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Timestamp: 2019-09-18 15:48:23+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-01-27Regresar
Las tarifas se actualizarán anualmente, a partir del año 2011, en un porcentaje equivalente al del crecimiento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Que para efectos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 5 de la Ley 1393 de 2010, las tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado que regirán a partir del primero (1) de enero de 2015, serán las siguientes:
1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa y cinco centavos ($658,95) por cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcionalmente a su contenido.
2. Para la picadura, rapé o chinú, cuarenta y un pesos con sesenta y un centavos ($41,61) por cada gramo.
( 2015-01-27) Consultar
Los promedios ponderados del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados que rigen para el primer semestre del año 2015.
Que el artículo 189 parágrafo 2, de la Ley 223 de 1995, referido al impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, establece que:“En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior al promedio del impuesto que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, producidos en Colombia”, CERTIFICA:
Que para efectos de lo dispuesto en el artículo 189, parágrafo 2, de la Ley 223 de 1995, y de conformidad con los artículos 4 y 5 del Decreto número 2141 de 1996, los promedios ponderados del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados que rigen para el primer semestre del año 2015, son los siguientes:
a) Cervezas, trescientos diecinueve pesos con veintinueve centavos ($319,29), por unidad de 300 centímetros cúbicos;
b) Sifones, doscientos noventa y seis pesos con setenta y ocho centavos ($296,78), por unidad de 300 centímetros cúbicos;
c) Refajos y mezclas, ciento seis pesos con veintiséis centavos ($106,26), por unidad de 300 centímetros cúbicos.
“Las tarifas aquí señaladas se incrementarán a partir del primero (1) de enero de cada año en la meta de inflación esperada y el resultado se aproximará al peso más cercano.
Que para efectos de lo dispuesto en parágrafo 7 del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, y el artículo 8 de la Ley 1393 de 2010, las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, aplicables a partir del 1 de enero de 2015, a los productos nacionales y extranjeros, incrementadas en la meta de inflación esperada y ajustada al peso más cercano, por unidad de 750 centímetros cúbicos, serán las siguientes:
a) Para productos de hasta 35 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos noventa y siete pesos ($297) por cada grado alcoholimétrico;
b) Para productos de más de 35 grados de contenido alcoholimétrico, cuatrocientos ochenta y siete pesos ($487) por cada grado alcoholimétrico.
En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la tarifa aplicable a todos los licores, vinos, aperitivos y similares, de producción nacional, será de veintiocho pesos ($28) por cada grado alcoholimétrico.
1. Que el artículo 6 de la Ley 1393 de 2010, establece que corresponde a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificar la base gravable para la liquidación de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.
2. Que el artículo 3 del Decreto número 4811 de 2010, establece que: “Para efectos de la certificación de la base gravable de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tomará el precio de venta al público certificado por el DANE, lo actualizará en todos sus componentes con la meta de inflación puntual para efectos legales establecida por el Banco de la República y al resultado le descontará el valor de la sobretasa del año anterior a aquel para el que regirá la nueva certificación”.
4. Que el DANE el día 16 de diciembre de 2014, expidió la certificación de los precios de referencia de cigarrillos para el año 2015, CERTIFICA:
Corresponde a este Ministerio definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Plan Obligatorio de Salud de cada régimen, así como el régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad general y en licencias de maternidad y paternidad, según las normas del Régimen Contributivo
Artículo 1. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para el año 2015, en la suma de seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y cuatro pesos con ochenta centavos ($629.974,80) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de mil setecientos cuarenta y nueve pesos con noventa y tres centavos ($1.749,93) moneda corriente.
La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible el artículo 181 de la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria), según el cual la comercia­lización de energía eléctrica por parte de las empresas generadoras seguirá gravada con el impuesto de industria y comercio (ICA), de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 56 de 1981 (cinco pesos anuales por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora).
De acuerdo con el alto tribunal, se trata de una norma interpretativa, pues precisa el alcance de la actividad industrial de las empresas generadoras de energía eléctrica respecto al ICA, y no establece una exención, sino que aclara la base gravable del tributo, reconociendo que la venta de energía eléctrica producida hace parte de la actividad industrial de las empresas generadoras.
Así mismo, la corporación advirtió que el artículo demandado no desconoce el principio de equidad tributaria, pues hace efectiva la prohibición de la doble tributación por un mismo hecho económico.
Según el fallo, cuando una empresa generadora le compra energía a otra empresa generadora o una comercializadora, para volverla a vender en forma directa, es indudable que no actúa como productor, sino como comercializador. Por lo tanto, su obligación tributaria se debe causar conforme las reglas generales de ICA.
Con base en la inflación registrada durante el 2014 y el aumento del salario mínimo para el 2015, el Ministerio del Trabajo certificó el reajuste pensional que se debe efectuar en el presente año.
Para las pensiones cuyo monto en el 2014 fue igual al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), la mesada será de 644.350 pesos. Por su parte, las pensiones que el año pasado superaron el salario mínimo, tendrán un reajuste del 3,66 %. Sin embargo, aplicado este último aumento, la mesada no podrá ser inferior a un SMLMV (644.350 pesos).
La entidad aclaró que a quienes, por efectos de la Sentencia C-258 del 2013, se les ajustó la pensión a 25 SMLMV se les debe aplicar la Circular 10 del 2014, según la cual, para liquidar el reajuste pensional, la base es el valor de la pensión que se devengaba con corte al 30 de junio del 2013.
Si el valor reajustado a partir de dicha base y la aplicación del IPC excede los 25 SMLMV, se reajustará al tope señalado por la Corte; y si el valor se encuentra por debajo, la pensión corresponderá al valor calculado. (Mintrabajo, Circular 1, ene. 8/15)
El sindicato de una empresa de servicios públicos domiciliarios solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) aprobó el reglamento interno de trabajo, porque, a su juicio, el procedimiento que se debe seguir ante conductas de acoso laboral se reguló de manera diversa a lo previsto en la ley.
De acuerdo con el Consejo de Estado, cuando las normas de obligatorio cumplimiento no se reproducen según lo previsto por el legislador, es necesario que el Mintrabajo las estudie, para su aprobación. En caso contrario, su incorporación al reglamento no requiere la intervención de los trabajadores, ni la aprobación del ministerio, pues se trata de una modificación meramente formal.
En el caso analizado, a pesar de que se trataba de una modificación no formal, la resolución demandada omitió el estudio de los requisitos y los documentos aportados. Así las cosas, el alto tribunal concluyó que no se ajustaba “a los fines que busca el legislador y menoscaba los derechos adquiridos de los trabajadores y las garantías laborales que los cobijan”.
Finalmente, precisó que para incluir el acoso laboral en el reglamento interno de trabajo, es necesario determinar si, en efecto, se estableció un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 11001032500020120040200 (15592012), oct. 20/14, C. P. Alfonso Vargas Rincón)
El trabajo doméstico, por sus especiales características y la situación de vulnerabilidad de quienes lo ejecutan, requiere la protección del Estado, con el fin de que sea reconocido legal y socialmente como una actividad laboral merecedora de todas las garantías.
Así lo sostuvo la Corte Constitucional, en un fallo publicado recientemente, al ordenar el pago de la pensión sanción a favor de una trabajadora doméstica que, después de cumplir 34 años de labores y 75 de edad, fue despedida sin justa causa por sus empleadores.
De acuerdo con el pronunciamiento, en el caso analizado quedó demostrado que el empleador incumplió su deber de pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social, y que la trabajadora satisfizo los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión, conforme lo establece el inciso 2º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993.
El empleador intentó desvirtuar la existencia de la relación laboral, aduciendo que lo que había era una relación de colaboración familiar. Sin embargo, la Corte concluyó que la transacción suscrita al finalizar el vínculo entre las partes era un indicio para conceder el amparo transitorio de los derechos a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna y la especial protección a las personas de la tercera edad.
La sentencia también reitera que las consecuencias negativas del incumplimiento del patrono en el pago oportuno de los aportes que le corresponden por ley no deben ser soportadas por el empleado.

References: artículo 211
 artículo 5
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 50
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 3

Artículo 1
 artículo 181
 artículo 7
 resolución 
 artículo 133