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Timestamp: 2019-03-26 22:24:03+00:00

Document:
Caso 19 comerciantes (sandra belinda montero fuentes y otros) vistos
(SANDRA BELINDA MONTERO FUENTES Y OTROS)
6. el Estado debe efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares, en los términos de los párrafos 270 y 271 de la […] Sentencia.
16. el Estado debe pagar por concepto de costas y gastos a la Comisión Colombiana de Juristas la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la cantidad de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, en los términos del párrafo 285 de la […] Sentencia.
3. El escrito de 30 de julio de 2004, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y 74 del Reglamento de la Comisión, una solicitud de medidas provisionales, con el propósito de que el Estado adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero y su familia. La Comisión indicó que la señora Montero es familiar de dos víctimas del caso 19 Comerciantes y rindió declaración testimonial en la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas celebrada en la sede de la Corte.
4. Los fundamentos señalados por la Comisión en su solicitud de medidas provisionales (supra visto 3), los cuales se resumen a continuación:
a) la señora Sandra Belinda Montero, esposa de Víctor Manuel Ayala Sánchez y hermana de Juan Alberto Montero Fuentes, dos de las víctimas en el caso 19 Comerciantes, rindió testimonio sobre los hechos del mencionado caso ante la Corte durante la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas celebrada el 21 de abril de 2004;
5. A la luz de todo lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que requiera al Estado que:
1. Prote[ja] la vida e integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero y su familia.
[…] Asimismo, la Comisión solicit[ó] a la […] Corte [que] ordene al Estado que las medidas provisionales que decrete sean acordadas de común acuerdo entre el Estado, los beneficiarios y sus representantes y, en vista de la grave y delicada situación, sean implementadas con urgencia.
6. La Resolución del Presidente de la Corte de 30 de julio de 2004 mediante la cual, en consulta de todos los jueces, resolvió:
2. Que el artículo 63.2 de la Convención establece que
5. Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo1.
6. Que es responsabilidad del Estado adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. Este deber se torna aún más evidente en relación con las personas que se encuentran vinculadas a procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana2, máxime si se trata de víctimas, familiares de víctimas o testigos que rindieron declaración ante la Corte respecto de un caso contencioso. La señora Sandra Belinda Montero Fuentes se encuentra en las tres mencionadas situaciones.
8. Que en el párrafo 280 de la Sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas emitida el 5 de julio de 2004, la Corte resolvió que el Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, y debe proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias del presente caso y en vista de que la mayoría de los familiares de las víctimas que rindieron declaración ante el Tribunal y ante notario público manifestaron su temor de que se tomen represalias en su contra.
9. Que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentaron la Resolución del Presidente de 30 de julio de 2004 (supra visto 6), así como la información aportada con posterioridad por el Estado (supra vistos 7 y 10), por la Comisión (supra vistos 8 y 11) y por los representantes (supra visto 12), la Corte considera que persiste, prima facie, una amenaza y grave riesgo a la vida e integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y su familia, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia. El estándar de apreciación prima facie en un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones3.
mantenga las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y de su hijo Juan Manuel Ayala Montero; y
adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la menor María Paola Casanova Montero de 7 años de edad, hija de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes.
1 Cfr. Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de julio de 2004, considerando cuarto; Casos: Liliana Ortega y otras, Luisiana Ríos y otros, Luis Uzcátegui, Marta Colomina y Liliana Velásquez. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2004, considerando quinto; y Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de abril de 2004, considerando cuarto.
2 Cfr. Caso Bámaca Velázquez. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 20 de noviembre de 2003, considerando sexto; Caso de Liliana Ortega y otras. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 21 de febrero de 2003, considerando octavo; y Caso de Luisiana Ríos y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 20 de febrero de 2003, considerando octavo.
3 Cfr. Caso Raxcacó y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2004, considerando décimo; Caso Carlos Nieto y otros, supra nota 2, considerando séptimo; y Casos Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia”. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004, considerando séptimo.

References: Resolución 
 artículo 63
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