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Timestamp: 2019-06-27 01:56:48+00:00

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¿La última reforma de la Ley de Bases del Régimen Local? · Noticias Jurídicas
01/09/2007 04:00:00 | ADMINISTRACIÓN LOCAL
No podemos dejar de comentar, a pesar de que podría pasar desapercibida, la DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Suponemos que se trata de la última reforma de la veinteañera LBRL, antes de su sustitución por la dicen que inminente Ley Básica del gobierno y la administración local… Si bien nunca se sabe, ya que hace poco “sufrimos” la Disposición Adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (“Funcionarios con habilitación de carácter estatal”), e igualmente parecían “definitivas” las reformas de 2003 (Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales; y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Dicha disposición adicional novena reza ab initio: “Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Se modifican los siguientes artículos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, que quedan redactados en los términos siguientes…”
A continuación insertaremos el texto antiguo seguido del nuevo de los preceptos modificados o añadidos, acompañando un análisis comparativo entre ambos textos.
1. La modificación del artículo 22.2.
“ Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto 1 , las siguientes atribuciones:”
c. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística 2 .
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística , así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos 3 .
La referencia a “los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”, hay que entenderla, a nuestro juicio, en dos sentidos:
1º Se pretende significar expresamente la importancia práctica del “convenio urbanístico”.
2º Los acuerdos de alteración de los instrumentos urbanísticos, mucho más habituales en la práctica que los de nueva aprobación, son obviamente de la competencia, del mismo órgano.
o. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
1. Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.
2. Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes 4 .
o) Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles.
Se pretende una simplificación formal que atribuye la competencia al Pleno respecto de todas las enajenaciones de bienes cuyo valor supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, clarificando en este punto el reparto de competencias entre el Alcalde y el Pleno. Al mismo tiempo, corresponderán al Pleno las permutas sobre inmuebles, lo cual sin duda trata de aumentar el control sobre esta peculiar forma de enajenación y adquisición de inmuebles, que como sabemos precisa del cumplimiento de diversos requisitos que no siempre se verifican correctamente 5 .
2. La adición de un nuevo artículo 70 ter.
Dentro del apartado “Información y participación ciudadanas” (arts. 69 a 72 LBRL), se añade ex novo el siguiente artículo (el 70 ter de la Ley):
La novedad del precepto es menor de lo que pudiera parecer, ya que procede de la normativa urbanística (es tradicional en nuestro derecho urbanístico el principio de publicidad de los instrumentos de planeamiento y gestión), y a lo sumo, su “aportación” viene dada por:
Su ubicación por primera vez en la normativa sobre régimen local (si bien a nuestro juicio podría entenderse incluido, por extensión, dentro del apartado de derechos de los ciudadanos contenido en los artículos 18 de la LBRL y 35 de la LRJPAC).
La alusión a la publicación por medios telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
La aplicación del principio de transparencia respecto de los expedientes urbanísticos que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo .
Este apartado del art. 75 disponía 6 :
Ambas declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Los miembros de las corporaciones locales que consideren, en virtud de su cargo, amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar las declaraciones de intereses a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, ante el secretario de la diputación provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en un Registro Especial de Intereses, creado a estos efectos en aquellas instituciones 7 .
En este supuesto, los miembros de las corporaciones locales aportarán al secretario de su respectiva corporación mera certificación simple y sucinta acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo 8 .
A continuación, en el nuevo texto vigente señalamos las novedades en negrita (salvo las meramente terminológicas, que no afectan al contenido):
Los representantes locales , así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local , formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades .
Sistematizando las novedades, podemos señalar:
- Se efectúa una referencia expresa a “ los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local ”, ya que como sabemos, en determinados municipios pueden ser miembros de este órgano colegiado necesario, y como tales deben efectuar las declaraciones sobre bienes e incompatibilidades que exige la Ley.
- Se extiende la clásica “ declaración de sus bienes patrimoniales” a la participación en sociedades de todo tipo, requiriéndose además información de las sociedades por aquellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Sin duda la reforma trata de acotar todas las posibilidades existentes en cuanto a “actividades ilícitas”, ya que la mera declaración de bienes patrimoniales resulta insuficiente. El principio de transparencia exige información adicional, en especial la fiscal y la relativa a la participación en sociedades, en relación con los artículos 20 del TRLCAP, 78 de la LBRL, 178 de la LOREG, y 28 de la LRJPC, así como la LI (Ley 53/84) y el Título XIX del Código Penal.
- Se introduce una norma adicional de publicidad (“anual” y “de legislatura”): “ Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”.
- Se crean sendos Registros de intereses, los cuales tendrán carácter público:
La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.
- Los dos últimos párrafos, mantienen esencialmente el contenido incorporado por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado 9 .
Se trata de un nuevo precepto relativo al régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales y otro personal al servicio de las Entidades locales (a los cuales se hacen extensivas algunas de las consideraciones y limitaciones ya analizadas), que dispone literalmente:
val@picanya.org
1 La “negrita” se ha añadido por la Ley de suelo.
2 Texto vigente hasta el 1 de julio de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
3 La “negrita” se ha añadido por la Ley de suelo.
4 Texto vigente hasta el 1 de julio de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
5 Véase el art. 112.2 del Reglamento de Bienes.
6 Texto vigente hasta el 1 de julio de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
7 Redacción según Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
8 Redacción según Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
9 El aludido precepto dispone literalmente:
1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3 , no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades.
4. Las personas que hubiesen desempeñado alguno de los altos cargos comprendidos en el artículo 3 deberán efectuar, durante el período de dos años a que se refiere el primer apartado de este artículo, ante la Oficina de Conflictos de Intereses prevista en el artículo 15 , declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.

References: artículo 22
 artículo 70
 artículo 8
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 15