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Timestamp: 2019-02-21 22:05:48+00:00

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Madrid (España), 5 de diciembre de 2006
Año 3, Núm. 122
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[BOE] LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
[BOE 29 - 11 - 2006] [Texto completo]
[BOE] Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Se hace necesario, de una parte, regular lo relativo a las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas en el ámbito de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y, de otra, dar cumplimiento a la previsión sobre financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, regulando, al propio tiempo, el resto de las actividades a desarrollar con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 66.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
[BOE] LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
La presente Ley se estructura en dos capítulos y en las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias y finales. [BOE 30 - 11 - 2006] [Texto completo]
[BOE] Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática.
[BOE 30 - 11 - 2006] [Texto completo]
[BOE] LEY [ANDALUCIA] 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los andaluces en el mundo.
Artículo 2. Definiciones. A efectos de lo establecido en la presente Ley:
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 118/2006, de 22 de septiembre de 2006, por la que se modifica el anexo VI (Seguridad Social) del Acuerdo EEE
[DOCE 30 - 11 - 2006] [Texto completo]
[BOCG] Proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo.
La Ley consta de 29 artículos, encuadrados en cinco títulos, más cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.
El Título II regula el régimen profesional del trabajador autónomo en tres capítulos. El Capítulo I establece las fuentes de dicho régimen profesional dejando clara la naturaleza civil o mercantil de las relaciones jurídicas establecidas entre el autónomo y la persona o entidad con la que contrate. El apartado 2 del artículo 3 introduce los acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, novedad importante creada por la Ley.
El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Su regulación obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. La Ley contempla el supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene, al menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2004, ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una única empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es que este colectivo se ha incrementado en un 33 por ciento desde el año 2001. A la vista de la realidad anteriormente descrita, la introducción de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena. La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las tres categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el trabajador autónomo económicamente dependiente sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del cliente que contrata al autónomo. El resto del Capítulo III establece una regulación garantista para el trabajador autónomo económicamente dependiente, en virtud de esa situación de dependencia económica, sin perjuicio de que opere como norma general en las relaciones entre éste y su cliente el principio de autonomía de la voluntad. En este sentido, el reconocimiento de los acuerdos de interés profesional, en el artículo 13, al que se aludía en el Capítulo dedicado a las fuentes, no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito, sino simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal limitada, pues sólo vincula a los firmantes del acuerdo.
El recurso a la Jurisdicción Social previsto en el artículo 17 se justifica porque la configuración jurídica del trabajador autónomo económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha Jurisdicción. La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. La dependencia económica que la Ley reconoce al trabajador autónomo económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un trabajador autónomo, y esa dependencia económica en ningún caso debe implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la figura de aquél, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión con el hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente o no, según cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la Jurisdicción Social.
El Título III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores autónomos, definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a los criterios objetivos, establecidos en el artículo 21 y creando el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional referida al sector en el artículo 22.
La disposición adicional quinta especifica que lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y en el párrafo c), apartado 2 del artículo 27, así como en las disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposición final segunda de la presente Ley no serán de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisión y ordenación de los seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actúe como alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Finalmente, la disposición adicional sexta establece la necesidad de adecuación de la norma a las competencias autonómicas relativas a representatividad y registro especial de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito territorial autonómico.
La disposición final tercera habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias de ejecución y desarrollo necesarias para la aplicación de la Ley.La disposición final cuarta establece una «vacatio legis» de tres meses, plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor de la Ley. [BOCG 1 - 12 - 2006] [Texto completo]
[BOE] Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
[BOE 5 - 12 - 2006] [Texto completo]
[TS][Social] Desempleo. Reanudación de la prestación después de realizar trabajos por cuenta propia.
La sentencia que se recurre es la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 11 de julio de 2005 en el recurso nº 1290/05. En ella se resolvió que la demandante en las presentes actuaciones tenía derecho a reanudar una prestación por desempleo que le había sido reconocida por el período de 360 días y que percibió desde el 3 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2001, dejando de percibirla a partir del 1 de octubre de 2001 en que causó alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social en el que permaneció hasta el 30 de junio de 2004; con fecha 30 de septiembre de 2004 solicitó del INEM el derecho a la reanudación de aquellas prestaciones suspendidas, siéndoles denegadas en aplicación de la previsión contenida en la nueva redacción del art. 213.1 d) de la LGSS según la cual la realización de un trabajo por cuenta propia extingue el derecho a las prestaciones. La Sala de Valladolid, entendiendo que el derecho aplicable a las prestaciones de Seguridad Social es la correspondiente al hecho causante de la prestación estimó que la reforma de 2002 no era aplicable a la demandante y le reconoció el derecho a la reanudación por ella reclamada.
El INEM recurre y el Tribunal Supremo lo desestima. [Texto completo]
[DGRN] Expediente sobre autorización para contraer matrimonio por extranjeros. Impedimento de ligamen.
La Dirección General confirma el auto que deniega la autorización. [Texto completo]
[TS][Militar] Delito de deserción. Extranjero. Propuesta de indulto parcial al Gobierno. Voto Particular
Un extranjero soldado profesional se ausenta de su unidad. El Tribunal de instancia condena por un delito de deserción en su pena mínima y añade en el fallo la solicitud al Gobierno de un indulto parcial que reduzca sustancialmente la pena porque "el condenado por su condición de extranjero, no adaptado plenamente a la cultura e idiosincrasia española, pudo tener dificultades de comprensión acerca de la gravedad del hecho delictivo y sus consecuencias, y, añadimos ahora, hacerle pensar en que el compromiso firmado con las Fuerzas Armadas era similar a una relación laboral ordinaria que podía abandonar si encontraba otro trabajo más acorde con sus deseos, lo que por lo demás, es una apreciación que este Tribunal ha podido constatar en los últimos años, máxime desde la supresión del servicio militar obligatorio". El Tribunal Supremo desestima su recurso y confirma la sentencia de instancia, también en lo referente al indulto.
El voto particular se inclina por la absolución. [Texto completo]
La ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incorporó ayer una enmienda de CiU y ERC, apoyada por el PSOE, IU-ICV y PNV, que establece lo siguiente: "Los magistrados propuestos por el Senado [cuatro de los 12 que conforman el tribunal] serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara". Esta reforma sólo será efectiva cuando se reforme ese reglamento del Senado. (elpais.es) [30 - 11 - 2006] [Texto completo]
La UE creará una guardia costera para combatir la inmigración ilegal en aguas españolas
El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, el italiano Franco Frattini, aseguró ayer que la Agencia de Control de Fronteras (Frontex) volverá a coordinar misiones de vigilancia en las costas de las Islas Canarias durante la primavera de 2007. Frattini hizo ese anuncio en la presentación de una nueva batería de medidas contra la inmigración ilegal en la Unión Europea ante el nivel «sin precedentes» de la inmigración ilegal. (larazon.es) [1 - 12 - 2006] [Texto completo]
Consejo de Ministros. Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY reguladora de la base de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En la actualidad el Ministerio del Interior dispone de cuatro bases de datos sobre esta materia en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. El Proyecto integrará las cuatro en una nueva base única, a cuyo fin la Secretaría de Estado de Seguridad dispone del software CODIS, facilitado gratuitamente por el FBI estadounidense. [4 - 12 - 2006] [Texto completo]
El Consejo de Ministros ha aprobado la firma “ad referéndum” del Acuerdo de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea, así como su aplicación provisional. [4 - 12 - 2006] [Texto completo]
* Los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones administrativas por medios electrónicos.
* La Ley cuenta con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y representantes del sector privado y usuarios. [4 - 12 - 2006] [Texto completo]
Los descendientes de emigrantes tendrán más fácil adquirir la nacionalidad
El millón y medio de españoles que viven en el Extranjero están amparados desde ayer por un nuevo marco legal que les asiste y que renueva el que estaba vigente, del año 1971. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior con dos ventajas básicas: consolida sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con los españoles que residen en España mediante una ley y les garantiza pensiones asistenciales cuando tengan un bache económico. Es lo que pasará a llamarse «prestación por razón de necesidad». (larazon.es) [5 - 12 - 2006] [Texto completo]
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References: artículo 73
 artículo 66
 Real Decreto 

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 27
 Real Decreto