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Timestamp: 2019-09-22 13:56:21+00:00

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¿Deben realizarse todas las obras de accesibilidad en las comunidades antes del 4 de diciembre de 2017 con independencia de su coste? - El Derecho
Foro 29-06-2017 Coordinador: El Derecho
A mi juicio el Real Decreto Legislativo 1/2013 –
A mi juicio el Real Decreto Legislativo 1/2013 –EDL 2013/226664- no implica una tácita derogación del contenido del art 10.1.b) de la ley de Propiedad Horizontal –EDL 1960/55-, y en realidad gira al igual que el también nombrado Real Decreto Legislativo 7/2015 –EDL 2015/188203 (con el también mencionado artículo 2.5) sobre la misma idea, toda vez que la previsión de la Disposición Adicional 3 hace referencia a los Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables.
Es este ajuste razonable el que creo que da la pista para la armonización del conjunto de preceptos. Y así el art 2.5 del Real Decreto 7/2015 –EDL 2015/188203 nos define en estas situaciones lo que debe de entenderse por tal ajuste. Dice este artículo que para las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, en su artículo 2, apartado m) –
En el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril –
Por su parte, El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre –EDL 2013/226664-, aprobando el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión socialu0022, en su artículo 2 contiene las siguientes definiciones:
También, el artículo 25.1 de dicho RD Legislativo –EDL 2013/226664 establece que: u0022Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente”.
Así mismo, en el art. 2.5 del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana –EDL 2015/188203 se define lo que debe entenderse por “Ajustes Razonables” indicando que serán las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Se plantean diversas cuestiones relativas a los efectos del contenido de la D...
Se plantean diversas cuestiones relativas a los efectos del contenido de la Disposición Adicional 3ª del RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre –EDL 2013/226664 en relación al plazo fijado en el apartado b) de dicha disposición adicional para la realización de ajustes razonables de accesibilidad antes del 4 de diciembre de 2017.
En primer lugar es preciso señalar que la previsión del citado RD Legislativo 1/2013 –EDL 2013/226664 es totalmente compatible con la regulación del artículo 10.1.b) LPH –EDL 1960/55 y en modo alguno puede considerarse que el próximo día 4 de diciembre se derogaría la previsión de la Ley de Propiedad Horizontal. Debemos tomar en consideración que la previsión de la Disposición Adicional debe de ponerse en relación con los efectos que derivan de la falta de ejecución de las obras de accesibilidad después de la fecha señalada y tales efectos son puramente administrativos, pues su incumplimiento determinaría la comisión de una infracción grave en los términos del artículo 81.3.b) del RD Legislativo 1/2013 –EDL 2013/226664 y la imposición de las correspondientes sanciones administrativas al amparo de lo previsto en los artículos 79 y 83 de dicha norma legal. Ello implica que ambas normas operan en ámbitos objetivos diferentes, pues el RD Legislativo impone la obligación de realizar las obras de accesibilidad y las adaptaciones de los edificios, mientras que el artículo 10 LPH –EDL 1960/55 simplemente impone a las comunidades la realización de las obras de adaptación sin necesidad de acuerdo de la junta de propietarios, de forma que reconoce un derecho a aquellos propietarios con discapacidad o mayores de setenta años para adaptar los edificios a sus necesidades de movilidad y accesibilidad, con el límite económico fijado en el apartado b) del citado artículo 10.1, y como tal derecho tiene una voluntad de mantenerse en un futuro. El RD Legislativo opera sobre edificios en los que ya existe dicha necesidad y por ello deben ser adaptados antes de la fecha señalada en el mismo mientras que el articulo 10.1 opera hacia el futuro para imponer la misma adaptación a edificios que actualmente no tienen necesidades de adaptación al no residir ni discapacitados ni personas mayores de setenta años.
Por lo que respecta al límite económico fijado en el artículo 10.1.b) LPH –EDL 1960/55-, puesto en relación el mismo con lo previsto en el artículo 2.5 del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre –EDL 2015/188203 resulta evidente que el legislador ha optado por condicionar el ajuste razonable para la accesibilidad universal a los edificios a que no supere el límite de un coste no superior a doce mensualidades de gastos comunes, una vez descontadas las subvenciones que se hayan podido recibir por la comunidad. Una cantidad mayor es considerada por el legislador, en sede de propiedad horizontal, como un ajuste desproporcionado (artículo 2.5 RD Legislativo 7/2015), y por tanto no obligatorio para la comunidad, situación en la que las obras a realizar en el edificio deben de ser aprobadas por la junta de propietarios correspondiente de acuerdo con la previsión específica al respecto establecida en el artículo 17.2 LPH, bastando para su aprobación la mayoría de propietarios y de cuotas de participación, de tal manera que aprobado dichas obras por la citada mayoría, será la comunidad quien deberá de hacer frente al coste de las obras a ejecutar aunque superen las doce mensualidades. Si no se alcanza acuerdo alguno no es posible que por el propietario afectado imponga a la comunidad la ejecución de tales obras, sin perjuicio de que dicho/s propietario/s puedan asumir el coste que supere las doce mensualidades de gastos comunes. En todo caso la comunidad siempre deberá de hacer frente al coste de las obras hasta el límite legal citado.
La Disposición adicional 3ª, por la que se pregunta ni modifica los criteri...
La Disposición adicional 3ª, por la que se pregunta ni modifica los criterios del artículo 10.1 b) LPH –EDL 1960/55 sobre obligatoriedad y quórum para decidir las obras de accesibilidad para personas con discapacidad o mayores de 60 años, ni altera la regla del artículo 2. 5 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana –EDL 2015/188203 , sobre los límites razonables de la inversión en dichas obras.
La regla del artículo 10.1 b) LPH –EDL 1960/55 impone con carácter obligatorio las obras de adecuación “impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios“, por tanto para que surja la obligación de realizarlas es imprescindible esa imposición o solicitud y sólo desde ese momento empezará a correr el plazo para ejecutarlas, que termina como dice el precepto el 4 diciembre, pero evidentemente sólo para aquellas que han sido solicitadas anteriormente y con antelación suficiente para ejecutar las obras. Los demás requisitos se limitan a la finalidad de la obra, determinada de forma prolija en el epígrafe de la letra b y su cuantía razonable en relación con las cuentas de la comunidad, con un coste para ella hasta de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, sin computar la aportación del “resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido”.
La cuestión que se formula plantea el tema de la interpretación sobre el cu...
Hay sin embargo dos factores que condicionan una interpretación literal, primero, el art. 10.b) LPH –EDL 1960/55 y, de otra, el concepto “ajuste razonable” que en realidad se conjugan conjuntamente dado que: el art. 10.b) LPH se vale de dos elementos a la hora de establecer la obligatoriedad de este tipo de obras, a saber, que sean necesarias para llevar a cabo un “ajuste razonable” en materia de accesibilidad universal y, en segundo lugar, y más allá de la asunción de costos por el solicitante, el que las obras no superen un determinado nivel de costo económico lo que, como veremos a continuación, son factores que también están descritos en el RDL.
Sobre la interpretación de tal concepto debemos tener en cuenta que el propio RDL 1/2013 –EDL 2013/226664 contiene el concepto de “ajuste razonable” en su art. 2.m), por lo que no cabe acudir a una norma foránea para su interpretación.
En concreto, dice el art. 2.m) RDL 1/2013 –EDL 2013/226664 que “ajustes razonables” son aquellas “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos”.
Referida la cuestión a si las obras de accesibilidad en las comunidades de p...
Referida la cuestión a si las obras de accesibilidad en las comunidades de propietarios deben de realizarse antes del 4 de diciembre de 2017 en atención a lo dispuesto en la Disp. Adicional 3ª del RDL 1/2013 de 29 de noviembre –EDL 2013/226664- (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social), planteándose igualmente si por ello el artículo 10.1 b) de la Ley de Propiedad Horizontal estaría derogado, como punto de partida es de significar que la redacción actual del art 10.1 b de la LPH –EDL 1960/55 es consecuencia de lo dispuesto en la Disp. Adicional Primera de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas –EDL 2013/226664-.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 81
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 10