Source: https://www.scribd.com/document/237074526/FondosBuitre-Solicitud-de-medida-cautelar-ante-la-CIDH
Timestamp: 2018-09-26 03:59:05+00:00

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Solicitud de Medidas Cautelares contra Los Estados Unidos de América Víctimas: habitantes de la República de Argentina
#FondosBuitre Solicitud de medida cautelar ante la...
Monografía Deuda externa
Opinión Fondos Buitre
Línea de Conducta Claudio Loser
Bonos Buitre en Argentina
Demanda Version Final Esp-1
casos argen
NU - Asamblea 9 Septiembre 2014
FORMATO MEDIDAS CAUTELARES
Política Económica Presidente Zedillo.docx
Informe_semanal_16_al_20_May
Finanzas Deuda Congreso Ene2003
Revista_363 - Condiciones Externas Desfavorables Limitan El Crecimiento Potencial de La Argentina
Robinson, Andy. El Cubo de Rubik Del Euro, 13-10-13
08cibanco
Buenos Aires, Argentina; 17 de agosto de 2014
Doctor Emilio Alvarez Icaza
1889 F Street, N. W
Ref. Solicitud de Medidas Cautelares contra
Víctimas: habitantes de la República de Argentina
La República de Argentina durante los años 2001 y 2002, atravesó
por la que han considerado como la mayor crisis económica y financiera de
su historia debido a causas tanto internas como internacionales. Entró en
cesación de pagos de su deuda externa en lo que se denominado como el
default. Para honrar sus obligaciones económicas y financieras
internacionales e internas implemento durante los años 2005 y 2010, un
proceso de reestructuración soberana de su deuda externa, logrando llegar
a acuerdos de pagos con el 92.4% de sus acreedores, proceso que fue
internacionalmente avalado por el Fondo Monetario Internacional, Estados
Unidos, entre otros.
El 1.6 % de la deuda fue adquirida en el mercado secundario (una parte de
los bonos argentinos en el default en vísperas de la eclosión de la economía
argentina que tuvo lugar en el año 2001, pero la mayoría de estos
instrumentos fue adquirida luego del default y aún con posterioridad a los
canje) por los denominados “fondos buitres” quienes no hicieron parte del
acuerdo de reestructuración de la deuda. En los procesos de
reestructuración de la deuda soberana de La Argentina el país aceptó la
Jurisdicción de la Corte de Nueva York para dirimir futuras controversias.
Una de las estrategias de los denominados “Fondos Buitres” consiste en
la persecución judicial de sus acreencias que le facilita obtener grandes
réditos financieros. Los “Fondos Buitres” acudieron a diversos estrados
judiciales en varios países pero fue la Justicia de los Estados Unidos de
América quien a través del Juez Thomas Griesa realizó una interpretación
de la cláusula pari passu ordenado el pago de la deuda en forma previa o
simultánea, el total de las sumas reclamadas por dichos fondos,
desconociendo la reestructuración de la deuda y terceros con quienes se
hicieron los acuerdos de pago. Esta decisión implica la incapacidad del
Estado argentino de pagar la totalidad de la deuda de dichos fonos más
sus intereses so pena de utilizar el 100% de sus reservas internacionales y
generar una crisis de Estado sin precedente, con la consecuente violación
masiva y sistemática de sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos. La inminencia de la ejecución de las decisiones
judiciales estadounidenses requiere de una urgente actuación del sistema
internacional y regional de derechos humanos pues reviste una gravedad
extrema e inusitada dejando como víctimas a diversos grupos
poblacionales e incluso a la población de toda la nación.
El daño que se ocasione va a ser irreparable con la posibilidad de la
pérdida de vidas y el atraso de un país por décadas. Con fundamento en
los argumentos que se establecen más adelante, se solicita a la Honorable
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amparados en la Carta
de la Organización de los Estados Americano y la Declaración Americana
de los Derechos Humanos se profieran medidas cautelares a favor de
miles de víctimas, representadas en diversos grupos poblacionales y
solicite al Gobierno de los Estados Unidos adoptar las medidas que sean
necesarias para que no se ejecuten las decisiones adoptadas por la
Justicia de dicho país.
La presente solicitud de medida cautelar se hace con el fin de poner
en conocimiento a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre una situación grave y urgente que requiere de manera
inmediata la protección internacional establecida en su Reglamento
(artículo 25), con el fin de evitar daños irreparables a toda la población
Como se expondrá más adelante existe una seria amenaza a los
derechos humanos de toda la población argentina; dicha amenaza la
genera los Estados Unidos por hechos que se detallan adelante.
De acuerdo con la información requerida para el presente trámite
suministramos los siguientes datos:
a) Las presuntas víctimas:
Según lo establecido en el artículo 25.3 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares “podrán
proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los
beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su
ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo,
comunidad u organización”. En este sentido, en el presente caso, se busca
proteger los derechos humanos del pueblo argentino, población que es
determinable según la ubicación geográfica.
b) Representación Internacional:
ALEJANDRO CIRO ÁLVAREZ DNI 21.131.363 y ADRIAN ROIS, DNI
28.863.043, en representación de la Fundación Para el Desarrollo
Latinoamericano, por medio del presente escrito, otorgan poder especial a
los abogados colombianos LUISA FERNANDA CASTAÑEDA QUINTANA,
mayor de edad domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá-Colombia,
identificada con Cedula de Ciudadanía Número 1.010.189.947 expedida en
Bogotá-Colombia, portadora de la tarjeta profesional No 214.749 del
Consejo Superior de la Judicatura y CARLOS JULIO VARGAS VELANDIA,
identificado con Cedula de Ciudadanía Número 74.323.043 expedida en
Paipa-Colombia, portadora de la tarjeta profesional No 82.850 del Consejo
Superior de la Judicatura, como mandatario para la representación
internacional ante la Comisión.
c) La dirección para recibir correspondencia de la Comisión:
LUISA FERNANDA CASTAÑEDA QUINTANA
Calle 12 N. 5-32. Apartamento 702
Celular: 57 3006489323
Correo Electrónico: lu_castaneda@yahoo.com
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LATINOAMERICANO
Libertad 434, piso 5, oficina 56,
Buenos Aires –Argentina (1414)
Celular: 5491136052495
Correo Electrónico:Consulta.bsas@gmail.com
Con el debido respeto la solicitud de medidas cautelares se fundamenta
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS PARA PROFERIR MEDIDAS CAUTELARES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene plena
competencia para el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares
i. Estados Unidos ratificó la Carta de la OEA el 19 de junio de
ii. Las medidas cautelares tienen su fundamento en el artículo 106
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el
artículo 18 del Estatuto y el artículo 25 del Reglamento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su mandato
de promover la observancia y defensa de los derechos humanos y
en el ineludible deber de los Estados de su protección.
iii. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
es una norma que tiene el estatus dentro del derecho
internacional de Ius Cogens, a partir del reconocimiento por parte
de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos
iv. Los hechos que son objeto de amenaza y gravedad de los
derechos humanos del pueblo argentino se configuraron a partir
de las decisiones judiciales (Sentencia del 2011 proferida por la
Corte de Distrito Sur de Nueva York (Corte de Distrito), sentencia
del 23 de febrero de 2012 de la Corte de Distrito, sentencia del 26
de octubre de 2012 de la Cámara de Apelaciones del Segundo
Distrito de Nueva York, sentencia del 21 de noviembre de 2012 de
la Corte de Distrito, sentencia del 23 de agosto de 2013 de la
Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York y
sentencia del 16 de junio de 2014 de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos de América), las cuales son
posteriores a la ratificación de la Carta de la OEA
Estados Unidos ratificó la Carta de la OEA el 19 de junio de 1951.
los Estados Unidos y de la vigencia del Estatuto y Reglamento de
v. De acuerdo con los hechos que se expondrán a continuación, se
configura la potencialidad de generar daños irreparables a los
derechos humanos del pueblo argentino reconocidos en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
tales como, la vida, la integridad personal, la salud, la seguridad
social, la educación, el trabajo, la cultura y el derecho a la
recreación, entre otros derechos.
vi. Los hechos que son objeto de graves amenazas de los derechos
humanos del pueblo argentino, se configuraron en la jurisdicción
de los Estados Unidos a través de uno de los órganos del Estado
y por ende con la capacidad jurídica de generar la
II. LOS HECHOS OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
a. Antecedentes - La crisis económica de la República Argentina
como causal del default
1. A principios de 1998, la República Argentina experimentó una
recesión económica -previa a una depresión- la cual alcanzó su
mayor gravedad a fines de 2001 y principios de 2002, junto con el
estallido de la peor crisis política, social, económica y financiera de
su historia moderna.
2. Una serie de eventos externos inesperados originaron esta crisis: la
Argentina fue duramente golpeada, en especial, por la interrupción
sorpresiva de las entradas de capital posterior a la crisis del Sudeste
Asiático de 1997 y a la cesación de pagos rusa en agosto de 1998; en
el orden comercial, la oferta exportable argentina fue afectada
duramente, por un lado, por la reducción drástica de la demanda de
Brasil, su principal socio comercial, luego de que ese país devaluara
su moneda en 1999, y, por otro lado, por la abrupta reducción en los
precios de los commodities que exportaba la Argentina; y se
sumaron a este cuadro de situación los aumentos de la tasa de
interés dispuestos por la Reserva Federal de los EE.UU. a partir de
mediados de 1999, que implicaron un grave impacto respecto de la
Argentina y de su moneda atada al dólar a un tipo de cambio fijo en
un momento en el cual la economía argentina se contraía.
3. Esta crisis es considerada la peor crisis económica, financiera,
política y social de la historia moderna argentina. El índice de
pobreza y desempleo alcanzó porcentajes sin precedentes. Las
condiciones de vida de más de la mitad de los argentinos cayeron
por debajo de la línea de pobreza, mientras que más de un tercio no
podía acceder a bienes básicos como la alimentación. La situación
imperante condujo, a su vez, a graves situaciones de disturbios y
protesta social generalizados.
4. El producto interno bruto de Argentina se contrajo todos los años
durante este período y la caída acumulada de la producción en
Argentina fue similar a la experimentada en los Estados Unidos de
América durante la Gran Depresión de la década de 1930.
5. A comienzos del 2001, los recursos económicos que se encontraban
en el sistema bancario argentino, fueron retirados cada vez en mayor
escala. Lo que obligó al Estado a aumentar la liquidez y mantener el
valor del peso argentino, a través del Banco Central de Argentina
(BCRA), utilizando miles de millones de dólares de sus reservas
6. La suma de todas esas circunstancias, junto con la reducción
brusca de los ingresos públicos como resultado de la depresión
económica y el acceso reducido a los mercados de capital extranjero
y a otras fuentes de crédito, dio como resultado que la Argentina se
viera forzada a cesar los pagos de la deuda pública a fines de 2001.
b. El agravamiento de la condición económica, financiera y social
de Argentina tornó inevitable el default
7. El empeoramiento de las condiciones económicas, que culminó en la
catástrofe del colapso y default de la economía argentina llevó a una
conmoción política y social. El empeoramiento de la situación social
de la República Argentina fue el claro reflejo de su cada vez más
deteriorada condición financiera, incluyendo el endeudamiento
público. Durante el periodo transcurrido entre los años 1999 y 2001,
el endeudamiento argentino creció en forma continua.
8. Frente a esta situación, la necesidad de obtener algún tipo de
asistencia financiera era clara, y la Argentina abiertamente lo
expresó. En junio de 2001, la Argentina implementó una oferta de
intercambio voluntaria a nivel global, conocida como “mega canje”,
por medio de la cual se intercambiaron 46 series de bonos en
circulación por un monto de capital total de aproximadamente 29,5
mil millones de Pesos por 5 nuevos bonos cuyo capital total era de
30,4 mil millones de Pesos argentinos. Desafortunadamente, los
esfuerzos de Argentina por controlar su deuda no resultaron
suficientes. Con un acceso a los mercados de capitales
internacionales reducido, hacia diciembre del año 2001 la Argentina
no pudo evitar la postergación del pago del capital y de los intereses
correspondientes a la totalidad de su deuda externa en bonos debida
a acreedores tanto argentinos como extranjeros, y que
representaban un total de USD 100 mil millones. Se trató del default
más grande de la historia financiera mundial.
c. El default y sus repercusiones
9. El 24 de diciembre de 2001, la Argentina se vio obligada a aplazar el
pago de los intereses y principales de todos sus bonos de deuda
externa, por un total de más de USD 100 mil millones. Para
entonces, la agitación política y social en la Argentina había
alcanzado proporciones de crisis. En las semanas anteriores al
default, el Gobierno había introducido restricciones al retiro de
depósitos bancarios. Se producía el estallido de manifestaciones y
disturbios generalizados en las calles de Buenos Aires, lo que resultó
en la muerte de numerosas personas. Luego de la renuncia del
Presidente electo Fernando De la Rúa, el Presidente designado
Adolfo Rodríguez Sáa declaró formalmente la cesación de pagos de la
deuda pública. El 1 de enero de 2002, el Congreso eligió como
presidente a Eduardo Duhalde, quien fue la quinta persona en
ocupar ese cargo en tan sólo diez días.
10. Ante esta crisis económica, financiera, política y social sin
precedentes, en enero de 2002, el Congreso declaró la emergencia
pública en materia social, económica, financiera, administrativa y
cambiaria, mediante la aprobación de la Ley de Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario del año 2002
. Esta ley, entre
otras cosas, puso fin a la paridad cambiaria entre el peso y el dólar.
11. El mercado impuso una gran devaluación del Peso, tanto en
relación con las monedas extranjeras como en términos del poder
adquisitivo interno. El primer día luego de la eliminación del régimen
de convertibilidad, el Peso perdió aproximadamente el 40% de su
valor respecto del dólar. Durante los primeros seis meses de 2002
Ley 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (6 enero 2002).
perdió aproximadamente el 73,8% de su valor frente al dólar
estadounidense. La Argentina sufrió una reducción del PBI en el
orden de un 10,9%, las inversiones brutas disminuyeron en un
36,4%, el consumo privado cayó un 15,0%, el consumo estatal
disminuyó un 5,1% y el sector industrial se contrajo un 10,5%. Las
exportaciones cayeron aproximadamente un 15% en el período de un
año finalizado en agosto de 2002 mientras que las importaciones
disminuyeron un 55,8% en 2002. Durante el año 2002 también se
registró un aumento en la inflación. El IPC (índice de precios al
consumidor) aumentó un 41% y el IPM (índice de precios
mayoristas) aumentó un 118%.
12. Los siguientes fueron los efectos de la crisis económica sobre
la población argentina: hacia mayo de 2002, el desempleo había
alcanzado el 21,5%, lo que representó un aumento del 8% respecto
de 1998, año en que comenzó la crisis. Otro 19% de la población
estaba subempleado. Los indicadores de pobreza e indigencia -es
decir, la pobreza extrema, los hogares cuyos ingresos no eran
suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos -
alcanzaron los niveles más altos en la historia argentina. El nivel de
pobreza afectó al 54,3% de la población urbana argentina y el nivel
de indigencia alcanzó al 22,7%. De mayo de 1999 a octubre de 2002,
los niveles de pobreza aumentaron dos veces, mientras que los
niveles de indigencia se duplicaron entre octubre de 2001 y mayo de
2002. Este aumento de la pobreza generó un aumento del delito. Por
ejemplo, la tasa de delito registrada en 2002 en la Provincia de
Buenos Aires se duplicó en comparación con los niveles de 1991.
d. La Deuda Pública Argentina tras el default
13. La crisis de pago en Argentina se agravó tras el default de su
deuda externa. Esto se debió en parte a la dramática devaluación del
Peso, dado que la mayor parte de la deuda contraída por la
Argentina estaba expresada en moneda extranjera, debía pagarse en
esa moneda, cuyos costos habían aumentado considerablemente
debido a la devaluación del Peso, operada por el mercado. Hacia
finales de 2002, el total de la deuda pública de la Argentina era de
aproximadamente USD 137 mil millones. En lo que respecta a los
principales acreedores de la Argentina, aproximadamente USD 76
mil millones del total de la deuda pública era adeudado a tenedores
de bonos públicos que residían dentro o fuera del país,
aproximadamente USD 23 mil millones correspondían a tenedores
de créditos garantizados (PGGs), y aproximadamente USD 32 mil
millones eran adeudados a organizaciones multilaterales como el
FMI. El endeudamiento público bruto de Argentina ascendió al
129,7% del PBI en 2002 y 139,5% del PBI en 2003. Sin embargo, al
mismo tiempo la recaudación fiscal siguió disminuyendo, y los
niveles registrados en 2002 fueron mucho menores a los de 2001 en
términos de dólares estadounidenses.
e. El proceso de reestructuración de deuda pública que culmina en
la Oferta de Canje de 2005 - Los esfuerzos para pagar a los
14. La Argentina logró abordar la cesación de pagos a través de
dos ofertas de Canje de Deuda, las que tuvieron lugar en los años
15. Con factores externos que hacían a la deuda externa argentina
insostenible, la Argentina reconoció la necesidad de reestructurarla
de conformidad con la práctica internacional establecida mediante la
reducción de dicha deuda a niveles que podía pagar. En septiembre
de 2002, el Secretario de Finanzas de la Argentina se reunió con
representantes del FMI, representantes de Estados Unidos y con
tenedores europeos para discutir sobre los términos de una posible
reestructuración. El 24 de enero de 2003, el FMI y la Argentina
acordaron un Acuerdo de Crédito Stand-By por una suma de USD
2,98 mil millones, para cubrir las deudas de la Argentina con el FMI
durante los primeros ocho meses de ese mismo año. Para julio de
2003, ya se habían iniciado las negociaciones por un plazo mayor y
un paquete del FMI de tres años, prerrequisito necesario para la
reestructuración de la deuda argentina. En septiembre de 2003, la
Argentina llegó a un acuerdo con el FMI sobre ese paquete de tres
años, por la suma aproximada de USD 12,5 mil millones.
16. Poco después de que se estableciera el programa con el FMI, la
Argentina dio a conocer los lineamientos generales de la
reestructuración de su deuda externa con acreedores del sector
privado el 22 de septiembre de 2003 en la reunión anual del FMI y el
Banco Mundial celebrada en Dubai. El anuncio de Dubai se
convirtió en un tema de intensas discusiones entre la Argentina y
varios grupos de acreedores. En octubre de 2003, la Argentina se
reunió con representantes de tenedores minoristas de títulos en
Zurich, Roma, Tokio, San Francisco y Nueva York. Estas reuniones
también incluyeron presentaciones ante instituciones financieras.
Asimismo, la Argentina estableció grupos consultivos con tenedores
de títulos en Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón, mercados
que concentraban a la mayoría de los tenedores privados de bonos
para discutir un acuerdo de reestructuración.
17. Tras el proceso de negociación, el 10 de junio de 2004 la
Argentina presentó su propuesta ante la Comisión de Valores de
Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), lo que
le permitió implementar el proceso de reestructuración de su deuda
soberana en septiembre de ese año. Asimismo, dicha propuesta fue
avalada por otros entes nacionales reguladores de valores de
Alemania, Italia y Japón. Finalmente, el 14 de enero de 2005, la
Argentina presentó la Oferta de Canje, de carácter voluntario y
global sin ninguna diferencia entre los distintos acreedores
argentinos y no argentinos; es decir, en base a pautas razonables y
conforme a los principios UNCTAD en esta materia. En su propuesta
de canje, la Argentina propuso a los tenedores de bonos
intercambiar 152 series diferentes de bonos, cuyo pago había sido
suspendido por la Argentina en 2001, por nuevos títulos de deuda
que serían emitidos por la Argentina. La Oferta de Canje otorgó a los
beneficiarios de aproximadamente USD 81,8 mil millones de deuda
pendiente un menú de opciones para elegir la forma de su nueva
deuda. Entre estas opciones, podían elegir bonos par con el mismo
capital pero tasa de interés menor a la de la deuda “non performing”,
bonos “Discount” con capital reducido pero tasa de interés superior,
o bonos Cuasi-par con capital y tasas de interés intermedias entre
las otras dos opciones, en cada caso acompañados por títulos
valores cuyo pago estaría ligado al Producto Bruto Interno de la
Argentina ("Valores Ligados al PBI").
18. El proceso de restructuración de la deuda de la Argentina
estableció una serie de beneficios e incentivos a los bonistas que
entraron al canje. Uno de los primeros incentivos consistió en
presentar una oferta lo más generosa posible, siempre contemplando
la capacidad de pago del país. Esta oferta se basó en realizar una
quita máxima al inicio que se iría reduciendo en la medida que se
expandiese la capacidad de repago del país. Otro beneficio consistió
en la recompra de títulos con el monto remanente originado en el
rechazo al canje. El excedente, originado en una porción minoritaria
que optó por no ingresar, fue destinado a la recompra de títulos
nuevos elevando su precio de mercado y permitiendo a los bonistas
que sí aceptaron, disponer de condiciones más favorables si
deseaban desprenderse de ellos. Finalmente, otro beneficio consistió
en priorizar a aquellos bonistas que ingresaran al canje con mayor
19. Además de estos incentivos, la Argentina promulgó la ley
26.0174, la cual establecía que para cualquier reestructuración de
deuda futura sería necesaria la aprobación del Congreso de la
Nación y que, por lo tanto, no podría ser unilateralmente aprobada
por el poder Ejecutivo. Esta ley le imprimió a la propuesta de
reestructuración un marco de seriedad y seguridad para los bonistas
que decidían adherirse echando por tierra cualquier especulación en
torno a una futura mejora de lo ofertado.
20. Debido al carácter voluntario del Canje de 2005, los bonistas
que participaron del mismo lo hicieron con la clara expectativa de
que ningún otro tenedor iba a recibir en el futuro una mejor oferta
que la que ellos habían aceptado. En línea con ello, a instancia de
los bonistas, se incorporó al prospecto de Oferta una cláusula del
“acreedor más favorecido” (cláusula RUFO). Esta disposición
estableció que, si luego del vencimiento de la oferta y hasta el 31 de
diciembre de 2014, la Argentina voluntariamente hiciera una oferta
de compra o canje, o solicitara consentimiento para modificar
cualquier título elegible que no hubiera ingresado al Canje de 2005,
debería adoptar todas la medidas necesarias para que cada tenedor
de los títulos emitidos en el canje tenga derecho durante un periodo
de 30 días después del anuncio de la oferta a canjear cualquiera de
sus títulos por el de la nueva oferta.
21. El resultado final de este Canje de 2005 fue que los tenedores
de bonos habían presentado aproximadamente USD 62,3 mil
millones de los bonos de la Argentina “non performing”, es decir, el
76,15% de la deuda total, lo que convirtió a la Oferta de Canje en la
mayor reestructuración de deuda soberana en la historia.
i. El proceso de reestructuración de deuda pública que culmina en la
Oferta de Canje de 2010
22. A pesar de la alta aceptación de la Oferta de Canje del año
2005, no cesaron los esfuerzos de la Argentina para que los bonistas
que no se adhirieron al canje 2005 pudieran hacerlo en una nueva
instancia. En este orden, el Congreso argentino dictó la Ley 26.5475
por la que se dispuso habilitar una nueva posibilidad de
reestructurar la deuda instrumentada en los títulos que fueron
elegibles para el canje 2005 y que no hubieran sido presentados, sin
afectar los intereses de aquellos tenedores de deuda que sí
participaron en el proceso de reestructuración.
23. El 30 de abril de 2010 la Argentina presentó su segunda oferta
de regularización de deuda que se extendió hasta el 22 de junio de
ese año. Si bien la oferta tuvo modificaciones respecto de la oferta de
2005, en esencia se mantuvieron las características del canje de
2005. Se dispuso la emisión de los siguientes instrumentos: 1)
Bonos con descuento con vencimiento en 2033; 2) bonos par con
vencimiento en 2038; 3) Bonos Globales con vencimiento en 2017 y
4) valor negociable vinculado al PBI con vencimiento en 2035. Con
excepción de los bonos globales exclusivamente emitidos en dólares
y sujetos a la ley de Nueva York, los otros tres bonos permitían la
opción en pesos, dólares o yenes y sujetos a la jurisdicción
argentina, de Nueva York o japonesa respectivamente. Este nuevo
canje fue ofrecido a una deuda elegible total de USD 18,3 mil
millones, compuesta de USD 17,6 mil millones de capital y 0,7 mil
millones de intereses. Se permitió así a los tenedores de bonos en
default optar entre dos bonos, el par o descuento y el pago de interés
por el período 2003-2009 en un bono global 2017 (opción descuento)
o en efectivo (opción par). Esta nueva propuesta de la Argentina fue
presentada a la Comisiones de Valores de los distintos países
involucrados, entre ellos, en Estados Unidos de América ante la
24. El monto elegible que ingresó al canje ascendió a USD 12,9 mil
millones de la cual USD 2,7 millones optó por la opción par y USD
10,2 millones por la opción descuento. Como resultado, la Argentina
logró regularizar el 92,4 % de la deuda elegible. Ingresaron un
mínimo de 112.000 tenedores minoristas con un promedio de USD
22.000 cada uno. La elevada aceptación del canje confirma el
carácter generoso de la oferta argentina.
ii. La intervención de las autoridades estadounidenses en los canjes
25. Las ofertas de canje de 2005 y 2010 de la República Argentina
fueron motivadas en primer lugar por la intención de la República de
regularizar el pago de su deuda soberana y de ofrecer a los tenedores
de bonos en default alternativas para que puedan cobrar sus
créditos de conformidad con la capacidad real de pago del país. Ese
proceso no habría sido posible sin la intervención necesaria de
distintos órganos gubernamentales de los Estados Unidos de
América, tales como la Securities and Exchange Commission (SEC).
Este organismo, luego de revisar las propuestas de Canje de Deuda
de los años 2005 y 2010, emitió en ambos casos una notificación de
efectividad del registro de los documentos de oferta de canje
propuestos por la Argentina la cual es denominada “Notice of
efectiveness of the Registration Statement”, que habilitó formalmente
a la Argentina a ofertar sus títulos valores. Asimismo, la
administración estadounidense manifestó su apoyo a ambos
procesos de reestructuración de la deuda soberana argentina
iniciados por la República ante la SEC en un intento de que el país
se recuperara financieramente.
f. Los esfuerzos de la Argentina para regularizar otras deudas
26. El escenario de default, además de atender la deuda de los
tenedores de bonos, requirió que la Argentina, desde el año 2003,
haya ido implementado medidas para normalizar todas sus
relaciones financieras internacionales, respetando el principio de
sustentabilidad, con base en el cual, el crecimiento de su economía
sería la que garantice los pagos de sus deudas.
27. En este orden, la Argentina saldó su deuda con el Fondo
Monetario Internacional, cumplió por completo las obligaciones con
organismos internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Andina de
Fomento (CAF), y recientemente ha arribado a un acuerdo de pago
con los países miembros Club de París, comprometiéndose el
desembolso de 9.700 millones de dólares, de los cuales ya se hizo
efectivo el pago correspondiente al año 2014 el día 28 de julio.
28. Como parte de este enorme esfuerzo, la Argentina también
afrontó el pago de todo lo debido en virtud de laudos firmes emitidos
por Tribunales arbitrales constituidos ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En su
mayor parte, tales laudos, originados en demandas de inversionistas
extranjeros, responsabilizaron a la Argentina por las medidas que
tomó como consecuencia del estado de necesidad producido por la
crisis política, económica y social que afectó al país desde el año
g. El acoso de los Fondos Buitres sobre la reestructuración de la
29. En el caso de la Argentina, los denominados fondos buitre
adquirieron una parte de los bonos argentinos en default en el
mercado secundario en vísperas de la eclosión de la economía
instrumentos fue adquirida luego del default y aún con posterioridad
a los canjes. Las series de bonos en default adquiridas por estos
fondos habían sido emitidas por la República Argentina en octubre
1994, a través de un Fiscal Agency Agreement ("FAA") celebrado
entre la Argentina y BANKERS TRUST COMPANY, New York. Dichos
bonos, que originariamente habían sido adquiridos por particulares,
luego fueron comprados, en el mercado secundario, por NML
Capital, Ltd.(NML) , Aurelius Capital Master, Ltd. (Aurelius), ACP
Master, Ltd., Blue Angel Capital I LLC, entre otros, a precio vil, con
el sólo objetivo de conseguir una ganancia fabulosa mediante el
30. Los fondos buitres se encuentran en posesión de
aproximadamente un 1,6% del total de la deuda correspondiente a
los tenedores de bonos. Ni siquiera representan una parte
significativa del 7,6% de los acreedores que decidió quedar fuera de
los canjes de deuda de 2005 y 2010. Sin embargo, estas tenencias
posibilitaron a NML y otros fondos buitre desplegar una estrategia
de acoso judicial, con epicentro en los Estados Unidos de América,
Los así denominados “fondos buitres” son entidades generalmente constituidas en
paraísos fiscales, cuyas operaciones están enfocadas hacia la compra de títulos valores (o
bonos) de Estados en cesación de pagos a precios muy inferiores a su valor nominal en el
mercado secundario, para luego intentar, mediante litigios, embargo de activos o
presiones políticas, cobrar el 100% del título de deuda, junto con intereses, sanciones y
honorarios de los profesionales que los patrocinan. De esta manera obtienen réditos muy
altos que se traducen en una tasa de recuperación de lo invertido que varía entre 3 y 20
veces el valor real de su inversión, lo que equivale a un rendimiento de entre el 300% y el
2000%. El más activo de los fondos buitres contra la Argentina es NML Capital Limited,
que tiene su sede en las Islas Caimán (Reino Unido), perteneciente a Elliot Capital
Management, cuyo propietario es el Sr. Paul Singer.
en contra de la Argentina y su reestructuración de deuda.
h. Los procedimientos ante la Justicia de los Estados Unidos de
31. NML y otros fondos iniciaron un litigioso, con fundamento en
la cláusula contenida en el FAA por la cual el Estado argentino podía
ser sometido, entre otras, a la jurisdicción de los tribunales de
Nueva York en lo que respecta a cuestiones vinculadas con los bonos
emitidos en ese marco.
32. De este modo, en primer lugar, los fondos obtuvieron
sentencias estadounidenses en las que se les reconocieron sus
créditos. Posteriormente, a fin de cobrar esos créditos han intentado
numerosos embargos en los Estados Unidos de América sobre
activos con conexión al Banco Central de la República Argentina
(BCRA), Banco de la Nación Argentina (BNA), Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Energía Argentina S.A.
(ENARSA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y
la Caja de Valores, así como también varios fondos fiduciarios
argentinos y propiedad diplomática, militar, e incluso un satélite -
Acquarius SAC-D-.
33. Adicionalmente, estos fondos buitres han venido intentando
ejecutar las decisiones judiciales estadounidenses fuera de los
Estados Unidos de América. En efecto, EM y NML obtuvieron el
reconocimiento de sus pronunciamientos en Francia, Reino Unido y
Luxemburgo. Asimismo, trabaron embargo en Francia, Bélgica y
Suiza sobre cuentas bancarias y bienes pertenecientes a las
embajadas argentinas, propiedades de Aerolíneas Argentinas en
Francia, las reservas del BCRA en el BIS de Suiza, obligaciones
fiscales debidas a la República y a las provincias argentinas por
corporaciones francesas. En todos los intentos de embargo de bienes
diplomáticos existieron sentencias de las máximas instancias
judiciales de Francia
, rechazando tales medidas.
De la misma manera, en Ghana, NML logró embargar el buque
insignia de la Armada Argentina, la “Fragata ARA Libertad”, que
Sentencia Corte de Casación de Francia, 28 de septiembre de 2011 (Caso NML Capital Vs. República Argentina).
Sentencia Corte de Casación de Bélgica, 22 de noviembre de 2012 (Caso NML Capital Vs. República Argentina).
Sentencia Tribunal Superior del Cantón de Zurich , 24 de enero de 2013 (Caso NML Capital Vs. República
posteriormente fue liberado por la decisión del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar del 15 de diciembre de 201211
34. Si bien, como se mencionara anteriormente, en todos estos
casos se obtuvieron pronunciamientos a favor de la República, estas
acciones implicaron, por un lado, el desembolso por parte del Estado
de grandes sumas de dinero destinadas a su defensa judicial y, por
otro, la exposición de la Argentina a situaciones que afectaban el
normal funcionamiento de sus representaciones y otros órganos del
Estado en el exterior.
ii. La interpretación arbitraria de la cláusula pari passu
35. En el marco del acoso judicial contra la Argentina para logar
el cobro de sus acreencias, NML y otros fondos buitres pusieron en
marcha una nueva estrategia basada en la cláusula pari passu
contenida en el FAA. Dicha norma reza de la siguiente manera:
“The securities will constitute the direct, unconditional, unsecured and
unsubordinated obligations of the Republic. Each Series will rank pari
passu with each other Series, without any preference one over the other by
reason of Priority of date of issue or currency of payment or otherwise, and
at least equally with all other present and future unsecured and
unsubordinated external Indebtedness (as defined in the fiscal Agency
Agreement) of he Republic”
36. Recién en el año 2010, 5 años después de que se concretara la
primera reestructuración de deuda y luego de la finalización exitosa
del canje de 2010, NML y otros fondos, no conformes con el cúmulo
de acciones judiciales ya instauradas, presentaron esta nueva
estrategia judicial tendiente a frustrar el proceso de reprogramación.
Esta nueva maniobra consistió en alegar que la República Argentina
violaba la cláusula pari passu presente en el FAA toda vez que no
estaría brindado a NML el mismo trato que el otorgado a aquellos
tenedores de bonos emitidos en 1994 que aceptaron las
reestructuraciones de los años 2005 y 2010. La diferencia de
tratamiento alegada se apoyaba en el hecho de que Argentina sólo
pagaba su deuda a aquellos bonistas reestructurados y no así a los
que no participaron en el canje, creándose de ese modo distintas
clases de acreedores, unos privilegiados que sí cobraban su deuda, y
otros que, quedando su tratamiento subordinado a los anteriores, no
recibían nada.
37. En este marco, NML solicitó a la Corte de Distrito de Nueva
York que ordenara a la República el pago del total de las sumas
adeudas a dicho fondo simultáneamente con los pagos a los bonistas
que participaron en la reestructuración argentina de los años 2005 y
38. En oposición a este reclamo la Argentina alegó, en primer
lugar que, casi siete años antes de la acción interpuesta por NML en
esta oportunidad, había solicitado una sentencia declarativa con el
fin de proteger la reestructuración de deuda que estaba
comenzando, de los ataques desmedidos que podrían ser ejercidos
por aquellos bonistas que decidiesen no aceptar las condiciones del
canje que se iba a proponer. Esta moción fue respaldada por el
gobierno de los Estados Unidos en su declaración de interés del año
2004, mediante la cual afirmó que una interpretación errónea de la
cláusula pari passu podría tener consecuencias adversas en futuras
reestructuraciones de deudas voluntarias y en la estabilidad del
sistema financiero internacional. En adición a este último respaldo,
se presentaron varios amicus curiae con apoyos similares a la
posición argentina. (Federal Reserve Bank NY junto a otros once
bancos federales de reserve 17 y Clearing House Association).
39. La Corte de Distrito en abril de 2004 impidió que se emitiera
una resolución al respecto al sostener que al momento no era
necesario realizar una interpretación académica de la cláusula pari
passu, en la medida que no existía una controversia real sobre este
punto y que, por tanto, resultaba una pérdida de tiempo19
40. En lo que respecta específicamente a la interpretación de la
cláusula pari passu, la Argentina manifestó que se trata de una
cláusula estándar generalmente incluidas en acuerdos de deuda que
no tiene por objetivo regular el orden o la cantidad de pagos a
realizar a los distintos acreedores o exigir pagos a pro rata y bajo
ningún concepto obliga al deudor a pagar toda su deuda en un solo
41. A modo de ejemplo, fueron traídos a colación los instrumentos
de deuda emitidos por México, Rusia, Ucrania, Pakistán y Ecuador,
durante 1980 y 1990, que también incluyen cláusulas pari passu,
regidas asimismo por la ley de Estados Unidos o inglesa, las que
nunca fueron objeto de reclamo por aquellos acreedores que
quedaron fuera de sus procesos de reestructuración de deuda.
42. La Argentina manifestó que, en el caso de deuda soberana, la
finalidad de la cláusula pari passu ha sido entendida a lo largo de
más de 50 años como un medio para proporcionar protección a los
tomadores de deuda frente a subordinaciones legales u otras
categorizaciones que pudieran resultar discriminatorias. De este
modo, se buscaba prevenir la creación de prioridades legales por
parte del soberano a favor de ciertos acreedores que posean un
particular tipo de título de deuda.
43. La Corte de Distrito Sur de Nueva York (Corte de Distrito) 20,
en el año 2011, determinó que la República había violado la cláusula
“pari passu" del FAA al entender que relegaba a los tenedores de
bonos en la situación de NML respecto de los tenedores de deuda
reestructurada. De acuerdo con dicho tribunal, esa discriminación
se cristalizaría en dos hechos: primero, el pago a los tenedores
reestructurados mientras persiste la negativa de satisfacer las
obligaciones que la República tendría con NML; segundo, la sanción
de la leyes 26.071 y 26.547, las cuales impedirían que los tenedores
que hayan iniciado acciones judiciales puedan recuperar el monto
de sus bonos en default.
44. A fin de hacer efectiva esta última orden, el día 23 de febrero
de 2012, la Corte de Distrito dictó una medida cautelar por la cual
se requería a la Argentina que, al momento de efectuar un pago de
los bonos emitidos en las ofertas de Canje del 2005 y 2010,
procediera al mismo tiempo a pagar al fondo buitre NML y a los
otros demandantes que reclaman remedios bajo la cláusula pari
passu denominados "me too"[otros fondos buitre o tenedores de
bonos que no entraron en la reprogramación –holdouts-]. Esta
decisión implicaría, por ejemplo, que el fondo NML pudiera llegar a
cobrar más de 800 millones de dólares por bonos que compró en el
año 2008 por un precio de alrededor de 50 millones de dólares, es
decir, obtendría una ganancia cercana a 1600%.
45. La Argentina apeló estas decisiones de primera instancia, las
que el 26 de octubre de 2012 fueron confirmadas por la Cámara de
Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. En relación con la
cláusula pari passu, la Cámara entendió que existió una violación de
dicha disposición por parte de la Argentina. Sus argumentos fueron
que: (1) No existe un significado pacíficamente establecido ni
uniforme de dicha cláusula. (2) La discusión reside en determinar
qué constituye “una subordinación” bajo los términos de la cláusula
pari passu utilizados en el FAA. En ese orden de ideas, entendió que
en tal cláusula se manifiesta la intención de proteger a los bonistas
más allá de cualquier subordinación formal que pudiera existir por
parte del deudor soberano. En efecto, de acuerdo con lo entendido
por la Cámara de Apelaciones, la cláusula pari passu protege a los
tenedores de bonos emitidos en el marco del FAA de dos eventuales
formas de discriminación: (i) la subordinación formal de los bonos
respecto de cualquier otra deuda (primera oración de la cláusula), y
(ii) la priorización del pago de otras obligaciones que no sean las
incluidas dentro del FAA (segunda oración de la cláusula).
46. A partir de esta interpretación de la cláusula pari passu, la
Cámara de Apelaciones consideró que a través de los Prospectuses
de las ofertas de canje de los años 2005 y 2010 presentados ante la
SEC y las leyes 26.071 y 26.547 promulgadas por el Estado
argentino, la Argentina subordinaba los bonos de los demandantes a
otras obligaciones de la República y otorgaba prioridad a cualquier
reclamo que intentaran los bonistas reestructurados. Además,
entendió que la disposición de tratamiento igualitario contenida en
la cláusula en estudio prohíbe que la Argentina al pagar, discrimine
a los bonos emitidos en el marco del FAA a favor de otros bonos.
47. Como consecuencia de esta última decisión, el 21 de
noviembre de 2012, la Corte de Distrito (Juez Griesa) dictó un
conjunto de órdenes a través de las cuales ordenaba a la Argentina
el pago al 15 de diciembre de 2012 de 1.300 millones de USD a los
demandantes, es decir el 100% de sus bonos holdout y disponía el
levantamiento de la suspensión que recaía sobre la medida ordenada
el 23 de febrero de 2012.
48. A instancias de la Argentina, la ejecución de estas medidas
fueron dejadas en suspenso (“stay”) por la Cámara de Apelaciones en
su decisión del 28 de noviembre de 2012. Por otro lado, mediante su
presentación del 28 de diciembre de 2012, la República recurrió las
órdenes de la Corte de Distrito del 21 de noviembre de ese mismo
año. En forma complementaria a dicho proceso de apelación, la
Argentina presentó una nueva fórmula de pago a los bonistas, el 27
de febrero de 2013, cuyos detalles fueron presentados el 29 de
marzo de ese mismo año.
49. El 23 de agosto de 2013, la mencionada Corte de Apelaciones
resolvió confirmar el conjunto de órdenes dictadas por el Juez Griesa
en noviembre de 2012. A su vez, resolvió dejar supeditada la
ejecución de las órdenes en cuestión a la resolución de la petición
“write of certiorari” interpuesta por la Argentina ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos el 24 de junio de 2013. Frente a
esta decisión, la Argentina solicitó su revisión plenaria (en banc),
que fue denegada el 18 de noviembre de ese año.
50. Frente a esta situación judicial, la República Argentina planteó
la ilegalidad del reclamo de NML ante el máximo tribunal judicial de
este país: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de
América. Argentina presentó un pedido de write of certiorari ante
este tribunal superior quien, el 16 de junio de 2014, denegó su
concesión. Como consecuencia, quedó firme la orden de la Corte de
Distrito de Nueva York y la suspensión de la ejecución de la orden de
pago fue levantada. La Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos decidió no examinar la cuestión de fondo, dejando a la
República Argentina sin posibilidad de revisión ulterior de las
decisiones abusivas y extralimitadas de los órganos judiciales de
Nueva York. Como corolario de ello, el Poder Judicial
estadounidense inmovilizó, tornándolos indisponibles para la
finalidad soberana dispuesta por la Argentina, los fondos propiedad
de los bonistas que la Argentina depositó en tiempo y forma en la
cuenta de su fiduciario (Bank of New York Mellon) conforme a las
obligaciones que surgen de los prospectos de los bonos respecto de
la cuota de las acreencias de los tenedores de bonos de deuda
reestructurada que vencía el 30 de junio de 2014.
51. Con posterioridad al rechazo de Certiorari ante la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el juez federal del
Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa ordenó con fecha 22 de
julio de 2014 al Bank of New York Mellon (BONY) retener el pago de
deuda de US$ 539 millones que realizó el Estado argentino al
declararlo ilegal.
52. A través de una resolución, el juez federal norteamericano
congeló el giro que realizó el país destinado a los bonos
reestructurados Discount. Griesa mantiene su decisión de bloquear
cualquier pago de deuda reestructurada hasta que Argentina
resuelva el conflicto con los tenedores de bonos no reestructurados.
53. Esta resolución accesoria al fallo tiene como única finalidad
forzar que Argentina tenga que pagar la sentencia aquí cuestionada.
54. Argentina ha cumplido con su obligación girando los fondos
para que sean recibidos por sus respectivos bonistas. Griesta a
través de una orden judicial congelo esa transferencia financiera.
Los bonistas locales y extranjeros con legislación argentina han
recibido los dólares cursados a través de la Caja de Valores y del
Citibank-Euroclear, respectivamente. El resto no pudo por un
forzamiento de magistrado a los agentes pagadores entregarlos,
ampliando su jurisdicción de Nueva York a casi una jurisdicción
55. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el
15 de agosto de 2014, aceptó las presentaciones realizadas por
Argentina y el banco citibank Argentina en contra de la decisión del
juez Griesa del 28 de julio de 2014, en la que el magistrado autorizó
a la entidad bancaria citibank Argentina a efectuar el pago a
tenedores reestructurados con títulos bajo ley argentina "por única
vez", para lo cual convocó a una audiencia para el 18 de septiembre.
56. Por otro lado, los bonistas europeos presentaron el 15 de
agosto de 2014, una apelación ante el mismo tribunal, oponiéndose
a la decisión tomada por Griesa de bloquear la transferencia de 539
millones de dólares realizado por Argentina al Bank of New York
Mellon (BoNY), para cancelar pagos con tenedores reestructurados.
57. Pese a que la Corte de Apelaciones haya decidido convocar a
una audiencia el 14 de septiembre de 2014, ello no elimina la
urgencia de esta medida cautelar, toda vez que, el Juez Griesa puede
ordenar la ejecución de la sentencia antes del 31 de diciembre de
2014, lo que haría activar la cláusula Rufo y así ocasionar una crisis
gravísima al Estado argentino, porque debe gastar todas su reservas,
que siguen siendo bajas para cubrir la totalidad de la deuda, y en
consecuencia no tendría para operar y satisfacer los derechos de la
población. Lo que favorecería una decisión a favor de Argentina con
esa audiencia, en el sentido que puede pagar a sus acreedores,
dinero que fue girado por el Estado a tiempo.
III. ARGUMENTOS DE FONDO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA
La estrategia más comúnmente utilizada por estos fondos es el “acoso
judicial”. Ello conlleva la ejecución de medidas procesales judiciales
agresivas por medio de las cuales obligan a Estados a otorgarles un trato
mejor que el otorgado a los otros acreedores que aceptaron de buena fe el
canje de deuda. Su objetivo final es el pago de la deuda nominal completa
con todos los intereses y costas.
A tales fines, dichos fondos iniciaron numerosos procesos legales ante
distintos tribunales locales invocando una cláusula comúnmente
establecida en los prospectos de algunos de estos bonos que establece la
competencia de los tribunales locales (en el presente caso, Nueva York)
para dirimir toda controversia que pudiese surgir entre las Partes. Tales
bonos habían sido emitidos originariamente por la República en los
Estados Unidos en octubre de 1994, a través de un “Fiscal Agency
Agreement” (en adelante FAA), y fueron adquiridos una parte en el
mercado secundario en vísperas de la crisis de la Argentina de 2001-2002,
y la mayor parte con posterioridad al default.
Estos fondos socavan las posibilidades de los países afectados de volver a
ponerse en pie mediante programas de conversión de deuda y otras
medidas. Con ello impiden, durante años y décadas, que los países
afectados puedan participar de los mercados financieros internacionales y
puedan obtener dinero nuevamente. Dicho peligro fue puesto de manifiesto
en la Declaración de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
del G-77 y China, que tuvo lugar el 14 y 15 de junio de 2014, en los
“…Estos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros
de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo,
como para los países desarrollados. …”
En cuanto a su estructura, los fondos buitres suelen ser herméticos, tanto
en lo que se refiere a su propiedad como a sus operaciones. Muchos de
ellos se integran en centros financieros transnacionales y en jurisdicciones
donde existe el secreto bancario, comúnmente denominados paraísos
fiscales, a los que el G20 calificó de guaridas fiscales.
Las decisiones del poder judicial de los Estados Unidos de América
imponiendo el pago total de la deuda y de los intereses a los denominados
“fondos buitre” y la prohibición que el dinero depositado en tiempo y forma
por la República de La Argentina para el cumplimiento de sus
obligaciones de los bonos reestructurados sean cobrados efectivamente
por éstos, coloca serios obstáculos para el funcionamiento normal de la
reestructuración de la deuda argentina y amenazan con frustrar los
mencionados procesos y los derechos adquiridos de terceros tenedores de
títulos de deuda reestructurada. La Justicia de los Estados Unidos de
América al realizar una interpretación errónea de la cláusula pari passu la
cual indica que la Argentina deberá pagar, en forma previa o simultánea,
en total de las sumas reclamadas por los fondos, afectan gravemente los
derechos de los tenedores de títulos de la deuda reestructurada y en
general al pueblo de La Argentina socavando y colocando en alto riesgo el
goce efectivo de sus derechos civiles y políticos como los económicos,
sociales y culturales como se indicará más adelante.
Para poner en perspectiva la magnitud de la deuda si el fallo del Juez
Griesa comprometiera el proceso de renegociación y canje de la deuda
argentina aceptado por los acreedores en los procesos de 2005 y 2010 a
cada ciudadano argentino le correspondería pagar u$ 3.500 dólares lo que
es más de un tercio del ingreso per cápita del país. (Referencia: Stiglitz
Joseph y Guzman M., Argentina’s Griesafault en www.Proyect-
Syndicate.org, 7/08/2014.)
Los procesos de reestructuración de deuda soberana son un procedimiento
corriente en el sector financiero internacional y el pretender cobrar el valor
nominal de títulos sobre los que ya se ofreció una opción de pagos como
pretende NML Capital es un acto especulativo que pone en riesgo la
estabilidad del sistema financiero global y limitaría las posibilidades de
que otros países hicieran renegociaciones de deuda y llegaran a acuerdos
con sus acreedores.
A través de los fallos proferidos la Justicia de los Estados Unidos de
América se le impone una obligación a la República de la Argentina que
hace imposible jurídica y económicamente, pues implica la violación de su
propio régimen jurídico y público y la imposibilidad de afrontar sin entrar
en una nueva crisis el pago de la deuda, pues un pago de tal magnitud
insumiría una parte sustancial de sus reservas con detrimento de
múltiples derechos de la población argentina.
Es relevante señalar que la presente situación surge a partir de la
interpretación que realiza el Juez sobre la aplicación de una cláusula
comercial o financiera y en la que el mismo Juez establece los riesgos
potenciales que esta puede generar en la población Argentina, exhortando
a las partes a lograr acuerdos respecto al cumplimiento de las
obligaciones. La petición del presente caso no busca establecer la
responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América por
violaciones de derechos humanos cuyos efectos se materializan en el
conjunto de la población o en sectores específicos de éstos en el territorio
de Argentina, en una suerte de extraterritorialidad de las obligaciones por
violaciones de derechos humanos, la presente petición busca la protección
internacional de diversos sectores de la población que se verán afectados
en el caso de que la República de La Argentina tenga que dar
cumplimiento al fallo proferido por el Juez Gressia, utilizando los recursos
disponibles de sus reservas internacionales, dando como resultado, eso sí,
la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, apelando a la obligación
que tiene el Estado de los Estados Unidos de América de prevenir las
violaciones de derechos humanos tanto en su jurisdicción y fuera de ella,
en aquellas situaciones en los que decisiones de órganos del Estado
tengan la potencialidad de su vulneración.
IV. Requisitos de procedibilidad de las Medidas Cautelares
Según ASDRÚBAL AGUIAR-ARANGUREN, ex juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “La noción de «gravedad», por su parte, parece aludir
tanto a la jerarquía del derecho humano cuya inminente violación busca
ser prevenida o cuando menos atenuada en sus efectos perjudiciales, en
cuanto a la importancia de las acciones u omisiones violatorias que
pueden atribuirse al Estado presuntamente responsable. […] la noción de
«gravedad» […] se ha de relacionar con hechos o situaciones que pongan en
peligro derechos humanos fundamentales, es decir, aquellos que bajo
ningún respecto puedan verse menoscabados o limitados en su ejercicio,
ni siquiera en situaciones de emergencia constitucional. […] Pero, además,
la «gravedad» del requerimiento ha de responder a la defensa de esos
derechos o ámbitos de libertad que, con bastante propiedad, la doctrina ha
definido como inatacables por mandatos o prohibiciones, es decir, por las
«normas de clausura del sistema de libertades»”
Es de lógica que los hechos probados permiten deducir su gravedad,
porque están de por medio derechos humanos reconocidos en tratados
internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (derecho la vida y la integridad personal -art. I-, la salud -art.
XI-, la seguridad social -art. XVI-, la educación -art. XII-, el trabajo –XIV-,
la cultura -art. XIII- y el derecho a la recreación -art. XV-), que tiene el
carácter de normas de ius cogens y, que a su vez tales normas contienen
obligaciones internacionales con efectos erga onmes .
El Estado de Argentina presentó una grave depresión económica a finales
de 2001 y principios de 2002, lo que constituyó la peor crisis política,
social, económica y financiera de su historia moderna. Los efectos de la
ASDRÚBAL AGUIAR-ARANGUREN. Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pág. 25.
crisis fueron devastadores, hubo incrementos de los índices de pobreza y
desempleo, las condiciones de vida de más de la mitad de los argentinos
cayeron por debajo de la línea de pobreza, mientras que más de un tercio
no podía acceder a bienes básicos como la alimentación. La situación
imperante condujo, a su vez, a graves situaciones de disturbios y protesta
social generalizados. A continuación se relacionan los índices de la crisis
- En el 2002, el desempleo había alcanzado el 21,5%, lo que
representó un aumento del 8% respecto de 1998, año en que
comenzó la crisis. Otro 19% de la población estaba subempleado.
Los indicadores de pobreza e indigencia -es decir, la pobreza
extrema, los hogares cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir
una canasta básica de alimentos - alcanzaron los niveles más altos
en la historia argentina.
- El nivel de pobreza afectó al 54,3% de la población urbana argentina
y el nivel de indigencia alcanzó al 22,7%. De mayo de 1999 a octubre
de 2002, los niveles de pobreza aumentaron dos veces, mientras que
los niveles de indigencia se duplicaron entre octubre de 2001 y mayo
de 2002. Este aumento de la pobreza generó un aumento del delito.
Por ejemplo, la tasa de delito registrada en 2002 en la Provincia de
Conociendo la experiencia de la crisis económica padecida por Argentina,
la ejecución de las sentencias adoptadas el 21 de noviembre de 2012, por
la Corte de Distrito Sur de Nueva York, complementada por la orden del 23
de agosto de 2013, posteriormente confirmadas por la Cámara del
Segundo Distrito de Nueva York, y que la Corte Suprema de Justicia no
aceptó revisar (16 de junio de 2014), y en las cuales ordenaron que para
seguir pagando la deuda reestructurada, la Argentina deberá pagar, en
forma previa o simultánea, el total de las sumas reclamadas por dichos
fondos, lo que implicaría la inviabilidad económica del país, la crisis seria
de una magnitud nunca vista, es decir, entrar en un crisis mucho más
grave que la del 2001 y 2002, lo que a su vez genera una denegación de
derechos y los mayores afectados sea la población.
Según el último informe de FocusEconomics, con las proyecciones de
consultoras y bancos, estimó que las reservas de la Argentina finalizarán
en u$25,4 millones en 2014, y descenderán hasta los u$s20.000 millones
a fines de 2015, lo cual constituye un monto bajo para asumir el pago de
la deuda y a la vez que el Estado pueda operar y satisfacer los derechos de
la población. Es de recordar que debido al carácter voluntario del Canje de
2005, se incorporó al prospecto de Oferta una cláusula del “acreedor más
favorecido” (cláusula RUFO). Esta disposición estableció que, si luego del
vencimiento de la oferta y hasta el 31 de diciembre de 2014, la Argentina
voluntariamente hiciera una oferta de compra o canje, o solicitara
consentimiento para modificar cualquier título elegible que no hubiera
ingresado al Canje de 2005, debería adoptar todas la medidas necesarias
para que cada tenedor de los títulos emitidos en el canje tenga derecho
durante un periodo de 30 días después del anuncio de la oferta a canjear
cualquiera de sus títulos por el de la nueva oferta.
En este orden de idas, sí el juez Griesa ordena el pago de la deuda a los
fondos buitres antes del 31 de diciembre de 2014, atendiendo la
interpretación que hizo sobre la cláusula pari passu (para seguir pagando
la deuda reestructurada la Argentina deberá cancelar, en forma previa o
simultánea, el total de las sumas reclamadas por dichos fondos), esto
implicaría la activación de la cláusula Rufo y así el deber que pagar el total
de la deuda que se aproxima a u$150.000 millones.
Por lo tanto, Argentina al tener reservas de u$s25,4 millones en el 2014,
no tiene como pagar la deuda, y en el evento de que lo haga, no tendrá
recursos para funcionar, ni para asumir el gasto público, lo que se traduce
en un alto riesgo al goce efectivo de los derechos civiles y políticos, así
como los derechos económicos, sociales y culturales, es decir,
insatisfacción de derechos humanos.
Otro asunto que es sumamente grave, es que la deuda se cubre con los
impuestos que pagan los contribuyentes, ello significa que haya un alza de
impuestos que tienen que seguir asumiendo los argentinos, prueba de ello
es que el impuesto de venta al consumidor en Argentina es del 21%.
El cumplimiento de los fallos proferidos por la Justicia de los Estados
Unidos de América por parte de la República de la Argentina traería graves
consecuencias en el gasto público y en especial a sectores tales como la
seguridad social, la educación, la ciencia y la tecnología, la inversión en la
infraestructura económica, social, la salud, la promoción y asistencia
social y la seguridad interior y el sistema penal, entre otros sectores.
Afectaría gravemente programas tales como el de la movilidad jubilatoria,
la asignación universal por hijos para protección social, la asignación
familiares fijadas para los menores de 18 años, discapacitados de familias
desocupadas o que se desempeñan en empleos informales que no reciben
ninguna otra asignación. En cuanto a educación afectaría la decisión del
incremento progresivo y la decisión que el presupuesto del gasto para
educación no puede ser inferior al 6% del PIB.
En materia de salud se vería afectada las asignaciones al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, los fondos
para la atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas,
las acciones de salud vinculadas a la atención de la madre y el niño, el
financiamiento para la prevención y control de enfermedades y riesgos
específicos y el subsidio a los tratamientos de alta complejidad y baja
incidencia. Adicionalmente los fondos para asistencia sanitaria y sanidad
naval en el órbita del Ministerio de Defensa incluidas en otras
Por otro lado, en relación con la promoción y la asistencia social se
afectarían los programas de asistencia financiera para la infraestructura
social a gobiernos provinciales y municipales. En materia de seguridad
interior y del sistema penal se afectaría los gastos previstos para los
servicios de seguridad de personas y bienes que presta la Policía Federal
de Argentina y los gastos previstos para la seguridad en fronteras y
operaciones complementarias de seguridad interior que presta la
Gendarmería Nacional y las previsiones para la Prefectura Naval
Argentina, fundamentalmente destinadas a los servicios de policía de
seguridad de la navegación que presta. En el caso de la función del
Sistema Penal se afectaría los gastos orientados al Servicio Penitenciario
Federal, los gastos destinados a la política e infraestructura penitenciaria y
las asignaciones para laborterapia de los internos a cargo del Ente de
Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal. En
relación con el empleo es importante destacar los efectos que tuvo la crisis
financiera y que ha sido reseñada en ítems anteriores y que podrían
potencialmente repetirse si llegase a dar cumplimiento a las decisiones de
la Justicia de los Estados Unidos de América.
La consecuencia práctica es el incremento de la tasa de interés o la falta de
disponibilidad de determinadas líneas de crédito para financiar
importaciones o fondear los proyectos de inversión que requiere el país, lo
que dificultaría los planes de YPF y afectaría negativamente el crecimiento
En la economía real, si el acceso al financiamiento ya era limitado para
Argentina, si el 15 de diciembre el país incurre en default técnico, se
cerrarían aún más las fuentes de financiamiento. Todas las líneas
comerciales se encarecerían y algunas no estarían disponibles.
Se perderían de 5 y 7.000 millones de dólares que entran por año de
comercio exterior. Afectaría la inversión y el crecimiento. Cuanto menos
crédito, más complicado es crecer, porque aumentaría el riesgo de la
deuda soberana argentina haciendo más difícil a las provincias y a las
empresas realizar nuevas emisiones. Si bien el riesgo país, que alcanzó los
1.147 incluye el riesgo de default técnico, las tasas podrían encarecerse
La empresa argentina emblemática que quizá verá comprometidos sus
planes es YPF, que además de financiamiento requiere tecnología y
recursos humanos especializados. Respecto de las decisiones que tomarán
las calificadoras de riesgo, Gabriel Torres, analista de crédito de Moody´s,
explicó que se bajaría la calificación si la deuda no se paga a término, en la
cantidad y moneda pactada.
El cambio en la reputación también dispararía las ventas de los títulos en
las carteras de los FCI en países emergentes. Hay muchos FCI que por
estatuto no pueden tener deuda con emisores que estén en situación de
En conclusión, ese cumulo de situaciones llevaría al país a una
devastadora desprotección del conjunto de derechos humanos del pueblo
argentino. En ese orden de ideas, es necesario resaltar lo expuesto por el
Experto independiente Cephas Lumina , en el informe sobre las
consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones
financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de
todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales
y culturales, quien señaló en la misión en Argentina lo siguiente:
“37. Según los términos del artículo 2 del Pacto [Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales], la Argentina
La reforma constitucional de 1994 confirió expresamente rango constitucional a diversos
tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional
utilizar "el máximo de los recursos de que disponga" para lograr la
plena efectividad de los derechos reconocidos en él, incluidos los
derechos a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad
social y el trabajo. Ello implica que el Estado tiene la obligación de
velar por que esos derechos se satisfagan adecuadamente antes de
utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado
que no estén relacionados con los derechos humanos, como el
servicio de la deuda. Como mínimo, el Estado debe garantizar la
satisfacción de los niveles básicos de cada derecho económico, social
38. Cabe señalar que en los Principios rectores sobre la deuda
externa y los derechos humanos se subraya que los Estados
deberían velar por que los derechos y las obligaciones originados en
un acuerdo o arreglo sobre la deuda externa, en particular la
obligación de amortizar la deuda externa, no sean incompatibles con
sus obligaciones mínimas de satisfacer los niveles básicos de cada
derecho económico, social y cultural y no lleven a la adopción
deliberada de medidas regresivas29. En los principios también se
destaca que las obligaciones indebidas o excesivas de devolver la
deuda externa no deben obstaculizar la realización progresiva de los
derechos económicos, sociales y culturales30 y se recomienda que
los Estados realicen auditorías periódicas transparentes y
participativas de sus carteras de títulos de deuda para garantizar la
rendición de cuentas en la gestión de la deuda externa del Estado y
tener una base para las decisiones futuras sobre la solicitud de
préstamos”
Adicionalmente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) dio a conocer cinco argumentos de este organismo de
la ONU a favor de Argentina en el conflicto con los fondos buitre, y advirtió
que “se puede terminar en una situación en la que los holdouts pongan en
peligro a todos los países”.
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dispuso que se entendiera que esos
tratados complementaban los derechos garantizados en la Constitución26
Organización de las Naciones Unidas. Cephas Lumina. Informe del Experto
independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones
financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los
derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Misión a la
Argentina (18 a 29 de noviembre de 2013)
Los argumentos de la UNCTAD son los siguientes:
1- “si el gobierno argentino acepta las condiciones que imponen los
buitres, poniendo en riesgo toda su reestructuración de deuda soberana,
se generará un precedente legal con implicaciones profundas para el
sistema financiero internacional”.
2- “se eliminarán los incentivos financieros para los acreedores que
participaron en la reestructuración de deuda“. “En particular para los
bonos en circulación sin una cláusula de acción colectiva. Esto producirá
inestabilidad en los mercados financieros internacionales”
3- “si algunos grupos de inversores interrumpen la posibilidad de una
reestructuración, otros acreedores dejarán de recibir sus pagos y se
generará un panorama de incertidumbre”. “las instituciones financieras
tendrán que dar datos sobre los activos de los países” (....) “esto producirá
un impacto significativo en el sistema financiero internacional, ya que
obligará a facilitar información confidencial global sobre las transacciones
de los estados para la ejecución de la deuda”. “Esto producirá inestabilidad
en los mercados financieros internacionales”.
4- “la inmunidad soberana en el poder se erosionará” (…) “si no existe un
marco que otorgue certeza legal, se puede terminar en una situación en la
que los holdouts pongan en peligro a todos los países”. (….) “la sentencia
de Griesa puede abrir puertas a otros casos similares que dependen de
interpretaciones de los tribunales en virtud de la ley de Nueva York, la ley
británica u otras leyes”, y “abundarán imitadores” a los fondos buitre.
5- “la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene fallos que demuestran la
falta de un mecanismo internacional de renegociación de la deuda”. (….)
“esto llevó a la fragmentación ya que tiene un vacío de foros legales,
creando así la inconsistencia y la imprevisibilidad”
Lo expuesto por la UNCTAD deja por sentado que decisiones como esas
pueden alterar el orden económico mundial y que al afectar a países
especialmente subdesarrollados implica directa e indirectamente los
derechos humanos de su población.
Adicionalmente, se debe resaltar que Argentina no tiene la capacidad para
adoptar medidas que puedan ayudar a superar una eventual crisis, dado
que, en caso de no suspender los efectos del fallo, Argentina tendrá que
pagar entre 120 mil y 500 mil millones de dólares. Un default echaría por
tierra el gran objetivo de volver al crédito externo para aliviar la castigada
caja estatal. Si se llegara a esta instancia, entonces todo el esfuerzo de
normalizar la relación financiera que se ha venido haciendo no tendría
La Argentina no podría volver al mercado de capitales para conseguir
crédito a una tasa razonable. Y se vería aún más afectada la reputación del
país al momento de buscar créditos e inversiones externos, las
tasas de interés y brecha entre oficial y blue más altas, habría caída de la
actividad económica y más desempleo. La medida, conocida como
aceleración, podría empujar a la Argentina a una nueva reestructuración
de deuda por u$s30.000 millones y complicar los esfuerzos para dejar
atrás una década de preocupaciones por sus obligaciones.
Lo anterior preocupa porque ello significa que si el Estado no tiene la
capacidad para superar la crisis, los graves afectados son el pueblo de
argentina, lo que provocará muertes, pobreza extrema, hambre, desempleo
y en general una situación de indefensión por la imposibilidad de
satisfacer las necesidades mínimas, un ejemplo claro es la experiencia de
la crisis del 2001 y 2002.
AGUIAR-ARANGUREN explica el requisito de la urgencia, en los siguientes
“En nuestra opinión, sin embargo, la «urgencia» del asunto que motive la
pretensión cautelar debe guardar relación directa con la inminencia de un
perjuicio a los derechos humanos salvaguardados por la Convención
Americana; ya que, de sucederse el perjuicio irreparable, la restitución en
tanto que efecto principal de la responsabilidad por hecho ilícito resultaría
absolutamente nugatoria”.
La urgencia es evidente en el sentido que el Juez Griesa puede en
cualquier momento ordenar la ejecución de los fallos y el embargo de las
cuentas bancarias de Argentina, lo cual la haría incurrir en un default, y
en su defecto a incumplir con sus obligaciones de pago con terceros
acreedores que no hicieron parte de litigio, además de la grave
imposibilidad de satisfacer los derechos humanos del pueblo argentino.
3. Daño Irreparable
A este respecto, Faúndez Ledesma sostiene lo siguiente: “Efectivamente, el
propósito de estas medidas supone que ellas no son procedentes en el caso
de que se amenace el ejercicio de cualquiera de los derechos consagrados
en la Convención; en realidad, un daño irreparable para las personas solo
puede ser el resultado de una violación de su derecho a la vida o a la
integridad física, y probablemente de la violación de garantías judiciales
que tengan una incidencia directa sobre el disfrute de esos derechos”
El daño irreparable se configura con la imposibilidad del Estado Argentino
de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de los argentinos,
dado que, por el pago de la deuda no tendría presupuesto para atender el
gasto público social que ocupa un 27,78% del PIB
, lo que conlleva a la
violación del derecho la vida y la integridad personal, la salud, la seguridad
social, la educación, el trabajo, la cultura, el derecho a la recreación y
otros derechos, no existiendo medidas de restitución ni de reparación que
puedan revertir el grave daño causado a toda una nación, por la magnitud
de la crisis económica que puede generarse.
Adicionalmente, la insatisfacción de los derechos configura una regresión
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, dado que por
cumplir con el pago de la deuda con los acreedores, está disminuyendo la
satisfacción de los derechos lo cual lo estaría llevando a incurrir en
Con fundamento en los hechos y las pruebas aportadas,
respetuosamente formulamos a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la siguiente:
V. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
Con las pruebas que se aportan sobre los hechos, la situación jurídica de
nuestros representados se enmarca dentro de las tres características de
gravedad, urgencia y evitar daños irreparables, exigidas por el artículo
25 del Reglamento de la Comisión, por lo cual se ameritan las medidas
FAÚNDEZ LEDESMA, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Aspectos institucionales y procesales, 3ª, edición, San José de Costa Rica. Instituto
Interamericano de derechos humanos 2004, pág. 544.
Véase en http://www.revistahumanum.org/blog/mas-gasto-social-menos-pobreza-y-
desigualdad/ PNUD/ONU. Tomado el 15 de agosto de 2014.
cautelares que esta Comisión solicitará lo más pronto posible a los Estados
Unidos de América, para que proteja los derechos humanos amenazados
de todo el pueblo argentino, a la vida, la integridad personal, la salud, la
seguridad social, la educación, el trabajo, la cultura y el derecho a la
recreación y otros derechos, pues de no ser así, se afectarían sus derechos
humanos en forma irreparable.
De conformidad con lo expuesto, solicitamos:
Que la Comisión solicite a los Estados Unidos de América la
adopción de las siguientes medidas cautelares:
1. Que se suspendan los efectos jurídicos de las sentencias del el 21 de
noviembre de 2012, por la Corte de Distrito Sur de Nueva York,
complementada por la orden del 23 de agosto de 2013, posteriormente
confirmadas por la Cámara del Segundo Distrito de Nueva York y la
resolución del juez federal del Distrito Sur de Nueva York del 22 de
julio de 2014, para que en la jurisdicción interna argentina no se hagan
efectivas las ordenes de pagar en forma previa o simultánea, el total de
las sumas reclamadas por dichos fondos, con el objeto de hacer
efectivos los derechos humanos reconocidos en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que se enumeran a
2. Que como consecuencia de lo anterior, se le respete a todo el pueblo
argentino los siguientes derechos humanos: la vida y la integridad
personal (art. I)
, la salud (art. XI)
, la seguridad social (art. XVI)
educación (art. XII)
, el trabajo (XIV)
, la cultura (art. XIII)
Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios de subsistencia.
Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en
los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una
digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
derecho a la recreación (art. XV)
, reconocidos en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con el objeto de
permitirles el libre y pleno ejercicio de estos derechos humanos, cuyas
amenazas se demuestran con las pruebas que se invocan en el presente
escrito y las pruebas que disponga la Honorable Comisión
3. Subsidiariamente a las anteriores formulaciones, pedimos que la
Comisión le solicite a los Estados Unidos la adopción de cuantas
medidas fueren necesarias para impedir que se ejecuten las sentencias
del el 21 de noviembre de 2012, por la Corte de Distrito Sur de Nueva
York, complementada por la orden del 23 de agosto de 2013,
posteriormente confirmadas por la Cámara del Segundo Distrito de
Nueva York, con el objeto de garantizar el libre y pleno ejercicio de sus
derechos humanos anteriormente mencionados, o cualquier otra orden
que tenga por objeto la protección de sus derechos humanos,
previniendo daños irreparables al pueblo argentino.
4. Que a la amable consideración de la Comisión dejamos la
determinación de cuáles medidas específicas deberá decretar los
Estados Unidos para que se respete y se garantice el libre y pleno
ejercicio del derecho la vida y la integridad personal (art. I), la salud
(art. XI), la seguridad social (art. XVI), la educación (art. XII), el trabajo
(XIV), la cultura (art. XIII) y el derecho a la recreación (art. XV)
reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, a favor del pueblo argentino.
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos,
de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que
puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con
su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su
Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la
comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Artículo XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento
espiritual, cultural y físico.
VI. ELEMENTOS PROBATORIOS ANEXOS A LA SOLICITUD
- Sentencia del 21 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal De
Distrito De Los Estados Unidos / Distrito Sur De Nueva York
- Sentencia del 23 de agosto de 2013, proferida por United States
- Decisión del 16 de junio de 2014, proferida por la Corte Suprema de
- Declaración especial de los Estados partes del MERCOSUR en
respaldo a la República Argentina
- Comunicado: La Argentina y Ghana difundirán la experiencia común
para evitar la acción de los fondos buitres del 27 de septiembre de
- Comunicado de la de La Comunidad De Estados Latinoamericanos
Y Caribeños En Respaldo A La Posición De La Republica Argentina
En La Reestructuración De Su Deuda Soberana del 20 de junio de
- Comunicado de Unánime respaldo por Malvinas y deuda externa por
parte grupo G77 más China del 15 de junio de 2014
- Comunicado Del Consejo De Administración Del Banco Del Sur En
Respaldo A La Posición De La Republica Argentina En La
Reestructuración De Su Deuda Soberana del 2 de julio de 2014
- Comunicado De La Secretaría Permanente Del Sistema Económico
Latinoamericano Y Del Caribe (SELA), En Respaldo A La Posición De
La República Argentina En La Reestructuración De Su Deuda
Soberana del 11 de julio de 2014
- Comunicado de presa en el cual Brasil y México respaldaron a la
Argentina frente a los fondos buitres del 11 de julio de 2014
- Fondos buitres: Francia se suma al FMI en apoyo a Argentina de
- Solidaridad de Argelia con la Argentina en su lucha contra los
fondos buitre del 11 de agosto de 2014
- Apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte
- Comunicado. Cancillería informó que el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU tratará el accionar de los fondos buitre del 15
VII. OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS
Nos encontramos en oportunidad procesal para formular la presente
solicitud, por cuanto aún no se han ejecutado completamente las
sentencias del el 21 de noviembre de 2012, por la Corte de Distrito Sur de
Nueva York, complementada por la orden del 23 de agosto de 2013,
posteriormente confirmadas por la Cámara del Segundo Distrito de Nueva
York y por lo que los Estados Unidos deben velar por el cumplimiento de
las obligaciones internacionales que surgen de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, entre otras, el deber de prevención,
con el propósito de evitar que la amenaza se transforme en violación.
Sí la H. Comisión lo considera necesario, podría convocar a una audiencia
para ampliar los argumentos e información suministrada en este escrito y
para que la República de Argentina demuestre con exhaustividad las
consecuencias de una posible crisis. Para ello podría convocarse a
personas expertas en el tema que sustentaría lo expuesto, como los
- Bernardo KLIKSBERG
- Mario BURKÚN
- Eduardo Levy Yeyati
- Jorge BEINSTEIN
- Roberto Lavagna
C.C. 1.010.163.427 de Bogotá
T.P. No186.508 del C. S. de la J.
C.C. 74.323.043 de Paipa
T.P. 82.850 del C. S. de la J.
Alejandro Ciro Alvarez Adrian Rois
DNI 21131363
DNI 28.863.043
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