Source: http://lacorrientedeprensa.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2017-07-27 02:30:03+00:00

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Corriente de Trabajadores de Prensa: 2008
A dias de asumir la nueva/vieja comisión directiva surgida del más absurdo proceso electoral que recuerde la APT, les remitimos una nota por mesa de entradas para que quede constancia por escrito y, aunque más no sea, la historia se encargue de juzgarlos. San Miguel de Tucumán, 3 de Noviembre de 2008 Sres. Comisión Directiva de la APTPresente Causa indignación que el cuestionado estudio de abogados López Domínguez y Asociados siga asistiendo jurídicamente a la Asociación de Prensa de Tucumán y a su vez, asesore a patronales de los medios gráficos de comunicación cuando resuelven despidos compulsivos, ajustes o gambeteos a las leyes laborales. Así lo demuestra el solapado servicio que prestó López Dominguez en los despidos progresivos de compañeros de el periódico que se fueron ejecutando entre agosto de 2006 hasta noviembre de 2007. Esta vergonzosa contratación de la APT fue denunciada oportunamente por los que suscriben porque resulta intolerable y poco ético contar con un equipo jurídico que esta "de los dos lados del mostrador". Situación que nos somete a la indefensión gremial frente a las patronales, culpa de la actual comisión directiva de la APT responsable de la contratación de López Domínguez. Ante la necedad de quienes están obligados a preservar nuestros derechos laborales y a preservar la dignidad de trabajadores de prensa es que intimamos a ustedes a dar explicaciones públicas sobre esta irregular situación y exigimos: 1) El inmediato cese de las funciones del estudio pro empresario de López Domínguez como abogado del gremio de los trabajadores de prensa. 2) La inmediata investigación administrativa correspondiente a dilucidar la responsabilidad que a cada miembro de la Comisión Directiva le cabe en tan nefasta contratación y en la inacción frente a las denuncias realizadas en su oportunidad. 3) La inmediata comparecencia del abogado titular del estudio de marras para que explique tamaña falta de ética y fraude a la buena Fe de los trabajadores del gremio de prensa. 4) La denuncia correspondiente ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados. Un poco de historiaLuego de padecer climas laborales extremos, despidos masivos con causas inventadas para forzar acuerdos fuera de la ley, los trabajadores de el periódico resolvieron en la asamblea del 19 de diciembre de 2006 poner freno al atropello de la patronal y acudir a la APT para diseñar un plan de lucha. Hasta ese momento, muchos de los compañeros despedidos injustamente recibían lo que la empresa les ofrecía extrajudicialmente ya que –consultados- los "abogados del gremio" les aseguraban que dicha oferta era legal y adecuada. Así, el día miércoles 27 de diciembre de 2006 un grupo de compañeros despedidos de el periódico acudimos a la comisión directiva en pleno a fin de poner en su conocimiento la gravedad de los hechos en el semanario y solicitar la asistencia jurídica y gremial que el estatuto manda. De dicha reunión, además de los despedidos, concurrieron los delegados de la redacción, compañeros del semanario y compañeros de La Gaceta. Sin embargo, sólo recibimos en dicha reunión agravios proferidos por el señor secretario gremial y el secretario general que dieron crédito a supuestos dichos del ex director Luis Peña Critto acusando a los despedidos Julio Valenzuela y Ernesto Bruna de haber elaborado una lista de despidos. El silencio obsecuente del resto de los directivos de la comisión pareció avalar el descalabro gremial. Superando la bajeza de los dos directivos, y mediante nota presentada por Mesa de Entradas, el 28 de marzo de 2007, un grupo de trabajadores y despedidos de el periódico volvieron a notificarles de la dramática situación por la que se atravesaba en la redacción -con despidos masivos e incumplimientos flagrantes del Estatuto del Periodista (Ley 12.908), a la vez que se solicitaba una vez más la asistencia de la APT. El nulo accionar del gremio a pesar del clamor de sus trabajadores sumado a las acusaciones de los directivos Gijena y Gil difamando a los trabajadores como "culpables" de los despidos que ejecutó la patronal, nos llevó a pensar que algo más grave estaba ocurriendo más allá de la conocida necedad y pequeñez de los directivos en cuestión. Ingrata sorpresa nos llevamos al descubrir que el estudio jurídico autor de la veintena de despidos con causas inventadas en el periódico y que forzaba acuerdos extrajudiciales con costo bajísimo para la empresa, era el mismo que había sido contratado por el gremio que dice defender a los trabajadores En este sentido, y cumpliendo con un elemental deber para con nuestra institución les comunicamos tal grave falta de ética mediante nota ingresada por Mesa de Entradas el 5 de febrero del presente año y ratificamos el pedido de respuesta mediante carta documento del 25 del mismo mes. Tal comunicación indagaba sobre el patrocinio del abogado López Domínguez de la abogada del gremio Patricia Ruiz, a la sazón novia del directivo Ramio Rearte.Sin embargo, el estudio López Domínguez no sólo patrocinaba a la joven abogada sentimentalmente ligada al secretario de prensa de la APT, sino que pudimos constatar que nuestro gremio había contratado al mismísimo estudio jurídico del laboralista defensor de patronales como El Periódico, La Gaceta, y Alperovich Group entre otras firmas del medio. Por si alguno de ustedes no entendiese, en buen romance y por escrito les decimos: El gremio a través de su directiva y su cuerpo jurídico fueron cómplices de una maniobra empresaria tendiente a reducir drásticamente el plantel de la redacción de el periódico. Dicha redacción a agosto de 2006 era de unas 33 personas (sin contar el personal de administración) y a noviembre de 2007 era de tan solo 16 personas lo que muestra a las claras una reducción de más del 50% del personal (11 despidos acreditados sobre 33 trabajadores (33%) y 5 renuncias o alejamientos). Hemos conseguido acreditar, es decir tenemos las pruebas de las cartas documentos (cosa que ustedes ni siquiera intentaron), de la existencia de más de una docena de despidos en el periódico entre agosto de 2006 y noviembre de 2007. En todos los casos, las causales invocadas son vagas, imprecisas y a todas luces poco serias y van desde "falta de respeto", "desobediencia de órdenes impartidas" hasta la lacónica "motivos de reorganización" (en los casos de Campos y Bruna). Cecilia Rodríguez Rey CD 740906208 del 23 de agosto de 2006 (diseñadora)Carlos Quiroga CD 740906239 del 23 de agosto de 2006 (editor)Mariana Caro CD740906185 del 23 de agosto de 2006 (redactora)Orestes Arlatti CD 740906211 del 23 de agosto de 2006 (editor)Luis Peña CD 740906097 del 23 de agosto de 2006 (ex director)Julio Valenzuela (editor, despedido el 18 de diciembre de 2006)Ernesto Bruna CD del 28 de marzo de 2007 (redactor)Miguel De Bassols CD del 28/9/07 (diseñador)Adrianita Campos CD 908987743 del 24/10/07 (ex secretaria de el periódico)Juan Carlos Fernadez (redactor- despedido el 28 de marzo de 2007 )María Laura Espinosa CD 885769941 del 11/07 (ex secretaria de el "Grupo llaryora" )Antonio Canz (fotógrafo, despedido el 30 octubre de 2007)Máximo Olmos (corrector, despedido el 30 octubre de 2007). Sólo a título ilustrativo, el gremio permitió el absurdo de despidos en una empresa periodística donde el fotógrafo no saca fotos, el diseñador no cumple con los pedidos, el editor de una de las secciones más importante no sabe entregar las notas en tiempo y forma, el corrector no corrige, el director no dirige y "tiene trato irrespetuoso" vía mail (Carta Documento 740906097), la diseñadora falta el respeto en reiteradas ocasiones, y los periodistas en general son "desobedientes" y renuncian sin más -caso Erbetta, Colombres y otros pero que no llegaron a estar en blanco -. El dramático ajuste no supuso para los compañeros que todavía trabajan en dicha empresa periodística ningún cambio positivo en las condiciones laborales. Es más, la empresa se niega sistemáticamente a discutir mejoras salariales, adeuda aportes previsionales y hasta lo pagos de adicionales que prevé la Ley, que se incumplen desde siempre, entre otros conflictos. Facundo Pereyra Alejandro Díaz Publicadas por
"Hay remedios adulterados que pueden haber causado muchas muertes sin habernos dado cuenta nunca. Podrían ser cientas o miles. No sabemos", señalaron los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, al ser consultados por La Nación. Desde hace 11 años, ambos investigan la falsificación y la adulteración de remedios que engruesan 550 causas (para acceder a la nota de La Nación, hacé clic en el título).Nuestra insistencia por saber qué pasa con la Obra Social de Prensa tiene que ver con la salud de los trabajadores afiliados. No se trata sólo de saber si hubo negociados, retornos y otras cosas que se están comprobando en otras provincias a partir de la relación entre los empresarios asesinados en General Rodríguez y las obras sociales sindicales.Exigimos respuestas claras de cara a todos los afiliados. Con la vida no se juega...¡BASTA DE SILENCIO!
Ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de informes realizados a la conducción de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, la Corriente recurrió a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.Sólo queremos conocer los detalles de la relación entre nuestra Obra Social y los laboratorios de los empresarios asesinados en General Rodríguez.Tal como lo venimos haciendo desde febrero, exigimos respuestas sobre los vínculos existentes, dado que resultan llamativos por la forma en que se establecieron, y mucho más a la luz de los asesinatos y la supuesta relación con el narcotráfico de estos empresarios.Es inadmisible que un gremio que viene bregando por el libre acceso a la información oculte detalles del funcinamiento de la organización que atiende la salud de los afiliados y sus familias.
El pedido de informes dirigido a Oscar Gijena (foto) esta tarde fue recibido, pero la copia no fue sellada por la recepcionista de la sede gremial. Ella argumentó haber recibido una "orden del primer piso". De todos modos, consideramos que la publicación en este blog se constituye en una presentación formal, del mismo tenor e importancia, aunque con mayor gravedad que las efectuadas en febrero pasado. En llas se exigían respuestas sobre la relación entre los directivos de la Obra Social de Prensa y las empresas de los empresarios asesinados en General Rodríguez, entre otras.San Miguel de Tucumán, 2 de septiembre de 2008 Al Secretario General de la APT y presidente de la Obra Social del Personal de Prensa de TucumánSr. Oscar GijenaPresente Después de 4 muertes que escandalizan al país y que han puesto al descubierto redes de narcotráfico, inmensos negociados con medicamentos y millonarios subsidios a obras sociales sindicales por sospechosas campañas de prevención o por tratamientos a afiliados fantasmas; es que repudiamos su silencio como única respuesta a los pedidos de informes oportunamente presentados en tal sentido.En efecto, en dicha solicitud –nunca contestada por usted y las comisiones directivas de la APT y la OSPPT- exigimos se nos informe acerca de las contrataciones directas y sin licitación entre usted y la empresa Seacamp- Bairesmed –propiedad del asesinado Sebastián Forza- por la provisión de medicamentos oncológicos con presuntos sobreprecios e irregularidades. Dicha contratación –que sólo lleva su firma en contra de lo que prescribe el estatuto de la obra social-, no habría sido siquiera producto de un cotejo de precios y se pasó por alto las advertencias del entonces gerente sobre las causas penales del titular de la firma y/o las causas contra dicha firma ante las autoridades nacionales.Más grave aún es su silencio si se comprueba que usted le cedió sin fundamentos los derechos de cobro ante la Superintendencia de Salud a la firma del asesinado Forza o sus socios, tal como lo prueba el convenio suscripto con la firma Romalá en 2005–cuando ésta ya denotaba públicos negociados con medicamentos y adulteración de los mismos y contra lo resuelto por la ANMAT-.Su silencio, nos ha llevado a intimarle mediante carta documento para obtener una información que NOS PERTENECE A TODOS LOS AFILIADOS.Por eso, una vez más le conminamos a hacer efectiva la respuesta institucional que exigimos oportunamente repudiando el conculcamiento de nuestros más básicos derechos como afiliados de ambas instituciones que venimos padeciendo, agigantando de este modo las fuertes sospechas que tenemos sobre una inmensa corrupción en el manejo de los fondos de todos los que aportamos a la APT y su obra social.Por eso nos dirigimos a usted en su doble condición de titular de la Asociación de Prensa y de su Obra Social, siendo usted el máximo garante institucional y por lo tanto lo hacemos responsable de las consecuencias futuras que para nuestra entidad ha tenido la deslenable conducta de no informar a los afiliados, entre otros muchos puntos, sobre la contratación que usted realizó con el asesinado Sebastián Forza, titular de Bairesmed y/o sus socios.En tal sentido le recordamos que es su obligación estatutaria el dar curso a los pedidos de informes que oportunamente hiciéramos llegar por escrito y por mesa de entradas tal y cual lo prescribe el estatuto de la APT.Sin otro particular, nos despedimos esperando se tome nota de la gravedad de la situación a la que ha llevado a la APT.* El pedido de informes lleva las firmas de Facundo Pereyra y Alejandro Díaz.
El presidente de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena, ya no puede ocultar la relación de negocios que mantuvo con el grupo empresario vinculado a la mafia de los medicamentos. Así quedó evidenciado en sus declaraciones al diario La Gaceta cuando fue consultado por el convenio que rubricó Gijena con Sebastián Forza, uno de los socios de la droguería Seacamp, implicada en el caso del triple asesinato de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.La relación de Forza y Gijena viene de más atrás. El empresario asesinado era socio de Rubén Romano, titular de la droguería Romalá y Prefarm que fueran denunciadas por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, por sobreprecios y la venta de medicamentos oncológicos adulterados al PAMI.La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud en 2005 de robar medicamentos oficiales y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios de la Superintendencia de Salud.Forza y Romano contaban con una red de droguerías que les permitía burlar los llamados a licitación o los cotejos de precio. Ambos empresarios eran titulares de la firmas Seacamp SRL, Romalá, Prefarm y Bairesmed. Todas inscriptas en el Anmat que pugnaban en cotejos de precios ficticios para quedarse con los negocios de la venta de medicamentos a diversas obras sociales sindicales, además del Pami.Según denuncias que investiga la Justicia, y que en varias oportunidades publicó el diario La Nación, "existe en el sistema de salud una rutina de saqueo de los recursos de las obras sociales a través de la elaboración de expedientes apócrifos sobre tratamientos de cáncer, hemofilia o SIDA a pacientes inexistentes. La Superintendencia de Capachiolli paga los subsidios previstos para esas terapias costosas. La operación se ampara en que en los padrones de las obra sociales figuran como asociados quienes han dejado de serlo. El fraude sería inviable sin la participación de sindicalistas, dicen en el Ministerio de Salud. Algunos hasta delegan de manera sistemática en las droguerías el cobro de los subsidios que otorga la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud".Este es el caso de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán. Oscar Gijena, su titular, rubricó el primer convenio con la mafia de los medicamentos el 2 de noviembre de 2005. Así lo testimonia el contrato por el cual la OSPPT le cede a la firma Romalá (Forza-Romano) "todos los derechos y acciones del cobro de subsidios reconocidos por la Administración de Programas Especiales (APE)…".Por este acuerdo, la OSPPT entregó a Romalá SRL el padrón de beneficiarios comprendidos en el convenio (pacientes oncológicos, SIDA, etc) "con los datos que resulten necesarios a los efectos de llevar a cabo las pertinentes presentaciones ante la Administración de Programas Especiales (APE)".El acto fue refrendado por escribano público bajo el acta notarial Nº 00189217 y cuenta la firma de Gijena y del apoderado de Romalá SRL, Diego Andrés Romano, hijo de Rubén Romano, el socio de Sebastián Forza. Causa curiosidad la ausencia de otras firmas. Según lo establece el Estatuto de la Obra Social de Prensa de Tucumán, los convenios con los prestadores deben ser rubricados por el presidente y el vicepresidente de la institución para su validación. En esta ocasión, la rúbrica del vicepresidente de la OSPPT, Luis Urtubey, no existió y por lo tanto aquel convenio carecía de legitimidad, pero igualmente se aplicó.Días después, el 29 de diciembre de 2005, las droguerías Romalá y la droguería San Javier ("una droguería más" de Forza, al decir de Gijena), fueron denunciadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por la presunta adulteración de medicamentos oncológicos. Y el 19 de enero de 2006, en plena vigencia del convenio Romalá-Gijena, la ANMAT le prohibía a Seacamp, bajo la razón social Bairesmed el "tránsito interjurisdicional de especialidades medicinales". Es decir, mientras le prohibía comercializar medicinas fuera de la Capital Federal, mantenía su convenio con la Obra Social de Prensa de Tucumán, pero bajo la figura de otras de sus firmas: Romalá SRL.Mientras tanto, Bairesmed fue allanada el pasado 8 de mayo como parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, en la causa caratulada Nº 43981/07 Droguería Bairesmed s/delito de acción pública.El factor OcañaEl sistema de cesión de derechos de cobros a favor de las droguerías se mantuvo casi inalterable hasta finales de 2007, cuando comenzaron a estallar las denuncias en el Pami y en el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Fue entonces que Graciela Ocaña ordenó prohibir este tipo de facturación y decidió la "revocación de esa cesión de derechos" a las firmas Seacamp, Romalá y otras tantas droguerías sospechadas de haber cancelado por esta vía órdenes de pago por 13 millones de pesos en los últimos dos años. Según informó La Nación el pasado 22 de enero, después de una minuciosa indagación que realizó la ministra Ocaña, quedó al descubierto una controvertida decisión de Héctor Capaccioli (foto), el superintendente de Salud, quien hasta el 27 de diciembre del año pasado llevaba distribuido unos 47.744.000 entre un grupo de obras sociales. El reparto se justificó en la necesidad de solventar programas de prevención de enfermedades que van desde el cáncer de mama hasta el tabaquismo, de difícil verificación.Otro contrato y van…En el nuevo contrato que rubrica el 1 de marzo de 2007, Oscar Gijena, con la droguería Seacamp SRL, de Sebastián Forza, la modalidad de pago cambia. Ahora la OSPPT pagaría directamente a la droguería los medicamentos solicitados. Hasta previa un reconocimiento de un 10% más del valor de los remedios, cuando se verificara una suba en el mercado general de medicamentos (sic).La firma de este nuevo convenio, esta vez con el empresario asesinado vinculado a los carteles mexicanos de la droga, se realizó en Capital Federal. Otra vez, el vicepresidente de la Obra Social de Prensa fue dejado de lado en la firma del convenio. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos internos por el carácter informal que tenía el contrato y por los antecedentes de Sebastián Forza y su grupo de droguerías. Al poco tiempo, Gijena comenzaba un inesperado descabezamiento de la línea de controles internos de la OSPPT. Primero, el gerente Administrativo, fue obligado a irse. Luego vino el despido del empleado de mayor antigüedad en la Obra Social y la separación de sus cargos de los jefes de Facturación y Prestadores. Más tarde, Gijena decidió la finalización del contrato de auditoria externa que realizaba el estudio de contadores Godoy, desde hace más 10 años. Según fuentes de la institución, Gijena no confía en nadie más y ahora él mismo realiza las "transferencias" para el pago a los prestadores.
Los coletazos del triple crimen de General Rodríguez parecen estar llegando a Tucumán. El diario Clarín confirma en su edición de hoy (http://www.clarin.com/diario/2008/08/31/policiales/g-01749908.htm) que nuestra Obra Social operaba con los laboratorios y empresas de los asesinados. En febrero lo preguntamos, y seguimos exigiendo respuestas. Ahora más que nunca es necesario que se den explicaciones.El pedido de informes formalizado por la Corriente en febrero, y aún no contestado, dice así: “11) Listado de proveedores regulares de la APT y su Obra social. Se informe también el número y monto de contrataciones directas -si las hubiere- y su correspondiente autorización administrativa en la que se exprese los fundamentos de esta modalidad elegida. Además, con especial énfasis solicitamos puntualmente se nos remita copia del contrato con la firma BAIRES MED, proveedora cuasi exclusiva de medicamentos oncológicos ya que tenemos conocimiento de que se habría contratado dicha empresa sin un previo cotejo de precios con otras similares del mercado y se estarían pagando sobreprecios por un servicio plagado de demoras y/o faltantes en la remisión de los medicamentos”.RESPUESTAS YA!
El diario Crítica de la Argentina explica bastante bien cómo era la operación entre laboratorios, Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación y las obras sociales. Las firmas que proveen medicamentos a nuestra Obras Social aparecen todos.Hacé clic en el título
CLARINDomingo 31Agosto 2008PolicialesLOS VINCULOS COMERCIALES DE FORZA CON LAS OBRAS SOCIALES DEL SINDICALISMO También negociaba con los gremios Sebastián Forza tenía un modus operandi para hacer negocios con los sindicatos: firmaba con las obras sociales un acuerdo de cesión de los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) por planes de medicamentos contra el sida y otras enfermedades complejas a favor de su empresa Seacamp.En otras palabras, se comprometía a suministrarles los medicamentos a cambio de los futuros pagos de la APE, que depende del superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y maneja $ 350 millones por año.Históricamente, algunas obras sociales, además de dar medicina gratuita a los trabajadores, han sido una "caja" de los sindicalistas para hacer política o negocios. En principio, el negocio era conseguir los costosos medicamentos contra el sida, el cáncer y otros a precios bajos y luego cobrar a precios más altos según el vademécum de la APE. Otra maniobra era directamente falsear entregas. En febrero del año pasado, por ejemplo, Forza firmó un acta con la Obra Social Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, revelaron fuentes oficiales a Clarín. Luego con esa acta se presentaba ante la ventanilla de la APE y cobraba los pagos que le correspondían a la obra social. En su carta de referencias comerciales, Forza afirmó haber tenido de clientes a las obras sociales del personal de Sanidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Panaderías, Yacimientos Carboníferos, Prensa de Tucumán, Trabajadores de la Carne, mutual de empleados bancarios y UOM. El año pasado, luego de un lapidario informe de la SIGEN, se descubrió que importantes obras sociales no habían presentado la documentación respaldatoria de la compra de medicamentos con 330 millones de pesos de la APE. Este año se recuperaron 50 millones de pesos que se habían dado como adelanto y las obras sociales nunca terminaban de acreditar como gastos reales de salud.A principios de este año, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al actual titular de la APE, Juan Rinaldi -un abogado vinculado a Hugo Moyano- que prohibiera este tipo de acuerdo de cesión de facturación, como el de Mendoza. Por la revocación de esa cesión de derechos con Seacamp, droguería Romalá y otras se cancelaron órdenes de pago por 13 millones en los últimos dos años
La jueza Delicia Legname interrogó al veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación en la cuestionada Asamblea del 17 de mayo pasado. El funcionario confirmó una vez más que no verificó si los asistentes están afiliados a nuestro gremio. Ese es un requisito que prevé el Estatuto, y deben ser primero las autoridades gremiales las que tienen que verificar si los presentes son miembros con pleno derecho. Esa Asamblea es la que eligió una Junta Electoral funcional a los intereses de perpetuidad del gijenismo y que nos dejó afuera de este proceso viciado desde el comienzo. Es la que cuestionamos porque no dio garantías de transparencia, democracia y participación. Y si se obvio el paso de identificación, es porque algo está tratando de ocultarse. ¿Tendremos razón en que el padrón fue inflado? ¿En que el clientelismo es el que sostiene a estos dirigentes? Si no es así, ¿por qué los directivos siguen negándose a responder el pedido de informes que presentamos en febrero? Esa requisitoria apuntaba, además de a conocer detalles sobre supuestos manejos arbitrarios de los recursos de nuestra Obra Social, a descubrir quiénes son los nuevos miembros del gremio, y en qué condiciones fueron incorporados.Hay una ley (varias, en realidad) que debe ser cumplida. La Justicia tiene la palabra.
Por Alejandro Díaz* .- No nos equivocamos al cuestionar la elección de la Junta Electoral en la escandalosa asamblea del 17 de mayo pasado porque en aquel momento ya advertimos que el señor Gijena y sus acólitos firmaban el acta de defunción de la democracia interna en la Asociación de Prensa de Tucumán.El viciado cronograma electoral al final nos dio la razón. Pero la decisión de la Junta Electoral de no oficializar la Lista Naranja-Corriente de Unidad se evidenció mucho antes de emitir su resolución el viernes 6 de junio pasado.Cuatro días antes, el martes 3 de junio, los miembros de la Junta en pleno (Felix Mothe, Radio Universidad; Luis Monti, El Siglo; y Rafael Medina, Canal 46), por unanimidad habían resuelto la oficialización de la lista oficial a pesar de las impugnaciones sobre nueve (9) candidatos que había interpuesto la Lista Naranja. Eso sí, en el mismo acto, observó la inclusión de tres de nuestros candidatos y nos negó la oficialización.La vehemencia del escrito de la Junta resultó sorprendente y al mismo tiempo contradictoria: a su entender, el Estatuto de la APT resulta "implacable" para dejar fuera de carrera a candidatos de la oposición y "flexible" para desestimar cuestionamientos contra los representantes de la lista oficial.Elástica decisión que puso al desnudo la omisión directa del Estatuto de la APT a la hora de valorar la calidad de los candidatos de la lista de Gijena.La Junta puso énfasis en la consulta de instrumentos legales (Libro de Actas, Padrón de Afiliados y hasta recibos de cuotas gremiales, entre otros elementos) para probar el derecho que les asistía a los candidatos impugnados del gijenismo. Sin embargo, en su resolución NO consta el detalle de cada uno de los elementos probatorios que dijo analizar y mucho menos de las copias de esa documentación. Si hubieran incluido a Carlos Cisneros (ex directivo de la Asociación Bancaria) en la lista oficial por ejemplo, seguro que también se hubiera aprobado.Mientras se consumaba el ocultamiento y el guiño a Gijena, con un descaro nunca antes imaginado, sonaban "los aprietes" y amenazas contra candidatos de la Lista Naranja. Una suerte de estrategia de pinzas sobre la lista opositora para intentar por todos los medios despejar el camino hacia el control absoluto del gremio de prensa y su obra social.Todavía los autores de esas repudiables acciones están intentando explicar lo inexplicable.Una posible respuestaMothe, Monti y Medina han sido instrumentos de la maniobra antidemocrática del gijenismo. Han avalado con sus firmas las resoluciones que fueron escritas en el estudio del asesor legal de la APT, José Díaz, violando su propio reglamento de funcionamiento. A qué otra conclusión se puede llegar si la Junta de Gijena se reúne a puertas cerradas con el abogado Díaz y deja fuera al apoderado de la Lista Naranja.Félix Mothe reconoció el pasado lunes 9, que esperaba contar con la opinión del abogado Díaz, antes de entregarnos una resolución contestando un pedido que habíamos realizado en defensa del derecho de nuestros candidatos a presentarse en las próximas elecciones gremiales.El gaff de Félix Mothe reveló su DEPENDENCIA del Gijenismo y echó por tierra cualquier otra indulgente consideración sobre su persona y sobre los años de respeto profesional y docente. No estuvo bien que la Junta decida apelar a una de las partes (la Lista oficial) para saber qué le va a contestar a la otra (la Lista Opositora).José Díaz es un especialista en proscripciones electorales. Las agrupaciones opositoras en el gremio de ATEP pueden dar fe de ello. El letrado trabaja para César Américo Zelarayán y para la actual conducción gremial de ATSA. Dos gremios en los que también se ha vedado la participación electoral de la oposición: un récord lamentable.Tal como se le señaló al presidente y su vocal (Luis Monti) ellos tenían la potestad de nombrar a un asesor legal para evacuar sus dudas o realizar consultas. Y lo podrían haber hecho dictando una resolución que informe a las partes la decisión tomada por las autoridades del proceso electoral. Claro que un conato de independencia iría en contra de los intereses del gijenismo que custodia de cerca las resoluciones de la Junta, "su Junta", con el Grupo 0 de la Policía Provincial.Los jueces dicen, hablan por sus sentencias. Esta Junta Electoral habló por sus resoluciones redactadas por el gijenismo. A las pruebas no remitimos.(*) Apoderado de la Lista Naranja Corriente de Unidad.
El irregular proceso electoral que promovió la actual conducción de nuestro gremio y los cuestionamientos que venimos realizando ante las autoridades pertinentes NO PUEDE NI DEBE POSTERGAR el pedido de informes sobre la actual situación de nuestra obra social. Son muchas las dudas y los interrogantes sobre la gestión que lleva adelante el señor Oscar Gijena al frente de la OSPPT, un patrimonio de todos los afiliados a la Asociación de Prensa, que despierta una fuerte preocupación por la evidente caída en la calidad de los servicios de salud e incertidumbre sobre su futuro inmediato. Es por ello que queremos respuestas por las sospechosas contrataciones de personal y consultoras o pagos extraordinarios autorizados a dirigentes de gremio y obra social. Necesitamos saber si la OSPPT hace donativos a la fundación que presiden Oscar Gijena, Héctor Heredia y Domingo Gil; o si alguna vez se logró cobrar las deudas de aportes de obra social de las empresas periodísticas (especialmente El Siglo y El Tribuno), entre otros detalles. Además, debe aclararse definitivamente si el señor Gijena firmó un convenio con un laboratorio oncológico (Bairesmed) sospechado de una estafa millonaria contra el Estado Nacional y cuyo titular fuera denunciado penalmente por la ex interventora del Pami, Graciela Ocaña, por amenazas de muerte. Este hecho exige conocer si nuestra obra social fue también víctima de la maniobra delictiva de Bairesmed o si sus dirigentes terminaron siendo cómplices de estos oscuros personajes. Con un clik en el título, conocé los 22 puntos del pedido de informes sobre la gestión Gijena en la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (OSPPT) que fuera presentado por la Corriente de Trabajadores de Prensa en febrero de 2008, y ratificado luego por carta documento. Todavía no hubo respuestas (sólo una carta documento contra dos integrantes de la Corriente).
La opositora Lista Naranja - Corriente de Unidad fue proscripta. Mediante maniobras poco claras, que se condicen con la arbitraria negativa a exhibir los padrones que fueron “inflados” deliberadamente, la conducción de la Asociación de Prensa de Tucumán pretende mantenerse perpetuamente en el poder del gremio y de la Obra Social.En los últimos días, varios candidatos de la lista Naranja, especialmente mujeres trabajadoras de prensa, fueron objeto de amenazas y extorsiones para que renuncien a sus lugares en la nómina. El argumento de la Junta Electoral, elegida en una Asamblea sospechada de haberse concretado allí serios vicios de ilegalidad, se fundamenta en la renuncia a último momento de una compañera, lo que coartó las posibilidades de que fuera reemplazada.A esto debe sumársele la campaña de desprestigio personal de los candidatos de la oposición, con falacias o aspectos de sus vidas privadas. Estas prácticas deplorables de la conducción gremial demuestran una vez más el poco apego a las leyes, a la democracia y a la transparencia, ya que con la proscripción de la Lista Naranja - Corriente de Unidad, creen estar garantizando su continuidad en los cargos.La Lista Naranja - Corriente de Unidad anticipa que, además de haber hecho un planteo formal ante la Junta Electoral en busca de igualdad de oportunidades en la contienda, continuará con las acciones legales iniciadas, hasta alcanzar la transparencia necesaria para que el proceso electoral se desarrolle de la forma más democrática posible. No vamos a parar acá.
A las que representamos supuestamente al sexo débil nos consideraron un blanco fácil de presiones y amenazas con la intención de hacernos desistir de nuestra participación dentro la lista Naranja Corriente de Unidad. Con llamados, mensajes de textos y mails trataron de intimidarnos para que “repensemos” nuestra candidatura. Caballeros: tendremos polleras, pero no nos faltan las agallas para luchar por nuestras convicciones y nuestros deseos de cambio dentro de un gremio por el que hoy no nos sentimos representadas.Tomando de ejemplo a grandes mujeres que dieron batalla por aquello que consideraron justo, nuestra intención no es destruir sino sumar y construir.Queremos al igual que todos un gremio fuerte, participativo, representativo y combativo contra los grandes males que aquejan al trabajador de prensa.No hacemos discriminación por ser del norte o del sur, de derecha o izquierda, de radio, televisión o diario, por ser hombre o mujer. Nosotras buscamos igualdad y participación.Somos trabajadoras de prensa que todos los días damos la cara a la sociedad, estamos convencidas de que podemos marcar la diferencia. Apostamos a ello y por eso es que participamos.Es verdad, somos mujeres pero no nos subestimen.Las mujeres de la Lista Naranja-Corriente de Unidad
Asamblea de afiliados a la APT, 17 de mayo de 2008:- ¿Se quieren identificar para cumplir con la ley?- Noooo!- Bien, gana la no identificación por el 90 %. Esto es democracia!¿Quién puede garantizar que los que eligieron a la Junta Electoral no eran enviados de las patronales o del gobierno para perjudicar al gremio por su compromiso con los trabajadores? Por, eso, el Estatuto establece que los asistentes a una Asamblea deben identificarse.
La Lista Naranja - Corriente de Unidad presentó un recurso de amparo ante la Justicia solicitando la impugnación de la Asamblea que eligió a la Junta Electoral.Con un clic en el título conocé todos los detalles
La APT habría recibido un generoso donativo de la empresa El Tribuno. Se trataría de algunos aparatos para ver y escuchar buenas películas, y serían sorteados en la fiesta del Día del Periodista. Eso es ilegal, lo dice el Estatuto de la APT.Sres. directivos, si hacen clic en el título, accederán a ese documento que tiene fuerza de ley (es el artículo 84, al final).
El gremio de los trabajadores de la comunicación de Tucumán nos incomunica. No sólo hace oídos sordos a los pedidos de información sobre el estado de cuentas, beneficios especiales o el padrón de afiliados, sino que les ponen trabas a quienes tienen algo para decir.Empleados de La Gaceta le habían solicitado a los delegados que se hiciera una asamblea en el diario para saber qué ocurrió con Silvio Jaime, el empleado de la Obra Social despedido hace siete días. Los delegados gestionaron la autorización correspondiente, hicieron la convocatoria e invitaron a Jaime para que dé su versión de lo ocurrido.Pero horas antes de la realización de la asamblea, el personal de seguridad de la empresa avisó que no había autorización para la reunión. Extraoficialmente se supo que dos directivos de la APT pidieron que se impida la realización de la asamblea, y La Gaceta, para evitar quedar en medio de una supuesta puja gremial, retiró el permiso.Para los empelados de La Gaceta conocer los detalles de lo ocurrido con Jaime es importante. Lo conocen desde que atendía solo la pequeña oficina gremial en Congreso al 800. Su padre fue empelado de la empresa, y su hermano sigue trabajando en el diario. Por eso, y por los rumores que circulan respecto de los motivos de su despido, era necesario escucharlo. Muchos pretendían que después de esta reunión, se hiciera una similar con autoridades de la O.S., para conocer las dos campanas. Pero para los directivos, evidentemente, cuanto menos se hable de lo que hacen, mejor.
Cuatro compañeros renunciaron a sus trabajos en El Siglo la semana pasada. La lista de “autodespedidos” en los últimos meses llegó a ocho personas. Los motivos son varios, pero el detonante es el incumplimiento de la empresa en el pago de los sueldos (a algunos les sigue pagando las cuotas del salario de enero).Los sueldos, que son extremadamente bajos, y las condiciones laborales en general siguen minando el producto y la salud de los compañeros.La Asociación de Prensa, ante esto, sigue mirando para otro lado, con lo que la empresa sostiene su política de reducción y achicamiento para evitar los despidos y las indemnizaciones que debería pagar. Ahora tiene el consentimiento tácito de la dirigencia gremial.¿Qué pensarán los trabajadores de El Siglo? ¿Cómo se sentirán al saber que en otras empresas se están consiguiendo aumentos salariales, el algunos casos con al acompañamiento o la dirección del gremio?Mientras tanto, los directivos gremiales, con Oscar Gijena a la cabeza, se adjudican logros que no les corresponden, como el del incremento salarial en La Gaceta, donde la negociación estuvo por romperse a instancias del secretario general de la APT y una encendida vehemencia combativa demasiado diferente a la que muestra en El Siglo, donde alguna vez trabajó.
Las respuestas sobre el destino de los recursos económicos de la obra social siguen sin llegar. Los pedidos de informes formales y las denuncias documentadas no tuvieron réplicas por parte de las autoridades de la institución y de nuestro gremio.Pero sí acusó recibo de la situación la médica Cecilia Ousset, empleada de la obra social y cuñada de su presidente, Oscar Gijena. Mediante cartas documento dirigidas a Alejandro Jade Díaz y Facundo Pereyra, integrantes de la Corriente, entre otros, aclaró que efctivamente recibió préstamos de la entidad (ver nota “Para Gijena, lo primero...”), y que está pagando regularmente las cuotas.La aclaración de la médica obstetra es bienvenida y tranquiliza. La obra social recupera el dinero que presta... Pero, ¿es una obra social o una financiera para amigos y parientes de los directivos? ¿A cualquier afiliado le prestarían tanto dinero?En ningún momento la Corriente, ni sus integrantes, cuestionaron la capacidad profesional de Ousset, ni puso sobre ella manto de sospecha alguno respecto de su persona su honorabilidad y su honor profesional. Se puso en conocimiento público una situación que tendría a los dirigentes como responsables del manejo aparentemente arbitrario y discrecional de los recursos que nos pertenecen a todos los afiliados.
La caza de brujas tiene su primera víctima: Silvio Jaime fue despedido
Venimos informando hace varios días sobre la caza de brujas contra empleados de nuestra obra social, a partir de las denuncias que venimos formulando, y de situaciones que se están dando desde hace varios meses en el seno de la institución.Primero renunció Marcos Leiva, quien como gerente administrativo de la O.S. fue uno de los pilares del crecimiento de la entidad.Hoy echaron a Silvio Jaime, un empleado con 24 años de antigüedad. Los motivos que le dieron en el telegrama de despido muestran, una vez más, la arbitrariedad y la impunidad ocn la que se manejan estos dirigentes: que no fue a su lugar de trabajo, cuando nunca le habían notificado desde cuándo se haría efectivo el traslado a una sucursal (en represalia por no callarse ni hacer todo lo que le exigían) y por haber dicho esas cosas en una reunión entre empleados y directivos.Es lamentable que Silvio no tenga quién lo defienda, ya que es afiliado a la Asociación de Prensa de Tucumán, que es la dueña de la O.S. que lo dejó sin trabajo.Insistimos en que los directivos del gremio deben dar respuestas a nuestros pedidos de informes.QUEREMOS SABER LAS RAZONES DE ESTE DESPIDO.QUEREMOS SABER QUE PASA CON EL DINERO DE TODOS.
Ante la caza de brujas iniciada contra algunos trabajadores de la Obra Social de Prensa que fueron removidos de sus puestos como represalia de los directivos, sus familiares organizaron una protesta para el lunes a las 10, en la sede gremial de Junín 775.La Corriente de Trabajadores de Prensa apoya esta iniciativa y convoca a los compañeros de todos los medios a sumarse al reclamo en contra de estas sanciones solapadas y arbitrarias que no hacen más que seguir sembrando dudas sobre el manejo de los fondos de la Obra Social y el gremio.Exigimos respuestas a los pedidos de informes que venimos presentando para saber qué ocurre con el dinero de todos, y el cese de la persecusión y los aprietes a los empleados de nuestra entidad y a los compañeros que demuestran simpatía o adhesión con la Corriente.INFORMATE Y PARTICIPA. ES TU DEBER, ES TU DERECHO.EL LUNES A LAS 10 EN JUNIN 775
En lugar de dar respuestas sobre las denuncias que venimos realizando por el manejo arbitrario y espúrio de nuestro gremio y de la obra social, la Comisión Directiva de la APT resolvió tomar medidas contra algunos empleados de nuestra obra social después que nuestro blog publicara documentación oficial de la OSPPT que acredita dos casos de "curiosa arbitrariedad". Gijena, el principal involucrado, está desesperado por saber quién filtró esa información y ahora carga contra los jefes de área de la obra social removiéndolos de sus funciones para asignarles tareas menores. Pero la decisión no fue sólo de Gijena; también el resto de la Comisión Directiva dio su acuerdo para esta "caza de brujas". En vez de buscar conspiradores a su alrededor, Oscar Gijena y el resto de los directivos deberían comenzar a explicar qué hacen con el dinero de todos. Este tipo de práctica oscurantista demuestra que la burocratización de los dirigentes sigue alejándolos de la realidad. Están demostrando que asimilaron las peores prácticas de las patronales, y eso explica la inacción gremial para resolver los problemas concretos de los trabajadores de la mayor parte de los medios de la provincia.Formalmente hicimos dos pedidos de informes y denuncias (con copias de la documentación que probaría desvíos de fondos, entre otras cosas), sin respuesta alguna. Llamamos a los afiliados al gremio y a la obra social a estar atentos ante esta cacería de brujas que se inició en contra de los trabajadores de nuestra entidad social, y a seguir exigiendo claridad y transparencia en la administración de nuestro patrimonio y de nuestra salud.LA OBRA SOCIAL Y EL GREMIO SON DE TODOS. TENEMOS QUE DEFENDER LO QUE NOS PERTENECE.
La familia del secretario General de la APT, Oscar Gijena, goza de privilegios extraordinarios en nuestra Obra Social, que él preside: préstamos especiales, facturaciones exorbitantes y hasta atención médica gratis para un pariente político figuran entre las gracias que autoriza Gijena. Si querés más información, hacé clic en el título
Justo en una semana en la que los trabajadores de prensa de El periódico comenzaron con un fuerte reclamo salarial hacia los directivos de esa empresa periodística, la cobertura del fallo de la Justicia que dejó sin efecto la intervención en Canal 10 en las páginas del semanario puso en evidencia una vez más, las carencias y el estado de precariedad en el que se desarrollan la tareas en la empresa de Alberto Llaryora.La medida judicial que tomó estado público el entre el jueves y el viernes de la semana pasada motivó una cobertura especial y el escaso personal de el periódico (diagramadores, periodistas y fotógrafos), comprometido con su labor periodística realizaron una maratón laboral que en algunos casos, incluyó hasta 16 horas de trabajo en una sola jornada: suerte de "paro a la japonesa", que demostró el compromiso de los trabajadores con el producto y que espera el debido reconocimiento por parte de la patronal a la brevedad.Los empleados insistieron en una suba salarial urgente del 25% que debería hacerse efectiva con los sueldos del mes de abril y el pago de los adicionales por ley adeudados (presentismo, título y asistencia perfecta, entre otros) que nunca liquidó la empresa a sus trabajadores, además del resto de las deudas sociales y provisionales.
BALANCE DE LAS NEGOCIACIONES Y LOS PASOS A SEGUIR EN LA LUCHA POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA ENTRE LOS TRABAJADORES DE PRENSADesde 2001 hasta enero de 2007, los trabajadores de La Gaceta conseguimos una recomposición salarial acumulada del 160 %, a lo que hay que sumarle los montos fijos no remunerativas obtenidos en diferentes momentos de cada negociación. Con el resultado del último acuerdo, logrado en marzo, hasta enero de 2008 habremos sumado a esa cifra un 24 % en el sueldo básico.No hace falta aclarar que no hay demasiados ejemplos de logros como estos en el país después de la crisis de 2001. Y no es casual que se hayan alcanzado números tan importantes que, aunque no terminen de satisfacer las necesidades de los trabajadores, se acercan a la realidad.Sabemos que se puede y sabemos cómo, porque lo venimos haciendo juntos desde hace muchos años. Los trabajadores en asamblea, junto con los delegados y los miembros de la conducción de la APT que trabajan en la empresa, hemos sabido marcar un camino exitoso, aún con los traspiés que sufrimos en diferentes oportunidades.Es por eso que estamos seguros de que lo que ocurre en La Gaceta puede replicarse en otras empresas. Sólo hay que coordinar, trabajar y tomar conciencia de que nada es imposible.Los trabajadores de La Gaceta que integramos la Corriente de Trabajadores de Prensa, como los compañeros de otras empresas, sostenemos que es necesario que se convoque a paritarias con urgencia. Es la única forma de empezar a mover las estáticas escalas salariales de los medios, de transparentar la situación de cientos de compañeros, y de poner en claro ante quiénes estamos reclamando, y quiénes son los que permitieron este estancamiento durante tantos años.Por supuesto que no será sencillo sentar a los empresarios en la misma mesa que los trabajadores, ni que se sometan dócilmente al arbitrio de la Secretaría de Trabajo. Pero se puede, la ley está de nuestro lado, y hay que usarla.Las negociaciones son difíciles, y los que venimos luchando en La Gaceta sabemos que tampoco es simple llegar al consenso en las asambleas y aunar criterios tan dispares como los que suelen exponerse. Pero tenemos que estar atentos y unidos, y no permitir que dirigentes paracaidistas tuerzan las decisiones de las bases sentando posiciones irreductibles en las mesas de negociaciones, o comparando estos procesos gremiales con personajes siniestros del gremialismo argentino: “voy a defender este acuerdo como si fuera el mejor de Rucci para acá”, dijo Oscar Gijena en el último encuentro con la gerencia de La Gaceta, después de haber desconocido una decisión tomada anteriormente por el conjunto.Si no se convoca hoy, es porque la Comisión Directiva de la APT le teme a la organización de las bases, a la horizontalidad en la toma de decisiones (un dirigente, en las paritarias, es igual a un delegado, sin distinciones de ningún tipo). Temen que el potencial éxito en una negociación de este tipo demuestre finalmente la inoperancia (o mala intención) que los llevó a mantenerse en silencio durante tres gestiones en la conducción.CON DECISION Y UNIDAD, SE PUEDE.
Los sueldos magros y los empleados en negro han sido una constante en el diario El Siglo. Hoy el sueldo de un periodista "contratado" porque nadie firmó nada) es de $600, que a su vez se cobran atrasados y cada quince días. Los empleados que tienen más años de antigüedad tienen un sueldo de alrededor de $1.200.Hasta el año pasado, los empleados del diario cobraban sus sueldos a partir del 15 de cada mes, y hacia fin de año, el sueldo directamente dejó de pagarse, y los compañeros de ese medio comenzaron a cobrar parte de diciembre recién a mediados de febrero. Por su parte, enero está siendo liquidado en sumas de $150, y de más está decir que aún no hay noticias de la liquidación de febrero.A eso se suma que los empleados no tienen obra social, y por lo menos el 80% está trabajando en negro.Mientras tanto ya pasaron muchas inspecciones de la Secretaría de trabajo, de las cuales los compañeros de El Siglo no tuvieron noticias. Se realizaron muchas asambleas, y los empresarios no dieron ninguna respuesta. Hace muchos años que esta empresa periodística pasa de mano en mano sin que se vean las soluciones.Como Corriente de Trabajadores de Prensa, nos interesa dar a conocer esta situación para que todos sepamos cómo es se trabaja en El Siglo,y para que además estemos alertas acerca de la situación de los compañeros que hoy, no pueden siquiera contar con un gremio de prensa, que adquiere a medida que avanzan las opresiones sobre los trabajadores, una actitud cada vez más pasiva. No defienden a los compañeros y tampoco colaboran con ellos brindándoles por lo menos una cobertura de salud.Creemos, como trabajadores de prensa y como Corriente, que tenemos que defender a nuestros compañeros de El Siglo, a aquellos que encontramos diario a diario desempeñando con mucho profesionalismo y responsabilidad su tareas periodísticas, y que todos los días se juegan al igual que nosotros por cumplir con esta función social de informar. Además le exigimos al gremio que se haga cargo del rol quedebe tener, e informe a todos sus afiliados los pasos que dan para solucionar la situación. Le exigimos coherencia a una APT que levanta las banderas en contra del trabajo en negro y el empleo precarizado.
Una vez más, los representantes del pueblo apuntaron contra los trabajadores y le lanzaron la Policía a quienes ejercen su derecho a protestar. En una vergonzosa sesión, en la que ya no había nada para debatir, porque sólo se proponía cumplir la orden del gobernador Alperovich, el Concejo Deliberante de la capital votó el aumento del cospel, desoyendo a la protesta popular que se desarrollaba en la puerta de la sala de reuniones. Mientras los concejales, como habían acordado, levantaban la mano contra el pueblo, la Policía, a palos y empujones, acallaba la protesta.En esta misma jornada, y mientras desempeñaban su actividad periodística, también fueron reprimidos nuestros compañeros Oscar Abregú, de Canal 5 de ATS, Sebastián Pisarello, de la revista Contrapunto y a Jorge “Corcho” Rodríguez de Antena 8. La Corriente de Trabajadores de Prensa repudia enérgicamente la represión a los manifestantes y la detención de dos estudiantes. También repudiamos la agresión a los trabajadores de prensa, en un claro ataque a la libertad de expresión e información. Exigimos que se dé a conocer el responsable de la orden de reprimir y que se lo castigue. Exigimos que se acabe la impunidad en nuestra provincia.
La convocatoria a paritarias ahora es mala palabra para la Asociación de Prensa, cuando el año pasado era su caballito de batalla. ¿Por qué? Las razones son muchas y claras, pero primero veamos qué es esto.Las paritarias son una herramienta legal que permite sentar en la misma mesa a representantes de los trabajadores y de las empresas, con el arbitrio del Ministerio de Trabajo de la Nación, para discutir todos los asuntos relacionados con la actividad, o sólo algunos de ellos, según cómo sea convocada. Las resoluciones tienen carácter de ley, y deben ser respetadas por las partes. Vale aclarar que NUNCA una resolución puede hacer ir en contra de lo conseguido previamente por los trabajadores. Tampoco es cierto que impida el avance de las negociaciones ya iniciadas.Entre las razones por las que ya no les resulta “conveniente” a las autoridades de nuestro gremio son claras. Por un lado, las paritarias conllevan un alto nivel de movilización y organización de los trabajadores. Deben decidir, designar delegados paritarios… participar. Y eso no le conviene a quienes pretenden mantener las cosas como están y gozar de los beneficios de una estructura poderosa económica y políticamente.Otro punto importante surge de una pregunta: ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica la convocatoria a paritarias? Por supuesto que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores, tanto en la cuestión salarial como en las condiciones laborales en general. Y perjudica a esos empresarios que tienen empleados en negro, que no hacen los aportes provisionales y sociales. De esos, en Tucumán, tenemos demasiados, y también en los medios de comunicación. Para esos empresarios es mucho más fácil arreglar con los dirigentes y no someterse a un escalafón que seguramente hará que sus ganancias empiecen a ser menores. Redistribución de las riquezas, se llama eso.En el caso de Tucumán, empresas como El Siglo, El Tribuno, El Periódico, las radios AM y FM, y los canales de cable, tendrían que equiparar los salarios de sus empleados con los de las empresas más estables y fuertes de la provincia.La pregunta encontró su respuesta.Por Facundo Pereyra, miembro de la CTP.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 84
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