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Timestamp: 2019-12-16 08:36:41+00:00

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mayo 2015 – EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO
¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?
La Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre, desarrollada por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece, entre las actividades sometidas a medidas de control, la de abogacía.
Si, amigos lectores que sois abogados, somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué no habéis hecho nada al respecto? Normal, lógico y comprensible.
Aunque muchos nos podamos quejar que el Consejo General de la Abogacía Española no haga nada por nosotros, creo que no es una apreciación correcta. El CGAE hace bastante por el colectivo pero, a veces, el colectivo no nos molestamos en leer lo que se publica en su web.
Hoy traigo el informe de medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo realizado por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Hagamos caso y agradezcamos estos esfuerzos.
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/RECOMENDACIONES-PBC-ABOGADOS-CGAE.pdf
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 29 mayo, 2015 Categorías ABOGACIA,Blanqueo de capitalesEtiquetas ABOGADOS TENERIFE,blanqueo de capitales,compliance penal legistel,compliance tenerife legistel,legistel abogados TIC,legistel tic abogadosDeja un comentario en ¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
Hoy traigo un copia y pega de una sentencia del Magistrado don Juan José Cobo Plana, del mercantil 1 de Las Palmas que, además, extraigo de su blog personal http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.es del que soy lector habitual y cuya lectura, por la selección de sentencias que hace, recomiendo.
Además diré que lo “he sufrido” como abogado y tengo un buen concepto de él (cuento la fiesta como me fue) y, en todo caso, me gusta mucho como “lleva” las vistas. Copio y pego el post cuyo enlace tenéis, aquí.
“Mercantil. Sociedades. Impugnación de acuerdos sociales. Caducidad de la acción. El socio que conoce el acuerdo no es tercero y para él rige como fecha inicial la de su conocimiento de tal acuerdo y no la de inscripción del mismo.
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de 24 de marzo de 2015 (Juan José Cobo Plana).
PRIMERO.- Se impugna en la demanda esencialmente el acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía GGG celebrada en el domicilio social el día 24 de abril de 2012 por el que se aprobaba la propuesta de reducción de capital a cero y posterior ampliación por desembolso y por compensación de créditos.
La parte demandada opone en primer lugar la caducidad de la acción.
Dicha caducidad debe ser estimada.
Efectivamente el artículo 205.1 de la LSC, vigente al tiempo de interponer la demanda, disponía que “1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año. … 3. Los plazos de caducidad previstos en los apartados anteriores se computarán desde la fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
La parte actora sostiene que el plazo de un año debe computarse desde la publicación del acuerdo que se impugna en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de Las Palmas, que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2013, y siendo la demanda de fecha 18 de febrero de 2014, dicho plazo de un año no había transcurrido.
Dicha tesis no puede tener acogida.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo mantenida en las STSS de fecha 3 de abril de 2003, 15 de junio de 2004, 12 de junio y 29 de octubre de 2008 señala que el “el socio que conoce el acuerdo no es tercero y para él rige como fecha inicial la de su conocimiento de tal acuerdo”, por tanto, en todo caso, con respecto a los acuerdos no inscribibles debe entenderse que el día inicial era el de la adopción del acuerdo o de conocimiento del mismo y que para los inscribibles sería, respecto de terceros o de socios no asistentes respecto de los que se acredita que no han tenido conocimiento del mismo será el de publicación en el Registro, salvo que hubiese habido un conocimiento fehaciente anterior.
En el presente caso TTT es socio de GGG, y de la declaración en acto de la vista de DON S., apoderado de la entidad actora y miembro desde el inicio del Consejo de Administración de GGG, y cuya sinceridad debe resaltar este juzgador, se desprende sin ningún género de dudas que el propio DON S. tenía pleno conocimiento de la decisión, primero adoptada por el Consejo de Administración, de la Junta de Accionistas del día 24 de abril de 2012 de llevar a cabo la ampliación de capital con una operación “acordeón”, y que, como era plenamente consciente de que con su voto minoritario no podía combatir dicho acuerdo, es por lo que no asistió a la junta.
También reconoció DON S. como propia del despacho profesional que dirige la dirección de correo electrónico que aparece en el documento número 8 de la contestación a la demanda y en el que se acredita la remisión a dicha dirección en fecha 9 de mayo de 2012 del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del día 24 de abril de 2012, admitiendo, igualmente, que siempre lee los correos que llegan a la referida dirección.
En definitiva, a pesar de su no asistencia a la Junta, DON S., o sea, GGG, conocía plenamente el acuerdo que se iba a adoptar el día 24 de abril de 2012 y, en cualquier caso, el conocimiento formal del mismo tuvo lugar el día de la recepción del correo que se aporta como documento número 8 a la demanda, esto es, el día 9 de mayo de 2012.
En consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda rectora de este procedimiento el día 18 de febrero de 2014, el plazo de caducidad de un año previsto en el artículo 205 LSC había transcurrido con creces.
Por todo lo expuesto, procede desestimar íntegramente la demanda.”
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 20 mayo, 2015 20 mayo, 2015 Categorías DERECHO MERCANTILEtiquetas Mercantil. Sociedades. Impugnación de acuerdos socialesCaducidad de la acciónDeja un comentario en IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
En una pirueta al parasitismo hoy voy a enlazar este post al blog de Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal, Social y Procesal; www.notasdejurisprudencia.blogspot.com.es que es donde leí la STAP Barcelona (secc 15ª) de 23 de febrero de 2015 en donde la Audiencia modera los honorarios de los profesionales:
“por mucho que formalmente se ajusten a las normas colegiales. Esas razones se enumeran en el fundamento primero de la sentencia apelada y son, en síntesis, las siguientes:
la falta de hoja de encargo y
la de detalle del trabajo realizado por los profesionales,
la diferencia entre la masa pasiva y la masa activa del concurso,
el elevado pasivo con la consideración de crédito subordinado y
la falta de escritos de contestación a los incidentes concursales y de incidentes por ellos instados.”
En fin, que de un concurso de 1.400 millones de euros, que tus patrocinado tengan un pasivo de 185 millones de euros no te va a hacer ganar más de 100.000 € por honorarios. Sin duda mucho dinero, pero las cuantías son las que son. ¿Si la AP tiene este criterio es razonable que ningún abogado pueda cobrar en Barcelona una cuantía superior por un concurso? ¿Cuántos concursos con menor pasivo generan mayores honorarios?
La cuestión que sería interesante estudiar es si la fijación de baremos o criterios orientadores puede -poder puede-; o, mejor expresado, debería ser cuestionada por cosas como la hoja de encargo, la hoja de detalle de trabajo, o la ligereza del trabajo -que son recomendables pero no obligatorias- en un pleito en donde nuestra, responsabilidad es asesorar a unos clientes que “se juegan” 185 o 1.400 millones cuando nunca, o casi nunca, se cuestionan que pasen unas costas de 30.000 € por una demanda/contestación de 4 folios cuando tienes una cuantía de 300.000 €, porque la casa reclamada “vale” mucho o discutir costas en demandas de ejecución hipotecaria que por una cuantía de 180.000 € te pueden aprobar por 17-20 mil euros para abogado y procurador. ¿Es lo mismo la responsabilidad que un profesional tiene en un asunto de 185 millones que de uno de 1-2 millones?
Y si, ahora, ese mismo razonamiento lo aplicamos por analogía a los honorarios del turno de oficio -en un magnifico giro de demagogia corporativista de este post-; ¿es equitativo? ¿Es razonable que si autoimpugno la norma que establece el baremo del turno un tribunal resuelva que la facultad de moderación que tiene atribuida permita que un cliente del turno cuya contestación a la demanda tiene 50 folios, 30 documentos adjuntos y una sesión en sala de 2 días deba ser moderado al alza?
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 11 mayo, 2015 7 mayo, 2015 Categorías Sin categoría3 comentarios en Moderación de honorarios de abogados por un juez. Preguntas.
Hoy en nuestra humilde sección de corta y pega de Derecho Penal os traemos la STS de la Sala 2ª -claro está- 1396/2015, rec 10738/2014, resolución 163/2015 de 24-3-2015, Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibañez.
Dice un fiscal amigo mío que los temas penales se ganan y se pierden en la Parte General. Tiene toda la razón del mundo, lo que me fastidia bastante. Esta ST tiene, en mi particular opinión, un elemento didáctico muy interesante en donde nos explica sobre el concurso de normas, el concurso ideal-medial de delitos y el concurso real de delitos entre el robo con intimidación y la detención ilegal.
Habrá, en cambio, concurso ideal-medial de delitos ( art. 77 Cpenal ) cuando la detención sea medio necesario para cometer el robo y se produzca durante la ejecución de éste, si la privación de libertad por si misma tiene una relevancia tal que rompe la estricta relación de funcionalidad, afectando de manera autónoma al bien jurídico tutelado por el delito de detención ilegal, que, por ello, resultaría desprotegido con la sola aplicación del delito contra la propiedad ( STS 178/2007, de 7 de marzo , entre muchas).
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 8 mayo, 2015 7 mayo, 2015 Categorías Derecho Penal. Diferencia entre el concurso de normas.concurso ideal-medial de delitos.concurso real de delitosEtiquetas ABELEDO ABOGADOS COMPLIANCE PENAL,compliance penal legistel,compliance tenerife legistel,Concurso de normas,concurso ideal medial de delitos,concurso real de delitos,legistel penalDeja un comentario en Diferencia entre el concurso de normas, concurso ideal-medial de delitos y concurso real.
Reclamación de una Comunidad de Propietarios por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.
Hoy traemos una doctrina de Sala del TS, Sala 1ª que va a traer muchos disgustos. Seguramente a mi el primero porque tendré alguna cosa por ahí suelta que no coincida con esta forma de entender la norma.
La STS 1536/2015, recurso 319/2013, resolución 211/2015, de 22 de abril de 2015, ponente Eduardo Baena Ruiz, fija como doctrina:
“cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre”
A partir de ahí, se acaba el mundo de jauja de demandar a todos los que anden cerca a ver quien es solvente. El FD tercero es donde desarrolla esta doctrina pero como esto es un post me quedo con estos fragmentos:
“De las dos últimas garantías se desprende que, siendo responsable del pago de los gastos comunitarios el propietario de la vivienda que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacerlos, sin embargo se extiende tal responsabilidad a una serie de personas, sin perjuicio del derecho de repetición de éstas contra el obligado al pago. Tales personas son:
el propietario actual adquirente del bien por las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite que ya hemos recogido, con afección real del piso o local al cumplimiento de la obligación, aunque el adquirente lo sea con título inscrito en el Registro de la Propiedad;
el propietario anterior que omita la comunicación de cambio de titularidad.
6 El titular registral se encontrará legitimado pasivamente para reclamarle el pago de la deuda:
cuando fuese propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación de la que nace aquella;
cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local con título inscrito en el Registro de la Propiedad, por las deudas contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales que prevé el precepto con afección real del inmueble,
cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad.
Fuera de estos supuestos no existe obligación legal, propia ni por extensión de responsabilidad, por parte del titular registral al pago de las deudas por gastos de la Comunidad de Propietarios; por lo que no se encontraría legitimado pasivamente para soportar una reclamación de esa naturaleza “
Ahora bien, cuando la Comunidad de Propietarios además de ejercitar la acción obligacional contra el que deba responder del pago, pretenda ejercitar la real contra del piso o local afecto al mismo, existiendo discordancia entre deudor y titular registral, será preciso que demande a éste para garantizar la ejecución de la deuda sobre el inmueble; debiendo interpretarse en este sentido el artículo 21.4 de la LPH , de naturaleza procesal, por ser precisa la demanda contra el titular registral, a éstos solos efectos, si se quiere que sea efectivo el embargo preventivo que autoriza el párrafo segundo del mencionado artículo en su número cinco así como el procedimiento de apremio contra los bienes afectos a la deuda.
Así lo vienen entendiendo la mayor parte de los tribunales, como cita la parte recurrente, y así lo ha venido sosteniendo la DGRN con fundamento en los principios de legitimación y tracto sucesivo.
Según las RRDGRN de 30 de junio 1986, 18 de mayo 1987 y 9 de febrero 1997 “si en el momento de interponerse la demanda en reclamación del pago de los gastos de comunidad el piso o local hubiese pasado a poder de tercero en quien no concurra la condición de deudor personal de las mensualidades reclamadas, también contra aquél deberá dirigirse aquélla, pero no en cuanto a la pretensión personal de obtención de una sentencia condenatoria al pago, sino en cuanto a la real por la que se pretende el reconocimiento y traslado al Registro de una afección real, ya existente por disposición legal, coordinándose de este modo la especial protección brindada por el art. 9.5 de la LPH con los principios de legitimación y tracto sucesivo ( arts. 1 , 20 y 38 LH )”.
Reclamación de una CP por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 7 mayo, 2015 Categorías DERECHO CIVIL,eclamación de una Comunidad de Propietarios por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.Etiquetas compliance penal legistel,compliance tenerife legistel,DISCORDANCIA ENTRE TITULAR REGISTRAL Y DEUDOR,RECLAMACIÓN DE CUOTAS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS1 comentario en Reclamación de una Comunidad de Propietarios por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.

References: Real Decreto 
 artículo 205
 artículo 205
 resolución 
 resolución 
 artículo 21