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Timestamp: 2020-07-15 18:49:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 602, de 25/06/2014
cve: DSCD-10-CO-602
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 602
- Sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002314) ... (Página2)
- Relativa a las deficiencias e insuficiencias de medios humanos y materiales en las comisarías de Policía y puestos de la Guardia Civil para la atención a mujeres en situación de violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002698) ... (Página6)
- Sobre la consideración de la violencia ejercida contra las prostitutas como violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002764) ... (Página10)
- Sobre la situación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002356) ... (Página15)
- Relativa a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género universitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002741) ... (Página19)
- Sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002427) ... (Página23)
- Sobre medidas para impulsar la adhesión al sistema de seguimiento integral de la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001997) ... (Página27)
La señora PRESIDENTA: Señorías, si les parece bien, antes de empezar la sesión de la Comisión, vamos a guardar un minuto de silencio por la persona asesinada hoy en Cubillos del Sil. Desgraciadamente, otra mujer muerta a manos de su maltratador. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
- SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Y EL DERECHO A DECIDIR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002314).
La señora PRESIDENTA: Vamos a debatir las diversas proposiciones no de ley. Tengo que anunciarles que, de acuerdo con los portavoces, se va a cambiar el orden del día. La primera proposición no de ley pasa a ser la segunda, la segunda se tramitará en primer lugar, y la séptima se hará en quinto lugar. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).
Proposición no de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señorías, una vez más nos vemos obligadas a traer a debate en sede parlamentaria la petición-exigencia al Gobierno del Partido Popular de retirar el mal llamado anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada. Tenemos que insistir, toda vez que ya hemos hecho esta petición en el Pleno mediante una moción consecuencia de interpelación y porque, como ya dijimos en ese momento, ustedes tienen votos suficientes para rechazarla de nuevo; eso sí, tienen tantos votos o menos que nosotros razones para seguir insistiendo en que esta aberrante ley no llegue al Congreso.
Después del periodo electoral en el que el Gobierno aparcó el anteproyecto de ley, evitando cualquier tipo de manifestaciones al respecto, mientras estaba en consultas y a la espera de los informes que el Ministerio de Justicia había requerido a organismos asociaciones y comunidades autónomas se hicieron declaraciones para suavizar el rechazo rotundo, contundente y generalizado que está suscitando esta ley. Todo este proceso se está llevando con el máximo recelo, con la opacidad y la falta de transparencia democrática que caracteriza a este Gobierno, a espaldas y en contra de la mayoría social y con el rechazo, repito, prácticamente de todos los grupos de la oposición, a los que también se les priva de todo tipo de explicaciones e información. Ahora hemos conocido por la prensa -tengo que decir que en esta Comisión ni su presidenta ni la portavoz del grupo mayoritario han arrojado ninguna luz al respecto- que muy probablemente el próximo viernes 26 de junio el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley del aborto para iniciar su tramitación parlamentaria. Lo van a hacer en pleno periodo estival y en periodo extraordinario de sesiones. Eso sí, nos dicen que se va a incorporar una modificación al texto inicial con la que se pretende despenalizar el supuesto por malformaciones del feto.
Hemos leído que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace declaraciones como que se está trabajando para conseguir el máximo consenso de todos los sectores de la sociedad. Yo les tengo que preguntar aquí esta tarde: ¿de qué sectores están hablando? Hay 176 organizaciones de distintos ámbitos que directamente han pedido a la vicepresidenta del Gobierno la retirada del anteproyecto. No
existía, señorías, una demanda social generalizada para modificar o derogar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010, y ustedes lo saben porque lo hemos dicho hasta la saciedad. Esto solo responde a la demanda de un sector minoritario, muy imbricado en el estamento religioso católico de este país. Por mucho maquillaje que se le pretenda poner, este aberrante anteproyecto de ley no deja de ser un ataque brutal al derecho a decidir de las mujeres, no deja de atentar contra los derechos humanos y supone una agresión hacia las mujeres; y me atrevo a decir más, porque es así: es un ejercicio de violencia explícita hacia las mujeres de este país.
Está demostrado empíricamente que las leyes de interrupción voluntaria del embarazo más restrictivas, como las de algunos países de Europa, como Irlanda, Polonia, Luxemburgo, donde apenas se pueden practicar abortos legales, con los problemas que eso supone para la salud de las mujeres, provocan mayor número de abortos anuales. Países como Gran Bretaña, Finlandia y Holanda, cuyas leyes son más permisivas, tienen un menor número de abortos. En Malta, donde está totalmente prohibido el aborto, mueren mujeres cada año, se pone en peligro la vida de las mujeres porque se practican abortos clandestinos. Ahora España va a tener una de las leyes más restrictivas, que va a poner en peligro la salud de las mujeres, pero no se hace para disminuir el número de abortos que se practican. Esta ley deroga la del año 2010, no la modifica, y reforma de manera restrictiva la ley de 1985, intentando conseguir por la vía de una mayoría absoluta lo que no se consiguió por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Insistiendo en traer esta ley al Congreso, este Gobierno incumple tratados y recomendaciones internacionales.
Nuestra iniciativa pretende ser un grito, una llamada de atención a las mujeres y a los hombres de todos los grupos parlamentarios, incluidos los del Partido Popular, de esta Comisión, donde nos consta que existe sensibilidad por lo que significa la proyección de la igualdad real entre hombres y mujeres; un llamamiento a todas las diputadas y a todos los diputados, especialmente a los del Partido Popular, para que voten en contra de que esta ley entre en el Congreso de los Diputados.
La señora PRESIDENTA: Para fijar su posición, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición no de ley defendida por la señora De las Heras. Nuestro voto será favorable a la solicitud de la diputada de retirada del anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, que han anunciado que posiblemente pueda ser aprobado como proyecto de ley el próximo viernes.
Estamos de acuerdo con la proposición de la señora De las Heras, del mismo modo que también hemos presentado otras iniciativas en términos semejantes, por varias razones. Una de ellas, porque en este momento la legislación española cuenta con una ley en la que se regula el derecho al aborto, la posibilidad de que una mujer interrumpa un embarazo, pero sin obligar a nadie a hacerlo. La ley no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, independientemente de las diferentes causas que se puedan contemplar, ni muchísimo menos por el hecho de que una mujer haya conocido a través de la información dada por el médico que el nasciturus tiene un alto grado de discapacidad, de limitaciones, etcétera. En la legislación del Estado español para la regulación del aborto no hay absolutamente nada que obligue a ninguna mujer a tener que interrumpir su embarazo si ella no quiere. En cambio, ahora el Gobierno nos anuncia la presentación de un anteproyecto que va a obligar a muchas mujeres a no interrumpir un embarazo aunque estas consideren oportuno no seguir adelante con el mismo, bien porque tengan dificultades sociales, económicas, culturales o bien por cualesquiera otras razones que nosotros no somos quienes para discernir si son justas o injustas. Entendemos que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo siempre lo hace por causas justificadas y, por tanto, debe haber una legislación que le permita llevar a cabo su decisión con las garantías jurídicas suficientes para no incrementar más dolor a ese hecho y, sobre todo, con garantías sanitarias para que lo que es una operación bastante normal, que no tiene dificultades, no se convierta en una tragedia humana.
Señorías, votaremos favorablemente esta proposición no de ley del grupo de La Izquierda Plural porque creemos que es una gran injusticia, un atentado tremendo contra la democracia, la libertad y los derechos de las mujeres a decidir, que el Gobierno nos cambie la actual legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo por otra como la que nos ha anunciado.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: En este asunto, como en otros, no estamos de acuerdo ni con unos ni con otros. Unión Progreso y Democracia no está de acuerdo con el anteproyecto que presenta el Partido Popular, pero tampoco lo estamos con las aseveraciones y con lo que se pide en esta proposición no de ley. Si pudiéramos votar por puntos, votaríamos no al primer punto y sí al segundo.
Voy a explicarlo brevemente. Para nosotros la interrupción del embarazo nunca puede ser tomada como una opción anticonceptiva ni tampoco como el ejercicio político de un derecho. Es un conflicto ético, personal que la ley no puede aspirar a solucionar, sino a despenalizar, es decir, a resolver de modo que ninguna mujer sea penalizada por interrumpir legalmente su embarazo ni tampoco quien debe ayudar a hacerlo en condiciones sanitarias. Unión Progreso y Democracia ya ha dicho otras veces que está en desacuerdo con que las menores de edad puedan abortar sin el conocimiento de sus padres, y nos parece que se da la tremenda paradoja de que a una misma adolescente dependiente a la que se le niega el derecho al voto, a abrir una cuenta, a comprar tabaco o a aceptar un trabajo sin autorización paterna, de repente se la deja abortar sin ninguna consulta parecida. No estamos de acuerdo con esto.
En relación con el segundo punto, en sucesivos debates y manifestaciones públicas hemos expresado nuestra postura favorable a la retirada del anteproyecto que ha presentado el Partido Popular, porque nos parece que provoca más problemas de los que resuelve y que es una ley tan retrógrada que ni siquiera cuenta con todos los apoyos dentro de ese partido. Con este anteproyecto, el actual Gobierno solamente pretende interrumpir el embarazo en supuestos que implican un retroceso con respecto a la ley actual y a la de 1985; ley que, por cierto, el señor Aznar dejó tal cual. Creemos que este anteproyecto nos llevará a situaciones superadas hace tiempo, al turismo abortivo, a interrupciones de embarazo en condiciones de inseguridad médica y jurídica; condiciones que nos harán diferentes a los países más avanzados de nuestro entorno.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz de Convergència i Unió, señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Como todas sus señorías saben, en estos temas Convergència i Unió da libertad de voto, porque es algo que puede afectar a cuestiones de moral, incluso religiosas, que van más allá de la propia posición del partido. Como a su vez, dentro de Convergència, que es el partido al que yo pertenezco, también tenemos libertad de voto, me resulta imposible dar una respuesta coral a esta petición. Si pudiese manifestarme a nivel personal diría que estoy de acuerdo con el segundo punto de la proposición de La Izquierda Plural, relativo a la no necesariedad de la presentación de este nuevo proyecto de ley. Pero como no es el caso y no puedo manifestarme a nivel particular, tengo que decir que el voto de Convergència i Unió será de abstención, para mantener la equidistancia y no mostrar una voluntad coral de todo el grupo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Echávarri.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Vaya por delante que vamos a apoyar la iniciativa de La Izquierda Plural. Entendemos que no han existido ni existen actualmente razones sociales ni médicas ni de fracaso de la ley ni, por supuesto, jurídicas para modificar la ley del año 2010. El ministro, señor Ruiz-Gallardón, ha dicho varias veces que tiene un mandato constitucional y que su propósito es proteger la vida, pero ambas afirmaciones son absolutamente falsas.
Desde una perspectiva jurídica -y hago hincapié en lo de jurídico-, porque desde una religiosa o filosófica se pueden hacer otros planteamientos, en la interrupción del embarazo no está en juego el derecho a la vida. Se habla de interrupción del embarazo como incluido en el derecho a la vida, pero aquí no está en juego dicho derecho, insisto. El derecho a la vida está en juego en la eutanasia, pero no en la interrupción del embarazo. Esa es la primera gran manipulación que hace el Partido Popular en esta materia. En la interrupción del embarazo no hay más derechos en juego que la dignidad, la igualdad, la libertad personal y, especialmente, la libertad religiosa, ideológica y el derecho a la intimidad. Estos son los derechos que están en juego en la interrupción del embarazo y no el derecho a la vida. La portadora de esos derechos es la mujer. Una mujer que tiene que tomar la decisión de si continúa con el embarazo o si lo interrumpe. No hay ningún derecho que se contraponga a los suyos y menos el derecho a la vida del concebido y no nacido. Solo las personas somos titulares de derechos. Frente a la mujer embarazada no hay otra persona titular de derechos fundamentales con los que pueda entrar en conflicto. En esto se diferencia la interrupción del embarazo de las demás relaciones jurídicas, en las que por definición siempre hay al menos dos partes. Aquí solo hay una. Desde el punto de vista jurídico, insisto, no existe una colisión
de derechos que pudiera ostentar cada una de las partes. Por ello, para dar respuesta a la interrupción del embarazo no se puede recurrir a la técnica a la que comúnmente se acude cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, que es la ponderación de los mismos. De esta técnica no se puede hacer uso en la interrupción del embarazo, porque, insisto, no hay ninguna colisión de derechos fundamentales. Esto lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/1985 -que tanto cita el ministro- y con total claridad. Textualmente el fundamento de derecho quinto de la sentencia establece que el nasciturus no es titular del derecho fundamental del artículo 15, que es el derecho a la vida. Esto es un procedimiento absolutamente claro del que debemos partir y nadie puede negar, ni siquiera el señor ministro. A partir de ahí, en el fundamento jurídico séptimo dice: Que no siendo un derecho fundamental es, sin embargo, un bien jurídico objeto de protección que el Estado tiene que proteger activa y pasivamente. Ahora bien, también establece con claridad que esa protección tiene límites constitucionales, que no podemos pensar en una protección absoluta de ese bien jurídico, sino que cede en el conflicto con otros valores y derechos constitucionales. Está muy claro -y tienen que dejarse de falacias- que la Constitución no protege al nasciturus, porque establece derechos fundamentales y jamás bienes jurídicos. Los bienes jurídicos no tienen estatus constitucional. En la Constitución solamente existen derechos fundamentales y es en su ejercicio y en las relaciones de unos sujetos con otros donde van naciendo los distintos bienes jurídicos. Por eso esos bienes no tienen estatus constitucional, los derechos fundamentales sí. No se puede contraponer un derecho fundamental con un bien jurídico. Ese contraste no se puede hacer, están en distintos planos. Los bienes jurídicos son infinitos. Los derechos fundamentales son los que la Constitución establece, y ya está. La única conclusión a la que podemos llegar es configurar la interrupción del embarazo como un derecho fundamental de la mujer, como titular y consecuencia de otros derechos fundamentales, pero nunca como un acto antijurídico, que puede ser exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos, sino como un derecho fundamental de la mujer que debe poder ejercer y a cuyo ejercicio debe auxiliar el Estado cuando se lo pida.
Finalizo ya. La mujer embarazada no es que tenga libertad de interrumpir el embarazo, sino que tiene derecho, que es distinto. Una mujer embarazada puede tomar la decisión de continuar con su embarazo o interrumpirlo. Tiene el derecho de tomar cualquiera de estas dos decisiones y el Estado tiene la obligación de auxiliar a la mujer en cualquier decisión que adopte, tanto si decide continuar como interrumpir. Esto bien lo sabe el señor Gallardón y por eso tiene prisa en reformar esta ley antes de que acabe la legislatura, porque quiere privar a las mujeres del ejercicio de ese derecho.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señorías, debatimos de nuevo la petición de retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto. Por enésima vez se repiten los mismos argumentos, los mismos prejuicios, las mismas intenciones y las mismas provocaciones a las que no vamos a responder. Se ha debatido en mociones en el Pleno y en diversas proposiciones no de ley en Comisiones, en mociones en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos y en todos y cada uno de los foros en los que ustedes han acudido a solicitar la retirada de un documento (La señora Montón Giménez: Qué más da) que aún no conocen y que aún no ha sido remitido a esta Cámara. No ha sido remitido ningún anteproyecto por lo que todos los debates que plantean hasta hoy se basan en suposiciones y prejuicios. Presentan iniciativas para debatir de forma reiterada lo que dicen que establece la ley (La señora Montón Giménez: No.-La señora De las Heras Ladera: ¿Por qué no lo dicen? Díganoslo), que es el escenario que le interesa a su grupo. Votaremos en contra de esta iniciativa porque entendemos que todo Gobierno elegido democráticamente tiene el derecho y el deber de traer al Parlamento los proyectos que prometió a sus ciudadanos en el programa con el que concurrió a las elecciones que, como acaba de recordar, señora De las Heras, obtuvo el apoyo mayoritario de los españoles en las últimas elecciones. Le pido, por favor, que se refiera a las mayorías absolutas con mucho más respeto, porque ha sido la decisión de los ciudadanos que libremente han ejercido su derecho al voto.
Los diputados y diputadas que formamos parte de esta Cámara no debemos eludir ningún debate, tenemos encomendada la tarea de buscar acuerdos para mejorar este proyecto a través del debate parlamentario y una vez tramitadas las leyes acatar el resultado de las mayorías. Cuando venga el anteproyecto a esta Cámara lo estudiaremos minuciosamente, lo discutiremos sosegadamente y será el momento de debatir, por ejemplo, cómo garantizar los derechos fundamentales, como el derecho a la vida; de establecer qué derechos deben prevalecer en caso de conflicto, algo que quedó aclarado
adecuadamente en la doctrina del Tribunal Constitucional; de garantizar que los menores estarán acompañados por sus padres en el momento más difícil para ellos; de garantizar, por primera vez en nuestro ordenamiento, que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar; de garantizar también la objeción de conciencia en los profesionales sanitarios y dar cobertura social para proteger la salud de las mujeres. El Grupo Parlamentario Popular dice hoy con total claridad que es falso, rotundamente falso, que se recorten los derechos de las mujeres. La doctrina del Tribunal Constitucional establece, en tres sentencias diferentes, que la vida del nasciturus es un bien que se debe de proteger, pero también la salud y la integridad de la mujer. Por eso apostamos por un sistema en el que se proteja a ambos estableciendo un criterio de preferencia (La señora Montón Giménez: De preferencia) solo en aquellos casos en los que haya un conflicto entre ambos. (La señora Montón Giménez: ¡Qué barbaridad!). Señorías, tengan la seguridad de que mi grupo protegerá y defenderá siempre el derecho a la vida y la absoluta certeza de que protegeremos y defenderemos siempre a la mujer, su salud física, psíquica y su dignidad más esencial, que quedarán protegidas con la ley que aprobará este Parlamento. (Aplausos.-La señora Montón Giménez: Que no te pase nada).
- RELATIVA A LAS DEFICIENCIAS E INSUFICIENCIAS DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN LAS COMISARÍAS DE POLICÍA Y PUESTOS DE LA GUARDIA CIVIL PARA LA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002698).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley relativa a las deficiencias e insuficiencias de medios humanos y materiales en las comisarías de policía y puestos de la Guardia Civil para la atención a mujeres en situación de violencia de género. Se ha presentado por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, no es la primera vez que el Bloque Nacionalista Galego se dirige al Gobierno debido a la intranquilidad que nos causa las importantes deficiencias que se detectan en muchas comisarías de policía y puestos de la Guardia Civil para atender los casos de violencia de género. No solo tenemos que hablar de unidades especializadas insuficientemente dotadas de personal, a veces inexistentes, sino que tenemos que reiterar la nula formación especializada de agentes, lo que provoca situaciones muy desagradables a las mujeres que son víctimas de malos tratos. Lo que acabamos de describir no es producto de la imaginaria ni de visiones partidistas, nos remitimos a los hechos, a las denuncias que realizan organizaciones que dan apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a los testimonios de las propias mujeres que acuden a estos puestos de la Guardia Civil o comisarías de policía que nos comunican las dificultades que tienen para poder hablar del caso sin estar intimidadas, etcétera. En nuestra iniciativa del pasado mes de abril coincidían unas denuncias relacionadas con la Asociación Unificada de Guardias Civiles y que señalaban que la mayoría de los casos de violencia de género eran atendidos por agentes que no estaban suficientemente preparados en esta materia y tan solo un 5% de los casos están en manos de personal especializado. Esta asociación se refería a la atención en muchos de estos puestos en los que se deberían atender a estas mujeres y ponían de manifiesto la falta de personal y de medios destinados a esta grave lacra social. Se dan situaciones -decían los mismos denunciantes- en las que una única persona se tiene que ocupar de atender hasta 100 casos de violencia de género y su puesto no es sustituido en periodos vacacionales.
La Ley integral contra la violencia de género no está cumpliendo puesto que no está dotando de medios suficientes ni de personal adecuado y formado a las áreas de la Policía y de la Guardia Civil. Con esto queremos dar a entender que el Gobierno no está cumpliendo con lo que dispone la ley sobre estas cuestiones. El problema viene de atrás y no se ha querido afrontar, porque en relación con el asunto que denunciamos en esta iniciativa ya hay datos negativos y preocupantes en la memoria anual del año 2011 del Ministerio del Interior sobre las quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante actuaciones policiales y de la Guardia Civil. Un informe que recogía 6.984 quejas presentadas por los ciudadanos en las que llama la atención las críticas en el ámbito de la violencia de género. Se contemplaban 30 casos en los cuales las víctimas se quejaban de no haber sido tratadas adecuadamente. Entre los motivos se señalaban que los agentes no habían cumplido los protocolos, que habían disuadido a las mujeres de no presentar las denuncias correspondientes, que no habían dado credibilidad a sus testimonios o que no se habían completado las gestiones para su protección. La memoria del Ministerio del Interior del año 2011 resaltaba la necesidad de formar a los agentes en este campo y de dimensionar las áreas de
atención a las mujeres en situación de violencia de género, sobre todo en las unidades en las que se registran un mayor número de denuncias. Consideramos que el Gobierno está desatendiendo este problema que tanto sufrimiento genera a muchas mujeres. El objetivo debe ser siempre el mismo: avanzar en la reducción del número de víctimas año tras año, sin alzar la vista ni practicar recortes en donde se juega con la vida de las mujeres y su entorno.
Señorías, en nuestra iniciativa hablamos de esas necesidades de especialización y de incrementar el número de profesionales para atender a la violencia de género. En este año 2014 han sido asesinadas muchas mujeres que tenían orden de alejamiento, que no se ha cumplido por los maltratadores, y esto nos preocupa. Nos preocupa que los casos de mujeres que han denunciado y tenían orden de alejamiento de sus maltratadores no hayan sido suficientemente detectados por la Policía, que tendrían que estar protegiendo a las mismas, lo que indica que no hay suficientes profesionales debidamente especializados para atender estos casos de violencia de género. Por eso presentamos esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la única enmienda presentada a esta proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: La proposición hace referencia a la escasez de formación, especialización y medios con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres. El Grupo Socialista va a votarla a favor ya que coincide básicamente con otra presentada en la Comisión de Interior en la que este grupo reclamaba la creación de unidades específicas en los puestos de la Guardia Civil para luchar contra la violencia de género en las zonas rurales. Hemos propuesto a la señora Fernández Davila una enmienda de adición que incorpore la creación, mediante catálogo de puestos de trabajo, de las unidades de violencia para el ámbito rural de la Guardia Civil. Lo hacemos, porque entendemos que si bien es deseable un refuerzo general, como expone la proposición, las circunstancias en que se encuentran los puestos de la Guardia Civil son especialmente preocupantes respecto a la atención a las víctimas. Desde el año 1995, en el proceso de implantación del programa específico para mejorar la lucha contra los delitos relacionados con la mujer en todas las comandancias de la Guardia Civil se constituyeron los Emume y posteriormente se conformaron a nivel de compañía. Sin embargo, ese proceso de implantación, especialización y refuerzo de la dedicación debe de continuar porque son las unidades territoriales, conocidas como los puestos, las que asumen el control directo, la evaluación del nivel de riesgo de las víctimas y el seguimiento de las medidas cautelares impuestas a los agresores. Mientras que las unidades especializadas, los Emume, solo intervienen en los hechos relevantes y realizan la investigación de los crímenes y homicidios. En el escalafón de cercanía al ciudadano es donde la Guardia Civil no cuenta con personal dedicado de forma exclusiva a la prevención, asistencia y protección a las víctimas de malos tratos, a diferencia de los cuerpos de la Policía Nacional, donde en jefaturas superiores, comisarías provinciales, locales y de distrito existe un núcleo básico de funcionarios dedicados de forma exclusiva.
Antes de que el Grupo Popular exponga sus pretextos, permítanme que insista en la cuestión de fondo. Quiero dirigirme de manera expresa a sus señorías del Grupo Popular. No deberían votar en contra sobre la base de que ya existen unidades especializadas y un programa de formación continuado para los especialistas Emume, porque el problema es que estos, como indica la norma técnica de funcionamiento que especifica cuáles son las funciones que se les encomiendan, solo se hacen cargo de los homicidios. La atención personalizada mediante llamadas telefónicas o entrevistas a las víctimas; los acompañamientos a los juzgados; las vigilancias de sus domicilios, lugares de trabajo o colegios de sus hijos; el asesoramiento y consejo de seguridad que deben de adoptar en su vida cotidiana; las vigilancias y entrevistas con los autores de los delitos; las grabaciones de las órdenes de alejamiento; el control de las medidas judiciales y la elaboración de expedientes y fichas personalizadas de cada una de esas mujeres, es decir, esa atención frecuente y en primera persona no la realizan los Emume, sino las unidades territoriales. Resulta esencial dotar de capacidad técnica especialización y recursos a quienes están día a día en esa atención a las víctimas y parece que es un error dedicar recursos de formación solo a quienes realizan la investigación de los crímenes y homicidios. Es en el territorio, a través de la ampliación del catálogo de puestos de trabajo, como podemos avanzar. Si quienes trabajan en atención a las mujeres víctimas no tienen destino específico ni normas que marquen sus cualidades y especialización para ocupar esos puestos de planificación y estrategia de la lucha contra la violencia será fallida. Señorías, en el mes de abril los ministros de Justicia e Interior, así como la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, comunicaron la ampliación de plantilla especializada, tanto en comisarías del Cuerpo Nacional de Policía como en
cuarteles de la Guardia Civil. Por tanto, incluso el Gobierno sabe que la carencia es cierta y está detectada la necesidad de mejorar. A partir de la dedicación a tareas específicas se puede articular un adecuado programa formativo. No hay otra manera de hacerlo que mediante el catálogo de puestos de trabajo. Así es como se puede garantizar la cobertura adecuada para ofrecer esa atención óptima que todos los grupos deseamos para las víctimas. Lo dije en la Comisión de Interior y lo voy a reiterar aquí: un voto en contra de esta proposición no solo sería un fraude a las mujeres, sino una inadmisible falta de diligencia y, sobre todo, una deshonesta falta de compromiso del Gobierno con las mujeres y sus hijos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Compartimos el objetivo de esta propuesta que nos trae el BNG. La sociedad española necesita aumentar la formación en materia de violencia de género de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto nacionales -aquí hacemos un aparte- como los que tienen que ver con las comunidades autónomas. Por eso nos parece que esta propuesta debiera complementarse con una mención a las comunidades autónomas con competencias policiales como los Mossos o la Ertzaintza, para que aumentaran su formación en este tema con contenidos coordinados con la Policía y la Guardia Civil. De hecho, sería muy importante para nosotros elaborar las bases de un protocolo común, justo y eficaz para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello no es óbice para darse cuenta de que debería estudiarse la posibilidad -estamos trabajando en una propuesta- de crear una figura forense debidamente especializada en atención a las víctimas desde la interposición de la denuncia en las comisarías. Es hora -y es importante- de comparar la situación en las distintas comunidades autónomas en materia de atención a las víctimas en comisaría y los protocolos de atención de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Anuncio nuestro voto favorable a la iniciativa que se nos presenta. Antes de continuar con el objeto de la iniciativa quisiera manifestar una cosa y lo hago en nombre de mi compañera ausente en este momento: No les quepa duda a todos ustedes del respeto que tiene este grupo parlamentario a la mayoría. Otra cosa diferente es que consideremos que se tenga o no razón. En política en muchísimas ocasiones -y ustedes han sido oposición- saben que no se está de acuerdo con las leyes que emanan del Gobierno. Únicamente era aclarar esto: Respeto a la mayoría; todo. Que tengan la razón, es otra cosa, al menos desde nuestro punto de vista.
Estamos absolutamente de acuerdo en que hay que dotar de medios y de formación continuada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta ocasión compartiríamos lo que dice el portavoz de Unión Progreso y Democracia con respecto a que también las fuerzas que existen en otras comunidades autónomas tengan los suficientes recursos y la suficiente formación para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. No solo es una necesidad, es una obligación que todas y todos los que estamos aquí deberíamos hacer que se cumpla. Sé que a veces es complicado hablar cuando están conversando al lado, pero lo voy a intentar de todas las formas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, les pido silencio, porque interrumpimos a la persona que está en el uso de la palabra. Perdone, señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: No solo es una necesidad, es una obligación que debemos cumplir todos y todas. No podemos escudarnos en que hay no se sabe qué cosa cuando los problemas siguen existiendo. Antes de empezar esta Comisión, nos ha invitado a guardar un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género, aunque con toda seguridad no lo será. No podemos estar cada equis tiempo levantándonos para guardar un minuto de silencio, que lo haremos, no gustosamente, pero lo haremos, sino que hay que poner los medios para que no se produzcan más minutos de silencio como consecuencia de que no haya más víctimas. Sabemos que es difícil, que es un problema complejo. En algunas ocasiones en lugar de llamarle violencia de género le denomino terrorismo social y machista. Contra eso todos y todas los que estamos aquí estamos dispuestos a luchar, pongamos los medios. Sin medios es imposible. Si ya es difícil hacerlo, sin medios es imposible.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Olano, tiene la palabra.
El señor OLANO VELA: La erradicación de la violencia de género es y debe de ser una política de Estado. Así lo entiende mi grupo y el Gobierno, que promueve una acción unitaria y sostenida de todas las administraciones públicas, asociaciones y sociedad civil, como demuestra con la aprobación por unanimidad de la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género contra la mujer 2013-2016. Ha sido mucho el camino recorrido hasta la fecha y mucho es el camino que queda por recorrer hasta conseguir extirpar de nuestra sociedad la violencia de género. Especialmente en este asunto tenemos que recorrer juntos el camino. Decía que mucho ha sido el camino recorrido y en estos últimos meses se han dado algunos pasos importantes, como es haber puesto a disposición de las víctimas la posibilidad de obtener asistencia letrada gratuita previa a la denuncia, lo que sin duda mejorará su eficacia. Todos coincidimos en la importancia de evitar la revictimización de las mujeres que deciden denunciar una situación de violencia de género. Una de las tareas en que más hincapié se ha puesto es en la coordinación de todas las administraciones y organismos públicos que se ponen en marcha ante un caso de violencia contra la mujer y en la formación de las autoridades implicadas: Policía local, Guardia Civil y Policía nacional. Todos ellos reciben formación continuada desde el año 2005, tras la aprobación de la Ley orgánica 1/2004, y participan directamente en las mesas de coordinación de violencia contra la mujer que se han puesto en marcha en muchos ayuntamientos o partidos judiciales a instancias de las subdelegaciones del Gobierno correspondientes.
Señorías, no les quepa duda de la importancia que este Gobierno otorga a la formación y actualización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia. Respecto de la Guardia Civil, la respuesta se recoge en la norma técnica de funcionamiento 1/2008, que como saben viene siendo periódicamente actualizada y su correcta aplicación se garantiza con acciones formativas a nivel de comandancia y a nivel central. Todas las secciones y equipos de la Policía judicial territorial existentes cuentan con puntos de atención especializada, llamados PAE. En estos se integran los miembros de los equipos de mujer menor, los llamados Emume, especialistas en la lucha de la violencia de género contra las mujeres. Contamos con 276 PAE, 3 de ellos de reciente creación, en los que prestan servicio 638 especialistas Emume, habiéndose incorporado 27 nuevos especialistas en los últimos tiempos. En cuanto a los programas de formación, se producen de modo escalonado y están orientados a que todos sus efectivos cuenten con los conocimientos necesarios para realizar la labor según sus cometidos específicos. Un primer nivel dirigido a todos los miembros de la Guardia Civil. Un total de 4.104 alumnos han superado el curso en los dos últimos años. Un segundo nivel destinado a la especialización básica como Policía judicial, que proporciona una formación más profunda en aspectos penales, procesales, científicos y operativos. Un tercer nivel de máxima especialización, como Emume, a los miembros de la Policía judicial que, desde el año 2012 y hasta abril de este año, lo han superado un total de 140 miembros. Finalmente, un cuarto nivel de actualización constante de conocimientos para estos especialistas.
En el ámbito de la Policía nacional, las competencias en estas materias son ejercidas por los Servicios de Atención a las Familias, los SAF, y por las unidades de prevención, asistencia y protección a víctimas de violencia de género, las llamadas UPAP. En marzo de 2014 eran 101 los SAF desplegados con un total de 850 funcionarios adscritos. Además todas las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía cuentan con UPAP, con un total de 569 funcionarios. En relación con la formación cabe destacar que tanto el marco normativo de prevención y protección integral como los procedimientos y protocolos para combatirlas se encuentran plenamente integrados en los planes formativos de la división de formación y perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía. Les voy a facilitar algunos datos. En materia de teleformación un total de 6.740 funcionarios han superado este curso. Se han realizado 145 jornadas presenciales de actualización en materia de violencia doméstica y de género con asistencia de 4.656 funcionarios y se han realizado 43 ediciones del curso de especialización UPAP formándose un total de 1.511 alumnos.
Señorías, como todos conocen, el segundo objetivo general de la recientemente aprobada estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 es la mejora de la respuesta institucional realizando planes personalizados. Es decir, adaptando la respuesta institucional a las necesidades de cada víctima y avanzando hacia la ventanilla única, evitando, como decía al inicio, la revictimización de la víctima denunciante. Asimismo, que el primer eje transversal sea la formación y sensibilización de los agentes actuantes acredita la importancia que este Gobierno le otorga a la formación continua.
Finalizo ya, señora presidenta. Quisiera hacerlo aludiendo a un dato que cita la señora Fernández en la exposición de motivos de su proposición y es que en la memoria anual del 2011 del Ministerio del Interior se recogen 30 quejas de ciudadanos relacionados con la violencia de género, de un total de 6.964. Siendo muchas 30, ya que lo deseable es que no hubiera ninguna -en eso estamos de acuerdo-, el hecho de que solamente un 0,43% se refieran al ámbito de la violencia contra la mujer habla a las claras de que estos servicios tienen un grado de aceptación muy significativo entre los ciudadanos, mejorable seguramente, pero resulta exagerado e injusto afirmar, como hace la proponente, que el Gobierno está desatendiendo este problema. Por todo lo expuesto, mi grupo no va a apoyar esta proposición. (Aplausos).
- SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS PROSTITUTAS COMO VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002764).
La señora PRESIDENTA: Debatida esta proposición no de ley, pasamos a la número 3, sobre consideración de la violencia ejercida contra la prostitutas como violencia de género. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Tiene la palabra su portavoz, la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: El motivo de la presentación de esta proposición no de ley por parte de mi grupo no es otro que focalizar la alerta en la necesidad de revisar la Ley orgánica de 2004 sobre la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con que la violencia contra las mujeres no es un concepto estático y los requisitos objetivos para la aplicación de la ley no son inamovibles. La sociedad está en continua evolución y por tanto los delitos de violencia contra la mujer y su perpetración también cambian. Hoy en día estamos hablando de ciberacoso. En Estambul convinimos que violencia económica es violencia. El instrumento de ratificación del Convenio de Estambul fue firmado recientemente, el 6 de junio de 2014, por el jefe del Estado español y por tanto hemos incorporado sus conceptos a nuestro derecho interno. En él se definen la violencia doméstica, la violencia de género y la violencia contra la mujer por razones de género. Sobre la base de estas definiciones concretas que hace el convenio del Consejo de Europa, el Estado español debería proceder como mínimo a revisar la adecuación de la ley de 2004 a la realidad actual. Estamos de acuerdo en que la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y, sin embargo, tenemos una Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que es de 2007. Como mínimo, existe un anacronismo entre la Ley de Violencia de 2004 y la Ley de Igualdad de 2007. Por todos estos motivos, Convergència i Unió entiende que convendría abrir el foco y revisar la ley de 2004. No todas las agresiones que se producen en el seno de una pareja son violencia de género, porque no todas son causa de discriminación, de abuso de poder o de dominación, pero la violencia de género tampoco se da solo en el seno de la pareja, sino que se puede dar fuera de la pareja actual o de la expareja. Que exista o haya existido un vínculo afectivo no puede ser el único parámetro para analizar si la ley es de aplicación o si estamos ante violencia de género o no. Es una ley que hoy día se queda corta y deja fuera otras manifestaciones de poder del hombre sobre la mujer, como la violencia que se ejerce sobre las prostitutas -que es objeto de esta proposición no de ley- o la violencia que se ejerce en el ámbito del trabajo. ¿Es que en esa relación del cliente y la prostituta no hay una connotación de poder, de posesión, de dominación del hombre sobre la mujer, cuando un hombre que paga para tener sexo cree que eso conlleva el derecho a ejercer violencia sobre ella? En todo caso, si se da esa violencia, ¿no estaríamos también dentro de un ámbito de violencia de género? De hecho, países de nuestro entorno, como Francia, entienden que la violencia contra la mujer tiene un significado amplio y que los actos contra el sexo femenino, ya sean en la vida pública o en la vida privada, entran dentro de la definición de la convención y deben ser abordados como violencia de género. Entendemos pues que el tratamiento de la prostitución y de la violencia contra las prostitutas no debería realizarse sin un análisis desde la perspectiva del género y, por tanto, amparado dentro de la Ley de Violencia de Género. (La señora vicepresidenta, Rodríguez Maniega, ocupa la Presidencia). Principalmente son mujeres y niñas las que están expuestas a la prostitución y principalmente son hombres los que demandan este tipo de servicios.
Esta es una petición que no viene únicamente de Convergència i Unió. Médicos del Mundo ha recogido también la necesidad de que la violencia contra las mujeres sea vista como una violencia de género. Esta organización dice que son violencia de género el maltrato en la pareja, las agresiones y abusos sexuales, el incesto, la violación, el acoso sexual en el trabajo, las mutilaciones sexuales, la prostitución, el tráfico de niñas y mujeres, el turismo sexual. Por tanto, entendemos que todos aquellos aspectos que inciden en
una manifestación de la violencia que se realiza contra la mujer deberían ser abordados dentro de una perspectiva integral y de una modificación de la Ley de Violencia de 2004, que es la ley actual. En todo caso, a la vista de que las diferentes formas de perpetración de la violencia contra la mujer conforman un concepto dinámico, propondremos en el grupo de trabajo la creación de una comisión permanente de estudio, al uso de las que existen sobre otras temáticas. Creemos que el objetivo de este grupo de trabajo debería ser la consecución de un observatorio permanente de la violencia de género. Es una lacra y creo que todos los partidos estamos de acuerdo en que debemos trabajar al unísono para erradicarla. Un paso en esa apertura de la ley, un paso para actualizar el concepto que hoy en día recoge la Ley de Violencia sería abrir el foco para introducir en ella los maltratos infligidos a prostitutas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Maniega): Para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: La Organización de las Naciones Unidas, en la IV Conferencia Mundial de 1995, ya reconoció que la violencia contra la mujer es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La define además como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo; como dice Javier Díez Gutiérrez, es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual. Todos tenemos muy claro que la prostitución está rodeada de violencia, tanto durante su ejercicio como en las consecuencias que de ella se derivan y en las circunstancias que antes de su inicio llevan a muchas mujeres a decidir desarrollar este tipo de actividades. La prostitución no se da en condiciones de libertad, aunque haya un mínimo porcentaje de mujeres que dicen que la ejercen de forma voluntaria. Nunca es un contrato entre personas iguales en derechos y libertades. Son mujeres en su mayoría jóvenes, inmigrantes en situación administrativa irregular, que han sido secuestradas, engañadas y vendidas como esclavas sexuales en muchos casos o son retenidas y obligadas a ejercer la prostitución bajo las amenazas dirigidas a ellas y/o a sus familias; son jóvenes explotadas en condiciones infrahumanas, maltratadas física y psíquicamente por clientes y proxenetas. Todo esto es la cara más frecuente de la prostitución, una situación de miseria y dolor. Más del 90% de las prostitutas han sufrido abusos sexuales durante su infancia. Aproximadamente el 70% comenzaron a ejercer la prostitución antes de los dieciséis años como forma de huida de una situación de abuso y violencia familiar, recurriendo a ella como una forma de supervivencia. El 82% sufren agresiones físicas, el 83% han sufrido algún tipo de amenaza con un arma y el 68% han sido violadas trabajando como prostitutas; a algunas esta violencia les ha llevado a la muerte.
Después de distintos avances legislativos en la lucha contra la violencia de género, fue la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la que enmarcó el esfuerzo sobre todo en el tipo de violencia sobre la mujer más frecuente, la que tiene resultados más atroces por el número de asesinatos que se producían, enmarcados además en el ámbito de una relación de pareja en la que en lugar de una relación de respeto se producía una relación de poder, una relación de poder en la que el hombre dispone de la mujer como si se tratara de un bien que le pertenece. Por ello, se trabajó durante bastante tiempo y se llegó a consensos en una ley que ofreciera un abordaje integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. En dicha ley se planteó un estatuto de protección integral, que llevaba aparejadas medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito de la publicidad y de los medios de la comunicación, medidas en el ámbito sanitario y en el de la asistencia jurídica y también, y esto es fundamental, en el campo de los derechos laborales y de las prestaciones de la Seguridad Social, en el ámbito de los derechos de las funcionarias públicas, etcétera. Nuestro grupo ha reclamado una comisión para que se evalúe el funcionamiento de la Ley integral contra la violencia de género y se recojan las propuestas de los grupos parlamentarios, para lograr un acuerdo político que permita frenar el repunte de esta violencia machista. Las mujeres siguen siendo asesinadas. Tendremos que seguir avanzando. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Mi grupo ha pedido un gran pacto de Estado para no escatimar recursos y para unir fuerzas en esta lucha. Entendemos que las medidas planteadas en esta ley son específicas para la violencia de género que se define en el artículo 1, que es el objeto de la ley, pero no pueden ser extrapolables sin más a otros tipos de violencia como la que se plantea en esta iniciativa, que es la que sufren las mujeres que ejercen la prostitución. Estamos de acuerdo en que hay que abordar ya el problema de la prostitución, pero, cuidado, no para ver los ingresos que puede aportar, como se ha dicho en algunas declaraciones, para ver cuánto se puede incrementar el
PIB, sino desde una perspectiva amplia, teniendo en consideración todos los elementos que forman parte de ella con el objetivo de proteger a la mujer. La prostitución es una forma de violencia individual que causa lesiones que se ven agravadas por la violencia sobreañadida que sufren quienes la ejercen, pero también una forma de violencia social, porque contribuye a presentar a las mujeres como objetos en manos de los hombres, con la consiguiente deshumanización de las mujeres, hecho que contribuye a la perpetuación de la desigualdad de las mujeres en una sociedad patriarcal. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, les pido silencio para que podamos escuchar a la parlamentaria que está en uso de la palabra. Si tienen que negociar alguna enmienda, salgan fuera.
Puede seguir, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: No podemos olvidar que estamos ante una situación estructural e integrada en nuestro orden social. Las medidas y la regulación que las ampare deben plantearse a corto, medio y largo plazos. En el corto plazo debemos actuar en el ámbito de la punición. En este punto, debemos recordar que tenemos la modificación del Código Penal en marcha. Es el momento para posicionarnos en la mayor persecución y sanción que exige la prostitución obligada y en la mayor punición que debe derivarse de la violencia ejercida con una mujer prostituida, agravada por una relación de poder y su correlativa posición de sumisión. No podemos olvidar a las mujeres extranjeras obligadas a ejercer la prostitución por explotación, en cuyo combate es especialmente significativa la Ley Orgánica 5/2010, que definió claramente lo que se debe entender por trata y permitió la articulación de un estatuto de atención y protección de las víctimas que denunciaban esta situación de explotación, así como la de sus familiares. Tampoco podemos olvidar a las mujeres que se encuentran abocadas a prostituirse por pobreza ante el abismo de someterse a explotadores. Hay que adoptar medidas que prevengan estas situaciones y que las ayuden a abandonar esa situación de sumisión.
Para el posicionamiento frente a estos distintos supuestos, el Grupo Socialista considera imprescindible la subcomisión que está trabajando ahora sobre la trata con fines de explotación sexual. Las distintas voces que se oyen este espacio de análisis y reflexión deben servirnos para distinguir las diferentes formas de explotación sexual y para alumbrar nuevas medidas que coadyuven a erradicar esta forma de sumisión. Este espacio nos permitirá también que las medidas sean acordadas entre todos los grupos políticos, contando con la participación de las comunidades autónomas. Quizás en este ámbito también podamos acordar la creación de mecanismos que permitan conocer la situación de la prostitución en nuestro país, única forma de poder plantear y adoptar otras medidas dirigidas a las personas sometidas a la prostitución. A partir de este análisis de datos, se podrían plantear medidas que evitasen estas situaciones de explotación sexual, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y que constituye una expresión más de la violencia de género. Esto es lo que hemos propuesto en la enmienda que hemos presentado junto a la iniciativa. Esperamos que sea aceptada. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra la señora Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Nuestra posición es favorable a la iniciativa presentada por la señora Ciuró, porque entendemos que la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución es violencia de género, independientemente de que estemos de acuerdo también con la necesidad de actuar en una línea transversal en este complejo mundo de la prostitución, sobre todo porque estas mujeres se mueven en la mayoría de los casos en situaciones límite, situaciones incluso de trata por parte de determinadas organizaciones no solo delictivas y mafiosas sino también tremendamente violentas. Sin embargo, una cosa es la violencia de las organizaciones de trata, que en sí misma ya es conceptualmente violencia de género, y otra cosa la violencia ejercida contra las mujeres prostitutas por los propios clientes, como así se denominan. La relación de poder entre el cliente y la mujer prostituta y sobre todo la concepción de poder, al considerarse un género superior al otro, hacen que esta violencia exista. Señorías, cuando debatimos la Ley contra la Violencia de Género y todos los grupos de esta Cámara estuvimos de acuerdo en elaborar una ley que recogiera la violencia de género en el ámbito de la interrelación de pareja, éramos conscientes, y así lo explicitamos, de la urgencia de actuar en este ámbito social. Sin embargo, muchas también explicitamos que quedaba pendiente aplicar el concepto de violencia de género a toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el ámbito económico, como en el laboral, el social o en el mundo de la prostitución, que es el caso que trata ahora la iniciativa de la
señora Ciuró. Por eso, señorías, nos parece muy acertada la propuesta que hace la diputada de Convergència i Unió, porque tenemos que ir abriendo camino y ampliar la Ley de Violencia de Género actual a más ámbitos de la sociedad y podemos contemplar como uno de esos ámbitos el que plantea la propuesta de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Agirretxea, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Este un tema que, como se ha visto, genera cierta controversia. Estoy de acuerdo con la proposición que presenta la señora Ciuró, pero entiendo que puede haber ciertas discrepancias, sin estar en contra de lo que se dice, sobre lo que se entiende por violencia de género. Evidentemente, lo que ocurre aquí es que no somos capaces -nadie lo ha sido, pero sobre todo no lo han sido los que tienen o han tenido responsabilidades de gobierno- de tratar el tema de la prostitución de una manera seria. Aquí nadie se ha atrevido a hincar el diente a este tema legislativamente, fuera cual fuera la posición que se tuviera en torno al mismo. Cuando vienen iniciativas como la que ha presentado la señora Ciuró, empiezan los paños calientes. Entiendo que la violencia que se ejerce contra las prostitutas es una violencia que tiene una relación directa con el género, que tiene una relación directa con estructuras de poder y subyugación y que tiene un componente sexual y afectivo que no tiene ninguna duda. Me da la sensación a veces de que el Partido Socialista tiene un inmenso temor a que cualquier cosa que toque un poquito la ley de violencia de género la desvirtúe de arriba abajo. Creo que no hay que tener ese miedo. Todos sabemos lo que pretendíamos cuando se hizo esa ley, a quién queríamos proteger, pero no hay que tener miedo a que se incorporen otro tipo de cuestiones, que son elementos que nos preocupan. Asimismo, hay que tratar el tema en toda profundidad. Tenemos una subcomisión de trata, pero en el fondo no estamos atajando el problema. Cuando he oído a la portavoz del Grupo Socialista -y no es por meterme con ellos- me ha parecido un poco paradójico el discurso que ha hecho. Han estado en el poder durante años y tuvieron la posibilidad de hacer algo legislativamente en torno al tema de la prostitución cuando otros grupos pedimos ciertas medidas. Entiendo que es muy complicado, pero algo podían haber hecho. Lo mismo le pido al Partido Popular ahora. Si tan preocupado está con este tema, que lo ataje, no solamente modificando y castigando con el Código Penal, sino atajándolo desde su perspectiva social, porque si solo lo penalizamos estaremos tapándonos los ojos y haciendo lo más fácil.
Dicho esto, adelanto que mi grupo apoyará la propuesta de la diputada Ciuró, añadiendo que ya es hora de que tratemos este tema de una manera un poco más seria.
La señora PRESIDENTA: Siguiendo con el debate de esta proposición no de ley, tiene la palabra la portavoz de La Izquierda Plural, señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Intervendré brevemente, señora presidenta.
Igual que les ha podido pasar a otros grupos, al leer inicialmente la proposición nos surgieron algunas dudas. Leída otra vez, repasada de nuevo, me he dado cuenta de que tendríamos que habernos fijado mejor en el punto e), en el que se dice: El hecho de contemplar en las estadísticas oficiales de violencia de género los actos de violencia realizados contra mujeres que ejercen la prostitución y que se dan en una situación de desamparo ayudaría a visibilizar las terribles condiciones de vida que sufren estas mujeres y nos daría una visión más acorde con la realidad de hasta qué punto la violencia machista o de género supone una lacra para nuestra sociedad. Es más, lo que viene a decir la proposición no de ley es que cuando todas estas cuestiones salgan a la luz tendremos un elemento más para combatir la prostitución, que es algo de lo que aquí y en otros ámbitos hablamos en numerosas ocasiones.
También me ha hecho reflexionar lo que ha comentado el portavoz del Grupo Popular en la anterior proposición no de ley, esto es, que solo había habido un 0,1% de quejas. Es penoso que tengamos que hablar solo de un 0,1%, pero es mucho más penoso en este caso concreto, porque somos conscientes de que la mayoría de estas mujeres jamás va a ir a quejarse. Ese es el grave problema, que jamás van a ir a quejarse. Por eso, tenemos que hacer todo lo posible para que estos problemas salgan a la luz y los podamos atajar mucho mejor de lo que lo estamos haciendo hasta ahora, porque entiendo que no lo estamos haciendo excesivamente bien.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición en relación con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre la consideración de la violencia ejercida sobre las prostitutas como violencia de género. Sin duda es una problemática compleja, con escasa visibilidad en nuestra sociedad y que por tanto debe abordarse con especial sensibilidad. En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero decir que somos plenamente conscientes de la necesidad de realizar un análisis profundo de este problema, intentando buscar el mayor consenso político y social para conseguir que dejen de existir situaciones de desigualdad y violencia como las que se dan en los casos de los que estamos hablando. Con el ánimo de aportar soluciones a esta cuestión, queríamos presentar una enmienda, pero por problemas técnicos no lo hemos podido hacer. La presentamos ahora in voce, aunque la portavoz del grupo proponente ya la tiene en su poder. Espero que podamos negociar para llegar a un acuerdo.
Me gustaría argumentar algunas cuestiones que se abordan en el texto de la proposición de Convergència i Unió, en la que se solicita fundamentalmente que la violencia ejercida sobre las mujeres que ejercen la prostitución sea considerada violencia de género. En este sentido, es necesario hacer referencia a la Ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que en su artículo 1.1 define la violencia de género como aquella manifestación de discriminación en las situaciones de desigualdad, en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aun sin convivencia. Sin embargo, en el apartado 3 de este mismo artículo se indica que la violencia de género a la que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Es necesario decir que damos la razón al análisis que realizan diversos autores y juristas, como Montserrat Comas, anterior presidenta del Observatorio de violencia de género, que seguramente conocerá muy bien el Grupo Socialista, que afirman que la estructura y el contenido de la ley no responden con exactitud a su título. No se abordan todas las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en la actualidad y por el contrario se incluyen disposiciones que nada tienen que ver con la violencia de género. La ley visualiza a la víctima en cuanto a pareja, mujer o ex mujer de un hombre, y se centra solo en un ámbito restringido del conjunto de lo que la ley entiende como violencia de género. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular entiende que en los casos de violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución existe una situación manifiesta de inferioridad de la mujer respecto del hombre, ya sea el cliente o el proxeneta, y que es necesario encontrar cauces que consigan erradicar situaciones tan tremendamente injustas como las mencionadas, en las que algunas mujeres están siendo agredidas, maltratadas y, en algunos casos, asesinadas. El Gobierno es consciente de ello y desde el comienzo de la legislatura está trabajando desde diversos ministerios y con diversas iniciativas para erradicar la violencia de género y la violencia ejercida contra las mujeres. Valoramos muy positivamente la estrategia nacional para la erradicación de violencia contra la mujer 2013-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que contempla como cuarto objetivo general la visibilización y atención a otras formas de violencia contra la mujer. En este sentido, dicha estrategia reconoce que junto a la violencia de género es importante ir avanzando también en el afrontamiento de otras formas de violencia contra la mujer. También a instancias del citado ministerio, tras casi diez años de la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004, se ha constituido un grupo de trabajo para llevar a cabo una evaluación de su implementación y de los resultados conseguidos. Dicho grupo emitirá un informe que puede constituir un buen instrumento para analizar la posibilidad de realizar en su caso propuestas de mejora. En este sentido, consideramos muy importante subrayar el cambio que el Gobierno realizó, incorporando a los menores hijos de víctimas de violencia de género como víctimas propiamente dichas, con el objetivo de que pudieran acceder al estatuto de protección integral que se concede a las mujeres víctimas de violencia de género. Una demanda que el Partido Popular realizó en la oposición y que el Gobierno socialista en ese momento no tuvo en cuenta.
Finalmente, consideramos de gran relevancia, para buscar soluciones a esta grave lacra social, los trabajos que se están desarrollando en el Parlamento, en la subcomisión para el estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la que están presentes los diferentes grupos parlamentarios, de los que se espera un informe completo, que suponga un análisis profundo de los aspectos esenciales para abordar de forma global este problema.
Por tanto, ante el actual marco legal, pero considerando necesario encontrar respuestas ante las graves situaciones expuestas en esta proposición no de ley, nuestro grupo parlamentario considera que
podría valorarse la posibilidad de introducir una enmienda en el Código Penal, que permitiera dar una respuesta adecuada a conductas violentas en entornos de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los que la situación de las mujeres es de manifiesta subordinación y desigualdad respecto del cliente y del proxeneta. Por todo lo expuesto, presentamos como enmienda in voce, que esperamos que sea aceptada por el grupo proponente, el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a valorar la posibilidad de introducir en el Código Penal como circunstancia agravante de la responsabilidad penal de los delitos recogidos en el título VIII, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, la comisión del delito por razones de género. (Aplausos).
- SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES EN ÁFRICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002356).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la cuarta proposición no de ley, sobre la situación de los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra su portavoz, señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Aún hoy la discriminación es un hecho real para las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. En nuestro país celebramos que durante las legislaturas de Zapatero se avanzase de forma sustancial, fundamentalmente con la Ley del Matrimonio, la Ley de Identidad de Género o incluyendo en el currículo escolar, a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la igualdad y la diversidad sexual y familiar, pero la tarea en favor de la igualdad de derechos y la libertad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales aún no ha concluido. El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que debe seguir reclamando la ley de igualdad de trato -que el Grupo Socialista presentó al inicio de esta legislatura y el Partido Popular rechazó-, nuevas leyes, como la ley integral de transexualidad, y protocolos de detección y prevención del acoso escolar. Asimismo, debemos seguir denunciando las declaraciones homófobas del Gobierno, como las del ministro del Interior, que asegura que las personas homosexuales no merecen la misma protección por parte de las instituciones que las heterosexuales, o los retrocesos que este Gobierno del Partido Popular está imponiendo a través de la eliminación de la diversidad sexual del currículo escolar, de los recortes presupuestarios en el Plan nacional contra el sida o de la eliminación de la sanidad pública de las técnicas de reproducción asistida para las lesbianas y mujeres solteras. Pero hoy, en vísperas del 45.º aniversario de la conmemoración del 28 de junio, Día internacional del orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual, también debemos recordar y manifestarnos por quienes no pueden hacerlo. Así, nos sumamos a las organizaciones de defensa de los derechos civiles y LGTB españolas que, encabezadas por la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, quieren hacer un reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB en el mundo, dado que la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo objeto de persecución legal en muchos países. Hay 76 países en el mundo que criminalizan las relaciones homosexuales, y en algunos de ellos son castigadas con la pena de muerte. En Rusia, ya en Europa, se violan constantemente los derechos humanos de las personas LGTB, persiguiendo incluso sus derechos de manifestación y de libertad de expresión, algo altamente preocupante, por lo que, en este caso, el Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado iniciativas parlamentarias como la que ahora exponemos. Sin embargo, el continente en el que más se mantiene esa criminalización es África, donde 37 países penalizan todavía la homosexualidad; entre ellos cabe destacar que lo hacen con especial virulencia Nigeria, Uganda y Camerún. Señorías, espero que coincidamos en que poner fin a la violencia y a la discriminación contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género es un gran reto en materia de derechos humanos, también para Naciones Unidas. Por ello, es inaceptable que la Asamblea General de este organismo a partir de septiembre vaya a estar presidida, a propuesta de los países africanos, por el ministro de Exteriores de Uganda, uno de los impulsores de la ley ugandesa que persigue y condena a los homosexuales. A través de una acción promovida por el periodista Jon Sistiaga, tras grabar en el año 2013 el documental La caza del homosexual, más de 235.000 ciudadanos y ciudadanas solicitaron al Gobierno español que interviniera ante la Unión Europea y ante las autoridades ugandesas para paralizar esta legislación. El Gobierno del PP no atendió este clamor ciudadano y ha mantenido silencio. En contraposición, quiero recordar que el Gobierno español, bajo la Presidencia socialista, fue uno de los Gobiernos copatrocinadores de la Resolución 17/9, aprobada el 17 de junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que instaba a su alta representante a
abordar cómo puede aplicarse la legislación internacional para terminar con la violencia y las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
Teniendo este importante instrumento como antecedente, traemos esta PNL para que, como se puede leer en la iniciativa de forma más extensa, el Congreso de los Diputados manifieste su rotunda condena a las leyes que criminalizan la homosexualidad en Nigeria, Uganda y Camerún, al tiempo que reclama que se respeten los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que han ratificado estos países. Asimismo, mostrar el profundo pesar por las muertes de activistas de los derechos humanos, personificándolo en los activistas de Camerún Eric Lembembe y Roger Mbede, y, en consecuencia, solicitar a las autoridades competentes la apertura de investigaciones. También queremos que el Gobierno de España realice las gestiones diplomáticas oportunas para pedir a la Comisión Europea una condena enérgica de estas legislaciones homófobas y que el Ministerio de Asuntos Exteriores traslade la condena y los acuerdos de esta Cámara a los Gobiernos de Nigeria, Uganda y Camerún. También se insta al Gobierno a establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio para las personas procedentes de estos países perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y por ser defensores de los derechos humanos. Aquí aceptaríamos la enmienda de adición presentada. Por último, queremos que se conceda el apoyo al Año por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB, instando al Gobierno a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las organizaciones LGTB promotoras del mismo.
Respecto a la enmienda de modificación, debo decir que a pesar de las conversaciones que hemos tenido no vamos a aceptarla, porque rebaja los planteamientos a una simple condena y muestra de pesar bastante genérica, lo que nos parece insuficiente, y porque elimina el resto de los puntos que planteamos en la iniciativa.
Hoy, con motivo del Día del Orgullo LGTB, queremos alzar nuestra voz -desearíamos que fuera una voz unánime de esta Comisión- por quienes no pueden hacerlo sin poner en riesgo su vida para exigir y garantizar políticas de igualdad y no discriminación. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa han presentado dos enmiendas los grupos parlamentarios Unión Progreso y Democracia y Popular.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero agradecer al Grupo Socialista la propuesta que nos trae y mostrar, como no puede ser de otra forma, nuestra completa adhesión. Como ellos, condenamos las leyes que criminalizan a los homosexuales, a todo el colectivo LGTB, y las que persiguen a los defensores de los derechos humanos -prácticamente estoy leyendo la propuesta que trae el Grupo Socialista-. También lamentamos la muerte de esos activistas de los derechos humanos y de los derechos de las personas LGTB. Quisiéramos que el Gobierno y la Unión Europea trabajaran conjuntamente con esos países que están haciendo lo que denuncia el Grupo Socialista en esta proposición y, desde luego, instamos al Gobierno a establecer un protocolo que garantice especial atención, como dice el PSOE -y cito textualmente-, en nuestras delegaciones diplomáticas a procedimientos y solicitudes de asilo y refugio. En ese punto es el que nosotros planteamos una enmienda que dice: Este especial protocolo deberá contemplar, en los casos específicos, el derecho a la protección subsidiaria en virtud de la cual será de aplicación en oficina de asilo y refugio..., etcétera. La razón simplemente es que creemos que hay que dispensar protección a las personas de otros países y a los apátridas que sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se ven motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen, en el caso de los nacionales, o al de su anterior residencia habitual, en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños previstos.
Esa es nuestra enmienda. Repito mi agradecimiento al Grupo Socialista por traer esta proposición que votaremos, como no puede ser de otra manera, positivamente.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Quiero anunciar que retiraríamos nuestra enmienda si el Grupo Socialista, autor de esta iniciativa, consiente que cada punto sea votado por separado. Si ella me confirma que va a ser así, retiro esta enmienda.
La señora PRESIDENTA: Tendrían que negociar ustedes.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Lo he hablado con la portavoz.
La señora PRESIDENTA: Señora González, el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado una enmienda de UPyD y no se puede votar punto por punto. Otra cosa sería que no la hubieran aceptado, en cuyo caso se podría hacer de esa forma. Esto es lo que dice el Reglamento de la Cámara.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Lo siento, pero ya la hemos aceptado.
La señora PRESIDENTA: En ese caso, defienda usted su enmienda, señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: En primer lugar, quiero expresar, en nombre del Grupo Popular, nuestra repulsa por este nuevo asesinato de una mujer y mostrar nuestro pesar a sus familiares y a sus amigos.
En segundo lugar, sinceramente me ha decepcionado ver cómo la portavoz del Grupo Socialista no tiene tanto interés por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales como por un posible y demagógico titular que diga que el Grupo Popular no aprueba esta proposición no de ley. Señora Montón, damos un sí rotundo a la defensa de los derechos de los seres humanos y un sí rotundo a la defensa de los derechos de las personas de este grupo del que hoy estamos hablando. Un sí rotundo, señora Montón. No cambie para nada la posición del Grupo Popular fuera de esta casa. En tercer lugar, me va a permitir que le diga que el ministro nunca ha hecho las declaraciones de las que usted le ha acusado en este momento. Le ruego que retire esa afirmación. En cuarto lugar, el Gobierno de España, al contrario de lo que usted ha dicho, ha atendido los requerimientos que se le han hecho para combatir las actitudes de algunos países de los que hoy hemos hablado, lo que sucede es que lo ha hecho sin ruido, sin aspavientos y sin dar titulares.
Señora presidenta, señorías, que quede clarísimo que el Grupo Popular comparte plenamente esta proposición no de ley en el fondo, pero no en algunos detalles de su forma. Quiero dejar clara nuestra condena más rotunda al trato, a las leyes y a los acontecimientos desgraciados que se producen en algunos países africanos contra los derechos humanos, que se rigen por principios de universalidad. Asimismo, quiero manifestar nuestro compromiso con la igualdad y contra la discriminación por causa de la orientación sexual o identidad de género. La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género es una de las prioridades del Gobierno de España y, por supuesto, del Grupo Popular, al que represento en este momento.
Nuestro compromiso con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales es claro, pero, señorías, para no dar ningún paso en falso que pudiera sembrar más dolor que beneficio a estas personas, rogaría al grupo autor de esta iniciativa que retirarse los puntos 3 y 4. Expondré brevemente por qué hago este ruego. Los puntos 3 y 4 merecerían ser estudiados por la Comisión de Asuntos Exteriores y, sobre todo, tener en cuenta que la presión ejercida por la Unión Europea en esta cuestión que hoy nos ocupa ha generado una reacción negativa en distintos mandatarios de los países africanos, que han endurecido aún más sus leyes y sus conductas hacia este grupo de personas. La presión que se ha ejercido desde la Unión Europea ha añadido una nueva dimensión no deseada, con efectos contrarios a los que se pretendían. El respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es un ámbito principal -repito, es un ámbito principal- en la política exterior de protección de los derechos humanos del Gobierno de España, y convendrán conmigo, señorías, en que se debe actuar desde este ministerio de forma coordinada, dentro del marco de foros internacionales, principalmente con la Unión Europea y Naciones Unidas. A veces, iniciativas tan directas y contundentes como a todos nos gustaría -repito, como a todos nos gustaría, al Grupo Popular también- no son eficaces, pudiendo llegar a ser contraproducentes en algunas temáticas como esa, en particular en África. Les ruego que dejen estos puntos fuera de esta proposición no de ley ante la duda más que razonable de que en estos países africanos puedan añadir más sufrimiento a estas personas de las que estamos hablando.
Lo relativo al punto 5, señorías, se ha aprobado en una declaración institucional en el Pleno de esta casa con un texto muy similar -pretendía que ese texto fuera el que contuviera la iniciativa para poderlo apoyar-, que dice: Buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo. Nosotros queríamos cambiar esa palabra. ¿Por qué digo esto? Porque les recuerdo que existe una ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la Ley 12/2009, y nadie se la puede saltar, nadie puede ir contra ella. Hay que buscar los mecanismos legales para poder llegar a lo que ustedes pretenden con
este punto, en el que estamos totalmente de acuerdo, salvo por lo que se refiere a esa redacción. Les ruego que se lean los artículos 17 y 18 de esta ley y así comprobarán que su petición es contraria a lo que en ellos se establece.
Para terminar, señorías, por las razones expuestas, y por muchas otras que el tiempo me impide desglosar para defender esta propuesta del Grupo Popular, les pido que retiren los puntos 3 y 4 y que modifiquen el 5. Si lo que quieren de verdad el Grupo Socialista y el resto de los grupos es ayudar a este colectivo, a estas personas, a estos países, háganlo con sentido común, con sentido práctico y dentro de los foros en los que son efectivos el debate y las declaraciones. Quiero que quede claro y patente que defendemos que estas personas tengan el mismo trato y los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del mundo. Por supuesto, condenamos enérgicamente estas actitudes y estas leyes, pero hay que combatirlas por un camino que resulte efectivo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar su posición, tiene la palabra la portavoz de La Izquierda Plural, la señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Comparto, y espero que todos lo hagamos, la celebración del día LGTBI, porque nos hemos dejado por ahí a los intersexuales -aunque no tiene importancia-; pero, además, quiero que también compartamos la denuncia de las grandes presiones que todavía sufren estos compañeros, estas compañeras, estos amigos, estas amigas, estos ciudadanos y estas ciudadanas fuera de nuestras fronteras y en algunas ocasiones, lamentablemente, dentro de ellas. Por eso empezaba con los intersexuales, que están sufriendo, incluso en España, una grave discriminación en cuanto a su identidad de género.
En cualquier caso, quiero manifestar que, como ustedes saben, aunque a veces recurrimos a ello -espero que me permita decirlo, con todo respeto, la portavoz del Grupo Popular-, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Creo que todos deberíamos sentirnos obligados a cumplir con lo que se dice en esta proposición no de ley y con lo que se añade en la enmienda de adición que ha presentado el Grupo de UPyD, que mejora incluso el texto presentado por el Grupo Socialista. Aquí no caben medias tintas, no cabe hablar de sentido común cuando en este momento se está condenando a muerte a personas por el hecho de tener relaciones o afectividades sexuales diferentes a lo que se considera normal. Por tanto, todos deberíamos estar de acuerdo en instar a los Gobiernos de los países donde esto se está produciendo a que abandonen esas posturas que mantienen e informarles de que incluso dejaremos de tener relaciones diplomáticas con ellos si siguen haciendo este tipo de barbaridades y siguen consintiendo que se hagan.
Nos hemos lamentado cuando han secuestrado a 200 niñas, pero también debemos lamentar la muerte de personas por el hecho de que no se compartan sus opciones sexuales.
La señora CIURÓ I BULDÓ: El voto de Convergència i Unió será favorable a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. Podemos decir que grosso modo estamos de acuerdo con la mayor parte de los puntos de la PNL, aunque no lo estamos con algunas cuestiones específicas, porque entendemos que los derechos de asilo y refugio tendrían que garantizar la atención a estas personas, sean Lgtbi o sean Lgtbiq, como los queer, señora García, que nos los dejamos. (La señora García Álvarez: Es verdad, tiene razón). No solo se debe prestar asilo y refugio a estas personas, sino también a las que son víctimas de trata o son perseguidas por cuestiones religiosas. España debe ser un referente a la hora de prestar protección, asilo y refugio a esas personas perseguidas básicamente por cuestiones humanitarias.
Nos parece oportuno, como dice la proposición, que se inste a las autoridades de Camerún, donde tuvieron lugar estos hechos, a que esclarezcan la persecución, el hostigamiento y el fallecimiento de estas dos personas, porque, desgraciadamente, con la reciente aprobación de la Ley de Justicia Universal España ya no tiene competencias para poder perseguir estos delitos. Por tanto, tendrán el apoyo de Convergència i Unió porque estamos de acuerdo con la forma y con el fondo de esta proposición, si bien con algunas matizaciones.
La señora PRESIDENTA: Por lo que se refiere a la proposición no de ley que acabamos de debatir, quiero pedir al grupo proponente, señora Montón, que entienda la posición del Grupo Parlamentario Popular. Me gustaría que llegaran a un acuerdo porque las personas no solamente mueren en África por
tener una identidad sexual distinta, sino también en Europa. Creo que estamos en un momento muy importante para llegar a un acuerdo, si lo creen conveniente. Después lo hablan ustedes. Yo simplemente he querido hacer una reflexión. (La señora Montón Giménez pide la palabra). No le voy a dar la palabra, señora Montón. Simplemente he hecho una solicitud a los dos grupos mayoritarios de la Cámara, a la representante del Grupo Popular y a usted. (La señora Montón Giménez pide la palabra).
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: La portavoz del Grupo Popular me pedía que retirara, por ser falsa, una aseveración que he hecho acerca de unas declaraciones del ministro del Interior. Más que retirarla, me gustaría que se incluyeran en el "Diario de Sesiones" todas las referencias que salen en los periódicos del miércoles 27 de febrero sobre el coloquio Religión y espacio público, celebrado en la Embajada española ante la Santa Sede, en Roma. Me hago eco de lo que todos los periódicos de tirada nacional, internacional y provincial ponen en boca del ministro y que él no desmintió....
La señora PRESIDENTA: Señora Montón, es una cuestión de voluntad.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Claro, de quien tiene la mayoría.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Simplemente quiero decir que nada de lo que diga un medio de comunicación es dogma de fe y que se pueden sacar las cosas de contexto. Lo que nos dice la señora Montón no es riguroso, porque, repito, lo que dicen los medios de comunicación no es dogma de fe. Además, se puede haber sacado la frase de contexto o haber transmitido algo que el ministro no quería decir, porque aseguro aquí que esa no es su opinión.
Quiero que conste en el "Diario de Sesiones" lo que acabo de decir.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, quiero añadir que he ofrecido al Grupo Socialista la posibilidad de retirar nuestra enmienda en aras de conseguir, porque creo que es lo más importante, un consenso en la proposición del Grupo Socialista. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cantó. Creo que esa es la voluntad para que hoy salga esta proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos que merecen todo nuestro respeto. (La señora Montón Giménez: ¿Este es un debate en el que la presidenta también interviene? Está fuera de lugar).
- RELATIVA A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO UNIVERSITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002741).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género universitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señorías, el Grupo Popular presenta debate esta iniciativa sobre protección de las víctimas de violencia de género universitarias. Todos entendemos como violencia de género cualquier acto violento, físico o psíquico. Pues bien, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, más conocido -y aquí se ha citado antes- como Convenio de Estambul, incluye también la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso y el aborto y la esterilización forzados. Esta gran problemática social de la violencia de género puede alcanzar a cualquier mujer, independientemente de su edad, cultura, clase social o nivel académico.
Como parte de esta realidad, diversas investigaciones indican que esta violencia es un hecho que está cada vez más presente en el ámbito universitario. Según estudios de la Universidad Complutense de Madrid, esta percepción es muy preocupante, ya que un 14,3% de las estudiantes reconoce haber sido víctima de violencia en su relación de pareja y un 11% de los estudiantes varones reconoce haber ejercido
en alguna ocasión algún tipo de maltrato sobre su pareja. Ninguna mujer tiene que soportarlo, pero desgraciadamente a día de hoy seguimos padeciendo dicha lacra.
Quiero destacar que las políticas para erradicar estos comportamientos, puestas en marcha en nuestra nación por los diferentes Gobiernos, como la Orden de protección del año 2003 del Gobierno del Partido Popular, y la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género del año 2004, del Gobierno Socialista, han servido para que la percepción de la sociedad española sobre esta violencia haya cambiado y ahora se tenga una mayor sensibilidad y haya mayor concienciación y apoyo a estas víctimas. Pero esto no lo decimos solo nosotros, y por eso hoy me quiero referir al informe elaborado hace unas fechas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según este informe, España sale bien parada, indicando que dicha violencia es menor que en otros países gracias a las políticas puestas en marcha, como las que he citado anteriormente, y a que las campañas de sensibilización hacen que denuncien más mujeres que en el resto de países de nuestro entorno.
Señorías, aunque esto es positivo todavía es insuficiente. Hace tiempo estuve leyendo la opinión de un filósofo, Iván Sambade, que realizó su tesis doctoral sobre la subjetividad de los hombres, que comentaba -leo textualmente- que cuando comenzó a leer dichos estudios pudo observar que los hombres son los principales protagonistas de la conducta antisocial y que las víctimas de las culturas masculinas de dominación son fundamentalmente las mujeres y las menores. Por eso, él sostiene que para erradicar estas conductas la teoría de género se tiene que integrar en primaria y secundaria. En esta línea, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha anunciado que negociará con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la inclusión en el desarrollo curricular de educación secundaria de contenidos específicos sobre la violencia de género. Los contenidos curriculares de asignaturas troncales orientados a la prevención de la violencia de género, se recogen ya, entre otras medidas, en el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico en educación primaria. Por ello, y teniendo en cuenta que desde el sistema educativo hay que cambiar esos comportamientos, actualmente en primaria ya está en marcha esa política, destacando en esta materia la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género con un objetivo: que adquieran habilidades para la prevención y la resolución pacífica de los conflictos que les permitan más adelante desenvolverse en el ámbito familiar, así como en los grupos con los que estos jóvenes se están relacionando.
La estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer para los años 2013-2016, aprobada por el Consejo de Ministros el año pasado, que contiene 284 medidas, aprobadas por todos los allí presentes, es otro instrumento de actuación que implica a todas las administraciones y poderes públicos con el fin de acabar con esta forma de violencia. De entre estas medidas quiero destacar y resaltar algunas que están relacionadas con el debate que hoy nos ocupa. Por ejemplo, la que garantiza que el currículo de las enseñanzas contenga el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género, o la que impulsa la participación de representantes de la comunidad educativa en órganos de coordinación locales, con el fin de prevenir la violencia de género en los centros escolares. Igualmente se considera de forma específica la prevención de la violencia contra la mujer en el Plan de convivencia y derechos humanos 2013-2015, impulsado por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Asimismo, se promueven trabajos de investigación sobre la violencia contra la mujer entre la población escolar y universitaria. Otra medida es apoyar a las universidades para la realización de posgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. Señorías, en esta línea se contemplan diferentes actuaciones y metodologías innovadoras que promueven la prevención de la violencia de género en las aulas a través del centro de recursos para la atención a la diversidad cultural en educación.
No puedo dejar pasar este debate sin resaltar el encuentro interministerial que hace un tiempo tuvieron los ministros de Justicia de Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con un objetivo concreto: reforzar los mecanismos legales y jurídicos para proteger a las víctimas de violencia de género y sus hijos. En dicha reunión, entre otros asuntos, se habló de la sensibilización de las medidas dirigidas a los jóvenes, en especial a la detención de las primeras señales de maltrato y del uso responsable de las nuevas tecnologías. Según los informes, el 28% de los adolescentes asegura haber sufrido algún tipo de control por parte de su pareja. Por ello, se va a poner en marcha una campaña de sensibilización por el ministerio para el año 2014 que se denominará Hay salida. En ese encuentro de ministros también se tomó la decisión de adoptar medidas para interconectar los sistemas de información y bases de datos de los ministerios, que anteriormente he citado, y las comunidades autónomas. Hablando de comunidades, señorías, permítanme poner como ejemplo a mi comunidad, Castilla y León, que ha suscrito con ocho
universidades públicas y privadas un convenio de colaboración para fijar un procedimiento excepcional que permita a las universitarias víctimas de violencia de género el traslado de su expediente a otro centro universitario, así como disponer de plazas reservadas en las residencias juveniles.
Quiero finalizar mi intervención diciendo que mientras haya una sola víctima, como la número 28, por la que hoy la presidenta nos ha pedido guardar un minuto de silencio como homenaje, será necesario el esfuerzo de todos en el objetivo irrenunciable de erradicar la violencia de género, que no deja de ser una violación de los derechos implícitos al ser humano. Como dijo la ministra, señora Mato, en esta Cámara el pasado mes de abril, el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género es más fuerte que nunca. Un compromiso que se mantendrá hasta que consigamos acabar con cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer.
Con la venia de la señora presidenta, paso a comentar la enmienda que nos ha presentado el Grupo Socialista. No habría ningún inconveniente en aceptar el primer punto, salvo que se les ha olvidado algo, aunque a lo mejor ha sido un error. Se les ha olvidado que nosotros decimos que hay que impulsar la firma de convenios para establecer un procedimiento que garantice el cambio de lugar de realización de estudios universitarios oficiales de grado en el espacio más breve posible y de forma gratuita a aquellas víctimas y estudiantes que acrediten ser víctimas de violencia de género. Señorías del Grupo Socialista, se les ha olvidado incluir la palabra acrediten. En cuanto al segundo punto, relativo a aumentar las partidas destinadas a ayudas y becas para que las universidades que firmen los convenios a que se refiere el apartado anterior puedan establecer ayudas específicas a las víctimas de violencia de género que se vean obligadas a cambiar de residencia o centro universitario, como saben sus señorías está recogido en el artículo 40.3.bis del Estatuto de los Trabajadores. Pero hay algo más, si antes decimos que desde el Parlamento instamos al Gobierno a que en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales adopten medidas, no podemos darles la medida cerrada diciendo que se aumente el número de becas. Señorías, es una contradicción. Entraríamos en lo que realmente son competencias de otros entes que no tienen nada que ver con lo que en estos momentos estamos diciendo. Por ello, esta enmienda no vamos a aceptar esta enmienda. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el portavoz, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Quiero comenzar mi intervención condenando también el asesinato de una nueva víctima de violencia de género en mi comunidad autónoma, en Castilla y León, y sumarme a las muestras de solidaridad de esta Comisión por este dramático suceso. Estoy un poco asombrado de haber tenido que escuchar el informe de gestión de la ministra Mato en materia de violencia de género y muy poco sobre el contenido de esta proposición no de ley del Grupo Popular. Probablemente porque tiene poco contenido en sí misma. Comparto el análisis previo que ha hecho sobre la situación de la violencia de género en nuestro país y la necesidad de luchar activamente contra ella, pero cuando pasamos de las musas al teatro es otra cuestión. Esta es una buena iniciativa que adoptó la Junta de Castilla y León con las universidades públicas y privadas de ese territorio, pero está absolutamente limitada a solventar un mero trámite administrativo, nada más. Si esa iniciativa de la Junta de Castilla y León tenía mucho de brindis al sol, la proposición que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular es un brindis en el que proponen que otro ponga la copa y que un tercero pague el champán. Pretenden que instemos al Gobierno a que impulse convenios en una materia sobre la que no tiene ninguna competencia -lo tendrán que hacer las comunidades autónomas-, y que lo ejecuten y paguen las universidades. Es fantástico. Todo esto lo va hacer el Gobierno del Partido Popular con un grandísimo compromiso, pero sin poner un solo euro. Me gustaría aprovechar esta ocasión para recordar que está celebrándose el debate sobre el estado de la Región en el Parlamento de Castilla y León. En esa comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular en los últimos tres años se han recortado 680 millones de euros en educación y 1.680 universitarios se han quedado sin su beca porque no había presupuesto. De hecho, la Universidad de Burgos, en mi ciudad, ha tenido que asumir con fondos propios las tasas de algunos estudiantes que no podían continuar sus estudios universitarios por los recortes del Gobierno de la nación y del Gobierno de la comunidad autónoma. Todo esto es consecuencia de una política de recortes del Gobierno, también en materia de violencia de género.
Me ha sorprendido de manera muy especial la defensa que se ha hecho de las iniciativas que pretenden la concienciación, la educación, en secundaria, en bachillerato, etcétera, para incluir contenidos en materia de igualdad o de concienciación en la lucha contra la violencia de género. Debo señalar que fue el Gobierno del Partido Popular el que se cargó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que entre otras muchas cosas contenía precisamente estas cuestiones. El Grupo Parlamentario Socialista ofreció hace muy poco un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género y el Partido Popular lo rechazó. Es verdad que entonces no escuché a la presidenta de esta Comisión hacer un alegato tan entusiasta acerca de la necesidad de acuerdos, de pactos y de consensos en una materia tan fundamental como la violencia de género. Entonces no lo escuché. Hoy sí que lo he escuchado. Me gustaría sugerirle humildemente a la presidenta que se estudie el Reglamento y las funciones de una presidenta y, en todo caso, pedirle que no tutele la voluntad de los grupos parlamentarios en esta Comisión. El Grupo Parlamentario Socialista sabe muy bien lo que defiende y lo que tiene que hacer. En todo caso, haría bien en recordarle a su propio grupo que la voluntad de acuerdo y de consenso depende mucho más de la voluntad del grupo que tiene la mayoría absoluta de esta Cámara que de los grupos que no la tenemos.
Hemos presentado una enmienda para intentar que al menos esta proposición diga algo, que mandate al Gobierno en el ejercicio de sus propias competencias, que ofrezca alguna partida a estas universidades para que ayuden a las víctimas de violencia de género de forma efectiva, más allá de ayudarles a solventar un trámite meramente burocrático. No ha sido un error, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Uno de los problemas que tiene esta proposición es la necesidad de acreditar, no sabemos muy bien de qué manera, la condición de víctima de violencia de género. Esperamos a que haya una sentencia, les obligamos a que haya una denuncia. ¿Cómo pretenden hacer eso? No lo hará el Gobierno tampoco, porque lo tendrán que hacer las comunidades autónomas, las propias universidades. ¿Cómo lo harán las universidades? Cada una con sus criterios. Cada una hará el reconocimiento en función de sus criterios. Lo único que nos hemos limitado es a quitar del primer párrafo la palabra excepcional, porque tiene que ser un procedimiento ordinario, urgente y gratuito, pero sobre todo ordinario. El segundo párrafo, que es el verdaderamente trascendente, insta al Gobierno a que aumente las partidas destinadas a ayudas y becas para que las universidades puedan ayudar realmente a las víctimas de violencia de género que se vean obligadas, por su condición de víctimas, a cambiar de residencia o de centro universitario.
Termino ya. Deseo que el Grupo Parlamentario Popular rectifique y acepte o al menos se avenga a negociar una enmienda transaccional en vez de ofrecer un rechazo absoluto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Solo quiero añadir que estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta del Grupo Popular, aunque en algunas cuestiones no puedo coincidir, porque una cosa son los objetivos y otra son las formas en que se plantean. Las comunidades autónomas que tienen competencia en la materia, la tienen, y ahora no podemos por mor de un objetivo, por muy loable que sea y por muy de acuerdo que estemos todos, suplantar competencias que ya existen.
Cuando mencionan, por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen sus propias policías, le recuerdo a la portavoz del Grupo Popular que es su Gobierno el que en estos momentos está paralizando una OPE en Euskadi para que haya más Ertzaintza, que también se tiene que dedicar a esta serie de cuestiones. Por no sé qué criterios -y sin que sean competentes en la materia-, el Gobierno del Partido Popular está paralizando y obstruyendo una cuestión tan fundamental, básica y legal como es una OPE para tener más ertzaintzas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en mi país.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Me ha llamado la atención -y positivamente- la proposición que trae hoy el Grupo Popular. Antes de hacer traslados con más o menos urgencia de las mujeres que están en el ámbito de la universidad y que son agredidas dentro del mismo, quiero decir que mi grupo es partidario de la expulsión y del traslado de los agresores a donde corresponda, para no estar cambiando cada dos por tres a estas personas de su ámbito de estudio, de amistades y familiar. No quiero ponerme aquí ahora a hacer una disquisición cuando no hemos presentado una enmienda. Me pregunto: ¿Qué votamos? He escuchado a la portavoz del Grupo Popular que no acepta la enmienda que presenta el Grupo Socialista
porque desaparece la palabra acrediten, pero se podía haber negociado el término. Me llama la atención que no se acepte la enmienda del Grupo Socialista cuando se habla de dinero. Señorías, seamos serios y rigurosos. Cuando estamos hablando de traslado -y no me voy a meter tampoco en las competencias de las comunidades autónomas-, eso cuesta dinero. ¿Quién lo va a pagar? ¿Irá solo a cargo de las comunidades autónomas que trasladan y reciben? ¿Cómo se subvenciona eso? ¿Cómo se paga? Tenemos que ser serios y rigurosos y cuando se habla de estas cosas hay que hablar de dinero. Es obligado hablar de dinero. No podemos dejarlo en el aire, no existen las políticas en el aire. Me voy a tomar la libertad, como antes ha hecho la presidenta, de pedirles que hagan el favor de ponerse de acuerdo para que podamos votar algo que puede ser positivo para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito universitario. Nos sería muy difícil aceptarlo si no tenemos algo que mencione cómo vamos a hacer los trasladdos; si no simplemente estaríamos haciendo política en el aire, algo que a mi grupo no le gusta.
Señorías del Grupo Popular, mi grupo les rogaría que intentaran llegar a un acuerdo, superando aquellas diferencias, para que finalmente las víctimas de violencia de género en el ámbito universitario tengan de verdad una solución.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Convergència i Unió se va a abstener en esta proposición no de ley, porque tiene el acierto de recoger en su petitum que se insta a que esta actuación la realice el Gobierno en el ámbito de sus competencias. Si es en el ámbito de las competencias del Gobierno, desde Convergència i Unió no diremos cómo deben realizar estas actuaciones. En Cataluña tenemos competencias plenas en esta materia. Somos soberanos para poder decidir la política universitaria en materia de violencia, por lo que el voto de Convergència i Unió será de abstención. No quisiéramos que esto fuese una argucia para poder decir cómo hay que hacer las cosas en aquello en lo que no tenemos competencias a nivel estatal y dar indicaciones sin aportar los recursos necesarios. En aquello que somos competentes que cada uno lo ejerza como mejor sepa y pueda tanto a nivel de racionalización de recursos como de transparencia en la gestión de las instituciones. (El señor Agirretxea Urresti pide la palabra).
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Para una rectificación, si me permite la Presidencia. La respuesta que he dado a esta proposición, como he salido un momento fuera he pensado que era a la otra proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular. Mi rectificación y mis disculpas a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque la respuesta que le he dado no le correspondía a esta PNL, sino a la número 6 del Grupo Popular sobre violencia de género. Pido disculpas y pido que se rectifique que mi respuesta no es a la número 7, sino a la número 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aclarada su posición con respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN ESPECIAL PARA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002427).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la número 5, sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, la señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista tiene por objeto combatir y poner medidas eficaces para avanzar en eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres. El empleo es hoy para millones de ciudadanos y ciudadanas españoles el problema más urgente que hay que resolver, pero también es necesario combatir otro problema del mercado laboral, que se ha acrecentado con esta crisis: La brecha salarial entre hombres y mujeres, en perjuicio de estas últimas. La igualdad de hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado laboral, como en las condiciones laborales y retributivas, continúa siendo un gran reto en nuestro país. Hoy en pleno siglo XXI se conoce
que el paro, el empleo a tiempo parcial y los contratos temporales tienen rostro de mujer. Cuando son asalariadas por cuenta ajena, sus currículos y experiencia suelen verse marginados, ya que el salario que perciben por el mismo puesto y con la misma cualificación profesional es inferior al de los hombres. La situación de desventaja, que han sufrido las mujeres al acceder o no al trabajo asalariado y en las condiciones que lo han hecho las que han participado en el mismo, se perpetúa a lo largo de toda su vida. Según los últimos datos del INE, la brecha salarial entre mujeres y hombres se encuentra en un 23% de media anual. Una brecha salarial en la que en España una mujer tiene que trabajar 84 días más para cobrar lo mismo que un hombre por realizar el mismo trabajo, en la que la pensión de una mujer es del 40% menos que la de un hombre, lo que supone que una mujer debe trabajar siete años más para tener la misma pensión que un hombre. Las mujeres presentan una mayor rotación en el mercado laboral que los hombres: empleos más cortos, alto grado de intermitencia en su vida laboral a causa del cuidado de hijos e hijas, lo que reduce el tiempo de trabajo y de cotización y, por tanto, su salario y su posterior pensión. Las mujeres son la mayoría de quienes trabajan a tiempo parcial y sufren en mayor medida la temporalidad. No es porque ellas quieran, es porque es el único trabajo que se les está ofreciendo. La desigualdad salarial, además de ser una discriminación en sí misma, es causa y consecuencia de otras discriminaciones en el ámbito familiar y laboral. Las dificultades para la corresponsabilidad en la vida privada, familiar y profesional y el hecho de que son las mujeres quienes más se ocupan de las tareas domésticas y del cuidado tienen efectos negativos sobre su desarrollo laboral y profesional.
Señorías, el número de mujeres desempleadas ha aumentado desde finales del año 2011 en 387.100, alcanzando el máximo histórico de 2,8 millones de mujeres en paro. La tasa de paro femenina ha alcanzado su cuota más alta alrededor del 27%. En los últimos dos años se ha intensificado el proceso de sustitución de empleo femenino a tiempo completo por empleo parcial, 543.000 empleos menos a tiempo completo y 155.000 empleos más a tiempo parcial. En el primer trimestre de 2014, entorno a 2 millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial, frente a 730.000 varones. Las mujeres representan más de la mitad de la población española, esto corrobora que su contribución a la actividad económica, al crecimiento y al bienestar, están muy por debajo de su potencial, lo cual está teniendo efectos negativos sobre la eficacia económica. El 54% de los universitarios son mujeres, más del 60% de los licenciados son mujeres. Constituimos un grupo de población importante y cuya contribución al crecimiento y a la competitividad es fundamental e imprescindible. La igualdad es un derecho de ciudadanía que además de reforzar la cohesión social garantiza también una eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento de todas las capacidades proporciona resultados positivos para toda la sociedad. La mayor incorporación de la mujer a la actividad productiva formal es acuciante para conseguir un mayor ritmo de crecimiento económico. La reducción de un punto porcentual en la brecha salarial entre mujeres y hombres supondría un aumento del crecimiento económico de un 0,1%. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional titulado La mujer, el trabajo y la economía, beneficios macroeconómicos de la equidad de género, constata los beneficios que tendría para las economías mundiales una participación equitativa de mujeres y hombres en la fuerza laboral. En algunos casos el PIB podría crecer hasta un 34%, para conseguirlo el estudio propone medidas que se basan esencialmente en dos ejes: políticas sociales para que el Estado se hiciera cargo de las tareas de los cuidados y reformas fiscales coherentes que no desincentiven la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Todo lo contrario que sucede en la actualidad en nuestro país, porque, desde que gobierna el Partido Popular y con la reforma laboral aprobada por este Gobierno, está expulsando del empleo a los sectores más vulnerables y entre estos están mayoritariamente las mujeres. La práctica de desaparición de las políticas activas de empleo y el desmantelamiento del Estado del bienestar, como consecuencia de la minoración de los servicios públicos y de los recortes, están dejando sin empleo a muchas mujeres que tenían mayor presencia que los hombres en estos ámbitos de trabajo. Todo lo contrario a lo que aconseja este informe. Por ello, con el fin de combatir la discriminaciones directas e indirectas que provocan la actual brecha salarial y contando con la participación indispensable de los interlocutores sociales, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley que insta y solicita al Gobierno, en primer lugar, reforzar las actuaciones de las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social para garantizar la igualdad de percepciones económicas entre mujeres y hombres y, en segundo lugar, establecer la obligatoriedad de que las empresas dispongan de un libro de registro actualizado en el que figuren desagregadas por sexo todas las retribuciones, cualquiera que sea su concepto, que perciben los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Señorías, si verdaderamente creemos en la igualdad y queremos combatir la desigualdad, esta es una prueba evidente para abordar la realidad de la discriminación salarial. El objetivo de la igualdad de oportunidades y de
remuneración en el ámbito laboral entre hombres y mujeres es una obligación por la que deben velar las empresas y las autoridades. La única forma posible de lograr un cambio radical en la sociedad hacia una sociedad de iguales y el único camino para cambiar el modelo económico es la igualdad, porque la igualdad no es un fin, es el camino para la recuperación económica en nuestro país. Esperamos que aprueben esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, que supone avanzar en combatir esta brecha salarial entre mujeres y hombres y que posibilita la igualdad real y efectiva. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posición, tienen la palabra los grupos parlamentarios. Señora portavoz del Bloque Nacionalista Galego, ¿quiere intervenir? (Pausa). Tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Simplemente intervengo para manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley por múltiples razones. Como ustedes saben, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado proposiciones no de ley relacionadas con la necesidad de avanzar en la igualdad salarial entre hombres y mujeres en distintas ocasiones. Esta ya sería una razón de sobra como para apoyar la iniciativa del Grupo Socialista. Sobre todo en los aspectos que plantea, porque son cuestiones que son necesarias para poder inspeccionar aquellas diferencias que en estos momentos están ocurriendo en muchísimas empresas. Tengamos en cuenta que a día de hoy se está pagando con salarios inferiores trabajos de igual valor. Esta cuestión ya fue resuelta en muchas ocasiones por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en relación con demandas presentadas por mujeres cuyas sentencias les daban la razón. Debería ser una cuestión que la Inspección de Trabajo debería actuar, de oficio, para que estas situaciones no se continuaran dando en ningún centro de trabajo. Las dos propuestas que presenta el Grupo Socialista son oportunas, interesantes y loables, pero no engloban un plan especial para poder actuar más directamente contra esta lacra de la desigualdad salarial, porque es una lacra contra las mujeres.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No puedo votar la proposición que trae aquí el Grupo Socialista, porque de hecho lo que plantea es menor y no va a solucionar el problema del que habla, en cuyo diagnóstico no estamos de acuerdo, porque se hace la típica mezcla de cosas que uno suscribiría y de otras muchas que nos parecen una aproximación grosera a cuál es la realidad. Que el empleo parcial es puramente femenino es cierto, lo suscribo, pero me parece que es importante que el Grupo Socialista añada otro tipo de soluciones que a nosotros nos parecen esenciales. De hecho, entran en contradicción en su discurso cuando se atreven a decir incluso -esta es una realidad, porque la mujer en la mayor parte de la sociedad española es la que se hace cargo de los niños y de la familia- que el Estado le ayude, cuando están votando en contra de propuestas como las que hemos traído en las que se pide una custodia compartida y un compartir una responsabilidad que el Grupo Socialista parece que no quiere que se comparta de ninguna de las maneras. Nos parece que se debe atacar el problema de fondo y para eso hemos de seguir en la línea de la Unión Europea marcada por el pasado Consejo Europeo de 19 de junio sobre Empleo, política social, sanidad y consumo, mujer y economía. Hay que hablar de flexibilidad, de horarios racionalizados. Hemos creado aquí una subcomisión que uno teme que al final no llegará a nada. En la legislatura anterior hubo otra y uno vuelve a temer que en esta pasará lo mismo, no servirá de nada sino para cumplir con el cupo. Hay que implantar políticas de igualdad de oportunidades en todas las estructuras de empresa que contemplen posibilidad de conciliar vida personal y profesional, tanto para hombres como para mujeres. Al margen de las empresas, es deber de los poderes públicos establecer condiciones favorables para la reducción de la brecha salarial. Hay que crear una política transversal de igualdad de trato y no discriminación aplicable no solamente al ámbito empresarial, sino a todos los demás ámbitos. Ahí entraban, por ejemplo, políticas como las que hemos propuesto sobre custodia compartida. Es difícil, repito, no estar de acuerdo con lo que propone el Grupo Socialista, pero me cuesta mucho sostener toda la parte expositiva. Votaremos a favor de que puedan existir esas inspecciones de trabajo, porque nunca tendríamos ningún problema con eso, y también a favor, ya que es lo único que se pide, de que exista transparencia y se publiquen los sueldos para poder compararlos.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Yo estoy muy de acuerdo con la parte expositiva. Es cierto que las mujeres llevamos años luchando por conseguir la igualdad salarial -mismo trabajo, mismo salario-, pero todos esos años de lucha nos han llevado, lamentablemente, a que en el siglo XXI sigan existiendo las mismas o parecidas diferencias salariales. Y quiero resaltar una cosa en la que tienen razón: Todas las reformas laborales que han hecho los distintos Gobiernos han afectado negativamente a las mujeres y al avance en la igualdad tanto en el empleo como en las percepciones salariales.
Por otro lado, me he quedado un poco sorprendida, como decía antes la portavoz del BNG, porque lo primero que leí, textualmente, fue: Proposición no de ley sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres para su debate en la Comisión de Igualdad. Sin embargo, después me he encontrado con dos puntos, que son interesantes y que se deben apoyar, sin lugar a dudas, pero que no tienen nada que ver con ese plan especial. Son dos puntos que vamos a apoyar, pero si queremos un plan especial -que deberíamos quererlo-, hay que trabajarlo y llevarlo a donde corresponda para que podamos debatirlo y llegar al mayor consenso posible. Por tanto, vamos a apoyar estos dos puntos, pero insistiendo en que no constituyen un plan especial para la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Convergència i Unió lamenta no poder dar su apoyo a esta proposición no de ley. No se lo podemos dar, porque entendemos que en esta época económica antes que llegar a las inspecciones de trabajo convendría un trabajo de base que realmente no estamos haciendo. Algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha dicho que entre las últimas conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre Mujer e Independencia Económica -sabemos cuáles son porque en la subcomisión que trabajó en esta casa se abordaron muchas de ellas- se recoge la recomendación de establecer cambios estructurales que permitan que las mujeres puedan participar plenamente en el mercado de trabajo. Mientras sigamos siendo trabajadoras con riesgo, porque la maternidad supone un lastre para poder competir en igualdad de oportunidades con los hombres; mientras no abordemos profundas modificaciones en los permisos de maternidad y paternidad, de forma que estos tiendan con el tiempo a ser iguales e intransferibles y el cuidado de los menores y dependientes recaiga directamente en ambos progenitores y no solo en la mujer, que es lo que la lastra para mantenerse en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones, difícilmente podremos erradicar esta brecha de género, que en Europa está en una media del 16% y en España llega casi al 22%. Antes de llegar a las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social en las empresas que plantea la proponente, que no digo que no sean necesarias, tendríamos que eliminar algunas medidas fiscales que nos hacen poco competitivas. Tenemos una figura jurídica, que es la guarda legal, que nos blinda en el puesto de trabajo, pero nos expulsa del mercado laboral, porque nos hace poco competitivas, nos hace menos competitivas que los hombres. Muchas veces he aplicado un símil: Tenemos una legislación laboral que nos permite flotar cuando somos madres, pero no nos permite competir en igualdad de condiciones. Hasta que no abordemos realmente reformas estructurales en materia laboral y creamos que las mujeres somos el 50% del capital humano de esta sociedad y que, como 50%, tenemos la misma responsabilidad que los varones en la recuperación económica, en mantenernos en el mercado laboral y en evitar el empobrecimiento futuro, no conseguiremos erradicar esta brecha salarial. Por tanto, desde el respeto que nos merece esta proposición no de ley, no la vamos a votar a favor. Vamos a abstenernos, porque entendemos que previamente necesitamos hacer un trabajo de calado para conseguir que las inspecciones sean efectivas y ayuden a erradicar esta brecha salarial.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Heredia.
La señora HEREDIA MARTÍN: El Grupo Parlamentario Popular estará siempre de acuerdo con la lucha para lograr que ante un mismo trabajo las mujeres cobremos el mismo salario que un hombre. Así lo recoge nuestra Constitución y así lo recoge también la legislación laboral, en la que se consagra el principio de igualdad y no discriminación salarial entre hombres y mujeres. La Inspección de Trabajo es la responsable y la encargada de vigilar y exigir que se cumplan estas normas. El Gobierno del Partido Popular está trabajando intensamente en esta materia, siendo uno de los ejes fundamentales de su política la lucha contra la discriminación retributiva. ¿Cómo se está haciendo? En primer lugar, a través de
un convenio que se ha firmado con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Empleo para reforzar la actuación inspectora, aumentando el intercambio de información entre el Estado, las comunidades autónomas y las oficinas de empleo, tanto provinciales como locales. En segundo lugar, a través del Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016, con más de 3.000 millones de euros, que contemplará la mejora del diagnóstico de la brecha salarial. No se ha hablado aquí de ello, pero también se han utilizado los fondos noruegos para atajar este problema, destinándose 10 millones de euros a políticas de igualdad, que se han dedicado específicamente a la lucha contra la brecha salarial. Esta es una apuesta más de este Gobierno del Partido Popular. Por último, se han comprometido 5 millones de euros en la convocatoria de subvenciones para promocionar la igualdad laboral de las mujeres, a través del Instituto de la Mujer, la mayor cuantía de su historia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que la mejor herramienta que tenemos para luchar contra la discriminación salarial es el compromiso de todos: negociación colectiva, administraciones y grupos políticos. Y digo el compromiso y la cohesión social, porque analizando la exposición de motivos de la proposición del Grupo Socialista y después de escuchar a la señora Ros y a la representante de La Izquierda Plural, creo que lo último que se busca es conseguir un acuerdo con el Partido Popular. ¿Cómo pueden hablar de desmantelamiento del Estado de bienestar si ustedes han estado en el Gobierno durante ocho años y han dejado un país en la ruina y una Seguridad Social prácticamente en la quiebra? ¿Con qué responsabilidad nos van a hablar aquí de pérdida de derechos laborales si cuando los socialistas fueron Gobierno negaron la crisis, no tomaron medidas eficientes y encima mandaron a 1.385.000 mujeres al paro, además de subir la tasa de desempleo en 12 puntos? Por esa regla de tres me lo van a poner ustedes muy fácil. El Partido Socialista gobierna en mi tierra, en Andalucía, con el apoyo de Izquierda Unida, aunque perdieron las elecciones, que también hay que decirlo aquí, y tienen las competencias exclusivas en empleo. ¿Sabe usted qué brecha salarial hay en Andalucía? El 34%. ¿Sabe usted qué tasa de desempleo femenino hay en Andalucía? El 35%. ¿Sabe usted qué tasa de paro juvenil hay en Andalucía? El 63%. Por tanto, por esa regla de tres, ustedes se están cargando los derechos de los andaluces, los derechos laborales de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Ese no es el camino, señora Ros. Lo que deben valorar seriamente y con rigor es el trabajo que ya se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad y desde el Ministerio de Empleo en la lucha contra la brecha salarial, porque por primera vez se está afrontando de manera responsable y sistemática este problema. Esa es la razón por la que mi grupo va a rechazar esta propuesta, por entender que ya se está trabajando con eficiencia y con seriedad para equiparar salarialmente a los hombres y las mujeres, tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico. (Aplausos).
- SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001997).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley del orden del día de esta Comisión de Igualdad que se está celebrando, sobre medidas para impulsar la adhesión al Sistema de seguimiento integral de la violencia de género. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, señora Lago.
La señora LAGO MARTÍNEZ: Señorías, la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular trae a debate hoy tiene como objetivo la protección de las mujeres que denuncian la situación de violencia de género que sufren y el perfeccionamiento y uso de los instrumentos con los que contamos en esta dura lucha, en la que como todos y todas ustedes sabrán la aplicación informática Viogen ocupa un lugar prioritario.
La violencia de género es un tema delicado y complejo donde es extremadamente importante que el primer contacto de la víctima con el sistema de protección integral, articulado en la Ley Orgánica 1/2004, sea el más adecuado, creando la confianza necesaria y evitando en todo caso la revictimización, es decir, que la mujer tenga que pasar de ventanilla en ventanilla, reviviendo lo vivido y contándoselo a los diferentes profesionales que deben encargarse de esta protección integral. Por ello, es necesario destacar el esfuerzo que se está haciendo en formar en violencia de género y en coordinar los cuerpos policiales, sociales, sanitarios judiciales y demás precisamente para que el primer contacto directo de las víctimas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea lo más efectivo posible. Como se indica en el texto de la iniciativa, el Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, denominado
habitualmente Viogen, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, es una aplicación de ámbito nacional puesta en marcha en el año 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Por otro lado, el Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2006 estableció junto al Plan nacional de prevención y sensibilización un conjunto de medidas urgentes agrupadas bajo el epígrafe "Medidas de protección y seguridad a las víctimas", con el fin de reforzar algunas medidas ya en marcha e implementar otras nuevas. Entre estas últimas, hay una denominada nueva aplicación informática para el seguimiento de los casos de violencia. En el texto de dicha medida se establece la necesidad de desarrollar una nueva base de datos común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para mejorar la eficacia en el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada una de las mujeres con medidas de protección y alejamiento. Por tanto, lo que se persigue es tener constancia permanente de la situación en la que viven las mujeres víctimas de violencia de género para evitar una nueva agresión. Estas medidas tienen como objetivo principal integrar en una sola aplicación los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género e incorporan en principio, entre otros, al Poder Judicial, al ministerio fiscal, a la Secretaría de Estado de Igualdad, a Instituciones Penitenciarias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía foral de Navarra, a las policías locales y a los Mossos d'Esquadra, facilitando el acceso al sistema de todas las instituciones implicadas en la protección de las mujeres víctimas. Además es necesario recordar que a través del protocolo de colaboración y de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de la policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, firmado el 13 de marzo de 2006, los ayuntamientos que lo suscriben establecen y concretan las formas de colaboración en materia de violencia de género entre los cuerpos policiales presentes en la localidad en cuestión.
En definitiva, lo que se pretende con el Sistema de seguimiento integral de la violencia de género es establecer una red extensa que permita el seguimiento y protección de forma integral y efectiva de las víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional. La evolución y desarrollo del sistema de seguimiento mencionado han dejado las siguientes cifras a fecha 31 de julio de 2013: se han registrado en el sistema 294.730 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 67.954 se consideran en la situación de caso activo, con seguimiento y protección. Por otro lado, en relación con las valoraciones de riesgo, cabe decir que a 31 de julio se han cumplimentado un total de 1.265.803 formularios de valoración de riesgo. Aunque estas cifras son suficientemente significativas del trabajo realizado, consideramos que debe hacerse un esfuerzo suplementario con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente en este apartado se puede incrementar el número de usuarios habilitados, actuación que debe hacerse en colaboración con las comunidades autónomas y administraciones locales, impulsando la adhesión al Sistema de seguimiento integral de la violencia de género. Esto llevaría consigo que aproximadamente 100 ayuntamientos más, que cuentan con dimensionamiento y número de efectivos policiales suficientes, puedan pasar a formar parte del sistema, suponiendo esto que se incremente el número de usuarios habilitados en torno a 1.000 nuevos. Al mismo tiempo se deben iniciar las gestiones oportunas para que las comunidades autónomas que cuenten con unidad de policía autonómica firmen los convenios de integración en la aplicación Viogen.
Señorías, concluyo ya. Hemos llegado a una transaccional con el Grupo Socialista, quedando el texto tal y como lo tienen todos los grupos parlamentarios. El Grupo Popular agradece al Grupo Socialista su predisposición de llegar a un acuerdo, y por ello, con el ánimo de seguir trabajando conjuntamente, queremos pedir a los diferentes grupos que voten a favor de esta iniciativa con el nuevo texto incorporado, con el único fin, como acabo de explicar en mi intervención, de facilitar el proceso que viven las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, a través de la mejora de los instrumentos con los que contamos en la lucha contra esta terrible lacra social, que en este caso se traduce en el incremento de profesionales para dar mayor cobertura y efectividad sobre todo en lo que se refiere a la mejora de la seguridad de las mujeres. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: El Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, que es el objeto de esta proposición no de ley, tiene su origen normativo en la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Los socialistas nos sentimos orgullosos y
especialmente satisfechos de haber puesto en marcha, en el marco del Plan nacional de prevención y sensibilización, un conjunto de medidas urgentes, entre las cuales se encuentra esta, agrupadas bajo el epígrafe "Medidas de protección y seguridad a las víctimas". Quiero recordar a sus señorías que entre estas medidas se encontraba la plataforma y que, como medida urgente que era, se aprobó en un Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006, con la participación de tres departamentos ministeriales, y en apenas seis meses ya estaba operativa. Como saben también sus señorías, el 26 de julio de 2007 comenzaron a darse de alta los primeros usuarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y a partir de ese momento se puso en explotación la primera versión del denominado Sistema Viogen, al que posteriormente se han ido incorporando múltiples mejoras.
Coincidimos, señorías, en que este instrumento es fundamental para el seguimiento estadístico de las víctimas, ya que permite valorar el riesgo y saber con más precisión qué tipo de protección necesitan las denunciantes. Es aquí donde, tras estos años de aplicación, cabe repensar algunas cuestiones. El sistema permite incorporar la valoración policial de riesgo, que se debe utilizar nada más conocerse un hecho o cuando lo estimen los evaluadores, que es normalmente como consecuencia de la aparición de nuevos datos o circunstancias. Lo normal es dejar de efectuar esta valoración cuando la autoridad judicial haya dispuesto algún tipo de medidas de protección en favor de la víctima. En ese caso se comienza a utilizar la valoración policial de evolución del riesgo, que es un formulario que estima la evolución del riesgo cuando ya existe orden de protección judicial. Los niveles pueden ser: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Como han podido ver en la enmienda que presentamos y que ustedes han tenido la amabilidad de transaccionar, es necesario mejorar la herramienta y su funcionamiento. Permítanme que les ponga un ejemplo de por qué decimos esto. Si analizamos las valoraciones de riesgo en los crímenes del año 2012, podremos ver que de las seis mujeres registradas en el Sistema Viogen ninguna había sido valorada en riesgo extremo o alto, tres de ellas fueron valoradas en riesgo medio y tres en bajo riesgo. Consideramos que el principal problema se halla en la capacitación de los profesionales y en la mejora de los sistemas de valoración. Sin este paso añadiremos elementos de incertidumbre y tendremos un sistema ineficaz y mucha inquietud en las mujeres que están sufriendo violencia de género. Fíjense que para el año citado seis de las víctimas mortales se acercaron a la Administración de Justicia en demanda de protección. ¿Cabría pensar que esas malas valoraciones condicionaron que los juzgados archivasen dos procedimientos y hubiese una sentencia absolutoria que desprotegió a la víctima? No debemos dejar resquicio alguno, por lo que les estamos proponiendo que se amplíe la cobertura que ya ha venido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, en Madrid ya hay un 68% de la población que está protegida, pero todavía hay 24 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no se han adscrito a la plataforma Viogen. Pero más inquietante que esto resulta que en Madrid ningún municipio tenga garantizada la formación de profesionales como consecuencia del cierre de la academia de policía. Ahí es donde queremos centrar nuestra propuesta, en seguir manteniendo esa formación tan necesaria. Hemos propuesto la enmienda para pedir un compromiso del Gobierno para apoyar la especialización de quienes deben realizar las valoraciones de riesgo, porque, como hemos comprobado y como he podido ilustrar en un ejemplo, son claves para lo que pueda suceder a una mujer víctima de violencia de género. Los municipios deben garantizar que los agentes están formados adecuadamente para que este buen sistema del que nos hemos dotado funcione correctamente. Por eso presentamos la enmienda.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Mi respuesta a esta proposición no de ley ya la he dado antes.
La señora PRESIDENTA: El resto de los grupos parlamentarios han manifestado que no quieren tomar la palabra. Por tanto, hemos llegado al fin de los debates de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.
Señor Cantó, ¿retira su enmienda a la proposición no de ley sobre la situación de los derechos humanos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África? (Asentimiento). Queda retirada la enmienda de Unión Progreso y Democracia.
¿El Grupo Parlamentario Popular ha llegado a algún acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista?
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Por nuestra parte, queremos agradecer al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia su generosidad... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Si todavía tienen alguna enmienda que debatir o que acordar, les pediría que lo hiciesen fuera, para poder escuchar a la portavoz del Grupo Popular.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Quiero aprovechar la ocasión para agradecer la generosidad del Grupo Parlamentario de UPyD al retirar su enmienda con el objetivo de que la proposición no de ley del Grupo Socialista se pueda votar por puntos. No hemos recibido ninguna información del Grupo Socialista sobre si se puede llegar a un acuerdo sobre los puntos en los que el Grupo Parlamentario Popular desearía votar a favor. Al margen de esa consideración, nuestra voluntad sería votar a favor de los puntos 1, 2 y 6, tal como están redactados en la proposición no de ley del Grupo Socialista, y que el punto 5 se modificase para recoger el texto exacto que fue aprobado en la Comisión. Queremos anunciar que en el caso de que el Grupo Socialista no acepte la votación por puntos, presentaremos una proposición en esta materia, porque queremos dejar muy clara nuestra posición a favor de los grupos LGTB en el continente africano, en todos los países donde se están violando los derechos de estas minorías. Si no es posible llegar a un acuerdo en esta sesión, intentaremos consensuar lo máximo posible nuestra propia proposición no de ley en la siguiente sesión de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para contestar a la señora González.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Vamos a mantener la votación en sus términos, porque aceptar lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular sería rebajar los posicionamientos de algo que ya se ha votado y se ha aprobado en esta Cámara hace algunos meses. Siempre que presentamos una iniciativa tenemos la intención de seguir avanzando, de seguir construyendo, de dar un paso más en favor de los derechos, en este caso de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Por tanto, votar algo que se votó ya hace meses y que el Gobierno no ha dado ningún indicio de cumplir, nos parece traicionar a todas las personas que están esperando esta iniciativa y de todas las que han hecho llegar al Grupo Parlamentario Socialista su inquietud, su reivindicación y su anhelo de conseguir una sociedad sin discriminación y en igualdad para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Por tanto, pedimos la votación en sus propios términos.
Por otro lado, es insólito que al Grupo UPyD se le haya aceptado una enmienda y la retire, pero si considera que tan poca importancia tenía lo que habían propuesto, no tenemos nada más que añadir. (Rumores.-El señor Cantó García del Moral pide la palabra). Si el Grupo Popular trae una iniciativa pidiendo el asilo para las personas LGTB, una iniciativa pidiendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores traslade la condena específica a los países con leyes homofóbicas, la votaremos a favor. Esperamos que lo hagan y que podamos hacerlo, pero en este momento lo que nos piden es que mutilemos esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Por alusiones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, señora presidenta, diré que lo que sí que es insólito es usar la persecución de LGTBI en África o la violencia contra la mujer o el tema que sea para enfrentar en vez de para llegar a acuerdos. Eso que ha estado haciendo hoy la señora Montón es lo que me parece realmente insólito. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Antes de pasar a las votaciones, vamos a suspender dos minutos, porque hay una enmienda que no ha sido transaccionada en su totalidad y es necesario dar copias a los portavoces de los grupos parlamentarios. (Pausa).
Señorías, antes de pasar a las votaciones, cosa que vamos a hacer inmediatamente, se va a repartir a todos los portavoces la enmienda transaccional a la proposición no de ley debatida en sexto lugar.
Vamos a votar las proposiciones no de ley que se han debatido, tal y como figuran en el orden del día.
Votación de la proposición no de ley relativa a las deficiencias e insuficiencias de medios humanos y materiales en las comisarías de policía y puestos de la Guardia Civil para la atención a mujeres en situación de violencia de género. Se vota incluyendo la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos la proposición sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Se vota en sus propios términos.
Votamos, a continuación, la proposición sobre la consideración de la violencia ejercida contra las prostitutas como violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Se ha presentado una transacción realizada con el Grupo Parlamentario Popular.
Votamos la proposición sobre la situación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha sido aceptada, y otra por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia que ha sido retirada.
Votamos la proposición sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo Socialista. Se vota en sus propios términos.
Votamos la proposición sobre medidas para impulsar la adhesión al sistema de seguimiento integral de la violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos de la transaccional que ha sido distribuida.
Por último, votamos la proposición relativa a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género universitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.

References: artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 40