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Timestamp: 2017-07-27 08:34:01+00:00

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RESOLUCIÓN JEFATURAL N. 060-2005-J/ONPE (PUBLICADA EL 16 DE MARZO DE 2005) Lima, 14 de marzo de 2005
Los informes N° 005-2005-GSFP/ONPE, N° 010-2005-GSFP/ONPE y N° 025-2005-GSFP/ONPE, emitidos por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; y, el Memorándum N° 050-2005-GAJ/ONPE e Informe N° 001-2005-CMSC-CGN-GAJ/ONPE, emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos, N° 28094, la verificación y control de la actividad económico financiera de los partidos políticos, corresponde exclusivamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
Que, para ejecutar dicha competencia, el referido artículo 34 de la citada ley, ha establecido que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, debe recibir de los partidos políticos un informe financiero anual, pudiendo requerirles además informes sobre los aportes que reciben y, al cabo de una verificación, debe pronunciarse sobre la regularidad y adecuación de su actividad económico financiera a lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos y aplicar las sanciones a que hubiera lugar.
Que, los artículos 29, 37, 38, 39, y 41 de la Ley de Partidos Políticos señalan los casos en que procede otorgar a los partidos políticos financiamiento público directo o indirecto.
Que, el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos señala las infracciones a la ley que deberán ser sancionadas por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Que, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Partidos Políticos, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, dictar las normas reglamentarias en las materias de su competencia, por lo que es necesario aprobar un reglamento que señale los criterios y procedimientos necesarios para la asignación del financiamiento público directo e indirecto a los partidos políticos, los procedimientos de presentación y el contenido de la información sobre fondos procedentes de financiamiento privado, los procedimientos para el control y supervisión externo de la actividad económico financiera de los partidos y su adecuación a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, así como los procedimientos para imponer sanciones en caso exista incumplimiento de las normas por parte de los partidos políticos.
Que, el día 24 de noviembre del 2004, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, con la finalidad de recibir opiniones y sugerencias de los partidos políticos, ciudadanos e instituciones involucradas.
Que, habiéndose cumplido el plazo señalado en la referida publicación para recibir sugerencias, procesadas éstas y hechas de conocimiento de los partidos políticos para su opinión final; corresponde aprobar el presente reglamento.
En uso de la facultad reglamentaria expresamente concedida por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Partidos Políticos, N° 28094, y las atribuciones conferidas por el inciso g) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, N° 26487, y el inciso q) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por Resolución Jefatural N° 051-2004-J/ONPE, modificado por las Resoluciones Jefaturales 201-2004-J/ONPE y 252-2004-J/ONPE; y con el visado de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios y de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Artículo Único.- Aprobar el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, que consta de una exposición de motivos, noventa y cinco (95) artículos, siete (7) Títulos, diez (10) capítulos, seis (6) sub capítulos y cuatro (4) disposiciones finales y transitorias; el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA Jefa Nacional Oficina Nacional de Procesos Electorales REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS
El presente Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios regula los aspectos contemplados en el Título VI de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos: Del Financiamiento de los Partidos Políticos.
En tal sentido, establece normas reglamentarias para la regulación de la asignación del financiamiento público directo e indirecto, de la recepción, registro, límites y prohibiciones del financiamiento privado. Del control sobre los gastos financiados con recursos provenientes del financiamiento público y extranjero, de los gastos en campañas electorales, especialmente del gasto en publicidad electoral; de la actuación de la tesorería y el tesorero partidario; del alcance de las obligaciones de información sobre sus cuentas de ingresos y gastos, los procedimientos de verificación y control externos de la actividad económico financiera del partido, y las infracciones que acarrean sanción y los procedimientos para imponer dichas sanciones.
Todas las materias reguladas guardan estricta observancia de las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos que es materia de reglamentación, así como de las normas constitucionales y legales pertinentes.
Se señalan a continuación algunas materias sobre las que la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE hace mención especial y realiza una exposición expresa de las motivaciones que llevaron a tomar decisiones de carácter reglamentario.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO El artículo 2 del reglamento precisa con claridad que sus normas son de aplicación para los partidos políticos y alianzas de partidos, excluyendo así a los movimientos y a las organizaciones políticas de alcance local.
Concordancia:	LPP: Art. 17, definición de organización de alcance local Esta determinación ha sido tomada en atención a que, salvo menciones genéricas poco precisas, no existen en la Ley de Partidos Políticos disposiciones o regulación sobre materia económico financiera de estas organizaciones políticas. Así, no se señalan derechos de financiamiento estatal, ni regulación o limitaciones al financiamiento privado, tampoco obligaciones de información y menos sanciones sobre actuación o infracciones en materia económico financiero para los movimientos regionales ni las organizaciones políticas de alcance local.
Tampoco la Ley ha señalado que la ONPE o la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios deban tener alguna actuación especial para ejercer función de control y verificación de estas organizaciones, como sí lo hace expresamente para los partidos políticos.
Ello es entendible debido al carácter temporal que la ley señala para las organizaciones de ámbito local, a las que se cancela la inscripción una vez concluido el proceso electoral.
En tal sentido, carecería de sustento legal disponer que estas organizaciones políticas cumplan las mismas formalidades y les sean aplicadas las mismas reglas de control que a los partidos políticos, cuando la Ley no ha señalado procedimientos de verificación ni sanciones que pudieran serles impuestas en caso de algún incumplimiento.
APLAZAMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO
Como lo establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Partidos, la distribución del financiamiento público directo se hará efectiva en Enero del 2007, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales para elegir al Congreso de la República, con arreglo a las posibilidades de la economía nacional.
El artículo 29 de la Ley señala que el monto del fondo del financiamiento público a distribuirse entre los partidos políticos con representación en el Congreso será determinado al aplicar el 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.
Concordancia:	LPP: Art. 29
Al hacer mención el citado artículo a la palabra "voto emitido", se estaría incluyendo en la definición a los votos nulos y en blanco.
Concordancia:	LOE: Art. 287
Sin embargo, la frase "para elegir representantes al Congreso" que aparece a continuación de "voto emitido" haría pensar que, aunque no se dice expresamente, los votos a los que refiere la norma excluyen a los votos nulos y en blanco, considerándose entonces para efectos de determinar el fondo a distribuir sólo a los "votos válidos" de acuerdo a la definición del artículo 287 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859.
Esta ambigüedad en la redacción del artículo tiene consecuencias importantes al momento de definir cuál es el monto total del financiamiento público que deberá ser distribuido pues puede significar una diferencia no menor de un millón y medio de votos.
La ONPE ha resuelto dejar este tema para una regulación posterior, tomando en cuenta que no es un tema de aplicación inmediata, sino que, por propia decisión de la Ley, ha sido diferido para dentro de dos años.
Mientras tanto se procederá a realizar diversas consultas con participación de todos los actores, para llegar a la reglamentación más adecuada al respecto.
Este aspecto ha sido recogido en la Disposición Final y Transitoria Segunda.
REGLAS SOBRE EL DERECHO DE LOS PARTIDOS A LAS FRANJAS.
Al precisar los partidos o alianzas políticas que tienen derecho al financiamiento público indirecto (espacio no electoral y franja electoral) se ha tenido especial cuidado en establecer normas que eviten que la renuncia de un Congresista a un partido o alianza pueda perjudicar a estas instituciones en sus derechos a contar con dicho financiamiento indirecto.
Concordancia:	LOE: Art. 194, referido a franjas electorales
El artículo 8 señala expresamente que dicha renuncia no conlleva la pérdida del espacio para el partido en el cual fue electo, ni otorga el derecho al espacio para el partido que recibe al Congresista renunciante.
En el caso de las alianzas, los partidos que se apartan de ellas deben determinar claramente si algún Congresista electo por la alianza forma parte de su partido, para efectos de que se reconozca su derecho al espacio, como se señala en el artículo 9.
REGLAS SOBRE LOS LÍMITES DE APORTE INDIVIDUALES Y LA DONACIÓN DE INMUEBLES
La Ley ha establecido un límite para el aporte individual que una persona, natural o jurídica, puede dar a un mismo partido político en el transcurso de un año.
Sin embargo, la Ley no ha contemplado los casos en los cuales dicho aporte se realiza en un bien inmueble que, por su valor, sobrepasa normalmente ese monto establecido como límite.
Consideramos que no es la intención de la Ley desincentivar la aportación de bienes inmuebles necesarios para el fortalecimiento de los partidos, pero una interpretación restrictiva de la norma podría generar esa indeseada consecuencia.
Es por ello que el reglamento ha contemplado un procedimiento especial por el cual dichos aportes pueden realizarse sin transgredir el límite máximo señalado en la Ley.
Así, el artículo 31 del reglamento da una salida a este problema al señalar que la transferencia de la propiedad del bien aportado se realizará de manera progresiva, evitando así que el partido pierda un importante aporte por una interpretación restrictiva del límite legal.
REGLAS SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PARTIDARIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley, es obligación de los partidos prever un sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y contabilización de sus actos económico financieros.financieros.
Corresponderá a cada partido definir cómo operará este control interno y cumplir con las disposiciones señaladas por las distintas normas legales para llevar su contabilidad.
El Título Cuarto del reglamento se limita a señalar claramente las normas que la Ley ha establecido para que el partido se organice y defina tales aspectos, deteniéndose especialmente en las funciones del tesorero, señalando asimismo normas que ayuden a definir el alcance de la exclusividad del tesorero para llevar a cabo su labor, aspecto que se detalla a continuación:
REGLAS SOBRE LA EXCLUSIVIDAD DEL TESORERO PARA OPERAR LAS CUENTAS
Una de las innovaciones más importantes de la Ley de Partidos Políticos que será una herramienta fundamental para el fortalecimiento y la institucionalidad partidaria es la introducción de la figura del tesorero como funcionario partidario encargado de ejecutar las operaciones económicas financieras del partido político.
La Ley ha reservado para el tesorero las siguientes funciones en exclusiva:
–	La recepción y el gasto de los fondos partidarios (Art. 32) –	El acceso a las cuentas bancarias (Art. 32)
–	La contratación de la publicidad con fines electorales (Art. 40) Una interpretación literal de estas disposiciones de la Ley podría significar que la ejecución de las decisiones económico financieras dependieran exclusivamente del tesorero y que ninguna decisión, por más pequeña que fuera, podría ejecutarse sin su intervención directa, ya que la Ley le señala EXCLUSIVIDAD en el gasto y el acceso a las cuentas.
Para evitar excesos a ese respecto, el reglamento señala la posibilidad de que el tesorero, que es el responsable exclusivo de estos temas, pueda delegar en otras personas algunas de las funciones, siguiendo los procedimientos establecidos por las normas internas del partido (Art. 33 del reglamento).
Asimismo, se señala la posibilidad de que el partido, mediante normas partidarias claras y precisas, determine los procedimientos de descentralización de la tesorería y la manera cómo el tesorero podrá extender poderes y delegar funciones al interior del partido. (Art. 60).
REGLAS SOBRE COMPROBANTES DE APORTES: MONTO MÍNIMO E IDENTIFICACIÓN DE QUIEN APORTA
Es una obligación del partido registrar todo aporte o ingreso, tal como lo señala el artículo 30 de la Ley. Además, para dar mayor énfasis a esta obligación, la Ley establece que el aporte no registrado se presumirá de fuente prohibida (artículo 31).
Asimismo, la Ley prohíbe al partido recibir aportes anónimos, por lo tanto los ingresos no sólo deben ser registrados, sino debe poder identificarse a la persona que aporta, de lo contrario no podría cumplirse con esta obligación legal.
En tal sentido, el reglamento ha considerado que los ingresos al partido deben sustentarse mediante un comprobante que identifique a quien aporta.
Para no hacer tan onerosa la tarea del registro y comprobación, el reglamento ha establecido un monto mínimo del aporte en el cual opera la obligación de expedir un comprobante de ingreso: 5% de la UIT, tal como se establece en el artículo 34.
Un aspecto esencial en este tema lo constituye el relacionado con los ingresos obtenidos en actividades de financiamiento proselitista con las cuales el partido consigue financiamiento. La Ley establece que la única excepción para considerar un aporte anónimo es cuando éste se consigue mediante la realización de una actividad proselitista. Señala que esta excepción sólo opera hasta un monto máximo anual de 30 UIT para el total de las aportaciones anónimas.
Para que los aportes que recibe el partido en este tipo de actividades no formen parte del tope anónimo máximo señalado por la Ley, el reglamento establece que el partido deberá sustentar los ingresos obtenidos en estas actividades mediante comprobantes de SUNAT o mediante comprobantes especiales con ciertas formalidades señaladas en el artículo 42.
REGLAS SOBRE VALORIZACIÓN DE APORTES EN ESPECIE
Bajo la misma obligación de registrar todo ingreso o aportación al partido, cualquiera sea la fuente (artículos 30 y 31 de la Ley), la única manera de registrar el aporte en especie es realizando una valorización del bien, derecho o servicio que ha sido aportado, pues los registros contables son, necesariamente, dinerarios.
El reglamento señala la manera cómo deben ser valorizados los aportes en especie y las formalidades para tener sustento del momento de su ingreso al partido y el comprobante que identifique a quien realiza el aporte (artículo 36 del reglamento).
REGLAS SOBRE LÍMITES A LAS DONACIONES O APORTES A LAS CANDIDATURAS
Dentro de las normas establecidas para lograr el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria, la Ley ha reservado sólo para los partidos políticos debidamente inscritos la posibilidad de presentar candidaturas (artículos 11 y 17 de la Ley) a los cargos de elección de representación en instancias de gobierno nacionales (Congreso y Presidencia de la República).
Ha señalado, además, que la determinación de los candidatos para dichos cargos debe pasar por procedimientos de selección y elección bajo procesos de democracia interna, evitando así que surjan candidaturas por fuera de la institucionalidad partidaria (artículos 23 y 24 de la Ley).
Estas normas, sumadas a las que restringen la ejecución de los gastos partidarios y, especialmente, los de la contratación de publicidad electoral al tesorero del partido; expresan la clara opción de la Ley por el manejo institucional de sus campañas electorales y de la relación del candidato con el partido.
Queda claro para la Ley que el partido es el marco institucional de los derechos y obligaciones de los candidatos a cargos de elección, y que estos representan al partido, son mandatarios de éste; pero no los sustituyen ni escapan a sus regulaciones.
Por ello, las posibilidades de la actuación de los dirigentes o candidatos en los aspectos económico financieros, sea en la vida cotidiana de los partidos como en una campaña electoral, están delimitadas por las normas de actuación señaladas en la Ley.
Es por ello que la posibilidad de que el candidato pueda recibir donaciones o aportes es una excepción y no una regla. Ello se puede apreciar en el artículo 31 de la Ley, que señala las fuentes de financiamiento prohibidas.
El penúltimo párrafo de ese artículo reafirma el carácter de prohibición de la recepción de aportes por los candidatos ("no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo") y señala una excepción sujeta a una condición: que sean "con conocimiento del partido político y con los mismos límites previstos en el artículo 30".
Es en ese sentido, y en estricto cumplimiento de la Ley, que el reglamento ha establecido, en lo que concierne a los aportes a las candidaturas, que:
–	Cualquier donación o aporte a una candidatura son considerados aportes al partido y deben ser de conocimiento formal del tesorero en un plazo de siete días calendario (Art. 39).
–	Las actividades de campaña electoral que involucran al candidato son actividades partidarias y deben ser registradas en la contabilidad partidaria (Art. 54).
REGLAS SOBRE LAS FORMALIDADES DE LOS CRÉDITOS Y PRESUNCIONES RESPECTO A SU NO PAGO
Ha quedado claro que cualquier ingreso partidario, independientemente de la fuente de la que provenga y de la modalidad con la que haya sido recibido, debe ser debidamente registrado en la contabilidad y tener un sustento y comprobante claro que identifique a la persona natural o jurídica de la que provenga.
Siendo los créditos una de las fuentes de ingresos privados permitidas a los partidos, estos deben guardar las mismas formalidades de registro y sustentación. Si a ello añadimos que respecto de esta modalidad la Ley no ha establecido límites, los niveles de formalidad deben ser mayores, para evitar alusiones a las normas de control y verificación señaladas en la Ley.
En tal sentido, y para poder obtener un documento de fecha cierta en el que conste el momento en que se generó el crédito, el reglamento establece una formalidad especial para el documento en el que conste el crédito: que esté firmado ante notario (artículo 44 del reglamento).
Asimismo, tomando en cuenta que una de las normas imperativas de la Ley es la que dispone los límites a los aportes individuales, resulta necesario establecer normas que permitan que este límite no sea transgredido cuando un ingreso partidario operado bajo la modalidad de crédito deje de ser una obligación de pago del partido, sea porque la deuda fue declarada incobrable o porque existe una condonación de la misma.
Por ello el artículo 45 del reglamento señala una presunción de aporte en los casos en que se compruebe la falta de pago de una deuda surgida de una operación de crédito.
REGULACIÓN DEL GASTO CON FONDOS ESPECIALES
La Ley ha establecido una limitación para la ejecución del gasto cuando el financiamiento proviene de partidos o gobiernos extranjeros o del financiamiento público directo: "debe ser gastado sólo en actividades de capacitación, formación, investigación" en el primer caso, y se añaden a ellos los "gastos de funcionamiento ordinarios" para el caso de la fuente pública.
Es por ello que el reglamento requiere establecer definiciones de lo que se entiende por cada una de las actividades antes señaladas, para garantizar que su uso esté acorde con la disposición legal. En ese sentido, los artículos 46, 48, 49 y 50 definen lo que se considera o no actividades de funcionamiento ordinario, formación, capacitación o investigación, respectivamente.
Por la misma consideración de ser fondos que tienen destino determinado por ley, el reglamento señala algunas formalidades para su registro y aplicación: constar en convenios o documentos escritos e ingresar a las cuentas bancarias, para el caso de los fondos provenientes de partidos y gobiernos extranjeros (Artículo 38); y que las actividades en las que se van a gastar los fondos públicos formen parte de un presupuesto y plan aprobado por el partido (artículo 51).
REGLAS SOBRE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: REGISTRO ESPECIAL Y FORMALIDADES DE INFORMACIÓN
La Ley ha establecido límites y normas especiales para la ejecución del gasto durante una campaña electoral, entre las que podemos resaltar:
–	La prohibición de hacer propaganda electoral fuera del período señalado para la publicidad electoral (Art. 40)
–	Tope de tiempo de publicidad diario por cada medio de comunicación (Art. 38)
–	Contratación de publicidad únicamente por el tesorero (Art. 40)
Como se ha señalado al fundamentar las normas reglamentarias en torno a los aportes a los candidatos, este es uno de los cambios más importantes respecto de la manera como se administraban las campañas electorales en los partidos políticos y apunta a fortalecer la institucionalidad partidaria.
Por tal motivo, el registro y las formalidades del gasto partidario en época electoral deben tener también criterios especiales, de allí que el reglamento establezca que los gastos de campañas se llevan en registros y cuentas especiales (artículo 53) y se señala a su vez que los informes sobre la materia son presentados por el partido y suscritos por el tesorero (artículo 71).
Es importante señalar que el reglamento resuelve la confusión generada por la no derogatoria expresa del artículo 183 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que es el candidato y no el partido quien debe entregar el reporte de gastos y que es el JNE y no la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios al que se entrega dichos informes.
En este tema el reglamento reivindica el carácter de norma especial y posterior de la Ley de Partidos Políticos.
ALCANCES DE LOS INFORMES - BALANCE INICIAL Y ESTADOS FINANCIEROS Parte importante de las normas sobre el financiamiento de los partidos políticos contenidas en la Ley tienen que ver directamente con las formalidades y el ordenamiento e institucionalidad partidaria para el manejo de sus finanzas.
De allí que la Ley establezca como obligaciones de los partidos:
–	Llevar libros de contabilidad como las asociaciones (Art. 35).
–	Conservar los libros y documentos sustentatorios por 10 años (Art. 35).
–	Presentar informe financiero cada año (Art. 34). En base a esos informes, que deben sustentarse en la contabilidad a la que están obligadas a llevar y a los documentos que sustentan sus ingresos y gastos, la ONPE debe realizar una supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de los partidos en materia económico financiera.
La información solicitada por el reglamento en este informe anual (Art. 67) son los estados financieros que cualquier persona jurídica obligada a llevar contabilidad completa por la SUNAT (es el caso de las asociaciones y por tanto de los partidos políticos) debe estar en condiciones de presentar. Estos, junto con las notas a estos estados, serán los instrumentos de verificación y control fundamentales de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
Del mismo modo, el BALANCE INICIAL es el instrumento que señala la relación del dinero, valores, créditos, bienes muebles e inmuebles, y cualquier otro concepto en su valor real que constituye el activo del partido al momento de iniciar sus operaciones formales.
Este balance inicial resulta indispensable para establecer el punto de partida de la formalización económico financiera del partido político, y para determinar el cumplimiento de las acciones de saneamiento físico legal de sus propiedades señaladas en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
Tomando en cuenta que diversos partidos políticos acaban de adecuarse a lo señalado en la Ley de Partidos Políticos en materia de formalización e inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, la Disposición Final y Transitoria Tercera ha establecido un plazo especial para la presentación del balance inicial, el cual deberá ser entregado dentro de los seis meses de la entrada en vigencia del reglamento.
INFORMES DE APORTES PRIVADOS Aun cuando el artículo 34 de la Ley ha dejado a criterio de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios el determinar cuándo pedir la relación de aportes privados, el reglamento ha establecido una periodicidad para la entrega de esta información: cada seis meses, independientemente de que exista un proceso electoral convocado o no (Art. 70 del reglamento).
Dicha opción del reglamento busca dejar definido un plazo de cumplimiento y generar la regularidad de acciones de control interno y organización y registro permanente de los aportes, que permita que los partidos vayan desarrollando prácticas sanas de administración, sin estar sujetos a un pedido repentino de información.
PROCESO DE VERIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME GERENCIAL
Las formalidades de registro y contabilidad de los partidos políticos, la obligación de establecer un sistema de control interno, así como las competencias de la gerencia para solicitar informes a los partidos y realizar un proceso de control externo de sus finanzas, tienen como objetivo el que éstos cumplan con las normas básicas de transparencia y buen manejo de sus finanzas y eviten caer en las prohibiciones o superen los límites señalados.
El artículo 34 de la Ley, cuando señala la obligación de informar, establece que con ese informe y con la verificación, la gerencia debe pronunciarse sobre:
–	La regularidad y adecuación del partido a lo dispuesto en la Ley
–	La aplicación de las sanciones a que hubiera lugar En ese orden de ideas, el artículo 76 del reglamento señala expresamente cuál es el contenido del informe gerencial, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley.
Los artículos anteriores del reglamento (72 a 75) establecen el procedimiento de verificación y un informen inicial que es puesto a disposición del partido para darle oportunidad de presentar los documentos adicionales que sustenten sus informes y realizar las aclaraciones y comentarios que crean conveniente.
Todo este procedimiento de verificación encuentra su fundamento legal en el citado artículo 34 de la Ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
Se ha buscado establecer un procedimiento que garantice a los partidos el debido proceso, por lo que se plantean etapas diferenciadas de revisión y decisión, etapas probatorias y de descargo y pluralidad de instancias de decisión.
El desarrollo de las conductas u omisiones que la Ley ha considerado como infracciones y, por tanto sujetas a sanción, se señalan expresamente en los artículos 79, 80 y 81.
Dichos artículos tienen su fundamento en el estricto respeto al principio de legalidad en materia de la facultad sancionadora de los organismos de la administración pública, de allí que señalen expresamente el artículo legal que invocan.
Como la Ley no ha considerado como infracción ni ha establecido sanciones a una serie de actos u omisiones de obligaciones de los partidos políticos, el reglamento contempla un procedimiento de señalamiento de inobservancias a las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los partidos, estableciendo su difusión para conocimiento de los ciudadanos y organizaciones interesadas contribuyendo así al espíritu de institucionalidad partidaria y transparencia del manejo económico contenido en la Ley.
En lo que respecta al procedimiento en caso de que la administración considere que las infracciones deben ser sancionadas de acuerdo a Ley, ello ha sido regulado en un capítulo especial, siguiendo igualmente los procedimientos y principios de la ley del procedimiento administrativo general.
Se señala en el Capítulo 3 del Título VII, el procedimiento tanto para la imposición de la sanción como para el derecho de defensa del partido político, diferenciando claramente la instancia de instrucción de la de decisión; para dar mayor garantía a los partidos sujetos a procedimiento sancionador. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE 2013 Jr. Washington 1894, Cercado de Lima 417-0630 / Horario de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 16.30h ANTOLOGÍA DE LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA

References: artículo 34
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 5
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 287
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 34
 artículo 30
 artículo 34
 artículo 42
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 45
 artículo 183
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 76
 artículo 34