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Timestamp: 2017-10-16 22:06:36+00:00

Document:
Sentencia Civil Nº 293/2010, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 265/2010, 25-11-2010 | Iberley
Velazquez de Castro Puerta, Fulgencio
Sentencia Civil Nº 293/2010, Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección 2, Rec 265/2010 de 25 de Noviembre de 2010
Sentencia Civil Nº 172/2016, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 268/2015, 28-07-2016
Órden: Civil Fecha: 28/07/2016 Tribunal: Ap - La Rioja Num. Sentencia: 172/2016 Num. Recurso: 268/2015
Sentencia Civil Nº 193/2014, AP - Baleares, Sec. 3, Rec 155/2014, 18-06-2014
Órden: Civil Fecha: 18/06/2014 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Rigo Rossello, Maria Rosa Num. Sentencia: 193/2014 Num. Recurso: 155/2014
Sentencia Civil Nº 7/2012, AP - Madrid, Sec. 21, Rec 404/2009, 12-01-2012
Órden: Civil Fecha: 12/01/2012 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Rodriguez Greciano, Jose Luis Num. Sentencia: 7/2012 Num. Recurso: 404/2009
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Órden: Civil Fecha: 29/10/2013 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Ortega Llorca, Vicente Num. Recurso: 403/2013
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Resolución Vinculante de DGT, V1701-07, 01-08-2007
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 01/08/2007
Resolución No Vinculante de DGT, 2200-03, 15-12-2003
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 15/12/2003
Núm. Resolución: 2200-03
Resolución de TEAC, 00/3673/2007, 22-10-2008
Resolución de TEAF Navarra, 3881, 10-09-2014
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 10/09/2014
Núm. Resolución: 3881
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: Velazquez De Castro Puerta, Fulgencio
Núm. Sentencia: 293/2010
Núm. Recurso: 265/2010
Núm. Cendoj: 13034370022010100482
SENTENCIA: 00293/2010
Recurso de apelación civil 265/2010-J.A.
Autos: Juicio ordinario 182/2009.
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real.
Presidenta. Ilma. Sra.:
Magistrados. Ilmos. Sres.:
S E N T E N C I A 293/10
En Ciudad Real a veinticinco de noviembre de dos mil diez.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 2ª, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 182/2009, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CIUDAD REAL, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION CIVIL 265/2010, en los que aparece como parte apelante, CORPORACION DERMOESTETICA S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JORGE MARTINEZ NAVAS, asistido por el Letrado D. JOAQUIN ABRIL SOSPEDRA, y como parte apelada, D. Alejandro , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ossorio González y asistido del Letrado D. Ignacio Para Mata y los apelados D. Argimiro y D. Baltasar , representados por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA DEL CARMEN FRIAS GOMEZ, asistido por el Letrado D. JOSE LUIS CARRION GARCIA, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. FULGENCIO V. VELÁZQUEZ DE CASTRO PUERTA.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real, por el mismo se dictó sentencia con fecha 16 de febrero de 2010 , cuya parte dispositiva dice:
"Estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. Alejandro contra corporación Dermoestética S.A. y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de doce mil novecientos setenta y ocho euros con tres céntimos (12.978,03 Euros), más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
Desestimo la demanda interpuesta por D. Alejandro contra los doctores D. Baltasar y D. Argimiro .
Topo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales."
Notificada dicha resolución a las partes por Corporación dermoestética S.A. se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el día 25 de noviembre de 2010.
PRIMERO.- La sentencia recurrida condena a Corporación Dermoestética S. A. a abonar al actor parte de la cantidad reclamada, en concreto el importe de las facturas abonadas (12.978, 03 euros). Entiende, en apretada síntesis, que aunque la actuación de los facultativos fue correcta y conforme a la lex artis ad hoc tanto en cuanto al tratamiento como a la información facilitada al paciente, lo que provocó la absolución de los facultativos codemandados, como no se cumplieron las expectativas, por otra parte absolutamente irreales del enfermo, debe indemnizarle en cuanto responsable de ellas debido a una publicidad defectuosa e irreal.
Resolución que es recurrida por la citada sociedad aduciendo dos motivos; la improcedencia de su condena, y, subsidiariamente, que se debe aminorar el importe de la indemnización. El primero se basa en que siendo, por un lado, ajustada a la lex artis la actuación de los médicos, y por otro, correcta y completa la información dada al paciente no cabe atribuirle responsabilidad alguna desde la óptica de la configuración jurisprudencial de su relación contractual con el actor no como un estricto contrato de obra lo que le aproximaría a responsabilidades objetivas máxime cuando no se ha demostrado que exista una publicidad en los términos referidos, extremo ni siquiera invocado por el demandante. Por el contrario el segundo combate el quantum indemnizatorio al considerar que se debe detraer parte del precio abonado al incluir trabajos necesarios desde el punto de vista de la medicina curativa y existir un éxito parcial en el tratamiento.
Alegaciones que son rebatidas por el actor sobre la base de considerar que nos encontramos en el marco de la medicina voluntaria o satisfactiva y se ha quebrantado el deber de informar configurado de una manera más amplía, lo que unido a la publicidad suministrada justifica el fracaso del primero de los motivos al tiempo que indica que no procede reducir el importe de la indemnización al tratarse de pagos realizados como un todo dirigidos a abonar el tratamiento seguido en su conjunto, cuyo resultado ha sido un fracaso completo, sin que tenga ninguna relevancia el éxito final de alguno de los implantes.
SEGUNDO.- A tenor de lo expuesto anteriormente el tema ha quedado circunscrito en esta alzada estrictamente a la responsabilidad de Corporación Dermoestética, en cuanto entidad que concertó con el actor la actividad profesional llevada a cabo por los facultativos, a quienes no olvidemos la sentencia impugnada exonera de responsabilidad, extremo que no ha sido cuestionado por el apelado.
Partiendo de ese dato, esto es que la asistencia ha sido correcta, así como de otra realidad incuestionable cuál es el fracaso del tratamiento odontológico seguido, el debate necesariamente y en lo que alcanza a dicha entidad debe girar en torno a si por la misma se ha cumplido adecuadamente el contrato lo que abarca también el cumplimiento de su deber de información al paciente bien directamente o bien a través de sus facultativos.
Examinar ese aspecto exige, con carácter previo, concretar en que ámbito de la medicina nos encontramos o lo que es lo mismo determinar si nos encontramos dentro de la curativa o la satisfactiva al ser diferente el alcance de sus obligaciones y de dicho deber, no sin desconocer que por mucho que se aproxime su obligación, en caso de medicina satisfactiva, a la derivada de un contrato de arrendamiento de obra y se imponga una mayor garantía en la obtención del resultado queda descartada toda clase de responsabilidad objetiva.
Es un hecho cierto y acreditado que el actor presentaba no sólo problemas de tipo estético sino también una merma funcional que debía ser tratada; así se infiere de la prueba documental aportada a los autos y de la pericial practicada. Para solucionarlos acude a la entidad demandada, centro asistencial caracterizado precisamente por su especialización en cirugía y tratamientos estéticos. En dicho centro se le da una respuesta que comprende un tratamiento odontológico que se concierta en los términos del contrato suscrito el 8 de mayo de 2.003 donde se alude a extracciones, empastes, endodoncia, reconstrucción y ortopantomografía, sin que se especifique nada más. No hay ninguna otra constancia del convenio suscrito. Sin embargo, en los consentimientos informados firmados por el paciente para cirugía oral (f. 40) se dice que el propósito principal de la intervención es estético e igualmente en otros se habla de operación estética (f. 45 y 46). De todo ello se puede inferir claramente que aunque se perseguía obtener una respuesta a una enfermedad que es tratada (periodontitis severa), la razón esencial que subyace en el contrato y en todos los actos médicos es estética por lo que se incardinan en la llamada cirugía satisfactiva o voluntaria, en cuyo ámbito nos vamos a mover aunque inexorablemente ello conllevaba una intervención médica enmarcada dentro de la medicina curativa.
TERCERO.- Siendo ese el marco en el que nos encontramos hemos de efectuar dos puntualizaciones.
En primer lugar, que por mucho que se aproxime y participe la obligación de la entidad apelante a la derivada de un contrato de arrendamiento de obra y se imponga una mayor garantía en la obtención del resultado, no pierde por completo su identidad jurídica y queda descartada toda clase de responsabilidad objetiva ( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2.003 , 21 de octubre de 2.005 y 4 de octubre de 2.006 , entre otras).
Y, en segundo lugar, que el deber de información, según la jurisprudencia ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2.007 , 4 de octubre de 2.007 , 16 de enero de 2.008 y 12 de marzo de 2.008 ), se acrecienta porque se funda en conocer de manera precisa y puntual los eventuales riesgos para poderlos valorar y con base en ella prestar su consentimiento o desistir de una actuación médica concreta en función de lo que resulte más conveniente a sus intereses, pero gozando el paciente de un mayor margen de libertad, precisamente el que le otorga que no sea necesaria o apremiante la intervención.
CUARTO.- Llegados a este punto es dónde quiebra toda la línea argumental del recurso. El hecho de que la actuación médica se haya desarrollado adecuadamente no significa que se haya cumplido con el citado deber aunque sea un presupuesto y elemento esencial de la lex artis, extremo en el que discrepa este Tribunal de lo manifestado por el juez de instancia. En efecto, cierto es que los consentimientos para las distintas actuaciones están firmados por el paciente y responden a unos modelos estereotipados muy amplios en los que se aperciben de modo genérico sobre las consecuencias y riesgos del tratamiento. Ahora bien, las dificultades que conlleva el individualizarlos, tal y como señala el perito Sr. José y en las que se basa la sentencia para considerar cumplida dicha exigencia, no pueden admitirse en el presente caso como justificativas de tal proceder cuando las peculiares circunstancias del estado del paciente derivadas de la escasez del hueso disponible hacen mucho más previsible el riesgo de fracaso de implantes. Esa falta de individualización o concreción permite afirmar al perito designado judicialmente Sr. Luis que el consentimiento informado no reúne la información adecuada máxime cuando el paciente tenía hábitos perniciosos (era fumador y tenía una mala higiene) y ello incrementa el riesgo. Por eso, este Tribunal considera que al no haber satisfecho este presupuesto dimanante de una mayor garantía en la obtención del resultado existe un incumplimiento contractual achacable que actualmente sólo es reprochable a la demandada y que provoca el fracaso del primero de los motivos de su impugnación, si bien no por las razones que esgrime la sentencia de instancia, tal y como se ha expuesto, que no son admisibles al no articularse la demanda sobre la base de una publicidad engañosa o defectuosa, por otra parte no acreditada ni demostrada, que incidiese en la celebración del contrato por el actor.
QUINTO.- Desigual suerte debe correr el segundo de los motivos de impugnación toda vez que tal y como se ha reseñado en el segundo de los fundamentos de la presente resolución y en armonía con los mismos al comprender el tratamiento médico trabajos paliativos incardinados dentro de la medicina curativa y que son los que se reflejan en la primera de las facturas no procede condenar a la actora a reintegrar el importe de las mismas pues dicha actuación amén de necesaria dada la merma funcional y la patología del paciente fue verificada con éxito, sirve de base para futuras reconstrucciones y no puede considerarse que forma parte de un todo dentro del tratamiento.
Sin embargo, por idénticas razones, debe rechazarse la pretensión de que se reduzca el función del éxito parcial de los mismos, pues ni ello es real ni se adecua al fracaso obvio y patente que dicha actuación supuso.
SEXTO.- En atención a lo expuesto y al estimarse parcialmente el recurso no se efectúa especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada todo ello por aplicación del artículo 398.2 de la L.E.C.
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de Corporación Dermoestética contra la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2.010 y revocamos parcialmente la misma, estimamos parcialmente la demanda y condenamos a Corporación Dermoestética a que abone al actor la cantidad de 12.120 euros, más intereses legales desde la interposición de la demanda y todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en ninguna de las dos instancias.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.
PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 398