Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831376.html
Timestamp: 2019-11-19 09:14:15+00:00

Document:
as201831376
Auto Supremo Nº 376
Sucre, 27 de julio de 2018
Expediente : 095/2018
Demandante : Juan Domingo Agreda Claros
Materia : Compensación de Cotizaciones.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Claudia Maldonado Encinas en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), de fs. 184 a 189, contra el Auto de Vista N° 019/2017 de 22 de noviembre de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; cursante de fs. 174 a 182, dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones iniciado por Juan Domingo Agreda Claros, contra la entidad recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 196, antecedentes del proceso; y:
Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto
A la solicitud de Compensación de Cotizaciones de Juan Domingo Agreda Claros, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dicta la Resolución Nº 2936 de 22 de abril de 2016, otorgándole un monto de compensación de cotizaciones de Bs.451.89 por lo que interpone recurso de reclamación contra dicha Resolución, porque no se habría tomado en cuenta sus aportes desde abril de 1987 hasta septiembre de 1989, para lo cual adjunta certificado de trabajo y finiquito de la granja Modelo Pairumani, que señalaría que ingreso a trabajar el 15 de noviembre de 1986 al 31 de diciembre de 1991, en dicha granja, por lo que solicita una nueva revisión de sus aportes; por Resolución de Reclamación Nº 368/16 de 23 de agosto de 2016, revoca en parte la Resolución Nº 2936, otorgándole al asegurado una densidad de 7 meses y 7 años de aportes, manteniendo firme y subsistente en lo demás.
En apelación interpuesta por Juan Domingo Agreda Claros de fs. 131, contra la Resolución Nº 368/2016, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 019/2017 de 22 de noviembre de 2017, revoca la Resolución Nº 368/16 de 23 de agosto de 2016, disponiendo que el SENASIR incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones del asegurado, de los periodos de abril de 1987 a septiembre/1989.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Juan Edwin Mercado Claros en su calidad de Director General Ejecutivo, indica lo siguiente:
Los señores Vocales en el segundo considerando núm. 5) aplican de forma errónea los arts. 13, 14, 16, 17 y 18 del DS. 27543 de 31 de mayo de 2004, dado que el art. 14 de la citada norma refiere a la utilización de los documentos que cursan en el expediente, y que para la aplicación del DS. 27543 y la documentación supletoria en trámites de compensación de cotizaciones se tiene al art. 18 de dicha disposición, el cual señala las modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones.
Indica que existe una mala interpretación y errónea aplicación de la Ley, ya que los fundamentos del Auto de Vista son contradictorios e incongruentes con la normativa vigente, respecto a la documentación supletoria refiriéndose al art. 14 del DS. 27543 que no sería aplicable al caso, debido a que la documentación que acompañó el asegurado que se verifica en la boleta de pago no constan los aportes al seguro social a largo plazo, ya que según el Certificado de Compensación de Cotizaciones conforme el art. 24 de la ley 065, es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General del estado.
Denuncia interpretación contradictoria que crea inseguridad jurídica, respecto al art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisiciones, que establece: “Para la calificación y reconocimiento de rentas de vejez, la unidad de recaudación determinará el número de cotizaciones del asegurado, mediante de revisión de planillas de aportes”. En el Auto de Vista aplica la Compensación de Compensación de Cotizaciones que se rige por la nueva Ley de Prestaciones 065, que nada tiene que ver con la normativa del Manual de Prestaciones de Rentas en curso de Pago y adquisiciones. Contradictoriamente el Auto de Vista recurrido no considera que a partir de 1990 se separa el Seguro Social de corto y el de largo plazo, para ser administrados todos los seguros y prestaciones por el Estado, por lo que se creó varios entes encargados del régimen a largo plazo, como el fondo de pensión básica (FOPEBA) creado mediante al DS. 22407 de 11 de enero de 1990, y que la división del Seguro Social a Corto y Largo Plazo se incorpora mediante DS. 21637 de 25 de junio de 1987, en aplicación de la Ley 924 de 15 de abril de 1987. Que regula la administración de los Regímenes del Sistema de Seguridad Social, que establecen niveles operativos.
El Auto de Vista 019/2017 de 22 de noviembre de 2017, infringe la ratio desidendi de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 068/2014 de 10 de abril de 2014, que desarrolla sobre el debido proceso respecto a la debida fundamentación de las resoluciones.
Acusa que existen normas legales transgredidas y mal aplicadas en la Resolución impugnada; como lo es el art. 14 del DS. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, norma que admite la presunción iuris tantun que conforme lo descrito se evidencia que la prueba aportada por la asegurada contiene contradicciones y no constituye prueba fehaciente de que se haya realizado los aportes al seguro social a largo plazo, siendo para que un documento sea considerado debe contener los datos verdaderos y fidedignos para ser valorados lo cual no se evidencio en los documentos presentados por el asegurado.
Los arts. 6, 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; el art. 24 de la Ley de Pensiones (Ley Nº 065), ya que existe una diferencia entre que es una renta del Sistema de Reparto y una Compensación de Cotizaciones por lo que no se puede concluir ni utilizar la normativa para ambos debido a que cada una tiene su normativa específica, y el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición es aplicable a las Rentas del Sistema de Reparto y no al de Compensación de Cotizaciones por tanto no se aplica al presente caso.
Concluye su fundamento, solicitando se case el Auto de Vista Nº 019/2017 de 22 de noviembre de 2017, y se confirme en su totalidad la resolución Nº 368/16 de 23 de agosto de 2016, emitida por el SENASIR, cursante a fs. 86 a 94.
III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.
En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro País desde el 7 de febrero de 2009, el análisis de los argumentos del recurso planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.
En el transcurso del tiempo, la Seguridad Social en Bolivia tuvo una serie de transformaciones o cortes, es así que para que una persona acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), vigente desde la promulgación de la Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, su densidad de aportes, que es la suma de los periodos efectivamente aportados por el asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al SIP, incidirán en el monto de renta; derecho fundamental reconocido en el art. 45 de la CPE y considerado actualmente como un derecho humano inalienable, protegido por organismos internacionales e instituciones supranacionales.
La Compensación de Cotizaciones, definida por la Ley de Pensiones 065, como el reconocimiento que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia a través del SENASIR, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación; viene a ser una prestación del Sistema Residual de Reparto, aportes que necesariamente incidirán en el monto de pensión, cuando el trabajador decida acogerse a la jubilación; motivo que obliga a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar las normas que resguardan el derecho fundamental a la jubilación.
Bajo este entendimiento, el Principio de Verdad Material reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señala que, constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, siendo aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancia, se encuentran impelidos a dar aplicación. Si bien las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente.
De la revisión de obrados, se evidencia que se encuentran los siguientes documentos: Finiquito de pago de beneficios sociales correspondientes al 15 de noviembre de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1991 (fs. 16); certificado de trabajo otorgada por la Dirección de la Granja Modelo Pairumani, que certifica que Juan Agreda Claros trabajó en dicha granja desde el 15 de noviembre de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1991 (fs. 17); Formulario GT - 05 de Aviso de Baja del Asegurado a la Caja Nacional de Salud (fs. 18); documental que acredita que el asegurado era trabajador de la Granja Modelo Pairumani, consignando el 15 de noviembre de 1986 como fecha de ingreso y el 31 de diciembre de 1991 como fecha de retiro; acreditando además que durante el tiempo trabajado, realizaba aportes a la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto, aportes que el ente gestor debió certificar, aplicando el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, que dispone, “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos. b) Certificado de trabajo. c) Boletas de pago o planillas de haberes. d) Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas. e) Record de servicios o Calificación de años de Servicio. f) Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, y g) Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas”. Posteriormente, en la revisión por parte del Ministerio de Hacienda, de las planillas cursantes en el SENASIR, evidenciaron que muchos asegurados no se encontraban consignados en las mismas, aunque contaban con documentación que acreditaba que prestaron servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, perjudicando la certificación de aportes y la otorgación de las prestaciones que les correspondiera; decidieron ampliar el alcance del art. 14 del DS 27543, a través de la Resolución Ministerial (RM) 559 de 3 de octubre de 2005, instruyendo al SENASIR, proceda a la Certificación de Aportes bajo la modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas; normativa perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, tomando en cuenta que el asegurado presentó documentos, considerados supletorios, que demuestran sus aportes a la seguridad social de largo plazo, cotizaciones que en su momento servirán para que acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en atención a la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010; que por mandato constitucional, debe ser equitativa, entre los aportes realizados y la prestación otorgada.
El Auto de Vista recurrido, corrige esta omisión por lo que revoca la Resolución Administrativa Nº 368/16 de 23 de agosto de 2016, ordenando que el SENASIR incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones del asegurado, los periodos de abril/1987 a septiembre/1989; disposición aplicada en consideración de la jerarquía normativa dispuesta en el art. 410 de la CPE, que pone en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico a la Constitución; llegando a establecer en su art. 256 que, en caso de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta; norma internacional que considera a la Jubilación como un derecho humano.
En este sentido, tomando en cuenta que los aportes reconocidos a la seguridad social de largo plazo al Sistema de Reparto, formarán parte de los aportes para acceder a una jubilación en el SIP, deben ser reconocidos por el ente gestor, en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales, que rigen en materia de seguridad social, y en el caso concreto, aplicando el principio de verdad material, en busca de una justicia verdaderamente eficaz y eficiente.
Por lo que el Auto de Vista recurrido, actuó adecuadamente al aplicar en el presente caso el art. 14 del DS 27543, que fue ampliado por el art. Único de la RM 559, que instruye la certificación de aportes bajo la modalidad de documentos supletorios, incluso si el asegurado no figura en planillas; extremo que omitió SENASIR considerar al emitir la Resolución Administrativa Nº 368/16 de 23 de agosto de 2016, que vulneraba el derecho a la jubilación que asiste al asegurado.
Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por Claudia Maldonado Encinas en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, cursante a fs. 184 a 189.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

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