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Timestamp: 2019-09-17 01:01:32+00:00

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Radiografía del conflicto docente | Corriendo La Voz Radiografía del conflicto docente – Corriendo La Voz
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Una táctica ya histórica del Gobierno Nacional es la de atacar sistemáticamente a la educación pública. En esa operación busca estigmatizar, demonizar y embestir a les maestres y a los gremios para justificar el desfinanciamiento tanto material como simbólico de la educación pública e imponer una lógica mercantilista de la educación. En un 2019 donde nos quieren inculcar que hay un solo camino, el del ajuste, se da otro otro inicio de clases convulsionado.
Como señaló nuestra compañera, Patricia López, en su nota la característica de este gobierno se basa en el ataque simultáneo a la educación por varios frentes para que les afectades deban dispersar su atención y energía y, de este modo, ganar en algunas cuestiones pero perder en tantas otras. Desde el oficialismo se comenzó una agresiva campaña de desprestigio hacia el campo popular en general y a les miembres de la educación en particular, a través de la voz de los principales referentes del gobierno en los medios hegemónicos de comunicación, tales como la gobernadora Maria Eugenia Vidal, quien a pocos días de asumir declaró que “la educación no daba para más”.
Mediante datos duros, se intentará armar una foto que dé cuenta de algunos porqués del llamado “conflicto docente”.
Mientras el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, acordaba con la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) que el salario docente no podrá ser inferior a los quince mil pesos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que no participó de esa reunión, exigió que se restituya la Paritaria Nacional Docente y anunció un paro de 48 horas. A la medida, se plegó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Por el lado de las provincias: cada una con sus particularidades. Solo 6 llegaron a un acuerdo paritario: Mendoza, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y Chubut. Y otras 4 donde aún no se entablaron negociaciones (La Pampa, Chaco, Formosa y San Luis). Las 14 restantes están negociando. ¿Qué requieren? Restituir el porcentaje del poder adquisitivo perdido en 2018.
Los datos presupuestarios de la “Revolución Educativa”
De un estudio realizado por el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, se desprende que el presupuesto para educación representa el 5,5% del total del presupuesto para 2019, cuando en 2016 durante el primer año de gestión de Cambiemos representaba el 7,8%. No obstante, en términos reales, en los presupuestos de la gestión Cambiemos (período 2016-2019) para educación, hay un descenso del 17%. Además, contempla una rebaja del 68% para el monto destinado a construir edificios escolares y jardines, cuando en plena campaña electoral, el presidente Macri decía que “con la plata del fútbol se podrían construir jardines y hospitales”. También, la partida nominal destinada para la formación docente sigue congelada desde 2016, por lo que, al haber habido en estos años más de 100% de inflación, en términos reales, descendió a un tercio respecto de 2016.
En Provincia de Buenos Aires, según el análisis realizado por el Instituto de Estudios Ciudadanos, para 2019 el gobierno de Vidal destinará el 23,9% del total presupuestado para la Dirección General de Cultura y Educación (DGYCE), lo que implica un ajuste en términos reales del 3,5% respecto al año anterior.
Mientras que en Capital Federal, del total presupuestado, sólo el 17,3% será destinado a la educación, una caída en términos reales del 4,5% respecto del año anterior. Según el análisis del presupuesto realizado por el gremio UTE, desde que Horacio Rodríguez Larreta asumió como Jefe de Gobierno Porteño a fines de 2015, el presupuesto para educación en la ciudad cayó un 15%, en términos reales. Este año, de cada 100 pesos sólo 17 se invertirán en educación.
El decreto 52/18
Ya en 2016, primer año de gestión Cambiemos, el salario docente cayó un 4,8% en términos reales, según consigna CIPPEC. Esta caída no se registraba desde 2003. Si tomamos como referencia el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), en los 3 años de gobierno que lleva Cambiemos, les docentes perdieron un 14,5% de su salario, como consecuencia de la inflación.
Como parte del ajuste que viene llevando a cabo este gobierno neoliberal, el por entonces ministro de Educación Esteban Bullrich declaraba en marzo de 2017 que «La Nación no paga salarios. En este momento el foco, el protagonismo, es de las provincias, que pagan salarios. La negociación es provincia por provincia”. Así, el Ministerio de Educación Nacional comenzaba a ausentarse de la escena. Ya en enero de 2018, el Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri decidió por decreto (n° 52/18) modificar el Decreto 457/07, que reglamentaba la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo promulgada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2006. Esta ley reforzaba a otra, la 26.606 de Educación Nacional, que otorgaba a les docentes el derecho a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.
Las modificaciones que instaló el decreto, que llevó las firmas del presidente, del Jefe de Gabinete Marcos Peña y de los Ministros de Trabajo y Educación, Jorge Triaca y Alejandro Finocchiaro respectivamente, son claves y fundamentales para entender un poco el conflicto. Esta nota se va a centrar en dos puntualmente: la discusión paritaria y la representación gremial.
El Decreto 52/18 modificó el artículo 10 de la ley 26.075, la cual consignaba que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.
Así, mediante un decreto presidencial, la gestión macrista echó por tierra y le quitó fuerzas a una conquista de les trabajadores de la educación instaurada desde 2008: la Paritaria Nacional Docente (PND). Según un documento realizado en 2017 por El Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM, “La paritaria nacional docente es un instrumento de regulación del conflicto sindical que favorece los procesos de mediación entre los actores del sistema educativo. Se trata de un espacio de diálogo para el diseño y la implementación de políticas públicas en el que lo salarial es una condición necesaria pero no suficiente”.
Hasta 2018, la paritaria nacional docente era una herramienta que figuraba en el inciso ‘c’ del Artículo 10 de la Ley 26.075, que fijaba que el salario docente de ninguna jurisdicción del país podía quedar por debajo de un piso salarial, logrando zanjar paulatinamente las desigualdades en las diferentes provincias. Con el DNU, se reemplazó el punto que establecía el piso salarial referencia para todas las provincias por uno que establece que el salario mínimo docente estará un 20% por encima del salario vital y móvil vigente (SMVM), fijado anualmente por la Comisión del Salario.
A raíz de la “situación económica actual”, el gobierno emitió el 27 de febrero a través del Ministerio de Producción y Trabajo una resolución en donde adelanta el anticipo del incremento del SMVM que tenía previsto para junio de este año, pasando de $ 11.900 a $ 12.500. Como contrapunto, la titular de CTERA, Sonia Alesso, aseguró en Página 12 que “hoy la mayoría de los docentes no cubre la canasta alimentaria”, haciendo referencia a que, según lo informado en enero por el INDEC, una familia tipo (de 4 miembros) requería de $ 26.442,92 para no caer debajo de la línea de la pobreza y cubrir los gastos de la Canasta Básica Total (CBT).
Sin ese piso salarial marco para todas las jurisdicciones nacionales, y en el contexto de un recorte de fondos de casi $ 5 mil millones de pesos del Estado Nacional a las provincias previsto en el presupuesto de 2019, cada provincia presenta “la mejor propuesta que puede hacer”, según las propias palabras del ministro de Economía, Hernán Lacunza.
En esta línea, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado en el mes de febrero, “el 80% de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza regional de INDEC, y solo siete provincias presentan promedios salariales por encima de la línea”.
Las provincias donde sus docentes no superan la línea de pobreza son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. En tanto, las provincias en las que los docentes sí superan la línea de pobreza son Córdoba, La Pampa, Chaco, Salta, Tucumán, San Luis y Santa Cruz.
La otra modificación sustancial que trajo el DNU macrista es la representación sindical. Tras la salida de Esteban Bullrich del Ministerio de Educación a mitad de 2017, Alejandro Finacchiaro pasó a ser su reemplazante. Para el hoy ministro de Educación, “la batalla cultural es contra los gremios docentes”. Con el decreto, se pasó de un modelo proporcional basado en la cantidad de afiliados de cada gremio a que cada uno tenga tan sólo un representante, sin importar el tamaño en cuanto a número de afiliados. Esto afectó sensiblemente a la CTERA, gremio con la mayor cantidad de afiliados y que pasó de tener 5 de los 9 representantes en la mesa a tener uno sólo, al igual que el resto de los gremios.
“La educación no da para más”
Durante el 2018, la Provincia de Buenos Aires no tuvo acuerdo paritario. La sucesión de reclamos y ofertas del gobierno provincial, muy por debajo de la variación de precios, derivó en que a finales de 2018 la Gobernadora Vidal determinara mediante el Decreto n° 1145/18 un aumento de 32%, más un bono adicional de 7 mil pesos en diciembre.
En febrero de este año, hubo dos reuniones técnico-salariales entre el gobierno provincial y los gremios docentes. La propuesta presentada por los ministros de Educación, Economía y Trabajo provinciales Gabriel Sánchez Zinny, Hernán Lacunza y Marcelo Villegas, contemplaba un piso salarial de $ 20.150 para les docentes sin antigüedad, una cláusula gatillo automática más un 5% adicional a cobrar en enero de 2020. La propuesta fue rechazada por les representantes gremiales de Suteba, FEB, Sadop, UDA, AMET y Udocba. «Para comenzar a discutir los salarios de 2019, primero tenemos que definir la situación de 2018«, declaró Roberto Baradel, Secretario Adjunto de CTERA, a la salida de la mesa. En tanto que los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense también rechazaron la propuesta y adhirieron al paro de CTERA.
Si tomamos como referencia el informe publicado por el INDEC a mitad de enero de este año, la inflación de todo 2018 fue del 47,6%, la más alta desde 1991 (84%). Además del -aún peor- 55,8% del aumento interanual medido por el INDEC de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) que se registró entre enero de 2018 y enero de 2019. Lo que les docentes nos enseñaron en primer grado es que, si hacemos la operación matemática “resta” entre el 47,6 de la inflación menos el 32 de aumento salarial por decreto, nos arroja que, en la carrera entre la inflación y las paritarias, les docentes de la Provincia de Buenos Aires perdieron un 15,6% de su salario en términos reales, número que se reduciría al 7% considerando el bono de diciembre, como consigna el informe del CEPA.
Y mientras la gobernadora pide perdones mediáticos a les docentes, su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, ya declaró que los días de paro van a ser descontados. Además, para 2019, sólo el 1,3% del presupuesto destinado a educación será para la Infraestructura Escolar, bajando del 5,3% presupuestado para 2018. Tomando en cuenta que el 2 de Agosto se produjo una explosión en la Escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de la localidad de Moreno, acabando con la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el presupuesto para infraestructura escolar será el más bajo desde el 1,2% de 2010, según cifras de la UNDAV. Sin dejar de recordar que, a dos meses de lo ocurrido en Moreno, mediante una resolución del Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, se disolvió la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), a cargo del mantenimiento en escuelas y jardines.
Larreta y sus antecedentes contra la educación
En la reunión paritaria que se llevó a cabo el 21 de Febrero, la ministra de Educación Porteña, Soledad Acuña, ofreció un aumento escalonado del 23% y una cláusula de revisión, más un 2% de compensación por lo perdido el año pasado. Los gremios rechazaron la propuesta, y pidieron que esa cláusula de revisión sea una cláusula de gatillo automática y pidieron discutir lo perdido durante 2018.
A diferencia de lo ocurrido en la provincia, en CABA sí hubo paritaria. En marzo de 2018, los gremios firmaron un aumento del 15%, sin cláusula gatillo. En tanto que los dos gremios mayoritarios, UTE y ADEMyS, rechazaron la propuesta y pidieron incluir la cláusula gatillo. En octubre, se volvieron a juntar y, en una medida arbitraria, Acuña no propuso una negociación, sino que informó a carpeta cerrada que habría un nuevo aumento del 10%. Finalmente, y ante la falta de acuerdo, Rodríguez Larreta impuso en diciembre, a través de un decreto, un aumento total del 35%, más un bono de 7 mil pesos.
Para este año, 14 de los 16 gremios firmaron una paritaria del 23% en tres tramos y dos cláusulas de ajuste automático contra la inflación, una en mayo y otra en diciembre. Pero no se mencionó nada de una recomposición salarial que compense lo perdido en 2018, por lo que tanto UTE y ADEMyS, no aceptaron la propuesta y se unieron al paro de 48 hs llevado adelante por CTERA. “Reclamamos que nos devuelvan el 15% perdido del año pasado y que este año haya cláusula gatillo. Ahora hay una cláusula de revisión semestral y una proyección de 23% para el año. No voy a discutir futuro. Voy a discutir los 15 puntos que se perdieron de 2018”, declaró el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y perteneciente a CTERA, Eduardo López.
El ataque del gobierno de Rodríguez Larreta a la educación tiene varios episodios. En abril de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a dirigentes de los gremios docentes y a les maestres que intentaban instalar una Escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos. Unos días después de esa brutal represión, un Policía de la Ciudad entró armado al colegio Mariano Acosta, tras realizarse una clase pública en defensa de la lucha docente.
Bajo el lema de una única “Universidad de Formación Docente”, el gobierno presentó a fines de 2017 el proyecto de UniCABA. El proyecto, de apenas dos carillas, fue ampliamente rechazado por toda la comunidad educativa, porque, entre otras cosas, fue inconsulto (no se invitó a la discusión a los sindicatos, a los 29 rectores de los Institutos de Formación Docente, a los no docentes y alumnes); ataca la autonomía de los institutos históricos al reemplazar la elección de autoridades de cada instituto terciario por un rector elegido a dedo por Larreta, esconde un ahogo presupuestario y busca mercantilizar la educación. Finalmente, el proyecto fue aprobado gracias a Cambiemos y tiene mayoría automática en la Legislatura, en el marco de un recinto completamente vallado y plagado de policías, que reprimieron a docentes y diputades que se encontraban reclamando en contra de la UniCABA.
Otro de los embates fue el intento a fines de 2018 de cerrar las 14 escuelas comerciales, el cierre de cursos en los nueve liceos y bachilleratos nocturnos de la ciudad, a través de la resolución n° 4055/18 del Ministerio de Educación de la Ciudad. A diferencia de lo ocurrido con UniCABA, la labor de la comunidad educativa logró instalar el tema en agenda y ganarle la batalla al discurso oficial por modular el sentido común, logrando que se diera marcha atrás con la medida, mediante otra resolución de Acuña, la 1169/19.
Por último, se dieron dos nuevos reveses para la ministra Acuña. Hace un par de días, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad desestimó la apelación del gobierno porteño y confirmó la medida cautelar que suspende el traslado de la Escuela de Cerámica 1 del barrio de Almagro a Mataderos. La decisión del Ministerio de Educación porteño de trasladar la escuela al polo educativo artístico de Mataderos había sido comunicada a la comunidad educativa por medio de un correo electrónico. Otra vez, de manera unilateral y sin consulta previa. Además, tras cuatro meses de lucha, la justicia ordenó al gobierno porteño la reapertura del lactario del Jardín del Hospital Ramos Mejía, privilegiando el derecho de les 170 niñes de entre 45 días a 1 año de edad a la lactancia materna y el derecho de las madres trabajadoras a estar cerca de sus hijes en horarios laborales.
En este contexto hostil, la calle, la unidad y los lazos sociales, parecieran ser la única vía de escape posible para batallar frente al cinismo de un gobierno que, a diario, nos dirige a un camino cada vez más desolador.
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