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Timestamp: 2020-08-03 09:08:11+00:00

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Energía – Resoluciones 6/2016 y 7/2016 | Brons & Salas
Energía – Resoluciones 6/2016 y 7/2016
Aumentos tarifarios en el sector de energía eléctrica
Con el argumento que los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista no cumplieron con los objetivos de la Ley Nº 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica), básicamente porque no se logró asegurar el abastecimiento y la calidad de los servicios, disminuyendo la inversión privada, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (el “Ministerio”) comunicó, de acuerdo a la reprogramación sugerida por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), un fuerte aumento en el cuadro tarifario de energía a nivel mayorista para el trimestre febrero-abril de este año en la Resolución 6/2016.
Según se desprende de los considerandos de la Resolución Nº 6/16, el Ministerio pretende con este ajuste que el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica satisfaga el costo de abastecerla y así dejar de recurrir a recursos del Tesoro Nacional que cubran el déficit. Esto último se argumenta que “ha contribuido significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, que es insostenible”.
En este sentido, vale recordar que en los últimos años los mayores costos del sector no se trasladaron a las tarifas que abonaban los consumidores, sino que eran generalmente cubiertos por montos que aportaba el Estado Nacional en concepto de subsidios.
Ahora bien, tras el cambio de gobierno, los ajustes tarifarios en el mercado eléctrico se hacían presumir tras el Decreto Nº 134 del 16 de diciembre del 2015, en el que el Gobierno del Presidente Mauricio Macri declaró la emergencia del sector eléctrico nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 e instruyó al Ministerio a elaborar un programa que garantice la calidad, seguridad y prestación de los servicios públicos de electricidad.
Así las cosas, dicho Ministerio anunció aumentos en las diversas categorías del precio mayorista de la energía, que tendrían un impacto cercano al 350% para los consumidores finales y del 600% para las grandes industrias, según los cálculos que el mercado acusa.
La Resolución Nº 6/16 fue complementada por la Resolución Nº 7/16 en la que, entre otras cuestiones, se determinaron los requisitos para acceder a una tarifa social, cuyos beneficiarios no pagarán el costo de la energía hasta 150 Kwh/mes y abonarán sumas sensiblemente menores para el excedente.
Para acceder a este beneficio, los requisitos son establecidos por la Resolución Nº 7/16; básicamente, ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil, ser titular de programas sociales, estar percibiendo el seguro de desempleo, etc.
No obstante, los beneficiarios serán exceptuados en caso que sean titulares de más de una propiedad, de automóviles con menos de 15 años de antigüedad o de aeronaves o embarcaciones de lujo.
Por otra parte, la Resolución Nº 7/16 también dispuso la derogación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (Puree), lo que implica el fin de la transferencia de recursos por cuenta y orden de CAMMESA a las compañías de electricidad (EDENOR S.A. y EDESUR S.A.).
Como consecuencias inmediatas de estas Resoluciones, se ha dado en el mercado bursátil una importante alza en las cotizaciones de las acciones de las compañías del sector y se espera que en estos días las distribuidoras de energía den a conocer los precios finales que deberán abonar los clientes por el servicio eléctrico. A su vez, en tanto la Resolución Nº 6/16 aclara que los valores fijados siguen siendo menores al costo real de abastecimiento del sistema, no se descartan nuevos aumentos en los próximos meses.
En definitiva, si bien se trata de un aumento de alto impacto en el ciudadano y en la industria, la presente medida es parte de un proceso de sinceramiento de los valores del mercado y la limitación de los subsidios y/o soportes financieros provenientes del Estado Nacional.

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