Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122009000200003
Timestamp: 2020-04-08 14:29:43+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000200003
Revista Ius et Praxis, 15 (2):51-779, 2009
EL MATRIMONIO RELIGIOSO EN EL RÉGIMEN JURÍDICO CHILENO: EL SISTEMA MATRIMONIAL CONSAGRADO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 19.947*
RELIGIOUS MARRIAGE IN THE CHILEAN JURIDICAL REGIME: THE MARRIAGE SYSTEM UNDER THE ARTICLE 20 OF THE LAW N° 19.947
Doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza. Profesor de Ciencias del Derecho y Derecho Civil, Universidad de Talca, Chile. Correo electrónico: jlp@utalca.cl
El Derecho matrimonial chileno ha sido objeto de una reforma de gran magnitud, como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Matrimonio Civil, de 2004. Una de las instituciones más relevantes, introducidas por la reforma, ha sido el reconocimiento legal de efectos civiles al matrimonio celebrado en forma religiosa, sustituyendo el sistema de matrimonio civil obligatorio vigente desde 1884, por el sistema facultativo de tipo anglosajón o protestante. Este trabajo proporciona una visión de conjunto de la institución del matrimonio religioso en Chile, entregando los antecedentes del contexto material de la ley, señalando las características del sistema de reconocimiento civil del matrimonio celebrado en sede eclesiástica, indicando la regulación de sus requisitos y en especial la exigencia de personalidad jurídica de Derecho público requerida a las entidades religiosas, el procedimiento legal para la celebración del matrimonio religioso y una referencia analítica a la producción de efectos civiles.
Derecho matrimonial - matrimonio religioso- Ley de matrimonio civil
Chilean Marriage Law has suffered a great change, as a result of the approval and application of the 2004, new Civil Marriage Law. One of the most relevant institutions brought in by the reform, has been the recognition of civil effects to the religious marriage, replacing the obligatory civil marriage system, used since 18 84, by the Anglo-Saxon protestant facultative system. This work gives a global vision of religious marriage in Chile, providing the context law backgrounds, pointing out the civil recognition system characteristics for marriages celebrated in ecclesiastics sees, indicating its requisites regulation, specially the religious institutions requirements of being a juridical person of Public Law, the legal procedure to the marriage celebration and civil effects production analysis.
Marriage Law- Religious Marriage- Civil Marriage Law
La nueva Ley de Matrimonio Civil (NLMC), de 20041, introdujo modificaciones sustantivas en el sistema matrimonial chileno, establecido precedentemente en la Ley de Matrimonio Civil de 1884, la cual enmarcada materialmente en el escenario emergente tras las disputas de competencia entre el Estado y la Iglesia católica, hacia fines del siglo XIX, reivindicó para el Estado chileno la regulación civil del matrimonio, negando validez al matrimonio religioso -particularmente en su expresión canónica- durante más de un siglo, penalizando incluso su precedente celebración al matrimonio civil.
Junto con la introducción del divorcio vincular y la procedencia de la compensación económica, el reconocimiento legal de efectos civiles al matrimonio celebrado en forma religiosa, constituyó una de las novedades institucionales relevantes en el campo civil, modificando una tradición latamente asentada que, en gran medida, perdería impacto mediático frente a la magnitud social -antes que jurídica- de la aprobación legislativa del divorcio en el ordenamiento civil chileno.
La aprobación de la nueva institución, generó una amplia polémica, la cual en los momentos más álgidos del debate legislativo, dejó entrever un inesperado retorno a cuestiones históricas aparentemente superadas, pero que la fuerza de la realidad contingente obligó a considerar nuevamente aunque con otra perspectiva. Esta exigió a los actores sociales y políticos, un esfuerzo mayor para entender y luego asumir la incidencia de los factores sociales y culturales, que habían modificado de un modo determinante el contexto material de la aprobación normativa, claramente diferente de aquel que había facilitado el acuerdo en torno al derogado sistema de matrimonio civil obligatorio, sustituido como se verá, por el sistema facultativo o de tipo anglosajón.
La introducción del matrimonio religioso con efectos civiles, no había sido considerada en el proyecto de ley sobre Nueva Ley de Matrimonio Civil originalmente discutido y aprobado por la Cámara de Diputados2, toda vez que el esfuerzo parlamentario se había concentrado notoriamente en la discusión sobre la regulación de las rupturas matrimoniales y la introducción del divorcio. Sin embargo, la paralización de la tramitación legislativa tras la aprobación del proyecto en la Cámara, determinó la búsqueda de acuerdos alternativos en instancias extraparlamentarias, que permitieran destrabar la discusión del proyecto, tras lo cual el proyecto de ley regresó al seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (CCC JR), en donde un extendido debate daría finalmente a luz a la nueva institución3.
Al respecto, debe destacarse la importancia que tuvo la mesa de trabajo Gobierno-Iglesia para destrabar la tramitación del proyecto de NLMC, paralizada tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Esta instancia de diálogo entre abogados especializados en Derecho matrimonial, había constituido un primer encuentro formal de las posiciones sostenidas por la Iglesia y el Gobierno en la materia, emitidas hasta ese entonces en vías paralelas, y muchas veces en abierta confrontación.
Sin perjuicio de sus resultados conocidos, recogidos en la indicación sustitutiva del Ejecutivo4, lo cierto es que la regulación ofrecida por el proyecto reformado, no habría de dejar satisfechas a las partes, comprometidas con sus propias posiciones de principio, en lo que respecta al aspecto político medular de la reforma: la introducción del divorcio vincular. Pese a voluntad favorable de los actores involucrados, las críticas al proyecto no se hicieron esperar, atacando por un lado la incorporación del divorcio y, por el otro, criticando las insostenibles trabas puestas en el camino del divorcio legal.
El proyecto inició su discusión en el Senado, avanzando con rapidez hacia la discusión en particular de las causales de terminación del matrimonio. Sin embargo, la inclusión del divorcio, originalmente previsto por sus impulsores sólo en la modalidad de concurrencia de falta imputable a un cónyuge y, dependiendo de alineaciones contingentes favorables no previsibles en dicho momento, el mutuo consentimiento con grandes restricciones, había llegado a un punto en que la discusión discurría derechamente hacía la aprobación del divorcio por voluntad unilateral, fuertemente cuestionado por la Iglesia Católica por su asimilación al repudio, y anunciando un problema político de cierta magnitud que afectaría cruzadamente a la alianza de gobierno.
Este punto, de gran tensión para los parlamentarios católicos, fue resuelto con la propuesta aprobada por la Comisión el 16 de septiembre de 2002, que reconocía efectos civiles al matrimonio celebrado en forma religiosa, con los votos favorables de los senadores Moreno, Chadwick, Abulto y Espina, y el voto en contra del senador Silva Cimma. En el origen de la indicación, reconocían sus apoyos, nueve senadores del PDC y uno del PS5.
La propuesta aprobada, en lo principal, permitía que las personas que contrajeran matrimonio por una denominación religiosa, cuya organización gozara de personalidad jurídica de Derecho público, pudieran en el plazo de 30 días, inscribir dicho matrimonio en el Registro Civil, adquiriendo validez legal a partir de ese hecho. Quienes no pertenecieran a una organización religiosa, o que, sencillamente, no desearan usar esa fórmula, podrían hacerlo por la vía civil tradicional, vale decir, celebrando el matrimonio en la forma estrictamente civil. Las normas que regirían el matrimonio serían todas las consideradas por la ley civil, permitiendo que incluso las personas de religión católica pudieran acceder al divorcio, si así lo estimaran luego necesario, para recabar judicialmente la cesación de los efectos civiles del matrimonio que hubiere fracasado.
¿Qué había ganado la Iglesia Católica con la propuesta? En una primera lectura, una apreciación temprana sin duda arrojaría un resultado discreto, ya que el matrimonio celebrado en sede eclesiástica, igualmente deberá cumplir con las normas civiles para su validez, en especial las que disponen la ratificación del consentimiento y la inscripción en el Registro Civil. Además, los católicos cuyo matrimonio religioso hubiere sido reconocido tras el cumplimiento de los requisitos comunes a ambas formas de celebración, no tendrían restricción especial alguna derivada de esta adscripción religiosa, para demandar el divorcio.
Sin embargo, para apreciar la importancia de la norma aprobada, es preciso situarse en la perspectiva de la Iglesia Católica, ya que sobre esta base adquiere relevancia la valoración asignada a la precedencia del matrimonio religioso. En efecto, asumiendo que para un católico observante, el matrimonio válido es aquel regido por el Derecho canónico -el que exige prestar el consentimiento a un matrimonio indisoluble- se expone la cuestión de una eventual colisión normativa, por no existir ya una tutela civil de la indisolubilidad extrínseca, tras la inclusión del divorcio entre las causales de terminación del matrimonio, derivando así como factible la posibilidad que el vínculo matrimonial pueda ciertamente ser disuelto civilmente. Al respecto, la norma del artículo 20 de la NLMC, determina que en estricto rigor, quienes se "casen por la Iglesia", contraerán un solo matrimonio, indisoluble de acuerdo a la subsistente definición de matrimonio contenida en el artículo 102 del Código civil, pues el acto posterior al momento constitutivo del matrimonio, exigido por la ley, es de ratificación y no un nuevo acto de consentir, ahora en sede civil. Con ello se termina la colisión entre el orden normativo jurídico y el religioso, pues se habrá celebrado un solo matrimonio, indisoluble en su origen, para el contrayente que adhiera a las prescripciones religiosas católicas.
Las opiniones críticas a la inclusión de la nueva institución no se hicieron esperar, resaltando los detractores tanto un supuesto carácter de compensación a la Iglesia católica por la aprobación paralela del divorcio, hasta el hecho de ser el resultado de un inaceptable lobby eclesiástico ante los parlamentarios católicos. En la vereda opuesta, valorando la nueva institución, hubo apoyos explícitos de sectores relevantes de la propia Iglesia Católica6 y algunos provenientes de otras entidades religiosas7.
Sin perjuicio de estos apoyos y rechazos cruzados, merece particular atención una fuerte crítica a la institución del matrimonio religioso, proveniente de sectores supuestamente afines a la Iglesia Católica, expuesta destacadamente en uno de los principales medios de prensa del país, el cual solo algunos meses antes de reiniciarse el debate en el seno de la CCLJR del Senado, ya había anticipado señales de apoyo a la inclusión del divorcio, refrendadas con ocasión de esta nueva opinión, ahora con ocasión de la discusión del reconocimiento civil del matrimonio religioso..
En efecto, el editorial del diario El Mercurio del viernes 18 de octubre de 2002, bajo el título "Regulación del matrimonio", alabó como pasos claros y en la dirección correcta, la aprobación por parte de la CCLJR, de las causales de procedencia del divorcio vinculadas a la culpa de un cónyuge, al mutuo consentimiento y a la voluntad unilateral, calificando la fórmula como "un esquema razonable de causales". Luego de ello, el editor critica duramente la indicación del Ejecutivo para dar valor civil a los matrimonios religiosos, calificándola como una norma sin sentido, poco clara y que tenía por efecto desviar a la Comisión "de la ruta clara que venía recorriendo". Ante ello, cierra el editorial con un llamado que deja totalmente clara la posición del periódico: "Dispuestos al divorcio, los legisladores deberían encaminar sus pasos al diseño de una legislación razonable, preocupada por el interés del divorciado más débil y de los hijos. Ése, y no otro [¿el matrimonio religioso?], parece ser el objetivo fundamental del proyecto"8.
La importancia de este medio escrito en la creación de opinión pública es indudablemente relevante, como indudable también es el hecho que su línea editorial convoca e interpreta tradicionalmente a los sectores más conservadores de la sociedad chilena, incluyendo en ella a una parte importante de los católicos, sorprendiendo por tanto la adopción de una posición tan alejada de la opinión de los obispos. Las razones para explicar la postura asumida por El Mercurio, pueden encontrarse tanto en el origen de la indicación cuestionada, en partidos políticos vinculados al Gobierno y no en la oposición de la época, como también en un cambio notable en las valoraciones de los grupos empresariales, históricamente vinculados a este medio de prensa, los que habrían asumido en mayor grado los principios liberales, al menos en lo que a la consideración de las rupturas matrimoniales y su regulación se refiere. De aquí entonces la orfandad de apoyos en relación con la moción, causa de un desequilibrio que terminaría por afectar la posición de la Iglesia en la materia, brindando a la vez un notorio impulso a la aprobación del divorcio en Chile.
La tramitación posterior de la norma, determinó la disminución del plazo original de treinta días para ratificar el consentimiento, a solo ocho días, con el objetivo de evitar las dificultades prácticas que podrían producirse, en el intervalo que media entre la fecha de celebración del matrimonio religioso y el momento de la ratificación9, al tiempo que en base a una propuesta del senador Silva Cimma, se impidió la aplicación de la norma general que rige el matrimonio por mandatario en el ámbito civil, incluyendo una norma especial indirecta que la impide en el caso del matrimonio religioso10.
Tras la aprobación de la ley, en marzo de 2004, el Cardenal Errázuriz se refirió a la aprobación del matrimonio religioso, valorándolo como un camino abierto para quienes optaran por contraer un matrimonio para toda la vida, es decir, no divorciable. En una conversación con periodistas, el Cardenal reiteró que no había existido una presión a los legisladores para lograr la aprobación del matrimonio religioso, toda vez que los parlamentarios podrían haber optado por otra vía que resguardara los derechos de los católicos, sin afectar la libertad de legislar. Finalmente, en la misma oportunidad, señaló la especial importancia que tenía la nueva institución para la Iglesia Católica, prioridad que no tenía en otras entidades religiosas11.
Las intervenciones reiteradas del senador Silva Cimma sobre la materia, claramente opositoras, justifican un comentario en particular. En efecto, ellas revistieron un carácter de verdadera cruzada laica en contra de la revalorización del hecho religioso en la sociedad chilena, contrariando incluso los principios de tolerancia y respeto a una visión plural de la sociedad que alegaba defender. Recogidas en el Segundo Informe de la CCLJR, las opiniones del senador institucional trasuntaban significativamente la perspectiva asumida por los sectores laicos sobre la materia, explicando sus prevenciones recurrentes, al indicar que "no puede concurrir a aprobar una institución que contradice abiertamente la concepción laica del Estado de Chile, que viene desde la Constitución de 1925"12.
Desarrollando su opinión, los argumentos pueden ser ordenados en dos bases. La primera, destacaba la necesidad de preservar el principio ordenador del Estado laico, recurriendo a planteamientos principalmente históricos, que no consideraban la valorización contemporánea de la dimensión religiosa, aspecto que sin duda ha de tenerse presente en el plano de la cautela de los derechos fundamentales, adquiriendo mayor fuerza justamente en la aspiración de construir una sociedad plural. Sin embargo, debe necesariamente distinguirse una legítima opción de rechazo a la intromisión de una entidad religiosa que pretenda monopolizar las creencias de una comunidad frente al Estado, de quien reclama además el privilegio de la exclusividad en el trato brindado, de otra que promueva, apoyada en la coacción estatal, un acto de relegación de una dimensión importante del ser humano, como son las creencias religiosas, a un rincón secundario de la consideración pública, motivado en disputas de bicentenaria data.
La segunda base es igualmente desechable e improcedente, pues manifiesta un desconocimiento de la presencia social y complejidad de la realidad religiosa, inadmisible en un legislador que se inscribe en una corriente ideológica que promueve la libertad del pensamiento humano, como es el caso de la Socialdemocracia. En efecto, señala el senador, que la aprobación de la institución entraña que "al Estado laico se le introduce una cuña muy peligrosa, sobre todo porque le hace perder seguridad a la institución del matrimonio, por la gravedad que entraña el cúmulo de entidades que pueden casar legalmente". Complementa lo dicho, afirmando que "quiebra el principio y derecho a la igualdad, porque resulta que, de cien personas, va a haber un número "equis" que dice nos casamos por este rito; otro, por este otro. Entonces -concluye el senador- se va a crear una anarquía y un desconcierto". Finalmente, requerido a precisar los problemas mayores de la fórmula aprobada, responde con una interrogante cuya respuesta él mismo brinda, expresando a plenitud sus temores: "¿Sabe usted cuántas religiones o ritos tienen existencia legal en la actualidad? Yo se lo digo: cuatrocientos siete. Lo que significará que igual número de confesiones religiosas va a poder celebrar un matrimonio válido. Eso me parece gravísimo, porque es una puerta de apertura a la consumación de irregularidades y de fraudes, a una cantidad de problemas inconmensurables, que no se pueden clarificar previamente con una iniciativa de esta índole. Y, además, porque esta idea significa reemplazar el matrimonio como función primordial del Estado"13.
Frente a lo expuesto por Silva Cimma, cabe consignar algunas interrogantes. En primer lugar, ¿corresponde al Estado regular el número posible de entidades religiosas? Al respecto, sostenemos que al igual que ocurre con la regulación de la constitución de las personas jurídicas de Derecho privado, el principio de autonomía social debe ser plenamente respetado, no siendo permitido por tanto al Estado y sus agentes, cuestionar la libertad de pensamiento y creencias -principio informador del orden social y político- instaurando un criterio arbitrario de limitación del número de entidades, cuando sus postulados, ritos y creencias no son de nuestro particular agrado.
Respecto de una segunda afirmación efectuada por el senador, en el sentido de asumir como un presupuesto válido a considerar, que su diversidad conlleva "una puerta de apertura a la consumación de irregularidades y de fraudes", corresponde básicamente consignar que este juicio de valor es insostenible en una sociedad que asume como información imprescindible el carácter plural de su conformación. En los aspectos particulares, llama profundamente la atención el tipo de argumento empleado para enervar una propuesta institucional que, se supone, beneficia a la Iglesia Católica, toda vez que esta cita argumental fue la misma promovida por sectores afines a la Iglesia para aprobar la Ley sobre constitución jurídica de ¡as iglesias y organizaciones religiosas, en 1999, habiéndose considerado al fragor del debate que implicaría la profusión incontrolada de entidades religiosas reconocidas legalmente. En tal perspectiva, no debe constituir objeto de preocupación de los agentes del Estado, limitar o poner trabas a los actos de los ciudadanos tendientes a crear soportes jurídicos de sus organizaciones religiosas, amparadas justamente en la libertad de conciencia y culto. En lo segundo, la historia demuestra justamente lo contrario. Solo en el período histórico de irrupción de la cuestión laica, afines del siglo XIX, el matrimonio es un asunto primordial del Estado, por imperativo de la conclusión de la construcción de un Estado nacional. En la actualidad, la sociedad política reconoce los espacios de libertad para que los ciudadanos, en base a sus creencias, ordenen su vida privada sin interferencia estatal, dentro de un marco de cautela de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre con las minorías religiosas en el caso en estudio.
Finalmente, se ha comentado la posición sostenida por el senador Silva Cimma, por haber sido quien lideró la oposición parlamentaria a la aprobación del matrimonio religioso, junto con el senador Parra, de igual filiación política. Sus esfuerzos tuvieron cierto éxito, al imponer severas restricciones a la institución, afectando su viabilidad material y, en definitiva, disminuyendo un espacio de libertad pública para el ejercicio de derechos fundamentales no discutidos, sin más justificación, a la vista de su aplicación posterior, que los temores de base histórica de un parlamentario con un fuerte prejuicio anticlerical.
3. REGULACION DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ CIVIL DEL MATRIMOBNIO CELEBRADO EN SEDE ECLESIASTICA.
Como ya se ha expresado, algunos sectores opuestos a la introducción del divorcio vincular en el nuevo ordenamiento matrimonial, intentaron lograr apoyo para instaurar un sistema facultativo de tipo latino o católico, caracterizado por el reconocimiento legal de dos matrimonios sustancialmente distintos, regidos también por dos ordenamientos jurídicos diferentes, pero no logró respaldo parlamentario. Sin embargo, el esfuerzo se tornó infructuoso, toda vez que las negociaciones de los distintos actores involucrados, tuvieron como resultado la aprobación de una normativa que se encuadra en el sistema facultativo de tipo protestante14, el cual, como ya se ha señalado, consagra un único matrimonio -el civil- con una dualidad de formas de celebración igualmente válidas. La inobservancia de las normas fundamentales lleva aparejada una sanción penal15.
El reconocimiento del matrimonio religioso, es regulado en el artículo 20 de la NLMC16, el cual prescribe lo siguiente:
"Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán ¡os mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil. El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, y la fecha de su celebración, deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno. El Oficial del Registro Civil verificará el cumplimiento de los requisitos legales y dará a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a esta ley. Los comparecientes deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. De todo lo anterior quedará constancia en la inscripción respectiva, que también será suscrita por ambos contrayentes. Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones. Los efectos del matrimonio así inscrito se regirán, en todo, por lo prescrito en esta ley y en los demás cuerpos legales que se refieren a la materia".
Por tanto, los requisitos exigidos para la validez civil del matrimonio religioso, celebrado en sede eclesiástica, son los siguientes:
a) Celebración ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de Derecho público, es decir, ante aquellas entidades religiosas constituidas en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.638, y también aquellas a las cuales se las ha reconocido esta calidad preexistente, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de este mismo cuerpo legal.
b) Cumplimiento de los requisitos civiles, contemplados en la Ley de Matrimonio Civil, en especial lo prescrito en el Capítulo II, referido a los requisitos de validez del matrimonio17, el cumplimiento de las diligencias para la celebración del matrimonio y, en la especie de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de Derecho público, la norma del artículo 20. En síntesis, aplican a la celebración de matrimonios religiosos con efectos civiles los párrafos 1 °, 2o y 4o del Capítulo II, excluyendo por tanto las normas contenidas en el párrafo 3 o, que se aplican exclusivamente a la celebración de los matrimonios exclusivamente civiles. En lo que respecta a los ritos nupciales específicos cuyo cumplimiento disponga una entidad religiosa, la ley no los regula, entendiendo que su aplicación depende exclusivamente de las normas internas de dicha entidad, denominadas de derecho eclesiástico particular. Sus límites son los comunes al ordenamiento, vale decir, que respeten el orden público, la moral y las buenas costumbres.
c) Celebración ante un ministro de culto habilitado para celebrar el matrimonio, quien deberá ser acreditado por la autoridad de la respectiva entidad religiosa y en conformidad a los procedimientos establecidos en aplicación de su autonomía. En el acta que deberá ser levantada tras concluir la celebración, deberá constar el nombre y apellido del ministro de culto y su número de cédula de identidad, debiendo adjuntarse a ella el documento que acredite la personería del ministro de culto, otorgada por la autoridad de la entidad religiosa de acuerdo a sus normas internas.
d) Levantamiento de un acta matrimonial por parte de la entidad religiosa, en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las siguientes exigencias que la ley establece para su validez. En primer lugar, la individualización de la entidad religiosa ante la cual se celebró el matrimonio, con expresa mención del número con el cual fue ingresada en el Registro de entidades religiosas de Derecho público -número de registro-o de la ley que reconoció a la confesión religiosa la personalidad jurídica de Derecho público, cuando se trate de aquellas entidades amparadas por el artículo 20 de la Ley 19.63 8. En segundo lugar, el nombre y los apellidos paterno y materno de los contrayentes, así como sus números de cédula de identidad; su estado civil de soltero, divorciado o viudo, y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquel con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente. En tercer lugar, el nombre y apellido del ministro de culto y la autorización respectiva de la entidad religiosa a la cual éste pertenece, para celebrar el matrimonio. En cuarto lugar, la constancia de celebración del matrimonio, su fecha, la individualización de los testigos y el hecho de haberse cumplido las exigencias establecidas en la ley para la validez del matrimonio civil. Las exigencias de validez, a las cuales se alude precedentemente, aluden a la diferencia de sexo de los contrayentes, su mayoría de edad, no tener impedimento de ligamen válido no disuelto, no estar privados los contrayentes del uso de razón, no padecer de un trastorno o anomalía psíquica que incapacite para formar la comunidad de vida exigida por el matrimonio, disponer de juicio suficiente o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, ser capaces para expresar claramente la voluntad, no existir parentesco en los términos exigidos por la ley, no tratarse de matrimonio entre cónyuge sobreviviente y el imputado por homicidio de su ex cónyuge y que exista un consentimiento exento de vicios, referidos a error o fuerza18.
e) Presentación personal del acta ante un Oficial Civil para su inscripción. El acta que otorga la entidad religiosa, en la que se acredite la celebración y el cumplimiento de las exigencias legales, deberá ser presentada por los propios contrayentes, ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno.
f) Verificación del cumplimiento de los requisitos legales e información referida a los efectos civiles del matrimonio por parte del oficial civil. El Oficial del Registro Civil, en el acto en que se le presenta el acta del matrimonio celebrado en sede eclesiástica, verificará el cumplimiento de los requisitos legales19, dará a conocer a los requirentes los derechos y deberes que el matrimonio civil implica para los cónyuges20, les informará sobre los regímenes patrimoniales matrimoniales21 y, en forma privada, les manifestará que pueden reconocer a los hijos comunes nacidos antes del matrimonio22. En síntesis, cumplirá las actuaciones referidas a informar los efectos civiles del matrimonio.
g) Ratificación del consentimiento prestado por los contrayentes en sede eclesiástica. En el mismo acto en el que se le presenta el acta del matrimonio celebrado en sede eclesiástica al Oficial Civil, los cónyuges ratificarán el consentimiento prestado ante el ministro de culto de la entidad religiosa en la cual celebraron el matrimonio. En perspectiva de los efectos civiles que se pretenden, quienes ratifican el consentimiento serían contrayentes.
h) Inscripción del matrimonio por el Oficial Civil. Finalmente, tras sucederse consecutivamente las actuaciones precedentes, el Oficial del Registro Civil debe proceder a realizar la inscripción, dejando constancia de lo obrado. El matrimonio producirá efectos civiles desde su inscripción ante un oficial del Registro Civil. Sin embargo, el matrimonio debe entenderse perfeccionado desde el momento de la prestación del consentimiento, sin perjuicio de la sede civil o eclesiástica, en la cual éste se exprese o manifieste.
4. LA CELEBRACION ANTE ENTIDADES RELIGIOSAS QUE GOCEN DE PERSONALIDAD JURIDICA DE DERECHO PUBLICO COMO REQUISITO DE VALIDEZ.
La ley exige que el matrimonio deba ser celebrado ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de Derecho público, por lo que quedan excluidas todas aquellas organizaciones religiosas, que hayan tramitado y obtenido personalidad jurídica de Derecho privado, como era lo habitual antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.638.
La citada ley, que dicta Normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, fue promulgada el 1 de octubre de 1999, brindando sanción legal a una aspiración histórica de igualdad jurídica de trato por parte del Estado, reclamada como un derecho por las confesiones minoritarias de raíz protestante evangélica, principalmente, amparadas en el principio de libertad religiosa consagrado constitucionalmente en el artículo 19 n° 6° de la Carta Fundamental23. Esta ley, conocida como Ley de Cultos, constituye un precedente legislativo ineludible de la regulación del matrimonio religiosa en la NLMC. Al 30 de mayo de 2009, 1.440 entidades religiosas gozaban de personalidad jurídica de Derecho público, pudiendo en consecuencia celebrar matrimonios religiosos susceptibles de reconocimiento civil, en conformidad a la ley24.
Entre las entidades que actualmente gozan de personalidad jurídica de Derecho público y que pueden celebrar matrimonios religiosos, es pertinente realizar las siguientes distinciones.
Respecto de la situación de la Iglesia Católica y en general, de las entidades amparadas por el artículo 20 de la ley N° 19.638, la diferente concepción del matrimonio sostenida por las organizaciones religiosas, basadas en las naturales diferencias sobre la materia derivadas de sus fundamentos teológicos, explica la dispar posición que, frente a la aprobación de la norma que consagra el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio religioso, sostuvieron estas entidades. Sin embargo y fuera de toda duda, el interés mayor por lograr este reconocimiento, fue manifestado por la Iglesia Católica, principalmente porque la persona que adhiere a la religión católica y contrae un matrimonio canónico, realiza un acto sustantivo y solemne, preparado con seriedad y que supone una profunda manifestación de fe religiosa. Por ello, incluso, existió una iniciativa -que no prosperó en su consideración por el Ministerio de Justicia-tendiente a restringir el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio solo a aquellas entidades religiosas que manifestaren interés en obtenerlo, no indiscriminadamente25.
En lo que respecta a la celebración de ¡os matrimonios por parte de ¡a Iglesia Católica, el artículo 20 reconoce efectos civiles al matrimonio canónico, siempre que se cumplan las disposiciones legales26.
El origen que se reconoce del matrimonio civil chileno, en el Derecho Canónico, determina que las formalidades tiendan a ser coincidentes o al menos similares, especialmente en lo que respecta a su rigurosidad. Las normas que rigen la celebración del matrimonio religioso católico se rigen por las disposiciones del Código de Derecho canónico (CIC)27, pudiendo la Conferencia Episcopal de Chile establecer normas sobre el examen de los contrayentes, así como sobre las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio, de manera que diligentemente observadas, pueda el párroco asistir al matrimonio28.
El Código de Derecho canónico establece que antes de que se celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Luego, para que el matrimonio sea válido, debe asistir al mismo un testigo calificado -ordinariamente un ministro sagrado-para que pida y reciba en nombre de la Iglesia el consentimiento de los contrayentes y, además, dos testigos29. Establece el canon 1108: "§ 1. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen, y quedando a salvo las excepciones de que se trata en los ce. 144, 1112 § 1, 1116 y 1127 §§ 1 y 2. § 2. Se entiende que asiste al matrimonio sólo aquel que, estando presente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la Iglesia. Por tanto, el ministro sagrado es el Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asista".
Para contraer válidamente el matrimonio, es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en persona o por medio de un procurador. En cuanto a la forma válida de celebración nupcial, ésta consiste en la manifestación del consentimiento matrimonial por parte de los contrayentes, ante un testigo cualificado -habitualmente un sacerdote con las licencias necesarias- quien pide y recibe tal consentimiento en nombre de la Iglesia, y ante dos testigos. Sin embargo, más allá de las formas, lo que distingue al matrimonio en el seno de la Iglesia Católica, es que el centro lo constituye la manifestación del consentimiento matrimonial de los esposos30.
La posición oficial de la Iglesia Católica frente a la nueva institución, fue de valoración positiva de la nueva institución, pese a algunas opiniones disidentes importantes, pero minoritarias, cuyas expectativas estaban centradas en el reconocimiento civil del sistema matrimonial opcional o, al menos, de las sentencias canónicas de nulidad, iniciativas que no
prosperaron. Esta posición mayoritaria se expresó en el órgano oficial de la Conferencia Episcopal de Chile, consignando la grave responsabilidad y el enorme desafío pastoral que el artículo 20 de la NLMC representaba para la Iglesia, advirtiendo sobre el riesgo que implicaba desperdiciar la oportunidad reconocida por la ley, ya fuere porque no se obtuvo todo lo que era esperable obtener o porque introduciría obligaciones adicionales a las habituales para los clérigos31.
En el caso de la Iglesia Ortodoxa, es necesario recordar que una de las expresiones patriarcales, correspondiente a Antioquia, ya gozaba del estatuto privilegiado que le confería el reconocimiento de la personalidad jurídica de Derecho público, desde 1972, razón por la cual la nueva norma no generaba mayor interés, unido al hecho que el elemento imprescindible de la ceremonia matrimonial la constituye la bendición del sacerdote a los contrayentes que ya han manifestado su consentimiento, siendo para los fieles de estas iglesias la única forma de casarse.
En lo que respecta a la situación de las entidades religiosas minoritarias, éstas pueden celebrar matrimonios religiosos con validez civil, en tanto hayan obtenido la calidad de entidades religiosas con personalidad jurídica de Derecho público. Es pertinente recordar que la Ley 19.638, ha permitido que puedan gozar del estatuto de personas jurídicas de Derecho público, no sólo las iglesias cristianas evangélicas -de tradición histórica y pentecostal- sino también todas aquellas confesiones religiosas no cristianas que así lo soliciten y que cumplan además con los requisitos establecidos por la ley.
Hasta la fecha, han obtenido reconocimiento en esta calidad y por lo tanto se encuentran habilitadas para celebrar matrimonios religiosos con eventuales efectos civiles, entidades religiosas protestantes históricas, como la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbiteriana, diversas expresiones de las iglesias Bautistas y la Iglesia Metodista; un gran número de iglesias de la vertiente pentecostal -mayoritaria entre los protestantes evangélicos chilenos- con presencia en todo el territorio nacional; la comunidad islámica32; la comunidad judía33; diversos grupos budistas; los Testigos de Jehová; la Iglesia de Jesucristo de ¡os Santos de ¡os Últimos Días (Mormones)34 y un conjunto de otros grupos religiosos con menor presencia territorial.
De las comunidades religiosas con personalidad jurídica de Derecho público, pese a estar legalmente habilitadas, no ha existido iniciativa de orientación oficial para celebrar previamente la ceremonia religiosa, sino que por el contrario, las entidades corporativas de la comunidad evangélica como el Consejo de Organizaciones Evangélicas de Chile (COE) primero y la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas, con posterioridad, han realizado llamados públicos para mantener la secuencia tradicional que ha caracterizado la realización de los matrimonios en el país, en orden a celebrar primero la ceremonia civil, para luego proceder a la bendición de la unión conyugal ya realizada por el ministro de culto de la iglesia respectiva. Explica esta posición, no sólo las circunstancias históricas del surgimiento de estas entidades en el marco de la Reforma luterana, uno de cuyos pilares fue justamente la desacralización del matrimonio y el reconocimiento de la tutela estatal sobre las cuestiones referidas al estado civil, sino también la antagónica posición histórica sustentada por las iglesias evangélicas chilenas frente a las prerrogativas de la Iglesia Católica.
5. PROCEDIMIENTO LEGAL PARA LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO RELIGIOSO. MANIFESTACION, INFORMACION, CELEBRACION, RETIFICACION Y REGISTRO.
Respecto de las diligencias preliminares civiles y su aplicación al matrimonio religioso, cabe señalar que la manifestación se debe prestar ante el Oficial de Registro Civil que se estime pertinente, de acuerdo a la residencia de los contrayentes, situación que apreciarán y decidirán los propios interesados, pues la ley ha derogado la exigencia de efectuar dicho trámite ante el Oficial del Registro Civil con competencia de acuerdo al domicilio de los contrayentes.
El matrimonio religioso debe celebrarse dentro de los noventa días siguientes a la información. Si el matrimonio no se efectúa dentro de este plazo, deberán repetirse las formalidades de manifestación e información. Una vez efectuada la manifestación y rendida la información ante cualquier Oficial del Registro Civil, los interesados solicitarán copia del acta de manifestación e información35, para concurrir con ella a la entidad religiosa ante la cual desean celebrar matrimonio. El ministro de culto, mediando previamente el cumplimiento de los requisitos legales comunes a las dos formas de celebración, procederá de común acuerdo a fijar la fecha de la celebración.
Además del cumplimiento de los requisitos legales para contraer matrimonio con efectos civiles, la entidad religiosa podrá agregar el cumplimiento de otras exigencias correspondientes a la fe religiosa respectiva, como por ejemplo exhibir copia de la partida de bautismo en el caso de los católicos.
La precedencia de los trámites o diligencias de manifestación y, particularmente, de información, es de alta conveniencia para los ministros de culto, pues les permite contar con antecedentes más fidedignos sobre la ausencia de impedimentos para celebrar matrimonio, como por ejemplo nupcias precedentes válidamente celebradas, y así precaver la ocurrencia de fraudes que pudieran implicar responsabilidad penal para el oficiante, en conformidad al art. 388 inciso Io del Código Penal.
La celebración del matrimonio religioso propiamente tal, vale decir la ceremonia o acto formal solemne en que se producirá el momento constitutivo del matrimonio, se debe realizar en presencia de un ministro de culto, perteneciente a la entidad religiosa y autorizada por ella, y de dos testigos a lo menos, que cumplan con los mismos requisitos exigidos por la ley para el matrimonio civil.
Los ritos mediante los cuales se canalice y valide el matrimonio en su significación religiosa, son determinados y regulados en forma libre por cada entidad religiosa, en directa aplicación de las normas que cautelan el principio de autonomía eclesiástica reconocido por la Ley de Cultos36. Estos ritos, formas y procedimientos con significación religiosa son regulados por normas de Derecho eclesiástico particular, sin intromisión del Estado, salvo en cuanto tales actos configuren un atentado al orden público, la moral o las buenas costumbres.
Para la validez civil de la ceremonia religiosa de matrimonio, es imprescindible que la ceremonia incluya el momento constitutivo del matrimonio, es decir la libre manifestación del mutuo consentimiento en presencia de la autoridad y los testigos.
Concluida la ceremonia religiosa, el ministro de culto extenderá un acta en la cual se acreditará la celebración del matrimonio y el cabal cumplimiento de las exigencias legales para su validez, tales como el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, y la fecha de su celebración37.
El acta, con las menciones indicadas, deberá ser presentada personalmente por los contrayentes38, ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno39. Es importante resaltar en referencia al acta, que ésta debe ser presentada en forma personal por los interesados, puesto que no procede en este caso el mandato, ya que expresamente lo ha impedido el art. 4.° de la Ley 19.947, la cual entre las modificaciones introducidas en la Ley 4.808 sobre Registro Civil, en su número 2, agrega un segundo inciso nuevo al artículo 15 de dicha ley, a propósito precisamente del matrimonio por mandato o poder que, en su tenor literal, expresa: "no tendrá aplicación ¡o previsto en el inciso precedente, tratándose de las inscripciones a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil".
Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en la ceremonia de celebración de un matrimonio estrictamente civil, en que la competencia queda radicada en el Oficial ante quien se rindió la información y se efectuó la manifestación, aquí los interesados pueden concurrir portando el acta ante cualquier Oficial del Registro Civil del territorio nacional. Es interesante además señalar que la interpretación precedente, actualmente aplicada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, no fue entendida del mismo modo desde un principio por esta entidad pública y por la propia Iglesia Católica, pese a la claridad de la norma. En todo caso, tras realizar no pocas adecuaciones a su sistema informático, el Servicio de Registro Civil, ya está implementando esta aplicación de la ley.
La inscripción es un requisito común a las dos formas de celebración del matrimonio, a partir del cual los matrimonios, hayan sido celebrados ante un ministro de culto religioso o ante un Oficial del Registro Civil, producirán igualmente efectos civiles. Por tanto, la inscripción no es constitutiva del acto jurídico matrimonial, sino que instituye un trámite necesario para el reconocimiento de los efectos civiles, especialmente de aquellos que dependan en su efectividad de la publicidad del matrimonio40. En el caso del matrimonio religioso, los interesados disponen de un plazo de ocho días para concurrir ante un Oficial del Registro Civil y presentar el acta extendida por el ministro de culto de la entidad religiosa ante la cual se celebró el matrimonio. Si no realizan este trámite, personalmente, el matrimonio no producirá efecto civil alguno, es decir, ante el Derecho del Estado de Chile no habrá existido matrimonio, aún cuando al interior de la comunidad religiosa a la que pertenecen los contrayentes sí produzca efectos de naturaleza religiosa o moral. En definitiva, producirá efectos en el plano religioso, moral e incluso social, pero no en el orden jurídico estatal.
Suponiendo que los interesados han adoptado las providencias del caso y han solicitado, previamente, la hora de atención en el Registro Civil, la diligencia ante el Oficial Civil no se reduce a la mera recepción del acta emitida por la entidad religiosa y suscrita por el ministro de culto, sino que conlleva actos de gran importancia para el reconocimiento del vínculo.
En efecto, primero que todo, el Oficial verificará el cumplimiento de los requisitos legales, lo que implica revisar la capacidad de los contrayentes al momento de celebrar el vínculo y que el consentimiento prestado haya sido libre y espontáneo. Por tanto, si detecta y establece, por ejemplo, que uno de los contrayentes era menor de 16 años, puede negar el registro. Acto seguido, les dará a conocer los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a la ley, suponiendo el legislador en esta parte que pudiera haberse omitido esta información en algún momento de las diligencias previas a la celebración o que en la ceremonia religiosa se hubiera dicho algo en contrario, afectando el interés de la sociedad de promover vínculos serios y estables y contraídos libremente41.
Tras lo anterior, los comparecientes deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. La exigencia de este acto de ratificación como requisito ineludible para validar civilmente el matrimonio religioso, ha ocasionado no pocos comentarios críticos y diversas interpretaciones, las que se explican por el momento prácticamente marginal en que se aprobó la inclusión de la norma42, a solicitud de dos senadores laicistas, preocupados por las eventuales situaciones de abuso o fraude que se podrían suscitar como consecuencia de la celebración de matrimonios ante personas que no sean funcionarios del Estado, como ocurriría en el caso de sacerdotes católicos, pastores evangélicos y ministros de culto de otras entidades religiosas. Sin embargo, la ley es clara al exigir que se debe ratificar un consentimiento ya prestado con anterioridad, por lo que no se trata de consentir en dos oportunidades ni tampoco de dos ceremonias de celebración distintas, puesto que las personas que contraen matrimonio religioso ya han prestado su consentimiento, con plena validez para el Derecho43.
Las inscripciones de matrimonios celebrados ante entidades religiosas deberán contener o expresar una serie detallada de menciones, que permitan asegurar la fe pública comprometida. Las situaciones indicadas en los párrafos precedentes se harán constar en la inscripción respectiva, la que también será suscrita por ambos contrayentes.
Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley44. De la negativa al registro, se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones. Si un tercero intenta impedir la inscripción, incurre en un delito. Los efectos del matrimonio así inscrito se regirán, en todo, por lo prescrito en esta ley y en los demás cuerpos legales que se refieren a la materia. Finalmente, la inscripción puede hacerse ante cualquier Oficial del Registro Civil.
De lo señalado precedentemente, se desprende que la inscripción es un acto solemne relevante, y no un mero trámite administrativo, pues a partir de este momento nacen los efectos civiles atribuidos por el Derecho al matrimonio. Por ello, por una parte, no puede ser calificado como una mera gestión residual de la celebración del matrimonio en sede religiosa, que pudiera sencillamente ser realizada con un mandato verbal o, incluso, derechamente obviado por su irrelevancia jurídica. En el acto de inscripción se da cumplimiento a las normas civiles que permiten el reconocimiento de los efectos previstos en la ley, y traslada su importancia, hasta entonces reducida al ámbito personal o comunitario religioso, al terreno jurídico.
Por otra parte, tampoco puede ser juzgado como un acto constitutivo del matrimonio, pues la significación personal y religiosa que el vínculo tiene, es reconocida por el Estado desde el momento en que valida la celebración de matrimonios religiosos con efectos civiles, debiendo deducirse que la esencialidad del acto, radicada en la prestación mutua del consentimiento para el matrimonio, se ha expresado en la ceremonia religiosa, cuando ha antecedido a la ceremonia civil y ha dado cabal cumplimiento a los requisitos legales45. Finalmente, es pertinente resaltar que las actuaciones fraudulentas de los ministros de culto se encuentran sancionadas en el Código Penal, el cual en su artículo 388 establece las penas de relegación, multas e incluso presidio, al Oficial Civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley o al que, con perjuicio de tercero, cometiere falsedad en el acta o en el certificado de matrimonio religioso destinados a producir efectos civiles.
6. EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSOS.
La determinación del momento a partir del cual el matrimonio religioso produce plenos efectos civiles, ha sido confundida con el momento en que se entiende perfeccionado el matrimonio, vale decir con el momento constitutivo. Ya se ha señalado en el párrafo precedente, que en el acto de inscripción se brinda el debido cumplimiento a las normas civiles que permiten el reconocimiento de los efectos previstos en la ley, al tiempo que traslada su importancia -hasta entonces reducida al ámbito personal o comunitario religioso- al terreno jurídico. Por tanto, no debe inducirse a la confusión que implica entender que el matrimonio se perfecciona en el acto de inscripción, pues éste acto, revestido del carácter de ceremonia civil, es relevante jurídicamente porque da origen a los efectos civiles reconocidos por el Estado a la celebración de un matrimonio hasta entonces válido en la esfera comunitaria religiosa y regida por normas propias de Derecho eclesiástico particular.
La necesaria apreciación de la diversa naturaleza jurídica de los actos de celebración e inscripción del matrimonio, sin embargo, no puede evitar la pertinencia de señalar el error cometido por los legisladores, al momento de establecer el reconocimiento de los efectos civiles a partir del momento de la ratificación del consentimiento, prestado con anterioridad en sede eclesiástica. En efecto, no cabe duda que la correcta progresión del estudio de las normas de la NLMC, en especial las referidas al matrimonio religioso, debieran haber concluido en atribuir los efectos civiles al matrimonio, desde el instante en que se hubiere celebrado el contrato matrimonial, entendiendo por momento constitutivo del mismo, aquel en que se hubiere prestado válidamente el consentimiento, según lo había aprobado la CCLJR del Senado46.
Si bien se estimó necesario un trámite de ratificación del consentimiento47, concebido quizás como una verificación del hecho que el consentimiento se hubiere manifestado en forma libre y por individuos capaces, no afectados por impedimentos ni prohibición legal, la exigencia del trámite no elimina la realidad de que el consentimiento se prestó en forma y fondo en el momento de la celebración en sede religiosa. Es, como se dijo en el seno de la citada Comisión, condición de su reconocimiento, pero no constituye un nuevo matrimonio.
De ahí entonces el error en que se terminó por incurrir, motivado principalmente por un exceso de celo regulador de algunos legisladores, inquietos por la posibilidad de favorecer al matrimonio religioso en desmedro de una tradición laica mal entendida, por la insuficiente apreciación del marco jurídico aplicable tras la vigencia de la Ley 19.63848.
Si se atiende a la mirada civil de la ratificación, siguiendo la regulación del Código Civil y su aplicación, los ejemplos abundan para considerar que sus efectos se retrotraen al momento inicial del acto ratificado49. No es el caso de la ratificación exigida en el caso del matrimonio religioso, razón por la cual la coherencia exigida por algunos parlamentarios con el ordenamiento civil de protección patrimonial no se cumpliría, dando lugar a una evidente contradicción en la que incurre la ley, al establecer que los efectos civiles sólo se producirán a contar del momento de la inscripción, con lo cual las personas que hubieren contraído matrimonio en sede eclesiástica y, dentro de los ocho días siguientes se vieren afectadas por la muerte de uno de ellos, se encontrarán en un limbo jurídico inexcusable en su injusticia.
Si la preocupación latente en algún parlamentario tenía por causa la protección de intereses patrimoniales, como en aquellos contratos en que es relevante el estado civil, máxime si un tercero ignora la celebración de un matrimonio en sede religiosa, que muta el estado civil del sujeto con el cual contrata, la indicación de los senadores Bombal, Coloma y Romero atendía el problema, dejando a buen resguardo "los derechos adquiridos en el intertanto por terceros de buena fe"50.
Lo concluyeme, en perspectiva civil, es que la modificación de la norma aprobada por la Comisión generó mayores problemas que los que se tuvo en vista para su eliminación, toda vez que dejó en indefensión jurídica a los cónyuges en el período que media entre la celebración del matrimonio y su inscripción, generó incerteza jurídica en los terceros y restó eficacia a una institución ya aprobada, mediante un recurso que apela a la desconfianza cívica respecto del imperado, antes que al respeto de los derechos ciudadanos de los sujetos que desearán ejercer un derecho constitucional que, en los hechos, aparece menoscabado.
En definitiva, la explicación más plausible sigue siendo la que se ha esbozado en las líneas precedentes. No es casual que, tras haberse logrado la aprobación del divorcio vincular en todas las formas habitualmente presentes en el Derecho comparado, algunos parlamentarios disconformes con la revalorización jurídica del fenómeno religioso -cuando no persistentemente críticos de la presencia de la Iglesia Católica en el seno de la sociedad chilena- encontraron la ocasión propicia para atacarla en las postrimerías de su tramitación legislativa. No se entendió, consecuencialmente, el sentido del cambio operado en favor del reconocimiento de mayores espacios de libertades cívicas, que implica la vigencia de la Ley de Cultos, puesto que solo se vio lo que se quiso ver, en una perspectiva limitada de los principios de pluralismo social y de tolerancia cívica, que en la apreciación de algunos detractores de la institución, parecieran ser estimados válidos y aplicables, sólo cuando benefician a las propias posiciones y no las ajenas. Es, en definitiva, significativa la coincidencia de las posiciones concertadas para afectar la institución del Matrimonio religioso con efectos civiles, evidenciada por parlamentarios que guardan en común, su histórico antagonismo con la Iglesia Católica.
La incorporación de la posibilidad de celebrar el matrimonio en forma religiosa, permitió brindar un principio de solución al problema expuesto como conflicto en conciencia, manifestado por personas de religión católica romana, ante la exigencia imperativa de un matrimonio susceptible de disolución51, como forma reconocida civilmente de celebrar el vínculo conyugal. En tal sentido, la norma del artículo 20 de la Ley N° 19.947, en los hechos, constituyó la primera aplicación de los principios de la Ley N° 19.63 8 -Ley de Cultos- por parte de la Iglesia Católica, en favor del resguardo jurídico de sus creencias religiosas. Asimismo, la formación de un consenso en torno al respeto de los derechos de las mayorías y minorías en materia matrimonial, permitió además destrabar el curso del debate legislativo, dando vía libre al voto favorable a la introducción del divorcio en el ordenamiento civil, con el voto concurrente de una parte decisiva de legisladores católicos.
La introducción del matrimonio religioso en el ordenamiento matrimonial civil, implicó el reconocimiento del derecho de opción para los contrayentes, entre una forma de celebración religiosa y otra estrictamente civil, reconocidas igualmente en sus efectos por el Derecho. La forma religiosa, a su vez, puede ser establecida sobre la base del cumplimiento de ciertos requisitos comunes mínimos, en conformidad a los postulados, creencias y ritos de las entidades religiosas que gocen del reconocimiento como personas jurídicas de Derecho público. El sistema adoptado, de tipo facultativo o anglosajón, admite estas diversas formas de celebración matrimonial, dentro de un sistema común de requisitos de validez, con un registro único y vías legalmente aceptadas comunes a ambas formas de celebración. El matrimonio celebrado por cultos minoritarios, no evidencia diferencia alguna respecto de la regulación de la religión mayoritaria, salvando el principio de libertad religiosa y de culto.
Entre los aspectos críticos, se cuenta la indefensión jurídica que afecta a los cónyuges en el período que media entre la celebración del matrimonio y su inscripción, la injustificable exigencia de ratificación del consentimiento ya prestado en presencia del ministro de Culto respectivo, ante el Oficial Civil y, la corrección de las normas comunes y generales en materia de mandato para celebrar el matrimonio, sin otra justificación más que la aversión de un sector parlamentario minoritario refractario a la valoración social del fenómeno religioso, provocando incerteza jurídica en los terceros y restando impropiamente eficacia a la nueva institución.
La celebración del matrimonio religioso con efectos civiles, en definitiva, es una de las instituciones distintivas del nuevo Derecho matrimonial chileno, al conciliar de un modo razonable el derecho a la libertad religiosa y de culto de la mayoría de las personas, pertenecientes a las comunidades religiosas de histórico arraigo y la necesidad social de regular el matrimonio sobre bases jurídicas comunes, serias y conocidas, cauteladas por el Estado en sintonía con el sistema de cooperación vigente, con el propósito de resguardar la relevancia y vigencia social de la institución matrimonial.
Trabajo recibido el 3 de septiembre y aprobado el 4 de noviembre de 2009.
1.-Ley N° 19.947, publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2004.
2.-El proyecto de ley, originado en moción parlamentaria, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 1997. Sobre el particular, vide Boletín N° 1759-18.
3.- Para las distintas posiciones sobre la materia, considérese, entre otros autores, Salinas Araneda, Carlos, "Matrimonio civil y matrimonio religioso ", en Alvaro Vidal Olivares (coord.), El nuevo Derecho chileno del matrimonio, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, pp. 49 y ss.; Assimakópulos Figueroa, Anastasia, "El reconocimiento civil del matrimonio religioso ", en Assimakópulos Figueroa, Anastasia y Corral Talciani, Hernán (edts.), Matrimonio civil y divorcio, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 2005, pp. 77-89; Barrientes Grandón, Javier, y Novales Alquézar, Aránzazu, Nuevo Derecho matrimonial chileno, 2a. ed., LexisNexis, Santiago de Chile 2004, pp. 128-131, y Precht Pizarro, Jorge, 2004. "Matrimonio y divorcio: Ley 19.947", Servicio, 262, p. 34. [ Links ] [ Links ] [ Links ]
4.- Para resguardar la iniciativa parlamentaria original del proyecto, el texto de la indicación sistemáticamente redactada, fue reordenado bajo la forma de "indicaciones". Para profundizar en la expresión de motivos de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, vide Diario Oficial de la República de Chile, Antecedentes y texto, Ley N" 19.947 de Matrimonio Civil, Diario Oficial, Santiago de Chile, 2004, pp. 56 y ss.
5.- La Iglesia Católica ya había adelantado en 1998 su aspiración en el sentido indicado, con motivo de la Declaración de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) sobre la familia, el matrimonio y el proyecto de ley de NLMC, aún en estudio en la época. En el texto, la CECH postulaba: "Asimismo, después de un maduro examen, esta legislación podría dar una solución adecuada al problema de la duplicidad del matrimonio religioso y civil que, de hecho, existe en Chile para la inmensa mayoría de los esposos. Ellos tienen conciencia de casarse tan sólo una vez y de acudir a la otra instancia ya sea para inscribir o bendecir su matrimonio, según cual sea el credo religioso, pero no para casarse de nuevo. Desde ya, ofrecemos nuestra colaboración a fin de llegar a una legislación en este ámbito que sea amplia y sabia, y persiga el mayor bien de la familia y de nuestro país" (Conferencia Episcopal de Chile, La Iglesia Católica y el Proyecto de ley sobre matrimonio civil, Santiago de Chile, 15 de agosto de 1998, p. 18).
6.-En el seno de la Iglesia Católica, pese a constituir un proyecto personalmente apoyado e impulsado por el Cardenal Errázuriz, arzobispo de Santiago, la iniciativa de reconocimiento del matrimonio religioso no concitó el necesario consenso, sin perjuicio que una mayoría significativa si lo apoyó. Sobre las posturas adoptadas, en perspectiva favorable, vide Precht Pizarra, Jorge. 2004. "Matrimonio y divorcio: Ley 19.947 ", Servicio 262, pp. 33 y 34; Errázuriz González, Juan Ignacio. 2003. "Los cuestionamientos de la Iglesia al divorcio vincular", La Semana Jurídica 142, p. 13. Respecto de las posiciones contrarias, vide Salinas Araneda, Carlos. 2005. "El fracasado intento de reconocer el matrimonio religioso en la nueva ley chilena de matrimonio civil ", Revista Española de Derecho Canónico 159, Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 690 y ss. [ Links ]
7.-La Asamblea Espiritual Bahá'i de Viña del Mar, en carta remitida a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, con fecha 9 de julio de 2002, manifestó que, "en el ejercicio del espíritu de la Ley sobre Constitución Jurídica y Funcionamiento de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, el Estado debería propiciar un mecanismo que reconozca el matrimonio religioso de las iglesias debidamente reconocidas, con la obligación de requerir luego la inscripción de ese acto en el Registro Civil que corresponda. De esta manera el Estado cumpliría con su labor reguladora en las relaciones sociales y las iglesias con su responsabilidad en la formación moral de sus adherentes".
8.- Vide «El Mercurio», viernes 18 de octubre de 2002, cuerpo A, p. 3.
9.-Vide Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (CCLJR), Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil, en Boletín N° 1759-18, Valparaíso 2002, p. 36.
10.- Vide art. 15 inciso segundo de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil.
11.- Trascripción de la conversación sostenida con periodistas a propósito de la aprobación de la NLMC, por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz el 11 de marzo de 2002, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Conferencia Episcopal de Chile, p. 3. En ella señala también: "No es algo que le interesa a todas las confesiones religiosas. Porque aquí hay una diferencia muy importante: hay algunas confesiones religiosas, por ejemplo evangélicas, que consideran que el matrimonio es aquél que se hace como matrimonio civil, y que los esposos casados van a recibir la bendición del pastor. Por lo tanto, no les interesa el artículo 20. A nosotros nos importa. Muchas veces antes se pensaba que el matrimonio civil no valía nada. Yo creo que ahora el acto frente al oficial de Registro Civil gana valor. O sea, un matrimonio religioso es reconocido en sus efectos civiles por ese acto, y por lo tanto se valoran los efectos civiles del matrimonio".
12.- Vide CCLJR del Senado, Segundo Informe..., cit, nota n. 9, p. 28. La intervención del senador Silva Cimma concluyó con una severa advertencia: "se está abriendo una puerta enorme, se está destruyendo la conformación seria de la ley de matrimonio civil. Por más fórmulas que se busquen, no se logrará atenuar el peligro, que sólo se podría eliminar con la supresión del artículo 21. De mantenerse, en su versión actual o en otra, se producirá una verdadera constelación de abusos".
13.-Vide Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (CCLJR), Segundo Informe..., cit. nota n. 9, pp. 9-10.
14.- Cfr. prólogo de De Fuenmayor, Amadeo, en Ferrer Ortiz, Javier, El matrimonio canónico en el ordenamiento español, Eunsa, Pamplona, 1986, p. 15. Asimismo, vide Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (CCLJR), Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil, en Boletín N° 1759-18, Valparaíso 2002. [ Links ]
15.- Vide arts. 388 y 389 del Código Penal (CP). El art. 388 del CP prescribe: "El oficial civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, sufrirá las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley. El ministro de culto que, con perjuicio de tercero, cometiere falsedad en el acta o en el certificado de matrimonio religioso destinados a producir efectos civiles, sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados". Por su parte, el art. 389 del CP dispone: "El tercero que impidiere la inscripción, ante un oficial civil, de un matrimonio religioso celebrado ante una entidad autorizada para tal efecto por la Ley de matrimonio civil, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".
16.- Vide también lo dispuesto en el párrafo 5o y párrafo 6° del Reglamento de la Ley de matrimonio civil, referidos a la regulación reglamentaria del matrimonio celebrado ante entidades religiosas con personalidad jurídica de Derecho público y a la regulación reglamentaria de la ratificación e inscripción en el Registro Civil del matrimonio celebrado ante entidades religiosas, respectivamente.
17.-Los contrayentes deben ser legalmente capaces, haber consentido libre y espontáneamente en contraer el matrimonio y que se cumplan las formalidades que establece la ley Vide arts. 4o, 5o, 6o, 7o y 8o, de la Ley N° 19.947.
18.-Ley de Registro Civil, arts. 40 bis y 40 ter.
19.- El Oficial verificará que el matrimonio celebrado en sede eclesiástica cumple con todas las exigencias establecidas por la ley para la validez de la celebración del matrimonio civil. Si el resultado de dicha verificación, da cuenta del incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la ley, el Oficial puede denegar la inscripción, pudiendo los interesados reclamar de este acto ante la respectiva Corte de Apelaciones. El Oficial Civil debe realizar la revisión exigida, pues en caso de autorizar o inscribir un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, puede sufrir las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a 10 unidades tributarias mensuales (UTM), según dispone el artículo 388 inc. Io del CP. Un ejemplo posible, se encuentra en el caso de un matrimonio católico celebrado entre un varón con una mujer menor de 16 años, considerando que en el Derecho canónico es posible la celebración del matrimonio por parte de un mujer de 14 años.
20.- Artículo 20 inciso 3o de la Ley N° 19.949.
21.- Indicará a los requirentes que pueden pactar separación total de bienes o participación en los gananciales. Si no lo hacen o nada dicen sobre las opciones expuestas, se entenderán casados en régimen de sociedad conyugal, todo ello en conformidad a la Ley 4.808 artículos 38, 39 n° 11 y 40 ter 6o.
22.- Ley 4.808, artículos 37, 39 n° 10, 40 ter 6o.
23.-Considérese al respecto, Del Picó Rubio, Jorge (ed.), Ley de Cultos y Documentos complementarios. Instituto Chileno de Estudios Humanísticos/ Konrad Adenauer Stifftüng, Santiago de Chile, 2001. [ Links ]
24.- El reporte oficial de ingresos al Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público (RERDP), da cuenta de un promedio de 200 solicitudes anuales, con 1887 entidades registradas al 30 de mayo de 2005, sobre un total de 2025 incorporaciones solicitadas. De acuerdo al procedimiento legal, el ingreso puede ser objetado de acuerdo a la causal indicada en el artículo 11 de la Ley 19.638, en concordancia con los artículos 5o, 6o, 1° y 8o del Decreto Supremo 303, de 21 de marzo de 2000. Teniendo presente lo anterior, no habiendo sido objetado el registro, la personalidad jurídica de Derecho público de la entidad religiosa es reconocida legalmente desde la publicación de un extracto del acta de constitución en el Diario Oficial, trámite cumplido a satisfacción por 1440 iglesias y organizaciones religiosas. Fuente de los datos estadísticos: Unidad de Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público, dependiente del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.
25.-Vide González Errázuriz, Juan Ignacio. 2003. "Los cuestionamientos de la Iglesia al divorcio vincular ", La Semana Jurídica 142, p. 13. [ Links ]
26.- Coinciden en los efectos civiles del matrimonio canónico, en el marco de lo dispuesto por el art. 20 de la NLMC, Precht Pizarra, Jorge. 2004. Servicio 262, p. 34, y González Errázuriz, "Los cuestionamientos", cit. nota n. 24, p. 13. En contra, Salinas Araneda, Carlos. 2005. "El fracasado intento de reconocer el matrimonio religioso en la nueva ley chilena de matrimonio civil ", Revista Española de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca 159, p. 682. Es preciso, finalmente, recordar que el sistema matrimonial canónico, reconoce a grandes rasgos cinco estatutos matrimoniales: el de los católicos latinos, el de los católicos orientales, el de los bautizados latinos no católicos, el de los bautizados de rito oriental no católicos y el de los infieles. Cfr. González del Valle, José María, Derecho canónico matrimonial, EUNSA, Pamplona, 1991, p. 18. [ Links ] [ Links ]
27.- La forma canónica es un requisito establecido por la ley eclesiástica a partir del Concilio de Trento. fundamentalmente para evitar la celebración de los matrimonios clandestinos, ya que antes de la realización del Concilio, el sólo consentimiento libremente manifestado por dos personas capaces, sin ninguna forma substancial, hacía el matrimonio válido. Cfr. Bonet Alcón, José, Elementos de Derecho matrimonial canónico, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 2000, pp. 155 y 156. [ Links ]
28.- La Conferencia Episcopal local, puede elaborar un rito propio del matrimonio, con el reconocimiento de la Santa Sede, para adecuar la liturgia a las costumbres y usos de cada región, manteniendo siempre que quien asista al matrimonio debe estar personalmente y pedir y recibir la manifestación del consentimiento de los contrayentes (Vide c. 1120, CIC). Es interesante, asimismo y a propósito de las normas que rigen el matrimonio por la Iglesia Católica, recordar el Acuerdo Jurídico de 1979, que regula entre otras materias el matrimonio de los católicos en España. El art. VI.3 del Acuerdo, contiene una declaración unilateral de la Santa Sede, en la cual "reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales". Ajuicio de Ferrer, la cláusula recuerda el texto del art. 24 del Concordato portugués de 1940, redactado conforme al Protocolo adicional de 15 de febrero de 1975, que en la letra expresa: "Al celebrar el matrimonio católico, los cónyuges asumen, por el propio hecho, frente a la Iglesia, el compromiso de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en particular, de respetar sus características esenciales. La Santa Sede, a la vez que reafirma la doctrina de la Iglesia Católica sobre la indisolubilidad del vínculo, recuerda a los cónyuges que han contraído el matrimonio canónico, el grave deber que les incumbe de no valerse de la facultad civil de pedir el divorcio" (Ferrer Ortiz, Javier, El matrimonio canónico en el ordenamiento español, EUNSA, Pamplona, 1986, pp. 45 y 46). [ Links ]
29.- El testigo calificado no agota su función con la simple presencia, ya que desempeña un cometido activo, no teniendo por tanto un efecto jurídico los matrimonios por sorpresa o en que se ha aplicado alguna forma de coacción física o moral sobre ellos. Cfr. Bonet, cit. nota n. 26, p. 156.
30.- Al respecto, considérese lo dispuesto en el Código de Derecho canónico, en los cánones 1066, 1067, 1104 y 1108. Sobre la regulación del matrimonio realizado mediante poder, vide el c. 1105. Asimismo, para la regulación particular efectuada por la Conferencia Episcopal, vide Conferencia Episcopal de Chile, Legislación complementaria de la Conferencia Episcopal de Chile al Código de Derecho canónico, 2a. ed., CECH, Santiago de Chile, 1999, CECH, p. 49. En cuanto auna explicación detallada de las normas vigentes en la materia, vide Assimakópulos Figueroa, Anastasia," El reconocimiento civil del matrimonio religioso ", en Matrimonio civil y divorcio, Universidad de los Andes Santiago de Chile, 2005, pp. 81-85. [ Links ]
31.-La misma posición fue defendida por Precht, quien calificó el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio religioso como un "hito histórico", que permitirá al católico casarse en "unión indisoluble que será reconocida en todos sus efectos por la ley civil chilena, evitando de este modo a los bautizados la contradicción que hubiera significado contraer primero vínculos "divorciables" ante el Estado y luego vínculos indisolubles ante la Iglesia Católica" (Precht, "Matrimonio", cit. nota n. 25, pp. 33 y 34). En contra, considérese la posición sostenida por Salinas, quien a modo de conclusión en el artículo ya referido, consignó que "una de las novedades introducidas por la nueva ley chilena de matrimonio civil terminó siendo un intento del todo fallido de conceder a los matrimonios religiosos relevancia ante el Derecho positivo del Estado de Chile" (Salinas, "El fracasado", cit. nota n. 25, p. 690).
32.- Para un estudio particular del matrimonio islámico y su reconocimiento por el Derecho positivo del Estado de Chile según la NLMC, considérese Salinas Araneda, Carlos, El matrimonio religioso ante el Derecho chileno, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso 2009, pp. 201-256. [ Links ]
33.-En relación con el matrimonio hebreo y su reconocimiento por el Derecho positivo chileno, ibidem, pp. 151 -200.
34.- La experiencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su relación con el Estado federal de los EEUU, es examinada en profundidad en Manning, The Law of Church-State Relations, West Publishing Co, New York 1981, p. 251 y ss. [ Links ]
35.- Para precaver situaciones de engaño a un ministro de culto por parte de alguien que ya estuviera casado válidamente, el diputado Kuschel propuso que se incorporara en el reglamento de la NLMC la exigencia de un certificado de soltería, evitando así acusación de complicidad en el delito de bigamia por parte de un sacerdote o pastor. La propuesta fue desechada por cuanto el reglamento reguló la situación controvertida, haciendo comunes los trámites de manifestación e información, Vide «El Llanquihue», de 6 de julio de 2004.
36.-Vide art. 1° letra a de la Ley N° 19.638. El contenido del culto cuya práctica se reconoce a las entidades religiosas, incluye los ritos, previamente reconocidos como una manifestación de la dimensión individual de la libertad religiosa, en el artículo 6o letra b, del texto legal comentado.
37.-vide art. 40 bis de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil.
38.- Los contrayentes serán considerados como marido y mujer o novios aún solteros, según cual sea el carácter que se le asigne al estado civil de quienes han brindado ya su consentimiento matrimonial ante una entidad religiosa.
39.- Prescribe el art. 20 inciso 2° de la Ley 19.947: El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el
nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, y la fecha de su celebración, deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si nose inscribiere
en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno ".
40.- Vide Diez-Picazo, Luis, y Gullón Ballesteros, Antonio, Sistema de Derecho civil, t. 4, Tecnos, 10a. ed., Madrid, 2006, p. 499. Entre los cónyuges, la no inscripción, no obsta para los efectos personales y patrimoniales; frente a terceros, el matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. es decir, por los que desconocen la falta de concordancia entre la realidad y el Registro Civil. [ Links ]
41.- Si bien lo anterior puede aparecer como una exageración, atendidas las circunstancias que los cursos de preparación al matrimonio rigen para ambas formas de celebración e incluyen la información de los derechos y deberes conyugales, lo cierto es que podría suscitarse una situación de desinformación o tergiversación del carácter y sentido legal de estos derechos y deberes. Considérese al respecto una situación en la cual una joven de religión islámica no realiza los cursos -son obligatorios sólo si uno de ellos lo solicita- y celebra matrimonio en ritos y tradiciones islámicos, en la cual no se mencionan los derechos que le asisten en relación de equidad con su marido.
42- El acuerdo básico que permitió la aprobación de la NLMC por parte de los parlamentarios de la coalición de Gobierno y parte de la bancada parlamentaria de oposición, contemplaba la inclusión del divorcio vincular -incluyendo la debatida opción del divorcio por voluntad unilateral-junto al reconocimiento del matrimonio religioso con efectos civiles. Sin embargo, en la discusión en Sala, tras haberse concordado el acuerdo antedicho, dos senadores pertenecientes al Partido Radical, integrantes de la coalición de gobierno pero no considerados en las negociaciones del acuerdo, lograron la inclusión de la polémica exigencia de la ratificación.
43.-Coincide con esta apreciación Precht, quien enfatiza la necesidad de "tener muy claro que no se presta un nuevo consentimiento, sino que se ratifica el hecho que se prestó un solo y válido consentimiento ante la Iglesia. Recordemos -señala el autor- que ratificar significa según el Diccionario de la Real Academia: "Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos" (Precht, "Matrimonio", cit, nota n. 25, p. 34). En igual sentido, Assimakópulos Figueroa, Anastasia, "La recepción del matrimonio canónico en el Derecho civil chileno ", en Varas Braun, Juan Andrés y Turner Saelzer, Susan (coord.), Estudios de Derecho civil. LexisNexis, Santiago de Chile, 2005, p. 404. La autora expresa que la ley "no requiere una nueva prestación del consentimiento matrimonial para que el matrimonio religioso produzca los mismos efectos que el matrimonio civil". [ Links ]
44.-Es interesante destacar la similitud con la referencia comparada en el caso español. Así, tanto la denegación del registro como las causas que podrían dar lugar a este rechazo, ya eran motivo de estudio en la aplicación de la Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modificaba la regulación del matrimonio en el Código Civil español. Las diferencias de apreciación e interpretación comprendían la aplicabilidad al matrimonio canónico, pues se había entendido que bastaba con la mera presentación del certificado nupcial, no siendo enteramente aceptada la interpretación que tornaba aplicable la revisión del cumplimiento de requisitos sustantivos civiles a partir de la aplicación extensiva del texto del artículo 63.2 que prescribía: con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil". En Chile el tema está resuelto, pues la revisión es obligatoria para el Oficial Civil, coincidiendo eso sí en los posibles puntos de discordancia que podrían ser motivo del reparo y conducir por tanto a la denegación de la inscripción. Tales casos, al igual que los ejemplos citados por Ferrer, son que se hubiere celebrado un matrimonio religioso católico casando a una menor de 16 años, que se casase canónicamente a un casado civilmente que no estuviese disuelto su matrimonio o que se practicare un matrimonio secreto. Los impedimentos, al estar prácticamente igualados con el Derecho Canónico, no presentarían mayor posibilidad de colisión, salvo la simulación, pero que afectaría la validez religiosa y no la civil del matrimonio (Cfr. Ferrer, El matrimonio, cit. nota n. 27, pp. 80-83).
45.-No coincidimos con la conclusión que desprende Salinas, a partir de la apreciación de la inscripción, como un ejemplo que contribuye a validar su tesis del fracaso del intento de reconocer el matrimonio religioso. La misma lectura efectuada por el autor, a nuestro juicio, no afecta la independencia del matrimonio religioso respecto del matrimonio celebrado en forma estrictamente civil. La inscripción en el Registro Civil del matrimonio religioso precedentemente celebrado, señala Salinas, "dista bastante de ser una simple gestión de inscripción, pues, por el contrario, implica toda una ceremonia formal, con momentos diversos bien diferenciados por imperativo legal, ceremonia que se asemeja en mucho a la celebración pura y simple del matrimonio civil". Cita luego la opinión del senador Boeninger, para quien "ratificar el consentimiento anteriormente otorgado ante el ministro de culto... se trata de un acto con calidad de ceremonia". Pero ¿en que afecta la validez del matrimonio religioso el que el acto de inscripción sea apreciado como una ceremonia? Sin duda es una ceremonia, y relevante, pues conlleva el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio, pero no es un segundo matrimonio (Cfr. Salinas, "El fracasado", cit. nota n. 25, pp. 682 y ss.).
46.-La indicación N° 72, íüe presentada por los senadores Bombal, Coloma y Romero, agregándose al artículo ya aprobado que instituía el matrimonio religioso con efectos civiles la siguiente frase: "practicada la inscripción, se entenderá que el matrimonio ha producido efectos civiles desde la fecha de su celebración, pero no perjudicará a los derechos adquiridos en el intertanto por terceros de buena fe". Vide Comisión, Segundo informe cit. nota n. 9,p. 36.
47.-Si bien formalmente se aludió a la necesidad de precaver la ocurrencia de fraudes, ya se ha dicho que el argumento de fondo de sus promotores, fue la preservación del principio del Estado laico, concebida como la única entidad socialmente válida para autorizar matrimonios y reconocerlos.
48.- Coincidimos con Precht en reconocer la injustificada presencia de trabas para la realización del matrimonio religioso, siendo la principal de ellas negar la producción de efectos civiles desde la fecha de celebración del matrimonio, como es lógico, creando un peligroso vacío en el tiempo que media entre la celebración y la inscripción (Precht, "Matrimonio", cit. nota n. 25, p. 34).
49.-Así, por ejemplo, el art. 705: "La validación del título que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación, o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el título". Art. 1818: "La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta". Art. 1777 inc. 2o: "Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como válido desde el principio".
50.- Supra, nota n. 45.
51.-El discurso utilizado por los representantes de la Iglesia, designaba como divorciable al matrimonio que sería establecido por la NLMC, marcando con ello la incompatibilidad emergente entre los conceptos civil y canónico, al contener éste último como elemento o propiedad esencial, la indisolubilidad.

References: ARTÍCULO 20
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 artículo 19
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 artículo 15
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 artículo 388
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 artículo 21
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 Artículo 20
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 63