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Timestamp: 2020-02-20 23:55:37+00:00

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STC 66/1986, 23 de Mayo de 1986 - Jurisprudencia - VLEX 15034322
STC 66/1986, 23 de Mayo de 1986
Fecha de Resolución: 23 de Mayo de 1986
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 860/1984
1. La no estimación de la excepción de cosa juzgada, cuando concurran los requisitos necesarios para que opere, puede conducir a la vulneración del principio «non bis in idem». 2. Se reitera la doctrina de este Tribunal (STC 111/1984) según la cual es extensible a la jurisdicción militar la norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que preceptúa la procedencia del recurso de casación contra el Auto resolutorio de la declinatoria (art. 673 de la L.E.Cr.), con lo cual se da ocasión a la jurisdicción ordinaria a pronunciarse sobre la jurisdicción controvertida, en el supuesto de una vulneración del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley provocada por conocer la jurisdicción militar de una causa que, a juicio del recurrente, corresponde a la jurisdicción ordinaria.
Sentencia citada en: 331 sentencias, 23 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 860/1984 promovido por don Salvador L. B.á, representado por el Procurador de los Tribunales, don Saturnino E. R., y bajo la dirección del Letrado don José R. R., frente al decreto del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, de fecha 29 de octubre de 1984, por el que se acuerda desestimar las alegaciones de incompetencia de jurisdicción y excepción de cosa juzgada, formuladas por el recurrente en la causa 33/1982 y en la que ha comparecido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Angel L. S., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 7 de diciembre de 1984 fue presentado en este Tribunal escrito del Procurador de los Tribunales don Saturnino E. R. en representación de don Salvador L. B.á, por el que se interponía recurso de amparo contra la resolución del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, de fecha 29 de octubre de 1984 dictada en la causa 33/1982. Del citado escrito y documentos que la acompañan resulta, en síntesis, lo siguiente:
C) El recurrente considera que la citada resolución transgrede los arts. 24.2 y 117.5 de la Constitución que viene a reforzar el principio inspirador de la vis atractiva de la jurisdicción ordinaria, consagrado en los arts. 10 y 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señala que los hechos contemplados se apartan del ámbito estrictamente castrense y no afectan al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas, actuando éstas como apoyo de las autoridades policiales, como lo prueba el hecho de que al ser detenido fue entregado inmediatamente a la policía judicial. Concluye solicitando que se dicte Sentencia otorgando amparo al recurrente y declarando nulo el procedimiento instado al recurrente por las autoridades militares de Marina , declarando que los hechos contemplados son competencia de la jurisdicción ordinaria penal, por conculcar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.
2) Reconocer que don Salvador L. B.á tiene derecho a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (Sala Segunda), el acto resolutorio de la declinatoria.
3. Entrando ya en el objeto principal del recurso, consiste éste, como se ha dicho en la alegada vulneración del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 de la Constitución) provocada por conocer la jurisdicción militar de una causa cuyo conocimiento corresponde, según el recurrente, a la jurisdicción ordinaria. Este Tribunal ha reconocido, en efecto, que «el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley resultaría vulnerado si se atribuye un asunto determinado a un jurisdicción especial y no a la ordinaria» (STC núm. 75/1982, de 13 de diciembre;en el mismo sentido Sentencia núm. 111/1984, de 28 de noviembre). Sin embargo, y a diferencia del supuesto planteado en la primera de esas Sentencias en que el amparo se promovió a consecuencia del conflicto que enfrentó a un Juez ordinario, que conoció primero de la causa, con la autoridad militar que requirió a aquél de inhibición por entender que ella era la competente, conflicto que fue resuelto por la Sala Especial de Competencias a favor de la jurisdicción militar, siendo la resolución de dicha Sala la recurrida, en el presente caso no se ha formalizado el conflicto ni existe por tanto resolución judicial que declare cual es la jurisdicción competente. Tal formalización del conflicto solo hubiese podido producirse si el recurrente, en lugar de utilizar la vía de la declinatoria ante el Juez militar, hubiese acudido a la inhibitoria ante el Juez ordinario, y éste hubiera decidido mantener su jurisdicción frente a la militar.
4. La dificultad que ofrece el optar por el cauce de la declinatoria ante la jurisdicción militar es que en ésta, por disposición expresa del art. 739 del Código de Justicia Militar, no cabe interponer contra la resolución que decida sobre la admisibilidad recurso alguno. La resolución, en efecto, tiene según dicho artículo «carácter inapelable». Ello lleva como consecuencia, como señaló en caso análogo la referida STC núm. 111/1984, que se pide a este Tribunal Constitucional que decida si es competente la jurisdicción militar o la ordinaria, cuando sólo se ha pronunciado sobre la cuestión una de ellas (la militar) y no ha tenido ocasión de hacerlo la otra (la ordinaria). Para obviar esa dificultad, la tantas veces aludida STC núm. 111/1984 entendió que el inciso con «carácter inapelable» del art. 739 del Código de Justicia Militar interpretando como excluyente de todo recurso, no es compatible con el mencionado artículo 24.2 de la Constitución y por ello ha quedado invalidado en virtud de directa aplicación de la norma constitucional. Esa invalidez acarrea la extensión a la jurisdicción militar de la norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual «contra el Auto resolutorio de la declinatoria... procede el recurso de casación» (art. 673 de la L.E.Cr.)con lo que se da ocasión a la jurisdicción ordinaria de pronunciarse sobre la jurisdicción controvertida.
5. El razonamiento anterior conduce a otorgar el amparo en este caso con análogo pronunciamiento a los que se concedió en la STC núm. 111/1984, como solicita el Ministerio Fiscal. En consecuencia no se accede a la petición del recurrente, pero se le reconoce el derecho a interponer recurso de casación contra la resolución de la autoridad militar en el extremo relativo a la no estimación de la declinatoria de jurisdicción con los demás pronunciamientos que proceden según el art. 55.1 de la LOTC.
Otorgar el amparo solicitado por don Salvador L. B.á, con el alcance siguiente:
1.° Declarar la nulidad de la resolución de la autoridad militar de la Zona Marítima del Mediterráneo, en cuanto es «resolución inapelable» y ordena la continuación de la causa 33/1982.
2.° Reconocer que don Salvador L. B.á tiene derecho a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (Sala Segunda) el acto resolutorio de la declinatoria.
3.° Restablecer el procedimiento de la indicada causa penal al momento inmediato anterior a la notificación del acto resolutorio de la declinatoria, para que pueda interponerse el recurso de casación.
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References: resolución 
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 artículo 24
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