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Timestamp: 2019-11-14 01:56:36+00:00

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sentencia | Partido Revolucionario Institucional | Votación
En el SUP-REC-1021/2018 y acumulados se revocó la sentencia impugnada, por considerar adecuada la interpretación a favor del principio de autonomía de voluntad de las partes en un convenio de candidatura común.
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Aproximaciones a La Ciencia Del Derecho Constitucional
NJHUHUHJIK
SUP-REC-1021/2018 y acumulados
RECURRENTES: MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, ZONIA MONTIEL
CANDANEDA, PRI, PT Y PRD
RESPONSABLE: SALA REGIONAL CDMX.
Tema: Asignación de diputaciones de representación proporcional en Tlaxcala
OPLE-TLAXCALA 08 de julio 2018. El OPLE aprobó el acuerdo de asignación de diputaciones locales por
RP, en la cual consta una correspondiente al PRI.
13 de agosto de 2018. El Tribunal local, entre otras cuestiones, modificó el acuerdo y
confirmó las asignaciones hechas por el OPLE.
26 de agosto 2018. La Sala CDMX, resolvió los juicios de revisión constitucional electoral
promovidos por PAC, PES, PRD, PT y MC, así como los juicios ciudadanos presentados
JUICIOS FEDERALES por Mónica Sánchez Angulo y José Alejandro Aguilar López.
Esencialmente, determinó modificar la distribución y asignación de diputaciones de
27 y 28 de agosto 2018. Mónica Sánchez Angulo, Zonia Montiel Candaneda, el PRI, el
RECURSOS DE PT y el PRD impugnaron la resolución de la Sala Regional.
Agravios Determinación
son fundados los agravios, toda vez que fue inexacta la interpretación efectuada
por la Sala Regional, cuando aseguró que el tribunal local excedió su interpretación
en torno a la cláusula octava del convenio de candidaturas comunes.
Atendiendo a que el convenio de candidaturas comunes es un acto jurídico que
representa la voluntad de los partidos políticos que la integran, exige una
interpretación integral para hacer prevalecer el principio de autonomía de la
Indebida interpretación de una Consideraciones centrales:
cláusula del convenio de  Como se ha señalado, la interpretación adecuada acorde con el principio de
candidatura común (PRI y autonomía de la voluntad de las partes impone que lo conducente es interpretar
respuesta que la cláusula no tiene solo aplicación para los fines de conservación de
candidata PRI). registro o de financiamiento.
 A fin de realizar una interpretación adecuada de lo consignado en el convenio
de candidatura común no debía ceñirse a lo expresamente pactado, sino
reconocer que deben considerarse también aquellas consecuencias que
derivan de dicho acuerdo.
 El principio de autonomía de la voluntad de las partes impone una
interpretación amplia, que pueda comprender supuestos no fijados expresa o
taxativamente pero que representen una consecuencia natural del pacto
original, atendiendo al sistema en que se desenvuelve.
 De esa forma se observa de manera efectiva el principio pacta sunt servanda
que impone desde su perfeccionamiento el deber de ceñirse a lo estrictamente
pactado y a las consecuencias que deriven de la buena fe, del uso, o de la ley.
Vulneración al principio de El concepto de agravio es inoperante, porque el recurrente únicamente expone
paridad (PRD) respuesta argumentos genéricos y no controvierte las consideraciones de la Sala Regional.
Pretensión de asignación de El concepto de agravio es inoperante, porque el recurrente únicamente expone
diputaciones conforme a respuesta argumentos genéricos y no controvierte las consideraciones de la Sala Regional.
criterios distintos a los
aplicados por la Sala Regional
(PRD, PT, candidata del PES,
PRI y su candidata)
Decisión: Se acumulan los juicios; se revoca la sentencia dictada en el SCM-JRC-162/2018, y; se
confirma la asignación realizada por las autoridades electorales locales.
EXPEDIENTES: SUP-REC-1021/2018 y
Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.
Ciudad de México en el juicio SCM-JRC-162/2018 y acumulados, con
motivo de los recursos de reconsideración interpuestos por Mónica
Sánchez Angulo, Zonia Montiel Candaneda y los partidos políticos
Revolucionario Institucional, del Trabajo y de la Revolución Democrática
y 2) confirma la asignación realizada por las autoridades electorales
GLOSARIO ................................................................................................................................... 1
I. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 2
II. COMPETENCIA ....................................................................................................................... 4
III. ACUMULACIÓN ...................................................................................................................... 4
IV. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE PROCEDENCIA ....................................... 5
V. TERCERO INTERESADO ..................................................................................................... 10
VI. ESTUDIO DEL FONDO ........................................................................................................ 11
TEMA I. Indebida interpretación de una cláusula del convenio de candidatura común
(PRI y candidata del PRI) .......................................................................................... 12
TEMA II. Pretensión de asignación de diputaciones conforme a criterios distintos a
los aplicados por la Sala Regional (PRD, PT, candidata del PES, PRI y su
candidata). ................................................................................................................. 22
TEMA III. Vulneración al principio de paridad (PRD) ................................................ 24
VII. EFECTOS ............................................................................................................................ 26
VIII. RESUELVE ......................................................................................................................... 26
Consejo General: Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
Juicio ciudadano:
MC: Movimiento Ciudadano.
1 Secretario Instructor: Fernando Ramírez Barrios. Secretarios: Héctor Floriberto Anzurez Galicia,
José Luis Ceballos Daza y Arturo Ramos Sobarzo. Colaboraron: Carlos Gustavo Cruz Miranda,
Arturo Camacho Loza, y Erica Amézquita Delgado.
SUP-REC-1021/2018 y
Instituto local/OPLE: Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
PAC: Partido Alianza Ciudadana.
PES: Partido Encuentro Social.
PS: Partido Socialista.
PVEM Partido Verde Ecológico de México
Sala Ciudad de
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
México/ Sala
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal
Regional/Sala
Electoral, con sede en Ciudad de México.
Tribunal local: Tribunal Electoral del Estado Tlaxcala.
1. Inicio del proceso electoral. El uno de enero2 inició el proceso
electoral para elegir diputaciones locales en el estado de Tlaxcala.
2. Jornada electoral. El primero de julio se llevó a cabo la mencionada
3. Asignación de representación proporcional. El ocho de julio, el
Consejo General aprobó el acuerdo3, mediante el cual realizó la
asignación de diputaciones locales de representación proporcional,
Partido Propietario Suplente
PAN Leticia Hernández Pérez Leticia Valera González
PAN Omar Milton López Avendaño Israel Lara García
PRI Zonia Montiel Candaneda Mónica Rojas Grados
PRD Laura Yamili Flores Lozano Linda Azucena Cisneros Cirio
PT Irma Yordana Garay Loredo María Guillermina Loaiza Cortero
PVEM Maribel León Cruz Aitzury Fernanda Sandoval Vega
MC María Isabel Casas Meneses Jaqueline Meléndez Lumbreras
PNA Luz Guadalupe Mata Lara Patricia Ramírez Montealegre
MORENA Patricia Jaramillo García Carolina Arellano Gavito
MORENA Miguel Piedras Díaz Luis Alvarado Ramos
4. Juicio locales. Inconformes con el acuerdo anterior, del doce al trece
de julio, los partidos políticos PS, PES, PAC, PT, MC y PRD, así como
3 ITE-CG 84/2018
las ciudadanas María del Pilar Garrido y Mónica Sánchez Angulo
interpusieron juicios locales.
El trece de agosto, el Tribunal local resolvió los mencionados juicios en
el sentido de: a) Sobreseer el juicio promovido por el PES, porque quien
lo promovió carecía de personería; b) Modificar el acuerdo impugnado;4
y c) Confirmar las constancias de asignación de diputaciones de
representación proporcional expedidas por el Instituto local.
5. Juicios de revisión y juicios ciudadanos. Los días diecisiete y
dieciocho de agosto, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal local,
los partidos políticos PAC,5 PES,6 PRD,7 PT8 y MC9 presentaron
demandas de juicio de revisión; en tanto que, Mónica Sánchez Angulo10
y José Alejandro Aguilar López,11 demandas de juicio ciudadano.
6. Sentencia impugnada. El veintiséis de agosto, la Sala Regional
resolvió: a) acumular los juicios; b) modificar la sentencia impugnada y c)
modificar la distribución y asignación de diputaciones de representación
PAC Inés Cervantes Báez Mireya de Anda González
4 Derivado de que en el juicio electoral TET-JE-048/2018 y su acumulado TET-JE-049/2018 se
declaró la nulidad de la elección de la casilla 316-C1 correspondiente al distrito local IV.
5 SCM-JRC-162/2018
6 SCM-JRC-163/2018
7 SCM-JRC-166/2018
8 SCM-JRC-167/2018
9 SCM-JRC-168/2018
10 SCM-JDC-1039/2018
11 SCM-JDC-1041/2018
7. Recursos de reconsideración.
a) Demandas. Los días veintisiete y veintiocho de agosto, Mónica
Sánchez Angulo, Zonia Montiel Candaneda, el PRI, el PT y el PRD
interpusieron recursos de reconsideración a fin de controvertir la
sentencia mencionada.
b) Tercero interesado. El veintiocho de agosto, el PAC presentó escrito
de tercero interesado en los recursos de reconsideración SUP-REC-
1021/2018, SUP-REC-1026/2018, SUP-REC-1027/2018 y SUP-REC-
1037/2018.
c) Trámite. Mediante sendos acuerdos, la Magistrada Presidenta ordenó
integrar los expedientes SUP-REC-1021/2018, SUP-REC-1026/2018,
SUP-REC-1027/2018, SUP-REC-1037/2018 y SUP-REC-1040/2018, y
turnarlos a la Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
d) Instrucción. En su momento el Magistrado Instructor radicó las
demandas, las admitió y cerró instrucción.
Esta Sala es competente para conocer y resolver los medios de
impugnación al rubro indicados, porque se trata de recursos de
Sala Ciudad de México, al resolver los juicios de revisión y juicios
ciudadanos acumulados.12
III. ACUMULACIÓN
Procede acumular los recursos de reconsideración, al existir conexidad
en la causa, esto es, identidad en la autoridad responsable, Sala
Regional Ciudad de México, y del acto impugnado, sentencia dictada en
juicio de revisión SCM-JRC-162/2018 y acumulados.
12 Con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo
cuarto, fracción I, de la Constitución; 186, fracción I, y 189, fracción I, inciso b), de la Ley
Orgánica; y 64 de la Ley de Medios.
En consecuencia, los expedientes SUP-REC-1026/2018, SUP-REC-
1027/2018, SUP-REC-1037/2018 y SUP-REC-1040/2018 se deben
acumular al diverso SUP-REC-1021/2018, por ser éste el primero.
En razón de lo anterior, se deberá glosar copia certificada de los puntos
resolutivos de la sentencia, a los autos de los expedientes acumulados.
IV. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE PROCEDENCIA
La Sala Superior considera que los recursos de reconsideración en que
se actúa satisfacen los requisitos generales y especiales de
procedibilidad, conforme a lo siguiente:13
a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad
impugnada fue notificada a las partes el veintisiete de agosto, por lo tanto,
el plazo para impugnar transcurrió del veintiocho al treinta del mismo
En ese sentido si las demandas fueron presentadas, respectivamente,
los días veintisiete y veintiocho, con ello se evidencia la oportunidad, tal
y como se muestra en la siguiente tabla:
Notificación Plazo para
de sentencia impugnar
Zonia PRI PT PRD
27 de agosto 28 al 30 de Candaneda
27 - agosto. 27- agosto. 27- agosto 28- agosto 28- agosto
13 De conformidad con lo previsto en los artículos 7, párrafo 1, 9, 12, párrafo 1, incisos a) y b), 61,
párrafo 1, inciso a), 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, 63, 65, párrafo 1, inciso a), 66, párrafo 1,
inciso a) y 68 de la Ley de Medios.
c) Legitimación y personería. Se colman los requisitos, toda vez que el
recurso es interpuesto por parte legítima, porque en el SUP-REC-
1021/2018 y SUP-REC-1027/2018, las recurrentes son candidatas a
diputadas locales postuladas por el PES y por el PRI, respectivamente, y
en los SUP-REC-1027/2018, SUP-REC-1037/2018 y SUP-REC-
1040/2018, quienes comparecen son partidos políticos nacionales, por
conducto de su representante, a quien se les reconoce dicho carácter, en
virtud que fueron quienes promovieron en la instancia anterior a nombre
d) Interés jurídico. Los recurrentes tienen interés jurídico dado que
fueron parte en la instancia anterior;14 los cuales alegan una afectación
directa a su esfera de derechos derivado de lo resuelto por la Sala Ciudad
la sentencia de la Sala Ciudad de México, procede de manera directa el
En el caso particular, se cumple el requisito especial de procedencia
porque los recurrentes consideran que en la sentencia controvertida la
Sala Responsable interpretó de manera indebida una cláusula del
convenio de coalición, a fin de asignar diputaciones de representación
En efecto, el presente asunto versa sobre un tema relevante para el
sistema democrático, atinente a la interpretación y valoración que debe
darse a los principios de autonomía de la voluntad y buena fe de los
partidos políticos cuando integran una candidatura común y suscriben un
convenio para regular aspectos fundamentales de su participación en el
14 Mónica Sánchez Angulo; PRD, y PT fueron parte actora, respectivamente, en el juicio
ciudadano SCM-JDC-1038/2018 y en los juicios de revisión SCM-JRC-166/2018 y SCM-JRC-
167/2018: en tanto que el PRI y Zonia Montiel Candaneda, comparecieron como terceros
interesados, respectivamente, en los juicios de revisión SCM-JRC-162/2018 y SCM-JRC-
163/2018.
proceso electoral, así como de los deberes, prerrogativas y beneficios
que ellos asumen y los efectos que pueden producir en el sistema
electoral y, específicamente en el principio de representación
proporcional y en la observancia de sus finalidades.
Ahora, es importante recordar que el diseño constitucional y legal del
sistema de medios de impugnación en materia electoral supone que la
Sala Superior conozca de asuntos que incluso, en principio, escapan de
su competencia, debido a su importancia y trascendencia.
Lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99,
párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 189, fracción XVI, y 189 bis, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, la Sala Superior, de oficio, a petición de parte
o de alguna de las Salas Regionales, puede atraer los asuntos que son
del conocimiento de aquellas cuando se acrediten, conjuntamente, los
requisitos de importancia y trascendencia.
En cuanto a este punto, es preciso señalar que la Sala Superior 15 ha
efectuado un redimensionamiento del ámbito de procedencia del recurso
de reconsideración, en aquellos asuntos que se someten a su
consideración e implican un alto nivel de importancia y pueden generar
un criterio de interpretación útil y trascendente para nuestro orden jurídico
Así, de manera excepcional se ha aceptado que la procedencia del
recurso de reconsideración debe ampliarse, más allá de los supuestos
relacionados con el tema de estricto control constitucional, en supuestos
que se consideren de importancia y trascendencia fundamental para el
sistema jurídico y su funcionamiento.
En sintonía con ese criterio se estima que, si debido a la importancia y
trascendencia de un asunto, esta Sala Superior puede conocerlo a pesar
de que la competencia corresponda a una Sala Regional, también puede
conocer de un recurso de reconsideración que reúna las características
15 SUP-REC-214/2018 y SUP-REC-531/2018.
apuntadas, incluso que la trascendencia surja a partir de la decisión de
la Sala Regional.
Desde esta perspectiva se justifica la procedencia del recurso de
reconsideración respecto a medios de impugnación resueltos en
definitiva por las salas regionales cuando se trate, no sólo de temas de
inaplicación explícita o implícita de normas legales o partidarias en razón
de su inconstitucionalidad, o por violaciones graves a principios
constitucionales, entre ellos, por errores judiciales que afecten el derecho
de acceso a la justicia, sino también por cuestiones de relevancia o
trascendencia que ameriten una revisión por la máxima autoridad
En este sentido, el término importancia se refiere a la entidad de un
criterio que implica y refleja el interés general del asunto desde un punto
de vista jurídico y extrajurídico, y la trascendencia es un aspecto que se
relaciona con el carácter excepcional o novedoso del criterio jurídico que,
además, de resolver el caso concreto, se proyectará a otros de
De ese modo, el recurso de reconsideración, como un medio de
impugnación extraordinario alcanza una función fundamental, que es
participar de la coherencia constitucional del sistema electoral.
La implementación de la aludida política judicial16 se hace
particularmente viable respecto de casos estructurales que afectan,
sobre todo, a grupos desventajados que normalmente no tendrían
acceso a los tribunales de justicia.
Sin embargo, la importancia y trascendencia de los temas, también
impone que el Poder Judicial de la Federación pueda asumir el
conocimiento de asuntos que reúnan tales características.
En ese sentido, este tribunal constitucional puede asumir el conocimiento
y la resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprendan un alto
16 Kastellec, J. y Lax, Jeffrey, “Case Selection and the Study of Judicial Politics”, Journal of
Empirical Legal Studies, vol. 5, núm. 3, septiembre de 2008, pp. 407-446.
nivel de importancia y trascendencia constitucional y que, por tal razón,
tengan una incidencia sustancial en la interpretación y aplicación del
Lo anterior, de forma homogénea con el ejercicio que despliegan
Tribunales Constitucionales en otras latitudes, a través de figuras
procesales como el certiorari 17 en los Estados Unidos de América.
Por tanto, el reconocimiento de dicha potestad a este Tribunal,
representa un supuesto adicional de procedencia mediante la
selección de los casos que implican una importancia y
trascendencia que, por sus alcances, debe ser decidida en esta
instancia, semejante a la facultad de atracción que está legalmente
En razón de lo anterior, a juicio de esta Sala Superior, el tema que se
analiza es importante porque implica analizar si la interpretación y
aplicación de un convenio de candidatura común –específicamente en
cuanto a la forma de distribuir la votación recibida por una candidatura
común– resulta apegada la Constitución, lo cual tiene un impacto en los
principios de autodeterminación de los partidos políticos, la conservación
del registro, el acceso al financiamiento público, el sistema de
representación proporcional y la observancia de sus finalidades; tema de
indiscutible relevancia para el sistema electoral, el sistema de partidos y
Adicionalmente, debe considerarse que el tema es trascendente, pues el
criterio que se pueda establecer podrá irradiar al ámbito de las entidades
federativas generando una línea de interpretación integral y coherente en
el orden nacional electoral.
17 La figura del certiorari implica un cierto grado de discrecionalidad respecto a la selección de
casos por un órgano judicial terminal. Esto es, se trata de reconocer una facultad que permite
enfatizar el carácter del órgano de última instancia que revisa los alcances
constitucionales de una determinada norma o interpretación.
V. TERCERO INTERESADO
Se tiene como tercero interesado al PAC en los recursos de
reconsideración SUP-REC-1021/2018, SUP-REC-1026/2018, SUP-
REC-1027/2018 y SUP-REC-1037/2018, conforme a lo siguiente:
a. Forma. En los escritos consta la denominación del compareciente, el
incompatible con los recurrentes de los recursos de reconsideración en
los que compareció como tercero interesado.
b. Oportunidad. Los escritos fueron presentados de la siguiente forma:
El plazo de 48 horas para
Publicación de Comparecencia del
Expediente comparecer como tercero
demanda tercero interesado
interesado transcurrió
De las 18:50 horas del 27 de
SUP-REC- 18:50 horas del 17:37 horas del
agosto a las 18:50 horas del
1021/2018 27 de agosto 28 de agosto
De las 10:05 horas del 28 de
SUP-REC- 10:05 horas del 17:39 horas del
agosto a las 10:05 horas del
1026/2018 28 de agosto 28 de agosto
SUP-REC- 10:05 horas del 17:48 horas del
1027/2018 28 de agosto 28 de agosto
De las 13:45 horas del 28 de
SUP-REC- 13:45 horas del 17:48 horas del
agosto a las 13:45 horas del
1037/2018 28 de agosto 28 de agosto
De lo anterior se advierte que, los escritos del PAC fueron presentados
dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas.18
Por tanto, se tiene al PAC, como tercero interesado en los recursos de
REC-1027/2018 y SUP-REC-1037/2018.
c. Legitimación. Se cumple el requisito, porque de los escritos de tercero
interesado se advierte un derecho incompatible con los recurrentes de
los recursos de reconsideración en los que compareció como tercero
18 Artículo 67, de la Ley de Medios.
En efecto, los recurrentes pretenden que se revoque la resolución que
controvierten con el fin de dejar sin efecto las asignaciones de
diputaciones locales de representación proporcional en el estado de
Tlaxcala; en cambio, el tercero interesado pretende que se confirme la
sentencia impugnada, para conservar la asignación que se le otorgó en
d. Personería. Dulce María Angulo Ramírez, puede actuar en
representación del PAC, porque su personería le fue reconocida en la
instancia anterior.19
En consecuencia, al estar colmados los requisitos legales, generales y
especiales, para la procedibilidad del recurso de reconsideración al rubro
identificado, es conforme a derecho entrar al estudio y resolución del
fondo de la litis planteada.
Del análisis de los escritos correspondientes, se observa la existencia,
en algunos casos, de argumentos similares. En este sentido, cuando
haya identidad de planteamientos, éstos serán revisados de forma
conjunta. Asimismo, hay afirmaciones diferentes en cada asunto, razón
por la cual se examinarán de forma individual.20
Los temas expuestos por los recurrentes y el orden de análisis, será el
I. Indebida interpretación de una cláusula del convenio de candidatura
común (PRI y candidata del PRI)
II. Pretensión de asignación de diputaciones conforme a criterios distintos
a los aplicados por la Sala Regional (PRD, PT, candidata del PES, PRI y
su candidata).
19Con fundamento en el artículo 12, párrafo 1, inciso c), y 17, párrafo 4, de la Ley de Medios.
20Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN.” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
III. Vulneración al principio de paridad (PRD).
TEMA I. Indebida interpretación de una cláusula del convenio de
candidatura común (PRI y candidata del PRI)
Los partidos políticos del Trabajo, Revolucionario Institucional y Zonia
Montiel Candaneda afirman que la Sala Regional realizó una
interpretación errónea de las cláusulas del convenio de candidatura
común, por las razones siguientes:
a) Consideran inexacto que el contenido de la cláusula octava lleve a la
conclusión de que la distribución igualitaria de la votación constituye una
interpretación extensiva de sus efectos.
b) Aseguran que la interpretación realizada por la Sala Regional respecto
de las cláusulas del convenio es inconsistente, porque sería tanto como
afirmar que la intención del PRI, como partido mayoritario, fue pactar
cláusulas en su perjuicio.
c) Añaden que la Sala Regional debió aplicar un criterio de racionalidad
con la finalidad de respetar también el principio de auto organización de
d) Concretamente, el Partido del Trabajo se inconforma porque asegura
que la interpretación de la Sala Regional, en función de los resultados
aritméticos y porcentuales deja a tres partidos sin obtener el 3% de su
Esta Sala Superior advierte que son fundados los agravios precisados
con anterioridad, toda vez que en efecto, fue inexacta la interpretación
efectuada por la Sala Regional, cuando aseguró que el tribunal local
excedió su interpretación en torno a la cláusula octava del convenio de
Lo anterior, porque atendiendo a que el convenio de candidaturas
comunes es un acto jurídico que representa la voluntad de los partidos
políticos que la integran, exige una interpretación integral para hacer
prevalecer el principio de autonomía de la voluntad de las partes.
El artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece
en lo conducente, que las candidaturas comunes se regirán bajo las
reglas que trace la legislación correspondiente, siendo indispensable que
establezcan como mínimo los elementos siguientes:
a) Debe contener el nombre de los partidos políticos que la conforman,
b) El tipo de elección en el que participan y entre otros aspectos
c) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos
políticos que postulan la candidatura común, para los efectos de
conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento público.
El propio precepto constitucional señala que los votos se computarán a
favor del candidato común y que la distribución del porcentaje de votación
se efectuará de conformidad con convenio, siempre que el mismo haya
sido registrado ante la autoridad electoral.
En el mismo sentido, lo establecen los artículos 137, fracción II y 138,
párrafo cuarto de la Ley de Partidos local.21
Bajo esa perspectiva, los partidos políticos, tratándose de candidaturas
comunes, pueden exteriorizar a través de un convenio específico las
reglas de distribución de votación para los fines que estimen
21Artículo 137. Los partidos Políticos deberán suscribir un convenio de candidatura común el
cual deberá contener: IV. La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del candidato común;
Artículo 138…. Los votos que se computarán a favor del candidato común y la distribución del
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el
conducentes, acorde con los fines que acuerden siempre que procedan
a su registro ante la autoridad administrativa. 22
Lo anterior, es una manifestación fundamental de que el principio de
autonomía de las partes tiene cabida en el desarrollo de un proceso
electoral, pues si bien, los institutos políticos son entidades o unidades
de interés público deben resguardar un ámbito concreto de derechos
vinculados con sus estrategias, prioridades y objetivos que persiguen.
Los convenios celebrados por los partidos políticos producen los efectos
jurídicos necesarios entre las partes que lo suscriben, para poder
alcanzar su objeto fundamental, consistente en que sus miembros
puedan contender en candidatura común en las elecciones que hayan
acordado, en tanto que dichos efectos no se traduzcan en perjuicio de
los intereses de terceros.
De esta manera, la norma distingue como un componente del derecho a
participar en candidatura común, el margen discrecional acorde con el
principio de la libre voluntad de las partes para convenir, de fijar cláusulas
acordes con sus intereses, los cuales constituyen la negociación que
justifica, en su caso, el presentarse como una sola opción política.
Esto es, la libertad para convenir está fundada en la autonomía de la
voluntad de las partes contratantes, cuyo límite esencial es la ley, el
derecho de terceros y el orden público, porque más allá del cumplimiento
del deber jurídico que tienen los partidos para registrar una candidatura
común subyace una facultad de obligarse en aquellos aspectos que la
ley no les prohíbe o les ordena algo.
Dicho de otro modo, la posibilidad de pactar condiciones que beneficien
en mayor medida a uno de los participantes acorde a su estrategia
política, es legítima, precisamente, porque generalmente los partidos
políticos que integran una candidatura pueden de manera natural tener
diferentes condiciones en la materialidad.
22En la Acción de Inconstitucionalidad 103/2015 se determinó la constitucionalidad del artículo
137, fracción V, de la Ley de Partidos Políticos en el Estado de Tlaxcala.
Esta lectura de las disposiciones para contratar es acorde con el poder
de autodeterminación de los propios fines e intereses de los partidos
políticos, o bien, del poder de auto-reglamentación de las propias
situaciones y relaciones jurídicas al que la doctrina denomina autonomía
privada o autonomía de la voluntad.
En esa dinámica, el procedimiento para celebrar convenios de
candidaturas comunes, comparte características de la autonomía de la
voluntad en el campo contractual, que es, ante todo, libertad de
contratación, lo que significa la libre opción del interesado, entre contratar
y no hacerlo, con libertad, por tanto, de elección del otro contratante.
Sobre el particular, la Sala Superior ha sostenido que la celebración de
un acto jurídico, implica la voluntad de cumplir de buena fe, el contenido
de las obligaciones materia del mismo y, en este sentido, el apotegma
latino pacta sunt servanda significa que los acuerdos entre particulares
deben cumplirse, el que -como sustento de la seguridad jurídica- forma
parte de los principios fundamentales del derecho, en virtud de lo cual lo
que acordaron las partes contratantes haciendo uso de la autonomía de
su voluntad debe cumplirse entre ellas como si fuera una ley.
De ese modo, es patente que la permisión constitucional y legal busca
trasladar al ámbito de la autonomía de la voluntad de los institutos
políticos, la posibilidad de acordar la forma de distribución de los votos,
con el propósito, entre otros, de conservar el registro o bien para efectos
del financiamiento; como un rasgo de sus derechos de auto
determinación y auto organización.23
b) Reglas de interpretación de los convenios
En sentido general, de conformidad con el principio de autonomía de la
voluntad, el cual se invoca en términos de los artículos 14 constitucional
y 2 de la Ley de Medios, cualquier convenio o acto jurídico, desde que se
perfecciona, obliga a las partes, no sólo al cumplimiento de lo
23 Las consideraciones anteriores fueron expuestas en el SUP-JRC-49/2017 y acumulado.
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su
naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley24.
Por ende, desde que se perfeccionan, obligan a quienes lo suscriben no
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, el
uso a la ley.25
Conforme a dicho principio un acto jurídico celebrado con las
formalidades exigidas por la ley; en el que las partes hayan expresado
su voluntad de manera libre y cuyo fin u objeto sea lícito, debe generar
sus efectos y obligar tanto a las partes a lo expresamente establecido
como a las consecuencias que deriven de acuerdo a la normatividad
aplicable y a la buena fe.
Así, la libre voluntad de las partes es la regla general de la contratación,
y esta únicamente debe ser restringida en los casos específicamente
indicados en ley.
Bajo esa perspectiva, en los convenios que tienen verificativo para
candidaturas comunes es necesario considerar el principio de
conservación de los actos jurídicos, conforme al cual, si alguna cláusula
admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para
que produzca efecto, pues precisamente la intención de los que celebran
dicho acto jurídico estriba en la circunstancia de que se cumpla el objeto
y fin para el cual se realiza.
En ese sentido, si se considera que no existe una prohibición expresa
para materializar alguna cláusula del convenio estas deben producir sus
efectos, sin que sea válido adoptar o aplicar una interpretación restrictiva
que no esté plenamente justificada.
Por tanto, en observancia al principio señalado, debe prevalecer la
voluntad de las partes a favor de su cumplimiento, sin trastocar el sistema
24 Dicho principio se encuentra reflejado en los artículos 1796 del Código Civil Federal.
25 Artículos 1776 del Código Civil Federal y 1280, del Código Civil de Tlaxcala.
En el caso particular, los partidos políticos Revolucionario institucional,
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido Socialista (partido
político estatal) integrantes de la candidatura común, aprobaron el
convenio de fecha 12 de febrero de 2018, en cuya cláusula octava
concertaron, entre otros aspectos, la forma en que se asignarán los votos
de cada uno de los partidos políticos que participan en ese convenio.
“OCTAVA. - De la forma en que se asignaron los votos de cada uno de los
partidos políticos que participan en el presente convenio.
Para los efectos legalmente establecidos, “LAS PARTES” acuerdan que la
distribución de los votos para cada uno de los partidos políticos que forman
parte del presente convenio, será de la siguiente manera:
I. De la votación total válida por la candidatura común objeto del presente
convenio en los Distritos Locales 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. 11, 12,
13, 14, y 15 se distribuirá a cada partido político los votos que
correspondan a los porcentajes de votación que a continuación se indican:
Al Partido Revolucionario Institucional: el porcentaje remanente, después
de distribuir los porcentajes correspondientes al “PVEM”, a “NA” y al “PS”
que reciban:
Al Partido Verde Ecologista de México: el equivalente al 5.5. % de la
votación total válida, en cada uno de los distritos motivos del presente
Al Partido Nueva Alianza: el equivalente al 7% de la votación total válida,
en cada uno de los distritos motivo del presente convenio.
Al Partido Socialista: el equivalente al 7.5% de la votación total válida, en
cada uno de los distritos motivo del presente convenio.
En el supuesto de que el porcentaje de votación obtenida de la candidatura
común no alcance para conservar la acreditación o registro de los partidos
que la suscriben, ante la autoridad electoral local y tener derecho al
otorgamiento del financiamiento público, tal y como lo señalan los artículos
8526, y 87 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala en
orden de prelación conforme al convenio se les otorgará el número de
votos necesarios y suficiente para mantener su acreditación o registro,
deberá garantizarse el porcentaje suficiente para el otorgamiento del
financiamiento público del Partido Revolucionario Institucional. 27”
Como se advierte, en dicha cláusula se determinaron los siguientes dos
Primero supuesto: Los porcentajes de distribución pactados en el
convenio se especificaron de la siguiente forma, atendiendo a que el
partido político Nueva Alianza en el Distrito 2, contendió de manera
26 Artículo 85. Quien no obtenga el 3% en las elecciones de Gobernador, Diputados locales y
Ayuntamientos, o sólo en las dos últimas, en caso de elecciones intermedias, relativas al proceso
electoral local inmediato anterior, sólo conservará su acreditación ante la autoridad electoral
estatal y no gozará de financiamiento.
27 Igual previsión se realizó respecto del Distrito 2 en donde Nueva Alianza contendió
Distritos Forma de distribución de votos
5.5% de la 7% de la Porcentaje remanente
7.5% de la
01, 03, 04, 05, Votación Total Votación Total después de distribuir
06, 07, 08, 09, Válida en cada Válida en cada los porcentajes
Válida en cada
10, 11,12, 13, 14 uno de los uno de los correspondientes entre
y 15 distritos. distritos. el PVEM, PANAL y PS
5.5% de la
No aplica Votación Total Porcentaje remanente
02 contendió solo Válida en cada después de distribuir al
en ese distrito uno de los PVEM y PS.
Segundo supuesto: Sin embargo, en la propia cláusula se determinó
que si la distribución de votación pactada implicaba que alguno de los
partidos no alcanzará los votos necesarios para conservar la acreditación
o registro de los partidos que la suscriben, ante la autoridad electoral local
y tener derecho al otorgamiento del financiamiento público, entonces en
orden de prelación se les otorgará el número de votos necesarios y
suficiente para mantener su acreditación o registro.
Asimismo, se determinó que en todo caso debería garantizarse el
porcentaje suficiente para el otorgamiento del financiamiento público del
En ese sentido se advierte que la aplicación del primer supuesto
sólo sería posible siempre que se cumplieran las condiciones
relativas a: 1) conservación del registro de los partidos y 2)
garantizar acceso de financiamiento publico estatal al PRI.
Por tanto, el incumplimiento de cualquiera de esas dos condiciones
generaba que el primer supuesto no pudiera ser aplicable y, por
tanto, debía entrar en operación el segundo supuesto.
A continuación, se efectúa una reseña de cómo las autoridades aplicaron
e interpretaron la cláusula octava del convenio de candidaturas comunes.
d) Asignación de diputaciones locales por parte del OPLE28
La autoridad administrativa electoral local, al desarrollar la fórmula de
asignación de diputados locales y aplicar el primer supuesto de la
cláusula octava, tuvo como resultado que el PRI, no alcanzó el umbral
del 3% para la conservación del financiamiento público29, tal y como se
muestra en el cuadro siguiente:
Lo anterior dio lugar a la aplicación del segundo supuesto de la cláusula
octava del convenio de candidatura común postulada por el PRI, PVEM,
PANAL y PS, la cual se ha transcrito previamente, referente a que, si se
necesita conservar el registro o la acreditación se deberá garantizar el
número de votos necesarios hasta alcanzarlo.
Como consecuencia de ello, el OPLE procedió a la repartición de la
votación obtenida por la candidatura común entre todos los partidos
integrantes de la misma de tal forma que todos conservaran su registro.
Una vez realizada esa distribución, determinó que el remanente de la
votación se le otorgaría a los partidos en forma igualitaria, con lo cual
alcanzó el PRI alcanzó el 4.21% de la votación, lo que le permitió al
partido participar en la asignación de curules30. Lo anterior se muestra en
28 Lo anterior mediante Acuerdo ITE-CG 84/2018 de 8 de julio de 2018.
29 Se le otorgaba el 1.1837 de porcentaje de votación válida.
30 Artículo 33 de la Constitución del Estado de Tlaxcala. Todo partido tendrá derecho a
diputaciones de RP, si obtiene cuando menos 3.125% de la votación total válida en la
Partido 1° Combinación 2° Combinación Votación Porcentaje
PRI-PVEM-PANAL-PS PRI-PVEM-PS total por respecto
Garantizando Distribución Total En el orden de
el 3% del distribuido prelación hasta
remanente a cada agotar los votos
obtenido partido
PRI 17436 5708 23144 1278 24422 4.20
PVEM 17436 5708 23144 1277 24421 4.20
PANAL 17436 5708 23144 ***31 23144 3.98
PS 17436 5708 23144 1277 24421 4.20
TOTALES 69744 22832 92576 3832 96408 16.58
e) Impugnación de asignación ante el Tribunal Local32
El tribunal electoral confirmó lo decidido por el OPLE, para lo cual
determinó que como no resultaba factible la distribución de acuerdo con
el primer supuesto de la cláusula octava era necesario aplicar el segundo
Asimismo, interpretó que aplicar dicho supuesto únicamente a lo
expresamente establecido -acreditación, registro y otorgamiento de
financiamiento público- implicaba implícitamente establecer una
restricción, la cual al no encontrarse debidamente regulada en el
convenio no puede aplicarse, por lo que consideró que lo determinado
por la OPLE fue correcto.
f) Sala Regional
La Sala Regional responsable modificó la asignación y distribución de
curules anterior, esto al considerar fundado el agravio consistente en
que, tanto el OPLE como el tribunal local, extendieron indebidamente los
efectos del convenio respectivo.
En efecto, el exceso de los alcances del convenio de candidatura común
tuvo lugar porque la distribución de votos sólo podría actualizarse a favor
de un partido político que se colocará en el supuesto de riesgo de pérdida
de registro, lo cual solo podría tener lugar al aplicarse los porcentajes
fijos previstos en la cláusula respectiva, situación que no consideró el
Por tanto, en la nueva asignación de curules de diputaciones, la Sala
Regional responsable efectuó el procedimiento de asignación sin incluir
31 No participó PANAL en esa combinación.
32Lo anterior mediante sentencias TET-JDC-50/2018 y sus acumulados de 13 de agosto de 2018
g) Determinación de la Sala Superior.
Esta Sala Superior no comparte la consideración de la Sala Regional
responsable dado que, como se ha señalado, la interpretación adecuada
acorde con el principio de autonomía de la voluntad de las partes impone
que lo conducente es interpretar que la cláusula no tiene solo aplicación
para los fines de conservación de registro o de financiamiento.
Por tanto, a fin de realizar una interpretación adecuada de lo consignado
en el convenio de candidatura común no debía ceñirse a lo expresamente
pactado, sino reconocer que deben considerarse también aquellas
consecuencias que derivan de dicho acuerdo.
Es así, porque el principio de autonomía de la voluntad de las partes
impone una interpretación amplia, que pueda comprender supuestos no
no fijados expresa o taxativamente pero que representen una
consecuencia natural del pacto original, atendiendo al sistema en que se
De esa forma se observa de manera efectiva el principio pacta sunt
servanda que impone desde su perfeccionamiento el deber de ceñirse a
lo estrictamente pactado y a las consecuencias que deriven de la buena
fe, del uso, o de la ley.33
Como se ha mencionado, la cláusula octava contenía dos supuestos que
eran mutuamente excluyentes dado que la aplicación del primer supuesto
estaba condicionado a circunstancias concretas y específicas
establecidas en el propio convenio.
De esta manera el primer supuesto de distribución de la votación
implicaba necesariamente que: 1. Ninguno de los partidos integrantes
perdieran el registro y 2. Que se garantizara al PRI el acceso al
Dado que en la aplicación del primer supuesto no se cumplían estos
requisitos tanto el OPLE como el tribunal determinaron aplicar el segundo
supuesto a efecto de realizar una distribución equitativa de la votación,
tal y como se ha mostrado.
Lo anterior se considera correcto, porque ello implicó una interpretación
conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes dado que
33 Artículo 1776 del Código Civil Federal.
la finalidad del convenio era que todos los partidos conservaran el
De hecho, se estableció en específico que el PRI se le debían dar
suficientes votos para garantizar su acceso al financiamiento.
Bajo esa perspectiva, es claro que una consecuencia natural y producto
de la buena fe consistió que esa misma finalidad se aplicará para la
asignación de curules de representación proporcional.
Así, si la cláusula fue aplicada para la obtención del registro, es patente
que no podría limitarse su derecho para verse favorecido con ese
beneficio convencional para obtener un derecho distinto, lo que
evidenciaría incongruencia en la obtención de ese derecho.
En el mismo sentido de lo explicado con anterioridad se ha pronunciado
esta Sala Superior en los precedentes SUP-REC-190/2016 y SUP-REC-
809/2016.
En el caso, tanto el Instituto como el Tribunal local, privilegiaron la
distribución igualitaria de la votación obtenida por la candidatura común,
conforme se estableció en la cláusula octava del convenio respectivo.
Esto es, dado que el PRI no alcanzó el umbral mínimo del 3% por ciento,
se procedió a deducir votos a los demás partidos políticos integrantes de
la candidatura común, caso en el cual, se llevó a cabo de forma
Con lo anterior, la autoridad administrativa electoral local interpretó de
forma correcta la mencionada cláusula, privilegiando la forma en que se
pactó en el convenio correspondiente, lo cual fue confirmado por el
Por tanto, al ser fundado el concepto de agravio, se considera suficiente
para revocar la sentencia impugnada.
TEMA II. Pretensión de asignación de diputaciones conforme a
criterios distintos a los aplicados por la Sala Regional (PRD, PT,
candidata del PES, PRI y su candidata).
Los recurrentes aducen que la asignación de diputaciones de
representación proporcional realizada por la sala regional es indebida,
porque se debieron aplicar criterios distintos a los utilizados.
Lo anterior, porque en el convenio se estableció de manera expresa que
para la distribución de la votación se tomaría como base la votación total
válida por la candidatura común y no la votación válida emitida en la
totalidad del distrito.
Los recurrentes aducen que con la interpretación de la Sala Regional se
permite una transferencia de votos a PVEM, PANAL y PS, en grado
mayor al pactado en el convenio, lo cual genera distorsión y afectación a
los demás partidos políticos.
2. Decisión y justificación.
Los conceptos de agravio son inoperantes porque se hacen depender
de la supuesta indebida asignación de diputaciones de representación
proporcional, en atención a los elementos normativos (votación emitida,
transferencia de votos, distribución de votos entre integrantes de la
candidatura común) que debía considerar la Sala Regional, sin embargo,
esas consideraciones de la Sala Regional han quedado sin efecto,
conforme a lo expuesto al resolver el primero de los temas planteados.
Es decir, queda sin efecto la asignación elaborada por la Sala Regional
y en su lugar se deja intocada la interpretación llevada a cabo por el
órgano jurisdiccional local, por lo que a ningún fin práctico llevaría el
análisis de los planteamientos de los recurrentes.
Esto porque la distribución de votos pactada en el Convenio de
candidatura común no sólo irradia en la conservación de la acreditación
o registro de los partidos políticos y su financiamiento, sino también en la
asignación de diputaciones de representación proporcional, tal y como se
ha sustentado por la mayoría de esta Sala Superior en el recurso de
reconsideración SUP-REC-809/2016 y acumulados.
En efecto, en dicho precedente se sustentó que, al no existir una
regulación específica en torno a la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional, respecto de los partidos
políticos que contendieron bajo una candidatura común, era factible
concluir que la aplicación de lo acordado en el convenio, en cuanto a la
distribución de la votación recibida por la candidatura común, en forma
alguna podía limitarse a la conservación del registro y al otorgamiento de
financiamiento público, sino que obligatoriamente debe abarcar todas
aquellas consecuencias legales que trae consigo tal distribución,
incluyendo lo relativo a la asignación de diputados de representación
TEMA III. Vulneración al principio de paridad (PRD)
El PRD considera que la responsable justificó la falta de paridad de
género en la integración del Congreso local, con base en referencias
genéricas, por lo que pretende que se modifique la asignación de
diputados de representación proporcional a fin de lograr mayores lugares
para hombres, porque considera que están subrepresentados en el
órgano legislativo local.
El concepto de agravio es inoperante, porque el recurrente únicamente
expone argumentos genéricos y no controvierte las consideraciones de
a) Argumentos ante Sala Regional
Respecto a la integración paritaria del Congreso local, el PRD adujo ante
la Sala Regional que existía falta de congruencia y exhaustividad en la
sentencia local, porque el Tribunal local no consideró la vulneración que
el acuerdo primigenio implicó para la integración del Congreso local
conforme al principio de paridad de género.
El PRD planteó ante la Sala Regional que el Tribunal local dejó de
considerar su argumento consistente en que la discriminación histórica
que han enfrentado las mujeres en su participación política no debe
suplirse por discriminación contra los hombres o en “venganzas de
El recurrente plateó que el Instituto local instrumentó la acción afirmativa
de encabezar con mujeres las listas de candidaturas a diputaciones de
representación proporcional, siendo que es erróneo considerar que el
objetivo sea que las mujeres empiecen a superar a los hombres en los
b) Sala Regional
La Sala Regional consideró infundado el concepto de agravio,
esencialmente porque en el estudio que el Tribunal local realizó sobre la
paridad de género, consideró los agravios que el PRD hizo valer ante esa
instancia, incluyendo la interpretación de los artículos 1º y 4 de la
En ese sentido, señaló que el tribunal local de una interpretación
adecuada de dichos preceptos lleva a la conclusión de que, si es
necesario adoptar alguna medida con objeto de superar la desigualdad
entre los géneros, no sería admisible constreñir a la autoridad electoral a
reducir el número de mujeres que integran los Congresos para favorecer
En este sentido, la Sala regional determinó que el Tribunal local
consideró que la paridad no debe interpretarse como un techo de
cincuenta por ciento de la integración de un órgano colegiado, sino como
un piso mínimo que puede válidamente aumentar sin que ello implique
Aunado a lo anterior la Sala Regional concluyó diciendo que la paridad
debe concebirse como una medida permanente mediante la cual el poder
público y la participación política se comparten sin discriminación, es
decir, como un piso parejo a partir del cual se fomenten mayores
oportunidades de acceso a la vida pública y política para las mujeres.
Finalmente la responsable sostuvo que las medidas adoptadas para
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer no pueden
considerarse en sí como discriminatorias, ni como una excepción al
principio de igualdad ante la ley, ya que persiguen un objetivo legítimo,
como lo es la igualdad material, que se traduce en oportunidades reales
de desarrollo para las mujeres en la vida política, y no únicamente en
una integración más cercana al cincuenta por ciento de las legislaturas
Conforme a lo expuesto, se advierte que la Sala Regional resolvió el
concepto de agravio relacionado con la falta de paridad en el congreso
local, en esencia sosteniendo que la presencia de mayor número de
mujeres en proporción a los hombres no era discriminatoria, es decir
justificó con motivos y fundamentos la presencia en mayor proporción
Lo anterior no es controvertido por el recurrente, sino que se constriñe
a manifestar de nueva cuenta que es indebido que en el congreso local
haya mayor número de mujeres que de hombres, pero no hace un
esfuerzo argumentativo para controvertir las razones expuestas por la
sala regional de ahí la inoperancia de su concepto de agravio.
En razón de haberse declarado fundados los agravios respectivos, lo
conducente es revocar la determinación emitida por la Sala Regional
responsable, y consecuentemente, debe prevalecer la determinación del
Tribunal Electoral de Tlaxcala.
PRIMERO. Se acumulan los juicios en los términos precisados en esta
SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada en el SCM-JRC-162/2018 y
TERCERO. Se confirma la asignación realizada por las autoridades
electorales locales.
concluido y hágase la devolución de la documentación exhibida.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y los
Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. El Magistrado Reyes Rodríguez
Mondragón formula voto concurrente. La Secretaria General de Acuerdos
autoriza y da fe.
VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ
MONDRAGÓN, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN SUP-REC-1021/2018 Y ACUMULADOS34
1. Concurrencia con la sentencia aprobada por la mayoría
Estoy de acuerdo con la revocación de la resolución emitida por la Sala
Ciudad de México en el juicio de revisión constitucional electoral SCM-
34Colaboraron en su elaboración Santiago J. Vázquez Camacho, Christopher Marroquín Mitre y
Helena Catalina Rodríguez Ruán.
JRC-162/2018 y acumulados, y con la confirmación de la asignación
realizada por las autoridades electorales locales. Sin embargo, difiero
con las razones expresadas por la mayoría en relación con el estudio de
fondo, por lo que emito este voto concurrente.
Esencialmente, considero que, si bien debe revocarse la sentencia de la
Sala Ciudad de México que interpretó indebidamente la cláusula octava
del convenio de candidatura objeto de análisis, ésta no tuvo por objeto
pactar la distribución de votos para efectos de la asignación de
Además, estimo que lo convenido por los partidos políticos no puede
afectar la distribución de votos para efecto de la asignación de
diputaciones por el principio de representación proporcional. Lo anterior,
debido a que la finalidad del principio de representación proporcional es
que el órgano legislativo refleje de la mejor manera posible el respaldo
ciudadano con que cuenta cada fuerza política, lo cual no debe quedar
sujeto a la decisión de los integrantes de la candidatura común.
Similares consideraciones adopté en el voto particular emitido al
resolverse el expediente SUP-REC-809/2016 y acumulados por esta
Además, considero que dicha cláusula no tuvo por objeto pactar la
distribución de votos para efectos de la asignación de representación
Precisado lo anterior, por las razones que desarrollo en el presente voto,
estimo que la distribución de votos para efectos de la asignación de
escaños de representación proporcional entre los integrantes de una
candidatura común debe ser igualitaria, pero por razones distintas a las
expresadas por la mayoría de esta Sala Superior, el Instituto local y el
En consecuencia, coincido en que una vez revocada la sentencia
impugnada, lo procedente sería confirmar la asignación de diputaciones
de representación proporcional a partir de una distribución igualitaria de
En el marco del proceso electoral ordinario 2018 en el estado de Tlaxcala,
el PRI, el PVEM, el PANAL y el PS celebraron un convenio de
candidatura común con el objeto de participar en la elección de diputados
El PRI, el PVEM, el PANAL y el PS se unieron para postular candidaturas
en común en catorce de quince distritos electorales, ya que en el segundo
distrito el PANAL participó de forma independiente en los siguientes
términos (cláusula octava):
01, 03, 04, 5.5 % de la votación total 7 % de la 7.5 % de la Porcentaje remanente
05, 06, 07, válida en cada uno de los votación total votación total después de distribuir los
08, 09, 10, distritos válida en válida en porcentajes
11,12, 13, cada uno de cada uno de correspondientes entre
14 y 15 los distritos los distritos el PVEM, PANAL y PS
02 5.5% de la votación total NO APLICA 7.5 % de la Porcentaje remanente
válida en cada uno de los contendió votación total después de distribuir al
distritos sólo en ese válida en PVEM y PS
distrito cada uno de
El ocho de julio, el Consejo General realizó la asignación de diputaciones
por representación proporcional, tomando como parámetro el porcentaje
que, en su concepto, se desprendía de la interpretación de la cláusula
octava. La distribución quedó como sigue:
PARTIDO PROPIETARIA (O) SUPLENTE
PAN OMAR MILTON LÓPEZ ISRAEL LARA GARCÍA
PRD LAURA YAMILI FLORES LINDA AZUCENA CISNEROS
LOZANO CIRIO
PT IRMA YORDANA GARAY MARÍA GUILLERMINA LOAIZA
LOREDO CORTERO
PVEM MARIBEL LEÓN CRUZ AITZURY FERNANDA SANDOVAL
MC MARÍA ISABEL CASAS JAQUELINE MELÉNDEZ
MENESES LUMBRERAS
PANAL LUZ GUADALUPE MATA LARA PATRICIA RAMÍREZ
Inconformes con el acuerdo anterior, los partidos políticos PS, PES, PAC,
PT, MC y PRD, así como las ciudadanas María del Pilar Garrido y Mónica
Sánchez Angulo, promovieron juicios locales.
el sentido de sobreseer el juicio promovido por el PES, porque quien lo
promovió carecía de personería; acordó modificar el acuerdo impugnado;
y confirmar las constancias de asignación de diputados de
representación proporcional asignadas por el Instituto local.
Los días diecisiete y dieciocho de agosto, a fin de controvertir la sentencia
del Tribunal local, los partidos políticos PAC, PES, PRD, PT y MC
presentaron demandas de juicio de revisión. Por su parte, Mónica
Sánchez Angulo y José Alejandro Aguilar López presentaron demandas
de juicio ciudadano.
El veintiséis de agosto, la Sala Ciudad de México resolvió modificar la
sentencia impugnada y modificar la distribución y asignación de
diputaciones de representación para quedar como sigue35:
35Respecto al PES, la Sala Ciudad de México confirmó la sentencia del Tribunal local en el
sentido de que Alicia Ofelia Caballero Yonca no contaba con las facultades para promover el
medio de impugnación en su calidad de representante propietaria del PES.
Como se observa, el único cambio realizado por la Sala Ciudad de
México respecto a la integración del Congreso fue otorgarle al PAC la
curul que se le había asignado al PRI.
Contra la sentencia de la Sala Ciudad de México, Mónica Sánchez
Angulo, Zonia Montiel Candaneda, el PRI, el PT y el PRD presentaron
Algunos recurrentes estiman que la Sala Ciudad de México interpretó
incorrectamente el convenio de candidatura común al establecer que al
PRI sólo debían asignársele los votos necesarios para conservar su
registro, pero no para participar en la asignación por representación
proporcional. Para ellos, la Sala Ciudad de México se sustituyó en la
voluntad de las partes que suscribieron el convenio y en donde se
identificó al PRI como partido mayoritario, en violación de los principios
de autoorganización y autoregulación de los partidos políticos.
Agregan que en el convenio sólo se previeron dos eventualidades: i) el
supuesto ordinario donde el PRI tuviera el mayor porcentaje de votación
o ii) el supuesto en el que la votación no fuera suficiente para garantizar
el registro de todos los partidos políticos. Al no presentarse ninguna de
las dos situaciones, los recurrentes alegan que la Sala Ciudad de México
debió adoptar una solución que permitiera garantizar, por igual, los
derechos de los partidos políticos y dividir la votación de forma igualitaria.
Por otra parte, los recurrentes argumentan que los partidos que
integraron el convenio estipularon expresamente que para la distribución
de la votación se tomaría como base la votación total valida emitida por
la candidatura, y no así la votación válida emitida en la totalidad del
distrito. Por ello, se estima que la Sala Ciudad de México realizó una
indebida interpretación del concepto “votación total válida”.
Por ende, estiman que resulta inadmisible que la Sala Ciudad de México
haya realizado una interpretación que se aleja de la voluntad expresa de
las partes del convenio, la cual configura un fraude a la ley que vulnera
la esencia de la prohibición de sobrerrepresentación, así como los
principios de representación proporcional.
En este sentido, para resolver lo planteado por los recurrentes es
necesario determinar si la Sala Ciudad de México interpretó
correctamente la cláusula octava del convenio de candidatura común y,
en consecuencia, determinar si debe confirmarse la distribución de votos
realizada por las autoridades electorales locales para asignar los
escaños de representación proporcional.
3. Indebida interpretación del convenio de candidatura común y
En mi concepto, tienen razón los recurrentes en cuanto a que la Sala
Ciudad de México interpretó indebidamente el convenio de candidatura
común, lo que, a su vez, implicó una distribución incorrecta de los votos
recibidos por dicha candidatura.
La Sala Ciudad de México modificó la asignación y distribución de curules
anterior, esto al considerar fundado el agravio consistente en que, tanto
el Instituto local como el Tribunal local, extendieron indebidamente los
Ello debido a que para la Sala Regional el exceso de los alcances del
convenio de candidatura común tuvo lugar porque la distribución de votos
sólo podría actualizarse a favor de un partido político que se colocará en
el supuesto de riesgo de pérdida de registro, lo cual solo podría tener
lugar al aplicarse los porcentajes fijos previstos en la cláusula respectiva,
situación que no consideró el tribunal local.
Al respecto, la mayoría en de esta Sala Superior determinó que la
interpretación del convenio fue incorrecta, debido a que la interpretación
adecuada, acorde con el principio de autonomía de la voluntad de las
partes, impone que lo conducente es interpretar que la cláusula no tiene
sólo aplicación para los fines de conservación de registro o de
financiamiento, sino también para la asignación de curules de
Difiero con dicha consideración, ya que, si bien coincido con la conclusión
de que la interpretación de la Sala Regional fue incorrecta,
independientemente de lo pactado por los partidos políticos en el
convenio, los votos recibidos por la candidatura común deben distribuirse
igualitariamente, a efecto de garantizar la proporcionalidad y pluralidad
que persigue el principio de representación proporcional. No deben
transferirse votos para acceder a un cargo de representación popular, ya
que la voluntad popular es la regla para traducir votos en escaños.
Primeramente, hay que destacar que la cláusula octava se refirió
exclusivamente a la conservación del registro y al derecho a
financiamiento público, pero no así a la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional:
“OCTAVA. - De la forma en que se asignaron los votos de cada uno
de los partidos políticos que participan en el presente convenio.
Para los efectos legalmente establecidos, “LAS PARTES” acuerdan
que la distribución de los votos para cada uno de los partidos
políticos que forman parte del presente convenio, será de la
I. De la votación total válida por la candidatura común objeto del
presente convenio en los Distritos Locales 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10. 11, 12, 13, 14, y 15 se distribuirá a cada partido político los
votos que correspondan a los porcentajes de votación que a
Al Partido Revolucionario Institucional: el porcentaje remanente,
después de distribuir los porcentajes correspondientes al “PVEM”, a
“NA” y al “PS” que reciban:
Al Partido Verde Ecologista de México: el equivalente al 5.5. % de
la votación total válida, en cada uno de los distritos motivos del
Al Partido Nueva Alianza: el equivalente al 7% de la votación total
válida, en cada uno de los distritos motivo del presente convenio.
Al Partido Socialista: el equivalente al 7.5% de la votación total
En el supuesto de que el porcentaje de votación obtenida de la
candidatura común no alcance para conservar la acreditación o
registro de los partidos que la suscriben, ante la autoridad
electoral local y tener derecho al otorgamiento del
financiamiento público, tal y como lo señalan los artículos 85 y 87
de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala en orden
de prelación conforme al convenio se les otorgará el número de
votos necesarios y suficiente para mantener su acreditación o
registro, deberá garantizarse el porcentaje suficiente para el
otorgamiento del financiamiento público del Partido
Revolucionario Institucional […]” (Énfasis añadido)
En este sentido, de una interpretación literal de lo pactado por los partidos
políticos, así como de la normatividad aplicable36, no podría
desprenderse que éstos convinieron cómo asignar las diputaciones por
el principio de representación proporcional. De ahí que la interpretación
de la Sala Regional haya sido incorrecta.
Por otra parte, toda vez que la participación de candidaturas comunes a
través de un mismo emblema sí limita la posibilidad de observar la fuerza
electoral real de cada partido que la integra, la distribución de votos para
efecto de la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional debe realizarse de forma igualitaria, ya que, de lo contrario,
se produciría una representación electoral ficticia, pues la voluntad de la
ciudadanía quedaría sujeta a la decisión de los integrantes de la
candidatura común, y con ello se violaría la voluntad popular y las
finalidades del principio democrático de representación proporcional, así
como el de autenticidad de las elecciones.
En este sentido, para efectos de la asignación de diputaciones de
representación proporcional, un voto emitido en favor de una candidatura
36 “Artículo 95. […]
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable,
siempre y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá
contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate;
así como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con
que se participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que
postulan la candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de
“Artículo 136. Se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, sin
mediar coalición, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, por el principio
V. La forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos políticos que postulan la
candidatura común, para efectos de la conservación del registro y el otorgamiento del
financiamiento público;
común se encuentra en la misma circunstancia, por ejemplo, que un voto
en el que se marcan los emblemas de dos o más integrantes de una
coalición, dado que no está disponible para los partidos políticos la
transferencia de votos para la elección de cargos públicos.
Al respecto, es importante destacar que la candidatura común pactada,
en realidad, constituyó una coalición de hecho, dado que excedió del 25%
de las candidaturas, lo cual es una razón adicional a efecto de deber
hacerse una distribución igualitaria.
Por lo tanto, la candidatura común debe recibir el mismo tratamiento que
las coaliciones, es decir, ante la imposibilidad de identificar a cuál de los
integrantes le corresponde el sufragio, deben distribuirse igualitariamente
a fin de no asignar a un partido político una fuerza representativa electoral
que no le corresponde con certeza.
En este orden de ideas, partir de la premisa de que para distribuirse los
votos entre los partidos políticos que integran una candidatura común
debe interpretarse sólo con lo pactado en el convenio, ya que la
asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional constituye una cuestión de orden público constitucional que
no puede quedar al arbitrio de los partidos políticos.
El órgano representativo democrático es el único responsable de
determinar las reglas bajo las cuales se habrán de convertir los votos en
escaños, pues es a través de la asignación por dicho principio como se
distribuye el poder político en los órganos legislativos y municipales, por
lo que no es admisible que esta responsabilidad quede en manos del
arbitrio de los partidos políticos.
La normatividad aplicable debe interpretarse bajo este criterio,
protegiendo la voluntad popular y evitando la transferencia de votos para
el acceso a cargos públicos de representación popular.
Así, por ejemplo, una interpretación gramatical del artículo 258 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala37, llevaría a concluir que los integrantes de la candidatura común
no tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones de
representación proporcional, pues no registraron candidatos propios ni
en coalición a diputados locales por mayoría relativa en por lo menos diez
distritos electorales uninominales, lo cual sería absurdo e incorrecto.
La interpretación sistemática y, por ende, armónica de las normas
aplicables y del convenio, permite observar que persiguen una misma
lógica que parte de la base principal consistente en la necesidad observar
la fuerza electoral real de cada partido político para efectos de asignarle
diputaciones por el principio de representación proporcional.
Por esas razones, estimo que la sentencia parte de equiparar
incorrectamente un convenio de derecho público con un convenio de
derecho privado o derecho común que suplanta a una autoridad
eminentemente política como lo es el órgano representativo.
Así, con la interpretación propuesta que sostengo se privilegia el efecto
igualitario del voto, el derecho de los votantes a estar representados, así
como el de los partidos de acceder a los órganos de representación en
función de su fuerza electoral real.
En suma, sostener que los partidos pueden acordar sin restricción cómo
deberá distribuirse la asignación de diputaciones de representación
proporcional, no es conforme con el diseño constitucional electoral ni
conforme a la legislación electoral de Tlaxcala. Por estas razones, si bien
comparto el sentido de la sentencia, no comparto sus consideraciones
37 Artículo 258. Para obtener el registro de su lista de candidatos, todo partido político debe
acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos propios o en coalición a
diputados locales por mayoría relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales.
Daniel Torres Chumpitaz
SUP-REC-1730/2018
SUP-REC-1638/2018 y acumulados
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JacquelinePeschard_El fin del sistema de partido hegemónico.pdf
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Teologia Nominalista y Racionalidad Ilustrada. Los presupuestos ockhamianos de la filosofía del derecho kantiano.
Del Cosmos Al Anthropos
El Bien Segun San Agustin
Jean Michel Manzano

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 67
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 95

Artículo 138
 artículo
137
 Artículo 85
 Artículo 33
 Artículo 1776
 resolución 
 artículo 258
 Artículo 258