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﻿ Sentencia 2012-00189 de diciembre 10 de 2015
SENTENCIA 2012-00189 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. CUANDO UN ABOGADO ACTÚA DE MALA FE HACIÉNDOLES CREER A SUS CLIENTES QUE IBA A CUMPLIR SU PLAN DE DEFENSA JUDICIAL, PESE A QUE MUCHO ANTES DE SUSCRIBIR EL RESPECTIVO PODER CON SU DEFENDIDO PARA ASUMIR LA DIRECCIÓN DEL PROCESO ERA CONOCEDOR DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LO PROMETIDO CONFIGURA LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DESCRITAS EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 30 Y LITERALES B) Y C) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 1123 DEL 2007. ESTE TIPO DE CONDUCTAS PUEDE SER SANCIONADO CON LA EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, ABOGADO
Sentencia 2012-00189 de diciembre 10 de 2015
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE TOLIMA
Rad. 730011102000 2012 00189 01
Acta 101 de la misma fecha 730011102000 - 2012 00189 01
Ref. Apelación fallo sancionatorio.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 196 de 1971, hoy numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
En tal virtud, entra entonces esta Corporación a decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.
Adicionalmente, el análisis de las pruebas en las que se basa el fallo constituye garantía para preservar uno de los principios rectores de la ley disciplinaria cual es la motivación de los actos, pues la decisión definitiva del proceso en torno a la responsabilidad de los implicados, bien sea sancionatoria o absolutoria, solo puede desprenderse de la valoración probatoria.
“(…) Como es de todos sabido, el juez, al realizar la valoración de la prueba, la que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Reacuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. (…)”.
Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo disciplinario. Si se adecua es indicio de que es falta. Si la adecuación no es completa no hay tipicidad.
El artículo 83 superior establece el principio de la buena fe, que quiere decir, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, en igual sentido el artículo 1603 del Código Civil Colombiano determina que Los contratos deben ejecutarse de buena fe.
Los tratadistas y la jurisprudencia consideran que el término mala fe está ligado con una conducta desleal realizada para la obtención de un beneficio. Toda maniobra engañosa, fraudulenta y tramposa está precedida de la mala fe.
El abogado actúa de mala fe cuando en su conducta hay presencia de artificios o engaños, con los cuales se altera la verdad, o se muestra una realidad ficticia y se crean circunstancias especiales inexistentes con los cuales se logra inducir en error o mantener en el mismo a la víctima, esto es, la convence, o la disuade con el propósito de que se equivoque al dar por cierto lo falso, vea ganancia donde hay pérdida; conforme a lo anterior, ésta toma decisiones, se compromete y sigue el sendero trazado por el victimario y así ; lograr el fin perseguido, con el correlativo perjuicio del damnificado.
2.3. La nulidad planteada.
Antes de entrar a resolver el recurso de apelación, procede la Sala a pronunciarse de cara a la solicitud de nulidad planteada por la defensa del disciplinado.
Se cuestionó por parte del recurrente, el hecho de no haberse accedido a la solicitud de unidad procesal propuesta por la defensa del disciplinado, con lo cual en sentir del abogado se vulneró el derecho al debido proceso. Al respecto vale la pena hacer las siguientes precisiones:
El debido proceso es una garantía constitucional instituida en favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial (artículo 29). Consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa. No obstante, debe precisarse que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, es decir sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.
No todo vicio o irregularidad que se presente en el trámite de la actuación disciplinaria, necesariamente tiene el potencial para generar la nulidad de la misma, pues se requiere en todo caso que este o esta sea sustancial, es decir, que afecte de manera evidente el debido proceso, lo que se traduce en el hecho de que al investigado se le hayan desconocido los derechos que le asisten de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.
Es así, como no cualquier irregularidad puede dar lugar a la invalidación del proceso, pues se requiere que ella afecte hondamente las bases del procedimiento, de forma tal que su estructura se quebrante.
En materia de nulidades, se tiene, que:
1. La declaratoria de nulidad no procede ante la presencia de cualquier irregularidad, sino cuando la misma trasciende a la existencia de un vicio irremediable, caso en el cual reclama su reconocimiento por el mecanismo de la nulidad.
2. La nulidad sólo puede ser declarada una vez el funcionario haya constatado que no existe remedio procesal diferente y que la decisión está informada por los criterios señalados en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, por virtud de lo ordenado por el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.
En este orden de ideas, se pueden vislumbrar como irregularidades sustanciales que afectan de manera efectiva el debido proceso, entre otras, las siguientes: 1. La violación de los términos otorgados al implicado para presentar sus descargos; 2. La no práctica de las pruebas conducentes solicitadas por el implicado al presentar sus descargos; 3. La violación del derecho de defensa del implicado, cuando se nombra apoderado de oficio y éste, una vez posesionado, no actúa en procura de salvaguardar los derechos del primero, dejando a la deriva el proceso por su no intervención o descuido;
4. (sic) El no otorgamiento de los recursos establecidos en la Ley para atacar las providencias dictadas dentro del proceso disciplinario;
5. La falta de notificación de las providencias proferidas en el curso de la actuación disciplinaria, de manera que se hagan oponibles al implicado cuando no se le ha dado la oportunidad de conocerlas y controvertirlas en los términos de Ley, etc.
Antes de acometer al análisis de la petición de nulidad, es pertinente ilustrar al abogado defensor, que no toda irregularidad debe llevar necesariamente la existencia de una nulidad sino que, por el contrario, para que ésta se presente se requiere que sea sustancial, es decir, que de manera real afecte el debido proceso o que la persona sea procesada arbitrariamente, con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso consagradas en la Constitución y la ley; por cuanto esta figura está pensada y consagrada como remedio extremo y por ende último. Además, para conocimiento del apelante, las causales de nulidad en la actuación disciplinaria seguida contra abogados se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, estableciéndose en ellas, como vicios del procedimiento, la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo, la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, las cuales en todo caso no basta con alegarlas, hay que demostrarlas.
En el presente asunto se tiene de un lado, que de haber existido la irregularidad denunciada por el abogado recurrente, la misma no tiene la contundencia para anular la actuación disciplinaria y además, la misma fue convalidada en la medida que debió proponerse antes de que se profiriera el fallo de primera instancia y no en este estadio procesal.
El hecho de no decretarse la conexidad o unidad procesal en el trámite de primera instancia no conlleva de manera inexorable la violación al debido proceso o derecho de defensa; por tal razón no se accederá a la solicitud de nulidad deprecada por el recurrente.
2.4 Del recurso de apelación.
Tenemos que el abogado defensor atacó el fallo sancionatorio de primera instancia bajo dos argumentos, y en tal sentido la Sala procederá a pronunciarse respecto de cada uno de ellos.
Considera la defensa del abogado disciplinado, que las pruebas recaudadas en la investigación no cumplieron con el fin de llevar a juez más allá de toda duda razonable, puesto que los testigos de cargos entraron en contradicciones, las cuales se permitió transcribir en el recurso de apelación.
Sobre este tópico, conviene traer a colación algunos apartes de la Sentencia C-244 de 1996, cuyo Magistrado Ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz:
“...El in dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado...”.
Las pruebas acopiadas en la investigación disciplinaria de manera diáfana enseñan que el disciplinado ofreció sus servicios de asesoría e intermediación para la adquisición de unos inmuebles a los quejosos, para tal efecto hizo valer su condición de profesional del derecho, e inclusive se comprometió a el resultado, lo que generó un grado de confianza en los contratantes, así lo detallaron los declarantes, EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ.
Si bien pueden existir algunas contradicciones en cuanto circunstancias de tiempo modo y lugar, tal y como lo resalta el recurrente, lo cierto, es que tales contradicciones no tienen la contundencia para enervar una duda razonable que deba ser absuelta a favor del disciplinado, dado que en lo esencial y fundamental, las testimoniales son contundentes en demostrar que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, actuó de mala fe al hacerles creer que él tenía la facultad de interceder por los quejosos ante entidades públicas y privadas encargadas de rematar los bienes inmuebles objeto de intereses por parte de los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA, HORACIO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO GÓMEZ.
No existe duda sobre la calidad de sujeto disciplinable, puesto que las declaraciones de los señores, EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ coinciden en el hecho de que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA les enseñó la tarjeta profesional al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios, inclusive la señora María Ester Melo Farfan en su declaración dijo, que el disciplinado se presentaba siempre como abogado y que en el medio de los comisionistas era reconocido como el abogado que se encargaba de los remates.
Ahora bien, el hecho que no hubiese existido un poder especial o general, no desvirtúa la relación cliente abogado, pues las testimoniales recaudadasen el presente proceso son lo suficientemente contundentes en señalar que los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO
MARTÍNEZ contrataron al quejoso por su condición de abogado. Y es que no existe prueba que demuestre que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA se dedicaba al ejercicio de comisionista de bienes raíces, véase que el mismo en la versión libre diferencia su labor con la de los comisionistas, entonces no puede considerarse que los contratos que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA celebró con los quejosos eran para el prestar los servicios personales de comisionista.
Las pruebas no generan duda sobre el hecho de la exigencia de dinero por parte del señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA a los denunciantes, como tampoco sobre el incumplimiento de lo prometido.
Al señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, se le sancionó por la incursión en tres faltas disciplinarias a saber:
Las testimoniales enseñan que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, actuó de mala fe no solamente al momento de suscribir los contratos de prestación de servicios con los quejosos sino durante todo el tiempo que los tuvo engañados, haciéndoles creer que iba a cumplir su compromiso, pese a que desde mucho antes, inclusive de la suscripción de los mismos, era conocedor de la imposibilidad de cumplir con lo prometido. Y es que basta con analizar los contratos de prestación de servicios celebrados con los quejosos para concluir que debido a su ambigüedad, los mismos no iban hacer cumplidos.
Los contratos de prestación de servicios hacen parte del ardid que utilizó el profesional del derecho para timar a los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA, HORACIO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO GÓMEZ, por tanto no puede ser considerado como lo pretende el recurrente en un simple incumplimiento de un contrato mercantil, pues se itera, el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, sobrepuso al momento de la celebración de los mismos, su condición de profesional del derecho.
No existe igualmente duda sobre el hecho de haber garantizado como abogado un resultado favorable. Los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ fueron claros en enseñar que el abogado se comprometió inicialmente en un lapso de tiempo a obtener el resultado, que en el caso del señor EGIDIO CAPERA era el de la materialización de la correspondiente compraventa por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y en el caso del señor LUIS HERNANDO GÓMEZ, la cesión de derechos litigiosos del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 350-130604 y con el señor HORACIO MARTÍNEZ se comprometió al igual que con el señor AGAPITO PERDOMO POLANÍA a cancelar el crédito a la Compañía de Gerenciamiento Activos CGA para acceder a un inmueble.
En igual sentido, las pruebas enseñan que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA guardó silencio durante todo el tiempo que sostuvo la relación cliente –a bogado con los quejosos de las implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada; pues nunca les informó que existía otra persona que era la encargada de realizar los trámites.
En este orden de ideas el fallo de primera instancia será confirmado, puesto que el extenso escrito del recurrente no logró desvirtuar la responsabilidad disciplinaria del señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA en cuanto las faltas enrostradas.
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 20 de marzo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima(4), mediante la cual declaró disciplinariamente responsable al profesional del derecho y lo sancionó con EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES por la comisión de las faltas disciplinarias descritas en el numeral 4º del artículo 30 y literales b) y c ) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
4 La Sala de instancia estuvo conformada por los Magistrados JOSÉ GUARNIZO NIETO (Ponente) y CARLOS FERNANDO REYES CORTES.

References: ARTÍCULO 30
 ARTÍCULO 34
 artículo 256
 artículo 81
 artículo 59
 artículo 83
 artículo 1603
 artículo 310
 artículo 16
 artículo 98
in dubio
in dubio
 artículo 30
 artículo 34