Source: https://hayderecho.com/2018/03/02/hd-joven-reformar-constitucion-nada-cambie/
Timestamp: 2019-12-13 13:02:07+00:00

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HD Joven: Reformar la Constitución para que nada cambie – Hay Derecho
Pedir una reforma constitucional es pedir que todo siga como está, que nada cambie. No sé si esto lo sabrán los actuales líderes políticos que andan pidiendo su reforma o si simplemente quieren pasar a la historia con una hoja de servicios como la de Suárez, Fraga, Santiago Carrillo o los padres de la Constitución. Desde mi punto de vista sería mejor que ocuparan pedestales históricos de la misma altura por originalidad y no por intentar emular un tiempo que ya pasó. España y su sistema político necesitan otras cosas que se pueden conseguir por medios menos gravosos y, desgraciadamente para ellos, menos épicos. Es simple y llanamente una cuestión de voluntad política. Es simple y llanamente querer cambiar realmente lo que no funciona.
¿Por qué digo esto? Porque España posee una Constitución que es cien por cien tangible, como nos decía el profesor Saudinos. Es decir, reformable, a diferencia de otras como la Ley Fundamental de Bon. Según lo que se pretenda reformar podemos acudir a una reforma a través de una mayoría del voto afirmativo de tres quintos del Congreso y el Senado, como las que se hicieron en el artículo 13.2 en 1992, para facilitar el voto en las elecciones locales y regionales a los ciudadanos de la Unión Europea, y el artículo 135 en 2011, para establecer el concepto de estabilidad presupuestaria. O por el contrario se requiere de un procedimiento agravado, con mayorías cualificadas, disolución de las Cortes, elecciones y ratificación por las nuevas cortes, nuevamente por mayoría de dos tercios, y referéndum.
Para defender mi tesis inicial se debe responder a varias cuestiones: ¿qué se quiere cambiar? ¿cuál sería la vía de la hipotética reforma constitucional? ¿si de verdad el texto del 78 no deja margen para desarrollar las instituciones de nuestra democracia representativa de una forma más perfecta, con un mejor sistema de separación de poderes, representatividad y claridad competencial? Y, por último, pero no menos importante, ¿merecería la pena una solución tan gravosa?
Para responder a la primera cuestión, solo tenemos que acudir a los textos de los programas electorales y congresuales de Cs y PSOE, ya que son los que con más ahínco promueven la reforma de nuestra Carta Magna. El primero quiere la reforma constitucional para consolidar, completar y cerrar el Estado Autonómico, incorporar un listado de competencias exclusivas del Estado y compartidas, suprimir el Senado y crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, con nuevas fórmulas de elección, y crear un nuevo sistema electoral que responda al principio “una persona un voto.” Por su parte el PSOE, en el programa electoral proponía una reforma constitucional para adaptarla a una nueva realidad, actualizar instituciones y mecanismos que no funcionan, clarificar el sistema territorial y reforzar el compromiso con una Europa más social y democrática. Más tarde el PSOE sacó su documento Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, del que ya os hablé en este mismo blog, donde proponía un Estado Federal. También podríamos hacer una referencia a la fagotizada Izquierda Unida. Esta formación, antes de unirse electoralmente a Podemos, en las elecciones de 2015, proponía la apertura de un proceso constituyente para hacer una reforma por y para el pueblo, donde desaparezca políticamente “el ciudadano Borbón” y los principios rectores pasen a convertirse en Derechos Fundamentales garantizados por el Estado.
Si queremos responder a la segunda pregunta, cuestiones como las que plantean el PSOE y Ciudadanos necesitan de la vía que establece el artículo 167 de la Carta Magna. Por lo tanto, con una mayoría de tres quintos sería suficiente para las reformas que hemos mencionado. Ninguno de estos temas se encuadraría dentro del Título preliminar, o el Capítulo segundo de la sección primera del Título I o dentro del Título II. A lo sumo, y tras la petición de una décima parte de diputados o senadores, se podría someter a referéndum. Cosa diferente es lo que pretendía Izquierda Unida. La formación que lideró Alberto Garzón proponía un proceso constituyente, lo cual significa una revisión total de la Constitución del 78, y, además, temas que afectan tanto al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I o al Título II, para expulsar a la familia Borbón de la Jefatura del Estado. Por lo tanto, aquí necesitaríamos ese procedimiento de mayorías cualificadas, disolución de las Cortes y convocatoria electoral, nueva ratificación y referéndum.
Respondida la primera y la segunda pregunta, para ver el margen que da la Carta Magna para el desarrollo institucional o de formas de hacer política, solo tenemos que observar cómo se ha reformado la forma de elección del CGPJ y que a la hora de hablar de la ley electoral, la Constitución sólo pone el requisito de que sea proporcional y la circunscripción provincial. Pero no solo esto, en este tema tan polémico y recurrente, la historia por un lado nos ha mostrado como la favorecida por la ley electoral Unión de Centro Democrático (UCD) dio paso a una Alianza Popular (AP) aquejada de los mismos problemas que Cs, y por otro, académicos como el difunto padre constitucional Peces Barba, que otra ley es posible sin reformar nuestra norma fundamental. Él proponía un sistema por el que se aumente de 350 diputados a 400, donde los 350 primeros se asignen por circunscripciones, con un mínimo de dos por cada una como actualmente, y después, otros 50 se consigan con los ‘restos’ en las circunscripciones más pobladas. También estaba la vieja reivindicación de IU y UPyD de que estos últimos se repartan en una circunscripción nacional.
En cuanto al Senado, sí es cierto que su conversión en una verdadera cámara de representación territorial sin una reforma constitucional es más difícil. Pero aún así, existen posibilidades para conseguir avances dentro del marco actual. Una de ellas es por la vía de la reforma de su reglamento y la creación de grupos territoriales integrados por senadores provinciales y autonómicos de la misma Comunidad.
Ya, por último, y en lo referente a la clarificación del sistema territorial, se podría volver a intentar -por vía del artículo 150.3 CE- leyes de armonización. Este tipo de ley, solo intentada una vez con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), puede establecer principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA aun en el caso de afectar a materias atribuidas a su competencia cuando así lo exija el interés general.
En lo que se refiere a Izquierda Unida, y ante sus pretensiones constituyentes, es preciso mencionar el artículo 128 CE: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” […]” Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Por lo tanto, y ya enlazando con la última pregunta que lanzaba para defender mi tesis, creo que para corregir las deficiencias de nuestro sistema no merece la pena la reforma Constitucional. Creo que aún hay espacio e instrumentos dentro del actual marco para conseguir un sistema más perfecto. Simplemente se requiere de verdadera voluntad política de cambio. Si no lo ha habido para hacerlo por procedimientos más sencillos como son la aprobación de Leyes Orgánicas o la reforma de reglamentos durante los últimos cuarenta años, dudo que se consiga para abrir el melón de la reforma, máxime cuando ni se ponen de acuerdo en el para qué de la misma. Esto no es solo mi percepción. También lo dijeron los ponentes constitucionales que aún quedan vivos: Herrero de Miñon, Pérez Llorca y Roca durante la primera sesión de trabajo de la comisión para la evaluación del modelo territorial, creada en el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE. Es más, este último llegó a decir: “¿Necesitamos una reforma constitucional? Puede ser. No lo sé. En todo caso, creo que hay mucho margen todavía para, sin necesidad de reforma, acometer los cambios suficientes (vía leyes orgánicas)”.
Pero no nos preocupemos, o como leyó Dante al llegar al inframundo: ¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! No hay voluntad política ni para reformas de un tipo ni para reformas de otro. El PP aceptó la comisión del PSOE, como ya dije, bajo la filosofía de Churchill y Romanones – “Si quieres retrasar, o distraer, la solución de un asunto crea una comisión”- porque nunca ha tenido la intención de reformar nada. El PSOE lo propuso por puro marketing y a sabiendas de lo que pretendería el PP, y, Cs, a pesar de que parece que está hablando con Podemos de una posible reforma de la Ley electoral, está como el resto con el ojo puesto en los próximos comicios municipales y autonómicos de 2019 y en convertirse en un partido atrapalotodo (catch-all party en jerga politológica). Las encuestas han imposibilitado cualquier acuerdo entre los dos socios y el resto de los tres partidos mayoritarios. Yo daría la legislatura por casi terminada y como dije al principio: pedir una reforma constitucional es pedir que todo siga como está, que nada cambie.
Etiquetas: HD Joven, reforma constitucional
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2 marzo, 2018 en 09:29
Este es un debate en donde se observa mayor distancia entre las élites y la ciudadanía. A modo de ejemplo se haría una reforma de la constitución muy profunda solo suprimiendo las expresiones “sanciones administrativas”, “colegios profesionales”, “libertad de cátedra” y “Iglesia Católica”. La primera obligaría a la real tutela efectiva de los jueces, la segunda fomentaría el progreso del país moderando el corporativismo mas trasnochado, la tercera moderaría la barra libre que tienen algunos profesores y de la cuarta … me remito a El Quijote.
Es mas fácil hablar de la reforma el Senado, la ley electoral, las competencias de las Comunidades autónomas, que son en definitiva una lucha para canalizar los intereses de las élites y está por ver si ello generaría un mayor bienestar de los ciudadanos.
2 marzo, 2018 en 12:01
Desde mi punto de vista, lo que planteas es un debate que es a sensu contrario. Reformar la ley electoral, los privilegios de los políticos, el CGPJ, el Senado, las CCAA es precisamente lo que reclama la ciudadanía y por eso los políticos hacen la operación de marketing de reclamar la reforma constitucional. Tanto el tema de sanciones administrativas, los colegios profesionales y libertad de cátedra es un debate de las élites y de gente con una formación que sabe que existen colegios profesionales, sanciones administrativas y libertad de Cátedra. El único elemento que veo que mencionas que veo que está a pie de calle y en el debate de los ciudadanos medios puede ser el de la Iglesia Católica. Y aún así, todos estos temas son cuestiones de como interpretarlos y de como desarrollarlo. Todo ello se puede solventar vía leyes, es una cuestión de voluntad política. Y respecto a la Iglesia Católica es simple y llanamente una mención simbólica, consecuencia de la época en la que se redactó la Constitución. Si se quiere no hay obligación Constitucional de darle ningún papel privilegiado. Puede ser tratada igual que el resto de confesiones religiosas. El artículo concreto dice:
Muchas veces hablamos de la Carta Magna y ni se ha leído, ni se ha estudiado que implicaciones tiene lo que se dice en ella (no se si será tu caso y no te prejuzgo).
2 marzo, 2018 en 14:29
Me alegra ver que en el foro se empieza a hablar de reforma constitucional aunque sigamos pensando que las “constituciones” las realizan los partidos políticos. Este craso error se trata de paliar con “consensos” que al final significan una cosa y la contraria.
Una “Constitución” no es un tira y afloja entre intereses variopintos, sino unas normas básicas de convivencia para una sociedad plural. De ahí que deba ser clara, entendible, reducida y, a ser posible, emanada más del Derecho Natural que del Derecho Positivo. Es decir ocuparse de los problemas compartidos que de los sectoriales.
Nuestro venerable texto constitucional se redactó de “aquella manera” para salvar una situación momentánea. Por eso está lleno de contradicciones, trampas jurídicas, imprecisiones, etc. cuando no desciende a una redacción reglamentista. Por eso el TC se las ve y se las desea ante cualquier recurso (el último sobre Cataluña y el sistema educativo). El TC no está para corregir desaciertos jurídicos y sustituirlos por jurisprudencia que, a veces, también es contradictoria.
Abramos de una vez sin miedo esa puerta oscura de las reformas y enfrentémonos a ella sin miedo, con la misma capacidad que lo hicimos en el 78, pero aprendiendo de los muchos errores cometidos que han traído los “lodos” actuales. Por cierto, el blog tiene un modesto trabajo de revisión y análisis del texto constitucional hecho desde foros civiles. Ese sería el camino.
3 marzo, 2018 en 00:49
Cuando se estudian todas las reformas Constitucionales realizadas en España en el siglo XIX añadidas las de la República y la actual Constitución, no es posible determinar de una forma claramente meridiana que estas reformas hayan redundado en el bienestar de los ciudadanos y sobre esta hipótesis lo que se plantea es precisamente, una forma de atacar una modificación de la Constitución que redunde en los ciudadanos, de aquellos cuyos derechos actualmente son proporcionales a su capacidad de pago.(incluido el 16.2).
Lo primero que se estudia en la Ciencia Política es que el derecho está al servicio de la política, no al contrario. Si hiciéramos un análisis de sus propuestas una por una serían todas defendibles y razonables, Ahora piense simplemente en una utilización torticera. Mejor no tocar nada.
3 marzo, 2018 en 23:15
Creo que el estudio o la formación sobre el tema puede haber sido utilizado también sesgadamente. La constitución es simplemente la forma de organización política y administrativa de un Estado. Por eso debe ceñirse a los grandes principios de convivencia social y nunca a los intereses de quienes la redacten (que es lo que ocurrió en 1978). Si no somos capaces de hacerlo, estaremos obligados a seguir aceptando el caos actual. Eso sí, perdiendo el derecho a la crítica del mismo. Un saludo.
3 marzo, 2018 en 21:13
Yo realmente defiendo que no ha de reformarse la Constitución. Que el actual marco fundamental es correcto y deja margen para que los gobernantes puedan actuar dentro de sus límites y que en todo caso, si hay cosas que a día de hoy no funcionan es porque los políticos han decidido poner las instituciones a su servicio y no a las de los ciudadanos. Porque realmente hay espacio para que las instituciones se regulen de otra forma.
Por haber dicho en el artículo que toda Constitución, a pesar de que técnicamente tenga una redacción perfecta, puede ser retorcida por parte de los políticos. Es una cuestión de cultura política no hacerlo.
4 marzo, 2018 en 21:13
Estimado Alejandro: como supongo que tu formación es jurídica no puedo entender que, después de leer el texto constitucional, no hayas detectado los muchos errores de su contenido. Algunos lo hemos hecho y analizado a fondo y nos damos cuenta de que el caso de Cataluña y el resto de CC.AA. es una bomba de relojería en el Estado que más tarde o más pronto tendrá graves consecuencias. Si además, como supongo lees algunas sentencias del TC te darás cuenta de que no saben por donde salir ante muchas de las cuestiones presentadas donde hay dos legislaciones de similar rango jerárquico enfrentadas al defender la C.E. los estatutos y competencias autonómicas. Pero, mucho más, la sociedad del año 78 no se parecía en nada a la actual y hay muchos anacronismos que precisan actualización. Como no se trata de tocar todos ellos en un simple comentario, te invito cordialmente a que podamos hablar de todo ello con la tranquilidad necesaria. Por cierto, yo estaba por allí durante la Transición y hubo luces y sombras que más valdría reconocer con sinceridad. Lo dicho, no nos tratemos de engañar. Un saludo.
5 marzo, 2018 en 10:40
Efectivamente tengo formación jurídica y, además, politológica. Por eso mismo asumo de que la Constitución no es perfecta. Pero es que ninguna Constitución en la Historia lo ha sido y lo será. Y si se acude al análisis comparado, se podrá ver que prácticamente todas las Constituciones tienen incoherencias. Es más, las más recientes suelen tener una redacción técnica impecable, pero cuando llega el momento de ponerse a su implementación , aparecen problemas, imprevistos y gobiernos que retuercen el articulado y lo utilizan en su beneficio. Es lo que tiene que las sociedades estén vivas. Pero ello se creo el concepto del living constitution.
Yo en concreto creo que muchos de los problemas aún se pueden resolver con el texto actual y más si lo que los partidos quieren reformar es lo que aparece en su programas electorales. En cuento al problema del sistema territorial, por eso abogo por acudir a las Leyes de Armonización del artículo 150.3 CE. Además, creo que en esta materia resultaría muy, muy difícil (por no decir imposible) llegar a un nuevo consenso sobre como clarificar este asunto. Hay que ser realistas.
Por último, todos partimos de que la transición ha tenido luces y sombras y que en muchas ocasiones las sombras no se quieren reconocer. Pero, dicho esto, ¿A caso el balance no ha sido más positivo que negativo? Yo creo que sí. Y bueno lo de que la sociedad del 78 no se parece a la actual, es algo que sucede en todos los países. No diré el típico ejemplo de :¿Se parece la sociedad americana actual a la que aprobó su constitución? pero si me preguntaré ¿Se parece la sociedad americana que aprobó la última enmienda constitucional a la actual?¿Se parece la sociedad alemana que aprobó la Ley Fundamental de Bon a la actual? Recordemos que en este último caso vivían en un país dividido en dos y prácticamente ocupado por fuerzas extranjeras. Es más, se llama Ley Fundamental de Bon porque la República Federal se negó a aprobar un texto constitucional hasta que el país no volviera a estar unificado y la pudieran elaborar todos los alemanes. Por lo tanto, generalmente las sociedades que aprueban un texto constitucional no tienen nada que ver con las sociedades a las que sigue sirviendo de marco fundamental. La cuestión es si son textos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a estos cambios y a las nuevas formas de hacer política. Yo en concreto creo que nuestro texto lo sigue estando y que hay aún recursos en él que no han sido utilizados para solucionar los problemas de los que nos venimos quejando.
¿Podría darme ejemplos de como solucionar el problema territorial con una nueva reforma?
7 marzo, 2018 en 23:18
Estimado Alejandro, aunque puedo responder a su comentario que agradezco, no quiero extenderme más sobre lo ya dicho. Pero voy a tratar de responder a su última cuestión. Es muy simple. Las CC.AA. se concibieron inicialmente como una simple descentralización de gestión. Es decir, una forma de acercar la gestión a toda la geografía española. Para ello se trasvasaron recursos de gestión a los nuevos órganos institucionales (personal y dinero) pero el Estado mantenía su titularidad y control final. Luego, en función de “acuerdos” políticos y de “diseños” ya preconcebidos (PSOE y Suresnes), se introdujo el germen de la fragmentación: estatutos o constituciones propias, asambleas propias, “gobiernos” propios, competencias exclusivas, etc.etc. No, no se produjo el principio de “vasos comunicantes” previsto en su día que no debía haber costado un duro, puesto que la Admón, Central transfería lo necesario para gestionar, pero….. se mantuvo una A.C. sin competencias pero con el mismo personal y recursos, se implantó el sistema de “docilidad” o “clientelismo” en las “baronías” autonómicas y empezó a rebrotar el “nacionalismo” más o menos identitario o sectario.
Solución: una reforma constitucional en profundidad avalad por un referéndum nacional que volviese las aguas a su cauce. Un estado más racional y eficaz al servicio del ciudadano (no al revés), más barato, con actualización (las “enmiendas” que dices en otros países), con verdadera separación de poderes, con sistema electoral justo (una circunscripción y mismo valor de voto en Murcia o Lérida), un parlamento que legisle de verdad y acabe con la inseguridad jurídica, un gobierno que obedezca y ejecute y una jurisdicción donde las reglas del juego sean claras, entendibles y asumibles por los ciudadanos….
Si se quiere, se pueden cambiar las cosas, pero…. da una pereza. Un saludo.
8 marzo, 2018 en 10:26
En lo de la pereza, puedo estar algo de acuerdo. Bueno, dudo si es pereza o simplemente desidia intencionada. Respecto a la irracionalidad de las CCAA sigo pensando que se puede hacer mucho vía 150.3 CE. Y respecto al resto de puntos que comenta, de separación de poderes, de un parlamento que legisle etc. Estoy muy de acuerdo, pero no veo como se puede conseguir con una reforma ¿Cambiará una reforma el tener legisladores mediocres o con intereses creados? Creo que se trata más de un tema de cultura política del país que hay que cambiar (y desde este blog, con aciertos y errore, algo se hace). Un saludo y gracias por los comentarios.
Sobre la (anunciada) nueva Subdirección de Fintech y Ciberseguridad de la ... Impuesto de sucesiones. Conflicto entre comunidades. Reproducción de artículo...

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 artículo 150
 artículo 128
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