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Timestamp: 2017-06-29 15:51:06+00:00

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OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE – Galeria de ideas
UE, UE UnionEuropea Directiva2003/109/CEOBJETIVOS DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE	La configuración de la Unión Europea como un “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” conlleva reconocer a éste como un espacio sin fronteras internas en el que, entre otros, quede justificada la libertad de desplazamiento. Esto exige obviamente la adopción de una serie de medidas tendentes a garantizar la libre circulación de personas, pero asegurando el control de las fronteras exteriores así como, el control de los flujos migratorios. De modo, que parece necesario establecer criterios comunes en materia de política migratoria que evidentemente, influirán sobre el ámbito de los derechos reconocidos a los nacionales de terceros países. En este orden de cosas, hay que evidenciar que con Lisboa se articula la base jurídica necesaria para el desarrollo de una política migratoria común. En este sentido, se define el contenido de la política de control de fronteras (artículo 77) y se define, asimismo, el contenido de la política de inmigración (artículo 79) entendiendo por tal aquella que permite satisfacer una gestión eficaz de los flujo migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que resida legalmente en los Estados parte, así como la persecución y la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. En este contexto, debemos encuadrar la Directiva objeto de análisis en este trabajo. Partiendo de lo señalado y, en particular respecto a los objetivos de la Directiva, puede adelantarse que estos son 3:
En primer lugar, tomando como base el principio de subsidiariedad , se pretende otorgar un estatuto a los residentes de larga duración de terceros países residentes de larga duración en el territorio de un Estado miembro, conforme a criterios comunes a todos los Estados miembros, los cuales únicamente pueden ser fijados a nivel comunitario . Los Estados miembros, dentro de sus legislaciones nacionales, podrán contemplar un tratamiento jurídico especifico y más favorable para los nacionales de terceros países que ya residen desde hace cierto tiempo en su territorio .
En este contexto, la Directiva, dentro de su considerando vigesimocuarto manifiesta que le corresponde a la Unión establecer los criterios de adquisición del estatuto de residente de larga duración. En concreto, se contempla que: “Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber la fijación de concesión y retirada del estatuto de residente de larga duración y derechos correspondientes y la fijación de las condiciones de ejercicio, por parte de los residentes de larga duración, del derecho a residir en otros Estados miembros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos” .
Así pues, cada uno de los Estados miembros goza de soberanía para otorgar la residencia a los nacionales de terceros países , y la Directiva en este sentido no pretende por ningún motivo sobrepasarla.
En segundo lugar, y como segundo objetivo se pretende fomentar la integración de los nacionales de terceros países en el país de acogida. En este sentido, se afirma que:
“La integración de los nacionales de terceros países que estén instalados permanentemente en los Estados miembros es un elemento clave para promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la Comunidad, tal y como se declara en el Tratado” .
Por tanto, puede ponerse de relieve que la Directiva busca que los nacionales de terceros países que forman parte de la vida comunitaria, obtengan una mayor integración dentro la Unión cuando pueda probarse su arraigo dentro de alguno de los Estados miembros.
Esto es, la integración de los nacionales de terceros países en la sociedad del país de acogida es lo que permite otorgarles un tratamiento “uniforme” lo más cercano posible a aquél del que disfrutan los nacionales de ese Estado miembro y por ende, de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Téngase en cuenta que la integración de los nacionales de terceros países exige el respeto básico de los valores de la Unión Europea. En concreto, el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a los derechos humanos, a la democracia y al Estado de Derecho, incluyendo, asimismo, el respeto por los derechos de las minorías . Es un tanto complicado definir la integración, ya que estamos ante un concepto polisémico, que admite diversas definiciones. Veamos algunos ejemplos: a) en el sector laboral, la integración implicaría oportunidades en el mercado profesional, en las mismas condiciones que un nacional del Estado de acogida; b) respecto al conocimiento básico del país de acogida, la integración consistiría en un conocimiento básico de su idioma, historia e instituciones, a través de medidas previas y organización de programas de introducción con cursos de varios niveles; c) se puede, así mismo lograr la integración a través de hacer partícipe al nacional de un tercer país de las costumbres del Estado de acogida d) la integración también implica desarrollo y respeto a la libertad de culto y creencias religiosas; e) participación de los nacionales de terceros países en la vida política y democrática, si bien, restringido al ámbito municipal . Pues bien y partiendo de la existencia de esta dificultad en el presente trabajo trataremos la integración, desde la perspectiva jurídica o normativa derivado de lo establecido en la Directiva.
Y en tercer y último lugar, la Directiva traza como otro de sus objetivos el fijar las condiciones, tanto para que los nacionales de terceros países residentes de larga duración puedan ejercer su derecho de residencia dentro del Estado de acogida conforme a lo establecido por el artículo 79 TFUE, como para ejercer el derecho a residir en otro Estado miembro . Medidas estas que a nuestro entender lo cual contribuirá a la realización efectiva del mercado interior, en cuanto espacio en el que se esté asegurada la libre circulación de todas las personas, mientras que por otro lado constituye un factor importante de movilidad, en particular, en el mercado laboral de la Unión Europea. Antes de finalizar, cabe destacar que a tres de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, las disposiciones de la Directiva no les resulta aplicables. Nos referimos a Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Por lo que respecta al resto de los otros Estados miembros, deben aplicarla en cumplimiento del principio de no discriminación y del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea .
Notas. Véase MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “La nueva regulación del régimen de competencias en el Tratado de Lisboa: especial referencia al control del principio de subsidiariedad”, en MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (coord.) El Tratado de Lisboa – La salida de la crisis constitucional, Iustel, Madrid, 2008, pp. 273-294.
COM (2001) 127 final. Propuesta de la Directiva del consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, presentada por la Comisión. Bruselas 13 de marzo de 2001. También véase, GARCÍA MURCIA, J., “La política de inmigración en la Constitución Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales, No. 57, pp. 217-219. Vease estudio por la Universidad de Nimega (abril de 2000) llamado: “El estatuto jurídico de los ciudadanos de terceros países residentes de larga duración en un Estado miembro de la Unión Europea” (elaborado por K. GROENENDIJK, E. GILD y R. BARZILAY), donde se reveló que las legislaciones nacionales, pese a sus particularidades propias, comparten no obstante numerosos puntos de convergencia, en particular, la consideración común de la antigüedad y de la intensidad de los vínculos establecidos en el país de acogida. El estudio puede ser consultado en: http://eur-lex.europa.eu
Así se constata en el artículo 5 TUE (antiguo art. 5 TCE):
“La Delimitación de las competencias de la Unión se rigen por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los limites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida en los Tratados correspondientes corresponde a los Estados miembros.
En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a la escala de la Unión.
Las Instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.”
En el caso del Estado español, las condiciones que el extranjero ha de cumplir para entrar legalmente a territorio español y las diferentes situaciones en las que puede encontrarse en España se regula en el Título II de la Ley Orgánica de Extranjería bajo el epígrafe: “ De la autorización de estancia y residencia”. Vease. Considerando cuarto de la Directiva, (DOUE, de 23 de enero de 2004, L16).
Véase el artículo 2 TUE: “ La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”
Sobre este particular, la Propuesta de la Directiva expresa que si bien es cierto que la evolución política reconoce de modo indiscutible la importancia del derecho de voto, este sólo es tratado por la Unión refiriéndose a las elecciones municipales y únicamente a favor de los ciudadanos de la Unión.
Antiguamente artículo 63, apartado cuarto del TCE. Nos interesa, en particular, el articulo 79 TFUE que se refiere a la adopción de medidas sobre las condiciones de residencia, sobre la expedición de permisos de residencia (apartado 2.a), o medidas que definan los derechos y condiciones conforme a lo que los nacionales de terceros países residentes legales en un Estado miembro puedan residir en un Estado miembro distinto (punto 2, apartado b). Ahora bien, esta transferencia de competencia a la Unión Europea en materia de inmigración no excluye la competencia nacional, ya que el propio artículo 79.5, afirma que las medidas que se pudiesen adoptar no impedirá a cualquier Estado miembro mantener o introducir en esos ámbitos disposiciones nacionales, siempre que éstas sean compatibles con el Derecho de la Unión o con tratados internacionales.
Véase los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, así como también los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Véase: HOWRD, E. “Equality: A Fundamental Right in the European Union?”, en International Journal of Discrimination and the Law, Vol 10, 2009, AB Academic Publishers, pp. 19-38; GAONA, T., “La Unión Europea y el principio de no discriminación “Revista Técnica de Ertzaina, 2008, No. 57, pp. 26-41; “Decisión 2000/750/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria para luchar contra la discriminación, 2001-2006”, (DOUE, de 2 de diciembre de 2000, L 303); Directiva 2000/43/CE, del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independiente de su origen racial o técnico, (DOUE, de 19 de junio de 2000, L 180); Comunicación de la Comisión de los Estados miembros de 14 de abril de 2000 por la que se establece las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la cooperación trasnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo (DOUE, de 5 de mayo de 2000, C 127/2); el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Igualdad y no dis¬criminación en la Unión Europea ampliada, (COM/2004/0379 final, Bruse¬las 28.05.2004 [en línea] [ref. 18.05.2007]). Téngase en cuenta que los Libros Verdes son documen¬tos de reflexión publicados por la Comisión sobre temas políticos específicos. Estos documentos están especialmente destinados a las partes interesadas invita¬das a participar en el proceso de consulta y debate. A veces pueden conducir a desarrollos legislativos ulteriores.
El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo a la no discriminación, establece que: 1. “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.”
betrachifebrero 12, 2012	Responder Cancelar respuesta	Introduce aquí tu comentario...
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 artículo 79
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 63
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