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Timestamp: 2019-03-26 14:00:17+00:00

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Comunicado de prensa n.º 54/18
Luxemburgo, 24 de abril de 2018
Sentencia en los asuntos acumulados T-133/16 a T-136/16
Caisses régionales de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Nord Midi-Pyrénées, Charente-Maritime y Brie Picardie/Banco Central Europeo
El concepto de «directivo efectivo» se refiere a los miembros de la alta dirección, función que no puede acumularse a una función no ejecutiva de supervisión
Crédit agricole es un grupo bancario francés descentralizado que dispone, entre otras, de caisses régionales de crédit agricole mutuel (cajas regionales de crédito agrícola mutuo). Cuatro de esas cajas regionales quisieron nombrar a una misma persona para los puestos de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo». El Banco Central Europeo (BCE), encargado de la supervisión prudencial de Crédit agricole, aprobó la designación de las personas en cuestión como presidentes del consejo de administración, pero se opuso a que ejercieran simultáneamente la función de «directivo efectivo».
En efecto, el BCE consideró que las funciones que permitían a una persona obtener la aprobación como «directivo efectivo» en el sentido del Derecho francés y del Derecho de la Unión 1 eran funciones ejecutivas (como las de consejero delegado), diferentes de las confiadas al presidente del consejo de administración. Según el BCE, debe existir en principio una separación entre el ejercicio de las funciones ejecutivas y no ejecutivas en el seno de un órgano de dirección.
Las cuatro cajas regionales recurrieron ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación de las decisiones del BCE. En esencia, alegan que el BCE no había interpretado correctamente el concepto de «directivo efectivo», al limitarlo a los miembros de la dirección que disponen de funciones ejecutivas.
El Tribunal General analiza el concepto de «directivo efectivo» de una entidad de crédito a la luz del artículo 13 de la Directiva 2013/36/UE. Sobre la base de una interpretación literal, histórica, teleológica y contextual, concluye que dicho concepto se refiere a los miembros del órgano de dirección que forman parte de la alta dirección de la entidad de crédito. En particular, el Tribunal General recuerda el objetivo perseguido por el legislador de la Unión en materia de buen gobierno de las entidades de crédito. Este objetivo precisa de la búsqueda de una supervisión eficaz de la alta dirección por parte de los miembros no ejecutivos del órgano de dirección, lo que implica un equilibrio de las facultades en el seno del órgano de administración. Ahora bien, la eficacia de esa supervisión quedaría menoscabada si el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión, pese a no desempeñar formalmente la función de consejero delegado, se encargara simultáneamente de la dirección efectiva de la actividad de la entidad de crédito.
1 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
El Tribunal General considera que, puesto que el BCE interpretó correctamente el concepto de «directivo efectivo», también aplicó correctamente el artículo 88 de la Directiva 2013/36/UE, que establece que el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión de una entidad de crédito (como el presidente del consejo de administración) no debe poder ejercer simultáneamente las funciones de consejero delegado de la misma entidad, salvo que las autoridades competentes lo autoricen expresamente.
Por último, el Tribunal General señala que el BCE también aplicó correctamente las disposiciones del Código monetario y financiero francés que transponen la Directiva 2013/36/UE, conforme a la interpretación de éstas realizada por el Consejo de Estado francés.
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Lunes, 23 de abril de 2018 poderjudicial.es
El Primera Instancia nº 6 de Oviedo en los cuatro primeros meses de 2018 ha registrado 2092 asuntos y ha notificado 1755 sentencias. La Sección de la Audiencia Provincial asignada para conocer todos sus recursos también ha aumentado notablemente sus números.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, en su reunión del pasado 12 de abril, el atribuir al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc.), la exención, -en principio hasta el próximo 30 de junio-, en el reparto de asuntos habitual para los juzgados de Primera Instancia de Oviedo.
Con esta medida el CGPJ atiende así la petición del magistrado titular del Juzgado, ratificada posteriormente por la Sala de Gobierno del TSJA, que veían esta decisión como imprescindible para hacer frente al alto número de demandas presentadas en nuestra comunidad, y a las que ahora podrá dedicarse en exclusividad, al menos hasta el próximo mes de junio.
Concretamente, el Juzgado único especializado en claúsulas suelo de Asturias lleva registrados en los cuatro primeros meses de 2018, 2092 asuntos y ha notificado 1755 sentencias, siendo el juzgado de España más resolutivo en esta materia.
El Juzgado cuenta ahora mismo con el magistrado titular, Antonio Lorenzo, una jueza de refuerzo designada por el CGPJ en su plan nacional, Marta Huerta y varios jueces de apoyo han trabajado en el juzgado en periodos intermitentes. Además ha tenido que ser reforzado en tres funcionarios por el Gobierno regional.
Aumento de los números en la Audiencia Provincial
La gran cantidad de asuntos registrados y sentencias notificadas por el Juzgado especializado ha afectado asimismo a los números de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, encargada de revisar todos los recursos presentados.
En este sentido, hay que destacar que si esta Sección en todo 2017 había registrado 165 asuntos, en el primer cuatrimestre de 2018 contabiliza ya 665, de los que 551 proceden del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y el Registro en el Servicio de Reparto ha pasado de 687 a 1371 asuntos.
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Viernes, 27 de abril de 2018 poderjudicial.es
Madrid, 27 de abril de 2018.-
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20 de abril de 2018 mineco.gob.es
El déficit se situó en 6.103 millones de euros
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Miércoles, 25 de abril de 2018 poderjudicial.es
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Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido. Me interesa mucho trabajar en estrecha colaboración con los países miembros para hacer realidad este objetivo.
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El tribunal le sustituye la condena de prisión por 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad
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La magistrada subraya que el auto de procesamiento no refleja “meras conjeturas o pareceres de los investigadores, sino hechos objetivos”
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el procesamiento del exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre, así como los del exdirector de los Mossos Pere Soler y del exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por organización criminal y un único delito de sedición, en su caso por el 1 de octubre. Igualmente ha ratificado el procesamiento de la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 desestima los recursos de reforma presentados por los cuatro procesados en los que señalaban que no existen indicios suficientes para afirmar su participación en los hechos investigados, así como su discrepancia con la calificación jurídica.
Lamela subraya que la resolución recurrida resultado ajustada a derecho y añade que en el presente caso se han expuesto los indicios racionales de criminalidad existentes, su origen, su secuencia y las interrelaciones entre ellos, fijando a través de los mismos las consecuencias incriminatorias reseñadas en el auto de procesamiento. “No se trata de meras conjeturas o pareceres de los investigadores, sino que el mismo se exponen hechos objetivos obtenidos a través de las veintiuna diligencias” que se detallan en el auto de procesamiento.
Respecto a la falta de competencia de la Audiencia Nacional alegada por César Puig, la magistrada explica que ya se ha dictado resolución abordando ese asunto que fue confirmada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Y en referencia a las dispersión de causas por estos hechos en diferentes órganos judiciales alegada también por Puig, la juez afirma que ella era partidaria “de la investigación conjunta de todos aquellos hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia”, si bien “la existencia de personas aforadas ha impedido la investigación de todos aquellos investigados por los hechos acontecidos durante el proceso que tenía por objeto la proclamación de una república catalana independiente de España”.
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19/04/2018 – eleconomista.es
La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.
El texto aprobado afirma que “si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión”.
En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”, como por ejemplo, periodistas y ONG. Los Estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.
Así, deberán registrarse, igual que las empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.
En el caso de las tarjetas prepago, el importe de identificación de titulares se rebaja desde los 250 euros actuales a 150 y a más de 50 para operaciones remotas de pago.
La norma incluye criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE presentan riesgo y medidas de vigilancia más estrechas de transacciones con nacionales de esas jurisdicciones.
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18 abril, 2018 uso.es
“Los salarios son la deuda pendiente que los agentes económicos tienen con la clase trabajadora, tal y como reclamamos en nuestro lema y manifiesto del 1 de Mayo que celebraremos en un acto central en León y en otras concentraciones regionales por toda España”, recuerda Joaquín Pérez.
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UGT | Viernes, 20 de abril de 2018 ugt.es
UGT y CCOO en el manifiesto del 1º de Mayo de 2018 hacen un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a participar en las distintas movilizaciones convocadas ese día para reclamar mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.
Ambas confederaciones recuerdan que la economía española lleva cuatro años creciendo, que hay más empresas con beneficios, que antes de la crisis y que, sin embargo, la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. La pobreza se ha cronificado y España ocupa ya el puesto 26 de 28 en la UE.
Asimismo, UGT y CCOO alertan sobre la expansión de las empresas multiservicios, las plataformas digitales y las fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo, con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.
Una negociación colectiva en la que los sindicatos defienden una mejora sustancial de los salarios, en general, y de los más bajos en particular, incluyendo cláusulas de garantía salarial. Asimismo, exigen un aumento de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la inversión productiva. UGT y CCOO consideran, además, imprescindible recuperar el papel central de los convenios sectoriales.
UGT y CCOO reivindican, además, la inmediata puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos; la necesidad de instaurar un sistema público de servicios sociales; reformar las prestaciones por desempleo para garantizar una cobertura general y prestaciones dignas; y garantizar los derechos y la integración de los inmigrantes, de las personas trabajadoras con discapacidad, con distinta orientación e identidad sexual, en riesgo de exclusión y de las personas que están afectadas por el VIH y el sida.
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17 de abril de 2018 mineco.gob.es
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El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria”
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de NovaCaixaGalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán tendrán que pagar 10,4 millones de euros a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de NovaCaixaGalicia por el cobro de prejubilaciones millonarias. José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán deberán devolver 6.476.237 y 3.969.349 euros, respectivamente.
El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria (el FROB tuvo que inyectar una suma de más de 9.000 millones de euros para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas, creando NovaCaixaGalicia Banco).
Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobara unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes. Dinero que cobraron en el año 2011, esto es, cuando llevábamos ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis”, concluye la Sala.
La Sala ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2016, que les declaró responsables civiles solidarios en relación con el delito de apropiación indebida por gestión desleal. También ha desestimado el recurso de Ricardo Pradas Montilla.
El tribunal indica que en una sentencia anterior, en la que confirmó las responsabilidades penales, devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que corrigiera algunos aspectos relativos a esta cuestión de las responsabilidades civiles por considerar que se habían resuelto de forma errónea. En concreto, entendía que había sumado las dos cantidades alternativas de restitución dineraria que había propuesto el fiscal dependiendo de que el delito objeto de condena fuese el de estafa –más de diez millones de euros- o el de apropiación/administración desleal –más de tres millones de euros- en lugar de optar por una de ellas. En su nueva sentencia, la Audiencia Nacional optó por la primera alternativa debido a que de ese modo se indemnizaba en mayor cuantía a los perjudicados.
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Jueves, 19 de abril de 2018 poderjudicial.es
El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales actuaron presuntamente en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.
El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad ICBC ( Industrial And Comercial Bank Of China S.A) por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil, así como el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CAIXABANK entre los años 2011 y 2015, para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.
Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España”.
CaixaBank desatendió los requerimientos judiciales sobre clientes que siguieron transfiriendo 31.7 millones de euros
El auto del juez relata cómo entre 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados. Las sucursales implicadas “ hicieron caso omiso” al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España” Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “ fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.
El informe del SEPLBAC destaca que entre los años 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo y que han realizado transferencias por valor de 99.1 millones de euros a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas). El juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir esos requerimientos, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo 31.7 millones de euros.
En su auto el juez distingue entre la actuación de otras entidades bancarias y CaixaBank. El magistrado recuerda que, a raíz de la llamada operación SNAKE, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al SEPBLAC por las operaciones investigadas. 18 bancos reportaron que habían comunicado al SEPBLAC un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización SNAKE, por movimientos sospechosos de blanqueo. El juez añade que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación y en el caso de CaixaBank se localizaron 4 de una de las sucursales investigadas, cuyo director pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.
Un patrón común de actuación
El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. El auto analiza toda la información sobre los clientes investigados, de los que existía carencias de información y de control sobre su operativa. Los directores implicados permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes; Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.
A través de la banca on line los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones SNAKE, Chequia, Emperador, Juguetes que realizaran ingresos compartiendo IPs, compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.
Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. Respecto a las transferencias a CHINA y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas”.
Responsabilidad como persona jurídica
Los hechos relatados en el auto describen, según el juez graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, “y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos”.
Es por ello que Ismael Moreno considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad “in elegendo, in vigilando o in instruendo” de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados. Esa responsabilidad es transferida a la persona jurídica, en tanto que CAIXABANK no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: “se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (SEPBLAC) para atajar la presunta práctica delictiva.” Ese incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida, añade el juez, como sujeto obligado a ser la primera frontera de prevención para impedir que las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales puedan introducirse en el circuito económico “fue contumaz y no episódico” .
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11/04/2018 ec.europa.eu/spain
El nuevo acuerdo para consumidores es uno de los hitos marcados en el Programa de trabajo de la Comisión para 2018. Esta iniciativa llega, en parte, como respuesta a malas prácticas que han tenido un impacto masivo en todo el bloque, tales como el escándalo de las emisiones de automóviles en 2015 (que provocó que la UE endurezca sus normas para unos vehículos más seguros y más limpios), las masivas cancelaciones de vuelos(link is external) en 2017, y la contaminación de leche para bebés(link is external) en Francia (que también afectó a otros países).
Věra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores, e Igualdad de Género, ha dicho: «En un mundo globalizado en el cual las grandes empresas tienen mucha ventaja sobre consumidores individuales, tenemos que introducir un equilibrio. (…) Las autoridades de consumo tendrán finalmente herramientas para sancionar a los tramposos. Hacer trampa no saldrá barato».
•Más transparencia en los market places – Este tipo de portales de venta permite a muchos vendedores, tanto particulares como profesionales, ofrecer sus productos. Saber a qué tipo de vendedor estás comprando es muy importante: de ello dependerán ciertos derechos, como el poder devolver el artículo en 14 días sin necesidad de dar ningún motivo. Con el nuevo acuerdo, esta información será obligatoria.
•Más transparencia en los resultados de búsqueda online –El usuario deberá ser claramente informado si un resultado es pagado o no. Además, los market places tendrán que informar cuáles son los principales parámetros que determinan el ránking de resultados. Nuevos derechos al consumidor para servicios digitales «gratuitos» –Al pagar por un servicio digital, los consumidores tienen ciertos derechos a ser informados y tienen 14 días para cancelar sus contratos. El nuevo acuerdo extenderá ese derecho a los servicios «gratuitos» en los cuales los consumidores dan sus datos personales aunque no pagan con dinero. Esto normalmente se aplica a servcios de almacenamiento en la nube, redes sociales o cuentas de correo electrónico.
•Acciones colectivas – Con el nuevo acuerdo, asociaciones de consumidores sin fines de lucro y que cumplan criterios estrictos podrán presentar demandas colectivas que busquen compensación para los afectados por prácticas abusivas masivas. En algunos países, como España, esto ya es posible, pero esta posibilidad se extenderá a toda la UE.
•Más protección – Actualmente, aunque las prácticas comerciales injustas están prohibidas, la legislación no establece compensaciones para los afectados. El nuevo acuerdo garantiza compensaciones individuales (por ejemplo, financieras) para los afectados.
•Las autoridades de consumo de la UE no están preparadas para sancionar prácticas de daño masivo -como fue el Dieselgate-. Actualmente, las sanciones difieren segun el país, y suelen ser muy bajas. La propuesta establece que las autoridades nacionales puedan sancionar con el 4 % de los ingresos de la empresa en cada país, e incluso más.
•La propuesta estabece que los países de la UE pueden abordar prácticas de empresas que promocionen productos en diferentes países de la UE como si fueran idénticos cuando en realidad son diferetes.
•El nuevo acuerdo propone aliviar algunas obligaciones de las empresas. Por ejemplo, los consumidores no podrán devolver artículos usados -más allá de una prueba-, ni tampoco tendrán que devolver el dinero antes de recibir los productos devueltos.
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Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en El Tribunal Supremo ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en la actuación de los dirigentes del ‘procés’ y rebate los argumentos del tribunal alemán
13 de abril de 2018 mineco.gob.es
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en La inflación sube al 1,2% en marzo por los paquetes turísticos
Lunes, 16 de abril de 2018 poderjudicial.es
El juez aprecia indicios de falsedad, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito fiscal
El Juzgado de lo Mercantil númeo 2 de Alicante ha acordado deducir testimonio contra tres administradores y un perito que han intervenido en el concurso de la promotora inmobiliaria Luxender, en concurso de acreedores.
El juez considera que en los diez años que dura la tramitación del concurso, se han encontrado “evidentes indicios de actuación fraudulenta concerta”, motivo por el que remite los hechos a un Juzgado de Instrucción para que abra una investigación por falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito contra la Hacienda Pública.
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La nueva legislación también introducirá registros de beneficiarios reales de empresas fiduciarias cuando haya un interés legítimo, así como registros de cuentas bancarias y cajas de seguridad, que serán accesibles para las autoridades públicas. Por ejemplo, si “Europol busca un delincuente en un Estado miembro, podrá ver si tiene cuentas en otros países”, explica Kariņš.
“El objetivo es mantener el dinero sucio fuera del sistema bancario europeo. Los bancos deben saber quién está detrás de cada cuenta”, continúa el eurodiputado. “Hay dos problemas con el dinero sucio, uno es que destruye la economía y el otro que puede acabar financiando el terrorismo”, dice Kariņš. “Dejemos claro que si no quiere mostrar quién es el propietario, será difícil hacer negocios en Europa”, añade por su parte Sargentini.
“Las fuentes (de financiación) son muchas, pero es a través de la actividad ilícita, el dinero procedente del mercado negro, el comercio de productos ilegales, armas, tráfico de personas que este dinero entra en el sistema bancario europeo y se blanquea”, explica Kariņš. Sargentini recuerda que el terrorismo se puede financiar con un presupuesto muy reducido, especialmente en Europa, “se alquila un automóvil o incluso se puede robar un automóvil y se comete un atropello de una multitud, esto no cuesta dinero”.
Sargentini dice que este cambio fue muy importante para los Estados miembros. Por ejemplo, “las autoridades francesas insistieron, diciendo que los coches de alquiler utilizados en los ataques en Francia fueron pagados con tarjetas anónimas”.
Kariņš explica que los propietarios de criptomonedas querrán convertirlos en euros si quieren comprar algo. “Ahí es cuando las criptomonedas entrarán en el sistema bancario europeo y en este punto queremos que los bancos pregunten quién es este cliente y de dónde proviene el dinero [virtual]”, agrega.
El objetivo de la legislación es acabar con la financiación criminal sin obstaculizar el funcionamiento normal de los mercados financieros y los sistemas de pago, como las tarjetas de débito de prepago. “El objetivo es crear problemas para los delincuentes, pero no para los ciudadanos europeos ordinarios y honestos”, subraya Karinš. “No queremos obligar a que la gente tenga que volver al dinero en efectivo, queremos mejorar el sistema digital”, agrega Sargentini.
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: normas más estrictas en la Unión Europea
ieemadrid.es 12 abril 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre “High growth enterprises (growth by 10% or more) and related employment”, Eurostat, actualización de 14 de marzo de 2018.
Las empresas de alto crecimiento desempeñan un papel muy importante para la dinámica económica y la creación de empleo de un país. Se definen como aquellas empresas que han tenido un aumento medio anual del empleo del 10% o más a lo largo de un periodo de 3 años y que contaban con al menos 10 trabajadores en el momento en el que se inicia el crecimiento. En el conjunto de la UE‐28, el número de empresas de alto crecimiento ha llegado a 180.000 en 2016, un 14% más que el año anterior. Estas empresas cuentan con unos 15 millones de empleados.
Por debajo de la media están, entre otros, Austria (9%), Suecia (8%) y también Alemania que registra un 5%. En cuatro países de la UE el número de empresas de alto crecimiento ha disminuido, destacando las caídas en Estonia (‐30%) y en Letonia (‐38%).
Tasas de variación anual en el número de empresas de alto crecimiento entre 2015 y 2016 (En %)
Irlanda 17 Finlandia ‐4
Reino Unido 14 Malta ‐18
UE‐28 14 Estonia ‐30
Grecia* 13 Letonia ‐38
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en España destaca en la UE con uno de los mayores aumentos del número de empresas de elevado crecimiento entre 2015 y 2016
UGT | domingo, 8 de abril de 2018 ugt.es
•Convierte la esperanza de vida, que presupone igual para todos, en un coeficiente reductor de la pensión
•Afectará a la cuantía inicial de cada una de las pensiones independientemente de la edad de jubilación y de los años cotizados
•Al aplicarse a la base reguladora, no afecta a las pensiones más altas que se librarán de la rebaja que impone la longevidad
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en UGT exige la derogación del Factor de Sostenibilidad para evitar su entrada en vigor en 2019
en la boca, callar propio es de sabios,
perdón, facilidades
si se quiere triunfar
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02 de abril de 2018 mineco.gob.es
http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/legislacion/2018/180402_RESOLUCION_TARIFAS.pdf .
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Gabinete de comunicación 10 abril 2018
Defecto en el acceso al sistema del pasado mes de julio
El Ministerio ha puesto en marcha 69 medidas correctivas y preventivas 10 de abril de 2018.- Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno.
Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales
Lunes, 9 de abril de 2018 poderjudicial.es
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en El Tribunal Supremo confirma las multas por 16,9 millones de euros al Banco Santander por dos infracciones en la comercialización de uno de sus productos
06/04/2018. ccoo.es
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en Unai Sordo advierte de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas y un reparto justo del crecimiento”
En la actualidad la reciprocidad es considerada un principio universalmente aceptado del derecho internacional de indispensable aplicación en las relaciones internacionales, en virtud del cual, en ausencia de norma aplicable a una materia, o como complemento a una norma existente, un Estado adopta una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro Estado. (M. Morcillo /A. Plantey)
Así, por ejemplo, cabe recordar que en materia de status diplomático en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece que, respetando las disposiciones del Convenio, pueda un Estado aplicar a otro una interpretación restrictiva del mismo en respuesta a una actitud similar de éste, o puedan aplicarse recíprocamente dos países un trato más favorable en la materia. El principio no puede ser interpretado en el sentido de que una nación, por el hecho de seguir una determinada conducta ante otra, tenga derecho a exigirle un trato paralelo, la interpretación estriba en que un Estado puede rehusar un determinado trato a otro, si éste último no adopta ante el primero una actitud similar a la de éste. En igual dirección se podría afirmar que la reciprocidad es un principio de gran arraigo en el ámbito internacional que permite, en gran medida, que las relaciones diplomáticas sean posibles. Ese principio ha servido de base para la aplicación de los privilegios e inmunidades diplomáticos, para las leyes de la defensa, y asimismo para mecanismos relativos al incumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales (Francesco Parisi/Martínez Lage).
En el ámbito político, varios autores citan un acontecimiento histórico de aplicación de la reciprocidad en este marco. Se trata de la suscripción del Acuerdo de Principios Básicos entre el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y el Presidente de la desaparecida Unión Soviética Leonid Brezhnev, que tuvo lugar en Mayo de 1972, el cual establece que las discusiones y negociaciones con respecto a asuntos pendientes entre Estados Unidos y la Unión Soviética serían llevadas a cabo tomando en cuenta el principio de la reciprocidad y que las partes tratarían de “complacerse” mutuamente con el objetivo de obtener mutuos beneficios.
La reciprocidad es, sin duda, un concepto práctico en las relaciones internacionales. En ese sentido es una acción equivalente que depende de una acción o reacción de otro Estado. La equivalencia no requiere ser absoluta para que halla reciprocidad y en algunos casos es imposible determinar si una acción es exactamente equivalente a la otra. ¿Cómo saber la equivalencia entre la promesa de un Estado de defender a otro frente a un tercer Estado y la autorización del otro Estado a que el primero pueda instalar sus tropas en su territorio?. Es difícil, en ciertos casos, determinar si la acción que es reciprocada es exactamente equivalente con la que se recíproca. El requisito de la equivalencia en la reciprocidad ilustra el hecho de que muchas relaciones en el ámbito internacional no son recíprocas. En ese sentido, determinados autores coinciden en afirmar que históricamente han existido “reclamaciones o exigencias de reciprocidad que pueden ser fraudulentas al estar escondiendo el dominio o la explotación”. Hay que resaltar que en la teoría de las relaciones internacionales la reciprocidad ha sido considerada como un instrumento para lograr el desarrollo de relaciones de mutua confianza y obligaciones recíprocas a largo plazo y un incentivo para el cumplimiento de las normas internacionales. Igualmente, se ha considerado un principio fundamental para la interacción de Estados para el manejo eficaz en casos de crisis. La reciprocidad ha jugado un importante papel en generar cooperación y resolución de conflictos entre Estados. Pero también puede jugar un rol fundamental en la dinámica de un conflicto, pudiendo dar lugar a un ciclo recíproco de violencia dependiendo de la naturaleza de la acción que se recíproca (Anat Niv-Solomon).
En ese contexto, cabe recordar que la cooperación, sostiene Robert O. Keohane, debe respetar el principio de la soberanía de los Estados. Asimismo, la reciprocidad ha sido considerada como una forma adecuada de comportamiento que genera cooperación entre Estados soberanos. Determinados autores han dividido la reciprocidad en específica y difusa. En la específica las obligaciones y los derechos son atribuidos a actores determinados. La difusa conlleva a que se actúe conforme a parámetros de comportamiento generalmente aceptados. La reciprocidad puede tener lugar tanto entre dos Estados, o sea, de manera bilateral o entre más de dos Estados, o sea, de manera multilateral. La reciprocidad implica una acción condicionada que depende de las acciones de los otros.
Finalmente, debe recordarse que la reciprocidad, en modo alguno, podría interpretarse como represalia. Si bien, manejos inexpertos en la aplicación de la reciprocidad pudieran interpretarla y aplicarla, en cierto sentido, de esa forma. Recuérdese que la represalia, conforme lo señala Martínez Morcillo, es una reacción limitada de un Estado contra una determinada conducta de otro Estado que le perjudica, que es contraria al derecho internacional, pero que se presume justificada por la previa violación de ese mismo derecho por el otro Estado. Sin duda la represalia es una reacción contraria al espíritu y esencia de la reciprocidad. En el marco de las relaciones humanas propiamente dichas, existe una dinámica semejante en determinada forma a la reciprocidad. Incluso en el lenguaje coloquial se califica de inconsecuentes a las personas que no actúan conforme a tal dinámica. Naturalmente, por obvias razones, esto último corresponde a otras consideraciones.
El autor es Premio Nacional de Didáctica y diplomático de carrera.
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References: artículo 13
 artículo 88
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