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Timestamp: 2019-03-25 22:35:45+00:00

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﻿ Sentencia 30887 de mayo 12 de 2010
AUTO 30887 DE 12 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:LA DECISIÓN INHIBITORIA, A PESAR DE HABER COBRADO EJECUTORIA FORMAL, PUEDE SER REVOCADA, CUANDO SURJA PRUEBA QUE DESVIRTÚE LOS FUNDAMENTOS TENIDOS EN CUENTA PARA PROFERIRLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, REVOCACIÓN DEL AUTO, MATERIAL DE PRUEBA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES, RESOLUCIÓN INHIBITORIA
Sentencia 30887 de mayo 12 de 2010
Sentencia 30887
Adopta la Sala la decisión que corresponda frente al escrito signado por el señor Rodrigo Hernán Jiménez González.
1. En correo electrónico remitido a la Fiscalía General, Rodrigo Hernán Jiménez González ofreció suministrar información sobre los bienes adquiridos por el abogado Jeiner Guilombo con dineros obtenidos mediante fraudes a Cajanal(1). Una funcionaria del CTI lo escuchó en entrevista, oportunidad en la cual dijo haber recibido recursos procedentes de Guilombo con el fin de impulsar en diferentes lugares del país la candidatura de Rodrigo Lara Restrepo, aspirante al Senado de la República para el actual período constitucional(2).
Aunque no suministró información alguna relativa a los bienes de Jeiner Guilombo, el señor Jiménez González aportó copias de correos electrónicos cursados con el congresista Lara para concretar un presunto ofrecimiento de obtener su salida del país como forma de evitar que se conocieran sus vínculos económicos con Jeiner Guilombo Gutiérrez(3).
Llegada a la Corte esa actuación y acreditada la calidad foral del congresista Lara, se dispuso antes de decidir sobre la apertura de indagación preliminar o de instrucción, escuchar el testimonio de Rodrigo Hernán Jiménez González, diligencia recibida el 25 de febrero de 2009.
Luego se inició investigación previa, etapa durante la cual con los fines señalados en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, se allegaron los elementos de juicio que se estimaron procedentes y el 14 de octubre anterior se profirió decisión inhibitoria por estimarse acreditada la atipicidad de la conducta atribuida al investigado.
2. Notificada la decisión al denunciante y a las partes, sólo el representante del Ministerio Público la impugnó; posteriormente desistió del recurso, decisión aceptada a través de auto de 9 de noviembre de 2009, con lo cual la providencia adquirió ejecutoria formal.
3. En escrito recibido el 3 de febrero último, el señor Rodrigo Hernán Jiménez González solicitó “entrevista” con la magistrada ponente para “controvertir”, los fundamentos del auto mencionado y aportar documentos para “... comprobar la veracidad de lo denunciado, que Jeiner Guilombo y Rodrigro Lara Restrepo se conocían y pactaron la ayuda económica del primero para la campaña al senado de Lara Restrepo”(4).
En auto del 18 de febrero siguiente se dispuso informar al interesado la impertinencia de controvertir la decisión aludida por la vía propuesta y se le indicó que de considerarlo pertinente en los términos del artículo 328 de la Ley 600 de 2000, estaba en libertad de allegar los elementos de juicio en su poder.
4. En nuevo escrito, invocando el derecho de petición, el señor Jiménez González anuncia la aducción de los siguientes documentos:
4.1. Declaraciones notariales de Gilberto Jiménez Castro y Luz Piedad Ángel Sossa.
4.2. Constancia de Servientrega sobre el envío de correspondencia.
4.3. Extractos bancarios relativos a su cuenta de ahorros 30631589525 de Conavi, correspondientes al período comprendido entre los meses de julio de 2005 y julio de 2006.
4.4. Factura de compra de unas llantas.
4.5. Archivo magnético a modo de su declaración escrita, a través de la cual además de cuestionar la decisión inhibitoria, expresa su personal apreciación de los elementos de juicio que presenta y requiere se practiquen otras diligencias.
1. Conforme lo disponen los artículos 235 numeral 3º Superior y 75 de la Ley 600 de 2000, la Corte tiene competencia para adoptar la decisión correspondiente, por cuanto el doctor Rodrigo Lara Restrepo ostenta la calidad de Congresista como certificó la secretaría general del Senado de la República.
2. Con el propósito de ofrecer respuesta al escrito remitido por el señor Rodrigo Hernán Jiménez González, corresponde precisar, en primer término que éste se limita a enunciar su inconformidad con la valoración de las pruebas allí plasmadas, señalando, adicionalmente y respecto de los documentos que aporta, su particular análisis sobre ellos.
En ese sentido, su pretensión de revivir una controversia ya agotada está llamada al fracaso, en tanto la oportunidad para hacerlo ya precluyó sin que hiciera uso de ella pues, ya se dijo, no impugnó la decisión inhibitoria.
Sin embargo, como algunos de los documentos que aporta no fueron allegados durante el trámite y, en ese orden constituyen nuevos elementos de juicio, estima la Sala necesario verificar si se está ante la situación prevista en el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal.
Ello porque éste se avizora como el fin último del libelista al enunciar su interés en que se valoren nuevos elementos de juicio y se aduzcan otros, aun cuando dada su condición de lego en estos temas, no acierte a proponerlo en aquellos precisos términos.
Pues bien, según la preceptiva citada, la decisión inhibitoria, a pesar de haber cobrado ejecutoria formal, puede ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, cuando surja prueba que desvirtúe los fundamentos tenidos en cuenta para proferirla.
De acuerdo con el texto legal, el examen de la revocatoria del auto inhibitorio no consiste en volver a valorar las pruebas apreciadas al momento de emitirlo, pues tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, ese análisis resulta incuestionable después de su ejecutoria formal, incluso si llega a mostrarse errado.
La ejecutoria formal también reviste la providencia de las presunciones de legalidad y acierto como consecuencia de la seguridad jurídica ofrecida por el Estado a sus asociados, a partir de tales decisiones.
En consecuencia, debe tratarse de nuevas pruebas allegadas, una o varias, distintas de las recaudadas, apreciadas y valoradas por el funcionario judicial al momento de adoptar la decisión inhibitoria que, adicionalmente, desvirtúen sus fundamentos(5).
Ahora, el auto inhibitorio se originó en la atipicidad de la conducta investigada frente a la hipótesis delictiva de enriquecimiento ilícito de particular, comportamiento en el cual encontraría adecuación típica el supuesto recibo, por el candidato al senado Rodrigo Lara Restrepo con destino a su campaña, de dineros cuya procedencia ilícita se pregona por causa de la acusación efectuada a Jeiner Guilombo por el mismo delito y de su vinculación a investigaciones por sus gestiones ante Cajanal, para obtener el pago, en apariencia irregular, de pensiones a docentes.
La efectiva ocurrencia de tal hecho, analizada a partir de los datos suministrados por el señor Hernán Jiménez González en declaración ante un magistrado del Tribunal Superior de Buga comisionado por la Sala, fue descartada por cuanto se demostró que su relación con Jeiner Guilombo Gutiérrez se originaba no en gestiones políticas, sino en la promoción, contratada por éste, de los artistas Juan Carlos Zarabanda y Diego Luis Lara.
Así mismo, porque Gilberto Enrique Jiménez Castro, Claudia Rocío Cruz y Juan Carlos Zarabanda, mencionados por Jiménez González como quienes le ayudaron a impulsar la candidatura de Rodrigo Lara Restrepo y recibieron, a través suyo, los dineros supuestamente entregados por Jeiner Guilombo, no lo acompañaron en esa afirmación.
Así, el primero de ellos, domiciliado en Cartagena, sostuvo en su testimonio que no realizó labor distinta a promover entre sus parientes cercanos al candidato, para lo cual recibió de Rodrigo Hernán Jiménez en fecha próxima a las elecciones, tres afiches y un millón de pesos, invertidos en los refrigerios y el transporte de sus allegados durante los comicios.
La segunda de los mencionados, con sede en Tuluá, admitió haber cumplido alguna labor proselitista frente a los vigilantes comunitarios de esa ciudad, a quienes coordinaba, y respecto de dos vendedoras por catálogo ubicadas en San Andrés y Leticia, recibiendo en ese cometido unas llantas para las bicicletas de aquellos y doscientos mil pesos para refrigerios, dineros que no envió a la vendedora de San Andrés a quien se destinaba, pues compensó una deuda adquirida por esta.
El tercero, a su turno, negó la realización de cualquier actividad en ese sentido y haber recibido recursos para ello.
En ese contexto, aún cuando los señores Guilombo y Lara aceptaron su conocimiento mutuo y que el primero relacionó al segundo con el señor Jiménez González, la tesis de la entrega de dieciocho millones de pesos por parte del primero al último mencionado para inyectarlos a la campaña del aspirante Lara se advirtió sin mayor sustento, en tanto, además de ser negada por el supuesto benefactor, tres de las cuatro personas a quienes el quejoso mencionó como sus colaboradores en el impulso a la candidatura y destinatarios de esos recursos en su respectiva región, no acusaron el recibo de una suma siquiera comparable con aquella y negaron cualquier contacto con el candidato o con los miembros de su campaña.
A tal punto, que la señora Claudia Rocío Cruz informó cómo en la reunión cumplida con los vigilantes comunitarios en Tuluá, el señor Jiménez González intentó comunicarse a través de su celular con el candidato, quien nunca respondió a sus llamadas.
Adicionalmente, el doctor Lara Restrepo si bien aceptó haber recibido del señor Jiménez González la oferta de promocionar su campaña, negó haber prohijado cualquier actuación suya en ese sentido, pues el precio fijado a esa labor era excesivo y ésta no consultaba su forma de hacer política.
Se consideró, además, la ausencia del elemento subjetivo de la conducta analizada, en tanto la ilegalidad atribuida a las actividades profesionales de Jeiner Guilombo sólo fue conocida en diciembre de 2006, meses después de culminada la campaña, a través de labores de investigación propias de las autoridades y, en ese orden, su real naturaleza no era fácilmente perceptible ni aún para quienes como Jiménez González, laboraban directamente con aquél.
Ahora bien, entre los documentos aportados por el memorialista se encuentran los extractos de su cuenta personal, en la cual, según afirmó en su testimonio, Jeiner Guilombo consignó recursos en cuantía cercana a $ 18.000.000, destinados a financiar las actividades proselitistas del doctor Lara Restrepo.
Su examen permite advertir que entre enero y marzo de 2006, esto es en época preelectoral pues los comicios se realizaron el 12 de marzo de dicho año, en la cuenta mencionada se hicieron sucesivos depósitos en cuantía que duplicó los efectuados en los restantes períodos, dineros retirados paulatinamente en el mismo lapso.
Así, en el primer trimestre de 2006 la cuenta tuvo depósitos y notas crédito por $ 24.889.856; entre julio y septiembre de 2005, el mismo rubro sólo fue de $ 7.805.371; entre octubre y diciembre del mismo año ascendió a $ 11.347.336; entre abril y junio de 2006 alcanzó $ 2.676.509 y entre julio y septiembre de 2006 ascendió a $ 10.336.612.
El comportamiento financiero detectado durante el período inmediatamente anterior a las elecciones de corporaciones públicas, no parece estar justificado en la promoción de artistas, si se tiene en cuenta que el titular de la cuenta, señor Jiménez González, ejercía esa actividad desde 2005, sin que, como se advierte, sus extractos revelen movimientos semejantes, antes ni después del período comentado.
Entonces, si como informó aquél, los dineros allí depositados provienen de Jeiner Guilombo y precisamente en la antesala de los comicios referidos superan en un 100% lo destinado usualmente a los gastos propios de impulsar a los artistas, el uso de tales recursos despierta todo el interés.
Más aún si a ello se suma otra situación que pone de manifiesto la existencia de mayores vínculos, para esa misma época, entre el doctor Lara Restrepo y el promotor Jiménez González.
En efecto, éste aportó también una constancia expedida por la empresa Servientrega, alusiva a un envío efectuado el 8 de marzo de 2006 por el doctor Rodrigo Lara desde el Centro de Soluciones Unicentro, en esta ciudad, al señor Jiménez en Tuluá, hecho indicativo de la existencia entre ellos, también en época preelectoral, de una relación no limitada a los dos encuentros aceptados por el candidato, el primero circunscrito al almuerzo donde se vincularon y, el segundo en Cali, donde sólo conoció al grupo de trabajo que ofrecía impulsar su candidatura en el Valle del Cauca y el costo de esa tarea, cuyo desarrollo no autorizó.
La situación descrita, surgida de los elementos de juicio allegados, muestra probable la hipótesis según la cual dineros provenientes de Jeiner Guilombo Gutiérrez, vinculado con fraudes a Cajanal, depositados entre los meses de enero y marzo de 2006 en la cuenta de Hernán Jiménez y cuya cuantía es superior a $ 24.000.000, hayan podido utilizarse por él para auspiciar la campaña del doctor Rodrigo Lara Restrepo, situación conocida y aceptada por éste, pero no incluida en los registros correspondientes a sus cuentas de campaña, hecho eventualmente constitutivo de otras conductas penalmente relevantes.
Súmese a ello que con el escrito también se aportó un recibo emitido el 2 de marzo de 2006 por el almacén Ciclo Valle, con sede en Tuluá, a nombre de Rodrigo Hernán Jiménez, donde se hace constar el pago de unas llantas y neumáticos por $ 1.413.000, gasto que no se advierte ligado a labores de promoción de artistas sino, en apariencia, a la ayuda ofrecida por aquél a vigilantes comunitarios de la misma ciudad, entre quienes realizó algún proselitismo en favor del candidato Lara.
En conclusión, aun cuando los elementos de prueba sobrevinientes a la resolución inhibitoria no desvirtúan de plano los fundamentos tenidos en cuenta para proferirla, sí dejan la investigación previa en el mismo estado de duda que determinó su adelantamiento y en ese orden, se justifica la reanudación de esa etapa procesal, tal como se encuentra previsto en el inciso segundo del artículo 328 de la Ley 600 de 2000.
A ello se procederá y en su curso se adelantarán las siguientes diligencias:
1. Oír en ampliación de su testimonio a los señores Rodrigo Hernán Jiménez y Jeiner Guilombo Gutiérrez y en ampliación de su versión libre al doctor Rodrigo Lara Restrepo.
Se comisiona a la Magistrada Auxiliar Martha Lucía Peña Manosalva para la práctica de estas diligencias, con la facultad de señalar fecha y hora ello.
2. Solicitar al partido Cambio Radical copia integral del informe individual de ingresos y gastos de la campaña al Senado de la República presentado por Rodrigo Lara Restrepo, con sus respectivos soportes, documentos que debe remitir en el término de diez (10) días.
3. Librar orden de trabajo al grupo del CTI que apoya la unidad de fiscalía delegada ante esta corporación, para que en el término de un (1) mes realice las siguientes labores:
3.1. Identifique el número de los teléfonos celulares a nombre del doctor Rodrigo Lara Restrepo y del señor Jeiner Guilombo Gutiérrez entre los meses de noviembre de 2005 y noviembre de 2006.
3.2. Obtenga los listados de las llamadas efectuadas desde y hacia esos números, al igual que las realizadas en el número 311 7696156.
3.3. Confronte la información obtenida y realice la gráfica link correspondiente.
1. Revocar el auto inhibitorio proferido el catorce (14) de octubre de 2009 en relación con el senador Rodrigo Lara Restrepo.
2. Ordenar la continuación de la investigación previa iniciada en este caso.
3. Disponer la práctica de las diligencias y pruebas señaladas en la parte motiva de esta decisión.
Contra lo resuelto en los numerales 1º y 2º procede el recurso de reposición.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibañez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanes—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortíz.
(1) Fl. 5, cuaderno 1.
(2) Fls. 3 a 13, cuaderno 1.
(3) Fls. 14 a 39 ib.
(4) Fl. 238 a 240, cuaderno 2.
(5) Cfr. autos de 26 de enero de 2005, Radicado 21458; 23 de agosto de 2005, Radicado 21015; 20 de junio de 2007, Radicado 24053.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 322
 artículo 328
 artículo 328
 resolución 
 artículo 328