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Timestamp: 2020-01-18 04:03:29+00:00

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Propuesta abierta para la democratización del Banco Central Europeo (BCE) - Wiki de toma la plaza
Propuesta abierta para la democratización del Banco Central Europeo (BCE)
1 Propuesta abierta para la democratización del Banco Central Europeo (BCE)
1.1 La pérdida de autonomía y de control democrático de los bancos centrales y del BCE a partir del tratado de Maastricht
1.1.1 Los fallos del Eurosistema. Necesidad de modificación de las actuales funciones del BCE
1.2 Funciones del BCE
1.3 Actuaciones del BCE ante la situación actual
1.4 Propuesta de democratización. Principios generales
1.5 Reformas de carácter estructural y propuestas a corto plazo
1.6 Medidas de urgente aplicación
La pérdida de autonomía y de control democrático de los bancos centrales y del BCE a partir del tratado de Maastricht
La globalización financiera actual proviene de la imposición de unas reglas del juego que se han ido configurando por la presión y predominio de la oligarquía financiera y corporativa. Pero en una verdadera democracia las reglas del juego que deben seguirse para funcionamiento del sistema financiero (y en particular del BCE), le corresponderían a los ciudadanos, y de ahí nuestra propuesta.
Con la entrada a en vigor del tratado de Maastricht ( 1992) y la creación de la Eurozona, los Estados han perdido la autonomía y el control democrático sobre sus bancos centrales, delegando en el BCE y en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, no solo el poder de emitir el dinero legal, billetes y monedas, sino la capacidad de definir sus propias y específicas políticas económicas y sociales. Al mismo tiempo, los bancos centrales de los países europeos dejan de depender de los gobiernos, que teóricamente deben de responder ante sus electores, y se convierten en instrumentos de la política monetaria común. En España este cambio se concreta con la entrada en vigor de la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España. Con la creación del BCE en 1999, el problema se agudiza, ya que este Banco Central -que tiene autonomía total respecto de los gobiernos de los países de la Eurozona- pasa a ser de hecho la autoridad política y económica que, sin legitimidad política y democrática, determina las políticas económicas, presupuestarias y fiscales de los países de la Eurozona.
Los fallos del Eurosistema. Necesidad de modificación de las actuales funciones del BCE
El Eurosistema fue concebido como un paso más hacia la integración europea. La idea pretendía que la moneda única serviría para homogeneizar las economías de los Estados miembros y que a partir de esta moneda única y de la consecución de la homogeneidad surgiría un gobierno común europeo, capaz de fijar objetivos comunes de progreso y políticas económicas y sociales convergentes y solidarias . Pero nada de esto se ha hecho realidad en esta Europa dominada por el mercado y la competitividad y esta es una de las contradicciones y falta de viabilidad con que se encuentra la zona euro: la de una moneda sin Estado que la respalde y la dificultad para crear mecanismos de salvaguardia frente a los problemas externos y el aumento de las desigualdades internas económicas y sociales.
Por el contrario estamos viendo como a raíz de la crisis financiera y su transformación en crisis fiscal y crisis de la deuda, son la propia estructura y el funcionamiento del Eurosistema los que han contribuido a incrementar las desigualdades entre países. Ello es el resultado de cómo se está realizando esta integración europea ( mercantilista, monetaria y corporativa) y es una de las consecuencias de la rigidez en la aplicación de los criterios de estabilidad y de convergencia, que se encarga de hacer cumplir el BCE a través de su política monetarista.
Esta mayor divergencia se da entre los países “centrales” y los países “periféricos” de la zona euro, que como consecuencia de los desequilibrios financieros y fiscales, son los más afectados por la crisis en general y por la crisis de la deuda.
Ello es debido a que la zona euro destruye el proceso “inmunológico” de los países periféricos, dejándolos expuestos a la crisis mundial y a sus efectos devastadores.
Esta es la diferencia entre Europa y los EEUU, donde existe un Estado que respalda su moneda, y, a pesar de que el Sistema de la Reserva Federal está inspirado en el principio de estabilidad, existen otros criterios económicos de actuación que permiten defender el empleo y la tasa de ocupación. Ello permite que en casos de crisis el gobierno federal y la FED intervengan salvaguardar las desigualdades entre los estados, lo que no ocurre en Europa.
Pero hay otro poder financiero que viene actuando simultáneamente: los bancos, que crean el dinero bancario. Este dinero bancario que existe actualmente en un país desarrollado es muy superior al dinero emitido por el Estado.
Según datos del Banco Central Europeo en 2008, el efectivo sólo suponía el 7% del total del dinero disponible (oferta monetaria o m3).
Debido a esta situación, son los bancos centrales de los países, que nacen por decisión de los poderes públicos, los que deberían establecer las reglas de juego para evitar las posibles crisis bancarias que se pueden producir por la excesiva creación de dinero bancario, es decir por la excesiva concesión de créditos de los bancos. Este mismo proceso de concentración de poder decisional del BCE se da con las políticas económicas de los Estados de la UE. En teoría deberían ser establecidas por los gobiernos, pero en la práctica vienen totalmente condicionadas por el férreo marco regulatorio establecido en los distintos tratados de la Unión y en particular por el vigente Tratado de Lisboa.
Remedo del Tratado Constitucional, impuesto finalmente en 2009 a los ciudadanos europeos a pesar de haber sido rechazado en referéndum por varios países de la Unión (Francia, Holanda e Irlanda).
En estos tratados aparece, por encima de cualquier otro objetivo, la voluntad de imponer un proyecto económico político (el neoliberal), cuyos fundamentos son de índole exclusivamente mercantilista y monetarista. Van dirigidos al reforzamiento de un mercado interior basado en los principios de libre circulación de mercancías y capitales, en favor de las grandes multinacionales y las corporaciones financieras.
Dentro de este marco regulatorio es el Banco Central Europeo la principal y más influyente entidad que se encarga de aplicar estas políticas, influyendo así de forma fundamental en la definición de las políticas económicas de los países de la Unión. Si inicialmente el ámbito de actuación del BCE se limitaba a la política monetaria (la fijación del tipo de interés de los empréstitos, la emisión de moneda, el euro, y el mantenimiento de la estabilidad de precios) en la práctica ha pasado a ser el organismo que define y ejecuta las grandes líneas de la política económica, financiera, fiscal y monetaria de la UE.
El BCE es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Para ello el BCE trabaja con el SEBC, que incluye a los 27 países de la UE. De estos 27 países , sin embargo, solamente 16 de estos países han adoptado hasta ahora el euro, constituyendo así la "zona euro", y sus bancos centrales, junto con el BCE, forman el "Eurosistema".
A pesar de estas enormes responsabilidades el BCE actúa en el ejercicio de sus funciones como una institución opaca e independiente (Artículo 7 de los Estatutos. Protocolo nº4), al margen de cualquier control democrático en la toma de decisiones.
En efecto, según sus estatutos, ni recaba ni acepta instrucciones procedentes de las instituciones, órganos u organismos de la Unión . Por otra parte, los miembros de su comité de dirección son nombrados por los Gobiernos, pero no son revocables y no tienen que dar cuentas a nadie.
Esta falta de coordinación y de control democrático del BCE, que también se da en otras instituciones de la UE ( la Comisión o el Consejo) lleva a que el funcionamiento de la Unión Europea en materia de política económica europea se limite a una cooperación entre Gobiernos. Como resultado de ello los distintos poderes se organicen de modo tal que nadie aparezca claramente como responsable de la política aplicada , contrariamente de lo que ocurre a nivel nacional, donde el Gobierno o la mayoría parlamentaria aparecen, en última instancia como responsables de las decisiones que toman.
Como prueba de ello vemos como en la actual situación de crisis mundial, ni el BCE ni la Comisión Europea han sabido anticipar desde un principio las causas y los efectos de la crisis exportada por EEUU por la codicia de los banqueros. Tampoco han hecho nada, o muy poco y mal, para llevar a cabo una reforma en profundidad del anárquico funcionamiento del sistema financiero europeo e internacional, responsable y causante de esta crisis y su recrudecimiento.
Como conclusión podemos destacar que las políticas de índole económica aplicadas por la UE (sean de carácter monetario, fiscal, financiero, comercial, o de ámbito sectorial) chocan frontalmente con el intento de conciliar unos objetivos comunes de una política económica europea común, que pretende “el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en el marco de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente” (artículo 3 del Tratado de Lisboa).
Por otra parte muchas de estas políticas vulneran el principio de subsidiariedad de los Estados ya que inciden, directa o indirectamente, en las políticas presupuestarias que establecen los gobiernos (centrales, regionales, locales, empresas o entes públicos) sobre sus ingresos (políticas fiscales) o sobre sus gastos. De esta forma se impide que cada Estado miembro tenga la posibilidad de adoptar y mantener normas más ambiciosos y progresistas en áreas tales como la protección social, las normas laborales o el medio ambiente.
Sin embargo, como estamos viendo en las respuestas que el BCE y la Unión Europea están dando a la crisis financiera y a la denominada crisis de la deuda soberana, no existe ninguna posibilidad de hacer frente y ofrecer alternativas a estas políticas por parte de los ciudadanos europeos, que son en última instancia los que padecen los efectos de una crisis que no han generado. Unas políticas que vulneran los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, y los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.
Actuaciones del BCE ante la situación actual
Sin entrar en las guerras de especuladores contra especuladores que se producen en la bolsa o la especulación contra compañías aseguradoras que muchas veces son propiedad de bancos, etc. que carecen de interés real para la ciudadanía, lo que si queremos caracterizar es lo ocurrido durante los últimos años en los llamados países periféricos en lo que se ha denominado la crisis de la deuda. El objetivo de esta especulación ha sido trasvasar dinero público a bancos privados utilizando para ello rebajas selectivas en la calificación de la deuda soberana de los países que se deseaba atacar mediante la actuación de las agencias de calificación y, por tanto, la subsiguiente subida de los intereses que los estados debían pagar a los bancos para que estos compraran deuda pública.
A consecuencia de la decisión del BCE de comprar deuda soberana de Italia y España en el mercado secundario, es decir comprar deuda a los bancos que la compran a los estados, conjuntamente con la rebaja en la calificación de la deuda pública de la administración de los Estados Unidos mientras los tipos de interés de la Reserva Federal de este país se mantienen y se mantendrán durante los próximos dos años aproximadamente en mínimos históricos, por lo que la perspectiva del dólar será a la baja, la especulación ha cambiado su estrategia, aunque no su objetivo.
Si antes solamente se atacaba selectivamente a los países periféricos, ahora el ataque no es solamente contra estos países sino que también comienza a ser indiscriminado contra el conjunto de la zona Euro. Si antes se atacaba solamente a través de las emisiones de deuda pública lo que produce un recorte automático del gasto público de los gobiernos, ahora se ataca también mediante el cambio de divisas, y fundamentalmente el cambio dólar-euro.
En este mecanismo los bancos toman dólares de la Reserva Federal a un tipo de interés extraodinariamente bajo, después los cambian a euros, el tercer paso es especular contra la deuda de los países de la zona euro (los que ofrezcan intereses mayores). A continuación, en cuarto lugar venden esa deuda al BCE y, a la vez, cambian los euros por una mayor cantidad de dólares que los que habían traído antes de la compra de deuda, son más dólares primero por el beneficio que se ha conseguido en la compra de deuda a los estados y su venta al BCE y segundo porque en la mayoría de los casos el dólar habrá bajado su cotización respecto al euro. Finalmente llevan los dólares que recibieron en préstamo de la Reserva Federal más los beneficios de vuelta a Estados Unidos. Todo este proceso puede realizarse en una sola noche.
Este segundo ataque se reflejara no solamente como hasta ahora en una mayor reducción del gasto público y por consiguiente en servicios públicos como la Seguridad Social, la educación, salarios de los funcionarios, menor contratación del estado y por tanto mayor paro y precariedad laboral, etc. A partir de ahora también se reflejará en el progresivo deterioro de las reservas de oro y divisas de los países, en algunos casos hasta su completa desaparición.
El ataque inicial a las primas de riesgo ha pasado a ser un ataque a las “Reservas de oro y divisas” de la Comunidad Europea, es decir, un nuevo mecanismo de especulación que se perpetra a través del Fondo de Estabilidad y del Fondo de Oro y Divisas y que representa un mayor empobrecimiento de los ciudadanos de la zona euro. El coste total para la ciudadanía europea de este sistema especulativo ha sido estimado en alrededor de 800.000 millones de euros.
Entendemos que, evidentemente, el Banco Central Europeo no ha sido creado para facilitar a la banca especulativa el expolio de nuestras reservas, el recorte del gasto de las administraciones públicas y por tanto el deterioro de nuestros servicios públicos, el paro o la precariedad laboral.
Propuesta de democratización. Principios generales
Entendemos por democratización del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales su sujeción al control democrático y ciudadano en la definición de las políticas que regulen la actividad del sistema financiero de la Unión.
Para ello exigimos la democratización política y económica del Banco Central Europeo y que las políticas financieras que deba llevar a cabo, estén supeditadas y ajustadas al marco político y económico que se decida- a través de consenso democrático- por toda la ciudadanía europea. Será esta ciudadanía, a través de las diferentes instituciones democráticas, la encargada de orientar la actividad del BCE.
Con carácter general, y por las razones anteriormente expuestas, exigimos que los objetivos de la política económica y monetaria del BCE cambien de rumbo y se adecuen a cumplir los objetivos previstos, pero postergados, en las Disposiciones Generales de la Unión contempladas en el Título I Artículo 3.3. Es decir vayan dirigidos, fundamentalmente, al logro del progreso social de los ciudadanos, la consecución de un desarrollo económico sostenible, el pleno empleo y la cohesión económica y social, objetivos que ahora están supeditados a las políticas monetarias y de estabilización de precios.
EL BCE debe perder su autonomía de funcionamiento y debe estar sujeto a control democrático ciudadano, a través de sus gobiernos. En todo caso debería pasar a depender de un Comisariado o Ministerio de Economía o de Finanzas, que esté dotado de legitimidad política y democrática, encargado de orientar las políticas económicas, presupuestarias y fiscales de los países de la Eurozona. Aparte de otras funciones, este organismo sería el encargado de establecer unas normas de armonización, hacia arriba, de las escalas impositivas de la UE, en particular en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas y las rentas del capital.
El BCE debe ser la entidad reguladora que controle el correcto uso de la moneda común y el correcto funcionamiento del sistema bancario público y privado a nivel europeo.
El BCE no puede limitar su marco de actuación a la aplicación de los criterios de estabilidad y convergencia que solo sirven para acentuar los desequilibrios entre países y permitir el empobrecimiento de los países periféricos (los denominados países PIIGS de la UE).
Si bien no rechazamos de plano la permanencia de España dentro de la zona euro, consideramos necesario poner en marcha, de forma urgente, reformas de carácter fiscal que ayuden a reducir las asimetrías que el actual modelo genera, y que contrarresten la pérdida de instrumentos de política económica como el tipo de cambio y/o la política comercial.
Estas medidas son imprescindibles para que España y los demás países periféricos puedan aceptar tener como moneda el euro, ya que consideramos que es injusto e innecesario que la población tenga que soportar ajustes brutales que cercenan sus derechos, los bienes públicos y que les condenan a décadas de sufrimiento social, para sostener una moneda que solo representa los intereses de las grandes corporaciones representadas en el gobierno alemán.
Dentro del Eurosistema, el BCE deberá asumir su responsabilidad, autorizada en los Tratados actuales, de definir la política de tasas de cambio o la actuación coordinada frente a la especulación financiera de los mercados.
Este control democrático del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales que propugnamos exige la revisión del mandato que le asignan los artículos 127 al 133 del Tratado de Lisboa. Como alternativas, y en el marco de sus funciones, proponemos incluir las siguientes medidas y atribuciones: a) ejercer las funciones de banca pública para la financiación de los estados miembros de la Eurozona; b) ejercer la función pública de seguimiento y control de las entidades financieras privadas de tal forma que:
Se impida la existencia de instituciones financieras europeas (bancos, compañías de seguros y otras corporaciones financieras) que debido a su dimensión económica “crítica” y sus efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía son consideradas “demasiado grandes para quebrar “ y que, por tanto, deberían ser divididas en otras entidades más pequeñas.
No se permitan los rescates bancarios sin condiciones de la banca privada. Los bancos que no pueden sobrevivir deberían ser puestos bajo el control democrático de los poderes públicos con el objetivo de servir a las necesidades de la población y no de los beneficios de los accionistas privados.
En situaciones de crisis de la deuda como la que actualmente nos afecta el BCE, junto a otros instituciones de la Unión, debe coordinar las acciones para evitar la especulación financiera de los mercados e impedir la primacía de los intereses de la banca privada.
Para ello el BCE debe asumir la responsabilidad de la financiación de entidades públicas y de la compra directa de deuda, bien a través de eurobonos o de otras medidas concertadas a nivel europeo. En este caso el BCE será el organismo que determine en cada circunstancia los tipos de interés de este tipo de bonos europeos.
El BCE debe crear los mecanismos para auditar de forma independiente, o promover la auditoría de la deuda pública de los Estados por entidades imparciales que tenga el apoyo o la participación ciudadana.
A su vez, a nivel interno deberán someterse a elección democrática los cargos políticos que conformen el Comité Directivo,del BCE, su Consejo de Gobierno y su Consejo General.
En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, consideramos que es preciso cambiar los objetivos actuales del BCE en materia de política monetaria, fiscal y económica, lo que conlleva modificar las funciones atribuidas a esta institución en el Tratado de Lisboa.
Reformas de carácter estructural y propuestas a corto plazo
En materia de política económica exigimos la aplicación del principio de subsidiaridad, defendiendo la no injerencia del BCE en las políticas de los Estados miembros, ni en la determinación de un techo de déficit público. Por ello condenamos y rechazamos la injerencia del BCE en el condicionamiento de la soberanía de los Estados en materia presupuestaría y financiera, como ha ocurrido recientemente en el caso de España al presionar al Gobierno español en la modificación de la Constitución española (artículo 125). Defendemos que cada Estado miembro debe tener la posibilidad de adoptar y mantener normas "progresistas" que mejoren sus políticas sociales y laborales, de protección social y del medio ambiente, algo que ahora no se permite.
Aunque no estamos en absoluto de acuerdo con la política económica que propugna el Tratado de Lisboa, que debería revocarse en la situación de emergencia actual exigimos que se apliquen las clausulas previstas en el Tratado de Lisboa , es decir, el Artículo 122 (artículo III-180) y el Artículo 66 (artículo III-159).
El BCE, así como el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) debe actuar en beneficio de los ciudadanos y no de la gran banca europea, como ocurre en la situación actual con la crisis de la deuda griega y de otros países, entre ellos España. El pago de la deuda pública comprometida por los Estados miembro no debería suponer ningún obstáculo para los Estados y para los ciudadanos en condiciones normales de funcionamiento no especulativo Es preciso terminar con las políticas permisivas del “laissez faire”, que aplican el BCE y la Comisión Europea por falta de la regulación adecuada, o por supeditación a los mercados financieros y a los intereses de la banca.
En sus funciones de supervisión del sistema bancario el BCE, junto a la Comisión Europea, debería actuar como organismo impulsor de la necesaria regulación del sistema financiero europeo e internacional.
En tanto que banco central el BCE debería actuar contra el caos que provoca el “casino financiero” internacional: hacer frente a las prácticas e instrumentos dominantes de especulación financiera impuestas por los mercados financieros y la banca, entre ellas la compra venta a corto y los CDS ( Credit Default Swap) o permutas de incumplimiento crediticio. Como políticas colaterales a este proceso de ordenación debería también proponer medidas y actuaciones para combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y la competencia fiscal entre estados.
El BCE debe contribuir al levantamiento del secreto bancario dentro de la UE. Esta norma debería ampliarse a todo tipo de rentas del capital y a las personas jurídicas.
El BCE debería jugar un papel especialmente activo para evitar la libre circulación de capitales entre la UE y los PF (Modificación del artículo 63 del Tratado de Lisboa (antiguo 56 del TCE).
Impuesto a la banca y a las transacciones financieras : Con el objeto de hacer frente a la especulación financiera, proponemos la aplicación inmediata un impuesto a la banca y sobre las transacciones financieras nacionales y transfronterizas, incluidas las transacciones cambiarias que no están contempladas en el proyecto de Directiva 2008/7/EC. La gestión de este impuesto debería ser encomendada al BCE.
Finalmente, para que estas reformas estructurales sean aplicables es preciso la revisión/modificación del vigente Tratado de la Unión (Tratado de Lisboa) y de modo particular, la abolición de los artículos antes mencionados, que son determinantes en la situación actual (compra directa de deuda, democratización de la entidad).
Esta democratización del BCE que aquí proponemos debe servir como precedente para la democratización de otros organismos europeos.
Medidas de urgente aplicación
Como medida de urgente aplicación exigimos que el BCE se responsabilice de la financiación de entidades públicas y de la compra directa de deuda.
Para ello exigimos que sea derogado con carácter de urgencia el Artículo 123 del Tratado de Lisboa (antiguo artículo 101 TCE) que impide la concesión de créditos a los estados miembros presionados por la especulación financiera de los mercados, así como la adquisición directa de instrumentos de deuda.
Artículo 122 (artículo III -180)
2. En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera comunitaria al Estado miembro en cuestión. El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada.
Artículo 123 (antiguo artículo 101 TCE)
Artículo 127 (artículo III-185)
El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, denominado en lo sucesivo “SEBC”, será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 124 (antiguo artículo 102 TCE)
Artículo 125 (antiguo artículo 103 TCE)
La Unión no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. Los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. 2. Si fuese necesario, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá especificar las definiciones
para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren los artículos 123 y 124 y el presente artículo.
Artículo 66 (artículo III-159)
[1] Este concepto implica que las decisiones se deban de tomar a un nivel lo más próximo posible a los ciudadanos y ha tenido gran trascendencia en los últimos años. Se aplica tanto a las administraciones (europeas, nacionales, regionales o locales) como a las empresas. Aparece recogido en el artículo 308 del Tratado: "En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al Principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario."
[2] Reservas de oro y divisas" es la denominación oficial del epígrafe correspondiente en la contabilidad nacional de los países
[3] Artículo 3. 3: La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
[4] El Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, constituyen la autoridad monetaria de la zona del euro.
[5] http://es.wikipedia.org/wiki/Permuta_de_incumplimiento_crediticio
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References: Artículo 3
 Artículo 122
 Artículo 66
 artículo 63
 Artículo 123
 artículo 101

Artículo 122

Artículo 123
 artículo 101

Artículo 127
 artículo 3

Artículo 124
 artículo 102

Artículo 125
 artículo 103

Artículo 66
 artículo 308
 Artículo 3