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Timestamp: 2017-03-26 13:01:21+00:00

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Sentencia nº 751/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 656765577
Número de Resolución:751/2016
Número de Recurso:1838/2015
CUSTODIA COMPARTIDA. REQUISITOS. Se deduce de la prueba practicada la aptitud del padre, sin que se le pueda imputar la responsabilidad de la falta de informes complementarios que no le han sido requeridos relativos a la situación de dependencia a sustancias estupefacientes alegada por la recurrente. La búsqueda sistemática del enfrentamiento por uno de los progenitores no puede ser causa de denegación del sistema de guarda y custodia compartida al perjudicar el interés del menor. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. Se desestima el recurso de casación.
En la Villa de Madrid, a 22 de diciembre de 2016
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 2 de marzo de 2016, dictada en recurso de apelación núm. 561/2014, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dimanante de autos de juicio de divorcio contencioso núm. 318/2013, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gernica; recurso interpuesto ante la citada Audiencia por Dña. Brigida, representado por el procurador D. Itxaso Esesumaga Arrola, bajo la dirección letrada de Dña. Ana Sáenz-Cortabarría Fernández, compareciendo en esta alzada en su nombre y representación la procuradora Dña. María Jesús Gutiérrez Aceves en calidad de recurrente, y en calidad de recurrido se persona D. Alfonso, representado por el procurador D. Rafael Gamarra Mejías bajo la dirección letrada de Dña. Ana Sofía Llamazares Medrano, y con intervención del Ministerio Fiscal.
1.- D. Alfonso, representado por la procuradora Dña. Miren Maite Albizu Orbe y asistido de la letrada Dña. Idoia Olaguenaga Martínez, interpuso demanda de juicio de divorcio contra Dña. Brigida y, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia:
Por la que acuerde:
El divorcio de los cónyuges y la adopción de las siguientes medidas:
»- Pensión de alimentos para la menor por importe de 200 euros mensuales, que inicialmente abonará Alfonso, en la cuenta que se determine, los días 1 a 5 de cada mes, y que sufrirá las variaciones del IPC,
»Cuando se establezca la custodia compartida por semanas, cada progenitor deberá ingresar esa cuantía en la cuenta que se establezca, para el pago de los gastos de la menor, entendiendo que cada progenitor cubrirá los gastos de estancia y manutención de la menor, durante el periodo de tiempo que resida en su compañía.
- El fiscal contestó a la demanda con los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables solicitando se dicte sentencia:
Conforme al resultado de la practicada
- La demandada Dña. Brigida contestó a la demanda, actuando en su representación el procurador D. Itxaso Esesumaga Arrola y bajo la dirección letrada de D. Ana Sáenz-Cortabarría Fernández, y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia:
1º.- La disolución por divorcio del matrimonio formado por Doña Brigida y don Alfonso (también puede figurar como Horacio), con todos los efectos inherentes a tal declaración.
»4.2.- La atribución de la guarda y custodia de la hija menor, Magdalena, de 6 meses de edad, a su madre, doña Brigida.
»- El primer período comprende desde el día en que la menor tenga vacaciones a la salida del colegio hasta el día 31 de diciembre.
»- Y el segundo período desde el 31 de diciembre hasta el día anterior al que la menor inicie sus clases.
»III.- Desde los 5 a los 6 años
»A los efectos de preparar a la menor para el inicio de las estancias nocturnas con su padre, y con el objeto de que ello no sea traumático para la menor e introducirlas de manera gradual, el padre podrá visitarle y tener a la menor en su compañía, con derecho de pernocta, los fines semana alternos, desde el sábado a las 11 horas hasta el domingo a las 19 horas.
»- El primer período comprende desde el día en que la menor tenga vacaciones a la salida del colegio hasta las 12 horas del día 31 de Diciembre
»En defecto de acuerdo, los años impares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre los pares.
»e).- Las vacaciones de Semana Santa se disfrutarán de forma íntegra y alternativa por cada uno de los progenitores correspondiendo a la madre tener a la menor los años impares y los pares al padre.
»f.1).- Hasta que la menor cumpla 10 años se repartirán por quincenas los meses de Julio y Agosto, sin que se pueda elegir dos quincenas seguidas de tal forma que hagan un mes, y en defecto de acuerdo, los años pares elige la madre y los impares el padre.
»f.2).- Desde los 10 años, se dividirán en dos periodos:
»*.- El primer periodo comprendido desde las 10.00 horas del 1 de Julio a las 10.00 horas del 1 de Agosto.
»*.- El segundo periodo comprenderá desde las 10.00 horas del 1 de Agosto a las 10.00 horas del 1 de Septiembre.
»Dada la conflictividad existente en este caso y sobre todo, dadas las circunstancias personales que concurren en el Sr. Alfonso, solicitamos que las visitas se realicen bajo la supervisión y control del punto de encuentro familiar más cercano al domicilio de la menor. En este sentido, los especialistas de dicho centro deberán remitir, trimestralmente, al juzgado informe sobre la evolución y desarrollo de dichas visitas. Semestralmente, y previo informe del gabinete psicosocial adscrito a este juzgado, se procederá a analizar la conveniencia, o no, de ir suprimiendo, paulatinamente, el control y supervisión del punto de encuentro familiar de tal forma que las visitas puedan desarrollarse fuera del mismo.
»4.4.- La atribución del uso y disfrute de la vivienda que constituyó el domicilio familiar así como el ajuar familiar, sita en Munguia, (C/ DIRECCION000 n° NUM000, NUM001 NUM002) a doña Brigida y a su hija Magdalena.
»4.5.- Se establezca una pensión de alimentos a cargo del Sr. Alfonso y a favor de su hija de 593.-€ que deberá ingresar en la cuenta corriente al efecto designada, dentro de los cinco primeros días de cada mes y que se actualizará desde el uno de enero de cada año, en proporción a las variaciones que experimenten los índices de precios al consumo según el instituto Nacional de Estadística u organismo que el sustituya.
»Igualmente, se establezca que la contribución a los gastos extraordinarios será del 50% por parte de ambos progenitores.
»Y cuanto demás proceda en derecho, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante, y una vez firme se inscriba la citada resolución en el Registro Civil correspondiente, pues es así de hacer en Justicia que pido».
- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Guernica se dictó sentencia, con fecha 5 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el sr. Horacio, debo acordar y acuerdo la disolución por divorcio del matrimonio formado por D. Horacio y Dña. Brigida, que consta inscrito en el registro de Maruri-Jatabe, celebrado el día 30/04/2011, con todos los efectos legales inherentes a tal disolución.
»La menor Magdalena estará bajo la patria potestad de ambos progenitores y bajo la custodia de la madre.
»El régimen de visitas se ejercerá conforme al siguiente calendario:
»A partir de los dos años de edad, el Sr. Alfonso ampliará su régimen de visitas, y podrá estar, además de los martes y jueves en el mismo horario, los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 20,00 horas. En todo caso las recogidas y entregas se harán en el domicilio de la madre y menor.
»A partir de la escolarización de la menor, el régimen de visitas se ampliara, pasando el Sr. Alfonso con su hija menor, los martes y jueves desde la salida del centro escolar hasta el día siguiente, que la entregará de nuevo en el centro escolar.
»Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en relación a las costas procesales.
»Firme esta resolución dese comunicación de la misma al Registro Civil de Maruri-Jatabe para su inscripción».
Y con fecha 29 de mayo de 2014 se dictó auto de aclaración con la siguiente parte dispositiva:
Se acuerda aclarar la sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 8/5/2014 en el sentido que se indicado en el fundamento de derecho segundo de esta resolución
Y consta como fundamento de derecho segundo:
En el presente caso procede aclarar la sentencia indicando que:
La escolarización de la menor se inicia cuando esta acaba la guardería, con escolarización se viene a indicar que la menor acudirá a un centro con un horario definido. Puede iniciarse con tres años o con cuatro, no significa escolarización obligatoria. Los padres en el ejercicio de la patria potestad, deberán decidir, conjuntamente, cuando ha de acudir la menor al colegio.
»En cuanto a que la menor pueda ser recogida por terceras personas, esa es una prerrogativa de cada progenitor, que pueden delegar en quienes estimen oportuno el cuidado de su hijo, sin que sea necesario hacer una previsión expresa en sentencia».
Y solicitándose nueva aclaración se dictó providencia de fecha 7 de julio de 2014 con el siguiente contenido:
Dada cuenta del escrito solicitando nueva aclaración de sentencia de fecha 06/06/2014, se acuerda no ha lugar a la misma. La solicitud es extemporánea y debiera haberse realizado conjuntamente con la anterior, las sentencias de familia no pueden contener toda la casuística que la vida conlleva, con lo que la interpretación deben hacerla los progenitores siempre en beneficio de la menor
Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada e impugnada la sentencia por la parte demandante, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya dictó sentencia, con fecha 2 de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:
Estimando el recurso por impugnación articulado por D. Alfonso contra sentencia y auto aclaratorio dictados por el Ilmo. Sr. magistrado juez del Upad de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 de los de Gernika y Lumo en autos de divorcio contencioso núm. 318/2013, de que el presente rollo dimana, debemos revocar y parcialmente revocamos la misma en cuanto a las medidas relativas a la hija matrimonial menor de edad:
»3.- Cada progenitor contribuirá con la suma de 200 euros mensuales que se ingresará en una cuenta corriente a nombre de la menor y con la que se atenderá a los gastos ordinarios de la misma.
»4.- Los gastos extraordinarios de la menor serán satisfechos por mitad e iguales partes.
»Se desestiman las restantes pretensiones de las partes, confirmando la sentencia recurrida en sus restantes pronunciamientos y sin dictar particular pronunciamiento en las costas de la presente apelación».
Y en fecha 30 de abril de 2015 se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva establece:
Se acuerda aclarar la sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 2-3-2015 en el sentido indicado en el fundamento de derecho anterior
Y en el fundamento de derecho se señala:
Segundo.- En el presente caso procede aclarar la sentencia en el sentido de que la contribución de cada progenitor será por importe de 200 euros mensuales
1.- Por Dña. Brigida se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Motivo tercero.- Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC, por infracción del art. 24.1 de la Constitución. La resolución recurrida incurre en un error patente y notorio en la valoración de la prueba.
Motivo cuarto.- Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC. La resolución recurrida incurre en un error notorio o patente en la valoración de la prueba con vulneración del art. 24.1 de la Constitución.
Motivo quinto.- Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC, por infracción del art. 24.1 de la Constitución. Existencia de error patente y notorio.
Motivo sexto.- Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC. La resolución recurrida incurre en un error notorio o patente en la valoración de la prueba con vulneración del art. 24.1 de la Constitución.
E interpuso recurso de casación basándose en un único motivo:
- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido el procurador D. Rafael Gamarra Mejías, en nombre y representación de D. Alfonso, presentó escrito de oposición al mismo y por su parte el Ministerio Fiscal interesó la casación de la sentencia.
- Se admitió la documental aportada por la recurrente en otrosí del recurso de casación e infracción procesal y sobre la que la parte recurrida formuló las alegaciones que estimó pertinentes. La parte recurrida a su vez presentó documental con la oposición al recurso, respecto a la que también la parte recurrente formuló alegaciones así como el Ministerio Fiscal que no varió su informe.
- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2016, en que tuvo lugar.
El ahora recurrido, D. Alfonso, presentó demanda de divorcio en la que, en lo que aquí interesa, solicitaba un régimen de visitas progresivo respecto de la hija menor de edad (nacida el NUM003-2013), hasta llegar al establecimiento de un régimen de custodia compartida.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda en cuanto al divorcio, y denegó la custodia compartida estableciendo un régimen de visitas amplio. La sentencia en su fundamento cuarto analiza la situación del demandante, y sostiene que la hija de una relación anterior estuvo bajo la custodia de sus abuelos paternos hasta que el demandante pudo asumir la patria potestad de la misma una vez superados todos los requisitos que le impuso la Diputación Foral de Vizcaya, y que conforme al informe del equipo psicosocial no se aprecia en ninguna de las partes incapacidad para asumir los cuidados que requiere un menor de edad. En cuanto a las relaciones entre los progenitores, aun cuando admite que no sea necesario que exista buena relación entre ellos para acordar la custodia compartida, entiende que sí es un requisito mínimo que exista cierto diálogo entre aquéllos, y en el presente caso, cuando ambos se juntan, y por extensión sus respectivas madres -abuelas del menor-, así como los tíos, lo hacen para discutir y acabar en conatos de agresión.
La sentencia fue recurrida en apelación por la parte demandada (Dña. Brigida) -ahora recurrente-. El demandante (D. Alfonso) -ahora recurrido- se opuso al recurso de apelación e impugnó la sentencia, manifestando en su escrito de recurso que hacía 12 años aproximadamente había consumido drogas y había estado en tratamiento, consiguiendo su rehabilitación. El Ministerio Fiscal en escrito de fecha 22 de julio de 2014 se opuso a la estimación del recurso.
- El segundo motivo, al amparo del artículo 469.1.4.º, denuncia la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto la resolución recurrida incurre en razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba.
- El tercer motivo, al amparo del artículo 469.1.4.º, denuncia la infracción del artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto la resolución recurrida incurre en un error patente y notorio en la valoración de la prueba.
La parte sostiene que pese a que la sentencia recurrida reconoce que los progenitores mantienen malas relaciones, llega a la conclusión de que éstas no impiden el establecimiento del régimen de custodia compartida, existiendo en autos prueba suficiente que permite constatar que las acreditadas malas relaciones son de tal entidad que, en este caso, impide fijar el régimen de custodia compartida.
- El cuarto motivo, al amparo del artículo 469.1.4.º, denuncia la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto la resolución recurrida incurre en un error notorio o patente en la valoración de la prueba.
- El quinto motivo, al amparo del artículo 469.1.4.º, denuncia la infracción del artículo 24.1 de la Constitución, por existencia de error patente y notorio.
- El sexto motivo, al amparo del artículo 469.1.4.º, denuncia la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, por existencia de error notorio o patente en la valoración de la prueba.
Entiende la recurrente que es patente y notorio el error que se aprecia en el párrafo quinto del fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, al señalar que no concurre motivo alguno que impida el establecimiento de la guarda y custodia compartida, pues las pruebas obrantes en autos llevan a la conclusión contraria.
- El motivo único se fundamenta en la infracción del artículo 92.5, 6 y 7 CC, y alega como infringida la doctrina contenida en las sentencias 257/2013, de 29 de abril (rec. 2525/2011), 619/2014, de 30 de octubre (rec. 1359/2013), 370/2013, de 7 de junio (rec. 1128/2012), 515/2015, de 15 de octubre (rec. 2260/2013), en relación al principio del interés de la menor en supuestos de guarda y custodia compartida y los parámetros que deben concurrir para su establecimiento.
Entiende la parte que la sentencia realmente lo que hace es aplicar un modelo de custodia compartida sobre la base de argumentos abstractos y genéricos, sin indagar si en el caso concreto dicho modelo es el adecuado para el interés del menor y sin comprobar si se dan los requisitos establecidos por el TS para acordarla. Así, la doctrina ha sido vulnerada al no atenerse la sentencia recurrida a los principios integradores del interés superior del menor y al no tener en cuenta que, en este caso concreto, no se dan los parámetros señalados por la jurisprudencia para apreciar la pertinencia de un sistema como es el de guarda y custodia compartida, ya que pese a reconocer que los progenitores mantienen malas relaciones, entiende -en contra de la doctrina citada del TS- que ello no es obstáculo para denegar la custodia compartida, silenciando que estamos ante una relación que, desde su origen, fue conflictiva lo que permite hacer un mal pronóstico al régimen de custodia compartida. La sentencia, además, resuelve en contra del informe del Ministerio Fiscal, quien en el acto de la vista del recurso de apelación solicitó la confirmación de la sentencia de instancia, y en contra del dictamen pericial psicosocial que recomienda que la menor se mantenga bajo la guarda y custodia de la madre.
Motivo primero.- Al amparo de lo prevenido en el art. 469.1.2.º de la LEC, por infracción del art. 217 de la LEC, apartados 1, 2, 3, 6 y 7.
El padre refiere historial de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico asociado a un trastorno por dependencia de sustancias. Se refiere actual remisión total sostenida sin embargo, no se aportan al procedimiento informes relativos a tal circunstancia y/o diagnóstico, ni datos sobre profesionales que hayan intervenido en proceso psicoterapeútico, por lo que se desconoce el alcance y situación real con relación al cuadro que pudiera presentar en la actualidad el evaluado.
Con respecto a la prueba psicométrica "Cuida" aplicada;
De esta prueba se deduce la aptitud del padre, sin que se le pueda imputar la responsabilidad de la falta de informes complementarios que nadie le ha pedido, por lo que no se le puede cargar con la falta de una prueba que no se ha propuesto ( art. 217 LEC). Unido a ello la valoración probatoria, fundada en el informe psicosocial se ajusta a las norma de la lógica, de forma que se tutelan efectivamente los derechos de la ahora recurrente ( art. 24 de la Constitución).
Motivo tercero. Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC, por infracción del art. 24.1 de la Constitución. La resolución recurrida incurre en un error patente y notorio en la valoración de la prueba.
Motivo cuarto. Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC. La resolución recurrida incurre en un error notorio o patente en la valoración de la prueba con vulneración del art. 24.1 de la Constitución.
Por otro lado, que la hermana del Sr Alfonso le acompañara en las visitas a la hija, fue para garantizar que la madre no pudiese dar una visión parcial de las mismas.
Por tanto, nuevamente debemos rechazar la existencia un error patente en la valoración de la prueba ( art. 24 CE), y no procede intentar que esta sala se convierta en una tercera instancia, pues nuestra labor se ha de limitar a examinar si se ha producido o no un error flagrante en la valoración de la prueba, lo cual no ha ocurrido.
Motivo quinto. Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC, por infracción del art. 24.1 de la Constitución. Existencia de error patente y notorio.
El argumento que utiliza la recurrente más bien sirve para apoyar la idoneidad como padre del Sr. Alfonso, quien tuvo una hija de un anterior relación ( Tania), cuya custodia le fue retirada por los Servicios Sociales, mientras estuvo en proceso de rehabilitación, época en la que la custodia fue conferida a la abuela paterna, y tras ello los mismos Servicios atribuyeron la custodia al Sr. Alfonso y no a la madre de Tania, lo que evidencia su total recuperación, por lo que tampoco se infringe el art. 24 CE.
Motivo sexto. Al amparo de lo prevenido en el art. 469.4 de la LEC. La resolución recurrida incurre en un error notorio o patente en la valoración de la prueba con vulneración del art. 24.1 de la Constitución.
La parte recurrente se limita a refundir todos los argumentos sobre la valoración de la prueba, antes expuestos, por lo que por las mismas razones se ha de desestimar el motivo.
Motivo único. Al amparo de lo dispuesto en el art. 477.2.3.º de la LEC, de conformidad con el punto 3 del mismo, por infracción del art. 92.5, 6 y 7 del Código Civil y se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de la Sala Primera, STS 257/2013 de 29 de abril, STS 619/14 de 30 de octubre, STS 370/2013 de 7 de junio de 2013, STS 515/2015 de 15 de octubre, en interpretación de dicho precepto, en relación al principio del interés de la menor que va a quedar afectada por la medida que se deba tomar y que, en el caso de la guarda y custodia compartida, se acordará cuando concurran los criterios reiterados por el Tribunal Supremo y recogidos como doctrina jurisprudencial en las sentencias citadas.
La parte recurrente entiende infringido el art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo interpreta en base a, la falta de aptitud del padre, la falta de diálogo, su drogadicción, el informe psicosocial.
Al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal ya razonamos que todos esos aspectos habían sido debidamente valorados en la sentencia recurrida, entendiendo que concurría la aptitud del padre, la superación de su drogadicción y rehabilitación que había permitido incluso que los Servicios Sociales le atribuyeran la custodia de su otra hija Tania, habida en otra relación de pareja.
Es decir, el sustento fáctico que la recurrente pretende para denegar la custodia compartida, no se corresponde con la realidad probada, por lo que procede rechazar este motivo y el recurso de casación ( art. 92 del C. Civil), dado que la sentencia recurrida no infringe la doctrina jurisprudencial.
Se imponen a la recurrente las costas de ambos recursos ( arts. 394 y 398 LEC).
- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Dña. Brigida, contra sentencia de dos de marzo de 2015 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya. 2.º- Confirmar en todos sus aspectos la resolución recurrida. 3.º- Se imponen a la recurrente las costas de ambos recursos. 4.º- Se acuerda la pérdida de los depósitos para recurrir.

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 artículo 469
 artículo 24
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 artículo 469
 artículo 24
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 92
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