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Timestamp: 2020-07-07 02:44:05+00:00

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SITUACIONES PERSONALES EN EL PUEBLO SAHARAUI. – Abogado.eus
12 octubre 20145 junio 2020
El Reino de España reclamó derechos sobre el Sahara en la Conferencia de Berlín en 1884. Ante las fricciones con Francia, una serie de acuerdos en 1900 (Tratado de París), 1904 y 1920 delimitaron las áreas de influencia de ambos países, fijándose el límite norte del Sáhara Occidental en el paralelo 27º 40′ N. España dividió su posesión en dos distritos administrativos independientes, Río de Oro, al sur y Saguia el Hamra, al norte, que se unieron el año 1958 para formar la provincia española del Sáhara Español.
La formación de la provincia del Sahara Español se hizo mediante el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de enero de 1958, que reorganizó el Gobierno del África Occidental en las provincias de Ifni y Sahara Español.
Respecto a las provincias africanas en aquellos años, comenzó la discusión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Interior, sobre el concepto de las mismas, pues desde Exteriores comenzaban a decir que se trataba de “territorios no autónomos”.
Tal era el concepto de provincias españolas en África, que la Ley 8/1961 de 19 de abril sobre organización y régimen jurídico de la provincia española del Sahara, incluía su representación en las Cortes. Es recordado como anécdota de dicha Ley la excepcionalidad con que reconocía el derecho a la práctica de la religión musulmana, pues la libertad religiosa no existió en el resto de las provincias hasta 1967. Sin embargo, lo que no hacía esta Ley era definir las fronteras de la provincia del Sahara (ya no «Sahara Español», como se le denominaba anteriormente).
Mediante el Decreto 3249/62 se dibujó el régimen local del Sahara: Cabildo, Ayuntamiento, Juntas Locales y Consejo de Yemaa de la fracción nómada.
En noviembre de 1975, coincidiendo con el acuerdo de España con Marruecos y Mauritania -acuerdo que nadie parece conocer sobre el papel-, y el abandono del Reino de España del Sahara, se publicó la breve Ley 40/1975, de 19 de noviembre donde recogiendo –ya abiertamente-, la nomenclatura de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, aprobada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1960, se habla de ser –España- la potencia administradora de territorios no autónomos, y de proceder con esta Ley a culminar el proceso de descolonización.
Dicha ley era breve, pero en ella se dijo que “…el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del territorio nacional».
Dicho proceso de abandono se simultaneaba con la independencia de Guinea y la entrega a Marruecos de Ifni. La Ley 40/1975, sobre descolonización, más que pase de poderes a autoridades saharauis –que es el objeto de una Ley de descolonización-, lo que produjo, como se ha dicho, fue el abandono del Sahara, dejándolo a merced de la ocupación militar de Marruecos -que ya había iniciado la Marcha Verde-, y de Mauritania. La situación, que de hecho se produjo entonces, se mantiene hasta la fecha. Es decir: campamentos de refugiados, Sahara Ocupado, Sahara Libre, y población saharaui en todos los territorios.
Desde entonces, la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se vio envuelta en una guerra hasta 1991, año en que se dictó la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO). Resolución por la que se estableció la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).
Misión –la MINURSO-, de cascos azules, que renueva su permanencia periódicamente, pero que además de no velar por el respeto a los derechos humanos en la zona, no parece hacer las labores necesarias para que el referéndum se llegue a celebrar, efectivamente.
Por último, el Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto, reguló la opción de la nacionalidad española para los saharauis. En él se decía:
Artículo 1. — Se reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas, sean titulares del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en el extranjero.
Artículo 2. — Los que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española.
Disposición final segunda. — Transcurrido el plazo de un año mencionado en el artículo segundo, se entenderán anulados y sin valor alguno los pasaportes y documentos de identificación personal concedidos por las autoridades españolas, a los naturales del Sahara que no ejerzan su derecho de opción.
Desde entonces, únicamente, la jurisprudencia ha regulado la situación de los saharauis. La STS 28 de octubre de 1998, marcó un hito, puesto que tras hacer un repaso de la legislación dictada desde el Estado Español para regular el Sahara, concluyó en que si bien, en un principio, se trató al Sahara, como a una provincia más de España, para posteriormente acoger la realidad jurídica internacional y reconocer que el Sahara era un territorio no autónomo, todo ello no debería afectar a la nacionalidad, más aún si -como en el caso del que se ocupaba – el recurrente no se encontraba en ninguno de los supuestos del Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto, pues se encontraba en el Sahara en el año que se concedió de plazo para realizar la opción. (Hay que tener en cuenta que el Sahara era zona de guerra durante ese año). Pasando, la sentencia, a examinar si el recurrente, conforme al artículo 17 CC, tenía la nacionalidad española por consolidación.
Para ello, el recurrente aportaba pasaporte y DNI caducados, pero expedidos durante la colonización del Sahara, trabajos realizados para la administración española y la falta de acreditación de su inscripción de nacimiento como español en El Aaiun (pues dichos ficheros fueron quemados durante acciones de guerra). Es por ello, que solicitó la inscripción de su nacionalidad fuera de plazo comunicándole la Dirección General de Registros y del Notariado, que entienden el Sahara nunca fue español.
La STS, ante todo ello, interpretó, según la doctrina del TC que:
«la persona que teniendo derecho a la nacionalidad española no es considerada como española sufre, en relación con los demás españoles, una injustificada discriminación no en uno, sino en un bloque de derechos en que se concretan las diferencias típicas del Derecho de extranjería. Puede, por tanto, recabar el amparo constitucional porque el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, está específicamente incluido entre los que gozan de esa especial protección (cfr. artículos 53 y 161, 1 b), de la Constitución Española y 41 de la L.O.T.C.), y desde que se niega el derecho a la igualdad, hay recurso para restablecer o promover este derecho»
Al margen de casos tan particulares como el descrito en la STS de 28 de octubre de 1998, para los nacidos en el Sahara, cuando era territorio español, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tiene sentencias muy claras en el sentido de que los nacidos en territorio español (Sahara) podrán optar a la nacionalidad española acreditando un año de residencia. (art.22.2.a CC).
También, muchos saharauis, tienen reconocido el status de apátrida, pese a tener pasaporte argelino y no haber realizado la solicitud de reconocimiento de apátrida en Argelia. Status de apátrida reconocido por numerosas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ratificadas por el Tribunal Supremo en aplicación de la normativa internacional sobre la apatridia.
Para los que no pueden acreditar el nacimiento o son hijos de saharauis, y no quieren realizar la solicitud de apátrida, se ha venido reconociendo con más o menos normalidad la nacionalidad con valor de simple presunción. La declaración de nacionalidad con valor de simple presunción, que se hace mediante anotación en el Registro Civil del domicilio del solicitante, produce el efecto de que la carga de la prueba ya no recaiga sobre quien solicita la nacionalidad, sino del que la discute. En este caso, tras la inscripción de la nacionalidad con valor de simple presunción, será el Ministerio Fiscal quien deberá iniciar un nuevo expediente que declare la nacionalidad o no, con valor de simple presunción, que en caso de ser negativa cancelaría la anterior mediante la simple tramitación del expediente gubernativo. (No hace falta sentencia dictada en juicio ordinario al tratarse de una anotación).
Ahora, el saharaui que tiene inscrita la anotación de nacionalidad española con valor de simple presunción, al solicitar la inscripción fuera de plazo de su partida de nacimiento se encuentra con que en lugar de que se proceda a su inscripción, el Ministerio Fiscal procede a la incoación de un expediente para cancelar la anotación de presunción de nacionalidad española.
La perversión durante este lance -que a fin de cuentas es la motivación de escribir este post-, a mi modo de ver, viene de que la cancelación se solicita –en el nuevo expediente gubernativo- con una nueva valoración de las mismas pruebas, que motivaron la inscripción, o con las nuevas pruebas que aporta el saharaui para la inscripción de su nacimiento. Así el Ministerio Fiscal argumenta en el nuevo expediente, que la documentación acompañada y que ha sido expedida por la Republica Araba Saharaui Democrática no tiene la misma garantía que la expedida y aceptada por el Estado Español, al no estar la RASD reconocida internacionalmente. Argumentación, que, además, de victimizar doblemente al peticionario se conocía por ser notorio cuando le inscribieron con valor de simple presunción la nacionalidad.
Por último, no hay que olvidar a los que han solicitado asilo y refugio en el Estado Español alegando persecución política por las autoridades marroquíes, así como la protección subsidiaria, habiendo sido esta última admitida a trámite en varias ocasiones, recientemente, por venidos al Estado Español tras el desalojo del campamento Gdeim Izik.
Nota 1: con fecha 5.6.2020 se publica STS 207/2020, de 29 de mayo sobre la interpretación del art. 17.1.c) del Código Civil, disponiendo que el Sáhara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en dicha norma. Se añade nota de prensa del gabinete del TS.
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References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 

Artículo 1

Artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 14