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PSOE | Mariposas en el estómago
Presentamos ley universalización sanitaria. No vamos a parar hasta conseguir que la sanidad pública sea de nuevo universal
Publicado por pepemolmos el 13 febrero, 2014
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Rajoy acabó con la universalidad de la cobertura sanitaria con el Real Decreto Ley 16/2012.
Ana Mato fue la mano ejecutora.
El PSOE presenta una Proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública para reparar este atropello social del PP.
La Ley General de Sanidad de 1986, en desarrollo del artículo 43 de la Constitución, creó el Sistema Nacional de Salud y declaró como titulares del derecho a la protección de la salud a los españoles y extranjeros que tuvieran su residencia en territorio nacional.
Su pretensión era ampliar, progresivamente, el ámbito de cobertura a toda la población y garantizar las prestaciones en condiciones de igualdad efectiva para lo que ya anunciaba una extensión gradual de la asistencia sanitaria gratuita, extensión que cuatro años después tuvo un importante exponente en el Real Decreto 1088/1989, que reconoce el derecho a la protección a la salud con fondos públicos a personas sin vinculación con la Seguridad Social cuando sus ingresos fueran inferiores a un determinado umbral.
Este sistema de cobertura universal y pública se confirmó en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como en la Ley Orgánica 4/2002 que reconoció a los extranjeros la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que a los españoles con el mero requisito del empadronamiento.
Por su parte, la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999 dispuso la financiación pública de la asistencia sanitaria a través de transferencias presupuestarias a las comunidades autónomas, desvinculando aquella, por tanto, de las aportaciones a la Seguridad Social. La citada ley concretó la separación de fuentes de financiación entre el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social.
La Ley General de Salud Pública de 2011, supuso el último paso para desvincular la sanidad de la Seguridad Social. Con ella se consiguió conectar la titularidad universal del derecho a la protección de la salud con la gratuidad de la asistencia sanitaria pública, culminando la pretensión de la Ley General de Sanidad de universalización plena de la asistencia sanitaria con fondos públicos.
Quedaron protegidos colectivos que hasta entonces no gozaban del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos: los parados que hubieran agotado el derecho a la prestación o subsidio de desempleo, aquellas personas que nunca habían cotizado a la Seguridad Social y que tampoco podían recibir asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud porque sus ingresos eran superiores a los previstos en el Real Decreto 1088/1989, y los trabajadores por cuenta propia o profesionales que no estuvieran incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos. Con la disposición adicional sexta de la Ley General de Salud Pública se alcanzaba, por fin, la coherencia de un Sistema Nacional de Salud financiado a través de impuestos y desvinculado de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Sin embargo el Real Decreto Ley 16/2012, ha vuelto a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social, retrocediendo en el largo camino recorrido hasta entonces. Consagra de vuelta la figura del “asegurado” como sujeto del derecho a la protección de la salud.
Paradójicamente extiende la condición de asegurado a personas que no tienen ninguna relación con la Seguridad Social siempre que sus ingresos no superen un límite que se determinará reglamentariamente, pero, por otro lado, exige la suscripción de un convenio especial a quienes no puedan acceder a la condición de asegurado, lo que es contradictorio con un sistema sanitario público no financiado por cotizaciones a la Seguridad Social.
El Real Decreto Ley 16/2012 ha derogado tácitamente los preceptos de la Ley General de Salud Pública sobre extensión de la asistencia sanitaria, dejando sin cobertura sanitaria directa a los profesionales y a todos aquellos que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social -e, incluso, a los descendientes de asegurados mayores de 26 años-, cuyos ingresos superen un determinado límite que la norma no precisa.
Pero lo más grave es la expulsión de la cobertura pública sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las graves consecuencias que implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte de derechos que supone y que no respeta principios constitucionales como es el de la dignidad de la persona.
Desde el primer día, todos los profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales han rechazado esta reforma que altera la vocación de universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, varias Comunidades Autónomas han rechazado excluir a los inmigrantes en situación irregular del acceso a las prestaciones sanitarias, recurriendo la reforma al Tribunal Constitucional, y otras han establecido programas gratuitos de acceso a la cartera básica de servicios sanitarios para este colectivo.
No existen datos oficiales sobre los efectos de esta modificación legislativa porque el Ejecutivo se ha negado a realizar cualquier tipo de evaluación. Sin embargo, varias organizaciones, como Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, han denunciado que un año después de la entrada en vigor de esta exclusión, más de 873.000 tarjetas sanitarias habían sido retiradas, es decir, cada día la reforma sanitaria ha dejado a 2.392 personas desechadas sin acceso a la asistencia sanitaria pública.
Asimismo, estas organizaciones han detectado y documentado situaciones de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos y que sufren interrupciones en sus tratamientos, además de pacientes con patologías transmisibles para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.
También, según estas organizaciones, se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos anti-rechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.
Son numerosos los organismos internacionales y las publicaciones científicas que se han pronunciado sobre la reforma, alertando sobre los riesgos en salud e incluso sobre un posible incremento de los costes sanitarios, a pesar de que la razón de ser del Real Decreto Ley 16/2012 fue de carácter económico.
En mayo de 2012 lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien, al referirse a la reforma sanitaria, pidió al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en su territorio, cualquiera que sea su situación administrativa, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias.
En enero de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, recomendó la revisión de las medidas de reforma de la salud adoptadas en el contexto de la crisis económica para asegurar el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin importar su estatus migratorio.
Más recientemente, el Consejo de Europa ha advertido de que la decisión del Gobierno español es contraria a derecho europeo y ha recordado que los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos independientemente de su estatus de residencia, porque la salud es un requisito previo para la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos humanos obliga a preservarla.
Por otra parte, el Gobierno ha seguido cercenando en este tiempo el derecho a la cobertura sanitaria de los españoles. Mediante modificaciones legislativas incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se ha modificado la cobertura sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo, que perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país si salen de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación.
Por todo ello, el PSOE lleva toda la legislatura denunciando estas medidas dañinas para la salud de los ciudadanos e indignas en relación con sus derechos universales.
De nuevo, hemos decidido llevar el debate al ámbito parlamentario.
Por eso, acabamos de registrar una Proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.
No vamos a parar hasta conseguir que la sanidad pública sea de nuevo universal.
¿Es posible un Pacto por la Sanidad? Propuestas del PSOE
Publicado por pepemolmos el 11 diciembre, 2013
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El 16 de marzo de 2012 el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió presentó en la Cámara la solicitud de creación de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Pocas semanas después, el 9 de abril de 2012, el Gobierno anunciaba en una nota de prensa un recorte de alrededor de 7.000 millones de euros en sanidad.
El 18 de abril, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó los ejes de la reforma sanitaria anunciada unos días antes.
Y dos días más tarde, el Consejo de Ministros del 20 de abril de 2012, aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Este Real Decreto-ley, que se publicó en el BOE el 24 de abril y fue modificado posteriormente con una amplia corrección de errores en el BOE del 15 de mayo de 2012, supone un cambio radical en la esencia del modelo y la ruptura del consenso que existía hasta entonces sobre la configuración de nuestro Sistema Nacional de Salud.
En primer lugar, se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. Es decir, se deja en el aire la plena universalización de la gratuidad en la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos aprobada por unanimidad tan solo unos meses antes, en octubre de 2011 con la Ley General de Salud Pública. Así se excluye a colectivos de ciudadanos españoles y a los inmigrantes sin papeles del acceso a la atención sanitaria. Con ello el sistema sanitario pierde su característica fundamental de universalidad.
En segundo lugar, las medidas adoptadas suponen un cambio de modelo porque permiten establecer el copago sanitario en algunos servicios y prestaciones, introduciendo un cambio cualitativo de enorme magnitud en el modelo de acceso tanto a los fármacos como a los servicios, lo que puede generar inequidad y desigualdad entre ciudadanos.
En tercer lugar, prevé la exclusión de la financiación pública de algunos medicamentos.
También modifica la aportación reducida a los enfermos crónicos incrementando el coste de los medicamentos para estos enfermos, lo que castiga de nuevo a los más vulnerables; de igual modo extiende el copago a los pensionistas.
Durante el debate en la Comisión de Sanidad, el 8 de mayo de 2012, sobre la creación de dicha Subcomisión, advertí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista de la casi imposibilidad de conseguir un pacto por la sanidad tras la decisión del Gobierno de cambiar el modelo sanitario por real decreto-ley, sin ningún tipo de diálogo.
No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista, antes de cerrar la puerta al diálogo, exigió al Gobierno que tramitase el Real Decreto-ley como proyecto de ley para permitir un debate en profundidad y, como gesto de buena voluntad, apoyó la iniciativa de creación de la Subcomisión.
Igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista en el debate insistió en que nuestro sistema público de salud es viable y sostenible, aun en estos tiempos difíciles, sin recortes en prestaciones, ni en la calidad de la asistencia y sin necesidad de introducir nuevos copagos.
Es decir, señalando la posición del Grupo Parlamentario Socialista a favor de adoptar las reformas necesarias sin alterar la naturaleza fundamental del sistema, consensuado durante los últimos 25 años por todas las fuerzas políticas, profesionales sanitarios, pacientes y la ciudadanía en general.
Pocos días más tarde, el 17 de mayo de 2012, tuvo lugar el debate de convalidación del Real Decreto-ley 16/2012 en el Pleno del Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra, al oponerse rotundamente a las medidas planteadas, y pidió su tramitación como proyecto de ley, ofreciendo diálogo al Gobierno. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular no atendió esta última petición.
Casi un mes más tarde, el 14 de junio de 2012, tuvo lugar en el Pleno el debate sobre la creación de la subcomisión. De nuevo, el Grupo Parlamentario Socialista apoyó la iniciativa manifestando una voluntad expresa de diálogo con el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno y de llegar a acuerdos que pudieran modificar algunos aspectos del Real Decreto-ley 16/2012, aunque señaló también su escepticismo.
El 1 de julio de 2012 entró en vigor el nuevo copago farmacéutico. Unas semanas más tarde, se publicó en el BOE el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, y la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.
Es decir, al margen y sin conocimiento de la subcomisión, y sin ni siquiera atender a las múltiples solicitudes de comparecencia de la Ministra de Sanidad realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista y otros, el Gobierno adoptó las siguientes medidas:
-​Copago
-​Exclusión de colectivos de españoles y de inmigrantes en situación irregular.
-​Medicamentazo
-Por todas las razones expuestas, el 19 de septiembre de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista abandonó la subcomisión por la imposibilidad de seguir dando cobertura política a la estrategia del Grupo Parlamentario Popular de desmantelamiento del sistema sanitario público.
Aun así, el Grupo Parlamentario Socialista dejó la puerta abierta a la posibilidad de recomponer esa situación si el Gobierno accedía a recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud.
A lo largo de esta legislatura han sido numerosas las iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista en esta dirección, especialmente, la Proposición de Ley de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, que se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 2012. De nuevo, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la tramitación de esta Proposición de Ley impidiendo un debate parlamentario en profundidad y cerrando, una vez más, la puerta al diálogo.
-En definitiva, a lo largo de estos meses, a pesar de la disposición al diálogo del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno no ha sido capaz de liderar ningún acuerdo. Todo lo contrario, ha tomado decisiones unilateralmente -muchas de ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional-, sin debate ni transparencia, en contra de los pilares fundamentales que han definido nuestro Sistema Nacional de Salud.
En contra de los actores implicados.
No obstante lo anterior, prueba de nuestra disposición al diálogo es la aportación al Informe de la subcomisión de nuestras propuestas de conclusiones, instrumentadas a través de este voto particular
Desde el PSOE, creemos que el Sistema Nacional de Salud ha de ser de cobertura universal, aseguramiento público, financiación pública por impuestos y su provisión debe llevarse a cabo plenamente de acuerdo con los principios y criterios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 y en la Ley General de Salud Pública de 2011.
Se debe basar en principios de calidad, innovación, cohesión, equidad, lucha contra las desigualdades en salud y sostenibilidad.
Su orientación hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como un fuerte fundamento en la atención primaria de salud, son factores clave para asegurar la protección de la salud que requiere la sociedad española.
Junto a ello, la capacidad demostrada por el sistema para incorporar las innovaciones científicas más eficaces en la práctica clínica ha permitido ofrecer una cartera de servicios de gran calidad que habrá que actualizar de manera continua en base a la evidencia científica y a criterios de coste-efectividad haciéndola accesible en condiciones de igualdad efectiva a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan.
Al mismo tiempo, la descentralización de la gestión de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas ha desempeñado un papel clave para hacer más cercano el acceso a las prestaciones y a los servicios y ganar en eficacia y equidad.
El sistema sanitario español es un sector muy dinámico, que da empleo a un gran número de profesionales, con un importante efecto económico generador de externalidades positivas en el ámbito del empleo, la I+D+i entre otros.
No obstante, el sistema sanitario público afronta una serie de retos que es preciso abordar en el corto y en el medio plazo para garantizar su sostenibilidad y sus características de accesibilidad, universalidad, equidad, cohesión y excelencia.
Conscientes de que el sistema sanitario público es un patrimonio común que debe ser preservado, las partes se comprometen a trabajar para que estos problemas puedan ser superados con la colaboración de todos: grupos parlamentarios, profesionales, pacientes, usuarios, sindicatos, empresas, gestores y administraciones sanitarias.
El Grupo Parlamentario Socialista propone impulsar y desarrollar un Pacto por la Sanidad y promover los cambios legislativos que, en su caso, fuesen necesarios para modernizar y consolidar un modelo de sistema nacional de salud capaz de adaptarse, con las reformas precisas, a las necesidades derivadas de los desafíos demográficos, asistenciales, tecnológicos y financieros a los que se enfrenta el sistema sanitario español.
Todo ello con pleno respeto al marco competencial establecido en la Constitución de 1978 y en los respectivos Estatutos de Autonomía.
En particular, y con carácter inmediato, el Grupo Parlamentario Socialista se compromete a trabajar conjuntamente con el resto de grupos parlamentarios para:
1.- Considerar titulares de los derechos de protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos derogando el Real Decreto-ley 16/2012 y promoviendo las medidas normativas necesarias para ello y así alcanzar la plena universalidad y el derecho subjetivo de ciudadanía en el acceso a los servicios sanitarios públicos.
2.- Definir un nuevo modelo de financiación que asigne los recursos necesarios para asegurar la suficiencia, la equidad y la cohesión territorial del sistema sanitario público destinando los recursos adicionales con carácter finalista a la sanidad.
3.- Garantizar la naturaleza pública de la financiación del Sistema Nacional de Salud y la calidad asistencial necesaria, asegurando el respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos. Se procederá a la derogación de la Ley 15/97 y se desarrollará una nueva normativa que asegure la naturaleza pública de la gestión y provisión de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. En caso de conciertos con medios ajenos, modo de gestión que tendrá siempre carácter complementario, se cumplirán los requisitos y los estándares de calidad que determinen las Administraciones Sanitarias, las cuales establecerán en todo caso los necesarios procedimientos de control público, velando siempre por la optimización de los recursos sanitarios propios. La calidad será objeto de evaluación en base a los resultados en salud.
4.- Modificar el actual sistema de copago de tal forma que amplíe las exenciones actuales a los pensionistas y pacientes crónicos o con patologías graves y enfermedades raras. Asimismo deberá quedar exenta de copago la prestación farmacéutica hospitalaria ambulatoria.
5.- Establecer y desarrollar medidas y procedimientos que faciliten una eficiente coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, que haga posible una atención sociosanitaria integral, de calidad y sostenible para todo el territorio nacional, tomando como referencia las experiencias autonómicas y las propuestas contenidas en el Libro Blanco de la coordinación socio sanitaria elaborado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en diciembre de 2011.
6.- Establecer, con el conjunto de Comunidades Autónomas, un sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias que contribuya a orientar la toma de decisiones sobre nuevas prestaciones y servicios en base a criterios de financiación selectiva considerando, entre otros, criterios de evidencia científica y coste-efectividad. A tal efecto se contará con el apoyo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, siendo aquella la base para un futuro Instituto Nacional con una orientación similar al NICE británico.
7.- Revisar la organización de los servicios de salud para orientarlos a las necesidades de los pacientes y de manera especial a las necesidades de los pacientes crónicos. Desarrollar mecanismos que permitan la participación profesional en el contexto de impulso a la autonomía y descentralización de la gestión, la potenciación de la calidad asistencial en el marco de la gestión clínica y la aplicación de la mejor evidencia disponible.
8.- Consolidar como elemento básico del Sistema Nacional de Salud los equipos de Atención Primera donde se ofrezca una asistencia integral, sanitaria y social -aguda, crónica y preventiva- haciendo protagonistas de la resolución y la gestión –eficaz y eficiente- de esa atención a los Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería y Trabajadores sociales.
Desarrollar para ello el registro electrónico y la digitalización necesaria para la correcta comunicación recíproca entre los EAP y los servicios de hospital, a lo largo de todo el territorio del Sistema Nacional de Salud.
9.- Desarrollar un nuevo marco estratégico que potencie la atención a la salud mental comunitaria en el Sistema Nacional de Salud.
10.- Mejorar los espacios de colaboración y de participación de los pacientes y de sus asociaciones así como de los agentes sociales del sector en la orientación y prioridades del sistema sanitario.
11.- Mejorar el acceso de la ciudadanía a la información disponible en un sistema de información común con indicadores que ofrezcan transparencia a los resultados de salud del Sistema Nacional de Salud. Promover que la ciudadanía conozca y asuma sus deberes cívicos en el cuidado de su propia salud y en el uso responsable de los servicios sanitarios mediante, entre otras, estrategias educativas.
12.- Definir un procedimiento de planificación de necesidades de recursos humanos para asegurar su adecuada disponibilidad en términos cuantitativos y cualitativos, fomentar un modelo retributivo y de incentivos común para su desarrollo profesional y respaldar su reconocimiento social.
13.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación incluida en el calendario acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, y los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
14.- Fortalecer la posición política de España en materia sanitaria en el seno de la UE, estableciendo vías para que, en el ámbito parlamentario, se pueda alcanzar una posición común para facilitar el desarrollo y la aplicación de directivas.
15.- Definir medidas, incluidas las de carácter normativo, que permitan el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y de cohesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dotando de mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas, y de las políticas e instrumentos para la cohesión sanitaria.
16.- Promover un plan estratégico que, entre otros aspectos, contemple el impulso de la investigación biomédica así como criterios y procedimientos para la incorporación de la innovación a la cartera de servicios junto a una política de control de gasto y el impulso de los medicamentos genéricos y medicamentos fuera de patente, asegurando la calidad de la prestación farmacéutica.
17.- Reforzar la calidad asistencial y la viabilidad del modelo de oficina de farmacia con especial énfasis en el apoyo a la farmacia rural.
18.- Agilizar la puesta en marcha del mecanismo de compensación económica por atención a pacientes entre Comunidades Autónomas, aplicándose de forma retroactiva con fecha 1 de enero de 2013 para garantizar la compensación de los costes de atención a desplazados de todo el año en curso. Así como introducir un sistema de gestión de derivación de pacientes aplicable y de utilización obligatoria que permita compensar la totalidad de los costes de la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas sin cargo alguno para el ciudadano.
19.- Reformar el Fondo de Cohesión Sanitaria para contemplar nuevas finalidades que permitan reforzar su utilidad como herramienta para impulsar políticas comunes de cohesión en el Sistema Nacional de Salud.
20.- Prever la constitución en el Congreso de los Diputados de una Comisión, similar a la del Pacto de Toledo para las pensiones, que permita en el futuro acordar recomendaciones y debatir medidas que contribuyan a la equidad, la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional de Salud, en función de las nuevas necesidades sanitarias, la promoción de la salud y de la evolución del contexto tecnológico, económico y social de España.
A estos mismos efectos, dicha Comisión convocará periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y alcance de los acuerdos que, en su caso, se alcancen entre ellos, así como las iniciativas y propuestas que formulen para fortalecer el derecho a la protección de la salud y para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario público.
Aunque la política de Rajoy hasta ahora no nos hace esperar que vaya a ser capaz de rectificar decisiones y recortes que tanto daño han hecho a la sostenibilidad de la sanidad pública, no queremos cerrar la puerta al diálogo.
El próximo día 18 podremos comprobar en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados si el PP es capaz de encontrar la cordura y generar un Pacto por la Sanidad.
Lo agradecerían los ciudadanos.
Psoe propone denunciar los acuerdos con la santa sede
Publicado por pepemolmos el 2 diciembre, 2013
Publicado en: Uncategorized.	Etiquetado: Acuerdos santa sede, PSOE.	Deja un comentario
El PSOE ha empezado a traducir ya en iniciativas concretas algunas de las medidas recientemente aprobadas en nuestra Conferencia Política.
Si hace unos días defendimos en el Parlamento que no se les pueda cortar la luz y el agua a quienes no puedan pagarlo por estar en situación de extrema dificultad (lo hicimos vía enmiendas a la Ley del sector eléctrico y, por cierto, el PP votó en contra), hoy hemos anunciado su decisión de presentar una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados.
Exigimos al Gobierno tres cosas:
A) Que se denuncien los acuerdos entre España y la Santa Sede
B) Que se presente, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia
C) Que se establezca un Protocolo Civil de obligado cumplimiento para todos los actos solemnes organizados por las autoridades del Estado en el que se garantice su aconfesionalidad.
En el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia queremos incluir:
o Las normas comunes para todas las confesiones religiosas
o Que se protejan tanto los derechos de los creyentes como los de los no creyentes
o Y que prevea posibles religiosas.
colaboración con las distintas confesiones religiosas
Los socialistas tenemos la intención de dialogar con todos los Grupos parlamentarios para intentar alcanzar un apoyo mayoritario a esta propuesta.
Pero también hemos anunciado que, si fuera rechazada por la
mayoría absoluta del PP, la incluiremos como compromiso en su próximo programa de Gobierno.
Porque los Acuerdos entre España y el Vaticano se negociaron en el proceso de transición política, cuando aún no estaba aprobada la Constitución (se estaba elaborando, por esas mismas fechas).
Por tanto, se producen en un contexto en el que se buscaba la normalización democrática en todos los ámbitos y también en el que afectaba a la cuestión religiosa.
Y para ello, se quiso proporcionar garantías a la Iglesia católica y a los ciudadanos católicos.
Pero han pasado 35 años desde entonces.
Nuestra Constitución consagra la laicidad del Estado
En esas tres décadas y media la sociedad española se ha hecho más secular, laica y plural y los socialistas creemos que esta realidad debe verse reflejada en el ordenamiento jurídico.
España tiene hoy una sociedad en la que los ciudadanos gozan de libertad para vivir sus convicciones y creencias.
Además no combate la religión, sino que la protege y respeta.
Finalmente, la sitúa en la conciencia de las personas y no obliga a nadie a actuar conforme a los preceptos de ninguna confesión religiosa si no participa de ellos.
Hay que señalar que, mientras los Gobiernos socialistas han cumplido escrupulosamente los acuerdos con la santa sede, muchas de las recientes actuaciones del PP han cambiado esta situación.
En algunas de las más importantes iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy se reconoce claramente la influencia de la jerarquía eclesiástica.
Por ejemplo, el tratamiento de la religión en la Ley de Educación, aprobada en solitario por el PP, es una clara muestra de ello.
Todo lo cual, justifica para el PSOE la necesidad de denunciar los acuerdos con el Vaticano.
Por un socialismo transgresor, inconformista e innovador
Publicado en: Uncategorized.	Etiquetado: Griñán, PSOE.	Deja un comentario
En el Congreso del PSOE-A que hemos celebrado en Granada este fin de semana, los socialistas hemos dado un gran paso hacia el futuro.
En las últimas dos semanas el PSOE ha hecho, con la conferencia política, una actualización del proyecto político para estar preparados hacia el cambio político que España necesita y que se concretará cuando se celebren las elecciones generales.
Y tan importante como eso, hemos hecho en el PSOE andaluz un congreso con un gran relevo generacional y una apuesta por la profundización de las políticas sociales que hagan visible a la sociedad que hay otra manera de afrontar la crisis económicas.
Susana Díaz ha abierto un nuevo tiempo en el socialismo andaluz y español. Y en este nuevo camino que se abre queda hacer un reconocimiento a Pepe Griñán que ha sido capaz de abrir paso a esta nueva página del socialismo andaluz que tendrá repercusión en toda España.
De todo lo sucedido en Granada este fin de semana en el Congreso del PSOE-A, me quedo con una reflexión de Pepe Griñán que es muy adecuada para el tiempo que estamos viviendo y el tipo de reacción y respuestas que el socialismo debe dar a los problemas de la ciudadanía.
Nos decía Griñán que “no nos dejemos llevar por la corrección política, que no lo hagamos hasta el extremo de hacernos previsibles o insustanciales. Y nos pedía también que seamos incansables; indomables, que jamás demos una batalla por perdida. Los socialistas no nos rendimos, no nos rinde nadie porque jamás decimos no podemos; y si nos caemos, nos levantamos.
Todos nosotros sabemos que luchamos por una causa que fue de nuestros abuelos y que será la de nuestros nietos. Por eso el mundo que nos ha tocado vivir también nos pide que seamos transgresores; que seamos inconformistas e innovadores. Y, sobre todo, que no hagamos de la política mero tacticismo; que sepamos mirar la meta. Que el rumbo no lo decide el viento, sino el puerto que queremos alcanzar. Que tengamos siempre bien presente, que podemos navegar de frente o de bolina, pero siempre hacia el puerto.”
Estas reflexiones definen muy bien el espíritu de los socialistas y cómo debemos afrontar estos tiempos.
El cambio de personas, la renovación del proyecto socialista acometida en la Conferencia Política y las primarias que desarrollaremos en 2014, abrirán el paso a una recuperación de la confianza en el PSOE de los progresistas españoles para poder afrontar la recuperación de los derechos sociales que el PP arrebata a la ciudadanía, y la adopción de medidas para los que lo pasan mal en nuestro país.

References: Real Decreto 
 artículo 43
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución