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Timestamp: 2019-10-19 12:51:39+00:00

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Aborto No Punible en La Argentina Rabbi Balbi | Violación | Eugenesia
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Tipos de Pruebas Criminalisticas
Tarea 2 Penal 1 Naysy
23600109[..
PuntoEdu Año 10, número 333 (2015)
Vidas Destrozadas MSF
Mentirosas, Por Mariana Carbajal-Pag12
Síntesis Reco 26-14
Especial Para Victimas de Violacion
El aborto no punible en la Argentina.
Consideraciones sobre el sentido de la norma permisiva y prospectivas desde una filosofa del derecho constitucional, a partir del caso F., A. L. de la Corte Suprema Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
Profesor adjunto de Teora General y del Derecho, Facultad de Derecho, UBA.
Introduccin En su afamado libro Lifes dominium, Ronald Dworkin, ya en los primeros renglones, plantea que temas como el que aqu se examinar remiten a decisiones en torno de la vida y de la muerte de las personas, las que, como es obvio, no resultan neutrales ni, menos, sencillas.1 En rigor, hace pocas semanas y a propsito de la autorizacin o no de adoptar medidas respecto de una persona que por miedo obsesivo a subir de peso se hallaba en riesgo cierto de muerte, el juez ingls Peter Jackson seal que la diferencia entre vida y muerte es la mayor que conozco.2 Y, antes, en el clebre precedente norteamericano Rode v. Wade, el juez Blackmun precisaba que eran pocas las cuestiones que haban despertado, a lo largo de la historia y en todos los mbitos de las ciencias, tantos debates, en ocasiones hostiles y
1. Dworkin, Ronald, Lifes dominium. An argument about abortion, eutanasia and individual freedom, First Vintage Books Edition, 1994. Escribe este autor, reciente Doctor honoris causae de la Universidad de Buenos Aires: Abortion, wich means deliberately killing a developing human embryo, and eutanasia [], are both choises for death. 2. Cfr. La Nacin, 19/6/12.
El aborto no punible en la Argentina
lacerantes, como la presente.3 De ah que si resulta verdadera como as la estimo la afirmacin de la Hermenutica filosfica de que el obrar humano se halla precedido de precomprensiones que determinan, cuanto menos, la inicial inteligencia de las asuntos,4 esta tesis se torna an ms patente al examinar el tpico del aborto, respecto del cual resultar extrao encontrar alguna apreciacin desinteresada. Es que no puede ser de otra manera cuando, como se anticip, la divisoria de criterios marca (o puede dar lugar a) la cancelacin de la vida de un ser humano, acaso la decisin ms trascendente que pueda adoptarse entre las innmeras opciones que depara la coexistencia social.
3. Cfr. Rode v. Wade, 410 US 113, 93 S. Ct 705, 35, L. Ed. 2d. 147 (1973). Dicho magistrado precisaba que no escapa la naturaleza emocional y sensible de la controversia sobre el aborto, la fuerte oposicin entre puntos de vista diferentes, las profundas y absolutas convicciones que el tema inspira, y la influencia que acerca de lo que se piensa sobre el aborto ejercen la filosofa de cada uno, as como sus experiencias, su ubicacin respecto de los flancos ms bsicos de la existencia humana, sus prcticas religiosas, sus actitudes respecto a la vida, la familia y sus valores y las pautas morales que establece y procura cumplir, todo lo cual no obsta a que su tarea sea resolver el tema conforme a las pautas constitucionales, libres de emociones y preferencias, [] honestamente (segn la traduccin del voto del juez Vigo en la causa I.M., Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, La Ley, 1998-F, 547). Tomo la expresin lacerante del sugestivo estudio de Viola, Francesco, Los derechos humanos: una nueva forma de derecho natural?, en Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, Las razones del derecho natural. Perspectivas tericas y metodolgicas ante la crisis del positivismo jurdico, baco, Buenos Aires, 2008, 2, corregida, reestructurada y ampliada, p. 173. 4. Cfr., por todos, Gadamer, Hans Georg, Verdad y Mtodo, I, Fundamentos de una hermenutica filosfica, Sgueme, Salamanca, 1996 (del alemn por Ana Agud y Rafael de Agapito), quien, entre otros conceptos, dice que los prejuicios de un individuo son, mucho ms que sus juicios, la realidad histrica de su ser. Me he ocupado de este tema en varios trabajos. Cfr., esp., Precomprensin y jurisprudencia, Persona y Derecho, 47**, Derecho, historicidad, lenguaje, Estudios en honor de Arthur Kaufmann, Pamplona, 2002, pp. 391-416 y Un anlisis hermenutico de la comprensin jurdica, en Vigo, Rodolfo L. (coord.), Interpretacin y Argumentacin jurdica: perspectivas y problemas actuales, Jurisprudencia Argentina, Nmero Especial, Buenos Aires, 2009-III, pp. 74-79 (reproducido en Alarcn Cabrera, C./Vigo, Rodolfo L., Interpretacin y argumentacin jurdica. Problemas y perspectivas actuales, Marcial Pons, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, 2011, pp. 355-364. Tambin puede consultarse con provecho el reciente estudio de Colombo Mura, Ignacio, Una aproximacin hermenutica al activismo judicial, La Ley, 2012-B, 998.
En ese horizonte, que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se plantee en esta publicacin que lleva el sugestivo ttulo de Pensar en Derecho, un examen acerca de uno de los tpicos cruciales del destino humano, adems de hacer honor a su genuina razn de ser, revela su concreto compromiso con el lugar en el que se halla y al que, primaria (pero no exclusivamente por cuanto toda reflexin universitaria es, de suyo, universal) destina su enseanza. Y que sus autoridades y consejo editorial me confirieran el honor de colaborar en esta entrega, al tiempo que provoca el agradecimiento hacia aquellos, acrecienta mi permanente deseo de cooperar en la bsqueda intersubjetiva y en la consecuente divulgacin del saber cientfico, en lnea con lo que me fue enseado en las aulas de mi alma mater y a lo largo de mi posterior carrera docente en ella. Se me ha requerido, pues, un comentario sobre el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de nuestro pas, el pasado 13 de marzo de 2012, en la causa F., A. L. s/medida autosatisfactiva, en la que confirm lo resuelto por la anterior instancia, que haba hecho lugar al pedido de la madre de una menor de 15 aos de edad al momento de la judicializacin del asunto, de que se interrumpa su embarazo con base en el art. 86, incs. 1 y 2 del Cdigo Penal, con sustento en que la nia haba sido objeto de una violacin de resultas de lo cual cursaba, en ese momento, un embarazo de ocho semanas. Como resulta previsible por cuanto se anticip en los prrafos anteriores, el fallo ha motivado en lo que va de estos escasos meses numerosos comentarios, laudatorios y crticos que, empero, y por los mismos motivos, no son sino la antesala de muchos otros, de anlogas orientaciones, que llegarn en el futuro.5
5. Se han ocupado del caso, entre una amplsima bibliografa: Basset, rsula C., El aborto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin: una reelaboracin en torno a la funcin ritual y mtica del Derecho Penal, La Ley. Sup. Const. 11/05/2012, p. 38; Peyrano, Jorge W., Trascendencia procesal del fallo de la Corte sobre aborto no punible, La Ley, 07/05/2012; Zabaleta, Daniela, Cuando la justicia no hace justicia, El Derecho, 25/04/2012, y los nmeros colectivos en los que se incluyen numerosas contribuciones, publicados en las revistas La Ley, 21/03/2012 y El Derecho, 20/04/2012 y 23/04/2012. Si bien no hace referencia a este caso, es interesante el estudio de Iribarne, Hctor P., Acerca de la despenalizacin del aborto, publicado en la recientemente inaugurada revista Derecho Privado, dirigida por G. Caramelo y S. Picasso, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Infojus, Ao I, N1, pp. 151-205.
Mi contribucin, por ende, se inscribe en ese contexto. No pretende no puede conceptualmente pretender clausurar un debate de suyo siempre contingente y, por tanto, abierto a viejas y nuevas perspectivas.6 De ah que aspira, en el antedicho espritu de cooperacin intelectual, a reflexionar tanto sobre aspectos del pronunciamiento que estimo han sido inadecuadamente planteados, cuanto sobre otros que lo fueron acertadamente y, tambin, sobre cuestiones soslayadas y que, a mi ver, deben integrar la consideracin global del asunto en orden a obtener un producto seguramente ms elaborado, para decirlo con palabras de la Corte Suprema,7 sobre este tpico. En ese horizonte, mis reflexiones cabalgarn sobre un triple orden de razones, a saber: a) el de la dogmtica penal; b) la perspectiva metodolgica y c) el horizonte terico o filosfico. El sentido del art. 86, inc. 2 del Cdigo Penal La argumentacin del voto mayoritario y su crtica El inciso en cuestin, en cuanto aqu interesa, dispone que El aborto practicado por un mdico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible [] si el embarazo proviene de una violacin o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deber ser requerido para el aborto. La mayora del Alto Tribunal adhiere a la interpretacin amplia del texto, segn la cual debe entenderse que el supuesto de aborto no punible contemplado [] comprende a aqul que sea consecuencia de una violacin, con independencia de la capacidad mental de su vctima (consid. 18).8
6. Viola, en el trabajo anteriormente citado (nota 3) escribe (p. 173): quizs esta es una caracterstica de los derechos humanos como nueva forma del derecho natural, es decir, la de ser una bsqueda siempre abierta y jams conclusiva sobre el modo ms adecuado de respetar la dignidad humana en la vida social y poltica 7. Fallos: 318:514. 8. Los interesantes votos de los jueces Argibay y Petracchi arriban, implcitamente, a la misma conclusin, ya que no efectan el anlisis que realiza la mayora, tal y como se ver infra IV, B, 4.
A tal fin desarrolla un cudruple orden de razones, no sin antes referir que media al respecto un importante grado de desinformacin que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realizacin de esta prctica al dictado de una autorizacin judicial. As, expresa en primer lugar, que de la mera lectura del [] inc. se evidencia que el legislador, al utilizar una conjuncin disyuntiva [] previ dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza. En segundo trmino, porque un examen conjunto y sistemtico de los diferentes apartados previstos en esta norma tambin conduce a adoptar su interpretacin amplia ya que establece un requisito comn para los dos supuestos, a saber, que no sern punibles los abortos all previstos que fueran practicados por un mdico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. Y agrega: es precisamente porque este extremo no es aplicable respecto de la mujer incapaz que, como excepcin a dicho requisito general, en la ltima parte del segundo supuesto estableci en este caso se requerir la anuencia del representante legal. En tercer lugar, porque, vinculando el inciso con el art. 119 del mismo cuerpo, reafirma que aquel diferencia dos grupos de causas de embarazos: la violacin propiamente dicha y el atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Para agregar: como la ley est haciendo referencia a causas de embarazos, el atentado al pudor no puede ser sino un acceso carnal [] que produzca un embarazo, por lo que puesto que todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es considerado ya una forma de violacin (la impropia) no es posible sostener que cuando al principio dice violacin tambin se refiera al mismo tipo de vctima. Y, por ltimo, porque al formularse esta norma [] se tradujo [] la correlativa previsin del Anteproyecto del cdigo suizo de 1916, que constituye su fuente y que estipulaba como aborto no punible al practicado respecto de un embarazo que provena de dos supuestos diferentes: la violacin o el acceso carnal producido respecto de una incapaz mental (consid. cit.). 2. En primer lugar, llama la atencin la referencia al importante grado de desinformacin que padeceran los profesionales de la salud sobre la debida exgesis del precepto, ya que la cautela de aquellos respecto de las decisiones a seguir en estos asuntos se explica, ms bien, desde su especializacin y, por ende, desde el conocimiento de las graves consecuencias que irroga toda decisin al respecto, cualesquiera sea su contenido. Adems, es sabido que esa cautela tambin comprende al denominador comn de los
juristas, quienes por casi una centuria han derramado ros de tinta en torno de la cabal exgesis del inciso, debate al que, empero, no se hace ninguna referencia,9 siendo adems incompleta, como se ver, la alusin a la gnesis histrica del inciso. Mi exposicin, en consecuencia, considerar adems de los puntos especficamente abordados por el Alto Tribunal, el sealado dilatado debate doctrinario sobre el documento; los fundamentos del proyecto que lo originan; la cosmovisin que caracteriz a la poca en que se introdujo el inciso y el punto de vista del ms notable de sus redactores, Joaqun V. Gonzlez. De esta manera, aspiro a proporcionar una idea ms completa del sentido del texto que, considero, no es el que asume el tribunal. 3. As las cosas, y en lo concerniente al primer argumento, desde la mera gramtica, dista de ser de evidencia (confr. consid. 18, prr. 5, voto de mayora al que en lo sucesivo se cita) que al utilizar una conjuncin disyuntiva el legislador previ dos supuestos diferentes. Obsrvese, v. gr., lo que ensea el diccionario ms reputado de la lengua castellana en rededor
9. En Soler, Sebastin, Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1970, t. III, p. 107, notas 53 y 54 se encuentra una completa mencin a esa poca de la disputa doctrinaria relativa al alcance del inciso. Cabe aadir, a lo que all se cita, la opinin favorable a una inteligencia amplia de Jimnez de Asa, Luis, El aborto y su impunidad, La Ley, Buenos Aires, t. 26, 1942, pp. 986 ss., y la contraria de Nez, Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Editorial Bibliogrfica Argentina, Buenos Aires, 1959, t. I, p. 391 y Bibliogrfica Omeba, Buenos Aires, 1964, t. III, p. 182, la que no es compartida por Fontn Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968, t. IV, esp. p. 239 y, del mismo autor, Derecho Penal, Parte Especial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 13, 11 reimpresin, actualizada por G. A. C. Ledesma, p. 95. Entre los doctrinarios ms contemporneos, Donna, Edgardo A., Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I, 91, asume la tesis amplia, aunque por un fundamento distinto al que brindaron los partidarios de esa perspectiva. En cuanto a Buompadre, Jorge E., Derecho Penal. Parte Especial, Viera Editor, Corrientes, 2003, 2 actualizada, p. 206, se inclina por el punto de vista restrictivo, a partir de la aguda observacin de Tern Lomas, quien al reflexionar sobre el decreto-ley 17.567 que sigue en este aspecto a Soler, introduciendo con claridad la permisin del aborto procedente de una violacin, sin ms, siempre que la accin penal haya sido iniciada, y haciendo la salvedad de que si la vctima de la violacin fuera una menor o una mujer idiota o demente, ser necesario el consentimiento de su representante legal, no ha significado otra cosa que admitir la tesis contraria y dar la razn a Nez, esto es, que el art. 86, inc. 2, en su versin originaria, ha receptado solo el aborto eugensico.
de la o, precisamente respecto de temas dudosos: 1. conjuncin coordinante que tiene valor disyuntivo cuando expresa alternativa entre dos opciones: prefieres ir al cine o al teatro? Otras veces expresa equivalencia: el colibr o pjaro mosca es abundante en esta regin.10 Es claro de lo transcripto que el significado de la conjuncin es bivalente, por lo que la inteligencia que extrae el voto bajo estudio del inciso parece precipitada. Todo lo ms, cabra decir que el sentido del texto no es concluyente, por lo que tanto puede prever dos supuestos diferentes como uno solo. Es ms: el citado diccionario agrega una tercera posibilidad de empleo de la conjuncin o, que estimo directamente aplicable a la ltima frase del prrafo en discordia y que tampoco tiene el efecto de una disyuncin. Dice: tambin se usa para coordinar los dos ltimos elementos de una ejemplificacin no exhaustiva, con un valor de adicin semejante al de la conjuncin y: acudieron a la fiesta muchos famosos, como periodistas, actores o futbolistas; la conjuncin o tiene por objeto sealar aqu que no se ha agotado la enumeracin, que se han citado slo unos cuantos ejemplos de entre los varios posibles.11 Pues bien; el empleo de la conjuncin recin transcripta es el que se advierte cuando el texto dice cometido sobre una mujer idiota o demente, ya que en este caso o tiene por fin sealar que no se ha agotado la enumeracin, lo cual luce patentemente cierto si se pondera que el documento que los legisladores tuvieron a la mano como se ilustrar ms abajo, es decir, la versin francesa del anteproyecto suizo mencionaba a una mujer idiota, enajenada, inconsciente o incapaz de resistencia. El legislador nacional, pues, emple la conjuncin con el objeto de coordinar (no de separar) los dos ltimos elementos de una ejemplificacin no exhaustiva y que, en el caso del antecedente mencionado, contena cuatro caracterizaciones de la mujer pasible de aborto. De lo expuesto infiero que desde la sola semntica a la que la Corte da especial relevancia con sustento en la conocida jurisprudencia de que la primera fuente de exgesis de la ley es su letra (cfr. consid. cit., prr. 4) es perfectamente posible extraer la tesis contradictoria a la del fallo bajo anlisis, en tanto la o puede referir, equivalentemente, a dos modalidades
10. Diccionario Panhispnico de Dudas, Real Academia Espaola, 2005 (el destacado se ha aadido). 11. Ibd., loc. cit. (nfasis aadido).
(violacin o atentado al pudor) de un nico supuesto (de mujer idiota o demente). Lo determinante en el inciso es, segn esta exgesis gramatical, esta ltima caracterstica: regula la situacin de una mujer idiota o demente, quien ha sido objeto de una violacin (que da como consecuencia el embarazo) o de un atentado al pudor que, como resulta obvio y es correctamente sealado por la Corte (consid. cit., prr. 8), entraa, en los hechos, un acceso carnal del que se deriva el embarazo y que se conoce como violacin impropia. Y ambos supuestos no constituyen una redundancia como lo seal parte de la doctrina especializada y, tambin, la Corte en el ltimo lugar citado12 sino que regulan dos supuestos (violacin propiamente dicha y violacin impropia) que pudieron generar cierta perplejidad en el horizonte intelectual argentino, pero ninguna en el mbito del que se origina (Alemania), del que fue tomado por el citado anteproyecto suizo y, de ah, a travs de una obra de Jimnez de Asa, por el legislador argentino. Es que en Alemania se distingui con toda precisin entre Notzucht y Schndung, expresiones que, en francs, se tomaron como viol y attent la pudeur. Es verdad, como se profundizar en seguida, que en la fuente del legislador ambos ilcitos mentan supuestos distintos, pero no sucede as en nuestro inciso, en el que no hay una coma sino una conjuncin, por lo que no cabe desde la gramtica hacerle decir al inciso lo que no dice o, cuanto menos, lo que no es posible establecer con precisin, certidumbre que si bien es deseable para todo el ordenamiento jurdico, a fortiori lo es en materia penal, en donde el principio de legalidad exige tipificar con toda precisin las conductas punibles y las que no lo son, mxime si lo que se est debatiendo es de especial envergadura. A pesar de que considero que se puede, con el apoyo de los expertos lingsticos citados, sostener la tesis contradictoria que la propuesta por la Corte, no veo prudente argumentar desde una postura que admite tambin una exgesis diversa. Desde luego, lo mismo cabe decir de la postura inversa. Fundar el sentido del documento cualesquiera sea ste desde su gramaticalidad es, pienso, hacerlo desde bases controversiales y, en ltima
12. En cuanto a la doctrina, cfr. Soler, op. cit., nota 9, p. 108; Fontn Balestra, a partir de la opinin de Molinario, Derecho Penal, cit. nota 9, p. 95, y Tratado de Derecho Penal, cit., nota 9, p. 239, o Donna, op. cit., nota 9, p. 90, quien sigue la tesis de Soler.
instancia, dbiles. Por ello, la clave del sentido del inciso debe buscarse en otra sede. Es lo que har en los puntos B, C y D. 4. La segunda tesis (que la Corte conoce como del anlisis sistemtico, consid. cit., prr. 6) se desglos en dos argumentaciones que, al igual que la anterior, ostentan tanto fortalezas como debilidades. Lo primero reside en que la oracin introductoria a las dos causales de exencin de punibilidad del aborto prevn, como expresa la Corte, el consentimiento de la mujer encinta (consid. cit., prr. 6), por lo que la violacin del inc. 2 no puede sino hacer referencia a alguien que no es idiota o demente, inteligencia que se afianza con el agregado de que, luego de referir a la mujer con tales caractersticas, se seala que en este caso se exigir el consentimiento de su representante legal. Empero, la debilidad del argumento estriba en que, de acuerdo con lo expresado en el anterior prrafo, si violacin y atentado al pudor son modalidades que gravitan sobre una nica caracterstica, la alusin a en este caso comprende a la totalidad del inciso, el que refiere, entonces, a un solo supuesto. En abono de esta tesis, Lucila Larrandart refiere que quienes as piensan consideran que se est ante un caso nico, pues de lo contrario se hubiera dicho en este segundo caso, o en este ltimo caso.13 Y no cambia las cosas que el prrafo introductorio aluda al consentimiento porque bien cabe decir que ste refiere, netamente, al primer inciso, en tanto que el segundo mienta una nica realidad diversa a la que, justamente, alude la expresin recin citada. De cualquier modo, no se me escapa que el texto dista de ser difano y que, por lo mismo, no cabe desechar ninguna de las razones precedentemente brindadas, es decir, tanto las que permiten la significacin amplia como las que autorizan la restrictiva. Se estara, como en el supuesto anterior, ante una situacin de perplejidad jurdica, para decirlo con lvaro DOrs; esto es, ante un magnfico ejemplo de equivocidad, tanto semntica
13. Larrandart, Lucila, en Baign D./Zaffaroni, E. R., Cdigo Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2, 2010, p. 859. Es interesante la tesis contraria que predica Fontn Balestra, Derecho Penal, op. cit. nota 9, p. 95, para quien al referirse al consentimiento [del representante legal], la ley dice en en este caso, lo que reafirma la bivalencia de la disposicin, pues si se refiriese a la violacin y al atentado al pudor sobre mujer idiota o demente, debera decir en estos casos.
como sintctica,14 que torna inapropiada por ser discutible cualquiera de las defensas que, desde ese lugar, se esgriman acerca del sentido del documento. Idntica suerte adversa para desentraar tal inteligencia corre el segundo tramo de esta argumentacin, que es cuando vincula el inciso examinado con el sistema de los abusos sexuales regulados a partir del art. 119 (consid. cit., prr. 9). En mi opinin, no parece evidente que violacin, como sugiere la Corte, se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres no idiotas o dementes, de modo que el atentado al pudor debe quedar reservado al acceso carnal que produzca embarazo de mujeres de aquellas caractersticas. Adems de lo ya dicho supra 3, mientras el art. 119 tipifica la pena que recae ante diversos supuestos de violacin, el inc. 2 del art. 86 prev una hiptesis diametralmente diversa: la excusacin de punibilidad de la mujer capaz e incapaz (o, en otra inteligencia posible, solamente incapaz) por la violacin (cualquiera sea su sentido) seguida de embarazo, ya que no advierto ningn impedimento para que el mentado acceso carnal sobre mujer incapaz sea, en los trminos del entonces contemporneo con el inciso controvertido art. 121, cuando se usare fuerza o intimidacin (inc. 3) o cuando aquella no pudiere resistir, precisamente por tratarse de persona [] privada de razn o de sentido o que padeciera enfermedad o cualquier otra causa (inc. 2), o cuando la vctima fuere menor de doce aos.15 Desde esta lgica, si bien al legislador le hubiera bastado con decir violacin de mujer idiota, no lo hizo. La razn parece clara: conoci el anteproyecto helvtico que contena la descriptiva caracterizacin anteriormente citada y emple esa frmula, aunque, como se ver, a poco andar la
14. Para esto, cfr. el clsico estudio de Nino, Carlos S., Introduccin al anlisis del derecho, Astrea, Buenos Aires, 2, ampliada y revisada, 11 reimpr., p. 272 y ss. A partir de este autor, cfr. mi libro Teora del Derecho, baco, Buenos Aires, 2009, 2, corregida y aumentada, pp. 206-207. 15. Estimo que es coincidente la exgesis combinada de ambos textos que realiza Gmez, Eusebio, Tratado de Derecho Penal, Ca. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1939, t. II, pp. 148-9, quien concluye bastaba con que se hubiera hecho referencia al embarazo proveniente de una violacin, el que se halla justificado por la razn eugensica que a su juicio inspiraba al texto. Idntica es, en este tramo, la postura de Fontn Balestra, Tratado, op. cit. nota 9, p. 237.
redujo a la versin actual. Y como aquel giro (atentado al pudor) es ajeno a nuestra tradicin, segn coinciden todos los autores y as, probablemente, fue considerado tambin por el legislador, especific la exencin a partir de la existencia de violacin que, en los hechos, viene a ser sinnimo de dicha expresin. Violacin propia o impropia, como expresa el voto de mayora, pero violacin al fin. Lo decisivo enlazando con lo ya dicho es que la violacin es de mujer idiota o demente. Por lo dems, nada hay que impida que una incapaz resulte profanada con fuerza o intimidacin o aprovechando hallarse privada de razn o de sentido. Qu hacer ante ello? Se sabe que no es posible mucho menos en temas como ste apelar al romano recurso del non liquet, sino que se debe optar por alguno de los dos temperamentos. De ah que considero que es necesario ir ms all de la sintaxis y de la semntica del documento, para adentrarse en otros dos elementos para seguir la expresin savigniana16 tradicionalmente empleados por la jurisprudencia de la Corte en orden a develar normas oscuras o dudosas: el examen del contexto que da vida al texto17 y el anlisis de los fundamentos que dieron sustento a la norma.18 Y a estos dos, aadir otro: el anlisis de la cosmovisin del ms seero de sus redactores, Joaqun V. Gonzlez. B. El clima de poca en la sancin del inc. 2 1. Me parece insustituible, a fin de obtener una mejor comprensin del tema bajo anlisis, contextualizar el momento en que se gesta el documento ya que, como se ver, la interpretacin tradicional siempre vio al inciso como un caso de aborto eugensico. Qu es la eugenesia? En un interesante estudio, Eduardo Soria escribe que durante dcadas, muchos estuvieron de acuerdo en que el hombre deba favorecer la proliferacin de los integrantes ms aptos de su raza y deba condicionar el desarrollo de la masa ms dbil. De esta forma, defendan que el hombre corregira el error,
16. Cfr. Savigny, M. F. C. de, Sistema del derecho romano actual (del alemn por J. Mesa y M. Poley), Centro Editorial de Gngora, Madrid, s/f, 2, t. I, pp. 187-188. 17. Fallos: 241:291 (Kot esp. pp. 299-300); 328:566 (Itzcovich, consid. 10, voto de la mayora; consid. 13, prr. 5, voto del juez Lorenzetti, entre muchos otros). 18. Fallos: 313:1149; 315:790; 321:2594; 322:752, 2321, entre muchos otros.
producto del avance de la ciencia y la medicina, que posibilit a los enfermos de cuerpo y/o mente continuar con sus vidas ms de lo que la naturaleza les habra permitido, que ocasion que los dbiles tuvieran la posibilidad de reproducirse y engrosar las filas de la especie humana en forma negativa respecto al conjunto. Algunos de los que argumentaban esto, incluso llegaban a la conclusin de que era un acto de justicia el eliminar al enfermizo, al deforme y al menos veloz o potente [] as se impide toda degeneracin de la raza por la multiplicacin de sus representantes menos valiosos.19 La bibliografa especializada coincide en que se debe al ingls Francis Galton (1822-1911), el origen de la teora eugensica, vocablo de origen griego que significa individuos bien nacidos, de noble origen y de buena raza; tesis sta que se conjuga con la teora hereditaria debida al monje austraco Gregor Mendel (1822-1884) y la teora evolucionista de Charles Darwin (1809-1882) y que traspasaron con rapidez los lmites de las ciencias mdica y biolgica para ingresar al imaginario social a travs de perspectivas diversas como, en cuanto aqu interesa, la de la doctrina (por conducto del llamado positivismo cientfico) y la de la legislacin. 2. Como ejemplo de lo primero, es oportuno citar el influyente libro de uno de los ms destacados juristas alemanes, Karl Binding, en asociacin con el tambin reputado psiquiatra Alfred Hoche, Aprobacin del aniquilamiento de la vida no digna de ser vivida. All se escribe: Existen vidas humanas cuyo carcter de bien jurdico est tan daado, que su continuidad ya no tenga ningn valor, ni para sus titulares ni para la sociedad? Con slo plantearlo se provoca un sentimiento de incomodidad en quienes se han acostumbrado a valorar la vida individual, tanto para su titular como para la comunidad. [] pero si se evoca un campo de batalla sembrado de miles de jvenes muertos, o una mina de carbn en la que cientos de abnegados trabajadores pierden la vida por un derrumbe, y se comparan mentalmente esas imgenes con las de nuestros institutos para idiotas, con todo el esmero que all ponen en tener a los internos vivos, uno no puede sino sentirse conmocionado en lo ms profundo de su ser por la aguda contradiccin entre el sacrificio a gran escala del bien ms valioso de la humanidad, por
19. Soria, Eduardo R., El aborto eugensico en el Cdigo Penal Argentino (1853-1922), E, vol. I, N1, agosto/august 2009 (www.ea-journal.com), p. 4.
un lado, y por el otro el empeo puesto en cuidar existencias que no slo carecen de todo valor, sino que adems deben ser consideradas negativas.20 Y, como ejemplo de lo segundo, seala Soria que se realizaron congresos y publicaciones manifestando la necesidad de la implementacin de medidas y programas desde el estado, para realizar control sobre tems como la actividad sexual y reproductiva de la poblacin o la mezcla racial producto de la inmigracin, pero tambin la necesidad de trabajar sobre la eliminacin de la pobreza como foco de enfermedades, el alcoholismo y la pereza []. As se reglament [] el examen prenupcial, la esterilizacin de criminales, el aborto eugensico, las restricciones a la inmigracin, el control de natalidad, el examen fsico escolar, etc..21 Fueron famosas, en ese campo, la legislacin norteamericana, inglesa o australiana. Las ideas eugensicas originarias de Europa tambin llegaron a nuestras tierras, donde fueron receptadas por pensadores, como es el conocido caso de Jos Ingenieros, hombres de letras o juristas-legisladores. 3. En el mbito de la literatura, y en lo que puede dar lugar a un estudio en clave de lo que en Estados Unidos se conoce como Law and Literature, a mi juicio todava no explorado suficientemente, resulta de inters la obra publicada, inicialmente en Pgina/12 y luego compilada como libro, de Josefina Ludmer, quien repasa la relacin delito-literatura de esa poca, penetrada de arrogancia, de exonofobia, de sexismo y de racismo.22 De entre los distintos trabajos que ejemplifica el fenmeno, mencionar tres que, entiendo, tienen directa vinculacin con el tema de este apartado. El primero es la obra de Eduardo Holmberg La bolsa de huesos, de 1896, que refiere al hombre de ciencia que comete un delito amparado por una jurisprudencia propia, corporativa (no estatal) del grupo profesional cientfico: una jurisprudencia que est ms all de las leyes sociales. El mdico induce a la bella criminal a tomar porcin doble de la misma droga peruana desconocida por la ciencia que us en sus asesinatos seriales de estudiantes
20. Tomo la cita del interesante estudio de Rabinovich Berkman, Ricardo, La ley 26.378: un feliz golpe a los delirios eugensicos, en La Ley, Buenos Aires 2008-F-1195. 21. Soria, nota 20, pp. 4-5. 22. Ludmer, Josefina, El cuerpo del delito. Un manual, Eterna Cadencia Editora, Buenos Aires, 2011, p. 151.
de Medicina y que produce xtasis seguido de muerte. Su interlocutor lo interpela: pero si se trata de un escndalo, de varios crmenes. La respuesta es categrica: No, seor; se trata de la aplicacin de los principios generales de la medicina legal, que es una ciencia, y de demostrar que la ciencia puede conquistar todos los terrenos, porque ella es la llave maestra de la inteligencia. La ciencia conquistar al hombre, que no han conquistado an la religin ni la poltica.23 El segundo cuento pertenece a Horacio Quiroga, El hombre artificial, de 1910: Un crculo intelectual de cientficos [] se encierra en un laboratorio de Buenos Aires montado con los tipos ms perfectos de mquinas e instrumentos que encargaron especialmente de Estados Unidos [] para dar vida a una rata y despus construir un hombre artificial. Experimentan con un hombre pobremente vestido, muy flaco, de semblante amarillento, que perece, tras horribles tormentos, suerte que finalmente tambin corre su principal creador, quien siente la necesidad de experimentar en s mismo, cayendo destrozado por aquella abominable mquina de dolor que haba creado con su genio.24 El ltimo relato pertenece a Juan Jos de Soiza Reilly, La ciudad de los locos, de 1914. Se trata de transformar al loquito Tartarn Moreira en genio superhombre inyectndole fluido de un negro idiota. Despus de una agradable sonrisa diablica [] escarb con los dedos la nuca de la vctima. El experimento fracas pero su autor reflexiona: Acaso el doctor Jenner no sacrific tambin su propio hijo para legar al mundo el prodigioso invento de la vacunacin?. Y el testigo del procedimiento calla: Los delitos de las ciencias escapan a las leyes!.25 Los textos reseados son ilustrativos del clima de poca que se viva a fines del siglo XIX y principios del XX. Exista una marcada confianza en que los desarrollos de la ciencia permitiran el progreso no slo material sino espiritual de la humanidad y que, en consecuencia, deban comprometerse todas las energas disponibles a tal fin. Pero la literatura que, se sabe, se nutre de la realidad, tambin se permite y en ello estriba su gran tesoro desfigurarla o amplificarla, anticipando, al mismo tiempo, los aciertos o
23. Ibd., pp. 153-155. 24. Ibd., p. 161. 25. Ibd., pp. 162 y 165.
desvaros del trajinar humano. Y en este ltimo aspecto, los textos citados, consciente o inconscientemente, estn alertando acerca de las consecuencias no deseadas del progreso cientfico sobre el ser humano al que, justamente, cuanto menos en sus orgenes, buscaba plenificar. Es, en definitiva, la decisiva pregunta sobre los lmites ticos de la ciencia que la literatura, con la belleza y profundidad del relato que sobrevuela lo imaginario y lo real, interpela a la consciencia humana. Desgraciadamente, se trat del anuncio de lo que, algunas dcadas despus, iba a ser una trgica realidad, tal y como se vio en el rgimen nacional-socialista alemn. C. Los fundamentos dados por la comisin redactora del Senado 1. En la sesin ordinaria del 23 de septiembre de 1920 se insert el extenso y fundado Informe de la Comisin de Cdigos del Senado de la Nacin, relativo a la Reforma del Cdigo Penal. Con la firma de J. V. Gonzlez, E. del Valle Iberlucea y P. A. Garro, se seala que tras estudiar el proyecto originario del Poder Ejecutivo Nacional y el venido en revisin de la H. Cmara de Diputados en 1917, aconseja la sancin de este ltimo, con las modificaciones que se indican en el despacho.26 As las cosas, al tratar de los delitos y sus penas, en el cap. XIX se lee: En el art. 86 hemos propuesto el siguiente agregado: El aborto practicado por un mdico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible; 1- Si ha sido hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2- Si el embarazo proviene de una violacin de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota, demente, inconsciente o incapaz de resistencia, o de un incesto. Si la vctima es idiota o demente, el consentimiento de su representante legal deber ser requerido para el aborto.
26. Congreso Nacional, Cmara de Senadores, 43 Reunin, 31 sesin ordinaria, Septiembre 23 de 1920, pp. 937 ss.
Hemos tomado estas disposiciones del artculo 112 del anteproyecto suizo de 1916. La primera disposicin no necesita explicarse, pues cae de su propio peso que cuando el aborto es indispensable para la salud o la vida de la madre no constituye delito. La segunda importa una verdadera innovacin en la legislacin criminal. Al referirse a este punto dice un distinguido profesor de Derecho penal, citado varias veces en este informe, que es sumamente interesante la ltima redaccin del anteproyecto del Cdigo Penal suizo, que no figuraba en ninguna de las ediciones anteriores, habiendo sido introducido por la segunda Comisin de peritos. Es la primera vez agrega que una legislacin va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugensico para evitar que de un mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado. Gautier comentando este artculo apunta ya que en el caso de incesto se podran aadir consideraciones de orden tnico y que cuando el embarazo sea resultado de un atentado cometido sin violencia contra una mujer idiota, enajenada, inconsciente o incapaz de resistencia podra argirse, ms justamente an que en caso de incesto, el inters de la raza. Qu puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina? (Jimnez de Asa, La poltica criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas, p. 206). El tema es seductor y su desarrollo en este informe podra llevarnos muy lejos, hacindonos entrar en el dominio de la eugnica, cuyo estudio reviste para algunos miembros de esta Comisin una importancia trascendental y cuyos problemas deben interesar profunda e intensamente a los legisladores, pedagogos, socilogos y juristas de nuestro pas. La misma ciencia penal se preocupa de las aplicaciones de sus principios para combatir con mayor eficacia el aumento de la criminalidad. El VII Congreso de Antropologa Criminal celebrado en Colonia en 1911, se ocup de la esterilizacin de los criminales. Y en trece estados de Norteamrica se han dictado ya leyes esterilizadoras de criminales y enfermos mentales. Pero no es el momento de hacer en este informe largas consideraciones acerca de la eugenesia en sus relaciones con la criminalidad. Bastar decir para terminar con este punto, que si bien no se admite hoy en da ni por la ciencia, ni por el derecho penal, ni por el consenso social, la esterilizacin de los delincuentes, aunque sean incorregibles, con fines eugnicos, sintindose por esa medida segn dijera Van Hamelt, una repugnancia afectiva, es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con
intervencin facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza. El problema se ha planteado en Europa durante la ltima guerra, con motivo de las violaciones de que fueran vctimas numerosas mujeres belgas por soldados ebrios, desenfrenados o criminales.27 Los prrafos destacados son, a mi ver, suficientemente ilustrativos del espritu que anim la introduccin del inciso. Como se dijo, la finalidad eugensica del mismo fue asumida de modo casi unnime por la doctrina contempornea al texto, como lo recuerda Jimnez de Asa en, tal vez, el ms completo estudio del documento y de sus antecedentes.28 Si me permit citar ntegramente el dictamen no fue para generar tedio en el lector, sino para procurar rebatir aseveraciones como la recin mencionada de Soler, por ms que, como se lee en el comentario de Lucila Larrandart al Cdigo Penal dirigido por Baign/Zaffaroni, esta posicin no puede admitirse en la actualidad por implicar una concepcin discriminatoria29 (nfasis aadido). Ciertamente, no puede ser de recibo hoy (pienso que tampoco deba serlo entonces), pero cuestin distinta es lo que el legislador dijo y quiso. En este apartado, lo que deseo sealar es exactamente esto ltimo, por ms que ello sea (ms all de toda temporalidad) discriminatorio o, con mayor propiedad, aberrante. El dictamen, en efecto, afirma que es la primera vez que un legislador se atreve a legitimar el aborto con un fin eugensico de modo de evitar que de una mujer idiota o enajenada nazca un ser anormal o degenerado. Aade que la doctrina y la legislacin comparadas ya se ocupan de la
27. Ibd., pp. 957-958. El nfasis en todos los casos se ha aadido. 28. Jimnez de Asa, op. cit., nota 9, pp. 986-987, escribe que este nmero 2 fue siempre interpretado por m como comprensivo del aborto sentimental (caso de violacin) y del aborto eugnico (caso del atentado al pudor sobre una idiota o demente). Debo confesar que sin el parecer de Juan B. Ramos, me hallara definitivamente solo en esa interpretacin, ya que la casi unanimidad de los penalistas argentinos opina que el texto del Cdigo slo se refiere al segundo (p. 986). Soler, op. cit. nota 9, p. 107, nota 54 seala que adhieren a esa interpretacin histrica la opinin de Moreno, Gmez y Gonzlez Roura (aun cuando los dos ltimos sean partidarios, conceptualmente, del criterio amplio, tal y como lo seala en la nota 53). Empero, el jurista rosarino piensa que no es muy ilustrativo el comentario con el cual la comisin del Senado fund la extraordinaria iniciativa, la que, a su juicio, se explica con toda oscuridad. 29. Larrandart, op. cit. nota 13, p. 859. En igual sentido: Donna, op. cit. nota 9, p. 89.
esterilizacin de criminales y de enfermos mentales y si bien reconoce que respecto de lo primero no existe un consenso afirmativo, es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervencin facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza. Y con cita del doctrinario suizo Gautier, menciona que cuando el embarazo sea el resultado de un atentado cometido sin violencia contra una mujer idiota [] podra argirse ms justamente an que en caso de incesto, el inters de la raza. En verdad, resulta asombroso expresar que los prrafos citados sea de toda oscuridad y, an ms, conjeturar que la intencin del legislador fuera otra que la eugensica. Pero conviene profundizar el estudio de lo que el legislador tuvo a la vista, pens y genuinamente quiso decir. Como surge del dictamen, el texto se inspira en el proyecto suizo de 1916, el que aparentemente es conocido a travs de una obra de 1918 del citado penalista espaol Luis Jimnez de Asa mencionada en los fundamentos. Segn escribe este autor, aos despus en el trabajo antes mencionado, en aquella obra que el legislador tuvo a la vista transcribi el inciso suizo como sigue: si el embarazo proviene de una violacin, de un atentado al pudor cometido en una mujer idiota, enajenada, inconsciente o incapaz de resistencia, o de un incesto.30 Parece claro, entonces, que el legislador europeo haba previsto tres supuestos bien diferenciados (y no dos, como dice el voto de mayora en el cit. consid. 18, in fine). Tiempo despus, Soler precisa el motivo de la distincin: el anteproyecto helvtico se inspira en el Cdigo alemn, en el que, a diferencia de lo que pasa con nuestro art. 119, que designa con la palabra violacin a los tres casos que enumera, se emplean nombres tcnicos distintos para la violacin por la fuerza, delito llamado Notzucht y para la violacin de mujer idiota, delito al que se llama Schndung, palabra que, en realidad ms que atentado al pudor quiere decir profanacin.31
30. Jimnez de Asa, op. cit. nota 9, p. 987, nota 80. 31. Soler, op. cit. nota 9, p. 108. Como se ve, el sentido que asigna Soler a Schndung es el mismo que le atribuya la mayora de la Corte en el consid. 18, prr. 9, in fine. Dicha expresin puede tener, empero, varias traducciones. El reputado Diccionario bilinge de Slaby, Grossmann e Illig, Herder, Barcelona, 1989, t. II, seala deshonra; difamacin y, en tercer trmino, profanacin. Respecto de una muchacha (Mdchens) traduce violacin y, cuando habla de estupro, escribe Notzucht. La idea, en todos los casos, parece clara: es la violacin de mujer incapaz.
Ahora bien: volviendo al origen de la clusula, no convence la velada crtica que hace Soler a la traduccin de Schndung como atentado al pudor. Por de pronto, no cabe inferir (muy por el contrario) que el legislador suizo ignorase o no comprendiese el significado de Schndung. Simplemente, para verter en lengua francesa ese concepto escogi una frmula extensa, sumamente descriptiva, como pretendiendo enfatizar las caractersticas de ese tipo de violacin cuyo fruto autoriza su cancelacin. Y el Informe hace mrito de esta distincin cuando cita a Gautier quien, con toda claridad, refiere a que ese embarazo sea el resultado de un atentado cometido sin violencia, contra una mujer idiota. As las cosas, el legislador argentino sigue, inicialmente, el contenido del anteproyecto suizo a la letra. Obsrvese, en primer trmino, que en el citado Informe, en el inciso bajo examen, no hay ni coma ni conjuncin entre violacin y atentado al pudor, figurando tambin el supuesto del incesto. Sin embargo, cuando la comisin transcribe la totalidad del Cdigo, al llegar al art. 86 se lee, en cuanto aqu interesa: si el embarazo proviene de una violacin, de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota, demente, inconsciente o incapaz de resistencia, o de un incesto.32 Aqu s se encuentra la coma entre violacin y de un atentado al pudor con lo que se est en la versin francesa del anteproyecto suizo que el legislador conoci a travs de Jimnez de Asa. 2. Pero el artculo, ms all de su ambigedad, tuvo un trmite que merece ser repasado con atencin, no slo porque no advierto que haya ocupado a la abundante doctrina que he consultado sobre el punto, sino porque su detalle reafirma mi tesis de que la genuina voluntad del legislador histrico no fue otra que la de consagrar como causa nica autorizacin legal del aborto, el producido por razones eugensicas. En efecto, ni en la 44 reunin, del 25 de septiembre de 1920 (cfr. pp. 1166-1168), ni en la 36 Reunin del 27 de agosto de 1921 (cfr. pp. 309-320), al tratarse el proyecto de Cdigo en la Cmara Alta, existen menciones al tema que aqu interesa. S se la encuentra en la 38 reunin (1/9/21), en la que se lee: modificar el inc. 2 en la forma siguiente: si el embarazo
32. Congreso Nacional, op. cit. nota 27, p. 967.
proviene de una violacin, o de un atentado al pudor de una mujer idiota o demente. En este caso (p. 829), siguiendo el texto como se lo conoce hoy en da. Se advierte que se aadi la clebre conjuncin que tanto ruido habra de causar; que se redujo la caracterizacin de la mujer incapaz, abandonando la descripcin que haca el antecedente suizo por la ms breve que tuvo consagracin final y que se excluy el supuesto de permisin del aborto por razn de incesto. Se est, pues, ante el texto definitivo y no puede pasarse por alto que, de manera contempornea, se introdujeron dos modificaciones que vienen no slo a desvirtuar completamente el anteproyecto europeo que haba servido de base, sino que terminan por ubicar al texto argentino en el solo mbito de la autorizacin del aborto eugensico. Es verdad que se echa en falta alguna alusin a los cambios referidos y es cierto que la conjuncin no resuelve pacficamente el tema, pero el cambio es demasiado importante como para no extraer consecuencias de l, consecuencias que restringen considerablemente la interrupcin del embarazo a un nico supuesto lo cual, como se ha visto, guarda perfecta lgica con el sentido del Informe. As las cosas, vuelto el proyecto a la Cmara de Diputados, en la 51 reunin (23/9/21), el texto que regula este inciso es idntico al recin transcripto (p. 280) sin perjuicio de sealar que el extenso informe procedente del Senado y que se acompaa al debate, en el que se explican las modificaciones introducidas al proyecto llegado a esa cmara en revisin (cfr. pp. 287-293) no hace referencia alguna a la cuestin del aborto. En suma; no existen otros indicios para desentraar la inteligencia del inciso que las del primigenio Informe de septiembre de 1920 y las sucesivas alteraciones semnticas de que da cuenta la versin oficial y, por tanto, autntica, de ambas cmaras del Congreso Federal. Nuevamente el proyecto en el Senado, en la 58 reunin (30/9/21) la Cmara se cie a insistir en la redaccin dada a ciertos artculos, entre los que tampoco se menciona el que aqu preocupa (cfr. pp. 749-751). Y, finalmente, tampoco hay referencias al tema en la 56 reunin, del mismo da, de la Cmara de Diputados, en la que, mediante un trmite veloz, el diputado Ferreyra expresa que es una sancin reclamada por una inmensa parte del pueblo y que representa una reforma trascendental en la legislacin penal, que nos coloca a la cabeza de las naciones civilizadas (p. 690), se aprueba la insistencia, quedando de tal modo definitivamente sancionado el Cdigo.
3. Del derrotero transcripto, destaco como sustanciales las dos alteraciones procedentes del Senado el 1 de septiembre de 1921 en la que se incorpora la conjuncin o y la exclusin de la causal de permisin del incesto, las que conducen de la mano de los fundamentos explcitos del inciso, primera regla de interpretacin de las leyes,33 y de las consideraciones brindadas en el apartado anterior y las que se darn en el siguiente a ceir el inciso al aborto eugensico. De esta manera, cabe concluir que si bien netamente influenciado por el proyecto helvtico, el inciso 2 del art. 86 ni es una mala copia de aqul, ni un resultado extravagante a raz de una sumatoria de desatinos. Antes bien, parece un genuino producto argentino, consecuencia de la voluntad de sus legisladores, en el marco de una cosmovisin bastante expandida en la poca.34 Y en ese contexto, no me parece relevante que de las cuatro caracterizaciones presentes en el anteproyecto suizo se mantengan las primeras dos, idiota y demente, dejando a un lado, con el correr del debate, las restantes (inconsciente e incapaz de resistencia).35 En todos los casos, el sentido es claro: queda autorizado el aborto si la mujer es incapaz.
33. Cfr. las referencias dadas en ala nota 18. 34. Tambin Fontn Balestra (Derecho Penal, nota 9, op. cit., p. 93) piensa que el texto se desprendi, finalmente, de su gnesis, aunque por razones distintas a la que brindo en el cuerpo. 35. Jimnez de Asa, en el trabajado ms arriba citado no dice si, al mencionar el texto del anteproyecto suizo, lo transcribe, como hace en este ltimo trabajo, tambin en alemn y en francs. No conozco, en consecuencia, la razn por la que en nuestro inciso se traduce aline como demente cuando, en la versin de Jimnez de Asa aquella palabra se vierte como enajenado. Como es obvio, ambas versiones son correctas. Simplemente deseo dejar sentado que si el doctrinario espaol no transcribi el texto en francs, es posible que el legislador lo hubiera tenido a la mano por otra va y que, a partir de ello, tradujo alienado como demente y no como enajenado. Que el legislador conoca el francs parece claro de las numerosas citas que realiza de obras escritas en esa lengua en el extenso Informe antes aludido. En el caso de Gonzlez, esto es tambin muy perceptible. A mero ttulo de ejemplo, remito al volumen IV de sus Obras Completas, Edicin ordenada por el Congreso de la Nacin Argentina, Buenos Aires, 1935, y que se dedica a la Legislacin de Minas, en la que las menciones a trabajos escritos en lengua francesa prcticamente pueblan cada pgina del libro. Tambin considero importante sealar que, contrariamente, no parece que los legisladores conocieran la lengua alemana. No hay referencias a ella en el Informe ni tampoco las he encontrado en los consulados trabajos de Gonzlez.
Y al respecto, cabe decir algo ms: el legislador nacional lleva razn cuando dice que es la primera vez que se tiene el atrevimiento de avanzar sobre este tpico, porque el de Suiza fue un anteproyecto que, finalmente, no se concret. El propio Jimnez de Asa pone en boca del citado Gautier sus reservas sobre el alcance del precepto: el inciso del Anteproyecto suizo de 1916 levant recelo. Incluso el sosegado y ecunime espritu de Alfredo Gautier que empezaba por reconocer una perfecta tendencia eugensica en el aborto por razn de incesto o de atentado contra una mujer idiota o enajenada hall motivos de inquietud, y acababa sentenciando que bien considerado, parece que, a pesar de las precauciones tomadas, la disposicin ser ms peligrosa que til.36 Es slo ese el nico supuesto que tiene presente el legislador argentino? Acaba de decirse que su modelo consider tres situaciones. En la versin antes citada del Informe apareca en tercer lugar al igual que en la suiza que cita Jimnez de Asa, el incesto. Entre sus fundamentos, apelando a Gautier, se dice que las razones por la que se incluye este supuesto son de orden tnico y, tambin, aunque en medida menor que el anterior supuesto, raciales. Y no se aaden otras consideraciones, ocurriendo que, con posterioridad, como se refiri, el legislador argentino excluy dicha causal. Se ignoran los motivos. Acaso en la mente de los senadores lati el hecho de que se trataba de una prctica si bien espordica, no infrecuente en la sociedad de la poca. Pero ms all de esa conjetura, lo indudable es que ese supuesto que inicialmente integr el inciso, qued finalmente excluido.37 Resta la exencin de la discordia: la que autoriza el aborto con sustento en la violacin de persona capaz. Como se dijo, la Corte piensa que la voz violacin a secas autoriza arribar a la conclusin a la que llega. Se han
36. Jimnez de Asa, op. cit. nota 9, p. 985. 37. Es interesante la observacin de Fontn Balestra (Derecho Penal, op. cit. nota 9, p. 95) para abonar su tesis amplia del inciso cuando expresa que de haberse mantenido el incesto y tener ste un tipo delictivo correspondiente en nuestra ley, se habra requerido, tambin, que la vctima fuera mujer idiota o demente para que fuera procedente en el caso del beneficio del inciso 2 del art. 86? Pero tambin cabe la conclusin contradictoria ya sealada: el legislador abandon este supuesto porque, justamente, no consideraba que atendiera al propsito eugensico que animaba al texto, sino a uno ms bien tnico (con Gautier) que por tener cierta virtualidad en la sociedad de entonces no justificaba su inclusin.
sealado los inconvenientes gramaticales y sistemticos que tornan insegura tal conclusin. Si stos persistieran, tengo para m que el Informe los despeja. Por qu? Simplemente, porque no se encontrar una sola referencia al supuesto. El punto es an ms claro que respecto del incesto, causal a la que apenas se alude en el Informe. Por el contrario, no hay ni una sola mencin al punto bajo examen en los fundamentos y si bien se halla la palabra en el inciso, la conjuncin o incorporada posteriormente est diciendo algo que guarda relacin con la exposicin de motivos y que no se incorpor de la noche a la maana, sino al ao de presentado el primigenio Informe. Y si se pensara que la alteracin del 1 de septiembre de 1921 nada est queriendo decir, ella no autoriza, por las ya dichas consideraciones semnticas, a independizar violacin de atentado al pudor. Si se atiende al espritu del legislador, no cabe arribar a otra conclusin ya que el dictamen, en el aspecto bajo tratamiento, slo se ocupa del aborto por razn de eugenesia. Es, adems, lo lgico: si se hubiera pretendido introducir una causal como la que extrae la Corte en el fallo bajo comentario, dada su relevancia y novedad, habra merecido alguna consideracin suplementaria. De ah que ms all de las crticas (por momentos sumamente duras38 y, en parte, no desprovistas de razn) que la redaccin del documento le origin a la Comisin, no cabe presumir una imprevisin o inconsecuencia tan palpable, para decirlo en el lenguaje de la propia Corte,39 mxime si no puede discutirse la categora intelectual de sus integrantes, en especial de Gonzlez y de Del Valle Iberlucea.40 Por ltimo, tampoco convence el argumento de Jimnez de Asa de que la exposicin de motivos no se cie exclusivamente al aborto eugensico, sino que se extiende al supuesto amplio, conocido como sentimental en la medida en que hace referencia al caso de las violaciones perpetradas por soldados ebrios, desenfrenados o criminales sobre mujeres belgas durante
38. Es el caso de Morisot y Ramos, a quienes cita Jimnez de Asa cuando dice (nota 9, p. 987): El error proviene de que la Comisin del Senado transcribi el texto suizo sin notar la redundancia que significa dentro de nuestra ley. Es lo que les sucede, dice Ramos, a los que copian sin saber lo que copian. Tambin es muy crtico Buompadre, op. cit. nota 9, p. 205. 39. Fallos: 258:75; 295:439; 297:218; 316:2624, entre muchos otros. 40. Cfr. al respecto los datos que suministra Soria, nota 20, pp. 18-23.
la primera guerra mundial, mujeres stas que no eran idiotas.41 Represe que se est ante un ejemplo expuesto a guisa de conclusin y que, en rigor, se agota en s mismo, por lo que no cabe extraer de l la conclusin que pretende obtener el ilustre penalista. De nuevo: si el legislador hubiera querido prever la no punibilidad del aborto sentimental, debera haber dedicado alguna reflexin al asunto, lo que no es, ciertamente, el ejemplo recin citado. Por lo dems, obsrvese que la ltima calificacin de los soldados (criminales) fue expresamente considerada por el dictamen al sealar que alguna doctrina y creciente legislacin se estaba ocupando del asunto al sugerir o adoptar medidas de esterilizacin. Y, a su vez, la segunda caracterstica (desenfrenados) se acerca, conceptualmente, a este ltimo concepto. En suma, pienso que toda la fundamentacin del inciso, tanto por la extensin cuanto por la densidad de sus argumentos, se destina a justificar la impunidad del aborto con sustento en la necesidad de mejorar la raza, sin que la mencin al caso de las mujeres belgas permita extraer cuanto menos una consecuencia implcita de que bajo ese ejemplo se buscaba justificar otro supuesto de exclusin de punibilidad del aborto y, como se seal, de tanta trascendencia. D. El pensamiento de Joaqun V. Gonzlez sobre el tema En el Informe se cit un pasaje que, entiendo, no debe quedar desapercibido: se dice que el tema es seductor y que la eugnica [] reviste para algunos miembros de esta Comisin una importancia trascendental (nfasis aadido). De quin o quines se trata? El citado trabajo de Eduardo Soria se ocupa de Joaqun V. Gonzlez, de quien exhuma algunas reflexiones vertidas en Patria y Democracia y publicadas en el volumen XI de sus ya mencionadas Obras Completas. Para el notable riojano desde la incipiente eugnica hasta la ms generosa poltica internacional, se reconoce y respeta como inviolable para cada nacin, la libertad de buscar por todos los medios a su alcance, dentro de las leyes comunes a todos, la realizacin, o los cambios para llegar a realizar la seleccin de sus elementos raciales o nacionales. Se debe, entonces, generar una poltica que propenda tanto al aumento de los factores tiles como de eliminacin de los
41. Jimnez de Asa, op. cit. nota 9, p. 988.
intiles, ineficaces, peligrosos o incapaces para contribuir al fin supremo y vital de la seleccin. Es lo que en los reinos de eugnica y de la sociologa se denomina eliminacin de los ineptos. Ms precisamente, dicha poltica debe apuntalar a la preservacin de la especie humana y mejoramiento de la raza propia, por el estmulo y facilidad de las uniones sanas y fecundas, la incorporacin migratoria de las mejores razas europeas, y la prohibicin, forma de impedimentos absolutos, para las uniones matrimoniales entre personas enfermas de males trasmisibles a la descendencia; y si an los indicativos eugensicos son inaplicables, por lo menos pensar en medios esterilizantes contra la propagacin de los grmenes de la degeneracin de la familia, como ncleo social originario.42 Los textos citados no dan margen a la duda: Gonzlez adscribi a la filosofa dominante en su poca y seguramente consider la reforma del Cdigo Penal como una oportunidad propicia para introducir dichas ideas a travs de algunas de las soluciones legales. El Informe da expresa cuenta del entusiasmo que esta nueva ciencia suscitaba en la intelectualidad de entonces y, si bien descarta algunas variantes entonces adoptadas, entiende que otras deben implementarse en pos del perfeccionamiento de la raza, tal la del inciso bajo examen. E. Sntesis Pienso que el anlisis precedentemente seguido permite echar suficiente luz sobre el genuino sentido del art. 86, inc. 2 del Cdigo Penal. ste es inseguro desde la sintaxis del documento y, aun, desde el esfuerzo de armonizacin del inciso dentro del artculo y junto con otros textos del Cdigo. De ah que considero que se hace preciso ir a la mens legislatoris tambin fuente principalsima para desentraar el sentido de las normas, segn inveterada jurisprudencia de la Corte que, empero, no es objeto de anlisis en el fallo y, a ello, en razn de la relevancia del tema, he aadido el anlisis del contexto intelectual que da vida al inciso y el pensamiento filosfico de su figura ms relevante en lo concerniente al tema de estudio. A mi ver, estos ltimos pasos son determinantes para moverse con algo ms de comodidad en un territorio, de suyo, muy controvertido y al que la redaccin del documento
42. Soria, op. cit. nota 20, pp. 22-23.
no contribuy en lo ms mnimo. Si mi indagacin no es desacertada, considero que el camino seguido est en condiciones de sealar que la conclusin a la que arriba la Corte (expresa e implcitamente, segn se tome el voto de mayora y los dos votos concurrentes), se resiente de objeciones que deben atenderse en orden a obtener una interpretacin ms genuina de este tan trajinado inciso que, es claro, y como dir en las conclusiones, exige una pronta y radical reforma. La interpretacin de los derechos fundamentales, segn la Constitucin y la Corte Suprema Cul es la tradicin argumentativa de la Corte en materia de interpretacin de derechos constitucionales? Brevemente, la Constitucin en sus arts. 28, 14 y 75, inc. 22 establece la tesis de que los derechos (ni siquiera los fundamentales) no son absolutos. En efecto; atenta la coexistencia social, se impone su reglamentacin y las leyes que se ocupan de tal tarea no podrn alterarlos, idea que seguramente se tom del Proyecto de Alberdi que, de modo muy claro, escriba en su art. 20 que el Congreso no podr dar ley que con ocasin de reglamentar u organizar su ejercicio, las disminuya, restrinja o adultere en su esencia.43 Ante ello, corresponde una interpretacin armnica o sistemtica de los derechos, al punto que los incorporados en los tratados a los que en 1994 el constituyente asign jerarqua suprema deben entenderse complementarios de los reconocidos en la primera parte del documento. Sobre estas bases, la jurisprudencia del Alto Tribunal elabor a lo largo de su historia una consolidada doctrina que, tambin en apretada sntesis, se especifica como sigue. Por de pronto, a propsito de la interpretacin de las leyes o reglas infraconstitucionales entre s, se ha dicho que en la tarea de investigar las leyes debe evitarse darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deja a todas
43. Alberdi, Juan B., Las Bases, La Facultad, Buenos Aires, 1915, p. 273. Cfr. al respecto Toller, Fernando, Propuestas para un nuevo modelo de interpretacin en la resolucin de conflictos de derechos constitucionales, en Anuario de Derecho, Universidad Austral, 4, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 235. Ms ampliamente sobre este asunto, cfr. Serna, Pedro/Toller, Fernando, La interpretacin constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, passim.
con valor y efecto.44 A su vez, en relacin con las normas de la ley Suprema, luego de puntualizar que sta es un conjunto armnico, ha sealado que los derechos fundados en cualquiera de sus clusulas tienen igual jerarqua y que la interpretacin debe armonizarlas, ya se trate de derechos individuales o de atribuciones estatales.45 De ah que, a juicio del Alto Tribunal, ha de rechazarse toda interpretacin de la que resulte que un derecho de base constitucional para tener vigencia requiere, inevitablemente, la sustancial aniquilacin de otro.46 De manera ms reciente, el Tribunal seguramente inspirado en las enseanzas de Alexy47 afirm que los principios son normas que constituyen mandatos para la realizacin de un valor o un bien jurdicamente protegido en la mayor medida posible. Cuando un principio colisiona con otro de igual rango, la solucin no es excluir uno desplazando al otro, sino ponderar el peso de cada uno en el caso concreto, buscando una solucin armnica.48 La interpretacin constitucional del caso El punto de vista de la mayora 1. Se examinar, en primer trmino, el voto de la mayora. ste arriba a la interpretacin amplia del inciso a travs de una segunda lnea de argumentacin: la armonizacin que involucra normativa del ms alto rango con otra de derecho comn (consid. 8). De esta manera, procura
44. Fallos: 1:300; 190:571; 320:1962, sus citas y muchos otros. 45. Fallos: 255:293; 264:94; 272:231, entre otros. 46. Fallos: 251:87, sus citas y muchos otros. 47. Alexy, Robert, Sistema jurdico, principios jurdicos y razn prctica, Doxa, 5, 1988, esp. p. 143. 48. Fallos: 332:1867, causa Gualiteri Rugone de Prieto, Emma s/sustraccin de menores de 10 aos, voto de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni, consid. 10. En la misma causa, la jueza Highton, tras recordar, con cita de abundante jurisprudencia, que los derechos constitucionales, lejos de ser absolutos, estn sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre s, seala, en terminologa que recuerda a Atienza, que en ese trance se hace necesario encontrar un punto de equilibrio (consids. 11 y 15). El interesante trabajo de Atienza dedicado a este tema es Sobre lo razonable en el derecho, Revista Espaola de Derecho Constitucional, 9, 27,1989.
desvirtuar el agravio deducido por el defensor del nasciturus, para quien, con la exgesis dada por el a quo al inciso semejante a la que a la postre adopta la Corte se desconoci el plexo constitucional-convencional segn el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepcin (consid. 3).49 Para el Alto Tribunal, se hace necesario y oportuno responder a dicha queja desde una construccin argumental que permita armonizar la totalidad del plexo normativo invocado como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos de distintos organismos internacionales, cuya jurisdiccin el Estado Argentino ha aceptado y de otras normas y principios de igual jerarqua (consid. 7). 2. La sealada construccin argumental principia con la referencia al art. 75, inc. 23 de la Constitucin. Se dice que de ste resulta imposible extraer base alguna para sustentar la tesis que postula la recurrente (consid. 9, pr.). Para empezar, considero que ambas argumentaciones (defensa y voto de mayora) se sitan en mbitos distintos por lo que es lgicamente imposible una recproca refutacin. En efecto; la mayora acierta en que esa norma y las que se citarn nada dicen sobre los supuestos de permisin del aborto. Pero eso no roza la tesis de la defensa que transita por otro mbito: para ella, la interpretacin amplia del inciso deja inoperante al elenco de normas que invoca. De ah que si es irreprochable que el inciso 23 tuvo por objeto dictar un marco normativo especfico de seguridad social y no uno punitivo, por lo que de esta norma nada se puede derivar para definir, en el sentido que se propugna, la cuestin relativa a los abortos no punibles (consid. cit., 2 prr.), tambin lo es lo que afirma la defensa: existe la manda de dictar tal marco normativo porque hay un nimo de defensa de la vida desde la concepcin que no puede ser silenciado. La argumentacin
49. La argumentacin de la defensa, segn se desprende de los votos de los jueces Argibay y Petracchi parece incluir otros aspectos complementarios a lo expuesto en el cuerpo y que enriquecen su perspectiva, en lnea con lo que surge de la Constitucin y de la exgesis de la Corte, segn se ver en seguida. As, se lee que el esquema de fundamentacin se asienta en (1) alegar la vulneracin al derecho a la vida del feto; (2) la intensidad de la afectacin de los derechos de la madre de la persona por nacer es en realidad menor de lo que la norma permisiva presupone y (3) el dao que padece puede repararse a travs de medidas alternativas (v. gr., asistencia psicolgica a la nia y su entorno familiar) (consid. 13, 2 prr., in fine, voto de la jueza Argibay, y 10, in fine, voto del juez Petracchi).
de la recurrente est, pues, en un mbito previo al del voto mayoritario: sugiere que si hay un programa de seguridad social especial e integral desde el embarazo (y que, a fortiori, se extiende a la madre durante el perodo de gestacin y el tiempo de lactancia) es porque el constituyente piensa que hay derecho a la vida desde la concepcin que justifica el dictado de tal rgimen. Y si en ninguna parte de este razonamiento entra la cuestin punitiva, ello se debe, sencillamente, a que sta no tiene cabida en un rgimen de seguridad social. El punto aqu es uno anterior: hay derecho a la vida desde la concepcin? Y si la respuesta textos constitucionales e infraconstitucionales en la mano fuera afirmativa, recin entonces cabe responder si, no obstante lo anterior, se est, ante una hiptesis permisiva de aborto. 3. La sealada omisin que reprocho a la mayora se reitera en el examen de las restantes consideraciones. Las trato brevemente. Es verdad que en la Convencin Constituyente de 1994 no se pretendi limitar el alcance del inciso bajo examen (consid. cit., prr. 3), lo que es lgico porque clusulas como la del inciso en cuestin no tienen prosapia constitucional sino que deben reservarse al exclusivo mbito penal, pero s lo es, como agrega el Alto Tribunal, que se gener un amplio debate sobre el derecho a la vida y que deriv, entre otras consecuencias, en el dictado del sealado inc. 23. Y ste es el punto que no cabe pasar por alto: ese debate y la consecuencia de ste (el dictado de un rgimen especial e integral en favor del nio desamparado desde el embarazo, sobre el que ms adelante se volver). Situados en dicho horizonte, recin entonces cabe avanzar sobre las causales de exencin de punibilidad del aborto. De igual modo, es cierto que de las previsiones de los arts. 1, 3 y 4 del Pacto de San Jos de Costa Rica no se deriva algn mandato por el que corresponda interpretar, de modo restrictivo, el alcance del art. 86, inc. 2 del Cdigo Penal (consid. 10, prr. 1). De nuevo: ni las constituciones ni las convenciones prevn normas de tal ndole. Pero la Convencin Americana dice mucho sobre el tema bajo examen que merece ser tenido en cuenta: su art. 4, inc. 1 prev que toda persona tiene derecho a que se respete su vida [], en general, a partir del momento de la concepcin, norma que mereci, como seala el voto y no poda ser de otro modo, un vivo debate entre sus redactores. Empero, el contenido de ese texto es inusualmente ms preciso que los artculos de otras convenciones que tratan de la proteccin de
la vida, por lo que algo importante est diciendo: que la vida principia, en general, desde la concepcin.50 Y si bien la matizacin en general restringe el contenido de concepcin por lo que es correcto que dicho artculo no quiso establecer una proteccin absoluta del derecho a la vida (nfasis aadido), en lnea con la consolidada doctrina mencionada en el punto anterior, no lo es menos que el iter argumentativo seguido por la mayora de la Corte omite un paso imprescindible para obtener la adecuada decisin del asunto que, se reitera, puede ser coincidente con el que arrib el tribunal. Cuanto se ha dicho respecto de las normas del Pacto se aplica a las de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, de las que se ocupa el voto en el consid. 11. Y otro tanto cabe sealar de lo que se dice del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos en el consid. 12. El contenido de este precepto, con todo, merece atencin: nadie podr ser privado de la vida arbitrariamente (nfasis aadido). Este ltimo requerimiento est exigiendo una fundamentacin suplementaria si de la cancelacin de la vida se trata, la que, es claro, no se cubre con la mera alusin al parecer de los Comits de Derechos Humanos y de los Derechos del Nio relativa a que debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violacin (consid. 12, 2 prr.). Tampoco convence la exgesis del art. 2 de la ley 23.849. El voto dice que ste no constituye una reserva (consid. cit., prr. 4) y est en lo cierto. La mera lectura de la norma dice que es una declaracin interpretativa adoptada, por lo dems, por unanimidad de ambas cmaras del Congreso Federal. Pero si bien, tcnicamente, desde el punto de vista del derecho internacional pblico no es lo mismo una reserva que una declaracin interpretativa, en cuanto aqu interesa tal distincin se diluye por completo porque, como dice la Corte adecuadamente, la Convencin rige en los trminos del art. 75, inc. 22, es decir agrego repitiendo el texto constitucional, en las condiciones de su vigencia, lo que implica sealar que rige tal y como nuestro pas se ha obligado internacionalmente al momento de depositar el instrumento de que se trate. De ah que si la Argentina queda compelida en los trminos
50. Este texto debe vincularse con el inc. 5 del citado art. 4 que prohbe la aplicacin de la pena de muerte a las mujeres en estado de gravidez, lo que es muy elocuente: an en la lgica que no comparto de la pena de muerte se extiende la pena de la madre al nasciturus? Es claro que no, justamente porque se est ante otro ser humano que no ha delinquido y, por tanto, que merece toda la proteccin del ordenamiento jurdico.
de la mentada ley, es justamente esa declaracin la que corresponde evaluar, la cual tiene una relevancia no menor, tanto ms cuanto que en 1994 el documento fue elevado a jerarqua constitucional. En efecto, afirmar que nio es todo ser humano desde el momento de su concepcin, adems de ms enftico que lo que dispone el citado art. 4 del Pacto de San Jos, dota al nasciturus de una aureola de proteccin por una norma de mxima jerarqua que no puede menospreciarse. Eso no significa, como se viene sealando, que al cabo del examen de ponderacin de derechos su suerte no sea adversa. Pero tal aureola exige asumir ese camino, no soslayarlo. 4. Como vengo diciendo, no advierto en la construccin argumental de la mayora de la Corte ninguna mencin al nasciturus y, menos, a su status constitucional, ni siquiera en el segmento de esa construccin en el que se advierten las mejores razones en favor de su postura. En efecto; en el consid. 15, con sustento en el principio de igualdad y de prohibicin de toda discriminacin, considera que reducir por va de interpretacin la autorizacin de la interrupcin de los embarazos slo a los supuestos que sean consecuencia de una violacin cometida contra una incapaz mental implicara establecer una distincin irrazonable de trato respecto de toda otra vctima de anlogo delito [] por no responder a ningn criterio vlido de diferenciacin. Y aade, aceptar una interpretacin restringida de la norma en trato [] no respondera al vlido objetivo de proteger los derechos de las vctimas de violencia sexual. A su vez, en el consid. 16, con arreglo al principio que consagra [a las personas] como un fin en s mismas y proscribe tratarlas utilitariamente, entiende que debe admitirse la exgesis amplia del inciso ya que la pretensin de exigir, a toda otra vctima de un delito sexual, llevar a trmino un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos ms fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada. En efecto; resulta incuestionable que no cabe establecer distingos entre vctimas de delitos sexuales fundados en la capacidad o incapacidad de aquellas. Todas con entera prescindencia de sus accidentes, basados en la raza, el sexo, las diferencias fsicas o, en cuanto aqu interesa, el uso o no de razn son personas y, por tanto, sustancialmente iguales. Desde ese plano, un delito sin dudas aberrante como lo es la violacin que, adems, se sigue de embarazo, transforma a todas esas personas en sujetos que el
ordenamiento jurdico debe proteger por igual.51 Pero el problema estriba en que, como consecuencia de tal delito, ha ingresado a la escena un tercero, ajeno a la relacin victima-victimario y acreedor, en tanto que persona, de todos los derechos que discierne el mencionado ordenamiento. Desde esta perspectiva, coincido con la Corte en que cabe privilegiar la interpretacin legal que ms derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (consid. 17) a condicin de que tal exgesis lo sea tanto para la madre como para el feto. En ese sentido, quiz la cita de Carlos Nino del consid. 16 in fine abra el camino que reclamo cuando afirma que el delito bajo tratamiento impide exigir a las personas que realicen sacrificios apreciables en beneficio de otras personas o de un bien colectivo. Se trata de la nica vez que el voto menciona a otras personas por las que la mujer violada y embarazada pudiera eventualmente asumir algn sacrificio al cabo del proceso de ponderacin de ttulos jurdicos que exige la directriz sistemtica o armnica de la comprensin de los derechos. Y dentro de esas personas, como es obvio, ocupa un lugar central el status del nasciturus, ese otro que est ah y que es, adems, absolutamente inocente en la tragedia que se vive. Por ende, mi crtica al voto de mayora en este tramo de la argumentacin no se centra en si la mujer es o no capaz, por cuanto aqu es decisiva la violacin seguida de embarazo, el que comprende a ambos casos. En ese punto el razonamiento del fallo es inapelable. La crtica se funda en lo que el tribunal no dice: qu consideracin cabe al nasciturus y de qu manera resulta posible (si alguna) garantizar sus derechos junto con los de la madre. B. La perspectiva de la defensa y de los jueces Argibay y Petracchi 1. Por de pronto, tengo para m que el constituyente, en lnea con la conocida tradicin infraconstitucional de nuestro ordenamiento jurdico,52 entiende que hay vida desde la concepcin, al extremo, entre otras
51. Se trata de un tpico incontestado, como lo recuerda Cicern cuando, en Las Leyes, Instituto de Estudios Polticos, Madrid, 1970 (del latn por A. D Ors), p. 123, escribe: aunque cuando Tarquinio reinaba no haba en Roma ley escrita alguna contra la violacin, no por eso dej de cometerla Sexto Tarquinio sobre Lucrecia. 52. Cfr. arts. 51; 70 y su nota y 72, Cd. Civ., entre otros.
consecuencias, que debe dictarse un rgimen especial e integral en defensa de ella. Y es a partir de esa proposicin que razonan la recurrente y los votos de los jueces Argibay y Petracchi. En efecto, con la salvedad de pocas palabras, el argumento de ambos magistrados es semejante, por lo que transcribo, por comodidad, el de la Ministra Argibay: aqu se est en presencia de un severo conflicto de intereses, a saber, el derecho a la vida de la persona por nacer y la situacin de la nia de 15 aos embarazada a consecuencia de una violacin.53 Conviene reparar en los trminos empleados: se trata de un severo conflicto de intereses. Severo, es decir, sumamente acusado y grave; de intereses, en plural, ya que convoca, cuanto menos, a dos derechos de rango anlogo. No se est, pues, ante un caso fcil para seguir la conocida terminologa de Dworkin54 en el que, en definitiva, slo hay un derecho en juego, tal y como parece ser la idea que se infiere del voto de mayora. Por el contrario, se est ante un asunto complejo; uno de esos casos difciles que exigen ponderar con suma prudencia el contenido de los bienes jurdicos que se dan cita en cada circunstancia a fin de garantizarlos, en la mayor medida posible, y con el riesgo de que si ello no es factible, se derivar, como escribe Atienza, no ya hacia un escenario que admite diversas alternativas, sino hacia otro que plantea un dilema: o uno u otro derecho. En este supuesto, se est ante un caso trgico, por cuanto no es dable obtener un equilibro ni ptimo, ni mnimo entre ambos derechos.55 2. Considero que la metodologa seguida por los dos votos concurrentes es la que se compadece con la Constitucin y la inveterada jurisprudencia del Alto Tribunal. Pero el razonamiento no concluye all. Antes bien; recin ha comenzado. As las cosas, admitida la existencia de dos derechos,
53. Voto de la jueza Argibay, consid. 13, pr. Esta idea se reitera permanentemente. As, en el segundo prr. de ese consid. se memora la extrema conflictividad de una situacin que el legislador consider no evitable de otro modo que afectando los derechos del nasciturus; al final de ese considerando se alude a la la valoracin de los intereses en juego, en tanto que en el consid. 14, prr. 3, remite a la ponderacin de los intereses en conflicto (nfasis aadido). Son semejantes las expresiones que surgen de los consids. 9, 10 y 11 del voto del juez Petracchi. 54. Dworkin, Taking rights seriously, Duckworth, London, 1987, 5, pp. 14 ss. 55. Atienza, nota 48, pp. 97-101.
corresponde adentrarse en la siguiente pregunta, ya de carcter sustancial: debe vivir el nasciturus consecuencia de una violacin, sin que sea relevante si la vctima es una persona capaz o incapaz?56 Se abre aqu el camino de la ponderacin de esos derechos de jerarqua superior y anloga. Al respecto, los magistrados concurrentes razonan que cabe asumir la afectacin de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la nia, enunciando los sufrimientos que para ella conllevara una ponderacin de los intereses en pugna.57 3. Pues bien; llegados a este punto, obsrvese el modo de ponderar que propicia la defensa del nasciturus, tal y como lo refieren los jueces Argibay y Petracchi. Segn infiero de sus votos, la argumentacin podra dividirse en tres partes. En primer lugar, interpreta que la interrupcin del embarazo slo procedera, contrariamente a lo que argumenta el superior tribunal provincial, en los casos de violacin de una mujer idiota o demente (consid. 5, in fine, voto de la jueza Argibay). En segundo trmino, parecera considerarse que, a fin de no dejar inoperativa la norma que postula el derecho a la vida desde la concepcin, la interpretacin del inciso de referencia ha de ser prudentemente restrictiva de modo de reducir a un nmero mnimo y de enorme dramatismo los casos subsumibles en ellos (consid. cit., prr. 4). Este ltimo aspecto conlleva al tema de la ponderacin, que es el que me interesa destacar. Segn refiere la jueza citada, para la defensa la intensidad de la afectacin de los derechos de la madre de la persona por nacer es en realidad menor de lo que la norma permisiva presupone y que el dao que padece puede repararse a travs de medidas alternativas (v. gr., asistencia psicolgica a la nia y su entorno familiar durante el embarazo) (consid. 13, in fine, nfasis aadido).58 La argumentacin en este ltimo segmento es clara: la norma permisiva cancela definitivamente una vida y, con ello, cercena todos los derechos
56. Conforme he sealado ex profeso, dicha ponderacin no repara en los accidentes de las personas: siguiendo la doctrina del citado art. 51 del Cd. Civ., sean apenas microscpicos o padezcan severas disminuciones mentales, en todos los casos se trata de seres humanos dignos en los trminos de nuestra Constitucin y de las convenciones incorporadas con ese rango en 1994. 57. Voto de la jueza Argibay, consid. 13, nfasis aadido. 58. El voto del juez Petracchi coincide prcticamente en un todo con la relacin expuesta en el cuerpo. Cfr., consids. 5; 8 y 10.
que le son inherentes. Frente a ello, la afectacin de los derechos de la madre resultaran menores y podran suplirse a travs de medidas alternativas que, al tiempo que aspiran a garantizar en la mayor medida de lo posible los derechos que resultan afectados en la madre a raz del ilcito (integridad fsica y psicolgica; salud; etc.), permiten, tambin, salvaguardar el derecho a la vida del nasciturus, ajeno, como se dijo, a la tragedia que experimenta la vctima. En trminos de Alexy, la defensa propone aplicar dentro del principio de proporcionalidad, el subprincipio de necesidad, que postula adoptar, para decirlo en palabras del Tribunal Constitucional espaol, la alternativa menos gravosa o restrictiva de los derechos.59 4. Represe ahora en la respuesta de los votos concurrentes. Al primer argumento de la defensa, la jueza Argibay responde no se ocupa del tema el juez Petracchi, sealando que est fuera del marco de decisin de esta instancia federal la revisin del modo en que el tribunal provincial ha interpretado el art. 86, inciso 2, del Cd. Penal por ser sta una norma de derecho comn (consid. 10). Empero, ambos jueces consideran que corresponde resolver si tal interpretacin se halla o no en conflicto con las disposiciones constitucionales (consid. 10 del voto de la jueza Argibay y 8 del voto del juez Petracchi), lo que entienden que no es as a la luz de la deficiente prueba aportada por la recurrente a tal fin. Escriben los jueces: se invoca unilateralmente la afectacin del derecho a la vida de la persona por nacer, pero se omite toda consideracin con respecto al otro extremo del conflicto [] Al sesgar de este modo su argumentacin se ignora la valoracin integral que ha hecho el tribunal provincial para sostener la constitucionalidad de su interpretacin del art. 86.2, asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectacin de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la nia, enunciando los sufrimientos que para ella conllevara una ponderacin de los intereses en pugna contraria a la que fuera previamente definida por el legislador (consid. 13 del voto de la jueza Argibay y 9 del voto
59. STC, sent. 178/1989, citado por Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, baco, Buenos Aires, 2004, p. 79. Esto conduce, como explica Alexy, Sistema, op. cit. nota 47, p. 147, a la formulacin de la ley de ponderacin, segn la cual cuanto ms alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un principio, tanto mayor deber la importancia del cumplimiento del otro.
del juez Petracchi). Y profundizan: en razn de la particular estimacin que se hace del dao sufrido por la nia vctima de violacin y los remedios que se proponen para subsanarlo, la posicin referida omite desarrollar [] un anlisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurdico hasta llevarlo a trmino, no podra derivar en un perjuicio de una severidad tal que demostrara, en definitiva, que la valoracin de los intereses en juego que haban realizado (invirtiendo el esquema de preponderancia fijado por el legislador) resultaba incorrecta (voto de la jueza Argibay, consid. 13, prr. 4; voto del juez Petracchi, consid. 11, la cursiva y la negrita se han aadido). De los textos que he puesto en cursiva parece inferirse que si la defensa hubiera persuasivamente probado que los derechos de la madre podran haberse satisfecho suficientemente, sin necesidad de recurrir a la alternativa extrema del aborto, su postura podra habra resultado acogida. El razonamiento transcripto, en definitiva, no es sino el cabal empleo de la tcnica de la ponderacin de los derechos, de modo que, para decirlo con Alexy, la tensin entre principios se resuelve a travs del establecimiento entre ellos de una relacin de precedencia condicionada, la cual consiste en que tomando en cuenta las circunstancias del caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro. Bajo otras condiciones, la cuestin de la precedencia puede ser solucionada inversamente.60 Aplicadas estas ideas al caso bajo comentario, la propuesta de la recurrente no resultaba consistente a la luz de las circunstancias de la causa, por lo que no era posible brindar una solucin que, en los trminos ya mencionados de Atienza, proporcione cuanto menos un equilibrio mnimo a los derechos en juego. Existe, sin embargo, un implcito en el razonamiento de los jueces que podra desvirtuar la precedente consideracin. Son los extremos que he puesto en negrita en los dos prrafos precedentes y que dan por no cuestionable constitucionalmente la interpretacin amplia del inciso 2 que brinda el tribunal provincial (confr. consid. 13, prr. 1, in fine, y prr. 3, in fine del voto de la jueza Argibay; consid. 8, pr. del voto del juez Petracchi).
60. Alexy, Teora de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, reimpr. 1977 (del alemn por E. Garzn Valds), pp. 91-92.
En efecto; asumir por cierto el esquema de preponderancia fijado por el legislador, segn la exgesis que brinda el a quo, entraa, en los hechos, transformar en una regla lo que antes se asuma como un severo conflicto de intereses, esto es, como una delicada tensin de principios. Y si bien ese camino es inevitable cuando se emplean autorizaciones legales o reglas de justificacin, como dice Nez61 (o una clusula de excepcin, como seala Alexy),62 me parece controvertido hacerlo a partir del inciso en cuestin, ya que si el razonamiento que he realizado supra II est en lo cierto, cabe concluir que la interpretacin dada por el tribunal provincial que los mencionados jueces de la Corte no controvierten no resulta acertada. 5. Llegados a este punto, ambos votos afirman, sin ambages, que se est ante un caso trgico. En efecto, en el 2 prr. del consid. 13 escribe la jueza Argibay que la defensa desdea la extrema conflictividad de una situacin que el legislador consider no evitable de otro modo que afectando los derechos del nasciturus (cfr., asimismo, consid. 10 del voto del juez Petracchi). Empero, el voto de la jueza ahonda en este trascendental asunto. As, en el consid. 14, prr. 1 agrega que una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de una violacin, presupone justamente la existencia de una situacin de conflicto en la que un peligro para un inters legtimo nicamente puede ser conjurado a costa de la afectacin del inters legtimo de un tercero. Slo en consideracin de este contexto especfico es que el legislador acepta como socialmente soportable una conducta que en s aprecia como prohibida. Es difcil hallar una sntesis ms pertinente de un ejemplo de caso trgico que los prrafos recin transcriptos. stos reconocen que no es posible garantizar uno de los derechos en juego no ya en toda su dimensin (equilibrio ptimo), ni tampoco en la mayor medida de lo posible (equilibrio mnimo), sino de ninguna manera. Se est, pues, ante un dilema porque la abdicacin de cualquiera de los derechos en juego en todos los casos concretos constituye un retroceso para la teora de los derechos humanos estructurada sobre el presupuesto de que las personas son fines en
61. Nez, op. cit. nota 9, pp. 390-391. 62. Alexy, Teora, op. cit. nota 61, pp. 89 ss.
s mismos y que, por tanto, jams pueden ser medios o hallarse en funcin de los dems.63 6. Ahora bien: quin determina cules derechos, bajo ciertas condiciones, han de ser sacrificados en aras de salvaguardar otros? Las sociedades democrticas contemporneas, fundadas en el moderno concepto de divisin de poderes, han considerado que tan problemtica determinacin no puede quedar reservada a la discrecionalidad de cada juzgador, sino que debe ser la consecuencia de una decisin emanada del Poder Legislativo en tanto portavoz privilegiado de la voluntad popular. Ambos jueces se hace eco de esta apreciacin. La jueza Argibay, en el ms arriba citado consid. 14, prr. 1, aadiendo en el siguiente prr. 2 que como bien lo advierte el superior tribunal local, la potestad relativa a la estructuracin de la solucin legal en forma de autorizacin normativa legislativa es competencia exclusiva del Poder Legislativo (cfr., asimismo, consid. cit., prr. 3, in fine). En cuanto al juez Petracchi, obsrvese el consid. 9, in fine y, especialmente, el ya citado consid. 10 cuando seala que se est ante una situacin extremadamente conflictiva que el legislador consider no evitable de otro modo que afectando los derechos del nasciturus. Coincido con esta respuesta pero, de inmediato me asalta el cuestionamiento anteriormente sealado: la vigorosa apreciacin de que para decirlo con palabras de Argibay el legislador slo excepciona una conducta que aprecia, en s, como prohibida, se funda en el implcito de que aqul ha efectivamente querido que a toda mujer vctima de un delito de ndole sexual del que se deriva su embarazo se le autoriza llevar adelante un aborto. Como anticip, es precisamente ese punto de partida el que no me parece firme, con sustento en lo dicho supra II, por lo que la consideracin socialmente soportable de una conducta de suyo reprochable slo hallar fundamento sobre una norma que no puede ser el inciso 2 del art. 86 del Cdigo Penal. 7. De cualquier modo, aun admitiendo que corresponde al legislador la definicin de un asunto de esta magnitud, queda por resolver si la opcin
63. Cfr. Kant, Immanuel, Fundamentacin de la metafsica de las costumbres (del alemn por E. Garca Morente), Espasa, Madrid, 1983, esp. pp. 83 y 85. Para una sntesis de este planteamiento, cfr. mi libro Teora, op. cit. nota 14, pp. 60-62.
amplia que segn la Dra. Argibay propicia aqul es la nica posible. Esa ha sido la tesis tradicional de la doctrina. Nez es categrico: la ampliacin del contenido del inc. 2 del Cdigo es justa, pues contempla la situacin moral de la mujer que ha concebido al ser vctima de un delito, esto es: sin capacidad para aceptar el acto o sin voluntad de realizarlo. Nadie le puede imponer a una mujer el deber de aceptar un hijo en tales condiciones. Y citando a Peco, aade: el vstago de la violacin evoca el recuerdo de un acto que lastima el pudor de la mujer soltera y perturba la tranquilidad de la mujer casada, sin que la ley deba obligarla a soportar una maternidad odiosa.64 La magistrada es del mismo parecer: este esquema normativo [] delimita el supuesto excepcional en cuyo contexto se justifica la interrupcin del embarazo esto es, el hecho antijurdico precedente cuya indudable injerencia negativa sobre mbitos vitales de la mujer fundamenta el carcter insostenible del conflicto con los intereses de la persona por nacer. Ms an, el juicio de ponderacin sobre el que reposa la decisin legal estriba en la relacin simtrica entre la falta de responsabilidad de la mujer en la situacin generadora del conflicto y la irracionalidad de atribuirle el costo de cargar con el deber de solidaridad (v. gr. forzarla a llevar a trmino el embarazo bajo amenaza penal) (consid. 14, 4 prr.) (el nfasis se ha aadido en todos los casos). Empero, tambin se han alzado voces contrarias en el mbito de la doctrina, tal la del prestigioso filsofo poltico y jurdico Norberto Bobbio, quien reflexiona en una clebre entrevista concedida al periodista Giulio Nascimbeni: No hablo de buen grado de este problema, ya que es muy difcil; es el clsico problema en el que nos encontramos frente a un conflicto de derechos y deberes. Ante todo el derecho fundamental del concebido, el derecho a nacer, sobre el cual, creo yo, no se puede transigir. Es el mismo derecho en cuyo nombre soy contrario a la pena de muerte. Se puede hablar de despenalizacin del aborto pero no se puede ser moralmente indiferente frente al aborto [] Est tambin el derecho de la mujer a no ser sacrificada por un hijo que no quiere. Y el de la sociedad [] a ejercer el control de la natalidad. Y aade: Son derechos incompatibles. Y cuando uno se encuentre frente a derechos incompatibles, la eleccin siempre es dolorosa. Ante la pregunta de que, no obstante, es menester decidir, responde: He hablado
64. Nez, op. cit. nota 9, t. III, pp. 182-183. Cfr., asimismo, Donna, op. cit. nota 9, p. 91.
de tres derechos. El primero, el del concebido es el fundamental; los otros [] son derivados. Por otro lado, y para m este es el punto central, el derecho de la mujer y el de la sociedad, que suelen esgrimirse para justificar el aborto, pueden ser satisfechos sin necesidad de recurrir al aborto, evitando la concepcin. Pero una vez que hay concepcin, el derecho del concebido slo puede ser satisfecho dejndole nacer. A su juicio, la ley 194 resulta criticable porque, entre otros conceptos, reenviar la solucin al momento en el que la concepcin ya se ha producido es huir del fondo del problema. Y concluye, a partir de una crtica a una de las tesis de Mill: Las feministas dicen: mi cuerpo es mo y lo gestiono yo. Pero yo digo que aplicar ese razonamiento al aborto es aberrante. El individuo es uno, singular, pero en el caso del aborto hay un otro en el cuerpo de la mujer [] Con el aborto se dispone de una vida ajena.65 Y bien: es as? Es verdad, parafraseando a Arthur Kaufmann, que tertium non datur?66 Se ha visto que la defensa plantea una alternativa de garantizar, mnimamente cuanto menos, ambos derechos que, por lo que se lee del voto de los jueces Argibay y Petracchi, no est debidamente fundada y, por tanto, queda descartada. La magistrada advierte, una vez ms, la extrema dificultad del asunto. Sus palabras que trasuntan un compromiso intelectual digno del mayor reconocimiento lo muestran con claridad: en este sentido, debe quedar claro que la anterior descripcin de la tarea del legislador no significa desde el punto de vista de la Constitucin Nacional, que ello implique una preferencia absoluta de un bien jurdico por sobre el otro, o que alguno carezca de tutela legal suficiente a travs del ordenamiento jurdico vigente, sino nicamente que ante circunstancias excepcionales en las que se torna imposible evitar la tensin entre dos bienes jurdicos por otros medios, el propio Cdigo Penal permite afectar uno de ellos como nica va para salvaguardar el restante (consid. 14, prr. 7). La cita es honda en contenidos. Por de pronto, reivindica el principio general de armonizar los derechos que se dan cita en la coexistencia social. Y de este modo se acerca al argumento terico de la defensa en un punto de neta reminiscencia alexiana que reputo decisivo: la bsqueda del mximo
65. Bobbio, Norberto, Il Corriere della Sera, 8/5/1981. 66. Kaufmann, Arthur, El renacimiento del derecho natural de la posguerra y lo que fue de l (del alemn por A. Guardia Clausi, revisin por R. Rabbi-Baldi), en Rabbi-Baldi Cabanillas, op. cit. nota 3, p. 368.
resguardo posible de los derechos y, por ende, el ensayo de las reglamentaciones menos restrictivas de tales bienes de modo de evitar la cancelacin de alguno de ellos. Pero, de seguido, reconoce que en supuestos excepcionales ello deviene imposible por lo que queda expedita como ltima ratio la afectacin de uno de los derechos en juego siempre que ella sea la nica va de garantizar el restante. Con todo, es la propia Constitucin la que seala un camino a explorar en orden a asegurar, tanto como resulte posible, ambos derechos y sobre el que nunca se insistir lo suficiente: es el que surge del art. 75, incs. 22 y 23 y que es la consecuencia como record el voto mayoritario del intenso debate ocurrido en la Convencin Nacional Constituyente de 1994, al ocuparse del asunto. Sus trminos, en efecto, no merecen ser silenciados e invitan a la reflexin. Por de pronto, conviene retener la consagracin constitucional conjunta de que el derecho a la vida principia con la concepcin (Convencin Americana sobre Derechos Humanos y Convencin sobre los Derechos del Nio). Asimismo, es facultad del Congreso dictar un rgimen de seguridad social especial e integral en proteccin del nio en situacin de desamparo, desde el embarazo hasta [], y de la madre durante el embarazo. El espritu del legislador es elocuente: procura comprometer toda su energa para salvaguardar desde el embarazo al nio desamparado, dentro de cuya amplia variedad de supuestos ingresa sin dificultad el que ha sido fruto de una violacin, en tanto es obvio que, como regla general, no se trata de una persona querida y bienvenida, evitndose, de este modo y como expres el convencional Alfonsn en aquella histrica oportunidad, que se concrete la tragedia del aborto.67 Pero ante esa misma dramtica situacin, el constituyente ha propiciado otra directiva de la mayor importancia: proteger tambin, por anlogos medios, a la madre durante ese trance no deseado, de modo de asegurar sus derechos bsicos y, de tal forma, proteger con la mayor amplitud que las particulares circunstancias de cada caso presenta, tanto sus derechos como los del nasciturus. De esta manera, pienso,
67. Alfonsn, Ricardo, Convencin Nacional Constituyente, 34 reunin, 3 Sesin Ordinaria, 19/8/94, p. 4600: Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera ms importante, que es la nica que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a travs de la penalizacin, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino.
se completa el crculo de esta circunstancia especialmente dramtica de la experiencia humana. Segn creo, el voto de la mayora tambin llam pertinentemente la atencin de este punto cuando, tras exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar [] protocolos hospitalarios para la concreta atencin de los abortos no punibles (consid. 29), expresa que en virtud de la gravedad y trascendencia social que reviste la temtica abordada, se insta a que tanto en el mbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las vctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad fsica, psquica, sexual y reproductiva. En ese contexto, deber asegurarse [] la prestacin de tratamientos mdicos preventivos para reducir riesgos especficos derivados de las violaciones; la obtencin y conservacin de pruebas vinculadas con el delito; la asistencia psicolgica inmediata y prolongada de la vctima, as como su asesoramiento legal en el caso (consid. 30). Es verdad que el grueso de las directivas se orienta a proteger a la madre, sin referencia alguna al nasciturus, tal y como ya fue crticamente sealado respecto de este voto. Pero la omisin apuntada no empece que los empeos formulados por la mayora de la Corte no resulten imprescindibles. Slo que, a ellos, deben unirse semejantes fatigas en pos de garantizar la vida de la persona por nacer. Como es obvio, nadie dice que sea sta una tarea sencilla y, menos, que siempre pueda concretarse. Con todo, una teora que verdaderamente se tome en serio los derechos humanos no puede soslayar el intento y, si ste no resulta practicable, acudir al sistema de permisiones que estipule el legislador. 8. Otra de las consecuencias de la ltima cita de la Dra. Argibay sobre las que deseo llamar la atencin es que esa cancelacin de uno de los bienes jurdicos en juego no puede ser vista como un derecho, sino como una excepcin al derecho cercenado y que, por lo mismo, ostenta un alcance restrictivo, en lnea con conocida jurisprudencia de la Corte.68
68. Fallos: 311:1249; 327:1161; 329:299; 330:1055, entre muchos otros.
Es la lgica consecuencia del camino metodolgico que manda la Ley Suprema por la simple pero relevante razn de que no hay derechos fundamentales de jerarqua superior a otros, sino que todos ostentan anlogo status en tanto inhieren en la universal dignidad de la persona. Pienso que la jueza Argibay es muy clara al respecto cuando escribe que se trata de un permiso jurdico (consid. 15) que afecta el inters legtimo de un tercero y que resulta socialmente soportable en razn de que el peligro para el otro inters jurdico [] nicamente puede ser conjurado a costa de la afectacin del otro inters. De lo contrario, la conducta permisiva deviene prohibida (cfr. consid. 14, prr. 1).69 9. Ahora bien: ms all de las prevenciones que la ministra expresamente verbaliza en la ltima cita bajo estudio, de la integral lectura de su voto se desprende que el peso especfico (la dimension of weight, para decirlo con Dworkin)70 de las afectaciones que padece la mujer (capaz e incapaz) sobre el embarazo derivado de una violacin derrotan al derecho del nasciturus, de donde resulta aplicable la normativa en sus estrictos trminos, esto es, demanda nicamente que los mdicos a quienes es requerida la intervencin verifiquen que el embarazo es producto de una violacin (consid. 15). El voto de mayora, por el contrario, parece exorbitar los trminos del texto: el respeto a lo establecido en el art. 19 in fine de la Constitucin Nacional se traduce en que el art. 86, inc. 2 no exige ni la denuncia ni la prueba de la violacin como tampoco su determinacin judicial para que una nia, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupcin de un embarazo producto de una violacin (consid. 27, el nfasis en ambos casos se ha aadido).71 Ante ello, y con prescindencia de que la argumentacin de los votos de la Corte descansa sobre la exgesis amplia del inciso, que no reputo
69. En anlogo sentido, el juez Petracchi alude a autorizaciones previstas (consid. 5). La semntica de la mayora parece ambigua. As, mientras en el consid. 24 alude al permiso que el legislador ha querido otorgar (cfr., asimismo, consid. 25), en el consid. 23 al criticar la judicializacin de estos asuntos expresa: la concurrencia de una causal de no punibilidad supeditara el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por el legislador en el art. 86, inc. 2 (cfr., en idntico sentido, consids. 28 y 31). 70. Dworkin, Taking, nota 55, p. 41. 71. La argumentacin de la mayora es extensa sobre el punto, principiando en el consid. 21.
adecuada, se abren diversos planteamientos de los que aqu slo deseo tratar dos: i) el tema de la objecin de consciencia y ii) el tpico de la denuncia de la violacin. i) el tema de la objecin de conciencia. Este aspecto es asumido exclusivamente por el voto de mayora y lo hallo de toda razonabilidad. Luego de advertir a los profesiones de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situacin fctica contemplada en la norma referida (consid. 22) y de sealar que resultarn pasibles por las consecuencias penales que se derivan de no dar cumplimiento al inciso (consid. 24, lt. prr.), el voto matiza tales consideraciones cuando, en el consid. 29, expresa que deber disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objecin de consciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atencin de la requirente del servicio (consid. 29). Este tema constituye uno de los aspectos fundacionales de la teora de los derechos humanos y ha sido reconocido por la Corte Suprema en el conocido precedente Portillo.72 Si los derechos fundamentales son, como los creo, una manifestacin de la dignidad humana (en tanto esta ltima reenva a la idea de eminencia o superioridad del hombre), no puede desconocerse el goce del derecho de objecin de consciencia de los profesionales de la salud ante situaciones extremas, en las que resultan comprometidas, adems del ncleo ms esencial de su arte (concretamente, el mandato hipocrtico),73 su mismo ejercicio del libre albedro o autonoma de la voluntad, elemento clave del art. 19 de la Constitucin Nacional. ii) El tpico de la denuncia penal. Como se anticip, no surge de la letra del precepto, por lo que la Corte la reputa innecesaria. Con todo, ello
72. Fallos: 312:496. 73. A ese respecto, no puedo resistir remitir al esplndido relato de Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano (del francs por J. Cortzar), Sudamericana, 1980, 3, pp. 315-316 (otro maravilloso libro para explorar el tema de Derecho y Literatura), cuando el emperador, buscando su muerte, provoc que su joven galeno personal, el alejandrino Iollas, fiel a su deber de mdico que no quiso deshonrar, pusiera fin a su vida ante la perplejidad de no desautorizar al emperador frente a su pedido de administrarle una pocin venenosa.
no significa que como piensa la mayora se prescinda de la prueba de la violacin, la que, como expone correctamente Argibay, cuanto menos ha de ser verificada. Y bien: concluye all el procedimiento? La cuestin no escapa a susceptibilidades. La mayora lo reconoce cuando seala que si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuracin de casos fabricados, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos [] no puede ser nunca razn suficiente para imponer a las vctimas de delitos sexuales obstculos que vulneren el goce efectivo de sus legtimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud (consid. 28). Soler, en su da, se manifest contrario a este pensamiento de manera contundente. Ya en su proyecto de Cdigo Penal de 1960 (que prev expresamente la permisin de aborto por violacin a mujer capaz e incapaz) estipul que la accin correspondiente al delito de violacin haya sido iniciada. Y aade: su propsito es el de evitar supercheras en la medida de lo posible. Es verdad que la ley ampara la esfera de intimidad al acordar a esa clase de acciones el carcter de dependientes de instancia privada; pero aqu se trata de una real autorizacin acordada a un mdico diplomado, de manera que el problema legislativo a resolver es el de considerar o no como suficiente para que exista dicha facultad la simple manifestacin de la interesada hecha un secreto profesional. Parece claro que, en principio, no debe serlo. Adems, la mujer que se decide a tomar tan grave medida no tendr generalmente inconveniente en denunciar el hecho que tan odioso le resulta, al punto de desear la extirpacin de sus rastros.74 Esta tesis se consagr con la sancin del decreto-ley 17.567 de reformas al Cdigo Penal, obra del propio Soler, acompaado por Fontn Balestra y Aguirre Obarrio. El texto, en cuanto aqu interesa, deca as: si el embarazo proviene de una violacin por la cual la accin penal haya sido iniciada. Cuando la vctima de la violacin fuere una menor de edad o una mujer idiota o demente, ser necesario el consentimiento de su representante legal.75
74. Soler, op. cit. nota 9, pp. 109-109, nfasis aadido. 75. Cfr. ADLA, XXVII-C, p. 2879. En sus fundamentos, se dice: dejamos perfectamente aclarado que el aborto es impune cuando el embarazo proviene de una violacin y se practica en las condiciones indicadas por la ley. Requerimos, adems, que la accin penal por el delito de violacin haya sido iniciada (p. 2881).
Como es sabido, el inciso citado se reprodujo en la ley 21.338 de 1976 pero al derogarse esta ltima en 1984 mediante la ley 23.077, las cosas volvieron a su primigenia situacin y, con ello, renaci la ingente polmica que, mientras no haya una normativa clara que regule el tpico, promete no tener fin. Considero que las razones esgrimidas por Soler y defendidas, ms tarde, por Fontn Balestra son de enorme solidez. Represe, nuevamente, que la situacin sub examine no es un derecho sino una permisin, que acta como ltima ratio ante una hiptesis que no admite otro camino que la abdicacin de un bien jurdico de la mayor jerarqua para resguardar otro bien anlogo. Un supuesto de esta relevancia no puede ser tomado a la ligera, sin que resulte satisfactorio el argumento de la mayora de que tal peligro a estas alturas slo aparece como hipottico y, podra resultar, eventualmente, un ilcito penal (consid. 28), ms all de que, en cierto sentido, el propio voto mayoritario no parece reacio a la propuesta si se pondera que, entre las medidas que aconseja que adopten las autoridades nacionales y provinciales se cita la obtencin y conservacin de pruebas vinculadas con el delito. Por cierto, tampoco es de recibo, como escribe Fontn Balestra, que se ha sostenido la conveniencia de llevar la previsin al extremo de exigir la condena por el delito enunciado, pues tal exigencia conducira, en la prctica, a causar abortos sobre embarazos muy avanzados, para el supuesto ms favorable de que la condena fuera anterior al nacimiento.76 De ah que parece prudente descartar el propio temor que sugiere el voto mayoritario a travs de una clusula como la de 1967 que slo exige y por las razones dadas por Soler apenas el inicio de la denuncia judicial de la violacin.
76. Fontn Balestra, Tratado, op. cit. nota 9, p. 240. Lo dicho lleva a plantear otro tema importante: el plazo mximo dentro del cual la permisin de la prctica puede realizarse. El viejo proyecto de Peco exiga, seala Nez, op. cit. nota 9, t. III, p. 183, que el aborto se practique antes de los tres meses de embarazo. La mayora, se ha sealado ms arriba, exhorta a que se proporcione a las vctimas de violencia sexual atencin en forma inmediata y expeditiva, idea en lo esencial compartida por los restantes votos y que conduce a que si la autorizacin procede, su realizacin se produzca en el menor tiempo posible resultando, a mi ver, excesivo el plazo a que se refera Peco.
Balance y prospectiva Llegados a este punto, esbozar sintticamente las principales conclusiones que pueden extraerse de las precedentes consideraciones: Una lectura integral del art. 86, inc. 2 del Cdigo Penal, esto es, comprensiva de su texto; fundamentos (lo que en clave hermenutica podra llamarse pretexto) y del contexto, permite considerar que ste solamente prev la autorizacin del aborto de mujer idiota o demente. Una exgesis sistemtica de la Constitucin federal y de los tratados internacionales protectorios de los derechos humanos incorporados con ese rango luego de la reforma de 1994, revela una clara preocupacin por salvaguardar tanto los derechos fundamentales inherentes al nasciturus, cuanto los derechos esenciales de la madre; la precedente conclusin empalma con la tcnica de interpretacin de los derechos constitucionales, la que exige garantizar el contenido esencial de cada uno de ellos en la mayor medida de lo posible (caso difcil) y slo ante un severo conflicto de intereses que impida tal propsito resulta autorizada la cancelacin de uno de ellos como nica va de salvaguardar el restante (caso trgico); sobre tales bases, debe propenderse, en lnea de principio, al resguardo de todos los derechos comprometidos en las situaciones de referencia, a travs de las vas de que dispone el Estado (nacional y provinciales), principiando por las directivas que emanan, de modo especial, del art. 75, inc. 23, 2 prr.; en ese horizonte, quedan autorizadas las causales de interrupcin del embarazo que pudieran determinarse, por cuanto, segn la Constitucin y la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema, los derechos no son absolutos. Empero, conviene merituar que las restricciones que padecen la totalidad de los bienes jurdicos sustanciales de la persona humana lo son a ttulo de tales, y no de derechos; tales autorizaciones, en las sociedades democrticas contemporneas, son del resorte de los poderes legislativos y no de los jueces, quienes slo podran actuar como excepcin y ante la denuncia del eventual incumplimiento de las precisas pautas que prevean tales permisiones, de suyo excepcionales; desde esta lgica, resultara autorizada la exencin de punibilidad del aborto procedente de una violacin si a mrito de un equipo interdisciplinario especialmente previsto a tal fin no resulten viables las diversas medidas paliativas tendientes a evitar la menor restriccin posible a los derechos en juego (principio
de necesidad) con sustento, entre otros elementos, en los indicados supra 4, y siempre que la accin penal hubiera sido cuanto menos iniciada; por ltimo, corresponde derogar el citado art. 86, inc. 2 por cuanto su pervivencia emergera como un deshonroso testimonio de una legislacin eugensica que est en las antpodas de la histrica tradicin constitucional argentina, perfeccionada luego la reforma de 1994.
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