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Timestamp: 2019-03-21 12:35:05+00:00

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﻿ Auto 2013-01260 de junio 19 de 2013
AUTO 2013-01260 DE 19 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. MIENTRAS LAS PERSONAS TENGAN O HAYAN TENIDO A SU ALCANCE LOS INSTRUMENTOS LEGALES DE REGULAR PROCEDENCIA PARA PLANTEAR ANTE EL JUEZ NATURAL SU DISCONFORMIDAD CON LA ACTUACIÓN ADELANTADA, LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES LA VÍA ADECUADA PARA TRATAR DE SUSTITUIRLOS O REEMPLAZARLOS, NI MUCHO MENOS PARA RESCATAR OPORTUNIDADES PRECLUIDAS O TÉRMINOS VENCIDOS, DEBIDO A SU CARÁCTER ESTRICTAMENTE RESIDUAL Y SUBSIDIARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, RESTITUCIÓN DE TIERRAS, ETAPAS DEL PROCESO
Auto 2013-01260 de junio 19 de 2013
Ref. 11001-02-03-000-2013-01260-00
Decide la Corte la acción de tutela presentada por Alfredo Enrique Briceño Mariño contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, a cuyo trámite se vinculó a la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del mismo distrito judicial, magistrada Martha Isabel García Serrano.
1. El promotor del amparo reclama protección constitucional de los derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, a la “doble instancia”, entre otros, que dicen vulnerados en el proceso de restitución y formalización de tierras promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas del Norte de Santander en representación de Daniel Augusto Palencia Villamizar y Nubia Stella García Cáceres.
Solicita, entonces, “suspender la aplicación de la sentencia” de 8 de mayo de 2013, dictada en el referido asunto.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas de Norte de Santander, presentó a nombre de Daniel Augusto Palencia Villamizar y Nubia Stella García Cáceres, demanda pretendiendo la protección del derecho a la restitución y formalización de tierras sobre el predio denominado parcela 20 Diana Milena, ubicado en la vereda la Rampachala del municipio de Zulia Norte de Santander, con Folio Inmobiliario 260-148322.
No obstante que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta se declaró sin competencia para conocer de la actuación, la Sala Civil de esa especialidad del Tribunal Superior de Cúcuta, “ordenó devolver el proceso al despacho desconociendo el mandato contenido en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011”, en cuanto establece que dichos Tribunales decidirán en única instancia los procesos de tal naturaleza “en aquellos casos que se reconozcan opositores dentro del proceso” (fl. 2).
En el mencionado asunto tanto él como el señor Víctor Reyes tienen la calidad de parte-opositor, por lo que la competencia al tenor de la precitada disposición radica en la corporación mencionada, razón por la cual “el trámite adelantado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado está viciado de nulidad por darse la causal contemplada en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 y, por ende quebrantó el principio supralegal del debido proceso” (fl. 2).
Según concepto de la procuraduría delegada para restitución de tierras “el hecho de que la demanda haya sido contestada en forma extemporánea, per se no implica que desaparezca el opositor y que en consecuencia se varía la competencia para dictar sentencia (...)” (fl. 2).
La Sala de Decisión Civil Especializada “desconoció los derechos de los opositores (...) al decidir per se que no existían opositores y que la competencia estaba en cabeza del juzgado especializado” (fl. 3), más cuando en los procesos de única instancia “como en el que nos ocupa, no se establecieron suficientes oportunidades de controversia en aras de evitar la violación del derecho de defensa y el de acceso a la administración de justicia” (fl. 3).
Concluye que compró el bien en forma lícita y de buena fe, lo cual no lo pudo manifestar ante el Juzgado de Restitución de Tierras, pues no contó con la oportunidad de controvertir.
3. La Corte admitió a trámite la demanda de la referencia; tuvo en cuenta como prueba documental allegada por el actor en tutela; requirió copia de las piezas procesales pertinentes; y ordenó librar las comunicaciones de rigor.
4. El tribunal convocado mediante oficio que obra en el expediente solicitó declarar improcedente el amparo supralegal. Igualmente, tras reseñar la actuación adelantada en el proceso sobre el cual versa la queja, indicó que esa Sala “no tenía competencia para avocar el conocimiento del asunto por no mediar reconocimiento de oposición, decisión que difiere del reconocimiento de personería que se le hizo previamente al profesional que lo iba a representar y que aparece consagrado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil porque esta solo hace referencia a que el apoderado de dicha persona ostente la condición de abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente conferido”. Anotó que contra el fallo atacado existe otro medio de defensa, el recurso extraordinario de revisión. Finalmente, señaló que “como el proceso en que se dictó el fallo cuya suspensión se pretendía como medida provisional, se acumuló otro de la misma naturaleza que fue conocido por el mismo juez y que previamente también fue remitido a esta Sala (...) tomó igual decisión que la asumida por la suscrita (...)”.
Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito accionado, mediante oficio que obra en el expediente, relacionó la actuación procesal y manifestó que “no ha vulnerado derecho alguno del accionante en el escrito de tutela”.
Así mismo, se pronunció la Procuraduría 12 Judicial II para Restitución de Tierras, quien, en suma, indicó que “el hecho de que la demanda haya sido contestada en forma extemporánea, [per se no implica que desaparezca el opositor y que en consecuencia se varíe la competencia para dictar sentencia], pues si bien esto implica que la parte opositora no puede hacer valer las pruebas ni obtener el decreto de las que considere conducentes, útiles y pertinentes, en defensa de sus intereses, ello no inhibe, por ejemplo, la facultad oficiosa de la que en determinado momento pueda hacer uso el juez o magistrado en procura de obtener la verdad y de impartir justicia en el sentido de otorgar a quien se haga acreedor de la indemnización dada la buena fe”.
2. En el asunto específico el actor acude a la tutela porque considera trasgredidas las garantías invocadas, con fundamento en que dentro del proceso fuente del reclamo formuló oposición y se reconoció personería a su abogado, caso en el cual radicaba en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta la competencia funcional para dictar sentencia y no en el Juzgado Primero Civil del Circuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.
De los elementos de convicción allegados a las presentes diligencias, particularmente de los informes de las autoridades convocadas, en lo pertinente, se extrae:
a) Al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras correspondió por reparto conocer del proceso Radicado 2012-00199, siendo solicitantes los señores Daniel Augusto Palencia Villamizar y Nubia Estella García Cáceres, asunto en el que se admitió la demanda y se corrió el traslado correspondiente al opositor Alfredo Enrique Briceño Mariño “de 15 días contados a partir de la notificación”.
b) Notificado el 7 de diciembre de 2012, el prenombrado señor, por intermedio de apoderado judicial, el 23 de enero de 2013 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la solicitud.
c) Por auto de 25 de enero del año en curso, ese despacho le reconoció personería al abogado del opositor y, además, “declaró extemporánea la presentación del escrito de oposición por presentarlo vencido el término de ley”.
d) A la referida causa se acumuló otra de los mismos solicitantes frente al señor Víctor Manuel Reyes(1) (Rad. 2012-00197), para que se decidieran en la misma providencia, “teniendo en cuenta que los mismos se encontraban en igualdad de condiciones” (fl. 52).
e) Con providencia de 7 de marzo de 2013 se dio apertura al período probatorio y precluida dicha etapa, estando el proceso para dictar sentencia, mediante auto de 1 de abril de esta anualidad, el juzgado de conocimiento resolvió que no era competente para proferir el fallo de conformidad con lo señalado en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, remitiendo, en consecuencia, la actuación a la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior de ese distrito judicial.
f) Esa corporación en determinación de 11 de abril de los corrientes declaró que carecía de competencia, por lo que en obedecimiento a lo allí resuelto, el estrado del circuito que venía conociendo del caso profirió sentencia el pasado 8 de mayo, declarando, en lo que atañe al Radicado 00199-2012, “la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme” celebrado por los solicitantes con relación al comprador Alfredo Enrique Briceño Mariño sobre el predio rural, Parcela 20 denominada Diana Milena, con folio de matrícula inmobiliaria 260-148322 “de la cual fueron despojados” (fl. 68) y, en consecuencia, dispuso a favor de los peticionarios la restitución del predio.
3. La protección pedida no resulta procedente, por las siguientes razones:
Acentuada jurisprudencia constitucional apunta a que el proceso judicial es el escenario propicio para que los sujetos procesales e intervinientes ventilen sus inconformidades en relación con los asuntos o temas que les conciernen, ya que el ordenamiento positivo brinda los mecanismos ordinarios para procurar la defensa de sus intereses ante los funcionarios de conocimiento.
En ese sentido, esta Sala ha explicitado que mientras las personas tengan o hayan tenido a su alcance los instrumentos legales de regular procedencia para plantear ante el juez natural su disconformidad con la actuación adelantada, la acción de tutela no es la vía adecuada para tratar de sustituirlos o reemplazarlos, ni mucho menos para rescatar oportunidades precluidas o términos vencidos, debido a su carácter estrictamente residual y subsidiario.
Así, “el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 incorporó el principio de la subsidiariedad de la acción de tutela como uno de sus rasgos esenciales, despojándola de sus efectos tuitivos ante la existencia de un medio judicial de defensa, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio, con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual este debe acreditarse debidamente.
Se colige, entonces, que la acción de tutela es improcedente cuando la persona afectada tiene o tuvo la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por las vías ordinarias y ante los jueces competentes” (Sent. mayo 20/2010, Exp. 52001 22 13 000 2010 00030 01).
Dicha línea de pensamiento no es ajena al supuesto de que la queja constitucional verse sobre el proceso judicial establecido en la Ley 1448 de 2011, el cual, según reciente pronunciamiento de esta corporación:
“La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la [citada ley] para el trámite de restitución de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su núcleo esencial, los derechos de las víctimas, opositores, intervinientes y terceros”.
“De ello da cuenta la Sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destacó que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como ‘una medida necesaria para proteger a las víctimas del empleo de artimañas jurídicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jurídico de los predios’, se definieron en la norma ‘garantías suficientes para que quienes tengan interés puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas’” (Sent. abr. 29/2013, Exp. 1100102030002013-00797-00).
En lo que atañe precisamente al trámite en única instancia, indicó dicha célula judicial que, “encuentra la Corte que a pesar de tratarse de un procedimiento de única instancia, con términos breves, dado que dentro del mismo el legislador previó suficientes garantías a los derechos al debido proceso, de defensa, a la igualdad y al acceso a la justicia, las limitaciones establecidas resultan razonables y proporcionadas y no son contrarias al principio de doble instancia. Por ello, no prosperan los cargos planteados por los accionantes y en consecuencia, se declararán exequibles los apartes demandados del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011”.
Lo anterior significa que es el trámite procesal de donde dimana la actuación o el pronunciamiento que supuestamente afecta los derechos de quien tiene un interés jurídico en su resultado, la senda primaria y adecuada para que exponga sus argumentos e inconformidades, a través de los medios de control judicial. Presupuesto que en el caso particular no se cumple porque de las pruebas allegadas, fácil es concluir que el hoy accionante Alfredo Enrique Briceño Mariño, ninguna inconformidad exteriorizó frente al auto de 25 de enero de 2013 por medio del cual se declaró extemporánea la presentación de su escrito de oposición, como tampoco lo hizo frente a la providencia de 11 de abril de 2013, por cuya virtud la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, no avocó conocimiento del proceso en cuestión para proferir fallo, por falta de competencia, no obstante haberse cumplido el acto de enteramiento de tales decisiones en términos del artículo 93 de la Ley 1448 de 2011.
Al respecto, nótese que bien pudo agotar el gestor el recurso de reposición frente a las mencionadas determinaciones, instrumento idóneo para controvertir las decisiones que hoy repudia, desde luego que el precitado ordenamiento no establece una limitante a ese medio impugnativo, como si lo hace respecto de otra clase de actuaciones y trámites, según lo previsto en el canon 94 ibídem. El accionante incluso tuvo a su alcance solicitar la nulidad del proceso por falta de competencia funcional, misma que pretende obtener por vía de tutela.
En efecto, “... no se diga que el recurso de reposición es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia” (Sent. ago. 3/2011, Exp. 11001-22-03-000-2011-00741-01; reiterada mar. 18/2013, Exp. 23001-22-14-000-2012-00176-02 y mayo 24/2013, Exp. 05001-22-03-000-2013-00194-01).
En suma, como en otra ocasión dijo esta Corte: “...como el peticionario soslayó los mecanismos propios de defensa con que contaba para controvertir las decisiones de las que ahora se duele, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia anotada, dado el señalado carácter propio de la acción de tutela, el cual, como bien se sabe, prohíbe su interposición ante la existencia de otros medios de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados pues como lo ha venido sosteniendo esta Corporación, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial idóneo es el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable aducir que careció del medio de defensa si gozó de la oportunidad de ejercerlo y no lo hizo (...)” (Sent. mayo 22/2008, Exp. 11001-22-03-000-2008-00463-01).
De manera que existen fundadas razones para concluir que el actor desaprovechó precisas oportunidades para discutir ante el juez de la contienda el tema relativo a la supuesta falta de competencia funcional, luego no puede tratar de franquear dicha incuria utilizando como recurso alternativo el mecanismo extraordinario contemplado en el artículo 86 de la Carta Política.
4. En ese contexto, se denegará el amparo deprecado.
Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruíz.
(1) La sentencia de 8 de mayo de 2013, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, dictada en el Radicado 2012-199 acumulado, relata que aunque al señor Víctor Manuel Reyes se le notificó del trámite, no ejerció el derecho de contradicción.

References: artículo 79
 artículo 140
 artículo 67
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 93
 artículo 86