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Timestamp: 2016-09-29 19:02:25+00:00

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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
�Determinaci�n de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea
�Responsabilidad concurrente
�Reconocimiento de la responsabilidad previo al inicio del procedimiento
Iniciaci�n del procedimiento y medidas de car�cter provisional
�Contenido del Acuerdo de iniciaci�n
Instrucci�n del procedimiento
�Actuaciones y alegaciones
�Audiencia y propuesta de resoluci�n
�Reconocimiento de la responsabilidad
�Pago de la deuda
�Mecanismos de repercusi�n de las responsabilidades
�Normativa aplicable a los procedimientos de d�ficit excesivo
�Responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea atribuible a las entidades del sector p�blico estatal
�Informe anual al Consejo de Ministros
�Especialidades para la determinaci�n de la responsabilidad por incumplimientos de obligaciones derivadas del derecho de la Uni�n Europea en el �mbito del Fondo Social Europeo
�Especialidades para la determinaci�n de la responsabilidad por incumplimiento del derecho de la Uni�n Europea en el �mbito de los fondos europeos agr�colas
�Procedimiento a seguir cuando la sentencia, acto o decisi�n europea ha devenido firme dando lugar a un cambio de criterio
�Responsabilidades derivadas de sentencias, actos o decisiones anteriores a este real decreto
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 17 de diciembre de 2013, ha acordado admitir a tr�mite el conflicto positivo n.� 6893-2013, en relaci�n con el R.D. 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento de la Uni�n Europea (�B.O.E.� 23 diciembre).
La adhesi�n de Espa�a a las Comunidades Europeas en 1986 produjo un cambio fundamental en el ordenamiento jur�dico espa�ol, toda vez que las normas del Derecho comunitario pasan a integrarse en nuestro sistema de fuentes del Derecho. Desde ese momento, Espa�a, como Estado miembro, queda obligada a aplicar el Derecho de la Uni�n Europea, de acuerdo con los principios de primac�a y efecto directo del derecho europeo y el de colaboraci�n leal, entre otros.
Como Estado territorialmente descentralizado, estos principios vinculan al conjunto de las Administraciones P�blicas. No obstante, es el Reino de Espa�a, tal y como establecen los Tratados europeos, el responsable ante dichas instituciones por el incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
En todo caso, de acuerdo con el orden constitucional de distribuci�n de competencias, cada Administraci�n es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, tal y como ha reiterado ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que conlleva que la Administraci�n General del Estado pueda repercutir a la Administraci�n que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
En efecto, la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del art�culo 135 de la Constituci�n espa�ola, ha desarrollado el principio de responsabilidad tanto en su art�culo 8 como en su disposici�n adicional segunda, que espec�ficamente se refiere a la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho de la Uni�n Europea.
En este sentido, el citado art�culo 8, a imagen de lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Uni�n Europea, establece que las Administraciones P�blicas que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por Espa�a de acuerdo con la normativa europea, asumir�n, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen. Asimismo la disposici�n adicional segunda dispone que cuando las Administraciones P�blicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector p�blico incumplieran obligaciones derivadas de normas del Derecho de la Uni�n Europea, dando lugar a que el Reino de Espa�a sea sancionado, asumir�n en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen. De este modo, el citado principio permite repercutir a la Administraci�n incumplidora las responsabilidades derivadas de cualquier acci�n u omisi�n contraria al ordenamiento europeo que haya realizado en el ejercicio de sus competencias.
En ejercicio de la habilitaci�n contenida en el apartado tres de la mencionada disposici�n adicional segunda, se dicta este real decreto que desarrolla un procedimiento general de determinaci�n y repercusi�n de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la Uni�n Europea. La existencia del citado procedimiento general, supone una gran novedad en el ordenamiento jur�dico espa�ol, ya que hasta la fecha s�lo exist�an regulaciones dispersas y de car�cter sectorial en determinadas materias, como son la gesti�n de fondos procedentes de la Uni�n Europea, los compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria, en materia de aguas o los servicios del mercado interior.
A este respecto, es importante se�alar que el procedimiento aqu� regulado no tiene naturaleza sancionadora, sino que se limita a derivar responsabilidades y para ello se establecen los criterios y procedimiento a seguir para determinar y repercutir las mencionadas responsabilidades. Para su redacci�n se han tenido en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado en su Informe de 15 de diciembre de 2010 acerca de los mecanismos existentes en el ordenamiento espa�ol para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea y, en su caso, repercutir la responsabilidad a los sujetos incumplidores.
El real decreto se estructura en cuatro cap�tulos y consta de dieciocho art�culos, siete disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria �nica, una disposici�n derogatoria �nica, y cuatro disposiciones finales.
El cap�tulo I determina el objeto, el �mbito de aplicaci�n subjetivo y objetivo del real decreto, los criterios para la determinaci�n de las responsabilidades derivadas del incumplimiento y el procedimiento a seguir en el caso que se produzca una responsabilidad concurrente de alguno de los sujetos de aplicaci�n. Cabe destacar que se ha considerado un �mbito de aplicaci�n objetivo amplio. No obstante, este procedimiento no ser� de aplicaci�n en el caso de la liberaci�n autom�tica de compromisos y los procedimientos de suspensi�n de los pagos regulados en la normativa de la Uni�n Europea, aunque s� lo ser� a las correcciones financieras que se deriven de los mismos.
El cap�tulo II regula los �rganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento, su forma de inicio, que ser� siempre de oficio, el contenido m�nimo que debe tener el acuerdo de iniciaci�n y las posibles medidas provisionales a adoptar. A este respecto, cabe se�alar que el art�culo 9 al definir el contenido m�nimo que debe contener el acuerdo de iniciaci�n, regula los conceptos que conformar�n el importe total de la deuda y en el que se encuentran comprendidos tanto los posibles intereses de demora que se generen como el inter�s compensatorio de los costes financieros, siendo ambos conceptos acumulativos entre s�.
El cap�tulo III desarrolla las actuaciones y alegaciones que pueden realizar los interesados en el procedimiento, los informes preceptivos que deben acompa�ar al expediente y la existencia del tr�mite de audiencia.
Finalmente, el cap�tulo IV regula las formas de terminaci�n del procedimiento, que podr�n ser bien mediante acuerdo de Consejo de Ministros o bien a trav�s del pago voluntario anticipado de la deuda. Asimismo, se dispone el plazo general de dos meses para efectuar el pago total de la deuda y se desarrollan los posibles mecanismos de exacci�n a los que puede recurrir el Estado en el caso en que no se lleve a cabo un pago voluntario de la deuda. Por �ltimo, se establece en cuatro a�os el plazo de prescripci�n de la deuda.
Entre las disposiciones adicionales destaca la regulaci�n del procedimiento a seguir cuando la responsabilidad por incumplimiento sea atribuible a las entidades del sector p�blico estatal, as� como el establecimiento de especialidades para la determinaci�n de la responsabilidad en el �mbito del fondo social europeo y los fondos europeos agr�colas.
Por lo que se refiere a la disposici�n transitoria �nica, el real decreto establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de fondos, este procedimiento ser� de aplicaci�n para la determinaci�n y repercusi�n de las responsabilidades derivadas de los pronunciamientos de las instituciones europeas anteriores a su entrada en vigor, con independencia de si el Estado ha abonado ya la sanci�n impuesta por la Uni�n Europea.
La disposici�n derogatoria �nica deroga expresamente los art�culos 12, 13 y 14, as� como la disposici�n adicional segunda del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el r�gimen de los organismos pagadores y de coordinaci�n con el FEOGA-Garant�a y el apartado 8.2 de la Estrategia Espa�ola de Empleo 2012-2014 aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre en lo referente a las correcciones financieras derivadas de la gesti�n por las comunidades aut�nomas de acciones y medidas de pol�ticas activas.
Por �ltimo, entre las disposiciones finales, se establece el car�cter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n y se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, en el �mbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del presente real decreto.
Para la tramitaci�n de este real decreto se ha consultado a las Entidades Locales, a trav�s de la Comisi�n Nacional de Administraci�n Local, y a las Comunidades Aut�nomas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 5 de julio de 2013,
Objeto El presente real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en la disposici�n adicional segunda de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
A estos efectos, se regulan el procedimiento y los criterios para la determinaci�n y repercusi�n de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea, determinando su �mbito subjetivo y objetivo de aplicaci�n, as� como los mecanismos para hacer efectiva la repercusi�n.
�mbito subjetivo de aplicaci�n Este real decreto resulta de aplicaci�n a todos los sujetos previstos en el art�culo 2 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
�mbito objetivo de aplicaci�n 1. Las Administraciones o entidades a las que hace referencia el art�culo 2 que, en el ejercicio de sus competencias o funciones, incumplieran por acci�n u omisi�n el Derecho de la Uni�n Europea, dando lugar a que el Reino de Espa�a sea sancionado con car�cter ejecutivo por las instituciones europeas, asumir�n, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento.
Cuando sea una entidad, a las que hace referencia el art�culo 2, la que por acci�n u omisi�n d� lugar, directa o indirectamente, a que el Reino de Espa�a sea sancionado, en los t�rminos previstos en el apartado anterior, la Administraci�n p�blica de la que la entidad dependa o est� vinculada asumir� subsidiariamente la responsabilidad que se derive de tal incumplimiento.
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, tendr� la consideraci�n de sanci�n para el Reino de Espa�a la imposici�n, mediante sentencia, acto o decisi�n ejecutiva de las instituciones europeas, de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Uni�n Europea, las correcciones financieras adoptadas mediante decisi�n de la Comisi�n Europea, la minoraci�n de las cuant�as de las transferencias o fondos que a Espa�a le puedan corresponder del presupuesto de la Uni�n Europea o cualquier otro acto adoptado por una instituci�n, �rgano u organismo de la Uni�n Europea que implique responsabilidades financieras para el Estado o la merma de cualquier cantidad que le hubiera sido reconocida.
3. Se entender� que existe un incumplimiento cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Uni�n Europea y en particular, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Transposici�n tard�a de directivas europeas al ordenamiento jur�dico.
b) Transposici�n incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jur�dico.
c) Adecuaci�n tard�a o incorrecta de la normativa auton�mica a la legislaci�n b�sica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
d) Mantenimiento en vigor o aprobaci�n de normas contrarias al Derecho de la Uni�n Europea.
e) Falta de ejecuci�n o ejecuci�n incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas.
Determinaci�n de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea 1. Se repercutir�n las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea a aquellas Administraciones P�blicas o entidades previstas en el art�culo 2, que sean competentes de conformidad con el ordenamiento jur�dico espa�ol y que realicen una acci�n u omisi�n que d� lugar a un incumplimiento en los t�rminos establecidos en el art�culo 3. Para el caso de los fondos europeos agr�colas, el criterio de competencia se determinar� de conformidad con lo previsto en la disposici�n adicional quinta.
2. Sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta otros hechos y fundamentos jur�dicos, ser�n vinculantes para el Consejo de Ministros los contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivas que las instituciones europeas hayan dictado al efecto, con respecto al acuerdo que ponga fin al procedimiento para la determinaci�n, imputaci�n y repercusi�n de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
Responsabilidad concurrente 1. Cuando se produzca una actuaci�n u omisi�n conjunta de alguno o algunos de los sujetos establecidos en el art�culo 2 y de la misma se derive un incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea en los t�rminos previstos en el art�culo 3, los sujetos intervinientes en dicha acci�n u omisi�n responder�n de manera mancomunada, debiendo cuantificarse el grado de responsabilidad que corresponde a cada una de ellos y expres�ndose mediante porcentaje.
Para la determinaci�n de la correspondiente responsabilidad se atender� a las sentencias, actos o decisiones ejecutivas de las instituciones europeas que declaren el incumplimiento, y se ponderar� en cada caso, entre otros, los criterios de competencia, intensidad de la intervenci�n, participaci�n en la financiaci�n asignada y la reiteraci�n.
En aquellos casos en que no sea posible la aplicaci�n de estos criterios, la distribuci�n se realizar� por partes iguales entre cada uno de los sujetos incumplidores.
2. En los supuestos de gesti�n de fondos procedentes de la Uni�n Europea, cuando se aplique una correcci�n financiera a tanto alzado o por extrapolaci�n que afecte a la totalidad o parte de un programa operativo, la determinaci�n de la responsabilidad se realizar� en funci�n de la financiaci�n asignada a cada uno de los sujetos establecidos en el art�culo 2, en el programa operativo o parte del mismo afectado, salvo lo previsto para el fondo social europeo en la disposici�n adicional cuarta.
3. En los casos de los fondos europeos agr�colas, la Administraci�n General del Estado y los organismos pagadores que de acuerdo con sus respectivas competencias realicen actuaciones de gesti�n y control de las ayudas financiadas por estos fondos, instrumentadas o no en programas operativos, asumir�n las responsabilidades que se deriven de sus actuaciones de acuerdo con el criterio de competencia de conformidad con lo previsto en la disposici�n adicional quinta.
4. En aquellos supuestos en los que exista un convenio, un contrato o un acuerdo espec�fico que regule la actuaci�n conjunta y fije la distribuci�n de responsabilidades ante un posible incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea para cada uno de los sujetos intervinientes, �ste ser� tenido en cuenta como criterio para la determinaci�n de las correspondientes responsabilidades.
Reconocimiento de la responsabilidad previo al inicio del procedimiento No proceder� la adopci�n del acuerdo de iniciaci�n por el �rgano competente, cuando el sujeto que se considere responsable pague previamente al Estado, el importe derivado de la mencionada sanci�n en los t�rminos previstos en el art�culo 16.
En este caso no se repercutir� el inter�s compensatorio de los costes financieros al que alude el art�culo 9.1.
CAP�TULO IIIniciaci�n del procedimiento y medidas de car�cter provisional
�rganos competentes 1. La Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas es el �rgano encargado de iniciar e instruir el procedimiento, correspondiendo al Consejo de Ministros, mediante acuerdo, la resoluci�n del procedimiento.
2. En los casos de fondos procedentes de la Uni�n Europea, la competencia para iniciar e instruir el procedimiento corresponder� a los �rganos de la Administraci�n General del Estado y a las entidades dependientes o vinculadas a la misma que sean competentes para la coordinaci�n de cada uno de los fondos o instrumentos europeos, o en su defecto, para proponer o coordinar los pagos de las ayudas de cada fondo o instrumento. La resoluci�n del procedimiento corresponder� al Consejo de Ministros, mediante acuerdo.
Forma de iniciaci�n 1. El procedimiento se iniciar� de oficio mediante acuerdo del �rgano competente, de conformidad con el art�culo anterior, y deber� notificarse a los interesados. Para adoptar el mencionado acuerdo, el �rgano competente dispondr� del plazo de dos meses, a contar desde que reciba la notificaci�n de la Secretar�a de Estado para la Uni�n Europea u otro �rgano competente de que es ejecutiva la sentencia, acto o decisi�n de las instituciones europeas por la que se impone una sanci�n al Reino de Espa�a. Dicha notificaci�n, deber� ser remitida por la Secretar�a de Estado para la Uni�n Europea o el �rgano competente en el plazo de 10 d�as naturales desde que se tenga constancia de la sentencia, acto o decisi�n.
Asimismo, el acuerdo de inicio ser� comunicado a los �rganos competentes en materia de hacienda p�blica de la posible Administraci�n responsable y la posible Administraci�n responsable subsidiaria.
2. Cabr� la acumulaci�n de procedimientos en los t�rminos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Contenido del Acuerdo de iniciaci�n 1. El acuerdo de iniciaci�n incluir� el contenido de una propuesta de resoluci�n que al menos concretar� los siguientes elementos:
a) Determinaci�n del posible sujeto incumplidor y, en su caso, la Administraci�n P�blica responsable subsidiaria.
b) Determinaci�n de los hechos sucintamente expuestos que motivaron la incoaci�n del procedimiento, en donde, entre otros aspectos, se indicar� la sentencia, acto o decisi�n firme de las instituciones europeas que ha dado lugar a una sanci�n al Reino de Espa�a.
c) Criterios de imputaci�n y, en su caso, de distribuci�n de la responsabilidad tenidos en cuenta.
d) Importe total de la deuda, que incluir� el de las multas a tanto alzado y, en su caso, el de las multas coercitivas que ya se hayan devengado. Igualmente se har� constar expresamente, cuando as� proceda, que el importe de la responsabilidad ser� comprensivo de las multas coercitivas que pudieran devengarse con posterioridad y traigan causa del mismo incumplimiento y, en su caso, el inter�s de demora que se pueda generar por no haberse producido el pago voluntario en el plazo previsto en el art�culo 16.Asimismo, formar� parte del importe total de la deuda, el inter�s compensatorio de los costes financieros que se hayan generado, que ser� el inter�s previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El mencionado inter�s compensatorio se devengar� a partir de la fecha en que el Estado haya hecho efectiva la cancelaci�n de la deuda, hasta que se haya procedido al pago voluntario o venza el plazo de pago previsto en el art�culo 16.
f) Indicaci�n de la declaraci�n de extinci�n de la deuda una vez que se haga efectiva la repercusi�n y el pago.
2. El acuerdo de iniciaci�n del procedimiento informar� sobre: la posibilidad de pago voluntario anticipado de la deuda en cualquier momento del procedimiento, el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, as� como los plazos para su ejercicio y las medidas de car�cter provisional que se hayan acordado por el �rgano competente.
Medidas provisionales El Consejo de Ministros podr� adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de car�cter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci�n que pudiera recaer.
Estas medidas respetar�n las competencias que tengan atribuidas los posibles sujetos responsables.
Actuaciones y alegaciones 1. Los interesados dispondr�n de un plazo no inferior a diez d�as ni superior a quince, a contar a partir del d�a siguiente al de la notificaci�n del acuerdo de iniciaci�n del procedimiento, para formular alegaciones, aportar cuantos documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificaci�n de la iniciaci�n del procedimiento se indicar� a los interesados dicho plazo.
2. El �rgano instructor, mediante resoluci�n motivada, podr� rechazar las pruebas propuestas por la Administraci�n o entidad interesada cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
Informes 1. El �rgano instructor realizar� de oficio cuantos actos de instrucci�n resulten necesarios para la determinaci�n, conocimiento y comprobaci�n de datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resoluci�n, y solicitar� los informes que se juzguen necesarios para resolver. En todo caso, se incorporar� al expediente el informe de la Abogac�a del Estado en el Ministerio competente por raz�n de la materia y, en los casos de la imposici�n de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Uni�n Europea, tambi�n se incluir� el informe de la Secretar�a de Estado para la Uni�n Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.
2. En los supuestos en los que pudiera existir un incumplimiento atribuible, en todo o en parte, a la Administraci�n General del Estado o a sus entidades, se solicitar� informe preceptivo al departamento ministerial o entidad presuntamente responsable.
3. Los informes ser�n emitidos en el plazo de diez d�as, salvo que el �rgano instructor, atendiendo a las caracter�sticas del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisi�n en un plazo menor o mayor, sin que en este �ltimo caso pueda exceder de un mes.
Audiencia y propuesta de resoluci�n 1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resoluci�n que ponga fin al procedimiento, se pondr� de manifiesto a los interesados quienes, en un plazo no inferior a diez d�as ni superior a quince, podr�n realizar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
2. Concluido el tr�mite de audiencia, el �rgano instructor formular� una propuesta de resoluci�n que ponga fin al procedimiento que se elevar� al Consejo de Ministros.
En todo caso, la propuesta de resoluci�n que ponga fin al procedimiento incluir� la cuant�a actualizada del inter�s compensatorio de los costes financieros que se haya devengado hasta la fecha.
Terminaci�n 1. La finalizaci�n del procedimiento tendr� lugar, en el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de iniciaci�n, por acuerdo del Consejo de Ministros que tendr� en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivos de las instituciones europeas de las que se derive el incumplimiento de la normativa europea y recoger� los criterios de imputaci�n tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad.
2. El Acuerdo del Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento se notificar� a los interesados y se publicar� en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
3. Efectuado el pago se producir� la extinci�n total o parcial de la deuda, seg�n corresponda.
Reconocimiento de la responsabilidad 1. En cualquier momento anterior a la propuesta de resoluci�n que ponga fin al procedimiento, las Administraciones o entidades interesadas podr�n manifestar su conformidad y proceder al pago voluntario anticipado de la deuda, dando as� lugar a la terminaci�n del procedimiento.
A estos efectos, se admitir� como medio de pago voluntario anticipado de la deuda tanto el abono de su importe al Estado como la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensaci�n, deducci�n o retenci�n.
2. En los casos en los que se produzca el pago voluntario anticipado de la deuda, tras la notificaci�n del acuerdo de iniciaci�n, no se repercutir� el inter�s compensatorio de los costes financieros al que alude el art�culo 9.1.
3. El acuerdo que, en su caso, alcancen las partes se notificar� a las mismas, y tendr� por s� mismo la consideraci�n de acto finalizador del procedimiento, si bien requerir� que el Consejo de Ministros manifieste su aprobaci�n expresa mediante acuerdo y que �ste se publique en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Pago de la deuda 1. En los dos meses siguientes a la recepci�n de la notificaci�n del Acuerdo del Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento, las Administraciones y entidades declaradas responsables del incumplimiento en el Acuerdo deber�n efectuar el pago del importe total de la deuda en los t�rminos indicados.
A estos efectos, se admitir� como medio de pago voluntario de la deuda tanto el abono de su importe al Estado como la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensaci�n, deducci�n o retenci�n.
2. En los supuestos en los que con posterioridad a la fecha de aprobaci�n del acuerdo de Consejo de Ministros, se devenguen nuevas multas coercitivas que traigan causa del mismo incumplimiento, el �rgano instructor dirigir� comunicaci�n a las Administraciones y entidades interesadas requiri�ndoles que efect�en el pago en los dos meses siguientes y haciendo constar que de no realizarlo en el plazo indicado se har� uso de los mecanismos de exacci�n previstos en este real decreto.
Mecanismos de repercusi�n de las responsabilidades 1. En aquellos supuestos en los que no se produzca el pago voluntario de la deuda en los t�rminos y plazos se�alados en el art�culo anterior, el �rgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, har� uso de los mecanismos de exacci�n sin necesidad de requerimiento ulterior. Tales mecanismos implicar�n la compensaci�n, deducci�n o retenci�n de la deuda con las cantidades que deba satisfacer el Estado a la Administraci�n o entidad responsable por cualquier concepto presupuestario y no presupuestario.
Esta repercusi�n incluir� los intereses de demora devengados desde los dos meses posteriores a la fecha de notificaci�n del acuerdo de Consejo de Ministros y calculados de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci�n.
2. El Estado podr� compensar, deducir o retener de los importes satisfechos en cumplimiento de los reg�menes de financiaci�n que les resulten aplicables a las Comunidades Aut�nomas, Comunidad foral, Entidades Locales, incluidas las Diputaciones forales, y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, las cantidades necesarias para hacer efectivo el pago de la deuda.
Para ello, el Estado efectuar� la compensaci�n, deducci�n o retenci�n con cargo a los importes satisfechos directamente por el Estado al declarado responsable, y subsidiariamente con cargo a los importes en los cuales otra Administraci�n P�blica act�a como intermediario siendo el destinatario final el declarado responsable. En este �ltimo caso, ser� preciso dar audiencia previa por un plazo de diez d�as a la Administraci�n P�blica que act�a como intermediaria.
3. Con car�cter general, la compensaci�n, deducci�n o retenci�n se llevar� a cabo, en primer lugar, con cargo a los recursos o flujos satisfechos por el Estado en aplicaci�n de los reg�menes de financiaci�n que les resulten aplicables a las Comunidades Aut�nomas, Comunidad foral, Entidades Locales, incluidas las Diputaciones forales y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
Con car�cter subsidiario, la compensaci�n, deducci�n o retenci�n se llevar� a cabo con cargo a las transferencias, subvenciones y otras asignaciones de car�cter finalista contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en mecanismos extrapresupuestarios. Asimismo, la compensaci�n, deducci�n o retenci�n podr� efectuarse con cargo a los fondos e instrumentos financieros de la Uni�n Europea siempre y cuando sea posible de acuerdo con la normativa que regula cada uno de los Fondos Europeos.
4. En el caso de responsabilidad de una entidad dependiente o vinculada a una Administraci�n P�blica, el Estado efectuar� la compensaci�n, deducci�n o retenci�n con cargo a los importes satisfechos directamente por el Estado al declarado responsable.
Subsidiariamente, podr� efectuarse la compensaci�n, deducci�n o retenci�n con cargo a:
a) Los importes en los cuales otra Administraci�n P�blica act�a como intermediario siendo el destinatario final la Administraci�n o entidad responsable.
b) Los importes que el Estado satisfaga a la Administraci�n P�blica que haya sido declarada responsable subsidiaria y de la que la entidad responsable dependa o est� vinculada.
En los casos previstos en las letras a) y b) anteriores ser� preciso dar audiencia previa por un plazo de diez d�as a la Administraci�n P�blica que act�a como intermediaria o a la declarada responsable subsidiaria.
La administraci�n auton�mica o local de la que depende o a la que est� vinculada la entidad incumplidora, ser� la competente para decidir la forma en la que repercutir�, a su vez, a la citada entidad su responsabilidad.
5. Cuando de conformidad con el art�culo 16 no se produzca el pago voluntario, en los supuestos relativos a la gesti�n de fondos procedentes de la Uni�n Europea, la compensaci�n, deducci�n o retenci�n se realizar� en primer lugar con cargo a los libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros de la Uni�n Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos y su normativa reguladora.
En defecto de lo anterior, la exacci�n de la deuda se llevar� a cabo con las cantidades que deba satisfacer el Estado a la Administraci�n o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario o no presupuestario, en los t�rminos establecidos en los apartados anteriores.
Plazo de prescripci�n De acuerdo con lo previsto en el art�culo 15.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, transcurridos cuatro a�os desde que el Estado haya satisfecho la sanci�n impuesta por las instituciones europeas, se entender� que el derecho del Estado a determinar y repercutir las correspondientes responsabilidades por este incumplimiento ha prescrito.
Normativa aplicable a los procedimientos de d�ficit excesivo En el caso en que el Reino de Espa�a resulte incurso en un Procedimiento de D�ficit Excesivo de la Uni�n Europea, para lo no dispuesto en la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, se aplicar� lo previsto en este real decreto.
Responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea atribuible a las entidades del sector p�blico estatal 1. Cuando se determine, tras seguir el procedimiento regulado en este real decreto, que la responsabilidad por incumplimiento es imputable, en todo o en parte, a una entidad del sector p�blico estatal, no ser� de aplicaci�n lo previsto en el art�culo 17 de este real decreto relativo a los mecanismos de repercusi�n de las responsabilidades.
2. En dichos casos, el Consejo de Ministros acordar� la extinci�n de la deuda a trav�s de la deducci�n de sus importes en futuros libramientos o mediante su compensaci�n con deudas de la Administraci�n General del Estado siempre que sean vencidas, l�quidas y exigibles.
Asimismo, el departamento ministerial interesado, podr� solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas que la citada deducci�n se prorratee hasta un m�ximo de dos ejercicios presupuestarios.
Informe anual al Consejo de Ministros El Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas elevar� anualmente al Consejo de Ministros un informe, que ser� p�blico, sobre las comunicaciones recibidas de actos, sentencias, o decisiones de las instituciones europeas por las que se sancione al Reino de Espa�a por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea, los procedimientos iniciados, los resueltos y el estado de ejecuci�n de las resoluciones dictadas al amparo del presente real decreto.
A estos efectos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n informar� al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas sobre las comunicaciones recibidas relativas a los actos, sentencias, o decisiones de las instituciones europeas por las que se sancione al Reino de Espa�a por incumplimiento del Derecho de la Uni�n Europea.
Especialidades para la determinaci�n de la responsabilidad por incumplimientos de obligaciones derivadas del derecho de la Uni�n Europea en el �mbito del Fondo Social Europeo En los casos de responsabilidad concurrente previstos en el art�culo 5 que se refieran a incumplimientos en el �mbito del fondo social europeo cuando, siendo Organismo Intermedio un ente de la Administraci�n General del Estado, la gesti�n de las operaciones objeto de cofinanciaci�n corresponda a las Comunidades Aut�nomas, la responsabilidad financiera entre los distintos entes implicados se atribuir� de la siguiente forma:
a) Ser� atribuible la responsabilidad financiera al Organismo Intermedio, cuando no hubiera informado adecuadamente a las Comunidades Aut�nomas de criterios establecidos por la Uni�n Europea en la gesti�n del Fondo Social Europeo de los que hubiera tenido conocimiento por cualquier causa, o bien cuando la correcci�n se impusiera por la no realizaci�n de actuaciones que el citado Organismo Intermedio hubiera debido realizar de acuerdo al sistema de gesti�n y control del respectivo Programa Operativo aprobado.
b) Ser� atribuible la responsabilidad financiera a la respectiva Comunidad Aut�noma cuando la correcci�n financiera se derive de defectos en su gesti�n de las operaciones que han sido objeto de cofinanciaci�n, cuando se deba a deficiencias en los controles realizados por los organismos de la Comunidad Aut�noma con competencias para ello, y cuando la correcci�n se imponga por la falta de realizaci�n de actuaciones que la citada Comunidad Aut�noma hubiera debido realizar de acuerdo al sistema de gesti�n y control del respectivo Programa Operativo aprobado por la Uni�n Europea.
Especialidades para la determinaci�n de la responsabilidad por incumplimiento del derecho de la Uni�n Europea en el �mbito de los fondos europeos agr�colas En los casos de responsabilidad concurrente previstos en el art�culo 5 que se refieran a incumplimientos en el �mbito de los fondos europeos agr�colas se aplicar� el criterio de competencia de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Los organismos pagadores, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el r�gimen de los organismos pagadores y de coordinaci�n con el FEOGA-Garant�a, asumir�n el pago de las correcciones financieras, en los siguientes casos y materias:
a) Por causas derivadas de la gesti�n, resoluci�n, pago, control y r�gimen sancionador de ayudas en las que tenga atribuidas competencias.
b) Por las actuaciones derivadas de la gesti�n por la comunidad aut�noma de las ayudas cuyas competencias de resoluci�n y pago correspondan a la Administraci�n General del Estado y la correcci�n no resulte de las actuaciones de dicha Administraci�n.
c) Por causas derivadas del incumplimiento de la obligaci�n de informar en plazo y forma prevista en el art�culo 5 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo.
2. Ser� atribuible a la Administraci�n General del Estado la responsabilidad de las correcciones financieras impuestas por la Uni�n Europea en los siguientes casos y materias:
a) Aquellos supuestos en que las actuaciones del organismo pagador que dieron lugar a la correcci�n financiera sean resultado directo de la mera aplicaci�n de la normativa b�sica estatal.
b) El incumplimiento por el Fondo Espa�ol de Garant�a Agraria de las obligaciones establecidas en el art�culo 3.1. del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo.
c) El incumplimiento de la obligaci�n de establecer las medidas de coordinaci�n de los controles de las ayudas, en el �mbito del Sistema Integrado de Gesti�n y Control, as� como la demora en comunicar a los organismos pagadores las informaciones o instrucciones comunitarias cuando d� lugar a pagos indebidos o fuera de plazo.
d) El incumplimiento de los plazos previstos en los convenios de prefinanciaci�n para remisi�n de los fondos a los organismos pagadores cuando se originen por este motivo pagos fuera de plazo.
e) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de cofinanciaci�n cuando �stos originen pagos fuera de plazo.
f) El incumplimiento o demora de la obligaci�n de dictar los actos o resoluciones de car�cter jur�dico necesarios para la realizaci�n por la comunidad aut�noma de las actuaciones de gesti�n de operaciones de intervenci�n y regulaci�n de los mercados que le hayan sido encomendadas.
g) El incumplimiento de la obligaci�n de remitir a la Uni�n Europea la informaci�n reglamentariamente establecida cuando dicho incumplimiento no sea imputable a una comunidad aut�noma.
Procedimiento a seguir cuando la sentencia, acto o decisi�n europea ha devenido firme dando lugar a un cambio de criterio Cuando la sentencia, acto o decisi�n que las instituciones europeas hayan dictado devengan firmes y hayan dado lugar a un cambio de criterio que afecte a los hechos que dieron lugar a la determinaci�n de la responsabilidad, en todo o en parte, respecto de la que era ejecutiva, el sujeto declarado responsable, de acuerdo con lo previsto en este real decreto, podr� instar la iniciaci�n de un nuevo procedimiento en el plazo de un mes desde que el sujeto responsable reciba la notificaci�n en la que se le comunique el car�cter firme de la sentencia, acto o disposici�n.
Asimismo, el citado procedimiento podr� iniciarse de oficio por el �rgano competente al que se refiere el art�culo 7.
Cooperaci�n interadministrativa Cuando en los t�rminos previstos en el art�culo 3 se imponga una sanci�n al Reino de Espa�a para cuyo cumplimiento sean necesarias acciones que competan a Administraciones P�blicas distintas de la Administraci�n General del Estado, corresponder� al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, con la asistencia, en su caso, de la Abogac�a General del Estado, coordinar la cooperaci�n y relaciones con las Administraciones implicadas.
Responsabilidades derivadas de sentencias, actos o decisiones anteriores a este real decreto 1. El procedimiento previsto en este real decreto resultar� de aplicaci�n a la determinaci�n y repercusi�n de las responsabilidades derivadas de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo con independencia de que haya sido satisfecha la sanci�n o no. En estos supuestos, los plazos previstos en este Real Decreto comenzar�n a computarse a partir de su entrada en vigor.
2. No obstante, los procedimientos de determinaci�n y repercusi�n de responsabilidad en materia de fondos de la Uni�n Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se regir�n por la normativa vigente en el momento de su iniciaci�n.
Derogaci�n normativa Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
En particular, quedan derogados los art�culos 12, 13, 14 y la disposici�n adicional segunda del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el r�gimen de los organismos pagadores y de coordinaci�n con el FEOGA-Garant�a y el apartado 8.2 de la Estrategia Espa�ola de Empleo 2012-2014 aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre en lo referente a las correcciones financieras derivadas de la gesti�n por las Comunidades Aut�nomas de acciones y medidas de pol�ticas activas, quedando vigente en lo que exceda el �mbito objetivo de aplicaci�n del presente real decreto.
T�tulo competencial Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en los apartados 13, 14 y 18 del art�culo 149.1 de la Constituci�n Espa�ola, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, Hacienda general y Deuda del Estado y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones p�blicas.
Aplicaci�n supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n En lo no previsto en materia de procedimiento en este real decreto, se estar� a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y en su normativa de desarrollo.
Habilitaci�n normativa Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, en el �mbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo establecido en este real decreto.

References: real decreto

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