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Timestamp: 2019-08-25 04:25:49+00:00

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Voto num. 62/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 355273314
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2009. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN: "COMO FUNDAMENTO DE TODOS LOS DERECHOS DE LOS SERES HUMANOS" Y "DESDE EL MOMENTO DE SU INICIO EN LA ... (ver resumen completo)
Voto particular que presenta el M.J.F.F.G.S. en relación con la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del jueves 29 de septiembre de 2011.
Doce integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí(1) promovieron acción de inconstitucionalidad,(2) en la que solicitaron la invalidez del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformada mediante Decreto 833, que se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el tres de septiembre de dos mil nueve. El precepto impugnado establece:
"Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.
Los promoventes plantearon que el precepto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 16, 24, 40, 41, 128, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hicieron valer los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes.
El proyecto de resolución presentado por el suscrito se discutió en la sesión pública del 29 de septiembre de 2011 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una metodología que finalmente consistió en posicionamientos generales de las y los señores Ministros, y que desembocó en una votación de siete votos a favor de la invalidez de la norma y cuatro a favor de su validez, por lo que al no haberse alcanzado los ocho votos necesarios para declarar la invalidez o los seis necesarios para considerar válida la porción normativa impugnada, la determinación final fue de desestimación de la acción; con la decisión de que así se hiciera constar en la parte relativa de los considerandos de la resolución, sin mayor abundamiento sobre los distintos conceptos de invalidez hechos valer por la parte accionante, las consideraciones del proyecto en relación con ellos, o a los argumentos que se vertieron por los integrantes del Pleno durante las sesiones públicas de esos días para sustentar sus posicionamientos.
Vale la pena destacar que, previamente a la discusión de este asunto, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2009 (en las sesiones públicas de los días 26 a 28 de septiembre de 2011), cuya temática es muy similar a la de la presente acción. Por tanto, en el curso del debate, se destacaron las diferencias concretas entre uno y otro asuntos, pero también se reiteraron de manera genérica los posicionamientos de los señores Ministros en la acción de inconstitucionalidad 11/2009. En atención a ello, en el presente voto se hará referencia, en lo conducente, a lo discutido en la mencionada acción de inconstitucionalidad, con el fin de tener una visión completa de los temas discutidos en torno al derecho a la vida.
Concretamente, las notas distintivas de este asunto que hice notar en mi intervención del 29 de septiembre de 2011,(3) consisten en que el artículo 16 de San Luis Potosí: 1) determina expresamente el momento en que inicia la vida; 2) reconoce a la vida como fundamento de todos los derechos de los seres humanos; y, 3) establece tasadamente causas para la no punibilidad de la muerte dada al producto de la concepción.
Dado que en la sesión pública del día 28 de septiembre(4) señalé que, de acuerdo con las manifestaciones de varios de los Ministros, de ser necesario, en el engrose ajustaría el proyecto a la luz de algunos de los argumentos expresados en las sesiones públicas por las señoras y señores Ministros y toda vez que la decisión plenaria fue de desestimación de la acción en los términos antes señalados, dejaré como voto particular la parte del estudio de fondo de mi proyecto en el considerando séptimo, así como el considerando octavo y puntos resolutivos, manteniéndolo con la misma estructura y argumentación del estudio de fondo por no haber encontrado razones para una modificación sustancial.(5) En este contexto, no se transcriben los resultandos y considerandos primero al sexto, por haber sido aprobados por el Pleno en sus términos y así haber quedado en el engrose de la resolución.
Por tanto, este voto particular se presenta con el mismo formato del considerando séptimo del proyecto original, con pocas modificaciones y con algunas anotaciones a pie de página, para quedar en los siguientes términos:
"CONSIDERANDO SÉPTIMO.-Para efectos del estudio de fondo en la presente resolución, con fundamento en los artículos 41 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abordarán en este considerando, temáticamente, los conceptos de invalidez planteados en la demanda.(6)
"I. Protección de la vida desde el momento de la concepción(7)
"Los promoventes sostienen que es inconstitucional este precepto, puesto que identifica a la vida como fundamento de todos los derechos que corresponden a las personas físicas y amplía la protección de la vida para incluir todo el proceso de la gestación a partir de la concepción.
"Además, señalan que hay una inconsistencia entre el Texto Constitucional aprobado y la exposición de motivos, ya que en el primero, se hace referencia a la persona desde el momento de la concepción, pero a partir de la exposición de motivos, debe entenderse que el Constituyente Local quiere decir que hay persona desde el momento de la fecundación.
"Los accionantes consideran que es inconstitucional el que se modifique el concepto de persona, para efectos jurídicos, pues se amplía indebidamente a los no nacidos, es decir, se redefine el concepto jurídico de ‘persona’, para también incluir al cigoto, al blastocisto, al embrión y al feto, a quienes se les otorga personalidad jurídica para efectos de protección constitucional y legal. Esto es así, debido a que sólo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede restringir o suspender los derechos fundamentales de los individuos, y las entidades federativas no pueden definir el concepto jurídico de persona. De ser así, la protección constitucional no sería uniforme y universal. Adicionalmente, la Constitución Federal no puede entenderse en el sentido de que hay persona jurídica desde la concepción.
"Por otro lado, se argumenta que el ampliar el universo de individuos a quienes se considera como sujetos de derecho se traduce en la limitación de los derechos fundamentales de otras personas. En este sentido, señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, determinó que es constitucional la norma que permite la interrupción del embarazo en el primer trimestre sin que se imponga sanción penal a la mujer. Consecuentemente, dicen que si el Constituyente de San Luis Potosí puede definir que hay persona desde el momento de la concepción, habría disparidad entre la protección constitucional de las mujeres de distintas entidades federativas, ya que en algunas podría recurrir a la terminación anticipada del embarazo y en otras no, violándose así la garantía de igualdad consignada en el artículo 1o. constitucional.
"En otras palabras, en opinión de los promoventes si se permite que los Estados definan cuándo hay persona para efectos jurídicos, se rompería la unidad del orden jurídico nacional, y la protección a los derechos constitucionales no sería homogénea. Así pues, sólo la Constitución General puede definir el concepto de persona.
"En primer lugar, es necesario analizar las distintas porciones normativas del primer párrafo del artículo 16 impugnado, para determinar cuál es su alcance.
"La primera frase de ese precepto dice: ‘El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.’. Aquí se contienen varias ideas:
"1. La entidad federativa reconoce la vida humana.
"2. La vida humana es fundamento de todos los derechos de los seres humanos.
"3. El respeto y protección a la vida humana se da desde la concepción, pues es en ese momento cuando inicia.
"Reconocimiento del derecho a la vida
"A partir de la redacción del primer párrafo del artículo 16 combatido, se desprende que hay una protección al derecho a la vida. Esta tutela, por sí sola, no es contraria a la Constitución Federal.
"Por el contrario, con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el artículo 29 vigente reconoce expresamente el derecho a la vida de todas las personas. Es decir, ese precepto prevé el procedimiento y condiciones para restringir o suspender los derechos fundamentales y sus garantías y, entre otras cuestiones, indica que no es posible restringir el ejercicio de ciertos derechos, entre los cuales se incluye el derecho a la vida.(8)
"Sin embargo, ni en los documentos relativos al proceso legislativo que dio lugar a la mencionada reforma constitucional ni en las discusiones en las Cámaras del Congreso de la Unión se hizo referencia a los alcances del derecho a la vida en relación con el momento en que ésta inicia. Únicamente se señaló que en el artículo 29 constitucional reformado se pretendía incluir ciertos derechos que no pueden ser suspendidos ni aun en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; en concordancia con los estándares internacionales y particularmente en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(9) Es decir, no es posible conocer cuál es el alcance del derecho a la vida con el solo texto del artículo 29 constitucional, conforme a su redacción vigente.(10)
"Además, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, la mayoría de los integrantes de este Pleno se manifestó en tres aspectos medulares para la resolución de ésta, en el sentido de que:
"A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho a la vida(11) (derecho que también está consagrado expresamente en su artículo 29, como se ha señalado), pero también que dicha protección y derecho no son absolutos.
"B. De los informes que se requirieron, prueba pericial y comparecencias que se realizaron para resolver aquella acción: ‘... puede derivarse la conclusión de que no existe unanimidad en los criterios éticos, morales filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual empieza la vida humana y el momento a partir del cual debe protegerse por el Estado, sustentándose a este respecto afirmaciones encontradas entre sí.’(12) (el subrayado y las negrillas no son del original).
"C. En el ámbito de la protección de los derechos fundamentales por los tratados y convenciones internacionales suscritos por México, el único instrumento que reconoce que el derecho a la vida de toda persona se encuentra protegido, por lo general, desde el momento de la concepción, es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que este derecho no es absoluto, pues la expresión ‘por lo general’ se introdujo para establecer la posibilidad de que los Estados puedan fijar el momento en que inicia, conforme a su legislación interna, esa protección y las modalidades a que queda sujeta la misma.(13) Además, México formuló dos declaraciones interpretativas y una reserva, de las cuales la primera declaración interpretativa versó sobre tal expresión, por lo que México ‘no aceptó el establecimiento de un momento específico a partir del cual debía proteger el derecho a la vida y, en esa medida, se encuentra obligado el Estado Mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida como en el resto de los tratados internacionales lo disponen (sic), esto es, sin un momento específico para el inicio de la protección y aceptando que no es un derecho absoluto.’(14)
"En atención a que el artículo 29 constitucional reconoce expresamente el derecho a la vida, aunado a los criterios anteriormente señalados, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a la convicción de que el reconocimiento que hace el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí sobre la tutela al derecho a la vida, en sí mismo, es acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sin embargo, la vinculación de esa tutela a ciertos presupuestos explícitos -que es lo que esencialmente impugna el accionante en el primer concepto de invalidez que se analiza-, como son: 1. Que la vida humana es fundamento de todos los derechos de los seres humanos; y, 2. Que la protección inicia al momento de la concepción, porque es en ese momento cuando inicia la vida; obliga a realizar un juicio sobre la conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de esa tutela a la luz de esos presupuestos.
"Cabe advertir, como premisa fundamental de todo el desarrollo metodológico y analítico en la presente resolución, que el juicio abstracto de constitucionalidad de las normas generales impugnadas se realizará en lo pertinente, con sustento en los conocimientos actuales de las ciencias al alcance de este Tribunal Constitucional, exclusivamente a la luz de los parámetros constitucionales (incluyendo los tratados internacionales) aplicables.(15)
"La vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos
"La parte accionante, entre otras cuestiones, planteó que es incorrecto identificar a la vida como fundamento de todos los derechos que corresponden a las personas físicas.
"El anterior concepto de invalidez es fundado.
"Como ya se dijo, este Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en sesión del veintiocho de agosto de dos mil ocho. En la resolución correspondiente, se hizo un pronunciamiento en el sentido de que, si bien la vida es una condición necesaria de la existencia de otros derechos, no se le puede considerar como más valiosa que cualquier otro de ellos. De igual manera, se reafirmó que todas las normas constitucionales tienen la misma jerarquía, por lo que ninguna de ellas prevalece sobre las demás, con fundamento en la tesis P. XXXIX/90, cuyo rubro dice: ‘CONSTITUCIÓN. TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL.’(16) Sobre este tema, se resolvió:
"‘Es evidente que si no existe un individuo vivo, no hay posibilidad de que se ejerzan los derechos establecidos constitucionalmente, pero de ahí no se sigue que la vida sea condición de existencia de los demás derechos, menos la necesidad de otorgarle una posición lógicamente preeminente frente a los demás. Aceptar un argumento semejante destruiría la naturaleza relacional de los derechos fundamentales, así como su fundamento democrático. Los derechos fundamentales se establecen para limitar el ejercicio de los derechos de la mayoría sobre la minoría, pero no para la expresión de un último valor fundamental del Estado el cual devenga intangible jurídicamente. Este Alto Tribunal ya lo ha refrendado en precedentes y tesis aplicables: los derechos fundamentales no son, en ningún caso, absolutos.’
"Ahora bien, la norma combatida establece que la vida humana es ‘fundamento de todos los derechos de los seres humanos’ lo cual es inadmisible, pues no se puede dar preeminencia a derecho alguno -ni siquiera al derecho a la vida- sobre los demás derechos constitucionales.(17) Entonces, el precepto combatido, al otorgar una mayor jerarquía al derecho a la vida que a cualquier otro derecho, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues conforme a ella todos los derechos tienen el mismo rango, y la Constitución de San Luis Potosí no puede favorecer uno de ellos en detrimento de los demás. Esto es así, además, en atención a que el propio artículo 133 constitucional establece que las Constituciones Locales deben ser acordes a lo dispuesto en la Constitución General de la República, lo cual no sucede si en una de ellas se estima que un derecho es superior a los otros.
"Es importante subrayar que, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 40,(18) 41, párrafo primero,(19) y 133(20) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, cabe establecer que el Estado Mexicano está estructurado como un Estado federal en el que los Estados que integran la Unión son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero sobre la base de que esa Unión, en una Federación, se sustenta en los principios establecidos en la Ley Fundamental, entre ellos, destacadamente, el de supremacía constitucional, con arreglo al cual las Constituciones particulares de los Estados ‘en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal’.
"De acuerdo con lo anterior, el federalismo debe ser congruente con el principio de supremacía constitucional y, en tal virtud, los ordenamientos constitucionales de las entidades federativas están subordinados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece y contiene las reglas del Pacto Federal.
"Así, los Poderes Constituyentes Locales están sujetos necesariamente al orden constitucional establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, los cuales no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones ahí establecidos, de conformidad con el artículo 1o., párrafo primero, constitucional.
"Entonces, como ya se dijo, la porción normativa que considera a la vida humana como base de los derechos de las personas es contraria a la Constitución Federal, por dar preeminencia absoluta a un derecho sobre otros, contraviniendo lo ordenado por los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, debe invalidarse la porción normativa del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí que dice: ‘como fundamento de todos los derechos de los seres humanos’.
"Alcances de la protección de la vida desde el momento de la concepción
"Previamente a abordar los siguientes conceptos de invalidez, es necesario hacer un pronunciamiento sobre los alcances de la norma combatida, en relación con el momento en que se comienza a proteger la vida y los efectos de esa tutela.
"El artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí establece que respeta la vida humana y la protege ‘desde el momento de su inicio en la concepción’. La cuestión ahora es determinar si este enunciado implica que, mediante la norma constitucional, se confieren derechos y obligaciones al producto de la vida en gestación. Dicho de otra forma, mediante este precepto, ¿se equipara al concebido y no nacido a un individuo o a una persona? La respuesta a esta pregunta es de una enorme relevancia, ya que una gran porción de la argumentación de los accionantes parte de la premisa consistente en que la reforma combatida equipara a un cigoto, blastocisto, embrión o feto con una persona nacida para efectos jurídicos.
"Esta Suprema Corte considera que el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí debe interpretarse en el sentido de que se reconoce que la vida inicia en la concepción y que este reconocimiento conlleva efectos jurídicos, consistentes en equiparar al producto de la gestación humana con un individuo o persona. E. desprende de la intención del Constituyente Permanente potosino, estampada en la exposición de motivos de la reforma constitucional controvertida.
"La exposición de motivos de la reforma del artículo 16 constitucional, respaldada por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Equidad y Género, en su dictamen y publicada en el Periódico Oficial de San Luis Potosí junto con la reforma mencionada, es clara al expresar la intención del Constituyente Local en cuanto a que el producto de la concepción humana tiene vida desde el momento de la fecundación y en ese momento debe considerarse como un individuo o persona, sujeto de derechos. En este sentido, se afirma:
"‘Queda patente de este modo, la necesidad de que la sociedad potosina vea una definición de persona que se sustente en la reflexión seria y objetiva, y la plasme en su Constitución, para que sirva de eje sobre el cual giren sus mandatos y la aplicación de los mismos por la autoridad y la ciudadanía.
"‘Para esos efectos se reforma el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, basándose en el hecho innegable de que el producto de la concepción humana, a partir del momento mismo en que ésta se realiza:
"‘1. Tiene vida.
"‘2. Tiene vida humana.
"‘3. Tiene vida humana distinta de la vida de la madre.
"‘4. Es por ello un nuevo ser humano que, por estar en formación, depende de su madre hasta que pueda llevar una vida autónoma fuera del seno materno.
"‘5. Como ser humano que es, es una persona humana única y siempre idéntica a sí misma, independientemente de las transformaciones fisiológicas que su organismo pueda manifestar durante las diferentes etapas de su vida (el subrayado no es del original).
"‘Lo que el sentido común ha tenido siempre por sabido y cierto, la ciencia moderna lo puede claramente observar y testimoniar, a saber, que existe vida en el producto de la concepción, desde el primer momento en que empieza el proceso biológico que da origen al ser humano, o sea, desde que el óvulo de la mujer es fecundado por el espermatozoide del varón. No se explicará de otra manera, el que ese producto manifieste los cambios que presenta desde el mismo instante en que es concebido, y que continuarán presentándose a lo largo de su historia, hasta el momento en que ésta termine con la muerte.

References: ARTÍCULO 16
 artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 Artículo 105
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 29
 resolución 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 16
 resolución 
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16