Source: http://www.votocatolico.co/2015_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-11-23 01:51:10+00:00

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Voto Católico Colombia: mayo 2015
“Corte ni Congreso deben definir cuánto tiempo vive una persona”: Iglesia
(CEC) Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró una vez más que ni la Corte, ni el Congreso deben decidir sobre la vida de un ser humano.
Estas declaraciones fueron dadas por el arzobispo de Tunja a la cadena Radial RCN, luego de la decisión en la que ha instado al Congreso a regular los tiempos de gestación para interrumpir voluntariamente el embarazo.
"La Iglesia está totalmente en contra del aborto. Tampoco estamos interesados en que regulen hasta cuando sí, hasta cuando no, hasta cuándo se puede dejar vivir a una persona y de cuándo para acá se puede matar lícitamente. No es un Congreso ni una Corte los que definen hasta cuánto puede vivir una persona y cuando se le puede quitar la vida", aseguró.
Monseñor Castro Quiroga advirtió que la Corte Constitucional va en contravía del derecho a la vida y al derecho a la libertad religiosa.
"Mientras que se está luchando por frenar la matazón que hay en Colombia por la guerra, se introduce otra matanza de seres humanos ya aprobada por la Corte Constitucional, eso no tiene sentido porque la vida es la vida y hay que respetarla en todas las circunstancias", añadió.
La Corte Constitucional instó al Congreso de la República para que expida una regulación frente al tiempo límite en el cual las Entidades Prestadoras de Salud deben realizar el procedimiento de Interrupción Voluntaria de Embarazo dentro de las tres causales despenalizadas.
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ALERTA: Proyecto de feminicido que incluye cátedra de género, a último debate en plenaria de la Cámara
El pasado 5 de mayo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 217 de 2014 Cámara - 107 de 2013 Senado que crea el “feminicidio” como tipo penal y establece otras disposiciones, entre las cuales ordena la inclusión de la Ideología de Género en la educación preescolar, básica y media:
Artículo 10°. Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación Nacional dispondrá lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, básica y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva de género y las reflexiones alrededor de la misma, en el marco del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes. Dicha incorporación será realizada a través de proyectos pedagógicos transversales basados en principios de interdisciplinariedad, intersectorialidad, e interinstitucionalidad.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional, establecerá e implementará los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación del enfoque de género en los proyectos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual deberá entregar un informe anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia y a las autoridades que lo requieran.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de reglamentación que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media.
El proyecto fue aprobado con ponencia positiva de la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que mantuvo la redacción de este artículo en su ponencia, a pesar de haber hecho campaña al Congreso planteando oposición al lobby LGBT y defensa de la familia.
Ya sólo resta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para que el proyecto se convierta en ley de la República. Se trataría de la segunda ley, junto a la ley 1620 (Antimatoneo) que ordena a las instituciones educativas la inclusión de la Ideología de Género en los proyectos educativos.
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Mons. Córdoba rectifica y aclara lo dicho en el foro sobre uniones homosexuales
(CEC) El obispo de Fontibón y presidente de la comisión episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, aclaró que sus declaraciones realizadas en un foro académico acerca de la comunidad homosexual "no han tenido la intención de controvertir o modificar" la "sólida e inamovible posición moral" de la Iglesia.
A través de una nota aclaratoria, el prelado pidió disculpas "a quienes pudieron sentirse escandalizados o heridos por estas lamentables expresiones a las que no puede dárselas ningún valor teológico o moral".
Recordó su acogimiento pleno y firme con la doctrina moral de la Iglesia Católica y reconoció que el homosexualismo es una tendencia "objetivamente desordenada".
Con base al Catecismo de la iglesia, el prelado ha dicho que "los actos homosexuales son también intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural".
Explicó que este reconocimiento y adhesión a la doctrina no significa que la iglesia no tenga respeto por la comunidad LGBTI. "Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres sea cual sea su condición (...) toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado", manifestó el prelado.
A continuación, la Nota Aclaratoria
Etiquetas: Doctrina de la Iglesia, Familia, Fe, Iglesia, Medios, Noticias, Pecado, Uniones Homosexuales
(Aceprensa) Una niña paraguaya de 10 años, violada por el compañero de su madre, está embarazada de cinco meses. Este caso extremo y dramático se convierte en la bandera de una campaña del lobby abortista para denunciar la irracionalidad de la legislación que impide la interrupción voluntaria del embarazo.
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El Ministerio de Salud ha publicado la resolución 1216 de 2015 con la cual reglamenta la práctica de la eutanasia en Colombia, según se lo había ordenado la Corte Constitucional en la sentencia T-970 de 2014. En la resolución el Ministerio de salud prohíbe taxativamente que las instituciones de salud objeten la práctica de la eutanasia, y obliga a que todas las instituciones de salud tengan médicos no-objetores en su planta. Ante esta violación de la Libertad Religiosa, la Iglesia aseguró que tomará todas las medidas del caso, pero que en ninguna situación los hospitales de la Iglesia se harán cómplices de la práctica, antes, la Iglesia está dispuesta a cerrar todos sus hospitales.
De concretarse esa situación, la catástrofe en el sistema de salud sería inevitable. Por eso todos los medios de comunicación, al servicio del régimen liberal, han lanzado todas sus huestes en contra de la Iglesia, y lo han hecho, acudiendo a la más absurda de las argumentaciones posibles: que la Iglesia pretende imponer sus creencias a los demás. Tal afirmación tan ridícula, es en realidad la principal señal con que se nos presenta en toda su crudeza el totalitarismo de cuarta generación, heredero de la teocracia calvinista, el terror jacobino, y el comunismo, enarbolando la bandera de los “derechos humanos”.
Parece contradictorio, pero es la pura realidad: Los derechos humanos se han venido convirtiendo en un mecanismo para restringir las libertades y los mismos derechos humanos previamente concedidos. En el caso de la eutanasia es muy clara esta transformación en nombre del “derecho a la muerte digna”. En la sentencia C-239 de 1994, la Corte declaró exequible el artículo 326 del Código Penal en que castiga el “homicidio por piedad”, “con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada”. Se trató de una mera despenalización de la práctica, cuando tal ocurriese, pero en ningún caso establece la obligación del médico de realizar la práctica solicitada por el paciente. Por el contrario, en la sentencia T-970 de 2014, la sala de revisión de la Corte, estableció que cuando un paciente “(i) padezca una enfermedad terminal que le produzca sufrimiento y que (ii) manifieste su voluntad de provocar su muerte, (iii) deberá practicársele algún procedimiento médico, normalmente eutanasia, realizado por un profesional de la salud, que garantice su derecho a morir dignamente”. Es decir que el “derecho a la muerte digna”, pasa de ser un derecho subjetivo, un mecanismo de protección de la libertad individual, a ser una fuente de obligaciones para el Estado o la sociedad, a plegarse a la voluntad subjetiva del solicitante.
El “derecho a la eutanasia” se traduce entonces en el “derecho a obligar al médico a provocar la muerte de su paciente”, y por extensión a la institución de salud a cobijar la práctica. No hacerlo es violar los derechos del paciente, poco importa que el médico o la institución de salud, hayan tomado esa vocación con el propósito de salvar vidas y no de quitarlas. Los liberales alegan que la Iglesia está queriendo imponer su doctrina al resto de la sociedad, cuando la realidad es todo lo contrario, son ellos quienes quieren obligar a los católicos a hacerse cómplices del homicidio y cooperar con el pecado. Con esta resolución, los médicos, los hospitales, la Iglesia Católica, quedan obligados a matar.
Pero además, el argumento que expresan los progresistas de que “la eutanasia es para quien la solicite, no para todos” es también falaz, pues bajo esta resolución los pacientes también se encuentran en peligro de ser “obligados a morir”, todo bajo la montaña de eufemismos construida por el lobby eutanásico. En la sentencia C-239 de 1994 se llamó “homicidio por piedad”. Pero evidentemente que el segundo término no alcanza a limpiar el carácter negativo del primero, así es que empezaron a hablar de “eutanasia” (“buena muerte”), y así se encuentra en la sentencia T-970 de 2014. Pero la gente ya conoce de lo que se trata la eutanasia, así es que la resolución del MinSalud sólo habla de “muerte digna”. Todo para evitar referirse de forma clara al procedimiento en cuestión: la inyección letal.
En este orden, al tenor de la resolución 1216 de 2015, tal parece que para el Ministerio de Salud, morir con dignidad es morir asesinado por el médico, mientras que la muerte natural es “muerte indigna”. Parece una exageración ridícula, pero no lo es. Para la resolución, si un paciente dice que quiere una muerte digna, el médico debe interpretar eso como que el paciente está pidiendo la inyección letal. Así es que ya nadie está a salvo, como bien lo refleja la caricatura de Luc Tesson.
Etiquetas: Bioética, Cultura, Derechos Humanos, Editorial, eutanasia, Iglesia, Justicia, Libertad Religiosa, Pecado, Vida

References: Artículo 10
 resolución 
 resolución 
 artículo 326
 resolución 
 resolución 
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