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Timestamp: 2015-10-13 18:22:34+00:00

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www.notariosyregistradores.com EL VISADO DE LOS CERTIFICADOS PROFESIONALES
I.- Introducci�n y Conclusiones
Para la mejor comprensi�n del problema, a nuestro juicio, es fundamental distinguir entre la regulaci�n existente con anterioridad y con posterioridad a la llamada
Ley �mnibus, es decir, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo art�culo 5 introdujo, entre otros preceptos, el nuevo art�culo 13 de la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, desarrollado posteriormente por el
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que entr� en vigor el 1 de octubre de 2010.
En el estudio, tras comprobar ambas regulaciones, teniendo en cuenta tambi�n la doctrina y la jurisprudencia existente, llegamos a las siguientes conclusiones: a) El �nico visado exigible en las certificaciones es el correspondiente al certificado de final de obra.
b) Se ha de entender derogado el certificado previsto en el
art�culo 50.3 del Real Decreto 1093/1997, por suponer una forma de visado no prevista legalmente en la actualidad.
Por ultimo, examinamos la contradicci�n existente en la legislaci�n andaluza, en cuanto exige el visado del certificado de obra nueva en construcci�n, lo que esta excluido tajantemente en la legislaci�n estatal, indicando v�as de soluci�n al problema de colisi�n.
II.- Historia, clases y naturaleza jur�dica del visado.
El visado colegial en la legislaci�n espa�ola est� �ntimamente unido a la propia existencia del Colegio Profesional. Los Colegios de Arquitectos en Espa�a fueron creados por el Real Decreto de 27 de diciembre de 1929, siendo ello una de las aspiraciones de la entidad privada, entonces existente, denominada Sociedad Central de Arquitectos, fundada en 1849. Para la creaci�n de la nueva Corporaci�n fue determinante el hundimiento de varios edificios en la d�cada de los a�os 20 del siglo pasado. El Gobierno Provisional de la Rep�blica aprob� por Decreto de 13 de junio de 1931 los Estatutos para el r�gimen y gobierno de los Colegios de Arquitectos, cuyo art�culo 16 atribu�a a las Juntas de Gobierno, entre otras facultades, la de �intervenir para su validez la documentaci�n de los proyectos y direcci�n de obras que hayan de tener curso administrativo por medio del sello del Colegio y visar de igual modo todos los informes de car�cter privado, periciales, valoraciones, etc., los cuales deber�n quedar registrados en el Colegio�.
Los distintos Colegios de Ingenieros se crearon fundamentalmente entre los a�os 40 y 60 del siglo pasado sobre la base de asociaciones profesionales ya existentes.
En el visado se ha distinguido entre el visado colegial y el visado urban�stico. A este prop�sito por su inter�s reproducimos la siguiente frase contenida en el Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2009, Recurso 383/2007: �Los Estatutos de los Colegios de Arquitectos atribuyen al Colegio dicha competencia de visar los trabajos profesionales de los colegiados encontr�ndose regulada en el �mbito colegial dicha materia por un Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Juntas de Gobierno de 30 de noviembre de 1979, sobre "Normativa B�sica sobre regulaci�n de visado colegial". El art. 1 de dicha Normativa B�sica sobre regulaci�n del visado colegial dispone que "el visado es un acto colegial de control de los trabajos profesionales comprensivo de los siguientes aspectos:
a) Identidad y habilitaci�n legal del colegiado autor.
c) Correcci�n e integridad formal de la documentaci�n integrante del trabajo, en especial, cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones t�cnicas y sobre requisitos de presentaci�n.
d) Observancia de la normativa urban�stica aplicable relativa a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situaci�n de las edificaciones, y ocupaci�n permitida de la superficies de las parcelas, a tenor de lo previsto en la legislaci�n vigente".
Del precepto trascrito se desprende un doble contenido del visado: por una parte, el que se ha venido a denominar "visado colegial" o "visado profesional" en el que se incluyen los apartados a), b) y parcialmente el apartado c), en cuanto en este apartado se hace referencia a normas colegiales; y por otra, el denominado "visado t�cnico" o "visado urban�stico" con el contenido reflejado en el apartado d) y parcialmente en el apartado c), en cuanto en este apartado se hace referencia a normas generales sobre especificaciones t�cnicas.
El Abogado y Urbanista Antonio Cano Murcia al estudiar en su obra �El visado urban�stico. Manual de consulta�, 2003, p�ginas 17 y 21, considera que el visado representa el ejercicio de una funci�n publica, y citando la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1989, de 21 de diciembre, configura a la instituci�n como un medio de control de car�cter administrativo dentro de una relaci�n de sujeci�n especial. Esta afirmaci�n puede fundamentarse en las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1996, 2 de mayo 1997, 14 de octubre de 1998 y 27 de julio de 2001.
El Profesor de Derecho Administrativo Antonio Carceller Fern�ndez en su obra �Manual de disciplina urban�stica�, 1983, paginas 122 a 125, estudia la naturaleza jur�dica del visado exponiendo las diversas teor�as existentes: 1� La configuraci�n del visado por el Profesor Bassols como una obligaci�n meramente profesional que no constituye un requisito de validez del proyecto t�cnico; 2� Verdadero acto administrativo, pero con un valor y efecto no decisorio y s� solo informativo y no vinculante; 3� La tesis de Garc�a de Enterr�a y Parejo Alfonso que lo configura como un acto colegial de control de la actividad profesional de los colegiados, sujeto a derecho administrativo.
En cuanto a la obligatoriedad del visado para los profesionales, la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, estableci� en su art�culo 5 que corresponde a los Colegios Profesionales �visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando as� se establezca expresamente en los Estatutos Generales�. En relaci�n con los arquitectos, el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, que aprob� los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de los Arquitectos y de su Consejo Superior, dispuso en su art�culo 31 que son objeto de visado los trabajos profesionales que se reflejen documentalmente y que est�n autorizados con la firma de
arquitecto. La obligatoriedad del visado se recoge en el art�culo 27 e), al exigir a los arquitectos que presenten a visado �todos los documentos profesionales que autoricen con su firma�.
En cuanto al objeto del visado el art�culo 31 del Real Decreto 37/2002, antes mencionado, dispuso que tiene por objeto: a) Acreditar la identidad del
arquitecto o Arquitectos responsables y su habilitaci�n actual para el trabajo de que se trate; b) Comprobar la integridad formal en la que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la normativa de obligado cumplimiento de pertinente aplicaci�n en cada caso; c) Efectuar las dem�s constataciones que le encomienden las leyes y disposiciones de car�cter formal.
III.- El visado en la regulaci�n anterior a la Ley �mnibus.-
En las �Notas del an�lisis de impacto normativo del Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales� se reconoce que la situaci�n existente en el periodo que estamos estudiando era insatisfactoria debido a la �excesiva expansi�n del �mbito de aplicaci�n�: �muchas de las exigencias de visado se contienen en normas colegiales y se han establecido como una exigencia general a todos los trabajos realizados por los profesiones colegiados�, apreci�ndose una deficiencia normativa: �fuera de las normas de �mbito colegial, en los escasos supuestos que la obligaci�n de visado se establece en normas sectoriales, en algunos casos se trata de normas antiguas; en otros la exigencia de visado se expresa con ambig�edad �as� la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n se refiere a la obligaci�n de suscribir los certificados con los visados que fuesen preceptivos- y, en general, se contiene en normas de escaso rango normativo�. Para el redactor del informe ello no permite determinar adecuadamente el alcance de la obligaci�n de visar.
La jurisprudencia ven�a atribuyendo �ltimamente al visado un contenido limitado. As� podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de M�laga, de 12 de julio de 2005, Recurso 109/2005, que a prop�sito de un informe pericial de Ingeniero Industrial declar� que �no se disminuye su valor intr�nseco por la circunstancia de no ir acompa�ado del correspondiente visado colegial�, su falta de cumplimiento no puede condicionar su contenido; la Sentencia del Tribunal Superior de Extremadura de 24 de mayo de 2001, Recurso 1002/2001, con relaci�n a un certificado de obra expres� que no era necesario que estuviese visado para que se pudiese obtener la licencia de primera ocupaci�n; igualmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de junio de 2006, Recurso 7712/2004, apreci� la innecesariedad del visado del certificado de obra para acreditar su terminaci�n a efectos de deducci�n por adquisici�n de vivienda en el IRPF.
Sobre la exigencia de visado tambi�n podemos citar el art�culo 36 de los Estatutos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, aprobados por Orden de 29 de septiembre de 1972, que estableci� la no admisibilidad por los Organismos o dependencias del Estado de ning�n trabajo t�cnico que no vaya visado. Igual exigencia reg�a en los estatutos de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros T�cnicos. Por �ltimo, el art�culo 8.3 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de Regulaci�n del Mercado Hipotecario, no exige expresamente que el informe de tasaci�n sea visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Desde el punto de vista hipotecario, la Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado de 21 de marzo de 1994 no exigi� el visado del certificado profesional, pues �a los efectos de la inscripci�n en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de obra prevenidas en el art�culo 25 de la Ley 8/1990 no precisan de visado colegial, todo ello sin perjuicio del alcance de este requisito en su �mbito espec�fico�, es decir, el interno dentro de la Corporaci�n de que se trate.
Al promulgarse el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las �Normas Complementarias al Reglamento para la ejecuci�n de la Ley Hipotecaria sobre inscripci�n en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urban�stica�, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espa�a impugn� ante el Tribunal Supremo los art�culos 46, 47.1 y 49, por prescindirse del visado colegial en las certificaciones t�cnicas del final de obra que se presentan para la inscripci�n de las obras nuevas en el Registro de la Propiedad, declarando el Tribunal Supremo en la Sentencia de 14 de octubre de 1998, Recurso 605/1997, Sala de lo Contencioso, que dicho requisito no estaba contenido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo ni puede resultar de su interpretaci�n sistem�tica, �sin perjuicio del alcance que pueda tener el requisito del visado colegial en el �mbito de su normativa espec�fica�.
La Resoluci�n de 4 de diciembre de 2006 revoc� la calificaci�n de la Registradora de la Propiedad que exig�a el visado de un certificado t�cnico de obra nueva en construcci�n. En parecidos t�rminos se expreso la Resoluci�n de 22 de septiembre de 2003. La posterior Resoluci�n de 11 de marzo de 2009 reconoci� su utilidad, �s�lo para acreditar la cualificaci�n profesional de quien dice firmar, pero no bastante para demostrar que la firma ha sido efectivamente puesta por �l�. Por �ltimo, la Resoluci�n de 5 de febrero de 2011, cuyo supuesto de hecho se refiere a una escritura autorizada con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1000/2011, de 5 de agosto, en relaci�n con la declaraci�n de una obra nueva en construcci�n reafirm� la no exigencia de visado del certificado, citando, a estos efectos, a la Resoluci�n de 9 de febrero de 1994, no siendo, por otro lado, exigible dicho requisito en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
En la obra dirigida por Jes�s Gonz�lez P�rez �, Catedr�tico de Derecho Administrativo y Registrador de la Propiedad, Comentarios a la Ley del Suelo�, volumen I, 2008, p�gina 924, al examinarse la declaraci�n de obra nueva, se plantea la posible exigencia del visado del certificado, expres�ndose que �estamos ante un problema puramente colegial, sin relevancia exterior, si bien se ha defendido la conveniencia del visado para evitar legitimaciones independientes y como garant�a de la identidad y competencia del t�cnico�. Antonio Cano Murcia en la obra citada al principio de este trabajo tambi�n estudi� esta cuesti�n, entendiendo que si bien la Ley 6/1998, de 13 de abril, no resolv�a la cuesti�n de si el certificado deb�a estar visado, al permitir el art�culo 49.1 del Decreto 1093/1997 la comparecencia del t�cnico en la escritura se demostraba que no era preciso.
IV.- La regulaci�n vigente a partir de la Ley �mnibus.
La llamada Ley �mnibus, es decir, la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, al modificar en el art�culo 5 la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, introduciendo un nuevo art�culo 13, ha supuesto una modificaci�n sustancial en la regulaci�n del visado. Como dice la �Memoria justificativa del proyecto�, se �establece una nueva regulaci�n del visado�. En la exposici�n de motivos de la Ley �mnibus se explica que las modificaciones introducidas tienen por objeto la simplificaci�n de los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de servicio. A continuaci�n reproducimos el art�culo 13 de dicha Ley en sus apartados
1� y 2�: �Visado.
1. Los Colegios de profesiones t�cnicas visar�n los trabajos profesionales en su �mbito de competencia �nicamente cuando se solicite por petici�n expresa de los clientes, incluidas las Administraciones P�blicas cuando act�en como tales, o cuando as� lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Que sea necesario por existir una relaci�n de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectaci�n a la integridad f�sica y seguridad de las personas. b) Que se acredite que el visado es el medio de control m�s proporcionado. En ning�n caso, los Colegios, por s� mismos o a trav�s de sus previsiones estatutarias, podr�n imponer la obligaci�n de visar los trabajos profesionales. 2. El objeto del visado es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitaci�n profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el art�culo 10.2.
En todo caso, el visado expresar� claramente cu�l es su objeto, detallando qu� extremos son sometidos a control e informar� sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ning�n caso comprender� los honorarios ni las dem�s condiciones contractuales, cuya determinaci�n queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprender� el control t�cnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.� Este precepto se ha desarrollado a trav�s del
Real Decreto 1000/2010 sobre Visado Colegial Obligatorio, disponiendo el art�culo 2 que las �nicas certificaciones a las que afecta la obligaci�n de obtener visado colegial est�n constituidas por el certificado de final de obra de la edificaci�n, que incluir� la documentaci�n prevista en el anexo II. 3.3 del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n, al que luego aludiremos, y el certificado que, en su caso, deba ser aportado en el procedimiento administrativo de legalizaci�n de obras de edificaci�n. Este �ltimo supuesto no debe ser confundido con el de la prescripci�n de la infracci�n que nace por raz�n de una edificaci�n construida ilegalmente, pues esto no supone legalizaci�n de la obra ilegal, sino que queda dicha obra en situaci�n asimilable a la de fuera de ordenaci�n, sin posibilidad de reedificaci�n en caso de derribo, ni de obras de mejora o ampliaci�n, cabiendo solo obras conservaci�n y mantenimiento. Para un estudio m�s detallado del tema nos remitimos al art�culo 53 del Reglamento de Disciplina Urban�stica de Andaluc�a.
En las �Notas del an�lisis del impacto normativo del Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales�, se reconoce la novedad de la nueva regulaci�n del visado: �hasta la nueva Ley �mnibus no exist�a ninguna norma general que determinase el contenido y el alcance del visado�, cuya exigencia correspond�a a los criterios legales restrictivos de necesidad y proporcionalidad establecido en la Legislaci�n actualmente vigente.
La Profesora Mar�a Jos� Vaquero Pinto en su trabajo sobre �Los Colegios Profesionales tras la incorporaci�n de la doctrina de servicios en el mercado interior�, publicado en Aranzadi Civil-Mercantil n�mero 9/2001, escribe que con la nueva regulaci�n �se transforma totalmente la concepci�n del visado�.
Pensamos que la raz�n fundamental de la exigencia, con car�cter general, del visado en las certificaciones de final de obra est� en su menci�n explicita o impl�cita en varios art�culos 6, 7, 9, 12, 13 y 17 de la Ley de la Edificaci�n, resultando que dicho certificado es uno de los documentos, y as� ocurre en la pr�ctica que, forman parte del Libro del Edificio.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 15 de julio de 2002, Recurso 153/2002, nos distingue entre el certificado de obra nueva, que es descriptivo, frente al certificado final de obra, que no es descriptivo al implicar un juicio, constatando que las obras han finalizado y se han ejecutado seg�n el proyecto para el que se obtuvo licencia y que se entregan a la propiedad en correctas condiciones para destinarse al uso previsto.
Por otro lado el certificado de final de obra es objeto de regulaci�n detallada en el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n, formando parte del Libro del Edificio. En efecto, como se escribe en la obra �R�gimen Jur�dico de la Edificaci�n. Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n y C�digo T�cnico de la Edificaci�n� 2007, escrito por el Profesor Carrasco Perera y las Profesoras Cordero Lobato y Gonz�lez Carrasco, todos civilistas, p�ginas 254 y 255, la entrega del proyecto por el director de la obra no agota la obligaci�n de entrega documental, pues para obtener la c�dula de habitabilidad o, en su caso, la licencia de primera ocupaci�n, la calificaci�n definitiva de VPO, o la declaraci�n de obra nueva terminada, el documento de obligada presentaci�n es el certificado final de obra suscrito por el director de la obra y el director de ejecuci�n, visado por los respectivos Colegios Profesionales, a�adiendo que �seguramente el Legislador haya partido de que el certificado de final de obra ha de adjuntarse al acta de recepci�n, seg�n establece el art�culo 6 de la
Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n. Pero el Legislador, siguiendo el ejemplo que ya le hab�an proporcionado las normas auton�micas, deber�a haber aclarado que dicho certificado va a formar parte en todo caso de la documentaci�n de la obra a entregar al usuario final�. La obligaci�n de entrega documental del promotor conforme al art�culo 9 de la LOE alcanza �la documentaci�n de obra ejecutada o cualquier otro documento exigible por las Administraciones correspondientes�.
El certificado final de obra est� regulado expresamente tambi�n en el C�digo T�cnico de la Edificaci�n, disponiendo el anexo II: �1. En el certificado final de obra, el director de la ejecuci�n de la obra certificar� haber dirigido la ejecuci�n material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcci�n y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentaci�n t�cnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcci�n. 2. El director de la obra certificar� que la edificaci�n ha sido realizada bajo su direcci�n, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentaci�n t�cnica que lo complementa, hall�ndose dispuesta para su adecuada utilizaci�n con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 3. Al certificado final de obra se le unir�n como anejos los siguientes documentos: a) Descripci�n de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y b) Relaci�n de los controles realizados durante la ejecuci�n de la obra y sus resultados.�
Las �Directrices Generales en la aplicaci�n por parte de los Colegios de Arquitectos del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio� aprobadas por el Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de Espa�a el 16 de septiembre de 2010 al estudiar el certificado de final de obra de edificaci�n se limita a reproducir lo expuesto anteriormente.
La conclusi�n que obtenemos es la de que al exigirse el visado del certificado final de obra, con car�cter general y obligatorio, sin excepci�n ni distinci�n alguna, por la legislaci�n vigente, igualmente dicha obligaci�n es aplicable al certificado exigido por la Ley del Suelo que acredita la terminaci�n de las obras de conformidad con el proyecto para el que se ha obtenido licencia, pues dicha exigencia no tiene un car�cter sectorial o corporativo, obedeciendo, seg�n el Decreto 1000/2010, a los criterios establecidos en la Ley �mnibus, el de necesidad y el de proporcionalidad, por existir una relaci�n de causalidad directa entre la realizaci�n del trabajo concreto y la afectaci�n a la integridad f�sica o seguridad de las personas, y resultar el instrumento de control m�s proporcionado, entre otros posibles, como se escribe en las Notas sobre el impacto normativo del Real Decreto. Sin embargo, pensamos que dicho requisito se puede entender cumplido si en el Libro del Edificio, cuyo dep�sito es necesario, se comprende dicho certificado de finalizaci�n de las obras ya visado por imperativo de la legislaci�n vigente; el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, exige en el articulo 20, trat�ndose de escrituras de declaraci�n de obra nueva terminada, la acreditaci�n documental de �todos los requisitos impuestos por la legislaci�n reguladora de la edificaci�n para la entrega de �sta a sus usuarios�, y ya sabemos que el visado es uno de los requisitos obligatorios del certificado de final de obra, que forma parte del Libro del Edificio a entregar. Incluso esta interpretaci�n es m�s conforme con el objetivo expresado en la exposici�n de motivos de la Ley �mnibus de simplificaci�n de los procedimientos, lo que implica el evitar la duplicaci�n de los requisitos. V.- �Subsiste el certificado de habilitaci�n profesional previsto en el
articulo 50.3 del Real Decreto 1093/1997?
La disposici�n derogatoria del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto nos dice literalmente lo siguiente: �1. Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, las que establezcan, de cualquier forma, la exigencia de un visado colegial obligatorio sobre trabajos profesionales distintos de los referidos en el art�culo 2 de este real decreto.
2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones relativas al visado incluidas en los estatutos de corporaciones colegiales y dem�s normas internas colegiales, en aquello en que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.�
La lectura de esta disposici�n nos hace pensar que afecta igualmente, derog�ndola, a la disposici�n contenida en el
art�culo 50.3 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, en cuanto a la exigencia de certificaci�n, al admitir como t�cnico competente, a efectos del certificado a �cualquier otro t�cnico que mediante certificaci�n de su Colegio Profesional respectivo, acredite que tiene facultades suficientes�. Para llegar a esta conclusi�n partimos de la idea, expresada por el Profesor de Derecho Administrativo Luis Calvo S�nchez en �Fundamentos de Derecho urban�stico�, Tomo II, 2009, p�ginas 1182 a 1184, de que el visado es un acto de control de los trabajos profesionales, que tiene un contenido variable, un m�nimo y un m�ximo, o si se prefiere un contenido necesario y otro disponible. Su contenido m�nimo comprende la acreditaci�n de la identidad del Colegiado o colegiado responsable y su habilitaci�n actual en el trabajo correspondiente, frase contenida en el art�culo 31 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos, Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, que es equivalente a la certificaci�n del Colegio Profesional, acreditativa de que tiene facultades suficientes. Por lo tanto, igualmente ha de entenderse derogada dicha exigencia de certificaci�n.
La derogaci�n conforme a la disposici�n derogatoria del Real Decreto 1000/2010 alcanza a las disposiciones que de cualquier forma establezcan la necesidad de visado. La aplicaci�n del argumento de mayor a menor- a maiori ad minus- confirma dicha conclusi�n. Sobre la aplicaci�n de dicha variedad de argumento
a fortiori el Notario Luis Mar�a de la Higuera Gonz�lez escribe en �Instituciones de Derecho Privado, Tomo I, volumen I, 2002, p�ginas 332 a 334, que su �operatividad pr�ctica va acompa�ada de la valoraci�n del int�rprete, que ha de contemplar la finalidad de la norma y los dem�s elementos que permitan una verdadera interpretatio iuris, atendidas las circunstancias del caso�.
El argumento de mayor a menor nos dice que si la Ley autoriza lo m�s impl�citamente permite lo menos, siendo aplicable a las calificaciones ventajosas, leyes permisivas, prescripciones positivas y facultades. Aplicando dicho argumento, si no se exige el visado de las certificaciones que acrediten la identidad y habilitaci�n profesional, y la correcci�n e integridad formal de la documentaci�n, cuando no sea de finalizaci�n de obras, tampoco se ha de exigir el certificado de habilitaci�n profesional o de facultades suficientes, que tampoco acredite que la finalizaci�n de obras se han ejecutado conforme al proyecto.
El Profesor de Filosof�a del Derecho Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas en su obra �La argumentaci�n en la justicia constitucional�, 2008, p�gina 208, escribe que el Tribunal Constitucional utiliza el argumento a fortiori para dar mayor fuerza al razonamiento. El certificado colegial que acredita las facultades suficientes del t�cnico no es sino una forma de visado, y como tal ha de considerarse derogada su exigencia.
�nicamente seria exigible dicho certificado colegial cuando comparezca el t�cnico en el otorgamiento de la escritura de finalizaci�n de las obras conforme al
art�culo 49.1 del Real Decreto 1093/1997, salvo que el certificado de final de obra incluido en el Libro del Edificio ya estuviera visado.
En las aludidas �Notas del an�lisis del impacto de la normativa del Real Decreto sobre obligaci�n de visado de trabajos profesionales� se relacionan las disposiciones afectadas por dicha cl�usula derogatoria, sin mencionarse la exigencia de certificaci�n contenida en el
art�culo 50.3 del Real Decreto 1093/1997, pero se aclara que dicha relaci�n se recoge s�lo �a efectos informativos y sin �nimo exhaustivo�.
En la extensa �Nota informativa sobre lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010, sobre el visado obligatorio�, de la Direcci�n General de Pol�tica Econ�mica, impulsora del Real Decreto, fechada el 27 de enero de 2011, se dictamina que �de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales �reformada por la Ley �mnibus-, no resulta exigible un certificado firmado por el Colegio Profesional �esto es lo que exige el
art�culo 50.3 del Real Decreto 1093/1997- por el que se acredite la identidad y habilitaci�n del Profesional en aqu�llos trabajos profesionales que no est�n sujetos a visado obligatorio�. Est� afirmaci�n confirma nuestra conclusi�n.
A�ade la Nota que �no existe base jur�dica para exigir un certificado al respecto del Colegio Profesional, pues esto ser�a una carga desproporcionada para alcanzar un objetivo que ya puede conseguirse mediante la consulta telem�tica del Registro� a trav�s de la p�gina web creada por el art�culo 10 de la Ley de Colegios Profesionales, en virtud de la redacci�n contenida en la Ley �mnibus. Informaci�n que ha de ser �clara e inequ�voca y gratuita� y que tiene el siguiente contenido: el Registro de Colegiados, que estar� permanentemente actualizado, y en el que constar�n, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, n�mero de colegiaci�n, t�tulos oficiales de los que est�n en posesi�n, domicilio profesional y situaci�n de habilitaci�n profesional. Lo anterior determina que el Notario, aparte de los datos y documentos de los que tenga noticia o pueda recavar, tendr� elementos suficientes, salvo caso de duda, para apreciar la identidad profesional y capacidad del t�cnico certificante.
VI.- El visado del certificado acreditativo de las obras nuevas en construcci�n en Andaluc�a. En la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a se plantea el problema de que el Reglamento de Disciplina Urban�stica aprobado por el Decreto
60/2010, de 16 de marzo, exige en el art�culo 27 el visado no s�lo para la certificaci�n final de obra, sino tambi�n para el certificado acreditativo de que la descripci�n se ajusta al proyecto en la autorizaci�n e inscripci�n de las escrituras de obra nueva en construcci�n.
Esta exigencia auton�mica est� en contradicci�n con el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, que tiene car�cter b�sico, seg�n se proclama en al exposici�n de motivos, por referirse el visado a una funci�n propia de los Colegios como Corporaciones de Derecho Publico, y en virtud de articulo 149.1.13� por la especial trascendencia econ�mica que tiene el uso de este instrumento en los servicios profesionales. La disposici�n final primera del Real Decreto estudiado precisa que se dicta al amparo de los art�culos 149.1.18� y 149.1.13� de la Constituci�n que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del R�gimen Jur�dico de las Administraciones Publicas y para establecer las bases y coordinaci�n de la planificaci�n de la actividad econ�mica.
Este problema de contradicci�n normativa entre la regulaci�n estatal y la regulaci�n auton�mica se ha planteado en otro extremo del aludido Reglamento de Disciplina Urban�stica de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a, en cuanto exige tambi�n el visado de los proyectos que se presenten para la obtenci�n de las licencias urban�sticas, aunque no sean proyectos de ejecuci�n, �nico supuesto en el que es exigible seg�n el Real Decreto 1000/2010.
Antonio Cano Murcia al comentar en �Pr�ctica Urban�stica�, n�mero 95, 2010, el Decreto andaluz, afirma que el protagonismo que el Reglamento de Disciplina Urban�stica otorga al visado �excede de las atribuciones que el legislador auton�mico tiene en esta materia�.
La cuesti�n ha sido estudiada en la revista �Pr�ctica Urban�stica� n�mero 103, abril de 2011, pagina 51, por la redacci�n del departamento de administrativo, y tras reconocer que, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2009, la mera alegaci�n no convierte una norma en b�sica sino que debe demostrarse su relaci�n con el titulo competencial, �al tratarse de una norma b�sica debe primar su aplicaci�n sobre cualquier otra auton�mica, que queda desplazada en su aplicaci�n�: deber� exigirse lo dispuesto en el Real Decreto y no lo determinado por la norma auton�mica por no tener competencia para regular esta materia.
Tambi�n estudian un problema an�logo el Abogado del Estado Leopoldo Guti�rrez-Alviz Conradi en el articulo publicado en �La Toga�, revista on line del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, n�mero 181, 2011, enero-marzo, titulado �Colisi�n entre Ley Auton�mica y Reglamento Estatal B�sico�, paginas 16-17. El autor citando la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2010, Recurso 1535/2009, Sala Tercera, Secci�n Cuarta, llega a la conclusi�n de que la norma b�sica estatal posterior desplaza la aplicaci�n de la Ley Auton�mica previa y no es necesaria una previa declaraci�n de inconstitucionalidad de �sta.
Esta l�nea doctrinal conecta con el voto particular en la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2003 de los Magistrados Jim�nez de Parda, Delgado Barrio y Rodr�guez Zapata, que concluy� afirmando �que todos los Tribunales de Justicia tienen la facultad de resolver directamente las colisiones que se producen �cada vez con mayor frecuencia- entre las normas auton�micas, aprobadas v�lidamente en su momento, y las posteriores leyes del Estado que modifican las bases de una materia. Si el Juez estima que la Ley estatal no es realmente b�sica a pesar de declararse como tal, y que por tanto la Ley estatal vulnera el art�culo 149 CE, debe elevar cuesti�n de inconstitucionalidad (a tenor de los art�culos 35 LOTC y 5 LOPJ). Sin embargo, si el Juez estima que la Ley estatal b�sica tanto material como formalmente (SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 6, y 233/1999, de 20 de diciembre, FJ 5), deber� fallar de conformidad con la Ley Estatal, en su caso inaplicando la Ley Auton�mica que resulta incompatible con ella, exactamente igual que si la Ley de la Comunidad Aut�noma contradijera disposiciones del Derecho comunitario (SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 6, y 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4; SSTJCE Simmenthal de 1978, y Ford Espa�a de 1989, FFJJ 17-19)�.
El Profesor de Derecho Constitucional Tomas de la Quadra-Salcedo Janini, estudia este conflicto normativo en las paginas 219 a 228 de su trabajo �Estado Auton�mico y trasposici�n de la Directiva de Servicios en Castilla y Le�n�, Valladolid, 2010. Para el autor siempre que la reserva competencial del Estado sea transversal u horizontal se podr�a aplicar el descrito principio de prevalencia del Derecho del Estado sobre el Derecho Auton�mico, en aquellos casos en los que se colisione con la normativa auton�mica adoptada en el ejercicio de competencias materiales propias y distintas. Aqu� �no nos encontramos ante un problema de validez de una de ellas sino de aplicabilidad�, y esto �hace que tal conflicto de normas pueda ser resuelto por los jueces ordinarios�, siempre que no haya existido extralimitaci�n competencial. Las competencias transversales u horizontales son las que permiten el establecimiento de condiciones uniformes en todo el territorio nacional, son competencias definidas en funci�n de la consecuci�n de un objetivo y no propiamente a favor de una materia.
La misma conclusi�n se puede aplicar cuando la competencia sea concurrente.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha negado que el principio de prevalencia sirva para resolver los conflictos derivados de la colisi�n de normas en los supuestos de conflictos que tengan lugar en el ejercicio de las denominadas competencias compartidas a trav�s del par bases-desarrollos; en este caso el conflicto se resuelve por la aplicaci�n del principio de atribuci�n de competencia. Se produce una sobrevenida invalidez de la norma auton�mica. Sobre el tema nos remitimos al trabajo del aludido profesor de la Quadra-Salcedo, titulado �El Tribunal Constitucional en defensa de la Constituci�n�. El mantenimiento del modelo competencial en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Catalu�a�, Revista Espa�ola de Derecho Constitucional, 2010, n�mero 90, p�ginas 287 a 334.
Sin embargo, en el caso que estamos estudiando, al tratarse de normas reglamentarias, s� se puede tener en cuenta por los tribunales el principio de inaplicaci�n: conforme al articulo 6 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, los jueces y tribunales pueden inaplicar la disposiciones reglamentarias que sean contrarias a la Constituci�n, a la Ley y al principio de jerarqu�a normativa.
Por ultimo, siguiendo a los Profesores Garc�a de Enterr�a y Tomas-Ram�n Fern�ndez en su �Curso de Derecho Administrativo�, I, decimocuarta edici�n, 2008, pagina 230 �el deber de observancia de la Ley y de correlativa inaplicaci�n del Reglamento que la infringe alcanza tambi�n �es forzoso repetirlo frente a las creencias habituales- a los mismos funcionarios administrativos. Los funcionarios no est�n vinculados a los Reglamentos como consecuencia de su subordinaci�n jer�rquica, sino en cuanto que dichos Reglamentos forman parte del ordenamiento jur�dico, del Derecho objetivo. No est�n, pues, obligados a aplicar los Reglamentos ilegales en todo caso, por que ello supondr�a reconocer en los Reglamentos un deber de observancia superior al de la Ley. No hay dos ordenamientos jur�dicos: uno, el que afecta a los ciudadanos y sancionan los jueces, en que estar�a presente el principio de superioridad de la Ley; otro, el que administran los funcionarios en que esa superioridad no entrar�a en juego�. La �nica excepci�n en este supuesto es que el criterio contrario le sea impuesto al funcionario por una orden jer�rquica concreta. La posibilidad expuesta por los administrativistas citados est� estudiada por extenso en la obra del Profesor de Derecho Administrativo Gabriel Dom�nech Pascual, titulada �La invalidez de los Reglamentos�, 2001, p�ginas 352 a 371, exponiendo que la Direcci�n General de los Registros y del Notariado se considera hoy en d�a perfectamente competente para examinar la conformidad con el ordenamiento jur�dico de los reglamentos e inaplicarlos si el examen arroja un resultado negativo. A tal efecto, invoca el principio de jerarqu�a normativa� citando las Resoluciones de cuatro de febrero de 1991, veintitr�s de febrero de 2000, veintinueve de febrero de 2000 y nueve de marzo de 2000. Tambi�n se puede citar la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de junio de 1995, que anul� una Resoluci�n del TEAR de Valencia que se hab�a resistido a verificar la legalidad de un reglamento y a inaplicarlo. Por �ltimo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1989 declar� ajustada a Derecho la liquidaci�n practicada por un ayuntamiento al amparo de un reglamento estatal, pero en contra de lo dispuesto en una ordenanza municipal.
Presupuesto de la anterior idea es la necesidad que tienen los funcionarios de interpretar la Ley a la hora de aplicarla. Karl Larenz escrib�a en �Derecho Justo. Fundamento de �tica Jur�dica�, que �el funcionario de la Administraci�n tambi�n tiene que interpretar la Ley cuando la aplica, pero si el asunto se convierte en litigioso, el Tribunal decide si su interpretaci�n era o no la correcta�. Sobre esta cuesti�n nos remitimos a la obra titulada �La interpretaci�n de las normas jur�dicas y los funcionarios p�blicos�, 2009, de Vicente Aracil, Inspector Superior de Tributos.
Joaqu�n Zejalbo Mart�n
Notario con residencia en Lucena (C�rdoba)
REGLAMENTO HIPOTECARIO URBANISMO
REGLAMENTO URBANISMO ANDALUZ
Real Decreto 1000/2000 sobre visados
R. 5 de febrero de 2011
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References: Real Decreto 
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