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Timestamp: 2019-12-09 01:37:33+00:00

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Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Septiembre de 2019. - Jurisprudencia - VLEX 821475353
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Septiembre de 2019.
Fecha de Resolución: 30 de Septiembre de 2019
Sentencia núm. 871/2019
Exp. núm. 2016-3024
Partes: Confederación del Canadá Dominicana, S.A., v.P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J..
Materia: Reparación de daños y perjuicios.
Decisión: I..
Yo, C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, certifico que la sentencia que a continuación se transcribe, es copia fiel y conforme al original que reposa en el expediente, la cual expido a solicitud de parte interesada a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2019.
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces P.J.O., presidente; S.A.A. y N.R.E.L., miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en fecha 30 de septiembre de 2019, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por la Confederación del Canadá Dominicana, S.A., actuando en representación del asegurado A.R.H.J., sociedad constituida de conformidad con las leyes del país, con su domicilio en la calle Salvador Sturla núm. 17, ensanche N., de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, M.A.F.L., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0102356-2, Sentencia núm. 871/2019
domiciliado y residente en esta ciudad, la cual está legalmente representada por sus abogados apoderados los Lcdos. P.P.Y.F. y O.A.S.G., quienes tienen su estudio profesional abierto en la calle Seminario núm. 60, Milenium Plaza, suite 7B, segundo nivel, ensanche P., de esta ciudad, en el que figuran como parte recurrida, los señores P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 402-2042369-9 y 001-1426433-6, domiciliados y residentes en la calle J.A.I. núm. 103, ensanche La Fe, de esta ciudad, representados por sus abogados los Dres. L.M.G., R.E.P.G. y J.H.P., quienes tienen su estudio profesional abierto en la avenida 27 de Febrero, segundo nivel, centro comercial 2000, local 206, sector M., de esta ciudad.
El presente recurso está dirigido contra la sentencia civil núm. 540-2015, dictada el 28 de julio del 2015, por la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente:
Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, recurso de apelación interpuesto por los señores P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J., mediante acto No. 796-2014, de fecha 17 de junio del 2014, Sentencia núm. 871/2019
instrumentado por el ministerial T.N.B.V., contra la sentencia civil No. 90/14, de fecha 30 de enero de 2014, dictada por la Segunda S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto acorde a las normas procesales que rigen la materia; Segundo: Acogen en cuanto al fondo dicho recurso, revoca la sentencia recurrida, acoge en parte la demanda en reparación de daños y perjuicios intentada por los señores P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J., en consecuencia, condena al señor A.R.H.J., al pago de las siguientes indemnizaciones: a) la suma de trescientos mil pesos con 00/100 (RD$300,000.00), a favor del señor P.J.O. de la Rosa; b) cuatrocientos mil pesos con 00/100 (RD$400,000.00), a favor de la señora M.A.L.J., por los daños morales sufridos en el accidente que nos ocupa; Tercero: Condena al señor A.R.H.J., al pago de una indexación de un uno punto cinco por ciento (1.5%) mensual sobre el monto fijado como indemnización, a favor de los señores P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J., a partir de la demanda en justicia; Cuarto: Declara común y oponible esta sentencia a la compañía Confederación del Canadá Dominicana, S.A., hasta el monto indicado en la póliza antes descrita; Quinto: Condena a la parte recurrida, señor R.H.J., al pago de las costas del procedimiento, y ordena la distracción de las mismas a favor y provecho de los Dres. L.G., R.E.P.G. y J.H.P., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad
. (sic) Sentencia núm. 871/2019
Vistos los memoriales depositados por ambas partes, el dictamen emitido por la Dra. C.B.A., procuradora general adjunta de la Procuraduría General de la República, el acta relativa a la audiencia celebrada por esta S. en el conocimiento del presente recurso y los demás documentos que integran el expediente abierto en casación.
Esta sentencia ha sido adoptada a unanimidad y en estos casos el artículo 6 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, permite que la S. se integre válidamente con tres de sus miembros, los que figuran firmando la presente sentencia.
Magistrada ponente: P.J.O.
(1) Considerando, que la parte recurrente concluye en su memorial solicitando la casación total de la sentencia impugnada y a su vez, la parte recurrida solicita, principalmente, que se declare inadmisible el presente recurso de casación en virtud del literal c del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley 3726-53, sobre Procedimiento de Casación. Sentencia núm. 871/2019
(2) Considerando, que el Art. 5, en su literal c) del párrafo II de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación −modificado por la Ley núm. 491-08−, al enunciar las decisiones que no son susceptibles de recurso de casación disponía lo siguiente: “Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes para determinarlo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado”.
(3) Considerando, que previo al examen del medio de inadmisión que nos ocupa, fundado en el transcrito literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, se impone advertir que dicho literal c) fue expulsado de nuestro ordenamiento jurídico por nuestro Tribunal Constitucional, el cual en su ejercicio exclusivo del control concentrado de la constitucionalidad declaró dicha disposición legal no conforme con la Constitución dominicana mediante sentencia TC/0489/15, de fecha 6 de noviembre de 2015; empero, haciendo uso de la facultad excepcional que le confiere el Art. 48 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional difirió los efectos de su decisión, es decir la anulación de la norma en cuestión, por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a las partes intervinientes en la acción de inconstitucionalidad. Sentencia núm. 871/2019
(4) Considerando, que el fallo TC/0489/15 fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de esa alta corte; que, en tal virtud, la anulación del literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, entró en vigencia a partir del 20 de abril de 2017, quedando desde entonces suprimida la causal de inadmisibilidad del recurso de casación fundamentada en la cuantía contenida en la sentencia condenatoria o envuelta en el litigio; que, en virtud del Art. 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado; que, los jueces del Poder Judicial –principal poder jurisdiccional del Estado−, constituyen el primordial aplicador de los precedentes dictados por el Tribunal Constitucional, incluyendo los jueces de la Suprema Corte de Justicia −órgano superior del Poder Judicial−.
(5) Considerando, que sin embargo, cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los Arts. 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer respectivamente lo siguiente: “Las Sentencia núm. 871/2019
sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia
; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir”.
(6) Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, es necesario aclarar que si bien en la actualidad debemos hablar del “antiguo” literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que dicho texto se encuentra fuera de nuestro ordenamiento jurídico por efecto de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad decretada por la sentencia TC/0489/15, al tenor del principio de la ultractividad de la ley, aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente y se presumía conforme con la Constitución (11 febrero 20091/20 abril 2017), a saber, los comprendidos desde la fecha 11 de febrero de 2009 que se publica la Ley núm. 491-08, hasta el 20 de abril de 2017, fecha en que se agota el efecto diferido de anulación de la norma dispuesto por el Tribunal Constitucional.
1 “ dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, al día siguiente o al segundo día después de la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017” SCJ, 1ra. S. núm.1351, 28 de junio de 2017, B.J.I., tomando en cuenta lo establecido por el artículo 1 del Código Civil dominicano que dispone que: “(…) Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional, y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber: En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día”. Sentencia núm. 871/2019
(7) Considerando, que el principio de ultractividad dispone que la ley derogada –en la especie anulada por inconstitucional− sigue produciendo efectos y sobrevive para ser aplicada para algunos casos en concreto, como en el caso de las leyes procesales, puesto que las actuaciones y diligencias procesales deben regirse por la ley vigente al momento de producirse; que, al conceptualizar este principio nuestro Tribunal Constitucional expreso lo siguiente en su sentencia TC/0028/14: “I. En efecto, de acuerdo con el principio de ultractividad de la ley, la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurriere el acto de que se trate. Dicho principio está regulado en la última parte del artículo 110 de la Constitución dominicana (…) En este principio se fundamenta la máxima jurídica “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad”.
(8) Considerando, que en armonía con lo anterior interviene el principio de irretroactividad de la ley, el cual enuncia a la vez un principio de no injerencia de la ley nueva en el pasado; que, concretamente pues, una ley nueva no puede poner en causa lo que ha sido cumplido conforme a una ley anterior, ni validar lo que no ha sido hecho válidamente bajo el imperio de esta última; que, para mayor abundamiento, y de manera particular a las vías de recursos, la Corte de Casación Sentencia núm. 871/2019
francesa ha juzgado lo siguiente: “Las vías de recursos de la cual una decisión es susceptible están determinadas por la ley en vigor al día en que ella ha sido rendida” (C.. com., 12 ávr. 2016, n° 14.17.439), cuyo criterio adoptamos para el caso ocurrente.
(9) Considerando, que además, conviene señalar que en la propia sentencia TC/0489/15 el Tribunal Constitucional rechazó el pedimento de la parte accionante que perseguía graduar excepcionalmente con efectos retroactivos la declaratoria de inconstitucionalidad.
(10) Considerando, que a continuación procede examinar el medio de inadmisión planteado por las partes recurridas, teniendo en cuenta lo establecido en las consideraciones anteriores; que, esta S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha podido verificar que el presente recurso de casación se interpuso en fecha 20 de junio del 2016, esto es, dentro del lapso de tiempo de vigencia del literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por lo que en el caso ocurrente procede aplicar el presupuesto de admisibilidad establecido en dicho texto legal de carácter procesal.
(11) Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el Sentencia núm. 871/2019
sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si la cuantía de la condenación fijada en la sentencia impugnada, o deducida de esta, excede el monto resultante de los doscientos (200) salarios de entonces; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, 20 de junio del 2016, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$12,873.00), mensuales, conforme a la Resolución núm. 1-2015, dictada por el Comité Nacional de S.rios en fecha 20 de mayo del 2015, con entrada en vigencia el 1ro de junio del 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad.
(12) Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto lo siguiente: (a) que P.J.O. de la Rosa y M.A.L.J., interpusieron una demanda en reparación de daños y perjuicios contra el señor A.R.H.J., I.A.H., C. por A., y Confederación del Canadá Dominicana, S.A., la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado apoderado; (b) que la corte a qua revocó la sentencia de primer grado y acogió la Sentencia núm. 871/2019
demanda en reparación de daños, estableciendo el monto de la indemnización en la suma de setecientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$700,000.00), repartidos de la siguiente manera: la suma de trescientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$300,000.00) a favor de P.J.O. de la Rosa y la suma de cuatrocientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$400,000.00) a favor de M.A.L.J., más un interés judicial de un 1.5% a partir de la demanda en justicia, a través de la sentencia ahora recurrida en casación; que desde la fecha de la demanda primigenia esto es, 21 de diciembre del 2012 a la fecha de la interposición del recurso de casación 20 de junio del 2016, ha transcurrido 3 años y 5 meses, para un total de 41 meses de interés judicial a razón de RD$700,000.00, resultando el cálculo mensual la suma de RD$10,500.00, lo que multiplicado por 41 asciende a un total de interés judicial de RD$430,500.00. más el monto de condena principal para un total de un millón ciento treinta mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,130,500.00), que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), párrafo II del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
(13) Considerando, que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley vigente al momento de su Sentencia núm. 871/2019
introducción, respecto al monto mínimo que debía alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por el recurrido, lo cual impide examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente en fundamento del presente recurso de casación, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada.
Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, después de haber deliberado, vista la Constitución de la República Dominicana; vistos los Arts. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08; 45 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, núm. 137-11 del 13 de junio de 2011; la sentencia TC/0489/15 de fecha 6 de noviembre de 2015.
DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Confederación del Canadá Dominicana, S.A., en representación del asegurado A.R.H.J., contra la sentencia civil núm. 540-2015, dictada el 28 de julio del 2015, por la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Sentencia núm. 871/2019
del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo;
CONDENA a la parte recurrente, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Dres. L.M.G., R.
.E.P.G. y J.H.P., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.
(Firmados) P.J.O..-.S.A.A..- N.R.E.L..-
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 31 de octubre del año 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.

References: artículo 6
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 110
 Resolución 
 artículo 5