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Timestamp: 2018-03-20 05:44:03+00:00

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El blog de Rubens de Blas: 2014
Es cierto que con frecuencia ambas circunstancias de insolvencia y desbalance patrimonial se solapan y ocurren a la vez, pero es fundamental a la hora de exigir responsabilidades que se determine qué situación acontenció ya que las resposabilidades serían distintas.
El TS ha hablado.
Definición: la disolución es aquel hecho jurídico por el que una sociedad de capital inicia su proceso de liquidación que terminará, salvo excepciones, con la expulsión de la sociedad de la realidad jurídica.
Efectos: la disolución no supone de manera automática el fin de la actividad de la empresa pero supondrá, en la mayoría de los casos, la liquidación de la misma con las consecuencias conocidas por todos.
Hoy se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Navegación Marítima en la que se ha realizado un esfuerzo codificador y actualizador de primer nivel así como una integración muy importante con el Derecho marítimo internacional y su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.
El objeto de la Ley es la regulación de las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima y está estructurada de la siguiente manera:
Título I. De la ordenación administrativa de la navegación.
Título II. De los vehículos de la navegación.
Título III. De los sujetos de la navegación.
Título IV. De los contratos de utilización del buque.
Título V. De los contratos auxiliares de la navegación.
Título VI. De los accidentes de la navegación.
Título VII. De la limitación de la responsabilidad.
Título IX. Especialidades procesales.
Título X. Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo.
Además, el texto se cierra con 10 Disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 12 finales.
Su entrada en vigor acaecerá el próximo 25 de septiembre.
El contenido mínimo y la normatividad de los estatutos sociales de las sociedades de capital
De un tiempo a esta parte y debido, entre otras causas, a la utilización en la constitución de SA, y sobre todo, en la constitución de SL de modelos de estatutos sociales genéricos, se está observando en la práctica un goteo de notas de calificación desfavorables de los Registradores Mercantiles con ocasión del registro de nuevas sociedades. Como ejemplo podemos citar, entre muchas, las Resoluciones de 23 de septiembre de 2013 y de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General del Registro y del Notariado.
Ante esta situación es conveniente recoger las siguientes notas sobre la función que cumplen los estatutos sociales en las sociedades de capital: contenido y normatividad. Estimamos que de esta manera los inconvenientes en su registro serían mucho menores y las calificaciones desfavorables serían muchas menos. Espero que les sean útiles.
El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos. Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además, la identidad de los socios colectivos.
Las dudas que se pueden generar en la práctica diaria surgen al estimar qué fuerza tienen los estatutos.
Los estatutos son la carta magna o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad.
Es la ley primordial del régimen de sociedades.
Todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de los estatutos.
Tiene un doble carácter contractual y normativo. Vinculan a la propia sociedad, a los socios, a los órganos de la sociedad e incluso a terceros.
La interpretación debe ajustarse a la literalidad y a la intención manifestada por los otorgantes de la escritura de constitución.
Son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia.
Su finalidad fundamental es la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad de capital.
Si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley.
En muchas ocasiones, tanto en foros públicos, como en privado, siempre he echado de menos que de manera pormenorizada la legislación concursal recogiera a modo de lista, aunque fuese de manera escueta, las funciones a desarrollar por la administración concursal. La razón de este deseo es evitar, en la medida de lo posible los típicos escaqueos de mal administrador concursal: eso no me corresponde a mí sino al concursado decidirlo...
Tortuosa ha sido la génesis de la enmienda nº 95 del Congreso aprobada el pasado 15 de julio dentro de la tramitación del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
Técnicamente es muy mejorable y todavía falta gran parte de la tramitación parlamentaria pero podemos señalar que lo más destacable en este momento es que el futurible artículo 33 de la Ley Concursal va a dividir las funciones en las siguientes categorías:
Propias del deudor o de sus órganos de administración.
Relativas a derechos de los acreedores.
Funciones de informe y evaluación.
Funciones de realización de valor y liquidación.
Funciones de secretaría.
Cualesquiera otras que este u otras Leyes atribuyan.
Del resto ya hablaremos el día de la publicación de la norma final en el BOE.
El contrato de participación en el Anteproyecto de Código Mercantil: nuevo régimen jurídico
Dentro de la sistemática del todavía vigente Código de Comercio, el contrato de cuenta en participación, en el futuro se llamará contrato de participación, aparece regulado a continuación de las sociedades y antes de los contratos (239 a 243 CCom), como tránsito entre la compañía mercantil, que crea una personalidad jurídica, y una relación puramente contractual sin ella.
Es una de las modalidades asociativas o de cooperación mercantil más antiguas que conoce el derecho de los negocios y que en la actualidad está en vía de convertirse en otra “momia del derecho”, a pesar de que podría utilizarse con unos resultados más que satisfactorios en lo que se ha venido llamando de un tiempo a esta parte los Angel Investor o Business Angel.
Es evidente que difiere de la sociedad mercantil en que, por un lado, el contrato de participación no se establece una autonomía patrimonial (STS 6/oct/1986), debido a que no se constituye un patrimonio social y las aportaciones las recibe en propiedad y en exclusiva el gestor, y por otro lado, no se crea un ente con personalidad jurídica propia (SSTS 8/abril/1987, 19/dic/1946, 3/may/1960 y 30/sep/1960). En ningún momento el partícipe tiene derecho a intervenir en la gestión de la actividad desarrollada por el operador del mercado en la que se realiza la inversión.
En el nuevo Anteproyecto de Código Mercantil que deriva de la Propuesta formulada por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación regula en el nuevo artículo 545 (547 de la propuesta) el llamado Contrato de participación.
El esquema que sigue en Anteproyecto es el siguiente:
Se establece una noción legal equivalente a la actual vigente de lo que se debe entender por contrato de participación: es el contrato por el cual una persona, llamada partícipe, se obliga a entregar dinero, bienes o derechos patrimoniales a un operador del mercado, llamado gestor, para destinarlos a una determinada actividad económica en las condiciones convenidas. Es en esencia un contrato bilateral.
En ningún momento se crea un patrimonio común como en las comunidades de bienes ni se les confiera una personalidad jurídica distinta de las partes (SSTS 20/jul/1992 y 4/dic/1992).
Es característico de este contrato el carácter oculto o tácito para los terceros (STS 5/feb/1998 y más recientemente la SAN 27/06/2014) y no se inscribe en el Registro Mercantil.
Se otorga a las partes del contrato un amplio margen de autonomía para que se establezcan las cláusulas que estimen convenientes (1255 Cc, 1089 Cc y 1091 Cc). Se establece como límite al carácter dispositivo de las normas del contrato solo lo relativo a su noción y su mercantilidad según el art. 411-1 del Anteproyecto. Es resto es disponible entre las partes.
No es necesario, en ningún caso, el otorgamiento de escritura.
Nunca al partícipe se le exige la condición de empresario o de operador del mercado. Se le da siempre al contrato de participación naturaleza mercantil.
Al partícipe se le imponen una serie de derechos y obligaciones. Por lo menos al cierre del ejercicio el partícipe tiene derecho a ser informado del desarrollo de la actividad realizada por el gestor y a recibir de este el porcentaje pactado sobre los beneficios. También el partícipe deberá soportar las pérdidas según lo pactado y a falta de pacto hasta el límite del valor de lo entregado. No existe nunca responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 Cc).
El gestor debe destinar lo recibido a lo pactado entre las partes y rendir cuentas en tres momentos:
En el momento fijado en el contrato dentro del autonomía de la voluntad: mensual, cuatrimestral…
Siempre al término del ejercicio.
En el momento de extinción del contrato.
Respecto a los efectos frente a terceros no se podrá adoptar un nombre comercial, razón o denominación social distinta de la del gestor ni usar más crédito directo que el suyo. El gestor siempre será el único responsable y el partícipe nunca tendrá acción contra los terceros que contraten con el gestor.
La extinción del contrato de participación se producirá por las causas comunes admitidas en derecho: mutuo acuerdo, denuncia unilateral, transcurso del tiempo convenido, conclusión de empresa, imposibilidad sobrevenida del objeto o de la prestación (SSTS 15/oct/2002 y 5/abr/2006), muerte o incapacidad del gestor y concurso de acreedores. Se recoge expresamente el cese de la actividad participada.
Como efecto de la extinción el partícipe tiene derecho a la devolución de lo entregado o su equivalente económico para el supuesto de no devolución posible incrementado, en su caso, con la participación en los beneficios pendientes de pago o disminuidos en el importe de su participación en las pérdidas. Es decir, nos encontramos ante una liquidación de la cuenta realizada por el gestor, un arreglo de cuentas o una rendición de cuentas siempre guiada por la buena fe.
El participe nunca dispone de un derecho de crédito de restitución de capital aportado como ocurre en el contrato de préstamo, sino que se le atribuye el derecho a las ganancias en la proporción establecida entre las partes (SSTS 6/oct/1989, 20/jul/1992) y esta situación es la peculiar característica del contrato de participación.
Como conclusión podemos señalar que la nueva regulación del Anteproyecto se presenta como una buena oportunidad para revitalizar la utilización de este contrato en la vida mercantil sobre todo en el ámbito de los emprendedores. El futuro nos indicará si el Legislador de 2014/15 será capaz de conseguirlo.
Reforma en las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 18 de julio un plan integral de medidas de reforma de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de la gestión de la Incapacidad Temporal.
El Consejo ordenó la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Esta nueva regulación afecta, por un lado, a las mutuas en su integridad, es decir, naturaleza, gobernanza, régimen económico, responsabilidades y funciones con la finalidad de conseguir unidad de criterio y facilitando la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, las entidades colaboradoras que a partir de ahora pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, y los Servicios Públicos de Salud.
Transparencia en los órganos de gobierno y participación
Más control en las incapacidades temporales (>365)
El Consejo de Ministro del pasado viernes 18 de julio aprobó el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
Incapacidad temporal. Definición
La prestación por Incapacidad Temporal es el subsidio que recibe el trabajador cuando por razón de enfermedad o accidente común o profesional se ve imposibilitado temporalmente para desempeñar su trabajo habitual. En este sentido, las normas aprobadas tratan de mejorar los niveles de eficacia y transparencia en el procedimiento desde su inicio.
Emisión o denegación del alta
Por fin ya tenemos aprobado el nuevo Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM).
Pero ¿Qué es el AIEM? Es un impuesto estatal indirecto monofásico, con un ámbito de aplicación exclusivo en las Islas Canarias, y que grava las entregas de bienes producidos en las Islas Canarias efectuadas por los productores de tales bienes, así como las importaciones de bienes de similar naturaleza. La configuración del impuesto se cierra con una serie de exenciones y reducciones.
Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el AIEM es una ayuda de Estado en todos sus términos con la finalidad, más teórica que real, de dotar a las Islas Canarias de herramientas que permitan luchar contra los problemas estructurales de la economía canaria: aislamiento, costes de producción elevados, obligaciones de constitución de existencias, reducida dimensión del mercado y escaso desarrollo de la actividad exportadora, fragmentación geográfica, economías de escala poco intensas…
Como antecedente del AIEM hay que indicar que sustituyó en 2001 al antiguo Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias (APIC) siendo un exponente de la diferente tributación que las Islas Canarias han venido gozando desde la conquista castellana desde el S.XV.
La regulación básica vigente la podemos encontrar en el artículo 11 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que deriva de lo recogido en la Disposición Adicional 3ª de la Constitución de 1978 y que tiene su reflejo en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay que destacar que el AIEM, junto con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), constituyen los pilares básicos de la imposición indirecta del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF).
En nuestra opinión, el AIEM como cualquier otra “ayuda” o arancel, supone, entre otros efectos, un incremento de la recaudación de las Administraciones titulares del beneficio del tributo (52% para los cabildos y ayuntamientos y el resto para el Gobierno de Canarias) con todas las consecuencias perniciosas cuando el arancel recae sobre todo en productos cuyas demandas con inelásticas y además produce un efecto perverso y negativo para el consumidor final ya que, amparándose bajo justificaciones hipotéticamente loables desde el punto de vista objetivo: protección de la producción industrial del archipiélago, fomento del empleo local…, en la práctica produce mayores tasas de desempleo, ineficiencia en la utilización de los factores así como una evidente encarecimiento en el nivel de precios general en las islas, ya que el AIEM supone de manera anual un recaudación de casi 120 millones de euros (año 2013) que los canarios no pueden tener como renta disponible con los efectos multiplicadores que esto puede suponer en consumo directo.
Bien es cierto que con el nuevo AIEM las partidas de productos sujetas al arancel van a pasar de 151 a 135, pero la libre competencia se trastoca con el perjuicio para el consumidor.
De todas formas, la polémica está servida y en Canarias tenemos dos grupos de presión con intereses contrapuestos. El grupo de los industriales, que defensores de mayor AIEM – arancel buscan que el mismo no solo se mantenga sino que se aumenten los tipos impositivos con un fin claramente proteccionista y por otro lado el grupo de los importadores/comisionistas que buscan que el mismo disminuya para hacer así más competitivos los productos que distribuyen.
Finalmente, el régimen jurídico del AIEM ha sido bendecido por la Unión Europea mediante la Decisión 377/2014/UE, del Consejo, de 12 de junio, sobre el impuesto AIEM aplicable a las Islas Canarias así como por la Ley 4/2014, de 26 de junio, del Parlamento de Canarias y se extenderá desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de diciembre de 2020 con la presentación de un informe de seguimiento por las autoridades españolas a más tardar el día 30 de septiembre de 2017.
Esperemos que para mis queridas Islas Canarias este nuevo AIEM suponga una contribución decidida para el fomento de la actividad económica local con el consiguiente aumento de los niveles de empleo pero se nos antoja bastante difícil. El tiempo pasado desde 2001 prueba que ha sido lo contrario.
Novísima Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
Por fin, después de un tortuoso camino, ya tenemos publicada y en vigor casi en su totalidad la nueva Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La razón de esta publicación la tenemos que buscar en que Basilea I y Basilea II no fueron capaces de evitar la crisis económico financiera desencadenada desde finales de 2007. Esto motivó que en noviembre de 2008 surgiera en torno al Grupo de los Veinte una iniciativa con el objetivo de propiciar una reforma del sistema financiero global. Sus esfuerzos desembocaron en Basilea III y su conocido "Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios"
Este acervo implicó la publicación de un bloque normativo a nivel de la Unión Europea muy profuso: Reglamento nº 575/2013, Directiva 2013/36/UE... da la que hoy la reciente Ley se hace eco.
Es pronto para poder sacar conclusiones sobre su aplicación práctica y su influencia sobre las Empresas de Servicios de Inversión y los mercados.
Esperemos que sus 118 artículos y demás disposiciones sirvan para evitar la próxima crisis.
Feliz Año nuevo: hoy es el día de la liberación fiscal
Propuesta de logotipo para la Agencia Tributaria
Hoy es el día de la liberación fiscal. Esto significa que todos y cada uno de los días que llevamos del presente año 2014 los hemos dedicado completamente a pagar impuestos, tasas y contribuciones varias.
Sólo será suficiente recordar lo recogido en la vigente Constitución en su artículo 31 apartado 1º:
En Alemania, a diferencia de España, su Tribunal Constitucional en la Sentencia de 22 de junio de 1995, e interpretando el artículo 14 de la Ley Fundamental de Bonn, estableció que para no incurrir en la prohibición de confiscatoriedad nunca el tipo impositivo de un impuesto cualquiera puede superar el límite del 50% ya que esta manera se preserva el patrimonio de los contribuyentes frente al bien común.
Desgraciadamente en nuestro país el Tribunal Constitucional poca veces se ha pronunciado sobre este particular. En este sentido nos sirve de muestra la Sentencia 150/1990, de 4 de octubre, que en nada nos lo aclara la cuestión.
!!!FELIZ AÑO¡¡¡
Bien es sabido que una de las películas más disparatadas del S.XX fue "Una noche en la ópera" (1935) en donde Groucho Marx y sus hermanos construyen un hilo argumental totalmente extravagante que a fecha de hoy todavía sigue vigente, actual e inigualable... Bueno, el BOE, en algunos días, puede igualarlo.
Nuestro muy querido Boletín Oficial del Estado (BOE), fuente inagotable de información y espejo de lo que somos los españoles desde 1661, sigue poniendo en valor aquella entrañable película de disparatadas frases y realidades deformadas.
El pasado miércoles día 18 de junio de 2014 nos deleitó con un desternillante anuncio del Ministerio de Defensa con el siguiente título:
"Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del "Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico paralas Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa"
¡¡¡TOMA CASTAÑA!!! Volvemos a la muy alabada frase de Groucho Marx:
"...la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte..."
Placa en San Ginés
Al leerlo nos imaginamos al entrañable y castizo Max Estrella, creado por nuestro inmortal Valle-Inclán, tomando su aguardiente en la madrileña chocolatería, aún abierta, de San Gines diciendo: "¡¡¡CRANEOS PRIVILEGIADOS!!!"
A los funcionarios del BOE muchas gracias por los buenos ratos que nos hacen pasar.....Y que Dios nos pille confesados.
Hoy os recomiendo esta nueva edición, la 8ª ya en español, de un libro clásico dentro del estudio de los mercados de opciones y futuros.
Me refiero a la "Introducción a los Mercados y Futuros y Opciones" de Jonh C. Hull, profesor de finanzas en la Universidad de Toronto.
Lejos quedan los años en que nos teníamos que conformar simplemente con la edición en inglés de este libro a pesar de estar escrito en un impecable inglés británico.
Como libro de iniciación es perfecto ya que en el mismo no se incluyen cálculos infinitesimales y es apto para un lector con conocimientos medios en economía.
Most wanted tax dodgers: la lista de morosos tributarios
Una de las reformas propuestas en el Anteproyecto de modificación de la Ley General Tributaria supone que desde la AEAT se van a poner a disposición del público en general unos listados de deudores con la finalidad de perseguir de manera más eficaz el fraude fiscal que sufrimos en España.
Los defraudadores más buscados
La medida tiene una orientación de carácter preventivo a la vez que educativo con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios de los ciudadanos.
La publicación de los listados de morosos sólo se podrán llevar a cabo en supuestos de hecho muy tasados y que se recogen en el nuevo, siempre que se dé el visto bueno por las Cortes, artículo 95 bis LGT.
De esta forma la Administración tributaria podrá acordar de manera periódica la publicación de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas y también sanciones tributario.
La publicación se podrá llevar a cabo cuando concurran los siguientes supuestos:
Que el importe total de las deudas y sanciones pendientes de ingreso supere umbral del 1.000.000€.
Que haya transcurrido el plazo de ingreso.
Que para las deudas y sanciones, siempre se representen al menos el 25% de la cantidad pendiente, haya transcurrido al menos un año desde la finalización del plazo de ingreso voluntario.
En caso de que exista un aplazamiento o suspensión de la deuda no se llevará a cabo la publicación.
La información a incluir en los listados será la de la identificación de los deudores y el importe conjunto de deudas y sanciones pendientes.
El procedimiento de publicación es sencillo. Toda la información y el cumplimiento de los requisitos de publicación se determinará a 31 de diciembre de cada año estableciéndose un plazo para reclamaciones o rectificaciones de los contribuyentes.
Valoración: puede estimarse que es un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal pero no es menos cierto que el mayor de los problemas de nuestra Hacienda Pública es la poca recaudación efectiva de nuestro sistema fiscal a pesar de que la presión fiscal española es una de las más elevadas de la OCDE. Es decir, pagamos pocos pero pagamos mucho.
Most wanted tax dodgers: la lista de morosos tribu...
Elena F Pérez Carrillo ha escrito una nueva entrada, ¿Hacia una simplificación del régimen jurídico europeo de la financiación participativa transfronteriza (plataformas crowdfunding)? (I), en el sitio Derecho Mercantil. (DerMerUle).

References: artículo 33
 artículo 545
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 349
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 95