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Timestamp: 2017-11-18 10:36:24+00:00

Document:
BREVE REVISIÓNDE LA RESPONSABILIDAD POR INTERFERENCIA DE CONTRATOS DEL COMPETIDOR EN CHILE
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722012000200005
A LA LUZ DEL COMMON LAW BRIEF REVIEW OF LIABILITY FOR INTERFEREMCE OF CONTRACTS COMPETITOR IM CHILE IM LIGHT OF THE COMMOM LAW
NOTAS SOBRE A INTERFERÊNCIA E INDUÇÃO AO DESCUMPRIMENTO EM COMTRATO ALHEIO
Cristian Banfi del Río*
Profesor asociado de Derecho Civil, Universidad de Chile. Dirección postal: avenida Los Conquistadores Mo 1700, piso 4, Providencia, Chile. Correo electrónico: cbanfi@asyc.com.
Este artículo tiene por objetivo contribuir a una mejor comprensión de la responsabilidad civil por interferencia e inducción al incumplimiento de contratos suscritos por rivales, área emergente del Derecho de Daños en Chile. La sección 1 introduce este problema, que se presenta particularmente en relación con las cláusulas de no competir. La sección 11 describe brevemente la responsabilidad por interferencia en contrato ajeno, modelo seguido en Francia y que ha influido en un sector de la doctrina chilena. La sección ni, y principal de este trabajo, examina la inducción al incumplimiento contractual tipificada en la LCD; revisa las condiciones para imputar responsabilidad por esta conducta mediante su confrontación con el Derecho inglés; y enfatiza la necesidad de exigir mala fe y dolo para que la responsabilidad sea un régimen coherente con la libertad de competir. La sección iv concluye que la futura jurisprudencia chilenapodrá imponer responsabilidad por interferir negligentemente y de mala fe en contrato ajeno o adherir a una postura aún más conservadora, que limite la responsabilidad a la inducción del incumplimiento, como sucede en el Derecho inglés.
Palabras claves: interferencia, contrato, responsabilidad extracontractual
This article seeks to make a contribution to a better understanding of liability for interfering and inducing the breach of contracts made by rivals, a novel area of tort law in Chile. Section i introduces the problem which is particularly conspicuous in relation to non-compete clauses. Section ii briefly describes tort liability for interfering with another's contract, the paradigm followed in France that has had a clear influence upon part of the Chilean legal doctrine. Section iii, the main chapter of this paper, examines the tort of inducing breach of contract typified in the LCD; it reviews the conditions for attributing tort liability for this conduct in the light of English law; and it emphasizes the need for requiring bad faith and intention if liability is to be consistent with the freedom to compete.
Section iv concludes that the future Chilean case law could impose tort liability for negligently bad faith interference with another's contract or adhere to an even more conservative position that confines liability to the tort of inducing breach of contract, as happens in the English Law.
Key words: interference, contract, tort liability
Este artigo revisa as condições para imputar responsabilidade pelos danos causados mediante a interferência em contratos de rivais, particularmente cláusulas de não concorrência. Dada a ausência de jurisprudência nacional, este artigo analisa ditos requisitos à luz dos sistemas francês e inglês, enfatizando o fator de imputação subjetivo constituido pela má fé e o dolo. Tentamos aportar critérios que sirvam aos operadores jurídicos interessados nessa área emergente da responsabilidade civil no Chile.
Palavras chaves: interferência, contrato, responsabilidade extracontratual
Las cláusulas de no competir constituyen obligaciones negativas que son incorporadas habitualmente en diversas clases de convenciones, entre otras, compraventas de establecimientos comerciales, contratos de distribución exclusiva, de trabajo y de prestación de servicios profesionales, en estos últimos destacando aquéllos suscritos por celebridades del mundo artístico y deportivo. Estas cláusulas, como sucede generalmente con las prohibiciones voluntarias, son válidas en la medida que no sean absolutas, arbitrarias ni injustificadas. En efecto, las prohibiciones de enajenar y gravar no deben restringir de modo indefinido la facultad de disposición de los bienes, pues de lo contrario adolecerían de objeto lícito1, vulnerarían el derecho de propiedad y conculcarían la libertad económica2.
De esta forma, las cláusulas de no competir deben estar limitadas espacial, temporal y materialmente. La obligación de no competir que contrae el deudor en beneficio del acreedor tiene que estar confinada al territorio donde aquél ejerce su actividad; su vigencia debe corresponder al tiempo estrictamente necesario para que el acreedor quede en situación de aprovechar los bienes adquiridos del deudor (corporales e incorporales, como el goodwill y la clientela); y la prohibición debe estar circunscrita a la clase de giro que desarrollaba el deudor3. Lo anterior, sin perjuicio de que el TDLC compare los efectos positivos —como el mejoramiento y abaratamiento de bienes o servicios— con las consecuencias anticompetitivas que estas cláusulas producen en el mercado relevante4.
Asimismo, la justificación de los pactos de no competir y su alcance (territorial, temporal y material) dependen del contenido del contrato principal y de los objetivos perseguidos por los contratantes; esto es, la cláusula de no competir debe ser indispensable para cautelar el interés legítimo del acreedor, en armonía con el fin de la convención a que dicha estipulación accede5. Por ejemplo, tratándose de una venta de activos fijos de una firma, en principio parece innecesario insertar estipulaciones de no competir, pero lo contrario ocurre con la venta de un establecimiento comercial que incluye la clientela y los conocimientos técnicos. En efecto, el vendedor está naturalmente obligado a no competir con el comprador en virtud de su deber de saneamiento de la evicción, por lo que tiene que abstenerse de turbar el uso y goce pacífico de la cosa por el comprador6:
"se configura una verdadera restricción o deber de abstención a la libertad de competir del vendedor con respecto al giro del negocio vendido, aun cuando no se incluya expresamente una obligación de no competir"7.
I. Responsabilidad civil de quien interfiere culpablemente y a sabiendas un contrato ajeno: una referencia al Derecho francés y su impacto en el Derecho nacional
Partiendo del supuesto que las cláusulas de no concurrencia son válidas, su infracción faculta al acreedor —si no puede deshacer lo hecho en contravención8— para reclamar del deudor la indemnización de los perjuicios, sea que estén avaluados con anticipación mediante una cláusula penal o que deban ser probados en el juicio respectivo.
Con todo, es común que el incumplimiento del pacto de no competir sea promovido por un rival del acreedor afectado. En este caso, el competidor perjudicado puede demandar la nulidad absoluta del contrato celebrado entre el deudor y el tercero por adolecer de causa ilícita (contraria a las buenas costumbres mercantiles9), pues ese vínculo resulta incompatible con el contrato celebrado anteriormente entre el acreedor y el deudor10.
Sin embargo, el acreedor lesionado también puede hacer valer la responsabilidad civil extracontractual del tercero, conforme a las reglas generales11. De hecho, ésta ha sido la situación en Francia, como se verá sucintamente a continuación.
1. La experiencia jurisprudencial francesa
Junto al importante trabajo doctrinario de preclaros exponentes12, por décadas la jurisprudencia francesa ha elaborado una completa casuística de actos de competencia desleal a partir del artículo 1382 del Code, vale decir, sin necesidad de ley especial. Los tribunales galos definen la concurrence déloyale objetivamente: como un acto anormal, deficiente y contrario a la decencia comercial, prescindiendo del dolo13.
Pues bien, entre las prácticas desleales más relevantes detectadas por los magistrados franceses sobresale el acto cometido por el cómplice en el incumplimiento de un contrato ajeno, quien debe responder si procede negligentemente y con conocimiento del vínculo interferido, pero sin requerirse que él haya persuadido al deudor a quebrantar sus obligaciones como tampoco que haya tenido la intención de dañar al acreedor14. Por ende, el tercero incurre en responsabilidad si impide el cumplimiento o facilita la infracción de contratos que conoce, como ocurre con el adquirente de un bien raíz que sabía o debía saber que había sido ofrecido previamente al demandante15.
Adicionalmente, las hipótesis de interferencia afectan cláusulas de no competir válidas, es decir, limitadas en su duración, el territorio donde se aplican y que no coartan en forma absoluta la libertad del deudor para realizar su giro16. Entre los ejemplos más recurrentes de interferencia de que da cuenta la jurisprudencia francesa cabe incluir a quienes cooperan con el vendedor en la infracción de su obligación de no competir con el comprador17o quienes contratan trabajadores de sus adversarios y provocan que aquéllos rompan los compromisos que asumieron de no competir con su ex empleadores por un cierto plazo contado desde la terminación de la relación laboral18. De hecho, si bien cierta jurisprudencia exige al actor probar la mala fe del cómplice en la infracción de tales pactos19, algunos tribunales franceses han llegado a presumir el conocimiento del contrato interferido por el cómplice del incumplimiento, particularmente si es un empresario o profesional acostumbrado a estipular prohibiciones de competir20.
2. El estado de la cuestión en Chile
La escuela francesa de responsabilidad por interferencia contractual encuentra eco en una parte de la doctrina nacional. Para ésta, el cómplic en el incumplimiento debe responder de los perjuicios ocasionados, culpablemente y a sabiendas, al acreedor bajo el contrato intervenido,
"como si el arrendador de una fábrica que ha prometido venderla a su arrendatario, la vende a un tercero, quien la compra con conocimiento de la promesa a fin de impedir su realización y eliminar así a un competidor"21.
En esta misma línea, se afirma:
"si una de las partes de un contrato lo incumple con el concierto o intervención de otra, la parte perjudicada no sólo dispone de la acción contractual por incumplimiento de lo estipulado, sino que, además, le corresponde la acción de responsabilidad extra-contractual en contra de quien, a sabiendas, colaboró en el incumplimiento del contrato. El tercero colaborador o ayudista es autor de un hecho ilícito de carácter civil que genera su responsabilidad extracontractual por el daño ocasionado a la parte perjudicada con el incumplimiento. Los tribunales franceses han acogido la demanda del prometiente comprador contra el comprador que incitó al prometiente vendedor a dejar incumplido el contrato de promesa, vendiéndole al demandado en lugar de hacerlo al demandante"22.
Sin embargo, no se conoce jurisprudencia chilena, al menos publicada, recaída en acciones de responsabilidad civil aquiliana dirigidas contra cómplices de la infracción de contratos ajenos.
III. Revisión de los requisitos de la inducción al incumplimiento contractual con remisión al ordenamiento anglosajón
Ahora bien, la interferencia en contrato ajeno puede tomar la forma de un acto de competencia desleal específico, cual es la inducción al incumplimiento, que la ley define como:
"Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor"23.
Es más, el competidor perjudicado no sólo puede demandar la responsabilidad extracontractual del tercero que indujo al deudor a deshonrar sus obligaciones para con aquél sino, también, puede interponer las acciones de cesación, declaración y remoción de los efectos de dicha conducta desleal24.
Con todo, la jurisprudencia chilena sobre responsabilidad por inducción al incumplimiento contractual también brilla por su ausencia, al extremo que las escasas obras nacionales que tratan este tópico no mencionan un solo fallo nacional25. Incluso, un reciente libro sobre ilícitos de competencia desleal cita solamente dos dictámenes pronunciados por las antiguas comisiones antimonopolios, rechazando sendas denuncias por este tipo de inducción26, lo que contrasta con la abundante jurisprudencia emanada de dichos órganos en otras clases de conducta desleal. Cabe recordar que tales órganos gozaban de vastas facultades en la materia, a diferencia del TDLC que sólo puede conocer de los actos desleales y predatorios dirigidos a lograr, mantener o aumentar una posición dominante27.
En vista del estado embrionario del Derecho chileno en este ámbito de la responsabilidad civil, es útil revisar los elementos del ilícito de inducción al incumplimiento contractual desde el prisma de un sistema jurídico que cuenta con un ingente acervo de doctrina y jurisprudencia en este tipo de problema. Éste es el caso del Derecho inglés, conforme al cual el ilícito aludido exige la inducción; el conocimiento del contrato por el tercero; la intención de causar la infracción; el incumplimiento contractual por el deudor; y el daño consiguiente del acreedor28. Como se verá en las líneas que siguen, dichas condiciones coinciden esencialmente con las que destaca la más autorizada doctrina chilena, a saber: el conocimiento del contrato ajeno, la inducción a través de una oferta incompatible con el mismo y el interés del demandado por obtener un provecho pecuniario29.
1. El caso Lumley v. Gye
Los requisitos de la inducción al incumplimiento contractual se desprenden del precedente cardinal en este tema, esto es, la sentencia dictada en el litigio Lumley v. Gye30, cuyos hechos centrales pueden resumirse como sigue: Johanna Wagner, afamada cantante de ópera, se obligó a prestar sus servicios profesionales exclusivamente para el prestigioso teatro londinense Her Majesty's Theatre, administrado por el Sr. Benjamín Lumley, y a no cantar para terceros durante tres meses en la capital británica. Por su parte, el Sr. Frederick Gye —gerente del Covent Garden Theatre, otro reputado teatro de Londres— indujo a la diva a cantar para él. La prima donna no resistió esta oferta e incumplió su pacto de exclusividad. En definitiva, se resolvió que quien persuade a otra persona a infringir sus obligaciones, con conocimiento de éstas y la intención de causar su incumplimiento, responde de los perjuicios inferidos al acreedor. No obstante, el voto minoritario estuvo por rechazar la demanda, atendiendo al efecto relativo de los contratos y al hecho de que la Srta. Johanna Wagner era la única responsable del incumplimiento contractual.
El Sr. Benjamín Lumley también demandó de cumplimiento forzado a la Srta. Johanna Wagner31. Sin embargo, la Corte no la obligó a cantar para el actor, sino que le prohibió hacerlo para el Sr. Frederick Gye, evitando un daño irreparable al actor y el enriquecimiento injusto de su adversario. Es decir, se impidió la violación de una cláusula de no competir circunscrita espacial y temporalmente32; y dado que ésta era válida, la sentencia dio primacía al derecho contractual del actor por sobre la libertad de competir del demandado33.
2. Primer requisito: la inducción
Con arreglo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 4° de la LCD, el primer componente del ilícito bajo examen es que el demandado induzca (instigue, persuada o mueva34) al deudor a infringir sus obligaciones. El tercero intenta convencerlo que le es provechoso incumplir el contrato:
"si yo persuado a alguien, con un garrote o una zanahoria, a conducirse en forma contraria a sus obligaciones contractuales, altero su comportamiento, lo pervierto o convierto en un medio a mi disposición para causar un daño que, de otra forma, no habría ocurrido"35.
La inducción es directa si el demandado, personalmente o representado, presiona al deudor para que infrinja sus obligaciones; y es indirecta si el demandado procura crear una situación que puede llevar al deudor a incumplir su contrato36. Por ejemplo, el conducir negociaciones a sabiendas de que son inconsistentes con un contrato anterior entre el deudor y el rival del demandado es una forma de inducción directa37. A su vez, el acto por el cual el deudor comunica al acreedor su decisión de poner término al contrato como consecuencia de la persuasión ejercida por un tercero es una hipótesis de inducción indirecta38.
3. Segundo requisito: la mala fe
Enseguida, el inductor actúa de mala fe, a sabiendas o con conocimiento del contrato ajeno que invade. Esta actitud se opone a la buena fe —concebida en forma subjetiva39 y objetiva40— y se asemeja a la mala fe ínsita en el fraude pauliano: "conociendo... el mal estado de los negocios"41. Ahora bien, el conocimiento del tercero sobre el contrato y la intención de aquél de provocar que el deudor lo incumpla están tan fuertemente relacionados que ambos elementos forman un solo y único requisito42.
Con todo, según lo resuelto en OBG v. Allan, Douglas v. Hello! & Mainstream Properties v. Young43, el conocimiento del contrato por el inductor también se tiene por acreditado cuando ese sujeto es temerariamente indiferente a la posibilidad de que su actuación cause el incumplimiento en perjuicio del acreedor44. De los tres litigios resueltos cabe destacar la demanda por inducción deducida por Mainstream en contra del financista de un negocio inmobiliario perteneciente a la actora, que dos de sus ex empleados y directores desviaron hacia una empresa constituida por éstos. La acción fue desestimada, ya que no se acreditó que el demandado hubiese omitido culpablemente averiguar que el financiamiento por él otorgado iba a causar la inejecución de las obligaciones de ambos directores para con su empleador, ni tampoco se probó que el demandado hubiese despreciado la posibilidad de producir ese efecto. Por ende, la mala fe implica que el autor del ilícito no sólo se abstiene de investigar si su intervención puede provocar la infracción del contrato que interfiere sino que le da lo mismo generar ese resultado:
"una decisión consciente de no indagar acerca de la existencia de un determinado hecho es, en muchos casos, tratada como equivalente al conocimiento de ese hecho"45.
En consecuencia, la mala fe existe no sólo cuando el autor conoce real y efectivamente el contrato que ataca sino, también, cuando desprecia los medios a su alcance que le habrían permitido enterarse de aquél. Por ejemplo, los dirigentes de un sindicato que amenazaron a su empleadora con ir a la huelga —salvo que pusiera término a un contrato con un tercero— actuaron de mala fe, toda vez que conocían o debían conocer del contrato cuya terminación deseaban, a pesar de haber ignorado las cláusulas específicas del mismo. Esos directivos deben responder porque fueron indiferentes a la posibilidad de causar el incumplimiento:
Este precedente, que fue seguido en Manifest Shipping Co Ltd. v. Uni-Polaris Insurance Co
"A pesar de que los demandados no conozcan los términos del contrato, basta que tengan los medios de conocimiento que deliberadamente desprecian, como quien hace la vista gorda. Así, en este caso, los dirigentes actúan en forma ilícita porque buscaron intencionalmente la terminación de este contrato, sin preocuparse de sus cláusulas. En efecto, es ilícito que un tercero logre que se incumpla un contrato a sabiendas o con indiferencia temeraria sobre si ello producirá o no su infracción"46.
Ltd47 y reafirmado en OBG v. Allan48, había sido aplicado en un litigio sobre seguros marítimos por el célebre juez Alfred Denning, en los siguientes términos:
"Para privar de su derecho al armador, éste debe conocer los hechos que hicieron que la nave no fuese razonablemente apta para enfrentar los riesgos ordinarios del mar. Y cuando hablo de conocimiento, quiero decir no sólo el conocimiento positivo sino también la clase de conocimiento expresada mediante la frase 'haciendo la vista gorda'. Si un hombre, sospechoso de la verdad, hace la vista gorda de ella, y se abstiene de averiguarla, se presume que la conoce"49.
De esta manera, es habitual que no sólo se infiera que el inductor conoce del contrato que interfiere sino, también, que él intenta causar la infracción del mismo, toda vez que la mala fe y el dolo están estrechamente conectados50. Por ejemplo, cuando se comparte la creencia de que cierto tipo de negocios supone la celebración de determinados contratos que podrían resultar amagados por los actos del tercero, cabe deducir que éste no sólo sabía de la existencia del instrumento pertinente sino, además, conocía o debía conocer las cláusulas de estilo del mismo51. En todo caso, no es necesario demostrar que el demandado conocía los términos del contrato cuyo incumplimiento indujo, sino que basta acreditar que sabía o debía conocer del convenio. Incluso, el tribunal puede igualmente presumir la mala fe del tercero, por escasas que sean las pruebas sobre este conocimiento por aquél52. Además, la alegación de haber actuado de buena fe es rechazada si el demandado conocía, real o presuntivamente, el contrato en cuestión53. Las dudas honestas del demandado sólo pueden exonerarlo si atañen a la existencia del instrumento, no a sus efectos resultantes de hechos que él conocía o debía conocer54.
En definitiva, es razonable presumir que el demandado sabía o debía saber del contrato cuyo incumplimiento provocó y que sabía o debía saber que su actuación conduciría al deudor a infringir sus obligaciones para con el acreedor. Es decir, el conocimiento real o presunto del contrato es un fuerte indicio de la intención del tercero de persuadir a incumplirlo; o, al menos, revela la aceptación consciente del tercero de un efecto nocivo para su competidor, sin hacer nada para evitarlo. No es necesario que el demandado conozca con exactitud las cláusulas del contrato ajeno. Lo esencial es que haya podido percatarse que su intervención acarrearía o podría producir la infracción del mismo y, con ello, dañar al acreedor55. En este sentido, los conocimientos y la experiencia del demandado en una determinada actividad económica son factores trascendentales para deducir la mala fe y el dolo56. Un competidor ducho sabe o debe saber que si entra en relaciones comerciales con ciertas personas, sin tomar los resguardos necesarios que le permitan cerciorarse de que no existen vínculos preexistentes que confieran derechos a los terceros, puede lesionar a estos últimos. Por ejemplo, el hecho de que A celebre un acuerdo con B sabiendo o debiendo saber que este pacto es o puede ser inconsistente con un contrato previo entre B y C, es suficiente para que A responda por inducir la infracción del más antiguo57. El demandado sólo podría escapar a la responsabilidad demostrando haber actuado en el ejercicio de derechos contractuales anteriores a los de su contendor58.
En mi opinión, la mala fe también debe tenerse por probada cuando el demandado, sin saber del contrato ajeno, debía conocerlo, pero su descuido excesivo se lo impidió. En efecto, es pertinente aplicar el criterio que la jurisprudencia ha observado para desestimar demandas de nulidad absoluta interpuestas por quienes celebran un contrato debiendo saber el vicio que lo invalidaba. En estas situaciones, la ley sanciona al contratante que quiere aprovecharse de su propio dolo o torpeza, negándole legitimación activa59, como un castigo a la mala fe60. "A sabiendas" alude al conocimiento real y efectivo del vicio de nulidad absoluta61 y no al conocimiento presunto de la ley62; a su vez, la expresión "debiendo saber" significa que el sujeto se puso en una posición de ignorancia por su propia negligencia, sobre todo grave, que la ley castiga igualmente que si hubiese actuado de propósito. Este efecto ha sido reconocido en pronunciamientos judiciales antiguos63 y recientes64, los que ratifican "el idéntico tratamiento legal que reciben las conductas teñidas de dolo o culpa grave, al no ser posible deslindarlas en la práctica"65. Por lo tanto, la culpa lata permite demostrar la mala fe inherente al ilícito de inducción: que el demandado no supo, pero debió conocer el contrato cuyo incumplimiento provocó. Además, la culpa grave ayuda a probar el dolo, que en la especie consiste en la intención de producir la infracción por el deudor en desmedro del acreedor, quien es un competidor del instigador. Esto también corrobora que el conocimiento del contrato y la intención de causar su incumplimiento están indisolublemente unidos.
4. Tercer requisito: la intención de causar el incumplimiento contractual
Desde el célebre caso Lumley v. Gye66, y contrariamente a la tendencia francesa sintetizada en la sección ni, en el Derecho británico no es suficiente que el tercero conozca del contrato que interfiere sino que, además, debe haber tenido el propósito de causar el incumplimiento67.
De este modo, el dolo que integra este ilícito no es la intención positiva de dañar sino la de provocar una infracción en perjuicio del rival. Este resultado puede haber sido el único fin perseguido por el autor del delito, en cuyo caso se trataría de una actitud perversa o maliciosa que no sólo es anómala sino, incluso, puede ser comercialmente ineficiente, cuando no proporciona utilidad económica alguna al inductor. Y es que quien actúa motivado por la maldad suele incurrir en costos negativos que superan sus eventuales beneficios. De hecho, la malicia puede presumirse del acto irracional consistente en gastar o invertir en dañar a la víctima sumas de dinero considerablemente mayores a prevenir ese resultado, tanto que el demandado cae en la quiebra68. Por eso, lo usual es que el autor del ilícito procure el incumplimiento contractual como un medio para obtener otro fin —su propio enriquecimiento a expensas del contendor lesionado—, apropiándose de las ganancias que pertenecen a éste ("sembrando sin haber cosechado"69) y que consisten en una cuota del mercado, clientela, negocios o "un contrato ventajoso por la inducción de un tercero a incurrir en un incumplimiento contractual"70. La intención de perjudicar a otro queda en evidencia en el esfuerzo racional del inductor de medrar a costa de su competidor71.
La LCD no distingue si el autor del ilícito persigue la infracción contractual como un fin o como un medio para lograr un propósito ulterior; por consiguiente, el intérprete tampoco debe discriminar. Asimismo, la doctrina coincide en que el dolo es la intención de dañar no sólo como un fin per se sino como un medio para alcanzar otro resultado. Así, en sede de responsabilidad contractual, se afirma:
"es muy extraño encontrar un deudor que deja de cumplir, pudiendo hacerlo, con el propósito de perjudicar al acreedor, salvo que se trate de una personalidad perversa. Lo que en la vida real sucede es otra cosa. El deudor deja de cumplir para conseguir una ventaja, un provecho, una ganancia o un lucro personal, aun a costa del perjuicio del acreedor, a quien no desea perjudicar, pero acepta hacerlo en función de sus intereses"72.
Análogamente, en el campo de la responsabilidad extracontractual se sostiene:
"la definición civil de dolo no puede ser entendida de una manera tan restringida, que sólo comprenda el propósito dirigido principalmente a dañar (esto es, la intención maligna basada en el resentimiento y no en el interés)...Sólo en forma excepcional lo querido es el perjuicio ajeno, con exclusión de otro interés. Más generalmente, la intención se reduce a aceptar el daño como una consecuencia colateral de la acción"73.
De este modo, el ilícito de inducción normalmente será cometido con dolo eventual. En general, la inducción está orientada a lograr que el deudor incumpla el contrato como un instrumento para asegurar el beneficio del autor a costa de su rival, efecto que aquél procura y acepta74 y no como un fin en sí, pues la maldad es extravagante e ineficiente. Por lo tanto, el incumplimiento del contrato ajeno no es un efecto deseado sino inexorable del hecho del autor, quien ha de responder, ya que nada ha hecho para impedirlo. Así, refiriéndose al caso Lumley v. Gye, un conocido magistrado inglés señaló:
"Es muy probable que el Sr. Gye haya preferido obtener los servicios de la Srta. Wagner sin necesidad de que ésta rompiera el contrato pero aún así debe indemnizar al Sr. Lumley"75.
En consecuencia, es suficiente que el demandado haya tenido conciencia o sido indiferente con respecto a las consecuencias probables que su conducta podría causar a su competidor. Asimismo, una vez acreditado el conocimiento del demandado acerca del contrato, la intención de provocar su incumplimiento es presumida casi en forma automática. En efecto, como ya se dijo, el conocimiento y la intención están tan unidos que la segunda puede colegirse del primero. Por eso, la creencia del demandado de que el contrato ajeno no está vigente, o su desprecio de la posibilidad de causar la infracción del mismo al contratar con quien tiene obligaciones preexistentes con un competidor del demandado, no lo excusan de resarcir al rival perjudicado76. Es más, aunque el demandado alegue que ignoraba el contrato o no quiso causar su incumplimiento, tendrá que responder si estaba -o debía estar- informado o podía fácilmente instruirse del mismo, al ser previsible que su acto podía desencadenar esa infracción, en detrimento del competidor77. Este estado de indiferencia consciente (dolo eventual) se presume de las circunstancias fácticas que habrían despertado sospechas en una persona medianamente diligente78.
Sin embargo, en el Derecho Civil chileno la culpa grave cumple la misma función que el dolo eventual, categoría propia del Derecho Penal que consiste en prever y aceptar el resultado lesivo, aunque sin desearlo79.
La inducción al incumplimiento puede ser ejecutada con culpa lata, por cuanto la ley la equipara al dolo no sólo en la responsabilidad contractual80 sino en todo el derecho civil81:
"en materia civil un descuido de esta magnitud se asimila al dolo, es decir, la mala intención y la temeraria desconsideración son tratadas del mismo modo"82.
De hecho, la jurisprudencia también ha equiparado la culpa grave al dolo en la responsabilidad extracontractual83. En el presente caso ello reviste singular importancia porque la acción indemnizatoria que deriva de la inducción al incumplimiento se rige por el estatuto extracontractual84. En consecuencia, no es necesario utilizar el dolo eventual, pues el Derecho Privado cuenta con la culpa lata, la que cumple un papel semejante a aquél, como lo reconocen civilistas85 y penalistas86.
Algo similar sucede en el Derecho inglés. En efecto, el recklessness ("imprudencia o temeridad"), que corresponde al dolo eventual87, es la conciencia del autor de que su acto dañará a otro quien, pudiendo impedirlo, persevera y provoca ese resultado. Esta actitud mental denota una desconsideración absoluta hacia los demás. Por eso, una importante sentencia penal británica declaró:
"el estado subjetivo más reprochable es, sin duda, la intención de causar un resultado dañino, pero el desprecio de un riesgo evidente e inaceptable de causar un resultado nocivo es igualmente condenable"88.
De este modo, dañar a otro intencionalmente es tan censurable como hacerlo con completa desatención89, actitud esta última casi idéntica al gross negligence ("negligencia grave o temeraria"90) que es equiparada al dolo91.
Esta estrecha proximidad entre el dolo eventual y la culpa grave es patente en la legislación chilena, como queda en evidencia en los cuasidelitos penales cuyo sustrato es la "imprudencia temeraria"92. En definitiva, la culpa lata implica aceptar los efectos perjudiciales que se siguen de cierta conducta para terceros. Por eso Arturo Alessandri R. aseveró:
"el problema... acerca de si hay o no dolo cuando el agente pudo prever el daño, cuando obró a sabiendas de que se produciría, pero sin desearlo, carece de interés práctico: en tales casos seguramente habrá culpa lata o grave, ya que quien obra con conciencia de que su acción u omisión ha de causar un daño, omite en realidad aquel cuidado y diligencia que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus actos o negocios; y esta culpa en materias civiles equivale al dolo"93.
Asimismo, la culpa grave representa un papel probatorio relevante, pues no sólo permite a la víctima hacer valer todos los efectos propios del dolo sin tener que demostrarlo sino que la conducta sumamente descuidada —apreciada conforme a un estándar legal94— deviene la base de una presunción judicial que permite acreditar el dolo, el que por su naturaleza sólo puede probarse en forma indirecta. La culpa lata es "la más plausible manifestación externa del dolo y, consecuentemente, su principal prueba (presunción)"95.
"El dolo... se aprecia en concreto y exige que el juez infiera la intención a partir de los hechos de la causa. También desde este punto de vista la identificación de la culpa grave y el dolo resulta de importancia práctica en el juicio de responsabilidad civil: la prueba objetiva de la culpa grave evita tener que penetrar en la subjetividad del autor del daño"96.
Por consiguiente, la culpa grave configura una presunción simplemente legal de dolo que impide al autor del ilícito esconder su intención (bajo la apariencia de la necedad) y esquivar su responsabilidad, por ejemplo, por haber hecho que una persona infrinja sus obligaciones para con cierto acreedor que es adversario del primer sujeto. En efecto:
"La culpa lata es equiparada al dolo en materias civiles porque la negligencia o la imprudencia cometida es de tal modo burda y grosera que es apenas creíble que su autor no haya deseado al obrar causar el daño que se ha realizado...de otro modo nada sería más sencillo, para evitar la responsabilidad, que invocar su ignorancia o falta de inteligencia... Para cortar radicalmente esta defensa que no habría dejado de presentarse por cada autor de un delito, era necesario crear una presunción; y la ley supone que el autor de una culpa lata ha tenido en el hecho la intención de dañar. Pero... admite... la prueba de que el deudor ha empleado la diligencia y cuidado"97.
Por lo tanto, la intención de causar un resultado, como un fin (maliciosamente) o como un medio para conseguir otro objetivo (la utilidad propia), puede desprenderse de la temeridad (culpa grave) con que el individuo se comporta para con sus semejantes, incluyendo sus competidores. Esto muestra la proximidad entre la culpa grave y el dolo, en especial el dolo eventual:
"La imposibilidad práctica de distinguir los delgados muros que separan en no pocas oportunidades el dolo eventual y [la] culpa grave, justifican el que, para efectos civiles, el artículo 44 asimile en sus efectos dolo y culpa"98.
En razón de lo indicado, aunque la doctrina especializada exige un factor subjetivo más intenso que la culpa ordinaria como condición para imputar responsabilidad por los daños ocasionados mediante los ilícitos de los negocios, incluyendo las prácticas desleales, no es necesario probar el dolo directo, sino que basta el dolo eventual:
"El derecho contemporáneo ha establecido diversos ilícitos específicos que persiguen proteger la corrección y la decencia en las relaciones competitivas sobre la base de hacer responsable a quien incurre intencionalmente en conductas que el derecho califica de antijurídicas. Es lo que ocurre... en el ámbito de la competencia comercial con las hipótesis de competencia desleal... El límite pasa en estos casos por algún tipo de intencionalidad o de incorrección de los medios empleados, que se expresa al menos en el conocimiento de que se está actuando mediante engaño o de otro modo contrario a las buenas costumbres del tráfico comercial. Lo peculiar de estas situaciones radica en que la fuente de responsabilidad es la intención, entendida a lo menos como dolo eventual, y no el mero descuido o la simple aceptación como posible del daño ajeno"99.
Sin embargo, como la culpa lata es la categoría del Derecho Privado equivalente al dolo eventual, la inducción al incumplimiento de contrato ajeno podría perpetrarse con extrema negligencia. De hecho, el tratadista que escribe el texto recién transcrito "ha optado por una amplia identificación de los efectos de la culpa grave al dolo"100.
La incipiente jurisprudencia nacional recaída en acciones sobre competencia desleal ya muestra ciertos signos de contradicción en cuanto al elemento de imputación subjetivo. Por un lado, en Shell con Comercial Zepeda, la sentencia de primer grado declaró que el demandado se había aprovechado de manera indebida de la reputación de Shell e inducido a los consumidores a confundir el origen de los productos adquiridos, haciéndoles creer que habían comprado combustibles y lubricantes Shell en circunstancias de que habían adquirido productos de la competencia101. Si bien el juez resolvió que el demandado había desviado de modo intencional a los clientes de Shell hacia sus rivales102, identificó la ilicitud del acto de competencia desleal con la infracción del deber de cuidado establecido en la LCD103. Este pronunciamiento es coincidente con la tendencia general de la doctrina y jurisprudencia nacionales de subsumir la antijuridicidad en la culpa, que justamente es concebida como la infracción de un deber de cuidado, general o especial104. Es más, la sola infracción de una norma legal o reglamentaria que consagra un deber de cuidado es constitutiva de culpa —que se presume— y de ilicitud105. Como se sabe, la culpa equivale a la faute, noción que Planiol rotuló como "acto ilícito" y los hermanos Mazeaud bautizaron como "error de conducta"106.
Por otro lado, se insiste en que la conducta competitiva desleal es dolosa, como recientemente lo declaró una sentencia de primera instancia, que la definió como "un acto deliberado, conducente a desviar cliente y, por esto, revestido del carácter de mala fe o dolo"107.
5. Últimos requisitos: incumplimiento, daño y nexo causal
Este ilícito se consuma cuando el deudor, instigado por el tercero, efectivamente viola sus obligaciones y, con ello, perjudica al acreedor. En otras palabras, la responsabilidad del inductor es secundaria, ya que depende de la infracción contractual cometida por el deudor108. Por ende, la causa inmediata del daño que experimenta el acreedor es la infracción del contrato y la causa remota es la conducta desleal del competidor, quien procura mejorar su posición mediante dicho incumplimiento.
Pero este ilícito sólo se configura si el instrumento interferido es válido y vigente109. Así, los representantes del famoso futbolista Wayne Rooney demandaron los daños causados a Manchester United, donde el crack milita, por quienes lo habían inducido a romper su acuerdo condicho club. Sin embargo, el libelo fue rechazado, pues el contrato era nulo relativamente: Wayne Rooney lo había suscrito cuando aún era menor de edad110.
Ahora bien, los contratos más vulnerables al delito de inducción son aquéllos de carácter intuito personae, cláusulas de no competir y pactos de exclusividad contenidos no sólo en convenciones suscritas por artistas o deportistas de renombre sino, también, en aquéllos de distribución exclusiva, en que el concesionario se obliga a vender en una zona determinada los productos del concedente conforme a las instrucciones impartidas por éste, asumiendo los costos y riesgos asociados a la implementación del negocio111. Esta exclusividad territorial justifica la imposición de obligaciones recíprocas: el concedente se obliga a no operar en la misma área concedida, directamente o a través de otros distribuidores que puedan competir con aquél, y el distribuidor se obliga a vender sólo los productos del fabricante112. Pues bien, no rara vez estos contratos pueden ser atacados por competidores interesados en desplazar al concesionario y así asegurar la exclusividad del negocio de distribución.
En fin, el daño que sufre el acreedor es puramente patrimonial: sólo lo afecta en su dimensión económica, con total independencia de una merma a su integridad física o síquica o a sus bienes corporales. Ésta es la forma de daño típica entre rivales, que en Chile corresponde al daño emergente o al lucro cesante, según cuales sean las circunstancias concretas del caso113.
Es claro que los competidores tienen abiertos caminos alternativos para hacer valer la responsabilidad civil de quienes interfieren y lesionan sus derechos que emanan de contratos y, en particular, de los pactos de no competir. Para ello, podrán demandar a los que indujeron el rompimiento de dichas cláusulas mediante la interposición de las acciones reconocidas en la LCD o, bien, podrán impetrar la responsabilidad de los cómplices en la infracción, conforme al estatuto general del Código Civil. El primer caso asemeja al modelo angloamericano, que parece coherente con una libertad de competir que tolera la interferencia incluso negligente en contratos del adversario. El segundo caso, en cambio, emula el derrotero avanzado en Francia y expresa una visión más restrictiva de la libertad de competir, que impide afectar -culpablemente y a sabiendas- contratos del rival. Sin embargo, aún está por verse cual ruta elegirán los competidores perjudicados por estos comportamientos y, más importante todavía, cómo reaccionarán los tribunales chilenos.
Artículo recibido el 30 de agosto de 2012 y aceptado para su publicación el 6 de noviembre de 2012.
1 V. gr., SCS, 8 de enero de 1915, RDJ, t. 13, Santiago, 1916, 2a parte, sec. 1a, p. 429; y SCA de Chillán, 21 de octubre de 1971, RDJ, t. 68 , Santiago, 1971, 2a parte, sec. 2a, p. 71; Manuel Somarriva Undurraga, Las obligaciones y los contratos ante la jurisprudencia, Santiago, Editorial Mascimento, 1939, pp. 175-176; Manuel Somarriva Undurraga, Tratado de las cauciones, Santiago, Editorial Mascimento, 1943, pp. 383-384; Arturo Alessandri Besa, La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno, memoria de prueba, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 1949, p. 176; Arturo Alessandri Rodríguez, Manuel Somarriva Undurraga y Antonio vodanovic Haklicka, Tratado de los derechos reales, 6a ed., Santiago, EditorialJurídica de Chile, 1997, vol. i, pp. 58-60; Avelino León Hurtado, Elobjeto en los actos jurídicos, 2a ed., Santiago, EditorialJurídica de Chile, 1983, p. 39; Daniel peñailillo ArÉvalo, Los bienes, la propiedad y otros derechos reales, 4a ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 64.
2 Art. 19 M° 24 y M° 21 CPR.
3 Oscar Contreras Blanco, La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2012, p. 195 y ss.
4 Paulo Montt Rettig, "Validez de las cláusulas contractuales de no competir", en Revista de Derecho Económico, M° 75, Santiago, 2010, pp. 63-93.
5 Cass. com., 14 de noviembre de 1995, M° 93-16.299, D. 1997, somm. 59, obs. Ferrier; Cass. com., 4 de junio de 2002, M° 00-15.790, D. 2003, somm. 902, n. Auguet.
6 Arturo Alessandri Rodríguez, De la compraventa y de la promesa de venta, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, t. il, M° 1201.
7 Contreras Blanco (n. 3), p. 204.
8 Art. 1555 del CC.
9 Arts. 1461 y 1467 del CC.
10 Enrique Barros Bourie, Tratado de responsabilidad extracontractual Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 1000; Álvaro vidal Olivares, "El efecto absoluto de los contratos", en Revista Chilena de Derecho Privado, M° 6, Santiago, julio 2006, pp. 51-86.
11 Art. 2314 y ss. del CC.
12 Vgr., Paul Roubier, "Théorie générale de l'action en concurrence déloyale", in Revue Trimestrielle de Droit Commercial, vol. i, Paris, 1948, p. 541 et ss.
13 Cass. com, 18 de abril de 1958, D. 1959, p. 87, n. Derrida; Cass. com, 3 de mayo de 2000, D. 2001, somm. 1312, obs. Serra; Cass. com., 12 de mayo de 2004; Gaz. Pal. Janvier-Février, Paris, 2005, somm. 571, obs. Guével.
14 V gr., Cass. com, 18 de abril de 1958, D. 1959, p. 87, n. Derrida; Cass. com, 3 de mayo de 2000, D. 2001, somm. 1312, obs. Serra; Cass. com., 12 de mayo de 2004; Gaz. Pal., Janvier-Février, Paris, 2005, somm. 571, obs. Guével; Corte de Apelaciones de París, 6 de noviembre de 1989, D. 1990, p. 564, n. Thouvenin; Cass. com, 21 de marzo de 1989, Bull. civ. vol. iv, M° 97, Paris, 1989; Cass. com., 7 de abril de 1998, D. 1999, somm. 128, obs. Schmidt-Szalewski; Cass. 3a civ., 22 de marzo de 1968, D. 1968, p. 412, n. Mazeaud.
15 El análisis de la culpa y la mala fe como supuestos esenciales de la responsabilidad por interferencia contractual aparece en diversos trabajos, entre otros, los siguientes: Boris Starck, "Jurisclasseur périodique", nota, in Semaine Juridique, édition génerale, vol. i, Paris, 1954, p. 1180; Geneviève viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 2a ed., Paris, LGDJ, 1995, p. 367 et ss.; Philippe Conte, "Responsabilité du fait personnel", in Éric Savaux (ed.), Dalloz Repertoire de Droit Civil, Dalloz EncyclopédieJuridique, Paris, Dalloz, 2002, Tome i, pp. 1-55, especialmente §§ 77 y 86; Yves Serra, "Concurrence déloyale", in Louis vogel (ed.), Dalloz Répertoire de Droit Commercial, Dalloz Encyclopédie Juridique, Paris, Dalloz, 2004, Tome iii, pp. 1-47; Loic Cadiet et Philippe Le Tourneau, "Abus de droit", in Éric Savaux (ed.), Dalloz Répertoire de Droit Civil, Dalloz Encyclopédie Juridique, Paris, Dalloz, 2008, Tome i, pp. 1-38, en particular §87. Un excelente estudio comparado en Vernon Palmer, "A comparative study (from a common law perspective) of the French action for wrongful interference with contract", in AmericanJournal of Comparative Law, M° 40, Ann Arbor, 1992, pp. 297-342.
16 Cass. civ., 18 de junio de 1945, D. 1945, p. 332; Cass. com., 13 de marzo de 1979, D. 1980, p. 1, n. Serra; Cass. com., 30 de octubre de 1989, D. 1990, somm. 332, obs. Serra; Cass. com., 5 de febrero de 1991, D. 1992, somm. 54, obs. Serra; Cass. com., 18 de diciembre de 2001, D. 2003, somm. 1029, obs. Picod.
17 Cass. com, 13 de marzo de 1979, D. 1980, p. 1, n. Serra.
18 Cass. com., 5 de febrero de 1991, D. 1992, somm. 54, obs. Serra; Cass. com., 13 de junio de 1995, D. 1997, somm. 105, obs. Picod.
19 Cass. com., 18 de diciembre de 2001, M° 00-10.978, D. 2003, somm. 1029, obs. Picod.
20 Cass. com., 7 de febrero de 1995, M° 93-14.569, JCP, vol. ii, Paris, 1995, 22411, n. Le Tourneau, D. 1997, somm. 105, obs. Picod; Cass. com., 23 de enero de 2007, M° 0417.837, D. 2008, pan. 2199, n. Ferrier. Un tratamiento particular de la presunción de mala fe en contratos de profesionales en Marie Malaurie-vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, 4a ed., Paris, Sirey, 2008, p. 114.
21 Arturo Alessandri Rodríguez, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago, Imprenta Universitaria, 1943, p. 63.
22 Jorge López Santa María, Los contratos, 5a ed., Santiago, Editorial Legal Publishing, 2010, pp. 314-316.
23 Art. 4°, letra f), de la LCD.
24 Artículo 5° de la LCD.
25 López Santa María (n. 22), pp. 314-316; Francisco González Hoch, Elementos de la culpabilidad en la interferencia contractual por terceros, memoria de prueba, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 1995, passim; Barros Bourie (n. 10), passim; Cristián Banfi del Río, "Notas sobre el factor de atribución de la responsabilidad civil derivada de conductas contrarias a la libre y leal competencia", en Hernán Corral Talciani y María Sara Rodríguez Pinto (eds.), Estudios de derecho civilII, Santiago, Editorial Lexis-Nexis, 2007, pp. 431-448; Cristián Banfi del Río, "Daño entre competidores: una aproximación desde el derecho inglés", en Revista Chilena de Derecho Privado, N° 8, Santiago, julio 2007, pp. 9-57; Cristián Banfi del Río, "Interferencia en contrato ajeno: limitando la responsabilidad civil del competidor", en Íñigo De la Maza Gazmuri (ed.), Cuadernos de Análisis Jurídico, vol. vil, Santiago, Universidad Diego Portales, 2011, pp. 313-361; José Manuel Bustamante Gubbins y Enrique Urrutia Pérez, "Competencia desleal: inducción al incumplimiento de contratos y ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales", en Cuadernos de Extensión Jurídica, N° 14, Santiago, Universidad de los Andes, 2007, pp. 73-83; Contreras Blanco (n. 3), passim; Mauricio Tapia Rodríguez, "Responsabilidad civil por actos de competencia desleal en el derecho chileno", en Cuadernos de Extensión Jurídica, N° 14, Santiago, Universidad de los Andes, 2007, pp. 85-94. n. 25
26 Comisión Resolutiva, resolución N° 283, 24 de mayo de 1988 y Comisión Preventiva Central, resolución N° 1.254, de 24 de junio de 2003, en María Virginia Rivas Sánchez, Los ilícitos de competencia desleal en la jurisprudencia chilena, Santiago, Editorial Thomson Reuters - Legal Publishing, 2012, pp. 90-91.
27 Art. 3°, letra c), DFL 1/2005 (Minecon), que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973.
28 Hazel Carty, An analysis of the economic torts, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 35 and ss.
29 Barros Bourie (n. 10), p. 998.
30 (1853) 118 E.R. 749.
31 Lumley v. Wagner (1852) 42 E.R. 687.
32 Banfi Del Río, "Interferencia...", op. cit. (n. 25), 2011, pp. 352-354 y 357-358.
33 Gary Myers, "The differing treatment of efficiency and competition in antitrust and tortious interference law", in Minnesota Law Review, N° 77, Minnesota, 1993, pp. 1097-1152.
34 Como la ley no define el término 'inducir', cabe entenderlo en su sentido natural y obvio, según el uso general de esta palabra (art. 20 del CC), el cual suele hallarse en el Diccionario de la RAE, véase Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22a ed., Madrid, Real Academia Española, 2007.
35 Weir, Tony, Economic torts, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 34.
36 RCA Corp v. Pollard [1983] Ch. 135, pp. 155-157, juez Slade.
37 D.C. Thomson & Co. v. Deakin [1952] Ch. 646, p. 694, juez Jenkins.
38 Daily Mirror Newspapers Ltd v. Gardner [1968] 2 Q.B. 762.
39 "La conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio" (art. 706 del CC).
40 Esto es, en cuanto principio general del Derecho, consagrado en el artículo 1546 del CC, que impone un deber de actuación correcta y honrada: Cristián Boetsch Gillet, La buena fe contractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2011, p. 39 y ss.
41 Art. 2468, regla 1a del CC. Véase SCS, 23 de marzo de 2012, rol N° 4.487-2011: "Que cabe detenerse en el concepto mala fe. Nuestro Código Civil resulta claro al señalar en su artículo 706 del Código Civil que: 'La buena fe se presume, excepto en los casos que la ley establece la presunción en contraria. En todos los otros la mala fe debe probarse'...Que, conforme se ha señalado, la demandante no probó la mala fe de los contratantes, esto es, no se acreditó el conocimiento positivo del mal estado de los negocios, que los hubiese llevado a celebrar la compraventa con el ánimo de lograr una situación de insolvencia en desmedro del demandante".
42 Merkur Island Shipping Corp. v. Laughton [1983] 2 A.C. 570, p. 608, juez Diplock.
43 [2008] 1 A.C. 1.
44 Op. cit., § 39, juez Hoffmann.
45 Op. cit., § 41, juez Hoffmann.
46 Emerald Construction Co. Ltd. v. Lowthian [1966] 1 W.L.R. 691, pp. 700-701, juez Denning.
47 [2003] 1 AC 469.
48 [2008] 1 AC 1, §40, juez Hoffmann, §192, juez Nicholls.
49 The Eurysthenes [1977] Q..B. 49, §68, juez Denning.
50 Merkur Island Shipping Corp. v. Laughton [1983] 2 A.C. 570, p. 608, juez Diplock.
51 Middlebrook Mushrooms Ltd v. TGWU [1993] I.C.R. 612, p. 621, juez Neill, p.
52 Dimbleby & Sons Ltd. v. NUJ [1984] 1 W.L.R. 427, pp. 433-434, juez Diplock.
53 Pritchard v. Briggs [1980] Ch. 338, pp. 410-415, juez Goff.
54 Solihull MB v. NUT [1985] I.R.L.R. 211, p. 213, juez Warner.
55 J.T. Stratford & Sons Ltd. v. Lindley [1965] A.C. 269, p. 324, juez Reid, p. 332, juez Pearce.
56 Associated Newspapers Group v. Wade [1979] I.C.R. 664, p. 699, juez Lawton; Merkur Island Shipping Corp. v. Laughton [1983] 2 A.C. 570, pp. 608-609, juez Diplock.
57 B.M.T.A. v. Salvadori [1949] Ch. 556: A tuvo que responder por este ilícito al haber comprado a B un automóvil, sabiendo que esta venta entrañaba el incumplimiento por B de la prohibición que éste había contraído para con C (antiguo dueño del bien) de no vender ni enajenar ese vehículo por el lapso de un año contado desde la venta.
58 Por ejemplo, si el día lunes A celebra una compraventa de un bien mueble con B, por cierto precio, quedando ambas obligaciones pendientes, y al día siguiente A suscribe una compraventa sobre el mismo objeto con C, A no comete el ilícito de inducción contra C y sólo podría incurrir en responsabilidad contractual: Smithies v. National Association of Operative Plasterers [1909] 1 K.B. 310.
59 Art. 1683 del CC.
60 "Las limitantes que el artículo 1683 impone al que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, son inhabilidades especiales que se imponen como sanción por la mala fe": Pablo Rodríguez Grez, Inexistencia y nulidad en el código civil chileno. Teoría bimembre de la nulidad, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1995, p. 218.
61 Como la causa y el objeto ilícito, con el añadido que el que dio o pagó a sabiendas por uno de estos vicios no puede ser restituido al estado anterior al contrato: art. 1468 del CC.
62 Art. 8° del CC. En efecto, "la expresión a sabiendas, que emplea el artículo 1468, se refiere al conocimiento real y efectivo de la ilicitud de la causa y objeto, conocimiento que cuando existe impide la repetición de lo que se ha dado o pagado, en conformidad a las disposiciones invocadas que se fundamentan en el aforismo romano 'nemo auditur propiam turpitudinem allegans', no es a nadie permitido invocar como derecho su propia falta": SCS, 4 de noviembre de 1940, RDJ, t. 38, Santiago, 1941, sec. 1a, p. 414, considerando 6°.
63 "Que la excepción establecida en el citado artículo 1683, que se supone infringido, en punto a impedir que inicie la acción de nulidad absoluta el contratante que sabe o debe saber el vicio que invalida el acto, contempla dos casos, dada la forma de su redacción. El primero, cuando la persona que celebró el contrato tiene un conocimiento real y efectivo del vicio o defecto del mismo, al emplear el gerundio 'sabiendo'. Y el segundo, cuando dicha persona no pudo ignorarlos sin que incurra en una grave negligencia de su parte, al usar la frase 'debiendo saber'": SCS, 14 de agosto de 1956, RDJ, t. 53, Santiago, 1956, sec. 1a, p. 169 y ss.
64 "(...) dicho precepto [Art. 1683 del CC] se refiere al conocimiento real y efectivo del vicio causante de la nulidad o bien a su ignorancia producto de una conducta clara y gravemente negligente": SCA de Santiago, 14 de julio de 2000, RDJ, t. 97, Santiago, 2000, sec. 2a, considerando 6°.
65 Cristián Banfi del Río, La asimilación de la culpa grave al dolo en la responsabilidad contractual, Santiago, Editorial Lexis-Nexis, 2003, p. 246.
66 (1853) 118 E.R. 749.
67 En cambio, existen fallos estadounidenses que han condenado al que negligentemente interfiere un contrato e incita al deudor a ejercer su derecho a ponerle término de manera unilateral: v.gr., J'Aire Corp. v. Gregory (1979) 24 Cal.3d 799.
68 William Landes and Richard posner, "An economic analysis of intentional torts", in International Review of Law & Economics, vol. 1, Missouri, 1981, p. 127 and ss.; Dorsey Ellis, "An economic theory of intentional torts: a comment", in International Review of Law & Economics, vol. 3, Missouri, 1983, p. 45 and ss.; Richard Epstein, "A common law for labor relations: a critique of the New Deal labor legislation", in Yale Law Journal, vol. 92, New Haven, 1983, p. 1368; Peter Oane, "Mens rea in tort law", in OxfordJournal of Legal Studies, vol. 20, Oxford, 2000, pp. 544-545.
69 International News Service v. Associated Press 248 U.S. 215, p. 239, juez Pitney.
70 Barros Bourie (n. 10), p. 283.
71 OBG v. Allan [2008] 1 A.C. 1, §62, juez Hoffmann; Revenue and Customs Commissioners v. Total Network SL [2008] 1 A.C. 1174, §§ 228-230, juez Neuberger.
72 Pablo Rodríguez Grez, La obligación como deber de conducta típica (La teoría de la imprevisión en Chile), Santiago, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 1992, p. 49.
73 Barros Bourie (n. 10), pp. 159-160.
74 "El concepto más estricto exige una actuación positiva de inducción al incumplimiento contractual, esto es, dirigida a obtener, como efecto perseguido o aceptado, que el deudor no cumpla lo pactado con el demandante", Barros Bourie (n. 10), pp. 997-998 (énfasis añadido).
75 OBG v. Allan [2008] 1 A.C. 1, §§ 42-43, juez Hoffmann (énfasis adicionado).
76 J.T. Stratford & Sons Ltd. v. Lindley [1965] A.C. 269.
77 D.C. Thomson & Co. v. Deakin [1952] Ch. 646. Para una profusa jurisprudencia, véase también: Michaeljones, Clerk & Lindsellon Torts, 20th ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, §24-19.
78 W.V. Horton Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, 18th ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, p. 866.
79 Existe dolo eventual cuando el sujeto se representa la posibilidad de un evento que no se proponía causar, pero que, en definitiva, lo acepta para el caso de que acaezca: SCS, 21 de abril de 1960, RDJ, t. 57, Santiago, 1960, sec. 4a, p. 60; SCS, 3 de junio de 2002, en GJ, N° 264, Santiago, 2002, p. 114; SCA de Santiago, 30 de enero de 2008, rol criminal N° 20.995-2005.
80 Banfi Del Río (n. 65), passim.
81 "Esta culpa en materias civiles equivale al dolo": art. 44 inc. 2° del CC.
82 Barros Bourie (n. 10), p. 161.
83 V.gr., SCS, 9 de agosto de 1944, RDJ, t. 42, Santiago, 1945, sec. 1a, p. 244; SCA de Santiago, 1 de junio de 1998, GJ, N° 216, Santiago, 2001, p. 195.
84 Art. 5°, letra d), de la LCD en relación con el art. 2314 y ss. del CC.
85 "Atendida la extensión del dolo civil, gracias a que encuentra sus límites en la culpa grave, tiene una importancia más bien secundaria el análisis del dolo eventual", Barros Bourie (n. 10), p. 160.
86 Bustos Ramírez, Juan, Obras completas, Lima, Ara Editores, 2004, t. i, p. 955 y ss.; Cury UrzÚa, Enrique, Derecho penal parte general, 2Ά ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1992, vol. i, p. 295; Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, traducción de Santiago Mir P. y Francisco Muñoz C., Barcelona, Bosch, 1981, vol. i, p. 783; Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, traducción de la 2a ed. alemana de Diego Manuel Luzón et al., Madrid, Civitas, 1997, t. i, p. 1025.
87 Se indica: "la polémica en torno al dolo eventual en la Doctrina alemana y en la Doctrina española se reproduce de alguna manera en la Doctrina anglosajona en lo que se refiere a la naturaleza de la recklessness", María del Mar Díaz Pita, El dolo eventual, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 1994, p. 255.
88 R v. G [2004] 1 A.C. 1034, §32, juez Bingham.
89 William Keeton, Prosser and Keeton on the law of torts, 5th ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1984, pp. 34-35; Kenneth Simons, "Rethinking mental states", in Boston University Law Review, vol. 72, Boston, 1992, p. 482; Kenneth Simons, "A Restatement (Third) of intentional torts", in Arizona Law Review, vol. 48, Arizona, 2006, p. 1063; Anthony Sebok, "Purpose, belief, and recklessness: pruning the Restatement (Third)'s definition of intent", in Vanderbilt Law Review, vol. 54, Nashville, 2001, pp. 1173, 1180 and ss.; James Henderson and Aaron Twerski, "Intent and recklessness in tort: the practical craft of restating law", in Vanderbilt Law Review, vol. 54, Nashville, 2001, pp. 1133-1156.
90 Steven M. Kaplan, Diccionario jurídico inglés-español y español-inglés Wiley, New York, Wiley, 1993.
91 John Salmond, Jurisprudence, 9th ed., London, Sweet & Maxwell, 1937, pp. 522-523; Basil Markesinis and Hannes Unberath, The German law of torts. A comparative treatise, 4th ed., Oxford, Hart, 2002, p. 84.
92 "El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado", art. 490 de la CP; énfasis agregado.
93 Alessandri Rodríguez (n. 21), pp. 168-169.
94 "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo", art. 44 inc. 2° del CC.
95 Banfi del Río (n. 65), p. 263.
96 Barros Bourie (n. 10), p. 161. Asimismo, este autor afirma: "en la medida que el dolo civil es homologable a la culpa grave, también en materia de responsabilidad extra-contractual, existe siempre un desvío para evitar la caverna de la subjetividad del responsable: basta mostrar que el hecho se realizó, objetivamente, con grave negligencia, con completa desconsideración del interés de la víctima, para que el resultado sea análogo al dolo", op. cit., pp. 72-73 (énfasis agregado).
97 Luis Claro Solar, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, Santiago, Editorial Nascimento, 1937, t. xi, p. 526. Véase también Sergio Gatica Pacheco, Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1959, p. 126.
98 Ramón Domínguez Águila, "La culpa en el Derecho Civil chileno. Aspectos generales", en Revista Anales de Derecho UC, vol. 3, Santiago, 2007, pp. 117-118.
99 Barros Bourie (n. 10), p. 163.
100 Barros Bourie (n. 10), p. 164.
101 13°Juzgado Civil de Santiago, 24 de abril de 2009, rol N° 5.057-2007. Encontrándose pendiente la apelación, con fecha 20 de noviembre de 2009 las partes transigieron el pleito, en términos confidenciales.
102 "Que, en consecuencia, se encuentra establecido que los demandados incurrieron en el ilícito de competencia desleal, perjudicando al demandante y al resto de los agentes del mercado y en general a los consumidores que sufren las consecuencias de esos actos. En efecto, mediante la utilización de mercaderías de origen desconocido, se encuentran desviando ilícitamente la clientela, los actos ejecutados por los demandados fueron deliberados y de ellos sólo es posible presumir que son conducentes a desviar clientela, toda vez que utilizaban una marca determinada ofreciendo productos de otros distribuidores...", considerando 20°.
103 "Que la ilicitud de la conducta debe apreciarse en la perspectiva de las reglas generales de responsabilidad por culpa, por lo que será ilícita la conducta cuando el empresario desatiende los estándares generales de un empresario diligente", considerando 19°.
104 SCS, 12 de agosto de 1981, RDJ, t. 78, Santiago, 1981, sec. 4a, p. 120; SCA de Santiago, 14 de octubre de 2002, RDJ, t. 99, Santiago, 2002, sec. 2a, p. 132; Barros Bourie (n. 10), p. 94.
105 Geneviève Viney et Patrice Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilite, 3a ed., Paris, LGDJ, 2006, pp. 367 et 374.
106 Honrad Zweigert and Hein Kotz, Introduction to comparative law, trans. Tony Weir, 3rd ed., Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 619.
107 9° Juzgado Civil de Santiago, 22 de junio de 2012, cons. 21°, autos caratulados "Roche Chile Limitada con Laboratorios Recalcine S.A., CFR Chile S.A. y CFR Pharmaceuticals S.A.", rol N° 14.419-2011.
108 OBG v. Allan [2008] 1 A.C. 1, §44, juez Hoffmann.
109 De Francesco v. Barnum (1890) L.R. 45 Ch.D. 430; Said v. Butt [1920] 2 K.B. 497; Associated British Ports Ltd v. TGWU [1989] 3 ALL E.R. 796.
110 Proform Sports Management Ltd v. Proactive Sports Management Ltd [2006] EWHC 2903.
111 Joaquín Garrigues, Curso de derecho mercantil, 7Ά ed., Bogotá, Editorial Temis, 1987, t. iv, pp. 128-129.
112 Álvaro Puelma Accorsi, Contratación comercial moderna, Santiago, EditorialJurídica de Chile, 1999, pp. 68-70 y 75; Ricardo Sandoval López, Contratos mercantiles, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, t. ii, p. 542.
113 Mauro Bussani and Vernon Palmer (eds.), Liabilityforpure financial loss in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 10-11; Helmut Koziol, "Recovery for pure economic loss in the European Union", in Arizona Law Review, vol. 48, Arizona, 2006, p. 872; Barros Bourie (n. 10), pp. 283-286 y 1054; Cristián Banfi del Río, "Reflexiones acerca del daño puramente patrimonial", en Fabián Elorriaga de Bonis (coord.), Estudios de derecho civil VII, Santiago, Editorial Thomson Reuters, 2012, pp. 685-704.
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References: artículo 1382
 artículo 4
 artículo 44
 Artículo 5
 resolución 
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 artículo 1546
 artículo 706
 artículo 1683
 artículo 1468
 artículo 1683