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Timestamp: 2018-11-21 16:47:37+00:00

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Equipo Nizkor - Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 13º período de sesiones.
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Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 13º período de sesiones
I. DEBATE GENERAL
II. EVOLUCION DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
III. EXAMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS RELATIVOS A LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
B. Vida, integridad y seguridad
C. Cultura e identidad religiosa y lingüística
D. Educación e información pública
E. Derechos económicos y sociales
F. Tierras y recursos
G. Instituciones indígenas
IV. EXAMEN DEL SEGUNDO INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL RELATOR ESPECIAL DE LA SUBCOMISION SOBRE LOS TRATADOS, CONVENIOS Y OTROS ACUERDOS CONSTRUCTIVOS ENTRE LOS ESTADOS Y LAS POBLACIONES INDIGENAS
V. DECENIO INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDIGENAS DEL MUNDO
A. Actividades del sistema de las Naciones Unidas
B. Actividades de los gobiernos
C. Actividades indígenas
D. Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional
VI. FUTURA FUNCION DEL GRUPO DE TRABAJO
VII. EXAMEN DEL ESTABLECIMIENTO DE UN FORO PERMANENTE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
DISCRIMINACION CONTRA LAS POBLACIONES INDIGENAS
Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
racerca de su 13º período de sesiones
(Ginebra, 24 a 28 de julio de 1995)
Presidenta-Relatora: Sra. Erica-Irene A. DAES
1. La creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas fue propuesta por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su resolución 2 (XXXIV), de 8 de septiembre de 1981, respaldada por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1982/19, de 10 de marzo de 1982, y autorizada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/34, de 7 de mayo de 1982. En su resolución, el Consejo autorizó a la Subcomisión a establecer anualmente un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que se reuniría con el fin de:
a) examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, incluida la información solicitada anualmente por el Secretario General a los gobiernos, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales regionales y consultivas, particularmente las de poblaciones indígenas, analizar esos materiales y presentar sus conclusiones a la Subcomisión, teniendo presente el informe final del Relator Especial de la Subcomisión, Sr. José R. Martínez Cobo, titulado "Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas" (E/CN.4.Sub.2/1986/7 y Add.1 a 4);
b) prestar especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas, teniendo en cuenta tanto las semejanzas como las diferencias en lo que respecta a la situación y a las aspiraciones de las poblaciones indígenas en todo el mundo.
2. Además del examen de los acontecimientos y la evolución de las normas internacionales, que son temas separados del programa del Grupo de Trabajo, a lo largo de los años el Grupo ha examinado diversas otras cuestiones relacionadas con las necesidades, los derechos y las aspiraciones indígenas. En la resolución 48/163 de 21 de diciembre de 1993, la Asamblea General invitó a las organizaciones de las poblaciones indígenas y a otras organizaciones no gubernamentales interesadas a que consideraran las aportaciones que pudieran hacer para contribuir al éxito del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En su resolución 1995/30 de 3 de marzo de 1995, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Grupo de Trabajo que siguiera examinando con carácter prioritario el posible establecimiento de un foro permanente para las poblaciones indígenas y que, por intermedio de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, presentara sus opiniones y sugerencias a la Comisión de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones. Ambas cuestiones fueron incluidas en el programa provisional preparado por la Secretaría.
Participación en el período de sesiones
3. En su decisión 1994/119 de 26 de agosto de 1994, la Subcomisión determinó la siguiente composición del Grupo de Trabajo para su 13º período de sesiones: Sr. Miguel Alfonso Martínez, Sra. Judith Sefi Attah, Sr. Volodymyr Boutkevitch, Sra. Erica-Irene A. Daes y Sr. Ribot Hatano.
4. Asistieron al período de sesiones el Sr. José Bengoa (como suplente del Sr. Alfonso Martínez), el Sr. Boutkevitch, la Sra. Daes y el Sr. Hatano.
5. Los siguientes Estados Miembros de las Naciones Unidas estuvieron representados por observadores: Alemania, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica y Suecia.
6. Los siguientes Estados no miembros estuvieron representados por observadores: Santa Sede y Suiza.
7. Los siguientes órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas también estuvieron representados por observadores: Banco Mundial, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
8. Las siguientes organizaciones no gubernamentales indígenas, reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, también estuvieron representadas por observadores:
a) Organizaciones de pueblos indígenas
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Asociación Indígena Mundial, Centro de Recursos Jurídicos para los Indios, Consejo Indio de Sudamérica, Consejo Internacional de Tratados Indios, Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, Consejo Sami, Gran Consejo de los Crees, Organización Internacional de Desarrollo de los Recursos Locales y Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos para Aborígenes e Isleños.
Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados, Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales (Consejo Mundial de las Iglesias), Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros), Comunidad Internacional Bahaí, Federación Internacional Terre des Hommes, Federación Mundial de la Juventud Democrática, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Movimiento Federalista Mundial, Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, Movimiento Internacional de Jóvenes y de Estudiantes sobre Asuntos de Naciones Unidas, Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Servicio Universitario Mundial y Vigilancia de los Derechos Humanos.
Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial y Movimiento Internacional contra todas las Formas de Discriminación y Racismo.
9. Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes naciones y organizaciones de poblaciones indígenas, así como otras organizaciones y grupos, que suministraron información al Grupo de Trabajo, con el consentimiento de éste: Aboriginal Provisional Government, Agencia Internacional de Prensa India, Ainu Association of Hokkaido - Japón, Alliance of Taiwan Indigenous Culture, American Indian Law Alliance, Apache Survival Coalition, Apikan Indigenous Network, Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Indígena de la República Argentina, Asociación Socio-Económica de Productores Indígenas del Tawantinsuyu, Association for the Promotion of Batwa, Association Irianis Indigenous Student in Indonesia, Association Nouvelle pour la culture et les arts populaires (Amazigh), Association of Koryk Peoples, Association of the Shorski People, Association pour le Developpement Global des Batwa en Rwanda, Canadian Indigenous Women's Resource Institute, Central Land Council, Centros Culturales Mapuche de Cañete, Comisión Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas de Sudamérica, Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana-Cojpita, Comité de Solidaridad Triqui en el área metropolitana, Comité Intertribal Memoria ê Ciencia - Brasil, Comité Organizador Indígena Kaqchiquel, Comunidad Chalchiteca, Comunidad Ishor-Puerto Esperanza Departamento de Alto - Paraguay, Confederacy of Treaty Six First Nations, Consejo Aguaruna y Huambisa, Consejo de Todas las Tierras Mapuches, Consejo Indígena en Holanda, Consejo Inter-Regional Mapuche, Consejo Nacional Indígena de Venezuela, Consultative Committee of Finno-Ugric Peoples, Coordinación de Organizaciones Mapuche - Argentina, Coordinadora de Organizaciones y Naciones Indígenas del Continente, Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, Cordillera Peoples Alliance, Council for the Advancement of Native Development Officers, Crimean Tatar People, Chin National Front, Chittagong Hill Tracts Peace Campaign, Chukchi L'Auravetlan Foundation, Dakota Tipi First Nation, Escuela Maya de Derechos Humanos Ixim-Che, Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas, Federación Indígena Tawahka de Honduras, Federación Indígena y Campesina de Imbabura, Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, Fundaçao Arapora - Brasil, Griqua National Conference of South Africa, Grumin-Grupo Mujer Educación Indígena, Hill Students' Council - Bangladesh, Hiti Tau Conseil National des ONG des Pays Maohi, Hiti-Tau - Peuples Maohi, Iina Torres Strait Islanders Corporation Research and Resource Centre, Ilkerin Loite Project-Kenya Maasai of Loita, Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples, Indigenous Peoples Rights and Information Center - SAIIC, Indigenous Toddlers of Greenland, Indigenous Women's Aboriginal Cooperation, Indigenous Women's Solidarity Network, International Alliance of Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests, Jumma Peoples Alert, Jumma Peoples Network, Kalahui Hawaii, Kalmyk Association People, Keewatin Tribal Council, Kety People, Kimberley Land Council, Lakota Nation, Lumad Mindanaw Peoples Federation, Maa Development Association, Mangyan Tribal Organisation in Mindoro, Maohi Nation People, Mikmak Nation, Montagnard Foundation Inc., Mouvement Touareg de l'Azawad, Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), Movimiento Acción Reconciliación, Movimiento Indio "Tupaj Katari", Movimiento Quintin Lame, Muskogee-Creek Nation, Nación Quichua - Ecuador, National Coalition of Aboriginal Organisations, National Committee to Defend Black Rights, National Federation of Aboriginal Education Consultative Groups, National Federation of Indigenous Peoples Organizations in the Philippines, National Socialist Council of Nagaland, Native Hawaiian Protocoli, Native Law Centre, New South Wales Aboriginal Land Council, Organizaçao Indigena Tremembe, Organización Amaro Runa, Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo, Organización de Mujeres Indígenas de la Amazonia Peruana, Organización de Indígenas en Suriname, Organización Regional de la Mujer Indígena - ORMI, Osage Indian Nation, Pacific-Asia Council of Indigenous Peoples, Parlamento Indígena de América, Pokot-Kenya, Río Negro Komitee, Samahang Pangtribu Ng Mqamanbyan sa Mindoro, Secretariat of National Aboriginal & Islander Child Care, Shors People, Teleut - Association of the Teleut "Ene-Bayat", Teton Sioux Nation Treaty Council, The Indigenous of Crimean Peninsula (Southern Ukraine), The Kalmyk People, Tribal Act, Tuvienien Peoples, West Papua Peoples Front y Women's Writer Association of Tuva Tuvinien People.
10. Las siguientes organizaciones y grupos estuvieron representados: Aboriginal Works Committee of the Presbyterian Church in Taiwan, Afrikaner-Volksfront, Alliance of Neo-Activists and Muslims-Liberals (France), Apikan Indigenous Network, Arawak Ghyana, Associaçao Missao Tremembe, Association de l'Université d'Eté d'Agadir-Maroc, Association de Soutien aux Nations Amerindiennes, Association Jamal-Potonkan, Association Mondiale des Scientifiques Autochtones, Association pour le Developpement Economique et Social du Sud-Est Marocain, Badan Pertahanan Perjuangan Kemerdekaan Republic Maluku Selatan, Big Mountain Aktionsgruppe, Bowie State University, Bureau of Indigenous and Minorities, California Western School of Law, Centro de documentación, de investigación y de información de las poblaciones indígenas (DOCIP), Centro di Documentazione delle Etnie, Chin Unity Movement, Christian Spiritual Youth Ministry, Comité Belge-Amérique Indienne, Comité de Soutien aux Indiens des Amériques - (France), Comité de Soutien les Tucanos - Brazil, Comité Exterior Mapuche, Cimi, Consortium of European Universities, Dakota Black Hills, Dutch Centre for Indigenous Peoples, Education International, Eirene Agadez - Niger, Enxet, Ethnic Conflict Research Project, Flemish Supportgroup for Indigenous Peoples, Friends of Kashmir, Friends of Peoples Close to Nature, Fundaçao Arapora, Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de Pueblos, Fundación Iriria Tsochok, Gadigal Information Service "Hoori Radio", Gobierno de la Región Autónoma del Atlántico Norte, Gran Fraternidad Universal, Hiti Tau Maomi People, Homeland Mission 1950 Maluku (Molucas), Human Rights and Equal Opportunity Commission, Human Rights on the Molucas, Incomindios, Indigenous Affairs Committee of Democratic Progressive Party in Taiwan, Indian National Social Action Forum, Institut de Recherche et de Documentation de l'Ile de Quisqueya, Institut Ethnologie - Universidad de Estrasburgo, Institute for Ecology and Action-Anthropology, Interim Council of the Boer People-South Africa, International African Students Association, International Educational Development, International Scholars for Indigenous Americans, Itenmen E.V., Janus, Jeunesse Nationale Populaire, Kashmir Democratic Forum, Kwia Support Group, Lakota Project, Lao Human Rights Council Inc., Leonard Peltier Defence Committee, Canada, Lift Every Voice Inc., Maison de l'Environement, Mapuche Aucan, Mena Nuria Foundation, Mohajir Quomi Movement - Pakistán, Mohawk Nation, Muslim Liberals, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Nordic Council of Ministery, Nord Sud XXI, Nuba Mountains Solidarity Abroad, Oekonomia Austria, OPM, Organización de Naciones y Pueblos no Representados, Oromoo Komite Nederland, Parlamento Indígena de América, Peabody Watch Arizona, Pemuda Rms Maluku, Public Association of Russian Regions, Public Service International, Quichua, Rehoboth Baster Community, Revista Etnias México, Sahabat Alam Malaysia Sarawak, Shimin Gaikou Centre, SNV Netherlands Development Organization, Solidarity Action Network, Southern Illinois University, Survive Touahegue, Susila Dharma International, Taipei Economic and Cultural Delegation, Tawu People Council in Taiwan, The Bank Information Center, The Vietnam Nationalities Cultural Association, Tierra Viva, Traditions pour demain, Unión Mexicana Suiza, United National Liberation Front Manipur, Universidad de Amsterdam, Universidad de Basilea, Universidad de Iowa, Universidad de Keele, Universidad de Kent, Universidad de Lausana, Universidad de Nuevo México, Universidad de Nueva Gales del Sur, Universidad de Sussex, Universidad de Tromso, Universidad de Zurich, Wanniya-Laeto Foundation - Sri Lanka, West Papua Action Committee, West Papua Refugee, West Papuan Peoples Front, World Rainforest Movement y World Sindhi Congress.
11. Además de los participantes antes señalados, asistieron a las sesiones 21 académicos, expertos en derechos humanos, activistas y observadores de derechos humanos. En total, más de 700 personas asistieron al 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo.
12. Para el 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo se prepararon los siguientes documentos:
- Programa provisional (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/1);
- Anotaciones al programa provisional (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/1/Add.1);
- Nota de la Presidenta-Relatora, Sra. Erica-Irene A. Daes, sobre los criterios que podrían aplicarse al examinar el concepto de pueblos indígenas (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/3);
- Informaciones recibidas de organizaciones de poblaciones indígenas y no gubernamentales sobre el examen de los acontecimientos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/4);
- Informe de la Reunión Técnica sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/5);
- Nota preparada por la Sra. Erica-Irene A. Daes, Presidenta-Relatora, sobre el papel futuro del Grupo de Trabajo (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/6);
- Informe del Seminario celebrado de conformidad con la resolución 1995/30 de la Comisión, sobre el examen de un foro permanente para las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7);
- Información recibida de los gobiernos sobre el examen del establecimiento de un foro permanente para las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7/Add.1);
- Documentos de trabajo preparados por los expertos independientes Sra. Erica-Irene A. Daes y Sr. Rodolfo Stavenhagen, para el Seminario sobre un foro permanente para las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7/Add.2);
- Información recibida de las organizaciones de los pueblos indígenas sobre el examen del establecimiento de un foro permanente (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7/Add.3);
- Documento preliminar del segundo informe sobre la marcha de los trabajos relativos al estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, presentado por el Sr. Miguel Alfonso Martínez, Relator Especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/C.4/1995/CRP.1);
13. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos de base:
- Proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas, convenido por los miembros del Grupo de Trabajo en su 11º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1);
- Resolución 1995/28 de la Comisión de Derechos Humanos sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo;
- Resolución 1995/30 de la Comisión de Derechos Humanos sobre un foro permanente para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas;
- Resolución 1995/31 de la Comisión de Derechos Humanos sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas;
- Resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos sobre el establecimiento de un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994;
- Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 12º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1994/30);
- Informe definitivo de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, sobre la protección del patrimonio de los pueblos indígenas (E/CN.4/Sub.2/1995/26);
- Resolución 49/214 de la Asamblea General sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
14. El 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas fue inaugurado por un representante del Centro de Derechos Humanos. En su primera sesión, celebrada el 24 de julio de 1995, a propuesta del Sr. Hatano, el Grupo de Trabajo volvió a elegir por aclamación Presidenta-Relatora a la Sra. Erica-Irene A. Daes, por duodécima vez consecutiva.
15. En su primera sesión, el Grupo de Trabajo examinó el programa provisional, que figuraba en el documento E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/1. Por propuesta de la Presidenta-Relatora, se añadió al tema 10 el subtema "El quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas y las poblaciones indígenas". Además, el observador del Brasil propuso que se modificara el tema 9 del programa provisional, añadiéndose la palabra "posible" después de las palabras "examen del". El Grupo de Trabajo aprobó el programa provisional, con las modificaciones mencionadas.
16. El Grupo de Trabajo celebró nueve sesiones públicas, del 24 al 28 de julio de 1995. Decidió dedicar las sesiones primera, segunda y parte de la tercera a actividades normativas. El resto de la sesión tercera y las sesiones cuarta, quinta y sexta, así como parte de la séptima, fueron dedicadas al examen de los acontecimientos. Durante el resto de la séptima sesión, el Grupo de Trabajo examinó el segundo informe sobre la marcha de los trabajos relativos al estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, y sostuvo un debate sobre las cuestiones relacionadas con el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que continuó durante la octava sesión. En el resto de la octava sesión y parte de la novena, se examinó el futuro papel del Grupo de Trabajo. Durante el resto de la novena sesión se examinaron el establecimiento de un foro permanente para las poblaciones indígenas y otros asuntos. La última sesión se prolongó durante una hora y media más de lo previsto. De conformidad con la práctica establecida, el Grupo de Trabajo siguió reuniéndose en sesión privada durante el período de sesiones de la Subcomisión que se celebró a continuación, con objeto de concluir el informe y aprobar las recomendaciones en él contenidas.
17. El informe del Grupo de Trabajo fue aprobado el 7 de agosto de 1995.
18. En su declaración inaugural la Presidenta-Relatora destacó el logro conseguido por el Grupo de Trabajo al crear una plataforma liberal y democrática única en que los representantes de las naciones y comunidades indígenas, los gobiernos observadores y los miembros del Grupo de Trabajo podían intercambiar muchos puntos de vista diferentes en un espíritu de diálogo pacífico y constructivo. Apeló a los gobiernos a que incluyeran a personas indígenas en sus delegaciones y a las instituciones internacionales a que siguieran planteando cuestiones indígenas en futuras conferencias de las Naciones Unidas como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996.
19. Con respecto al proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, explicó que la Subcomisión lo había presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 51º período de sesiones. En ese contexto mencionó la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos, en que la Comisión propuso el establecimiento de un grupo de trabajo de la Comisión encargado de seguir elaborando el proyecto de declaración.
20. Subrayó la importancia de la permanente participación indígena en el examen del proyecto de declaración, y expresó su esperanza de que los gobiernos consideraran la posibilidad de proponer a una persona indígena como Presidente-Relator del nuevo grupo de trabajo: un gesto de tanto valor histórico por parte de los gobiernos sería una importante contribución a la aceleración de la labor relativa al proyecto de declaración y a la reconciliación de los pueblos indígenas y los gobiernos nacionales. Habló también de la posibilidad de ampliar las atribuciones del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las poblaciones indígenas a fin de que pudiera asistir a los representantes indígenas que quisieran participar en el nuevo grupo de trabajo.
21. La Presidenta-Relatora también se refirió a las conversaciones sobre el establecimiento de un foro permanente de más alto nivel para los pueblos indígenas en el seno del sistema de las Naciones Unidas y al curso práctico que tuvo lugar en Dinamarca en junio de 1995, y dijo que aguardaba con interés el examen de la cuestión en relación con el tema 9 del programa.
22. Luego pidió que se analizaran los criterios que podrían aplicarse al examinar el concepto de pueblos indígenas con arreglo al tema 4, "Actividades normativas". La falta de un concepto riguroso de pueblos indígenas no había impedido que se consiguieran adelantos durante el mandato del Grupo de Trabajo, pero existía un creciente deseo de orientación a este respecto entre los gobiernos y los pueblos indígenas.
23. En relación con las futuras actividades del Grupo de Trabajo, propuso que se considerara la designación de temas por años para poder concentrar más los debates del Grupo de Trabajo.
24. Se refirió a una sugerencia hecha por el Gobierno de Nueva Zelandia y ciertas organizaciones indígenas para que se estudiase la forma de involucrar más directamente a expertos indígenas en la labor del Grupo de Trabajo. Mencionó la posibilidad de establecer un grupo científico consultivo indígena sobre cuestiones específicas como la salud, la educación o las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, y explicó que los miembros del Grupo de Trabajo examinarían más a fondo la propuesta en sus reuniones privadas.
25. A continuación intervino el Sr. José Ayala Lasso, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dio la bienvenida a los participantes y destacó lo logrado por el Grupo de Trabajo desde su creación en sus esfuerzos por conseguir la justicia social para los pueblos indígenas del mundo. Dijo que el proyecto de declaración en su forma actual contenía principios fundamentales que constituían ya y que constituirían en el futuro directrices de importancia histórica.
26. El Grupo de Trabajo había servido de inspiración a muchos otros proyectos importantes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como la propuesta de establecer un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.
27. En la novena sesión, la Presidenta-Relatora, en una intervención especial, rindió homenaje al quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas. Recordó a los participantes las primeras palabras de la Carta: "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas..." y señaló que aunque la intención de la Carta era repartir sus beneficios entre todos los pueblos, 50 años más tarde se seguía considerando a muchos pueblos incapaces de trazar su propio destino.
28. Dijo que el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo marcaba el principio de los próximos 50 años de las Naciones Unidas y que debía servir de ejemplo incuestionable del nuevo espíritu de participación popular y de libre determinación en la política mundial. Expresó su esperanza de que en los 50 años siguientes las Naciones Unidas comenzaran a ser realmente unas Naciones Unidas de todos los pueblos, incluidos los pueblos indígenas, y, por fin, fuesen reflejo de la igualdad y la solidaridad de la humanidad.
29. En su declaración final la Presidenta-Relatora comunicó que la participación en el período de sesiones de 1995 había sido amplísima: habían asistido 38 gobiernos observadores, 75 organizaciones de las Naciones Unidas e intergubernamentales, 232 naciones, organizaciones y comunidades indígenas, varias organizaciones no gubernamentales y muchos expertos y académicos a título personal. En total, en 1995 habían participado en las reuniones del Grupo de Trabajo unas 700 personas.
30. Señaló que 52 participantes indígenas habían podido asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo, con la ayuda del Fondo de contribuciones voluntarias para las poblaciones indígenas, y expresó su gratitud a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales que habían aportado contribuciones.
31. La Presidenta-Relatora dijo que los debates acerca del tema 4 indicaban que muchas delegaciones consideraban que los aspectos normativos del mandato del Grupo de Trabajo eran tan importantes como siempre. Recordó a los representantes indígenas que deseaban participar en el Grupo de Trabajo de la Comisión sobre el proyecto de declaración que enviaran su solicitud lo antes posible al Coordinador del Decenio Internacional, en el Centro de Derechos Humanos.
32. En relación con el examen del tema 5, celebró el gran interés que suscitaba esa parte de la labor del Grupo de Trabajo y dijo que para que la labor fuese más operacional y más eficaz debería tenerse en cuenta la propuesta en favor de concentrarse en temas concretos en el futuro.
33. Dijo que pese a la ausencia del Sr. Miguel Alfonso Martínez, Relator Especial encargado del estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, el debate preliminar sobre esa cuestión había sido fructífero, y que se transmitirían las observaciones y propuestas pertinentes al Sr. Alfonso Martínez.
34. La Presidenta-Relatora se refirió al Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y expresó su esperanza de que para el año 2004, el tema del Decenio, que era "Las poblaciones indígenas: la colaboración en acción", fuera ya realidad en la labor cotidiana de las Naciones Unidas. Agradeció al Sr. Antonio García, Presidente de la Reunión Técnica sobre el Decenio Internacional, su presentación del informe (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/5) al Grupo de Trabajo, y dijo que el informe brindaba una sólida base para el programa de actividades que se incluiría en el informe del Secretario General a la Asamblea General.
35. Expresó su gratitud a la Secretaría, a los voluntarios que habían prestado asistencia durante el período de sesiones, al Centro de documentación de investigación y de información de laos poblaciones indígenas (DOCIP) y a la Organización de Naciones y Pueblos no representados por el importante apoyo técnico prestado a los pueblos indígenas.
36. Durante el debate sobre el tema 4 se destacó la importancia especial de varias cuestiones. Muchísimos representantes indígenas y algunos observadores gubernamentales expresaron sus opiniones sobre el nuevo grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y su mandato de seguir elaborando el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas. Además, muchas personas indígenas se habían referido a cuestiones conexas como la participación de los pueblos indígenas en ese grupo y el procedimiento previsto en la resolución 1995/32 de la Comisión.
37. A varios representantes indígenas les preocupaba que el grupo de trabajo de la Comisión iniciara un nuevo proceso de redacción; esos representantes subrayaron la importancia de usar el proyecto de declaración existente como base para el trabajo, e hicieron hincapié en que era esencial para los pueblos indígenas que se mantuviera la integridad del proyecto de declaración.
38. Muchos representantes indígenas manifestaron que era necesaria la participación permanente de personas indígenas en el nuevo grupo de trabajo de la Comisión, y subrayaron la complejidad del procedimiento de participación de las organizaciones indígenas no reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, criticándolo mucho. Muchos expresaron su preocupación de que los gobiernos aprovecharan la falta de una definición oficial de pueblos indígenas para limitar la participación de esos pueblos denegándoles el reconocimiento de pueblo indígena.
39. El observador de Nueva Zelandia dijo que los pueblos indígenas debían tener la oportunidad de seguir expresando sus opiniones durante el examen del proyecto por los gobiernos, y acogió con satisfacción la decisión de establecer un mecanismo para autorizar la representación de organizaciones indígenas en el nuevo grupo de trabajo intergubernamental. Su Gobierno apoyaba el examen de la ampliación del mandato del Fondo de contribuciones voluntarias para las poblaciones indígenas a fin de que también pudiese prestar asistencia a los representantes indígenas que desearan participar en los períodos de sesiones del nuevo grupo de trabajo.
40. El observador de Australia dijo que para poder preparar un documento firme y progresista que fuera aceptable para los pueblos indígenas, era esencial que hubiera acceso total y abierto al proceso de redacción y a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. La participación tenía que ser lo más abierta posible para que así se reflejaran debidamente en el proyecto de declaración los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.
41. Varios representantes indígenas se refirieron a la cuestión de una definición oficial de pueblos indígenas. Algunos representantes de pueblos indígenas de Asia manifestaron que, habida cuenta de la creación del nuevo grupo de trabajo de la Comisión, se necesitaba con urgencia una definición oficial para que los gobiernos no pudieran negar la existencia de pueblos indígenas en sus países.
42. Los observadores de Bangladesh y la India subrayaron la necesidad de definir claramente "pueblo indígena" para centrar efectivamente la atención en los auténticos pueblos indígenas del mundo. El observador de Bangladesh dijo que un procedimiento basado en la autoidentificación podría ser contraproducente y que podría perjudicar enormemente a los verdaderos pueblos indígenas si se permitía que las aspiraciones de los pueblos indígenas se confundiesen con las aspiraciones de otros grupos subnacionales y tribales que también constituían minorías en sus respectivos países.
43. Muchos representantes de pueblos indígenas de otras regiones distintas de Asia, en particular los procedentes de Australia, se opusieron enérgicamente a la idea de una definición oficial de pueblos indígenas. Refiriéndose a sistemas gubernamentales discriminatorios que definían a los pueblos indígenas según criterios como la sangre y el color, afirmaron que la categorización y definición de "indígena" sólo podía basarse en el derecho inherente a la libre determinación. Se mencionaron como elementos esenciales de este enfoque la ascendencia, la autoidentificación, la identidad colectiva o su aceptación por el grupo, y un vínculo histórico con la tierra.
44. Varios representantes indígenas dijeron que el principio de la autoidentificación usado hasta entonces había sido objeto de abusos por parte de grupos políticos que en realidad no eran indígenas. Añadieron que el concepto de indígena no debía aplicarse a los descendientes de antiguos colonos.
45. El Sr. Bengoa dijo que, en relación con la elaboración de un concepto de pueblos indígenas, el debate presentaba claramente dos aspectos: un aspecto teórico y otro político. Además, el uso de las palabras "poblaciones" o "pueblos" planteaba un difícil problema lingüístico. En el proyecto de declaración aprobado por la Subcomisión se usaban ambas palabras sin que se hiciera una clara distinción entre ellas.
46. Un concepto de pueblos indígenas podría ser una medida importante hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos, y podría prestarse muy bien para hacer la importantísima distinción entre grupos indígenas y minorías.
47. A ese respecto, subrayó la diferencia entre la definición de pueblos y el establecimiento de procedimientos para el ejercicio del derecho de autoidentificación. Los procedimientos para el ejercicio del derecho a la autoidentificación tenían que revestir las características siguientes: en primer lugar, tenían que ser operacionales para promover los objetivos internacionales y en particular facilitar una comprensión de las múltiples culturas diferentes; en segundo lugar, tenían que ser funcionales para permitir la participación de los pueblos indígenas; y en tercer lugar, tenían que ser flexibles para poder responder a nuevas situaciones en el dinámico proceso del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
48. Hizo hincapié en que el principio de la autoidentificación era inalienable y tenía que ser parte de la definición. El hecho de ser el primer pueblo y de tener un intenso vínculo con la tierra también constituían elementos importantes de una posible definición.
49. En relación con el requisito de la continuidad histórica, destacó el peligro inherente que podía presentar, ya que muchos pueblos indígenas habían sido expulsados por la fuerza de sus tierras y vivían ahora en zonas urbanas, aunque conservaban su identidad indígena. Había que analizar más a fondo el hecho de haber estado sometidos a la colonización, pues parecía reflejar principalmente la situación de los grupos indígenas de América.
50. El elemento de la cultura distinta, reconocido en todas las definiciones existentes, no debía constituir una característica decisiva, a fin de permitir un enfoque más dinámico, que tenga en cuenta los procesos de transformación de las sociedades indígenas. Además, la característica del no predominio era una realidad empírica pero no necesariamente una característica esencial.
51. El observador del Brasil acogió con agrado lo que había explicado el Sr. Bengoa, pero dijo que su delegación no estaba segura de que esa definición fuese necesaria y sugirió que se mantuviera la cuestión en el programa del período de sesiones del Grupo de Trabajo para el año siguiente. Afirmó además que debía alentarse a otros miembros del Grupo de Trabajo a que expresaran sus opiniones sobre el particular, de preferencia antes de la reunión, para que las delegaciones pudieran analizarlas detalladamente.
52. Varios oradores se refirieron también a las futuras actividades del Grupo de Trabajo e insistieron en que no debían darse por concluidas las actividades normativas, sugiriendo que se redactase una convención sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se dijo que era necesario elaborar constantemente normas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y se sugirió que se elaboraran las relativas a derechos específicos como los derechos de propiedad intelectual y cultural, los derechos de los trabajadores indígenas, los derechos de los reclusos indígenas o los derechos de las personas indígenas residentes en zonas fronterizas.
53. Al presentar este tema, la Presidenta-Relatora subrayó, entre otras cosas, su importancia y reiteró que el Grupo de Trabajo no era un foro para la formulación de quejas, y que los participantes no debían tratarlo como si lo fuera.
54. Un representante de un pueblo indígena de América del Sur hizo la siguiente declaración, que puede considerarse como una reseña general de los hechos pasados y recientes:
"En el pasado los pueblos indígenas vivían pacíficamente en sus tierras natales, en armonía con la naturaleza. Luego vino la "civilización" con su afán de conquista, su apetito de riqueza para unos pocos, la ambición del capital y el poder. Conquistaron nuestras tierras, perdimos nuestros hogares, nuestros lugares sagrados, nuestras zonas agrícolas, nuestros terrenos de caza, y las aguas en que pescábamos. Ellos lo denominaron desarrollo, nosotros lo llamamos destrucción. Ellos dijeron que la civilización elevaría los niveles de vida, nosotros decimos que trajo consigo la humillación. Ellos se enriquecieron, nosotros nos empobrecimos. Ellos fundaron grandes empresas, nosotros nos convertimos en mano de obra barata. Ellos arruinaron la biodiversidad, nosotros perdimos nuestras fuentes de medicina tradicional. Ellos hablaban de igualdad, nosotros no veíamos más que discriminación. Ellos decían infraestructura donde nosotros veíamos invasión. Ellos pensaban en la civilización, nosotros perdimos nuestras culturas, nuestro idioma, nuestra religión. Ellos nos sometieron a sus leyes, nosotros les vimos disponer de nuestras tierras. Ellos trajeron enfermedades, armas, drogas y alcohol, en vez de educación y atención médica en las mismas condiciones para todos. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace más de 500 años... y lo que sigue ocurriendo."
55. Muchos representantes indígenas comunicaron que se continuaba denegando el derecho a la libre determinación a sus respectivos pueblos. Aunque la mayoría describieron situaciones de opresión y asimilación, un número considerable de participantes pudieron anunciar progresos logrados a ese respecto.
56. Algunos representantes indígenas afirmaron que a sus pueblos no se les reconocía como indígenas en las leyes de sus respectivos países, por lo que les era prácticamente imposible reclamar el derecho a la libre determinación. Un representante de un pueblo indígena de Asia afirmó que el Gobierno de su país aprovechaba la falta de definición de "pueblos indígenas" en derecho internacional como pretexto para no reconocer los derechos indígenas de su pueblo.
57. Los observadores de Bangladesh y la India afirmaron que la expresión "pueblos indígenas" no se aplicaba a sus países puesto que la totalidad de la población venía ocupando el mismo territorio desde hacía varios milenios, por lo que todos eran indígenas en relación con la tierra. El observador de Indonesia dijo también que la denominación de indígena no era aplicable en la sociedad integrada de su país.
58. El observador de Finlandia y un representante indígena de Escandinavia anunciaron que el Parlamento de Finlandia había aprobado recientemente el Estatuto de autonomía cultural de los sami. El Estatuto, que es parte de la Constitución finlandesa y de otras leyes, reconoce a los sami como pueblo indígena y garantiza el derecho de autonomía cultural del territorio patrio de los sami respecto de su propio idioma y cultura. Sin embargo, el representante indígena afirmó que este hecho tan positivo había suscitado la oposición de las personas que no eran sami pero que vivían en el territorio patrio de los sami.
59. Un representante de un pueblo indígena del Pacífico describió las aspiraciones de soberanía de su pueblo. Dijo que hace tiempo habían sido reconocidos por las Naciones Unidas como territorio no autónomo, y que antes de su anexión, su nación había firmado tratados con 22 gobiernos europeos y asiáticos. Además, hacía año y medio su Gobierno nacional aprobó un proyecto de ley de disculpa y se disculpó oficialmente ante su pueblo.
60. El observador del Canadá dijo que un elemento fundamental de la posición del Gobierno canadiense respecto de las cuestiones indígenas era el supuesto de que el derecho inherente al autogobierno era un derecho vigente de los aborígenes reconocido por vía de tratados y enunciado en el artículo 35 de la Ley constitucional de 1982. Así pues, la Constitución del Canadá podía amparar los arreglos de autogobierno. A ese respecto, mencionó los avances logrados para el establecimiento del nuevo gobierno territorial de Nunavut (región del Artico oriental) en cuestiones como la selección de una capital y la formación de los sami para que desempeñen funciones directivas en el nuevo gobierno.
61. Algunos representantes de pueblos y comunidades indígenas denunciaron situaciones de peligro mortal como el genocidio, los asesinatos en masa, los regímenes militares, la inmigración o los desplazamientos forzosos, la prisión y la existencia de circunstancias económicas y sociales que provocaban condiciones de vida deplorables.
62. Un representante de un pueblo indígena de Asia informó sobre casos de violencia indiscriminada y de destrucción de aldeas por las fuerzas militares. Describió un panorama de expediciones rutinarias contra aldeas en el transcurso de las cuales se golpeaba, se detenía aleatoriamente y se asesinaba a los pobladores y se violaba las mujeres. Otro representante habló de la fuerte presencia militar en su país donde, so pretexto de tomar medidas "contra la insurgencia" y de "seguridad", se producían graves violaciones de los derechos humanos, incluida la conversión religiosa forzada y la tortura. Algunos representantes de gobiernos observadores informaron en sus intervenciones al Grupo de Trabajo sobre las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos respecto de las presuntas violaciones de los derechos humanos y los esfuerzos que se realizaban para fomentar la confianza.
63. Dos representantes de pueblos indígenas de América Latina mencionaron un reciente conflicto fronterizo militar del que fueron víctimas los pueblos indígenas de ambos lados de la frontera e instaron a los países involucrados en el conflicto a que buscaran una solución negociada.
64. El observador de Australia dijo que era motivo de gran preocupación para el Gobierno de su país el hecho de que, pese a las medidas adoptadas para evitarlo, hubieran aumentado las tasas de encarcelamiento entre los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y que aún se registraban fallecimientos durante el período de detención. La tasa de personas indígenas en el sistema de justicia penal era excesiva y alarmante, pues era 26 veces mayor que la de australianos no indígenas. Sin embargo, el Gobierno de Australia había adoptado medidas para velar por la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Real encargada de investigar las muertes de aborígenes detenidos. Un representante indígena de Australia afirmó que muchas de esas personas estarían aún con vida si se hubieran aplicado las recomendaciones más oportunamente. Informó además de los esfuerzos realizados para reunir a los familiares de los muertos en prisión para que compartieran sus penas y para ayudarlos a superarlas.
65. El observador del Brasil habló de la situación particular de los yanomami. Entre abril de 1994 y abril de 1995 se había expulsado del territorio de los yanomami a 1.382 intrusos, unos 200 habían burlado la vigilancia. El Gobierno estaba organizando un amplio sistema de vigilancia para evitar las invasiones de tierras indígenas. Reconoció que la invasión de esas tierras por personas que huían de la pobreza y el desempleo en el interior del país constituía un problema estructural que sólo podía superarse con soluciones a largo plazo. Un representante indígena manifestó que los yanomami seguían siendo víctimas mortales de enfermedades y de la violencia.
66. Lo mismo que el año pasado, una representante indígena señaló a la atención del Grupo de Trabajo la cuestión de las características genéticas. Parecía haber muchísimo interés científico en comprender la estructura genética humana fundamental de los pueblos indígenas y el potencial que podrían encerrar las propiedades genéticas indígenas para la curación de ciertas enfermedades de inducción genética. Se refirió al Proyecto sobre la diversidad de los genomas humanos (el denominado "Proyecto vampiro"), iniciativa multimillonaria multinacional para explorar la estructura genética humana. El proyecto incluye la recogida de muestras de sangre, cabellos y tejido de cientos de grupos indígenas diferentes. Pidió que se elaborasen directrices, normas y limitaciones efectivas en relación con las características genéticas.
67. Muchos representantes indígenas hicieron observaciones sobre los peligros de los ensayos nucleares y la eliminación de los desechos nucleares, y protestaron enérgicamente contra los ensayos nucleares franceses. Algunos pidieron al Grupo de Trabajo que iniciara un estudio sobre los efectos de esas actividades sobre los pueblos indígenas y sus tierras. Un representante de un pueblo indígena de Asia habló de su pueblo, integrado por 3.100 habitantes que vivían en una isla pequeña. Dijo que la isla era usada como lugar de descarga de desechos nucleares. Afirmó que durante un período de 13 años se habían almacenado en la isla más de 100.000 barriles de desechos. Se creía que 30.000 barriles comenzaban a tener fugas, con el consiguiente envenenamiento de tierras y aguas. Denunció además que más de 50 niños habían nacido con defectos congenitales, posiblemente debido a esta situación.
68. A este respecto, la Presidenta anunció que ya había concluido su estudio sobre la protección del patrimonio indígena y la revisión de los principios y directrices (E/CN.4/Sub.2/1995/26); su intención era presentar el estudio y los principios y directrices a la Subcomisión en relación con el tema 15 de su programa.
69. Un representante de un pueblo indígena de América del Norte denunció que las leyes nacionales discriminaban contra las mujeres indígenas al denegar a ciertas categorías de mujeres la condición de "india", y que discriminaban contra los pueblos indígenas en general al estipular que se reconociese esa condición a ciertas personas, violándose así el principio de la autoidentificación.
70. Un representante de un pueblo indígena de América del Sur manifestó que la identidad comunal de su pueblo prescribía su propia forma de transmisión de derechos a fin de preservar las prácticas tradicionales, prácticas que peligraban ahora debido a una ley nacional sobre las inversiones privadas.
71. Un representante indígena de la Federación de Rusia dijo que el uso de un instrumento de caza tradicional había sido tildado de bárbaro e innecesariamente cruel para los animales por sectores ajenos a su pueblo. Un representante de un pueblo indígena de Norteamérica mencionó los progresos logrados respecto de la promoción de la cultura de su pueblo. Hacía poco que se había comenzado a transmitir un programa diario de noticias de 15 minutos de duración en su idioma. Además, se imprimían varios periódicos en su idioma y también podían encontrarse en el mercado varias cintas videoscópicas.
72. Otro representante de un pueblo indígena de Africa se quejó de la explotación de las mujeres de su pueblo, cuyas tradiciones, indumentaria y ornamentos habían sido objeto de comercialización en gran escala. En opinión de un representante de un pueblo indígena de Asia, resultaba irónico que, por una parte, algunos gobiernos asiáticos negaran la existencia de pueblos indígenas en su país y que, por otra, comercializaran la cultura de los pueblos indígenas para atraer al mayor número posible de turistas.
73. Un representante de un pueblo indígena de América del Norte recordó una crisis que se planteó en 1990 en relación con un bosque en el que había un cementerio sagrado, bosque que se quería convertir en campo de golf. Recientemente habían fallecido dos personas de su pueblo, a las que hubo que enterrar en otro lugar por falta de cementerio. Por lo visto distintas agencias de turismo privadas y estatales procuraban desalentar a los turistas europeos que deseaban visitar la zona, afirmando que los habitantes iban armados y eran peligrosos.
74. Una representante indígena de Europa oriental dijo que había mejorado la disponibilidad de educación en su idioma. Se publicaban periódicos y libros de texto y se aplicaban reglamentos regionales. Su pueblo había conseguido publicar el proyecto de declaración en su idioma.
75. Un representante indígena de Asia dijo que su gobierno nacional había establecido escuelas en que se enseñaba la cultura, la historia, el idioma, etc., de la sociedad dominante, sustituyendo efectivamente a la cultura indígena. Un representante indígena de América Latina informó acerca de la falta de acceso a la educación que aquejaba a su pueblo, a todos los niveles de educación. Afirmó que no se daba una educación bilingüe y que la calidad de la educación era mala. Posteriormente dijo que había que asignar más recursos.
76. El observador de Nueva Zelandia dijo que el primer año del Decenio Internacional había sido dedicado al Año del idioma maorí. Los objetivos de esta iniciativa eran centrar la atención en la condición jurídica del idioma maorí y alentar su uso. La conmemoración incluiría conferencias sobre el idioma maorí, becas, y la realización de un estudio amplio sobre el uso del idioma maorí en todo el país. Además, dijo que su Gobierno opinaba que la educación cumplía una función esencial para superar la brecha entre maoríes y no maoríes. Describió los progresos logrados en todos los niveles de educación.
77. Análogamente, el observador de Chile indicó que su Gobierno estaba desarrollando un plan de educación bilingüe intercultural. Durante el año en curso se había asistido económicamente a 5.000 estudiantes indígenas con arreglo a un programa especial.
78. Una representante indígena de Australia dijo que la educación no sólo era un derecho fundamental de todos los pueblos sino también un factor fundamental para la consecución de la justicia social y el proceso de reconciliación. Las controversias entre el Commonwealth y los gobiernos estatales estorbaban la aplicación de las medidas necesarias para mejorar la educación.
79. Un representante indígena de la Federación de Rusia explicó que el sistema estatal de servicios de salud no satisfacía las necesidades de las distintas poblaciones indígenas que vivían en ese Estado. Un representante indígena de América del Norte comunicó que, a pesar de que constituía una violación de los derechos estipulados en los tratados, el Gobierno estaba reduciendo los fondos destinados a la asistencia sanitaria. Sostuvo que esas reducciones equivalían a un genocidio para su pueblo, que estaba desapareciendo como consecuencia de las deplorables condiciones socioeconómicas existentes en sus comunidades.
80. Un representante indígena del Pacífico afirmó que las estadísticas sanitarias de su pueblo eran las peores de toda la población de su Estado. Abundaban en su pueblo las enfermedades cardíacas, el cáncer, la alta presión sanguínea y la diabetes, y la tasa de mortalidad infantil era elevada. Las mujeres tenían los coeficientes más altos de cáncer de mama en el Estado federado en el que residía dicho representante, y ese coeficiente era el segundo mundial por orden de importancia.
81. Una representante indígena de Australia afirmó que la población aborigen iniciaba la vida a edad más temprana y moría más pronto. La esperanza de vida de una mujer indígena era de unos 62 años, mientras que era de 81 años para la población en general; la esperanza de vida de los indígenas de sexo masculino era de 57 años, pero la de los hombres australianos en general era de 75 años. El porcentaje de aborígenes que fumaba era el doble de la media nacional. La representante afirmó que, pese a los progresos realizados en la reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, aún quedaba mucho por hacer para mejorar la situación sanitaria general de su pueblo.
82. Varios representantes indígenas recalcaron la necesidad de dar poder de decisión a las mujeres indígenas, que sufren dos veces porque son objeto de discriminación por indígenas y por mujeres.
83. Algunos representantes indígenas señalaron las dificultades con las que tropezaban para adaptarse a las fuerzas del mercado en el marco de un sistema capitalista. Varios representantes indígenas dijeron que ciertos acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el MERCOSUR, constituían una amenaza. Otros hicieron referencia a las consecuencias negativas de las políticas de los organismos nacionales e internacionales de desarrollo para su situación social y económica.
84. Un representante indígena de Asia dijo que la política de migración de su Gobierno había ocasionado altas tasas de desempleo en su pueblo porque los mejores puestos se utilizaban para atraer inmigrantes. También habló de la violación de los derechos de propiedad intelectual de su pueblo; por ejemplo, había personas que habían robado conocimientos tradicionales relativos al cultivo de un árbol que proporcionaba una especia de gran valor.
85. Una participante que hablaba en nombre de una población indígena de Asia afirmó que la actividad de subsistencia tradicional de ese pueblo era considerada como caza furtiva por la ley, y en consecuencia estaba prohibida. Un representante indígena de Escandinavia señaló que las tierras de caza tradicionales en uno de los países escandinavos estaban ahora prácticamente abiertas a todos los ciudadanos. Se había facultado a la Junta Nacional de Agricultura para administrar las licencias. Afirmó que se concedían licencias anuales a las personas que vivían en el municipio y licencias diarias a otras personas.
86. El observador del Canadá expresó la preocupación de su Gobierno por la reglamentación de la Unión Europea en materia de caza con trampas. Esa reglamentación prohibía la importación de pieles y productos de pieles de animales salvajes de 13 especies diferentes. Esto tendría consecuencias gravísimas para la economía y la forma de vida de muchos pueblos indígenas del Canadá. Afirmó que su Gobierno sostenía actualmente negociaciones para encontrar una solución práctica.
87. Un representante indígena de América Latina indicó que las tierras de su pueblo estaban ahora en manos privadas y que, como consecuencia de ello, el pueblo no era ya más que una fuente de mano de obra barata que no percibía los salarios mínimos legales ni los beneficios sociales. Afirmó que la tasa de desempleo de su pueblo oscilaba entre el 70 y el 100%. Les resultaba imposible ejercer sus derechos tradicionales porque ya no tenían acceso a sus tierras. Otro representante afirmó que habían creado un programa junto con la FAO para combatir la malnutrición de los niños de su pueblo. El programa incluía cursos de capacitación sobre el valor nutritivo de los alimentos y la construcción de invernaderos para cultivos alimenticios.
88. Muchos representantes indígenas mencionaron situaciones que suponían la pérdida de tierras, falta de acceso a las mismas, desplazamientos, deterioro ambiental debido a actividades de extracción, y amplias actividades de explotación maderera y de minería en sus tierras, sin ninguna compensación ni participación en los beneficios.
89. Un representante indígena de América Latina afirmó que sus tierras estaban amenazadas por empresas multinacionales. El Parlamento de su país estaba negociando actualmente un contrato con una empresa maderera, que abarcaría una superficie de más de un millón de hectáreas de bosques húmedos tropicales, lo que representaba la cuarta parte del total de ese tipo de bosques de su país. Además, otra empresa estaba desarrollando trabajos de prospección de oro y otras dos empresas estaban extrayendo bauxita. El representante afirmó que esas actividades destruirían las posibilidades de que su pueblo siguiera viviendo de forma pacífica y tradicional.
90. Otro representante indígena de América Latina dijo que las tierras indígenas se vendían o se asignaban de manera injusta, lo que creaba una situación en la que los ricos, que constituían el 10%, eran propietarios del 89% de las tierras. Otro representante explicó que la proyectada construcción de una central hidroeléctrica perjudicaría a la biodiversidad y entrañaría el desplazamiento de comunidades indígenas.
91. Un representante que hablaba en nombre de una población indígena de Asia describió una situación en la que la inmigración y el establecimiento de un parque nacional en sus tierras había dejado sin terreno al pueblo. Se les había instalado en aldeas de rehabilitación, en el marco de un proyecto hidroeléctrico y de riego destinado a lograr su "desarrollo". Otro representante mencionó las amenazas que planteaban las actividades de desarrollo nacional: su Gobierno estaba promoviendo activamente un plan hidroeléctrico que inundaría 70.000 hectáreas de tierras y ocasionaría el desplazamiento de 15 comunidades indígenas.
92. Un representante indígena de América Latina dijo que en su país se habían realizado progresos como el reasentamiento de pueblos indígenas en sus territorios tradicionales y la cesión de la propiedad de esos territorios. No obstante, aún quedaba mucho por hacer y esos progresos no se debían considerar como favores hechos por el Gobierno, sino como actos de justicia social. Otro representante dijo que los pueblos indígenas no querían vivir en jaulas y que su lucha por sus tierras se debía considerar en el contexto más amplio de las tierras y territorios vecinos.
93. El observador del Brasil afirmó que la demarcación de tierras indígenas constituía la prioridad más importante de su Gobierno, como medio de garantizar el derecho a la tierra y el goce de otros derechos básicos de las poblaciones indígenas del Brasil. Ya se habían deslindado materialmente 280 zonas indígenas (aproximadamente las dos terceras partes de todas las zonas indígenas). El mes anterior el Presidente había aprobado la demarcación de ocho territorios indígenas, lo que representaba más de 200.000 ha. Todo eso se había hecho a pesar de las importantes limitaciones financieras con que tropezaba el Gobierno federal. Aun así, el proceso de demarcación de tierras previsto para 1996-1999 comprendería 223 territorios indígenas, lo que representaba un costo estimado de aproximadamente 300 millones de dólares. En el año 2000 se deslindarían otros 25 territorios gracias a la asistencia internacional de los países del Grupo de los Siete. Dijo asimismo que el Ministerio del Medio Ambiente y de la Región Amazónica del Brasil había iniciado varios proyectos destinados a rehabilitar el medio ambiente en las tierras indígenas y a fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas a base de sus conocimientos y estilos de vida tradicionales.
94. El observador de Nueva Zelandia informó acerca de la solución de controversias sobre tierras con arreglo al Tratado de Waitangi. Su Gobierno había establecido el Tribunal de Waitangi y había asignado la suma de 1.000 millones de dólares neozelandeses -a título de "solución o paquete fiscal"- para resolver las reivindicaciones durante un período de aproximadamente diez años. En esa política de solución de controversias se introdujo una excepción para las relativas a la propiedad de recursos naturales, que se reguló teniendo en cuenta principalmente el interés común. Sólo se podía reivindicar la propiedad de recursos naturales en determinadas circunstancias; por ejemplo, si un lugar revestía importancia especial para los maoríes desde el punto de vista histórico, cultural o espiritual o si la gestión global de los valores de conservación se mantendría o se mejoraría accediendo a la reivindicación.
95. El observador del Canadá dijo que la solución de controversias sobre tierras en el Canadá se realizaba negociando acuerdos sobre cuestiones de tierras y recursos importantes. La tasa de solución de controversias se había cuadruplicado prácticamente desde 1991 y en 1994-1995 se había logrado solucionar 25 casos, que suponían más de 78 millones de dólares. Con respecto al proyecto hidroeléctrico de Great Whale, en Quebec septentrional, el representante comunicó que en el otoño de 1994 el Gobierno de Quebec había anunciado la suspensión del proyecto. Se habían reanudado las deliberaciones con los crees de Quebec y se había firmado un memorando de entendimiento en mayo de 1995, relativo a la aplicación.
96. Un representante indígena de América del Norte afirmó que el contenido de una ordenanza sobre tierras de pastoreo que delimitaba los pastizales de un determinado territorio había favorecido los intereses de las grandes explotaciones y no los de los indios de la reserva. La controversia suscitaba un problema más profundo: el de la soberanía y la autoridad sobre los procesos de adopción de decisiones que regulaban los recursos del territorio.
97. Un representante indígena de Australia se refirió al establecimiento de un fondo nacional de tierras indígenas y afirmó que se depositaría en ese fondo la suma de 1.500 millones de dólares australianos a lo largo de un período de diez años, cifra que resultaba insignificante si se la comparaba con el importe de las posesiones perdidas o incluso con el presupuesto oficial para los Juegos Olímpicos de Sydney que se iban a celebrar en el año 2000. Otro representante mencionó una ley estatal de derechos a tierras aborígenes, que preveía un procedimiento para la reivindicación de tierras pero que fijaba un plazo límite, después del cual no se admitirían demandas. Cinco años atrás se había dictado otra ley, pero sólo se habían concedido hasta la fecha cinco títulos de propiedad. Refiriéndose a la Ley de derechos indígenas, otro representante afirmó que dicha ley daría lugar a la extinción de los derechos a la propiedad y que su aplicación era lenta, muy cara y compleja, y no correspondía al derecho aborigen.
98. El observador de Australia afirmó que el papel del Tribunal nacional de derechos indígenas, establecido en enero de 1994 con arreglo a la Ley de derechos indígenas, consistía en mediar entre demandantes y demandados en las reivindicaciones de propiedades nativas para tratar de llegar a un acuerdo. En junio de 1995 se habían establecido el Fondo de tierras de las pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y la Corporación de tierras indígenas. El Fondo, financiado con asignaciones anuales fijas del Gobierno del Commonwealth, prestaría asistencia a los pueblos indígenas para adquirir y administrar tierras. El observador de Australia explicó que todas esas iniciativas estaban destinadas a instituir la justicia social, sin la cual no podía haber reconciliación.
99. Un representante que hablaba en nombre de un pueblo indígena del Africa meridional informó que, en virtud de la nueva Constitución del país, las reivindicaciones de tierras que fueran anteriores a 1913 no serían admisibles, lo que significaba que su pueblo se quedaría con las manos vacías.
100. Un representante de un pueblo indígena de América del Sur afirmó que, aunque su pueblo estaba reconocido como tal en virtud de una ley especial, la elección de sus representantes se veía mediatizada por un sistema de designaciones y aprobaciones que impedía la intervención directa del pueblo. Un representante de un grupo de apoyo a los pueblos indígenas manifestó que el grupo había designado a una persona indígena como consultora en materia de asuntos indígenas.
101. Un representante indígena de la Federación de Rusia comunicó que su pueblo había establecido su propia empresa con objeto de abordar los problemas económicos con que tropezaba y para competir con las empresas que amenazaban sus tierras.
102. El observador de Finlandia dijo que en su país se había aprobado una ley con arreglo a la cual se fortalecía el funcionamiento del Parlamento sami. En virtud de dicha legislación, el Parlamento sami presenta un informe anual al Gobierno, se designa un presidente con dedicación exclusiva, y los funcionarios gubernamentales están obligados a consultar con el Parlamento sami sobre todo asunto importante relativo a la planificación y aplicación del uso de la tierra, reglamentaciones aplicables a las ocupaciones de los sami y políticas aplicables en materia de educación, salud y bienestar social en el territorio sami.
103. El observador del Canadá afirmó que en diciembre de 1994 se había firmado un acuerdo histórico destinado a suprimir gradualmente las actividades regionales del Departamento de Manitoba para asuntos indígenas y desarrollo del norte, y transferir sus funciones al pueblo de First Nations de Manitoba. La operación se llevaría a cabo mediante amplias consultas con dicho pueblo, y conforme al ritmo que él determinara. Además, varias personas indígenas habían sido designadas para ocupar importantes cargos oficiales.
104. El observador de Noruega hizo saber que, en relación con sus obligaciones de informar periódicamente con arreglo al Convenio Nº 169 de la OIT, Noruega había establecido la práctica de adjuntar el informe del Parlamento sami. Se hacía así porque las autoridades noruegas habían comprobado que podía haber distintas opiniones sobre la comprensión e interpretación de las obligaciones legales establecidas en el Convenio Nº 169, y para facilitar una actividad informativa abierta y constructiva. Por otra parte, dijo que existía un entendimiento común en el sentido de que el Parlamento sami actuaría como principal catalizador de las políticas gubernamentales aplicables al pueblo sami.
105. Un representante indígena de Australia afirmó que la tendencia de las últimas elecciones indicaba que la organización financiada por el Estado que representaba a los pueblos indígenas de Australia no gozaba del respaldo total de la población indígena, lo que suscitaba algunas dudas acerca del propósito del Gobierno de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT con el respaldo de esa organización representativa.
106. Varios representantes indígenas afirmaron que la aplicación de las leyes, las políticas y los programas destinados a su protección y desarrollo resultaba a menudo lenta o incorrecta, y que a veces brillaba por su ausencia.
107. Un representante indígena de América Latina dijo que no veía muy bien de qué servía el ratificar los instrumentos de derechos humanos si luego los gobiernos no aplicaban sus cláusulas de protección. Un representante indígena de la Federación de Rusia afirmó que los recursos destinados al desarrollo de su pueblo se perdían a causa de la corrupción, y que a menudo la pérdida iba acompañada de violencias físicas.
108. Los observadores de Australia, el Brasil, el Canadá y Nueva Zelandia informaron sobre los progresos realizados en la aplicación de medidas destinadas a garantizar los derechos de sus respectivas poblaciones indígenas sobre las tierras, y en sus políticas generales.
109. El observador del Brasil comunicó al Grupo de Trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había sido invitada a visitar el Brasil, con objeto de documentarse directamente acerca de la situación general de los derechos humanos en el país. Una organización no gubernamental observadora acogió con satisfacción la decisión del Brasil de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que el examen de la situación de los derechos humanos en el Brasil podía dar lugar a la adopción de medidas de protección del pueblo yanomami.
110. Al presentar el tema del programa, la Presidenta-Relatora explicó brevemente que el segundo informe sobre la marcha de los trabajos sólo se encontraba disponible en su versión original en español, lo que era de lamentar. Se refirió a los problemas de salud que habían afectado recientemente al Relator Especial y miembro del Grupo de Trabajo, Sr. Miguel Alfonso Martínez, a quien deseaba una pronta y total recuperación. De conformidad con los deseos del Sr. Alfonso Martínez, propuso que el Grupo de Trabajo realizara un debate preliminar.
111. El suplente del Sr. Alfonso Martínez, Sr. Bengoa, afirmó que había tenido oportunidad de leer el proyecto de informe; estimó que se trataba de un excelente trabajo y resaltó en particular su interés para la cuestión de la definición, que había adquirido gran importancia en las deliberaciones del Grupo de Trabajo. La presencia de ciertos grupos en las deliberaciones del Grupo de Trabajo, que se presentaban como indígenas, sugería la necesidad de precisar más los elementos que podían ser pertinentes para definir las poblaciones indígenas.
112. Un representante indígena de América Latina afirmó que las disposiciones de un acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y los civiles insurrectos no se respetaba, y exhortó a que se introdujeran reformas constitucionales como única solución práctica posible.
113. Un representante indígena de América del Norte afirmó que su confederación de naciones indígenas había realizado algunas investigaciones sobre los tratados concertados entre pueblos indígenas con anterioridad a la llegada de los europeos, que a su juicio serían pertinentes para el estudio sobre los tratados. Recomendó que el Grupo de Trabajo sugiriera a los órganos de los que depende que se prorrogara el mandato del Relator Especial durante un año y que se le proporcionaran los recursos técnicos y financieros necesarios para terminar el estudio. Esas propuestas fueron apoyadas por todos los oradores que se refirieron a este tema.
114. Otro representante de América del Norte expresó su convicción de que un criterio imparcial sobre los acuerdos internacionales vinculantes, formulado por una tercera parte, daría nuevas fuerzas a la lucha librada por su pueblo. Un representante indígena de Australia invitó al Relator Especial a que visitara el país, y afirmó que el valioso estudio comparativo realizado por el Sr. Alfonso Martínez brindaba a su pueblo mucha información acerca de la manera en que el Gobierno australiano podría reconocer constitucionalmente la existencia de pueblos indígenas soberanos con los que compartía la misma tierra.
115. Al presentar el tema, la Presidenta-Relatora subrayó una vez más la especial importancia que revestía para los pueblos indígenas del mundo. Además, dio las gracias y felicitó al Presidente de la Reunión Técnica y al Secretario del Grupo de Trabajo, Sr. J. Burger, por la excelente labor que habían realizado en esa reunión.
116. Como resumen de las deliberaciones y los resultados de la Reunión Técnica sobre un programa de acción para el Decenio, que se celebró antes del 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo, los días 20 y 21 de julio en Ginebra, el Presidente de la Reunión Técnica, Sr. Antonio García (Perú), dijo que estaba satisfecho de la labor realizada. Se había entablado un diálogo constructivo entre los representantes indígenas y los gobiernos, con la finalidad común de avanzar en la redacción de un programa para el Decenio. Estimó que la Reunión Técnica había dirigido un mensaje positivo a la comunidad internacional, y se congratuló de que los participantes hubieran podido superar las diferencias planteadas en anteriores reuniones técnicas.
117. El observador de Bangladesh formuló observaciones concretas acerca de la calificación de organizaciones "indígenas" en el informe de la Reunión Técnica. El hecho de que las organizaciones que se definieran a sí mismas como indígenas podía darles acceso al Grupo de Trabajo no significaba que quedase reconocido su carácter de indígena. Sugirió que se modificara la actual terminología y se las designara como "organizaciones y grupos que se identifican a sí mismos como indígenas".
118. El observador del Brasil felicitó y dio las gracias al Presidente y a la Secretaría por la buena labor llevada a cabo durante la Reunión Técnica. Expresó su satisfacción por la tarea realizada en la Reunión Técnica y afirmó que el Brasil consideraba que el informe de la Reunión constituía una base útil para la elaboración de una propuesta definitiva de programa de acción para el Decenio. Su opinión fue compartida por el observador de Australia. El observador del Brasil solicitó que el Coordinador del Decenio Internacional señalara inmediatamente el informe de la Reunión a la atención de los gobiernos, a fin de que los comentarios de éstos, que se presentarían de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 49/214 de la Asamblea General, pudieran tener en cuenta las recomendaciones de la Reunión. A fin de evitar nuevas deliberaciones durante la próxima Asamblea General, esos comentarios se debían tener plenamente en cuenta al elaborar el proyecto definitivo de programa de acción que el Secretario General presentaría con su próximo informe a la Asamblea General. La observadora de Dinamarca afirmó que, a su juicio, el informe recogía de manera equilibrada las opiniones y las ideas expresadas durante la Reunión.
119. Una representante indígena de Australia sugirió que se revisara el perfil del Decenio. Estimó que se debía dar al Decenio una publicidad más extensa y más amplia, pues había comprobado que no lo conocían bien ni el público en general ni las comunidades indígenas. Su opinión fue apoyada por un representante indígena de la Federación de Rusia, que se refirió a la necesidad de crear una infraestructura informática para facilitar ese proceso.
120. Un representante indígena de América Latina afirmó que la participación de los pueblos indígenas en la planificación y aplicación del programa de acción para el Decenio era esencial para su éxito. Su opinión fue compartida por un representante indígena de la Federación de Rusia, que indicó asimismo que el éxito del Decenio dependería de que las Naciones Unidas apoyaran directamente los proyectos elaborados por los propios pueblos indígenas.
121. Varios representantes solicitaron que se celebrara durante el Decenio una cumbre o conferencia mundial de pueblos indígenas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Un representante de un grupo de apoyo a los pueblos indígenas propuso que las Naciones Unidas realizaran durante el Decenio un estudio sobre los efectos de las actividades en que intervenían materiales nucleares.
122. El observador de Dinamarca advirtió con satisfacción que en el informe de la Reunión Técnica se reflejaba adecuadamente la idea de que las organizaciones intergubernamentales pertinentes debían asegurarse de que sus programas y presupuestos para el Decenio gozaban de prioridad y recibían recursos suficientes, y que se debían presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas al órgano rector o consejo ejecutivo correspondiente.
123. El observador de Australia dijo que para obtener buenos resultados con el programa de acción era necesario, en particular, que hubiera una coordinación eficaz de las actividades dentro del sistema de las Naciones Unidas, con la máxima participación de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta el papel fundamental que incumbía al Centro de Derechos Humanos a ese respecto, Australia instó a que, con la máxima prioridad, se proporcionaran a la dependencia del Centro que se ocupaba de los pueblos indígenas los recursos necesarios para que desempeñara su función. Esa dependencia debía utilizar en todo lo posible la competencia de personas indígenas calificadas.
124. La observadora de Dinamarca explicó que, para que el Decenio alcanzara sus objetivos, era importante que las Naciones Unidas y los gobiernos delegaran funciones en los pueblos indígenas y compartieran con ellos los instrumentos necesarios. Según su Gobierno, la comunidad internacional debía lograr dos metas fundamentales en el Decenio: el establecimiento de un foro permanente, y la aprobación del proyecto de declaración.
125. El observador de Nicaragua anunció que su Gobierno había establecido un comité nacional cuyo mandato era elaborar y aplicar un programa de acción nacional para el Decenio. El observador de Filipinas comunicó que el 13 de julio de 1995 el Presidente de Filipinas había dictado una orden administrativa en virtud de la cual se creaba un comité nacional del Decenio y se declaraba Decenio Nacional para los Pueblos Indígenas Filipinos al período 1995-2005.
126. También el observador de Nueva Zelandia comunicó que su Gobierno tenía el propósito de convocar una reunión de representantes de comunidades maoríes con objeto de coordinar las actividades relacionadas con el Decenio y fijar criterios para el desembolso de fondos. El observador del Ecuador dijo que, a juicio de su Gobierno, la creación de comités nacionales de coordinación con participación de organizaciones indígenas era indispensable para elaborar un plan de acción, tanto a nivel nacional como a nivel regional.
127. Varios representantes indígenas manifestaron que los pueblos indígenas, que constituían el tema del Decenio, debían participar en mayor medida en la planificación, coordinación y desarrollo de las actividades del Decenio.
128. Varios representantes indígenas informaron sobre las actividades que habían emprendido o planificado en el marco del Decenio. Un representante indígena dijo que su organización celebraría conferencias internacionales sobre la juventud y sobre la mujer. Otro representante indígena, de América Latina, manifestó que su organización había elaborado un plan de actividades y un plan financiero, y había creado un foro en el que los miembros se reunían periódicamente para examinar los progresos alcanzados. Un representante indígena de la Federación de Rusia declaró que su pueblo también había elaborado su propio plan.
129. El observador de Filipinas invitó a todos los pueblos indígenas del mundo a participar en las olimpiadas culturales indígenas que una organización no gubernamental filipina estaba preparando para las fechas del 1º al 10 de diciembre de 1995, y en las que habría representaciones, exposiciones de arte, rituales, manifestaciones deportivas y una feria de muestras de artesanía tribal.
130. Un representante indígena de América del Norte dijo que algunas propuestas formuladas por representantes indígenas no se habían incluido en el informe de la Reunión Técnica; esas propuestas se referían a la terminación del estudio sobre los tratados y la aplicación de sus recomendaciones, a la seguridad de que se dispondría de recursos con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y a la celebración de una o dos conferencias mundiales sobre los pueblos indígenas durante el Decenio.
131. El observador de Dinamarca dijo que, a fin de que el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional funcionara con eficacia durante todo el Decenio de modo que los pueblos indígenas se pudieran identificar con él, sería necesario fijar directrices claras para su funcionamiento. Esas directrices debían ser transparentes y abarcar la administración del Fondo, los procedimientos para prometer contribuciones y los procedimientos de contabilidad y de seguimiento. Los informes sobre las actividades del Fondo se debían poner sin demora a disposición de los donantes. A juicio de su Gobierno, era sumamente importante que el Fondo limitara sus actividades a las esferas que se pudieran financiar con cargo a las fuentes existentes. Dijo asimismo que, como el Fondo tenía que adoptar decisiones que afectaban a los pueblos indígenas, era importante que en la Junta de Síndicos del Fondo participaran representantes indígenas. Esas opiniones fueron compartidas por el observador de Nueva Zelandia.
132. El observador de Australia manifestó que resultaba esencial asegurarse de que el Fondo de Contribuciones Voluntarias era un instrumento eficaz. El Coordinador debía aprovechar al máximo una amplia variedad de fuentes de apoyo para el Fondo, incluidos los gobiernos, el sector privado, las instituciones financieras, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y los medios de comunicación. Se debían examinar en particular las posibilidades de apoyo del sector privado.
133. El observador del Japón dijo que, a juicio de su Gobierno, el Fondo revestía una importancia decisiva para la aplicación del Decenio. En su resolución 49/214, la Asamblea General había recomendado originalmente que se estableciera una cuenta independiente y no, como se hacía ahora, una subcuenta del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas. Expresó su preocupación de que los gastos y los ingresos se pudieran confundir entre la cuenta y la subcuenta, y solicitó el establecimiento de una cuenta independiente, de conformidad con la resolución 49/214 de la Asamblea General. Por otra parte, su Gobierno no podía apoyar el establecimiento de una Junta de Síndicos del Fondo. El establecimiento de dicha Junta y los gastos administrativos relacionados con sus reuniones significaban gastos innecesarios que se podían utilizar más adecuadamente para los programas y las actividades del Fondo.
134. Un representante indígena de Australia recomendó enérgicamente que, para facilitar la contabilidad financiera, la administración del Fondo se trasladara de Nueva York a Ginebra.
135. Durante las deliberaciones sostenidas en el marco del tema 8, muchos oradores dijeron que la función futura del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas debía examinarse en estrecha relación con el tema 9 del programa, "Examen del establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas". No obstante, se destacó que la discusión sobre el establecimiento de un foro permanente no debía representar una amenaza para la existencia del Grupo de Trabajo.
136. Numerosos representantes indígenas hablaron de la importancia de conservar al Grupo de Trabajo como foro en el que los pueblos indígenas pudieran expresar sus inquietudes y examinar los avances logrados en materia de promoción y protección de sus derechos. Esa opinión fue expresada también por los observadores de Australia y Colombia.
137. Muchos representantes indígenas dijeron que las actividades normativas seguirían siendo una tarea importante del Grupo de Trabajo. Los observadores de Australia y Colombia se hicieron eco de esa idea. Como ya se había propuesto en el marco del tema 4, dichas actividades deberían incluir, entre otras cosas, la elaboración de instrumentos para la protección de la propiedad intelectual y cultural y para la protección de los trabajadores y reclusos indígenas. El observador del Brasil sugirió que el Grupo de Trabajo ampliara su ámbito de trabajo y examinara las actividades normativas de otros foros, por ejemplo la UNESCO y la FAO, cuyos estudios y actividades normativas sobre los derechos tradicionales y de los agricultores eran de especial interés para los pueblos indígenas. Sugirió también que el Grupo de Trabajo ofreciera su asistencia a las Conferencias de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Africa, formulando recomendaciones técnicas en cuanto a la manera de aplicar algunas disposiciones concretas de esos instrumentos sobre la protección y promoción de los conocimientos y estilos de vida tradicionales.
138. Numerosos representantes indígenas también estimaron que la elaboración de una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sería una tarea importante en el futuro. El observador del Brasil dijo que su Gobierno no asignaba prioridad a la elaboración de ningún otro instrumento internacional por el Grupo de Trabajo en el futuro y que sólo debía elaborarse un comentario sobre las disposiciones del proyecto de declaración cuando así lo solicitara el grupo de trabajo intergubernamental creado para elaborar una declaración internacional. Reiteró que se debía asignar al Grupo de Trabajo una función útil; por ejemplo, examinar todas las actividades internacionales desplegadas durante el Decenio y recibir información voluntaria de los gobiernos sobre la realización de los objetivos del Decenio en sus respectivos países. También se adhirió a la sugerencia de la Presidenta-Relatora en ese sentido, agregando posiblemente la evaluación de la ejecución y de los resultados del programa de actividades del Decenio aprobado por la Asamblea General, la identificación de los obstáculos que se oponen al logro de los objetivos del Decenio y sugerencias de posibles actividades suplementarias que podrían sumarse al programa de actividades; por ejemplo, podía incluirse en el programa un tema sobre el seguimiento del Decenio.
139. El observador de Nueva Zelandia subrayó la importancia de los conocimientos y la experiencia que los indígenas aportaban a la labor del Grupo de Trabajo, y se refirió a propuestas tales como ampliar la composición del Grupo de Trabajo con cinco representantes indígenas, crear dos vicepresidencias indígenas para asistir al Presidente en su labor, o establecer un grupo asesor integrado por indígenas que se ocuparía de cuestiones determinadas.
140. El Sr. Hatano se refirió a la posibilidad de reestructurar el Grupo de Trabajo estableciendo un comité consultivo oficioso integrado por los cinco miembros del Grupo, cinco representantes de gobiernos y cinco de pueblos indígenas. También hizo varias observaciones sobre la organización de las tareas del Grupo de Trabajo en futuros períodos de sesiones, en particular la asignación del tiempo y la lista de oradores. Propuso que el Grupo de Trabajo celebrara más sesiones privadas para que sus miembros tuvieran la oportunidad de analizar la información suministrada. Por último, sugirió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo el Grupo de Trabajo celebrara por lo menos una reunión en un país asiático.
141. En cuanto a las reuniones futuras, el observador de Australia sugirió que el Grupo de Trabajo pidiera a la Secretaría que preparara un informe sobre las consecuencias financieras y las modalidades de la celebración de reuniones en los centros regionales de las Naciones Unidas.
142. El observador de Dinamarca dijo que su Gobierno no estaba de acuerdo con la inclusión de la palabra "possible" en el título inglés del tema 9 del programa. Refiriéndose al resultado positivo del seminario de Copenhague sobre este tema, dijo que su delegación confiaba en que de una u otra manera fuera posible crear dicho foro.
143. Su opinión era que el foro permanente debía tener un mandato amplio y que las cuestiones de su incumbencia no debían limitarse al ámbito de los derechos humanos. El foro dependería del Consejo Económico y Social y podría estar integrado por representantes indígenas y de los gobiernos, reflejando la idea de colaboración incluida en el tema del Decenio. Recomendó firmemente que se celebrara otro seminario sobre la cuestión antes del período de sesiones del año siguiente.
144. El observador de Chile también dijo que las deliberaciones ya no debían centrarse en la posibilidad de crear un foro, sino en la forma y el momento de hacerlo. Hizo hincapié en la necesidad de una financiación adecuada y expresó la esperanza de su Gobierno de que el foro quedara establecido durante el Decenio Internacional. Los observadores de Colombia y Noruega coincidieron con él en que el nuevo foro debía estar bajo la égida del Consejo Económico y Social.
145. El observador del Brasil recordó que la posición de su Gobierno sobre el posible establecimiento de un foro permanente había quedado expresada en la declaración conjunta del Brasil, Nicaragua, Panamá y el Uruguay, formulada por el observador de este último país en el 12º período de sesiones. No obstante, había recibido con agrado el informe del seminario de Copenhague y respaldó sus recomendaciones, en particular la sugerencia de que el Secretario General preparara un informe sobre los mecanismos, procedimientos y programas existentes en el sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Sugirió también que ese documento incluyera, además, información sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en el párrafo 26.5 del capítulo 26 del Programa 21 por las organizaciones de las Naciones Unidas y otras entidades internacionales financieras y de desarrollo. Por último, dijo que su delegación había tomado nota de las sugerencias de la Presidenta-Relatora sobre la estructura y los aspectos técnicos de un posible modelo de foro permanente, pero que, por haberse distribuido muy tarde, su Gobierno no había tenido tiempo suficiente para forjarse una opinión al respecto durante el período de sesiones en curso.
146. El observador de Bangladesh hizo referencia al seminario de Copenhague y recordó que, desde que se inició, se había expresado la preocupación de que, al no haber una definición precisa de "pueblos indígenas" -requisito indispensable para determinar el alcance de un posible foro permanente-, sería prematuro discutir en detalle las características de dicho órgano. También pidió que se distribuyera un "informe revisado" de la reunión basado en la versión final acordada, pues era difícil considerar como documento adoptado a la versión distribuida.
147. Muchos representantes indígenas subrayaron la necesidad de contar con un órgano que fuera diferente del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en cuanto a su labor, integración, situación dentro de las Naciones Unidas e influencia internacional. La idea de un foro de amplio mandato que abarcara cuestiones como la salud, el medio ambiente, la educación y el desarrollo económico fue objeto de un apoyo generalizado.
148. En ese sentido, muchos oradores indígenas dijeron que un foro que dependiera del Consejo Económico y Social sería de gran utilidad para los pueblos indígenas, ya que el Consejo se ocupaba de todas las cuestiones que eran importantes para ellos. Refiriéndose a la cuestión de la composición del foro, numerosos representantes indígenas pidieron que hubiera una distribución regional equitativa. También se sugirió que su presidente fuera una persona indígena, asistida por un grupo de expertos.
149. No había una idea preponderante sobre el lugar en que debía reunirse el foro. Se consideró que tanto Ginebra como Nueva York eran lugares adecuados, pero algunos oradores sugirieron que el foro no debía reunirse en un solo lugar sino en las diferentes regiones en que vivían pueblos indígenas. Muchos representantes indígenas pidieron que se celebrara un segundo seminario antes del período de sesiones del año siguiente para que se pudiera debatir a fondo la cuestión del foro permanente.
150. El Sr. Hatano propuso que el foro permanente dependiera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En cuanto a su composición, sugirió que consistiera de cinco representantes de gobiernos, cinco representantes de pueblos indígenas y cinco expertos independientes. Otra posibilidad sería que hubiera seis representantes de gobiernos, seis indígenas y tres expertos independientes; en ningún caso el número de miembros debía ser superior a 15.
151. Dijo que la función futura del foro podría ser observar si los gobiernos actuaban de conformidad con las disposiciones de la declaración. Otra posibilidad era que el foro sirviera de "centro de coordinación" de denuncias. Sugirió que se enviara un relator especial a los países en que había problemas de derechos humanos, que informaría directamente al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

References: resolución 
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 artículo 35
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