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Timestamp: 2018-01-21 22:12:43+00:00

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EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE JULIO DE 2012,
(Exp. 011000-001955-12) - El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, reunido en su sesión ordinaria del martes 17 de julio de 2012 para la consideración del Proyecto de Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (IUDE) enviado el 15 de mayo pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su consideración, y ante la necesidad de fijar posición sobre dicho proyecto, considera:
(I) ANTECEDENTES DEL TEMA Y DE LA POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD:
1) Pronunciamientos sobre el sistema nacional de educación pública. Desde hace una década, y principalmente durante los años 2007 y 2008 hasta el presente, la Universidad de la República ha venido adoptando diversas resoluciones y acciones que resaltan la importancia y su apoyo a la construcción a largo plazo de un sistema público de educación terciaria y superior en el marco de un cambio estructural en el sistema educativo del Uruguay, a la vez que su compromiso de impulsar una reforma universitaria profunda, que sintonice con las transformación general de la enseñanza nacional.
Así, la Resolución “Hacia la generalización y diversificación de la enseñanza terciaria pública”, adoptada en la Jornada extraordinaria del CDC de 31 de marzo 2007, reafirmó expresamente la posición de la UdelaR de: “generalizar la enseñanza avanzada y permanente. Con ese propósito, es necesario construir un Sistema Nacional de Educación Pública que incluya una Red de Enseñanza Terciaria con alcance nacional, conformada por Instituciones autónomas, democráticamente cogobernadas, en un clima de libertad, gratuitas y de ingreso libre, de real calidad y coordinadas entre sí”, incluida la Universidad de la República.
2) Sobre formación docente. La Universidad de la República, también en reiteradas ocasiones, ha expresado su plena disposición a colaborar, especialmente, en lo que refiere a la formación de nivel terciario y universitario de los docentes de la enseñanza pública.
Refiriéndose al tema de la cooperación para dicha formación, el mismo documento del CDC de 31 de marzo 2007 ya mencionado, sostiene: “Los institutos de formación docente son componentes relevantes de la Red de instituciones de enseñanza terciaria que debemos impulsar. En el Interior, su gravitación es particularmente notoria”.
En ese marco, el documento agrega que “todos los docentes deben de tener una formación de nivel universitario, que en especial les permita acceder a estudios de posgrado y sobre todo a la permanente actualización de conocimientos. Nadie necesita esto último más que los docentes. Su formación debe pues conjugar la preparación en el terreno de las ciencias de la educación con el estudio en el ámbito de creación en la disciplina que aspiran a enseñar”.
Asimismo, el Consejo Directivo Central, en otra Resolución de 18 de agosto de 2009, ratificó que “adjudica a la formación docente una primera prioridad en la temática educativa nacional y, por lo tanto, considera que todas las potencialidades de que el sistema público dispone deben estar puestas concretamente a su servicio”.
3) Sobre la constitución del Instituto Universitario de Educación. La creación del IUDE y la consiguiente diversificación del sistema debe ser parte de un proceso progresivo y de conjunto. Esta perspectiva supone pensar la nueva institución teniendo en cuenta su coordinación con las otras instituciones del sistema, que haga posible su integración plena al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP).
La misma Resolución del CDC de la Universidad del año 2009 resaltó la importancia de la nueva institución educativa superior “como una institución abierta, flexible, promotora de los tránsitos horizontales de estudiantes y docentes y de la mayor calidad”. Tales objetivos, esenciales para una institución universitaria orientada a la formación docente, no son exclusivos de la misma sino que deben ser objetivos procurados por todas las instituciones integrantes del sistema.
El CDC reafirma, entonces, su voluntad de aplicar esos principios al interior de la propia Universidad, en tanto la concreción de los mismos en alguna de las instituciones del sistema será un elemento altamente positivo para la transformación de las restantes.
4) Sobre la conjunción de tradiciones institucionales. Estas transformaciones entendidas como partes de un proceso general extendido en el tiempo, con sus etapas y períodos de transición, no pueden ser el mero resultado de resoluciones y decisiones de órganos políticos y de gobierno sino que deben ir integrando tradiciones e incorporando críticamente los antecedentes históricos y las ricas experiencias de formación docente en el ámbito de la ANEP y de la enseñanza, investigación y extensión en el ámbito de la Universidad de la República así como los resultados acumulados en el trabajo conjunto realizado en el presente por ambas instituciones.
En este entendido, el texto de la Declaración conjunta ANEP-UDELAR aprobada el 10 de julio de 2008 (CODICEN), reafirma que el proceso de coincidencias debe basarse en el respeto a las tradiciones institucionales y educativas sedimentadas institucionalmente: “La Administración Nacional de Educación Pública posee una valiosa tradición en materia de formación didáctico-pedagógica de los docentes de los diversos subsistemas que conforman la educación pública; La Universidad de la República posee, por su parte, una vigorosa tradición en materia de investigación disciplinaria y una incipiente pero prometedora investigación en materia educativa. Dada esta realidad, es vital elaborar alternativas que sepan conjugar ambas tradiciones”.
5) Sobre la autonomía de las instituciones. La Resolución del CDC adoptada por unanimidad el 6 de noviembre de 2007: “Contribución de la Universidad de la República en la elaboración de la Ley de Educación”, señaló claramente que:
“La autonomía de los Entes de la enseñanza pública está consagrada en la Constitución (…). Profundizar la autonomía implica fomentar el protagonismo y la capacidad de iniciativa de los actores más directamente vinculados a la educación. Se basa esto en la convicción de que esos actores combinen su conocimiento de los problemas educativos con la vocación de servir, con una perspectiva de largo plazo, a los mejores intereses de la sociedad en su conjunto”.
Así entendida, “la autonomía es lo contrario de la autarquía; fortalecer la autonomía pasa pues tanto por promover la descentralización y la democratización interna del sistema educativo como para multiplicar y afianzar sus relaciones externas. En este sentido, cabe promover una “autonomía conectada” con toda la sociedad”.
6) Sobre la coordinación, flexibilidad e integralidad del sistema. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, en sus aportes al debate educativo, y mediante Resolución de setiembre 2006 respecto a la coordinación de los entes dentro del sistema y su relacionamiento con el medio, concluyó: “la coordinación y articulación entre todos los actores del sistema nacional de enseñanza pública deberá establecerse institucionalmente, prestando particular atención a las interfases entre todos los niveles y deberá también atenderse a la coordinación y articulación del sistema nacional de educación pública con actores externos a él (organizaciones de la sociedad civil, sector productivo, sistema de investigación, ciencia, tecnología e innovación, medios de comunicación, etc.)”.
En el mismo sentido, el 31 de marzo de 2007, el Consejo Directivo Central resolvió:
“El Sistema Nacional de Educación Pública deberá ser flexible, asegurando movilidad horizontal y vertical a sus estudiantes y docentes, en particular el tránsito para los egresados del sistema terciario que deseen continuar formaciones más largas en carreras universitarias o posgrados, y deberá contemplar las interfases entre los diferentes niveles. Tendrá asimismo que ofrecer diversidad de formaciones abiertas a las demandas regionales, de corta duración, con inserción laboral y flexibilidad de opciones, que por distintos caminos pueda llegar a los niveles más avanzados”.
7) Sobre Programas conjuntos. El trabajo conjunto, los Programas y Convenios acordados entre las instituciones integrantes del sistema de educación pública es el mejor camino para demostrar la voluntad concreta de avanzar y de generar la atmósfera de confianza imprescindible que los cambios exigen a todos los actores involucrados en el proceso.
En materia de formación docente, la misma Declaración conjunta ANEP-UDELAR de 10 de julio 2008, acordó: “Es necesario asimismo, impulsar un programa conjunto dirigido a la formación de los docentes de todos los niveles de la enseñanza, que incorpore variedad de trayectorias que permitan alcanzar niveles de formación adecuados, reconocidos por títulos de ambas instituciones. (…) Se entiende oportuno lograr un desarrollo sistemático, continuo y articulado en la formación de servicios de docentes de ambas instituciones, tanto en materia disciplinar como educativa”.
8) Ejemplos concretos de cooperación ANEP-UDELAR. Desde el punto de vista interinstitucional, la voluntad de cooperación de la Universidad de la República se expresa en su participación en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Enseñanza Pública (CCSNEP); en las Comisiones de Implantación del Instituto Terciario Superior (ITS) y del Instituto Universitario de Educación (IUDE); en los trabajos conjuntos con el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) para las carreras de tecnólogos (acuerdo general firmado en 1999); en la conformación del sistema de enseñanza superior agraria y en el impulso a los programas regionales de enseñanza terciaria (PRET) para el desarrollo de la Universidad en el interior del país; en la formación en mayo 2005 de la Comisión Mixta ANEP-UDELAR para desarrollar tres líneas de trabajo conjunto: en materia de estudios de grado, posgrado e interfase; en la constitución de la Comisión Académica de Posgrados Mixta; en la puesta en práctica ya de varios posgrados conjuntos con el Consejo de Formación en Educación; en la reciente constitución de la Comisión de Trabajo conjunta para elaborar una propuesta de organización curricular de la Carrera de Profesor de Educación Física como programa conjunto.
(II) CONSIDERANDO:
1) El Proyecto de Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (IUDE) presentado el 14 de mayo de 2012 por el Ministerio de Educación y Cultura al Parlamento nacional para su discusión y aprobación;
2) La Resolución de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República sobre el Proyecto de Ley Orgánica del IUDE adoptada en su sesión de fecha 20 de junio 2012 en base a las consideraciones iniciales presentadas por la Comisión formada por la AGC;
3) El inicio del tratamiento del tema por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en su Sesión Extraordinaria de 23 de junio 2012, así como las propuestas realizadas en sala con el objetivo de presentar un proyecto de resolución del CDC que fije la posición de la UdelaR en sus próximas sesiones;
4) El informe aprobado por la Comisión Directiva del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República en su sesión de fecha 18 de junio 2012 sobre el Aº 36 del referido Proyecto de Ley;
5) La invitación cursada el 13 de junio de 2012 a la Universidad de la República por parte de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para asistir a una reunión conjunta y expresar, en fecha a convenir, la posición universitaria ante dicho Proyecto de Ley Orgánica;
6) La sesión del CDC de 17 de julio 2012 que trató finalmente el Proyecto de Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (IUDE) para adoptar posición,
(III) EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL IUDE,
1) Ratificar la voluntad transformadora de la Universidad de la República y su planteo sobre “la necesidad de un cambio estructural en el sistema de educación terciaria y superior del Uruguay para avanzar hacia un país con capacidades innovadoras, dinamismo productivo, justicia social, mejores condiciones de vida y amplia participación democrática”1.
2) Enfatizar que esa transformación del conjunto de la educación pública uruguaya debe estar orientada por un proyecto nacional cuyo contenido definimos como “Uruguay país de aprendizaje” y con el propósito de avanzar hacia la generalización de la enseñanza terciaria y superior, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de toda la vida activa, como forma de disminuir la desigualdad de acceso y democratizar la educación.
3) Reafirmar su convicción de que todas las iniciativas tendientes a la creación de nuevas instituciones educativas, en colaboración con las instituciones ya existentes, deben estar enmarcadas en el desarrollo de un Sistema de Educación Pública Terciaria y Superior, “sistema que deberá ser flexible, asegurando movilidad horizontal y vertical a estudiantes y docentes, en particular el tránsito para los egresados del sistema terciario que deseen continuar formaciones más largas en carreras universitarias o posgrados, y deberá contemplar las interfases entre los diferentes niveles”2.
4) Reafirmar la posición de la Universidad de la República, según la cual la diversificación institucional de la Educación Terciaria Pública a través de la creación de nuevas instituciones terciarias y universitarias, “incluye el carácter autónomo, gratuito, laico y cogobernado de los institutos a crear”3, así como su descentralización territorial y la integralidad de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión.
5) Reiterar nuevamente que, ante la creación del Instituto Universitario de Educación, “estamos en un todo de acuerdo con el principio de otorgarle nivel terciario y carácter universitario a la formación de profesores en consonancia con lo que sucede en la mayoría de los sistemas educativos modernos. Sin duda, la formación de los docentes es uno de los problemas básicos de la enseñanza nacional y por lo tanto una pieza esencial del desarrollo de un proyecto de país productivo”4.
6) A la vez, “reiterar la oferta de colaboración de la Universidad de la República, desde su experiencia, a la creación de esas nuevas instituciones, apuntando a contribuir a que ellas tengan el nivel académico adecuado a la institucionalidad educativa pública de nivel universitario”5.
7) Ratificar que, mediante la resolución adoptada en el año 2007: “Proponer la creación de nuevas instituciones públicas de carácter terciario”6, el Consejo Directivo Central, “en forma clara y explícita, ha manifestado su intención de no tener el monopolio de la educación terciaria y universitaria pública en nuestro país”7, y que por lo tanto, los desacuerdos manifestados en distintas ocasiones “no están basados en ninguna pretensión de exclusividad sobre la educación terciaria por parte de la Universidad de la República”8.
8) Insistir en la necesidad de la coordinación entre los entes educativos existentes y los que se irán consolidando, a la vez que con el resto del sector público y la sociedad civil, ratificando resoluciones adoptadas, en particular: “a) Se necesita construir un verdadero Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, que evite la compartimentación de las instituciones, con sistemas de coordinación claros, que consoliden el trabajo común; b) la coordinación entre instituciones debe incluir una normativa específica -en cumplimiento de lo establecido en la Constitución (Aº 202) y la Ley General de Educación (Aº 47)- que permita tránsitos muy fluidos entre los diversos niveles educativos y entre diversas instituciones con interfases comunes, con programas compartidos, reconocimiento de estudios, titulaciones conjuntas, etc.”9.
Más concretamente aún, entre los temas que debe haber coordinación, figuran: programas y métodos de enseñanza; mecanismos y reglamentos que agilicen el tránsito entre las diversos componentes del sistema, tanto de estudiantes como de docentes; reconocimiento de títulos que permitan la continuación de estudios en otros ciclos del sistema; estructura general de las disciplinas que se enseñan en varios ciclos; interrelación entre institutos que pudieran trabajar e investigar sobre ramas o problemas del conocimiento semejantes; políticas públicas de educación terciaria con énfasis en el desarrollo integral y regional sustentables y la creación de institutos tecnológicos de enseñanza terciaria; otros.10
9) Ratificar que en las propuestas de construcción institucional no debe acentuarse la centralización montevideana sino que se deben abrir amplias vías a la radicación de sedes conjuntas y la colaboración a escala regional de todas las instituciones del Sistema, aspirando asimismo a la descentralización.
10) Reafirmar la voluntad de la Universidad de la República de colaborar activamente y a largo plazo en el proceso de construcción de la nueva institucionalidad a través de la modalidad de los Programas Conjuntos y Convenios específicos, acordados en la Comisión Mixta ANEP-UDELAR y aprobados por los Consejos Directivos respectivos, en materia de investigación, extensión, interfase y enseñanza de grado, especialización y posgrado. Ello, tal como se viene realizando desde el año 2005, permitirá profundizar la cooperación entre ambas instituciones, sobre todo con el objetivo de seguir consolidando las estructuras curriculares y planes académicos de grado de la nueva institución educativa, la consolidación de una oferta de posgrados asentada en la capacidad de investigación en la temática de que se trate así como la movilidad de estudiantes y docentes al interior del sistema, tal como fue acordado en el Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE.
11) Manifestar que, si bien varios aspectos y reglamentaciones deberán ser objeto de resolución de las autoridades de la nueva institución autónoma, el CDC concuerda con algunos puntos del Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Ministerio de Educación y Cultura al Parlamento nacional, en tanto los mismos coinciden con definiciones contenidas en el Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE en la que participó una delegación de la Universidad de la República.
Este Informe fue finalmente aprobado por el CDC en su sesión de 22 de junio de 2010. En particular, resaltamos la concordancia con los siguientes puntos establecidos en el Capítulo I, “Disposiciones Generales”, artículos 1º a 5º y Capítulo III “De los Funcionarios”, artículos 25 y 26 del Proyecto de Ley Orgánica:
a- el objetivo que cumplirá el futuro Instituto: la formación de profesionales de la educación de nivel universitario, inicialmente en cinco formaciones y titulaciones específicas, dejando abierta la posibilidad de incluir otras formaciones a futuro.
b- la representación de los órdenes a través de mecanismos electivos y el principio del cogobierno con la participación de docentes, estudiantes y egresados en el órgano de dirección (CDN) así como en otras estructuras consultivas.
c- la integralidad de las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión, relacionando el desarrollo de estas dos últimas con la mejora de la calidad de la educación como derecho humano fundamental.
d- desde el punto de vista programático, la formación en educación como compromiso social, para actuar en contextos socio-culturales diversos, promoviendo el desarrollo integral de los individuos a la vez que contribuyendo al desarrollo creativo de la cultura nacional y a los procesos productivos del país dentro de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la justicia social.
e- el carácter nacional de la organización y su descentralización basada en la estructura territorial regional, la utilización común de los espacios (campus) así como el carácter de la coordinación por formación específica.
f- el ingreso a la carrera docente y el ascenso a través del sistema de concursos y mediante llamados públicos en sus distintas modalidades así como un sistema de evaluaciones periódicas por órganos competentes y con garantías para el concursante, con designaciones a término (máximo 5 años), cargos renovables y contrataciones a tiempo completo, incluyendo el régimen de dedicación total.
g- la continuidad de la formación del grado (título de licenciado) a través del otorgamiento de títulos de posgrado en educación (diplomas de especialización, maestrías y doctorados).
h- la movilidad estudiantil mediante tránsitos flexibles, el reconocimiento de créditos académicos y las reválidas de otras carreras;
i- el sistema de Programas conjuntos y la coordinación con otras instituciones educativas dentro del sistema nacional de educación terciaria pública así como el relacionamiento con otras instituciones nacionales o extranjeras para promover los programas conjuntos en el área de la educación.
12) El CDC expresa que también se identifican varios puntos en el Proyecto de Ley Orgánica presentado al Parlamento en los que la Universidad no está de acuerdo porque se apartan de las ideas desarrolladas y acordadas en el Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE, los cuales merecen particular atención, a saber:
a- La Universidad considera que la solución dada en la Ley General de Educación (Art.85 A) y en este Proyecto de Ley (Art. 7 e) a los temas planteados en los ítems 6-8 de la presente resolución no satisfacen los actuales requerimientos de un sistema que se ha expandido enormemente. No está de acuerdo en integrar el órgano de dirección del IUDE porque esos requerimientos no se solucionan con la mera presencia de miembros designados por unos consejos en los organismos directivos de otros o viceversa sino a través de la coordinación basada en la simetría y cooperación institucional, de acuerdo a la Resolución del CDC del 23 de junio de 2012.
b- la Universidad de la República no comparte el Aº 33 del Proyecto de Ley Orgánica, que dispone la incorporación de un miembro del ISEF a la primera integración del Consejo Directivo Nacional del IUDE ni tampoco comparte el Aº 36 del Proyecto de Ley mencionado, que establece la transferencia al IUDE de recursos humanos, presupuestales y bienes materiales de la Universidad para la formación de Profesores de Educación Física, ni la pertinencia de las consideraciones del Aº 37 sobre ordenanzas y reglamentaciones. La Universidad de la República ratifica la Resolución del CDC de 15 de marzo del 2011 que establece la permanencia del Instituto Superior de Educación Física en la Universidad, y considera fundamental apostar en este sentido a la coordinación interinstitucional. La Universidad reafirma el principio de colaboración mutua a través de programas conjuntos de grado y posgrado, entre el ISEF y el IUDE, en los distintos aspectos referidos a la formación de Profesores de Educación Física en todo el país como, por ejemplo, la Comisión de trabajo ANEP-UDELAR para elaborar una propuesta de carrera de grado conjunta.
c- si bien muchos aspectos reglamentarios y de funcionamiento quedarán sujetos a resolución de los órganos directivos del futuro IUDE, se deja constancia que aspectos de definición global y conceptual presentes en el Informe Final de la Comisión de Implantación no son retomados en el Proyecto de Ley Orgánica, entre otros, los referidos a los Objetivos del IUDE; el Perfil de egreso de los profesores de la educación y la Estructura curricular. Asimismo, tampoco se desarrollan en el Proyecto de Ley aspectos muy debatidos en la Comisión de Implantación como, por ejemplo, los referidos a la Estructura docente y académica (carácter de los llamados, estructura funcional, tipos de grados docentes, formas de evaluación).
d- si bien, como se señaló, se desarrolla la función de investigación, la misma aparece vinculada al objetivo general de “mejorar la calidad de la educación como derecho humano fundamental”, sin mencionar el carácter científico de las investigaciones ni la investigación disciplinaria. La investigación y su vínculo con la enseñanza son fundamentales para superar debilidades de un modelo de formación docente más vinculado al conocimiento y dominio de los contenidos que luego se impartirán en las labores de enseñanza y no tan vinculado a los conocimientos producidos o adquiridos a través de la investigación en disciplinas específicas y concurrentes o a la investigación de carácter interdisciplinario o a las actividades de extensión. En ese sentido, reafirmamos que la Ley debiera dejar explícita la necesidad y conveniencia del desarrollo sinérgico de los aspectos disciplinares y pedagógicos, también en materia de investigación, aspectos en los cuáles la cooperación de la nueva institución y la Universidad de la República será fundamental.
e- si bien en lo que tiene que ver con la organización de los órganos de gobierno general del IUDE se aplican los criterios generales manejados en el Informe Final y se precisan con más detalle, la institucionalidad que se establece de carácter regional está excesivamente basada en órganos unipersonales de gobierno y no menciona aspectos importantes para una institución de enseñanza superior.
f- la estructura de gobierno parece excesivamente centralizada (por ejemplo, la Asamblea General solo puede ser citada por el Consejo Directivo anualmente (Aº 12) y la Asamblea Regional solo puede ser citada por los Coordinador Regional (Aº 17); en ambos casos solo es obligatoria una reunión anual; esta limitación de la participación de los colectivos no coincide con la definición de una estructura educativa plural y democrática;
g- el tema de la movilidad estudiantil aparece explícitamente mencionado en Proyecto de Ley, no obstante pensamos que la flexibilización curricular va más allá de estos aspectos y aparece escasamente señalada en el texto presentado. Tampoco aparecen menciones sobre la movilidad docente dentro de un sistema nacional e integrado de instituciones públicas de educación.
13) Finalmente, respecto a las disposiciones transitorias, el Proyecto de Ley en su Capítulo VI, artículo 33º, establece, entre otras consideraciones, que la misma se hará a partir de la instalación de un Consejo Directivo Nacional “integrado por los miembros del Consejo de Formación en Educación”11, a los efectos de asegurar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos fijados dentro de un proceso corto de transición (6 meses). En este punto, la Universidad deja expresa constancia de la necesidad de asegurar en el proceso de transición, la vigencia y continuidad de la cooperación ya establecida; ratifica la necesidad de lograr acuerdos, incluso normativos, que aseguren el funcionamiento permanente de la Comisión Mixta ANEP-UDELAR y garanticen el cumplimiento de los Convenios firmados entre la UDELAR y ANEP-CFE así como de los Programas Conjuntos acordados con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley, trabajo conjunto, convenios y programas que se continuarán, renovarán y ampliarán en el marco del nuevo IUDE.
Para concluir, es pertinente recordar la Resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, ante consulta parlamentaria sobre el Proyecto de Ley del Instituto Universitario de Educación12: “Debiera ser evidente, entonces, que no corresponde pensar una construcción institucional [IUDE] que, desconociendo tales antecedentes, pretenda comenzar de cero. Asimismo este proceso debe entenderse con firme vocación transformadora de futuro; no debería pensarse consecuentemente el porvenir como mera proyección de la realidad presente”.
1 Resolución de la Jornada Extraordinaria del CDC. 31.03.2007.
3 Resolución del CDC sobre “Bases para acuerdo con la Universidad de la República sobre Educación Terciaria”, presentadas por ANEP. 30.09.2008.
4 Resolución de la AGC sobre el Proyecto de Ley General de Educación. 16.07.2008.
5 Resolución del CDC. 06.03.2012.
6 Resolución del CDC. 31.03.2007.
8 Resolución de la AGC sobre el Proyecto de Ley General de Educación. 16.07.2008.
9 Resolución del CDC sobre “Bases para acuerdo con la UR sobre educación terciaria”, presentado por ANEP. 30.09.2008.
11 También se agrega la incorporación de un miembro designado por el ISEF a la CDN, disposición que la Universidad no está de acuerdo, según lo señalado en el punto 12 b) de la presente Resolución.
12 Resolución del CDC. 18.08.2009.

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 artículo 33
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