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Timestamp: 2018-05-26 23:31:30+00:00

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Sentencia del TSJ de Asturias núm. 649/2016, de 29 de julio. Gestión y recaudación tributaria. Importancia de la correcta notificación tributaria del requeri-miento de subsanación del defecto de representación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia del TSJ de Asturias núm. 649/2016, de 29 de julio. Gestión y recaudación tributaria. Importancia de la correcta notificación tributaria del requerimiento de subsanación del defecto de representación
JUR\2016\196577
Recurso contencioso-administrativo 581/2015
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Chamorro González
SENTENCIA: 00649/2016
RECURSO: P.O.: 581/2015
RECURRENTE: MATADERO FRIGORÍFICO DEL NALÓN, S.L.
RECURRIDO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
En Oviedo, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 581/2015, interpuesto por el MATADERO FRIGORÍFICO DEL NALÓN, S.L.D., representado por el Procurador D. Ramón Blanco González, actuando bajo la dirección Letrada de D. Pablo González López, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (TEARA), representado por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Chamorro González.
TERCERO.- Por Auto de 4 de marzo de 2016, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 28 de julio pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Que por el Procurador de los Tribunales Sr. Blanco González, en nombre y representación de Matadero Frigorífico del Nalón, S.L., se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias de fecha 17 de abril de 2015 en materia de Tasas y Exacciones no cedidas a las CCAA, reclamación número 33/1013/14, y contra la Resolución dictada por el mismo Tribunal de fecha 17 de abril de 2015 en materia de Tasas y Exacciones no cedidas a las CCAA, reclamación número 33/1012/14 , recurso del que dio traslado a la Administración demandada.
Que como principales argumentos impugnatorios, sostenía la parte recurrente que la resolución impugnada no era conforme a derecho por cuanto que consideraba que se había declarado la inadmisibilidad de la reclamación económico administrativa interpuesta sobre la base del incumplimiento de un requerimiento de subsanación de un defecto de presentación que no fue notificado adecuadamente.
Que este Órgano Judicial tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por las partes litigantes en este proceso, debe manifestar que efectivamente la resolución impugnada declara la inadmisibilidad de una reclamación económico administrativa por falta de subsanación de un defecto de representación, subsanación de la que fue requerido el reclamante a través de las notificaciones realizadas en primer lugar al domicilio designado a los efectos de notificación en el escrito inicio de la reclamación, calle Asturias de Oviedo, en la que según la resolución administrativa impugnada resultó desconocido, y posteriormente en el domicilio que figura en el expediente del órgano gestor, Cangas de Onís. Finalmente se intentó una tercera notificación en el domicilio del que se consideraba posible representante de la persona jurídica recurrente, en Langreo.
Del expediente administrativo se deduce que lo anteriormente expuesto y que consta detalladamente expuesto en el antecedente de hecho tercero de la resolución impugnada, folio 8 vto. de los autos, es cierto.
Según consta en el expediente administrativo, al folio 10, por otrosí del escrito de interposición de la reclamación se comunica el domicilio a efectos de notificaciones en la calle Asturias de Oviedo, domicilio del letrado que ostentaba la dirección técnica de la reclamación y que se situaba en la localidad sede del TEARA. Al folio 25, consta la notificación a la recurrente en esa dirección con resultado desconocido, el resultado de esta notificación fue el que provocó los intentos en los otros domicilios y que finalmente se considerara no atendido el requerimiento realizado tras la diligencia de depósito en la Secretaria del TEARA. Consta sin embargo al folio 48 del expediente administrativo que la resolución ahora impugnada y objeto de este proceso contencioso administrativo, fue notificada de forma eficaz a ese mismo domicilio, es decir, al del letrado en la calle Asturias de Oviedo.
Como ha señalado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones por todas en su sentencia de 29 de noviembre de 2012, recurso de casación 1580/2010 , "la Sentencia de esta Sala de 6 de octubre de 2011 (recurso de casación número 3007/2007), en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se dice:
"Con carácter general, y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia.
Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un cierto grado de homogeneidad en su tratamiento, como ha venido a señalar esta Sala en las recientes Sentencias de 2 de junio de 2011 (rec. cas. núm. 4028/2009 ), FD Tercero y ss.; de 26 de mayo de 2011 (rec. cas. núms. 5423/2008 , 5838/2007 y 308/2008 ), FD Tercero y ss.; de 12 de mayo de 2011 (rec. cas. núms.142/2008 , 2697/2008 y 4163/2009 ), FD Tercero y ss.; y de 5 de mayo de 2011 (rec. cas. núms. 5671/2008 y 5824/2009 ), FD Tercero y ss.
Admitido, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, que en el ámbito de las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas resulta aplicable el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2), debemos recordar que, como presupuesto general, lo trascendente en el ámbito de las notificaciones es determinar si, con independencia del cumplimiento de las formalidades legales, el interesado llegó a conocer el acto o resolución a tiempo para -si lo deseaba- poder reaccionar contra el mismo, o, cuando esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias concurrentes, debe presumirse o no que llegó a conocerlos a tiempo.
Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección en materia de notificaciones en el ámbito tributario -inevitablemente muy casuística- pone de relieve que, al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o resolución notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, con carácter general deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, en segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso , entre las que necesariamente deben destacarse tres: a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la Administración; b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el comportamiento de los terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y aceptan la notificación.
La primera de las circunstancias concurrentes a valorar es, como acabamos de referir, el deber de diligencia exigible tanto al obligado tributario como a la Administración. Con relación a la diligencia que ha de demostrar el obligado tributario, se ha dicho que corresponde a los obligados tributarios realizar todas las actuaciones necesarias dirigidas a procurar la recepción de las comunicaciones enviadas por la Administración tributaria, y, en particular, « declarar el domicilio fiscal para facilitar una fluida comunicación con las Administraciones Tributarias» [ Sentencia de 12 de diciembre de 1997 (rec. cas. núm. cas. en interés de ley núm. 6561/1996 ), FD Octavo].
Esta Sala ha puesto especial énfasis en el deber de los obligados tributarios de comunicar su domicilio y los cambios en el mismo. En particular, se ha afirmado con rotundidad que, en la medida en que la carga de fijar y comunicar el domicilio « recae normativamente sobre el sujeto pasivo», «si tal obligado tributario no cumple con la citada carga, el potencial cambio real de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se presente la oportuna declaración tributaria». En este sentido, se ha rechazado que la notificación edictal lesionara el art. 24.1 de la Constitución española (CE) en ocasiones en las que se ha modificado el domicilio sin comunicárselo a la Administración tributaria [entre las más recientes, Sentencias de esta Sala de 27 de enero de 2009 (rec. cas. núm. 5777/2006 ), FD Quinto ; 7 de mayo de 2009 (rec. cas. núm. 7637/2005), FD Quinto ; y 21 de enero de 2010 (rec. cas. núm. 2598/2004 ), FD Tercero], pero - conviene subrayarlo desde ahora- siempre y cuando la Administración tributaria haya actuado a su vez con la diligencia y buena fe que le resultan exigibles [Sentencia de 5 de mayo de 2011 (rec. cas. núm. 5824/2009), FD Cuarto].
En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el carácter «residual», «subsidiario», «supletorio» y «excepcional», de «último remedio» - apelativos, todos ellos, empleados por el Tribunal- de la notificación mediante edictos [SSTC 65/1999, de 26 de abril, FJ 2 ; 55/2003, de 24 de marzo , FJ 2 ; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ; 163/2007, de 2 de julio, FJ 2 ; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2 ; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 2 ; 2/2008, de 14 de enero, FJ 2 ; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2], ha señalado que tal procedimiento « sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra modalidad de citación » (STC 65/1999 ( RTC 1999, 65) , cit., FJ 2); que el órgano judicial « ha de extremar las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación » (SSTC 163/2007 , cit ., FJ 2 ; 231/2007 , cit., FJ 2; en términos similares, SSTC 2/2008 , cit ., FJ 2 ; 128/2008 , cit ., FJ 2 ; 32/2008, de 25 de febrero , FJ 2 ; 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 2 ; y 158/2008, de 24 de noviembre , FJ 2 ; 223/2007 , cit., FJ 2 ; y 231/200 , cit., FJ 2). En fin, recogiendo implícita o explícitamente esta doctrina, en la misma dirección se ha pronunciado esta Sala en Sentencias de 21 de junio de 2010 - la verdadera fecha es la de 28 de junio- (rec. cas. núm. 4883/2006), FD Tercero ; de 28 de junio de 2010 (rec. cas. núm. 3341/2007 ), FD 3 ; de 12 de julio de 2010 (rec. cas. núm. 90/2007), FD Tercero ; de 28 de octubre de 2010 - la verdadera fecha es de 28 de junio (rec. cas. núms. 4689/2006 y 4883/2006), FD Tercero ; y de 28 de octubre de 2010 (rec. cas. núm. 2270/2002), FD Sexto.
Ahora bien, sobre estas afirmaciones generales deben hacerse algunas matizaciones. Así, en lo que a los ciudadanos se refiere, esta Sala ha señalado que el principio de buena fe «impid[e] que el administrado, con su conducta, pueda enervar la eficacia de los actos administrativos» [Sentencias de 6 de junio de 2006 (rec. cas. núm. 2522/2001 ), FD Tercero ; de 12 de abril de 2007 (rec. cas. núm. 2427/2002), FD Tercero ; y de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 5565/2006 ), FD Cuarto], y les impone « un deber de colaboración con la Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquella les dirija » [ Sentencias 28 de octubre de 2004 (rec. cas. en interés de ley núm. 70/2003), FD Quinto; de 10 de junio de 2009 (rec. cas. núm. 9547/2003), FD Cuarto; y de 10 de junio de 2009 - la verdadera fecha es de 10 de junio - (rec. cas. núm. 7305/2003), FD Segundo], lo que conlleva, en lo que aquí interesa, que si el interesado incumple con la carga de comunicar el domicilio o el cambio del mismo, en principio -y, reiteramos la precisión, siempre que la Administración haya demostrado la diligencia y buena fe que también le son exigibles -, debe sufrir las consecuencias perjudiciales de dicho incumplimiento [ Sentencias de 10 de junio de 2009, cit., FD Cuarto; y de 16 de junio de 2009, cit., FD Segundo].
Pero también hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no sólo resulta exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe obliga a la Administración a que, aún cuando los interesados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente [SSTC 76/2006, de 13 de marzo, FJ 4 ; y 2/2008, de 14 de enero , FJ 3], bien porque su localización resulta extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 135/2005, de 23 de mayo, FJ 4; 163/2007, de 2 de julio, FJ 3; 223/2007, de 22 de octubre , FJ 3; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 3; y 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 4), especialmente cuando se trata de la notificación de sanciones administrativas ( SSTC 54/2003, de 24 de marzo, FFJJ 2 a 4; 145/2004, de 13 de septiembre , FJ 4; 157/2007, de 2 de julio, FJ 4; 226/2007, de 22 de octubre , FJ 4; 32/2008, de 25 de febrero, FJ 3 ; 128/2008, de 27 de octubre, FFJJ 2 y 3; y 158/2008, de 24 de noviembre, FJ 3)."
Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al caso que decidimos, parece claro que la Administración no ha actuado con la diligencia que la jurisprudencia exige en relación a la determinación del domicilio en el que debía de practicarse la notificación, ya que ciertamente debió de haber agotado todos los medios para que la notificación que resultó infructuosa se hubiere llevado a cabo de forma debida, todo ello si tenemos en cuenta que una notificación realizada en el mismo domicilio en el que se intentó la notificación del requerimiento, fue eficaz y más en concreto la que acordó la inadmisión de la reclamación económico administrativa y que ahora es aquí litigiosa.
No cabe por tanto que la Administración no tenga por correcta una notificación que posteriormente sí se da por buena, realizada en el mismo lugar. Hay que resaltar que el propio escrito de interposición indicaba que era un domicilio en la sede del TEARA y en concreto el de su letrado, constando además el nombre del mismo. Por tanto, no puede resultar como desconocido el destinatario de la notificación cuando la Administración conocía quién era el titular del domicilio y la condición en la que recibía la notificación, que insistimos, y esto es lo mas importante de todo, posteriormente fue aceptada y correctamente realizada en ese mismo domicilio. En consecuencia, no se cumple en el caso que decidimos la exigencia que la doctrina jurisprudencial refleja de que la Administración debe actuar con una especial diligencia en orden a que la notificación, en este caso por depósito en la Secretaria del TEARA, tenga un carácter residual subsidiario, supletorio, excepcional o de ultimo remedio para dotar de eficacia a las actuaciones administrativas.
No puede en todo caso prosperar la alegación del Sr. Abogado del Estado en relación a la eventual concurrencia de otra causa de inadmisibilidad, en concreto la ininpugnabilidad de una resolución sancionadora en vía económica administrativa, fundamentalmente porque no fue esa la razón de decidir de la resolución del TEARA impugnada y en segundo lugar porque esa misma resolución en su antecedente de hecho primero señala como acto impugnado una liquidación girada en concepto de canon de control de vertidos no autorizados.
En consecuencia procede dictar una sentencia que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto, declare la nulidad del acto administrativo impugnado, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento en que debió de notificarse correctamente el requerimiento de subsanación del defecto de representación.
Que como consecuencia de cuanto antecede es menester que se dicte una sentencia estimatoria de las pretensiones instadas por la parte recurrente, lo que conlleva al amparo del art. 139 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas devengadas en este proceso a la Administración demandada y teniendo en cuenta las características del asunto, quedan las costas fijadas en un máximo de 500 euros, por todos los conceptos.
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EL RECURSO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES SR. BLANCO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MATADERO FRIGORÍFICO DEL NALÓN, S.L., CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 EN MATERIA DE TASAS Y EXACCIONES NO CEDIDAS A LAS CCAA, RECLAMACIÓN NÚMERO 33/1013/14, Y CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL MISMO TRIBUNAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 EN MATERIA DE TASAS Y EXACCIONES NO CEDIDAS A LAS CCAA, RECLAMACIÓN NÚMERO 33/1012/14 , DECLARANDO:
LA DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y SU ANULACION.
DECLARAR LA DISCONFORMIDAD A DERECHO DEL ACTO IMPUGNADO, Y SU CONSIGUIENTE ANULACIÓN, RECONOCIENDO EL DERECHO DEL RECURRENTE A LA RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES AL MOMENTO EN QUE DEBIÓ DE NOTIFICARSE CORRECTAMENTE EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DEL DEFECTO DE REPRESENTACIÓN.
LA IMPOSICION DE COSTAS DEVENGADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA, CON EL LÍMITE FIJADO EN EL FUNDAMENTO CUARTO DE ESTA SENTENCIA.

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