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DERECHO VIRTUAL; EL FUTURO DEL MUNDO ACTUAL: 08/27/08
Katie Holmes sabe llevar un pañuelo Katie Holmes sabe llevar un pañuelo Posted: 26 Aug 2008 06:26 PM CDT Y precisamente es un pañuelo lo que necesito para tapar mi rostro cuando tengo que aceptar que esta vez el look de Katie Holmes me encanta. Normalmente, su estilo no me gusta nada, se me hace una copia extraña de Victoria Beckham, pero sin su sentido de la moda y con muchos fallos mayores entre vestir más grande de su talla, como una buela o escoger modelos que no la favorecen. Sin embargo, con este sencillo atuendo que es cien por ciento copiable, Katie puede llegar a gustarme. Vaqueros, esta vez sin arremangar, una camiseta medio tranparente negra y unas manoletinas a juego. El toque trendy se lo dió con el pañuelo negro con lunares blancos, diminutos que le daban a su estilo un sentido entre primaveral y otoñal. Estaciones de transición y una buena época para la Holmes. Pero entre los dimes y diretes que rodean a la actriz, puede que el que más me apetezca confirmar es si apoyará a su amiga del alma, Vicky Beckham en su presentación en la Semana de la Moda de Nueva York. Con las noticias hace unso meses sobre el fracaso de dVb, la firma de la ex Spice, ahora se baraja mucho sobre su nueva línea de vestidos para la firma. Pero por lo pronto, Katie si que hará su aparición en la Semana de la Moda con su colección Holmes-Yang.Foto | Faded YouthEn Trendencias | Tendencias de Otoño III: fulares y pañuelos CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
Nuevo Boletín Comercial: el Ministerio de Hacienda nos ha vendido.
Nuevo Boletín Comercial: el Ministerio de Hacienda nos ha vendido. Enviado por Carlos Reusser Monsalvez el 17/08/2008 a las 15:02 Leo en El Mercurio de hoy los anuncios del Ministerio de Hacienda sobre los avances en el proyecto de reforma en el sistema de información comercial que incorporará las deudas positivas de los chilenos, o sea, esas que tenemos usualmente con las casas comerciales y que pagamos regularmente (Falabella, Paris, Ripley, etc.). Desde hace mucho tiempo los bancos andan tras esa información, no porque la necesiten para el giro ordinario de las transacciones, sino porque les abre oportunidades de modelamiento de nuevos negocios. No crean tampoco que la quieren para minimizar sus riesgos de pérdida dado que, como ustedes saben, siempre toman garantías bastante superiores a los montos de los créditos que extienden. Ahora, el planteamiento del Ministerio de Hacienda es encantadoramente ingenuo (o perverso, si fueramos bien pensados) y peligroso para los derechos ciudadanos, tal como lo ha sido DICOM y su negativo impacto en el mercado del trabajo y de la seguridad social. Propugnan que sólo la expresa voluntad de la persona podrá autorizar la venta que se hace de su información sobre deudas con pagos al día y agregan, conneolenguaje de Orwell, que este poder de decisión "beneficia a las personas" (cuando en realidad es todo lo contrario y está pensado en el beneficio de las entidades financieras). La trampa es tan obvia que hay que descartar la ingenuidad: cualquier banco o similar, con medio dedo de frente, lo primero que pondrá frente al cliente será el formulario de autorización, previamente completado, y seguramente asociado a un poder amplio que le autorice a realizar con ella todos los extremos que se les ocurra. Y ahí mismo se acabó el poder de decisión. Etiquetas: dicom hacienda proteccion de datos boletin comercial morosos |Regiones Todo el país CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile Publicado por
Los crímenes contra la humanidad exigen justicia(Cada vez es más posible responsabilizar a líderes que permiten atrocidades) (1099)Gracias a los avances y la industrialización de la tecnología, el siglo XX se ha caracterizado por el aumento en la sofisticación de la guerra y en la capacidad de provocar muertes en escala masiva. Sin embargo junto a la creciente cantidad de víctimas en atrocidades permitidas por el Estado surgió la cooperación internacional que permitió que los criminales de guerra y los violadores de los derechos humanos fueran responsabilizados por sus crímenes. Así, el siglo XX, en el que se creó la palabra genocidio y la palabra holocausto se hizo parte del léxico común, también presentó al mundo los tribunales para crímenes de guerra, comisiones de la verdad y para la reconciliación y las indemnizaciones por guerras.Estados UnidosDurante la Guerra Civil de Estados Unidos alrededor de 45.000 prisioneros de la Unión fueron encarcelados en un campo en Andersonville, Georgia, comandado por el superintendente Henry Wirz. La hambruna, la desnutrición y las enfermedades mataron a unos 13.000 hombres, el 40 por ciento de todas las muertes entre los prisioneros de la Unión en manos de la Confederación. Luego, al término de la guerra, Wirz fue juzgado y condenado en una corte marcial federal en Washington, acusado de conspiración y asesinato. Fue colgado el 10 de noviembre de 1865.ChileDurante el régimen militar dirigido por Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, más de 2.000 ciudadanos chilenos fueron asesinados por motivos políticos y decenas de miles fueron detenidos y torturados por el régimen. Dos comisiones de la verdad y la reconciliación fueron establecidas por gobiernos subsiguientes para investigar los abusos a los derechos humanos, para que el Estado pagara compensaciones monetarias vitalicias a las víctimas supervivientes. En el momento de morir Pinochet en 2006 había unas 300 acusaciones criminales pendientes en su contra, incluyendo abusos a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada y el asesinato.ArgentinaEnte 1976 y 1983 se calcula que entre 9.000 y 30.000 disidentes políticos fueron "desaparecidos" por la junta militar de Argentina, que los sedaba y los tiraba vivos desde aviones al Océano Atlántico. En su campaña contra los enemigos reales y supuestos del régimen, el gobierno aplicó la tortura. Luego de la restauración de la democracia en 1983 el ex jefe de la junta, Jorge Videla, fue acusado de numerosos crímenes, secuestro y tortura. En abril de 2007 el sistema judicial argentino revocó un perdón dictado en 1900 y actualmente Videla cumple arresto domiciliario.La Haya, HolandaLa Haya es sede de más de 150 organizaciones legales internacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional, que es responsable de juzgar casos por crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y genocidio; del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y de la Corte Internacional de Justicia, o Tribunal Mundial. La ciudad holandesa, que fue sede de las dos primeras conferencias mundiales sobre la paz en 1899 y 1907 es conocida internacionalmente como "la ciudad de la paz y la justicia".AlemaniaDespués del final de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas establecieron un tribunal especial en Nurenberg, Alemania, para juzgar a los principales políticos, militares y responsables económicos de la Alemania nazi, por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Durante el Holocausto, entre 1933 y 1945, los nazis asesinaron casi a la mitad de los 14 millones de judíos de Europa. Otras víctimas fueron los gitanos, los homosexuales, los inválidos, los Testigos de Jehová, los prisioneros de guerra soviéticos y muchos civiles europeos. Los juicios realizados entre 1945 y 1946 de los principales 24 líderes culminaron en sentencias de muerte y prisión, así como absoluciones. El juicio estableció precedentes para establecer la Corte Penal Internacional. El moderno estado de Alemania también pagó alrededor de 70.000 millones de dólares en indemnización a Israel, así como 15.000 millones de dólares a los sobrevivientes del Holocausto.Antigua YugoslaviaEl conflicto militar entre 1992 y 1995 que condujo al rompimiento de Yugoslavia resultó en 100.000 muertos y en miles de individuos sospechosos de cometer atrocidades contra las poblaciones de musulmanes, croatas y serbios. En 1992 el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue el primer tribunal establecido en cumplimiento del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y se convirtió en el primer cuerpo en presentar la acusación de un jefe de Estado en ejercicio, el primer ministro serbio Slobodan Milosevic, por crímenes de guerra. El tribunal pretende completar para fines de 2009 todos sus procesos por crímenes de guerra y decidir las apelaciones para 2010.RuandaPor lo menos 500.000 Tutsis y miles de Hutus moderados perecieron en el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, durante la guerra civil en ese país. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció en Tanzania en noviembre de 1994 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda encargado de enjuiciar a los acusados por genocidios, crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra. Los primeros juicios contra los líderes ruandeses comenzaron en 1997. Se espera que el tribunal complete su trabajo en 2010.IraqEn 2004 el Gobierno Interino de Iraq estableció un tribunal especial para juzgar a los acusados de cometer genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o graves delitos durante el gobierno del país por el Partido Baath, entre 1968 y 2003. El ex dirigente iraquí Saddam Hussein y otros tres funcionarios principales fueron condenados y ejecutados por la masacre cometida en 1982 de 148 hombres y niños chiitas en Dujail, y fueron acusados de otras atrocidades como son el ataque químico de 1988 en el que perecieron miles de civiles curdos.CamboyaEntre 1975 y 1979 el régimen del Khmer Rojo, dirigido por Pol Pot, se calcula que asesinó a 1,5 millones de los 7,5 millones de habitantes de ese país, utilizando ejecuciones, hambrunas y trabajos forzados. En 2006 el gobierno camboyano y las Naciones Unidas establecieron un tribunal conjunto multinacional para juzgar a los principales miembros del Khmer Rojo, acusados de crímenes contra la humanidad, incluyendo el genocidio. Cinco sospechosos, entre ellos el Camarada Duch, comandante de la famosa prisión de Tuol Sleng, fueron acusados en 2007. Se espera que los juicios comiencen en 2008.JapónEntre la invasión japonesa de Manchuria en 1931 y la derrota del Japón Imperial por los aliados en 1945 los militares de ese país asesinaron entre tres y diez millones de personas, entre ellos a chinos, indonesios, coreanos, filipinos, indochinos y a prisioneros aliados de guerra. Los militares también aplicaron tortura, trabajos forzados, asaltos y violaciones. Un tribunal especial, el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, fue establecido en Tokio entre 1946 y 1948 para juzgar a los principales jefes militares y políticos del Japón, así como a los acusados de cometer abusos contra los prisioneros. China también estableció 13 de sus propios tribunales para crímenes de guerra.(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/esp) ************************************************************ La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estados Unidos distribuye WF-Noticias. Puede encontrar información adicional en http://usinfo.state.gov/esp/ CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
ENCUENTRO DE SECRETARIAS "ARMONIA ENTRE VIDA FAMILIAR Y TRABAJO" JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - 13:30 hrs. a 18:00 hrs.Hotel Ritz, salón Grand Ball RoomAmCham y Desafío se han unido una vez más para ofrecer el IV Encuentro de Secretarias, que tiene como principal objetivo entregar una formación en lo humano a personas que ocupan un puesto clave en el buen funcionamiento de la empresa. Con esta actividad, buscamos honrar y valorar el trabajo de nuestras secretarias, aportándoles a su desarrollo personal y favorecer el encuentro y los vínculos entre ellas.El Programa contempla un atractivo panel cuya principal oradora será la Sicóloga Pilar Sordo. Vea el programa: www.amchamchile.cl - www.desafio.clAuspician: Valor $50.000 - Cada 10 inscripciones de una misma empresa, 1 adicional gratisInscripciones: www.amchamchile.cl/eventticket - 290 9746 - eventos@amchamchile.cl AmCham Chile - Derechos Reservados 2008 Av Kennedy 5735, of. 201 Torre Poniente Las Condes - Teléfono (56-2) 2909700 Fax (56-2) 2120515 - Santiago Chile www.amchamchile.cl CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
Polémica forma de "salvar" a los bosques tropicales Polémica forma de "salvar" a los bosques tropicales Posted: 26 Aug 2008 02:43 PM CDT Uno podría pensar que nadie, ni siquiera los gobiernos, se aprovecharían de algo tan serio y de cuidado como es la lucha que tenemos que emprender contra el calentamiento global y el cambio climático asociado. Pero como siempre, uno peca de inocente. Los gobiernos trafican con cantidades de emisiones de Dióxido de Carbono. Hoy han presentado un proyecto para la conservación de bosques tropicales de lo más extraño. Es una propuesta de la ONU, presentada hoy en en Accra (Ghana), durante la reunión que hay allí para la lucha contra el cambio climático. La propuesta es si se deben incluir los bosques tropicales en el mercado global de intercambio de emisiones de dióxido de carbono. O sea que la nación tenga este tipo de bosques, podrá vender puntos a países que tengan muchas emisiones, de esta forma las naciones contaminantes se ven exentas de reducir sus emisiones, porque tienen dinero. Lo dan como una gran noticia para las naciones pobres porque tendrán una fuente de ingresos pero el asunto aquí no es el dinero, no sé si se olvida la gente de la ONU que tenemos un pequeño problema de calentamiento global, en nuestro planeta, y que lo que tenemos que evitar es que se emitan muchos gases invernadero y que se talen los bosques. Una forma de proteger los bosques no es permitiendo que los utilicen los países ricos para seguir emitiendo gases. "Si el valor de los bosques aumenta, los gobiernos y las empresas podrían adoptar medidas para arrebatárselos a las poblaciones indígenas que dependen de ellos para su subsistencia", subrayó Belmond Tchoumba, coordinador del programa para la biodiversidad de los bosques de la ONG Amigos de la Tierra Internacional. Vía El Mundo CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile Publicado por
(Agricultura)LUCHSINGER: PÉREZ YOMA "ANDA JUGANDO A LA ESCONDIDA". En entrevista con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, German Luchsinger, hijo de Eduardo Luchsinger cuyo fundo fue quemado por completo, criticó la forma en que el ministro del Interior visitó la zona. "Esperábamos que una vez que apareciera nos avisaran para poder conversar con él, pero hubo que adivinar que venía". Aunque Luchsinger afirmó que "es bueno" que el secretario de Estado recorriera la región, sostuvo que "es lamentable que la autoridad ande jugando a la escondida", porque expresó que sólo se enteraron, por informantes propios, que el ministro Edmundo Pérez Yoma estaba llegando a al zona, por lo que su padre tuvo que anteponerse en el recorrido para poder conversar con la autoridad y manifestarle su preocupación. Al ser consultado sobre las palabras del ministro Pérez Yoma, quien manifestó que se queda más tranquilo, porque las cosas están controladas y se trata sólo de atentados aislados, German Luchsinger respondió que "ante tan nobles palabras no tengo mucho que comentar. No sé hasta qué punto se puede hablar de hechos aislados, porque un hecho aislado no ocurre tantas veces seguidas". "Si insisten en que se trata de hechos aislados encuentro sumamente lamentable las palabras, porque hace rato que dejó de ser así", sostuvo. Por lo mismo, manifestó que las afirmaciones de la Presidenta Michelle Bachelet, quien dice "que se aplicará todo el rigor de la ley", sólo son "palabras" y declaraciones "muy tranquilizadoras", pero no van más allá de eso. CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
LO QUE SE ESPERA DE LOS PROFESIONALES EN LAS ACTUALES CONTRATACIONES Pero cualquiera de estos empleos con futuro requerirá elevados conocimientos. De acuerdo con las demandas empresariales estimadas, los aspirantes deberán dominar dos o más idiomas, las nuevas tecnologías y las peculiaridades de la especialización que persiguen, condiciones que no serán suficientes, puesto que además, tendrán que demostrar capacidad de influencia, de iniciativa y de comunicación.SER LIDERES. También se valorarán habilidades organizativas como la cualidad de liderar proyectos, el dirigir equipos o disminuir la tensión surgida en un momento dado, y motivaciones como la fijación de metas, la ética profesional o la gestión del tiempo.ADEMÁS QUE SABEN DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y ENERGIAS RENOVABLES. CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
Reconocimiento al compromiso con la equidad de género en el mundo laboralManpower Inc anunció recientemente que ha sido nombrada una de las mejores empresas para mujeres, según el ranking de la revista Pink. Es además la única compañía proveedora de servicios de empleo incluida en la lista. El exclusivo ranking anual de la revista Pink reconoce el rol destacado de la mujer en empresas estadounidenses, particularmente en roles de liderazgo, y distingue a las compañías que más contribuyen a su desarrollo a nivel profesional.Para llegar a los 13 ganadores, la revista Pink realizó una profunda investigación entre gran cantidad de empresas pertenecientes a distintas industrias, en base a una serie de criterios:- Poder: cantidad de mujeres en puestos directivos, gerencias y con responsabilidad financiera;- Conducta: programas de capacitación y coaching, diseñados para retener y ascender a las mujeres talentosas;- Remuneración: pruebas de equidad en el pago, incluyendo el porcentaje de mujeres en el Top 5 de la nómina de la empresa."Durante seis décadas, Manpower ha desarrollado una plataforma para que las mujeres se inserten en el merado laboral. El hecho de que muchos de nuestros líderes sean mujeres crea un ambiente de armonía que energiza la organización", dijo Jeff Joerres, Presidente y CEO de Manpower. "Es la diversidad de pensamiento y de experiencia lo que estas mujeres aportan actuando como verdaderos líderes", agregó.En Argentina la compañía ha desarrollado su compromiso con esta temática con el lanzamiento en 2007 de su programa de Responsabilidad Social "La Mujer en la Empresa Contemporánea". El mismo tiene como objetivo poner en agenda el tema de la promoción de la mujer en el mundo del trabajo con acento en conciliación de vida laboral y familiar. Se plantea como un proceso de diálogo con los grupos de interés: clientes, público interno y comunidad.Maria Amelia Videla, Gerente de RS y Asuntos Públicos de la Compañía, afirmó: "Las mujeres tienen mucho para aportar a las organizaciones, sin embargo su desarrollo profesional se ve muchas veces limitado por prejuicios acerca de su disponibilidad, flexibilidad y competencias. El fuerte compromiso que tiene Manpower con el liderazgo femenino, nos lleva a trabajar cada vez con mayor ahínco con los grupos de interés en esta temática, toda vez que son una parte vital en la gestión de la responsabilidad social."Datos del mercado:- En Argentina, las mujeres representan el 42% de la población ocupada sin embargo aportan, en promedio, menos del 30% de los ingresos familiares. El 53% de las empresas informó que no emplea a ninguna mujer en puestos gerenciales, y que sólo un 23% de las empresas tiene a una mujer en su gerencia en la Argentina (Según International Business Report (IBR) de Grant Thornton International).- Si se compara las remuneraciones medias de los salarios registrados por hombres y mujeres, los datos confirman que existe una diferencia superior al 30% a favor de los primeros.- La O.I.T. denuncia que los avances registrados en la última década por parte de los gobiernos para reducir la brecha han sido prácticamente nulos.En Manpower:- Dos mujeres lideran regiones que combinadas representan el 70% del revenue de Manpower en el mundo.- Las mujeres constituyen el 20% del Directorio de la organización.- El 50% de la Dirección Ejecutiva de la Compañía está compuesto por mujeres.- En Sudamérica cuatro de diez operaciones son dirigidas por mujeres.- En Argentina el 40% de los mandos gerenciales están en manos femeninas.Acerca de PinkLa Revista Pink destaca una nueva generación de las mujeres más influyentes de América, redefiniendo la concepción del éxito en el siglo XXI. Pink ofrece contenido editorial de escritores y columnistas premiados para mujeres profesionales. Para más información, Visite www.pinkmagazine.comAgosto de 2008 CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
Control de armas ¿Quién controla el uso de armas en Chile?¿Qué tipo de armas están sometidas a control?¿Qué armas o artefactos bélicos están prohibidos? CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
¿Se pueden modificar las prohibiciones de la Ley del Tabaco? ¿Se pueden modificar las prohibiciones de la Ley del Tabaco? El diputado Joaquín Godoy Ibáñez (RN) explica al ciudadano Ricardo Cifuentes cuáles son los impedimentos para modificar la prohibición de vender ... 20 de agosto 2008 CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
CHILE <: Presidenta Bachelet se reume con director de carabineros
TERRORISMO EN EL SUR Bachelet se reúne con el General Director de Carabineros en La Moneda El encuentro se da un día después de la visita de Pérez Yoma a la Araucanía y a dos de la revelación de nuevos antecedentes sobre la muerte del general Bernales. Miércoles 27 de Agosto de 2008 09:38 Karina Morales, El Mercurio OnlineSANTIAGO.- Minutos después de las 09:30 horas arribó a La Moneda el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, para reunirse privadamente con la Presidenta Michelle Bachelet.Se espera que en el encuentro ambas autoridades aborden los hechos de violencia que se han registrado últimamente en la Región de la Araucanía y las nuevas revelaciones sobre el fallecimiento en Panamá del ex General Director de Carabineros, José Bernales.Gordon llegó sorpresivamente a la sede de Gobierno, ya que la cita con la jefa de Estado no fue anunciada por la Presidencia, como ha sido costumbre al tratar temas de seguridad.Hace dos días el jefe policial estuvo en La Moneda donde participó en una reunión que fue encabezada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en la que se analizaron los antecedentes que manejan Carabineros, Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), sobre los sucesos ocurridos en la Araucanía.Tras ese encuentro, el titular de Interior se trasladó sorpresivamente a la zona del conflicto para observar en terreno la situación que aqueja principalmente a los dueños de predios cercanos a las comunidades mapuches. En la ocasión, Pérez Yoma afirmó que detrás de estos hechos de violencia hay miembros de ex grupos subversivos, que, dijo, el gobierno espera que pronto sean capturados.Respecto de los antecedentes sobre la muerte del general Bernales, el lunes se conoció un informe elaborado en 2007 por el actual piloto presidencial de Panamá, en el cual advertía que el helicóptero SAN-100 -en el que murió Bernales y otros cinco chilenos- no debía emplearse en viajes VIP "por la antigüedad que el mismo posee" CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
CHILE: LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Biblioteca del Congreso Nacional -------------------------------------------------------------------------------- Identificación de la Norma : LEY-20285 Fecha de Publicación : 20.08.2008 Fecha de Promulgación : 11.08.2008 Organismo : MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA LEY NÚM. 20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en Moción de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica y Hernán Larraín Fernández: Proyecto de ley: Artículo primero.- Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado: TÍTULO I Normas Generales Artículo 1°.- La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 1. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: es la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior del servicio a nivel nacional. 2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia. 3. Días hábiles o plazo de días hábiles: es el plazo de días establecido en el artículo 25 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. 4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 6. Sitios electrónicos: También denominados "sitios web". Dispositivos tecnológicos que permiten transmitir información por medio de computadores, líneas telefónicas o mediante el empleo de publicaciones digitales. Artículo 2°.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. TÍTULO II De la Publicidad de la Información de los Órganos de la Administración del Estado Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Artículo 6°.- Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado. TÍTULO III De la Transparencia Activa Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: a) Su estructura orgánica. b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. c) El marco normativo que les sea aplicable. d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios. g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan. m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios, mantendrán esta información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, presentación y contenido de la información que les corresponda. En el caso de la información indicada en la letra e) anterior, tratándose de adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, cada institución incluirá, en su medio electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del cual deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u organismo. Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional. En el caso de la información indicada en la letra f) anterior, tratándose de transferencias reguladas por la ley N° 19.862, cada institución incluirá, en su sitio electrónico institucional, los registros a que obliga dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la misma norma legal. Las transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional. Artículo 8°.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes. Artículo 9°.- Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría General de la República. TÍTULO IV Del Derecho de Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. Artículo 11.- El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios. i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo. j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley. k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. Artículo 12.- La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso. b) Identificación clara de la información que se requiere. c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. d) Órgano administrativo al que se dirige. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Artículo 13.- En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante. Artículo 14.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12. Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. Artículo 15.- Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar. Artículo 16.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley. En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos. Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes. Artículo 17.- La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes. Artículo 18.- Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente. Artículo 19.- La entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley. Artículo 20.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa. Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información. Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. 4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política. Artículo 22.- Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación. Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda irrogar su terminación. Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar: a) La integridad territorial de Chile; b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y d) La política exterior del país de manera grave. Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue declarada por una ley de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio. Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio, durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen su entrega al Archivo Nacional. Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de aquéllas. Artículo 23.- Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, en las oficinas de información o atención del público usuario de la Administración del Estado, establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior. El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o resolución en que conste tal calificación. Artículo 24.- Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información. La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso. La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de información. Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad asiento del Consejo, podrá presentar su reclamo en la respectiva gobernación, la que deberá transmitirla al Consejo de inmediato y por el medio más expedito de que disponga. En estos casos, el reclamo se entenderá presentado en la fecha de su recepción por la gobernación. El Consejo pondrá formularios de reclamos a disposición de los interesados, los que también proporcionará a las gobernaciones. Artículo 25.- El Consejo notificará la reclamación al órgano de la Administración del Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada. La autoridad reclamada y el tercero, en su caso, podrán presentar descargos u observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles, adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieren. El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si lo estima necesario, fijar audiencias para recibir antecedentes o medios de prueba. Artículo 26.- Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la información que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones serán públicos. En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a la información una vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare. Artículo 27.- La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día hábil de vencido el plazo a que se refiere el artículo 25, sea que se hayan o no presentado descargos. En caso de haberse decretado la audiencia a que se refiere el mismo artículo, este plazo correrá una vez vencido el término fijado para ésta. La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo prudencial para su entrega por parte del órgano requerido. La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero, si lo hubiere. En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley. Artículo 28.- En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21. El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20. El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. Artículo 29.- En caso que la resolución reclamada hubiere otorgado el acceso a la información denegada por un órgano de la Administración del Estado, la interposición del reclamo, cuando fuere procedente, suspenderá la entrega de la información solicitada y la Corte no podrá decretar medida alguna que permita el conocimiento o acceso a ella. Artículo 30.- La Corte de Apelaciones dispondrá que el reclamo de ilegalidad sea notificado por cédula al Consejo y al tercero interesado, en su caso, quienes dispondrán del plazo de diez días para presentar sus descargos u observaciones. Evacuado el traslado por el Consejo, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte dictará sentencia dentro del término de diez días, contados desde la fecha en que se celebre la audiencia a que se refiere el inciso tercero de este artículo o, en su caso, desde que quede ejecutoriada la resolución que declare vencido el término probatorio. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno. En caso de acogerse el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la denegación del acceso a la información, la sentencia señalará un plazo para la entrega de dicha información. En la misma resolución, el Tribunal podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley. TÍTULO V Del Consejo para la Transparencia Artículo 31.- Créase el Consejo para la Transparencia, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El domicilio del Consejo será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios que pueda establecer en otros puntos del país. Los decretos supremos que se refieran al Consejo, en que no aparezca una vinculación con un Ministerio determinado, serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Artículo 32.- El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley. c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier medio de publicación. d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación. e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean. f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información. h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia. i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado. k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia. l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Artículo 34.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado. Podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Igualmente, para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá celebrar convenios con instituciones o corporaciones sin fines de lucro, para que éstas presten la asistencia profesional necesaria para ello. Artículo 35.- Todos los actos y resoluciones del Consejo, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud del artículo 8º de la Constitución Política y de las disposiciones contenidas en la presente ley, tenga el carácter de reservado o secreto. Artículo 36.- La dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Se renovarán por parcialidades de tres años. El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su Presidente. Para el caso de que no haya acuerdo, la designación del Presidente se hará por sorteo. La presidencia del Consejo será rotativa. El Presidente durará dieciocho meses en el ejercicio de sus funciones, y no podrá ser reelegido por el resto de su actual período como consejero. Artículo 37.- No podrán ser designados consejeros los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los Ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; alcaldes y concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembros de los demás tribunales creados por ley; funcionarios de la Administración del Estado, y miembros de los órganos de dirección de los Partidos Políticos. Artículo 38.- Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes: a) Expiración del plazo por el que fue designado. b) Renuncia ante el Presidente de la República. c) Postulación a un cargo de elección popular. d) Incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado. En caso que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 36, por el período que restare. Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 36, por el tiempo que faltare al que produjo la vacante. Artículo 39.- Los consejeros, a excepción de aquél que desempeñe el cargo de Presidente del Consejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario. El Presidente del Consejo percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un Subsecretario de Estado. Artículo 40.- El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento. Artículo 41.- Los estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento. Los estatutos y sus modificaciones serán propuestos al Presidente de la República por, a lo menos, una mayoría de tres cuartos de sus miembros, y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Artículo 42.- El Director del Consejo será su representante legal, y le corresponderán especialmente las siguientes funciones: a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo. c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo, previo acuerdo del Consejo Directivo. d) Contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios, de conformidad a la ley. e) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Consejo. f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Consejo. g) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo. Artículo 43.- Las personas que presten servicios en el Consejo se regirán por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de probidad y las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Las personas que desempeñen funciones directivas en el Consejo serán seleccionadas mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que regulan los procesos de selección de la Alta Dirección Pública sobre la base de una terna conformada por el Consejo de esa Alta Dirección. El Consejo deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre administración financiera del Estado. Asimismo, el Consejo estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas. Las resoluciones del Consejo estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Artículo 44.- El patrimonio del Consejo estará formado por: a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación. b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y por los frutos de esos mismos bienes. c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo acepte. Las donaciones en favor del Consejo no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecidas en la ley N° 16.271. TÍTULO VI Infracciones y Sanciones Artículo 45.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. Artículo 46.- La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. Artículo 47.- El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor. Artículo 48.- Las sanciones previstas en este Título, deberán ser publicadas en los sitios electrónicos del Consejo y del respectivo órgano o servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que la respectiva resolución quede a firme. Artículo 49.- Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan. TÍTULO VII Disposiciones Transitorias Artículo 1°.- De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. Artículo 2º.- La primera designación de consejeros del Consejo para la Transparencia, se hará a los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley. En la propuesta que se haga al Senado se identificará a los dos consejeros que durarán seis años en sus cargos, y los dos que durarán tres años. El Consejo para la Transparencia se entenderá legalmente constituido una vez que el Consejo Directivo tenga su primera sesión válida. Artículo 3º.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia, se financiará mediante transferencias del ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del año respectivo.". Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: 1. Deróganse los incisos tercero y siguientes del artículo 13 y el artículo 14. 2. Intercálase en el inciso segundo del artículo 21, a continuación de la denominación "Consejo Nacional de Televisión", las expresiones "al Consejo para la Transparencia", precedidas de una coma (,). Artículo tercero.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por el siguiente: "En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.". Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Interior: 1. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 12: "Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.". 2. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 84: "Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La publicación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad.". Artículo quinto.- Modifícase la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Nº 10.336, incorporándose en el Título X, el siguiente artículo 155, nuevo: "Artículo 155.- La Contraloría General de la República se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, Título III y artículos 10 al 22 del Título IV. Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, el que se instruirá conforme a su respectiva ley orgánica. Las sanciones por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las consignadas en dicha ley. El Contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley.". Artículo sexto.- El Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Las Cámaras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, en lo pertinente. Deberán especialmente publicar, además, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás asignaciones que perciban. Los reglamentos de ambas Cámaras consignarán las normas que cautelen el acceso del público a la información de que trata este artículo. Artículo séptimo.- Modifícase la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, contenida en el ARTÍCULO PRIMERO de la ley N° 18.840, en lo siguiente: a) Incorpórase en el Título V, el siguiente artículo 65 bis, nuevo: "Artículo 65 bis.- El Banco Central se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. La publicidad y el acceso a la información del Banco se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II; Título III, a excepción del artículo 9°; y los artículos 10 al 22 del Título IV. En todo caso, la prórroga de que trata el inciso segundo del referido artículo 22, se adoptará mediante acuerdo del Consejo que requerirá del voto favorable de, a lo menos, cuatro consejeros y en cuanto a la preservación de documentos de que trata esa misma disposición, se aplicará lo dispuesto en el artículo 86. Las referencias que dichas normas hacen a la autoridad, jefatura o jefe superior, se entenderán hechas al Presidente del Banco. Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida, o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69. La Corte, en la misma sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones al infractor. El Banco, mediante acuerdo del Consejo publicado en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.". b) Sustitúyese el inciso primero del artículo 66, por el siguiente: "Artículo 66.- Además, el Banco deberá guardar reserva respecto de los antecedentes relativos a las operaciones de crédito de dinero que celebre o las inversiones que efectúe en conformidad a los artículos 34, 36, 37, 38, 54, 55 y 56; de los que provengan de la información que requiera en conformidad a los artículos 40, 42 y 49 en materia de operaciones de cambios internacionales o de atribuciones que le otorgan en esa misma materia otras leyes; y de la información que recabe para el cumplimiento de la función contemplada en el artículo 53; y, no podrá proporcionar información sobre ellos sino a la persona que haya sido parte de las mismas, o a su mandatario o representante legal.". Artículo octavo.- Los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a través de su Corporación Administrativa, deberán mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal de Contratación Pública o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción, como la Dirección General de Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se refiere la ley Nº 19.940, cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente mediante sus propios sitios electrónicos o en los de el o de los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan más próxima vinculación, en caso de que no dispongan de un sistema propio. En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza, cualquiera sea su denominación. Las sentencias o resoluciones mencionadas en el inciso precedente se publicarán dentro de cinco días de que éstas queden ejecutoriadas. Artículo noveno.- El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral se rigen por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. La publicidad y el acceso a la información de las instituciones mencionadas en el inciso precedente se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, Título III y los artículos 10 al 22 del Título IV. Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por algunas de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, el que se instruirá conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con todo, las sanciones que se impongan por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley. El Fiscal Nacional o el Presidente del Tribunal Constitucional, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley. En el caso de la Justicia Electoral, las disposiciones consignadas en el inciso anterior se establecerán mediante auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones o auto acordado de cada Tribunal Electoral Regional, que se publicará, respectivamente, en el Diario Oficial y en el diario regional que corresponda. Artículo décimo.- El principio de la transparencia de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes. En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes debidamente actualizados: a) El marco normativo que les sea aplicable. b) Su estructura orgánica u organización interna. c) Las funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos internos. d) Sus estados financieros y memorias anuales. e) Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. f) La composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa. g) Información consolidada del personal. h) Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo que le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías y, en general, todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma global y consolidada, la remuneración total percibida por el personal de la empresa. La información anterior deberá incorporarse a sus sitios electrónicos en forma completa, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Las empresas a que se refiere este artículo, cualquiera sea el estatuto por el que se rijan, estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, a la Superintendencia a cuya fiscalización se encuentren sometidas, la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046. En caso de incumplimiento, los directores responsables de la empresa infractora serán sancionados con multa a beneficio fiscal hasta por un monto de quinientas unidades de fomento, aplicada por la respectiva Superintendencia de conformidad con las atribuciones y el procedimiento que establecen sus respectivas leyes orgánicas. Artículo undécimo.- Derógase el artículo 8º del decreto ley Nº 488, de 1925. Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia ocho meses después de publicada en el Diario Oficial, salvo el artículo 2º transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que regirá desde su publicación en el Diario Oficial. Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 11 de agosto de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- José Goñi Carrasco, Ministro de Defensa Nacional.- Hugo Lavados Montes, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.- René Cortázar Sanz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia. Tribunal Constitucional Proyecto de ley sobre acceso a la información pública (Boletín Nº 3773-06) El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Senado de la República envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del mismo, y que por sentencia de 10 de julio de dos mil ocho en los autos Rol Nº 1.051-08-CPR. Se declara: 1. QUE ESTE TRIBUNAL NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO A CONTROL, POR NO CONTENER NORMAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL: Del ARTÍCULO PRIMERO: - artículo 1º, numerales 3 y 6 del inciso segundo; - artículo 2º, inciso tercero, en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio; - artículo 8º, respecto de la frase: "Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes de esta ley."; - artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23; - artículo 24, incisos segundo, tercero, cuarto y quinto; - artículos 25, 26, 27; - artículo 28, inciso cuarto; - artículo 30, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; - artículo 34, inciso segundo; - artículos 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48; y - artículos 1º y 3º transitorios; El ARTÍCULO TERCERO, que reemplaza el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra b), que sustituye el inciso primero del artículo 66 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central; El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio; El ARTÍCULO UNDÉCIMO, que deroga el artículo 8º del D.L. Nº 488, de 1925; y El ARTÍCULO TRANSITORIO, que establece la entrada en vigencia de la ley; 2. QUE SON CONSTITUCIONALES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO: Del ARTÍCULO PRIMERO -que aprueba la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado-, las siguientes normas: - artículo 1º, inciso primero, y numerales 1, 2 y 4 del inciso segundo; - artículo 1º, inciso segundo, numeral 5, que establece que: "Para los efectos de esta ley se entenderá por: 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia", teniendo presente, en todo caso, que lo dispuesto en esa norma no se aplica al Banco Central en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política; - artículo 2º, incisos primero, segundo y cuarto. Y su inciso tercero sólo en cuanto se refiere a las empresas públicas creadas por ley; - artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º; - artículo 8º, primera frase hasta el punto seguido: "Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior."; - artículos 9º, 10, 11 y 19; - artículo 24, inciso primero; - artículo 28, incisos primero, segundo y tercero; - artículo 29; - artículo 30, inciso sexto; - artículos 31 y 32; - artículo 33, letras a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) y m); - artículo 33, letra f), que entre las funciones y atribuciones que se le asignan al Consejo para la Transparencia -que es creado por disposición del artículo 31 del mismo cuerpo legal-, considera la de "proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información", teniendo presente, en todo caso, que la iniciativa de ley está reservada, en Chile, sólo al Presidente de la República o a no más de diez diputados o de cinco senadores, en conformidad a lo que prescribe el artículo 65, inciso primero, de la Constitución; - artículo 34, inciso primero, en la parte que dispone: "Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado."; - artículos 36, 37 y 38; - artículo 43, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; - artículo 49, que señala: "Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan", teniendo presente que tales investigaciones y sumarios administrativos han de desarrollarse siempre con estricto respeto al principio del debido proceso legal; y - artículo 2º transitorio; El ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El ARTÍCULO CUARTO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; El ARTÍCULO QUINTO, que incorpora un nuevo artículo 155 a la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los entendidos que se formulan en esta sentencia respecto de la constitucionalidad de los incisos segundo y cuarto del mismo precepto legal; El ARTÍCULO SEXTO, referido al Congreso Nacional; El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), que incorpora un nuevo artículo 65 bis a la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, sin perjuicio del entendido que este Tribunal expresará en relación con el inciso segundo y de la inconstitucionalidad que declarará respecto del inciso cuarto, todos de la misma norma legal; El ARTÍCULO OCTAVO, referido a los tribunales que forman parte del Poder Judicial y a los demás tribunales especiales de la República; El ARTÍCULO NOVENO, sólo en cuanto se refiere al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, sin perjuicio del entendido que este Tribunal consignará más adelante; y El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas públicas creadas por ley; 3. QUE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN SON CONSTITUCIONALES EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE INDICA: - El inciso primero del artículo 34 del ARTÍCULO PRIMERO, en lo que respecta a la frase "podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia", es constitucional bajo el entendido de que el ejercicio de dicha potestad del Consejo para la Transparencia reconoce como límite las excepciones a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado que determine el legislador de quórum calificado, de conformidad al inciso segundo del artículo 8º de la Carta Fundamental. - El inciso quinto del artículo 43 del ARTÍCULO PRIMERO se ajusta a lo dispuesto en la Ley Fundamental, en el entendido de que la limitación a las facultades que se confieren a la Contraloría General de la República, en la norma transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad que confiere a este órgano el artículo 98, inciso primero, de la Constitución, en lo que fuere procedente. - El inciso segundo del nuevo artículo 155 que se incorpora a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, Nº 10.336, por el ARTÍCULO QUINTO, es constitucional en el entendido de que a aquel Organismo de Control Administrativo no se le aplica lo dispuesto en el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa en estudio. - El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que se hace en el inciso final del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de la norma aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa en estudio. - El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que se hace en el inciso final del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de la normativa legal a la que se hace referencia. - El inciso segundo del nuevo artículo 65 bis de la ley Nº 18.840 -Orgánica Constitucional del Banco Central-, que es incorporado por el ARTÍCULO SÉPTIMO, es constitucional en el entendido de que no resulta aplicable a la referida institución pública el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del mismo proyecto de ley en examen. - El inciso segundo del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que no resulta aplicable al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, ni al Tribunal Calificador de Elecciones lo dispuesto en el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del proyecto sometido a control. - El inciso tercero del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que tal precepto no es aplicable al Tribunal Constitucional ni al Tribunal Calificador de Elecciones. - Los incisos cuarto y quinto del ARTÍCULO NOVENO son constitucionales en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de sus potestades legales, no son vinculantes para el Ministerio Público, para el Tribunal Constitucional ni para el Tribunal Calificador de Elecciones. La referencia que se hace en el inciso cuarto del mencionado precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de la normativa legal a la que se alude. 4. QUE ES INCONSTITUCIONAL LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO DE LEY EXAMINADO: El inciso cuarto del nuevo artículo 65 bis que el ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), incorpora al Título V de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, en la frase "adoptando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley. Santiago, 11 de julio de 2008.- Rafael Larraín Cruz, Secretario. CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE SaludosRodrigo González FernándezDiplomado en RSE de la ONUwww.consultajuridicachile.blogspot.comwww.el-observatorio-politico.blogspot.comwww.lobbyingchile.blogspot.comwww.biocombustibles.blogspot.comwww.calentamientoglobalchile.blogspot.comoficina: Renato Sánchez 3586 of. 10Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061e-mail: rogofe47@mi.clSantiago- ChileSoliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  LOBBY  BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile

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