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Timestamp: 2018-08-21 03:57:16+00:00

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11 EL OTRO ESTADO
Universidades e investigación en la
Francisco Balibrea Gallego y Cecilia Ruiz Esteban
En los últimos quince años, el panorama universitario en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (CARM) ha cambiado drásticamente, debido a tres hechos: 1) la creación
en 1998 de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) a partir del precedente Campus de
Cartagena, que hasta entonces había formado parte de la Universidad de Murcia (UMU), y que
pasó a convertirse en la segunda universidad pública de la Región; 2) la creación en 1996 de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que es de titularidad privada, pero que
ha venido gozando del amparo de la Iglesia católica (y, por tanto, de los privilegios que le confiere el Concordato) y de toda clase de ayudas públicas por parte del Gobierno regional y de los
ayuntamientos de Murcia y Cartagena, por lo que lejos de jugar un papel complementario al de
las universidades públicas, se ha convertido en una fuerte competidora suya; y 3) un profundo
cambio en la estructura académica, el mapa de titulaciones y la metodología docente de todas las
universidades españolas, que desde la nueva legislación de 2005 y 2007 han tenido que adaptarse
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Durante la última década, las tres universidades de la Región han seguido una estrategia
expansiva, optando por la multiplicación ilimitada y a veces difícilmente justificable de nuevos
campus universitarios y de nuevos estudios ofertados, muchos de ellos sin una demanda regional
suficiente, en lugar de optar por un modelo de calidad con una expansión menor, pero con más
coordinación regional, más viabilidad económica y académica a largo plazo y más proyección
nacional e internacional. Esta estrategia expansiva se ha visto cuestionada por la crisis económica,
que obligará a reorientar los recursos hacia la calidad y no ya hacia la cantidad. Paralelamente,
la necesidad de competir por el reconocimiento como “campus de excelencia internacional” ha
obligado a las dos universidades públicas a forjar una alianza estratégica, plasmada en el proyecto
Campus Mare Nostrum 38/39, que ha sido seleccionado en la convocatoria de 2010 como uno de
los “campus de excelencia internacional de ámbito regional europeo”.
Hasta ahora, el hecho de que una comunidad autónoma uniprovincial como la murciana
cuente con tres universidades diferentes no ha contribuido significativamente a la transformación
del tejido socio-económico y a la consecución de una sociedad con un mayor nivel científico, tecnológico y cultural, como es fácil de apreciar si la comparamos con otras comunidades autónomas
españolas, sobre todo cuando la crisis del ladrillo ha puesto al descubierto las debilidades estructurales de nuestro modelo de desarrollo regional. Por último, la proliferación de universidades,
campus y titulaciones tampoco ha contribuido demasiado a enriquecer el debate público, a elevar
la cultura cívica de la ciudadanía y a mejorar la calidad democrática de nuestra Región, dado
que estas instituciones se han mantenido bastante ajenas a la mayoría de los problemas políticos,
sociales y culturales que preocupan a la sociedad civil murciana.
1.1. Nuevo marco legislativo y nueva organización de las enseñanzas
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases precisas para realizar una profunda modernización de la Universidad española.
superiores en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y asume la necesidad de
una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas. Se da así respuesta
al deseo de la comunidad universitaria de asentar los principios de un espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida.
Así, entre otras importantes novedades, el modificado Título VI de la Ley establece una
nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, que pretende reorientar el
proceso de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios de la construcción del EEES.
Las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, a la obtención de los
títulos oficiales correspondientes.
Previamente, los Reales Decretos 55/2005 y 56/2005, de 21 de Enero, habían regulado
los estudios oficiales de Grado y Posgrado1. Las enseñanzas universitarias de primer ciclo están
constituidas ahora por los nuevos títulos de Grado, que generalmente tienen una duración de 4
años y que reemplazan a las antiguas Diplomaturas (3 años) y Licenciaturas (5 años). En teoría,
el Grado debería garantizar la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el
ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada. Las enseñanzas del Grado
tienen como objetivo que los estudiantes consigan una formación que reúna conocimientos generales básicos, conocimientos transversales relacionados con su formación integral y conocimientos
profesionales específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral.
El segundo ciclo de los estudios universitarios está constituido por los títulos oficiales
de Máster, dedicados a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar. Los
nuevos másteres pretenden ofrecer una especialización académica o profesional, o bien promover
la iniciación en tareas investigadoras. El tercer ciclo está constituido por el Doctorado y tiene como
finalidad la formación avanzada del doctorando en las técnicas de investigación. Tal formación
podrá articularse mediante la organización de cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la
formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.
Real Decreto 55/2005, de 21 de Enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado (BOE 25 de Enero); y Real Decreto 56/2005 de 21 de Enero,
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado (BOE 25 de Enero).
Los decretos de Grado y Posgrado anteriormente citados fueron derogados por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre), por el que se rige la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, aunque gran parte de sus contenidos se recogen en éste.2
Siguiendo los principios de autonomía universitaria sentados por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, este decreto establece que serán las propias universidades las que crearán y propondrán las
enseñanzas y títulos que hayan de impartir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado. Pero estos títulos deberán ser verificados
por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación)3 y autorizados
por sus Comunidades Autónomas antes de su implantación, lo que confiere un poder cada vez más
relevante a la citada Agencia y a los Gobiernos autónomos.
Además, el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (BOE de 20 de noviembre)
incorpora el reconocimiento de cualificaciones profesionales para algunos títulos (que más tarde
se han ido regulando a partir de la publicación de directrices generales aprobadas por el Gobierno
central), así como determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
Las principales directrices que se establecen para el diseño de los títulos de Grado,
Máster y Doctorado, además de la verificación nacional por la ANECA y la normativa de acceso,
Títulos de Grado. Tendrán 240 créditos totales (salvo que las normas comunitarias obliguen a ampliarlos), distribuidos de la siguiente manera:
— Al menos 60 créditos de Formación Básica, de los que un mínimo de 36 serán de
la Rama de Conocimiento a la que pertenezca el título (ver las cinco Ramas de
Conocimiento en la tabla 1), en asignaturas de no menos de 6 créditos.
— Los estudios finalizan con un Trabajo Fin de Grado de entre 6 y 30 créditos.
— Las Prácticas Externas no pueden superar los 60 créditos.
— Se establece el Reconocimiento Académico de hasta 6 créditos por la participación en
Títulos de Máster. Tendrán entre 60 y 120 créditos totales. Y además:
— Los estudios finalizan con un Trabajo Fin de Máster de entre 6 y 30 créditos.
— Cada universidad puede incluir requisitos de formación previa.
Títulos de Doctorado. Para obtener el título de Doctor es necesario haber superado un
periodo de formación y un periodo de investigación organizado, que constituyen lo que se denomina el Programa de Doctorado. Y además:
— Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, será necesario
estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario o haber superado 60
créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios.
— Al inicio del periodo de investigación, las universidades expedirán un certificado que
habilite para el contrato en prácticas del personal investigador en formación.
— Se establece también una nueva normativa para la presentación, defensa y calificación
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de Octubre).
ANECA: http://www.aneca.es
En la Región de Murcia, este nuevo marco ha dado lugar a un elevado número de títulos
de Grado y de Máster que han sido verificados por la ANECA y que están ya implantados o en
fase de implantación. En total, la oferta regional en el presente curso 2010-2011 es de 199 títulos,
con la distribución que se indica en la tabla 1.
Tabla 1. Grados y Másteres ofertados en la Región de Murcia, 2010-2011
CC. de la
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos ofrecidos por las tres universidades.
De estos títulos, sólo algunos cuentan con reconocimiento de cualificaciones profesionales: en 2009-2010, la UMU ofertó 11 de Grado y 1 de Máster, y además otros dos másteres que
siguen las recomendaciones del Consejo de Universidades para este tipo de títulos; la UPCT ofertó
11 de Grado; y la UCAM, 8 de Grado y 1 de Máster.
Algunas de las reformas adoptadas pretenden flexibilizar la organización de las enseñanzas universitarias, además de hacerlas compatibles con el EEES. Sobre todo, se quiere promover la diversificación curricular y conseguir que las universidades aprovechen su capacidad de
innovación y sus puntos fuertes.4 Flexibilidad y diversidad se consideran elementos básicos para
responder a las demandas de una sociedad en constante transformación. Las conclusiones de los
expertos que han analizado el sistema universitario español indican que, en comparación con el
de otros países, el nuestro es demasiado uniforme, existiendo un único modelo de universidad, en
cuanto a objetivos y organización. En palabras de los profesores Embid y Michavila:
En la actualidad no hay demasiadas universidades, pero sí que puede encontrase excesivo parecido entre ellas (...) Hay que eliminar rigideces estructurales y el
carácter homogéneo —innecesario— que representa el marco único de campus universitario, dotándole de una estructura en holding. Así se posibilitaría dentro de una misma
universidad la existencia de centros más científicos y centros más profesionales.5
La nueva organización de las enseñanzas universitarias también pretende impulsar un
cambio en las metodologías docentes, centrando el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante y extendiendo la formación a lo largo de la vida. Por ello, en el diseño de un título, deben
reflejarse más elementos que la mera descripción de los contenidos formativos. El Plan de Estudios
M. de Miguel Díaz, Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia europea. Proyecto
MEC EA 2004-0024, Madrid, 2004.
A. Embid y F. Michavila, Hacia una nueva Universidad. Apuntes para un debate. Madrid, Tecnos, 2001.
se concibe en la práctica como un Proyecto de implantación de una determinada enseñanza universitaria. Esta consideración como Proyecto implica que para su aprobación se requiera la aportación
de nuevos elementos o criterios, tales como: justificación, objetivos, admisión de estudiantes,
contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad.
Los nuevos planes de estudio deben tener en el centro de sus objetivos la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje
de dichas competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Se proponen
los créditos europeos, conocidos como ECTS (abreviatura de European Credit Transfer System),
tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad de medida
que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante, de
manera que se valore la motivación y el esfuerzo del estudiante para aprender.
Con este nuevo sistema, se pretende también incrementar la empleabilidad de los titulados. Y para ello, una herramienta interesante es la posibilidad de introducir prácticas externas que
enriquezcan la formación de los estudiantes y les proporcionen un mejor conocimiento acerca de
las competencias que necesitarán en el futuro.
Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de esta nueva organización de las
enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto en el extranjero, como entre las
distintas universidades españolas. Por eso, resulta imprescindible implantar un sistema europeo de
reconocimiento de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente de la universidad de origen del estudiante. De ello se ocupan los
artículos 5 y 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Además, se establece la posibilidad
de la organización de enseñanzas conjuntas entre varias universidades a todos los niveles.
Las universidades han establecido su propio calendario de adaptación, pero ateniéndose
a los compromisos adquiridos por el Gobierno español en la Declaración de Bolonia de 1999, en
virtud de los cuales en 2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la nueva estructura
y en el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso
para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico
e Ingeniero Técnico.
Después de los Planes I y II de la Calidad de Universidades,6 la Ley Orgánica de
Universidades reconoce como uno de sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema
universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes. A tal fin se creó la ya citada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que, junto con las
agencias de evaluación que se han creado posteriormente en muchas Comunidades Autónomas
(la Región de Murcia no dispone todavía de una propia), son las responsables, en sus respectivos
ámbitos de competencias, de llevar a cabo las políticas previstas de evaluación, certificación
y acreditación. Aunque es la ANECA la encargada de la elaboración de informes conducentes
a la homologación por el Gobierno de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
En este sentido, los nuevos planes de estudio deben incorporar un Sistema de Garantía de
la Calidad, que es clave para que la nueva organización de las enseñanzas funcione eficientemente
y se pueda crear la confianza sobre la que descansa todo el proceso de acreditación de títulos.
Así, en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la autonomía en el diseño del título
se combina con un sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución
Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece el Plan Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades (BOE de 9 de diciembre); y Real Decreto 408/2001, de 12 de abril, por el que se establece
el II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (BOE de 21 de abril).
efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. Entre las medidas que establece, podemos destacar:
— Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales deben ser verificados por el Consejo de Universidades.
— La ANECA será la responsable de establecer los protocolos de verificación y acreditación necesarios.
— Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años, a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación.
— Para obtener un informe positivo se deberá comprobar mediante una evaluación que el
plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto
— La ANECA y los órganos de evaluación propios de las Comunidades Autónomas
harán un seguimiento de los títulos registrados, basándose en la información pública
disponible, hasta el momento que deban someterse a la evaluación para renovar su
acreditación. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está participando, en
la actualidad, en un programa piloto para la concreción del programa de seguimiento
denominado SATUO.
En resumen, la concreción del sistema de verificación y acreditación debería permitir
el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la necesaria auditoria orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las
características de la oferta universitaria. La acreditación de un título, basada en la verificación del
cumplimiento del proyecto presentado por la propia universidad, será imprescindible para seguir
ofertándolo.
1.2. La acreditación de la calidad universitaria
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la que pivota la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Así lo prueba el hecho de que, desde el
principio, la calidad sea una referencia en todos los estudios e informes sobre la materia, y en todos
los documentos oficiales de la Unión Europea, como ya se puso de manifiesto en el comunicado de
los ministros de educación europeos tras la reunión de Praga de 2001. La consecución del objetivo
de lograr que Europa se convierta en lugar de referencia en el ámbito de la formación universitaria
para estudiantes de todos los países, pasa necesariamente por una garantía de la calidad fundamentada en mecanismos y procesos de evaluación, certificación y acreditación.
La mutua confianza entre las instituciones de enseñanza superior y el reconocimiento
de las titulaciones que éstas expidan debe tener como soporte básico una metodología común y
contrastada de evaluación de la calidad. La movilidad y el reconocimiento de estudios no sólo
requieren un clima de confianza y de transparencia, sino también una correspondencia entre los
elementos básicos de la formación en los distintos sistemas de educación superior.7 Por eso, los
sistemas de garantía de la calidad están llamados a jugar un papel muy importante para conseguir
unos elevados niveles de excelencia que faciliten la comparabilidad y el reconocimiento de las
V. Álvarez Rojo y A. Lázaro Martínez, Calidad de las Universidades y Orientación Universitaria,
Madrid, Ediciones Aljibe, 2002.
calificaciones y títulos en toda Europa. Pero para ello será también necesaria una convergencia en
los sistemas de garantía de calidad de los distintos Estados.
La definición de los criterios8 y de los estándares mínimos que han de ser compartidos
por las agencias responsables de asegurar la calidad, así como de algunos criterios comunes sobre
sistemas de acreditación y evaluación de estudios e instituciones, serán elementos necesarios en la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. A tal fin, deberá desarrollarse al máximo
la colaboración entre las agencias evaluadoras de los diferentes países de la Unión Europea.
En este sentido, las agencias ANECA, AQU y ACSUG han desarrollado de forma coordinada el Programa AUDIT. Con esta iniciativa, dirigida a todos los centros universitarios españoles,
se pretende orientar el diseño del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los mismos (SGIC),
integrando en él las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la
garantía de calidad de las enseñanzas. Aunque estas orientaciones están dirigidas a los centros,
existen elementos transversales dirigidos a las universidades en su conjunto (por ejemplo, en lo
referido al personal académico, a los recursos materiales y servicios, etc.). En nuestra Región,
las dos universidades públicas y la privada han participado en el programa AUDIT de ANECA,
obteniendo una evaluación positiva del mismo.
Sin embargo, es bien sabido que todas estas reformas del sistema universitario español,
destinadas a facilitar el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior,
han suscitado muchas críticas en el seno de las universidades. Estas críticas no cuestionan tanto la
necesidad de crear el EEES, sino más bien el modo en que se está llevando a cabo. Aquí nos limitaremos a mencionar cuáles han sido las críticas más relevantes. En primer lugar, la falta de una
financiación pública suficiente, que era ya un problema crónico de la educación en España, pero
que se ha visto agravado con la implantación del proceso de Bolonia y con el paralelo estallido de
la crisis económica, que ha traído consigo drásticas medidas de reducción del déficit público y de
recortes presupuestarios. Esta falta de financiación puede hacer que muchas de las reformas, como
el incremento de las tutorías y de las clases prácticas (y la consiguiente reducción del tamaño de
los grupos), se queden en papel mojado.
Si no se corrige esta falta de financiación pública y al mismo tiempo se hace depender
la calidad de la obtención de financiación externa, se corre el riesgo de que las instituciones
universitarias de docencia e investigación se vean forzadas a depender cada vez más de la financiación privada, que en España sigue siendo muy baja, dado el escaso valor que el empresariado
español concede al capital humano y a la I+D+i. La consecuencia de ello puede ser una mayor
privatización de los estudios (ya hay 27 universidades privadas en España, frente a 50 públicas),
la progresiva mercantilización de las titulaciones y la supresión de aquellas que sean consideradas
“no rentables”.
Además, los nuevos procesos de evaluación, verificación y acreditación, destinados a
garantizar la calidad de los estudios, del personal docente e investigador y de las propias instituciones universitarias y centros de investigación, han generado un aumento de la burocratización,
que no ha ido acompañado del correspondiente personal de apoyo, incrementando así la carga
de trabajo de profesores e investigadores, en detrimento de las labores propiamente docentes e
Finalmente, y como ya se ha señalado en el apartado 5 del capítulo 10, el informe de la
OCDE Panorama de la educación 2010, que recoge datos de 2007-08, afirma que en 2008 obtuvo
F. Michavilla, Acreditación de las enseñanzas universitarias: un futuro de cambio. Cátedra UNESCO
de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y Dirección General de Universidades de
el título de FP en España un 38% del total de la población, mientras que la media de la OCDE es
de un 44% y la de la UE, más alta aún, un 52%. En otras palabras, el problema de España no es
la falta de titulados universitarios, sino la falta de titulados de FP. El resultado es que un elevado
porcentaje de titulados universitarios sufre el subempleo, pero eso no se debe a que no salgan bien
formados de la universidad, o a que ésta carezca de la calidad suficiente (puesto que son muchos
los profesionales e investigadores que migran a otros países donde son mejor valorados y mejor
pagados), sino al escaso porcentaje de titulados de FP y al modelo de desarrollo español, que hasta
la llegada de la crisis se había basado en el empleo precario y poco cualificado. Y todo esto es
todavía más grave en el caso de la Región de Murcia.
1.3. El ranking de nuestras universidades
Como ya hicimos en el Informe 2006 del Foro Ciudadano, vamos a repasar el lugar que
ocupan nuestras universidades en las más conocidas listas mundiales, europeas, nacionales y autonómicas. Estas clasificaciones hay que tomarlas con las debidas reservas, debido a las distintas
metodologías seguidas y al carácter más o menos discutible de los criterios utilizados para elaborarlas, pero deben ser tenidas muy en cuenta, dada la creciente internacionalización y globalización
de los estudios universitarios, de los grupos de investigación y de los estándares para valorar la
calidad de las instituciones, de sus titulaciones y de sus investigaciones.
En primer lugar, usaremos como referente la lista de 12.000 universidades del mundo
elaborada por el World Universities’ ranking on the Web. Esta es una iniciativa del Laboratorio de
Internet, grupo de trabajo que se sirve de Internet como herramienta para analizar y evaluar de forma
cuantitativa la política de comunicación de las universidades en la web. La lista se elabora a través
de un proceso complejo y con la información que existe en el espacio virtual sobre cada una de las
universidades y sobre los documentos de todo tipo que emiten. De forma resumida, lo que se valora
de cada universidad es la calidad y cantidad de sus publicaciones y los índices de impacto de las
mismas, pero sobre todo su capacidad para comunicar estos resultados de investigación a través de las
páginas webs, y también las comunicaciones académicas de todo tipo que la hacen más transparente,
más accesible y más conocida en el mundo universitario global. La filosofía esencial del método
consiste en mostrar que cuanta más transparencia y más visibilidad tenga una universidad en las redes
virtuales, más posibilidades tendrá de entablar contactos entre investigadores, profesores y alumnos.
La clasificación de las universidades se realiza calculando cuatro parámetros: tamaño,
visibilidad, ficheros ricos y personal académico relevante.9 En la lista mundial publicada en julio
de 2010, la UMU ocupa el puesto 286, la UPCT ocupa el puesto 1188 y la UCAM no figura. En
el caso de las dos universidades públicas, observamos una considerable mejora con respecto al
ranking de 2006. Si atendemos a la lista española, sobre un total de 50 universidades evaluadas,
la UMU ocupa el puesto 11, la UPCT el 48 y la UCAM no figura. Conviene precisar que en cada
país sólo se incluyen las universidades clasificadas entre las 12.000 primeras del mundo.
Según esta clasificación, las cuatro mejores universidades del mundo son estadounidenses:
la Harvard University, el Massachussets Institute of Technology, la Stanford University y la University
of California Berkeley. En la clasificación española, las mejores son la Universidad Complutense de
Madrid (que ocupa el puesto 147 del ranking mundial), la Universidad Politécnica de Madrid, la del
País Vasco, la de Valencia y la de Barcelona. Como curiosidad, la institución que ocupa el último
lugar de la lista mundial (con el puesto 11996) es la Universidad Politécnica de Tirana.
Para conocer en detalle el significado, la definición y la metodología de estos parámetros, véase
Webometrics Ranking of World Universities. http://www.webometrics.info/index_es.html
Hay otras listas que inciden en aspectos diferentes. Por ejemplo, el Ranking Iberoamericano
SIR 2010 toma en consideración el número de artículos publicados en el período 2003-2008 por
las instituciones iberoamericanas de Enseñanza Superior.10 Para su elaboración se han analizado
las publicaciones científicas incluidas en el índice de citas Scopus producido por el grupo editorial
Elsevier. Scopus es la mayor base de datos científica del mundo, con más de 20.000 publicaciones
científicas, entre ellas más de 17.000 revistas sometidas al proceso per review, libros y actas de
Sin entrar ahora en el detalle de los parámetros utilizados por este Ranking Iberoamericano,
nos limitaremos a señalar que la primera universidad española aparece en el puesto 4 de entre 606
y es la Universitat de Barcelona. La Universidad de Murcia ocupa el puesto 41, la UPCT el 107
y la UCAM el 257. Según esta lista, la mejor institución iberoamericana es la Universidade de
Hay también diversos rankings españoles que se realizan anualmente y que utilizan criterios muy diferentes. Uno de los más fiables es el Ranking en investigación de las universidades
públicas españolas, realizado por un grupo de trabajo de la Universidad de Granada.11 Este grupo
elabora diferentes clasificaciones de las universidades españolas, en función de los siguientes
parámetros: artículos ISI, tramos de investigación, proyectos I+D, tesis doctorales leídas, becas
FPU, doctorados con mención de calidad y patentes. Además, combinando todos los parámetros,
elabora una clasificación global en investigación. En 2009, las cinco primeras universidades fueron
la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Pablo Olavide, la Autónoma de Madrid y la central
de Barcelona. La UPCT ocupa el puesto 19 de entre 48, y la UMU ocupa el puesto 30 de entre 48.
La UCAM no aparece en este ranking.
Tanto en los rankings mundiales como en los españoles, se observa en los últimos años
una clara mejora de las posiciones de la UMU y la UPCT. Durante los últimos 12 años, se produce
una mejora sostenida de la UMU y una mejora ostensible de la UPCT en los últimos 6 años. En
cuanto a la UCAM, aparece en muy pocos rankings, y cuando lo hace ocupa puestos muy bajos,
sobre todo en investigación.
1.4. La implantación de nuevas enseñanzas
En el Informe 2006, ya hicimos referencia a la aparición de la imprescindible y muy
oportuna Ley de Coordinación Universitaria (LCU), que prometía poner orden en el caos en el
que se encontraban las universidades de la Región de Murcia a la hora de la creación de nuevas
enseñanzas. En esta ley se consagraba como principio esencial el de la optimización de los recursos
disponibles, que servía de base para varios criterios de actuación: coordinación entre las universidades para la optimización de los recursos económicos, consolidación y diversificación de la oferta
universitaria, potenciación de estudios complementarios y especialización del sistema universitario
en la CARM, evitar la duplicación de estudios, racionalización de la oferta universitaria a través
de indicadores sistémicos, socio-económicos y académicos, y coherencia académica.
La aplicación de la LCU en todos estos años desde su promulgación, lejos de fundamentarse en los criterios anteriores, se ha adulterado por el entramado político-católico que domina
las instituciones públicas de la CARM y que ha dado toda clase de apoyos a la UCAM y a sus
deseos de implantación de estudios ya existentes en las universidades públicas, con la consiguiente
duplicación de los mismos.
Ranking Iberoamericano SIR 2010. http://www.scimagolab.com
Véase el Ranking español correspondiente a 2009 en http://www.ugr.es/~aepc/articulo/ranking09.pdf
Reviste especial gravedad el caso de los estudios de Medicina, pues la UCAM pretende
duplicar los que ya existen en la UMU. La ANECA ha rechazado tres veces la implantación de dichos
estudios, al no aportar la UCAM los oportunos convenios con centros médicos y hospitales donde
los estudiantes puedan hacer sus prácticas. El problema más grave es que son hospitales públicos los
elegidos por los dirigentes de la UCAM para formalizar dichos contratos, lo que iría en detrimento
de los estudios de Medicina ofertados por la UMU (como ya sucede en el caso de Enfermería). Por
supuesto, esto no sería posible sin el consentimiento del Gobierno regional. Antes o después, es muy
posible que la UCAM logre los apoyos políticos necesarios para implantar los estudios de Medicina.
Lo que ha ocurrido con la duplicación de otras titulaciones, como Derecho (que ya estaba en la
UMU) y Arquitectura (implantada también en la UPCT) y con el intento de bloquear los estudios de
Educación Primaria en Cartagena (dependientes de la UMU), hacen entender cómo se aplica la LCU.
Queda pendiente de resolución la solicitud presentada recientemente por la UCAM ante
la CARM, para que se apruebe la creación de un nuevo campus en Cartagena, que contendría los
estudios de Medicina, Enfermería y Magisterio.
Por otra parte, las dos universidades públicas, UMU y UPCT, en respuesta al expansionismo de la UCAM (que ha contado con el irresponsable apoyo del Gobierno regional), en los últimos
años se han apresurado a implantar nuevas titulaciones con salidas profesionales prácticamente
nulas o muy escasas. En cuanto al Gobierno autónomo, parece que ha sucumbido a las presiones de
ciertos grupos y se ha olvidado de su buena disposición de poner orden en el desbarajuste universitario regional. Un procedimiento muy habitual, que ya señalamos en los Informes 2003 y 2006,
y que se ha seguido dando sobre todo en la UMU, ha consistido en implantar nuevos estudios a
coste cero. No resulta muy difícil imaginarse los resultados.
En cuanto a la creación de nuevos campus, las cosas van por idéntico camino. La UMU,
que cuenta ya con campus en Murcia, Espinardo y Cartagena, ha creado otros dos en San Javier y
en Lorca, a los que pronto se añadirá el de El Palmar, anexo al Hospital de la Arrixaca y dedicado
a ciencias de la salud. Esta dispersión de instalaciones universitarias por toda la Región ha ido
aumentando considerablemente los costes de infraestructura, personal y mantenimiento.
La creación del campus de Lorca ha obedecido claramente a intereses políticos de carácter populista, más que a necesidades propiamente académicas. Aunque la UMU se ha resistido a
su creación, el Gobierno regional la ha forzado a ello y le ha asignado 1.600.000 euros exclusivamente para su puesta en marcha, al tiempo que le recortaba más de 2 millones en el presupuesto
general para 2010. El resultado es que en 2010-11 se han iniciado los estudios de Enfermería (con
lo que es ya la cuarta titulación de Enfermería que se imparte en la Región) y los de Nutrición
1.5. La crisis de valores universitarios y sociales
Ante los muchos acontecimientos que han tenido lugar en nuestra comunidad autónoma,
en nuestro país, en Europa y en el mundo, sobre todo desde que estalló la crisis económica global
en 2007, han proliferado las voces que ponen en cuestión el papel que los intelectuales juegan y
deben jugar en la vida pública. De hecho, estamos asistiendo a duros ataques y agresivas campañas de desprestigio, por el mero hecho de adoptar, públicamente y en el marco de instituciones
igualmente públicas como la Universidad, posiciones críticas frente a los poderes establecidos, en
los debates abiertos sobre nuestro modelo político, económico, social y cultural.
La amalgama ideológica liberal-conservadora lleva ya muchos años intentando relegar al
pensamiento crítico al ostracismo, a la inhibición y a la autocensura, abriendo dudas sobre la función
social de los intelectuales y tratando de modelar el comportamiento de los ciudadanos como meros
consumidores y espectadores, en contra de los valores más positivos de la democracia. Se pretendió
reducir al mínimo el debate público, oscurecido sin duda por una próspera situación económica.
La crisis del modelo económico dominante, la decepcionante respuesta político-judicial
ante el clamor de las víctimas del franquismo y el creciente cuestionamiento de la versión oficial
de la transición a la democracia, han acentuado aún más la campaña de acoso ante cualquier pensamiento crítico.
Los hombres y mujeres de la ciencia y de las humanidades, una parte importante de
lo que denominamos los intelectuales, nos hemos instalado en una pretendida neutralidad profesional, olvidando en muchas ocasiones nuestra ineludible responsabilidad social. La actividad
investigadora, por ejemplo, no puede continuar encerrada en su torre de marfil, sino que es preciso
mirar más allá de la biblioteca o del laboratorio y ocuparse de la realidad social en que se ubica
el quehacer científico. Es nuestra condición intelectual y ética la que nos exige estar presentes en
los debates públicos, en particular en la Universidad y en los centros públicos de investigación,
aportando conciencia crítica a los procesos sociales y políticos, venciendo al miedo con la palabra
y manteniendo una correcta y coherente actitud política y social.
Los Claustros Universitarios deberían ser los lugares ideales para el debate libre, no solo de
temas técnicos universitarios, sino de otros muchos que afectan a la sociedad. En general, los equipos
rectorales se sienten incómodos en dichos Claustros porque no dominan la situación y puede aparecer cualquier francotirador inesperado planteando temas y situaciones inesperadas. La consecuencia
es que las convocatorias de los citados Claustros se reducen prácticamente a las obligatorias que
establecen los Estatutos. En estos cuatro años y desde el Informe anterior, el Claustro de la UMU
ha continuado su declive hacia la nada, hacia ninguna parte, caracterizándose por su inclinación a
ser generoso en su concesión de doctorados honoris causa, en muchos casos sin la suficiente justificación, y por permanecer ausente de la realidad y reaccionando tarde y mal, como en el asunto
del yacimiento de San Esteban. El Claustro de la UPCT ha tenido igualmente un ambiente de apatía
considerable. En ambos casos, ha sido el reflejo de sociedades universitarias narcotizadas por el interés en medrar lo más rápidamente en la escala universitaria y en construir meritorios curricula vitae.
1.6. El Campus Mare Nostrum 37/38
Con este nombre, la UMU y la UPCT han presentado un Proyecto para obtener la mención de Campus de Excelencia Internacional (CEI) en la convocatoria impulsada por los ministerios de Ciencia e Innovación y Educación para el presente año 2010. En esta convocatoria han
participado 22 proyectos de 39 universidades, que también han adoptado la estrategia de aliarse
para obtener mejores resultados. Las cifras 37 y 38 son los grados de latitud entre los que se sitúa
geográficamente la Región de Murcia. Este Proyecto nace con “la vocación de ser una agregación
abierta capaz de atraer gradualmente a las instituciones docentes, de investigación o de innovación
interesadas por el Mediterráneo” (página web de la Universidad de Murcia).
Los objetivos principales son: fortalecer, que buena falta le hace, el desarrollo socioeconómico de la CARM; contribuir a resolver los problemas y retos que tiene planteados la cuenca
del Mediterráneo; y mejorar la posición de las dos universidades públicas regionales en el ranking
nacional, europeo y mundial.
En este Proyecto se ha apostado por trabajar en tres grandes problemas: Bioeconomía
basada en la agroalimentación, Calidad de vida y tecnologías sanitarias, y el mar Mediterráneo con
sus tecnologías navales y del mar.
El Proyecto se configura en torno a centros de investigación y universidades de la
CARM, empresas, administraciones públicas y centros y parques tecnológicos. La UMU y la
UPCT han firmado un convenio en el que se establecen compromisos firmes entre ambas instituciones, relacionados con la docencia, la investigación, la cultura y la promoción de la actividad
social y empresarial. Los tiempos han cambiado, sin duda, y esta alianza estratégica entre las dos
universidades debe ser bienvenida, pero en la mente de muchos de nosotros queda sin aclarar un
hecho esencial para entender nuestro modelo universitario: ¿era necesario dividir en dos trozos la
UMU y crear una nueva universidad, duplicando los gastos en equipos directivos y en personal
Como consecuencia de la creación del Campus Mare Nostrum 37/38, se espera la consecución de los siguientes resultados: internacionalización del campus, mejora docente y adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior, mejora científica y transferencia del conocimiento, y
transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con el
entorno territorial.
En la página web de la UMU, se pueden consultar los objetivos estratégicos del CMN y
un resumen de las acciones a llevar a cabo. También puede consultarse, sobre el mismo asunto,
la comunicación por parte del Rector de la UMU a su comunidad universitaria: Campus Mare
Nostrum 37/38 (CMN), de lunes 24 de mayo de 2010.
Para la consecución de sus ambiciosos objetivos, se plantea un presupuesto total 20102015 de 430.501.325 euros, que presumiblemente se obtendrían del CEI, la financiación propia de
las dos universidades y otras fuentes (empresas e instituciones ligadas al proyecto). Recientemente,
se han sumado a este proyecto CajaMurcia y la CAM. Todavía no está claro qué tipos de ayudas
recibirán los CEI, es decir, subvenciones a fondo perdido o créditos que han de ser devueltos con
El CMN superó la primera fase de selección, la fase de evaluación nacional, ocupando el
lugar 10 de los 14 proyectos concedidos, lo que le permitió recibir una primera financiación (entre
otras cantidades, 215.000 euros para Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior),
optar a otras convocatorias de financiación especiales y pasar a la fase de evaluación internacional.
El 21 de octubre de 2010, cuando este capítulo estaba ya redactado, hemos conocido la
noticia de que el CMN 38/39 ha superado también la segunda fase de evaluación internacional y ha
sido seleccionado entre los 22 proyectos de las 39 universidades participantes, pero no como uno
de los 8 Campus de Excelencia Internacional (CEI), sino como uno de los 6 Campus de Excelencia
Internacional de ámbito regional europeo (CEIR), que ocupan un segundo nivel de excelencia. No
obstante, se trata de un logro muy importante para las dos universidades públicas murcianas. El
Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, destinará 75 millones
de euros a los campus seleccionados, de los que las universidades murcianas recibirán 5,3 millones.
A esta cantidad se añadirán otros 6,5 millones a través del programa Innocampus del Ministerio
de Ciencia e Innovación, destinados a la investigación en bioeconomía aplicada a la alimentación.
Estos 11,8 millones permitirán potenciar la investigación y el desarrollo socio-económico en la
Región de Murcia, y una mayor conexión con los países ribereños del área mediterránea.
El reconocimiento del Campus Mare Nostrum 37/38 como CEIR es a la vez un premio
y un reto, pues obligará a seguir trabajando por la excelencia investigadora y por el desarrollo
socio-económico sostenible, no solo a las dos universidades públicas murcianas sino también a
todas las entidades públicas y privadas de la Región que han dado su apoyo a este proyecto y se
han comprometido a llevarlo adelante.
En cualquier caso, el logro más importante que se ha conseguido con la elaboración, el
reconocimiento y la financiación del CMN, es que las dos universidades públicas de la Región
sellen una alianza estratégica de cara al futuro, como sus dos rectores manifestaron públicamente
en el acto de apertura del curso académico 2010-11. Esperemos que esta alianza se consolide
efectivamente en los próximos años.
Como comentario general, la investigación en las universidades públicas de la CARM (en
horas dedicadas a esa tarea y en resultados obtenidos a través de publicaciones) se ha expandido
y consolidado, aunque no lo suficiente, en los últimos 14 años. Ahora convendría dar, como paso
definitivo, el de la calidad, que se concentraría en dos aspectos: abordar problemas de mayor relevancia y dificultad, en el caso de la investigación básica, y reorientar los esfuerzos investigadores
de los Grupos de Investigación (GI) más modernos y recientes hacia líneas de interés regional.
Sigue sin resolverse la dualidad del profesor universitario español entre enseñar e investigar y sin superarse el hecho contradictorio de que los profesores universitarios sean reclutados
fundamentalmente por sus méritos acumulados en investigación, para pasar a ocupar gran parte de
su tiempo en docencia (si ésta se quiere hacer bien).
2.1. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
El Ministerio de Ciencia e Innovación española ha reunido a una veintena de expertos de
diversas procedencias científicas y tecnológicas, para elaborar una nueva Ley de la Ciencia que
sustituya a la actual, que se aprobó en 1986 y que ha sido clave en el desarrollo y en la mejora
experimentada por el sistema de ciencia y tecnología español (y como consecuencia autonómico)
El Proyecto de Ley, actualmente en el Parlamento, tiene una parte muy interesante:
faculta al Gobierno español para crear la Agencia Estatal de Investigación, que sería el principal
organismo de gestión y financiación de los programas de investigación. En cambio, otra importante reivindicación, como es la configuración de una carrera científica no funcionarial, se queda
a medias en el actual Proyecto. Se regula la contratación de becarios para la realización de la
tesis doctoral, se crea (sin precisar) un nuevo contrato de acceso al sistema que tras una segunda
evaluación, al cabo de cinco años, se convierte en contrato indefinido. A partir de ahí, los contratos se extravían en el laberinto laboral o desembocan de nuevo en la vía funcionarial. Esto choca
frontalmente con los Estatutos del PDI y está causando una notable inquietud en los investigadores
y en los sindicatos con presencia en la universidad.
Además, el Proyecto pretende equiparar a los científicos de los organismos públicos de
investigación con los profesores titulares y catedráticos de universidad.
Numerosas referencias a la Estrategia Estatal de Innovación salpican el texto del Proyecto.
En particular, se plantea una estrategia que se articula en torno a cinco ideas, cuyo objetivo es
el conocido slogan de “transformar la economía española en una economía basada en el conocimiento”. Las cinco ideas son: la modernización del entorno financiero, la internacionalización de
las actividades innovadoras, el desarrollo de mercados innovadores, la cooperación territorial y
las personas como base de innovación. Una de las previsiones más innovadoras del texto es que
se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras, con el fin de alinear la oferta
tecnológica privada y la demanda pública. Los departamentos ministeriales con competencias en
materia de investigación y desarrollo tecnológico aprobarán y harán público un plan que detalle
su política de compra pública innovadora y pre-comercial.
Además, se introducirán una serie de instrumentos que faciliten el acceso de las empresas innovadoras a la financiación (financiación bancaria, fondos de inversión especializados
con co-inversión público-privada, desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil, etc). Se apoyará
igualmente la participación de entidades españolas en programas europeos e internacionales y se
impulsarán instrumentos conjuntos en el ámbito de la Unión Europea para proteger la propiedad
Las convocatorias de ayudas a la innovación incluirán, entre sus criterios de evaluación,
el impacto internacional previsto. Finalmente, se incorporarán programas de incorporación a las
empresas de doctores y tecnólogos, y de gestores de transferencia de conocimiento ligados a
grupos de investigación, dedicados a proteger y transferir la propiedad industrial generada por la
Todo demasiado bonito para ser cierto. En relación con nuestra Región, todo el contenido
del Proyecto resulta sorprendente y se tiene que valorar con gran reserva, ya que en la CARM
no estamos en condiciones de pensar que dicha Ley se pueda aplicar a nuestra realidad socioeconómica. Por otra parte, los sindicatos con representación en las universidades públicas han
manifestado su recelo por la aparición en dicho Proyecto de figuras contratadas y funcionariales
nuevas, que entran en contradicción con el futuro Estatuto del PDI y con los acuerdos sindicales
alcanzados en estos años.
2.2.La realidad del I+D+i en la Región de Murcia
Tras las Elecciones Generales de marzo de 2008, el Gobierno central volvió a declarar,
como lo había hecho en 2004, el aumento de la productividad como principal objetivo de su
política económica. La pobre evolución de la productividad, que es un determinante esencial del
crecimiento económico per cápita a largo plazo, ha sido y sigue siendo el talón de Aquiles de la
economía española, y de modo mucho más acusado en la economía murciana, si consideramos los
datos de los últimos quince años.
Aunque la productividad depende de muchos factores, como el funcionamiento de los
mercados de trabajo y de capitales o la calidad del sistema educativo, no es menos cierto que la
escasa inversión de nuestro país y de nuestra comunidad en actividades de I+D+i, explica una
parte significativa del problema. En términos relativos, el gasto en I+D de la economía española
en 2008 representó un 2.05% del PIB, poco más de la mitad del promedio de la UE. En la CARM
representó poco más del 1% del PIB, lejos de la media española y mucho más de la media europea.
En la CARM, el elevado porcentaje de pymes agrava el problema. A ello se añade la
mentalidad empresarial dominante, inclinada a la obtención de beneficios rápidos y a la creación
de empresas dedicadas a la construcción y a los servicios. Todo esto hace que la situación de los
proyectos I+D+i en la CARM sea desalentadora, sobre todo por el pequeño tamaño de las empresas
susceptibles de participar en ellos.
El principal problema de la investigación regional es la falta de personal con que cuenta
el sector, lo que a su vez se deriva de la escasez de recursos dedicados a crear puestos de investigadores, ya que dichos puestos no están ni siquiera definidos.
La política de investigación que se ha promovido en la CARM fomenta más la competencia entre instituciones que la cooperación entre las mismas, siendo muy escasos los proyectos
que se llevan adelante entre grupos de la UMU y la UPCT.
En definitiva, se habla de emplear más recursos en I+D+i, pero en la práctica es casi imposible hacerlo porque la plantilla de investigadores y tecnólogos es insuficiente para absorberlos. No se
ha tomado en serio el problema y tampoco se ha tomado una decisión clara y tajante en este aspecto.
Cualquier intento de incrementar la plantilla hubiera sido un paso efectivo, pues tendría repercusiones
en la economía regional y mejoraría la baja calidad científica y tecnológica de la sociedad murciana.
En Europa hay varios ejemplos de países que supieron cambiar el rumbo de las cosas.
Durante la crisis de los noventa, Finlandia salió de la misma gracias a la formación de sus trabajadores y a la inversión en innovación y tecnología. Su sistema educativo ha fortalecido al país, que hoy
afronta la nueva crisis con mayor ventaja competitiva. El desmembramiento de la Unión Soviética
dejó a Finlandia sin su principal mercado. En ese periodo, ya apostaba fuerte por la formación de sus
profesionales, con un presupuesto en I+D que desde entonces ha rondado el 3% del PIB. Mientras,
España ha variado del 0.8% que tenía a mediados de los noventa al 1.3% récord que alcanzó en 2008.
El ciclo de la CARM ha sido similar, aunque con porcentajes más bajos que la media española. Nokia
es el mejor ejemplo del avance que Finlandia experimentó en tecnología de la información con la
ayuda de incentivos estatales. Este sector llegó a ocupar una tercera parte de su actividad económica.
Pero la clave del éxito finlandés reside en un sistema educativo modélico que empieza
por los recursos. Finlandia invertía en 2006 un 6.14% de su PIB en educación, sólo por detrás
de Suecia (6.85%) en el conjunto de la UE, donde la media se situaba en el 5.05%. Es relevante
conocer que la Ley de Educación finlandesa actualmente en vigor ocupa solo media página de un
folio con dos artículos únicamente.
Finlandia se ha esforzado por coordinar la educación y hacer evaluaciones en todo el país.
Algunos han criticado el excesivo número de ingenieros, pero eso ha permitido crear una base para
las empresas tecnológicas. La sólida formación de los profesores, su evaluación permanente y el
respeto del que gozan en la sociedad, colocó al país en los primeros puestos de la clasificación
internacional del Informe Pisa.
Aunque en 2010 se tenga unas previsiones de crecimiento del 1.2% y en torno al 2,2%
para los próximos cinco años, no necesitará aplicar la tijera al I+D+i, aunque el Fondo Monetario
Internacional le insta a ahorrar mil millones de euros. La prima de riesgo que tiene que pagar sobre
el bono alemán ronda los 30 puntos básicos, mientras la española ronda los 180. La consecuencia
es que Finlandia puede permitirse el gusto de financiarse de forma barata y pagar su deuda con
un crecimiento moderado al mismo tiempo, mientras que algunos países como España no podrán
pagar ni los intereses.
Aunque este y otros ejemplos no son exportables directamente a la sociedad española, y
menos aún a la murciana, sí nos muestran que hay otras formas de mejorar las cosas. En contraste
con estos ejemplos, resulta desalentadora la conclusión fundamental del último informe del CES
(junio de 2010) de la CARM: “Para salir de la crisis económica, se recomienda promocionar la
construcción y el turismo”.
2.3.La investigación en las universidades murcianas
El Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (PCTRM) 2007-2010 pretende
articular las medidas necesarias para alcanzar los objetivos encaminados a situar a la Región de
Murcia en la “sociedad del conocimiento”.
El Gobierno regional publicó en 2008 los datos relativos a dicho Plan. Los recursos que
la Región de Murcia destinó en 2007 a I+D representaban un 0.92% del PIB, mientras que en
2002 representaban un 0.54%. Esto significa un incremento sostenido, que desgraciadamente está
bajando en los años 2009 y 2010, debido a la crisis económica y a los consiguientes recortes tanto
estatales como regionales.
En el mismo informe se indica que el número de investigadores y tecnólogos en la
CARM es de 5.8 por cada mil habitantes, y se enfatiza que ya estamos cerca de la media nacional
(aproximadamente, 6 por mil habitantes) y que se ha producido un crecimiento sostenido en los
Por otra parte, el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 señala como puntos
débiles de la economía murciana los siguientes: 1) bajo nivel de formación de los ciudadanos, que
se puede apreciar por la elevada tasa de abandono escolar temprano (y del que se ocupa el capítulo
10 del presente Informe 2010); 2) desajuste entre la oferta de formación y las demandas del tejido
productivo, que afecta a la formación universitaria (la mayoría de los egresados en muchas carreras
actuales no tienen ninguna posibilidad de trabajo en la CARM, con lo cual el sistema universitario
autonómico resulta improductivo y costoso); 3) escaso conocimiento de idiomas extranjeros, que
es un mal que nos aqueja desde tiempos inmemoriales.
La investigación y el desarrollo tecnológico en la CARM, aunque han mejorado en los
últimos doce años, tienen tendencia a cambiar de rumbo y a comenzar a declinar lentamente, en
parte por los recortes derivados de la crisis económica, y en parte por el bajo nivel cultural de la
sociedad murciana, que no percibe a los investigadores como elementos necesarios del progreso
social, sino más bien como un adorno que da prestigio. Los investigadores son una rara especie
de personas que dedican sus ilusiones y su tiempo a tratar de avanzar en el conocimiento, en unos
campos que, muy a menudo, son extremadamente competitivos y por ello necesitan un cuidado
especial, intenso trabajo y grandes inversiones. La investigación requiere muchos años de preparación científica (siempre), medios humanos y económicos (siempre muy escasos), facilidades por
parte de las instituciones (muchas veces insensibles), preocupación social (poca) y mucha moral
Pero casi siempre nos hace falta culminar, esto es, ser capaces de aplicar estos conocimientos a la creación de bienes y servicios, para que la sociedad, que es en definitiva la que paga
los trabajos que hacen los investigadores, aproveche el esfuerzo en la mejora de la calidad de vida
de sus ciudadanos. Este es un componente importante del fracaso en innovación y en la creación
de tejido industrial de base tecnológica.
En el informe regional sobre investigación citado anteriormente, se indica que la proporción de patentes registradas en 2004-2008 y patentes explotadas en 2002-2006 por profesores
funcionarios ha sido de 12.4 para la UPCT y 6.96 para la UMU. Y esto revela que hay un problema
importante, tanto en el sector público como en el privado: la falta de patentes registradas y, sobre
todo, de patentes que lleguen a explotarse.
En nuestro sistema universitario autonómico, y en especial en la UMU, hay un problema
añadido: la mayor parte de la investigación realizada es investigación básica. Esto tiene que ver
con nuestra historia científica (la pérdida enorme de científicos y tecnólogos como consecuencia
de la Guerra Civil, y la estructura de las cátedras de universidad y de los grupos de investigación).
Este tradicional predominio de la ciencia básica choca con lo que hemos dicho anteriormente sobre
la necesidad de aumentar la innovación y la transferencia tecnológica. A esto se añade que nuestros
políticos y dirigentes sociales tienen la tentación de pensar que la investigación básica y su financiación es algo que tiene una utilidad muy reducida, algo en lo que se entretienen la mayoría de
nuestros perezosos profesores universitarios sin obtener ningún beneficio a corto plazo. Lo cierto
es que hay que seguir apostando por la investigación básica y financiándola, porque aparte de otras
consideraciones es lo que sabemos hacer mejor.
Para no alejarnos de los que están en cabeza en investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, la Administración autonómica tendría que invertir mucho más. Una forma de despegar,
y esto es algo que ya está comenzando a hacerse, es la creación de centros tecnológicos e institu-
tos de investigación (porque así se consigue una gran densidad de investigación), y la creación y
mantenimiento de parques tecnológicos (como el de Fuente Álamo).
El suspenso en innovación que España sigue cosechando año tras año en los informes de
la Comisión Europea sobre el estado de la innovación tecnológica en la Unión, y la comparación
de nuestro país con los avances y retrocesos de los demás miembros de la UE, ayuda a clarificar
el horizonte con el que nos enfrentamos en este terreno. Sonroja un poco el que se nos coloque a
la altura de los países del Este de Europa, de reciente adhesión a la UE. Y esta situación es todavía
peor en la CARM.
En términos generales, la sociedad murciana se caracteriza por ser muy atrasada, científica y tecnológicamente hablando. Los discursos oficiales de nuestros dirigentes sobre la sociedad
de la información a la que nos gustaría pertenecer, no sirven para nada si no van acompañados de
un empeño oficial, sostenido y coherente, con medios económicos y con programas serios para
Laa recetas son bien conocidas: dignificar la enseñanza pública en todos sus niveles;
lograr el reconocimiento social de nuestros investigadores y tecnólogos; explicar para qué sirven
nuestras universidades y cuantificar lo que nos gastamos en ellas; aumentar el apoyo financiero a la
investigación hasta alcanzar un crecimiento anual del 25% en políticas de I+D+i; facilitar que los
investigadores trabajen en torno a los parques científicos y lleven a cabo proyectos que fomenten
la creación de empresas, etc. Todo esto, a fin de cuentas, no deja de ser algo de sentido común.
2.4.El número de investigadores
La retórica de la Agenda de Lisboa, que se aprobó en el año 2000 y que pretendía convertir a la Unión Europea en la economía más competitiva del mundo en 2010, ha sido un rotundo
fracaso y está cada vez más lejos de cumplir sus objetivos.
Y no sólo porque la inversión europea en I+D+i siga por detrás de la de países punteros
como Estados Unidos y Japón, y amenazada por la de otros emergentes como China. Existe otro
factor que tiene que ver con la cantidad, de la que en muchos casos se deriva la calidad. En efecto,
la Agenda de Lisboa calculó que sería necesario formar a más de 700.000 investigadores antes
de 2010, para poder destinar de forma efectiva el proyectado 3% del PIB a I+D+i. Este objetivo
tendrá que esperar su oportunidad.
Es con relación a este factor donde España, y por ende la CARM, pueden quedar más
afectadas. Se calculó que para cumplir lo planteado en Lisboa, se necesitaría triplicar en España y
quintuplicar en la CARM el número actual de investigadores e ingenieros. Esto supone pasar de
los 9.8 científicos (investigadores e ingenieros) por cada mil personas ocupadas en España, a los
22.6 que ya poseen países como Suecia y Finlandia. En la CARM, deberíamos pasar de nuestros
5.8 investigadores por cada mil habitantes a aproximadamente 12. Un esfuerzo importante y que
no se puede realizar a medio plazo, pero lo que sí se puede hacer es ir mejorando.
Lo que está claro es que Bruselas aún no ha reflexionado seriamente sobre el fracaso de
la política diseñada en Lisboa, y mientras tanto Estados Unidos toma la delantera y aumenta su
brecha tecnológica, dejando atrás a Europa, mucho más lejos a España y todavía más lejos a la
En el Informe 2006 del Foro Ciudadano, señalábamos que el principal problema de la
investigación son los recursos, pero eso no es suficiente. Hay que apostar política y socialmente
por la ciencia y hay que aumentar drásticamente el número de investigadores. Desgraciadamente,
estas consideraciones no entran en la agenda política regional, porque sus resultados son a largo
plazo y el riesgo muy alto.
Aunque el número de investigadores ha aumentado en la CARM con relación a los números aportados en el Informe 2006, esto no siempre ha ido asociado a un aumento o a una mejora
de la calidad de la investigación. La estructura de los grupos a los que pertenecen los investigadores sigue siendo piramidal y habitualmente con pocos investigadores en plantilla por grupo. La
integración en estos grupos y la consolidación en plantilla están condicionadas en parte a la subordinación a esta estructura piramidal. Ciertamente, existe un mecanismo para reclutar investigadores, el de conceder becas de investigación convocadas por distintos organismos, universidades,
Fundación Séneca y Ministerio. En su concesión priman criterios académicos, especialmente el
del expediente académico. Pero estos tipos de concesión comportan ciertas dificultades, ya que
lo que parece más coherente sería conceder becas a proyectos de investigación y luego que las
personas interesadas pudieran concurrir a la concesión de dichas becas. Es decir, hacer política de
investigación, en lugar de hacer política de personas.
Otro problema de la investigación, y que afecta especialmente a las universidades, es el
de la movilidad. Es necesario salir fuera, visitar a otros investigadores nacionales y extranjeros.
Esto choca con el hecho de que las plantillas suelen ser exiguas y la docencia ha de impartirse
igualmente, y ello limita las posibilidades de salir a formarse fuera o de disfrutar de sabáticos.
Un investigador de un grupo no puede marcharse fácilmente durante períodos largos de tiempo,
ya que puede tener el riesgo de perder lo consolidado en infraestructura científica o en docencia.
Adicionalmente, estas estructuras piramidales favorecen más que otras el caciquismo, el acoso
moral, etc., como los casos que han salido recientemente a la luz pública. Como consecuencia de
ello, los grupos no tienen tendencia a crecer y a cooperar, sino a atomizarse, y los intercambios
entre universidades no suelen ser largos y fructíferos.
2.5.La Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica,
En la exposición de motivos del borrador de esta Ley, actualmente en fase de consulta y que el Gobierno regional quiere aprobar en un plazo medio, se dice literalmente que “el
Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2003-2006 merece una valoración muy
positiva por su carácter pionero en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en RM, porque supuso un importante ejercicio de reflexión acerca el Sistema de Ciencia
Tecnológica y Empresa Regional y ha permitido, además, poner de manifiesto determinados
ajustes y descoordinaciones entre los agentes de dicho sistema y entre éstos y los gestores del
Plan. Circunstancias todas ellas que, entre otras, justifican ahora este nuevo marco normativo.”
Dicho en otras palabras y lejos de la retórica oficial, el Plan de Ciencia y Tecnología
del Gobierno regional está siendo un fracaso. Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de
Estadística, en 2004 el gasto regional en Ciencia y Tecnología fue del 0.7% del PIB, cuando en
2003 había sido del 0.73%. Es decir, continuamos estando muy lejos del objetivo que dicho Plan se
trazó de alcanzar en 2006 el 1.5% del PIB regional. Ni siquiera nos acercamos a la media nacional,
que es del 1.1%. A modo de curiosidad, la comunidad con más alto porcentaje continúa siendo la
Foral de Navarra, con un 1.90%, seguida de Madrid con un 1.76% y del País Vasco con un 1.54%.
Ante esta situación, se pretende que una nueva Ley mejore las cosas. Leyendo el borrador,
sin embargo, da la impresión de estar otra vez ante un texto lleno de buenas intenciones y promesas,
pero vacío de contenido, porque entre otras cosas no se resuelve de una vez el problema de quién o
quiénes tienen la responsabilidad de hacer política científica y tecnológica, quedando todo diluido en
un ir y venir de órganos nuevos, estatales y autonómicos, que se crean sin quedar claras sus atribuciones.
2.6.Algunas consideraciones finales
Hay una excesiva dispersión de líneas de investigación por investigador (especialmente
en aquellos con un mínimo de 5 años en plantilla de los Grupos de Investigación). Lo mismo
ocurre con la participación en diferentes proyectos por investigador. Actualmente, prima más la
cantidad que la calidad en la investigación. Se debería limitar estrictamente la participación en
investigación a dos proyectos por investigador, y solamente uno cuando el investigador fuese
el principal del proyecto o se esté participando en un proyecto europeo o en el proyecto de una
empresa importante. La limitación debería ser muy restrictiva especialmente cuando los temas de
investigación sean diferentes. Se debería de buscar continuidad en las líneas de investigación entre
proyectos regionales y nacionales, evitando dispersión de esfuerzos.
Hay temas de interés regional que podrían centrar algún tipo de investigación a realizar.
Señalemos, entre otros: sanidad regional, nutrición, recursos y tecnologías agroalimentarias, medio
ambiente y desertización, modelización, valoración de los recursos patrimoniales, paisajísticos y
culturales, fomento de la participación ciudadana, energía, ingenierías, humanidades, economía,
matemáticas aplicadas, recursos hídricos, desalación, desertización, energías alternativas, investigaciones arqueológicas y paleontológicas, investigaciones artísticas, etc. Estos temas los consideramos de interés regional debido a que pueden tener efecto a medio plazo sobre nuestra economía
y nuestra sociedad, por lo que tendrían que ser potenciados con fondos regionales. Ya se está
haciendo parcialmente, pero pensamos que se debería incidir mucho más en ellos.
El futuro de la investigación financiada con fondos regionales de la CARM se tendría
que sustentar en dos pilares. Por una parte, plantear investigaciones para resolver problemáticas
locales, pero de interés también para ser exportables con su debida adaptación a otras localizaciones. El segundo pilar (ya comentado) es la formación masiva de recursos humanos en I+D+i, que
trasladarían esta cultura a la empresa y a la sociedad murcianas, permitiendo así sustituir progresivamente el modelo desarrollista y especulativo existente (con sus políticas asociadas).
Un tema prioritario es la reducción o contención del gasto sanitario (especialmente en
el capítulo de farmacia) y la mejora de la calidad asistencial y de vida de los ciudadanos, por
ejemplo con métodos rápidos de diagnóstico de enfermedades por medio de microorganismos y
de nuevas medicinas, y también con la aplicación de técnicas de bioinformática, bioquímica y
Es indispensable tener una masa crítica de investigadores para que puedan realizar la
investigación que se necesita. Y para ello hay que potenciar la Educación Secundaria, mejorar
las asignaturas científicas y técnicas que reciben nuestros alumnos y alumnas, hacer prácticas en
los laboratorios (es penosa la situación de muchos de estos laboratorios en algunos Institutos de
la CARM, y eso cuando existen, porque hay Institutos que ni siquiera los tienen) y, por último,
elevar el nivel de exigencia a los alumnos en el Bachillerato, no de forma caprichosa, sino como
consecuencia de un trabajo realizado durante todos los años escolares con suficiente consistencia
y altura, lo que permitirá que dichas exigencias se alcancen de forma natural.
Para terminar, citaremos el dictamen que acerca de la Región de Murcia formularon en
2006 un conjunto de expertos internacionales reunidos en Londres: “El futuro de la CARM está
en invertir mucho más en I+D+i, procurar la integración de los inmigrantes como factor social
decisivo y fomentar industrias relacionadas con los recursos hídricos.” Parece que tales recomendaciones no las hemos tomado demasiado en serio.
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Adaptación de contratos administrativos LRU a a contratos laborales
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el otro estado06-11

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución