Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-b-r-stc-179801
Timestamp: 2019-03-19 20:59:43+00:00

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STC 40/2003, 27 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 179801
STC 40/2003, 27 de Febrero de 2003
Número de Recurso: 1380/2001
Recurso de amparo 1380-2001. Promovido por don Leopoldo B. R. y otros Diputados del Grupo Parlamentario Popular respecto de los Acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco que inadmitieron a trámite una proposición no de ley sobre requerimiento de informe al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre no presentación del proyecto de ley de presupuestos. Vulneración de los derechos a participar en los asuntos públicos y al ejercicio del cargo parlamentario: inadmisión de solicitud de informe económico-financiero sin motivación y sin justificación (STC 161/1988).
En el recurso de amparo núm. 1380-2001, promovido por don Leopoldo B. R., don Fernando M. B., don Carlos María U. V., don Antonio D. B., don Carlos José I. A., don José Ignacio O. C., don Antonio S. A., don Juan Carlos A. R., doña María Carmen L. L., don Gonzalo Nicolás M. E., doña María Josefa L. O., don Carmelo B. B., don Ricardo Carmelo H. A., doña María Aranzazu Q. C., don José Ignacio O. M. y doña María Eugenia G. R., Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Vasco, representados por el Procurador de los Tribunales don Santos Gandarillas Carmona y asistidos por el Letrado don Ricardo Zarauz Elguezabal, contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 28 de noviembre de 2000, confirmado por posterior Acuerdo de 11 de diciembre de 2000, por el que se inadmitió a trámite una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento Vasco, representado por su Letrado Mayor don Eduardo Mancisidor Artaraz, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12 de marzo de 2001, don Santos de Gandarillas Carmona, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Leopoldo B. R., don Fernando M. B., don Carlos María U. V., don Antonio D. B., don Carlos José I. A., don José Ignacio O. C., don Antonio S. A., don Juan Carlos A. R., doña María Carmen L. L., don Gonzalo Nicolás M. E., doña María Josefa L. O., don Carmelo B. B., don Ricardo Carmelo H. A., doña María Aranzazu Q. C., don José Ignacio O. M. y doña María Eugenia G. R., Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Vasco, interpuso recurso de amparo contra los Acuerdos de la Mesa de la Cámara a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
La demanda de amparo se basa en los antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se recogen:
Don Antonio D. B., portavoz suplente del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Vasco, presentó a la Mesa de la Cámara en fecha 3 de noviembre de 2000 una proposición no de ley para su debate en Pleno con carácter de urgente sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001. La proposición no de ley era del siguiente tenor literal:
"A la Mesa del Parlamento Vasco:
Antonio D. B., parlamentario del Grupo Popular Vasco, al amparo del vigente Reglamento tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno con carácter urgente, sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2001, incumpliendo, entre otros, el artículo 6.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre.
Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido en el artículo 6.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/1994, y habida cuenta de las manifestaciones de miembros cualificados del Gobierno Vasco de persistir en el incumplimiento de su obligación de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma dentro del plazo que posibilite la aprobación, antes de finalizar el año, de dichos presupuestos para el año 2001, resulta urgente conocer las consecuencias legales de dicho incumplimiento por el Gobierno Vasco.
Los dos artículos precitados, imperativamente, exigen al Gobierno Vasco la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Euskadi con anterioridad al 1 de noviembre del ejercicio anterior al que se refiere dicho proyecto.
No existe ningún precepto legal en el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes sobre Régimen Presupuestario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1984, de 27 de septiembre, ni en el texto refundido de la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que prevea excepción alguna a dicha exigencia legal.
La no presentación del proyecto de ley de Presupuestos en el plazo legalmente previsto sustrae al Parlamento una de sus principales funciones, cual es aprobar por ley el destino de los fondos que los ciudadanos han entregado a las Administraciones públicas para su gestión; es decir, la función legislativa y de control de los fondos públicos.
Precisamente por ser el proyecto de ley de Presupuestos Generales la decisión anual más importante que se adopta en el Parlamento, por cuanto, recordamos, se refiere al control y el destino del gasto de los dineros de los ciudadanos, su procedimiento de aprobación está expresamente regulado de forma específica y distinta a cualquier otra norma legal, no sólo en el País Vasco, sino prácticamente en todas las Cámaras Legislativas democráticas.
No excusa del cumplimiento de esta obligación legal la circunstancia de que el Gobierno Vasco no cuente con la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar `su¿ presupuesto, dado que cabría que el Parlamento Vasco, que es la institución que aprueba el Presupuesto, proceda a la aprobación del mismo aunque sea distinto al presentado por el Gobierno.
En definitiva, se está hurtando al Parlamento Vasco su principal competencia en representación de la ciudadanía, que se ve privada de decidir a través de sus legítimos representantes el control y destino de los ingresos que efectúan al erario público.
A este grupo le parece inconcebible que un Gobierno pretenda gobernar durante uno o varios años eliminando la posibilidad de que el Parlamento debata el destino de los ingresos y la distribución de los gastos públicos.
El artículo 1.1 de la Ley 1/1988, de 2 de febrero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, define a éste como un órgano propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi dependiente directamente del Parlamento Vasco.
El artículo 3.2 de dicho texto legal establece como función propia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el asesoramiento al Parlamento Vasco en materia económica y financiera, a requerimiento del propio Parlamento.
`El Parlamento Vasco, al amparo del artículo 3.2 de la Ley 1/1988, de 2 de febrero, requiere al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que en el plazo más breve posible, y con carácter prioritario, remita a la Cámara un informe sobre la posibilidad legal o no de que el Gobierno Vasco no remita al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su caso, los efectos legales de toda índole que supone la no presentación de dicho proyecto de ley de Presupuestos antes del 1 de noviembre de cada año¿".
La Mesa del Parlamento Vasco, en su sesión de 7 de noviembre de 2000, acordó admitir a trámite la proposición no de ley por el procedimiento de urgencia, remitirla al Gobierno, a la Sección de Plenos y Comisiones y a los Grupos Parlamentarios para su conocimiento, así como publicarla en el "Boletín Oficial del Parlamento Vasco".
Los Grupos Parlamentarios Euzko Abertzaleak y Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el art. 23.2 del Reglamento de la Cámara, solicitaron la reconsideración urgente del Acuerdo de admisión a trámite de la referida proposición no de ley.
Los Servicios Jurídicos de la Cámara emitieron un informe en el sentido de considerar improcedente que se solicitase del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas un informe sobre la decisión política del Gobierno Vasco de no presentar el Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001, pero no de que se solicitase a dicho órgano que informase "sobre los efectos legales de toda índole que en materia económico-financiera cabe derivar de una eventual prórroga presupuestaria".
Don Antonio D. B., portavoz suplente del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Vasco, presentó a la Mesa de la Cámara en fecha 24 de noviembre de 2000 una nueva proposición no de ley para su debate en el Pleno con carácter urgente sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001. La nueva proposición no de ley resulta del siguiente tenor literal:
"A la Mesa del Parlamento Vasco.
Antonio D. B., Parlamentario del Grupo Popular Vasco al amparo del vigente Reglamento, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno con carácter urgente sobre "requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2001, incumpliendo, entre otros, los artículos 6.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre.
Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido en el artículo 6.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/1994, y habida cuenta de las manifestaciones de miembros cualificados del Gobierno Vasco de persistir en el incumplimiento de su obligación de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo que posibilite la aprobación antes de finalizar el año de dichos presupuestos para el año 2001, resulta urgente conocer las consecuencias legales de dicho incumplimiento por el Gobierno Vasco.
No existe ningún precepto legal en el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes sobre Régimen Presupuestario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, ni en el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que prevea excepción alguna a dicha exigencia legal.
Precisamente por ser el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales la decisión anual más importante que se adopta en el Parlamento, por cuanto, recordamos, se refiere al control y el destino del gasto de los dineros de los ciudadanos, su procedimiento de aprobación está expresamente regulado de forma específica y distinta a cualquier otra norma legal, no sólo en el País Vasco, sino, prácticamente, en todas las Cámaras Legislativas democráticas.
No excusa del cumplimiento de esta obligación legal la circunstancia de que el Gobierno Vasco no cuente con la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar `su¿ presupuesto, dado que cabría que el Parlamento Vasco, que es la institución que aprueba el Presupuesto, proceda a la aprobación del mismo aunque sea distinto al presentado por el Gobierno. En definitiva, se está hurtando al Parlamento Vasco su principal competencia en representación de la ciudadanía, que se ve privada de decidir a través de sus legítimos representantes el control y destino de los ingresos que efectúan al erario público.
El artículo 1.1 de la ley 1/1988, de 2 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, define a éste como un órgano propio de la Comunidad de Euskadi dependiente directamente del Parlamento Vasco.
`El Parlamento Vasco, al amparo del artículo 3.2 de la Ley 1/1998, de 2 de febrero, requiere al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que en el plazo más breve posible, y con carácter prioritario, remita a la Cámara un informe sobre los efectos legales de toda índole en las materias competencia del Tribunal que se derivan de la decisión del Gobierno de no remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos en el plazo legal y en consecuencia de la entrada en vigor de la prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero¿".
La Mesa de la Cámara, en su sesión de 28 de noviembre de 2000, acordó no admitir a trámite la iniciativa. En el acta de la sesión únicamente se hace constar la opinión del Vicepresidente Primero, favorable a su admisión a trámite "por entender que la misma responde a los planteamientos contenidos en el Informe de los Servicios Jurídicos", y la del Presidente, quien estimó que "la iniciativa no se ajusta a lo planteado en el Informe de los Servicios Jurídicos y que en tal sentido se ha solicitado al autor de la iniciativa su reformulación".
La Mesa de la Cámara en su sesión de 11 de diciembre de 2000 desestimó la solicitud de reconsideración urgente presentada por don Leopoldo B. R., portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Vasco, contra el anterior Acuerdo por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, los recurrentes comienzan por precisar que el escrito presentado en fecha 24 de noviembre de 2000 era igual al presentado en fecha 3 de noviembre de 2000, sin otra variante que el cambio introducido en la formulación de la proposición no de ley para adaptarla precisamente a las indicaciones de los Servicios Jurídicos de la Cámara. De modo que el requerimiento a practicar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el caso de que se aprobase la moción, tendría por objeto que informase "sobre los efectos legales de toda índole en las materias de competencia del Tribunal que se derivan de la decisión del Gobierno de no remitir el Proyecto de Ley de presupuestos en el plazo legal y en consecuencia de la entrada en vigor de la prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero".
La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 14 de enero de 2002, acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dirigir atenta comunicación al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, para que en el plazo de diez días remitiese testimonio de los expedientes correspondientes al Acuerdo de la Mesa de 11 de diciembre de 2000, desestimatorio de la solicitud de reconsideración del Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, y a este último, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001; así como, acompañar a la mencionada comunicación copia de la demanda para conocimiento de la Mesa del Parlamento Vasco, a efectos de su personación en el presente proceso constitucional.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal, de 27 de febrero de 2002, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por el Parlamento Vasco y el escrito de don Eduardo Mancisidor Artaraz, Letrado Mayor de la Cámara, a quien se tuvo por personado y parte en su nombre y representación; así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dio vista de todas las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días presentasen cuantas alegaciones tuvieran por conveniente.
La representación procesal de los recurrentes en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 20 de marzo de 2002, en el que dio por reproducidas las formuladas en el escrito de demanda, añadiendo, únicamente a modo de fundamentación jurídica complementaria, la cita de la doctrina recogida en las SSTC 107/2001, de 23 de abril, y 203/2001, de 15 de octubre.
Mediante otrosí, a tenor de lo dispuesto en los arts. 88 y 89 LOTC, interesó como prueba que se dirigiese requerimiento al Presidente del Parlamento Vasco para que remitiese como actuaciones complementarias a las ya recibidas las correspondientes al escrito presentado por don Antonio D. B., portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la Mesa de la Cámara el día 3 de noviembre de 2000, así como todas las que trajeran causa de dicho escrito, hasta el informe de los Servicios Jurídicos registrado el día 23 de noviembre de 2000, inclusive.
El Letrado Mayor del Parlamento Vasco evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 26 de marzo de 2002, que en lo sustancial a continuación se resume:
Tras manifestar que comparte y asume las consideraciones que se efectúan en la demanda de amparo, con reiterada cita de jurisprudencia constitucional, sobre el alcance y el juego de los dos apartados del art. 23 CE, así como sobre el papel institucional y no político de las Mesas de las Cámaras, niega, sin embargo, que la Mesa del Parlamento haya abandonado en este caso su función institucional, pues han sido consideraciones jurídicas pertinentes en la admisión a trámite de la proposición no de ley las que han conducido a rechazar la iniciativa parlamentaria, de modo que la parte actora no ha sufrido ninguna lesión del art. 23.2 CE.
En efecto, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas responde al género que la doctrina ha denominado como "órganos auxiliares", esto es, aquellos órganos que colaboran y coadyuvan al cumplimiento de las funciones propias de otro órgano, en este caso, el Parlamento Vasco, que para el mejor desempeño de sus funciones se ha dotado de una institución de alta cualificación técnica y especializada en el control de las actividades económicas, financieras y contables del sector público. La Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas lo califica "como órgano propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi dependiente directamente del Parlamento Vasco" (art. 1), que "ejercerá sus funciones en la Comunidad Autónoma por delegación del Parlamento Vasco" (art. 2), trasluciéndose su naturaleza de órgano auxiliar del Parlamento Vasco a lo largo de toda la Ley.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en su parte dispositiva pretendía requerir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que emitiera un informe sobre los efectos legales de toda índole en las materias propias de su competencia que se derivaban de la decisión del Gobierno de no remitir el Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en el plazo legal, sustentándose dicha pretensión en la función asesora que al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas encomienda el art. 3.2 de su Ley. Precepto que dispone: "Asimismo, tendrá como función propia el asesoramiento al Parlamento Vasco en materia económica-financiera. Dicha función se ejercerá por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a requerimiento del Pleno del Parlamento Vasco. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a través de su Presidente, podrá recabar cuantos datos, informes y documentos considere necesarios para el cumplimiento de su función de asesoramiento".
Pero aun cuando no se comparta la anterior interpretación de la función de asesoramiento, el Letrado Mayor del Parlamento Vasco considera que es innegable que una proposición no de ley como la que nos ocupa tenía una significación y alcance que desborda los límites propios del asesoramiento, pues la función asesora no puede dar lugar sin desvirtuarse a una actuación de control o fiscalización como sucede en el presente caso. La diferencia entre ambas funciones es nítida y está correctamente reflejada en la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (art. 3).
El derecho fundamental cuya protección se impetra es un derecho de configuración legal, lo que implica que los parlamentarios tienen derecho a ver salvaguardado el disfrute de sus facultades, derechos y prerrogativas en los términos reglamentaria y legalmente reconocidos. En concreto, el ejercicio del derecho a las iniciativas tiene que acomodarse a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara y en el presente caso, dado que se trataba de un requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, también a lo regulado en la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. La Mesa de la Cámara, utilizando este canon normativo complejo, rechazó en su día, por razones jurídicas que no de oportunidad, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sin que tal decisión suponga lesión alguna de derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 3 de abril de 2002, en el que, con base en la argumentación que a continuación se extracta, interesó la estimación de la demanda de amparo:
Tras reproducir la doctrina constitucional recogida en las SSTC 38/1999, de 28 de marzo, 107/2001, de 23 de abril, y 203/2001, de 15 de octubre, y dejar sentado, a continuación, que la Mesa del Parlamento Vasco únicamente tiene atribuidas funciones de mero control formal de las iniciativas parlamentarias, debiendo limitarse, por lo tanto, a la verificación jurídica del cumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el Reglamento, no pudiendo extender dicho control a otros ámbitos meramente materiales que puedan afectar al núcleo esencial de la actividad parlamentaria (arts. 23.1.4, 159 y 160 RPV de 11 de febrero de 1983), el Ministerio Fiscal entiende, en primer lugar, que la iniciativa del grupo proponente, una vez modificado su inicial escrito a la vista del informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Cámara, estaba encaminada a la efectiva consecución de uno de los dos fines esenciales que son responsabilidad de todo representante público ubicado en el seno de la oposición parlamentaria al Gobierno correspondiente, cual es el control en este caso de la no actuación del Ejecutivo Vasco en materia de especial relevancia y trascendencia para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, como eran las previsiones de ingresos y gastos públicos del ejercicio económico, cuyo conocimiento por el Pleno de la Cámara encajaba dentro del ámbito propio de la oportunidad política y de la dinámica parlamentaria.
La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 15 de julio de 2002, acordó tener por recibidos los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal, del Procurador de los Tribunales don Santos Gandarillas Carmona y del Letrado Mayor del Parlamento Vasco, y, de conformidad con el art. 89 LOTC, denegar la petición de prueba propuesta por el mencionado Procurador, al no considerarla necesaria, dado que los datos pedidos constan ya en las actuaciones que posee este Tribunal.
Por providencia de 24 de febrero de 2003, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, de 28 de noviembre de 2000, confirmado por posterior Acuerdo de 11 de diciembre de 2000, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para su debate en el Pleno con carácter urgente, a fin de requerir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que "en el plazo más breve posible, y con carácter prioritario, remita a la Cámara un informe sobre los efectos legales de toda índole en las materias competencia del Tribunal que se derivan de la decisión del Gobierno de no remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos en el plazo legal y en consecuencia de la entrada en vigor de la prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero".
Delimitadas en los términos expuestos las posiciones de las partes personadas en este proceso de amparo, la cuestión suscitada se contrae a determinar si la decisión de la Mesa del Parlamento Vasco de no admitir a trámite la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular ha vulnerado el derecho de sus miembros a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las Leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Su resolución requiere, en primer término, traer a colación la doctrina constitucional sobre los mencionados derechos fundamentales en conexión con la potestad de las Mesas de las Cámaras de calificar y admitir o no a trámite las iniciativas parlamentarias, recogida y perfilada recientemente en las SSTC 38/1999, de 22 de marzo (FFJJ 2 y 3); 107/2001, de 23 de abril (FJ 3); 203/2001, de 15 de octubre (FFJJ 2 y 3); y 177/2002, de 14 de octubre (FJ 3).
De conformidad con la referida doctrina constitucional, el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga (SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; y 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6, entre otras). Esta garantía añadida resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo es deducida por los representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal supuesto resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3).
En relación con la incidencia del ius in officium del cargo parlamentario en las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y de admisión a trámite de los escritos y documentos a ellas dirigidas, este Tribunal ha declarado, en los extremos que a este recurso de amparo interesa, que ninguna tacha de inconstitucionalidad merece la atribución a las Mesas parlamentarias, estatales o autonómicas, de la función de control de la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios, sean éstos los dirigidos a ejercer el control de los respectivos Ejecutivos, o sean los de carácter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad política en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario. Pues, en efecto, el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea Legislativa, no sus Mesas, que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participación en la cosa pública. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficacia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas, esto es, examinar si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria.
Sentada esta doctrina de carácter general, hemos de proceder a continuación al análisis de la concreta normativa configuradora tanto del estatuto propio del cargo de Diputado del Parlamento Vasco, como de la potestad de la Mesa de la Cámara de calificar y admitir o no a trámite los escritos y documentos de índole parlamentaria. En este caso, dicha normativa está constituida por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV) y por el Reglamento del Parlamento Vasco de 11 de febrero de 1983.
Por lo que hace a la potestad de la Mesa del Parlamento Vasco de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, encuentra su cobertura legal en la genérica previsión del art. 23.4 y 5 del Reglamento, que le confiere las facultades de "calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos" y de "decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento". En consecuencia, la regla general en materia de calificación y admisión a trámite de documentos e iniciativas parlamentarios configura el juicio de calificación y admisibilidad de la Mesa de la Cámara como un control circunscrito a verificar que el acto, documento o escrito en cuestión cumple las condiciones reglamentarias en cada caso establecidas. Ahora bien, como este Tribunal ha declarado en relación con similares previsiones reglamentarias, ello no impide que en ocasiones la comprobación por la Mesa de la Cámara del cumplimiento de los requisitos reglamentarios precise del examen material del contenido del documento presentado (SSTC 95/19994, de 21 de marzo, FJ 4; 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 5; y ATC 118/1999, de 10 de mayo, FJ 3).
En el presente caso, según se ha dejado constancia en los antecedentes de esta Sentencia, el Grupo Parlamentario Popular, mediante escrito suscrito por su portavoz, presentó a la Mesa de la Cámara en fecha 3 de noviembre de 2000 una proposición no de ley para su debate en el Pleno con carácter urgente sobre requerimiento de un informe al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001. En dicha proposición se instaba al Parlamento Vasco, "al amparo del artículo 3.2 de la Ley 1/1988, de 2 [sic] de febrero, [a requerir] al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que en el plazo más breve posible, y con carácter prioritario, remita a la Cámara un informe sobre la posibilidad legal o no de que el Gobierno Vasco no remita al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su caso, los efectos legales de toda índole que supone la no presentación de dicho proyecto de ley de Presupuestos antes del 1 de noviembre de cada año". La Mesa de la Cámara, por Acuerdo de 7 de noviembre de 2000, admitió a trámite la proposición no de ley, calificando de urgente su tramitación, si bien contra este Acuerdo dos grupos parlamentarios formularon una solicitud de reconsideración, como consecuencia de la cual la Mesa acordó solicitar un informe a sus Servicios Jurídicos sobre la referida iniciativa parlamentaria, suspendiendo, entre tanto, su tramitación.
El examen de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara, de 28 de noviembre y 11 de diciembre de 2000, que son los actos parlamentarios impugnados mediante la presente demanda de amparo, hace necesario insistir, una vez más, en el deber de los órganos parlamentarios de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 7; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; 277/2002, de 14 de octubre, FJ 5; y ATC 188/1999, de 10 de mayo, FJ 5).
Los demandantes de amparo y el Ministerio Fiscal entienden que la proposición no de ley reformulada e inadmitida a trámite por la Mesa de la Cámara se ajustaba de modo casi literal a los dictados del aludido informe de los Servicios Jurídicos. Mas desde la perspectiva constitucional que nos ocupa, lo relevante no es si se daba o no tal acomodación, sino si la decisión de inadmisión ha impedido o coartado el derecho de los recurrentes en amparo a ejercer, sin traba ilegítima alguna, las funciones que configuran el estatuto del cargo representativo que ostentan.
A mayor abundamiento, ha de ser desestimado el alegato del Letrado Mayor del Parlamento Vasco, según el cual un mero examen liminar de la proposición no de ley permite apreciar que la misma no se acomoda a lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Aun en la hipótesis, antes descartada, de que por tal motivo pudiera la Mesa de la Cámara inadmitir a trámite la iniciativa parlamentaria, lo cierto es que, cuanto menos, resulta bastante discutible tal afirmación, como se infiere de la lectura e interpretación sistemática de los preceptos concernidos de dicha Ley autonómica, que, tras delimitar el ámbito al que se extiende su control (art. 2), define las funciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entre las que expresamente se menciona calificándola como propia, además de las consabidas funciones fiscalizadora y de enjuiciamiento de la responsabilidad contable (art. 3.1), la de asesorar al Parlamento Vasco en materia económico-financiera, a requerimiento del Pleno de la Cámara (art. 3.2). No podía descartarse en un examen liminar que la iniciativa parlamentaria no tuviera encaje en esta función de asesoramiento al Parlamento en materia económico-financiera. En este sentido, el propio Letrado Mayor del Parlamento Vasco admite la posibilidad de una interpretación de la aludida función, conforme a la cual la proposición no de ley pudiera encontrar cobertura en el mencionado art. 3.2 de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, lo que evidencia, aún más, la improcedencia de la decisión de inadmisión a trámite con base en un examen liminar de conformidad a Derecho de la iniciativa presentada. A lo que ha de añadirse, en el valor que se les pueda conferir como precedentes parlamentarios, y frente al carácter doméstico que el Letrado Mayor del Parlamento Vasco pretende atribuir a la función que al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas confiere el art. 3.2 de su Ley reguladora, que la Mesa de la Cámara en anteriores legislaturas había admitido a trámite, al menos, dos proposiciones no de ley, mediante las que se instaba al Pleno del Parlamento, al amparo del art. 3.2 de la Ley del Tribunal, a requerir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sendos informes económico-financieros sobre el Proyecto de Ley de creación de la Institución Financiera Pública Vasca (BOPV, núm. 114, de 30 de diciembre de 1993) y sobre el Proyecto de Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma (BOPV, núm. 133, de 27 de mayo de 1994).
Las precedentes consideraciones conducen necesariamente al otorgamiento del amparo solicitado, si bien es preciso, por último, delimitar el alcance de los efectos de esta Sentencia, ya que los Acuerdos impugnados fueron adoptados en una legislatura ya concluida, al haber sido disuelto el Parlamento Vasco como consecuencia del Decreto del Lehendakari 2/2001, de 19 de marzo, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones. No cabe por ello adoptar medida alguna de restablecimiento en el disfrute del derecho vulnerado, dirigida a órganos de una legislatura fenecida y en relación con una iniciativa parlamentaria asimismo caducada. Lo cual no impide satisfacer, en lo que sea posible, la pretensión del grupo parlamentario demandante de amparo mediante la declaración de lesión de su derecho reconocido en el art. 23.2 CE y la nulidad de los Acuerdos impugnados (en este sentido, SSTC 107/2001, de 23 de abril, FJ 10; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 6; y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 11).
Declarar el derecho de los parlamentarios integrantes del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Vasco a ejercer sus cargos públicos en los términos que dimanan del art. 23.2 CE.
Anular el Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, de 8 de noviembre de 2000, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre requerimiento al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación con la no presentación por el Gobierno Vasco del Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2001, así como el Acuerdo de 11 de diciembre de 2000, por el que se desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el anterior Acuerdo.
STS 809/2016, 28 de Octubre de 2016
STC 126/2010, 29 de Noviembre de 2010
SAP Jaén 328/2002, 16 de Septiembre de 2002
STSJ Cantabria 466/2014, 24 de Junio de 2014

References: artículo 6
 artículo 62
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 artículo 1
 artículo 3
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 artículo 62
 artículo 6
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 resolución 
 artículo 3