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Timestamp: 2018-10-23 07:45:22+00:00

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Respecto de las cédulas de notificacion
Respecto de Las Cedulas de Notificación-jurisprude...
Ta Ruffo
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Respecto de las cedulas de notificación- tribunal constitucional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - JURISPRUDENCIAS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEÑALA QUE NO ADMITIR
DEVOLUCIÓN DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DIRIGIDAS A
OTRA PERSONAS JURÍDICA SIGNIFICA UNA MORTIFICACIÓN
PARA QUIEN RECIBE TALES NOTIFICACIONES CUANDO EL
DEMANDADO NO DOMICILIA EN ESA DIRECCIÓN, POR TANTO
SE VULNERA LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2005, el pleno del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini,
Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la
Recurso extraordinario interpuesto por Inversiones La Carreta S.A. y por don
Luciano López Flores contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del
Cuadernillo Especial de Nulidad, su fecha 3 de agosto de 2004, que declara
improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 26 de agosto de 2003, los recurrentes interponen demanda de
amparo contra el titular del Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, Juan
Fidel Torres Tasso; solicitando que se restituyan las cosas al estado anterior a la
violación de sus derechos constitucionales; se declare nula la Resolución N° 68,
a el 8 de agosto de 2003, y se ordene al demandado emitir una nueva
resolución en la que no se los amenace con vulnerar los derechos
constitucionales relativos a la defensa, la propiedad y el libre ejercicio de la
Manifiestan que con fecha 23 de junio de 2003, tras haber recibido en el
domicilio de su empresa determinadas cédulas de notificación cursadas por el
juzgado emplazado, procedieron a devolverlas a dicha dependencia judicial
habida cuenta de que estas últimas estaban dirigidas a Evinsa Contratistas
Generales S.A., en mérito del proceso civil seguido en su contra por Ferreyros
S.A., debido a que en la dirección consignada no domiciliaba la demandada del
proceso civil, sino la ahora recurrente, siendo ella la única propietaria del predio
ubicado en la calle Andrés Reyes N° 470, San Isidro (antes Calle Los Claveles,
Lote 10, Mz. 23,24,30 y 31). Refieren que, posteriormente, y a consecuencia de
la devolución realizada, el juzgado demandado les notifica la Resolución N° 65,
del 14 de julio de 2003, mediante la cual se declaran inoficiosas las
devoluciones de cédulas y se tiene por bien notificado al demandado del
proceso civil en su dirección, con lo que existe un peligro inminente de que en
y que se expida una nueva resolución mediante la cual: a) no se amenace con vulnerar el derecho constitucional de propiedad de la empresa recurrente. puesto que ella misma había solicitado un embargo y remate del bien ubicado en dicha dirección. aunque en el caso de autos.un futuro se vea perjudicada al tener que afrontar un embargo proveniente de un proceso en el que no es parte. se hace innecesario decretar la existencia de quebrantamiento de forma y la recomposición total del proceso. el cual es irrevisable en sede constitucional. conforme a la Partida N. . en respuesta a sus escritos. La recurrida confirma la apelada argumentando que la actora pretende indebidamente utilizar la acción de amparo para analizar el criterio de juez al expedir la resolución cuestionada en un proceso civil en el que la demandante no es parte. FUNDAMENTOS Petitorio 1. a calle Shell N. este Colegiado considera pertinente precisar que. La Primera Sala Civil de la Corte Superior Justicia de Lima. pues con los elementos probatorios existentes y de acuerdo con las características del reclamo producido. que finalmente. así como que se disponga el cese de la violación al libre ejercicio de la profesión de su abogado. con fecha 3 de setiembre de 2003. presenta un último escrito con fecha 7 de agosto de 2003. Departamento L. la demanda interpuesta sin que exista una razón objetiva que acredite de manera indubitable una causal de improcedencia manifiesta. La demanda tiene por objeto que se declare nula la Resolución N° 68. nuevamente presenta un escrito con fecha 30 de julio de 2003.A. La empresa recurrente afirma que. emitida con fecha 8 de agosto de 2003 por el Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima. reiterando que el local ubicado en la calle Andrés Reyes pertenece a su empresa. sino que la requiere a ella y a su abogado patrocinante. no obstante lo referido. al no permitirle la presentación de recursos bajo apercibimiento de multa. con fecha 8 de agosto de 2003. de plano. de oficio.A. a raíz de ello. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia. mediante la cual no solo ordena que se tenga por no presentado su escrito. reiterando que es propietaria del predio ubicado en el lugar citado en la notificación. es necesario un pronunciamiento inmediato que delimite la legitimidad o no de los extremos del petitorio. por considerar que la recurrente está cuestionando el criterio jurisdiccional del magistrado emplazado. de plano. y que las actuaciones judiciales mencionadas en la demanda provienen de un proceso regular. tenía conocimiento del cambio de domicilio de la empresa Evinsa Contratistas Generales S.° 41477180. se ha rechazado. b) se le permita presentar escritos ante el juzgado emplazado en salvaguarda de su patrimonio (propiedad) frente a un eventual embargo. el juez demandado ha emitido la Resolución N° 68. Necesidad de pronunciamiento quebrantamiento de forma sobre el fondo al margen de 2. por la SUNAT. mediante el cual informa al Juzgado emplazado que Evinsa Contratistas Generales S. Miraflores.° 121. había sido dada de baja.A. declara improcedente la demanda. Luciano López Flores. Añade que. para que no presenten escritos bajo apercibimiento de multa. y para especificar mejor las cosas. puntualizando incluso que Ferreyros S. urgente en determinados aspectos que supone.
Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades. inevitablemente pasa por la presencia concurrente o alternativa de alguna de las señaladas y la merituación realizada por el juzgador en torno de la intensidad que pueda. condicionante en la prosecución de un proceso constitucional. por lo que la única forma de justificar la interposición de un proceso dentro de supuestos como el descrito. Mucho menos. y si no existe mandato alguno que corrobore lo afirmado. En el caso de autos. tener sobre los derechos susceptibles de reclamo. Ambas características resultan consustanciales a la existencia de una amenaza. En dicho contexto. stricto sensu. puede considerarse que la supuesta amenaza pueda desencadenar un resultado cercano o inminente que incida en los derechos reclamados. tras el resultado obtenido. o no. examinado el extremo del petitorio concerniente a la presunta existencia de una amenaza del derecho de propiedad de la empresa recurrente. resulte eficazmente cumplido. sino que se busca garantizar que. la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales. pero no exactamente un proceso irregular. a menos.A. 5. 4. que el resultado de dicho proceso incida definitivamente en los derechos de terceros. . En otras palabras.Los supuestos de una amenaza. claro está. queda claro que. se concluye que este carece de elementos mínimamente justificatorios. sin embargo. se haya dispuesto algún tipo de medida cautelar o variable similar que incida directamente o que pueda repercutir en los bienes o la propiedad de Inversiones La Carreta S. para que tal estado lesivo pueda considerarse efectivamente inconstitucional y. La tutela judicial efectiva y sus alcances 6. es evidente que el primer extremo del petitorio resulta desestimable. situación que. El hecho de que se venga tramitando un proceso utilizando una dirección que no corresponde puede considerarse una anomalía procesal. requiere necesariamente de dos características comunes. En efecto. con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión. no existe en autos acreditación alguna de que. Aun cuando. a consecuencia del proceso seguido contra Evinsa Contratistas Generales S. o no. resulta evidente que no puede considerarse la sola existencia de un proceso en trámite como un estado de peligro realmente cierto. Desde el momento en que no existe acreditación alguna en torno de un eventual perjuicio del derecho de propiedad de la empresa recurrente.A. acompañarle a su petitorio. no ha podido verificarse en el presente caso. pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda. Mientras que la primera de las señaladas supone la posibilidad fáctica de que el acto violatorio se pueda concretizar en la práctica la segunda implica la proximidad o cercanía en la producción del acontecimiento lesivo. la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia. En un sentido extensivo. La probabilidad o certeza y la inminencia 3. a la vez. la probabilidad o certeza y la inminencia.. toda amenaza supone un estado de peligro sobre determinados bienes o derechos que el ordenamiento reconoce.
incidencia en el derecho al libre ejercicio de la profesión. se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada.]Inversiones La Carreta S. exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del juez. admitida a trámite. acontrario sensu de lo señalado. Y es que.. a fin [de] que se abstenga de presentar los mismos bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento”. los requisitos de la demanda. es indudable que la controversia. pues. asimismo. la necesidad de definir si el proceder de la entidad judicial emplazada tiene. que pueda reclamar accediendo al órgano jurisdiccional a través de la presentación de sus escritos. la capacidad procesal del demandante o de su representante. como lo expresa Peyrano. sino que simplemente. no quiere ello decir que la judicatura.. En el caso de autos. objeto de cuestionamiento. puede haber proceso con demanda desestimada en el fondo. no que obtenga una victoria judicial o que se le reconozca un derecho sustantivo en su favor. exigencias relacionadas con la validez de la relación procesal que. queda claro que lo que se pretende en el fondo es impedir al recurrente. para la admisión a trámite. y a su abogado patrocinante[. En el contexto descrito.]los escritos presentados[.A.La tutela judicial efectiva no significa. es decir.7. por principio. la Resolución N. por considerar que de alguna forma se le viene perjudicando. Es en la sentencia donde el juez declara (dice) el derecho y no liminarmente.] don Luciano López Flores. tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda. Al sostenerse textualmente que “[. por ello.. se evidencia una voluntad . parece haberse centrado en el primero de los supuestos descritos.. queda claro que si. y en tanto quien ha procedido a avalar dichos escritos es su abogado patrocinante. prima facie. lo que se plantea en el fondo es la legitimidad de su derecho de poder acceder al órgano jurisdiccional. o no. el juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal. Correlativamente. En dicho contexto. desde el punto de vista del segundo extremo del petitorio. y sin merituación alguna lo que se le pide. desestima. considera este Colegiado que cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción. sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna. la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda. lejos de ello. No es. la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y. se plantea. por tanto. Cabe también puntualizar que. 8. se asientan en los presupuestos procesales y en las condiciones de la acción. como sabemos. sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. la falta de legitimidad del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila voluntad de la ley-caso justiciable). tiene derecho todo justiciable. se requiere a“[.. Se trata del ejercicio del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba. pues. como manifestación de la tutela judicial efectiva. Examinadas las resoluciones emitidas por el Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima y. sino. en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que. 9. cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa con cualquier dosis de razón. que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda.° 68. simplemente. de plano. ni que.. presentar escritos ante el órgano jurisdiccional. o no. pues es evidente que si lo que está en discusión es si la empresa recurrente puede.] vienen entorpeciendo el normal trámite de los autos” y que. especialmente.
aun siendo tercero en el proceso ordinario subyacente. Resulta evidente. incluso. En tal situación. el Tribunal Constitucional. que las resoluciones judiciales no solo pueden considerarse legítimas por el hecho de derivar de un proceso tramitado respetando las formas (debido proceso formal). Ordena al Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima que deje sin efecto la Resolución N. a todas luces. a la paz y al libre ejercicio de la profesión.° 39914-99).. la de una eventual multa por el solo hecho de reclamar. 2. y FUNDADA en el extremo en que se vulneran los derechos a la tutela judicial efectiva. En el caso de autos. por tanto. del derecho constitucional en mención y de su propia libertad. ha acreditado que el demandado en dicho proceso no domicilia en la casa de su propiedad que conduce en ejercicio de ese derecho. debiendo abstenerse dicha dependencia judicial de impedir que la recurrente. como lo es. pretende neutralizar el derecho de su abogado de ejercer libremente la defensa de su patrocinado al trasladarle la responsabilidad en forma compartida de un supuesto y evidentemente inexistente entorpecimiento en la tramitación del proceso. susceptible de ser objetada mediante los mecanismos de orden procesal constitucional. presente los escritos o recursos que a su derecho convenga. y sobre todo. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo en que se invoca amenaza del derecho de propiedad. En tales circunstancias. sino. Resolución judicial arbitraria y libre ejercicio de la profesión en el presente caso 11. N. contra Evinsa Contratistas Generales S. del 8 de agosto de 2003. sino incluso de desalentar cualquier posibilidad de recurrencia bajo una amenaza. . emitida dentro del proceso civil seguido entre Ferreyros S. llevado el proceso en estas condiciones.A. y ya lo ha señalado este Colegiado en anteriores ocasiones. es evidente que la resolución judicial cuestionada no solo no respeta el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente. se trata de una resolución judicial absolutamente arbitraria y.° 68. La paz como derecho colateral eventualmente perturbado 10. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. implica para la recurrente de amparo limitación. En consecuencia. en alguna medida. en forma directa o a través de su abogado. ejerciendo la posesión directa a exclusividad. la insistencia en la remisión de cédulas de notificación a persona que no domicilia en la casa de este tercero significa mortificación en la exigencia de una atención a la que no está obligado. sino que. que no puede autodeterminarse en forma de reclamo frente a una situación que se considera injusta. irrazonable y desproporcionada. Por estos fundamentos. La Carreta S.que deviene en gasto y en alteración de la paz a que tiene derecho. por el hecho de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad como elementos o componentes sustantivos del proceso debido. tanto por su contenido como por sus alcances.no solo de neutralizar todo tipo de reclamo ante el órgano judicial.A. así como de imponerle multas o sanciones por dicho proceder.A. (Exp. sin duda. La recurrente demandante del amparo. es inobjetable que.
SS.Publíquese y notifíquese. ALVA ORLANDINI GONZALES OJEDA GARCÌA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO .
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