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Timestamp: 2020-07-08 02:00:26+00:00

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En los delitos contra la integridad sexual el encargado de la guarda no es solo aquel que ejerce su titularidad –o guardador- sino además aquel a quien se le encomienda el cuidado del niño.
Dentro de la agravante “encargado de la guarda” quedan comprendidos todos los sujetos que por distintas razones tengan a su cargo el cuidado de un menor. No importando si esa situación fue dispuesta por la ley, un juez o resulta de una situación de hecho, ni si la misma es transitoria o permanente.
Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, recurso de casación interpuesto en favor de W. M. H. causa nº 45845, rta. 11 de octubre 2011.
En la ciudad de La Plata a los once días del mes de octubre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques (art. 451 “in fine” del C.P.P. según ley 13812), para resolver el recurso de casación interpuesto en favor de W. M. H. en la presente causa nº 45845; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CELESIA – MAHIQUES.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza dictó sentencia luego de un juicio oral en la causa Nº 1019/09-0512 con fecha 3 de noviembre de 2010 condenando a W. M. H. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada en por lo menos tres oportunidades agravado por ser el encargado de la guarda de la víctima, en los términos de los arts. 55 y 119 cuarto párrafo inciso b) en relación a los párrafos primero y tercero del Código Penal.
Contra dicho decisorio el Defensor Particular Dr. Roberto Ezequiel Casco interpuso el recurso de casación que obra a fs. 42/47 del presente legajo.
I- En primer lugar el recurrente denuncia que el tribunal aplicó erróneamente el art. 119 cuarto párrafo incido b) del C.P.
Concretamente objeta que se haya considerado que el acusado era el guardador de la víctima y que en consecuencia se aplicara la figura agravada. Dice que para ello el tribunal recurrió a la figura de la guarda de hecho citando diversa jurisprudencia mencionada en el Código Penal Comentado de Andrés José D’Alessio como así también el fallo “Pierotti” de la Suprema Corte de Justicia Provincial.
Sostiene que las citas jurisprudenciales mencionadas en primer término aluden a quienes cuidan momentáneamente de la víctima atendiendo sus necesidades como producto de una situación de hecho que obliga al guardador a un especial deber de protección. A su entender, tal circunstancia no se corresponde con lo que se tuvo por probado en autos.
Respecto del fallo de la SCJBA considera que no es aplicable al caso porque se refiere a un abuso cometido por el concubino de la madre de la víctima, supuesto distinto al analizado en la causa.
Entiende que la madre de la víctima no le confirió a H. el cuidado de su hijo, pues quedó plasmado en la audiencia de debate que el niño era dejado con la señora de H..
Agrega que tampoco es cierto que el acusado haya asumido un deber de protección respecto del menor pues la víctima cuando declaró se expidió en ese sentido al manifestar que cuando se quedaba en la casa, el acusado estaba durmiendo o no estaba, lo que demuestra, según el letrado, que su asistido no prestaba asistencia ni cuidado al menor, ni que existía entre ellos una relación particular de afecto.
Dice que si bien la relación de guarda puede ser de hecho, ésta debe haber sido delegada por el titular en la persona del autor originando una relación fáctica con obligaciones y tal delegación no ocurrió en este caso donde tampoco hubo una aceptación por parte de H..
Agrega que si bien F. concurría asiduamente a la casa de los H. y hasta pernoctaba en ella, no se dio el requisito de regularidad exigido por la guarda, ya que no puede considerarse guardador a quien se le hace un simple encargo de vigilancia.
Reitera que en todo caso la guarda del menor la tenía la esposa del acusado por la relación especial que tenía con quien la delegó y porque la madre así lo dijo en el juicio.
Considera que el tribunal incurrió en absurdo cuando tuvo por acreditado que el imputado ejercía la guarda de la víctima vulnerando el art. 210 del C.P.P.
Solicita en consecuencia que se califique el hecho sin la agravante aludida y que se disminuya la pena impuesta.
Al momento de expedirse en los términos del art. 458 del C.P.P. la Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, propició el rechazo de éste tramo de la queja por insuficiente.
Dice que la pretensión recursiva trata de objetar los hechos y su acreditación, cuestiones que en principio resultan ajenas a ésta instancia aún luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Casal”, toda vez que la valoración de la prueba es una de las cuestiones que por estar directamente vinculada a la inmediación del debate, no puede ser objeto de una completa revisión casatoria.
Sin perjuicio de ello estima que el planteo debe rechazarse pues a su juicio la aplicación de la agravante “guarda” al caso resultó correcta porque para que proceda la misma resulta indistinto que la guarda fuera ejercida con o sin contrato, de hecho o no, en tanto la misma se relaciona con la calidad del sujeto activo y con la especial relación de confianza que existe entre él y la víctima.
Agrega que tampoco resulta esencial que la guarda sea permanente, en tanto el inciso b) del art. 119 del C.P. no menciona requisito temporal alguno y cita al respecto un fallo de ésta Sala en la causa Nº 18942.
En ese entendimiento sostiene que la circunstancia de haber quedado de hecho el encartado a cargo del menor durante varias horas del día, durante la noche cuando su esposa salía a trabajar y cuando la propia madre del menor también lo hacía, se erigió en una situación de cuidado de hecho que le posibilitó cometer el abuso sexual con acceso carnal y que permiten ubicar la conducta sin dificultad en el tipo agravado del art. 119 cuarto párrafo inciso b) del C.P.
No puedo acompañar al defensor en sus planteos.
El letrado pretende que se deje sin efecto la agravante aplicada al caso utilizando dos tipos de argumentos: por un lado objeta la interpretación que el tribunal hizo de la palabra “guarda” utilizada en la ley y por otro intenta demostrar que no se acreditó la existencia de esa relación entre el imputado y la víctima, denunciando que el tribunal incurrió en absurdo al valorar la prueba. Sin embargo no he de compartir ninguno de sus cuestionamientos.
Me referiré en primer término al significado de la expresión utilizada en la ley para luego analizar si la situación del encausado resultaba comprendida por la misma.
Tradicionalmente la guarda ha sido considerada en el derecho de familia como una institución con un fuerte contenido protector respecto de los menores, asociada a la patria potestad y a la tenencia con la que incluso ha sido identificada muchas veces.
Pero esa no es la única acepción que se le asigna en esa rama del derecho, pues también con la misma palabra se designa a distintas situaciones de hecho, a un requisito que se debe cumplir en el trámite de la adopción y a una medida que puede disponerse judicialmente respecto de algunos menores o incapaces.
Los diversos supuestos abarcados por el mismo nombre y las imprecisiones existentes al respecto evidencian que se trata de una palabra ambigua y vaga, tanto en el lenguaje corriente como en el jurídico. Dichas características obligan al intérprete a precisar su significado recurriendo a las normas y a la tradición jurídica.
Como punto de partida puede afirmarse que el ordenamiento jurídico no contiene una definición o un concepto de guarda, es decir que el término no constituye un elemento normativo.
A pesar de esa ausencia, diversas disposiciones legales aluden a ella y regulan algunos de sus aspectos, lo que permite un acercamiento a su conceptualización y posibilita la distinción de sus diversos tipos.
La doctrina ubica una primera acepción del término como uno de los deberes-derechos que integran la patria potestad y consiste en la convivencia de los padres con sus hijos posibilitando las restantes funciones paternas de educación, asistencia, vigilancia, corrección y representación. Si bien no está definida expresamente, los autores consideran que se trata de una guarda legal cuyo contenido surge de diversos artículos del Código Civil (arts. 265, 274, 275, 276, 277, 278 y 307 entre otros).
Por otro lado aparece la guarda judicial, es decir aquella otorgada por un juez a un particular o a una institución cuando se rompe la armonía entre los padres o cuando el niño se encuentra en una situación de abandono o peligro. Este último supuesto aparece previsto en el art. 1 de la ley 22.278 y tiene su correlato en la ley 13.634 de la provincia de Buenos Aires. La guarda judicial fue entendida históricamente como aquella que otorgaba un magistrado como titular del Patronato de Menores frente a un estado de abandono o de peligro moral o material y con la finalidad de tutelarlos. Actualmente los magistrados conservan esa facultad pero dentro del nuevo sistema que surgió con el cambio de paradigma en el modelo de los derechos del niño operado a partir de la suscripción de nuestro país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se vio reflejada en la sanción de la ley 26.061 a nivel nacional y de la ley 13.634 en la provincia de Buenos Aires, donde los niños pasaron a ser sujetos de derechos y en el cual el Estado debe velar por su protección integral teniendo como consideración primordial su interés superior.
El código civil regula también la denominada guarda pre-adoptiva en los arts. 315 y siguientes. Allí se establece que los adoptantes deben tener al menor bajo guarda durante un cierto plazo para que proceda la adopción.
Por último también aparece mencionada, tanto en la ley como en la doctrina, la guarda de hecho que tiene lugar cuando una persona, sin atribución de la ley o de un juez, toma a un menor a su cuidado. Los guardadores de hecho tienen su reconocimiento legal en la mencionada ley 13.634 en su artículo 4.
Todas estas regulaciones y consideraciones permiten conceptualizar a la guarda como una situación vinculada con el cuidado, la protección, la formación y la representación en forma regular del niño, correspondiendo en forma originaria a los titulares de la patria potestad pero que puede ejercerla otra persona, ya sea porque lo dispone la ley, un juez o una circunstancia de hecho.
Establecido el aspecto civil de la institución con sus diversas manifestaciones (legal, judicial o de hecho), y antes de ingresar a analizar la expresión contenida en el tipo aplicado al caso, considero interesante rastrear la aparición de la guarda en el Código Penal, pues son varios los artículos que a ella se refieren, tal como lo puntualiza José Ignacio Cafferata en “La Guarda de Menores” (editorial Astrea Buenos Aires 1978).
Los derogados artículos 36, 37 y 39 del C.P. mencionaban al guardador, de la misma forma que en la actualidad lo hace la ley 22.278 que regula el régimen penal de la minoridad.
En el código vigente la figura del guardador aparece en los artículos 72 y 76. En el primero se lo menciona como uno de los encargados de efectuar la denuncia cuando un delito dependiente de instancia privada es cometido en contra de un menor, previéndose también en esa norma la procedencia de oficio cuando el delito es cometido contra un menor que no tiene padre, tutor o guardador o cuando el delito fuere cometido por uno de ellos. La segunda disposición lo menciona como el encargado de ejercer la denuncia o querella cuando un delito de acción privada es cometido en contra de un menor.
Ya dentro de las figuras delictivas, el guardador es mencionado como uno de los posibles damnificados en algunas de ellas, como en las previstas en los arts. 146, 147 o 148. Aparece además junto a los padres, tutores y curadores como uno de los sujetos activos en el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 2 inc. b) de la ley 13.944).
Finalmente y arribando al punto en el cual me detendré, en los distintos tipos de abuso sexual previstos por el código, constituye una circunstancia agravante que los mismos sean cometidos por el “encargado de la guarda”.
Así lo dispone el inciso b) del cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal que agrava la pena correspondiente a los distintos supuestos de abuso sexual cuando “el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda”.
Las circunstancias mencionadas en ese inciso califican los tipos básicos por la relación del autor con la víctima, sea ésta parental, religiosa, educativa o de cuidado.
Si bien algunos de los sujetos mencionados en la agravante fueron incorporados recién con la reforma introducida por la ley 25.087, la expresión “encargado de la guarda” del actual artículo 119 inciso b) fue tomada del anterior artículo 122 del C.P. que agravaba el delito de violación y que por remisión del art. 123 también se aplicaba al estupro. Asimismo dicha circunstancia agravaba los tipos de corrupción (art. 125), abuso deshonesto (art. 127) y prostitución (127 bis).
En relación con la expresión que nos atañe, es interesante señalar, como hace Cafferata en la obra citada, que la ley no se refiere al sujeto activo del delito como el “guardador”, palabra utilizada en el resto de las normas penales citadas, sino que lo hace a través de la expresión “encargado de la guarda”.
Esta diferencia textual plantea el interrogante acerca de sí ambas expresiones constituyen sinónimos o sí aluden a sujetos diversos. El autor citado considera que la norma, al referirse al “encargado de la guarda”, resulta más amplia que aquellas que mencionan al “guardador”, porque además de incluir a éste, abarca a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado.
Considero correcta la interpretación antes aludida y entiendo que existen dos argumentos que la refuerzan.
Por un lado está el significado que el Diccionario de la Real Academia Española asigna a la voz “encargado”. Ese término es definido allí como la persona que ha recibido un encargo, es decir, alguien a quien le han encomendado algo o le han puesto algo a su cuidado. Tal definición reafirma que “encargado de la guarda” es no sólo aquel que ejerce su titularidad (o guardador) sino que además comprende a aquellos sujetos a quienes se les encomienda el cuidado del niño.
El otro argumento se vincula con los fundamentos de la agravante. La razón por la cual ésta circunstancia debe actuar como calificante reside en el aprovechamiento que el autor realiza respecto de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor ya sea por el hecho de estar bajo su autoridad como por el respeto que debe guardarle. También la persona que cuida del niño debe cumplir con ciertos deberes vinculados con su seguridad, formación y asistencia y el que comete los delitos un abuso en esas circunstancias viola esos deberes. En consecuencia, las razones que fundamentan la agravante me llevan a concluir que quedan comprendidos en ella los sujetos que por distintas razones tengan a su cargo el cuidado de un menor.
De manera que, tanto por la literalidad de la expresión como por las razones que fundamentan la agravante, considero acertada la interpretación sostenida en el fallo.
De esa manera lo ha entendido la doctrina nacional y la jurisprudencia del máximo tribunal provincial.
Núñez por ejemplo considera que en la agravante quedan comprendidas no sólo las personas que poseen la calidad jurídica de guardador, sino también aquellas que deban cuidar del menor por convención, oficio o por una situación de hecho, aclarando que quien recibe un encargo momentáneo de vigilancia no ingresa en esa categoría. (Ricardo Núñez, Derecho Penal Argentino, Tomo IV, págs, 274 y ss). En el mismo sentido se expidieron otros autores nacionales como Creus, Soler y Buompadre.
Del mismo modo lo entendió hace ya tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al sostener que encargado de la guarda de la víctima no comprende solamente a su tutor o tenedor legal, sino también a todo aquél que, por motivos sociales o de hecho, esté obligado a tutelarla (La ley Tomo 45, pág. 299).
También ha dicho reiteradamente el máximo tribunal provincial que la ley, cuando califica los delitos de abuso sexual, no distingue entre guarda transitoria o permanente (P. 33.149, P 35025, P. 52689 y P 66330 entre otros).
Puede concluirse entonces que la expresión legal resulta mas amplia que la figura del guardador, pues al hacer referencia al “encargado de la guarda” la ley alude a toda persona que tenga a un menor a su cuidado, no importando si esa situación esta dispuesta por la ley, por un juez o resulta de una situación de hecho, ni si la misma es transitoria o permanente.
En base a ello ningún reproche merece la interpretación que hizo el a quo de la norma en cuestión cuando entendió que en la misma quedaban comprendidas aquellas personas a quienes se les encargaba el cuidado de un niño, sin que importe el lapso temporal.
Ello establecido, tampoco merecen prosperar los cuestionamientos de la defensa cuando afirma que en el caso no se hallaría demostrada la calidad de encargado de la guarda del menor que se le atribuye a H..
Al respecto el tribunal consideró que se encontraba acreditado que la concurrencia del menor a la casa del imputado se estableció originalmente por la amistad existente entre la madre del niño y la esposa de H.. También tuvo por probado que a partir de la muerte del padre de F. y por tener que concurrir su viuda a jornadas de trabajo más extensas para mantener el hogar, la presencia de F. en la casa de los H. se acrecentó, permaneciendo en ella los fines de semana, las vísperas de feriado y a veces durante la semana cuando su mamá lo dejaba junto al matrimonio en virtud de la gran confianza existente.
Para tener por cierta esa relación el tribunal valoró los dichos del niño efectuados durante el juicio como así también las manifestaciones de su progenitora.
La víctima relató al tribunal que se quedaba asiduamente en la casa del acusado, que quedaba a la vuelta de la suya, que en general lo hacia los viernes quedándose el fin de semana y también en vísperas de feriado dado que al otro día no tenía que ir a la escuela, agregando que era muy amigo de S., la hija de H.. Que el imputado estaba durante la mañana en la casa, los despertaba generalmente para desayunar y se quedaba hasta el mediodía cuando se iba a trabajar. Que tenía una muy buena relación con la esposa de H. a la que consideraba una segunda mamá y si bien la relación con el encausado no era tan estrecha, era buena y lo veía como un buen padre de familia.
A su turno la progenitora del niño, R. E. V., declaró que conocía como vecina desde hacía muchos años a la esposa de H. y que su hijo tenía una gran amistad con S., hija de la nombrada y el acusado. Que después de la muerte de su esposo, su hijo, que tenía nueve años de edad, comenzó a quedarse a dormir en la vivienda de los H. ya que ella tenía que trabajar para mantener el hogar. Que allí se quedaba dos o tres veces por semana y a veces los fines de semana también. Que la confianza que tenía con la familia era total, tanto de ella como de él, que conocían a su hijo desde que nació. Que H. se quedaba con los niños hasta el mediodía y luego se iba a trabajar. Que durante las mañanas el acusado estaba solo con los niños porque su esposa trabajaba.
En base a esos testimonios el quo tuvo por probado que la señora V. dejaba con regularidad –los fines de semana, las vísperas de feriado y a veces durante la semana- a su hijo al cuidado del matrimonio H., quedando el mismo a cargo del acusado cuando su esposa se iba a trabajar.
Las críticas del recurrente a la forma en que se tuvo por acreditado ese aspecto del hecho constituyen meras discrepancias con las pruebas valoradas pero no alcanzan para demostrar la existencia de absurdo o arbitrariedad, cuestiones que tampoco advierto luego de haber efectuado el máximo esfuerzo de revisión posible en la tarea de fiscalización del fallo condenatorio, y sin magnificar la limitación de la falta de inmediación derivada de la oralidad.
La defensa pretende invalidar esas conclusiones apoyándose en una frase expresada por la Sra. V. que quedó consignada en el acta de debate, pero no puedo compartir su razonamiento. Si bien surge del acta de debate que la testigo manifestó que “le dejaba a la Sra. H. mi hijo a la mañana cuando se iba a trabajar”, tal afirmación no puede ser valorada sin tener en cuenta su declaración completa de la que surge con claridad que el niño era dejado en la casa de los H. al cuidado del imputado y de su esposa, tal como se consignó en los párrafos precedentes.
También sostiene el recurrente que el niño dijo que cuando se quedaba a dormir en la casa de los H. prácticamente no veía al acusado porque éste dormía hasta el mediodía o no estaba, pero del relato efectuado por el menor en el juicio y cuya parte pertinente se transcribió mas arriba surge que ello no ocurría de esa forma, pues el niño manifestó que el imputado estaba durante la mañana en la casa y que los despertaba generalmente a él y a S. para desayunar, quedándose en la vivienda hasta el mediodía.
Esos testimonios permitieron tener por cierto no sólo que el acusado estaba al cuidado del niño sino que además ejercía esa función con regularidad y de diversas maneras.
En consecuencia, estimo debidamente acreditado que H. cuando cometió los abusos sexuales con acceso carnal era el encargado de la guarda del niño, apareciendo por ello debidamente aplicado al caso la norma contenida en el inciso b) del cuarto párrafo del art. 119 del C.P., lo que me lleva a propiciar el rechazo de éste tramo del recurso.
Arts. 119 párrafos primero, tercero y cuarto inciso b) del C.P. y 210 y 373 del C.P.P.
II- Por último el recurrente considera que el aprovechamiento de la posición de poder y autoridad no puede ser valorado en el caso como agravante, pues esa circunstancia constituye un elemento típico del artículo 119 primer párrafo del Código Penal y conllevaría, por ello, una violación al principio ne bis in idem.
Señala que dos de los tres abusos sexuales con acceso carnal que se le atribuyeron al acusado fueron cometidos cuando la víctima ya había cumplido trece años de edad y que el tribunal entendió que los mismos se cometieron cuando H. venció la voluntad del menor por la relación de poder y autoridad que ejercía sobre él. Pero a su juicio esa circunstancia constituye un elemento típico mencionado en el primer párrafo del artículo 119 del C.P. razón por la cual su ponderación como agravante al momento de la determinación de la pena implicó una doble valoración de una misma circunstancia.
Al expedirse la Dra. Moretti propició el rechazo de éste tramo del agravio entendiendo que en ninguno de los tres hechos el tribunal consideró que el sometimiento del menor por el abuso de autoridad y poder había significado un medio para cometerlo. Agrega que la primer conducta atribuida a H. ocurrió cuando el niño tenía doce años de edad y las dos restantes ocurrieron cuando ya había cumplido los trece años, pero en estos el medio mencionado por el a quo fue la violencia y la intimidación.
Compartiendo el dictamen de la Fiscal Adjunta ante esta instancia, estimo que el planteo no puede prosperar.
Surge de la cuestión primera de la sentencia que el tribunal entendió que los dos hechos que perjudicaron al menor cuando éste ya había cumplido los trece años de edad fueron cometidos mediante amenazas, circunstancia debidamente acreditada en la cuestión primera del veredicto y que llega firme a ésta instancia en tanto el recurrente no realizó ninguna objeción al respecto.
De manera entonces que el medio tenido en cuenta por el tribunal para cometer esos dos hechos no fue el aprovechamiento de una relación de poder y autoridad como afirma el quejoso, sino que fueron las amenazas que H. le profirió a la víctima las que se tomaron en consideración para poder vencer la voluntad de ésta.
No se advierte en consecuencia la denunciada doble valoración de una misma circunstancia, todo lo cual sella la suerte adversa de éste tramo de la queja.
En razón de todo ello, propicio el integro rechazo del recurso de casación interpuesto, con costas.
Arts. 40 y 41 del C.P. y 448, 530 y ccdtes del C.P.P.
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el Defensor Particular a favor de W. M. H., por los motivos expuestos al tratar la cuestión planteada, CON COSTAS.
Arts. 40, 41, 55, 119 primero, tercero y cuarto párrafo incido b) del C.P. y 210, 373, 448, 530 y ccdtes. del C.P.P
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 artículo 4
 artículo 119
 artículo 122
 artículo 119
 artículo 119