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Timestamp: 2019-12-09 00:23:59+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1995-15453
Documento BOE-A-1995-15453
«BOE» núm. 152, de 27 de junio de 1995, páginas 19241 a 19256 (16 págs.)
BOE-A-1995-15453
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/1995/05/24/4
El Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 creó un nuevo marco, dentro del que puede conservarse, modificarse y desarrollarse el derecho civil gallego, tal como determina en el artículo 27.4, al fijar la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.º de la Constitución española de 1978. Sin perjuicio de la competencia estatal en materia de legislación civil, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía, las Comunidades Autónomas podrán conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles, forales o especiales, allí en donde existan. El marco estatutario se completó además con sus previsiones específicas sobre la parroquia rural, de acuerdo con los artículos 27.2 y 40 del Estatuto, que asoma en las disposiciones de esta ley sobre la comunidad vecinal, sobre las comunidades de aguas o sobre el régimen jurídico de los montes vecinales en mano común, incorporados al derecho autonómico por razón de lo previsto en dicho artículo 27 del propio Estatuto, entre otras competencias que inciden, naturalmente, sobre los más diversos aspectos de las relaciones jurídico-privadas.
De singular trascendencia para el derecho civil gallego es el artículo 38 del Estatuto de autonomía, expresivo de las fuentes del derecho propio de Galicia. En su párrafo tercero dice que «en la determinación de las fuentes del derecho civil, el Estado respetará las normas del derecho civil gallego». Esta ley, en su título preliminar, hace uso de esta facultad y especifica nítidamente que el derecho civil de Galicia estará integrado por los usos y costumbres propios y por las normas contenidas en la presente ley, así como por las demás leyes gallegas que lo conserven, desarrollen o modifiquen. En los demás artículos del título preliminar se completa el marco de las normas del derecho civil de Galicia dentro de las más estrictas previsiones constitucionales y estatutarias.
La sentencia del Tribunal Constitucional número 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia, interpretó muy adecuadamente, las expresiones constitucionales y estatutarias sobre el ámbito material en que había de conservarse, modificarse o desarrollarse el derecho civil gallego. Dijo expresa y nítidamente que, siendo cierto que la vigente Compilación del derecho civil de Galicia no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el arrendamiento rústico, no lo es menos -como consideración de principio- que la competencia autonómica para la conservación, modificación y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar, según ya había dicho en la reciente STC 121/1992 (fund. jurídico 2.º), a una recepción y formalización legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio autonómico, eventualidad, esta última, que resulta aún más clara visto el enunciado del referido artículo 27.4 del Estatuto de autonomía de Galicia, pues en la idea de «institución» jurídica, presente en tal precepto, se integran o pueden integrarse, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. En similar sentido se pronunciaron los distintos congresos de derecho gallego, cuando proclaman que la Compilación de 1963 no era la expresión completa de nuestro derecho civil y, al contrario, fuera de ella pervivían muchas instituciones que esperaban su incorporación al derecho vigente.
Estamos ante un derecho vivo de Galicia. Nacido en los campos gallegos, como emanación singular de un rico derecho agrario, desbordado hoy, incluso en la vida cotidiana de sus urbes. Lejos de la preocupación de cualquier tentación arqueológica-jurídica, la ley pretende regular instituciones válidas para los intereses y necesidades del pueblo gallego. Las comunidades de montes vecinales en mano común, las de aguas, las agras y los vilares tienen una regulación específica. La duda sobre la posible incorporación de una regulación de los muíños de herdeiros como una institución viva del derecho gallego llevó a la Ponencia al convencimiento de la oportunidad de su inclusión por cuanto puede tener de interés como elemento de interpretación e integración de un sistema jurídico-civil propio de Galicia. El título dedicado a las serventías ocupa un ancho y largo espacio, ya que las relaciones de vecindad y la propia configuración del sistema agrario gallego así lo aconsejan. En cuanto a los contratos, la aparcería, el arrendamiento rústico y el lugar acasarado tienen hoy una excelente vitalidad, lo que aconseja su regulación por medio de la presente ley.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre de El-Rey, la Ley de derecho civil de Galicia.
SECCIÓN 1.ª DE LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN
SECCIÓN 2.ª DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE AGUAS
SECCIÓN 3.ª DE LOS MUÍÑOS DE HERDEIROS
SECCIÓN 4.ª DE LAS AGRAS Y LOS VILARES
SECCIÓN 1.ª DE LA SERVIDUMBRE DE PASO
SECCIÓN 2.ª DE LAS SERVENTÍAS
Del cómaro, ribazo o arró
b) No respetar el destino o tipo de cultivo pactado.
c) No explotar la finca durante el período de al menos dos años consecutivos.
d) Grave incumplimiento de las obligaciones pactadas.
e) Causar dolosa o culposamente daños graves en la finca.
f) Subarrendamiento o cesión inconsentiva.
a) Entregar fincas, ganado y cuanto constituya su aportación.
b) Garantizar al colono del disfrute pacífico y útil de lo contribuido.
c) Satisfacer la parte que le corresponda, según pacto, uso o costumbre, de contribuciones, seguros, semillas, adobos y otros elementos necesarios para obtener los productos propios del destino de la finca.
a) No destinar el aparcero la finca al cultivo o explotación convenidos.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes.
c) Deslealtad o fraude por parte del aparcero en la valoración o entrega al cedente de la parte de frutos que le corresponda.
d) Daño grave causado dolosa o culposamente por el aparcero en las fincas o cosechas.
e) Extinción del derecho que el cedente tenía sobre la finca, si bien subsistirán los efectos de la aparcería hasta el final del año agrícola en curso.
SECCIÓN 2.ª DE LA APARECERÍA AGRÍCOLA
SECCIÓN 3.ª DE LA APARCERÍA DEL LUGAR ACASARADO
El cedente contribuirá con los árboles, vides y lo demás que sea usual para las primeras plantaciones,
si se hiciesen con su consentimiento, y pagará los gastos de las podas y aportará las máquinas, instrumentos y aperos mayores.
SECCIÓN 4.ª DE LA APARCERÍA PECUARIA
SECCIÓN 5.ª DE LA APARCERÍA FORESTAL
a) Conducta gravemente injuriosa o vejatoria del obligado a prestar alimentos.
b) Incumplimiento total o parcial de la prestación alimenticia, siempre que no sea imputable a su perceptor.
c) Cuando el cesionario no cuidase o no atendiese en lo necesario al cedente, según la posición social y económica de las partes y en todo cuanto haga posible el capital cedido, en la búsqueda del mantenimiento de su calidad de vida.
d) Por el no cumplimiento de lo demás pactado.
Cuando un labrador case para casa a un pariente, se entenderá, salvo pacto en contrario, constituida la compañía familiar gallega.
Corresponde la administración de la compañía a la persona que determine el contrato de constitución. En todo lo no previsto en él, así como en las compañías constituidas tácitamente, corresponderá sucesivamente al petrucio, a
su viuda o a quien de modo notorio la ejerza.
a) El fallecimiento de alguno de los socios, aun cuando sus herederos convivan y opten por permanecer en la sociedad.
b) La declaración de incapacidad, prodigalidad, concurso o quiebra y la ausencia, por más de un año, no motivada por la gestión social.
c) La renuncia o cesión de derechos en favor de otro miembro de la compañía, así como la retirada del capital o el hecho de enajenarlo, sin causa justificada.
d) El ingreso de un socio en otra compañía o el casamiento con desvinculación de la misma.
e) La incorporación o separación de algún socio.
SECCIÓN 1.ª DEL USUFRUCTO VOLUNTARIO DE VIUDEDAD
1.ª Pagar los gastos de la última enfermedad, enterramiento, funerales y sufragios del cónyuge premuerto con cargo a la herencia.
2.ª Pagar las deudas exigibles del causante con metálico de la herencia. Si no hubiese dinero o éste no fuese suficiente, podrá, a tal finalidad, enajenar semovientes, arbolado o mobiliario ordinario en la cuantía precisa. La enajenación de cualquier otro bien con la finalidad del pago de deudas necesita el consentimiento de los nudos propietarios o, en otro caso, la autorización judicial.
3.ª Enajenar el mobiliario y los semovientes que considere necesarios, de acuerdo con una buena administración, debiendo reponerlos en cuanto fuese posible.
4.ª Realizar las talas de árboles maderables, incluso por el pie, y hacer suyo el producto de las mismas, siempre que sean adecuadas a una normal explotación forestal.
5.ª Explotar las minas según su reglamento jurídico.
6.ª Realizar mejoras no suntuarias.
1.º Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante.
2.º Administrar los bienes objeto del usufructo con la diligencia propia de un buen padre de familia.
3.º Prestar alimento, con cargo al usufructo, a los hijos y descendientes comunes que lo precisen.
a) Por el fallecimiento del usufructuario.
b) Por nuevo matrimonio del usufructuario, salvo pacto o disposición en contrario.
c) Por incumplimiento de las cargas expresamente impuestas por el causante.
d) Por grave y reiterado incumplimiento de los deberes familiares.
SECCIÓN 2.ª DEL PACTO DE MEJORA
SECCIÓN 3.ª DEL DERECHO DE LABRAR Y POSEER
1. El ascendiente que quisiese conservar indiviso un lugar o una explotación agrícola podrá pactar su adjudicación íntegra a cualquiera de sus hijos o descendientes por pactos «ínter vivos», con carácter irrevocable, o «mortis causa», y aunque las suertes de tierras estén separadas.
En los casos a que se refiere el artículo anterior, la casa petrucial y su era, corrales y huerto unidos se reputarán indivisibles, tanto en la sucesión «mortis causa», testada o intestada, como en las particiones que el ascendiente hiciese en vida.
b) Por incumplimiento de las condiciones impuestas en el título constitutivo.
c) Cuando el mejorado abandone totalmente, sin justa causa, la explotación de los bienes que la componen al menos durante dos años agrícolas.
d) Por incurrir el mejorado en causa de indignidad para suceder o de desheredación.
SECCIÓN 4.ª DE LAS APARTACIONES
SECCIÓN 1.ª DEL TESTAMENTO ABIERTO NOTARIAL
a) Cuando lo solicite el Notario o el propio testador.
b) Cuando el testador sea ciego, demente en intervalo lúcido o no sepa o no pueda leer o escribir.
SECCIÓN 4.ª DE LAS MEJORAS TESTAMENTARIAS Y LOS LEGADOS
1.ª Se atenderá al valor que tuviesen los bienes de la herencia en el momento del fallecimiento del causante.
2.ª De dicho valor se deducirán:
a) Las deudas del causante.
b) Los gastos de su última enfermedad, enterramiento y funeral.
c) El importe de las mejoras útiles y gastos extraordinarios de conservación y reparación costeados por el mejorado por pacto en los bienes objeto de la mejora.
3.ª El valor líquido obtenido se añadirá al que tuviesen los bienes donados por el causante en el momento de la donación, exceptuando las liberalidades o agasajos de costumbre.
La determinación de la legítima individual entre varios legitimarios está sometida a las normas del Código Civil, con la salvedad de que el apartado a que se refiere la sección 4.ª del capítulo II de este título no hace número.
a) Cuando el causante dispusiese expresamente que se satisfaga en metálico y no lo hubiese en la herencia.
b) Cuando lo conviniesen así el legitimario y el obligado al pago de la legítima.
c) Cuando se conviniese en el pacto de mejora.
2. Para fijar la suma que haya de pagarse se atenderá al valor que tuviesen los bienes de la herencia en el momento de hacer la liquidación, y se aplicarán en lo demás las reglas 2.ª y 3.ª del artículo 147, así como el artículo 148 de esta Ley. Hecha la suma, el crédito metálico producirá el interés legal.
SECCIÓN 2.ª DE LA SUCESIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
1. A falta de personas que tengan derecho a heredar, de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del capítulo IV del título III, libro III, del Código Civil, o en este cuerpo legal, en su caso, heredará la Comunidad Autónoma de Galicia.
1. El testador puede hacerla partija de la herencia en el propio testamento o en otro documento.
2. En la partija conjunta por ambos cónyuges, el haber correspondiente a cualquier heredero o patícipe en las dos herencias, aunque sea legitimario, podrá ser satisfecho con bienes de un solo causante.
1.º Cuando acredite fehacientemente que se notificó previamente a los demás la aceptación del cargo y el propósito de partir, sin que ninguno de ellos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, hubiese manifestado nada en contra.
2.º Cuando por muerte, renuncia expresa o incapacitación de los demás quedase como partidor único.
Los herederos mayores en edad que representen más del 50 por 100 del haber hereditario y sean dos al menos podrán por sí solos hacer las partijas, siempre que no exista contador-partidor ni herederos menores no emancipados o incapacitados.
1.ª Formación de inventario y evaluación por Perito, previa citación fehaciente, con treinta días de antelación como mínimo, a los demás interesados, si su domicilio fuese conocido.
2.ª Sorteo ante Notario de todos los cupos formados o, en su caso, de los cupos del remanente, después de haber fijado los correspondientes a legados de cosa específica y a las mejoras y legados de cuota.
3.ª Protocolización notarial de la partija.
4.ª Notificación de la protocolización, dentro de los noventa días hábiles siguientes, a los no concurrentes que tengan domicilio conocido.
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 107, de 6 de junio de 1995)
Fecha de disposición: 24/05/1995
Fecha de publicación: 27/06/1995
Fecha de entrada en vigor: 06/09/1995
Publicada en el DOG núm. 107, de 6 de junio de 1995.
Fecha de derogación: 19/07/2006
SE DECLARA en la CUESTIÓN 311/2003, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado del art. 123.3, por Sentencia 171/2012, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2012-13580).
SE DEROGA, por Ley 2/2006, de 14 de junio (Ref. BOE-A-2006-14563).
DEROGA Ley 7/1987, de 10 de noviembre (Ref. BOE-A-1988-3240).
arts. 13.2 y 27.4 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).
Sentencia del TC 182/1992, de 16 de noviembre (Ref. BOE-T-1992-27980).
Sentencia del TC 121/1992, de 28 de diciembre (Ref. BOE-T-1992-23991).
Ley 2/1986, de 10 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-3501).
Ley 147/1963, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1963-22615).

References: artículo 27
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 147
 artículo 148