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Timestamp: 2019-03-25 16:22:04+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Septiembre de 2018 (caso Plena Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 20 de septiembre de 2018) - Jurisprudencia - VLEX 754239545
La firma G., A. &L., actuando en representación de la sociedad Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, expedida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
La Sala Tercera de la Corte Suprema, mediante la Providencia de 11 de agosto de 2016, admite la demanda y, a su vez, ordena correr traslado de la misma, por un término de cinco (5) días hábiles, al Administrador General de la institución demandada, para que rinda el correspondiente informe explicativo de conducta, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley No.33 de 1946; y, al Procurador de la Administración para que, en atención al mandato establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley No.38 de 2000, proceda a dar contestación de la demanda.
EL PETITUM Y EL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA
La parte actora solicita a este Tribunal de Justicia que declare nula, por ilegal, la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por cuyo conducto resuelve rechazar OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias por causales de fuerza mayor y caso fortuito, presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), correspondientes al Informe de interrupciones del servicio eléctrico para el mes de octubre de 2015, debido a que no aportó suficiente material probatorio que demostrara que las incidencias ocurridas fueron por hechos imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y externos, tanto de la empresa como de la propia red de distribución eléctrica; a su vez, acepta únicamente NUEVE (9) solicitudes contenidas en el Anexo B de dicha resolución.
También solicita que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN No.10013-Elec de 20 de mayo de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que resuelve mantener en todas sus partes la decisión originaria.
Como consecuencia de lo anterior, requiere a esta Corporación de Justicia que declare que se encuentran debidamente justificadas las OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias por caso fortuito y fuerza mayor, rechazadas por la entidad demandada; y, en su defecto, ordene a la Autoridad que sean aceptadas con efecto retroactivo.
Al fundamentar su pretensión, la empresa demandante argumenta que la calificación de las eximentes de responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica están sometidas al cumplimiento de los trámites previstos en los Anexos B, C y D de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, confirmada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011, ambas expedidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos; cuyas normativas regulan lo referente a los medios de pruebas necesarios para acreditar la existencia de caso fortuito y fuerza mayor.
La actora continua explicando que, en acatamiento a lo dispuesto en ese texto reglamentario, formuló sus solicitudes de eximencia de responsabilidad, por las interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en el mes de diciembre del año 2011, las cuales fueron acompañadas con TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS (3,396) pruebas, entre las que se encontraban los formularios que fueron aprobados en los respectivos Anexos B, C y D de dicha resolución, así como otros formularios, en el caso de que en el lugar de la avería se encontrara a un tercero que fuera testigo ocular de los hechos.
Finaliza su exposición indicando que, a pesar de haber aportado numerosas pruebas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, mediante el acto impugnado, decidió negarlas, pues, las mismas no acreditaron el hecho exonerativo; y, en consecuencia, rechazó OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencia por caso fortuito y fuerza mayor, lo que dio lugar a que recurriera en reconsideración, con lo cual agotó la vía gubernativa y así acudir a la Sala Tercera, a través de la presente demanda de plena jurisdicción.
NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN
La empresa demandante estima que el acto administrativo censurado, infringe, de manera directa, por omisión, los artículos 1, 8, 10 y 11 del Anexo A, de la Resolución AN No.3712- Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196- Elec de 25 de enero de 2011, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, "Por la cual se aprueban modificaciones al procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito, como eximentes de responsabilidad en el cumplimiento de las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, para las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica", los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 1. En el concepto y alcance de lo que, para los efectos del presente procedimiento debe entenderse como:
Fuerza Mayor: La situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir. Se considerará caso de fuerza mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, restricciones o limitaciones de materiales o servicios necesarios para la prestación de los servicios objeto de una concesión, así como cierres y cualquiera otras causas, que sean o no del tipo antes señalado y que ocurran dentro del área donde opera un beneficiario de una concesión o licencia, siempre y cuando, ocasionen de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión o licencia.
Caso Fortuito: El que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos. Se considerarán como caso fortuito, entre otros, los siguientes eventos: epidemias, terremotos, deslizamientos de tierra o desplazamientos de otros materiales, tormentas, inundaciones, o cualquier otro evento o acto, ya sea o no del tipo antes señalado, siempre y cuando ocasione de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión o licencia.
"Artículo 8. Las interrupciones que por caso fortuito o fuerza mayor ocasionen la falta de prestación del servicio de suministro de energía eléctrica por parte de las empresas de transmisión y/o de distribución, deberán ser notificadas a esta Autoridad a través de su Página Web (Anexo B) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia o toma de conocimiento del evento de fuerza mayor o de caso fortuito, estableciendo la duración exacta o estimada de la interrupción según corresponde y el alcance de la misma en forma precisa".
Artículo 10. Las empresas de transmisión y de distribución deberán presentar únicamente ante esta Autoridad, aquellas solicitudes de eximencias por caso fortuito o fuerza mayor que fueron notificadas en los términos que señala el artículo noveno del presente procedimiento, a más tardar el día quince (15) de cada mes siguiente a la fecha en que ocurrió el evento, o el siguiente día hábil si aquél fuera feriado, toda vez que el incumplimiento de esta obligación ocasionaría la no valoración de la eximencia presentada.
Las solicitudes presentadas deberán ser acompañadas de todas las pruebas que sean conducentes para enmarcar bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, las interrupciones habidas en el mes calendario anterior, en la forma prevista por el Anexo C que forma parte integrante del presente procedimiento. La documentación de las pruebas deberá entregarse en archivos digitales en formato Acrobat pdf, en Microsoft Word, E. o txt.
"Artículo 11. En el evento de que las empresas distribuidoras y de transmisión presenten como prueba Declaraciones Juradas del personal que en ellas labora, éstas deberán ser presentadas en la forma prevista en el Anexo D que forma parte integrante del presente procedimiento."
El concepto de infracción de todas esas normas fueron sustentadas por la demandante sobre la base de que las solicitudes de eximencias, por las interrupciones del servicio eléctrico acaecidas en el mes de octubre de 2015, fueron acompañadas con las pruebas que prevé la citada Resolución AN No.3712- Elec de 28 de julio de 2010, entre ellas los formularios electrónicos de la base metodológica contenidos en los Anexos B y C, cuyas notificaciones a la Autoridad fueron hechas en la forma y los plazos que establece esta reglamentación; así como también, las declaraciones juradas del personal que labora en la empresa en los términos que establece el Anexo D, de dicha resolución.
Agrega la actora que, al emitir los actos administrativos impugnados, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos infringió el contenido de las normas invocadas, al no darle ningún valor probatorio a las pruebas aportadas con las solicitudes de eximencia, mismas que acreditaban la ocurrencia de caso fortuito y fuerza mayor, pues, consideró que tales pruebas no lograron demostrar de manera suficiente lo alegado como eximente de responsabilidad por parte de la solicitante.
La demandante también adujo la infracción de los artículos 34, 38, 146, 155 y 201 (numeral 1) de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000, "Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales", los cuales establecen lo siguiente:
"Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.
"Artículo 38. Cuando las entidades públicas deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, establecerán un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos y otros documentos que permitan el rápido despacho de los asuntos, y podrán utilizarse, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, tipos o series de éstas, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, no se lesione la garantía del debido proceso legal y el libre ejercicio de la abogacía."
"Artículo 155. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes actos:
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos; y
Cuando así se disponga expresamente por la ley."
1. Acto administrativo. Declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda regida por el Derecho Administrativo.
Todo acto administrativo deberá formarse respetando sus elementos esenciales: competencia, salvo que ésta sea delegable o proceda la sustitución; objeto, el cual debe ser lícito y físicamente posible; finalidad, que debe estar jurídico acorde con el ordenamiento y no encubrir otros propósitos públicos y privados distintos, de la relación jurídica de que se trate; causa, relacionada con los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; motivación, comprensiva del conjunto de factores de hecho y de derecho que fundamentan la decisión; procedimiento, que consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el ordenamiento jurídico y los que surjan implícitos para su emisión; y forma, debe plasmarse por escrito, salvo las excepciones de la ley, indicándose expresamente el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.
Al exponer el concepto de infracción de estas disposiciones legales, la apoderada judicial de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), arguye que fueron violadas de manera directa, por omisión, ya que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al dictar el acto originario y su acto confirmatorio, lo hizo sin motivación alguna y sin realizar un análisis razonado y adecuado, no solo del material probatorio aportado por la empresa demandante; sino, que tampoco efectuó relación alguna entre los hechos y el derecho que fundamenta su decisión, por lo que considera que dicha entidad reguladora violó los principios del debido proceso y de estricta legalidad.
Finalmente, aduce la infracción del artículo 13 del Código Civil, el cual es del siguiente tenor:
"Artículo 13. Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales de derecho y la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana".
Al exponer el concepto de infracción, la demandante sostiene que los actos administrativos demandados, por ilegales, violan esta norma de manera directa, por omisión, pues, con su expedición la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos asumió una conducta contraria al Principio de los Actos Propios establecido en el citado artículo 13, ya que rechazó las solicitudes de eximencias presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), argumentado una supuesta falta de medios probatorios, cuando en realidad la empresa sí presentó todas las pruebas conforme al procedimiento estatuido en los Anexos B, C y D de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011.
EL INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Y LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por medio de la Nota DSAN-2268 de 23 de agosto de 2016, rindió su informe explicativo de conducta, en el cual explica que el 11 de noviembre de 2015, mediante la Nota No. RM-186-15, la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), presentó solicitudes de eximencias por causales de fuerza mayor y caso fortuito, correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico para el mes de octubre de 2015.
Continua explicando el Administrador General que, cada petición fue verificada en los términos que prescribe la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011, y sus Anexos, lo que dio lugar a que rechazara OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias, por caso fortuito o fuerza mayor, por medio de la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, la cual fue motivada sobre la base de que las pruebas aportadas no acreditaron plenamente que las incidencias rechazadas ocurrieron por hechos imprevisibles, irresistibles, extraordinarios, o externos, ya sea de la empresa o de la propia red. Además, indicó que la peticionaria tampoco demostró el nexo causal, entre los eventos aducidos como fuerza mayor y caso fortuito y los cuidados que adoptó para evitar que ocurrieran dichos eventos, con el cumplimiento de su obligación de prestar el servicio de suministro de energía eléctrica en los términos que exigen las normas de calidad del servicio técnico y comercial, lo cual era su obligación al tenor de lo establecido en la normativa sectorial.
Finalmente, sostiene que al hacer el examen integral de cada medio de prueba, entrelazando uno con otro mediante una estudio conjunto conforme lo exige la ley de procedimiento administrativo general, advirtió que, en la mayoría de las incidencias, las pruebas aportadas no cumplían con los requisitos que exige la Resolución No.JD-4466 de 23 de diciembre de 2003, que reforma la Resolución No.JD-764 de 8 de junio de 1998.
Por su parte, el señor Procurador de la Administración al dar contestación a la demanda, a través de la Vista Número 1487 de 30 de diciembre de 2016, afirma que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cumplió con el procedimiento aprobado mediante la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, para la calificación de este tipo de solicitudes; ya que, luego de examinar los hechos alegados y compararlos con las pruebas documentales presentadas con la petición de eximencias por la empresa distribuidora, expidió el acto administrativo ahora censurado.
También resalta, que el artículo 2 del Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, indica que los eventos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser analizados en cada caso y ponderados por la Autoridad reguladora para poder determinar si constituyen o no sucesos eximentes de responsabilidad.
Igualmente manifestó que, el acápite 1.5.1 del Anexo B de la Resolución JD-764 de 8 de junio de 1998, adicionado por la Resolución JD-4466 de 23 de diciembre de 2003, enumera las pruebas que deben ser aportadas por las empresas distribuidoras para sustentar sus solicitudes de eximencia, algunas de las cuales no fueron suficientes para acreditar los acontecimientos descritos por la demandante en su petición, ni en su recurso de reconsideración, tal como se desprende de la parte motiva de las resoluciones impugnadas; de ahí que, considera que el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, motivó debidamente la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, impugnada, e igualmente analizó las pruebas que presentó la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), junto con las solicitudes de eximencias de responsabilidad y con su recurso de reconsideración.
El Procurador de la Administración considera que la empresa no logró demostrar la existencia de una relación de causa y efecto, entre los eventos aducidos como de fuerza mayor y caso fortuito, y el incumplimiento, por parte de la empresa distribuidora, en cuanto a su obligación de prestar un suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial según lo dispone el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010; en consecuencia, no pudo corroborar que las solicitudes de eximencias obedecieran a hechos que escaparon del control de la concesionaria; o bien, que hayan sido ocasionadas por un tercero, tal como fue alegado por la recurrente. Por lo tanto, solicita a la Sala Tercera se sirva declarar que no es ilegal, la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ni su acto confirmatorio, y en consecuencia, deniegue el resto de las peticiones de la demanda.
Una vez culminadas todas las fases procesales establecidas por la ley, este Tribunal pasa a resolver la presente controversia, previo las siguientes consideraciones de hecho y de Derecho.
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2, del artículo 206 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1, del artículo 97 del Código Judicial y el artículo 42-B de la Ley No.135 de 1943, modificada por la Ley No.33 de 1946, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le está atribuida plena competencia para conocer de las acciones de plena jurisdicción, como la que ocupa nuestra atención.
Según se desprende de las constancias que reposan en el expediente de marras, el 11 de noviembre de 2015, la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI) presentó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la Nota No.RM-186-15, a través de la cual remitió OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO (858) solicitudes de eximencia de responsabilidad, por caso fortuito y fuerza mayor, debido a las interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en el mes de octubre de 2015, mismas que fueron acompañadas con elementos probatorios que, a juicio de la peticionaria, acreditaban la ocurrencia de la situación alegada.
Debido a lo anterior, dicha entidad reguladora procedió a la verificación de las solicitudes presentadas a fin de determinar si las incidencias ocurridas en el mes de octubre de 2015, constituían o no caso fortuito o fuerza mayor al tenor de lo establecido en los Anexos A, B, C y D de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN N°4196-Elec de 25 de enero de 2011, ambas expedidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por medio de la cual aprueba el nuevo procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito, como eximentes de responsabilidad para empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Luego de hacer las correspondientes verificaciones, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos emitió la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, por cuyo conducto rechaza OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencia de responsabilidad, por caso fortuito y fuerza mayor, correspondientes al informe de interrupciones del servicio del mes de octubre de 2015, presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), ya que la empresa no demostró plenamente que esas incidencias ocurrieron por hechos imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y, además por causas externas a la empresa y de la propia red de distribución de energía eléctrica, en base a lo estatuido en el Anexo B de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011. Por lo tanto, únicamente aceptó NUEVE (9) solicitudes por causas de Fuerza Mayor y Caso Fortuito.
Esa decisión fue objeto de recurso de reconsideración por parte de la empresa distribuidora, misma que fue mantenida en todas sus partes por la entidad reguladora, mediante la Resolución AN No.10013-Elec de 20 de mayo de 2016; por lo que acudió en demanda de plena jurisdicción ante esta Sala.
Antes de adentrarnos al problema jurídico planteado, esta Sala considera oportuno puntualizar lo atinente a la aplicación de la ley en el tiempo, en virtud que los eventos identificados como hechos de fuerza mayor y caso fortuito, por parte de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, ocurrieron en el mes de octubre de 2015; de ahí que, para efecto del análisis de las normas invocadas como infringidas, la Sala debe determinar primero cuál es la normativa que debe aplicarse en el caso bajo estudio, en virtud que las normas de calidad del servicio técnico y el procedimiento para la calificación de lo que debe entenderse por fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad, ha sido objeto de constantes modificaciones y adiciones desde el año 1998.
En ese sentido, apreciamos que el Ente Regulador de los Servicios Públicos expidió la Resolución JD No.764 de 8 de junio de 1998, por cuyo conducto dicta la Norma de Calidad del Servicio Técnico para las Empresas Distribuidoras del Servicio Público de Electricidad y para los Clientes Conectados a la misma, conforme lo detalla el Anexo A de dicha resolución; cuyo texto normativo fue reformado por la Resolución JD No.4466-Elec de 23 de diciembre de 2003, (Publicada en la Gaceta Oficial 24,977 de 29 de enero de 2004), en el sentido de adicionar los Anexos B y C referentes a las Bases Metodológicas para el Control de Calidad del Servicio Técnico.
El Anexo B de la citada Resolución JD No.4466-Elec de 2003, denominado "Base Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico - Confiabilidad", señala en su acápite 1.2.1, los criterios generales para la determinación de los indicadores globales e individuales, entre ellos los ocasionados por Fuerza Mayor y Caso Fortuito.
Además, el acápite 1.5.1. incluye una tabla donde enlista la documentación y pruebas que deben ser presentadas por las empresas distribuidoras, ante el antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos, con el objeto de sustentar sus solicitudes de eximencias por Fuerza Mayor y Caso Fortuito; tales como: la cantidad de clientes afectados, la fecha y hora de inicio de interrupción, una breve descripción de los hechos, fotografías certificadas, acta notarial y el formulario de testimonio de personal, entre otros.
Al mismo tiempo, incorpora una tabla que describe las causas que pueden ser consideradas como hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, a las cuales se les da una codificación para su identificación en los formularios de solicitud de eximencias, tales como: hechos causados por un tercero (vandalismo, cometas u otros objetos suspendidos de las líneas aéreas, alambres/conductores, cables telefónicos o de televisión por cable u otros servicios, trabajos en las vías públicas, embestidas o colisiones, poda de árboles, incendios, obstrucción de desagües, filtración por roturas). También, incluye otros factores de carácter climáticos extremos, como: vientos, inundaciones, temperaturas, descargas atmosféricas, entre otras.
Se observa que, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos expide la Resolución JD. No.3110 fechada 19 de diciembre de 2001, a través de la cual establece el procedimiento que permite determinar la calificación de lo que debe entenderse por fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad, para las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Del mismo modo, advertimos que la autoridad reguladora emitió la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, por cuyo conducto deroga el procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito estatuido en la Resolución JD No.3110 de 2001. Aunado a que, conceptúa, en su artículo 1, lo que debe entenderse, para efectos de esa resolución, como fuerza mayor y caso fortuito, los cuales, según el artículo 2, deben ser analizados en cada caso y ponderados por la autoridad reguladora, para determinar si constituyen o no sucesos eximentes de responsabilidad, para la empresa de distribución eléctrica. Además, indica que para su evaluación y aceptación las empresas deben demostrar que el evento fue de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria y externa a la empresa y a la propia red.
De igual forma, esta resolución dejó establecido, en el artículo 3, que las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica están obligadas a entregar la documentación que sustente que tomaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito, teniendo en cuenta que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos. Incluso, esta norma la obliga a demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como fuerza mayor o caso fortuito y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.
Ahora bien, debemos destacar que, los artículos 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 13 de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, antes descrita, fueron modificados por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011; aparte de aprobar el Anexo B, correspondiente al formulario electrónico de la página web, así como el Anexo C, relativo a la declaración testimonial; lo que permite arribar a la conclusión que los numerales 1, 2 y 3 de la mencionada Resolución AN No.3712 de 2010, aplicables en el presente caso, permanecieron inconmutables.
No obstante, dicha autoridad reguladora dictamina un nuevo procedimiento para la presentación, tramitación, evaluación y decisión de la calificación de caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de responsabilidad, en el cumplimiento de las normas de calidad del servicio técnico y normas de calidad del servicio comercial para las empresas de distribución y/o de transmisión de energía eléctrica, a través de la Resolución AN No.10750-Elec de 12 de diciembre de 2016; en esta ocasión, se estableció por medio de una Consulta Pública identificada con el número 014-16.
Ahora bien, esta resolución instituye, en el artículo 4, que las empresas prestadoras del servicio público de distribución y/o transmisión de energía eléctrica, deberán entregar la documentación que sustente que han sido utilizadas todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen caso fortuito o fuerza mayor, tomando en consideración que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que puede ser previstos. También indica que, estas prestadoras deberán demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como caso fortuito o fuerza mayor y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico.
Asimismo, el artículo 13 de ese cuerpo normativo enlista los elementos probatorios que deben ser aportados para acreditar las incidencias por caso fortuito y fuerza mayor, de los cuales nos permitimos citar los siguientes: 1) fotografías descriptivas con la fecha del evento; 2) acta notarial de constatación; 3) formulario de testimonio del personal de la distribuidora y/o transmisión; 4) exposición civil ante la policía; 5) certificación judicial; 6) formulario de testigos de los hechos; entre otros.
El recuento normativo antes descrito, nos permite arribar a la conclusión que al presente proceso de plena jurisdicción le es aplicable lo establecido en la Resolución JD No.764 de 1998, modificada por la Resolución JD No.4466-Elec de 2003, que regulan lo atinente a las Normas de Calidad del Servicio Técnico de Energía Eléctrica; así como también lo dispuesto en la Resolución AN No.3712-Elec de 2010, que estatuye el Procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor y caso fortuito como eximentes de responsabilidad, en cumplimiento de las normas de calidad del servicio técnico, pues, esos cuerpos normativos se encontraban vigentes a la fecha en que ocurrieron las incidencias; es decir, en el mes de octubre del año 2015, los cuales deben ser estudiados por este Tribunal de forma conjunta, con los elementos probatorios allegados al proceso y las normas invocadas como infringidas. Por lo tanto, desde este momento disentimos del criterio plasmado por la actora en su alegato de conclusión cuando sostiene que, al decidir la presente controversia no pueden ser tomadas en consideración las normas de calidad del servicio técnico.
Una vez aclarado el ámbito normativo aplicable a la situación objeto de estudio, pasamos a verificar la actuación impresa por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al expedir la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016, por cuyo conducto rechaza OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencia, por caso fortuito y fuerza mayor, correspondiente al informe de interrupciones del mes de octubre de 2015, presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), teniendo en cuenta que la parte actora al momento de sustentar el concepto de infracción de los artículos 1, 8, 10 y 11 del Anexo A, de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011; los artículos 34, 38, 146, 155, 201, numeral 1, de la Ley 38 de 2000; y el artículo 13 del Código Civil, solamente alegó que la entidad reguladora no valoró correctamente el caudal probatorio que acompañó con las solicitudes de eximencias, ocasionando con ello una falta de motivación de los actos impugnados. Por lo tanto, estas normas serán analizadas de manera conjunta, por estar estrechamente vinculadas entre sí en el concepto de infracción.
Así tenemos que, luego de un minucioso examen del acto administrativo impugnado, advertimos que la entidad reguladora antes de emitir su decisión de no admitir OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias, presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), hizo un análisis separado de cada una de esas peticiones. Además, ponderó las mismas relacionándolas no solo con las incidencias invocadas por la empresa distribuidora, al amparo de lo estatuido en el Anexo A, sino con los acontecimientos ocurridos en el mes de octubre de 2015 y las pruebas que las apoyaban, lo cual le permitió determinar que dichas solicitudes no cumplían con los parámetros normativos que establece la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, por ende, las incidencias alegadas no podían ser consideradas como eventos eximentes de responsabilidad, por caso fortuito y/o fuerza mayor.
El contexto anterior evidencia que, la actuación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se dio dentro del marco reglamentario establecido en el párrafo tercero del artículo 2 del Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, cuyo texto indica claramente que los eventos serán analizados y ponderados, en cada caso, para determinar si constituyen o no eventos que merecen ser eximidos de responsabilidad, por la falta de fluido eléctrico.
En segundo orden, apreciamos que al efectuar el análisis correspondiente a las pruebas presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos detalló en la parte motiva del acto impugnado cada caso en particular, explicando las razones de hecho y de Derecho por las cuales no era procedente la admisibilidad de las solicitudes de eximencia de responsabilidad, en las que señaló mayormente que los elementos probatorios no eran suficientes; que éstos se aportaron sin cumplir con las formalidades reglamentarias; o que, la empresa no adoptó las medidas previsoras necesarias para evitar o minimizar las incidencias. Entre los argumentos más relevantes nos permitimos citar los siguientes:
9.4. Con respecto a las Quinientos Setenta (570) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como 'caso 1', debemos indicar que las pruebas aportadas por EDECHI, S.A., son inconducentes, ya que no guardan relación con los acontecimientos, por ende, no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.
9.5. En cuanto a las Treinta y Uno (31) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como 'caso 2', las pruebas aportadas no demuestran plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.
9.6. En referencia a las Ciento Cuarenta y Cuatro (144) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como 'caso 3', las pruebas aportadas por EDECHI, S.A., demuestran falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.
9.10. En cuanto a las Treinta y Cuatro (34) incidencias identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como 'caso 7', la prueba aportada por la Empresa Distribuidora no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.
9.13 Cabe advertir que el caudal probatorio aportado por la empresa no demostró plenamente que las incidencias que se rechazan por esta Autoridad Reguladora, fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y además externos a la empresa y a la propia red.
9.14. También debemos indicar que la empresa no evidenció la relación de causa y efecto entre las incidencias que se rechazan y el cumplimiento de la obligación de distribuir energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.
9.15 Se debe resaltar que es obligación de la EDECHI, adoptar las medidas necesarias para mantener los niveles de confiabilidad y calidad del servicio de energía que corresponde a su concesión, como programas permanentes de poda en sectores de la línea, limpieza cuando la contaminación lo amerite, etc.
De igual manera, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al referirse a las pruebas en el acto confirmatorio, constituido en la Resolución AN No.10013-Elec de 20 de mayo de 2016, indica:
"5.9. Es reiterado, en la mayoría de las incidencias, que las pruebas aportadas no cumplen con los requisitos exigidos por la Resolución No. JD-764 de 8 de junio de 1998, modificada por la Resolución No. JD-4466 de 23 de diciembre de 2003; como por ejemplo que las fotografías no tiene certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. Las pruebas aportadas, principalmente, están constituidas por una breve descripción del acto, los datos de un testigo y en algunas ocasiones fotos, que no demuestran por sí misma el nexo causal con el hecho invocado, ya que no contiene una certificación de la fecha, hora y lugar a la que pertenece. Es decir, la Autoridad Reguladora no puede corroborar que las pruebas corresponden a los hechos acaecidos.
5.10. Al respecto, el artículo 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, es claro que al establecer 'que incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas legales que les son favorables'. En el caso que nos atañe, en una solicitud de eximencia de responsabilidad por causas de Caso Fortuito y Fuerza Mayor la carga de la prueba recae sobre la empresa prestadora del servicio público de transmisión y distribución de energía, porque (i) es parte de sus obligaciones para el cumplimiento de sus metas de Calidad del Servicio, y (ii) porque así lo establece, expresamente, la normativa sectorial al respecto.
5.11. Siendo así las cosas, los argumentos planteados por los recurrentes en cuanto a la imprevisibilidad de los hechos no tiene asidero en pruebas contundentes, que válidamente demuestren el nexo causal de los argumentos con los hechos invocados como Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Se tratan de afirmaciones sustentadas en pruebas que no pueden ser comprobadas fehacientemente y no corresponde a la Autoridad demostrarlo, sino a la empresa prestadora del servicio aportar aquella prueba que por anticipado le permita demostrar lo que la normativa reguladora en ese sentido le exige y que tiene a bien enumerarle en la sección 1.5.1. del Anexo B de la Resolución No.JD-4466 de 2003, antes referida.
5.15 Por otra parte, es obligación de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, entregar la documentación que sustente que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito, tomando en cuenta que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos, así como también, demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como fuerza mayor y caso fortuito y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, tal como se indica en el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010 antes señalada.
5.16 Básicamente, la controversia se encuentra relacionada con el principio dispositivo de la carga de la prueba, la cual corresponde a la empresa prestadora del servicio. En el caso que nos atañe, estas no demuestran por sí mismas el nexo causal con el hecho invocado. Tampoco aportaron documentación que sustentara que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos.
Lo antes planteado demuestra, sin ninguna dificultad que, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al expedir el acto administrativo impugnado y el acto confirmatorio, expuso con precisión las razones que motivaron el rechazo de las OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias presentadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), en cuya explicación detalla las falencias jurídicas encontradas en los elementos probatorios analizados, así como también la falta de diligencia de la empresa distribuidora para evitar o minimizar la ocurrencia de las incidencias que reclama como caso fortuito y fuerza mayor. A guisa de ejemplo, la empresa distribuidora aduce como un evento de la naturaleza y de la vida silvestre la falta de poda.
Sin embargo, ese hecho calificado por la actora como un evento de la naturaleza y de la vida silvestre, pudo ser evitado o minimizado si hubiese implementado un programa permanente de limpieza en las áreas de la línea de distribución eléctrica, cuando la contaminación así lo exigiera, tal como ha sido sugerido por la entidad reguladora en el acto impugnado, con lo cual posiblemente pudo evitar la ocurrencia de una interrupción del servicio eléctrico.
Otro ejemplo, que merece ser indicado, es que la distribuidora alegó en TREINTA Y CUATRO (34) incidencias, las cuales fueron identificadas como "caso 7", que esos eventos se originaron como producto de actos vandálicos. No obstante, no aportó suficientes elementos probatorios que demostraran plenamente que esos acontecimientos fueron causados por actos vandálicos, siendo éste un deber inherente a quien lo alega al tenor de lo establecido en el artículo 150 de la Ley 38 de 2000; de ahí que podemos concluir que al expedir los actos acusados de ilegal la entidad respetó en todo momento los principios del debido proceso legal y de estricta legalidad.
También es importante subrayar, que el caudal probatorio aportado por la recurrente junto con sus solicitudes de eximencia fue admitido y analizado en su totalidad en la vía gubernativa, por la Autoridad Reguladora; el cual, pretendía que fuese revisado por la Sala, a través de la práctica de otros medios probatorios en el proceso de plena jurisdicción, con lo cual estaría colocando a esta Corporación de Justicia como un Tribunal de tercera instancia, al querer debatir en esta jurisdicción asuntos que debieron ser dirimidos en la esfera administrativa.
En otra línea de pensamiento, cabe señalar que no basta con alegar en el Formulario Electrónico de la Base Metodológica, inserto en el Anexo B de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, que determinadas incidencias se originaron por caso fortuito o fuerza mayor; pues, el propio estatuto reglamentario hace recaer la carga de la prueba sobre las empresas distribuidoras y transmisoras, al disponer en el artículo 3, que las prestadoras del servicio público de energía eléctrica deberán entregar la documentación que sustente que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos, así como demostrar el nexo causal entre los eventos aducidos como fuerza mayor y caso fortuito, y el cumplimiento de su obligación de prestar el servicio de manera ininterrumpida bajo las normas de calidad técnica y comercial, consagradas en la Resolución JD No.4466 de 2003, que reforma la Resolución JD No.764 de 1998.
Para abundar sobre este aspecto, consideramos pertinente mencionar lo explicado por el Administrador General al rendir su Informe de Conducta al Magistrado Sustanciador, al señalar lo siguiente:
"No obstante, lo anterior, en la mayoría de las incidencias, las pruebas aportadas no cumplían con los requisitos exigidos por la Resolución No.JD-764 de 8 de junio de 1998, modificada por la Resolución No.JD-4466 de 23 de diciembre de 2003; como por ejemplo que las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. Las pruebas aportadas, principalmente, están constituidas por una breve descripción del acto, los datos de un testigo y en algunas ocasiones fotos, que no demuestran por sí misma el nexo causal con el hecho invocado, ya que no contiene una certificación de la fecha, hora y lugar a la que pertenece. Es decir, la Autoridad Reguladora no puede corroborar que las pruebas corresponden a los hechos acaecidos."
Lo anterior demuestra que, la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI) no acreditó fehacientemente los acontecimientos alegados en sus solicitudes de eximencia de responsabilidad, toda vez que no presentó en debida forma las pruebas que sustentaban su pretensión, por ejemplo: los datos relatados por un testigo y algunas fotos que no contaban con la correspondiente certificación y fecha que corroborara su vinculación con la situación ocurrida, es más, ni siquiera demostró que los eventos invocados escapaban de su control, por ende, mal podía la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos acceder a lo pedido, máxime si de la normativa sectorial, constituida en el Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 2010 y la Resolución JD No.4466-Elec de 23 de diciembre de 2003, que adiciona los Anexos B y C a la Resolución JD No.764 de 8 de junio de 1998, se desprende con claridad que la carga de la prueba recae sobre la peticionaria.
Al respecto, vale recordar lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, según el cual incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables. Por lo tanto, como quiera que la recurrente quería hacerse acreedora de un beneficio que consagra la normativa sectorial, le correspondía demostrar a la entidad reguladora los hechos que la favorecían, principalmente que las incidencias ocurrieron por un hecho imprevisible, irresistible, extraordinario y además, externa a la empresa y a la propia red de distribución.
Ahora bien, al proceder a la verificación de los acontecimientos indicados en la resolución impugnada a fin de determinar si los mismos constituyen fuerza mayor y caso fortuito, apreciamos que el artículo 1 del citado Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 2010, ha definido de manera expresa tales conceptos, señalando en el primero de ellos que éste debe entenderse como la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, detallando a renglón seguido los casos que pueden ser considerados como fuerza mayor: guerras, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, restricciones o limitaciones de materiales o servicios necesarios para la prestación de los servicios objeto de una concesión, entre otros; así como cierres y cualquier otras causas, que sean o no del tipo antes señalado y que ocurran dentro del área donde opera un beneficio de una concesión o licencia, siempre y cuando, ocasionen de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión o licencia.
Esta disposición igualmente define el concepto caso fortuito, como aquel acontecimiento que proviene de la naturaleza que no hayan podido ser previstos; y, a continuación, da una serie de eventos que pueden ser considerados casos fortuitos, así como: epidemias, terremotos, deslizamientos de tierra o desplazamientos de otros materiales, tormentas, inundaciones, o cualquier otro evento o acto, ya sea o no del tipo antes señalado, siempre y cuando ocasione de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión o licencia.
En ese mismo orden de ideas, debemos indicar que el artículo 12, numeral 1, del Texto Único de la Ley 6 de 1997, dispone que es deber y una obligación de los prestadores del servicio público de electricidad, asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al cliente o frente a terceros. Por consiguiente, si la actora consideraba que tenía derecho a la aplicación de las normas de eximencia de responsabilidad, debió demostrar plenamente a la entidad reguladora que las incidencias ocurridas se dieron con motivo de un acontecimiento de fuerza mayor y caso fortuito.
Es menester resaltar que el cúmulo de normas descritas en párrafos precedentes permiten determinar, sin mayor dificultad, que, la única manera con la que contaba la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) para verse exenta de responsabilidad por faltar su deber de suministrarle a sus clientes el servicio de electricidad, en el mes de octubre de 2015, era que los eventos alegados en su solicitud hubiesen acontecido por hechos del hombre, los cuales no pudo resistir; o bien, por sucesos de la naturaleza que le fueron imposible prevenir. Todo lo cual debía ser probado a plenitud y, además, demostrar el nexo causal entre el evento aducido y el cumplimiento de la obligación de prestar el servicio eléctrico, conforme lo exigido en las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, para así poder restarle valor legal a la decisión adoptada por la entidad reguladora, situación que evidentemente no ha sucedido en el presente proceso contencioso.
Ahora bien, el hecho que la actora haya aportado con su demanda un número plural de elementos probatorios, entre los cuales se encuentra el expediente administrativo remitido por la autoridad reguladora en el que reposan todas las pruebas recabadas en la esfera administrativa y donde constan los hechos acontecidos, así como las pruebas aportadas y practicadas, esta S. no puede soslayar que, tales pruebas no cumplían con los requerimientos que exige la normativa especial; ni demostraban, de manera contundente, que los eventos alegados se enmarcaban en los criterios de fuerza mayor y caso fortuito que describe el artículo 1 del Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 2010; y, mucho menos que ésta hubiese tomado todas las medidas necesarias para evitar o minimizar la ocurrencia de esos hechos, o que estas incidencias fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarias y externas a la empresa y a la red de distribución, conforme lo exige el artículo 3 de ese cuerpo reglamentario.
De suerte que, la entidad no podía hacer otra cosa que rechazar las OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (849) solicitudes de eximencias de responsabilidad, correspondientes al informe de interrupciones del servicio eléctrico para el mes de octubre de 2015, mediante la Resolución AN No.9863-Elec de 25 de abril de 2016.
En el marco de todo lo expuesto, esta M. arriba a la conclusión que el material probatorio incorporado en la esfera administrativa, fue debidamente estudiado y valorado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, según las reglas de la Sana Crítica, teniendo presente lo establecido en el Anexo A de la Resolución AN No.3712-Elec de 2010 y la Resolución JD No.4466 de 23 de diciembre de 2003, que adiciona los Anexos B y C a la Resolución JD No.764 de 8 de junio de 1998; por lo que, no cabe la menor duda que, al expedir el acto impugnado, dicha entidad cumplió con los parámetros legales que rigen en el mercado eléctrico.
Por consiguiente, mal puede la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI) alegar que hubo de una supuesta falta de motivación del acto impugnado, y mucho menos que se haya conculcado los principios del debido proceso legal y de estricta legalidad; pues, insistimos, en el presente caso la actora solo se limitó a reiterar el caudal probatorio, deficiente y escaso, que aportó en la esfera gubernativa, aduciendo la práctica de pruebas dilatorias e ineficaces.
En consecuencia, el acto administrativo censurado no infringe los artículos 1, 8, 10 y 11, contenido en el Anexo A, de la Resolución AN No.3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No.4196-Elec de 25 de enero de 2011; ni los artículos 34, 38, 146, 155 y el numeral 1, del artículo 201 de la Ley No.38 de 2000; y tampoco, el artículo 13 del Código Civil.
En mérito de expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO ES ILEGAL, la Resolución AN N°9863-Elec de 25 de abril de 2016, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ni su acto confirmatorio, y, en consecuencia, se niega el resto de las peticiones formuladas en la presente demanda de plena jurisdicción, por la firma G., A. &L., en representación de la sociedad Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI).

References: Resolución 
 artículo 33
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
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Artículo 1

Artículo 10
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 Resolución 
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 artículo 2
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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 3
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 Resolución 
 artículo 206
 artículo 97
 artículo 42
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 13
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 2
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 150
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 150
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 150
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 201
 artículo 13
 Resolución