Source: http://revista-investigare.uexternado.edu.co/expectativa-razonable-de-intimidad-en-los-cateos-registros-y-allanamientos-en-el-derecho-comparado/4/
Timestamp: 2017-11-20 07:35:32+00:00

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Por otro lado, desde 1992, la Corte Constitucional ha venido reconociendo en Colombia el derecho a la intimidad como un derecho fundamental que permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores. Se dijo en ese entonces que se trataba de un derecho “general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se puede hacer valer “erga omnes“, es decir, tanto frente al Estado como frente a los particulares y sólo susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente. (Constitucional, 2010)
En el 2010 el derecho a la intimidad fue definido también por la Corte Constitucional como aquel “espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto.” Tal interpretación se ha dicho que constituye una manifestación de la conocida formulación del magistrado norteamericano Louis Brandeis, de finales del S. XIX: “The right to be let alone”, es decir, el derecho a la intimidad como el derecho a estar solo, el derecho a la soledad. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de críticas en varios sentidos porque resultaría incompatible con la vida en sociedades urbanas, industrializadas, tecnificadas y proclives a los fenómenos de masas. Se ha pensado también en el derecho a la intimidad como un derecho de élite, creado para proteger los privilegios de las clases aristocráticas y privilegiadas, y muy asociado con la propiedad privada por el cual, el derecho a la intimidad sería simplemente otro mecanismo jurídico para proteger la propiedad privada. Pero según esta última teoría, los desposeídos de bienes materiales carecerían del derecho a la intimidad.
Independientemente de cuán acertadas puedan estar dichas teorías, no se puede perder de vista la naturaleza democrática que ostenta el derecho a la intimidad dentro del Estado Colombiano. El derecho a la intimidad junto con otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia, están concebidos para permitir a las personas fortalecer y desarrollar su condición de seres libres y autónomos, que es el presupuesto esencial para que pueda el individuo convertirse en un sujeto de derechos y obligaciones capaz de ejercer las responsabilidades democráticas y participar en los procesos que forjan un “estado social de derecho” como lo es el Colombiano.
La protección del derecho a la intimidad se ha justificado a nivel constitucional a la luz de cinco principios: i) el principio de libertad, por el que los datos del individuo solo pueden registrarse o divulgarse con el consentimiento libre y previo del titular, a menos que existan razones legitimas para imponerle la obligación de permitir el registro o la divulgación de la información, ii) el principio de finalidad, por el cual, el registro, recopilación y divulgación de datos deberá obedecer siempre a una finalidad constitucionalmente legítima en beneficio de la comunidad en general; iii) el principio de necesidad, en obediencia a este principio, solo podrá ser objeto de registro y divulgación, aquella información de la esfera privada del individuo que guarde relación de conexidad con la finalidad legítima pretendida, iv) el principio de veracidad, que exige que los datos personales a divulgar, correspondan a situaciones reales y no de datos falsos o erróneos. Finalmente, v) el principio de integridad, dispone que la información que sea objeto de divulgación debe suministrarse de forma completa y no parcial. Ibídem.
Sin embargo, la realidad Colombiana es lastimosamente una muy distinta a la planteada en el sistema normativo. El derecho a la intimidad, se ha visto particularmente amenazado por el auge de la tecnología, por el que los medios de comunicación traspasan continuamente los “límites” de la intimidad personal y familiar. Sin duda alguna, el internet ha facilitado en gran medida que los “anónimos” vulneren de manera impune el derecho a la intimidad. También los entes estatales, encargados, por lo menos de forma teórica, de salvaguardar los derechos fundamentales del individuo, no pocas veces inadvierten las normas consagradas para su protección. Tan solo el pasado 12 de mayo de 2007, Colombia se levantó “conmocionada” con la noticia de la Revista Semana sobre las interceptaciones sin orden judicial, realizadas a altos funcionarios del gobierno, miembros de la oposición, a algunos de los paramilitares “desmovilizados” recluidos en la cárcel de Itaguí, periodistas, empresarios, entre otros, por el organismo de inteligencia de la Policía Nacional, en violación de sus derechos al debido proceso, a la intimidad y a la libertad personal. (WordPress)[1]
Además de Colombia, el derecho a la inviolabilidad del domicilio en conexión con los derechos a la intimidad y libertad personal, ha sido reconocido como derecho fundamental, en distintas constituciones de los Estados Iberoamericanos. Entre ellas, la constitución de Argentina (art. 19); Bolivia (art. 25.1); Brasil (art. 5.11); Costa Rica (art. 23); Cuba (art. 56); Chile (art. 19.5); Ecuador (art. 66.22); El Salvador (art. 20); España (art. 18.2); Guatemala (art. 23); Honduras (art. 99); México (art. 16.8, 16.11, y 16.13); Nicaragua (art. 26.2); Panamá (art. 26); Paraguay (art. 34); Perú (art. 2.9); Portugal (art. 34); Puerto Rico (art. II.10); República Dominicana (art. 8.3); Uruguay (art. 11) y Venezuela (art. 47). (Arroyo, 2012). No obstante lo anterior, algunas lo han hecho de forma muy general y abstracta dejando la mayor parte de su regulación al legislador, como es el caso de la constitución de Uruguay,[2] mientras que otras, estipulan no solo el derecho de inviolabilidad de domicilio, sino también, las formas en que excepcionalmente podrá ingresarse al domicilio sin consentimiento de la persona que lo habita. Ejemplo de ello, lo son las constituciones de Nicaragua, que en su artículo 26 establece de forma taxativa los casos en que el domicilio podrá ser allanado sin consentimiento del juez; y la del Salvador, que en su artículo 20, estipula que: la morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por i) consentimiento de la persona que la habita, ii) por mandato judicial, iii) por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o iv) por grave riesgo de las personas. La violación de este derecho dará lugar a reclamar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
De igual forma, la Unión Europea (UE) en el artículo 8.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales de 1950, y en su Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), reconoce el derecho a la vida privada y familiar de forma conjunta con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, estableciendo así, una relación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad domiciliaria. (González-Trevijano, 1992, p. 63). Para su protección y efectividad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene plena competencia para resolver demandas referidas al contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Igualmente, el Consejo de Europa en colaboración con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) posee competencias para realizar informes sobre su contenido, ejercicio y protección. (Arroyo, 2012)
Como una forma de proteger de manera objetiva y a nivel internacional el derecho a la intimidad del domicilio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el organismo encargado de controlar el cumplimiento por los estados miembros de sus obligaciones de protección, mediante la entrega de informes periódicos. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos humanos además de que tiene competencia para conocer de las denuncias por vulneración de cualquiera de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, también debe presentar informes anuales en materia de Derechos Humanos. Ibídem.
Adicional a ello, a través de la Ley Penal, algunos estados han optado por otorgar protección al domicilio de las personas sancionando separadamente los ataques cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo y los realizados por los particulares a través del delito de “allanamiento de morada” como es el caso de los Estados miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).[3] (Navarro, 1994, p. 12). En Colombia, por ejemplo, la violación de habitación ajena, está tipificado como delito y regulado en los artículos 219, 220 y 221 del Código Penal[4], pudiendo dar lugar a multa para el caso de que sea cometido por particulares, o a multa más pérdida de empleo para cuando sea realizado por empleados oficiales.
[1] Ver también, los siguientes artículos de noticias publicados en internet:
Mayo 12/2007. Revista Semana on line edición 1306 “Hola Te llamo desde la prisión”
Mayo 16 de 2007. El Tiempo, editorial: Tormenta en la Policía.
Mayo 16 de 2007, 8:07 am, “Un ´Voyerista´, un desquiciado es quien ordenó las grabaciones, dice José Obdulio Gaviria -Consejero Presidencial- dijo a la W
[2] Constitución de Uruguay, artículo 11: El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
[3]La FIO es “una agrupación constituida en Cartagena de Indias (Colombia) en 1995, que reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Razonadores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o provincial”. Ir online a: http://www.portalfio.org/inicio/pagina-principal/que-es-la-fio.html
[4]Artículo 189 – Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes, incurrirá en multa.
Artículo 190 – Violación de habitación ajena por servidor público. El servidor público que abusando de sus funciones se introduzca en habitación ajena, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Artículo 191– Violación en lugar de trabajo. Cuando las conductas descritas en este capítulo se realizaren en un lugar de trabajo, las respectivas penas se disminuirá hasta en la mitad, sin que puedan ser inferior a una unidad multa.

References: artículo 26
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 11

Artículo 190

Artículo 191