Source: https://supremo.vlex.es/vid/cuantia-falta-interes-18-as-ma-102-b-15209798
Timestamp: 2019-09-18 20:45:09+00:00

Document:
STS, 12 de Noviembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 15209798
Número de Recurso: 2292/1996
Procedimiento: CONTENCIOSO - 02
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CASACION. CUANTIA. FALTA DE INTERES. Teniendo en cuenta, de una parte, que el recurrente sin otra precisión o alegación se ha limitado a decir que la doctrina de la Sentencia es perjudicial para el interés general, y de otra, que la cuantía del asunto la concreta en 18.139 pesetas, es obligado, en este tramite de sentencia, desestimar el recurso de casación en interés de la ley interpuesto, pues no es solo que el recurrente, no haya ofrecido a esta Sala, como está obligado y la norma exige, dato o elemento alguno del que se pudiera apreciar o inferir que la doctrina de la sentencia que se recurre es perjudicial para el interés general, sino, además, que el dato objetivo de la cuantía del asunto, 18.139 pesetas, muestra la realidad contraria, por su escasa entidad y por la intrascendencia desde la perspectiva económica para el interés general, máxime, cuando la cuestión de fondo, está relacionada con una norma que tiene una vigencia limitada en el tiempo, y que se refiere a unas muy determinadas situaciones, lo que obviamente abona su escasa incidencia en el interés general a que el artículo 102.b) de la Ley de la Jurisdicción se refiere. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, compuesta por los Excmos. Sres. anotados del margen, el recurso de casación en interés de la Ley nº 2292/96, interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su Letrado, contra la Sentencia de 15 de diciembre de 1995 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1479/94, en el que se impugnaba la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura de 30 de marzo de 1994, que al resolver la reclamación nº 10/482/93 había anulado la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que había denegado la devolución de las 18.139 pesetas ingresadas en la Seguridad Social Agraria en concepto de cuota empresarial por jornadas teóricas correspondientes al ejercicio 1.992.
Siendo parte recurrida la Administración del Estado que no ha comparecido.
Por escrito de 13 de marzo de 1996 la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso recurso contencioso- administrativo contra la resolución de 30 de marzo de 1994, del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura (TEAR de Extremadura, en adelante), y tras los trámites pertinentes el citado recurso contencioso-administrativo terminó por Sentencia de 15 de diciembre de 1995, cuyo fallo es del siguiente tenor: "Que rechazando la excepción de falta de legitimación y desestimando el recurso núm. 1479/1994, interpuesto por el Procurador D. Luis Gutiérrez Lozano, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la Resolución referida en el Fundamento de Derecho Primero, debemos confirmarla y la confirmamos por ser ajustada a derecho, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a la imposición de costas".
La Tesorería General de la Seguridad Social, por escrito de 13 de marzo de 1996, interpone ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación en interés de la Ley en el que solicita, se dicte Sentencia por la que se declare que la recurrida contiene doctrina gravemente errónea y perjudicial para el interés general, fijando en el fallo la doctrina legal y jurisprudencial aplicable, en el sentido de entender que la condonación de las cuotas por jornadas teóricas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social del ejercicio de 1.992 se puede hacer extensiva exclusivamente a las cuotas que pudieran haber sido objeto de moratoria, para lo cual es necesario que las solicitudes se hubieran presentado dentro del plazo fijado, y ante el Organo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, tal y como está legal y reglamentariamente establecido, debiendo denegarse por tanto las solicitudes de devolución de cuotas que no se hayan ajustado a estos requisitos necesarios.
Alegando en síntesis, en el citado escrito, que para el año 1.992 se estableció una normativa concreta y precisa, entre otros Real Decreto 995/92 para la tramitación de las solicitudes de moratorias y condonaciones de los agricultores afectados e incluidos en el ámbito de aplicación de tal norma. Y que el Real Decreto Ley 8/93 de 21 de mayo, estableció en su artículo 4.3 "se condona el pago de la cuota por jornadas teóricas de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio de 1.993 a las explotaciones agrarias situadas en las zonas a que se refiere el artículo 1" y que "esta condonación se hará extensiva a las cuotas que pudieran haber sido objeto de moratoria en el ejercicio anterior".
Y la cuestión discutida o controvertida es si para las condonaciones del año 1.993 a que el Real Decreto Ley 8/93 se refiere, era de aplicación el tramite al efecto establecido por la normativa del año 1.992, que es la tesis de la Tesorería General de la Seguridad Social o si por el contrario no es aplicable tal procedimiento, o exigencia, en razón a que el Real Decreto Ley 8/93 no establece tramite alguno, que es la tesis del Tribunal Económico Administrativo Regional, del Abogado del Estado y del interesado o afectado por la devolución interesada.
Por Providencia de 11 de abril de 1.996 se tiene por presentado el escrito en el que se interpone recurso de casación en interés de la ley y se reclaman los autos al Tribunal de Instancia y una vez recibidos por providencia de 8 de mayo de 1.996 quedan los autos conclusos y pendientes de señalamiento para cuando por turno corresponda.
Por Providencia de 12 de septiembre de 2001 se señaló para votación y fallo el día 6 de noviembre del mismo año, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
El recurso de casación en interés de la Ley, cual se advierte de los términos del artículo 102 b) de la Ley de la Jurisdicción que lo regula y de la reiterada jurisprudencia de esta Sala, es un recurso de casación extraordinario, sujeto al cumplimiento, de determinadas exigencias, como, entre otras, destaca la sentencia de 28 de noviembre de 1.998, al decir: "El recurso de casación en interés de la ley, según se advierte de las normas que lo regulan, artículo 102 b) de la Ley de la Jurisdicción y ha puesto de manifiesto esta Sala reiteradamente, en sentencias de 2 de junio de 1.995, 2 de junio de 1.996 y 24 de marzo de 1.998, se singulariza, frente a las otras dos modalidades del recurso de casación, en que su objetivo único es el fijar doctrina legal, y es al tiempo remedio que cierra el sistema de recursos implantado en este orden jurisdiccional, para los supuestos en que los órganos legitimados estimen que la sentencia recurrida es gravemente dañosa para el interés general y errónea. De todo lo que obviamente se desprende, que el recurrente en este especial recurso además de proponer la doctrina que estima adecuada, ha de argumentar, en qué medida y por qué la sentencia recurrida es errónea y gravemente dañosa para el interés general."
A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta, de una parte, que el recurrente sin otra precisión o alegación se ha limitado a decir que la doctrina de la Sentencia es perjudicial para el interés general, y de otra, que la cuantía del asunto la concreta en 18.139 pesetas, es obligado, en este tramite de sentencia, desestimar el recurso de casación en interés de la ley interpuesto, pues no es solo que el recurrente, no haya ofrecido a esta Sala, como está obligado y la norma exige, dato o elemento alguno del que se pudiera apreciar o inferir que la doctrina de la sentencia que se recurre es perjudicial para el interés general, sino, además, que el dato objetivo de la cuantía del asunto, 18.139 pesetas, muestra la realidad contraria, por su escasa entidad y por la intrascendencia desde la perspectiva económica para el interés general, máxime, cuando la cuestión de fondo, está relacionada con una norma que tiene una vigencia limitada en el tiempo, y que se refiere a unas muy determinadas situaciones, lo que obviamente abona su escasa incidencia en el interés general a que el artículo 102.b) de la Ley de la Jurisdicción se refiere.
Las valoraciones anteriores obligan, a desestimar el recurso de casación en interés de Ley, interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que dada la naturaleza y configuración de este especial recurso, sea procedente hacer pronunciamiento alguno sobre las costas.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recuso de casación en interés de Ley, interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su Letrado, contra la Sentencia de 15 de diciembre de 1995 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recaída en el recurso contencioso- administrativo nº 1479/94. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
SAP Barcelona, 20 de Septiembre de 1999
STSJ Andalucía , 1 de Febrero de 2001
SAP Murcia 9/2009, 14 de Enero de 2009

References: artículo 102
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 102