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Timestamp: 2018-11-16 06:21:24+00:00

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Uncategorized | Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
mayo 8, 2018 · 10:39
Jan Jařab Representante en México de la Oficina
Por medio de la presente le estamos entregando para su conocimiento las aportaciones de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., al Informe Sombra para la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer), sobre las Recomendaciones realizadas a México y que deberá dar respuesta el Estado Mexicano en 2018.
Recomendaciones a México 2012[1]– Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.
a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas
Al respecto, la CIDHM señalamos lo siguiente:
Aprobación de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Se dan facultades al Ejército en tareas de seguridad pública y de investigación que viola la Constitución y fortalece la militarización de las calles y el uso de la violencia institucional para enfrentar a la población civil.
De los 1007 casos de feminicidios reportados por la CIDHM (del año 2000 al 31 de Enero del 2018), el TSJ del Estado de Morelos reporta 139 sentencias condenatorias ejecutoriadas (sin especificar los años de las sentencias), en donde se ordenó la reparación del daño a favor de las víctimas a 112 mujeres y a 27 hombres. Ésta cifra de sentencias sólo equivaldría al 13.8% de la totalidad de casos señalados por la CIDHM.
La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos informó que con fecha 19 de julio de 2017, fue pagada la reparación del daño a través del Fideicomiso público denominado “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”, a una víctima. Y en términos de los dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Victimas en el Estado de Morelos, se proporcionó el pago de gastos funerarios a las victimas indirectas por el fallecimiento de: 5 víctimas directas de feminicidio y 4 mujeres víctimas directas de Homicidio Calificado que reúne las características de un Feminicidio. Ésta cifra equivaldría al 0.99% de los feminicidios reportados por la CIDHM.
El TSJ del Estado de Morelos reporta diversos cursos, talleres conferencias, foros y capacitaciones, sin embargo en ninguno de ellos reporta el método de evaluación y seguimiento. Así como tampoco refiere lo siguiente: i) el diseño de los programas; ii) la contratación del personal especializado; iii) la implementación de los programas; iv) la evaluación de resultados y v) la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios).
Cabe destacar que por Acuerdo del Pleno del TSJ del Estado de Morelos, se aprobó la propuesta y se ordenó al Consejo de la Judicatura que instruyera a las y los juzgadores del Tribunal para generar el registro de víctimas mediante una liga que contiene campos para la captura de datos, sin embargo, no hay información alguna que permita saber si existe avance alguno en ésta labor.
La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos.
Reconocemos que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN es un gran avance, pues es una herramienta auxiliar para las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, sin embargo, éste no es vinculante, al escudarse en la autonomía e independencia judicial, limitando exponencialmente su utilización.
La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes. Consideramos que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas no cumple su función, pues el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos para la cual fue creada.
Las pugnas políticas internas al interior hacen que el personal éste más preocupado en quién será designado /a como Presidenta /e del TSJ del Estado de Morelos, que en atender sus tareas en relación a los derechos humanos de las mujeres.
Que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN sea de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional Mexicano.
Reducir los requisitos para acceder a los apoyos, agilizar los procedimientos para evaluar los casos, y dar máxima publicidad para que las personas conozcan los requisitos y procedimientos. Y de manera más profunda se requiere una revisión de la Ley General de Atención y Reparación de Víctimas, con el objetivo de que los recursos destinados a ella no se vayan en pagos excesivos en rentas de inmuebles y en salarios ostentosos, y que de verdad cumpla con el apoyo a las personas victimadas.
Crear un método unificado y de carácter obligatorio de seguimiento y de evaluación de resultados para cada capacitación (curso, taller y/o seminario) que este directamente vinculado a las sentencias emitidas.
Establecer como obligación que todas las capacitaciones (charlas, foros, cursos, talleres y seminarios) cuenten de manera obligatoria con lo siguiente: i) el diseño de los programas con perspectiva de género y derechos humanos; ii) la contratación del personal especializado avalado por la presentación del currículum vitae; iii) proporcionar lugar y fechas de la implementación de los programas; iv) la generación de datos por año que refiera cada curso que han tomado el personal (magistradas /os, juezas, jueces, secretarias /os de acuerdos, proyectistas, y operadoras /res jurídicos) en relación al total de personal que labora en el TSJ; v) la información sobre los recursos destinados a tales actividades; y vi) toda ésta información debe estar disponible en sus páginas de internet oficiales.
b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio; (página 4)
c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención; (página 5)
d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación (página 5)
e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer. (Página 5)
De acuerdo con la información anterior las observaciones de la CIDHM son las siguientes:
b) c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los derechos de las mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que se requiere mantener diversas acciones y proyectos para lograr la armonización legislativa total, porque por ejemplo se mantiene la contradicción entre los artículo 129 y 130 del Código Penal y el artículo 19 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.
d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres. Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.
e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona que actualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.
La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La corrupción aunada a la violencia institucional por omisión, dilación o ignorancia es el principal obstáculo.
Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.
Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.
Recomendaciones a México 2012[3]– Banco Nacional de datos y AVGM.
b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.
d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género. (pág. 5)
De acuerdo con la información anterior la CIDHM realizo las siguientes aportaciones:
El 27 de mayo de 2014, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, en representación de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, A.C. presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de la declaratoria de AVGM respecto del estado de Morelos. El 17 de junio de 2014 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Morelos, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/423/2014, la admisión de la solicitud de AVGM presentada por la solicitante. En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/425/2014 comunicó al Sistema Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM respecto del estado de Morelos. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió el 10 de Agosto del 2015 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los siguientes ocho municipios del Estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. La Secretaria de Gobernación resolvió que con fundamento en el artículo 23, fracción II, y 26, de la Ley General de Acceso, así como 38 BIS, fracción I de su Reglamento, el Gobierno del Estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de Seguridad, Prevención y Justicia y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia. Las medidas que se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe, y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que vayan presentándose.
En el mes de enero de 2017, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tuvo la administración del Software del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BANAVIM-M, administrando la aplicación, generando altas de cuentas, bajas y desbloqueos. Derivado de lo anterior, fueron aperturadas las cuentas de las siguientes dependencias: 1.-Fiscalía General; 2.- Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 3.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 4.- Poder Ejecutivo; 5.- Servicios de Salud Morelos; 6.- TSJ- Juzgado menor Jojutla y 7.- TSJ- Juzgado VIII Familiar. Sin embargo se dijo sólo las dependencias señaladas podrán acceder a la información del Banco Estatal. Al respecto es necesario insistir en que si no hay un manejo adecuado del Banco Estatal, impidiendo el acceso público, no se podrá realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos. Hasta el momento no hemos podido acceder a la información del Banco Estatal por lo que no sabemos si ya está en funcionamiento o no.
La CIDHM hace un recuento de feminicidios en el Estado de Morelos de 1007 casos del año 2000 al 31 de Enero del 2018. En la solicitud de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos se documentaron 530 casos en 13 años (del año 2000 al 30 de junio del 2013). El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del año 2000 al 2016. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Hoy más que nunca consideramos que la AVG es una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta Violencia Feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social. Es fundamental por ello comprender que la violencia contra las mujeres es al mismo tiempo violencia estructural que divide a los grupos humanos en sexos favorecidos y desfavorecidos, basada en una estructura política-social que diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos poder, recursos, decisiones, entre otros. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres que trae consigo cientos de feminicidios. Una verdadera crisis humanitaria en la que el Estado es el principal responsable, configurándose así un Genocidio, Crimen De Lesa Humanidad.
En cuanto a las órdenes de protección, el Estado de Morelos informó que se han brindado a 1736 mujeres y 121 niñas, se mantienen activas 533 a mujeres y 33 a niñas, lo que indica un aumento significativo en éste terreno, donde prácticamente era inexistente la aplicación de éste tipo de medidas de protección antes de la instrumentación de la AVG en Morelos, aún en casos tan graves como violencia feminicida, violencia familiar, lesiones, amenazas de muerte, violación, abuso sexual, desaparición forzada, extorsión y secuestro.
La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.
La AVG no establece el momento en que se levanta. El reglamento fija los requisitos para solicitarlo y para su aprobación, no así para su conclusión. Sin embargo, lejos de una visión política que busca legitimar al gobierno, el objetivo fundamental es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por ello mismo, sólo debería concluir las medidas extraordinarias de la AVG en la medida en que se atiende, investiga, previene, sanciona y erradica el feminicidio en Morelos.
Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.
Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.
Dictar las órdenes de protección correspondientes en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo dispuesto por las leyes general y local de acceso, y el Reglamento para la Aplicación en Materia de Violencia contra las Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de Morelos. Realizar un análisis de riesgo, en todos los casos, a fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de forma periódica. Crear un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes. El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la creación de un registro administrativo de órdenes de protección; ii) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y iii) la generación y publicación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección implementadas. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberá revisar y corregir el actual Protocolo de Órdenes de Protección de la Fiscalía General del Estado de Morelos (fecha de creación: 18 de noviembre del 2015).
Recomendaciones a México 2012[4]– Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.
b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial;
c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer;
d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia;
e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia;
f) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer formulada por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;
g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra la mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones impuestas a los autores en su próximo informe periódico, incluidos las relacionadas con el caso Atenco. (pág. 7)
La LI Legislatura aprobó el 23 de junio de 2011 la iniciativa, que dio lugar a la emisión del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, mismo por la que se incorporó al catálogo de delitos el de Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 213 quintus, cuya publicación se efectuó el 1 de septiembre de 2011. En cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del señalado Decreto 4916 emitido por la Legislatura, así como al contenido del numeral 57 fracción XVII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, se procedió a la expedición del Protocolo Especializado para la investigación del delito de Feminicidio para el Estado de Morelos, de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de género.
A partir del 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE29, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Asimismo, se reporta que se han localizado 1535 mujeres y 1092 hombres. Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008.
Si bien se tipificó el feminicidio en el Código, no se armonizó con otras disposiciones, lo que es utilizado por los feminicidas para mantener la impunidad. El protocolo de investigación sobre el feminicidio no está actualizado con el sistema de justicia adversarial, por lo que tiene deficiencias en los juicios orales.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal debió emitir la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Pasaron 3 años y nunca se ha cumplido esta disposición.
Al no existir el Mecanismo y su consejo consultivo, no hay seguimiento de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, ya que su función sería dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía.
Como la ley local de desaparición prevé, se recomienda implementar la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, deberá crear una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Cuernavaca, Morelos, a 3 de mayo de 2018

References: artículo 75
 artículo 2
 resolución 
 artículo 129
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 213