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Timestamp: 2018-01-20 06:01:08+00:00

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Ley 38 del 31 de julio de 2000 by Isabel - issuu
GACETA OFICIAL ORGANO DEL ESTADO ,
PmAMÁ,RDEPANAMA MIERCOLES2DEAGOSTODE2000
N"24,109
CONTENIDO ASAMBLEA LEGISLATIVA LEY N* 38 (De 31 de julio de 2000) “QUE APRUEBA EL ESTATUTO ORGANICO DE LA PROCURADURIA RE LA ARMINISTRACION, REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DICTA DISPOSICIONES PAG. 1 ESPECIALES.” ..........~.“..........~......~.....,.......,,....,,.~...,.,....,......,,...,~,....,...,....,.....~~.,.
I AVISO8 Y EDICTOI‘
ASAMBLEA LEGISLATIVA LEY NP 38 (De 31 de julio de 2000)
@le aprueba cl Estatuto Orghnico de la Procuraduría de la Administracih, regula el Procedin&nto Administrativo General y dicta disposiciones especiales LA ASAMBLEA LEGISLATIVA :. DECRETA: Se Artkulo adopta único. el *Estatuto Or$nico de la Procuraduría de la Adnlinistración y el Pmedhniento Administrativo General, y SQ Jictan disposiciones especiales, cuyos textos son IJURO PRIMERO ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIbN
Título Único De la Organización Capítub 1 Disposiciones Generales Artículo 1. La Procuradurh de la Ahinistración es la institución, integrada al Ministerio Púl~lico, que ejerce sus cnmpctencias en todo el territorio nacional. Esta instituci8n tiene independencia funcional, adminishativa y presupuestaria, dercrmiriada en la Conslitucicín Política y la ley, para cl ctmplimicnlo de sus fines. Artículo 2. Las actuaciones dc la Procuraduría de la Administración se extienden al ámbito
jurídicb administrativo del Estado, excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en general, las competencias especiales que tengan otros organismos oficiales.
Gaceta Oficial, martes 1 de agosto de 2000
BI,109
GACETA OFICIAL ORGANO DEL ESTADO Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 LICDA. YEXENIA 1. RUIZ LICDO, JORGE SANIDAS A. SUBDIRECTORA DIRECTOR GENERAL, OFICINA
Norte (Eloy Alfaro) Calle 3a. Casa W 3-12, Edificio Casa Arhmlla, San delipe Ciudad de Pimamá, TelBfono 228-863 1,227-9833 Apawlo Postal 2 189 Panam&, Re ública de Panaml LEYBS, AVISO4 EDICTOS Y OTRG PUB&X$3MNE .
Direcch General de In m IMPORTE DE LAS SUSCRfEIONES Mlnimo 6 Meees en la RepUblico: B/. 11.00 Un aAo en la Reptiblica B/.36.00 En el exterior 6 mew B/. 18.00, m& por& abreo Un año en el exteriol; B/,36.00, mb porte $&eo
Todo pago adelantado.
Artkulo 3, La Procuraduría de la Administracibn tiene como misibn: 1,
Promover y defender el estado de derecho, fiscalizando el cumplimiento de la Constitución. Política, las leyes, laS sentencias judiciales y las disposiciones administrativas; Coadyuvar a que la Administración Pública desarrolle su gesti6n con estricto apego a IOS principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad en la
prestacibn de los servicios públicos; 3,
Defender los intereses nacionales y’iriunicipales;
Servir de asesora y consejera jurkika a los servidores públicos administrativos;
Desarrollar medios alternos de solución de conflictos que surjan a lo interno de la Administracifin Pública;
Brindar orientaci6n y capacitaciún legal administra‘tiva a los servidores públicos y al ciudadano en la modalidad de educación informal;
Promover la organización de programas de fortalecimiento y mejora de la gestibn pública;
Recibir y atender las quejas contra actuaciones de los servidores públicos; y
Disefiar su estructura organizativa conforme a tendencias modernas de calidad, kxibilidad, horizontalidad y agilidad para la prestacidn Jt: sus servicios.
Artkulo 4. La Procuraduría de la Administración atenderá y asegurara a los ciudadanos el ejercicio legitimo de los siguientes derechos: 1.
Conocer, en cualquier momento, el estado del proceso, consulta o queja en el cual acredite la condici6n de parte interesada; ’
Recibir, al momento de la presentacibn de los documentos, copia debidamktr sellada,
en donda conste hora, fecha y nombre da In pareunti que rtrclbe;
Gaceta Oiicial, mholes 2 de agosto de 2ooO
NW,l@J 3.
La devolución de los documentos aportados al expediente, una vez que se ordena el desglose y se sustituya por copia autenticada;
Recibir orientación e información oportuna en cuanto a los requisitos y actuaciones jurídicas que se surtan en ia institución; y
Cualquier otro que le reconozca la Constitución Política, las leyes y los reglamentos. Capitulo II Funciones
Artículo 5. La Procuraduría de la Administración ejercerá las siguientes funciones: 1.
Intervenir en forma alternada con el Procurador o la Pro.curadora General de la Nación, en los procesos de control constitucional siguientes: a.
., En las objeciones de inexequibilidad que presente ,el Órgano Ejecutivo contra
proyectos de leyes, por considerarlos inexequibles; h las demandas de inconstitucionalidad en contra de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demk actos impugnados como inconstitucionales, por cualquier ciudadano, por razones d-e-fondo o dc forma;
consultas que, de oficio o por advertencia de parte interesada, formulen
ante el Pleno dc la Corte Suprema de Justicia los funcionarios encargados de impartir justicia +an&;‘e’ii tin caso concreto, ..esiimen que ¡a disposición o , disposiciones aplicables pueden ser inconstitucionales por razones de fondo o de fo rina, 2.
Representar los intereses naciokm, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de’la Administración Pública
los procesos contencioso-administrativos, que
se originen en demandas de plena jurisdicción e indemnización, iniciados ante la Sala Tercera de -la Corte, S,uprema de Justicia. Sin embargo, los municipios y las otras , entidades administrativas aut&nomas pueden constituir los apoderados que a bien tengan para defender sus.. respectivos intereses
dichos negocios, pero talcs apoderados
qucdar1ín su.jclos a la asesoría y directrices que les imparta la Procuradora 0 cl Procurador de la Adnkistración. Cuando cn un proceso de los mencionados tengan intereses opuestos la Nación y el municipio o alguna entidad estatal autónoma, la Procuradora o el Procurador de la Administracicín dcbc defender los intereses de la primera. En este supuesto, el Personero o la Personera Municipal defenderá los intereses del municipio, si es que ,kste no
ha constituido apoderado especial. La respectiva entidad autónoma deberá nombrar
apoderado especial y, en caso de no contar con él, deberri actuar en su 1 c ’ representación un -Fiskal o una Fiscal de Distrito Judicial.
Gaceta Ofíchl, mkc&s 2 de agosto de 2QOO
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CW& en un proceso de 10s’ mencionados en este numeral, dos entiMes autónomas, dos municipales o, en general, dos entidades estatales, tengan intereses contrapuestos, la Procuradora o ei Procurador de la Administración deber% actuar en in&& de la ley y cada entidad deberã designar su propio apoderado especial; 3.
Inkmenir en interés” de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de nulidad, de Protección de IOS derechos humanos, de interpretación y de apreciación de validez,
que Se Surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; 4.
Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de
jurisdicción en IOS que se impugnen resoluciones que hayan decidido procesos en via HJ~mativa, en
haya habido controversia entre particulares por razón de sus
Propios intereses. En estos casos deberá corksele traslado a la contraparte de aqutlla 5.
que ha recurrido ante la Sala Tercera de la Corte; Actuar en interks de la ley, en las apelaciones, tercerías, incidentes y CX@pChnes que se promuevan en las procesos de la jurisdicción coactiw;
ProMover acciones contencioso-administrsltivas en que sea parte la Nación, cuando mlbr órdenes e instrucciones del (Irgan0 Ejecutivo para ello:
Intervenir en inter$s de Ia ley, en los procesos contsncioso- admirhtrath’os que se promuevan ante ia Sala Tercere de la Corte Suprema de fusticia, Bn dO!‘W de budos
arbitrales que
fw~lv8ih
contrwenias laborales entre Ia AmicM Jd Cflnal de
Panad y IUS trabajadores; 8, 9. 10,
Atikulo 6. Cotr~pondc a la Procuradurla de la Adnrinistracicin: 1,
Servir de csnsejera jurMisa a loe servidores públicos administrativos que consultaren su parecer rtz$Rsto a determinada interpretacián de la ley o el procedinknto qué se debe Seguir en un 6eXsO concreto.
Las consultas deberin estar acompañadas del criterio juridico respectivo, salvo ayu&llas provenientes de instituciones que no cuenten con un Bsesor jurklico;
Coordinar el servicio de asesorfa jurídica de la Administración Phblica, a travh be sus
respectivas direcciones y departamentos legales;
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Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2000 Dirimir, mediante dictamen prejudicial, las diferencias de interpretación jurídica que sometan a su consideracion dos o más entidades administrativas;
Emitir dictamen respecto a la celebración de los contratos de empréstito internacional , .-. en el que sea parte el Estado, cuando así ie le solicite o se contemple dentro del respectivo contrato;
Ofrecer información, orientación y capacitación legal administrativa, a través de programas de prevención y desarrollo de procedimientos, para el mejoramiento de la calidad de la gestión pública;
Vigilar la conducta oficial de los kvidores públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia señale la ley;
Atender a prevención, las quejas que se le presenten contra los servidores públicos, procurar que cesen las causas que las motivan, siempre que éstas sean fundadas, y ejercitar las acciones correspondientes; para ello, ejecutará todas las diligencias y medidas que considere convenientes;
Sistemati.zar, recopilar y analizar, a traves de bancos de datos, ht legislación que expida el Órgano Legislativo, así como los reglamentos de carácter general, expedidos por las instituciones del Estado en el ejercicio de las funciones administrativas’mherentes a cada, una- de ell*as. Para ,el@r%ontStA con 18 colaboracion de la$ demás enti’dades públicas; y
Organizar, con los instrumentos~tecnol8gicos necesarios, las tareas a que se refiere el numeral anterior; y expedir las certiticaciones de la vigencia de las normas legales del ,. p a í s . Para el cumplimiento de lo descrito en los numerales 8 y 9, la Procuraduría de la
Adtninistracion dictari la rcglamcntaci6n necesaria. Artículo 7. La Procuraduría de,J,a Administracion planificará. diseñará, desarrollará y evaluará planes de capacitación legal administrativa de forma continuada. Artículo 8. La Procuraduría de la Administración coordinará y ejecutara programas de capacitación para los asesores legules del Estado y de los municipios. Artículo 9. La Procuraduría de la! Administración’ promoverá y fortalecerá la mediación como medio alterno para la solución de conflictos, que puedan surgir en el ámbito administrativo, con el propósito de reducir la litigiosidad.
Gaceta Ofícial, mh&cdes 2 de ago&o de 2000
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Organización Administrativa Artfculo 10. La autoridad administrativa de Ia institucion estará a cargo de la Procuradora o
del Procurador, quien ejercerá su representación legal y será responsabIe de dictar las políticas y administrar las directrices. r Ejercerá sus atribuciones con el apoyo de los responsables o las responsables de las secretarías y direcciones de la institución, de conformidad con la Constitución Política, la presente Ley, los reglamentos y resoluciones internas. Podrh delegar parcialmente sus potestades en otros funcionarios de la Procuraduria, de acuerdo con b reglamentación respectiva, Artfcufo ll. Para ser Procuradora o Procurador de la Administracibn, se requiere:
Ser panameflo 0 panameña por nacimiento;
Haber cumplido treinta y cinco años de edad;
Mallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos; Tener título universitario de Derecho, inscrito en la oficina que la ley skíale; y
Haber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido indistintamente la profesi8n de abogado o abogada, cualquier cargo en el brgano Judicial o del Tribunal Electoral que requiera título universitario de Derecho, o haber sido profesor o profesora de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. Iguales requisitos deberán cumplir los suplentes de la Procuradora o del Procurador de
la Administración. ti comprobación de la idoneidad de la Procuradora o del Procurador y sus suplentes se harâl ante el brgano Ejecutivo. Adculo 12. La Procuradora o el Procurador dc la Administracion tendrá dos suplentes,
quienes lo reemplazarán, en cl orden de su nombramiento. en las faltas
absolutas, temporales,
accidentales e incidentales mientras se llena la vacante. Artículo 13. In Procuradora o cl Procurador de la Administración y sus suplentes serán nombrados por un periodo de diez años, mediante Acuerdo dc la Presidenta o del Presidente de la República y el Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo. Artículo .14. La Procuradora o el Procurador de la Administración y sus suplentes tomarAn posesibn ante la Presidenta o el Presidente de la República.
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Gaceta Oficial, mi&coles 2 de igosto de 2000
Artículo 15. Las vacaciones y licencias de la Procuradora o del Procurador de la AdministraciOn les serán concedidas por la Presidenta o el Presidente de la República, de conformidad con lo que establece la ley. Artículo 16. La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá la misma categoria, remuneraci6n, garantías, prerrogativas, restricciones y prohibiciones que los Magistrados y las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 17.
La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá las siguientes
atribuciones: 1.
Fijar los salarios y emolumentos, nombrar, remover, trasladar, ascender y aplicar sanciones disciplinarias conforme a la ley y los reglamentos que se expidan al respecto; Elaborar, conjuntamente con los responsables de las secretarías y Las direcciones, los
manuales y reglamentos para el funcionamiento de la institucibn, su moderniza&n y adecuación administrativa; Ser responsahkde la ejecucic’,n y racionalizaci6n del presupuesto; Aprobar la organización y reestructuración interna de la Procuraduría de la Administraci8n, sujetas a las necesidades del servicio, a la disponibilidad presupuestaria y a las posibilidades cconúmicas del kstadb; Velar para que los Agentes del Ministerio Ptiblico que le estén subor&nados, cumplan adecuadamente con SU& atribuciones; y 6.
Cualquier otra que le sellale la ley,
Artículo 18. La Procuradora o el Procurador de la AdministraciBn ~610 podr% ser8suspendido y/o removido de su cargo por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en la Constitución Política, en la presente Ley, o por incapacidad física, mental o administrativa debidamente comprobada. Le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento. La instrucción del sumario corresponderá al Procurador o Procuradora General de, la Nación. Artículo 19. La Secretaria. o el Secretario General es el funcionario inmediato a la Procuradora o al Procurador de la Administración, encargado de apoyar a la Procuradora o al Procurador en sus tareas; participa junto con los
responsables de las secretarías y las
direcciones en la coordinación de las actividades de las diversas unidades administrativas; orienta y supervisa las actividades de las secretar’ías y otras unidades de la organización, de conformidad con las directrices emanadas de las reglamentaciones internas.
Gaceta OMal, mi&calea 2 de sgodo de 2000
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Artfculo 20. Para ser Secretario o Secretaria General de la Procuraduría de la Administrac¡& se requiere: Ser de nacionalidad panameffa; 1. 2.
Tener tltufo universitario de Derecho;
Haber cumplido treinta aiios de edad; Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; y
Cumplir coÍ;’ los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Mzigistrado o Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Articulo 21. En las faltas absoIutas, temporales, accidentales e incidentales del Secretario o de la Secretaria General, mientras se proceda a hacer el nombramiento, actuar4 el funcionario que designe la Procuradora o el Procurador dc la Administracibn y retina los requisitos exigidos en el ãstículo anterior, Articulo 22, El Sewetario o la Secretaria General de la Procuraduria de la Administracibn tendrA 16s mismos privilegios y consideraciones de que gocen los Magistrados y las Magistradas de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, en lo referente a sueldo, gastos
de representaci& derecho a jubiIaci6n y la exención contemplada en el artkulo 65 del Código Judiciat.
* <, . *1 *.
Artículo n. La Procuraduría de la Administración se dividirá en secretarias y direcciones,
cuya organizacibn interna y atribuciones específicas se establecerán en el Manual de Ot@zacibn y Funciones y en el Manual de Cargos, y se regular% a travts del Reglamento Interno de la institucibn. Artkub 24. Los responsables o las responsables de las secretarías y las direcciones tendrán
las mismas preyrogativas, derechos, privilegios y consideraciones de que gozan los Jueces y las fuetss de Circtiito del Chgano Judicial y Agentes del Ministerio PGbJico del mismo nivel I _ jerfirquico. Capítulo IV Recurso Humano
Articulo 25. Para desarrollar la presente Ley, se expedirán los reglamentos, manuales y resoluciones que sustentar6n la administracibn de la organizaciôn interna y el recurso humano, I’ ’ los cuales serin publicados en la Gaceta Ofícisl y en bolejines internos,
Gaceta Oficlal, ml&coles 2 de agosto de 2000
Artículo 26. La Procuraduría de la Administración tendrá un sistema de recursos humanos fundamentado en los siguientes principios: 1.
Recono+niento al mérito e igualdad de oportunidades;
Estabilidad en el cargo, condicionada a la. competencia, lealtad y moralidad en el servicio;
Igualdad de remuneración de acuerdo con los niveles de responsabilidad asignados;
cimentada en la capacitación y el desarrollo profesional
permanente; y 5.
Respeto a las relaciones intersexos.
Artículo 27. Los actos administrativos de nombramiento y destitucibn de la Procuraduría de la Administración, se ajustarán a la ley y a las normas reglamentarias internas. Cap?tulo V .j Gcsiion Financiera y Regimen Patrimonial
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,*. 1 -.
Artículo 28. Para cumplir con las responsabilidades de su manejo financiero, la Procuraduria de la Administracion contará con la estructura administrativa que garantice el manejo eficiente dc la gestion fmaneiera, cumpliendo. con las. legulaciones. que emanan de., la institución encargada de la Fiscalización de los bienes públicos. Artículo 29.
El patrimonio de la Procuraduría está constituido por las instalaciones que
actualmente ocupa, su equipamiento y las que adquiera en el futuro por razon de sus necesidades y el cumplimiento de sus funciones. Sc reconoce su sede actual como parte del patrimonio Instorico de la ciudad de Panamá. Artículo 30. Son recursos de la Procuraduría de la Administración: 1.
Los que el Estado le traspase, indispensables para su t’uncionannento, respetando el principio constitucional que garantiza al sistema de justicia el porcentaje al que se refiere el artículo 211 de la Constitución Política;
Las donaciones a su favor;
Los ingresos generados en concepto de préstamos no reembolsables;
Los ingresos no presupuestarios generados.por actividades de gestión institucional; y
011-0s que le asigne la ley.
Artículo 31. La Procuraduría de la Administración elaborará su anteproyecto de presupuesto, el cual sera remitido oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas,
DELPROCEDWliENTO ADMINiSTKATIVO GENERAL Tlirulo I De las DispoWone6 Generales
Artkulo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidad@ públicas se efmtuarán con arreglo a normas de Informalidad. imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realizacih oportuna de la fuuncicTn administrativa, sin menoacerbo dál debido p&ho IV@, con hjtiividad y con apego aJ principio de estricta legalidad. Los Ministros y
las Minimm de lIst&o, los Directores y IPO Directoras de entidades dmcientralizadas, 130bermdores y Gobem&doras, Alcaldes y Alcalde~ss y demk Jefes y Jefas de Dwpcho velar& mpecto
de laa dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta dispmicidn. hs W&aclorm de lar servidores pribllcoa deberh titar presididas por los principios de
lealtad al Estada, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dtiScrr el rnhxh~ de !m mpacldader B la Mor asignlula.
Artículo 35. En las decisiones y den& actos que profieran, celebren o adopten la% entidades
públicns, al orden jerAtquico de las disposiciones que dcbcn ser aplicadas será: la Constitución Polltlca, las ley& 0 decretos con valor de ley y los reglamentos. En el ámbito municipal, el orden de prioridad de las disposiciones jurídicas será: la
Constitucih Política, las leyes, decretos leyes, los decretos de gabinete, los decretos ejecutivo& las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales y los decretos alcaldicios. A nivel de Ias juntas comunales y las juntas locales debe aplicarse el siguiente orden
jcrhquico: la Constitucih Política, leyes, decretos leyes, decretos de Gabinote, los decretos
ejecutivoa, las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales, decretos alcaldicios y los reglamentos que dictert las juntas comunales,
Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2000
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Artículo 36. Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos, Artículo 37.
Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en
cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. En este último supue$o. ,si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes conten$ados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse’mediante la aplicación de las normas de esta Ley. Artículo 38. Cuando las entidades públicas deban resolver una serie numerosa de expedientes
IwmogGneos, establecerán un procedimiento sumario de gestibn mediante formularios impresos y otros documentos que permitan el ripido despacho de los asuntos, y podAn utilizarse, cuando sean idknticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, tipos o series de éstas, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, no se lesione la garantía del debido proceso legal y cl libre ejercicio de la abogacía. .
Artículo 39. En aquellos casos en que las peticiories deban resolverse previa la intervención de otra entidad pública, se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única. En estos casos, se iniciará el procedimiento ante la entidad pública que tenga la competencia más específica en relación con la materia de que se trate. En caso de duda, resolverá el asunto la Ministra o el Ministro de la Presidencia. Artículo 40. Si la petici@ es formulada con fundamento en el derecho constitucional de petici8n, se seguirán las siguientes reglas: 1.
La autoridad ante quien se dirige la petición deberá proferir la resolución
correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a su presentación, salvo los supuestos de excepción establecidos en la ley; 2.
Cuando se reciba una petición, consulta o queja que deba ser obj,jeto de determinado procedimiento administrativo o jurisdiccional especial, se comunicará así al peticionario dentro del término de ocho días, contado a partir de la recepción de la petición, con expresa indicación del procedimiento que corresponda según la ley, medida que se adoptará mcdiantc resolución motivada; y
Gaceta Oficial, mi&col- 2 de agosto de 2000
Si la autoridad ante la cual se formula una peticion, estimare que carece de competencia para resolver, la remitirá a la que considere competente, y comunicara tal circunstancia
al peticionario, previa resolucibn inhibitoria, en la que expresará la norma o normas legales en que se funda la declinatoria de competencia y la entidad administrativa o jurisdiccional que, a su juicio, es la competente.
Cuando se produzca un conflicto de competencia positivo o negativo, entre autoridades .que pertenezcan a un mismo ministerio, entidad descentralizada o local, lo resolverá el superior jerarquice de ambas autoridades; si éstas pertenecieran a ministerios, entidades descentralizadas o entidades locales diferentes, el conflicto lo decidirá la Ministra o el Ministro de la Presidencia, quien para ello deber8 consultar con la Procuraduria de la Admir&tracion. Articulo 41. Toda psticion, consulta o queja que se dirija a la autoridad por motivos de
interbs social, o particular, debera presentarse de manera respetuosa, y no se podrbn usar, en los escritos respectivos, expresiones indecorosas, ofensivas o irrespetuosas,
La autoridad encargada de resolver, en cualquier etapa da1 tramite, puede disponer que se tachan las expresiones ostensiblemente indecorosas, ofensivas o irrespetuosas, sin perjuicio de las saneiones correccionales o penales que ameriten, La respectiva resolucion que ordene la tacha o cancelacibn, es de mero obedecimianto, El Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces, al recibir los escritos, debe velar por el cumplimiento ds asta diaporlcibn y comunicar a la autoridad que dabn decidir, para que proceda de acuerdo con lo dispuesto an el parrafo anterior. ’ Artfeulo 42. El funelonrrio ante quien se pnsante una peticibn, consulta o quela estar8 sn la
oblignci6n de certificar, en la copia del respectivo memorial, la fecha de su prcsentaci6n o recibo de (8lste, y transcurrido cl termino para su rcsolucibn o respuesta, dsbarl .tambiBn certiticnr, en la misma copia, que la peticion, consulta o queja no ha sido resuelta dentro de dicho tbrmino. Coir la copia y SI certificodo, mencionados en el pArrafo anterior, el peticionario podrA recabar del funcionario respectivo la imposicion de la correspondiente sancibn, Art.iculo 43, Al servidor publico infractor de las disposiciones sobre el derecho fundamental
de petición se le imgondrin las siguientes sanciones, de oficio o a peticibn de parte: 1,
Surpenslbn temporal del cargo por diez dIas hAbiles, sin derecho a sueldo, en caso de reincidencia durante el mismo aAo;
N-%109 3.
Destitución, en caso de volver a cometer la falta disciplinaria; y
Destitución, si el funcionario, incurre en infraccibn a 10 dispuesto en este artículo en tres
ocasiones distintas, sin consideración al año en que realice la falta. Las sanciones antes descritas skrán impuestas por el superior jerárquico, respetando el debido proceso y mediante resolución motivada que deberá ser agregada al expediente personal del funcionario sancionado. Artículo 44. Toda persona que haya presentado una petición, co?sulta o queja tiene derecho a
conocer el estado en que se encuentra la tramitaci6n, y la entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de cinco días, contado a partir de la fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro del termino señaládo cn la Icy, Ia’autoridad responsable deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluir4 una exposición al interesado jtistifícando las razones de la demora.
Arikulo 45,
El peticionario, sin perjuicio dc la responsabilidad que corresponda a los
servidores públicos por el impulso procesal, tiene la oJAigación de realizar oportunamente las gestiones proccsalcs que a IZI correspondan según la ley, para impulsar el desarrollo del p r o c e s o . Cuando un proceso se paralice por un término de tres meses o más debido al incumplilniento del peticionario, se producirá la caducidad de la instancia y el proceso no podra ser reabierto dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorie la resoluci6n que así la declara.
La caducidad de la instancia podrá ser declarada de oficio por el despacho / ‘. , rcspeclivo o a solicitud de parte interesada.
Artículo 46. Las firdenes y detnris actos administrativos en fi&e, del Gobierno..Central o de
las wtidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y scrrin aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la ConstituciOn Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes. Los decretos, resoluciones y”demás actos administrativos reglamentarios o ay,l3éllos que contengan normas de efecto general, sdlo serán a$icables desde su promulgaci8n en la Gaceta Oficial. salvo que cl instrumento rckpedtivo establezca su vigencia para una fecha posterior,
Artículo 47. Se prohíbe establecer requisitos (3 trámites que no se encuentren previstos en las
disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su debida ejecucion. Constituye falta
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w24Jtw disciplinaria la violacibn de este precepto y ser4 responsable de ésta el Jefe o la Jefa del Despacho respectivo, Artfcub 48.
Las entidades públicas no iniciarin ninguna actuación material que afecte
derechos o intereses legltimos de los particulares, sin que previamente haya sida adoptada la decisión que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecuciôn materjal, estará en la obligacibn, a Solicitud de parte, de poner en conocimiento del afectado el acto que autorice la correspondiente actuaci6n administrativa.
La violación de lo establecido en el prmente, artículo generar& según las características y gravedad del caso, responsabilidad disoipiimria, penal y civil, para lo cual deben iniciarse las investigaciones 0 procesos respectivos. Artfculo 49. Es responsabilidad de la Administracibn y, de manera especial, del Jefe o la Jefa del Despacho respectivo y del funcionario encargado de la tramitaci6n del proceso, el impulso éste. Por tanto, ambos funcionarios serhn solidariamente responsables de que el proceso se 0 desarrolle conforme a los principios instituidos en esta Ley y demds normas pertinentes. El retraso injustificado en la realizacibn de un trámite a cargo de la Administración, corWituir8 impedimento de la autoridad para seguir conociendo del proceso. l$l inciden& r;Se recusacibn deber8 ser presentado ante el superior jerárquico respectivo, quien deberá decidirlo en un krmino no superior a tres días h&biIoo, oontado a partir de la fecha que quede en esta& do decidir: La deM6n que resuelve el incidente no admite recurso alguno. De prospepar el incidente de reausaci6n, la autoridad nominadora designar6 la autoridqd
ad hoc para cgnooer y decidir el proceso. Si @n el tqwcurso de un año prospwqn das o mas incideetes de recusaciir~ contra una autoridad pw la causa instituida en este artlcu]g, la sqnci6n ser& Ia destitución da1 f+wicwria. Lo ant@rioy es sin perjuicio de 14 queja que el afectado pueda presentar cwW@ el funoionario moroso.
Artkulo 50, Para intervenir en las actuaciones administrativss, la perwaa inleres~da deber8 utilizar los servicios de un abogado o una abogada cuando así lo exija la ley.
De la Invalidez de los Actos Administrativos
Loa actoo administrativoa no podrh anulrrrr por cauw diatintar da lar canra@radar taxatIvamenta en la Ioy, Cuando IB presente un recrlto o Incldcrnte quo pntrnda la anulaelbn de un acto por una cma dhtlnta da lar mrnclunadar tin orto Titulo, la wutorldud Artfculo 51 m
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competente lo.devolverá al interesado, le advertirá la causa de su devolución y le concederá un término de ocho días hábiles para que, si lo tiene a bien, presente el escrito corregido. Una vez expirado ese término, precluirá la oportunidad de repetir la misma gestión. Las otras irregularidades del proceso, que la ley no erija en causal de nulidad, se tendrán por saneadas si no se reclaman oportunamente por medio be los recursos legales, Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos: 1.
Si se dictan por autoridades incompetentes;
Cuando su contenido sea imposible o sea coqstitutivo de delito;
Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que ._ impliquen violación del debido proceso legal; Cuando se graven, condenen 9 sàncionen por un tributo fiscal, un cargo o causa
distintos de aquéllos que fueron formulados al interesado.
Fuera de los supuestos contenidos en el artículo anterior, será meramente
anulable, conforme a las normas contenidas en este Título, todo acto que incurra en cualquier infraccion del ordenamiento jukko, ilicí’;lG EI X&;‘k’i&í de poder.
Artículo 54. El funcionario que conozca de un proceso y que, antes ‘de dictar una resolución o de fallar, observare que se ha incurrido en alguna causal de nulidad que sea convalidable, mandará que ella se ponga en conocimiento de las partes, para que dentro de los tres días siguientes a su notiticacicín pueda,n pedir la anulaciUn de lo actuado. Cuando la causal de nulidad sea observada en un organisnio colegiado y el proceso cstuvicrc para jillar, Ic corrcsponde“~l stistanciador ponerla en conocimiento de las partes. Artículo 55.
La nulidad se decretará para evitar indefensión, afectación dc dcrcchos de
terceros o para restablecer el curso normal del proceso. Artículo 56. La invalidez parcial de un acto administrativo no implicará la de las demás partes de kstc que sean-independientes de aquélla.
La autoridad quk declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites, cuyos contenidos no resulten afectados por la nulidad.
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Gaceta Oficial, miércolw 2 de agosto de 2000 17 ‘, En contra de la decisión de kvo&toria o anulacibn, puede el interesado interponer, dentro
de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley. La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo, no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal,:cuando el organismo o funcionario // t administrativo no lo haya hecho. Artículo 63. Tampoco podrán revoc?rse de oficio los ,actos administrativos emitidos para dar :, \ cumplimiento a una orden de un tribunal o de una apncia del Ministerio Público. i .> Título IV D-el Inicio de los Procesos
Artículo 64. La iniciación de los procesos administratixos puede originztrse de oficio o a instancia de parte interesada,
La iniciación ocurre de oficio cuando se origina por disposicibn del despacho administrativo correspondiente; y a instancia de parte cuando se accede a peticih, consulta o queja de la persona o personas que sean titulares- de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.
Artículo 65. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier persona debe denunciar, ante cualquier entidad pública, la comisión de hechos que afecten o lesionen el interés público, o Ia realización de actos ilícitos cuyo conocimiento corresponda a aquélla, sin
que el denunciante se encuentre obligado a comprobar los. hechos denunciados. Esta denuncia podrá presentarse de manera verbal o escrita, mediante telegrama, fax u otro medio idóneo, con la condición de que el denunciante ie’ identifique debidamente. Constituye yn deber de todo ciudadano panameño ,o extranjero residente en el país, denunciar la comisión de hechos o actos que lesionen el interks público o que violen las normas jurídicas vigentes.
Queda a salvo 1~ responsabilidad penal en que pueda incurrir el denunciante en caso de falsedad en la denuncia.
Artículo 66. Para ser parte en un proceso administrativo y para actuar como peticionario o coadyuvante, o para oponerse a 18 pretensión del primero, se requiere tener afectado o comprometido un derecho subjetivo b un interés legítimo.
De la Acmacion Artiquh 67.
administra#os,
Todos los términos de dfas y horas que se sutilen en los procesos cOmpre!‘Kjer&‘J sohunente los hábiles, a menos que una no~nra cspecbl
disponga lo contrario y asi se consigne an ia r@eplsccir@ respwtiva. Loo l&rninors de meses y de aiios s(f ajustarAn al calendario cpmfin. las
t$rmiws de horas transcurrirán dsr& la siguiente de aqu4lla en que 64 raoti@:ó a la psrsona interesa&; los de dias, desde el siguiente s aquél en que se produjo dicha potifir;aeión.
meses, $in embargo, cuapdo el último dfa $el t&mino corresportd@ a ubto no laborable, aqubl sg snfier& prorrogdo hasta eI dia h#ibil siguiente,
pw@a afwter 113 honra o el prestig/o de las partes interesadas. Para los fines de esta Ley, se entiende por informaci6n eonftdencial o de acceso reetrlngido, aqu&la que por razonet? dr inter& pJblho o partl6ular no pusclr sor dlf’unJiJa,
porque podrfa ocaeionar graves perjuIcioti a la sob!@ad, al Eatado o o la pwsonn r@bspwtlva, como es el caso concerniente a las negociaciones de tratados y convenios intsrnacionales,
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situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual,
antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias y otras de naturaleza similar, qwtengan ese carácter de acuerdo con una disposición legal. Cuando se trate de obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre * informacion confidencial, aquéllas se emitirán únicamente a solicitud de autoridad del Ministerio Público, de los tribunales o de cualquier dependencia estatal que haga constar que la requiere para tramitar o resolver asunto de su competencia, en cuyo caso dicha autoridad debe cuidar que, la inforrnaci8n se maneje con igual carácter. Artículo 71.
Las personas autorizadas para tener acceso al expediente solamente podrán
hacerlo dentro del despacho en el que esté radicado el respectivo proceso o actuación. Es responsabilidad del Secretario o de la Secretaria de ese despacho o del funcionario que haga sus veces, cuidar la integridad del expediente para impedir que se sustraigan, destruyan o alteren documentos, pruebas u otros efectos de importancia para la decisión del proceso,
Artículo 72. Los expedientes sólo podrán salir del despacho en los casos en que se requieran para la prlictica de pruebas, a solicitud de un superior que deba conocer y decidir algún proceso relacionado conlos hechos wbre \p$-que versa su-Contenido;un tribunal jurjsdiccional o Agente del Ministerio Ptíblico, y en el supuesto de solicitud de copias, cuando el despacho no cuente -con los medios idoneos para este propósito. Artículo 73. La autoridad que advierta o a la cual una de las partes le advierta que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso tiene vicios de inconstitucionalidad, formulara, dentro de,los dos días siguientes, la respectiva consulta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposici8n legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por dicho Tribunal. De igual manera, cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta que la norma o normas rcglamcntacias o cl acto administrativo que debería aplicar para ‘resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días siguientes, someterá la consulta rcspcctiva antc la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o acto haya sido objeto de pronunciamiento de esta Sala. En uno y otro supuesto, la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decision, pero solo proferirá ésta una vez el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o la Sala Tercera, se hayan pronunciado sobre la consulta respectiva.
Artículo 77. La presentación de las denuncias j, quejas ante la Administración Pública no requiere de formalidades especiales o estrictas, por lo que podrán presentarse en forma verbal (en cuyo caso se levantará la correspondiente acta que firmará la persona querellante o .
denunciante), en forma escrita, por telegrama, mediante fax y cualquier otro medio idóneo para hacer de conocimiento de Ia Administración Pública los hechos y las razones que las originaron. Artículo 78. Toda consulta que se formule a una entidad de la Administraciórl Pública deberá ser presentada por escrito, consignando el consultante los hechos y las causas que la generan. Articulo 79.
Los apoderados pueden transmitir escritos, memoriales y peticiones por
telégrafo, facsímil u otro medio tecnológico, en procesos en que dichos apoderados han sido admitidos como tales, a condición de que la entidad que preste el servicio público certifique el envío respectivo. Se considerará como fecha de presentación, aquélla en que el escrito es recibido en la Secretaría del correspondiente despacho.
CapittJlb I I Tramitaci8n de las Corisulf~s, Denuncias y Quejas Administrativas
Toda consulta, denuncia’ o queja que se presente ante una- autoridad
administrativa, deberá tramitarse de acuerdo con las normas del presente capítulo. Artículo 8 1.
La autoridad administrativa ante quien se presente una consulta, deberti
Jetcrminar si es o no competente para absolverla, y si la consulta cumple con lo establecido en el artículo 74 de esta Ley; en caso contrario. deberá comunicarle al consultante que carece de facultad para absolverla y le indicarri la autoridad competente para ello. Si la consulta no cumple con los requisitos sciialados en el artículo 74 de esta Ley, deberá comunicarle al consultante esa situacicin para que este corrija la deficiencia. At-tículo 82.
Tuda consulta formulada ante autoridad competente, que cumpla con los
requisitos csI;Iblecidos cn esta Ley, dcbcrá ser absuelta por la autoridad rcspcctiva, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su presentaciUn, mediante nota, oficio o resolución, en la que
expondrán los fundamentos del dictamen u opini0n respectiva.
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La autoridad deberá hacer de conocimiento del consultante el acto mediante el cual absuelve la consulta, bien mediante entrega personal del respectivo documento, o bien mediante el envío por correo, fax, telegrama LI otro medio idóneo para ese efecto. Articulo 83. Para los fines del articulo anterior, el consultante deberá indicar la direcci6n de su domicilio, la dirección postal, su número de teléfono o de fax, en caso de contar con alguno de los tres últimos medios.
Artículo 84. La autoridad ante quien se presente una denuncia administrativa o una queja, -deberá determinar si es o no competente para conocer de ella y tramitarla; en caso contrario, deberh remitirla a la autoridad competente al efecto, quien deber8 decidir sobre el mismo extremo.
Articulo 85. El funcionario que declinó el conocimiento deberi informar al denunciante o al querellante, según corresponda, de las medidas anteriores, dentro de los ocho dfas siguientes a la fecha en que se declinó el conocimikto de la denuncia o de la queja. Articulo 86. Acogida la denuncia o la queja, la autoridad deberá iniciar una investigacidn sobre los hechos y las causas’ que la motivaron, para lo cual emitirá una resoh&n s ordenándola. En esta resolucibn, que~ewdo~mero obedecimiento, se enunciarhn las principales diligencias y pruebas que deben realizarse y practicarse en el curso de la investigacibn. En esta resolucibn se ordenarh adoptar todas las medidas que, conforme a la ley,
resulten necesarias de acuerdo con la situacih juridica comprobada en la investigacián respectiva; lo que incluye la aplicacih de las sanciones disciplinarias, la denuncia al
Ministerio Público de los hechos que configuren o puedan configurar un delito y otras que ordene la ley. Artículo 87. Copia de la resoluci6n a la que 6e refiere cl artlcul,o anterior deber8 hacerse de conocimiento del denunciante o querellante dentro dc los ocho días hhbiles siguientes a la fecha de su emisión, por alguno de los medios o formas seAalados en este capítulo. Articulo 88. Toda investigaci6n por denuncia o queja deber8 agotarse en un tbrmino no
mayor de dos meses, contado a partir de la fecha de su presentack La resolucibn rncdiante la cual se resuelve sobre el mkrito de una denuncia o queja, debcrh emitirse dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que quedQ agotada la investigaci0n respectiva.
Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2000 . Título VII De las Notificaciones y Citaciones
Capítulo 1 Notificaciones Artículo 89.
Las resoluciones que se emitan en un proceso en el que individualmente haya
intervenido o deba quedar obligado un particular, deberán ser notificadas a éste. Las resoluciones de mero trámite o de impulso procesal deberán ser notificadas dentro de los dos días siguientes a la fecha en que fueron proferidas; y las que ponen tkrmino a una instancia del proceso o que deciden un recurso, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha dc su expedici5n.
Cuando se trate de resoluciones que ponen tkmino a una instancia o que decidan un recurso, las diligencias tendientcss a la notificaci8n deben iniciarse, a mAs tardar, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su emisión. Artículo 90. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio de edicto, salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá la expresión del proceso en que ha de hacerse la not-ificación, notificarse.
la fecha y la parte dispositiva de la resolución que deba
Será fijado al día siguiente de dictada la resolución y su fijación durará un día.
Este edicto se agregará al expedient$ cg.@&presibn def día y hora de su fijación y desfijación. Desde la fecha y hora de su desfijación, se entenderá hecha la notificación. Los edictos Ilevar;in una enumeraciún continua y con las copias de cada uno de ellos se formará un cuaderno que se conservará en secretaría.
Los originales se agregarán al
cspcdientc, Ai-tículo 91. Sólo se notiticarán personalmente: 1.
La resolución en que se ordene el traslado de toda petición, se ordene la correcci6n de la petici6n y, en general, la primera resolución que se dicte en todo proceso;
La resolución en que se cite a una persona para que rinda declaración de parte, para reconocer un documento, para rendir testimonio y aquélla en que se admita demanda de reconvención;
La resolución en que
ponga en conocimiento de una parte el desistimiento del
proceso de la contraria, y la pronunciada en casos de ilegitimidad de personería, a la parte mal representada o a su representante legítimo; 4.
La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes 0 11151s;
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La que decida una instancia;
Las demás que expresamente ordene la ley.
Artkulo 92. Las notificaciones personales se practicarán haciendo saber la resolución o acto del funcionario, a aqu8llos a quienes deben ser notificados, por medio de una diligencia en la que se expresará, en letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificacibn, la que fumarán, el notificado o un testigo por él, si no pudiere, no supiere o no quisiere firmar, y el Secretario o la Secretaria o un funcionario autorizado por el despacho, quien expresará, debajo de su firma, su cargo. Articulo 93. Cuando una parte tenga constituido apoderado en el proceso,‘5e ha& a este las
notificaciones respectivas, a no ser que la ley disponga que se hagan a la parte misma. Cuando tuviere varios apoderados, la notificacibn podrá hacerse a cualquiera de ellos. Los funcionarios estarán asimismo obligados, cualquiera sea el apoderado que solicite un expediente para su examen, a notificarle las resoluciones de todos los procesos que esten pendientes de notificación personal, en los cuales actúe dicho apoderado, Cuando el particular tenga derecho a asistencia legal gratuita, se proveerá esta, con sujecibn al Título XIII del Libro Segundo del II, Codigo-Judicial, __ 3, Articulo 94. Si la parte que hubiere de ser notificada personalmente no fuere hallada en horas hábiles en la oficina, habitación o lugar designado por ella, en dos días distintos, sera notificada por edicto, que se fijar8 en la puerta de dicha oficina o habitacibn y se dejara constancia en el expediente de dicha fijacion,
firmando el Secretario o la Secretaria y el
notlfrcador o quien haga sus veces. Una vez cumplidos estos trámites, quedari hecha la notiftcación, y ella surte efectos como si hubiere sido efectuada personalmente. Los documentos que fuere preciso entregar en el acto de la notificación, seran puestos en el correo el mismo día de la ftjación del edicto, circunstancia que se harg constar con recibo de la respectiva administracibn de correo. Artkulo 95. Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en esta Ley son nulas, Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento do la resolucl6n que motivb aqu6lla, ello se tendra como la notiftcacidn y surtirii SUB efectos desde entonces,
Artículo 96. En la notificación de <Ia resolución que resuelva una instancia, se indicarán los recursos que procedan y el tkmino para interponerlos. La omision en la indicación de los recursos que procedan, quedará subsanada por la interposición‘de éstos por el interesado, o por el allanamiento o conformidad del interesado con ía decisión.
Artículo 97. Los emplazamientos no requieren publicación en la Gaceta Oficial;. bastará con publicarlos, en un diario dc circulación nacional, tres veces consecutivas. Artículo 98. Cuando la persona a quien deba notificarse personalmente no resida en la sede de la entidad pública que emiti6 el acto, se comisionará para ello, por vía te1egrãfic.a. o facsímil, a la entidad publica competente en el lugar de residencia del interesado o del lugar mas cercano a Esta. En caso de no existir tal entidad, se comisionará al Alcalde o la Alcaldesa del Distrito c al Corregidor o la Corregidora dc Policía respectivo. IXI telegrama o facsímil deberá contener la designación de la autoridad que la emitió, el lugar y la t’echa, así como un extracto de la parte resolutiva o decisoria del acto que debe notificarse, con instrucciones precisas a la autoridad
comisionada de que haga de
conocimiento del notificado dicho extracto y, en su defecto, los recursos que contra el acto proccdcn en vía gubernativa y el termino para Ihterponerlos.
A1*tículo 99.
El funcionario comisionado, una vez realizada la notificacion, devolverá la
actuacion al despacho administrativo de origen, por correo certificado, la que se incorporará al CXpCdiCllk.
Capítulo II Citaciones Artículo 100. La citación de los testigos, peritos 0 facultativos para que coniparczcan ante la autoridad que conoce del proceso, se verificará por medio de una boleta firmada por ésta o por el Secretario o la Sccrctaria del Despacho o quien haga sus veces, la cual expresará cl número que le corresponde, la identificacion o número del expediente, si es cl caso. el día, la hora y el lugar en que dchen presentarse y el objeto de la citación. Esta se hará por el portero 0 la portera, por un agente c una agente dc policía u otra persona designada al efecto, quien cntrcgará cl original de la boleta a la persona citada, y le exigirá que firme la copia en prueba de haberse cumplido con esa formalidad y que anote el impedimento que tuviere en caso de no poder concurrir.
Si no quisiere o pudiere firmar, el encargado de la citación hará que un
testigo o una testigo firme por quien se niega o no puede hacerlo.
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Artículo 101. De toda boleta de citación expedida se agregará una copi&& expediente, y una vez cumplida !a diligeucia de citación, debe insertarse la copia recibida por el citado Q, en su defecto, el respectiro informe secretaria1 del encargado de la diligencia, Que contendti una relación sucinta de los hechos o motivos que impidieron su ejecución, en caso de que &a no se hubiese perfeccionado. Articulo 102. Todo el que es citado por la autoridad competente, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir la declaración o dictamen o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o si comparece y se niega a declarar o a rendir el dictamen una vez aceptado cl cargo, sin excusa legal, será sancionado con muita de veinte balboas (S/. 2Q.00) a cincuenta balhsla (EV. S0.00) o arresto hasta por dos días, cada re& que incurra cn este desacato. Artículo 103. Se exceptúan de las disposiciones anteriores: la Presidenta o el Presidente de la Repbblica, los Ministros y las Ministras de Estado, los miembros de la Asamblea kgislativa, tnisntras gocen de inmunidad, el Contralor General de la RepPbiica, los jefes y las jefa8 de las
instituciones authomas, 8emiautbnomas y descentralizadas, los Magistrados y las Magistradar de la Corte Suprema de Justicia, los Magi.st.radas.y:J#, Magistradas del Tribunal Electoral, los Magistrados y las Magistradas de los Tribunales Superiores, los Jueces y las Juezas de Circuito, 10s Jue~ea y Ias Juezas Municipal~, el Procurador o la Procuradora General de la Nacih, la Procuradora o el Procurador de la Administracii>n, los Fiscales Delepdos y las Fiscales Delegadas, los Fiscales y las Fiscales Especiales de la Procuradurla Gerwstal de la NacZm, los Fiscales y las Fiscales Especiales en Delitos Relacionados con Drogas, el Fkal o Sa Fiscal Superior Especíal, el Fiscat o la Fiscal Auxiliar dc la Reptiblica, los Fiscales y las Fiscales Supetiorw iJc Distrito, los Fiscales y las fkales de Circuito, el Fiscal o la Fiscal Ekctoral, los Personeros y las Personems Municipalti el Director o la Directora General de la Policia Técnica Jqkial, ei Defensor o la Defensora del Pueblo, los Recto= y las Rectoras de Ias universidades estatales, los Representantes y las Kcpresentantes de Estados y organismos internacionales y , en concordancia con lo que para talcs efectos establecen los convenios internaciouaks, Arzobispos y Obispos catóiicos, el Director o la Directora General de la PolicTa Nacional, el Direcior o la Directora del Servicio Maritirno Nacional y el Director o la .Dkectora del Servicio Abreo Nacional.
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Cualquiera de estos funcionarios que se abstenga de dar o demore las certificaciones a que eskí obligado, fallará al cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, para hacer efkctiva la responsabilidad, la autoridad, si no fuere competente para conocer de las causas contra dichos funcionarios, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de juzgarlos, para que les aplique la sanción correccional correspondiente, sin perjuicio de que siempre se rinda el certificado y se agregue en cualquier estado del proceso o trámite. Artículo 104. Si el proponente de la prueba lo solicitare, se -podrá citar a los testigos por correspondencia recomendada, por telegrama, facsímil o por cualquier otro medio viable, a juicio del Secretario o de la Secretaria del Despacho.
A~*liculo LOS, Si la purk 110 solicitare que el testigo sea dhlo por el Despacho, se cntcnder8 que 1111 asumido la carga dc Iixerlo comparecer. Artículo 106. A los Kepresentantes y a las Representantes de Estados. como Embajadores y Embajadoras, Ministros, Ministras o Agentes Diplomáticos, cuyo testimonio se solicite, se les pasaré una nota suplicatoria acompaííada de copia de los interrogatorios y de los contrainterrogatorios; y si el Agcntc, Ministro o Ministra así. citado consiente en declarar, lo IiaTrí por nicdio de cerlifícáci~n escrita. Esta disposición comprende a las personas de la comitiva y las de la familia de los Embajadores y Embajadoras, Ministros, Ministras o Agentes DiplonGticos. Cuando cl testimonio solicitado 1’11crc: cl de algUn trabajador o trabajador doméstico de tales funciotiarios diplomáticos, se rccilìirá cn la forma ordinaria. previa autorizacii)n del respectivo funcionario. Tanto en cl caso del @rafo anterior cono en cl prinicr~1 dr este artículo. la nota de que ellos hablan se dirigirá por conducto del Ministerio de K~laciunes Esteriorcs. Las ccrtilicaciones se harkl en papel comiln. ‘mIlo V I I I De los Incidentes Capítulo 1
Disposiciones Comunes Artículo 107.
los procesos administrativos es viable la presentación de incidentes para
plantear cuestij~ncs accesorias al proceso principal, siempre que medien los presupuestos o requisitos señalados en la presente Ley.
Artfculo lQS, Desde el momento en que la petición o solicitud que ha dado origen al proceso es admitida por la autoridad respectiva, el peticionario y demás personas admitidas en el proceso en calidad de partes, pueden presentar incidentes hasta la fecha en que co~cluyn el t&mino para practicar pruebas. Artículo 109.
. Toda e cucstion awesorta a un proceso administratiw, que requiera pronunciamiento especial, se tramitará como incidente y se sujetar8 a las normas contenidas eq este Cspftulo, si no tuviese señalada por la iey una tramítacion especial. Artfrulo 110. Constituyen cuestiones o art2liculo de previo y especial pronunciamiento que
pueden pjantewse a traves de 14 vía de incidente, los siguientes: 1.
La falta de competencia de la autoridad que aprehendió et conocimiento del proceso;
La nulidad de lo actuado;
La caducidad de la instancia;
La excepción de transacci6n cosa juzgada o de desistimiento de la prettnsi6n;
La recusación de la autoridad que ha aprehendido el conocimiento del proceso; y ” Las detis que establezca la ley,
“13; ~*
Artículo 111, Las cuestiones de previo y erpecial pronunciamiento que una de las partea dsba hacer valer, deberá plantearlas todas en un solo incidente con la debida separación y fundamentaci6n, de suerte que la o las pretensiones sean claramente inteligibles. Artícula 112, El escrfto en el que se presenta un incídante no requiere de formalidada especiales, pera deber6 contener con claridad lo que se pretende, los hechos o razones en que se fundamenta y las pruebas que se presentan o proponen. Si hubiese contraparte, le es aplicable al escrito de contestacidn del incidente lo establecido en el presente artfculo. Artfc~lo 113. Todo incidente que se fundamente en hechos anteriores o coetdneoa a la iniciación del proceso deberá ser presentado dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la resolucibn que admitid la petición y, si es del caso, dentro de los dos días hibilss siguientes a la resoluci6n que orden6 correr en traslado la petici6n a la contraparte o contrapartes, en el supuesto que ésta 0 éstas existan. Cuando el incidente se fundamente en hechos posteriores a la iniciacibn del proceso, debera ser promovido dentro de los dos dfas hhbiles siguientes a la fecha en que tales hechos llegaron a conocimiento de la parte que presenta el incidente,
Artículo 114. Cuando se presente un incidente de nulidad de lo actuado, ello deberá hacerse I
dentro de los dos días hábiles siguientes a’ la fecha en que la parte que lo presenta tuvo conocimiento de los hechos en que aquél se fundamenta.
Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los términos señalados en los artículos anteriores, será rechazado de plano por la autoridad competente, mediante resolución motivada que será irrecurrible en la vía gubernativa. Artículo 116. De todo incidente se correr8 en traslado a la contraparte por tres días hábiles y, si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días hábiles. Contestado el traslado, cuando el punto sea de puro derecho o vencido el tkrmino para la práctica de pruebas, el funcionario decidirá el incidente dentro de los tres días hábiles siguientes.
Al~tículo 117.
De todo incidente en el que se planteen cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, se formará un cuaderno separado, en el que se adjuntarán todos los documentos y actuaciones relacionados con él, incluyendo la resolución que lo decide y las notificaciones respectivas.
Capítulo II Impedimentos y Recusaciones sección la Impedimentos Artículo 118.
La autoridad encargada de decidir el proceso no podrá conocer de un asunto
en el cual esté impedido. Son causales de impedimento las siguientes: 1.
El parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entre el funcionario encargado de decidir o ,su cónyuge y alguna de las partes;
Tener interés personal en el proceso, el funcionario encargado de decidirlo, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el numeral anterior;
Ser la autoridad encargada de decidir el proceso o su cónyuge, adoptante o adoptado de alguna de las partes; o depender economicamente una de las partes de la autoridad;
Ser el funcionario encargado de decidir, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, socio de alguna de las partes;
Haber intervenido la autoridad encargada de decidir, su cónyuge o alguno de sus patientes dentro de los grados indicados, et-s el proceso, como funcionario encargado de msolvef, Agente del Ministerio Mblieo, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen a 4s~;
Habitar la autoridad encargada de resolver, su cónyuge, sus padres o sus hijos, en casa de alguna de las partes, o comer habitualmente en mesa de dicha parte, o ser arrendador o arrendatario de ella;
Ser la autoridad encargada de decidir o sus padres o su cdnyuge o alguno de sus hijos, deudor o acreedor de alguna de las partes;
Ser la autoridad encargada de decidir o su cBnyuge, curador o tutor de alguna de las partes;
Haber recibido la autoridad encargada de decidir, su cbnyuge, alguno da sus padres o de sus hijos, donaciones o servicios valiosos de alguna de las partes dentro del afro anterior al proceso o despu& de iniciado &te, o estar instituido heredero o legatario por alguna de las partes, o estarlo su cbnyuge o alguno de sus ascendientes, descendientes o hetmanocp;
Haber recibido la autoridad, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, ofensas gravas ti rlguna de las partes, dentro de los dos años anteriores a la iniciacibn del pPOWS0:
Tener alguna dc las partes procetso, d~?~ncio o acusación pendiente o haberlo tenido dentro de ion NOS nños $utteriores, cot~ttv la autoridad qw dek decidir cl proceso, su c&tyugo, gw wcendhtm, descendi@M@ o hwmarws;
H&QP in&a~Yeanido la autoridad ew&tg&da de decidir en la fornwi6n del acto o ti negocio objeto del proceso;
&tap ~imhda Ia awwidadkwqpds dc% d~bdi~ can una de las prtw, pr relacion@s
juridicas susceptibles de ser afectadas por la decisiOn; 14.
ser la autoridad encargada de decidir y alguna de las partes, miembros de una misma
sociedad secreta; La enemistad manifiesta entre la autoridad encargada de decidir y una de las partes;
&r el ~up&r, cbnyuge o pariente dentro del cuarto grado de comanguinidad 0 segundo de afkdad, del inferior cuya decisibn tiene que revisar;
Tener la augoridad encargada de decidir pleito pendi8nte en que se cOntro+kta la misma cuertibn jurfdica que 61 debe decidir; y
La seilaiada en los artlculos 49 y 193 de esta Leyn
Artículo 119. La causal de impedimento subsiste aún después de la cesación del matrimonio, adopción, tutela o curatela.
Artículo 120. El funcionario encargado de decidir no se declarará impedido en los siguientes casos: 1.
El consagrado en el numeral 7 del artículo 118, con relación a los padres, cónyuge o hijos del servidor público que debe resolver el proceso, si el hecho que le sirve de fundamento ha ocurrido después de la iniciación del pleito y sin intervención de la persona encargada de decidir, y siempre que 6sta ejerciere el cargo cuando el hecho se verificb;
En el baso del numeral 9 del articulo 118, en Ia- parte relativa a la institución de heredero o legatario de alguna de las personas designadas en ese numeral, cuando tal instituci6n consta en testamento de personas que no han fallecido aún, o cuando, aunque hubieren fallecido, ha sido repudiada o se repudia la herencia o legado;
En el caso del numeral ll del artículo 118, cuando el pleito de que en él se habla se ha promovido después de estar iniciado el proceso a que dice relación el impedido; pero es preciso, además, que el funcionario encargado de decidir a quien el impedimento se refiere, esté ya conociendo de este mismo proceso cuando dicho pleito posterior se promueve. Sin embargo, si cl funcionario demandado ha convenido en los hechos en que se funda la demanda, o siendo ksta ejecutiva, se halla ejecutoriado el mandamiento de pago, el funcionario debe manifestar el impedimento.
121. El funcionario encargado de decidir, en quien concurra alguna o algunas de las
causales expresadas en el artículo 118, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguienles al ingreso del expediente a su- despacho, exponiendo el hecho o los hechos constitutivos de la causal. Recibido el expediente por ei superior jerárquico al cual corresponde la calificación, éste decidirá, dentro de los tres días siguientes, si es legal o no cl impedimento. En el primer caso. se declarará separado del conocimiento al funcionario impedido y
proveerá lo
conducente a la prosecución del proceso. En el segundo caso, se le devolverá el expediente para que dicho funcionario siga conocikndolo. En aquellos casos en que la autoridad encargada de decidir sea un organismo colegiado, conocera del impedimento de alguno o algunos de sus miembros, el resto de los integrantes de dicho organismo.
32 Artículo 122. Corresponde al superior jerlrquieq inmediato calificar y decidir la declaración de impod~o formulada y los incidente5 de rowsacion presentados contra 1s autoridad que debe t3w4x y &cidir un proceso.
$i el fuwímario en quien wnwrr~ alguna wwl de impedimento no la
manifestare dentro del termino legal, la parte a quien .interese su ssparacibn puede recusarlo en cU#lquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de 10s dos dlas siguientes al vencimiento del kltimo trámite. La recusación que no 5e funde en alguna o algunas de la5 causales del artfculo 118, sera rechazada de plano. La recusacion no será procedente sí al que la promueve ha hecho alguna gestibn en el proceso des@5 ck Inkisdo ti. ak~w$ w b s~~cael invwda sea conocida con anterioridad I J a dia ge5tibri.
claridad el hecho o motivo del impedimento, y serb dirigida a I\JIM Cwx&rwios p g.4jerw twa conocer del impedimento correrspondiente, Si la eawtl alegada
enwentra prwi$ta en la Ley, se proceder4 asi: h autoridad a
qr,,&tr corresponde conocer del incidente, pedti un informe 01 ~isaFp~i~ I”&G&&~ -8 la verdad de lo5 hecho5 en que 5e funda la recusach y pondr8 a IU diaporki6n el escrito respectivo, Evacuado el informe, que deber8 serlo dentro de los tres dlaa, 5i sn 41 conviniere el rscuoado en la verdad de los hechos menckwdos, 5e le declarar8 5eparada dei conocimierrto si co4sfilgura5eo la crudrol olcgada.
N’24.109
En caso contrario, se fijará un término de tres a ocho días hábiles para practicar las pruebas aducidas y, vencido este, se decidirá dentro de los tres días siguientes si está o no probada la recusacihn. El incidente de rccusacion se surtirá sin la parte contraria en el proceso.
Artículo 128. El proceso se suspende, sin necesidad de resolución, una vez se requiera al funcionario recusado el informe correspondiente, hasta tanto se decida el incidente, con la salvedad de las diligencias o trámites iniciados.
Artículo 129, Cuando la manifestaci6n de impedimento o el incidente de recusación deba
cotwccrlo un arganismo colcyiado, la sustanciación del impedimento o la recusacibn la hwri un solo integrante de &e. La resolucion que admite el incidente ser8 dictada por el sustanciador; sin embargo, para rechazarlo, se requerira la resolución dictada por el resto de los miembros del organismo colegiado, que deban conocer del impedimento o el incidente de recusación.
Artículo 130. El funcionario encargado de decidir, cuyo impedimento o recusación haya sido declarado legal, queda definitivamente s+vrado del conocimiento del proceso respectivo. No podrá intervenir en dicho proceso, aunque posteriormente desaparezca la causal. Artículo 131. En los incidentes de recusación todas las resoluciones serán irrecurribles. Artículo 132. Cuando la recusacion se funde en alguna de las causales de enemistad o pleito pendiente, la facultad de recusar corresponde únicamente a la parte a la que se refiere la causal. Artíclllo 133.
Si la causal de recusaci8n alegada tuviere como fundamento un hecho
,delictuoso que no llegue a comprobarse, la parte que promovió la recusación será condenada, además, al pago de una multa de cincuenta balboas (BI. 50.00) quinientos balboas (B/. 500.00) a favor del Tesoro Nacional.
Artículo 134. No están impedidos ni son recusables: 1.
El funcionario o ente público a quien corresponda conocer del impedimento o de la recusacidn;
El funcionario o ente público a quien corresponda dirimir los conflictos de conipctcncia; y
Qncetfl oficial, Itlacolea 2 de agosto de 2ooo 3.
El funcionario o ente público comisionado.
Artículo 135. El funcionario encargado de resolver podrA, asimismo, declararse impedido o
ser recusado en las actuaciones posteriores a la decisión del proceso, pero sólo por causas sobrevinientes y mientras no se haya dictado la resolución final que corresponda. Artfculo 136.
Lo dispuesto en este capítulo, sobre impedimentos y recusaciones del funcionario o miembros de un organismo colegiado encargado de decidir, es aplicable también
a quien o quienes deban suplirlos .y a los Secretarios o las Secretarias y a quienes hagan SUS
veces. Del incidente de recusacion de un Secretario o de una Secretaria o de quien haga sus veces, conocer6 el superior del funcionario encargado de decidir el proceso, fumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley. 0 Artículo 137. Lo que en este Capitulo se dice de las partes sobre impedimento y recusaciones,
se entiende dicho tambien de los apoderados.
Artículo 138. Con anterioridad a la apertura del periodo de pruebas, ei funcionario que
instruya el proceso convocara al peticionario y a Ias otras personas que figuren como parte, en ‘.
aras de la simpliflcaciBn del proceso, para considsrna:
La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos:
La necesidad o convcnicncia de corre& los escritos presentados;
El saneamiento del procedimiento hasta ese momento;
La posibilidad de que la Administracion Pública admita hechos y documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas;
La limitación del número de peritos; y
Otror auntoa que puudan contribuir a hacer mAs uxpesdlts 13 framltrcibn del procedimiento,
Artítulo 139. La autoridad que conoce del artltfto, recibida la atilicitud ew fe8 .’ ( e8tablrcerP el
pèriodo cie pnreba, que no serl menor de ocho ni mayor de veinte dbe,
N024,109
Artículo 140. Sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección oficial, las acciones exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, ks indicios, los medios científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil y cualquier otro elemento racional que sirva a la formaciún de la convicción del funcionario, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden público. En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la entidad pública respectiva deberá asegurarse de su autenticidad, confrontándolas coti su original en un periodo razonable después de su recepción, o por cualquier otro medio que considere apropiado. Es permitido también, para establecer si un hecho pudo o no realizarse de determinado modo, proceder a su reconstrucción.
Artículo 141, Tratindose de la pkeba testimonial, si la parte opositora, en caso de existir Bsta, estuviera en el despacho, podrá interrogar al testigo directamente acerca de lo que supiera sobre los hechos controvertidos. Si la parte que adujo el testigo no concurriere a la diligencia o no hubiese dejado intcrrogatoriu cscrilo, la autoridad cori~pctcnte podra interrogar al testigo de acuerdo con los hechos principales de la peticion y su c’üntèstación.
Artículo 142. Antes de declarar, los testigos deben prestar juramento o afirmacibn de no làltar a la verdad, bajo pena dc perjurio; para ello, debe el encargado de la diligencia leer y explicar, de manera comprensible al tesiigo, las disposiciones sobre falso testimonio contenidas en el Cbdigo Penal. Actíc11l0
La autoridad competente deberá evaluar las pruebas que las partes han
propuesto y presentado, a los clèctos de decidir cuáles son admisibles y curílcs no lo son, en orrlcn í1 su conducencin o inconduccncia, rcspcc~o clc los I~~hos que deben ser comprobados, al igual
deberli tomar en consideración las normas legales que rigen la materia probatoria,
Artículo 144. Las partes y sus apoderados tienen la obligaci8n de colaborar en la práctica de las pruebas decretadas. La autoridad competente comunicara a los interesados, con antelación suficiente, el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, dc que el interesado pueda nombrar apoderado o peritos para que le asistan.
Articulo 14% Las pruebas se apreciarin se@n las reglas de la sana critica, sin que esto
excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos 0 contratos. Artículo 146.
El fwicionario expondrA razonadamente en la decisiiin el examen de los
elementos probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo
con la ley. Artículo 147. Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras
disposiciones de esta Ley, el funcionario de primera instancia deberi ordenar la práctica de
todas aquellas pruebas que estime conducentes o procedentes, pata verificar las afirmaciones \ de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento pdblico o privado en el proceso; y el de segunda practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o
dudosos del proceso. Arttículo 148. Los medios de prueba no previstos de manera especial en la ley, se regirAn por
las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el e.4 -%.sw funcionario, siempre que aqubllos no eatbn prahibich o no afecten la moral o ei orden público. Articula 149. Las partes tienen derkcho de examinar los documentos que rapolsen WI las
ofícinas ptiblicas y que se relacionen con la cuestí6n controvertida, siempre que no wntsngan informaci6n confidencial o reservada. Articulo 150. Incumbe a las partes probar los hschos o datos que constituyen el supuesto da
hecho de las normas que les son favorables. No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria,
respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que esten amparados por una presuncibn de derecho, y el derecho escrito que rige en la Naci6n o en los municipios. SS prohibe a la Administaclbn Pbbllca solicItar o requerir del peticionario dooumentos que reposen, por cualquier causa, en sus archivos, y que el interesado invoque oomo fundamento de su peticibn. Art~cculo 151. No habrk reserva de las pruebas, El’Secretario o la Secretaria o quien haga Sus veces, deber4 mostrar a cualquiera de las partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria y tambiBn las que se hayan evacuado a petición de la solicitante.
Gaceta Ofldal, mi&ades 2 de agosto de 2000
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Artículo 152. Una vez concluida la etapa para la prktica de las pruebas, el expediente
quedará a disposicibn de los interesados dentro del despacho, sin perjuicio de solicitar copias de dste, para que en un plazo común de cinco dias puedan presentar sus alegaciones por escrito. Título X De la Terminación del Proceso Artículo 153.
Pondrán fm al proceso: la resolución, el desistimiento, la transacción, el
allanamiento a la pretensión, la renuncia al derecho en que se funde la instancia y la declaración de caducidad. Cuando se trate de transaccion, desistimiento o allanamiento a la pretensión, en la que intervenga una autoridad estatal como parte, deberin observarse las normas constitucionales y legales que exigen el cumplimiento de requisitos especiales para que sean viables tales medidas. Articulo 154.
La resolución que decida una instancia o un recurso, decidirá todas las
cuestiones planteadas por los interesados y aqu6llas otras derivadas del expediente, que sean indispensables para emitir una decisión legalmente .--apropiada. - La aceptación de informes o d&&Í-tene~ s&irá de motivación a la resolución, cuando se incorporen al texto de IU ella. ArtíCulo 155.
Serán, motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de
derecho, los siguiente& actos: 1. , 2.
Los que afecten derechos subjetivos; Los que resuelvan recursos; Los que se separen do1 criterio seguido en actuaciones precedentes de identica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos; y
Cuando asf se disponga expresamente por la ley,
Artfculo 156, Cuando se formulare alguna peticih a una entidad pJblica y bsta no notificare
su decisibn en cl plazo de UII mes, el interesado podrA denunciar la mora, Si transcurren dos meses desde la fecha de la presentacibn de la peticibn, el interesado podra considerarla desestimada, al efecto de deducir, frente a esta denegacion presunta, el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolucion expresa.de su petición.
Igual facultad de opción asistirá, sin necesidad de denunciar la mora, al interesado que hubiere interpuesto cualquier recurso administrativo, entendiéndose entonces producida su
desestimación presunta por el mero transcurso del plazo de dos meses desde su interposición. Ambos términos transcurrirán cuando la autoridad competente no adopte medidas de actividad procesal, tendientes a proferir la decisión que corresponda. Artículo 157.’
El silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se
establezca por disposición expresa. Si las disposiciones no establecen un plazo especial, éste será de dos meses, contado desde la fecha en que se presentó la peticiBn o el recurso.
Artículo 158. Todo interesado podrá desistif de su petición, instancia o recurdo, o renunciar a su derecho, salvo que se trate de derechos irrenunciables segfin las normas constitucionales y legales, Si el proceso se hubiere iniciado por gestión de dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia ~610 afectará a los que lo hubiesen formulado. Artículo 159.
Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse oralmente o por
escrito. En el primer caso, se formalizará $8, kmparencia del interesado ante el funcionario encargado de la instrucción, quien, juntamente con aquél, suscribir4 el acta correspondiente, que deberá ser refrendada por el Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus
veces. Cuando tales gestiones se realicen por escrito, el interesado deberá presentarlo personalmente o autenticar su firma ante Notario o Notaria u otra autoridad competente.
Artículo 160. La Administración aceptará de plano el desistimiento siempre que éste sea viable, o la renuncia, y declarará concluido el proceso, salvo que, habiéndose apersonado terceros interesados, insten su continuaci0n dentro del plazo de diez días;contado a partir de la fecha en que fieron notificados del desistimiento o la renuncia. Si la cuestión suscitada entrañase interés general, o l‘ucra conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá linlitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento.
Artículo 161. Paralizado un proceso por causa imputable al administrado, la Administración le advertirá inmediatamente que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad, con archivo de las actuaciones.
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Gaceta Oflclal, miércoles 2 de aeosto de 2OMI La caducidad no produc,irá por sí sola la prescripción de la accion del particular, pero
los procesos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Declarada la caducidad de la instancia, cl proceso no podrá ser reabierto, sino después de transcurrido un año, contado desde la fecha en que se declaró la caducidad. T í t u l o X I De los Recursos Capítulo 1 Disposiciones Comunes
Los recursos podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluyendo la desviacibn de poder. Para los fmes de esta Ley, se entiende por desviación de poder la emisión o celebracion de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley. Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por sus causantes. Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite * que, directa o indirectamwe, conllevan la misma ,dedt$ion o le .pongan termino aI. proceso o impidan su cantinuaciUn, seran susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por I
ellas, nicdiante los recursos instiluicios en este Capítulo, Será susceptible del recurso de apelación. la resoluckín en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolucion y decretare la prueba, el inferior podrá sefialar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla. La interposicifin clc un recurso podrá hacerse cn el acto de notificación de Ia decisibn o mediante escrito. dentro del termino concedido al efecto. Artículo 164.
La autoriclad que decida cl recurso rcsolverri cuantas cuestiones
plantendo en el prwcso, hayan sido 0 uc) alegadas por los interesados. En este últin~o caso se IOS oiri prcviamante.
AttScuh
El escrito de formalizacibn del recurso deberii contener:
La autoridad pública a la cual se dirige;
El acto que se recurre y la razón de su impugnación;
Gaceta Oficial, m9ércoles 2 de agosto de 2000
El nombre y domicilio del recurrente, salvo que, conste en el expediente y así se indique expresamente;
Lugar, fecha y fuma; y
Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legales. El error en la calificación del recurso o al expresar el título o nombre de la autoridad a
la que va dirigido, por parte del recurrente, no impedirá su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero caticter y se pueda identificar la autoridad a la que va dirigido. Artículo 166. Se establecen los siguientes recursos en la via gubernativa, que podr8n ser
utilizados en los supuestos previstos en esta Ley: 1,
El de reconsideración, ante el funcionario administrativo de la primera o única instancia, para que se aclare, modifique, revoque o anule la resolución;
El de apelaci6n, ante el inmediato superior, con el mismo objeto;
El de hecho, ante el inmediato superior de la autoridad que denego la concesión del recurso de apelación o que lo concedi6 en un efecto distinto al que corresponde, para que se conceda el recurso de apelación que no fue concedido o para que se le conceda en el efecto que la ley señala; :
El de revisión administrativa contra resoluciones o decisiones que agoten la vía gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva, con base en alguna o .’ algunas de las siguientes causales: a.
Si la decisión ha sido emitidar por8, una/ autoridad carente de competencia;
Cuando se condene a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o una sanción por un cargo o causa que no le ha sido formulado;
Si se condena a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o una sanción por un cargo o causa distinta de aquél o aquélla que le fue
formulada; Cuando no se haya concedido a la persona que recurre oportunidad para
presentar, proponer o practicar pruebas; e.
Si dos o más personas están cumpliendo una pena o sanción por una infracción o falta que no ha podido ser ejecutada más que por una sola persona;
Cuando la decisión se haya basado en documentos u otras pruebas posteriormente declarados falsos mediante sentencia’ ejecutoriada;
Si con posterioridad a la decisión, se encuentren documentos decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir durante el proceso, por causa de
Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2tKM fuerza mayor o por obra de la parte favorecida; h.
Cuando la resolución se haya obtenido en virtud de cohecho, violencia LI otra maquinacion fraudulenta, o cuando la resolución se haya fundado en un dictamen pericial rendido por soborno o cohecho, en el caso de que estos hechos hayan sido declarados así en sentencia ejecutoriada;
Cuando una parte afectada por la decisión no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificacion expresa o tácita de dicha parte, ni cl objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso; y
De conformidad con otras causas y supuestos establecidos en la ley.
A~iculo 167, Es potestad del recurrente interponer el recurso de reconsideracidn o el de apelación directamente, siempre que tambien sea viable este último recurso.
Capítulo II Recurso de Reconsideración Arthlo 168.
El recurso de rcconsideración podrá ser interpuesto dentro de los cinco días
habilcs, contados a partir de la notif~acion de la resolucion de primera o tinica instancia.
En el w.e~ d.e que IW exista confr$par$e en el proceso, la autoridad decidirá el recurso p o s l o que CDBW air: í‘w~S, subo que exislnn laf&w 0 puntos oscuros que resulten i&isfwwMes a&rar p,ara efectos de la Jcclsión que debe adoptarse, en cuyo caso la autoridad or&n&i que se prw$iqwì las pw&m txmducer‘rteî 0 mi2 pr,@sito, dentro de- un térra$m que
no excederá, de quince días hábiles.
Articulo 170. El recurso de reconsideracibn, una vez interpuesto 0 propuesto en tiempo oportuno y por persona Icgitimada para ello, se concedera en efecto suspensivo, salvo que exkta una norma especial que disponga que se conceda en un efecto distinto,
Capftrrlo III Recurso de ApelaciSn Artfcnlo 171. BI recurso de apelacion ser4 interpuesto o propuesto ante la autoridad de
primera instancia en el acto de notificac&, o por escrito dentro del tkrmino de cinco dias hábiies, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución o acto impugnado. Si el apelante pretende utilizar nuevas pruebas en la segunda instancia de las permitidas por la ley para esa etapa procesal, deberá indicarlo así en el acto de interposición o proposición del recurso.
La autoridad de primera instancia sera la competente para decidir si el recurso
interpuesto es o no viable, para lo cual deberh determinar si el apelante esti legitimado legalmente para recurrir; si la resoluc@ o acto impugnado es susceptible del recurso; y si éste fue interpuesto en t&mino oportuno. Si el recurso es concedido, la autoridad deberá señalar el efecto en el que lo concede; y, en caso contrario, deberá exponer en la respectiva resolución la causa o causas por las que no concedió el recurso.
Artículo 173. El recurso de apelación deberá concederse en efecto suspensivo, salvo que exista una norma especial que le asigne un efecto diferente.
Artículo 174. Una vez concedido el recurso de apelación, si no se han anunciado nuevas pruebas que practicar en segunda instancia, la autoridad de primera instancia concederá un t&mino de cinco días al apelante para que sustente por escrito el recurso, y los cinco días subsiguientes al vencimiento del término anterior para que la contraparte del recurrente, caso de existir ésta, formule objeciones al recurso. Artículo 175. Lo establecido en el articulo anterior es sin perjuicio de que las partes realicen o cumplan con tales gestiones antes de que se señalen los referidos términos, en cuyo caso se tendrán por oportunamente presentados los escritos respectivos.
Articulo 176. La autoridad que debe conocer y decidir en segunda instancia, fijará el recurso en lista por el término de cinco días hábiles para que el apelante sustente su pretensibn, caso de ’ no haber ocurrido esto ante la autoridad de primera instancia, conforme al- artículo
Gaceta Oficial, mi&c&s 2 de agosto de 2000
inmediatamente anterior. En la misma resolución se concederá a la contraparte el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del término para sustentarlo, para que aquélla formule objeciones a la sustentación o se pronuncie sobre la pretensión del apelante.
Artículo 177. Si el apelante ha anunciado que utilizará nuevas pruebas en la segunda instancia, se señalará un término de cinco días hábiles para que el recurrente presente y proponga las pruebas que pretenda utilizar.
En la misma resolución se concederá a la contraparte un
término de cinco días, subsiguiente al anterior, para que ésta presente y proponga contrapruebas. Artículo 178.
En segunda instancia solo se admitirán y practicarán las siguientes pruebas que
presenten o propongan las partes, sin perjuicio de la facultad que otorga a la autoridad el articulo 147 de esta Ley: 1.
Las que tengan el carácter de co$rapruebas;
Las que, habiendo sido aducidas en primera instancia, no hubieren sido practicadas, si quien las adujo presenta escrito a la autoridad, a más tardar a la hora señalada para dicho fin, en el cual exprese la imposibilidad para hacerlo y los motivos que mediaron
para ello, o las dejadas de practicar por el despacho sin culpa del proponente; , -:Lj I .,. ..,. _ Dwun~ntus ptihkos;, los cuales deberán presentarse durante e¡ término para aducir pruchas;
Artículo 179. Cumplidas las fases establecidas en los artículos anteriores, la autoridad de
primera instancia emitirá una resolución de mero obedecimiento, ordenando el envío de las actuaciones al superior jerárquico para que se surta la segunda instancia.
Artículo 180. La autoridad que deba conocer y decidir la segunda instancia, pasará a decidir la apelacibn. si no se han anunciado pruebas para ser practicadas en dicha instancia. La dccisicin deberá ser adoptada CII un tt3-mino no mayor de quince días h,íbilcs, contado a partir
de la fecha en que ingresó cl expediente al despacho respectivo. Articulo 181, Cumplida la fasc de proposiciBn y presentacidn de pruebas, la autoridad deber8
decidir que pruebas admite y cuAles no, para lo cual debersl tomar en consideracibn lo establecido en la ley sobre viabilidad de pruebas.
44 Artículo 182.
La autoridad de segunda instancia estará facultada para ordenar que se
practiquen aquellas otras prueba? que sean indispensables o necesarias para esclarecer los hechos fundamentales para la deciiián que deba adoptar. Capítulo IV Recurso de Hecho Artículo 183. El recurso de hecho deberá ser interpuesto y sustentado por escrito, dentro del término de cinco días habiles, contado a partir de la fecha en que el Secretario o la Secretaria de la autoridad que denegó la apelación o la concedió en un efecto distinto al señalado por la ley, le haga entrega al afectado de las copias autenticadas de los documentos que en el artículo siguiente se señalan, Artkulo 184. La persona que intente recurrir de hecho deberá solicitar por escrito, dentro del término de cinco días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que denego la apelación o que la concedi0 en un efecto distinto al señalado por la ley, a la autoridad de primera instancia o al Secretario o la Secretaria de ésta, copia autenticada de la resolución apelada, de su notificación, del acto de interposición o proposición del recurso de apelación, de la resolución que denegó la concesión del recurso o que la concedió en un efecto diferente al señalado por la ley, y de la notificación de esta última resolución.
Artículo 185. La autoridad comeetente para conocer y decidir el recurso de hecho, una vez interpuesto éste por persona legitimada para ello y en tiempo oportuno, decidirá sobre la pretensión del recurrente por lo que conste de autos. Esta decisión es irrecurrible.
Artículo 186. Cuando la autoridad encuentre que es fundada la pretensión del recurrente, revocará la resolución de la autohidad de primera instancia que denegó el recurso o que lo concedió en un efecto distinto al seríalado por la ley; de igual manera, concederá la apelacion que había sido denegada o la concederá en el efecto que corresponda, según sea el caso. En la tnisma resolución, ordenará al inferior que remita cl expediente respectivo, si la apelación se concede en efecto suspensivo, o copia autenticada de las piezas procesales pertinentes, si la a,pelación se concede en un efecto diferente. En este último supuesto, la obtención y compulsa de las copias autenticadas respectivas quedará a cargo del interesado.
Artículo 187. Cumplido lo establecido en el artículo anterior, la autoridad que conoció del recurso de hecho asumirá la competencia para tramitar y decidir la segunda instancia del proceso.
Gaceta Oficial, mkcoles 2 de agosto de 2000 Capítulo V
Recurso de Revision Administrativa ArtSculo 188, El recurso de revisión administrativa deberá ser interpuesto o propuesto por escrito por la persona afectada o agraviada por la resolución que se impugna y, en el mismo acto, deberá ser sustentada la pretension del recurrente, invocando alguna o algunas de las causales instituidas en el numeral 4 del artículo 166 de esta Ley. El recurso de revision administrativa será interpuesto dentro del término de un mes, contado a partir de la fecha de notiftcacion de la resolución que agotó la vía gubernativa, cuando se invoque alguna o algunas de las causales señaladas en los literales a, b, c, d del artkulo 166 de esta Ley. Cuando el recurso tenga su fundamento en alguna o algunas de las causales señaladas en los literales f, g, h, i del articulo 166, el recurso deber6 ser interpuesto dentro del término de dos meses. Este termino se computará a partir de la fecha en que tuvo conocimiento o debii, tener conocimiento la persona afectada de la sentencia ejecutoriada, en los casos de los litcralcs 1’ y h del rcfcrido artículo 166; contado a partir de la feecha de la aparición de los documentos decisivos, en el caso del literal g del referido artículo; y contado a partir de la fecha en que la parte afectada tuvo conocimiento de la resolución que impugna, en el caso del literal i de ese artículo. En el caso del literal ‘c, no estará sujeto a téfmino.
Artículo 189. Será opcional de la persona agraviada utilizar el recurso de revisión administrativa cuando este
fundamente en los literales a, b, c, d del artículo 166, o ejercitar
la acción o recurso de plena jurisdicción en la via contencioso-administrativa. Utilizada una vía o recurso, se excluirá la utilización del otro en los supuestos a que se refiere este artículo. Cuando el recurso dc revisión se base en las causales señaladas en los literales f, g, h, i del artículo 166 de csla Ley. puede interponerse en forma paralela o posterior al recurso o accion clc plena jurisdiccion.
Articulo 190. El recurso de revision deberá ser interpuesto ante la máxima autoridad de la dependencia en la que se emitió la resolución impugnada. En la administración central, aquél será interpuesto ante el ministro o la ministra del ramo respectivo; en las entidades estatales autónomas, ante el presidente o la presidenta de la junta directiva o del organismo colegiado que haga sus veces o ejerza la máxima autoridad en la entidad estatal respectiva.
Artículo 191. El escrito de interposicion del recurso deberá ser presentado ante la Secretaria o el Secretario de la autoridad que deba conocer y decidirlo o ante un oficial o funcionario del
despacho de Me, quien estará obligado a poner nota de presentación en el escrito respectivo y a dejar constancia de ello en la copia del escrito que al efecto debe presentar el recurrente. El funcionario que recibe el escrito del recurso deberá poner en conocimiento de la autoridad competente la interposición del recurso, dentro de los dos días siguientes a la fecha en que se recibió el escrito. Con el escrito de interposición del recurso, el recurrente deberá acompañar copia autenticada de la resoluci6n que impugna, con certificación y constancia del Secretario o la Secretaria del Despacho respectivo, en que se haga constar que dicha resolución está en firme, y cualquier documento en poder del recurrente que compruebe, aunque sea sumariamente, la causal o causales invocadas por él. Si cl recurrente ha solicitado esos documentos y no le han sido entregados, deber6 acompafiar copia del escrito en el que fornwl6 la correspondiente solicitud, con constancia de haber sido presentados, En este último supuesto, el recurrente
podr4 pedirle a la autoridad que solicite dichos documentos o pruebas al despacho respectivo, para los efectos de admisión del recurso. Artículo 192. El recurrente, además de las pruebas a que se refiere el artículo anterior, debeti presentar y proponer, en el escrito de interposición. todas aquellas pruebas que rcsultcn conducentes a la comprobación de los hechos eI-1 los que se fundamenta la causal o las causales ,“, ,,iII invocadas por él.
Artículo 193. La autoridad competente para decidir deberá designar un Secretario o una Secretaria ad hoc para que intervenga en la sustanciación y decisión del recurso y, si lo estima necesario, podrá designar un asesor o consultor jurídico para que lo asista en dicha actuación. No podrá ser designado para esos cargos, ningún funcionario o persona que haya intervenido en el proceso en el que se emitió la resolucioll imlìugnada. Artículo 194. La autoridad ante quien se interpuso cl recurso, una vez que compruebe que el recurso fue interpuesto por persona legitimada para ello; que la pretensión del recurrente se basa en alguna de las causales instituidas en el numeral 4 clcl artículo 166 de esta Ley; que se han acompañado los documentos que menciona el artículo 191 y copia autenticada de la resolución impugnada, lo admitirá y ordenará sustanciar la actuacii,n respectiva.
contrario, lo rechazará de plano u ordenará que el recurrente corrija el escrito o presente el o los documentos, para lo cual le concederá un término improrrobable de ocho días hábiles, Corregido el escrito o superada la omisión mencionada dentro del término en referencia, el recurso será admitido y se procederá a sustanciarlo de acuerdo con las normas que siguen; en caso contrario, se rechazará de plano.
Gaceta W’kial, miércob 2 de agosto de 2000 Artículo 195.
Cumplido lo anterior, la autoridad sustanciadora se pronunciarA sobre la
admísíbilídad de las pruebas presentadas y propuestas por el recurrente y, en caso de que eho sea procedente, señalará un término, no menor de ocho días hábiles ni mayor de veinte días hábiles, para practicar las pruebas admitidas. Artículo 196. Admitido el recurso, se le dar% traslado a la contraparte del recurrente que figuró como tal en el proceso respectivo, para que se haga presente en el proceso. A tal efecto, se le concedeti un término de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de la notmación. Artículo 197. La contraparte está facultada para presentar y proponer las pruebas que resulten conducentes a la comprobación de los hechos que invoque en su favor, las que serán practicadas dentro del termino establecido en el artículo 195 de esta Ley. Artículo 198. Vencido el termino para la prktica de pruebas, en el supuesto de que éste se
hubiese señalado, el recurrente y la contraparte podrán formular por escrito las alegaciones que a bien tengan, dentro de los tres dias Mbiles siguientes. AWulo 199. Una vez wacuados los tramitesl que -seflalan los artfculo~ precedentes, @a la actuacion surtida a ralz del recurso de revision
correrá en traslado a la Procuraduría de la
Administración para que emita concepto, por un término improrrogable de ocho di& habiles, contado a partir de la fecha en que SP entregue el expediente o actuación respectiva a dicha dependencia del Ministerio Público. TitJo SII Del Agotamiento de la Vía Administrativa Articulo 200. Se considcrarrí agotada la vía gubernativa cuando: 1.
Transcurra el plazo de dos IIICSCS sin que recaiga decision alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario 0 autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurril~lcs ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa;
Interpuesto el recurso dc rcconsideraci6n o apelacirín, señalados en ej articulo 166, se entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre 61;
Ne w admita al intcreando d arerito et1 que formule unn peticibn (1 intcrpon~tl el rkxurw clti reeut~~iduruciiit1 0 al de rpslwAh, wfiihhd en el rrrthln 166, hoeha que dulwrtl ncr ctr~nprc~lradc~ lhwrttnunt8;
Gaceta Oficial, mi&coles 2 de agosto de 2000
Interpuesto el recurso de reconsideracion 0 el de apelación, según proceda, 0 ambos, &os hayan sido resucltos. Título XIII Del Glosario
Artículo 201, Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario:
Acto adrrzhistrativo. Declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurldica que en algún aspecto queda regida por el Derecho Administrativo. Todo acto administrativo deber4 formarse respetando sus elementos’ esenciales: competencia, salvo que esta sea delegable o proceda la sustitución; objeto, el cual debe ser illcito y físicamente posible; finalidad, que debe estar acorde con el ordenamiento jurídico y no encubrir otros propúsitos públicos y privados distintos, de la rclacicin jurídica de que se trate; causa, relacionada con los hechos, antecedentes y cl derecho aplicable; motivacion, comprensiva del conjunto de factores de hecho y de derecho que fundamentan la decisión; procedimiento, que consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el ordenamiento ;$dico y los que surjan implícitos para su emisión; y forma, debe plasmarse por escrito, salvo las excepciones de la ley, indicándose expresamente el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.
Conjunto de actos, diligencias y trámites que integran un expediente,
pleito 0 proceso en la esfera gubernativa. También se conoce como actuaciones a todas las tramitaciones que constituyen las piezas del cxpedicntc, redactadas durante el desarrollo del proceso. 3 .
Actrracihl dc qficio.
La que efectúa la propia autoridad, por clcber del cargo, sin
necesidad dc instancia dc parte. 4.
Ad~~ti~listrucid~1 cmtrul. Aquella integrada cxclusivamcnlc por- cl conjunto de todos los ministerios del Estado, dirigidos por la Prcsidcnl;l o cl Prqirlc~~lc de la República, de la que forman par-te tambien los Vicepresidentes o las Vicepresidentas de la Reptíblica.
A instartcia d e pureo.
Actuación ordenada por la autoridad al ser promovida o
solicitada por la parte o las partes en cl proceso. 6 .
Conjunto de entidades estatales con personalidad
jurídica y autonomía, creadas mediante ley, para asumir funciones administrativas originalmente asignadas a la administración central. Forman parte de la administración descentralizada, las entidades autbnomas, semiautónomas y las empresas estatales.
lv24,109 7.
Administración local. Conjunto de organismos o entidades administrativas que ejercen
sus funciones en un área para atender a las comunidades locales, de la que forman parte los municipios, juntas comunales y juntas locales. 8.
Administración Pública. Desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de actividades
heterogéneas que tienen por finalidad lograr el bienestar social, como son la prestación de servicios públicos, medidas de estimulo a las actividades sociales y medidas de frenos a dichas actividades.
Desde un, punto de vista subjetivo, es el conjunto de
organismos o dependencias estatales que forman parte del 6rgano Ejecutivo, cuya actividad está encaminada a lograr el bienestar social.
Dentro de este Órgano del
Estado, se excluye la actividad de gobierno, que es una actividad netamente política. 9.
Advertencia de ilegalidad. Observación que formula una de las partes a la autoridad
que conoce de un proceso administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un acto administrativo que debe ser aplicado para resolver ese proceso. 10.
Allarlantiertto a la petición.
Conformidad o aceptaci6n voluntaria, expresa y sin
condiciones ni reservas que efectúa la parte contra la que se dirige la petición. 11.
Allarlamiento a la rcsuluckh.
Acto de conformarse con la decisión que resuelve el
proceso administrativo, al momento de la notificación, en escrito aparte o por el hecho de no recurrir dentro del término respectivo,
AIIUI-WVISC o pasau te,
Dependiente de abogada o abogado que, en SL¡ representación,
realiza gestiones de interés para éste, que’no implican ejercicio de la abogacía, como son: obtención de información, obtención de copias, presentación de escritos y otras similares. 13.
Persona natural o jurídica facultada para ejercer la abogacía en la
República, que aclúa en nombre y representación de las partes o terceros interesados, dentro del proceso administrativo, en virtud de poder o mandato discernido conforme a las normas respectivas del Código Judicial. 14.
Aprcciacicírl CI vuloraciórl de la prueba. Acto mediante el cual la autoridad encargada
de decidir un proceso, en oportunidad de dictar la resoluci6n de fondo, se pronuncia en la parte motiva de la dccisi6n. acerca de la eticacia de la prueba aportada por las partes o traídas de oticio al expediente, para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso.
Es la operación mental o
intelectual que realiza dicha autoridad competente para determinar la fuerza probatoria relativa de cada uno de los medios de prueba, de acuerdo con el sistema de la sana critica, rsa
Arrrorldud nmlmdura, Aqudlla que tiene petertod para nombrar a servidores pbblieor,
Gaceta Oficial, mihcoles 2 de agosto de 2000 16.
hkf,ta de citucih. Documento librado o expedido por la autoridad que conoce del proceso 0 por el Secretario 0 la Secretaria, a través del cual se requiere la comparecencia de una persona al despacho para la práctica de una diligencia
relacionada con el asunto administrativo que se ventila. 17.
Caducidad de la irtstartciu.
Medio extraordinario de terminación del proceso, a causa
de la inactividad del peticionario despu& de cumplido el plazo legal respectivo, mediante resolución que así lo declara. 18.
Cifacidn. Requerimiento de la autoridad competente para que una persona comparezca al despacho, a fin de cumplir una diligencia oficial.
Coadyuvante, Persona que interviene en un proceso para contribuir con el peticionario
o con la contraparte de éste, para el logro de los prop6sitos respectivos, 20.
Comisih ,
Encargo oficial que hace la autoridad que conoce de un proceso
administrativo a otra autoridad pfiblica, para que tjsta efectúe ciertas diligencias que la primera no puede realizar directamente, debido a que deben cumplirse fuera de su área de competencia u otras causas similares. Una vez cumplida la respectiva diligencia de comisión, la autoridad comisionada debe devolver lo actuado a la autoridad comitente para’que sea agregado a los autos. 21.
Corrzpererrcia.
Conjunto de atribuciones que la
Constitución Política, la ley 0 el
reglamento asignan a una dependenciq ,< @tata1 o a un cargo público, 22.
Conflicto de compelatciu.
Conocido también bajo la denominación de cuestiones de
competencia, es la falta de acuerdo entre dos o más autoridades públicas, en cuanto a cuál de ellas le corresponde conocer y decidir determinado asunto administrativo. De esta manera, surge un conflicto positivo cuando dos o más autoridades declaran que son competentes para conocer, ,de ,,un asunto; mientras que existe conflicto de competencia negativo, cuando dichas autoridades declaran que carecen de competencia para conocer del caso. 23.
Constanciu procesal. Cada uno de los documentos, pruebas y piezas que, en general, integran el expediente levantado con ocasión de un proceso administrativo.
corl.wlln.
AI igual que la petici6n y la queja administrativa, forma parte del derecho
constitucional de petición y consiste en la pregunta o preguntas que dirige un particular a la autoridad competente, para que ésta opine en relación a un asunto que interesa al consultante o a un número plural de personas.
La consulta, que ha de hacerse por
escrito, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Ley, debe ser resuelta en un
lapso de treinta días, mediante nota, oficio o resolución que exprese la opinión o I . ,dictamen solicitado.
N”U.109 25.
Gaceta OfWl, mihrcoles 2 de Mosto de 2000
Consulta de ilegalidad. Solicitud que formula una autoridad administrativa encargada
de administrar justicia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que se pronuncie sobre supuestos vicios de ilegalidad de un acto administrativo que debe aplicar para resolver el proceso. 26.
Contraparte. La parte contraria en un proceso o procedimiento administrativo.
Contruprueh.
Prueba tendiente a enervar o probar lo contrario a la presentada o
propuesta dentro del proceso administrativo por la parte opuesta. 2%.
Convalidación. Hacer válido 10 que no 10 era. Acto jurídico por el cual se torna eficaz
un acto administrativo que estaba viciado de nulidad relativa; de allí que no son convalidables ‘o subsanables aquellos actos atacados por una causa de nulidad absoluta. Con la convalidación o saneamiento, se procura economía procesa1 y que la parte útil del acto administrativo no se deseche por la inútil; produce efectos retroactivos, pero sin perjuicio de los derechos de terceros que tal vez hayan adquirido durante la vigencia del acto convalidado o saneado. 29.
C~restih de previo J especial prtlrtuncianliento.
Denominada tambibn artículo de
previo y especial pronunciamiento, es toda gestión incidental planteada en un procedimiento y que debe decidirse por la autoridad encargada de resolver, antes de pasar adelante en el asunto principal. 30.
C1rlpu.
En sentido amplio, se entiende por culpa o negligencia no desplegar en el
cumplimiento de las obligacioñes las bi1i&%ias~8que Ca, ley exige, eap&lment@,cuando tal actuacian produce perjuicio a terceros. 31.
DeDido proceso legal,
Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en
materia de procedimiento, que incluye los presupuestos seiialados en el artículo 32 de la Constitución Política: cl derecho a ser juzgado conforme a los iránlites legales (dg el dcrccho a audiencia o ser oído a las partes interesadas, el deFecho a proponer y practicar pruebas. el derecho ‘a alegar y el derecho a recurrir) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa
penal, policiva, disciplinaria 0
administrativa. 32.
LkVllUlL~itl.
Acto por cl cual se da conocimiento a la autoridad. por escrito o
verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguaciún y cäst igo. La denuncia administrativa no requiere de formalidad, y en cuanto se haga verbalmente debe levantarse un acta que han de firmar o suscribir el denunciante, así como la autoridad que recaba la denuncia y el Secretario o la Secretaria del Despacho 11 quien haga sus veces, 33,
Derccl~o sihjctiw).
Es el que corresponde a tItul personal o individual a una persona
Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2000 34,
N*24,10!
Acto por el cual una parte en el proceso renuncia a su petición,
pretensión, reclamación, defensa o recurso que había hecho valer; salvo que se trate de derechos indisponibles o irrenunciables. 35.
Desistimiento de la preterzsih.
AquSl que implica, además del desistimiento del
proceso, la renuncia del derecho, cuya declaración se solicitaba. Quien desiste de la pretensión no podrá promover otro proceso por el mismo objeto y causa. 36.
Desistimiento del proceso. Acto de voluntad por medio del cual el solicitante expresa
su intención de dar por terminado el proceso, sin que medie una decisión o resolución de fondo respecto del derecho material invocado como fundamento de su petición. El desistimiento del proceso no afecta el derecho material que pudiere corresponder al peticionario. 37.
Desviación de poder. Emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia
de estar céñido a derecho, pero que se, ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley. 38.
L)ícl IzdDil. Aqukl v,ílido o habilitado para las actuaciones administrativas.
Diligertcia.
Actividad desplegada por la autoridad encargada de decidir dentro del
procedimiento administrativo, sus auxiliares, las partes 0 sus representantes; lales c01110:
medidas preparatorias, presentación de escritos, traslados; notificaciones,
.tittciones, eniplazarnientos~, entre otros.,. 40.
i)üTti,
Mala fe que ‘media’en la-actuación’de una persona, con el propósito de obtener
una finalidad ilícita. 41.
Edicto. Medio de notificación o citación, ordenado por la autoridad que conoce del
proceso, que se fija en un lugar visible del despacho, para comunicarle a una persona una resolución o citarla (emplazarJla) por ser de paradero o domicilio desconocido.
Efecto devolutivo. Aquel en que se concede el recurso de apelación dc una resolución
de mero trámite, que consiste cn que-el -superior entra a conocer y a decidir sobre dicha resoluci~~n, pero sin suspender su ejecución.
sl.rsperlsi~~o.
Aquél en que se conceden los recursos ordinarios instituidos en esta
Ley (reconsidcraci6n y apelación), según el cual se suspcndcn los efectos y cjccución de la resoluci6n
impugnada mientras
surk la rcconsideracirin 0 Ia segunda
instancia. 44.
lCxpediente. Conjunto de papeles, documentos i otras pruebas que pertenecen a un
asunto o negocio, acopiado a cdnsecuencia de ulia petición de parte u oficiosamente por la administración por razones de interés público.” 45.
Fijar en lista. Diligencia que consiste en estableSer el termino o plazo, de acuerdo con
la ley, dentro del cual se debe sustetitar el recursp interpuesto por la parte.
Foliar. Acción de colocar a cada fQ!io o página del expediente administrativo, con tinta indeleble u otro medio de impresion seguro, su correspondiente número, en estricto or&n cronológico de arribo da1 d~umento o constancia procesal a la secretaría del despacho de la autoridad encargada de resolver el asunto. 47.
Folia. Foja (hoja) del expediente.
Furffieqm49 de la cauw,.
JPqf@;apa encargada de forma inmediata y directa de la
tra&&&n y agilizacifin &l agpti&~@ administrativo, quien, para los efectos de lo dispueota en gl Capftu/o Il, Tjt&o VIJI de la precente Ley, debe ser identiFrrable para el eiudr&~o o reclamante ti la vk gubernativa. 49.
@~[idrr, Actuación de la par-te Meresada en un proceso administralivo, encaminada a que &tg cumpla su misi& También es gestión la propia @uación del despacho para impulsar $1 proceso hacia su cQs&lus@n final!
~ieclro rzotor-io.
Es rtl d5$ GBr@miento comfin por los efectos 0 consecuencias que
pyodute, ya por un círculo mayor o menor, ya por una multitud discrecionalmente grande o que fue perceptible en las mismas condiciones, en tanto que también 10 wnwca la autoridad encargada de resolver, tajes como los sucesos histór,icos 0 paliticos y sus consecuencias, un particular para la vida económica, que difunden los periódicos; los acontecimientos locales, como perturbaciones sociales; la distancia entre dns Iragms; l a . irqw?iuj&i 88 1% eiuh!es y ww h&ws. reqyierg~j & gpIqwdxKióf~ ‘ifl eí
T&s W-w no
procg5~I
I~wm Ircikil~~~ Todas ayWa$ incluídas en el horario oficial de 1~ &per&ncia EMJwMriCraiiva wbP@etiva: Ikgitirtridd de pe~ww~ri~. @w~iw 6k legitmìacibn pfira actuar en el prwwr p9r una da les parte@ (su.stWWI), 63 Ja Eal@ ds capacidad pan representar a una de las partes en PJ fvww (aQeW.
btr/1#l3t:6:icl/i,lcrll:
~ri~ipic~ yk~p AMI&@ Q!? que ht Morid@ que deba decidir o resolver
un profeso administrativo debe tener desapego a las partes, lo que posibilita proceder con rectitud.
Carencia de todo interés personal en la decisión, distinta a la recta
ilpr~~a~i~ll (ll: la Icy. .!‘aw f>wrucer dicha impsrciralidad, Ia autoridad que &be decidir un proc-su en la csl’era adnrin&rativa rastá en la obligacikt de declararse impedido cuando concurra alguna o algunas de las causales de impedimento establecidas en esta Ley, 541
hpulso procesal I
Actividad necsraria para el desarrollo normal del proceso,
haci6ndolo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden juridico.
El impulso puede corresponder a las partes que piden o ‘gestionan ante la
Gaceta OfiCiaI, miércoles 2 de agosto de 2000
autoridad encargada de decidir, pero principalmente a ésta última para que, por su propia iniciativa, adopte medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso. 55.
hCidmte.
Cuestión accidental o accesoria que surja en el desarrollo del procedimiento
y que requiere decisión especial. 56.
I~~&fmsiórz. Situación en que se encuentra quien no se le ha permitido defender sus derechos, teniendo derecho a ello, sin culpa de su parte, dentro de un
causa que le afecta. Constituye violación a la garantía del debido proceso legal y es causa de nulidad, según la ley. 57.
Información confidencial o de reserva.
Aquélla de acceso restringido
razones de interés público o particular, no puede ser difundida, porque podría ocasionar graves perjukios a la sociedad, al Estado o a la persona respectiva, como es el caso concerniente a las negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual,
antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias y otras de naturaleza similar, que tengan ese carkter de acuerdo con una disposición legal. 58.
Cada una de las fases principales del procedimiento administrativo, que
terminan con una decisión de fondo., En la vía gubernativa, dicho ejercicio puede darse
en primera, única instancia y en segunda instancia. , Interesado. Aquella persona que &rnp&& ál proceso, ya sea de manera voluntaria o citado por la autoridad, quien ostenta un iriterés legítimo, que requiere ser protegido y que puede verse afectado con la decisión que la autoridad administrativa competente debe adoptar,
Interés legttinzo. Interks individual directamente vinculado al interés público y protegido por el ordenamiento jurídico.
Como finalidad del Estado, es el propio interés colectiko, de la
sociedad en su conjunto, en contraposición al interés individual. 62.
hvalidez.
Carencia de aptitud de un acto administrativo para surtir los efectos jurídicos
que le son propios por padecer de un vicio de nulidad. 63
Jlrrisdiccih.
En sentido lato, es la facultad que la Icy asigna a una autoridad
administrativa. para conocer y decidir en derecho una actuacii,n o proceso administrativo. 64.
Manifestación o declaracih de impedimento. Acto por el cual la autoridad que deba conocer y decidir un proceso administrativo, declara que no debe intervenir en él, por estar comprendida en una de las causas de impedimento señaladas en la ley.
Menzorial. Escrito que contiene una gestión de parte.
Notificación. Acción y efecto de hacer saber, a la parte interesada, cualquiera sea su
Índole, o a su apoderado o representante, una resolución o acto del procedimiento, que la ley manda sea de su conocimiento.
Las notífiqaciones pueden ser presuntas o
tkítas, por edicto o personales. 67.
Notlficacidn personal,
Es la excepción a la regla en materia de notificaciones, y
consiste en la entrega física a la parte o a su representante de la nota o copia autenticada de la resolución de que debe ser notificado en su domicilio legal. En la notificación pkonal, el notificado debe firmar la diligencia respectiva, en señal o constancia de que es de su conocimiento el acto respectivo. 68.
NotiJicuciúrt por edicto.
Forma común en que, conforme a la presente Ley, ha de
cotnunícarse a las partes el contenido de las resoluciopes que emita la autoridad en el desarrollo del procedimiento, a excepci$n de aquellw woluciones que no requieraarl ser notificadas o, por el contrario, según la ley, deban notificarse personalmente. La notificacibn por edicto debe hacerse en un lugar visible y accesible de la secretaría del despacho administrativo competen@ 69.
Notijicucióu rúciru.
Aquklla qutl <se desprende de un hecho que revele, sin margen a
Judas, que Ia parte ,quc de/% wr notificada de un acto, lo CQQOC~, como es el manifestarlo asI mediante escrito, interponer oportunamente un recurso contra el seto y o t r o s 70.
simjlarw
--.1.-I:. l_, . . .I._.. ,. . 0 pien piíblico. En sentido negativo, ei el desarrollo de las actividades sociales de
ocucrdo ~00 lo establwido ~1 el ordenamiento jurídico y en acatamiento 8 lo que disponen las auloridqdes; públicas. En sentido positivo, es equivalente a inter6s pfiblico. 71. 72.
Q~ga~liww c0le#uU’cl.
Cuerpo u wg#nismo pSb1ico de deliberacidn y dscisiáa
jslegrado
por mtiltiplcs miembros, que ejercen en conjunto una misma función pública.
PurYc.
Persona que rec?arpa 0 datiende un derecho subjetivo en un pWesn
admiairitw~iw. 73.
Patr-ociuio procesul ,gr-Wito.
Beneficio concedido a una persona para litigar como
pobre, por insuficiencia de rccurs0s económicos; de allí que se le exima del pago de honorarios dc abogwl~ o abogada y gastos de tramitaci6n en general. dentro del procedimiento gubernativo. D!&o amparo, patrocinio o asesoramiento gratuito ha de otorgarse a quien cumpla con los requisitos establecidos en el Libro Segundo del Ckligo Judicial.
Pckidrt, Genhricamente, hdica Is srccibn de pedir o la autoridad, fundamentalmente por escrito, cl reconocimiento de un derecho en interbs prrtjcular o social.
Ptticio~~a~~o. Persona que solicita a la administración que SC le reconozca un derecho que reclama.
. Gaceta Oficial, miércoles 2 de agosto de 2ooO
Presuncidn .
No24,109
Medio de prueba fundado en un indicio, señal o suposición sobre la
existencia de un hecho afu-mado por la parte, El hecho debe estar acreditado en el proceso para que se beneficie de la presunción respectiva. 77.
Prewzci6n legal. La que establece la ley, releva de prueba al favorecido por ella, pero admite prueba en contrario por ser tan sólo de derecho (iuris tantum).
Presunciórt de derecho. Aquélla que establece la ley, pero que es de pleno y absoluto derecho, por lo que no admite prueba en contrario (iuris et de iure).
Pretensidn. Es a lo que aspira un peticionario o parte en un proceso administrativo.
Actividad procesal realizada con el auxilio de los medios previstos o
autorizados por la ley, y encaminada a crear la convicción o convencimiento de la autoridad encargada de resolver acerca de la existencia o inexistencia de los hechos 81.
afirmados que sirven de fundamento a la petición, recurso o incidente. ., ,I (, Pruebu sumaria. Prueba que acredita parcialmente los hechos a que se refiere una denuncia o queja administrativa.
Queja, Querella que se interpone ante la autoridad competente por asunto en el que se ve afectado un interks particular del quejoso o de un número plural de personas, por lo que puede ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la que se presenta por incorrecta actuación de un servidor público, por desconocimiento o reclamo de un derecho, deficiente prestación de un servicio público, entre otras. La i quej‘a’no requiere de formalidad especial ‘ydebe ser absuelta en un término de treinta
días, salvo las excepciones contempladas en esta Ley. -1,. ,’ Recon vencidtz. Petición 0, pretensión autónoma que se dirige contra el peticionario original, al contestar el traslado de la petición, Tanto la petición original como la /!, petición en reconvención deben ser resueltas conjuntamente al emitir la decisión de fondo.
Recurso. Acto de impugnación formal a través del cual se-ataca, contradice o refuta,
por escrito, ‘una actuación o decisión de la autoridad encargada de resolver el proceso administrativo. 85.
Recrrrso de apelacidrt .
También conocido como de alzada, es aquel medio de
impugnación que se dirige a la autoridad de segunda instancia para que revoque, aclare, modifique o anule la decisión de la autoridad de primera instancia. 86.
Recurso de hecho. Medio de impugnación extraordinario o directo que se interpone
ante la autoridad de segunda instancia, para que ésta conceda el recurso de apelación negado por la autoridad de primera instancia, o para que lo conceda en el efecto que corresponda según la ley, cuando la autoridad del primer grado lo hubiese concedido en un efecto distinto al señalado por la ley.
Recurso de reconsiderucih. ?vMa & impugriaci&n ordinario que se interpone ante la misma autoridad de primera o de iínica instancia para que ésta revoque, aclare, modifiqk2 0 anule su decis%n. 88.
Recurso de revisión adminisctaadiva.
Medio de impugnación extraordinario, en sede
administrativa, que se interpone invocando causales especiales establecidas ert esta Ley, con al objeto de que Ia nhima autoridad administrativa anule, wr causas extraordinarias, las resoluciones o decisiones que agpten la vía administrativa. 89.
Recusación, Derecho o facultad que tiene el interesado de obtener la no intefiencidn de un funcionario 0 autoridad en un procedimiento en que aquél es patré, cuando concurran alguna o algunas de las causales establecidas en la ley.
EI fundamento de
este instituto,. al igual que la figura del impedimento, es el de garantizar la imparcialidad y el acierk’kk ta decisibti que se requiere de la autoridad u brgano oncsrgado de resolver un asunta de su competencia. 90.
Resoiuciórr. Acto administrativo, debidamente motivado y fundamentado en derecho, que decide el mérito de una petlcibn, pone término a una instancia o decide tih incidente
o recurso en la vla guberfiätiva, Toda resulucibn deber& contener un número, fecha de expedisi&ni nombre de la autorkhd #ie la etnite y un considerando en eI cual se &pliquen Iqs. criteAos que la j-etifkan. La parte resoititiva contendrá la dccisi6n, asf
cuwo 10s retittrsos gulwn~tivos qti& pt;owden &‘tl w canttti, cl fundamento de derecho y Iá fii?na de lus funclullatida
reaptrrkáblea. .
#tisalrrcId~z inhibitoria. kqti8lla que tto dacid@ sobre $1 fondo del proceso.
#&suhciárt de mero o11JedMtftkfltd; ta & ftM&lato otlmpIimiento y que fio admite ser trnpugmlil.
Resdhrcidt1
de ~rre’txj trâmlk, Aqu)llar Intarlacutarla que dispone sobre ei curw normal
de 1s tfaMtwiilrr y que IW decid@ aI fundo de la causa. 94.
Rhwhcidtl cic fundo. La qtic decide el mkrito de la peticilin.
Resportsabilidud.
CotQunto de efestos que surgen’ para una persona que ha infringido
una norma legal o reglamentaria o que ha incumplido una obligación contractual. 96.
Re,p/~c~r~s~~l~il~~i~~~i cirail.
Oliligaciórr de reparar dañas y perjuicios causados por una
acción u omisión negligente u dolosa. 97.
Responsabilidud disciplirraria. Es la que cabe exigir a un particular o servidor público
por incurrir en faltas violatoriar de la ley o los reglamentos. 9&
Rrsportsalrilidad puf~irrtanial, AquQHa &igible a particulares o servidores del Estado
por incurrir en neciontis u omMones quo afwten lar bienes o dineros pQbl¡coa.
Gaceta Oficial, mErcoles 2 de agosto de 2000 99.
Es la que cabe exigir a través de la jurisdicción pena!, con
audiencia del Ministerio Publico, a quienes cometan una acción típica, antijurídica y culpable (delito). 100.
Decisión adoptada por autoridad competente que deja sin efecto una
decisión o acto anterior. 101.
Sana crítica. Sistema de valoración probatoria adoptado por esta Ley, que se basa en
normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia, que debe aplicar la autoridad encargada de decidir, sin que esto excluya la solemnidad documental de ciertos actos y contratos. 102.
Secretario o Secretaria del Despacho.
Funcionario adscrito al despacho público o
autoridad encargada de resolver un proceso administrativo, entre cuyas funciones principales están: custodiar y velar por la protecci6n adecuada de los documentos, papeles y pruebas del proceso e ínstrumentos en general utilizados en la oficina, relacionados con la tramitación de los asuntos; autorizar con su firma entera, debajo de la cual expresara su cargo, todas las declaraciones, notificaciones, copias, diligencias y comisiones; llevar o encargar a quien corresponda la foliacion correcta de los expedientes; mantener un archivo ordenado y confiable de éstos; informar a las personas interesadas, abogados o pasantes, el estado de los expedientes de su incumbencia que cursen en el deggpcho; hacer las notificaciones per&nales o por medio 4 , ” ‘., 1 * de un funcionario del despacho y las dem& establecidas en esta Ley. Quien haga las 103.
veces i de Secretario o Secretaria, asume estos deberes. Servidor público. Persona que ejerce funciones, temporal 0 permanentemente, en cargos del Órgano Ejecutivo, ,Legislativo o Judicial, de los municipios, entidades autónomas 0 semiautónomas, que presta un servicio personal, 0 aquellos particulares que por razones de su cargo manejan fondos públicos y, en general, la que perciba remuneración del Estado.
Medio de agotar la vía administrativa o gubernativa, que
consiste en el hecho de que la administración no contesta, en el término de dos meses, contado a partir de su presentación, la petición presentada o el recurso interpuesto por el particular. De esta manera, se entiende que la administración ha negado la petición o recurso respectivo, y queda abierta la vía jurisdiccional de lo conlenciosoadministrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que si el interesado lo decide, interponga el correspondiente recurso de plena jurisdicción con el propósito de que se le restablezca su derecho subjetivo, supuestamente violado. 105.
Sociedad secreta. Estado de anonimato, reserva o discreción en que se encuentran
ciertas confesiones o congregaciones religiosas y gremios de la sociedad civil, no
NQa4.109
Gaceta Qflcial. mdbolw 2 de amato de 2000
inscritos particularmente en algún registro oficial, pero cuyas reglas de comportamiento moral, señas distintivas o hermandad, establecen vínculos entre sus miembros, a los que la ley les atribuye un efecto jurídico. Es causal de impedimento pertenecer a una sociedad qecreta. 106.
Svperior jerárqclico .
Servidor público con autoridad administrativa sobre personal
subalterno, con facultades para impartir órdenes a Bstos. 107.
Sustanciacidn o sustanciar. Accibn de tramitar un proceso hasta dejarlo en condiciones
de dictar resolución de fondo. 108.
Sustentaeih del recurso.
Acto de exponer mediante escrito y dentro del término
concedido para ello, las razones par las cuales se ataca o impugna una resolución, ya sea a través del recurso de reconsidera@n, apelacien o de revisi4n administrativa. 109,
Tercero, Persona natural o jurldica distinta a las partes originarias que se incorpora al procedimiento, con el fin de hacer valer derechos o intereses propios, vinculados al proceso o al objeto de la pretensión o petición.
Transaccih . Contrato por el cual dos o mSs partes en unti controversia se obligan a
ponerle tkmino al proceso, en las condiciones que han acordado. 111.
Traslado. Comunicacih que se da a &M de las partes de las pretensiones o escritos de
la otra. -112.
I ,, ,*,.
Vía gubemalivcl 0 ‘lci,rrir,isr,-Ll~i~~~
Mccaniswu de control de legalidad de las decisiones
administrativas, ejercido por la propia Administración Publica, y que está conformado par los recursos que Iris afectadas pqeden proponer contra ellas, para lograr‘ que la Administración las revise y, en coqsscuencia, las confirme, modifique, revoqvg, aclare 0 anule. Tituh! WV De las Disposiciones Finales Artkulo 202. Los vacíos del Libro Primero de esta Ley, serán llenados con las normas contenidas cn el Libro Primero del Cúciigo Judicial. Las disposiciones del Libro Segunda de esta Ley serán aplicadas supletoriamente en los procedimientos administrativos especiales vigentes, en los términos previstos en el artículo 37. Los vacíos del procedimiento administrativo general dictado por la presente Ley se suplirhn
con las norrnfifi de procedimiento adminirtrativa que regulen materias semejante8 y, en su drfucto, por laa norma8 del Libro Segundo dsl Cbdlgo Jndiehl, en cuanto Irean comprrtlblol con la naturnloza Jo lm pracudl~~rlontar admlnlrtrétlvor,
Gaceta Oficial, mikcoles 2 de agosto de 2000
Artículo 203. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de la Presidencia, emita las normas reglamentarias que se requieran para propiciar la adecuada aplicacidn de esta Ley. Artículo 204. Los procesos administrativos iniciados con anterioridad a la presente Ley se regirin por las disposiciones de ésta, con sujeción a lo que dispone el artículo 32 del Código Civil.
Artfculo 205. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, los Jefes y las Jefas de Despacho de todas las entidades públicas deberán disponer lo conducente para identificar, con la mayor precisión posible, los reglamentos de carácter general o cualquier otra disposición jurídica, que contengan procedimientos administrativos que puedan afectar derechos subjetivos o un interks legitimo, y ordenar su publicación en la
Gaceta Ofici& paka ear cumplimiento a lo previsto en el phrrafo segundo del artículo 46 de esta Ley, en el evento que, con relación a esos instrumentos juridicos, no se haya dado la referidapromulgaciBn. La presente Ley subroga los artículos 6, 7 y27, así como el numeral 2 del 1 artículo 350 y deroga el artículo 348, del Códiii &dicial; deroga el artfculo 26 y el Capítulo
1, Título II, de la Ley 135 de 30 de abril de ‘1943, modificada por la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946; la Ley 15 de 28 de enero de 1957; los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 33 de 8 de noviembre de 1984; el artículo 28 de la Ley 20 de 30 de diciembre de 1985; la Ley 36 de 5 de junio de 1998; el Decreto Ley 4 de 8 de julio de 1999; el Decreto Ley 7 de 23 de agosto de 1999; y toda disposición que le sea contraria. i Título XV De las Disposiciones Especiales Artícqlo 207. El artículo 162 de la Ley 40 de 1999, queda así: Artículo 162. El cambio en la denominación de los tribunales se hace efectivo a partir de la promulgación de esta Ley. Los tribunales, las fiscalías y los defensores de oficio de la provincia de Panamá, comenzarán a funcionar a partir del primero de enero del año 2002. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia deberán tomar las medidas pertinentes relativas a la
Gaceta Of~cíal, mi&cdes 2 de agotsto de 2QOO
planificación de recursos y asignaciones presupuestarias, de modo que el proceso penal de adolescentes se realice conforme lo establece el presente Régimen. Los tribunales, f¡scalIas y defensores, en el resto del país, iniciarán fuwiones, a más tardar, cl primero de agosio Ug 2002.
El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia dentro de los doce me& siguientes a la promulgación de esta Ley, implementará todo lo concerniente al cumplimiento de las sanciones impuestas 8 los adolescentes, y de medidas cautelares de acuerdo con las funciones que le señale la presente Ley. hrtfculo 208. Se deroga el Decreto Ley 4 ds 8 de julio de 1999, “Por el cual se estabhcen Tribunales de Comercio y se dictan normas de procedimiento”; y el Decreto Ley 7 de 23 de agosto de 1999, que lo modifica.
hrthlo 209, Eata Ley comcnzarA a regir as!: el Libro Primero y :el Título XV del Libro Segundo, desde su promulgackh; y los Tltulos 1 al XIV del Libro Segundo, a partir del 1 de i,ll .- -..IC’ marzo del aA 200 1.
CQMUN~QUKifi Y CÚMPLASE.
A blada en terow debate, en el Palrclo Jursto Arosemana, oludad de Panaml, a los 14 d p” IS del mes de junio del aAo dos mll, El PresIdente
El Secretarlo General
ENRIQUE GARRIDO AROSEMCNA
JOSE GOMEZ NUÑRZ
ORQANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 31 DE JULIO DE 2000,
MIREYA MOSCOS0 Prerldenta de la RcrpQblloer
WINSTON SPADAFORA F. Mlnhtro de Goblerno y Juatlolo
resolucionesctf

References: Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17

Artículo 18
 Artículo 19

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 artículo 211

Artículo 31

Artículo 35

Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38

Artículo 39
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 Artículo 40
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 Artículo 44

Artículo 46

Artículo 47
 Artículo 52

Artículo 54
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 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 Artículo 71

Artículo 72
 Artículo 73

Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 8
 artículo 74
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Artículo 84
 Artículo 87
 Artículo 89
 Artículo 90
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Artículo 96
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Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 100

Artículo 101
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 109

Artículo 111

Artículo 114

Artículo 115
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 Artículo 116
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 Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120
 artículo 118
 artículo 118
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 Artículo 122

Artículo 128

Artículo 129
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Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132

Artículo 134

Artículo 135
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 Artículo 137

Artículo 138

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 144
 Artículo 146
 Artículo 147

Artículo 152
 Artículo 153
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 Artículo 157

Artículo 158
 Artículo 159

Artículo 160

Artículo 161
 Artículo 163
 Artículo 164
 Artículo 166
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Artículo 173

Artículo 174
 Artículo 175
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Artículo 177
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 Artículo 178

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Artículo 180
 Artículo 182
 Artículo 183
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Artículo 185

Artículo 186
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Artículo 187
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 artículo 166
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Artículo 189
 artículo 166
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Artículo 191
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 Artículo 192

Artículo 193
 Artículo 194
 artículo 166
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 Artículo 195
 Artículo 196
 Artículo 197
 artículo 195
 Artículo 198

Artículo 201
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 artículo 32
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 resolución 
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 artículo 37

Artículo 203
 Artículo 204
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 350
 artículo 348
 artículo 28
 artículo 162
 Artículo 162