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Timestamp: 2019-07-23 22:40:14+00:00

Document:
Respuestas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la lista de cuestiones y preguntas*
[Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2018]
En este documento se presenta la respuesta del Reino Unido a la lista de cuestiones y preguntas que figuran en el documento CEDAW/C/GBR/Q/8, de fecha 3 de agosto de 2018.
En esta respuesta, las entradas que hacen referencia a las administraciones descentralizadas de Gales y Escocia deben tratarse como presentaciones oficiales de dichas administraciones. En relación con Irlanda del Norte, las negociaciones sobre el reparto del poder están en curso y, en consecuencia, las cuestiones relativas a la descentralización siguen siendo competencia de un Ejecutivo y una Asamblea de Irlanda del Norte restaurados. Las entradas de Irlanda del Norte fueron presentadas por la administración pública de Irlanda del Norte y reflejan la situación actual, que sigue pendiente del examen y acuerdo de los futuros ministros. El Gobierno del Reino Unido sigue comprometido con el restablecimiento de un Ejecutivo y una Asamblea plenamente operativos en Irlanda del Norte.
Ampliación de la Convención a los Territorios Británicos de Ultramar y a las Dependencias de la Corona
La aplicación territorial de la Convención se ha ampliado de tres a siete territorios de ultramar entre 2016 y 2017. Más de 70.000 mujeres y niñas de las Islas Caimán, las Bermudas, Anguila y la agrupación territorial de Santa Elena están ahora más protegidas frente a la discriminación gracias a que la Convención se ha hecho aplicable en esas jurisdicciones. Se está trabajando para ampliar la ratificación del Reino Unido a los territorios restantes de Montserrat, Pitcairn y Gibraltar, además de la jurisdicción de Jersey.
En relación con la reserva del Reino Unido al artículo 9, la Ley de Nacionalidad Británica de 1981, que entró en vigor en enero de 1983, no permite la discriminación de la mujer en el sentido del artículo 1 en lo que se refiere a la adquisición, el cambio o la conservación de su nacionalidad o la de sus hijos. No obstante, no debe entenderse que la aceptación del artículo 9 por parte del Reino Unido invalida la continuación de determinadas disposiciones temporales o transitorias que se mantendrán en vigor tras esa fecha.
En relación con la reserva del Reino Unido al artículo 11, el fin de los incrementos de las pensiones públicas por dependencia para adultos se enmarcaba en un conjunto de reformas contenidas en la Ley de Pensiones de 2007. La intención es que los pagos que restan de estos incrementos cesen a partir del 6 de abril de 2020, tras lo cual ya no sea necesaria la reserva al artículo 11.
La reserva al artículo 15, que se refiere a la exclusión de las mujeres de las funciones de combate cuerpo a cuerpo, se mantiene intacta, ya que no cabe esperar que la decisión de levantar las exclusiones anteriores a las mujeres se vaya a aplicar plenamente hasta 2019.
El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó la retirada de las siguientes reservas y declaraciones en cuanto a la Isla de Man, que seguirán su debido curso:
•En el párrafo inicial A c), la sustitución de “cualquier acto realizado con el fin de asegurar la eficacia en combate de las Fuerzas Armadas de la Corona” por “la admisión o el servicio en las Fuerzas Armadas de la Corona”;
•El párrafo A d);
•La totalidad de las reservas a los artículos 1, 9 y 13;
•Los apartados de los artículos 11, 15 y 16 que han sido retirados a efectos del Reino Unido.
Incorporación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en la legislación nacional
El Gobierno del Reino Unido considera que los derechos conferidos por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ya están ampliamente reflejados en la legislación nacional vigente, como la Ley de Igualdad de 2010 y la Ley de Derechos Humanos de 1998. La Ley de Igualdad prohíbe la discriminación, el acoso y la victimización en base a nueve características protegidas: sexo, orientación sexual, reasignación de género, edad, discapacidad, embarazo y maternidad, raza, religión o creencia, matrimonio y unión civil en ámbitos como el suministro de bienes, instalaciones y servicios, el empleo y la educación.
El párrafo 8 del informe expone claramente que el Gobierno del Reino Unido no está de acuerdo en que la Ley de Igualdad de 2010 deba incorporar todas las disposiciones de la Convención. Hacerlo crearía una jerarquía de derechos, favoreciendo a los basados en el sexo en comparación con las otras características protegidas, como la discapacidad o la raza.
El Ministro Principal de Gales encargó un examen rápido para dar un nuevo impulso a la labor del Gobierno de Gales en materia de igualdad de género. La primera fase del examen se presentó en julio de 2018 con una serie de recomendaciones que se están examinando en la segunda fase.
Las medidas adoptadas para asegurar que las mujeres norirlandesas tengan al menos las mismas protecciones en materia de igualdad que sus homólogas inglesas son competencia de los ministros del Comité Ejecutivo de Irlanda del Norte. La Estrategia de Igualdad Racial (2015-2025) reconoce que es necesario trabajar más para averiguar cómo podemos prevenir y combatir la discriminación múltiple (“interseccional”).
Legislación sobre igualdad y discriminación interseccional
La Ley de Igualdad de 2010 ofrece un sólido amparo para toda una serie de características protegidas y habilita a cualquier empleado o usuario de servicios a interponer una demanda por más de un motivo. Los demandantes ya pueden interponer varias demandas por diversos motivos, como por ejemplo alegando discriminación por motivos de edad y de sexo con respecto a un mismo acto de supuesta discriminación, y un tribunal puede atenderlas de manera conjunta.
La Ley (de Retirada) de la Unión Europea de 2018, que convierte efectivamente la gran mayoría de la legislación europea en legislación británica, garantiza que las normas mínimas de la Unión Europea se mantendrán el día de la salida de la Unión. En materia de financiación, el Reino Unido seguirá teniendo todos los derechos, las obligaciones y los beneficios que conlleva la adhesión, incluida la percepción de fondos europeos, hasta el momento en que abandone la Unión Europea. El libro blanco sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, publicado el 12 de julio de 2018, puso de relieve el interés del Reino Unido en participar en futuros programas de la Unión Europea, y colaborar con ella, cuando ello redunda en el interés mutuo del Reino Unido y de la Unión Europea.
La Ley de Igualdad de 2010 establece una amplia gama de protecciones en materia de igualdad e incorpora prácticamente todas las leyes de igualdad de la Unión Europea y la jurisprudencia en vigor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En algunos ámbitos, la legislación nacional va más allá de los requisitos de la Unión Europea, por ejemplo, la obligación de igualdad en el sector público, que impone a las autoridades públicas la obligación proactiva de tener en cuenta el modo en que sus políticas o decisiones afectarán a las personas amparadas por la Ley de Igualdad. También existen requisitos internos que garantizan la presentación de informes sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y la no discriminación en el acceso a bienes y servicios por motivos de discapacidad o edad, por ejemplo.
El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a garantizar que no haya un retroceso en materia de igualdad al abandonar la Unión Europea. Se han introducido salvaguardias específicas en forma de declaraciones ministeriales sobre la igualdad en relación con los cambios en la legislación que requiere la salida de la Unión Europea, que reflejan parte de la obligación de igualdad en el sector público.
Los derechos de las mujeres y las niñas en Irlanda del Norte seguirán contando con el amparo y la promoción de un Ejecutivo y una Asamblea descentralizados y restaurados en Irlanda del Norte y del Gobierno del Reino Unido, en consonancia con las obligaciones nacionales e internacionales del Reino Unido. La salida de la Unión Europea no cambia esta cuestión.
La Ministra Principal ha convocado un Grupo Asesor sobre Liderazgo en Derechos Humanos, que trabaja independientemente del Gobierno para examinar los efectos que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea en materia de derechos humanos y la mejor forma de proteger y promover todos los derechos humanos en todos los escenarios posibles. Para ello, aplicará los tres principios sobre derechos humanos articulados por el Consejo Permanente de Escocia para Europa:
–No debe producirse retroceso alguno con respecto a las normas actuales;
–Escocia debe seguir el ritmo de las futuras normas de la Unión Europea;
–Escocia debe demostrar liderazgo en materia de derechos humanos.
Abuso institucional histórico
Como se establece en su mandato, la investigación del Ejecutivo de Irlanda del Norte sobre abusos institucionales históricos examinó si existieron deficiencias sistémicas por parte de las instituciones o el Estado en sus obligaciones con respecto a los niños que estuvieron bajo su custodia entre 1922 y 1995. El informe de la investigación se publicó oficialmente el 20 de enero de 2017 y en él se detallan las conclusiones del panel de investigación oficial y sus recomendaciones. Con la publicación del informe se puso fin a la investigación.
El Ejecutivo de Irlanda del Norte acordó en octubre de 2016 crear un grupo de trabajo interdepartamental presidido de forma independiente para seguir investigando los Hogares para Madres y Bebés/Lavanderías de la Magdalena y el abuso clerical de menores. Para cumplir con la decisión del Ejecutivo de estudiar las pruebas relativas a la experiencia de los residentes de ciertas instituciones que no fueron tenidas en cuenta en la Investigación Histórica de los Abusos cometidos en Instituciones, el grupo ha encargado a académicos de la Queen’s University de Belfast y la Universidad de Ulster una investigación sobre los Hogares para Madres y Bebés y las Lavanderías de la Magdalena en Irlanda del Norte.
Examen de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes de 2012
En reconocimiento del carácter extensivo de los cambios introducidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes de 2010 y las enmiendas posteriores, el Gobierno del Reino Unido está llevando a cabo un examen posterior a la aplicación y evaluando el grado en que se lograron los objetivos de los cambios de esta Ley.
La fase de recopilación de pruebas del examen está en curso y, hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha colaborado con más de 70 partes interesadas, muchas de las cuales han aportado pruebas sobre el impacto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes en diferentes cohortes de clientes, incluidas las mujeres. La fase de recopilación de pruebas ha concluido y el Gobierno se ha comprometido a publicar el examen a finales de año.
Las consultas que precedieron a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes se publicaron hace más de siete años y, desde entonces, se han producido importantes avances en el sistema judicial del Reino Unido. Esto incluye los procesos a través de los cuales las personas pueden acceder a asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, el examen también ofrece una oportunidad para considerar el modo en que se puede mejorar el recorrido a través del sistema de justicia para todos los usuarios, incluidos los grupos de mujeres desfavorecidas que el Comité ha subrayado.
En enero de 2018, el Ministerio de Justicia introdujo un cambio legislativo para facilitar el acceso a asistencia jurídica civil de las víctimas de violencia doméstica y abuso de menores. Este cambio introdujo nuevas formas de prueba y amplió el alcance de las pruebas que actualmente se pueden presentar para que las víctimas puedan tener asistencia jurídica gratuita. El cambio también eliminó los plazos que exigían que la presentación de las pruebas en 5 años (2 años en casos de abuso de menores) desde el momento en que se produjo el comportamiento concreto. Estos cambios harán que aumente el número de víctimas con derecho a recibir asistencia. En el primer trimestre de 2018, se produjo un aumento del 21 % en el número de solicitudes de asistencia jurídica en casos de violencia doméstica y se concedió en un número de casos que no tiene precedentes.
Se dispone de asistencia jurídica para los servicios jurídicos civiles que se prestan en relación con la contravención de la Ley de Igualdad de 2010, con sujeción a las pruebas de recursos y del derecho a reclamar establecidas por ley, y abarca tanto el asesoramiento inicial como la representación. También se dispone de asesoramiento con cargo a fondos públicos para las demandas de discriminación presentadas ante el Tribunal de Trabajo, y de asesoramiento y representación con cargo a fondos públicos en el Tribunal de Apelaciones en Materia de Empleo.
Los cambios en los criterios para poder optar a asistencia jurídica gratuita en Inglaterra y Gales no se reflejan en el sistema escocés. El Gobierno de Escocia financia el Centro Escocés para los Derechos de la Mujer, un recurso que garantiza que las mujeres escocesas que sufren violencia de género o la han sufrido puedan acceder a asesoramiento e información jurídicos oportunos y apropiados.
Estrategia para aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Tomando nota de las recomendaciones del Comité, la Oficina Gubernamental para la Igualdad está estudiando una serie de opciones para ayudar a las mujeres a acceder al mercado de trabajo y progresar en él, velar por que nadie se vea frenado por actitudes sociales restrictivas y fomentar la igualdad de oportunidades para todos.
Repercusión de las políticas fiscales y la elusión fiscal en las mujeres
Desde 2010, el Gobierno del Reino Unido ha adoptado más de 100 medidas para hacer frente a la elusión fiscal, la evasión de impuestos y el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Estas medidas han asegurado y protegido más de 185.000 millones de libras esterlinas, incluidos más de 2.800 millones de libras esterlinas procedentes de iniciativas centradas en el extranjero. Estos ingresos ayudan a financiar los servicios públicos, en especial iniciativas para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Con un 5,7 %, la brecha fiscal global del Reino Unido se sitúa en un mínimo casi sin precedentes.
Diversidad en el poder judicial y la policía
La Comisión de Nombramientos de Personal Judicial aplica una disposición de igualdad de méritos, de conformidad con la Ley de Igualdad de 2010. Para contratar los tipos de jueces en que existe una clara infrarrepresentación por raza o género (determinada por referencia a los datos del censo nacional y los datos de diversidad judicial de la Oficina Judicial), si en una evaluación se determina que dos o más candidatos tienen igualdad de méritos, la Comisión de Nombramientos de Personal Judicial puede seleccionar a uno de ellos por su género u origen étnico a fin de aumentar la diversidad en el sistema judicial.
En Inglaterra y Gales, la fuerza de trabajo de los agentes de policía es más representativa en términos de género y etnia que nunca (véase el anexo estadístico). En la actualidad, las mujeres ocupan algunos de los puestos más altos de la policía en Inglaterra y Gales, entre ellos:
•El puesto de Comisionado del Servicio de Policía Metropolitana;
•La Dirección General del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia;
•La Presidencia del Consejo de Jefes de Policía Nacional;
•La dirección de la iniciativa del Consejo de Jefes de Policía Nacional para cuestiones de género en las actividades policiales.
El Colegio de Policía ha publicado un código de ética, orientaciones sobre el trabajo flexible y consejos sobre el uso de medidas positivas legítimas para aumentar la contratación, la retención y la progresión de los agentes de grupos subrepresentados, entre los que están las mujeres en funciones policiales.
Lucha contra los estereotipos de género en la publicidad
La Dirección de Normas de Publicidad publicó su informe “Depictions, Perceptions and Harm” sobre representaciones, percepciones y daños en la publicidad. Las Comisiones de Prácticas de Publicidad y la Comisión de Prácticas de Publicidad en las Emisoras celebraron posteriormente consultas sobre una nueva norma y una guía de apoyo para prohibir que los anuncios describan estereotipos de género dañinos u ofensivos, incluidos los roles y las características de género estereotipados. El sector también está preparando medidas para transmitir una imagen positiva y diversa de los géneros en los anuncios. El Gobierno del Reino Unido ha acordado seguir trabajando para luchar contra los estereotipos de género perjudiciales en la publicidad con el sector.
En relación con el maltrato en línea, la Oficina Gubernamental para la Igualdad está financiando un examen de la Comisión Jurídica para determinar si la legislación vigente responde a los problemas que plantean las comunicaciones en línea abusivas.
Aplicación de las recomendaciones de la investigación Leveson
Se han llevado a cabo amplias reformas tanto de la policía como de la prensa, y se ha aplicado la mayoría de las recomendaciones incluidas en la primera parte. Además, el Gobierno del Reino Unido está convencido de que todas las recomendaciones de la Investigación relativas a la aplicación de la ley se han aplicado o están en proceso de aplicación.
La Cédula Real sobre la Autorregulación de la Prensa fue acordada por los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia y aprobada por unanimidad en el Parlamento escocés y por todos los partidos más importantes en Westminster. Esta cédula real establece un proceso para llevar a la práctica las recomendaciones del Informe Leveson. El proceso sigue abierto. El Parlamento y la población esperan que se apliquen los principios del Informe Leveson.
El Gobierno del Reino Unido publicó la Estrategia de Lucha contra el Extremismo en 2015, en la que se hacía hincapié en la necesidad de hacer frente al daño violento y no violento del extremismo en todas sus formas, incluida la erosión de los derechos de las mujeres, la promoción del odio y la división en las comunidades, la propagación de la intolerancia y el aislamiento de las comunidades. El programa “Construyendo Juntos una Gran Bretaña Más Fuerte” apoya a más de 150 organizaciones de la sociedad civil y comunitarias para crear comunidades más resilientes, hacer frente al extremismo en todas sus formas y ofrecer una alternativa positiva a las personas vulnerables. El Ministerio del Interior ha establecido una comisión independiente de lucha contra el extremismo con un claro mandato de apoyar al Gobierno para que detecte y combata la ideología extremista en todas sus formas y vele por que se respeten los derechos de las mujeres.
Enjuiciamiento de los casos de mutilación genital femenina
El 31 de octubre de 2015 entró en vigor un nuevo requisito de notificación obligatoria de la mutilación genital femenina que obliga a los profesionales a denunciar a la policía los casos “conocidos” de mutilación genital femenina en menores de 18 años. Este deber consiste en ayudar a aumentar las remisiones a la policía.
Como se destaca en el octavo informe periódico del Reino Unido, el Gobierno reforzó considerablemente la ley en 2015 para mejorar la protección de las víctimas y las personas en situación de riesgo, así como para eliminar los obstáculos al enjuiciamiento.
Los tribunales solo pueden considerar las pruebas que tienen ante sí y esas pruebas deben demostrar más allá de toda duda razonable que una persona conocida ha cometido un delito.
Los tribunales de Inglaterra y Gales han dictado 220 órdenes de protección frente a la mutilación genital femenina desde su introducción en 2015. El Reino Unido sigue estudiando la necesidad de introducir nuevos cambios legislativos para apoyar a la policía y al Ministerio Público de la Corona en el enjuiciamiento de los autores y la protección de las víctimas.
El Gobierno de Escocia anunció que presentaría un proyecto de ley sobre la mutilación genital femenina y que tenía la intención de celebrar consultas sobre las protecciones adicionales que podrían ser necesarias para mejorar la respuesta a esta práctica.
Las siguientes medidas legislativas en materia de mutilación genital femenina también se aplican a Irlanda del Norte:
•Delito de mutilación genital femenina: actos extraterritoriales;
•Anonimato para las víctimas de la mutilación genital femenina;
•Delito de omisión de protección a la niña frente al riesgo de mutilación genital;
•Órdenes de protección frente a la mutilación genital femenina.
Deber de notificación obligatoria
El programa de prevención de la mutilación genital femenina puesto en marcha en 2015 por el Departamento de Atención Sanitaria y Social introdujo orientaciones y prestó apoyo a las organizaciones del Servicio Nacional de Salud para sensibilizar del deber de notificar obligatoriamente los casos de mutilación genital femenina, que se estableció en octubre de 2015. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra sigue trabajando con asociados de todos los servicios de salud y la policía para fomentar la concienciación y el cumplimiento del deber impuesto a los profesionales.
En 2018 se publicaron unas directrices prácticas interinstitucionales para velar por que las mujeres y niñas tengan acceso a servicios relacionados con la mutilación genital femenina y que los proveedores de servicios cuenten con las habilidades necesarias para responder con eficacia. El organismo de salud escocés está trabajando con el Consejo Escocés para los Refugiados y con representantes de la comunidad en el desarrollo de mecanismos de colaboración con las juntas locales de salud a fin de promover la concienciación sobre las necesidades y la accesibilidad de los servicios locales de salud. En febrero de 2016, la Oficial Jefe de los Servicios Médicos y la Oficial Jefe de los Servicios de Enfermería emitieron una circular en la que pedían a los profesionales de la salud escoceses que pusieran en marcha procesos para registrar los casos de mutilación genital femenina en las juntas de salud.
Apoyo médico y psicosocial
El programa de prevención de la mutilación genital femenina del Departamento de Atención Sanitaria y Social preparó y publicó diez recomendaciones sobre la contratación de servicios para satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas sometidas a mutilación genital femenina, que ayuda a los comisionados a considerar el mejor modo de planificar y prestar servicios de calidad a fin de responder a las necesidades de atención sanitaria de las supervivientes y de asegurarse de que la protección sea una consideración fundamental en todo momento.
El deber de notificación obligatoria impuesto a los profesionales de la salud, la educación y la asistencia social regulados ha conducido a que se coordine la capacitación de los profesionales y se abra una vía clínica sobre la mutilación genital femenina en el ámbito de la salud. Esto agiliza el proceso en Gales y garantiza la comunicación entre los profesionales y la policía para denunciar los casos de mutilación genital femenina detectados en menores de 18 años y en las que corren el riesgo de ser mutiladas.
Los problemas a los que se enfrentan las personas que viven con características sexuales diferentes constituyen una nueva esfera de políticas para el Gobierno. El Gobierno del Reino Unido ha anunciado su intención de publicar una convocatoria para recabar pruebas sobre estas cuestiones. Las pruebas reunidas en este ejercicio servirán de base para las próximas medidas que adopte el Gobierno en esta esfera. El Gobierno del Reino Unido tiene conocimiento de algunos llamamientos del sector para que se prohíba la práctica de intervenir médicamente en las características sexuales de los menores de edad.
Enjuiciamientos y condenas
Los enjuiciamientos y las condenas por violencia contra las mujeres y las niñas han aumentado un 63 % en la última década, desde 2007/08. En 2017/18, se registraron 960 delitos de control o coacción que llegaron a la primera vista, lo que supone un aumento frente a los 309 registrados en 2016/17. En 2017/18, el volumen de remisiones de casos de violencia contra las mujeres y las niñas por la policía se redujo de 117.444 en 2016/17 a 116.574, lo que supone una ligera disminución de 870 remisiones (0,7 %).
El volumen de enjuiciamientos por delitos de violencia contra las mujeres y las niñas se redujo de 112.270 en 2016/17 a 105.613, lo que representa una disminución de 6.657 procesados (5,9 %). El volumen de condenas se redujo de 84.565 en 2016/17 a 80.387, lo que representa un descenso de 4.178 (4,9 %). La tasa de condenas aumentó del 75,3 % al 76,1 %; la de condenas tras el juicio (excluidos los casos mixtos) aumentó en 2,4 puntos porcentuales hasta situarse en el 53,8 %.
Divulgación de información sobre los casos de violencia doméstica
En Inglaterra y Gales, el plan de divulgación de información sobre las personas con antecedentes de violencia doméstica y las órdenes de protección contra la violencia doméstica se han implantado a escala nacional para mejorar la protección disponible para las víctimas. En el marco de este plan, se han divulgado más de 3.410 hechos y se han dictado más de 3.698 órdenes de protección contra la violencia doméstica.
En Inglaterra y Gales, la orden de protección civil contra el acoso criminal propuesta respaldará los instrumentos existentes para velar por que existan medidas de protección robustas para las víctimas de “acoso por parte de desconocidos”. La orden tendrá las siguientes características:
•Estará a disposición de la policía, que la solicitará a los tribunales, de forma que la responsabilidad de tomar medidas no recaiga en la víctima;
•Tendrá la flexibilidad de imponer tanto restricciones como requisitos positivos al autor del delito, en particular la obligación de facilitar determinados datos personales a la policía;
•Llevará asociada una sanción penal por incumplimiento de un máximo de cinco años de prisión, a fin de garantizar que haya consecuencias cuando una persona incumpla sus condiciones.
El Proyecto de Ley sobre la Protección contra el Acoso Criminal se está tramitando en el Parlamento.
Proyecto de Ley contra el Maltrato Doméstico
El Gobierno del Reino Unido publicará más adelante en este curso parlamentario un histórico proyecto de ley contra el maltrato doméstico, que protegerá y apoyará a las víctimas, reconocerá el impacto de por vida que puede tener el maltrato doméstico en los niños y garantizará una respuesta eficaz de los organismos ante él. El proyecto de ley incluirá medidas para:
•Introducir una nueva definición legal de maltrato doméstico;
•Crear un nuevo aviso para la prevención del maltrato doméstico y una orden que establezca vías de protección más claras para las víctimas;
•Asegurar que, si un comportamiento abusivo afecta a un niño, el tribunal puede dictar una sentencia que refleje las repercusiones graves y duraderas que ese maltrato tiene en el niño;
•Crear la figura de un Comisionado contra el Maltrato Doméstico;
•Consagrar más claramente el compromiso del Reino Unido con el Convenio de Estambul ampliando la jurisdicción extraterritorial a los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas.
A fin de sensibilizar en torno a la cuestión de la violencia y el maltrato domésticos (con miras a fomentar la denuncia de los incidentes conexos) y la introducción del nuevo plan de divulgación de información sobre las personas con antecedentes de violencia y maltrato domésticos, el Departamento puso en marcha una campaña específica de promoción en medios de comunicación mixtos en marzo de 2018. Esta campaña de tres años de duración se desarrollará hasta finales de marzo de 2020.
Escocia - Ley contra el Maltrato Doméstico
La Ley contra el Maltrato Doméstico (de Escocia) de 2018 recibió la sanción real el 9 de marzo de 2018. Esta ley tipifica como delito específico la conducta abusiva, que, aunque todavía no está en vigor, abarca no solo el maltrato físico, sino también otras formas de maltrato psicológico y comportamientos coercitivos y controladores que no son fáciles de enjuiciar con arreglo a la legislación penal vigente.
En julio de 2018, la Oficina Gubernamental para la Igualdad publicó el informe de investigación correspondiente a su encuesta nacional sobre las personas LGTB. La encuesta recibió un récord de 108.000 respuestas, lo que la convierte en la mayor encuesta de su tipo en todo el Reino Unido. Esto ha mejorado la base empírica en torno a las experiencias de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, así como de aquellas que se identifican como intersexuales, de género fluido o no binarias. Esto incluye, por ejemplo, las amenazas de violencia sexual y los comportamientos coercitivos y controladores. En respuesta, se publicó el Plan de Acción para Personas LGBT. que incluía una serie de compromisos de acción en todo el Gobierno.
El Gobierno del Reino Unido ya financia una línea telefónica de ayuda a las personas LGBT que presta apoyo directo a las víctimas de maltrato doméstico en Inglaterra y Gales.
El fondo especial para la vivienda del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Locales, dotado con 20 millones de libras esterlinas, proporciona apoyo a iniciativas en todo el país, como el plan del Ayuntamiento de Manchester para proporcionar vivienda y apoyo de asistentes sociales a las personas LGBT que han sobrevivido al maltrato doméstico.
El Gobierno de Gales financia una serie de servicios de apoyo para proteger a las mujeres del maltrato y la violencia con independencia de su sexualidad y su identidad de género. En un nuevo marco intergubernamental de prestación de servicios del Gobierno de Gales se esbozan las medidas que se han de adoptar para fundamentar la elaboración de un nuevo plan de estudios y orientaciones que incluyan una serie de temas como la educación para las personas LGBTQI, aspectos relativos al consentimiento sexual y la prevención de la violencia contra la mujer.
El Gobierno escocés financia el proyecto “Voices Unheard Project”, que lleva adelante una labor de apoyo a los jóvenes LGBTI que han sufrido violencia de género para que compartan sus experiencias, examina los servicios en busca de prácticas inclusivas, colabora con los principales responsables de la toma de decisiones e informa a sus pares y otros profesionales. El proyecto también incluye la prestación de servicios de capacitación y apoyo al proceso de la Carta LGBT en relación con los servicios de violencia de género, con el fin de asegurar que se apliquen las mejores prácticas para las mujeres LBTI y las niñas y niños y jóvenes LGBTI.
Denuncia de incidentes de violencia, incluida la violencia doméstica
El Gobierno del Reino Unido espera que todas las denuncias se traten con seriedad desde el momento en que se efectúan, que se trate a todas las víctimas con dignidad y que todas las investigaciones y los enjuiciamientos se lleven a cabo de manera exhaustiva y profesional.
La estrategia nacional del Gobierno de Gales en materia de violencia contra la mujer, maltrato doméstico y violencia sexual tiene por objeto, entre otras cosas, aumentar la concienciación y cuestionar las actitudes de violencia contra la mujer, maltrato doméstico y violencia sexual en todo Gales. El Gobierno de Gales ha elaborado y aplicado un marco de comunicación en colaboración con las principales partes interesadas y las supervivientes de malos tratos que incluye las campañas “This is Me” y “Don’t be a Bystander”.
El Gobierno escocés se ha comprometido a proporcionar financiación a la Policía de Escocia para formar específicamente a los agentes de primera línea y al personal a fin de que puedan identificar el nuevo delito de conducta abusiva (que todavía no ha entrado en vigor). Entre 2015 y 2018, también se han asignado otros 20 millones de libras de los presupuestos de justicia, en particular para aumentar el apoyo a actividades de promoción. Esta financiación ha continuado hasta 2018/19, principalmente para apoyar una serie de asignaciones de fondos existentes comprometidos durante el período inicial de tres años. El Gobierno de Escocia va a invertir una suma adicional de 1,1 millones de libras esterlinas para mejorar la tramitación de los casos de delitos sexuales y la comunicación con las víctimas.
Violencia por razón de honor
El trabajo para abordar la llamada “violencia por razón de honor” forma parte integrante de la estrategia intergubernamental de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Se ha prometido financiación por valor de 100 millones de libras esterlinas, lo cual incluye el fondo del Ministerio del Interior para la transformación en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, dotado con 17 millones de libras esterlinas.
En el marco intergubernamental de aplicación del Gobierno de Gales se esbozan las medidas que se adoptarán para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas de raza negra, origen asiático y minorías étnicas, a saber:
•Asumir la presidencia conjunta del Grupo de Liderazgo contra la Mutilación Genital Femenina, la Violencia por Razón de Honor y los Matrimonios Forzados con el Ministerio Público de la Corona y Bawso ;
•Encargar investigaciones para señalar proyectos y actividades que pongan en entredicho las actitudes culturales favorables a la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la violencia por razón de honor en Gales;
•Trabajar con los servicios especializados en violencia contra las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas en Gales para colaborar con los defensores de la comunidad y darles apoyo.
Durante la elaboración del plan para la protección de las mujeres y las niñas titulado “Equally Safe”, se consultó a la Red CEMVO a fin de representar las necesidades y preocupaciones de las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas que sufren violencia de género.
Se han elaborado proyectos de disposiciones para un Proyecto de Ley contra el Maltrato Doméstico, que incluirá:
•Un nuevo delito de maltrato doméstico para detectar patrones de maltrato psicológico, violencia o coacción de una pareja, expareja o familiar cercano;
•Un agravante jurídico de maltrato doméstico que puede dar lugar a la imposición de penas más severas por otros delitos.
Esta legislación deberá ser considerada por el Ejecutivo y la Asamblea entrantes de Irlanda del Norte.
En Irlanda del Norte, también hay una línea telefónica de ayuda para las víctimas de violencia doméstica y sexual que funciona las 24 horas del día. La línea de ayuda es un servicio telefónico gratuito que ofrece información y apoyo a cualquier persona afectada por la violencia doméstica y sexual, con independencia de su nacionalidad, género, edad, discapacidad u orientación sexual.
El castigo corporal en el hogar
El Gobierno del Reino Unido tiene claro que ningún niño debe sufrir violencia o malos tratos. Corresponde a los padres disciplinar a sus hijos, pero deben hacerlo adecuadamente y dentro de los límites de la ley. El Gobierno no debe interferir en la forma en que los padres educan a sus hijos, siempre y cuando el niño no corra el riesgo de sufrir malos tratos. El Gobierno conoce los planes de los Gobiernos de Escocia y Gales para legislar esta cuestión, pero no tiene planes de hacerlo en Inglaterra. El castigo corporal está prohibido en todas las escuelas subvencionadas, las escuelas independientes registradas y las guarderías infantiles registradas.
El Gobierno de Gales presentó un proyecto de ley para suprimir la defensa del castigo razonable en el tercer año del calendario legislativo (entre septiembre de 2018 y julio de 2019). Si se aprueba, esta legislación prohibirá que los padres y quienes actúan en su lugar apliquen el castigo físico a los niños en Gales.
El Gobierno de Escocia se opone al castigo físico de los niños y apoya el proyecto de ley propuesto en el Parlamento de Escocia. De ser aprobada, esta legislación eliminaría la defensa de los padres y prohibiría todas las formas de castigo físico aplicado a los niños.
En Irlanda del Norte, la ley sobre el castigo físico está en consonancia con la de Inglaterra y Gales desde septiembre de 2006. Existen leyes y normas que prohíben los castigos corporales en los hogares infantiles, las guarderías y los hogares de acogida. Cualquier propuesta para cambiar la ley en Irlanda del Norte requerirá el acuerdo del Ejecutivo, ya que el tema es transversal y tiene implicaciones para varios ministerios y departamentos con rango ministerial.
Favores sexuales a cambio de alojamiento
En Inglaterra, si un solicitante de asilo no dispone de un alojamiento adecuado, o de medios para obtenerlo, el Ministerio del Interior le proporciona alojamiento gratuito como parte de las medidas de apoyo ofrecidas a quienes, de otro modo, estarían en la indigencia. Gracias a ello, no tienen necesidad de buscar alojamiento con propietarios particulares a menos que dispongan de medios económicos para pagar el alquiler.
El Gobierno de Gales modificará la próxima versión del Código de Prácticas para propietarios y agentes con licencia de alquiler en el marco del programa “Rent Smart Wales” para dejar claro que toda persona que anuncie una propiedad en alquiler imponiendo un requisito sexual corre el riesgo de perder su licencia para operar en Gales. Cualquier persona autorizada en virtud del programa “Rent Smart Wales” (de hecho, las únicas personas que pueden interactuar con los inquilinos o posibles inquilinos) debe haber superado una prueba de “aptitudes necesarias y garantías suficientes”.
En Escocia hay 477 plazas de refugio, proporcionadas por Women’s Aid. Un espacio doméstico en un refugio se define como el alojamiento que ocupa una mujer, o una mujer y sus hijos, ya sea de forma independiente o compartiéndolo con otras personas. El Gobierno escocés proporciona financiación a organizaciones que prestan apoyo a las mujeres víctimas de explotación sexual comercial, en particular, destinó más de 110.000 libras esterlinas en el período 2017-2020 al servicio “Another Way”, que ayuda a las mujeres a salir de la prostitución.
Concesión por indigencia para las víctimas de violencia doméstica
Los datos sobre el número total de mujeres que se han beneficiado de la concesión por indigencia para las víctimas de violencia doméstica no se encuentran publicados actualmente. La concesión por indigencia para las víctimas de violencia doméstica presta apoyo a las personas con visado de pareja cuya relación con un ciudadano británico o una persona afincada se ha roto como consecuencia del maltrato doméstico, lo que arroja inseguridad sobre su estado de inmigración. Aunque no pueden optar a la concesión por indigencia para las víctimas de violencia doméstica, el Reino Unido ya cuenta con disposiciones que prestan un apoyo análogo a los solicitantes de asilo cuando, sin esta concesión, serían indigentes.
Mecanismo Nacional de Remisión
El Gobierno del Reino Unido sigue prestando apoyo especializado y servicios de promoción a las víctimas de esclavitud contemporánea y trata de personas. En 2017, el Gobierno del Reino Unido anunció un importante paquete de reformas para el Mecanismo Nacional de Remisión. Estas reformas marcarán una diferencia tangible en la experiencia de las víctimas de esclavitud contemporánea al contribuir a su recuperación y aumentar su resiliencia a la explotación futura.
El Ministerio del Interior ha encargado un proyecto de investigación sobre la prevalencia y la naturaleza de la prostitución en Inglaterra y Gales; en efecto, esta base empírica es crucial antes de considerar cualquier cambio en las políticas y la legislación. El Ministerio del Interior ha destinado 150.000 libras esterlinas a financiar esta investigación, cuya realización corre a cargo de la Universidad de Bristol. El informe final se espera para la primavera de 2019.
El proyecto “Safer Wales StreetLife” fue decisivo para la organización de la única Conferencia de Evaluación Interinstitucional de Riesgos del Equipo Operacional de Trabajadores Sexuales, que comparte información a fin de gestionar los riesgos para las personas que se dedican a la prostitución. Este proyecto fomenta la participación activa de 180 mujeres que ejercen la prostitución en Cardiff y Swansea en actividades de divulgación tanto diurnas como nocturnas en ambas ciudades.
El Gobierno escocés encargó una investigación para examinar la fiabilidad de la base empírica en el plano internacional sobre las repercusiones de la tipificación de la contratación de servicios sexuales como delito y analizar los conocimientos y las pruebas de que se dispone sobre la prostitución en Escocia. El enfoque del Gobierno escocés se centra en mejorar las políticas y el apoyo disponibles en este ámbito en términos de prevención, reducción de daños, apoyo al abandono de la prostitución y lucha contra la demanda.
Antes de que en 2015 se aprobara la normativa que penaliza la contratación de servicios sexuales, el Departamento de Justicia encargó una investigación independiente sobre el alcance y el perfil de la prostitución en Irlanda del Norte. El informe de esa investigación se publicó en octubre de 2014. La investigación también recogió las opiniones de quienes trabajan en la industria del sexo sobre la naturaleza y la adecuación de los servicios de apoyo disponibles para quienes desean abandonar la prostitución o permanecer en ella. Esta parte de la investigación sirvió para elaborar una estrategia de ayuda y apoyo a las personas que abandonan la prostitución, que fue publicada por el Departamento de Salud en julio de 2016.
En noviembre de 2018 se iniciará una revisión oficial del impacto de esta legislación sobre la seguridad y el bienestar de las personas que venden servicios sexuales y la medida en que ha reducido la trata de personas con fines de explotación sexual, y en abril de 2019 se presentará el informe correspondiente.
En cuanto a la segunda cuestión que figura en el párrafo 12, relativa a la carga de la prueba en los casos que afectan a niños, el Departamento está estudiando si debe modificarse la ley en relación con todos los delitos sexuales definidos por edad y para los que se dispone de la presunción refutable de creencia razonable, incluido el delito de pagar por los servicios sexuales de un niño. Esta cuestión se incluirá en el examen que realizará el Departamento de la Ley sobre la explotación sexual de los niños y los delitos sexuales contra los niños, que se publicará para consultas antes de finales de 2019.
Se han reservado 1,5 millones de libras esterlinas del fondo del centenario del sufragio para subvenciones destinadas a apoyar proyectos en Inglaterra que animen a las mujeres a participar en la vida pública. Los proyectos corren a cargo de una serie de entidades entre las que hay organizaciones benéficas nacionales, organizaciones de mujeres y grupos comunitarios de base.
La Oficina de Igualdad del Gobierno organizó un evento bajo el lema #AskHerToStand, que ofrecía a las mujeres consejos prácticos sobre cómo postularse para un puesto en el gobierno nacional o local al que se acceda por elección.
El 8 de noviembre de 2018, la Ministra para la Igualdad de la Mujer acogió la Conferencia de Mujeres Parlamentarias del Mundo, celebrada en la Cámara de los Comunes con motivo del centenario del sufragio femenino en el Reino Unido. La Conferencia reunió a parlamentarias de todo el mundo para celebrar sus logros, estudiar el modo de mejorar la visibilidad y empoderar aún más a las parlamentarias a fin de que sigan impulsando el cambio en el plano nacional e internacional.
El Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local ha estado colaborando con órganos representativos para establecer un conjunto de medidas prácticas destinadas a superar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que tienen cargos políticos en el gobierno local o las que acceden a ellos.
El Gobierno de Gales inició el programa “Diversidad en la Democracia” en 2015. El programa tenía por objeto aumentar la diversidad, sobre todo en materia de género, entre los candidatos a las elecciones municipales celebradas en mayo de 2017. De los 51 participantes del programa, 16 se presentaron a las elecciones municipales y 4 fueron elegidos concejales, todos ellos mujeres.
El Gobierno escocés celebró hace poco una consulta sobre la reforma electoral y actualmente está examinando las respuestas a la consulta, incluidos los comentarios sobre la representación de las mujeres. El Gobierno de Escocia colaborará con las autoridades locales para encontrar formas de contribuir a aumentar la representación de la mujer en el gobierno local.
En Irlanda del Norte, las mujeres han sido declaradas grupo beneficiario en el marco de los sucesivos programas de paz financiados por la Unión Europea, incluido el programa Peace IV 2014-2021.
Se ha asignado a Politics Plus un proyecto regional enmarcado en el tema Peace IV Building Positive Relations (Action 4.2) para llevar a cabo un proyecto denominado “El próximo capítulo”. Este proyecto ha recibido casi 1,5 millones de euros (financiación FEDER + Match). El proyecto tiene por objeto abordar el problema de la infrarrepresentación de las mujeres que participan en la vida pública.
En 2016/17, el 49 % de los nuevos nombramientos públicos eran de mujeres. El Gobierno del Reino Unido ha publicado un plan de acción para la diversidad en los nombramientos públicos en el que se exponen las iniciativas de amplio alcance que el Gobierno está llevando a cabo para ayudar a conseguir el objetivo de lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos rectores de los organismos públicos. El Gobierno aspira a que, para 2022, el 50 % de los nombramientos públicos sean de mujeres.
En la actualidad, algo menos del 30 % de los secretarios permanentes en la administración pública son mujeres. Entre las iniciativas actuales o previstas para aumentar la diversidad de género en la administración pública superior figuran las siguientes:
•El Plan de Futuros Dirigentes, centrado en el 1 % superior de las categorías 6 y 7, que tienen la posibilidad de incorporarse a la administración pública superior en los próximos años. Entre los participantes de este programa, cada año más del 50 % son mujeres. Entre los participantes de 2018, las mujeres representaban el 53,2 % (frente al 46,3 % de las categorías 6 y 7 en marzo de 2018);
•Mayor transparencia a través del nuevo tablero de datos (a partir de junio de 2018). Esta iniciativa proporciona una manera de comparar la representación de género en todas las categorías, en todos los departamentos, organismos y profesiones.
Al 31 de julio de 2018, el 40,4 % de los funcionarios superiores del Gobierno de Gales son mujeres. El Gobierno de Gales tiene una Secretaria Permanente y 6 de los miembros del Consejo (40 %) son mujeres. Al 31 de julio de 2018, la banda ejecutiva (las categorías que se hallan por debajo de los funcionarios superiores) cuenta con un 50,2 % de mujeres.
Representación en organismos deportivos
En junio de 2018, la organización Women in Sport publicó su informe Beyond 30 %, que se centra en estudiar la cultura en los lugares de trabajo dentro del deporte. El informe recomienda que el primer paso sea que las organizaciones reconozcan cualquier problema cultural que pueda disuadir a las mujeres de incorporarse al mercado laboral o de progresar en su carrera. En Inglaterra, el Código de Gobernanza del Deporte exige que todas las organizaciones subvencionadas adopten como meta una cuota mínima del 30 % de cada género en su junta directiva.
Las juntas deportivas de los órganos rectores nacionales de alto impacto de Gales cuentan con un 33 % de mujeres. Sport Wales ha acordado una nueva política para abordar la diversidad de género en las juntas directivas de los órganos rectores nacionales del deporte en Gales.
En 2017 se creó una Junta Consultiva sobre las Mujeres y las Niñas en el Deporte para que brindara asesoramiento independiente al Ministro de Salud y Deporte acerca de la participación de las mujeres y la sensibilización en todos los ámbitos del deporte y la actividad física.
Representación en el poder judicial
Como se destaca en el párrafo 6, las Estadísticas Anuales sobre Diversidad Judicial de 2018 y las Estadísticas Oficiales sobre la Selección y las Recomendaciones de Nombramientos de 2017/18 de la Comisión de Nombramientos Judiciales muestran que se han seguido produciendo pequeñas mejoras en la representación de las mujeres entre 2014 y 2018:
•Del 24 % al 29 % en los juzgados (un aumento de 1 punto porcentual desde 2017);
•Del 43 % al 46 % en los tribunales (un aumento de 1 punto porcentual desde 2017);
•Del 18 % al 24 % en el Tribunal Superior (un aumento de 2 puntos porcentuales desde 2017);
•Del 18 % al 24 % en la Corte de Apelaciones;
•Del 52 % al 55 % entre los jueces de primera instancia;
•De los 12 magistrados del Tribunal Supremo del Reino Unido 3 son mujeres, incluida la primera presidenta, nombrada en 2017. En la actualidad no se publican estadísticas sobre las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas en el poder judicial.
En abril de 2018, el Ministerio de Justicia anunció la financiación de un programa de educación judicial para posibles candidatos. Se trata de una iniciativa con el sector para apoyar a los juristas de grupos infrarrepresentados para que se presenten a puestos judiciales: mujeres, personas de raza negra, origen asiático y minorías étnicas, abogados con discapacidades y abogados con experiencia profesional sin competencias de abogado (incluidos procuradores y personal jurídico).
Acceso a cargos de elección
El 18 de junio de 2018 se publicó el informe de evaluación del plan piloto de acceso a cargos de elección. La evaluación muestra que el 47 % de los fondos se concedieron a mujeres con discapacidad que se postulaban para un cargo de elección. El proyecto piloto finalizó en 2015. La Oficina de Igualdad del Gobierno, junto con la Oficina de Asuntos relacionados con la Discapacidad y la Oficina del Gabinete, va a llevar a cabo un programa de trabajo con los interesados en la discapacidad durante los próximos 12 meses para ayudar a los partidos políticos a prestar el mejor apoyo posible a los candidatos con discapacidad. Mientras tanto, el Gobierno anunció en mayo de 2018 un fondo dotado con 250.000 libras esterlinas para ayudar a los candidatos discapacitados con los gastos asociados a su discapacidad, principalmente para las elecciones municipales de 2019 en Inglaterra.
La Ley de Representación de los Géneros en las Juntas Públicas (de Escocia) recibió la sanción real en marzo de 2018. La Ley contiene disposiciones para mejorar la representación de la mujer en las juntas públicas de Escocia.
El nuevo borrador de la Auditoría de Desigualdades para el Departamento de Infraestructura (de Irlanda del Norte) contiene el objetivo continuo de aumentar la diversidad en los nombramientos públicos, incluida la igualdad de género. El Departamento no ha podido iniciar ningún concurso para nombramientos públicos en 2017/18 debido a la falta de un Ministro Ejecutivo. Los Ministros Ejecutivos habían acordado los siguientes plazos para lograr la igualdad de género en el conjunto de los nombramientos públicos de toda la administración pública de Irlanda del Norte:
•Para 2017/18 en relación con los nombramientos realizados en el año;
•Para finales del 2020/21 en relación con todos los nombramientos en el puesto, con un reflejo de la igualdad tanto en la composición de la junta directiva como en su presidencia.
En enero de 2018, el Reino Unido puso en marcha la cuarta edición del Plan de Acción Nacional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad, la estrategia quinquenal sobre la forma en que el Reino Unido cumplirá sus compromisos contraídos en virtud de la resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad.
El Gobierno del Reino Unido ha destinado 1,6 millones de libras esterlinas a raíz de los compromisos contraídos en la Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth para el desarrollo de las Mediadoras en el marco de la iniciativa del Commonwealth, una plataforma para apoyar a las mujeres que trabajan en la consolidación de la paz en todo el Commonwealth, desarrollando su capacidad mediante actividades de formación y mentoría.
Tolerancia cero con la explotación y los abusos sexuales
El Reino Unido apoya plenamente el enfoque de tolerancia cero del Secretario General frente a la explotación y los abusos sexuales en cualquier parte del sistema de las Naciones Unidas. En el período de sesiones de la Asamblea General celebrado en 2017, la Primera Ministra se unió al círculo de liderazgo sobre la acción preventiva y la respuesta frente a la explotación y los abusos sexuales en las operaciones de las Naciones Unidas y firmó el Pacto Voluntario de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esa cuestión. En los últimos tres años, el Reino Unido ha dedicado aproximadamente 3 millones de dólares a apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales y mejorar la rendición de cuentas. En la Cumbre de Salvaguardia de 2018, celebrada por el Departamento de Desarrollo Internacional en Londres, se asumieron importantes compromisos para prevenir la explotación y los abusos sexuales.
En 2016, el Gobierno escocés anunció una financiación de 662.641 libras esterlinas (2016-2019) para que la Unidad de Desarrollo Internacional e Innovación de la Policía de Escocia fortaleciera la capacidad del Servicio de Policía de Malawi en el sur del país.
Publicado en 2016, el plan de acción del Ejecutivo de Irlanda del Norte sobre la lucha contra la actividad paramilitar, la criminalidad y la delincuencia organizada tiene por objeto hacer frente a todas las formas de actividad paramilitar, incluido el control coercitivo y la intimidación en las comunidades. El plan de acción tiene por objeto ejecutar un programa para desarrollar la capacidad de las mujeres para participar en el desarrollo de la comunidad.
Mantenimiento de la paz en el Reino Unido
Cuando el personal militar del Reino Unido desempeña una función de mantenimiento de la paz, sigue estando sujeto a la legislación penal y militar que se aplica en el Reino Unido. Si este personal comete un delito en cualquier parte del mundo que constituya un delito también en el Reino Unido, puede ser acusado de ese delito, procesado en el Sistema de Justicia Militar del Reino Unido y, si es condenado, se le impondrá una pena en consecuencia. Incluso si su comportamiento no constituye un delito en virtud de la ley, todo el personal militar está obligado a cumplir las normas y conductas exigidas por el cuerpo al que pertenece.
El Departamento de Educación publicó en 2017 una estrategia de orientación profesional que establece un plan a largo plazo para crear un sistema de orientación profesional de primera clase que ayudará a los jóvenes y adultos a elegir la carrera profesional más adecuada para ellos. Como parte de la estrategia, se está evaluando la amplitud y la eficacia de la oferta actual de carreras en las escuelas y universidades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se está llevando a cabo una evaluación de los enfoques de la oferta de carreras para alentar a los jóvenes, sobre todo a las niñas, a que consideren la posibilidad de trabajar en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Red de Promotores de la Diversidad en el Aprendizaje de Oficios
El Departamento de Educación está adoptando medidas para corregir las disparidades de género en el acceso a la formación como aprendiz en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas mediante una serie de actividades. Entre ellas cabe citar la participación en la campaña del Año de la Ingeniería 2018 y el uso de la Red de Promotores de la Diversidad en el Aprendizaje de Oficios de la Agencia de Financiación de la Educación y las Competencias.
El Departamento de Educación también ha facilitado que los trabajadores a tiempo parcial puedan realizar aprendizajes, en particular quienes tienen otras personas a su cuidado y los progenitores sin pareja. Desde su creación en 2017, la Red de Promotores de la Diversidad en el Aprendizaje de Oficios se ha marcado este tema como una de sus principales prioridades. La red ha desarrollado mejores prácticas para compartirlas entre los empleadores a fin de aumentar el número de mujeres en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en particular mediante la formación en el tratamiento de currículos anónimos y los prejuicios inconscientes, la utilización de figuras modelo y de embajadores de los ámbitos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, oportunidades de conseguir experiencia laboral solo para mujeres y programas de divulgación en las escuelas.
Mujeres en puestos directivos superiores en instituciones académicas
La Carta Athena SWAN, establecida en 2005 para fomentar la contratación de mujeres para puestos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la medicina que exigen educación superior e investigación, es una iniciativa pionera en el mundo. De su aplicación se encarga Advance HE, que ha nombrado un panel independiente para evaluar el programa. El sector también está a la vanguardia del proceso para comprender los datos que subyacen en la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En 2018, el Gobierno de Gales puso en marcha la Academia Nacional para el Liderazgo Educativo (NAEL). El objetivo de esta institución es proveer de líderes, ahora y en el futuro, a todo el sistema educativo tanto en los entornos donde se utilice como medio el galés como en los que se utilice el inglés. La institución busca formar e inspirar a estos líderes, está comprometida con los principios de equidad en el acceso a la provisión de liderazgo y apoya a todos los líderes con independencia de la etapa profesional en la que se encuentren.
Acoso escolar por razones de homofobia, bifobia y transfobia
El programa del Gobierno del Reino Unido contra el acoso escolar por razones de homofobia, bifobia y transfobia ha llegado a más de 1.200 escuelas en Inglaterra. Entre marzo de 2019 y 2020, la Oficina de Igualdad del Gobierno proporcionará más fondos para intervenciones en las escuelas y considerará la posibilidad de realizar más proyectos en instituciones de educación superior y de otro tipo. El programa contempla la manera de lograr que las escuelas sean más inclusivas para las personas LGBT, responder al acoso y la intimidación escolares y acabar con los estereotipos de género.
La guía titulada “Respeto para todos” está dirigida a todos los que trabajan con niños y jóvenes y proporciona un enfoque integral para combatir el acoso escolar. LGBT Youth Scotland elaboró una guía adicional como complemento. En ella se ofrecen consejos adicionales al personal docente sobre cómo abordar el acoso por razones de homofobia, bifobia y transfobia. LGBT Youth Scotland también ha estado impartiendo seminarios en toda Escocia para apoyar estas guías. También se han publicado orientaciones sobre el registro y seguimiento de los incidentes de acoso en las escuelas.
El Gobierno de Gales está actualizando su guía contra el acoso, “Respetar a los demás”, que se publicó en 2011. La guía revisada se publicará para su consulta a finales de 2018 e incluirá orientaciones sobre los incidentes de acoso relacionados con temas de lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y cuestionamiento de la orientación sexual (LGBTQ+).
La educación en materia de relaciones y sexualidad es obligatoria dentro del plan de estudios para todos los alumnos en edad de enseñanza obligatoria (de 4 a 16 años) que asisten a escuelas públicas. El plan de estudios está diseñado para dotar a las escuelas de la mayor flexibilidad posible en cuanto a lo que deciden enseñar y para utilizar los enfoques que mejor se adapten a sus alumnos. El plan de estudios ya no implica una lista obligatoria de contenidos que todo el mundo debe abarcar, sino que el contenido que se dispone es de un nivel alto. Esto proporciona a los profesores la flexibilidad para decidir los temas específicos que son los más adecuados para satisfacer las necesidades de sus alumnos y actualizar sus recursos en consonancia con el rápido ritmo de cambio social a fin de garantizar que los jóvenes estén seguros y bien informados sobre todos los problemas a los que se enfrentan en la sociedad moderna.
En 2015, el Consejo de Programas de Estudio, Exámenes y Evaluación (CCEA) elaboró una guía revisada sobre la educación sexual y sobre relaciones para las escuelas de enseñanza primaria y posprimaria.
Brecha salarial entre los géneros y segregación ocupacional
En el Reino Unido, la brecha salarial entre hombres y mujeres global se sitúa en el 17,9 % y la brecha salarial entre hombres y mujeres que trabajan a tiempo parcial en el -4,4 %. La brecha salarial entre hombres y mujeres en el caso de los trabajadores a jornada completa se sitúa en el 8,6 %, el nivel más bajo de todos los tiempos.
En 2017, el Gobierno del Reino Unido introdujo una innovadora normativa que exige que las grandes empresas publiquen las diferencias salariales entre sus empleados y sus empleadas en cuanto al salario promedio y las bonificaciones. En el primer año de rendición de cuentas, más de 10.000 empleadores presentaron datos. La normativa alienta vivamente a los empleadores a examinar los sistemas o procesos que dificultan desproporcionadamente el acceso de las mujeres a puestos específicos, con el fin de hacer frente a la segregación ocupacional.
El Gobierno del Reino Unido está animando a los empleadores a utilizar sus datos sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres para detectar los obstáculos que dificultan la contratación y la promoción de las mujeres en sus propias organizaciones, y ha publicado orientaciones para los empleadores en las que se detallan medidas basadas en datos empíricos que las organizaciones pueden adoptar para reducir su brecha salarial.
El proyecto Agile Nation 2 tiene como objetivo promover la igualdad de género y apoyar el avance profesional mediante el apoyo específico a las mujeres en el mundo laboral y el trabajo con los empleadores. El proyecto se llevó a cabo de 2015 a 2018 y se ha prorrogado por dos años, y desarrolla dos líneas de actividad.
Hasta la fecha, el proyecto ya ha contado con más de 1.800 participantes, de las cuales más de 1.100 ya han obtenido una cualificación, y ha apoyado a casi 400 empleadores, de los cuales casi 300 han adoptado o mejorado sus estrategias de igualdad y diversidad.
Tanto la brecha salarial entre los trabajadores y las trabajadoras a tiempo completo como la brecha salarial global (a tiempo completo y a tiempo parcial) se han reducido considerablemente en Escocia desde 1999: la brecha salarial para los trabajadores a tiempo completo, del 16,7 % en 1999 al 6,6 % en 2017, y la brecha salarial global, del 24,6 % en 1999 al 16,1 % en 2017. El Gobierno de Escocia está adoptando medidas para reducir esta brecha mediante una serie de iniciativas que incluyen la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo por embarazo y maternidad y la ejecución de un programa de retorno para ayudar a las mujeres que desean volver a trabajar después de una interrupción en su carrera profesional. El Gobierno de Escocia aprobó la Ley de Representación de los Géneros en las Juntas Públicas (de Escocia) de 2018 y también está destinando fondos para que se cuestionen y se cambien las prácticas laborales y las costumbres en el lugar de trabajo.
El Gobierno de Escocia está financiando el programa “Mejorar el equilibrio entre los géneros”, que trabaja con los centros de enseñanza preescolar y las escuelas para elaborar enfoques eficaces que permitan superar los estereotipos de género.
La Ley de Empleo (de Irlanda del Norte) de 2016 impuso a los empleadores la obligación de rendir cuentas sobre la remuneración en función del género. A falta de ministros y de una asamblea, el Gobierno no puede hacer progresar la legislación en materia de remuneración en función del género.
El Gobierno del Reino Unido está poniendo en marcha una serie de iniciativas para combatir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en mayo de 2018, la Oficina de Igualdad del Gobierno inició el Programa de Investigación sobre el Lugar de Trabajo y la Igualdad de Género (WAGE), que tiene por objeto facilitar a los empleadores la adopción de medidas basadas en datos empíricos para reducir sus diferencias salariales entre hombres y mujeres, reuniendo a destacados académicos y responsables de la formulación de políticas con el fin de recopilar los datos existentes, detectar y subsanar las lagunas existentes, y llevar la investigación a la práctica mediante la difusión de los resultados clave entre los empleadores.
El Gobierno escocés está financiando a la organización Close the Gap para que desarrolle y ponga a prueba un plan de acreditación para los empleadores denominado “Equally Safe at Work”.
La Parte 5 de la Ley de Igualdad de 2010 contiene disposiciones que prohíben que un empleador discrimine o acose a una persona por motivos relacionados con el “sexo” en el empleo, como en la contratación y la selección y en las condiciones laborales de la oferta. La Ley también ofrece protecciones que prohíben el acoso sexual en el empleo, la prestación de servicios, el ejercicio de funciones públicas, la ocupación, enajenación o gestión de locales, la educación y las asociaciones como los clubes privados. Varias otras leyes ofrecen protección contra el acoso sexual, tanto a nivel civil como penal, y contra otras formas de abuso (como la violencia contra las mujeres y los comportamientos sexuales nocivos).
Tras su investigación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, el Comité Parlamentario Especial sobre la Mujer y la Igualdad (WESC) formuló una serie de recomendaciones. El Gobierno establecerá en breve un programa de trabajo completo para hacer frente al acoso sexual en el lugar de trabajo, en respuesta a la investigación de este Comité.
El Gobierno del Reino Unido llevó a cabo una campaña de comunicación de 1,5 millones de libras esterlinas para promover la licencia parental compartida para los padres, sustentada en mejores instrumentos y orientación. Cuando el Gobierno introdujo los planes de licencia y remuneración parentales compartidas en 2014, se estimó que unas 285.000 parejas tendrían derecho a acogerse a ellos y que la demanda se situaría entre el 2 % y el 8 % de las parejas con derecho a ellos. La información facilitada por los empleadores a la Dirección de Aduanas y Rentas Públicas en relación con las solicitudes de la paga parental oficial compartida apunta a que la demanda coincide en líneas generales con esta estimación.
El Gobierno de Escocia está financiando la organización Family Friendly Working Scotland, con el fin de promover lugares de trabajo favorables para las familias e inclusivos para los empleadores y los empleados en Escocia. El Gobierno de Escocia, incluidos sus organismos y departamentos no ministeriales, concede a los empleados con derecho a licencia de paternidad hasta cuatro semanas consecutivas con sueldo completo.
El Equipo de Tareas sobre Trabajo Flexible está compuesto por representantes de toda la administración pública británica, organizaciones clave como Carers UK y Working Families, el Congreso Nacional de Sindicatos y de los principales grupos empresariales. El grupo de trabajo aborda cuestiones relacionadas con el trabajo flexible que son fundamentales para mejorar la contratación, la retención y el avance de los grupos clave de la fuerza de trabajo.
El Gobierno escocés sufragó un informe de Timewise sobre el Índice de Empleos Flexibles que puso de relieve que la brecha entre el trabajo flexible y la contratación flexible está causando un cuello de botella para el talento, sobre todo en el caso de las mujeres. El Gobierno escocés también está animando a los empleadores a que estudien las medidas positivas que pueden adoptarse para incrementar el número de puestos de trabajo flexibles de calidad disponibles. Se han asignado fondos a la organización Family Friendly Working Scotland (FFWS) a fin de apoyar y promover el desarrollo de lugares de trabajo favorables a la familia.
El Gobierno del Reino Unido ha duplicado las prestaciones por cuidado de los hijos, de 15 a 30 horas semanales, para los padres que trabajan y tienen hijos de 3 y 4 años ahorrándoles hasta 5.000 libras esterlinas al año. Durante este primer año, más de 340.000 niños de 3 y 4 años de edad se beneficiaron de una plaza de 30 horas. En 2013, el Gobierno introdujo 15 horas semanales de educación preescolar gratuita para los niños de 2 años de edad desfavorecidos. El Reino Unido gastará alrededor de 6.000 millones de libras esterlinas al año en ayudas para el cuidado infantil hasta 2019/20, una cantidad sin precedentes. Esto incluye alrededor de 3.500 millones de libras esterlinas que se prevé destinar este año a todas las prestaciones de educación preescolar gratuita.
La oferta de cuidado infantil proporciona 30 horas de educación preescolar sufragada por el gobierno y cuidado infantil para los padres trabajadores de niños de 3 y 4 años de edad durante 48 semanas al año. La prestación de cuidado infantil se ha ofrecido en siete municipios de Gales desde septiembre de 2017 y, a partir de septiembre de 2018, otros siete comenzarán a ofrecerla. El Gobierno de Gales tiene un presupuesto de capital de 60 millones de libras esterlinas para el sector del cuidado infantil y la educación preescolar durante los próximos tres ejercicios económicos.
El Gobierno escocés y las autoridades locales prácticamente han duplicado las prestaciones de cuidado infantil subvencionadas, que pasarán de 600 horas a 1.140 horas anuales a partir de agosto de 2020 para todos los niños de 3 y 4 años, así como para los de 2 años que reúnan ciertos requisitos. Los ministros escoceses y los líderes de la Convención de las Autoridades Locales de Escocia acordaron un paquete plurianual de ingresos y financiación de capital de 567 millones de libras esterlinas de financiación mediante ingresos anuales adicionales para 2021/22, y 476 millones de libras esterlinas de financiación de capital para el período comprendido entre 2017/18 y 2020/21.
La estrategia de cuidado infantil del Ejecutivo de Irlanda del Norte se está aplicando por etapas. Esto condujo al Programa de Subvenciones para Niños en Edad Escolar Bright Start, que actualmente aporta aproximadamente 2.500 plazas de guardería de bajo costo en toda Irlanda del Norte.
Aunque el Tribunal Supremo desestimó el recurso por motivos técnicos, el Gobierno del Reino Unido acepta la opinión del Tribunal de que la actual ley sobre el aborto en Irlanda del Norte en casos de anomalía mortal del feto, violación e incesto es incompatible con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en la actualidad, los tribunales no han hecho ninguna declaración de incompatibilidad para que el Gobierno del Reino Unido o un Ejecutivo restaurado en Irlanda del Norte la examinen o le den respuesta. El aborto es una cuestión sobre la que se han transferido las competencias, por lo que ha de ser examinada por un Ejecutivo y una Asamblea restaurados de Irlanda del Norte. El Gobierno del Reino Unido sigue comprometido con el restablecimiento de un Ejecutivo y una Asamblea plenamente operativos en Irlanda del Norte, a fin de que los políticos responsables a nivel local puedan considerar y resolver cuestiones delicadas como esta.
En junio de 2017, el Gobierno del Reino Unido introdujo un plan para facilitar a las mujeres de Irlanda del Norte el acceso a los servicios de interrupción del embarazo en Inglaterra de forma gratuita. Anteriormente, a las mujeres de Irlanda del Norte, a diferencia de las del resto del Reino Unido, se les pedía que pagaran por estos servicios. Se está trabajando con un sistema central de reservas que las mujeres pueden utilizar para acceder a esos servicios y que incluye la cobertura de los gastos de viaje para las mujeres que sufren dificultades económicas.
El Comité Especial de la Cámara de los Comunes sobre la Mujer y la Igualdad ha iniciado recientemente una investigación sobre la ley del aborto en Irlanda del Norte. El Comité ha solicitado pruebas específicas sobre las responsabilidades del Gobierno del Reino Unido en virtud de sus obligaciones internacionales de adoptar medidas para reformar la ley del aborto en Irlanda del Norte y sobre la forma en que estas deben conciliarse con el acuerdo de descentralización del Reino Unido.
El derecho penal en Irlanda del Norte
Como se ha señalado anteriormente, la política en materia de derecho penal está transferida al Ejecutivo de Irlanda del Norte. Por lo tanto, los cambios en la ley del aborto no pueden progresar en Irlanda del Norte hasta que se restablezcan el Ejecutivo y la Asamblea. Todas las cuestiones enunciadas en los apartados 19 a) a c) tienen por objeto modificar la ley, y la cuestión a que se refiere el apartado d) depende de esa ley.
El Departamento de Salud de Irlanda del Norte es responsable de prestar servicios de atención sanitaria de calidad y seguros, incluidos servicios de interrupción del embarazo, dentro del marco de la ley. En 2016 se creó un grupo de trabajo, encabezado por el Oficial Jefe del Servicio Médico, para examinar el nivel de atención sanitaria y social que se presta a las mujeres con diagnóstico de anomalía fetal mortal, a fin de señalar las lagunas en la prestación de servicios, la forma de subsanarlas y los argumentos a favor de un cambio en la legislación. El informe del grupo, publicado el 25 de abril de 2018, concluyó que, aunque se podría mejorar la atención y el apoyo a las mujeres con diagnóstico de anomalía fetal mortal que decidieran proseguir con su embarazo, era necesario modificar la ley relativa al aborto en estos casos.
Fracturación hidráulica y género
El Gobierno del Reino Unido ha dejado claro que el desarrollo del petróleo y el gas debe ser seguro y respetuoso con el medio ambiente. El Reino Unido cuenta con un sólido sistema regulador que proporciona un extenso régimen para las actividades de exploración. En el Reino Unido, existen normas estrictas para garantizar la seguridad in situ, prevenir la contaminación del agua y mitigar la actividad sísmica y la contaminación del aire.
En julio de 2018, el Gobierno de Gales expuso, en una consulta, que no cree que exista un argumento convincente de que los beneficios de la extracción de petróleo superen su compromiso de gestionar de forma sostenible los recursos naturales en Gales.
En Escocia existe una moratoria, lo que significa que ninguna autoridad local puede conceder permiso de planificación para actividades de fracturación hidráulica u otras actividades de gas y petróleo no convencionales y que los ministros aplazarían cualquier decisión sobre una solicitud de planificación que se presentara hasta que el proceso de elaboración de políticas hubiera llegado a su fin, lo que se traduce en que, por el momento, en Escocia no se puede realizar ninguna actividad de fracturación hidráulica u otra actividad de gas y petróleo no convencional.
Mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas
La auditoría sobre la disparidad racial mostró que, en materia de empleo, las cuestiones de género son importantes, más si cabe para los colectivos pakistaníes y bangladeshíes, cuyas tasas de empleo entre las mujeres son inferiores a la mitad de los colectivos blancos. Además, según la encuesta de población activa de junio de 2018, la tasa de empleo de las mujeres del Pakistán y Bangladesh era del 37,6 %, frente al 70,5 % de los hombres del Pakistán y Bangladesh. El Gobierno del Reino Unido está adoptando medidas para tratar de superar este obstáculo, entre otras cosas, mediante actos para animar a las mujeres del Pakistán y Bangladesh a considerar las ventajas de estar preparadas para trabajar, poder acceder a un empleo remunerado y los incentivos económicos que tendría para sus familias que aceptaran un empleo remunerado.
Mujeres y niñas gitanas y nómadas
En Inglaterra, el Programa de Propiedad Compartida y Viviendas Asequibles no ha financiado ningún emplazamiento para nómadas desde que se introdujo en 2016. Los proveedores registrados todavía pueden acceder a subvenciones para nuevos emplazamientos para nómadas a través del programa, si bien no se han presentado ofertas.
Mujeres y niñas solicitantes de asilo
El Ministerio del Interior ha creado una Oficina Central de Inmigración y Visados del Reino Unido que estudia si los solicitantes de asilo precisan una intervención urgente. También pueden avisar a los servicios adecuados, entre ellos el Servicio Nacional de Salud y los servicios sociales, y se pondrán en contacto con las partes pertinentes, si procede, para informarles de cualquier problema, como los problemas de violencia y abusos sexuales.
Crédito universal y pagos fraccionados
El Departamento de Trabajo y Pensiones proporcionará todo el apoyo posible cuando una persona revele que está sufriendo abusos domésticos, y la remitirá a profesionales independientes que puedan proporcionarle apoyo especializado.
El pago estándar para las parejas en el sistema de crédito universal consiste en un pago único por hogar; esto significa que las personas pueden ver claramente cómo sus decisiones laborales repercuten en los ingresos totales de su hogar. Cuando una persona que sufre violencia doméstica solicita un pago fraccionado, el Departamento de Trabajo y Pensiones le ayudará a utilizar este mecanismo. El Comité Especial sobre Trabajo y Pensiones señaló en su informe sobre el crédito universal y los abusos domésticos de julio de 2018 que: “Los pagos fraccionados no pueden prevenir los abusos económicos. Algunos abusadores encontrarán una manera de controlar las finanzas de su pareja, sean cuales sean los sistemas que implante el Departamento de Trabajo y Pensiones”.
El crédito universal sigue brindando apoyo a las víctimas de violencia doméstica mediante prestaciones que pueden solicitar a través de una serie de medidas. Estas incluyen disposiciones especiales para alojamiento temporal, suspensión temporal de requisitos relacionados con el trabajo, anticipos en el día y remisión a especialistas independientes para recibir apoyo.
El Comité Especial sobre Trabajo y Pensiones ha llevado a cabo una investigación sobre el tema del crédito universal y los abusos domésticos y el Gobierno respondió a su informe y recomendaciones el 10 de octubre. El Gobierno apoyó muchos de los puntos señalados en el informe y el Comité observó que: “Desde 2010, el Gobierno ha comenzado a hacer grandes progresos en la lucha contra el maltrato doméstico. Esto incluye el reconocimiento de los daños causados por los autores de actos de coacción y control, incluidos los abusos económicos, cuando se priva a un superviviente de su independencia económica.”.
El Gobierno escocés está colaborando con un extenso grupo de interesados, incluidos los usuarios del crédito universal, mediante paneles de experiencia y organizaciones del tercer sector, para desarrollar opciones de política que permitan realizar pagos fraccionados relacionados con la concesión del crédito universal. El Gobierno escocés ha encontrado un gran apoyo a los pagos fraccionados, pero con diferentes puntos de vista sobre el modo en que podrían funcionar en la práctica, por ejemplo, si los pagos deberían fraccionarse al 50 % o por circunstancias particulares.
Los pagos fraccionados del crédito universal en Escocia también dependen de lo que es técnicamente factible en los sistemas informáticos del Departamento de Trabajo y Pensiones y de su capacidad para responder. A su debido tiempo se realizará un anuncio al respecto.
Asilo e indigencia
Los solicitantes de asilo que, de otro modo, estarían en la indigencia reciben alojamiento gratuito y totalmente amueblado. Los costos de los servicios públicos están cubiertos y se proporciona un subsidio monetario para sufragar otras “necesidades vitales esenciales”. Este apoyo se presta en virtud del artículo 95 de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999.
La detención rutinaria de familias con niños terminó en 2010. A las familias con niños que no tienen fundamentos legales para permanecer en el Reino Unido se les aplica el Proceso de Retorno Familiar introducido en 2011.
En virtud del artículo 60 de la Ley de Inmigración de 2016, las mujeres embarazadas solo pueden ser detenidas a efectos de su expulsión del Reino Unido si la expulsión es inminente o si se dan circunstancias excepcionales. En cualquier caso, la detención se limita a un máximo normal de 72 horas, prorrogables a una semana en circunstancias excepcionales previa autorización ministerial. Toda decisión de detención debe tener en cuenta el bienestar de la mujer embarazada y el del bebé.
El Gobierno de Gales ha colaborado estrechamente con los interesados en la elaboración conjunta de un plan denominado “Nation of Sanctuary Refugee and Asylum Seeker”, cuyo fin es mejorar los resultados para los solicitantes de asilo y los refugiados, que incluye un claro compromiso con la lucha contra la indigencia. El Gobierno de Gales también está trabajando con el Foro sobre Indigencia para las personas sin acceso a fondos públicos para encontrar formas de facilitar un apoyo aún mayor del tercer sector a los refugiados y los solicitantes de asilo.
El Gobierno escocés apoya los llamamientos para que se establezca un plazo de 28 días para la detención de inmigrantes y para que la presunción sea favorable a soluciones comunitarias. En relación con la indigencia, el Gobierno escocés se ha comprometido a desarrollar una estrategia de lucha contra ella en respuesta al informe del Comité de Igualdad y Derechos Humanos del Parlamento escocés “Vidas ocultas - Nuevos comienzos” sobre su investigación en torno a la indigencia, el asilo y la inseguridad de la situación de los inmigrantes en Escocia.
La equiparación de los cambios en la edad de jubilación oficial ha sido objeto de un importante escrutinio en el Parlamento y los medios de comunicación, con la investigación del Comité Especial sobre Trabajo y Pensiones acerca de la comunicación de los cambios en la edad de jubilación oficial y numerosos debates y preguntas parlamentarias sobre esta cuestión.
La decisión de equiparar las pensiones públicas de los hombres y las mujeres se tomó hace más de 20 años y se introdujo en la Ley de Pensiones de 1995. La equiparación acabó con la antigua desigualdad en la edad de jubilación oficial. Además, la decisión de equiparar a los 65 años para ambos sexos se basó en el reconocimiento cada vez mayor de que el cambio demográfico estaba llevando a una reducción de la tasa de apoyo a la vejez y en el hecho de que un número cada vez mayor de Estados europeos estaban equiparando su edad de jubilación oficial a los 65 años o más.
Durante los años setenta y ochenta, aumentó la presión para equiparar la pensión estatal y una combinación de factores demográficos y de otro tipo llevó al Gobierno del Reino Unido a tomar esta decisión. En particular, cabe mencionar:
•El aumento de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia de las personas de edad;
•La necesidad de tratar a hombres y mujeres por igual, dado el avance de las tasas de empleo femenino y el papel cada vez más importante de la mujer en la economía.
La introducción del registro automático ha supuesto que la tasa de participación en las pensiones laborales de las mujeres que pueden optar a ellas es ahora prácticamente igual a la de los hombres. En 2017, la participación en las pensiones del sector privado fue del 80 % en el caso de las mujeres y del 81 % en el de los hombres; mientras que la participación en las pensiones del sector público fue del 92 % en el caso de ambos.
El Gobierno del Reino Unido también introdujo el incremento de garantía triple para las pensiones públicas, que ha aumentado sustancialmente el valor de las pensiones públicas para todos. Desde 2010, la pensión pública básica completa sube 1.450 libras esterlinas al año, es decir, 660 libras esterlinas más al año que si hubiera sido revisada al alza aplicando el crecimiento de las rentas.
En el examen Lammy se puso de manifiesto que existen problemas singulares para las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas y las mujeres extranjeras en el sistema de justicia penal, tanto en el sistema penitenciario como en la comunidad. Mediante la Estrategia para las Mujeres Delincuentes (junio de 2018), el Gobierno del Reino Unido estudiará minuciosamente otras medidas que puedan adoptarse para detectar y satisfacer las necesidades específicas de estos grupos.
Al 5 de septiembre de 2018, había 12 mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas en las cárceles escocesas. Esta cifra representa el 3 % del total de mujeres en prisión y el 0,15 % del total de la población carcelaria. Los datos censales más actualizados (2011) indican que el 4 % de la población escocesa es de raza negra, origen asiático o pertenece a minorías étnicas. Así pues, las mujeres de estos orígenes no están sobrerrepresentadas en los centros penitenciarios escoceses.
En las estadísticas trimestrales del Ministerio de Justicia sobre la gestión de los delincuentes se presenta un desglose por edad de la población de mujeres en prisión preventiva. Por lo general, se concede la libertad bajo fianza, a menos que haya motivos fundados para creer que la persona acusada va a cometer ciertos actos mientras está en libertad bajo fianza. La Ley de Asistencia Jurídica, Condenas y Penas para Delincuentes de 2012 introdujo una prueba sobre la “falta de perspectivas reales”, de modo que los acusados deben ser puestos en libertad bajo fianza, aunque se den esos motivos.
En Escocia, la proporción de mujeres en prisión preventiva es mayor que la de hombres (entre el 23 % y el 25 % son mujeres, entre el 18 % y el 19 % son hombres). Sin embargo, esto se explica en gran medida por el hecho de que los hombres tienen más probabilidades de ser sentenciados a penas muy largas (4 años o más), frente a la tendencia a tener a las mujeres en prisión preventiva.
Al 30 de septiembre de 2017, el 73 % de todas las reclusas (incluidas aquellas en prisión preventiva) se hallaban en prisión por un delito no violento. La mayoría de las penas privativas de libertad para mujeres son cortas: en 2017, el 72 % de las penas de privación de libertad para mujeres eran de seis meses o menos, frente al 56 % para los hombres.
El Servicio Nacional de Libertad Condicional (Inglaterra y Gales) ha tomado medidas para reducir el número de mujeres condenadas a menos de 12 meses de prisión. En particular, cabe mencionar las siguientes:
•Elaboración de una lista de verificación con base empírica para asegurar que los autores de los informes previos a la imposición de la pena que asesoran al tribunal sobre esta aborden toda la gama de riesgos y necesidades de la mujer y, cuando corresponda, el modo en que estos podrían gestionarse eficazmente mediante la imposición de una pena de trabajo comunitario. La lista de verificación también exige que los autores del informe previo a la imposición de la pena asesoren sobre las repercusiones probables de la pena de prisión en una mujer y sus dependientes;
•Implantación de una herramienta automática (Instrumento de Propuesta Eficaz) para asegurar que los autores de los informes previos a la imposición de la pena consideren activamente todo el abanico de opciones de trabajo comunitario que el autor de un delito o infracción podría realizar.
En Escocia existe una presunción contra el uso de penas cortas de menos de 3 meses, que se ampliará a penas cortas de menos de 12 meses una vez que se apliquen las protecciones adicionales de la Ley contra el Maltrato Doméstico (de Escocia) de 2018. El Gobierno escocés ha asignado alrededor de 100 millones de libras esterlinas anuales a las autoridades locales para que dicten penas de trabajo comunitario y reduzcan la reincidencia, y se ha comprometido a mantener esta inversión.
El Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad colaboró con el Equipo de Salud Pública de Inglaterra y el Equipo de Justicia y otras entidades para elaborar un conjunto de normas con base empírica específicas para cada género con miras a mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en prisión. Estas normas se publicaron el 8 de marzo de 2018. El Acuerdo Nacional de Colaboración para la Atención Médica en las Prisiones de Inglaterra 2018-2021 obliga al Ministerio de Justicia y a otros organismos a trabajar juntos en prioridades clave como la reducción del número de suicidios y autolesiones, y la mejora de la salud mental y el bienestar de la población penitenciaria (incluida la prestación de la atención adecuada a las necesidades de las personas con características protegidas).
El Gobierno del Reino Unido está impartiendo una formación revisada y mejorada en materia de prevención de suicidios y autolesiones, que ya han recibido más de 17.000 funcionarios antiguos y nuevos y en el conjunto de establecimientos penitenciarios. El Gobierno seguirá prestando apoyo a un gran número de mujeres en riesgo de suicidio y autolesión mediante el proceso multidisciplinario de Evaluación, Atención en Prisión y Trabajo en Equipo.
En 2015, el Gobierno de Escocia anunció que, en lugar de construir una nueva cárcel de gran tamaño para mujeres a fin de sustituir una prisión actual, el Servicio Penitenciario Escocés construiría una cárcel nacional de menor tamaño con capacidad para unas 80 mujeres con las necesidades más complejas, y hasta cinco centros de detención comunitarios, lo que ayudaría a las mujeres a mantener los vínculos con sus comunidades y los servicios locales, y les ofrecería al mismo tiempo niveles de seguridad proporcionados.
Como parte de su Estrategia de Salud Mental para 2017-2020, el Gobierno de Escocia se ha comprometido a aumentar su plantilla de salud mental y dotarla de 800 personas más, con una inversión adicional que asciende a 35 millones de libras esterlinas al año.
Centros privados de privación de libertad
Los contratos penitenciarios de gestión privada establecen un estricto marco de actuación, caracterizado por objetivos de desempeño prescriptivos. Estas prisiones están sujetas a los mismos procedimientos de inspección externa que las del sector público. Son sometidas a inspección al menos una vez cada cinco años por la Inspección de Prisiones de Su Majestad y, por lo general, con mayor frecuencia. Al igual que en el caso de las prisiones del sector público, las administradas por el sector privado se someten periódicamente al escrutinio de su Junta de Supervisión Independiente local, a fin de garantizar que cumplen con su responsabilidad de proporcionar un lugar seguro y protegido, y están sujetas también al deber de igualdad que tienen las del sector público.
Existen mecanismos para la inspección y la supervisión independiente de todas las prisiones de Escocia. Estas funcionan bajo los auspicios del Inspector Principal de Prisiones de Escocia en virtud de la Ley de Prisiones (de Escocia) de 1989.
La legislación sobre los derechos de propiedad es neutra en cuanto al género y brinda igualdad de protección con respecto a los derechos de propiedad de mujeres y hombres según la ley aplicable a una relación particular (el derecho de familia en los casos de divorcio o de disolución de una unión civil, y el derecho civil en materia de propiedad, contratos y fideicomisos en los casos en que las parejas hubieran cohabitado pero su unión no se hubiera formalizado legalmente). El Gobierno del Reino Unido está estudiando si es necesario introducir nuevas reformas en el sistema de justicia de familia en Inglaterra y Gales para asegurar que se logren los mejores resultados para los niños y las familias y se proteja a los usuarios más vulnerables del sistema.

References: artículo 9
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 15
 resolución 
 artículo 8
 artículo 95
 artículo 60