Source: https://fr.scribd.com/document/177064562/Abuso-y-Miedo-en-Ciudad-Juarez
Timestamp: 2019-05-24 00:52:25+00:00

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Transféré par Juan Esteban Arratia Sandoval
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Historia de Ciudad Juarez
amparo penal directo
CURSO INTERNACIONA PRESENTACION.
carta abierta de un mosso de escuadra.
Intencionalidad de La Operaci%c3%93n Politica
Plan de Trabajo II.ee. Club de Menores
Informe Mensual Operativo Aipet 2016
Periódico Norte de Ciudad Juárez edición impresa del 8 mayo de 2014
Población Del Estado de Chihuahua
Trabajo Para ManŞana 2-9.....
Crac - Justicia Comunitaria
TE P 53 434-442
Maureen Meyer, con contribuciones de Stephanie Brewer y Carlos Cepeda i
La violencia asociada a la lucha contra el narcotráfico que ha devastado partes de México en los últimos años ha dejado muchas víctimas: decenas de miles de personas asesinadas por traficantes o por las fuerzas de seguridad, incluyendo miles de civiles inocentes, cuyas muertes, en su mayoría, nunca serán investigadas; madres y padres que han perdido a sus hijos a manos del tráfico de drogas; huérfanos estigmatizados por sus comunidades, quienes, ante la muerte violenta del padre, suponen que éste era un criminal; ciudades que han visto a sus habitantes huir aterrados y a sus negocios cerrar por falta de clientes o por culpa de la extorsión; la lista continúa. Este informe busca dar voz a algunas de las víctimas de la lucha contra el crimen organizado en México, especialmente a aquellos individuos que han sufrido abusos a manos de las
mismas fuerzas de seguridad cuya función es protegerlos. No pretende minimizar las incontables atrocidades cometidas por organizaciones narcotraficantes y otros grupos criminales en México, ampliamente documentadas en los medios. Por el contrario, el informe se centra en las violaciones a los derechos humanos — incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias — cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano, principalmente las fuerzas armadas, en el contexto de la lucha antidroga en el país. La impunidad por las violaciones cometidas fomenta nuevos abusos, además de debilitar la confianza de los ciudadanos y su voluntad de colaborar en la lucha contra cualquier tipo de crimen. Debido a los altos niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez, el informe subraya especialmente la situación en esta ciudad. Los casos señalados
i Maureen Meyer es la Coordinadora del Programa para México y Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés). Stephanie Brewer es la Coordinadora del Área Internacional y Carlos Cepeda es un ex integrante del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. A.C. (Centro Prodh).
2 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
MUERTES VIOLENTAS OCURRIDAS EN LA LUCHA ANTIDROGAS EN MÉXICO DURANTE EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN
(sólo diciembre)
a lo largo del informe han sido documentados por organizaciones de derechos humanos locales en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, las cuales, con enorme coraje, han tratado de arrojar luz sobre las violaciones ocurridas como consecuencia de operaciones de seguridad en el estado de Chihuahua. En primer lugar, el informe da cuenta de la violencia relacionada con el narcotráfico y las políticas adoptadas por el gobierno de México, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, para hacer frente a la crisis de seguridad en México. Posteriormente examina las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la lucha antidroga del gobierno.
La ola de violencia en México ii
En el año 2005 — que marca el inicio de la actual ola de violencia — se registraron menos de 1,800 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas 1 . Estas cifras aumentaron dramáticamente tras la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente en
diciembre de 2006. En junio de 2010 se contabilizaron aproximadamente 23,000 víctimas mortales de la violencia relacionada con el narcotráfico desde el inicio del gobierno de Calderón. En 2009 se registraron más de 8,200 homicidios relacionados con el narcotráfico; en junio de 2010 ya se contabilizaban más de 6,200 muertes en lo que iba de año. Los datos disponibles sugieren que más de la mitad de los homicidios relacionados con el narcotráfico ocurrieron en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California, aunque en los últimos tres años y medio la violencia relacionada con las drogas ha afectado a todas las entidades federativas y al Distrito Federal. Además, el narcotráfico ha demostrado cuán fácilmente la violencia se puede trasladar de un lugar a otro con el desplazamiento de las batallas por territorio y los cambios en las alianzas entre las organizaciones narcotraficantes. Nuevo Laredo, localizada en el estado de Tamaulipas donde un pico de violencia en 2005 ocasionó el primer operativo antidroga del gobierno de presidente Fox, había pasado por un
A no ser que se indique lo contrario, las estadísticas sobre la cantidad de muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas y la lucha antidroga ocurridas durante la administración de Calderón citadas en este informe provienen de los registros del diario Milenio desde el 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2010. Estos datos fueron recopilados y sistematizados por Roberto López, Rafael López y Melissa del Pozo, reporteros de Milenio (www.milenio.com). Si bien existen varios diarios y otras fuentes que ofrecen estadísticas de este tipo (las cifras varían de acuerdo a la fuente consultada), Milenio es reconocido a nivel nacional como una fuente de información confiable sobre las muertes violentas relacionadas con la lucha antidroga durante el periodo 2006–2010; por otra parte, elegimos basarnos en estas cifras porque son más conservadoras que algunas de las otras fuentes disponibles. Agradecemos a Milenio, Roberto, Rafael y Melissa su colaboración en este aspecto del informe.
OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS |
NÚMERO DE MUERTES RELACIONADAS CON LA LUCHA ANTIDROGAS EN ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL PERIODO DICIEMBRE 2006 – JUNIO 2010
Fuente: Roberto López, Rafael López y Melissa del Pozo; Milenio Diario
4 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
periodo relativamente tranquilo en los últimos años registrándose 31 homicidios en 2009 en todo el estado. Sin embargo, como consecuencia de nuevas rivalidades entre organizaciones traficantes de drogas, Nuevo Laredo y otras ciudades del estado están nuevamente sumidas en la violencia; en la primera mitad de 2010 se registraron 260 muertes en Tamaulipas. 2 A pesar de que el gobierno mexicano ha detenido o acabado con la vida de miembros notorios de organizaciones de narcotraficantes y ha incautado importantes cantidades de drogas y armas, la violencia continúa ininterrumpida como también el flujo de drogas a los consumidores de Estados Unidos. Adicionalmente, estos grupos criminales han expandido sus actividades ilícitas en el país más allá del tráfico de drogas para incluir el lavado de dinero, el tráfico de personas, los secuestros y la extorsión.
Elementos de la política de seguridad mexicana
Tras asumir su cargo en diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón anunció que la lucha contra el crimen organizado sería una prioridad para su gobierno. Para ello, desarrolló una estrategia basada en el uso de la fuerza — principalmente a través del despliegue de las fuerzas armadas mexicanas — para desbaratar las actividades de las organizaciones traficantes de droga a la vez que implementaba reformas institucionales, en particular a los sistemas policial y judicial. 3
Pocos días después de asumir la presidencia, Calderón lanzó en Michoacán, su estado natal, el primero de varios operativos militares antidroga en estados mexicanos considerados “zonas calientes” del crimen organizado. 4 Según el gobierno mexicano, la presencia de los militares en la calle revertiría la tendencia a la inseguridad en México y por este motivo se asignaron a las fuerzas armadas tareas hasta entonces reservadas para la policía y otras autoridades civiles. Estos operativos antidroga incluían el establecimiento de numerosos retenes militares para detectar drogas y armas, además de facultar a las fuerzas armadas para efectuar cateos y emitir órdenes de aprehensión, desmantelar centros de distribución de drogas y, en ciertos estados, erradicar cultivos ilícitos. Se estima que hay casi 50,000 militares desplegados
en varias regiones del país en operativos antidroga en los que los soldados llevan a cabo actividades que por ley corresponden a la policía civil. 5
La capacidad de investigar, juzgar y sancionar efectivamente a las personas que cometan delitos es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, se estima que en México menos del 25 por ciento de los crímenes son denunciados y sólo el 2 por ciento de ellos resultan en una sentencia. Dando cuenta de la necesidad de cambiar el sistema de justicia penal en México, en 2008 se aprobaron una serie de reformas constitucionales y legislativas. Uno de los elementos clave de estas reformas es la transformación del sistema judicial mexicano en un modelo judicial acusatorio en el que la fiscalía y la defensa asumen posiciones opuestas y cada parte presenta su evidencia y argumentos en un juicio público. Este sistema es totalmente diferente del tradicional modelo inquisitivo mexicano, donde la mayor parte de la evidencia es presentada por escrito al juez y el proceso penal no es público. Otros elementos importantes de las reformas incluyen el derecho a la presunción de inocencia y la introducción de vías alternativas de resolución de conflictos en procesos penales. Dada la magnitud de las reformas que están siendo implementadas, las cuales deberían resultar en un sistema judicial más efectivo, eficiente y transparente, el Estado mexicano estableció un periodo de transición de ocho años para la implementación del sistema oral acusatorio de justicia penal. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y es posible que exceda los plazos previstos. En mayo de 2010, sólo 13 de los 31 estados mexicanos (y el Distrito Federal) habían tomado medidas para implementar las reformas previstas para este periodo y en la vasta mayoría de estos estados el nuevo sistema aún no está funcionando. Esto deja a víctimas, acusados y abogados en un sistema principalmente inquisitivo que no permite el debate de igual a igual entre las partes ni el examen riguroso de las pruebas y no respeta las garantías fundamentales del debido proceso. 6 Otros cambios que, al contrario del sistema acusatorio, entraron en vigor inmediatamente después de la promulgación de la reforma constitucional en 2008 incluyen una serie de medidas para hacer frente al crimen organizado que son violatorios de los derechos humanos. En este sentido, cabe destacar la aplicación del arraigo (detención preventiva) en
SÓLO IBA A TRABAJAR
Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Cd. Juárez
En el mes de agosto de 2008, Roberto recorría el mismo camino en rumbo a la empresa donde había trabajado en el turno nocturno por 25 años en Ciudad Juárez. Antes de llegar a su lugar de trabajo fue detenido por un retén de militares, lo bajaron del auto, lo inspeccionaron y acosaron con preguntas violentas: ¿qué hacía en su auto a esa hora?, ¿a dónde se dirigía?, ¿por qué estaba nervioso? y aunque se esforzaba por contestar de la mejor manera, el temor sobre lo que les ha sucedido a muchos en Ciudad Juárez lo puso nervioso. Luego que los soldados revisaron el auto, le mostraron un paquete con droga [que Roberto no reconoció] e iniciaron otro interrogatorio, ¿de dónde había sacado la droga?, ¿quién se la había vendido? Roberto no acertaba a poder contestar, nunca ha consumido droga, ni comprado ni vendido, sólo iba al trabajo. Le vendaron los ojos, lo ataron de las muñecas y lo llevaron a un lugar que sólo conoce por los sonidos, pisadas fuertes que entraban y salían, preguntas de los militares, golpes y gritos de hombres que estaban en el mismo lugar y estaban siendo torturados. A los tres días de interrogatorios y golpes, lo soltaron con una advertencia: “Si te preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos donde vive tu familia”. La familia acudió a interponer denuncia el mismo día de su desaparición en agosto de 2008. En febrero de 2010 fue llamado a ampliar la denuncia contra los militares por el Mayor Lic. Dorian Martínez de Justicia Militar en Ciudad Juárez y decidió no acudir por el temor a las represalias.
casos en los que se investigan posibles conexiones con el crimen organizado. Bajo la figura del arraigo, un sospechoso puede ser privado de su libertad por un periodo de 40 días, prolongable a 80 días, sin acusación formal en su contra. Se han documentado numerosos casos en los que individuos detenidos en arraigo han sido torturados para obtener evidencia o una confesión forzada (posiblemente falsa). 7 Las reformas, en definitiva, también establecieron dos sistemas judiciales separados, uno para el “crimen organizado” y otro para el “crimen común”. Los individuos acusados de tener vínculos con el crimen organizado pueden ser detenidos en centros especiales, con mínimo contacto con terceros, por ejemplo sus abogados, y estar sujetos a estándares procesales que ofrecen menor protección en materia de debido proceso de la que corresponde por ley a los detenidos “normales”. Por ejemplo, en casos relacionados con el crimen organizado se puede negar a la defensa acceder al nombre y otra información acerca del acusador. El temor por la seguridad en casos vinculados al crimen organizado puede ser real; hacerle frente a costa de las garantías del debido proceso no aumenta la seguridad, por el contrario, menoscaba el respeto por los derechos humanos.
En cuanto a la policía, el cambio más significativo fue la reestructuración de las fuerzas de seguridad federales para establecer la Policía Federal en junio de 2009, que integra a la antigua Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) en una sola fuerza. La Policía Federal ganó facultades de investigación; asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo un número reducido de efectivos de la Policía Federal Ministerial para llevar adelante sus investigaciones. 8 En paralelo a la creación de esta “nueva” fuerza policial, el gobierno federal implementó medidas para profesionalizar, capacitar y modernizar la fuerza. Estas medidas incluyen: mejores estándares de contratación, una academia de policía modernizada (situada en San Luis Potosí), y una plataforma de comunicación integrada conocida como Plataforma México. 9 Como resultado de estas acciones se establecieron mejores sistemas para depurar a la policía e investigar a los nuevos reclutas, además de mecanismos para aumentar el control ciudadano de la policía, tales como la creación de observatorios ciudadanos para la Policía Federal y las policías estatales. Sin embargo, expertos en reforma policial en México han expresado su preocupación acerca de la expansión de las facultades
6 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
Un soldado mexicano patrullando en Ciudad Juárez.
de investigación de la Policía Federal y su autoridad para intervenir las comunicaciones sin los mecanismos de control internos y externos necesarios, al tiempo que critican el fracaso de la nueva ley en cuanto a la incorporación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 10
Cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad
La posición de México en el tráfico global de drogas y los niveles de violencia que éste genera actualmente están vinculados a su situación geográfica fronteriza con Estados Unidos, el país con los mayores niveles de consumo de drogas ilegales del mundo. 11 Los funcionarios estadounidenses cada vez se inclinan más a aceptar parte de la responsabilidad por el narcotráfico y la violencia en México, incluyendo a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, con motivo de su visita a México en marzo de 2009, declaró que “[nuestra] insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el narcotráfico. Nuestra incapacidad de detener el tráfico de armas a través de la frontera para armar a estos criminales ocasiona la muerte de policías, soldados y civiles.” 12 Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha jugado un papel en la definición de la lucha antidroga de México, que incluye la promoción de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en los operativos antidroga. Si bien no es la primera vez que Estados Unidos provee asistencia en seguridad a México, ésta alcanzó niveles sin precedente tras el inicio del gobierno de Calderón en 2006. Las negociaciones entre Estados Unidos y México culminaron con el anuncio, el 22 de octubre de 2007,
de la “Iniciativa Mérida”, un programa de asistencia en seguridad para México y América Central. El paquete de ayuda ya ha excedido los tres años previstos inicialmente para su duración y Estados Unidos ha expresado su compromiso por mantener este alto nivel de cooperación con México más allá de 2012. 13 Hasta la fecha, Estados Unidos ha destinado $1.5 mil millones en asistencia para México bajo la Iniciativa Mérida con el fin de combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada al mismo, incluyendo asistencia específica para la reforma judicial, el desarrollo institucional, la lucha anticorrupción y el fomento del Estado de Derecho. 14 Una porción significativa de los fondos, $481.5 millones, ha sido destinada a la compra de helicópteros de transporte para la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) y aeronaves de vigilancia para la Secretaría de Marina de México (SEMAR). Aparte de los fondos de la Iniciativa Mérida, que provienen del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) continúa apoyando a las fuerzas armadas mexicanas en la lucha antidroga. Se estima que entre 2008 y 2010 el DOD destinó $80.9 millones a financiar la lucha antidroga en México. 15 Junto con su creciente apoyo económico a los esfuerzos del gobierno mexicano en materia de seguridad, el Congreso estadounidense reconoció la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en México y no quiso vincular a Estados Unidos con el apoyo o entrenamiento a violadores de derechos humanos. Por ello, la Iniciativa Mérida incluye la posibilidad de retener el 15% de los fondos asignados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano está cumpliendo con los cuatro requisitos en materia de derechos humanos previamente acordados entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Estos requisitos consisten, entre otros, en garantizar que las autoridades civiles investiguen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la Policía Federal y en cumplir con la prohibición de dar valor probatorio a las declaraciones obtenidas mediante tortura. 16 A pesar de que varias organizaciones de derechos humanos estadounidenses, mexicanas e internacionales han documentado el incumplimiento de estos requisitos por parte del gobierno mexicano, 17 en especial la falta de investigaciones y acciones judiciales contra miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones a los derechos humanos, el Departamento de Estado ha enviado dos informes favorables al Congreso sobre
“AYÚDENME, SÁQUENME DE AQUÍ, SIGO VIVA, TENGO MIEDO”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Casa Amiga Centro de Crisis; Gustavo de la Rosa (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua)
El 29 de diciembre de 2009, José Ángel Alvarado Herrera y su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza, se encontraban en una camioneta afuera de la casa de un familiar en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua cuando fueron arbitrariamente detenidos por diez militares del Ejército Mexicano en uniformes. Los militares se acercaron al vehiculo de José Ángel, lo sacaron y lo golpearon, y luego subieron a José Ángel y Nitza a sus camionetas y se los llevaron. Minutos después ese mismo día, su tía se encontraba en su domicilio junto con su hija, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, cuando escuchó un vehículo y se dio cuenta que estaban jalando su puerta de la entrada. Cuando ella fue a abrir unos militares con armas largas la empujaron y le dijeron que se encerrara en el baño con los niños y que iban a arrestar a su hija. La madre les preguntó por qué motivo y le dijeron que se callara y no estuviera preguntando. Los militares secuestraron a Rocio sin decir a dónde ni por qué motivo se la habían llevado. La familia denunció los hechos inmediatamente ante la policía de la comunidad y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Nuevo Casas Grandes, donde se negaron a tomarles la denuncia. Fue hasta el 31 de diciembre cuando el Ministerio Público de Buenaventura accedió a tomar la denuncia correspondiente y ese mismo día informó a la familia que “tenía información que las tres personas se encontraban en el Batallón 35 de Infantería y que los estaba investigando el ejército.” Los familiares han tenido varias reuniones con oficiales del Batallón 35 de Infantería, las cuales no han resultado en avances en las investigaciones o en encontrar sus familiares desaparecidos. El 3 de febrero de 2010 la desaparecida Nitza se comunicó por teléfono con uno de sus familiares. Nitza le dijo llorando “Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo.” Las autoridades locales, estatales y federales han sido informadas sobre esta llamada pero hasta la fecha los familiares desconocen si ha habido resultados de su rastreo. El 4 de febrero el ejército mexicano realizó visitas a los domicilios de los familiares de los desaparecidos de manera amenazante e intimidatoria, diciendo a los familiares que buscan a quienes están interponiendo denuncias en contra del ejército. El 20 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado declinó las investigaciones a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar. Desafortunadamente, no se tiene acceso al expediente dentro del fuero militar. Las denuncias y quejas interpuestas ante autoridades estatales, municipales y federales no tienen en autos ninguna diligencia que se haya realizado para intentar localizar a las victimas y hasta la fecha de esta publicación, se desconoce el paradero de José Ángel, Nitza y Rocío.
los requisitos, a consecuencia de los cuales se liberó la mayor parte de los fondos retenidos.
Violaciones a los derechos humanos en el marco de operativos antidroga
La dependencia del gobierno mexicano en las fuerzas armadas no ha dado una respuesta satisfactoria a la inseguridad que asola a muchas regiones de
México, como demuestra el aumento continuado de los asesinatos asociados al narcotráfico, y además ha expuesto a la población civil a numerosas violaciones a los derechos humanos. Un indicador de los abusos cometidos por los militares es la cantidad de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta cifra aumentó
8 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
CASOS DE MUJERES
Ha habido varias denuncias de mujeres que han sido abusadas por el Ejército y la Policía Federal en Ciudad Juárez.
ABUSOS DE SOLDADOS HACIA LAS MUJERES JUARENSES
Una noche dos hermanas de 32 y 23 años de edad salieron a dar una vuelta en un bar de la localidad. Al salir de ese lugar las abordó una patrulla para una revisión. Unos minutos después llegaron unos soldados y a una de las hermanas la subieron a una Cherokee y la otra fue obligada a conducir su carro acompañada de un soldado. Las llevaron a un lote baldío cerca de la estación Chihuahua donde dejaron el carro. Luego las llevaron en la Cherokee en la cual iban a bordo tres hombres, las fueron manoseando, lamiendo, y anduvieron por varias colonias de la ciudad hasta llegar a un lote baldío. Bajaron a la muchacha de 23 años, estaban ahí otros policías con uniforme y uno de ellos le introdujo sus dedos en la vagina. A la otra mujer la dejaron en la camioneta, le mordieron los pechos, en ese momento ella dijo que estaba embarazada y solamente la empujaron. Después de un rato las volvieron a llevar, ahora a un Oxxo, donde las entregaron a los soldados que las habían detenido al principio. Mientras los soldados estaban distraídos ellas aprovecharon para escapar, corrieron hasta que encontraron alguien para llevarlas a luegar donde estaba su carro. Ellas pusieron una denuncia el lunes siguiente, pero por miedo a represalias, contra ellas o su familia, ya no piensan continuar con esta. Las mujeres recuerdan que en un momento los soldados les dijeron que no sabían lo que les iba a pasar y que esta experiencia apenas comenzaba.
“SIENTO UN SENTIMIENTO QUE NUNCA HABÍA SENTIDO DE RABIA, CORAJE, IMPOTENCIA Y MIEDO MUCHO MIEDO”
El 4 de noviembre de 2009, una mujer fue detenida por una unidad de militares en el traslado de su casa al trabajo en Ciudad Juárez. Le pidieron que descendiera de su automóvil para revisarlo y ella accedió y les pidió que lo hicieran rápidamente porque no quería llegar tarde a su trabajo. Los soldados se molestaron y le dijeron que entonces también le harían una revisión física a ella. Ella les preguntó si habría una mujer que pudiera hacerlo, pero los soldados sólo se rieron. “Me tocaron el cuerpo mientras me decían — qué rico hueles güerita — se burlaban de mí y me recargaron en la camioneta para seguirme revisando como si fuera una delincuente y tocando mis partes íntimas.” Una compañera del trabajo pasó por el lugar y se detuvo a preguntarme qué sucedía y si estaba bien; los soldados se rieron y uno de ellos finalmente dio la orden para que me dejaran ir. “Es algo que me ha afectado pues siento un sentimiento que nunca había sentido de rabia, coraje, impotencia y miedo mucho miedo”. No soy la única, “tengo otra compañera que le hicieron lo mismo”.
casi en un 1000% en los primeros tres de los seis años del mandato de Calderón, de 182 denuncias en 2006 a 1,791 en 2009. 18 En una declaración emitida a fines de junio de 2010, la SEDENA reconoció que la Comisión Nacional había recibido un total de 3,981 denuncias en su contra por abusos a los derechos
humanos. 19 Las violaciones a los derechos humanos denunciadas incluyen actos de tortura, detenciones arbitrarias, cateos sin orden judicial, abusos sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. El aumento en el número de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas
es preocupante, sobre todo porque los soldados mexicanos rara vez son investigados y juzgados por los abusos que cometen y los pocos casos que resultan en acciones judiciales son atraídos por las autoridades militares en lugar de las autoridades judiciales civiles. El Artículo 13 de la Constitución Mexicana establece que los delitos contra civiles perpetrados por miembros de las fuerzas armadas pertenecen al fuero civil. Sin embargo, el Artículo 57 del Código de Justicia Militar de México ha sido ampliamente interpretado para justificar la competencia del fuero militar para investigar casos de violaciones a los derechos humanos contra civiles. La Procuraduría General de Justicia Militar suele declararse competente en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a militares; al mismo tiempo, las instituciones judiciales del fuero civil le ceden jurisdicción aún cuando no están obligadas a hacerlo. El sistema de justicia militar se caracteriza por la falta de objetividad, transparencia e independencia, lo que ha resultado en el prácticamente nulo avance de las investigaciones por abusos cometidos por miembros de las fuerzas
armadas. Hasta la fecha, solamente una violación a los derechos humanos cometida por un militar durante el gobierno de Calderón ha resultado en una condena en el fuero militar (se trata de un soldado condenado a nueve meses en prisión por disparar a un civil que no se detuvo ante un retén militar). 20 El rol de las fuerzas armadas como principal actor en los operativos antidroga ha llevado a un aumento en los abusos dada la impunidad de la que históricamente han gozado las fuerzas castrenses mexicanas. Pero también hay otros peligros asociados a la participación de los militares en operaciones de seguridad pública relacionados con las diferencias en entrenamiento y mandato entre las fuerzas. Las fuerzas armadas están entrenadas para actuar en situaciones de combate, en las cuales el objetivo es eliminar al enemigo mediante el uso de la fuerza sin consideración alguna por el bienestar del enemigo. Por el contrario, las fuerzas policiales están entrenadas para interactuar con civiles dentro de un marco básico de derechos constitucionales. Debido a las diferencias en cuanto a roles y tácticas, los conflictos y abusos son prácticamente
NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS REGISTRADAS EN CD. JUÁREZ EN EL PERIODO 2005 – 2009
• Datos estadísticos del INEGI sobre muertes violentas en Cd. Juárez en el periodo 2005–2008, disponible en: http://inegi.org.mx/
est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144
• Agencia EFE, “Ciudad Juárez supera 2,600 muertes en 2009 y es urbe más violenta de México,” LA CRONICA DE HOY, 31 de diciembre de 2009, disponible en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=478444
10 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
inevitables cuando se asigna a los militares tareas que corresponden a la policía. Aparte genera serias dudas acerca de la práctica actualmente extendida de nombrar a militares en cargos de mando en las fuerzas policiales locales.
Violaciones a los derechos humanos durante el Operativo Conjunto Chihuahua
En 2008 la tasa de homicidios en Ciudad Juárez — la ciudad más grande del estado de Chihuahua, situada en la frontera con El Paso, Texas — fue de 130 por cada 100,000 habitantes. 21 En 2009, esta cifra ascendió a 191. 22 En ambos años Juárez tuvo la tasa de homicidios más alta del país y una de las más altas del mundo. 23 Según una reciente encuesta conducida por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el gobierno municipal y la Organización Panamericana de la Salud se estima que alrededor de 230,000 personas abandonaron la ciudad en los últimos dos años y que más de la mitad de estos individuos emigraron a Estados Unidos. 24 A causa de estos niveles de violencia, el operativo antidroga más notorio se llevó a cabo en Ciudad Juárez. El 21 de marzo de 2008, el ex-Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, anunció el inicio de la estrategia de seguridad pública conocida como Operativo Conjunto Chihuahua, inicialmente denominado Operativo Conjunto Juárez. En la primera fase del operativo se desplegaron 2,026 efectivos de las fuerzas armadas junto con 425 agentes de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. 25 Tan solo cinco días después los militares asumieron el control de las instalaciones y funciones de las instituciones policiales en el estado de Chihuahua. 26 En junio del mismo año, el gobierno federal ordenó el despliegue de otros 1,400 soldados para apoyar a los que ya estaban operando en Chihuahua. 27 En marzo de 2009, el gobierno anunció que iba a enviar 5,332 soldados más a Ciudad Juárez y las fuerzas armadas tomaron el control de la policía local. 28 A pesar de la presencia masiva de militares en Chihuahua durante más de dos años, especialmente en Ciudad Juárez, los niveles de violencia delictiva no se han reducido; por el contrario, entre 2006 y 2009 se cometieron más de 4,900 homicidios y ha habido al menos 1,300 homicidios en los primeros seis meses de 2010. 29 Al mismo tiempo, las violaciones a los derechos humanos también aumentaron a niveles alarmantes. A pocos meses del comienzo del Operativo Conjunto en 2008, el estado de Chihuahua
ya encabezaba la lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de militares recibidas por la CNDH, con 199 denuncias contra militares registradas en los primeros seis meses del año. 30 Basándose en las denuncias recibidas, oficiales de la CNDH afirmaron que “los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica.” En los casos en que los sospechosos son trasladados ilegalmente a instalaciones militares, “los agraviados son interrogados por personal militar, quienes les sacan información por medio de tortura: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua, les cubren la cabeza con bolsas de plástico…” 31 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua informó en septiembre de 2009 que había recibido más de 1,450 denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el Operativo Conjunto Chihuahua. 32 Aquellos que denuncian violaciones a los derechos humanos cometidos por militares corren el riesgo de ser amenazados, atacados e incluso asesinados. A principios de enero de 2010, una defensora de los derechos humanos, Josefina Reyes, fue asesinada de un disparo en la municipalidad de Guadalupe, al este de Ciudad Juárez, un crimen que para muchos está relacionado con su trabajo de denuncia de los abusos cometidos por las fuerzas armadas que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua. 33 Sus colegas de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil han sido hostigados y amenazados a causa de su trabajo en defensa de los derechos humanos. Fruto del miedo por su seguridad y la de su familia, otra defensora de los derechos humanos, Cipriana Jurado, colega de Josefina, ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su integridad. Por otro lado, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez y abiertamente crítico de los constantes abusos contra la población civil por parte de las fuerzas armadas, sufrió amenazas que le obligaron a huir del país durante varios meses. 34 En agosto de 2010, Emilia González, defensora de los derechos humanos de Juárez que lidera el reclamo por el juzgamiento de los crímenes cometidos por militares en el fuero civil, recibió visitas amenazantes de soldados armados en su casa. 35
HECHOS DE TORTURA
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez i
El 03 de febrero del 2010 se detuvo una camioneta sin identificación oficial tripulada por
elementos del Ejército Mexicano y otras personas civiles, le hablaron a Israel Arzate, quien vende
discos en el Centro Comercial de Ciudad Juárez. Le preguntaron si él era Carlos Madrigal y aún
cuando les respondió que no fue detenido y llevado al cuartel militar donde lo torturaron física y
psicológicamente. Este momento fue el último que Israel fue visto hasta que fue presentado ante los
medios de comunicación por la Procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, el 6 de febrero del
2010, como uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvarcar, que ocurrió el 30
de enero del 2010. ii A pesar de que su esposa y madre lo buscaban por las delegaciones policíacas,
las clínicas, el cuartel militar y el Centro de Readaptación Social (Cereso) Municipal, en ninguna de
las instituciones les dijeron su paradero, sus familiares solo sabían que se encontraba preso por que
lo vieron en la televisión.
Israel narra que es inocente y que en los días que estuvo “desaparecido” le dieron choques
eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron
que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Le dijeron que necesitaban que
declarara que él había participado en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvarcar. Después de
dos desmayos sufridos por los golpes y quemaduras, y creyendo que dañarían a su esposa, Israel les
dijo que sí, que él había participado en la masacre como halcón. iii Le obligaron tomar seis pastillas
desconocidas que lo dejó mareado y luego fue presentado ante los medios.
El 18 de marzo del 2010, sin notificación judicial, fue sacado por Agentes de Investigación del
Estado de Chihuahua del Cereso Estatal, donde se encuentra recluido esperando el inicio del juicio.
Por más que siete horas no se informó del paradero de Israel. En este tiempo lo llevaron al cuartel
militar y a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de la Zona Norte, donde
volvieron a repetirse hechos de tortura al colocarle una bolsa en la cabeza diciéndole que les ayudará
a resolver su caso y que ahora no lo iban a golpear por que deja huellas y su mamá andaba haciendo
mucho escándalo afuera.
En estos momentos Israel se encuentra vinculado a proceso por dos delitos, uno por posesión de
auto robado y otro por presunto implicado en el múltiple homicidio de la colonia Villas de Salvarcar;
un defensor público lleva su defensa.
Por los hechos de tortura se levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
solicitando se le aplicara el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Según información
proporcionada el 9 de Julio de 2010 a la Sra. Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate por parte
de la Visitadora Lic. Deyanira Cruz Elenes de la Primera Visitaduría de la CNDH, peritos especialistas
de la Comisión aplicaron el Protocolo y le ha diagnosticado el Síndrome de Estrés Postraumático
originado por los hechos de tortura vivido.
Una periodista independiente ha entrevistado a Israel en la cárcel. Se puede ver la entrevista en cuatro partes:
http://www.youtube.com/watch?v=VPWSKajn4Bw; http://www.youtube.com/watch?v=2dkZvyEf83A;
http://www.youtube.com/watch?v=i8oHZyCjMqk; http://www.youtube.com/watch?v=6d2yelZm9kI
Se refiere al asesinato de 16 jóvenes que estaban en una fiesta en Ciudad Júarez.
Término que la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua ha manifestado que se les denomina a los
vigilantes de hechos delictivos para dar aviso de la llegada de autoridades a la zona.
KOLECTIVO ZIRCO NÓMADA
12 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
Residentes de Ciudad Juárez protestan en contra de la violencia y la presencia militar en la ciudad.
Cambios en la estrategia del gobierno
El 30 de enero de 2010, 16 jóvenes fueron asesinados por un grupo de asaltantes armados en una fiesta en Ciudad Juárez. Si bien antes de estas muertes existía una creciente preocupación por los operativos antidroga, que se manifestaba en la forma de protestas contra la presencia de los militares, estos asesinatos en particular provocaron la reacción de la sociedad civil a lo largo del país y un reclamo generalizado al gobierno para que cambiara su estrategia de seguridad. Calderón, quien en varias ocasiones ha calificado a las muertes de civiles como “daño colateral” en la “guerra” contra el crimen organizado, inicialmente reaccionó frente a la muerte de los adolescentes afirmando que “probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad.” De esta manera, el Presidente los clasificó como miembros de bandas sin citar ninguna fuente que pudiera corroborar su declaración, la cual después retiró. 36 En respuesta a la creciente presión pública, el 11 de febrero de 2010 Felipe Calderón y varios miembros de su gabinete de seguridad emprendieron la primera de tres visitas a Ciudad Juárez a lo largo de un mes. 37 Como resultado de estas visitas, el gobierno anunció el programa “Todos Somos Juárez: Reconstruyamos la Ciudad,” mediante el cual todos los niveles de gobierno se comprometieron a invertir $270 millones
en 160 acciones concretas en la ciudad. Estas inversiones incluyen proyectos como la construcción de escuelas, remodelación de hospitales, desayunos para estudiantes, una orquesta juvenil, capacitación antiviolencia y centros de rehabilitación para adictos. A pesar de que la página Web del programa enumera varios logros, 38 muchos residentes de Juárez afirman que, a seis meses del lanzamiento de la iniciativa, aún no han visto resultado alguno de los programas. 39 Antes de anunciar su intención de poner más énfasis en el gasto social en Juárez a través de “Todos Somos Juárez,” en enero de 2010 el gobierno mexicano había declarado que efectuaría un cambio en su estrategia de seguridad que involucrara el traspaso gradual del control del Operativo Conjunto Chihuahua a la Policía Federal mexicana, bajo el nuevo nombre de “Operación Coordinada Chihuahua.” 40 El 8 de abril de 2010, el gobierno anunció que aproximadamente 5,000 efectivos de la Policía Federal asumirían tareas hasta entonces a cargo de los militares, con el apoyo de entre 2,500 y 3,000 “nuevos” policías municipales. 41 Bajo esta nueva estructura, la Policía Federal está a cargo de patrullar las calles, dirigir el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), inspeccionar bares y discotecas, investigar casos de secuestro y extorsión, además del crimen de alto impacto y desmantelar redes criminales. Se anunció que los militares mantendrían su rol como guardianes de las cruces internacionales, los terminales aéreas y terrestres y los accesos carreteros de Ciudad Juárez, y seguirían trabajando en zonas rurales del municipio de Ciudad Juárez. 42 Este cambio significa que la lucha antidroga en las zonas urbanas de Ciudad Juárez está ahora en manos de la Policía Federal; no obstante, los militares continuarán teniendo un rol en la ciudad y sus alrededores. Si bien no se deben minimizar los niveles de inseguridad causados por grupos vinculados al narcotráfico en Ciudad Juárez, la tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la consecuente impunidad simplemente suman otro tipo de inseguridad a la ciudad en lugar de reducir la violencia asociada al narcotráfico. La muestra de casos descritos en los recuadros a lo largo de estas páginas, documentados por organizaciones de derechos humanos locales de Ciudad Juárez, demuestra que los mismos agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana están perpetrando actos de violencia. Debido a su presencia dominante en el Operativo Conjunto Chihuahua hasta abril de 2010, los casos mencionados
en este informe incluyen abusos por parte de militares. Según datos recientes sobre Ciudad Juárez, la Policía Federal, que ahora tiene un rol protagónico en las operaciones de seguridad en esa ciudad, parece estar cometiendo sus propios abusos. Lo anterior demuestra que simplemente reemplazar a los militares por policías, que también tienen débiles mecanismos de rendición de cuentas, no ayudará a prevenir la victimización de los ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad. 43
Si bien el fortalecimiento institucional ha formado parte de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, el elemento central de ésta ha sido claramente el despliegue de fuerzas de seguridad lideradas por militares en operativos antidroga. Este enfoque no ha logrado reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en México, a la vez que ha producido un dramático aumento en el número de violaciones a los derechos humanos. Retirar eficazmente a las tropas militares de las tareas de seguridad pública es un paso clave para separar la seguridad pública de la seguridad nacional dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos y para garantizar los recursos y la energía necesarios para fortalecer las instituciones policiales civiles. No obstante, incluso si en el futuro se llegara a limitar el rol de los militares en todo el país, esto no disminuiría en absoluto la gravedad de los abusos que ya han cometido los militares, los cuales permanecen impunes. Un paso esencial para asegurar que los abusos por parte de militares sean sancionados y prevenidos a futuro sería garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean juzgadas por las autoridades civiles. En una sentencia de 2009 contra el gobierno mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que reformara el Artículo 57 de su Código de Justicia Militar para garantizar que este tipo de abusos sean juzgados por las autoridades civiles. 44 Lamentablemente, en base a debates recientes sobre la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso mexicano, parece evidente que, si bien la ley propuesta regularía la participación de los militares en los operativos antidroga, las reformas del Artículo 57 no se discutirán hasta las próximas sesiones que tendrán lugar en septiembre. Tan importante como sancionar a los soldados por los abusos que cometan es la necesidad de fortalecer
el sistema judicial mexicano. Si bien las reformas constitucionales de 2008 contemplan numerosas medidas, entre otras la introducción de juicios orales y mayores garantías procesales, éstas no garantizan que México pueda superar desafíos históricos como la corrupción, falta de transparencia y la debilidad de sus instituciones judiciales. 45 A fin de reducir la estremecedora tasa de 98% de impunidad por crímenes en México, y de mejorar la eficacia de la investigación y el juzgamiento de agentes del Estado acusados de violaciones a derechos humanos, es necesario que el gobierno redoble sus esfuerzos para implementar plenamente las reformas aprobadas en 2008 y que disponga medidas para hacer frente a los desafíos históricos que presenta el sistema. Finalmente, si bien es necesario prestar más atención y dedicar más recursos a los esfuerzos de reforma policial de modo que las instituciones policiales civiles puedan asumir su mandato como encargados de la seguridad publica, en tanto la policía federal, estatal o local siga operando con sistemas de rendición de cuentas débiles o inexistentes, sus agentes continuarán cometiendo abusos contra la población civil. Por lo tanto, es fundamental desarrollar nuevos sistemas de control interno y externo, o fortalecer los sistemas existentes dentro de los cuerpos policiales, especialmente a nivel estatal y local, para que los agentes policiales entiendan claramente que ante cualquier comportamiento criminal, incluyendo violaciones a los derechos humanos, serán sancionados. En cuanto a la cooperación con México, el gobierno de Estados Unidos debería priorizar el fortalecimiento de las instituciones civiles mexicanas — por ejemplo mediante la capacitación en el sistema de justicia penal acusatorio — y no la expansión de la participación militar en la lucha antidroga. Estados Unidos también debe dar claras señales a México de que no ignorará la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de los operativos antidroga. La decisión del Departamento de Estado de retener parte de los fondos suplementarios para México del presupuesto de 2010 hasta que el gobierno mexicano demuestre avances en la presentación y aprobación de legislación en materia de derechos humanos, incluyendo leyes que garanticen que las graves violaciones a los derechos humanos contra civiles serán juzgadas en tribunales civiles y no militares, es un mensaje importante del gobierno estadounidense. 46 Sin embargo, la totalidad de los fondos condicionados
14 Abuso y miedo en Ciudad Juárez
debería ser retenida hasta que México demuestre que está haciendo frente debidamente a los abusos cometidos por militares, como los que se detallan arriba, y que los responsables son efectivamente sancionados. A ambos países les conviene esforzarse por poner freno a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas. Si bien existen claros desafíos a la seguridad pública en México, el uso de tácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas contra la población, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, ni beneficia ni se justifica por la situación actual: solamente responde a un tipo de crimen y violencia con otro. Aún menos
legítimo es utilizar los problemas del país con el crimen organizado como justificación de los ataques contra defensores de los derechos humanos, como los casos ocurridos en Juárez mencionados arriba, cuyos protagonistas continúan trabajando en favor del Estado de Derecho a pesar del enorme riesgo personal que esto conlleva. La seguridad pública y los derechos humanos no son mutuamente excluyentes; ambos son componentes esenciales de un Estado democrático. A medida que el gobierno mexicano avanza en su estrategia de seguridad debe sancionar a los miembros de las fuerzas armadas y policiales mexicanas responsables de violaciones a los derechos humanos, como medida fundamental para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en el país.
1 David Shirk, “Drug Violence in Mexico: Data and Analysis from 2001–2009,” Trans-border Institute, Universidad de San Diego, enero de 2010. Disponible en: http://www.justiceinmexico.org/ resources/pdf/drug_violence.pdf, p. 4.
2 Recuento Milenio
3 John Bailey, “Combating Organized Crime and Drug Trafficking in México: What are Mexican and US Strategies? Are They Working?,” Working Paper Series on U.S.-México Security Cooperation, Instituto de México (México Institute) del the Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Instituto Trans-Fronterizo (TBI) de la Universidad de San Diego, Mayo de 2010.
4 El primer operativo antidroga del gobierno de Calderón fue la Operación Conjunta Michoacán, que se inició en diciembre de 2006, para la cual se destinaron 4,260 soldados, 246 vehículos y 46 aeronaves a fin de frenar el tráfico de drogas y destruir cultivos ilícitos. En enero de 2007, el gobierno implementó el Operativo Conjunto Guerrero con el fin de luchar contra el narcotráfico en dicho estado. En el mismo mes, el gobierno dió inicio a la Operacion Conjunta Sierra Madre, centrada en la zona del Triángulo de Oro, que abarca los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. El siguiente año, el gobierno reforzó las operaciones militares en el estado de Chihuahua mediante el Operativo Conjunto Chihuahua, lanzada en marzo de 2008, con un despliegue inicial de más de 2,000 soldados. Fuentes: Presidencia de la República, “Anuncio sobre la Operación Conjunta Michoacán”, 11 de diciembre de 2006, “El Presidente Calderón en la Ceremonia de Entrega del Sable de Mando de la Marina Armada de México”, 19 de enero de 2007, “El Presidente Calderón en la Ceremonia de Entrega del Sable de Mando de la Marina Armada de México”, 19 de enero de 2007 y Secretaría de la Defensa Nacional, “Efectivos militares refuerzan las acciones en contra de la delincuencia organizada en el estado de Chihuahua”, 27 de marzo de 2008.
5 Rubén Mosso, Seguirá reservado el número de militares en estados: Sedena, Milenio, 11 de enero de 2010 http://impreso.milenio. com/node/8701363.
6 David A. Shirk, “Judicial Reform in Mexico: Change and Challenges in the Justice Sector,” Trans-Border Institute, University of San Diego, May 2010, http://catcher.sandiego.edu/ items/peacestudies/Shirk-Justice%20Reform%20in%20Mexico. pdf, p. 1.
7 En su informe sobre su visita a México en el año 2008, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU constató que, de acuerdo con el registro médico del Centro Nacional de Arraigo (un centro donde los sospechosos pueden ser detenidos por periodos de entre 40 y 80 días sin haber sido formalmente acusados), aproximadamente la mitad de los arraigados llegaban con lesiones de origen reciente, en promedio 17 lesiones en ocho partes del cuerpo, y todos los entrevistados denunciaron haber sido golpeados. Fuente: Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, “Informe Sobre la Visita A México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, 29 de mayo de 2009, http://centroprodh.org.mx/2008/informesubtortura.pdf, párrafos 223–24.
8 Con autorización judicial, la Policía Federal posee facultades para investigar el crimen organizado que incluyen la intervención de comunicaciones telefónicas, satelitales y de Internet; además pueden asegurar la escena del crimen, ejecutar una orden de detención y procesar evidencia en coordinación con el Ministerio Público. La nueva ley también exige que los aspirantes a entrar en la Policía Federal atraviesen procesos de evaluación más estrictos. Ley de la Policía Federal, vigente desde el 1 de junio de 2009. El Artículo 8 trata sobre las facultades y obligaciones de la Policía Federal, mientras que el Capítulo XI cubre el control judicial de las acciones policiales.
9 Eric Olson, “Police Reform and Modernization in México, 2009,” Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars, septiembre de 2009, Washington, DC.
10 Insyde, “La nueva Ley de Policía Federal,” Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), Número 27, septiembre de 2009.
11 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “World Drug Report 2010,” www.unodc.org/documents/wdr/ WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf.
12 Mark Landler, Clinton says U.S. Feeds México Drug Trade, new York TiMes, 25 de marzo de 2009, www.nytimes. com/2009/03/26/world/americas/26México.html.
13 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Report to the Congress on México and Post-Merida, junio de 2010.
14 El 30 de junio de 2008, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la concesión de un primer monto de $400 millones de dólares por concepto de ayuda a México, como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2008. El 11 de marzo de 2009, México recibió una suma adicional de $300 millones provenientes de la Iniciativa Mérida a través de la Ley General de Asignaciones de 2009. La Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2009, aprobada el 24 de junio de 2009, asignó $420 millones para México. El 16 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley General de Asignaciones de 2010, y México recibió $210,250,000 en asistencia bajo la Iniciativa Mérida. En julio de 2010, con la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2010, se aprobaron otros $175 millones destinados a promover la reforma judicial, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en México.
15 Oficina General de Auditoría de los Estados Unidos (US Government Accountability Office, GAO), “Merida Initiative: The United States has Provided Counternarcotics and Anticrime support but Needs Better Performance Measures,” 20 de julio de 2010, p. 4.
16 Ley de Asignación de Fondos Suplementarios de 2008 (FY2008 Supplemental Appropriations Act) (Ley Pública 110-252), sección
17 Ver, por ejemplo, el comunicado de prensa y memo conjunto escrito por varias organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, México e internacionales, “Conditioned funds under the Merida Initiative should not be released unless concrete
progress is made on human rights requirements”, 26 de mayo de 2010.
Disponible en: http://www.wola.org/index.php?option=com_cont
ent&task=viewp&id=1106&Itemid=8.
18 Ver los correspondientes informes anuales de la CNDH: www. cndh.org.mx.
19 Secretaría de la Defensa Nacional de México, “Situación de quejas y recomendaciones durante la presente administración”, 28 de junio de 2010, http://www.sedena.gob.mx/index.php?id_ art=3132. Este número contrasta con las 1,225 denuncias contra la SEDENA recibidas por la CNDH a lo largo de los seis años de la presidencia de Vicente Fox (2000–2006). Fox también se apoyó en los militares para combatir el crimen organizado, pero no alcanzó los actuales niveles de militarización generalizada. Gustavo Castillo García, Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército, la Jornada, 24 de julio de 2009, disponible en: www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index. php?section=politica&article=008n1pol.
20 Ver: “Carta al Secretario de Gobernación expresando preocupación por amenazas contra defensores de derechos humanos en Tijuana.” Secretaría de Gobernación, Documento100-243, 20 de octubre de 2009. Disponible en: www.
28 Jorge Alejandro Medellín, Juárez bajo sitio militar, el Universal,
1 de marzo de 2009: http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/166104.html; Agencia EFE, Asumen militares mandos
policiales en Cd. Juárez, 16 de marzo de 2009: http://www.exonline.
com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/asumen_militares_
mandos_policiales_en_cd juarez/540226.
29 Cálculo basado en el gráfico número tres y en datos provenientes de Molly Molloy, “Frontera Listerve”, 30 de junio de 2010, http:// groups.google.com/group/frontera-list?hl=en.
30 Víctor Ballinas, Chihuahua, primer lugar en abusos de militares: CNDH, la Jornada, 16 de julio de 2008 www.jornada.unam. mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=019n1pol.
32 Luis Carlos Cano, Suman mil 450 quejas vs. Ejército: Las denuncias,
por violaciones y 13 desapariciones, dice CEDH, el Universal, 10
de septiembre de 2009, www.eluniversal.com.mx/estados/73044.
33 Luis Carlos Cano, Matan a defensora de la zona agrícola en Ciudad
Juárez, en el Universal, 5 de enero de 2010, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/74286.html , Ver también
Amnistía Internacional, Acción Urgente 01/10 – Defensora de
Derechos Humanos en Peligro Tras el Homicidio de Otra
Defensora, 5 de enero de 2010.
34 Gloria Leticia Díaz, A la caza de activistas en Ciudad Juárez, Proceso, 11 de enero de 2010, disponible en: www.proceso.com. mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75452.
35 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, “México: Hostigamiento e intimidación contra la Sra. Emilia González Tercero,” MEX 012 / 0810 / OBS 103, 20 de agosto de 2010.
36 Agencia EFE, Calderón condena el cobarde asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez, diario aBc, 2 de febrero de 2010: http://www. abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=257609.
37 Gustavo de la Rosa Hickerson, ¿Y los niños por qué?, el Universal, 2 de febrero de 2010: http://www.eluniversal.com. mx/editoriales/47255.html.
38 http://www.todossomosjuarez.gob.mx/
39 Nick Miroff, México hopes $270 million in social spending will help end
Juárez drug violence, The washingTon PosT, 12 de agosto de
2010. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/08/11/AR201 ...
40 Stratfor Global Intelligence, México Security Memo, 18 de enero de 2010.
41 Mark Stevenson, Police take over from army in México border city, associaTed Press, 8 de abril de 2010, http://abcnews.go.com/ International/wireStory?id=10326312
42 Mario Héctor Silva y María de la Luz González, Policía Federal toma control de Cd. Juárez, el Universal, 9 de abril de 2010,
hrw.org/es/news/2009/11/20/carta-respondiendo-al-secratario-de- disponible en: http://movil.eluniversal.com.mx/notas/estados/
gobernaci-n-de-m-xico-fernando-francisco-g-mez-m.
i75454.html.
21 Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el econoMisTa, 26 de
43 Marcela Turati, Cien días en inopia federal, Proceso, 6 de junio
agosto de 2009, http://eleconomista.com.mx/notas-online/
politica/2009/08/26/ciudad-juarez-mas-violenta-mundo.
22 Figueroa, Martha Elba, De lejos siguen a Juárez otras ciudades violentas, el diario, 11 de enero de 2010.
23 www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/477776.ciudad-juarez-la- mas-violenta-del-mundo.html.
24 Rocío Gallegos, Se han ido 230 mil de Juárez por la violencia, el diario, August 26, 2010. http://www.diario.com.mx/nota.php?not aid=4f85f60ad62c4a761e1c034fd6def3cf.
25 noTiMex, Anuncian Operativo Conjunto Chihuahua, en Noticieros Televisa México, 27 de marzo de 2008: http://www.esmas.com/ noticierostelevisa/México/717671.html
26 La Redacción, Toman militares instalaciones de la SSP de Chihuahua, en revista Proceso, 11 de abril de 2008: http://www.proceso.com. mx/rv/modHome/detalleExclusiva/58212
27 Reforzaron 1,400 militares el Operativo Chihuahua, Milenio, 1 de julio de 2008.
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C, No. 209, www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_ esp.pdf, para. 342. Este caso fue llevado ante la Corte por las organizaciones Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México.
45 David A. Shirk, “Judicial Reform in Mexico: Change and Challenges in the Justice Sector,” Trans-Border Institute, University of San Diego, May 2010, http://catcher.sandiego.edu/ items/peacestudies/Shirk-Justice%20Reform%20in%20Mexico. pdf, p. 26–27.
46 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “México–Merida Initiative Report”, 2 de septiembre de 2010.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia socioeconómica en América Latina y el Caribe. Fundada en 1974, WOLA juega un papel clave en los debates políticos sobre Latinoamérica en Washington. WOLA facilita el diálogo entre actores gubernamentales y no gubernamentales, analiza el impacto de las políticas y los programas de gobiernos y organizaciones internacionales, y fomenta alternativas mediante la publicación de informes, campañas de educación y la incidencia política.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 1666 Connecticut Avenue, NW Suite 400 | Washington, D.C. 20009 teléfono: 202.797.2171 | facsimile: 202.797.2172 correo electrónico: wola@wola.org | página web: www.wola.org
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fue fundado por la Compañía de Jesús en 1988, con el objetivo de defender los derechos humanos de los grupos más vulnerables en México y de esta manera contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. El Centro Prodh, con sede en la Ciudad de México, trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la defensa integral de casos paradigmáticos, programas de capacitación para defensores de derechos humanos, litigio internacional y la publicación de informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Entre los temas de los cuales el Centro Prodh se ocupa en la actualidad están la seguridad ciudadana y los derechos humanos, la justicia transicional, la reforma al sistema de justicia penal y los derechos económicos, sociales y culturales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Serapio Rendón No. 57-B | Col. San Rafael Del. Cuauhtémoc, CP 06470 | México, DF, México teléfono: (5255) 5546 8217 | facsimilie: (5255) 5546 8217 ext. 108 correo electrónico: internacional@centroprodh.org.mx página web: www.centroprodh.org.mx
Agradecimientos: Queremos agradecer a la Directora Ejecutiva de WOLA, Joy Olson, al Director de Programas de WOLA, Geoff Thale y al Director del Centro Prodh, Luis Arriaga, por los importantes comentarios y sugerencias que aportaron para la producción de este informe. También extendemos un agradecimiento especial al Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Cd. Juárez, a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a la Casa Amiga Centro de Crisis y a Gustavo de la Rosa por haber contribuido con casos para esta publicación y por su trabajo invalorable por la defensa de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Joseph Bateman, Asistente de Programas de WOLA, ayudó en la producción de este informe.
Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Kellogg.
ISBN: 978-0-9844873-3-2
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