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Timestamp: 2019-03-25 09:23:25+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 460/18 de Corte Constitucional, 3 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 748465397
Actor: KELLY CAROLINA ZAPATA PINTO
Demandado: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Expediente: T-6754881
GRAVE CALAMIDAD DOMESTICA, DEBIDAMENTE COMPROBADA, CONSTITUYE JUSTA CAUSA PARA OTORGAR LICENCIA O PERMISO LABORAL. La actora aduce que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al negar la prórroga de la licencia por grave calamidad doméstica que debidamente acreditó, para en su lugar, declarar la vacancia del cargo como enfermera por abandono injustificado. La grave calamidad doméstica afrontada por la accionante tuvo que ver con las múltiples y delicadas patologías diagnosticadas a su hijo a los pocos meses de su nacimiento, cuyo tratamiento incluyó no sólo la atención médica en una ciudad diferente a la de su residencia, sino la práctica de un trasplante de médula ósea, en el cual la peticionaria fue la donante. La entidad adujo razones legales que le imponían un límite máximo de 90 días para el reconocimiento de la licencia ordinaria no remunerada, además del hecho de que la demandante no soportó en debida forma las incapacidades médicas, ni tampoco acudió de manera oportuna a la citación de descargos formulada por la ausencia injustificada al lugar de trabajo. Se analiza la doctrina de la Corporación sobre el alcance constitucional de la figura de la grave calamidad doméstica debidamente acreditada y su aplicación a trabadores públicos y privados. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos el acto administrativo que declaró el abandono del cargo y se ordena a la accionada iniciar las gestiones necesarias para reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba o a uno en mejores condiciones. En relación con el pago de salarios y demás prestaciones sociales, se indica a la tutelante que debe iniciar el correspondiente proceso ordinario tendiente a definir el alcance de sus derechos. Recibo Relatoria:
Asunto: Acción de tutela presentada por K.C.Z.P., en nombre propio y en representación de M.M.Z., contra la Empresa Social del Estado-Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Risaralda.
La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.L.C., A.J.L.O. y L.G.G.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente
Dentro del trámite de revisión del fallo de tutela emitido el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de P., Risaralda, que confirmó la decisión adoptada el 10 de enero del mismo año por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante las cuales se negó la acción de tutela formulada por K.C.Z.P., en nombre propio y en representación de M.M.Z., contra la Empresa Social del Estado-Hospital Universitario San Jorge de Pereira (en adelante Hospital San Jorge).
La accionante aduce que en el marco de una relación legal y reglamentaria que tenía con la ESE Hospital S.J. de P., le fueron coartados sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital, así como el principio de interés superior que la Constitución consagra a favor de su hijo menor de edad. Ello por cuanto se le negó la prórroga de la licencia por grave calamidad doméstica que, a su juicio, fue debidamente acredita y, en cambio, la entidad decidió declarar la vacancia del cargo por abandono injustificado. Frente al supuesto alegado por la tutelante, la entidad adujo razones legales que le imponían un límite máximo de 90 días para el reconocimiento de la licencia ordinaria no remunerada.
1.1. Según las pruebas aportadas al proceso de tutela, la señora K.C.Z.P. fue nombrada en la planta temporal del Hospital San Jorge de P. en el cargo de enfermera, por medio de la Resolución No. 1055 del 21 de diciembre de 2015[1]. Acredita que algo más de un año de vinculada a la entidad, es decir, el 12 de enero de 2016, nació su hijo M.M.Z., quien meses después del parto empezó a presentar graves deterioros de salud[2]. Para el mes de mayo de 2017, enfatiza, el menor de edad fue diagnosticado con una falla hepática para posible trasplante, cuya causa no fue determinada y la cual inicialmente fue tratada en la Clínica Comfamiliar de P.[3]. Sin embargo, explica que debido a la complejidad del caso de su hijo, de un año y tres meses de edad, este fue remitido a la Fundación Valle del Lili en la ciudad de Cali, Valle del Cauca[4].
1.5. Puso en conocimiento el Oficio del 9 de noviembre de 2017, por medio del cual el Hospital S.J. le manifestó que no podía acceder a la petición, “pues ya se agotaron todas las actuaciones administrativas tendientes a otorgar permisos, de conformidad con las normas que regulan la materia (…) por lo que a la fecha es imposible para la entidad otorgar más permisos a la peticionaria”[8]. En consecuencia, aportó la Comunicación del 22 de noviembre del mismo año, a través del cual el Hospital accionado la requirió para que se presentará en “la Oficina de Recursos Humanos (…) con el fin de realizar descargos por ausentismo no soportado a la fecha”[9].
2.2. Para sustentar la pretensión, adujo que la falta de autorización de la licencia laboral recae sobre su hijo de 23 meses de edad, quien no puede cuidarse por sí mismo, como tampoco podría dejarlo al cuidado de una tercera persona, pues además de ser su progenitora era la donante de la médula ósea. Igualmente, sostuvo que el padre del menor de edad se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá y que el mismo no le ha brindado el apoyo económico y personal que requiere la situación del menor. Finalmente, agregó que tuvo que trasladarse de la ciudad de Pereira a Cali, donde no contaba con el apoyo de familiares ni amigos, por lo que el dinero que obtiene por su trabajo constituye su única fuente de ingreso para atender al núcleo familiar y proveer lo necesario para el tratamiento médico de M..
Mediante Oficio del 27 de diciembre de 2017, el Asesor Jurídico de la ESE Hospital San Jorge de P. dio contestación al requerimiento formulado por el Aquo[10], solicitando denegar la pretensión de la demanda, por la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Para sustentar esta postura, señaló que la entidad le concedió a la accionante todos los permisos y licencias contemplados en la legislación laboral, en aras de asegurar la satisfacción de las prerrogativas constitucionales del menor de edad. Sin embargo, advirtió que para el momento de la nueva petición no encontró “mandato legal alguno que le permita a la institución continuar concediendo permiso a la señora K.C.Z. para acompañar a su hijo en el momento que vive y asistirlo en razón de su condición física, por lo cual no es posible seguir extendiendo las licencias ya otorgadas”[11].
El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de P. (Risaralda), mediante la Sentencia del 10 de enero de 2018, negó el amparo invocado. Para el Despacho la actuación de la entidad no constituyó una vulneración de disposiciones iusfundamentales, ya que de manera oportuna el hospital le otorgó todos los permisos laborales consagrados en la legislación para que la misma pudiera acompañar al menor de edad en el tratamiento médico que requería. Sostuvo además que la tutelante no logró probar que su situación personal suscitara un perjuicio irremediable que hiciera transitoriamente procedente la acción de tutela, pues no acreditó la calidad de madre cabeza de familia, ni que otras personas de su núcleo familiar no pudieran prestarle el acompañamiento necesario para cuidar al niño[12].
Por medio del fallo del 20 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de P., Risaralda, confirmó la decisión. Para ello, expuso que la accionante no cumplió con la obligación de interponer de forma previa los mecanismos ordinarios de defensa, en especial, ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, ni tampoco logró acreditar un perjuicio irremediable que hiciera, como lo sostuvo el Aquo, transitoriamente procedente el mecanismo constitucional[14].
7.2. La señora K.C.Z.P., en sede de revisión y mediante respuesta del 5 de septiembre de 2018, se pronunció sobre las preguntas formuladas por la Sala y adjuntó copia de la historia clínica actualizada, de la Resolución No. 1174 de 2017, por medio de la cual se declara el abandono de su cargo, así como la relación de gastos mensuales del núcleo familiar[15]. La respuesta que presentó estuvo fundamentalmente asociada a los siguientes presupuestos fácticos:
(i) Situación del menor de edad: Señaló que su hijo actualmente se encuentra en la ciudad de Pereira con tratamiento ambulatorio y controles mensuales en la Fundación Valle del L., a efectos de prevenir alguna infección o enfermedad derivada del trasplante de la médula ósea. Para fundamentar esta circunstancia, aportó copia de la historia clínica hasta mayo de 2018, en la que se advierte que el menor de edad ha estado sometido a terapias combinadas, controles especializados, manejo de antibióticos y exámenes diagnósticos que han evitado una nueva recaída en su estado de salud. Además se refiere en la historia clínica que al menor de edad se le dio de alta con la advertencia de que debía “recibir acompañamiento de la madre durante los primeros 100 días del trasplante, ya que son los más críticos y pueden haber infecciones y enfermedades contra huéspedes graves”[16]. También dejó constancia, por parte de la hematóloga y oncóloga pediatra, que en razón de la evolución en el estado de salud del menor, la accionante podía “reintegrarse a sus labores a partir de la fecha 09/01/2018”[17].
(iii) Situación socioeconómica: Aduce que su núcleo familiar está compuesto únicamente por ella y su hijo. El padre, reitera, reside en la ciudad de Bogotá y no cuenta con un sustento que le permita ayudarla económicamente, ni tampoco colabora en el cuidado diario del menor de edad. De modo que el salario que percibía por su labor en el Hospital San Jorge de P. era la única fuente de ingresos que tenía para mantener el hogar. En razón a la declaratoria de insubsistencia del cargo indicó que ha trabajado en una empresa de servicios temporales (ETEMCO SAS), con contratos discontinuos por un mes, no obstante, tal circunstancia no le permite tener una mínima estabilidad y, menos aún, asegurarle al menor las condiciones necesarias para su recuperación.
Antes de considerar el problema de fondo de la presente controversia judicial, esta S. deberá verificar que la demanda cumpla con los requisitos para su procedencia previstos en la Carta Política, el Decreto 2591 de 1991 y desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
En el presente asunto la Sala no advierte problemas de legitimación frente a la aquí accionante, pues K.C.Z.P. alega la vulneración de sus propios derechos fundamentales por la decisión del Hospital San Jorge de Pereira de negarse a prorrogarle la licencia laboral. Tampoco se presentan cuestionamientos respecto de la representación legal de M.M.Z., pues la parte demandante allegó copia del registro civil de nacimiento del menor de edad a través del cual se acredita la filiación y su minoría de edad.
Con fundamento en el escrito de tutela y en la respectiva contestación, en esta oportunidad, la legitimidad de la ESE Hospital San Jorge de Pereira tampoco genera dificultad, dado que entre la peticionaria y el accionado existió una relación legal y reglamentaria desde diciembre de 2015. Al respecto, se acreditó que la señora K.C. prestó sus servicios como enfermera, de forma personal y bajo la dependencia de esa entidad y, como contraprestación, recibió una remuneración periódica por parte de la demandada.
2.3. I.: De conformidad con la doctrina constitucional, este requisito le impone al demandante la carga de interponer la acción de tutela en un plazo razonable. Aunque la definición jurídica de dicho lapso dependerá de las circunstancias en que se enmarca el caso concreto, la Corte Constitucional ha admitido que la presentación de la demanda dentro de los seis meses siguientes al hecho generador de la afectación iusfundamental constituye un término razonable, pues resulta coherente con la finalidad de salvaguardar de manera urgente e inmediata las prerrogativas constitucionales. Pasado este plazo, de hecho, le corresponde al accionante acreditar los motivos que justifican su tardanza en acudir ante la jurisdicción constitucional[23].
Bajo este entendimiento, en el caso concreto tampoco se advierten problemas de inmediatez, pues de conformidad con las pruebas aportadas al proceso de tutela se encuentra que: (i) el 4 de diciembre de 2017 la tutelante acudió a la citación de descargos formuladas por el Hospital San Jorge de Pereira; (ii) al día siguiente, es decir, el 5 de diciembre, fue declarada insubsistente por abandono injustificado del cargo y, en consecuencia, (iii) el 21 de diciembre del mismo año la señora K.C. interpuso la acción de tutela. De modo que transcurrió menos de un mes desde la última actuación de la entidad (declaratoria de abandono del cargo) hasta la presentación del recurso de amparo.
(i) Si bien, se encuentra que las decisiones administrativas adoptadas por el Hospital San Jorge de Pereira, en su calidad de entidad pública, eran susceptibles de cuestionarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, esa actuación no constituía el mecanismo más eficaz para la protección de los derechos fundamentales comprometidos. Ello por cuanto en el marco del caso concreto y valorados los elementos del juicio del proceso, la resolución del problema involucraba a un menor de edad que, para el momento de la hospitalización en la Fundación Valle del L. tenía aproximadamente un año y tres meses de edad y, por ende, ostentaba la calidad de sujeto de especial protección. Así, ante la situación de salud en la que estaba el menor de edad, quien requería del cuidado y apoyo permanente de un adulto responsable, la Sala no considera desproporcionado que la tutela desplace al medio ordinario, en este evento específico, a fin de asegurarle una protección rápida e integral de sus derechos fundamentales.
(ii) En relación con la idoneidad del mecanismo ordinario, observa la Sala que la accionante no buscaba únicamente controvertir los actos administrativos proferidos en octubre y diciembre de 2017, sino en especial plantear un debate de tipo constitucional respecto de la aplicación de las normas jurídicas que fijan el reconocimiento de la licencia a causa de la calamidad doméstica y que, en su caso específico, resultaba posiblemente incompatible con la Constitución. En especial, el impacto negativo –en términos de goce efectivo de derechos fundamentales-, por la decisión de la entidad de no continuar prorrogando la licencia, aun cuando la situación del menor de edad no había cambiado sustancialmente, pues tras el trasplante de la médula ósea continuaba internado en la Fundación Valle del L..
Planteamiento del caso, problema jurídico y metodología de la sentencia
Alcance constitucional de la figura de la grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Aplicación a trabajadores públicos y privados
4.3.2. En el sector privado también se ha fijado la calamidad doméstica como una justa causa para la concesión de la licencia laboral. Al respecto, el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 57, señala que dentro de las obligaciones especiales del empleador está la de “conceder al trabajador las licencias necesarias (…) en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada (…)”. Y el artículo 108, ordena al empleador que regule, en el respectivo Reglamento Interno de Trabajo, la forma de concesión de los permisos, “especialmente lo relativo a desempeño de comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica”. (N. fuera del texto).
Para determinar la razonabilidad de dicho plazo, es preciso sopesar, como ya ha señalado la Corte, las circunstancias particulares del caso desde una doble perspectiva: (i) desde el lugar donde se encuentra el trabajador, es decir, analizar la gravedad de la calamidad doméstica en sí misma considerada, la posibilidad de conjurarla en un plazo determinado, la presencia de familiares o amigos que contribuyan a superarla, así como la disponibilidad de recursos materiales o económicos en los que se pueda apoyar el trabajador, etc. y, al mismo tiempo, considerar (ii) la condición del empleador, es decir, el grado de afectación del trabajo que le representa la ausencia de su empleada y la posibilidad de reemplazarla[42]. Pero, además estima esta S. que deberá tenerse en cuenta su capacidad y solvencia económica, el tamaño de la empresa, los trabajadores a cargo, la naturaleza del empleador, el carácter intuito persona, la hora a cargo, inclusive, los compromisos de la empresa vinculados al desempeño de las funciones. Es más, dicho plazo razonable deberá ser acordado entre el empleador y el trabajador, la regulación interna de la entidad o, en defecto de lo anterior, por las determinaciones unilaterales del primero, sin que quede a la mera discrecionalidad, pues se entiende que –en todo caso- deberá ser proporcional y razonable.
(i) En relación con la gravedad de la situación familiar, a partir de la información consignada en la historia clínica del menor de edad, consistente en más de 500 folios, está S. advirtió con facilidad los hechos que le impedían a la accionante presentarse a su lugar de trabajo. Todos relacionados con el delicado estado de salud de su hijo de un año y tres meses de edad, para aquel entonces. Sobre el particular, con conceptos clínicos de los médicos tratantes, se demostró que desde el mes de mayo de 2017 el menor de edad fue diagnosticado con un complejo cuadro de enfermedades físicas, como ocurrió con la disfunción hepática inicialmente presentada, la hepatitis autoinmune y la aplasia medular, que aun cuando fue inicialmente tratado en Pereira, en razón de la complejidad del caso, debieron trasladarlo a la Fundación Valle del L.. Allí, con soporte en la misma historia clínica, se pudo advertir no solo el proceso de hospitalización del menor de edad, las cirugías para el trasplante y pos trasplante de la médula ósea, sino además los cientos de medicamentos prescritos, valoraciones médicas y exámenes diagnósticos para el tratamiento de su situación que adviertan, con total facilidad y certeza, la gravedad de la calamidad doméstica.
(ii) También expuso la accionante el impacto negativo sobre sus condiciones materiales y morales. En particular, el hecho de que tuvo que trasladarse de la ciudad de P., lugar de su residencia y donde se encontraba su lugar de trabajo, al municipio de San José de Cali, a fin de que el menor pudiera contar con un tratamiento médico integral; sitio en el que no contó con una red de apoyo familiar o de amistades que le permitieran asegurarle un cuidado adicional al menor. Pero, especialmente, la Corte advierte la imposibilidad fáctica de dejarlo al cuidado de una tercera persona, pues además del estado crítico de salud, la accionante era la única donante de la médula ósea y, por ende, tenía que asistir a controles previos, durante la cirugía y en la evolución del procedimiento quirúrgico.
5.4. Aunque en razón de los anteriores presupuestos fácticos la parte demandada le otorgó a la accionante una licencia ordinaria no remunerada en el período comprendido entre el 13 de mayo y el 14 de octubre del año 2017, lo cierto es que, en el marco del caso concreto y a luz de los mandados constitucionales que le obligan al empleador a actuar de forma humanitaria y solidaria, el Hospital accionado omitió conceder a la accionante la licencia por el tiempo necesario para acompañar al menor de edad, al menos, en el proceso de hospitalización en la Fundación Valle del L.. De este modo, al existir ciertas circunstancias fácticas excepcionales, era válido suponer que la entidad le reconocería la licencia por el tiempo necesario, en especial, teniendo en cuenta que:
(i) El menor de edad estuvo internado en la Fundación Valle del L. desde el 13 de mayo hasta el 24 de noviembre de 2017, fecha en la cual el oncólogo pediatra le autorizó el tratamiento médico ambulatorio. Sin embargo, como informó el propio Hospital, a través de la Resolución No. 996 de septiembre de 2017, se le concedió la última licencia hasta el 14 de octubre del año en cuestión, es decir, un mes antes de la salida del menor de edad.
5.6. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica descrita y a partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala de Revisión considera que la ESE Hospital Universitario San Jorge de P. vulneró los derecho fundamentales al trabajo y al mínimo vital de la accionante, así como desconoció los principios de interés superior de los niños y de solidaridad social, al haber omitido reconocerle a la actora una licencia por grave calamidad doméstica por el tiempo necesario para, al menos, cuidar a su hijo durante el período de hospitalización en la Fundación Valle del L., gozando en dicho momento de un lapso razonable de remuneración, como lo establece la propia doctrina constitucional[46]. Dicho de otro modo, que el nominador no le hubiera reconocido la licencia por el tiempo necesario para, al menos, contrarrestar la gravedad de la calamidad y, al contrario, constituya la razón de ser para desvincularla del empleo, conduce no solo a desconocer garantías labores de rango constitucional, sino también otros derechos fundamentales, como el mínimo vital. Además, de desconocer la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuya protección y asistencia exige la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad.
5.7. Constatada la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora le corresponde a la Sala adoptar el remedio constitucional pertinente. En el escrito de tutela la señora Z.P. solicitó que le fuera autorizada la prórroga de la licencia, acreditando como justa causa la grave calamidad doméstica debido al estado de su hijo menor de edad y que, por lo tanto, su situación familiar no la llevara a desvincularse de su lugar de trabajo. Sin embargo, analizadas las pruebas aportadas durante el período de revisión ante esta Corporación, tanto por la parte accionante como por el Hospital San Jorge de Pereira, la Corte tuvo claridad del cambio en la situación administrativa de la empleada, quien fue declarada insubsistente a partir del 16 de noviembre de 2017. De modo que, para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados por la entidad, no resulta adecuado ordenar la prórroga de la licencia, sino que debe abarcar un aspecto mayor: la orden de vincular a una empleada temporal que fue declarada insubsistente por la ausencia –en criterio de la entidad- injustificada.
Bajo este entendimiento, la Sala considera que en este caso puntual era razonablemente previsible que el Hospital S.J. declarara la vacancia del cargo de la enfermera tutelante, al negarse previamente a prorrogarle la licencia sosteniendo el límite temporal previsto en el Decreto 1083 de 2015 y, en consecuencia, iniciar el trámite administrativo de descargos por el presunto abandono injustificado del cargo. Por lo que tal circunstancia, para la Sala, constituye una consecuencia cierta de la negativa a otorgarle la licencia por el tiempo necesario para, al menos, superar la gravedad de la enfermedad del menor, como ya se explicó. De hecho, en el caso concreto no se aprecian mayores argumentos por parte de la administración del Hospital para declarar la vacancia del cargo que hubieran tenido como punto de discusión un elemento adicional al reconocimiento o no de la licencia a causa de la calamidad doméstica.
Sobre el particular, la entidad se limitó a indicar que después de la citación a descargos y la realización de la respectiva audiencia, efectuada el 4 de diciembre de 2017, a través de la Resolución No. 1174, declaró el abandono del cargo argumentando que (a) le fue concedido el período máximo de 90 días fijado en el Decreto 1083 de 2015; (b) las incapacidades médicas no estaban autorizadas por la EPS en que se encontraba afiliada, ni había realizado su transcripción; (c) tampoco acudió de manera oportuna a la citación a descargos por la ausencia no justificada y, finalmente, (d) el cargo desempeñado por la accionante es misional, por lo que se hacía necesario garantizar una prestación oportuna y continua del servicio. De modo que, la resolución no se detuvo a analizar otros problemas de la accionante que admitieran la declaratoria de la vacancia del cargo, sino que todas las razones estuvieron asociadas a su presunta ausencia injustificada en el período que estaba al cuidado de su hijo menor de edad en la Fundación Valle del L.. De hecho, estima la Sala que no bastaba con afirmar que no se presentó a descargos, ni realizó las trascripciones de las incapacidades, pues en todo caso el fondo de la discusión recaía sobre el mismo escenario que la accionante había expuesto ante el Hospital y acreditado a través de la historia clínica: la grave calamidad doméstica derivada del estado de salud del menor de edad.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de P., Risaralda, que confirmó la decisión adoptada el 10 de enero del mismo año por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante las cuales se negó la acción de tutela formulada por K.C.Z.P., en nombre propio y en representación de M.M.Z., contra la Empresa Social del Estado-Hospital Universitario San Jorge de P.. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 1174 de 2017 mediante la cual se declaró el abandono del cargo de la señora K.C.Z.P..
Cuarto.- En consecuencia, ORDENAR a la Empresa Social del Estado-Hospital Universitario San Jorge de P. que, dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia judicial, inicie las gestiones necesarias para reintegrar a la señora K.C.Z.P. al cargo que venía desempeñando o a uno en mejores condiciones. En relación con el pago de salarios y demás prestaciones sociales, deberá iniciar el correspondiente proceso ordinario tendiente a definir el alcance de sus derechos.
[40] Se relaciona con la situación de los estados de Columbia Británica, Alberta, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Territorios del Noroeste, Nueva Escocia, Nunavut, Ontario, I. delP.E., Y., Manitoba, Quebec, Saskatchewan. En: Revista Internacional de Trabajo, Vol. 132 (2013), núm. 1. Vacaciones y licencias en países desarrollados: Los Estados Unidos a la zaga en cuanto a equilibrio entre vida profesional y familiar. PP. 142-161.
[41] Los datos han sido analizado a partir de la investigación de los profesores R.N.B., Joo-Young Park y Young-Hee Kang, quienes compararon distintas legislaciones nacionales respecto de las licencias laborales para determinar el grado de equilibrio entre la vida profesional y familiar, en especial, en los países con un crecimiento en la activad laboral de las mujeres y con economías de mercado desarrolladas. En: Revista Internacional de Trabajo, Vol. 132 (2013), núm. 1. Vacaciones y licencias en países desarrollados: Los Estados Unidos a la zaga en cuanto a equilibrio entre vida profesional y familiar. PP. 142-161.
[48] Al respecto, la Corte ha insistido en que, al momento de alegar el abandono injustificado del cargo, el empleador debe demostrar el grado de responsabilidad subjetiva del trabajador, pues, en caso contrario, las razones del retiro desaparecen. Así, por ejemplo, indicó en la Sentencia C-769 de 1998, que “abandonar el cargo, o el servicio, implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio. C. de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado el abandono del cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta disciplinaria”.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002009-01522-00 de 3 de Septiembre de 2009

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 resolución 
 artículo 57
 artículo 108
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución