Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510192.html
Timestamp: 2019-03-23 02:56:46+00:00

Document:
as201510192
AUTO SUPREMO Nº 192/2015-RRC
Expediente : Pando 17/2014
Parte imputada : Amir Nay Tirina
Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2014, cursante de fs. 47 a 48 vta., Amir Nay Tirina, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 20 de octubre de 2014, de fs. 37 a 39, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan José Mamani Zárate contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 3) del Código Penal (CP).
Por Sentencia 06/2014 de 8 de julio (fs. 13 a 20), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Amir Nay Tirina, autor y culpable de la comisión del delito de Hurto Agravado, tipificado por el art. 326 inc. 3) del CP, condenándole a la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de costas del proceso, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 25 a 27 vta.), resuelto por Auto de Vista de 20 de octubre de 2014 (fs. 37 a 39), emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y el Auto Supremo 734/2014-RA de 15 de diciembre, se tiene a ser analizado en la presente Resolución, el siguiente motivo:
El recurrente alega que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y no reparó los agravios planteados en su recurso de apelación restringida referidos a: i) Insuficiente fundamentación de la Sentencia, en el que argumentó que la Sentencia carecía de fundamentación intelectiva de la prueba conforme a la sana crítica; y, ii) Errónea fijación de la pena, ya que los jueces ni el Tribunal de alzada realizaron una apreciación objetiva de las atenuantes, habiéndose impuesto una pena muy grave que vulnera sus derechos (deber de fundamentación, principio pro actione, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica) que presuntamente se constituirían en defectos absolutos.
El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se pronuncie uno nuevo conforme a la doctrina legal invocada, conforme a los arts. 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Por Auto Supremo 734/2014-RA de 15 de diciembre, cursante de fs. 54 a 56 vta., este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Amir Nay Tirina.
II.1. Por Sentencia 06/2014, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Amir Nay Tirina, autor del delito de Hurto Agravado, tipificado por el art. 326 inc. 3) del CP, condenándole a la pena de tres años y seis meses de reclusión, a cumplirse en el establecimiento penitenciario de “Villa Busch”, como el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, con base a los siguientes argumentos: a) Previa descripción del tipo penal, indicó que de los elementos de prueba admitidos e incorporados al proceso, se pudo establecer que el imputado, es responsable del delito de Hurto Agravado, porque el 20 de enero de 2013, ante un accidente de tránsito ocurrido cerca del surtidor, aprovechó el momento para llevarse la moto que estaba en el suelo, pese a que la víctima estaba inconsciente; b) El imputado tenía conocimiento de los hechos antijurídicos, había conciencia y voluntad de los actos que realizaba, sabía lo que estaba cometiendo, encajando perfectamente en la previsión legal del dolo; la conducta fue antijurídica porque violó normas establecidas en el ordenamiento legal, no existió causa de justificación alguna y es culpable porque las acciones efectuadas están previstas con premeditación y la intención de sacar ventaja de un accidente de tránsito. El imputado no desvirtuó la acusación con ningún elemento contundente de prueba; c) La Sentencia realizó la valoración de la prueba testifical y documental de cargo y de descargo, la fundamentación de la pena y lo dispuesto por los arts. 37 y 38 del CP, estableciendo además, que: “El imputado tiene a la fecha 21 años de edad con ánimo de estudiar y trabajar, lo cual también fue valorado por este tribunal para no imponer la pena máxima, sino una intermedia”.
II.2. Contra la mencionada Sentencia, el imputado, interpuso recurso de apelación restringida, según los siguientes argumentos: 1) Insuficiente fundamentación de la sentencia, señaló que la Resolución se encuentra debidamente estructurada pero se advierte ausencia de fundamentación probatoria esencialmente intelectiva en función a la prueba desarrollada en juicio y a la sana crítica racional, la lógica y la experiencia, limitándose a cuatro motivos textuales; 2) La Sentencia sólo contiene una relación sucinta de los hechos y solamente enuncia las declaraciones y las pruebas introducidas a juicio, sin realizar mínimamente la fundamentación del por qué las pruebas aportadas, así como las testificales fueron suficientes para acreditar que su conducta se subsume a las contenidas en las previsiones de los arts. 326 inc. 3) del CP; 3) Interpretación incorrecta de los arts. 37, 38 y 40 del CP, los jueces a momento de imponerle la pena privativa de libertad, no observaron los parámetros establecidos para la fijación de la pena y las circunstancias, por lo que, debieron hacer una relación armoniosa de todas las agravantes y atenuantes a momento de fijar la pena ya que de por medio se encuentra la libertad.
II.3. La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el recurso mediante Auto de Vista de 20 de octubre de 2014, de la siguiente manera: i) Mediante las declaraciones testificales, se identificó al imputado, quien fue el que hurtó la motocicleta; ii) La Sentencia guarda una secuencia lógica estructural que debe contener un fallo de esta naturaleza, por cuanto, contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada objeto de juicio; asimismo, los elementos probatorios producidos en la audiencia del juicio oral, otorgando el valor correspondiente a cada uno de ellos y a todos en su conjunto, habiéndose llegado a la conclusión de que la prueba aportada era suficiente para generar en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, cumpliendo así lo previsto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y por tanto, no se establece que se haya incurrido en el defecto de la Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del referido cuerpo legal; iii) De la revisión del acta de juicio oral y de la Sentencia, se puede establecer que el Tribunal de Sentencia, en previsión de lo establecido por el capítulo II (Aplicación de las Penas) realiza una ponderación de las circunstancias y atenuantes, en estricta observancia de los arts. 37, 38 y 40 del CP; pues en cuanto al art. 38 del CP (circunstancias) el Tribunal realiza una apreciación de la personalidad, indicando que, a la fecha el imputado cuenta con veintiún años de edad con ánimo de estudiar y trabajar, lo cual fue valorado por el Tribunal para no imponer la pena máxima; con relación al art. 39 del CP, no existen atenuantes especiales para aplicarse al presente caso, y finalmente con relación con el art. 40 del mismo cuerpo legal, no consta que existan actos de arrepentimiento, tampoco la voluntad de reparar el daño.
Con esos fundamentos, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia 06/2014 de 8 de julio de 2014.
En el presente caso, este Tribunal flexibilizando los requisitos previstos en la norma, admitió el recurso de casación formulado por la parte imputada, ante la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso, por la falta de fundamentación, principios pro actione, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al no reparar los agravios planteados en el recurso de casación; en cuyo mérito, a los fines de emitir la resolución de fondo, es necesario efectuar precisiones respecto al derecho al debido proceso y fundamentación, los derechos a recurrir y de obtener una resolución fundamentada, para luego ingresar al análisis de la problemática planteada.
III.1.1. En el marco del debido proceso, toda resolución judicial debe encontrarse debidamente fundamentada.
El derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso establecido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); en ese marco, la resolución judicial para su validez y plena eficacia, requiere cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente la misma; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.
En coherencia con las normas constitucionales citadas y la doctrina descrita, el legislador a partir del alcance previsto por el art. 124 del CPP, estableció que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; bajo este alcance jurídico, toda autoridad judicial que emita una resolución debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva, pues cuando un Juez o Tribunal omite fundamentar y motivar debidamente su razonamiento y determinación, toma una decisión de hecho contraria al espíritu de un debido proceso.
Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
III.1.2. Sobre la tutela judicial efectiva.
La tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia, es reconocido e incorporado de manera expresa en la CPE de 2009, en el art. 115, dentro del capítulo dedicado a las garantías jurisdiccionales, ambos contenidos en la Primera Parte del texto constitucional, intitulado “Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías”; de ahí, emerge su importancia dentro de la gama de derechos y garantías que ciñen y sientan los fundamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tanto la doctrina como diversa jurisprudencia es coincidente al afirmar que la tutela judicial efectiva consiste de manera general en la protección oportuna y realización inmediata de los derechos e intereses legítimos de las personas por parte de las autoridades que ejercen la función jurisdiccional; en consecuencia, es el derecho otorgado al ciudadano de exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional.
La jurisprudencia nacional promovida en gran manera por el Tribunal Constitucional -ahora Plurinacional-, sentó una línea uniforme sobre este derecho, que no sufrió modificaciones estructurales de fondo en el transcurso de los años, desarrollada -entre otras- por la opinión pronunciada por las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0600/2003-R de 6 de mayo, 0655/10-R de 19 de julio y 1063/11-R de 11 de julio. Así, el Tribunal Constitucional manifestó que la tutela judicial efectiva constituye: “...la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como "derecho a la jurisdicción" (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal". (SC 1813/2010-R de 25 de octubre).
Debe agregarse que este Tribunal en el Auto Supremo 001/2014-RRC de 7 de febrero, precisó: “Delimitado el ámbito de protección reconocido por este Derecho, es lógico suponer que la tutela judicial efectiva no sólo comprende el acceso libre a la autoridad jurisdiccional (entendido como el inicio formal de la pretensión procesal), sino que el mismo de forma activa a lo largo de todo el proceso, debe impregnarse de la garantía del debido proceso.
De igual forma, es necesario estimar que este derecho, no puede comprenderse como absoluto e ilimitado, pues acarrearía una desmesurada como innecesaria (por tanto perniciosa) actividad procesal, en cuyo mérito para ejercerlo debe ser armonizado con ciertas exigencias que la propia legislación contiene, como por ejemplo las formas, plazos y requisitos que la ley procesal prevea para cada supuesto en específico; un elemento importante también dentro del ejercicio de este derecho, es el constituido por que la pretensión deba tener origen en un perjuicio jurídico o agravio –ya sea de índole sustancial o formal– que pueda ser considerado como efectivamente perjudicial para quien recurre ante la jurisdicción. Este agravio, por ejemplo, no puede constituirlo el que una decisión judicial sea aparentemente contraria a los intereses de una de las partes, sino que debe circunscribirse al resguardo de un interés legítimo en ellas, para ser reclamada a través de los medios procesales idóneos y habilitados por la norma”.
III.1.3. El principio pro actione.
Este principio, significa que la autoridad jurisdiccional tiene el deber y obligación de interpretar las normas, en el sentido más favorable y por tanto, a la luz de los principios y valores que irradia la Constitución.
En este sentido, a partir del alcance de este principio, la finalidad del derecho de acceso a recurrir aplicando el pro actione es, que las reglas de aplicación en caso de la admisibilidad, debe permitir -antes que restringir- el acceso efectivo a los medios de examen de la resolución judicial, lo cual implicaría respetar el contenido esencial del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, provocando de esa manera la emisión de una resolución en las que se aborde y decida cuestiones sustanciales sometidas a conocimiento de la autoridad jurisdiccional.
Similar entendimiento sobre los alcances del principio pro actione a la luz del bloque de constitucionalidad expresado en el art. 410.II de la CPE, lo efectuó el Tribunal Constitucional de Bolivia en la Sentencia Constitucional 0501/2011-R de 25 de abril, que al hacer referencia al principio pro actione y a las normas contenidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló: “…el principio pro actione se constituye como es deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones.
Así, el constituyente boliviano, incluyó de manera acertada dicho principio dentro del texto constitucional, de esta manera, la Constitución Política del Estado, en su art 14.III señala: ‘El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos’ de igual forma, el 14.V establece: ‘Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano’; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ ”.
En el mismo marco, se entiende el derecho de acceso al recurso se encuentra expresado como el principio pro actione o favor actionis comprendiendo dos ámbitos; por un lado el antiformalismo del que deben ser resguardados todos los medios impugnaticios; y, por otro, la posibilidad efectiva que se le otorga a la parte impugnante, para subsanar los defectos formales (Auto Supremo 201/2013-RRC).
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas líneas arriba y establecido el ámbito de análisis del presente recurso, a través del Auto Supremo 734/2014-RA, corresponde verificar si resulta evidente la denuncia del recurrente; en este sentido se establece que:
El recurrente alega que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y no reparó los agravios planteados en su recurso de apelación restringida referidos a: i) Insuficiente fundamentación de la Sentencia, en el que argumentó que la Sentencia carecía de fundamentación intelectiva de la prueba conforme a la sana crítica; y, ii) Errónea fijación de la pena, pues ni los jueces ni el Tribunal de alzada realizaron una apreciación objetiva de las atenuantes, habiéndose impuesto una pena muy grave, que vulnera sus derechos (deber de fundamentación, principio pro actione, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica) y se constituye en defecto absoluto.
Sobre el primer motivo alegado en apelación, corresponde verificar si el Auto de Vista impugnado vía recurso de casación, se encuentra debidamente fundamentado respecto a la denuncia de insuficiencia de fundamentación descriptiva de las pruebas de la Sentencia, ya que como se señaló en el acápite que antecede, toda resolución debe encontrarse debidamente fundamentada, caso contrario repercute y contradice a uno de los elementos componentes del debido proceso y por eso mismo dicha omisión, se constituye en un defecto absoluto.
En este sentido, se tiene que, el Auto de Vista, luego de realizar una introducción jurídica del alcance de las normas legales sobre la fundamentación y sobre la insuficiencia de la misma en la Sentencia, argumentó lo siguiente: “…la Sentencia guarda una secuencia lógica estructural que debe contener un fallo de esa naturaleza, por cuanto contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, asimismo los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, otorga el valor correspondiente a cada uno de ellos y a todos en su conjunto, habiéndose llegado a la conclusión de que la prueba aportada era suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado.
En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Consecuentemente, la Sentencia cumple con lo determinado por el Art 124 del CPP., y no se establece que se haya incurrido en el defecto de la sentencia previsto por el numeral 5) del Art. 370 de la citada Ley 1970…” (sic).
Esta respuesta denota que las interrogantes o reclamos efectuados por el recurrente se encuentran cabalmente examinados por el Tribunal de Sentencia en el apartado “Valoración de la prueba” (sic) y “determinación de le verdad histórica de los hechos” (sic); consiguientemente, se establece que la respuesta del Tribunal de apelación, se encuentra plenamente fundamentada al ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; expresa, porque señaló como fundamento de su respuesta que la Sentencia contiene la enunciación del hecho y determinación circunstanciada objeto del juicio, así como los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, otorgando valor probatorio a cada uno de ellos y a todos en su conjunto -lo extrañado por el apelante-; clara, ya que no deja lugar a dudas el pensamiento expresado por el Tribunal de alzada; completa, toda vez que ante la denuncia existe la correspondiente respuesta; legítima, porque la respuesta está basada en aspectos concretos identificados en la sentencia; y, lógica, ya que la respuesta a la denuncia es coherente y razonable con lo pedido, además de ello, como dice el propio recurrente, la Sentencia se encuentra correctamente estructurada.
En este sentido, se constata que el Auto de Vista cumple con el horizonte jurídico plasmado en el acápite III.1.1 de la presente Resolución, evidenciándose que el Tribunal de apelación fundamentó debidamente su determinación en el marco de un debido proceso, dilucidando correcta y cabalmente el recurso de apelación, otorgando una respuesta clara a la denuncia realizada por el recurrente.
Respecto al segundo motivo, el Tribunal de apelación luego de realizar una introducción pertinente al respecto, argumenta que: “…de la revisión y lectura del acta de registro de juicio oral y de la Sentencia, se puede establecer que el Tribunal de Sentencia, en previsión de lo establecido por el CAPITULO II (APLICACIÓN DE LAS PENAS), realiza una ponderación de circunstancias y atenuantes, en estricta observancia de los arts. 37, 38 y 40 del CP.
Con relación a lo establecido por el Art.38 (circunstancias) el Tribunal realiza una apreciación de la personalidad, a la fecha el imputado cuenta con 21 años de edad, con ánimo de estudiar y trabajar, lo cual fue valorado por el tribunal para no imponer la pena máxima. En cumplimiento de lo establecido por el Art. 38 inc. b) en cuanto se refiere a las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito, se tiene que el condenado, procedió al hurto de una motocicleta con la agravante de que el delito fue realizado aprovechando el accidente de Tránsito que sufrió la víctima, conducta que se subsume a lo previsto por el art. 326.3) del Código Penal, es decir que el condenado aprovecho para apropiarse de forma ilegal de la motocicleta, en el momento en que la víctima sufrió un accidente de Tránsito. Con relación al art. 39 del Código Penal, no existen atenuantes especiales para aplicarse al presente caso. Con relación del Código Penal art. 40, no consta que exista actos de arrepentimiento, tampoco esa voluntad de reparar el daño” (sic).
Del análisis de dicha argumentación, se tiene que el Auto de Vista impugnado, se encuentra debidamente fundamentado, porque señaló en respuesta a la denuncia realizada por el recurrente, que efectivamente el Tribunal de mérito en el Capítulo II (Aplicación de las Penas) realizó una ponderación de las circunstancias y atenuantes, en estricta observancia de los arts. 37, 38 y 40 del CP, pues respecto a las circunstancias, se argumentó que la Sentencia valoró la edad del imputado para no imponerle una pena máxima, bajo el parámetro del ánimo de trabajar y estudiar demostrado en el juicio oral; así también se realizó la ponderación de agravantes considerando que el imputado ejecutó el delito en condiciones especiales, cuando aprovechó el accidente que tuvo la víctima en la motocicleta hurtada.
Respecto a lo previsto por el art. 39 del CP, el Auto Vista impugnado concluyó que no hay atenuantes especiales para aplicarse al presente proceso; por lo que entiende este Tribunal, que no existe mayor relevancia para exigir mayor explicación al respecto.
Con relación con el art. 40 del mismo cuerpo legal, el Tribunal de apelación argumentó que, no consta que existan actos de arrepentimiento, tampoco la voluntad de reparar el daño; en este sentido, si bien esta respuesta es concisa, pero eso no significa la vulneración al debido proceso, pues la determinación es muy clara, ya que no deja lugar a dudas el pensamiento expresado por el Tribunal de alzada; además, existe la correspondiente respuesta en coherencia con lo reclamado, identificando así los aspectos extrañados de la Sentencia.
En este sentido, se evidencia que el Auto de Vista recurrido, responde a la denuncia del recurrente, de forma expresa, clara y lógica, debiendo tomarse en cuenta que si bien la motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Tribunal a tomar la decisión, tal como sucede en el presente caso; en cuyo mérito, este Tribunal determina que el Auto de Vista impugnado, contiene la debida fundamentación y por tanto, no se evidencia defecto absoluto que lesione los derechos y principios invocados por el recurrente y desarrollados en el acápite III.1 de la presente Resolución.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Amir Nay Tirina.

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