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Timestamp: 2020-07-16 15:51:41+00:00

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enero 2012 – Ernesto Cedeño Alvarado
Archive en enero 2012
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ALTO COSTO DE LA VIDA EN PANAMÁ.
Recientemente ha trascendido que el gobierno panameño impulsa a mayor escala, las Jumbo tiendas y las Jumbo Ferias para paliar los efectos de los problemas que hay en la canasta básica en Panamá.
Estos mecanismos serán insuficientes a mi parecer, si no se toman otros correctivos sobre el tema.
Acto seguido propongo mis correctivos, sobre el tema:
1. Que se impulse en Panamá una ley para limitar la extranjerización de tierras.
Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) advirtió hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya ha reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.
La nueva norma no afectaría a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras. Igual medida existe en USA y Canadá.
Si no lo hacemos hoy, nos exponemos a que no haya tierras para la producción nacional mañana.
2. Modificar las leyes 24 y 25 de 2001, que impulsa el beneficio de los productores patrios, para eliminar la excesiva burocracia que gravita en ellas y les pueda llegar por tanto la ayuda, a los necesitados, de manera expedita.
3. Cambiar el derrotero fiscal nacional, impulsando normativas parecidas a la Regla Buffet o mejorarla, que impulsa Barack Obama en USA, en donde los que ganan más de millón de dólares al año tendrán una tasa impositiva no menor al 30%. Debe descargarse el yugo que pesa hoy sobre la clase media a la que les asfixia el 7%, la ley de portabilidad numérica, el 911 y ahora pretenden cargarle el peso de la soterración de cables en Panamá.
4. Fijar los precios de los artículos de primera necesidad, como lo permite el artículo 284 constitucional.
5. Establecer una buena línea de crédito al productor nacional con préstamos blandos.
6. Como prioridad de Estado, hacer reuniones con los productores y comerciantes para poder recibir propuestas, sobre como bajar el alto costo de la vida en Panamá.
7. Fortalecer las instituciones para que se respete siempre la seguridad jurídica. Esto también tiene que ver con la correcta escogencia de los operadores de justicia y del respeto a la separación de poderes en Panamá, como pilar de la democracia, ya que esto atraería inversionistas.
Ley sobre cables soterrados
En la Asamblea Nacional de Diputados se encuentra radicado el proyecto de Ley No. 493 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.
He leído el instrumento y ofrezco los siguientes comentarios en objeción del mismo:
1. Se establece una tasa entre el 1 hasta el 2% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica y de televisión por cable pero sólo a los clientes, mas no a las empresas millonarias, que ofrecen el servicio.
2. El instrumento impone una carga adicional al cliente de telefonía, a la que se le suma a la impuesta por la potabilidad numérica.
3. En el proyecto no se definen claramente, los beneficios que tendrán, los clientes por la tasa impuesta ni por el soterrado proyectado.
4. Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.
5. Se grava a todo un País pero el soterrado será sólo en el Polígono del centro bancario en la ciudad de Panamá; Zona Libre de Colón (excluyendo France Field); Línea de Alta Tensión-proyecto Corredor Sur; Avenida central de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas; Ciudad de David (calle 4° entre calle C y avenida 8 este), provincia de Chiriquí.
Proyectos como estos, en que para procurar remediar un aspecto principalmente estético, afectas impositivamente a los menos acaudalados económicamente, y no a las empresas millonarias, que explotan estos negocios, las cuales no pagarán ningún centavo por esto; es objetable, censurable y repudiable. Ojala los Diputados, no le impriman su aval.
Recientemente el gobierno italiano remitió al gobierno panameño, nota respuesta de Finmeccanica sobre las inquietudes de los contratos suscritos con Panamá. Independientemente de si hubo o no presuntos sobre costos; del estudio de los contratos celebrados sugeriría considerar la posibilidad de hacerles reformas, para preservar los mejores intereses del Estado. Mismos que se traducen de la siguiente manera:
CONTRATO DE HELICÓPTEROS SUSCRITO ENTRE EL ESTADO (MINISTERIO DE SEGURIDAD) Y LA EMPRESA AGUSTA S.P.A.
1. Debe eliminarse el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
2. El contrato incluye la capacitación de pilotos y técnicos pero no aparece ninguna cláusula que hable al respecto, sólo la primera que hace referencia a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta que no se ha subido a la Web. Si en la propuesta se define con claridad meridiana, el aparte de la capacitación y sus generalidades, estaría saldado el problema. En la mayoría de los contratos se consignan en las cláusulas contractuales.
3. Del encabezado del contrato se intuye que al parecer no consta inscrita la empresa en el Registro Público de Panamá como debió estarlo, antes de la firma del contrato, tal cual lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 366 en su Artículo 26.
4. La cláusula tercera in fine, pareciera permitir el aumento de los costos en contra del Estado, aún por causas imputables al contratista y podría ser esto, un grave error.
5. El término “otros gastos de importación” que deberá cubrir el Estado como pago adicional, en la cláusula cuarta y vigésima cuarta, es muy amplio y podría entrar en él, otros rubros fuera del estricto pago de un impuesto de introducción a que se obliga el Estado.
6. En la cláusula octava no se sabe en que consistirá el “apoyo para la obtención de visas para extranjeros” que se está obligando el Estado.
7. En la cláusula décima cuarta, con aquello de la Licencia de Exportación, pareciera restringir, la libre disposición de los bienes comprados y pagados por el Estado panameño, cuenta habida, que para ello requeriría, de la autorización expresa del gobierno italiano.
CONTRATO DA-043-2010 SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA EMPRESA SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A., PARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COSTERA PARA EL SERVICIO AERONAVAL.
Ponderar Modificar:
Se deja claro que mis comentarios son personales y se circunscriben únicamente a los contratos en comentario y no a la lectura de los anexos de los instrumentos, debido a que no pude acceder a los mismos. A lo mejor leyéndolos pudiera haber disipado muchas de las dudas expuestas.
Finalmente concluyo que de las lecturas de los contratos no se evidencian actos anómalos absurdos, no obstante, saludable sería ir cerrando las puertas a posibles conflictos interpretativos que pudieran suscitarse, en el futuro, de allí lo necesario de realizar un estudio hoy, para posibilitar addendar los instrumentos legales, de ser posible y necesario.
Hay un movimiento que pretende, que el paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, quede intacto y sin variante alguna.
SALA V UNA INSTITUCION INCONVENIENTE HOY
La Sala V es una institucion inconveniente hoy.
Por: Dr Ernesto Cedeño Alvarado
La Sala V se esta adecuando en la Asamblea Nacional de Diputados en estos momentos, para que atienda principalmente, los asuntos de Habeas Corpus, Habeas Data, los Amparos y el otorgamiento de los vistos buenos para las interceptaciones telefónicas, y aunque parezcan innovadores las materias que ha de atender esta nueva Sala de instituciones de garantía, el implementarla hoy, ya no es potable, por lo sigulente:
1. Acaba de terminarse un trabajo de adecuación de las principales normas constitucionales de parte de un grupo de notables que merece la posterior evaluación y aprobación de la ciudadania, en tal sentido, no se justifica implementar una figura juridica que pudiera sucumbir a la postre, por el voto popular ante un referéndum que debe darse.
2. Como la Sala V no atenderia los casos en materia de inconstitucionalidad por que precisamente la Constitucion dice que es materia de PLENO de la Corte, lo que hace esta Sala es aumentar a 7 el numero necesario para aprobar todo en materia de inconstitucionalidad por mayoría, precisamente por una mayoría cualificada que por el reciente nombramiento de los 3 magistrados de la Sala V, serian 7 los que harian mayoria y sus dignatarios podrían ser todos ahora del conocimento amical de figuras prestantes del Organo Ejecutivo. Seria llanamente mas de lo mismo. No representaría un cambio real y efectivo de lo que hacían los gobiernos anteriores de Panama. Con lo nuevos nombramientos, serian 7 los magistrados, nombrados hogaño.
3. No se la ha dado a la ciudadania una cifra estadística del porcentaje de los casos que atendería aproximadamente, la reciente Sala para ponderar la validez o no del gasto a proyectarse.
Abogo con la aplicación del slogan de la reciente propaganda del gobierno: Mi Alianza es con el Pueblo y se ejecuten reuniones de trabajo con los ciudadanos, alejados de la Politica partidista, que podrían dar luces a los gobernantes sobre temas puntuales como Seguridad, la No Extranjerizacion de un porcentaje de Tierras Nacionales, Canasta Básica, Salario Minimo y Justicia, entre otros. Y con decisiones concretas, conversadas y explicadas, se caminaria a puerto seguro, por un mejor Panama. En la multitud de consejeros, hay seguridad.
Caso derrumbe del acceso al centenario y otros
Me dirijo a usted de manera respetuosa, como ciudadano y abogado, por dos motivos fundamentales.
Que pondere la posibilidad de establecer una política agropecuaria fuerte, que nos permita el acceder a terrenos no enajenados en el futuro para cultivar los alimentos del los nacionales. Internacionalmente se informa que se percibe que en un futuro mediato, habrá carencia de tierras en el mundo, para cultivar los alimentos. En algunos países están limitando la extranjerización de tierras, de manera estratégica. Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya ha reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina. La FAO calcula que el 10% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capitales foráneos. La nueva norma no afecta a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Los Estados interesados en quedarse con fincas argentinas deberán limitar sus adquisiciones y buscar otros países, aunque no todos son tan fértiles como Argentina, o resignarse a comprarle los alimentos como cualquier otro actor en el mercado mundial de las materias primas. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros. Como quiera que en Panamá no hay decisión de Estado sobre este tópico, le motivo a legislar lo propio para preservarle la tierra a nuestras generaciones de panameños que no tendrán en el futuro, sino ponemos algún alto sobre las adquisiciones de tierras, un terreno para cosechar sus alimentos. Le ruego que visionemos el futuro de nuestros hijos como hacen naciones de primer mundo, que desde ya, están buscando lugares fuera de sus linderos, para cosechar los alimentos para su gente.
Que instruya lo competente para que el informe del derrumbe del acceso al Puente Centenario salga a la luz rápido, para que se le pueda exigir al responsable, el reembolso de los gastos erogados por el Estado, en su re-edificación. La preocupación obedece, a que conforme al código civil en su artículo 1706 la acción civil para reclamar la indemnización por obligaciones derivadas por culpa o negligencia prescriben en el término de un año, contado a partir del momento en que la falla, la supo el agraviado. La espera podría estar blindando al culpable del hecho.
Fecha: La de su presentación.
Tierra para los panameños
En NTN 24 acaba de informar que se estima que en el año 2050 habrá carencia de tierras en el mundo para cultivar los alimentos. Le adjunto una noticia en donde se desprende con claridad meridiana que naciones en el mundo están limitatando la extranjerizacion de tierras, de manera estratégica.
Como quiera que en Panama no hay decisión de Estado sobre este tópico, le motivo a legislar lo propio para preservarle la tierra a nuestras generaciones de panameños que no tendrán en el futuro, sino ponemos algún alto sobre las adquisiciones de tierras, un terreno para cosechar sus alimentos.
Le ruego que visionemos el futuro de nuestros hijos como hacen naciones de primer mundo, que desde ya están buscando lugares fuera de sus linderos, para cosechar los alimentos para su gente.
Alejandro Rebossio Buenos Aires 23 DIC 2011 – 21:12 CET
La CORTE debe fallar en el fondo el caso BOSCO
Hoy la Corte me recibió la presente carta, en donde le pido al magistrado presidente de la Corte, que resuelva en el fondo del caso BOSCO, en beneficio de la democracia.
Lic. Alejandro Moncada
Acudo ante usted, de manera respetuosa, como ciudadano y abogado y le solicito que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en la medida de lo posible, resuelva en el fondo, la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la resolución de la Asamblea Nacional de Diputados que ventiló la ciudadanía de Bosco Vallarino.
El hecho de que Bosco Vallarino haya renunciado a la Alcaldía capital no implica que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, toda vez que lo demandado ante la Corte no fue su candidatura como Alcalde, sino una resolución de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Corte Suprema, PLENO, en sentencia del 30 de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), dijo sobre el tema lo siguiente: “La sustracción de materia ciertamente, constituye un fenómeno procesal que debe ser declarado por el juez cuando el objeto del proceso ha desaparecido. Tal declaración, sin embargo, debe emerger del examen lógico y razonado de los hechos de la demanda, las pruebas aportadas por las partes y las pretensiones formuladas por éstas, de modo que el juzgador pueda arribar, con plena certeza, a la conclusión de que la pretensión procesal se ha extinguido. De lo que se trata, entonces, es de evitar que la declaración de sustracción de materia que hace el juez, afecte o desconozca el derecho sustancial de las partes.” Por lo antes expuesto concluyo yo, que no ha desaparecido lo demandado, que es la resolución dictada por la Asamblea Nacional y en tal sentido, la Corte debe dirimir la controversia en el fondo.
Es un hecho público y notorio que producto de la renuncia de Bosco Vallarino, al cargo de Alcalde capitalino, ha gravitado un grado importante de zozobra en la ciudadanía, que puede vulnerar la paz social, por lo que un fallo de la Corte, pudiera ayudar con el fortalecimiento de la democracia, cuenta habida, de que con la sentencia final, se podría proyectar la causa, posteriormente, ante el conocimiento del Tribunal Electoral, que dependiendo del fallo constitucional, podría decir si lo accesorio sigue la suerte de lo principal o que la credencial de la suplente es independiente del destino de la credencial principal de Alcalde. A mi juicio, debe la Corte fallar el fondo de la causa demandada, en base al Principio de Prudencia, que ha aplicado la Corte, en procesos constitucionales. En sentencia de 30 de junio de 2008 el Pleno consagro sobre el principio ut supra, así: “Es por esto que parece oportuno suscribir la tesis del Tribunal Europeo de Justicia, que se compadece perfectamente con el principio de prudencia ya admitido por nuestra más alta Corporación de Justicia, cuando en sentencia del 15 de diciembre de 1995, rechazó la solicitud de una parte que había pedido que no se tomara una decisión, por los graves efectos económicos que tendría. El Tribunal señaló que «las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente» pero agregó que «Y no puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo» (Subraya el Pleno). Huelga añadir, que las decisiones jurisdiccionales, podrían contribuir con la democracia de Panamá y la Corte, opino, no debe estar alejada de esta realidad.
Panamá, 13 de enero de 2012
BALANCE DE LAS REFORMAS ELECTORALES
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó en primer debate un paquete de reformas al código electoral. Acto seguido el balance propio de las reformas.
5. Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación.
6. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados.
7. Se eliminó la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
8. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación, se hará solamente en puestos estacionarios.
9. Se le impone al candidato que pretenda ejercer la libre postulación para Diputado, Alcalde, Concejal y Representante, la obligación de obtener en el circuito, distrito o corregimiento, según corresponda, un mínimo de uno por ciento de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo al que se aspira.
PUNTOS PRIORITARIOS QUE DEBERAN ABORDARSE EN LAS REFORMAS ELECTORALES
La Asamblea Nacional debera fortalecer con caracter de prioridad, los siguientes puntos de las reformas electorales, que pudieran ser motivo de controversia:
1. La incorporación de la filosofía de que cada votante es un voto. En la reformas electorales se permite el voto a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. La validación o no de la segunda vuelta electoral. En primer debate se incorporo, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Aqui la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. La inclusión del sistema de alternancia de género en la lista de candidaturas de tal forma que personas de un mismo sexo no vayan a estar consecutivas en la lista. Ocuparía el primer lugar quien hubiese resultado con más votos según el mecanismo de postulación respectivo y el segundo lugar la persona más votada del otro sexo, manteniendo la alternancia hasta agotar la lista.
4. La viabilidad de mantener el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
5. La escogencia de diputados, por el orden en que aparezcan en las listas en un circuito plurinominal y no por el gancho del elector.
6. La inclusión de la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.

References: artículo 284
 Artículo 26
in fine
 artículo 1706
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución