Source: http://otrafuncionpublica.blogspot.com.es/2010/04/
Timestamp: 2018-05-21 08:44:38+00:00

Document:
CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): abril 2010
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, abril 30, 2010 6 comentarios:
EMILIO SÁNCHEZ ULLED, El País
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, abril 28, 2010 1 comentario:
La hipertrofia de los puestos de libre designación en la Administración asturiana
Texto extraído del Informe de COFPA sobre la situación de la Función Pública asturiana
La libre designación es un sistema excepcional de provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios públicos, frente al concurso de méritos, que se configura legalmente como el procedimiento normal u ordinario de provisión. Así lo establecía el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, precepto de carácter básico conforme al artículo 1.3 de dicha Ley, en el que se señala:
“Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo a los siguientes procedimientos:
a) Concurso: Constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.
En la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores regionales o provinciales, Secretarías de altos cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en los relaciones de puestos de trabajo”.
En consonancia con lo preceptuado en la ley básica, la Ley del Principado de Asturias 3/1985, prescribe en su artículo 51.1 que el concurso será el sistema normal de provisión y la libre designación sólo podrá utilizarse para cubrir aquellos puestos que, en atención a la naturaleza de sus funciones, se determinen en las relaciones de puestos de trabajo.
El régimen jurídico de provisión de puestos de trabajo se refuerza en la Ley 7/2007 por lo que se refiere a la consideración del concurso como sistema ordinario y la libre designación como procedimiento excepcional, reduciéndose aún más los supuestos extraordinarios en los que resulta legalmente posible la utilización de la libre designación. Así, dentro del Capítulo III de su Título V, que lleva por rótulo “Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad”, el artículo 79.1 dispone:
“El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico...”
Por su parte, el artículo 80, establece:
“1.La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública....”.
En consecuencia con lo expuesto, el vigente Estatuto Básico del Empleado Público recalca la configuración de la libre designación como un sistema excepcional o extraordinario para la provisión de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de carrera y recorta las posibilidades de utilización del mismo, al limitarlas a aquellos puestos de trabajo en los que concurran circunstancias de especialidad responsabilidad y confianza. Debe resaltarse que con esta nueva regulación legal la concurrencia de circunstancias de especial responsabilidad y confianza en los puestos de trabajo que se pretenda proveer de este modo es necesariamente acumulativa y no disyuntiva como sucede en el artículo 20.1 b) de la Ley 30/1984, en el que basta con apreciar el carácter directivo o la especial responsabilidad.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha interpretado la regulación del régimen jurídico de provisión de los puestos de trabajo viene siendo constante, uniforme e inequívoca, al señalar el carácter excepcional del procedimiento de libre designación, frente al normal u ordinario del concurso de méritos, lo que se traduce en la imposición a la Administración de la carga de justificar la procedencia de utilizar aquél en cada caso concreto. Entre las sentencias más recientes citaremos las siguientes: 10 de abril de 1996 (casación 3141/1992), 6 de noviembre de 2006 (casación 4576/2001), 22 de enero de 2007 (casación 7310/2001), 5 de febrero de 2007 (casación 6336/2001), 12 de marzo de 2007 (casación 1620/2002), 16 de julio de 2007 (casación 1792/2004), 24 de septiembre de 2007 (casación 5149/2002), 6 de febrero de 2008 (casación 1490/2003), 7 de abril de 2008 (casación 7657/2003), 28 de mayo de 2008 (casación 2464/2004) y 13 de junio de 2008 (casación 7097/2004).
Sin embargo, en la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, publicada en BOPA de 16 de mayo del año 2008, encontramos un total de 2.086 puestos singularizados, es decir, de ascenso en la carrera profesional o de nivel superior a los puestos de entrada o puestos base, de los que 550 son provistos por el “sistema del dedo” o de la confianza personal, lo que supone el 26,36 por ciento de los puestos de ascenso para el personal funcionario.
Siendo esta cifra un dato suficientemente revelador para demostrar que la utilización de este sistema “excepcional y extraordinario” como mecanismo de provisión de puestos de trabajo desborda los límites legales, a ello debemos añadir que se aplica para la totalidad de los puestos de trabajo clasificados a partir del nivel 26, circunstancia que trae como consecuencia que el concurso de méritos, que debe ser el sistema normal de provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, sólo se utilice en la Administración del Principado de Asturias hasta las unidades administrativas del nivel 25, que es el nivel que se asigna a las Jefaturas de Sección en la Relación de Puestos de Trabajo.
Dicho de otro modo, el concurso de méritos para puestos singularizados adscritos al Grupo A sólo se aplica para la provisión de un único tipo o categoría de puestos singularizados, a saber , las Jefaturas de Sección, de nivel 25, de tal manera que el resto de puesto singularizados – con la única excepción de las plazas de letrado del Servicio Jurídico y de Inspector de la Inspección General de Servicios -, a través de los cuales se articula la carrera profesional vertical o de ascenso de los funcionarios públicos, se provén por el sistema excepcional o extraordinario de libre designación o de confianza política.
Esta situación llega hasta el extremo de que en el total de los puestos de trabajo adscritos a funcionarios del Grupo A y abiertos a Cuerpos de Administración General, son ya un número superior los que se proveen por el sistema de la libre designación – 317 puestos -, que los que se cubren por el procedimiento normal u ordinario del concurso de méritos.
El fenómeno de la expansión constante de la confianza personal y política como criterio de provisión de los puestos de trabajo en la Administración del Principado de Asturias se completa con la creación en los últimos dos – tres años de más de 100 nuevos puestos bajo la denominación de coordinador o similar, de nivel 26 o superior, intercalados en la mayor parte de los casos entre las Jefaturas de Servicio y de Sección, todos ellos cubiertos por el sistema de libre designación. Un examen atento de las funciones y características de dichos puestos pone de manifiesto que una buena parte de los mismos no responden a necesidades objetivas derivadas del servicio público – necesidades que, por otra parte, nunca se expresan ni justifican en los acuerdos de creación de estos puestos-, sino más bien a una política de personal encaminada a la fidelización de los funcionarios nombrados en los mismos, que opera como una suerte de nuevo “enfeudamiento” en el que el empleado público se vincula personalmente al político que le nombra.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en sábado, abril 24, 2010 1 comentario:
Publicado por Miguel Jara el 19 de Abril de 2010
Cuando en marzo de 2008 nacía la Plataforma No Gracias de profesionales sanitarios por la ética surgía un espacio de crítica a la presión que ejerce la industria farmacéutica sobre los médicos y en general sobre todos los actores de los sistemas sanitarios. Era una gran noticia que no se ha quedado en sólo eso, una noticia, sino que ha calado entre estudiantes de Medicina y Farmacia hasta el punto de haberse creado el Proyecto Farmacríticxs.
Esta iniciativa parte de la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (IFMSA-SPAIN) que forma parte de la Plataforma No Gracias. El proyecto ha nacido con fuerza y prueba de ello es que están desarrollando multitud de jornadas de reflexión crítica. Ya se han realizado estos eventos durante el mes de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Zaragoza. El fin de semana pasado la Universidad del País Vasco acogió otras y durante los días 19, 20 y 21 de abril están desarrollándose otras en la Universidad de Castilla y la Mancha.
Aprovecho para contarles que yo daré una conferencia el miércoles 21 de abril a las 19:00 horas en el Instituto Bachiller Sabuco de Albacete. El título es Enfermedades Inventadas y Salud como bien de Consumo. Tienen estos eventos invitados de mucho nivel, blogueros médicos, médicos no blogueros, farmacéuticos, representantes de asociones profesionales, científicas o cívicas o algún portavoz de la patronal Farmaindustria. Les dejo el cartel de estas jornadas aquí.
Como me explican estos estudiantes:
“Entendemos necesario analizar la relación de los profesionales sanitarios con los laboratorios farmacéuticos en términos críticos desde el ámbito sanitario, bioético y económico, buscando converger en el desarrollo de unas exigencias de responsabilidad médica y farmacéutica y un compromiso de las autoridades públicas competentes en la relación con la industria farmacéutica y el Sistema Nacional de Salud. Queremos crear un marco común de reflexión para todos los colectivos que directa o indirectamente se ven influidos por esta industria”.
El 16 de abril pasado se realizaron en Bilbao las primeras Jornadas Farmacríticas en colaboración con la Asociación por el derecho a la Salud (OSALDE). A partir de estas Jornadas se intenta promover un grupo de médicos, farmacéuticos y estudiantes para presionar a distintos ámbitos y equilibrar esta relación asimétrica. En este evento se ha ofrecido una visión global y resumida de la relación que existe entre Industria Farmacéutica, Sistema Sanitario y Salud Pública. Una relación que se desarrolla tanto en las consultas como en las aulas de enseñanza en profesiones sanitarias y laboratorios de investigación.
Creo que la creación de la Plataforma No Gracias y del Proyecto Farmacríticxs va a aportar mucho en los próximos años a la crítica de tantas irregularidades como están produciéndose en el ámbito de la salud y la enfermedad. Era necesario que profesionales sanitarios y futuros profesionales alzaran su voz contra dichas relaciones asimétricas pues la medicina está enfermando por los enormes interesas privados que la acosan y los primeros que deben trabajar por recuperar la ética y salvar así la buena medicina son quienes la ejercen igual que para recuperar el periodismo, como les contaba en el anterior post, ha de ser tarea de los periodistas, sobre todo. En el fondo estamos tratando de lo mismo, de la anteposición de los intereses privados en todos los ámbitos de nuestra existencia a los intereses ciudadanos o al interés público.
Más info: El libro La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo (Península, 2009) está dedicado a las enfermedades emergentes y cómo se fabrican campañas de marketing del miedo y de invención de enfermedades.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, abril 22, 2010 No hay comentarios:
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 1 de abril de 2010
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, abril 21, 2010 No hay comentarios:
Una reflexión sobre la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
El pasado 23 de noviembre fue aprobada por el Congreso de los Diputados la Ley 17/2009, conocida como ley ómnibus o ley paraguas por la amplitud de su ámbito de aplicación. Esta ley, cuya tramitación, debate y posterior aprobación ha pasado casi inadvertida por los medios de comunicación (salvo por las protestas de taxistas ante el Ministerio de Fomento tras su aprobación), provocará importantes cambios en la vida de los ciudadanos, básicamente porque establece un nuevo modelo de relación entre los ciudadanos y la Administración.
El espíritu de la Ley es, tal y como se proclama en su Exposición de Motivos, la libertad tanto de establecimiento como de prestación de servicios. En aras a la consecución de tan loable objetivo, aparentemente se simplifican procedimientos, se eliminan restricciones innecesarias o requisitos injustificados o desproporcionados para el ejercicio de cualquier actividad. Pero veamos un poco más de cerca qué dice la Ley.
La ley afecta prácticamente a casi todo lo que se mueve, porque se aplica a todos los servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica. A todos, menos a los siguientes:
a) A los Servicios No Económicos de Interés General6
b) A los servicios financieros.
c) A los servicios y redes de comunicaciones electrónicas.
d) A los servicios en el ámbito del transporte.
e) A los servicios de las ETTs
f) A los servicios sanitarios y farmacéuticos.
g) A los servicios audiovisuales, a excepción de la comercialización al por
menor de los productos audiovisuales.
h) Al juego.
i) A actividades que supongan el ejercicio de una autoridad pública, notarios y
j) A los servicios sociales.
k) A los servicios de Seguridad Privada.
2.- Libertad de establecimiento y ejercicio de las actividades de servicios
En línea con las directrices europeas, el lenguaje mismo de la Ley ya apunta intenciones: los servicios ya no son públicos, esto es, patrimonio de todos sino de interés general, y parece que si son económicos, esto es, que se realizan a cambio de una prestación económica, ya no pueden ser de interés general, y someterse al control público. Quien decide sobre la calificación de un servicio como no económico de interés general es la Comisión Europea. Un ejemplo de tipo de servicio que podemos citar es la Policía: por ahora el monopolio de la fuerza pública, fundamento del Estado, todavía es exclusivo del mismo, fuera de las reglas del mercado.
La principal desregulación que introduce la ley es la eliminación del régimen de autorizaciones como régimen general, en aquello en lo que lo mantiene, lo limita sustantivamente. Una autorización por la propia naturaleza jurídica de la misma, no otorga derecho alguno a ejercer una actividad en concreto, sino que reconociendo la preexistencia de dicho derecho, comprueba la concurrencia de ciertos requisitos reglados, esto es previamente tasados, y reconoce el derecho a dicho ejercicio, con efectos retroactivos. La libertad de establecerse y ejercer una actividad existía ya, con o sin autorización.
Nos interesa hacer esta matización porque la nueva Ley, al eliminar el régimen de autorizaciones, con la excusa de otorgar más libertad a los particulares, en la práctica lo que hace es restar poder de control regulado a las Administraciones Públicas, (introduciendo discrecionalidad) y restar consecuentemente seguridad a los consumidores y usuarios:
- La nueva Ley consagra como sustituto perfecto al régimen de las autorizaciones el régimen de la comunicación previa o declaración responsable. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el particular en cuestión acudirá a la Administración de que se trate (en realidad a la Ventanilla Única como luego explicaremos) y COMUNICARÁ a la misma que va a iniciar una actividad, declarando “responsablemente” que cumple con toda la normativa reguladora de dicha actividad.
Así, por ejemplo, la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al modificar entre otras muchas, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación ha establecido, que a partir de ahora, las entidades y los laboratorios de control de calidad en la edificación que precisaban antes de una autorización administrativa para ejercer su actividad, podrán ahora hacerlo con una simple declaración responsable de que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente por la Comunidad Autónoma respectiva.
- Así pues, la nueva Ley, POSPONE en el tiempo el control administrativo. Lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿se comprobarán todas y cada una de las declaraciones responsables por las que se comunique el inicio de una actividad? Y si no es así ¿cuál será el criterio que determine cuáles se comprueban y cuáles no? ¿La discrecionalidad? ¿El azar o la arbitrariedad? ¿La producción de un siniestro o perjuicios a consumidores? Recordemos por ejemplo la actividad investigadora de la Inspección de Trabajo: ¿acaso se comprueban todos y cada uno de los Centros de Trabajo?
- Este control a posteriori, no sólo deja indefensos a consumidores y usuarios quienes van a contratar con prestadores de servicios de los que ninguna garantía tienen de que cumplan con la legislación vigente, -excepto su propia palabra-, sino que, además, traslada a los propios prestadores de servicio, a los particulares, la carga de saber en cada momento cuáles son los requisitos legales y reglamentarios que han de cumplir, cosa totalmente imposible, pensemos para los pequeños empresarios
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que fue aprobada inmediatamente después de la que ahora analizamos, en aplicación de ésta ha alterado el régimen de autorización en numerosas materias, entre las que podemos destacar las algunas:
a).- Ha eliminado la necesidad de obtener de la autoridad competente en materia de industria en cada comunidad autónoma la autorización para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales, modificando al efecto el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, bastando la comunicación o declaración responsable del interesado, sin perjuicio de la comprobación que se realice.
b).- Ha eliminado la necesidad de que las empresas que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos de seguridad privada no conectados a centrales de alarma, (cámaras de grabación) estén autorizadas como empresas de seguridad por el Ministerio del Interior e inscritas en el correspondiente Registro, exonerándolas de cumplir con la Ley de Seguridad Privada. A partir de ahora ya no tendrán que pasar por el control del Ministerio del Interior. Ha desaparecido pues el control del uso de las imágenes que podían ejercer las empresas de seguridad autorizadas. Ahora, quienes adquieran de estas empresas otras empresas estos dispositivos, para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes no necesitarán acudir a empresas de seguridad privada. Sólo se les exigirá cumplir con la LOPD (por
ejemplo los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad).
c) Queda suprimido el requisito de la previa autorización para proceder a la apertura de un Centro de Trabajo. En adelante, será suficiente la comunicación de la apertura dentro de los 30 días siguientes a la autoridad laboral competente.
d) Ha eliminado la necesidad de tener la nacionalidad española para ser titular de derechos mineros y otros requisitos relativos a la nacionalidad de los miembros de los consejos de administración de las personas jurídicas autorizadas, o de los trabajadores, o del domicilio de la propia persona jurídica que había de radicar en España
3.- ¿Relatividad de la reforma actual?
A pesar de que el régimen de comunicación o declaración responsable es el régimen general para el ejercicio de las actividades, inspirador de la Ley, ésta contempla la subsistencia del régimen de autorizaciones, excepcionalmente.
Lo que ocurre es que, como en la mayoría de las ocasiones, las excepciones legales pueden ser más generales que excepcionales dependiendo de cómo se aplique la Ley. Eso sí, sólo se pueden mantener las autorizaciones que cumplan con todos y cada uno de los siguientes tres requisitos:
1.- No discriminación: Que la exigencia de la autorización no sea discriminatoria en función de la nacionalidad o ubicación del prestador de servicios.
2.- Necesidad: que la exigencia de autorización esté justificada por una razón imperiosa de interés general. Este concepto jurídico indeterminado ha sido definido e interpretado por la jurisprudencia del TJCCEE (hoy TJUE) y equivale a tooodas las siguientes cosas, que la propia Ley indica: orden público, seguridad pública, protección civil, salud pública, preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. Como se puede comprobar, todo, podría ser de una u otra forma incardinado en alguno de estos conceptos, incluso medidas intervencionistas. Pero la ley se cuida mucho de cerrar de plano cualquier intento de control, planificación o intervención en el mercado cuando expresamente prohíbe: “las razones imperiosas de interés general que se invoquen no podrán encubrir requisitos de planificación económica”.
3.- Proporcionalidad: que la autorización sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. Este es a nuestro entender el requisito más difícil de cumplir, por cuanto la propia Ley ordena que en ningún caso se sujete a autorización el ejercicio de una actividad cuando sea suficiente una comunicación o declaración responsable del prestador de servicios mediante la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos legales y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.
A nuestro entender, si el espíritu de la Ley es reducir a excepción el régimen de autorización, se interpretará que siempre es suficiente la comunicación o declaración responsable, por cuanto con la misma, al proporcionar los datos relativos a la ubicación de la actividad, siempre, se va a posibilitar el control de la Administración.
Por último junto con estos tres requisitos, la Ley exige que para el caso de que se mantenga un régimen de autorización, habrán de garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo siendo el silencio negativo sólo una excepción justificada por razones imperiosas de interés general. Recordemos lo que significa el silencio administrativo positivo: pido permiso; si no me contestan en el término previsto, tengo el permiso. Siendo el silencio administrativo negativo, lo contrario: pido permiso, si no me contestan, NO tengo el permiso. Así pues, la subsistencia de un régimen concreto de autorización dependerá en todo caso del respeto a los requisitos enunciados, que son básicos, y de que dicho régimen no incurra en prohibiciones claramente liberalizadoras definidas en la ley.
Por último la Ley intenta de alguna manera compensar sobre el papel la desprotección en la que deja a los consumidores y usuarios, consagrando un capítulo entero a la labor de fomento de calidad en los servicios que tendrán las Administraciones y en las obligaciones de información a consumidores y usuarios que se trasladan a los prestadores de servicios.
A su vez se propone crear una “Ventanilla Única” para centralizar todos los trámites administrativos y establece mecanismos de control y comunicación entre las diversas Administraciones de los países miembros de la Unión Europea necesarios dada la ubicuidad de los prestadores.
Resulta una tragedia la supresión del régimen de autorizaciones y la supresión de toda intervención administrativa por implantación de un sistema “libre” e inseguro, en el que la Administración se lo pone a sí misma difícil para comprobar el cumplimiento de la Ley, que será a todas luces, tardío, ineficaz e infinitamente más costoso.
La aprobación de esta Ley es la legitimación para liquidar los servicios públicos por cuanto cualquier servicio no declarado como Servicio No Económico de Interés General estará totalmente desregulado, a merced de las reglas del libre mercado y sin la posibilidad legal de intervención alguna pues se prohíbe la intervención motivada, aunque sea veladamente, en la planificación económica (¿se vacía pues de contenido la política económica?)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en domingo, abril 18, 2010 No hay comentarios:
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula dos nombramientos a dedo de jefaturas en el Hospital de Mieres
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en asunto dirigido por la Asesoría Jurídica del SIMPA, bajo la dirección del Letrado Domingo Villaamil Gómez de la Torre, ha dictado sentencia con fecha 17 de marzo de 2010 que confirma otra del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo anulando nombramientos de Jefe de Servicio y de Sección realizados por el SESPA en el ámbito del Hospital “V. Álvarez-Buylla” de Mieres, sin sujetarse a ninguno de los procedimientos reglamentariamente establecidos.
Lo que hacen las sentencias es anular los nombramientos provisionales de Jefe de Servicio y de Sección de Radiodiagnóstico del Hospital “V. Álvarez Buylla de Mieres, que se realizaron por la Gerencia de dicho Hospital, sin seguir procedimiento selectivo alguno basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, esto es digitalmente.
Los Tribunales desechan todas las razones argüidas por el SESPA en defensa de este sistema de provisión excepcional, señalando que ni estamos ante comisiones de servicio, ni se ha justificado situación urgente o inaplazable que ampare que los nombramientos no se hayan hecho con respeto a la normativa de aplicación.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, abril 15, 2010 No hay comentarios:
JUZGAR A DESTAJO. La perniciosa influencia de las retribuciones variables de los jueces sobre el sentido de sus decisiones
Uno de los más graves problemas que aquejan a la Administración de Justicia en España es, sin duda alguna, el de su masificación . Desde hace ya tiempo, la demanda de tutela judicial viene aumentando incesantemente en una proporción mucho más elevada de lo que lo ha hecho la oferta. La incapacidad de los órganos jurisdiccionales para resolver puntualmente los asuntos que en número creciente llegan a su conocimiento es cada vez mayor. Remedios de toda índole se han aplicado, sin demasiado éxito, a fin de resolver o cuando menos paliar el problema. Se han creado nuevos tipos de órganos jurisdiccionales, se ha incrementado su número, se han mejorado algo los recursos materiales puestos a su disposición, se han reformado abundantemente las normas jurídicas reguladoras de los procesos, se han reintroducido –bien que tímidamente– las tasas judiciales, etc.
En este inquietante contexto se ha intentado también estimular la productividad de los miembros de la carrera judicial, empleando para ello un mecanismo ciertamente novedoso e insólito en el panorama jurídico comparado. La idea es simple. Se trata de introducir una suerte de retribución a destajo. El primer paso consiste en fijar y publicar unos baremos –o “módulos”– que permitan evaluar con precisión el rendimiento de los jueces, en función del número y del tipo de las resoluciones que dicten. A continuación, se mide con arreglo a dichos baremos su producción individual, y se les retribuye con diversos tipos de “zanahorias” o “palos”, según se hayan apartado en más o en menos, por arriba o por debajo, del rendimiento considerado normal. Los que acrediten mayor producción serán “premiados” con salarios especialmente elevados y mejores probabilidades de obtener ascensos, distinciones honoríficas, declaraciones de compatibilidad de actividades, etc. Los que rindan por debajo de lo normal serán “castigados” con salarios reducidos y peores perspectivas de ascender, recibir honores, obtener declaraciones de compatibilidad, sufrir inspecciones y sanciones disciplinarias.
En el presente estudio pretendemos cuestionar el acierto de esta novedad, a la vista de la perniciosa influencia que un sistema tal puede ejercer y, de hecho, aparentemente ha ejercido, sobre el sentido de las decisiones jurisdiccionales.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, abril 12, 2010 No hay comentarios:
En 2009, otro año más los datos registrados revelan que la calidad del aire en Asturias continúa sin cumplir los valores límite establecidos por la legislación europea, y mucho menos se acerca a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre niveles de contaminación admisibles. Esta claro con estos datos que Asturias es con diferencia la región de España que peor aire tiene, los datos de las estaciones de control que están en 9 ciudades asturianas son contundentes.
Cada vez es más evidente que la contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, así como otras asociadas, como las vasculares y cánceres. La Comisión Europea calcula que la contaminación atmosférica provoca en la UE unas 370.000 muertes prematuras anuales, 16.000 de ellas en España, una gran parte de ellas en Asturias. A pesar de ser la contaminación una competencia del Principado y de los Ayuntamientos, a pesa de ser de un problema de primera magnitud que debería ser prioritario para cualquier administración preocupada por la salud de los ciudadanos, vemos como todos los años se superan los niveles de contaminación sin que se tomen medida alguna para paliar estos graves problemas y están previstas mas instalaciones contaminantes en estos entornos.
En mayo de 2008 entró en vigor una nueva Directiva europea, la 2008/50/CE, que reúne las normas de todas las anteriores y las actualiza conforme a la experiencia adquirida en los últimos años. De esta última Directiva resulta llamativo que para las PM10 establece valores límites superiores a los recomendados por la OMS y que eran los que se habrían exigido de haber entrado en vigor la fase II prevista en la anterior legislación, pero no se atrevieron ante los importantes incumplimientos de muchos países.
- Partículas en suspensión (PM10)
La legislación establece dos tipos de valores límite para las partículas en suspensión (PM10), un valor límite a corto plazo, el valor límite diario, y un valor límite a largo plazo, el valor límite anual. El valor límite diario se define del siguiente modo: no se debe superar más de 35 días al año el valor medio diario de 50 microgramos/metro cúbico (μg/m3) de PM10
En Asturias todas las poblaciones tienen medias superiores al valor recomendado por la OMS y se superan los 35 días en los caso de; Avilés (322 días al año) Lugones (168 días) Oviedo (130 días), Gijón (104 días), Langreo (54 días), Mieres (52 días)
- Dióxido de nitrógeno (NO 2)
En relación con el NO2, el valor límite anual establecido por la legislación vigente para 2009 estaba fijado en 42 μg/m3. Además, dicho límite legal será más estricto en 2010, 40 μg/m3, considerado el valor máximo compatible con una adecuada protección de la salud
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, abril 09, 2010 No hay comentarios:
Albert Recio, Mientras Tanto
Ante la ausencia de respuestas reales a los problemas planteados a la humanidad, los ideólogos y comentaristas económicos persisten en reiterar una serie de palabras mágicas que, según ellos, nos sacarían de la crisis. En tiempos prevacacionales y tras un trimestre en que este comentarista ha tenido la mente entretenida en otros luctuosos menesteres (por fortuna sin pérdida de vidas humanas) al plantearse su cita mensual con el MT digital no le queda otra idea que repasar alguno de los tópicos que un día sí y otro también se presentan como respuestas adecuadas a la crisis. Como pasos de un libro de instrucciones que por nuestro empeño en no seguirlo nos mantienen en el marasmo del paro masivo y la incertidumbre permanente. Se trata de ideas fuerza que han desarrollado los principales think tanks capitalistas, que han recibido una cierta cobertura académica y que han penetrado también en el pensamiento de las propias víctimas. Sin duda un pensamiento hegemónico que, en mi modesta opinión, dificulta más que ayuda a encontrar soluciones. Lógicamente uno no tiene respuestas para todo, solo el atrevimiento de plantear algunas reflexiones críticas.
Capital humano y calificación. El “mantra” que siempre obtiene mayor aceptación social. El único que suele poner de acuerdo desde al Fondo Monetario Internacional a la izquierda radical. La formación es vista como una cuestión neutra, cuanta más mejor. Si una empresa tiene poca rentabilidad, si un país tiene problemas, es por su baja productividad, su bajo valor añadido. Y la receta básica es aumentar la formación.
En tercer lugar porque muchas de las prácticas competitivas están sujetas a la “paradoja de la composición” (pensar que si uno adopta una actuación los otros no lo harán). Cuando ocurre lo contrario y todos realizan la misma acción el resultado es el contrario del esperado, como expuso hace unos setenta años Joan Robinson al señalar que si uno se pone de pie en el cine puede que vea mejor la pelicula que el resto, pero si todos lo imitan simplemente la verán igual de mal y con mayor incomodidad. Es bueno recordarlo porque alguna de las vías de la competitividad conduce directamente a este tipo de paradojas. Tal es el caso de la reducción de salarios para incrementar las exportaciones. En términos de la economía mundial si un país tiene superávit comercial otro debe tener déficit, es imposible que todos los países exporten más que importen. Si todos siguen una política de reducciones salariales para fomentar las exportaciones el resultado más probable es que se contraiga la demanda mundial de consumo y con ello el efecto final es que estemos en una economía más deprimida que la inicial. Otra vez el resultado nefasto de la paradoja de la composición. (Por cierto que España ha sido el segundo país de la UE 27 con una mayor reducción de los costes salariales unitarios en la última década y ello no le ha permitido resolver el problema exterior).
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, abril 07, 2010 No hay comentarios:
Pese a que el Estado español tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE, su legislación se endurece siguiendo los debates de los medios, una solución rápida que no tiene en cuenta la realidad de la cárcel.
Jueves 1 de abril de 2010. Número 123
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, abril 05, 2010 No hay comentarios:

References: artículo 20
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 79
 artículo 80
 artículo 20
 artículo 4