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Timestamp: 2018-06-23 07:45:10+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: junio 2011
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Impulso de la DGRN a la constitución telemática de sociedades mercantiles
A pesar de que el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, preveía ya distintas medidas para agilizar y abaratar el proceso de constitución de sociedades mercantiles, mediante su tramitación telemática, lo cierto es que la aplicación de la medida ha tenido un impacto real mucho menor del esperado. Ante esta situación, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) emitió una Instrucción el 18 de mayo, en la que venía a aclarar algunas dudas interpretativas sobre la regulación y, también, a conminar a Notarios y Registradores a facilitar la constitución de sociedades por esta vía, en todos los supuestos en que así sea posible: es decir, cuando tengan un capital social no superior a 30.000 €, sus socios sean personas físicas y su órgano de administración no revista forma de Consejo.
En estos casos, se establece para el Notario la obligación de informar a los clientes sobre la constitución telemática (Disposición Segunda) y, salvo indicación expresa en sentido contrario por parte del constituyente o constituyentes, el Notario deberá proceder a la constitución por esa vía (Disposición Tercera). Además, se advierte expresamente que “el incumplimiento de estas obligaciones podrá desencadenar para el notario responsabilidad disciplinaria”.
En la misma línea, la Disposición Cuarta obliga al Registrador a cumplir los plazos previstos de calificación e inscripción de la constitución de la sociedad cuando ésta le llegue por la vía telemática. En caso contrario, quedará también sometido a la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
La Instrucción también hace referencia a la publicación de convocatorias de junta a través de la página web de la sociedad (Disposición Novena). En ese caso, se exige que la web esté expresamente consignada en los estatutos sociales o que, en caso contrario, se notifique su dirección a todos los socios, indicándoles el modo de acceso a la misma.
Asimismo, la existencia de la página web puede hacerse constar mediante declaración de los administradores ante el Registro Mercantil, sin que sea preciso en ese caso proceder a la comunicación individualizada a todos los socios.
Puede consultar el texto completo de la resolución de la Instrucción de la DGRN en el Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/25/pdfs/BOE-A-2011-9085.pdf
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El Supremo considera abusiva la penalización por cambio de abogado
El Tribunal Supremo ha considerado abusiva la cláusula de un contrato entre abogado y cliente en virtud de la cual este último debía pagar una elevada indemnización si, en cualquier momento, decidía unilateralmente resolver el contrato y encomendar su asunto a otro letrado.
Aplicando la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, entiende el Tribunal que no cabe penalizar esa decisión, sin perjuicio de que el cliente deba satisfacer a su anterior abogado los honorarios hasta ese momento devengados. Ahora bien, establecer una indemnización elevada supondría una “evidente y grave limitación de su derecho de defensa”, por lo que la cláusula se consideró nula.
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Los investigadores doctorales tendrán un contrato laboral
Los investigadores que estén realizando su tesis doctoral, como becarios en universidades, dispondrán de un contrato laboral durante todo el tiempo en que se hallen en esta situación, hasta un máximo de cuatro años. Es ésta una de las novedades más importantes introducidas por la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, aprobada el 12 de mayo por el Congreso. Gracias a esta medida, los becarios podrán cotizar a la Seguridad Social durante el tiempo en que estén realizando la tesis, gozando así de prestaciones como la baja por enfermedad.
Se prevé que se creen tres tipos distintos de contrato: el predoctoral, el de acceso y el de investigador distinguido, en función de la experiencia y aptitudes de cada investigador contratado.
En todo caso, la retribución a percibir no podrá ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional.
La nueva ley, que ha sufrido un largo proceso de tramitación (más de un año) pero que fue aprobada con un amplio consenso (sólo hubo tres votos en contra), contempla además otras medidas que regularán mejor un sector que no había sido objeto de reformas legislativas importantes desde 1986. Entre dichas medidas, destaca la creación de una nueva Agencia Estatal de Investigación, que buscará atraer talentos extranjeros para la realización de prácticas. Asimismo, se creará también un Comité de Ética, que analizará las implicaciones éticas de los avances científicos y biomédicos.
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Código Penal y extranjería: sustitución de la pena privativa por la expulsión
Silvia Quiles, Abogada de Ceca Magán
Por lo que se refiere al artículo 89 del Código Penal (CP), relativo a la posibilidad de sustituir penas privativas de libertad inferiores a seis años, impuestas a extranjeros no residentes legalmente en España, por la expulsión del territorio nacional, podemos contabilizar cuatro versiones diferentes, en un corto período de tiempo (quince años).
La primera versión, se produjo tras la entrada en vigor del Código Penal de la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, hasta el 22 de enero de 2001. La segunda versión, fue dada por la Ley Orgánica 8/2000 desde el 23 de enero de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2003. La tercera, fue dada por la Ley Orgánica 11/2003, que entró en vigor el 1 de octubre de 2003. Y la cuarta, que ha sido introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
El Supremo, contrario
Esta previsión legal, incorporada en su día a través del artículo 89 del CP, como medida sustitutiva de penas privativas de libertad, ubicada en la Sección 2ª, Capítulo III, Título III, del meritado Código, ha sido criticada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo, el cual ha llegado a afirmar que “la expulsión viene a resultar una pena añadida y no una sustitución de la privativa de libertad impuesta”, así como que “es asistemática y perturbadora de la legalidad penal”, y que “se aparta de los fines de reinserción y rehabilitación social que la Consti-tución Española otorga a la pena“ (véase STS 1231/2006, de 23 de noviembre, Sala de lo Penal, Sección 1ª; STS nº 125/2008, de 20 de febrero, Sala de lo Penal, Sección 1ª; STS nº 901/2004, de 8 de julio, Sala de lo Penal; STS nº 165/2009, de 19 de febrero, Sala de lo Penal, Sección 1ª; STS 470/2009, de 7 de mayo, Sala de lo Penal, Sección 1ª; STS nº 617/2010, de 22 de junio, Sala de lo Penal, Sección 1ª).
Centrándonos en las diferencias que apreciamos en la última reforma operada en el citado artículo, la primera con la que nos encontramos es que, además de poder acordarse la expulsión como sustitución de una pena privativa de libertad mediante Sentencia, con la nueva regulación, también podrá acordarse mediante Auto motivado posterior, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas. Con la anterior regulación, nada se establecía sobre el hecho del trámite de audiencia al extranjero no residente legalmente penado, aunque el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia hablaba de la necesidad de un juicio individualizado, dadas las concretas circunstancias del penado, arraigo y situación familiar para lo que resultaba imprescindible dicho trámite de audiencia.
Otra de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en el referido artículo, es que, una vez acordada la expulsión, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado, lo que supone la posibilidad del Juez de modular el período de prohibición de regreso del extranjero expulsado al territorio español, cuando con anterioridad a la reforma, nos encontrábamos con que el plazo era de 10 años, y en todo caso, mientras no hubiese prescrito la pena.
Audiencia al penado
Otra de las novedades implementadas, consiste en el hecho de que para los casos en que acordada la expulsión, no se encontrare al penado o no quedare efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa (60 días como máximo, según el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre).
Dichas reformas están íntimamente relacionadas con las modificaciones operadas por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11-1-2000 (RCL 2000\72, 209), sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pues debido a que la nación española hasta hace relativamente pocos años, se caracterizaba por ser un pueblo eminentemente emigrante, la regulación en materia de extranjería es novísima, lo que implica que hayan de adoptarse constantes reformas en todo el ordenamiento jurídico, tendentes al ideal, a veces tildado de utópico, de una armonización de los derechos de los nacionales y los extranjeros, ya sean residentes legales o ilegales en España.
Se mantiene en el artículo 89 del CP, la posibilidad de tramitar la expulsión cuando el extranjero haya cumplido las tres cuartas partes de la condena o acceda al tercer grado. Así como, que la expulsión lleva aparejada el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España; y que en caso de que acordada la sustitución de la pena por la expulsión, y no pudiera llevarse a cabo, se ejecutará la pena, cumpliéndose así la pena privativa de libertad originariamente impuesta.
Dos últimas novedades hemos de destacar, en cuanto a la reforma introducida en el mentado precepto legal, consistentes en que, de un lado, se aprecia cierta flexibilidad, en lo referente a que habiéndose sustituido la pena por la expulsión, y esta no pudiera llevarse a cabo, se podrá aplicar, en su caso, la suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en los términos del artículo 88 de este Código, cuando con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, quedaba expresamente prohibida la aplicación de lo dispuesto en los artículos 80, 87 y 88 del CP.
Y por último, y de otro lado, se reducen los supuestos en los que no serán de aplicación las disposiciones establecidas en los apartados anteriores, a los extranjeros que hubiesen sido condenados únicamente por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis, dejando así fuera los relativos a los artículos 515.6º, 517 y 518, y añadiéndose el artículo 313 del nuevo CP.
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Competencia abre un nuevo expediente sancionador a Correos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un nuevo expediente sancionador a Correos, el segundo en sólo tres meses, por llevar a cabo actuaciones que vulneran las normas de competencia, en perjuicio del mercado y de los consumidores.
Este nuevo expediente, que se suma al que tenía abierto desde marzo por ventas a pérdida en la contratación con grandes clientes, es fruto de una denuncia de la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, que acusa a Correos de haber negado el acceso a su red postal de las notificaciones administrativas tramitadas por sus asociados. La posición de Correos en el mercado, como encargada del servicio postal universal, dificulta la realidad de la competencia.
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Se subvencionará con 6.000 € la compra de coches eléctricos
En el marco del Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España, a desarrollar entre 2010 y 2014, se concederán subvenciones de hasta un 25% del precio antes de impuestos en la adquisición de vehículos de este tipo. El importe máximo de la ayuda será de 6.000 € en la compra de coches para particulares, aunque se concederán ayudas también para la compra de autobuses o furgonetas, para su uso en servicios públicos, pudiendo llegar en este caso hasta 30.000 € de ayuda.
El Consejo de Ministros ha aprobado ya estas líneas de ayuda, que tienen por objetivo fomentar la adquisición de estos vehículos. Las referidas ayudas empezarán este mismo año y supondrán, en su conjunto, una inversión pública de 72 millones de euros.
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No informar de la existencia de cámaras de seguridad conlleva sanciones
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con una multa de 2.500 € a una empresa de Madrid que disponía de ocho cámaras de videovigilancia en su local y no advertía de ello a sus posibles clientes.
La grabación de imágenes de una persona se considera tratamiento de datos personales, por lo que es necesario informar de dicho tratamiento y, también, de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que asisten a cualquier persona cuyas imágenes se hayan tomado a través de estas cámaras. Para ello, es preciso que el local disponga de carteles que anuncien de forma adecuada la toma de imágenes y, también, los derechos correspondientes. En este caso, sin embargo, la empresa no disponía de los mismos, por lo que entendió la AEPD que dicha empresa actuó “sin contar con legitimación para el tratamiento de los datos personales captados por dichas cámaras”.
Las sanciones por la falta de advertencia de sistemas de videovigilancia pueden alcanzar los 300.506,05 €, en caso de ser consideradas como infracciones graves. No obstante, la AEPD aplicó la sanción de forma atenuada, por entender que no concurrían en el caso circunstancias de especial gravedad. En cualquier caso, es conveniente evitar el riesgo de cualquier sanción mediante los oportunos avisos.
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Fundaciones y asociaciones agotan el plazo de adaptación de sus estatutos
El próximo 2 de agosto de 2011, es decir, dentro de exactamente dos meses, se agota el plazo para que las asociaciones y fundaciones catalanas adapten sus estatutos a la nueva regulación establecida por el Libro III del Código Civil de Cataluña (relativo a las personas jurídicas), vigente desde el 2 de agosto de 2008.
La nueva normativa, que ha venido a refundir y sustituir las anteriores leyes específicas, la de asociaciones (Ley 7/1997, de 18 de junio) y la de fundaciones (Ley 5/2001, de 2 de mayo), obliga a que todas aquellas entidades que revistan cualquiera de estas dos formas y se hubieran constituido según la normativa anterior adapten sus estatutos a las nuevas normas.
El plazo que el Código Civil de Cataluña otorgaba para la adaptación de estatutos era de tres años, por lo que expira este próximo 2 de agosto. Es imprescindible que asociaciones y fundaciones adapten sus estatutos y la inscriban debidamente en la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat porque, de no hacerlo, podrían sufrir importantes perjuicios.
En el caso de las fundaciones, no podrían obtener ayudas ni subvenciones por parte de la Generalitat, mientras que, en el de las asociaciones, aparte de esa misma imposibilidad de acceso a subvenciones, perderían los beneficios derivados de la publicidad registral. En ambos casos, las personas responsables (los administradores de las asociaciones y los patronos de las fundaciones) podrían verse sometidos, además, a responsabilidades personales frente a terceros.
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El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de reforma del Arbitraje
La reforma de la Ley de Arbitraje de 2003 sigue avanzando, una vez el Congreso ha aprobado ya el texto definitivo del Proyecto de Ley para dicha reforma.
Entre las cuestiones más destacadas, el Proyecto establece la obligación de que los árbitros dispongan de un seguro de responsabilidad civil. Asimismo, se prevé que los arbitrajes de derecho incorporen siempre al menos un jurista entre sus árbitros. Esta obligación, sin embargo, no se contempla respecto a los arbitrajes de equidad, en el que podrán designarse árbitros de cualquier otra rama. Por su parte, los colegios y consejos profesionales pueden constituirse en instituciones de arbitraje, tal y como ha hecho ya alguno de ellos, en aplicación de la normativa ahora vigente.
Publicado por Foro Legal Abogados en 8:03 No hay comentarios:
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References: Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 65
 artículo 89
 artículo 88
 artículo 313