Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-285-09.htm
Timestamp: 2018-12-12 05:46:56+00:00

Document:
C-285-09
Sentencia C-285/09
MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP/CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD CMC-Adhesión de Colombia a estos acuerdos se ajusta a la Constitución
MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Instrumento de integración regional latinoamericano/MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Objetivo
Los objetivos fundamentales de este mecanismo de concertación se relacionan con la promoción e impulso del desarrollo económico y social de la región a través de la realización conjunta, entre otras acciones, de obras de infraestructura y proyectos de interconexión en materia de servicios públicos, que mejoren la eficiencia y reduzcan los costos de prestación de los mismos, y en general, contribuyan a la competitividad de la región en materias industrial y comercial. También se contemplan, de manera concurrente, acciones relacionadas con los temas de desarrollo sostenible, con la mitigación de desastres naturales y con la promoción del turismo en los países de la región.
CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD CMC-Objetivo
Constituye su objetivo fundamental, la formulación de una agenda específicamente encaminada a lograr el mejoramiento de la competitividad de la región, mediante acciones enfocadas a temas tales como productividad empresarial, promoción de inversiones, clima de negocios, desarrollo del recurso humano e innovación tecnológica.
TRATADO INTERNACIONAL-Propósitos
TRATADO INTERNACIONAL-Objetivos desarrollan fines y fundamentos del Estado Colombiano
TRATADO INTERNACIONAL-Perfecta armonía con los principios que desarrollan las relaciones exteriores
La Corte Constitucional ha señalado, de manera reiterada, que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Procedencia/ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Efectos
Si bien en el presente caso, se trata de cinco (5) distintos acuerdos cuya aprobación se formaliza a través de la Ley 1222 de 2008, tres de ellos fueron suscritos sin la participación del Estado colombiano, razón por la cual procedería la eventual adhesión de éste, de conformidad con lo previsto en esos mismos acuerdos y en las normas internacionales sobre la materia, particularmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en tanto que los dos restantes documentos constituyen la adhesión de Colombia a las dos iniciativas regionales de que tratan los precedentes instrumentos. En lo que atañe a los tres primeros instrumentos, en cuya firma, como ya se dijo, no participó un representante del Gobierno colombiano, el consentimiento frente a ellos se entiende manifestado por el hecho de la suscripción de los respectivos documentos de adhesión, en los que hubo válida representación del Estado colombiano.
TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación presidencial subsana cualquier posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción del tratado/TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación presidencial expresa intención de adherir a tratado multilateral a cuya suscripción el Estado no concurrió
Los documentos que constituyen la adhesión de Colombia a las dos iniciativas regionales fueron suscritos por quien para ese momento se desempeñaba como Consejero Presidencial para la Competitividad y Consejero Presidencial para el Plan Puebla Panamá, quien los suscribió a nombre del Estado colombiano no habiendo sido facultado previamente para tal efecto por el Presidente de la República. Sin embargo, se observa que posteriormente, el Jefe del Estado ordenó someter estos cinco acuerdos a la consideración del órgano legislativo, expidió también un documento por el cual, en desarrollo de lo previsto en la ya citada Convención de Viena, manifestó refrendar la firma puesta en los documentos de adhesión de Colombia a tales acuerdos. De esta manera, para la Corte, la representación del Estado colombiano en la suscripción de estos dos últimos documentos es enteramente válida, por enmarcarse sin dificultad en los supuestos previstos en las normas de Derecho Internacional aplicables al caso y en los preceptos constitucionales que regulan la materia. Resalta la Corte que en el presente caso, la aprobación presidencial tiene además el efecto de expresar la intención y el interés del Presidente de la República, responsable de la dirección de las relaciones internacionales en adherir a los dos citados tratados multilaterales a cuya suscripción original el Estado colombiano no concurrió.
La Corte observa que el proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional; (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial, resultando en consecuencia exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite legislativo
ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA Y ANEXO MODIFICATORIO-Contenido
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (CMC) Y ADENDUM NUMERO 1-Contenido
CONVENIO DE ADHESION DE COLOMBIA AL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Instrumento por el cual el estado adquiere compromisos en el marco de acuerdo regional
En el caso del PPP nuestro país fue admitido en calidad de observador desde el mes de noviembre de 2004 y como miembro de pleno derecho desde julio de 2006. En la parte dispositiva del Convenio de Adhesión de Colombia al PPP se señala que el país es admitido como miembro de pleno derecho del PPP “en las mismas condiciones que los Estados que lo fundaron” y que ejercerá los mismos derechos y obligaciones de los demás países miembros y participará con voz y voto e igual iniciativa en todas las instancias de deliberación del PPP.
CONVENIO DE ADHESION DE COLOMBIA AL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Alcance de compromisos sujeto a decisiones operativas que de implicar nuevas obligaciones deberán someterse al trámite constitucional de tratado internacional
Examinado el contenido material de los instrumentos internacionales a los que Colombia se propone adherir, así como el de los respectivos documentos de adhesión, aprobados unos y otros por Ley 1222 de 2008, considera la Corte de manera general que ellos resultan acordes con las disposiciones constitucionales vigentes sobre la materia. Sin embargo, en lo relacionado con el alcance de los compromisos que por efecto de estos acuerdos adquiere Colombia, la Corte considera importante reiterar que el texto de los acuerdos constitutivos, tanto del Plan Puebla – Panamá (PPP) como del Consejo Mesoamericano de la Competitividad (CMC), resultan particularmente breves y lacónicos, por lo que posiblemente la extensión específica de tales compromisos dependerá en buena medida de las decisiones operativas que posteriormente se adopten por parte de los órganos competentes dentro de cada una de tales instancias, advirtiendo la Corte que aquellas decisiones internas que impliquen nuevas modificaciones al texto de los acuerdos incorporados a la Ley 1222 de 2008 cuya exequibilidad ahora se examina, y particularmente la asunción de nuevas obligaciones específicas por parte de los países miembros, deberán, en lo que a la República de Colombia concierne, surtir la totalidad del trámite constitucionalmente requerido para la aprobación y entrada en vigencia de un tratado internacional.
TRATADO INTERNACIONAL-Validez de textos estatutarios que establecen privilegios a favor de miembros fundadores en relación con adherentes
Referencia: expediente L. A. T. 336
Revisión de la Ley 1222 de julio 16 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009).
El día 22 de julio de 2008 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1222 de julio 16 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
Mediante providencia de septiembre 4 de 2008, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 30 de 2008 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al entonces Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Los textos del "Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, del “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, del “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, del “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y del “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”, y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 47.052, de julio 16 de 2008:
Por medio de la cual se aprueba el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
ARTÍCULO 1o. Apruébanse el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que Modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005”, suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que Modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
VI CUMBRE DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION DE TUXTLA
ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
ESTRUCTURA DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
d) Someter a la decisión de los respectivos Jefes de Estado y de Gobierno, las propuestas vinculadas al Plan Puebla – Panamá. que así lo requieran, en el caso de Centroamérica, previa coordinación con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Así como mantener una estrecha coordinación con los Ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo de Tuxtla;
La Comisión Ejecutiva se reunirá de manera periódica o como lo establezca el reglamento. en el lugar y fecha que determine, y tomará sus decisiones por consenso.
DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
La Dirección Ejecutiva será ejercida por un profesional escogido bajo criterios técnicos y de manera transparente y contará con el apoyo del personal que se considere necesario para desempeñar sus funciones. El Director Ejecutivo será nombrado por un periodo de cuatro (4) años y podrá fungir hasta por un periodo adicional. La Comisión Ejecutiva tendrá la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento de no cumplirse con las cláusulas contratadas. El Director Ejecutivo será responsable de los nombramientos y despidos del personal y consultores a su cargo. Realizará las funciones gerenciales típicas, conforme a los lineamientos que marque el reglamento.
m) Servir de unidad de información, así como facilitar la coordinación entre la Comisión Ejecutiva y el Grupo Técnico lnterinstitucional y con otras entidades que le solicite la Comisión Ejecutiva;
COMISION DE PROMOCION Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN PUEBLA - PANAMA
GRUPO TECNICO INTERINSTITUCIONAL DEL
El Grupo Técnico Interinstitucional estará integrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (AICD), el Grupo Asesor para la Participación Indígena y Etnica (GAPIE) y todos aquellos organismos y entidades regionales e internacionales que la Comisión Ejecutiva determine.
CONSEJO CONSULTIVO DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
ANEXO QUE MODIFICA EL ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA, PANAMA
La Comisión Ejecutiva, de conformidad con los dispuesto por el artículo 18 del acta que institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá, aprueba las siguientes modificaciones al Acta.
Artículo 1o. Se modifica para quedar como sigue:
Institucionalizar el Mecanismo del Plan Puebla Panamá (PPP) por parte de los Miembros Fundadores, integrantes del Mecanismo de Tuxtla y que a su vez conforman la región Mesoamericana, a saber: Belice, República de Costa Rica, República de El Salvador, República de Guatemala, República de Honduras; Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua y República de Panamá.
Se adiciona y queda como artículo 2o:
El PPP está integrado por:
Artículo 2o. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
f) Grupo Técnico lnterinstitucional del Plan Puebla Panamá;
Artículo 4o. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
Artículo 6o. inciso g) Se modifica para quedar como sigue:
Se adiciona el inciso o) del artículo 6o:
Este artículo se recorre para quedar como artículo 7o.
El Grupo Técnico Interinstitucional estará integrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), los organismos del Sistema de Naciones Unidas, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SGSICA) y la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA); el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (AICD), el Grupo Asesor para la Participación Indígena y Etnica (GAPIE) y todos aquellos organismos y entidades regionales e internacionales que la Comisión Ejecutiva determine.
El Consejo Consultivo del Plan Puebla Panamá estará conformado por las entidades interesadas del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, por la Sociedad Civil Organizada con presencia en los Estados del Sur Sureste de México y en los demás Estados Miembros de Pleno Derecho del PPP y por todas aquellas organizaciones que la Comisión Ejecutiva considere que deban pertenecer a este Consejo.
La admisión de nuevos Miembros y de Observadores al Plan Puebla Panamá, podrá ser considerada independientemente de que los Estados sean parte del Mecanismo de Tuxtla.
La Comisión Ejecutiva establecerá su Reglamento para normar el funcionamiento institucional del Plan Puebla – Panamá.
PLAN PUEBLA PANAMA - INICIATIVA MESOAMERICANA FACILITACION DEL INTERCAMBIO COMERCIAL - MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
PARA LA INSTITUCIONALIZACION CONSEJO MESOAMERICANO PARA
COMPETITIVIDAD (CMC)
Asimismo, el CMC ayudará a incorporar la competitividad como elemento transversal en los proyectos de las distintas iniciativas del PPP, buscando mejorar el clima de negocios y la productividad empresarial, con el fin de atraer mayores inversiones generadoras de empleo.
Artículo 2o. Objetivo General.
Artículo 4o. Áreas Temáticas Prioritarias.
Artículo 5o. Integración y Gestión.
Artículo 6o. Disposiciones Finales.
ADENDUMNo 1
ADEDUM No 1AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DELCONSEJO MESOAMERICANO COMPETITIVIDAD (CMC)
Primero: Que, en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el día 17 de mayo de 2005, se suscribió el Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad, en adelante el “Memorando de Entendimiento”, por los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla Panamá y los funcionarios gubernamentales encargados de coordinar las políticas públicas sobre competitividad de los países miembros y por el sector privado, como testigos de honor, los representantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, la Federación de Empresas Privadas de Centro América y Panamá, Fedepricap y el Consejo Empresarial de América Latina, Capítulo Centroamérica y Caribe, CEAL.
Segundo: Que el 11 de julio de 2006, en la ciudad de Panamá, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países fundadores del Plan Puebla Panamá, en adelante PPP, integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el marco de su VIII Reunión Cumbre, acordaron la incorporación de Colombia como miembro de pleno derecho del Plan Puebla-Panamá, y saludaron su incorporación inmediata en tal calidad.
Tercero: Que, conforme al artículo número 6 del Memorando de Entendimiento, dicho documento puede ser modificado a solicitud escrita de cualquiera de las partes, mediante Addenda que formará parte integrante del mismo.
Cuarto: Que el Comisionado Presidencial por Honduras ante el PPP funge como Presidente del Consejo Mesoamericano para la Competitividad, en adelante CMC.
Quinto: Que el 14 de septiembre de 2006, el señor Comisionado Presidencial Adjunto de Colombia ante el PPP, dirigió por escrito al señor Presidente del CMC comunicación en la cual se señalaba el deseo compartido por el Gobierno y el sector empresarial de Colombia para realizar esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad de la Región Mesoamericana y la decisión de adherirse a los términos establecidos en el Memorando de Entendimiento.
Sexto: Que por Acuerdos unánimes establecidos por los miembros del CMC en la X Reunión celebrada el 22 de septiembre del corriente año, se recibió con beneplácito la decisión comunicada por el señor Comisionado Adjunto de Colombia ante el PPP y se facultó al señor Presidente del CMC, para suscribir en su representación el presente Adendum.
CONVENIO DE ADHESION COLOMBIA ALACTA QUE INSTITUCIONALIZA ELMECANISMO DELPLAN PUEBLA PANAMA
Que el Plan Puebla Panamá es un plan de desarrollo económico y social que busca integrar a la región mesoamericana, coordinando esfuerzos y acciones de los siete países de Centroamérica y los nueve Estados que integran la región Sur Sureste de México, en la perspectiva de promover el desarrollo integral, así como la integración en aquellos temas que hagan posible que de manera conjunta se creen bienes públicos regionales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes, mediante el aporte de sus miembros así como de cooperación técnica y financiera en el ámbito de organismos internacionales;
Artículo 1o. Formalizar a través del presente instrumento la adhesión de Colombia como Miembro de Pleno Derecho al PPP y en consecuencia al Acta que lo institucionaliza, en las mismas condiciones que los Estados que lo fundaron.
Artículo 2o. De conformidad con lo establecido con el artículo 1o, el gobierno de Colombia ejercerá los derechos y cumplirá con las obligaciones que el Acta que Institucionaliza el PPP y las demás disposiciones que han sido adoptadas en el marco del Plan Puebla Panamá, señalan a los Miembros.
Artículo 3o. En concordancia con lo anterior, el Gobierno de Colombia deberá:
III. Designar un funcionario de alto nivel que actúe como Comisionado Presidencial, así como un Comisionado Adjunto, para representarlo y actuar en la Comisión. Ejecutiva, a fin de asegurar su permanente participación en el trabajo de la misma; igualmente designará representantes que participen en las distintas Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo de las Iniciativas.
Artículo 4o. Colombia, como Miembro de Pleno Derecho del PPP, podrá participar con voz y voto en las reuniones, proyectos, componentes y estrategias del Plan Puebla Panamá. Asimismo tendrá participación en las Iniciativas Mesoamericanas en igualdad de condiciones que los Estados que lo fundaron.
Artículo 5o. El presente instrumento se aplicará provisionalmente desde su firma y entrará en vigor definitivamente una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales establecidos para el efecto de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano.
Bogotá, D. C., 14 marzo 2007.
Artículo 1o. Apruébanse el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla - Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla - Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Este Ministerio presentó, por conducto de apoderada especial, un escrito en el que solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la Ley 1222 de 2008 que aprobó los antes referidos instrumentos internacionales.
En apoyo de su solicitud, la apoderada hace un breve recuento del trámite cumplido ante el Congreso de la República y que culminó con la expedición de la Ley 1222 de 2008, destacando que éste cumplió a satisfacción con la totalidad de los requisitos constitucionales aplicables.
En lo relacionado con el contenido material de los acuerdos que por esta ley se aprueban, agrega que resultan igualmente conformes con la Constitución Política, ya que buscan contribuir a impulsar la integración latinoamericana, respetando la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional, dentro de los límites de la reciprocidad y la conveniencia nacionales.
Mediante apoderado especial, este Ministerio hizo llegar a la Corte un extenso escrito en el que pide declarar la exequibilidad de estos acuerdos, así como la de su ley aprobatoria.
El documento aportado por este interviniente explica de manera amplia y detallada los siguientes aspectos: i) la historia y antecedentes de la integración mesoamericana, así como sus objetivos y metas a mediano y largo plazo[1]; ii) el contenido específico de cada uno de estos instrumentos internacionales y las relaciones existentes entre ellos; iii) la estructura y funciones de las instancias directivas y de coordinación previstas en cada uno; iv) las distintas iniciativas emprendidas y de cuya prosecución se ha encargado cada uno de los países miembros de estos mecanismos; v) el proceso de vinculación de Colombia a esas iniciativas centroamericanas y los intereses y objetivos específicos que persigue la participación de nuestro país en tales proyectos.
También relata, de manera esquemática, el itinerario de la aprobación de estos acuerdos por el Presidente de la República y la subsiguiente presentación y aprobación del respectivo proyecto de ley por las cámaras legislativas, destacando el pleno cumplimiento de las exigencias constitucionales pertinentes. Informa así mismo que el trámite de negociación, adhesión y aprobación de estos acuerdos para su incorporación al derecho interno colombiano se adelantó con plena observancia de las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política.
Como razones específicas que justifican la exequibilidad de los instrumentos aprobados resalta el apoderado que la participación del Estado colombiano en estas iniciativas resulta altamente conveniente para el logro de varios de los fines esenciales del Estado y contribuye a una mayor integración de la comunidad latinoamericana, tal como lo propugna la Constitución Política, en especial en sus artículos 2°, 9°, 226 y 227. También destaca que lo anterior se logra sin afectar, sino por el contrario, dando plena aplicación, a la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a los principios de Derecho Internacional Público aceptados por Colombia.
Este escrito concluye reiterando la importancia y conveniencia de que el país participe plenamente de las iniciativas antes descritas, así como el pedido para que la Corte declare la constitucionalidad de los instrumentos que las sustentan y de su Ley aprobatoria 1222 de 2008.
Este Ministerio presentó un documento en el que adhiere a las consideraciones planteadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el escrito previamente reseñado, y en consecuencia, solicita también la declaratoria de exequibilidad de los cinco instrumentos internacionales referidos y de su ley aprobatoria.
En concepto número 4654 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 11 de noviembre de 2008, el entonces Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación declarar exequibles la Ley 1222 de 2008 y los instrumentos internacionales que por ella se aprueban.
En primer término, el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 14 de 2007 Senado – 242 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1222 de 2008, cuya constitucionalidad ahora se revisa.
Como resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con la totalidad de las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
A continuación realiza un pormenorizado recorrido por el articulado de los distintos acuerdos que por esta ley se aprueban y explica las relaciones existentes entre ellos, estudio cuyo contenido y forma son muy semejantes a los de la presentación efectuada por el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que páginas atrás hubo ocasión de reseñar. Terminada su exposición, concluye el Procurador que ninguna de dichas estipulaciones merece, en su concepto, objeción alguna de constitucionalidad.
La vista fiscal destaca que estas iniciativas son enteramente congruentes con los objetivos que persigue la integración entre los distintos Estados y el desarrollo que sobre los tratados internacionales hizo la Constitución Política de 1991, especialmente en sus artículos 9°, 224, 226 y 227. Ello por cuanto, el propósito de promover el desarrollo integrado de la región mesoamericana conjuntamente con el de Colombia, así como la mejora de la calidad de vida de sus habitantes son objetivos acordes con los fines esenciales del Estado y los demás objetivos planteados por nuestra Constitución Política, entre ellos el de avanzar en la integración de la comunidad latinoamericana y del Caribe. Además, resalta que lo anterior se busca sin causar vulneración a la soberanía nacional y sobre bases de reciprocidad, equidad, mutuo respeto y conveniencia nacional.
El concepto del Ministerio Público incluye algunas pocas referencias específicas al contenido de varias de las estipulaciones consignadas en el Acta que institucionaliza el mecanismo del Plan Puebla – Panamá, particularmente lo referente al hecho de que el cumplimiento de los compromisos adquiridos se sujetará a lo dispuesto en la legislación fiscal de cada Estado, así como a la existencia de las necesarias disponibilidades presupuestales (art. 13). Menciona también las advertencias contenidas en el artículo 5° del Convenio de Adhesión de Colombia, relacionadas con la necesidad de agotar los trámites previstos en nuestra Constitución Política para la entrada en vigencia de compromisos internacionales de esta naturaleza. Destaca que ambas previsiones apuntan a garantizar el respeto a la soberanía nacional, lo que contribuye a refrendar la constitucionalidad de las obligaciones que el Estado asume a través de ellos.
En la misma línea, en lo referente a la participación de Colombia en el Consejo Mesoamericano para la Competitividad, destaca que los objetivos de esta iniciativa son plenamente pertinentes a la promoción del desarrollo empresarial y al fortalecimiento de la economía nacional, objetivos que encuentran claro soporte constitucional en lo establecido en el artículo 333 de la Carta Política.
En vista de todo lo anterior, el concepto del Procurador General concluye entonces solicitando a esta Corte declarar exequible la Ley 1222 de 2008, así como cada uno de los instrumentos internacionales que por ella se aprueban.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[2], dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En este sentido debe destacarse que los tres primeros instrumentos[3] cuya aprobación se formaliza a través de la Ley 1222 de 2008 fueron suscritos sin la participación del Estado colombiano, razón por la cual procedería la eventual adhesión de éste, de conformidad con lo previsto en esos mismos acuerdos y en las normas internacionales sobre la materia, particularmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[4].
Ahora bien, según se deduce de las pruebas que obran en el expediente, quien suscribió estos dos últimos documentos a nombre del Estado colombiano no fue previamente facultado para tal efecto por el Presidente de la República. Sin embargo, se observa también que posteriormente, el 14 de marzo de 2007, misma fecha en que el Jefe del Estado ordenó someter estos cinco acuerdos a la consideración del órgano legislativo, expidió también un documento por el cual, en desarrollo de lo previsto en la ya citada Convención de Viena (artículos 7°, 8° y 12), manifestó refrendar la firma puesta por el señor Valencia Cossio en los documentos de adhesión de Colombia a tales acuerdos. De esta manera es claro para la Corte que la representación del Estado colombiano en la suscripción de estos dos últimos documentos es enteramente válida, por enmarcarse sin dificultad en los supuestos previstos en las normas de Derecho Internacional aplicables al caso y en los preceptos constitucionales que regulan la materia.
El día 14 de marzo de 2007 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva a los ya referidos cinco instrumentos internacionales y ordenó someterlos a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad a lo previsto en el artículo 150, numeral 16 superior.
En concordancia con lo anteriormente dicho, resalta la Corte que en el presente caso este acto tiene además el efecto de expresar la intención y el interés del Presidente de la República, responsable de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189, num. 2° de la Constitución Política) en adherir a los dos citados tratados multilaterales a cuya suscripción original el Estado colombiano no concurrió.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1222 de 2008
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 14 de 2007 Senado:
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 344 del 26 de julio de 2007, en las páginas 61 a 74. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por la Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 429 de septiembre 6 de 2007, páginas 24 a 33. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha septiembre 15 de 2008 enviada por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República informa que este proyecto fue anunciado en varias oportunidades sucesivas, la última de ellas en la sesión del día 11 de septiembre de 2007, según consta en el acta 4 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta 598 de noviembre 26 de 2007.
En lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida acta 4, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el último lugar de una lista de cinco proyectos, leída poco antes del levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el Secretario planteó: “Informa que se anuncia la discusión y votación de proyectos de ley, por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de acuerdo con el artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003:”
De otra parte, agotada la lista de proyectos, el Secretario expresó también que “El señor Presidente informa a la comisión que se cita para el martes 18 de septiembre, a las 10:00 de la mañana (…). Muchas gracias y hasta el martes.”
A continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 18 de septiembre de 2007, diligencia que contó con la participación de 11 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 5 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 598 de 2007, páginas 65 a 70.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por la misma Senadora Ramírez de Rincón, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 533 de octubre 19 de 2007, en las páginas 6 a 18. El anuncio previo del proyecto, según lo pudo observar el Magistrado ponente, se realizó también en varias ocasiones consecutivas, la última de ellas en la sesión del día 11 de diciembre de 2007, según consta en el acta 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 598 de 2008.
En esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión”, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el 5° lugar de una lista de 44 proyectos) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “miércoles 12 de diciembre de 2007 a las 10:00 a. m.”. De esta manera, se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
Según consta en el acta 28, publicada en la Gaceta Nº 60 de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría[5] de los senadores presentes en la plenaria del Senado el miércoles 12 de diciembre de 2007. En lo relacionado con el número de tales senadores, según lo informado por el Secretario General del Senado en su comunicación de septiembre 17 de 2008, no se solicitó verificación del quórum con anterioridad a la votación, por lo que es válido asumir el cumplimiento de este requisito a partir del hecho de que, conforme se observa en el acta ya citada, aparecen asistiendo 90 senadores, cifra ampliamente superior a la requerida para integrar quórum decisorio.
La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante William Ortega Rojas, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 118 de abril 8 de 2008, páginas 1 a 16.
La comunicación de fecha septiembre 12 de 2008, suscrita por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes da cuenta de que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 22 de abril de 2008, según consta en el acta 23 de esa fecha, cuyo texto apareció publicado en la Gaceta 398 de 2008, página 19).
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate para el martes 29 de abril de 2008”, y la reiteración, con posterioridad al anuncio de que “esos anuncios para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003”.
La misma certificación arriba mencionada informa que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 29 de abril de 2008 por unanimidad de los asistentes según consta en el Acta Nº 24 de la misma fecha, que fuera publicada en la Gaceta 399 de 2008 (páginas 5 a 6).
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Ortega Rojas y fue publicada en la Gaceta Nº 285 de mayo 27 de 2008, en las páginas 3 a 13.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de septiembre 19 de 2008, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el 28 de mayo de 2008, según consta en el acta 113 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 412 de julio 7 de 2008.
Finalmente, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 114 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 413 de julio 7 de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión realizada el martes 3 de junio de 2008, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 155 de los representantes que hacen parte de esa corporación.
Según se desprende del nombre del primero de los instrumentos que por esta ley se aprueba, los países que lo suscriben acordaron en marzo de 2004, durante una reunión cumplida en la ciudad de Managua, institucionalizar un mecanismo de concertación y diálogo preexistente a esa fecha, concretamente el denominado “Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, cuya conformación data del 15 de junio de 2001[6]. Por su parte, la creación de este último mecanismo hizo parte de las iniciativas surgidas dentro del marco del llamado “Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla”, instancia que también se integra por la mayoría de los países centroamericanos y por nueve (9) de los Estados de la región sureste de México[7], y que fue conformada desde 1991[8]. Sin embargo, debe aclararse que Colombia no es miembro de esta última iniciativa, lo cual, como se verá, no es óbice para que sí pueda hacer parte del Mecanismo del Plan Puebla – Panamá.
Por otra parte, el nombre del mecanismo de cuya institucionalización se trata también hace alusión al área geográfica dentro de la cual, según lo originalmente previsto, deberían cumplirse sus objetivos. Ese territorio abarca desde la región suroriental de los Estados Unidos Mexicanos, siendo Puebla uno de los principales Estados y ciudades de esa subregión, hasta la República de Panamá, incluyendo entonces todos los países de América Central[9]. En su momento, este proyecto surge como una iniciativa de México, que busca contribuir a la promoción del desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región centroamericana, con la cual los ya mencionados Estados del sureste mexicano comparten un conjunto de condiciones históricas, sociales y económicas que harían aconsejable la integración y el trabajo conjunto de ambas regiones.
Según información contenida en la página Web del PPP, éste se definió en su fase inicial como “una estrategia regional para potenciar el desarrollo económico, reducir la pobreza y acrecentar la riqueza del capital humano y el capital natural de la región mesoamericana, dentro de un contexto de respeto a la diversidad cultural y étnica, e inclusión de la sociedad civil”. De acuerdo con la misma fuente, “El Plan promueve la integración y el desarrollo regional, coordinando esfuerzos y acciones de los siete países de Centroamérica y los nueve estados que integran la región Sur Sureste de México, en la perspectiva de promover el desarrollo integral, así como la integración en aquellos temas que hagan posible que de manera conjunta, se creen bienes públicos regionales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes”, y comprendía ocho (8) distintas iniciativas específicas, cuyo liderazgo se encomienda a cada uno de los países que inicialmente conformaron el PPP[10].
Considera esta corporación que la adhesión de Colombia a estos acuerdos y su participación junto con los países fundadores en estas iniciativas es claramente pertinente. De una parte, por cuanto la Constitución Política alienta y promueve de manera general (art. 226) la colaboración en condiciones de equidad, reciprocidad y mutua conveniencia con otros Estados o sujetos de Derecho Internacional que persigan objetivos que resulten congruentes con los de nuestro país; de otra, por cuanto desde su mismo preámbulo, pero también en otras disposiciones (arts. 9° y 227, entre otros), el Constituyente expresó su especial interés por la vinculación de Colombia a las iniciativas de carácter regional y a la integración latinoamericana, que es precisamente el entorno geográfico dentro del cual se inscriben estas iniciativas.
En adición a lo anterior, es evidente que el logro de los objetivos que a través de estos acuerdos se perseguirán de manera conjunta entre los países miembros, tales como las mejoras en la infraestructura de transportes y comunicaciones, la más eficiente prestación de varios importantes servicios públicos mediante una mutua y activa interconexión, la promoción del desarrollo ambientalmente sostenible, la más adecuada atención de los desastres naturales, y en general, las mejoras a la productividad y competitividad de las economías locales, son finalidades claramente deseables y pertinentes dentro del marco de la Constitución Política de Colombia (arts. 2°, 58, 80, 333, 334 y 365 entre otros). De allí que resulta enteramente válida la asunción de compromisos internacionales encaminados al logro de tales finalidades.
Debe advertirse que esa acta fue objeto de varias adiciones y modificaciones, contenidas en el “Anexo que modifica el Acta que institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”[11], documento aprobado por la Comisión Ejecutiva del PPP en reunión efectuada el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de San José de Costa Rica. De manera general se observa que ese Anexo no incorpora nuevas materias, sino apenas adiciones o precisiones en relación con las originalmente tratadas, por lo que subsistiría el carácter parcial de la regulación allí contenida, al cual antes se hizo referencia.
La Comisión Ejecutiva del PPP[12] es un órgano colegiado, semejante a una asamblea general, en el cual tienen asiento representantes de los Jefes de Estado de todos los países miembros del PPP. Esta comisión estará liderada por dos co-presidentes, uno de los cuales será, de manera permanente, un representante de México, y el otro, de manera rotativa, un representante de alguno otro de los países miembros[13].
Por su parte, la Dirección Ejecutiva[14] es un órgano unipersonal, encargado de dar impulso y seguimiento permanente a los proyectos que los países miembros del PPP acuerden desarrollar, coordinar la agenda de la Comisión Ejecutiva y ejercer las demás funciones gerenciales y de representación necesarias para su adecuado funcionamiento. El artículo 8° establece su período y forma de elección y el 7° determina que su sede estará ubicada en la República de El Salvador. El acta establece también que la Dirección Ejecutiva del PPP funcionará dentro del Sistema de Integración Latinoamericana, para lo cual se prevé la necesidad de que se suscriba un acuerdo marco que establezca el alcance de la cooperación existente entre ambas instancias.
La Comisión de Promoción y Financiamiento del PPP[15]es un cuerpo conformado por los presidentes de varios organismos multilaterales de crédito de la región[16], cuyo objetivo es apoyar a los países miembros en la identificación y búsqueda de fuentes de crédito y de recursos de cooperación requeridos para adelantar los proyectos que dentro del marco de esta iniciativa se acuerde desarrollar. El acta aclara, sin embargo, que la contratación y administración de tales recursos es responsabilidad de los organismos competentes al interior de cada país miembro.
Por su parte, el Grupo Técnico Interinstitucional del PPP[17], integrado también por representantes de otras instituciones, incluyendo tanto organismos de la banca multilateral como centros de estudio sobre temas económicos[18], tiene el propósito de apoyar a la Comisión Ejecutiva en el estudio y definición de los proyectos a desarrollar.
Finalmente, el Consejo Consultivo del PPP[19] tiene por objeto propiciar y facilitar la participación de diversos actores sociales en la impulsión y el desarrollo de los proyectos que se decida adelantar. El artículo relativo a su composición (modificado por el Anexo) menciona algunas instituciones específicas con asiento en los países fundadores, pero también prevé la posibilidad de que hagan parte de este Consejo otras organizaciones, siendo potestativo de la Comisión Ejecutiva decidir sobre su admisión.
Por último, el artículo 18 (ahora 20) regula los temas relacionados con la entrada en vigencia de esta Acta, la posibilidad de su modificación por decisión de la Comisión Ejecutiva previa propuesta de uno cualquiera de los países miembros y la posibilidad de retiro del PPP por parte de alguno de éstos.
Este memorando fue acordado por los países entonces integrantes del Plan Puebla – Panamá en reunión realizada en la ciudad de Villahermosa (Estado de Tabasco) el 17 de mayo de 2005[20]. Su texto se compone de sólo seis artículos.
En la misma línea, los artículos 3° y 4° enuncian los objetivos específicos y las áreas temáticas prioritarias que la gestión del Consejo Mesoamericano para la Competitividad deberá tener en cuenta. El artículo 4° contempla la necesidad de elaborar un informe anual sobre el estado de la competitividad de la región, que permita hacer seguimiento a la labor cumplida y los logros alcanzados.
El artículo 5° contiene las reglas necesarias sobre integración y funcionamiento de este organismo. Establece esta norma que el Consejo estará conformado por un representante gubernamental de cada país, quien deberá ser el funcionario encargado del desarrollo de políticas públicas con efecto sobre el tema de la competitividad, además de un representante del sector privado con experiencia y compromiso en relación con este mismo tema[21]. De otro lado, señala que el Consejo deberá reunirse cuando menos cuatro veces por año, que será apoyado por una Secretaría Ejecutiva a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que su coordinación estará a cargo del Comisionado Presidencial para el Plan Puebla – Panamá en la República de Honduras.
El artículo 6°, sobre disposiciones finales contempla la posibilidad de introducir reformas al texto de este Memorando, para lo cual es competente el propio Consejo, integrado conforme a las reglas contenidas en el artículo 5°, que vienen de explicarse. También establece que aquél entrará en vigencia en la fecha de su firma, de la cual existe constancia en el texto incorporado a la ley sancionada y que la Corte Constitucional tuvo ocasión de examinar.
3.2.3. Del Adendum N° 1 al Memorando de Entendimiento para la institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) y el Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá (PPP).
La parte dispositiva del Convenio de Adhesión de Colombia al PPP (art. 1°) señala que por efecto de este documento el país es admitido como miembro de pleno derecho del PPP “en las mismas condiciones que los Estados que lo fundaron”. De manera reiterativa, los artículos 2° y 4° señalan también que Colombia ejercerá los mismos derechos y obligaciones de los demás países miembros y participará con voz y voto e igual iniciativa en todas las instancias de deliberación del PPP. Por su parte, el artículo 3° se refiere a la necesidad de que el Gobierno Nacional designe los representantes necesarios para actuar en los distintos organismos del PPP a que antes se hizo referencia. Por último, el artículo 5° advierte sobre el efecto inmediato aunque provisional de este documento, cuya definitiva entrada en vigencia se condiciona al pleno cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico colombiano.
De manera similar, la parte dispositiva del Adendum N° 1 al Memorando de Entendimiento constitutivo del CMC formaliza el ingreso de Colombia al seno de este organismo y hace mención de las obligaciones que por este hecho adquiere el Estado colombiano, entre ellas las de designar oportunamente a los representantes, tanto de parte del Gobierno como del sector privado que conforme al artículo 5° del documento constitutivo deben integrar el CMC.
En esta línea es pertinente recordar que algunas de las disposiciones ya estudiadas establecen incluso ciertos privilegios de mayor participación para el Estado mexicano[22] en las instancias decisorias de estos acuerdos, así como para los países centroamericanos[23]. En lo que se refiere a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del PPP, estas disposiciones implican para Colombia la imposibilidad de que un representante suyo pueda acceder al menos a uno de los dos cargos de la llamada co-presidencia de dicha comisión.
Finalmente, teniendo en cuenta que el texto de los acuerdos aprobados mediante Ley 1222 de 2008 reconoce y asegura en lo esencial la igualdad de derechos y obligaciones que deberá existir entre Colombia y los otros países miembros de estos organismos[24], en especial la posibilidad de participar con voz y voto en la totalidad de las decisiones que en el futuro se adopten, e incluso la de promover modificaciones a los documentos constitutivos, considera la Corte que las ya comentadas limitaciones no tienen entidad suficiente para comprometer la exequibilidad de estos acuerdos, ni tampoco plantean la necesidad de que al expresar el consentimiento del Estado colombiano el poder ejecutivo formule declaraciones interpretativas al respecto. En consecuencia, la Corte declarará la constitucionalidad de esos instrumentos, de tal modo que Colombia pueda convertirse en miembro de los mismos y hacerse así partícipe de las ventajas que ellos plantean para sus integrantes.
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el “Addendum N° 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) de 17 de mayo de 2005, suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Quinto: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006
Sexto: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1222 de julio 16 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ
[1] El interviniente presenta los objetivos de estas iniciativas de integración regional, los cuales incluyen temas de desarrollo humano, de desarrollo ambiental sostenible, de integración comercial y dentro de ella de mejoramiento de la infraestructura requerida, de promoción de la competitividad, de prevención y mitigación de desastres y de promoción turística de la región, entre otros.
[3] Contentivos de: i) la institucionalización del mecanismo del Plan Puebla Panamá; ii) el anexo que modifica dicha acta, y iii) el Memorando de Entendimiento que institucionaliza el Consejo Mesoamericano para la Competitividad.
[4] Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.
[5] El acta contiene constancia del voto negativo de 4 de los senadores presentes.
[6] En lo sucesivo, y tal como ocurre en muchos documentos oficiales del Plan Puebla – Panamá incluido el texto de los acuerdos aprobados, éste podrá denominarse simplemente PPP.
[7] Se trata de los Estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
[8] Información tomada, entre otras fuentes, de la intervención presentada dentro de este proceso de control constitucional, por el Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 59 a 71) y de diversas páginas Web, principalmente www.planpuebla-panama.org
[9] En efecto, según puede constatarse a partir del texto de estos instrumentos, son miembros de esta iniciativa las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
[10] Las ocho iniciativas a que se ha hecho referencia son: la energética, la de transporte, la de telecomunicaciones, la de turismo, la de facilitación del intercambio comercial, la de desarrollo humano, la de desarrollo sostenible y la de prevención y mitigación de desastres naturales.
[11] Segundo documento aprobado por la Ley 1222 de 2008.
[12] Regulada por los artículos 3° a 6° del acta original, y que por efecto del Anexo vienen a ser 4° a 7°.
[13] Según lo establece el artículo 5° de esta acta, ejercerá este encargo el país que ostente la Presidencia pro témpore del Sistema de la Integración Centro Americana (SICA).
[14] Regulada por los artículos 7° a 10° del acta original, y que por efecto del Anexo vienen a ser 8° a 11.
[15] Regulada por los artículos 11 y 12 del acta original, y que por efecto del Anexo vienen a ser 12 y 13.
[16] Incluye el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO).
[17] Regulado por los artículos 13 y 14 del acta original, y que por efecto del Anexo vienen a ser 14 y 15.
[18] Este grupo prevé la participación de los organismos de crédito mencionados en la Nota 14, además de otras instituciones tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (AICD), entre otros.
[19] Regulado por los artículos 15 y 16 del acta original, y que por efecto del Anexo vienen a ser 16 y 17.
[20] En lo sucesivo, y tal como se hace en el propio documento constitutivo, la Corte hará referencia al CMC para designar al Consejo Mesoamericano para la Competitividad.
[21] Esta misma norma establece que en el caso de México habrá dos distintos representantes, uno por el Estado Federal y otro que representará a los 9 estados del sureste que, según se explicó, conforman la región de influencia del PPP, así como dos representantes del sector privado provenientes de cada uno de estos niveles. Conforme a esta regla el Estado mexicano tendrá cuatro representantes en el Consejo mientras cada uno de los restantes países tendrá dos.
[22] Como ya se mencionó, México es el único país que tiene asiento permanente en la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá (art. 5°, ahora 6° del Acta) y de otra parte tiene derecho a doble participación que los demás países en la conformación del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (art. 5° del Memorando de Entendimiento).
[23] Conforme se establece en el artículo 5° (ahora 6°) del Acta, el otro co-presidente de la Comisión Ejecutiva del PPP provendrá del Estado centroamericano que ostente la Presidencia pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
[24] Con la sola excepción del aspecto a que se hizo alusión en las dos notas anteriores, relacionado con la imposibilidad de participar en la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del PPP.

References: artículo 241

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1
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 artículo 18

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 artículo 2

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 6
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 artículo 7

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Artículo 2
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 artículo 154
 artículo 157
 artículo 8
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