Source: http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2018-07-11&d2=2018-11-08&item=124609
Timestamp: 2019-12-10 04:39:59+00:00

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¿Cuáles son los requisitos para que una persona mayor de edad transexual pueda obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil?
La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, establece en su artículo 4 los siguientes requisitos para que pueda acordarse la rectificación:
2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia”.
Como se puede observar, hoy día, puede resultar incomprensible que una ley que entró en vigor el 17 de marzo del año 2007 y que actualmente tiene aplicación, pueda exigir estos requisitos para que se pueda rectificar el nombre de una persona transexual en el Registro Civil.
Su razón de ser se encuentra en que cuando se aprobó esta ley, la transexualidad, se consideraba por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 1990, como una enfermedad con trastornos de la personalidad de la conducta y del comportamiento del adulto. Pero, como era de esperar, la OMS se ha puesto manos a la obra, y en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE- 11, que no entrará en vigor sino hasta el año 2022) considerará a la transexualidad no como una enfermedad sino como condición, pasando a denominarse “incongruencia de género”, es decir, entre el género que experimenta la persona y el género que se le asigna.
Mientras tanto, en España, aún con la vigencia de la controvertida ley, los requisitos que exige su artículo 4 para una persona transexual pueda rectificar su nombre en el Registro Civil, no son de rigurosa exigencia. Esto es, debido al actual estado de la ciencia médica, está permitido una interpretación correctora de la norma, e incluso, el Parlamento está tramitando una Proposición de Ley modificativa de la anterior de 2007, para que la incongruencia de género no obstruya el cambio de la constancia registral del género y pueda permitir la simple expresión de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, incluso siendo el mismo menor de edad.
Además, desde la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) se ha dictado, muy recientemente (23 de octubre de 2018), una Instrucción sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales que, permite, que aquéllas que sean mayores de edad o se encuentren emancipadas, puedan solicitar el cambio de su nombre por otro diferente al sexo que resulte de su inscripción de nacimiento.
La solicitud deberá presentarse ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, declarando el sentimiento del sexo correspondiente al nombre solicitado. Todo ello, aun cuando no le sea posible obtener el cambio de inscripción por no cumplir con los requisitos del artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
El Gobierno recibió con “desasosiego” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Convencido de que la indignación ciudadana podía llenar las calles de manifestaciones contra el mismo órgano que está a punto de empezar el juicio contra los líderes del ‘procés’, Pedro Sánchez reacciona y fuerza a la banca a pagar.
El Gobierno “lamenta” el fallo del Supremo y cree que el tribunal debería hacer “autocrítica”, pero Sánchez se guardó mucho de abonar la tesis de que la polémica de las hipotecas le desacredita para juzgar el ‘procés’. El juicio a los líderes independentistas empezará en enero y el Ejecutivo admite que un clima de movilizaciones en la calle echando por tierra la reputación del TS es un escenario inquietante. "Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra”, desvinculó Sánchez. También dejó un aviso a navegantes cuando le preguntaron qué le parece que su principal aliado, Pablo Iglesias, espolease a los ciudadanos a manifestarse este sábado, azuzando un clima de indignación. "Cada partido es libre de hacer oposición como considere. Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones”, señaló el presidente.
(Expansión, 07-11-2018)
(La Vanguardia, 06-11-2018)
La AIReF acaba de revisar sus previsiones de PIB de España para el cuarto trimestre con los últimos datos de coyuntura, y ha elevado la previsión para España al 0,75%. Además, se calcula por primera vez el primer trimestre de 2019, que también crecería un 0,75%.
Recordemos que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la economía española creció un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, lo mismo que en los dos trimestres anteriores, gracias, principalmente, al empuje del consumo de los hogares y del sector público, que aumentaron a tasas superiores a las del segundo trimestre, con avances del 0,6% y del 0,8%, respectivamente. Estos datos hablarían de una nueva aceleración de la economía española en contra de lo que auguran muchos sectores que hablan desde hace meses de frenazo económico en España.
En este sentido, los máximos representantes de los empresarios se posicionan de forma contundente contra lo que consideran "globos sonda" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia fiscal. Aseguran que la falta de concreción en los anuncios de subidas de impuestos genera una incertidumbre que agrava la desaceleración de la economía española.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguraba que la desaceleración de la economía española es "muy débil" y que "más bien se debería estar hablando de consolidación". Lo ha dicho durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre, donde también ha hecho hincapié en que desde 2016 el mercado de trabajo ha alcanzado una velocidad de crucero que se sigue manteniendo. Tras celebrar la cifra récord de afiliación de este mes de octubre aseguró que "la economía española funciona bastante mejor de lo que algunos vaticinan".
Calviño, sin embargo, ha enfatizado que el Gobierno está "por supuesto determinado" a intentar "llevar adelante" el plan presupuestario porque cree que "son los presupuestos que España necesita". "Está claro que ese es nuestro 'plan A' (...) y confío en que todos los partidos políticos se den cuenta de que esto es lo que España necesita", ha defendido. En cualquier caso, Calviño ha recordado que el Gobierno ha "puesto sobre la mesa" la creación de nuevos impuestos, que serán adoptados y enviados a las Cortes "en las próximas semanas".
"Particularmente si están en un ámbito tan separado de aquél en el que puede influir el Gobierno como es el judicial", ha subrayado. La titular de Economía ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una reunión bilateral con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, con el que ha abordado, entre otras cuestiones, las negociaciones presupuestarias en España.
El Pleno del Supremo decidirá este lunes quién paga el impuesto hipotecario
(Expansión, 05-11-2018)
El Pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, deberá aclarar definitivamente si el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe abonarlo el cliente, como el propio tribunal ratificó en febrero, o debe asumirlo el banco, como ha dictaminado en tres ocasiones desde el 16 de octubre.
(Expansión, 08-11-2018)
Pedro Sánchez ha admitido este miércoles por primera vez la fórmula del 'plan b' para seguir al frente del Gobierno en una legislatura que se niega a dar por amortizada. A saber: no convocará adelanto electoral, aunque no consiga aprobar los Presupuestos porque puede prorrogar los de Mariano Rajoy y, en paralelo, sacar adelante las medidas estrella de su proyecto a través de reales decretos ley. La más importante, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
El presidente se ha comprometido a que entre en vigor en enero del 2019, con Presupuestos o sin. Aunque este planteamiento se había sugerido desde las filas del PSOE y el ministerio de Hacienda esta es la primera vez que Sánchez habla abiertamente de la "prórroga" y el plan para driblar la austeridad de las viejas cuentas.
Las dudas, en todo caso, se despejarán definitivamente en diciembre, cuando lleve al Congreso de los Diputados las Cuentas Públicas y la Cámara apruebe o rechace las enmiendas de totalidad. Mientras llegue ese momento, Sánchez se aferra a la posibilidad (remota) de que ERC y el PDECat se desdigan del portazo anunciado y apoyen los Presupuestos por "responsabilidad".
Las fuerzas independentistas se quitan de encima esa presión y ya han anunciado que respaldarán las medidas estrella que se saquen vía decreto, como la subida del SMI o las políticas de fomento del alquiler, peor no apoyarán sus Cuentas. "¿Qué tiene que ver la subida del SMI con la situación judicial de los líderes encarcelados del 'procés'?", se ha preguntado y ha acusado a los separatistas y a la derecha de aprovechar el juego de espejos para alimentarse mutuamente.
El Gobierno propone a los autónomos subir 260 euros las cotizaciones en 2019
(Cinco Días, 07-11-2018)
El Gobierno propuso este martes a las organizaciones de autónomos una subida de cotizaciones para el colectivo de autónomos personas físicas de "como mínimo" 260 euros el próximo ejercicio y de 340 euros al año para los autónomos societarios, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que dijo que no aceptará la propuesta. Así lo señaló el presidente de la organización, Lorenzo Amor, en las que avisa de que ATA no aceptará ni la propuesta de hace dos semanas, que era prácticamente el doble, ni esta última formulada por el Gobierno en la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y representantes de Empleo y Seguridad Social con las organizaciones de autónomos.
Amor detalló que la propuesta del Ejecutivo es de una subida de las cotizaciones para los autónomos (personas físicas) de "como mínimo" 260 euros al año, y para los autónomos societarios de 340 euros al año, lo que supone que hagan frente a 13 cuotas al año, una más que en el ejercicio actual. "Si era inaceptable la propuesta de 500 euros, inaceptable es esta también", apuntó Amor, ya que "el 70% no puede pagar más de lo que paga y ATA no va a permitir que los asfixien".
Además, explicó que el Gobierno ofrece "teóricamente" mejores prestaciones, que tildó de "estafa" como la prestación de paro, puesto que "no funciona" al denegarse al 60% de los que lo solicitan. Por ello, pidió que se solucione primero el asunto de las prestaciones y el acceso a las mismas y después se hable de cotizaciones. En cualquier caso, ATA le hará llegar una propuesta al Gobierno "muy alejada" de la última planteada por el Ejecutivo, pero que "sí pueden pagar los autónomos", de forma que la base mínima pueda subir lo que ha subido de media los últimos 25 años y se solucione el tema de las prestaciones.
(El Mundo, 06-11-2018)
La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 130.360 cotizantes, el mayor incremento en un mes de octubre, a pesar de que el paro registrado ha crecido en 52.195 personas. El estirón del empleo no se ha visto correspondido en la disminución de las filas del paro durante el mes pasado. Algo que ya sucedió en septiembre. Así lo ha dado hoy a conocer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
En concreto, el paro registrado ha aumentado en octubre un 1,63%, es decir, 52.194 personas, hasta un total de 3,254 millones de desempleados. Es el tercer mes consecutivo con aumentos. En términos desestacionalizados (que significa teniendo en cuenta los festivos), el paro se ha reducido en 27.483 personas.
Entre las mujeres los hombres, ha aumentado en 27.039 personas, hasta 1.340.190, mientras que entre las mujeres lo ha hecho en 25.155, hasta 1.914.513. Por sectores, el paro solo ha menguado en la construcción, con 3.695 registrados menos. En cambio, ha aumentado en agricultura en 9.301 personas (un 6,6% más); en industria, en 2.821 (1,01%); en servicios, en 43.219 personas (1,9%) y en el colectivo sin empleo anterior, en 548 (0,19%).
En cuanto a la distribución geográfica, el paro registrado ha bajado en tres autonomías: en la Comunidad Valenciana (con 2.902 parados menos), Madrid (con 2.106) y en el País Vasco (con 622). Por el contrario, se ha incrementado en las 14 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (10.854) y Cataluña (10.853). Si se compara la evolución del desempleo con el panorama hace un año, el paro registrado ha caído en 212.323 personas, lo que supone un 6,1% menos. Esta tasa interanual lleva 61 meses cayendo.
La mejor cara del mercado laboral la ha mostrado el empleo, que ha registrado el mejor mes de octubre de la serie histórica, tras registrarse 130.360 afiliados más, hasta un total de 18.993.073 ocupados. Según explica hoy el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social en un comunicado, el "buen comportamiento" de la afiliación en este último mes se corresponde con la evolución de la afiliación al Régimen General, que alcanza ya los 15.666.453 ocupados y que, junto al mes de julio (15.704.129), marca los mejores registros de la serie.
Trabajo también pone de relieve el empleo femenino ha alcanzado de nuevo un máximo con 8.799.418 mujeres ocupadas, el mejor dato de la serie histórica (2007). Por sectores, los mayores incrementos se han dado en educación 148.049); construcción (16.229); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (15.087) y en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (13.603). En el lado contrario, los principales descensos se han producido especialmente en hostelería (-59.249), actividades sanitarias y servicios sociales (-35.816) y actividades administrativas y servicios auxiliares (-16.747). En términos desestacionalizados, la afiliación media ha crecido en el mes en 110.567 personas.
Con respecto a octubre del año pasado, la afiliación media se ha incrementado en 562.544 personas, lo que supone un aumento del 3,05%. El número de inscritos ha avanzado en octubre en trece comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con incrementos intermensuales significativos en la Comunidad Valenciana, donde creció en 40.099 personas, Madrid (39.167), Andalucía (29.388) País Vasco (18.562) y Cataluña (10.733). Por el contrario, ha descendido en Baleares, con 35.780 afiliados menos, Extremadura (2.084 menos), Cantabria (1.611 menos) y Galicia (690 menos).
El buen comportamiento del empleo se explica en el acelerón de la contratación. En octubre, se han firmado 2.243.453 contratos, es decir, 211.269 (10,40%) más que en septiembre. Del total, 242.324 han sido contratos de carácter indefinido. Suponen el 10,80% de todos los contratos y marcan un aumento de 4,11% respecto a septiembre y del 19,64% en comparación con un año antes. Este indicador lleva 57 meses al alza. Los contratos temporales, 2.001.129, se han incrementado, un 16,37% en tasa intermensual y un 9,37% interanual.
En septiembre, el paro registrado aumentó en 20.441 personas, aunque la afiliación también lo hizo, en 22.899 cotizantes más.
(El País, 02-11-2018)
El Ministerio de Trabajo pretende tener listo un plan de choque para el empleo juvenil. Las conversaciones del Departamento que dirige Magdalena Valerio con comunidades y agentes sociales están avanzadas. Entre las medidas que contempla, está la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes a buscar empleo y busquen ofertas para ellos en el mercado laboral. También incluye la creación de un estatuto del becario, ayudas para los emigrantes que quieran regresar y reformas en la llamada Garantía Juvenil.
El plan se aplicará entre 2019 y 2021, y marca cinco objetivos, uno de ellos es reducir la tasa de paro entre menores de 30 años, ahora en el 28%, al 23,5%. Además, expone seis ejes de actuación. En el primero, la orientación, se inserta ese importante aumento de plantilla en el sistema público de empleo.
3.000 orientadores para ayudar a buscar empleo. En el capítulo de recuperación de recursos se incluye la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esta cifra coincide con la que había hasta 2012. Una de las primeras medidas anticrisis, todavía con Jesús Caldera al frente de Trabajo, fue financiar la contratación de 1.500 orientadores laborales por las comunidades autónomas. Con su sucesor, Celestino Corbacho, se duplicó el número. Pero estos puestos de trabajo no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes hace seis años, se rescindieron los contratos.
Un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas. El plan de choque contra el desempleo juvenil incluye también medidas contra los abusos que en ocasiones ejercen las empresas sobre los estudiantes en prácticas. “Se procederá a elaborar el estatuto del becario para integrar y regular derechos de las personas becarias y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios”, señala el proyecto. El objetivo, apunta el documento, es garantizar que los becarios no son en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa tiene “carácter formativo”. Aseguran que tomarán como referencia a otros países (cita en concreto Francia).
Una plataforma para que regresen los que emigraron por la crisis. Una de las medidas novedosas de este plan de choque es la creación de programas de retorno de los jóvenes que emigraron durante la crisis. Para participar en estos programas, que estarán gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, no se tendrá en cuenta la edad de la persona que solicite participar en ellos, sino que fuera joven en el momento de emigrar, señala el programa. Las iniciativas para incentivar a regresar a quienes salieron durante la crisis son "medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento".
Reforma para el sistema de Garantía Juvenil ante su éxito relativo. El Ministerio de Trabajo evalúa en su plan de choque contra el desempleo joven los resultados de la llamada Garantía Juvenil, un programa de inspiración y fondos europeos que se aprobó en 2014 y que garantiza a los menores de 30 años la obtención de un trabajo, unas prácticas o un curso. El compromiso era que los jóvenes inscritos debían ser atendidos en menos de cuatro meses.
Contratos bonificados. Resulta llamativa la ausencia de la iniciativa estrella que Ciudadanos propuso al Gobierno anterior y que estaba integrada en la Garantía Juvenil: el complemento o ayuda salarial de 430 euros, adicional al sueldo, para los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, estuvieran inscritos en ese programa. Esa medida tenía una partida presupuestada de 500 millones y entró en vigor en agosto. No fue fácil su puesta en marcha porque Bruselas, que la financia, no la veía con buenos ojos y tardó en darle su visto bueno. Además, siempre fue muy criticada por expertos, sindicatos y el PSOE. Para unos, el diseño de la ayuda iba a enfocar los recursos sobre un subgrupo de jóvenes que no lo necesitaba; para otros, iba a generar la distorsión de que un aprendiz acabara cobrando más, por el complemento, que quien tenía que enseñarle el oficio.
El Congreso acuerda elevar por encima de 600 euros la pensión de orfandad en caso de violencia machista
(Cinco Días, 31-10-2018)
El Congreso ha dado el primer paso para elevar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencias machistas, aunque el nuevo texto no cuenta con el consenso unánime de los grupos. Tanto PP como Unidos Podemos se han abstenido en la votación al considerar que la norma crea huérfanos de primera y de segunda, tanto por las circunstancias que provocan dicha situación, como por la cuantía que reciben.
Tras un año de negociación en la ponencia creada en el Congreso para elaborar la proposición de ley del PSOE para mejorar la pensión de orfandad por violencia machista, este martes se ha votado el informe que, tras su aprobación pasará a la Comisión de Empleo. En el texto aprobado, se modifican estas pensiones que pasan de ser contributivas a no contributivas, es decir, que ya no dependen de que la madre asesinada haya cotizado a la seguridad social, sino que su financiación llegará a través de los presupuestos. Además, las cuantías se elevan, ya que se aplicará el 70% de la base reguladora, la misma que a los huérfanos absolutos.
Sin embargo, la cuantía que reciban los huérfanos no será la misma ya que, en este sentido, sí se tendrá en cuenta la cotización de la víctima. Así, se garantiza que aquellos menores cuya madre no había cotizado tenga una pensión mínima gracias a una nueva prestación diseñada para fijar la cuantía con parámetros de Seguridad Social, aplicando ese 70% de la base reguladora. Estos niños pasarán de cobrar unos 140 euros a 600.
Es decir, estos 600 euros es "lo mínimo" que puede recibir un huérfano de la violencia de género, según ha explicado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez. Mientras, la pensión de aquellos cuya madre sí era cotizante sí dependerá del sueldo de esta. En este caso, el PSOE ha calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.
Este planteamiento no ha convencido ni ha Unidos Podemos ni al PP, quienes han asegurado que este texto crea huérfanos de primera y de segunda. En el caso de los 'populares', porque excluye a parte del colectivo de huérfanos, concretamente a aquellos que son huérfanos absolutos, pero no como consecuencia de la violencia machista; mientras que los 'morados' creen que todos deberían ser considerados iguales y, por tanto, recibir la misma cuantía.
La actividad empresarial en España sugiere un crecimiento del PIB del 0,5% en el cuarto trimestre
(La Vanguardia, 07-11-2018)
La actividad del sector privado en España se aceleró durante el pasado mes de octubre a su nivel más alto de los cuatro últimos meses, según los datos del Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI), que sugieren un crecimiento del PIB del 0,5% en el arranque del cuarto trimestre de 2018.
En el caso del sector servicios, la actividad creció en octubre a su mayor ritmo desde junio, según el índice PMI, que alcanzó los 54 puntos, frente a los 52,5 del mes anterior, mientras que el índice PMI del sector manufacturero alcanzó los 51,8 puntos desde los 51,4 del mes anterior.
"La actividad total en su conjunto aumentó a la mejor tasa desde junio pasado y sugiere que el crecimiento del PIB está evolucionando a un nivel de alrededor del 0,5% al inicio del cuarto trimestre", destacó Paul Smith, analista de IHS Markit.
"Tal aumento del PIB sería un nivel respetable de crecimiento encaminándonos hacia 2019, especialmente a medida que aumentan los riesgos a la baja para las perspectivas futuras", añadió en referencia a un entorno económico mundial "cada vez más desalentador".
(El País, 01-11-2018)
El informe 'Doing Business 2019' analiza un total de diez parámetros que sirven para establecer la clasificación del ranking general. Entre las categorías se encuentran los trámites necesarios para abrir una empresa, la protección de los inversores, el tiempo necesario para lidiar con los impuestos o la facilidad para registrar una propiedad. En la edición número 16 del informe, que examina un total de 190 economías, España ha logrado una mejora en casi todos los parámetros, por lo que la caída en el ranking se debe a que otras economías han realizado más reformas y han mejorado todavía más los resultados.
Así, España ha mantenido sus posiciones en las categorías de iniciar una empresa (86º), pago de impuestos (34º), comercio transfronterizo (1º) y resolución de insolvencias (19º). A pesar de ello, ha registrado descensos en las categorías de obtención de electricidad (48º), registro de la propiedad (58º), protección de los inversores (30º) y obtención de crédito (73º). Por otro lado, ha registrado una mejora de tres posiciones, hasta el puesto 23, en el parámetro de cumplimiento de contratos, tras registrar un leve aumento en la calidad de los procedimientos judiciales. No obstante, la mayor mejora se ha dado en la obtención de permisos de construcción, donde España ha pasado de ocupar el puesto 123 al 78. Este incremento se debe a que son necesarios dos procedimientos y hasta 61 días menos para lograr un permiso de construcción.
A nivel global, Nueva Zelanda ha vuelto a encabezar la clasificación, seguida de Singapur y Dinamarca, que mantienen el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en comparación con el año pasado. El resto de las diez primeras posiciones del ranking corresponden a Hong Kong (4º), Corea del Sur (5º), Georgia (6º), Noruega (7º), Estados Unidos (8º), Reino Unido (9º) y Macedonia (10º), lo que convierte a Lituania (14º) en la primera economía de la zona euro por su facilidad para hacer negocios, por delante de Estonia (16º), Finlandia (17º) y Letonia (19º).
En el extremo opuesto se sitúan países como Somalia (190º), Eritrea (189º), Venezuela (188º) o Yemen (187º), considerados los países que ofrecen peores condiciones para hacer negocios en todo el mundo. Las diez economías que más han mejorado este año su posición, en función de las reformas emprendidas, han sido Afganistán, Yibuti, China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda. En total, el Banco Mundial ha contabilizado un récord de 314 reformas estructurales dirigidas a mejorar el clima de negocio en los últimos 12 meses y en 128 economías. Las economías emergentes y en desarrollo han sido las que más reformas han implementado.
Así, los países de la región de África Subsahariana han acumulado un total de 107 reformas, mientras que en la región de Oriente Próximo y Norte de África se han realizado 43 reformas en el último año. "El sector privado es clave para crear un crecimiento económico sostenible y acabar con la pobreza en el mundo", ha subrayado el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. "Unas reglas justas, eficientes y transparentes, que son las que promueve 'Doing Business', son la base de una economía vibrante y un entorno emprendedor", ha añadido.
(Expansión, 01-11-2018)
Entre los componentes de la demanda interna el consumo avanza un 2,1% (antes un 2,2%), con similar fortaleza en el privado (2,1%) que en el público. Sin embargo, siguen patrones diferentes: mientras el privado pierde pulso, el público lo gana; de hecho, el año arrancó con un incremento del consumo privado superior al 3%. El avance individualizado efectivo crecía un 2,88% a principios del ejercicio y ahora lo hace al 2,01%. La inversión mantiene más vigor que el consumo y crece un 6,3% y acumula dos trimestres con avances superiores a los de todo el año pasado. La inversión en activos fijos materiales crece a tasas interanuales del 7,2%, pero la de bienes de equipo supera el 9,2%, con una notable aceleración sobre los valores de hace un año.
En cuanto al reparto de la riqueza generada, los salarios avanzaron bastante más que el excedente de explotación empresarial. La primera avanzó un 4,468% (la tasa más alta en los dos últimos años), mientras que el excedente lo hizo a tasas anuales del 2% (la más baja de los últimos dos años, salvo el segundo trimestre de este ejercicio). Tuvieron incrementos más generosos los impuestos, que crecieron un 5,3%. De la tarta de la riqueza nacional los salarios suponen ahora el 47,44%, y la renta empresarial el 41,6%, ganando terreno los primeros y cediendo la segunda.
"No se pueden seguir tomando decisiones de corto plazo para garantizar la gobernabilidad"
(Expansión, 31-10-2018)
El presidente del IEF, Francisco Riberas, habló este martes ante el presidente del Gobierno y tildó algunas de sus decisiones de cortoplacistas y pensadas mirando al Gobierno. "No podemos seguir tomando medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad", afirmó en presencia de Pedro Sánchez en el acto de clausura del XXI Congreso de Empresa Familiar.
Riberas aseguró que "nuestra economía se encuentra hoy en peor estado que el que tenía en 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público y desempleo, para afrontar una futura recesión". Riberas destacó que la encuesta entre los empresarios y los datos macroeconómicos ya "están empezando a sonar los tambores que anuncian una ralentización del crecimiento y un posible cambio de ciclo". Ese cambio de ciclo "no puede pillar a España sin los deberes hechos", señaló.
Continuó afirmando que "la coyuntura política de nuestro país no es fácil". Sin embargo, reclamó apelar al consenso de la Constitución para "tomar decisiones importantes". Entre ellas, un plan "que permita adecuar la oferta educativa en nuestro país, incluida la formación profesional dual". Añadió que "no tienen sentido las continuas reformas educativas de los últimos años".
También reclamó apoyos a la innovación y a las empresas grandes. "Es positivo ayudar a las startups, pero las empresas medias y grandes son las que posicionarán adecuadamente a este país en el contexto internacional".
(El Mundo, 07-11-2018)
Los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo del martes.
De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.
Así, según los despachos, los magistrados de lo civil también pueden ampararse en la nulidad de este artículo para dar la razón a los usuarios, en los argumentos del propio fallo judicial de dicho día e incluso en los alegatos que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de cargar el impuesto a las entidades financieras expusieron este martes. "La jurisprudencia ha cambiado y puede volver a cambiar", asegura un reconocido abogado especializado en estos asuntos.
Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ya anunció el martes que elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación ya se dio en el caso de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo cerró la puerta a la retroactividad de las devoluciones, pero Europa, en diciembre de 2016, no respaldó el fallo del órgano judicial español y sentenció lo contrario. De hecho, los expertos aseguran que el TJUE tiende a estar del lado de los consumidores.
Aunque la decisión del alto tribunal cierra la puerta a las demandas masivas y a la creación de un mecanismo de devoluciones similar al que se puso en marcha con las cláusulas suelo, desde la banca aún perciben las demandas judiciales como un riesgo puesto que consideran que la actuación del Supremo de las últimas tres semanas "ha abierto el melón", según informan fuentes del sector financiero.
(La Vanguardia, 26-10-2018)
En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habló varias veces con Díez-Picazo el pasado jueves después de que se hiciera pública la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación.
Ambos volvieron a hablar por teléfono el viernes. En una primera conversación, Lesmes, según su versión, pidió a Díez-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. Y, poco después, llamó a Lesmes y le comunicó que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensión de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusión" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.
El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibió "ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisión sobre quién pagará el impuesto está ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunirá el día 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesión se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepción no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuación ha afirmado también que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.
El presidente del Supremo sí ha dado a entender que, en su opinión, el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedirá su dimisión.
(El País, 25-10-2018)
Nuevo varapalo para la banca, que ayer volvió a sentirse acorralada, o ese era su sensación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer por sorpresa que su departamento, junto a las comunidades autónomas, habían “dado el paso” para solventar el colapso de los juzgados de las cláusulas suelo, sobre todo en las grandes ciudades, ya que en las pequeñas estos juzgados están prácticamente sin actividad.
El objetivo, ya debatido por Podemos en la legislatura de Mariano Rajoy, es imponer medidas sancionadoras a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. Este proceso dilatador no solo colapsa los juzgados, según apuntan fuentes jurídicas, “sino que al final provoca que muchos usuarios bancarios renuncien a seguir pleiteando por las cláusulas abusivas, ya que los bancos se pueden permitir litigar durante años. Además, pueden encargar informes que el suscriptor de las cláusulas suelo no puede costearse”.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que mostró su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, destacó la importancia de esta “medida preventiva”, en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.
Fuentes de Justicia explican que solo en un año se han presentado a los juzgados 250.000 causas relativas a cláusulas abusivas, que ya han comenzado también a descender a las audiencias provinciales, con el consiguiente peligro también de colapso.
La iniciativa explicada por Delgado ya fue discutida hace tres semanas en la comisión interministerial en la que se sientan también las comunidades autónomas, y aunque este no fue el punto principal del orden del día, la preocupación de las distintas autonomías por el colapso judicial por las cláusulas suelo derivó en que la reunión se centrase en buscar soluciones a estas peticiones.
La iniciativa, que se incluirá en un cambio de dos normas actuales, no solo hará referencia a las cláusulas suelo, sino que se incluirán todas las cláusulas abusivas para el consumidor, con lo que se pretende agilizar las soluciones para el usuario bancario.
Los cambios afectarán al Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo ámbito se ampliará ahora a otras cláusulas de productos financieros. También modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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References: artículo 4
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 resolución 
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 Real Decreto