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Timestamp: 2018-02-20 11:08:42+00:00

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SONDOR: alcalde Percy Peña Ocaña es suspendido del cargo – Radio CENTINELA 97.7
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By prensa on noviembre 3, 2017
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y regidora de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura
RESOLUCIÓN N° 0416-2017-JNE
Expediente N° J-2016-01311-C01
SÓNDOR – HUANCABAMBA – PIURA
Lima, diez de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS el Auto N° 3, del 24 de agosto de 2017, y el escrito de descargo, del 21 de setiembre de 2017, presentado por Percy Marino Peña Ocaña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en el proceso de suspensión que se le sigue por la causal prevista en el artículo 25, numeral 5, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; así como los Expedientes N° J-2016-01311-T01 y N° J-2016-01311-Q01.
Traslado de la solicitud de suspensión (Expediente N° J-2016-01311-T01)
Con fecha 12 de setiembre de 2016, el ciudadano Basilio Santos Huancas pidió ante el Jurado Nacional de Elecciones el traslado de su solicitud de suspensión (fojas 1 a 4) formulada contra Percy Marino Peña Ocaña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, por la causal prevista en el artículo 25, numeral 5, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Ante ello, mediante el Auto N° 1, del 20 de setiembre de 2016 (fojas 14 a 16), este colegiado electoral remitió al Concejo Distrital de Sóndor la documentación presentada por el solicitante y requirió a los miembros del concejo municipal para que cumplan con tramitar la presente solicitud conforme al procedimiento legalmente establecido, convoquen a sesión extraordinaria de concejo y emitan el pronunciamiento correspondiente.
Trámite pronunciamiento de la solicitud de suspensión ante el Concejo Distrital de Sóndor (Expediente N° J-2016-01311-C01)
Así, mediante el Oficio N° 05-2016-MDS/SG, recibido el 20 de enero de 2017, la Municipalidad Distrital de Sóndor remitió el Acta de Sesión de Concejo Extraordinaria N° 001-2017-MDS (fojas 35 a 40) y el Acuerdo de Concejo Municipal N° 001-2017/MDS (fojas 41 a 44), ambos del 9 de enero de 2017, mediante los cuales se rechazó la solicitud de suspensión formulada por Basilio Santos Huancas contra el citado burgomaestre. Además, envió el Acta de Recepción de Documento, del 10 de enero de 2017 (fojas 45), por medio de la cual se habría notificado al solicitante de la suspensión el acuerdo adoptado por el concejo distrital.
Sin embargo, de la revisión de los actuados, se advirtió que la notificación del mencionado acuerdo de concejo, dirigida al solicitante Basilio Santos Huanca, no cumplía con las formalidades previstas en el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 006-2017-JUS), pues de su lectura se advirtió que dicha notificación personal no se había efectuado bajo ninguna de las formas reguladas en la citada norma, sino que, incluso, fue entregado a una menor de edad.
Por tal motivo, mediante Auto N° 2 (Expediente N° J-2016-01311-T01), de fecha 10 de febrero de 2017, se declaró nulo el acto de notificación dirigido al solicitante de la suspensión y, además, se requirió al alcalde y a los demás miembros del concejo distrital para que, en el plazo de tres días hábiles, luego de notificado dicho auto, cumplan con notificarle nuevamente a Basilio Santos Huanca el Acuerdo de Concejo Municipal N° 001-2017/MDS.
En respuesta, por medio del Oficio N° 131-2017-MDS/SG, recibido el 6 de junio de 2017, la secretaria general de la Municipalidad Distrital de Sóndor remitió la cedula de notificación, sin fecha de emisión (fojas 68), a través de la cual comunicó al solicitante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 001-2017/MDS que rechazó la solicitud de suspensión formulada contra el alcalde Percy Marino Peña Ocaña. Además, remitió la Resolución de Alcaldía N° 125-2017-MDS, del 29 de mayo de 2017, que declaró consentido el referido acuerdo de concejo (fojas 69 y 70).
Ante ello, con el propósito de evaluar la documentación proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Piura y lo resuelto por el Concejo Distrital de Sóndor, en relación al proceso de suspensión seguido contra Percy Marino Peña Ocaña, este colegiado electoral, mediante el Auto N° 3, de fecha 24 de agosto de 2017 (fojas 240 y 241 del Expediente N° J-2016-01311-T01) dispuso la apertura del expediente de suspensión-acreditación y notificó al citado alcalde, a fin de que pueda formular los descargos que considere convenientes dentro del plazo de tres días hábiles, más el término de la distancia.
Descargos del alcalde Percy Marino Peña Ocaña
Así, en su escrito, del 21 de setiembre de 2017 (fojas 79 a 87), el alcalde Percy Marino Peña Ocaña formuló sus descargos, esencialmente, en los siguientes términos:
a) Con la emisión del Auto N° 3, “el JNE reabre un proceso de suspensión cuyo pedido primigenio ha sido rechazado por el Pleno del Concejo Municipal de Sóndor, en mérito a una interpretación demasiado extensiva que afecta el derecho del administrado” (sic).
b) El Jurado Nacional de Elecciones “se debe limitar a verificar el cumplimiento del debido procedimiento administrativo según la documentación que se ha enviado por parte de la Municipalidad Distrital de Sóndor”, porque que no tiene facultades para continuar con un proceso cuya decisión ya cuenta con la calidad de firme.
c) “Se trata de un procedimiento administrativo jurisdiccional en la cual el JNE tiene la calidad de ser órgano de última instancia como un juez que dirime los intereses de las partes, en la cual bajo ninguna circunstancia puede tomar partido por ninguna de las posiciones en disputa”.
d) El Jurado Nacional de Elecciones no respeta el principio de imparcialidad, ya que ha iniciado un procedimiento de suspensión, como un recurso adicional al que ha tenido la parte interesada, con lo cual deja de ejercer su función jurisdiccional y garantista.
e) La Corte Suprema de Justicia ha declarado fundado mi recurso de queja excepcional por denegatoria de recurso de casación y, de acuerdo al contenido de la resolución, por el principio de predictibilidad, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda serán declaradas nulas.
Asimismo, mediante escrito del 10 de octubre de 2017 (Expediente N° J-2016-01311-T01), el citado alcalde se apersona y solicita fecha para efectuar, además, informe oral de defensa.
Respecto a la etapa jurisdiccional del proceso de suspensión
En principio, es menester señalar que los procesos de suspensión (también de vacancia) de las autoridades municipales y regionales tienen una naturaleza especial en la medida en que constan de una etapa administrativa y otra jurisdiccional, cuya regulación se encuentra en las leyes orgánicas correspondientes (Resolución N° 464-2009-JNE, del 7 de julio de 2009). De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones actúa como instancia jurisdiccional en dichos procesos, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 5 de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Así, este Supremo Tribunal Electoral, en cumplimiento de la potestad jurisdiccional que le ha conferido el Poder Constituyente (artículo 178, numeral 4, de la Constitución Política del Perú) para administrar justicia en materia electoral, y que obedece a la necesidad de cautelar el interés general que existe en torno a garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, debe proceder a verificar si, en el presente caso, la decisión adoptada por el Concejo Distrital de Sóndor de rechazar la suspensión del alcalde Percy Marino Peña Ocaña, por la causal prevista en el artículo 25, numeral 5, de la LOM, se encuentra conforme a ley, más aún al tratarse de una causal de naturaleza netamente objetiva, cuya procedencia se determina a causa de un pronunciamiento judicial emitido en el marco de un proceso penal.
Respecto de la causal de suspensión por sentencia expedida en segunda instancia
El artículo 25, numeral 5, de la LOM establece que el ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. Asimismo, señala que, en este caso, la suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá el cargo; en caso contrario, el concejo municipal declarará su vacancia.
Como se advierte, la citada causal contempla el supuesto de hecho a partir del cual debe separarse temporalmente del cargo a la autoridad sobre la que pesa una condena de segunda instancia, aun cuando esta no se encuentre firme. Esto es así porque, al margen del resultado final del proceso penal, la imposición de una sentencia condenatoria a una autoridad puede quebrar la estabilidad y el normal desarrollo de las actividades del concejo municipal. Precisamente, este rasgo diferencia a esta causal de suspensión con la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.
En tal sentido, cuando se trata de sentencia condenatoria por delito doloso dictada en contra del alcalde o regidor municipal, la norma diferencia dos causales distintas: una para declarar la suspensión y otra para disponer la vacancia del cargo. La primera produce la separación temporal del cargo, porque no existe aún sentencia firme, mientras que la segunda supone el alejamiento definitivo. En la suspensión, la autoridad afectada puede reasumir el cargo si es absuelta o declarada nula la sentencia por el órgano judicial; sin embargo, en la vacancia no existe esta posibilidad.
Por la razón expresada, mientras que para la configuración de la causal de la vacancia la norma exige que la sentencia condenatoria por delito doloso con pena privativa de la libertad se encuentre consentida o ejecutoriada, es decir, que no haya recurso pendiente de resolver, para el establecimiento de la causal de suspensión basta con que dicha sentencia se dicte en razón de un delito doloso y se haya emitido en segunda instancia, conforme a lo establecido en el artículo 25, numeral 5, de la LOM.
En el presente caso, los miembros del Concejo Distrital de Sóndor, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 001-2017/MDS, del 9 de enero de 2017, acordaron rechazar la suspensión de Percy Marino Peña Ocaña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, por la causal establecida en el artículo 25, numeral 5, de la LOM. La decisión adoptada se basó, esencialmente, en el cuestionamiento a la decisión judicial emitida contra el referido alcalde.
Sin embargo, de autos se advierte que, con relación al alcalde Percy Marino Peña Ocaña existe un proceso penal (Expediente N° 01852-2013-34-2004-JR-PE-01), en el que se han emitido los siguientes pronunciamientos:
a) Sentencia de primera instancia, expedida el 13 de enero de 2016, a través de la cual el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Piura lo condenó como autor del delito contra la administración pública, en la figura de resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 368, primer párrafo, del Código Penal, en agravio del Estado, motivo por el cual lo condenó a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año, sujeto a determinadas reglas de conducta (fojas 4 a 13).
b) Sentencia de segunda instancia (Resolución Número Setenta y Siete), de fecha 8 de junio de 2016, mediante la cual la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó la sentencia de primera instancia, expedida el 13 de enero de 2016, por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Piura, que condenó al mencionado alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor (fojas 14 a 26).
c) Auto de Calificación de Recurso de Casación (Resolución N° Setenta y Ocho), del 14 de junio de 2016, a través del cual la Primera Sala Penal de Apelaciones, Sede Central, de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso el sentenciado en contra de la sentencia de vista, del 8 de junio de 2016 (fojas 27 a 28).
d) Resolución Número Uno, del 21 de junio de 2016, por medio de la cual la mencionada sala penal de apelaciones resolvió conceder el recurso de queja de derecho contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el alcalde Percy Marino Peña Ocaña. En consecuencia, ordenó que se eleve el cuaderno incidental a la Suprema Sala Penal (fojas 29 y vuelta).
En tal contexto, le corresponde a este Supremo Tribunal Electoral evaluar si la autoridad cuestionada se encuentra o no incursa en la causal de suspensión establecida en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, sobre la base de la documentación y la información remitidas oportunamente por los referidos órganos jurisdiccionales, la decisión tomada por el concejo municipal y los descargos formulados por el alcalde en referencia.
En tal sentido, de la revisión de los actuados del presente caso, es claro e incuestionable que Percy Marino Peña Ocaña cuenta con una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad por delito doloso emitida en segunda instancia, lo cual constituye, de modo indefectible, causal de suspensión de su cargo de alcalde que viene ejerciendo en la Municipalidad Distrital de Sóndor. Motivo por el cual no se puede discutir ni desconocer la situación jurídico penal de la autoridad en cuestión, sobre todo si la propia Corte Superior de Piura ha remitido a esta sede electoral copias certificadas de las resoluciones que contienen dicha sentencia condenatoria.
Por consiguiente, está plenamente acreditado que el referido alcalde sí está incurso en la causal de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, pues ha quedado demostrado que cuenta con una sentencia condenatoria, expedida en segunda instancia, por delito doloso con pena privativa de la libertad, hecho que configura una causal de suspensión netamente objetiva y expresamente establecida en la ley, por cuanto se trata de un mandato efectuado por un juez competente, en doble instancia, en el marco de un proceso judicial regular, en aplicación de la ley penal pertinente y en cumplimiento de los derechos y principios procesales de dicha materia.
Es más, desde que tomó conocimiento de la sentencia condenatoria de segunda instancia, emitida el 8 de junio de 2016, el Concejo Distrital de Sóndor debió convocar urgentemente a una sesión extraordinaria, con el propósito de emitir el pronunciamiento correspondiente, conforme a lo estipulado en los artículos 25, numeral 5, 9, numeral 10, y 13, segundo y tercer párrafo, de la LOM.
Ahora, en relación al argumento del alcalde de que el Jurado Nacional de Elecciones solo debe limitarse a verificar el cumplimiento del procedimiento y la documentación remitida por la entidad municipal, contrariamente a esta afirmación debe precisarse lo siguiente:
a) Los artículos 142, 178 y 181 de la Constitución Política del Perú establecen que el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. En adición a esta disposición, el Tribunal Constitucional ha reconocido, en el fundamento 30 de la Sentencia N° 0002-2011-PCC/TC, que este órgano colegiado es el supremo intérprete del Derecho Electoral y que sus principales funciones se desenvuelven en el ámbito jurisdiccional.
b) Por tal motivo, este Supremo Tribunal Electoral, en cumplimiento de tal potestad jurisdiccional, debe verificar, en cada caso en concreto, no solo el cumplimiento de las formalidades, sino también si la decisión adoptada por el concejo edil respectivo se encuentra conforme a ley, más aún cuando se trata de una causal de suspensión, de naturaleza eminentemente objetiva, cuya procedencia se determina a raíz de un pronunciamiento judicial, el cual debe ejecutarse imperiosamente en el fuero electoral.
En cuanto a la condición de firmeza que el alcalde le otorga a la decisión del concejo, vinculada con la irrevisabilidad propia de la cosa juzgada, es necesario precisar que dicha cualidad se atribuye a las decisiones adoptadas por órganos jurisdiccionales, como el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, los cuales poseen potestad de juzgar los hechos y el derecho, así como declarar las consecuencias jurídicas pertinentes. Sin embargo, las decisiones de los órganos administrativos, como las entidades municipales y regionales, no adquieren tal condición de irrevisabilidad, sino únicamente la calidad de cosa decidida, característica que supone su modificabilidad en sede jurisdiccional. Por lo tanto, solo una resolución de instancia jurisdiccional es de carácter inimpugnable, inmutable y coercible, no una resolución administrativa.
En lo que respecta al argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado un procedimiento como un recurso adicional al que ha tenido la parte interesada, es menester señalar que el proceso de suspensión que se instaura contra una autoridad edil o regional es uno solo, y que en el expediente de autos no se ha iniciado procedimiento ni adicionado recurso alguno, sino que se prosigue con el mismo proceso, en razón de que este órgano colegiado debe evaluar el tramite efectuado en primera instancia, por cuanto se trata de una causal objetiva de naturaleza penal que debe ser resuelta en el ámbito electoral.
En lo referente al planteamiento de que, por principio de predictibilidad, la Corte Suprema de Justicia va a declarar la nulidad tanto de la sentencia de primera instancia como la de segunda, es preciso indicar lo siguiente:
a) Para que se configure la causal de suspensión de un autoridad municipal, establecida en su artículo 25, numeral 5, de la LOM, no se requiere la conclusión del proceso penal, sino únicamente que la sentencia condenatoria impuesta haya sido confirmada en segunda instancia, aunque todavía esté pendiente de resolución algún recurso impugnatorio excepcional.
b) La prueba idónea de suspensión contemplada en el artículo 25, numeral 5, de la LOM está constituida única y suficientemente por la sentencia condenatoria impuesta en segunda instancia. Por tal razón, la posibilidad de que la instancia suprema llegara a declarar nula la sentencia condenatoria, como supone la autoridad edil, o incluso termine absolviéndolo, en nada desvirtúa la causal de autos.
c) En todo caso, si el órgano judicial supremo declara la nulidad de la sentencia condenatoria, la causal de suspensión de autos habría desaparecido, por lo que tendría que aplicarse lo dispuesto en el artículo 25, párrafo tercero, de la LOM, puesto que, justamente, la suspensión solo supone un alejamiento provisional del cargo mientras se resuelva definitivamente la situación jurídica de la autoridad.
En cuanto a la solicitud de informe oral que hace el alcalde, es preciso señalar que el derecho de defensa implica la oportunidad de presentar alegatos, lo cual ya se efectuó cuando se corrió traslado de la apertura del presente expediente y este formuló sus descargos a través del escrito del 21 de setiembre de 2017. Por tal razón, no existe afectación de su derecho de defensa, por cuanto ya expuso ante este órgano colegiado los fundamentos de su derecho, los cuales, justamente, son materia de evaluación.
En el presente caso, si bien hubo un solicitante que no apeló la decisión municipal, sin embargo, este órgano colegiado no puede dejar de administrar justicia, no solo porque se trata de una causal de comprobación objetiva, sino también porque tiene el deber de cautelar el interés público general (subyacente en los procesos de suspensión y vacancia de autoridades municipales), que puede verse afectado por el incumplimiento de las normas electorales que tienen como propósito velar por la idoneidad de los funcionarios públicos elegidos por votación popular.
Finalmente, conviene recordar que, en aplicación de los principios de economía, celeridad procesal y verdad material, este Supremo Tribunal Electoral, en las Resoluciones N° 184-2015-JNE, N° 0233-2015-JNE y Resolución N° 1115-2016-JNE, ha establecido como criterio jurisprudencial que, en caso de contar con la documentación correspondiente remitida por los órganos judiciales competentes, como el presente caso, se encuentra legitimado para declarar, incluso en única y definitiva instancia jurisdiccional, la suspensión o vacancia de una autoridad municipal incursa en una causal de configuración objetiva. Por ejemplo, cuando se está frente a una condena por delito doloso con pena privativa de la libertad confirmada en segunda instancia o ante un mandato de detención vigente.
En tal sentido, de los actuados queda acreditado, de modo fehaciente e irrefutable, que Percy Marino Peña Ocaña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, cuenta con una sentencia emitida en segunda instancia que lo sanciona con pena privativa de libertad por delito doloso, cuya vigencia concurre con su mandato como alcalde de la citada comuna, por lo que se concluye que ha incurrido en la causal de suspensión prevista en el artículo 25, numeral 5, de la LOM.
Por lo expresado, corresponde desaprobar el acuerdo adoptado por el concejo distrital y disponer la suspensión del alcalde Percy Marino Peña Ocaña. En consecuencia, debe dejarse sin efecto, de modo provisional, la credencial que lo reconoce como alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.
En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 24 de la LOM, el burgomaestre debe ser reemplazado por el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. Por tal motivo, corresponde convocar a Osmar Antonio Ojeda Rangel, identificado con DNI N° 03238417, para que asuma provisionalmente el cargo de alcalde de la citada comuna, en tanto se resuelve la situación jurídica de Percy Marino Peña Ocaña.
Asimismo, para completar el número de regidores, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral, debe convocarse a Albina Yanet Ojeda Neira, identificada con DNI N° 47491537, candidata no proclamada de la organización política Movimiento Independiente Fuerza Regional, a fin de que asuma, de modo provisional, el cargo de regidora del Concejo Distrital de Sóndor, en tanto se resuelve la situación jurídica de Percy Marino Peña Ocaña.
Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el Acta General de Proclamación de Resultados, del 5 de noviembre de 2014, remitida por el Jurado Electoral Especial de Morropón, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, provisionalmente, la credencial otorgada a Percy Marino Peña Ocaña, en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Osmar Antonio Ojeda Rangel, identificado con DNI N° 03238417, para que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en tanto se resuelve la situación jurídica de Percy Marino Peña Ocaña, para lo cual se le otorgará la respectiva credencial que lo faculte como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Albina Yanet Ojeda Neira, identificada con DNI N° 47491537, para que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo Distrital de Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en tanto se resuelve la situación jurídica de Percy Marino Peña Ocaña, para lo cual se le otorgará la respectiva credencial que la faculte como tal.
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References: RESOLUCIÓN 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 368
 Resolución 
 resolución 
 artículo 25
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 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 24