Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831551.html
Timestamp: 2019-11-12 09:11:37+00:00

Document:
as201831551
Auto Supremo Nº 551
Sucre, 2 de octubre de 2018
Expediente : 298/2017
Demandante : María Candida Dorado Pardo
Demandado : Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 1170 a 1173, interpuesto María Candida Dorado Pardo, contra el Auto de Vista N° 002/2017 de 1 de marzo de 2017 de fs. 1144 a 1167, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso contencioso tributario que sigue la recurrente contra la GRACO Cochabamba del SIN, el Auto de fs. 1179 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 298-A de 25 de junio de 2017 de fs. 1188 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia N° 02/2014 de 5 de febrero de 2014 de fs. 464 a 478, por la que declaró improbada la demanda declarando firme, subsistente y exigible la Resolución Determinativa Nº 17-00247-09.
En grado de apelación interpuesta por María Candida Dorado Pardo, la Sala Primera Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista N° 002/2017 de 1 de marzo de 2017 de fs. 1144 a 1167, que ANULÓ la Sentencia apelada, disponiendo que el a quo dicte una nueva resolución fundada en el principio de verdad material con la debida exhaustividad, motivación y fundamentación, considerando las observaciones efectuadas en la resolución.
Contra el Auto de Vista, María Candida Dorado Pardo, formuló recurso de casación en la forma de fs. 1170 a 1173, bajo los siguientes argumentos:
Acusa que el auto de vista impugnado, no realizó una valoración exhaustiva de las pruebas aportadas, toda vez que debió haber extendido la nulidad hasta el proceso administrativo de fiscalización desarrollado por la Administración Tributaria donde existe evidentes vicios de nulidad, que al no considerar la prueba de reciente obtención presentada por el Tribunal de Sentencia Nº 5 dentro del proceso penal que se le siguió por supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, se demuestra que la Administración Tributaria ha desarrollado el proceso administrativo de fiscalización tributaria sobre la base de una documentación contable incompleta entregada por el Ministerio Público en fotocopias simples toda vez que solo correspondía a la gestión 2006, que ha derivado en la Resolución Determinativa Nº 17-00247-09 de 6 de mayo de 2009 que establece una deuda tributaria de UFV´s 18.618.229, por el IVA e IT por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2004 y 2005, pese a esa situación se exigió la exhibición del expediente original a través de la Vista de Actuaciones a objeto de conocer la documentación que estaba siendo auditada y fiscalizada, sin embargo, esa solicitud fue sistemáticamente rechazada por la Administración Tributaria.
Señala que al haber sido notificada con la Vista de Cargo, se volvió a solicitar se verifique la documentación que fue objeto de fiscalización tributaria y sobre esa base elaborar su defensa y presentar los descargos correspondientes, la misma que fue rechazada mediante Resolución Nº SIN/GDC/NOT/0007/2009; asimismo, solicitó se remita toda la documentación secuestrada ilegalmente dentro de un proceso que se encuentra ahora extinguido, colocando a su persona en indefensión por no poder presentar dicha documentación original en la Vista de Cargo y que fueron consolidados en la Resolución Determinativa Nº 17-0247-09 como responsabilidad tributaria por supuestas omisiones en la declaración de ingresos, la no facturación de ventas, supuesto mal uso de créditos y gastos no deducibles, lo que a su vez dio lugar a que se impongan sanciones por supuesta omisión de pago, sin que hubiese tenido la oportunidad material de asumir su defensa, de controvertir las conclusiones erradas a las que arribaron los funcionarios de la Administración Tributaria al realizar la fiscalización y sin tener posibilidad alguna de presentar descargos conforme señaló.
Manifiesta que el Ministerio Público perdió su facultad de acusar y accionar por extinción del proceso, sin embargo, no se anuló la Vista de Cargo, vulnerándose los arts. 115.II y 117 de la CPE, toda vez que ante el secuestro de documentación ilegal por parte de dicha entidad no se presentó los descargos de las gestiones 2004 y 2005, situación que justifica la suspensión del plazo previsto por ley para la presentación de descargos al no poder la Administración Tributaria contar con toda la documentación necesaria para el trabajo de fiscalización.
Por otra parte señala, que el Auto de Vista impugnado ha violado el procedimiento previsto por el art. 98 del CT, toda vez que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa están viciadas de nulidad por haberse emitido sin verificar la documentación contable secuestrada ilegalmente por el Ministerio Público dentro de un proceso penal extinguido mediante auto definitivo de 12 de agosto de 2014, derivando la responsabilidad en el juez a quo que no valoró esta prueba, manifestando que lo lógico sería disponer la nulidad hasta el vicio más antiguo, toda vez que se debió suspender el proceso de fiscalización hasta que se cuente con la documentación requerida, al ser su negativa vulneratoria a su seguridad jurídica y debido proceso en su elemento de derecho a la defensa.
Concluyó solicitando se revoque en parte el Auto de Vista Nº 2/2017 de 1 de marzo, disponiendo la nulidad de obrados con reposición de actuados hasta la Vista de Cargo GDC-DIF-VC-008OFE0052/2008 de 27 de noviembre, incluyendo la Resolución Determinativa Nº 17-00247-07 de 6 de mayo, debiendo la Administración Tributaria dictar una nueva con la debida motivación y fundamentación.
II. Fundamento jurídico del fallo:
El art. 62 del CTB, (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: Numeral 7, A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.
Por su parte el art. 76 del CTB, señala que la carga de la prueba, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.
De lo inferido, se colige que en forma general en la etapa de la determinación tributaria, la Administración Tributaria debe intentar llegar a la verdad de los hechos, procurando obtener todos los datos y la información necesaria para llegar a una precisa, clara y circunstanciada atribución de la deuda tributaria, con la debida fundamentación.
Análisis en el caso concreto:
Con relación al recurso de casación en la forma, cuyo cuestionamiento está fundado principalmente en la falta de valoración de la prueba que demuestra que el pronunciamiento del Tribunal de alzada no es correcto respecto a la nulidad solo hasta la sentencia, sino debió haberse establecido la misma hasta la Vista de Cargo, aspecto que según el recurrente conllevaría la nulidad del Auto de Vista.
Sobre el particular es preciso señalar inicialmente que, la nulidad por la nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, de ahí que se deben observar principios procesales que atañen a la nulidad, en el caso concreto los que rigen en el procedimiento administrativo, como es el principio de legalidad establecido en el art. 4. g) de la LPA, a través del cual se establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley; por otra parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone la nulidad para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; cabe decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio; este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad, en virtud al cual, existirá declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá aquella si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad; ii) por el Principio de Trascendencia, la nulidad para ser determinada debe superar el incumplimiento o desviación de la forma procesal, es decir, el efecto debe converger un daño o perjuicio ocasionado a una de las partes; dicho de otro modo no es admisible la nulidad por la nulidad misma, sino será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante esa vía.
En el caso de autos, el Auto de Vista dispuso la nulidad hasta la sentencia al verificarse de los antecedentes del proceso que la base imponible del IVA e IT determinada por la Administración Tributaria expuesta en primera instancia en la Vista de Cargo y confirmada en la Resolución Determinativa, no refleja la situación real de los hechos económicos respecto a los ingresos del contribuyente, ante la falta de valoración de la prueba ofrecida por el sujeto pasivo que no se tenia en su poder y pese a los diferentes reclamos efectuados estos hechos no fue considerados por la juez a quo en sentencia, más aún cuando la fiscalización tiene como sustento la base cierta; asimismo, la fiscalización realizada sin la documental ofrecida por el sujeto pasivo, denota que la determinación efectuada por la Administración Tributaria no es imponible objetivamente, medible y verificable, constituyendo por tanto una inobservancia a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, que es base de la Resolución Determinativa y que el juez de primera instancia omitió considerar.
En consecuencia la nulidad dispuesta de la Sentencia, es correcta y de ninguna manera vulnera el derecho a la defensa u ocasiona indefensión a la recurrente, toda vez que se evidencia que la juez a quo, no realizó una debida fundamentación ante la imposibilidad de la recurrente de ofrecer como prueba toda la documentación reclamada tanto en sede administrativa como judicial.
En ese contexto, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva de los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 1170 a 1173.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

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