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Timestamp: 2018-10-16 10:19:54+00:00

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Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle CALAV: Sentencia Corte Constitucional T-776 de 2009- Pension Sobrevivientes- Muerte por desaparecimiento
Sentencia Corte Constitucional T-776 de 2009- Pension Sobrevivientes- Muerte por desaparecimiento
Referencia: expediente T-2321541.
Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO.
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente de los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
La señora Elizabeth Mestre Hernández interpuso acción de tutela en nombre propio, en representación de sus hijos menores Juan Sebastián y David Alexander y de su mayor hijo Jorge Leonardo Riveros Mestre, en contra de BBVA Horizonte PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por considerar violados sus derechos a la vida digna, a la educación y al mínimo vital. Fundamenta sus pretensiones en los siguientes,
1. El esposo de la accionante, señor JORGE ENRIQUE RIVEROS ARANDA, desapareció el día 03 de junio de 2002 en inmediaciones del Municipio de Ubalá, situación que fue confirmada por la URI Fiscalía de Cundinamarca Zona Industrial, sindicando como presunto autor intelectual a Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
“Por lo anterior, esta sociedad Administradora procedió a analizar y tramitar la solicitud pensional, de conformidad con las siguientes disposiciones legales”:
“ART. 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Art. 46. – Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes”:
2. “Los miembros del grupo familiar de afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiera cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones”:
a) “Muerte causada por enfermedad: Si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de su fallecimiento.”
b) “La muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de su fallecimiento”.
“En estos términos, después de efectuar el estudio respectivo se logró establecer que el señor JORGE ENRIQUE RIVEROS ARANDA (q.e.p.d.) no cumplió con el requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización al Sistema General de Pensiones dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de su fallecimiento, esto es, desde el 3 de junio de 2001 hasta el 3 de junio de 2004, ya que sólo cotizó 32.86 semanas”.
“Primero: Modificar los numerales primero (1°) y segundo (2°) de la parte resolutiva de la sentencia consultada, esto es, la proferida en este asunto el once (11) de abril de 2007, por el Juzgado Quinto (5°) de Familia de esta ciudad, para señalar como día presuntivo de la muerte el tres (3) de junio de dos mil cuatro (2004), por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.”(subrayado fuera de texto)
“ART. 97. Muerte por desaparecimiento:
6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último día del primer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias.”
La Administradora de Fondos de Pensión concluyó también que el señor Riveros Aranda tampoco cumplió con los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993; es decir, que no aportó 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al momento en que se produjo la muerte; ya que el mismo sólo alcanzó a cotizar 23.43 semanas.
- Declaración extrajuicio.
- Facturas de servicios públicos
- Constancias de obligaciones bancarias.
- Documento de acción Social.
- Liquidación del Bono Pensional Del Ministerio de Hacienda (constancia de 276 semanas cotizadas antes del traslado a la AFP Horizonte).
- Estado de cuenta de la AFP Horizonte del señor Riveros (q.e.p.d.) donde consta que ha cotizado un total de 373 semanas .
- Copia del contrato de distribución suscrito entre Jorge Riveros y productos Yupi (ingreso del cual dependía la subsistencia de la familia).
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar las sentencias proferidas en primera instancia el 28 de abril de 2009 por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá y en segunda instancia el 29 de Mayo de 2009 por el Juzgado 19 Civil del Circuito de la misma ciudad.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensiones de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia
“Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse especialmente atento a estas amenazas cuando los beneficiarios de este derecho sean sujetos de especial protección, como miembros de la tercera edad, niños, población desplazada y madres cabeza de familia, pues en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional.”
Por lo anterior, la Corte consideró que las pruebas deben permitir establecer dos reglas importantes en el análisis de la procedencia de la acción de tutela. La primera, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuyo derecho está acreditado, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su petición, lo cual afectaría derechos fundamentales. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales se demuestre la reunión de las exigencias legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero que requieran la intervención urgente del juez constitucional.
Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversias resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida”
a. “Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”;
b. “ Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.”
PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años (…)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo38 de la Ley 100 de 1993;
Por otra parte, el Constituyente de 1991 adoptó la solidaridad como valor fundante del Estado Social de Derecho (C.P. art. 1) y de igual manera, se estableció como deber ciudadano, en la medida en que no sólo se impone a las autoridades estatales sino también a los particulares la obligación de realizar actuaciones positivas a favor de las personas que se encuentran en condiciones de inferioridad, al igual que frente a la comunidad en general en protección de sus intereses colectivos.
5.1. Procedencia
El señor JORGE ENRIQUE RIVEROS ARANDA (q.e.p.d) se afilió al fondo de pensiones y cesantías BBVA Horizonte S.A. el 13 de mayo de 1994. El día 3 de junio de 2004 se declara la muerte presunta del afiliado, por ello su esposa Elizabeth Mestre Hernández en nombre propio y en representación de sus hijos solicita a BBVA Horizonte S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; solicitud que fue negada al encontrar que en los tres últimos años contados a partir de la fecha en la cual se decretó la muerte presunta del causante (3 de junio de 2004) no se alcanzaron a cotizar las cincuenta semanas requeridas por la legislación vigente.
“Resulta un lugar común afirmar que la pensión de sobrevivientes fue diseñada por el legislador como un mecanismo para enfrentar los riesgos de viudez y orfandad a falta del trabajador que provee las necesidades familiares, por lo que es un claro desarrollo de los principios de solidaridad y de universalidad de la seguridad social. Así, se creó la pensión de sobrevivientes para garantizar a la familia que, a la muerte de la persona que constituye su fuente principal de ingresos, no se produzca una situación de desamparo que, además del sufrimiento padecido por el hecho del fallecimiento de un ser querido, se afecte el mínimo de condiciones para que la familia viva en condiciones dignas. Así, la Sala Plena de esta Corporación dijo que esta prestación "busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento” y, por consiguiente, pretende mantener el statu quo de los miembros de familia más cercanos al trabajador y “garantizar a sus beneficiarios el acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo en condiciones dignas, tal como la hacían durante la vida del causante”
“De esta forma, es claro que el derecho a la pensión de sobrevivientes integra el derecho a la seguridad social, con un indudable contenido patrimonial, y su reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos y condiciones señaladas por la ley para tener acceso a dicha prestación económica. Por consiguiente, su materialización está sometida, por regla general, al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, dada la relación directa que puede existir entre el derecho a la pensión de sobrevivientes y la eficacia de derechos fundamentales, se ha considerado que el reconocimiento de esa prestación económica adquiere el rango de fundamental cuando ésta constituye la fuente de ingreso principal de la familia del causante.”
1. “Por gastos de colegio, $379.400.
2. “Obligaciones contraídas con entidades financieras con cuotas mensuales de aproximadamente $ 598.000., y con un saldo insoluto de aproximadamente $ 20.000.000 (veinte millones de pesos).
3. Recibos de Pago de Servicios Públicos por valor de $ 236.510 aproximadamente.
De esa forma, al sumar las erogaciones mensuales de la accionante sin contar los gastos de alimentación, salud y vivienda, tenemos que ascienden a un valor de un millón doscientos trece mil novecientos diez pesos ($1.213.910). Si se tienen en cuenta los ingresos esporádicos por concepto de contratos de prestación de servicios de la señora Elizabeth Mestre Hernández, se concluye que no le alcanza lo devengado para su sostenimiento así como el de sus hijos.
5.2 ¿Desde cuando deben empezar a computarse las cincuenta semanas que exige la ley, en el caso de la declaratoria de la muerte presunta? ¿Se deben computar desde el día en que se declara la muerte presunta por parte del juez de conocimiento una vez terminado el proceso que la declara o se debe tomar como referencia la fecha de la desaparición de la persona?
En este contexto, para el caso que nos ocupa, se requiere para acceder a la pensión de sobrevivientes que el causante “hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”; no es necesario acreditar el requisito de fidelidad al sistema ya que el mismo fue probado y reconocido por BBVA Horizonte mediante contestación a la acción de tutela entregada en el Juzgado Veinticuatro Civil municipal como consta a folio 45 del cuaderno principal.
“De igual forma, al verificar el requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones se pudo establecer que el señor JORGE ENRIQUE RIVEROS ARANDA (q.e.p.d.) cumple con el 20% de fidelidad de cotización al sistema requerido.
“Sin embargo, los requisitos exigidos por el artículo 12 de la ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de sobrevivencia reclamada deben darse simultáneamente, lo que implica que de faltar alguno no se configura en cabeza del posible beneficiario el derecho a obtener la prestación en mención.”
De esta forma, la Sala observa que si se tiene en cuenta el día 3 de junio de 2002 como fecha para iniciar el conteo regresivo de las 50 semanas que debieron ser cotizadas durante los últimos tres años anteriores a la fecha del fallecimiento y no el 3 de junio de 2004 que fue la fecha en que fue declarada su muerte presunta, se concluiría inexorablemente que los beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Lo anterior se puede concluir al analizar el Reporte de estado de cuenta del afiliado anexado al expediente (folios 14 y 15 c.p.) donde aparecen reportados 7 ciclos (210 días) del año 2000; 10 ciclos y 17 días (317 días) en el año 2001, lo que nos da una suma total de 527 días o lo que es igual 72.28 semanas cotizadas dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha del desaparecimiento.
“… para concluir la viabilidad del derecho pensional en un caso como el estudiado, en el cual se ha señalado que “para los casos de muerte por desaparecimiento del asegurado, la fecha a partir de la cual se cuentan las semanas necesarias para el surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, no puede ser la de la providencia que declara la muerte presunta, sino aquella hasta la cual el desaparecido estuvo en posibilidad física y jurídica de realizar cotizaciones.”
“Manifiesta que el tema de la pensión de sobrevivientes para los casos en que el asegurado ha desaparecido, no ha sido ajeno a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en la sentencia del 24 de julio de 2002, radicación 16.947, reiterada en marzo 26 de 2004, radicación 21.953 puntualizo:
“…Es claro que ni en la Ley 100 de 1993 ni en la legislación anterior, en lo referente a las pensiones de sobrevivientes, se realizó reglamentación alguna referente al caso de la muerte por desaparecimiento. Pues de aceptarse el razonamiento de la censura, como viene de decirse nunca en casos como el presente habría lugar al nacimiento de un derecho en cabeza de los sucesores o del cónyuge del desaparecido. Dado lo anterior, actuando con un criterio lógico e integrador de las disposiciones legales, debe decirse que la fecha a partir de la cual se cuentan las semanas necesarias para el surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en casos como el que ahora ocupa la atención de la Corte, no puede ser la muerte presunta, sino aquella hasta la cual el desaparecido estuvo en posibilidad física y jurídica de realizar cotizaciones…”
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que a Elizabeht Mestre Hernández al igual que sus hijos Jorge Leonardo Riveros Mestre, Juan Sebastián Riveros Mestre y David Alexander Riveros Mestre, les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes causado por la desaparición y posterior muerte de su esposo y padre respectivamente, el día 3 de junio de 2002, ya que a partir de este momento entró el mismo en incapacidad física y jurídica para continuar realizando los aportes al sistema General de Pensiones.
PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá el veintiocho (28) de abril de 2009 y la proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, el 29 de mayo de 2009 en cuanto negaron la tutela de los derechos fundamentales de la señora Elizabeth Mestre Hernández . En su lugar, CONCEDER a la señora Elizabeth Mestre Hernández y a sus hijos la tutela de los derechos al mínimo vital, vida digna y educación, en los términos de esta sentencia y advirtiendo que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de esta providencia debe iniciar el proceso ante la jurisdicción ordinaria correspondiente.
SEGUNDO. ORDENAR al representante legal de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías BBVA HORIZONTE S.A. que dentro de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, reconozca a la señora ELIZABETH MESTRE HERNANDEZ Y A
SUS HIJOS el derecho a la pensión de sobrevivientes. De igual forma una vez se cumpla lo anterior, dentro de los diez días siguientes (10) se deberá empezar a pagar la respectiva pensión de conformidad al monto que les corresponda a cada uno de los beneficiarios en los términos de la ley aplicable.
TERCERO. LÍBRESE por Secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Publicado por Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle en 1/15/2010

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 66
 artículo38
 artículo 12
 artículo 36