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Timestamp: 2018-07-23 07:21:17+00:00

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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD · PubPub
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
Constitución CDMXObservatorio CDMX
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Ciudad de México. (2016). DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-desarrollo] version: 57dae71f4099fb39005db72b
Ciudad de México. "DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-desarrollo] version: 57dae71f4099fb39005db72b
TÍTULO SEGUNDO - DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
CAPÍTULO I - PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 20 - Planeación del Desarrollo
Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural y ambiental de la ciudad, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad. La planeación democrática asegurará la continuidad del desarrollo y el usufructo equitativo de la Ciudad de México.
A. Sistema de Planeación
1. El sistema de planeación será un proceso articulado y perdurable cuyas etapas y escalas serán establecidos en las leyes correspondientes. Tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; el Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas sectoriales y especiales; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los Programas de Gobierno de las demarcaciones territoriales; y los parciales de las colonias, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios. Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente.
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de largo plazo en materia de desarrollo ambiental, urbano, rural, económico, social, cultural y de seguridad ciudadana y tendrá por objeto el equilibrio territorial y la cohesión social. Su vigencia será de veinte años, podrá ser revisado en los casos que determine la ley, misma que determinará las sanciones por incumplimiento en su aplicación. Será sometido para su aprobación ante el Congreso de la ciudad y tendrá carácter de ley.
3. El Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano será elaborado por el Instituto de Planeación, aprobado por el Congreso y tendrá una vigencia de seis años.
4. Los Programas de Gobierno de la Ciudad de México y de las demarcaciones deberán ser congruentes con el Plan General y con la política de finanzas públicas. Serán elaborados por el Ejecutivo de la ciudad y por las Alcaldías, quienes los enviarán al Congreso local para su conocimiento durante los primeros tres meses de la administración correspondiente. Tendrán una vigencia de seis y tres años respectivamente y se evaluarán de acuerdo con la ley.
B. Instituto de Planeación de la Ciudad de México
1. La elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano recaerán en el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, el cual incluirá la participación directa de los sectores académicos, sociales y económicos con las modalidades que establezca la ley. Este Instituto será un órgano del poder público, con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrá como funciones:
I. Elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación e integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica científico, accesible y transparente;
II. Presentar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ante el Congreso de la Ciudad de México para su aprobación;
III. Participar en la elaboración de los programas de desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México y en todos los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México;
IV. Capacitar a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales para participar en los procesos de planeación y difundir el conocimiento sobre su ciudad;
V. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los demás programas aprobados; y
VI. Las demás que determine la ley.
2. El Instituto de Planeación de la Ciudad de México tendrá un Director General, designado por mayoría calificada del Congreso de la ciudad de una terna propuesta por el Jefe de Gobierno y permanecerá seis años en su cargo. Su órgano de gobierno será presidido por el Jefe de Gobierno y contará con un Consejo con facultades deliberativas y de consulta, integrado por representantes del gobierno de la ciudad, la academia y las organizaciones civiles y sociales con experiencia en temas de planeación, investigación y gestión del desarrollo, así como en los relacionados con el ordenamiento territorial. La elección de sus consejeros ciudadanos se sujetará a lo previsto para el nombramiento de los organismos autónomos. La ley determinará su funcionamiento y facultades.
3. Este Instituto podrá asesorarse con los consejos que la ley establezca, como órganos de diálogo público con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social y ambiental.
4. La evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta Constitución.
Artículo 21 - Ordenamiento territorial
1. La biodiversidad, los ecosistemas naturales y las especies nativas son bienes comunes, su cuidado es de interés público y corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. Las leyes garantizarán la protección del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
2. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos adversos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación del suelo y el agua. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
3. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Se creará un sistema de medición y monitoreo de contaminantes, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de reducir las causas y mitigar las consecuencias del cambio climático. Asimismo establecerán las medidas necesarias y los calendarios para una transición acelerada entre el uso de combustibles fósiles y el de energías limpias.
4. El principio precautorio regirá en los casos en que existan indicios fundados de que el uso de productos o tecnologías representen riesgos para la salud pública o el medio ambiente, en los términos que determine la ley.
5. El daño y deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes lo provoquen están obligados a llevar a cabo acciones para la compensación y la reparación integral del daño, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes.
6. Las autoridades garantizarán el derecho de acceso a la información pública sobre el medio ambiente y establecerán mecanismos de participación y consulta ciudadana en las regulaciones y programas ambientales.
7. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos y comunidades indígenas realizan para la preservación de su medio ambiente.
B. Gestión sostenible del agua
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la distribución diaria y equitativa de agua de calidad en su territorio e impedirán el establecimiento de industrias y servicios con alto consumo de agua.
2. Se adoptarán medidas para asegurar el saneamiento, entendido como el acceso y uso de instalaciones y servicios para la recolección, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales.
3. La política en materia de abasto de agua y saneamiento garantizará:
a. La preservación, restauración y viabilidad futura del ciclo del agua;
b. La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al subsuelo;
c. La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las personas conforme a los parámetros internacionales;
d. El establecimiento de tarifas progresivas de acuerdo a su consumo;
e. La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución;
f. La captación individual y colectiva de agua de lluvia, el tratamiento y reutilización de aguas a fin de revertir la sobreexplotación de los acuíferos; y
g. La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura de largo plazo para el aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la prevención del agotamiento de los acuíferos.
1. El servicio público de abasto de agua y su saneamiento será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un ente público, con autonomía técnica y de gestión, que coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca hidrográfica.
2. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua.
3. El gobierno garantizará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua.
4. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.
C. Regulación del suelo
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad. El gobierno de la ciudad es responsable de gestionar el suelo para garantizar el desarrollo incluyente y el ordenamiento sostenible de su territorio y del entorno regional en el que se ubica.
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano determinarán las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, captación de acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio cultural e histórico. Para tal efecto se establecerán las regulaciones, incentivos y sanciones que garanticen su preservación y mantenimiento.
3. El gobierno de la ciudad evitará la expansión sobre áreas no urbanizables y fomentará el mejoramiento y la autoproducción de viviendas adicionales en predios familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los lugares donde han habitado.
4. Las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos privilegiarán el interés público controlando que su realización no implique la exclusión o expulsión de actividades y residentes de menor ingreso, así como afectaciones a la naturaleza y a los bienes comunes y públicos.
5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo de conservación, ejidos, comunidades, áreas ambientales estratégicas y suelo urbano. Las leyes y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, instrumentos, y aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a las siguientes disposiciones:
a. Se establecerán principios asociados al desarrollo sostenible en el suelo de conservación garantizando la compensación y pago por servicios ambientales. Se evitará su ocupación irregular, respetando los derechos de las personas que habitan los poblados rurales, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios;
b. Se promoverá el uso eficiente del suelo urbano, la generación de vivienda social, la densificación sujeta a las capacidades de infraestructura y servicios, características de la imagen urbana y utilización de predios baldíos;
c. Se definirán las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los servicios ambientales; y
d. El uso y aprovechamiento del suelo definido en los instrumentos de planeación sólo podrá ser modificado por causa de utilidad pública.
6. Para modificar los usos del suelo, las autoridades informarán y consultarán previamente a la comunidad sobre los proyectos específicos y los estudios de impacto social, económico y ambiental. La ley determinará los casos en que la consulta será vinculante; en todo caso se privilegiará el interés público.
7. Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad.
8. La regulación del uso del suelo contemplará:
a. La dotación de reservas territoriales en áreas urbanas consolidadas para destinarlo a la producción social del hábitat y la vivienda;
b. La certeza jurídica a los asentamientos precarios que no estén ubicados en zonas de alto riesgo o de preservación ecológica;
c. El reconocimiento de la posesión legítima del suelo, que no derive de invasión o despojo, como requisito suficiente para la adquisición de subsidios y créditos para la producción social de la vivienda; y
d. Los mecanismos para evitar prácticas especulativas en los cambios de uso del suelo.
9. Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos.
10. Las autoridades instituirán las políticas e instrumentos de gestión urbana y ambiental para evitar procesos de segregación social. La ley determinará los gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines de especulación.
D. Desarrollo rural
1. Las zonas rurales de la ciudad serán protegidas y conservadas promoviendo un aprovechamiento racional y sostenible que permita garantizar el derecho a la tierra, preservar el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los servicios ambientales que prestan, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias.
2. El gobierno de la ciudad promoverá la agricultura urbana, el desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, así como proyectos de ecoturismo para el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación.
3. Se armonizará el desarrollo urbano y el rural que respete las formas, prácticas y actividades culturales de las personas y comunidades. Se establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia e intercambio económico e intersectorial con las personas, instituciones y dependencias del medio urbano.
4. Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que cause daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la agricultura orgánica.
5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia de tecnología amable con el medio ambiente, el extensionismo, la comercialización y la capacitación en el medio rural. Se evitará el crecimiento urbano y se impedirá la invasión en áreas rurales con infraestructura, asentamientos y equipamientos ajenos a las comunidades rurales.
1. La vivienda es el principal componente del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias.
2. Las autoridades establecerán una política habitacional a fin de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en los términos reconocidos por esta Constitución, para lo cual:
a. Instrumentarán políticas de suelo urbano y reservas territoriales que consideren condiciones de ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de vivienda social de calidad, en colaboración con los organismos federales y locales y con los promotores privados y sociales;
b. Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria;
c. Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso y la rehabilitación o renovación del parque habitacional en deterioro. Fomentarán el reciclamiento de inmuebles en estado de riesgo estructural;
d. Adoptarán medidas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental;
e. Establecerán mecanismos que regulen e impulsen la vivienda de arrendamiento; y
f. En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de interés público, se indemnizará o reubicará inmediatamente a sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda afectada.
3. El gobierno de la ciudad protege y apoya la producción social de la vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:
a. Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en sus diversas modalidades;
b. Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades, la ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;
c. Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y
d. Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios.
4. La política de vivienda será ejecutada por un instituto especializado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda adecuada para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social.
5. El gobierno instrumentará y regulará las distintas formas legales de propiedad y tenencia de la vivienda, incluyendo las modalidades del arrendamiento y la cooperativa de uso y goce.
F. Infraestructura física y tecnológica
1. Es responsabilidad del gobierno de la ciudad y de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborar un plan de largo plazo para la inversión pública que asegure la modernización permanente de la infraestructura física y tecnológica, así como:
a. Ampliar, mantener, conservar, supervisar y renovar la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado de la ciudad;
b. Asegurar la distribución equitativa y la operación efectiva de los servicios públicos y el equipamiento urbano en condiciones de calidad, suficiencia, sanidad, accesibilidad y seguridad, fomentando el uso y aprovechamiento de tecnologías sostenibles;
c. Garantizar servicios públicos accesibles, basados en el diseño universal;
d. Adoptar las medidas necesarias para que las tarifas de los servicios públicos sean asequibles y progresivas en función del consumo; y
e. Expandir la infraestructura de telecomunicaciones a fin de garantizar la conectividad en la ciudad, especialmente en espacios públicos.
2. Las autoridades podrán establecer sistemas propios para la generación y abasto de energía.
3. Queda prohibida la privatización de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos.
4. Toda intervención, gubernamental o privada, en la vía pública o el equipamiento urbano deberá contar con un permiso de la autoridad competente y una fianza que garantice el cumplimiento de la obra y la reparación de eventuales daños.
5. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución.
6. Se promoverá la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y la transferencia tecnológica a favor de la ciudad, en el marco del otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes del patrimonio de la Ciudad de México, así como en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestación de servicios y contratación de obra pública.
7. Las autoridades locales, en concurrencia con los sectores social y privado, promoverán una conectividad eficiente, según lo establezca la ley, en observancia del principio de acceso universal.
8. Los poderes locales crearán un sistema público de radio, televisión y medios digitales de comunicación de la Ciudad de México que será garante y promotor del derecho a saber, así como del ejercicio de ciudadanía y la participación social. Tendrá por objeto la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas.
G. Espacio público y convivencia social
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos para usos comunitarios. Las calles, plazas y parques públicos son el componente fundamental de la convivencia y la expresión ciudadana, así como de la movilidad urbana.
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y el paisaje urbano de las colonias, barrios y pueblos de acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. El gobierno de la ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.
3. La propiedad del equipamiento y la vía pública corresponde a la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad tiene la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes que determine la ley.
4. El gobierno de la ciudad impedirá la ocupación privada de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas verdes.
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la creación y mejoramiento de las áreas verdes, parques y plazas de la ciudad y su entorno rural y en la definición de prioridades, programas y proyectos.
6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de esparcimiento, ocio y recreativas turísticas, promovidas por el gobierno la ciudad, las Alcaldías y por empresas públicas, privadas y sociales.
H. Accesibilidad y movilidad
El gobierno de la Ciudad de México garantizará la accesibilidad y la movilidad de las personas mediante su consolidación como ciudad policéntrica y la integración de un sistema multimodal de conectividad y transporte. Para tal efecto:
a. Desarrollará políticas de movilidad de los peatones, de las personas con discapacidad y de los usuarios de vehículos no motorizados. Dará prioridad al desarrollo de transporte colectivo y masivo de calidad, sobre el individual automotor;
b. Estimulará el uso de vehículos no contaminantes y establecerá áreas reservadas y seguras a los peatones y ciclistas;
c. Regulará el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para permitir la accesibilidad de todas las personas;
d. Implementará campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las vialidades; y
e. Reglamentará la participación privada en concesiones para la prestación de los servicios de transporte y estacionamientos públicos.
I. Vulnerabilidad, prevención y mitigación de riesgos
El gobierno de la ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:
a. Deberá informar y prevenir a la población ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de sistemas de monitoreo, pronóstico, alerta temprana y atlas de riesgos, la coordinación institucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una situación de emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas;
b. Verificará permanentemente el estado de las zonas y los inmuebles en riesgo, promoviendo una cultura participativa, comunitaria y responsable, reforzando la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el auxilio a la población;
c. Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que compensen sus pérdidas patrimoniales y mejoren su calidad de vida. Asimismo establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias; y
d. Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley en esta materia.
Artículo 22 - Bienestar social y economía distributiva
1. La Ciudad de México asume como prioridades la elevación de los ingresos, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la mejora de las condiciones de existencia de la población en el orden económico, material, social y cultural. Aspira a constituir un Estado social y democrático de derechos que promueva los valores de libertad, igualdad y cohesión social, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstos en esta Constitución.
2. El desarrollo es un propósito fundamental cuya responsabilidad recae en el gobierno de la ciudad y en las Alcaldías en el ámbito de sus competencias, en coordinación con el gobierno federal, las diversas instancias metropolitanas, los sectores privado y social y otras formas de organización de los agentes que producen o propician la actividad económica.
3. Las autoridades de la Ciudad de México desarrollarán políticas que promuevan, protejan y realicen de manera progresiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes. Establecerán un sistema de bienestar social y desarrollo económico participativo en el que concurran las instancias encargadas de la materia, el cual tendrá las siguientes atribuciones:
a. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios sociales básicos;
b. Formular y ejecutar las políticas y los programas de desarrollo social con un enfoque de derechos humanos y definir instrumentos y procedimientos para la plena exigibilidad de los derechos sociales en la ciudad;
c. Fomentar las propuestas y la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de desarrollo y su contribución a las innovaciones en la materia;
d. Elaborar un padrón único actualizado de los beneficiarios de las prestaciones sociales, a fin de asegurar el acceso equitativo a los mismos; y
e. Las demás que determine la ley.
4. El gobierno de la ciudad contará con instrumentos propios de desarrollo económico: una política salarial, una hacienda pública equitativa, una caja de ahorro y préstamo para la economía social y cooperativa, la constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial, una banca pública de desarrollo y una banca de proyectos.
5. Esta Constitución reconoce a la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional.
6. Las relaciones entre las instituciones y funcionarios públicos con los particulares serán transparentes y se regirán por el sistema de rendición de cuentas previsto por esta Constitución. Los procesos de licitación, adjudicación y contratación del gobierno de la ciudad serán públicos y deberán cumplir satisfactoriamente con parámetros internacionales de datos abiertos. En estos procedimientos se favorecerá el desarrollo de la economía local mediante la participación de la pequeña y mediana empresa, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico.
7. La Ciudad de México impulsará su vocación turística aprovechando su patrimonio histórico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios.
8. Se fomentará y apoyará la acción comunitaria y colectiva de cooperativas, empresas sociales y colectivas de productores y consumidores que promuevan el intercambio directo y justo entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad.
9. Las autoridades de la ciudad impulsarán la expansión del sector social y solidario de la economía, de sus cooperativas, sociedades mutuales, ejidos, comunidades agrarias, empresas de solidaridad social y grupos familiares, a través de programas de fomento que agilicen su constitución, fortalezcan sus capacidades y competencias laborales y brinden apoyo crediticio.
10. El gobierno de la ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en beneficio de su desarrollo.
11. La Ciudad de México contará con una banca social de desarrollo e infraestructura, integrada por diversos fondos de ahorro, para el financiamiento de obra pública, vivienda social y proyectos productivos del sector popular, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Podrá actuar como agente del gobierno local en proyectos de prestación de servicios.
Artículo 23 - Patrimonio de la ciudad
A. Patrimonio Cultural
1. La protección y conservación de la memoria y el patrimonio multicultural tangible e intangible de las comunidades y personas de la ciudad son de interés público.
2. El gobierno de la Ciudad de México garantizará la preservación, protección, investigación y difusión del patrimonio cultural, para lo cual contará con un archivo histórico, propiciando la participación de la sociedad.
3. El Congreso de la ciudad legislará en materia de patrimonio cultural y emitirá declaratorias que protejan el patrimonio de la ciudad, en concordancia con las leyes federales y los instrumentos internacionales en la materia. Los bienes muebles e inmuebles objeto de estas declaratorias y que sean de dominio público serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley regulará y establecerá incentivos para la recuperación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y otros bienes culturales cuando se encuentren en posesión de particulares.
4. El gobierno de la ciudad, en coordinación con el gobierno federal, promoverá la catalogación del patrimonio cultural y la preservación de todos aquellos bienes declarados monumentos, zonas y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio.
5. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad, se regularán de conformidad con la ley en beneficio de la comunidad, para su conservación, preservación y rehabilitación. Asimismo se deberá armonizar la protección del patrimonio cultural con los requerimientos del desarrollo económico y social. Las autoridades fomentarán el desarrollo y preservación de los mercados públicos en su carácter de patrimonio histórico y pluricultural.
6. Las autoridades garantizarán el disfrute, salvaguarda y creación del paisaje urbano histórico de la ciudad, entendido como un proceso de construcción de identidad cultural, transformación y progreso permanente.
B. Patrimonio mundial de la ciudad
1. Los poderes de la ciudad adoptarán medidas para la conservación y gestión de los sitios declarados patrimonio mundial y susceptibles de serlo, que se localicen en su territorio.
2. Las Autoridades del Centro Histórico y de la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta serán órganos de coordinación y acciones de gobierno, desarrollo económico, social, urbano y ambiental. Las leyes y reglamentos establecerán su ámbito de jurisdicción, presupuesto y funciones.
C. Consejo de la Crónica y la Memoria de la Ciudad de México
1. El Consejo de la Crónica y la Memoria de la Ciudad de México será un órgano para la preservación y registro oral y documental de personajes, acontecimientos y archivos históricos, costumbres, tradiciones y transformaciones de la ciudad.
2. El Consejo se integrará por cronistas de la ciudad y de las demarcaciones territoriales designados en atención a criterios de representatividad, conocimientos probados en la materia y por su labor en beneficio de la ciudad. Su nombramiento, duración y funciones serán determinados por la ley.
Artículo 24 - Coordinación Metropolitana y Regional
1. La coordinación y gestión regional y metropolitana son prioridad para las personas que habitan la ciudad. Las autoridades impulsarán un desarrollo incluyente, funcional y eficiente a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios de la zona metropolitana, del Valle de México y la región centro del país, coherente con el Sistema de Planeación de la Ciudad de México.
2. El gobierno de la ciudad y las Alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, especialmente en materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, transporte, agua, saneamiento, manejo de desechos sólidos y seguridad ciudadana, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.
3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios limítrofes, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización de acciones conjuntas en la materia.
4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y será representada en términos de lo que disponga la ley.
5. El Consejo de Alcaldes impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano los instrumentos, instancias y mecanismos de coordinación regional y metropolitana que especifiquen los objetivos, plazos, términos y recursos de los cuales se dispondrá, así como las autoridades responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas acordados.
6. Las personas titulares de las Alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezcan las leyes de la ciudad y con el acuerdo del Cabildo. En todo caso, el Congreso local autorizará los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a que se comprometa la ciudad en esta materia.
7. El gobierno de la ciudad y las Alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y participativa previstos por esta Constitución. Asimismo, difundirán el contenido de los acuerdos y convenios entre las personas que habitan la ciudad para que conozcan de manera precisa su contenido y alcances, así como a las autoridades responsables de su ejecución.
Artículo 25 - Ciudad Global
1. La Ciudad de México reafirma su vocación pacifista y solidaria. Se concibe como un espacio de refugio, asilo y protección ampliada, conforme a los protocolos de atención y acompañamiento de las personas que lo requieran.
2. El gobierno de la Ciudad de México contará con una estrategia de acción internacional para promover su presencia en el mundo y participará en redes internacionales de ciudades y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales e instituciones extranjeras, asumiendo su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad.
3. Las autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al respeto y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las personas originarias de la ciudad y de sus familias que se encuentren fuera del país.
4. La Ciudad de México contará con un sistema de internación para el cumplimiento de tratados de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano y jurisprudencias de los tribunales y órganos internacionales, a fin de armonizarlos con el orden constitucional y legal local.
5. Los poderes públicos, organismos autónomos y Alcaldías podrán celebrar acuerdos con entidades gubernamentales extranjeras equivalentes u organizaciones multinacionales, que favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad.
6. El gobierno de la ciudad establecerá un órgano coordinador de asuntos internacionales y un consejo consultivo con la participación de actores públicos, privados y sociales que mantengan vínculos con el exterior.
7. La Ciudad de México mantendrá relaciones de colaboración con las embajadas, consulados, cámaras de industria o de comercio e institutos culturales extranjeros que se encuentren dentro de su territorio a fin de promover el intercambio social y cultural.
CAPÍTULO II - DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 26 - Pacto fiscal
1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos radica en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco del pacto fiscal y el compromiso compartido entre las autoridades y la sociedad.
2. El pacto fiscal de la ciudad deberá conciliar la naturaleza unitaria de la hacienda pública con su diversidad económica y social mediante una equitativa distribución de los recursos.
3. La generalidad, solidaridad, progresividad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas son los principios que rigen la relación fiscal entre la ciudad, sus habitantes, su administración e instituciones.
4. La hacienda de la ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio público, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
5. La recaudación y administración de las contribuciones quedará a cargo de las autoridades fiscales en los términos que establezca la ley.
6. El gobierno de la ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer deuda pública para destinarla a inversión social, infraestructura y equipamiento a fin de cumplir con los objetivos del Plan General de Desarrollo. No podrá utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.
7. Toda información financiera es pública y deberá cumplir con los parámetros internacionales de gobierno abierto.
8. Serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable.
B. Coordinación fiscal con la Federación
Las autoridades de la Ciudad de México promoverán el establecimiento de una relación fiscal con la Federación a fin de que:
a. Las participaciones y transferencias federales que recibe la ciudad sean adecuadas a sus funciones de capitalidad y a sus necesidades específicas;
b. Se constituya un sistema de coordinación fiscal basado en un federalismo cooperativo, bajo el principio de subsidiariedad y corresponsabilidad política y administrativa; y
c. Se integren espacios de coordinación que permitan el intercambio de ideas y experiencias, conforme a criterios de colaboración, cooperación, solidaridad recíproca y compensación.
1. La hacienda pública de la ciudad se conforma de las contribuciones, productos, aprovechamientos que el Congreso local establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como de las participaciones y transferencias federales, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.
2. El Congreso establecerá contribuciones especiales a las actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el medio ambiente, cuyos recursos se destinarán a la atención de sus causas y efectos.
3. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales para grupos de atención prioritaria, promoción del empleo y el salario, el desarrollo económico, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
4. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes.
5. La ley regulará la asignación de los ingresos excedentes y excepcionales, así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.
D. Egresos
1. El Presupuesto de Egresos de los poderes, Alcaldías, organismos autónomos y todas las instituciones públicas se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la ciudad, así como a los lineamientos de disciplina financiera y control presupuestario.
2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos establecidos en el Plan General y los Programas de desarrollo.
3. El establecimiento de nuevas obligaciones derivadas de la legislación local, que impliquen incrementos en el presupuesto de egresos, deberá priorizar el cumplimiento de los derechos previstos en esta Constitución.
4. Las unidades ejecutoras de gasto no podrán contraer obligaciones que impliquen erogaciones no comprendidas en sus presupuestos, salvo la aprobación de la autoridad competente.
E. Coordinación fiscal local
1. Las Alcaldías ejercerán con autonomía sus presupuestos aprobados por el Congreso local, observando las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública de la ciudad, de conformidad con las siguientes bases:
I. Enviar al Ejecutivo el proyecto de Presupuesto de Egresos, conforme a las previsiones de ingresos de la hacienda local, aprobado por su respectivo Concejo, para su integración al proyecto de Presupuesto de la ciudad;
II. Es responsabilidad de las Alcaldías efectuar los pagos con cargo a sus presupuestos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y contabilizar sus operaciones en el régimen patrimonial de la administración de la hacienda pública del sector central, conforme a la normatividad federal y local aplicable; y
III. Elaborar sus calendarios presupuestales en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y comunicarlos al Ejecutivo Local en los términos que establezca la normatividad en la materia.
2. Es responsabilidad de las personas servidoras públicas encargadas de la administración de las Alcaldías, el manejo y aplicación de los recursos y observar que los compromisos de gasto sean efectivamente justificados, devengados y comprobados.
3. Las Alcaldías, en términos de la normatividad aplicable, podrán captar, administrar y disponer de aquellos recursos de aplicación automática que generen.
4. Los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las Alcaldías que establezcan las leyes locales deberán considerar las siguientes bases:
a. Las participaciones federales se asignarán conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la normatividad aplicable;
b. Se deberá efectuar sobre los ingresos locales, sin considerar los ingresos propios de las entidades paraestatales;
c. Se deberán exceptuar las transferencias federales etiquetadas, las cuales se asignarán conforme a la normatividad federal aplicable;
d. Se considerarán los criterios de población y marginación en la distribución presupuestal de las Alcaldías;
e. Los criterios de distribución que se establezcan en la legislación local deberán ser aplicados sobre el crecimiento observado de los ingresos locales y ser congruentes con las obligaciones de gasto de la ciudad; y
f. Los ingresos de aplicación automática que generen las Alcaldías se destinarán íntegramente a las mismas.
Me parece que este párrafo atenta contra la propiedad privada, no solamente elimina los incentivos de desarrollo e inversión en la ciudad sino que también efectivamente nacionaliza un derecho que le corresponde a los particulares. La constitución debería establecer un marco que de certeza jurídica incuestionable a la propiedad privada. Por lo que pido que este párrafo desaparezca de la constitución.
Nov 30, 2016 6:12 AMReplyPermalink
Jose R Coello
Dec 01, 2016 7:59 PMReplyPermalink
O que se aclare que quiere decir y como pretenden aplicarlo, estoy de acuerdo en que está mal este párrafo.
Dec 02, 2016 1:36 AMReplyPermalink
Jose Ignacio Lastra Ramos
Completamente de acuerdo, ademas de que, las mejoras urbanas nunca son sinónimo de plusvalía, antes bien el mercado se auto determina solo, y la plusvalía la genera la demanda, no el gobierno y sus obras, por otro lado declarar publica la riqueza privada es en estricto orden una confiscación, no un gravamen
Jan 02, 2017 8:13 PMReplyPermalink
El articulo 21 inciso H, es parte de una petición ciudadana hecha por @aposadaszumaya y un servidor por medio de Change.org, ¡por favor ayudanos a defenderla!
Puedes firmar en: https://www.change.org/p/ay%C3%BAdame-a-exigir-transporte-p%C3%BAblico-de-calidad-en-la-constituci%C3%B3n-de-la-cdmx
Sep 15, 2016 6:20 PMReplyPermalink
Excelente propuesta: cuente con mi firma.
Sep 17, 2016 5:54 PMReplyPermalink
No comparto el enfoque hacia la “planeación del territorio” en vez de “planeación urbana”, me parece que es insistir en los errores que nos han acompañado por décadas: una planeación fría que deja de lado a la gente. Planeación urbana tendría que enfocarse, más que a colorear manzanas, replicar las condiciones de éxito que nos dan centros de barrio, colonias tradicionales, el comercio en planta baja y en pequeño, las restricciones vehiculares, etc.
Sep 18, 2016 3:56 AMReplyPermalink
Darle más poder a los vecinos es un suicidio urbano. El interés de los vecinos no se parece en nada al interés de la ciudad, es completamente anti-democrático (no todas las votaciones son de carácter democrático).
Incrementar la influenza vecinal sólo incrementará la actitud NIMBY (“Not In My BackYard”, no en mi patio trasero) y limitará aún más la construcción.
Las rentas en la CDMX se han disparado a causa de la falta de oferta de vivienda, en ciudades con cero influencia vecinal y donde se permite al mercado, con regulaciones mínimas, construirla de acuerdo a la demanda los precios se han mantenido estables (ejemplo: Tokyo, donde en términos reales la renta y la compra de apartamentos no ha subido en 20 años).
Esta política lastimaría principalmente a la población más pobre que seguiría siendo empujada a los límites de la urbe o fuera de ella (no es casualidad que la CDMX se esté despoblando), ya que no tienen los medios para rentar o comprar a los precios inflados causados por la falta de oferta.
Sep 19, 2016 11:06 AMReplyPermalink
Lo más importante es que se establezca un impuesto sobre el valor de la tierra (sin mejoras), es por mucho la medida más importante que puede incluirse en esta constitución.
Progresivo (i.e. entre más dinero se posee, mayor es el impuesto).
Promueve el uso productivo de la tierra
Disminuye la especulación
Crea inventivos adecuados para que el estado actúe en beneficio de la sociedad (el valor de la tierra sube cuando existen buenos trabajos, infraestructura, escuelas, etc, en la zona)
Limita la captura de rentas por parte de los dueños de tierra (que se benefician de las externalidades positivas del trabajo de otros, incluyendo el del gobierno, sin contribuir nada)
Promueve el uso denso de la tierra, que es una medida ambiental clave para la sustentabilidad de la ciudad (apróx. duplicar la densidad reduce en 35% las emisiones per capita e implica consumir menos espacio valioso de conservación o verde)
Debido a que no es posible transferir el costo de un impuesto sobre la tierra a los que rentan el espacio, se puede ajustar a las necesidades de gasto público, proveería una forma eficiente de financiar los mil y un programas que se pretenden establecer en esta constitución (sin aclarar ningún mecanismo de financimiento…)
Permite al gobierno absorber las externalidades positivas de sus propios proyectos (por ejemplo para financiar las operaciones de metro, al estilo Hong Kong)
Disminuye el principal mecanismo que genera desigualdad
Lo único que se interpone a este impuesto, que es considerado el mejor impuesto posible por economistas de todos los sabores (derecha: Milton Friedman, Izquierda: Stiglitz) y tiempos (1800’s: Adam Smith, 2000’s: Krugman) son los intereses de los dueños de la tierra.
Si los constituyentes quieren demostrar a la población que tienen sus interesés en mente y no los de un grupo con alta influencia política, la implementación de este impuesto como la medida recaudatoria principal de la CDMX es imperativa.
Sep 19, 2016 11:21 AMReplyPermalink
Las actividades económicas son importantes para la creación de riqueza y tiene también un interés social, por lo que las autoridades, además que proveer de lo necesario, deberían impulsar y apoyar a los emprendedores y la creación de empresas también privadas.
De igual manera falta un inciso que proteja los intereses del sector empresarial, sobretodo de los dueños de pequeñas y medianas empresas que operan en la formalidad, generan empleos, pagan impuestos, pero que a la vez son las más vulnerables en materia de corrupción y seguridad.
Oct 29, 2016 12:06 AMReplyPermalink
Dec 01, 2016 3:21 AMReplyPermalink
Habrá que ver como se aplica una regulación a la plusvalía de la que habla este artículo.
En los países desarrollados hay un impuesto que se aplica a las zonas que se han mejorado.
Este impuesto se cobra a través de un organismo administrador de el polígono de actuación y se aplica dentro del mismo espacio para mejoras y mantenimiento de la zona.
En muchos países se han establecido los BID’s, que son Bussiness Improvement Districts, estas son organizaciones públicas-privadas en las que participan representantes de ambas partes pero que son dirigidas por un equipo administrador que se encarga de impulsar los trabajos de Limpieza, Imagen Urbana y Seguridad de cada polígono.
Son organismos muy exitosos que han generado enormes mejoras a las Ciudades, se manejan con absoluta transparencia, la gente está dispuesta a pagar si ve beneficios tangibles en la zona:
Estos tres puntos son básicos para que la sociedad apoye estas medidas.
El estado no lucra con la plusvalía, pero si aplica impuestos más altos de predial en las zonas en las que invierte más para recuperar la inversión y para poder mantener a través de la figura del BID esa zona.
Si se manejan este tipo de esquemas puede funcionar, pero si simplemente como lo dice el artículo de forma indefinida:
“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”.
Este texto no es claro y genera mucha incertidumbre y por lo tanto puede desalentar la inversión y puede provocar corrupción.
Dec 02, 2016 1:35 AMReplyPermalink
No sólo se necesita aclaración del tan citado inciso C.7 sino implementar una política de recaudación cómo la que sugieres
Dec 02, 2016 3:08 AMReplyPermalink
Sep 15, 2016 6:10 PMReplyPermalink

References: Artículo 20

Artículo 21
in fine

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26