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Timestamp: 2019-06-25 23:08:24+00:00

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Para La Procedencia de La Demanda de Cumplimiento Es Necesario El Requerimiento de Fecha Cierta y haberse interpuesto dentro del Plazo de Ley. Por. Janner Alan Lopez Avendaño. | Procedural Law | Lawsuit
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Después de verificar que mediante el documento de fecha cierta se requirió al funcionario o autoridad el cumplimiento del mandamus contenido en la norma legal o acto administrativo en cuestión, el Juez procederá a verificar que el mencionado mandamus cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos jurisprudencialmente en la sentencia del caso Villanueva Valverde (STC. Exp. Nº 00168 – 2005-PC/TC). En ese sentido, considero pertinente que el Tribunal Constitucional haya dejado en claro que si bien la demanda era improcedente porque el accionante no acompaño al documento de fecha cierta previsto en el Artículo 69 del Código Procesal Constitucional, no es necesario que este sea tramitado por intermedio de un notario público puesto que la probanza de este hecho viene dada generalmente por un sello impreso que demuestre la recepción y que se consigne la fecha de entrega del documento .
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Demanda de Amparo 2
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PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO ES NECESARIO EL
REQUERIMIENTO DE FECHA CIERTA Y HABERSE INTERPUESTO DENTRO DEL PLAZO
JANNER ALAN LOPEZ AVENDAÑO1
De conformidad con el artículo 200 inciso 6 de la Constitución, la acción
de cumplimiento es una garantía constitucional que procede “contra
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal
o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de
ley”. El artículo 66 del Código Procesal Constitucional, por su parte,
define que el objeto de este proceso constitucional es ordenar que
el funcionario o autoridad pública renuente “1) [d]é cumplimiento a
una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 2) se
pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan
emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento”;
añadiendo que, para la procedencia de la demanda, es necesario
que el demandante haya reclamado previamente, “por documento
de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y
que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya
contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud” (artículo 69).
El propósito de la acción de cumplimiento es, por consiguiente, asegurar
la efectividad de las normas legales y los actos administrativos firmes,
allí donde la autoridad o funcionario competente se rehúsa a cumplirlos
de un modo voluntario y deliberado. Por ello, en tanto que instrumento
de control de la inacción de los funcionarios o autoridades públicas
respecto de mandatos contenidos en tales disposiciones (siendo su
objeto, por ende, ordenar judicialmente el cumplimiento del deber
omitido o su cumplimiento eficaz), el proceso de cumplimiento tiende
1 Abogado, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Humanos, por la
Universidad Nacional de Piura. Especialista Judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura.
Colaborar de Artículos Jurídicos de la Prestigiosa Revista Gaceta Jurídica S.A.
inexorablemente hacia la optimización de dos principios constitucionales
básicos del Estado constitucional de Derecho, los cuales son: a) el
“principio de legalidad” de la función ejecutiva; y, b) el principio de
En efecto, con arreglo al “principio de legalidad” (artículos 51, 118 inciso
8 y 138 de la Constitución), los agentes públicos deben fundar todas sus
actuaciones en la normativa vigente. Y es que, en el ámbito de la
administración pública, ha comprendido el Tribunal, “las actuaciones
de los funcionarios y autoridades públicas deben desarrollarse
dentro del marco normativo establecido en la ley y en la
Constitución, marco que contiene sus competencias, así como los
límites de su actuación, por lo que resultan arbitrarias aquellas
actuaciones, entre otras, que deliberadamente omitan el
cumplimiento de un mandato contenido en una ley o en un acto
administrativo; omitan expedir resoluciones administrativas o
dictar reglamentos, o cumplan aparente, parcial o defectuosamente
tales mandatos”2
Desde luego, el principio de sujeción de la administración pública a la
legalidad no olvida ni desconoce que en el Estado Social de Derecho,
modelo de organización política que nuestra Constitución adopta
(artículo 44), buena parte del programa social contenido en la Norma
Fundamental depende de la acción positiva del legislador, pero también,
de la actuación correlativa de las demás autoridades y funcionarios
públicos, igualmente indispensable para la ejecución definitiva del
mandato contenido en las leyes que desarrollan derechos
Por ello es que ciertamente, con esto no se olvida que, en la STC 0168-
2005-PC/TC, el Tribunal Constitucional llegó a considerar que el
proceso de cumplimiento tenía por finalidad “proteger el derecho
constitucional a defender la eficacia de las normas legales y actos
administrativos” (fundamento 10). Y así también lo entiende hoy el
2 STC 02002-2006-PC/TC, fundamento 25.
Colegiado. Sin embargo, es bueno apreciar que, al lado de la protección
de este “derecho constitucional”, que bien puede extraerse del artículo
38 de la Constitución al modo de un “interés difuso”3, coexisten otros
fines últimos a cuya tutela también se orienta dicho proceso
constitucional, y que no son otros que los principios de “legalidad
de la función ejecutiva” y de “seguridad jurídica”, antes aludidos, y
cuya optimización contribuye a afirmar una “cultura de legalidad”
en nuestro Estado de derecho.
ANALISIS DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL EXP.N.°04169-2010-PC/TC. (PARA LA
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO ES NECESARIO EL
REQUERIMIENTO DE FECHA CIERTA Y CON EL PLAZO DE LEY).
El artículo 69 del Código Procesal Constitucional, al referirse al
requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento,
hace mención a un “documento de fecha cierta” y no a una carta notarial.
Entonces, aunque el artículo 70.8 del mismo código indique la
necesidad de una “notificación notarial” respecto al requerimiento a la
autoridad para que el funcionario demandado cumpla con el mandamus,
no debe entenderse que el único documento con el que se cumple con
el mencionado requisito de procedibilidad es una carta notarial. Para lo
cual pasamos a comentar la siguiente sentencia expedida por el
Tribunal Constitucional:-
EXP. N.° 04169-2010-PC/TC
WILMER BENITES MACO
Lima, 5 de enero de 2011
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Benites Maco contra la
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 108, su
3 Cf. RTC 0736-2007-AA/TC, fundamento 6.
fecha 18 de mayo de 2010, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de
autos; y,
1. Que con fecha 10 de diciembre de 2008 el recurrente interpone demanda de cumplimiento
contra la Municipalidad Provincial del Callao, solicitando se cumpla con el mandato de la Ley N.º
29060, se declare nulo el acto jurídico impugnado y consecuentemente se le devuelva el dinero
pagado de forma coaccionada a su comuna, ascendente a S/. 341.50, más el pago de costas,
costos e intereses legales.
2. Que tanto el Segundo Juzgado Civil como la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia del Callao declararon improcedente la demanda por considerar que de las
instrumentales adjuntas no se advierte que se hubiese cumplido con remitir carta notarial a la
entidad demandada.
3. Que sobre lo expresado en primera y segunda instancia, este Tribunal realiza la siguiente
atingencia: el artículo 69º del Código Procesal Constitucional, al referirse al requerimiento
necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, hace mención a un “documento de
fecha cierta” y no a una carta notarial; y si bien el artículo 70.8 del citado Código señala: “No
procede el proceso de cumplimiento: (…) 8) Si la demanda se interpuso luego de vencido el
plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial”
(subrayado agregado), esto no debe entenderse en el sentido de que el único documento con el
que se cumple con el mencionado requisito de procedibilidad es una carta notarial. La vigencia
del Código Procesal Constitucional supone un cambio en este aspecto, pues anterior
normatividad sólo hacía alusión al “requerimiento por conducto notarial” (Ley N.º 26301, artículo
5.c.). En todo caso, de existir duda respecto a dicho documento, el juzgador debe tener presente
lo previsto en el párrafo cuarto del artículo III del Código Procesal Constitucional, que precisa:
“Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso
debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación”.
4. Que el artículo 69º del Código Procesal Constitucional dispone que para la procedencia del
proceso de cumplimiento se requiere que el demandante previamente haya reclamado, por
documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad
se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles
siguientes a la presentación de la solicitud.
5. Que de autos se aprecia que efectivamente, el demandante no acompañó el documento de
fecha cierta previsto en el artículo 69º del Código Procesal Constitucional; motivo por el cual
resulta de aplicación el artículo 70º, inciso 7), del mismo cuerpo legal.
Por esta consideración, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
VERGARAGOTELLI
ÁLVAREZMIRANDA
Que si bien es cierto el artículo 69 del Código Procesal Constitucional ha
establecido como requisito especial de la demanda de cumplimiento que el demandante
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o
administrativo; También es verdad que además de ello, jurisprudencialmente se han establecido
“criterios de procedibilidad de la demanda” en los fundamentos jurídicos 14,15 y 16 de la STC
Exp. Nº 00168 – 2005-PC/TC, la que fue emitida con calidad de precedente vinculante, criterios
que deben tenerse en cuenta al momento de accionar en este tipo de proceso.
Un paso importante en la delimitación de estos requisitos de procedencia, como es conocido,
tuvo lugar con la expedición de la STC 0168-2005-PC/TC, mediante la cual el Pleno del
Tribunal Constitucional estableció como precedente vinculante una serie de criterios para
identificar el mandamus pasible de tutela en la vía del cumplimiento; todo ello, en la
comprensión de que, hasta ese momento, los criterios utilizados para evaluar las normas
legales y actos administrativos habían sido “bastante flexibles y amplios” (fundamento
Así pues, fijó los siguientes «requisitos mínimos comunes» a toda norma legal, acto
administrativo u orden de emisión de una resolución, para la procedencia de la demanda:
a) Ser un mandato vigente
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares d) Ser de ineludible y
e) Ser incondicional
Precisando que, excepcionalmente, el mandato puede ser condicional, siempre y cuando su
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria
Finalmente, en orden a las especiales características que, a diferencia de las normas legales,
reúne el acto administrativo, el Tribunal agregó dos requisitos adicionales para este último
a) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante
b) Permitir individualizar al beneficiario
Al respecto, cabe precisar que por vía de este precedente vinculante, el Tribunal
Constitucional comprendió que, siendo el de cumplimiento un proceso constitucional
esencialmente “ejecutivo”, este resultaba improcedente en todos aquellos casos en los
que el demandante no lograba acreditar la certeza y claridad del mandato incumplido;
supuesto en el cual, en estricta aplicación del artículo 5 inciso 2 del Código Procesal
Constitucional, la demanda de cumplimiento debía ser desestimada, sin perjuicio de la
posibilidad del recurrente de acudir a las vías específicas igualmente satisfactorias, como
La sentencia bajo análisis EXP. N.° 04169 2010-PC/TC, aclara un asunto confuso que como
veremos fue ocasionado por la propia redacción de dos dispositivos del Código procesal
Constitucional. Sucede que el mencionado cuero legal señala en su artículo 69 como conditio
sine qua non, para la procedencia del proceso de cumplimiento que el demandante previamente
requiera por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento (caso en el cual estaremos ante un
incumplimiento expreso) o no haya contestado (es decir, incumplimiento tácito). Así la ley señala
que además de ello, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.
Como bien señala el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que la vigencia del Código
Procesal Constitucional supone un cambio en este aspecto, pues refiere que era la normativa
anterior la que exigía el requerimiento por la vía notarial (Ley Nº 26301, articulo 5.c). No
obstante, los redactores del actual Código sustituyeron este requisito por el “documento de
fecha cierta” como el único requisito especial de la demanda, en el referido Artículo 694. Sin
embargo, por algún error o descuido 70.8 del Código Procesal Constitucional estableció como
causal de improcedencia el que la demanda se haya interpuesto “luego de vencido el plazo de
sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial”, redacción que
motivo que en el caso que comentamos se haya declarado improcedente la demanda 5.
Es así que solo después de verificar que mediante el documento de fecha cierta se requirió al
funcionario o autoridad el cumplimiento del mandamus contenido en la norma legal o acto
administrativo en cuestión, el Juez procederá a verificar que el mencionado mandamus cumple
con los requisitos de procedibilidad establecidos jurisprudencialmente en la sentencia del caso
Villanueva Valverde (STC. Exp. Nº 00168 – 2005-PC/TC).
En ese sentido, considero pertinente que el Tribunal Constitucional haya dejado en claro
que si bien la demanda era improcedente porque el accionante no acompaño al
documento de fecha cierta previsto en el Artículo 69 del Código Procesal Constitucional,
no es necesario que este sea tramitado por intermedio de un notario público puesto que la
probanza de este hecho viene dada generalmente por un sello impreso que demuestre la
recepción y que se consigne la fecha de entrega del documento6.
4 Artículo 69 del Código Procesal Constitucional. Requisito especial de la demanda. “Para la
procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado,
por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que
pudiera existir”.
5 Valga señalar que en el error consignado en el artículo 70.8 del Código Procesal Constitucional ha sido
siempre resaltado por la doctrina. A manera de ejemplo, Vide TITO PUCA, Yolanda Soledad. “ El
proceso de cumplimiento. Reglas y figuras procesales desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal
constitucional Peruano luego del caso Villanueva Valverde”. En Compendio de instituciones procesales
creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima , 2009,p.181.
6 STC. Exp. Nº 02173- 2009-PC/TC, f. j. 5.
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