Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79218
Timestamp: 2018-04-25 12:03:30+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79218
Proposes to regulate the integration, organization and operation of the National Public Security System, as well as to establish the distribution of competences and the coordination bases between the Federation, the States, the Federal District and the Municipalities, in this matter, with the objective that they recognize explicitly international treaties as part of the Mexican legal system in the field of human rights.
Iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforman los artículos 6°; 25, fracción XVI; 40, fracción I; y 51, fracción II, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía,Iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforman los artículos 6°; 25, fracción XVI; 40, fracción I; y 51, fracción II, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente:
La evolución histórica de los derechos humanos a nivel mundial y en nuestro país, es intrínseca a la construcción de un Estado Democrático de Derecho, ya que en ese contexto los derechos se desenvuelven de manera idónea. En este sentido, este modelo que forma parte de los sistemas políticos occidentales, se construyó a partir de situaciones concretas que transformaron la relación entre gobernantes y gobernados.
De acuerdo a John Locke en su tesis de los derechos inalienables, con la existencia de Leyes naturales, todos los seres humanos por naturaleza son acreedores de una serie de derechos por el simple hecho de ser personas, entre los que se reconoce el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. "El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones". [*]
Al igual que Locke, otros pensadores como Thomas Hobbes, Montesquieu y John Stuart Mill, influyeron en los dos grandes sucesos del Siglo XVIII, la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos hechos constituirían un antecedente fundamental en la construcción de los derechos civiles y políticos, tan sólo por enunciar algunas de las referencias más sobresalientes, se puede enlistar:
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, afirma lo siguiente: "Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales y que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad". [*]
La Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue proclamada tras el derrocamiento de la monarquía absoluta por la Revolución Francesa en 1789, afirma en su primer artículo: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos”. [*]
Las ideas de estos grandes pensadores junto a estos dos grandes sucesos, terminarían con el Estado absolutista y darían origen a otro sistema político, a partir de tres elementos: división de poderes, respeto a los derechos fundamentales reconocidos al hombre y el diseño de una Constitución como mecanismo de control político. A partir de esta concepción se termina con el poder unipersonal para dar entrada a la voluntad del pueblo.
De esta manera se daría pie a la formación del Estado Democrático de Derecho, el cual a diferencia del Estado absolutista, implica un principio democrático, lo cual amplía su dimensión y conceptualización, ya que no basta con la existencia de las normas, además es necesario que estas sean “la manifestación indirecta de la voluntad popular. Así pues, leyes generales, estables, claras y públicas que son emitidas por un Poder Legislativo electo popularmente y que contemplan a los derechos fundamentales del hombre, en adición a un sistema judicial imparcial, cuyos jueces (aplicadores del derecho) se apegan a los procedimientos legales y fundan y motivan sus sentencias, es la fórmula que da como resultado a un Estado Democrático de Derecho.” [*]
Para el caso mexicano, la conformación de un Estado Democrático de Derecho fue un proceso que abarcó los Siglos XIX y XX, periodo que se caracterizó por una inestabilidad política que no permitía el afianzamiento de un proyecto de nación, apegado a la legitimidad y legalidad.
Haciendo un análisis histórico de los documentos más importantes que coadyuvaron al nacimiento del Estado Democrático de Derecho en México: [*]
Sentimientos de la Nación: documento redactado por José María Morelos y Pavón en 1813, el primero en México en reconocer la igualdad de los habitantes del imperio, así como la necesidad de establecer Leyes. Este manifiesto serviría de inspiración en las Constituciones mexicanas.
La Constitución de 1824: la cual dio origen al federalismo en México, la soberanía de la nación, la división de poderes, se crea el Congreso y se reconoce la libertad de expresión política.
Las reformas de 1847: establecieron por primera vez garantías individuales para los ciudadanos de la República; asimismo, se adoptó el método de elecciones directas para los cargos públicos de Presidente, senadores y diputados e implantó los derechos de petición y de amparo.
La Constitución de 1857: marca todo un cambio en la vida política del país, aquí los derechos fundamentales adquieren una importancia mayor, estableciendo que: “Los derechos del Hombre son la base y el objetivo de las instituciones sociales”; entre sus preceptos resaltan la abolición de la esclavitud, libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de asociación, entre otras.
La Constitución de 1917: en materia de garantías individuales, políticos y civiles da continuidad al ordenamiento de 1857, pero en materia de derechos sociales es pionera a nivel mundial, reconociendo garantías a la educación, a la tierra y al trabajo. A partir de su promulgación se consolida el sistema político mexicano, pero no el Estado Democrático de Derecho.
La consolidación del Estado Democrático de Derecho en los Siglos XVIII y XIX, es la primera etapa de la evolución histórica de los derechos humanos, la abolición del Estado absolutista para dar entrada al Estado Democrático de Derecho; la segunda etapa está marcada por las dos guerras mundiales de inicios del Siglo XX, en este periodo se busca que a nivel mundial los Estados parte reconozcan y respeten un ordenamiento en materia de derechos humanos, como lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En esta segunda etapa evolutiva de los derechos humanos, los países de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, plasman en sus constituciones que los derechos humanos ya no son derechos individuales sino colectivos, cuya misión es servir al hombre, a partir de lo cual surgen manifestaciones políticas diferentes a las tradicionales, como los sindicatos, nuevos partidos políticos y asociaciones civiles, que buscan configurar el sistema político a través de restricciones al poder del Estado.
En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos humanos que se promulgó el 10 de diciembre de 1948, define un mínimo de derechos humanos capaces de garantizar el desarrollo, la justicia, la igualdad, la paz y la seguridad internacional. Por lo cual se obliga a los Estados parte respetar y promover los principios y normas esenciales para garantizar los objetivos de esta Declaración, consolidándolos a nivel mundial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es el antecedente de la concepción de los nuevos modelos constitucionales a nivel mundial, en especial, para el caso mexicano aunque ya se reconocían los derechos sociales desde 1917, representó un cambio de entender a la Constitución como un texto meramente político a concebirlo como jurídico.
Esta nueva concepción del texto constitucional permitió que el Estado Democrático de Derecho se fortaleciera en el país, lo cual deriva de la incorporación de México al contexto internacional, por medio de la celebración y reconocimiento de tratados internacionales, los cuales, de acuerdo con la Carta Magna, forman parte del sistema jurídico mexicano.
Cabe recordar que los tratados internacionales no eran reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Como se ha expuesto, el texto constitucional ha sufrido innumerables cambios, pero una de las reformas más importantes que modificó el paradigma en materia de derechos humanos y en gran escala su concepción, fue la reforma de 2011.
Para fines de la presente iniciativa, se desarrolla una breve radiografía de los cambios que sufrió el artículo 1° constitucional, tras la reforma de 2011. [*]
La primera modificación tiene que ver con el nombre del Primer Capítulo Constitucional, a partir de esta reforma se le denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”.
El primer párrafo cuenta con 5 modificaciones: se modifica el término “individuo” por el de “persona”, se incorpora la expresión “derechos humanos” en lugar de “garantías individuales”, a partir de esta reforma el Estado no “otorga” sino “reconoce” los derechos, y la modificación más importante tiene que ver con el reconocimiento de los tratados internacionales, ampliándose significativamente la protección de las personas.
El segundo párrafo, incorporó la interpretación “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, dicho principio surgió como regla de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en el momento en que se tenga que elegir para la aplicación entre dos o más normas, se debe elegir la que más protección le otorga a la persona, con lo cual ya no se acude a una jerarquía normativa. Tanto la Constitución como los Tratados Internacionales tienen el mismo valor en favor de los derechos humanos o como se conoce en la doctrina, el principio pro persona.
Se adicionó un tercer párrafo en el cual se contemplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las transgresiones por parte del Estado.
El quinto párrafo incorporó la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas.
Se puede concluir que la evolución histórica de los derechos humanos en México, al igual que el Estado Democrático de Derecho, ha tenido avances significativos a partir del reconocimiento y la incorporación de los tratados internacionales en la materia como parte del sistema jurídico mexicano, dando certeza y eficacia al accionar del Estado en pro de los derechos humanos.
Sin embargo, la situación actual de inseguridad que enfrenta el país ha provocado, entre otras cosas, una crisis severa de derechos humanos que se manifiesta en una escalada de agresiones al ejercicio pleno de las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales.
Esta situación se agravó desde el inicio de la Administración Federal pasada, y continúa con el actual gobierno; en más de una década las estrategias de seguridad de estas dos administraciones no han dado los resultados esperados, además han sido inoperantes en el planteamiento de soluciones, lo cual se traduce en homicidios dolosos vinculados a la lucha contra el crimen organizado, ejecuciones arbitrarias por parte de servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia femenicida, violencia criminal, institucional y política.
Todos los efectos que se generaron a partir de la implementación de una errónea estrategia de seguridad son los principales factores de violación a los derechos humanos en el país, las cuales afectan a toda la población.
Como ejemplo de la crisis por la que atraviesan los derechos humanos y garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, y de la inoperancia del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar las mismas, se cuenta con los siguientes registros:
Homicidio dolosos: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que 2017 fue el año con más incidencias en este delito, ya que se registraron 23 mil 101 incidencias, lo cual lo convierte en el año más violento de las últimas dos décadas. [*]
Ejecuciones arbitrarias: según el portal Animal Político, que tuvo acceso a cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, registraron que durante 2006 y 2014 participaron en 3,666 enfrentamientos contra civiles donde resultaron 4,236 personas privadas de la vida por las fuerzas armadas, sin que exista una investigación de los enfrentamientos. [*]
Desplazamiento Interno Forzado: En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su último informe en la materia, dando a conocer que este fenómeno ha alcanzado a poco más de 35 mil víctimas en el país, donde el 80 por ciento de los desplazados son por la violencia generalizada en el territorio nacional. [*]
Desaparición por particulares y forzada: Existen varios registros de diferentes dependencias, entre los más significativos son; el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que contabilizó entre el periodo 2007 al 2016; 32, 146 personas con el estatus de desaparecidas, extraviadas o no localizadas en el país; la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene abiertas carpetas de investigación de 276 víctimas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no identificadas cuentan con 4,756 expedientes; durante 2007 y 2016 se han localizado al menos 855 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 1, 548 cadáveres y solo 796 han sido identificados. [*]
Trata de personas: No existen registros oficiales sobre este fenómeno, pero en 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su reporte actualizado sobre el fenómeno, donde se detalla que a nivel local se iniciaron 1, 458 averiguaciones previas, mientras que a nivel Federal fueron 571 averiguaciones, dando un total de 2, 843 víctimas con el 93.4 por ciento de mujeres y solo el 6.1 por ciento de hombres. [*]
Feminicidio: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que durante 2007 y 2016 fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país, lo que significa que los Ministerios Públicos pasaron de abrir 1,083 carpetas de investigación a 2, 735 en 2016, esto da un promedio de una mujer asesinada cada 4 horas, el más crítico desde que se tiene registró, [*] estas cifras oficiales solo representan el periodo citado, pero en 2017 el estudio “México Feminicida” del Instituto Nacional de las Mujeres reveló que en ese año se cometieron poco más de 12 mil feminicidios convirtiéndolo en el año más violento contra las mujeres. [*]
Con estos datos se concluye que las violaciones más frecuentes a los derechos humanos las realizan las autoridades que tienen a su cargo salvaguardar la seguridad pública. Cuando los protocolos de seguridad son deficientes, los atropellos a las garantías reconocidas por la Constitución y lo tratados internacionales aumentan de forma considerable.
En el sentido adverso, cuando existe una eficiente estrategia de seguridad, a través de protocolos de pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías, las violaciones y atropellos son menos frecuentes. Por lo cual se entiende que la premisa general y fundamento sobre la que descansa la defensa y promoción de los derechos humanos es la seguridad pública.
Que quiere decir esto, a partir de la correcta función del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como funciones tutelar el orden y la paz pública, se preserva el Estado Democrático de Derecho. Por ende, es indispensable ampliar el marco normativo en materia de derechos humanos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los integrantes de dicho sistema llevan a cabalidad sus funciones sin afectar los derechos y libertades reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
En este contexto, se presenta esta Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, tal como lo establece el artículo 1° Constitucional.
Como se ha expuesto, las cifras actuales de muchos delitos que atentan contra los derechos humanos han ido en aumento en la última década. Actualmente, en muchas regiones del país no existe un Estado Democrático de Derecho sólido, la ley que gobierna es la definida por Thomas Hobbes en el Leviatán, “El Estado de naturaleza”, gobierna el más fuerte sin reglas y solo se preocupa de su propia supervivencia.
En ese contexto, no existe un respeto hacia los derechos humanos y se vulnera el desarrollo de la sociedad, por tal razón, la actual crisis de garantías debe enfrentarse mediante el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y sus instituciones, las cuales propicien las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de todos los ciudadanos.
De igual manera, es importante actualizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, fecha anterior a la reforma más importante en materia de derechos humanos de 2011.
En este sentido, es una obligación legislativa reformar la Ley en comento, con el objetivo de regular el accionar del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los protocolos y obligaciones de los integrantes de este sistema se apeguen a los derechos humanos y a las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Por tal motivo, se plantea reformar los artículos 6°; 25, fracción XVI; 40, fracción I; y 51, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene por objeto “regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia” [*] , con el objetivo que reconozcan explícitamente los tratados internacionales como parte del sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos.
A partir de estas modificaciones se actualiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a partir de la reforma de 2011 los tratados internacionales son reconocidos como parte del marco jurídico mexicanos, asimismo, se fortalece el Estado Democrático de Derecho.
En la coyuntura de la aprobación reciente de la Ley de Seguridad Interior, que en esencia es violatoria de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado es parte, es un deber legislativo el proteger estas garantías en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6°; 25, fracción XVI; 40, fracción I; y 51, fracción II, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
ÚNICO. - Se REFORMAN los artículos 6°; 25, fracción XVI; 40, Fracción I; y 51, fracción II, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 25.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:
XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
XVII. a XXIV. …
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. a XXVIII. …
Artículo 51.- El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:
II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
I.- Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 06 días de marzo de 2018.
[*] Locke, Jhon. “Segundo Tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fib del Gobierno Civil. Madrid, Alianza Editorial, 2000, [en línea], consultado: 19 de febrero de 2018, disponible en: http://cinehistoria.com/locke_segundo_tratado_sobre_el_gobierno_civil.pdf
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[*] Jaime Dante, Haro. “ESTADO DE DERECHO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, [en línea], consultado 05/03/2018, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2897/7.pdf
[*] Solís García Bertha. “Evolución de los derechos humanos”, Investigaciones jurídicas de la UNAM, 2009, [en línea], consultado: 20 de febrero de 2018, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3100/9.pdf
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[*] Ordorika Imaz Amaya. “Pena de muerte y ejecuciones extrajudiciales: dos caras de la guerra contra las drogas en México y el mundo”, Animal Político, 2015, [en línea], consultado: 22 de febrero de 2018, disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/10/19/pena-de-muerte-y-ejecuciones-extrajudiciales-dos-caras-de-la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico-y-el-mundo/
[*] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”, CNDH, 2016, [en línea], consultado 22 de febrero de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf
[*] Ponce Semicharo Gabriela, Kánter Coronel Irma del Rosario. “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (cifras actualizadas)”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, No. 72, 2017, [en línea], consultado: 22 de febrero de 2018, disponible: http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3661/AD-72.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[*] Comunicado de Prensa DGC/240/16. “CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México”, CNDH, 2016, [en línea], consultado: 22 de febrero de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf
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[*] Redacción. “En 2017 se registraron más de 12 mil feminicidios en México”, adn40, 2017, consultado: 22 de febrero de 2018, disponible en: http://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-12-28-13-50/en-2017-se-registraron-mas-de-12-mil-feminicidios-en-mexico/
[*] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 1°, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009, [en línea], consultado: 22 de febrero de 2018, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79218

References: artículo 1
 artículo 1

Artículo 6

Artículo 25

Artículo 51

Artículo 6
 Artículo 1