Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610504.html
Timestamp: 2019-03-25 05:50:31+00:00

Document:
as201610504
AUTO SUPREMO Nº 504/2016-RRC
Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2015, María Cristina Méndez Hervas de fs. 2176 a 2178, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 151 de 13 de noviembre de 2015, de fs. 2160 a 2162, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrado por los Vocales Victoriano Morón Cuéllar y Mirael Salguero Palma, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Modesto Ortíz Carrasco, contra la recurrente y Linette Pamela Gutiérrez Ponce, por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 61 de 14 de mayo de 2015 (fs. 1881 a 1893), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró a las imputadas Linette Pamela Gutiérrez Ponce y María Cristina Méndez Herbas, absueltas de pena y culpa de la comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP; en consecuencia, suspendió todas las medidas cautelares de carácter personal impuestas en contra de las imputadas, sin costas al considerar que es excusable.
b) Contra la mencionada Sentencia, los representantes del Ministerio Público (fs. 1905 a 1912) y el acusador particular Modesto Ortíz Carrasco (fs. 2072 a 2079 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 151 de 13 de noviembre de 2015, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes ambos recursos; en consecuencia, anuló totalmente la sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, motivando la formulación de recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 217/2016-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido habría revalorizado prueba, por revisar cuestiones de hecho que realizó el Tribunal de Sentencia, situación que a criterio de la recurrente destruye el principio de la sana crítica; por lo que, el Tribunal de Sentencia habría emitido su Resolución enmarcada en la racionalidad y parámetros legales, señala que no son correctas las siguientes conclusiones del Auto de Vista: que el Tribunal de Sentencia no habría valorado debidamente las pruebas de cargo, que no se habría valorado las declaraciones de los médicos Ángel Barba y Rafael Peña, que el Tribunal de Sentencia no habría indicado cual es la prueba insuficiente que no generó la convicción por el Tribunal de la culpabilidad de las personas absueltas.
Se acusa además que el Auto de Vista recurrido, no indica de donde deduce que el Tribunal de Sentencia habría violado todas las garantías constitucionales, cuál es el agravio sufrido, siendo que a criterio de la recurrente, el Tribunal de Sentencia habría aplicado el principio constitucional y procesal de la duda razonable o insuficiente de la prueba, aspecto que no podía ser observado ni cuestionado, conforme a la libertad probatoria establecida en el art. 171 del CPP, al respecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 317 de 13 junio de 2003.
La recurrente solicita se declare admisible su recurso y se case el Auto de Vista recurrido.
Mediante Auto Supremo 217/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 2198 a 2200 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por María Cristina Méndez Hervas, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
Por Sentencia 61 de 14 de mayo de 2015, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró a las imputadas Linette Pamela Gutiérrez Ponce y María Cristina Méndez Herbas, absueltas de pena y culpa de la comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
El hecho atribuido a las imputadas fue: i) Respecto a Pamela Gutiérrez Ponce, se denunció que hizo una incorrecta interpretación del cuadro clínico del menor JSOM, disponiendo un tratamiento ambulatorio a pesar de tener conocimiento expreso de que en tres anteriores atenciones no tuvieron los resultados mínimos esperados de recuperación favorable del paciente, considerando los acusadores que la profesional denunciada debió disponer la internación del menor; y, ii) En cuanto a María Cristina Méndez Hervas, se denunció que al tener conocimiento de los reclamos efectuados por el padre del menor fallecido, la acusada incumpliendo sus deberes dispuso el traslado del paciente de la clínica Melendrez a la clínica Niño Jesús II, en una ambulancia sin observar el grave estado de salud en el que se encontraba el menor.
En el acápite V de la Sentencia, intitulado como “Hechos identificados y no probados”, se tiene los siguientes argumentos que sirvieron de sustento para disponer la absolución de las acusadas: i) De la declaración de los profesionales médicos y forense, se estableció que ninguno de estos señalaron que la causa de la muerte del menor JSO habría sido porque no se dispuso su internación no pudiéndose dar un juicio de valor para decir si el niño requería o no su internación, en virtud a que cuando no hay un cultivo (análisis de laboratorio) no hay diagnóstico de certeza y al momento de la atención médica en el seguro por parte de la médico Pamela Gutiérrez no había un cultivo; por lo que, se llegó a la conclusión de que el hecho de no haberse ordenado la internación hospitalaria del menor no fue la causa de la muerte; ii) La causa del deceso del menor fue por SHOK SEPTICO POR SEUDOMONA, para ello se tuvo que sacar muestra y remitir al laboratorio para que determine patología. Con relación a esta bacteria se indicó que cuando se adquiere es difícil determinar porque en medicina no hay nada exacto, indicándose además que para esta bacteria hay un solo medicamento compatible; por tanto, existe un peligro de vida. Asimismo, para determinar la existencia de Seudomona hay que efectuar un cultivo cuyo resultado se obtiene después de setenta y dos horas mínimamente; y, iii) Respecto a la imputada María Cristina Méndez Herbas, en cuanto a la denuncia de que esta hubiere incumplido sus deberes al ordenar el traslado del menor a la Clínica Niño Jesús II en una ambulancia sin considerar el estado de salud del niño, se tuvo como punto principal la declaración del testigo médico Jorge Belmonte Guzmán, quien en términos claros y precisos, indicó que como médico pediatra con especialidad incluso en cuidados intensivos, atendió de emergencia en la Clínica Meléndez al menor JSO, siendo su estado de salud grave, dándole medicamentos y tratamiento de urgencia, porque si no lo hacia el niño moriría, recomendando su inmediato traslado a un centro de Salud donde exista Terapia Intensiva porque en la clínica Meléndez no existía esta Unidad de Terapia Intensiva (UTI), reconociendo que María Cristina Méndez como funcionaria de un seguro de Salud, se hizo presente teniendo contacto directo con ella, con la mamá del niño y con la parte médica del seguro, reconociendo que el niño tuvo un paro cardio respiratorito, por esto tuvo que actuar y evitar que muera, siendo trasladado ante la gravedad que tenía.
Con lo relatado y la prueba técnica medica profesional, a decir del Tribunal de Sentencia, se puso al descubierto que los cargos acusatorios en contra de las dos imputadas no fueron demostrados como se tiene explicado en el contexto legal de la propia prueba de cargo ofrecida y producida por la parte acusadora.
II.2. De la apelaciones restringidas.
II.2.1. De los representantes del Ministerio Público.
En cuanto, al motivo traído en casación se tienen los siguientes agravios demandados en el recurso de apelación restringida:
Se denunció los defectos de Sentencia previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP; es decir, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, alegando en lo esencial que no se valoró de forma adecuada las declaraciones del médico Miguel Ángel Barba y Prueba Pericial Nº 4, en la que de acuerdo a los resultados de hemogramas, con relación a los glóbulos blancos, se determina como resultando 20 mil U. Interrogado el citado médico en audiencia sobre dicha cifra, de manera clara expresó al Tribunal que ello significaba que habría una infección y que para cualquier médico la presencia de glóbulos blancos mayores a 10 mil u 11 mil era alerta para considerar que el niño estaba con una grave infección.
Sobre la consideración al segundo hecho supuestamente no probado en la sentencia, se señaló que el médico Rafael Vargas determinó que la causa de la muerte fue un Shock Séptico por Seudomona y que para esta bacteria existe un sólo medicamento compatible y por tanto existe peligro para la vida; al respecto, se debe tomar en cuenta que la acusación contra la imputada Gutiérrez se fundó precisamente en el hecho de no hacer lo que estaba obligada a hacer, siendo claro lo expresado por el médico Rafael Vargas cuando señaló que sí habría peligro para la vida tenía la obligación de realizar actos de prevención para evitar cualquier complicación en la salud del menor; sin embargo, la médico ahora imputada sólo dispuso la aplicación de un medicamento y el retorno del menor a su casa. El Tribunal no consideró en la Sentencia la declaración de los médicos Rafael Peña y Miguel Ángel Barba, cuando dijeron a su turno que cualquier cambio en el estado normal de una persona como una variación de temperatura, ya es un indicador que hay alguna anomalía en la salud, pues los padres del menor llevaron al niño a la clínica del Niño Jesús II porque querían que se lo atendiera por presentar fiebre, síntomas del menor que eran suficientes para que la médico Gutiérrez efectúe un adecuado tratamiento y ordene la internación del menor, aspecto no cumplido por la médico tratante.
De igual manera en el recurso se efectuó la descripción de lo declarado por los médicos Rogelio Montellano Mendoza, Harold Fernando Téllez Sasamito, Yolanda Beatriz Montoya de Lara y las pruebas periciales signadas como Nº 1 y 2, pruebas que tampoco hubiesen sido valoradas correctamente.
II.2.2. Del acusador particular.
Haciendo referencia a los antecedentes del proceso y hechos que generaron su inicio, el recurrente describió lo erróneos argumentos de la sentencia que a su parecer son equivocados, procediendo a desarrollar lo manifestado por los médicos que realizaron las pericias y auditorias médicas de los cuales señala que todos eran coherentes y relacionados a la prueba documental producida en juicio; sin embargo, se emite sentencia absolutoria con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y en el Código de Procedimiento Penal, constituyendo defectos absolutos no susceptibles de convalidación, conforme lo establecen los arts. 169 y 277 del CPP.
Denunció la vulneración de los incs. 1) y 11) del art. 370 del CPP, alegando respecto a la primera conclusión del Tribunal de Sentencia en sentido de que ninguno de los médicos que prestaron declaración en juicio, estableció que la causa de la muerte del menor fue por la no internación; que no se tomó en cuenta que no se efectuaron auditorias para determinar si su hijo de siete meses de nacido, falleció por la negativa de una internación y/o orden de internación, pues simplemente los peritos hicieron auditorias clínicas del paciente fallecido.
En el considerando V del Auto de Vista recurrido el Tribunal de alzada luego de sentar las bases doctrinales y legales sobre los alcances del recurso de apelación restringida y de lo que se debe considerar en cuanto al delito de Homicidio Culposo, concluyó señalando que: “Luego de analizar y estudiar minuciosamente los antecedentes del proceso, se tiene que el Tribunal inferior en su Sentencia absolutoria no ha valorado debidamente las pruebas de cargo ofrecidas por el acusador fiscal, ya que si bien las dos acusadas no admiten que el niño JSO haya fallecido por culpa o falta de atención oportuna; sin embargo, el Médico Miguel Ángel Barba en su análisis de laboratorio o prueba pericial Nº 4, establece que el menor ha fallecido debido a una fuerte infección, entonces se evidencia aquí que el Tribunal inferior ha incurrido en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; asimismo, el Tribunal no ha valorado correctamente las declaraciones de los Médicos Miguel Ángel Barba Escalante y Rafael Peña, y al contrario les ha otorgado una interpretación dirigida a beneficiar a las acusadas, ya que cuando el niño fue llevado a la Clínica Niño Jesús II, este muy bien pudo ser sometido a un análisis clínico laboratorial porque esa clínica cuenta con un laboratorio completo, ¿por qué no se ordenó el análisis de laboratorio?. Ya que quien tiene la obligación de ordenar ese análisis es la médico tratante; asimismo la prueba pericial Nº 2, producida en juicio, establece muy claramente que el niño presentaba fiebre, vómitos con un resultado de laboratorio, datos moco fecal, leucocitos 48 a 50 campos, diagnóstico EDDA infecciosa sin deshidratación, pero como se puede ordenar un tratamiento ambulatorio al menor cuando este fallece al día siguiente?.
Se tiene también que se violentó el sagrado derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad de partes, ya que se le ha negado a la víctima el derecho a la justicia pronta y oportuna, y a la libertad probatoria prevista en el art. 171 del CPP, defecto previsto en el art. 370 inc. 4) y 6) del CPP. En ese contexto se evidencia que el Tribunal 5to., de Sentencia en lo Penal de la Capital, al dictar el fallo judicial apelado de fs. 1881 a 1893 no ha procedido en forma correcta; es decir, el Tribunal inferior a tiempo de dictar su sentencia absolutoria no explicó adecuadamente cual fue la prueba generada en el Tribunal que determinó que la conducta de las acusadas no se habría adecuado al tipo penal acusado de Homicidio culposo y tampoco explicó cuáles han sido las pruebas que son consideradas como insuficientes para no generar plena convicción sobre la culpabilidad de las acusadas, de lo que se deduce que el Tribunal inferior no ha valorado correctamente las prueba producida en el juicio, bajo los principios de inmediación, oralidad, continuidad y concentración establecidos en los arts. 329, 330, 333, 3234, 350 y 355 del CPP, con relación a las facultades que otorgan los arts. 171 y 173 de la ley 1970”.
En el presente recurso de casación, la imputada María Cristina Méndez Hervas denuncia la revalorización de la prueba, en virtud a que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista recurrido hubiere revisado cuestiones de hecho (declaración testifical de Ángel Barba y Rafael Peña) y sin establecer de dónde dedujo la violación de garantías constitucionales y cuál el agravio sufrido, citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003.
La parte recurrente invoca como precedente contradictorio, el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, pronunciado en un proceso cuya sentencia condenó a LBG, por los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Peculado, imponiéndole la pena de cuatro años, siendo absuelto del delito de Falsedad Material; encontrando a MCC autor de los tipos penales de Peculado Culposo, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, imponiéndole la pena de dos años; y, a SJF autor del delito de Peculado Culposo e Incumplimiento de Deberes, imponiéndole la pena de un año. Apelada esta decisión por los imputados, el Tribunal de alzada declaró inadmisibles los recursos planteados por SJF y MCC; y, procedente el recurso de LBG, determinando dejar sin efecto la sentencia, sólo con relación a la condena de los procesados y al amparo del art. 413 del CPP, dictó nueva sentencia declarando a los tres imputados absueltos de los ilícitos endilgados. Ante esta decisión, el Ministerio Público y el representante de la H. Alcaldía de Cotoca, formularon recursos de casación con el argumento de haberse violado los tipos penales incursos en los arts. 199, 203, 142, 143, 154 y 171 del CP, incurriendo en el defecto absoluto previsto en los arts. 169 inc. 3) y 124 del CPP; fundamentando el Tribunal de casación que el Auto de Vista contradijo la doctrina legal invocada (gacetas judiciales), al no haber considerado adecuadamente el principio de subsunción en los hechos motivo de imputación; que el Tribunal de apelación revalorizando prueba, absolvió de pena y culpa a todos los imputados, aplicando intelegiblemente el segundo parágrafo del art. 400 del CPP extendiendo los efectos de la nueva sentencia a los otros imputados, siendo que fue la misma autoridad que declaró inadmisibles los recursos de apelación de los imputados beneficiados con la absolución al considerar sus fundamentos subjetivos; además agregando supuesta vulneración del principio “no bis in ídem” relativo a que el imputado LBG no pudo haber sido condenado por los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Falsedad Ideológica al mismo tiempo; como un nuevo supuesto que se tendría que agregar al principio, toda vez que sólo se invocó en ese caso la duplicidad de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo, que no era aplicable en ese caso. Al evidenciar el defecto previsto por el art. 370 inc. 8) del CPP, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la siguiente doctrina:
Conclusivamente, `En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales´. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión”.
Al respecto, se tiene que uno de los defectos que se identificó en la actuación del Tribunal de alzada es la labor de revalorización probatoria, aspecto que precisamente la parte recurrente denuncia en el presente recurso, por lo que corresponde efectuar la labor de contraste.
Previamente es menester precisar que la actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio habría sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo), de ello se desprende que la labor de los Tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.
Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene que en cuanto a la resolución del agravio traído en casación, en lo esencial se tiene los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, que en el considerando III el propio Tribunal desarrolla lo expresado en el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003 (precedente ahora invocado por la recurrente); es decir, sienta las bases sobre las que resolverá el recurso de apelación restringida formulado, estableciendo de manera por demás clara que la alzada no se constituye en un medio jerárquico para revalorizar prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen a los Jueces y Tribunales de inferiores. A consecuencia de lo expresado anteriormente y en cumplimiento a su competencia en el considerando V de la resolución recurrida, procede a efectuar la labor de control legal sobre la valoración probatoria, identificando como pruebas defectuosamente valoradas las declaraciones de los profesionales médicos Miguel Ángel Barba Escalante y Rafael Peña, describiendo cuáles las conclusiones erradas del Tribunal de Sentencia en cuanto a estas testificaciones, al observar que no se valoró si la causa de la muerte del menor fue o no producto de la presunta negligencia médica al no efectuarse una valoración sobre el estado de salud de la víctima, pero además que no se explicó adecuadamente cuál fue la prueba generada en el Tribunal para que determine que la conducta de las acusadas no se adecuó al tipo penal acusado, como tampoco se precisó cuáles fueron las pruebas consideradas como insuficientes para no generar plena convicción en el Tribunal sobre la culpabilidad de las acusadas, falencias que determinaron además las vulneraciones alegadas por el acusador particular (derecho a la defensa, debido proceso, igualdad de partes y libertad probatoria), emergente en el análisis del Tribunal de alzada, de la interpretación dirigida por los integrantes del Tribunal de Sentencia de beneficiar a las imputadas.
En consecuencia, en base a lo resuelto, el Tribunal de alzada en cumplimiento del precedente contradictorio invocado por la recurrente, en el considerando VI previa precisión de los alcances del art. 413 de la Ley 1970, enfatizó que la norma legal citada no establece una doble instancia; por lo que, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: a) directamente podrá reparar la inobservancia o errónea aplicación de la Ley; b) cuando no fuere posible reparar directamente, entonces recién podrá anular total o parcialmente la sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Jue o tribunal, quien dictara nueva sentencias; y, c) cuando compruebe que no es necesaria la realización de un nuevo juicio dictara nueva sentencia directamente el recurrente. Es así, que en cumplimiento estricto de la norma desarrollada, a juicio del Tribunal de alzada correspondía anular totalmente la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, conclusión arribada de manera adecuada sin que implique una labor de revalorización probatoria y menos un cambio en la situación procesal de las imputadas como emergencia de una sentencia emitida en forma directa por del Tribunal de alzada como sucedió en el caso resuelto por el precedente.
Es decir, al haber establecido el Tribunal de Alzada que el Tribunal de Sentencia pronunció un fallo sustentado en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los arts. 173 y 359 del CPP e incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del Código Adjetivo Penal, además evidenciando que la resolución no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el Juez o Tribunal de instancia, aplicó correctamente el art. 413 del CPP, al anular la Sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, a efecto de garantizar que las partes en conflicto puedan someterse nuevamente a conocimiento, discusión y valoración de la prueba, en observancia de los Principios de Inmediación y Contradicción que rigen al proceso y el circuito probatorio, y que la referida autoridad judicial emita una nueva Resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica; por lo que el presente recurso, deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Cristina Méndez Hervas, cursante de fs. 2176 a 2178.

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