Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1306
Timestamp: 2017-11-18 06:33:30+00:00

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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2012.
-EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.
-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 88 ciudadanos senadores y senadoras.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del jueves 11 de octubre de 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió una comunicación de las senadoras Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que remite el acta de la XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales, y de la integración del Parlamento Latinoamericano celebrada los días 27 al 29 de septiembre del año en curso, en Montevideo, Uruguay.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa de la instalación de las diversas comisiones del Senado, llevadas a cabo el 4 de octubre pasado.
Una, del senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la comisión de Defensa Nacional.
Y una, de la senadora Margarita Flores Sánchez, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, África.
-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Igualmente se recibieron otras comunicaciones, por las que se informa de la instalación de comisiones, realizadas el pasado 9 de octubre.
Una, de la senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la comisión de Vivienda.
Una, de la senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Una, de la senadora Laura Angélica Roja Hernández, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
Una, del senador José Ascención Orihuela Bárcenas, presidente de la comisión de Fomento Económico.
Una, del senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la comisión de Asuntos Indígenas.
Y una, de la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de la instalación de otras comisiones del Senado, efectuadas el 10 de octubre.
Una, del senador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.
Una, del senador Félix González Canto, presidente de la comisión de Turismo.
Una, de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Una, de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la comisión de Equidad y Género.
Una, de la comisión de Salud.
Una, del senador Martín Orozco Sandoval, presidente de la comisión de Federalismo.
Una, del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la comisión de Pesca.
Una, del senador César Octavio Pedroza Gaitán, presidente de la comisión de Desarrollo Municipal.
Una, de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Y una, del senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la comisión de Marina.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las instalaciones de comisiones.
En otro apartado de la agenda de hoy, damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, en torno a la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que designa el 11 de octubre, como el Día Internacional de la Niña.
En esa virtud, cada posicionamiento será hasta por un tiempo máximo de cinco minutos.
Consecuentemente tiene el uso de la tribuna, la senadora Mónica Arriola Gordillo.
-LA C. SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Buen día, compañeras y compañeros legisladores.
Me voy a permitir hacer esta intervención, desde un lugar muy personal: mi propia niñez.
Ser una niña en nuestra sociedad es una tarea difícil. Implica crecer en un mundo repleto de deberes, caseros, familiares y el deber ser.
Las niñas crecen formadas y programadas en nuestra sociedad, para jugar un papel en particular, y quienes vivimos diferente a ese deber, lo hacemos porque tuvimos alguna gran ventaja, ya sea personal, familiar o afectiva.
Digo todo esto, porque la esencia de festejar El Día de las Niñas, debe traer a la luz la necesidad urgente de brindar a este grupo sueños y fantasías; así como las herramientas para ser genuinamente libres. La libertad de ser quienes ellas decidan ser, de perseguir el sueño que decidan perseguir. La libertad de no ser y hacer lo que la cultura tradicional dicta.
Ser niña es una gran responsabilidad, con las mamás y los deberes, con los papás y los quehaceres, y con la sociedad en las formas que buscan someterlas y no permitirles a ser diferentes.
Para las Naciones Unidas, el nombramiento del Día Internacional de la Niña, se ha centrado en la especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en todo el mundo, y que las hace las más pobres de los pobres.
Hasta el día de hoy, no existía ningún día que se enfocara expresamente en la situación de las niñas; uno de los grupos sociales más discriminados, y para el cual existen muy pocas políticas públicas concretas.
Por ello, celebramos la instalación de este día, y la visibilidad que impone sobre las abandonadas que se encuentran.
Inclusive, esta causa ha contado con el respaldo de la actual Premio Nobel de la Paz, la liberiana Leymah Gbowee, quien afirmó: que las niñas son el futuro.
Así que es fundamental que exista, un día que esté íntegramente dedicado a sus asuntos.
La importancia de un día para las niñas, tiene su origen en garantizar, que nuestra niñez disfrute plenamente de sus derechos fundamentales; derechos que deben ser siempre avalados por el gobierno y toda sociedad, y organizaciones y entidades, para que unidos, todos los sectores de la población mexicana celebremos la merecida hazaña de ofrecerle a las niñas de México, sin excepción de color o clase social: salud, educación, equidad y protección.
Porque entendemos que no hay progreso, ni equidad, en una sociedad sin derechos igualitarios, ejercidos a plenitud desde la niñez.
La violencia se practica contra las mujeres desde la infancia. De acuerdo a cifras del INEGI, el 2010 registró un 80 por ciento de población adolescentes, de 12 a 17 años, no soltera, pero aún niña. Que por su misma condición fue blanco fácil para sufrir vejaciones y actos de violencia.
De 2005 a 2010, el número de muertes por homicidio en niñas de 15 a 17 años, se incrementó a más del doble. Pasando de 70 a 151 defunciones. Esto, sumado a que desde el 2009, el número de defunciones por suicidios de mujeres, ha ido en real incremento, superando las 250 muertes en la población de niñas, de 10 a 17 años.
Además es de destacar que muchas niñas, han sido enroladas en el crimen organizado. Según cifras oficiales, del 2006 al 2011, el número de mujeres menores de 18 años, detenidas por delitos federales, fue del orden 693. Lo cual representa el 9.1% de los adolescentes en conflicto con la ley.
El 36.6% de las niñas detenidas por un delito federal, fueron aprehendidas por posesión y consumo de drogas. Mientas que el 19.2% fue detenida por infringir por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De 2009 a 2011, la cifra de niñas detenidas por algún delito federal, aumentó más del doble. Pasando de 88 a 191.5
Si estas cifras…
(SIGUE 2ª. PARTE)...mientras que el 19.2% fue detenida por infringir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De 2009 a 2011 la cifra de niñas detenidas por algún delito federal aumentó más del doble, pasando de 88 a 191.5.
Si estas cifras no nos dan cuenta de la vulnerabilidad de nuestras niñas nada lo hará. En ese sentido la escuela y la educación para nuestra niñez, un segundo hogar debería de ser en donde se les debe transmitir conocimiento que les ayude a salir del círculo vicioso que la propia sociedad en muchas ocasiones les ha generado, un espacio que debe ser aprovechado para inculcar valores en materia de prevención del delito y la plenitud de una vida.
Por todo lo anterior, quisiera destacar la labor que se empieza a gestar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos a favor del reconocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos que la Ley y los Tratados Internacionales confieren a nuestra niñez, y en específico a las niñas de México.
Como mujer, y en mi calidad de legisladora, mi compromiso es con México, con la niñez y el fortalecimiento de las instituciones que deben de velar por todos y cada uno de sus derechos.
-Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas cosas pueden esperar, las niñas no.
Resulta importante destacar la importancia que representa que la Organización de las Naciones Unidas sea quien designe un Día Internacional a favor de las Niñas, y además solicite a sus estados miembros y organizaciones internacionales para observar el Día Internacional de la Niña y crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, ya que actualmente son cerca de 900 millones de niñas y mujeres que viven con menos de un dólar al día en el mundo, y unos 500 millones de niñas y mujeres jóvenes ven desaprovechado su potencial. Por lo que al hacer un llamado internacional a tomar conciencia de su condición es la mejor manera en que se puede atender a este grupo tan vulnerable a nivel internacional.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el 25.8 de las niñas y mujeres entre 12 y 19 años han estado embarazadas. A nivel nacional desafortunadamente no existen datos actualizados y mucho menos desagregados por sexo y grupos de edad que nos permitan tener un claro panorama de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras niñas.
Es así que en el Estado mexicano no se puede pasar por alto el llamado internacional que se hace para entender y proteger a las niñas mexicanas, inicialmente respondiendo a algunas cuestionantes: ¿en qué condiciones viven? ¿cómo se desarrolla? ¿por qué sus posibilidades de acceder a la educación son tan limitadas? ¿qué esperan de la escuela? ¿cómo definir una propuesta educativa que responda de manera significativa a sus condiciones de vida y trabajo y a sus características culturales si se les conoce tan poco? ¿cómo ofrecerles alternativas que aseguren su continuidad educativa y correcto desarrollo psicosocial? ¿cómo lograr simplemente a su derecho a ser infante?
Responder a estas interrogantes no sólo es un requisito de justicia y de equidad, sino son respuestas que deben de estar insertas en las políticas sociales del Estado mexicano. Se deben definir los factores de riesgo, pues en tanto no sean definidos y entendidos no existirá la posibilidad de llevar a cabo una protección acertiva.
Es así que debemos de trabajar en la prevención de este grupo vulnerable a diferentes situaciones, como a la desnutrición, al desplazamiento forzado, al reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, al maltrato y al abuso, entre otros. Es menester integrar políticas públicas que muestren que las niñas no son propiedad de alguien, y por lo tanto no deben tomar decisiones por ellas, acceder a su cuerpo o atentar contra su integridad física, intelectual o emocional.
Es nuestro deber estar pendientes y atender sus derechos a la vida, a la salud, al descanso, al esparcimiento, al juego, a la creatividad y a las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, a un nombre y a una nacionalidad, a una familia, a la libertad del pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, a la educación gratuita y obligatoria.
Que este Día Internacional de la Niña sirva en mejor manera para incentivar en todos los mexicanos, que formen o no parte de este público, conciencia sobre la situación que las niñas viven en nuestro país desde las regiones más marginadas, hasta los entornos más favorecidos, a que respetemos y hagamos respetar sus derechos, y en conjunto llevemos a la infancia mexicana a un mejor futuro.
-Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Estimadas senadoras; senadores:
El punto que estamos abordando el día de hoy es derivado de un acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República. El 11 de octubre, a partir de este año y por la resolución 66/170 de la Asamblea de Naciones Unidas, se designa este Día Internacional de las Niña o de las Niñas, como lo hemos mencionado en el Senado de la República para visibilizar a todas las niñas, lo que nos obliga a que a partir de ahora en México tengamos que desagregar no solamente por sexo, sino también desde el aspecto etario, ¿cómo se encuentra la situación de las niñas y los niños? En lo particular nos interesa visibilizar a las niñas, ¿cómo se encuentran en el ejercicio de sus derechos humanos, su derecho a la salud, a la educación, al amor, al juego, a gozar de cada uno de los derechos que están inscritos en el tratado sobre derechos humanos de las niñas y los niños, que es la Convención Internacional de la Niñez?
A visibilizar también las diversas formas de discriminación que, además de su condición de edad, también sobreviven por su condición de género. Es decir, estamos hablando de una doble discriminación y que están debidamente planteadas también en otra convención que México ha aprobado, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Las recomendaciones que se ha asignado por el Comité de Derechos del Niño, reiteradamente al Estado parte, se menciona que México tiene que visibilizar cómo se encuentran las niñas y las adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Preocupa sobremanera el crecimiento del embarazo en adolescentes, no podemos ver con normalidad que las niñas, que las adolescentes se embaracen, no podemos ver con normalidad que las niñas en vez de dedicar sus tiempos al estudio, al juego, a la recreación, a la cultura, al ocio, estén realizando algún tipo de trabajo.
En ese aspecto este Senado no puede pasar, no puede pasar, señoras y señores, no puede pasar la Minuta que viene de la Cámara de Diputados en donde están legalizando el trabajo infantil, es violatoria de la Constitución y violatoria también de los tratados que hemos firmado.
No podemos ver con normalidad ya tener una tercera generación de niñas en situación de calle, lo que quiere decir que personas, que mujeres de 30 años de edad que están en calle sean abuelas, ya hay una tercera generación. No estamos hablando de niñas en situación de calle, sino de niñas adolescentes y mujeres en situación de calle.
Ese tipo de situaciones las tenemos que resolver a partir de que hagamos más eficientes las leyes, que es lo que nos corresponde como Senado de la República, pero también exigiendo al Estado parte para que cada uno de los aspectos que se nos han recomendado a través de la vigilancia y de las observaciones al cumplimiento de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, el Estado parte realmente haga lo que tenga que hacer para garantizar, cambiar el proyecto de vida de estas niñas…
(SIGUE 3ª PARTE)… realmente haga lo que tenga que hacer para garantizar, cambiar el proyecto de vida de estas niñas.
Hoy estamos frente a una posibilidad inmejorable para que podamos hacer realidad el libre desarrollo de la personalidad. Que podamos hacer realidad efectivamente que puedan aspirar y concretar lo que quieren ser. En fin, yo creo que podemos hablar mucho del tema.
Simplemente quiero dejar a ustedes que es un honor que el Senado de la República, el día de hoy haya conmemorado el Día Internacional de la Niña, pone muy bien al Senado de la República ante el mundo; pero también tenemos que trabajar para que las niñas, para que las adolescentes sean felices desde ahora.
-EL C. PRESIDDENTE CORDERO ARROYO: Gracias señora senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores.
El Estado desempeña la función esencial de velar por el pleno, goce y ejercicio de los derechos humanos. Esta responsabilidad nos atañe a todos y a todas las que conformamos las instituciones públicas de los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno.
Desde el Poder Legislativo las y los legisladores debemos velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel internacional. Es por ello que el día de hoy, en cumplimiento en lo dispuesto por la resolución 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde esta tribuna celebramos la decisión de la ONU para conmemora por primera vez el Día Internacional de la Niña.
No obstante lo anterior, nos obliga a mirar las necesidades más urgentes de ese sector de la población y crear conciencia sobre la situación que tiene las niñas en México y en todo mundo. Especialmente aquellas que por su condición se encuentran en una situación más vulnerable.
En este contexto debemos recordar que la creación de un día para las niñas en el calendario internacional se plantea a partir del Plan Internacional 2009, impulsado por diversos foros internacionales como una de las causas principales de su campaña internacional por las niñas, cuyo principal objetivo radica en la eliminación de la doble discriminación de la que son sujetas millones de niñas en todo el mundo por su género y por su edad.
En el año 2000, en aras del cumplimiento de los derechos humanos de las personas y el desarrollo de los pueblos, los estados que conforman las Naciones Unidas en un ejercicio de suma voluntad, acordado en la declaración del milenio, establecer ocho objetivos principales para el año 2015, mismos que se encuentran relacionados de manera estructural con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes del mundo.
· La erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
· Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
· Reducir la mortalidad infantil.
· Combatir el VIH SIDA y otras enfermedades.
· Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Constituyen los ocho objetivos firmados por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, las garantías fundamentales de la niñez engloban una gama de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que se fundamentan en los principios de no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a la expresión de la niñez.
A nivel nacional México reconoce a partir del texto constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de discriminar a las personas por motivos tales como la edad y el género, y reconoce a partir de la ley para la protección de las niñas y niños y adolescentes, las prerrogativas a las que tienen derecho las niñas derivadas de la Convención.
Según datos presentados por la UNICEF, en el Informe Progreso para la Infancia, publicado en abril del 2012, anualmente 1.4 millones de adolescentes mueren debido a lesiones sufridas en accidentes camineros, complicaciones en el alumbramiento, suicidio, violencia, el SIDA y otros problemas.
Numerosos factores contribuyen a la incidencia de la violencia doméstica, entre los que destacan el matrimonio prematuro, las relaciones de poder basadas en el género, la posición económica de las mujeres y las prácticas tradicionales que la perpetúan.
Datos disponibles revelan que en los países en desarrollo, casi el 50 por ciento de las niñas y mujeres entre 15 y 49 años, opinan que la violencia doméstica tiene justificación en determinadas circunstancias.
No obstante, al llegar a la adolescencia las niñas y los niños dejan atrás la infancia y asumen en ocasiones otros roles que van desde ser cabeza de familia, trabajadoras, trabajadores, titulares de derechos y ser responsables de obligaciones dentro de su sociedad.
Uno de cada cuatro niñas adolescentes entre 15 y 19 años de todo el mundo está casada o vive en pareja. En este marco la problemática social va desde la deserción escolar hasta el comienzo anticipado de su vida reproductiva, situaciones que se vuelvan en riesgo de padecer violencia doméstica, entre otras situaciones de violencia.
Compañeras y compañeros senadores, la dignidad humana es constitutiva de su propio ser. Es por eso que en Acción Nacional afirmamos que esta dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer, o su edad.
Por ello, la razón de ser de todo grupo social desde la familia hasta la comunidad internacional debe ser al servicio de la persona, sumando voluntades que se tornen en acciones a favor de las niñas y los niños.
Las demandas e intereses de las niñas, resultan una oportunidad de legislar a favor de sus derechos para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Su atención es urgente y nuestro compromiso constituirá nuevas circunstancias para miles de niñas en México y millones en el mundo.
Las buenas prácticas trascienden y hoy es nuestra oportunidad para trascender y garantizarle a las mujeres y a las niñas que son el futuro de México una vida mejor, una vida feliz.
Gracias, compañeros, por su atención.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, senadora. Para referirse al mismo tema tiene el uso de la tribuna la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Señoras y señores senadores, buenas tardes a todos quienes nos acompañan.
Hoy, 11 de octubre se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña. Su objetivo es crear conciencia sobre la situación de las niñas en México y en todo el mundo.
La campaña llama la atención sobre el hecho de que las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de malnutrición, hambre y enfermedades con respecto a los varones. De igual manera son ellas quienes tienen menos acceso a la educación y sufren mayores violaciones de sus derechos fundamentales.
Aún en pleno Siglo XXI y pese a los avances en temas referentes a igualdad y equidad, en muchos países las menores son discriminadas, dejadas de lado o explotadas, llegando al extremo del feticidio mediante el cual se evita el nacimiento de miles de niñas en algunos países como La India, donde por el simple hecho de ser concebidas como mujeres, se han perdido más de diez millones de niñas en 20 años. Esta situación, además de lamentable, es reprobable y debe llegar a su fin.
Las Naciones Unidas y los estados que la conforman han puesto como la problemática prioritaria para este año terminar con el patrimonio infantil. Este fenómeno social niega a las niñas su derecho a la infancia, interrumpe su educación, aumenta el riesgo de violencia y abuso, y pone en peligro su integridad y su salud, con riesgos como la posibilidad de contraer el VIH o la muerte y discapacidad derivadas de la maternidad.
El matrimonio infantil es una problemática de dimensiones globales. Alrededor de una de cada tres mujeres jóvenes entre los 20 y los 24 años, se casaron antes de alcanzar la mayoría de edad. Lo que representa aproximadamente 70 millones de niñas y adolescentes.
En México, de acuerdo a la UNICEF, el embarazo entre niñas y adolescentes afecta principalmente a las que habitan en zonas rurales en condición de exclusión y en donde son víctimas de la violencia sexual. Los datos demuestran además que este problema desafortunadamente va en aumento.
De acuerdo con el INEGI, en 1990 el 12 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años de edad, habían tenido al menos un hijo. Para 2009, este porcentaje ya se encuentra en más del 15 por ciento.
El embarazo adolescente impacta principalmente…….
(Sigue 4ª parte). . . . . . . . . . . .....para 2009 este porcentaje ya se encuentra en más del 15 por ciento. El embarazo adolescente impacta principalmente a las niñas indígenas, negándoles de facto la posibilidad de prepararse para alcanzar independencia económica en la edad adulta.
Proteger a las niñas y garantizarles un futuro próspero y productivo no sólo es lo más justo, es también una pieza clave para el desarrollo económico y el abatimiento de la pobreza.
Por poner un ejemplo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura garantizar el acceso equitativo e insumos a mujeres del sector ayudaría a incrementar la producción agrícola entre el 2.5 y el 4 por ciento en los países en desarrollo.
Garantizar un desarrollo pleno a nuestras niñas es un punto integral en relación pues con la seguridad alimentaria.
En su reporte de 2012, dedicado a la equidad de género y su papel en el desarrollo de las naciones el Banco Mundial alerta que los impedimentos para completar la formación educativa aparece mucho antes entre niñas que en niños.
En este sentido los programas sociales resultan de enorme importancia para equilibrar las matrículas escolares en cuestión de género, y para proveer a las familias con los recursos para seguir procurando la educación de sus hijas.
En nuestro país la equidad de género ha sido un pilar de la política educativa desde hace décadas, sin embargo, debemos tener en cuenta que en todos los niveles de educación básica aún se aprecia una ligera ventaja para los hombres.
En el ciclo escolar 2006-2007 de cada 100 niños que concluyen la primaria, 96 se incorporan a la secundaria; mientras que de cada 100 niñas, sólo 94 lo logran. Por lo que en una proporción mayor de niñas queda rezagada o excluida de su derecho a la educación.
En materia de salud también las niñas sufren de un acceso menor a los sistemas de seguridad social de acuerdo con cifras del INEGI.
En 2006, la vacuna con mayor cobertura nacional fue la de tuberculosis meningea, ésta fue aplicada al 80 por ciento de las niñas, y casi al 82 por ciento de niños.
Una vez más se ejemplifica la disparidad en el acceso.
Otro importante reto en materia de salud es el de la obesidad que afecta a 10 de cada 100 niñas entre los 7 y los 10 años; y qué decir de lo que México encara en relación a sus niñas y jóvenes por la violencia de género y feminicidios.
Estas contingencias infames irreprobables afectan a un amplio sector de las niñas mexicanas.
Entre 2005 y 2009, de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas también, el 5.8 de las defunciones femeninas con presunción de homicidio en nuestro país correspondieron a niñas menores de 5 años, y el 17 por ciento a defunciones de mujeres menores de 18 años.
Es urgente pues atender este grave problema y garantizar la seguridad e integridad de nuestras niñas.
Mencionados todos estos pendientes el Partido Revolucionario Institucional reitera su compromiso con nuestras niñas y adolescentes para garantizarle el respeto pleno de sus derechos y para reforzar los programas sociales que cooperen para darles la igualdad de oportunidades que les pertenezcan por derecho propio.
(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA SESION)
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Nely Romero Celis. Pasamos al siguiente asunto, pido a la Secretaria que dé lectura a los oficios que envía el Ejecutivo Federal.
- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite las ternas para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para cubrir la vacante del ciudadano Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se propone a los ciudadanos:
1.- Pablo Vicente Monroy Gómez.
2.- Alberto Gelacio Pérez Dayán.
3.- Andrea Zambrana Castañeda.
1.- Manuel Baraibar Constantino.
2.- Emma Meza Fonseca.
3.- Rosa María Temblador Vidrio.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, túrnese dichos expedientes a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
A propósito de la recepción de las ternas descritas, esta Mesa Directiva ha sucrito un acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicho acuerdo está a disposición en el monitor de sus escaños, por lo cual solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.
- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Doy lectura a los resolutivos del acuerdo.
Primero. Una vez recibidas las ternas con las propuestas para ocupar las dos vacantes de Ministros de la Suprema Corte de la Nación que habrán de actualizarse por conclusión del encargo de los Ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el Presidente de la Mesa Directiva las turnará a la Comisión de Justicia.
La Mesa Directiva ordenará la distribución a los senadores de los expedientes de cada una de las personas propuestas en las ternas.
Segundo. La Comisión verificará que las personas propuestas en las terna cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 95, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tal efecto la Comisión convocará a las personas propuestas para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes conforme al formato que se acuerde.
Tercero. La Comisión de Justicia presentará a consideración del pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integren la terna enviada por el Titular del Ejecutivo Federal. La Comisión deberá presentar un dictamen por cada terna.
Los dictámenes aprobados por la Comisión se publicarán junto con los expedientes de los integrantes de la terna en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se sometan a consideración del pleno.
En la publicación de los expedientes, la Mesa Directiva observará las obligaciones en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Cuarto. Una vez aprobado los dictámenes remitidos por la Comisión de Justicia, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a las personas que hubieren satisfecho los requisitos previstos por el Artículo 95, Constitucional, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura en el pleno del Senado.
Quinto. Las exposiciones a las que se refiere el resolutivo anterior tendrán una duración máxima de 20 minutos por cada persona propuesta.
Las intervenciones se desahogarán conforme al orden de la respectiva terna durante las exposiciones de los candidatos no habrá lugar a mociones, preguntas o debates.
Sexto. Una vez desahogadas todas las exposiciones el Presidente declarará un receso de 15 minutos; reanudad la sesión se realizará una votación por cada terna para elegir a quién ocupará el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La elección se realizará a través de votación por cédula.
La persona que resulte electa, rendirá inmediatamente la protesta al cargo.
Séptimo. Realizada la designación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva lo notificará al Presidente de la República y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Octavo. En el supuesto de que en la primera votación ninguna de las propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por cédula, de manera inmediata.
Entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates.
Noveno. Si en la segunda votación no se reúne la mayoría constitucional, la terna se tendrá por rechazada, y el resultado se comunicará al Titular del Ejecutivo Federal para que se proceda en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 96, Constitucional.
Décimo. El Presidente de la Mesa Directiva tomará las medidas necesarias para garantizar la mayor difusión de la sesión en la que se realicen las exposiciones y las votaciones para la elección de Ministros.
Senado de la República a 9 de octubre de 2012.
(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE SESION)
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Está a discusión el acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado.
- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Aprobado el acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comuníquese.
- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se recibieron tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el Artículo 37, Constitucional para.....
(Sigue 5ª. Parte). . . de la Secretaría de Gobernación, con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Vicente Fernández Gómez y Patricia Espinosa Cantellano, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el que se informa que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humaos de cada año en el mes de octubre de cada año deben sustituirse a los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, y que los ciudadanos María Patricia Kurczyn Villalobos y Rafael Estrada Michel, son quienes se encuentran en ese supuesto.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.
En nuestro apartado de iniciativas, se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 y se adiciona el artículo 390bis de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.
Se concede ahora la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un Proyecto de Decreto con aval de Grupo por el que se reforman los artículos 94, 99 y 123 constitucionales.
-EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente, y le solicito sea tan amable de instruir para que sea insertada de manera íntegra el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros senadores, en el marco de la discusión de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en la iniciativa preferente que envía el Ejecutivo Federal, hemos coincidido en algunos momentos en que dicha iniciativa dada la naturaleza que establece la iniciativa preferente, no contempla algunos temas de fondo.
Esta iniciativa que presento, con el aval del grupo, tiene que ve con esto, tiene que ver con resolver el problema en México de la falta de creación de empleos y la productividad.
Se requiere reformar nuestra Constitución para corregir lo que hoy es obsoleto, lo que ya no funciona o lo que está corrompido.
Y me refiero al tema de las juntas de Conciliación y Arbitraje, hemos coincidido con diversas legisladoras o legisladores de las diversas fuerzas políticas en que no es posible que estas juntas de conciliación y arbitraje continúe, es ahí donde se da el grave problema de corrupción que da al traste en la relación obrero-patronal.
En la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo, se establece y se reconoce que es un grave problema el legislar durante largos tiempos los conflictos laborales, que se van hasta cuatro y cinco años para resolverse. Y ahí en esa iniciativa se establece que quién debe cargar fuertemente con esta falta de justicia expedita son los trabajadores al sólo pagársele doce meses de salarios caídos.
Creo que ahí no entra a fondo esta iniciativa y es de entenderse porque justo lo que se necesita es una reforma constitucional en este tema.
Hay ejercicios ya registrados en el pasado, me refiero a una iniciativa del aquel entonces Legislador Gabriel Jiménez Remus, en el que proponía esta forma de atender este problema y era justamente desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y transformarlas, decía en aquel entonces en Tribunal Laboral. Esta iniciativa propone transformarlas en un Tribunal de lo Social, Tribunal Social.
También hay otras iniciativas y otros reclamos muy añejos que tienen que ver con la jornada laboral, los sindicatos de todos los cortes, los sindicatos de trabajadores han pedido esto durante muchos años, la reducción de la jornada laboral, de 48 horas a 40 horas, creo que es momento de que discutamos también esta parte, porque creo que es una parte que puede incentivar la economía de México.
Y también esta iniciativa tiene que ver en que avancemos en esta paternidad responsable y que se les otorgue a los trabajadoras y a las trabajadoras una hora de descanso adicional durante seis meses cuando haya un hijo o hija recién nacido.
Hago una convocatoria, compañeras y compañeros senadores, a que analicemos estos temas con la mayor amplitud.
Estas coincidencias no pueden quedarse en eso, me parece qué México está viviendo un momento especialmente difícil y creo que esta legislatura, este Senado, ustedes senadoras y senadores, tenemos que mostrar el tamaño de lo que estamos hechos, la fortaleza de la que estamos hechos, y creo que es momento de darnos nosotros mismos una iniciativa preferente, que la podamos procesar muy rápido, y que no tardemos demasiado en tomar decisiones que me parece son las que cambiarían de fondo esta situación de la relación obrero-patronal y de este problema de incentivar la economía en el país.
Por lo tanto, proponemos reformar la fracción I del apartado A, del artículo 123 constitucional en los términos siguientes:
La duración máxima del tiempo semanal será de 40 horas, los patrones y los trabajadores podrán convenir la distribución anual, mensual o semanal del tiempo de trabajo, pero en ningún caso la jornada ordinaria excederá de 9 horas salvo en esta situación, la jornada máxima de trabajo diario será de ocho horas.
Se trata de un instrumento favorable que favorece la productividad, ya que permite a los empresarios extender un poco la jornada diario de trabajo, a cambio de reducir la que corresponde habitualmente al sexto día, por lo que se logra que el trabajador pueda descansar más tiempo a cambio de la productividad que generó como consecuencia de haber extendido su jornada diaria por una hora. Desde cualquier punto de vista, ese sistema beneficia a ambas partes de la relación laboral sin exceder de las 40 horas semanales.
No se trata de excluir la jornada de 8 horas, la cual permanece como la regla principal, sino abrir un espacio para que el trabajo sea más eficaz para el patrón y el descanso más amplio para el trabajador, lo que ciertamente permitirá ahorrar el pago de tiempo extra.
Paradójicamente se trata de crear empleo mediante el recurso de la reducción de la jornada de trabajo, desde el proceso continúo de generación y absorción de la productividad, esto es, del crecimiento y reparto del producto, de la inflación, como mecanismo de competencia distributiva, y del uso del tiempo de los individuos asignado entre la actividad de producción y de consumo.
Nuestra propuesta es de largo alcance, obliga a la transformación de los hábitos en la producción y a la conformación de un pacto social entre el estado, los trabajadores y las empresas.
De impulsar el crecimiento económico, la innovación tecnológica y los empleos de calidad calificados, competitivos, en capacidades en el mercado internacional, nuestra competitividad no puede sustentarse en la pauperización de los trabajadores, por el contrario, nuestro éxito está en la amplitud de capacidades y en su. . .
(Sigue 6ª parte).... no puede sustentarse en la pauperización de los trabajadores, por el contrario, nuestro éxito está en la amplitud e capacidades y en sus calidades, en ello deberá también impulsarse una reforma de modelo educativo que integre a los sectores productivos y educacional a los fines del desarrollo nacional tal como se describe el artículo 25 constitucional.
En la ampliación de esta reforma se establece un proceso gradual de ampliación, de aplicación, a fin de que paulatinamente las empresas y los trabajadores vayan organizando y ajustando los procesos de producción a la reducción de la jornada.
Otro tema que se plantea en esta iniciativa es la transformación del sistema de impartición de justicia laboral. En 1917 el Constituyente creó un sistema de justicia laboral, alejado del formalismo jurídico propio del civilismo del siglo XIX, creó así las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que desde su creación generaron profundas discusiones sobre su naturaleza jurídica.
Hoy en día las “bondades”, con las que fue diseñado el sistema de Justicia Laboral en México se han agotado, en la realidad las representaciones de trabajadores y patrones no actúan en un ánimo de generar un real justicia social.
Se ha perdido el carácter del derecho procesal del trabajo, y en un gran porcentaje de actuaciones se da paso a la corrupción en perjuicio, tanto de trabajadores como de empleadores. Por ello acorde a las grandes transformaciones que el régimen constitucional vive, en el ámbito de la administración de justicia proponemos la creación de tribunales de lo social, inmersos en la doctrina de los fundamentos doctrinales del derecho social, tribunales sujetos al potestad del Poder Judicial de la Federación o de los estados, según sea su competencia, con especialización y profesionalismo plenos, tribunales que atiendan ante todo al sentido tutelar del derecho del trabajo y que propicien seguridad jurídica para los factores de la producción.
Al respecto, se reforman los artículos 94 y 99 constitucionales para integrar plenamente al Tribunal de lo Social del Poder Judicial de la Federación, a las reglas de ese poder, a un sistema civil de carrera y al control del Consejo de la Judicatura Federal.
Para el caso de los estados el decreto que presentamos a su consideración ordena reformar la legislación estatal de sus poderes judiciales a fin de instituir los tribunales de lo social de los tribunales superiores de justicia de los estados, de la República y del Distrito Federal.
Finalmente, proponemos modificar la fracción quinta del apartado A del artículo 123, para instituir la participación de madres y padres en el cuidado y la crianza de los recién nacidos, como ya ocurre en muchas partes del mundo.
Compañeras y compañeros, México tiene por delante la oportunidad de construir un espacio real de convivencia social que en el reconocimiento de las contradicciones sociales, la tolerancia, y la aceptación de las diversidades, generan que todo cohesión social, la productividad no es un fin en sí mismo, es un medio para dar solución a nuestras necesidades materiales, al bienestar, al que todos tenemos derecho, por ello es vital reformar y dignificar el papel de los trabajadores en la economía nacional, ampliar sus derechos y proporcionar un espacio de cohesión social que nos permita a todos la realización de nuestras aspiraciones. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la palabra al senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presenta proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. En el uso de la palabra, señor senador.
-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, con la venia el señor presidente, de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores. Es raro, aunque ciertamente gratificante que nuestra calidad de legisladores se nos presente la oportunidad de contribuir a la solución de conflictos sociales latentes, y que a partir de nuestros buenos oficios podamos atacar problemas que exigen solución inmediata y que actualmente causan tensión, y que son factor de descontento ciudadano.
Hoy, compañeras y compañeros senadores tenemos es oportunidad. A través de la iniciativa que ahora vengo a poner a consideración de todos ustedes, en nombre del senador Miguel Barbosa, y por supuesto, del mío propio, y que lo hago planteando que es con un sentido de urgencia por el tema que voy a plantearles, insisto, que nosotros creo que podemos contribuir de manera clara y de manera determinante al aliento de miles de familias; familias que han visto perdido su patrimonio por la actividad de defraudadores, me refiero a decenas de miles de ciudadanos que actualmente no encuentran solución a una situación muy grave, y que ha provocado que sientan su futuro truncado, a que sientan que no tienen posibilidades reales de levantar la cabeza, y de continuar con sus vidas.
Es para aliviar ese profundo dolor humano, para remediar en la medida de la posible la injusticia de que han sido objeto, que ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de FIPAGO, Ley que fue creada en el año 2000, producto precisamente de lo que sucedió en aquel entonces, me refiero a una serie de actividades fraudulentas, de cajas de ahorro irregulares, en la que miles de mexicanos se vieron despojados de su patrimonio.
La quiebra de estas instituciones causó, lo quiero recordar, graves estragos a la economía de familias y de regiones enteras, principalmente en Estados como Veracruz, como Jalisco y como Oaxaca, ese descontento social no se hizo esperar haciéndose presente a través de protestas y de movilizaciones, que exigían la pronta resolución, tanto en el resarcimiento de los daños, como en el castigo a los culpables, se trataba ni más ni menos de que habían perdido gran parte de su patrimonio familiar.
Así con el propósito de atender ese justo reclamo de los ahorradores que perdieron ese patrimonio, ya sea porque las sociedades o cooperativas incumplieron sus obligaciones fiscales, o porque los ahorradores fueron defraudados, es que el Congreso de la Unión crea en diciembre del año 2000 la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocida como la Ley FIPAGO.
Su motivación era dar certeza jurídica a la inversión depositada en estas instituciones. El patrimonio inicial del FIPAGO fue de mil 785 millones de pesos, cifra que se consideró en la aquel entonces viable para resarcir el daño patrimonial causado a esos ahorradores.
Sin embargo, compañeras y compañeros, la realidad superó los cálculos y esa cantidad fue rápidamente insuficiente. Actualmente hay que reconocerlo, es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados y, sobe todo el monto de lo defraudado debido a que son pocas las entidades federativas que cuentan con estudios estadísticos.
Sin embargo, se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25 mil millones de pesos, cantidad que claramente rebasa los pocos más de diez mil millones de pesos que hoy se tienen como patrimonio de este fideicomiso.
Y si bien es cierto que la creación de este fideicomiso resulta ser un alivio para muchos de estos ahorradores, que consideraban perdido su patrimonio familiar, también lo es, y por eso lo traigo a colación, que en esta ley que crea el FIPAGO, no se consideró la multiplicación que habría de las cajas de ahorro en las entidades federativas, ampliadas bajo la figura de la prórroga condicionada, plazo que tuvieron dichas sociedad de crédito para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio, del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto del 2009.
Es esto resulta.....
(Sigue 7ª. Parte)…en el artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto del 2009.
De esto resulta que las popularmente llamadas cajas de ahorro hoy en día sigan proliferando sin sus operaciones cumplan con la normatividad que las avale como entidades autorizadas.
En ese sentido, el artículo 8 de la ley que hoy se propone reformar, sólo considera como entidades crediticias a las cajas que se constituyeron antes del 31 de diciembre del año 2002, lo anterior significa que los ahorradores defraudados, después de esa fecha, no cuentan con la capacidad de recurrir al auxilio de este ordenamiento legal, quedando entonces en una situación de grave estado de indefensión y sin ningún mecanismo de resarcimiento a su alcance.
La presente Iniciativa, compañeras y compañeros, también propone que la reparación del dado causado a los ahorradores no se limite a una cantidad ajena a la realidad. Y es por ello, que el objetivo de la actual propuesta es extender también la cobertura de dicho fideicomiso a efecto de proteger, no sólo a los ahorradores defraudados por instituciones creadas antes del 31 de diciembre del 2002, sino a todos aquellos quienes confiaron en esas cajas de ahorro y que han sido agraviados en su patrimonio y en el de sus familias.
Es importante significar que de aprobarse esta modificación a la “Ley de FIPAGO” estaríamos beneficiando a poco más de 300 mil familias en el país.
Por eso, como ven, este tema resulta, desde nuestro punto de vista, de la mayor relevancia en al agenda socioeconómica de México.
No podemos obviar, por otra parte, que la actual redacción de la ley limita la capacidad del Estado para auxiliar a los ahorradores, muchos de los cuales perdieron su patrimonio debido a estas acciones fraudulentas.
Por eso, compañeras y compañeros senadores, hoy debo decirlo: nuestros conciudadanos están clamando, con justificación, el socorro de las autoridades. No seamos indiferentes y acudamos en su apoyo.
Por lo anteriormente expuesto, Senador-Presidente; compañeras, compañeros, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 3º, 8º, 10º y 11 de la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamos y de apoyo a sus ahorradores.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
En las últimas tres décadas, la capacidad adquisitiva del salario mínimo en México ha disminuido de manera acelerada y alarmante.
México vive una crisis continua desde los inicios de los 80s. Los salarios han entrado en una espiral decreciente que a la fecha nos coloca como uno de los países con los más bajos salarios del mundo.
La desaceleración económica trajo, además, la desocupación y una gigantesca acumulación de mano de obra que repercute a su vez en los bajos salarios. En pocas palabras, hemos caído en un círculo vicioso del que no hemos logrado salir.
Las políticas salariares han sido adversas a la mayoría de las y los trabajadores.
Los salarios mínimos están establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y ambas leyes ordenan que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia.
En la Constitución también se estableció que los salarios mínimos fueran fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es de carácter tripartita integrada por trabajadores, patrones y gobierno.
La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 constitucional, en su artículo 90 establece también: que los salarios mínimos deben ser suficientes para cubrir las necesidades de una familia, y también reconoce en su 94, la vigencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En 1963 se creó una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos.
En 1986, el Congreso de la Unión aprobó establecer, como objetivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fortalecer los salarios mínimos con base en las condiciones económicas y sociales del país, revisar los salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones y oficios, y además contribuir a elevar el nivel de vida de las y los trabajadores y abatir los niveles de pobreza, entre otros.
Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene una pesada estructura de 101 servidores públicos, y para esto año, 2012 se le asignó un presupuesto de 168 millones de pesos, cantidad con la que se podría duplicar el programa de empleo temporal que tiene asignados 187 millones para este año.
Es obvio, es evidente que la comisión no ha cumplido con sus objetivos, ya que el salario mínimo ha sufrido un deterioro constante mayor al 55 por ciento.
El trabajo de esta comisión no se ha orientado bajo el mandado constitucional, sino uno negociación aparentemente política entre los trabajadores, patrones y gobierno, pero al final termina plegándose a los intereses gubernamentales de castigar los salarios (entre comillas) “Para evitar la inflación”.
También se pliegan al interés de los patrones, de abatir sus costos de producción, dejando los intereses de las y los trabajadores al último lugar.
No se necesita este aparato burocrático tan costoso y tan pesado para tan pingües resultados.
La política salarial aplicada ha sido un constante deterioro de las condiciones de las y los trabajadores.
Por otra parte, el INEGI y el CONEVAL establecen criterios para definir las líneas de bienestar y para medir la pobreza; definen el valor de la canasta alimentaria, por personal, al mes; definen la canasta no alimentaria, por persona, al mes, y la canasta de otros bienes y servicios básicos.
Según los datos oficiales, el salario mínimo apenas cubre el 33 por ciento de la canasta básica. Y según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario perdido, el 72 por ciento de su valor adquisitivo.
En este sexenio, la pérdida del poder adquisitivo se ubica en 42 por ciento.
Ante ello, senadoras y senadores, proponemos la disminución orgánica de la comisión nacional de salarios mínimos, eliminando el consejo de representantes, la dirección técnica y las comisiones consultivas para quedar como un organismo de carácter honorífico, compuesto por 3 representaciones del gobierno, 3 de los patrones y 3 de las y los trabajadores, que funcione en pleno, y cuya principal facultad sea la definición de los salarios mínimos generales y profesionales.
La presente Iniciativa plantea…
(Sigue 8ª. Parte)… y cuya principal facultad sea, la de definición de los salarios mínimos generales y profesionales.
La presente iniciativa plantea el establecimiento de un salario mínimo en la República Mexicana, adoptando el que mejor se posee hasta hoy, que es el correspondiente a la zona A.
El salario mínimo, también, como regla general se establece, que debe de ir aumentando anualmente, cuando menos dos puntos porcentuales adicionales al promedio de inflación de la canasta básica alimentaria; misma que será determinada por la Comisión del Coneval.
Reconcebir los salarios mínimos profesionales, con características que se mencionan en esta iniciativa, y que el Coneval determine la canasta básica alimentaria, cuya inflación anual sería el nuevo indicador, para calcular los aumentos salarios, estableciendo como dos por ciento adicional, a la fijada inflación.
Consideramos que estas medidas pueden abonar al establecimiento de una nueva política salarial en México, que de ahorcar a las y los trabajadores. Resulta urgente definir esta nueva política salarial en el Estado mexicano, sobre todo en estas fechas, en que esta misma soberanía, aquí se discute una propuesta regresiva, que atropella los más elementales derechos de las y los trabajadores y que tiene por objeto, a sumir a México como un mero país maquilador, con una mano de obra barata.
Compañeras y compañeros: Los derechos de las y los trabajos no deben regatearse. Ojalá esta representación popular, no traicione a la clase trabajadora.
Quiero manifestar la firma oposición de mi partido, a la reforma laboral patronal, que está por votarse en este recinto.
Agradezco a todas y todos ustedes, su atención.
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera Sección.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar con aval del grupo, un proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo tercero constitucional.
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso.
Suplico a la Mesa Directiva de este Senado de la República, considerar el texto íntegro de la iniciativa, motivada y fundada que presento, cuando sea turnada a las comisiones correspondientes.
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Asimismo, considerar la adhesión a esta iniciativa, a todos mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, quienes amablemente así me lo han solicitado. Muchas gracias, compañeros senadores.
Señoras senadoras y señores senadores: La reforma aquí propuesta nace de la sociedad civil. No tiene afiliación partidista, credo o religión, no discrimina orígenes étnicos o nacionales, géneros, edad, discapacidad o capacidad, condiciones sociales de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier acción que atenta contra la dignidad humana.
La reforma es un imperativo urgente de la sociedad global, para educar con principios universales.
Todos los días nos damos cuenta que el comportamiento individual y colectivo de nuestra gente, refleja una trágica ausencia de valores; de los que hoy más que nunca necesitamos urgentemente para vivir mejor.
En los hogares, en las escuelas, y entre quienes tienen la oportunidad de gobernar, hemos descuidado la educación de nuestros niños y jóvenes.
Existen vínculos indisolubles entre las condiciones económicas que padecen nuestro país, y los efectos sociales negativos que estamos sufriendo.
Pero también es cierto que el deterioro en nuestra calidad de vida, se debe al descuido enorme que hay en la formación de valores de nuestra gente, desde una temprana edad.
Lo anterior adquiere síntomas alarmantes, y eso es lo preocupante.
Los riesgos a los que ahora están expuesto los escolares, son tan grandes, que en poco tiempo podríamos enfrentarnos a problemas de imposible solución.
Podían citarse numerosas cifras de evidencias, los gravísimos problemas que actualmente enfrentan las escuelas de nuestro país.
Pero son cifras dramáticas y alarmantes, pero la realidad supera cualquier gráfica o porcentaje.
Por si fuera poco, lo anterior y con relación al tema en los últimos años, se subestimó en el sistema escolarizado nacional, la enseñanza de valores y las normas de urbanidad, como parte sustancial en la educación, incluso, llegó a eliminarse la materia de civismo.
Ha llegado el día, en que es necesario que desde las escuelas, de manera organizada y urgente, mediante el desarrollo de los respectivos planes y programas de estudio, por expertos en la materia, se fortalezcan y se amplíen las enseñanzas sobre valores sustanciales y universales, como lo son, entre otros, el respeto a la legalidad, el rechazo a la violencia, el comportamiento honesto, la protección y mejoramiento del medio ambiente, la convicción de erradicar la corrupción y la impunidad como una forma de vida de nuestra sociedad, la participación democrática, para que se comprenda que ésta, no se agota con una sola acción de valor… de votar.
La tolerancia hacia quien piensa diferente, la eliminación de conductas discriminatorias de cualquier tipo, y la solidaridad con los que menos tienen.
Necesitamos sembrar, fortalecer, incrementar valores a nuestros niños y jóvenes. No sólo desde los hogares, sino desde las escuelas también, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje.
Debo decir, que en algunos estados del país, como Puebla, ya han iniciado esfuerzos significativos para fortalecer la enseñanza de valores en las escuelas, y cuyos resultados empiezan a ser evidentes.
Además, es de importancia señalar, que a pesar de que los valores universales están en boca de todos; en lo particular nadie realmente puede decir con precisión, cuáles son y a qué se refieren.
Tratar de llegar a un acuerdo sobre un concepto universal, puede ponerse tan complicado, que incluso corremos el riesgo de atentar contra su propia naturaleza universalizadora.
Por lo que tal vez, lo mejor, sea no tratar de definir ni de delimitarlo. Sin embargo, aparentemente el concepto de los valores universales, están íntimamente ligados a los derechos universales, particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es una realidad que no existe, una lista de valores universales. Sin embargo, es primordial que la sociedad y el Estado se den a la tarea de determinar cuáles son aquellos valores que busca fomentar en los ciudadanos para que por medio del sistema educativo, puedan empezar a transmitirse.
No obstante lo anterior, se puede plantear doctrinariamente, un panorama general de valores universales.
En el pasado encontraremos los antecedentes. El factor fundamental e inherente al hombre referente a sus valores. La sociedad mexicana actual, es un resultado de nuestra historia y de su proceso de desarrollo como nación, con sus características propias.
Para que una sociedad funcione, hay que aprender a convivir, y la convivencia es el producto de la educación que recibimos en la casa, en la escuela, con los amigos, los medios de comunicación, etcétera.
En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil de los seres humanos, que resultan de un contexto cultural y un concepto de nación.
Se entiende que valores universales, al conjunto de normas, de convivencia, válidas en un tiempo y época determinada.
La doctrina reconoce doce valores universales: el amor, la cooperación, la libertad, la felicidad, la paz, la humildad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y la unidad como la capacidad…
(SIGUE 9ª. PARTE)...la libertad, la felicidad, la paz, la humildad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y la unidad como la capacidad de poder estar con otros y compartir causas comunes para llegar al éxito, visión compartida y sentido de pertenencia.
El objetivo de la presente iniciativa es lograr que en las escuelas del sistema educativo nacional de nuestro país se incremente y se fortalezca la enseñanza de los valores sustanciales y universales, como los que se han mencionado en el texto de este documento mediante el desarrollo de los actuales planes y programas de estudio, de los libros de texto respectivo con la participación de expertos en la materia tendiente a ayudar a las personas integrantes de las comunidades escolares que sean mejores seres humanos tanto en lo individual, como dentro de la sociedad en la que vivimos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con:
Que adiciona al segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente texto: “Los valores Universales”, para que dicho párrafo quede como sigue:
Artículo 3º- Párrafo Segundo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, los valores universales y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Finalmente, agradezco la presencia en este Pleno de Don Armando Prida Huerta y distinguidos acompañantes, Presidente y consejeros de la Fundación Educación por la Experiencia, que han impulsado grandes cambios en la educación de este país, y promotores de la iniciativa presente.
Muchas gracias por su presencia. Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda sección.
-A continuación se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
-En el uso de la palabra Senadora Iris Vianey.
-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias. Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente.
Vengo en representación propia y del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática a presentar esta iniciativa en el marco de la discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2013, la presente iniciativa tiene como objeto derogar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a los servicios que se prestan a través de la red pública de telecomunicaciones.
Como la mayoría conocemos, ese impuesto, el IEPS, fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos en la sociedad como el tabaco y el alcohol, esta fue la denominación que desde el 2010 se le etiquetó a este impuesto. Claramente las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios; sin embargo así está concebido desde el año 2010.
Los servicios de telecomunicaciones están gravados, como la mayoría ya conocemos, de un 3%, que se aplica al precio cobrado, y sobre este resultado que tenemos se suma el IVA de 16%, el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber.
Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta dificultad adicional se da al existir una correlación directa entre los impuestos y el costo total de propiedad, lo cual incide en mayores precios para el consumidor, incrementa también los costos para los posibles nuevos competidores, lo que a su vez significa una menor competencia y menores inversiones en el desarrollo tecnológico, entre otros factores negativos que hoy estamos viendo en todo el país.
Al aumentar el costo e inhibir el desarrollo de las telecomunicaciones, el gravamen ha tenido un efecto regresivo y adverso en la economía nacional: afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad; y obviamente es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción de las nuevas tecnologías.
Se ha demostrado que la aplicación del gravamen ha implicado un aumento en los precios que pagan los usuarios en un 19.5%, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas de ingresos para la industria de las telecomunicaciones aproximadamente por 3 mil 194 millones de pesos por año.
Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la aplicación del impuesto es la merma en la penetración que genera. Actualmente nuestro país debería contar con más de 100 millones de líneas móviles, casi 4 millones más de los 96.6 millones que actualmente tenemos. Ese diferencial corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos, la presencia de impuestos especiales, como éste, que encarecen y elevan la barrera que entra en el mercado, quedan desfavorecidos aquellos consumidores que no cuentan con los recursos económicos para acceder a ellas, esto contribuye de manera directa a la brecha digital en nuestro país.
Así, además de tener un bajo impacto recaudatorio, a dos años de haber instrumentado este impuesto, son evidentes las consecuencias, las consecuencias de afectación de manera directa en el incremento a lo que son las telecomunicaciones en nuestro país.
La experiencia mundial demuestra que el aceleramiento de la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto.
En este sentido, compañeras y compañeros senadores, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y diversos documentos emanados del Congreso de la Unión, afirman que el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorando obviamente su competitividad, a incrementar la calidad de vida de la población; y el aumento en un 10% de la penetración de la banda ancha puede incrementar hasta en 1.4% el Producto Interno Bruto nacional en países como el nuestro.
Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente, resulta también ineficiente y regresivo seguir gravando servicios que son convergentes y que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento del desarrollo económico, la generación de empleos y el ahorro del gasto tanto público, como privado, además de que más y mejor calidad de educación la tenemos por vía de las telecomunicaciones y de las redes que hoy para muchos es difícil acceder debido a este impuesto.
En este sentido, representantes de las cámaras empresariales, así como organizaciones de la sociedad civil y de la academia, han subrayado que con la eliminación de este impuesto a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual del 5% en los servicios de telecomunicaciones, y con ello, vía el cobro del ISR o IVA, se podrían obtener una cifra similar o mayor a la que actualmente se está recaudando por este concepto.
Es un absurdo que en la actual política fiscal del Gobierno Federal enfoque a las telecomunicaciones con una visión muy limitada de recaudación cortoplacista. Una verdadera política de Estado debe…
(SIGUE 10ª PARTE)… enfoque a las telecomunicaciones con una visión muy limitada de recaudación cortoplacista.
Una verdadera política de Estado debe vislumbrar a las telecomunicaciones y a la adopción de las nuevas tecnologías de la información como instrumentos insustituibles que deben potencializar para atacar los problemas de crecimiento, desarrollar de manera específica económicamente a nuestro país y que es una prioridad en nuestra nación.
Derogar el impuesto especial sobre la producción y a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, constituye un paso indispensable en la nueva visión de la nación que queremos, de un México con igualdad de oportunidades, de acceso a la nuevas tecnologías de la información que requerimos, merecemos y exigimos los niños, las niñas, las jóvenes, los ciudadanos mexicanos.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos que corresponda.
Sonido al escaño del senador Lozano, ¿para qué asunto?
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN (Desde su escaño): Para solicitar a la senadora a ver si me permite sumarme a esta valiosa iniciativa. Estoy totalmente de acuerdo con ella.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora Iris, ¿acepta?
Aceptado. Pido a la secretaría que tome nota de la solicitud del señor senador Javier Lozano.
Gracias, senadora Iris.
En otro apartado de nuestra agenda, el día de hoy tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide al Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este dictamen se desprende de un proyecto iniciado en esta Cámara y que la colegisladora nos devolvió con modificaciones.
Debido a que este documento se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento de nuestra Cámara, es de primera lectura. Por lo que pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias, secretaria.
Se concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por diez minutos.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su venia, señor presidente. Para fundamentar el dictamen que está a su consideración, dictamen que ha sido votado por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
Uno de los tres ejes de la estrategia de seguridad y de justicia que ha implementado el Presidente Calderón es justamente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Precisamente porque se propone en esta estrategia el fortalecimiento de estas instituciones se ha articulado como una verdadera política de estado.
Es por ello que en el año de 2010, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República la Iniciativa de Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que el día de hoy, en caso de ser aprobada por la mayoría de los senadores, concluiría su proceso legislativo.
Ha sido un proceso de dos años en el cual el Congreso de la Unión ha fortalecido, a modificado, a generado consensos para precisamente tener hoy en día una ley en contra del lavado de dinero.
Y sin lugar a dudas la pluralidad política que se representa en el Congreso mexicano ha enriquecido esta propuesta.
Hay un reclamo social de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Y de eso se trata precisamente esta ley, de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y sobre todo inhibir la renta que reciben de parte de sus actividades ilícitas.
Se estima que el volumen de recursos que son objeto de operaciones del lavado de dinero oscila entre 10 mil y 14 mil millones de dólares.
La Iniciativa presentada por el Presidente de la República está vinculada a otras acciones que en materia administrativa asumió el gobierno federal precisamente para combatir el lavado de dinero, como fueron las restricciones al depósito de dólares en nuestro país.
Este proyecto de ley tiene básicamente tres ejes.
En primer lugar, se establece un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas especialmente vulnerables e inusuales, de modo que las instituciones hacendarias y de procuración de justicia cuenten con mayores capacidades de inteligencia para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.
En segundo lugar, este proyecto de ley fortalece la coordinación entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una unidad que esta ley crea en el ámbito de la Procuraduría General de la República.
Es preciso mencionar que los funcionarios que integrarán esta nueva unidad en el ámbito de la Procuraduría General de la República deberán ser sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar no solamente el profesionalismo de sus actividades, sino la honestidad en el ejercicio de esta alta responsabilidad.
El tercer eje de este proyecto de ley consiste en fijar límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales definidos en la propia ley.
Este proyecto ha logrado un sano y razonable equilibrio entre la necesidad de inhibir el uso de dinero en efectivo y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en nuestro país.
Es importante destacar, señoras y señores senadores, que bajo ninguna circunstancia esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos.
Se establecen controles estrictos a la confidencialidad sobre los avisos y reportes que presenten los sujetos obligados a las autoridades competentes, con lo cual se garantizan los derechos de datos personales de los ciudadanos.
También el esquema de identificación y de avisos no constituye bajo ninguna circunstancia, denuncia o querella, de modo que por sí mismas no implican actos de molestia para los ciudadanos.
Este proyecto de ley recoge los criterios, las reglas y esquemas que han sido concertados por la Comunidad Internacional para el combate eficaz al lavado de dinero.
México había permanecido rezagado en razón de que no había extendido ciertas obligaciones antilavado de dinero a intermediarios no financieros.
En ese sentido, este proyecto de ley recurre a la participación de proveedores de bienes y servicios, lo mismo que a notarios públicos y corredores, para identificar operaciones especialmente vulnerables, sobre todo aquellas que se realizan en efectivo.
El presente dictamen, el que está a consideración de las señoras y señores senadores, propone aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades asociadas a su papel de Cámara revisora.
Esas modificaciones versaron básicamente sobre lo siguiente.
Se fortaleció el mecanismo para detectar operaciones fraccionadas en efectivo, con lo cual el proyecto ha sido enriquecido con mejores candados para detectar la simulación a los umbrales establecidos en la propia ley.
La Cámara de Diputados también estableció una facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer reglas generales y poder interiorizar al régimen en contra del lavado de dinero, las particularidades de los sujetos obligados o de las actividades que realicen, con el propósito de, insisto, no inhibir las operaciones económicas que se realizan cotidianamente en nuestro país.
Es oportunidad para expresar el reconocimiento a todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso. Ha sido producto del trabajo político, de la disposición al acuerdo, de la voluntad a encontrar los equilibrios, no solamente para construir mayorías decisorias, sino sobre todo para encontrar los mejores modelos para que el Estado mexicano cuente con mejores herramientas e instrumentos para combatir este flagelo.
Esta iniciativa sale hoy del Congreso de la Unión fortalecida. Sale hoy del Congreso de la Unión enriquecida. Sale hoy con el sello de la pluralidad…..
(Sigue 11ª parte). . . . . . .. . . . .. . ...instrumentos para combatir este flagelo.
Esta iniciativa sale hoy del Congreso de la Unión fortalecida, sale hoy del Congreso de la Unión enriquecida, sale hoy con el sello de la pluralidad política representada en este congreso.
Hemos dado una muestra que el diálogo, la negociación y la disposición a reconocer la verdad del otro es la vía para generar bienes públicos. Esta es una muestra clara de que el congreso decide y de que nos unen altos propósitos de país, sigamos por esta ruta para transformar a México, tenemos muchas leyes, muchas reformas y muchos cambios que hacer por el bien de nuestro país.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento y hasta por 10 minutos.
- LA C. SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros senadores: La discusión y aprobación de esta ley es de una fundamental importancia. Según el estudio lavado de dinero, indicadores y acciones binacionales elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, abril del 2012.
El lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 500 mil millones y 1.5 billones de dólares.
El Congreso en Washington señala que cada año entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.
La aprobación de esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es un asunto menor, sino una tarea sustantiva de poder establecer herramientas jurídicas en contra del flagelo que hoy más aflige en este tiempo la delincuencia organizada.
Esta minuta es fundamental pues nos ayuda a ir en contra de la columna vertebral y el sustento de las organizaciones criminales, sus bienes y sus recursos.
Esta ley establece que la Procuraduría General de la República cuente con una unidad especializada en análisis financiero y que trabajará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras instituciones.
Esto guarda un principio importantísimo y en el que hemos insistido la seguridad pública no se puede concebir si no es con cooperación y la auxiliariedad. En ella se debe de acompañar las diversas y más vastas expresiones tanto políticas como interinstitucionales para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la DEA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propósito del mismo estudio al que hacemos referencia, en la economía mexicana existe un excedente, así también o de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares, que al final del año no justifica una fuente legítima.
En el Centro Nacional de Inteligencia Sobre Narcóticos del Departamento de Estados Unidos de América que estima que cerca de 39 mil millones de dólares se lavan afuera de sus fronteras de Estados Unidos, acciones que desarrollan principalmente organizaciones de Colombia y México siendo nuestro el de mayor volumen.
La misma organización reportó la entrada a México de 17,200 millones de dólares entre 2003 y 2004, y el Congreso en Washington, DC., señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares son ganancias ilícitas que fluyen y entran y se mueven en nuestro país anualmente sin que nadie señale nada.
Es fundamental, compañeros senadores golpear las finanzas de los criminales; es necesario que nuestras fuerzas de seguridad puedan tener un andamiaje jurídico para proteger y perseguir estos ilícitos.
En México las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento y no se cuenta con los datos específicos para el secreto bancario.
Necesitamos salvaguardar la integridad de nuestro sistema financiero y, dejar de hacerlo, blanco fácil y vulnerable a sucesos como los referidos.
No hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada si no se lastiman las finanzas que las sustentan en la detección y en la prevención; pero de manera fundamental en el desmantelamiento de las mismas.
Hoy de nueva cuenta el Grupo Parlamentario del PRI acompaña al Ejecutivo en este esfuerzo. No hemos ni vamos a escatimar ningún esfuerzo en algo que nos atañe a todos, y en lo que todos tenemos que ir juntos, que se llama seguridad.
Celebro y aplaudo el interés y la capacidad de los actores políticos para este fin, de mi compañero Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; del Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, y desde luego de mi compañero Arturo Zamora que fue fundamental para este trabajo de las anteriores legislatura que procesaron esta ley, y que de igual manera el beneplácito a todos los partidos y de todas las personas involucradas por la oportunidad, y lo señalo y lo reitero, por la grande oportunidad de ponernos de acuerdo y de la aprobación de la misma.
Enhorabuena para todos los grupos parlamentarios.
- - EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señora senadora. Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento, y hasta 10 minutos.
- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Con su autorización Senador Presidente. Compañeras y compañeros senadores: En representación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, vengo a fundamentar la aprobación a las modificaciones y adiciones que la Cámara de Diputados remitió en carácter de minuta referente a la Ley Sobre la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.
Aquí, en esta discusión partimos del reconocimiento de que la reconfiguración de la actividad delictiva en nuestro país derivó también en la reconfiguración del manejo de recursos económicos y financieros de la delincuencia organizada, lo cual llevó a definir nuevos niveles en los problemas y en las limitaciones de las instituciones públicas, que a nuestro juicio requieren de una reformulación de la visión tradicional de la seguridad nacional.
La seguridad nacional debe orientarse a una nueva concepción del estado que incentive capacidades legales y de acción y participación en la esfera pública y privada en la realización de acciones preventivas eficaces contra la delincuencia organizada sin necesidad del uso de medios represivos.
La seguridad nacional debe concebirse como el conjunto de condiciones de acciones no sólo de defensa sino también de carácter político, económico social y cultural que garanticen la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación mexicana, y al mismo tiempo fortalezcan las capacidades institucionales del gobierno y de la sociedad para hacer frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia de la nación.
El Estado Mexicano debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y priorizar la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza.....
(Sigue 12ª. Parte). . . el Estado Mexicano debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y priorizar la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza crítica como la que representa la delincuencia organizada.
Por lo que mientras no se combata de manera eficaz el lavado de dinero y se desmantele el poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada, el problema de la violencia y el narcotráfico no desaparecerá en nuestro país.
En México se han mencionado en distintos medios de comunicación, y como lo han señalado aquí, tanto el Presidente de la Comisión de Justicia, como la Presidenta, la Comisión de Gobernación, los cárteres del narcotráfico habrán lavado más de 3 billones de pesos en los Estados Unidos y en México lo que equivale al 82 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
De acuerdo con esas estimaciones, cada cartel de la droga serían 15 veces más rentable que el grupo CARZO, y al mismo tiempo el departamento de estado de los Estados Unidos ha señalado que el sistema financiero en nuestro país es la principal fuente del blanqueo de capitales. Sin embargo y de manera lamentable entre el año 2007 y el 2011, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo denunció 197 casos de lavado en bancos ante la Procuraduría General de la República con un porcentaje profundamente marginal respecto al volumen que representa el blanqueo de recursos en el sistema financiero de nuestro país.
Por eso coincidimos en que debe aprobarse la minuta que envía la Cámara de Diputados donde hubo varias valoraciones que corrigieron de fondo el proyecto original de la iniciativa.
En primer lugar, se reestructuró el Proyecto de Ley, para establecer que los reportes para dar aviso de operaciones susceptibles de ser realizadas por el crimen organizado fueran los mismos que señala cada uno de los cuerpos legales que integra la legislación financiera.
Se amplió también el objeto de la Ley para establecer que no sólo se trata de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, sino que también para establecer los elementos, para investigar y perseguir los delitos de operaciones con estos recursos.
Las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento así como para proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.
La minuta crea la unidad especializada de análisis financiero en contra de la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República, la cual podrá coordinarse con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en donde se aprobarán los procesos de evaluación inicial y periódica para el ingreso y permanencia del personal en dicha unidad a los cuales se le otorga la posibilidad de resguardar su identidad a fin de que esto no incurra en una situación de vulnerabilidad a su integridad personal.
Se establece en el dictamen la obligación para que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría puedan contar con programas de capacitación, actualización y especialización permanentes en las materias de la presente ley en el ámbito de sus competencias y se modificó lo relativo a las entidades financieras reconociendo que las actividades que realizan son vulnerables para ser utilizados en esquemas de lavado de dinero y por lo tanto tienen que ser sujetas a supervisión como son las obligaciones de identificar y conocer a sus clientes y usuarios así como de reportar determinadas operaciones ante la Secretaria de Hacienda a través de los órganos supervisores de la propia Secretaría, quienes continuarán siendo los responsables de sancionar las infracciones en las que incurran dichas entidades.
En el dictamen se amplía el catálogo de las denominadas actividades vulnerables, y se establecen, como tales a las vinculadas a las prácticas de juegos con apuestas, concursos o sorteos, la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de créditos no bancarias así como los cheques de viajero y la prestación habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o préstamo realizado por personas distintas a las entidades financieras entre otras actividades que se consideran vulnerables.
Con la aprobación de esta iniciativa, cerramos un proceso de debate legislativo que se extendió a lo largo de dos años, y que se dio de manera particular en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, y con la aprobación de esta ley, ahora sí no hay pretexto para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, actúen de manera coordinada en uno de los temas fundamentales para poder desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder financiero y patrimonial.
Por supuesto que estamos conscientes de que esta Ley está sujeta a prueba todavía, y conocemos la preocupación de algunos sectores de la economía como la industria automotriz, la industria joyera, que algunas reservas sobre lo contenido de la Ley, pero estamos seguros que una vez que la Ley entre en vigor y sea sometida a prueba, pueda ser susceptible de algunos ajustes y correcciones.
Más lo importante hoy es dotar a los instrumentos que se requieren para garantizar una acción eficaz del gobierno mexicano en el desmantelamiento de la delincuencia organizada.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor Senador.
Pasamos a la exposición de posicionamientos de grupos parlamentarios, harán uso de la palabra en los términos del artículo 197 del reglamento hasta por 5 minutos los senadores Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Me están reportando un cambio de orador, será el Senador Blásquez quién posicione por parte del Partido del Trabajo, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y; el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Blásquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor Presidente, con el permiso de la Asamblea, y de mi coordinador.
Bien, es en sentido completamente positivo que la bancada del Partido del Trabajo fija posicionamiento sobre esta iniciativa de reforma, esta que conocemos como la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que en la ciudadanía se le conoce como la Ley Antilavado de dinero.
Nos hemos preguntado históricamente así como el debate del huevo y la gallina o la gallina y el huevo qué es primero, si es la producción o si es el consumo o si es el consumo o es la producción, al menos ese es un debate que hemos sostenido históricamente con el vecino país del norte, si tú no produces yo no consumo, si yo no consumo, tú no produces.
Pero qué pasaría si a esta discusión le agregáramos la cuestión financiera, esto es, si no tuvieras dinero, pregunto, ¿podrías producir? Y ese es precisamente el tópico central que he sido instruido por mi bancada de comentar aquí, que es precisamente el factor financiero por el que debemos empezar, porque es el principio, es el génesis de la actividad ilícita.
Hay que considerar que dentro de estos campos restrictivos, primero tenemos que ver la manera como sí se afecta a sectores productivos que se dedican o están por el buen camino.
Esto lo hemos registrado por ejemplo en lo que tiene que ver con el control de dólares, cuando nosotros aplicamos estas medidas restrictivas o los depósitos en efectivo, es un hecho que colateralmente estamos afectando a personas físicas o morales que se dedican a los buenos oficios y que se ven afectados por este tipo de medidas restrictivas, tal como por ejemplo, cualquiera de nosotros nos pudimos ver afectados en un aeropuerto con las revisiones enfadosas y molestas que nos aplican, pero que son parte de una manera de prevención.
También tenemos que estar muy observantes al efecto de lo que tiene que ver con. . .
(Sigue 13ª parte)... Enfadosas y molestas que nos aplican, pero que son parte de una manera de prevención.
También tenemos que estar muy observantes al efecto de lo que tiene que ver con la acción y la reacción, toda medida restrictiva en cualquier tipo de aplicación va a causar siempre una reacción, y es obvio que aquí estamos o debemos estar muy pendientes todos los órdenes de gobierno porque la medida restrictiva sin duda va a generar una especie de mercado negro, eso nosotros lo hemos podido corroborar en todas las medidas, no sólo en las medidas hacendarias, todas aquellas que tienen por objeto restringir inmediatamente el flujo corruptor, busca una salida por otra parte, y creo que es en este sentido donde debemos de estar muy pendientes.
También quiero comentar que esta minuta tuve el gusto de trabajar con ella dentro de las sesiones de la Comisión de Hacienda, de la cual soy parte, propone modificaciones a la iniciativa de origen para establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de la coordinación interinstitucional que tenga como fines establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, a la vez que se protege el sistema financiero y la economía nacional.
Hagamos votos porque estos dos años que llevó, poder llegar hasta este punto donde estamos, creo yo, a punto de aprobarla, que estos dos años hayan servido para que las dos cámaras hayamos madurado el proyecto, que seguramente votaremos a plenitud en su favor, pero que sí estemos muy observantes de lo que tiene que ver con las reacciones.
Es un hecho que si nosotros restringimos a tantas cantidades actividades comerciales, como la compraventa de joyas, por ejemplo, vienes y servicios, vienes inmobiliarios, seguramente surgirán por ahí algunas actitudes que busquen de alguna manera encontrar otro camino para poder centrar estas actividades hacendarias.
Vamos a celebrar que hemos llegado a un punto correcto, y reitero, la del posicionamiento de mi bancada, es total y absolutamente a favor. Cinco minutos con dos segundos. Es cuanto, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Con su venia, señor presidente, el lavado de dinero afecta a los más altos y sensibles valores de la sociedad, debido a que por lo general está asociado con el narcotráfico, el secuestro, el tráfico ilegal de armas, y de personas, entre otros delitos que atentan contra la salud y la seguridad de personas y la integridad de las familias mexicanas.
Es un delito transversal, que no solamente se da al interior de las entidades financieras, sino que se extiende hacia los negocios del sector real, de la economía, como son el inmobiliario, el hotelero, el de la construcción y el ganadero.
El Senado comprometido en proteger la dignidad y los más altos valores de los seres humanos, ha actuado con respeto a nuestra Constitución y de conformidad a la ley. En tiempo y forma ha aprobado el dictamen respecto a la iniciativa, de Ley para la Prevención e Identificación para Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita.
El trabajo se realizó actuando con prudencia y responsabilidad. La aprobación por parte del pleno al dictamen de ley es de suma importancia en este momento para el país, ante el problema de delincuencia organizada.
Está ampliamente diagnosticado que en esta operación, que esta operación ilícita tiene más éxito cuando se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo, lo que provoca que se dificulte la identificación del origen de los recursos, o se coloca en sectores que movilizan o implican importantes cantidades de dinero, y precisamente esto es lo que se busca combatir con esta propuesta de ley.
Estamos en presencia de un reto mayúsculo, el de prevenir, identificar, y en su momento sancionar a las redes que se encuentran involucradas en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para tal fin, el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión, establece topes para las transacciones en efectivo, que se realizan en operaciones con activos, considerados de alto valor, como la compraventa de bienes inmuebles, por tanto un gran mérito de este proyecto de decreto es el énfasis que se le da a la mitigación de riesgos que deben identificar operaciones sospechosas.
Se privilegia la estrategia y prevención ante la sanción y el combate, inteligencia sobre la fuerza en la lucha ante el crimen organizado, coordinar a diferentes actores, intermediarios financieros, notarios, corredores, comerciantes de metales, otras empresas y no sólo a las autoridades para enfrentar el problema, se trata de hacer un frente común y sumar fuerzas ante un problema social.
Ante este escenario, el Partido Verde celebra que se haya puesto especial énfasis en la atención a principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional, así como el respeto a los derechos humanos.
En esta tesitura debemos destacar como logro de este ordenamiento los siguientes.
Primero. El objeto de esta ley es proteger al sistema financiero y a la economía nacional.
Segundo. Se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, respondiendo a los estándares internacionales.
Tercero. México cumple así como miembro de la Comunidad Internacional a luchar contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que enfrenta el problema interno, fortaleciendo las herramientas para combatir las estructuras financieras del crimen organizado.
Cuarto. Esta ley afianza los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas sobre la materia. Por ejemplo la PGR y la Secretaría de Hacienda, quien se conserva como la dependencia de inteligencia financiera, que sirve de Centro Nacional de Recopilación, Análisis y Difusión de Información sobre posibles actividades de dinero.
Y quinto. Procura la eficiencia en la sanción del delito, asegurando mejores espacios de coordinación institucional.
En virtud de lo anterior, exhorto a esta Cámara a aprobar esta herramienta estratégica para frenar un problema que atenta, incluso, contra la fortaleza nacional. Es nuestra responsabilidad generar un marco legal a la altura de las necesidades del país.
Respondamos a este reto, refrendemos nuestro compromiso con México, el combate a los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos, y respondamos por ellos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señora senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la Mesa Directiva, señoras senadoras, señores senadores, antes de externar la postura del grupo parlamentario del PRD con relación a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, quisiera compartir con ustedes algunos datos.
Según estimaciones, el 78 por ciento de los sectores económicos en México están infiltrados por el narcotráfico y los cárteles mexicanos. Quienes tienen participaciones accionarias en esos sectores.
Asimismo, se calcula que los recursos de los cárteles del narcotráfico podrían representar alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. El Estudio Binacional de Bienes Ilicitos dado a conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas.
Sin embargo, lo más interesante del asunto es que según la asociación de Bancos de México casi el 50 por ciento de ese dinero llega al sistema financiero mexicano de forma lícita. Incluso en su momento el entonces Embajador de Estados Unidos en nuestro país, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y 90 por ciento de ese dinero ingresa a territorio nacional, en efectivo, y que el 75 por ciento de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo.
Estos datos .....
(Sigue 14ª parte)…de ese dinero ingresa a territorio nacional en efectivo, y que el 75 por ciento de las transacciones en la economía se realizan precisamente en efectivo.
Estos datos resultan por demás alarmantes, y es claro que el Congreso de la Unión no podría permanecer en la indiferencia ante el justo reclamo de la sociedad mexicana por un país más seguro para sus familias.
En el Partido de la Revolución Democrática, compañeras y compañeros senadores, hemos sido críticos desde un principio de la estrategia del Gobierno Federal en la lucha contra las organizaciones de la delincuencia organizada.
Hemos sostenido que es un error central todos los esfuerzos para combatir este flagelo en la lucha armada, en los balazos, en la violencia, y que la estrategia debiese ser integral, es decir, privilegiando los esfuerzos encaminados a debilitar las estructuras financieras de estos cárteles, así como evitando que cada vez más y más jóvenes engrosaran a las filas de esas organizaciones delincuenciales, brindándoles a ellos, para lograrlo, más y mejores oportunidades de estudio, de empleo, y por supuesto, de desarrollo.
Jamás hemos pugnado porque se deje de perseguir y sancionar a los delincuentes, pero siempre hemos tenido la certeza de que la lucha contra la delincuencia organizada, que tanto lastima hoy a nuestro país, debía tener una visión mucho más amplia y ser mucho más integral.
Por eso la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debe ser entendida como una aportación del Congreso de la Unión para reorientar los objetivos y la estrategia en el combate al crimen organizado.
Pero debemos reconocer que su efectividad dependerá también de su reglamentación, de su aplicación y de la coordinación de los 3 órdenes de gobierno en el combate al lavado del dinero.
Deseo, respetuosamente, combinar ambas Cámaras del Congreso desde esta máxima tribuna para que estemos atentos a la aplicación y efectividad de esta ley, así como al ejercicio de las facultades que en ella le confieren, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Procuraduría General de la República, con el fin de señalar cualquier abuso o vulneración de derechos humanos en que se pudiese incurrir.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, compañeras y compañeros, coincidimos con los fines que persigue esta ley, y desde luego habremos de apoyar todas aquellas Iniciativas que busquen investigar y sancionar las conductas ilegales, pero siempre con pleno respeto a los derechos humanos.
Hacemos votos porque esta ley se constituya como una herramienta de gran relevancia, que no solamente permita atacar las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada de manera más eficaz, sino que sea punto de partida para que el combate a la delincuencia organizada tenga por fin una visión mucho más integral y deje de centrarse en estrategia armada que ha prevalecido durante la actual administración federal.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, hago del conocimiento de esta Asamblea, que acompañamos en sus términos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Estudios Legislativos, Segunda, y Gobernación en comento.
-Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Con su venia, señor Presidente.
Es un honor hacer uso de la voz en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno al tema que estamos hoy aquí discutiendo, y manifestar de antemano, por supuesto, nuestro apoyo total al dictamen que está a discusión.
Sin embargo, quiero referirme, aprovechando que quienes me han antecediendo en el uso de la voz, lo han hecho de manera muy puntual, en especial mi colega Roberto Gil, al impacto en la vida nacional de la lucha contra el lavado de dinero. Quiero yo abordar, de alguna manera, la problemática y la perspectiva internacional que tiene este fenómeno.
Sin duda alguna, el tema de lavado de dinero es de los más dinámicos que existe en el mundo, no sólo las herramientas para luchar en contra de él, sino también la adecuación de los marcos normativos.
A nadie le queda duda que el lavado de dinero es un fenómeno global, y que tenemos que tener la cooperación de la comunidad de naciones para ser eficientes y para ser eficaces en el tema.
Así las cosas, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos muy importantes de carácter regional, de carácter hemisférico e incluso de carácter global, creando organismos a doc para definir y hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas y los mecanismos más eficientes para luchar en contra del lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, y que se sesiona al interior de la OCDE, es sin duda alguna el grupo que marca pauta.
Fue creado desde 1989, desde entonces había conciencia ya sobre la necesidad de que todas las comunidades, las naciones de la comunidad internacional se involucraran de manera coordinada.
México arranca tarde, hay que decirlo, en la lucha contra este fenómeno.
Hasta al año de 1998 tipificamos el delito de lavado de dinero; en el 99 nos aceptaron como miembros observadores de GAFI; en el 2000 nos aceptaron como miembro de pleno derecho, y gracias al esfuerzo que se hizo en los años recientes fuimos, incluso, presidentes de ese organismo en los años 2010 y 2011.
El cumplimiento de las recomendaciones de GAFI se evaluado por los propios miembros de los países miembros en un sistema de evaluaciones mutuas: Yo evalúo a un país, y el otro país me evalúa a mí.
La última evaluación de México fue en el año 2008, y si bien es cierto, se reconocieron avances muy importantes de nuestro país en la materia, también hay que decir que se señalaron retos pendientes, entre los que destacan, como aquí se ha señalado, el poder incorporar a las obligaciones antilavado, a los organismos no financieros, y aquellos que desempeñan actividades que por su naturaleza comercial los hacen susceptibles de ser utilizados indebidamente por los lavadores de dinero, son los que, la compra y venta de inmuebles, de joyería, de vehículos y demás que se han señalado.
El reto es acabar con el anonimato y permitir el rastreo de los flujos de dinero, especialmente los de efectivo.
El grado de cumplimiento de un país, no cabe duda, puede repercutir en la percepción internacional que se tiene sobre el mismo, y en la confianza que se tiene para invertir en nuestro país.
La nueva ley, sin duda alguna, buscar debilitar las estructuras financieras del crimen organizado en México, pero también busca armonizar la legislación mexicana con criterios y reglas que rigen la comunidad internacional en materia de combate al lavado de dinero, reconociendo que el problema no puede encararse como un fenómeno doméstico, sino que debe reconocerse como un fenómeno global.
El dictamen que tenemos aquí a consideración, habrá alguna voz que diga: “Que no es un producto perfecto, y quizás lo digan con razón”. Pero yo los invito a reflexionar, si en materia de lavado de dinero existe una legislación perfecta, y me atrevo a decir que no.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, quiero invitarlos a ustedes, colegas senadores, a aprobar el proyecto de dictamen que tenemos hoy a discusión, mismo que además cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, unánime, de la cual soy secretario; y los invito a aprobarlo porque significa un avance sustancial con respecto al marco normativo vigente y permitirá a México aportar su parte en la lucha contra este fenómeno global.
Asimismo, les pido que asumamos el compromiso de revisitar de manera permanente esta ley, que no la dejemos, tenemos que estarla actualizando una y otra vez de acuerdo con los mejores estándares.
No podemos permanecer estáticos ante la creatividad e inventiva del crimen organizado para hacer de los recursos, que sus, y ganancias, que sus actividades ilícita le reportan.
Tenemos ese gran compromiso, y cumplir ese compromiso comienza hoy votando a favor este dictamen.
(Sigue 15ª. Parte)…cumplir ese compromiso, comienza hoy, votando a favor este dictamen.
Tiene el uso de la palabra el senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias.
El dictamen que se presenta hoy ante el Pleno, para su debate y aprobación, es de la más alta importancia, ante la difícil situación que vive México, en materia de combate a la delincuencia organizada y el poderío económico que gozan esas organizaciones.
La llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas, para detectar y actuar en contra de operaciones susceptibles de encubrir acciones de lavado de dinero, con el objetivo de desactivar el poderío financiero de esos grupos delincuenciales y lograr finanzas sanas en la economía mexicana.
Cualquier estrategia de combate al crimen organizado debe privilegiar el combate a su brazo financiero, y no solamente apostar a la detención o abatimiento de líderes, porque son de inmediatos sustituidos, quedando intactas sus propiedades y finanzas.
A partir de finales de la década de 1980, la comunidad internacional a través de diversas instituciones, ha venido desarrollando un marco normativo, orientado a prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo del dinero proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado.
El delito pasó al ámbito mexicano, con la expedición en 1990 del artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Posteriormente, en mayo de 96, entró en vigor el artículo 400 Bis del Código Penal Federa, vigente hasta la fecha, es decir, que contempla el tipo penal de lavado de dinero, y que establece sanciones desde cinco hasta 15 años de prisión, con independencia de los delitos, que por crimen organizado, u otro tipo de delitos se cometan.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el Departamento de Estado y de acuerdo con otras organizaciones, aquí se han dado cifras, todas ellas, importantes, pero también todas ellas divergentes.
La razón fundamental, es que no hemos tenido un instrumento real de medición, y esta ley, precisamente, también se convertirá en un instrumento de efectiva medición.
Por otro lado, debo decir a ustedes, que hoy es un día importante. Es importante porque después de dos años de discusión, análisis y debate, se logró un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permitirán quitar a México, el nada honroso segundo lugar mundial, como lavador de dinero.
En lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, existen en nuestro país diversas instituciones que van a trabajar en conjunto, como es la dirección general de Delitos Financieros y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, también de la PGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y relacionados con el Sistema Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, constituye otro mecanismo para buscar armonizar las medidas contra el blanqueo de capitales y obliga a los países signatarios a emplear el ámbito de delitos subyacentes en su propia legislación, como ya fue comentado anteriormente.
Por esa razón hoy es un día importante para México, porque se da un paso firme para combatir de manera efectiva a la delincuencia, sin afectar a los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda de interés social o comprar un automóvil producto del esfuerzo de su trabajo, es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos.
La nueva ley que estamos a punto de votar, permite supervisar a entes privados y obligarlos a informar a las autoridades federales, cualquier actividad que resulte sospechosa en aquellas actividades vulnerables al lavado de dinero. Como es el caso de los juegos, apuestas y sorteos, compraventa de inmuebles en efectivo, que superen la cantidad de un millón de pesos, la compraventa de joyas, metales preciosos, relojes, obras de arte, en efectivo que superen 300 mil pesos, la renta de autos blindados, entre otros.
Con la nueva ley se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero, en contra de la delincuencia organizada en la Procuraduría General de la República, que tendrá, la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, la creación de mecanismos de análisis de la información financiera y contable. También permitirá generar herramientas de inteligencia, para investigar los patrones de conductas ligadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por todo ello es, que la bancada del PRI respalda esta reforma, que busca sanear las finanzas del país y, por supuesto, atacar las finanzas de los grupos delictivos.
Por todo ello, felicitamos a los integrantes y presidentes de las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Cristina Díaz, Roberto Gil y Alejandro Encinas, por el trabajo que se realizó en las comisiones al haber logrado la unanimidad, precisamente en una ley, que no será estática; en una ley que será dinámica, porque estará sujeta a revisión constante y permanente; y esa es la actividad que nosotros los senadores, estamos ofreciendo de manera conjunta, dándole al Estado mexicano, mejores herramientas para que vivamos mejor en el futuro.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: (Desde su escaño) Presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senador Demédicis.
-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: (Desde su escaño) Si. Me reservo el artículo sexto fracción V; y el artículo octavo fracción X.
Háganse los avisos al que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general; y de los artículos no reservados.
LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se
(SIGUE 16ª. PARTE)...-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 111 votos en pro; 0 en contra; 0 abstenciones.
En consecuencia, queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de decreto.
-EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: En consecuencia, queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de decreto.
-Se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 6 en su fracción V y al artículo 8 en su fracción X del proyecto de decreto.
No pretendemos hacer una modificación de fondo, solamente queremos plantear que se haga la adecuación de esta ley a nuestro marco constitucional y a la actualización de los sistemas de justicia que tenemos en México. ¿Qué pasaría si se insiste en sostener en esta Ley, y el Senado tiene que pensar muy bien, si se sigue sosteniendo conceptos como presunto infractor o conceptos como averiguación previa?
Estos conceptos fueron desechados, el primero, en la reforma del 99 para adecuarlo, y que en lugar de presunto se utilice “probable”. El otro es más delicado, el término de averiguación previa. Este término se utiliza exclusivamente en el sistema tradicional, y este país avanza en una reforma a los derechos humanos, aprobada por el Senado de la República en el 2011, y sostiene que los derechos fundamentales empiezan por preservar la presunción de inocencia. A nadie en este país se le puede declarar culpable si no se demuestra que efectivamente lo es.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha luchado desde su nacimiento, y muchos hemos luchado desde antes del nacimiento del PRD porque no se fabriquen culpables, y esa es, ese es el problema principal que presenta el sistema tradicional, algunas reflexiones a partir de las diferencias que existen entre uno y otro sistema.
En el sistema tradicional el expediente formado por el Ministerio Público prácticamente es la prueba que conoce el juez o el Secretario de Acuerdos, y está celosamente integrada, y es con eso con las que se dictará la sentencia.
En el sistema adversarial la carpeta de investigación contiene todas las diligencias realizadas para la investigación y en todo momento está a disposición del imputado y su defensor, por tanto se puede ejercer una defensa técnica adecuada y oportuna. El juez en el sistema tradicional en la mayoría de los casos no conoce ni oye al imputado, víctima o a los testigos, las audiencias casi nunca se celebran ante la presencia del juez, sino del Secretario de Acuerdos y su mecanógrafa.
En el sistema oral las audiencias son públicas, cualquiera puede acudir a verlas y siempre se hacen ante la presencia del Juez, su tribunal, quien escucha de viva voz las declaraciones de testigos, peritos, la víctima, y en su caso del imputado. Es decir, este Senado no puede aprobar una reforma regresiva que violente los derechos humanos y que atente contra un elemento central por el que ha luchado la sociedad de este país y el pueblo de este país, como es la presunción de inocencia. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel ahora mismo, producto de acusaciones porque no coinciden con el régimen, por ejemplo?
Por eso, compañeros, muy comedidamente les pido que cuando menos estos dos términos planteados, uno en el artículo 6 y otro en el artículo 8, puedan adecuarse a nuestro marco constitucional, puedan adecuarse a la justicia oral que tratamos de implementar en México y que de manera definitiva por mandato constitucional debe quedar concluida en el año 2016.
Por la presunción de inocencia para todos los mexicanos, muchísimas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Solicito a la Secretaría… ¿Tenemos ya la propuesta de modificación presentada por el Senador? Secretaria ¿tiene ya las modificaciones del Senador, las propuestas? Le solicito dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura a la propuesta que propone el señor Senador.
Artículo 6 fracción V, dice: “Requiere de competencia de presunto…
…..propone el señor Senador.
Artículo Sexto, Fracción Quinta, dice: Requiere de competencia de presunto infractor y demás personas que pueden contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, proponemos. Quinto.-Requiere de competencia de los probables infractores.
Artículo Octavo, Fracción Décima.- Requiere informes y deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. Fracción Décima, requiere informes en todos los casos. Estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación.
-Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente).
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Una consideración en la que tenemos consenso, lo hemos discutido rápidamente aquí por las distintas bancadas, es que toda vez de que solamente se trata de una adecuación al marco normativo vigente, hay además un proceso que se estableció por ley para que en hasta el 2006 se adecuara toda la legislación, eso quedo establecido con toda precisión en el Diario de los Debates, y que la Mesa Directiva de la Cámara al momento revisar la comisión de estilo del mismo dictamen, pues pudiera hacer alguna consideración.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: A ver, Senador, según entiendo la propuesta es que se incorpore al Diario de los Debates? La consideraciones del Senador Demédicis.
-EL C. SENADOR ENCINAS RODRÍGUEZ (Desde su escaño): En relación respecto a las consideraciones que se hace, respecto a la corrección de estilo del dictamen.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido al escaño del Senador Zamora.
-EL C. SENADOR ZAMORA JIMENEZ: Muchas Gracias Presidente. Solamente lo que creo en lo que hay coincidencia en los Grupos Parlamentarios es que la intervención del Senador Demédicis obre precisamente en el Diario de los Debates para los únicos efectos de interpretación, porque es una norma que no podemos modificar, sobre todo en virtud de que ya fue votada por esta Asamblea.
De tal suerte que para no desestimar los argumentos que si son muy válidos, estamos coincidiendo en que estos obren precisamente para los únicos efectos de interpretación en el Diario de los Debates durante la discusión del dictamen.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Cervantes.
-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE (Desde su escaño): Lo único que le pediría es que lo que se va a poner en el Diario de Debates quede clarísimo que es una interpretación auténtica del Legislador. Esto ha sucedido en otras Legislaturas y los Jueces cuando están normando haciendo un criterio de interpretación de norma no lo toman en cuenta.
Que quede preciso que es un sistema de interpretación, no es debate; es un sistema de interpretación auténtica, y esto es un sistema de interpretación legislativa.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil Zuarth.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. La forma de armonizar ambas propuestas es que además de que la sola intervención garantiza su inserción en el Diario de los Debates, que lo dicho por el Senador del Grupo Parlamentario del PRD pueda también reflejarse en la exposición de motivos en el sentido que ha planteado el Senador Cervantes.
Estamos en plena actitud y actitud jurídica para poder incorporar esos razonamientos en la exposición de motivos que prevalece en este Senado de la República.
-EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO (Desde su escaño): Hay coincidencia con los Senadores que han hablado. Sin embargo si es mi obligación frente al pueblo de México y frente a los que tienen problemas de justicia, que a la hora de revisar los jueces se van a encontrar con el problema de que no van a poder, si estamos en juicio orales integrar averiguaciones previas, sino que tendrán que integrar carpetas. Y en ese sentido la propia ley va a entrar en una contradicción.
Yo creo, desde mi punto de vista, que hasta pudiese ser motivo de una inconstitucionalidad a partir de la contradicción que tiene entre la Constitución actual y las reformas que se hicieron con respecto a la justicia tradicional y la justicia oral.
Solamente hago esta advertencia y por supuesto que coincidimos con lo que ha planteado el Senador Zuarth.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bien. Un poco para recapitular.
Fue votada por este Pleno la modificación propuesta por el Senador Demédicis y fue rechazada.
Solicito que se incluya en el Diario de los Debates las consideraciones del Senador Demédicis con las consideraciones del Senador Raúl Cervantes, y se incluya en la exposición de motivos como se ha planteado por el Pleno.
Solicito se abra el sistema de votación para votar los Artículos 6 y 8 en los términos del dictamen.
Repito, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 6 y 8 en los términos del dictamen.
En los términos en los que está publicado el dictamen.
(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO)
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente, conforme al registro…………..
(SIGUE 18ª. PARTE). . . . . . . . .......- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 108 votos en pro, 3 en contra y 0 abstenciones.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: En consecuencia quedan aprobados los artículos 6 y 8 del proyecto de decreto, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del Artículo 72, Constitucional.
- Sonido en el escaño del Senador Martín Orozco.
- EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL (Desde su escaño): Presidente, sólo para que registren mi voto a favor, en lo general, que no estaba, gracias.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Favor de tomar nota, por favor. Me parece que estén en el mismo caso los senadores que están levantando la mano, y le pediría a los senadores que tuvieron problema al emitir su voto, que hagan el favor de levantar su mano para que tomemos nota.
En el apartado de proposiciones se concede la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre propio y de los senadores Juan Carlos Romeros Hicks, Mario Delgado Carrillo, Oscar Román González y Marcela Torres para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2013 se destinen mayores recursos a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
- EL C. SENADOR TELLO CRISTERNA: Con su venia, señor Presidente. Acudo ante esta honorable tribuna para presentar el siguiente punto de acuerdo a nombre de mis compañeros senadores Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado Carrillo y Oscar Román Rosas González, todos ellos integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología que tengo el honor de presidir.
La ciencia y la tecnología son actividades que cobran cada día mayor importancia en el desarrollo social y económico de México y todos los países del mundo.
La innovación, como expresión práctica de la investigación científica y el desarrollo tecnológico se ha convertido, sin lugar a duda en tema central de las agendas públicas de crecimiento económico, de competitividad de las empresas y de beneficio social por los impactos y satisfactores que pueden representar en la solución de problemas específicos, locales o regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social, agrícola, entre otros.
La evidencia internacional muestra la importante co-relación entre innovación y productividad en las empresas que a su vez impulsan la competitividad y el crecimiento del país.
Por lo anterior, es necesario desarrollar un marco legal y emprender acciones contundentes que permitan identificar y promover políticas efectivas de innovación, vinculadas al crecimiento económico.
El día de ayer, martes 10 de octubre, acudieron a este senado de la república importantes representantes de la comunidad científica y empresarial del país para hacer entrega a esta soberanía del documento denominado “Hacia Una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”. Propuesta estratégica elaborada por más de 60 organizaciones académicas, gubernamentales, sociales y privadas que contienen diversas recomendaciones de política pública a fin de mejorar el bienestar de la población a través del impulso integral de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
El objetivo principal de este documento es presentar una serie de propuestas para hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico y sustentable de México. Que favorezca el desarrollo humano. Posibilite mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional.
Uno de los rubros a los que esta propuesta de agenda nacional hace mayor énfasis, es el relativo a la inversión pública y privada en materia de ciencia y tecnología, en donde se recuerda que aunque desde septiembre de 2004 el Poder Legislativo reformó la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer la obligatoriedad de destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a favor de estas actividades, al día de hoy, y después de 8 años, sigue sin poder alcanzar dicha meta, y son escasas las variaciones que hacen que el monto sea prácticamente el mismo.
En este marco, y pese a los loables esfuerzos que en los últimos años se han realizado para generar un incremento sostenido de recursos a la ciencia y tecnología, la realidad es que la inversión pública en estos rubros como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha mantenido estancado durante las últimas tres décadas, colocándose por debajo de la media entre los países latinoamericanos y del Caribe, que es del 0.6, en particular de Brasil, que es del 1 por ciento; Chile, del 0.7 por ciento; y Argentina del 0.5 por ciento.
Los legisladores debemos de entender la verdadera importancia y relevancia del apoyo a la ciencia y a la tecnología como ejes que impulsan el crecimiento económico, y sobre todo el desarrollo social.
El punto de acuerdo que presentamos el día de hoy ante el pleno de este honorable Senado tiene como fin reiterar el compromiso público que este órgano legislativo tiene con la ciencia y la tecnología de nuestro país.
Por lo que proponemos, como lo hace el documento en referencia, impulsar el crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología de cuando menos el 0.1 por ciento en el Presupuesto de Egresos del año 2013; incrementar esta inversión sin duda representa un gran desafío, un gran reto, pero también una gran oportunidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas conforme a lo dispuesto por el Artículo 9bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Artículo 25 de la Ley General de Educación a fin de alcanzar en el menor tiempo posible la inversión anual del 1 por ciento del Producto Interno Bruto.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Alejandro Tello Cristerna, como lo ha solicitado, el señor senador de urgente resolución y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución.
- LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone discusión de inmediato, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, en consecuencia está a discusión dicha propuesta. Para este tema ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en pro del acuerdo, en el uso de la palabra.
- EL C. SENADOR ROMERO HICKS: Con su venia, señor Presidente. Distinguidos senadores, senadoras: Este punto de acuerdo que estamos proponiendo es un sentido de responsabilidad, y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta....
(Sigue 19ª. Parte). . . proponiendo, es un sentido de responsabilidad, y la palabra responsabilidad viene la respuesta a las cosas.
Como el Presidente de la Comisión de Ciencias, lo ha manifestado el Senador Tello, ayer tuvimos la vista de representantes de la comunidad académica y de la comunidad empresarial.
Los países más desarrollados del planeta han logrado una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo, siendo autocríticos y exigentes, tenemos que reconocer que aún falta mucho por hacer, recientemente, por ejemplo, en formación de capital humano hemos pasado en CONACYT de 10 mil a 43 mil becarios en los últimos doce años, el padrón de posgrados pasó de 400 a mil 500, casi será cuadruplicado, el número de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pasó de 7 mil 400 a más de 15 mil, se ha duplicado también, tenemos fondos para apoyos con el sector federal, con el sector estatal, fondos internacionales y recientemente parte de lo que se ha hecho en la política científica y tecnológica es añadir la componente de la innovación, se ha mejorado la infraestructura, pasamos a tener estímulos indirectos, estímulos directos, sin embargo las finanzas públicas de este país son muy frágiles y aunque la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley General de Educación obliga al uno por ciento, estamos apenas a la mitad.
Por eso creemos que estas propuestas que hemos recogido de la comunidad académica empresarial son muy importantes, primero, porque se van a traducir en políticas públicas; segundo, porque algunas de ellas serán para cambios de legislación.
Tercero, porque probablemente habrá que hacer una revisión en los temas de diseño institucional, y por último, porque van a requerir mayor financiamiento.
En el tema del financiamiento, nuestro país en el año 2000 el gasto federal dedicaba el 0.34 por ciento, hoy estamos en el 0.40, pero esta estabilidad no puede mantenerse, necesita incrementarse y hacer una corrección, particularmente de fondos públicos estatales y de fondos privados.
La mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología en el país son de fondos públicos, cuando en el resto del mundo desarrollado el 70 por ciento de la inversión viene del gasto nacional o del gasto de los gobiernos de las entidades regionales.
Por eso la importancia de este punto de acuerdo.
En mi carácter también de Presidente de la Comisión de Educación, puedo comentar que hemos consultado prácticamente con todos los miembros y me han manifestado que los miembros de la Comisión de Educación también quisieran tener esta propuesta.
Nosotros estamos convencidos que se requiere sí, mayor financiamiento, pero no solamente eso, se requiere un sentido estratégico para poder atender los temas más importantes, la pobreza, el agua, el cambio climático, la biodiversidad, las nuevas energías, las nuevas enfermedades, el estado de derecho, los desastres naturales, una economía que sea más competitiva.
Y estamos convencidos que hoy requerimos una política de estado, que necesitamos seguir cultivando el principio de libertad académica para que haya ciencia libre y ciencia dirigida, mejorar el aspecto de tecnología e innovación, de saber los problemas de la vida cotidiana, hacer más información de capital humano, atender más la óptica de entidades federativas y el desarrollo regional, tener mayor infraestructura, una mejor gobernanza y pasa por supuesto por el tema del financiamiento.
Por eso consideramos este sentido estratégico, un país que no tiene educación, ciencia, tecnología e innovación no puede crear más empleos, no puede crecer su economía, no puede distribuir mejor el ingreso, así atenderemos las grandes preocupaciones nacionales, la pobreza, la economía, el medio ambiente, la legalidad, el estado de derecho. Está a su consideración.
EL C. PRESIDENTE AISUPURO TORRES: Gracias, señor Senador Juan Carlos Romero.
Para el mismo asunto se le concede le uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el uso de la palabra.
-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores y senadoras, en medio del debate de la reforma laboral donde buscamos respuestas en una Ley que no vamos a tener en materia de empleo, de competitividad, el día de ayer recibimos la visita de la comunidad científica de nuestro país, 64 instituciones que se pusieron a trabajar para construir una agenda y nos vinieron a decir algo distinto, la ciencia para salir del atraso, la ciencia para fomentar la competitividad, dijo ayer el doctor Narro.
Nuestra aspiración, dice su documento es que se modifique el rumbo que ha tomado el país y se tomen las decisiones indispensables para mejorar el bienestar de la población a través de un desarrollo integral de la nación.
En resumen una agenda para la ciencia, tecnología e innovación que logre hacer una política de estado en esta materia, una política de estado para que la educación superior, la ciencia, al tecnología y la innovación se conviertan en importante patrimonio de la Nación.
Ya se recibió aquí el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Senador Alejandro Tello, el Presidente de la Comisión de Educación Juan Carlos Romero Hicks, de la importancia que tiene el invertir en ciencia y tecnología, pero los datos son contundentes, en los últimos 20 años, apenas si promediamos .4 por ciento del PIB, son los mismos 20 años que nuestra economía ha permanecido estancada.
Hay muchos ejemplos de que la inversión, la ciencia y la tecnología es ahora el motor del desarrollo económico, si vemos a los países en el mundo que están teniendo éxito, encontramos aquellos que invierten más en educación, en ciencia, en innovación, en tecnología.
Toda Latinoamérica apenas concentra el 2 por ciento de la inversión mundial en investigación y desarrollo, los países europeos concentran el 30 por ciento de la inversión mundial, el 28 por ciento en los países asiáticos, el 39 por ciento en Estados Unidos.
Tenemos que cambiar esta tendencia, tenemos que darnos cuenta que como dice Stiglitz, después de la crisis de la economía global en d2008 la educación, la ciencia y la tecnología serán las claves al desarrollo de la región y del mundo.
Por eso, si buscamos la respuesta, cómo incrementar la competitividad, cómo generar mayor empleo, cómo salir del estancamiento económico, pues tenemos que buscar otro camino, y ayer la comunidad científica nos dice, pues sigamos el ejemplo que están siguiendo los países que están teniendo éxito, invirtamos más en innovación, en ciencia y tecnología.
Por eso el punto de acuerdo que se está planteando el día de hoy aquí, para decirle a nuestros compañeros diputados, respetuosamente que se incrementen en una décima del PIB al año, para que lleguemos por lo menos al uno por ciento en los siguientes seis años y que la siguiente década sea para nuestro país la década del conocimiento.
Es tan grande el reto que tenemos y es tan grande la desigualdad que tenemos en nuestro país, que la riqueza que hace falta generar para cerrar esa brecha y para incorporar exitosamente a los millones de jóvenes que vienen buscando un empleo, esa riqueza no hay, no va a haber otra manera de lograrla si no es apostarle a la ciencia y a la tecnología, incluso
(Sigue 20ª parte).... esa riqueza no hay, no va a haber otra manera de lograrla si no es apostarle a la ciencia y la tecnología, incluso el reciente descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, se ven insuficientes para generar la riqueza que nuestro país necesita para alcanzar para alcanzar mejores niveles de bienestar.
Por último, quisiera pedirles a todos los compañeros senadores, ya lo han manifestado algunos, en lo particular, que nos sumemos a este punto de acuerdo, y que lo que estamos haciendo el día de hoy, que logramos un acuerdo tan rápido en torno a este tema, lo mantengamos, y que nos permitan a la Comisión de Educación, y a la de Ciencia y Tecnología, que esta agenda que recibimos por parte de la comunidad científica, la podamos compartir con todos los senadores y senadoras y podamos plantear un poco más adelante una agenda común en materia de ciencia y tecnología desde este Senado de la República, que de respuesta a los planteamientos que ayer nos hicieron.
Por eso les pido su consideración para apoyar este punto de acuerdo, y que además hablemos con los diputados para que efectivamente se realice y no quede nada más en una petición de este Senado de la República. Trabajemos y unamos esfuerzos para que en nuestro país, la siguiente década sea la década del conocimiento. Muchísimas gracias.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Gracias, senador Mario Delgado. Para el mismo asunto ha pedido hacer uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, lo cual se le concede el uso de la palabra. Desde su escaño. Pido a la secretaría abra el sonido en le escaño del senador Gerardo Flores. Adelante.
-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ: (Desde su escaño). Muchas gracias, presidente, solo para manifestar el apoyo de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, a esta propuesta que están haciendo los compañeros senadores, es muy oportuna esta sugerencia de acercarnos a la Cámara de Diputados para exhortarlos a que se aumente más significativa el monto de lo recursos destinado a la inversión en ciencia, innovación y tecnología, sobre todo porque nuestro país, como bien lo han dicho ya varios de los que expusieron este tema ahí en tribuna, nuestro país tiene un rezago importante en esta materia.
Todos sabemos que en la medida en que un país invierta más en estos rubros, expande de manera sustancial sus oportunidades de desarrollo, por lo que no podemos sino estar de acuerdo con esta propuesta y, por lo tanto, reitero el apoyo del Partido Verde a la misma. Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Gracias, señor senador Gerardo Flores. No habiendo más discusión sobre este asunto, pido a la secretaría consulte, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta antes mencionada.
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Aprobada dicha propuesta, comuníquese la misma.
Se recibió de los senadores Arturo Zamora Jiménez, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastelum Bajo, y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asista a una reunión de trabajo para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos, cometidos por las autoridades encargadas de brindar seguridad en nuestro país, el cual se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Se recibió también de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013, se etiqueten recursos para los pueblos y comunidades indígenas, del Estado de Michoacán de Ocampo. Túrnese a la Cámara de Diputados, para los efectos que corresponda.
Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que esta directiva recibió un punto suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, del cual solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos.
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Acuerdo:
Primero. La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de pertenecer a las Comisiones de Protección Civil y de Comercio y Fomento Industrial.
Segundo. Se designa a la senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales.
Tercero. Se crea una secretaría adicional en la Comisión de Energía, misma que será ocupada por el senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Cuarto. Se designa a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Quinto. El Senador David Monrel Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, deja de pertenecer a la Comisión de Gobernación.
Sexto. La senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, deja de pertenecer a las Comisiones de Equidad y Género y se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales.
Séptimo. Se designa a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, como Secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, Africa, y como integrante de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Seguridad Pública.
Octavo. La senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de pertenecer a la Comisión de Gobernación.
Noveno. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cede un lugar en la Comisión de Gobernación para que se integre la senadora Mónica Arreola Gordillo.
Décimo. La senadora Mónica Arreola Gordillo, deja de pertenecer a la Comisión del Distrito Federal.
Salón de sesiones a los 11 días del mes de octubre de 2012.
Junta de Coordinación Política: Senador Emilio Gamboa Patrón, firma, senador Ernesto Cordero Arroyo, Firma, senador Jorge Emilio González Martínez, firma; senador Arturo Zamora Jiménez, firma, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, firma, senador Francisco Domínguez Servien, firma, senador Manuel Bartlett Díaz, no firma, senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa, no firma.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Gracias, señora secretaria. Pido nuevamente a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Aprobado el acuerdo relativo a la integración de comisiones, comuníquese esta decisión.
Compañeras y compañeros senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones respectivas. Los senadores que deseen mantener inscrita dicha proposición, deberán hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva.
Les informo también que las efemérides inscritas para la sesión de este día, se insertarán en el Diario de los Debates. Para que asunto. Sonido al escaño del senador Omar Fayad. ¿Para qué asunto, señor senador?
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: (Desde su escaño). Gracias, presidente, en el orden de ideas de lo que acaba de mencionar, para mantener inscrita la proposición con punto de acuerdo que presenté sobre el tema de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que en todo caso fuera programada en el lugar uno de la siguiente sesión que tengamos, ordinaria.
-EL C. PRESIDENTE ROSA AISPURO: Tomamos nota de su propuesta y pido a la secretaría que se le de el trámite correspondiente. Para que asunto, senador López Brito. Sonido en el escaño.
-EL C. SENADOR FRANCISCO LOPEZ BRITO: (Desde su escaño). Sí, presidente en turno, también para solicitar que mi punto de acuerdo en materia de vacuna del virus del Papiloma Humano, desea reservar inscrita para la próxima sesión.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Con gusto. Tomamos nota de ello, y queda reservado. Senador Romo.
-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: (Desde su escaño). Muchas gracias. Para los mismos efectos, que se pueda conservar mi propuesta de punto de acuerdo para la siguiente.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Con gusto, senador Romo. Tomamos nota de ello. Senador Morón. Sonido en el escaño, la senadora Lisbeth también. Sonido en el escaño.
-LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: (Desde su escaño). Para el mismo efecto, para la próxima sesión.
-EL C. PRESIDENTE ROSAS AISPURO: Senador Morón, y senadora Lizbeth, tomamos nota de ello, igual, para el mismo asunto. Tomamos nota de ello para que en la próxima sesión se puedan programar.
Agotados los asuntos en cartera, se cita a la sesión que tendrá lugar el próximo martes 16 de octubre a las 11:00 horas. Se levanta la sesión.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1306

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