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Timestamp: 2019-01-21 12:23:36+00:00

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﻿ Sentencia 2011-01830 de abril 10 de 2013
SENTENCIA 2011-01830 DE 10 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:LA FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL ABOGADO ES UN ASUNTO DE HONRADEZ. LA RESOLUCIÓN 2 DEL 2002 ESTABLECE LA TARIFA DE HONORARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, QUE PARA EL CASO DE PROCESOS PENALES NO PUEDE SUPERAR LOS CINCO SALARIOS MÍNIMOS. EL CÓDIGO DISCIPLINARIO (LEY 1123 DEL 2007) CALIFICA LA FIJACIÓN DE HONORARIOS COMO UN ASUNTO DE HONRADEZ, SITUACIÓN QUE JUSTIFICA PLENAMENTE EL MONTO COBRADO Y CON EL QUE ESTUVO DE ACUERDO EL CLIENTE EN CUANTO EL ABOGADO ACTUÓ DENTRO DEL PROCESO PENAL, LOGRÓ QUE NO SE DECRETARA LA PRECLUSIÓN, MATERIALIZÓ EL ACUERDO CONCILIATORIO, OBTUVO LA DEVOLUCIÓN DE LA SUMA DE DINERO OBJETO DE LA DENUNCIA DE ESTAFA Y EL RESARCIMIENTO DE PERJUICIOS A FAVOR DE SU PODERDANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:HONORARIOS DEL ABOGADO, ESTIMACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO
Sentencia 2011-01830 de abril 10 de 2013
Rad.: 76 001 11 2000 2011 01830 01
Aprobado según Acta 24 de la misma fecha.
Ref.: Abogado en apelación - auto Interlocutorio - Dr. Fabio Enrique Martínez Loaiza.
La Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tiene competencia para conocer la apelación de las decisiones emitidas por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º de la Carta Política y artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Entonces, entra este colegiado a decidir si confirma o revoca la providencia dictada dentro de la audiencia celebrada el día 3 de mayo de 2012, mediante la cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, ordenó la terminación de las actuaciones seguidas en contra del abogado Fabio Enrique Martínez Loaiza.
En primer término, vale la pena recordar que, el ejercicio de la abogacía conlleva al cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o violación de sus preceptos los coloca en el ámbito de las faltas disciplinarias reprimidas por el legislador, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de juicio y de la sanción correspondiente de acuerdo con las pruebas recaudadas en el respectivo proceso disciplinario.
Como quiera que una de las razones del proceso disciplinario es determinar la existencia del hecho considerado como falta, el presunto responsable, los motivos determinantes, las circunstancias de todo orden y la responsabilidad de quien se presagia es autor del comportamiento, finalidad que empieza a instruirse a partir de la audiencia de pruebas y calificación provisional, cuyo desarrollo permite determinar si es o no del caso formular cargos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 105 del Código Disciplinario del Abogado.
Para el caso concreto, dos son los aspectos que deben abordarse, en primer lugar analizar si existió o no cobro desproporcionado de honorarios por parte del togado cuestionado; y segundo, si se presentó el conflicto de intereses propuesto por el quejoso.
i) Del cobro excesivo de honorarios.
La Corte Constitucional(25), resolvió una tutela relativa al deber de honradez que se les exige a los abogados en el cobro de sus honorarios profesionales y en esta recordó que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son una fuente auxiliar de derecho en esa materia, que el hecho de que el resultado jurídico se consiga de forma rápida y sumaria no obliga al abogado a rebajar sus honorarios.
Así pues, la Resolución 2 de 30 de julio de 2002, por la cual se establece la tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado, estableció para el caso de procesos penales la siguiente tarifa:
(…)”. 18. DERECHO PENAL
18.7.2 Ante Fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales vigentes…
(…)…”.
Luego, si la suma cobrada por el togado fue de $ 1.790.000, la misma no supera los cinco salarios mínimos legales vigentes que se encuentran estipulados como honorarios para esta clase de actuaciones.
De lo anterior, refulge la falta de responsabilidad del abogado cuestionado, pues fueron varias actuaciones las que realizó en defensa de los intereses del señor Arlex Ortega Panesso, dentro del proceso penal al punto que, logró que no se decretara la preclusión de la instrucción, situación que hubiera sido contraria a su mandante, y por otra parte, materializó el acuerdo conciliatorio entre su prohijado y el denunciado, obteniendo además de la devolución de la suma de dinero objeto de la denuncia, el resarcimiento de los perjuicios causados a su poderdante; situación que justifica plenamente los honorarios cobrados y con los cuales el señor Ortega estuvo de acuerdo al momento en que le fue entregado el dinero objeto de la conciliación.
ii) Del conflicto de intereses:
Los bienes jurídicos protegidos y el principio de mínima intervención:
Mientras el Código Penal se limita al reproche de la llamada doble defensa o defensa simultánea o sucesiva de ambas partes en el mismo pleito, el estatuto de la abogacía, extiende el reproche a todos los supuestos de patrocinio de intereses contrapuestos que puedan generar enfrentamientos simultáneos o sucesivos, judiciales o extrajudiciales, extendiendo la prohibición, incluso, a conductas de mero riesgo.
Ello es, debido a los bienes jurídicos que se protegen en cada campo. Así, mientras que penalmente solo se reprochan conductas de deslealtad del abogado en cuanto las mismas tengan trascendencia procesal, el código de conducta profesional, protege la exclusividad y la fidelidad del abogado al interés o a la parte defendida, como requisitos intrínsecos de la confianza en la que la relación clientelar se funda en vista de lo que está en juego que no es otra cosa que el crédito de integridad del abogado defensor o lealtad de este al interés y a la parte que defienda, desde el mismo inicio de la relación profesional y mientras éstos estén en riesgo de perjuicio, por sufrir el ataque de quien con anterioridad los hubiera defendido.
En el Estatuto Deontológico del Abogado, el conflicto de interés está consagrado en el artículo 34, literal e) de la Ley 1123 de 2007 como una falta de lealtad con el cliente así:
“Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.
En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos”.
En este tipo de faltas lo que se sanciona es representar a personas con intereses concretos contrapuestos; en el entendido que la contraposición se presenta cuando éstos concurren a un mismo propósito ó mejor aún, cuando persiguen el mismo objetivo. Como cuando en una misma demanda el abogado representa tanto al demandante como a cualquiera de los demandados; aunque puede haber conflicto de intereses sin que el abogado represente simultánea o sucesivamente a personas que estén en los dos extremos de la litis; por tanto, para verificar si hay conflicto de interés se debe analizar la conducta del togado desde el punto de vista de los objetivos que persigue su cliente y no del lugar que éste ocupa en la litis.
Ahora bien, prohibir a un abogado que atienda en el futuro a aquél que fue su contraparte en un asunto diferente al que atendió en el pasado, sería restringir de manera desproporcionada el ejercicio de la profesión porque el abogado no podría intervenir en aquellos asuntos donde “figurara como parte una persona a la cual se hubiese representado en una gestión anterior”.
En síntesis, los procesos objeto de queja son:
— Radicado 2009 27600, adelantada en la Fiscalía 97 Local Delegada de Santiago de Cali, contra el señor Petter Ellmer, por el delito de estafa, siendo víctima el señor Carlos Alberto Castrillón Londoño.
— Radicado número 2009 24067(26), adelantada en la Fiscalía 96 local de Cali, contra el señor Peter Ellmer, siendo denunciante el señor Arlex Ortega Panesso.
Al revisar los expedientes objeto de queja, se evidencia que efectivamente, el abogado cuestionado fungió en un proceso como apoderado de la contraparte del señor Petter Ellmer y, posteriormente como apoderado de éste en otro proceso; sin embargo, no se avizora conflicto de intereses toda vez, que dentro del proceso radicado con el número 2009 24067(27), en el que el doctor Martínez Loaiza fungió como apoderado del denunciante señor Arlex Ortega Panesso, en la diligencia que negó la preclusión de la investigación, realizada el 25 de mayo de 2011(28), en contra del señor Petter Ellmer, por haberse realizado acuerdo extraprocesal con el denunciado(29); por lo que se tiene la certeza de que fue posterior a esta solicitud de terminación, que el togado actuó como apoderado del señor Petter Ellmer dentro del radicado 2009 - 27600, en el que el denunciante es el señor Carlos Castrillón, sin que se compruebe que éste último haya otorgado poder al doctor Fabio Martínez, pues tal como lo aseguró en su declaración en momento alguno le otorgó poder al togado Martínez para que lo representara.
En consecuencia, no basta la univocidad en el sujeto procesal para predicar la presunta incursión en la falta, debe igualmente atenderse los intereses de los mandantes en cada una de ellas, por lo que, al revisar cuidadosamente este asunto, no se advierte por parte del litigante conducta de deslealtad para con sus mandantes o una actuación que implicara perjuicios para ellos, pues se recuerda que aunque existe identidad del denunciado, se trata es de procesos disímiles instaurados por diferentes denunciantes, en los cuales, el togado actuó como apoderado del señor Petter Ellmer, cuando ya había terminado su mandato con el señor Alex Ortega a quien representó dentro del proceso penal en el cual había fungido como apoderado de la contraparte.
De igual manera, no debe olvidarse que el señor Petter Ellmer, otorgó poder al doctor Fabio Martínez Loaiza, a sabiendas que éste había sido el apoderado de su denunciante Alex Ortega en otro proceso; pues tal como quedó sentado en su declaración, contrató sus servicios ante la excelente actuación que tuvo en aquél proceso; motivo por el cual, se infiere que, conociendo de la anterior situación, el señor Petter Ellmer, confirió poder al togado cuestionado para que lo representara, deduciéndose así que existió autorización para representarlo, aún en el evento que existieran intereses contrapuestos; que como se indicó en precedencia, hecho que no ocurrió y motivo por el cual, se ha de confirmar el fallo objeto del recurso de alzada.
En síntesis no se vislumbra conducta que deba perseguirse por vía disciplinaria, pues tal y como quedó plasmado, en primer lugar, la suma cancelada por concepto de honorarios se encuentra justificada con las actuaciones desplegadas por el togado y segundo, los procesos por los cuales se le acusó por conflicto de intereses, se desarrollaron y finiquitaron en fechas distintas.
1. CONFIRMAR la providencia proferida en la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el día 3 de mayo de 2012, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca mediante la cual ordenó la TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, en favor del abogado Fabio Enrique Martínez Loaiza.
2. Devuélvase el expediente a la oficina de origen.
(25) Sentencia T-1143 de 2003
(26) Folio 145
(27) Folio 145
(28) Folio 274
(29) Folio 282

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 112
 artículo 59
 artículo 105
 Resolución 
 artículo 34