Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62501&legiid=489
Timestamp: 2018-12-11 06:59:03+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO POR MUERTE DE PALESTINOS EN GAZA
INCLUSIÓN DE OBESIDAD MÓRBIDA, CIRUGÍA BARIÁTRICA Y ABDOMINOPLASTÍA DENTRO DE PLAN AUGE. PROYECTO DE ACUERDO
ACUERDO RELATIVO A ESTATUS Y FUNCIONES DE COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor José Luis Domínguez Covarrubias.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 13ª y 14ª, ordinarias, en 8 y 9 de mayo de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas de ley:
1) Proyecto que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).
2) Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida (boletín N° 9.612-06).
3) Proyecto que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera en los casos que señala (boletín N° 9.656-15).
Con los siete últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá", y el "Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá", ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 5 de junio de 2017 (boletín N° 11.605-10).
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto de ley del Senado para establecer el "Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología" (boletín N° 10.906-19).
Remite copias de las sentencias definitivas dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Inciso segundo del artículo 553 del Código Civil.
-Artículo 195, incisos segundo y tercero, y artículo 196 ter, inciso primero, parte segunda, ambos de la ley N° 18.290, de Tránsito.
-Artículos 548 del Código de Procedimiento Penal, y 292 del Código Penal, en relación con los artículos 293 y 294 del mismo cuerpo normativo.
Contesta petición de información, manifestada en nombre del Senador señor De Urresti, en relación con dependencias institucionales existentes en la ciudad de Valdivia.
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor García, relativo a la posibilidad de incluir la vasculitis en el plan universal de garantías explícitas.
Aporta antecedentes sobre las siguientes materias, consultadas en nombre del Senador señor De Urresti:
-Sistema de venta de bonos de FONASA.
-Condiciones laborales de los funcionarios del Servicio de Urgencia de Alta Resolución del sector Barrios Bajos de la ciudad de Valdivia.
-Fiscalizaciones de aguas embotelladas comercializadas en nuestro país.
-Estudios realizados por el SERNAC para detectar la presencia de microplásticos en los envases de agua embotellada.
Informa solicitud de información, manifestada en nombre de la Senadora señora Goic, en relación con la situación de salud de persona individualizada.
Anexa antecedentes relativos a la suspensión de las licitaciones de los Servicios de Alta Resolutividad (SAR), materia solicitada en nombre de la Senadora señora Provoste.
Acompaña datos sobre los recursos invertidos en la investigación y preservación de la Antártica, consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
Informa solicitud, expedida en nombre de la Senadora señora Aravena, a fin de que se efectúen estudios de factibilidad para la creación de la comuna de Labranza en la Región de La Araucanía.
Responde petición, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la paralización de obras mineras en el río Valdivia.
Contesta requerimiento, formulado en nombre de la Senadora señora Allende, relativo al cierre del centro de reparación especializada de administración directa de Playa Ancha en la Región de Valparaíso.
Del señor Director Nacional del IPS:
Da respuesta a petición, expresada en nombre del Senador señor García, sobre situación previsional de persona que se indica.
De la señora Directora Nacional del SENAME:
Atiende consulta relativa a sumarios administrativos realizados en el centro de reparación especializada de administración directa de Playa Ancha en la Región de Valparaíso, materia solicitada en nombre del Senador señor Chahuán.
Remite información, requerida por el Senador señor De Urresti, acerca de estudios existentes para la explotación del cobalto.
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la implementación de un sistema de energía distrital en esa localidad.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas (boletines Nos 11.640-15, 11.647-15 y 11.670-15, refundidos).
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a las señoras María del Pilar Vergara Tagle y Ana Beatriz Holuigue Barros y al señor Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza, por el período que indica (boletín N° S 1.979-05) (con la urgencia del inciso segundo del N°5 del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento a las artes escénicas (boletín N° 11.408-24) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 60 y 76 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a la oportunidad en que se puede renunciar a los cargos de alcalde y concejal (boletín Nº 11.009-06).
De los Senadores señores Pugh, Araya, Bianchi, Elizalde y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley para declarar octubre como el "Mes Nacional de la Ciberseguridad" (boletín Nº 11.729-02).
De los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Elizalde, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas pertinentes para proteger la vida de las abejas, entre otras materias (boletín N° S 1.980 -12).
De los Senadores señores Ossandón, Montes y Pérez Varela, con la que anuncian el retiro del proyecto de ley de su autoría que modifica el inciso tercero del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad para edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad (boletín Nº 11.529-14).
Del Comité Partido Socialista, con la que informa que a partir de esta fecha sus representantes serán los Senadores señores De Urresti e Insulza.
Del Senador señor Guillier, con la que anuncia la constitución de la "Bancada Regionalista", integrada por un grupo de Senadores, miembros de distintos partidos políticos e independientes, a la cual han adherido, hasta ahora, los Senadores señoras Allende, Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Bianchi, Chahuán, Guillier, Huenchumilla y Latorre, invitando a los demás Senadores y Senadoras a incorporarse a esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- En sesión del 8 de mayo de 2018 el Senado aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los Servicios de Salud.
Sesión 13ª, en 8 de mayo de 2018 (se aprueba en general).
El señor MONTES (Presidente).- Como no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, corresponde dar por aprobada la iniciativa también en particular, según lo dispone el artículo 120 del Reglamento del Senado.
Sin embargo, por ser el artículo 2 de rango orgánico constitucional, habría que dejar constancia del quorum de aprobación, correspondiente a los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 25.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido (26 Senadores presentes).
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, antes de entrar al Orden del Día, le pido que solicite a la Sala un minuto de silencio por los hechos acontecidos en Gaza. Creo que la matanza de al menos 58 palestinos así lo amerita.
El señor MONTES (Presidente).- Si no hay objeción, accederé a la petición formulada por Su Señoría.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón para plantear un punto de reglamento.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solicito que recabe la anuencia de la Sala a fin de ampliar por un día, a contar de hoy, el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia chilena (boletín N° 9.133-12), que hoy se encuentra en estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ampliar el plazo de presentación de indicaciones a la mencionada normativa hasta el mediodía de mañana?
El señor ARAYA.- Señor Presidente, primero deseo felicitar a nuestros amigos dirigentes de la FENPRUSS por el proyecto de ley que se acaba de aprobar, el que, sin duda, le dará estabilidad laboral a miles de trabajadores de la salud a lo largo del país.
En segundo lugar, pido que se recabe la autorización de la Sala para fusionar el proyecto de ley que regula la explotación de máquinas de azar con fines de diversión y esparcimiento (boletín N° 8.820-06) con el proyecto de ley que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (boletín N° 10.811-06), ambos en primer trámite constitucional.
La Comisión de Gobierno los analizará el día de mañana y la idea es tratarlos en forma conjunta.
--Se accede a la fusión de las dos iniciativas.
El señor MONTES (Presidente).- La Senadora señora Allende se ha acercado a la testera para formular una observación con respecto a la ampliación del plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece la prohibición y sustitución progresiva de bolsas plásticas en la Patagonia chilena.
Le voy a dar la palabra, para que la plantee a la Sala.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, he pedido la palabra para aclarar que ese proyecto ya fue despachado en la Comisión de Medio Ambiente el día de hoy. Por lo tanto, ahora debe pasar a la Sala para su discusión.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Sería discusión general?
La señora ALLENDE.- La Comisión aprobó la indicación sustitutiva, de modo que tendría que ser discutido en general y en particular. Está listo: ya fue despachado de allí y solo falta su debate en Sala para que pase a cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
El señor MONTES (Presidente).- Pero podría haber unanimidad para ampliar el plazo si es que hubiera una indicación muy potente.
No hay unanimidad, así que continuamos con la sesión.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de lo resuelto por los Comités.
1.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, martes 15, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena (boletín Nº 7.691-13), y tratarlo en el primer lugar de la sesión ordinaria del martes 29 de mayo.
2.- Discutir, en tercer, cuarto y quinto lugar de la sesión ordinaria de hoy, los siguientes asuntos:
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas (boletines Nºs 11.640-15, 11.647-15 y 11.670-15, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento a las artes escénicas (boletín N° 11.408-24).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para prohibir el uso de leña y otros derivados de la madera o de la biomasa en la Región Metropolitana (boletín N° 10.180-12).
El señor MONTES (Presidente).- Senador Navarro, ¿usted quería formular una solicitud?
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, treinta y dos Senadores y Senadoras han firmado un proyecto de acuerdo cuyo objetivo es solicitar al Presidente de la República la incorporación al AUGE de todas las acciones de salud que ha planteado la agrupación "Guatita de Delantal".
Se trata de un tema que ha conllevado la creación de un movimiento de carácter nacional, de Arica a Punta Arenas, algunos de cuyos integrantes han venido hoy día hasta el Congreso Nacional.
La iniciativa ha sido suscrita por diversos colegas, pero todavía pueden hacerlo los demás.
En concreto, pido votarla de inmediato y sobre tabla, pues muchas de las personas que componen el movimiento mencionado se han trasladado desde los extremos del país con el solo objetivo de estar presentes en esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría unanimidad para tratar sobre tabla y votar de inmediato el referido proyecto de acuerdo?
Boletín N° s1981-12
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo recién resuelto, la Sala debe pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, suscrito por numerosos Senadores y Senadoras, que pido al señor Secretario especificar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.981-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa, firmada por más de treinta Senadores, es solicitar al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, la inclusión de la obesidad mórbida, la cirugía bariátrica y la abdominoplastía dentro del Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas en Salud (AUGE) como tratamiento integral de la "guatita de delantal" y sus causas asociadas.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (33 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Guillier y Latorre.
Dejo en claro que lo que acaba de aprobar la Sala es una solicitud al Presidente de la República para incorporar al AUGE las acciones de salud indicadas en el proyecto.
Boletín N° 9384-07
El señor MONTES (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que consagra el derecho a la protección de los datos personales.
En primer trámite (moción de los Senadores señores Harboe, Araya, Lagos, Larraín y Tuma): sesión 24ª, en 11 de junio de 2014 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 14ª, en 9 de mayo de 2018.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Sesiones 45ª, en 9 de septiembre de 2014 (se aprueba en general); 94ª, en 3 de marzo 2015 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó una enmienda, consistente en reemplazar el artículo único del texto despachado por esta Corporación.
Cabe hacer presente que la modificación introducida por la otra rama del Parlamento requiere para su aprobación las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión la modificación introducida por la Cámara Baja.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la aprobación de este proyecto de reforma constitucional sin duda constituirá un momento histórico. Y no es exageración plantearlo de esa forma, toda vez que vamos a consagrar en la Constitución Política de la República, más allá de los gobiernos de turno, un nuevo derecho para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas: el derecho a la protección de datos personales.
Daré algunas cifras para ilustrar la importancia de este tema.
Según la OCDE, en los últimos cinco años el uso de Internet creció en la región en 55 por ciento. Más de 70 por ciento del continente americano ya está usando Internet. En promedio, un latinoamericano permanece conectado 22 horas mensuales.
Según la CEPAL, en un segundo, ¡en un segundo!, se descargan mil 700 aplicaciones; se realizan 44 mil búsquedas en Google; se efectúan mil 700 llamadas por Skype; se envían 2 millones de correos; se remiten 300 mil mensajes por protocolo IP a través de WhatsApp; se realizan 50 mil publicaciones en Facebook; se descargan 98 mil videos en YouTube, y se ven 655 horas de video en Netflix.
En el período 2016-2020, el mercado de los datos reportará 325 billones de euros en el sector privado y 83 mil 578 millones de euros en la administración pública.
Habrá 36,9 por ciento de aumento en la participación del PIB entre el 2016 y el 2020.
De utilizarse esos datos, los Estados podrían ahorrarse 1,7 billones de euros en costos.
Señor Presidente, hoy nos desarrollamos sobre la base de la economía de datos. La inteligencia artificial, que se espera que remplazará a cerca del 50 por ciento de la mano de obra de servicios en los próximos 15 años, está basada justamente en los datos que cada ciudadano o ciudadana entrega, muchas veces de manera gratuita e inconsulta, a determinado tipo de redes sociales, las que después los venden, transfieren y tratan a nuestras espaldas.
En consecuencia, no es casualidad que luego nos empiece a llegar publicidad a nuestros teléfonos o correos electrónicos, provenientes de personas o empresas a las cuales jamás hemos dado nuestros datos personales.
El objetivo de este proyecto de ley es consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de las personas, de cada uno de nosotros, para controlar nuestros datos personales.
Se trata de un derecho dotado de un contenido diferente al relativo a la intimidad o a la vida privada, ya que concede a sus titulares poderes que no solo importan un deber de abstención general en cuanto a no intervenir en la esfera privada o en la intimidad de una persona, sino también la facultad de controlar sus datos personales mediante el acceso a estos, rectificándolos cuando sean errados, cancelándolos si su tratamiento carece de argumentos jurídicos y oponiéndose a ellos, es decir, resistiéndose al tratamiento de datos de no mediar consentimiento.
Señor Presidente, a nivel internacional ha habido una evolución en la consagración constitucional respecto a la protección de datos. En Estados Unidos, con la Cuarta Enmienda a la Constitución; en España; en la Comunidad Europea; en Perú; en Colombia; en Uruguay y en Argentina crecientemente se ha ido constitucionalizando el derecho de los ciudadanos a tener una protección de datos personales. Este deriva del derecho a la vida privada y a la intimidad. Pero, ciertamente, es autónomo y, como tal, requiere una protección. Se trata, como dice la doctrina, de un "derecho de tercera generación".
En la Sala del Senado se aprobó un texto de reforma constitucional que incorporaba los denominados "derechos ARCO" (derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición).
En la Cámara de Diputados, donde me tocó participar activamente de la discusión en la Comisión de Constitución, incorporamos una técnica legislativa distinta: simplificamos el texto para dejar justamente al dominio legal la consagración de los derechos ARCO, lo que es plenamente coherente con la iniciativa que estamos discutiendo en particular, en primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución: el proyecto de ley que consagra el derecho a la protección de datos personales.
La enmienda aprobada en la Cámara de Diputados, que simplifica lo dispuesto en esta Sala, dice:
"Artículo único.- Reemplázase el punto y coma con que finaliza el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República por la siguiente frase" -abro comillas- `, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;'.".
Con esta técnica legislativa la Constitución Política ha de consagrar un nuevo derecho que garantiza la protección de datos personales, dejando el constituyente la facultad, el ámbito de aplicación y su extensión al dominio legal.
Señor Presidente, las adecuaciones realizadas en la Cámara de Diputados parecen conformes a una buena técnica legislativa.
En esa discusión, por cierto, se tuvieron en vista las opiniones del Consejo para la Transparencia, las de un conjunto de profesores expertos en la materia, la de quien habla y las de otros señores y señoras Senadoras.
Este proyecto surge de una moción parlamentaria originada en esta Corporación, que incorpora a los señores Senadores Lagos Weber, Araya, los ex Senadores Larraín y Tuma y a quien habla. Y también hay otra iniciativa sobre la materia del entonces Senador Espina.
En consecuencia, solicito a esta Honorable Sala aprobar la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda este proyecto de ley, que da origen a una reforma constitucional, avanza en la línea correcta.
Tal como aquí se señaló, ya en el año 2015 la OCDE representó a nuestro país el retraso en su política relativa al perfeccionamiento en su normativa de protección de datos. En su minuto, se dijo que el informe de este organismo estableció que, entre sus treinta y cuatro naciones miembros, solo Chile y Turquía no habían perfeccionado en nada su legislación.
Es por eso que en el primer Gobierno del Presidente Piñera se presentó una iniciativa al respecto. Después, se produjo un estancamiento en la discusión de aquella y, posteriormente, se envió la reforma constitucional en debate por parte de los integrantes de la Comisión de Constitución del período pasado, entre los cuales se encuentran dos Ministros de Estado: los ex Senadores Hernán Larraín y Alberto Espina.
Ahora, la Cámara de Diputados mejoró sustancialmente la redacción del texto. Según los especialistas en la materia, esta modificación busca establecer el concepto implícito de derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho de las personas a controlar sus datos personales, incluso si estos no se refieren a su intimidad.
Por lo tanto, la importancia de una norma de tal naturaleza es establecer este derecho, el cual hoy día, en la sociedad moderna, es cada vez más relevante, pues los datos que pertenecen a la personalidad de determinado individuo deben ser resguardados. Por eso esta reforma constitucional lo crea y lo genera.
Por cierto, dicha reforma servirá de contexto, de paraguas a un proyecto que se discute en particular en el Senado, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Ello será muy significativo para que, conforme a esta modificación a la Carta Fundamental, la ley respectiva defina los procedimientos mediante los cuales ese derecho va a ser protegido en nuestro país.
Es por todo eso, señor Presidente, que consideramos muy positiva esta reforma y no vemos inconveniente para votarla favorablemente.
El señor HARBOE.- ¿Podría abrir la votación, señor Presidente?
En votación la modificación de la Cámara de Diputados.
El señor PUGH.- Señor Presidente, el artículo 19 de nuestra Constitución es realmente importante. Voy a citar los primeros numerales, que aseguran a todas las personas:
2° La igualdad ante la ley.
Luego, el numeral que sigue dice relación con lo que estamos viendo ahora:
Curiosamente, el numeral 5° se refiere a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
¿Qué quiere decir lo anterior? Que lo que estamos haciendo es perfeccionar nuestra Carta Fundamental a fin de garantizarles a todos los chilenos que sus datos, que son lo más privado que tienen y que hoy se hallan en el mundo digital, van a ser preservados.
Por lo tanto, ahora se está dejando constancia de una realidad: el cambio de nuestra sociedad. Y hablo de una sociedad que ha transitado del uso del papel, de los documentos escritos, a otra que es digital, donde la información se preserva y distribuye con medios digitales.
Hasta la fecha somos 7,7 billones de personas en el mundo, pero hay 8,8 billones de dispositivos que entregan nuestra información día a día.
¿Qué es lo más alarmante? Que en dos años más los dispositivos que van a proporcionar nuestra información serán 20 billones.
Aunque no lo queramos, mucha de nuestra información va a circular por las redes, razón por la cual debe ser protegida.
Quiero citar el informe del Foro Económico Mundial, que todos los años emite el análisis de riesgos globales (Global index risks).
¿Qué nos dice? Que por vez primera dos de los cinco riesgos de mayor ocurrencia son tecnológicos.
El riesgo de mayor ocurrencia para 2018 dice relación con eventos climáticos extremos, como los que hemos visto en nuestro país.
El segundo riesgo de mayor ocurrencia se refiere a los desastres naturales; el tercero, a los ciberataques y, el cuarto, al robo y fraude de datos, que es precisamente la materia constitucional que estamos discutiendo.
En consecuencia, este tema va mucho más allá de nuestra realidad de país. El mundo entero se halla sometido a este tipo de amenazas y riesgos. Por eso, se debe proteger a las personas para preservar la privacidad de sus datos y evitar que las empresas los levanten. Pero también hay que protegerlas de los gobiernos, que algunas veces pretenden usar esa misma información. Lo más importante, sin embargo, es protegerlas de los delincuentes, de aquella gente que busca vulnerar las formas de protección que uno puede adoptar o de la que disponen quienes custodian nuestros datos.
Tan relevante como el cambio constitucional es entender la necesidad de contar con una ley de protección de datos personales y con una agencia que garantice dicho resguardo y que, ojalá, tenga la independencia suficiente para tales efectos sin depender del gobierno de turno.
Finalmente -con esto concluyo-, los Senadores miembros de la Comisión de Defensa presentamos hoy una moción para declarar el mes de octubre -esto condice con nuestra política nacional de ciberseguridad- como el mes de la conciencia y de los ejercicios nacionales, donde el pilar por garantizar será uno para todos los chilenos: la protección de los datos personales.
No solo hay que hacer cambios constitucionales y aprobar iniciativas de ley, sino también entrenarnos para que lo anterior sea realidad.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, tal vez los datos revisten una complejidad mayor que la simple dimensión del dato como unidad de información. Hoy día, los datos representan una dimensión relacional que hace que todo esté conectado con todo. Esto genera lo que yo llamo "una verdadera metamorfosis en la sociedad". Estamos viviendo un proceso totalmente disruptivo.
La era de los datos implica que se termina un modelo de evolución, se termina la evolución darwinista, se termina la sociedad analógica, se termina una sociedad estructurada verticalmente, se terminan o se van a empezar a diluir las instituciones, porque los datos representan una fuerza que va a empezar a crear su propio chasis institucional, va a empezar a generar sus propios modelos de desarrollo, lo cual es muy interesante.
A mi juicio, un tema relevante de los datos tiene que ver con la privacidad. Pero, tal vez, la reflexión que este Congreso debiera empezar a hacer es tratar de entender, comprender o aquilatar los cambios y el sentido de la humanidad que van a producirse a partir de la era digital y los datos.
Hoy día estamos viviendo en una sociedad donde, incluso, como sinónimo de libertad se asocia transparencia y hay una compulsión -este es un mecanismo muy paradojal- de todos los seres humanos por hacer externos todos los datos de su vida, la dimensión total de los aspectos íntimos de su vida se hacen externos.
Los niños miran 150 veces al día el celular en un proceso de transmisión de datos. Todos los aspectos más esenciales, emocionales y culturales de la vida se ponen en los datos y, paradojalmente, estos datos nos están transformando a todos en mercancía.
Yo señalé en una oportunidad anterior que quizás la privacidad no fue más que un accidente en la historia de la humanidad, porque hoy día ella no existe. En la actualidad, una de las grandes plataformas tiene todos los datos de nuestras vidas (muchos más que aquellos de los que nuestra conciencia dispone). Es decir, los datos han logrado establecer correlaciones, interpretar aspectos de la vida que están en el inconsciente de cada uno y que, tal vez, no vemos.
Los datos están siendo el principal insumo del desafío más importante que tiene la humanidad, que es la inteligencia artificial. Y los datos son los que generan ese tipo de inteligencia. La multiplicación de los datos, su diversificación, construye inteligencias artificiales cada vez más "performantes", cada vez más potentes.
Entonces, no solamente estamos viviendo en la era de los datos, sino que estos se han encargado de alumbrar una nueva manera de comprendernos.
César Hidalgo planteó hace unos días (matemático chileno que pertenece al MIT) que los Congresos en el futuro no van a existir, pues serán remplazados por algoritmos y robots.
Existe ya una tendencia en el mundo, señor Presidente, de los llamados "transhumanistas" o dataístas, que ya están en la lógica de que los datos son bastante más confiables que los seres humanos, que las máquinas que procesan datos son mucho más fieles que los seres humanos y que los seres humanos somos una especie de algoritmo biológico, pero anacrónico, que será remplazado por las máquinas.
Esto ya no es parte de una ficción, es algo que ya encontramos en la política fundamental de Google, en que el jefe de inteligencia artificial es el principal promotor del transhumanismo o dataísmo en el mundo, quien, además, es fundador de la Singularity University.
Por lo tanto, estamos viendo un tema que, en mi opinión, es apasionante, pero que requiere una mirada mayor.
Valoro y felicito que por lo menos estemos impulsando una reforma constitucional. No obstante, será muy difícil proteger los datos cuando esto tiene que ver con los Estados nacionales, cuando los datos ya no son parte de la frontera de un Estado nacional. La frontera de los datos se halla en el ciberespacio, el conjunto de la humanidad tal y como la conocemos hoy día.
Solo Facebook cuenta con 2 mil millones de internautas y conoce cada uno de los aspectos de nuestras vidas, lo cual le permite establecer patrones de conductas, predecir, anticipar y hacer legibles -como ya sostuve- aspectos de nuestra propia vida que quizás nos resultan incomprensibles.
Solo piensen cómo una pequeña empresa de veinte personas (Cambridge Analytica) usando una pequeña cantidad de datos obtenidos de Facebook fue capaz de intervenir una elección tan importante como la de Trump o lo que ocurrió con lo del Brexit.
Estamos frente a un desafío, porque la humanidad analógica que conocemos está viviendo un proceso aceleradísimo de obsolescencia y viene una nueva era...
Y viene una nueva era, la digital, donde las instituciones serán otras, habrá otros chasis. Es así como vemos que la política se está autodisolviendo, pues no es capaz de contener la era de los datos, la era de las redes sociales que generan un incentivo a la reacción más que a la reflexión, a la acción directa.
El mundo de los datos nos tiene a nosotros, porque cada ser humano representa el llamado "factor de exposición", trabaja 24/7 (24 horas, 7 días a la semana) su reputación, y es evidente, entonces, que tenemos un desafío muy muy relevante en esta materia.
Hoy día, el principal desafío de la humanidad es con los seres humanos, que somos hipertransparentes -por el contrario, son hiperopacos quienes administran nuestra información-, en cuanto a recuperar el derecho a decidir sobre nuestros datos, y que cada uno de nosotros pueda tener una nube personal y decidir qué se va a hacer con nuestra información.
Pero aquel es un desafío mayor; y este es solo el comienzo, señor Presidente.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, la reforma constitucional que nos ocupa me parece muy pertinente y moderna con relación a lo que es el siglo XXI. Porque, del planteamiento del Senador Girardi, quien me antecedió en el uso de la palabra, me surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la esfera de intimidad que podemos tener los seres humanos en este mundo digital tal cual lo describe Su Señoría?
Entonces, en mi concepto, la respuesta que está dando este proyecto de reforma constitucional coloca al día una norma que surgió de la discusión de la Constitución del 80 (consta en las actas constitucionales respectivas), donde el concepto de la vida privada estaba dado en un escenario muy diferente al que vivimos en la actualidad, con todo el desarrollo tecnológico que hemos ido experimentando.
Muchas veces son las cortes supremas en distintas partes del mundo, a través de su jurisprudencia, las que le van dando el sentido actualizado a una disposición que podría haber quedado en el pasado con respecto a la esfera, en este caso, de privacidad a que tenemos derecho los seres humanos.
Como es lógico, la vida privada en los años ochenta, probable y mayoritariamente, se hallaba circunscrita por murallas materiales, situación que hoy día, con el transcurrir del tiempo y los avances tecnológicos que se han ido registrando, es muy diferente.
Por eso, estimo que esta iniciativa coloca en una perspectiva distinta, moderna el hecho de que la persona humana, no obstante los avances existentes, tiene derecho a una esfera de vida privada y de autonomía en lo que respecta a la interceptación o injerencia de terceros en aquello que le es propio.
Por lo tanto, me parece adecuado este proyecto de reforma constitucional; y vamos a apoyar la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
Pero, además, quisiera hacer el siguiente punto también a favor de esta reforma.
Al colocarla en el número 4° del artículo 19 de la Constitución Política, automáticamente el nuevo derecho queda resguardado por el recurso de protección establecido en su artículo 20. De tal manera que los tribunales de justicia tendrán un amplio campo de interpretación con relación a los distintos escenarios tecnológicos que podemos tener presentes en aquella esfera que es propia de los seres humanos.
Así que la ley en proyecto me parece muy buena.
Felicito a los autores de esta reforma constitucional. Espero que esto sea el inicio, y que podamos tener muchas más reformas modernas que coloquen a nuestra Carta Fundamental en la perspectiva de lo que es el mundo del siglo XXI.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto que nos ocupa es de enorme importancia.
Algunos Senadores han abordado un aspecto de la discusión, el tocante al numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política, vinculado al respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia.
Aquí incluimos la protección de los datos personales. Asimismo, establecemos que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones profundizó este debate, y por eso quiero traerlo a la luz.
Porque en dicho órgano técnico se ha propuesto un texto para modificar los números 5° y 12° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
El número 5° se refiere a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
En la era del big data se transforman en parte de los datos personales no solo los datos, sino también la manera en que se accede a ellos y a cómo se utilizan para otros fines.
Por ello, resulta fundamental impedir que puedan interceptarse las comunicaciones no solo en el sentido tradicional, como el correo escrito: también es preciso evitar cualquier tipo de interceptación, tratamiento o recolección de datos personales. De lo contrario, podemos caer en una situación muy especial.
Los datos personales se consideran protegidos; pero no impedimos que otros terminen recolectando nuestros datos, cuestión que ocurre diariamente.
El Senador Harboe, quien informó sobre este proyecto y ha encabezado esta discusión, entenderá que esta primera parte de la reforma sobre la materia es esencial, y la tramitación del proyecto respectivo está llegando a su fin. Pero en la Comisión de Transportes hemos querido ir un paso más allá con respecto al tratamiento y recolección de los datos personales que ocurre cotidianamente.
La interceptación de las comunicaciones solo puede existir cuando es autorizada por los tribunales de justicia, el Ministerio Público o alguna de las autoridades competentes.
Esto se halla muy relacionado también con el número 12° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se refiere al derecho a la información. Acá se ha planteado el derecho al acceso a Internet.
Esa es la otra parte de la reforma sobre la materia que se presentó en la Comisión.
Sin embargo, me quiero quedar en lo primero, por cuanto a mi juicio no solo necesitamos modificar el número 4° del artículo 19 de la Constitución, relativo al respeto y protección de los datos personales, sino además debemos profundizar en lo tocante a la interceptación de las comunicaciones y al tratamiento y recolección de los datos personales.
Creemos que se trata de temas acordes con la época que estamos viviendo.
Aquí los datos personales no solo se refieren a datos: también tienen que ver con los metadatos, los cuales, mediante algoritmos matemáticos, son utilizados para perfilar lo que somos como ciudadanos contemporáneos en el siglo XXI, por cuanto, a través de las redes sociales, de la información que circula en las redes sin nuestro conocimiento, son capaces de acceder a nuestros antecedentes de forma impresionante.
Señor Presidente, esta reforma constitucional es muy relevante, y la vamos a respaldar.
Sin embargo, quiero dejar constancia de que es necesario complementarla con la modificación del número 5° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se halla relacionado con la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, ya que es necesario entender que hoy día las diversas maneras de comunicarse también requieren una protección que vaya más allá de lo que se establece en la Constitución Política. Ello, porque la conceptualización existente en la materia no alcanza el fenómeno de los usos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y en particular no impiden el tratamiento y la recolección de datos como nos gustaría, pues estos se logran recoger a partir de procedimientos que exceden el manejo de los datos, alcanzando los metadatos de cada uno de nosotros y que se encuentran en las redes sociales.
Señor Presidente, vamos a votar a favor de la enmienda de la Cámara de Diputados. Confiamos en que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia va a revisar la otra reforma que mencioné de la misma manera en que ha procedido con esta.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en mi concepto, esta reforma constitucional tiene dos características bien especiales.
Por un lado, es primera vez que en la Constitución Política se plantea lo relativo a los datos personales. En el resto de sus normas, en general, no se asume esta materia. La que más se acerca es la del artículo 8°, que hace referencia a algunos elementos que son de carácter público. Pero ni siquiera habla de datos, sino de los actos y resoluciones.
Hasta ahora ha imperado la lógica de entender más bien que algunos de aquellos son especialmente abiertos.
También se plantea lo tocante a la libertad de expresión como otra parte de los derechos y garantías de las personas, centrando ahí uno de los ejes más importantes vinculados con la naturaleza social del ser humano.
Como contrapartida, existe el actual número 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se refiere al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y aquí es donde el legislador (el constituyente en este caso) ha planteado una modificación bien profunda: considerar los datos como parte de la vida de las personas.
Esto es muy innovador.
Hasta el día de hoy lo relativo a las personas se ha abordado en general con otras características; han existido otras formas de análisis. Ello no se ha hecho desde la perspectiva del dato.
Señor Presidente, este proyecto me parece muy pertinente. Porque -y puede tener razón un Senador que me precedió en el uso de la palabra- uno se puede preguntar adónde va esta sociedad moderna.
Sin embargo, mi impresión es que si no se advierten a tiempo algunas cosas que nos gustaría preservar relacionadas con la vida de las personas y no se deja testimonio de hacia dónde podrían apuntar, sería mucho peor.
Entonces, me parece que el modo de asumir esta reforma constituye una novedad muy grande desde el punto de vista constitucional.
Ahora bien, eso no significa que esté resuelto el punto.
Pienso que aquí parte un gran debate, pues lo verdaderamente relevante va a ser la ley que complementará esta materia y resolverá preguntas tan evidentes como cuál va a ser el organismo que se preocupará de que el cuidado de los datos sea el adecuado; cómo borrar un dato -esto no figura en el texto del proyecto- que puede ser falso o inventado, pero que en virtud de este mandato constitucional tendrá un tratamiento especial para los efectos de no desfigurar la vida de las personas.
Esto tendrá que armonizarse además con la libertad de expresión, respecto de la cual algunos podrán sostener que hay leyes -esta parte específica no se halla en la Constitución- que se preocupan especialmente del acceso de los medios a determinados datos, lo que, al final, en función de la norma pertinente, puede generar una colisión de derechos con la disposición constitucional que está amparando y protegiendo aquello que se considere personal.
Cómo se define la parte personal de un dato será otra cuestión muy relevante en la discusión que se avecina respecto del proyecto de ley que complementará esta reforma.
Señor Presidente, haciendo historia -porque no es primera vez que debatimos este asunto-, debo connotar que hay un cambio muy significativo en la arquitectura de la norma respectiva.
Sin embargo, me parece que se trata de un debate que vale la pena hacerlo.
Cómo se incorpora el concepto de "dato" en la vida de las personas; cómo se preserva la autenticidad del dato con relación a la verdad de la persona, lo cual es un asunto muy complejo; qué instituciones van a intervenir; cómo se recurrirá en esta materia; cuál será el conocimiento de terceros que se podrá difundir, serán cuestiones muy importantes a las que deberá abocarse el legislador.
En resumidas cuentas, creo que se trata de una reforma significativa, innovadora, pero que objetivamente plantea preguntas quizá mucho más profundas que las que hasta el día de hoy hemos estado en condiciones de resolver desde la perspectiva legislativa.
El señor MONTES (Presidente).- A los miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile que nos visitan esta tarde debo señalarles que están prohibidas las manifestaciones.
Aprovecho la ocasión para saludarlos.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero hacer dos referencias con respecto a este proyecto de ley.
Sin lugar a dudas, vamos a aprobar la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
Hoy día existe consenso para avanzar en una Constitución -en esto difiero de un Senador que me antecedió- que fue discutida en los años 80 por algunos en espacios muy reducidos, quienes claramente no consideraron -ni podían hacerlo- este tipo de derechos, porque esto es algo que, producto del propio desarrollo tecnológico, la sociedad ha ido incorporando en el tiempo.
Por eso, entre otras cosas, necesitamos una nueva Carta, que dé cuenta de la discusión que nos ocupa en un mundo moderno, en que el derecho a la intimidad se expresa a través de la protección de los datos personales.
El señor COLOMA.- ¡Se puede modificar la Constitución!
El señor DE URRESTI.- Hoy día hemos conocido innumerables experiencias e iniciativas relacionadas con el big data y el manejo descomunal de la información.
Hemos discutido este asunto en varias oportunidades.
Acá valoro el trabajo que se está llevando a cabo en la Comisión de Constitución, donde principalmente el Senador Harboe ha empujado un proyecto en materia de protección de datos, en el que hemos colaborado todos sus miembros.
Ese es el punto fundamental.
La ley sobre protección de datos es el instrumento a través del cual se va a consagrar este derecho que se establecerá como garantía constitucional.
Sin lugar a dudas, señor Presidente, debe quedar incorporado en el número 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Pero resulta esencial tener la ley de protección de datos, que es la que va a determinar las distintas obligaciones tanto en el ámbito privado como en el público.
Hoy día necesitamos una regulación no solo desde el punto de vista de los organismos del Estado que manejan, que recopilan, que acopian información, sino también del conjunto de empresas privadas cuyo giro no es precisamente la recolección de datos, pero que los utilizan, como las farmacias, los aeropuertos, en fin.
Cualquier actividad se está utilizando para el acopio de datos, los cuales son vendidos a las casas comerciales.
En la actualidad, el mayor valor es el comportamiento financiero del ciudadano (su poder de compra, etcétera).
Por lo tanto, valoro absolutamente este proyecto de reforma constitucional. Ojalá se apruebe por unanimidad la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, no me cabe duda de que el Gobierno (el que sea) respaldará la normativa pertinente, pues Chile debe actualizarse en la materia.
La misma OCDE ha planteado aquello en sus recomendaciones.
Debemos ser capaces de establecer una legislación que articule lo relativo a la protección de datos de los ciudadanos.
Necesitamos avanzar en eso.
Por ello, aparte votar favorablemente la modificación de la Cámara Baja, sugiero que desarrollemos la capacidad para llegar a consensos sobre el particular, ya que nos hallamos en tiempos en que requerimos invitar a estos.
Debiera ser un desafío para el Congreso y el Senado despachar este año el proyecto de ley sobre protección de datos, porque en mi concepto es el instrumento más idóneo para seguir avanzando en la materia.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que todos nos hallamos de acuerdo en que el mundo se está moviendo hacia la convergencia tecnológica digital y, por consiguiente, a la irrupción de procesos nuevos en el acceso a la información, como la inteligencia artificial, la big data, el internet de las cosas. Por ello, se requieren marcos normativos que hace diez años incluso eran impensables.
Pero, al mismo tiempo, en esta discusión hay un sentido de urgencia, toda vez que necesitamos mejorar los estándares de protección sin afectar la posibilidad de nuevos negocios, particularmente con regulaciones que puedan perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, porque eso también tiene costos.
Al legislar, pues, deberemos tener presente tal hecho: no por regular, por controlar, por fiscalizar, lo cual es legítimo, se puede destruir la posibilidad de nuevos negocios, que es parte de las características de la nueva economía.
Sin embargo, hemos de considerar igualmente que Chile se puede quedar al margen de grandes posibilidades si no actúa pronto.
La OCDE ha señalado que nuestro país está en incumplimiento con respecto a los acuerdos adoptados para mejorar la legislación sobre protección de datos personales. Ello se habría hecho hacia el 2010; o sea, hemos perdido siete a ocho años, y tenemos que recuperarlos.
Además, esa propia Organización ha hecho presente que Chile y Turquía aparecen como las únicas naciones que no han realizado avances sustantivos en la legislación necesaria para participar en un proceso conjunto para efectos del Reglamento de Protección de Datos Personales, que comenzará a regir el próximo año en Europa y que dispone que el flujo de transferencias internacionales se podrá realizar únicamente con países que tengan legislación acorde a la que elabore el Viejo Continente.
Por otro lado, todos somos conscientes de que la manera como se están manejando los datos personales en Chile los hace singularmente sensibles a las consecuencias políticas de gran alcance, las que ya se comienzan a advertir en otras naciones.
La vulnerabilidad del sistema electoral, e incluso la acción antidemocrática de llevar adelante una campaña electoral de modo desinformado o manipulando información, son una realidad en Chile, como en todas partes de Occidente.
La llamada "posverdad" inclusive provoca incertidumbre con respecto a los medios tradicionales y de alguna forma posibilita que a través de los soportes tecnológicos se transformen las industrias de los medios de comunicación y, por tanto, que se altere significativamente la ética de la política y de la democracia.
En consecuencia, se trata de crear condiciones para participar no solo en la nueva economía de la inteligencia, de la información, sino asimismo en el mejoramiento de la defensa de la buena política y de la democracia.
Por eso, señor Presidente, voto a favor de la modificación que propuso la Cámara de Diputados.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, por cierto, siendo uno de los autores de la moción que dio origen a este proyecto, voy a concurrir con mi voto favorable.
No tengo mucho más que agregar a lo que dijeron los colegas que intervinieron recientemente.
Por ende, solo voy a señalar que la reforma constitucional propuesta pone la protección de los datos personales en condiciones de igualdad con otros derechos que se hallan consagrados y que difícilmente son objeto de debate en nuestro país.
El derecho a la privacidad de los seres humanos no se discute. Lo que ocurre es que una cosa es la vida privada de las personas y otra sus datos. Están emparentadas, pero no son lo mismo.
Lo que hace precisamente la reforma propuesta es, complementando el N° 4° del artículo 19 de la Constitución, identificar el concepto de "datos personales".
Se trata de algo que se ha venido legislando en el derecho comparado, pero de distintas formas.
Revisando estudios que se hicieron para preparar la moción, me encontré con que, curiosamente, en Estados Unidos -país de las libertades, de los derechos individuales de las personas- no está reconocido de forma explícita el rango constitucional del derecho a la privacidad: se hace una interpretación de una de las Enmiendas (creo que de la IV o de la V).
En Europa la materia se halla más desarrollada. De hecho (lo revisé en internet ahora, mientras algunos colegas intervenían), hace escasos días la Unión Europea aprobó la aplicación de multas por hasta 20 millones de euros (alrededor de 35 millones de dólares) o por el equivalente a 4 por ciento del valor del negocio de aquel que reporte utilidades producto del mal uso de los datos personales. Entonces, además de existir un órgano independiente que vela por el cumplimiento de la normativa pertinente, en Europa se establecen fuertes multas, en los términos que explicité.
Señor Presidente, si se aprueba la reforma constitucional que nos ocupa, la ley que deberá dictarse para implementarla no va a ser fácil: primero, porque se requerirá cierto consenso, y segundo, porque el tema es muy dinámico y, por tanto, resultará demasiado complejo definirlo: cuáles son los bordes de los datos personales; dónde se halla el límite de lo que es un derecho personal a mi privacidad o cuándo yo soy titular de ese derecho; cuál es la situación de la sociedad en su conjunto cuando sienta que tiene derecho a conocer información sobre alguien al objeto de preservar un bien común mayor.
Esta es una cuestión que provoca una colisión permanente entre los derechos individuales y los derechos de la sociedad en su conjunto.
Aquello es aplicable tanto en los temas de seguridad cuanto en los de salud.
La ficha médica personal o las conductas de uno tal vez pueden servir, a juicios de terceros, como elementos predictores para poder prever soluciones o anticipar o prevenir males de salud.
Otros sostendrán que se trata de un derecho soberano del titular y que no se puede violar.
Por último, hay un elemento nuevo -si bien está reglado, la regulación se encuentra obsoleta-: el aprovechamiento comercial de nuestros datos.
El rastreo en internet que hice desde acá para ver qué pasa en la Unión Europea con respecto a la protección de datos personales se alojó de inmediato en alguna parte y permite saber que el IP correspondiente fue usado por un Senador de Chile que consultó ciertas páginas sobre aquella materia.
Eso tiene un valor comercial indudable. Eso es lo que se transa hoy día. Y eso es lo que las asociaciones de protección de los derechos individuales del mundo están tratando de controlar.
Pongo un ejemplo. Quizá no es el más adecuado, pero se me vino a la cabeza.
Ante la necesidad de anticiparse a problemas de seguridad (luchas contra el narcotráfico, contra la trata de personas, etcétera), se ha planteado incluso la posibilidad de eliminar el efectivo en el mundo. Así, operando con una tarjeta, van a quedar registradas todas nuestras prácticas comerciales -desde la compra de un completo hasta la adquisición de un televisor- y se van a saber los gustos de todas las personas.
En consecuencia, si se elimina el efectivo, se reduce sustantivamente -ese es el pensamiento que está detrás- la posibilidad de efectuar compras ilegales o de realizar tráfico ilegal de drogas, de armamentos, en fin.
El problema radica en que por esa vía se termina cercenando la privacidad de la persona, pues se va a saber todo lo que hace: si compró una entrada al cine; si practica determinada actividad como hobby; si consume cierto tipo de productos o determinadas bebidas, etcétera.
Entonces, creo que existe una tendencia a aquel respecto y que va a haber un conflicto permanente como consecuencia de la rapidez con que se accede a los datos personales y del registro que queda de la forma en que gastamos, de la manera como nos comportamos.
Señor Presidente, espero que esta reforma constitucional tenga una amplia mayoría. Va a dar lugar a una discusión interesante, pero no por ello exenta de conflictos.
En todo caso, estimo que llegó en buena hora.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, considero crucial la aprobación de esta reforma a la Carta. No se trata únicamente de un preámbulo a la aprobación de la ley sobre datos personales, cuyo proyecto vamos a discutir en fecha próxima.
Una cantidad de hechos acaecidos en los últimos meses han demostrado que el desarrollo que adquieren los mecanismos de penetración y de recolección de datos supera todo lo que hubiéramos podido imaginar hasta hace poco tiempo.
Cuando hablamos acá de Cambridge Analytica, que (dicho sea de paso) ya cerró sus puertas, debemos recordar que lo que hacía dicha empresa era analizar a un conjunto de varios millones de ciudadanos, conocer sus preferencias y entregarles una atención personalizada en materia de propaganda electoral, a fin de que cada elector recibiera aquello que le era más conveniente a la obtención de su voto. La idea no era decirle la verdad sobre algo; ni siquiera, indicarle que votara de determinada manera, sino simplemente meter en él, y en su casa, y en su vida la información requerida para manipularlo.
Si eso se hace ahora, no me cabe duda de que nuestra ley de datos personales será muy buena, pues vamos a aprobar una normativa muy al día, que seguramente dentro de algunos años quedará obsoleta y deberemos complementarla de distintas maneras.
Entonces, señor Presidente, resulta muy importante que esta materia se encuentre como garantía en la Constitución Política de la República.
Ahora, como yo, al igual que otros acá, soy de aquellos que aguardan el establecimiento de un nuevo Texto Fundamental, espero que la introducción de esta reforma en la actual Carta permita incorporarla en la próxima, para convertir esta materia, que será una de las grandes preocupaciones de este siglo, en una obligación del Estado y en una garantía constitucional para todos los chilenos.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero agregar algunos conceptos a lo ya dicho por diversos Senadores.
Además de, por supuesto, aprobar esta modificación constitucional, me parece que no será fácil después, en la ley respectiva, legislar finamente o con grandes acuerdos en esta materia.
Incluso, es posible que aquí estemos frente a un problema generacional.
Hace algún tiempo yo leía, a propósito del caso de Estados Unidos, un artículo que decía que George Orwell imaginó una gran máquina que nos iba a forzar a que le entregáramos todos los datos e iba a controlar por completo nuestra vida. Lo que probablemente Orwell jamás imaginó fue que iba a suceder exactamente lo contrario: que seríamos nosotros quienes, voluntaria y felizmente, le íbamos a entregar todos nuestros datos a esa máquina.
Cuando converso con personas de distintas generaciones observo que los más adultos -como quienes estamos en este Hemiciclo- tendemos a espantarnos con esto de compartir nuestros datos y de que se sepa tan públicamente -lo expresaba el Senador Lagos- que nos gusta el completo, o tal tipo de película, o tal clase de ropa, en fin.
Sin embargo, cuando converso al respecto con gente de una generación más joven, la de veinte años para abajo -mis hijos pertenecen a ella-, veo que eso le parece natural y muy bueno. A los jóvenes de ese segmento les agrada que Facebook conozca todos sus gustos -y lo dicen así, sin ningún problema-, pues los hace felices que les manden todo tipo de promociones y sugerencias en cuanto a ropa, viajes, alimentación, etcétera.
Entonces, yo no descarto que aquí estemos frente a un problema cultural.
Por supuesto, hay aspectos fáciles de legislar.
A nadie le agrada que sepan todas las enfermedades que uno ha padecido en la vida. Y, evidentemente, no cuesta proteger eso.
Hace muy poco tiempo conocí lo ocurrido a una empresa en la Región del Maule. Tenía contratada su contabilidad a un tercero, a una oficina externa, y de repente descubrió que una empresa de factoring se comunicaba con todos los clientes a los que ella les había comprado algo. O sea, de alguna manera, esa empresa de factoring tenía acceso directo a su libro de compras e iba adonde sus clientes y les decía: "Sabemos que esta empresa les debe plata. Les ofrezco un factoring muy barato".
Eso ya ocurre ahora, en el mundo real y práctico, en que incluso las oficinas de contabilidad, que acceden a los libros de compras y de ventas de sus clientes, están vendiendo o comercializando la información contenida en ellos y obteniendo parte del margen del eventual negocio hecho por la empresa de factoring mediante el mecanismo que explicité.
En definitiva, señor Presidente, creo que hay que avanzar en esta materia. Pero pienso -lo decía también el Senador Lagos- que no será fácil entrar a los aspectos finos. Ciertos casos son obvios y evidentes. Sin embargo, hay todo un tema de compartimentación que hará muy difícil legislar de forma correcta.
Dicho lo anterior, me parece que debemos hacer el mejor y el mayor de los esfuerzos y llegar a consensos importantes, porque se trata de dictar, a continuación de esta reforma constitucional, una ley que revestirá gran importancia de ahora en adelante.
--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados (41 votos a favor); se deja constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
Boletín N° 11512-10
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo relativo al Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, suscrito en Bruselas el 15 de diciembre de 2014, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.512-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 14ª, en 9 de mayo de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del Acuerdo es constituir la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas como una organización internacional.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto de acuerdo en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Lagos, Moreira, Ossandón y Pizarro.
El señor MONTES (Presidente).- En la discusión general y particular del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, este proyecto aprueba el Acuerdo concerniente al Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, suscrito en Bruselas el año 2014.
Básicamente, lo que hace dicho Acuerdo es reconocer la calidad de organización internacional a la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.
Se trata de un ente de carácter privado que ha sido reconocido como organismo internacional por varios países, particularmente en Europa, y del que Chile quiere hacerse parte.
El referido organismo ayuda y colabora con países que así lo requieran para encontrar e identificar a personas desaparecidas en contextos tanto de desastres naturales cuanto de violaciones a los derechos humanos, de atentados o -si así se quiere decir- de limpiezas étnicas, en los cuales desaparecen personas.
Reitero que estamos ante un ente de carácter privado, el que se financia con aportes de distintos sectores.
El Gobierno chileno no asume un compromiso en tal ámbito.
Señor Presidente, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas obtiene la calidad de organización internacional debido a que ha sido reconocida como tal y a que ha desarrollado una labor importante en distintos países, en particular de África.
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, este Acuerdo fue suscrito en Bruselas hace ya algunos años.
Chile tiene la calidad de miembro original; es decir, figura entre los firmantes de dicho instrumento. Y es natural, porque hoy todavía somos un país con personas desaparecidas, con gente a la que nunca se ha podido encontrar.
El Acuerdo, curiosamente, aborda un tema que ha tenido mucha importancia en los últimos años.
La mencionada Comisión es la única organización internacional dedicada exclusivamente a ayudar a países en los esfuerzos para enfrentar casos de personas desaparecidas por conflictos armados, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, acción del crimen organizado, migración y otras causas.
Por esa razón es que nosotros, al acoger el proyecto de acuerdo, estamos sacando cuentas asimismo con nuestra propia historia, pues este tipo de hechos se ha registrado a lo largo de nuestro tiempo muchas más veces de lo que algunos imaginan, desgraciadamente. Espero que no nos limitemos a aprobarlo, sino que también apoyemos a la Comisión en las numerosas actividades que puede desarrollar.
Dicha entidad se establecerá en La Haya, Países Bajos, con los que celebrará un tratado de sede. De igual manera, alcanzará acuerdos con todos los gobiernos de los Estados donde desempeñe sus actividades. Ojalá nosotros podamos igualmente suscribir uno.
Espero que Chile efectúe las contribuciones voluntarias con las cuales esta importante actividad se financiará en parte y que deposite pronto su ratificación, a fin de que se haga cargo de una parte de su historia y de la propia de nuestro tiempo.
--Por 29 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- El Honorable señor Pérez Varela deja constancia de su intención de voto a favor.
Boletín N° 11640-15
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, iniciado en mociones de las Senadoras señoras Allende y Rincón y Honorables señores De Urresti, Latorre y Letelier; de las Senadoras señoras Órdenes y Muñoz y Honorables señores Lagos, Quintana y Soria, y del Senador señor Chahuán, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.640-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón y señores De Urresti y Latorre):
En primer trámite: sesión 3ª, en 20 de marzo de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.647-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Órdenes y Muñoz y señores Lagos, Quintana y Soria):
En primer trámite: sesión 5ª, en 3 de abril de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (11.670-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 9ª, en 11 de abril de 2018 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 15ª, en 15 de mayo de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es disminuir de sesenta kilómetros por hora a cincuenta el límite máximo de velocidad de vehículos de menos de tres mil 860 kilogramos de peso bruto vehicular y de motocicletas en zonas urbanas.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular por ser de aquellos de artículo único y lo aprobó por dos votos a favor, de los Honorables señores Letelier y Navarro, y uno en contra, del Senador señor García-Huidobro.
El texto propuesto se transcribe en el informe y el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES (Presidente).- El asunto ha sido abordado varias veces.
¿Se abre la votación?
El señor QUINTANA.- Sí.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, Honorables colegas, la iniciativa ya fue rechazada por la Sala en dos ocasiones: la sesión ordinaria del 21 de noviembre de 2017 y la sesión ordinaria del 14 de marzo recién pasado.
Lo que se plantea hoy es parte de un articulado sobre convivencia de los distintos medios de transporte en que fue aprobado todo el resto y ha sido mejorado en el órgano técnico.
Mas no logramos un acuerdo justamente en relación con el máximo de velocidad en zonas urbanas, porque existe una legislación que da facultades a los municipios para establecer el límite bajo los sesenta kilómetros por hora. Sus Señorías pueden observar que en muchas de esas áreas se contempla una reducción en zonas de hospital o en aquellas que se estimen convenientes en el nivel local.
Por lo tanto, creemos que no nos corresponde poner un tope cuando ya hay uno conforme al proceso de descentralización.
En seguida, aquí se trata, en el fondo, de tomar en la misma forma a todo el país. No podemos comparar la situación en Santiago o en Temuco o en cualquier zona urbana con áreas casi rurales, porque son realidades absolutamente distintas. Es por eso que una legislación permite fijar la reducción de velocidad.
Es curiosa la referencia a esta última medida en otros países de la OCDE, porque inclusive en ellos hay carreteras sin un límite. Nosotros aplicamos en algunas partes el de 120 kilómetros por hora, en tanto que en otras ello disminuye conforme a la situación de emergencia o de peligro que se pueda presentar.
En la Comisión se dieron a conocer ejemplos como el de Francia, donde el límite en las arterias es de 70 kilómetros por hora en casos excepcionales, el mismo que en Holanda, especialmente en vías anulares urbanas de cuatro carriles. En Noruega es, a veces, de 60 o 70 kilómetros por hora donde no hay accesos. En Polonia es de 60 kilómetros por hora en la noche, entre las 23 y las 6. En Portugal es de 80 o 90 kilómetros por hora, según la administración local, en algunas arterias urbanas divididas. Es decir, cada país aplica las normas que estima convenientes.
Pero, si nos comparamos con Suecia, es importante considerar que allá los municipios pueden variar el límite de velocidad local -es igual que en nuestro caso-, que puede ser más alto o más bajo, según lo que resuelvan.
Se tiene que comprender el efecto de la reducción de velocidad en Santiago, sobre todo en las comunas con mayor flujo vehicular, donde la congestión es muy fuerte. Con la medida en examen se colaborará a ello, así como a la contaminación, pues los motores funcionarán más tiempo, obviamente.
De las preocupaciones existentes, también es relevante consignar lo relativo a la fiscalización. Esta tiene que existir. Me pregunto cuál es la que se aplica en zonas urbanas. En verdad, es muy poca. Lo que se ve en el aspecto que nos ocupa, por lo general, es la ejercida en las carreteras.
Deseo insistir, fundamentalmente, en que nuestro país vive un proceso de descentralización. Creo que los municipios tienen que mantener sus facultades, sin estar mirando nosotros lo que deben hacer en forma general, que tenemos que respetar.
En ese sentido, llamo a la Sala a que reflexionemos. Cada uno de nosotros representa regiones, fundamentalmente, y una situación en una zona rural o casi urbana es muy distinta de la registrada en el centro de Santiago.
Por lo tanto, en la Comisión voté en contra de la insistencia en la materia, tal como lo hice respecto del proyecto anterior tanto en la Sala como en la Comisión Mixta, ya que estoy convencido de que tenemos que dejar estas facultades a los municipios, a los alcaldes. Muchos de los presentes han sido jefes comunales y autoridades en las regiones, y creo que cada uno de estos tiene que resolver el asunto.
El señor MONTES (Presidente).- Nuevamente solicito abrir la votación, si le parece a la Sala.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en realidad, considero bien incomprensible la postura de los colegas del frente, porque si se quiere desarrollar políticas públicas sobre la base de la evidencia científica, esta es clara en el sentido de que la velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo. En una ciudad, tratándose de un peatón o de un ciclista ante la eventualidad de un atropello o incluso de un choque, es el elemento determinante para la sobrevida de la persona.
Además, es algo logarítmico. Se encuentra totalmente demostrado que bajo los cincuenta kilómetros por hora hay una probabilidad importante de sobrevivir, la cual es mínima cuando ello se supera.
Por esa razón se ha planteado el asunto. Es algo que en la sociedad civil surge justamente de una agrupación importante de convivencia vial.
Mas también hay un segundo elemento: una cierta mirada cultural que privilegia el auto sobre la persona. Claro, la ciudad es para el vehículo, para su desplazamiento. Por eso es que muchos alcaldes prefieren -es cierto- llamar a la televisión cuando se requiere tapar un hoyo de la calle y no cuando se precisa reparar una vereda. Pero la sociedad que enfrentaremos va a envejecer, demandará convivencia y amabilidad, y exigirá mejores veredas antes que mejores autos.
Entonces, en una situación en que cabe ponderar, a mí me parece bien increíble que ello se efectúe en favor de los vehículos y no de las personas. Es evidente que la ciudad debiera decir relación primero con el individuo, quien puede usar, por otra parte, una bicicleta.
Porque el auto aún no es una persona. Claro, es posible atribuirle un estatus, y ello, a lo mejor, todavía valida a alguien -dime cuál tienes y te diré quién eres- y se sobredimensiona, desde el punto de vista de una cierta dignidad, entre comillas, que se quiere atribuir. Pero toda ciudad que quiere garantizar calidad de vida, que quiere ser amable, tiene que privilegiar a los seres humanos.
Ahora, resulta evidente que una carretera o una vía expedita por donde tienen que transitar los autos a cierta velocidad no es lo mismo que los espacios donde se determina la restricción de cincuenta kilómetros por hora, los cuales no son todos, sino algunos en que evidentemente se puede dar la dimensión de convivencia vial que queremos. A nadie se le ocurriría fijar ese límite en la carretera entre Santiago y Valparaíso; pero sería muy razonable que los vehículos lo respetaran en las calles del centro de Santiago o en los barrios.
De hecho, la comunidad, para defenderse, instala a menudo lomos de toro. ¿Por qué? Porque hay niños, adultos mayores y transeúntes, y justamente se apunta a transformar los barrios en lugares más seguros, de mayor convivencia.
Entonces, a mí de verdad me cuesta mucho comprender la mirada de favorecer al auto por sobre las personas, que encuentro un tanto tecnocrática, y no advertir que estamos tratando de garantizar un modelo de convivencia, y que ¡absolutamente toda! la evidencia científica señala que la velocidad, incluso en la eventualidad de un choque, es el factor determinante de la energía cinética que deformará los cerebros de las personas, sus huesos y sus partes blandas. Eso es mucho más evidente cuando se trata de un ciclista o de un peatón.
Estimo que el Senado tiene que privilegiar lo que quiere. Porque no se atenta contra la ciudad al disminuirse la velocidad. No es cierto que aumentarán la congestión y la contaminación. La primera tiene que ver con el flujo turbulento por un exceso de autos que supera la capacidad de la red vial para soportarlos. La manera de enfrentar el problema es fomentando el transporte público y el uso del Metro, así como a través de procesos de restricción, pero ello nada que tiene que ver con la velocidad. Esta última dice relación con el estándar, con el estatus, con el sentido de dignidad que queremos dar a una ciudad.
¿Para quién es esta última? ¿De qué tipo es aquella con la cual queremos contar? ¿Qué clase de convivencia deseamos?
Tenemos gente obesa. Necesitamos que todos los adultos mayores caminen una hora. ¿Con qué tranquilidad uno podría decirle a un ser querido que lo haga o a un niño que salga a pasear en bicicleta si hay respeto cero por las personas?
Lamentablemente, muchos tuvimos que vivir hace poco tiempo una circunstancia muy dolorosa. El hijo de alguien muy querido falleció unas dos semanas atrás producto del choque de un auto con una bicicleta. Tal vez, si el vehículo hubiera ido a una velocidad menor, ese joven, de 25 años, estudiante, hubiese encontrado una chance de sobrevivir, y no tuvo ninguna. Eso es lo que está en nuestras manos.
Por lo tanto, reclamo una segunda oportunidad para la iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Hay siete inscritos.
El señor MONTES (Presidente).- No digo que esté mal.
Su Señoría se incluye entre ellos.
Puede intervenir el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, nuestro colega García-Huidobro tiene razón, en realidad, cuando dice que votamos el proyecto. Lo hicimos en la primera ocasión en que a mí me tocó pronunciarme en el Senado y fue motivo de una gran tristeza el que no fuera acogido.
En la Región de Arica y Parinacota, a la que represento, aconteció un caso casi tan dramático que es difícil hasta contarlo. Una madre en bicicleta que llevaba flores al lugar en que había muerto su hijo fue atropellada y muerta también. Este último igualmente había sido atropellado por un vehículo a exceso de velocidad y conducido -digámoslo también francamente- por una persona en estado de ebriedad.
La cuestión es fundamental para los jóvenes y mucha gente que circula en nuestras regiones. No se trata de echarles la culpa solo a los automovilistas: a veces, la que provoca daños es también la actitud temeraria de algunos ciclistas y peatones. Pero, como lo ha manifestado correctamente el Honorable señor Girardi, la velocidad, por la responsabilidad del propio conductor o de otros, es básica para saber qué resultados arroja la colisión.
Nuestro país registra la muy dramática cifra de que más de dos personas fallecen por un accidente de automóvil antes que por un homicidio. Ello asimismo se verifica en otros países de América Latina, pero creo que la proporción probablemente es más grande entre nosotros.
Esta mañana le escuchamos al Fiscal Nacional mencionar que tenemos una cantidad de homicidios relativamente baja. Bueno, la de accidentes de automóvil no presenta la misma característica. Al contrario, la cifra es demasiado alta, y es preciso disminuirla. Y ello significa reducir la velocidad, lo queramos o no. Es como el caso de las armas: se ha demostrado que mientras más se encuentren disponibles, más muertes se causarán. De la misma manera, mientras más velocidad, más muertes se provocarán.
Ahora, alguien podrá oponer que en Alemania eso no pasa. Pero en nuestra cultura, desgraciadamente, es algo que ocurre, y con demasiada frecuencia.
Entonces, o damos, en aras de un falso concepto de libertad, la posibilidad de correr más rápido y demorar menos en llegar a algún lugar o damos una mejor esperanza de vida a nuestros hijos, a los peatones, a la gente de trabajo, a todos los que realmente son la mayoría de las víctimas de los atropellos que cotidianamente suceden en nuestras ciudades.
Confieso que al abordarse el proyecto en la ocasión que señalé consideraba que cincuenta kilómetros por hora era demasiado. Todavía lo pienso. Me parece que debería ser menos.
Pero, en fin, partamos por ahí, porque se reducirá una cantidad importante de accidentes.
El señor MONTES (Presidente).- ¿El Ministro señor Blumel desea intervenir?
Le ofrezco la palabra al Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, qué bueno que nos acompañen en este debate el Ministro Blumel y el Subsecretario Alvarado.
Me imagino que en algún momento respaldarán el proyecto o darán una opinión sobre él. Supongo que el Gobierno, preocupado de la salud y de la vida de los ciudadanos, tendrá una posición, porque esto debiera ser una política de Estado.
Nosotros hemos impulsado esta iniciativa porque creemos -y así lo avalan los estudios- que reducir la velocidad urbana permite salvar vidas.
Cada uno de nosotros podría dar a conocer lo que ocurre en las ciudades, circunscripciones o regiones que representa, en las cuales se producen innumerables fallecimientos por el exceso de velocidad.
Esta propuesta constituye una señal. Es un paso para tener una política de convivencia vial adecuada a los nuevos tiempos.
Sorprenden las estadísticas de que disponemos. Se calcula que este año se venderán, aproximadamente, 440 mil autos nuevos en Chile. Y, según algunas autoridades, este incremento es un indicador del vigor de la economía y representa un gran instrumento. Sí, seguramente para los vendedores de vehículos es un muy buen negocio.
Sin embargo, yo me pregunto cuál es el debate de fondo desde el punto de vista del país que estamos construyendo. ¿Nuestras ciudades y carreteras pueden absorber o acoger esa cantidad de vehículos?
A mi juicio, es ahí donde debemos centrar la discusión.
Por un lado, obviamente, es necesario tener políticas de inversión en materia urbana, de calles. Pero también debemos contar con una política que permita armonizar la existencia de esta cantidad de vehículos con una velocidad de tránsito adecuada. Porque, si se atropella a un peatón a 60 kilómetros por hora, es francamente imposible que no resulte muerto o que no quede severamente lesionado.
Y eso está comprobado; no admite discusión.
Entonces, estimo que este proyecto es importante, sobre todo cuando el país avanza en una política -que ha sido transversal- de fomento del uso de la bicicleta, de creación de ciclovías.
Señor Presidente, me gustaría que el Ministro pusiera atención...
El señor MONTES (Presidente).- ¡El señor Ministro está muy preocupado de su consulta...!
El señor DE URRESTI.- ¡De la velocidad legislativa...!
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, por su intermedio, le comento al Ministro que, hace aproximadamente cuatro semanas, en Valdivia -la Senadora Ena von Baer también estuvo presente- se llevó a cabo una importante presentación que apuntó a la posibilidad de transformar esa ciudad en una ciudad modelo, sostenible en materia de convivencia vial, principalmente orientada a la protección de los adultos mayores. Se habló de aumentar los tiempos de duración de los semáforos y de rebajar las aceras; es decir, de establecer una serie de medidas en favor, precisamente, de las personas de la tercera edad.
A esa actividad asistió también la Primera Dama, señora Cecilia Morel.
En las discusiones que se dieron en ese contexto, se destacó que los adultos mayores requieren más tiempo para cruzar una calle y también se habló de la rebaja de las aceras, todo lo cual va en la dirección correcta.
Entonces, me parece que hay que ser coherentes.
Por lo mismo, con el debido respeto, Ministro, le pregunto cuál es la posición del Gobierno; si apoya esta iniciativa que rebaja la velocidad de tránsito en zonas urbanas; si considera que es un instrumento adecuado para evitar accidentes de adultos mayores, cuyo número aumenta crecientemente -Valdivia es una ciudad con alto índice de ellos- en todo el país.
La cantidad de jóvenes o de ciclistas atropellados con resultado de muerte, claramente, aumenta, por lo que hace sentido tratar de tener una mejor educación vial.
Señor Presidente, obviamente, vamos a apoyar esta iniciativa, porque consideramos que va en el camino correcto, pero debe ir acompañada de educación y de modificaciones desde el punto de vista de los municipios, de las direcciones de tránsito, de los juzgados de policía local y todo lo que ello signifique.
A mi juicio, es clave definir para quiénes son la ciudad y las calles: para los peatones o para los automovilistas.
Siento que ahí está el eje de discusión.
Pienso que al menos una sociedad moderna, una sociedad que protege a sus niños, a sus adultos mayores, a sus ciudadanos, ha de buscar estas fórmulas y no simplemente establecer una norma que favorezca al conductor de un vehículo.
Los vehículos se convierten en armas mortales si se aumenta su velocidad de desplazamiento en 10 o en 20 kilómetros por hora. Eso está comprobado.
Reitero que: vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque creemos que va en el camino correcto: ayuda a salvar vidas.
Pero sería importante, señor Presidente, escuchar la opinión del Gobierno, a través del Ministro Blumel, presente aquí en la Sala, sobre este y otros proyectos que van en la misma dirección.
El señor MONTES (Presidente).- El señor Subsecretario de Transportes solicita autorización para ingresar a la Sala y participar en la discusión del proyecto, apoyando al Ministro señor Blumel.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacer una reflexión.
Uno puede estar equivocado en la vida; hay que ser humilde. Pero también uno puede convencer o aspirar a convencer a alguien respecto de una política pública de esta naturaleza, en donde lo que opera es el sentido común más que una regla ideológica en un sentido u otro.
Aquí existe una voluntad de reducir la velocidad de tránsito de vehículos en áreas urbanas, en la lógica de enfrentar los cambios tecnológicos en función de la infraestructura. Y para eso se dice: "Mire, como tenemos un problema en infraestructura y de convivencia respecto a determinados vehículos, busquemos una solución fácil: disminuir la velocidad permitida para transitar".
Ahora, yo pregunté por qué 50 kilómetros por hora. Y me respondieron: "No, si mejor sería 40". Sí, ahí tendríamos menos accidentes. Y, por supuesto, si fijáramos la velocidad en 30 kilómetros por hora, probablemente llegaríamos casi a la perfección.
Mis reflexiones son en el siguiente sentido, señor Presidente.
Ante todo, no es primera vez que discutimos sobre este tipo de materias, y no me refiero solo a esta iniciativa, que hemos rechazado. Me acuerdo perfectamente cuando se debatió aquí el proyecto que elevó la velocidad en las carreteras de 100 a 120 kilómetros por hora. Hubo muchos -estoy mirando a algunos- que gritaron escandalizados que cómo se iba a dar una solución de esa naturaleza sin considerar lo que ello significaría en la vida de la sociedad.
Y lo que hizo esa disposición fue forzar, incentivar que la infraestructura del país se adecuara a los tiempos modernos. A partir de esa determinación nacieron, en parte, medidas de mayor seguridad en las vías concesionadas y en las grandes carreteras.
Supongo que hoy día a nadie se le ocurriría proponer disminuir de 120 a 100 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en la carretera. ¿Por qué? Porque sabemos que la infraestructura se adecuó a los nuevos requerimientos de desplazamiento.
Les tengo una buena o mala noticia: hoy día hay más autos y camiones que antes. Pero el nivel de infraestructura no es el mismo.
Cuando el incentivo es correcto, ¿qué pasa? Se reacciona correctamente y se mejoran los lugares de desplazamiento. Y esa decisión que se tomó -no fue en este Gobierno, para que quede bien claro- significó una buena señal, aunque muy trabajosa, porque se hizo contra la voluntad de algunos.
Aquí se está repitiendo la discusión de antes. Los mismos que ahora quieren bajar de 60 a 50 kilómetros por hora, no eran partidarios de subir de 100 a 120 kilómetros por hora en aquella oportunidad, porque pareciera que la lógica de la menor exigencia es la solución a todos los problemas de este país.
Y yo pienso que no es así. A mi juicio, hay que apuntar a construir un nuevo tipo de carreteras urbanas, promover un nuevo tipo de desplazamiento, a fin de armonizar el uso de la bicicleta pacífica, el tránsito del automóvil pacífico u otro tipo de estructura que surja en el tiempo. A estas alturas no sé qué va a ocurrir.
Pero creer que este asunto es como el cuento de Don Otto, quien vendió el sofá para evitar los problemas, es un grave error. Yo pienso que lo lógico es decir: tenemos que, a lo menos, mantener estándares con una nueva realidad, y cambiar la lógica de hacia dónde debe dirigirse el incentivo.
Con todo respeto, señor Presidente, no parece una cosa tan loca afirmar que debemos tratar de generar desafíos adecuados a la infraestructura para producir un cambio de esta naturaleza.
Se me argumentó que la OCDE -institución que algunos veneran- habría dicho que la principal causa de fallecimientos era el límite de velocidad. ¡Oh, sorpresa!, entré a las difíciles páginas de ese organismo, revisé la información en este tema y encontré algo distinto: afirma que el principal problema de Chile en materia de accidentes de tránsito es el uso del celular.
¡Así que miren para arriba: lo dice la OCDE...!
En efecto, esa institución señala que el gran problema es el celular -y probablemente todos en Chile hemos cometido los mismos errores-: al no tener prácticamente ninguna restricción y al no vigilarse su uso de buena manera, produce una cantidad de accidentes muy grande. ¡Mucho más que la velocidad! Pero, de ese aspecto, el Ministerio de Transportes -el antiguo y el actual- se ha preocupado nada. Y da lo mismo la situación con que se vive el día de hoy.
Entonces, en vez de enfrentar el problema de verdad, que es el manejo descuidado, se confunde y se dice: "Pongamos más restricciones, más restricciones y más restricciones". Esa parece ser la fórmula para solucionar los problemas nuevos.
Perdóneme, señor Presidente, pero yo creo que la forma de solucionar los problemas nuevos es lo que hicieron en su momento los gobiernos: pusieron más exigencias y dijeron: "Vamos a ir adelante, a la vanguardia".
Los países líderes son los que van a la vanguardia de las nuevas ideas, no los que van en retroceso, evitando asumir que hay problemas reales.
Segundo, yo creo que esta iniciativa manifiesta un profundo desconocimiento de la realidad diversa de nuestro país, porque está hecha con una lógica metropolitana.
Por eso, no me extraña que el Senador Girardi vibre, porque él representa a la Región Metropolitana. Lo entiendo, así que no hago ninguna crítica. Pero también les digo a los otros parlamentarios: hablen con sus alcaldes. Yo consulto a mis alcaldes rurales y me preguntan si estoy loco, o si alguien lo está, porque, por ejemplo, en Pencahue -la localidad tiene solo una calle- habrá que ir bajando la velocidad. Y vamos a tener que disminuir la velocidad en los accesos a todas las ciudades.
Porque no pensemos solo en las ciudades grandes. ¡Si Chile no es pura ciudad grande! Escuchemos la voz de los alcaldes.
Aquí tomamos una decisión, a mi juicio, ante un problema real, de verdad -insisto: puedo estar equivocado-: el de cómo mejoramos la seguridad. Pero confundimos la solución al no poner el acento en mejorar la infraestructura y darles facultades a las autoridades locales para que lo enfrenten en forma inteligente.
¡Qué tienen que ver los lomos de toro con esto! Nada. Los lomos de toro son una solución que se puede instalar en muchos lugares en función de realidades precisas. Hay carreteras de distinta naturaleza que, por sus características, o porque pasan por un lugar poblado, requieren algún tipo de restricciones. ¡Quién se opone a eso!
Y si existen lugares en que los alcaldes -estoy mirando a algunos exalcaldes- plantean: "Mire, aquí hay que andar a 40 kilómetros por hora porque es peligroso", ellos tomarán esa decisión, conforme a sus concejos y escuchando la opinión de los vecinos.
Pero ¿por qué asumir que todo debe funcionar como la Región Metropolitana y bajar de 60 a 50 kilómetros la velocidad de circulación? ¡Y el creativo siguiente la bajará a 40! ¡Qué razón hay para no seguir bajando, si esa es la forma en que enfrentamos los problemas del futuro!
Por eso, señor Presidente, creo que este tema hay que discutirlo. Todos me dicen: "Oye, abramos la votación". ¡No! Hay que debatir legítimamente los asuntos que tienen que ver con la vida de los compatriotas.
Insisto: las mayorías pueden estar definidas de antemano, pero yo creo que este tema no es banal, no es baladí, no es evidente. Aquí pugnan formas de enfrentar los problemas; aquí pugnan visiones, sentidos de futuro, de dónde hay que poner los énfasis y hasta dónde hay que confiar en la autoridad local.
Yo no puedo creer, señor Presidente, que después de discutir respecto de las facultades que se deben traspasar a los consejeros regionales o a las alcaldías no seamos capaces de confiar en los alcaldes ni en la autoridad local. ¡Todo lo queremos imponer desde acá!, como si fuera un país uniforme.
Somos un país diferente, con estructura física diferente, con infraestructura también distinta. Por qué no vamos a permitir que las autoridades locales establezcan ordenanzas. Démosles flexibilidad, para que puedan bajar incluso más la velocidad en algunos lugares. Pero no: ¡todo abajo! ¿Por qué? Porque alguien dijo que esa era la forma de solucionar los problemas.
A mí me gusta más la argumentación, tratar de convencer, estar abierto a cosas más modernas. No sabemos cómo nos vamos a desplazar mañana, así que probablemente esta normativa tampoco será para toda la vida. Pero, yo por lo menos, quería exponer mi punto de vista, mi visión, los estudios que hemos realizado. Este problema lo he conversado con muchas autoridades locales porque me ha interesado, porque es un tema ciudadano, interesante, que va más allá de la contingencia, que marca algo que tiene que ver con el futuro.
Por eso, señor Presidente, yo coincido con el Senador señor García-Huidobro. Llamo a la reflexión, llamo a ver el país que estamos construyendo, llamo a diferenciar lo que parece más fácil de lo que genera incentivos adecuados.
En ese sentido, pienso que esta iniciativa no va en la dirección correcta.
El señor MONTES (Presidente).- El señor Subsecretario de Transportes ha entregado un documento del COSOC del Ministerio y de distintos profesionales, doctores de diversos lugares, con argumentos a favor de aprobar el proyecto. Es bastante interesante y algunos señores Senadores podrían estudiarlo.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza para una cuestión de Reglamento.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, pido que se corrija mi intervención en el siguiente sentido: la proporción entre accidentes de tránsito y homicidios no es 2 a 1, sino 4,2 a 1. Son cuatro muertes por accidentes de tránsito por cada muerte por homicidio.
Quería simplemente corregir el dato.
El señor MONTES (Presidente).- ¡Aumentaron los muertos en este rato...!
El señor INSULZA.- Ya que me hace bromas, le cuento que la cifra me la entregó la madre de una niñita llamada Emilia, a la cual usted debe de recordar porque tenemos una ley que lleva su nombre. Ella está afuera esperando saber qué pasa en la votación.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, cuando uno escucha esta discusión se genera la impresión de que hay posiciones distintas.
Yo creo que nadie en esta Sala discute que existe voluntad de vivir en un país más seguro, de evitar que haya accidentes de tránsito y de tener ciudades y comunas más sustentables.
Sin embargo, la forma como tratamos de llegar a ese objetivo no siempre coincide. Y no coincide porque se ha visto el problema desde un mismo prisma. Y Chile no se debe mirar de esa manera. Lo que se ve desde la Capital no es lo mismo que se ve desde las regiones. Lo que se ve en un centro urbano no es lo mismo que se ve en una comuna rural.
Hay zonas urbanas donde no existe tránsito peatonal o de bicicletas, y donde no tiene ningún sentido disminuir la velocidad.
Yo creo que nadie en su sano juicio discute que un accidente a alta velocidad tiene consecuencias letales mayores que uno que se produce a baja velocidad. Sin embargo, no todas las vías concitan el mismo riesgo de accidentes, por lo que usar una herramienta legal para normar todas las calles de todas las ciudades de Chile, pensando que son iguales, adolece de un defecto: estimar que los municipios, que tienen autonomía y la capacidad de disminuir el límite de velocidad en cada una de sus calles de acuerdo a la realidad local, están de más.
Me parece que eso es desconocer el rol de los municipios. Estos bajan el límite máximo de velocidad en las calles conforme a su realidad. Incluso autorizan la circulación a 30 kilómetros por hora en vías que pasan frente a colegios, hospitales, centros de atención de salud. Y puede ser que esto constituya un escenario mayoritario importante. Pero hay calles en las comunas que no ameritan bajar la velocidad.
Me parece que establecer una visión única y homologable a un centro urbano donde hay veredas, bicicletas, gente circulando entre centros comerciales -asumiendo que hay actividad comercial de una calle a otra-, no refleja la situación que se da en las calles de todas las localidades de Chile.
A mi juicio, tratar de regular la realidad del país desde el Parlamento obviando la existencia de gobiernos comunales es una muestra de centralismo feroz y una señal de desconfianza increíble en la capacidad de nuestras autoridades locales.
Tenemos que ser capaces de confiar en las habilidades de gestión de los alcaldes. Sin embargo, con esta iniciativa les estamos diciendo: "Ustedes no saben discriminar las calles que son importantes de aquellas que no lo son".
Acá debe efectuarse un trabajo mancomunado en el que los ediles jueguen un rol relevante. No puede ser que por ley les digamos: "¡Se baja el límite máximo de velocidad en todas las calles!". Es posible que en algunas sí se requiera, y ahí el Ministerio de Transportes, a través de sus seremías, cumplirá su papel, sin perjuicio de que se haga un trabajo en conjunto con la autoridad comunal. En tal caso, puede que ambas entidades tengan razón o que haya que avanzar más rápido. Pero creo que normar la situación por ley indicando desde el poder central a cada una de las localidades cómo debe regularse es, en verdad, una muestra de centralismo que perjudica y que no se condice con la realidad local de nuestro país.
Es cierto que nuestra tasa de accidentes es alta, pero la mayor cantidad de estos no se produce por conducir a 60 kilómetros por hora en lugar de 50, sino, tal como dijo el Senador Coloma, por manejar usando el celular. ¡Ahí el chofer ni siquiera se fija a qué velocidad va!
Probablemente, parte de lo que acá se ha señalado sea cierto, pero tratar de resolver el problema con una ley que busca homologar la realidad de todas las calles urbanas de las comunas de nuestro país es un error.
Por lo tanto, así como está presentado, me parece que el proyecto, en verdad, no soluciona la situación. Y, además, creo que invisibiliza a los gobiernos locales, en circunstancias de que nosotros siempre decimos que tenemos que darles cada vez más poder y autonomía. Hoy día les estamos quitando una herramienta que ejercen y que normalmente ejercen bien.
En consecuencia, señor Presidente, la presente iniciativa, en principio, no me gusta.
El señor MONTES (Presidente).- Se ha solicitado la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del actual Gobierno, señor Luis Stuven, quien viene a apoyar el proyecto.
El señor COLOMA.- ¡Pero por qué dice que viene a apoyar!
El señor MONTES (Presidente).- ¡Porque me comunican que viene a contestar los argumentos del Senador Coloma...!
El señor COLOMA.- Entonces, no autorizo.
El señor MONTES (Presidente).- ¿No?
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, me sorprenden los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, porque son contradictorios al máximo. ¡Al máximo!
Fue recién el año 2002 cuando se aumentó el límite máximo de velocidad a 60 kilómetros por hora en las zonas urbanas. Hasta entonces, la tradición en nuestro país para ese límite era de 50 kilómetros por hora.
Los resultados, desde que se modificó la velocidad máxima, son más muertos. Entre 2009 y 2013, no menos de 3 mil peatones fallecieron y más de 42 mil quedaron con lesiones graves. Tenemos la mayor tasa de peatones muertos y accidentados de América Latina y de los países de la OCDE. Se incrementaron en 26 por ciento los accidentes fatales y lesiones graves por tránsito a partir del aumento de velocidad máxima de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas urbanas.
Este Congreso, mediante una ley nacional, con el voto de las bancas de enfrente, dijo que no quería que los ciclistas anduvieran más por las veredas. Aprobamos la Ley de Convivencia de Modos para evitar el conflicto entre peatones y ciclistas. Y se resolvió que los ciclistas circularan por la calle, con excepción de los niños y los adultos mayores.
Tenemos más autos, más bicicletas circulando por un bien público que es limitado: las calles. Y por ello lo consistente, si uno deja de lado el egoísmo como conductor y pone el bien común y la vida por delante para lograr una mejor convivencia entre medios de transporte, es sacar el pie del acelerador un poco. ¡No es más que eso!
En verdad, señor Presidente, reducir el límite máximo de velocidad en zonas urbanas es una norma que debe fijarse con carácter nacional. Los alcaldes podrán, a partir de ella, disminuir dicho límite, como corresponde: en zonas escolares, en áreas de mayor riesgo.
Yo estuve buscando el letrero de 60 kilómetros por hora en Pencahue, del que nos habló un distinguido Senador anteriormente. ¡No lo encontré!
El señor COLOMA.- ¡Hablé en general!
El señor LETELIER.- Porque en el ingreso a dicha localidad el letrero es de 50 kilómetros por hora.
Lo que quiero plantear, como razonamiento, es que esta Corporación debe pensar en el bien común de la mayoría de la población del país. Es por eso que la Ministra Hutt ha señalado la importancia de bajar el límite máximo de velocidad. Y es por eso que el Gobierno patrocinó este proyecto, partiendo por el Presidente de la República, quien entendió que el bien común es poner a la mayoría (peatones, ciclistas, ciudadanos de a pie) por delante del interés de quienes andan en vehículo en las zonas urbanas.
Por lo demás, este es un debate teórico -¡teórico!-, porque la velocidad promedio en tales zonas está por debajo de los 50 kilómetros por hora. Y en ellas los caminos que fueron hechos como carreteras para circular a mayor velocidad van a seguir teniendo una excepción. Estas vías quedan excluidas de la norma que se propone, debido a que así lo establece la legislación y, por ende, habrá caminos en centros urbanos que van a tener velocidades por sobre los 50 kilómetros por hora.
Pero la regla general es que las calles son estrechas, están saturadas y los ciclistas son cada vez más. Y la idea es que los automovilistas podamos vivir un poco más lento, llegando quizás a nuestro destino unos tres minutos después, a cambio de la posibilidad de salvar vidas.
¡Se duplica la cantidad de muertos por accidentes graves a causa de 10 kilómetros más en el límite máximo! Ese es el dato objetivo. Y nosotros estamos llamados a legislar en función del bien público.
Señor Presidente, esta iniciativa tiene que ver con la convivencia de modos de transporte, no con las atribuciones de los alcaldes. A mí me parece que esa argumentación significa ir a un federalismo extremo.
Y cuando se la escuché a mi colega representante de Pencahue, quien normalmente cree en el Estado unitario, relativizando su postura frente al federalismo, al punto de llegar a plantear que los municipios son gobiernos que cuentan con facultades al extremo, pensé en lo inadecuado de esa mirada.
El señor COLOMA.- ¿Por qué habla de federalismo?
El señor LETELIER.- ¡Yo sé que se ofusca cuando uno le recuerda su amor a Pencahue...! Pero, como Su Señoría puso el ejemplo, solamente quería recordarle que hay normas nacionales, y que la propuesta es una típica disposición de ese carácter.
Lo mismo ocurre con las velocidades máximas en carreteras. Si estas tuvieran mejores estándares de seguridad, como lo planteó el Senador García-Huidobro en otro momento, los topes deberían subir. Pero aún no tenemos esos estándares.
Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto de ley, que es una de las pocas iniciativas que han surgido de una participación ciudadana excepcional.
En ese sentido, agradezco los documentos que nos ha hecho llegar el Subsecretario de Transportes, porque, entre las cosas increíbles que fundamentan esta proposición legislativa -es bueno saberlo-, está una encuesta de opinión que refleja lo que piensan los jóvenes, los ciudadanos de a pie de este país. El 71 por ciento de los encuestados cree que es una buena medida; el 20 por ciento, que es irrelevante, y el 9 por ciento, que es una mala idea.
Lo más importante es ver la cantidad increíble de organizaciones que promovieron la medida. Más de 50 instituciones de diferentes comunas participaron en su promoción. Y me parece que es tiempo de escuchar a los ciudadanos en algo tan básico como volver a la norma que es común en todos los países de la OCDE y que fue la que existió antes en nuestro país. Se ha demostrado que en los últimos 16 años el haber aumentado la velocidad ha significado muchas muertes y lesiones graves que podrían haberse evitado si no hubiésemos subido el límite de 50 a 60 kilómetros en las zonas urbanas.
Volver a los 50 kilómetros por hora es proteger, a mi juicio, el bien común.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solicito autorización para que haga uso de la palabra el señor Subsecretario de Transportes.
El señor DOMÍNGUEZ (Subsecretario de Transportes).- Señor Presidente, voy a hacer un pequeño resumen del documento que les he entregado.
Chile es un país poco seguro para transitar en sus calles, avenidas, caminos y carreteras. Al año, se producen cerca de 12 muertes en siniestros de tránsito por cada 100 mil habitantes, un valor muy superior al de los países con mejores prácticas en seguridad vial, que son los de la OCDE.
La cifra de muertos por siniestros de tránsito aproximadamente triplica el número de muertes por homicidios. Sin embargo, los siniestros de tránsito y sus consecuencias reciben menos atención y han sido, de alguna forma, "naturalizados" en el imaginario colectivo.
Con todo, debería ser una prioridad para el país abordar de forma contundente el tema de la seguridad vial, por todos los costos sociales y de salud pública que tienen los siniestros de tránsito y porque en Chile hay un amplio margen de acciones de mejora. Una de ellas es la reducción y fiscalización de la velocidad máxima en áreas urbanas.
En el estudio de los siniestros de tránsito se debe distinguir entre dos variables relevantes: la probabilidad de ocurrencia de un siniestro y la severidad del mismo, entendida como su nivel de gravedad en términos de heridos leves, graves, muertos y daño material. Ambas variables están directamente relacionadas con la velocidad de los vehículos motorizados, y esta relación es explicada por las leyes de la física elemental.
Con respecto a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, una vez que un objeto es identificado y el conductor decide frenar, la distancia de frenado depende de la velocidad, elevada al cuadrado. Dependiendo de las condiciones del pavimento, de las condiciones climatológicas y del tiempo de reacción del conductor, un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora necesita entre 8 y 19 metros más para detenerse que un vehículo que circula a 50 kilómetros por hora.
En síntesis, los estudios reportan una reducción significativa en el número de siniestros graves de tránsito y de muertes cuando se reduce el límite de velocidad urbano de 60 a 50.
Quiero recordar que la Ley de Tránsito faculta a los municipios, en zonas urbanas, y a las direcciones de vialidad, en zonas rurales, para aumentar o disminuir las velocidades máximas de forma excepcional y siempre que se dé cumplimiento a los criterios establecidos en el Manual de Señalización de Tránsito.
En el caso de que se apruebe el proyecto, señor Presidente, anuncio que presentaremos una indicación para regular de mejor manera las facultades de los municipios. Para ello tenemos, eventualmente, tres alternativas: por ejemplo, podemos reemplazar la exigencia que se le otorga al Ministerio por un estudio de CONASET; podemos modificar el procedimiento establecido en el Manual de Señalización de Tránsito, sobre todo en la parte referida, justamente, al estudio que he citado, o bien establecer, en el artículo 146, un inciso que establezca parámetros más objetivos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A usted, señor Subsecretario.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, llama la atención que los opositores a esta iniciativa se hayan negado a que se abra la votación. En todos los proyectos del último tiempo las votaciones se abrieron mientras se realizaba el debate.
Pareciera que estuviéramos discutiendo un tema de principios, conforme a la visión dogmática que plantean quienes se oponen a esta propuesta. Y tienen razón: es un tema de principios, porque el proyecto hace la diferencia. ¡Es un proyecto que salva vidas!
Por eso, es lamentable que quienes se oponen desconozcan los estudios técnicos, la opinión de los expertos y las leyes básicas de la física. La velocidad tiene un impacto directo en el número y gravedad de los accidentes de tránsito. Estudios comparados indican que la disminución de la velocidad se traduce en una reducción del número de accidentes.
Por cierto, la gravedad depende de la energía con que se produzca el impacto que provoca el accidente: a menor velocidad, aquella disminuye. Y las probabilidades de morir y de sobrevivir dependen de la velocidad del impacto.
Hay una relación directa entre velocidad, número de muertes y severidad de los accidentes.
Por mi parte, recomiendo leer los antecedentes que se han distribuido a propósito de este proyecto, los cuales dan cuenta del apoyo de todos los expertos en la materia, y los estudios internacionales que se han realizado al respecto, los que plantean la serie de prejuicios conforme a los cuales se ha fundado la voz de quienes se oponen a la iniciativa.
El primero es que la disminución de la velocidad se va a traducir en un aumento de los tiempos de viaje. Los estudios refutan este temor. Un seguimiento con GPS en Sidney, Australia, en las zonas con límite de velocidad, mostró que quienes lo excedieron tuvieron un ahorro de tiempo de entre 1 y 2 por ciento. Parece contraintuitivo. ¿Cuál es la razón? Muy simple: en zonas urbanas, el tiempo de traslado depende de los flujos de los demás vehículos, de las intersecciones y, por cierto, de los semáforos.
Por tanto, creer que la mantención de los 60 kilómetros por hora va a significar un porcentaje similar al de los 50 kilómetros para reducir los tiempos de viaje es una falacia, conforme lo señalan los estudios.
En segundo lugar, se plantea que hay un problema en la fiscalización.
En Chile tenemos un enorme desafío en esta materia. La fiscalización no es suficiente; se requiere perfeccionar la ley en general para no generar incentivos perversos respecto de la forma en la cual se fiscaliza. Y es necesario incorporar nuevas tecnologías que garanticen que todos los automovilistas cumplamos con las normas del tránsito, particularmente las relativas a los máximos de velocidad.
Se ha planteado también que las municipalidades tienen la facultad de reducir, en determinadas zonas, el límite de velocidad. Y eso es efectivo, pero no suficiente, por una razón muy simple: porque, al ser una medida de carácter excepcional, requiere señalética y un gasto adicional que muchas veces los municipios no están en condiciones de realizar.
Resulta mucho más sensato y sencillo disminuir por ley el límite de velocidad en zonas urbanas a 50 kilómetros por hora y, sobre esa base, mantener la atribución que tienen las municipalidades para reducir aún más el límite cuando se trata de zonas donde hay escolares, tránsito de peatones, y que requieren, por tanto, un manejo con mayor cuidado.
Se puede plantear también el mejoramiento de la tecnología, de las nuevas técnicas de frenado que se aplican a los automóviles. La verdad es que hay una norma básica: por más que aumente la tecnología, a menor velocidad se requiere menos distancia para lograr frenar completamente un vehículo.
Asimismo, los sistemas de protección que incorporan nuevas tecnologías consideran, principalmente, la seguridad de quienes van arriba de un automóvil, no la de quienes van abajo: los peatones, que son las principales víctimas de estos accidentes.
Este proyecto de ley no resuelve, obviamente, todos los problemas que existen en este ámbito, pero contribuye a ello de manera sustantiva. Se requiere acompañar estas iniciativas con más y mejor educación cívica para el cumplimiento de las normas de tránsito y, por cierto, financiamiento de redes viales más amigables y seguras para los peatones. También se precisa un cambio en el paradigma de la programación de los semáforos, particularmente para que los vehículos que transitan a una velocidad óptima, bajo el límite establecido -50 kilómetros por hora-, puedan desplazarse sin necesidad de estar deteniéndose a cada rato.
Pero, señor Presidente, reitero lo que señalé al principio de mi intervención: ¡Este proyecto salva vidas! Y lamento el dogmatismo y la falta de rigurosidad técnica de quienes se han opuesto a esta iniciativa, desoyendo incluso la voz del Gobierno.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay seis señoras Senadoras y señores Senadores que todavía faltan por hacer uso de la palabra.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Podemos seguir mañana...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Claro, podemos seguir mañana...
Y como las intervenciones son de hasta diez minutos, no sé si a la Sala le parece bien o estima conveniente abrir la votación manteniendo los tiempos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hago presente que se han inscrito más señores Senadores. No sé si a Sus Señorías les parece que, como estamos en votación, la Mesa otorgue los cinco minutos que corresponde a la fundamentación del voto, y si alguna señora Senadora o algún señor Senador requiere más tiempo, por supuesto que se le puede conceder, en el entendido de que todavía quedan cerca de siete oradores por intervenir.
Por tanto, Sus señorías podrán hacer uso de los cinco minutos correspondientes a la fundamentación de voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, he escuchado el debate atentamente y creo que la mayoría de los señores Senadores y señoras Senadoras que están dispuestos a votar a favor han validado una mala argumentación. Ellos han dicho que están a favor de la vida, que están a favor de que a la gente no la atropellen, que están a favor de que los autos no anden tan rápido. Y, por lo tanto, eso significaría que quienes nos pronunciáramos en contra estaríamos votando a favor de que a la gente la atropellaran, a favor del número de muertos, a favor de la velocidad.
¡Esa es una muy mala argumentación, porque es absolutamente falsa y no tiene ninguna razón ni fundamento!
Señor Presidente, la mayoría de los alcaldes, particularmente de provincias, se queja en forma permanente de que en materia de tránsito prácticamente no tienen atribuciones, de que todo depende de las secretarías regionales ministeriales de Transporte -por ejemplo, en la comuna de Los Ángeles no hay fiscalizadores en la Seremía de Transportes, y el transporte público es una situación caótica-, y quieren tener facultades para resolver los problemas de tránsito.
¿Cuál es la argumentación que nos dan? Que algunos municipios son pequeños -Los Ángeles, por cierto-, y como son pequeños no tienen técnicos y, en consecuencia, hay que decirles qué hacer. ¡Mala argumentación! Porque en nuestro país se han dictado numerosas normativas y los accidentes continúan; se han dictado muchas leyes estrictas y los accidentes continúan. Por lo tanto, la solución a los accidentes de tránsito no es que se dicte una norma, sino que apliquemos políticas públicas que verdaderamente tengan presente la realidad en el ámbito donde se desarrolla el tránsito. Y esa es la comuna, el municipio.
Nosotros no queremos más accidentes de tránsito, sino menos accidentes de tránsito, menor velocidad y no mayor velocidad. Pero deseamos que esas normas las dicten, las implementen, las lleven adelante quienes conocen la ciudad, aquellos que conocen la comuna. Porque, señor Presidente, es muy distinta una ciudad que tiene carreteras, que cuenta con pasos sobre nivel, con pasos bajo nivel, que otra que carece de todo eso, donde hay calles estrechas. Ese alcalde, ese municipio, con su director de tránsito, a lo mejor tendrían que tomar medidas muy distintas de las que iluminadamente queremos imponer aquí, creyendo que al bajar un guarismo nuestra conciencia estará más tranquila pues con ello demostraremos estar a favor de la vida y en contra del exceso de velocidad y de los atropellos.
En mi opinión, si algunos colegas quieren quedar con la conciencia tranquila, este es un mal camino.
Reitero: ¿cuántas normas de tránsito hemos impuesto desde el Parlamento sin que las cifras de accidentes, de muertos y de atropellamientos hayan bajado? Porque son las políticas públicas las que afectan directamente a estas situaciones, y estas deben enfrentarse otorgando atribuciones a quienes verdaderamente se encuentran al tanto de la realidad que viven las comunas. Por muy pequeñas que estas sean, sus alcaldes conocen sus calles, la situación de sus peatones y, por lo tanto, pueden adoptar las medidas adecuadas.
Y si un alcalde no cuenta con recursos para que el municipio correspondiente funcione, bueno, hay que apoyarlo con el instrumental necesario para que disponga de la capacidad para tomar esas decisiones.
Anteriormente puse como ejemplo a la comuna de Los Ángeles, una ciudad mediana, cuya municipalidad no tiene ninguna posibilidad de regular el transporte público de pasajeros ni el transporte pirata que allí existe. ¿Por qué? Porque solo le hemos otorgado atribuciones al Ministerio de Transportes o a las secretarías regionales ministeriales, ¡y a ese municipio absolutamente nada!
Si seguimos dándoles la espalda a las municipalidades, si seguimos dándoles la espalda a quienes conocen las ciudades, no vamos a bajar las cifras lamentables de accidentes.
Finalmente, quiero señalar que deploro profundamente los accidentes. He sufrido tal situación. Por lo tanto, creo que las medidas deben ser absolutamente distintas de una mera disposición legal que ordene a todo el país una uniformidad que no responde a la realidad de las diferentes comunas y ciudades.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, la verdad es que me sorprende el debate que se ha dado en torno a este proyecto.
Probablemente los señores Senadores se han fijado exclusivamente en el artículo 145 que se está modificando. Pero quiero señalarles que esta materia se encuentra regulada en los artículos 144, 145 y 146 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009.
En esos tres artículos se da total respuesta a las dudas que aquí se han planteado, porque la norma de velocidad de 60, o de 50 kilómetros, como se pretende fijar ahora, no es la regla general, ¡no es la regla general!
La ley no dice que la gente debe conducir a 60 o a 50 kilómetros por hora.
La norma general es la del artículo 144, que indica que el conductor debe circular a una velocidad razonable y prudente atendidas las condiciones del tránsito y los riesgos que ello conlleve.
O sea, se refiere al riesgo.
Asimismo, quiero comentar a los señores Senadores -por su intermedio, señor Presidente- que, así como yo fui alcalde y conozco el tema en discusión, también ejercí por muchos años la abogacía, y me consta que en los juzgados de policía local se tramitan miles de juicios para establecer la responsabilidad de los conductores que no se basan en el artículo 145, respecto de la velocidad máxima de 60 kilómetros, sino en el 144. Porque lo que el juez esclarece primero es si el conductor fue razonable y prudente, atendidas las circunstancias del tránsito, y no la velocidad a la cual se desplazaba.
¿Cuándo entra a regir la velocidad de los 60 kilómetros por hora? Lo dice el artículo 145: cuando no exista riesgo, la velocidad podrá ser hasta de 60 kilómetros por hora.
Por lo tanto, esa norma es subsidiaria de la primera, que no establece límites ni para arriba ni para abajo, porque le exige al conductor una conducta razonable y prudente atendidas las circunstancias. De consiguiente, podrá andar a más de 60 o a menos de 60, dependiendo de las condiciones del tránsito.
¡Esa es la primera norma!
Y la segunda disposición indica que cuando no hay riesgo existe un límite: 60 kilómetros por hora.
Lo que aquí estamos haciendo es bajar la velocidad de 60 a 50 cuando no exista riesgo.
Pero lo consignado en el artículo 146 es absolutamente contrario a lo que se ha señalado respecto de las facultades de las municipalidades, pues su texto dice que ellas, en la parte urbana, y la Dirección de Vialidad, en la parte rural, podrán subir o bajar el límite de 60 kilómetros en una arteria o en determinado camino.
De tal manera que si nosotros bajamos a 50 y la municipalidad, con los estudios respectivos, estima que ahí se puede ir a 80, entonces la municipalidad determinará que se vaya a 80 kilómetros por hora. Y si la municipalidad, con sus estudios, dice que en vez de 50 es posible ir a 60, también lo podrá hacer.
Entonces, no es una norma uniforme, homogénea para todo Chile, porque esta facultad recae en las municipalidades y en la Dirección de Vialidad, según la Ley de Tránsito.
En consecuencia, señor Presidente, lo que hacemos aquí es bajar de 60 a 50 la velocidad contenida en una norma subsidiaria a la señalada en el artículo 144, que se refiere a la teoría del riesgo en la conducción de los vehículos motorizados, manteniendo absolutamente incólume la facultad de las municipalidades para subir o bajar ese límite en cualquier parte en las zonas urbanas, y de la Dirección de Vialidad en las zonas rurales.
Me parece que este es un proyecto absolutamente lógico al disminuir la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora mediante una norma subsidiaria, porque el resto queda completamente vigente. Y, por ende, todos los alcaldes de Chile podrán hacer uso de una facultad establecida hace muchos años en el artículo 146 de la Ley de Tránsito.
Vuelvo a insistir: en los Juzgados de Policía Local la cruda realidad nos dice que lo que se aplica es la norma del artículo 144, que alude a la teoría del riesgo y de la conducción prudente de los conductores.
Por lo tanto, voto favorablemente este proyecto.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, primero, quiero felicitar a la Ministra de Transportes por apoyar este proyecto. Y, luego, dar un fundamento desde la práctica.
En mi carrera profesional me he desempeñado por alrededor de 15 años en municipios pequeños de la Región de La Araucanía, y la verdad es que la Dirección de Tránsito de la zona con suerte cuenta con tres funcionarios que hacen lo que pueden con los permisos de circulación y con la instalación de algunos letreros con los pocos recursos de que disponen.
Entonces, me gustaría que en las calles de cada una de las comunas de mi región existieran letreros que indicaran "disminuya la velocidad" o "máximo 30, 40 o 50 kilómetros por hora", porque en la realidad no existen.
¡Los invito a recorrer la zona!
Creo que en Temuco, en Villarrica y en Pucón con suerte podrán encontrarlos. En el resto de las 32 comunas ello no ocurre.
Entonces, efectivamente, esta norma viene a asegurar una condición que no es igualitaria. Tal como ha dicho el resto de los Senadores del país, aquí hay comunas muy pobres, que no poseen la capacidad para regular esto.
Por lo tanto, como la vida es prioritaria -creo que aquí nadie discute eso-, siento que mientras no haya una mejora en la gestión municipal, porque debemos reconocer que no todos los municipios son iguales, esta normativa en análisis vendrá en resguardar no solo la vida de los transeúntes sino también la de todos los que se movilizan en bicicleta (estamos promoviendo la vida sana con programas de Gobierno vinculados a ello), así como a asegurar a quienes transitan en nuestras calles que la velocidad del impacto será un poco menor en caso de accidentes.
En consecuencia, estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, coincido plenamente con lo que ha señalado en su intervención el Senador Francisco Huenchumilla, pues hay quienes intentan poner en esta discusión, que busca bajar el límite de la velocidad en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora, que si estamos de acuerdo en establecer esta norma general para el país, no reconocemos la capacidad que posee cada uno de los municipios respecto a esta materia.
Creo que la intervención del Senador Huenchumilla ha dejado muy claro que esta es una facultad que tienen y que conservarán los municipios, pero que es necesario establecer no solo a la luz de las que han sido buenas prácticas, sino también de mucha evidencia que el propio Gobierno ha expuesto en este Hemiciclo a través del Subsecretario.
Plantear como crítica que los municipios pueden disminuir la velocidad máxima en zonas urbanas implica ignorar la existencia de una atribución actual de ellos, que no la pierden en este proyecto.
La idea es tener una norma nacional que establezca la velocidad mínima en zonas urbanas.
Señor Presidente, durante la discusión de esta iniciativa se ha señalado que hoy existen avances en las tecnologías de frenado, mejores dispositivos de seguridad en los vehículos, y que, por lo tanto, ya no es necesario reducir el límite de la velocidad máxima.
Es cierto que los vehículos equipados con tales dispositivos van a enfrentar con mayor protección para sus ocupantes cualquier accidente. Sin embargo, ese argumento ignora el hecho de que también deben estar resguardados los usuarios del sistema vial, especialmente los más vulnerables, los ciclistas y los peatones que se espera sean los más beneficiados con la reducción del límite de velocidad máxima.
Esta iniciativa, señor Presidente, se enmarca en una discusión que el Parlamento tuvo durante largo tiempo a propósito de un proyecto anterior en el que se consideró asimismo la reducción de la velocidad máxima. Pero, sobre todo, pone la mirada en la necesidad de mejorar la convivencia entre los distintos medios de transportes, protegiendo a los más vulnerables, como los ciclistas, los peatones. Y, para lograr este objetivo principal, se procura disminuir la velocidad máxima en zonas urbanas a nivel nacional y, por tanto, establecer la responsabilidad del Estado en el sentido de fijar un límite seguro para la circulación en zonas urbanas.
Queremos agradecer a muchos que han contribuido con sus conocimientos. Particularmente, al Departamento de Ingeniería Civil, División de Ingeniería de Transporte, de la Universidad de Chile; al Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la Universidad Católica; al área de Ingeniería y Transporte de la Universidad de Concepción; a las más de sesenta organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, que han participado activamente para sensibilizar, para generar conciencia, pero, sobre todo, para estimular que el Estado asuma la responsabilidad regulatoria por la vía de establecer un límite seguro para la circulación en zonas urbanas.
Por eso, voy a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el año 2002 Chile tenía un parque automotriz 40 por ciento menor que el actual. No había kilómetros de ciclovías. Existía consenso en que la gente quería llegar más rápido a su lugar de destino. Y en la ley aumentamos la velocidad en zonas urbanas de 50 a 60 kilómetros por hora.
De acuerdo con las estadísticas que nos entrega la CONASET, al año siguiente, en 2003, los accidentes de tránsito en zonas urbanas cuya causa puede atribuirse a velocidad inadecuada aumentaron en 29 por ciento. La cifra de fallecidos se incrementó en 25 por ciento.
A más velocidad se reduce el tiempo para reaccionar de manera preventiva accionando el freno. Y esto se traduce en una mayor distancia recorrida antes de detener el vehículo.
Si un niño aparece a 36 metros -dice la CONASET-, lo más probable es que el conductor que viaja a 70 kilómetros por hora lo mate; si lo hiciera a 60 kilómetros lo dejaría herido; y si condujera a 50 evitaría el atropello.
Esa es, en mi opinión, una estadística determinante a la hora de tener en cuenta el porqué queremos reducir la velocidad máxima en zonas urbanas.
Se ha comprobado en diversos estudios que 90 por ciento de los peatones involucrados en un accidente de tránsito sobreviven al ser atropellados cuando un vehículo se desplaza a 30 kilómetros por hora; que 20 por ciento sobrevive cuando la conducción es a 50 kilómetros por hora, y que menos de 10 por ciento sobrevive si el vehículo se desplaza a 60 o más kilómetros por hora.
Entonces, estamos hablando de que una reducción de la magnitud planteada sí tiene una implicancia real, comprobada estadísticamente, en la reducción de los índices de mortalidad en los accidentes de tránsito.
Diversos estudios realizados en Australia establecen que al reducir la velocidad en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora, que es lo que estamos haciendo con el proyecto en debate, el resultado fue una disminución de 5 kilómetros de la velocidad crucero, mientras que los tiempos de viaje se incrementaron en menos de 10 segundos (se trata de un promedio de la población australiana). Y la conclusión es que ese pequeño aumento en el tiempo de viaje prevendría en dicho país 3 mil accidentes con vidas humanas involucradas y 12 mil accidentes con daños materiales.
Es decir, si aprobáramos esta iniciativa -las estadísticas del año 2002 nos dicen que al aumentar la velocidad creció el número de accidentes- deberíamos tener un efecto inverso.
Por tanto, el planteamiento de que deben regular los municipios lo comparto.
¡Tomemos medidas ahora!
Entreguemos a las municipalidades la fijación de la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y seamos capaces de reformar profundamente sus facultades para que apliquen la norma correspondiente en todas las zonas urbanas de sus comunas.
Yo diría que en muchos sectores urbanos el problema no lo provoca tanto la velocidad: son los autos estacionados los que impiden el libre desplazamiento de los vehículos e imposibilitan ver al peatón que sale de repente por entremedio de los autos aparcados en cualquier lugar de la calzada.
En esas vías la municipalidad debiera prohibir el estacionamiento vehicular. Son múltiples las medidas que ella podría tomar para bajar el nivel de accidentabilidad y reducir el riesgo de morir atropellado.
Entonces, señor Presidente, en este proyecto solo hay beneficios.
Si algunos Senadores consideran que debe haber una facultad de los municipios, ¡completamente de acuerdo! Discutamos en forma breve una iniciativa de ley sobre el particular.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que presido, estamos haciendo un texto misceláneo en que hemos incorporado 24 modificaciones a preceptos de la Ley de Tránsito. Se trata de ajustes que perfeccionan ese cuerpo normativo. Entre ellos, el que permite virar con luz roja, siempre y cuando no esté prohibido; el que establece en la Ley del Tránsito la prohibición de fumar cuando se conduce; el que impone a los ciclistas la obligación de usar chalecos reflectantes durante la noche, etcétera.
Además, se sanciona el manejo en forma temeraria.
¡Quién no ha visto a un automovilista adelantar, cruzar una calle temerariamente!
Para el manejo temerario hoy día no existe sanción, salvo que un testigo denuncie al conductor ante la policía. Pero cuando se logra detenerlo, sucede que el carabinero, quien es el ministro de fe, no presenció la acción temeraria. Entonces, la persona que hizo la denuncia no va a declarar, pues no tiene tiempo, no quiere hacerse problemas, en fin.
El manejo temerario debe sancionarse, al igual que la actitud...
Señor Presidente, decía que también debe sancionarse la actitud cobarde del conductor que huye después de un accidente, pues la víctima queda sin el seguro para terceros.
En Chile, en más del 50 por ciento de los accidentes la gente no cobra el seguro porque tiene desconocimiento acerca del conductor del vehículo involucrado.
Entonces, yo voy a votar a favor. La medida es beneficiosa. Luego iremos a la cuestión de fondo: si les damos facultades a los municipios. Yo estoy de acuerdo en otorgárselas. Sin embargo, no es el motivo del proyecto. Este plantea una medida inmediata con una fundamentación cierta y necesaria.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, García-Huidobro, Pérez Varela y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Esta iniciativa quedará aprobada también en particular, pues nadie solicitó plazo para formular indicaciones.
--El proyecto queda aprobado asimismo en particular por no haber sido objeto de indicaciones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Habiendo terminado el Orden del Día, levantaré...
El señor COLOMA.- Perdón, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, puede ser un error, pero yo entendí que el Gobierno había planteado que, en el evento de aprobarse el proyecto, se podía generar una facultad para que los municipios aumentaran la velocidad.
Por eso, yo estimé que se iba a hacer la indicación correspondiente.
Pido plazo de una semana...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No, señor Senador. No hubo ninguna petición para fijar plazo de indicaciones. Por eso aprobamos el proyecto en general y en particular.
El señor COLOMA.- Lo planteó el Ejecutivo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No.
Las indicaciones deben llegar por escrito, pero no se procedió de esa manera.
Yo entendí que el Gobierno lo había planteado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hice la pregunta correspondiente, pero nadie solicitó plazo para presentar indicaciones.
Como Su Señoría bien sabe, el plazo para tal efecto lo puede pedir un Senador. No se requiere que lo haga el Ejecutivo.
El señor COLOMA.- Yo pensé que estaba pedido. A eso me refería, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No se solicitó, señor Senador.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, consultándole acerca de PROTOCOLOS DE CARABINEROS PARA CONTROL DE IDENTIDAD A MENORES Y ACCIONES PARA INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES DE HECHOS DENUNCIADOS EN COMUNA DE ERCILLA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole antecedentes sobre DENEGACIÓN DE DERECHO A DEFENSA DE FUNCIONARIO JAVIER GUTIÉRREZ BUSTOS E INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA REVERTIR DECISIÓN EN CASO DE QUE PROCEDIERE.
A los señores Directores de los Servicios de Salud Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota y Aconcagua, para que informen con respecto a CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DURANTE ACTUAL GOBIERNO EN CUANTO A INVERSIONES HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES, LISTAS DE ESPERA GES Y NO GES, DEUDAS HOSPITALARIAS Y BRECHAS DE FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS.
Al señor Ministro de Educación, pidiéndole informar acerca de MANTENCIÓN DE BENEFICIO DE GRATUIDAD POR CAMBIO DE CARRERA, NÚMERO DE ALUMNOS EN ESTA CONDICIÓN Y SITUACIÓN PARTICULAR DE CRISTÓBAL BARRÍA PLASENCIA, ESTUDIANTE DE VALDIVIA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el fin de que remita antecedentes relacionados con PROYECTO DE DOBLE VÍA PARA ACCESOS NORTE Y SUR DE VALDIVIA: CRONOGRAMA, ESTADO ACTUAL Y REANUDACIÓN DE MESA DE TRABAJO CIUDADANA.
Al señor Ministro de Salud, para que remita información sobre RETRASO EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE HOSPITALES COMUNALES COMPROMETIDOS EN CONVENIO DE PROGRAMACIÓN CORE LOS RÍOS-MINSAL, Y ACCIONES PARA SUBSANAR TAL SITUACIÓN.
A los señores Ministro de Minería y Director Nacional de Servicio Nacional de Geología y Minería, solicitándoles antecedentes relativos a EXPLORACIONES, PROSPECCIONES Y CONCESIONES MINERAS AUTORIZADAS EN COMUNA DE VALDIVIA EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole información acerca de PROTOCOLO SUSCRITO EN PROVINCIA DE CHILOÉ PARA REACTIVACIÓN DE RUTA PATRIMONIAL N° 59 "ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ: HUMEDALES, AVES Y CULTURA".
A la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones, requiriéndole antecedentes sobre DENUNCIAS Y FISCALIZACIONES ANTE CONTINUOS PROBLEMAS EN SEÑALES DE COMPAÑÍAS MÓVILES ENTEL Y MOVISTAREN SECTOR DE CASABLANCA, COMUNA DE VALDIVIA.
Al señor Alcalde de Llanquihue, solicitándole antecedentes relativos a APORTE DE EMPRESA TURÍSTICA BIRDSCHILE A FUNDACIÓN LEGADO DE CHILE PARA RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HUMEDALES, Y PROGRAMA "LLANQUIHUE CIUDAD DE HUMEDALES".
Al señor Superintendente de Pensiones, para que remita información sobre REVOCACIÓN DE DICTAMEN REGIONAL Y REDUCCIÓN DE PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE TRABAJO DE DON LAUTARO BARRIENTOS BARRIENTOS.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndole antecedentes y copia de INFORME DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU PARA EL COMBATE DE LA DESERTIFICACIÓN Y REPORTE SOBRE NEUTRALIDAD EN DEGRADACIÓN DE TIERRAS.
Al señor Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitándole información tocante a OBSERVACIONES FORMULADAS A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISCICULTURA ANTILHUE, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS.
Y al señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para que remita antecedentes sobre ESTADO DE CONSERVACIÓN DE PIEZAS DECLARADAS MONUMENTO NACIONAL EN ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE VALDIVIA.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole que informe sobre FACTIBILIDAD DE SEPARACIÓN DE NOTARÍA Y CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE IMPERIAL.
Al señor Director Nacional del Servicio Electoral, solicitándole información pormenorizada con respecto a PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS POR INFRACCIONES EN ELECCIONES MUNICIPALES DE 2016.
Al señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, requiriéndole dar a conocer proyecto pertinente y estudios que avalan CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RÍO CAUTÍN Y NO USO DE ESTRUCTURA DE ACERO DE ANTERIOR VIADUCTO.
Al señor Intendente de La Araucanía, consultándole sobre POSIBILIDAD DE CONCRECIÓN EN 2018 DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO C.D.P. DE VILLARICA" TRAS POSTERGACIÓN EN AÑO PRECEDENTE.
Y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, solicitándole disponer medidas ante DENUNCIA DE DON JAIME SÁNCHEZ SEPÚLVEDA, REITERADA A DIVERSAS AUTORIDADES, POR VENTA IRREGULAR DE CARNE EN SUPERMERCADO LIDER DE TEMUCO.
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole la ENTREGA CORRESPONDIENTE DE MEDICAMENTOS A DON LUIS ZAPATA CORNEJO PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER PULMONAR.
Al señor Ministro de Salud y al señor Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío, para consultar por CANTIDAD DE LICENCIAS MÉDICAS DURANTE ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO ANTE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS POR CONTAMINACIÓN, CON DESGLOSE POR COMUNAS.
Al señor Ministro de Salud y al señor Director del Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente, a fin de que se informe respecto de HONORARIOS DE ESPECIALISTAS EN RECURSOS DE HOSPITAL EN PRÓXIMOS TRES AÑOS.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se informe CANTIDAD DE FISCALIZACIONES A TRANSPORTE PÚBLICO DE GRAN CONCEPCIÓN y NÚMERO DE BUSES EN REGIÓN DE BIOBÍO EN PROGRAMA RENUEVA TU MICRO.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, para consultar por RETIRO DE CONTRALORÍA DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE CONCEPCIÓN Y LOS ÁNGELES Y SU REVISIÓN, Y CRITERIOS PARA ESTUDIO DE FUENTES DE EMISIONES FÍSICAS E INDUSTRIALES.
Al señor Subsecretario del Medio Ambiente y al señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente del Biobío, para consultar por RETIRO DE CONTRALORÍA DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE CONCEPCIÓN Y SU REVISIÓN, Y CRITERIOS PARA ESTUDIO DE FUENTES DE EMISIONES FÍSICAS E INDUSTRIALES.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y al señor Director de Tránsito y Transporte Público de Concepción, en cuanto a AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN KILÓMETRO 12 DE CAMINO A CORONEL, ALTURA DE VILLA NUEVA JERUSALÉN, SECTOR LOMAS COLORADAS, SAN PEDRO DE LA PAZ.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío; y, del Grupo Empresa de los Ferrocarriles del Estado S.A., al señor Gerente de Normas, Fiscalización y Medio Ambiente, al señor Gerente de Control y Gestión de Riesgos y al señor Gerente General de Ferrocarriles del Sur, solicitándoles informar sobre NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO RELACIONADOS CON SERVICIO DE BIOTRÉN EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Y al señor Contralor Regional del Biobío, al señor Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío y al señor Director Subrogante del Servicio Salud Arauco, pidiéndoles antecedentes respecto de INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN HOSPITAL PROVINCIAL RAFAEL AVARIA VALENZUELA, DE CURANILAHUE, y dar a conocer NÚMERO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE SE DESEMPEÑAN EN ÉL.
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público y a la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, sobre ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARANIÑOS VÍCTIMAS DE SUPUESTOS MALTRATOS EN RESIDENCIA RELONCAVÍ DE PUERTO VARAS.
Y a la señora Ministra del Deporte y al señor Director Nacional del Deporte, solicitándoles REINCORPORACIÓN DE AJEDREZ COMO JUEGO DEPORTIVO ESCOLAR.

References: artículo 3
 artículo 553
 artículo 196
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 120
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 146
 artículo 145
 artículo 144
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 146
e contrario
 artículo 144
 artículo 146
 artículo 144