Source: https://www.hacienda.go.cr/contenido/559-tribunal-aduanero-nacional
Timestamp: 2020-01-28 09:28:30+00:00

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Como antecedentes del Tribunal se deben citar las instancias administrativas creadas por la Legislación Comunitaria del Mercado Común Centroamericano, para conocer y decidir los asuntos relativos al valor aduanero y la clasificación arancelaria.
Tenemos que el artículo 22 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano I señalaba entre otras cosas que " Corresponde al Comité Arancelario: a) Resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre la correcta clasificación arancelaria de las mercancías objeto del comercio internacional. Contra sus resoluciones no cabrá el recurso de lo contencioso administrativo;. "
El artículo 25 de la Legislación Centroamericana Sobre el Valor Aduanero de las Mercancías da vida jurídica al Comité Nacional de Valoración Aduanera como última instancia administrativa para conocer y decidir los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones firmadas por el Director General de Aduanas en esta materia.
En el año 1993 se aprueba el Protocolo de modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, conocido con las siglas CAUCA II, del Tratado General de Integración Económica de Centroamérica. En Costa Rica lo refrenda la Asamblea Legislativa con la Ley N° 7485 del 21 de marzo de 1995, y entrada en vigencia el primero de julio de 1996. Posteriormente, entra en vigencia el CAUCA III con la Ley Nº 8360 y 12 de junio del 2003.
En el artículo 104 del CAUCA III se permite a los países signatarios crear el Tribunal Aduanero Nacional, que asumirá las funciones de los Comités Arancelario y de Valoración Aduanero, con la organización, integración, atribuciones y demás competencias que se le otorguen.
Por su parte la Ley General de Aduanas, conocida con las siglas L.G.A., vigente en Costa Rica y que empezó a regir a partir del primero de julio de 1996, crea el Tribunal Aduanero Nacional. Posteriormente, la LGA se modificó por medio de la Ley Nº 8373 de 18 de agosto del 2003, publicada en la Gaceta N° 171 de 05 de setiembre de 2003, y por medio de la Ley Nº 9069 del 28 de setiembre del 2012, publicada en la Gaceta Nº 188 del 28 de setiembre del 2012.
Tenemos que el Tribunal de conformidad con los términos del artículo 205 LGA se crea como un órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda, constituyéndose en la última instancia administrativa, para conocer y decidir los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas. Por tal motivo es un órgano desconcentrado máximo del Ministerio de Hacienda dentro de la Administración Pública.
En ese sentido se pronuncia la Procuraduría General de la República en el dictamen número C-012-98 del 21 de enero de 1998, que a la letra expone "...cabe recordar que la materia aduanera ha sido objeto de un proceso de desconcentración máxima, que abarca tanto el poder de decidir en primer instancia como el conocimiento de los recurso jerárquicos. Se ha producido un cambio en el orden objetivo de competencias, de manera que no corresponde al Ministro dictar actos en materia aduanera, incluso los necesarios para el agotamiento en la vía administrativa." Igualmente se cita el pronunciamiento de la Procuraduría número C-033-98 del 25 de febrero de 1998.
Las decisiones del Tribunal pueden ser objeto de impugnación en la vía contencioso- administrativa, cumpliendo los plazos y requisitos señalados en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley N° 3667 del 12 de marzo de 1966 y sus reformas.
Naturaleza Jurídica: El Tribunal Aduanero Nacional, a pesar de que sus decisiones se dan en sede administrativa, es independiente de la Administración activa, tanto por la autonomía que expresamente señala la Ley, como también por la forma en que son elegidos sus integrantes y el régimen procesal que debe observar en su actuación. Tal condición debe ser garantía para la eficacia de sus decisiones, permitiéndole también que por su especialidad se de por agotada la vía administrativa, para brindar una herramienta de justicia eficiente y expedita en beneficio del Estado y los contribuyentes. ( En este sentido se citan los votos números 1148-90, 6829-93, 5227-94 y 5484-94 de la Sala Constitucional)
El Tribunal Aduanero Nacional se encuentra inmerso en el Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Hacienda, pero con funciones independientes de la administración activa, puesto que como órgano de decisión autónoma y en respeto del procedimiento y competencia que la ley le otorga, aunque sus resoluciones no tengan el valor de cosa juzgada, agotan la vía administrativa, dejando abierta la vía jurisdiccional, en los términos indicados en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley número 3667 del 12 de marzo de 1966 y sus reformas.
Sobre la naturaleza jurídica del Tribunal Aduanero Nacional, el actual magistrado de la Sala Constitucional, el Dr. Ernesto Jinesta, ha manifestado: "En punto a la jerarquía impropia, debe tomarse en consideración que en tales supuestos quien conoce y resuelve en grado es no el superior jerárquico natural, correspondiente, propio u ordinario, sino la instancia que indique expresamente la ley. Se trata de una jerarquía legal y no de la natural. Ese contralor no jerárquico puede ser un órgano administrativo que, generalmente, asume la forma de la desconcentración en grado máximo – jerarquía impropia monofásica-, garantizándose de esa forma independencia al distorsionarse o desaparecer la relación jerárquica y el ejercicio de una competencia exclusiva de revisión".
Ejemplos de este tipo de jerarquía son las siguientes:
a) El Tribunal Fiscal Administrativo.
b) El Tribunal Aduanero Nacional respecto de las resoluciones tomadas por el Servicio Nacional de Aduanas-Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y demás órganos aduaneros-, artículo 205 de la Ley General de Aduanas, etc...” (el subrayado no es del original) [1]
[1] JINESTA LOBO, (Ernesto), “ El agotamiento de la vía administrativa y los recursos administrativos” , En: Revista IVSTITIA, año 15, N° 169-170, enero – febrero, 2000, San José, Costa Rica, p 24-33.
Informa el artículo 206 de la Ley General de Aduanas Nº 7557 promulgada el 20 de octubre 1995, publicada en la Gaceta N° 212 del 08 de noviembre de 1995, modificada mediante por la Ley Nº 8373 de 18 de agosto del 2003, publicada en la Gaceta N° 171 de 05 de setiembre del 2003, que el Tribunal estará integrado por siete miembros; cuatro de ellos serán abogados especialistas en materia aduanera, con experiencia mínima de cuatro años, y los otros tres son especialistas con grado mínimo de licenciatura y experiencia mínima de cuatro años en materias tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior. El Tribunal contará con un Presidente que será abogado, además, con un secretario y el personal administrativo necesario para el buen funcionamiento, nombrados de acuerdo con las regulaciones del Estatuto del Servicio Civil.
Este órgano asume sus funciones a partir del primero de mayo de 1998 al haber sido designados sus miembros, por el titular del Ministerio de Hacienda, cumpliendo con el procedimiento de concurso público de antecedentes.
La normativa aduanera prevé la posibilidad de que el señor Ministro nombre suplentes, previo concurso de antecedentes, quienes deben reunir los mismos requisitos de los miembros propietarios. Los suplentes podrán actuar en caso de ausencia, impedimento, recusación o excusa de los propietarios, tal y como lo establece el artículo 208 de la Ley General de Aduanas.
"Como órgano especializado en materia aduanera, impartir justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa"
"Continuar siendo un Tribunal especializado y autónomo, que imparta justicia administrativa en forma expedita, procurando para el 2018 una mayor eficiencia en la emisión de resoluciones en aras de potencializar el principio de justicia pronta y cumplida, garantizando el cumplimiento de los fines del Ordenamiento Jurídico Aduanero"
Garantizar la satisfacción procesal y resolución definitiva de los asuntos sometidos a su consideración.
1. Conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado los recursos de apelación interpuestos contra actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme al ordenamiento jurídico, de manera que propicie una correcta aplicación e interpretación de la normativa aduanera, respetando los derechos del administrado y de la administración.
2. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa que facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de las autoridades competentes y genere seguridad jurídica y certeza tributaria a los usuarios de los servicios.
3. Fortalecer el sistema de Control Institucional a fin de que sus sistema de control se conviertan en herramientas efectivas para conducir a la Institución hacia el logro de sus objetivos.
En primer término debe indicarse que de conformidad con el artículo 205 de la Ley General de Aduanas, a este Tribunal le compete conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos dictados contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo el trámite de la fase recursiva está preceptuado en el cuerpo de leyes supra citado en el Capítulo II del Título VIII referente al Procedimiento Ordinario. Es así como se establecen dos secciones:
La Sección I, regula la Impugnación de actos finales dictados por la Aduana, en los artículos 198 y siguientes, contra los cuales caben los recursos de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Es potestativo usar ampos recursos ordinarios o solo uno de ellos.
La Sección II, artículo 204, se refiere a la Impugnación de actos dictados directamente por la Dirección General de Aduanas, contra los cuales cabe el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional. Ambos recursos son potestativos y deben de interponerse dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al de notificación del acto recurrido.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite: Resolución final del expediente sometido a conocimiento del Tribunal en alzada por parte del recurrente.
Fundamento legal del trámite: Artículos 198 al 210 - Ley General de Aduanas y sus reformas.
Requisitos: Expediente remitido por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), debidamente completo.
Plazo de resolución: 6 meses naturales.
Costo del trámite: Gratuito.
Recurso de apelación por inadmisión
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite: Resolución del acto denegatorio (no del fondo del asunto) de la fase recursiva realizado por el A QUO.
Fundamento legal del trámite: Artículos 583 al 590 - Código Procesal Civil / Artículos 205 a 210 - Ley General de Aduanas y sus reformas.
Requisitos: Presentar el escrito del recurso de apelación por inadmisión ante el Tribunal Aduanero Nacional:
Datos generales del asunto para su identificación.
Fecha de la resolución que se hubiera apelado y de aquella en que se quedó notificada a todas las partes.
Fecha en que se hubiera presentado la apelación ante el juez de primera instancia.
Copia literal de la resolución en que se hubiera desestimado, con indicación de la fecha en que quedó notificada a todas las partes. La copia literal de la resolución podrá hacerse dentro del escrito o presentarse en forma separada, pero en ambos casos el recurrente deberá afirmar de que es exacta.
Solicitud de adición y aclaración
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite: Resolución que aclara la parte dispositiva del fallo del Tribunal.
Fundamento legal del trámite: Artículos 158 al 161 - Código Procesal Civil / Artículos 205 a 210 - Ley General de Aduanas y sus reformas.
Requisitos: La adición y aclaración de sentencias solo procede sobre la parte dispositiva, ante el Tribunal Aduanero Nacional.
Plazo de resolución: 15 días hábiles.
Teléfono: 2539-6831
tribunal_aduanero@hacienda.go.cr
Dirección física: San José, Zapote, edificio Mira, cuarto piso. De Casa Presidencial 200 metros al oeste.
Actualizado a enero 2020
Ap:2

References: artículo 22
 artículo 25
 artículo 104
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 206
 artículo 208
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 artículo 205
 artículo 204
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