Source: https://tc.vlex.es/vid/1-stc-f-j-2-15354870
Timestamp: 2020-02-23 10:35:07+00:00

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STC 112/1998, 1 de Junio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354870
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.961/1994.
1. Por lo que se refiere al «error patente» en la determinación y selección del material de hecho sobre el que se asienta la decisión, este Tribunal ha establecido con harta reiteración que el derecho fundamental a la tutela resulta vulnerado cuando la resolución judicial es producto de un razonamiento que no se corresponde con la realidad, como error determinante de la resolución adoptada, hasta el punto de que, constatado el mismo, «la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo» (STC 124/1993) [F.J. 2].
Sentencia citada en: 83 sentencias, 8 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.961/94, interpuesto por la mercantil «Frutas Aparicio, S.L.», representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco de Paula Martín Fernández y bajo la dirección del Letrado don Sergio Higueras López, frente a la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 588/94, de 14 de noviembre, recaída en el rollo de apelación civil núm. 206/93 y que tuvo por objeto la dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Liria el 31 de octubre de 1991, en juicio verbal núm. 66/91. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de diciembre de 1994, el Procurador don Francisco de Paula Martín Fernández, en nombre y representación de «Frutas Aparicio, S.L.», interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 588/94, de 14 de noviembre, recaída en el rollo de apelación civil núm. 206/93 y que tuvo por objeto la dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Liria el 31 de octubre de 1991, en juicio verbal núm. 66/91.
A) Al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Liria correspondió conocer del juicio verbal civil núm. 66/91 que se promovió, entre otros, contra la entidad solicitante de amparo en reclamación de la cantidad de 445.939 pesetas, intereses y costas, formulando el representante de «Frutas Aparicio, S.L.», a su vez, reconvención en reclamación de la suma de 307.437 pesetas. Recibido el pleito a prueba, la recurrente propuso una prueba testifical, que, sin embargo, no pudo practicarse al ser erróneo el domicilio facilitado.
D) Dictada Sentencia desestimatoria del recurso de apelación, objeto del presente recurso, en su fundamento de Derecho segundo se reconoce que «la utilidad de dicha prueba estaba fuera de toda duda», pero, habida cuenta de que el domicilio que proporcionó la entidad recurrente al Juzgado de instancia era incorrecto y «no habiendo facilitado la parte otro domicilio donde poder localizar al testigo», ninguna virtualidad tendría una nueva citación en aquellas incorrectas señas.
5. Por nueva providencia de la Sección Tercera de 7 de marzo de 1996 y de conformidad con el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones remitidas al demandante y al Ministerio Fiscal para que en plazo común de veinte días formularan cuantas alegaciones estimasen pertinentes.
6. Las alegaciones de la recurrente se limitaron a dar por reiteradas las que fundaran el suplico de su demanda, también reiterado. El Fiscal, por su parte, en escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 27 de marzo de 1996, considera vulnerado el derecho de la demandante a los medios de prueba pertinentes, con la consecuente indefensión, por cuanto la prueba omitida fue claramente apreciada como pertinente y útil por el propio órgano juzgador, negando sin embargo su práctica por entenderla imposible, conclusión ésta que es fruto de un error patente y manifiesto del propio juzgador, al desconocer la constancia en los autos del nuevo domicilio aportado por la apelante. Error determinante de que «el Tribunal por una resolución carente de razones adecuadas a la realidad de los hechos y por lo tanto arbitraria prive a la parte de una prueba debidamente solicitada y declarada de utilidad para el objeto del proceso (...)». Por todo ello interesa, en definitiva, se dicte Sentencia estimando el recurso de amparo al entender que la resolución recurrida vulnera el derecho fundamental a la prueba consagrado en el art. 24.2 C.E.
1. La finalidad del presente recurso consiste en determinar si la apreciación por el órgano juzgador de que la prueba testifical propuesta por la recurrente, declarada pertinente en primera instancia y sobre la que la resolución objeto de este proceso afirmó que su utilidad «estaba fuera de toda duda» (fundamento de Derecho 2.), resultó a la postre preterida como fruto de un «error patente» del juzgador, que tuvo por no designado el domicilio real del testigo propuesto, cuando tal domicilio efectivo sí fue aportado debidamente al proceso.
Más específicamente, y por lo que se refiere al «error patente» en la determinación y selección del material de hecho sobre el que se asienta la decisión, este Tribunal ha establecido con harta reiteración que el derecho fundamental mencionado resulta vulnerado cuando la resolución judicial es producto de un razonamiento que no se corresponde con la realidad, como error determinante de la resolución adoptada, hasta el punto de que, constatado el mismo, «la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo» (STC 124/1993, fundamento jurídico 3., múltiples veces reiterado).
Tal y como, recientemente, sintetiza la STC 63/1998 -reproduciendo términos ya empleados en la STC 124/1997-, «el control por parte de este Tribunal se debe proyectar sobre una resolución judicial que es consecuencia de un error patente que produce efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano (SSTC 172/1985, 190/1990 y 101/1992; asimismo, las más recientes SSTC 160/1996, 175/1996 y 54/1997); en estos casos, el recurso de amparo es el cauce adecuado para establecer el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 190/1990 y 101/1992, en relación con las SSTC 55/1993 y 107/1994). En similares términos, cabe mencionar la STC 117/1996 que, en relación con la doctrina del error patente, cita las SSTC 55/1993, 124/1993, 107/1994, 203/1994 y 5/1995. Hay que recordar, en todo caso, que un error es patente cuando es inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales (SSTC 219/1993 y 162/1995). Y, asimismo, que se requiere que el yerro sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi) (SSTC 55/1993, 124/1993, 107/1994, 203/1994, 5/1995, 13/1995, 117/1996, 160/1996 y 58/1997)» (ibid., fundamento jurídico 2.; en el mismo sentido, entre las más recientes, SSTC 124/1997 y 170/1997).
3. Pues bien, no parecen precisos grandes esfuerzos argumentales para llegar a la conclusión de que la resolución impugnada, como argumentan de consuno la demandante y el Fiscal, incurre en el vicio consitucional que acabamos de relatar. Que la circunstancia denunciada como errónea -la no aportación por la entonces apelante del domicilio del testigo propuesto y aceptado como pertinente por el propio órgano jurisdiccional- fue determinante del resultado de la resolución impugnada, no precisa de argumentación alguna, pues esta misma se preocupó de afirmarlo con todo detalle (fundamento de Derecho 2.). Que tal dato o circunstancia resultó asentado como fruto de un muy patente error tampoco: basta la lectura del escrito de fecha 24 de marzo de 1993 que, con fecha de entrada 2 de abril del mismo año, consta debidamente acreditado en las actuaciones remitidas por el propio órgano juzgador (en folio sin numerar).
1. Reconocer que se ha lesionado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
2. Restablecerla en la integridad de su derecho y, a este fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 588/94, de 14 de noviembre, recaída en el rollo de apelación civil núm. 206/93, ordenando retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno para la práctica de la prueba testifical.
STSJ Comunidad de Madrid 1126/2005, 21 de Octubre de 2005

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