Source: https://unybook.com/apuntes/file-53c5b2affa12eed84dfec9bfd83550b1/fundamentos-del-derecho-administrativi-administrativo-i/fundamentos-del-derecho-administrativo-tema-7
Timestamp: 2018-08-16 11:46:41+00:00

Document:
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 7 [4265] | Fundamentos del Derecho Administrativi: Administrativo I (UB) | Unybook
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 7 (2014)
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 7
Jordi	Vallès	Balsells	LECCIÓN	VII:	EL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	(Ley	30/1992,	del	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	i	del	Procedimiento	Administrativo	Común)	I.
El	acto	y	procedimiento	La	definición	más	convencional	lo	presenta	como	todo	acto	jurídico	dictado	por	una	Administración	pública	y	sujeto	al	Derecho	administrativo.	Como	ya	sabemos	en	nuestro	modelo	de	Estado	de	Derecho,	el	propio	estado	y	sus	poderes	están	ligados	al	Derecho	en	si.	Con	lo	cual	el	acto	administrativo	cumple	una	función	fundamental	pues	a	través	de	él	se	materializa	el	ejercicio	de	las	potestades	de	la	Administración	y	en	torno	suyo	pueden	establecerse	fórmulas	efectivas	de	delimitación,	formalización	y	control	jurídico	propias	y	características	del	Derecho	administrativo.	Es	en	el	caso	del	Acto	administrativo,	y	en	torno	suyo,	donde	concentra	toda	su	efectividad	el	mandato	constitucional	de	sujeción	de	la	Administración	a	la	ley	y	el	control	de	su	actuación	por	los	tribunales.	El	primer	entorno	jurídico	de	los	actos	administrativos	lo	constituye	el	procedimiento	administrativo	en	el	que	esos	actos	se	gestan.	A	partir	de	ahí	podremos	ir	diferenciando	los	tipos	y	categorías	más	importantes	de	actos	administrativos	que	encuentran	su	elemento	diferencial	en	el	procedimiento.	II.
Las	funciones	del	procedimiento	administrativo	Podemos	destacar	tres	funciones	fundamentales:	la	función	legitimante,	la	función	garantista	y	la	función	racionalizadora.	En	la	actualidad,	en	el	marco	del	Estado	democrático,	es	la	función	legitimadora	la	que	tiene	mayor	importancia.	1. La	función	legitimadora	del	procedimiento	La	observancia	del	procedimiento	administrativo	confiere	a	la	resolución	final,	al	acto	administrativo	resolutorio,	de	la	Administración.	A	mayor	exigencia	y	rigor	en	la	conducción	del	procedimiento	por	la	Administración,	mayor	legitimidad	adquieren	sus	resoluciones	y	más	incuestionables	resultan.	Cuando	la	tensión	y	exigencia	procedimental	decae,	los	déficits	en	el	procedimiento	se	transmiten	a	la	resolución	final	con	el	consiguiente	déficit	de	legitimidad.	La	función	legitimadora	del	procedimiento	administrativo	es	absolutamente	fundamental	en	el	Estado	democrático.	Y	ello	por	dos	razones	fundamentales:	-­‐ El	procedimiento	es	el	cauce	más	importante	de	participación	de	que	disponen	los	afectados	por	las	decisiones	de	la	Administración	pública	que	se	dotan	así	de	una	cobertura	democrática.	-­‐ Muchas	de	las	decisiones	que	adoptan	las	Administraciones	públicas	no	son	ejecución	de	la	ley,	sino	que	son	decisiones	discrecionales	sobre	las	que	no	hay	referencia	precisa	en	la	ley.	Cuando	la	Administración	ejecuta	la	ley,	su	actividad	ejecutiva	cuenta	con	la	legitimación	democrática	que	le	dota	la	propia	ley	cuyo	mandato	materializa	ahora.	Lo	cierto	es	que	mediante	el	procedimiento	administrativo	puede	alcanzar	un	nivel	de	participación	que	no	se	logra	en	las	leyes,	que	son	el	resultado	en	muchos	casos	de	Jordi	Vallès	Balsells	pactos	entre	partidos	políticos	cuya	composición	y	fijación	de	objetivos	es	con	frecuencia	muy	opaca.	En	este	sentido	se	destaca	la	función	del	procedimiento	como	compensación	de	la	debilidad	directiva,	de	la	material	y	como	instrumento	de	legitimidad	democrática	de	la	acción	administrativa.	2. La	función	garantista	del	procedimiento	En	la	medida	que	el	procedimiento	pueda	conducir	a	resoluciones	con	este	contenido	de	gravamen,	deben	entonces	apurarse	los	trámites	con	funcionalidad	garantista	como	pueda	ser	el	trámite	de	fijación	y	oposición	a	la	fijación	del	justiprecio	en	el	procedimiento	expropiatorio,	el	tramite	de	audiencia	y	presentación	del	pliego	de	descargos	en	el	procedimiento	sancionador.	Por	eso,	la	omisión	de	trámites	marcadamente	garantistas	en	este	tipo	de	procedimientos	constituye	un	vicio	grave	determinante	de	la	nulidad	de	la	resolución.	3. La	función	objetivizadora	y	racionalizadora	del	procedimiento.	La	gestión	de	la	información	Una	de	las	funciones	del	procedimiento	administrativo	es	acceder	al	conocimiento	más	amplio	y	más	cierto	posible	de	la	realidad.	Se	trata	de	la	fase	de	instrucción	que	tiene	como	objetivo	precisamente	ese:	instruir	a	la	Administración	para	ampliar	su	conocimiento	de	la	realidad	que	tiene	que	tomar	en	consideración	al	decidir,	esclarecer	y	fijar	los	hechos,	establecer	certezas,	averiguar	en	lo	posible	la	verdad	objetiva.	El	objetivo	fundamental	de	este	procedimiento	es	dar	con	la	oferta	contractual	objetivamente	mejor	para	el	interés	público,	función	encomendada	como	vemos	a	la	Administración.	III.
Procedimiento	Administrativo	y	proceso	judicial	Nos	dispondremos	a	discernir	entre	estos	dos	conceptos	1. Sus	similitudes	en	la	búsqueda	de	la	verdad	y	el	conocimiento	de	los	hechos	en	la	fase	de	instrucción	El	proceso	judicial	se	orienta	al	conocimiento	de	la	verdad,	y	a	la	aplicación	del	Derecho	que	a	tales	hechos	corresponde.	El	procedimiento	administrativo	también	cumple	esta	función	epistemológica,	de	conocimiento	y	acceso	en	lo	posible	a	la	verdad	objetiva.	A	ello	corresponde	la	función	objetivizadora	e	instructora	del	apartado	anterior.	2. las	singularidades	del	procedimiento	administrativo	en	la	fase	decisoria	de	su	función	legitimadora	Las	diferencias	entre	el	proceso	judicial	y	el	procedimiento	donde	se	manifiestan	es	en	la	segunda	fase:	en	la	fase	decisoria,	en	la	adopción	de	la	resolución.	La	resolución	del	juez	mediante	sentencia	esta	muy	vinculada	a	la	ley,	en	rigurosa	aplicación	del	Derecho.	El	juez,	tal	como	afirmaba	Montesquieu	es	“la	boca	de	la	ley”,	y	no	hay	prácticamente	discrecionalidad	posible.	Por	otro	lado	la	Administración	adopta	en	muchos	casos	decisiones	discrecionales,	no	predeterminadas	por	ley,	o	define	toda	una	realidad	jurídica	y	material	sin	que	exista	referencia	legal	alguna.	En	tal	caso,	la	legitimidad	de	su	decisión	no	solo	encuentra	la	Administración	en	la	Jordi	Vallès	Balsells	aplicación	de	la	ley,	pues	la	ley	no	contiene	referencia	alguna,	sino	en	el	procedimiento	administrativo	del	que	esta	decisión	resulta.	Cabe	decir	que	en	aquellos	procesos	que	no	haya	ley	existente,	lo	que	se	ha	establecido	mediante	ley	es	que	se	ocupe	la	Administración	mediante	sus	procesos	de	garantización	de	la	participación	ciudadana,	y	que	como	más	discrecionalidad	exista,	más	diligentemente	deberá	actuar.	La	búsqueda	de	legitimidad	en	el	procedimiento	–algo	que	no	se	busca	en	el	proceso	judicial	cuya	legitimidad	le	viene	por	el	cumplimiento	exacto	de	la	ley-­‐,	conlleva	toda	una	serie	de	actuaciones	que	no	se	dan	en	el	proceso,	como	es	la	participación	y	la	dimensión	democrática	que	están	del	todo	ausentes	en	el	proceso.	IV.
Procedimiento	común	y	procedimientos	especiales	La	Ley	de	Procedimiento	Común,	tal	como	su	propio	nombre	indica,	diseña	un	modelo	básico	de	procedimiento	administrativo.	Es	la	plantilla	o	estructura	procedimental	básica.	Las	leyes	y	normas	sectoriales	podrán	establecer	los	procedimientos	a	seguir	para	finalidades	diversas:	solicitar	una	beca,…	En	lo	que	al	procedimiento	de	la	LPC	es	modélico	y	constituye	una	obligada	referencia	es	en	el	diseño	de	la	estructura	del	procedimiento,	diferenciando	netamente	sus	fases	más	características:	iniciación,	instrucción	y	terminación	V.
Las	fases	del	procedimiento	1. Iniciación	del	procedimiento	A. Los	modelos	de	iniciación	del	procedimiento	El	procedimiento	puede	ser	de:	-­‐ Oficio:	es	la	Administración	la	que	inicia	el	procedimiento	(multas,…)	-­‐ Instancia	de	parte:	quien	lo	promueve	debe	cumplir	con	una	serie	de	formalidades:	como	es	la	identificación	del	propio	solicitante,	y	del	objeto	del	procedimiento,	presentando	entonces	cualquier	escrito	o	documento	electrónico	que	contenga	estos	dos	extremos	en	el	plazo	establecido	al	efecto.	Si	la	solicitud	está	incompleta,	se	dispondrá	del	tramite	siguiente	para	completarla	e	incluso	mejorarla	con	otros	documentos	B. Subsanación	y	mejora	de	la	solicitud	Primero	la	Administración	que	tramita	el	procedimiento	es	notificar	al	solicitante	las	posibles	omisiones	e	insuficiencias	que	se	advierten	en	la	solicitud	de	iniciación.	Al	recibir	dicha	notificación	se	dispone	de	un	plazo	de	diez	días	para	subsanar	las	carencias	e	incluso	mejorar	dicha	solicitud.	2. Fase	de	instrucción	Es	la	fase	central	del	procedimiento.	En	ella	la	Administración	ha	de	instruirse,	acumulando	y	procesando	la	información.	Una	información	se	obtiene	de	tres	fuentes	fundamentales:	pruebas	prácticas,	informes	y	aportaciones	de	los	interesados.	A. Pruebas	Con	ellas	se	trata	de	acreditar	la	concurrencia	o	la	ausencia	de	unos	hechos,	o	de	unas	facultades,	que	se	consideran	relevantes	en	el	procedimiento,	y	la	denegación	de	la	práctica	de	pruebas	solicitadas	deberá	efectuarse	por	resolución	motivada.	Jordi	Vallès	Balsells	B. Informes	Los	informes	son	emitidos	por	órganos	administrativos	con	competencias	en	la	materia	o	por	sujetos	privados	a	los	que	se	les	reconoce	su	conocimiento	experto:	a. Informes	preceptivos.	Vinculantes	y	no	vinculantes	Los	informes	preceptivos,	emitidos	ordinariamente	por	órganos	públicos	con	competencia	o	cualificación	en	la	materia,	son	de	obligado	requerimiento	y	aportación.	El	informe	es	preceptivo	si	es	exigido	por	las	normas	reguladoras	del	procedimiento,	pero	ello	no	quiere	decir	que	sea	preceptivo	seguir	sus	indicaciones.	Ello	sólo	seria	así	si	el	informe,	además	de	preceptivo,	fuera	vinculante.	b. informes	voluntarios	o	potestativos	Pueden	aportarse	al	procedimiento	otros	informes,	requeridos	por	la	Administración	o	presentados	por	los	interesados.	C. La	participación	de	los	interesados	La	fase	de	instrucción	que	ahora	estudiamos,	se	abre	a	una	amplia	participación	en	él	de	los	interesados.	Una	participación	que,	como	ya	hemos	destacado,	resulta	fundamental,	sobre	todo	para	cumplir	con	la	función	legitimadora	característica	del	procedimiento	administrativo.	a. El	concepto	de	interesado	No	cualquier	persona	puede	participar	en	cualquier	procedimiento.	Ha	de	precisarse	por	tanto	la	afirmación,	en	ocasiones	con	carácter	demagógico,	de	que	el	procedimiento	se	abre	a	la	participación	ciudadana.	Pero	según	la	LPC	art.	31:	son	quienes	promuevan	o	inicien	el	procedimiento	–a	instancia	de	parte-­‐;	quienes,	sin	haber	iniciado	el	procedimiento,	tengan	derechos	que	puedan	resultar	afectados	por	la	decisión	que	en	el	mismo	se	adopte;	aquellos	cuyos	intereses	legítimos,	individuales	o	colectivos,	puedan	resultar	afectados	por	la	resolución	y	se	personen	en	el	procedimiento	en	tanto	no	haya	recaído	resolución	definitiva.	b. Momentos	para	la	participación	de	los	interesados	1. Muy	amplio,	no	está	propiamente	acotado	a	un	tramite	concreto	y	llega	hasta	el	trámite	de	audiencia.	2. Justamente	es	el	trámite	de	audiencia.	Se	produce	éste	justo	al	finalizar	la	instrucción	e	inmediatamente	antes	de	redactarse	por	la	Administración	la	propuesta	de	resolución.	Es	por	tanto	el	momento	en	el	que	se	puedan	plantear	objeciones,	réplicas	o	puntualizaciones	a	esa	información	acumulada	o	a	ciertos	extremos	de	la	misma.	3. Puede	producirse	si	se	abre	un	periodo	de	información	pública.	Esa	es	una	decisión	que	corresponde	al	órgano	competente	para	dictar	la	resolución	atendiendo	a	la	naturaleza	del	procedimiento.	Si	decide	abrirse	trámite	se	anunciará	al	BOE,	o	de	la	CA,	o	de	la	Provincia,	a	fin	de	que	cualquier	persona	–no	solo	los	interesados-­‐	pueda	examinar	el	procedimiento.	Jordi	Vallès	Balsells	4. Terminación	del	procedimiento	A. La	terminación	normal	por	resolución	expresa	La	terminación	normal	del	procedimiento	se	produce	por	la	resolución	expresa	a. Contenido	Decidirá	todas	las	cuestiones	que	se	hayan	planteado	por	los	interesados	en	sus	solicitudes	y	las	que	se	hayan	suscitado	a	lo	largo	del	procedimiento.	La	resolución	no	agravará	la	situación	del	solicitante	a	instancia	de	parte	en	ningún	lugar	–ejemplo	de	recurrir	una	multa,	no	puede	ser	superior	posteriormente-­‐.	La	resolución	contendrá	la	decisión	y	“expresarán,	además,	los	recursos	contra	la	misma	procedan,	órganos	administrativos	o	judiciales	ante	el	que	hubieran	de	presentarse	y	plazo	para	interponerlos”.	b. Deber	de	motivación	Consiste	en	expresar,	sucintamente,	los	hechos	y	fundamentos	de	Derecho	en	los	que	se	funda	la	decisión	adoptada	por	la	resolución.	B. Otros	modelos	de	terminación	del	procedimiento	Han	llegado	a	calificarse	de	anormales,	por	contraste	con	el	modo	normal	y	ordinario	que	es	la	resolución	expresa,	aunque	están	previstos	legalmente	y	son	perfectamente	aplicables.	a. Desistimiento	y	renuncia	Son	dos	figuras	muy	parecidas;	la	diferencia	fundamental	es	que	el	desistimiento	se	predica	de	acciones,	en	este	caso	la	acción	de	inicio	del	procedimiento,	de	la	que	luego	desiste;	mientras	que	la	renuncia	es	de	derechos	sustantivos,	siempre	que	se	trate	de	derechos	renunciables;	que	es	durante	el	proceso.	b. Caducidad	Conlleva	el	archivo	de	las	actuaciones	por	parte	de	la	Administración.	Debe	tratarse	de	un	procedimiento	iniciado	a	instancia	de	parte;	debe	producirse	una	paralización	del	procedimiento	por	una	causa	imputable	al	interesado	que	lo	promueve;	y	la	administración	debe	advertirle	de	esa	paralización	para	que	proceda	a	cumplir	con	el	tramite	pertinente,	dándole	un	plazo	de	tres	meses	para	ello.	c. Necesidad	de	resolución	Debe	haber	una	resolución	al	fin	con	una	manifestación	o	constatación	por	la	Administración	de	las	circunstancias	que	condujeron	a	la	caducidad,	la	renuncia	o	el	desistimiento.	C. La	terminación	convencional	del	procedimiento	El	modo	normal	de	terminación	del	procedimiento	ha	sido	y	es	la	resolución,	el	acto	resolutorio	de	la	Administración	con	competencia	en	la	materia	de	que	se	trate.	Como	modo	alternativo,	la	LPC	introdujo	la	terminación	convencional:	a. Forma,	objeto	y	finalidad	Forma:	Se	trata	de	una	convención	que	puede	presentar	formas	distintas	que	celebra	la	Administración	con	los	particulares	o	con	sujetos	de	Derecho	público.	Jordi	Vallès	Balsells	Objeto	y	contenido:	puede	tener	cualquier	objeto	que	sea	susceptible	de	transacción	(no	puede	ser	p.e	materias	competenciales).	Finalidad	y	posición	en	el	procedimiento:	el	convenio	puede	tener	como	finalidad	la	terminación	–convencional-­‐	del	procedimiento	o	puede	insertarse	en	él	como	un	trámite	más.	b. La	funcionalidad	de	la	terminación	convencional:	no	unilateralidad	La	resolución	de	la	Administración	no	puede	en	rigor	considerarse	unilateral	ni	carente	de	legitimación	cuando	va	precedida	de	un	procedimiento	interactivo	abierto	a	una	amplia	y	constante	participación	de	los	interesados.	c. Condiciones	y	limites	de	la	terminación	convencional	La	experiencia	de	la	aplicación	de	esta	fórmula	arroja	algunos	resultados	muy	negativos	cuando	se	le	ha	concedido	un	protagonismo	central	en	la	actuación	administrativa.	La	operatividad	de	esta	fórmula	parece	prudente	pues	circunscribirla	a	cuestiones	muy	acotadas,	para	concretar	detalles	cuantitativos	o	materiales,	accesorios	o	adjetivos	de	la	resolución	principal	que	a	la	Administración	corresponde.	5. La	distinción	entre	actos	resolutorios	y	actos	de	trámite	A	lo	largo	del	procedimiento	se	producen	ordinariamente	todo	una	serie	de	decisiones	sobre	fases,	trámites	y	controversias	que	suscitan	en	torno	a	su	tramitación.	Estas	decisiones	que	adopta	a	la	Administración	se	conocen	como	actos	de	trámite;	no	se	pueden	recurrir	ya	que	no	tiene	fuerza	modificativa	jurídica	y	por	economía	procesal.	Cabe	decir	que	éstos	son	los	actos	tramite	normales,	pero	hay	los	cualificados	que	son	más	importantes,	ya	que	pueden	determinar	la	resolución	final,	que	si	que	pueden	ser	recurridos.	El	procedimiento	concluye	ordinariamente	con	su	resolución.	Es	el	acto	resolutorio.	Es	este	acto	el	que	realmente	tiene	efectos	sobre	la	realidad	jurídica.	Es	el	acto	que	puede	crear,	modificar	o	extinguir	situaciones	jurídicas:	es	el	único	que	puede	ser	recurrido	(a	excepción	del	acto	tramite	cualificado,	que	tiene	un	carácter	resolutorio	y	exclusor).	Actos	normales	No	se	pueden	recurrir	directamente	Actos	de	trámite	Cuali3icados	Aquellos	que	in3luyen	directamente	sobre	el	acto	resolutorio	y	excluyen	a	alguien	del	proceso.	Son	recurrribles	de	trámite	Actos	de	Trámite	VI.
La	tramitación	electrónica	del	procedimiento	La	Ley	11/2007	(LAE)	la	que	admite	plenamente	la	utilización	de	estos	medios	en	las	relaciones	con	la	Administración.	El	avance	más	importante	de	esta	ley	es	que	reconoce	el	derecho	subjetivo	a	relacionarse	con	la	Administración	por	medios	electrónicos.	Un	derecho	que	puede	invocarse	y	exigirse	ante	los	tribunales.	En	la	tramitación	del	procedimiento,	la	utilización	de	medios	electrónicos	puede	aportar	Jordi	Vallès	Balsells	muchas	ventajas	en	orden	a	la	celeridad	y	a	la	simplificación.	Pero	puede	suponer	en	algunos	aspectos	una	regresión	de	los	avances	conseguidos	sobre	todo	en	el	antiformalismo	con	el	que	se	ha	venido	configurando	el	procedimiento	administrativo	y,	en	general,	la	relación	con	la	Administración.	Como	requisito	aplicable	a	la	comunicación	electrónica	con	la	Administración	se	exige	que	se	garanticen	la	constancia	de	la	transmisión	y	recepción	contenido	de	las	comunicaciones	y	la	identidad	de	remitente	y	destinatario.	VII.
La	obligación	de	resolver	en	el	procedimiento	administrativo	1. La	orientación	del	procedimiento	hacia	la	decisión	El	procedimiento	administrativo	ésta	todo	él	derechamente	orientado	a	la	decisión.	Es	una	maquinaria	concebida	para	decidir.	Conecta	también	con	el	principio	de	seguridad	jurídica	pues	establece	la	certeza	de	que	los	procedimientos	administrativos	concluirán	con	una	resolución.	2. La	regulación	legal	del	deber	de	resolver	y	los	mecanismos	para	hacerlo	efectivo	Está	rotundamente	afirmado	por	la	legislación,	no	sólo	afirmado,	sino	programado	y	forzado	en	su	caso	mediante	una	serie	de	mecanismos	muy	efectivos.	Veamos	cómo	se	estructura	legalmente	este	deber	de	resolver.	A. La	afirmación	del	deber	de	resolver	La	ley	afirma	de	manera	explicita	el	deber	de	resolver	el	procedimiento:	“La	Administración	ésta	obligada	a	dictar	resolución	expresa	en	todos	los	procedimientos	a	notificarla	cualquiera	que	sea	su	forma	de	iniciación”	(42.2).	En	los	casos	de	terminación	del	procedimiento	por	renuncia	desistimiento	o	caducidad,	también	es	necesaria	una	resolución	que	exprese	las	circunstancias	por	las	que	se	ha	producido.	B. La	fijación	de	plazos	estrictos	para	resolver	La	manera	de	hacer	efectiva	la	obligación	de	resolver	es	sujetándola	a	un	plazo:	a. Plazos	Ese	plazo	será	el	que	fije	la	normativa	reguladora	del	procedimiento	de	que	se	trate	pero	en	todo	caso	tal	como	establece	la	LPC,	no	podrá	ser	superior	a	seis	meses.	Si	la	normativa	específica	no	establece	plazo	alguno,	ese	plazo	máximo	para	resolver	será	de	tres	meses.	b. Computo	En	los	procedimiento	iniciados	de	oficio	por	la	propia	Administración	desde	la	fecha	de	adopción	del	acuerdo	de	iniciación.	En	los	procedimiento	iniciados	a	instancia	del	interesado,	desde	la	fecha	de	entrada	en	registro	de	la	solicitud.	c. Posible	suspensión	del	transcurso	del	plazo	Puede	ser	porque:	se	requiera	al	interesado	la	subsanación	de	deficiencias	y	aportación	de	documentos;	necesidad	de	un	pronunciamiento	de	un	órgano	de	la	UE;	solicitud	de	informes;	realización	de	pruebas	técnicas;	iniciación	de	tramites	para	alcanzar	la	terminación	convencional.	Jordi	Vallès	Balsells	C. Producción	del	silencio	administrativo	al	vencimiento	del	plazo	para	resolver.	Se	trata	de	la	fórmula	más	efectiva	de	obtener	una	resolución	ante	la	pasividad	de	la	Administración.	Es	el	legislador	el	que	liga	una	resolución	a	ese	silencio.	Con	esta	fórmula	se	afina	al	máximo,	con	total	eficacia	esa	maquinaria	de	resolver	que	es	el	procedimiento	administrativo.	VIII. Las	modalidades	del	silencio	y	su	naturaleza	jurídica	Podemos	encontrar	dos	modalidades	1. El	silencio	negativo	El	silencio	de	la	administración	es	una	denegación.	Permite	el	recurso	ante	lo	que	se	entiende	denegado	por	la	Administración.	El	silencio	administrativo	negativo	es	así	una	fórmula,	un	artificio	procedimental,	que	permite	superar	la	situación	de	bloqueo	y	parálisis	en	que	se	vería	envuelto	el	interesado	si	tuviera	que	esperar	una	decisión	de	la	Administración	que	no	se	sabe	cuando	se	producirá,	ni	si	se	producirá	siquiera.	2. El	silencio	positivo	El	silencio	le	otorga	al	solicitante	aquello	que	demandaba.	A. Su	consideración	como	acto	administrativo	El	silencio	positivo	“tiene	a	todos	los	efectos	la	consideración	del	acto	administrativo	finalizador	del	procedimiento”	43.2	LPC.	Se	trata	pues	de	un	acto	administrativo,	un	acto	presunto	a	diferencia	del	acto	expreso	que	resulta	de	una	resolución	del	procedimiento	por	parte	de	la	Administración.	Puede	ser	por	tanto	título	constitutivo	de	derechos,	por	ejemplo,	una	autorización.	B. Sus	problemas.	La	posible	tensión	entre	lo	otorgado	por	silencio	y	la	legalidad	vigente.	Seguridad	jurídica	o	defensa	de	la	legalidad?	El	silencio	positivo	tiene	un	grave	riesgo,	el	posible	otorgamiento	por	silencio	administrativo	positivo	de	facultades	que	sean	contrarias,	e	incluso	abiertamente	contrarias,	a	la	legalidad	vigente.	Pero	podemos	encontrar	un	grave	problema	entre	la	defensa	de	la	legalidad,	y	la	defensa	de	la	seguridad	jurídica	del	individuo.	La	jurisprudencia	a	determinado	tres	vías	para	solventar	estos	casos:	1. Línea	jurisprudencial	que	se	decanta	por	el	mantenimiento	a	ultranza	de	la	legalidad.	El	solicitante	debería	cerciorarse	que	lo	obtenido	por	silencio	positivo	se	ajusta	a	la	legalidad.	2. Línea	jurisprudencial	que	se	decanta	por	reconocer	todo	lo	que	se	obtiene	por	silencio.	La	solicitud	que	se	presentó	debidamente	a	la	Administración	y	tuvo	ocasión	de	advertirle	la	posible	ilegalidad	de	lo	que	se	pretendía	en	ella.	3. Es	una	línea	ecléctica:	no	resultarían	admisibles	las	facultades	obtenidas	por	silencio	positivo	que	vulneran	abierta	y	ostensiblemente	la	legalidad,	mientras	que	se	mantendrían	los	actos	producidos	por	silencio	positivo	que	conllevan	infracciones	leves	al	ordenamiento.	Jordi	Vallès	Balsells	IX.
Las	opciones	del	régimen	legal	del	silencio	administrativo	1. La	regla	general	y	sus	numerosas	excepciones	En	nuestro	ordenamiento	hemos	establecido	como	regla	el	silencio	negativo.	Sólo	en	casos	especiales,	perfectamente	definidos	en	las	leyes,	se	admitirá	el	silencio	positivo.	2. Resoluciones	expresas	tardías	Es	perfectamente	posible	que,	una	vez	transcurrido	el	plazo	para	resolver,	y	producido	por	tanto	el	silencio	en	el	sentido	que	sea,	la	Administración	dicte	una	resolución	expresa	sobre	lo	solicitado	o	planteado	en	el	procedimiento.	Siempre	será	en	beneficio	del	interesado.	El	plazo	para	recurrir	a	la	vía	judicial	es	de	6	meses	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	resolución	del	recurso	o	petición.	Reglas	generales	del	proceso:	-­‐ Actos	de	Parte	del	Particular:	silencio	positivo	-­‐ Actos	de	Oficio	de	la	Administración:	• Si	el	resultado	es	un	gravamen	para	el	particular:	no	se	aplica	el	silencio	sino	que	caduca	el	procedimiento.	• Si	el	resultado	fuera	favorable	para	el	particular:	silencio	negativo	...
Fundamentos del Derecho Administrativi: Administrativo I - Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 15 (2014) Apunte

References: resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución	
	resolución