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Timestamp: 2019-05-20 04:58:59+00:00

Document:
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 28.320, 26-02-2009 | Iberley
ART. 186, 188, 195 NF2/2005
SANCIÓN. IRPF 2006. FALTA DE MOTIVACIÓN.
No procede apreciar la falta de motivación alegada, teniendo en cuenta el motivo por el que se impuso la sanción, y ante la falta de presentación de alegaciones a la propuesta de sanción.
SESIÓN: 26 de Febrero de 2009
RESOLUCIÓN: 28.320
En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTA por el Tribunal Económico-Administrativo Foral la reclamación número 2008/0117 interpuesta por Dª. **********, con DNI **********, contra el Acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 29 de enero de 2008, por el que se impone la sanción en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006.
ÚNICO.- Con fecha 11 de marzo de 2008 se interpuso la presente reclamación mediante un escrito en el que la parte reclamante muestra su disconformidad con el acto impugnado y solicita la anulación de la sanción impuesta, por carecer totalmente de motivación la resolución por la que se impone. Y cita en apoyo de su pretensión una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 13 de junio de 2001, que resuelve que en virtud de la exigencia de motivación que impone a la Administración la Ley General Tributaria, el acuerdo de imposición de sanción debe reflejar todos los elementos que la justifican, sin que la mera referencia al precepto legal que se supone infringido, sin contemplar la concreta conducta del sujeto o su grado de culpabilidad, sea suficiente para dar cumplimiento a las garantías del procedimiento sancionador.
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la presente reclamación se impugna el Acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 29 de enero de 2008, por el que se impone la sanción en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que dentro del plazo establecido al efecto la parte reclamante presentó su declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006, en modalidad ordinaria y tipo de tributación individual, resultando un importe a ingresar de 3.131,80 euros.
Mediante el Acuerdo adoptado con fecha 30 de octubre de 2007 por el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos, se procedió a practicar una liquidación provisional por el citado impuesto y ejercicio, como consecuencia de la no inclusión en la declaración de determinados rendimientos del trabajo y del capital mobiliario, por la cuantificación incorrecta de ciertos rendimientos negativos del capital mobiliario derivados del rescate de un seguro de vida, así como por la aplicación incorrecta de la deducción por inversión en vivienda habitual, resultando de todo ello una cuota diferencial positiva superior a la declarada, que da lugar a un importe final a ingresar de 2.207,58 euros.
Asimismo, y simultáneamente a la liquidación mencionada, el propio Servicio de Gestión de Impuestos Directos inició un expediente sancionador por infracción tributaria, que tiene además el carácter de propuesta de resolución, en el que se indicaba la procedencia de una sanción por dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria u obtener indebidamente devoluciones. Ante la ausencia de alegaciones contra esta propuesta dentro de los 15 días a partir del día siguiente a la recepción de la misma, se entendió producida la notificación de la sanción, tal y como se indicaba en el propio documento de inicio del expediente sancionador.
Con fecha 30 de noviembre de 2007, la parte reclamante interpuso recurso de reposición contra la referida liquidación provisional que fue parcialmente estimado mediante el Acuerdo dictado por el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos con fecha 29 de enero de 2008, resultando una cuota tributaria de 5.049,77 euros, que una vez minorada en la cantidad de 5.387 euros ya ingresada, arroja un exceso a devolver de 337,23 euros. Por otra parte, en idéntica fecha, el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos dictó el Acuerdo ahora impugnado, estimando en parte el recurso de reposición contra el expediente sancionador iniciado en relación con la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006, que considera interpuesto por la reclamante al interponer recurso de reposición contra la citada liquidación provisional, modificando la sanción de acuerdo con la nueva liquidación provisional resultante del citado recurso de reposición.
CUARTO.- Se cuestiona en la presente reclamación la procedencia de la sanción impuesta derivada de la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006, alegando falta de motivación de la resolución por la que se impone la misma.
En relación con las infracciones y sanciones, la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece en su artículo 188 que son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Norma Foral o ley. El artículo 186 de la misma Norma Foral dispone que serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 3 del artículo 35 que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las Normas Forales o en las leyes.
Asimismo, por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la mencionada Norma Foral 2/2005, constituye infracción tributaria la conducta consistente en dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo cuando se produce una determinada situación que no es de aplicación en el presente supuesto, añadiendo que la base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción y que la citada infracción tributaria será sancionada con multa pecuniaria proporcional del 50 por 100 de la cuota tributaria.
En el caso que nos ocupa, y como consecuencia, de haber confeccionado incorrectamente la declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006, resulta que la reclamante, sujeto pasivo de dicho impuesto, dejó de ingresar parte de la deuda tributaria, actuación que, de acuerdo con la normativa señalada en el párrafo anterior, constituye un supuesto de infracción tributaria.
No obstante, la reclamante, sin cuestionar la procedencia de la liquidación practicada de la que se deriva la sanción, solicita la anulación de ésta, alega en esta instancia que la resolución por la que se impone la sanción carece totalmente de motivación, y en apoyo de su pretensión, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 13 de junio de 2001, que hace referencia a la necesidad de motivación de las sanciones.
A este respecto debe tenerse en cuenta que, en efecto, la imposición de sanciones requiere junto al requisito objetivo señalado, la existencia de una conducta infractora en los términos del referido artículo 188, según el cual son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia. Debe señalarse, en este sentido, que de acuerdo con jurisprudencia asentada, que parte de la Sentencia 76/1990 del Tribunal Constitucional, de 26 de abril, no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias, sino que en dicho artículo 188 de la Norma Foral General Tributaria sigue rigiendo el principio de culpabilidad en la imposición de sanciones, bien sea por vía de dolo, que implica consciencia y voluntariedad, o por vía de culpa o negligencia, que exige la omisión de cautelas, precauciones o cuidados de una cierta entidad, o la no adopción de las medidas precisas para evitar un resultado antijurídico previsible. Dicho de otro modo, el referido principio de culpabilidad excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente, estableciéndose en la norma una serie de supuestos que excluyen la responsabilidad del obligado tributario.
En cuanto a la culpabilidad hay que indicar asimismo que el artículo 184 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece en su apartado 1 que las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 3 del Artículo 35 de esta Norma Foral podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos, y que la actuación de los obligados tributarios se presume realizada siempre de buena fe. Por lo tanto, corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. En este sentido, existen numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo, a los que precisamente hace referencia el propio Tribunal Supremo en sentencia de 16 de julio de 2002, en la que recuerda el consolidado criterio jurisprudencial, según el cual, toda la materia relativa a infracciones tributarias, como inscritas en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, ha de resolverse desde la perspectiva de los principios de culpabilidad y tipicidad, y en la que señala que la tendencia jurisprudencial ha sido la de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. A esta misma tendencia se refiere también la Audiencia Nacional en la más reciente sentencia de 23 de julio de 2007.
Pues bien, en el caso que nos ocupa la reclamante no ha alegado en ningún momento que su actuación se debiera a una interpretación razonable de la normativa aplicable, ni tampoco este Tribunal considera, a la vista de la liquidación de la que se deriva, que pueda entenderse que la no inclusión de rendimientos y la incorrecta aplicación de deducciones en que se concreta la liquidación de la que se deriva la sanción obedezca a una interpretación de la normativa. Es por ello que, a juicio de este Tribunal, se trata, cuando menos, de una falta de diligencia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, que le vienen exigidas por su condición de sujeto pasivo del Impuesto, por lo que se ha producido, al menos, uno de los elementos que definen la culpabilidad, cual es el que la doctrina denomina como "infracción del deber de cuidado", que resulta exigible al autor, y que se produce en aquellos supuestos en los que la prestación ha quedado por debajo de lo normalmente exigible y que permite que el hecho antijurídico pueda reprocharse al autor, aunque sea en grado de negligencia.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la reclamante no presentó alegaciones ante la propuesta de sanción ni tampoco recurso de reposición contra la sanción, cabe añadir para terminar que, dado el motivo que ha dado lugar a la regularización de la que se deriva la sanción impugnada, difícilmente pudo apreciar tampoco el Servicio de Gestión que existiera alguna causa para excluir la responsabilidad. Sobre esta cuestión cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2004, en la que indica que «corresponderá al administrado la carga de acreditar aquellos elementos de descargo que, por no haber sido apreciados de oficio, conlleven una declaración de no existencia de responsabilidad administrativa».
Asimismo podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 10 de marzo de 2008, en la que se alega por parte del recurrente la ausencia de culpabilidad, y el Tribunal señala que desde el punto de vista de la culpabilidad basta una culpa leve derivada del propio incumplimiento de las normas tributarias y que, al haberse acreditado el hecho típico recogido en el artículo 79 de la Norma Foral General Tributaria puede entenderse enervada la presunción de inocencia que se reconoce a los recurrentes.
En consecuencia con todo lo expuesto, no siendo encuadrable el caso que nos ocupa en ninguno de los supuestos que excluyen la responsabilidad, no cabe sino confirmar la procedencia de la imposición de la sanción por infracción tributaria grave, al apreciarse el elemento de culpabilidad siquiera en el grado de simple negligencia.
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2008/0117 interpuesta por Dª. **********, con DNI **********, confirmando el Acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 29 de enero de 2008, así como la sanción derivada de la liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006.
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 27.761, 31-01-2008

References: resolución 
 resolución 
 artículo 188
 artículo 186
 artículo 35
 artículo 195
 resolución 
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 184
 Artículo 35
 artículo 79

Resolución