Source: http://psicolog.org/comisin-interamericana-de-derechos-humanos-v2.html?page=6
Timestamp: 2019-05-21 22:49:55+00:00

Document:
Bahamas - Comisión interamericana de derechos humanos
La Relatoría Especial observa que en enero de 2010 la Autoridad de Regulación de Utilidades y Competencia66 (URCA – por sus siglas en inglés) de Bahamas emitió el Código Interino de Prácticas sobre Difusión Política67 mediante el cual se regula el contenido, tiempo y persona que deberá realizar la difusión de los anuncios políticos, refiriéndose particularmente en período de elecciones generales. Según la regulación, cada partido político tendrá derecho a adquirir exclusivamente seis programas de 15 minutos en la radio y otros seis programas de 15 minutos en los medios televisivos para realizar difusiones y anuncios políticos. Las leyes que regulan la expresión en épocas electorales pueden establecer reglas destinadas a la existencia de una mayor equidad en el debate político. No obstante, en todo caso, estas normas no deben ir más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con los fines legítimos que busca conseguir. En este sentido, es importante que la norma sea interpretada de un modo compatible con los estándares interamericanos, de modo que garantice el debate público.
La información recibida indica que en abril de 2010 la URCA emitió un Código Interino de Prácticas sobre el Contenido de la Difusión68 que regula el tiempo y contenido de los programas de radio y televisión bajo responsabilidad editorial de la difusora. Algunas de las disposiciones de esta ley prohíben la difusión de contenidos: “cualquier asunto malicioso, escandaloso o difamatorio”; “cualquier asunto obsceno, indecente o profano”; “cualquier descripción de violencia que ofenda el buen gusto, la decencia o el sentir público”69.
La Relatoría entiende que es deber del Estado regular el espectro electromagnético y proteger intereses valiosos para la sociedad, sin embargo, restricciones vagas o imprecisas, pueden resultar problemáticas y llevar a interpretaciones que afecten indebidamente la libertad de expresión. A este respecto ha indicado que: “Es fundamental que el marco legal provea seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas, y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las condiciones de ejercicio del derecho y las limitaciones a que está sometida la actividad de radiodifusión”70. En consecuencia y atendiendo al sistema jurídico de Common Law que rige en las Bahamas, la Relatoría invita al Estado a que en la aplicación de estas disposiciones, determine el contenido de las cláusulas citadas, de manera que las mismas sean dilucidadas de conformidad con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
La Relatoría Especial recibió información que el 7 de diciembre de 2010, el Gobierno de Belice tendría temporalmente “suspendidas las relaciones normales” con la estación de noticias “Channel 5” tras una acusación del Gobierno que invocaría la violación de los términos y condiciones de su licencia televisiva, bajo el argumento de que esta era la única estación de televisión local que se habría negado a transmitir el programa de producción estatal “Belmopan Weekly” en violación a la Cláusula 19 de la Ley de Difusión y Televisión de Belice [Belize Broadcasting and Television Act]. Esta Cláusula ordena a los licenciatarios “proveer al Gobierno una hora semanal de tiempo al aire, libre de costo, para mensajes de servicios públicos y programas producidos o canalizados a través del Ministerio de Información”71.
Según la información recibida, el Gobierno de Belice habría prohibido que cualesquiera representantes de sus ministerios o departamentos otorgase entrevistas individuales oficiales o hiciese alguna aparición en la estación televisiva hasta que la misma estuviese dispuesta a adecuarse a los lineamientos estatales72.
La Relatoría Especial reconoce que los Estados tienen la autoridad para regular las telecomunicaciones e imponer sanciones al incumplimiento de dichas regulaciones. Igualmente, los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir con las regulaciones legales establecidas por el Estado para sus licencias. Sin embargo, tanto las regulaciones como las sanciones estipuladas por el Estado deben responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, no podrán imponerse sanciones que sean desproporcionadas o que no se encuentren establecidas en la ley. En todo caso, los Estados deben procurar que sus regulaciones se ajusten a los estándares interamericanos que rigen la materia.
La Relatoría Especial fue informada de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Auto Supremo Nº 125/2010 de 1º de abril, que ordenó la desclasificación de todos los archivos existentes en el Departamento Segundo del Estado Mayor desde junio de1979 a diciembre de 1980 y del reporte de ingresos y salidas al Estado Mayor del Ejército del 10 al 20 de junio de 198073. La orden de la Corte Suprema fue emitida en el marco de investigaciones para conocer el paradero de personas desaparecidas forzosamente durante la dictadura militar. La Relatoría también recibió información de que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció la disposición de las Fuerzas Armadas a cumplir con la orden judicial74. La Relatoría Especial reconoce la crucial importancia de estas decisiones para la protección del derecho de acceso a la información y, por su conducto, para la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ello insta a las Fuerzas Armadas a cumplir con la decisión judicial, tal y como lo anunció, el 17 de julio el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de La Fuente75.
En materia de desafíos, la Relatoría Especial fue informada de algunos incidentes en los cuales agentes estatales habrían agredido a trabajadores de los medios de comunicación. El 29 de marzo, guardaespaldas del Presidente habrían increpado a la fotógrafa del diario Opinión, Gabriela Flores, y la habrían obligado a borrar una fotografía que había tomado de los oficiales de seguridad76. El 4 de abril, policías uniformados y vestidos de civil habrían golpeado a los camarógrafos Hilton Coca, de Red Uno y Mauricio Egüez, de la red PAT, cuando intentaban cubrir la captura de un excandidato a las elecciones municipales de Santa Cruz de la Sierra77. La Relatoría Especial también fue informada de que el 18 de junio la Policía habría agredido a periodistas que intentaban reportar acerca de una sesión del Concejo Municipal de Sucre, en la cual se decidía la suspensión del alcalde local78. Asimismo, de acuerdo con informes recibidos, el 9 de julio un grupo de personas que estarían siendo desalojadas golpearon a varios periodistas y dañaron los equipos y materiales periodísticos de las televisoras Univalle y ATB. Los comunicadores habrían denunciado el hecho a la Policía79.
El principio 9 señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
El 8 de octubre de 2010, el Congreso de Bolivia sancionó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. La norma contiene varias disposiciones que vinculan a comunicadores y a medios de comunicación. En efecto, el artículo 16 de la norma establece que los medios de comunicación que “autorizare[n] y publicare[n] ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación”80. Por su parte, el artículo 23 de la Ley introduce modificaciones en el Código Penal según las cuales corresponde una pena de uno a cinco años a quienes “difundan” ideas racistas o discriminatorias81.
Tal y como lo ha indicado la Relatoría en carta al Estado de Bolivia, “el racismo y la discriminación son fenómenos culturales producto de largos procesos históricos de exclusión y dominación. Un reporte compilado por las Naciones Unidas sobre la discriminación racial concluyó que ‘las principales causas del racismo y la discriminación racial y el apartheid están profundamente arraigadas en el pasado histórico y son determinadas por una variedad de factores económicos, políticos, sociales y culturales’82. En efecto, como lo manifestó esta oficina en carta al Estado, “el rol de los medios de comunicación, en tanto que canalizadores de información, ideas y opiniones, es fundamental para desarrollar narrativas que valoren la diversidad y rechacen las discriminaciones arbitrarias y el racismo”83.
La Relatoría Especial había expresado su preocupación por la extensión de discursos racistas a través de los medios de comunicación. En ese sentido, en su Informe Anual correspondiente al año 2009, la Relatoría Especial recordó que el Relator de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas concluyó que las expresiones de contenido racista “son frecuentes en algunos medios de comunicación masiva” de Bolivia84. En ese sentido, la Relatoría Especial condenó los mensajes de “contenido racista que puedan incitar a la discriminación o a la violencia, en particular cuando provienen de comunicadores sociales o periodistas, ya que son formadores de la opinión pública”85, y valoró diversas medidas de difusión y capacitación adoptadas por autoridades bolivianas tendientes a refutar discursos prejuiciados que estigmatizaban a comunidades indígenas y sus sistemas de administración de justicia, reconocidos por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia86.
La Relatoría Especial toma nota de que la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación utiliza mecanismos de prevención y educación como valiosos instrumentos para rebatir discursos racistas y para impulsar el desarrollo de una sociedad basada en principios de diversidad, pluralismo y tolerancia. Estas medidas, que la ley promueve principalmente en su artículo 6, suelen ser más efectivas que las puramente coercitivas que buscan castigar a quienes expresan ciertos discursos. Las medidas de educación actúan sobre la raíz cultural del problema: en la lucha contra la discriminación es más efectivo que se escuchen las palabras justas que promueven el igual respeto por todas las personas sin distinción de razas, sexo o religión, a que se silencien las palabras inicuas que promueven el racismo y la discriminación. Además, entre otras razones, se ha demostrado que la persecución penal de quienes así se manifiestan puede generar que esas personas sean vistas como víctimas en lugar de victimarios, lo que podría fomentar la radicalización de sus grupos de pertenencia87.
No obstante, el artículo 13.5 de la Convención Americana marca los límites de la prohibición de discursos racistas y discriminatorios. En efecto, para evitar el uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología del odio” destinadas no simplemente a manifestar una idea, sino a incitar a la violencia. Con ello la Convención proscribió el llamado “delito de opinión”.
En virtud de esta disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso, no menos. Esta es la lógica de la Convención Americana que fue expresada por la Corte Interamericana en el caso de La Última Tentación de Cristo, donde sostuvo que la libertad de expresión protege no sólo a las expresiones que son “favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’88”. En todo caso, para que el debate vigoroso sea posible es necesario garantizar mayor y mejor diversidad y pluralismo en el acceso a los medios de comunicación89.
Cabe recordar que cualquier límite a la libertad de expresión, sobre todo los que pueden implicar sanciones graves tales como penas de prisión o el cierre de medios de comunicación, deben satisfacer tres garantías fundamentales: deben ser aplicadas por un órgano independiente del Poder Ejecutivo que cuente con garantías estructurales de independencia y autonomía; deben respetar los principios del debido proceso y deben ser sanciones proporcionadas. Asimismo, en varios informes de esta oficina, así como en decisiones de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha sostenido que toda limitación a la libertad de expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley90, tanto en el sentido formal como material91. Lo anterior significa que el texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de responsabilidad posterior a las que puede estar sujeto el ejercicio de la libertad de expresión. Las normas legales vagas o ambiguas pueden comprometer expresiones protegidas ya que dejan al intérprete en condiciones de determinar el alcance de los derechos que pueden verse afectados por las mismas.
Desde este punto de vista, las disposiciones mencionadas de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación resultan de preocupación para la Relatoría Especial, razón por la cual la oficina solicitó información al Estado para obtener precisiones. En particular, los artículos 16 y 23 de la Ley podrían sancionar la mera difusión de mensajes de contenido racista, sin exigir que esos discursos estén necesariamente vinculados a la “incitación a la violencia”, como exige el artículo 13.5 de la Convención Americana y sin cumplir los requisitos mencionados en los párrafos anteriores sobre la ponderación y proporcionalidad de las sanciones, entre otros.
En su respuesta a la solicitud de información de la Relatoría Especial, el Estado Plurinacional de Bolivia expresó que la “tipificación penal contempla los aspectos de concurrencia en cuanto a la apología del odio racial e incitación a la violencia o a la persecución fundada en motivos racistas”, y que en este sentido la “Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se adscribe a las directrices previstas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial […] y lo expresamente establecido en el apartado 5) del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”92. Expresó también que “en cuanto a los discursos que contengan expresiones que ‘chocan’, ‘inquietan’ u ‘ofenden’ al Estado o a un grupo de la sociedad […] el orden jurídico boliviano ha plasmado instituciones destinadas a la participación efectiva y control social de la gestión pública en todos los niveles del Estado y de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”93. El Estado reconoció que el “ordenamiento legal boliviano no establece en general salvaguardas para la transmisión en vivo o coberturas periodísticas sobre hechos noticiosos que exigen reportar sobre la problemática de la discriminación”94. Señaló sin embargo que la ley se encontraba en proceso de reglamentación para aclarar estos asuntos y que “en el hipotético caso de que las libertades y garantías fundamentales resulten ser infringidas o menoscabas [por la aplicación de la Ley], la persona afectada, ya sea en el trámite de un procedimiento de orden administrativo o penal, tiene a su disposición las acciones de defensa previstas por la propia Constitución Política del Estado: la Acción de Amparo Constitucional”95. Finalmente, informó que “el Gobierno boliviano se encuentra llevando a cabo la Reglamentación de la […] Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” y que “ha concertado ampliamente con diversos sectores sociales, profesionales, académicos, representantes de las Universidades Públicas y organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y otros para la elaboración del Reglamento, en encuentros realizados en todo el país”96. Al momento del cierre del presente informe el mencionado Reglamento aún no se había publicado.
El 6 de julio de 2010 se promulgó la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece, entre otras cosas, la elección popular de los miembros de ese cuerpo judicial. La norma establece en su artículo 19 que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por voto de dos tercios de sus miembros presentes, realizará la “preselección de veintiocho postulantes, de los cuales la mitad serán mujeres, y remitirá la nómina de precalificados al Órgano Electoral Plurinacional”97. El artículo 20 establece que el Órgano Electoral Plurinacional procederá a la organización del proceso eleccionario en “circunscripción nacional”, y establece que “[l]as candidatas y candidatos, de manera directa o a través de terceras personas, no podrán realizar campaña electoral en favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y candidatos98”.
Como lo manifestó la Relatoría Especial en la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2010, este artículo resulta de preocupación para la oficina99. En efecto, si bien es cierto que el Estado tiene buenas razones para intentar establecer reglas que aseguren la equidad electoral, también lo es que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión cumple un rol fundamental en los procesos eleccionarios, ya que a través de su ejercicio los ciudadanos pueden acceder a información vital para conocer las distintas propuestas de los candidatos y candidatas a acceder a cargos públicos. Según lo ha explicado la Corte Interamericana: el derecho a la libertad de expresión tiene una función especial en dichos contextos (i) al ser herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, que fortalece la contienda entre los distintos participantes, provee instrumentos de análisis de las propuestas de cada uno de ellos y permite así una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y su gestión; y (ii) nutre la formación de la voluntad colectiva manifestada en el sufragio100.
En efecto, en los contextos electorales, la libertad de expresión se liga directamente a los derechos políticos y a su ejercicio, y ambos tipos de derechos se fortalecen recíprocamente101. El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus aptitudes y capacidades, durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar102. Tal y como lo ha resaltado la CIDH, el libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo103.
Por las razones anteriores, las justificaciones permisibles al Estado para restringir la expresión en el ámbito del debate electoral, como la necesidad de garantizar equidad y pluralismo, deben ser ponderadas con los bienes y valores arriba establecidos de manera tal que no se sacrifiquen de manera desproporcionada ninguno de los derechos enfrentados.
En el mismo sentido se han pronunciado los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información en su Declaración Conjunta de 2009. En efecto, el 15 de mayo de 2009, los cuatro relatores emitieron la “Declaración Conjunta sobre medios de comunicación y elecciones”. En la Declaración Conjunta, los relatores destacan la importancia del debate abierto y vigoroso, del acceso a la información y a los procesos electorales. Entre otros puntos, la Declaración Conjunta insta a los Estados a: (i) implementar medidas para la creación de un ambiente que garantice la pluralidad de los medios de comunicación; (ii) derogar las leyes que restrinjan indebidamente la libertad de expresión y las normas que atribuyan responsabilidad a los medios de comunicación, por el hecho de difundir declaraciones ilícitas realizadas directamente por partidos políticos o candidatos que no hubieren podido evitar; y (iii) establecer obligaciones claras para los medios de comunicación públicos que incluyan: informar de forma suficiente al electorado sobre todos los aspectos indispensables para participar en el proceso electoral; respetar reglas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio informativo; y asegurar el acceso equitativo a todos los candidatos104.
No escapa a la Relatoría Especial que el rol de los magistrados de un Tribunal Constitucional es sustancialmente distinto al de los funcionarios electos de otras ramas del poder y que la ley que aquí se comenta implica una profunda innovación institucional, no sólo en el Estado Plurinacional de Bolivia sino en relación a la gran mayoría de los países del hemisferio. En efecto, y dada las garantías de independencia de la que deben gozar los magistrados judiciales, es dable establecer restricciones a su capacidad de “hacer campaña”, por ejemplo a través de la prohibición de que reciban aportes en dinero o en especie, de cualquier tipo. Sin embargo, al concentrar la difusión de información únicamente en el Órgano Electoral, la ley parecería estar yendo más allá de lo estrictamente necesario para cumplir los fines legítimos que busca conseguir. Desde este punto de vista, es importante que si la norma no fuere modificada, en su proceso de reglamentación e implementación sea interpretada de un modo compatible con la Convención Americana, es decir, de un modo que garantice el debate público sobre los méritos y condiciones de los candidatos al Tribunal Constitucional.

References: artículo 16
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 20