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Timestamp: 2017-03-26 00:27:04+00:00

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LEY 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
LEY 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	LEY 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Mis Leyes
LEY 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Estado	:
CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
Artículo 1. Los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
CAPÍTULO II. EL GABINETE JURÍDICO.
Artículo 2. El Gabinete Jurídico.
Artículo 3. La Dirección del Gabinete Jurídico.
Artículo 4. Funciones del Gabinete Jurídico.
CAPÍTULO III. DE LA COMPARECENCIA EN JUICIO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Artículo 5. Ejercicio de acciones.
Artículo 6. Procedimiento para el ejercicio de acciones.
CAPÍTULO IV. LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LAS CONSEJERÍAS.
CAPÍTULO V. PRINCIPIO DE COLABORACIÓN.
La sujeción de la Administración Pública a la Ley constituye una de las bases del Estado de Derecho, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 103 de la Constitución Española. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha desde los inicios de la Administración de la Comunidad Autónoma, hace ya casi veinte años, ha tomado las decisiones necesarias para dotarla de unos Servicios Jurídicos que, aun dentro del principio de la exigible austeridad, tuviesen unos niveles de calidad suficientes para garantizar al Consejo de Gobierno y a los órganos Directivos de la Administración el asesoramiento legal necesado que permitiera hacer real el indicado principio de legalidad en su funcionamiento, legalidad que garantiza los derechos de los ciudadanos que son los destinatarios de su actividad. Al mismo tiempo, se arbitraron, desde un principio, los imprescindibles medios de defensa de los derechos de la Comunidad Autónoma, a fin de que el interés público resultase también garantizado y respetado.
Mas, en la actualidad, al igual que han hecho otras Comunidades Autónomas y el propio Estado a través de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, se hace necesario actualizar y mejorar la regulación de los Servicios Jurídicos regionales, finalidad que viene a cumplir esta Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se promulga en ejercicio de la potestad de organización reconocida a la misma en los artículos 31.1.10 y 39. 3 de su Estatuto de Autonomía.
Se fundamenta la Ley en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, conforme al cual la representación y defensa de las Comunidades Autónomas... corresponderán a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones Públicas, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda, a lo que añade que los Letrados integrados en los servicios jurídicos del Estado podrán representar y defender a las Comunidades Autónomas en los términos que se establecerán reglamentariamente, norma completada en este punto por la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, que prevé la suscripción del oportuno convenio entre el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.
Se eleva de rango y se mejora en su redacción la previsión -ya recogida en el Decreto del Gabinete Jurídico- de que los funcionarios adscritos al mismo asuman la representación y defensa de autoridades, funcionarios y empleados de la Comunidad Autónoma.
Por último, por lo que se refiere al régimen de notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal, exención de depósitos y cauciones, tasación de costas, suspensión del curso de los autos y fuero territorial de los entes públicos, la Ley se remite a la legislación estatal, contenida en la reiterada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, cuya disposición adicional cuarta invoca al respecto la competencia reservada al Estado en materia de legislación procesal por el artículo 149.1.68 de la Constitución.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
La representación y defensa en juicio de la Administración de la Junta de Comunidades y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma, incluida la de los recursos ante el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales comunitarios. También podrá intervenir en procedimientos arbitrales.
La representación y defensa, previa autorización de la persona titular de la Consejería de Administraciones Públicas y con la conformidad del interesado, de las autoridades y empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades de derecho público de ellas dependientes, en los procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones directamente relacionados con el ejercicio de sus respectivas funciones, aunque hubieren cesado en las mismas al tiempo de celebrarse los procesos, siempre que no exista conflicto de intereses.
El asesoramiento en derecho al Consejo de Gobierno.
La emisión de informes a requerimiento de los miembros del Consejo de Gobierno y de los órganos superiores de la Administración.
El asesoramiento jurídico de los órganos colegiados de la Administración regional cuando así esté establecido por norma legal o reglamentaria.
El asesoramiento jurídico a las mesas de contratación.
El bastanteo de poderes para actuar ante la Administración regional.
Las demás funciones que le vengan atribuidas por norma legal o reglamentaria.
2. Por necesidades de servicio, las funciones previstas en las letras f y g del apartado 1 de este artículo, podrán ser encomendadas por la Dirección del Gabinete Jurídico a funcionarios, del Cuerpo Superior Jurídico de la correspondiente Consejería.
3. Por el hecho de su nombramiento y toma de posesión, los funcionarios adscritos a puestos de trabajo del Gabinete Jurídico quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeño de todos los servicios propios de su destino.
DE LA COMPARECENCIA EN JUICIO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
1. La decisión del ejercicio de las acciones en vía jurisdiccional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha corresponde al Consejo de Gobierno. En caso de urgencia tal decisión podrá ser adoptada por el titular de la Consejería de Administraciones Públicas, dando posteriormente cuenta al Consejo de Gobierno.
2. Para desistir de los procesos en curso será necesaria la autorización del órgano que ordenó la iniciación del mismo.
3. La transacción judicial o el allanamiento a las pretensiones deducidas de contrario requerirá, en todo caso, autorización del Consejo de Gobierno.
4. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se someterá en sus actuaciones judiciales a las mismas normas que rigen para el Estado, con las necesarias variaciones derivadas de su propia organización.
1. Con carácter general y en los términos establecidos en el artículo 4, el ejercicio de acciones a que se refiere el artículo 5 corresponderá al Gabinete Jurídico.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a petición de los Secretarios Generales o Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías y mediante Resolución del titular de la Consejería de Administraciones Públicas, se podrá encomendar, en los términos que se establezca en aquella, la representación y defensa en juicio de cualquier asunto o grupo de asuntos a funcionarios, del Cuerpo Superior Jurídico adscritos a los Servicios Jurídicos del órgano que realice la petición.
3. En los términos establecidos legal y reglamentariamente y mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración entre el Consejo de Gobierno y el Gobierno de la Nación, los Abogados del Estado podrán representar y defender a la Comunidad Autónoma en asuntos determinados.
4. En casos excepcionales, el titular de la Consejería de Administraciones Públicas podrá acordar, a propuesta de la correspondiente Consejería, que la representación y defensa en juicio sean asumidas por un Abogado en ejercicio, o confiarle sólo la defensa y la representación a un Procurador de los Tribunales, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LAS CONSEJERÍAS.
La preparación de los proyectos de normas jurídicas y, en su caso, la realización de los trabajos técnico-jurídicos previos necesarios.
La emisión de los informes preceptivos y facultativos que les sean solicitados por los titulares de la Consejería o por los órganos directivos de la misma.
La preparación de los proyectos de resolución de los recursos administrativos y de las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil y laboral.
La preparación de los proyectos de resolución en los procedimientos de revisión de oficio.
La preparación de los proyectos de resolución en los procedimientos de reclamaciones patrimoniales.
Supervisión de la documentación que se remita, para su publicación, al Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Preparación de los expedientes que hayan de ser elevados al Consejo de Gobierno.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Los funcionarios a los que se refiere el apartado 3.a, de la disposición adicional primera, dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley para solicitar su integración en la Escala Superior de Letrados. También dispondrán de seis meses para solicitar su integración los funcionarios incluidos en el apartado 3.b, de la disposición adicional primera, iniciándose el cómputo desde que completen el requisito de permanencia de tres años en el puesto de Letrado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Las funciones previstas en las letras f y g del artículo 4.1, así como la representación y defensa en juicio de cualquier asunto o grupo de asuntos también podrá ser encomendada, en los términos previstos en los artículos 4.2 y 6.2, al personal funcionario al que se refiere la disposición transitoria decimotercera.3 párrafo primero de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, adscrito al correspondiente Servicio Jurídico.
El Decreto 128/1987, de 22 de septiembre, de organización y funciones del Gabinete Jurídico, permanecerá en vigor, en lo que no contradiga a la presente Ley, hasta que se produzca el desarrollo reglamentado de la misma.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.dos.a del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se encomienda al Consejo de Gobierno la elaboración, en un plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, de un texto refundido de las normas legales en materia de Función Pública, con autorización expresa para su regularización, aclaración y armonización.
Toledo, 5 de marzo de 2003.
Derogada por Ley 4/2006, de 5 de octubre, por la que se modifica la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículos 4 (apdo. 2) y 6 (apdo. 2):
Redacción según Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Disposición transitoria primera:
Renumerado según Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Disposición transitoria segunda:
Añadida por Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Cerrar
Decreto 4/2010, de 26/01/2010, de protección social y jurídica de los menores en Castilla-La Mancha. [2010/1160]Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. [2010/8267]LEY 2/2010, de 13 de mayo, de comercio de Castilla-La ManchaLey 10/2010, de 21 de octubre, de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha. [2010/18261]Resolución de 27/01/2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que el Organismo Autónomo Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam), encomienda a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente funciones de asesoramiento jurídico. [2011/1655]LEY 10/2010, de 21 de octubre, de promoción de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla-La ManchaLey 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. [2011/4277]LEY 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha	Cerrar PDF
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References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 447
 artículo 149
e contrario
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 9