Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html
Timestamp: 2020-01-27 21:06:17+00:00

Document:
Textos aprobados - Pacto Verde Europeo - Miércoles 15 de enero de 2020
Ciclos relativos a los documentos : RC-B9-0040/2020B9-0040/2020B9-0042/2020B9-0043/2020B9-0045/2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (2019/2956(RSP))
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773), así como el minucioso análisis en que se fundamenta,
– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París,
– Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas,
– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
– Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020»,
– Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) titulado «Calentamiento global de 1,5°C», su quinto informe de evaluación y el informe de síntesis correspondiente, así como su informe especial sobre el cambio climático y la tierra, y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,
– Vistos el informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado el 26 de noviembre de 2019, y el primer informe de síntesis sobre la producción de combustibles fósiles, de diciembre de 2019 (Informe sobre la Brecha de Producción 2019),
– Vistos los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
– Vista la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa,
– Vistos la 26.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC, que se celebrará en noviembre de 2020, y el hecho de que todas las Partes en la CMNUCC deben aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París,
– Vista la 15.ª Conferencia de las Partes en el Convenio (CoP15) sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Kunming (China) en octubre de 2020, en la que las Partes deben decidir el marco mundial posterior a 2020 para detener la pérdida de biodiversidad,
– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París(1),
– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental(2),
– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)(3),
A. Considera que la presente Resolución constituye la primera reacción general del Parlamento tras la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo; que el Parlamento, a medida que avancen los trabajos sobre el Pacto Verde, volverá a presentar posiciones más detalladas sobre medidas y actuaciones políticas concretas y hará pleno uso de sus potestades legislativas para revisar y modificar las propuestas de la Comisión con el fin de asegurarse de que estas apoyan todos los objetivos del Pacto Verde;
1. Hace hincapié en la necesidad urgente de emprender una actuación ambiciosa para hacer frente al cambio climático y a los retos medioambientales, limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar la pérdida masiva de biodiversidad; acoge con satisfacción, por consiguiente, la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo; comparte con la Comisión el compromiso de transformar la Unión en una sociedad más saludable, sostenible, justa, equitativa y próspera, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero; pide que la necesaria transición a una sociedad climáticamente neutra se acometa a más tardar en 2050 y se convierta en un éxito europeo;
2. Hace hincapié en que debe otorgarse a todas las personas que viven en Europa, sin discriminación, el derecho fundamental a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible y a un clima estable, y en que este derecho debe garantizarse a través de políticas ambiciosas y poder hacerse valer plenamente a través del sistema judicial a escala nacional y de la Unión;
3. Cree firmemente que el Pacto Verde Europeo debe promover un enfoque integrado y basado en la ciencia, y reunir a todos los sectores con el fin de ponerlos en la misma senda hacia el mismo objetivo; considera que la integración de las diferentes políticas en una visión holística es el verdadero valor añadido del Pacto Verde Europeo y, por tanto, debe reforzarse; concibe el Pacto Verde como el catalizador de una transición social inclusiva y no discriminatoria cuyos objetivos principales son la neutralidad climática, la protección del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos dentro de los límites del planeta;
4. Subraya que el Pacto Verde debe ser un elemento fundamental de la estrategia europea para lograr un nuevo crecimiento sostenible, respetando al mismo tiempo los límites del planeta, y para crear oportunidades económicas, impulsar la inversión y ofrecer empleos de calidad; considera que ello beneficiará a los ciudadanos y las empresas europeas y dará lugar a una economía moderna, eficaz en el uso de los recursos y competitiva, en la que el crecimiento económico estará disociado de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, del uso de los recursos y de la generación de residuos en la Unión; hace hincapié en que el Pacto Verde debe llevar al progreso social mejorando el bienestar de todos y reduciendo las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos entre Estados miembros y las disparidades entre sexos y entre generaciones; considera que una transición justa no debe dejar que ninguna persona o lugar se quede atrás y debe subsanar las desigualdades sociales y económicas;
5. Considera que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas deben ocupar un lugar central en el proceso de elaboración y aplicación de las políticas de la Unión, de modo que esta promueva un modelo de desarrollo humano que sea compatible con un planeta sano; subraya, a este respecto, que el Pacto Verde Europeo debe combinar los derechos sociales, la integridad medioambiental, la cohesión regional, la sostenibilidad y unas industrias con perspectivas de futuro que sean competitivas a nivel mundial, en beneficio de todos;
6. Subraya que el Pacto Verde debe aspirar a una economía próspera, justa, sostenible y competitiva que funcione para todos, en todas las regiones de Europa; considera que el Pacto Verde debe generar oportunidades económicas y equidad entre las generaciones; destaca la importancia de respetar y reforzar el diálogo social en todos los niveles y sectores, a fin de garantizar una transición justa; hace hincapié en la necesidad de aplicar una perspectiva de género a las acciones y los objetivos del Pacto Verde, incluida la integración de la perspectiva de género y unas acciones con perspectiva de género; reitera que la transición a una economía climáticamente neutra y a una sociedad sostenible debe llevarse a cabo en conjunción con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, e insiste en que todas las iniciativas adoptadas en el marco del Pacto Verde Europeo deben ser plenamente compatibles con el pilar europeo de derechos sociales;
7. Recalca que, para que la Unión alcance los objetivos del Pacto Verde, deben movilizarse importantes inversiones públicas y privadas, lo que constituye un requisito previo para el éxito del Pacto Verde; considera que la Unión debe ofrecer a los inversores seguridad y previsibilidad normativa a largo plazo, así como un marco financiero, recursos e incentivos económicos y fiscales adecuados para una transición ecológica satisfactoria a favor de un cambio social, industrial y económico positivo y sostenible; reitera que el Pacto Verde debe situar a Europa en la senda del crecimiento sostenible a largo plazo, la prosperidad y el bienestar, garantizando que nuestras políticas medioambiental, económica y social se desarrollen para garantizar una transición justa;
8. Subraya que los desafíos mundiales del cambio climático y la degradación medioambiental exigen una respuesta global; destaca la necesidad de que la Unión se muestre ambiciosa, pero también de movilizar a otras regiones del mundo para trabajar en la misma dirección; subraya el papel de la Unión como líder mundial en materia de medio ambiente y acción por el clima;
9. Propone que todas las acciones del Pacto Verde tengan un enfoque científico y se basen en evaluaciones de impacto globales;
10. Reconoce su responsabilidad institucional de reducir su huella de carbono; propone adoptar sus propias medidas para reducir las emisiones, entre otras, la sustitución de su flota de vehículos por vehículos de cero emisiones, y exhorta a los todos los Estados miembros a que se pongan de acuerdo sobre una sola sede para el Parlamento Europeo;
11. Considera que un compromiso jurídicamente vinculante de la Unión para conseguir la neutralidad climática de aquí a 2050 será una poderosa herramienta para movilizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y tecnológicas que se requieren para la transición; recalca enérgicamente que la transición es un esfuerzo compartido por todos los Estados miembros, y que todos los Estados miembros deben contribuir a la consecución de la neutralidad climática en la Unión en 2050 a más tardar; pide a la Comisión que presente una propuesta de Ley del Clima europea de aquí a marzo de 2020;
12. Pide una ambiciosa Ley del Clima, con el objetivo jurídicamente vinculante y para todos los sectores de la economía de conseguir un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 a más tardar, así como con unos objetivos intermedios de la Unión para 2030 y 2040 que deberán alcanzarse en el marco de esta legislación, a más tardar en la fecha de su adopción por parte de los colegisladores, sobre la base de evaluaciones de impacto, así como de un sólido marco de gobernanza; subraya que la Ley del Clima debe reflejar los mejores conocimientos científicos disponibles, con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y que debe ser actualizada en función de la evolución del marco jurídico de la Unión y del ciclo de revisión del Acuerdo de París; considera que la Ley del Clima debe incluir también componentes de adaptación específicos, en particular exigiendo a todos los Estados miembros que adopten planes de acción en materia de adaptación;
13. Pide que el objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero a escala de la Unión para el año 2030 se incremente hasta el 55 % en comparación con los niveles de 1990; insta a la Comisión a que presente lo antes posible una propuesta a tal fin, de modo que la Unión pueda hacer de este objetivo su contribución determinada a nivel nacional con bastante antelación a la COP26; pide, además, que este objetivo se integre en consecuencia en la Ley del Clima europea;
14. Considera que la Unión tiene que mostrarse activa y asumir un sólido liderazgo en los preparativos de la COP26, en la que las Partes deberían incrementar los compromisos colectivos en materia de clima reflejando el mayor nivel de ambición posible; estima, teniendo en cuenta lo anterior, que la Unión debería incrementar su contribución determinada a nivel nacional lo antes posible en 2020, con el fin de animar a terceros países, en particular a los principales emisores, a seguir su ejemplo; subraya, en este contexto, la necesidad de acordar un incremento de la contribución determinada a nivel nacional mucho antes de la cumbre UE-China prevista para septiembre, así como de la Cumbre UE-África;
15. Es consciente de que los Estados miembros pueden seguir diferentes trayectorias para alcanzar la neutralidad climática en 2050 a más tardar, de manera equitativa y atenta a los costes, teniendo presente que los países difieren en su punto de partida y sus recursos y que algunos están avanzando con más rapidez que otros, pero también que la transición ecológica debe convertirse en una oportunidad económica y social para todas las regiones de Europa;
16. Hace hincapié en que las emisiones netas deberán reducirse casi a cero en todos los sectores de la economía para contribuir conjuntamente al objetivo de lograr la neutralidad climática; pide a la Comisión que presente, en caso necesario, propuestas basadas en evaluaciones de impacto, con vistas a revisar las medidas legislativas de la Unión en materia de clima y energía antes de junio de 2021, con el fin de hacer realidad las mayores ambiciones a medio y largo plazo en materia de clima; pide a la Comisión que también haga uso de la contribución potencial a la acción por el clima de otras normas vigentes de la Unión, como la Directiva sobre diseño ecológico, la legislación en materia de residuos, las medidas relativas a la economía circular y el Reglamento sobre los gases fluorados; subraya, además, que las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y biodiversidad, pero insiste en que deben sumarse a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en origen;
17. Considera que los objetivos nuevos y más ambiciosos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero exigen que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) sea adecuado para tal fin; pide a la Comisión que revise rápidamente la Directiva RCDE, en particular abordando el factor de reducción lineal, las normas para la asignación de derechos de emisión gratuitos y la posible necesidad de un precio mínimo del carbono;
18. Apoya, dadas las diferencias persistentes en materia de ambición climática a escala mundial, la intención de la Comisión de trabajar en un mecanismo de ajuste del carbono en frontera que sea compatible con las normas de la OMC; considera que el establecimiento de este mecanismo se inscribe en el marco de una estrategia más amplia en favor de una economía de la Unión descarbonizada y competitiva, que esté a la altura de la ambición climática de la Unión y a la vez garantice unas condiciones de competencia equitativas; toma nota de la opinión de la Comisión, según la cual este mecanismo sería una alternativa a las medidas existentes sobre la fuga de carbono con arreglo al RCDE de la UE; hace hincapié en que las medidas actuales para hacer frente a la fuga de carbono no deben derogarse hasta que exista un nuevo sistema y pide a la Comisión que, antes de presentar propuestas, lleve a cabo un análisis en profundidad de las diferentes formas que podría adoptar el mecanismo de ajuste del carbono en frontera antes de la revisión de la legislación sobre el clima prevista para junio de 2021; considera que un futuro mecanismo de ajuste del carbono en frontera debe mantener los incentivos económicos para el éxito de la transición ecológica y para los precursores en materia de clima, apoyar un mercado de bienes producidos con bajas emisiones de carbono en la Unión y garantizar un precio eficaz para el carbono en la Unión, promoviendo al mismo tiempo la tarificación del carbono en otras partes del mundo; considera que debe tener en cuenta las particularidades de cada sector y que podría introducirse gradualmente en sectores escogidos, evitando nuevos costes administrativos indebidos, especialmente para las pymes europeas;
19. Acoge con satisfacción la propuesta de revisión la Directiva sobre fiscalidad de la energía en lo que respecta a las cuestiones medioambientales, a fin de aplicar el principio de quien contamina paga, teniendo en cuenta las políticas nacionales en materia fiscal y evitando agravar las desigualdades;
20. Pide una estrategia de la Unión nueva y más ambiciosa en materia de adaptación al cambio climático; recuerda que es preciso que en la Unión y sus Estados miembros se redoblen los esfuerzos en relación con la resistencia al cambio climático, el refuerzo de la resiliencia, la prevención y la preparación; destaca la necesidad de movilizar inversiones públicas y privadas en favor de la adaptación y pide una verdadera coherencia política en el gasto de la Unión, de manera que la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático se consideren criterios fundamentales para toda la financiación pertinente por parte de la Unión; considera, al mismo tiempo, que la prevención, la preparación y la respuesta frente a las catástrofes deben constituir un sólido instrumento de solidaridad dotado de recursos suficientes; pide una asignación de fondos coherente y suficiente en el presupuesto de la Unión y una puesta en común de recursos para el mecanismo de protección civil de la Unión;
21. Acoge con satisfacción el anuncio de que la Comisión va a poner en marcha un Pacto Europeo por el Clima; subraya que el Pacto Europeo por el Clima debe reunir a los ciudadanos, las regiones, las comunidades locales, la sociedad civil, las empresas (incluidas las pymes) y los sindicatos como participantes activos en la transición hacia la neutralidad climática, sobre la base de un diálogo genuino y de procesos transparentes y participativos, también en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas; considera que es importante cooperar con las partes interesadas de los sectores de gran consumo de energía y los interlocutores sociales pertinentes, en particular los empresarios, los trabajadores, las ONG y el mundo académico, a la hora de contribuir a encontrar soluciones sostenibles en la transición hacia economías neutras en carbono;
22. Destaca el papel central que desempeña la energía en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de seguir descarbonizando el sistema energético de modo que la Unión pueda alcanzar un nivel cero de emisiones netas de aquí a 2050 a más tardar; pide que se revise la Directiva sobre energías renovables en consonancia con esta ambición, con unos objetivos nacionales vinculantes designados para cada Estado miembro; acoge con satisfacción, además, la prioridad otorgada a la eficiencia energética; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen el principio de «primero, la eficiencia energética» en todos los sectores y políticas, lo que es fundamental para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones procedentes de la producción de energía, al tiempo que se proporciona empleo local en las renovaciones y se reduce la factura energética de los ciudadanos; pide una revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética (DEE) y de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios (EEBD) en consonancia con la mayor ambición de la Unión en materia de clima, y que se refuerce su aplicación mediante objetivos nacionales vinculantes, prestando especial atención a los ciudadanos vulnerables, teniendo también en cuenta la necesidad de previsibilidad económica para los sectores afectados;
23. Hace hincapié en que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, es fundamental una ejecución a escala nacional y de la Unión; pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que los planes nacionales de energía y clima se ajusten plenamente a los objetivos de la Unión; recuerda que los Estados miembros son competentes para decidir su combinación energética dentro el marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía;
24. Subraya el hecho de que, para alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión, es preciso que todos los sectores incrementen su consumo de energías renovables y eliminar progresivamente los combustibles fósiles; pide una revisión de las directrices RTE-E antes de la adopción de la siguiente lista de proyectos de interés común (PIC) para armonizar el marco legislativo con la prioridad de despliegue de redes inteligentes y evitar que las inversiones en producción de energía intensiva en carbono provoquen una dependencia de este tipo de energía; subraya la necesidad de adoptar un enfoque estratégico para las agrupaciones de energía de la Unión, con el objetivo de utilizar las inversiones más eficaces en fuentes de energía renovables; acoge con satisfacción, por lo tanto, el anuncio de una estrategia en materia de energía eólica marina; considera que las políticas de la Unión deben fomentar específicamente la innovación y el despliegue de un almacenamiento de energía sostenible y de hidrógeno verde; destaca la necesidad de garantizar que el uso de fuentes de energía como el gas natural solo reviste carácter transitorio, habida cuenta del objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, a más tardar;
25. Subraya que es fundamental garantizar un mercado de la energía que funcione correctamente, plenamente integrado, orientado al consumidor y competitivo en Europa; subraya la importancia de las interconexiones transfronterizas para alcanzar un mercado de la energía plenamente integrado; acoge con satisfacción el anuncio de que la Comisión propondrá medidas sobre la integración inteligente para mediados de 2020, y subraya que la mayor integración del mercado energético de la Unión será un elemento importante en la mejora de la seguridad del suministro energético y en la consecución de una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; destaca que es necesaria una Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía adecuadamente financiada para reforzar e incrementar la cooperación regional entre los Estados miembros;
26. Insiste en la necesidad de una rápida eliminación progresiva de las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para 2020 en la Unión y en cada Estado miembro;
27. Acoge con satisfacción la anunciada ola de renovación de los edificios públicos y privados, y anima a que se preste especial atención a la renovación de escuelas y hospitales así como a las viviendas sociales y las viviendas de alquiler, con el fin de ayudar a los hogares con bajos ingresos; subraya la necesidad de que el parque inmobiliario existente se renueve con edificios de consumo de energía casi nulo para lograr la neutralidad en carbono de aquí a 2050 a más tardar: subraya que el sector de la construcción tiene un gran potencial de ahorro energético, así como un potencial de producción de energía renovable in situ, que puede impulsar el empleo y ayudar a las pymes a expandirse; considera que es esencial un marco legislativo inteligente y orientado al futuro; acoge con satisfacción, por tanto, las propuestas encaminadas a reducir los obstáculos reglamentarios nacionales para la renovación y la revisión del Reglamento sobre los productos de construcción; pide una vigilancia rigurosa del cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones de renovar los edificios públicos en consonancia con la DEE; alienta la promoción de la construcción de madera y de los materiales de construcción ecológicos;
28. Destaca que la transición energética debe ser sostenible desde el punto de vista social y no agravar la pobreza energética, y acoge favorablemente el compromiso de la Comisión a este respecto; considera que las comunidades que luchan contra la pobreza energética deben contar con los instrumentos necesarios para participar en la transición ecológica a través de la educación y los servicios de asesoramiento y mediante el estímulo de las inversiones a largo plazo; pide acciones específicas en estrecha cooperación con los Estados miembros y el intercambio de mejores prácticas con el objetivo de reducir la pobreza energética, apoyando al mismo tiempo la igualdad de acceso a los instrumentos de financiación para las renovaciones con fines de eficiencia energética; considera que los costes de las renovaciones con fines de eficiencia energética no deben correr a cargo de los hogares con bajos ingresos; destaca, además, el papel de la calefacción de distrito a la hora de suministrar una energía asequible;
29. Apoya, en general, la idea de adoptar medidas basadas en el mercado como una de las herramientas para alcanzar los objetivos climáticos; expresa sus reservas, no obstante, con respecto a la posible inclusión de las emisiones de los edificios en el RCDE UE, ya que podría eximir a la administración pública de su responsabilidad y dar lugar a un aumento de la factura energética para los inquilinos y los propietarios de viviendas; considera que cualquier medida de este tipo requeriría un análisis más exhaustivo;
30. Considera que la transición de la Unión a una base industrial moderna, climáticamente neutra, altamente eficiente en el uso de los recursos y competitiva de aquí a 2050 a más tardar constituye un desafío y una oportunidad fundamentales, y acoge con satisfacción el anuncio de que la Comisión presentará una nueva estrategia industrial, así como una estrategia para las pymes, en marzo de 2020; destaca que la competitividad industrial y la política climática se refuerzan mutuamente y que una reindustrialización innovadora y climáticamente neutra generará empleo a escala local y garantizará la competitividad de la economía europea;
31. Destaca que la estrategia industrial debe centrarse en incentivar cadenas de valor para productos, procesos y modelos empresariales económicamente viables y sostenibles orientados a lograr la neutralidad climática, la eficiencia de los recursos, la circularidad y un entorno no tóxico, al tiempo que se mantiene y se desarrolla la competitividad internacional y se evita la deslocalización de las industrias europeas; coincide con la Comisión en que las industrias de gran consumo de energía, como la siderúrgica, la química y la industria del cemento, son fundamentales para la economía europea, y que la modernización y la descarbonización de estas industrias resulta esencial;
32. Pide a la Comisión que garantice la cohesión económica, social y territorial de las transiciones, prestando especial atención a las regiones más desfavorecidas, a las zonas afectadas por la transición industrial (principalmente las regiones mineras y las zonas dependientes de industrias con altas emisiones de carbono, como la producción de acero), a las zonas escasamente pobladas y a los territorios vulnerables desde el punto de vista medioambiental;
33. Subraya que las estrategias para la industria y para las pymes deben establecer hojas de ruta claras que ofrezcan un conjunto completo de incentivos y oportunidades de financiación para la innovación, para el despliegue de tecnologías de vanguardia y para nuevos modelos empresariales sostenibles, así como la supresión de todos los obstáculos normativos innecesarios; pide que la Unión apoye a los precursores en materia de clima y de recursos, por medio de un enfoque tecnológicamente neutro que sea coherente con los mejores conocimientos científicos disponibles y los objetivos a largo plazo de la Unión en materia de clima y medio ambiente; subraya el papel de la captura y el almacenamiento seguros de carbono desde el punto de vista medioambiental para lograr una industria pesada climáticamente neutra en caso de que no se disponga de opciones directas de reducción de las emisiones;
34. Recuerda el protagonismo de las tecnologías digitales en el apoyo a la transición verde, por ejemplo mediante la mejora de la eficiencia energética y el uso de los recursos y la mejora del seguimiento medioambiental, y a través de los beneficios climáticos de la plena digitalización de la transmisión y la distribución y de aplicaciones inteligentes; considera que la estrategia industrial debe integrar, tal como se propone, las transformaciones ecológicas y digitales e identificar los principales objetivos y los obstáculos que impiden el pleno aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales; pide a la Comisión que desarrolle estrategias y prevea financiación para el despliegue de tecnologías digitales innovadoras; destaca, al mismo tiempo, la importancia de mejorar la eficiencia energética y el rendimiento de la economía circular del propio sector digital y acoge con satisfacción los compromisos de la Comisión al respecto; pide a la Comisión que establezca una metodología para vigilar y cuantificar el creciente impacto medioambiental de las tecnologías digitales, sin crear unas cargas administrativas innecesarias;
35. Subraya que la estrategia industrial también debe prestar la debida atención a las repercusiones sobre la mano de obra, así como a la formación, al reciclaje profesional y a la mejora de las cualificaciones de los trabajadores; pide a la Comisión que examine atentamente la dimensión regional de esta estrategia, garantizando que ninguna persona y ninguna región se quede rezagada; insiste en que la estrategia debe incluir un diálogo social en el que los trabajadores participen plenamente;
36. Pide un nuevo y ambicioso plan de acción para la economía circular, que debe tener como objetivo reducir la huella total medioambiental y en materia de recursos de la producción y el consumo de la Unión, ofreciendo al mismo tiempo fuertes incentivos para la innovación, las empresas sostenibles y los mercados para los productos circulares no tóxicos y neutros desde el punto de vista climático, y siendo sus prioridades principales la eficiencia en el uso de los recursos, la contaminación cero y la prevención de residuos; destaca las importantes sinergias entre la acción por el clima y la economía circular, en particular en el sector de la energía y los sectores con elevadas emisiones de carbono; pide que se establezca un objetivo a escala de la Unión para la eficiencia en el uso de los recursos;
37. Pide a la Comisión que proponga objetivos para la recogida selectiva, la reducción, la reutilización y el reciclado de residuos, así como otras acciones específicas, como la responsabilidad ampliada del productor, en sectores prioritarios como los residuos comerciales, los textiles, los plásticos, los productos electrónicos, la construcción y la alimentación; insta a la Comisión a que elabore medidas de apoyo al mercado de materiales reciclados en Europa, incluidas unas normas de calidad comunes, así como, cuando sea posible, objetivos obligatorios para el uso de materiales recuperados en sectores prioritarios; subraya la importancia de desarrollar ciclos de materiales no tóxicos, intensificando la sustitución de sustancias extremadamente preocupantes y promoviendo la investigación y la innovación para el desarrollo de productos no tóxicos; pide a la Comisión que estudie medidas para abordar el problema de los productos importados que contienen sustancias o componentes prohibidos en la Unión, y considera que estos no deben volver a introducirse en el mercado de la Unión en productos de consumo a través de las actividades de reciclaje;
38. Apoya las medidas en favor de los productos sostenibles, incluida una ampliación del alcance del diseño ecológico mediante legislación para que los productos sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables, y mediante un sólido programa de trabajo en materia de diseño ecológico y etiquetado ecológico a partir de 2020 que incluya también los teléfonos inteligentes y otros equipos informáticos nuevos; pide que se presenten propuestas legislativas sobre el derecho a la reparación, la eliminación de la obsolescencia programada y los dispositivos de carga comunes para equipos informáticos móviles; respalda los planes de la Comisión de presentar propuestas legislativas para garantizar una cadena de valor de las baterías que sea segura, circular y sostenible para todas las baterías, y espera que esta propuesta incluya al menos medidas sobre diseño ecológico, objetivos de reutilización y reciclado y un abastecimiento sostenible y, además, responsable desde el punto de vista social; subraya la necesidad de crear una agrupación de baterías y almacenamiento sólida y sostenible en Europa; hace hincapié en la necesidad de promover el consumo y la producción locales basados en los principios de denegación, reducción, reutilización, reciclado y reparación con objeto de poner fin a las estrategias comerciales de obsolescencia programada, con arreglo a las cuales los productos están diseñados para tener una vida útil corta y deben ser sustituidos por otros, así como de adaptar el consumo a los límites del planeta; considera que el derecho a la reparación y a un apoyo continuo en el ámbito de los servicios informáticos es indispensable para lograr un consumo sostenible; pide que se consagren estos derechos en la legislación de la Unión;
39. Insta a la Comisión a que siga intensificando las medidas de la Unión contra la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, y pide restricciones más amplias a los artículos de plástico de un solo uso así como su sustitución; apoya el desarrollo de legislación para luchar contra el exceso de embalaje y garantizar que en el mercado de la Unión no se permita a partir de 2030 a más tardar ningún envase que no sea reutilizable o reciclable de manera económicamente viable, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los alimentos; pide que se adopten medidas en favor de la coordinación transfronteriza de los sistemas de depósito, devolución y retorno; insta a la Comisión a que luche contra los microplásticos de forma global, también mediante la adopción de una eliminación gradual global de los microplásticos añadidos intencionadamente y mediante nuevas medidas, también reglamentarias, contra la liberación no intencional de plásticos, por ejemplo, a partir de textiles, neumáticos y granulados de plástico; toma nota de que la Comisión se propone desarrollar un marco reglamentario para los plásticos biodegradables y de origen biológico; destaca la necesidad de una economía del plástico totalmente circular;
40. Pide un mercado único verde de la Unión para impulsar la demanda de productos sostenibles con disposiciones específicas, como la expansión del uso de la contratación pública ecológica; acoge con satisfacción, en este sentido, los compromisos de la Comisión de proponer más legislación y orientación sobre la contratación pública ecológica; pide que los procedimientos de contratación por parte de las instituciones de la Unión prediquen con el ejemplo; subraya además la necesidad de examinar y revisar las normas de contratación pública en la Unión con el fin de garantizar una auténtica igualdad de condiciones para las empresas de la Unión, en particular aquellas que producen productos o servicios sostenibles, como en el ámbito del transporte público;
41. Destaca la importancia de unos consumidores empoderados y bien informados; pide medidas para garantizar que los consumidores dispongan de información transparente, comparable y armonizada sobre los productos, incluido el etiquetado de los productos, sobre la base de datos fiables e investigaciones de consumidores, para ayudarles a tomar decisiones más saludables y sostenibles y para que estén informados sobre la durabilidad y la reparabilidad de los productos y su huella ambiental; subraya la necesidad de ofrecer a los consumidores unos mecanismos de resarcimiento eficaces y de fácil comprensión y puesta en práctica que tengan en cuenta los aspectos de sostenibilidad y que den prioridad a la reutilización o la reparación frente a la eliminación de los productos que no funcionan correctamente;
42. Considera que los materiales renovables de origen sostenible contribuirán de modo importante a la transición a una economía climáticamente neutra, y destaca la necesidad de estimular las inversiones en el desarrollo de una bioeconomía sostenible en la que los materiales que requieren un uso intensivo de combustibles fósiles se sustituyan por materiales renovables y de origen biológico, por ejemplo en los edificios, los productos textiles, los productos químicos, el envasado, la construcción naval y, cuando quepa asegurar la sostenibilidad, la producción de energía; destaca que esto deberá hacerse de forma que sea sostenible y respete los límites ecológicos; destaca el potencial de la bioeconomía para crear nuevos empleos verdes, también en zonas rurales de la Unión, y para estimular la innovación; pide apoyo para la investigación y la innovación en soluciones sostenibles de bioeconomía que tengan en cuenta la necesidad de proteger la biodiversidad y los ecosistemas únicos; pide la aplicación eficiente de la Estrategia de Bioeconomía de la Unión como parte del Pacto Verde Europeo;
43. Celebra la próxima estrategia de movilidad sostenible e inteligente y coincide con la Comisión en que todos los modos de transporte (transporte por carretera, ferroviario, aéreo y por vías navegables) tendrán que contribuir a la descarbonización del sector del transporte, en consonancia con el objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra, reconociendo al mismo tiempo que ello constituirá tanto un reto como una oportunidad; apoya la aplicación del principio de «quien contamina, paga»; Pide una estrategia holística a largo plazo para una transición justa que también tenga en cuenta la contribución del sector del transporte a la economía de la Unión y la necesidad de garantizar un alto nivel de conectividad de transporte asequible y accesible, así como los aspectos sociales y la protección de los derechos de los trabajadores;
44. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de impulsar el transporte multimodal para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones; considera, no obstante, que la mejor manera de lograr la multimodalidad es únicamente mediante propuestas legislativas concretas; acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de proponer medidas para aumentar la interconectividad entre carreteras, ferrocarril y vías navegables interiores, lo que dará lugar a un verdadero cambio modal; pide que se refuercen y apoyen las inversiones en conectividad de las redes ferroviarias de la Unión con el fin de permitir la igualdad de acceso al transporte público por ferrocarril en toda la Unión y de hacer más atractivo el transporte de viajeros por ferrocarril; destaca que el espacio ferroviario europeo único es un requisito previo para el cambio modal y pide a la Comisión que presente una estrategia para finales de 2020, seguida de propuestas legislativas concretas, para poner fin a la fragmentación del mercado interior;
45. Subraya que el transporte por vías navegables de cero emisiones es fundamental para desarrollar un transporte multimodal sostenible; insta a la Comisión a que desarrolle un marco normativo coordinado europeo para las vías navegables interiores; pide a la Comisión que apoye activamente una intermodalidad que utilice las vías navegables interiores, especialmente la conexión en red transfronteriza de los sistemas nacionales de vías navegables, que debe mejorarse;
46. Reitera que el Cielo Único Europeo (CUE) es capaz de reducir las emisiones de la aviación sin grandes costes, pero no logrará por sí solo unas reducciones significativas de las emisiones de la aviación en consonancia con el objetivo de la Unión a largo plazo; pide una hoja de ruta reglamentaria clara para la descarbonización de la aviación, basada en soluciones tecnológicas, infraestructuras, requisitos para combustibles alternativos sostenibles y operaciones eficientes, junto con incentivos de cara a un cambio modal;
47. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva relativa a los combustibles alternativos y el Reglamento sobre la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), con vistas a acelerar el despliegue de vehículos y buques sin emisiones y de bajas emisiones; acoge con satisfacción el énfasis en el aumento de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos; pide, no obstante, que se elabore un plan de movilidad urbana más exhaustivo para reducir la congestión y mejorar la calidad de vida en las ciudades, por ejemplo mediante el apoyo al transporte público de cero emisiones y a infraestructuras ciclistas y peatonales, en particular en zonas urbanas;
48. Considera que es esencial garantizar suficientes inversiones en el desarrollo de infraestructuras adecuadas para una movilidad de cero emisiones y que todos los fondos pertinentes de la Unión (Mecanismo «Conectar Europa», InvestEU, etc,), así como los préstamos al transporte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), deben adaptarse a esto; pide a los Estados miembros que se comprometan a financiar adecuadamente y a aumentar el ritmo del despliegue de estrategias innovadoras, infraestructuras de recarga y combustibles alternativos; considera que los ingresos procedentes de los impuestos o de las tasas sobre el transporte deben destinarse a apoyar la transición para que estos costes sean más aceptables desde el punto de vista social; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de desarrollar sistemas inteligentes para la gestión del tráfico y la «movilidad como servicio», especialmente en las zonas urbanas; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de aplicaciones innovadoras, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos sistemas de movilidad emergentes e innovadores en toda Europa; insta a la Comisión a que incluya a las ciudades, con su experiencia práctica y sus conocimientos especializados, en el debate sobre la aplicación de las futuras políticas de movilidad a escala de la Unión;
49. Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de incluir al sector marítimo en el RCDE; destaca que la Unión debe defender un nivel elevado de ambición en lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector marítimo tanto a escala internacional como de la Unión, si bien ninguna nueva medida de la Unión debe dañar la competitividad internacional de los buques con pabellón de la Unión; considera que las medidas de la Unión y las internacionales deben ir juntas para evitar una doble reglamentación para la industria y que cualquier acción, o falta de acción, adoptada a nivel mundial no debe obstaculizar la capacidad de la Unión para emprender acciones más ambiciosas dentro de la Unión; subraya, además, la necesidad de medidas para abandonar el uso de fuelóleo pesado y la necesidad de inversiones urgentes en investigación de nuevas tecnologías para descarbonizar el sector del transporte marítimo y en el desarrollo de buques sin emisiones y ecológicos;
50. Apoya las medidas propuestas para reducir las emisiones en el sector de la aviación y reforzar el RCDE en consonancia con la ambición climática de la Unión, así como la eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos de emisión a las compañías aéreas por vuelos en el interior de la Unión; pide, al mismo tiempo, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible para reforzar el Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA) y que respalden la adopción por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de un objetivo a largo plazo para reducir las emisiones del sector, salvaguardando la autonomía legislativa de la Unión al aplicar la Directiva del RCDE; destaca que, en calidad de colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas instituciones que pueden decidir cualquier futura modificación de la Directiva del RCDE; subraya que solo debe llevarse a cabo una nueva modificación de la Directiva del RCDE si es coherente con el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía de la Unión;
51. Subraya la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de competencia entre los distintos modos de transporte; pide a la Comisión, por tanto, que haga propuestas de medidas coordinadas para eliminar las exenciones fiscales aplicables al queroseno y a los combustibles marítimos en los Estados miembros en el contexto de la revisión de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía, evitando consecuencias negativas no deseadas en los ámbitos medioambiental, económico y social;
52. Espera con interés las próximas propuestas de la Comisión de normas más rigurosas en materia de emisiones de contaminantes atmosféricos para los vehículos de motor de combustión (Euro 7) y normas revisadas de emisión de CO2 para turismos, furgonetas y camiones, garantizando que a partir de 2025 exista una vía hacia una movilidad sin emisiones; pide a la Comisión que desarrolle metodologías de evaluación del ciclo de vida; recuerda el resultado del análisis en profundidad que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», según el cual, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, todos los automóviles nuevos que se comercialicen a partir de 2040 tendrán que ser de cero emisiones, y pide un marco estratégico y regímenes transitorios para apoyar esta evolución; señala que será necesaria una revisión de las normas actuales para que los países precursores puedan aplicar medidas más estrictas a nivel nacional cuando así lo decidan los Estados miembros;
53. Acoge con satisfacción los planes de la Comisión de abordar la contaminación atmosférica causada por el transporte marítimo y aéreo, incluida la regulación del acceso de los buques más contaminantes a los puertos de la Unión, y medidas reglamentarias para luchar contra la contaminación causada por los buques atracados en puerto; destaca la importancia de fomentar el desarrollo de puertos con cero emisiones mediante el uso de energías renovables; subraya que el despliegue de nuevas zonas de control de las emisiones, que están previstas en el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), y la reducción de la velocidad del transporte marítimo son soluciones adecuadas para reducir las emisiones que pueden aplicarse fácilmente;
54. Toma nota de los planes de la Comisión de estudiar la ampliación del comercio europeo de derechos de emisión a las emisiones del transporte por carretera; rechaza una inclusión directa en el RCDE UE y el establecimiento de cualquier tipo de regímenes paralelos; subraya enérgicamente que ningún sistema de tarificación debe sustituir o debilitar las normas existentes o futuras sobre emisiones de CO2 para automóviles y camiones e imponer cargas adicionales directamente sobre los consumidores;
55. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de presentar una estrategia «de la granja a la mesa» en 2020 para lograr una política alimentaria más sostenible aunando esfuerzos para hacer frente al cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar y restaurar la biodiversidad, y con la ambición de garantizar que los europeos tengan acceso a alimentos asequibles, de calidad y sostenibles, garantizando tanto una vida digna a agricultores y pescadores como la competitividad del sector agrícola; considera que la política agrícola común (PAC) debe estar totalmente en consonancia con la mayor ambición de la Unión en materia de clima y biodiversidad; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de garantizar que los alimentos europeos se conviertan en un referente mundial para la sostenibilidad; pide a la Comisión que utilice la Estrategia «de la granja a la mesa» para construir una auténtica visión a largo plazo de sistemas alimentarios sostenibles y competitivos, al tiempo que promociona la reciprocidad de las normas de producción de la Unión en los acuerdos comerciales;
56. Destaca que la agricultura sostenible y los agricultores desempeñarán un papel importante al abordar los desafíos del Pacto Verde Europeo; destaca la importancia de la agricultura europea y su potencial para contribuir a la acción por el clima, la economía circular y a la mejora de la biodiversidad y para promover el uso sostenible de materias primas renovables; destaca que los agricultores de la Unión deben recibir las herramientas necesarias para luchar contra el cambio climático y adaptarse al mismo, entre otras, la inversión en la transición a sistemas agrícolas más sostenibles; destaca que la Estrategia «de la granja a la mesa» debe tener como objetivo una reducción ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la degradación de la tierra originadas por la agricultura;
57. Subraya que debe fortalecerse la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario; destaca que debe tratarse el efecto que tiene la legislación de la Unión en materia de competencia sobre la sostenibilidad de la cadena alimentaria, por ejemplo mediante la lucha contra prácticas comerciales desleales y remunerando a los productores que suministran alimentos de alta calidad por aportar bienes públicos, como normas exigentes de bienestar medioambiental y animal, beneficios que actualmente no se reflejan de forma suficiente en los precios fuera de las explotaciones;
58. Pide una PAC sostenible que respalde activamente a los agricultores y los anime, a través de sus medidas, a producir más beneficios medioambientales y climáticos y a gestionar mejor la volatilidad y las crisis; pide a la Comisión que analice la contribución de la propuesta actual de reforma de la PAC a los compromisos de la Unión en materia de medio ambiente, clima y protección de la biodiversidad, con el fin de adaptarlos plenamente a los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, y teniendo en cuenta la necesidad de mantener unas condiciones de competencia equitativas en Europa que hagan posible una producción agrícola vigorosa, resiliente y sostenible; destaca que los planes estratégicos de la PAC deben reflejar plenamente la ambición del Pacto Verde Europeo y pide a la Comisión que sea firme a este respecto en su evaluación de los planes estratégicos y, especialmente, que verifique la ambición y la eficacia de los regímenes ecológicos de los Estados miembros y supervise de cerca los resultados de su aplicación; destaca la importancia, en el marco del nuevo modelo de aplicación, de un enfoque selectivo y orientado a los resultados, con una mayor simplificación y transparencia en relación con los resultados concretos y los objetivos de valor añadido; considera necesario ayudar a los agricultores a hacer la transición hacia una agricultura más sostenible y, para ello, apoya que se dote a la PAC con un presupuesto que permita alcanzar todos sus objetivos, incluido el cumplimiento de la ambición medioambiental de la Unión;
59. Reitera que la reducción de la dependencia de los plaguicidas es uno de los objetivos prioritarios para la agricultura sostenible; acoge con satisfacción, a este respecto, el compromiso de la Comisión de actuar ante las consecuencias de los plaguicidas para el medio ambiente y la salud y de reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos y su riesgo, así como el uso de abonos y antibióticos, también con medidas legislativas; destaca que la Estrategia «de la granja a la mesa» debe incluir objetivos de reducción vinculantes para los plaguicidas peligrosos; solicita una estrategia de la Unión para facilitar el acceso al mercado de alternativas sostenibles con un fundamento científico; pide a la Comisión que atienda las peticiones realizadas en la Resolución del Parlamento, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas(4);
60. Observa con preocupación que la agricultura, la pesca y la producción de alimentos siguen siendo los principales causantes de la pérdida de biodiversidad terrestre y marina; considera que la pérdida de polinizadores, incluidas las abejas, es especialmente preocupante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que los cultivos que dependen de los polinizadores desempeñan un papel importante en nuestra alimentación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena adopción de las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre las abejas de 2013 con carácter urgente, e insta a los Estados miembros a que alineen sus evaluaciones de plaguicidas en consonancia;
61. Subraya que las técnicas agrícolas y los métodos de producción inteligentes son necesarios para garantizar una alimentación nutritiva suficiente para una población en aumento y para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus medidas para reducir el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario; pide que se establezca un objetivo ejecutable de reducción del desperdicio de alimentos del 50 % a escala de la Unión para 2030, basado en una metodología común; subraya los efectos positivos que pueden tener las cadenas cortas de suministro de alimentos para la reducción del desperdicio de alimentos;
62. Destaca que la legislación sobre los materiales en contacto con alimentos y los límites máximos de residuos de plaguicidas deben revisarse y basarse en los últimos descubrimientos científicos; insta a la Comisión a que prohíba los aditivos alimentarios perjudiciales para la salud humana; recuerda el papel crucial que desempeña la alimentación sana en la reducción de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer; destaca la importancia de establecer un marco jurídico con mecanismos de ejecución para que los productos alimenticios importados cumplan las normas medioambientales europeas;
63. Señala que los ciudadanos de la Unión consideran que «ofrecer alimentos seguros, saludables y de buena calidad» para todos los consumidores debe ser la prioridad principal de la PAC y de la política pesquera común (PPC); cree que los medios digitales para proporcionar información pueden completar, pero no sustituir, la información en la etiqueta; acoge, por tanto, con satisfacción la intención de la Comisión de explorar nuevas vías para ofrecer mejor información a los consumidores; pide a la Comisión que estudie un mejor etiquetado de los alimentos, por ejemplo, en términos de etiquetado nutricional, de país de origen de determinados alimentos y de bienestar medioambiental y animal, con el objetivo de evitar la fragmentación del mercado interior y facilitar información objetiva, transparente y respetuosa del consumidor;
64. Destaca que la agricultura tiene el potencial para ayudar a la Unión a reducir sus emisiones mediante prácticas sostenibles, como la agricultura de precisión, la agricultura ecológica, la agroecología, la agrosilvicultura, el aumento del bienestar de los animales y la prevención de enfermedades humanas y animales, incluida la gestión sostenible de los bosques, la captura de carbono, y una mejor gestión de los nutrientes para contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo; recalca la importancia de incentivar a los agricultores para que adopten métodos que aporten beneficios cada vez mayores para el clima, el medio ambiente y la biodiversidad de manera justa, oportuna y económicamente viable; celebra que la Estrategia «de la granja a la mesa» también vaya a examinar las ventajas de las nuevas tecnologías, incluida la digitalización, y mejorar la eficiencia, el uso de los recursos y la sostenibilidad medioambiental, aportando al mismo tiempo beneficios económicos al sector; reitera su petición para que se ponga en práctica un plan estratégico europeo de calado para la producción y el abastecimiento de proteínas vegetales basado en el desarrollo sostenible de los cultivos presentes en toda la Unión;
65. Pide a la Comisión que integre los productos de la pesca y de la acuicultura en su Estrategia «de la granja a la mesa» con el fin de reforzar la cadena de valor sostenible en el sector pesquero (de la pesca al consumo); reconoce el potencial del sector pesquero para contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo; hace especial hincapié en la necesidad de que el sector esté en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente, clima y sostenibilidad, así como con la ciencia; hace hincapié en la importancia de garantizar un apoyo adecuado a los pescadores europeos en su transición hacia actividades pesqueras sostenibles; pide a la Comisión que presente una propuesta para mejorar la trazabilidad de todos los productos del mar, también mediante el etiquetado de origen de las conservas de pescado y el rechazo de los productos que dañan o agotan el medio marino;
66. Considera importante elevar las normas existentes de bienestar animal, y desarrollar otras nuevas cuando sea necesario, basadas en nuevos descubrimientos científicos e iniciar procedimientos de infracción contra los incumplimientos sistemáticos de Estados miembros en la aplicación y ejecución de la legislación en vigor sobre bienestar animal; pide a la Comisión que presente sin demora injustificada una nueva estrategia para el bienestar de los animales que allane el camino hacia una ley marco sobre el bienestar de los animales y garantice que la sensibilidad animal se tome en consideración en todas las políticas pertinentes;
67. Lamenta profundamente que Europa y el mundo continúen perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante y que no consiga cumplir sus objetivos actuales, incluidos los objetivos de Aichi, de detener la pérdida de biodiversidad; destaca la necesidad de preservar y restaurar la biodiversidad y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar una nueva estrategia en materia de biodiversidad para marzo de 2020, antes de la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica; destaca que la Unión debe impulsar un acuerdo global ambicioso y vinculante sobre el marco para el período posterior a 2020 en materia de biodiversidad, con objetivos claros y unas metas vinculantes sobre las zonas protegidas en la Unión y en el mundo; considera fundamental detener y revertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030 tanto en la Unión como en todo el mundo, con acciones específicas para las entidades de ultramar de Europa;
68. Subraya que la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 debe incluir medidas jurídicas ambiciosas y aplicables, así como objetivos vinculantes, para reforzar la protección y la restauración de los ecosistemas vulnerables, así como medidas integrales para hacer frente a los factores que provocan la pérdida de biodiversidad; hace hincapié en la importancia de aumentar la eficacia y el tamaño de las redes de zonas protegidas a fin de mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, y de permitir la recuperación de la biodiversidad; pide a la Comisión que incluya en la Estrategia sobre Biodiversidad el objetivo de eliminar progresivamente las sustancias químicas peligrosas y establezca un vínculo con la estrategia para un entorno sin sustancias tóxicas; toma nota de los planes de la Comisión de identificar medidas para mejorar y reparar los ecosistemas dañados, así como de proponer un plan de restauración de la naturaleza; considera que las zonas ricas en biodiversidad de las infraestructuras urbanas verdes contribuyen a luchar contra la contaminación atmosférica, el ruido, los efectos del cambio climático, las olas de calor, las inundaciones y los problemas de salud pública; celebra que la Comisión vaya a presentar propuestas para hacer más ecológicas las ciudades europeas y aumentar la biodiversidad en los espacios urbanos;
69. Hace hincapié en que la coherencia de las políticas a nivel tanto de la Unión como nacional es esencial para el éxito de la política de protección de la naturaleza y la biodiversidad; por lo que respecta a la aplicación, considera importante el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros; pide a la Comisión que inicie procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no respetan la legislación en materia de protección de la naturaleza; pide a la Comisión que refuerce la Directiva sobre responsabilidad medioambiental de conformidad con las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo en su Resolución de 26 de octubre de 2017;
70. Considera que los factores que provocan la pérdida de biodiversidad tienen dimensiones mundiales y no se circunscriben a las fronteras nacionales; apoya, por consiguiente, la propuesta de la Comisión de establecer un objetivo global vinculante para proteger y restablecer la biodiversidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en octubre de 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que acuerden conjuntamente un objetivo global ambicioso para las reservas naturales terrestres y marinas;
71. Recuerda que los bosques son indispensables para nuestro planeta y su biodiversidad; celebra la intención de la Comisión de luchar contra la deforestación a escala global y le pide que intensifique sus acciones; pide a la Comisión que presente sin dilación una propuesta de marco jurídico europeo sobre la base de la diligencia debida para asegurar unas cadenas de suministro sostenibles y libres de deforestación de productos que se comercializan en el mercado de la Unión, combatiendo en particular los principales factores causantes de la deforestación importada e incentivando, en su lugar, las importaciones que no causan deforestación en el extranjero;
72. Pide a la Comisión que presente una estrategia forestal nueva y ambiciosa para la Unión con el fin de reconocer adecuadamente el papel importante, multifuncional y transversal que ejercen los bosques europeos, el sector y la gestión sostenible de los bosques en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, teniendo también en cuenta los aspectos sociales, económicos y medioambientales; recuerda la necesidad de actuar para luchar contra la tala ilegal en Europa; hace hincapié en que todos los esfuerzos de repoblación forestal, reforestación y restauración deben tener como objetivo la mejora de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono;
73. Subraya que el tráfico y el comercio ilegal de especies silvestres son importantes causas de la pérdida de biodiversidad; subraya que el Plan de acción de 2016 contra el tráfico de especies silvestres finaliza en 2020; insta a la Comisión a que renueve y refuerce sus disposiciones, las integre plenamente en la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 y garantice una financiación adecuada; pide a la Comisión que convierta la cooperación con los países socios en un elemento fundamental de la lucha contra los delitos contra la vida silvestre y la pérdida de biodiversidad;
74. Reconoce el papel que desempeña la economía azul en la lucha contra el cambio climático; destaca que la economía azul, incluidas las energías renovables, el turismo y la industria ha de ser verdaderamente sostenible, ya que la utilización de los recursos marinos depende, directa o indirectamente, de la calidad y la resiliencia a largo plazo de los océanos; considera que los océanos deben ocupar un lugar destacado en el Pacto Verde Europeo; insta a la Comisión a que dé una dimensión «azul» al Pacto Verde e incluya de forma integral la dimensión oceánica como elemento esencial del Pacto Verde, reconociendo plenamente los servicios ecosistémicos que prestan los océanos mediante el desarrollo de un plan de acción para los océanos y la acuicultura que incluya acciones concretas que se traduzcan en una visión estratégica integrada de las cuestiones de la política marítima, como el transporte, la innovación y los conocimientos, la biodiversidad, la economía azul, las emisiones, los residuos y la gobernanza;
75. Considera que la política pesquera común debe tener como objetivo acabar con la sobreexplotación pesquera y reconstituir las poblaciones de peces por encima de los rendimientos máximos sostenibles, desarrollar sistemas de acuicultura marina y de agua dulce sostenibles, y establecer un sistema de gestión eficaz e integrado basado en los ecosistemas que tenga en cuenta todos los factores que afectan a las poblaciones de peces y al ecosistema marino, incluidos el cambio climático y la contaminación; pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión de la política pesquera común en este sentido;
76. Subraya la necesidad de que se realicen esfuerzos de conservación de los océanos y de las zonas costeras, encaminados tanto a la mitigación del cambio climático como a la adaptación al mismo, y pide una propuesta por la que se establezca un objetivo vinculante consistente en ampliar la red de zonas marinas protegidas en al menos un 30 % a nivel de la Unión en la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, con el fin de mejorar la protección de los océanos; destaca la necesidad de aumentar los recursos financieros y la capacidad para mejorar los conocimientos marinos en relación con la biodiversidad, el clima y la contaminación, a fin de comprender mejor el impacto de las actividades sobre los ecosistemas marinos y el estado de las poblaciones de peces y de definir planes de acción adecuados de cara a la adaptación y la mitigación;
77. Destaca la importancia de fomentar el papel de la Unión como líder mundial en la gobernanza de los océanos, incluida la dimensión comercial, promoviendo la adopción de un mecanismo internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para proteger la biodiversidad y los ecosistemas marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional y una política de tolerancia cero en relación con la pesca ilegal, que incluya una estrategia común con los países vecinos para prevenir y reducir la contaminación; señala la necesidad de reforzar el papel de la Unión en la contribución a la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible con el fin de mejorar la participación en las ciencias oceánicas y contribuir a la consecución de los ODS;
78. Acoge favorablemente los planes de la Comisión de presentar un plan de acción «contaminación cero» para el aire, el agua y el suelo, que también debería abordar la contaminación del agua a través del suelo, incluir una supervisión reforzada y centrar sus acciones en la prevención de la contaminación; considera lamentable que se haya retrasado la presentación de la estrategia para un entorno sin tóxicos, y pide a la Comisión que presente cuanto antes en 2020 una estrategia intersectorial ambiciosa para un entorno sin sustancias tóxicas con el fin de garantizar a todos los ciudadanos europeos una protección adecuada contra sustancias nocivas, incluidos los consumidores, los trabajadores y los grupos vulnerables;
79. Considera que la estrategia europea para un entorno sin tóxicos debería colmar todos los vacíos de la legislación de la Unión en materia de productos químicos y contribuir eficazmente a la rápida sustitución de las sustancias que suscitan serias preocupaciones y otras sustancias químicas peligrosas, incluidos los alteradores endocrinos, sustancias químicas muy persistentes, neurotóxicas e inmunotóxicas, así como abordar los efectos combinados de las sustancias químicas, las nanoformas de sustancias y la exposición a sustancias químicas peligrosas contenidas en productos; insiste en que toda prohibición de estas sustancias químicas ha de tener en cuenta todos los aspectos de la sostenibilidad; subraya la necesidad de un compromiso claro para garantizar fondos destinados a mejorar la investigación de alternativas más seguras y promover la sustitución de las sustancias químicas nocivas, una producción limpia y una innovación sostenible; subraya la necesidad de reducir la experimentación con animales en las evaluaciones de riesgo y pide para ello mayores esfuerzos y fondos;
80. Pide que se presente una propuestas legislativas ambiciosa para junio de 2020 para abordar el problema de los alteradores endocrinos, en especial en los productos cosméticos, los juguetes y los envases de alimentos, y un plan de acción que establezca un marco general con objetivos y plazos para minimizar la exposición de los ciudadanos a los alteradores endocrinos; señala que el nuevo marco general sobre los alteradores endocrinos debe garantizar que se tengan en cuenta los efectos de mezcla y las exposiciones combinadas;
81. Pide a la Comisión que adopte medidas legislativas claras para abordar la cuestión de los productos farmacéuticos en el medio ambiente, tanto como resultado de su proceso de fabricación como de su uso y eliminación; observa con preocupación el papel que desempeñan los productos farmacéuticos que, al ser liberados en el medio ambiente a través del esparcimiento de abono de origen animal, contribuyen a la resistencia microbiana;
82. Señala que el Plan de Acción «Contaminación Cero» para el aire, el agua y el suelo debe constituir una estrategia global y transversal para proteger la salud de los ciudadanos frente al deterioro y la contaminación del medio ambiente; pide a la Comisión que aumente el nivel de protección de la calidad de nuestro aire, en consonancia con las últimas conclusiones científicas y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS); solicita una mejor vigilancia de la contaminación atmosférica en los Estados miembros mediante la aplicación de métodos de medición sólidos y armonizados y la facilitación del acceso a la información para los ciudadanos europeos; pide que se lleve a cabo una acción global contra todos los principales contaminantes con el fin de restaurar las funciones naturales de las aguas subterráneas y de superficie; subraya que la revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales debe hacer hincapié en la prevención de la contaminación, la coherencia con las políticas relativas a la economía circular y la descarbonización; pide, asimismo, una revisión de la Directiva Seveso;
Financiación del Pacto Verde Europeo y garantía de una transición justa
83. Celebra el reconocimiento de las considerables necesidades de financiación para lograr los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo; acoge igualmente con satisfacción el hecho de que la comunicación constate la necesidad de integrar la sostenibilidad en todos los sectores; considera que la Comisión debería presentar un plan de financiación global basado en un conjunto coherente de propuestas destinadas a impulsar las inversiones públicas y privadas en todos los niveles; opina que dicho plan es necesario para satisfacer las considerables necesidades de financiación y la inversión adicional necesaria para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, que sobrepasan con creces la cifra prudencial de 260 000 millones de euros prevista por la Comisión, que no tiene en cuenta por ejemplo los desafíos ambientales como la biodiversidad, o la inversión pública necesaria para cubrir los costes sociales; subraya que, en la actualidad, los costes de una descarbonización en profundidad son muy inferiores a los costes derivados de los efectos del cambio climático;
84. Apoya los proyectos del plan europeo de inversiones sostenibles para contribuir a cubrir el déficit de inversión, contribuir a financiar la transición a una economía sin emisiones de carbono y garantizar una transición justa en todas las regiones de la Unión; subraya que el plan debe tener en cuenta las experiencias de los programas anteriores (el «Plan Juncker») y hacer especial hincapié en las inversiones adicionales que aporten un verdadero valor añadido europeo; pide la adopción coordinada de medidas destinadas a hacer frente al déficit de inversiones en toda la Unión, incluso a través del presupuesto de la Unión, de la financiación del BEI y de otras instituciones financieras y programas de la Unión, por ejemplo a través de InvestEU;
85. Acoge favorablemente la nueva política de concesión de préstamos al sector energético y la nueva estrategia para la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental adoptadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 14 de noviembre de 2019, como una contribución positiva al éxito del Pacto Verde Europeo; celebra que el BEI se vaya a convertir en el nuevo Banco Europeo para el Clima, que dedicará de aquí a 2025 el 50 % de sus operaciones a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, poniendo fin a su apoyo a los proyectos de combustibles fósiles antes de 2021 y armonizando todas sus actividades de financiación con los principios y objetivos del Acuerdo de París para 2020; alienta al BEI a que desempeñe un papel activo en el apoyo a proyectos que apoyen una transición justa, como la investigación, la innovación y la digitalización, el acceso de las pymes a la financiación, la inversión social y las capacidades; pide que la política de inversiones del BEI proporcione financiación específica para las iniciativas del Pacto Verde Europeo con carácter prioritario, teniendo en cuenta al mismo tiempo la adicionalidad que puede aportar la financiación del BEI en combinación con otras fuentes; destaca que la coordinación con otros instrumentos de financiación es fundamental, dado que el Grupo BEI no puede financiar por sí solo todas las iniciativas del Pacto Verde Europeo; celebra las recientes declaraciones de la recién nombrada presidenta del Banco Central Europeo (BCE), según la cuales la institución, en el ámbito de sus funciones monetaria y de supervisión bancaria, debe contribuir a la lucha contra el cambio climático; insta a la Comisión a que colabore con el BCE a este respecto para garantizar la acción coherente prometida en la comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, sin perjuicio del mandato del BCE que le confieren los Tratados;
86. Destaca que debe abordarse el actual desequilibrio del mercado entre la escasa oferta y la elevada demanda de productos financieros sostenibles; hace hincapié en el papel de una financiación sostenible y considera que es esencial que las principales instituciones financieras internacionales adopten rápidamente y desarrollen una financiación sostenible para garantizar una total transparencia del grado de sostenibilidad del sistema financiero de la Unión y lograr una descarbonización efectiva de la economía mundial; insiste en la necesidad de aprovechar el éxito de la estrategia de financiación sostenible y subraya la necesidad de aplicar rápidamente el Plan de Acción de la Unión sobre Finanzas Sostenibles, incluidos una etiqueta verde para productos financieros, la norma sobre bonos verdes y la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en el marco prudencial para los bancos, y celebra la creación de la Plataforma internacional de finanzas sostenibles;
87. Destaca la necesidad de apoyo a una transición justa y celebra el compromiso contraído por la Comisión a este respecto; considera que un Mecanismo para una Transición Justa bien diseñado, que incluya un Fondo de Transición Justa, será una herramienta importante para facilitar esta transición y alcanzar objetivos climáticos ambiciosos al tiempo que se tienen presentes las repercusiones sociales; subraya que una financiación sólida de esta herramienta, que incluya recursos presupuestarios adicionales, será un elemento clave para el éxito de la aplicación del Pacto Verde Europeo; considera que la transición justa no es un mero fondo, sino un enfoque político global respaldado por inversiones, que debe garantizar que nadie se quede rezagado, y destaca el papel de las políticas sociales de los Estados miembros en este contexto; considera que el mecanismo no debe consistir en una mera transferencia a los gobiernos o empresas nacionales, ni debe utilizarse para pagar los pasivos de empresas, sino que debe ayudar concretamente a los trabajadores de todos los sectores y comunidades de la Unión más afectados por la descarbonización, como las regiones mineras con elevada intensidad en emisiones de carbono, a realizar la transición hacia una economía limpia del futuro, sin que ello tenga un efecto desalentador con respecto a iniciativas y proyectos proactivos; considera que el fondo debe, entre otras cosas promover el perfeccionamiento y el reciclaje profesional, con el fin de preparar y adaptar a los trabajadores a las nuevas perspectivas, requisitos y competencias en materia de empleo y apoyar la creación de empleos de calidad y sostenibles; hace hincapié en que la financiación de la transición justa debe estar supeditada al progreso de los planes concretos y vinculantes de descarbonización en consonancia con el Acuerdo de París, en particular la eliminación progresiva del carbón y la transformación de las regiones cuya economía depende en gran medida del carbón; considera que es importante garantizar un marco de control apropiado para hacer un seguimiento del modo en que se utilizan los fondos en los Estados miembros; hace hincapié, no obstante, en que los fondos por sí solos no pueden garantizar la transición y en que es necesaria una estrategia global de la Unión basada en un verdadero diálogo con las personas y comunidades afectadas, incluidos los sindicatos;
88. Subraya el papel instrumental que desempeña el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 para la realización del Pacto Verde Europeo y la necesidad urgente de un nuevo salto cualitativo en los esfuerzos políticos y financieros, incluidos los nuevos créditos presupuestarios, con el fin de lograr sus objetivos, así como una transición justa hacia una economía neutra en emisiones de carbono y basada en los más estrictos criterios de justicia social, de modo que nadie quede rezagado en ninguna parte; espera que los medios presupuestarios para el próximo período de programación financiera sean proporcionales a esta aspiración, al tiempo que subraya que un MFP reducido representaría sin duda alguna un retroceso;
89. Pide que se cree un mecanismo que garantice una buena coordinación y la coherencia y congruencia entre todas las políticas y todos los instrumentos de financiación e inversiones de la Unión disponibles, incluido el BEI, con el fin de evitar solapamientos y de mejorar las sinergias, las complementariedades y la adicionalidad de su financiación, así como de movilizar inversiones privadas y públicas sostenibles, optimizando así y mejorando la integración del apoyo financiero al Pacto Verde Europeo; reafirma, en este contexto, su apoyo al principio de integración de los objetivos en el MFP, con el fin de asegurar la coherencia de las políticas; considera que la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el blanqueo de capitales desempeñan un papel central a la hora de lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y configurar una sociedad justa y una economía sólida;
90. Pide que se fijen objetivos vinculantes y ambiciosos de gasto en favor de la biodiversidad y de la integración de la dimensión climática que vayan más allá de los niveles de gasto específicos, tal como establece en su informe provisional sobre el MFP, incluyendo una metodología rigurosa y completa para definir y rastrear el gasto relativo al clima y la biodiversidad; pide que la Comisión garantice que en ningún caso se destinan fondos de la Unión de ninguna de las políticas de la Unión que sean contrarias a los objetivos del Acuerdo de París y a los demás objetivos medioambientales y compromisos y obligaciones de la Unión;
91. Apoya la introducción de un conjunto de nuevos recursos propios ecológicos bien orientados que correspondan a los objetivos del Pacto Verde Europeo y que promuevan y faciliten una transición ecológica y socialmente justa, incluidas la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente; considera que las propuestas de la Comisión constituyen un punto de partida en este sentido;
92. Considera que la revisión prevista de las directrices sobre ayudas estatales debe reflejar los objetivos políticos del Pacto Verde Europeo y tener por objeto reforzar y simplificar la inversión en soluciones sostenibles, garantizar una rápida eliminación progresiva de las subvenciones directas e indirectas al carbón y a los combustibles fósiles en la Unión y proporcionar directrices plenamente coherentes con los objetivos medioambientales y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a las autoridades nacionales, regionales y locales, cuyo papel será decisivo para una aplicación eficaz e innovadora del Pacto Verde Europeo; considera que esta revisión debe permitir el apoyo nacional a los cambios estructurales derivados de la eliminación progresiva del carbón, siguiendo las mismas condiciones que se aplican en el marco del Fondo de Transición Justa; destaca que esta revisión no debe debilitar el sólido conjunto de normas de competencia de la Unión;
93. Destaca que una parte sustancial de la financiación exigida por el Pacto Verde deberá proceder de los presupuestos de los Estados miembros; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de colaborar con los Estados miembros en la ecologización de los presupuestos nacionales; manifiesta su preocupación por que, sin una política presupuestaria sostenible y una situación financiera creíble en los Estados miembros, el futuro modelo de financiación del Pacto Verde Europeo podría estar en peligro; pide, por tanto, la introducción de un marco propicio para las inversiones públicas sostenibles, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, pero subraya que, independientemente del modelo de financiación elegido, este no debe comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión; subraya, no obstante, que las inversiones sostenibles en el marco del Pacto Verde Europeo deben ser verdaderamente adicionales y no deben resultar en la exclusión de la financiación del mercado; señala, en este sentido, las posibilidades para las inversiones públicas y privadas de aprovechar el persistente contexto de bajos tipos de interés;
94. Pide que la agenda transformadora del Pacto Verde Europeo se refleje en un Semestre Europeo más ecológico; insiste en que no se debe debilitar el modo de funcionamiento actual del Semestre Europeo; considera que los ODS de las Naciones Unidas deben integrarse, a fin de convertir el proceso en un motor del cambio hacia un bienestar sostenible para todos en Europa; apoya, por consiguiente, una mayor integración de los indicadores y objetivos sociales y medioambientales en el Semestre, obligando así a los Estados miembros a presentar sus planes nacionales para alcanzarlos; pide, por otra parte, a la Comisión que evalúe la coherencia de los presupuestos de los Estados miembros con los objetivos climáticos actualizados de la Unión;
95. Destaca que la investigación y la innovación de vanguardia son fundamentales para el futuro de Europa y esenciales para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos, gracias a una estrategia basada en la ciencia para lograr una Europa climáticamente neutra a más tardar en 2050 y a una transición limpia de la sociedad, garantizando al mismo tiempo la competitividad económica y la prosperidad; celebra que la Comisión haga énfasis en la necesidad de trabajar en todos los sectores y disciplinas; destaca la necesidad de una integración sistemática de la dimensión climática y de la resiliencia al cambio climático en todos los programas de investigación e innovación de la Unión; observa el papel de las nuevas tecnologías, que aportan beneficios adicionales en la transición hacia una economía sostenible; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan la investigación en materia de tecnologías de adaptación;
96. Subraya la importancia del programa Horizonte Europa 2021-2027, orientado a misiones, que ofrece una oportunidad para involucrar a una amplia gama de actores, incluidos los ciudadanos europeos, en la respuesta al reto mundial acuciante del cambio climático y avanzar hacia unas prácticas de investigación e innovación más colaborativas con miras a la realización del Pacto Verde Europeo; hace hincapié en la necesidad de mantener un presupuesto ambicioso para Horizonte Europa de 120 000 millones EUR a precios corrientes, a fin de abordar los importantes retos de innovación para la transición hacia la neutralidad climática, teniendo en cuenta que al menos el 35 % del presupuesto de Horizonte Europa debe contribuir a los objetivos climáticos; destaca que otros fondos de la Unión deben destinar una mayor parte del presupuesto a la investigación y la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias; pide a la Comisión que aproveche al máximo las oportunidades que ofrece un entorno de innovación más amplio, dado que muchas de las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales serán cruciales para lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050;
97. Subraya que la Unión debe mantener y seguir desarrollando sus programas espaciales civiles emblemáticos, a saber, Copernicus y Galileo, y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, que aportan valiosas contribuciones a la supervisión del medio ambiente y a la recopilación de datos; insiste en que todos los servicios de cambio climático de Copernicus deben estar completamente operativos lo antes posible, de manera que puedan proporcionar un flujo continuo de datos necesario para llevar a cabo acciones eficaces de mitigación del cambio climático y adaptación a este fenómeno;
98. Subraya la importancia de reforzar la transferencia de tecnología y de conocimientos en los ámbitos de la mitigación del cambio climático, la adaptación, la protección y la restauración de la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la circularidad, así como de las tecnologías con bajas emisiones de carbono y de emisión cero y la recogida de datos para apoyar la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo; insiste en la importancia de apoyar la implantación en el mercado, que es un factor clave para transformar el importante capital de conocimiento de la Unión en innovaciones; considera que el Pacto Verde Europeo también constituye una oportunidad para establecer vínculos entre los distintos sectores implicados, que deberían tener beneficios simbióticos; cree, en este sentido, que la bioeconomía nos brinda la oportunidad de crear tales beneficios simbióticos en diferentes sectores y de complementar la economía circular;
99. Reitera que las políticas de la Unión deben apoyar la excelencia científica y la ciencia participativa, reforzar la colaboración entre el mundo académico y la industria, y promover la elaboración de políticas basadas en la innovación y en datos contrastados a la vez que se fomenta la cooperación internacional en este ámbito, incluida la facilitación del intercambio de buenas prácticas con el fin de reforzar las capacidades vinculadas a la transición ecológica en las nuevas profesiones relacionadas con ella, para los trabajadores, los profesores y los jóvenes; acoge favorablemente la intención de la Comisión de actualizar la nueva Agenda de Capacidades y la Garantía Juvenil para mejorar la empleabilidad en la economía verde y anima a los Estados miembros a que inviertan en sistemas de educación y formación, así como en actividades relacionadas con la formación profesional; considera que es coherente con los objetivos de la comunicación fomentar la «movilidad verde» en el programa Erasmus+ 2021-2027;
«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la UE
100. Acoge favorablemente el concepto del principio de «no ocasionar daños» y el compromiso de la Comisión de garantizar que todas las acciones de la Unión contribuyan a que esta logre un futuro sostenible y una transición justa, también mediante el uso de herramientas de presupuestación ecológica, y de actualizar en consecuencia las directrices para la mejora de la legislación; insiste en un enfoque coherente para la aplicación del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto en las políticas internas como en las externas; insta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros a aplicar íntegra y correctamente la legislación vigente y futura en materia de medio ambiente y clima en los Estados miembros, y a que vele por que los casos de incumplimiento tengan consecuencias;
101. Subraya el papel esencial del principio de cautela a la hora de guiar las acciones de la Unión en todos los ámbitos políticos junto con el principio de «no ocasionar daños», con la máxima atención al principio de coherencia de las políticas; considera que el principio de cautela debe sustentar todas las medidas adoptadas en el contexto del Pacto Verde Europeo con el fin de contribuir a la protección de la salud y el medio ambiente; insiste en que la Unión debe aplicar el principio de «quien contamina paga» a la hora de presentar propuestas sobre medidas justas y coordinadas para hacer frente a los desafíos climáticos y medioambientales;
102. Destaca la necesidad de que todas las futuras propuestas legislativas se basen en evaluaciones de impacto exhaustivas que determinen los efectos socioeconómicos, medioambientales y para la salud de las diferentes opciones, incluidos el impacto total sobre el clima y el medio ambiente, el coste de la inacción, los efectos en la competitividad internacional de las empresas de la Unión, incluidas las pymes, así como la necesidad de evitar la fuga de carbono, los efectos en los distintos Estados miembros, regiones y sectores, los efectos en el empleo y los efectos en la seguridad de las inversiones a largo plazo; subraya la necesidad de demostrar al público los beneficios de cada propuesta, garantizando al mismo tiempo la coherencia de las políticas con los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero y con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, y garantizando que no contribuyan a la pérdida de biodiversidad; acoge con satisfacción que, en la exposición de motivos de todas las propuestas legislativas y actos delegados, se incluya una sección específica para explicar de qué manera respeta cada iniciativa el principio de «no ocasionar daños»; pide que esto incluya también los actos de ejecución y las medidas sujetas al procedimiento de reglamentación con control;
103. Reitera que es esencial garantizar que los ciudadanos de la Unión tengan un acceso real a la justicia y a los documentos consagrados en el Convenio de Aarhus; pide, por tanto, a la Comisión que garantice que la Unión respete el Convenio y acoge con satisfacción que la Comisión esté considerando la revisión del Reglamento de Aarhus;
104. Pide a la Comisión que cumpla el escenario 1 del documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», tal como solicitó el Parlamento en su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)(5), que exige, entre otras cosas, que se integre el principio de «la sostenibilidad en primer lugar» el Programa de mejora de la legislación de la Unión y de sus Estados miembros;
105. Hace hincapié en que el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente debe reflejar la ambición presentada en el Pacto Verde Europeo y estar plenamente en consonancia con la aplicación de los ODS y avanzar en la misma;
106. Hace hincapié en la importante huella climática y medioambiental del consumo de la Unión en terceros países; pide a la Comisión que desarrolle un objetivo para reducir la huella global del consumo y la producción de la Unión con respecto a los límites del planeta Tierra; acoge con satisfacción, en este sentido, la intención de la Comisión de promover cadenas de suministro sostenibles con el fin de aumentar los beneficios de la economía circular a escala nacional y mundial;
107. Subraya que, al tratarse del mercado único más extenso del mundo, la Unión puede fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales, y considera que la Unión debe reforzar su alcance político sobre la base de la «diplomacia por el Pacto Verde», así como de la «diplomacia climática»; considera que la Unión debe impulsar el debate en otros países con el fin de aumentar sus ambiciones climáticas, y debe aumentar su nivel de ambición a la hora de elaborar nuevas pautas de crecimiento sostenible y utilizar su peso económico para configurar normas internacionales que estén, como mínimo, en consonancia con las ambiciones medioambientales y climáticas de la Unión; destaca que la Unión tiene un papel que desempeñar a la hora de garantizar una transición justa y ordenada en todo el mundo, especialmente en las regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles;
108. Acoge con satisfacción los movimientos internacionales contra el cambio climático, como el movimiento «Fridays For Future» (los viernes por el futuro), que sitúan la crisis climática en la vanguardia del debate público y de la concienciación;
109. Considera el Pacto Verde Europeo como una oportunidad para revitalizar el debate público europeo; subraya la importancia de contar con la participación de los ciudadanos, los parlamentos nacionales y regionales, la sociedad civil y otras partes interesadas, como las ONG, los sindicatos y las empresas, en la elaboración y la aplicación del Pacto Verde Europeo;
110. Destaca que el comercio puede ser una herramienta importante para promover el desarrollo sostenible y contribuir a la lucha contra el cambio climático; considera que el Pacto Verde Europeo debe garantizar que todos los acuerdos internacionales de comercio e inversión incluyan capítulos de desarrollo sostenible sólidos, vinculantes y aplicables, en particular sobre el clima y el medio ambiente, que respeten plenamente los compromisos internacionales, en particular el Acuerdo de París, y que sean conformes con las normas de la OMC; celebra la intención de la Comisión de hacer que el Acuerdo de París constituya un elemento esencial de todos los futuros acuerdos comerciales y de inversión y de garantizar que todos los productos químicos, materiales, alimentos y otros productos que se comercializan en el mercado europeo cumplan plenamente las normas y normativas de la Unión pertinentes;
111. Considera que la imposibilidad de la COP25 celebrada en Madrid de alcanzar un consenso sobre un mayor nivel mundial de ambición en materia de cambio climático, así como la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París, pone de relieve la creciente necesidad de liderazgo de la Unión en la escena mundial, y opina que ello exige que la Unión mejore su diplomacia climática y medioambiental e intensifique los compromisos bilaterales con los países socios, especialmente con vistas a la COP26, que se celebrará en Glasgow, y a la COP15, que se celebrará en Kunming (China); considera que la COP26 es un momento crucial en el que la integridad del Acuerdo de París puede verse menoscabada, o bien salir reforzada;
112. Acoge con satisfacción el énfasis puesto en la diplomacia climática e insiste en que, para dar resultados, la Unión debe hablar con una sola voz, garantizando la consistencia y la coherencia entre todas sus políticas y en todo el ciclo político, de acuerdo con el principio de coherencia política para el desarrollo, y debe abordar la diplomacia climática y medioambiental de la Unión de manera holística, estableciendo vínculos entre el cambio climático, la protección de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la agricultura, la resolución de conflictos y la seguridad, la migración, los derechos humanos y las preocupaciones humanitarias y de género; destaca que todas las actividades exteriores de la Unión deben pasar un «control verde»;
113. Pide a la Comisión que, en sus esfuerzos por fomentar el liderazgo mundial de la Unión en las negociaciones internacionales sobre el clima y la biodiversidad, diseñe un plan de acción concreto para cumplir los compromisos del renovado Plan de Acción en materia de Género, de cinco años, que se acordó en la COP25 (Programa de Trabajo de Lima mejorado), que promueva la igualdad de género en el proceso de la CMNUCC y que designe un punto de referencia permanente de la Unión en materia de género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, a fin de aplicar y supervisar la acción por el clima responsable en materia de género en la Unión y en todo el mundo;
114. Recuerda que el cambio climático socava el progreso del desarrollo y la reducción de la pobreza y podría forzar a millones de personas a vivir en la pobreza extrema de aquí a 2030; insiste, por tanto, en que el Pacto Verde Europeo y la aplicación de la Agenda 2030 deben estar estrechamente interrelacionados;
115. Reitera la necesidad de abordar las dramáticas consecuencias del cambio climático para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID); considera que los Estados que emiten grandes cantidades de CO2, como los Estados miembros de la Unión, tienen el deber moral de ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático; considera que la cooperación de la Unión con los países en desarrollo debe integrar estrategias para el clima como una parte esencial, con un enfoque a medida y basado en las necesidades, y debe garantizar la participación de las partes interesadas locales y regionales, incluidos los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, así como adaptarse a los planes y estrategias climáticas nacionales de países socios;
116. Subraya que la Unión debe proporcionar asistencia financiera y técnica adicional para ayudar a los países en desarrollo con la transición ecológica; pide, en particular, que la Unión refuerce su financiación para el clima destinada a los países en desarrollo, en particular los PMA, los PEID y los países frágiles, y que dé prioridad a la inversión en la creación de capacidad de resiliencia, la innovación, la adaptación y las tecnologías con bajas emisiones de carbono, así como en unas infraestructuras respetuosas con el clima y resilientes, a fin de responder a la intensificación de los desastres naturales; considera que son necesarios más esfuerzos en términos de intercambio de conocimiento, creación de capacidades y transferencia de tecnologías a países en desarrollo;
117. Destaca que la estrategia global para África y el futuro acuerdo de asociación entre la Unión y los países ACP presentan oportunidades únicas para concretar los aspectos exteriores del Pacto Verde Europeo, revisar la colaboración de la Unión con los países en desarrollo en términos de clima y medio ambiente y adaptar las políticas de la Unión a sus compromisos internacionales más recientes;
118. Apoya la ambición de la Comisión de poner fin a las exportaciones de residuos de la Unión y mejorar la economía circular en todo el mundo; pide la introducción de una prohibición mundial de plásticos de un solo uso;
119. Pide a la Comisión que tome la iniciativa y proponga un acuerdo internacional para luchar contra la propagación de la resistencia a los antimicrobianos y el aumento de las enfermedades infecciosas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que afronten adecuadamente el riesgo de que se produzca una escasez de medicamentos;
120. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
(2) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
(3) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0023.
(5) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0220.

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