Source: https://www.scribd.com/doc/57396154/Corrupcion-Impunidad-y-Silencio-Sobre-la-guerra-de-Mexico-contra-los-periodistas
Timestamp: 2016-02-09 12:52:15+00:00

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Corrupción, Impunidad y Silencio. Sobre la guerra de México contra los periodistas
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humanosviii) Educación pública legalix) Ayuda extranjeravII. CONClusIONEsIMPUNIDAD,
Esta publicación es un resultado de un proyecto de investigación conjunto del Programa Internacional de Derechos Humanos (IHRP) de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto y PEN Canadá, el Centro Canadiense de PEN International. Autores: Cara Gibbons and Beth Spratt Editores: Brendan de Caires, Renu Mandhane, Nader Hasan, Clayton Ruby Diseño: Diana Tyszko Traducción: Ioana Luca Imagen de Portada: Marcha de protesta por la creciente violencia contra periodistas. Ciudad de México, Agosto 2010. Crédito de Fotografía: Keith Dannemiller for John S. and James L. Knight Foundation (Creative Commons Attribution License, 2010) Copias disponibles en: PEN Canada 24 Ryerson Avenue, Suite 301 Toronto, Ontario, Canada M5T 2P3 Tel: +1 416-703-8448, Fax: +1 416-703-3870 http://www.pencanada.ca International Human Rights Program (IHRP) University of Toronto, Faculty of Law 39 Queen’s Park, Room 106 Toronto, Ontario, Canada M5S 2C3 Tel: +1 416-946-8730, Fax: +1 416-978-8894 http://www.utorontoihrp.com/ Copyright © 2011 PEN Canada | IHRP All rights reserved. Printed in Canada.
Resumen Ejecutivo Recomendaciones I. II. III. Introducción Contexto Histórico Violencia Contra Periodistas A. Datos y Porcentajes B. Trasfondo de la Motivación de los Ataques hacia Periodistas C. (Auto-)Censura D. Violencia contra Locutores de Radio E. Represión Estatal de la Radio Comunitaria F. Causas de la Impunidad i) Falta de investigar y enjuiciar ii) Razones del Fracaso a) Corrupción y Colusión Estatal b) Falta de Experiencia, Profesionalismo y Autonomía c) Falta de incentivos para la Reforma iii) Falta de Solidaridad Entre Periodistas Estrategia de Minimización en México A. Introducción B. Oficina del Fiscal Especial C. Mecanismo de Protección de Periodistas D. Comité Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas E. Enmiendas al Código Penal Federal F. Definiciones Estrechas de Periodistas Violencia e Impunidad: Violando los Derechos Humanos de los Periodistas A. Introducción B. Derecho a la Libertad de Expresión C. Derecho a la Vida D. Prohibición Contra la Tortura E. Derecho a la Protección Judicial 6 8 10 12 14 15 15 16 18 19 20 19 20 20 21 21 23 24 24 24 25 29 29 29 30 30 30 32 33 36
| PEN Canada | IHRP
El Marco Legal Mexicano Viola la Libertad de Expresión A. Introducción B. Limitaciones Específicas en Libertad de Expresión i) Leyes sobre la Difamación escrita y oral ii) Regulación de Medios y Oligopolio iii) Emisoras de Radio Comunitarias a. Introducción b. El Rol de la Radio Comunitaria en la Sociedad Democrática c. Exclusión del Marco Regulatorio en México y la Criminalización d. Estándares de Empleo C. Difamación, Regulación de los Medios, Locutores de la Radio Comunitaria y Estándares de Empleo de los Periodistas. i) Introducción ii) Libertad de Expresión – Convención Americana y PIDCP iii) Calumnia y Difamación iv) Impedimentos de la Diversificación Mediática v) Locutores de la Radio Comunitaria D. Derecho a la Protección Judicial E. Derecho al Empleo i) Estándares de Empleo de los Periodistas
37 37 37 37 39 40 40 40 42 43 44 44 44 45 46 47 48 48 48 49 49 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 55
VII. Recomendaciones A. Acción Política B. Reformas Legislativas i) Introducción ii) Federalización de los Crímenes Contra Periodistas, Ejecución de la Ley Criminal Existente iii) Definiendo a los Periodistas iv) Ley de Radio y Televisión v) Protección del Trabajador vi) Aboliendo la Difamación Criminal vii) Aboliendo la Jurisdicción Militar de los Abusos a los Derechos Humanos viii) Educación Publica Legal ix) Ayuda Extranjera VIII. Conclusiones
Hasta sesenta y seis periodistas mexicanos han sido asesinados desde que el Presidente Calderón lanzó su “guerra contra las drogas”, después de tomar su cargo a finales de 20061. Durante este periodo, las campanas de alta militarización, particularmente en los estados de la frontera con los EEUU, causaron altísimos niveles de violencia y una situación de constantes amenazas y violencia en contra de periodistas. Una parte ínfima de estos crímenes es debidamente investigada, y mucho menos enjuiciada, a pesar de las promesas de presidencias sucesivas de acabar con la impunidad vergonzosa del país. En vez de cumplir con estas promesas, el gobierno ha engañado a los observadores internacionales, tanto que a sus propios ciudadanos, con reformas falsas que logran muy poco en cuanto a parar la crisis de derechos humanos que solo esta empeorando. En estas circunstancias extraordinarias, los periodistas mexicanos han enfrentado también las leyes que limitan su libertad de expresión y muchas veces callan intentos para divulgar la corrupción local y estatal. Por ende, suele ser imposible obtener informaciones exactas sobre la guerra contra las drogas. Sin embargo, frente a esta crisis, el gobierno mexicano ha vacilado sobre reformas que podrían proteger a los periodistas, mientras ha enjuiciado periodistas por contravenciones a las leyes laberínticas sobre los medios de comunicación en México. Este informe examina las razones por las cuales la joven democracia mexicana no ha podido enfrentar las fuentes de su corrupción interna y la larga cultura de evasión e inacción. Vamos también a analizar las fallas del estado a proteger los periodistas de la extrema violencia que ellos enfrentan, por parte de organizaciones de narcotráfico y agentes estatales corruptos, quienes cometen los mas visibles ataques a la libertad de expresión, gozando de una impunidad casi absoluta. Este informe concluye que México esta violando una cantidad de obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la libertad de expresión.
•	A	parte	de	los	diez	periodistas	asesinados	en	2010,	trabajadores	de	los	medios	de comunicación han sido regularmente victimas de secuestros, amenazas, robos y hostigamiento judicial. El año pasado México empató con Pakistán como país con el mas alto nivel de fatalidades para periodistas. La	mayoría	de	crímenes	en	contra	de	periodistas	no	son	debidamente	investigados y las autoridades mexicanas han fallado a interponer acciones judiciales en 90% de los casos A	pesar	del	amplio	poder	inspirado	por	su	titulo,	la	Oficina	del	Fiscal	Especial	para la Atención a los Delitos Cometidos en contra de la Libertad de expresión (“Oficina del Fiscal Especial”) no tiene la capacidad formal para investigar delitos o llevar cargos, ni tiene el poder para enjuiciar casos que involucran narcotraficantes y crimen organizado. En consecuencia, durante sus primeros cuatro años, el Fiscal ha enjuiciado un promedio de un caso por año Un	grupo	de	libertad	de	expresión	ha	declarado	que	los	agentes	estatales	son	responsables por dos de cada tres asaltos registrados en 2009. Sin embargo, a pesar de información similar detenida por otros ONGs, el gobierno
1	D.	Rieff,	“The	Struggle	for	Mexico”	(March	17,	2011)	The	New	Republic.	mexicano sostiene su posición que los delitos en contra de periodistas son perpetrados esencialmente sin excepción por el crimen organizado. •	La	presente	situación	de	violencia	y	asesinatos	ha	forzado	a	muchos	periodistas a no investigar controversias. En Tamaulipas y Ciudad Juárez el nivel de censura se ha intensificado de tal manera que no existe información que entre o salga sin la autorización previa de las autoridades estatales o organizaciones narcotraficantes (“ONTs”) Las	emisoras	de	radio	comunitaria	–	un	grupo	que	no	recibe	amenazas	por parte de narcotraficantes – son mas vulnerables a la violencia y a la intimidación que los periodistas profesionales. Estos ataques son perpetrados por agentes estatales. La continua falla del estado a reglamentar la distribución de licencias, deja estas emisoras en una posición extremadamente precaria frente a la ley y constituye una seria violación de la obligación estatal para proteger la libertad de expresión. Al	menos	950	recomendaciones	en	el	marco	de	los	derechos	humanos	han sido enviadas al gobierno de México desde el año 2000, y el estado ha firmado o ratificado mas de 20 tratados de derechos humanos. Sin embargo, a pesar del vocal apoyo a los derechos humanos en ámbitos internacionales como las Naciones Unidas, el estado ha tolerado graves violaciones de derechos humanos dentro de sus propia fronteras perpetradas con casi absoluta impunidad. Leyes	penales	de	difamación	continúan	vigentes	en	15	estados	de	México	y	leyes	civiles	de	difamación	continúan	a	ser	utilizadas	para	hostigar	a	los	periodistas que intentan descubrir casos de corrupción. A	pesar	de	varios	intentos	para	diversificar	la	propiedad	de	los	medios	mexicanos, 96% de estaciones comerciales de televisión son detenidas por dos familias, y 86% de las emisoras de radio hacen parte de 13 grupos comerciales. Solamente 13 de las 1,200 licencias para emisoras de radio otorgadas en México han sido distribuidas a las emisoras de radio comunitaria. La	falta	de	estándares	de	empleo	también	contribuye	a	la	vulnerabilidad	de los periodistas. Empresas mediáticas muchas veces requieren que los periodistas firmen contratos abandonando su derecho a llevar a la justicia casos de daños subidos en el marco de su actividad periodística.
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i.	Condenar	públicamente	toda	forma	de	violencia	contra	los	periodistas	como una violación del derecho a la vida, del derecho a la libertad de expresión y del derecho del publico a ser informado; Admitir el papel de agentes del estado en los casos de violencia en contra de los periodistas y tomar medidas concretas para impedir esto;
iii. Acelerar la entrada en vigor de la enmienda constitucional federalizando delitos contra la libertad de expresión, y la implementación de toda reforma de procedimiento necesaria para habilitar al gobierno federal a investigar todos delitos cometidos contra la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo; iv. Acelerar la entrada en vigor de la enmienda al Código Penal Federal que incluye la Sección XXVII “Sobre delitos contra la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo”; v. Enmendar los códigos de procedimiento penal para que identifiquen las líneas de investigación a ser agotadas al investigar un delito criminal.
vi. Asegurar que todos los estados mexicanos completen las reformas penales aprobadas en 2008; vii. Fortalecer la Oficina del Fiscal Especial al otorgarle formalmente el poder de investigar delitos y presentar cargos, también en casos de crímenes organizados, y al fortalecer su autonomía institucional; viii. Priorizar la creación de mecanismos de protección para periodistas con la participación determinante de miembros de la profesión y de la sociedad civil, que describiera un plan para la provisión de recursos y pericia técnica; ix. Enmendar las leyes sobre la radio, televisión y telecomunicaciones para que no impidan la diversidad de las medias; x. Crear un marco regulador para el otorgamiento de licencias a los locutores comunitarios, idealmente a través de un organismo de estado independiente del gobierno;
xi. Enmendar el marco regulador para los contratos de publicidad en las medias para que estas sean protegidas en contra de represalias por parte de las autoridades publicas; xii. Enmendar leyes laborales para garantizar protecciones de empleo a los periodistas. xiii. Enmendar leyes sobre la jurisdicción militar para que las investigaciones e acciones judiciales relacionadas a presuntas violaciones a los derechos
humanos cometidas por miembros del ejercito sean investigadas y tramitadas por autoridades civiles; xiv. Aprobar legislación para otorgar a los tratados de derechos humanos estatuto constitucional en México; y xv. Abolir totalmente el uso de la jurisdicción militar para todas presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A Los medios de comunicAcion mexicAnos:
xvi. Brindar a los empleados la seguridad y los salarios necesarios para hacer su trabajo, sin que se tome en cuenta su estatuto de empleado permanente o contratista. Admitir peligros relacionados a su trabajo y brindar el apoyo adecuado.
A cAnAdA, A Los estAdos unidos y A LA comunidAd internAcionAL en generAL:
xvii. Colocar la protección de los empleados en los medios de comunicaciones mexicanos en su agenda de política externa e insistir en la implementación de las recomendaciones mencionadas para proteger periodistas e acabar con la impunidad para los delitos en su contra; viii. Garantizar que los requerimientos en derechos humanos sean totalmente respetados en iniciativas actuales de ayuda financiera, como la Iniciativa Mérida. Si encuentran incumplimientos a estas obligaciones, sean dispuestos a negar fondos hasta que los cambios necesarios sean hechos; xix. Condicionar toda ayuda financiera futura para México a que el gobierno mexicano tome medidas autenticas y significativas para reparar las graves violaciones a los derechos humanos en el país; y condicionar inversiones gubernamentales futuros en México a que el gobierno mexicano tome medidas autenticas y significativas para reparar las graves violaciones a los derechos humanos en el país.
La libertad de expresión tiene una historia precaria en México. Durante el siglo XX,	siete	décadas	de	gobierno	por	un	partido	único	estableció	una	cultura	de	represión de los medios de comunicación por parte del estado, antes de que las reformas legislativas y democráticas lleven a un cambio de poder en 2000. Sin embargo, las herencias del viejo régimen sobrevivieron a estas reformas institucionales y nuevas amenazas contribuyen a complicar la situación. En los últimos	años,	grandes	partes	de	México	has	visto	la	aumentación	de	la	violencia	por ONTs, después inicio de una agresiva “guerra contra las drogas” por el Presidente Felipe Calderón al ser elegido en 2006. Calderón se ha respaldado mucho en el ejército para implementar esta guerra, pero en muchos de los casos los periodistas han pagado un alto precio por cumplir con sus obligaciones en un ámbito de violencia e incertidumbre. En 2010 México compartió con Pakistán el titulo de país con más asesinatos a periodistas.2 Articulo 19 y El Centro Nacional de Comunicación Social AC (“Cencos”) incluyen en la definición de agresión en contra de la libertad de expresión los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, detenciones, agresiones físicas o materiales, hostigamiento judicial e intimidación y presión en contra de una persona a causa de sus opiniones o de informaciones publicadas o por ser publicadas en un medio de comunicación.3 Además de los 10 periodistas asesinados el año pasado, los empleados de los medios de comunicación son objetivos corrientes de este tipo de agresiones. El gobierno mexicano esta haciendo muy poco para combatir estas agresiones y las deja ocurrir con una impunidad casi completa. La mayoría de los delitos en contra de periodistas no son investigados debidamente. Las autoridades mexicanas han fallado a interponer acciones judiciales en 90% de los casos.4 Este informe identifica las repetidas fallas del gobierno mexicano a defender los derechos de periodistas mexicanos y la complicidad del gobierno a las violaciones perpetradas en contra de estos periodistas. El informe también trata de los factores contribuyentes a las masivas violaciones a la libertad de expresión. Estas fallas quedan en marcado contraste con los esfuerzos del estado para enjuiciar trabajadores de los medios de comunicación quienes infringen a regalamientos a veces bizantinos, específicamente hablando de los locutores de radio comunitario. Estos trabajadores especiales del sector ofrecen servicios de radio sin fines de lucro a comunidades rurales, mayormente marginadas. Sin embargo, las leyes mexicanas de telecomunicaciones no regulan a los locutores de radio nocomercial. Los intentos de radios comunitarios para obtener licencias son ignoradas frecuentemente. La estación Radio Huayacocotla esperó más de 25 años para que
2	3	4	World	Association	of	Newspapers	and	News	Publishers,	http://www.wan-press.org/pfreedom/ jkilled.php?id=5356	[hereinafter	World	Association] Article	19	and	Cencos,	Informe 2009, Entre Violencia y la Indiferencia: Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresion en Mexico,Article	19,	February,	2010	at	12	[hereinafter	Informe 2009]. Committee	for	the	Protection	of	Journalists,	Silence or Death in Mexico’s Press: Crime, Violence and Corruption Are Destroying the Country’s Journalism	CPJ,	September,	2010,	at	3	[hereinafter	Silence or Death].
el estado respondiera a su demanda de licencia.5 Mientras tanto, locutores no autorizados son, con más frecuencia, objetos de acciones penales judiciales rotundas que resultan en largas sentencias en prisión. Es más, los numerosos alcaldes de municipios rurales quienes operan pequeñas estaciones radio sin licencia, no han sido enjuiciados. En consecuencia, el enjuiciamiento penal de radios comunitarios no es solamente excesivo, pero también discriminatorio y parte de una tendencia general a criminalizar la protesta social. En vez de responder con cambios significativos, las autoridades mexicanas emplean una estrategia sofisticada de minimización para sesgar la realidad a su favor. Al responder a una crisis seria y vergonzosa de derechos humanos, el gobierno mexicano simula una solución al ofrecer un plan conocido como ineficaz, para aplacar la cólera publica, sin resolver realmente el problema. Un ejemplo fue la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. A pesar de los amplios poderes de enjuiciamiento que su nombre inspira, la Fiscalía no tiene ninguna capacidad formal para investigar delitos o hacer cambios, y no esta habilitada para tratar con casos de narcotraficantes o crimen organizado.6 En consecuencia, en sus primeros 4 años, la Fiscaliza llevo en media una acción judicial por año.7 Otro ejemplo reciente que reflecta la estrategia de minimización del gobierno es la creación de un mecanismo para la protección de periodistas bajo riesgo, que otorga más poderes a los organismos policiales, quienes son involucrados frecuentemente en las amenazas mismas que a los periodistas. Las autoridades mexicanas generalmente declaran que no son responsables por la reciente intensificación de la violencia relacionada con el narcotráfico. Las victimas son muchas veces calumniadas por las autoridades y acusadas de colusión con las ONTs, o clasificadas como victimas inevitables en un fuego cruzado de la guerra contra las drogas. En otro intento de virar la responsabilidad, autoridades a todos los niveles de la federación alegan con frecuencia que carecen de jurisdicción para actuar. Sin embargo, la responsabilidad la tiene exclusivamente el estado Mexicano, y ninguna estratagema sofisticada puede virarla. El estado tiene la obligación legal a respetar la libre expresión y opinión conforme al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (“Convención Americana”) y al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“PIDCP”).8 Sin tener en
5	AMARC	(	Asociación	Mundial	de	Radios	Comunitarias	–México),	Bases para una Política Pública en materia de Libertad de Expresión y Medios Comunitarios	(Mexico	City:	Impresos	Grafit,	2008)	at	49	[hereinafter	Medios	Comunitarios]. Dolia	Estevez,	“Protecting	Press	Freedom	in	an	Environment	of	Violence	and	Impunity”	(Woodrow	Wilson	International	Centre	for	Scholars:	May	2010),	online:	Woodrow	Wilson	International	Centre	for	Scholars	<http://wilsoncentre.org	>	at	9	[hereinafter	Protecting	Press	Freedom]. Ibid.	at	10. American	Convention	on	Human	Rights,	O.A.S.	Treaty	Series	No.	36,	1144	U.N.T.S.	123,	entered	into	force	July	18,	1978,	reprinted	in	Basic	Documents	Pertaining	to	Human	Rights	in	the	InterAmerican	System,	OEA/Ser.L.V./II82	doc.8	rev.1	at	25	(1992),	acceded	to	by	Mexico	on	March	2,	1981	[hereinafter	American	Convention]	and	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	(ICCPR),	adopted	December	16,	1996,	G.A.	Res.	2200A	(XXI),	21	U.N.	GAOR	Supp.	(No.	16)	at	52,	U.N.	Doc.	A/6316	(1966),	999	U.N.T.S.	171,	entered	into	force	March	23,	1976,	acceded	to	by	Mexico	on	March	23,	1981	[hereinafter	ICCPR].
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cuenta el como y el “por que” y “por quien” de los ataques de periodistas durante el ejercicio de su derecho, el gobierno mexicano tiene la obligación legal de protegerlos.9 Garantizar la libertad de expresión y poner fin a los abusos a los derechos de periodistas mexicanos debería de ser una prioridad en la agenda de los socios comerciales principales de México, Canadá y los EEUU, pero esta no es la realidad. No solamente esta es una posición justa, pero también sirve a los intereses de los co-contratantes de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dado que la libertad de la prensa es integral a la transparencia y a reducir la corrupción, elementos claves para la inversión exitosa y el desarrollo económico. Este asunto tiene que llevar mas importancia en la agenda canadiense, y no solamente porque es justo hacerlo. México es un socio comercial importante del TLCAN. El nivel de integración en la zona aumenta y empresas canadienses invierten cada vez más en México, específicamente en la industria de la extracción y manufacturera. La prensa libre juega un papel importante en asegurar la transparencia y reducir la corrupción – dos elementos claves en la inversión exitosa y el desarrollo económico.10 La respuesta del gobierno canadiense hasta ahora frente a este asunto ha sido ambivalente en los mejores de los casos. A pesar de que podría influir considerablemente la política mexicana, el gobierno canadiense no ha tratado de manera significativa la existencia del problema de la impunidad. A medida que el periodismo en México llega a ser más peligroso, México, sus socios comerciales importantes, y la comunidad internacional, deben de responder rápidamente a este flagrante ataque en contra de la libertad de expresión. El precio de no hacerlo es demasiado grande.
II. CONTExTO HIsTORICO
Durante 71 años México ha sido gobernado por un solo partido político, que dominaba todos los niveles de la estructura política del país. El Partido Revolucionario Institucional (“PRI”) mantuvo un estricto control sobre los medios de comunicación, limitando drásticamente la libertad de expresión. A pesar de reformas, este patrón histórico persiste, y juega un papel importante en los presentes casos de violaciones de libertad de expresión y en la inercia estatal hacia la impunidad de la agresión contra los periodistas. Durante el gobierno del PRI, que se sobrepone a la mayor parte del siglo XX, México pasó por un periodo de alto desarrollo económico, mientras la desigualdad entre las clases sociales creció. La falta de acceso de algunos a recursos económicos y políticos resulto en el crecimiento de grupos disidentes, como los estudiantes, los trabajadores y los activistas indígenas. Entre los años 60 y 80, durante el periodo conocido como La Guerra Sucia, este desafío de la autoridad del PRI fue reprimido por métodos extremos como las ejecuciones extrajudiciales, masacres y
9	American	Convention,	Ibid.	at	Article	44	and	45,	ICCPR,	Ibid.	at	Article	2. 10	P.	Marco,	“Corruption	and	Growth,”(1995)	110	Quarterly	Journal	of	Economics	681.
desapariciones forzadas. La impunidad persiste para la mayoría de estos crímenes. Amplias reformas electorales llevaron a la elección federal del Partido Acción Nacional (“PAN”) en 2000. Mientras el gobierno redactaba reformas para mejorar la situación de los derechos humanos en México, incluyendo la protección de la libertad de expresión de periodistas, vestigios de la impunidad histórica e institucional del país persisten. Hoy en día, a pesar de varios intentos para reformar las instituciones relevantes, la sociedad civil necesaria para el apoyo de los derechos humanos en una democracia moderna es visiblemente ausente en muchas partes de México. Durante este periodo de reforma democrática y legislativa el país fue afectado por	el	crecimiento	significativo	de	las	ONTs.	En	los	últimos	años,	su	influencia	se	siente a través de todo el país, aumentando los niveles de violencia e inseguridad. Es más, México tiene una larga historia de reacción en contra de amenazas a su estabilidad	mediante	la	militarización	y	su	ejército	ha	sido	empleado	múltiples	veces	para acciones contra el narcotráfico y contra-insurgentes, como el ejemplo notorio de Chiapas y otros estados mexicanos sureños, en los años 90. Las autoridades mexicanas consideran por lo general que las fuerzas policiales locales son propensas a la corrupción, y además dudan si tienen la pericia técnica y el profesionalismo necesario para emprender tales acciones en contra de las ONTs. Esta estrategia ha sido respaldada políticamente y económicamente por los EEUU, quien también considera el ejército más confiable que la policía. Su ayuda financiera para acciones militares contra el narcotráfico ha aumentado mucho al final de los 90. En ese momento, la mayoría del financiamiento fue brindada por la Cuenta Internacional para el Control de Narcóticos (International Narcotics Control Account), administrado por el Departamento de Estado. Después de la elección del Presidente Fox y del PAN en 2000, la violencia relacionada al narcotráfico aumentó ligeramente con la ofensiva del gobierno en contra de los poderosos ONTs en los estados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a lo largo de la frontera con los EEUU. Sin embargo, el monto de las victimas aumento drásticamente desde diciembre 2006, cuando el nuevo gobierno del Presidente Felipe Calderón comenzó la guerra en contra de las ONTs.11 En abril del 2011, el BBC declaró que el gobierno mexicano estima que 35,000 personas han sido asesinadas en violencia relacionada al narcotráfico desde diciembre, 2006, cuando Calderón desplegó por la primera vez el ejercito para enfrentarse con las ONTs.12
11	Misión	Internacional	de	Documentación	sobre	Ataques	en	Contra	de	Periodistas	y	Medios	de	Comunicación	,	Press Freedom in Mexico: The Shadow of Impunity and Violence,	Article	19,	August	2008,	online:	Article	19	<http://www.article19.org>	at	7	[hereinafter	Press Freedom]. 12	BBC	News,	“Mexico’s	Tamaulipas	Police	Chief	Sacked	after	Killings”,	17	April,	2011,	online:	BBC	<www.bbc.co.uk>.
III. vIOlENCIa CONTRa pERIODIsTas
a:Datos y Porcentajes
En 2009 dos organismos para la libertad de expresión en México, Articulo 19 y Cencos denunciaron 244 violaciones a la libertad de expresión en el periodismo.13 Aún	más	preocupante	es	el	hecho	de	que	el	numero	de	amenazas	en	contra	de	periodistas	ha	aumentado	constantemente	en	los	últimos	10	años.	Denunciaron	25 asesinatos de periodistas durante la presidencia de Vicente Fox Quesada (20002006), y antes de que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa empezara la guerra en contra de los ONTs.14 Desafortunadamente, durante los primeros 3 años de su presidencia (2006-2009), 34 fatalidades han sido ya registrados.15 Los periodistas están bajo agresión por parte del crimen organizado y de agentes del estado. Aunque los ataques más violentos en contra de la libertad de expresión han sido atribuidos a los miembros del crimen organizado, en 2009 Artículo 19 notó que mas de 65% de las agresiones en contra de periodistas registradas ese año fueron perpetradas por agentes del estado.16 Sin embargo, a pesar de las conclusiones similares de otras ONGs, el gobierno mexicano mantiene su posición de que los delitos en contra de periodistas son cometidos esencialmente sin excepción por miembros del crimen organizado.17 En noviembre 2010, Elia Baltazar, miembro fundador de la red Periodistas de a Pie, brindó a los autores de este informe una advertencia importante en cuanto a las estadísticas en este caso. Baltasar notó que aunque los estudios recientes proponen que la mayoría de los delitos son perpetrados por autoridades del estado, es preciso tomar en cuenta que la mayoría de amenazas por parte de los ONTs no son denunciadas por temor que estas si van a ser llevadas al cabo: una persona quien denuncia un tal delito puede ser secuestrada o asesinada por sus integrantes. Por otra parte, si una persona denuncia un delito de la policía, es más probable que será solamente detenida. Sin embargo, Baltazar mantuvo que las ONTs y las autoridades estatales son, a veces, lo mismo, y que el verdadero problema en México es la corrupción.18 El representante del Comité para la protección de Periodistas (“CPJ”, por sus siglas en ingles) en México, Mike O’Connor, compartió las inquietudes de Baltazar. O’Connor sugiere que la violencia en contra de periodistas resulta de la coincidencia entre las autoridades estatales y las ONTs.19 El explica que las ONTs no son solo grupos que se dedican al narcotráfico a través de México, pero son también grupos que controlan largas zonas del territorio mexicano, muchas veces desplazando las autoridades, y tomando el control de la fuerza policial.20 O sea, en muchos casos las autoridades mexicanas y los integrantes de ONTs coinciden, lo que hace imposible hablar de ellos como grupos separados. 21
13	Informe 2009,	supra note	3	at	11. 14 Ibid.	at	11. 15 There	were	22	deaths	from	Calderón’s	election	to	2009.	Informe 2009,	Ibid.	at	11.	In	2010	ten	journalists	died	in	the	line	of	duty.	World	Association,	supra note	2.	Two	were	killed	in	the	first	four	months	of	2011,	according	to	Reporters	Without	Borders:	http://en.rsf.org/report-mexico,184.html. 16	Interview	with	Cynthia	Cardenas,	(3	Nov.	2010)	[hereinafter	Cardenas	Interview].	17	Cardenas	Interview,	Ibid. 18	Interview	with	Elia	Baltazar	(5	November,	2010)	[hereinafter	Baltazar	Interview].	19	Interview	with	Mike	O’Connor	(4	November,	2010).	[hereinafter	O’Connor	Interview]. 20	Ibid. 21	Ibid.
Luis Najera, ex reportero del Grupo Reforma en Ciudad Juárez, declaró que la fuente del peligro depende de la zona del país en donde ocurrieron los hechos. En los estados sureños los responsables más probables son las autoridades estatales y los adinerados, especialmente cuando los periodistas relatan sobre asuntos de indígenas, tierras o recursos naturales. En el norte, los perpetradores son más los ONTs, la policía y, el ejercito.22 En 2009, 11 periodistas fueron asesinados en México.23 En su investigación de estos casos, Artículo 19 y Cencos llegaron a una hipótesis que consideran irrefutable: 70% de los asesinados son directamente conectados al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión.24 Otras violaciones a la libertad de expresión denunciadas en 2009 y confirmadas por estos ONGs incluyen: desapariciones, amenazas, destrucción de propiedad, acusaciones de calumnia/ perjurio/ difamación, presión e intimidación.25 Por ende, no sorprende el hecho de que en 2010 México compartió con Pakistán el titulo de país más peligroso en el mundo para los periodistas.26
b: trasfonDo De la Motivación De los ataques hacia PerioDistas
Sin una investigación adecuada de cada agresión en contra de periodistas es imposible determinar el motivo exacto para la violencia. De hecho, como no existe una	seria	investigación	policial,	el	público	raramente	se	entera	de	las	verdaderas	razones por el asesinato y, lo que es más, raramente se enteran si el periodista fue asesinado a causa de su trabajo. A pesar de eso, muchas organizaciones de la sociedad civil han intentado analizar el asunto al mirar las áreas de trabajo de cada periodista objetivo de violaciones. Por ejemplo, de los 11 asesinatos de periodistas registrados en 2009, cuatro trataban de fuentes policiales, tres trabajaban en asuntos políticos a nivel local o estatal, y cuatro se encargaban de noticias generales.27 Según	un	informe	reciente	del	CPJ,	las	motivaciones	de	las	organizaciones	criminales	al	atacar	periodistas	han	cambiado	en	los	últimos	10	años.	Antes	del	2006, las ONTs se preocupaban más con periodistas que ponían al descubierto sus contactos empresariales, policiales, gubernamentales, militares o con los agentes de aduanas, dado que estas personas eran esenciales para sus operaciones. No obstante, después del 2006, las ONTs se preocupan más con la supresión de noticias sobre su violencia, mientras pagan periodistas para exagerar la crueldad de sus rivales. Es más, las ONTs son más hábiles a utilizar los medios de comunicaciones	para	influir	la	opinión	pública,	usando	periodistas	para	fabricar	noticias sobre agentes estatales corruptos y defendiéndose en contra de alegatos del gobierno.28 Sin embargo, por lo general, las ONTs no quieren “calentar la plaza”.29
22	23	24	25	26	27	28	29	Interview	with	Luis	Najera	(24	November,	2010)	[hereinafter	Najera	Interview].	Informe 2009,	supra note	3	at	13. Ibid. Ibid.	at	12. World	Association	supra note 2. Informe 2009,	supra note	3. Silence or Death,	supra.	note	4	at	1. Ibid.	at	17.
El CPJ sostiene que las ONTs controlan fácilmente el gobierno local y, por ende,	se	preocupan	por	no	estar	en	el	centro	de	la	atención	pública	y	así	evitar	intervenciones por parte del gobierno federal.30 El CPJ indica que si no hay noticias en este sentido, el gobierno federal puede fingir que el problema no existe, y si el público	no	se	entera	de	nada,	no	execre	tanta	presión	sobre	el	mismo	gobierno	federal.31 También preguntamos a varios organismos, durante las entrevistas, cuales eran sus opiniones matizadas sobre las motivaciones para los ataques. En una entrevista con Cynthia Cárdenas de Artículo 19, ella nos explico que los periodistas generalmente no son atacados por publicar informaciones sobre el crimen organizado en si, pero si están en peligro cuando descubren lazos entre el crimen organizado y las autoridades, y también cuando hablan de la corrupción estatal por lo general.32 Iñigno Prieto y Daniela Hernández de Cencos a su vez confirmaron que los periodistas suelen ser objetos de ataques por noticias sobre la corrupción de funcionarios estatales y conexiones entre los traficantes y las autoridades por lo general.33 El CPJ, en su informe de septiembre 2010, “Silencio o muerte en la prensa mexicana” concluyo que de los 22 periodistas asesinados entre diciembre 2006 y septiembre 2010, por lo menos 8 de las victimas fueron matados como represalia por haber divulgado noticias sobre el crimen y la corrupción.34
c: (auto-) censura
En su entrevista con los autores de este informe, Elia Baltazar, de Periodistas de a Pie, indico que el termino “auto-censura” denota de cierta manera que los periodistas se están censurando por decisión propia, o sea por su opción. Sin embargo, ella notó que la censura no existiría fuera de un contexto de violencia.35 Es un buen punto. Asimismo, la “auto-censura” de empleados de los medios de comunicaciones no ocurre en el vacío, sino ocurre en México en un contexto altamente violento y peligroso en lo cual el trabajo de uno puede resultar en ser secuestrado, asaltado y/o asesinado. Es más, a veces la censura es impuesta por los editores o por el director de la empresa periodista. En Ciudad Juárez, por ejemplo, Luis Najera relató como sus editores redactaban sus escritos si divulgaba demasiada información. Dado el contexto violento y las razones complejas que llevan a los periodistas a censurar su trabajo, los autores del presente se referirán en esta sección a la censura de la expresión en los medios de comunicación en México como simplemente “censura”, y no	como	lo	comunalmente	intitulado	“auto-censura”.	Este	último	concepto	implica	un nivel de voluntariedad que no se refleja en los hechos. Aunque es difícil medir con precisión el nivel de censura en México, los que trabajan en este campo han intentado mostrar la gravedad del problema al indicar
30	31	32	33	Ibid.	at	17. Silence or Death,	supra.	note	2. Cardenas	Interview,	supra note	16.	Interview	with	Iñigno	Prieto	and	Daniel	Hernández	(4	November,	2010)	[hereinafter	Prieto	and	Hernández	Interview].	34	Silence or Death,	supra note	4.	35	Baltazar	Interview,	supra note	18.	16
largos periodos de bloqueos informativos a través del país.36	Según	Artículo	19, periodistas muchas veces indican que la muerte de sus compañeros los ha ensenado no tratar de asuntos controvertidos. Esta situación demuestra el efecto intimidante sobre el periodismo, donde por más que el delito es grave, el efecto aumenta. Articulo 19 se enfoco en la situación en el estado de Tamaulipas como una área particularmente afectada en donde la información no entra y no sale sin la aprobación de las autoridades estatales o de los ONTs. Los de Artículo 19 creen que lo mismo esta pasando en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.37 Mike O’Connor de CPJ también indico que no existe una verdadera cobertura periodística en todo el estado de Tamaulipas, mientras que los estados de Michoacán, Chihuahua y Guerrero, entro otros, son también altamente comprometidos.38 Aunque Cynthia Cárdenas de Artículo 19 admitió que no tienen los recursos o la capacidad para analizar estadísticamente el nivel de censura, a través de su trabajo documentando y litigando casos de libertad de expresión, Artículo 19 concluye que la censura esta aumentando.39 El periodista Luis Najera ha sido muy comunicativo con los autores de este informe sobre el asunto de la censura en la prensa mexicana. Explico que censurara su propio trabajo si sabría si al publicarlo seria identificado como alguien que “sabe demasiado”. También evito publicar noticias cuando sabia que su fuente puede ser fácilmente identificada y evitó publicar información demasiado detallada sobre las ONTs cuando concluyo que seria un riesgo.40 Aún	tomando	estas	precauciones,	la	vida	del	Sr.	Najera	ha	sido	amenazada	como consecuencia directa de su trabajo y el periodista tuvo que salir del país, refugiándose en Canadá. Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (proDH) expone el caso de otro periodista a quien lo ayudaron refugiarse en otro país. Este periodista informaba sobre los feminicidios en el estado de Chihuahua, cuando se le hizo demasiado insegura la vida en México. Por consiguiente, este periodista no relata más noticias sobre este asunto.41 Otro ejemplo de la censura en México es el silencio en la prensa del país frente a noticias de primera pagina que ocurren en las calles. Por ejemplo, en febrero de 2010 una guerra entre pandillas irrumpió en las calles de Reynosa, Tamaulipas entre	las	Zetas	y	el	cartel	del	Golfo,	que	según	noticias	estadounidenses	resultaron	en	múltiples	fatalidades.42 La prensa local de Reynosa casi no menciono el incidente.43 A la luz de este vació informativo, la gente en México mira hacia los medios sociales como Facebook, Twitter y blogs, para obtener información local
36	Cardenas	Interview,	supra note	16.	37	Ibid. 38	O’Connor	Interview,	supra note	19.	39	40	41	42	43	Cardenas	Interview,	supra note	16.	Najera	Interview,	supra note	22. Interview	with	Stephanie	Brewer	(8	November,	2010)	[hereinafter	Brewer	Interview].	Silence or Death,	supra note	4	at	4. Ibid.
relevante.44 Un ejemplo es “El Blog del Narco”, un sitio web controlado por un estudiante universitario anónimo del norte del país. Este sitio compila y divulga noticias, fotos, y videos sobre el narcotráfico, enviadas por personas a través de	México,	en	donde	el	periodismo	común	y	corriente	se	ha	vuelto	demasiado	peligroso. En una reciente noticia, Newsweek describe el fenómeno que representa “El Blog del Narco”: En un momento cuando los carteles han asustado gran parte de los medios de comunicaciones mexicanos hasta la sumisión –cuando periódicos como El Diario de Juárez se sienten forzados a suplicar, desde su primera pagina, a los carteles que estos les “expliquen que quieren de nosotros” – el narcoblogger, como un defensor periodístico enmascarado, se ha impuesto en el vació.45
D: violencia contra locutores De raDio
Desafortunadamente,	la	experiencia	única	de	los	locutores	de	radios	comunitarias	ha sido generalmente ignorada en el debate sobre el peligro afectando los periodistas en México. Estos locutores están en una situación de extrema vulnerabilidad, que es diferente de la situación de los periodistas profesionales. Una gran proporción de locutores comunitarios son indígenas y desirven comunidades marginales.46 Las estaciones de radio comunitaria se han organizado de manera significativa desde 2002, muchas veces con la ayuda de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (“AMARC”).47 Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y su entrega, solo 13 emisoras de radio han logrado obtener licencias.48 Las emisoras de radio comunitarias están en una situación de extrema vulnerabilidad, distinta de la situación de los demás periodistas. Estas emisoras son objetos de represión por dos vías principales: por un lado, son atacados frecuentemente por el gobierno, 49 y por otro lado, son objetos constantes de acciones judiciales penales por transmitir sin licencia. 50 Estas acciones serán analizadas en más detalle en la Sección VI d) abajo. A diferencia de los periodistas de medios impresos, los locutores de radio comunitaria son atacados exclusivamente por agentes estatales y para-estatales y esto porque su contenido de justicia social que critica al gobierno es considerado como una amenaza por este ultimo. AMARC no encontró ninguna instancia de represión perpetrada por integrantes del crimen organizado.51
44 Ibid. 45	Adrian	Campo-Flores,	“Hiding	Behind	the	Web”	Newsweek	(Oct.	1,	2010)	online:	Newsweek	<http://www.newsweek.com>.	46	Baltazar	Interview,	supra note	18. 47	Interview	with	Gisella	Martínez	and	Arabella	Jiménez	(8	November,	2010)	[hereinafter	Martínez	and	Jiménez	Interview]	18
48	Reporters	Sans	Frontières,	“Police	raid	silences	Chiapas	community	radio	station”	(October	15,	2010)	online:	Reporters	Sans	Frontières	<	<http://en.rsf.org	>	. 49	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. 50	Ibid. 51 Ibid.
e: rePresión estatal De raDio coMunitaria
En abril del 2008 Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, nuevas presentadoras de los informativos de la Radio La Voz que Rompe el Silencio fueron asesinadas en una emboscada por grupos paramilitares mientras regresaban a su casa de un taller comunitario en Oaxaca.52 Los asesinados no fueron investigados y ninguna persona fue enjuiciada, pero una organización paramilitar ha sido involucrada en los hechos, por parte del gobierno.53 Miembros del Radio Calenda, que transmite en la comunidad de San Antonia Castillo de Velasco, cerca de la ciudad de Oaxaca, subieron hostigamientos en enero 2007 por el alcalde y sus partidarios, cuando cubrieron la destitución del alcalde.54 Fueron golpeados y detenidos arbitrariamente en la oficinal del alcalde y los forzaron a firmar documentos requiriéndoles no participar en la vida publica de la comunidad.55 Las autoridades intentaron impedirles la denuncia del asalto. Aunque se les brindo a las autoridades prueba video, las autoridades estatales de Oaxaca no enjuiciaron a nadie por estos ataques.56 El 12 de octubre del 2010, 30 personas enmascaradas y armadas, miembros de la Oficina del Procurador General de Estado de Chiapas, confiscaron el equipo de la Radio Proletaria sin orden judicial y arrestaron a seis empleados de la estación, incluso a un niño de 14 años, quien fue detenido incomunicado por 24 horas.57 La estación no transmite más.58 En enero del 2009, la Radio Eukakua que emite en áreas rurales del estado de Michoacán, fue cerrada por fuerzas de seguridad. Ciento veinte agentes de la policía federal asediaron el pueblo en donde vivían 800 indígenas Purépecha.59 La policía regreso a un momento dado al pueblo y pregunto a quien deberían devolver el equipo; se les dio el nombre de Rosa Cruz. La policía regreso de nuevo al pueblo el 13 de junio del 2009, no para devolver el equipo, sino para enjuiciar penalmente a Rosa Cruz por utilizar sin licencia bienes nacionales, en violación al artículo 150 de la Ley General sobre Bienes Nacionales. 60 La emisora había hecho una demanda para licencia en 2002 y esta todavía esperando la respuesta de la autoridades.61 Estas agresiones están perpetradas con impunidad. Los intentos de miembros de radios comunitarias para denunciar estos crímenes a las autoridades son frustrados con regularidad.62 Muchos de ellos están tan convencidos del carácter inevitable de la impunidad y de la inacción estatal, y tan escépticos de la independencia de las autoridades judiciales, que eligen no intentar acceder a la justicia.63
52	53	54 55	Ibid. Ibid. Press Freedom, supra note	11	at	27. AMARC	(	Asociación	Mundial	de	Radios	Comunitarias	–México)	and	SERAPAZ	(Servicios	y	Asesoría	para	la	Paz),	Radios	comunitarias	y	contexto	de	conflicto	en	México	(Mexico	City:	AMARC,	2008)	at	11	[hereinafter	Radios	Comunitarias]. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	45., Ibid. Ibid. Ibid. Reporters	Sans	Frontières,	“Jail	for	community	radio	leader,	eighth	journalist	killed	since	start	2010”	(November	8,	2010)	online:	Reporters	Sans	Frontières	<http://en.rsf.org	>. Ibid. Medios	Comunitarios,	supra note	10. Ibid.	at	10
56	57	58 59 60	61 62	63	Junio 2011 19
La mayoría de los ataques y arrestos son reacciones directas de políticos locales a la cobertura por la emisora de eventos políticos.64 Por ejemplo, Radio Bemba es una radio comunitaria basada en Hermosillo, Sonora. Ellos subieron hostigamientos constantes por parte de la policía local después de que la radio había cubierto una protesta en contra de la construcción de un palacio de congresos que hubiera destruido zonas protegidas.65 Las agresiones no están relacionadas al asunto de si la radio tenia licencia para emitir o no. Radio Bemba, pro ejemplo, tiene todas las debidas licencias.66 En el caso de los asesinados por emboscada de las presentadoras de los informativos de La Voz que Rompe el Silencio, las autoridades oaxaqueñas se enfocaron en colocar los hechos en el contexto de la violencia en la región, y en desacreditar el trabajo de las victimas, , en vez de identificar y sancionar a los culpables.67 Las estaciones de radio comunitaria en México se encuentran en una posición especialmente difícil comparado a otros medios de comunicación del país. Aunque no están amenazadas por las ONTs, están vistas con hostilidad por el estado. Por lo antedicho, las autoridades locales y municipales son generalmente las responsables por los ataques perpetrados en contra de estas emisoras.
f: causas De la iMPuniDaD: i) Falta de investigar y enjuiciar
A pesar del número cada vez mayor de periodistas victimas de ataques, las autoridades mexicanas han fallado procesar exitosamente más de 90% de los casos.68 La Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notado que las investigaciones de asesinatos de periodistas faltan constantemente a esclarecer los hechos, identificar los culpables, proceder a arrestos y enjuiciar a los responsables.69 En su Informe de 2008, la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) indico que entre los años 1995 y 2005, 20 periodistas fueron asesinados mientras se llego a condenar penalmente (muchas veces en base de pruebas cuestionables) en solamente cuatro de los casos.70
ii) Razones del fracaso a) Corrupción y colusión estatal
Durante sus entrevistas con las partes interesadas, los autores de este informe notaron un acuerdo notable en cuanto a la conclusión que la impunidad es causada, en gran parte, por la corrupción estatal y la colusión en los actos violentos en contra	de	periodistas.	Según	Articulo	19,	más	de	65%	de	las	agresiones	en	contra	de	64	65 66 67	68 69	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	7. Press Freedom, supra note	11	at	34.	Ibid.	at	12. Ibid. at	27. Silence or Death,	supra note	4	at	3. O.A.S.	Special	Rapporteurship	for	Freedom	of	Expression,	Special Study on the Status of Investigations into the Murder of Journalists during the 1995-2005 Period for Reasons that may be Related to their Work in Journalism,	O.A.S,	March	8,	2008	online:	O.A.S.	<http://www.cidh.oas.org>	[hereinafter	Special Study on the Murder of Journalists].	70	These	are	the	cases	of	Jesús	Abel	Bueno	León,	Benjamín	Flores	González,	Philip	True,	and	Gregorio	Rodríguez	Hernández,	see	Special Study on the Murder of Journalists,	Ibid.	at	55.
periodistas son perpetradas por agentes estatales.71 Una persona entrevistada quien quiso mantener su anonimato indico que la corrupción llega hasta los niveles del Senado y del Congreso en México. Siempre que una autoridad local esta involucrada, directamente o no, en el ataque de un periodista, y también es responsable para la investigación, esta autoridad será lógicamente mal dispuesta a investigar los delitos.72 Es más, la existencia de las ONTs y de la “guerra contra drogas” ofrece a los agentes estatales una carte blanche para culparles por la violencia contra periodistas.73 Sin embargo, si las autoridades están sucumbiendo a la corrupción, normalmente son las ONTs que sobornan y amenazan. Entre 2004 y 2009, ONTs han crecido enormemente en México. Utilizan tácticas basadas en el miedo y el dinero para corromper a los agentes estatales.74
b) Falta de experiencia, profesionalismo y autonomía
Unos de los asuntos más importantes que enfrenta la Oficina del Fiscal Estatal son la falta de pericia, profesionalismo y autonomía. Una persona entrevistada quien quiso mantener su anonimato indico que no existe la capacidad técnicas para emprender una investigación en los asesinatos de periodistas, lo que resulta en la falta de acción en estos casos. Fabián Sánchez, el director ejecutivo de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C. (“iDHeas”), señaló que no existe una política adecuada que indicara los criterios de investigación en muchos de los casos.75 La falta de profesionalismo también ha sido señalada por otra personas entrevistadas quienes quisieron quedar anónimas. Además, existe una grande falta de autonomía institucional al nivel estatal y federal, hecho que deja las decisiones sobre las investigaciones vulnerables a influencias externas. La Oficina del Fiscal Especial, una oficina federal descrita con más detalles abajo, constituye un ejemplo de esta falta de autonomía institucional al nivel federal.76 Las bases legales de esta oficina afectan directamente su nivel de autonomía en tres maneras importantes. Primero, esta oficina no tiene un procedimiento o criterio para el nombramiento y la permanencia en el cargo de los fiscales especiales, lo que hace que su nombramiento y su destitución son sujetos a la discreción del Fiscal General. Segundo, esta oficina esta bajo la autoridad del Fiscal General de Derechos Humanos y, por ende, queda vulnerable a una influencia indebida por parte de este ultimo. Por ultimo, esta oficina depende económicamente de la Oficina del Fiscal General.77 Otro ejemplo de falta de autonomía es el ejemplo de la Procuraduría General de la República. Esta oficina es responsable de investigar
71	72	73	74	Informe 2009,	supra note	3. Cardenas	Interview,	supra note	15.	Interview	with	Fábian	Sánchez	(4	November,	2010)	[hereinafter	Sánchez	Interview]. Global	Integrity,	Global	Integrity	Scorecard:	Mexico	2009,	Global	Integrity,	2009,	online:	<	http:// report.globalintegrity.org	>	. 75	Sánchez	Interview,	supra note	73.	76	Informe 2009,	supra note	3	at	34. 77	Informe 2009,	supra note	3	at	34.	Junio 2011 21
casos de corrupción al nivel federal. Sin embargo, todos los agentes federales son investigados por sus propios superiores, y las investigaciones son afectadas con frecuencia por motivaciones políticas.78 La Sociedad Interamericana de Prensa (“SIP”) concluyó recientemente que el nivel	de	autonomía	de	los	agentes	de	oficinas	de	fiscales	estatales	es	aún	más	bajo	que	el	de	las	oficinas	federales	y	que,	los	agentes	estatales	son	“aún	más	vulnerables	a la presión ejercida por integrantes del crimen organizado o por la corrupción política.”79 No obstante, el mayor problema al nivel estatal parece ser la corrupción directa o la colusión en la violencia contra periodistas por parte de agentes estatales, ellos mismos encargados de investigar los crímenes Uno de los entrevistados, quien quiere mantener su anonimato, indicó que el gobierno federal utiliza constantemente el argumento del federalismo (i.e. autonomía estatal) como justificación para evitar su responsabilidad de intervención. El entrevistado comentó que la falta de responsabilidad política funciona en los ambos sentidos: a pesar de que la mayoría de los delitos en contra de periodistas son regidos por la jurisdicción estatal, los agentes estatales también invocan la jurisdicción federal para no cumplir con sus deberes. En consecuencia, los periodistas eligen con frecuencia no denunciar los delitos cometidos	en	su	contra	porque	piensan	que	no	llevara	a	ningún	resultado.	Es	más, los periodistas son conscientes que la policía muchas veces participa a estos delitos, de manera indirecta (a través de sus tratos corruptos con las ONTs) o de manera directa (son cómplices en los delitos dirigidos hacia periodistas quienes divulgan estos tratos corruptos), y por eso no piden ayuda de parte de la policía. La complicidad	entre	la	policía	y	los	criminales	es	tan	común	que	muchos	piensan	que	el sistema judicial es controlado por las ONTs.80
c) Falta de incentivos para la reforma
Algunos de los ONGs entrevistados para este informe asintieron que la presente situación de impunidad se mantiene, por lo menos en parte, a causa de la falta de incentivos para implementar una reforma. En una entrevista de noviembre, 2010, Stephanie Brewer del Prodh señaló que el asunto no era las causas de la impunidad en si, sino la falta de incentivos para ser responsable frente a alguien. Ella indico que siempre ha existido un estado de impunidad en México y que, dado el hecho de la corrupción y la colusión entre las autoridades estatales y las ONTs, no existe una motivación real para corregir la impunidad y sancionar los actores estatales cómplices.81 El representante del CJP, Mike O’Connor, manifestó que no hay incentivos para una reforma porque los que mandan pueden utilizar su influencia para obtener justicia, por ejemplo al sobornar un juez o al obtener un guardaespaldas para su protección.82
78	79	80 81	82	Silence or Death,	supra note	4	at	24. Ibid. Ibid. Brewer	Interview,	supra note	41. O’Connor	Interview,	supra note	19.
Aunque periodistas en México son profesionales quienes entienden la importancia de su comercio, tampoco son inmunes a la corrupción extendida en el país.83 En efecto, es	bastante	común	que	un	periodista	este	en	el	empleo	de	las	ONTs,	en	convenios	en donde el periodista este pagado por el cubrimiento personalizado que ofrece a las ONTs.84 Mike O’Connor nota que esta es mas una situación de supervivencia que corrupción autentica, porque muchas veces los periodistas que toman dinero de las ONTs lo hacen porque se les dicen que si lo rechazan y no cumplen con los ordenes del cartel, serán matados.85 Algunos periodistas ocasionalmente piden pagos por no publicar noticias negativas sobre las ONTs, o como inventivo para publicar noticias positivas.86 Por ende, una seria amenaza a la solidaridad entre periodistas es el fenómeno de narco-periodismo, o periodistas pagados por ONTs para compartir información. La corrupción de algunos periodistas socava la solidaridad entre periodistas en México dado que es difícil, si no imposible, a saber en quien confiar. Cynthia Cárdenas de Articulo 19 indicó que la falta de solidaridad entre grupos de periodistas es más evidente en las respuestas de algunos trabajadores en los medios de comunicación en cuanto a los ataques en contra de periodistas. Muchas veces las victimas son acusadas de participación en el crimen organizado, o justifican el delito sufrido como causa de su incompetencia. No obstante, recientemente Articulo 19 concluyo que el nivel de solidaridad ha aumentado entre periodistas independientes. 87 La creación de Periodistas de a Pie, una organización bastante joven que tiene como objetivo el fortalecimiento de la solidaridad entre periodistas, es un paso positivo. La importancia de la solidaridad puede ser fácilmente probada con un ejemplo reciente de un grupo de empleados de medios de comunicación quienes organizaron una protesta para pedir la liberación de sus compañeros secuestrados. La protesta fue un éxito y los periodistas fueron liberados. La señora Elia Baltazar, de Periodistas de a Pie nos habló de un caso que ocurrió en julio, 2010, sobre cuatro periodistas secuestrados en Torreón, estado de Coahuila88 e indicó que, en su experiencia, esta es la primera vez en México que periodistas y organismos para la libertad de expresión trabajaron juntos para combatir ataques en contra de la libertad de expresión.89
83	84	85 86 87	88	iii) Falta de solidaridad entre periodistas
Cardenas	Interview,	supra note	16. O’Connor	Interview,	supra note	19. Ibid. Ibid. Cardenas	Interview,	supra note	16.
Baltazar	Interview,	supra note	17.	The	media	workers	in	Torreon	were	kidnapped	after	they	filmed	family	members	of	inmates	of	a	jail,	which	included	narco	traffickers.	These	media	workers	were	detained	and	the	kidnappers	negotiated	with	their	lives	to	demand	that	two	major	television	networks,	Televisa	and	Millenium,	broadcast	videos	which	purported	to	show	members	of	a	rival	cartel	discussing	how	they	had	corrupted	local	officials	and	police.	The	networks	agreed	to	transmit	the	video	clips	in	question	only	in	their	regional	broadcasts;	however,	this	marked	the	first	time	that	one	of	the	great	media	giants	ceded	to	DTO	pressure.	However,	after	the	broadcast,	the	media	workers	were	not	released	and	the	emboldened	DTOs	demanded	that	the	videos	be	rebroadcast	nationally.	At	this	point,	Televisa	cancelled	the	negotiations,	though	the	lives	of	the	kidnapped	media	workers	were	still	at	risk.	In	response,	Journalists	on	the	Ground	started	a	“Los	Queremos	Vivos”	(We	Want	Them	Alive)	movement	and	journalists	in	14	cities	across	Mexico	marched	in	protest.	The	journalist	and	cameramen	were	eventually	released.	89	Baltazar	Interview,	supra note	18.
Iv. EsTRaTEgIa DE mINImIzaCIóN EN méxICO
a: introDucción al concePto De MiniMización
Una de las mayores contradicciones de México es su fuerte postura para la protección de los derechos humanos en foros internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, mientras permite que graves violaciones ocurran con impunidad dentro de sus propias fronteras. Efectivamente, desde el año 2000, el gobierno implemento una política de “puertas abiertas” en su país, para que entraran varios organismos de derechos humanos en México.90 Al mismo tiempo, hubo un mínimo de 1,000 recomendaciones hechos por varios organismos internacionales. Es más, México ha firmado e implementado más de 80 tratados internacionales para la protección de los derechos humanos.91 A pesar de toda esta actividad, el gobierno ha hecho poco para solucionar los problemas mas agudos de violaciones de derechos humanos. En cambio, el gobierno responde a las crisis de derechos humanos de manera simulada, mientras toma pocas medidas autenticas para solucionar adecuadamente el problema. 92 Asimismo, el gobierno confunde los asuntos y por ende logra callar la	reacción	pública.	Nos	referimos	a	esta	estrategia	como	“minimización”.	En	efecto,	en su informe de 2009, Articulo 19 y Cencos indicaron que las medidas tomadas por el gobierno recientemente para resolver los asuntos con los cuales se enfrentan los periodistas son tan ineficaces que pueden ser consideradas como cortinas de humo o medidas paliativas.93 En el caso de decisiones importantes emitidas por la Corte Interamericana de derechos humanos (“Corte”), la minimización significa que el gobierno brindara reparaciones mínimas, como un proyecto de ley o una política, que no serán efectivas para resolver el problema, y luego alegara que la solución es conforme a la orden judicial. Esto resultara en una larga cobertura mediática, que difundirá ampliamente el sesgo estatal y disipara la presión sobre el asunto. 94 Abordaremos este punto en más detalle abajo, en la sección “Derechos Violados”. Muchos ONGs en México están preocupados por el hecho de que esta estrategia de minimización este llegando más allá de las fronteras del país, afectando otros gobiernos y actores internacionales. En efecto, al inicio de 2010, el director del organismo de derechos humanos Prodh, visito Canadá porque estaba preocupada por la política canadiense de inmigración hacia los emigrantes mexicanos y por la retórica del gobierno canadiense hacia México,95 que imita el discurso del Presidente Calderón al imputar la responsabilidad a las ONTs y no al gobierno.
b: la oficina Del fiscal esPecial
Los esfuerzos del gobierno mexicano para proteger periodistas amenazados han sido en gran parte ineficaces. En febrero 2006, la Cámara de Diputados estableció la Oficina del Fiscal Especial para la Atención a los Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (“Oficina del Fiscal Especial”). En ese entonces, el
90	91 92	93	94	95 Sánchez	Interview	,	supra note	73.	Ibid. Ibid. Informe 2009,	supra note	3	at	33. Brewer	Interview,	supra note	41. Ibid.
gobierno de Fox, que detenía el poder, indico que la Oficina del Fiscal Especial será encargada de dirigir las investigaciones y las acciones judiciales llevadas con relación a delitos cometidos en contra de periodistas, cuando este delito esta relacionado al ejercicio de la profesión periodística. En realidad, esta oficina no tiene jurisdicción para abordar casos de narcotraficantes o de crimen organizado, ni para investigar delitos o formular cargos.96 En consecuencia, en sus primeros cuatro años, la Oficina del Fiscal Especial ha tratado con una media de una acción judicial por año.97 Las debilidades institucionales de la Oficina del Fiscal Especial han sido exacerbadas por su débil liderazgo. En febrero 2010, un nuevo Fiscal Especial, Gustavo Salas Chávez, fue nombrado. 98 El señor Salas Chávez es abogado, pero carece de experiencia como fiscal o de experiencia en derechos humanos o libertad de expresión.99	Sus	responsabilidades,	según	instrucciones	recibidas	del	ex	Fiscal	General Arturo Chávez Chávez, son: revisar el trabajo atrasado de la oficina, combatir la impunidad, y reorganizar la oficina. En una audiencia reciente de la Comisión Interamericana de derechos humanos (“CIDH”), Salas notó que la oficina se encuentra bajo revisión institucional para mejorar sus operaciones en varias áreas. 100 También señaló que la oficina esta planeando ampliar su mandato para incluir todos los delitos en contra de la libertad de expresión y, por ende, esta cambiando su nombre para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.101 A la fecha de este informe, ya paso casi un año desde que el nuevo Fiscal tomo su	cargo,	y	no	hubo	ninguna	noticia	indicando	progreso	algún.	Aunque	el	Fiscal	Especial alega que el mandato de la oficina aumentara para incluir todas las personas trabajando en la libertad de expresión, incluyendo emisoras de radio comunitaria, por	ahora	ningún	cambio	fue	señalado.	En	este	momento,	las	reformas	parecen	ser	puramente estéticas. Esta institución tiene que ser fortalecida más que en su nombre, y su mandato debe ser ampliado para habilitarla a llevar investigaciones eficaces y enjuiciamientos. Al mismo tiempo, la jerarquía tendrá que ser modificada para que el Fiscal Especial respondiera directamente al Fiscal General, en vez del Fiscal Adjunto para Derechos Humanos.
96	97	98	99	Protecting	Press Freedom, supra note	6	at	9. Ibid.	at	10. Prieto	and	Hernández	Interview,	supra note	33.	PGR,	News	Release	172/10,	“Designa	el	Procurador	Arturo	Chávez	a	Gustavo	R.	Salas	como	Titular	de	la	Fiscalía	Especial	para	Periodistas”	(Feb.	15,	2010)	Online:	PGR	www.pgr.gob.mex	.	100	Gustavo	R.	Salas,	Intervención	del	Fiscal	Especial	para	la	Atención	de	Delitos	Contra	Periodistas,	before	the	138th	Period	of	Sessions	of	the	Inter-American	Commission	on	Human	Rights	(IACHR-OAS),	March	22,	2010.	Title	of	the	hearing:	Attacks	on	Journalists	in	Mexico;	petitioners:	Article	19	and	Cencos	[hereinafter	Intervención]	cited	in	Protecting	Press Freedom, supra note	6 101	Gustavo	R.	Salas,	Intervención	del	Fiscal	Especial	para	la	Atención	de	Delitos	Contra	Periodistas,before	the	138th	Period	of	Sessions	of	the	Inter-American	Commission	on	Human	Rights	(IACHR-OAS)	,March	22,	2010.	Title	of	the	hearing:	Attacks	on	Journalists	in	Mexico;	petitioners:	Article	19	and	Cencos,	cited	in	Estevez,	Dolia,	“Protecting	Press	Freedom	in	an	Environment	of	Violence	and	Impunity”	(May	2010),	online:	Woodrow	Wilson	International	Centre	for	Scholars	http://wilsoncentre.org/topics/pubs/Protecting	Press	Freedom.Estevez.pdf
Junio 2011 25
c: MecanisMo De Protección De PerioDistas
Por mas de 2 años, la sociedad civil mexicana hicieron campaña para que el gobierno establezca un mecanismo formal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, parecido al mecanismo establecido en Colombia.102 En el ejemplo colombiano, en un país con su propia historia de violencia en contra de periodistas, es considerado como un modelo por muchos periodistas mexicanos y por organizaciones de la sociedad civil.103 Como notó Dolia Estévez: “[E]l Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Colombia,” fundado en 2000 para la protección y prevención de la violencia en contra de periodistas, fue financiado en parte, en coordinación con Plan Colombia, por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, “USAID”). Como parte de su programa colombiana de 5 años para el fortalecimiento de instituciones democráticas (estimado a $144 millones), el USAID apoyo al comité mixto integrado por el Ministerio del Interior y las ONGs con radios, chalecos antibalas y otros equipos, brindando también servicios de seguridad para oficinas de periodistas.104 Un procedimiento para el desarrollo de este mecanismo comenzó en México en febrero,	2010,	según	una	persona	entrevistada	quien	quiere	mantener	su	anonimato,	en una reunión entre la CIDH, representantes del Ministerio del Interior, la sociedad civil mexicana, y participantes colombianos involucrados en el sistema de protección en su país. La persona entrevistada contó que posteriormente, hubo también algunas otras reuniones sobre este tema con la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que mostró interés a participar en estas reuniones. Sin embargo, cuando el Secretario del Interior Fernando Gómez-Mont y todo su equipo fueron reemplazados en julio, 2010, el proceso se paro. El cambio llego con la visita de los relatores especiales para la liberta de expresión de las Naciones Unidas y de la OEA en México en agosto, 2010. Su informe preliminar de octubre, 2010 critico el alto nivel de la impunidad en los ataques contra periodistas. El resumen ejecutivo del informe señaló lo siguiente: [E]l pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos. Preocupa también a las Relatorías la vigencia de legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de entidades federativas. Asimismo, las Relatorías consideran que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión; por la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo
102	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	17. 103	Silence or Death,	supra note	4	at	25. 104	USAID,	News	Release,	“USAID	Colombia:	Support	to	Democratic	Institutions”(June	1,	2001)	Online:	USAID	<	www.usaid.gov>	Protecting	Press Freedom, supra note	6	at	8.
en materia de asignación de dichas frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación; y por la falta de regulación de la publicidad oficial. Finalmente, las Relatorías observan con preocupación una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.105 Una persona entrevistada quien quiere mantener su anonimato contó que las organizaciones de la sociedad civil demandaron otra reunión en el marco del CIDH para nuevamente proponer la creación de un mecanismo de protección y el gobierno asintió. El 3 de noviembre, 2010, representantes de varios departamentos gubernamentales declararon que llegaron a un acuerdo en cuanto a la creación del mecanismo	de	protección,	según	la	persona	entrevistada.	Ellos	comentaron	que	este mecanismo creara un sistema de respuesta a emergencia, realizado con fondos públicos,	para	la	protección	de	periodistas	amenazados.106 Una gama de medidas de protección será brindada, incluyendo los servicios de guardaespaldas, traslado físico, celulares, y caros blindados.107 Apreciamos el reconocimiento del gobierno de la gravedad de la situación de los periodistas en el país. Sin embargo, la política concebida ahora contiene defectos importantes que afectaran su eficiencia. Hubo una reacción muy crítica de parte de la sociedad civil mexicana.108 Una preocupación primordial es el hecho de que los periodistas y organizaciones de la sociedad civil no gozaran de un papel oficial. El comité estará bajo la autoridad del Ministerio del Interior, que tiene una historia cuestionable en México, antes de la democratización, cuando controlaba la policía política que mantuvo el PRI al poder.109 Estarán en la mesa también el Secretario de la Seguridad Publica, el Fiscal General, y el Ministerio de Asuntos Exteriores.110 Las organizaciones de la sociedad civil serán incluidas solamente a través de sub-comités consultivos, sin autoridad alguna.111 Con el tiempo, tres periodistas serán nombrados al comité, pero serán elegidos por representantes del gobierno.112 Esta falta de participación ha sido plenamente criticada por no enfrentar la falta de confianza resentida por la mayoría de periodistas hacia oficiales del gobierno,	en	cuanto	la	responsabilidad	de	estos	últimos	para	brindar	seguridad	a	los	periodistas.113 Una gran parte del comité consistiría de agentes de policía, quienes han sido implicados en amenazas en contra de periodistas y no han investigado
105	United	Nations	Special	Rapporteur	on	the	right	to	freedom	of	opinion	and	expression	and	InterAmerican	Commission	on	Human	Rights	Special	Rapporteur	on	Freedom	of	Expression,	Visita	Oficial	Conjunta	a	México:	Observaciones	Preliminares,	2010	online:	CIDH	http://www.cidh.org [hereinafter	Visita	Oficial].	106	O’Connor	Interview,	supra note	19. 107	Ibid. 108	Prieto	and	Hernández	Interview,	supra note	33. 109	O’Connor	Interview,	supra note	19.	110	Ibid. 111 Ibid. 112	Ibid. 113	Prieto	and	Hernández	Interview,	supra note	33.	Junio 2011 27
los crímenes cometidos en su contra.114 Otro problema es el plan de involucrar autoridades	estatales	en	el	mecanismo,	que	son	aún	más	asociados	con	amenazas	y faltas de investigación.115 Los autores de este informe conocen el caso de un periodista bajo amenazas quien rechazo la protección de la policía federal porque no quiera que los agentes sepan su dirección!116 El mecanismo ha recibido críticas también por no tener planes explícitos para brindar recursos y pericia técnica.117 Ofrecer protección a personas bajo amenazas es un asunto costoso que requiere peritos en la evaluación y mitigación de riesgo.118 Sin tener un plano claro para el financiamiento del mecanismo, este puede llegar a ser otra institución ineficaz mexicana que funciona de manera simbólica. Es más, el mecanismo propuesto excluye a los defensores en derechos humanos.119	En	las	discusiones	preliminares,	según	una	persona	entrevistada	quien quiere quedar anónima, fue señalado que el mecanismo tendrá que incluir periodistas y también defensores en derechos humanos, porque los dos son blancos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. Su exclusión resultara en un sistema bifurcado en donde los defensores continuaran a hacer demandas ad hoc para medidas de protección ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (“CNDH”) y la CIDH. Además, queda poco claro si la definición de periodistas	según	este	mecanismo	será	bastante	amplia	para	incluir	locutores	comunitarios. Desde noviembre 2010 hubo algunas visitas entre representantes gubernamentales y de la sociedad civil para tratar de este asunto, incluyendo el viaje de enero 2011 a Colombia para observar los mecanismos protección in situ.120 Sin embargo, el 14 de marzo de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana publicaron una nota de prensa criticando la falta de avance substancial en el asunto.121 Un mecanismo eficaz de protección tiene que tratar sobre la falta de confianza de los periodistas hacia la policía. El modelo colombiano, considerado por muchos como un éxito, es más flexible e incluye a los periodistas. Cualquiera sea la forma final del mecanismo, tendrá que ser apoyado por una vertiente preventiva que incluye reformas legislativas, el fortalecimiento de la Oficina del Fiscal Especial y una capacidad aumentada del sistema judicial. Finalmente, tendrá que ser creado sin más atraso.
114 115	116	117	118 119	120	28
Ibid. Cardenas	Interview,	supra note	16.	O’Connor	Interview,	supra note	19.	Prieto	and	Hernández	Interview,	supra note	33.	Ibid. Cardenas	Interview,	supra note	16.	Cencos,	News	Release,	“Estado	incumple	gravemente	su	obligación	de	proteger	a	periodistas	y	defensoras	y	defensores	de	derechos	humanos,”	(14	March,	2011)	online:	Cencos	<http://www. cencos.org	>	[hereinafter	Estado	Incumple]. 121	Estado	Incumple,	Ibid.
D: coMité esPecial Para la atención De Delitos en contra De PerioDistas
En 2006, la Cámara Federal de Diputados estableció la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación .122 Este hecho hizo	algún	impacto	en	despertar	la	conciencia	sobre	el	numero	de	victimas	cada	vez más grande y la situación de seguridad que empeora. 123 Aunque la Cámara de Diputados disolvió la Comisión en septiembre, 2009, fue re-establecida en febrero, 2010.124 Esta comisión tiene que hacer mucho más para presionar el gobierno para que implemente las reformas legislativas necesarias.
e: enMienDas al cóDigo Penal feDeral
En abril 2009, la Cámara de Diputados aceptó adicionar la sección XXVII al Código Penal Federal, titulada “Sobre delitos contra la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo”.125 Hasta la fecha de este informe, la enmienda todavía no ha sido aprobada por el Senado.126 Esta es una iniciativa positiva porque reconoce que la agresión en contra del periodismo es una agresión en contra del derecho a la libertad de expresión; reconoce que el móvil es callar al comunicador.127 También incluye en su ámbito todos los comunicadores, incluso medios alternativos, miembros de la comunidad, independientes, los que trabajan por cuenta propia, y anunciantes.128 Sin embargo, Articulo 19 advierte que esta reforma, aunque importante, no es suficiente para proteger la libertad de expresión y los comunicadores porque no ofrece las reformas de procedimiento necesarias para habilitar al gobierno federal a investigar estos delitos, particularmente los delitos que caen bajo la jurisdicción de tribunales locales.129 Es decir, como esta reforma no llega hasta el punto de federalizar los delitos en contra de periodistas, las autoridades federales siempre tienen que quedar dentro del marco de su jurisdicción e investigar los crímenes que cumplen a este requisito.130
f: Definiciones estrechas De “PerioDistas”
Este informe ha examinado la represión de los locutores de radio comunitaria, subrayando su situación particularmente vulnerable en la sociedad. Esta vulnerabilidad es exacerbada por otro vertiente de la estrategia del estado mexicano de minimización: la manipulación de la definición de “periodista” para excluir personas involucradas en actividades periodistas, quienes son objetos de amenazas y violencia a causa de su trabajo. Por ejemplo, los autores fueron informadas por miembros de la AMARC que no quedo claro si los locutores de radio comunitaria serán incluidos en
122	123	124	125	Protecting	Press Freedom, supra note	6,	at	17. Ibid. Ibid. México,	Cámara	de	Diputados,	De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el Título Vigésimo Séptimo, “De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, al Código Penal Federal (2	April	2009),	Gaceta	Parlamentaria,	número	2728-IV,	martes	31	de	marzo	de	2009. Ibid.	at	39-40. Ibid.	at	40. Ibid. Ibid. Ibid.
126	127	128	129	130	Junio 2011 29
el mecanismo propuesto por el gobierno para la protección de periodistas.131 Hasta ahora, ni AMARC no otras emisoras participantes no han sido consultadas sobre el asunto.132 AMARC también señaló que agentes del estado declaran con frecuencia que emisoras comunitarias no cumplen con la definición de “periodista” para minimizar la represión en su contra.133 El sexto principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (“Declaración de Principios”) establece que cada persona tiene el derecho a comunicar su opinión por cualquier medio y en cualquier forma.134 El segundo principio establece que toda persona tiene el derecho a contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación alguna.135 Como lo demuestran estos principios, toda persona que ejerce actividad periodista, independientemente de su estatus profesional, esta ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Todo intento para limitar artificialmente la categoría de periodistas es injustificable.
v. vIOlENCIa E ImpuNIDaD: vIOlaNDO lOs DERECHOs HumaNOs DE lOs pERIODIsTas
La situación de la continua violencia y agresión dirigidas a periodistas, como la continua impunidad de estos crímenes, hace que México este violando varios derechos humanos garantizados por la Convención Americana136 en el sistema interamericano regional de derechos humanos y por el PIDCP en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. México firmo y ratifico la Convención Americana en 1981 y accedió al PIDCP y luego ratifico al Protocolo Facultativo en 2002, que determina la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (“CDH”) para escuchar demandas llevadas en el marco del PIDCP.137
b: violación al Derecho a la libertaD De exPresión
En el sistema interamericano los estados tienen obligaciones positivas de respetar	los	derechos	garantizados	por	la	Convención	Americana.	Según	esta,	el estado debe respetar, proteger y cumplir con las obligaciones contempladas en el tratado.138 El estado tiene la obligación agregada de disuadir e impedir las violaciones a los derechos de la Convención, y de investigar y reparar toda violación a estos derechos.139
131	132	133	134	135	136	137	138	139	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47.	Ibid. Ibid. O.A.S., Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression,	adopted	at	the	108th	regular	session,	October	19,	2000	at	Principle	No.	6	[hereinafter	Principles].	Ibid., Principle	No.	2. American	Convention,	supra note	8.	United	Nations	Treaty	Collection,	“Chapter	IV:	Human	Rights”,	(Dec.	16,	2010)	online:	<http:// treaties.un.org>/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en.	Human	Rights	Watch,	Mexico’s	National	Human	Rights	Commission:	A	Critical	Assessment,	HRW,	2008,	Vol.	20,	No.	1(B)	at	17	[hereinafter	Critical	Assessment]. Ibid.
Los artículos 13 y 14 de la Convención Americana establecen un derecho legal a la libertad de expresión. El articulo 13(1) dispone de sus aspectos centrales: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.140 En cuanto a la violencia continua en contra de periodistas y otros comunicadores sociales en México, la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión (“Declaración de principios”) aclara las obligaciones estatales en cuanto a la libertad de expresión como sigue: El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.141 La continua situación de violencia en contra de periodistas en México, creada por agentes estatales y no-estatales, y la continua impunidad representan violaciones al articulo 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención Americana, en conexión con el articulo 1 (obligación de Respetar los Derechos), al articulo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), tanto como al Principio 9 de la Declaración de Principios. En el sistema de las Naciones Unidas, el articulo 19(2) del PIDCP dispone de los aspectos centrales del derecho a la libertad de expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.142 Las obligaciones de México bajo el PIDCP son similares a las del sistema interamericano; a saber, respetar, proteger y cumplir con las obligaciones de derechos humanos del tratado, además de disuadir y prevenir toda violación a estos derechos.143	Según	el	articulo	2(3)(a)	del	PIDCP,	los	gobiernos	tienen	que	garantizar	que “[t]oda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo.”144 En sus Observaciones Finales de 2010 sobre México, el CDH identifico
140	141	142	143	144	American	Convention,	supra note	8	at	Article	13(1). Principles,	supra note	134	at	Principle	No.	9. American	Convention,	supra note	8	Art.	19(2). Critical	Assessment,	supra note	138	at	17. ICCPR	,	supra note	8	at	Art	2(3)(a).
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a los periodistas como unos de los principales sujetos de preocupación y recomendaciones. Al presentar dichas recomendaciones, el CHH indico que México debería “[…] garantizar a los periodistas y los defensores de los derechos humanos el derecho a la libertad de expresión en la realización de sus actividades.”145 Efectivamente,	según	el	articulo	19(2),	existe	un	derecho	a	difundir	informaciones	tanto como el derecho del publico a buscar y recibir informaciones. Ambos derechos están violados por el circulo de violencia e impunidad cercando la prensa mexicana.
c: Derecho a la viDa
El artículo 4(1) de la Convención Americana establece que: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente..146 Según	la	Convención	Americana,	el	derecho	a	la	vida	incluye	“no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino que además, el deber de los Estados de […] y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna.”147 La Corte Interamericana arrojo luz sobre la relación entre el articulo 1 (obligación de Respetar los Derechos) y el articulo 4, señalando que “el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.”148 Esta obligación positiva de prevenir y sancionar las violaciones de este derecho es aplicable no solo a la rama legislativa, sino a toas las instituciones estatales, incluso a los organismos de seguridad como la policía y el ejército.149 México esta violando los artículos 4 y 1 de la Convención Americana debido a la participación directa e indirecta del estado en el asesinato de periodistas, y al continuo estado de impunidad de estos crímenes. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el artículo 6(1) del PIDCP señala: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. En su Comentario General Nr. 6 sobre el Derecho a la Vida, el CDH expuso la obligación de los estados miembros de prevenir y sancionar violaciones al derecho
145	Human	Rights	Committee,	Concluding	Observations:	Mexico,	UN	HRC,	2010,	UN	Doc.	CCPR/C/MEX/ CO/5	at	2	[hereinafter	Concluding	Observations	2010]. 146	American	Convention,	supra note	8	at	Article	4(1). 147	Case	of	Ximenes-Lopes	(Brazil)	(2006),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C)	No.	149	at	para.	124. 148	Case	of	Zambrano-Vélez	et	al.,	(Ecuador)	(2007),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C)	No.	166	at	para.	80.	. 149 Special Study,	supra note	69	at	30.
a la vida como sigue: “los estado miembros deben tomar medidas no solamente para prevenir y sancionar la privación a la vida por actos criminales, pero también prevenir asesinatos arbitrarios por sus propias fuerzas de seguridad.” (traducción del ingles)150 Los estados miembros también tienen la obligación de tomar medidas para prevenir la desaparición de personas y, en particular, “establecer los recursos y los procedimientos para investigar detalladamente casos de desapariciones en circunstancias que pueden implicar una violación al derecho a la vida.”151 Por ende, según la Convención Americana, los estados miembros del PIDCP tienen la obligación positiva de prevenir y punir violaciones del derecho a la vida. En su Observaciones Finales de 2010 sobre México relacionados al estado de impunidad de asesinatos de periodistas, el CDH expreso su preocupación en cuanto a “la falta de progreso significativo en la implementación de sus recomendaciones previas, incluyendo las relacionadas a la […] falta de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. (traducción del ingles)”152 El CDH recomendó que México tome las siguientes medidas, entre otras: (a) Tomar pasos de inmediato para brindar protección efectiva a periodistas y a defensores de derechos humanos cuyas vidas y seguridad están en peligro debido a sus actividades profesionales; [y] (b) Asegurar investigaciones rápidas, eficaces e imparciales de las amenazas, agresiones violentas y de los asesinatos perpetrados en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y, donde sea apropiado, enjuiciar a los responsables. Como en el caso de la Convención Americana, el derecho a la vida ha sido violado	por	el	estado	mexicano	según	el	PIDCP,	por	su	participación	directa	e	indirecta en los asesinatos y las desapariciones forzadas de periodistas, y por la continua situación de impunidad de estos crímenes.
D: Prohibición contra la tortura
En el marco del sistema de las Naciones Unidas, México firmo la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Penales Crueles, Inhumanos o Degradantes (la “CCT”) en enero del 1986, y ratificó el Protocolo Facultativo en abril, 2005. Conforme al articulo 1 de la CCT, hay cuatro condiciones de base para probar la tortura: (1) inflicción intencional de (2) dolor o sufrimiento (físico o mental) (3) por una razón determinada (como la discriminación) (4) con la participación de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.153 El Comité contra la Tortura dejó claro que
150	Human	Rights	Committee,	General	Comment	No.	06:	The	right	to	life,	UN	CCPR,	04/30/1982	[hereinafter	HRC	General	Comment	No.	6]. 151 Ibid. 152	Concluding	Observations	2010,	supra note	145	at	2. 153	Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment,	G.A.	res.	39/46,	[annex,	39	U.N.	GAOR	Supp.	(No.	51)	at	197,	U.N.	Doc.	A/39/51	(1984)],	entered	into	force	June	26,	1987.at	Article	1.	[hereinafter	CAT]
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los estados miembros son responsables por actos de tortura cometidos por sujetos privados si los funcionarios públicos “tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales de conformidad con la Convención.”154 Los artículos 2 y 16 de la CCT requieren a los estados miembros que tomen medidas efectivas para prevenir actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de su jurisdicción.155 El	articulo	7	del	PIDCP	pone	aún	más	énfasis	en	la	prohibición	internacional contra la tortura, señalando que: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.156 Esta definición de tortura intenta incluir las acciones de sujetos privados. Efectivamente, en su Comentario General Nr. 20 sobre la prohibición de la tortura y de los tratos o castigos crueles, el CDH indicó que “el estado tiene el deber de brindar a todos la debida protección, a través de legislación o por otras medidas necesarias, en contra de los tratos prohibidos por el articulo 7, que sean perpetrados por	funcionarios	actuando	en	el	ejercicio	de	funciones	públicas	o	no,	o	por	sujetos	privados.”(traducción)157 En sus Observaciones Finales 2010 sobre México, el CDH notó su preocupación hacia “la continua incidencia de actos de tortura y maltratos por agentes del orden publico, el numero limitado de condenas de los responsables, y las bajas sanciones impuestas.” (traducción)158 El CDH recomendó que México “armonizara la definición de la tortura con estándares regionales e internacionales, para incluir todas las formas de tortura [y que] se abra una investigación en cada caso que alega la tortura.” (traducción)159 El comité recomendó también que “el estado miembro reforzara las medidas para acabar con los actos de tortura y los maltratos, monitorear, investigar y, si es necesario, enjuiciar y castigar a los perpetradores, y reparar a las victimas.” (traducción)160 En	cuanto	a	los	actos	de	tortura	en	contra	de	periodistas,	múltiples	informes han denunciado este tipo de casos, incluyendo el informe del CPJ de septiembre 2010, “Silencio o muerte en la prensa mexicana” y el de la OEA, “Estudio
154	UN	Committee	Against	Torture,	General	Comment	No.	2:	Implementation	of	Article	2	by	States	Parties,	24	January	2008,	CAT/C/GC/2,	available	at:	http://www.unhcr.org/refworld/ docid/47ac78ce2.html	[accessed	14	March	2011]	at	para.	18	[hereinafter	CAT	General	Comment	2]. 155	CAT,	supra note	153	at	Articles	2	and	16. 156	ICCPR,	supra note	8	at	Article	7. 157	UN	Human	Rights	Committee	(HRC),	CCPR	General	Comment	No.	20:	Article	7	(Prohibition	of	Torture,	or	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment),	10	March	1992,	available	at:	http:// www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb0.html	[accessed	14	March	2011]. 158	Concluding	Observations	2010,	supra note	145	at	5. 159 Ibid. 160	Ibid.
Especial sobre Asesinato de Periodistas”.161 Debido a la falta de investigación, muchas veces resulta imposible concluir con certeza si los responsables eran agentes estatales o no. Sin embargo, como este informe ha intentado demostrar, los agentes estatales mexicanos han incumplido sistemáticamente con su obligación de debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de estos delitos. Como mínimo, la aquiescencia de los agentes estatales a la tortura de periodistas es una violación a los artículos 1, 2 y 16 de la CCT. Al no proteger los periodistas en contra de la tortura perpetrada por funcionarios actuando en el ejercicio de funciones	públicas	o	no,	México	también	esta	violando	el	articulo	7	del	PIDCP. Dentro del sistema interamericano, México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (“la Convención Interamericana sobre la Tortura”) en 1987. De conformidad a los dispuesto en esta, los Estados partes tienen que “tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.”162 Según el articulo 3, las personas responsables serian los funcionarios o empleados públicos, además de las personas instigadas por ellos.163 Igualmente, los Estados partes “tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.”164 El articulo 5, incisos (1) y (2) de la Convención Americana, expone el derecho a un trato humano: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.165 La Corte Interamericana ha indicado que los Estados partes tienen el deber de investigar, identificar, enjuiciar y sancionar a todos los perpetradores de tortura.166 Es más, estas investigaciones deben “tomar en consideración las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba forense respecto de la comisión de actos de tortura.”167 Estas normas hacen parte del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
161 See Silence or Death	,	supra note	4	and	Special Study on the Murder of Journalists,	supra note	69. 162	Inter-American	Convention	to	Prevent	and	Punish	Torture,	O.A.S.	Treaty	Series	No.	67,	entered	into	force	Feb.	28,	1987,	reprinted	in	Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System,	OEA/Ser.L.V/II.82	doc.	6	rev.1	at	83,	25	I.L.M.	519	(1992)at	Article	6	[hereinafter	InterAmerican	Torture	Convention]. 163	Ibid.at	Article	3. 164 Ibid.	at	Article	6. 165	American	Convention,	supra note	8	at	Article	5. 166 Vargas-Areco Case	[Paraguay]	(2006),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C),	No.	155	at	para.	93.	167	Ibid.
penas crueles, inhumanos o degradantes (“Protocolo de Estambul”).168 México esta violando el derecho a un trato humano protegido por la Convención Americana debido a la continua situación de impunidad de estos delitos.
e. el Derecho a la Protección juDicial
El articulo 25(1) Convención Americana estipula que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la	presente	Convención,	aún	cuando	tal	violación	sea	cometida	por	personas	que	actúen	en	ejercicio	de	sus	funciones	oficiales. La Corte Interamericana ha indicado que el derecho a la protección judicial garantizado por el articulo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.”169 Esta disposición requiere al estado ejercer su debida diligencia al tratar de violaciones de derechos humanos.170 Este deber tiene cuatro vertientes: la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar por este tipo de violaciones.171 En la sentencia más importante en esta materia, en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte señaló lo siguiente: Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.172 Por consiguiente, la falta del estado a sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar para violaciones a los derechos humanos presentados en este informe también constituye un violación de las obligaciones convencionales de México. Estas violaciones son concurrentes a las violaciones del articulo 1 (obligación de respetar los derechos), articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), y del articulo 8 (garantías judiciales).
168 Ibid. 169 Loayza Tamayo	Case	(Peru)	(1998),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C)	No.	42	at	para.	169	[hereinafter	Loayza	Tamayo]. 170	González Pérez et al. v. Mexico (2001),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C.)	No.	53/01	[hereinafter	González	Pérez]. 171	Velásquez Rodríguez	Case	(Honduras)	(1988),	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Ser.	C),	No.	4,	at	para.	149	[hereinafter	Velázquez	Rodríguez].	172	Ibid.	at	para.	166.
vI. El maRCO lEgal mExICaNO vIOla la lIbERTaD DE ExpREsIóN
El marco legal mexicano en si esta violando el derecho a la libertad de expresión e impidiendo su libre ejercicio a través de actos y omisiones del estado, y dejando a los periodistas	mexicanos	aún	más	vulnerables	en	este	contexto	de	extrema	violencia	e	impunidad. Las leyes penales que rigen la difamación escrita y la oral siguen vigentes en 15 estados mexicanos,173	mientras	las	leyes	civiles	de	difamación	continúan	ser	aplicadas para acosar periodistas quienes intentan divulgar casos de corrupción. Las leyes que regulan los medios de comunicación favorecen su concentración en las manos de unas pocas empresas mediáticas. Es más, la independencia de los medios de difusión continua ser precaria dado que son forzados en seguida a censurar su cobertura o arriesgar perder contratos publicitario con el gobierno que son vitales para su existencia. La falta de normas de trabajo o regalamientos para la profesión periodística lleva a que los periodista sean vulnerables a la corrupción y sin recursos judiciales en caso de accidente de trabajo. La continua falla del gobierno a brindar licencias a las emisoras comunitarias hace que estos periodistas queden en una muy precaria posición frente a los órganos de la ley y también constituye una omisión seria y posiblemente deliberada por parte del gobierno. Los agentes del estado han utilizado también los juicios penales, las amenazas y la violencia en contra de las emisoras comunitarias para silenciarlas. Muchas de estas fallas, y la falla de las autoridades mexicanas a tratar de estos asuntos, también constituyen violaciones al derecho a la protección judicial.
b: liMitaciones esPecíficas en libertaD De exPresión i) Leyes sobre la difamación escrita y oral:
El articulo 13(1) y (2) de la Convención Americana expresa lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas..174
Estos principios clarifican el alcance del derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano. Conforme a la Convención Americana, la censura previa esta prohibida y la imposición de responsabilidad posteriormente esta solamente
173	Article	19,	“Press	Release:	Puebla	State	Decriminalizes	Defamation”,	Feb.	25,	2011,	Article	19	online:	http://www.article19.org/pdfs/press/mexico-puebla-state-decriminalises-defamation.pdf. [hereinafter	Puebla	Press	Release]. 174	American	Convention,	supra note	8	at	art.	13.
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autorizada cuando sea necesario para respetar el derecho a la reputación o para proteger la seguridad nacional, el orden publico o la salud o moral publica.175 El informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión (“el(la) Relator(a)”) de enero	1999	nota	que	“el	único	objetivo	legitimo	para	las	leyes	de	difamación	es	la	protección de la reputación” y también que “las sanciones para la difamación no deben ser tan graves que ejerzan un efecto intimidatorio sobre la liberta de expresión y de opinión y sobre el derecho a buscar, recibir y difundir información; las sanciones penales nunca deben de ser aplicadas incluso, en particular, el encarcelamiento.”176 A pesar de esta posición, en varios estados de México existen leyes civiles y penales de difamación que pueden ser utilizadas para enjuiciar periodistas a causa del contenido de sus publicaciones o de su expresión.177 Efectivamente, solo en 2009 en México, hubo un total de 5 casos registrados con este tipo de cargos.178 Aunque la difamación fue despenalizada en el Código Penal Federal de México en 2008,179 en febrero del 2010 habían leyes criminalizando la difamación en 15 de las 32 entidades federales de México.180 En muchos estados, se imponen condenas de prisión a los culpables de difamación, y la sentencia puede llegar a cuatro años de prisión.181 Según	Articulo	19	y	Cencos	también	hubo	casos	en	donde	se	aplicaron	las	leyes	civiles de difamación, para censurar la liberad de expresión. En efecto, la revista Contralínea fue el objeto de dos acciones en su contra, interpuestas por el Grupo Z, una empresa de gestión contratada por Petróleos Mexicanos (“PEMEX”), una empresa estatal que tiene el monopolio para la exploración, procesamiento y venta de petróleo. En este caso, el Grupo Z alego que algunos artículos de la revista eran difamatorios por divulgar irregularidades en la asignación de contratos de millones de dólares involucrando a PEMEX. Estos casos fueron decididos en contra de los demandantes en 2008, e fueron objeto de la recomendaciones de la CNDH. Las recomendaciones, inter alia, indicaron que este tipo de acciones pueden restringir indirectamente a la libertad de expresión, o sea la razón del trabajo periodístico.182 Desafortunadamente, desde entonces, PEMEX ha apelado exitosamente la decisión del tribunal inferior a la Corte del Distrito Federal. El 3 de enero 2011 el juez Tolamatl Alonso decidió en contra de Contralínea y de los periodistas y ordeno que estos repararan los danos morales causado a los contratantes de PEMEX.183	Según	Articulo 19, este precedente constituye censura previa, en parte porque prohíbe el uso de “lenguaje ofensivo” sin definir el termino “ofensivo”.184 En efectivo, esta
175	Grossman,	Claudio,	“Freedom	of	Expression	in	the	Inter-American	System	for	the	Protection	of	Human	Rights”	(2001)	25	Nova	L.	Rev.	411	at	416	[hereinafter	Grossman]. 176	Report	of	the	UN	Special	Rapporteur	on	the	Protection	and	Promotion	of	the	Right	to	Freedom	of	Expression	and	Opinion,	UN	Doc.	E/CN.4/1999/64,	29	t	para.	28(a)	and	(h).	[hereinafter	UN	Special	Rapporteur	1999] 177	Informe 2009,	supra note	12	at	14. 178	Ibid. 179	Ibid.	at	41. 180	Puebla	Press	Release,	supra note	18. 181 Informe 2009,	supra note	12	at	42. 182	Ibid.	at	14	at	footnote	7. 183	Cynthia	Cárdenas,	“Condena	Condenable”	(Jan	27,	2011)	El	Universal,	available	at:<http://blogs. eluniversal.com.mx/weblogs_detalle13159.html>	[hereinafter	Condena]. 184 Ibid.	at	191.	38
decisión presenta una interpretación demasiado larga del termino “ofensivo”, que incluye la critica legitima de periodistas.
ii) Regulación de medios y oligopolio
En cuanto a los sectores mediáticos altamente concentrados, la Declaración de Principios expone lo siguiente en su Principio 12: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.185 La Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones entraron en vigencia en 1960 y 1996 respectivamente. Las dos fueron reformadas considerablemente en 2006, en vísperas de las elecciones presidenciales. Las reformas fueron fuertemente criticadas por favorecer a las empresas mediáticas existentes e inhibir la diversificación en el sector.186	Aún	antes,	los	medios	eran	altamente	concentrados en México. Ahora, 96% de las estaciones comerciales de televisión son detenidas por dos familias, y 86% de las emisoras de radio son propiedad de 13 grupos comerciales.187 Las enmiendas fueron impugnadas por un grupo de senadores, quienes llevaron una petición a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando su inconstitucionalidad. En una decisión transparente y detallada, la corte asintió y declaro la mayoría de las enmiendas inconstitucionales.188 Sin embargo, a pesar de esta decisión importante, las leyes de comunicación en México todavía impiden la diversificación de los medios, dado que las leyes que favorecen a las grandes empresas siguen vigentes. Es más, existe un vacío legislativo en cuanto a la regulación de emisoras comunitarias, que enfrentan con frecuencia sanciones penales graves por incumplir con requisitos reglamentarios que no deberían aplicarse a ellos porque los legisladores no crearon ninguna disposición para emisoras privadas sin fines de lucro.189 En cuanto a la publicidad oficial, la Declaración de Principios explica lo siguiente en su Principio 13: La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y
185	186	187	188	189 Principles,	supra note	142	at	Principle	No.12. Medios	Comunitarios,	supra note	5	at	20. Radios	Comunitarias,	supra note	49	at	7. Medios	Comunitarios,	supra note	5	at	20. Ibid.	at	50
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privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.190 Muchos medios de comunicación en México dependen considerablemente sobre la publicidad oficial para su financiamiento. Muchos tiene que censurar su cobertura para no perder contratos de publicidad lucrativos. El marco reglamentario de estos contratos tiene que ser reformado para permitir a los medios a practicar sus profesiones sin temor de represalias por parte de las autoridades.
iii) Emisoras de radio comunitarias a) Introducción
Como	mencionado	anteriormente,	la	experiencia	única	de	las	emisoras	de	radio	comunitarias es frecuentemente ignorada en los debates sobre el periodismo en México. Estas emisoras están en una situación de extrema vulnerabilidad, diferente a la de los demás periodistas profesionales. Una gran proporción de estos locutores son indígenas y la mayoría brindan servicios a comunidades marginadas.191 Estas emisoras se han organizado considerablemente desde 2002, muchas veces bajo el patrocinio de la AMARC.192 Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos diligentes, solo 13 emisoras comunitarias de radio han obtenido su licencia.193 De hecho, de las 1200 licencias emitidas en México, solo estas 13 fueron asignadas a emisoras de radio comunitarias.194 Como mencionamos, las emisoras de radio comunitarias son objeto de represión de parte de dos fuentes: como blancos de ataques por parte del gobierno195, y como sujetos de acciones judiciales penales por emitir sin licencia.196
b) El rol de la radio comunitaria en la sociedad democrática
Las emisoras de radio comunitarias en México representan una parte modesta del mercado mexicano de telecomunicaciones. Son muy pocas, y suelen ser ubicadas en zonas remotas.197 Su presencia no afecta a los medios de comunicación ya existentes y no afectan sus señales.198 De hecho, estas emisoras de radio comunitario no dañan los medios de máxima potencia.199	Aún	así,	a	pesar	de	su	pequeña	talla,	son	objetivos	de	190	191	192	193	194 195	196 197	198	199	Principles,	supra note	134	at	Principle	No.	13. Baltazar	Interview,	supra note	18. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. Reporters	Sans	Frontières,	“Police	raid	silences	Chiapas	community	radio	station”	(Oct.	15,	2010).	http://en.rsf.org/mexico-police-raid-silences-chiapas-15-10-2010,38558.html	(accessed	Nov.	27,	2010). Ibid. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. Ibid. Aleida	Calleja	and	Beatriz	Solís,	Con	permiso:	La	radio	comunitaria	en	México,	2nd	ed.	(Mexico	City:	Fundación	Friedrich	Ebert-México,	2007)	[hereinafter	Con	permiso]	at	13. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47 Fatima	Fofana,	“Creating	a	Diversity	of	Voices:	Local	Expression	Through	a	Law	Power	Radio	Service”	(1999)	7	CommLaw	Conspectus	409	at	414.
frecuentes ataques del estado.200	Según	UNESCO,	las	emisoras	de	radio	comunitarias	brindan un servicio extremadamente valioso a sus comunidades y a la sociedad en general: La función principal de la radio comunitaria, incluye incentivar los procesos democráticos de manera local, dándoles ‘voz’ a los pobres y marginados; incrementando la diversidad de contenidos y el pluralismo de información a nivel local, para de esta manera reflejar y promover la identidad, carácter y cultura local; fomentando la creación de voces y opiniones diversas, así como la expresión individual, alentando a la participación, la innovación y el compartir información.201 Efectivamente, la radio comunitaria trata responder a las necesidades, intereses y problemas de sectores pobres y marginados de la sociedad civil. Aproximadamente la mitad de las 30 estaciones miembros de la AMARC están bajo la gestión de grupos indígenas.202 Las emisoras de radio suelen ser políticas y buscar cambios sociales – si no de la sociedad mexicana en general, por lo menos de las condiciones de las comunidades atendidas.203	Según	una	persona	entrevistada	quien	quiere	mantener su anonimato, las autoridades mexicanas suelen desconfiar este tipo de organización de comunidades pequeñas. Sin embargo, estas emisoras pueden tener un papel considerable en la el mejoramiento de las condiciones de vida en estos sectores marginados. En un informe de 2002, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas reconoció que la difusión de ideas a través de las estaciones de radio ayuda, en muchos casos, a las comunidades marginadas a garantizar condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo.204 Lo siguiente es una breve descripción del trabajo ejercido por las emisoras de radio comunitarias. Radio Tierra y Libertad es una emisora de radio comunitaria para los trabajadores de Monterrey, Nuevo León. Funciona desde hace muchos años en las áreas de educación, salud, cultura, derechos humanos y laborales.205 Radio Calenda de Oaxaca promueve la cultura y el idioma zapoteca.206 Radio Jen Poj, también de Oaxaca, atiende la población sierra mixe y emite 80% de su programa en el idioma mixe.207 Radio Nandia (Pop Mazateca de Oaxaca) emite en los idiomas mazateca, náhuatl y en español.208 En el estado Michoacán, la Radio Uandarhi sirve a una población nómada indígena de Uruapan y transmite 50% de su programa en purépecha.209 Radio Erandi, también en Michoacán, sirve a 20 comunidades pequeñas
200	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. 201	UNESCO	Community	Media	Programme	(-portal.unesco.org/ci/),	cited	in	Con Permiso,	supra note	205	at	19. 202	Ibid.	at	151-154. 203	Radios	Comunitarias,	supra note	49	at	12. 204	Ibid. at	15. 205	Ibid.	at	11. 206	Con	Permiso,	supra note	197	at	151. 207	Ibid. 208	Ibid.	at	152. 209	Ibid.
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de indígenas y campesinos.210 Omega Experimental transmite en el estado de México. Su trabajo incluye reconocer a la minoría indígena de la región.211 Radio Huayacocotla, en Veracruz, sirve a las poblaciones campesinas y de indígenas Tepechua en su área de cobertura.212 Dada la larga tradición en México de concentración de los medios de comunicación en las manos de una pequeña elite, y agregado a esto la discriminación general en la sociedad, los pueblos indígenas y los pobres no han podido acceder, por lo general, a las comunicaciones mediáticas en México.213 Las estaciones de radio comunitarias trabajan a eliminar estas barreras históricas.
c) Exclusión del Marco regulatorio en México y la criminalización
El marco reglamentario de las estaciones de radio mexicanas no reconoce las estaciones privadas sin fines de lucro. Desde su creación en 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión214 ha sido utilizada para favorecer la consolidación de los medios.215 Posiblemente a causa de esto, 86% de las estaciones de radio son controladas por 13 grupos comerciales.216 Aunque esta ley dispone que estos medios deban de tener fuertes objetivos sociales, esta obligación no se respeta en	la	práctica.	La	ley	solo	incluye	emisoras	comerciales,	públicas	o	privadas.	No	existe	ningún	mecanismo	reglamentario	definido	por	lo	cual	una	emisora	de	radio comunitaria intente acceder legalmente al radio espectro. Estaciones que intentan de todos modos hacer demandas por licencias lo hacen frecuentemente sin resultado, dado que las autoridades suelen no responder o toman años para hacerlo.217 Radio Huayacocotla espero 27 años para que el estado responda a su demanda de licencia.218 Además, la distribución de las licencias se hace de manera discriminatoria.219 Por ende, las emisoras de radio comunitarias enfrentan una elección hobsoniana: emitir ilegalmente o simplemente no emitir. No obstante, mientras la legislación mexicana no trata de las emisoras de radio comunitarias, ella es diligente y rigurosa en cuanto a enjuiciarlas penalmente por el uso ilegal del radio espectro.220 Aunque en la Ley Federal de Radio y Televisión, que propone varias multas, no existe una infracción civil que trate específicamente de este uso no autorizado, las autoridades han elegido interponer acciones judiciales en base de la Ley General de Bienes Nacionales (“Ley General”), que impone penas carcelarias de un máximo de 12 años.221 AMARC y sus miembros considera esta grave pena como desproporcionada.222
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	Ibid.	at	153. Ibid.	at	154. Ibid.	at	155. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. Ley	Federal	de	Radio	y	Televisión,	Última	Reforma,	DOF	19-06-2006,	(	http://www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf	-	accessed	March	9,	2011).	Darren	Wallis,	“The Media and Democratic Change in Mexico”	(2004)	57(1)	Parliamentary	Affairs	118	at	120. Radios	Comunitarias,	supra note	49	at	7. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. Medios	Comunitarios,	supra note	5	at	49. Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47. Ibid. Ley	General	de	Bienes	Nacionales,	art.	149. Martínez	and	Jiménez	interview,	supra note	47.
A Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad le imputaron cargas penales con base en la Ley General en 2009. 223 Esta emisora de radio comunitaria ofrece información	de	interés	público	a	comunidades	de	bajo	ingresos.	La	emisora	hizo	una demanda por licencia en 2002, pero las autoridades no respondieron. En 2008 la estación fue asaltada por agentes de la Policía Federal Preventiva y Héctor se presento a los fiscales como testigo a presuntos abusos de la policía. Sin embargo, en 2009, fue enjuiciado por orden del Ministerio del Interior. Aunque la estación recibió su	licencia	en	2009,	el	juicio	en	contra	de	Héctor	continúo.	El	3	de	noviembre,	2010	fue sentenciado a 2 años en prisión y ordenado a pagar una multa de 15,000 pesos.224 Los juicios penales de miembros de radios comunitarias, en base a la Ley General, han aumentado considerablemente desde 2006.225 Este hecho debe ser analizado dentro del contexto de ataques en contra de miembros de emisoras de radio, como periodistas de medios impresos, que quedan sin una investigación seria o sin juicio. Es más, los numerosos alcaldes de municipalidades rurales quienes también operan pequeñas emisoras sin licencia no han sido enjuiciados.226 De este punto de vista, el proceso penal de las radios comunitarias no simplemente es excesivo, pero también es discriminatorio.
d) Estándares de empleo
La falta de normas de trabajo para periodistas es otro hecho que contribuye a su situación vulnerable. Primeramente, un sueldo bajo aumenta, por lo general, la vulnerabilidad a la corrupción dentro de la profesión. Elia Baltasar de Periodistas de a Pie notó que el mal pago de periodistas los hace más receptivos a sobornos.227 En efectivo, el CPJ declara que aproximadamente 90% de los periodistas de Reynosa reciben pagos del gobierno, y los editores principales fomentan el trato, en parte porque minimiza los gastos en salarios.228 Además, los empleados en estos medios no tienen beneficios laborales y la mayoría son empleados como sub-contratantes y por ende no tienen el estatus de empleado de la agencia de prensa por la cual trabajan.229 El ex periodista juarense, Luis Najera explicó que todas las empresas mediáticas en México tienen que pagar una cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social. Conforme a este sistema, algunas empresas tienen que pagar una cuota más alta, en relación con el riesgo más grande que implica sus actividades. Divulgando solo un incidente de daño relacionado al trabajo puede resultar en un aumento de la cuota. Por eso, las empresas mediáticas requieren que los periodistas firmen contratos renunciando a recorrer en la justicia si jamás sufren heridas en el ejercicio de su empleo.230
223	224	225	226	227	228	229	230	Ibid. Ibid. Martínez	and	Jiménez	interview,	supra note	47. IFEX,	NGOs	condemn	proposed	Federal	Radio	and	Television	Law	amendment,	December	7,	2009,<	http://www.ifex.org/mexico/2009/12/08/proposed_amendments/>. Baltazar	Interview,	supra note	18. Silence or Death,	supra note	2. Najera	Interview,	supra note	22. Ibid.
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c: DifaMación, regulación De los MeDios, locutores De la raDio coMunitaria y estánDares De eMPleo De los PerioDistas i) Introducción
El estatus legal de la difamación, los regalamientos mediáticos y el trato de las emisoras de radio comunitarias limita la libertad de expresión en México, violando los compromisos del estado en conformidad con el PIDCP y la Convención Americana. En el mismo sentido, las bajas normas de trabajo de periodistas profesionales en México no solo constituyen un límite a su habilidad de brindar al publico acceso a la información, pero también demuestran la inconformidad con las	obligaciones	del	estado	según	el	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”).231 México también firmó y ratificó la Convención Americana 232, el PIDCP233 y el PIDESC234 y, por ende, tiene que cumplir con las obligaciones que resultan de estos tratados.
ii) Libertad de expresión –Convención Americana y PIDCP
El	derecho	a	la	libertad	de	expresión	según	la	Convención	Americana	esta	descrito	en su artículo 13 como sigue: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 235 En el sistema interamericano, los estados tienen obligaciones positivas para asegurar el respeto de los derechos establecidos en la Convención Americana. El estado tiene que respectar, proteger y satisfacer sus deberes de derechos humanos en el tratado.236 Además, el estado tiene que disuadir y prevenir las violaciones a los derechos del tratado, e investigar y remediar toda violación a estos derechos.237
231	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,	G.A.	res.	2200A	(XXI),	21	U.N.GAOR	Supp.	(No.	16)	at	49,	U.N.	Doc.	A/6316	(1966),	993	U.N.T.S.	3,	entered	into	force	Jan.	3,	1976	[hereinafter	ICESCR]. 232	Organization	of	American	States,	B-32:	American	Convention	on	Human	Rights	“Pact	of	San	Jose,	Costa	Rica,	(March	14,	2011)	online:	http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html. 233	United	Nations	Treaty	Collection,	“Chapter	IV:	Human	Rights”,	(March	14,	2011)	online:	<http:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en>	[hereinafter	Chapter	IV]. 234	Ibid. 235	American	Convention,	supra note	8. 236	Critical	Assessment,	supra note	138	at	17. 237	Ibid.
La libertad de expresión también queda protegida por el PICDP, en su artículo 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.238
Las	obligaciones	de	México	según	el	PIDCP	son	comparables	a	las	impuestas	por la Convención Americana. El Estado tiene que respetar, proteger y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en conformidad con el tratado, y también disuadir y prevenir, investigar y remediar toda violación a estos derechos.239 La	libertad	de	expresión	según	la	Convención	Americana	y	el	PIDCP,	incluye	la protección de sus dos funciones centrales: el derecho a difundir la información y el	derecho	del	público	a	buscar	y	recibirla.	Ambos	aspectos	de	este	derecho	quedan	afectados por el marco legal mexicano en varias áreas:
iii) Calumnia y difamación
Como	lo	mencionamos	arriba,	según	la	Convención	Americana	la	censura	previa	esta prohibida y una imposición posterior de responsabilidad esta autorizada solo cuando es necesario respetar los derechos o la reputación de otros, o por la protección de la seguridad nacional, el orden publico, la salud o la moral.240 En su Informe	de	enero	1999	el	Relator	nota	que	“el	único	objetivo	legitimo	para	las	leyes	de difamación es la protección de la reputación” y también que “las sanciones para la difamación no deben ser tan graves que ejerzan un efecto intimidatorio sobre la liberta de expresión y de opinión y sobre el derecho a buscar, recibir y difundir información; las sanciones penales nunca deben de ser aplicadas incluso, en particular, el encarcelamiento.”241 La continua presencia del delito de la difamación en 17 estados Mexicanos constituye, por consiguiente, una violación clara al derecho a la libertad de expresión. Sin	embargo,	la	difamación	criminal	no	es	la	única	área	de	preocupación.	El caso Contralínea, arriba mencionado, también revela unos serios motivos de
238	239	240	241	ICCPR,	supra note	8. Critical	Assessment,	supra note	138	at	17. Grossman,	supra note	175	at	416. UN	Special	Rapporteur	supra	note	176	at	para.	28(a)	and	(h).
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preocupación en cuanto al uso del proceso legal civil para limitar de manera inapropiada la libertad de expresión. Ambos el PIDCP y la Declaración Americana permiten limites a la libertad de expresión para proteger la reputación, pero solamente si es necesario. Toda restricción tiene que ser explicita, en la ley. La interpretación demasiado larga aplicada por la corte mexicana al concepto de “lenguaje ofensivo” en este caso no satisface el testo de “necesidad”, siendo más amplia que necesaria para proteger la reputación de los demandantes. Como señalamos arriba, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos concluyó que este caso representa un intento para callar las críticas legítimas de los periodistas.242 Es más, la CIDH ha comentado sobre el alcance de la libertad de expresión en cuanto a la censura previo e interferencia o presión sobre la expresión en la Declaración de Principios, al Principio 5: La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. 243 La aplicación de la legislación civil de la difamación en este caso operó como una censura previa y como una interferencia al ejercicio de expresión de Contralínea.	Esto	demuestra	que	aún	cuando	las	disposiciones	de	difamación	penal	serán revocadas, la difamación civil podrá ser utilizada para limitar la libertad de expresión.
iv) Impedimentos de la diversificación mediática
Como lo notamos en la sección VI (b), la reglamentación de los medios mexicanos continúa	a	favorecer	las	empresas	existentes	e	impide	la	diversificación.	La	Declaración de Principios señala al Principio 12: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.244 La concentración creciente de los medios mexicanos, apoyada por las
242	CNDH	Recommendation	57/2009	cited	in	Informe 2009,	supra note	3	at	14	at	footnote	7. 243	Principles,	supra note	134	at	Principle	No.5. 244	Ibid.	at	Principle	No.12.
enmiendas a la Ley Federal de Radio y Televisión, por ende limitan la libertad de expresión en México al limitar la capacidad del publico a acceder a la información. Este hecho es relevante para todos los sectores de la sociedad mexicana, incluyendo las emisoras de radio comunitarias, cuya situación especifica esta presentada abajo. En cuanto a la publicidad oficial, la Declaración de Principios expresa lo siguiente a su Principio 13: La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.245 El hecho de que muchos medios están obligados a censurar su cobertura o perder contratos lucrativos de publicidad oficial constituye una violación a las obligaciones de México a respetar la libertad de expresión. El marco reglamentario de estos contratos debe de ser reformado para permitir a los medios a practicar su profesión sin miedo a represalias por parte de las autoridades.
v) Locutores de la radio comunitaria
El Principio 12 de la Declaración de Principios señala que las asignaciones de radio y televisión deben garantizar una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.246 Como lo presentamos en la sección precedente, el marco reglamentario no incluye las emisoras privadas sin fines de lucro. Es más, las que tratan de obtener una licencia en base a las disposiciones existentes deben esperar por muchos años una respuesta.247 El caso arriba mencionado de Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad es un ejemplo. Esta emisora espero 7 años para recibir una licencia, que por fin les fue otorgada en 2009. No obstante, Sr. Camero ya estaba el sujeto de una acción penal. La falla del estado Mexicano a brindar un mecanismo fiable de acceso por una parte, mientras esta enjuiciando diligentemente a los que transmiten sin licencia por otra parte, opera como una presión sobre las emisoras de radio comunitarias e interfiere con el ejercicio del derecho a la expresión.	También	presenta	obstáculos	al	libre	flujo	de	información.	Según	el	Principio 5 de la Declaración de Principios, este tipo de interferencia, presión y obstáculos de parte del estado viola el derecho a la libertad de expresión.248
245	246	247	248	Ibid.	at	Principle	No.	13. Ibid.	at	Principle	No.12. Radios	Comunitarias,	supra note	49	at	49. Principles,	supra note	134	at	Principle	No.	5.
D: Derecho a la Protección juDicia
La falta del estado a sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos presentados en este informe también constituye un violación de las obligaciones convencionales de México. Estas violaciones son concurrentes a las violaciones del articulo 1 (obligación de respetar los derechos), articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), y del articulo 8 (garantías judiciales).
e: Derecho al eMPleo i) Estándares de empleo de los periodistas
El artículo 7 del PIDESC prevé que los estados deben reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial garantizar una justa remuneración, condiciones de existencia digna, y condiciones seguras de trabajo.249 Como fue señalado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (“CDESC”), los estados deben tomar mediadas inmediatas para respectar este derecho.250 Al tomar estos pasos, los estados tiene que actuar de la manera más rápida y eficaz posible.251 El comité ha interpretado el derecho a trabajar como incluyendo tres obligaciones: la obligación de respetar el derecho a trabajar, la obligación de proteger y la obligación de satisfacer. Violaciones a la obligación de proteger el derecho a trabajar pueden resultar de la falla del estado a tomar las medidas necesarias para proteger personas de violaciones al derecho cometidas por terceros, incluyendo personas físicas o corporaciones.252 Adicionalmente, el articulo 9 del PIDESC requiere que los estados partes reconozcan el derecho a la seguridad social.253 En sus Observaciones generales sobre esto, el CDESC nota que los Estados partes deben tomar las medidas, al máximo de sus recursos, para asegurar que el sistema de seguridad social cubre trabajadores quienes ahora son inadecuadamente protegidos por el seguro social.254 Por ende, en conformidad con el PIDESC, México tiene que tomar pasos de inmediato para tratar del mal pago, la falta de seguridad física, la falta de protección por parte de los empleadores, y el acceso inadecuado a la seguridad social – todos los fenómenos	que	afectan	a	los	periodistas.	Aún	si	las	violaciones	del	Pacto	son	cometidas	por terceros, México queda con la obligación de intentar remediarlas rápidamente. El incumplimiento de esta obligación constituye una violación por parte del estado a	sus	deberes	según	el	PIDESC.	La	falta	de	proveer	a	los	periodistas	con	normas	de	empleo adecuadas socava su habilidad de jugar el rol decisivo que se les requiere como divulgadores de información en una sociedad democrática.
249	ICESCR,	supra note	231	at	Article.	7 250	UN	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights,	“The	Right	to	Work,	General	Comment	No.	18,	Article	6	of	the	International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights,”	E/C.12/GC/18,	06/02/2006	[hereinafter	General	Comment	No.	18]	at	para.	19	[hereinafter	General	Comment	No.	18]. 251	Ibid. at	para.	20. 252	Ibid.	at	para.	35. 253	ICESCR,	supra note	231	at	Article	9. 254	UN	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights,	“The	Right	to	Social	Security,	General	Comment	No.	19,”	E/C.12/GC/1,	4	February	2008	[hereinafter	General	Comment	No.	19],	para.	33.
a: acción Política
Hay una variedad de medidas que deben ser tomadas inmediatamente para tratar de las amenazas en contra de periodistas y de las limitaciones a la libertad de expresión: o Las reformas legislativas federalizando los delitos en contra de la libertad de expresión y el respeto a las leyes penales existentes, son elementos necesarios para acabar con la situación actual de impunidad de los ataques en contra de periodistas. Cualquier definición de “periodista” utilizada para su protección debe ser suficientemente larga para incluir las emisoras de radio comunitarias. La Ley Federal de Radio y Televisión debe ser enmendada para brindar más diversificación entre los medios de comunicación y para eliminar las sanciones penales para la difusión sin licencia.
Medidas de mediano a largo plazo en contra de la impunidad deben incluir lo siguiente: o La creación de mecanismos reglamentarios formales deben ser creados para brindar un marco legal transparente para licenciar emisoras privadas sin fines de lucro. o Fortalecer las protecciones para trabajadores deben ser aumentadas para mejorar las condiciones de trabajo de periodistas profesionales, y así reduciendo su vulnerabilidad. Derogar la difamación penal en los estados en donde sigue vigente.
Cumplir con la reciente decisión de la Corte Interamericana y derogar con el uso de la jurisdicción militar para las investigaciones y acciones judiciales que involucran miembros del ejército inculpados por abusos de derechos humanos en contra de civiles (incluyendo periodistas). Los autores de este informe sugieren también la continuación y el fortalecimiento de la campaña publica de educación legal para promover una amplia concientización social de los asuntos enfrentados por periodistas hoy en México. La sociedad civil mexicana debe ser reconocida por su considerable trabajo en esta área. Sus esfuerzos deben ser apoyados. Por ultimo, la comunidad internacional debe insistir que México tome acciones sustanciales para acabar con la impunidad de abusos en contra de periodistas. Todo financiamiento condicionado al cumplimiento de obligaciones de derechos humanos debe ser retenido si estas no son respetadas por completo.
b: reforMas legislativas i) Introducción
Enfrentar de manera efectiva la situación de vulnerabilidad de los periodistas en México requiere una reforma legislativa en varias áreas. Para que estas reformas sean más que superficiales, deben ser acompañadas por la voluntad política y por las reformas institucionales necesarias para asegurar el respeto a la ley.
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Existe un amplio apoyo de parte de periodistas mexicanos y la sociedad civil para categorizar automáticamente todos los delitos en contra de la libertad de expresión dentro de la jurisdicción federal, y eso para combatir la impunidad que suele existir al nivel estatal. Desde 2007, hubo unos intentos de parte del gobierno federal en este sentido. La propuesta de una enmienda constitucional federalizando los delitos en contra de la libertad de expresión fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2009, pero todavía no ha sido votada por el Senado – supuestamente por falta de voluntad política.255 Sin embargo, el reciente asesinato de un fotógrafo de 21 años, quien trabajaba por El Diario en Ciudad Juárez, y la petición subsiguiente del periódico a las ONTs para que pararan la violencia, llevo a una fuerte reacción del publico y a la promesa del Presidente Calderón, el 24 de septiembre 2010, que hará lo que pueda para expeditar reformas legislativas en esta área. La mayoría de delitos en contra de periodistas se encuentran bajo la jurisdicción de las autoridades estatales. La mayoría de estos no son investigados. Una enmienda constitucional que permitiera la federalización de los delitos en contra de periodistas (y defensores de derechos humanos) seria un paso importante en la buena dirección. Haría que las autoridades federales se involucraran automáticamente en las investigaciones de estos delitos, con sus mayores recursos y más alta visibilidad. Es más, la policía federal tiene, por lo general, mejor entrenamiento y más supervisión civil. Esta dirección fue tomada exitosamente en cuanto a los delitos políticos en los años	90,	después	de	múltiples	ataques	en	contra	del	partido	de	izquierda,	PRD.	Las normas aplicables deben ser suficientemente largas para asegurar que los periodistas, y otras victimas de abusos a su derecho a la libertad de expresión, sean protegidos. Un proyecto de ley que propone lograr esta reforma al enmendar el artículo 73 de la Constitución mexicana fue presentado en 2008. En septiembre del 2010, el presidente mexicano Felipe Calderón afirmo su voluntad para aumentar la presión y apoyar este proyecto. Esta afirmación debe ser seguida por acción concreta para asegurar que el proyecto sea ratificado, salvo si la declaración de Calderón es simplemente otro ejemplo de la agenda estatal de minimización. Una de las razones para el crónico problema del estado en cuanto a la impunidad es la falla de tantas autoridades mexicanas al investigar delitos. Los códigos de procedimiento penal deben ser enmendados para que identifiquen las líneas de investigación a ser agotadas al investigar un caso. El incumplimiento de las autoridades debe ser sancionado. En 2008, el gobierno mexicano metió en marcha un plan ambicioso para reformar su sistema penal judicial al nivel estatal y federal. La Reforma Constitucional en Seguridad Publica y Justicia Penal propone la modernización y la profesionalización de todas la áreas del sistema de justicia, incluso establecer un sistema procesal penal acusatorio y oral. Este es un paso muy positivo. Actualmente, solo 2% de las personas arrestadas por cargos de narcotráfico son enjuiciadas satisfactoriamente. La mayoría de los delitos no son investigados adecuadamente,	y	aún	menos	llevados	a	juicio.	Se	espera	que	estas	reformas	serán	acompañadas de los cambios institucionales necesarios para hacerlos efectivos.
ii) Federalización de los crímenes contra periodistas, ejecución de la ley criminal existente
255	Protecting	Press Freedom, supra note	6	at	17.
El concepto de “periodista” no esta definido en la ley mexicana. Sin embargo, en la practica, las autoridades han adoptado una interpretación estrecha de la palabra, excluyendo muchos medios de comunicación que enfrentan amenazas constantemente, como las emisoras de radio comunitarias. Uno de los Fiscales Especiales, por ejemplo, declaro que estas emisoras no tienen calidad de “periodista” y, por ende, no entran en la jurisdicción de su cargo. Este punto de vista no concorda con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que son interpretados para apoyar el papel importante de las emisoras de radio comunitarias en una sociedad democrática.256 Toda definición oficial de “periodista” tiene que ser suficientemente amplia para proteger todos los actores mediáticos en México. La libertad de expresión en México esta también amenazada por la estructura legal que rige los medios de comunicación en el país. La Ley Federal de Radio y Televisión entró en vigor en 1960 y 1995. En la víspera de las elecciones presidenciales de 2006, las dos versiones fueron reformadas de manera significante. Estas reformas fueron fuertemente criticadas por favorecer a las empresas mediáticas existentes e	inhibir	la	diversificación	en	el	sector.	Aún	antes,	los	medios	eran	altamente	concentrados en México. Ahora, 96% de las estaciones comerciales de televisión son detenidas por dos familias, y 86% de las emisoras de radio son propiedad de 13 grupos comerciales.257 Las enmiendas fueron impugnadas por un grupo de senadores, quienes llevaron una petición a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando su inconstitucionalidad. En una decisión transparente y detallada, la corte asintió y declaro la mayoría de las enmiendas inconstitucionales. Sin embargo, a pesar de esta decisión importante, las leyes de comunicación en México todavía impiden la diversificación de los medios, dado que las leyes que favorecen a las grandes empresas siguen vigentes. Es más, existe un vacío legislativo en cuanto a la regulación de emisoras comunitarias, que enfrentan con frecuencia sanciones penales graves por incumplir con requisitos reglamentarios que para ellos no existen porque los legisladores no crearon ninguna disposición para emisoras privadas sin fines de lucro. Las emisoras de radio comunitarias no proponen eliminar a la multa por el acceso sin licencia al radio espectro, pero esta multa tiene que ser administrativa y proporcional, dentro de un marco reglamentario que posibilita a estas emisoras obtener acceso legitimo, idealmente a través de un órgano estatal independiente del gobierno.258	La	diversificación	en	la	propiedad	de	los	medios	será	útil	también	para	disminuir la vulnerabilidad que caracteriza la practica de los periodistas de medios impresos, televisión y radio. Adicionalmente, muchas empresas mediáticas son altamente dependientes de publicidad oficial para sobrevivir económicamente. Muchas empresas tienen que
256	UNESCO	Community	Media	Programme	(-portal.unesco.org/ci/),	cited	in	Con Permiso,	supra note	201	at	13. 257	Radios	Comunitarias,	supra note	49	at	7. 258	Martínez	and	Jiménez	Interview,	supra note	47.	iii) Definiendo a los periodistas
iv) La ley federal de radio y televisión
censurar su cobertura para no perder contratos lucrativos de publicidad. El marco reglamentario que rige estos contratos tiene que ser reformado para permitir a los medios de comunicación a practicar su profesión sin miedo a represalias por parte de las autoridades estatales. Las condiciones de empleo de la mayoría de periodistas son inestables en los mejores de los casos. Ellos carecen de beneficios de trabajo y gran parte de ellos son subcontratados. Los autores de este informe entrevistaron un periodista quien tuvo que firmar en 2006 una renuncia a todo recurso en contra de la empresa en caso de herida o muerte en el ejercicio de su profesión.259 Los empleadores en México contribuyen al sistema nacional de seguro social y algunas empresas pagan cuotas más altas si sus actividades atraen un mayor riesgo. En un incidente, dos fotógrafos y un reportero fueron llamados a investigar una noticia que unos agentes de policía estaban tomando alcohol en el ejercicio de sus funciones, y festejando frente a un edificio residencial. Los reporteros tomaron fotos de	dichos	agentes.	Estos	últimos	procedieron	a	seguir	a	los	reporteros,	poncharon	sus llantas con disparos, y los golpearon. Uno de los fotógrafos fue golpeado en la cara y se quedo con heridas permanentes en su ojo, que necesita para su trabajo. Después de salir del hospital, hizo una demanda a su empresa para obtener beneficios de jubilación anticipada como consecuencia de su herida. Su empleador le dijo que no hiciera la demanda y que, en cambio, firme una carta de dimisión para que las cuotas de seguro social de la empresa no aumenten. El periódico le prometió reparaciones y que lo van a re-contratar dentro de unas semanas. El fotógrafo asintió y firmo su dimisión, pero el periódico no cumplió con su parte del trato. Nunca lo pagaron y no lo llamaron de vuelta a trabajar.260 Los periodistas necesitan seguridad de trabajo para cumplir sus actividades efectivamente. Las leyes de trabajo mexicanas tienen que ser reformadas para garantizar esta protección de trabajo a los periodistas.
vii) Aboliendo la difamación criminal v) Protección del trabajador
En marzo del 2007, el Congreso Mexicano revoco los artículos 350 y 363 del Código Penal Federal que criminalizan la difamación y los transfirió al Código Federal Civil. Es más, 17 de los 32 estados mexicanos has dado seguimiento. Esto es un paso importante que reduce considerablemente el riesgo que periodistas enfrenten juicios penales en el marco de su actividad. Los estados que todavía no han despenalizado la difamación tienen que hacerlo una prioridad.
259	Najera	Interview,	supra note	22. 260	Ibid.
Como lo demuestran las estadísticas mencionadas, las fuerzas armadas de México están implicadas en varios incidentes de amenazas y agresiones en contra de periodistas. La Constitución mexicana autoriza al ejército a enjuiciar por su cuenta los “crímenes en contra de la disciplina militar.” El Código de Justicia Militar otorga a los agentes militares la jurisdicción para investigar y procesar todo delito cometido por agentes del ejército en el ejercicio de sus funciones, incluyendo los abusos de derechos humanos como la tortura, los asesinatos, la desaparición forzada y la agresión sexual. La jurisdicción militar en México ha creado una impunidad casi total en cuanto a los abusos de derechos humanos cometidos por agentes militares.261	Esta	situación	se	ha	vuelto	aún	más	problemática	en	el	contexto	de	la	guerra en contra del narcotráfico, con el ejército tomando el rol de policía civil, sin la consecuente supervisión civil. El sistema de justicia militar no cumple con las obligaciones de derechos humanos de México, hecho que fue confirmado por la Corte Interamericana en sus decisiones de Radilla c. México, Fernando Ortega c. México, Rosendo Cantú c. México y Cabrera García y Montiel Flores c. México.262 Aunque la decisión en el caso Radilla fue emitida en noviembre 2009, ninguna de las decisiones arriba mencionadas ha sido implementada. En octubre 2010, después de la publicación de las decisiones en los casos Fernando y Rosendo, el presidente Calderón prometió buscar una enmienda para transferir la prosecución del delito de agresión sexual, tortura y desaparición forzada a las autoridades civiles. Sin embargo, una tal reforma no cumpliría con las decisiones de la Corte, porque no incluye otros delitos graves como las ejecuciones extrajudiciales. Es más, las investigaciones seguirán bajo el control del ejército. Dado que la actual impunidad de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas es causada por la falla de los agentes militares a llevar investigaciones adecuadas, esta reforma no resolverá el problema. Este es otro ejemplo llamativo de la estrategia del estado Mexicano de minimización. Este proyecto de reforma fue presentado extensamente como una solución al problema. México tiene que reformar su legislación para que la investigación y la prosecución de abusos de derechos humanos presuntamente cometidos por miembros del ejército queden exclusivamente en el ámbito de las autoridades civiles.
viii) Educación pública legal
vii) Aboliendo la jurisdicción militar de los abusos a los derechos humanos
Una	extensa	campaña	de	educación	legal	dirigida	al	público	en	general	y	a	los	periodistas de manera específica podrá ayudar a combatir la impunidad de ataques en contra de periodistas. Se debe aclarar desde el principio que el estado mexicano tiene	la	responsabilidad,	en	última	instancia,	de	garantizar	que	los	derechos	de	261	Human	Rights	Watch,	Uniform	Impunity	Mexico’s	Misuse	of	Military	Justice	to	Prosecute	Abuses	in	Counternarcotics	and	Public	Security	Operations	(2009). 262	Caso	Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Méxicanos	(2009)	Corte	IDH	(Ser.	C)	N.	209,	Caso	Fernández Ortego y Otros vs. México (2010)	Corte	IDH	(Ser.C)	N.	215,	Caso	Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010)	Corte	IDH	(Ser.	C)	N.	216	and	Caso	Cabrera García y Montiel Flores vs. México	(2010)	Corte	IDH	(Ser.	C)	N.	220.
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los	periodistas	sean	protegidos.	Sin	embargo,	la	educación	pública	podrá	llevar	a una presión aumentada sobre el estado para que cumpla con sus obligaciones. Muchas de las personas entrevistadas para este informe declararon que la sociedad mexicana	llego	a	aceptar,	y	aún	a	anticipar,	que	el	estado	no	los	proteja.	Por	ende,	no existe mucha indignación cuando periodistas, por ejemplo, son asesinados como consecuencia de su trabajo. También se tiene notar que la mayoría de los mexicanos reciben sus noticias por medio de la televisión, cuya cobertura tiende a excluir este tipo de noticia. Varias personas señalaron a los autores de este informe que, si el asesinato de un periodista suscitara más indignación y más escándalo, los perpetradores pensaran dos veces antes de hacerlo. Varios grupos entrevistados para este informe creen que una campana educativa ayudaría periodistas a través del país a darse cuenta que necesitan apoyarse mutuamente para protegerse. Eso es un desafió urgente en el contexto altamente competitivo y muchas veces corrupto en lo cual trabajan.
ix) Ayuda extranjera
A	pesar	de	la	situación	actual	de	los	derechos	humanos	en	México,	ningún	estado	ha ejercido la presión diplomática que podría llevar a un cambio sustancial. Efectivamente, las programas de ayuda extranjera, como la Iniciativa Mérida con los Estados	Unidos,	continúan	a	pesar	de	la	situación	grave	de	los	derechos	humanos	en	el	país.	De	hecho,	según	esta	iniciativa,	15%	de	los	fondos	deberían	depender	de ciertos avances en el marco de los derechos humaos en México,263 pero en 2008, los fondos fueron enviados a pesar de la situación y de la oposición en el Congreso estadounidense. En 2009, el Departamento de Estado envió nuevos fondos, y decidió que el transfiero de otros fondos sea condicional con la ratificación de alguna legislación e enmiendas constitucionales que estaban a ser aprobados.264 Los donadores de ayuda extranjera deben insistir que requerimientos significativos de derechos humanos sean respetados.
263	Brewer	Interview,	supra note	41. 264	Ibid.
La practica del periodismo ha llegado a un estado de emergencia. La difusión de noticias en ciertas partes del país ha llegado a ser tan peligrosa como vivir en un campo de guerra. Pero México no esta metido tanto en una guerra contra las drogas, como en una batalla para su frágil democracia, su alcance sobre el imperio de la ley y, en efecto, para su propio futuro. Es una guerra por dos frentes: organizaciones horrorosamente violentas de narcotráfico están presionando por una parte, y la tradición de impunidad del estado por otra parte. Las victimas son la gente de México, y los periodistas en particular, quienes están atrapados en el medio. Sin embargo, los medios de comunicación, quienes deberían divulgar esta situación a la comunidad internacional, se callan cada vez más. Los medios mexicanos no pueden más tomar medidas para protegerse sin meter sus vidas en grave riesgo. Llego el momento para que el mundo actuara. El costo de no hacerlo es demasiado grande.
Reconocimientos: El Programa Internacional de Derechos Humanos y PEN Canadá quisieran dar las gracias a las personas que hicieron posible este reporte, especialmente el gran numero de ONG’s, activistas, y periodistas que acordaron hablar con nuestros investigadores en ambos países México y Canadá
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	Artículo	19
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 artículo 73
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