Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00832-2009-AA.html
Timestamp: 2019-11-12 04:17:09+00:00

Document:
00832-2009-AA
EXP. N.° 00832-2009-PA/TC
ARANA YAMPI
1.En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento, como él sostiene en su demanda de amparo.
2.La demanda tiene por objeto que se disponga la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando como Asistente de archivo y logística en la empresa demandada, toda vez que sostiene haber sido víctima de un despido fraudulento, vulnerándose sus derechos al trabajo y al debido proceso.
3.En tal sentido, la controversia constitucional radica en determinar si la entidad demandada, al cursar las cartas de pre-aviso y de despido al actor, lo hizo observando el debido proceso, o si, por el contrario, al expedir las cartas cuestionadas, lesionó este derecho. Efectuada esta precisión, se habrá de comenzar por evaluar la lesión del derecho de defensa, toda vez que forma parte del derecho al debido proceso.
5.Es así que el derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés.
6.Sobre el particular, a fojas 14 y 140 obran las cartas de pre aviso y de despido, respectivamente, mediante las cuales se le imputa al recurrente el incumplimiento de las obligaciones de trabajo con el correspondiente quebrantamiento de la buena fe laboral, la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo, artículo 38, incisos a), d), f), i), j), l), o), u) y v), grave indisciplina y el daño intencional ocasionado en los bienes y actividades económicas contra el SUB CAFAE, faltas graves previstas en los incisos a), f) y g) del artículo 25 del Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
7.Sin embargo, luego que la empresa demandada le notificara al recurrente la carta notarial de pre- aviso, de fecha 14 de enero de 2008, donde se le hace de conocimiento la comisión de la falta grave, otorgándole el plazo previsto de acuerdo a ley para que efectúe el descargo correspondiente (que no realizó), el recurrente se apersonó a su centro de trabajo con fecha 18 de enero de 2008, pero se le impidió el ingreso, conforme se aprecia en el acta de verificación de despido arbitrario y con el Informe N.º 011-2008-INSP-ZTPE-LC, de fechas 18 y 21 de enero, respectivamente, obrantes de fojas 19 a 25; posteriormente, la demandada, mediante la carta notarial de fecha 24 de enero de 2008, manifestó su voluntad de dar por extinguida la relación laboral con el actor.
8.Debido a ello se concluye que, al haberse restringido el ingreso del actor a su centro de labores el 18 de enero de 2008, pese a mantener aún una relación laboral con la demandada (dado que la carta de despido es posterior) y, no obstante, contar aún con un plazo para ejercer su derecho de defensa respecto a los cargos imputados, se vulneró su derecho al debido proceso, y a seguir el procedimiento de despido previamente establecido en la ley; por lo que se debe estimar la demanda.
9.Asimismo, obra a fojas 12 de autos la carta de fecha 11 de enero de 2008, mediante la cual el recurrente comunica a la emplazada que EsSalud le autoriza descanso médico por incapacidad temporal para el trabajo por un tiempo de ocho días, desde el 10 hasta el 17 de enero de 2008, adjuntando para ello el certificado de incapacidad temporal para el trabajo de fecha 10 de enero de 2008; sin embargo, como se desprende de la carta notarial de pre-aviso, obrante a fojas 14, la propia emplazada manifiesta que el recurrente solicitó permiso por salud para el día 10 de enero y que le fue denegado, declarándose improcedente su solicitud. Posteriormente, la empresa demandada cursa carta de pre-aviso de despido, y luego carta de despido, fundadas en la causal de abandono del centro de trabajo, pese a conocer de la solicitud de licencia por enfermedad hecha por el recurrente y del certificado médico de EsSalud que probaba la enfermedad o incapacidad parcial para laborar durante los días de ausencia al trabajo.
VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS Y ETO CRUZ
Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Rolando Arana Yampi contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 467, su fecha 12 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:
1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, consideramos que en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento, como él sostiene en su demanda de amparo.
3. En tal sentido, estimamos que la controversia constitucional radica en determinar si la entidad demandada, al cursar las cartas de pre-aviso y de despido al actor, lo hizo observando el debido proceso, o si, por el contrario, al expedir las cartas cuestionadas, lesionó este derecho. Efectuada esta precisión, hemos de comenzar por evaluar la lesión del derecho de defensa, toda vez que forma parte del derecho al debido proceso.
4. El derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el artículo 139, inciso 14, de nuestra Constitución, y constituye un elemento del derecho al debido proceso. Según lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos [STC 1231-2002-HC/TC].
8. Debido a ello concluimos que, al haberse restringido el ingreso del actor a su centro de labores el 18 de enero de 2008, pese a mantener aún una relación laboral con la demandada (dado que la carta de despido es posterior) y, no obstante, contar aún con un plazo para ejercer su derecho de defensa respecto a los cargos imputados, se vulneró su derecho al debido proceso, y a seguir el procedimiento de despido previamente establecido en la ley; por lo que se debe estimar la demanda.
9. Aunado a ello, obra a fojas 12 de autos la carta de fecha 11 de enero de 2008, mediante la cual el recurrente comunica a la emplazada que EsSalud le autoriza descanso médico por incapacidad temporal para el trabajo por un tiempo de ocho días, desde el 10 hasta el 17 de enero de 2008, adjuntando para ello el certificado de incapacidad temporal para el trabajo de fecha 10 de enero de 2008; sin embargo, como se desprende de la carta notarial de pre-aviso, obrante a fojas 14, la propia emplazada manifiesta que el recurrente solicitó permiso por salud para el día 10 de enero y que le fue denegado, declarándose improcedente su solicitud. Posteriormente, la empresa demandada cursa carta de pre-aviso de despido y, luego, carta de despido, fundadas en la causal de abandono del centro de trabajo, pese a conocer de la solicitud de licencia por enfermedad hecha por el recurrente y del certificado médico de EsSalud que probaba la enfermedad o incapacidad parcial para laborar durante los días de ausencia al trabajo.
10. En este punto, consideramos oportuno recordar que, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del derecho a la salud y su cualidad de derecho fundamental, considerando que éste se erige como uno de los presupuestos esenciales para el ejercicio de los demás derechos fundamentales (STCs N.os 3330-2004-AA; 3208-2004-AA; 3599-2007-AA y 2480-2008-AA); siendo que su goce y disfrute efectivo no puede verse recortado o restringido con motivo de la presencia de una relación laboral. Es así que en el centro de trabajo existe, por parte del empleador, una serie de obligaciones en lo atinente a la seguridad e higiene de las instalaciones laborales, así como la obligación de respetar o no atentar contra la salud de los trabajadores; obligación que, en el presente caso, se debió concretar en el hecho de permitir el descanso al trabajador recurrente, tratándose de un motivo de salud, máxime si el mismo había sido debidamente comprobado por la autoridad sanitaria correspondiente. Estimamos que no se puede admitir, bajo ningún punto de vista, que se le exija al trabajador escoger entre la preservación de su salud y la preservación de su puesto de trabajo, como parece que era la única opción que se le dejó al recurrente en el presente caso. El ejercicio del derecho a la salud no puede significar, en modo alguno, en las circunstancias descritas, la pérdida del puesto de trabajo ni la restricción de derechos fundamentales, sobre todo cuando el ejercicio del aludido derecho se hallaba, como ya dijimos, debidamente acreditado; por lo que, en este extremo, se debe estimar también la demanda, por haberse vulnerado los derechos a la salud y al trabajo del recurrente.
11. Finalmente, debemos llamar la atención sobre un tema de especial cuidado por parte de los jueces constitucionales al momento de tramitar los procesos constitucionales. Como se advierte a fojas 296 de autos, obra la resolución N.º 15, de fecha 19 de mayo de 2008, del Juzgado Mixto de Wanchaq, que declaró fundada la demanda; sin embargo, a fojas 365, de fecha 31 de julio de 2008, obra la resolución N.º 25 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que ordenó la nulidad de la resolución del Juzgado Mixto de Wanchaq y dispuso que éste emita una nueva resolución, la cual se emitió en base a las consideraciones establecidas por la Sala, declarando improcedente la demanda; la que finalmente conoció nuevamente el caso, procediendo a declarar, por segunda vez, improcedente la demanda. Como puede observarse, ha existido aquí una duplicidad de esfuerzos en la actividad jurisdiccional, con la consecuente demora en la impartición de justicia, situación que pudo ser perfectamente evitable de haber procedido la Sala a revocar desde un inicio la resolución del juez a quo y pronunciarse por la desestimación o improcedencia de la demanda, según lo considerase, pero no devolviendo el expediente a primera instancia para la expedición de una nueva resolución. Aun cuando puede ser aceptable la decisión de la Sala, desde un punto de vista estrictamente formal, dicha decisión no se aviene, en modo alguno, con el carácter antiformalista que poseen los procesos constitucionales y con su naturaleza de tutela urgente, en los cuales reiteradamente ha hecho énfasis el Tribunal Constitucional, como principios de interpretación de las normas procesales constitucionales.
12. Por lo expuesto, estimamos pertinente, aun cuando el artículo 139.2º de la Constitución garantiza la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, invocar a los miembros de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco guardar mayor celo en el desempeño de la actividad jurisdiccional, a efectos de no dilatar innecesariamente el trámite de los procesos constitucionales.
1. La demanda se declara fundada porque la mayoría considera que se habría afectado el derecho al debido proceso del demandante, específicamente, su derecho de defensa, debido a que no se le permitió ingresar a su centro de trabajo cuando aún éste no había sido despedido.
2. Sobre el particular, debo precisar que, efectivamente, el criterio asumido por la mayoría es cierto: el demandante fue impedido de ingresar a su centro de trabajo antes de que fuera despedido, pero incompleto, porque omite señalar que durante la tramitación del presente proceso (antes de que se emitiera sentencia de primer grado) se le notificó al demandante la carta de despido.
Este dato fáctico, a mi juicio, genera dos hipótesis de resolución de la demanda. La primera hipótesis, es que ésta sea declarada improcedente, porque la violación al derecho al trabajo ya ha cesado, por cuanto la prohibición de ingreso del demandante a su centro de trabajo se encuentra sustentada en la carta de despido. Y la segunda hipótesis es que, conforme al segundo párrafo del artículo 1º del CPConst., en forma innovativa, se declare fundada la demanda y se ordene a la parte emplazada que, en el futuro, cuando inicie un procedimiento de despido disciplinario, no le impida al trabajador procesado el ingreso a su centro de trabajo hasta que no le notifique la carta de despido, salvo que lo haya exonerado de su obligación de asistir al centro de trabajo.
Pues bien, en la ponencia de autos, ninguna de las dos hipótesis antes planteada se ha plasmado, motivo por el cual no la suscribo. Además, considero que no se ha afectado el derecho de defensa, pues al demandante se le prohibió el ingreso a su centro de trabajo, mas no de que presente su carta de descargo. En todo caso, el demandante ejercicio su derecho de defensa de acuerdo a sus intereses, ya que, en vez de presentar su carta de descargo, optó por plantear la demanda de autos.
3. De otra parte, considero que el análisis de las faltas imputadas al demandante para sustentar su despido también es incompleto, pues de la lectura de los fundamentos 9 a 11, puede advertirse que lo que se pretende tutelar es el derecho a la salud del demandante, y que en todo caso, el despido del demandante se produjo únicamente porque éste hizo ejercicio de su derecho a la salud.
Estimo que el análisis de las faltas imputadas es incompleto, porque de la lectura de las cartas de preaviso y de despido, obrantes de fojas 14 a 16 y de 140 y 142, respectivamente, puede apreciarse que las faltas imputadas por las que se le despidió al demandante son las siguientes:
a. Haberse negado a entregar el cargo de Asistente de archivo y logística dentro del plazo dispuesto.
b. No se presentó el 7 de enero de 2008 en las instalaciones de la Agencia Quillabamba, a efectos de recepcionar el cargo de Promotor.
c. Sin autorización procedió a viajar a la ciudad de Cusco, abandonando su puesto de trabajo los días 10 y 11 de enero.
d. Haberse retirado de la Agencia Quillabamba sin haber tomado las mínimas medidas de seguridad, pues dejó abierta la puerta de madera de la agencia.
e. Haber ocasionado intencionalmente a la Agencia Quillabamba una perdida diaria de S/. 9,153.31 nuevos soles en colocaciones de préstamos, por haber abandonado su puesto de trabajo los días 10 y 11 de enero, y no haber dejado las llaves de la agencia a ningún otro trabajador para que pueda asistir a trabajar esos días.
4. Del recuento de las faltas imputadas que sustentan el despido, puede advertirse que éstas no están relacionadas únicamente con el ejercicio del derecho a la salud del demandante, por el contrario, tienen otras connotaciones que no pueden ser evaluadas mediante el proceso de amparo, como por ejemplo, la pérdida económica provocada a la Agencia Quillabamba. Esta imputación debe ser dilucidada en la vía laboral ordinaria por contar con etapa probatoria.
Además, en el presente caso existe más de un hecho controvertido que requiere de la actuación de medios probatorios para resolver la demanda con certidumbre. Así, tenemos que la parte demandada demuestra con el acta de constatación notarial, obrante a fojas 179 y las fotos, obrantes de 177 a 178, que el demandante durante los días 10 y 11 de enero de 2008 dejó abierta la puerta de la Agencia Quillabamba. Mientras que el demandante en sus escritos obrantes en autos manifiesta que nunca dejó abierta la puerta de la Agencia Quillabamba.
A ello, debe sumársele que no puede determinarse con certeza si el demandante cometió, o no, la falta consistente en no haber entregado el cargo de Asistente de archivo y logística dentro del plazo dispuesto. Ello debido a que en autos existen documentos que ponen en evidencia, que el demandante tuvo la intención de entregar el cargo de Asistente de archivo y logística dentro del plazo, pero que en la entidad emplazada, el funcionario encargado de ello se negó a recibirlo, y que por eso lo entregó después del plazo.
Por las razones detalladas, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda.
Con el debido respeto por el voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, en la presente causa me adhiero al voto del magistrado Mesía Ramírez, toda vez que, por los fundamentos que expone, también considero que la presente demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE.
VOTO DIRIMENTE MAGISTRADO CALLE HAYEN
Viene a mi Despacho, para dirimir la causa seguida por don Carlos Rolando Arana Yampi contra el Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco / Sub Cafae-Cusco, sobre proceso de Amparo; siendo así, debo señalar que me aúno al voto emitido por mis colegas Mag. Ricardo Beaumont Callirgos y Gerardo Eto Cruz, por concordar con los fundamentos y fallo que el mismo contiene.

References: artículo 38
 artículo 25
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 1