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Timestamp: 2020-06-03 12:10:17+00:00

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Sentencia nº 1567 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Diciembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593081398
Número de Expediente: 14-1247
Consta en autos que, el 28 de noviembre de 2014, se recibió en esta Sala Constitucional, anexo al oficio n.° 2326-14-A, suscrito por el Juez del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, abogado Y.M.F., copia certificada de la decisión dictada el 10 de octubre de 2014, por el referido Tribunal en la que desaplicó el primer aparte del artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal, en el juicio penal seguido al ciudadano J.E.V.J., por la supuesta comisión del delito de cooperador inmediato en la ejecución de homicidio intencional en grado frustración, en perjuicio del ciudadano E.A.V..
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 2 de diciembre de 2014 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 2 de marzo de 2015, la Sala dictó la sentencia n.° 106 mediante la cual requirió al Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas informara si la decisión que dictó el 10 de octubre de 2014, se encontraba definitivamente firme.
El 9 de abril de 2015, la Sala recibió el oficio n.° 421-15 suscrito por la Juez del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, abogado Y.M.F., en el cual señaló que la sentencia objeto de revisión se encontraba definitivamente firme.
El Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 10 de octubre de 2014, procedió a la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal, con base en las siguientes consideraciones:
Sobre el Control Difuso de la Constitucionalidad
El control de la constitucionalidad acá aplicado, surge ante el análisis por parte de este Juzgador, de la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2012, lo cual trajo como consecuencia, un pequeño estudio publicado en la revista MAGISTRA, de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Nuestros códigos de procedimiento penal anteriores al vigente, prohibían el juzgamiento en ausencia del imputado, ello siempre estuvo establecido como uno de los derechos del defendible, en las anteriores versiones del Código Orgánico Procesal Penal. La anterior versión a la actual, es decir, el COPP del año 2009, señalaba en el numeral 12 del artículo 125, lo siguiente:
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de 2012, se crea una norma que viene a sustituir parcialmente el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009; se reforma el artículo 327 (ahora artículo 309) y se crea la norma contenida en el artículo 310.
El artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, contiene las reglas a seguir parte del Juez de Control durante la fase intermedia del proceso, ante la incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia preliminar, tomando consideración todas y cada una de las hipótesis que en efecto se materializan en la práctica diaria, con respecto a la no concurrencia de las partes ante el Juez de Control a los fines de llevar a cabo la ya mencionada audiencia preliminar.
Respecto a la víctima, la norma señala que su inasistencia no impedirá la realización del acto (artículo 310 numeral 1); si la incomparecencia de la defensa privada persiste para la segunda convocatoria, tendrá como abandonada la defensa, se procederá designar un defensor público y se llevará a cabo el acto en esa misma oportunidad (artículo 310 numeral 2).
El párrafo que sigue al numeral 3 del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, regula la situación en la que el imputado enjuiciado bajo una medida judicial de privación de preventiva de libertad, no acude a la convocatoria del Tribunal para la audiencia preliminar, señalando dicho aparte lo siguiente:
‘…En caso que el imputado o imputada que se encuentre privado o privada de libertad en centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez o jueza, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni a acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto…’. (Negritas del Tribunal)
En la praxis diaria, ¿Cuál es esa constancia que debe (según el legislador) figurar en los autos, que demuestre que el privado de libertad en estado de contumacia, se negó a asistir al llamado del Tribunal?
En la diaria y dura realidad de los presos sin condena en Venezuela, son varias las razones por las cuales no asisten al llamado del Tribunal para la celebración de una Audiencia Preliminar o un Juicio, lo cual estima este Juzgador, no es propicio señalarlo acá. Muy rara vez éstas razones se refieren a la rebeldía, la contumacia o la renuncia al ‘derecho de ser oído ante un juez’. En el presente asunto por ejemplo, el ciudadano J.E.V.J. lleva más de tres (03) años privado de libertad, a la espera de la celebración de la audiencia preliminar. Hubo muchos diferimientos por no haber notificado a la víctima, sin embargo cuando ello fue resuelto este año, tras solicitarle al Ministerio Público la dirección de ubicación de la víctima, de igual manera el traslado de este ciudadanos desde la Penitenciaría General de Venezuela, no se materializaba, pese a las llamadas y solicitudes hechas por este Tribunal, por la misma Defensa y el Ministerio Público; incluso en más de una oportunidad la madre del acusado, solicitaba copia de la boleta de traslado para entregarla personalmente en el penal y aún así, este nunca se materializaba. Al extremo que quien acá decide, nunca ha visto de frente al ciudadano J.E.V.J..
En la realidad diaria lo que sucede, cuando no se materializa el traslado de un privado de libertad para la Audiencia Preliminar o el Juicio, se reduce básicamente la información por parte del funcionario encargado de dicho traslado, el cual señala simplemente que ‘el detenido no quiso subirse al autobús’, dando a entender una suerte de independencia del detenido dentro de su centro de reclusión que sabemos es totalmente falaz, pues se encuentra detenido y bajo esa precaria situación, no está en condición de querer o no subirse al transporte que lo llevará al Tribunal. En muchas otras ocasiones, los funcionarios desconocen las razones por las cuales no se materializa un traslado, al llamar al internado judicial siempre hay un pretexto por parte del centro de reclusión de por qué no se hizo un traslado, luego viene por parte del Tribunal la solicitud del traslado y la respuesta afirmativa del internado, comprometiéndoos a llevar el mismo a cabo, sin embargo en esta causa penal, no se materializó ese traslado y no hay constancia fehaciente que realmente indique, que el ciudadano J.E.V.J., se ha negado a comparecer al tribunal, contrario a ello rielan al expediente actas de entrevista que dicen todo lo contrario (Pieza II, folios 45, 85-86, 89, 96-97, 127-128 y 179-180), de las cuales se desprende que el referido acusado, no se ha negado a asistir a los actos procesales en la causa penal que se le sigue y por ende, no ha decidido renunciar a su derecho a ser oído ante un juez.
Bajo este escenario ¿Debemos los jueces considerar que el justiciable es contumaz al llamado que se le hiciese y realizar el acto procesal, asumiendo que el defendible renunció a su derecho a ser oído? Tal y como lo señaló la Profesora E.R., durante un Seminario sobre Derecho Procesal Penal en la Universidad Central de Venezuela, las reformas legislativas deben llevarse a cabo, con ocasión a lo que sucede en la práctica, con respecto a la ejecución de las leyes que se pretenden reformar. Es decir, que las diversas reformas que ha sufrido nuestra ley procesal penal, deben ir en consonancia con lo que sucede en el día a día en nuestros Tribunales Penales.
La irrenunciabilidad de los Derechos Humanos, es un principio universalmente reconocido, y justamente los derechos a los cuales tácitamente renuncia el imputado, según la norma ya señalada, forman parte del catálogo de Derechos Humanos, contenido en tratados internacionales, los cuales han sido suscritos por nuestra República.
El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala lo siguiente:
‘…Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal…’.
Bajo este orden, indica el único aparte del artículo XXVI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre lo siguiente:
‘…Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas…’.
Y finalmente, señala el artículo 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José), lo siguiente:
‘…1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…’.
En nuestro Ordenamiento Jurídico local, la irrenunaciabilidad de los Derechos Humanos se encuentra claramente establecida en nuestra Carta Magna, específicamente en su artículo 19 que señala:
‘…El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen…’. (Destacado del Tribunal).
Con respecto al Derecho a ser oído, señala el numeral 3 del artículo 49 del Texto Fundamental, lo siguiente:
‘…Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente…’
La exposición de motivos del Código Orgánico Procesal del año 1998, consideraba que el procedimiento penal vigente para época en nuestro país (bajo la vigencia del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal), era violatorio de principios procesales básicos, por lo cual se hacía necesaria una reforma radical de nuestro sistema de justicia penal y encaminarlo a un sendero más democrático.
La exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal de 1998, hace referencia a la declaratoria de los Derechos del Pueblo, aprobada por el Supremo Congreso de Venezuela el 1° de julio de 1811, en la cual se reconocen como Derechos del Hombre en sociedad, entre otros, el derecho a ser oído.
El control difuso de la constitucionalidad, es una potestad de la cual se encuentran revestidos, los órganos con facultades jurisdiccionales, en los ordenamientos jurídicos que se conciben como un Estado de Derecho, así como el nuestro, que se concibe como un Estado Social, Democrático de Derechos y de Justicia. El control difuso de la constitución parte de la supremacía de la constitucionalidad, es decir, de la facultad de los órganos jurisdiccionales de desaplicar textos legales o normativos, cuando estos vayan en contra de Derechos, Principios o Garantías Constitucionales.
En nuestro Sistema de Justicia Penal, la fundamentación legal del control difuso de la constitución, parte en principio de nuestro Texto Constitucional, el cual señala en su artículo 334 primer aparte lo siguiente:
‘…En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente…’.
En este orden, señala el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
‘…Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional…’.
A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado en función de Control, actuando en sede Constitucional, conforme lo permiten los artículos 19 del Código Orgánico Procesal Penal y el primer aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejerce el CONTROL DIFUSO de la constitucionalidad y en consecuencia DESAPLICA PARCIALMENTE, el contenido de la norma del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, en específico, el aparte referido a los caso que el imputado o imputada privado de libertad, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos ‘…se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar…’; ello, al observar que dicho dispositivo legal, contraría el Principio Fundamental que le otorga a los Derechos Humanos el carácter de irrenunciables, todo lo cual va en contra de los dispositivos normativos contenidos en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y artículo 19 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.
A la luz de los señalamientos de hecho y de Derecho antes expresados, el Juzgado Cuadragésimo Tercero (43°) en función de Control, del Tribunal del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguiente pronunciamientos:
PRIMERO: Conforme lo permiten los artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal y primer aparte del artículo 334 constitucional, se ejerce el control difuso de la constitucionalidad y en consecuencia, se DESAPLICA PARCIALMENTE, el contenido de la norma del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal; ello, al observar que dicho dispositivo legal, contraría el contenido de los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo XXVI de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y artículo 19 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: Considera PENALMENTE RESPONSABLE al ciudadano J.E.V.J., ampliamente identificado en autos, por la comisión como COOPERADOR INMEDIATO del delito HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE FRUSTRADO, previsto en el artículo 405 del Código Penal, relación con los artículos 80, 82 y 83 eiusdem.
TERCERO: Se CONDENA al ciudadano J.E.V.J., cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISIÓN y a cumplir las penas accesorias previstas en el artículo 16.1 del Código Penal en aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos.
CUARTO: Compúlsese el presente expediente y remítase cuaderno especial del mismo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una vez que el presente fallo se encuentre definitivamente firme, a los fines de ser sometida a la consulta obligatoria prevista en el artículo 336 numeral 10 del Texto Fundamental, con ocasión al control de la constitucionalidad acá aplicado
La sentencia dictada, el 10 de octubre de 2014, por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas, objeto de revisión, desaplicó conforme al artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la disposición contenida en el artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal.
Como se explicó en el capítulo anterior, corresponde a la Sala la revisión de la desaplicación por control difuso que, del artículo 310 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal hizo el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio penal que se le siguió al ciudadano J.E.V.J., por cooperador inmediato en el delito de homicidio intencional simple en grado de frustración.
Para ello, la Sala estima necesario formular las siguientes consideraciones:
1. El 3 de septiembre de 2011, el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas celebró la audiencia de presentación y decretó medida privativa de libertad contra el ciudadano J.E.V.J..
2. El 3 de octubre de 2014, oportunidad para celebrar la audiencia preliminar, el Juzgado de Control dejó constancia al inicio del acto de que “…la presente audiencia se ha diferido durante tres (3) años por cuanto no se ha hecho efectivo el traslado del imputado, procediendo a celebrar la misma en ausencia del referido imputado”. Luego, en el desarrollo de la audiencia, el Juez Y.M.F. admitió totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, decidió desaplicar el artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal, impuso a la Defensora Pública Décima Segunda del Área Metropolitana de Caracas, abogada A.G. sobre el procedimiento de admisión de los hechos y le informó que si el procesado admite los hechos sería condenado a la pena de cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión. Por ello, instó a la Defensora Pública para que realizara la visita carcelaria y le indicara al ciudadano J.E.V.J. si estaba de acuerdo con el procedimiento de admisión de los hechos.
3. El 9 de octubre de 2014, el ciudadano J.E.V.J., desde su sitio de reclusión, suscribió documento mediante el cual decidió acogerse al procedimiento de admisión de los hechos ante la autoridad correspondiente del Internado Judicial de San J.d.L.M. (Los Pinos).
4. El 10 de octubre de 2014, oportunidad fijada para la continuación de la audiencia preliminar, la Defensora Pública manifestó que consigna “…acta debidamente suscrita por (su) defendido VALLENILLA J.J.E., con las impresiones de sus huellas dactilares, y suscrito por el director del internado donde el mismo se encuentra recluido, en el cual deja plasmada su voluntad de acogerse al procedimiento de admisión de los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y admitiendo libre de todo apremio y coacción su voluntad de admitir los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa y solicita igualmente la imposición de la pena…”, en virtud de ello, el Juez de Control procedió a condenarlo a la pena de prisión de cinco (5) años y cuatro (4) meses. En esa misma fecha, el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó el extenso de la decisión dictada en la audiencia preliminar.
En dicho fallo en extenso, el Juez del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Control, abogado Y.M.F. estableció: i) De los actos en fase preparatoria, de la acusación fiscal, su calificación jurídica y los hechos, ii) Sobre el control difuso de la constitucionalidad, iii) Del desarrollo de la audiencia preliminar y la admisión de los hechos por parte del imputado, iv) De la calificación jurídica de los hechos admitidos por el acusado, v) De la penalidad y vi) Dispositiva. En efecto, el Juez esquematizó los actos que se realizaron en la fase preparatoria e identificó las oportunidades en que fue diferida la audiencia preliminar -treinta y ocho (38) veces-; posteriormente, se pronunció sobre la necesidad de desaplicar en el caso concreto el artículo 310 cardinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal y luego condenó al acusado por el procedimiento de admisión de los hechos, a aun cuando éste no compareció a la audiencia.
En efecto, observa la Sala, que en el caso concreto, el Juez del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, estimó pertinente la desaplicación de la norma en cuestión, específicamente del segundo aparte del cardinal 3 del artículo que se transcribió, que expresamente dispone: “… En caso que el imputado o imputada privado o privada de libertad o bajo arresto domiciliario, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni a acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto…”. Pues a su entender, con dicha disposición, se contrariaba lo dispuesto en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 49.3 y 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen el derecho a ser oído y la irrenunciabilidad de los derechos humanos, respectivamente.
Ahora bien, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el control difuso que efectuó el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual se considera necesario recordar que el control de la constitucionalidad está dirigido a preservar la supremacía y estricta observancia de las disposiciones constitucionales respecto de las legales que contraríen el texto constitucional. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico establece dos formas por las cuales los órganos jurisdiccionales pueden garantizar la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber el control concentrado, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 334 eiusdem, el cual es realizado únicamente por esta Sala Constitucional, y el control difuso que establece el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que puede ser ejercido por cualquier juez de la República. Sobre, este último, el control difuso de la constitucionalidad, esta Sala en sentencia n.° 852 del 19 de junio de 2012, señaló lo siguiente:
Artículo 310. Incomparecencia. Corresponderá al Juez o Jueza de Control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello. En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes reglas:
De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia
En relación con este Derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el autor a.E.Z., refiere:
La Constitución quiere evitar uno de los casos más notorios de irracionalidad del poder punitivo que ocurre cuando la duración de los juicios penales se vincula con el problema de los presos sin condena… Una de las formas político-jurídicas más importantes para prevenir un agravamiento de ese trato inhumano es la exigencia de plazo razonable para la duración de los procesos
. (Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial EDIAR. Buenos Aires, 2005, p. 688)
‘…La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para las partes son, ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto del ‘plazo razonable’. Otros criterios son las pautas y márgenes ordinarios en los tipos de proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de él…’. (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El artículo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. Madrid. M.P., 2002, p. 588).
…Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias específicas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrían identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Así pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto’.
La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, puede hablarse de dilación indebida o retardo judicial…
…En relación a La audiencia preliminar durante la fase intermedia, en caso de diferimiento de la misma, se estableció un plazo que no podrá exceder de veinte días paran ser fijada nuevamente.
Igualmente, se realizan una serie de modificaciones, que se encuentran en correspondencia con el contenido del Texto Constitucional, tales como ampliación de lapsos favorables a las partes. Asimismo, la incorporación de otras disposiciones referentes a las facultades de los jueces a la luz del vigente ordenamiento constitucional venezolano, como garantes de la justicia…
…la conducta contumaz en el proceso penal es aquella proveniente de la rebeldía de todo imputado, detenido o en libertad, de presentarse o comparecer a la sede de los juzgados en los cuales es procesado. Esa rebeldía, se traduce en una renuncia manifiesta al derecho de ser oído en un acto público al cual ha sido llamado por la autoridad competente, la cual es contraria a lo dispuesto en el artículo 257 de la Carta Magna que establece que el proceso es un instrumento para el logro de la justicia, así como al artículo 26 eiusdem, que prescribe el derecho a una tutela judicial efectiva, específicamente, a celebrase un juicio sin dilaciones indebidas…
. (Vid. Sentencia No. 730/25.4.2007, ratificada en decisión No. No. 908, 15.7.2013, No. 1666/28.11.2013 y No. 292/15.3.2015).
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete
Artículo 122.Derechos. El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos:
En el caso de autos, el Juez Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, consideró que debía garantizar el derecho a ser oído del imputado, a pesar de que como lo afirmó “…nunca ha visto de frente al ciudadano J.E.V.J.…”, y para ello decidió de forma contradictoria celebrar la audiencia preliminar, sin su comparecencia, aun cuando “…no hay constancia fehaciente que realmente indique, que el ciudadano J.E.V.J., se ha negado a comparecer al tribunal…”.
En efecto, el día viernes 3 de octubre de 2014, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia preliminar, el Juez dejó constancia de la incomparecencia del acusado por falta de traslado y decidió celebrar la audiencia en su ausencia, pero sin declarar previamente la negativa de comparecencia del imputado a la referida audiencia, tal como se indicó ut supra; en consecuencia, admitió totalmente la acusación, los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, desaplicó por control difuso el artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal e impuso a la Defensora Pública Décima Segunda de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada A.G., sobre el procedimiento especial para la admisión de los hechos e instruyó a la misma para que realizara una visita carcelaria y le informara a su defendido, sobre la posibilidad que le concedía de admitir los hechos y la pena a imponer (cinco años y cuatro meses) en caso de que manifestara su voluntad de admitir los hechos. Posteriormente, el 10 de octubre de 2014, oportunidad para la continuación de la audiencia preliminar, la prenombrada Defensora Pública consignó documento suscrito por el procesado, manifestando su voluntad de admitir los hechos, ante la autoridad del Internado Judicial de San J.d.l.M., todo ello al margen de lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
…Cabe destacar de igual modo que, en la admisión de los hechos, es imprescindible el buen desempeño del rol del Juez o Jueza, quienes deben instruir suficientemente al imputado acerca de dicho procedimiento especial, señalando de manera clara y precisa en qué consiste admitir un hecho atribuido en la acusación, así como señalar el contenido y alcance de las disposiciones penales sustantivas en las cuales el Juez o Jueza ha circunscrito en un tipo penal el hecho o hechos objeto de la acusación.
Una vez que el Juez o Jueza haya efectuado la explicación correspondiente, debe preguntarle al acusado o acusada si comprendió el contenido de dicha explicación y, en caso afirmativo, si desea hacer uso del procedimiento especial por admisión de los hechos, con la convicción de que el procesado entendió la consecuencia jurídica de su reconocimiento voluntario acerca de su participación en el hecho o hechos objeto de la acusación…
Lo anterior, explica porqué el citado artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal –sujeto al presente juicio de constitucionalidad–, permite la celebración de la audiencia preliminar, sin la presencia del imputado o imputada contumaz, creando la presunción de que el imputado declarado en ese estado no desea hacer uso de su derecho a ser oído, ni de acogerse a las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, ni al procedimiento por admisión de los hechos; pues sólo así se puede llevar el referido acto procesal, sin conculcar su derecho a ser oído y evitar que se lleve a cabo la aplicación de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso sin la presencia del imputado al momento de su aplicación.
Por ello, cuando el tribunal de instancia en aras de garantizar el derecho a ser oído del imputado de autos, celebró la audiencia preliminar y luego con una manifestación escrita del ciudadano J.E.V.J., aplicó a éste el procedimiento especial por admisión de los hechos, sin su presencia en el acto de audiencia preliminar; lejos de preservar los derechos que le motivaron a desaplicar por control difuso el artículos 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo era el derecho a ser oído y la irrenunciabilidad de sus derechos humanos; lo que hizo paradójicamente fue conculcarlos, pues aplicó durante el desarrollo de esta, un procedimiento especial, como lo es, el de la admisión de los hechos, sin la presencia del imputado, su intervención para imponerlo del contenido de la referida institución y escuchar su manifestación libre, clara y espontánea de hacer uso o no de la admisión de los hechos.
De allí que, aprecia la Sala que si el Juez de Control determinó en el caso concreto que el ciudadano J.E.V.J. no era contumaz, pues quería someterse al proceso, debió realizar, como director del proceso, todos los trámites necesarios para materializar el traslado del procesado el día y hora indicada, de modo de efectuar la audiencia preliminar con su presencia, puesto que el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, establece claramente que corresponde al Juez de Control realizar todo lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar y establece los efectos de la incomparecencia de las personas debidamente citada a la referida audiencia y además preceptúa la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias contra aquel por cuya responsabilidad no realizó dicha audiencia.
Finalmente, esta Sala considera necesario hacer un llamado de atención al Juez que efectuó la desaplicación sub examine y a la Defensora Publica Décima Segunda de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada Amarilys González y al Fiscal Centésimo Trigésimo Octavo del Ministerio Público, abogado Elys Paredes, que convalidaron ese acto, para que no vuelvan a incurrir en el error señalado en esta sentencia.
Con fundamento en las normas constitucionales y legales previamente citadas y aplicables al caso, para esta Sala no resulta acertada la apreciación del Juez del Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de desaplicar, en el caso concreto, el artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal; por el contrario, el referido Tribunal de Primera Instancia, debió realizar una aplicación directa e inmediata de la referida norma legal, es decir, i) si el imputado se negó, de forma injustificada, a asistir a la audiencia preliminar, debió, previa declaración motivada de la contumacia, celebrar ésta con la presencia de su Defensora Pública, en atención a lo que preceptúa el artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal que desaplicó y aplicar las consecuencia jurídicas preestablecidas, de forma tal de darle continuidad al juicio penal o ii) si su incomparecencia fue por falta de traslado desde el Internado Judicial donde se encuentra recluido, realizar todos los trámites necesarios para que éste se materialice, intentar las medidas necesarias para el cumplimiento de su orden de traslado y, de ser el caso, intentar las acciones disciplinarias que correspondan.
Corolario de los razonamientos que anteceden, esta Sala declara no ajustada a derecho, en el caso concreto, la desaplicación del primer aparte del numeral 3 del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la admisión de los hechos en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar sin la comparecencia del imputado. Así se decide.
En consecuencia, esta Sala anula la sentencia dictada por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 10 de octubre de 2014, que condenó al ciudadano J.E.V.J., por la comisión delito de cooperador inmediato en la ejecución de homicidio intencional en grado frustración, en perjuicio del ciudadano E.A.V., y repone la causa al estado de que se celebre una nueva audiencia preliminar con sujeción al criterio establecido en este fallo. Así, igualmente, se decide.
1.- NO CONFORME A DERECHO la desaplicación del artículo 310.3 del Código Orgánico Procesal Penal, que efectuó el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión dictada el 10 de octubre de 2014, en la causa penal seguida al ciudadano J.E.V.J., por la presunta comisión delito de cooperador inmediato en la ejecución de homicidio intencional en grado frustración, en perjuicio del ciudadano E.A.V..
2.- ANULA la aludida decisión y todos los actos posteriores a ella; en consecuencia,
3.- REPONE la causa al estado de que se celebre una nueva audiencia preliminar con sujeción al criterio establecido en este fallo.
Publíquese regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la decisión al Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de diciembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Expediente n.° 14-1247.
Decisión de Tribunal Cuarto de Control de Cojedes, de 1 de Marzo de 2006

References: artículo 310
 artículo 310
 artículo 125
 artículo 327
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 artículo 309
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 artículo 10
 artículo 8
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 artículo 49
 artículo 334
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 artículo 19
 artículo 405
 artículo 16
 artículo 336
 artículo 334
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 375
 artículo 310
 artículo 334
 artículo 20
 artículo 19

Artículo 310
 artículo 24
 artículo 257
 artículo 26

Artículo 122
 artículo 310
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 artículo 310
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