Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html?page=16
Timestamp: 2019-08-19 20:57:45+00:00

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Esta Corte ha señalado en otros casos que, en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección561. En los términos de la Convención Americana, dicha situación obliga a los Estados a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso frente a actuaciones y prácticas de terceros particulares562.
La Corte Constitucional de Colombia se ha referido a la situación de vulnerabilidad de los desplazados en los siguientes términos: “por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas […] que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional’ para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades. Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”563.
Del mismo modo, la Corte Constitucional ha señalado que la vulnerabilidad de los desplazados es acentuada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población desplazada. El desplazamiento interno provoca, a su vez, una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento por los grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla564. El retorno de los desplazados a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones necesarias de seguridad y de dignidad para ellos565 y, dentro de los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno, además de graves repercusiones psicológicas en ellos, se han destacado a) pérdida de la tierra y de la vivienda; b) marginación; c) pérdida del hogar; d) desempleo; e) deterioro de las condiciones de vida; f) incremento de las enfermedades y de la mortalidad; g) pérdida del acceso a la propiedad; h) inseguridad alimentaria, y i) desarticulación social, empobrecimiento y deterioro acelerado de las condiciones de vida566.
Como ha sido constatado en otros casos, la Corte toma nota que Colombia, al enfrentar la problemática del desplazamiento interno, ha adoptado una serie de medidas567 a nivel legislativo (dentro de las cuales se encuentra la reciente Ley de Victimas y restitución de tierras), administrativo y judicial, incluyendo múltiples leyes, decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social568 (“Conpes”), resoluciones y directivas presidenciales. No obstante, como ya lo ha señalado este Tribunal en otros casos, la Corte Constitucional ha establecido “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”569.
En el presente caso, los representantes y la Comisión indicaron que el Estado había incumplido con sus obligaciones de garantizar los derechos a la integridad personal, a la honra y dignidad, a la protección de la familia y a las medidas de protección de niños y niñas, en perjuicio de las personas desplazadas de la Cuenca del Cacarica. Del mismo modo, indicaron que el Estado no había cumplido con su deber de garantizar y respetar los derechos sin discriminación alguna de raza o color y el derecho a la igualdad de protección ante la ley en razón de las afectaciones ocasionadas por la Operación Génesis, las incursiones paramilitares y el subsecuente desplazamiento forzado padecido por las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y por las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo.
A partir de enero de 2000 un sector de las comunidades desplazadas del Cacarica iniciaron un proceso de retorno a su territorio mientras que otro grupo de la población desplazada optó por ubicarse definitivamente en el municipio donde se refugiaron luego de que fuera celebrado un acuerdo en ese sentido con el gobierno (supra párr. 125). Por otro lado, los desplazados que retornaron al Cacarica permanecieron casi entre tres y cuatro años en situación de desplazamiento (supra párr. 126). Asimismo, consta que en esas fechas aún persistían en la región factores que originaron el desplazamiento en 1997 dentro de las cuales se destaca la situación de violencia y la presencia de grupos armados ilegales. En particular, se consideró como un hecho probado que las comunidades de “Esperanza en Dios” y “Nueva Vida” siguieron siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por los grupos armados (supra párr. 129).
Se encuentra demostrado que entre 150 y 320 familias desplazadas a finales de febrero de 1997 fueron albergadas en el Coliseo de Turbo y en dos albergues construidos con ayuda de agencias internacionales y recursos del gobierno a través de la entonces Red de Solidaridad Social (supra párr. 117). La mayoría de estas familias permanecieron en Turbo y en la hacienda El Cacique - Bahía Cupica (Chocó), por más de dos años. Numerosas familias se vieron fragmentadas o separadas como consecuencia del desplazamiento. Se ha podido constatar también que en Turbo las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por el hacinamiento, falta de privacidad, carencia de servicios básicos de salud, alimentación desequilibrada e insuficiente, insuficiencia y mala calidad del agua. En noviembre de 1997 se suspendió oficialmente la ayuda a 75 familias “por falta de fondos”. Todo lo anterior condujo a la multiplicación de enfermedades y llevó a riesgos de epidemia. Del mismo modo, el Tribunal pudo constatar que las medidas tomadas por el Estado en materia de protección de la población fueron insuficientes (supra párr. 118).
Durante el lapso que duró el desplazamiento para las personas que retornaron, el Estado brindó ayudas limitadas para el retorno: a) atención humanitaria a diez familias que se repatriaron de manera voluntaria de Jaqué (Panamá) a Nueva Vida en 2004; b) acciones en la cuenca del Cacarica dirigidas a la atención de las comunidades570; c) alimentos en Cupica y Turbo desde de mayo de 1999 y enero de 2000, respectivamente hasta diciembre de 2000, por valor de $1.243.475.684 pesos colombianos; d) pagos de servicios públicos de agua y energía eléctrica suministrada a Turbo y a los dos albergues por valor de $68.233.062 pesos colombianos, y e) entrega de “kit de aseo, vajilla, hábitat y cocina por valor de $172.676.618” pesos colombianos571.
Las medidas de asistencia básicas proporcionadas por el Estado durante el período del desplazamiento fueron insuficientes, toda vez que las condiciones físicas y psíquicas que debieron enfrentar durante casi cuatro años no son acordes con estándares mínimos exigibles en este tipo de casos. El hacinamiento, la alimentación, el suministro y manejo del agua, así como la falta de adopción de medidas en materia de salud evidencian incumplimiento de las obligaciones estatales de protección con posterioridad al desplazamiento, con la consecuencia directa de la vulneración del derecho a la integridad personal de quienes sufrieron el desplazamiento forzado.
Por ende, el Estado ha incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en el marco del derecho de circulación y residencia, y la protección del derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 22.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las comunidades del Cacarica que estuvieron en situación de desplazamiento forzado durante un período de tres a cuatro años572.
La Corte ha señalado en otros casos que el derecho a la protección de la familia conlleva, entre otras obligaciones, la de favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar573. En el presente caso, la Corte constata que hay elementos de información sobre las condiciones de hacinamiento, la falta de privacidad de las personas, y la afectación de las estructuras familiares (supra párr. 118). De lo anterior surge que, durante el período en que duró la situación de desplazamiento de las comunidades del Cacarica, el Estado no tomó las medidas positivas necesarias para la debida protección e integridad de las familias desplazadas, las cuales se vieron fragmentadas o separados sus miembros.
No obstante, la Comisión y los representantes no presentaron información suficiente para determinar las características específicas de las familias dentro de la vida comunitaria de las comunidades afrodescendientes del Cacarica. De tal manera, si bien remitieron algunos elementos de información en relación con las condiciones de desplazamiento, al haber planteado que dichas comunidades mantienen una forma de vida comunitaria, la Comisión y los representantes no explicaron o fundamentaron las formas específicas en que ejercían sus derechos a la familia los miembros de estas comunidades ni, por ende, las afectaciones particulares que los hechos provocaron. Por tanto, la Corte no cuenta con suficientes elementos para analizar los hechos bajo el artículo 17 de la Convención.
La Corte ha establecido que las violaciones alegadas a otros artículos de la Convención, en las que los niños y niñas sean presuntas víctimas, deberán ser interpretadas a la luz del corpus iuris de los derechos de la niñez. Esto implica que el artículo 19, además de otorgar una protección especial a los derechos reconocidos en la Convención Americana, establece una obligación a cargo del Estado de respetar y asegurar los derechos reconocidos a los niños y niñas en otros instrumentos internacionales aplicables574. Cabe recordar que la Corte ha señalado que “la especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más evidente en una situación de conflicto armado interno, […] pues son los menos preparados para adaptarse o responder a dicha situación y, tristemente, son quienes padecen sus excesos de forma desmesurada”575, por lo cual, en esos contextos, se les debe proporcionar atención adecuada y adoptar las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas576.
Por otra parte, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia577. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene señalar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”578. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la niña579.
Con respecto a las condiciones en los lugares de desplazamiento, la Corte ha podido comprobar que el Estado realizó una serie de acciones encaminadas a brindar asistencia a las comunidades una vez que retornaron al Cacarica (supra párr. 127). En particular, el Estado brindó información completa relacionada con la asistencia brindada a las Comunidades de Paz580. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal también ha observado que las personas que se encontraban en los lugares de desplazamiento padecieron, durante un período mínimo de tres años, distintos tipos de carencias y violaciones a su derecho a la integridad (en términos de condiciones de salubridad, de acceso a una atención en salud, a servicios básicos esenciales, entre otros) (supra párr. 118). La Corte constata que esa falta de atención resulta especialmente grave cuando los afectados son personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como son las niñas y niños.
En el presente caso, no ha sido controvertido que, como consecuencia de los hechos del presente caso, varios centenares de personas han tenido que desplazarse de las Comunidades del río Cacarica, dentro de las cuales se encuentran niñas y niños581 mientras que otros nacieron en condiciones de desplazamiento582. Por ende, el Estado es responsable por la violación a los derechos de niños y niñas, por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes a su favor en un contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales, período en que se vieron afectados por la falta de acceso a educación y a salud, el hacinamiento y la falta de alimentación adecuada.
La Corte considera que el Estado incumplió con su deber de protección especial de las niñas y niños afectados por las incursiones y posteriores desplazamientos forzados, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protegerles en el marco de un conflicto armado no internacional. Por tanto, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal de los niños y niñas desplazados así como de aquellos que nacieron en situación de desplazamiento, reconocido por el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento.
Con respecto a la obligación de garantizar los derechos sin discriminación, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma583. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias584.
Por otro lado, la Corte reitera que mientras el artículo 1.1 se refiere a la obligación general del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”585. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana586.
En el presente caso, las partes y la Comisión no han presentado alegatos indicando cuales serían las normas internas o su aplicación que serían contrarias a la Convención Americana. Por lo tanto, la Corte no puede analizar la alegada violación del derecho a la igualdad y no discriminación en el marco del artículo 24 de la Convención, sino a la luz del artículo 1.1 de la Convención en relación con los artículos 11.2 y 17 de la misma.
El Tribunal constata que los representantes y la Comisión presentaron alegatos sobre presuntos actos de discriminación ocurridos a raíz de expresiones o pronunciamientos de miembros de las unidades paramilitares al momento de ocurrir los hechos, los cuales denotarían estereotipos racistas referidos al origen étnico y al color de piel de las poblaciones del Cacarica. Del mismo modo, han señalado que los paramilitares, durante esas incursiones y al momento de las versiones libres presentadas ante la jurisdicción especial de Justicia y Paz, identificaron tanto a Marino López o a otros pobladores del Cacarica como colaboradores de la guerrilla.
Con respecto a lo anterior, la Corte nota, en primer término, que no fue aportada prueba en la que conste que esas declaraciones fueron realizadas por agentes del Estado o toleradas en presencia de éstos. Tampoco surge de lo alegado o de la prueba que obra en el expediente, que funcionarios públicos promovieran versiones de los hechos del caso en las cuales se considere a miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica como colaboradores e integrantes de grupos guerrilleros. Por otro lado, en lo que se refiere a las versiones que se hubiesen ventilado en el marco de procesos internos, a la Corte no le corresponde pronunciarse acerca de la responsabilidad internacional del Estado en relación con expresiones utilizadas por imputados que han declarado, en el ejercicio de su derecho de defensa, o que son postulados para recibir ciertos beneficios en el marco de procedimientos especiales de carácter judicial.
En segundo término, el Tribunal nota que otros alegatos referidos a la obligación de garantizar los derechos sin discriminación también fueron presentados con relación a la falta de atención diferenciada para los desplazados por su condición de mayor vulnerabilidad. Al respecto, la Corte toma nota que ni la Comisión ni los representantes han presentado alegatos e información específica que permitan analizar esas presuntas violaciones a la luz de las disposiciones de la Convención Americana. En particular, no explicaron cuáles acciones concretas debería haber tomado el Estado para cumplir con esa obligación. Por ende, el Tribunal no cuenta con elementos suficientes para valorar el alegado incumplimiento de dichas obligaciones del Estado.
En cuanto a los alegatos de los representantes relacionados con los artículos 11.1 y 2 de la Convención, la Corte no se pronuncia al respecto por considerar que los hechos han sido suficientemente analizados, y las violaciones conceptualizadas, bajo los derechos a la integridad personal, a la protección de la familia y a las medidas de protección de niños y niñas, en los términos de los artículos 5, 17 y 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 1