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Timestamp: 2020-06-06 05:08:08+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: La Pampa
Masivo rechazo al avance de Portezuelo
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza - Nacional
Organizaciones de pueblos originarios, con la adhesión de asambleas y otros sectores de diversos puntos -también de Mendoza- rubricaron un documento que rechaza la continuidad de la "obra del siglo" en tierra cuyana.
La Red Intercultural en Defensa de la Cuenca del Río Colorado, integrana por múltiples organizaciones -sobre todo en representación de pueblos originarios-, rechazó de modo contundente la continuidad del proyecto de Portezuelo del Viento en Mendoza. Exigieron que se declare, directamente, la "prohibición absoluta" de la llamada "obra del siglo".
Entre las organizaciones firmantes del documento público hay varias agrupaciones, asambleas y gremios de La Pampa, pero también de otros puntos, e incluso pueblos originarios de Mendoza.
Las personas y organizaciones firmantes son Noelia Ñanculeo (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la Zona Valle, Provincia de Río Negro), Mirtha González (Consejo de Participación Indígena zona valle de Río Negro), Orlando Carriqueo (Werken de la Coordinadora del parlamento del pueblo mapuche de Río Negro), Comunidad Baigorrita, Comunidad Rankel Huitra (Bahía Blanca), Lof Choyque Newen, Coordinadora por el Agua y el Ambiente (Malargüe), Comunidad Lucero – Pichina:u (Rincón de los Sauces, Neuquén), Comunidad Ranquel Ñuke Mapu (Puelén, La Pampa), Comunidad Gregorio Yankamil, Comunidad Willi Antu, Comunidad de Liliana Huitra, Fundación Chadileuvú, Coordinadora Pampeana en Defensa del Agua y el medio Ambiente, Asamblea por los Ríos Pampeanos, Asamblea Popular por el Agua Mendoza, Observatorio Geopolítico de La Energía y Soberanía (Gensur), Asamblea Permanente por el río Colorad (Río Negro), Patrulla Ecológica Rincón De Los Sauces, Organización Identidad Territorial Malalweche – Pueblo Mapuche (Mendoza), Comunidades de la zona valle de la coordinadora del parlamento del pueblo mapuche, Chewelche sobre el margen del río Colorado, Asamblea Les Pibes de Tunuyán (Mendoza), Autoconvocadxs de Tunuyán por el Agua (Mendoza), Asamblea Socio ambiental por el agua de Guaymallén (Mendoza), Asamblea por el agua Godoy Cruz, Foro Socio Ambiental 25 de mayo, Asamblea de Las Heras Por el Agua Vecinos, Autoconvocados de Rivadavia, Asamblea Maipucina por el Agua, Asamblea Socioambiental Zona Este, Intersindical de La Pampa, Desde el Pie, La Pampa, Luz y Fuerza La Pampa, CTA Autónoma de San Juan, Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
El documento recuerda que el Proyecto, llamado Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento, es una obra consiste en la construcción de una represa y central hidroeléctrica sobre el río Grande, a 20 kilómetros al oeste de la localidad de las Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza.
Refresca que las leyes 23.879, 25.675 y 25.975, cuyo artículo 1 modifica el artículo 3 de la ley 23.879, las cuales no permiten realizar una obra de esa magnitud, sin un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que comprenda los efectos de todo tipo que causará sobre la Cuenca del río Colorado, por lo que "claramente vemos que el proyecto viola el procedimiento establecido por dichas leyes. Lo que además es una flagrante afrenta a la legislación relacionada a este tema".
"El impacto del cambio climático y el déficit hídrico que viven muchas regiones de Argentina, nos impone una demanda de revisión total del Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y distribución de Caudales del Río Colorado, aprobado en la década del ’70, cuyos datos hídricos y geotécnicos se encuentran desactualizados, porque el contexto geoclimático de ese momente y la cota normal del río era otra", añade.
El posicionamiento de estos sectores considera que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) "han sido insuficientes, ya que no contemplan esta actual crisis hídrica del Colorado, que viene persistiendo y desarrollándose desde hace más de 10 años, como tampoco los impactos económicos, sociales y ambientales aguas abajo. Tal es el caso de la destrucción de una de las zonas de riego más importantes del país ubicado, en el sur de la provincia de Buenos Aires o la situación que atraviesan con el dique Casa de Piedra".
"Para las comunidades del Pueblo Mapuche Chewelche, que se ubican y desarrollan sus vidas en territorios comunitarios al margen del río Colorado, el acceso al agua es casi imposible: la realidad hídrica es totalmente deficitaria. Un ejemplo son los infinitos pantanos donde animales mueren en busca de agua, afectando las economías de subsistencia, o la salinización del río si se lleva a cabo dicho proyecto", agrega.
El documento indica que "otro factor importante es que el estudio de impacto ambiental se ha limitado a una sola provincia, Mendoza, cuando la cuenca del río Colorado nace en la Cordillera de los Andes y desagua en el Océano Atlántico, y, que por tanto discurre en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, las cuales no han formado parte de dicho estudio. Así mismo se ignora, a sabiendas, que es el agua que consumen 200.000 argentinos. Nos parece una locura semejante inversión en un país tremendamente endeudado y una economía en profunda crisis por la pandemia del COVID-19".
"Urgente una consulta previa"
"Es urgente que la consulta previa, libre e informada, se lleve a cabo con el lógico consentimiento de los Pueblos Indígenas y sus Comunidades, como también mencionar que debe realizarse en los términos reconocidos y garantizados por la normativa Nacional e Internacional, artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y artículo 6,7,16 y concordantes del convenio 169 de la OIT, ley nacional 24.071 artículo 2,3,19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos, es fundamental el respeto por las normas internacionales, en donde Argentina es firmante oficial".
"Las audiencias públicas deben ser precisamente definidas para que cumplan su rol participativo, determinante en su carácter de vinculante, y no transformarse en una obra escenografía vaciada de contenidos como la que se realizó el gobierno de Rodolfo Suárez", plantean.
El documento añade que "con la formación de los embalses, indefectiblemente el proceso de desplazamiento de las comunidades de Lof Malal Pincheira, Lof Butamallin, Lof Ranquilko, entre otras, va ir generando una reducción territorial, con el consiguiente impacto contracultural, produciendo la violación de los derechos de estas comunidades".
"También para las poblaciones originarias de Río Negro como, Newen Mapu, Nehuen Aituwe, Milla Mapu, Catriel Che, Ñaunculeufu, Kelug Leufuche, Hue Newen, Newen Kurruf, Lof Peñi Nuñez Alvarez, Inaltu Quelug leufu, Vaca Mawida, Pina Quiñe y Ñancu Lawen, los impactos negativos en la biodiversidad del lugar como la extinción de especies y la relocalización de las poblaciones, como un impacto insoslayable de la represa, generando un deterioro del nivel de vida social, económico, ambiental y ecológico de las poblaciones afectadas", insisten las organizaciones.
"La no presentación de un plan de resguardo de más de 15 sitios sagrados o arqueológicos en la zona inundable, parece un efecto menor, pero hay legislación en nuestro país que protege dichos sitios. Resulta urgente, entonces, el cambio en la mirada sobre el bien común agua, fundar y rediscutir el paradigma del agua, desde el concepto del agua desde su diversidad en tanto bien común, social, natural, cultural, escaso y no renovable", enumera.
"Por todo ello, nos pronunciamos por la unidad de los pueblos en la defensa del medio ambiente y del agua, considerando a la energía es un bien común y social, además de un derecho humano y no una mercancía. Rechazamos el modelo extractivista, saqueante y contaminante, que nos quieren imponer en nuestras vidas, es importante identificar quienes asumirán la responsabilidad de evaluar la viabilidad de los planes y las medidas de mitigación, reparación o monitoreo, producto de la creación de Portezuelo del Viento. Por el buen vivir, kume felen, y como parte de la naturaleza que somos seguiremos cuidando y defendiendo nuestro más apreciado bien común el agua", concluyen.
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Ziliotto elevó queja por fondos para Portezuelo
El gobernador de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto, elevó un reclamo formal a Alberto Fernández luego de que trascendiera que el reperfilamiento de los vencimientos de bonos regidos por ley argentina hasta 2021 no incluye a las remesas a Mendoza en dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, cuestionada por todo el arco político pampeano por considerar que asfixia sus recursos hídricos.
“Tenemos confianza en el Presidente, pero hemos iniciado los reclamos”, dijo el mandatario, además de remarcar que “no encontramos ninguna razón por la cual, si todos los acreedores tienen que esperar, por qué no puede hacerlo la provincia de Mendoza”.
“El reclamo lo hice desde mi investidura, por la vía formal; los canales míos son institucionales”, sostuvo.
La primera reacción, intempestiva, había corrido por cuenta del exgobernador peronista Carlos Verna, quien en su cuenta de Twitter aseguró el pasado martes: “El presidente @alferdez defaulteó la deuda de los bonos de legislación nacional, excepto los de Portezuelo. Antes nos cagaba @mauriciomacri, ahora nos cagó un compañero”.
Horas después, Ziliotto remarcó -en declaraciones a La Red- que “la cuestión de la soberanía hídrica en La Pampa está muy arraigada”. “Carlos Verna es una persona que ha luchado muchísimo, nosotros tenemos varios conflictos con Mendoza que ya nos robó el río Atuel a pesar de que la Corte falló que es interjurisdiccional, y ahora esa provincia quiere hacer una represa también en un río interjurisdiccional”, dijo.
“No estamos en contra de que se haga, estamos en contra de que la administre Mendoza; nosotros hemos reclamado ayer (por el martes) al Gobierno Nacional sobre por qué se tomó esa decisión”, subrayó.
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Mendoza recusó al flamante presidente del Coirco. Se trata del exsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Deberá resolver el Consejo de Gobierno. La obra controlará el caudal del río Colorado. Río Negro, La Pampa y Neuquén coinciden en la necesidad de un estudio integral de impacto ambiental.
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Condenaron a tres cazadores
Tres cazadores fueron condenados a un año de prisión y cinco de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquiera de sus modalidades, pero uno de ellos deberá cumplir prisión efectiva por habérsele unificado una pena anterior. Las penas les fueron impuestas en un juicio abreviado, en el que intervino el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
Los condenados resultaron ser Luis María Santillán, Mauricio Ezequiel Balquinta y Rubén Emiliano Torres, todos a un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquier de sus modalidades, por ser autores del delito de depredación de la fauna silvestre agravado por haberse cometido con la participación de tres personas y su transporte.
El abreviado fue convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, los defensores oficiales Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa y los propios imputados.
En este procedimiento de resolución alternativa del conflicto penal, los jueces no pueden imponer sanciones más severas a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
En el legajo se dio por probado que el 6 de noviembre de 2018, los acusados «dieron muerte, con un arma de fuego, a varios animales de la fauna silvestre, haciéndolo en época de veda y sin autorización ni permiso de caza alguno, en violación a las resoluciones 452/17 y 454/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, para luego eviscerarlos y transportarlos en una camioneta marca Toyota Hilux».
Fueron 35 ejemplares de vizcacha (hembras y machos), dos de jabalí (machos) y cinco de ciervos colorados (secuestrándose diez cuartos, siete paletas y dos bolsas de nylon que contenían diez lomos).
Los condenados resultaron Santillán (45 años, pintor), Balquinta (25, albañil) y Torres (31, pintor), quienes fueron interceptados por la policía, ese mismo día, en la ruta nacional 35, en cercanías del Cementerio Parque de Santa Rosa.
El juez sostuvo que «de acuerdo a cómo fue fijado el hecho y las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal que incriminó a los acusados, entiendo que se encuentra debidamente acreditadas las acciones desplegadas por ellos; no solo por el propio reconocimiento de los imputados, sino también por los restantes elementos aportados por las partes».
En relación a Torres -está detenido en la U4-, cabe señalar que se le unificó la pena con otra anterior en una única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado, en otro abreviado, había sido condenado el 13 de agosto del año pasado, por el juez de control Gabriel Tedín, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por robo calificado por ser en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia.
En esa ocasión se acreditó que había ingresado, junto a otras dos personas y una cuarta que hizo de ‘campana’, a una vivienda. Allí encerraron al propietario en el baño, le taparon la cabeza con una camisa, lo ataron de pies y manos y luego fueron hasta un local que posee de la víctima y sustrajeron dinero de una caja fuerte.
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El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
La ley prohibirá fumigar a menos de 500 metros de los pueblos
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
Represa Portezuelo suma provincias en contra de Mendoza
La Pampa apura en la Justicia y suma aliados contra Portezuelo
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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 artículo 3
 artículo 75
 artículo 6
 artículo 2
 resolución 
 artículo 18
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