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Timestamp: 2019-11-13 20:56:09+00:00

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Sentencia Audiencia Provincial 08/04/2014
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla dirime recurso de Apelación presentado por el Ministerio Fiscal. En la Sentencia apelada, se condena a particular por la construcción en terreno no urbanizable de especial protección a la pena de cárcel de 6 meses, sin embargo, no condena a la demolición de as obras realizadas. La Sentencia aquí reproducida, finalmente desestima el Recurso presentado por la fiscalía.
PRIMERO .- Con fecha 26 de octubre de 2012 el Juzgado de lo Penal nº 11 de Sevilla dictó sentencia declarando probados los siguientes hechos:
1 .- Ha resultado probado y así se declara que en fecha 18 de diciembre de 1998 el acusado Eliseo , mayor de edad y sin antecedentes penales suscribió contrato de compraventa con Mauricio cuyo objeto era un 1,4390% de finca sita en el PARAJE000 del término municipal de Arahal (Sevilla). La parcela rústica es la catastral NUM000 denominada con el nº NUM001 y de 1.400 metros cuadrados.
2.- La finca se encuentra ubicada en suelo no urbanizable de especial protección por urbanización ilegal según las Normas Subsidiarias de Arahal aprobadas por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla de 2 de marzo de 1994.
3 .- El acusado en tiempo determinado pero en todo caso transcurrido el año 2004 procedió a realizar en la parcela las siguientes obras;
Vallado de todo el perímetro.
Edificación de obra de 14,94 metros cuadrados con cocina y baño.
Cobertizo de chapa galvanizada abierto en la parte delantera de 23,16 metros cuadrados.
Cimientos de hormigón de 120 metros cuadrados.
Caseta de madera prefabricada de 23 metros cuadrados distribuida en porche, salón, dos habitaciones y buhardilla.
Piscina prefabricada de 40 metros cuadrados y 1,20 metros de altura.
Suministro de agua procedente de pozo artesiano.
Suministro eléctrico procedente de generador de gasolina.
3.- Las obras realizadas por el acusado carecían de licencia urbanística alguna y además no eran autorizables ni legalizables."
"FALLO : Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Eliseo , como autor responsable de un delito consumado contra la ordenación del territorio, ya definido, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de, para cada uno de ellos: SEIS (6) MESES DE PRISIÓN con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, DOCE MESES (12) DE MULTA a razón de SEIS EUROS la cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago, SEIS MESES de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PROFESIÓN U OFICIO relacionado con la promoción y/o construcción, todo ello con expresa imposición de las costas causadas."
SEGUNDO .- Contra la citada sentencia se interpuso por el Ministerio Fiscal recurso de apelación fundamentado en los motivos que más adelante serán analizados, recurso al que se opuso la representación procesal del acusado, impugnando al mismo tiempo la condena pronunciada en la sentencia de instancia, solicitando la libre absolución del imputado, por los motivos que a continuación serán analizados.
TERCERO .- Tramitados los recursos con observancia de las formalidades legales, las
actuaciones fueron elevadas a la Audiencia y turnadas a esta Sección, designándose ponente.
Tras la oportuna deliberación la Sala finalmente acordó resolver como a continuación se expone.
Se aceptan en lo sustancial los Hechos Probados de la sentencia recurrida que se dan por reproducidos en esta segunda instancia.
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en primera instancia, que condena a Eliseo por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio formula recurso de apelación el Ministerio Fiscal en el solo particular de la sentencia que no acuerda la demolición de lo edificado, recurso que impugna la representación procesal del acusado, quien asimismo impugna en el mismo trámite la condena pronunciada en la sentencia de instancia, solicitando la libre absolución del imputado, por los motivos
que a continuación serán analizados, recurso contra la sentencia formulado por el acusado en cuyo estudio procede entrar en primer lugar pues de prosperar y acordarse la libre absolución del inculpado, carecería de objeto el del Ministerio Fiscal.
Así, aduce en concreto en primer lugar la representación procesal del acusado, que la sentencia infringe el principio acusatorio por cuanto el Ministerio Fiscal acusó por un delito del artículo 319. 1 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y la sentencia de instancia condena por un delito del 319.2 del CP, lo que nadie había pedido. El motivo no puede prosperar, pues ambos tipos delictivos son homogéneos, con dinámicas comisivas idénticas y mismo bien jurídico protegido, siendo el tipo del artículo 319. 2 subsidiario en la mayoría de los casos del párrafo 1 del artículo 319 del CP .
En cuanto al segundo motivo del recurso que aduce que el acusado no tendría la condición de promotor exigida por el artículo 319 del CP , al no ser profesional de la construcción, debe igualmente rechazarse, pues es doctrina jurisprudencial consolidada que el concepto jurídico penal de promotor o constructor recogido en el artículo 319 del Código penal no tiene que coincidir con el de profesional dedicado a dichos menesteres. El Tribunal Supremo ( STS de la Sala 2ª 690/2003, de 14 de mayo (RJ 2003, 3905) , y 1250/2001, de 26 de junio (RJ 2002, 4521) ), ha puesto de manifiesto que, de conformidad con lo que dispone el art. 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (RCL 1999, 2799) , de Ordenación de la Edificación "Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, privada o pública, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier titulo", de lo que se ha de colegir que ni el tipo penal ni la norma administrativa exigen condición profesional alguna, y que el sujeto activo de
dicho delito puede ser cualquier particular, aún cuando profesionalmente no se dedique a la actividad promotora o constructora. En consecuencia debe concluirse que el acusado tenía la condición de sujeto activo del delito objeto de enjuiciamiento toda vez que asume las obras llevadas a cabo.
Finalmente, aduce de otro lado el apelante que el acusado habría incurrido en un error invencible sobre la legalidad de su actuación, por lo que sería de aplicación el artículo 14 del CP y procedería el dictado de sentencia absolutoria.
Como ya hemos tenido ocasión de señalar en anteriores sentencias a este respecto, ya la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo nº 1067/2006, de 17 de octubre (RJ 2006, 8049), continuamente invocada en esta materia y referida al error de prohibición, referida a un supuesto en que el autor no solicitó permiso o licencia alguna e invadió con su construcción zona marítimo terrestre, concluye tajantemente en que "la construcción de un error de prohibición en un mundo tan intercomunicado y permeable a la información, como el que vivimos, ofrece más dificultades que en otras épocas. No deja de ser una concepción teóricamente impecable pero de complicado ajuste a la realidad. Hoy día el desconocimiento absoluto de la antijuricidad de un hecho de esta naturaleza es de difícil acreditación en el caso concreto. Existe práctica unanimidad en considerar que no se puede construir el error de prohibición sobre la base de que el sujeto no conoce, de forma pormenorizada y con detalles técnicos, la normativa que está infringiendo. Un profano tiene la percepción natural y exigible a cualquier persona de que su actuación es contraria a la norma". Tal doctrina no era, en realidad, novedosa, pues ya la Jurisprudencia venía excluyendo el error no sólo si el agente tiene esa normal conciencia, sino también incluso la mera sospecha de que es un proceder contrario a derecho ( TS 29-11-1994 (RJ 1994, 8981) ), e incluso no es necesario que se tenga la seguridad absoluta del proceder incorrecto sino que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad ( STS 16-3-1994 (RJ 1994, 2319) y 11-3-1996 (RJ 1996, 1906) ); ya la sentencia del propio Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005, 4345) y las que en ella se citan proclamaban que "no cabe invocar el error de prohibición cuando se ejecutan conductas claramente desautorizadas por el ordenamiento jurídico, de modo que cualquiera sabe que están prohibidas, y que para excluir el error no se requiere que el agente tenga seguridad respecto de un proceder antijurídico, pues basta con que tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, lo que por estimarse similar al dolo eventual no merece trato de benignidad alguno". Y aún más, en relación
con el error la sentencia de 16-2-2006 (RJ 2006, 993) , referida esta vez a distinto delito, recuerda también que "es doctrina consolidada que no basta la mera alegación del error, sino que es necesaria su probanza por quien lo invoca y, además, es pacífico y reiterado el criterio jurisprudencial de que no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico que todo el mundo sabe y le consta que están prohibidas, y mucho menos cuando se alega un error invencible del tipo", a lo que aún añade que la "responsabilidad penal no requiere el conocimiento de la subsunción jurídica precisa sino únicamente el de la ilicitud de la conducta". Debe pues desestimarse también el referido motivo y con ello la totalidad de la impugnación que de la sentencia hace el acusado en el trámite de impugnación del recurso de apelación contra la sentencia formulado por el Ministerio Fiscal.
SEGUNDO.- Entrando ya en el análisis del recurso del Ministerio Fiscal se limita la pretensión del mismo a que se acuerde, conforme al artículo 319.3 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , la demolición de la obra ilegal y la reposición a su estado original de la realidad física alterada; pretensión que, como consecuencia accesoria del delito contra la ordenación del territorio, se formuló oportunamente en primera instancia y fue denegada por el magistrado a quo, en base a los razonamientos que expresa en el noveno fundamento de su sentencia y que la acusación pública impugna en su recurso. Como este tribunal ha tenido ocasión de señalar en reciente sentencia de 18.02.14 (PROV 2014, 102707) dictada en Rollo de apelación 10974/12 , y en armonía con la línea mayoritaria de las restantes secciones penales de esta Audiencia Provincial, decíamos que se ha venido sosteniendo reiteradamente que la demolición de lo ilegalmente construido ha de ser la consecuencia accesoria que constituya el corolario normal de la condena por este tipo de delitos, como único medio eficaz de restablecer la legalidad urbanística vulnerada por el hecho punible y de restaurar la indemnidad del bien jurídico dañado, y a fin de evitar que la condena penal pueda perder toda eficacia preventiva, al convertirse en una especie de coste adicional eventual que puede resultarle rentable asumir al promotor de la obra ilegal, si ésta se mantiene incólume. Cabe citar, en este sentido, nuestras sentencias 292/2009, de 18 de mayo (PROV 2009, 312788) , o 640/2009, de 23 de noviembre (PROV 2010, 62487) ; así como la de la Sección Primera 277/2007, de 10 de mayo (ARP 2008, 41) , y la 415/2009, de 17 de julio, de la Sección Tercera .
La tesis dominante en esta Audiencia se ha visto respaldada recientemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sus sentencias 529/2012, de 29 de junio (RJ 2012, 6963) , y 443/2013, de 22 de mayo (RJ 2013, 3990) . En ambas sentencias se establece, como principio general, que debe "estimarse bastante y suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora, para acordar la restauración del orden quebrantado"; teniendo en cuenta que "por regla general, no cabe otra forma de reparación de la legalidad alterada que la demolición de lo irregularmente construido, de modo que habrán de ser, en su caso, circunstancias excepcionales las que puedan llevar al tribunal a ejercer la facultad que se le atribuye en este apartado 3 del artículo 319 CP ., en el sentido de no acordar la demolición, no para acordarla". Se señalan en ese sentido como posibles excepciones "las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización administrativa y aquellas otras en que ya se hayan modificado los instrumentos de planeamiento haciendo ajustada a norma la edificación o construcción"; pero se advierte de que "no puede extenderse esa última excepción a tan futuras como inciertas modificaciones que ni siquiera dependerán competencialmente en exclusiva de la autoridad municipal, pues de acceder a ello no solo se consagrarían todas las negativas consecuencias sino que incluso se consumaría un nuevo atentado a la colectividad [...],amén de que la eficacia de las normas no puede quedar indefinidamente al albur de posibles cambios futuros de criterio". "Fuera de esos casos", se concluye, "debe entenderse que la demolición es del todo necesaria para restaurar el orden jurídico y reparar en la medida de lo posible el bien jurídico dañado", sin que obste a ello la degradación generalizada de la zona por la existencia de otras construcciones.
Debe asimismo señalarse que la disposición del apartado 3 del artículo 319 del Código Penal rige no solo para los supuestos del apartado 1 del mismo artículo, sino también para los del apartado 2, como resulta de la cláusula inicial "en cualquier caso".
Ciertamente resulta compleja y delicada la cuestión relativa a la incidencia que sobre la procedencia del pronunciamiento de demolición podría tener la promulgación del Decreto de la Junta de Andalucía 2/2012, de 10 de enero (LAN 2012, 42) , "sobre régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Otras Secciones de esta Audiencia han tenido ya ocasión de abordar la problemática de la demolición de la obra delictiva a la luz del Decreto 2/2012. Así, al menos, las sentencias 225/2013, de 13 de mayo (PROV 2013, 289852) , 247/2013, de 28 de mayo , y 491/2013, de 15 de octubre (PROV 2013, 379698) , todas ellas de la Sección Primera, la 325/2013, de 29 de mayo, de la Sección Tercera , y la 379/2013, de 15 de octubre (ARP 2013, 1640) , de la Sección Séptima , todas ellas negando (con la matización que se verá) que la novedosa regulación administrativa justifique por sí sola una modificación en el planteamiento general de la cuestión expuesto en el fundamento segundo; conclusión que este tribunal comparte sin restricciones, aunque no todos los argumentos que se dan para sustentarla en las resoluciones reseñadas, por lo que bueno será que fijemos con carácter general nuestra posición sobre el asunto, en los términos siguientes:
1.- Es obvio, pero conviene explicitarlo, que el Decreto 2/2012 carece de cualquier trascendencia respecto a la tipicidad penal de la obra ilegal. En las expresivas palabras de su exposición de motivos, las edificaciones cuyo régimen se ve afectado por la norma "siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad, y en consecuencia su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido su titular", responsabilidades cuyo mantenimiento declara expresamente el artículo 7 del Decreto.
2.- No menos evidente es, sin embargo, que al crear para algunas de esas edificaciones ilegales una nueva categoría, denominada "situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación", con un régimen específico, similar, aunque con mayores restricciones, al previsto para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación en sentido propio (la que regula la disposición adicional 1ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ), el Decreto 2/2012 viene a posibilitar, no una legalización o regularización de tales edificaciones, pero sí su definitiva consolidación, al autorizarse en ellas determinadas obras de mantenimiento y preverse, con estrictas condiciones y limitaciones, la prestación de servicios básicos a las mismas ( artículo 8, apartados 3 y 4, del Decreto), así como la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad ( artículo 53.5 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RCL 1978, 1986) de la Comunidad Autónoma de Andalucía – Decreto 60/2010, de 16 de marzo (LAN 2010, 153) , en su redacción por la disposición final primera del Decreto 2/2012 ).
3.- El reconocimiento para una edificación concreta de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación es competencia exclusiva del Ayuntamiento correspondiente (artículo 9.1 del Decreto), mediante un procedimiento reglado y relativamente rápido -seis meses, según el artículo 12.2 del Decreto-, y no requiere per se (salvo, entendemos, para los asentamientos urbanísticos) la formulación o revisión de un Plan General de Ordenación (cuya aprobación definitiva está reservada a la Administración autonómica por el artículo 31.2 B) de la LOUA), puesto que, en defecto de Plan General, basta como punto de partida del procedimiento un avance de planeamiento para su identificación, que igualmente es de competencia exclusiva del Ayuntamiento, en cuanto tiene el carácter de ordenanza municipal ( artículo 4.2 del Decreto). Quiere decirse que, cumpliéndose las condiciones para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, a partir de la vigencia del Decreto 2/2012 no cabe argumentar para ordenar la demolición en vía penal de una obra ilegal ni el carácter meramente interno que al avance de planeamiento atribuye el artículo 29.3 de la LOUA, ni la necesidad de una revisión del planeamiento urbanístico por la Administración autonómica.
Las consecuencias prácticas de estas consideraciones generales han de ser, a nuestro juicio, las siguientes:
a) No debe acordarse en ningún caso la demolición de la obra ilegal cuando esta ha obtenido el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen legal de fuera de ordenación, conforme a las previsiones del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía. Resultaría desproporcionado y generaría agravios comparativos inasumibles que la jurisdicción ordenase la demolición de una construcción que la administración, tras un procedimiento reglado, ha permitido conservar de acuerdo con la normativa vigente.
b) Tampoco debe acordarse la demolición, como regla general, cuando el procedimiento para el reconocimiento de la edificación ya se ha iniciado (partiendo de su previa identificación en el Plan o en el Avance de planeamiento), salvo que se adviertan obstáculos insalvables de legalidad, en especial los relativos a las necesarias condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad (artículo 10.1 c) del Decreto). En este tipo de casos no estamos ante una expectativa más o menos difusa de eventual "legalización" futura de la obra, sino ante un concreto expediente administrativo ya en curso y cuya conclusión esperable es la resolución reconociendo la situación de asimilado a fuera de ordenación, con las consecuencias antes vistas.
c) Debe acordarse, en cambio, la demolición cuando la obra ilegal no es susceptible de ese reconocimiento, como ocurre cuando no han prescrito las medidas administrativas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado (artículo 3.1 del Decreto, en relación con el 185 de la LOUA) o cuando las edificaciones se han ubicado en terrenos clasificados de antemano como suelo no urbanizable de especial protección (artículo 3.2 del Decreto). Mientras esas situaciones se mantengan, el reconocimiento es imposible y es aplicable la doctrina
jurisprudencial sobre la irrelevancia de las meras expectativas de modificación futura de la situación legal.
d) En los casos en que el reconocimiento o regularización de la edificación exija una revisión del planeamiento vigente (como ocurre con carácter general con los asentamientos urbanísticos) o cuando no se acredite la iniciación del procedimiento para el reconocimiento, siendo este posible, debe acordarse la demolición de la obra ilegal, sin perjuicio de que en ejecución de sentencia pueda dejarse sin efecto esa disposición, si el reconocimiento de la edificación o la modificación del planeamiento hacen innecesaria dicha demolición, como permite su naturaleza de consecuencia jurídica del delito, según advierten expresamente las dos sentencias del Tribunal Supremo citadas en el fundamento segundo.
A la vista de lo que antecede consideramos que en el caso de autos debió acordarse en la sentencia recurrida la demolición de la obra ilegal interesada por el Ministerio Fiscal, y que por consiguiente debe acordarse en esta sentencia de apelación, en cuanto el supuesto enjuiciado se incluiría en el ámbito de los comprendidos en el caso d) (obras cuyo reconocimiento exigiría previa revisión o modificación del planeamiento) de los que acabamos de enumerar.
En efecto, consta en autos que el Ayuntamiento de Arahal ha aprobado definitivamente, con fecha 1 de abril de 2013, el Avance de planeamiento al que se refiere el Decreto 2/2012, y que en ese Avance el PARAJE000 , donde se ubica la edificación construida por el acusado viene calificado como "asentamiento urbanístico". Conforme a la disposición transitoria segunda del Decreto 2/12 de la Junta de Andalucía , relativa a las Edificaciones en Asentamientos urbanísticos: "Hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística que incorpore los asentamientos urbanísticos a que se hace referencia en el art. 13 no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a las edificaciones ubicadas en estos asentamientos, sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por los ayuntamientos que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido."
Ello haría posible, ciertamente en principio, el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación para la edificación del acusado. Pero es también lo cierto es que el procedimiento se encuentra, hasta donde se ha acreditado, aún en fase inicial, pendiente del trámite de información pública y de los informes preceptivos de las administraciones sectoriales concernidas, de obtener la eventual aprobación definitiva... Todo ello genera demasiadas inseguridades como para poder permitir así exceptuar la demolición como normal consecuencia jurídica del delito.
La conclusión de todo ello es que procede la estimación del recurso del Ministerio Fiscal, acordándose la demolición a cargo del acusado de la obra ilegal; sin perjuicio de que, conforme a la doctrina jurisprudencial, pueda solicitarse en ejecución de sentencia la suspensión de la efectividad de este pronunciamiento durante un plazo razonable, a fin de dar ocasión a que se resuelva la modificación en curso del planeamiento urbanístico del municipio y, en caso positivo, el ulterior reconocimiento de la edificación en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, lo que permitiría dejar sin efecto definitivamente este pronunciamiento.
Las costas procesales de la segunda instancia se declaran de oficio dado el tenor de los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) .
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado Eliseo contra la sentencia de fecha 26.10.2012, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Sevilla en los autos del Asunto Penal nº 285/10, y estimando en los términos dichos el formulado por el Ministerio Fiscal debemos añadir a los pronunciamientos de la sentencia impugnada el acuerdo de demolición a cargo del acusado de la obra objeto de la causa y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de lo señalado en el último párrafo del fundamento segundo de esta resolución.
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MARGARITA BARROS SANSIFORIANO
(Penal) Fallo; RC; Pena de condena
(Penal) Fallo; RC; Pena; Tipo de privativa de libertad
(Penal) Fallo; Duración de prisión
doAction-37.pdf

References: artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 14
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 53
 artículo 12
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 29
 resolución