Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2018/acuerdos_y_sentencias/ays_542_18.php
Timestamp: 2019-08-22 22:21:12+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 542/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 542/18
JUICIO: "CONSORCIO OCCIDENTE C/ RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA OPERADA EL 15/03/2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días, del mes de octubre del año dos mil dieciocho, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "CONSORCIO OCCIDENTE C/ RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA OPERADA EL 15/03/2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto por el Abogado Avelino Francisco Cáceres Morel por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala.
I. Es nula la Sentencia apelada?
II. En caso contrario, se halla ella ajustada a Derecho?
1. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo: Que, por Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015 el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió: "1) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, deducida por la firma CONSORCIO OCCIDENTE C/ RESOLUCIÓN POR DENEGATORIA FICTA 15/MAR/12, DICTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA". 2) CONFIRMAR, la RESOLUCIÓN POR DENEGATORIA FICTA 15/MAR/12, DICTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 3) IMPONER, las costas de la instancia a la perdidosa. 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia."
I.1. AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:
De fs. 297 a 303 de autos encontramos los fundamentos del Recurso de Nulidad expresados por el representante convencional de la parte actora (nulidicente), en el cual argumenta que el a quo ha favorecido a la parte demandada tras haber dictado una resolución en forma arbitraria y parcialista, en violación a lo dispuesto por los Artículos 15 y 404 del Código Procesal Civil, así como el Artículo 256 de la Constitución Nacional. En ese sentido, argumenta igualmente que el Tribunal no ha observado el Principio de Congruencia.
Prosigue el nulidicente señalando que "ante el reconocimiento expreso de la emisión de un acto administrativo donde se rechazada la solicitud por parte de la Administración Tributaria enunciado por el Abogado del Tesoro, es evidente que el acto administrativo causa estado, razón por la cual se ha agotado instancia administrativa con el interposición del Recurso de Reconsideración en tiempo oportuno y debida forma, conforme a la reglamentación vigente en el tiempo, RESOLUCIÓN GENERAL N° 52/2011..." (sic, fs. 302).
Como conclusión a sus agravios de nulidad (aquí expuesto en lo medular a modo de resumen), arguye el representante de la parte actora que, con su resolución, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala ha recaído en una incongruencia objetiva extra- petita, siendo que ninguna de las partes del presente juicio ha deducido una pretensión en la cual se considere que la Administración Tributaria no se haya pronunciado respecto a la procedencia de la devolución solicitada o a no haber agotado los mecanismos administrativos. Con todo ello, solicita la revocación del Acuerdo y Sentencia considerado viciado.
I.2. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:
En contestación a los agravios de nulidad de la parte actora, la representación del Ministerio de Hacienda se expresó en los términos obrantes de fs. 324 a 326, argumentando que "...la nulidad planteada es inconsciente, improcedente e inaplicable al caso en estudio, ya que es sabido (por doctrina y jurisprudencia) que solo es nula aquella sentencia que: 1) otorgando al acto más de lo que pidió, excediéndose en los límites de la controversia, Ultra petita, 2) omitiendo resolver pretensiones o cuestiones que daban ser objeto del fallo, Citra petita, 3) resolviendo sobre cuestiones no alegadas o modificando o alterando en aspectos esenciales las pretensiones de las partes, Extra petita." Al respecto, el Tribunal de Cuentas, al resolver restringir las pretensiones de la actora, rechazando la demanda contenciosa administrativa por el incumplimiento de la exigencia de marras, no cae en ningún momento en las tres hipótesis planteadas por la actora en su fundamentación para la nulidad de la Sentencia. Sino todo lo contrario, resuelve según las probanzas y los derechos alegados, que correspondía hacer lugar a las pretensiones del Ministerio de Hacienda, y por ende, NO HACER LUGAR A LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, lo que de ningún modo puede ser considerado irregular." (sic).
Por otro lado, señala el respondiente que la parte actora no precisó cuál es el defecto que padece la Sentencia atacada de nulidad ni en qué parte de la misma se refleja un apartamiento de las formas o solemnidades de ley. Es así que por todo lo argumentado en las referidas fojas de contestación, concluye solicitando el rechazo del Recurso de Nulidad interpuesto, con costas al recurrente.
I.3. ANÁLISIS JURÍDICO:
Pasando a analizar el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015 tenemos que el mismo resolvió rechazar las pretensiones de la parte actora con voto de la mayoría en ese sentido, y un voto en disidencia. Como parte de su fundamento, el voto en mayoría expresa a fs. 287 vlto, 4to párrafo, cuanto sigue: "...no debemos perder de vista que la certificación de ¡os importes sometidos a repetición constituye una facultad única y exclusiva de la Administración Tributaria, y constituyendo "la recaudación y la inversión de las rentas públicas" como funciones asignadas al poder administrador; y al no haberse pronunciado la Administración respecto de la procedencia de la devolución y/o al no haber la parte actora agotado los mecanismos administrativos que le permitan desplegar los medios probatorios para demostrar la certeza de la cuantía repetida; no es válido entender que este Tribunal se arrogue facultades reservadas con exclusividad a la Administración, en el sentido de convalidar importes rechazados por la Administración."
Igualmente, y anterior al fundamento antes transcripto, a fs. 287 6to párrafo los magistrados que votaron en mayoría refieren: "Que, en razón de haber omitido la adora, entendemos que tal pedido, se fundamenta en el Art. 86° de la Ley 125/91; modificado por la Ley N° 2421/04.
Con los fundamentos así señalados, observamos 3 vicios en los que ha incurrido el Tribunal (con voto en mayoría), y son:
1. El Tribunal suplió una pretensión de la parte actora, al alegar en lugar de ella la norma que eventualmente pudiera sostener su pretensión, no enmarcándose con ello en el principio "Iura Novit Curiae". Así pues, es categórico que todo magistrado conoce el derecho, saber qué norma aplicar dado un caso concreto. En efecto, reza el antiguo adagio romano "da mihi factum, dabo tihi jus" ("dame los hechos que yo te daré el derecho"). Sin embargo, de la lectura del párrafo que antecede se desprende que el Tribunal no se limitó a aplicar el derecho, sino a suplir una fundamentación de la parte actora.
2. El voto mayoritario del Acuerdo y Sentencia impugnado expresa que la Administración no se ha pronunciado respecto a la procedencia de la devolución, siendo cierto lo contrariamente opuesto, y es precisamente la denegatoria respecto a la solicitud de devolución de crédito fiscal el objeto medular de la presente demanda.
3. Igualmente, refiere el Acuerdo y Sentencia que la parte actora no ha agotado los mecanismos administrativos. Sin embargo, habiéndose operado la denegatoria tácita tras la interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución N° 7530002987 de fecha 10/02/2012, quedó agotada la vía administrativa y quedando expedita la vía para la tramitación de esta demanda.
En base a estos tres puntos antes señalados, deviene procedente la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido. No obstante, resulta pertinente señalar que la declaración de nulidad es la sanción más grave -permitida por nuestro ordenamiento jurídico- que puede recaer sobre una resolución judicial, previendo nuestra legislación mecanismos suficientes que permitan a la magistratura valerse de no dictar tan grave sanción.
En ese sentido, el Artículo 407 del Código Procesal Civil dispone: "Cuando el Tribunal pueda decidir a favor de ¡a parte a quien aprovecha la nulidad, no la pronunciará."
Por tanto, en aplicación a la disposición antes transcripta, concluimos que si bien existen causales suficientes para declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia, corresponde desestimar el Recurso de Nulidad, habida cuenta del modo en que finalmente quedará resuelto el Recurso de Apelación, conforme a los fundamentos que se expondrán en el apartado pertinente. ES MI VOTO.
A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: Que, concuerdo con el preopinante Dr. Blanco que los agravios en que funda la nulidad planteada pueden eventualmente ser subsanados por medio del Recurso de Apelación interpuesto por la perdidosa en contra del fallo del Tribunal Inferior, por lo que lo que la desestimación del Recurso de Nulidad resulta procedente.
A su turno, la Ministra DRA. MIRYAM PEÑA CANDIA dijo que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Dr. Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: A continuación hemos de exponer los puntos medulares concernientes a los fundamentos de agravios y su contestación, remitiéndonos al texto íntegro de los escritos presentados respectivamente por cada una de las partes.
II.1. AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:
Que, con relación a los agravios del Recurso de Apelación, de fs. 303 a 320 el apelante expresa - transcripto aquí en lo medular - cuanto sigue: "ERROR IN IURE, seguidamente vengo a fundamentar a VV.EE. el Recurso de Apelación interpuesta contra el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de Noviembre de 2015, seguidamente expondré los vicios por error in iure, por la incongruencia y superficialidad en la apreciación de los hechos y las instrumentales por parte del A-quo agregadas en autos... QUE, es evidente que el A-quo realizo una lectura aparente y poco seria porque carece de toda fundamentación legal válida, pues en el escrito de demanda presentado a fs. 72 se expresa el DERECHO incoada conforme a la norma tributaria vigente, como falsamente pretende hacer entender como una omisión de la actora por parte del A-quo..." (sic fs. 304 y siguientes). En ese sentido, prosigue argumentando que el Tribunal de Cuentas recayó en un error in iure tras haber aplicado mal la ley tributaria, debiéndose haber aplicado los Artículos 217 al 223 sobre Procedimiento de Repetición de Pago Indebido o En Exceso, solicitando ante esta instancia de alzada la rectificación de esto último.
Seguidamente pasa a argumentar que el Tribunal ha caído en un error in facto, basando sus agravios en los siguientes tres puntos:
i. Si la resolución de devolución de créditos fiscales N° 7530002987 de fecha 10/02/2012 cumple o no con los requisitos de fondo y de forma: al respecto nos remitimos a fs. 308, donde el apelante expresa: "QUE, como podrá apreciar VV.EE. la referida resolución mencionada, en su pronunciamiento no funda en los hechos y en el derecho, no valora la prueba producida y ni decide las cuestiones planteadas en el procedimiento en actuación, razón por la cual se considera arbitrario e ilegal desde cualquier punto de vista jurídico, pues cercena el DERECHO A LA DEFENSA al contribuyente, CONSORCIO OCCIDENTE, al no conocer las motivaciones o causales en que llego el fisco para la no devolución de los créditos solicitados en devolución por pago en exceso del IVA por retenciones soportadas por el M.O.P.C." (sic).
ii. Si el acto administrativo impugnado contaba o no con una motivación in aliunde, y si ello fue exteriorizado o notificado al contribuyente: al respecto, argumenta la parte actora que la propia Administración Tributaria ha reconocido que sólo notificó la Resolución de Devolución de Créditos Fiscales N° 7530002987 de fecha 10/02/2012, la cual no contaba con motivación alguna que, luego de plantearse la reconsideración contra la misma, recayó una denegatoria ficta insanable, puesto que tampoco se ha exteriorizado ni notificado al contribuyente de la existencia del Expediente Virtual N° 75002001241 - Proceso N° 24000003058 de fecha 19/12/2011.
iii. Si el Consorcio Occidente tiene alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por supuestos incumplimientos u omisiones tributarias realizados por sus proveedores principales: sobre el punto, el apelante refiere: "QUE, pretender adjudicar una suerte de RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O SUBSIDIARIA por el incumplimiento de sus proveedores, va contra el PRINCIPIO DE LEGALIDAD consagrado en la LEY TRIBUTARIA vigente en el Articulo 180... QUE, como podrá apreciar VV.EE. son contribuyentes que poseen RUC diferente de la ENTIDAD que solicita la devolución del crédito fiscal por pago en exceso del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, el CONSORCIO OCCIDENTE con RUC N° 80025838-0, razón por la cual son responsables directamente por las acciones u omisiones en sus obligaciones tributarias conforme al ARTICULO 180..." (sic, fs. 316 última parte y siguiente).
Tras todo lo argumentado in extenso en el escrito obrante a fs. 295-320, concluye solicitando se haga lugar al Recurso planteado, y consecuentemente se revoque el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015, con costas en ambas instancias.
II.2. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:
Habiéndose corrido el traslado de la expresión de agravios de la parte actora, a fs. 324-327 se presentó el Abogado Fiscal Walter Canclini en representación del Ministerio de Hacienda, contestando tales agravios como sigue: "Amén a lo señalado...yéndonos sobre el fondo de la cuestión, resulta de autos que en la revisión administrativa de sucedido de repetición de impuesto quedó certificado cuanto sigue: 1) En la verificación realizada a las ventas, se observan factura que fueron consignadas en una moneda americana (dolar) que al ser confrontadas con el tipo de cambio determinado por la SET surgen diferencias... 2) Verificada las documentaciones de gastos arrimadas por e contribuyente (que en hipótesis dieron origen al crédito fiscal declarado), se pudo observar compras cuyos documentos no reúnen ¡as formalidades exigidas por la Ley. Específicamente por hallarse innominadas. Ergo, procede su exclusión por contravención a la Resolución SET No. 33/92, Art. 3a... 3) Otro descuento realizado a su prensión de devolución al crédito fiscal constituye ¡o siguiente: El consorcio realiza operaciones gravadas y exentas. Luego, en relación a esta situación se comprobó que el contribuyente no realizó el prorrateo de IVA de los gastos comunes. Ello para la determinación de la porción que se utilizaría como crédito fiscal (porción correspondiente a las ventas gravadas) y la otra que se imputaría al costo (correspondiente en específico a las ventas exentas). Todo ello en expresa violación a ¡as normas legales impositivas que establecen el deber de realizar el prorrateo en cuanto el contribuyente realiza tanto operaciones gravadas como exentas, que es el caso de autos...".
En ese orden de ideas, continúa argumentando el representante de la Administración Tributaria que a raíz de estas circunstancias suscitadas y detectadas en el proceso de verificación impositiva, surge un tributo que dejó de ingresar al Fisco y que necesariamente debe descontarse. En ese sentido - continúa - la Administración ha obrado conforme a la ley y en tal sentido lo ha entendido el Tribunal de Cuentas. Por ello, finaliza solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.
II.3. ANÁLISIS JURÍDICO:
Pasando, pues, a auscultar el fondo de la cuestión, luego de analizar los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, la resolución recurrida ante esta instancia así como los documentos obrantes en autos, tenemos que ante la solicitud de devolución de créditos fiscales por pago en exceso efectuada por el CONSORCIO OCCIDENTE (RUC N° 80025838), la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda emitió la Resolución N° 7530002987 de fecha 10 de febrero de 2012, de la cual se desprende como valor del crédito fiscal solicitado, la suma de Gs. 151.378.114, siendo ésta rechazada por la Administración.
Contra esta Resolución, el consorcio contribuyente interpuso Recurso de Reconsideración, en el marco del cual recayó la Resolución Denegatoria Ficta operada el 15 de marzo de 2012. Ante esta denegatoria ficta operada ministerio legis, el Consorcio Occidente se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de instaurar la presente demanda; demanda la cual fue resuelta por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015 (con un voto en disidencia), en sentido desfavorable a las pretensiones de la parte actora. Planteado que fuera el Recurso de Apelación por la parte actora, procedemos al análisis del Acuerdo y Sentencia impugnado ante esta instancia de alzada.
De este modo, nos preguntamos: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015, o corresponde que el mismo sea revocado?
Adelantamos en responder directamente que sí, corresponde la revocación del Acuerdo y Sentencia atacado, por un lado, habida cuenta del modo en que fuera resuelto el Recurso de Nulidad. Siendo más específicos, nos remitimos a los fundamentos allí expuestos, brevitatis causae y a fin de sobreabundar en consideraciones.
Por otro lado, corresponde igualmente la revocación del Acuerdo y Sentencia impugnado, por las siguientes consideraciones:
En cuanto a la legislación aplicable, hemos de referir que corresponde dar aplicación al "Procedimiento de Repetición de Pago Indebido o en Exceso" conforme a dispuesto por la Ley N° 125/91 en Artículos 217 al 223. Transcribimos a continuación los Artículos pertinentes:
"Artículo 217.- Repetición de pago: El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a repetición.
La devolución de tributos autorizada por leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia tributaria o exoneración estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento.
Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes."
"Artículo 218.- Procedencia de la repetición de pago: La repetición procederá tanto cuando el pago se haya efectuado mediante declaración jurada o en cumplimiento a determinación firme del tributo."
"Artículo 222.- Competencias y procedimiento: La reclamación se interpondrá ante la Administración Tributaria. Si ésta considera procedente la repetición en vista de los antecedentes acompañados, resolverá acogiéndola de inmediato. De lo contrario, fijará un término de quince (15) días para que el actor presente las pruebas. Vencido dicho término si la Administración Tributaria no ordena medidas para mejor proveer, emitirá la resolución dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde el vencimiento del término de prueba o desde que se hubieran cumplido las medidas decretadas, según fuere el caso.
Si no se dictare la Resolución dentro del término señalado operará denegatoria ficta, contra la cual se podrán interponer los recursos administrativos correspondientes... [sigue]".
Pues bien, pasando a analizar la resolución impugnada a través de la presente demanda, tenemos que la misma consiste en lo siguiente:
De la simple lectura de la Resolución N° 7530002987 que antecede, a prima facie reluce una total falta de motivación en la misma, puesto que lo único que se desprende de ésta es el estado de "Rechazado", por el monto solicitado de Gs. 151.378.114 - cifra solicitada por el Contribuyente. Nada de lo allí contenido da cuenta del por qué de esta determinación por parte de la Administración, ni tampoco su remisión a alguna otra documental obrante en el expediente administrativo - ya sea a las pruebas rendidas o a algún informe técnico. Ante esto, debemos referir que asiste razón a la parte actora, al atacar el acto administrativo sobre la base de estos fundamentos.
Al efecto, la amplia doctrina del Derecho Administrativo es conteste en referir que la falta de motivación de un acto administrativo es uno de los vicios más graves, siendo la motivación uno de los elementos esenciales para dictar válidamente un acto por parte de la Administración. En ese sentido, el autor Agustín Gordillo nos enseña: "La falta de motivación equivale a falta de fundamentación normativa y fáctica, y hace por lo tanto nulo al acto en razón de su arbitrariedad"*1. En esa misma línea de pensamiento, el encomiado autor señala que la motivación constituye un requisito de la razonabilidad que debe tener la voluntad administrativa. Así, en la misma obra citada, expresa: "Incluimos a la arbitrariedad como un vicio de tipo subjetivo de la voluntad en los actos administrativos, en atención a que la caracterización que se hace
*1 Gordillo, Agustín. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo V, EAA-IV-16 y siguientes.-
en los fallos es precisamente que el juez o el administrador ha prescindido de la sujeción a la ley y a la prueba, fundándose en su sola voluntad al adoptar la decisión... Los casos incluidos dentro de la arbitrariedad, en cuanto vicio del acto, son los siguientes: ... 3°) Ausencia de motivos (défault de motif légal), en cuanto hechos objetivos que fundamentan racionalmente la decisión - que la provocan, que son su razón de ser. En conclusión: es un elemento de la legitimidad del acto administrativo, aquí denominado razonabilidad, que éste repose sobre una justificación objetiva que lo fundamente racionalmente."
Con lo dicho hasta aquí, consideramos respondido el agravio del apelante en lo atinente a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, señalando en consecuencia que corresponde la revocación del acto administrativo sobre los fundamentos ya apuntados - vale recordar: falta total de motivación.
Respecto al segundo y tercer punto, nos detenemos a referir cuanto sigue: el contribuyente Consorcio Occidente se agravia igualmente, señalando por un lado que el acto administrativo ni siquiera realiza una motivación in abunde, sin basarse siquiera por remisión en el Informe Técnico, por un lado, y por otro, que la Administración no ha exteriorizado ni notificado al consorcio actor la existencia del Expediente Virtual N° 75002001241 - Proceso N° 24000003058 de fecha 19/12/2011.
Respecto a lo primero, nos remitimos a las consideraciones sobre la falta de motivación; ahora bien, con relación a lo último (la existencia del Expediente Virtual N° 75002001241 - Proceso N° 24000003058 de fecha 19/12/2011), pasamos a exponer cuanto sigue: atacado o impugnado que fuere un acto administrativo en sede jurisdiccional, ante el fuero de lo contencioso-administrativo se instaura propiamente una 'acción', vale decir, un proceso judicial con la característica del debate más amplio posible, al punto tal que rige para este tipo de demandas las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil atinentes al proceso de conocimiento ordinario.
En ese orden de ideas hemos de referir que ninguna documentación obrante en el presente expediente (siquiera entre los antecedentes administrativos obrantes en autos) se encuentra documentación alguna que permita sustentar la postura asumida por el Ministerio de Hacienda para rechazar la solicitud del consorcio contribuyente. Si bien el magistrado Rodrigo Escobar, quien votó en disidencia con relación al voto mayoritario del Tribunal de Cuentas, basamenta su voto sobre el Informe Técnico obrante a fs. 238/245 y con ello opina que corresponde hacer lugar parcialmente a la pretensión de la parte actora, cabe mencionar que tal documento se encuentra glosado a estos autos como copia simple. Como tal, dicho documento no puede generar en esta Magistratura convicción suficiente para fallar a favor de la Administración Tributaría. Consecuentemente, el análisis allí contenido no puede tampoco puede tenerse en cuenta, y con ello se desvirtúa el argumento de la Subsecretaría de Estado de Tributación respecto a las inconsistencias de concernientes a los proveedores del Consorcio Occidente.
Con todo lo expresado, no me resta sino referir que corresponde HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015, correspondiendo en consecuencia REVOCAR dicho fallo, siendo además el lógico corolario HACER LUGAR a la demanda instaurada por el CONSORCIO OCCIDENTE, y REVOCAR la Resolución Denegatoria Ficta operada en fecha 15 de marzo de 2012 y su antecedente directo, la Resolución N° 7530002987 de fecha 10/02/2012, ambas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa en ambas instancias, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 203 inciso b) en concordancia con el Artículo 205, ambos del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: Que, disiento respetuosamente con el Dr. Blanco, cuando sostiene para revocar la Sentencia del Tribunal de Cuentas que de una simple lectura de la Resolución N° 7530002987 reluce su falta de motivación, pues lo único que se desprende de su contenido es que se rechaza la devolución del crédito solicitado por el monto de Gs. 151.378.114. agrego que no consta el por qué de esta determinación, ni tampoco su remisión a alguna otra prueba documental obrante en el expediente administrativo. Resaltó que el informe técnico obrante a fs. 238/245 no le generó la convicción suficiente para fallar a favor de la Administración.
Que, al respecto debo señalar que coincido con el voto mayoritario emitido por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, para no hacer lugar a la presente demanda, en el sentido de que en los casos de pedido de devolución por pago en exceso, no debe perderse de vista que la certificación de esos importes es una potestad excluyente de la Administración Tributaria. En el presente caso, no hubo pronunciamiento final de la Administración respecto a la procedencia o no de la devolución solicitada al no haberse agotado los trámites administrativos que permitan demostrar acabadamente la validez de la cuantía cuya devolución se pretende. En vista de esta circunstancia, no es válido sostener que el fuero contencioso-administrativo se atribuya esa facultad, cuando la vía administrativa no ha concluido.
Que, a lo que sostuviera en el parágrafo anterior, cabe sumarle que conforme a los antecedentes auscultados en el expediente, visualizo que la Resolución N° 77530002987, por la cual se rechaza la solicitud de crédito presentada por la administrada, se encuentra respaldada por el Informe Técnico correspondiente al Expediente Virtual N° 750020001241, Proceso N° 2400003058, en el que el Analista indicó lo siguiente: "No corresponde la devolución de los montos solicitados, considerando las inconsistencias, el incumplimiento de los principales proveedores y las facturas que no detallan los bienes y servicios adquiridos, como establece el Decreto N° 6539/05, si bien las retenciones están confirmadas, la utilización de las mismas están relacionadas a créditos fiscales invocados. Saldo Técnico."
Que, en ese orden de cosas, el art. 222 de la Ley N° 2421/04 establece las competencias y procedimientos para la repetición de pago indebido en exceso, que reza: "La reclamación se interpondrá ante la Administración Tributaria, si ésta considera procedente la repetición en vista de los antecedentes acompañados, resolverá acogiéndola de inmediato, de lo contrario fijará un término de quince días para que el actor presente las pruebas". A lo que cabe añadir que en el Informe del Analista puede verificarse que la Administración Tributaria ha solicitado a los miembros del Consorcio la documentación que sustenta el crédito, a los efectos de verificar su validez y si corresponde o no su devolución, dado que cruzando los datos con los proveedores principales de la demandante, se han detectado irregularidades e inconsistencias que afectan los créditos fiscales solicitados como saldo técnico. Esto significa que para que corresponda la devolución de los créditos correspondientes a las retenciones que fueron confirmadas, los demás créditos que conforman el saldo técnico también deben estar firmes y ratificados, hecho éste que la Administración Tributaria no ha podido confirmar debido a la falta de presentación de los instrumentos respaldatorios; presentación de documentos que incumplen con los requisitos de ley en las facturas presentadas (no detallan los bienes y servicios supuestamente adquiridos), y, finalmente a proveedores del Consorcio que se presentan omisos. En conclusión, soy del parecer que la Administración Tributaria acertadamente ha determinado que no corresponde la devolución de los créditos solicitados, por no poder confirmarse que los mismos estén firmes, líquidos y por sobre todo exigibles.
Que, en consecuencia, teniendo en consideración lo que sostuviera en los párrafos anteriores, las disposiciones legales citados en respaldo que a la conclusión que he arribado, no me resta otra opción que confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debiendo como lógico corolario ratificarse en esta instancia la Resolución Denegatoria Ficta del 15 de marzo de 2012 emitida por la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda. En cuanto a las costas, deben imponerse en ambas instancias a la perdidosa, la parte actora, en virtud del principio consagrado en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
2) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto en estos autos por el Abogado Avelino Francisco Cáceres Morel en representación del CONSORCIO OCCIDENTE y en consecuencia;
3) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2015 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala;
4) HACER LUGAR a la presente demanda promovida por el CONSORCIO OCCIDENTE contra la Resolución Denegatoria Ficta operada en fecha 15 de marzo de 2012 de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y;
5) REVOCAR la Resolución Denegatoria Ficta operada en fecha 15 de marzo de 2012 y su antecedente directo, la Resolución N° 7530002987 de fecha 10/02/2012, ambas de la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda; todo cuanto antecede por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
6) IMPONER las costas a la perdidos.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Artículo 256
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 407
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 203
 Artículo 205
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución