Source: http://iuriscivilis.blogspot.com/2014/01/
Timestamp: 2017-06-25 05:07:29+00:00

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enero 2014 | IurisCivilis
indice D.º Mercantil,
En el BOE de 28 de septiembre se publicó la vigente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El objetivo de esta disposición es apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización. Como decimos el objetivo básico de esta norma es fomentar el espíritu emprendedor de aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional. Para la consecución de este fin el legislador echa mano de la creación de nuevas figuras jurídicas. Este artículo lo vamos a dedicar a exponer brevemente la regulación jurídica de una de estas figuras: el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, un híbrido entre el autónomo y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Aunque no es una materia estrictamente de Derecho Civil, el maltrato en el ámbito doméstico y el Derecho de Familia guardan una estrecha relación. En el ordenamiento jurídico español, el artículo 1.1. la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella “… manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” Esta norma legal consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida. Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tras la aprobación de esta ley integral se puso en marcha un sistema de detección, sensibilización, protección y asistencia a las víctimas de la violencia de género, aprobándose determinadas medidas para luchar contra la misma, entre ellas la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y las fiscalías especiales. Entre estas medidas, cabe destacar la creada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica que instauró en el ámbito penal la orden de protección como un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de naturaleza civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Esto es, la orden de protección unifica los distintos instrumentos de protección a la víctima previstos por el ordenamiento jurídico y le confiere un estatuto integral de protección.
En el Derecho comparado, resulta destacable dar a conocer la iniciativa legislativa que se ha adoptado en materia de violencia doméstica en el Reino Unido, denominada Clare's law, que se espera entre en vigor en el mes de marzo de este año. El Gobierno británico decidió implementar esta ley que permite a las mujeres de Inglaterra y Gales investigar si su pareja posee un historial violento. Esta iniciativa procede de una prueba piloto que se empezó a aplicar en algunas zonas del país en el mes de septiembre de 2012. Concretamente Manchester, Wiltshire, Nottinghamshire y en el condado galés de Gwent. Este plan de lucha contra la violencia doméstica fue introducido tras el caso de Clare Wood, una madre de 36 años asesinada por su exnovio George Appleton en su casa de Manchester en 2009, del que ella desconocía que tenía antecedentes de violencia doméstica. La información deberá de solicitarse a una comisión de policías y otras agencias —como el servicio que supervisa la libertad condicional de los reos— que comprobará al detalle cada petición para asegurar que es necesario proveer información a la solicitante y, en caso necesario, brindar también apoyo a las víctimas. Asimismo, esta medida posibilita que la policía revele acusaciones de abuso contra una persona, aunque estas nunca fueran probadas ni mediara ningún tipo de cargo.
No pongo en duda la bondad del legislador o sí, pero desde luego esta directiva no va a acabar solucionando ni remediando nada. Viene tarde, muy tarde y encima estipulan dos años para trasponer la directiva. La dación en pago sigue siendo voluntaria, no imponiendo ninguna obligación a las entidades financieras y sí una serie de recomendaciones que caerán en saco roto, entre otras consideraciones. El contenido de la norma es el siguiente:
En Noticias Jurídicas,
Las Comunidades de Propietarios tienen la obligación de declarar operaciones con terceros que superen los 3000 euros
Fuente: Informativojuriddico.com
Fijación de doctrina jurisprudencial sobre la expresión "salvar el voto" ex art. 18.2 LPH
El artículo 18.1 de la Ley 49/60 de Propiedad Horizontal (redacción dada por la Ley 8/99 de 6 de 4 de 1999) concede la facultad a los propietarios disconformes de poder impugnar los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios ante la vía judicial ordinaria, si considera que son contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios o resultan gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios o suponen un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.
El apartado segundo del referido precepto determina qué propietarios se encuentran legitimados para poder impugnar judicialmente aquéllos acuerdos, siempre que reúnan los requisitos de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.
1. Los ausentes por cualquier causa
2. Los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
3. Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta.
Con anterioridad a la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, se legitimaba al propietario disidente para el ejercicio de la acción de impugnación. De tal forma, que la normativa otorgaba la legitimación a todo propietario que no estuviese conforme con la propuesta. Las reforma de la LPH operada por la ley 8/99 viene a introducir un nuevo requisito de procesabilidad para determinar la legitimación activa en las acciones de impugnación, adicionando al desacuerdo del propietario la exigencia de salvar su voto. La exigencia de salvar el voto es una novedad que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, aunque sí en el de las sociedades, artículo 117.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 56 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Siendo cierto que esta limitación legal no parece ser excesivamente rigurosa, si pudiera darse el caso que un propietario puede no haber salvado su voto por creer inicialmente que el acuerdo aprobado es justo y darse cuenta de su error en un momento posterior, cuando ha recibido el oportuno asesoramiento legal. El problema se suscita con la interpretación que deba darse a la expresión “salvar el voto” y que ha levantado un cierto debate doctrinal, en el sentido de otorgar legitimación o no para el ejercicio de la acción de impugnación. La jurisprudencia menor se dividen en dos claras posturas. La primera que entienden que existe una diferencia conceptual entre votar y salvar el voto, y consideran que esto último constituye no solo un requisito previo de legitimación o procedibilidad para el ejercicio del derecho de impugnación, sino que, además, da certeza, a las relaciones surgidas en el régimen de propiedad horizontal.
La segunda que consideran que se trata de una norma restrictiva que debe ser interpretada en el sentido de que salvar el voto equivale o es lo mismo que votar en contra, sin que exista diferencia alguna entre ambos conceptos, ya que lo contrario supondría que la no asistencia a las juntas de propietarios resulte más ventajoso que acudir a ellas, cuando no existe razón alguna por la que ambas opciones no deban tener el mismo tratamiento a la hora de evidenciar la expresa voluntad contraria al acuerdo.
Asimismo, existen otras sentencias de las Audiencias que han reducido la aplicación del requisito consistentes en salvar el voto a aquellos propietarios que se abstienen en la votación, no a quienes votan en contra, comportamiento éste que lleva consigo la legitimación para impugnar el acuerdo, sin ninguna otra exigencia.
La STS de 10 de mayo de 2013 fija la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de la expresión “salvado su voto” en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo, sino únicamente al que se abstiene, de tal forma que otorga legitimación activa para el ejercicio de la acción de impugnación al propietario disidente, eximiéndole del requisito previsto en el art. 18.2 de la LPH, con el siguiente razonamiento:
“… El artículo 18.2 de la LPH no habla de emisión del voto contrario a la adopción del acuerdo. Se limita a conceder legitimación para impugnarlo a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. La sentencia de 16 de diciembre de 2008 , declara, entre otras cosas, que "no se modifica el artículo 18 LPH , en el cual se mantiene como requisito para poder impugnar el acuerdo, únicamente respecto de los copropietarios presentes en la junta, que hayan salvado su voto o votado en contra del acuerdo". Salvar el voto y votaren contra no suponen por tanto lo mismo. El hecho de votar en contra significa que, sin más expresión de voluntad que la del propio voto disidente, el propietario tiene legitimación para impugnar los acuerdos en la forma que previene la LPH.
No es posible obviar que el legislador modificó la Ley para introducir, entre otras cosas, una expresión tan controvertida como la de "salvar el voto", que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, y que mediante esta reforma que ha de operar en una realidad social determinada por una reunión de vecinos no debidamente ilustrada en estas cosas, puede entenderse suficiente el hecho de votar en contra para impugnar un acuerdo comunitario con el que no se está conforme, significado que, por cierto, nada tiene que ver con el que tendría en una sociedad capitalista, ni por las expresiones que en ella se utilizan ("asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo"), ni por la mayor exigencia de formalidades para éstas. La necesidad de salvar el voto únicamente tiene sentido en aquellos casos en los que los propietarios asisten a la Junta sin una información o conocimiento suficiente sobre el contenido y alcance de los acuerdos que se van a deliberar, y deciden no comprometer su voto, favorable o en contra, sino abstenerse de la votación a la espera de obtenerla y decidir en su vista. A ellos únicamente habrá de exigírseles dicho requisito de salvar el voto, pues en otro caso sí que se desconocería su postura ante dicho acuerdo.
Con ello se evitaría, además, que el silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicionamiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno o en otro sentido…”
La Tasa Judicial – Actualización
Este es un artículo de actualización de aquél que
publicamos hace tiempo titulado “La Tasa
Judicial” y no tiene otra pretensión que mantener una cierta coherencia en
el desarrollo del blog.
La tasa judicial es un tributo de carácter estatal que
deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas
físicas o jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio
público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está
legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de
estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, regulándose actualmente por
la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013,
de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
tasas tienen ámbito estatal y se aplican a los órdenes jurisdiccionales: civil,
contencioso – administrativo y social. No se aplican al orden jurisdiccional
penal. El pago de esta tasa queda afecto a los actos procesales siguientes:
de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos
extrajudiciales en el orden civil, la formulación de reconvención y la petición
inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
interposición del recurso contencioso – administrativo.
interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito
interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el
orden civil y contencioso – administrativo.
interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
oposición a la ejecución de títulos judiciales.
El sujeto obligado al
pago de estas tasas son las personas físicas o jurídicas que acudan a un
juzgado o tribunal para ejercitar los actos procesales establecidos en el
apartado anterior. Sin embargo, no tienen que pagar la tasa judicial:
personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello.
Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las
el orden social, los trabajadores y las trabajadoras, por cuenta ajena,
autónomos o autónomas, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa
que les corresponda por la interposición de recursos de suplicación y casación.
el orden contencioso – administrativo, los funcionarios y las funcionarias
tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por
la interposición de los recursos de apelación y casación, cuando actúen en
defensa de sus derechos estatutarios.
Como excepción, no están
sujetos al pago de la tasa judicial los siguientes actos procesales:
interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en relación
con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores que se regulen
en el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante,
estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el Capítulo IV del
citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de
mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun
cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente
interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos cuando se
trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de
los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación
solicitud del concurso voluntario por el deudor.
interposición de recurso contencioso – administrativo por funcionarios públicos
en defensa de sus derechos estatutarios.
presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de
juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no
supere 2.000 euros.
interposición de recursos contencioso – administrativos cuando se recurra en
casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas
acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez
de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
El devengo u obligación
al pago de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:
la interposición del escrito de demanda.
la formulación del escrito de reconvención.
la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del
la presentación de la solicitud de declaración del concurso por la persona
acreedora y demás personas legitimadas.
la presentación de demanda incidental en procesos concursales.
la interposición del recurso de apelación.
la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
la interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
· 2.- En
el orden contencioso – administrativo
la interposición del recurso contencioso – administrativo, acompañada o no de
la formulación de la demanda.
la interposición del recurso de suplicación o de casación.
En cuanto a las cantidades a pagar en
concepto de tasas judiciales son las siguientes (cuota fija):
Cuando después de la oposición de la persona
deudora en un monitorio se siga un proceso M ordinario o verbal se descontará de
la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
el recurso contencioso – administrativo tenga por objeto la impugnación de
resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa incluida, incluida la
cantidad variable, no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción
económica impuesta.
las cantidades fijas expresadas en los cuadros anteriores, se sumará una
cantidad variable para completar la tasa que será del 0,5% (cuando lo que se reclame en juicio esté
comprendido entre 0 y 1.000.000) y del 0,25% (para el
resto de casos), hasta un máximo de 10.000 euros en concepto de cantidad
tributaria = cuota fija + cuota variable (cuota variable = aplicar a la base
imponible determinada según las normas procesales un tipo de gravamen que se
fija según una escala).
base imponible coincide con la cuantía del procedimiento (fijada a través de
las normas procesales). En los casos de cuantía indeterminada, la base será la
de 18.000 €. En los procesos regulados en el capítulo IV del título I del Libro
IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa, a efectos
de la determinación de la base imponible, se considerarán como procedimientos
de cuantía indeterminada. En los casos de acumulación de acciones (cuando a
través de una misma demanda, reconvención o interposición de recurso se
reclamen distintas pretensiones) habrá que realizar la suma de las cuantías al
objeto de hallar la base imponible sobre la cual se deberá realizar el pago de
La cuota tributaria está compuesta por la suma de una
cuota fija que se determina en función de la clase de procedimiento y orden
jurisdiccional, más otra cuota variable consistente en la cantidad que resulte
de aplicar a la base imponible determinada según las normas procesales el tipo
de gravamen que resulte de aplicación en función de las tablas que a
Momento de realización del pago
En qué momento es obligatorio realizar el pago de la
tasa. En el orden civil: Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el
momento de la interposición del escrito de demanda (o, en su caso, de la
formulación de reconvención); Presentación de la petición inicial del
procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo; Presentación de la
solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados;
Presentación de demanda incidental en procesos concursales; Interposición del
recurso de apelación; Interposición del recurso extraordinario por infracción
procesal; Interposición del recurso de casación; Interposición de la oposición
a la ejecución de títulos judiciales. En el orden contencioso: Es preciso
acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del
recurso contencioso-administrativo (vaya o no acompañado de
formulación demanda), así como con la interposición de los recursos de
apelación y casación. En el orden social: en el momento de presentación de la
interposición del recurso de suplicación o casación.
- Telemática- En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa
sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las
Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y
en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o
sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se
efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.
los demás supuestos, la presentación telemática será potestativa.
- Mediante impreso- Los modelos 695 y 696 deberán
cumplimentarse en papel impreso generado a través de la utilización del
servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en su sede electrónica.
sujetos pasivos deberán presentar en todo caso el modelo 696 establecido por la
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013,
de 27 de marzo, y, en su caso, autoliquidar la deuda tributaria, con carácter
previo a la presentación del acto procesal de parte correspondiente. El
justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente
validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el
hecho imponible de este tributo.
Los sujetos pasivos a quienes se les aplique una
exención total no deberán presentar la autoliquidación. Cuando de la
declaración-liquidación resulte una cantidad a ingresar, la presentación de la
misma y la realización del correspondiente ingreso habrán de efectuarse en
cualquier entidad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de
Crédito). Los secretarios judiciales no darán curso a los escritos que no
acompañen el justificante de la autoliquidación, hasta que tal omisión sea
subsanada, a cuyo efecto se concederá un plazo de diez días.
sujetos pasivos que hayan liquidado la tasa tendrán derecho a devoluciones: del
60 % del importe abonado, si se produce el allanamiento total de la parte
demandada o se alcanza un acuerdo que ponga fin al litigio. En los procesos
contencioso-administrativos, esta devolución será aplicable en aquellos
supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta
devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga
constar la forma de terminación. Del 20 % del importe cuando se acuerde una
Esta devolución se hará efectiva a través de la
presentación del modelo 695 establecido por la Orden HAP/2662/2012,
de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo,
disponible a partir del 1 de junio de 2013. Las devoluciones anteriores al
1 de junio de 2013 no darán lugar en ningún caso al devengo de
intereses de demora. A partir de esa fecha, si podrán devengarse intereses de
demora transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que
Hacienda haya acordado el pago.
actualidad se han presentado y admitido cinco
recursos de inconstitucionalidad y una cuestión de
inconstitucionalidad (la interpuesta por la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional) contra la Ley de Tasas. Entre
ellos, el Recurso
de inconstitucionalidad n.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, promovido por el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Forenses y los recursos de
inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Canarias y por
la Diputación General de Aragón contra

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 18
 artículo 117
 artículo 18
 artículo 18
 resolución