Source: https://www.gtt.es/boletinjuridico/impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-consulta-vinculante-02141-19-de-13-de-agosto-de-2019-sg-de-impuestos-impuestos-sobre-el-consumo/?cat=consulta-de-tributos
Timestamp: 2020-01-29 10:29:25+00:00

Document:
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Consulta Vinculante 02141-19, de 13 de agosto de 2019, SG de Impuestos Impuestos sobre el Consumo). | GTT
La consultante es una entidad mercantil, participada íntegramente por un Ayuntamiento, que tiene por objeto la gestión del servicio de estacionamiento regulado, tanto en la vía pública como en un solar que ha arrendado a un particular, de manera que percibirá de los distintos usuarios la contraprestación correspondiente por dicho servicio.
Si la prestación del servicio a los usuarios que se realice en el referido solar se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, si genera el derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas. Si los importes percibidos por la prestación del servicio que se realice en el solar puede calificarse como tasa.
A) En relación con la posible existencia de una tasa se informa lo siguiente:
1.- El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) señala que:
Añadiendo el apartado 3 de este mismo artículo lo siguiente:
“Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por el siguiente:
u) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse.”
De todo lo anterior se desprende la naturaleza tributaria de las prestaciones satisfechas por los usuarios por el estacionamiento regulado de vehículos con limitación horaria en las vías públicas, y más concretamente la condición de tasa de las mismas.
A esta misma conclusión llega por su parte el Tribunal Supremo en la sentencia, entre otras, de 15 de julio de 2002, al establecer que la sentencia de 14 de diciembre de 1995 del Tribunal Constitucional dio lugar a una nueva regulación a través de la Ley 25/1998 convirtiendo en tasa- en lugar de precio público- la contraprestación pecuniaria por la utilización o aprovechamiento especial del dominio público.
Ahora bien, en el caso objeto de consulta, en el que el estacionamiento de los vehículos con limitación horaria se realiza adicionalmente en un terreno privado alquilado a tal fin por la entidad consultante, la contraprestación satisfecha por los usuarios no puede tener la misma naturaleza jurídica de tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local señalada anteriormente, dado que no se está ante un bien de dominio público, ni tampoco un bien patrimonial público, ya que el solar no es un bien inmueble de titularidad pública, sino de titularidad privada (el particular que lo arrienda a la consultante).
En este caso, el Ayuntamiento lo que realiza es una prestación del servicio de estacionamiento regulado de vehículos con limitación horaria mediante gestión directa con personificación diferenciada a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital social es de titularidad pública (la entidad consultante).
A estos efectos, el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece:
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.”
La prestación de este servicio público de competencia del Ayuntamiento no es de carácter coactivo para los ciudadanos, dado que no se cumplen los requisitos del artículo 20, apartados 1 y 2 del TRLRHL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del TRLRHL, la prestación por un servicio público se calificará como hecho imponible de la tasa, siempre que concurra alguno de los siguientes requisitos:
Por el contrario, en este caso la prestación del servicio no viene impuesta por una disposición legal o reglamentaria, el servicio es de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, ya que pueden optar por estacionar su vehículo en ese local o hacerlo en la vía pública o en aparcamientos privados, y, asimismo, dicho servicio también se presta por el sector privado, en concurrencia con el sector público.
Al no reunir el requisito de coercitividad, la prestación patrimonial que se establezca no puede configurarse como tasa, ni tampoco como prestación patrimonial pública de carácter no tributario (nuevo concepto introducido en el ordenamiento jurídico español por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201/23/UE y 201/24/UE, de 26 de febrero de 2014, aplicable a las prestaciones patrimoniales coactivas establecidas por servicios públicos cuando tales servicios no se prestan directamente por la Administración Pública competente, sino de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta).
El artículo 41 del TRLRHL regula el concepto de precios públicos, estableciendo:
Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20 de esta ley.”
Pero el establecimiento de un precio público requiere que el servicio sea prestado directamente por la Entidad local, circunstancia que tampoco concurre en este caso, ya que el servicio objeto de consulta es prestado por una sociedad mercantil local que se rige por el ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.ter de la Ley 7/1985.
Si la entidad que gestiona el servicio público era una sociedad privada municipal, o una empresa privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones no pueden ser calificadas como ingresos de Derecho público, sino como ingresos de Derecho privado.
En el supuesto planteado en su escrito el ente gestor es sociedad mercantil local que se rige por el Derecho privado. De tal forma que, al no darse el requisito exigido en el artículo 20 del TRLRHL y en el artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de que los servicios se presten o las actividades se realicen en régimen de Derecho público, tal prestación se puede reconducir al ámbito de los precios privados.
Por tanto, la prestación patrimonial que se establezca por la prestación del servicio de estacionamiento regulado de vehículos con limitación horaria en el solar de titularidad privada y gestionado por la entidad consultante, tendrá la naturaleza jurídica de precio privado.
2.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”
3.- Por otra parte, en relación con la sujeción de las operaciones efectuadas por las entidades que conforman el sector público, el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, con la redacción dada por la disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre), establece que no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido:
De acuerdo con este precepto, y tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante, de 5 de octubre de 2018, con número de referencia V2694-18, no tienen la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales locales, sin perjuicio de que puedan quedar no sujetas algunas de las operaciones que realice como, por ejemplo, los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que se trate de alguna de las actividades mencionadas en las letras a´) a m´) del apartado F) del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
Tampoco estarán sujetos los servicios prestados por la sociedad consultante a favor de la Entidad Local (Ayuntamiento) de la que depende o de otra Administración íntegramente dependiente de ese Ayuntamiento, salvo que se trate de alguna de las actividades mencionadas en las letras a´) a m´) del apartado F) del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
Por último, no estarán sujetos los servicios prestados por la sociedad consultante a alguna de las entidades a que se refieren los apartados C) y D) del artículo 7.8º de la Ley, íntegramente dependientes de la misma Entidad Local, salvo que se trate de alguna de las actividades mencionadas en las letras a´) a m´) del apartado F) del citado artículo.
En consecuencia, según parece deducirse del escrito de consulta, las prestaciones de servicios objeto de consulta las realiza el consultante, en todo caso, en nombre propio frente a los usuarios o destinatarios finales percibiendo por ello una contraprestación de naturaleza no tributaria, tal y como se ha puesto de manifiesto en el primer apartado de la presente contestación, de manera que, en estas condiciones, dichas prestaciones de servicios se encontrarían sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.- En relación con la deducibilidad de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por la entidad consultante, el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado podrá efectuarse siempre que se cumplan la totalidad de requisitos y limitaciones previstos por el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992.
En particular, para el supuesto que la entidad mercantil íntegramente participada por el Ayuntamiento, además de sus operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, realizara otras no sujetas por aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 7.8º de la Ley 37/1992, debe tenerse en cuenta que el artículo 93, apartado cinco, del mismo texto legal, con la redacción dada por la disposición final 10.Tres de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge una norma específica para este tipo de entidades, señalando que:
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3.º de esta Ley.”
Tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la ya referida consulta V2694-18, debe tenerse en cuenta que este apartado cinco del artículo 93 de la Ley 37/1992 clarifica la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de operaciones no sujetas efectuadas por aquellos sujetos pasivos que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En este sentido, los criterios que deben seguirse para la determinación del régimen de deducciones efectuado por aquellas entidades que tienen carácter dual, esto es, que en el ejercicio de su actividad realizan operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a los preceptos señalados, ya han sido señalados por este Centro directivo entre otras, en las contestaciones vinculantes, de 17 de marzo de 2009, número V5299-09, y de 28 de octubre de 2010, número V2353-10, y que son los siguientes:
Del total de cuotas soportadas han de quedar excluidas, de principio, las cuotas que se corresponden íntegramente con la adquisición de bienes y servicios destinados, exclusivamente, a la realización de operaciones no sujetas por aplicación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992. Dichas cuotas no serán deducibles en ninguna proporción.
Dentro de este último grupo y cuando se trate específicamente de cuotas soportadas por adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, el artículo 95, apartado dos, de la Ley 37/1992 prescribe que podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:

References: artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 85
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 41
 artículo 20
 artículo 85
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 93
 artículo 78
 artículo 93
 artículo 7
 artículo 95