Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9349
Timestamp: 2019-06-27 06:17:48+00:00

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El término de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de un proceso contractual se empezará a contar a partir de la notificación del acto administrativo correspondiente y no desde que se dio a conocer el acta de evaluación
El 14 de diciembre de 1998, la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá abrió un concurso público para la elaboración de los anteproyectos arquitectónicos de dos bibliotecas públicas, sede el Tintal y el Tunal. El 15 de febrero de 1999, el señor Luis Enrique Reyes Beltrán presentó su propuesta, a la cual se asignó el código EXC. El 20 de febrero de 1999, la propuesta EXC fue calificada por el jurado en el primer lugar, con el mayor puntaje total, y dentro del informe correspondiente se afirmó que su propuesta había ocupado los primeros lugares y cumplía con los criterios de evaluación establecidos. El 3 de marzo de 1999, el jurado calificador emitió una nueva acta de evaluación del concurso y modificó lo juzgado anteriormente. Concluyó que los tres proyectos que tuvieron más alto puntaje tenían inconsistencias a nivel estructural y, en consecuencia, declaró desiertos el primero y el segundo lugar y concedió el tercer puesto a la oferta EXC. El 11 de marzo de 1999, la entidad expidió la resolución n.° 944, que acogió en su totalidad el acta de fecha 3 de marzo de 1999. El 9 de julio de 1999, en ejercicio del derecho de petición, Luis Enrique Reyes Beltrán solicitó que se le expidiera una copia auténtica del referido acto administrativo. El 12 de julio de 1999, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El 3 de marzo de 1999, el jurado calificador emitió una nueva acta en la que modificó la primera evaluación y declaró desiertos el primero y el segundo lugar y concedió el tercer puesto a la oferta EXC. El 11 de marzo de 1999, la entidad expidió una resolución, que acogió en su totalidad el acta emitida por el jurado, la cual no fue notificada personalmente. El 9 de julio de 1999, en ejercicio del derecho de petición, el proponente solicitó que se le expidiera una copia auténtica del referido acto administrativo. Debido a la inconformidad con la nueva calificación, el 12 de julio de 1999, el proponente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Bajo las anteriores circunstancias, ¿se configuró el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
«(...) En el caso concreto, el término debía principiar a contarse a partir del momento en que la entidad hubiera notificado al demandante el acto administrativo correspondiente, esto es, la resolución n.° 944 de la “SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.”, de fecha 11 de marzo de 1999, “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del Concurso Público de Diseño adelantado para las bibliotecas sedes Parque El Tunal y El Tintal” –párrafo 6.11–.
8.5 La Sala se aparta de la conclusión de la primera instancia, en atención a que el acta del 3 de marzo de 1999 del “Jurado Calificador” no constituye el acto administrativo a través del cual se vinculó jurídicamente al demandante, puesto que esa calidad la detenta la resolución n.° 944 “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del Concurso Público de Diseño adelantado para las bibliotecas sedes Parque El Tunal y El Tintal”, expedida el 11 de marzo de 1999 por la “SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.”, –párrafo 6.11. Claramente, la resolución constituye el acto administrativo que genera efectos directos y definitivos sobre el arquitecto Reyes, y aun cuando acoge el acta de juzgamiento del 3 de marzo –cuyo contenido conocía el demandante desde el 11 de marzo–, jamás se puede afirmar que el conocimiento del acta implique una notificación por conducta concluyente de la resolución, en tanto que desde diferentes perspectivas se advierte la diferencia entre ellas: (i) formalmente, una cosa es el acta y otra la resolución, son dos textos independientes; (ii) sustancialmente, el acta no es un acto administrativo, mientras que la resolución sí; (iii) temporalmente, el acta es del 3 de marzo y la resolución del 11 de marzo; (iv) en relación con el creador, el acta proviene del jurado calificador y la resolución de la entidad estatal.
8.6 La única prueba que obra en el expediente, con base en la cual se podría colegir que el demandante conocía de la resolución n.° 944 del 11 de marzo de 1999 y que, en consecuencia, operaría la notificación por conducta concluyente, es la comunicación escrita que envió a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá el 9 de julio de 1999, en ejercicio del derecho de petición, para solicitar que expidiera una copia auténtica del referido acto administrativo –párrafo 6.13–.
8.7 En ese orden de ideas, ante la falta de prueba de una notificación personal, habría de concluirse que operó la notificación por conducta concluyente el 9 de julio de 1999, y a partir de entonces se iniciaría a contar el término de 30 días para interponer la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, no se declararía la caducidad, porque la demanda fue presentada el 12 de julio de 1999 –párrafo 1–, mucho antes de que expirara el término correspondiente. (...)»
No se configura el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el proponente presenta la demanda, 30 días después de emitirse el acta de modificación de la evaluación y de expedirse la resolución que acoge lo señalado en el acta, la cual no fue notificada personalmente, por lo que el proponente, dos meses después, mediante derecho de petición tiene que solicitar copia de la resolución y demanda tres días después de interponer la tutela, porque:
El término se debía empezar a contar desde el momento en que la entidad hubiera notificado al demandante la resolución. No obstante, como dicha notificación no se efectuó, habría de concluirse que operó la notificación por conducta concluyente el día que, en ejercicio del derecho de petición, solicitó que se le expidiera una copia auténtica del acto administrativo.
El acta de evaluación no constituye el acto administrativo a través del cual se haya vinculado jurídicamente al demandante, puesto que esa calidad la detenta la resolución por la cual se acogió en su totalidad el acta de juzgamiento.
La resolución constituye el acto administrativo que genera efectos directos y definitivos. Por tanto, el conocimiento del acta no implica una notificación por conducta concluyente de la resolución, pues son dos textos independientes y el acta no es un acto administrativo, ya que proviene del jurado calificador y no de la entidad estatal.
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El término de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de un..

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