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Timestamp: 2020-05-25 12:02:37+00:00

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Red 07 de inteligencia de la Armada – Colombia Nunca Más
Red 07 de inteligencia de la Armada
A continuación presentamos los itinerarios de los miembros involucrados en los crímenes perpetrados por la Red de la Armada No. 7, sin hacer distinción alguna entre los civiles y militares que la componían debido a su particular conformación. Al final de esta relación de responsables se efectúa un único análisis de impunidad, en razón a que los hechos endilgados a estos sujetos se llevaron en un solo proceso en cuanto al ámbito penal ordinario y penal militar; igual sucedió con la actuación disciplinaria.
ALVAREZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS Alias: “EL INGENIERO”
Capitán de la Armada Nacional que fue el Jefe de la Red 07 de Inteligencia. De acuerdo con las investigaciones oficiales, además del cargo que tenía, actuaba en la contratación de civiles, manejaba las cuentas en las que la DINTE consignaba el dinero para la Red 07 y llegó a arrendar a nombre propio una de las oficinas para encubrir a la estructura. Coordinó personalmente los siguientes crímenes:
Asesinato de la Secretaria del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, Blanca Cecilia Valero de Durán, ocurrido el 29 de enero de 1992 cuando salía de las oficinas del Comité, ubicadas en el centro de Barrancabermeja (Santander), por orden del Director de Inteligencia de la Armada Nacional, Coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas.
Asesinato de Ligia Patricia Cortes Colmenares, investigadora del Comité Regional de Derechos Humanos – CREDHOS-, Parmenio Ruiz Suárez, Presidente del Sindicato de Chóferes de la empresa Transportes San Silvestre y René Alberto Tabera Sosa, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC-, ocurrido el 30 de julio de 1992 fueron asesinados, cuando se encontraban frente al Restaurante “La Shanon”, en Barrancabermeja (Santander), por orden del Director de Inteligencia de la Armada Nacional, Coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas.
El 6 de agosto de 1993, fue asesinado en Cartagena, a donde había sido trasladado, por orden del Coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez. Según las denuncias de Saulo Segura y Carlos López, al Capitán Álvarez se le mató porque se habría negado a participar en negocios con los carteles de la cocaína. (Fiscalía, cuaderno 1-A, folio95 y ss. Denuncia inicial de Carlos David López Maquillón y Saulo Segura, exagentes de inteligencia de la Red).
ARENAS ROBLEDO
Alias: “CARLOS VILLA”
Actuaba como mensajero y sicario de la red. En su diligencia de indagatoria, hace un recuento de todas las masacres que se ejecutaron por cuenta de la Red 07 de inteligencia, confirmando los dichos de los sicarios que ya habían declarado. Personalmente participó en el seguimiento previó al asesinato del director del periódico “La Opinión” Ismael Jaimes Cortes, y dirigió las muertes de los trabajadores de ECOPETROL y miembros de la USO Luis Fernando León Cáceres y Luis Enrique Lázaro Uribe. La responsabilidad de Arenas Robledo fue corroborada por las declaraciones de Carlos Alberto Vergara Amaya.
BUENAÑO MOSQUERA,
Alias: “EL NEGRO DOLORES”
Era Agente de Inteligencia en la Red No. 7. Participó en las labores de inteligencia que concluyeron con las masacres de la “Wiskeria Star”, masacre de defensores de derechos humanos en el Cinema Los Fundadores, así como en los homicidios cometidos en La Rampla, en la cafetería Los Cuyos, sector del muelle. Además fue autor material del asesinato del activista de CREDHOS, Julio César Berrío, pues estaba como apoyo de Otoniel Ríos Palacios y Ancízar Castaño Buitrago al momento del crimen.
Según Vergara Amaya, Buenaño traía la información a la red donde era recibida por Miguel Durán o por Otoniel Ríos Palacios. Por otro lado, en virtud de una declaración rendida bajo la gravedad del juramento por un testigo con reserva de identidad, José Dolores era uno de los sicarios que concurría a la casa de Miguel Durán y Ancízar Castaño, acompañándolos en las correrías de los victimarios como parrillero en moto.
Buenaño Mosquera fue asesinado en Barrancabermeja por desconocidos.
CARRACEDO DE LA HOZ,
Alias: “EL CALEÑO” o “BARANQUILLA”.
Soldado adscrito a la Brigada Móvil No. 2. Compañero de Amaya Vergara en la cárcel Modelo de Cúcuta, patio 12; preguntaba a este con insistencia sobre los miembros de la Red que habían sido detenidos, y si habían declarado en su contra. Su descripción física es: 1,60 m, piel morena, pelo crespo, corte militar, presenta manchas en la cara, ojos pequeños. Carracedo de la Hoz fue visitado en la cárcel por un coronel del ejército de quien nunca se supo el nombre. Este sujeto se contactaba con los demás miembros de la red en un establecimiento público de Barrancabermeja denominado “Wiskeria Chayanne”.
Las acciones en que tomó parte Carracedo de la Hoz, son las siguientes:
1. Masacre del “Billar Versalles”, en el barrio del mismo nombre. (10 de junio de 1992)
2. Masacre del “Estadero 9 de abril”, en el barrio 9 de abril (9 de febrero de 1992)
El 20 de diciembre de 1993, fue expulsado del Ejército por mala conducta.
Aunque fue vinculado a la investigación por su participación en las acciones criminales orquestadas desde la Red de Inteligencia de la Armada, se prescribió “la investigación en razón a que fue muerto a bala el 15 de noviembre de 1994 en la calle 3 Avenida 7ª y 8ª del Barrio El callejón de Cúcuta (Expediente de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos humanos, cuaderno 13, folio 101).
Alias: CACHETES, TRUJILLO O EXTERMINADOR
Ancízar Castaño antes de su vinculación a la Red de la Armada No. 7, era un reconocido sicario del Magdalena Medio. Luego de su detención por los crímenes en que participó estando al servicio del organismo de inteligencia, Castaño denunció la desaparición de 19 comerciantes realizada por toda una organización criminal de paramilitares que campeaba en Puerto Boyacá y sus alrededores. En esta declaración, señala a Jairo Iván Galvis Brochero, alias “Media Vida” y a las tropas del ejército acantonadas en esa zona, al mando del Capitán Rojas perteneciente a la Brigada de Puerto Berrío, como los autores de la muerte de Carlos Villa, Milton Martínez, Diego Cataño y alias “Rastrillito”, quienes eran sicarios de la Armada. Además, menciona muchas masacres ejecutadas por alias “Franklin”, “Carracas”, “Runcho”, “El Negro Vladimir” (Alonso de Jesús Baquero), “Chorolo”, “Chilingo Pequeño”, Eliécer Cataño alias “Montecristo” y varios sicarios más que cumplían órdenes de los lideres paramilitares. (Expediente de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos, cuaderno 12, folio 66).
El 18 de enero de 1989, once funcionarios judiciales fueron asesinados en el sitio La Laguna, de la vereda La Rochela, en Simacota (Santander), por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar “Los Masetos”, que operaba en el Magdalena Medio, quienes recibieron la orden y dinero de parte de altos oficiales del Ejército y la Armada, entre ellos, el Brigadier General Farouk Yanine Díaz. Castaño Buitrago era uno de los paramilitares que estuvo involucrado en la masacre.
Posteriormente se desempeñó como agente de control de la Red 07 de Barrancabermeja y prestó también sus servicios de agente en Yondó (Antioquia). Castaño era uno de los sicarios más sanguinarios de la Red de la Armada en Barrancabermeja.. Reconocido por vecinos de la casa de los sicarios, en compañía de Jimmy Arenas y el Jefe de Área de la Red, Miguel Durán. Actualmente se encuentra purgando una pena de 30 años de prisión por los crímenes que cometió.
Participó, entre otros, en los siguientes hechos:
1.Masacre del billar “El Tropezón”, barrio La Esperanza, (24 de enero de 1992)
2.Muerte de Germán Hernández de la Rosa, sindicalista de la USO (26 de abril de 1992)
3.Muerte del pescador Alfredo Acero Arana (27 de abril de 1992)
4.Muerte del director del diario LA OPINION del Magdalena Medio, Ismael Jaimes, en el barrio Torcoroma (5 de mayo de 1992)
5.Masacre del “Billar Versalles” (10 de junio de 1992)
6.Muerte del miembro de CREDHOS Julio César Berrío Villegas (28 de junio de 1992)
7.Muerte de dos negociantes de pescado en el sector de la Rampa, barrio Cardenales. (10 de junio de 1992)
8.Masacre de la “Wiskeria Star” (8 de julio de 1992)
9.Muerte de tres personas en el Restaurante “La Shannon” (30 de julio de 1992)
10.Muerte de Presentación Montesinos Armenta ocurrido en la Wiskeria “Chayanee (7 de octubre de 1992)
DURAN CÁCERES,
Alias: “EL ENANO”
Informante de la Red de Inteligencia y uno de los acompañantes más asiduos de Ancízar Castaño Alias “Cachetes”. Se le reconoció por parte de varios testigos como uno de los sicarios más activos de la Red de Barrancabermeja. Tomó en arriendo la “casa de los sicarios”, la cual fue allanada y en la que se hallaron evidencias de la actividad sicarial de Durán y sus cómplices.
Este sicario estaba armado por cuenta del Batallón Nueva Granada, quien lo menciona como miembro de la Flotilla Fluvial. Se le asignó el 2 de febrero de 1992 un revólver LLAMA 38 largo, de clave IM 722 IK. (Proceso Penal Militar, anexo D-1, relación de salvoconductos aprobados por el Batallón Nueva Granda).
1.Asesinato de Alfredo Acero Aranda, el 27 de abril de 1992
2.Asesinato de Julio César Berrío Villegas, el 28 de junio de 1992
3.Masacre de la “Wiskeria Star”, el 9 de julio de 1992
4.Masacre del restaurante “La Shannon”, 30 de julio de 1992
LÓPEZ MAQUILLÓN,
Suboficial de Marina. Jefe Red 7 Sincelejo. Fue miembro de la Armada Nacional desde 1987 y miembro de la Dirección de inteligencia de la Armada como Agente de Inteligencia y luego Agente de Control. Hizo cursos de contraguerrilla, paracaidismo, comando de selva, curso de lancero y miembro de las fuerzas especiales antiterroristas. Ingresó a la red por selección directa del Coronel Rodrigo Quiñónez en septiembre de 1991. Toda su declaración coincide plenamente con la versión dada por Saulo Segura, en especial en lo concerniente a las actividades ilícitas y la conformación de la Red.
Mediante un extenso escrito dirigido al Fiscal General de la Nación denuncia los asesinatos cometidos por la Red de Barrancabermeja, señalando los autores como miembros del grupo de exterminio civil no adscrito directamente a la Red, pero pagado con los fondos de gastos reservados. Estos pagos, según Maquillón debían ser autorizados por “El Gerente”, a través del Jefe de la Red.
Luego de las denuncias presentadas, se traslada a Panamá en donde se entrega “voluntariamente” el 11 de julio de 1994, diez días después que Saulo Segura se entregara también en Panamá. Dice un acta que firmaron Segura y Carlos David López Maquillón, que lo hacen para retractarse de las denuncias hechas ante la Fiscalía y ante la Procuraduría, pues consideran que con ellas implicaron injustamente a varios miembros de la Armada.
El 28 de junio de 1992, Julio César Berrío Villegas, miembro activo del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, fue asesinado por orden del Director de Inteligencia de la Armada Nacional, Coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas, en momentos en que departía con su esposa en la Heladería Family, ubicada en la Avenida de los Fundadores en Barrancabermeja (Magdalena Medio). El crimen fue perpetrado por los paramilitares, vinculados a la Red Nº 7 de la Armada, quienes se movilizaban en una moto, y estaban apoyados por los también por otros paramilitares al servicio de la Red. El asesinato se dio luego de una labor de “inteligencia” adelantada por el Jefe de Área de la Red, el Sargento Segundo Carlos David López Maquillón, quien consideró que por ser defensor de Derechos Humanos debería ser “blanco de la Red”.
Alias: “EL GUAJIRO”
Descrito como de piel canela, pelo indio, nariz aguileña, facciones indígenas; pelo negro, 1.52 mt., de estatura. Está actualmente detenido en la cárcel de Cartagena, sindicado de atraco y enjuiciado por estos hechos de la Red 07.
Según Vergara Amaya, este sujeto actuaba en Barrancabermeja bajo las órdenes de Julio Ernesto Prada.
En una de sus indagatorias, relata que a mediados de diciembre de 1992, tuvo contacto con Reyes Lozano, quien lo presentó con el Capitán. Juan Carlos Álvarez y posteriormente se reunieron con el jefe de autodefensas quien se hacía llamar Emiliano, del cual recibió instrucción militar.
El grupo operó en los siguientes sitios: Las Montoyas, Carare, Ganadera, Puerto Gaitán, Caño Huila, Puerto Parra y San Rafael, todos pertenecientes a la región del Magdalena Medio. Sus misiones eran:
Concientizar a la población diciendo que iban a acabar con la guerrilla, ladrones, drogadictos y que eran un grupo autorizado por el gobierno. Solicitaban ayuda económica a los ganaderos fuertes de la región pidiéndoles que no siguieran pagando la vacuna y que les ayudaran a ellos.
Hacer misiones especiales contra jefes guerrilleros. Álvarez les suministró fotos y nombres. En cumplimiento de una de éstas misiones tuvieron un encuentro armado con el Frente 24 de la FARC al comando de “Orlando”, dieron de baja a tres subversivos e hirieron a alias “Boñigo”.
Felipe Gómez, tenia como enlaces en la red de Barrancabermeja a Julio Prada, Juan Carlos Álvarez y el Coronel Quiñónez. Les fueron entregados las siguientes armas: “Una M26, cuatro Ingram, seis revólveres 38, cuatro Galil, cinco escopetas de guacharaca de tiros de cápsula, folletos de instrucción militar, radios con baterías recargables. A Gómez le cancelaban $100.000.00 ya los demás del grupo $75.000.00 c/uno.”
Señala que el Capitán Álvarez no le cumplió en los pagos por lo que decidió retirarse y trasladarse a las Brigadas Móviles del Batallón Nueva Granada al mando del Capitán Flórez, con quienes realiza varias operaciones contraguerrilleras que le son pagadas efectivamente. Tiempo después cae preso.
Hace las siguientes acusaciones:
Carlos A. Vergara A.: Quien le habló de la activa participación que tuvo en la Masacre de “La Shannon” y en la Masacre de la “Wiskeria Star”.
Coronel Quiñónez, Capitán Álvarez, Suboficial Prada, Mayor Hurtado, Mayor Lee: Se reunían con él en diferentes sitios de Barrancabermeja, donde se daban las órdenes de seguir con los planes y se confirmaban con el Capitán Álvarez.
Una de estas órdenes la recibió para “cascarle a los de la guerrilla” la que ejecutó con las masacres ya mencionadas.
Se fugó el 29 de octubre de 1995 de la cárcel del Socorro en Santander y fue vuelto a capturar el 29 de diciembre de 1995.
Descripción física: Alto, moreno, pelo indio, narizón, manos gruesas, cejas y pelo negro, labios delgados, bigote negro, rasgos indígenas, de 38 a 40 años, estatura 1, 72 m. Existe un recibo del Batallón Nueva Granada del Ejército en donde se le cancela por su colaboración en la “ubicación de antisociales de las redes urbanas de las FARC y ELN en los barrios nororientales de Barrancabermeja”. Un pago similar se le hizo a otro sicario de la Red de inteligencia de la Armada: Carlos Alberto Vergara Amaya por la ubicación de bandoleros pertenecientes a las milicias Bolivarianas de las FARC para futuras operaciones.
Actuaba como sicario o como jefe de grupo; es reconocido como jefe de los paramilitares en el Magdalena Medio y participó por cuenta de la Red 07 de inteligencia, en las masacres de “Billares El Tropezón”, del restaurante “La Shannon” y del Barrio “Versalles”; y en el asesinato de la secretaria de CREDHOS Blanca Cecilia Valero de Duran.
QUIÑONEZ, CARDENAS
Alias: “EL GERENTE”; “ROMARIO QUINCY CARBONEL”; “GERENTE GENERAL”; “ANÍBAL SMITH”
Director de la DINTE (Dirección de Inteligencia) de la ARC (Armada Colombiana). Este sujeto es conocido en el ámbito de la inteligencia con los seudónimos de “Romario Quincy Carbonel”, “Gerente General” o “Aníbal Smith”. Nacido en Pereira (Departamento de Risaralda) el 1 de octubre de 1950. Se identifica con c.c. 9.079.512 de Cartagena, Departamento de Bolívar. Su grado como Subteniente le fue conferido en 1972, ascendido a Teniente en 1977 y Teniente Coronel en 1991. Según sus propias declaraciones, fue jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina con sede en Cartagena, alumno de la Escuela Superior de Guerra y posteriormente Director de Inteligencia de la Armada Nacional entre 1990 y 1994, vale decir, jefe supremo de la Red de Inteligencia a escala nacional. Realizó en su carrera militar cursos de paracaidismo, de lancero y curso de inteligencia básica e interrogatorios.
En su testimonio bajo la gravedad del juramento rendido ante la Procuraduría el 7 de enero de 1994 negó todo vínculo con los homicidios investigados. Para él se trataba de unas acusaciones sin fundamento, pronunciadas por Saulo Segura al descubrirse su intento de sobornar a varias personas en Bahía Solano. Lo que no pudo explicar el Coronel Quiñónez ni a la Fiscalía Regional ni a la Procuraduría fue el hecho que los supuestos extorsionados negaron cualquier intento de soborno de Segura, de tal forma que la causa de las delaciones que para él tenían la intención de enlodar el nombre de la Armada y la pretensión de un agente de inteligencia de utilizar la información en provecho propio, no existía realmente.
Las pruebas que obran en contra de Rodrigo Quiñónez Cárdenas, tales como confesiones de agentes de inteligencia, grabaciones, testimonios y aún la contabilidad misma de la Red de la Armada, lo delatan como el cerebro conductor de toda la maquinaria de muerte que llevó dolor y desolación a por lo menos 68 familias en la Ciudad de Barrancabermeja. Al Coronel Quiñónez lo relacionan en sus versiones ante las autoridades investigadoras las siguientes personas:
Saulo Segura: Denunció a la Procuraduría ya la Fiscalía General de la Nación que existía una organización criminal bajo el mando de Rodrigo Quiñónez, la cual se componía de una estructura compartimentada, de la que hacía parte la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional. Denunció la autoría de los siguientes crímenes: “con este grupo de exterminio y bajo las órdenes dadas directamente por “El Gerente”, Rodrigo Quiñónez se realizaron las siguientes operaciones:
El asesinato del activista de la USO, señor Luis Fernando León Cáceres.
El asesinato de un sindicalista de la empresa de transportes “San Silvestre”; un miembro de la ANUC, y una maestra investigadora de CREDHOS: Parmenio Ruiz, René Tavera y Ligia Patricia Cortés.
El asesinato de Ismael Jaimes, director del periódico La Opinión.”
Segura también informó que había sido asignado por el Mayor Jairo Enrique Osorio Morales, entonces Subdirector de la Red para que se trasladara a Bahía Solano con el fin de ejecutar algunas operaciones encubiertas, entre ellas matar a varias personas del lugar, y dinamitar la Compañía Pesquera de Bahía Solano. Estas acciones buscaban desestabilizar la zona. La orden había sido emitida por el Gerente, Coronel Rodrigo Quiñónez. Así pues, Saulo Segura, en vez de obedecer las órdenes de la Dirección de Inteligencia de la Armada, atemorizado le confió a los amenazados, estos planes macabros de la Red.
Carlos David López Maquillón: Este miembro de la Red confesó sus crímenes cuando operaba a su servicio, no duda en calificar a Rodrigo Quiñónez como terrorista y líder de una tenebrosa organización criminal. Narra en sus denuncias que los asesinatos de la Red de Inteligencia de la Armada, en Barrancabermeja fueron llevados a cabo bajo las órdenes directas del Coronel Quiñónez, por sicarios a su servicio.
Además de los hechos señalados por Segura y López Maquillón de responsabilidad intelectual del Coronel Quiñónez Cárdenas, el alto oficial de la Armada también estuvo involucrado directamente en los siguientes crímenes ocurridos en 1992 en Barrancabermeja, según lo dejan ver las pruebas y declaraciones de varios de los implicados de la Red No. 7, que obran en las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, sin que se desconozca los indicios en su contra de otros casos:
a)Asesinato de la Secretaria del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, Blanca Cecilia Valero de Durán ocurrido el 29 de enero.
b)Asesinato de José Domingo Amaya Parra, Vicepresidente del Sindicato de Conductores de la Industria del Transporte de Santander –SINTRACOINDER-, Jaime Garcés Núñez (o Berbeo), conductor de bus y tesorero del Sindicato de Conductores de la Industria del Transporte de Santander –SINTRACOINDER-, Eduviges López Ruiz, ama de casa e integrante del Comité Político del Frente de Izquierda Liberal Auténtico -FILA-, Nubia Lozano Álvarez, ama de casa, Pablo José (o Pedro Pablo) Narváez, empleado de Servicios Chucurí, Luis Guillermo Niño (o Nieto) Berbeo, conductor de la empresa Transportes San Silvestre y afiliado al sindicato de la misma, y Tarcilia Rosa Díaz Valeta, ocurrido el 9 de febrero. (Masacre del estadero 9 de abril)
c)Asesinato de Luis Carlos Estrada Rueda, obrero de la Industria Colombiana de Fertilizantes; Alexander Rodelo Castro, comerciante; Nelson Manuel Tamara Niño, asistente del Departamento de Operaciones de Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera –USO-; Julio Carlos Castro, obrero; Diógenes Rivera y Marco Antonio Martínez Ayala, ocurrido el 4 de marzo. (Masacre de Billares “La Sede”).
d)Asesinato de Germán Hernández de la Rosa, obrero de Ecopetrol vinculado a la Unión Sindical Obrera –USO-, sucedido el 26 de abril de 1992 en el asadero de pollos “La Totuma” del Barrio Galán.
e)Asesinato de Julio César Berrío Villegas, miembro activo del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, ocurrido el 28 de junio.
f)Asesinato de los negociantes de pescado Pablo Guerra Herrera y Luis Jesús Rueda Viviesca en el sector de las Ramplas del barrio Cardenales, perpetrado también el 28 de junio.
Además de los hechos anteriores, el Coronel Quiñónez también actuaba contra los propios integrantes de la Red No. 7. Las muertes de varios de sus integrantes fueron ejecutadas por ordenes expresas de “El Gerente”, o en estas se tienen indicios de su participación; detallamos:
1.Entre el 1 de junio y el 25 de agosto de 1992, los paramilitares Diego Luis Cataño Hernández, Diego Alexander López Salazar, Milton Martínez Plata y José Alirio Ulloa Triana, miembros de apoyo de la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada con sede en Barrancabermeja (responsable de por lo menos 70 crímenes en el Magdalena Medio), fueron desaparecidos, torturados y asesinados en Puerto Parra (Santander). El crimen fue ordenado directamente por el Coronel Quiñónez Cárdenas.
2.El asesinato del Capitán de la Armada Nacional y ex jefe de la Red Nº 7 de Inteligencia, Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, ocurrido el 6 de agosto de 1993 en Cartagena (Bolívar). De acuerdo con declaraciones de ex integrantes de la mencionada Red, el hecho se debió a que éste se había enterado de los vínculos de Quiñónez Cárdenas con el cartel de la droga de la Costa Atlántica y se había negado a colaborarle, también aseguran que por este crimen se pagaron $500 millones.
3.En relación con el crimen anterior, a finales de 1993, Wilson Moncaleano, Agente de Inteligencia de la Red Nº 6 del Pacífico, fue desaparecido en Barrancabermeja, en momentos en que investigaba el asesinato del Capitán Álvarez Gutiérrez. En su desaparición participó el Agente de Inteligencia de la Red Nº 7, Oscar Santana.
4.El asesinato de Luis Enrique López ocurrido en 1993 en Aguachica (Cesar), por miembros de la Armada Nacional; todo por haber reconocido a un narcotraficante conocido como “Fortich”, quien tenía vínculos con el Director de Inteligencia de la Armada, Coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas.
5.El asesinato de Saulo Segura Palacios, ex miembro de las Redes de Inteligencia 6 y 7 de la Armada Nacional, ocurrido el 30 de diciembre de 1995 en el patio séptimo de la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá.
RIOS PALACIOS,
Alias: “EL NEGRO”
Según pruebas testimoniales, junto con Ancízar Castaño fue uno de los miembros de la Red mas comprometido con los asesinatos ejecutados por la estructura de inteligencia. El ejército no reconoció la calidad de miembro de las Fuerzas Militares a este sujeto de quien se decía era soldado profesional de esta institución. Murió asesinado el 20 de septiembre de 1992, en un restaurante de Barrancabermeja.
En la resolución de situación jurídica de los procesados por Justicia Penal Militar, se hace referencia a Ríos Palacios en los siguientes términos:
“Destacase además que entre los informantes pagados por la Red, folios 772, 837, 901, 958 y 994, aparece Otoniel Ríos Palacios, recibiendo la suma de $350.000.oo; y este Otoniel Ríos Palacios, quien fuera muerto el 20 de septiembre de 1992, aparece al folio 994 como agente que fuera muerto “en momentos en que realizaba labores propias de esta sucursal, siendo como la Red de Inteligencia subvencionó a su familia con la suma de $350.000.oo, para gastos fúnebres. Otoniel Ríos Palacios está seriamente comprometido en la muerte de Julio Cesar Berrío, persona que “al parecer se ofrecía para entablar demandas por posibles violaciones de sus Derechos Humanos…” (Ver Folio 2984 cuaderno Nº 8 original del expediente).
Según la investigación por la muerte de Julio Cesar Berrío, Otoniel Ríos Palacios “andaba mucho con otro de quien solo se sabe le dicen por apodo Cachetes, según versiones de inteligencia se dedicaba al sicariato discriminado o por encargo…” (Expediente de la Fiscalía, cuaderno Nº 8, folio 2984).
“El Negro”, participó directamente en los siguientes crímenes durante 1992:
1.El asesinato del pescador Alfredo Acero Arana, en complicidad con Ancízar Castaño Buitrago (27 de abril)
2.El asesinato del director del diario “La Opinión” Ismael Jaimes Cortes (5 de mayo).
3.El asesinato de cuatro personas y las heridas causadas a una, en un billar ubicado en el barrio Versalles (Masacre del barrio Versalles, 10 de junio).
4.El asesinato de Julio César Berrío Villegas, miembro activo del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS, junto con Ancízar Castaño Buitrago (28 de junio).
5.El asesinato de los negociantes de pescado Pablo Guerra Herrera y Luis Jesús Rueda Viviesca en el sector de las Ramplas del barrio Cardenales (28 de junio).
6.El asesinato de 6 personas y las heridas causadas a cuatro en el Wiskeria Star (Masacre del Bar Star, 8 de julio).
7.El asesinato de Ligia Patricia Cortes Colmenares, investigadora del Comité Regional de Derechos Humanos – CREDHOS-, Parmenio Ruiz Suárez, Presidente del Sindicato de Chóferes de la empresa Transportes San Silvestre y René Alberto Tabera Sosa, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC-, en el Restaurante “La Shanon”. (30 de julio)
SEGURA PALACIOS,
Alias: “EL ANGELITO” o “CARACORTADA”
Se presentó a la Armada Nacional en 1981, efectuando cursos de teledetección y de lancero en 1989. Ingresó a la Red de la Armada No.07 en el mes de octubre de 1991, por intermedio de Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, quien lo conocía desde tiempo atrás cuando estuvieron destacados en Puerto Leguízamo. Cumplía labores de relacionista en la Red, para cuyos efectos presentó al Jefe de la Red con comerciantes y personal bancario de Barrancabermeja.
Luego del atentado en el que resultó herido de gravedad, decide informar a la Procuraduría y a la Fiscalía sobre las actividades ilegales de la Red. Fue detenido y vinculado a la investigación penal por homicidio, conformación de grupos terroristas y luego asesinado en 1995 en la Cárcel Nacional Modelo – Bogotá.
VERGARA AMAYA,
Alias: “EL ÑATO”
Identificado con C.C. 91’438.218 de Barrancabermeja. Ingresó a la Red supuestamente en calidad de mensajero, se le utilizó como informante y luego agente de inteligencia. Fue contratado por Carlos López Maquillón, en aquel entonces responsable de la Red en Barranca.
Por sus especiales características, su indagatoria constituye uno de los pilares de la investigación y entre sus puntos trascendentales encontramos:
1. Ha recibido amenazas contra su vida por las declaraciones que ha rendido en la Procuraduría y ante la Justicia Penal Militar. Dice estar incluido en la lista negra que elaboró la Armada Nacional y el Batallón Nueva Granada. Así, por su cabeza y la de Carlos López Maquillón, la Red de Inteligencia de la Armada estaba ofreciendo 45’000.000. de pesos.
2. Entre las amenazas se cuenta la de Ancízar Castaño Buitrago alias “Cachetes”, “Trujillo” o “Exterminio”, quien le advirtió que no denunciara los hechos criminales de la Red. Según Durán, también sicario y funcionario de la red, sabía de sus declaraciones rendidas ante la Procuraduría.
Por ellas también se establece que miembros del Batallón Nueva Granada tomaron parte en las masacres. Igualmente, deja ver que los vínculos entre la Red No.07 de la Armada y el Batallón Nueva Granada son de vieja data, pues el antiguo comandante del Batallón “patrocinaba todo eso”, lo que viene a corroborar las graves sospechas que se tenían sobre la comunión criminal de estos dos entes militares.
3. En la misma diligencia incrimina a los siguientes miembros de la Red, activos en 1992:
Juan Carracedo De La Hoz, alias “El Caleño” o “Barranquilla”, afirma que fueron compañeros de reclusión en la cárcel Modelo de Cúcuta, patio 12. Lo conoce como sicario de la red de inteligencia de la Armada. Lo acusa de participar en la Masacre del “Billar Versalles” y en las muertes del Barrio “9 de abril”
Ancízar Castaño Buitrago, alias “Cachetes”, “Trujillo” o “Exterminio”: Lo conoce como sicario activo de la Red de Inteligencia de la Armada Nacional desde que estaban en Barrancabermeja. Habría participado en los siguientes hechos:
1.Masacre del “Billar Versalles; Masacre de la “Wiskeria Star”; Masacre del Restaurante “La Shannon”; Masacre de los billares “El Tropezón”.
2.Asesinato de Presentación Montesinos en la “Wiskeria Chayanne”
3.Muerte de la cafetería “los Cuyos”.
4.Asesinato de Ismael Jaimes.
5.Asesinato del sindicalista de la Uso Germán Hernández.
Julio Ernesto Prada: lo conoció como jefe de los Paramilitares del Magdalena Medio y participando en las masacres del “Tropezón”, del barrio “la Esperanza”, y del barrio “Versalles”. Respecto de esa, Vergara Amaya anota: “Se movilizaron en una microbuseta afiliada a la empresa San Silvestre de Barrancabermeja, llegaron posteriormente a un billar y procedieron a disparar contra la gente que estaba dentro, con pistolas 9 mm. y Miniuzi 9 mm. y emprendieron la huida por el barrio la Esperanza, dejando abandonada la microbuseta por los lados del matadero entre el matadero, el barrio la Esperanza y la vía para el Llanito…”
Jimmy Arenas Robledo: Lo acusó de participar en el homicidio de lsmael Jaimes, y en el de Luis Fernando León Cáceres, sindicalista de la USO.
José Dolores Buenaño alias “El Negro Dolores”. Amaya Vergara lo conoció como informante de la red, elegía las víctimas que luego eran acribilladas por los sicarios contratados para el efecto.
Como consecuencia de lo dicho antes sobre la eliminación de miembros que se opusieran al funcionamiento de la red, el indagado atribuye el caso del homicidio del Capitán Juan Carlos Álvarez, al Coronel Quiñónez. Afirma que la muerte de la secretaria de la red de inteligencia de Barrancabermeja, fue una manera de presionar al Capitán a fin de lograr su traslado a Cartagena, pues el Coronel Quiñónez le habría propuesto trabajar con los carteles de la droga y éste se negó y por esta razón lo mandó matar. Da cuenta igualmente del comportamiento “humanitario” del Capitán Álvarez, comparándolo con el Coronel Quiñónez, en los siguientes términos: “…el C.P. Juan Carlos Álvarez, para todo el grupo de la Red de Inteligencia y Exterminio de la Armada Nacional, era muy buena persona, porque trataba a la gente bien y por que logró objetivos buenos mientras estuvo en Barrancabermeja, pero al Coronel Rodrigo Quiñónez no le importaba si había gente inocente o no, lo cual los sicarios del grupo no compartían las opiniones del Coronel Rodrigo Quiñónez.”
Respecto de la tentativa de asesinato contra Libardo Olaya, Vergara Amaya afirma que la labor de inteligencia le permitió establecer que Libardo Olaya era el segundo al mando de un tal Wilson (al parecer de las Milicias Bolivarianas), comunicándoselo a Miguel Durán, quien dio la orden a Vergara Amaya, para que lo señalara y que los sicarios lo esperarían más adelante para darle muerte. En ampliación de indagatoria posterior, Vergara Amaya negó cualquier relación de este atentado con la Armada Nacional, porque según su dicho, fue amenazado en estos términos: “..si me torcía o hablaba algo me acogía a las consecuencias a mí o a mi familia y me mataban, mas si no hablaba me colaboraban con el abogado y me mandaron doscientos mil pesos a la cárcel, Lo mismo ahora en esta investigación, me dijeron que me fuera a niego de todo, que ellos me iban a nombrar un abogado de Bogotá y que si decía lo contrario y desviaba la investigación me darían una fuerte cantidad de dinero y en cuanto a Carlos David López Maquillón ya lo tenían ubicado y lo iban a matar” Igualmente recibió el mismo apremio por intermedio de un soldado del Batallón Nueva Granada quien fue a visitarlo: “saludes le mandaron y que mucho juicio porque si se rajaba ya sabía lo que le pasaba”.
Corroboran su activa participación en las labores de la Red de Inteligencia los recibos que obran en el expediente de Fiscalía, en la que se reportan egresos de la Red a su favor por valor de $980,000, independiente de los dineros que recibieron de la Red su hermanos Rachel Vergara de Pabón por $300,000 y Elías Vergara por 100.000.
Para una mejor comprensión sobre las investigaciones que se adelantaron por los crímenes cometidos por la Red No. 7 de la Armada durante 1992, hemos decidido dividir su desarrollo en los respectivos procesos penales y disciplinarios, adicionando la actuación internacional que se adelantó, pues todos los casos se llevaron en una misma actuación judicial para la mayoría de implicados y miembros de la estructura de inteligencia.
El 8 de febrero de 1994, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, profirió resolución de apertura de instrucción, por éste y otros crímenes perpetrados por la Red de la Armada, y vinculó legalmente a Carlos Alberto Vergara Amaya, Ancízar Castaño Buitrago, Miguel Antonio Durán Cáceres, Julio Ernesto Prada y José Reinaldo Amaya Cano.
El 25 de febrero de 1994, la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá decretó la detención preventiva de Carlos Alberto Vergara Amaya y Ancízar Castaño Buitrago. En la misma fecha también ordenó vincular al proceso a Jimmy Alberto Arenas Robledo y Felipe Gómez Lozano.
El 20 de junio de 1994, la mencionada Fiscalía Regional ordenó la vinculación al proceso de Saulo Segura Palacios y Carlos David López Maquillón. Así mismo, al considerar que “los homicidios denunciados e investigados presentan circunstancias comunes en sus características modales, como la actividad cotidiana y profesional de las víctimas; la forma en que se realizaron; las armas utilizadas y el número de autores materiales; igual que estos son miembros de una organización”, se decreta la “unidad procesal de todas las indagaciones preliminares.
El 8 de julio de 1994, la Unidad Previa y Permanente de Vida de Barrancabermeja, remitió las diferentes investigaciones a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, que acumuló en una investigación todos los casos.
El 22 de julio de 1994, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santafé de Bogotá, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva a Carlos David López Maquillón y Saulo Segura Palacios.
El 11 de agosto de 1994, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias en el proceso contra Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas, Jorge Rojas Vargas, Rafael Alfredo Colón Torres, Jairo Enrique Osorio Morales, Harry Rodolfo Ávila Pinilla, Juan Carlos Donado Caamaño y Jorge Enrique Uribe Cañaveral, suscitada entre el Comando de la Armada Nacional y la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales, Unidad Especializada de Terrorismo de Santafé de Bogotá, en favor de la Justicia Penal Militar, al considerar que “No se trata de que sea función de los militares que laboran en servicios de los que en el lenguaje militar se llaman ‘de inteligencia’ asesinar o cometer actos de terrorismo, ni de que la comisión de asesinatos o de actos terroristas sea cumplimiento de labores de inteligencia. Pero no de esto se sigue que esos hechos delictivos de que se acusa a los oficiales y suboficiales mencionados estén desvinculados de su servicio”.
El 12 de septiembre de 1994, la Fiscalía declaró personas ausentes a Miguel Antonio Durán Cáceres, Jimmy Alberto Arenas Robledo, Julio Ernesto Prada y Juan Manuel Carracedo de la Hoz. Así mismo decretó la detención de Felipe Gómez Lozano.
El 25 de febrero de 1995, el Fiscal Delegado ante los Jueces Regionales de Santafé de Bogotá decretó medida de aseguramiento contra Carlos Alberto Vergara Amaya y Ancízar Castaño Buitrago, por “conformación o pertenencia a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte”.
El 18 de julio de 1996, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a rendir indagatoria a Jimmy Alberto Arenas, Juan Manuel Carracedo de La Hoz, José Reinaldo Amaya Cano, Alma Julieta Builes Cataño y Estela Osorio Rueda.
El 20 de agosto de 1996, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Miguel Antonio Durán Cáceres y Julio Ernesto Prada.
El 1 de noviembre de 1996 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió resolución de acusación por “homicidio con fines terroristas” a Carlos Alberto Vergara Amaya y a Ancízar Castaño Buitrago.
El 20 de enero de 1997, la Unidad de Derechos Humanos declaró personas ausentes a Javier Díaz Salas y a Gerardo Álvarez Aguirre; el 18 de marzo de 1997, la Fiscalía Regional ordenó su emplazamiento.
El 4 de agosto de 1997, la Unidad de Derechos Humanos decretó resolución de acusación contra Felipe Gómez Lozano, Miguel Antonio Durán Cáceres, Julio Ernesto Prada, Jimmy Alberto Arenas Robledo, Estela Osorio Rueda y Gerardo Álvarez Aguirre; precluyó la investigación a Alma Julieta Builes Castaño, José Reinaldo Amaya Cano, Javier Díaz Salas, Antonio Aguilar Díaz y Rachel Vergara Amaya; así mismo, decretó la extinción de la acción penal por causa de muerte a Juan Manuel Carracedo de la Hoz (el 15 de noviembre de 1994) y a Saulo Segura Palacios (el 30 de diciembre de 1995).
El 24 de febrero de 1998, la Justicia Regional de Cúcuta condenó a 30 años de prisión a Carlos Alberto Vergara Amaya y a Ancízar Castaño Buitrago (demostrada su responsabilidad en 32 homicidios). El 6 de noviembre de 1998, el Tribunal Nacional confirmó la condena.
El 25 de marzo de 1994, el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, que conoció en primera instancia el proceso por éste y otros crímenes perpetrados por miembros de la Red Nº 7 de la Armada, ordenó la detención preventiva de Carlos David López Maquillón por “conformación de grupos sicariales o escuadrones de la muerte” y se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra Rodrigo Quiñónez Cárdenas, Rafael Alfredo Colón Torres, Jairo Enrique Osorio Morales, Jorge Rojas Vargas, Mauricio Fabián Varón Daza y Harry Rodolfo Ávila Pinilla; también solicitó examen psiquiátrico para los denunciantes y declarantes que hicieron sindicaciones a los militares.
La resolución fue impugnada por el agente del Ministerio Público. El juez de primera instancia, en auto del 2 de mayo de 1994, se abstuvo de reponer y concedió el recurso de apelación que surtió ante el Tribunal Superior Militar, que el 15 de diciembre de 1994, confirmó en su integridad la resolución; argumentando que “no existe una sola prueba que le de respaldo probatorio alguno a los dichos de los suboficiales denunciantes… Es inconcebible que Juan Carlos Álvarez Gutiérrez y Carlos David López Maquillón cuando ordenasen a los sicarios matar a alguien, lo hiciesen en cumplimiento de una orden proveniente de la Dirección de Inteligencia, por cuanto en el ámbito militar, las órdenes que se emiten de superior a subalterno deben ser lógicas, claras, precisas, oportunas, concisas y encaminadas al cumplimiento de actos específicos del servicio militar y por ende contener un alto sentido moral”.
El 30 de marzo de 1995, el Juzgado 41 de Instrucción Penal Militar concedió el beneficio de libertad provisional en favor de Carlos David López Maquillón.
El 17 de julio de 1997, el Comando de la Armada Nacional declaró que no existía mérito para dictar resolución de convocatoria a Consejo Verbal de Guerra y ordenó cesar todo procedimiento en favor de Rodrigo Quiñónez Cárdenas, Rafael Alfredo Colón Torres, Jairo Enrique Osorio Morales, Jorge Rojas Vargas, Mauricio Fabián Varón Daza, Harry Rodolfo Ávila Pinilla, Juan Carlos Donado Caamaño, Jorge Enrique Uribe Cañaveral y Carlos David López Maquillón, por “concierto para delinquir”. Esta decisión fue apelada y el 30 de septiembre de 1998, el Tribunal Superior Militar confirmó la decisión, al considerar que “si quienes eran columna vertebral de los únicos indicios graves de cargos, y estos mismos se retractan voluntariamente de sus mendaces acusaciones, entonces toda sindicación respecto del personal de inteligencia de la Armada, ha quedado sin piso jurídico”.
El 24 de julio de 1992, Parmenio había presentado una queja a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación por “amenazas de muerte”. Este despacho inició indagación preliminar.
El 21 y 22 de diciembre de 1993, Saulo Segura Palacios y Carlos David López Maquillón presentaron denuncia ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, sobre éste y otros crímenes perpetrados por miembros de la Red Nº 7 de la Armada, lo que dio origen a la investigación disciplinaria.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició las investigaciones disciplinarias correspondientes y al considerar que debía tener la competencia preferencial para investigar los hechos propuso colisión de competencias a la Delegada para las Fuerzas Militares.
El 17 de abril de 1997, la procuraduría General de la Nación resolvió la colisión de competencia en favor para la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
El 26 de septiembre de 1997, la Delegada para Derechos Humanos eleva pliego de cargos contra Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas, Alfredo Rafael Colón Torres, Jairo Enrique Osorio Morales, Walter Javier Hurtado Morales, José Fernando Lee Uribe y Carlos David López Maquillón, “por su participación, promoción financiación, organización, dirección, fomento y actos tendientes a obtener la formación y el ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente ‘escuadrones de la muerte’, bandas de sicarios o de justicia privada”. Los implicados son sancionados con “represión severa”.
La decisión fue apelada.
El 7 de octubre de 1997, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH de la OEA, relacionando 78 víctimas (68 de homicidio y 10 lesiones a la integridad física).
El 17 de marzo de 1998, la CIDH inició la tramitación del caso.
El 21 de julio de 1998, el Estado Colombiano, en comunicación a la CIDH le solicitó no continuar “con el conocimiento del presente caso” con el argumento que no estaban agotados los recursos internos, porque existían procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la penal militar y disciplinario en la Procuraduría, en los que todavía no se había emitido fallo.

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