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Timestamp: 2018-09-20 19:19:19+00:00

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﻿ Sentencia C-027 de enero 27 de 2009
SENTENCIA C-27 DE 27 DE ENERO DE 2009
CONTENIDO:AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. LA VOLUNTARIEDAD U OBLIGATORIEDAD PARA LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS VINCULADOS MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR EXTRANJERO, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, AFILIACIÓN PENSIONAL VOLUNTARIA
Sentencia C-027 de enero 27 de 2009
Sentencia C-027 de 2009
Ref.: Expediente D-7336
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 15 (parcial) de la Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
Demandantes: Diana Carolina Tejedor Correales y Nancy Carolina Moreno Lemus
ART. 15.—Modificado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003. Afiliados. Serán afiliados al sistema general de pensiones:
PAR. —Las personas a que se refiere el presente artículo podrán afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley”.
Tras puntualizar que, pese a las modificaciones introducidas por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003 en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el aparte demandado se mantuvo en su redacción original, las actoras señalan que al permitir la afiliación voluntaria al sistema general de pensiones de “los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”, el legislador desconoció el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta, así como el carácter obligatorio del derecho a la seguridad social y los principios de universalidad y solidaridad que, según el artículo 48 de la codificación superior, orientan su prestación.
Puntualizan las libelistas que “tanto el extranjero como el nacional” se encuentran “enfrentados a situaciones laborales similares” y, por lo tanto, “se les debe brindar los mismos derechos e imponer iguales obligaciones, siendo una de estas últimas, y en el caso concreto a analizar, la afiliación obligatoria al sistema general de pensiones” e indican que la afiliación voluntaria de los extranjeros, prevista en el inciso acusado, es contraria al derecho a la igualdad, porque el trabajador nacional vinculado mediante un contrato laboral está obligado a afiliarse y a realizar los aportes “con disminución en su salario”.
A continuación las ciudadanas demandantes hacen énfasis en el carácter obligatorio del servicio público de seguridad social y en los principios de universalidad y solidaridad que estiman vulnerados, porque el texto censurado hace depender la ampliación de la cobertura del sistema de la voluntad del extranjero que podría quedar desamparado si opta por no afiliarse, supuesto en el cual la falta de pago del correspondiente aporte afectaría la financiación del sistema y se traduciría en la disminución de los recursos “destinados al subsidio de la población más necesitada que habita en nuestro país”.
No obstante lo anterior, en un aparte posterior de la demanda las actoras consideran posible que la afiliación voluntaria sea aplicable a los extranjeros y precisan que en tal situación la voluntariedad sólo debería ser reconocida “a aquellos que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”, para lo cual no sería indispensable decretar la inexequibilidad de todo lo demandado, sino solo la de la palabra “no” incluida en el texto acusado, de modo que la parte subsistente signifique, de un lado, que aún cuando el trabajador extranjero se abstenga de afiliarse al sistema colombiano, cuenta con los beneficios de un régimen de su país de origen o de cualquier otro y, de otro lado, que la afiliación del extranjero en Colombia únicamente es obligatoria cuando no existe afiliación a algún régimen ni en el país de origen ni en cualquier otro.
3. La aptitud de la demanda.
En efecto, dadas las implicaciones del fenómeno migratorio, diferentes instrumentos internacionales se ocupan de recomendar la adopción de medidas o de prever mecanismos destinados a lograr la efectiva protección de los trabajadores migrantes y Colombia ha suscrito algunos documentos internacionales en los que asume el compromiso de brindar protección a los trabajadores migrantes en lo referente al derecho a la seguridad social, entre los que se encuentran la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 146 de 1994 (1) , al Protocolo de San Salvador aprobado por la Ley 319 de 1996 (2) y al Código Iberoamericano de Seguridad Social incorporado mediante la Ley 516 de 1999 (3) .
Estos instrumentos garantizan al trabajador extranjero el derecho a acceder a una pensión, pero, aún cuando en algunos de ellos es recurrente la exigencia de asegurarle al trabajador extranjero el mismo trato que al nacional, también es cierto que en algunas de sus disposiciones se hace énfasis en la convergencia de las políticas de seguridad y la coordinación de las legislaciones respectivas, como lo hace el artículo 20 del Código Iberoamericano de Seguridad Social al señalar que se debe facilitar la “aplicación concurrente, sucesiva o simultánea” de las legislaciones “al caso de los trabajadores migrantes”.
Precisamente, atendiendo a la variedad de las situaciones en que puede hallarse el trabajador y a las distintas posibilidades de relación entre los estados, se ha previsto la celebración de tratados bilaterales o multilaterales en procura de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. En este sentido, el artículo 27 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares indica que a los trabajadores extranjeros se les debe dar el mismo trato que a los nacionales “en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales o multilaterales aplicables”, a lo cual agrega que “las autoridades competentes del estado de origen y del estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma”.
Sobre el particular conviene mencionar que con la finalidad de “dar efectiva vigencia a las disposiciones del Convenio iberoamericano de seguridad social y reafirmar la eficacia de las legislaciones de seguridad social vigentes en ambos países”, Colombia suscribió un acuerdo con la República Oriental del Uruguay que fue aprobado por la Ley 826 de 2003 (4) , al cual se han sumado acuerdos sobre seguridad social suscritos con el Reino de España (5) y con la República de Chile (6) , respectivamente aprobados mediante las leyes 1112 de 2006 y 1139 de 2007.
(1) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-106 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(2) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(3) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-125 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(4) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(5) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-858 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(6) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

References: artículo 15
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 20
 artículo 27