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Timestamp: 2019-03-22 02:48:00+00:00

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EXPEDIENTE: N° 13.317 ANTECEDENTES
En fecha 20 de febrero de 2004, se deja constancia de que la Dra. Yudith Marcano, registradora del Registro Inmobiliario Subalterno del Municipio Chacao del Estado Miranda, recibió oficio N° 2004-0221 de fecha 5 de febrero de 2004, el día 6 de febrero de 2004, tomando nota de la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por este juzgado.
En fecha 10 de agosto de 2004, en el cuaderno principal el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en virtud de la solicitud realizada por la parte actora y por cuanto la parte intimada no acreditó haber pagado las cantidades de dinero establecidas en el decreto intimatorio, decretó de conformidad con lo establecido en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, medida de embargo ejecutivo sobre el inmueble objeto de la controversia, el cual pertenece a Consorcio Barr, S.A., primero el terreno por haber sido adquirido según consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Municipio Chacao del Estado Miranda, el día 7 de febrero de 1991, bajo el N° 7, Protocolo Primero y segundo las bienhechurías construidas por Consorcio Barr, S.A., según se evidencia del documento de condominio del Conjunto “Four Seasons”, protocolizado ante la Oficina Subalterna del Registro del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 11 de junio de 1998, bajo el N° 49, tomo 17, protocolo primero, cuya modificación se realizó en fecha 4 de febrero de 1999, bajo el N° 1, tomo 6, protocolo primero. Se comisionó al Juzgado Distribuidor de Municipio Especializado en Ejecuciones de Medidas Preventivas y Ejecutivas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que practicase la medida decretada.
En fecha 11 de noviembre de 2004, se fijó oportunidad para el nombramiento de los peritos avaluadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 19 de noviembre de 2004, se realizó el acto de nombramiento de los peritos valuadores, en el cual ambas partes designaron sus respectivos peritos valuadores, a saber, por la parte actora se designó al ciudadano Alfredo Elias Benzecri Padilla, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-4.116.209, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el N° 26.618, por parte del intimado se designó al ciudadano Jesús Guillermo Roos Puche, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-1.137.432; debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros bajo el N° 5070, consignando carta de aceptación del cargo de ambos, respectivamente. Asimismo, el tribunal procedió a designar como perito avaluador a la ciudadana Katiuska Betancourt, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-12.954.543, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros bajo el N° 140.346, ordenando se libre la respectiva boleta de notificación a los fines de que comparezca a aceptar el cargo o se excuse del mismo.
Consta en la pieza N° II, en el folio trescientos cincuenta y cinco (355), oficio N° 432-04, emanado del Ministerio de Infraestructura, Dirección General de Inquilinato, en el cual informa que tomando en cuenta las referencias a inmuebles similares en el sector , así como los correctivos técnicos procedente, se estimó como canon de arrendamiento la cantidad de un millardo noventa y nueve millones trescientos doce mil setecientos sesenta y tres bolívares con setenta céntimos (Bs. 1.099.312.773,70), distribuyéndolo de la siguiente manera: primero: estacionamiento con 7187,98 mts2 la cantidad de treinta y seis millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho bolívares con setenta céntimos (Bs. 36.389.148,70), y segundo: área del hotel con 28.344,63mts2 la cantidad de un millardo sesenta y dos millones novecientos veintitrés mil seiscientos veinticinco bolívares con cero céntimos (Bs. 1.062.923.625,00).
En fecha 18 de enero de 2005, el juzgado cuarto de primera instancia de esta circunscripción judicial, en virtud de la resultas de la Dirección General de Inquilinato, y la diligencia realizada por los apoderados judiciales de la parte intimada en fecha 13 de enero de 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil fijó oportunidad a los fines de que se designen peritos avaluadores. En fecha 24 de enero de 2005, se realizó el acto de nombramiento de los peritos valuadores, en el cual ambas partes designaron sus respectivos peritos valuadores, a saber, por la parte actora se designó al ciudadano Alfredo Elias Benzecri Padilla, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-4.116.209, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el N° 26.618, por parte del intimado se designó a la ciudadana Delia Marina Escorcha de Charola, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-1.377.402, debidamente inscrita en el Colegio de Ingenieros bajo el N° 6.034, consignando carta de aceptación del cargo de ambos, respectivamente. Solicitando a su vez que se suspenda el procedimiento en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario; a lo cual se opuso la parte actora ya que el caso de marras no encuadra en los supuestos de la norma citada, siendo solo aplicada la norma en los casos de vivienda principal. Asimismo, el tribunal procedió a designar como perito avaluador al ciudadano Jesús Rojas Rosas, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-2.830.254, ordenando se libre la respectiva boleta de notificación a los fines de que comparezca a aceptar el cargo o se excuse del mismo.
En un sentido amplio y de acuerdo con su raíz etimológica, “depósito" es el hecho material de la entrega de una cosa en las manos de otro con la obligación de guardarla y restituirla. El depósito puede constituirse judicial o extrajudicialmente. Dicha entrega puede efectuarse por voluntad espontánea de la que da y del que recibe la cosa en depósito, como acontece en el depósito propiamente dicho, ser resultado de circunstancias apremiantes como ruina, incendio, saqueo, naufragio o cualquier otro imprevisto que determinan su colocación en un depositario ajeno al querer del depositante (depósito necesario), o ser ordenado por un juez con ocasión de un embargo o del aseguramiento de bienes litigiosos (depósito judicial). La entrega de la cosa se hace por inventario y a título de simple tenencia, para guardarla como un buen padre de familia y restituirla al ser requerido para ello. El depositante no se desprende del dominio que ejerce sobre ella. Esta tenencia no conlleva el uso o disfrute de la cosa sin el consentimiento de las partes, ni la facultad de arrendarla, darla en préstamo o empeñar la propia cosa o sus frutos, o vender éstos, sin previa autorización expresa del Tribunal, y obliga al depositario a perseguir ésta judicialmente si es desposeído de ella.
Respecto del ejecutado, el artículo 11° de la Ley sobre Depósito Judicial establece una excepción al permitirle al Tribunal nombrarlo depositario judicial en medidas de carácter preventivo que recaigan sobre muebles u objetos de su hogar o habitación legalmente embargables.
TERCERO: El demandado ejecutado CONSORCIO BARR, S.A. ha continuado en posesión ininterrumpida del inmueble por haberlo consentido el ejecutante y los órganos jurisdiccionales que hemos intervenido en el asunto. Así, en virtud de su posesión, se han verificado en este asunto una serie de actos procesales orientados a dar estricto cumplimiento a la fijación del canon que debe pagar el demandado por continuar ocupando el inmueble de conformidad con lo establecido en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo refiere de manera clara: “Si el ejecutado ocupare el inmueble, el Tribunal fijará la cantidad que debe pagar éste para continuar ocupándolo hasta el remate, ajustándose en lo posible a las disposiciones sobre regulación de alquileres. Los pagos se efectuarán por mensualidades anticipadas y en caso de incumplimiento el Tribunal ordenará la desocupación del inmueble y la llevará a cabo utilizando para ello la fuerza pública si fuere necesario.” Por ende, al ser potestad del tribunal realizar la fijación, considerando el tiempo transcurrido y las incidencias que pudieren suscitarse en este proceso, lo cual atenta contra el principio constitucional de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, acuerda de manera expresa que el demandado CONSORCIO BARR, S.A. deberá pagar el canon de arrendamiento fijado por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, mediante oficio N° 432-04, por la cantidad de un millón noventa y nueve mil trescientos doce bolívares fuertes con setenta y siete céntimos (BsF. 1.099.312,77) mensuales; desde el mes de noviembre de 2004, inclusive, hasta la presente fecha. Por la magnitud del monto, el demandado tendrá un lapso para su consignación por ante este tribunal de treinta (30) días hábiles bancarios, para tener derecho a continuar ocupando el inmueble. Las cantidades de dinero serán colocadas en una cuenta de ahorros que se ordenará abrir a tales efectos, sin perjuicio de las compensaciones a que hubiere lugar, una vez determinado por los peritos el definitivo canon que deba pagar el demandado, en virtud de la impugnación realizada por los abogados del CONSORCIO BARR, S.A y en aplicación de los establecido en el artículo 581 eiusdem. En este sentido, se ordena notificar a los peritos designados Alfredo Benzecri, Marina escorcha y Jesús Rojas, para que al segundo (2°) día de despacho siguiente, a la última de las notificaciones que de ellos se hiciere, a las 11:00 a.m., comparezcan al tribunal a informar el inicio de las actuaciones orientadas a establecer el canon que en definitiva será presentado al tribunal en la incidencia surgida. En caso de alguno de ellos no comparezca en la oportunidad fijada, será revocado su nombramiento, procediendo el tribunal a nombrar en su lugar otro auxiliar que desempeñe su función. Cúmplase.

References: artículo 662
 artículo 556
 artículo 537
 artículo 56
 artículo 11
 artículo 537
 artículo 581