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Timestamp: 2017-10-24 00:30:40+00:00

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Decreto-Ley 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO-LEY 4/2014, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA ADAPTAR LOS CONVENIOS, LOS ACUERDOS Y LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD Y LOS ENTES LOCALES DE CATALUÑA A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (DOGC 6671 DE 24)
BOE 231 de 23 de septiembre de 2014
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (RCL 2013, 1877), de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que modifica, entre otras, la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , reguladora de las bases de régimen local, se justifica al amparo del artículo 149.1.14 y 149.1.18 de la Constitución española (RCL 1978, 2836), que establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de hacienda general y deuda del Estado y sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, e incide en el principio introducido en el artículo 135 de la Constitución, siguiendo el camino marcado por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril ( RCL 2012, 607 ) , de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799), ha sido modificado considerablemente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (RCL 2013, 1877), que ha clasificado las competencias de los entes locales en competencias propias, competencias delegadas, y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, supone un cambio importante en la configuración del sistema competencial que afecta a la Administración local, pero también, a la Administración autonómica.
La aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, requiere tener en consideración el mandato recogido en el Estatuto de autonomía de Cataluña (RCL 2006, 1450), que regula, en el artículo 160, la competencia exclusiva de la Generalidad, respetando la autonomía local, para determinar las competencias y las potestades propias de los municipios y otros entes locales, en los ámbitos fijados por el artículo 84.
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , actúa como garante de la autonomía municipal, de acuerdo con el mandato del artículo 137 de la Constitución, y ordena al legislador —estatal y autonómico, sin distinción— que otorgue competencias propias a los entes locales en las materias que en éste se recogen. Es, pues, el ámbito material indispensable que la Ley 7/1985, de 2 de abril, considera que tiene que prestar el ente local. La aplicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en Cataluña se tiene que entender favorable a la autonomía local, al bloque constitucional de competencias y a las previsiones del Estatuto de autonomía de Cataluña. En este sentido, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio ( RTC 2010, 31 ) , el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña no desplaza o impide el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de régimen local establecida en el artículo 149.1.18 de la Constitución, de forma que se produce una superposición entre ambas previsiones, la estatal básica y la estatutaria autonómica, lo cual se traduce en la vigencia de lo que establece el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña y de la normativa de despliegue de éste con rango de ley.
Los antecedentes expuestos son necesarios para explicar la finalidad de este Decreto ley en cuanto que hay que regular el procedimiento para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación a que hace referencia la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, dado que en muchos de estos instrumentos de cooperación, el objeto material son competencias de los entes locales que pueden resultar afectados por los artículos 7 , 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, entre otros.
Este Decreto ley se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 160 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, con respecto al principio de autonomía local, de acuerdo con lo que establece el artículo 149.1.18 de la Constitución, para la determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los otros entes locales, en los ámbitos especificados en el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña, así como las relaciones entre las instituciones de la Generalidad y los entes locales.
Esta incertidumbre se ha puesto de manifiesto también en el hecho de que el Gobierno del Estado se vio obligado a hacer públicas algunas notas explicativas sobre la aplicación práctica de la ley. Entre ellas, una nota publicada en fecha 5 de marzo de 2014, en la cual el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía mención del régimen de las competencias propias, de la delegación de competencias y del alcance y requisitos previstos en el artículo 7.4. Y también se ha manifestado en una numerosa actividad normativa en el ámbito autonómico, como son el Decreto ley 7/2014, de 20 de mayo (LAN 2014, 180), de Andalucía; el Decreto ley 1/2014, de 27 de marzo (LCyL 2014, 110), de Castilla y León; el Decreto ley 1/2014, de 27 de junio (LRM 2014, 148), de Murcia o la Ley 5/2014, de 27 de mayo (LG 2014, 192), de Galicia.
La situación de indefinición generada está permitiendo que cada municipio haga una interpretación diferente, en cuanto a las materias competenciales sobre las que puede prestar servicios públicos a los ciudadanos, cuando tendrían que ser las mismas, para preservar el principio constitucional de igualdad y sobre la naturaleza y el contenido de la cláusula de garantía que prevé el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) . Esta situación ha provocado que los entes locales hayan dirigido desde la entrada en vigor de la ley estatal numerosas consultas y cuestiones referentes a la aplicación de ésta en Cataluña y que impactan sobre la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Esta incertidumbre se acentúa por el hecho de que la aplicación de ciertas previsiones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se tienen que cumplir antes del 31 de diciembre de 2014, con lo cual hay una condición resolutoria de los instrumentos de cooperación local si no se da cumplimiento a la Ley.
El Decreto ley articula unos mecanismos concretos y determinados a afrontar, dentro del plazo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la preceptiva adaptación de los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación, como son la incorporación, mediante adenda, de la cláusula de garantía que dispone el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la emisión de un informe previo a la aprobación de la adenda por parte del departamento competente en materia de tutela financiera de los entes locales o los datos concretos que tienen que figurar en la citada adenda. La situación extraordinaria encuentra su fundamento, también, en el hecho de que las previsiones de las disposiciones que regulan el Decreto ley objeto de informe afectan directamente al ámbito de las finanzas de la Generalidad de Cataluña, en la medida que el objetivo principal de la adenda que se incorpora en el articulado del Decreto ley es contener una cláusula de garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras o de compromisos de pago consistente al autorizar la Administración del Estado para aplicar retenciones en las transferencias que le corresponden en Cataluña por aplicación de su sistema de financiación.
El elemento temporal se constituye en un factor clave que justifica el recurso al decreto ley como norma reguladora. En este sentido, la necesaria adaptación de los convenios y acuerdos de cooperación firmados que se hayan suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, viene dada por la misma norma estatal que exige la adaptación antes del 31 de diciembre de 2014. A lo cual se tiene que sumar los efectos inmediatos y graves que se prevén en caso de que no se cumplan las previsiones legales: estos instrumentos de cooperación restarán sin efecto. Precisamente, la necesidad de disponer de una norma que dé respuesta a situaciones críticas y no deseables, sobre todo por la posible afectación negativa que puede tener sobre la prestación de servicios públicos, algunos tan relevantes de naturaleza prestacional como es la salud, la educación o los servicios sociales, provocadas por la pérdida inmediata de eficacia de los instrumentos de cooperación, justifica la aprobación del Decreto ley.
Por todo esto, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
Este Decreto ley tiene por objeto regular el procedimiento para adaptar los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación ya suscritos, en fecha 31 de diciembre de 2013, entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña, que lleven aparejado cualquier tipo de financiación destinada a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas o competencias distintas de las propias y de las delegadas, que prevé la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Artículo 2. Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación
En ejecución de lo que prevé la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación ya suscritos en el momento de la entrada en vigor de aquella norma, entre la Generalidad de Cataluña y los entes locales de Cataluña, que lleven aparejado cualquier tipo de financiación destinada a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas o competencias distintas de las propias y de las delegadas, se adaptarán, antes del día 31 de diciembre de 2014, a lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , reguladora de las bases de régimen local, de la forma en que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 3. Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación en que se financien competencias delegadas
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , reguladora de las bases de régimen local, el convenio, acuerdo o instrumento de cooperación ya suscrito entre la Generalidad de Cataluña y el ente local que traiga emparejado cualquier tipo de financiación de la Administración de la Generalidad destinado a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas, tiene que añadir, mediante adenda, una cláusula de garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras o de compromisos de pago de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 4. Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación en que se financien competencias distintas de las propias y de las delegadas

References: artículo 149
 artículo 135
 artículo 7
 artículo 160
 artículo 84
 artículo 25
 artículo 137
 artículo 84
 artículo 149
 artículo 84
 artículo 160
 artículo 149
 artículo 84
 artículo 7
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 64

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 57

Artículo 4