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Timestamp: 2020-01-17 12:43:56+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 33-13, de 08/11/2001
Serie A: 8 de noviembre de 2001 Núm. 33-13 PROYECTOS DE LEY
121/000033 Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley de Marcas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de las Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de Marcas, acompañadas de mensaje motivado (núm. expte. 121/000033).
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2001.-P. D.
Se modifica el párrafo segundo del apartado I de la Exposición de Motivos, por considerarlo más correcto gramaticalmente.
Por las mismas razones, en el párrafo segundo del apartado IV, se sustituye el término «oponibilidad» por «oposición», por considerarlo técnicamente más correcto.
Por otra parte, en concordancia con la enmienda introducida en el artículo 8, se modifica el párrafo quinto del apartado IV de la Exposición de Motivos.
Por la misma razón se ha alterado la redacción del párrafo sexto del apartado IV de la Exposición de Motivos.
En concordancia con modificaciones introducidas en la tramitación realizada en el Congreso de los Diputados, se reforma la redacción del párrafo décimo del apartado IV de la Exposición de Motivos.
En el artículo 3.1 se sustituye la expresión «establecimiento industrial o comercial efectivo y serio» por la de «establecimiento permanente» más generalizada en nuestro ordenamiento.
El artículo 5.1.i) también ve modificada su redacción por considerarla técnicamente más correcta.
En el artículo 8 se introduce el concepto de nombre y marca «renombrados». Se simplifica, por otra parte, la redacción del apartado 2 y se crea al mismo tiempo un apartado 3 que hace específica referencia a los supuestos en la que la marca o nombre comercial se consideran «renombrados».
Por razones de mejora técnica, se introduce en el artículo 9.1.d) la expresión «designación».
El artículo 11, apartado 5, también es modificado por entender que el nuevo texto es más correcto.
El artículo 13.1 se reforma por concordancia con modificaciones introducidas en la tramitación del Congreso.
Por las mismas razones se altera el contenido del apartado 1 del artículo 16.
En el artículo 16 se introduce un nuevo apartado 2 que permite al órgano competente de la Comunidad Autónoma realizar una resolución de admisión si se observa que la solicitud reúne todos los requisitos.
En concordancia con la introducción de un nuevo apartado 2 en este artículo, deberá modificarse la numeración de los apartados siguientes.
La redacción del artículo 26 también es alterada en concordancia con los casos de suspensión de la tramitación que estaban previstos en el artículo 16.2 (ahora 16.3).
En el artículo 29.1 se introduce una referencia a las notificaciones que deban efectuar los órganos competentes de las Comunidades Autónomas por considerarlo técnicamente más correcto.
Se modifica la redacción del artículo 29, apartado 3, con el fin de precisar la forma y el contenido concreto de las notificaciones que hayan de efectuarse por medio del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
El artículo 32.1 también se reforma por considerarlo técnicamente más correcto.
Por razones de una mejor adecuación a la distribución competencial se modifica el artículo 33.2.
Por coherencia con la redacción de otros artículos del texto se cambia la redacción del artículo 34.2, letra c).
Igualmente, por concordancia con la modificación del artículo 8, se reforma el artículo 42.2.
Las mismas razones obligan a alterar el texto del artículo 43.3.
Por considerarlo más correcto gramaticalmente se modifica el texto del artículo 46, apartado 1.
Se reforman los apartados 2 y 5 del artículo 50 en coherencia con otras modificaciones introducidas en el texto.
Por las mismas razones se reforma el artículo 57.2.
Por concordancia con modificaciones introducidas en la tramitación en el Congreso de los Diputados se reforma el apartado 1 del artículo 91.
Por considerarlo técnicamente más correcto se modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional Tercera.
Con el fin de precisar mejor el plazo de evacuación de un trámite de procedimiento en materia de propiedad industrial, se modifica el contenido de la Disposición Adicional Cuarta.
Por razones similares se reforma el contenido de la Disposición Adicional Quinta.
Para introducir el principio de colaboración EstadoComunidades Autónomas en la penetración de las técnicas electrónicas, telemáticas e informáticas se modifica la Disposición Adicional Octava.
Por razones de mejora técnica se cambia la redacción de la Disposición Adicional Decimotercera.
También se modifica la Disposición Adicional Decimocuarta en concordancia con la reforma introducida en el artículo 8.
Por considerarlo gramaticalmente más correcto se modifica la Disposición Adicional Decimoquinta.
La Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, letra a), también se modifica, entendiéndose que la actual redacción es más conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional.
La Disposición Derogatoria Única también ve reformado su apartado 2.
c), en concordancia con la modificación introducida en la Disposición Adicional Decimotercera.
Por último, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se incluye una nueva Disposición Final, que pasa a ser Primera. La numeración de las restantes Disposiciones Finales deberá verse, en consecuencia,modificada.
El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.
gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional - sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.
La regulación del nombre comercial incorpora el derecho del usuario anterior de un nombre comercial no registrado a reclamar ante los tribunales la anulación de otro signo distintivo registrado para productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquéllos para lo que se usa el nombre comercial no registrado, si se prueba el uso y existe riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de
El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquéllos para lo que se usa dicha denominación o razón social,
la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección.
Finalmente, la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios al registro de estos signos.
3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección. Finalmente, la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.
a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro
1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial permanente en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París», así como los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el len
guaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
i) Los que introduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización y siempre que dichos elementos sean accesorios al distintivo principal.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca notoria la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca. Asimismo se entenderá por nombre comercial notorio el que por aplicación, con la debida adaptación, de las características señaladas para la marca notoria sea generalmente conocido por el sector pertinente del público al que la empresa presta su actividad. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.
d) El nombre o la designación comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que
presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
5. Podrá también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de
prioridad de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada en la exposición, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.
2. Si se observa que la solicitud reúne todos los requisitos, el órgano competente de la Comunidad Autónoma realizará una resolución de admisión.
4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por
dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.
1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los pro
ductos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.
2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren
de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada.
1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán Artículo 26. Suspensión de procedimientos.
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán suspender la tramitación del procedimiento en los supuestos del artículo 16.3.
Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un procedimiento:
recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento admi
nistrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contenciosoadministrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral.
3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen a través del representante del interesado lo serán en todo caso por medio del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de que, además, y con efectos meramente informativos se reitere por buzón en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo que disponga la
1. Las notificaciones que deban efectuar los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la Oficina Española de Patentes y Marcas se ajustarán a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen al interesado a través de un representante profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la decisión recaída, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de
Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.
presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el buzón de que disponga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de conformidad con lo establecido en el artículo 11, dará lugar al pago de la tasa correspondiente 1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante los órganos a que se refiere el artículo 11. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a partir de la recepción del expediente.
2. La solicitud de modificación, presentada ante el órgano competente de conformidad con lo fijado en el artículo 11 de esta Ley, dará lugar al pago de latasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará
y si fuera registrada, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación. Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procederá de conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo anterior.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria en España y en la medida de su notoriedad y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación. Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procederá de conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo anterior.
a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época
de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los
derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria y en la medida de su notoriedad.
1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto
por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar del momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.
por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá, 2. Recibida la solicitud de inscripción el órgano competente de la Comunidad Autónoma la numerará y fechará en el momento de su recepción, y examinará
en su caso, los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.
los aspectos formales de la solicitud y de la documentación presentada de conformidad a lo establecido en el apartado siguiente.
5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto de fondo, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.
3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los
productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
a) En los casos previstos en el artículo 51 y 55.c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para
2. La renuncia deberá presentarse ante el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, se deberá presentar por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas.
la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.
2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.
1. El titular de la marca colectiva deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se
desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de registro del artículo 64.
1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular,
que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso,
cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo
del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo «Arreglo de Madrid»), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo «Protocolo») o de ambos, extenderá sus efectos en España.
Art. 80. Denegación y concesión de la protección en España.
2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro nacional conforme a lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluirá, además, los siguientes datos:
La Oficina Española de Patentes y Marcas indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que la compongan, transmitiéndola a la
Oficina de Armonización del Mercado Interior, si la tasa anteriormente señalada hubiera sido satisfecha.
4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más tramite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular,
hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca comunitaria solicitada.
Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», serán, en
materia de signos distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.
1. Se introduce la siguiente modificación en el artículo 125.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:
a) Concesión de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, 1. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 125 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con la redacción siguiente:
Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán desde la fecha de recepción de la solicitud en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, y serán los siguientes:
y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
1. Las consultas que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o
1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, determine los supuestos en los que las comunicaciones e intercambios de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y el órgano que resulte competente para la recepción de solicitudes de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11 de esta Ley, y entre la citada Oficina y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
extranjeras sobre desarrollo tecnológico o, en general, sobre propiedad industrial, no requerirán la celebración de contratos en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
«1. El Presidente del Organismo.» 2. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo
Decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios.
«Registro de la Propiedad Industrial», que quedará redactado como sigue:
2. El nombramiento del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuará por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de adscripción del Organismo».
3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior, cuya concesión hubiera sido publicada o cuya última renovación hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán sujetos, hasta la primera renovación que efectúen tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio será el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.
a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad, que la remitirá en el plazo de cinco días a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Los rótulos de establecimiento que no hubieran sido renovados conforme a lo previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera, continuarán su existencia registral hasta la conclusión del período de diez o veinte años por el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Los rótulos de establecimiento, comprendidos en esta letra, que
estuvieran sometidos al pago de quinquenios, deberán abonar éstos, bajo sanción de caducidad, en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda, según la legislación bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. El apartado 4 de la citada disposición transitoria será también de aplicación.
2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótu
lo tiene protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.
1.6. Modificaciones: por la modificación de la clase, modalidad, distintivo, lista de productos o servicios,
Primera (nueva). Título competencial
del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, ya se efectúe de modo espontáneo o como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 21,55 euros (3.585 ptas.).
a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase renovada: 155,60 euros (25.890 ptas.) b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase renovada: 312,53 euros (52.000 ptas.)

References: artículo 97
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 16
 resolución 
 artículo 26
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 8
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 57
 artículo 91
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 12
 resolución 
 artículo 20
 Artículo 26
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 398
 artículo 398
 artículo 51
 artículo 11
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 11
 artículo 125
 artículo 125
 resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto