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Timestamp: 2018-10-24 00:46:03+00:00

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AUTONOMÍAS ASTURIAS PARTE 5 - INSTITUCIONES INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SISTEMA ELECTORAL MODIFICACIONES DEL ESTA...
Autonomías Asturias parte 5 - Monografía
“En nombre de la Junta General del Principado, y en el mío propio, os doy la bienvenida a la página web del Parlamento de Asturias.
El uso, cada vez mayor, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, está modificando de forma ineludible nuestra manera de relacionarnos, y contribuye, nota-blemente, al acercamiento y a la superación de fronteras que hasta ahora se nos presenta-ban como difícilmente salvables.
Esta ventana informática es un instrumento especialmente eficaz para acercarnos, como Institución en la que reside la soberanía popular, a todos los asturianos, a los que represen-tamos, y para difundir el trabajo parlamentario en su doble vertiente legislativa y de orienta-ción y control del Gobierno Regional.
Refuerza así la permanente preocupación de la Junta General del Principado de Astu-rias por abrir sus puertas, darse a conocer y mejorar su conexión con los ciudadanos.
Por eso, os animo sinceramente a que nos enviéis vuestras opiniones y sugerencias y deseo que ese diálogo contribuya a lograr que todos los asturianos, los que residen aquí y los que están fuera, conozcan y estimen cada vez más al Parlamento de Asturias”.
- Presidenta. María Jesús Álvarez González.
- Vicepresidenta Primera. Juana María González de Cabo.
- Vicepresidente Segundo. Pelayo Roces Arbesú.
- Secretario Primero. Balbino Dosantos Alonso.
- Secretario Segundo. Fernando Goñi Merino.
- Letrado Mayor. José Tuñón Bárzana.
- Grupo Parlamentario Socialista.
- Grupo Parlamentario Popular.
- Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
- Grupo Parlamentario Renovador Asturiano.
- Grupo Socialista. Titular: María Luisa Carcedo Roces.
- Grupo Socialista. Sustituto: Álvaro César Álvarez García.
- Grupo Popular. Titular: José Javier Suárez Álvarez-Amandi.
- Grupo Popular. Sustituto: Ana María Barrientos Álvarez.
- Grupo Popular. Sustituto: Juan Manuel Morales Sánchez.
- Grupo Izquierda Unida. Titular: Gaspar Llamazares Trigo.
- Grupo Izquierda Unida. Sustituto: Francisco Javier García Valledor.
- Grupo Izquierda Unida. Sustituta: Noemí Martín González.
- Grupo Renovador Asturiano. Titular: Sergio Marqués Fernández.
- Grupo Renovador Asturiano. Sustituto: Leonardo Verdín Bouza.
- Grupo Parlamentario Socialista: 24 Diputados.
- Grupo Parlamentario Popular: 15 Diputados.
- Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: 3 Diputados.
- Grupo Parlamentario Renovador Asturiano: 3 Diputados.
Aunque no estaba previsto en el texto inicial del Estatuto, por medio de la LO 1/1999, de 5 de enero, de Reforma de la LO 7/1981, de 30 de diciembre, se añade un nuevo artículo 35 ter al Estatuto por el que se crea la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Por ley del Principado se regulará su com-posición y funciones.
El artículo 55, en su nueva redacción, establece en su apartado 1 que el control económico y presupuestario del Principado de Asturias se ejercerá por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, sin perjuicio de las fun-ciones del Tribunal de Cuentas del Reino. En su apartado 2 indica que el infor-me de la Sindicatura será remitido a la Junta General para su tramitación de acuerdo con lo que prevea el Reglamento de la Cámara.
C) Consejo jurídico
3. Órganos relevantes
A) Academias
En el marco de las competencias exclusivas que tiene el Principado, la Junta General, por medio de la Ley 5/1997, de 18 de diciembre, de normas re-guladoras de las Academias, establece que con ella trata de tutelar y coordinar a las distintas academias científicas, artísticas y literarias radicadas en la Co-munidad.
Dentro del más estricto respeto a la autonomía organizativa y a la libertad intelectual que presiden el funcionamiento de las academias, en tanto que di-chas corporaciones han sido desde su creación cuerpos asesores de la Admi-nistración y exponentes destacados de la cultura en sus diversos campos, el Principado de Asturias debe amparar a dichas entidades, procurando un esta-tuto jurídico y unos medios materiales que las preserven de una extinción de todo punto indeseable.
Un primer paso -continúa diciendo el preámbulo de la Ley-, se dio in-corporando a las Academias al Real Instituto de Estudios Asturianos (LP 7/1988, de 5 de diciembre). En el ámbito de la región existen diversas institu-ciones académicas nacidas al amparo de singulares regímenes jurídicos, tal es el caso de la Real Academia de Medicina de Asturias, de la Academia Asturia-na de Jurisprudencia, de la Academia de la Lengua Asturiana, que dentro de sus respectivas finalidades han venido teniendo una presencia activa en el ám-bito cultural y científico asturiano.
La Ley establece que las academias válidamente constituidas con anterio-ridad a la entrada en vigor de la Ley, deberán solicitar su inscripción en el Re-gistro de Academias en el plazo de seis meses.
Teniendo en cuenta las competencias atribuidas al Principado en el artí-culo 10, para organizar las instituciones de autogobierno y las competencias de orden económico recogidas en dicho artículo y siguientes, resulta conveniente proceder a regular el adecuado marco institucional en el que los mandatos es-tatutarios citados encuentren adecuada plasmación.
El Gobierno regional, consciente de la importancia que tiene la creación de un marco estable que asegure la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones que afectan a la socioeconomía regional, acordó con otras fuerzas políticas la creación del Consejo Económico y Social (CES). Asimismo, el tema fue objeto de acuerdo con los representantes sindicales y empresaria-les en los denominados “Acuerdos para la Concertación Social en Asturias”.
El CES del Principado coincide con otros ya existentes, tanto en su natu-raleza como en sus funciones. Se configura como un órgano colegiado de ca-rácter consultivo en materia económica y social de la Comunidad y como un órgano de participación de los interlocutores sociales en las decisiones socioe-conómicas de las instituciones autonómicas.
La ley atribuye al CES una serie de funciones que se adecuan a la finali-dad y objetivos. Por lo que respecta a su composición, y frente a los diversos modelos existentes, se ha optado por incorporar al mismo la presencia guber-namental, mediante representantes directamente designados por el Consejo de Gobierno, en el entendimiento de que con ello supone un claro compromiso político de la Institución, así como un reforzamiento de su contenido y atribu-ciones.
En su artículo 3.1, establece que sus funciones son, por un lado, informar, con carácter previo a su aprobación, los proyectos de ley y los reglamentos que se desarrollen íntegramente una ley en materia de política económica y social (ap a); por otro lado, conocer y valorar los presupuestos generales del Princi-pado (ap. b); formular propuestas; elevar informes; servir de cauce de partici-pación y de diálogo de los interlocutores sociales; etcétera.
Sus órganos (art. 4), son el Pleno; la Comisión Permanente; el Presiden-te; los Vicepresidentes y el Secretario. Está compuesto por veintisiete miem-bros (art. 6) y tiene carácter tripartito, nueve en representación de las organiza-ciones sindicales más representativas; nueve en representación de las organi-zaciones empresariales intersectoriales; seis representantes de la Administra-ción regional y tres de los Ayuntamientos, uno de los de menos de 5.000 habi-tantes, uno de los de entre 5.000 y 20.000 habitantes y uno de los de más de 20.000 habitantes.
La Junta General, mediante su Ley 3/1984, de 9 de mayo, de reconoci-miento de la asturianía, da cumplimiento al mandato estatutario.
En su exposición de motivos, indica que la permanencia de los asturianos lejos de su tierra natal, ha desarrollado en los mismos un fuerte espíritu asocia-tivo, constituyendo fuera de Asturias una serie de centros o comunidades, a través de las cuales se mantienen vivos y se refuerzan los lazos de unión con la región asturiana.
Esta ley regula el reconocimiento de la asturianía de las Comunidades As-turianas, desarrolla el contenido del derecho que ello comporta y crea el Con-sejo de Comunidades Asturianas, como órgano de carácter deliberante para ejercer funciones consultivas y de asesoramiento de las Instituciones de la Comunidad autónoma.
En el orden social, las Comunidades tienen derecho a ser informadas de cuantas disposiciones y resoluciones se adopten por los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma; a compartir la vida social asturiana; a informar en las actuaciones de los órganos de Gobierno del Principado en temas relaciona-dos con los emigrantes.
En el orden cultural, el ejercicio de, entro otros, los siguientes derechos en la forma que reglamentariamente se determine: disfrutar de los museos, biblio-tecas, recursos bibliográficos y pictóricos, así como de los archivos dependien-tes de la Comunidad Autónoma; colaborar en el impulso y difusión de las acti-vidades culturales orientados a preservar y fomentar el goce de la cultura y tra-diciones asturianas; etcétera.
VII. SISTEMA ELECTORAL
El sistema electoral del Principado de Asturias está regulado por la LP 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, modificada por la LP 3/1991, de 25 de marzo, como consecuencia de lo previsto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Ré-gimen Electoral General y por la modificación del artículo 25.3 del Estatuto por la LO 3/1991, de 13 de marzo.
La ley se estructura en un Título Preliminar y cinco Títulos más, dos dis-posiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final.
El Título I, que regula el derecho de sufragio, consta de dos Capítulos, re-feridos, el primero, al derecho de sufragio activo, respecto al que se añade a los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el tener, además, la condición política de asturiano; y el segundo, a regular el de-recho de sufragio pasivo, dedicando especial atención a los supuestos especí-ficos de inteligibilidad e incompatibilidad, además de recoger los previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Se acumulan a la Junta Electoral Provincial de Asturias las funciones co-rrespondientes a la Junta Electoral del Principado de Asturias (Título II).
El Título III, referido al sistema electoral, establece una solución análoga a la contenida en la disposición transitoria primera del Estatuto, que rigió para las primeras elecciones celebradas a la Junta General, al dividir el territorio del Principado de Asturias, para las elecciones, en las circunscripciones electorales de Centro, Occidente y Oriente, formadas cada una por el mismo conjunto de Concejos, previsto en la norma estatutaria. Se mantiene, asimismo, en cuaren-ta y cinco el número de Diputados a elegir, si bien queda reducido a un 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción, el número mínimo de votos que ha de obtener una candidatura para que sea tenida en cuenta.
El Título V, referido al proceso electoral, se estructura en ocho Capítulos. El Capítulo I está dedicado a determinar los pormenores para la designación de los representantes de las candidaturas ante la Administración Electoral; el Ca-pítulo II, a regular la presentación y proclamación de candidatos; el Capítulo III, se refiere a la campaña electoral; el Capítulo IV regula la utilización de los me-dios de comunicación; el Capítulo V, las papeletas y sobres electorales; el Ca-pítulo VI, el voto por correo; el Capítulo VII, la designación de Apoderados e Interventores; y el Capítulo VIII, regula las operaciones de escrutinio.
Son de destacar en el Título V las peculiaridades de la regulación conte-nida en el Capítulo IV, referido a la utilización de los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito regional. Innova el régimen electoral general determinando factores que en todo caso deberá ponderar la Junta Electoral del Principado de Asturias al distribuir los tiempos de emisión entre las candidatu-ras.
El Título VI y último se dedica a la regulación de los gastos y subvencio-nes electorales.
El artículo 2 de la ley regula el derecho de sufragio activo, que correspon-de a todos los ciudadanos españoles que reuniendo los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General tengan, además, la condición política de asturianos.
En los artículos 3 a 6 regula el derecho de sufragio pasivo, reservado a quienes poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren en alguna de las causas de inelegibilidad que se especifican en el resto de los artículos. En el artículo 6 especifica que las causas de inelegibilidad lo son también de incom-patibilidad.
El artículo 10 establece las tres circunscripciones electorales, Centro, Oc-cidente y Oriente; y en el artículo 11 establece los Concejos que componen cada una de las circunscripciones. El artículo 12 establece el número de Dipu-tados en cuarenta y cinco, correspondiendo a cada circunscripción un mínimo inicial de dos y distribuyéndose los treinta y nueve restantes entre las mismas en proporción a su población de derecho. Para ello se divide por 39 la cifra total de población de derecho de Asturias, y se adjudica a cada circunscripción tan-tos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la respectiva po-blación de derecho por la cuota de reparto (art. 12.1.a). El resto se distribuye asignando uno a cada una de las circunscripciones cuyo cociente resultante tenga una fracción decimal mayor (art. 12.1.b). El Decreto de convocatoria de-berá especificar el número de Diputados a elegir por cada circunscripción (art. 12.2).
En las pasadas elecciones autonómicas -Cuarta Legislatura-, el Decre-to del Presidente 6/1999, de 19 de abril, por el que se convocan las elecciones de la Junta General del Principado, establecía que a la Circunscripción Central le correspondían 33 diputados, a la Occidental 7 y los 5 restantes a la Oriental. En las Legislaturas Primera, Segunda y Tercera, la distribución de diputados fue la siguiente: 32 correspondieron a la Circunscripción Central, 8 a la Occi-dental y 5 a la Oriental.
El artículo 13 establece el límite del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción para que se tenga en cuenta a una candidatura (art. 13.1.a). En los apartados b), c), d) y e) establece el procedimiento de adjudicación, orde-nación de mayor a menor de las cifras de votos obtenidos; división por 1, 2, 3, y, sucesivamente, hasta un número igual al de los escaños correspondientes a la circunscripción; adjudicación según cocientes mayores obtenidos; si coinci-den los correspondientes a distintas candidaturas, a la que mayor votos obten-ga, si se mantiene el empate, por sorteo el primero y los sucesivos de forma alternativa; y que los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudi-can a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación en que apa-rezcan.
El artículo 15 , indica que las elecciones serán convocadas por el Presi-dente del Principado; que se celebrarán el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años; que el Decreto de convocatoria será publicado al día siguiente en el BOPA entrando en vigor el mismo día de su publicación.
El artículo 16 , establece las previsiones para el caso del artículo 32.1 del Estatuto, -supuesto en que ningún candidato obtiene la investidura-.
El artículo 20 regula que cada candidatura se presentará mediante listas cerradas y bloqueadas de candidatos (ap. 1), y que para presentar candidatu-ras, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral de las circunscripciones y que cada elector sólo podrá apoyar una agrupación electoral (ap. 2).
El reparto de los espacios gratuitos de propaganda electoral es compe-tencia de la Junta Electoral del Principado, a propuesta de una Comisión que será designada por la misma, integrada por un representante de cada partido político, federación, coalición o agrupación que, concurriendo a las elecciones convocadas, cuente con representación en la Junta General del Principado. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composi-ción de la Junta (art. 27.1). la Junta Electoral del Principado elegirá al Presiden-te de la Comisión de entre los representantes nombrados (art. 27.2).
La distribución del tiempo gratuito se efectuará conforme al baremo que se establece en el artículo 28.1, que establece diez minutos para los que no hubieren concurrido o no hubieren obtenido representación -menos del 3%-; veinte minutos para los que hubieren alcanzado entre el 3 y el 20%; treinta mi-nutos para los que hubieren alcanzado más del 20%.
También establece (art. 28.2), que la Junta Electoral del Principado, en todo caso, habrá de ponderar las siguientes situaciones derivadas de las ante-riores elecciones a la Junta General: a) partidos o federaciones que habiéndo-se presentado formando coalición, concurran en las convocadas independien-temente; b) partidos o federaciones que habiéndose presentado en forma inde-pendiente, concurran en las convocadas formando coalición por otros partidos o federaciones; y c) partidos o federaciones que habiéndose presentado for-mando coalición, concurran en las convocadas integrados en otra distinta.
VIII. MODIFICACIONES DEL ESTATUTO
La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, ha experimentado a lo largo de sus años de vigencia tres refor-mas.
La primera se produjo por Ley Orgánica 3/1991, de 13 de marzo, que sus-tituyó el artículo 25.3, relativo a la convocatoria de elecciones, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Todos estos cambios resultan procedentes para abordar nuevos cambios institucionales y competenciales que permiten profundizar en la capacidad de autogobierno y alentar la participación, procurando el desarrollo socioeconómi-co y el reequilibrio territorial del Principado de Asturias, según recoge la expo-sición de motivos de esta Ley Orgánica.
IX. LEYES DE TRANSFERENCIAS O DE DELEGACIÓN
1. La Ley Orgánica 5/1987
La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, establece en su Preámbulo que la delegación comprende la totalidad de las competencias estatales que por su naturaleza deban ser rea-lizadas en el ámbito autonómico o local y ésta referida, no solamente a actua-ciones gestoras, sino también normativas cuando éstas estén previstas en la legislación estatal. Matiza que las competencias delegadas deberán ser, en todo caso, ejercitadas con sujeción a las normas e instrucciones dictadas por el Estado.
La referida delegación no hace por otra parte sino clarificar jurídicamente y completar la ya existente, realizada en su día a favor de los Entes preauto-nómicos y ejercida en la actualidad por las Comunidades Autónomas, ampa-rando la misma bajo la cobertura formal, constitucionalmente exigida, de una Ley Orgánica.
En cuanto al control de la actuación delegada, se contempla la posibili-dad, cumpliendo una serie de requisitos cautelares, de revocación de la dele-gación por parte del Estado cuando las Comunidades incumplan las normas que regulan su ejercicio, y previéndose, asimismo, que el Ministerio de Trans-portes, Turismo y Comunicaciones, pueda suspender los actos de las Comuni-dades Autónomas que, en el ejercicio de competencias delegadas, vulneren dichas normas, si bien dicha suspensión es recurrible directamente ante la Ju-risdicción contencioso-administrativa por las Comunidades Autónomas afecta-das.
2. La Ley Orgánica 9/1992
La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de compe-tencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, en su exposición de motivos hace referencia a que cumplidos los plazos mínimos previstos en la Constitución para proceder a la ampliación de competencias de las Comunidades Autónomas, que por ha-ber accedido a su autogobierno por la vía del artículo 143 no pudieron asumir en sus Estatutos más que las mencionadas en el artículo 148.1 de la Constitu-ción, se plantea la necesidad de satisfacer las aspiraciones de asunción de nuevas competencias expresadas por las mismas.
Hace referencia también a los Acuerdos Autonómicos firmados el 28 de febrero de 1992, en los que se fijan las bases para poner en práctica este pro-ceso. Continúa indicando que las diferencias en cuanto a la enumeración y ni-vel de las competencias y las dicciones con que aparecen formuladas podrían generar, como resultado, algunas disfuncionalidades en el conjunto del siste-ma. Por ello, se hacía preciso abordar el proceso de ampliación de competen-cias teniendo en cuenta criterios racionalizadores que permitieran un ejercicio ordenado de las mismas por todas las Administraciones Públicas.
Incluye, para todas las Comunidades afectadas, todas las materias que son objeto de ampliación, concretando también las adaptaciones geográficas y específicas que para Comunidad se requiere. Su estructura y sistemática res-ponde a la finalidad de completar el proceso mediante la incorporación de las competencias recogidas en la misma en los Estatutos de Autonomía. De esta forma pretende dar respuesta al doble objetivo de racionalizar el proceso y dar satisfacción a las aspiraciones de las Comunidades del artículo 143 de asumir las nuevas competencias mediante la reforma de sus Estatutos.
Por lo que se refiere al ámbito material, la Ley basa su contenido, con ca-rácter general, procurando una adecuación de los diferentes títulos competen-ciales, evitando la proliferación de enunciados que no resultan necesarios; equipara sustancialmente las competencias de las Comunidades del artículo 143 con aquellas cuyos Estatutos han sido elaborados de acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 151.2 de la Constitución; respecto de las competencias que aparecen como diferidas en los Estatutos, teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre ellos, efectúa un tratamiento homogéneo cuyo resultado es la consideración total del conjunto de materias que aparecen mencionadas; se incluyen de manera homogénea otras materias que aparecían recogidas en niveles competenciales diferentes y aquellas que por suponer una extralimita-ción de lo establecido en el artículo 148.2, no han permitido el ejercicio de su competencia por la Comunidad; por último, contempla situaciones específicas que afectan a una sola Comunidad o que únicamente afectan a una o varias Comunidades en razón de sus condiciones geográficas.
En coherencia con la finalidad de incorporar el contenido de esta Ley en los respectivos Estatutos, las modalidades de control que se recogen en el Tí-tulo III, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.2, al señalar que la Ley preverá las formas de control que se reserve el Estado, quedarán sin efec-to al producirse la mencionada incorporación en los Estatutos.
Para la puesta en práctica de este proceso se prevé en la ley que su de-sarrollo, a lo largo de la legislatura autonómica, se realizará mediante los opor-tunos acuerdos de las Comisiones Mixtas.
X. ACUERDOS AUTONÓMICOS
1. Los acuerdos autonómicos de 1981
Los acuerdos autonómicos suscritos el 31 de julio de 1981 entre los dos partidos políticos de mayor importancia a escala estatal, sobre desarrollo de las autonomías , afectaron directamente a los procesos autonómicos en curso y contribuyeron a perfilar definitivamente el mapa autonómico y suministraron indicaciones para los desarrollos legislativos pendientes.
Estos acuerdos vinieron precedidos por sendos informes de Comisiones de Expertos presididas por el Profesor García de Enterría, dando lugar, a la postre, a la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Auto-nómico. Esta ley, conocida a partir de sus siglas como LOAPA, fue sometida a revisión anticipada del Tribunal Constitucional. El Tribunal, en 5 de agosto de 1983, produjo su fallo, privando a esta ley genéricamente de su carácter orgá-nico y armonizador, y anulando prácticamente el Título primero. Los artículos constitucionales han pasado a la Ley del Proceso Autonómico, Ley 12/1983, de 14 de octubre.
Se acuerda al tiempo algo fundamental, y estos pasos sí que fueron deci-sivos como constatación del pragmatismo y del dinamismo: que las Comunida-des Autónomas del artículo 143 tengan potestad legislativa y un sistema insti-tucional similar al del resto de las Comunidades Autónomas. Esto es importante porque no está ni en la Constitución, ni tenía por qué estar , se decide en un acuerdo político entre el Gobierno y los partidos más importantes de entonces.
Los acuerdos autonómicos serían cumplidos escrupulosamente por los firmantes de los mismos, que disponían de las mayorías parlamentarias sufi-cientes para ello .
Tras le primer encaje de los difíciles problemas catalán y vasco, el Go-bierno de la UCD intentó elaborar una política distinta para las autonomías del resto del país. Su torpeza, manifestada en los dos casos gallego y andaluz (que fueron los que inmediatamente se presentaron ante las Cortes), fue aquí manifiesta y en ambos casos el PSOE utilizó en su beneficio tal falta de crite-rio . La insuficiencia de su mayoría parlamentaria, que incluso le impedía apro-bar por sí solo en las Cortes los Estatutos pendientes, llevó al Gobierno a inten-tar un pacto con los demás partidos buscando un nuevo y explícito consenso en esta materia.
A ese pacto se llega, finalmente en 1981. Se ha pretendido por los parti-dos nacionalistas que fue el golpe de Estado frustrado de 23 de febrero el que forzó a ese pacto, realizado bajo presión militar. Puede ser explicable que ese incidente llamase a la reflexión sobre la necesidad de ordenar definitivamente la casa, pero hablar de presión militar no parece fundado. El pacto se intenta formalizar con todos los partidos, aunque desde el primer momento es el acuerdo con el PSOE el que se busca con preferencia y el que, finalmente, se formaliza en unos documentos firmados el 31 de julio de 1981.
A) Informes de la Comisión de Expertos
Esta Comisión sugirió dos vías coincidentes para la construcción ordena-da del Estado de las Autonomías: la interpretación y desarrollo a través de una Ley Orgánica de determinados principios o preceptos constitucionales; lo que el Tribunal Constitucional rechazó; y el establecimiento paralelo de pactos y con-venios entre las fuerzas políticas para aquellos aspectos autoorganizatorios de las Comunidades que no pueden quedar afectados por Ley Estatal.
La razón última por la que la Comisión propone asignar carácter orgánico a la ley no es otra que la de preservarla frente a futuras modificaciones por le-yes ordinarias de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos .
La Comisión incorporó tres criterios entre los que se incluían sugerencias específicas en relación con la integración de las Diputaciones en la gestión au-tonómica; la reforma del Estatuto de la función pública dando entrada a cuer-pos limitados de ámbito estatal y a la adscripción autonómica de los funciona-rios afectos a los servicios transferidos; la creación de Comisiones sectoriales, su alcance a bloques materiales completos y el establecimiento de una caden-cia temporal común.
En cuanto al contenido de los pactos, se hacía hincapié en la convenien-cia de generalizar las autonomías en todo el territorio del Estado, fijándose de-finitivamente el mapa autonómico. La Comisión consideraba que las Comuni-dades uniprovinciales deberían ser excepcionales y que su creación habría de llevar aparejada la supresión de la Diputación respectiva, asumiendo sus fun-ciones.
Informe de los Expertos sobre Financiación de las Comunidades Autóno-mas
Este informe, culminado el 7 de julio de 1981, abordaba una problemática de dificultades técnicas distintas y, sin duda, menores, a las políticas de la otra Comisión. Existía un marco legal de referencia relativamente coherente: el es-quema de financiación pública descentralizada contenido en la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que, junto con el sistema de Conciertos para las Comunidades Forales, constituía un disposi-tivo adecuado para la financiación del proceso autonómico.
B) Los Acuerdos Autonómicos
- Diseñar las bases operativas que hiciesen posible la profundización del pro-ceso autonómico.
- La generalización de este proceso.
- La armonización del desarrollo institucional y legislativo.
Los Acuerdos versaron también sobre cuestiones relativas a los órganos de representación y gobierno de las Comunidades Autónomas, a sus relacio-nes con las Diputaciones Provinciales, a los criterios básicos de transferencias, comisiones sectoriales y calendario.
C) Las Leyes Orgánicas de desarrollo de los Acuerdos
La Sentencia del Tribunal Constitucional privó a la Ley de las siglas co-rrespondientes a su carácter orgánico y armonizador, desmantelando práctica-mente su Título primero y manteniendo, con algunas correcciones puntuales, el resto del articulado. En cumplimiento de la Sentencia, y sin necesidad de un nuevo debate parlamentario, se ha articulado la Ley del Proceso Autonómico, manteniéndose íntegramente, sin modificaciones, los textos que el Tribunal declaró acordes con la Constitución, dando lugar a la Ley 12/1983, de 14 de octubre.
2. Los acuerdos autonómicos de 1992
La segunda utilización por el legislador de la técnica de la transferencia para la equiparación competencial, pretende acercar el nivel competencial de las distintas Comunidades Autónomas tiene su origen en un nuevo pacto políti-co, el de 28 de febrero de 1992 .
Aunque la Constitución menciona la reforma estatutaria como el procedi-miento para “ampliar sucesivamente sus competencias” (art. 148.2), el proce-so se realizó por el legislador estatal a través de la técnica de atribución extra-estatutaria del artículo 150.2, recogida en los distintos Estatutos.
En los pactos, los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) convienen con el Gobierno la ampliación competencial mediante una ley orgánica de transfe-rencia, proseguida por una reforma de los Estatutos, con el mismo contenido que la ley orgánica.
Dos argumentos alentaban inicialmente la opción por la técnica del artícu-lo 150.2: el resultado de su utilización en Valencia y Canarias; y la referencia expresa en los Estatutos a los dos procedimientos potencialmente capaces de atribuir competencias.
En los Acuerdos Autonómicos se alega la necesidad de evitar el “Babel competencial” que podía generar la iniciativa separada y autónoma en las dis-tintas Comunidades y las posibles vulneraciones del artículo 149.1, que conver-tirían al Tribunal Constitucional en indeseado actor principal del proceso. Con ese objeto, los Acuerdos bosquejan un proceso compuesto de dos fases: en primer lugar, la atribución unilateral extraestatutaria, y, a continuación, inmedia-tamente después de ser aprobada y entrar en vigor, se promoverá la reforma consensuada de los Estatutos, incluyendo en éstos el contenido de la ley orgá-nica de transferencia.
La conveniencia de la uniformidad impelía la intervención de las institu-ciones estatales, en detrimento de la iniciativa autonómica. La ley orgánica es una especie de cláusula de uniformidad que asegura la homogeneidad compe-tencial entre las diez Comunidades implicadas.
Los Acuerdos, de carácter global, hacen que una serie de competencias como Educación, INSERSO, Trabajo, entre otras muchas, puedan ser asumi-das por las Comunidades del artículo 143, incluso con potestades legislativas. Se consagra en esos mismos Acuerdos como principio de funcionamiento po-lítico el principio de cooperación, instrumento sustancial del Estado Autonómi-co. El compromiso de los firmantes (Gobierno, PSOE y PP) permite trasladar su puesta en práctica a los órganos habituales (conferencias sectoriales) y a las relaciones ordinarias entre el Estado y las CC.AA. Además, se completa el mapa autonómico obligándose a redactar algo que a esta fecha ya se ha cum-plido; los Estatutos de Autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla.
I Curso sobre Administraciones Territoriales para Personal Directivo y Superior. Madrid: Minis-terio de Administraciones Públicas, 1996.
ARCE JANÁRIZ, Alberto y DUQUE VILLANUEVA, Juan Carlos. Legislación básica del Princi-pado de Asturias. Madrid: Editorial Tecnos SA, 1988.
ARIAS DIAZ, Ignacio. La Administración del Principado de Asturias. Régimen Jurídico y Orga-nización. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1996.
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GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Estudios sobre Autonomías Territoriales. Madrid: Ed. Civi-tas, 1985.
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SOSA WAGNER, Francisco y ORDUÑA REBOLLO, Enrique. Leyes de las Comunidades Autó-nomas 1983. Madrid: Ministerio de Administración Territorial, 1985.

References: artículo 35
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 32
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 25
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 148
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 151
 artículo 148
 artículo 150
 artículo 143
 artículo 150
 artículo 149
 artículo 143