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Timestamp: 2020-08-05 08:36:22+00:00

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ECA - Marzo 2002
Nos ponemos a disposición del Ministerio
En nota enviada al ministro de Economía, Dr. Jorge Remes Lenicov, con relación al discurso que pronunció el 3 de febrero en el que anunció el nuevo plan de emergencia económica y, entre otras medidas, se refirió a la necesidad de realizar una profunda reforma de nuestro sistema impositivo que se analizará durante el presente año a efectos de ponerlo en práctica en el año 2003, el Consejo expresó que “frente a la decisión no podemos dejar de manifestar nuestro beneplácito por la iniciativa, ya que la misma constituye una vieja aspiración de nuestra Institución habiéndose realizado la primera convocatoria al respecto ya en el año 1988 con similar objetivo.
Entendemos que para una tarea de tal envergadura resulta menester acudir a profesionales de reconocida trayectoria en el campo de que se trata, por lo que ponemos a disposición de ese Ministerio los distintos trabajos que especialistas que integran nuestra Comisión de Estudios Tributarios han formulado sobre el tema y material de nuestros Congresos Tributarios Internacionales”.
En el final de la nota el Consejo dejó en claro su aspiración a ser convocado para poder prestar su colaboración, teniendo en cuenta los altos intereses en juego, en beneficio de nuestro país.
¿Un presupuesto sustentable?
“No resulta fácil calificar a este presupuesto como sustentable”. Esta afirmación cierra el documento del Consejo en relación con el Presupuesto aprobado en Diputados unas semanas atrás.
En un comunicado, las autoridades de nuestra Entidad se refirieron a la aprobación de dicho presupuesto y expresaron que “con muchas dificultades podría responder a la calificación de sustentable”.
Además, se mencionó que “se estima una recaudación global de 48.000 millones de pesos, lo cual, a la luz de la caída de los números de enero y febrero, puede ser de dudoso alcance. Si la inflación supera la estimación, la recaudación podrá subir en tanto se mantenga un nivel razonable de cumplimiento de los contribuyentes”.
Por otra parte, la inestabilidad económica general, según el Consejo, y los nuevos derechos a la exportación dispuestos por resolución del Ministerio de Economía –que no se encontrarían incluidos dentro de los recursos–, todo “se parece bastante a un acertijo”.
Se remarcó además que: “la caída de los gastos corrientes –del orden de los $ 4.000 millones comparado con el año 2001– se explica, básicamente, por la reducción del 46 % en el pago de intereses de la deuda pública como consecuencia de la cesación de pagos declarada y por una contracción del gasto primario del 6%; a raíz de la firme postura de las provincias beneficiadas se mantuvieron los cupos fiscales de promoción industrial, con lo que al Consejo le parece que en este momento el Gobierno ha evitado cargarse con un nuevo problema”.
Finalmente, las autoridades expresaron que “el PEN enviará un proyecto de ley sobre reestructuración de deudas y su pesificación, lo cual podría contribuir a incrementar los reclamos por inseguridad jurídica y la inestabilidad económica actual”.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología invitó al Consejo a participar de la Mesa de Educación, que se realizará en el marco del Diálogo Argentino, que, convocado por el Presidente de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, se lleva a cabo en el ámbito de Cáritas Argentina con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Sobre la base de las consultas realizadas a numerosas entidades que expresan la vida económica, política y social del país, se están llevando a cabo las Mesas Sectoriales que buscan alcanzar acuerdos básicos sobre las prioridades relacionadas con la emergencia que vive la Nación para concluir en un Primer Acuerdo Nacional”, dice la Dra. Graciela Giannettasio, ministra de Educación, en la nota de invitación enviada, y concluye: “su participación en el Diálogo Argentino permitirá que nuestra Nación pueda revertir la presente crisis iniciando el camino que señalen y se comprometan a sostener las instituciones que representan a la totalidad de las fuerzas sociales”.
El Senado nos pide colaboración
La presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Investigadora de Entidades Financieras del Senado de la Nación, Dras. Malvina Seguí y Mónica Arancio de Beller, han invitado al Consejo a colaborar con la tarea de investigación y análisis que es competencia de esa comisión.
“Nos permitimos sugerirle que dicha colaboración se efectivice a través de profesionales de suficiente capacitación en el tema que, con carácter ad honorem, ese Consejo asigne, especialmente entre quienes integran la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras”, dice la nota recibida.
El ministro de Defensa en el Consejo
Almuerzo con Defensa
El pasado 26 de febrero, el ministro de Defensa de la Nación, Dr. José Horacio Jaunarena, acompañado del secretario de Planeamiento de ese ministerio, Sr. Raúl Horacio Borrás, visitó nuestro Consejo. Ambos compartieron un almuerzo con las autoridades de esta Institución.
En dicha reunión se trataron temas inherentes al área de la Defensa Nacional y se analizó la especial situación que atraviesa nuestro país.
Una compleja contabilidad
¿Un abogado para auditar los clubes de fútbol?
A través de una noticia periodística titulada “Designan a un abogado para auditar los clubes de fútbol”, las autoridades del Consejo tomaron conocimiento de que un abogado ha sido nombrado auditor y consultor para encarar un programa destinado al saneamiento económico de las instituciones del fútbol argentino.
Por ello, se enviaron sendas notas al Lic. Jorge Milton Capitanich y al Sr. Daniel Scioli, jefe de Gabinete de Ministros y secretario de Deportes y Recreación, respectivamente, en las que se señala que la Ley Nacional N° 20.488 que reglamenta el ejercicio de las profesiones relacionadas con las Ciencias Económicas, por cuya aplicación el Consejo debe velar en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 7° indica que “se considerará como uso del título toda manifestación que permita referir o atribuir a una o más personas el propósito o la capacidad para el ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel que son propios de dicho título. En particular... b) la emisión, reproducción o difusión de las palabras contador, economista, analista, auditor, experto consultor, asesor, licenciado o similares y sus equivalentes en idiomas extranjeros, con referencia a cualesquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley...”.
En consecuencia, el Consejo les solicita que se analice la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias para adecuarse a la legislación vigente.
Tratamiento contable de la nueva ley
Efectos de la Ley N° 25.561
Con fecha 6 de enero de 2002, la Mesa Directiva del Consejo, a través de la Resolución N° 3/2002 referida al tratamiento contable de los efectos de la Ley N° 25.561, consideró en sus artículos que “el país ya no presenta un contexto de estabilidad monetaria”; por lo tanto “se requiere la aplicación de la Resolución Técnica N°6 sobre Estados Contables en moneda homogénea con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 19”.
A continuación, se transcriben algunos puntos de dicha resolución.
• Derogar la Resolución 84/96 por la que se declaraba vigente la Resolución N° 140/96, que indicaba el criterio sobre la utilización de la moneda de curso legal como unidad de medida para la preparación de los estados contables.
• Establecer que la Resolución Técnica N° 6, con las modificaciones de la N° 19, tendrá vigencia para los ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de marzo de 2002 inclusive.
• Disponer que tanto las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el momento de interrupción de los ajustes como las que tengan fecha de origen incluidas en el período de estabilidad se considerarán en moneda de diciembre de 2001.
• Aprobar como normas contables aquellas que están referidas al tratamiento contable, vinculado con la incorporación al activo de las diferencias de cambio originadas en la devaluación de la moneda argentina ocurrida a partir del 6 de enero de 2002 y otros efectos derivados de dicha devaluación.
Esta resolución trata además las medidas a tomar frente a las restricciones para cancelar los pasivos, los efectos de la adopción de la Resolución Técnica N°6 y de las normas contables aprobadas por el artículo 5° de esta nueva resolución.
El Consejo, en nota enviada al Dr. Alberto Abad, Administrador Federal de Ingresos Públicos, solicita que se disponga una prórroga de al menos 30 días en el plazo establecido para la presentación de las declaraciones juradas previstas en la RG (AFIP) 1122, ya que no se cuenta con el tiempo suficiente para la implementación del mismo, y a efectos de evitar que los contribuyentes puedan incurrir en incumplimientos por motivos que no les son imputables.
La nota fue enviada el 6 de febrero pasado con referencia al “Impuesto a las Ganancias. Artículos 8, 14, 15, artículo agregado a continuación de los artículos 15, 129 y 130 de la ley del citado gravamen. Transacciones internacionales. Precios de transferencia. RG N° 1122 - Solicitud de prórroga vencimiento DDJJ”, y en relación con la fecha prevista para la presentación de las declaraciones juradas de las operaciones de importación y exportación previstas en ellos con vencimiento a partir del 4 de marzo, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) F. 741, correspondiente al primer semestre de los ejercicios fiscales iniciados entre el día 1° de enero de 2001 y el día 1° de abril de 2001, ambas fechas inclusive.
b) F. 742, correspondiente a los ejercicios iniciados entre el día 1° de diciembre de 2000 y el día 1° de abril de 2001, ambas fechas inclusive.
c) F. 743, correspondiente a los ejercicios iniciados entre el día 31 de diciembre de 1999 y el día 1° de octubre de 2000, ambas fechas inclusive.
Unificación de fechas de vencimiento
El Consejo solicitó al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Alberto Abad, que se dispusiera una prórroga para la presentación de la declaración jurada y el pago del Impuesto a las Ganancias que deben realizar en el mes de abril próximo, respecto al año 2001, aquellos sujetos personas físicas o sucesiones indivisas que no tengan participaciones en sociedades que cierren su ejercicio comercial en el mes de diciembre, unificándola con aquellos contribuyentes que deben hacerlo entre el 16 y el 22 de mayo del corriente año, de acuerdo con el cronograma de vencimientos dispuesto por la RG (AFIP) 1187.
Debido a los problemas financieros que se enfrentan como consecuencia de la gravísima crisis que atraviesa nuestro país, una prórroga del mencionado vencimiento pondría en igualdad de tratamiento a todos los contribuyentes, alentando el cumplimiento voluntario de quienes deban efectuar la presentación aludida, y contribuyendo así a fortalecer la recaudación impositiva, alegó el Consejo.
Autonomía para el Tribunal Fiscal
El Consejo envió sendas notas al Dr. Eduardo Ballesteros, subsecretario de Ingresos Públicos, y al Dr. Agustín Torres, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación.
En ambas notas, de igual tenor, a título de colaboración y en atención a los problemas reales que enfrenta la marcha del Tribunal Fiscal de la Nación, el Consejo expresa que “entiende oportuno someter a vuestra consideración un proyecto para dotar de autonomía a dicho organismo jurisdiccional, alivianar al Tesoro de la Nación de las erogaciones de funcionamiento destinadas en el Presupuesto Nacional al precitado Tribunal Fiscal –en igual alcance que en otras legislaciones homónimas– y, sobre todo, agilizar, en favor de ambas partes de la relación jurídica tributaria, el servicio de justicia con la inmediatez debida”.
Conforme a lo anterior, el Consejo destacó la importancia de:
a) Modificar la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, para lo cual adjuntó un proyecto.
b) Agilizar el proceso mediante la reimplantación de las normas que existían en el texto original de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 15.265 de creación de ese Tribunal Fiscal, ya que la experiencia indica que tal mecánica procesal “limpiaba” de inicio muchas de las cuestiones tenidas por litigiosas y abreviaba en forma singular los procesos.
c) Ampliar, en forma explícita, la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación por inequívocos principios de seguridad jurídica y debido proceso de ley para los supuestos: el conocimiento de las llamadas sanciones impropias en toda su extensión doctrinaria-jurídica; la sanción de clausura regulada por la Ley 11.683 y la recurrencia de la imposición de intereses y de la actualización de las obligaciones tributarias.
“Todo esto, independientemente de la colaboración que se entienda necesaria por parte de este Consejo para cristalizar lo sugerido, lo cual desde ya queda ofrecido”, aseguró el Consejo.
Pedido a la AFIP
Solicitamos prórroga
Las autoridades del Consejo, por medio de una nota dirigida al titular de la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP), Dr. Alberto Abad, solicitaron una prórroga para el pago a cuenta del régimen de facilidades de pagos previsto por el Decreto 1384/01 y la RG 1159, modificatorias y complementarias.
Este pedido se formula a raíz de la gran cantidad de llamados recibidos de profesionales y contribuyentes, quienes manifiestan que, debido a la situación planteada por el denominado “corralito” y la afectación de fondos, se encuentran imposibilitados de afrontar el pago de dicho régimen.
En este sentido, el Consejo sugiere al Administrador que: “se disponga una prórroga para efectivizar el pago o se realicen las gestiones ante las autoridades que correspondan a fin de liberar los fondos que deban destinarse al régimen de referencia”.
Por otra parte, al cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta a esta solicitud.
El Consejo protesta ante el BCRA
Trámites de pesificación
Mediante una carta documento dirigida al titular del Banco Central de la República Argentina, Dr. Mario Blejer, el Consejo formalizó una protesta ante ese organismo por los excesivos requisitos y las demoras en la tramitación de la pesificación de las cuentas en dólares.
La nota fue motivada por la gran cantidad de consultas realizadas por los matriculados y los reiterados cuestionamientos recibidos por la actuación de los bancos debido a los excesivos antecedentes pedidos y las demoras cuando se solicita la pesificación de las cajas de ahorro y las cuentas corrientes en dólares por encima de los U$S 5.000 –que se otorgan a todos los ahorristas en general–.
En ella, el Consejo destaca que los derechos de los matriculados resultan de las actividades unipersonales de carácter profesional a las que se refiere la Resolución ME N°23/2002 y que recogen las sucesivas circulares del Banco Central.
El Consejo sostiene que el exceso de requerimientos y la dilación de los procedimientos significan denegatorias fácticas con graves perjuicios para los profesionales en Ciencias Económicas, ya que la apertura de cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares ha sido una práctica general de las profesiones que les permitía disponer fácil y libremente de los saldos para atender las necesidades del trabajo y los gastos de los estudios. “Nada justifica limitar esa libre disponibilidad y menos aún reducir o suprimir el derecho –ya gravemente deteriorado– de pesificarlo a un valor oficial sumamente inferior al valor comercial de la moneda legalmente utilizada.”
Finalmente expresa: “Formalizamos esta protesta porque se afecta el derecho al trabajo de los profesionales y se lleva a una injusta reprogramación que resulta inaceptable y en nada ayuda a la recuperación del trabajo intelectual por el que velamos. Solicitamos urgentes medidas que posibiliten el ejercicio de los derechos y eviten arbitrarias reprogramaciones”.
Cancelación de obligaciones tributarias
Pedido de flexibilización
En sendas notas del 6 de febrero enviadas al Dr. Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al Dr. Alejandro Otero, director de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo solicita se amplíe el régimen de cancelación de obligaciones tributarias nacionales con LECOP, dispuesto por el decreto 100/01 y reglamentado por la RG (AFIP) 1141, posibilitando la aplicación de la totalidad de títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal que se encuentren en circulación a la fecha de vencimiento de la obligación a cancelar e incluyendo las obligaciones de los agentes de retención y percepción.
Con posterioridad, en nota enviada el 20/2/02 al titular de la AFIP, Dr. Abad, se solicitó una mayor flexibilización del régimen de cancelación de obligaciones tributarias nacionales, RG N° 1217 - AFIP-DGI, debido a que el nuevo mecanismo complica los procedimientos de pago de los contribuyentes, y se pidió que se contemplaran, entre otras, las siguientes cuestiones:
a) La aplicación irrestricta de la totalidad de los títulos de la deuda pública para la cancelación de obligaciones tributarias, tal como se solicitara en la nota del 6/2/02.
b) La flexibilización de los requisitos exigidos para el cumplimiento de las obligaciones en tanto los sistemas con que cuentan los bancos no están preparados para recibir dos instrumentos de pago diferentes.
c) La combinación de varias modalidades de depósito bancario (instrumentos de pago) a efectos de cumplir con una única obligación incluyendo el pago en efectivo sin límites de monto.
d) Evitar el reiterado pedido de embargo y/o inicio de juicios de ejecución fiscal por errores de imputación o cuestiones meramente formales.
Desde el 1° de marzo de este año, el Consejo puso a disposición de nuestros matriculados un nuevo servicio: a través de la digitalización, se podrá acceder al contenido de conferencias, charlas, ciclos y actividades fundamentales en materia impositiva y previsional.
El primer contenido de esta “Biblioteca Digital” incluye las dos conferencias sobre “Moratoria AFIP y nuevas normas tributarias”, dictadas a fines de febrero y primeros días de marzo, y el taller de “Ejercicios de Moratoria” del lunes 11 de marzo; figura además la conferencia sobre “Factura de Crédito”, que se dictó el 1° de marzo de este año.
Además, se brinda un servicio que comprende: vídeo con las grabaciones de los expositores, transcripción completa de las exposiciones, incluyendo las respuestas a las preguntas que se formulan, material entregado en la conferencia, inclusión de las normas fundamentales sobre la materia que se mencionen en las exposiciones (leyes, decretos, resoluciones, etc.).
Esta nueva modalidad tiene como objetivo aportar una importante herramienta de trabajo que facilita y dinamiza el análisis de la compleja normativa tributaria y previsional, economiza y hace aprovechar el tiempo destinado al estudio y a la actualización por los matriculados.
Este nuevo sistema amplía las opciones para que los matriculados accedan a la información de actualización profesional.
Para quienes estén interesados dicha información estará disponible en nuestro sitio Web www.cpcecf.org.ar y a través de discos compactos, que podrán adquirir en el sector de Publicaciones, ubicado en Viamonte 1549 Planta Baja en el horario de 9 a 18:30.
Crecen las consultas
El CIB sigue adelante
Más de 4.900 matriculados utilizaron los servicios que brinda el Centro de Información Bibliográfica (CIB) del Consejo.
Durante el mes de febrero, el CIB atendió a más de 240 profesionales por día en las tareas vinculadas al sector: la información requerida por teléfono, el servicio de Internet, el envío de información por e-mail o fax.
Además, se registraron unas 950 consultas del catálogo del CIB en Internet, y 1.886 usuarios consultaron el catálogo de UNIRED.
El Centro de Información Bibliográfica (CIB) se encuentra ubicado en la sede central del Consejo, Viamonte 1549 6° piso. El número telefónico es 5382-9358, y se atiende en el horario de 9 a 20.

References: resolución 
 artículo 7
 Resolución 
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 Resolución 
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