Source: https://es.scribd.com/document/38399116/Modelo-Borrador-Alegaciones-Decreto-Usos-Monte
Timestamp: 2018-12-17 13:13:03+00:00

Document:
Modelo Borrador Alegaciones Decreto Usos Monte
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Orden 104-2017 de 6 de Mayo Documentos Oficiales de Evaluación Primaria
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambiente c/ Pintor Matías Moreno, 4 45071 TOLEDO. ************, a ************ de septiembre de dos mil diez. D.
*******************, con D.N.I ************, en su calidad de ******* de la ***(Federación/Club/Asociación)**, con domicilio a efectos de notificación en *************************************, comparece como mejor proceda en Derecho en su calidad de parte interesada y EXPONE: Con fecha 13 de septiembre de 2010 (DOCM nº 177) se somete a información pública el borrador del Decreto sobre el “uso público de determinadas actividades en el medio natural de Castilla-la Mancha”, dictado en base a los artículos 23 y 24 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, y los artículos 44 y 45 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Aunque el título del Decreto induce a pensar –equívocamente- que solo determinadas actividades, presumiblemente las de mayor impacto en el medio natural, serán objeto de regulación, esto no es así. Ya en el preámbulo se indica la pretensión de extender esta regulación a todo el uso público: “La realización de todas las actividades de uso público … permitirá el control, óptimo desarrollo y una adecuada ordenación de la actividad, así como el fácil seguimiento de la misma”. En primer lugar, y para poner en su justa perspectiva la magnitud de las limitaciones que prevé el Decreto, indicaremos que, dentro de lo considerado “monte” a efectos del Decreto figuran unos 3’5 millones de hectáreas, el 44% de la superficie regional total. La información más reciente disponible (Fuente: Plan de Conservación del Medio Natural, 2003) indica que existen en la región 137 instalaciones recreativas y educativas (89 áreas recreativas, 5 aulas en la naturaleza, 2 cabañas, 14 campamentos, 8 campings, 7 centros de interpretación, 1 escuela de pesca y 11 zonas de acampada) y áreas de uso extensivo (senderos PR, GR y SL, recorridos señalizados y rutas) que se extienden por un número indeterminado de kilómetros, no disponible entre la documentación pública que facilita la Junta. Además, existe la denominada “Ruta del Quijote”, que en su mayoría discurre por terreno sin la consideración de monte. A ello se añadirá, para completar la futura Red Regional de Espacios Recreativos, un “cajón de sastre”: las denominadas “Áreas destinadas a la práctica de deportes u otras actividades recreativas al aire libre”, de las que no existe ningún ejemplo en la actualidad. Constituyen claramente un remiendo al texto de los Decretos anteriores para adecuarlos a la redacción de la Ley 3/2008, y en ellas se deberá producir todo el resto del uso público de los montes. En este caso, el cajón de sastre resulta tener que ser mucho más grande que el armario original. Pero lo cierto es que, si finalmente se publica el Decreto, la Red Regional de Espacios Recreativos estará compuesta de partida por, a lo sumo, 1.000 Has. Pues bien: lo que resulta del Decreto, salvo error u omisión nuestra, y salvo para los titulares de aprovechamientos, explotaciones, etc. es lo siguiente: a) En toda Castilla-La Mancha (salvo los cascos urbanos):
1) Queda prohibida la circulación campo a través de todo tipo de vehículos, sean a motor o no (excepto vigilancia, trabajos autorizados y emergencias)(Art. 17.1) 2) Queda prohibida la circulación a motor por cualquier camino no asfaltado, o de menos de 2 m de ancho (¡!) b) En todo el medio natural de Castilla-La Mancha situado fuera de las 1000 Ha. de la Red, ya sea terreno forestal o agrícola, además de lo anterior: 1) Quedará prohibida la práctica de cualquier actividad recreativa. Recordemos: pasear por el campo, observar aves o plantas, recorrer pequeñas sendas, merendar, andar en bicicleta, recoger setas –salvo algún caso excepcional en que esté regulado-, merendar con los amigos o la familia, y por supuesto todas las demás actividades de aire libre (¡!) (Art. 8.1.11). Por cierto, este artículo se contradice en lo referente a “uso social y recreativo” con el Art. 23.2, que limita esta prohibición al medio forestal. 2) Queda sometida a comunicación previa a la Consejería, con siete días de antelación, toda actividad social, recreativa, deportiva o de uso público que se realice por más de cinco personas. Por ejemplo, pasear por el campo, observar aves o plantas, recorrer senderos, -, merendar con los amigos o la familia, andar en bicicleta, recoger setas –salvo algún caso excepcional regulado-, y por supuesto todas las demás actividades de aire libre (¡!). c) En toda la superficie de Castilla-La Mancha con calificación de monte (unas 3.500.000 Has, equivalente a la superficie conjunta de las provincias de Toledo y Ciudad Real) que no esté incluida en las 1000 Ha. de la Red o futuras ampliaciones, además de las limitaciones anteriores: 1) Quedará prohibida la práctica de cualquier actividad de uso social o recreativo. Recordemos: pasear por el campo, observar aves o plantas, recorrer pequeñas sendas, merendar, andar en bicicleta, recoger setas –salvo algún caso excepcional regulado-, merendar con los amigos o la familia, y por supuesto todas las demás actividades de aire libre (¡!) (Art. 23.1) 2) Quedará prohibida la circulación a motor fuera de carreteras nacionales, regionales o locales. Con excepción de los tres casos que regula concretamente (vehículos a motor, acampadas, campamentos y áreas recreativas) y de los que excluye expresamente (caza y pesca, aprovechamientos forestales y agrícolas, vigilancia) el Decreto ni siquiera ofrece la posibilidad de que estas actividades sean reguladas de alguna forma en un territorio tan vasto, como parecería lógico, en función de su diferente intensidad de práctica, diferente impacto, distinta vulnerabilidad de esos tres millones y medio de hectáreas, diferente : las prohíbe directamente. Afortunadamente, algunas partes de la Red de Espacios Naturales Protegidos, que actualmente incluye cerca de 320.000 Has, pasen probablemente con cierta rapidez a estar incluidas dentro de la Red de Espacios Recreativos. En todo caso y aunque no fuera así, como su normativa prima sobre la general del Decreto, se va a dar la paradoja de que precisamente en estos espacios, reconocidos y declarados por su mayor fragilidad, interés de conservación, etc. será donde se permitan usos públicos (como el simple paseo por el campo, o el senderismo) que van a quedar prohibidos terminantemente en cerca de la mitad de la región. Así, podremos disfrutar sin más limitaciones de un paseo por un bosque relíctico de tilos en el Alto Tajo perdido en una profunda hoz, admirar la flora de una turbera singular en la sierra de Valdemeca, pero
no podremos pasear por la repoblación de pinos, los prados de nuestro pueblo, o el cultivo agrícola abandonado que coincida con el municipio donde vivimos, subir a un alcor de la Alcarria para admirar su paisaje, o dar una vuelta por el entorno de nuestra ciudad. Seguramente la pretensión de la Administración es que la Red se vaya ampliando en el futuro (probablemente muy poco a poco, dados los tediosos trámites y complejos requisitos que se han previsto para ir incluyendo espacios en la misma). En todo caso, y salvo que se declaren la totalidad de los montes “Áreas destinadas a la práctica de deportes u otras actividades recreativas al aire libre”, única categoría en la que entrarían (y entonces ¿para qué el sentido y utilidad de la Red?), tras la entrada en vigor del Decreto van a quedar definitivamente prohibidas en una fracción muy importante del territorio castellano-manchego todas las actividades recreativas, sociales, deportivas, o de uso público no consuntivo, que de todas estas formas se las denomina, sin definir cuáles son éstas, sin importar su grado de impacto, su intensidad de práctica, la fragilidad del entorno, el objetivo principal de la gestión del monte, el riesgo para el medio, etc. A la vista de tamaña desproporción, quizás sea lícito preguntarse entonces ¿cuáles son exactamente los fines persigue el Decreto? ¿Es necesario que ciertas actividades recreativas, de las cuáles el más claro ejemplo es el de pasear, simplemente, por el campo, hayan de realizarse “dentro” de una Red? ¿Existe una necesidad real de gestionarlas de dicha forma? Nos encontramos ante una expropiación masiva del uso público no consuntivo en los montes (no olvidemos que muchos de ellos, algo más de un millón de hectáreas, son de titularidad pública), y aprovechando y de paso, en el resto del medio natural. El Decreto alude al Plan del Medio Natural de Castilla-La Mancha, redactado en 1994, como justificación para articular la Red Regional de Espacios Recreativos. Dicho Plan fue revisado en mayo de 2003, y tiene la consideración legal de instrumento general de la política de planificación de la naturaleza. Pues bien, en la revisión vigente: a) Uno de los objetivos generales es “garantizar las utilidades múltiples tanto directas como indirectas de los recursos naturales y las masas forestales, y en particular las relativas a……dar satisfacción a las necesidades de esparcimiento de la sociedad actual, aceptando al monte como elemento capacitado para ser receptor de esta demanda de naturaleza”, que propone alcanzar con instrumentos más “flexibles y abiertos” que, con carácter de directrices, se establecen en el documento. b) No se identifica en todo el documento el uso público no consuntivo excesivo como un problema de gestión en el medio natural. Tampoco, a diferencia de otras áreas de gestión, se ofrece una sola cifra que indique su volumen (número de usuarios, tipos de usos principales, localización, etc.) c) Habla el Plan de los instrumentos de ordenación a escala de gestión, indicando que a escala de área funcional se utilizarán una serie de figuras de planificación territorial, citando expresamente y de forma exhaustiva: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes Comarcales de Ordenación Forestal, Planes de Restauración Hidrológico Forestal. No existe mención alguna a la Red, ni a la planificación del uso público no consuntivo o recreativo a dicha escala. d) Entre las mencionadas directrices, no figura ni una sola que haga mención a la
necesidad, urgencia, etc. de implantación de la Red de Espacios Recreativos. En la revisión –vigente- del Plan, la Red es una figura olvidada. e) Finalmente, el Plan destina unos fondos totales de 1’17 millones de euros a la elaboración de Directrices Regionales de Ordenación de Usos Recreativos (60.000 euros anuales), todo un dispendio de dinero público visto que dichas “directrices” consisten básicamente en prohibirlos en casi todo el territorio mediante Decreto. El artículo 23.1 de la Ley 9/1999 indica, en referencia a las actividades turísticas en el medio natural que: “La Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá la relación de actividades en el medio natural que sean susceptibles de deteriorar las áreas y recursos naturales protegidos por la presente Ley”: no debe de tratarse de un asunto de importancia alguna, pues en los diez años transcurridos desde la promulgación de dicha Ley no conocemos que se ha establecido esta relación. Tampoco ha sido capaz la Administración de desarrollar las relaciones de caminos autorizados al tránsito a motor que preveía el Art. 8.1 Decreto 63/2006, de 16 de mayo. ¿Cómo entonces, si nos encontramos con unos usos reconocidos como de muy bajo impacto en general, comunes y públicos, no consuntivos, desarrollados en una parte apreciable sobre espacios públicos, de cuya intensidad no se es capaz de proporcionar cifras, y que aparentemente no se identifican en los instrumentos de planificación de la conservación de la naturaleza como un problema prioritario, se acaba resolviendo su prohibición generalizada en tan amplio territorio? En nuestra opinión, concurren en el Decreto: (a) Una llamativa indefinición, acompañada de una confusión constante de términos en lo que respecta a los usos. El título del decreto dice tratar de “determinadas” actividades de uso público del medio natural. Pero de su lectura no se deduce con claridad cuáles son, o más bien, cuáles no son, para que se tenga cierta seguridad jurídica en su práctica. Si bien se define “medio natural” (y alguno conceptos relacionados) a los efectos del Decreto, se pasa por alto sobre lo que se considerará “uso recreativo”, “uso social” o “uso deportivo”, y tampoco lo que se considera “uso público”. Además, en varios lugares del Decreto se utilizan algunos de ellos de forma indistinta y confusa. Si bien el uso público podría entenderse por oposición al uso privativo, qué tipos de uso público no son recreativos o sociales, o cuales de los no consuntivos se regulan es dejado en la más absoluta indefinición. Si, como parece, se entienden estas actividades públicas en su sentido más amplio (por ejemplo, a la vista de la redacción del Art. 18.3, donde se menciona expresamente el senderismo, una de las actividades de menor impacto existentes, según reconoce la misma Administración, por ejemplo, en los diferentes instrumentos de planificación de los recursos naturales publicados hasta la fecha), creemos que con las limitaciones masivas del Decreto se puede estar llegando incluso a la vulneración de derechos constitucionales, algunos de ellos fundamentales, y desde luego ignorando ampliamente el principio legal de proporcionalidad de las normas. En efecto, si sin mayor razón, sin modulación alguna, en un territorio tan amplio que actualmente equivale nada menos que a casi la mitad de Castilla-La Mancha, y precisamente en la parte que no se ha declarado por su especial vulnerabilidad como espacio protegido, se prohíben actividades tan habituales y reconocidas de bajo impacto -por la propia Administración- tales como dar un paseo por el monte utilizando una senda en lugar de una pista, ir de un pueblo a otro por el monte, sin seguir un sendero de pequeño recorrido que puede no ser más que una pista forestal, asomarse a un collado
para tener una mejor perspectiva de un paisaje, salirse de un camino para observar una flor o tomar una fotografía, hacer esquí de fondo en invierno, acercarse al río para beber o remojarse los pies, o tomar con un grupo de más de cinco amigos un bocadillo a cincuenta metros de una carretera (y también actividades con tanta tradición en la región como las meriendas en el campo entre amigos del “Jueves Lardero”, por ejemplo), o si en casi todo el territorio de Castilla-La Mancha hay que dar cuenta con antelación de siete días de cualquier actividad pública no consuntiva realizada por más de cinco personas, cabe preguntarse si no se están recortando de forma injustificada derechos constitucionales como el de libre tránsito por el territorio (Art. 19 CE) o el de disfrute del medio ambiente y su utilización racional (Art. 45.1 y 45.2 CE), e incluso, nos atreveríamos a decir, el de reunión. Dado el amplio abanico de actividades que pueden arbitrariamente ser incluidas en una, otra o ninguna de esas categorías se provoca, cuando menos, indefensión legal entre los ciudadanos. b) Se produce una falta de proporcionalidad patente entre las medidas propuestas y los objetivos de protección del monte y la naturaleza: Salvo para las contadas actividades que se regulan expresamente (acampada y circulación de vehículos) se establecen prohibiciones genéricas muy extensas, que abarcan respectivamente todo el medio natural y todo el medio forestal (salvo una pequeña proporción que se incluye en la Red) sin tener en cuenta, entre otros: El diferente impacto inherente a cada actividad (tan diversas que van por ejemplo desde el paseo a la construcción de una estación de esquí alpino, pasando por actividades con y sin empleo de motores, etc.) El diferente impacto en función del número de practicantes. La diferente consideración del monte en cuanto a su titularidad (pública o privada) El diferente fin principal del monte en cuestión, que bien podría ser, irónicamente, el recreativo, y en muchos casos el de conservación o el de protección. Esta prioridad de usos en cada monte es recogida por la Ley 3/2008. La diferente fragilidad de cada lugar concreto donde se realice la actividad. Los diferentes niveles de riesgos en función de la época (incendios), lugar, etc. De hecho, las leyes invocadas suelen ser en general cuidadosas con estos aspectos de proporcionalidad. Así, al hablar del acceso a los montes, la Ley 3/2008, en su Art. 44.4 restringe únicamente el acceso a los montes “en las zonas de alto riesgo previstas en el artículo 62, cuando el riesgo de incendio así lo aconseje, haciéndose público este extremo de forma fehaciente” De misma manera, la Ley de Conservación de la Naturaleza restringe, en su Art. 24.2, las limitaciones a imponer al uso recreativo y no consuntivo a “zonas concretas donde resulte necesario para la protección de recursos naturales frágiles”. Desafortunadamente, esto no resulta así en lo regulado por el Decreto. Pongamos algunos ejemplos de tamaña desproporción: resulta inconcebible que, desde el punto de vista de la conservación del medio natural y de los montes, se pueda pasear –o correr- por el campo para matar animales, pero no pasear –o correr- por el campo para verlos sin matarlos (y no excepcionalmente, sino como una norma bastante general). Que se pongan al mismo nivel de prohibición, en la mayor parte de la región y sin considerar su distinto impacto: una estación de esquí, un circuito de velocidad para todo terreno o el paseo. Que se prohíban igualmente una carrera de cross con trescientos
participantes y realizar footing campo a través solo o en compañía de una persona. Que se prohíba pasear por la mayor parte de las repoblaciones de aterrazadas de pinos, los jarales, de la región, y que sin embargo, se permita -como por otra parte es lógicopasear en un Parque Natural por un robledal, una tejeda, un torcal o las praderas próximas a una laguna alpina (formaciones todas ellas mucho más frágiles). Que se prohíba igualmente caminar en invierno o acceder a una zona de elevado peligro con un riesgo extremo de incendio. Que se autoricen usos recreativos comunes en espacios naturales protegidos y se prohíban en los que no lo son, cuando la ley según la que se establece la prohibición proclama como primer objetivo la conservación de la naturaleza. Nos gustaría acabar de comprender porqué pretender que los usos recreativos, incluso deportivos, hayan de realizarse en zonas “destinadas” para su práctica, y los perjuicios que causa practicarlos fuera de ellas: ¿es el deporte de la orientación pernicioso en alguna medida para el medio natural, o para la riqueza de los montes? ¿Qué instalaciones requiere, si precisamente el objeto de dicho deporte –o uso recreativo, o uso público no consuntivo- es orientarse en total ausencia de indicaciones? ¿Alguien ha pensado que se está prohibiendo en la mitad del territorio de Castilla-La Mancha la práctica de todos los deportes que se desarrollan campo a través? Por ejemplo, y sin ser exhaustivos- montañismo y escalada (en todas sus modalidades), orientación, esquí de travesía, esquí de fondo, marcha con raquetas, carrera, etc. Y así la mayor parte de los que se desarrollan en el medio natural y cuyo objeto final es la libre deambulación por el territorio y se producen dentro del ámbito competencial de la Junta, porque entendemos que en todos los acuáticos (baño, piragüismo, otras formas de navegación, natación al aire libre) hay una invasión manifiesta de competencias. Cabe recordar aquí que la práctica del deporte también está especialmente protegida por la Constitución Española. En fin, a nuestro entender, que en toda una Comunidad Autónoma (salvo los cascos urbanos) quede sometida a comunicación previa a una Consejería –la competente en medio ambiente-, con siete días de antelación, toda actividad social, recreativa, deportiva o de uso público que se realice por más de cinco personas es más propio de un estado policial que de uno de Derecho. Se ignoran preceptos generales sobre la acción de las Administraciones Públicas. Así, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece como principio supletorio para la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas su aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público, debidamente justificadas. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina de una forma mucho más concreta ciertas condiciones de esta aplicación efectiva. Así, las distintas Administraciones Públicas que establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos, como sucede en el caso que nos ocupa, “deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”.
Todas estas consideraciones han sido obviadas en la redacción del Decreto. c) En relación a esta última, se produce una discriminación patente entre grupos de usuarios, no basadas en ninguna dominancia de derechos establecida por Ley, ni tampoco por su mayor o menor impacto sobre los bienes a proteger. Ocurre así en las prohibiciones generales basadas en la normativa de conservación de la naturaleza que se establecen para los usos no consuntivos, de las que se excluye, sin razón aparente, al resto de usuarios: Un apicultor, un pastor, un motoserrista o un cazador pueden poner una radio a todo volumen en el monte, tirar botellas, basura o dejar latas de aceite vacías en el monte sin ser sancionados, pero un simple paseante será denunciado por cualquiera de estas acciones. Más ejemplos: se exime expresamente a los pescadores de la prohibición de: “Producir injustificadamente ruidos o emisiones en intensidad y circunstancias susceptibles de perturbar la tranquilidad de otros usuarios o de la fauna silvestre”, sin que exista motivo aparente alguno para hacerlo. También a los cazadores se les permite la emisión de ruidos y emisiones cuando -a excepción del ruido de los disparos- todos los demás que emitieran deberían estar sometidos a las mismas restricciones que se exigen del resto de usuarios públicos. Y en fin, el Art. 8.1.1 discrimina con carácter general y en todo momento, el uso público no consuntivo – menos impactante- frente a otros usos o aprovechamientos realizados no con mayor derecho (por ejemplo, entre el paseo y la caza). Esto es especialmente grave en los montes de dominio público. Más teniendo en cuenta que la Ley de Montes, como se ha dicho, prevé claramente que haya montes en los que el objeto principal no sean los aprovechamientos, sino la conservación, o incluso el ocio. Es más, solo una minoría de los montes públicos están dentro de la primera de estas categorías. Este hecho no es tenido en cuenta en el Decreto. d) Además de estas cuestiones generales, el Decreto incurre también en varias imprecisiones técnicas de importancia. d.1) En cuanto a la definición de “acampada” como “actividad de alojamiento en el medio natural en las zonas autorizadas al efecto, mediante la utilización de elementos temporales para guarecerse y durante un periodo de tiempo limitado. De igual forma se considerará la actividad de alojamiento en caravanas, autocaravanas o similares”. En primer lugar, no afecta al concepto en sí de la acampada el que se produzca fuera o dentro de las zonas autorizadas al efecto: lo que podrá variar será que a resultas de ello tenga la consideración de hecho autorizado o no, pero sigue siendo en cualquier caso acampada, si se cumplen el resto de condiciones que la definen. Por tanto, introducir la condición de desarrollarse en zonas autorizadas en la definición de la actividad carece de sentido. En segundo lugar, aunque el Art. 1 del Decreto remite al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, del Reglamento General de Vehículos, en lo referente a las definiciones y categorías de los distintos tipos de vehículos, en el Art. 2 se habla, en la definición de “Acampada” de “caravanas, autocaravanas o similares”, sin indicar en ningún momento a qué categoría concreta de vehículos, de acuerdo con el mencionado Real Decreto, se refiere el concepto de “similares”, puesto que no figura en él, ni los criterios empleados para decidir sobre su similitud. Esta indefinición supone inseguridad jurídica para todos los demás usuarios de vehículos.
En tercer lugar, se produce un solapamiento entre las figuras de “acampada” y “estacionamiento”, en el que no se tiene en cuenta que, tanto la Dirección General de Tráfico (en su Instrucción 08-V-74, referente al estacionamiento de autocaravanas), como diferentes resoluciones de los Defensores del Pueblo, concluyen que: En lo referente a los aspectos de circulación, parada y estacionamiento, las autocaravanas y campers se rigen por las normas aplicables con carácter general a todos los vehículos, y en particular pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y limitaciones que el resto de vehículos. Si se produce la exclusión de determinados usuarios al estacionamiento, esta debería ser necesariamente motivada y fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículos o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razones subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos de algunos usuarios tales como ruidos nocturnos, vertido de basura o de aguas usadas a la vía pública, monopolización del espacio público mediante la colocación de estructuras y enseres u otras situaciones de abuso contra las cuales las autoridades disponen de herramientas legales eficaces que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los infractores, ya sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo (por ejemplo, mediante la oportuna aplicación de las disposiciones de los Art. 8.2 y 8.4 de este Decreto). Cuando un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc. De todo lo anterior se deduce que las limitaciones impuestas al estacionamiento de estos vehículos (autocaravanas) en el medio natural deberían restringirse: § A aquellos lugares, épocas y horas en las que no se permita el estacionamiento a ningún tipo de vehículo, o donde se fundamenten en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización § En aquellos donde se permita el estacionamiento, sólo si trasciende al exterior la actividad que pueda desarrollarse en el interior, en su caso, mediante el mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización (caso de las caravanas), etc. Y no como sucede en la redacción actual del Decreto, en que la identificación de “estacionamiento” con “acampada” se basa en el supuesto uso que se hace del interior del vehículo (que puede ser muy variado, y no trasciende al exterior) Finalmente, conviene recordar que, para el caso de viviendas móviles, caravanas con carácter permanente y casos afines no nos encontramos ante casos de acampada, sino de construcción ilegal, si carecen de la oportuna licencia urbanística del Ayuntamiento correspondiente, según establecen varios Tribunales Superiores de Justicia en distintas
sentencias (TSJ Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, S 10-6-1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 23-4-1999, TSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 7-2-2000). Por otro lado, tiene que valorarse de alguna forma la inseguridad jurídica que plantea el repetido sobreseimiento de expedientes de denuncia de acampada que se viene produciendo en unas provincias, y no en otras. Por poner un ejemplo concreto y reciente de esto último, véanse los DOCM correspondientes a los días 31 de agosto y 2 de septiembre de 2010. En ellos, nada menos que ¡¡treinta!! expedientes de denuncia por acampada libre, formulados sobre diferentes personas, en diferentes localidades de la provincia de Cuenca, por distintos cuerpos, han sido sobreseídos por el instructor. d.2) En cuanto a la definición del “vivac”, es igualmente imprecisa e innecesariamente restrictiva. Cierto es que los vivacs estivales se pueden realizar en las condiciones que se definen, pero poco más. Durante el invierno, y en montaña es habitual que el vivaqueo implique el despliegue de una tienda para obtener protección térmica o de las precipitaciones. Lo mismo ocurre en casos, por ejemplo, de imprevistos como cambio de tiempo, mala respuesta fisiológica individual, etc. En este caso, al prohibir en el vivac el empleo de un elemento temporal de abrigo, como la tienda o incluso una lona de protección, adecuado a las condiciones meteorológicas nocturnas, se puede poner en riesgo innecesariamente el bienestar, la salud y en casos extremos la vida de las personas, con la correspondiente responsabilidad. Al igual que en el caso anterior, la autorización o no de determinada actividad debería venir condicionada exclusivamente por su mayor o menor impacto sobre el recurso que se pretende proteger. Aquí, el despliegue de estos accesorios no afecta en absoluto a los bienes que se pretende proteger ni al resto de usuarios, ni incrementa en forma alguna el impacto producido por la presencia de la persona en el medio natural, por ser una instalación temporal que dura el mismo tiempo que la pernocta. Y así se recoge en infinidad de normativas, incluyendo, por ejemplo, la legislación de Parques Nacionales españoles. d.3) Igualmente es excesiva y nuevamente imprecisa la definición de “refugio”, aplicada a toda “edificación”. Bien está que, si quiere limitarse las condiciones de uso de determinados refugios propiedad de la Administración o gestionados por ella, pueda realizarse mediante la oportuna reglamentación de uso de dichas instalaciones. Lo otro es un sinsentido y además de una confusión innecesaria sobre las posibilidades de uso de refugios. Existen numerosos ejemplos de refugios en el medio natural que se utilizan, además de para guarecerse, para comer, alojarse a lo largo de varios días, etc. Además, esta definición sirve solo de apoyo a una limitación muy concreta, que puede regularse de forma eficaz por las propias normas de concesión o explotación de las áreas recreativas. (e) En lo relativo a determinadas actividades –los usos recreativos que se desarrollan dentro del dominio público hidráulico (piragüismo y otras formas de navegación, baño y asimilados, flotación, etc.)- se produce una manifiesta invasión de competencias, al dictar normas genéricas, extensas, sin que concurran motivos que justifiquen medidas adicionales de protección (véase, por ejemplo, la STC 123/2003, de 19 de junio sobre navegación y pesca). Primero, la gestión de los usos dentro de dicho dominio, salvo la pesca, es competencia del Estado – a través de los Organismos de Cuenca- y no a la Junta de Comunidades. Es más, el dominio público hidráulico está fuera del ámbito territorial de aplicación de la Ley de Montes y Gestión Natural Sostenible (los montes).
Por ello, las restricciones a estos usos amparadas en el desarrollo de los artículos 44 y 45 de la Ley 3/2008, como son todas las recogidas en el Capítulo 5º, carecen de base legal. En puridad, en el Decreto solo podrían aplicarse a estos usos las limitaciones previstas en la Ley 9/1999. Ésta define de forma precisa, en su Art. 24, el carácter y alcance que deben tener: se podrán establecer “normas de aplicación general para el uso recreativo, deportivo, la circulación con vehículos a motor y otras formas de uso público no consuntivo en el medio natural”, pero indica a continuación tasa expresamente la imposición de limitaciones a dichos usos a “zonas concretas donde resulte necesario para la protección de recursos naturales frágiles”, lo que claramente no ha sucedido aquí (especialmente en el Art. 8 y en el Capítulo 5º, donde las limitaciones impuestas en forma de prohibición no presentan ninguno de las dos atributos: concreción espacial y protección de recursos frágiles). La ambigua redacción del texto hace que no quede clara la exclusión de estos usos de la regulación y prohibiciones extensivas del Decreto, especialmente las que se aplican a todo el medio natural. Hay que indicar además que, aun cuando las riberas de los cauces tienen consideración de montes (Art. 3.1.e de la Ley 3/2008), dentro de ellas existe una servidumbre pública de paso peatonal del dominio público hidráulico, que ha de ser igualmente respetada (Art. 7.b. del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero). Finalmente, y en el caso de que no fuera suficiente con las servidumbres existentes, los Organismos de Cuenca tienen competencia para imponer servidumbres de paso adicionales, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo, a la zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos y, en general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil (Art. 48.2 RDL 1/2001). A la vista de tan extensas limitaciones de actividades que se vienen practicando rutinariamente en todo el territorio, no cabe menos que preguntarse: ¿Qué se pretende? ¿Qué problemas quiere resolver, o qué justificación tiene la norma? ¿Es realmente el uso público, no consuntivo, del monte, o su uso recreativo o social un problema que afecte tan gravemente a la conservación del medio natural o a la conservación y uso de los montes? Finalmente, pero no menos importante: ¿para qué sirven tanto papeleo, solicitud, autorización?¿Es capaz la Administración que dicta estas normas de llevarlas a cabo íntegramente? Lo primero no parece ser así, según el mismo preámbulo del Decreto, más bien al contrario: “A lo largo de los últimos años, se ha logrado una mayor concienciación sobre la conservación y el conocimiento del entorno natural que ha llegado hasta nosotros gracias, entre otras causas, al cuidado de todos los que disfrutan de estos recursos”. Como reconocimiento a ese cuidado se prohíbe el uso público en cerca de la mitad del territorio castellano-manchego y se burocratiza a límites innecesarios en el resto. Con ello quizás se consiga, de una forma muy eficaz, enfrentar a los ciudadanos con la conservación del entorno natural, con lo que ello conlleva a más largo plazo de la retirada de presión política para que financien actuaciones de conservación del medio natural, del que son expropiados. Dado que los recursos públicos son limitados, quizás para la mayor parte de los ciudadanos no tendrá mucho sentido en un futuro que, con sus impuestos, se conserve el monte, se proteja la naturaleza o se “arreglen” caminos, para que cacen otros, corten madera otros, trabajen otros, pero eso sí, ellos tengan prohibido cualquier tipo de practica de esparcimiento, cuando el uso que hacen tiene un impacto documentado muy inferior. Se vuelve así a los tiempos del chiste del famoso humorista Perich: “Cuando el monte se quema, algo suyo se quema… Sr. Conde”, que tanto costó retirar del decir popular, haciendo partícipe a toda la sociedad del valor de
los montes. Esto debería ser motivo de reflexión. Ya hemos indicado que no hay un solo dato de uso público del monte en Castilla-La Mancha ni a nivel provincial ni regional, ni siquiera una estimación (si acaso, de lo que el legislador, con escasa percepción de la realidad, ha entendido por tal: asistencia a áreas recreativas y zonas de acampada, y no de todas. Ni siquiera hay datos de uso de senderos y rutas balizadas). Si no se tiene siquiera esta estimación ¿cómo se justifica la necesidad, o tan siquiera la proporcionalidad de las prohibiciones impuestas, teniendo en cuenta su magnitud? Esta misma Administración es la que se compromete a recibir, analizar y en consecuencia prohibir o no todas las notificaciones de uso público que, en todo el medio natural de Castilla-La Mancha Porque si no es así ¿para qué se piden? Esto nos lleva a una última pregunta ¿se tienen medios para desarrollar toda esta burocracia? ¿En tiempos en que los recursos económicos y de la Administración son limitados y deben ser optimizados, es apropiado el dispendio burocrático que se pretende organizar en controlar notificaciones y autorizaciones? ¿O quizás van a servir únicamente, de forma selectiva, como justificación a posteriori en descargo de la Administración si, tras suceder un incidente, se comprueba la ausencia de notificación? ¿Finalmente, se aplicará con mayor o menor rigor, como nos tememos y ya ha venido pasando con determinados artículos de los Decretos a los que este sustituye, en función de la interpretación de cada gestor o agente de la autoridad, o de los requerimientos concretos de denuncias que se puedan exigir a determinadas unidades, generando así una absoluta indefensión jurídica entre los ciudadanos sobre lo que se puede y no se puede hacer sin ser denunciado, como en los casos sobreseídos en unas provincias y no en otras a los que hemos hecho mención anterior? Quisiéramos dejar dos últimas reflexiones: (a) lamentar el profundo desconocimiento del legislador sobre lo que es el uso público, social y recreativo del monte (sobre todo en los de carácter público) y su importancia para que la sociedad valore el monte, y por tanto se preocupe de su conservación, como se deduce el poco cuidado puesto en la redacción del Art. 45.1 de la Ley 3/2008, y (b) denunciar la obsesión generalizada de nuestra Administración por prohibir en lugar de informar y formar, de regular sobre el papel lo que no necesita ser regulado para aparentar eficacia en la gestión, cuando resulta todo lo contrario (como es bien sabido, el papel lo aguanta todo, menos el día a día), y anteponer la comodidad de prohibir frente al trabajo que supone gestionar correctamente. Basta con salir fuera de nuestro país para comprobar que este es un mal endémico, que nos acompaña desde los tiempos de Larra. Por todo lo anterior, le solicito: PRIMERO.- La retirada del borrador sometido a información pública, realizando en su caso una revisión completa de la estructura y denominación del Decreto. En su redacción actual es a todas luces excesivo, falto de proporcionalidad en sus medidas con los fines de conservación y regulación que se pretenden, vulnerando el principio de proporcionalidad de las normas y las disposiciones generales al respecto. Invade competencias ajenas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y complica innecesariamente, sin aportar soluciones que no estuvieran contempladas en normas previas, la gestión del uso público de los montes. Discrimina sin base legal el uso social y recreativo –no consuntivo- de los montes, frente a otros de mayor impacto para su conservación, y carga sobre los ciudadanos una burocracia previa innecesaria y
desproporcionada, llegando a prohibiciones generalizadas al uso público y unas obligaciones de notificación previa que, por su extensión, pueden afectar incluso a los derechos constitucionales de libre circulación por el territorio y al disfrute del medio ambiente. SEGUNDO.- De no ser así: a) Que se definan adecuadamente y con precisión los términos “uso público”, “uso recreativo”, “uso social” y “uso deportivo” y “acceso a los montes” a los efectos del Decreto, puesto que se utilizan de forma confusa e indistinta en el Decreto y en la Ley 3/2008, produciendo inseguridad jurídica. b) Que se elimine, por ser desproporcionado para los fines de protección que se pretenden, recortando además de forma sustancial el acceso a derechos constitucionales, la totalidad del articulado incluido en el Capítulo cinco (Arts. 23 y 24), el primero de los cuáles es además totalmente contradictorio con el Art. 8.1. c) Que se elimine, por ser desproporcionado para los fines de protección que se pretenden, al prohibir el uso recreativo y social no consuntivo en la mayoría del territorio de la Comunidad Autónoma, el apartado (11) del artículo 8.1. Haciendo notar además que este artículo se contradice con lo dispuesto en el Art. 23.1. d) Que en el apartado 2 del artículo 1 se incluya un nuevo apartado (d) por el que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación del Decreto los usos públicos que se desarrollan dentro del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre de paso, por corresponder al Estado las competencias para su gestión (a excepción de la pesca, cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma). e) En cualquier caso, que no se apliquen las prohibiciones generales derivadas de la Ley de Montes a las actividades en el medio acuático, por no estar incluidas dentro de su ámbito (Arts. 23 y 24). f) Que las limitaciones generales al uso en razón de la protección de la naturaleza, se apliquen igualmente a todos los usuarios, y no solamente a los no consuntivos. g) Que se modifique la primera parte de la definición de acampada, en la siguiente forma “El alojamiento en el medio natural, mediante la utilización de tiendas de campaña u otros elementos temporales, excepto en las condiciones definidas como vivac”. h) Que se modifique la segunda parte de la definición de acampada, en la siguiente forma: “De igual forma se considerará el uso de caravanas, así como el estacionamiento de vehículos cuando se acompañe del despliegue de elementos que desborden su perímetro (tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.)”. Adaptándose de esta forma a los repetidos pronunciamientos sobre el solape entre estacionamiento y acampada. i) Que se modifique la definición de vivac, dejándola de la siguiente forma: “La pernocta en el medio natural, pudiendo utilizar sacos, prendas u otros elementos temporales de protección, como tiendas de pequeño tamaño, en cuyo caso se instalarán como máximo una hora antes del ocaso, estando retiradas una hora después del amanecer”, de forma acorde al uso reconocido universalmente de este término en el mundo del campo y la montaña y recogido, por ejemplo, en la legislación de Parques Nacionales española. j) Que de forma acorde con los tres apartados anteriores, se elimine el concepto de acampada en régimen de travesía por no aportar ningún elemento relevante en cuanto a la protección de la naturaleza o los montes. k) Que se elimine la definición de “refugio”, por no ser en absoluto necesaria para los
fines del Decreto, e inducir a confusión. l) Que se revisen las limitaciones generales establecidas a la circulación de vehículos en el medio natural, limitándola en aquellos casos en que existan prohibiciones concretas, riesgos determinados o impactos sobre valores de especial protección, y no con carácter general. m) Que se modifique el artículo 7.2, referente a la retirada de transporte de residuos y basuras producidas por cada actividad en el medio natural. Dado que se trata de una obligación seguida de una recomendación, proponemos que de una vez por todas se fomente en los usuarios la pauta de llevar de vuelta la basura a su domicilio o lugar de procedencia, antes que dejarlo para su recogida en el medio natural, donde tanto el riesgo como los costes que genera su acumulación es mayor. Redactándolo de la siguiente manera “Retirar del medio natural los residuos y basuras derivados de su actividad, transportándolos preferentemente a los lugares previstos para su recogida en el medio urbano o, en su defecto, hasta un contenedor adecuado a su naturaleza y composición, con capacidad para recibirlos y no deteriorado“. *****************, a ** de ****** de 2010
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JosePlacencia

References: artículo 23
 artículo 62
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 7