Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531009.html
Timestamp: 2019-03-21 20:13:28+00:00

Document:
as201531009
AUTO SUPREMO Nº 009
Sucre, 29 de enero de 2015
Expediente : 420/2014-A
Demandante : Celia Mendoza García
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, a fs. 73 a 76, contra el Auto de Vista Nº 103/2014 de 31 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de reclamación de pensiones seguido por Celia Mendoza García contra el SENASIR; Auto de concesión del recurso de 17 de diciembre de 2014 a fs. 79; los antecedentes del proceso; y:
1) Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas
La Resolución Nº 11300 de 13 de noviembre de 2012 a fs. 17, por la cual la Comisión de calificación de rentas del SENASIR, resolvió otorgar a favor de Celia Mendoza García, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 16,970, en el que se consideró un monto de compensación de cotizaciones de Bs. 1.876,00, mismo que previa aceptación era válido para la emisión del Certificado de compensación de cotizaciones por Procedimiento Manual.
2) Recurso de reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación
Celia Mendoza García, mediante memorial de 17 de septiembre de 2013 (fs. 27), interpuso recurso de reclamación, pidiendo la revisión de densidad de aportes que fue resuelto por la Comisión de reclamación a través de la Resolución Nº 00862/13 de 8 de noviembre (fs. 34 a 35), por la cual Confirmó la Resolución Nº 11300 de 13 de noviembre de 2012 emitida por la Comisión de calificación de rentas del SENASIR.
3) Recurso de apelación y Auto de Vista Notificada la asegurada con la Resolución de la Comisión de reclamación, ésta interpuso recurso de apelación mediante memorial de fs. 43 a 44, que fue resuelto a través del Auto de Vista hoy impugnado, por el cual la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Revocó la Resolución de la Comisión de reclamación Nº 00862/12 y dispuso que el SENASIR: 1.- Deje sin efecto la Resolución Nº 11300 emitido por la Comisión de calificación de rentas y 2.- Dispuso un cálculo de aportes de la solicitante tomando en cuenta los periodos enero de 1990 a abril de 1997 y el salario cotizable según los documentos que pueda comprobarse legalmente en cumplimiento de las observaciones realizadas en el Auto de Vista. 4) Motivo del recurso de casación en el fondo
Transcribiendo parte del contenido del numeral 1 inciso B del Considerando III del Auto de Vista y haciendo referencia al recurso de reclamación interpuesto por la beneficiaria, al Certificado de Salarios y Densidad de años de Aporte 08-2012-7927 de 2 de octubre, y a la Resolución Nº 11300 de 13 de noviembre de 2012, señala que, no se certificó los periodos 03/89 a 12/89 debido a que la interesada no figura en planillas y respecto al periodo reclamado 01/90 a 04/97, en lo que respecta a la Empresa Minera Orlandini Ltda. “Mina Totoral” el Área de Fiscalización de la Unidad de Cobro y Adeudos del SENASIR, se vio limitado a efectuar el trabajo de fiscalización por concepto de aportes devengados al Seguro Social de lago plazo, con la documentación escasa que cursa en archivo de esa dependencia así como con la que cursa en archivos;… al no haber proporcionado la Compañía Minera la documentación contable que permita obtener la totalidad de los salarios cotizables del personal que cumplió funciones en la misma, “base esencial para efectuar una fiscalización en aplicación a la normativa legal vigente, y la última revisión en archivos del SENASIR y el SENAPE, Por lo que hasta la fecha no se efectuó la fiscalización de Aportes al Seguro Social de largo Plazo del Sistema de Reparto existiendo una liquidación y actualización parcial de la deuda contenida en formularios de declaraciones juradas Nº 8178 y 8176 y otras presentadas por la Empresa, por otro lado se establece que las planillas cursantes en la unidad de cobro de adeudos y fiscalización de las gestiones abril/82 a abril/97 se determinó que no son confiables ni suficientes para efectuar una fiscalización, menos para realizar certificación de aportes”(sic).
Afirma que, la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización, se vio limitada de Certificar en cumplimiento del instructivo 094.12 de 9 de mayo y por el Informe VAR/020/2012, sobre los aportes al Seguro Social a largo plazo de la Compañía Minera Orlandini.
Enfatiza que, los documentos cursantes a fs. 1, 3, 4, 5 y 25, no tienen la fe probatoria, porque no cumplen con lo dispuesto por los arts. 1296.I y 1523 del Código Civil.
Citando el contenido del parágrafo I del art. 180, de la Constitución Política del Estado (CPE), manifiesta que, respecto a los periodos reclamados, no se puede certificar…en cumplimiento del Instructivo 094.12 de 9 de mayo e informe VAR/020/2012.
Manifiesta que, el Auto de Vista impugnado, hizo referencia al art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Ministerial 10.0.0.087/97… esta normativa no es aplicable a la Compensación de cotizaciones, porque dicho sistema utiliza normativa específica diferente “en referencia a la utilización de documentos supletorios de acuerdo a lo establecido mediante Resolución Ministerial Nº 550/05 de 28 de septiembre de 2005” (sic).
Haciendo referencia a los arts. 24.I de la Ley Nº 065, 1 de su Reglamento, aprobado por el DS 0822 de 16 de marzo de 2011 y 1 , 2 de la RM Nº 550/05 de 28 de septiembre , concluye citando las normas “erróneamente interpretadas y violadas”: art. 180.I de la CPE, Ley Nº 65, DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, RM Nº 550/05 de 28 de septiembre, Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación y arts. 1296.I y 1523 del Código Civil.
4).1 Petitorio
Pide a este Tribunal Supremo casar el Auto de Vista impugnado, sea en aplicación del art. 253 del CPC y previas las formalidades de rigor.
1 Sobre el derecho a la jubilación
El art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que se hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos puedan gozar de una renta que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado, la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
Los principios antes descritos componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su efectivización, en la lógica que ella obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado, como tal, persigue. Esa posición hace que, los principios que ordenan y orientan al sistema de Seguridad Social no deben ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica, sino más bien, deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que “los regímenes de seguridad de los medios de vida (puedan aliviar) el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia” (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida)
Estando establecido el panorama normativo sobre el derecho a la jubilación reconocido constitucionalmente, es menester hacer alusión a los arts. 7.k) y 158 de la CPE de 1967 y sus posteriores reformas, que ya reconocían aquel derecho, que en el devenir del tiempo no sólo mantuvo su importante característica, si no más aun su entendimiento y protección tuvo un crecimiento progresivo, percibido ahora, como ya se desarrolló en el art. 45 de CPE.
2 Seguro social a largo plazo
Desde 1955, a través del Código de Seguridad Social (CSS) aprobado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, en Bolivia se instituyó el Seguro Social Obligatorio bajo el sistema de prestaciones definidas, conocido como Sistema de Reparto, con el fin de entre otros proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, así como brindar esa protección a los familiares en casos de contingencias como los riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte (art. 3 del CSS).
La seguridad social a largo plazo adquirió un carácter obligatorio por imperio y disposición expresa de la Ley, y se constituyeron como infracciones de los empleadores: no inscribir, afiliar, constatar el estado de salud, no denunciar accidentes, el retraso en presentación de planillas o el pago mensual de cotizaciones (art. 592 del Reglamento del Código de Seguridad Social). Posteriores modificaciones realizadas al Sistema de Reparto que se llevaron a cabo entre 1972 y 1994 intentaron racionalizar el régimen de largo plazo, modificando aspectos como las cotizaciones, las prestaciones, la afiliación o la vigencia de derechos o finalmente, el marco organizativo institucional del Seguro social obligatorio.
En lo que respecta a las infracciones imputables a los trabajadores asegurados el citado Reglamento en su art. 594, estableció entre otras el: falsear datos para la obtención fraudulenta de beneficios, negociar con las prestaciones en especie, simular enfermedades o accidentes y provocar intencionalmente un siniestro.
Las posteriores modificaciones normativas en lo que respecta al Seguro social a largo plazo, se circunscribieron a aspectos como las cotizaciones, prestaciones, afiliación o vigencia de derechos, o bien, el marco organizativo institucional del Seguro social obligatorio, empero tuvieron como constante el mantenimiento de la obligatoriedad del empleador de realizar los aportes al seguro social a largo plazo; tal es así que el art. 21 de la Ley 1732 (dentro del cambio de sistema de pensiones), señala que, el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas del total ganado de los afiliados bajo su dependencia laboral.
En este tópico es preciso hacer referencia al art. 80 del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2011 que establece: ”El SENASIR certificará los aportes para trámites por procedimiento manual de los Asegurados de empresas o instituciones que adeudan aportes al Sistema de Reparto, que hubieran sido fiscalizadas y que dichos aportes hubieran sido recuperados tanto por la vía administrativa como judicial.”; esta norma debe ser interpretada y aplicada dentro de los principios protectores previstos por la Constitución Política del Estado; en ese sentido el incumplimiento o la declaratoria de mora de las empresas o instituciones con respecto a la transferencia de aportes al SENASIR, no pueden afectar o desconocer los derechos del asegurado, en consecuencia afirmar que no se puede certificar los periodos reclamados por encontrarse la empresa con adeudos de los aportes al sistema de reparto en mérito al art. 80 del DS Nº 822, constituye la vulneración de los derechos reconocidos por la Constitución.
En autos el ente gestor específicamente denuncia que, el Ad quem al dejar sin efecto la Resolución Nº 11300 emitido por la Comisión de calificación de rentas y disponer un cálculo de aportes tomando en cuenta los periodos enero de 1990 a abril de 1997 y el salario cotizable según los documentos que pueda comprobarse legalmente en cumplimiento de las observaciones realizadas en el Auto de Vista, desconoció lo dispuesto por el art. 180.I de la CPE, Ley Nº 65, DS Nº 0822, RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y arts. 1296.I y 1523 del Código Civil.
De los antecedentes remitidos en casación se establece que, la Comisión de calificación de rentas del SENASIR para pronunciar la Resolución Nº 11300 de 13 de noviembre de 2012, se basó en el Certificado de Salarios y Densidad de Años de Aporte emitido por el Área de Certificación y Archivo Central del SENASIR (fs. 16), en el que se resaltó el Instructivo 094.12 de 9 de mayo de 2012 (fs. 14); al ser impugnada dicha Resolución, la Comisión de reclamación dictó la Resolución Nº 00862/13 de 8 de noviembre, confirmando la resolución refutada, señalando que: “Respecto al periodo reclamado (01/90 a 04/97), el mismo NO se certifica en cumplimiento al instructivo 094.12 de fecha 09 de mayo , e Informe emitido por la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización (VAR/020/2012) sobre los Aportes al Seguro Social a largo plazo de la Compañía Minera Orlandini Ltda. Se aclara que la certificación de Aportes y/o Salario de los Ex trabajadores de la Empresa Minera Orlandini Ltda., debe provenir de acuerdo a documentación perteneciente a la Unidad de Archivos de Certificación CC, No debiendo tomar en cuenta en ningún momento aspecto las planillas que cursan en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización, amparado en el referido Informe Técnico emitido por la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización (VAR/020/2012)” (sic).
Ante este escenario la beneficiaria interpuso recurso de apelación (fs. 43-44) que fue resuelto mediante el Auto de Vista hoy debatido, concluyendo: “…en el mismo expediente cursa documentos idóneos como: el certificado de trabajo, record de Servicios (…) que evidencia que efectivamente la Sra. Mendoza García ha trabajado en la Empresa Minera Orlandini Ltda. de marzo de 1989 a abril de 1997; si el sistema de Repartos no cuenta con estos documentos no es de responsabilidad del trabajador que aportó en su momento para su jubilación, además la administración de pensiones tiene los mecanismos legales para el cobro coactivo en base a la normativa legal del empleador; además la norma adjetiva permite salvar estas contingencias para el cálculo como ser el art. 83 del Manual de prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Ministerial 10.0.0.087/97…” (sic); posición y razonamiento que condice con una adecuada y correcta apreciación de los datos del proceso y la efectivización de los principios establecidos por el art. 45 de la CPE.
Sobre dicha determinación, si bien, los arts. 196 del Código de Seguridad Social (CSS) y 475 de su Reglamento (R-CSS), instituyen que el trabajador por quien no se hubiese pagado las cotizaciones requeridas, no tendría derecho a las prestaciones correspondientes; es necesario realizar una interpretación contextualizada y armónica de dichas previsiones con la Constitución Política del Estado y art. 194 del CSS, para concluir que al ser el empleador directamente responsable de esos aportes, el trabajador no pierde las prestaciones impagas, sino que éstas, deben ser canceladas íntegramente por el ente gestor, quien tiene la obligación de realizar los cobros correspondientes, recuperando en su integridad los importes adeudados, más los intereses por mora, multas y otros; en ese contexto, no es posible aceptar la aplicación del art. 80 del DS Nº 0822, pues en el caso concreto, la recuperación de montos devengados por la Compañía Minera Orlandini Ltda., concierne al SENASIR y no así a la asegurada; ante esta conclusión lo dispuesto en el Instructivo 094.12 de 9 de mayo de 2012, de “proceder a la Certificación de Aportes y/o Salario de los Trabajadores de la Empresa Minera Orlandini , con la documentación que cursa en archivos de Certificación CC y NO debiendo tomar en cuenta en ningún aspecto las planillas que cursan en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización con respaldo en el Informe Técnico VAR/020/2012” (sic), es contraria a los dispositivos legales precedentemente citados; por lo que no es evidente que el Tribunal de alzada, hubiera interpretado errónea o aplicado indebidamente las normas citadas por el recurrente.
Con referencia a la denuncia de violación de los arts. 1296. I y 1523 del Código Civil, el recurrente enfatizó que los documentos cursantes de fs. 1, 3, 4, 5 y 25, no tienen fe probatoria asignada por las normas citadas. Al respecto, el art. 1296.I del CC, establece que “los despachos, títulos y certificados expedidos por los representantes del Gobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia y con las correspondientes formalidades, hacen plena prueba”; como podrá advertirse este dispositivo legal, hace referencia al valor probatorio que ostentan los documentos expedidos por funcionarios públicos, que no es el caso, pues los instrumentos aludidos fueron otorgados por un ente privado, en consecuencia la supuesta vulneración de las normas legales supra citadas no es evidente.
Por lo expuesto corresponde resolver conforme prescriben los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social, 55.III del DS 0822 de 16 de marzo de 2011, y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm.; Social Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño en representación legal del SENASIR cursante a fs. 73 a 76.

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