Source: https://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2005-JULIO.htm
Timestamp: 2019-01-18 01:57:02+00:00

Document:
HECHOS: Se formaliza escritura pública de segregación de finca de 3.384 m2 y extinción de comunidad, de la que resulta, según certificación de la Comunidad Autónoma correspondiente, que las dimensiones de la finca segregada y resto son superiores a la unidad mínima de cultivo y que es posible la segregación desde el punto de vista agrario, sin precisar que la Comunidad Autónoma autorice la misma. Por uno de sus extremos, la finca linda con camino de acceso a varias parcelas de nueva creación.
RECURRENTE.- Se apoya fundamentalmente en la citada Ley 2/98, cuyo art 89 establece que hay parcelación en suelo rústico cuando uno o varios de los lotes o fincas a que dé lugar sean susceptibles de actos de construcción o edificación y dispongan o vayan a disponer de servicios de carácter urbano, lo que no ocurre en le presente caso.
DIRECCION GENERAL.- La DG desestima el recurso. Estima que pese a que la finca segregada sea superior a la unidad mínima de cultivo, no consta que la segregación esté autorizada por la Consejería correspondiente. Y además conforme a la citada ley autonómica: - en suelo urbano no caben parcelaciones, en tanto no se haya aprobado el plan de ordenación; - en suelo urbanizable, mientras no se haya aprobado el programa de actuación urbanística y  en suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, estando todas ellas sujetas a licencia municipal. Además la Ley del Suelo, sin entrar en estas distinciones establece genéricamente la obligación de notarios y registradores de exigir la acreditación de licencia o la declaración de su innecesariedad.
REGISTRADOR: Rechaza la inscripción, aparte de por haberse planteado el recurso fuera de plazo, por dos razones: - porque el pacto añadido a la opción de pago por compensación, no es inscribible, al no tener naturaleza real, - y porque se exige para la cancelación de cargas posteriores, la consignación o depósito íntegro del precio pagado o el consentimiento de los titulares de dichas cargas.
HECHOS: Se formaliza escritura pública de compraventa de finca rústica, en la que se indica que la misma cuenta con un pozo de un caudal de 128 litros/segundo destinada al regadío de la totalidad de la finca.
DIRECCION GENERAL: Da la razón al Registrador, ya que conforme a la Ley de Aguas de 1985, los dueños de aguas privadas podrían conservar temporalmente sus derechos: - bien acogiéndose a su inscripción en el Registro de Aguas Privadas que se creaba en cada Cabecera de Cuenca, - o bien incluirlos simplemente en el catálogo de aguas privadas, que es el que han acogido, según parece los propietarios de la finca enajenada (aunque su catalogación está pendiente). En consecuencia, hasta que no se acredite la inscripción de dicho manantial en el citado catálogo de aguas privadas mediante certificado administrativo, no es posible la inscripción registral del manantial.
Según la misma, art 2, son de dominio público: las aguas continentales, superficiales o subterráneas renovables; los cauces de corrientes naturales continuas o no; los lechos de lagos y lagunas y los embalses superficiales en cauces públicos (sin embargo los lagos, lagunas y charcas que estén inscritos en el Registro de la Propiedad, conservan su carácter dominial privado disp. Adicional 1ª); los acuíferos, y las aguas procedentes de desalación del agua del mar, una vez que fuera de la planta de producción se incorporen a cualquiera de los elementos anteriores.
Pero luego reconoce la existencia de fincas funcionales, que se inscriben como una sola finca a pesar de ser físicamente independientes, y para ello se exige: - la declaración de voluntad del interesado  y el establecimiento de cual sea esa relación de dependencia de trato unitario, no siendo bastante la mera decisión del propietario.
En el Registro figura inscrita una finca con carácter ganancial y sobre ella anotado un embargo recaído sobre "los derechos que el ejecutado tiene sobre la finca". Se presenta ahora auto por el que se adjudica a los recurrentes "el inmueble embargado al ejecutado".
El Registrador suspende la inscripción porque la finca no está inscrita a nombre del ejecutado, sino que lo está a nombre de él y de su esposa con carácter ganancial, no constando que se haya practicado la liquidación de la sociedad de gananciales". Alega el recurrente que, siendo el bien el único que integra la sociedad de gananciales, no es necesaria la práctica de las operaciones liquidatorias para determinar cual es la titularidad corresponde al ejecutado, entendiendo que se contrae a la mitad de dicho bien.
Señala el Centro Directivo, reiterando el criterio establecido en la Resolución de 20 de abril, la improcedencia de anotar un embargo sobre los derechos que puedan corresponder a un cónyuge en bienes gananciales concretos, ya que tal derecho carece de verdadera sustantividad jurídica, y no puede ser objeto de una futura enajenación judicial. Doctrina que es aplicable igualmente a la sociedad de gananciales disuelta y no liquidada, en la que la participación de cada cónyuge se predica respecto del conjunto de bienes o, sin que resulten atribuidas cuotas singulares respecto de todos y cada uno de los bienes que lo integran. En tal situación será posible embargar la cuota global que corresponda a cada cónyuge respecto del patrimonio común, o bienes concretos, siempre que las actuaciones procesales se lleven contra todos los titulares.
Se constituye hipoteca de máximo en garantía de "todas las obligaciones comerciales derivadas del suministro de piedras y mármoles naturales" que determinada sociedad tiene concertado a favor de otra, de modo que "todos los pagos que resulten a favor de la entidad acreedora, como consecuencia de los diversos suministros efectuados o que se van a efectuar, dentro de un plazo que se dirá y hasta un máximo de ... euros, quedan, pues, garantizados a través de la hipoteca que aquí se constituye, junto con cualquier eventualidad por pérdida, deterioro o falta de pago de las mercancías suministradas, todo ello hasta el máximo señalado". Además, en la cláusula de constitución de hipoteca, se garantizan "tres años de intereses remuneratorios al tipo de 3,75%".
1.-"No se determina con la precisión suficiente la obligación garantizada, puesto que, al consistir en el saldo de la liquidación de las diferentes operaciones comerciales existentes en un determinado plazo... sería necesario determinar las partidas de cargo y abono que deban tenerse en cuenta para que entren en juego los efectos novatorios y compensatorios que hagan surgir al cierre de la cuenta la obligación exigible."
Y, 2.-"Se garantizan intereses ordinarios que la operación no genera al no estar pactado, lo que contradice el principio de accesoriedad".
La Dirección, respecto al primer defecto, confirma el criterio de la Registradora, ya que aunque,-a fin de facilitar el crédito- se permite en ciertos supuestos la hipoteca sin la previa determinación registral de todos sus elementos, siempre se imponen algunas exigencias mínimas para impedir que se constituya, en realidad, una mera reserva de rango registral o una especie de hipoteca "flotante"; Por ello, no es posible inscribir en el Registro una sola hipoteca que garantice todas aquellas obligaciones, existentes y futuras, que haya o pudiera haber entre acreedor y deudor, de suerte que la hipoteca "flote" sobre las diversas obligaciones garantizadas para, en el momento en que el acreedor desee ejecutar alguna, algunas o todas las que, siendo vencidas, líquidas y exigibles no hayan sido satisfechas, se deje caer la hipoteca sobre la obligación u obligaciones incumplidas que el acreedor desee: La mera referencia a la liquidación del saldo existente entre ambas entidades derivados del suministro referido carece de virtualidad suficiente para que las distintas obligaciones sean sustituidas con pleno alcance novatorio por una obligación sustantiva e independiente por el saldo resultante, que pudiera por sí sostener la garantía hipotecaria.
Históricamente se ha afirmado con cierta ligereza que una sentencia dictada en un juicio declarativo ordinario es inmatriculable, pues tal procedimiento es un juicio contradictorio y, en consecuencia, goza de superiores garantías que el expediente de dominio. Sin embargo no es así, pues, como ha dicho la doctrina más autorizada, la relatividad de la cosa juzgada hace que la sentencia sólo sea eficaz frente a los litigantes o sus causahabientes, mientras que el expediente de dominio goza de mayores garantías de protección a los terceros, como son las citaciones a dichos terceros, la publicación de edictos y, sobre todo, la intervención del Ministerio Fiscal. Afirma el recurrente que los artículos 521 y 522 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil afirman su posición, pero ello no es cierto. El artículo 521.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil dice que las sentencias constitutivas firmes son inscribibles en los Registros públicos, y ello sin duda es así, pero dicho recurrente desconoce que son mayores los requisitos que se exigen para que los documentos sean inmatriculables que los requeridos para su simple inscribibilidad. Y, por su parte, el artículo 522.1 de la misma Ley establece la obligación de los Registradores de acatar las sentencias, obligación que nadie pone en duda, pero la legislación específica aplicable que prevé el mismo artículo como condicionamiento de la afirmación anterior exige para la inmatriculación requisitos añadidos que, como se ha dicho anteriormente, no cumple el documento presentado para la inmatriculación. (JDR)
- la motivación de la calificación registral que ha de ser completa, no siendo suficiente la cita de preceptos legales. En ella no puede desconocer resoluciones previas de la DG.
- El contenido del informe del Registrador que tan sólo puede referirse a los trámites realizados.
- La calificación de poderes, estimando suficiente la siguiente aseveración del Notario: Resultan sus facultades para este acto de la escritura de apoderamiento..., de la que tengo a la vista y le devuelvo copia autorizada en la que se le atribuyen facultades suficientes para concertar y formalizar la presente escritura de compraventa, así como sus pactos complementarios.
Nota: No obstante, es de destacar este párrafo de la Resolución: Es asimismo conocido que la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio decidendi» que la ha determinado (sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998 y de 28 de mayo de 2003).
Creo que, aplicando lo dicho en este considerando el Centro Directivo tendría suficiente justificación para poder aplicar un criterio menos radical del que tiene sobre el informe del Registrador y que sería el siguiente:
- El hecho que las decisiones del Centro Directivo no afecten tan sólo a las partes implicadas, sino también a los terceros que han de respetar el contenido de los asientos, exige no reducir a éstos las garantías tradicionales de que la resolución va a ser justa, suficientemente debatida, motivada y conforme a derecho.
- Los demás Registros han de respetar las resoluciones publicadas, lo que impone que esa exigencia se cargue de razón y que se de al registrador directamente implicado la posibilidad de defender íntegramente su postura de una manera más reposada al margen de la celeridad que exige el despacho diario. Es común también que entre calificación e informe se constate la opinión de otros compañeros al respecto cuyos argumentos pueden ayudar a ratificar o rectificar la calificación inicial. A la postre, todo el colectivo va a sufrir sus consecuencias.
- Se aliviaría en cierta medida el trabajo del Centro Directo, ya que los asuntos con el informe tradicional del Registrador le llegarían más elaborados.
- Sería más respetuosa con una tradición de siglo y medio a sus espaldas que se refleja en las propias pruebas de acceso al Cuerpo y en la literatura jurídica en muchos casos de gran calidad producida también por los Registradores y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
- El reestudio que supone para el Registrador la confección del informe puede ayudarle a recapacitar e inscribir lo que se le solicita más que una mera actividad formal de dar traslado de un expediente.
- Con la actual interpretación oficial podría ser defendible que, habiendo recaído resolución estimatoria contra la nota de calificación que apreciaba cierto defecto, basándose en determinada motivación, sería posible volver a plantear el mismo defecto con diferente motivación más concienzuda.
- Está en marcha un Proyecto de Ley de Fomento de la Productividad. No parece muy productivo imponer la carga de trabajo de un dictamen para cada calificación de las varias que al día un Registrador ha de firmar. Se debería de reservar el trabajo ya más exhaustivo, para las una o dos notas de calificación que estadísticamente de media se le recurren al año. ¿No sería más productivo garantizar la rapidez en el despacho antes que imponer cargas excesivas que ralenticen la labor cotidiana la cual debe de ser lo más ágil posible por bien del servicio público prestado?
- Ha de valorarse la especialidad del procedimiento registral consistente en que el interesado puede volver a presentar el título una vez caducado el asiento de presentación las veces que estime oportunas. (JFME)
Hechos: Se inscribió en el Registro un derecho de opción de compra con pacto de inscripción de la compra mediante su ejercicio unilateral por el optante en estas condiciones: el optante deberá entregar el precio al Notario para su depósito bancario a favor del concedente, si éste acredita la inexistencia de cargas o derechos reales cuyos titulares puedan tener derecho a él o resultar afectados por el ejercicio de la opción, o a disposición de éstos en otro caso.
El optante, al ejercitar unilateralmente la opción, deduce de la cantidad pactada una suma que ha sido satisfecha por cuenta de la sociedad vendedora para atender el pago del préstamo con garantía hipotecaria sobre la finca y entrega al resto al Notario, en concepto de depósito para pagar el embargo.
El Registrador suspende la inscripción del ejercicio de la opción por entender que no se cumple estrictamente lo pactado para el ejercicio unilateral de la opción, por lo que será necesario que el concedente de la opción ratifique el contenido de la Escritura.
Nota: El propio interesado no debía de tener muy claro el que pudiera otorgar por sí mismo el título porque, según la calificación del registrador, en la misma Escritura, requiere al Notario para que a su vez notifique a la vendedora y le requiera para que ratifique la Escritura. (JFME)
210. PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO: TITULAR DE CARGA POSTERIOR NO NOTIFICADO. R. 6 de mayo de 2005, DGRN. BOE del 30 de julio de 2005.
- Para futuros adquirentes o titulares de cargas posteriores a ella:
- Informa de la incoación del procedimiento entablado, sirviéndoles de notificación a los efectos procesales oportunos, entre los cuales se encuentra el de poder intervenir en la subasta
- No será necesaria la expresión individualizada de sus respectivos asientos para que puedan en su día ser cancelados.
- Para los titulares de cargas o derechos reales inscritos con anterioridad a ella: ha de notificárseles la existencia del procedimiento para que en su día, pueda ser ordenada por el Juez que entiende del mismo la correspondiente cancelación.
- La solución será similar para los titulares de títulos presentados antes de la nota marginal de expedición de certificación pero inscritos después pues los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha de la presentación. Por ello, han de ser también notificados.
- El artículo 132.2 LH actual exige calificar si se han practicado las notificaciones. De nada valdría esta calificación si no se saca la consecuencia de impedir la cancelación de la carga en cuestión.
- El art. 692.3 LEC exige que en el mandamiento de cancelación se aluda a las notificaciones.
- El texto del art. 660 2 LEC, según el cual, la ausencia de las comunicaciones del Registro, o los defectos de forma de que éstas pudieran adolecer no serán obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble en la ejecución. Para ello ha de entenderse la referencia a la inscripción en sentido amplio.
- La DGRN no distingue entre la situación anterior y la actual.
2ª.- Quién ha de notificar. En el anterior procedimiento judicial sumario era el Juez. Para el procedimiento actual de ejecución directa, el Registrador. Para situaciones de derecho transitorio, hay que atender a la Circular de 12 de diciembre de 2000: Las ejecuciones hipotecarias que aún se tramiten por el procedimiento judicial sumario con arreglo al artículo 131 de la Ley Hipotecaria todavía vigente, las realizará el Juez, aunque el mandamiento ordenándolas se presente una vez en vigor aquélla (la nueva LEC).
- El artículo 179.e) que somete a licencia tan sólo al «cambio de uso de los edificios e instalaciones».
- Y el artículo 202 de la misma Ley declara nulos los actos de «parcelación, edificación y uso del suelo y subsuelo que se lleven a cabo sin licencia».
ANULADA por sentencia de 23-11-2005 del Juzgado de 1ª Instancia nº 43 de Barcelona) por haber sido dictada pasados tres meses tras la interposición del recurso y sin que haya interpuesto recurso judicial contra la desestimación de su recurso en el plazo de un año-a contar desde la fecha de interposición de su recurso gubernativo, por lo que (art. 327, párrafo 10 y 328 de la LH) la calificación del Registrador devino firme; y por no ser competente la DGRN para conocer del recurso gubernativo, al haber aplicado el Registrador una norma de la Comunidad autónoma de Cataluña (179 y 210 de la Ley de Urbanismo 2/2002) Arts 148-1 CE, 20-1 LO 4/1979, de 18 de Diciembre, LOPJ 6/1985, de 1 de Julio, 324-2 LH-.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17-3-2007 desestima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado. Considera que el artículo específicamente aplicable es el 327 LH, remarcando las palabras deberá resolver en el plazo de 3 meses, y se entenderá desestimado, y que no puede objetarse lo dispuesto en los arts 42 y 43 de la Ley 30/1992 de 26-11 RJAPPAC (obligación de la Administración de dictar resolución expresa....sin vinculación al sentido del silencio) por tres razones:
1) Frente a tal normativa genérica ha de estarse a la más especial, es decir, al art. 327 LH, cuyos términos son claros, terminantes y concluyentes.
2) El art. 327 LH no se remite en este punto a la ley 30/1992, a diferencia de lo que ocurre con otros supuestos (322-2, 326 in fine)
3) No indicándose otra cosa, el carácter supletorio de la regulación correspondería en su caso a lo dispuesto en la LEC (art 4 LEC) y no a lo establecido en la LRJAPPAC.
En definitiva, considera que los términos del art. 327 LH son claros y concluyentes, no precisan integración alguna, y han de ser los aplicables en virtud de su mayor especialidad, por lo que transcurrido en exceso el plazo de tres meses desde la entrada del recurso en el Registro sin que éste hubiese sido resuelto, el mismo necesariamente ha de ser desestimado sin que la DG pueda dictarse posteriormente resolución en sentido contrario.
Añade que según el art. 62 de la Ley 30/92, de 26-11 los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido..., y entiende que estamos en ese caso al dictarse resolución expresa estimatoria del recurso, transcurrido en exceso el plazo de tres meses desde la entrada de éste en el registro, contrariamente al procedimiento establecido en el art. 327 LH
A) Compraventa previa: considera que es inscribible y, en tal aspecto, estima el recurso. Nota: De todos modos, el Registrador dice expresamente en la calificación que la compraventa no se cuestiona en esta nota. Tal vez haya faltado un consentimiento expreso para la inscripción parcial del documento. También el registrador sustituto la considera inscribible por lo que creo que carece de sentido el recurso en cuanto a este extremo.
B) Exceso de cabida: para inscribirlo es necesario que no existan dudas sobre la identidad de la finca y, en el presente caso, dichas dudas están fundadas en que, según las descripciones registrales, las fincas no colindan entre sí, sino que parecen lindar una por la izquierda y otra por la derecha con una tercera, por lo que podríamos estar ante una nueva realidad física.
Por ello, en cuanto a lo reseñado en las letras B) y C) confirma la calificación. Creo que hubiese sido interesante el haber aprovechado para tratar acerca de si hay que acreditar y, en su caso cómo, la unidad económica de explotación para formar una finca discontinua, apuntada por el Registrador y el recurrente. (JFME)
216. CANCELACION DE LA CANCELACION: DEBE PRACTICARSE PERO SALVANDO LOS DERECHOS DE TERCEROS. R. 13 de mayo de 2005, DGRN. BOE del 30 de julio de 2005. Vinculante
Confirmada por la sentencia de 23-2-2006 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palma de Mallorca, y en apelación por la Sentencia de 18-7-2006 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
DIRECCION GENERAL: En cuanto al primer punto, confirma el defecto, ya que el art 74 del Rto Urbanístico, establece claramente que cuando con ocasión de la concesión de licencias se impongan condiciones que han de cumplirse en la finca a que afectan, tales condiciones se podrán hacer constar por nota marginal. Pero, para ello, es necesario aportar certificación administrativa en la que conste literalmente el acuerdo adoptado.
- A mi juicio, lo que la misma exige es una identificación total entre la finca inscrita y su exceso, es decir que quede claro que el exceso se refiere a una superficie que estaba incluida, sin lugar a dudas, en la primitiva descripción registral, aunque se actualicen sus linderos.
 El otro punto, es que no cabe una simple duda sin más, sino que esa duda debe ser razonada, o, al menos, el informe técnico debe ser de tal precisión que hagan desaparecer tales dudas.
DIRECCION GENERAL: Tras de valorar las distintas teorías sobre la hipoteca unilateral, bien se la considere como una reserva de rango registral, o bien como considera la DG como una figura que requiere para la válida constitución la aceptación como una conditio iuris, rechaza la posibilidad de inscripción de dicha aceptación fuera de plazo (yo creo que principalmente porque pueden existir terceros perjudicados). Y trata de justificar su postura en que el plazo de aceptación figura inscrito, y por tanto dicha cláusula implica una derogación de la regulación normativa de la hipoteca unilateral, que no establece un plazo específico para la aceptación, a salvo el requerimiento del constituyente. Prefijado el plazo, se modaliza el término de la oferta en principio irrevocable que dicha constitución implica.
En una escritura de préstamo hipotecario se expresa que El primer compareciente lo hace en nombre y representación de... Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder que le tiene concedido... en escritura autorizada por el Notario de Barcelona don Ignacio Manrique Plaza, el día..., bajo número..., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo..., folio..., hoja..., inscripciones..., de la que me exhibe copia autorizada y de ella resulta que está facultado, con carácter solidario, hasta la cantidad de... para conceder préstamos con garantía hipoteca sic y aceptarlas. Yo, el Notario, doy fe de que a mi juicio las facultades representativas acreditadas a mí, el Notario, son suficientes para el otorgamiento del negocio jurídico contenido en esta escritura».
223. TRANSMISIÓN EN FUSION DE BANCOS: NO ES NECESARIO ACREDITARLA. CALIFICACIÓN DE PODERES. R. 20 de mayo de 2005, DGRN. BOE del 30 de julio de 2005.
Respecto a los poderes y el contenido del informe la DGRN reitera el criterio de otras resoluciones semejantes y respecto al primero de los defectos lo rechaza igualmente, ya que el Registrador en su calificación ha de tener en cuenta los asientos registrales de la finca respecto de la que se pretende la inscripción del título presentado, sin acudir a medios extrínsecos. Pero no puede llevar al extremo de negar la práctica de la cancelación en un caso como el presente en el cual la transmisión en bloque del patrimonio de una de las entidades a la otra, mediante fusión, consta por evidente notoriedad y, sin duda, ha sido considerada por el Registrador para la práctica de otros muchos asientos registrales. (MN)
Doctrina de la DGRN: La DGRN confirma la nota de calificación. De sus argumentos, que son los clásicos acerca de la importancia de la convocatoria de la Junta para calificar la válida constitución de la misma, destacamos los relativos a la argumentación del recurrente de que la hora no es uno de los requisitos del anuncio de convocatoria. Así dice la DG que, en efecto, si se acude a una interpretación literal del art. 97, dicho dato no figura en el contenido de la convocatoria, pero si se tiene en cuenta el artículo 98 en el que se dice que si se prevé la posibilidad una segunda convocatoria, entre el primera y la segunda debe mediar un plazo de al menos 24 horas, se ve claro que la exigencia de la hora de celebración de la Junta es un dato esencial para la misma. A la misma conclusión nos lleva el 3 del CC pues la no exigencia de la hora de celebración llevaría a conclusiones absurdas como que el accionista tuviera que estar 24 horas en espera de celebración de la Junta o que si se requiere a un notario para que levante acta de la misma, le ocurriera otro tanto. Por ello concluye la DG la modificación de la misma (hora de convocatoria) supone la alteración de uno de los datos básicos publicados, y la eficacia de tal modificación estará condicionada a que se anuncie con la antelación legalmente exigida.
Comentario: Sólo mostrar extrañeza por la calificación que de subsanable hace el Registrador calificante del defecto señalado para la convocatoria. Si existen irregularidades en la convocatoria de la Junta es claro que el defecto debe ser insubsanable, pues como con acierto dice la DG, la regularidad de la convocatoria es presupuesto de la válida constitución de la Junta General, y si ello es así nunca podrán tener acceso al RM los acuerdos adoptados en una reunión viciada en origen. Probablemente la calificación como subsanable del defecto sea un mero olvido, al utilizar el modelo básico de nota de calificación, de no suprimir lo que es normal en las calificaciones del registro mercantil y es que los defectos sean subsanables. (JAGV)
1.- No es posible la inscripción de la cláusula estatutaria que fija como valor para la transmisión de participaciones sociales el real que resulte del último balance auditado de la sociedad.
1.- Confirma la nota de calificación pues no es posible restringir el derecho del socio a obtener el valor real o razonable de sus participaciones, que no debe confundirse con el valor contable, que es el que resultaría de un balance, aunque el mismo estuviera auditado. Otra solución implicaría, dice la DG, la atribución a los demás socios de la facultad de obtener un enriquecimiento injusto o sin causa, contrario a uno de los principios generales que informan nuestro ordenamiento jurídico.
5 y 7.- Se confirma igualmente que no es posible incluir en los estatutos sociales normas sobre Consejo o Asamblea de Familia o normas sobre interpretación de estatutos teniendo en cuenta el carácter familiar de la sociedad, sin que se regulen debidamente la composición, funcionamiento y funciones de dichos órganos, o sin completar debidamente los elementos que sirvan para caracterizar la empresa como ligada de modo exclusivo a la familia de los fundadores....
Así la primera cuestión planteada, referida a la determinación del valor de las participaciones en caso de desacuerdo entre transmitentes y adquirentes, recibe la solución ya adoptada en numerosas resoluciones anteriores y que se puede resumir en el sentido de no ser admisibles cláusulas estatutarias que impidan a los socios obtener el valor real o razonable-no hay valor más razonable que el real- de sus participaciones. Así además lo dice el punto 6 del art. 123 del RRM que aunque referido a las sociedades anónimas debe ser igualmente aplicable, dice la DG, a las sociedades limitadas.
En lo relativo a la caracterización de la sociedad transformada como sociedad familiar sí tiene gran interés lo que dice la DG acerca de la misma. Aún no admitiendo la inscripción de las cláusulas debatidas, ello lo hace por su insuficiente regulación estatutaria. Es decir la DG se muestra partidaria de que en el amplio margen que la LSRL da a la autonomía privada, se puedan incluir normas que caractericen a una sociedad como familiar regulando debidamente un Consejo de Familia o una Asamblea familiar y estableciendo otras normas sobre el funcionamiento de la sociedad, pero siempre que, si así se hace, se establezca una regulación completa y detallada de los órganos familiares con que va a contar la sociedad y la causa o motivación de la interpretación o aplicación de normas en un sentido determinado. Es decir que la DG, aún sin desarrollar el mandato legislativo contenido en la DF 2ª.3 de la Ley 7/2003 de 1 de Abril sobre la nueva empresa, que habilitó al gobierno para reglamentariamente establecer las condiciones de acceso al RM y de publicidad de los llamados protocolos familiares, se muestra partidaria de su inclusión en estatutos siempre que se respeten debidamente las normas imperativas contenidas en la Ley y lo que se llaman principios configuradores de cada tipo social. Es decir que a partir de esta resolución existe base doctrinal suficiente para incluir protocolos familiares en estatutos de sociedades limitadas, aunque lo difícil será precisar los límites y características que los mismos deben tener para lograr su acceso seguro a los libros del Registro Mercantil.
Finalmente en la cláusula relativa a la sumisión a arbitraje de las cuestiones que surjan entre socios y la propia sociedad en todas las cuestiones relativas a la misma, la DG, citando una resolución de 19 de febrero de 1998 y una STS de 18 de Abril del mismo año, admite claramente y con bastante amplitud su inclusión en los estatutos de la sociedad, aunque reconoce su poca operatividad práctica, pues todas las cuestiones que se pueden plantear están normalmente sujetas a las decisiones de la Junta General, cuyos acuerdos pueden impugnarse pero no suplirse por una decisión arbitral. (JAGV)
Comentario: Nimio defecto y nimia resolución que realmente parece planteada por el actual estado de cosas y no por la importancia o trascendencia de la no inscripción previa de uno de los cesados. A nuestro juicio la inscripción del documento debió practicarse, incluso sin la existencia de la petición de inscripción parcial que constaba en el título, suspendiendo simplemente la inscripción del cese del consejero no inscrito. Así resulta además claramente del art. 62.2 del RRM que contempla el caso de varios actos o negocios independientes unos de otros, en cuyo caso, los defecto apreciados respecto de alguno de ellos, no deben impedir la inscripción del resto, artículo que nos parece aplicable al caso planteado a pesar de no ser expresamente citado en los fundamentos de derecho de la resolución. Y en lo tocante a los ceses y nombramientos, no parece que la existencia de un cese no inscrito pueda afectar a la inscripción total de los mismos. (JAGV)
Doctrina DGRN: Como no podía ser de otro modo, se rechaza el recurso por la DGRN, poniendo de relieve, una vez más, la intangibilidad de los asientos registrales una vez practicados, siendo lo único posible, a partir de este momento, la rectificación de algún error padecido por el procedimiento regulado en la legislación hipotecaria, trasladado al ámbito mercantil por el art. 40.2 del RRM. (JAGV)
Hechos: Se deniega la inscripción de un cambio de denominación de una sociedad a Turismo Rioja, S.A., por existir otra sociedad inscrita con anterioridad bajo la denominación de Turismo Rioja 2003, SRLL, por estimar que puede darse confusión entre ellas, sin que conste el consentimiento de la previamente inscrita.
Hechos: Se deniega, por defecto insubsanable, una cláusula de unos estatutos de una sociedad limitada expresiva de que las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario o Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente o Vicepresidente. El Vicepresidente y el Vicesecretario sustituirán al Presidente y Secretario en sus funciones cuando no asistan a las sesiones del Consejo de Administración o a las Juntas de la Sociedad.
El defecto alegado por el Registrador en su nota se centraba en que el art. 109 del RRM configura las facultades certificantes del Secretario, no de forma alternativa, como lo hacía el precepto denegado, sino de forma subsidiaria al utilizar el término y, en su caso.
El Notario autorizante de la escritura recurre planteando como cuestiones formales previas dos: Una, si es admisible o no la notificación telemática al Notario autorizante de la escritura, y, dos, si la nota, que se limitaba a citar el art. 109 del RRM, tiene suficiente motivación jurídica a los efectos de interponer el recurso gubernativo. En cuanto al fondo del asunto alega que la conjunción disyuntiva o utilizada por el precepto estatutario indica tanto una idea de subsidiariedad como de solidaridad y que la interpretación correcta de la cláusula debatida es la de establecer una actuación subsidiaria y que por ello no hay diferencia entre hablar de Secretario o Vicesecretario o hablar de Secretario, y, en su caso, Vicesecretario. A mayor abundamiento, añade el recurrente, en el mismo texto estatutario se contempla la sustitución del Secretario o Presidente por el Vicesecretario o Vicepresidente cuando los mismos no asistan a las reuniones de Consejo o Junta.
1.- Admisibilidad o no de la notificación telemática: La DGRN tras poner de relieve la enorme trascendencia que la regularidad de la notificación tiene a los efectos de determinar el dies a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso y para la prórroga del asiento de presentación, concluye que en esta materia deberá estarse a lo previsto en el párrafo 2º del art. 322 de la LH y por tanto será admisible la notificación telemática, siempre que el interesado lo haya manifestado así al tiempo de la presentación del título y quede constancia fehaciente. Excepciona expresamente de esta posibilidad el caso del art. 112.1 de la Ley 24/2001, es decir el supuesto de presentación telemática del título con firma electrónica reconocida en el que todas las incidencias de dicho título irán por el mismo camino y añade que el art. 322 es preferente al art. 110.1 de la misma Ley 24/2001 que admite la utilización de medios electrónicos con firma reconocida para las comunicaciones entre Notarios y Registradores.
2.- Suficiente motivación jurídica de la nota de calificación: En este punto la DGRN, tras estimar aplicable al ámbito del RM el art. 19 bis de la LH, considera que aunque la argumentación en que se fundamenta la nota haya sido expresada de forma escueta, se limitaba a citar el artículo aplicable y su interpretación correcta a juicio del Registrador, expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso.
3.- En cuanto al fondo del asunto la DGRN, tras hacer un recorrido sobre el significado gramatical de las conjunciones disyuntivas y copulativas, concluyendo que no es clara la interpretación que deba darse al art. 109 o a la cláusula debatida, termina recurriendo al elemento sistemático para solucionar el problema y así dice que respecto del art. 109 del RRM que utiliza en un caso la disyuntiva o y en otro la copulativa y, el mismo es expresión de un reiterado uso de comercio que sólo atribuye facultades certificantes a los Vicesecretarios en ausencia o por falta del titular del cargo y en el mismo sentido debe ser interpretada la cláusula estatutaria, máxime teniendo en cuenta que el segundo inciso del artículo discutido prevé expresamente que los cargos vicarios actuarán en caso de que los titulares no acudan a las sesiones de la Junta o Consejo. En definitiva que la actuación de los Vices es subsidiaria y que el artículo estatutario discutido está redactado con la suficiente claridad para que sea eso lo que el mismo exprese. Por tanto se revoca la nota de calificación.
3.- Finalmente, en cuanto al fondo del asunto o motivo del recurso, nos encontramos ante lo que pudiéramos llamar una calificación creativa. Probablemente existen en todos los RRMM españoles infinidad de cláusulas similares a la denegada- incluso en el propio registro calificante, según alegación del recurrente- y a nadie se le había ocurrido pensar que la actuación del vicesecretario o vicepresidente era alternativa con la de los titulares del cargo, se utilice la disyuntiva o o la copulativa y. Si las normas deben entenderse en el mejor sentido para que produzcan efecto es claro que esta norma relativa a la facultad certificante, se redacte como se redacte y salvo que lo sea en forma tan clara que dijera expresamente que las certificaciones puedan ser expedidas indistintamente por el Secretario o el Vicesecretario, debe ser interpretada en sentido claramente subsidiario, es decir que la actuación de los Vices sólo será válida en ausencia de los Secretarios o Presidentes. En definitiva, en nuestra opinión, una cuestión menor pero que como todas las cuestiones menores habrá provocado malestar en el interesado, que ve retrasado el despacho de su escritura, en el notario autorizante, que se ve obligado a interponer un recurso, y en la propia DG, obligada a resolver, sin beneficio para nadie. (JAGV)
Revocadas parcialmente las Resoluciones de 28 y 30 de abril de 2005 por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 19-12-2007, que admite la validez de la notificación telemática de defectos al Notario, aunque éste no haya hecho manifestación al respecto.
La Sentencia de instancia (Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia de 25-6-2007), había desestimado la demanda promovida por los dos Registradores contra las citadas resoluciones al considerar que los mismos carecían de legitimación para impugnar las decisiones de su centro directivo. Además consideró que el Notario, en cuanto que gestor del despacho notarial es "interesado", con interés propio y por ello debe ser notificado con plenas garantías, de manera que una interpretación literal del artículo 322 LH implica que la notificación por vía telemática únicamente sea válida si el interesado hubiera admitido tal opción al tiempo de la presentación del título.
Apelada la sentencia de instancia, la Audiencia Provincial (sentencia de 19-12-2007) reconoce la legitimación del Registrador para recurrir y admite la validez de la notificación telemática de la calificación, distinguiendo claramente entre la notificación al interesado (que puede no tener infraestructura telemática) y al Notario. Añade, además, que debe distinguirse el lugar de la notificación y el medio empleado.
Interpuesto recurso de casación, el Pleno del Tribunal Supremo lo desestima, en Sentencia firme de 20-9-2011 (publicada en el BOE de 3-7-2012): Validez y legalidad de la notificación telemática de defectos por fax al notario. El Tribunal Supremo mantiene la interpretación que del artículo 322 LH hace la Audiencia respecto de la legalidad de la notificación telemática efectuada. Las relaciones entre Notarios y Registradores se rigen fundamentalmente por pautas de lealtad y colaboración institucional en términos diferentes a los principios que han de regir las relaciones del Registrador con los directamente interesados en el procedimiento registral en cuanto titulares de la relación jurídica inscribible, de tal forma que la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía. Además, no se trata solo de reconocer la realidad y eficacia de los medios tecnológicos en el funcionamiento y desarrollo entre instituciones, sino de admitir el carácter normativo de estos sistemas reconocidos en el artículo 322 LH. Es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la calificación negativa son el presentante del documento y el Notario autorizante del título presentado y en su caso la autoridad judicial o funcionario que lo haya expedido, y a tal fin sirve cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación (art. 58 ley 30/92). Sin duda, entre estos medios están los que refiere el artículo 45 del citado texto legal resultado de las nuevas técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista solo incumbe y favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo es obvio que solo puede articularse respecto al presentante titular de la relación jurídica real, y este presentante no es el Notario autorizante que nada presenta, posiblemente porque este interesado puede o no disponer de tales medios para recepción de la notificación a diferencia del Notario que, junto al Registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información (artículo 107 ley 24/2001, de 27 de diciembre en su redacción vigente al tiempo de la presentación de la demanda), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación.
Legitimacion activa del registrador. La Sentencia recurrida recordaba sus pronunciamientos anteriores tanto con anterioridad a la reforma del artículo 328 LH por Ley 24/2005 como con posterioridad a la misma, llegando en ambos casos a la conclusión de atribuir legitimación a los Registradores para el ejercicio de la acción instada al amparo del citado artículo. La DGRN recurre también este punto en casación, y el Tribunal Supremo lo desestima porque la demanda se interpuso con fecha 1-9-2005, es decir, vigente la redacción anterior del artículo 328.4 LH, en cuya virtud se sancionaba la legitimación universal y sin restricción alguna del Registrador. (JCC)
Revocadas parcialmente las Resoluciones de 28 y 30 de abril de 2005 por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 19-12-2007, que admite la validez de la notificación telemática de defectos al Notario, aunque éste no haya hecho manifestación al respecto. El Pleno del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en Sentencia firme de 20-9-2011 (publicada en el BOE de 3-7-2012). Ver resumen en la resolución anterior. (JCC)
visitas desde el 25 de junio de 2007

References: Resolución 
 artículo 521
 artículo 522
 resolución 
 resolución 
 artículo 132
 artículo 131
 artículo 179
 artículo 202
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 98
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 45
 artículo 328
 artículo 328
 resolución