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Timestamp: 2020-02-23 00:28:59+00:00

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Garantía – Reparación insatisfactoria – Resolución de Compraventa de automotor – Defensa del Consumidor Protectora
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Expte. 043.744, Reg. 108.883/2002 – «Rodríguez Marcelo Alejandro c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otro s/ Ordinario» – CNCOM – SALA A – 30/08/2011
«… el thema decidendum en esta Alzada consiste, fundamentalmente, en determinar si asistió razón -o no- al Señor Juez de grado al declarar resuelto el contrato de compraventa automotor en cuestión fundado en la causal de «reparación insatisfactoria» prevista por el art. 17, inc. b, LDC. En caso de resultar afirmativa la respuesta a dicho interrogante, corresponderá establecer la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios que fueron materia de agravio.»
«El art. 17 LDC establece que, en caso de que la reparación sea insatisfactoria, el consumidor puede optar entre las siguientes soluciones: i) la restitución recíproca del producto y del precio; ii) la reducción proporcional del precio, reteniendo el consumidor el producto; y iii) la sustitución del producto adquirido por otro de idénticas características. Específicamente, la norma referida dispone -en lo que aquí interesa- que, «en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: (…) b) Devolver la cosa en el estado en el que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme al precio actual en plaza de la cosa al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales…».»
«… si la reparación no resulta satisfactoria, la ley le otorga al consumidor la opción de resolver el contrato, con la condición de acreditar que la reparación no ha sido óptima (conf. Farina, Juan M., «Defensa del Consumidor y del Usuario», Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 259). Pues bien, para que la reparación del bien no sea satisfactoria, éste no debe poseer las «condiciones óptimas» para cumplir con el uso para el cual fue fabricado. El decreto reglamentario N° 1798/94 explica que por «condiciones óptimas» deben entenderse «…aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante…».»
«… una vez entregada la cosa aparentemente «reparada» al consumidor, la reparación del bien no será satisfactoria cuando éste no pueda emplearla para el fin para la cual la adquirió y de acuerdo a las instrucciones impartidas en el certificado de garantía (art. 14, inc. c, ley 24.240) (conf. Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A., «Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, T° I, Parte General, pág. 206). Ante la duda relativa a si la cosa reúne las condiciones óptimas o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor, tal como lo determina el art. 37, segundo párrafo, primera parte de la ley («la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor»), criterio que deberá tomarse atendiendo a las particularidades propias del caso (conf. Picasso – Vázquez Ferreyra, «Ley de Defensa del Consumidor…», op. cit., págs. 206/207).»
«… los empresarios y proveedores son igualmente responsables por los defectos de los productos, por incumplimiento contractual de los «deberes de seguridad y garantía», los cuales exigen a aquéllos suministrar los productos en condiciones tales de: a) resultar satisfactorios para el interés del consumidor; b) no producir daños al consumidor, ni en su persona, ni en sus bienes (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales…», op. cit., T° II, pág. 283).»
«… el art. 17, inc. b, LDC le otorga al consumidor la opción de resolver el contrato -que es, precisamente, la solución peticionada expresamente por el accionante-, con la condición de acreditar que la reparación no ha sido óptima.»
«… durante los dieciséis (16) meses que transcurrieron entre la fecha de adquisición por el actor -03/03/2000- y la del último ingreso en el taller mecánico de la codemandada Rullo -el 10/07/2001, con 22.199 kms. recorridos-, el vehículo debió ser remolcado en tres (3) ocasiones y reparado en siete (7) oportunidades a raíz de fallas mecánicas y electrónicas de diversa índole y magnitud que se presentaron no sólo en el motor, sino también en el sistema de frenos ABS, en la plancha y en el estéreo. Ninguno de dichos desperfectos fue atribuido a un incorrecto uso del vehículo por parte del accionante, sino que -por el contrario- habrían tenido origen de fábrica, razón por la cual todas las reparaciones fueron efectuadas en el marco de la garantía brindada por Fiat Auto Argentina S.A.»
«… las reiteradas reparaciones efectuadas al vehículo en el marco de la garantía sin que pudiera darse una solución definitiva a los distintos desperfectos -esto es, configurado el supuesto de «reparación insatisfactoria» normado por el art. 17 LDC- determinan que resulte inadmisible pretender -como lo hiciera Fiat- que, de todos modos, el consumidor deba aceptar el cumplimiento de la garantía, sea mediante la reparación de la cosa o el cambio de las piezas.»
«… en la especie se encuentra configurada la causal de «reparación insatisfactoria» prevista por el art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, razón por la cual resulta procedente la resolución del contrato de compraventa automotor demandada, ello en los términos del inc. b) de la norma referida, debiendo la codemandada Fiat responder ante el actor por los daños y perjuicios que dicha reparación insatisfactoria le hubiera ocasionado a este último y, en consecuencia, corresponde rechazar los agravios tendientes a revertir lo decidido en la sentencia apelada en este mismo sentido.»
«En lo que se refiere concretamente a la «privación de uso», esta Sala tiene dicho que la falta del vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible si no se suministran elementos de juicio que hagan verosímil la existencia de un concreto perjuicio derivado de esa carencia. Esto es así porque, si bien la indisponibilidad del rodado implica necesariamente para su dueño o usuario una serie de molestias, gastos adicionales y pérdidas de tiempo y de dinero -en caso de ser empleado como herramienta de trabajo– que, sin lugar a dudas, constituyen un menoscabo susceptible de ser indemnizado. Sin embargo, no menos cierto es que, como contrapartida, el uso de un rodado ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento, que se evitan, en principio, cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el automóvil (conf. esta CNCom., esta Sala A, 18/10/2007, in re: «Valle Alto S.A. c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.»; idem, 13/02/1980, in re: «San Esteban S.C.A. c/ Nogueira S.R.L.»; bis idem, 30/11/1979, in re: «Telles, Teodoro Tomás c/ Nasta, Antonio»). Síguese de ello que, para que este rubro prospere es exigible -conforme al principio expuesto-, que el interesado suministre prueba concreta de que esos gastos y molestias causados por la falta del vehículo superan o exceden el ahorro que produce esa ausencia de uso, allegando al Tribunal los elementos de juicio necesarios a ese fin, de modo de evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa en perjuicio del deudor (conf. esta CNCom., esta Sala A, 04/04/2007, in re: «Bonfiglio de Folgueiras Mariana y otro c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. y otro s/ Ordinario»; idem, 10/06/1980, in re: «Lerner, José c/ La Magdalena S.R.L.»; bis idem, 30/05/1997, in re: «Grimblat, Diego Fabián c/ Autoplan Círculo de Inversores S.A.»; entre otros).»
«… el accionante no aportó prueba alguna -como era su cargo- relativa a que los gastos y molestias que le produjo esa ausencia de uso, razón por la cual, al no encontrarse acreditada debidamente la existencia del daño alegado por este concepto, corresponde modificar lo decidido en la sentencia apelada en este punto, rechazándose este rubro indemnizatorio.»
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de dos mil once, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados «RODRÍGUEZ MARCELO ALEJANDRO c/ FIAT AUTO ARGENTINA S.A. y otro s/ Ordinario» (Expte. N° 043.744, Registro de Cámara N° 108.883/2002)), originarios del Juzgado del Fuero N° 25, Secretaría N° 50, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 CPCCN, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers y Doctora Isabel Míguez.//-
Señaló que por dicho «service gratuito», practicado el 14 de agosto de 2000, los demandados le cobraron la suma de $ 340, aparentemente le chequearon el auto y le informaron que la unidad se encontraba en perfectas condiciones, no obstante lo cual, a las dos semanas debió reingresar el vehículo en el taller con un remolque dado que aquél ya no funcionaba.-
Criticó también que el sentenciante de grado no hubiera contemplado dentro de la suma otorgada para enjugar la privación de uso del rodado los importes correspondientes a los «gastos futuros», por lo que solicitó su reconocimiento y la consecuente elevación del monto de condena por este rubro.-
Se agravió, además, de que el Sr. Juez de grado hubiera soslayado no sólo el «Boletín de Información Técnica» agregado a fs. 594/595 y el documento de fs. 605, con los cuales se encontraría acreditado el consumo normal de aceite para un motor como el del actor y refutaría la versión de este último, sino también el hecho que el vehículo recorrió 22.199 kms. en menos de dos años, lo que demostraría que el bien no tenía un vicio que lo hiciera inepto para su destino.-
Ello establecido y delineado del modo descripto el cuadro de situación de la controversia, el thema decidendum en esta Alzada consiste, fundamentalmente, en determinar si asistió razón -o no- al Señor Juez de grado al declarar resuelto el contrato de compraventa automotor en cuestión fundado en la causal de «reparación insatisfactoria» prevista por el art. 17, inc. b, LDC. En caso de resultar afirmativa la respuesta a dicho interrogante, corresponderá establecer la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios que fueron materia de agravio.-
En ese marco fáctico, cabe recordar que los derechos de los consumidores y usuarios gozan de garantía en nuestra Constitución Nacional, la que en su art. 42 dispone que «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su(s) (…) intereses económicos (…) y a condiciones de trato equitativo y digno».-
El derecho a la protección de los intereses económicos está estrechamente ligado a la pretensión de calidad de los productos y servicios y a la vigencia de una auténtica justicia contractual, así como a un sistema de compensación efectiva en materia de reparación de daños (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales. Parte General», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, T° I, pág. 244).-
Ello así pues, la protección de los intereses económicos de los consumidores exige una garantía de la adecuación e inocuidad de los productos. Se pretende que cumplan con standards de calidad que los hagan aptos para satisfacer la finalidad a la que están destinados. En esa línea, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor exigen que los productos cumplan los requisitos normales de durabilidad, utilidad y fiabilidad (art. 16) (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales. Parte General», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, T° II, pág. 281).-
Ahora bien, las adquisiciones de cosas, bienes o servicios para uso personal o familiar, que tienen como destino una utilización que agota la circulación de la prestación objeto de la adquisición -como en un destino final-, dan origen a lo que podemos denominar genéricamente como relaciones de consumo. Éstas no parecerían necesitar, en principio, de un derecho especial al margen de las previsiones civiles o comerciales propias del derecho de compraventa o de la prestación de que se trate; sin embargo, dado su carácter menor, esas relaciones han evidenciado un dispar poder negociador efectivo, como consecuencia de la incidencia del desigual poder económico, en términos reales, entre proveedores y consumidores y es así, que aparece como una constante en la descripción de estas relaciones la contraposición entre un contrayente de situación económica dominante y un contrayente en posición de sujeción (véase Uzal, María Elsa, «La protección al consumidor en el ámbito internacional: La ley aplicable y la jurisdicción competente», publicado en «Relaciones de Consumo, Derecho y Economía», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, T° I, págs. 169/170).-
Cuando los empresarios opten por otorgar una garantía expresa, voluntaria, por un lapso más prolongado que el legal -como aconteció en la especie-, quedan sometidos a las demás reglas de los artículos 11 a 18 de la ley 22.240, que imponen -entre otras- las siguientes exigencias: a) asegurar un servicio técnico adecuado y suministro de repuestos; b) contenidos mínimos del certificado de garantía (identificación, indicaciones, condiciones de la reparación, etc.); c) obligaciones del responsable de la garantía (notificación al fabricante, traslado de la cosa, entrega de constancias de la reparación, etc.); d) prolongación del plazo de garantía durante el lapso de reparación (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales…», op. cit., T° II, pág. 282).-
El art. 17 LDC establece que, en caso de que la reparación sea insatisfactoria, el consumidor puede optar entre las siguientes soluciones: i) la restitución recíproca del producto y del precio; ii) la reducción proporcional del precio, reteniendo el consumidor el producto; y iii) la sustitución del producto adquirido por otro de idénticas características. Específicamente, la norma referida dispone -en lo que aquí interesa- que, «en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: (…) b) Devolver la cosa en el estado en el que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme al precio actual en plaza de la cosa al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales…».-
En otros términos, si la reparación no resulta satisfactoria, la ley le otorga al consumidor la opción de resolver el contrato, con la condición de acreditar que la reparación no ha sido óptima (conf. Farina, Juan M., «Defensa del Consumidor y del Usuario», Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 259).-
Pues bien, para que la reparación del bien no sea satisfactoria, éste no debe poseer las «condiciones óptimas» para cumplir con el uso para el cual fue fabricado. El decreto reglamentario N° 1798/94 explica que por «condiciones óptimas» deben entenderse «…aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante…».-
Es decir que, una vez entregada la cosa aparentemente «reparada» al consumidor, la reparación del bien no será satisfactoria cuando éste no pueda emplearla para el fin para la cual la adquirió y de acuerdo a las instrucciones impartidas en el certificado de garantía (art. 14, inc. c, ley 24.240) (conf. Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A., «Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, T° I, Parte General, pág. 206).-
Ante la duda relativa a si la cosa reúne las condiciones óptimas o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor, tal como lo determina el art. 37, segundo párrafo, primera parte de la ley («la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor»), criterio que deberá tomarse atendiendo a las particularidades propias del caso (conf. Picasso – Vázquez Ferreyra, «Ley de Defensa del Consumidor…», op. cit., págs. 206/207).-
Por último, sólo resta señalar que los empresarios y proveedores son igualmente responsables por los defectos de los productos, por incumplimiento contractual de los «deberes de seguridad y garantía», los cuales exigen a aquéllos suministrar los productos en condiciones tales de: a) resultar satisfactorios para el interés del consumidor; b) no producir daños al consumidor, ni en su persona, ni en sus bienes (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales…», op. cit., T° II, pág. 283).-
El deber de seguridad se encuentra consagrado en los artículos 5° y 6° de la ley 24.240, en tanto que una «obligación tácita de garantía» surge implícitamente de la regla de la buena fe, establecida en el art. 1198 del código Civil.-
La obligación de garantía es una especie de las llamadas «obligaciones de resultado» y por ello su cumplimiento genera una responsabilidad objetiva (conf. Stiglitz, Rubén S., «Contratos Civiles y Comerciales…», op. cit., T° II, pág. 283).-
Establecido el marco normativo aplicable, corresponde determinar si en la especie existió -o no- la invocada «reparación insatifactoria».-
3) Determinación de la existencia -o no- de la «reparación insatisfactoria».-
La demanda está fundada en las graves fallas mecánicas y técnicas que habría comenzado a evidenciar el vehículo con tan sólo tres meses de uso, desperfectos que se habrían manifestado principalmente en la planta motriz debido a un consumo excesivo de aceite y que no habrían sido solucionados «…a pesar de las incontables reparaciones mecánicas realizadas…», lo que determinaría «…que el vehículo no cumpla en lo más mínimo con su naturaleza o destino, tornándolo absolutamente inadecuado como el rodado del nivel, características y jerarquía del que se trata», resultando aplicable por ello los términos del art. 17 de la ley 24.240 que contempla los casos de «reparación no satisfactoria» (véanse fs. 129, tercer párrafo, fs. 130, tercer párrafo y fs. 133, punto A).-
En ese orden de ideas, sabido es que la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega («ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat») y conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (conf. esta CNCom., esta Sala A, 14/06/2007, in re: «Delpech, Fernando Francisco c/ Vitama S.A.», entre otros).-
La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (conf. CNCiv., Sala A, 01/10/1981, in re: «Alberto de Río, Gloria c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires»; idem, Sala D, 11/12/1981, in re: «Galizzi, Armando B. c/ Omicron S.A.»; bis idem, 03/05/1982, in re: «Greco José c/ Coloiera, Salvador y otro»; en igual sentido, esta CNCom., esta Sala A, 12/11/1999, in re: «Citibank NA c/ Otarola, Jorge»; idem, 06/10/1989, «Filan SAIC c/ Musante Esteban»; idem, Sala B, 16/09/92, in re: «Larocca, Salvador c/ Pesquera Salvador»; id., 15/12/1989, in re: «Barbara Alfredo y otra c/ Mariland SA y otros»; id., Sala E, 29/09/1995, in re: «Banco Roca Coop. Ltdo. C/ Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda.», entre muchos otros).-
En ese sentido, cuadra señalar que el perito ingeniero mecánico Petersen -quien, tras su fallecimiento, fue reemplazado por el perito Dubarry- informó que «no es dable esperar que en un automóvil nuevo, con un tiempo de uso, kilometraje y características como (el) del rodado de autos se produzcan las fallas mecánicas que motivaron las intervenciones que se detallan en el Anexo 1» obrante a fs. 481 -recién enumeradas- (véase fs. 493, respuesta al punto 29), agregando que dichas fallas mecánicas «…pueden ser de fábrica o tener su origen de fábrica» (véase fs. 494, respuesta al punto 35). En sentido corroborante, el perito ingeniero mecánico Dubarry, al brindar explicaciones a fs. 589/591, señaló que, dada la antigüedad del automóvil, resultaba razonable que los trabajos consignados en las órdenes de reparación ya detalladas «correspondan a fallas que tengan origen de fabricación» (véase fs. 591, primer párrafo).-
Se encuentra -asimismo- debidamente acreditado que el actor requirió los servicios del Automóvil Club Argentino para asistir y remolcar el vehículo de marras en tres oportunidades: 1°) el día 16/11/2000, por presentar «ruido en chasis» (véanse orden de pedido de fs. 78 y contestación de oficio de fs. 330/334); 2°) en fecha 27/11/2000, por falla en el motor (véanse orden de pedido de fs. 81 y contestación de oficio de fs. 330/334); y 3°) el día 10/07/2001, por falla en el motor (véanse orden de pedido de fs. 82 y contestación de oficio de fs. 330/334).-
De su lado, cabe advertir que, si bien de las constancias probatorias obrantes en autos surge que el vehículo no era «cero kilómetro» (véanse fs. 54/55, 295/303 y 373/377), a la fecha de su adquisición -03/03/2000- la unidad era prácticamente nueva, pues no sólo fue facturada por Fiat Auto Argentina S.A. a la concesionaria Rullo el día 22/12/1999 y entregada a esta última en fecha 19/01/2000 (véanse fs. 310, respuesta al punto 1 y fs. 313, respuesta al punto c, del informe pericial contable de fs. 305/314), sino que, además, contaba con un rodamiento mínimo, tal como se desprende de la orden de reparación del día 09/02/2000 (esto es, pocos días antes de que fuera adquirida por el accionante), en la que se consignó que el rodado tenía sólo 308 kms. recorridos (véanse fs. 73 y fs. 481).-
Resulta lógico que quien adquiere un automóvil prácticamente nuevo, con un rodamiento mínimo y recorriendo un kilometraje promedio razonable -como en el caso del actor-, aspire a que durante los primeros años ese rodado funcione sin inconvenientes, requiriendo sólo de un mantenimiento mínimo -v.gr., cambio de aceite, filtros, pastillas de freno, correas, etcétera-. Empero, en el caso sub examine, se reitera, el vehículo debió ingresar al taller mecánico para ser reparado en siete (7) oportunidades, contando con tan sólo dieciséis (16) meses de uso -esto es, a razón de una (1) reparación cada dos (2) meses, aproximadamente- y 22.199 kms. recorridos -es decir, a razón de una (1) reparación cada 3.100 kms., aproximadamente-. Ello pues, permite tener por acreditado que el automóvil adquirido por el actor, al no cumplir con los requisitos normales y esperables de «durabilidad, utilidad y fiabilidad», no resultó apto para satisfacer la finalidad a la que estaba destinado.-
Tampoco puede otorgársele el carácter eximente de responsabilidad pretendido por la coaccionada Fiat a la circunstancia de que los peritos ingenieros mecánicos intervinientes en autos no hubieran logrado dictaminar si la última reparación efectuada fue satisfactoria, o no, debido a que no pudo ponerse en marcha el motor por la voluntaria falta de uso por parte del actor. Ello así pues, la frustración de la finalidad para la que estaba destinada la unidad adquirida no obedeció a esta última entrada a reparaciones sino que quedó configurada por los persistentes fallos de diverso tipo que obligaron a su ingreso periódico y reiterado al taller mecánico de la codemanda Rullo, dado que los desperfectos en cuestión resultaron totalmente anormales en un vehículo prácticamente nuevo, máxime tratándose de un modelo de los denominados de «alta gama» y de una marca reconocida en plaza.-
Por su parte, las reiteradas reparaciones efectuadas al vehículo en el marco de la garantía sin que pudiera darse una solución definitiva a los distintos desperfectos -esto es, configurado el supuesto de «reparación insatisfactoria» normado por el art. 17 LDC- determinan que resulte inadmisible pretender -como lo hiciera Fiat- que, de todos modos, el consumidor deba aceptar el cumplimiento de la garantía, sea mediante la reparación de la cosa o el cambio de las piezas.-
Además, de la circunstancia que los desperfectos se hubieran registrado en distintos aspectos -mecánico, electrónico y técnico- del funcionamiento del automóvil se extrae que fueron varias -y no sólo una- las causas que dieron origen a esas fallas. Así pues, dado que el cambio de la tapa de cilindros efectuado recién el día 14/09/2001, habiendo transcurrido más de dos (2) meses desde la entrada a reparaciones -10/07/2001- y sin que la codemandada Fiat brindase la más mínima explicación de cuál fue el problema que se intentó solucionar con ese trabajo -adviértase que esta última negó a lo largo de todo el proceso el consumo excesivo de aceite y la microfisura de la tapa de cilindros-, mal podría afirmarse que dicha sustitución resultó «idónea para solucionar el problema» o que constituyó una «reparación satisfactoria».-
Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que, aún en la hipótesis de que subsistiera algún tipo de duda acerca de si el automóvil reúne las «condiciones óptimas» o no, las particularidades del caso desarrolladas más arriba determinarían la aplicación plena del principio que reza que, en los casos dudosos, habrá de estarse siempre a favor del consumidor -en este caso, el actor-.-
En virtud de los fundamentos desarrollados ut supra, conclúyese en que en la especie se encuentra configurada la causal de «reparación insatisfactoria» prevista por el art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, razón por la cual resulta procedente la resolución del contrato de compraventa automotor demandada, ello en los términos del inc. b) de la norma referida, debiendo la codemandada Fiat responder ante el actor por los daños y perjuicios que dicha reparación insatisfactoria le hubiera ocasionado a este último y, en consecuencia, corresponde rechazar los agravios tendientes a revertir lo decidido en la sentencia apelada en este mismo sentido.-
El art. 17, inc. b), LDC -se recuerda- establece que el consumidor puede optar por «devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales».-
Por su parte, el Decreto N° 1798/94, reglamentario de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, dispone en su artículo 17 que «…La sustitución de la cosa por otra de ‘idénticas características’ deberá realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuársele. Igual criterio se seguirá para evaluar el precio actual de la cosa, cuando el consumidor optare por el derecho que le otorga el inciso b) del artículo 17 de la ley…».-
Con las constancias obrantes en autos se tiene por acreditado: 1) que el día 10/07/2001 el vehículo del actor ingresó por última vez al taller mecánico de la concesionaria Rullo, contando con 22.199 kms. recorridos (véanse explicaciones brindadas por el perito ingeniero mecánico Dubarry a fs. 589/590 y aclaración de fs. 602); 2) que el actor retiró -en disconformidad- el automóvil del taller mecánico el día 10/01/2002, marcando el cuentakilómetros «22.200 kms.» (véase acta de constatación notarial de fs. 102/104); y 3) que al momento de ser inspeccionado por el perito ingeniero mecánico Petersen -el día 11/08/2005-, el automóvil registraba recorridos 22.226 kms. (véanse fs. 486, anteúltimo párrafo y fs. 494, respuesta al punto 36), kilometraje que fue corroborado dos años después por el perito Dubarry (véase fs. 589 vta., anteúltimo párrafo).-
En ese sentido, cabe señalar que dentro de la contabilidad y también en el uso y costumbres mercantiles, la amortización representa la depreciación o desgaste que se prevé para desvalorizar todo activo susceptible de una pérdida de valor (conf. Joaquín Raúl y Jorge Seoane, «Diccionario de Contabilidad – Administración, Control y Ciencias Afines», Ed. Selección Contable, Buenos Aires, 1943, T° I, pág. 147). El uso de la palabra depreciación, como sinónimo de amortización, se ha vulgarizado bastante y, si bien el uso de la última está más generalizado, el empleo de la primera es perfectamente admisible ya que tiende a mostrar más concretamente la naturaleza del castigo anual al activo.-
La base de amortización de los edificios, máquinas, muebles y artículos similares, es el número de años de vida útil que se ha calculado al ponerlos en servicio y que será mayor o menor -independientemente de la naturaleza del bien- según que se trate de compras nuevas o hechas de segunda mano. En lo que aquí interesa, se estima que un coche nuevo debe amortizarse en un término no mayor de 5 años, es decir, al 20% anual, calculado sobre la porción no recuperable como desecho; casi siempre, el precio de venta de un automóvil de segunda mano, al cabo de cinco años de uso -y dependiendo, en gran parte, de la comerciabilidad de la marca-, a valores constantes, puede estimarse en aproximadamente un 20% o 25% del precio de costo; el 80% o 75% restante se amortizará en un plazo de 5 años (conf. tasas de amortización del «Accountants’ Handbook», de William Andrew Paton, referidas por Joaquín Raúl y Jorge Seoane, en «Diccionario de Contabilidad…», op. cit., págs. 149 y 161).-
De allí en más y en caso de incumplimiento, se liquidarán intereses hasta el día de su efectivo pago a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días (conf. esta CNCom., en pleno, 27/10/1994, in re: «S.A, La Razón s/ quiebra s/incidente de pago de los profesionales»), no capitalizables (conf. doctrina plenaria del fuero, 25/08/2003, in re: «Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario», JA 2003-IV-567).-
Vale recordar que para la procedencia de cualquier daño -en general- debe existir plena certidumbre acerca de su existencia (CSJN, 13/10/1994, in re: «Godoy, Miguel A. c/ Banco Central»; conf. esta CNCom., esta Sala A, 12/07/2007, in re: «Juncal Empresa de Viajes y Turismo S.A. c/ Internacional Air Transport Association (IATA) y otro»). Su prueba es esencial, puesto que si no se halla demostrado, carece de sustento la pretensión resarcitoria que tuviera por presupuesto -justamente- ese extremo (conf. SCBA, 06/10/1992, in re: «Damelino de Constantini, Celia c/ Asociación de Jubilados y Pensionados de Villa Ramallo»; LL, 23/12/1992; Sala B, 22/2/2005, in re: «Clucellas, Patricio c/ Valle Las Leñas»).-
En lo que se refiere concretamente a la «privación de uso», esta Sala tiene dicho que la falta del vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible si no se suministran elementos de juicio que hagan verosímil la existencia de un concreto perjuicio derivado de esa carencia. Esto es así porque, si bien la indisponibilidad del rodado implica necesariamente para su dueño o usuario una serie de molestias, gastos adicionales y pérdidas de tiempo y de dinero -en caso de ser empleado como herramienta de trabajo- que, sin lugar a dudas, constituyen un menoscabo susceptible de ser indemnizado. Sin embargo, no menos cierto es que, como contrapartida, el uso de un rodado ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento, que se evitan, en principio, cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el automóvil (conf. esta CNCom., esta Sala A, 18/10/2007, in re: «Valle Alto S.A. c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.»; idem, 13/02/1980, in re: «San Esteban S.C.A. c/ Nogueira S.R.L.»; bis idem, 30/11/1979, in re: «Telles, Teodoro Tomás c/ Nasta, Antonio»).-
Síguese de ello que, para que este rubro prospere es exigible -conforme al principio expuesto-, que el interesado suministre prueba concreta de que esos gastos y molestias causados por la falta del vehículo superan o exceden el ahorro que produce esa ausencia de uso, allegando al Tribunal los elementos de juicio necesarios a ese fin, de modo de evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa en perjuicio del deudor (conf. esta CNCom., esta Sala A, 04/04/2007, in re: «Bonfiglio de Folgueiras Mariana y otro c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. y otro s/ Ordinario»; idem, 10/06/1980, in re: «Lerner, José c/ La Magdalena S.R.L.»; bis idem, 30/05/1997, in re: «Grimblat, Diego Fabián c/ Autoplan Círculo de Inversores S.A.»; entre otros).-
Se ha dicho en ese sentido que, para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, del querer o sentir de la supuesta damnificada para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16/11/2006, mi voto, in re: «Bus Domingo Gabriel c/ Transportes Metropolitano General Roca S.A.», entre muchos otros; idem, Sala D, 26/05/1987, in re: «Sodano de Sacchi c/ Francisco Díaz S.A. s/ Sumario»). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (conf. esta CNCom., esta Sala A, 30/12/2010, mi voto, in re «Flores Plata de Cisneros Elida c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ Ordinario»; idem, Sala B, 12/08/1986, in re: «Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros s/ Ordinario»).-
En esta línea de ideas pues, no existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16/11/2006, mi voto, in re: «Bus…», cit. supra; idem, 30/12/2010, mi voto, in re «Flores Plata…», cit. supra; bis idem, 07/12/2010, mi voto, in re «Girett Méndez Oscar c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ Ordinario»; ter idem, 20/04/2010, mi voto, in re: «Romani Francisco Ariel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario», entre muchos otros; en igual sentido, CNCom., Sala D, 28/08/1987, in re: «Saigg de Piccione, Betty c/ Rodríguez, Enrique»).-
El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos. No obstante, su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto de lo que se trata de lograr a través de la indemnización es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (conf. esta CNCom., Sala C, 25/06/1987, in re: «Flehner, Eduardo c/ Optar S.A.»; idem, 30/12/2010, mi voto, in re: «Flores Plata…», cit. supra, entre otros).-
Así las cosas, además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a su determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 1522 Cód. Civ. y 165 CPCCN, de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (conf. esta CNCom., Sala E, 06/09/1988, in re: «Piquero, Hugo c/ Bco. del Interior y Buenos Aires»).-
A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico (conf. esta CNCom., esta Sala A, 04/05/2006, in re: «Pérez Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A.»).-
En su informe de fs. 528/534, la perito psicóloga que examinó a Marcelo Rodríguez, luego de describir su personalidad, puntualizó que «…En este momento histórico y a partir del hecho ventilado en autos, resurgen o agravan signos depresivos previos; teme perder la contención de su grupo de pertenencia; le reaviva vivencias de falta de sostén en su mediana y temprana infancia vinculados al fallecimiento del padre. Los que se actualizan, asimismo, debido al divorcio que aconteciera en período posterior…» a la compra del vehículo de marras. (véase fs. 531, último párrafo). Agregó que «el actor ve agravada una depresión previa, con gran angustia actual y se expresan en signos compatibles con patología psicosomática, la descompensación de una personalidad sobreadaptada» (véase fs. 531 vta., respuesta al punto 1) y describió su estado al momento de las entrevistas -marzo de 2006- como «…de gran desasosiego, angustia y tensión excesivas…» (véase fs. 531 vta., respuesta al punto 4). La experta concluyó en que «la vivencia actual de padecimiento del actor constituye un porcentaje correspondiente al hecho de autos y otro a la historia vivida por el mismo» y dictaminó que presentaba una incapacidad psicológica del 25% T.O., del cual un 15% correspondía al hecho que nos ocupa (véase fs. 532, anteúltimo párrafo), recomendando por ello la realización de un tratamiento psicoanalítico dos veces por semana, durante veinticuatro meses (véase fs. 531 vta., último párrafo). Concluyó en que «los padecimientos sufridos tienen entidad suficiente como para ser considerados dentro del daño psíquico y del daño moral» (véase fs. 532 vta., respuesta al punto 7).-
Ello se halla corroborado por la prueba testimonial obrante en autos. En ese sentido, el testigo Tomás Gabriel Czarnitzki -amigo del actor- declaró que éste, como consecuencia de la situación generada a raíz de los distintos y recurrentes desperfectos del automóvil de marras, «…estaba bastante ofuscado con este tema, continuamente hablaba de lo mismo y de sus pormenores con la empresa, el taller y las idas y vueltas, lo cual no lo ponía obviamente de buen humor» (véase fs. 261, respuesta al punto 13). Por su parte, la testigo Diana Judit Estrin de Czarnitzki -amiga del accionante- manifestó que la situación referida «…generaba conflictos para movilizarse, problemas de pareja, los dos son profesionales, se generaban conflictos acerca de quién lo lleva y cómo lo lleva, el auto más que un servicio es un inconveniente, esto generaba conflictos permanentemente…» (véase fs. 262 vta., respuesta al punto 13). En similares términos se expidió el testigo Pablo Alejandro Miguel -amigo del actor-, quien señaló que tanto éste como su esposa, debido a las circunstancias que rodearon al defectuoso funcionamiento del automóvil, «estaban muy decepcionados con el tema. Era el tema excluyente de las conversaciones y estaban muy preocupados por el mal trance que les provocaba este desperfecto al cual no podían darle una solución» (véase fs. 276, respuesta al punto 13).-
5) El «dies a quo» de los intereses.-
Se ha dicho en ese sentido que una vez que nace la obligación del pago del precio, surge también el derecho a los intereses por aplicación de la norma general del art. 508 del Código Civil, pues se trata de los perjuicios moratorios y el curso inicial de los mismos procede desde la mora, aún cuando se trate de una deuda ilíquida, ya que siempre es liquidable (conf. esta CNCom, esta Sala A, 12/05/2003, in re: «Telecal S.A. c/ Protelar S.A.», LL 2004-B, 1015, AR/JUR/3071/2003).-
Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCCN). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T° I, pág. 491).-
FDO.: María Elsa Uzal – Isabel Míguez – Alfredo A. Kölliker Frers
Previo Medida Cautelar frena el cobro del Banco Galicia al Programa Aerolíneas Plus
Proximo Concentración empresaria. Fusión producida entre Cablevisión y Multicanal.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 artículo 17
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