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Algunas consideraciones sobre el concepto civil de ministro de culto
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concepto civil de ministro de culto y
la autonomía confesional.
GLORJA MORENO BOTELLA
Umvcrstdad Autónun m de Mndrid
El objeto del presente trabajo parte
del examen de la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2001 de 4 de
Junio que resuelve un recurso de amparo promovido por la Unión de Iglesias
Cristianas Adventistas del Séptimo Dfa
por una supuesta vulneración de los derechode libertad religiosa e igualdad en
la aplicación de la ley. La citada sentencia presenta un enorme imeré.s para
el eclesiasticista ya qtrc a pesar de qtre
la cuestión principal que en la misrna se
plantea se refiere al régimen de cotización a la Seguridad Social que ha de
prestar una persona en su calidad de
ministro de culto, lo cierto es que en el
fondo subyace una problemática de
mayor complejidad, cuál es la relativa a
la delimitación de competencias entre
el Estado y las confesiones en orden a
calificar a una persona como tal al estar
sometida a dos ordenamientos jurídicos
distintos e independientes como son el
ordenamiento jurídico de la Iglesia o
confesión religiosa de pertenencia cuya
autonomía está garantizada en el art. 6,1
de la LOLR de 5 de Julio de 1980 y es
consecuencia a su vez de los principios
de libertad religiosa y de laicidad y el
ordenamiento jurídico de Estado.
Para una mayor claridad cxpositiva.
nos referimos sucintamente al relato de
los hechos, para analizar después los
problemas jurídicos que a nuc ' l ro juicio se presentan como más interesantes
l. RESUMEN DE LOS HECHOS YALEGACIONES
La Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del S~ptimo Día presenta un
recurso de amparo con11·a la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de J usticiade la Comunidad Valenciana, descstimatoria del recurso contcncioso-adm inistrativo promovido contra la resolución
del Director General de Ordenación Jurídica y Entidades colaborodoras de la
Segurid<1d Social sobre reclamación de
diferencias de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social por los
servicios prestados por una trabajadora
de la mencionada igles.ia.
La trabajadora en c ue~.tión, durante
el tiempo en que prestó sus servic ios a
la Jglesia Adventista cotizó como ministro de culto en calidad de asimilada
a trabaJador por cuenta aJena según lo
establecido en el attículo 1 del RD 2398/
1977 de 27 de Agosto y la Orden de 2
de Agosto de 1987 por lo que no había
cotizado por las contingencias profcsio-
'Salcedo Hem:lndc1, J R:, La condiCión de numstro do cullo y •u in·
c 1dcn~ia en el r~gimen de cociznc16n
a In Seguridad Social: cricerio<parn
dccenninar la cond1c1ón de mmistro
de cuho, en Arruuadi Social. n• 9.
Sepciembrc 2001. p. 33. Un estudio
jurisprudenc1al muy completo sobre
lo• minbtro> de cullo J>UCde verse
en: Marcos Gollzález. El ~inbtro de
cuho en la Juri<prudencin del TS, en
Derecho y Opinión n• 8. Córdoba
2000, p. 79 y SS.
nales sino por el tipo único de cotización vigente en el Régimen General de
la Seguridad Social con deducción de
las fracciones correspondientes a las
contingencias comunes excluidas de la
acción prOtectora. La Adminislración
entendió que tal forma de cotización de
la trabajadora fué incorrecta pues se
debió cotizar por el tipo general y no
por el reducido sobre la base de una
doble argumentación. En primer lugar,
porque el régimen de los Ministros de
Culto de la Unión de Iglesias Cristianas
Advemistas del Séptimo Día contenida
en la Orden de 2 de Marzo de 1987 sólo
es aplicable seg(tn el artkulo 1,2 ·•a los
que se dediquen de forma eslable y exclusiva a las func iones de culto, asistencia religiosa y formación religiosa",
ló que no se puede hacer ex1ensible a la
trabajadora que lo habfa hecho en calidad de ayudante de cocina. En segundo
lugar, porque la trabajadora había sido
trabajadora por cuenta ajena en sentido
propio y específico y no a~i milada, lal
y como se reconoció por ambas partes
II. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
Son muchos los problemas de fondo
que subyacen en esta sentencia, sin embargo nos fijaremos sólo en aquellos
:~spcclos que mayor relación guardan
con el derecho fundamental de libertad
religiosa y con el objeto de estudio del
Derecho Eclesiástico, y eneste sentido,
nos fijaremos en los siguientes puntos:
11.1. Consideración de minislro de culto: Diversidad tenninológica y legislativa.
11.2. Carácter de la relación que une a
un religioso con su comunidad.
ll.J. La calificación "ministro de culto" y los principios de libertad religiosa y laicidad.
11.4. Autonomía y libertad de las Con-
Contra las resoluciones de las sucesivas instancias judiciales y adnlinistral. CO:'IISIDERA CIÓ ' DE MINIStivas, la demandante de amparo sostieTRO DE CUI;f0: J)IVERSIDAD
ne que se ha vulnerado su derecho a la
TERMINOLÓG ICA Y LEGISlibertad religiosa en su vertiente comuLATIVA.
nitaria, pues es a la Federación de Entidades Evangélicas de España a la que
corresponde decidir sobre la consideraEl problema de fondo que aquf
ción de sus ministros de culto y en sesubyace es el de la detenninación de Jos
gundo lugar el derecho a la igualdad
límites de la autonomía reconocida a las
pues para la demandante es aplicable al
confesiones religiosas en virtud del decaso la doctrina sentada en la STC 63/
recho fundamental de libertad religio1994 de 28 de Febrero en virtud de la
reconocida y garantizada en el artí.c~w} ·'.w se~'--~ c:UJ._,r:~~" k •1m.."'a41 ,1s
culo 6.1 de la LOLR de 5 de Julio de
relación existente entre una religiosa y
1980. Es1a precisión es importante a la
su comunidad, pues la trabajadora tiene
hora de saber sí verdaderamente se ha
la condición de "profesan te- comulgante
respetado aquella, en cuanlo a la delcrcon cualificación profe.~ io nal de misiominac i6n de las personas que para una
nera autorizada".
determinada confesión religiosa son
consideradas como ministro de culto y
El Tribunal Constitucional desestiasí sustraerse aJ.Derecho Común o Gema el recurso en base a una serie de arneral, sometiéndose por el contrario a
gumentos jurídicos fnsitos en los pronormas especiales mucho más benefiblemas que se plantean en el supuesto y
ciosas desde el punto de vista económique seguidamente pasamos a exponer.
co para la confesión religiosa o entidad
religiosa dadora de trabajo. En efecto
"supuestos del tipo del que se describe
en la presente sentencia no son del todo
infrecuentes, habida cuenta que las condiciones favorables de cotización en relación con las prestaciones a que da derecho han incitado. en más de una ocasión, a acwacioncs fraudulentas con
objeto de obtener un beneficio fiscal. Por
ello se hace preciso una clarificación en
relación a las personas que, efectivamente son titulares de un auténtico derecho a disfrutar de los beneficios contemplados en las disposiciones legales
vigemes en esta materia" 1•
ca, de Confesiones con Acuerdo o de
Confesiones rcl igio~as in eritas '.
No obstante y pese a c~tas dificultades se han intentando ofrecer algunas
defini ciones de ministro de culto por
pane de la doctrina.
En este sentido, Ramfrez NavaJón
ennendc por ministro de culto: "aquella
persona física que se dedique con carácter e1table al ejercicio de funciones religiosas (culto, enseñanza religiosa y asistencia) que haya sido designada por una
El tema presenta notables dificulta- confesión religiosa inscrita en el Regisdes, pues en primer lugar, no existe una tro de Entidades Religiosas y así lo dedefinición común por pane de este sec- muestren mediante la oportuna cctti ficator del Derecho del Estado de lo que se ción del órgano de gobiemo corrc~pon­
cleba de entender por ministro de culto, diente a la misma"' .Otros autores lo dey, en segundo lugar se trata éste de un finen como el "sacerdote o equiparado
tema que hasta ahora ha sido marginal que según las distintas Iglesias o confeen nuestro disciplina y sólo atendida por siones religiosas se hallen habilitados
la doctrina laboralista, aunque son ya pam el ejercicio de la actividad cultual y
varias las monografías que se ocupan del de otras funci ones o competencias de
personal eclesiástico, o, religioso en acuerdo con el Derecho Canónico o los
general ~estatutos de las diversas co nfcs ionc ~ rcligiosas"s. Por su parte, la profesora
Una dificultad añadida se encuentra Fuentes Bajo entiende que "una recta
en el hecho de que a veces se utilizan interpretación de los principios con!>liindistintamente diversas denominaciones tucionales de igualdad y aconfesiocomo si tuviesen un mismo significado nalidad del Estado, obliga a que el Derey sin ningúntipo de precisión, asi se ha- cho Eclesiásuco actual englobe en una
bla de eclesiásticos, curas, clérigos, reli- categoría genérica el ténnino de minisgiosos, ministros sagrados, ... etc.
tro de culto. para referirse a aquellas personas, a las cuales las confesiones re liPor otra parte, el principi o de gio as encomiendan cclebtaf las activilaicidad impide que el Estado y pese a dades de culto y dcdicar~c a inteqJrctar
que se trata de algo que opera en el ám- estudiar y enseñar los principios teobito de su propio ordenamiento y tiene lógicos. contenidos en su credo, a los fieconsecuencias jurídicas ad extra, pueda les del grupo religioso de que se trate··•.
delinear un concepto de ministro de culto, habida cuenta por lo demás de que
Mayores dificultades plantea el tére~ un concepto que teniendo claras conmino si lo utilizamos para referimos a
notaciones religiosas se debe prefijar por los de la Iglesia Católica, cuya noción
la confesión o Iglesia a la que dicha ca- exige mayor esfuerzo de deli mitación
tegoría de personas pertenezca o desa- ya que en este supuesto, el Estado acepta
rrollen su actividad ministerial y no po- la definición que del ténnino, suminisdemos olvidar que son muchas y muy tre la Iglesia Catól ica y que operará
1•ariadas las estructuras eclesiales y los como pr~supuesto para aquél, y es que
esquemas adoptados por las diversas como ha señalado la doctrina aunque la
Iglesias, lo que se observa de una sim- Iglesia no emplee este ténnino, de los
ple mirada a la legislación especifica cánones 207 y 1009 del vigente código,
sobre esta categoría de personas con dis- se deduce que uti liza otros para referirtintos prerrogativas y tratamientoscgím se a él, tales como ministro sagrado. clése trate de personal de la Iglesia Cató Ji- rigo o eclesiástico que aparecen como
Cfr. Rtgimeu Jurídico e-p:ulol del
tr.JOOjo de eclesi.isttco' y religtoso<.
Madrid 1991; El ""u' juñdtco de
los reltgtoso• en d Derecho e>pailol. Mndrid 1997: Derecho laboral
y seguridad social de los miembros
de órdene~ y congre~ncinne.< relig¡osn<. Alcalá 2000; .. Rég¡meo jundtco del Mmmro de culto en E;.
pañn > Franda. Granada 1999,
td:>l Gallardo. TrabaJO y Seguricbd SOC1al de lo; rruembro' de la
l~t"' '" Ca~óhca. VaUodolíd t996
Sobre e<te pan1cutor, Vid, Iban
I.C., y t'rieto San~ht>. Leccionc>de
Dcredtu Ecle'lá:.tico. Madrid 1985.
p. t67 >.s. Tamb t~n. Fuente.' ll•jo,
G., l-1< Confes1ones religiosos. en
Cul'loo de Derecho Ed c,¡;i.\tico del
Estado. (dir. Manín Sancbez. l.
Vakncia t997,pp24l-2-18 Andrts
Corsmo - Áhtt.re< Conma. MioisLros de Culto. eu Tratado de Dere
cho Ecle,;á.,tico. P.ompto11a t994,
pp. 865-81)3 cte.
' Ramírez N.tv:tlón. R.M', lo> Mlnt~tm.< de culto, en AAVV, Acuerdos del E'tado e;pailol con lo:. j odí():¡., mu~ulmnn~(l y prol e.,l ante.~.
Salamanca t94l.p. l44. ld.Eicon<-cpto de Mull\tro y de lugar de culto en la' teyo< 24,25. y 26 de 1Ode
Nov1embre de t 992. <'n E;tudto>
Jurfdtco• en homenaje a Vida!
Guitane. Casteltón 1999. p. 771778. Vid tambttn, Gan:ia Pardo, El
cootentdo de lo• Acuerdo:. prev"to> Cll el antculo 7.1 m la Ley Orgánica de Libenod Reltgto'", en
ADEE. XVI. 2000, pp. 268 -275.
' Mohna Meliá, A Y Olmo' Onego, M' 1::., Lcgtslación Eclestástica, 7° cd. Madt i<.l 1995. p. 780.
" Fuenteq BaJO. G., Mtmstros de
culto. en Cun.o de Derecho Ecle-
siástico (dir. Martfn Sánchez ). cit
P. 24 1.
' Cfr. Alberca de Castro. Régtmcn
JUrídtco de los nunistro> de cullo en
&pal1a y Fmncía, cit. P 7.
Ley 2411992 de tOdc nuvtcmbre.
' Ley 2511992 de 10 de Noviembre.
Ley 26 11992 de 1Ode Novicmbre.
El RO 369/t999 de 5 de Marw.
deroga la anterior orden de 2 de
Marzo de t987 sobre inclusión de
lo~ M1nistro• de Cuila de la Unión
de lglc>ias Adveutistns del Séptimu
Dla al Rég1men General de la Seguridocl Social.
términos equivalentes y designan a las "las personas físicas que, hallándose en
personas que han recibido las ordenes posesión de la titulaciónde rabino, dessagradas en cualquiera de sus grados: empeñen sus funciones religiosas con
episcopado. presbiterados o diaconado1. carácter estable y pen11anen1e'>9. Por úlPara nosotros y pese a estar de acuerdo limo, el Acuerdo de cooperación con la
con la anterior afirmación de que el Es- Comisión Islámica de España considetado ha de tener en cuenta como presu- raque son dirigentes religiosos islárnipuesto básico el concepto canónico de cos o imanes: "las personas ffsicas deministro de culto, lo que es una conse- dicadas, con c<trácler estable, a la direccuencia lógica por el peso histórico que ción de las comunidades .... a la direcla Iglesia ha tenido y aún tiene en Espa- ción de la oración, formación y asistenña, y por la importancia que tiene el cia islámica" 10•
Ordenamiento jurfdico de la Iglesia, el
En relación al supuesto planteado en
Derecho Canónico, para regular todas
las cuestiones internas a la vida de la la sentencia objeto de nuestro comentaIglesia y cuya autonomía se reconoce rio, la solución es más sencilla, pues a
en el artículo J,1 del A.J ., lo cierto es las anleriores definici ones hay que añaque es preciso reclamar una noción le- dir la defi nición que de ministro de culgal del ténnino más general y así consi- to ofrece el arúculo 1,2 de la Orden de
,derar como tales: "aquella categoría de 2 de Marzo de 1987 que en materia de
personas miembros pertenecienles a un Seguridad Social de los Ministros de
determinado cuerpo social llamado ge- Culto de la Unión de Iglesias Cristianas
nérica y legalmente confesión que sien- Adventistas del Séptimo Día, exige para
do designadas por el órgano competen- su consideración "la dedicación estable
te de la confesión respectiva y median- y exclusiva a las fu nciones de culto, asiste el procedimiento previsto le hayan tencia religiosa o fo n11ación religiosa"
sido encomendadas el ejercicio de las y que la misma sea acreditada por la
actividades que son propias de su mi- certificación oportunamente expedida
nisterio" y en especial las referentes al por la autoridad competente de la enticulto y al apostolado o como establece dad religiosa de pertenencia e igualmenel articulo 1del AJ de 3-1 -79 con la lgle- te el RO 369/1999 de 5 de Marzo sobre
sia Católica, las actividades de "culto, inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de los ministros de
jUiisdicc ión y magisterio".
culto de las Iglesias pertenecientes a la
En relación a la normativa vigente Federación de Entidades Religiosas
en esta materia, la LOLR de 5 de Julio Evangélicas de España, qué como luede 1980 se refiere a los ministros de go veremos es la disposición vigente
culto en el artículo 2,2 al incluir como ahora en la materia, tras definir en el
uno de Jos derechos reconocidos a las artículo 2 a los "Minisiios de culto", se
confesiones religiosas, el de "designar refiere a la necesidad de que tal consiy formar a sus ministros''. Por su parte, deración venga avalada por aquélla cerel ruifculo 3 del Acuerdo de Coopera- tificación al establecer que:"la acredición del Estado con la Federación de tación de dicha condición se efectuará
Entidades Religiosas Evangélicas de mediante cettificación expedida por la
España (FEREDE) considera ministros Iglesia o Federaciónde Iglesias respecde culto a "las personas físicas que es- ti va, debidamente inscrila en el Rcgistén dedicadas con carácter estable a las tro de Entidades Religiosas. Dicha cerfunciones de culto o asistencia religio- tificación deberá acompañarse de la consa y acrediten el cumplimienlo de estos formidad de la Comisión Permanenle de
requisitos mediante cenificación ex pe- la FEREDE'' 11 •
dida, por la Iglesia respectiva, con la
En el presente caso, el recurso de
conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE" 8• En el mismo senti- amparo sobre reclamación de diferencias
do, el Acuerdo con las Comunidades de cotización al Régimen Geneml de la
Israelitas de España e ntiende por tales: Seguridad Social es denegado por varias
razones: en primer lugar porque la trabajadora durante el tiempoque pre$1Ósus
servicios en el Seminario de Sagtmlo de
cotizó en calidad de asimilada a trabajador por cuenta ajena, por lo que no había
cotizado por las contingencias profesionales sino por el tipo único reducido y
no por el gencrnl, como era lo propio ya
que esta trab<~adora era en sentido propio y específico una trabajadora por
cuenta ajena y no asimilada, tal y como
había sido expresamente reconocido por
la trabajadora y la entidad recurrente de
manera expresa e inequívoca en el acto
de conciliación, pero además el sistema
de cotizaciótl que se había efectuadosólo
es aplicable a los ministros de culto es
decir "a los que se dediquen de fonna
estable yexclusiva a las funciones de culto, asistencia religiosa o fonnación religiosa" no pudiendo hacerse extensivo a
otras actividades distintas a las citadas
como por ejemplo -tal y como dice la
sentencia -cocina del colegio, docencia
etc. Yes evidente que en el presente su·
puesto la trabajadorn (ayudante de cocina) no puede ser calificada como ministro de culto y cotizar por el tipo reducido
pues la "adopción de un régimen especial de cotización más beneficioso exige
que se certifique la pe11enenciade la persona a la Iglesia Adventista y que en tal
certificación conste que dicha persona se
dedica de forma estable y exclusiva a las
func iones de culto, asistencia religiosa o
formación religiosa. En el p<esente supuesto sólo se cuenta con un documento
privado en el cual la pm ona afectada
afmna sucondiciónde profesantecomulgante de la Iglesia Adventista con cualificación profesional de misionera auto·
rizada, pero sin que conste con claridad
su condición de ministro de culto"' 12, lo
que significa en definitiva que fal ta el
requisito fom1al relativo a la acreditación
de que dicha persona era ministro de culto
por no cumplir los requisitos legales establecidos en la Orden de 2 de Marzo de
1987, y en el artículo 3,1 del Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España que exige la ce1tificación
expedida pcr la Iglesia respectiva con la
conformidad de la Comisión Pennanen-
te de la FEREDE que es el órgano competente para expedir la certificación, extremo éste que no se ha llevado a cabo
en ningún momento 11 • Esta es la única
soluciónposible con la legislación vigente en su momento, no podemos olvidar
que el supuesto se plantea en 1997 y en
esta fecha es de aplicación la Orden de 2
de Agosto de 1987, de acuerdo con la
cual la trabajadora no puede ser califtcada como ministro de culto. siendo su relación jurídica una auténtica relación laboral tal y como señalan las distintas instancias procesales que se ocuparon del
aswno. Y la misma solución cabria esperar hoy con la vigencia de la orden de
5 de Marzo de 1999 si sólo y exclusivamente se hiciera depender aquella consideración del dato de la certificación
confesional que acredite dicho extremo,
sinembargo, la Orden de 1999 añade un
requisito que onútía la legislación anterior ydel cual se hacía depender por parte de la jurisprudencia el carácter jurídico laboral de una determinada relación ;
nos referimos al carácter económico de
la relación. En efecto. el artículo 2 de !a
Orden de 5 de Marzo de 1999 establece
que se entenderá por mi nisrro de culto:
"la persona que esté dedicada con carácter estable a las fu nciones de culto oasistencia religiosa, siempre que no desempclie las mi~mas a título gratuito" es decir y a sensucontrario parece que, según
esta Orden es requisito fu nclamcntal para
la consideración de ministro de culto que
se trate de una persona que ejerza el culto o la asistencia religiosa de forma retribuida. De tal manera que el razonamiento que sirvió para que el Tribunal
Constitucional denegara el an1paro (tipo
de actividad de la trabajadora y ajenidad
de la relación juridica, en el sentido de
ausencia del interés de ganan~.;i a, fundamentalmente) no constituiría hoy un argumento válido por si mismo, lo que en
definitiva nos lleva a concluir que un
extremo detenninante en orden a la resolución del supuesto gira en tomo a la
determinación de la verdadera naturaleza de la relación jurídica existente entre
una comunidad religiosa y sus miembros,
extremo que pasamos a exponer.
" STC 1281200 t de 4 de Junio,
BOE 3 de Julio de 200 l.
Cfr. Salcedo H emánde~,J. R ., La
condici ón de Ministro de culeo y su
tncidencia en el régimen de cotiUL·
la Seguridad Social, cit. p.
"Cfr. Moullo de la Calle. A.. Derecho laboral y Seguridad Socoal de
tos miembro~ de órdenes y coogregacione.• reilgJosas.. en.. p.4 t y >>.
Vid con caricler genero! sobre el
contr.uo de lrobaJO. Alonso OleaCasto< 8aamonde. Derecho del 1mbajo. Madrid 1993.
de la mi ma, y es que tal y como establece el artículo 1.1 del ET cuando se
refiere al ámbito de aplicación de la ley
la relaciónjurídico-laboral es aquél traDAD.
bajo realizado por "trabajadores que
volunmriamente prestan sus servicios
Uno de los extremos alegados por la retribuido~ por cuenta ajena y dentro del
recurrente en amparo se refiere al ca- ámbito de organización y dirección de
rácter no laboral de la relación jurídica otra persona física o jurídica denomique une a un religioso con la comuni- nada empleador o empresario" o como
dad o asociación religiosa de pcrtenen- señala la doctrina es aquél trabajo en el
cia, refiriéndose al supuesto contempla- que concurren unas características prodo por la Sentencia del Tribunal Cons- pias y especfficas que lo diferencian de
titucional63/l994 de28 de Febrero que cualquier otra relación jurídica y en el
contempla el caso de una religiosa que concurren las notas de produclivisecularizada, que ha prestado servicios dad, ajcnidad y dependencia" de tal
como profeso ra en la Congregación manem que, faltando cualquiera de esas
Siervas de San José de 1950 a 1971 y notas. no podemos hablar de una auténreclama de ésta el abono de la diferen- tica relación contraciUal de trabajo y así
·cia para obtener el l 00% de la pensión lo reconoce también la jurisprudencia
de jubilación alegando violación de la que niega tal consideración al trabajo
igualdad y discriminación por motivos realizado por unas religiosas trabajadoreligiosos con respecto a otros profeso- ras respecto de su congregación por falta
res seglares. El TC deniega el amparo y de ajcnidad (STC de 15 de Enero de
centra el supuesto en la detenninación 1987) o por falta de retribución econódel vinculo laboral existente entre la mica u onerosidad típica de la relación
religiosa y su comunidad, señalando de trabajo (STC 6311994 de 28 de Feque: "El trabajo docente realizado por brero).
la denunciante no era ajeno a sus comEste requisito de ausencia de oneropromisos como profesa. La pertenencia
a la comunidad religiosa ... suponfa la sidad, que es el que sirve de fundamendisposición de ella a aceptar voluntaria topara negar el carácter laboral de una
y desinteresadamente ademá~ de los tra- detenninada relación jurídica en la STC
bajos en beneficio de la comunidad de 28 de Febrero de l994, y que se aleaquellas otras tareas no genuinamente ga por la parte recurrente en el supuesto
religiosas como la actividad docente, que comentamos. si estd presente en el
orientadas al servicio de ciertos secto- caso resuelto por la sentencia de 3 de
res de la sociedad .... su relación con la Julio de 2001 aún cuando no parece sea
actividad del centro estaba imbuida. por aplicable al caso. En efecto, la STC de
encima de todo, de una espiritualidad y 28 de Febrero de 1994 niega el carácter
de un impulso de gratuidad, en virtud laboral de la relación que une a un relide la orofcsión relieiosa v de los votos eioso con su comunidad oor fal lar en
de obediencia y pobreza contmídos, que este caso la contraprestación económiimpiden domr de naturaleza contractual ca, (aunque, como la propia jurisprudenla actividad educativa desempeñada por cia señala ,este requisito no tiene que
la recurrente dentro de la propia comu- ser siempre entendido con carácter abnidad religiosa y disciplinada por vfn- soluto), pero además, mientras en !asenculos de carácter espiritual en atención tencia de 1994 se alega discriminación
a consideraciones altnoislas extrañas a por motivos religiosos entre unas pcrlas relaciones contractuales de trabajo" sonas respecto de otras (religiosa y se(fundamento de derecho cuarto), es de- glares), en el supuesto que se enjuicia
cirque el Tribunal Constitucional niega en la STC de 3 deJulio de 200l, noexisel carácter laboral de la relación jurídi- te esta hipotética diferenciación entre
ca ba~ándose en la falta de onerosidad personas con igual formación, sino que
de la relación y en el carácter altruista lo que se pide precisamente es un trato
2. CARÁCTERDELARELACIÓN
JURÍDICA QUE UNE A UN REUGIOSO CON SU COMUNI-
diferente y privilegiado por el hecho de
que la trabajadora ostentaba la condición de núsionera autorizada 11 y "por
tanto un trato diferente en atención a esa
circunstancia (fundamento de derecho
cuano). Por otro lado. la citada sentencia sostiene la no aplicación al caso de
la sentencia de 28 de Febrero de 1994,
ba~ándose en otra diferencia yes la aplicación de la Orden de 2 de Marzo de
1987 que condiciona la existencia de un
régimen diferente de cotización a la Seguridad Social a la cualidad de ministro
de culto como persona que se dedica de
forma estable y exclusiva a las funciones de culto , asistencia religiosa o formación religiosa. En ambos casos se
deniega el amparo sobre la base del requisito de la contraprestación económica o ausencia del interés de ganancia,
en la sentencia de 28 de Febrero de 1994
se niega el carácter laboral de la relación por falta de aquél requisito, mientra~ que en la sentencia que comentamos es precisamente la existencia de ese
requisito, lo que hace que se califique
la relación jurídica como típicamente
laboral al afirmar que prestaba servicios
como ayudante de cocina, percibiendo
por eUo un salario o contraprestación
económica, lo que además fué reconocido por la propia Iglesia Adventista.
En definitiva, parece que nuestra jurisprudencia niega el carácter laboral de
la relación entre un religioso y su comunidad o confesión para la que presta
sus servicios cuando falta alguna de las
notas características del contrato de trabajo, y a sensu contrario, laboraliza una
determinada relación jurídica basándose en la existencia de una contraprestación económica llegando a la consecuencia inexplicable de negar la condición de núnistro de culto a las personas
que pese a ser así consideradas por la
Iglesia o Confesión religiosa en la que
prestan sus servicios tstos son reuibuidos, con lo que volvemos de nuevo al
problema inicial de nuestros planteamientos que no es otra que el relativo a
La detcnninación de qué sea ministro de
culto y qué autoridad confesional o estatal es la competente en orden a su
El problema se complica porque en
relación precisamente con los Ministros
de Culto de la Iglesia Adventisla del
Séptimo Día, la normativa vigente no
es ya la Orden de 3 de Marzo de 1987.
que ha sido derogada por el RD 369/
1999 de 5 de Marzo sobre inclusión de
los Ministros de Culto de Las Tgles1as
perteneciemes a la FEREDE en el Régunen General de la Seguridad Social,
cuyo anículo 2 entiende por Ministro
de culto: "la persona que esté dedicada
con carácter estable. a las funciones de
culto o asistencia religiosa, siempre que
no desempeñe las mismas a título gratuito" y que contiene dos diferencias
importantes con respecto a la Orden del
3 de Marzo de 1987: en primer lugar,
resuinge las funciones de ministro de
culto ya que sólo se refiere al culto y la
asistencia religiosa, omitiendo i.oda referencia a la foro1ación religiosa que si
existía en la noro1ativa anterior (se sigue el criterio del artículo 3 del Acuerdo); y en segundo lugar, establece la
necesidad de retribución económica en
el desempeño de esas funciones de culto o asistencia religiosa; de tal manera,
que con la nueva nonnativa, para calificar a una persona como ministro de culto, al menos de las pertenecientes a las
Iglesias de la FEREDE, es preciso que
las funciones propias de su ministerio
por ellas realizadas sean retribuidas, con
lo cual y en el supuesto que comentamos, el argumento que servia precisamente para denegar el amparo que era
la existencia de retribución económica,
deja de ser definitivo o al menos necesario para calificar una relación jurídica como laboral o no laboral y ~c r susceptible de seguirse un régimen distinto de Seguridad Social .
En definitiva, a partir del RD de 5
de Marzo de 1999, La definición de ministro de culto no es la misma que con
La anterior normativa, siendo ahora indiferente para su consideración el hecho de que e:r.ista una contraprestación
econónúca o de que aquella no elC.iSla,
planteándose además con la nueva normativa un problema de legalidad de extraordinaria importancia, pues en la ley
24/1992de JO de Noviembre por la que
('fr. Salcedo Hcmándt<. La con-
dici ón de Mini>tro de culto ... ciL.
'' Cfr. Anfculos 16, S) de In L.O. 7/
1\185 de 1 de Julio sobre derechos y
dcberc> de los extmnjeros en Españ~. (BOE n• 15H de 3 de Julio): Ans.
1 y 8 de la Orden de 8 de Mayo de
1997 oobrc: Exc<pcioues a la obtención del penn1so de trabajo CBOE
n• 11 4 de 13 de Mayo). An. 4J.J.h
de la L.O. 4/2000 de 11 de Enero
¡,obre derechos y lib<I1Jdes de los
e<trnnjero< en &pana y <u lntegr:¡Ci ón soc1ai 1BOe de 12 Enero).
" Sobre l• autooomra de la> Coore<Jones Cfr. Moreno Botella .G.. l:l
autonom fa de la fgle<Ja catóhca en
el Ordenamiento Julidico e~pañol.
Madnd 1988. Id. L.1 1demidad propia de los grupos re hgio>O>. el artículo 6 de la LOLR. Madrid 1990
Alarc6n. Confe"ones y Entidad« religiosas. en Derecho Ecle-
LóJX'Z
Siá>IICO del
E>!ado copaiiol. Pamplona 1980, p.240-245. Otaduy
Guerin, Régi01en jurfd1co español
del trabajo de eck>iósticos.. cu. pp.
46-54 ... etc En el ámbito europeo,
un con mero lgle,I3·Es1ado en tor·
no al nombmnucnto de un Uingcnte
religio>o e< el que se comemplu en
el c:L<O Senf comra Grecia de 14 de
Diciembre dt 1999 que reoutlvc a
fJvor de la autonnmr., i111ema de las
Confe<iones. El ~-onflicto >e produjo por el nombramiento de un dirigente religioso i ~l ~mi co (Mufli) en
una región de Grcc1a (Travia) que
po>ec una grun población lllU>ulmano de origen Turco El Estado ju>tifica ¡,u intervención en el nombra·
ffil<nto debido alns Ullpol1aJIIC>fuociOn~ judictaJe" y admmistr.nivas
que ejercen los Muftis. La sentencia afirmaba que: "e>ccpto cuando
~~ .bur.Hill'
o n.1..l..~Ultui.AI\.'l\n.l ,it1)N"
no>a - el 8tado no eotá legitimado
par:t in terferir unn cuesllón ,.,,.._
n1ente rel1giosa que ha s1do decidida por un:' comuiJidnd t e ligio~a. inclw,o aunque esn comunidod ~ e:ncuenrre diviclid:t por opiniones
opuestos sobre ct tcm a y l"'cde produ<.ir.,e en con:,ecuenri:l, una ciena
en la determinación de las personas que
hayan de ser consideradas como "ministro de culto". En este sentido, la enlidad demandante de amparo sostiene
que se ha vulnerado su derecho de libertad religiosa en su vertiente comunitaria del artículo 16 de la Constitución,
pues de conformidad con la Ley Orgánica de liberlad religiosa de 1980 y la
Ley 2411 992 por lo que se apmcba el
Acuerdo de Cooperación del Estado con
In FEREDE, a ella y no al Estado corresponde determinar quiénes son sus
En cualquier caso y por si esto fuera ministros de culto, lo que a su vez está
poco, a la diversa y contradictoria nor- reconocido en el artículo 6 de la LOLR
mativa ya existente en esta materia, se cuando habla de la aulonomía de las
viene a añadir ahora un nuevo conceplo Iglesias, Confesiones y Comunidades
de miniMro de culto cuando se trate de religiosas inscritas para establecer sus
extranjeros que van a ejercer las fu ncio- propias nonna~ de organización, régi. nes propias de su ministerio o apostola- men interno y de su personal, alegando
do en territorio espa1iol.
por eso la recurrente que "es improcedente que el Tribunal Superior de JustiEn efecto, la Ley Otgánica 4/2000, cia califique como laboral la relación
modificada por la Ley Orgánica de 22 existente entre la Iglesia Adventista y
de Diciembre sobre derechos y liberta- una persona que ha quedado acreditades de los extranjeros en E~paiia, al re- da, conforme a la Iglesia Adventista, con
ferirse a las excepciones para la obten- la condición de misionera autorizada''.
ción del permiso de trabajo, enumera
Efectivamente, la competencia para
entre una serie de personas, a los Ministros de Culto ("ministros religiosos calificar a una persona como ''ministro
o representantes de la diferentes Igle- de cuho'' corresponde a la confesión
Sias o confesiones" an. 4l,l,h), Cl!lable- respectiva. sin embargo eslo no se disciendo una serie de requisitos para ob- cute, lo que se discute ciertamente es si
tener tal condición, como más tarde ten- tal extremo, no ha sido tenido en cuenta
dremos ocasión de examinar, y entre los por las sucesivas instancias judiciales)'
que ahora interesa destacar el relativo ello ha dado lugar a la violación de la
al carácler gratuilo o no lucrativo de las libertad y aulononúa organizati va de la
funciones que tales personas se propo- Iglesia Adventista. Pues bien, corno se
nen de. empeñar. 16
pone de relieve en las alegaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal. se apoyaría el amparo si se demostrara acreilitatln la rnndición de mini<tro de culto
3. LA CALIFICACIÓ~ "M INIS- de la persona y que la misma prestard
TRO DE CULTO" Y LOS PRIN- servicios que derivasen de sus comproCIPIOS DE LffiERTAD RELI- misos religiosos fuera de cualquier otra
GIOSA Y LAICIDAD.
cot1sidcración, sin embargo en el presente supuesto sólo se cuenta con un
documento privado en el que la persoUn papel importante en este tema. na afectada afirma su condición de
juegan los principios de libertad religio- profesanle- éomulgame de la Iglesia
sa y laicidad asf como la inlerprelación Advenlisla con cualificación profesiodada a los mismos por la doctrina del nal de misionero autorizado pero sin que
Trihunal Constitucional, ya que de su conste claramente su condición de mialcance y contenido dependerá la con- nislro de cullo.
creta compc1encia estatal o confesional
se aprueba el Acuerdo de Cooperación
cmre el Estado y la Fedcr~ci ón de Entidades Religiosas Evangél ica~ de España. al definir en su artículo 3 a los Ministros de Culto como personas físicas
que estén dedicadas con carácter eslable a las funciones de cullo o asistencia
religiosa, omite toda referencia al carácter oneroso o gratuito de aquellas, y
puede por tanto producirse una gran
contradicción legal en un asunto tan
delicado como es éste.
En cuanto al significado de la libertad religiosa, no parece que la misma se
haya violado, pues del a doctrina del Tribunal Constitucional sobre la dimensión
colectiva del derecho de libertad religiosa condensada en la STC 46/2001 de l S
de Febrero, tal como señala la propiasentencia objeto de nuestro estudio, no se
desprende que la calificación de laboral
otorgada a la relación existente entre la
entidad demandante de amparo y la misionera en cuestiónentrañe una violación
del derecho de libertad religiosa y por
ende de la autonomía organizativa de la
Iglesia Adventista garantizada a todas la~
Confesiones Religiosas inscritas enel artículo 6,1 de la LOLR 11 , ya que no existe nada que impida o límite el ejercicio
de aquél pues lo único que ha hecho la
Administración es calificar una determinada relación jurídica como laboral de
acuerdocon la legislación vigente a efectos de determinar el régimen de cotización a la Seguridad Social. Se trata tan
sólo de una mera cuestión de legalidad
pues la libertad religiosa delartículo 16,1
de la CE implica el reconocimiento de
"un ámbito de libertad y una esfera de
agere 1ice re .... con plena inmunidad de
coacción del Estado o de cualesquiera
gn1pos sociales" (SSTC 24/1982 de 13
de Mayo de 16611996 de 28 de Octubre).... contenido del derecho de libertad
religiosa que se traduce en la posibilidad
de ejercicio, inmune a toda coacción de
los poderes públicos de aquellas actividades que constituyen manifestaciones
o expresiones del derecho de libertad religiosa del artículo2 de la LOLR.".... No
puede decirse que el derecho de libertad
religiosa haya sido vulnerado... El acto
de liquidación no ha supuesto ninguna
actuación ni ingerencia externa alguna
por parte de los poderes públicos en las
actividades de la entidad religiosa recurrente que haya restringido, condicionado y obstaculizado el ejercicio de su libertad de actuación conforme a determinado credo ..." 18.
sona puede ser o no considerada como
ministro de culto de una confesión, vulnerando así el principio de laicidad o
neutralidad confesional que por esta
misma razón concu lcaría. como señala
la entidad recurrente, el derecho de las
confe.~ iones a establecer su orgauización, régimen intemo y de personal o lo
que es lo mismo la autonomfa organizativa. Sin embargo, esta afinnación hay
que matizarla, pues si Jo que se discute
es si la administración puede o no puede calificar como laboral una detcnninada relación jurídica que se desarrolle
en el seno de una entidad confesional,
la respuesta es evidente: la autonomía
de las confesiones es una autonomía ·'ad
intra": ahora bien, en el momento en el
que surjan relaciones o situaciones "ad
extra"' como es el ;ímbito de las relaciones laborales, el Estado es t.:l único competente para regularlas, y por tanto si
pru1imos del hecho de que en este supuesto la Administración entiende que
la persona en cuestión no tiene la condición de ministro de culto de acuerdo
con la normativa vigente, y lo ún ico que
hace es calificar la relación j urídica de
laboral no podemos afimmr que se haya
producido una ingerencia en la autonomía interna de la Iglesia Adventista,
pues '"si la Iglesia Adventista hubiese
establecido un sistema propio y la Administración hubiera intervenido, entonces si que se estaría mermando su autonomfa; pero en este caso, la administración lo que hace es velar por el cumplimiento concreto de aquellas normas de
las que tnua de beneficiarse una determinada entidad religiosa. Esto no significa una intromisión como consecuencia de haber impedido a la I glesia
Adventista detenninar quienes son sus
ministros de culto, esa libe11ad sigue
existiendo, pero no para acomodarla de
forma que se utilice con la finalidad de
beneficiarse de una normativa por encima de la realidad de la función religiosa llevada a cabo por la persona" 19
Por otro lado, se podría añadir igualmente que la administración se ha arrogado competencias que no le corresponden a la hora de calificar este supuesto,
entrando a enjuiciar si determinada per-
Si bien es verd ad que la Iglesia
Adventista no ha establecido ningún sistema de cotización a la Seguridad Social distinto al Estatal y que por ello no
hay ingerencia de este úl timo, sino sólo
- tensión sucia! - ·· Manínez
ToJTOn. La prolección de 13 libertad religiosa en el sis1emn det ConSCJO de Europa. en Protección Nacional e lnlcrnacionul de la libertad religiosa (Dir. De In Hera y
Mrutinez de Codes) Madrid 2001 ,
p. 118, el cual señala que una doctrin3 smular ha sido mantenida por
el Tnbunal Europeo en su tíltima
decisión sobre e l artículo 9: llasan
y Chnu<ch conrm Bulgarin de 26 de
OcJubre de 2000. CJ!. p. 118 , nola
n• 47. puede ver.,e en Quademi di
Dirirto e Política Eclesi~suco. 3,
2001 , p. 764 y~··
" STC de 3 de Julio de 2001. Fund:unenlo Jurídico 2 y 3.
" Salcedo Hem6udez, J.R. La condici ón de Min btro de cuho y su incidencia en ... ciJ. P. 33.
"' Valladrich. PJ., Los principios
inronnadores de Derecho Ec le.~•:ls·
neo cspailol. en Derocho Ec!tsiáslico del E>lado espaftol. Pamplona
1983.p.217.
" Cfr. Sentencia TC 2411 982 de 13
de Mayo, Fundamenlo Jurldico 1
" STC de 3 de Julio de
damento jurldico 3.
2001. Fun-
Salcedo Hcmánde7. J.R:. La condición de minhtro de culto... cit.,
" Pese a la amp htuu del conccplo la
normativa es discriminatoria con
re~o,pecto
a ebfas ren.ona .¡, pues el ar-
lículo 14 de la ley reglamentaria priva a los minisi!O> de culto del derecho al \'Oto pasivo y del de.<empeilo
de cargos o funciones publicas salvo q1.1e ::,e separen definili\iamcnte
de :,u ministerio cuJndo menos 5
oilo< antes (en el pnmer caso), o 3
año> an1es {en el segundo) de la elcccaón o de la aceplación del cargo,
cerccnándose >SI su condición de
etudadnnos. Cfr. Gon7.lilcz Schmal,
Una visión del Derecho Eclesiá;tico MeJic:lllO. Derecho y Opinión, 8.
2000. pp. 378 y 379, el cual señala
que el Estado carece de competencaos fW1l despojar O I U< ciudadanos
de :,u.s derechos
hurn::~nos
en nul.e-
ria polúica con el pretex10 de ser incompatible con <u runción religiosa
o c'pari lu . Vid lambaén, Zaldl\ia
Lobo de Lacrea, A.. La nueva Ley
de Asociaciones y Cullo público. en
Revtsta de lnve.sltgacJones Juridic:ts,
u• 16. 1992, pp. 538 y
ss. En Espa-
una cuestión de legalidad, lo cierto es
que no parece tan evidente , que no se
haya establecido ningu na imromisión
estatal (aunque para nosotros, en esle
caso , con total fundamento) como consecuencia de determinar quién es nquién
no es núnistro de culto, pues en cierto
modo si es el Estado quien con su legislación establece los requisitos que han
de cumplir las personas encargadas de
las funciones religiosas para poder ser
cali ficadas como núnistros de culto de
una detcnninada confesión religiosa se
viola o al menos menna la libertad de
ésta para nombrar y designar a sus propios ministros y su personal (artículos 2
y 6 de La LOLR) produciéndose una especie de confusió n entre funciones religiosas y estatales, actuando así en contra de lo establecido en el artículo 16.3
de la Constitución y violando de alguna
manera los principios de laicidad o neutralidad confesional.
En efecto, el artículo 16,3 de la Constitución dispone que "ninguna confes ión
tendrá carácter estatal", proclamando la
separación entre lo político y lo religioso, La distinción entre el Estado y las confesiones religiosas, o lo que es lo mismo
el principio de laicidad, ahorn bien. esta
laicidad no significa indiferencia o ignorancia estatal del factor religioso, la
laicidad de nuestro Estado es una laicidad
matizada tanto por el principio de libertad religiosa como por el principio de
cooperación, En este sent ido, la laicidad
de nuestro Estado se ha de entender como
"aquel principio informador de la acruación del Estado ante el factor religioso
que tiene la primera manifestación del
cará_clcr).urWi.co .de s.u .<l.(;.l.ll<tciól\•.!:~ ,~;1
reconocimiento, tutela y promoción del
derecho fundamental de los ciudadanos
y confesiones a la libertad religiosa. Es
decir, el derecho de libertad religiosa.
como derecho constitucional constituye
la base constitucional de la aciUación laica del Estado sobre la materia eclesiástica y al mismo tiempo configura el ámbito jurídico de dicha actuación..."10 dicho
de otro modo, la libertad religiosa indica
por un lado la incompetencia del Estado
para definir lo religioso, pero al mismo
tiempo señala, la necesidad de que el
Estado como Estado plural que es tenga
en cuen1a el factor social religioso y lo
regule pero sin emitir juicio alguno de
valor pues corno señala la jurisprudencia la laicidad del artículo 16,3 impide
que ''que los valores e intereses religiosos se erijan en parámetros par..t medir la
legitimidad o justicia en las nonnas y
actos de los poderes públicos. Al mismo
licrnpo, el citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones religio as y func iones estatales"1· lo que no signifi ca que las
creencias religiosas no puedan ser objeto de protección y debidamente garanti?ados pues como afirma el propio artículo 16,3 de la Constirución "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y
las demás confesiones religiosas", introduciendo asf una aconfesionalidad o
laicidad positiva que en el presente supuesto impide que se entienda vulnerado el derecho de libertad religiosa y por
ende la autonomía organizaliva de laIglesia Adventista en orden a la designación
yfonnación desus propios ministros (articulo 2 y 6 de la LOLR) y es que como
señala la sentencia: "la calificación como
laboral de la acti1~dad de la Trabajadora ... se ha efectuado a los solos efectos
de la detenninacióndel régimen de cotización a la seguridad social que resulta
aplicablc"11 es decir se apoya en la con~­
talación de una circunstancia o hecho objetivo, para así someter a los ministros
de cuho a un régimen de cotización más
favorable, lo que parece evidentemente
necesario si se quiere evitar el fraude de
.le,v,v-~ttl!!.re~cminadaHiUUI!:im~~.ll.lu:­
chos se acojan a un régimen más ben~­
volo; en cualquier caso, el hecho de ser
el Estado con su legislación el que establece y dice a las confesiones qué requisitos debe cumplir una persona para poder ser calificada como ministro de culto, y qué funciones ministeriales han de
desarroUar en el ámbito de sus asociaciones oconfesiones religiosas de penenencia, enocasiones si puede llevar a una
confusión entre funciones polí1ica1 y religiosas contrarias al principio de laicidad. En este sentido, es preciso tener en
cuema la realidad propia y la eslnlctura
interna de cada confe ión religiosa antes
de introducir conceptos y categorías generales, pues como dice el Profesor
Salcedo: "hemos de tener en cuenta la
muy diversa realidad que mue~ilran las
diferente~i Iglesias, Confes iones yComunidades religiosas a 1~ hora de deternlinar quienes son, en su seno, ministros
propios. El culto o la asistencia religiosa
son conceptos propios de una realidad
que derivamos de las grandes confesiones a las que tenemos como referencia
pero a veces no es fácil extrapolar tales
conceptos a movimientos religiosos que
muestran unas peculiaridades y estructura lllUY alejada de estos paradigmas
generdles" 23 y en este sentido, el Estado
desconoce la realidad y estructura interna de cada confesión cuando con carácter general establece unos requisitos de
obligado cumplimiento para obtener la
calificación de mirústro de culto, cuando lo ideal seria si se quiere respetar el
principio de separación Estado-confesiones religiosas yde autonomía de las iglesias, que fueran éstas las que con carácter absoluto establecieran las condiciones que han de retmir sus propios mioistros, es poreso por lo que creemos que la
definición de tal categorfa ha de venir
desde la propia confesión y decirse de
aquella persona que peneneciendo a una
confesión o iglesia determinada se le
hubiera conferido por la misma aquella
consideración o cualificación necesaria
para ejercer las fu nciones propias de su
ministerio de acuerdo con la estructura
interna y peculiaridades de la confesión
respectiva o como dice la ley de asociaciones religiosas y de culto público Mejicana en su anículo 12: "Se consideran
mioistros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas de pertenencia confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaria
de Gobernación su decisión al respecto.
En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o tratándose
de Iglesias o agrupaciones religiosas se
tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas corno principal ocupaciónfunciones de dirección, representación u organización'"'·
Es cieno, que la definición es un tanto ambigua y poco concisa, pero e:. la
única posible si e quiere respetar la
autonomía y libertad de organización
interna de las iglesias o confesiones religiosas, sin que ello signifique que el
Estado, tomando como presupuesto lógico la definición confesional, no pueda, para entrar a concederle detem1inados efectos j u rídi co~. someter aquella
consideración al cumplimiento de algunos requisitos que operarían como mecanismos de control en evitación de posibles fraudes de ley, y en este sent ido,
la mejor fónnula para ello consistirla en
el establecimiento de un Regisrro en el
que se inscnbieran los minisrros de culto que hubieran obtenido la correspondiente acreditación de la iglesia o confesión de pertenencia 2'; de esta forma,
se respeta por un Indo. la autonomfa y
libertad de las iglesiru,, al ser ellas las
que designan y nombran a sus ministros. y por otro. se controla la legalidad
vigente por pane del Estado pues hacia
el exterior laautonomla confesional presenta límites tal y como establece el articulo 6,1 de la LOLR cuando dice que:
"las Iglesias, Confesiones y Comun idade~ religiosas tendrán plena autonomía
y podrán establecer sus propias normas
de organización. régimen interno y de
w personal. En dichas nonnas. asf como
en las que regulen las instituciones creadas por aquellas podrán establecer cláusulas de identidad religiosa y can'tcter
propio así como el debido respeto a sus
creencias sin perjuicio del respeto a los
derechos reconocido~ por la consti tución y en especial de las de libe11ad,
igualdad y no discriminación" .
En España. un paso importante en
este sentido lo constitu ye la Ley 4/2000
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, modificada por la
ley 8/2000 de 22 de Diciembre, cuyo
artkulo 4l, l,h, exceptúa par la obtencióndel permiso de trabajo una serie de
actividades entre l a~ que se incluyen las
de los mioistros, religiosos o representantes de las iglesias y confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, y el art. 68 del Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 812000
no, del esludio del 1:\C!Or rellgioso
en Méjico se han ocupado entre
otro:,: Rc:lnl"ionc)
rcc:~lrcnadll.) en~
tre el Esrodo Mejicano y In Iglesia.
Snlo manca 1994: lgle<ra y Esrado
en M~jico,cn REDC.48, 199l.pp.
183- 201. Id. HnCJn un pacro laico, Derecho Ede>~.i:.Iico Mejicnno.
Mtjico 1998. pp. 131 156.
" Cfr. El :I!Lfculo 25 <le la Ley .¡.¡¡
1967 de 28 de J umo >Obre l• mscnpc•ón de los minmro~ de c ullo
acatóhcos en un Reg•mo dependienlc del Minblcriu de Ju>ticiaquc
acreditará mediame un documenro
cspeci:ll de idenudnd In condición
de numotro lc~:almemc autoriz:ulo
de un cullo no calóhco. sobre c>le
pum o, Bem:lrdez Canlón. Elemenlos de D<recho EclesH!suco español. en VVAA: Derecho Canónico.
Pamplona 1977. p. 799. Un análisis de l• ley de 1967 puede verse
entre otro> en Péret Llamada. La
Ley 44/ 1967 y lo. dcrcd>o> civlle•
ind1V1dunles de hbenocl religiosa en
""El fenómeno rchg1oso en e_,pn11n""
1EP. Mndlid 1972. pp.305 - 348 .
Corr•l C.. La nueva ley e>paflola
de libertad n:hg¡o-a anre el Dere·
cho Campando en Europa Occ•denr:ll, REDC. 22 (1967) pp. 623664 y ( 1%8) pp. 115 - 355: De In
Hcrn, Plur~homu y hbcrtnd reli gio·
sn, Sevtlln 1971. .. ele. Sobre In funCIÓn del Reg i"ro la Senlencia del
Tnbunal Con,urucl0nal4612110 1 de
15 de Febrero de 2001 ha señalado
que· '"la articulación de un Rcgi\tro no habilnn al Estado para re.11it.nr una función de cu11lro l de la lcgiumidnd de In:, crcenciu.; rcligwsas o sobre las distinrru; modalida·
des de expresión de las mismru;.
sino rao sólo comprobar mcdianle
la mera constatación que la entidad
solicilanlc (e n e l ca.<o se arar aba de
la Iglesia de lu Uui!icución) no es
alguna de I:IS exc luidas por el arúculo 3,2 de la LOLR"" (FundamenIO Jurídico. 8).
,. Cfr. Ramírez Nav-~Jou, Lo> Mínislru> de Culto. en Varios. Acuerdos
del Estado esp a~ol con judlos. mu<;ul nw~ y prote.<~1nte~. cit. pp. 135158, especialmente p. 1-10.
' Las funciones religiosa~ \rienen
w.:l\a lada..~ e.xpre.'\,\mcnte en el anícu.
lo 6 de los re>p<cu vos Acuerdos. ,¡
el A~uerdo con la FEREOE establecequc:"son funcione> decuho y asistencta rchgiosa, aquellas dingtdas
directamente a In predicación del
Evnngeho y magisterio religioso".
En el Acuerdo con lo FC! se contemplan como funcione' propias de In
rehgión judlo ''las que lo se.an con
orreglo a lo rr:ulictón judía, entreotrnS
111!> de rehgión que dcri\WI de la fwl·
cióll rabiruca. del ejercicio del culto.
de In prestación de liervicaos ri ruaJes,
de la fonnución de r.tbinos. de la cn:.cilanza de la t'eligtón judfa y de la
a<i,tencia religio; n". Por último, el
Acuerdo con la CIE scilala que son
funcione> i; lámicas de cuho. fonnación y asi<tencin rehgiosa, las que lo
sean de acuerdo con la ley y la tradición blámica cmunudn:, dcJCorán o
de la Sunma y prote¡;tdas por lo Ley
Orgruüca de liben:td rcligtosa.
·' Cfr. O. Llamar. ,.es, Acuerdos con
la.1 Confesionc;, Religiosll!>. Addcn·
du ,, la 1' edición do Derecho Eclcsi:bticodel Estado, Madrid 1989,20.
'' Cfr. Ramfret. Navalon. Los MioÍlo·
tros de Culto, ci1. p. 140. Sobre la
función calif•cadorn del fin religioso. Vid e ntre otros: Roca. M.J.
Aproximación al concepto de fines
rehgio<Os, en Revistn de Administra.tliA•· .'l{Utli.nr, ,1jl_., ,IJ'Jl.i\ PI"
~....e::
467; Roca. M.J .• L:! interpretación
del concepto " lines rcligio;o>" y la
discrecionalid'd administrati\'a. en
Anuario de Derecho Eclcsi~>tico del
E<tado. 14. 1998. pp. 463 - 497.
Garda Her\':IS. ~ Garcimat1in. C.. L:!
interpretación del concepto fi nes rehgtosos en la pracLica admmislr.ltivn ) judicial español. en " la libertad
mente la condición de ministros,
que añade un requisilo más para la obsacerdotes o religiosos, o realicen
tención de tal carácter (ministro de culuna actividad o servicio temporal
to), al exigir no sólo su pertenencia a
en cumplimiento de sus estatutos
una confesión religiosa inscrita, sino
religiosos"( Cfr. artículo 68 del RD
además, la verificación de dicha cuali86412001de 20 dcJulio que apruedad por el Mmisteriode Jusúcia. En este
ba el Reglamento de ejecución de
sentido, del juego conjunlo de ambos
la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
preceptos, podemos señalar que podrán
ser exceptuados de la obtención del permiso de trabajo para el ejercicio de las
Varias diferencias se observan con
actividades que motivan la excepción
.entre otros ,los ministros religiosos o respeclo a lo visto hasta ahora sobre el
representantes de las diferentes iglesias concepto de ministro de culto. En efecy confesiones, teniendo dicha conside- lo, como pone de relieve Ramírez
ración las personas que reúnan los si- Navalón26 del conjunio de la normativa
guientes requisilos:
de Derecho Eclesiástico y especialmente
del artículo 3 de los Acuerdos con la
- Que pertenezcan a una Iglesia o FEREDE, FCI y CJE se desprenden los
Confesión que figure debidamenle siguicnles requisilos para la considerainscrita en el RER del Ministerio ción de ministro de culto:
a) Debe tratarse de personas físicas.
·Que tengan. previa verificación del
b) Que desempeñen funciones reliMinisterio de Justicia, la condición
giosas27
de ministro de culto. religiosos o
representantes de las distintas Iglee) Que desempeñen esas funciones
sias y Confesiones habiendo prorcl igiosas con carácler estable o
fesado o rClll i1ado los csludios repermanente, requisilo este último
queridos para ello, según la~ norde la permanencia que sólo refiemas inlemas de las m i ~mas y se
hallen investidos y facultados para
re el Acuerdo con la FCI.
el ejercicio de su ministerio o para
d) Que todo ello sea cetti ficado o
la admin.islración de los sacramenacreditado por la respectiva Igletos.
sia o comunidad a la que pertene·
cen y con la confonnidad del ór-Que las actividades a desarrollaren
nuestro país sean estrict<mJCme regano respectivo de la Federación,
ligiosas por estar relacionadas de
es decir de la Comisión Permanenforma directa con el culto, ser me·
te de la FEREDE, de la Secrelaria
rarnente contemplativas o responGeneral de la FCJ y de la Comidan a la misión propia y caractesión en el ca~o de la CIE. De tal
ó<tir., ti~ la nr.rlen
fom1a (lue se exire.nor.oan.e de la
Confesión de pertenencia una do- Que no pretendan desarrollar actible certificación que acredite la
vidades retribuidas aunque se eocondición de ministro de culto: la
rrespondan con la misión de su
de la Iglesia o comunidad de perIglesia o Confesión. ni ~can persotenencia y la de la re.spec1iva Fenas vinculadas con una orden, con·
fesión o religión que aún no hayan
profesado, aunque temporalmente
Esle requisito de la certificación se
realicen actividades de carácter repite igualrncnlc en el Real Dccrclo de
pastoral as! como los estudiantes, 5 de Mano de 1999 para los Ministros
postulantes, novicios y asociados de la Iglesia Adventista en cuyo articuaunque lleven a cabo actividades lo 2, y tras definir a los Minislros de
encaminadas a adquirir posterior- Culto como ''la persona que está dedi·
cada con carácter estable a las funciones de culto o asistencia religiosa siempre que no desempeñe las mismas a título gratuito" añade que "la acreditación
de dicha condición se efectuará mediante la certificación expedida por la Iglesia o Federación de Iglesias respectiva,
debidamente inscritas en el Registro de
Entidades Religiosas, dicha certificación
deberá acompañarse de la conformidad
de la Comisión Permanente de la
FEREDE", sin embargo ,se añade un
requisito más que no aparece en ninguno de los 3 Acuerdos de 1992 para que
una persona pueda ostentar la cualificación de ministro de culto y es la relativa
a que las funciones religiosas propias de
su ministerio no sean desempeñadas a
título gratuito, como hemos visto en un
Es importante advertir, que mediante el requisito de la certificación estaríamos ante un supuesto típico de remisión a los ordenamientos confesionales
para la determinación del concepto civil de ministro de culto, al exigirse el
certificado acreditativo de tal condición
por parte de los órganos competentes de
la respectiva confesión, una vez verificadas por el Estado que efectivamente
esas personas desarrollan unas funciones religiosas'!, lo cual es nonnal si tenemos en cuenta el hecho de que coJTespondc al Estado examinar y calificar la religiosidad en orden a comprobar si las confesiones religiosas que se
pretenden inscribir en el Registro de
Entidades Religiosas pueden acceder al
mismo por el hecho de cumplir el ftn
religioso y por tanto cumplir los requisitos de tipicidad legalmente establecidos por el Estado29•
Pues bien, dejando a un lado el tema
de la remisión, sobre el que volveremos
en un momento posterior, y volviendo
al tema de las diferencias que acerca del
concepto de ministro de culto se observa en nuestra vigente legislación, y concretamente en relación al reglamento de
ejecución de la ley de extranjeria de 22
de diciembre de2000 , revisten a nuestro juicio una particular importancia: en
primer lugar la relativa a la necesidad
de que la condición de ministro de culto lo sea de una Iglesia o Confesión inscrita en el RER y además sea previamente verificado por el Ministerio de
Justicia; en segundo lugar. que las actividade a dcsaJTollar en nuestro pafs
ean estrictamente religiosas por estar
relacionadas con el culto, sean contemplativas o respondan a la misión propia
y característica de la Orden y que no
sean retribuidas, diferencia sumamente
importante con respecto a la definición
que de ministro de culto establece el RD
de 5 de Marzo de 1999 sobre inclusión
en el Régimen General de la SegUJidad
Social de los Ministros de Culto de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día que
precisamente entiende por ministro de
culto a la persona que de forma estable
desempeña las funciones de culto oasistencia religiosa de forma retribuida y
que es un criterio fundamental, utilizado por lajurisprudencia, el de la graruidad o retribución en base al cual una
determinada relación jurídica entre un
religioso y su comunidad se va a tipificar como laboral o no laboral, y precisamente el utilizado entre ou·as en la
128/2001de 4 de Junio. De otra parte y
conectando con el tema de la remisión
a los ordenamiemos confesionales, es la
necesidad de que los ministros de culto
lo sean por "haber profesado o realizado los estudios requeridos para ello de
acuerdo con las normas internas de las
respectivas Iglesias o confesiones y además se hallen invesLidas y facultadas.
es decir autorizadas para el ejercicio de
su ministerio o para la adrninisu·ación
de los sacramentos'', aunque temporalmente estén de alguna fo nna vinculadas a la orden, confesión o religión que
aún no han profesado30 .
religiosa y de conciencia :uue la J US·
licia ConsuiUcionaJ, Gr:moda 1997,
pp. 497 - 508; Lópe¿ Alilrtón M .,
Lu función <alifkadoro en el RegisIra de Entidades Religiosa,, en
Anu:uio de De=ho Eclest:ist.ico del
Estado. 14. 1998. pp. 403- 497;
Vúquez Garcfa- Peñuela. J.M. Fines y octividade.s de las entidade.<
de la< Confe.<ione.< rehg10sns. ReflexiOnes a propósito de una >tnlenciu del Tribwml Comlltucional. en
•·tn libenad rdigios.1 y de concien-
En defi nitiva y de cuanto antecede
se observa que mientras en el RD de 53-1999 sobre inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de los
ministros de culto se exige la retribución económica o interés de ganancia
por el ejercicio de sus actividades, en la
Ley 812000 de extranjería, se exige justamente lo contrario, es dccii· que no
sean retribuidos sino realizadas a título
por lo que se fijan no nnas genera-
dn :lote In ju.nici3 Constll\Jcional"
Grnnnd.1 1997, c11. p. 857-863. Cfr.
También ta STC 46/2001 de 15 de
Febrero de 2001 que en contra de la
docmna anterior. ordcnn lu inscripción en el RER de la Jgle.ia de la
Unificación :.e~nlando que la administrnclón en esra m:uena sólo úcnc
que comprobar que la entidad que
preleude in~cribin,c no es ni cumple nmguna de las acnvidode.< a lns
que <e refiere el apanado 2 delanfculo 3 de la LOLR lim1tándosea realiz.ar un ncro nodiscreciooDI sino de
mcr:1. con~tatación, de tal ma.ncm
que la actuución de la Adminjstración en estn materia, es absolul:t·
mente reglada y se limita a comprobar~¡ se cumplen los [Cq ul:,Jt Os que
el anículo4,2 det Re.1J Decre1o t42/
t 9X 1 de 9 de Enero sobre orgamzaClÓn y funcaonmnicuto dc:l RcgbC10
de Entidades Rclig10sru. establece
parn ello; ai\adiendn, que la indebi ·
da dcncgac16nmenoscuba el cjercic•ode la libenad rcligi01ay establece una indcleableMJuación de agravio compamt1vo entre los gn1pos rehgiO>O> que acceden al Registro y
aquello; otro1 que no pueden acceder por 1ndeb1da denegación (Fundamentos Jurídicos n' 8 y 9)
"' Cfr. Orden de 8 de Mayo de 1997
les y de procedimiento en relación
con el reconocímieoto de situacio-nes de excepción a la obligación de
obtener permiso de trabajo (anículo 1.1 y 8).
' 1 S.lbre la técmca de la rerni>ión o
r.envío. Vid, Bernardez Cantón. A ..
Problemas general"" de Derecho
Edc-:.i!i>t•cu, en El fenóme no rcli·
gioso en E.~paña. Madrid 1972 p. 21
" Cfr. Martíne1 Torrón. qui~o en
re lución al articulo 2 de los Acuerdos de 1992 y a los lugares de Culto
0\eftala que la técnica legi>lath a uti·
lt?.ada desempeña una func oón de
segundad "n lo medida que proporcione un refrendo legal
dcfi1Ü·
cienes de lugar de culto (tarubi6n a
la de mimslro de culto) propia1 de
las rt>pectiv"" confesoonco c\itán·
dose »i el riesgo de una posible vulncrncióo de b autonomio de ht<Con·
fe>tones Religios:t>. en: Separati&mo
Y Cooper:>ción en los Acuerd os del
Est:!do t'ln l<t< minorí:IS rel.igiosns.
Or.lnnda 1994, p. 140. f:n ognol.<cntido. Llomazares entiende que la remisión que,. hoce a 1~ legisloción
interna confe:;ional par:t delennmar
c uales <ean los Jugare; de culto
(aplicable igualmente olas ministros
de culto) e> eAprcsión de la autonomíu de las confesiones que pese a la
delinicióo y requisitos legales no se
ve \•ulneradu sino que queda salvuguurdod.1 por la exigencin de ccnilicaci6n confesional, en Acue rdos
del E.<tado t1ln las confesiones rehgto;as (f'EREDE y FCO... cit. p. 16
y 17. En oguol sentido, f-em:lndez
Coron:>do. Los Acuerdos del Estado c;pa~ol con la Feder:>ción de Entidades Religiosas Evongélicas de
E.<pañ ~ y lu Fcder:>ción de Comunodndcs lsrnelitns de Espmía (FCI).
Cuu>ider:>ciones sobre los teX! os definitivos en Anuario de Derecho
Eclcso:\srico del Estado, 7. 1991, p.
550; T:tmboén Rarnirez Navalóo, Las
certafic:~ciones eclesiásticas en la
nueva disciphna pocl!cia. en Re\ i>·
t• Española de Derecho Crulónioo.
53 ( 1996) p. 151 y 152, En conlr.l,
Rodríguez Blilllco. Libertad religio·
sn y Confesiones (El régimen jurídico de los lugJres de culto) Madrid
2000. el cual sostiene que "la inse·
guridad jurídic.1 no se subsmoa otrovés de una definición general porque lus respuestas bao de dme ca.<o
por caso. El recursojurídico par~ corregir un problema de seguri<bd juríd ica no es ucudir a una dogrnitica
COllceptual precisa. sino a la técnica
de las presunciones" y añade el autor que "sólo bajo un régimen de
confesionalidad se podríujustificOtt
una definición de lugJr de culto (en
" Sobre la autononúa de la>Confe·
su·>11e1. Vid López Alarcón. M. Confesiones y cnud.:!.des rellg1osa ~ eo
Derecho Eclestástico del E>tado es·
pañol, Pamplona 1983. p 240- 245.
Man1.anare<, J .. Per<enalidad, Auto·
nomta y hber1tid de la lgl.:.,ia, en los
Acuerdo' entre la Iglesia y E1p:1~a.
pp. 167 . 219; Moreno Botella, G..
Ln Autonomía de la Iglesia en el
Ordenamiento Jurídico (:spaiiol, cit.
Id , La idenoidnd propia de los grupo; religiosos. El anículo 6 de la
LOLR, cit . pp. 25-40; ld . El carácoer propio de las entidades religi<>~!~ y sus consccuenc ias en el Dere~
cho Lllboral español, en REDC, 44,
1987. pp.529-550; Motilla De la
Calle, A., Los Ac uerdos entre el
E; tudu y lu; Confesiones reh giosns
en Derecho e>pru1ol y lus Coufcs io·
ncs Religio<a< en Derecho español,
Barcelona 1985. pp. 253 y ss;
Otaduy Guerin, J... Lus cláusulas de
' nh•aguard.1 de la identidad de las
in!)lituciones religiosas, lus C.mo-
uicum.XXV1. 5-I. 1987. p. 673-696.
Corral S~l vador. C. La ley Orglilll·
c:o de libcnad religiosa, en REDC,
37. 198 1. pp. 53- 100; Recientemente wmbiéor Cubillas Recio. L.M.. La
facuhad normativo de las Confesiones de e>tublccer cl:\usulas de salvaguarda de su idemidad en el Ordena nllento español, en Laicidud y
Libertades (e•critos jurídicos)
LOLR XX Auiver;ario. n• O. Septiembre 2000, pp. 229-257. Vidol
Gnll:ordo. l\•1., Régimen juridico del
pcrsnmol al •ervicio de las Iglesias.
Confes iones y Comumdades religiosas inscritas (Inciso prime ro del articulo 6,1 de la LOLR i /1980 de 5
de Julio. en Laictdad y libert.'ldes.
cit.. p 259-285. Cfr. También not.1
graluilo ¿cómo conciliar pues ambos
extremos dentro de un mismo conccplo
civil de ministro de cullo?.
La respuesta no puede ser otra que
la remisión para este tema a los respectivos Ordenamientos Confesionales que
en función de sus propias peculiaridades y por respelo a su aulonomía interna, son las únicas competentes para decidir quién son y qué requisitos deben
reunir las personas que ostenten aquella condición, limitándose el Estado a
otorgar delerminados efectos jurídicos
al concepto confesional de ministro de
cullo que aparece como supuesto de
hecho o presupueslo previo de la legislación estataP1, de tal forma que el Es·
tado no puede en fu nción del principio
de laicidad otorgar dicha consideración
a personas que en el ordenamiento
confesional de origen no ostenlen la
misma; por ello, creemos que lo fundamental en la determinación de ese
conceplo es la exigencia del certificado
confesional que acrcdilc la condición de
ministro de culto, de esla manera, se
respeta la aulonorrúa de las confesiones12
y se evita el hecho de que desde la diversidad confesional existente y por
ende la mullitud de concepciones que
pueden darse sobre los ministros de cullo, cualquier persona pudiera aparecer
con tal carácter para aprovecban;e de
determinadas ventajas y beneficios que
el Ordenamienlo Estatal olorgue introduciendo así, a través de la certificación,
un elcmenlo de seguridad jurídica;;
En cualquier caso, creemos que el
hecho de que la noción se contenga en
una norma de carácler bilateral. suscrita por el Eslado y las confesiones religiosas, medianle al menos en teoría, un
pacto o acuerdo entre ambas panes,
impide a priori que se pueda pensar en
una posible violación del principio de
laicidad como incompetencia del Estado en esta maleria :~~.
4. LA AUTONOMIA Y LIBERTAD DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS.
Se dice en la sentencia que se ha vulnerado el derecho rundamental de libertad religiosa en su vertiente comunitaria
pues al calificarse de laboral la relación
que une a la trabajadora con la entidad
demandante de amparo se vulnera el derecho a la autonomía organizativa de la
confesión religiosa a la que corresponde
la competencia para la determinación de
sus ministros de culto. (Fundamento jurídico, 2). En efecto, el artículo 6,1de la
LOLRde5 deJuliode 1980,disponeque:
"las Iglesias, Confesiones, y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias
normas de organización. régimen interno y de su personal. Gn dichas normas,
así como en las que regulen las instinaciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religio~a y carácter propio, así como el
debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del debido respeto a los derechos
y libertades reconocidos por la constitución y en especia] de los de libertad e
iguaJdad y oo discnminación".
Hay que distinguir varios planos en
este precepto. En primer lugar, hay que
referirse a la plena autonomía o autonomía institucional; en segundo lugar, a la
autonomía normativa o poder de establecer normas de organización, régimen intemo y de supersonal; en tercer lugar, al
derecho por parte de las confesiones al
establecimiento de cláusulas de identidad religiosa y carácter propio. como una
manifestación específica de la autonomía
nonnativa, y, por último, a los límites que
la misma posee y que se traduce en el
orden ptíblico, o como dice el precepto.
en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución. y especialmente los de libertad e iguaJdad y no
discriminación.l1
gún tipo de violación por parte del Estado, pues con su reconocimiento en
definitiva se está a su v.;¿ reconociendo
a la confesión mism3. es decir a un ente
autónomo y originario independiente del
E tado dotado de una organización y
nonnati\'a propia " o como dice Lópe7
Alarcón. "en la noción de conresión religiosa se dan cita dos elementos esenciales. Uno es el conjunto de creencias.
doctrinas y preceptos que se aceptan por
lo miembros con vinculaciOnes unitarias muy profundas de naturaleza religiosa. El orro elemento lo comtituye la
organización sobre normas propias. Estos dos factores son igualmente necesarias para la calificación de las confesiones religiosas y no puede prescind!rse
de ningunodecllo; ''3' . es precisamente
la autonomía in titucional como sinónimo de independencia, y que da lugar,
a lo que algún autor denomina principio de autodeterminación. En e te sentido, el profesor Corral paniendo de la
libertad religiosa en su venieme asociativa considera que ésta se traduce en
el principio de autodeterminación de las
Iglesias, en la libertad plena de éstas en
relación con el E;tado y dentro de él y
concluye que independencia y autonomía son las dos caras de una misma realidad que hacia fuera l>C llama independencia y hacia dentro, autonorrúa" ·
La consideración por tan to, no puede ser otra que la de que la confesión
religiosa eo si mtsma considerada, en
su ámbito goza de autonomfa originaraa
o institucional (plena autonomfa como
reza el artículo 6,1de la LOLR) y ello
con independencia de que cuando la
confesión religiosa actúa ruent de su
ámbito y se proyecta al ámbito de competencia del Estado e~a autonomía originaria surrd recortes y quede limitada
o subordinada al Estado, es decir: "puede suceder que, sobre la autonomía originaria, el Estado otorgue otro nivel de
autonomía secundaria o derivada del
poder civil: pero ello no desvirtúa la
naturaleza independiente de la confesión
religiosa, aunque se vea comprometida
Encuanto a la primera vertiente, esto por las limitaciones que a efectos civies a la autonomía institucional u origi- les, degraden la autonomfa origrnaria"19
naria no parece que pueda haber nin- y en este sentido será el principio de
nuemo caso vatdrfa lo mJ> mo para
el concepto de nurustru de culto).
porque de la libertad religiosa y de
la oo confesionalidad del F.<tado ;e
desprende que e>to~ conceptos deben ><.-r dctcnnma<.lo> por lO> confesrones reli¡;rc;><;3S )' parece impenS.\ble que tod3S e llas se pongan de
acuerdo pam dar un concepto úmcodc lugar de culto". p. 46 >-H.
' En contra Rodrlgutl Olanco,
Lrben:ul rchgrosa y CC'nfesmncs...
cll .. p. 45 quien SO>ticne que la
dcsMturali:.acrón del ele mento
pac11cio en tos convenio' de t 992
imprde hablar de las confc>ionc>
como iulerlocuture- v:l.lidos en la
definicrón de la mayoría de las
cue.\Uones lnlt:id3~ en la.-; mismas
deJándose cnlrc' er un protagonismo e iulciath'n esl:l.lal que des-borda el pnncipio de taicrdad y 13
mcornpctcoc1a estatal en esta ma-
teria 'uluemnoo lambr~n en cierto
modo el principro de JUtonomfa de
las confesiOnes. Sobre esre punm
Vid lambién, A. De la Hera, Acuerdo• con Confesiones reti¡;iosa; mrn o ritnnn~. en lus. C:mon1cum. 35,
1995. p. 219.
" Sobre los llrniae' al derecho de
hbcraad rcligio;a. aunque son muchuo tos autore> que hnu lrutndu de
e.sae tema, con carácter· e'pecffico
puede ver,;e Zorla C'omhalro, [h.,
límite> del dcn:chu de lrbertud re tigrasa, en tralado de Derecho Ecte' iásncn, Pamphma 1994, pp. 469500. la cual n:ul11a un complelo y
del orden público y tos ete menrn< rntegmnles del
m1srno al ucmpo que refiere una
extensa bibliografía sobre el lema.
anál'"'
,. En este se nudo. 13 l:.xpos•ción de
MotiVO> del proyeclo de LOLR
deda como "en ]3 ley es de deslacar el que se con1emplan 3 las cornunidades rclig~o.sas conto una realidad anterior a cuatqurer recono-
cimiento por parte del Estado que
ni la necesitan ni en muchos casos
la dcseau paru el cumplimiento de
sus propios fines relig io sos '',
nOCG. Congreso de los Diputados
de L7 de Octubre de 1979, sene a ,
n' 77.1
" Dtmensión Orgánica de las Confc;ioncs religiOsas en Derecho E•pañol, lus Canonicum. XX. n• 40..
1980, p.46.
'' Cfr. Corral Salvador. La ley Orgánica de libenod religiosa, cit.,pp.
99-1 OO. Cfr. También Man1.anarc.•.
Personalidad. Auto11omía y Libertad
de la Iglesia, en los Acuerdos entre
la Iglesia y España, cit., el cual incluyedenl.fo de lu autonouÚ;.I inslltu·
cional y como consecuencia de ésta,
!:1 autonomfa normati va como poteS·
tnd de dictnrse leyes rropias sin interferencia extr:tiln alguna. p. 190.
" LóJ>Cl Alnrcón • Organización de
las Confesiones religiosas e n Derecho espatlol, eo Derecho Eclesiásti·
co del Estado español, cit .. p. 303.
"' Cfr. Muñoz Machado, Derecho
Público de las Comunidades Au tó·
nomas. Vol. l. Madrid 1982. p. 396·
Sobre el temu vid, Moreno Bote·
lla. La identi dad propia de los grupos religiosos. El an . 6. de la LOLR,
cit., c;pccialmcntc p. 30; también
Cubillas Recio. La facultad normativa de las confes iones de estable -
competencia, segúnla malcria objelo de
tratamiento, el que explique y resuelva
en cada caso la relación entre los
ordenamientos eslatal y confesional y
sumjnistre el criterio de validez de las
respecü vas normalivas.'il
En el primer nivel de autOnomía,
entendida ésta como sinónimo de independencia o autonomía instilucional que
en su ámbito es "plena", no se van a
plantear conflictos de competencia. Los
problemas se van a producir en el segundo nivel de autonomía cuando las
confesiones aclúan en ámbilos que entran de lleno en la esfera competencia)
del Estado. pues si en el primer nivel la
autonomía no tiene nuís lúnitcs que el
orden público, en el segundo esa autononúa está limitada por el ordenamicn·
to jurídico del Estado y así cuando las
normas de las confesiones religiosas
entran en colisión con las de aquél, pre·
valecerán siempre las de este último; de
tal manera, que en este segundo nivel,
en el cual se incluye la autonomía
organ izativa, la eficacia de los actos y
normas de las confesiones es meramente estatutaria••.
Uno de estos campos en los que el
Estado es absolutamenle compelenle y
en el que las confesiones entran a actuar por ser sus miembros, ciudadanos
de l Estado, es el qt•e se refiere al ámbito laboral y de la Seguridad Social.
Pues bien. en el supuesto qttccomentamos, no creemos que se puede hablar
en principio de violación de la autono<er cláusulas de salvaguarda de su
mía organ.izativa de la Iglesia Adventista
identidad religiosa. en "Laicidad y
en cuanto al régimen de su personal,
libenades'', cit., pp. 229_y ss.
cuya liben ad esJá garantizada tanto en
' Parn la Iglesia Católica. el articuel artículo 6, 1 como en el artículo 2 de
lo 1.1 del Acuerdo sobre Asuntos
la Ley Orgánica de libertad religiosa, (al
Jurídicos de 3 de Enero de L979disreconocer como contenido fundamenponc que: "El estado español recotal del derecho de libertad religiosa en
noce a la Iglesia Católica e l deresu verticnle institucional, la facultad de
cho a ejercer su misión apostólica y
desjgnación y formación de sus propios
la garantiza el libre y público ejerministros), pues si bien es cierto que la
cicio de lu~ l!Ctivldudcs lJUC le son
organización y régimen interno es una
cuestión pettenecienre en principio a la
vida interna de las confesiones cuya
autonomía está garantizada 42 esta autonomía se degrada en cierta medida cuan-
do nos hallamos en presencia de relaciones jurídicas que aún cuando se realicen en el inferior de las confesiones
religiosas, por sus consecuencias juridicas revierten al exterior, pasando así
al ámbito de competencia estatal como
sucede en el presente caso.
Así pues, como se ha señalado en
otro lugar Jo único que ha hecho la Administración es calificar una determinada relación jurídica como laboral de
acuerdo con la legislación vigente a Jos
sólos efectos de determinar el régimen
de cotizaciún a la Seguridad Social y sí
lo ideal sería si se quiere respetar la autonomía de las confesiones religiosas en
este campo es que la definición de ministro de culto viniera de la propia confesión, lo cierto es que cualquier atisbo
de intromisión estatal ilegítima queda
desvinuado por el hecho de que sea la
confesión religiosa respectiva la que
certifique que una persona ostenla tal
condición, limitándose el Estado a otorgar un determinado régimen, beneficios
o efeclos legales partiendo del concepto confes ional de ministro de culto que
opera como undato objetivo o supuesto
de hecho para el OrdenamientO Jurídico del Estado mediante la remisión a
través de la técnica del presupueslo ' 1.
De esta manera se evitan contradicciones legales y el que un mismo status juridico o condición jurídica como es la
de ministro de culto tenga distinto significado según la órbita del derecho en
la que nos movamos, y los efectos jurídicos que el Estado, en relación a un
ámbilo de actuación determinado quiera otorgar a esas personas " .
En definitiva y a modo de conclusión podemos afirmar con rotundidad
que la autonomía organizativa en este
punto no se ha violado.
En efecto, si nos encontramos en presencia de dos ordenamientos jurídicos
independientes·pe roque presentan interconexiones como en el presente caso, es
lógico pensar que una buena armonía lleve a hacer mutuas concesiones, y ésra lleva consigo el hecho de que las personas
miembros o fieles de una determinada
confesión rel igiosa y al mismo tiempo
ciudadanos sujetos al OrdenamientoJurídico del Estado cumplan los requisitos
que este último establece en orden a la
satisfacciónde unos determinados bcnelicios o coberturas sociales. En este sentido, el a11ículo 41 de la Constitución recoge un derecho reconocido a todos los
ciudadanos al señalar que: "toda persona, como miembro de la sociedad llene
derecho a la Seguridad Social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la orgarúzación y recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derecho
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos lo ciudadanos que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,especialmente en
caso de desempleo. La asistencia yprestaciones complementarias serán libres".
Igualmente, el Decreto de 23 de Ago~to
de 1977, ¡JOr el que se regula la Seguridad Social del Clero también alude a la
"vocación expansiva de laSeguridad Social" que ''tiende a recoger en el ámbito
de su acción protectora el aseguramiento de todos los riesgos que afectan a los
distintos grupos o colectivos de personas", y el RD 369/1999 de 5 de Ma17.0
ya visto sobre inclusión de los ministros
de culto de las Iglesias de la FEREDE.
en el régimen general de la Seguridad
Social. Ahora bien. si es cierto que este
derecho. es un derecho reconocido a todos, también es cierto. que para su disfnrte, y puesto que es algo que corresponde a la competencia estatal, los poderes públicos dicten normas o exijan el
cumplimiento ue determinados requisitos por parte de las personas que vayana
acogerse a tales beneficios y esto es así
no por el hecho de ostentar la condición
de ministro de culto o cualquier otra, sino
por el hecho de ostentar la cualidad de
ciudadano y en virtud del principio de
Esta especie de relación económica
dependiente del Estado justifica encierta medida la exigencia de unos rcquisi-
tos que pueden interferir lógicamente en
la autonomía organill!Liva de las confesiones religiosas en lo que se refiere a la
dctcrrninación de sus ministros de cu lto.
No obstante, creemos que la autonomía en esta materia y como antes hemos advenido queda suticientem..:nte
salvada por el hecho de ser las confesiones religiosas las que mediante la
exigencia de un ''cenificado" acrediten
aquella condición.
En cualquier caso y teniendo en
cuenta la variedad de esquemas eclesiales y del personal al servicio de las
misma así como las distintas fun ciones
ministeriales que desarrollan, lo más
práctico hubiese sido no .:stablecer ninguna definición legal de ministro de
culto, exigiéndose tan sólo y caso por
caso el certificado de la Iglesia o confesión respectiva que acreditara aquella
condición evitándose la cxi>tencia de
una diversidad de nociones legales !.listintas según laconfc¡,ión religiosa de que
se trate y el campo de actuación en el
que desarrollan su labor: educación,
matrimonio. asistencia religiosa ... etc.
De esta forn1a. se resolverían muchos
problemas como los relativos a la determinación del significado del carácter estable y pcnnanente de la cualificación del
ministrode culto a los que se refi eren los
Acuerdos de 1992 y de indctenni nación
jurídica en cuanto al momento en que se
puede calificar aquella condición de estable y permanente. pues ¿a través de qué
mecanismo?, ¿cuándo y cómo se comprueba que una peno ona ha dejado de ostentar aquella condición'!.
Por todas estas razones, a nosotros
nos parece que una buena solución, prescindiendo de las nociones legales existentes, pasaría por la creación de un registro sinúlar al que existe para la> confesiones y entidades religiosas, aJ que
pudieran acceder y acogerse las personas que según la confesión respectiva
ostentaran la condición de ministro de
culto al igual que sucede con el resto de
los ciudadanos que deseen, por el cumplimiento de determinados requi~itos
propoas >en e'pccoal la> de Culto,
Jum.dicción > MJgosterio.
' Sobre 13 acth od:ld ceruficadora
de las Confcsooncs en nucsu-.1 doctri na Vid .. Raonfoet Navnlón. Las
certi ficaciones ecle siásr ic3~ en la
nue v:t di<;c•piUl:t p.:lcticiil, en Rev1s·
oa bpoñola de Derecho Canónico
53. 1996 Un resumen detallado
acerca de la-!1 cen•ficac•one~. su naturnle7o y fun cione.' con tos d ostmtas opmtones docannalc~ y una C.\tcn~a b1bliog_ml ía puede verse en
Rodrígne7 Blanco. 'vi., Li~rtod
r!! ligu··~~\ y confe~10nes rehgtosa~.
cio. p 46 y'~· el cual di>tioguc enl~ cct ti fi\.":lCiont~ qu~ 5-on coru.ecuencia d(' la autonomía de l::t.~ confe'>IOne~, en cuyo c:~o
el ordenu-
miento 'oufe.!tional tiene eficacia J
trové' de lo t~cnic.l del prcsupues10 y aquella< olta.' que obedecen al
mandato eMatdl de uno nonno que
las reclnmo paJa :u:redttar una cLrcunstancla <1ue cae bajo el :lmbito
coonpcrcncial del E.<t.l<lu, oaadicndo el autur que uu parece adecuado por ello. coofigurnr la> centfic:tc•ont~ como uru\ t&:mca. de re la·
c16n de on.lc.muaucnto:. JUrúhoo.s.
cil.. p. 5 l. UOIO 67
"1:.< de de11acar como ct articulo 2
del RO 36?1! 9'>9 de S de Mruw en
artfculu 2 define A los n1ini 'itros
de Cullo como lo pcrwua que e;rli
dedicada con cunlctcr c\luble • las
funci onee;, de culto u .l'\lMencia rehgi,l'a sieml"" que no dc.1empeae
¡._, mosmJS u thulo gr•tuHo. <tuc en
el Acue rdo de t 992 <oc l•
FPREOE no hay ninguno referenC.I3 a la gratuidad deJa~ func1on~
que dc>cmpcnen El carácter gratuito en el de.<.empcilo de l>s funcione~ "ie vuelve :1 repetir en la. vi ~
gente nommll\3 ~obn: derechos y
libenaúes de lo; e<lranJeros e o Esp.'tñn cuando exceprúa de lo oblencoón del pennoso de l.r.lbaJO a los
onino>lrl>> de culto (Cfr. Artículo:.
4 l.l .h de la Ley 4/2000 de dtre-
chos y Jibenades de Jo. extrnnjeros
en P.•pafta. modtficada por la Ley
8/2000 de 22 de Diciembre, y articulo 68 del RD 86412001 de 20 de
Julio que apnteba el Reglamento de
e¡ecuctón de dicha ley.
legale~ . beneficiarse de los efectos jurídicos que delermina la ley en cada caso
( piénsese en el registro sobre el estado
civil de las personas o en la exigencia
de inscribirse en las oficinas del INEM
para cobrar el seguro de desempleo ....
etc.). De esta manera. se garantiza por
un lado el disfrute de los derechos que
las leyes otorgan y por el tiempo que
ostentaran dicha condición (cuya fi na·
lización, extinción o suspensiónse com·
probaría mediante la oportuna cancela·
ción de tal estado). se garantizaría en
segundo lugar el principio de igualdad
y no discriminación entre los ciudada·
nos miembros de las otras confesiones
religiosas que no han finnado Acuerdos
con el Estado, y por último, se garanli·
za y salvaguarda la identidad y especi-
ficidad religiosa de cada confesión al ser
ellas las que dieran fe de aquella condición mediante el oportuno certificado
que así lo acreditara consiguiéndose al
mismo tiempo una mayor garantía de
neutral idad en la actual sociedad
plurireligiosa y multicultural en la que
nos encontramos. Todo ello, evidentemente sin que el Estado tenga ni deba
renunciar a sus facultades discrecionales en esta materia, estableciendo con
su legislación (unilateral o bilateral) un
mínimo que objctivicc el factor religioso, la laicidad del Estado y la libertad
de las confesiones, ya que en defi nitiva, ninguna actividad, fuera de la órbita
interna de las confesiones, puede ser
ignorada por el Estado, si la misma pretende ser jurídicamente relevante.
Norma de la mayoría local amenaza los derechos de las minorías

References: resolución

 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 6
 artículo2
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 68
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2