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Timestamp: 2020-08-04 23:09:20+00:00

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﻿ Sentencia T-151 de marzo 13 de 2014
SENTENCIA T-151 DE 13 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DEL TRABAJADOR AL APLICAR EL RÉGIMEN ESPECIAL CUANDO ESTE RESULTA MENOS FAVORABLE. SE VULNERAN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL BENEFICIARIO DE UN DOCENTE, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NIEGA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PUES NO APLICA EL RÉGIMEN MÁS FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR COMO EL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES DE LA LEY 100 DE 1993, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE ESTE PARA SU APLICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO AL SISTEMA DE PENSIONES, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, DERECHO A LA IGUALDAD
Sentencia T-151 de marzo 13 de 2014
Ref.: Expediente T-4.130.461
1.2.1. El señor Rodolfo Ardila Suárez convivió en calidad de compañero permanente con el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara desde el 16 de mayo de 2003 hasta el día 5 de diciembre de 2010(2).
1.2.2. La señora María Victoria Portilla Espinosa y el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara eran padres de Juliana Vallejo Portilla, nacida el 16 de abril de 2004(3).
1.2.3. El día 5 de diciembre de 2010 el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara falleció, a raíz de la enfermedad de Linfoma Gástrico asociada con el VIH-SIDA, que padecía hacia algunos años(4).
1.2.4. El señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara se desempeñaba como docente directivo del sector oficial; labores que desarrolló desde el día 21 de octubre de 1999 hasta el 5 de diciembre de 2010, fecha de su muerte(5).
1.2.5. Tras la muerte de su compañero permanente, el señor Rodolfo Ardila Suárez instauró demanda de existencia y disolución de sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, en contra de la señora María Victoria Portilla Espinosa, la cual fue tramitada ante el Juzgado Sexto de Familia de Medellín, que mediante sentencia 278 de 2011 desestimó las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien la Corte Constitucional previamente había solicitado al Congreso regular las implicaciones de la formalización del vínculo de parejas del mismo sexo, al no existir aun regulación alguna, lo solicitado por el demandante resulta improcedente.
1.2.6. El día 6 de noviembre de 2012, el señor Rodolfo Ardila Suárez y la señora María Victoria Portilla Espinosa, en representación de su hija menor Juliana Vallejo Portilla, solicitaron ante la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de Víctor Alfonso Vallejo Vergara en calidad de beneficiarios(6).
1.2.7. Mediante Resolución 161 del 24 de enero de 2013, la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello, negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a los solicitantes, argumentando que en virtud del Decreto 224 de 1972, que regula lo referente a los docentes del sector oficial, el docente fallecido debía acreditar un periodo de servicio continuo o discontinuo de al menos 18 años para acceder al beneficio pensional, y que en el presente caso, el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara se desempeñó como docente directivo por un período de 11 años, 1 mes y 15 días(7).
1.2.8. Actualmente, el señor Rodolfo Ardila Suárez es portador de VIH-SIDA, enfermedad que adquirió durante el periodo de convivencia con quien fue su compañero permanente(8).
1.2.9. Tanto Rodolfo Ardila Suárez en calidad de compañero permanente como Juliana Vallejo Portilla su hija menor de edad, dependían económicamente del señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara al momento de su muerte, pues era este quien les proporcionaba su sustento diario.
2.2. Fiduprevisora S.A.(9). La citada entidad tampoco se pronunció respecto a la presente acción de tutela interpuesta en su contra.
2.3. Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello(10). El Secretario de Educación y Cultura del municipio de Bello, solicitó negar por improcedente la presente acción de tutela, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, para que esta resulte procedente es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
3.1. Sentencia del Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín del 27 de junio de 2013(11).
3.3. Sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 12 de septiembre de 2013(13).
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —arts. 86 y 241, num. 9º— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —arts. 31 a 36(14).
2.2. Legitimación activa. El señor Rodolfo Ardila Suárez y María Victoria Portilla en calidad de respresentante legal de la menor Juliana Vallejo Portilla, son los titulares de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados e interpusieron la acción de tutela a través de apoderado judicial(15).
2.3. Legitimación pasiva. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello como entidades públicas frente a las que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la Constitución Política, resulta procedente la acción de tutela.
2.4. Inmediatez. El señor Rodolfo Ardila Suárez y María Victoria Portilla Espinosa interpusieron acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social, ante la negativa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de reconocer y pagar a su favor la pensión de sobrevivientes del señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara, solicitada mediante comunicación escrita el día 6 de noviembre de 2012 y negada por la entidad a través de Resolución 161 de 24 de enero de 2013.
Teniendo en cuenta que la acción de tutela fue interpuesta el 12 de junio de 2013, se observa que entre la fecha en que fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada y la presentación del escrito de tutela, transcurrió un período de 4 meses y 19 días; término razonable para el ejercicio de la acción(16).
En primer lugar, inclusive al existir un vía ordinaria de protección, la acción de tutela será procedente: “como mecanismo principal y definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para ese tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso en concreto (...) aplica para las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por avanzada edad, mal estado de salud (...)”(17). Así mismo, será procedente “como mecanismo transitorio a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario, idóneo y eficaz cuando es necesario para evitar un perjuicio irremediable (...)”(18).
La jurisprudencia constitucional ha permitido la creación de regímenes especiales para determinados sectores, que por razones de la labor que desempeñan requieren prerrogativas adicionales que garanticen sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la seguridad social(19).
Al respecto, consideró que “la regulación de regímenes especiales de pensiones se ajusta a la Constitución, siempre y cuando establezcan un nivel de protección igual o superior al dispuesto para la generalidad de la población, pues el tratamiento dista de ser discriminatorio en la medida en que favorece a los trabajadores a quien se aplica. Esta regla se complementa con la tesis, según la cual, una persona que es titular de un beneficio prescrito en un régimen especial no puede ser objeto de prestaciones de régimen de género, individualmente consideradas”(20). De esta forma, en aquellos casos donde la aplicación del régimen especial resulte menos favorable frente al régimen general, se configura una violación al principio de igualdad consagrado en la Carta Política(21).
Así las cosas, “la jurisprudencia es clara en señalar que en materia de pensión de sobrevivientes del régimen del Magisterio, el artículo 7° del Decreto 224 de 1972(22) solo debe ser aplicado cuando resulte conveniente para el grupo de beneficiarios del docente. Pero, cuando de la aplicación del régimen especial se produce un tratamiento discriminatorio, se ha de privilegiar la aplicación de los enunciados normativos de la Ley 100 de 1993 que otorga la pensión de sobrevivientes con requisitos menos onerosos(23)”.
Con el fin de verificar sí la aplicación del régimen especial, resulta discriminatoria para el trabajador, la jurisprudencia consagró una serie de requisitos para dar aplicación al principio de favorabilidad; en primer lugar la prestación debe ser separable, en segundo lugar, el beneficio establecido en la regulación especial debe implicar un beneficio inferior al régimen general, y por último no debe existir en el régimen especial un beneficio que logre contrarrestar el desequilibrio que se presenta(24).
Si bien es cierto que el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara ejercía el cargo de docente directivo en una institución educativa, para el caso en concreto la aplicación del régimen especial resulta discriminatoria, pues es claro que la prestación solicitada es independiente a las demás prestaciones del régimen exceptuado, el beneficio establecido es manifiestamente inferior, pues mientras el artículo 7º del Decreto 224 de 1972 “por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”, impone como requisito para acceder a la pensión un término de 18 años de servicio , el artículo 46 de la Ley 100 exige la acreditación de 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores, y finalmente, es evidente la ausencia de beneficio que compense la exigencia establecida.
“1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca; 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez”.
De acuerdo a la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, la declaración de existencia de la unión marital de hecho será a través de “(i)escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes; (ii) acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido; (iii) sentencia judicial”. Sin embargo, resulta necesario distinguir entre dicha declaración cuyo efecto no es constitutivo y el medio de prueba requerido para acreditar la calidad de compañero permanente, pues en virtud del principio de libertad probatoria consagrado en la regulación procesal, no se encuentra sujeto a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente con otra(25).
Si bien el difunto se desempeñaba como docente directivo del sector oficial y en principio debía regirse por la normatividad establecida en el Decreto 224 de 1972 “por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”, considera la Sala que la aplicación de dicha disposición resulta menos favorable para el accionante que lo establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que la prestación solicitada es independiente a las demás prestaciones del régimen exceptuado, el beneficio establecido es manifiestamente inferior, pues mientras el artículo 7º del Decreto 224 de 1972 impone como requisito para acceder a la pensión un término de 18 años de servicio, el artículo 46 de la Ley 100 exige la acreditación de 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores, y finalmente, es evidente la ausencia de beneficio que compense la exigencia establecida.
De esta forma, encuentra esta Sala de Revisión que la negativa por parte de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de Víctor Alfonso Vallejo Vergara a favor de Rodolfo Ardila Suárez y Juliana Vallejo Portilla, vulnera sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social; razón por la cual la Sala decide dejar sin efectos la Resolución 161 del 24 de enero de 2013 que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín del 12 de septiembre de 2013 que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín de fecha 27 de junio de 2013, que negó por improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER la tutela de derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social de Rodolfo Ardila Suárez y Juliana Vallejo Portilla.
2. Dejar sin efectos la Resolución 161 del 24 de enero de 2013 expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello, que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Rodolfo Ardila Suárez y Juliana Vallejo Portilla.
3. ORDENAR a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de esta sentencia, aplicando la Ley 100 de 1993, reconozcan de manera inmediata el derecho a la pensión de sobrevivientes del señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara, en favor de Rodolfo Ardila Suárez y Juliana Vallejo Portilla, a partir de la fecha de la solicitud de la pensión.
(1) Acción de tutela presentada el doce (12) de junio de 2013. (Fls. 2 a 281).
(2) Folios 11 a 15.
(3) Folio 22
(4) Folio 20 y folios 216 a 249.
(5) Folios 30 a 33.
(6) Folios 23 y 24.
(7) Folios 25 a 29.
(8) Folios 34 a 215.
(9) Mediante auto del 13 de junio de 2013 el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín, vinculó de oficio y por pasiva a la presente acción de tutela a la Fiduprevisora S.A, como entidad administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(10) Folio 287 a 291. Posteriormente, mediante auto del 18 de junio de 2013, el mismo Juzgado decidió vincular de oficio y por pasiva a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello (Antioquia), por ser la entidad que emitió la resolución que negó el reconocimiento del derecho pensional solicitado
(11) Folios 292 a 296.
(12) Folio 302.
(13) Folios 306 a 308.
(14) En Auto del catorce (14) de noviembre de 2013 la Sala de Selección de tutela Número Once de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
(16) De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
(17) Sentencia T-630 de 2006.
(18) Sentencia T-630 de 2006.
(19) Sentencia C-461 de 1995.
(20) Sentencia T-547 de 2012.
(21) Sentencia C-461 de 1995.
(22) “Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”.
(23) Sentencia T-121 de 2014.
(24) Sentencia T-080 de 1999.
(25) Sentencia T-667 de 2012.

References: Resolución 
 artículo 86
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 artículo 7
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 artículo 46
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