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Timestamp: 2019-04-19 03:10:56+00:00

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Ley del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. [Cód. 2019-02896] - BOPA. Boletín Oficial del Principado de Asturias - Legislación - VLEX 773774845
Ley del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. [Cód. 2019-02896]
Artículo único. —Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
Disposición final. Habilitación normativa
La Unión Europea y los Estados miembros deben tener como objetivo de sus acciones y políticas en el ámbito social la mejora de las condiciones de vida de su ciudadanía, su adecuada protección social y la lucha contra las exclusiones, bajo el estímulo programático de los derechos sociales fundamentales recogidos en la Carta Social Europea y en la Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales.
El Estado español, como manifestación del Estado social, a través de la previsión establecida en el artículo 9.2 de la Constitución española, encomienda a los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la vida social. La confianza depositada en que las nuevas acciones de gobierno y políticas sociales sirvan como instrumentos eficaces de gestión para ofrecer avances importantes en la protección de los derechos sociales refuerza la convicción de que a través del diseño y la ejecución de estas nuevas fórmulas de participación social se pueden alcanzar los objetivos sociales fijados como metas en el desarrollo de nuestra sociedad.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en el artículo 10.1.24 y 10.1.25, atribuye al Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario y actuaciones de reinserción social, y en materia de protección y tutela de menores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal penal, procesal y civil, y, a su vez, el artículo 11.10 del Estatuto de Autonomía le atribuye la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local.
La regulación contenida en esta ley se ampara en dichas competencias y, además, en la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia de la Comunidad Autónoma, según el artículo 10.1.33 del Estatuto de Autonomía, en el marco del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, tiene por objeto la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales, así como la regulación de la iniciativa privada en esta materia, para la consecución de una mejor calidad de vida y bienestar social. En su artículo 5.a), se hace referencia a la responsabilidad pública de garantizar el derecho al acceso a estos servicios y de proveer los recursos técnicos que permitan la promoción y eficaz funcionamiento de los servicios sociales.
Hoy en día es una realidad que nuestra sociedad ha ido evolucionando hacia sistemas de información más avanzados, en los que las Administraciones públicas con competencia en materia de servicios sociales actúan como responsables y encargadas del tratamiento de los datos personales que esos sistemas contienen para el desarrollo de la atención y la intervención social. Las Administraciones públicas y el conjunto de entidades de iniciativa social poseen numerosa información que debe ser tratada mediante sistemas de información seguros que garanticen a la ciudadanía la confidencialidad de sus datos personales.
La reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, supone la plena incorporación en nuestro ordenamiento jurídico del marco regulatorio impuesto por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Se completa, así, un cambio de paradigma respecto de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en particular respecto de la actividad de las Administraciones públicas, sujetas en plenitud a la normativa en materia de protección de datos.
La Ley Orgánica 3/2018 establece en su disposición final duodécima la modificación del artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 21 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pasando a reconocer el derecho de las personas interesadas a no tener que aportar documentación que ya se encuentre en poder de la Administración actuante o haya sido elaborada por cualquier otra Administración. Las Administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la Ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Tanto el Reglamento de la Unión Europea como la Ley estatal han establecido diversas habilitaciones para un tratamiento lícito de los datos de carácter personal, algunas de las cuales son intrínsecas a las Administraciones en el ejercicio de sus funciones de naturaleza pública. En este sentido, no siendo el consentimiento base jurídica suficiente para el tratamiento de los datos personales necesarios para documentar el proceso de atención e intervención social de las personas usuarias del sistema público de los servicios sociales, a través de la historia social única electrónica, debe buscarse aquella en su vinculación para con “el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento” (artículo 6.1.e del Reglamento). En este sentido, la cobertura normativa que esta ley proporciona, así como la indudable misión de interés público de la historia social única electrónica para con la protección social, suponen configurar un espacio de acción lícito en el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios.
No debe olvidarse tampoco que el citado Reglamento prevé como excepción a la prohibición de tratamientos de ciertas categorías especiales de datos personales recogidos en el apartado primero del artículo 9 que el tratamiento de datos sea necesario para la prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros. También recogen el Reglamento de la Unión Europea y la Ley estatal la licitud del tratamiento de los datos de naturaleza penal cuando sea necesario para la protección de los intereses vitales de la persona interesada o de una persona física (artículo 6.1.d del Reglamento).
La incorporación de estas bases jurídicas a nuestro ordenamiento jurídico autonómico para permitir el tratamiento de cualesquiera datos personales necesarios en el proceso de atención e intervención social de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales motiva la creación del sistema de información de servicios sociales que tiene como herramienta fundamental la historia social única electrónica, a la vez que determina la necesidad de modificar la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, para incorporar un nuevo título X. La modificación de la Ley se configura como un instrumento necesario, idóneo y adecuado para el logro de la mejor cobertura de los objetivos sociales fijados en la planificación autonómica, sin que haya otras medidas alternativas a su aprobación que permitan alcanzar una similar satisfacción de las necesidades de las personas, permitiendo todo ello afirmar su proporcionalidad, utilidad y eficacia en la consecución de una mejor protección social a las personas a través de la prestación de servicios en el marco de la equidad y cohesión social.
La implantación de la historia social única electrónica se presenta como un elemento estratégico para el desarrollo tecnológico del sistema público de servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma, y debe configurarse como un vector de modernización y de innovación de cara a las necesidades presentes y futuras. Recoge una nueva forma de trabajar, respetuosa con la protección jurídica estatal y europea de los datos personales, y basada en nuevos sistemas tecnológicos de información.
Artículo único —Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
c) Desarrollo del sistema de información de servicios sociales que se configura en el título X, que tiene como aplicación fundamental para la atención e intervención social la Historia Social Única Electrónica.
b) El tratamiento de datos, información y documentos de las personas usuarias de los servicios sociales, al objeto de su incorporación al sistema de información de servicios sociales y a la Historia Social Única Electrónica en los términos establecidos en el título X.
Título X.—Configuración del sistema de información de los Servicios Sociales
Disposición adicional tercera.—Herramienta tecnológica
ORDEN EYE/658/2005, de 10 de mayo, por la que se inicia el procedimiento de aprobación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de suelo industrial en el entorno Valladolid.
RESOLUCION 479/2001, de 17 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para constituir, mediante pruebas específicas, un listado de aspirantes Auxiliares Administrativos para su posterior contratación temporal, de acuerdo con las necesidades que se produzcan en los...

References: artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 149
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 9