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Timestamp: 2019-03-22 23:07:01+00:00

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Voto num. 66/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 746340333
Voto particular y concurrente que formula el señor M.J.M.P.R., en la controversia constitucional 66/2012.
En la sesión de nueve de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional citada, en la que no comparto la determinación relativa a la cesación de efectos de los artículos 156, cuarto párrafo, 242 y 184 del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo, me separo de algunas consideraciones por lo que hace a los apartados I.1) y I.9), de la sentencia. Conforme a lo siguiente:
En la resolución relativa, como cuarto punto se abordó el punto relativo a qué debe entenderse por nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en las acciones de inconstitucionalidad y, por mayoría de votos, se determinó que, para que se actualice el supuesto de nuevo acto legislativo, deben reunirse los siguientes requisitos:
La mayoría consideró que, para que una norma sea impugnable a través de dicho medio de control constitucional, es necesario que la reforma a ésta sea "sustantiva o material"; es decir, que se modifique el sentido normativo del precepto impugnado. En consecuencia, se resolvió que no basta con la reforma "formal" de la norma para que se actualice el supuesto de impugnación.
Por lo que la modificación de cualquier aspecto de un artículo (formal o material) actualiza un nuevo acto legislativo para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, pues independientemente del contenido de la reforma o modificación, la actuación del órgano legislativo posibilita que este Alto Tribunal analice la regularidad del ordenamiento jurídico salvaguardando la supremacía de la Constitución, por lo que, en su contra –en todo caso–, procede una nueva controversia constitucional y, por ende, debe de sobreseerse respecto de la ya intentada en tanto que se impugnó otro contexto normativo.(4)
Así, con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a los criterios en torno a la procedencia de estos medios de control, considero que, para que se actualice un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación, es suficiente que la norma sufra una modificación de cualquier tipo y se publique.
En este punto se analiza el segundo concepto del actor, en el que plantea la invalidez de los artículos 14, 17, fracción IV y 163, porque en ellos se prevé la posibilidad de celebrar convenios entre la entidad federativa y los Municipios, lo que tendrá por único objeto que los segundos subroguen al primero facultades del artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la Constitución Federal, como también algunas facultades previstas por la Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 8, fracción IX y 9, fracción VII.
Dicho planteamiento se consideró infundado y en consecuencia se reconoció la validez de los artículos 14, 17, fracción IV y 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Al respecto debo señalar que si bien comparto la determinación relativa a reconocer la validez de tales preceptos, lo cierto es que desde mi óptica, la razón de ello es que no existe ninguna afectación a la esfera de competencia del Municipio actor, porque se establece que deberá ser previo convenio cuando la autoridad estatal pueda ejercer esas facultades; y, por ello, debe contarse con su anuencia y, en esa virtud, no puede generarse una invasión a su esfera competencial.
En efecto, la posibilidad constitucional para celebrar los convenios está prevista, en el artículo 115, fracción II, constitucional,(5) que dispone que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Asimismo, el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal, establece que el Congreso tiene la facultad de expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los Municipios, en el ámbito de sus competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir la finalidad prevista en el artículo 27 constitucional.
Destacando que, en la Ley General de Asentamientos Humanos, el artículo 8o. establece cuales son las atribuciones a cargo de las entidades federativas y se dispone en su fracción IV la posibilidad de coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población", en la fracción IX se faculta para: "Convenir con los respectivos Municipios la administración conjunta de servicios públicos municipales, en los términos de las leyes locales." y en la fracción X: "Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano."
Y, en el caso de los Municipios, cuyas facultades están reguladas por el artículo 9o. de la propia ley general, también la fracción VII, establece que tiene facultades para: "Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros Municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación, que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven." y, desde luego, la fracción X, que es la que se refiere a las licencias de uso de suelo o construcción.
Por lo que, considero que es innecesario hacer la interpretación respecto de lo que establece la fracción VII del artículo 116,(6) que en su primer párrafo establece que la Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción, por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Además, el segundo párrafo de la referida fracción VII, indica que los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que el ámbito estatal asuma la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo primero de la fracción VII aludido.
Voto concurrente respecto del punto I.9) facultad del Ejecutivo Estatal para adoptar medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, previo convenio celebrado con el Municipio.
En este punto se analiza la constitucionalidad del artículo 211 porque, a decir del actor, faculta al estado para adoptar medidas administrativas, que faciliten y estimulen la construcción de condominios, cuando las atribuciones administrativas resultan ser exclusivas del Municipio, trasgrediendo la esfera jurídica de este último.
Al respecto se consideró que la posibilidad de que la autoridad estatal pueda celebrar un convenio con el Municipio, a fin de que dicha autoridad local esté en condiciones de adoptar medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, no es inconstitucional, por el contrario, por regla general, esa posibilidad encuentra su fundamento en la propia Constitución Federal, de ahí que resulte infundado el concepto de invalidez hecho valer por el Municipio actor.
Se precisó que, si bien en el artículo impugnado no existe la previsión expresa, previo convenio, respecto de la facultad del Ejecutivo Estatal para adoptar las medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, lo cierto es que en el artículo 243 en relación con el artículo 242 se faculta al Poder Ejecutivo Estatal a emitir la autorización para la construcción de un condominio, en los casos que exista convenio celebrado con los Municipios. En este sentido, si cuenta con la facultad para autorizar la construcción de un condominio, por mayoría de razón puede adoptar medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, siempre y cuando exista el convenio respectivo celebrado con los Municipios.
Lo que, desde mi óptica, es claro que el adoptar las medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, se trata de una facultad que no está reservada al ámbito municipal y que, incluso, el Estado podría ejercerla de manera independiente.
Por lo anterior, me aparto de diversas consideraciones precisadas en el cuerpo de este voto, de la resolución emitida en la controversia constitucional 66/2012.
Décima Época. Registro digital: 2003950. Pleno, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, materia constitucional, tesis P./J. 18/2013 (10a.), página 45. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS.—Si con motivo de la expedición de un nuevo acto legislativo se modifica o deroga la norma impugnada en una controversia constitucional y la nueva no se combate mediante la ampliación de la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la cesación de efectos de la norma general y, por ende, procede sobreseer en el juicio."
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSG -RAP-0108-2017), 28-06-2017

References: resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 73
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 116
 artículo 211
 artículo 243
 artículo 242
 resolución 
 artículo 19
 Artículo 105