Source: https://www.hrw.org/legacy/spanish/inf_anual/2002/venezuela.html
Timestamp: 2019-12-11 09:00:37+00:00

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Como en años anteriores, los problemas de derechos humanos más acuciantes a los que se enfrentó el gobierno del Presidente Hugo Chávez afectaban a la delincuencia y al sistema de justicia penal. Los altos índices de delincuencia violenta ejercieron una fuerte presión sobre unas instituciones públicas que a menudo contaron con un bajo nivel de profesionalidad. La corrupción y la violencia de las fuerzas policiales y el sistema penitenciario permanecieron endémicas; el sistema judicial -dotado de escasos recursos, ineficaz y con frecuencia corrupto- fue incapaz de administrar justicia con efectividad.
Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de la policía continuaron constituyendo un grave problema de derechos humanos.
Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de la policía continuaron constituyendo un grave problema de derechos humanos. Un hecho preocupante fue la reciente aparición, en algunos estados, de escuadrones de la muerte organizados, que actuaron con impunidad e incluso publicaron listas de sus víctimas en periódicos locales.
Los frecuentes exabruptos del Presidente Chávez contra sus opositores políticos o los medios críticos con él, y su estilo autoritario de gobierno despertaron el temor de que fuera a producirse un recorte de las libertades civiles y de la libertad de expresión. Sin embargo, como en años anteriores, la retórica de Chávez fue generalmente más agresiva que sus actos.
En el estado de Portuguesa, un escuadrón de la muerte, compuesto por miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional fuera de servicio, aparece como el responsable de hasta cien asesinatos de presuntos delincuentes durante los dos últimos años, la mayoría de ellos en las ciudades de Acarigua y Araure. Bajo la autodenominación de "Grupo Exterminio", este grupo seleccionaba a sus víctimas de entre las listas de delincuentes más buscados que publicaba en la prensa. Dada la aparente indiferencia del gobierno, los jueces y la policía del estado ante estos acontecimientos, los asesinos comenzaron a actuar a plena la luz en vehículos patrulla de la policía. Según informaciones de prensa, extorsionaban a los miembros de la lista exigiéndoles importantes cantidades de dinero y asesinando a quienes no pudieron hacer frente a los pagos.
En octubre de 2000, miembros de este grupo asesinaron al joven de veintitrés años Jimmy Rodríguez, estudiante del tercer año de Derecho, y a su amigo César Agray Meléndez. Ambos eran bien conocidos localmente y a ninguno de los dos se le atribuían relaciones con la delincuencia. En mayo, el padre de Rodríguez, José Ramón Rodríguez, que había promovido una campaña pública para poner a los asesinos de su hijo a disposición de la Justicia, fue asesinado a tiros. Pocos días más tarde también moría violentamente uno de los testigos principales del asesinato de los jóvenes, Belmiro Gutiérrez. En julio, el gobierno envió dos fiscales y un gran contingente de policías desde Caracas para investigar estos sucesos. Muchos de los testigos recibieron amenazas de muerte.
Grupos defensores de los derechos humanos acusaron a Rodrigo Pérez Pérez, jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado de Portuguesa, y a Carlos Navarro, ex comandante de la Policía de Portuguesa, de complicidad en las actividades del escuadrón de la muerte, pero en octubre ninguno de ellos había sido procesado. Sin embargo, al menos seis funcionarios de policía fueron detenidos por esos asesinatos. El 25 de septiembre, un importante contingente de miembros de la Guardia Nacional y la policía, actuando a las órdenes del Fiscal General, Isaías Rodríguez, registraron la sede de la policía estatal. Según informaciones periodísticas, durante el registro se pudo observar que cuatro de los seis funcionarios detenidos no estaban en sus celdas, en las que se hallaron bebidas alcohólicas y teléfonos celulares. La policía informó además del hallazgo en el edificio de armas ilegales, drogas, y documentación de vehículos robados.
En junio, el Fiscal General, Isaías Rodríguez anunció que el gobierno estaba investigando también la actividad de escuadrones de la muerte en Yaracuy, Miranda, Anzoátegui y en la Caracas metropolitana. La ONG de defensa de los derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció un modelo repetido de ejecuciones extrajudiciales (con 32 ejecuciones de ese tipo entre enero de 2000 y junio de 2001) en el estado de Barinas y en Zulia, donde 98 personas murieron en supuestos enfrentamientos con la policía durante el año 2000 y 43 durante los cuatro primeros meses de 2001. La policía con frecuencia intentó maquillar lo que eran asesinatos premeditados para que parecieran enfrentamientos.
En julio, el Tribunal Supremo ordenó dar curso a la acción de habeas corpus presentada en representación de Roberto Javier Hernández Paz, desaparecido tras ser detenido por agentes de inteligencia en diciembre de 1999 en el estado de Vargas. El tribunal instó al fiscal que reiniciara las investigaciones sobre la desaparición de Hernández y pusiera a los responsables a disposición de la Justicia. Hernández fue una de las cuatro personas que desaparecieron cuando agentes de inteligencia y paracaidistas del ejército cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante sus tareas de control de los saqueos tras las inundaciones del estado de Vargas. En septiembre, el fiscal presentó cargos de desaparición forzada contra José Yáñez Casimiro, funcionario de la dirección de los servicios de inteligencia y prevención (DISIP), implicado en la desaparición de Oscar Blanco Romero, y contra Justiniano Martínez Carreño por encubrir la detención ilegal de Blanco.
El nuevo Código Orgánico Procesal Penal progresista, introducido en 1999 por el gobierno de Rafael Caldera, fue objeto de polémica a medida que se agudizaba la crisis de seguridad. Con el Código como chivo expiatorio por la falta de firmeza al hacer cumplir la ley, múltiples voces pidieron su reforma, en concreto para que se endurecieran las disposiciones sobre libertad provisional y condicional, y para que se eliminaran los juicios por jurado.
Las condiciones penitenciarias continuaron siendo inhumanas y, debido a la violencia entre presos, un grave riesgo para la vida en muchas ocasiones. A pesar de la importante reducción del número de presos a la espera de juicio, los niveles de violencia entre internos fueron extremadamente altos, favorecidos por la insuficiencia de personal y equipamiento, por la extendida corrupción entre los funcionarios y por la entrada no controlada de estupefacientes y armas de fuego dentro de los recintos penitenciarios. En el mes de marzo, dos presos murieron y otros 41 resultaron heridos en un enfrentamiento armado entre dos bandas rivales de la prisión de El Rodeo, en el estado de Miranda. Uno de los muertos, Edgard Alexander Bazán, murió cuando tomaba una granada que otro de los presos había lanzado contra él. La prisión con los peores índices de violencia interna fue Yare I, en Miranda, donde al menos veinte reclusos murieron en diferentes sucesos ocurridos entre los meses de abril y agosto p or la competencia de las bandas para hacerse con el control del mercado de armas y estupefacientes.
El tratamiento de Venezuela a los refugiados procedentes de la vecina Colombia despertó serias preocupaciones. En octubre de 2000, las autoridades venezolanas repatriaron por la fuerza al menos a siete solicitantes de asilo que huían de la violencia de los paramilitares en sus localidades, impidiendo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) accediera al grupo. En febrero, grupos religiosos y de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la difícil situación de cientos de colombianos que habían entrado en el estado de Zulia escapando de la violencia política en Colombia. Según las denuncias de estos grupos, los refugiados, cuya presencia en principio negaron Venezuela y Colombia, carecían de documentación y sufrían malnutrición y enfermedades. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamamiento urgente al gobierno venezolano para que no repatriara a los 287 refugiados y para que garantizara su seguridad, les proporcionara ayuda humanitaria y estudiara sus solicitudes para obtener el estatus de refugiados.
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas, en cuya elaboración participaron ONG defensoras de los derechos humanos. El nuevo texto legal prohibía la repatriación forzosa de los solicitantes de asilo y establecía la Comisión Nacional para los Refugiados para evaluar sus solicitudes. Según PROVEA, más de cien solicitudes de asilo estaban a la espera de respuesta desde julio de 1999.
Las tendencias autoritarias del Presidente Chávez quedaron una vez más de manifiesto en sus esfuerzos por debilitar instituciones civiles como la prensa o los sindicatos. Sin embargo, incluso a pesar de que Chávez amenazó con severas medidas -como cuando en mayo propuso la declaración del estado de emergencia- sus actos rara vez fueron tan drásticos como sus críticos más alarmistas se temían.
El 3 de diciembre de 2000, a requerimiento de Chávez, el gobierno organizó y ganó un referéndum nacional para destituir a las directivas de las desacreditadas federaciones sindicales. La propuesta infringía la legislación que obliga al gobierno a respetar la autonomía de los sindicatos. Tras varios aplazamientos, se marcó para octubre la celebración de unas nuevas elecciones sindicales bajo los auspicios del Consejo Nacional Electoral, un organismo público.
Aunque en general se respetó la libertad de prensa, Chávez continuó con mordaces ataques a sus críticos en su programa semanal de televisión y en otras apariciones públicas.
Aunque en general se respetó la libertad de prensa, Chávez continuó con mordaces ataques a sus críticos en su programa semanal de televisión y en otras apariciones públicas, y también en llamadas a programas de radio y televisión. La aversión de Chávez a recibir críticas quedó también de manifiesto en su anuncio del mes de junio de que los extranjeros que fueran a Venezuela a hablar mal del país serían "expulsados". Sus palabras se consideraron una reacción a los comentarios de la candidata a la Presidencia de Perú, Lourdes Flores, durante su visita a Venezuela. Flores había comparado a Chávez con el ex Presidente peruano Alberto Fujimori.
También en junio, el Tribunal Supremo dictó una resolución interpretando un polémico artículo de la nueva Constitución, un texto elaborado bajo la dirección de Chávez. En una resolución fuertemente criticada, el Supremo declaró que el artículo 58 de la Constitución, que garantizaba el derecho a una información "veraz, oportuna e imparcial", imponía obligaciones ineludibles a los medios. El Tribunal sostenía que "los medios deben evitar difundir noticias falsas o noticias manipuladas con el uso de verdades a medias; desinformación que niegue la oportunidad de conocer la realidad de las noticias; y especulaciones o información tendenciosa para lograr un objetivo específico contra algo o alguien". El Tribunal también concluyó que el artículo 58 requiere que las publicaciones sean ideológicamente plurales salvo que su línea editorial esté expresamente indicada.
El Tribunal Supremo despertó temores de que el artículo 58 pudiera utilizarse para amordazar a la prensa crítica con el gobierno. Efectivamente, en octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) inició una investigación sobre la actuación de la cadena de televisión venezolana Globovisión por emitir información falsa, manipulada y tendenciosa, una infracción según las regulaciones venezolanas sobre radiocomunicaciones. En septiembre, la cadena había emitido las palabras de un taxista que aseguraba que nueve de sus colegas habían sido asesinados por delincuentes, cuando en realidad sólo se había cometido un asesinato. El Presidente Chávez instó a la emisora a reflexionar antes de que fuera demasiado tarde y amenazó con aplicar mecanismos de defensa del interés nacional, la verdad y el orden público. El error cometido, que la cadena se apresuró a corregir, pudo costarle a Globovisión una multa o la suspensión de su licencia de emisión.
El 7 de enero, miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) detuvieron al abogado y académico Pablo Aure Sánchez como respuesta a una carta suya en la que ridiculizaba al Ejército y que fue publicada en un diario nacional. Aure fue despojado de su ropa, forzado a pasar la noche en una estrecha celda y no se le permitió utilizar el aseo. Aunque tres días más tarde fue puesto en libertad por motivos de salud, Aure se enfrentaba a cargos en virtud del artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, que establece una pena de tres a cinco años para quien "en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales". Sin atender a las objeciones del Procurador General ni del Defensor del Pueblo, que argumentaban que aplicar la jurisdicción militar a civiles era inconstitucional, el fiscal militar se negó a entregar el caso a la jurisdicción civil.
El 24 de junio, agentes de la dirección de inteligencia militar (DIM) arrestaron en Caracas a Vladimiro Montesinos, el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú y el poder en la sombra durante el gobierno del depuesto Presidente Fujimori. Montesinos fue rápidamente deportado a Perú donde fue detenido por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Desde que Montesinos huyó de Perú, en octubre de 2000, en medio de un escándalo de sobornos, no cesaron los rumores de que estaba escondido en Venezuela, bajo protección de funcionarios del gobierno. Las mayores sospechas recayeron en miembros de la DISIP y en su director, Eliecer Otaiza, a quien Chávez despidió días antes del arresto de Montesinos. Sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría General y de dos comisiones parlamentarias no lograron esclarecer LAS dudas acerca de la participación del gobierno.
El año comenzó con propuestas positivas del gobierno de Chávez a los grupos de derechos humanos, pero se tradujeron en poca colaboración. En enero, Human Rights Watch estuvo presente en calidad de observador en una reunión sobre seguridad pública convocada por el Ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila, con representantes de la comunidad de derechos humanos de Venezuela. A la reunión asistieron varios ministros, el Procurador General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo. Los participantes acordaron formar una comisión asesora permanente que garantizara que se mantiene abierto el diálogo entre el gobierno y los grupos de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a la política de control de la delincuencia. Sin embargo, en octubre la propuesta aún no estaba en marcha.
En enero, la prensa informó de que Liliana Ortega, Directora Ejecutiva del respetado Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) figuraba en una lista de personas investigadas por la DISIP por "conspirar contra el gobierno". Sin embargo, en febrero, el director de la DISIP negó las acusaciones.
En marzo, el Comité de Derechos Humanos examinó el informe periódico de Venezuela de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En sus observaciones finales, el Comité expresó su grave preocupación por las denuncias existentes respecto a desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y a la falta de respuesta de las autoridades estatales para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, identificar a los responsables y llevarlos a juicio. El Comité instó a Venezuela a dictar las normas legales necesarias para dar cumplimiento a la prohibición de la tortura y expresó su preocupación de que el prolongado proceso de reorganización del Poder Judicial ponga en riesgo su independencia. En mayo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exhortó a Venezuela a ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a expedir documentación adecuada a los solicitantes de asilo. Al Comité le preocupaba que "la falta de expedición de documentos de identidad por las autoridades estatales sea un grave obstáculo para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados y solicitantes de asilo, entre otros, el derecho al trabajo, a la salud y a la educación".
En su informe anual de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de prensa en Venezuela. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos se refirió al caso de Pablo Aure como ejemplo de los continuos problemas derivados de la aplicación de leyes de desacato.
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamamiento urgente al gobierno de Venezuela a raíz del proceso por difamación contra el periodista Pablo López Ulacio. El proceso, iniciado a petición de un importante empresario a quien López Ulacio había acusado de corrupción, era claramente defectuoso por la evidente parcialidad de los jueces. Sin embargo, el gobierno no tomó las medidas que pidió la Comisión y, en julio, un juez de Caracas emitió otra orden de detención contra López.
Venezuela siguió ignorando la orden de 1996 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que obligaba al Estado a compensar a los familiares de catorce pescadores ejecutados extrajudicialmente en octubre de 1988 en El Amparo, en el estado de Apure, y a llevar a juicio a los responsables.
Ni el gobierno de Clinton ni el de Bush hicieron comentarios públicos sobre la situación de los derechos humanos. El Informe por Países del Departamento de Estado para 2000 resaltó el problema de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones, y señaló que quienes cometen estos crímenes actúan de manera prácticamente impune. Altos funcionarios del gobierno venezolano, como el Ministro de Defensa, José Vicente Rangel, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Luis Alfonso Dávila, criticaron el informe.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 505