal finalidad (tribunal o cámara de casación. en caso de existir varios tribunales colegiados o cámaras de apelaciones con criterios encontrados dentro del mismo territorio. como sucede.C. inc. 296.
Esto permite. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica igualmente prevé el recurso de casación para ante el Tribunal Superior en los arts. 16 y 17 de la ley provincial 2. que se unifique la doctrina legal para todos ellos.C.
el tribunal de casación pasó a integrarlo y ocupó una función similar a la descripta anteriormente: determinar la correcta interpretación de las normas. también existe la posibilidad de unificar la jurisprudencia de las distintas cámaras o salas de una misma cámara de un departamento judicial mediante su reunión plenaria por autoconvocatoria o a petición de parte (art. la sentencia que dicta la cámara de casación o el tribunal superior –según sea la variante adoptada-. además de la intervención de la Suprema Corte según se vio. deberá ser seguida por los tribunales inferiores. y. De esta manera. denominación ésta que se le da a la resolución que dicta una de esas cámaras en pleno para aunar los criterios de las salas que la componen (arts. sino del anglosajón –que para ese entonces era su antípoda-. Justamente.
El único y exclusivo propósito que persiguen las sentencias plenarias es unificar la jurisprudencia mediante un pronunciamiento a ser dictado por la cámara de apelaciones en pleno. como estructura extrajudicial. el escándalo
. C. se preserva la jerarquía y el prestigio de la jurisdicción. sobre la base de un modelo vertical y altamente jerarquizado. Santa Fe.constituía un medio de control político sobre la labor de los magistrados y evitaba que. mediante la unificación de la jurisprudencia. por tanto.
En el primer sistema.C. nació como resultado de la revolución francesa.
En cambio. cuya estructura sólo se puede pensar desde la horizontalidad. permite pensar en un sistema judicial fiscalizador de la actividad legislativa. en el cual se establezca la doctrina legal aplicable a casos análogos.160 –Ley Orgánica del Poder Judicial-).C. en el ámbito bonaerense. que se diferencia del fallo "pleno". sino que se limita a dar la correcta interpretación de la ley para ese caso y los futuros. Nuestro sistema procesal constitucional no fue elaborado sobre la base de ese modelo europeo. desvirtuaran el sentido que el órgano legislador tuvo en mira al momento de sancionarla. la idea de un control de constitucionalidad difuso. y 28 y 29 de la ley provincial 10.P. El tribunal de casación –que luego pasó a denominarse Cour de Cassation. si bien será obligatoria su doctrina legal. a través de la aplicación de la ley al caso concreto."plenario". a la inversa de la propuesta europea donde el Poder legislativo era quien fiscalizaba la labor del Poder Judicial[6]. la sentencia dictada por la cámara de apelaciones en pleno no tiene el carácter de sentencia definitiva puesto que no resuelve el caso concreto. dividida por la contracción. Una vez estructurado el Poder Judicial.827 –Ley Orgánica del Poder Judicial-).
La casación. al evitar. y tuvo como tal el primordial objetivo de unificar la interpretación que los jueces debían realizar respecto de las leyes que se encontraban obligados a aplicar. y evitar que el resultado final del pleito dependa de la circunstancia aleatoria de que intervenga tal o cual sala del tribunal[7] [8]. 37 de la ley provincial 5. en el segundo sistema. 375. no le hace perder su naturaleza de sentencia definitiva[5]. "casando" la decisión adoptada por el juez de inferior jerarquía cuando ésta implicaba una interpretación que se alejaba del sentido literal de la norma.
o "graves y absurdas" adecuaciones de hechos y pruebas?.
En el ámbito nacional imperaba el segundo de los sistemas mencionados[11] hasta la reciente sanción de la ley 26. juzgadas por un mismo fuero. y responden: "Ciertamente la respuesta será afirmar la inexistencia de tan elevado precepto. en definitiva. Reseña histórica de la evolución de los fallos plenarios
Para una mejor comprensión. el art. que es precisamente lo que parecen ignorar los legisladores que sancionaron la ley 26.
La elección de entre esos sistemas básicos. sino que se fue dando con el transcurso del tiempo en razón de las reformas de la organización judicial de la época y de las normas que lo fueron perfeccionando. No puede todo depender del tribunal que nos toque en turno"[10]. depende de cuestiones de política legislativa. la unificación de la jurisprudencia de una determinada cámara de apelaciones y la obligatoriedad de sus fallos plenarios para evitar sentencias de signo contrario.
Con motivo de la creación de dos Cámaras en lo Civil. es conveniente analizar la historia del derecho. en nuestro caso. aunque se podría decir que no por ser el resultado de una meditada elección legislativa. remontarnos a los antecedentes de cómo se ha llegado a establecer normativamente determinado instituto jurídico.jurídico[9].853 a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. como siempre. es poner fin a la fluctuación y certidumbre en el pronóstico. en un mismo territorio y por jueces que dependen del mismo centro de poder. si cualquiera de las dos cámaras entendiera que.
III. en cuanto al punto en debate. existan disímiles pronunciamientos en cuanto a cuestiones de derecho.853. y aun de tradición jurídica de una comunidad dada. era conveniente fijar la interpretación de la ley
. como de las tonalidades que pueden adoptar cada uno de ellos.075 estableció que al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva. Su objetivo. 6 de la ley 7.
Salim e Iovanna preguntan: ¿qué sentido de "justicia" puede estar avalado por un sistema en donde ante cuestiones semejantes o idénticas.
la sala se abstendría de dictar sentencia y se reuniría en
. entonces. dejaran a salvo su opinión personal. y que la obligatoriedad.
El art. tanto para la misma cámara que los dicta. inc. el Congreso había resuelto la discrepancia interpretativa que existía bajo las leyes anteriores respecto de la obligatoriedad de las sentencias plenarias para los camaristas y los jueces de primera instancia[14]. Se decía en aquel tiempo que. cuando no existiese interpretación de la Corte Suprema. Esta ley tampoco implantó la obligatoriedad de la doctrina plenaria ni instituyó el recurso contra las sentencias definitivas[13].924 –creadora de la Justicia de Paz Letrada de la Capital Federal. Si existía discordancia de criterios. obligatoriedad que luego fue ratificada por el decreto ley 4. Durante su vigencia. asimilable a la de la ley[15]. es la característica de los fallos plenarios. estableció que las cámaras de apelaciones (cualquiera fuese su competencia) se reunieran en tribunal pleno para unificar la competencia de las salas o evitar sentencias contradictorias. pudiendo variar conforme las resultas del examen crítico y racional del jurisconsulto[16]. la citada cámara estableció que la doctrina plenaria era obligatoria para los jueces de la primera instancia[12].555/43. La norma. la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que antes de pronunciar sentencia. se reunirían en tribunal y decidirían por mayoría de votos. la ley 12.330 autorizó la convocatoria a tribunal plenario. se diferencia de la ley en que ésta no puede ser derogada sino por otra ley mientras que la jurisprudencia plenaria no tiene otra autoridad que la de la razón. 28. la cámara se podía reunir si contaba con las dos terceras partes de sus miembros. La doctrina aceptada por la mayoría de la cámara se debía aplicar en las resoluciones que en lo sucesivo dictara cada una de las salas.dispuso que la Cámara de Paz se reuniera en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas considerara conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.o de la doctrina aplicable. si hubiese empate se daría intervención a un miembro de las otras cámaras. cada sala de las cámaras se debía informar de la jurisprudencia de las otras que integraban la misma cámara sobre el punto a resolver.
Recuerda Arazi que. mediante acordada del 17/12/1952.
La ley 11. a petición de la mayoría de los miembros de una de las dos cámaras.998. de la ley 13. b. cuanto para los tribunales inferiores. la doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria era obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales la cámara que la pronunciara fuera tribunal de alzada.
Dividas en salas la Cámara de Apelaciones en lo Civil y la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Para modificar un plenario anterior. sólo se podría volver sobre ella como consecuencia de una nueva sentencia plenaria. no determinaba expresamente la obligatoriedad de la doctrina plenaria ni la facultad de las partes de solicitar la reunión del tribunal en pleno. con esta última disposición. sin perjuicio de que los jueces de primera instancia o de cámara.
Finalmente. 27 y 28 –finalmente derogados por la ley 24. y en la mayoría de éstos. Las razones tenidas en mira para tal propósito surgen de su exposición de motivos: "Por falta de una reglamentación adecuada que señale el procedimiento para su sustanciación. confiriéndole una tramitación más ágil. Es decir.C. En la exposición de motivos de tal decreto ley se lee: "Asimismo.N. que en virtud de esa acordada la convocatoria a plenario dejó de ser facultativa para las cámaras y pasó a ser un verdadero deber[17]. 288 a 303)". no ha cumplido plenamente los fines que se tuvieron en vista al establecerlo. Para evitar esa corruptela. la ley 22.) sancionado por la ley 17.N. instituido en el orden nacional por el art. fundamentación. la exposición de motivos de dicha norma dice: "Es notoria la demora que
. 28 del decreto ley 1. Evítase así poner en movimiento el lento engranaje de las cámaras en pleno para decidir sobre la concurrencia de recaudos formales de muy simple comprobación. el recurso de inaplicabilidad de ley.285/58.P. y también la autoconvocatoria. sancionado por la ley 17.
El decreto ley 1. fortuna mención del precedente supuestamente contradictorio.C. por las demoras y complicaciones que se producen cuando el tribunal en pleno debe resolver simultáneamente sobre ambas cuestiones. También se ha creído conveniente no concentrar en un solo acto jurisdiccional el pronunciamiento acerca de la existencia de contradicción y la declaración de la doctrina legal aplicable. en sus arts. estableció el recurso de inaplicabilidad de la ley. que de remedio excepcional que debió ser para evitar fallos contradictorios de una misma cámara. a fin de evitar sentencias contradictorias y que en tal contradicción se funden recursos extraconstitucionales". se ha convertido en un procedimiento dilatorio para diferir el cumplimiento de las sentencias. por no cumplirse sus requisitos formales: interposición dentro del plazo legal.P. etc. como medios para unificar la jurisprudencia de las cámaras de apelaciones. Así. circunstancia ésta que favorece los propósitos de quienes lo interponen con el solo propósito expresado. Las demás disposiciones del Proyecto recogen reglas jurisprudenciales para la sustanciación del recurso que en la práctica han dado resultados satisfactorios (art.
El C.050-.tribunal pleno.454 en el año 1967.285/58. con mira a acelerar su tramitación. el Proyecto establece que la admisibilidad del recurso debe ser declarada por la sala del tribunal que sigue en orden de turno a aquella de la cual emana el fallo impugnado. estableció la reunión de las cámaras de apelaciones en tribunal plenario y reglamentó el recurso de inaplicabilidad de la ley en forma similar al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (C.C. Tal vez la más importante consecuencia derivada de aquella omisión consista en haberse desvirtuado el carácter de recurso.C. debe perfeccionarse el régimen de recursos contra las sentencias de las cámaras nacionales de apelación. Las estadísticas demuestran que en un elevado porcentaje de casos los recursos no son acogidos.454.434 corrigió deficiencias en el procedimiento del recurso de inaplicabilidad de la ley que dilataban su sustanciación y decisión. Esa desviación de sus fines se advierte con más nitidez en los tribunales integrados por un elevado número de jueces.
853-). 1er.origina la sustanciación y decisión del recurso de inaplicabilidad de ley.N.C.C. Esto impedía.(art. que excede en mucho del tiempo que naturalmente debería demandar el trámite de este medio de impugnación". en virtud del cual se atacaba la interpretación de la ley contenida en una sentencia definitiva (art. La referida demora da lugar a la anomalía de que mientras todo el Código tiende a lograr una celeridad razonable. C.P. debe notificarse a las salas para que suspendan el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. no era admisible la efectuada por uno o varios camaristas en forma personal.[21]. sino que por obra del art.
Así.P.C. 288 y 289. que resultara contradictoria con la de otra sala de la misma cámara de una antigüedad no mayor de diez años a la fecha del fallo recurrido[18].N. –versión anterior a la ley 26.pero como cuerpo colegiado.los agravios en su contra. como las que hacen lugar a alguna de las excepciones perentorias. C. a diferencia de lo que ocurría en el caso del recurso de inaplicabilidad en el cual éste se interponía a posteriori de la sentencia definitiva. lo cual suponía que se debían haber expresado –y contestado.
. La iniciativa se realizaba mediante una resolución dictada en un proceso determinado y con antelación a que se dictara sentencia definitiva[20]. porque la convocatoria a plenario no estaba sujeta a las limitaciones que para la admisión del recurso de inaplicabilidad de la ley fijaban los arts.C. en cambio. C. dictada por una sala de la cámara de apelaciones. generalmente se abre un largo paréntesis.N.853-). –versión anterior a la ley 26. cuando se ha declarado admisible el recurso de inaplicabilidad de ley. con la grave consecuencia de que la dilación existe no sólo en la causa donde dicho medio de impugnación ha sido interpuesto.C. 301. las sentencias plenarias se podían generar por los siguientes medios:
a) A instancia de los justiciables mediante el recurso de inaplicabilidad de la ley. en el ámbito nacional.N. – versión anterior a la ley 26.P. 302. entendiéndose como tales las que ponían fin al pleito o hacían imposible su continuación –sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas.
b) A iniciativa de la propia cámara a través de la autoconvocatoria instada por cualquiera de sus salas[19]. 288. que cualquiera de las partes pudiera exponer sus fundamentos en favor o en contra de las posiciones contradictorias de la jurisprudencia de las salas –más allá de que se hubiesen citado precedentes en apoyo de los fundamentos-.
La iniciativa debía provenir de una de las salas –por lo menos. párr.C.P. fijando en algunos casos plazos breves.C.C.853-). 289.. C. que luego podía ser aceptada o no por la cámara en pleno (art. convocado el tribunal plenario.
En este caso. se trataba del pedido de ese funcionario para que la cámara se autoconvocara. que contemplaban el recurso de inaplicabilidad de la ley –y que ahora prevé los recursos de casación. la sala que se hallaba interviniendo y que instó la autoconvocatoria. al no establecer la ley 24. pues se trataba de la voluntad de la propia cámara de unificar los criterios distintos de sus salas. C. 303 referido a la obligatoriedad de los fallos plenarios. de la ley 24. e. y. ha echado por la borda muchos
.853-. que la iniciativa para la autoconvocatoria partía del fiscal de cámara que el tribunal podía acoger o no[22]. para peor. el presidente de la cámara convocaba a un acuerdo plenario.. por la derogación del art. no remitía al art.946 el procedimiento.En este supuesto. la ley 26. también de la posibilidad de que la solicitud partiera del fiscal de cámara. Dado que la autoconvocatoria se admitía si había mayoría absoluta de los jueces de cámara. 3er. también se aplicaban las reglas de la autoconvocatoria pues. pues el art. 302. es la que debía dictar la sentencia definitiva aplicando la doctrina plenaria. La derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios
Pues bien. –ambos en su versión anterior a la ley 26.N.C.853 ha producido un retroceso de prácticamente ochenta años en la evolución legislativa de los fallos plenarios.C. en definitiva.N. como también la de que fuera la propia cámara de apelaciones la que instara a hacerlo por la vía de la autoconvocatoria por la derogación del art. era una solución lógica puesto que no había dictado sentencia definitiva habida cuenta que antes de pronunciarla dio origen a la autoconvocatoria.946 –Ley Orgánica del Ministerio Público-). con la finalidad de determinar si ésta existía.
En este supuesto. 300. sino que podía comprender a cualquier tipo de resolución judicial. de inconstitucionalidad y de revisión-.C.
IV. por consecuencia. párr. inc.P. es decir.P. el objeto de la convocatoria no necesariamente se debía limitar a una sentencia definitiva como en el caso del recurso de inaplicabilidad de la ley.
c) A solicitud del fiscal de cámara (art. 37. 302.C. ha quitado la posibilidad a los justiciables de propender a la unificación de la jurisprudencia en las cámaras de apelaciones por la vía de la sustitución de los artículos del C. y.
que se ha vuelto a fojas cero.C.854. quedando absolutamente excluidas las cuestiones de derecho común. 288 del C. la cámara de casación viene a constituir si bien extraordinaria. una instancia más para resolver solamente el caso concreto previa a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. sino que podrán decidir ahora según su opinión personal. y. es decir que el marco de admisibilidad del recurso de casación queda limitado a las cuestiones de medidas cautelares pedidas contra el Estado y a las regidas por el derecho administrativo. y. a comenzar a discutir nuevamente todas las cuestiones de derecho que habían quedado definitivamente decididas en la doctrina legal sentada en cada sentencia plenaria. sino que. por ejemplo. 294 en tanto en cuanto establece que "si la sentencia o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad. asimismo.853 no establece expresamente la obligatoriedad de la doctrina establecida por la cámara de casación en su sentencia para los casos futuros. 288 a 294 del C. siendo que pareciera resultar precisamente lo contrario del nuevo art. como también las de hecho y de derecho procesal referidas a la aplicación de este último. De manera que. con relación al recurso de inconstitucionalidad que tiene el mismo marco de admisibilidad que para del de casación según el art.853 como podría pensarse de lo analizado anteriormente. el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare". con el agravante de que existe la imposibilidad de unificar la segura nueva jurisprudencia contradictoria.
Y el recurso de casación al que se refieren ahora los arts. la ley 26. pusieron fin a la jurisprudencia contradictoria en cada una de las cámaras de apelaciones y con ello brindaron certeza a los pronósticos de la solución definitiva de las controversias.
Con otro giro.P.años de elaboración jurisprudencial que terminaron en distintos y numerosos fallos plenarios que.N. el litigante que peticionó una medida cautelar contra el Estado –ahora con todas las limitaciones que impone la ley 26. que dicten las cámaras de apelaciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las que declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso administrativa.P. en realidad no se trata de un camino procesal para la unificación de la jurisprudencia ni esta es función de las cámaras de casación creadas por la ley 26. la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada [en clara referencia a actos administrativos] y confirmará o revocará el pronunciamiento recurrido".N.
En otras palabras. puesto que no sólo no el recurso de casación únicamente es procedente según el actual art.y la
. 296 que "al pronunciarse sobre el recurso. a barajar y dar cartas de nuevo. contra las sentencias definitivas.C. la cámara de casación interviniente declarará.C. además. 295. basta para así concluir que los jueces de cámara que votaron en minoría en cada uno de los fallos plenarios no tendrán que decidir siguiendo obligatoriamente la doctrina legal plenaria con la facultad de dejar a salvo su opinión personal. precisamente por su obligatoriedad. o equiparables a éstas.. para el caso.C. dispone el art.
853 en el Boletín Oficial y estuvo trabajando arduamente todo el día en una expresión de agravios en la cual un fallo plenario fue fundamento.C. creadas como mecanismo procesal con la finalidad de impedir o tornar muy dificultoso el acceso a la Justicia y a una tutela efectiva de los derechos [23]. para presentarla dentro del plazo de gracia el día lunes 20 de mayo.C. y que dada la obligatoriedad de su aplicación de acuerdo al art. siempre y cuando al Estado no le convenga interponer el recurso per saltum que ahora contempla el art.logró. puesto que aunque la segunda parte del mismo artículo establece que será de aplicación a todos los juicios. 257 bis y ter –según ley 26. En pocas palabras. y mucho menos que el fallo plenario que constituyó fundamento en la expresión de agravios ya no era obligatorio. tendrá que esperar la intervención y decisión de la cámara de apelaciones ante la cual deberá seguir defendiendo la procedencia de la medida precautoria decretada. por ejemplo. seguramente así lo hizo y tampoco se enteró dentro de las dos primeras horas de despacho que se había publicado la ley. al excederse en sus facultades constitucionales. es decir. (arts.854 referida a las medidas cautelares frente al Estado y el per saltum ahora introducido nuevamente en el C.N.853 entró en vigor a partir de su publicación el viernes 17 de mayo de 2013. conforme la reforma de la ley 26. que nada tienen que ver con las cámaras y salas creadas por la ley. dado que no la puede concretar precisamente hasta que la resolución no esté firme. de hecho y de derecho procesal que fueron objeto de fallos plenarios. quedaron zanjadas.
Hay numerosas cuestiones de derecho común.
. 302 y 303 del C. 257 bis del C. por lo que sus efectos prácticos comenzaron el lunes siguiente por ser el primer día hábil judicial. y luego la de la cámara de casación. la ley 26.853 constituyen un supuesto de "abuso del proceso mediante la creación de mecanismos procesales particulares".N.790.790). se aplica de inmediato a los procesos en trámite en lo que hace a la derogación de los arts.C.P.P.N.
Según su art. el letrado que no se enteró el día viernes 17 de mayo de la publicación de la ley 26. por su obvia naturaleza procesal.N.C. las modificaciones de la ley 26. y de todas maneras con posterioridad seguramente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así. la concreción de un arbitrario uso del proceso judicial por la implementación de normas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. ante quien también deberá defender la procedencia de la medida. el pasado lunes 20 de mayo de 2013. una vez constituidas las cámaras y salas creadas por la ley. 303 del C. aun a los que se encuentren en trámite.P.P. 15. el día lunes 20 de mayo de 2013 no era obligatorio ninguno de los fallos plenarios que las cámaras de apelaciones hubiesen dictado.C. por la derogación de este último y consecuente pérdida de su obligatoriedad volverán a ser objeto de debate y decisiones encontradas.C. como la nueva ley 26.C.C.
.que no intervinieron en ella[30]. aunque con algo más de peso. progreso de alguna excepción perentoria.839).. pero no el de otorgar partida de defunción a las sentencias plenarias y su obligatoriedad-.Por dar un ejemplo muy significativo de esta consecuencia seguramente no querida de la ley 26. aun respecto de los profesionales –abogados y peritos. y el plenario "Samudio de Martínez" que estableció que para el cómputo de los intereses se debe aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina [32].839). el plenario "Irago" según el cual para que la aseguradora sea efectivamente condenada en el pleito debe intervenir su asegurado o al menos quien conducía el vehículo con su autorización[25]. como también la de la aplicación de la responsabilidad subjetiva. entre muchos otros. podemos mencionar lo que sucede especialmente en los casos de accidentes de tránsito. aunque hay dos que son de aplicación prácticamente diaria en muchos casos: el plenario "Obarrio" y "Gauna" que sentó como doctrina legal la inoponibilidad de la llamada franquicia o descubierto obligatorio en el seguro del transporte colectivo de pasajeros[31]. en definitiva. 114 y 70 de la ley 17..240 –modif. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24. en el supuesto de no acogerse la demanda (v. como monto del proceso (art. inc.418)[28].
Así. o caducidad de la instancia).853 –puesto que el espíritu del legislador como de quien impulsó el proyecto de ley finalmente convertido en ley se aprecia claramente de la propia ley. aplicado como obligatorio por las salas de la Cámara Civil. aunque en realidad no estaba vigente porque el plenario mismo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Gauna". rechazo de la demanda. por el monto demandado[29]. 2ª parte.361-[26] o el plenario "Corsetti de Patrignani" por el cual es de dos años el plazo de prescripción de la acción encausada contra el dependiente que conducía el vehículo de transporte pues no está vinculado con el damnificado por el contrato de transporte[27]. no es que no existan. existen pero su aplicación no es obligatoria. de la ley 21. 1113. constituirán un fundamento jurisprudencial como cualquier otro fallo. el plenario "Sáez González" por el cual cuando media contrato de transporte el plazo de prescripción es el de tres años previsto por el art. 6. el plenario "Multiflex" por el cual la base regulatoria de los honorarios está dada. el plenario "Valdez c/ El Puente" referido a la aplicación del art. a. la base regulatoria la constituye el monto de la transacción (art. que constituyen alrededor de entre el 60% y el 70% de los litigios.gr. lo cual implicó abandonar la teoría de la neutralización de riesgos sostenida casi invariablemente en la Capital Federal por las distintas salas de la ex Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial antes de su unificación con la Cámara Nacional en lo Civil por la ley 23. 2° párr. en los cuales hay considerable cantidad de fallos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que a partir del día lunes 20 de mayo de 2013 perdieron obligatoriedad. salvo la E y la G. 19 de la ley 21. o el plenario "Murguía" por el cual el monto del proceso cuando media transacción –o conciliación-. a los casos de colisión plural de automotores en movimiento[24]. el plenario "Mustafá" en virtud del cual la defensa de culpa grave del asegurado opuesta por la aseguradora citada en garantía es oponible al damnificado (arts.637.
llana y directamente a los justiciables. de inconstitucionalidad y de revisión. 303 bis. se advierta el caos e inseguridad jurídica en que han colocado. etc. dejando incólumes los arts. y se restablezca tanto el recurso de inaplicabilidad de la ley como el instituto de la autoconvocatoria y la obligatoriedad de los fallos plenarios. sino lisa.
No existe ninguna razón coherente como para que fueran desaparecidos los artículos relativos al recurso de inaplicabilidad de la ley y a la autoconvocatoria. creador del proyecto de ley. ter. quáter. y de Especialización
.V. y que en virtud de la derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios se volverán a reeditar los debates y sin que se cuente con un cauce procesal enderezado a unificar los criterios. profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Museo Social Argentino. Colofón
De esta apretada síntesis realizada a modo ilustrativo. y. que obviamente no pueden ser objeto del ahora recurso de casación. que tanto los justiciables como la propia cámara de apelaciones pudieran instar a la unificación de la jurisprudencia y que la sentencia plenaria así generada tenga obligatoriedad para los casos futuros. los artículos relativos al recurso de casación.
* Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino. como también la obligatoriedad de los fallos plenarios.
Es de esperar que desde el Poder Ejecutivo Nacional. profesor invitado en cursos de posgrado y en la Carrera de Especialización en Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Fundesi.
Así. 288 a 303. con ello. de hecho y de derecho procesal. no ya a los operadores jurídicos. o desde el mismo Congreso. muy podrían haber sido incorporados como art. se pueden apreciar la variedad y trascendencia de las cuestiones de derecho común.
Director del Suplemento de Derecho Procesal de elDial. p. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. 1999. Arazi y Kaminker. Revista de Derecho de Familia de LexisNexis. Recursos – II. Revista Compendio de Jurisprudencia-Doctrina y Legislación de Errepar y Revista del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín).
El Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires –de 1997de Morello. Etcheverry y Umaschi. n° 3. 255 a 271 contempla el recurso de casación contra sentencias definitivas de los tribunales colegiados cuya resolución corresponde a la Cámara de Casación. elDial. 2008-1.
[2] La Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo. 278 a 298 prevé el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal.
[4] ARAZI. en sus arts. ps. Revista de Doctrina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. notas a fallos y comentarios de libros de su especialidad (La Ley. Doctrina Judicial.
[5] LEGUISAMÓN. Rubinzal-Culzoni. Héctor Eduardo. –Sentencia – II-. del Instituto de Derecho Procesal Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. de Colombo.
[1] Sancionada el 24/4/2013 y promulgada el 9/5/2013. en sus arts. La sentencia plenaria en el ámbito nacional. de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la International Law Association. en Revista de Derecho Procesal. como. Rubinzal-Culzoni. Comercial y Laboral de la Nación. asimismo.com Biblioteca Jurídica Online.en la Función Judicial de la Facultad de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón. 238. del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. mejorando el procedimiento que tiene en la actualidad. dado conferencias y participado con ponencias en Congresos y Jornadas de su especialidad en el país y en el extranjero. vol. 195/196. Recurso de inaplicabilidad de la ley. t. en Revista de Derecho Procesal. Revista "Conceptos" de la Universidad del Museo Social Argentino. Medios de impugnación. 2008. Cueto Rúa. todas con sede en la Capital Federal.
[3] El Proyecto de Código Procesal Civil. la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
. Revista "Abogados" del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Revistas de Derecho Procesal y de Derecho de Daños de Rubinzal-Culzoni. Ha dado seminarios y escrito libros y publicado artículos.com Biblioteca Jurídica Online. II. Roland.
L.. El recurso de casación y el juicio en reenvío. I.Fed. cit.. Jorge A. Derecho procesal civil. 398. ps. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ps.A. comentado. Recurso de inaplicabilidad de la ley. 367/8. María P. encontrarán en el futuro la certeza de una doctrina uniforme que será obligatoria para el tribunal de alzada y para los jueces de primera instancia que pertenecen a ese fuero". Rubinzal-Culzoni. Roland.P. L. cit. elDial DCAB0.
[13] AYARRAGARAY. 11/4/1941. Oscar E. director Roland Arazi. y ROJAS. Mabel De los Santos. Recurso de inaplicabilidad de la ley en el orden nacional.
[9] SERANTES PEÑA. actual.G. t. II.). ARAZI. J. 667. p. en pleno. c/A. Julio A. 1998-III274. 2005. p. 2009. 1991-A-106. p. p. 252. e IOVANNA.[6] CARRIQUE..
[7] CNCiv. Rubinzal-Culzoni.. I. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Rubinzal-Culzoni.. lo hace para tender a un doble orden de intereses: el del recurrente. en la ciudad autónoma de Buenos Aires.T. Agustín. 16/5/1989. Zavalía. Miguel Á.. ps. quien propicia se deje sin efecto el fallo de la sala que es adverso a la jurisprudencia que opone como contradictoria y el de los justiciables en general que frente a la señalada contradicción.. 224.. t.. si bien en un solo artículo que.Com. 1042/3. ob. ob. y DE GREGORIO LAVIÉ. 1983. La problemática que plantea la prohibición del «ne bis in idem» y «la reformatio in pejus» desde la doctrina de la Corte Suprema. 264..
[10] SALIM. ARAZI.A. 23-463. C.A. "Sampi S.. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Héctor Eduardo.. Jorge F.C. 2007. Depalma. Carlos A. comentado. y PALMA. SALIM e IOVANNA. t. 326/7. Recurso de inaplicabilidad.
[8] LEGUISAMÓN.
[12] CPaz Letrada en pleno. en Recursos ordinarios y extraordinarios. 2ª ed.
[11] De la misma manera. además de mal ubicado en el capítulo dedicado al recurso de queja por denegación de la apelación.
.L. L.. anotado y concordado con los códigos provinciales.".: "Cuando una cámara interviene por la vía de un recurso de inaplicabilidad de la ley. coord. no regula el procedimiento para su sustanciación ni expresamente la obligatoriedad de la doctrina plenaria (art. CD de la Prosecretaría de Jurisprudencia de la CNCyCF. 1968.
2002 –con cita de C. Ch. Buenos Aires.L. 21/4/1997. H.
... cit. "Frigerio Máximo Paz". 1984-D-347-. N. t.902-S): "Conforme al art. en pleno. t. Recurso de inaplicabilidad de la ley. 7/11/1980.
[18] CNCiv.
El art. 1984-IV-548: "La convocatoria a tribunal plenario a iniciativa de una sala de cámara de apelaciones debe efectuarse antes del dictado de la sentencia definitiva"..Adm.T.A. 28/9/1984.A. fallo 39.L. 225. I. p.
[15] CCivil. Carlos J. Civ. Antonia c. 36. y KIPER.L. en pleno. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. y CLAVELL BORRÁS. 251. L.. del 15/8/1956.. 1989-C77. ambos con cita de CNCont. 1959.
[19] GOZAÍNI. Osvaldo A. D.A. p. "O. Raymundo L. Cdad. Depalma. Código….. t. 1984-IV-548. el recurso de inaplicabilidad de la ley será admisible cuando una sentencia contradiga la doctrina establecida por algunas de las salas de la cámara en los diez años anteriores a la fecha del fallo recurrido. p.. Claudio M. 288. Oscar E. p. Oscar". 216. Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital de la Nación Argentina. "Prieto. ob.N.
[20] CNCiv.C. La Ley.. p. III. sala G. C... L. L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.L. t. L.Fed. 118. Nac. cit.C.
[17] ARAZI. y COLOMBO y KIPER. p. Domínguez Sosa. III. 2ª ed. 28/9/1984. ob. R. Código…. 1989-2-250. por lo tanto si el precedente invocado es de fecha anterior al plazo indicado y teniendo en consideración que el tribunal en pleno es el juez del recurso. L. 1989-E-1028 (39. Nac.J. y COLOMBO. establece una antigüedad de dos años. c/Niza S.850-S)-.C. en pleno.
[16] SERANTES PEÑA. ob. sala B. 2ª ed. II. Civ. 1948.L. L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias. párr. comentado y anotado. 2006 –con cita de C.
[21] GOZAÍNI.". el interpuesto debe ser desestimado".. C.C. de Ch. c.. J. La Ley. en pleno. Buenos Aires..N. J. p.A.. 118. Sebastián de Amorrortu de Hijos. s/ejecución fiscal". concordado y comentado.189.L.P. 251.S. "V. cit.. Javier. 1981-B-560 (35. 1984-D-347. 1er.[14] FERNÁNDEZ. anotado y comentado. 12/4/1989. II. 252.
[22] LEGUISAMÓN. El abuso del proceso mediante la creación de mecanismos procesales particulares desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Irago. J.096. no es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro. 1109.
[23] LEGUISAMÓN. nº 7162/84. elDial AA7464: "Es aplicable a las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros el plazo de prescripción establecido por el artículo 50 de la ley de Defensa del Consumidor –ley 24. Héctor Eduardo. en pleno. en pleno. Falcón.A. II. 1. elDial – DCCF9. 12/3/2012.
[27] CNCiv. 1995-A-137. 11/5/1982. "Sáez González.Civ. en pleno. E. 2010. José Manuel s/Ordinario – daños y perjuicios".A.L. "Mustafá. a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte". E. RubinzalCulzoni. director Enrique M. Héctor Eduardo. 1994-I-239: "No corresponde aplicar la prescripción anual del art. ps. 855.A. no debe encuadrarse en la órbita del art. J. Armando Valentín s/Daños y perjuicios". 100-608.Com. Regino y otros s/Sumario". en pleno. J. expte. reformado por la ley 22. nº 6935/81.418. Armando Ramón c/Cabrera. elDial AN157: "La defensa de culpa grave del asegurado es oponible por la aseguradora citada en garantía frente al tercero damnificado que demanda los daños causados en un accidente de tránsito". 905/911. Los fallos plenarios y la Corte Suprema. en Tratado de derecho procesal constitucional. Lexis n° 951096: "La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento.Com. 14/12/1984. de Comercio. y otro s/Daños y perjuicios". "Corsetti de Patrignani. Estanislao Francisco c/El Puente S. Irene c/Martínez.
[26] CNCiv. L. 156-457. en pleno.240 modificada por la ley 26. 10/11/1994.D.T. pues basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con su autorización". Julia del Carmen c/Astrada.
[25] CNEsp. "Valdez.Civ.361-"..D. 26/10/1993. 1982-III-477. Antonio s/Daños y perjuicios".A.
. Civil". 118 del decreto ley 17. expte.
[24] CNCiv.
[28] CNEsp. 1985-III-395: "Que para condenar a la aseguradora en los términos del art. Cód. t. Cód. inc. Alicia Noemí c/Núñez.
2. L. 6 para los de la parte vencedora y la proporción del art. c/Consorcio de Propietarios de Bmé. "Obarrio. 1976-I-535: "Cuando se trata de una demanda rechazada totalmente. 2/10/2001. y otro s/Daños y perjuicios (acc.Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios «Vázquez. "Multiflex S. "Samudio de Martínez.A. elDial AA3A6C: "En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros. E. 13/12/2006.A. o muerte) Sumario" y "Gauna. elDial AA518A: "1.A. y de acuerdo con la escala del art. Claudia Angélica c/Bilbao. 20/4/2009. Mitre 2257/59". 2001-IV-643. Ernesto B.L. en pleno.I.
[30] CNCiv.A.L. conforme a lo dispuesto en el art.
[31] CNCiv. Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia. 4. 30/9/1975.[29] CNCiv.
Citar: elDial.". 10 del arancel" (los artículos citados se refieren al decreto 30. "Murguía.A. c/ les.429/97.A.DC1A87
.A. pero resultan aplicables a la ley 21. en pleno. 2001-F-592: "La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo respectivo".
[32] CNCiv. interno 200 s/Daños y perjuicios» del 23/3/2004. de Seguros Generales y otro s/Daños y perjuicios". s/Daños y perjuicios". en pleno. en pleno. 1975-D-297. Ramona Evelia y otro c/Transportes 123 S. los honorarios de los abogados y procuradores se fijarán sobre el monto reclamado en ella. Agustín c/La Economía Comercial S. c/Green.839). Elena J. Walter y otros s/Daños y perjuicios» del 2/8/1993 y «Alaniz. J. con abrumadora mayoría de los jueces de la cámara (28 contra 6). la franquicia como límite de cobertura –fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25. 3. teniendo en cuenta para graduar el honorario la etapa en que el desistimiento se produjo. 64-250.Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido". trán. María Pía c/Microómnibus Norte S. Cuando se trata de desistimiento del proceso y del derecho después de trabada la litis.C. L. se tornará como monto del juicio el importe reclamado.Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.com .D.no es oponible al damnificado (sea transportado o no)".349/44. 7 para los de la parte perdedora. J.
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