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Timestamp: 2018-11-21 10:12:56+00:00

Document:
“Predialazo”: acontecimiento en el municipio de Pasto frente al
“Predialazo”: acontecimiento en el municipio de Pasto frente al Impuesto Predial Unificado
ISSN: 0120-4327, ISSN Electrónico: 2216-0116,
Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, 2015.
“Predialazo”: acontecimiento en el municipio de Pasto
frente al Impuesto Predial Unificado*
Ana Lucia Paz Casanova1 
Gisela Riascos Benavides2
Cómo citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Paz, A. y Riascos, G. (2015). “Predialazo”:
acontecimiento en el municipio de Pasto frente al Impuesto Predial Unificado. Revista UNIMAR, 33(1), 21-30.
Fecha de revisión: 13 de abril de 2015
Fecha de aprobación: 19 de mayo de 2015
En el año 2012 se presentó un fenómeno social denominado “Predialazo”, el cual se generó por el incremento del impuesto predial unificado en el municipio de Pasto, realizado por parte de las autoridades
administrativas municipales: Alcaldía Municipal de Pasto, Concejo Municipal e Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Frente a lo ocurrido, la población pastusa decidió movilizarse en contra del incremento.
Lo sucedido generó un déficit en el presupuesto de la ciudadanía, dejando como incógnita si realmente las
actuaciones realizadas por las autoridades fueron acordes a lo que se podría considerar una justicia social
y equitativa para los pastusos, o simplemente fue el resultado de una decisión que no tuvo en cuenta las
consecuencias. Esta investigación se orientó mediante los métodos: deductivo, inductivo y de análisis, fundamentados de una investigación social y jurídica que llevó a una interpretación de la realidad tributaria
y fiscal del municipio de Pasto.
Palabras clave: Administración, impuesto, justicia, presupuesto, sociedad.
“Predialazo”: event in Pasto against property tax
The increase in unified property tax in Pasto, Colombia, conducted by the municipal administrative authorities: Pasto Major’s Office, Municipal Council and Agustín Codazzi Geographical Institute generated in
2012 a social phenomenon called “Predialazo”, against which the pastusa population decided to move,
generating a budget deficit of citizenship, and leaving as unknown if the actions taken by the authorities
were actually consistent with what could be considered a social and equal justice for pastusos, or it simply
was the result of a decision that did not consider the consequences. This research was directed by the
methods: deductive, inductive and analysis, based on a social and legal investigation that led to an interpretation of the tax and fiscal reality of Pasto.
Key words: Administration, tax, justice, budget, society.
* Artículo Resultado de Investigación. Hace parte de la investigación titulada: Los Conflictos Jurídicos y Sociales en la Comuna Cinco del Municipio de Pasto,
desarrollada desde el año 1 de enero 2012 hasta 1 de septiembre de 2014, en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, Colombia.
Estudiante de Programa de Derecho, Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Correo electrónico: anitapaz6@hotmail.com
Estudiante de Programa de Derecho, Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Correo electrónico: gis_12@hotmail.com
Revista UNIMAR 33(1)- rev. UNIMAR.- 21-30.
Ana Lucia Paz Casanova, Gisela Riascos Benavides
“Predialazo”: evolução de eventos no município de pasto contra o
O aumento do imposto sobre a propriedade unificada, na cidade de Pasto, conduzida pelas autoridades administrativas municipais: Prefeitura Municipal de Pasto, Conselho Municipal e Instituto Geográfico Agustin
Codazzi gerou em 2012 um fenômeno social chamado “Predialazo”, contra o qual a população pastusa decidiu mobilizar-se. Os eventos geraram um déficit orçamentário, desconhecendo se as medidas tomadas pelas
autoridades foram realmente consistentes com o que poderia ser considerada uma justiça social e igualdade
para as pessoas pastusas, ou simplesmente foi o resultado de uma decisão sem ter em conta as consequências. Esta pesquisa foi dirigida pelos métodos: dedutivo, indutivo e análise, com base em uma investigação
social e legal que levou a uma interpretação do imposto e realidade fiscal do município de Pasto.
Palavras-chave: Administração, imposto, Justiça, Orçamento, Sociedade.
En la ciudad de Pasto en los primeros cuatro meses del año 2012, se presentó la movilización popularmente
denominada “Predialazo”. Esto no quiere decir que este artículo se reduzca a dicho suceso, por el contrario, también se hace una reflexión jurídica y social sobre el Impuesto Predial Unificado (IPU) de forma más
integral, de acuerdo con las controversias jurídicas y sociales que se presentaron.
Figura 1. Imagen de la movilización ciudadana del municipio de Pasto en contra del alza del IPU, año 2012.
En efecto, el IPU puede ser investigado a nivel universitario desde los diferentes ámbitos como: económico,
político, fiscal o tributario, social y jurídico. La presente investigación tomó los dos últimos, ya que éstos
han sido poco estudiados en las universidades de la región, incluyendo a la Universidad Mariana, en donde es la primera vez que se aborda esta temática y más aún en el ámbito jurídico y social.
Los conflictos jurídicos y sociales que se plasman en la presente investigación hacen referencia a la aplicación de las normas jurídicas nacionales y locales, referidas al IPU, tanto por las autoridades administrativas municipales: Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto y Alcaldía
de Pasto, como para la aplicación por parte de las autoridades nacionales y territoriales, pertenecientes al
Lo anterior, por cuanto el I.P.U, es el segundo tributo liquidado, administrado, controlado y recaudado
por el Municipio, además de ser el producto jurídico, de una parte, del avalúo catastral (formación, actualización y conservación predial), realizado por el IGAC, quien realizad la actualización predial periódicamente cada cinco años, así como la tarifa fijada en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV),
según la tabla de rangos y categorías de bienes inmuebles, la cual es decretada por el Concejo Municipal
mediante “Acuerdo” reformatorio del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, según criterios nacionales previstos en la Ley del Plan de Desarrollo Nacional y los estudios del Consejo Nacional de Política
Económico y Social (CONPES, 2012) sobre el IPU.
Revista UNIMAR 33(1)- rev. UNIMAR.- pp. 21-30.
Para el caso de Pasto, la última actualización predial
fue antes del 2012, realizada por el IGAC en 2011,
pero de acuerdo a las leyes vigentes (Ley 14 de 1983,
Ley 44 de 1990 y Ley 1450 de 2011) debía realizarse
en el 2008, pues cinco años atrás se hizo en 2003. Por
tanto, esta actualización estaba desactualizada para
ser aplicada en 2012. Ahora bien, para este municipio se estaba aplicando una tabla de tarifas prediales desde 1997, sin revisión jurídica alguna, ya que
estaban “congeladas” desde aquella fecha y no había sido incrementada de forma progresiva y muy
lentamente durante más de 14 años. Esto ocasionó
perjuicios para las arcas financieras del municipio
y el mercado financiero inmobiliario de los predios.
De esta manera, la desactualización de tarifas aplicada en 2012, se hizo evidente y por eso el Municipio a través del Concejo Municipal las revisó mediante Acuerdo No. 032 del 3 de diciembre de 2012.
De lo expuesto anteriormente, se derivaron los siguientes objetivos: (i) Analizar el proceso de interpretación y ejecución de la Constitución de 1991
y de las leyes tributarias que regulan el impuesto
predial unificado, en Colombia y en el municipio de
Pasto. (ii) Investigar y analizar los antecedentes normativos de la base catastral en el municipio de Pasto. (iii) Investigar la incidencia social a partir del impacto generado por el incremento del avalúo de los
predios urbanos en familias de la comuna cinco del
municipio de Pasto. (iv) Generar una reflexión frente a la incidencia jurídica y social ocasionada por la
ejecución de las normas tributarias en el municipio
de Pasto, específicamente en la comuna cinco.
En el ámbito de cada objetivo se develó las controversias jurídicas del IPU, visibilizadas en 2012, pero
que siguen produciendo coletazos o consecuencias
negativas de carácter jurídico, algunas de las cuales fueron minimizadas con reformas parciales al
Estatuto Tributario y con descuentos presentados
a iniciativa de la Secretaria de Hacienda Municipal
y la Alcaldía de Pasto y concretada por el Concejo
Municipal en el acuerdo mencionado.
Por lo referido anteriormente, se derivó una pregunta fundamental para el desarrollo del presente
artículo: ¿Las actuaciones realizadas por las autoridades administrativas fueron acordes a lo que se
podría considerar una justicia social y equitativa
para los pastusos, o simplemente fue el resultado de
una decisión que no tuvo en cuenta las consecuencias o en el interés general?
El tipo de estudio que se abordó fue de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que se basó en el estudio
cuantitativo y cualitativo para analizar las variables
sociales y jurídicas de una correspondiente población, en este caso, de la comuna cinco del municipio
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario implementar varios métodos como: deductivo, inductivo, hermenéutico análisis y síntesis.
Por ende, se fundamentó en un tipo de investigación social y jurídica, ya que se analizó los instrumentos jurídicos (leyes, decretos y resoluciones nacionales y locales), su indebida aplicación
e interpretación en la realidad tributaria y fiscal
del municipio de Pasto (ámbito urbano); así como
su posterior análisis, replanteamiento normativo
y socio-jurídico, por parte de la Administración
Pública Municipal de Pasto, al reformar el Código
Tributario del Municipio, particularmente en lo
atinente al IPU, sus elementos caracterizadores y
nuevas tablas y tarifas para el cobro, presentadas
por el Alcalde de Pasto ante el Concejo Municipal,
para quitarle fuerza a las movilizaciones de los
pobladores (contra el “Predialazo”) y asegurar la
Las fuentes de información primaria fueron: las
familias pertenecientes a la Comuna Cinco y los
representantes de la Alcaldía Municipal, Concejo
Municipal e IGAC; las fuentes secundarias, se constituyeron por los diversos medios documentales y
electrónicos fundamentados en entrevistas, videos,
jurisprudencia y libros acerca del IPU, asimismo,
los acuerdos expedidos por el Concejo Municipal de
Pasto, respecto al tema.
Muestra. Se tomó como referencia las familias de
la Comuna Cinco del municipio de Pasto, ubicada
en el Corredor Sur, compuesta por 35 barrios y los
demás que existen y se construyen dentro de los
límites respectivos de la presente comuna. Cuenta
con una población de 43.910 habitantes y una densidad de 206 hab/h constituyendo una de las comunas
más densas del municipio de Pasto (Secretaría de
Planeación Municipal, 2013).
Para el tamaño de muestra, es decir para efectos de
contabilización de la población, se hizo a través de
la siguiente fórmula, la cual permitió determinar el
número de encuestas que se aplicó en esta comuna
Tabla 1. Variantes de fórmula para determinar la población y
la muestra de la Comuna Cinco del municipio de Pasto
N: Elemento de la población (8.000 equivalente al número de familias)
z: Margen de confianza
n = z2 × N
4e2 × N + z2
Entonces, para el caso en concreto, la muestra sería así:
e=7%
n = (1.96)2 × 8.000
4 × (0.07)2 × 8.000 + (1.96)2
n = 179.7
Por lo tanto, la muestra es de 180 encuestas aplicadas a la Comuna Cinco.
Por otro lado, como técnicas de investigación, se
implementó entrevistas, que fueron realizadas a las
autoridades municipales competentes en el recaudo,
liquidación y administración del tributo municipal
del IPU: Asesor jurídico de la Alcaldía Municipal de
Pasto y Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto. También, encuestas realizadas a la muestra de
familias pertenecientes a la Comuna Cinco del municipio de Pasto, de forma aleatoria, que conforme
al resultado de la fórmula aplicada para la muestra
sería a 180 familias referentes a la población.
A nivel nacional pero con sede en la ciudad de Pasto, se entrevistó al asesor jurídico del IGAC, para
determinar las tablas de incremento del avalúo catastral en 2011 y que fueron aplicadas por el Concejo
de Pasto en 2012. Esto por cuanto los informes oficiales presentados por el IGAC en donde aparecen estos
datos, en la página web están desactualizados a 2009.
Las preguntas realizadas en las entrevistas a las
autoridades mencionadas anteriormente fueron: (i)
¿Qué comportamiento presentó el impuesto predial
unificado en el período 2011, 2012 y en lo que lleva
de 2013 y qué razones lo explican? (ii) ¿Considera
que el proceso de recaudo del IPU, hoy es uno de
los más idóneos y que está a la altura de otros existentes en el país? (iii) ¿Considera adecuadas las
tarifas que anualmente se aplican en el municipio
de Pasto por concepto de impuesto predial unificado, especialmente en 2011, 2012 y 2013? ¿Por qué?
(iv) ¿Considera adecuadas, oportunas y conforme
al ordenamiento jurídico vigente, las estrategias de
solución presentadas por el Alcalde y la Secretaria
de Hacienda ante el Concejo Municipal el año 2012,
sobre nueva estratificación y tarifas, descuentos
por pronto pago y exenciones del impuesto predial
unificado, entre otras?
Además de lo anterior, se realizó la obtención de algunas copias de recibos de impuesto predial unificado de 2012, en los barrios integrantes de la Comuna Cinco: María Isabel, La Rosa, El Pilar y Chambú.
Estos permitieron analizar el porcentaje de incremento del IPU en 2011 en comparación con 2012, en
Como resultados se logró obtener que el IPU es uno
de los principales tributos municipales de carácter
real3, obligatorio4, de ámbito territorial5, directo6,
periódico7 y progresivo8, que liquida, administra,
controla y recauda el Municipio, a través de la subdirección de ingresos de la Secretaria de HacienEl impuesto es de carácter real. Ya que grava la propiedad o la posesión de las
personas titulares de las mismas. A tenor del Artículo 664 del Código Civil Colombiano, “las cosas incorporales son derechos reales o personales”. (Avendaño, s.f)
El Impuesto es de carácter imperativo u obligatorio. Los tributos son cargas
o deberes constitucionales de todos los habitantes de Colombia y cobrados por
los municipios, tal como antes se dijo, al ser creados e impuestos por la Constitución y reglamentados por las autoridades). (Avendaño, s.f).
Es un impuesto de ámbito territorial. El impuesto predial es un impuesto
que lo reglamenta, recauda, controla y administra el Municipio como entidad
territorial, a tenor de los artículos 287-3º y 317-1º, constitucionales; y el 32 de la
Ley 136 de 1994 y 18 de la Ley 1551 de 2012. Es un impuesto del orden municipal
(Sentencias C-304-12 y C-183-03). (Avendaño, s.f).
Es un impuesto de carácter directo. “Gravan la renta o el patrimonio de una
persona, mientras que los indirectos gravan una actividad económica como por
ejemplo el consumo (IVA)”. (Avendaño, s.f).
Es un impuesto de carácter periódico. El Impuesto predial periódicamente se
causa, cobra, ejecuta y administra cada año fiscal desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre respectivo y así sucesivamente. (Avendaño, s.f).
Es un impuesto de carácter progresivo. Por cuanto “el gravamen a medida que
crezca lo que uno tiene (renta y predial)”, éste crece o aumenta, “mientras que el proporcional se caracteriza porque el tipo de gravamen es fijo (IVA)”. (Avendaño, s.f).
da Municipal en el Municipio de Pasto. El IPU es
un impuesto que grava la propiedad y se obtiene
tras multiplicar el avalúo catastral realizado por el
IGAC, y la tarifa fijada por el Concejo Municipal,
mediante Acuerdo Municipal, previo estudio socio
económico fijado en las leyes nacionales y en el Plan
de Desarrollo Social y Económico de Colombia.
Aclarado lo anterior, entonces se puede decir que
los conflictos jurídicos y sociales generados por el
IPU en la ciudad de Pasto en el año de 2012 y conocido popularmente como la movilización ciudadana en contra del Impuesto Predial o “Predialazo”,
se presentó básicamente por los siguientes sucesos
inseparablemente concatenados:
1. La actualización del avalúo predial de los inmuebles urbanos de Pasto, realizada por el
IGAC Nariño en 2011, después de ocho (8) y
no cinco (5) años como lo ordenan leyes vigentes sobre el IPU, y con base la Resolución
No. 070 de 2011 IGAC Nacional, elevó enormemente el valor en los predios urbanos, en
porcentajes que no se habrían sentido si se
hubiese realizado dentro de los períodos de
tiempo conforme a la ley; puesto que la mayoría de los inmuebles, por el paso del tiempo, tuvieron modificaciones, lo que implica
el aumento del impuesto predial.
2. Hasta el año fiscal de 2011, la Alcaldía de
Pasto venía empleando unas tarifas del
IPU, vigentes desde 1996 y 1997, la cual se
aplicaba a los predios según el rango de valores de los predios en millones de pesos y
según la categoría y destino de los predios.
Esas tablas de tarifas obsoletas se venían
trasplantando en cada norma municipal
(en ocasiones por acuerdos del Concejo u
otros decretos compilatorios del Alcalde,
por autorización reiterada del Concejo) que
reformaba el E.T. de Pasto, con lo cual el
IPU, para la fecha, tenía una congelación de
tarifas de 14 años en esta ciudad.
3. En el Año fiscal 2012, se unieron obligadamente la actualización predial del IGAC de
2011 y el congelamiento de las tarifas realizada por el Concejo Municipal de Pasto y
la Alcaldía de Pasto, la cual tuvo su última
aplicación en 2012 (se aplicaba la máxima ta-
rifa en cada categoría de predios ya que los
valores estaban desactualizados. La máxima
era para predios con valor mayor a 10, 15, 25
y 30 millones), puesto que en diciembre 3 de
2012 se reformó la tarifación. El resultado
fue una elevación automática y visiblemente
exagerada del valor del IPU, la cual fue sentida por los propietarios de bienes inmuebles urbanos.
Las soluciones a las que acudió la Secretaria de Hacienda Municipal y la Alcaldía de Pasto para disminuir el impacto socioeconómico generado por
las alzas en el IPU, se concretaron en las siguientes
actividades: (i) Que el Concejo Municipal de Pasto
reforme los plazos y montos de descuentos del IPU,
para la vigencia de 2012, lo cual se logró mediante
el Acuerdo No. 005 de abril 14 de 2012. Los plazos se
extendieron para los predios urbanos desde el 14 de
abril hasta el 30 de junio de 2012 y los montos eran
variables y progresivos, atendiendo al “incremento
del avalúo” de los predios en rangos que iban desde
0 % al 30 %, por ejemplo, el porcentaje del descuento
era del 25 % del I.P.U por pagar; y así sucesivamente
hacia arriba, hasta el rango de “más de 100 %” de
incremento, donde el porcentaje de descuento es del
“35 %” del IPU Se aplicó una política de descuentos
tributarios que disminuyó los ingresos municipales
y favoreció a los contribuyentes. (ii) Se reformó integralmente el E.T. de Pasto de 2011, en el capítulo destinado a los Tributos Municipales, especialmente el
IPU, en lo referente a los elementos del tributo (base
gravable, sujetos pasivos y tarifas); límite al incremento del impuesto a partir de 2013; exenciones tributarias que aumentó el listado; y los “descuentos
tributarios”, que adicionó los previstos en la Ley 819
de 2003 (de conformidad con el Plan de Desarrollo
Municipal) y la Ley 1448 (Congreso de la República
de Colombia, 2011b) (propietarios de inmuebles víctimas de desplazamiento forzado).
Por lo tanto, tras el análisis de estos acontecimientos
-2011 y 2012-, frente al alza del IPU en el municipio
de Pasto, se concluye que dicho avalúo fue ilegal,
por cuanto vulneró la norma constitucional, ya que
el IGAC desconoció el principio de publicidad al
momento de aplicar el procedimiento, plasmada en
la Resolución 070 de 2011, además de evidenciar un
descuido por parte de la Alcaldía Municipal, ya que
esta no realizó ninguna actuación concerniente a la
debida aplicación del procedimiento a seguir para
la actualización catastral del año 2012.
A partir de la investigación realizada y los acontecimientos del 2012 con el movimiento cívico denominado “Predialazo”, se realizan las siguientes anotaciones:
El IGAC debe realizar los avalúos catastrales en el
tiempo estipulado por las leyes vigentes del I.P.U,
en este caso, cada cinco años, para que dicho avalúo sea acorde a las actualizaciones que se realice
También es necesario realizar conforme a derecho,
todo el proceso de actualización catastral, desarrollando así todas las etapas pertinentes y sus respectivas publicaciones, para no violentar el debido
proceso y brindar una verdadera garantía en los derechos de los ciudadanos. Lo anterior, porque a raíz
del alza del impuesto Predial y el movimiento cívico “Predialazo”, en representación de los líderes, al
ver vulnerados sus derechos como contribuyentes,
instauraron una demanda en cabeza del abogado
Luis Carlos España Gómez, solicitando la nulidad
de la Resolución No. 52-000-043 “por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formado y o actualizados en la zona urbana del municipio
de Pasto, departamento de Nariño” (IGAC, 2012), ya
que ésta fue la que vulneró el debido proceso, al publicarse extemporáneamente.
La pretensión de dicha demanda radicaba en solicitar la reliquidación del avalúo catastral con base en
el avalúo anterior y el 3,0 % con base al Decreto No.
4922 de 2011; además, se solicitó la suspensión de la
resolución, por afectar derechos colectivos contemplados en la Ley 472, “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y
de grupo y se dictan otras disposiciones” (Congreso
de la República de Colombia, 1998).
Sin embargo, dicha demanda no prosperó, porque
al poco tiempo de ser interpuesta, fue retiró por motivos ajenos y de índole personal. A pesar de lo anterior, no contentos con el incumplimiento por parte
de la administración, se realizó un análisis de lo
sucedido en relación con la actualización catastral
del año 2012. Los puntos tomados en cuenta fueron
1. El IGAC no desarrolló de mejor manera el
avalúo catastral para las viviendas urbanas
del municipio de Pasto, lo cual, se produjo
porque el personal delegado no contaba con
la experiencia necesaria; además, no laboró
de forma correcta porque no se visitaron la
totalidad de los predios, como también no se
tuvo en cuenta la zonas socioeconómicas y
2. Cuando el IGAC realizó la actualización catastral, no se acogieron los avalúos pasados
y menos el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
3. El 29 de enero de 2012 fue publicada la Resolución 52-000-043 de 2011, a sabiendas que
por acto administrativo propio de la misma
entidad, debieron publicarlo hasta 31 de diciembre de 2011.
4. La base catastral actualizada se dio el 2 de
febrero de 2012, para entonces, la entrega
fue tardía, por lo cual se presentó, de cierta
forma, una inexistencia de la base catastral
para el año 2012, aplicándose retroactividad.
5. La cartera morosa del municipio de Pasto se
vio afectada por la actualización catastral
presentada para el año 2012. (España Gómez, comunicación personal, 2014).
Con relación a lo anterior, se instauró una acción
popular, ante el Tribunal Administrativo de Nariño (sin fallo judicial), mediante la cual se pretendió
la reparación de los perjuicios a los contribuyentes
afectados del año 2012, así como también, que se
indemnice por parte del IGAC, a estos contribuyentes, por la entrega fuera de tiempo de la base
catastral, toda vez que se tornó ineficaz e inoponible frente a terceros.
La cuantía de dicha acción giró alrededor de
27.200.000 de pesos, siendo el resultado del mayor
valor, comparando los recaudos de los años 2011,
2012 y 2013 por parte del municipio. Ahora bien,
en cuanto a los accionantes de dicha acción, actualmente hacen parte del proceso un número determinado de personas, sin embargo, en base al Ar-
tículo 55 de la Ley 472 de 1998, puede ser parte
del proceso cualquier persona que se considere
afectada, por lo cual esta acción no está limitada a
quienes la están interponiendo.
A propósito, ante la interposición de la acción popular instaurada por la Fundación Jurídica Popular de
Colombia, el Tribunal Administrativo de Nariño, en
su totalidad se declaró impedido por tener interés
particular y directo frente a la decisión del asunto
en concreto, ya que la mayoría de los miembros de
dicha corporación, son propietarios de viviendas
urbanas y además son contribuyentes del IPU, de
manera que se encuentran inmersos en una causal
de inhabilidad, estipulada en la Ley 1564, “por la
cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, 2012.
lo que procede en ese caso es cuestionar el acto de
ejecución pues es éste quien ostenta el vicio de ilegalidad y con fundamento en ello solicitar la reparación
del daño que con él se hubiere causado. (Consejo de
Estado, 2012).
En torno a lo anterior, se podría pensar que existen
dos vías jurídicas para salvaguardar los derechos de
los contribuyentes, por un lado, se encuentra el control de nulidad por inconstitucionalidad, y por otro,
En primer lugar, el Artículo 135 de la Ley 1437, “por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
(Congreso de la República, 2011a) comunica que:
Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general
dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no
corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.
Por su parte, el Honorable Consejo de Estado, fue el
competente para resolver dicho impedimento, en cuya
decisión se manifestó la aceptación del impedimento,
por lo cual se ordenó asignar conjueces, quienes también se declararon impedidos, manifestando la misma
causal del Tribunal Administrativo de Nariño.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa
disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, hasta el momento no
se ha admitido la acción popular mencionada, por
lo cual el apoderado solicita que dicho proceso se
tramite por el Tribunal Administrativo del Cauca,
por ser éste ajeno al asunto y así no incurrir en ninguna causal de impedimento.
Es por eso que, a pesar de haber retirado la demanda de nulidad y de aún no tener respuesta sobre la
acción popular, se considera que es evidente la vulneración al procedimiento, por cuanto el Honorable
Consejo de Estado ha dicho:
Si el acto administrativo que se encuentra viciado en
su publicidad no le produce efectos al destinatario, es
conclusión obligada que si lo en él previsto de todas
maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal situación
no puede tenerse como la consecuencia de un acto
administrativo sino como el resultado de una operación administrativa que será ilegal por consistir en la
ejecución de un acto que aún no puede producir sus
efectos por haberse omitido la notificación o por haber sido ésta indebidamente realizada. Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su
ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad
de ésta no determina la invalidez de aquel y por ende
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado
para proferir su decisión a los cargos formulados en la
demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación
de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá
pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras
demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.9
Entonces, se podría determinar que este medio de
control es procedente frente al caso, ya que existió
una vulneración directa hacia los principios y fines
del estado planteado en la Constitución, que entre
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Subrayado fuera de texto original.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
violación del debido proceso. (Constitución Política
de Colombia, 1991).
Sin embargo, este medio de control solamente serviría para declarar la nulidad del acto administrativo,
en este caso, la Resolución 52.000.043 de 2011 expedida por el IGAC, por lo cual este medio de control
prosperaría si se hubiera interpuesto antes de aplicar dicha resolución en el avalúo de los predios.
Es por ello que en segundo lugar, es procedente la
acción popular, tal y como se presentó ante el Tribunal Administrativo de Nariño, ya que existe una
afectación general a la población y lo que en la actualidad se pretende es la reparación y pago de los
perjuicios, por los daños ocasionados a los contri-
buyentes del año 2012; de manera que, mal se haría
en solicitar la nulidad de dicha resolución, porque
en sí, este acto administrativo ya fue desarrollado,
surtiendo efectos negativos hacia la población del
Al respecto, las acciones populares tienen como fin
la protección de los derechos colectivos plasmados
en la Constitución Política, lo cual se puede entender
como el interés general encabezado en un grupo de
individuos, siendo éste un mecanismo más efectivo, por tener un trámite preferente de conformidad
con lo señalado en el Artículo 6 de Ley 472 de 1998,
además de que su función es principal y autónoma.
Asimismo, esta acción consta de una naturaleza
preventiva, y por medio de éste, es posible restituir
las cosas a su estado anterior, así como también indemnizar a los sujetos afectados.
En cuanto a la procedencia, el Honorable Consejo
de Estado ha dicho que ésta “procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares que hayan violado o amenacen violar este tipo de derechos” (Consejo de Estado, 2003),
lo cual se aplica directamente frente al caso en concreto, por cuanto se omitió la publicación de la resolución y se la publicó extemporáneamente.
El derecho colectivo que se vio afectado en el asunto
que se investiga, es el de la moralidad administrativa, referenciada por el Congreso de la Republica de
Colombia (1998) como “el derecho que tiene la comunidad, a que el patrimonio público sea manejado por
los funcionarios, de conformidad con los principios y
criterios señalados por la constitución y las leyes”; es
decir, éste debe cumplirse por parte de los funcionarios públicos, los cuales deben dirigir su actividad a
la prevalencia de interés general y los fines del estado.
Como un concepto subsidiario, esta acción también
se la podría interponer observando los principios
que se plantean en la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 3, ya que en él se estipula que las actuaciones
administrativas se deben realizar conforme al principio de igualdad, buena fe, participación, publicidad, debido proceso, imparcialidad, moralidad, responsabilidad, economía, eficacia y celeridad. Y en el
presente caso el principio más vulnerado fue el de
publicidad, tal y como lo plantea el numeral 9, del
(…) 9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados,
en forma sistemática y permanente, sin que medie
petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto
en este Código. Cuando el interesado deba asumir el
costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.
En conclusión, se pudo determinar que la acción
popular instaurada por el abogado Luis Carlos España, frente a la Resolución No. 52.000.043 de 2011,
es procedente por cuanto se vulneró un derecho colectivo y principios emanados por la Constitución,
en especial el principio de publicidad.
Es por lo anterior que se deriva también la recomendación de generar una cultura de pronto pago,
a partir de capacitaciones a los contribuyentes, en
los cuales se exponga de manera clara y concisa los
lineamientos mediante los que se realiza la actualización catastral y el cobro del IPU, todo ello para
evitar inconvenientes jurídicos y sociales. Y en caso
de afectar a la sociedad, se debería proponer soluciones eficaces para los contribuyentes, con el objeto
de mitigar la cartera morosa del municipio de Pasto.
Además, es importante, realizar un estudio más
minucioso respecto del personal designado para
efectuar las actividades catastrales, con el fin, de
evitar errores futuros que puedan afectar a la
población del municipio de Pasto. E instaurar acciones judiciales, en el evento de presentarse una
inconformidad frente a los actos administrativos
expedidos por las autoridades competentes en
cuanto al IPU.
Recordando el interrogante planteado al inicio del
artículo, se podría decir que las autoridades administrativas cometieron un error bastante grave
y perjudicial para la población, ya que no hay que
olvidar que todos los procedimientos deben ser realizados en los términos previstos por la ley, es decir, conforme a derecho en cuanto a lo sustancial y
procesal, y por ende, al no realizarse el debido procedimiento se incurre en un grave error, por ir en
contravía al ordenamiento jurídico vigente, específicamente al Debido Proceso Constitucional.
De igual manera, para responder a nuestra incógnita, es preciso definir lo que se entiende por justicia
social, pues bien, ésta comprende las decisiones que
pueda tenerse conforme a las normas y principios
aceptados por la sociedad en general, o de un colectivo social que no los perjudique ni amenace el
Todo esto se da a partir de la debida aplicación de
las normas vigentes y sobre todo de las correctas
decisiones que puedan emanar de las personas que
contemplan el poder, ya que es de ahí de donde se
desprenden las consecuencias sociales, porque de
una buena decisión y administración, siempre existirán resultados correctos; sin embargo, si se acude
a una mala administración o a un mal manejo del
poder, lo que dará como resultado no será más que
injusticias e irregularidades en el diario vivir, que
socialmente se refleja por medio de movilizaciones
ciudadanas como la ocurrida en el año 2012.
Se puede concluir que las actuaciones realizadas por
las autoridades administrativas municipales fueron
desacordes a lo que se considera justicia social, ya
que con la omisión de actuaciones generaron perjuicios muy graves para la sociedad, tanto económicos,
sociales y jurídicos, dado que dicho suceso a pesar
de haberse generado en el 2012, en la actualidad
permanece las repercusiones del mismo.
Si se hubiese actualizado el avalúo en el tiempo debido, la población pastusa no hubiera sentido abruptamente el incremento en el impuesto, es por ello que
se denota una falta de formalidad respecto al tema.
También, se refleja ante lo sucedido falta de interés
jurídico, ya que no se debió aplicar ese avalúo, por
cuanto estaba viciado, sin embargo, las autoridades
judiciales no han respondido por los hechos hasta
la actualidad, solamente la administración municipal, se limitó a solucionar dicho inconveniente con
descuentos por pronto pago, que en realidad no
soluciona nada, porque la mayoría de personas no
cuentan con sumas de dinero tan altas para poder
realizar el pago oportunamente.
A pesar de que la investigación solo abarcó la Comuna Cinco de la ciudad de Pasto, no significa que
este suceso solo haya afectado a esta comuna, ya
que fue un hecho trascendente y de corte social impactante, evidenciándose que hubo una gran participación en la movilización ciudadana, que acudieron a este llamado social en busca de beneficios y
oportunidades para realizar el pago de IPU, sin que
éste pueda verse afectado en el futuro, generando el
incremento mayor al ya acaecido.
A consecuencia de lo anterior, se puede decir que no
existió una prevalencia del interés general, solo se
pensó en un concepto de “poder y justicia” guiado
a aplicar la normatividad, pero sin existir una base
sólida que garantice a la ciudadanía una seguridad
e interés en cuanto al pago de sus impuestos, específicamente, el pago del impuesto predial que es un
tributo de carácter municipal y un deber o carga tributaria constitucional, que compete a los ciudadanos como propietarios de un bien inmueble, el cual
tiene mucha relevancia, ya que con este se costea los
fines del Estado, generando un bien común y en pro
Al ser, los ciudadanos los generadores de bien común a partir del pago de los impuestos, se convierten en legitimadores para poder instaurar las acciones judiciales necesarias cuando se considere que
va en contra vía del interés general o de las normas
constitucionales, como lo ocurrido y mencionado a
De ahí, la intencionalidad de la investigación y más
aún del artículo, ya que se pretendió generar una
reflexión ante la ciudadanía, de manera que se tome
consciencia de la verdadera situación y de lo que sucedido en Pasto, y precisamente, evitar que se repita
por falta de conocimiento del procedimiento legal
a seguir, ya que los ciudadanos son quienes deben
ejercer un control en caso de no cumplirse el interés general o social, porque el dinero que recauda el
Municipio es del pueblo y para el pueblo.
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En la Sala Situacional del Observatorio de Enfermedades Crónicas de la... de Salud, en la Universidad de Nariño, se citaron las Dependencias...
Viabilizado el proyecto de construcción y dotación del Hospital 1... Con el fin de generar un impacto significativo en la...

References: Artículo 664
 Resolución

 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 Resolución 
 Artículo 135
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 6
 resolución 
 Artículo 3
 Resolución 

artículo 88