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Cambia la Ley: los cambios que afectan a los hipotecados - PDF
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José Ángel Carmona Ortiz de Zárate
1 A FONDO Cambia la Ley: los cambios que afectan a los hipotecados El presente artículo es una llamada de atención sobre los últimos días para el ejercicio de los derechos de defensa de algunos deudores hipotecarios, así como un breve resumen de su anterior y nueva posición jurídica en materia hipotecaria Carmen Giménez García Abogada titular de G&G Abogados 1. Introducción 2. El derecho de los deudores hipotecarios a oponerse a la ejecución hipotecaria y consecuencias de la resolución que se dicte, según regulación en la Ley 1/2013 de 14 de mayo 3. El nuevo derecho de defensa previsto como derecho transitorio para los deudores hipotecarios y el nuevo apartado 4 del artículo 695 de la LEC escondidos en el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal 4. Exención de tasas en los recursos previstos para el ejercicio del derecho de defensa del deudor hipotecario 5. Últimas reflexiones 1. Introducción El impago de las cuotas hipotecarias en España, ha supuesto unos riesgos de graves consecuencias para sus deudores, puesto que los procedimientos regulatorios para su reclamación consistían en una sumaria o abreviada ejecución, con pocas o nulas posibilidades de defensa para los demandadosejecutados, viéndose abocados a la pérdida del inmueble que constituía la garantía del préstamo que les concedieron, siendo que en la mayoría de las ocasiones dicho inmueble constituía su vivienda o residencia habitual. De esta manera se ha producido un desequilibrio entre las partes que formaban parte del litigio, situándose en una posición dominante los prestamistas, ya sean éstos particulares, entidades financieras, bancos o empresas, cuyo fin es el de la concesión de préstamos. Ha tenido que ser Europa, y más concretamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) quien ha obligado a España, como Estado miembro de la UE, a modificar esa normativa procesal hipotecaria, la que a juicio de esta articulista resulta insuficiente en su contenido y poco clara o transparente en sus formas. Con las nuevas reformas legislativas en materia procesal hipotecaria ha quedado relativamente paliado ese desequilibrio o 30 Inmueble
2 desigualdad entre las partes contratantes y, en definitiva, entre las partes litigantes: acreedor y deudor hipotecario. 2. El derecho de los deudores hipotecarios a oponerse a la ejecución hipotecaria, y consecuencias de la resolución que se dictara, según regulación dada en la Ley 1/2013 de 14 de mayo Tras dictarse la importante sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, la más conocida como Sentencia del caso Aziz por la que, de alguna manera, se acababa con el blindaje de los contratos que contienen los préstamos con garantía hipotecaria, o contratos de adhesión, en tanto en cuanto los jueces deberían de entrar a valorar y determinar si alguna o algunas de las cláusulas contenidas en los mismos son abusivas para el consumidor (prestatario o deudor hipotecario), y la posterior Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 9 de Mayo del mismo año; se publicó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, por la que reformando el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedaba previsto que el deudor hipotecario podía oponerse a la ejecución ya despachada alegando el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo que hubiera constituido el fundamento de la ejecución o determinante de la cantidad exigible. Es decir, el juicio hipotecario, tenía visos de convertirse en un procedimiento en el que empezaba a primar el principio de El plazo cerrado, tras el que no se podrá recurrir por el deudor hipotecario ante la Audiencia Provincial, concluye el día 7 de octubre, como máximo el denominado día de gracia, el 8 de octubre Inmueble 31
3 A FONDO La publicidad de este derecho transitorio, o breve plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, tiene el carácter de comunicación plena a efectos de notificación para el cómputo de plazos a los deudores hipotecarios que quieran hacer uso del derecho que ahora se les reconoce, y que anteriormente se les había cercenado contradicción entre las partes, encontrándose, inicialmente, en un plano de igualdad. Aunque finalmente eso no era más que una mera ilusión. Y lo que muchos pensábamos que ya era una justa realidad, no era más que fruto de una ilusión, puesto que en párrafos posteriores a dicha previsión, la de la oposición por abusividad en las cláusulas del contrato de préstamo, se vuelve a determinar la desigualdad de las partes en el procedimiento, en desfavor del deudor hipotecario, y premiando claramente al acreedor. Es decir, el prestamista, demandante en el procedimiento, vuelve a jugar a ganar-ganar. De esta manera, solamente si se acordaba el archivo de la ejecución hipotecaria (es decir, la resolución era desfavorable para el prestamista-demandante), el procedimiento podía ser revisado por un tribunal superior, las Audiencias Provinciales, pues era el único facultado para formalizar recurso de apelación, no pudiendo solicitar dicha revisión, sin embargo, el deudor hipotecario. Pero esto ha cambiado desde el pasado día 7 de septiembre, como veremos a continuación, gracias nuevamente a la intervención del TJUE. 3. El nuevo derecho de defensa previsto como derecho transitorio para los deudores hipotecarios y el nuevo apartado 4 del artículo 695 de la LEC escondidos en el Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal Con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, todavía en mantillas, el TJUE da un nuevo revolcón a nuestra legislación procedimental hipotecaria a través de su Sentencia del pasado 17 de julio, dictada curiosamente a través de un procedimiento acelerado. Es decir, catorce meses después, desde Europa vuelven a indicarnos que el Estado Español infringe palmariamente los derechos fundamentales de defensa de los consumidores, en este caso deudores hipotecarios, vulnerándose con la normativa dictada poco más de un año antes, la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra 32 Inmueble
4 Constitución Española, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prohíbe expresamente la desigualdad de armas procesales, al establecerse expresamente en una norma con carácter de ley la desigualdad en el uso de los recursos por parte de quienes están inmersos en el procedimiento hipotecario, a saber: si se resolvía favorablemente al acreedor la oposición planteada por el deudor, éste tenía que callar, sin posibilidad de revisión alguna por un tribunal superior, siendo que si era al contrario, el acreedor tenía derecho a esa revisión mediante la interposición del recurso que ha quedado habilitado exclusivamente para él. Y, qué han hecho nuestros legisladores para corregir esta irregular situación de catorce meses de duración?. La respuesta a esta pregunta la tenemos en una nueva regulación metida con calzador en la legislación publicada el pasado sábado día 6 de septiembre, con entrada en vigor al día siguiente (esta legislatura se ha olvidado de la vacatio legis de veinte días a la que los profesionales en derecho estábamos acostumbrados), y destinada a los compañeros que se dedican al Derecho Mercantil. Pero no solamente es esto reprochable a juicio de esta profesional, sino que además, su contenido prevé dos cuestiones de fundamental transcendencia: El plazo preclusivo de un mes desde la entrada en vigor del RDL (recordemos que es el 7 de septiembre) para que los deudores hipotecarios puedan formalizar el recurso de apelación, que anteriormente se había prohibido por Ley 1/2013, contra la resolución que desestimaba su petición de oposición a la ejecución hipotecaria alegando la abusividad de cláusulas en el contrato de préstamo. Eso sí, solamente podrán formalizar dicho recurso, si no se ha entregado el inmueble (o se ha puesto a disposición) al adquirente en pública subasta. Por tanto, el plazo cerrado, y tras el que no se podrá acceder al ejercicio de dicho derecho de defensa, y a que su caso sea revisado por la Audiencia Provincial, concluye el próximo día La novedosa normativa que afecta a la ejecución hipotecaria, y cuyo desconocimiento conlleva gravísimas consecuencias para los deudores hipotecarios, se regula escondida en una norma mercantil, que se publica un sábado, entrando en vigor al día siguiente Se ha publicado importantísima normativa reguladora del procedimiento hipotecario y que sitúa a los deudores hipotecarios, al menos transitoriamente, en un plano de igualdad con su acreedordemandante, en la legislación de medidas urgentes en materia concursal, habiéndose adoptado además el formato de Real Decreto-Ley (en adelante RDL), es decir, se trata de una norma con carácter de Ley. Se esconde la novedosa normativa, cuyo desconocimiento conlleva a gravísimas consecuencias para los deudores hipotecarios, en una legislación de carácter mercantil, que se publica un sábado y entra en vigor al día siguiente, lunes. Inmueble 33
5 A FONDO 7 de octubre, como máximo el denominado día de gracia, el próximo 8 de octubre. Me llama poderosamente la atención el texto de la norma, prevista como derecho transitorio, por cuanto que expresamente se indica que el plazo es preclusivo, o lo que es lo mismo, cerrado. Desconozco qué tipo de garantías y a quienes van dirigidas con dicha redacción, puesto que cualquier profesional del mundo jurídico sobradamente sabemos que los plazos en derecho son en sí mismos preclusivos o cerrados. La publicidad de este derecho transitorio, o breve plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, tiene el carácter de comunicación plena a efectos de notificación para el cómputo de plazos a los deudores hipotecarios que quieran hacer uso del derecho que ahora se les reconoce, y que anteriormente se les había cercenado. Claro!, no habíamos caído en la cuenta de que el BOE, periódico en el que obligadamente han de ser publicadas todas las normas y leyes, es la lectura habitual y cotidiana de los ciudadanos. Finalmente, indicar que ya ha quedado modificado el texto que privilegiaba a los acreedores hipotecarios, y que ahora, y desde el día 7 de septiembre, el deudor que vea desestimada su petición por cláusulas abusivas, podrá acudir a la Audiencia Provincial, a través del recurso de apelación, para la revisión de su juicio por ese órgano colegiado superior. 4. Exención de tasas en los recursos previstos para el ejercicio del derecho de defensa del deudor hipotecario De no haber resultado derogada la Ley de Tasas en el momento de publicación del presente artículo, los deudores hipotecarios 34 Inmueble
6 deben de conocer además que por la interposición del recurso de apelación no se ha de abonar cuantía alguna en concepto de tasas, de acuerdo a la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 10 de diciembre de 2012, consulta núm. V Últimas reflexiones La normativa analizada en el presente artículo se ha de entender como una corrección obligada del error padecido en la inmediatamente anterior, y vigente durante catorce meses. Con la misma, queda previsto solamente el derecho de defensa de los deudores hipotecarios a quienes no se haya despojado físicamente de su vivienda, puesto que aquéllos que han sido lanzados, o lo que es lo mismo, desahuciados, durante este breve período de algo más de un año han perdido dicho derecho. Cabe, por tanto, una última reflexión: aquéllos deudores hipotecarios, cuyo juicio, con su oposición desestimada y que no pudieron recurrir, fue más rápido porque les correspondió un Juzgado más célere, siendo, por tanto, desahuciados, ya no tienen la posibilidad de defenderse; mientras que aquéllos que, en las mismas condiciones que los anteriores, no han sido desahuciados, sí pueden defenderse ahora en virtud de esta nueva normativa. No sé si pensar que nuevamente nos encontramos ante un claro caso de desigualdad de oportunidades, o simplemente que en determinadas ocasiones ha de resultar favorable que la Justicia y la administración de la misma sea lenta. Puede ser un interesante nuevo asunto a plantear al TJUE. Inmueble 35

References: resolución 
 artículo 695
 resolución 
 artículo 695
 resolución 
 artículo 695
 Real Decreto 
 artículo 47
 resolución