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Timestamp: 2019-03-26 06:16:20+00:00

Document:
as201311004
AUTO SUPREMO Nº 4/2013
Sucre, 31 de enero de 2013
EXPEDIENTE: La Paz 247/2012
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Gonzalo Alvaro Rocha Espejo, Aldo Brayan Espejo Delgado
****************************************************************************************************************** VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Gonzalo Álvaro Rocha Espejo (fs. 989 a 992), impugnando el Auto de Vista Nro. 43/2012 emitido el 2 de febrero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 977 a 979) en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Aldo Brayan Espejo Delgado y el recurrente por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el artículo 308 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral sobre la base de la acusación fiscal, el Tribunal Tercero de Sentencia de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, pronunció Sentencia Nro. 58/2009 en fecha 16 de abril de 2009 (fs. 904 a 908), declarando al imputado Gonzalo Alvaro Rocha Espejo autor de la comisión del delito de violación sancionado por el artículo 308 del Código Penal por existir prueba mínima y suficiente sobre su responsabilidad penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, más costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia. En cuanto al co-imputado Aldo Brayan Espejo Delgado, se lo declara absuelto de pena y culpa, levantándose las medidas cautelares de carácter personal.
Contra la mencionada Sentencia el imputado Gonzalo Alvaro Rocha Espejo formuló recurso de apelación restringida (fs. 914 a 917), resuelto mediante Auto de Vista Nro. 43/2012 de 2 de febrero de 2012 que declaró improcedentes las cuestiones planteadas (fs. 977 a 979) y, en consecuencia, confirmó la Sentencia.
Con la resolución de alzada fue notificado el imputado Gonzalo Alvaro Rocha Espejo en fecha 29 de mayo de 2012, interponiendo el recurso de casación motivo de autos (fs. 989 a 992) el 4 de junio del año en curso, mismo que fue admitido por Auto Supremo Nro. 357 de 28 de noviembre de 2012.
Que el recurso de casación fue admitido de manera excepcional por denuncia de vulneración del debido proceso que se hubiera generado, presuntamente, a partir de la falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre la evidencia MP4 consistente en informe del estudio del perfil psicológico de la víctima, la misma que no hubiere sido introducida al proceso por haberse dispuesto con carácter previo, la presencia del perito en audiencia de juicio, no obstante de ello, hubiere servido de fundamento para la condena del acusado, situación que de ser cierta, efectivamente, constituiría defecto absoluto inconvalidable previsto en el inciso 4) del artículo 370 de la Ley Procesal Penal que no hubiera sido considerado por el Tribunal de Alzada, no obstante la impugnación expresa, omisión que también existiría respecto de la denuncia sobre la ilegal incorporación de la prueba MP1, consistente en Certificado Médico Forense a pesar de haber sido obtenida sobre la base de la prueba MP2 excluida.
Asimismo, siempre en el marco del Auto Supremo de admisión, deviene también ineludible, constatar la “falta de consideración” (sic) del Tribunal de Alzada sobre la existencia del defecto previsto en el inciso 6) del mencionado artículo 370 del Código Procesal Penal, generado, según el recurrente en la afirmación del Tribunal de Sentencia referida a que “la autoría está basada en la palabra de la víctima como prueba mínima de convicción” cuando tal declaración sería inexistente al haber la víctima retirado la acusación particular..
CONSIDERANDO III: (Fundamentación Jurídica del Tribunal de Casación)
A efectos de emitir la resolución de fondo, respecto a la falta de pronunciamiento que tiene que ver con el derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, el Tribunal Supremo de Justicia, considera dejar establecido lo siguiente:
El derecho a recurrir se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado, en su artículo 180 parágrafo II, así como en los Convenios y Tratados Internacionales, establecidos y ratificados que son parte de la jerarquía normativa establecida en el artículo 410 parágrafo II de la norma suprema. Así también lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que señaló en su párrafo 158; “La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.”
En ese marco, conforme al mandato del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, interpuesto el recurso de apelación restringida, el Tribunal de Alzada tiene la obligación de hacer saber a los recurrentes sobre algún defecto u omisión de forma dándole el término de tres días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo, para así, de esta manera emitir una correcta y motivada resolución que satisfaga las pretensiones claras que brindaron los recurrentes, dando de esta manera aplicación al principio pro actione, similar línea se encuentra establecida en la Sentencia Constitucional Nro. 0501/2011, que señala: “De esta forma, el principio pro actione se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones.”
Asimismo, la debida motivación en las resoluciones es una garantía esencial que forma parte del debido proceso, en tal sentido que la parte que lo presenta tenga la certeza que fue debidamente escuchado y la resolución está ajustada a derecho, similar línea se tiene establecida, en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tristan Donoso vs. Panamá que señala en su párrafo 153; “En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”
Por otra parte, en cuanto a la falta de motivación, no está referida exclusivamente al no pronunciamiento sobre los puntos denunciados, si no a la falta de respuesta con argumentos jurídicos en base a una cronología de los hechos denunciados, similar criterio es señalado por Fernando de la Rúa en su libro “La Casación Penal” “La falta de motivación –se ha dicho también- no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no consigne por escrito todas las razones que determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, esto es, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia”, línea adoptada también en la Sentencia Constitucional Nº 332/2011-R, que señala; “La fundamentación, a la vez, es un requisito formal que en una resolución (admisión o inadmisibilidad del recurso de casación) no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (OLMEDO Claría). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución”
Sin embargo, el deber de fundamentación no solo es propio del juez o tribunal, sino que el recurrente tiene también la obligación de dar una correcta motivación a su recurso, de esta manera dar a entender de manera clara y jurídica lo que se denuncia y lo que pretende, así también lo señala Oscar R. Pandolfi en su libro “Recurso de Casación Penal” Pg. 335, que señala; “Uno de los requisitos formales esenciales para la fundamentación adecuada del recurso de casación es la completitividad del escrito de interposición, el cual debe autoabastecer, a efectos de que el tribunal respectivo pueda, mediante su sola lectura, interiorizarse en los alcances de la materia recurrida, esto es del proceso y de la sentencia recaída.”, similar criterio esta contenido en la Sentencia Constitucional Nº 1306/2011, que señala; “De tal manera que el accionante tiene el deber de fundamentar los agravios, para que no sólo la parte contraria pueda en todo momento refutar éstos sino también para que el Tribunal de apelación pueda resolver en total orden y coherencia los agravios denunciados en los que habría incurrido el Juez a quo.”
Que efectuado el análisis pertinente, y del estudio exhaustivo de los datos del proceso y las consideraciones señaladas líneas arriba, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. Que en cuanto a las denuncias realizadas por el recurrente, así como los argumentos expuestos en el Auto de Vista motivo de impugnación, del análisis de los antecedentes vertidos en casación, se tiene;
En el recurso de apelación restringida, el acusado ahora recurrente, denunció; “vulneración del art. 370 incisos 1), 4), 5), 6), 8) y 10) que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; señalando de manera textual “Evidencia MP1 certificado Médico Forense.- Data de 5 de mayo de 2003, fuente Dra. Erika Hinojosa, Médico Forense refiere paciente Lizeth Alfaro Ramírez al examen ginecológico presenta himen elástico complaciente, presencia de fosfatasas que hablan de acceso carnal en la paciente, presencia de triconomas amerita 5 días de impedimento, no establece violencia, menos hematomas y otros.
Se excluye la prueba MP2 que es el informe del laboratorio que establece la presencia de fosfatasas de origen masculino efectuadas en el laboratorio 16 de julio sin control jurisdiccional y por la falta de notificación a mi persona y estando esta prueba excluida sobre las fosfatasas que han servido para la obtención del certificado médico forense la prueba MP 1 se encuentra contaminada y debiera ser excluida.
Evidencia MP4.- Informe Psicológico data de 27/06/03 fuente David Peñaranda, Psicólogo de Lizeth Alfaro Ramírez. En fecha 22 de enero de 2009, a hrs., 14:20 la fiscalía solicita la introducción de la prueba MP4 es excluida bajo el argumento que el perito era estudiante de Psicológica cuando realiza el peritaje por lo que no se introduce la prueba revocando la determinación del juez presidente y que la prueba MP4 será considerada al momento de que comparezca la persona que ha emitido el informe, consiguientemente quedo pendiente la emisión.” (sic)
Esta denuncia obtuvo respuesta en el Auto de Vista motivo de impugnación, con el siguiente fundamento; “Sin embargo se tiene de la sentencia apelada que existe una valoración integral de la prueba no simplemente de la referida por el apelante sino de toda aquella producida en juicio, por otro lado en cuanto a que no se valoró la prueba MP-7 y otras pruebas el tribunal claramente determinó; los elementos probatorios como la toma de muestra de sangre de los acusados (evidencia MP-07), el informe químico (evidencia MP-03) y las cartas del bioquímico Dr. Luis Alarcón (evidencia MP-09) …”
“En lo principal del recurso de apelación restringida, refiere que la sentencia apelada incurre en defectos previstos por el artículo 370 incisos 1), 4), 5), 6), 8), y 10) del Código de Procedimiento Penal, pero fundamentalmente refiere que la Sentencia se ha basado en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio por su lectura y que exista valoración defectuosa de la prueba, sin señalar concretamente que norma del sustantivo penal se inobservó o erróneamente se aplicó, por que considera, que la sentencia no esté fundamentada o sea contradictoria, asimismo se dice que existe contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, sin indicar en que consiste la misma y finalmente que no existe congruencia sin fundamentar los agravios” (sic).
2. Fundamentos de la resolución. Haciendo una lectura íntegra y pormenorizada de los antecedentes, se evidencia que si bien los fundamentos del Tribunal de Alzada son correctos, existiendo evidentemente falta de motivación en las denuncias expresadas en el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado ahora recurrente, que no tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal (…Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación.), al limitarse a englobar sus denuncias y referir “vulneración al art. 370 incisos 1), 4), 5), 6), 8) y 10)”, para posteriormente direccionar gran parte del recurso a la prueba no incorporada legalmente a juicio, artículo 370 inciso 4), como ser la incorporación de la prueba MP 4, no obstante, corresponde dejar establecido que el Tribunal de Alzada, interpuesto el recurso de apelación restringida hará saber al recurrente de la existencia de defectos u omisiones en la forma, para ser subsanadas y si persisten los defectos podrá rechazarlo de manera in limine, así tiene establecido en la Sentencia Constitucional Nro. 1106/2006-R, que señala; “Si bien las formas exigidas por ley, como quedó expresado líneas arriba, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, y por ello el Código de Procedimiento Penal faculta al superior (de alzada) disponer que el recurrente corrija los defectos de forma de su apelación, bajo apercibimiento de rechazo, no es menos evidente que el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha concedido el plazo establecido en el art. 399 CPP; pues, si se tienen en cuenta que los requisitos de forma tienen por finalidad facilitar a la autoridad judicial el conocimiento del objeto de impugnación, la misma ley, para lograr esta finalidad, sin violar el principio pro actione (SC 1044/2003-R), establece que no se debe rechazar un recurso por defectos de forma in limine, sino que se debe conceder el plazo establecido por ley y, si la parte recurrente no corrige o amplía su recurso, corresponde recién su rechazo (…)” (SC 1075/2003-R, de 24 de julio)”, por lo cual se tiene que, en el caso el Tribunal de Alzada al declarar la improcedencia del recurso, con el fundamento de que el accionante “refiere que la Sentencia se ha basado en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio por su lectura y que exista valoración defectuosa de la prueba, sin señalar concretamente que norma del sustantivo penal se inobservó o erróneamente se aplicó, por qué considera que la sentencia no esté fundamentada o sea contradictoria, asimismo se dice que existe contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, sin indicar en que consiste la misma y finalmente que no existe congruencia sin fundamentar los agravios” (sic), ha incurrido en vulneración del art. 399 de la norma penal adjetiva, toda vez que al haber radicado el recurso de apelación restringida y percatarse de los defectos y omisiones, el Tribunal de Alzada debió otorgar al recurrente el plazo para corregir los defectos ut supra señalados y de esta manera dar una correcta aplicación al principio pro actione. Otro aspecto que carece de fundamentación, es el señalado por el Tribunal que Alzada que refiere: “Sin embargo se tiene de la sentencia apelada que existe una valoración integral de la prueba no simplemente de la referida por el apelante sino de toda aquella producida en juicio,…”, afirmación que debió justificarse, con una motivación clara, expresa, legitima y lógica, por lo cual se tiene, que es evidente que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre la denuncia de las pruebas no incorporadas legalmente a juicio y si es que la autoría estaría basada en la palabra de la víctima, siendo que la misma no declaró en juicio motivos que son la base del recurso de Apelación Restringida (MP-1, MP-4 y la palabra de la víctima como prueba mínima de convicción).
De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista fue dictado sin observar las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas, no ingresando a resolver los demás puntos reclamados en el recurso de casación, en virtud a que previamente deberá otorgarse en el marco del derecho a la defensa a los apelantes, la posibilidad de subsanar su recurso de apelación restringida. A ese fin de pronuncia:
DOCTRINA LEGAL APLICABLE:
Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, emitiendo criterios jurídicos que respaldan los fundamentos de la resolución impugnada, en todos sus puntos.
El sistema de recursos contenido en el Código de Procedimiento Penal, ha sido concebido para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal y en este propósito el artículo 180 parágrafo II del la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Esta garantía, específicamente en el caso de la apelación restringida, se resguarda a través del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal en cuya virtud el Tribunal de Alzada se encuentra compelido, una vez interpuesto el recurso, de hacer saber al recurrente sobre la existencia de defectos u omisiones de forma, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo.
De la interpretación cabal de la norma aludida en concordancia con el mandato del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal queda claro que el rechazo es la forma de resolver la apelación restringida que ha sido formulada sin los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal (claro está, luego de haberse otorgado a la parte el plazo previsto por el artículo 399 citado) entretanto que la improcedencia o procedencia del recurso constituye una decisión y resolución del Tribunal de Alzada que debe responder exclusivamente al resultado del juicio de legalidad ordinaria, es decir a la verificación de la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, no resultando congruente declarar tal improcedencia bajo el fundamento de incumplimiento de requisitos que hacen a la admisibilidad del recurso.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 43/2012 emitido el 2 de febrero de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 977 a 979) en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Aldo Brayan Espejo Delgado y el recurrente por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el artículo 308 del Código Penal; ordenando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.
En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales, Tribunales y Jueces en materia penal.

References: artículo 308
 artículo 308
 resolución 
 artículo 370
 artículo 370
 resolución 
 artículo 180
 artículo 410
 artículo 399
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 370
 artículo 408
 artículo 370
 artículo 169
 artículo 419
 resolución 
 artículo 180
 artículo 399
 artículo 413
 artículo 399
 resolución 
 artículo 42
 artículo 419
 artículo 308
 resolución 
 artículo 420