Source: http://www.avaate.org/spip.php?article2607
Timestamp: 2018-12-09 23:39:03+00:00

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Viernes 10 de abril de 2015 · 7255 lecturas
2. Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días.
Se indica detalladamente el mecanismo de la cuestión de inconstitucionalidad con el fin de que cualquier persona física o jurídica que esté inmersa en un proceso judicial en la materia que nos ocupa (o vaya a estarlo), en el que la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones le pueda producir un perjuicio desde el punto de vista de la estimación de su recurso, no se olvide de plantearlo a través de su abogado si ello le es posible. Hay diversos argumentos por los que se puede entender que algunos artículos de dicha Ley pueden vulnerar la Constitución, no solo por poder ir en contra de determinados derechos de los ciudadanos, que también, sino y especialmente, por ir en contra de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Se pueden destacar en este sentido dos aspectos: dicha Ley elimina prácticamente en esta materia, sin un apoyo jurídico claro y de manera excesivamente burda, las competencias exclusivas de urbanismo y ordenación del territorio de las Comunidades Autónomas (cuando por ejemplo, señala en su artículo 34.6, que «no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación»). Existen también diversos artículos que impiden actuar dentro de sus competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, supeditando el ejercicio de las mismas a la emisión de informes por parte del Ministerio promotor de la Ley. La Constitución, además de reconocer un ámbito de competencias exclusivas a las Comunidades Autónomas, garantiza en su artículo 140 la autonomía de los Municipios, la cual a su vez tiene apoyo en la Carta Europea de la Autonomía Local, cuyo Instrumento de Ratificación fue firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores español. En este último sentido se podría plantear que la Ley puede ser contraria a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución por infringir determinados de sus artículos las competencias que dicha Carta atribuye a los Municipios.
Otros aspectos que hacen cuestionable la constitucionalidad de la Ley General de Telecomunicaciones: - Se ha aprobado como Ley ordinaria, cuando probablemente debería haberse hecho uso del tipo de Ley previsto en el artículo 150.3 de la Constitución (que señala que «El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad»). - Se trata además una Ley que se ha aprobado sin tener en cuenta el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, así como las Directivas Comunitarias que lo desarrollan, puesto que en ningún momento de su tramitación pudieron participar directamente las asociaciones de afectados que como AVAATE, defienden el derecho a la salud de la ciudadanía frente a los daños de las emisiones electromagnéticas, lo que vuelve a hacer pensar que la Ley podría ser contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 96 y 103.1 de la Constitución. Además, cuando se tramitó el anteproyecto de Ley tampoco consta que se diera audiencia a la Comisión Nacional de Administración Local, a pesar de que se trataba de una norma que afectaba claramente a las competencias de Entidades Locales, por lo que no se respetó el principio de legalidad recogido en diversos preceptos constitucionales (artículos 9 y 103.1 de la Constitución). Tampoco en este sentido consta que se diera audiencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano al que sin duda habría que haberle pedido informe conforme a su normativa reguladora (el apartado a) de su Artículo 2 señala como función del mismo la de “Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de real decreto con incidencia ambiental”. – También convendría plantearse la posible inconstitucionalidad de la Ley por regular aspectos relativos a derechos fundamentales sin tener el rango de Ley Orgánica necesario para ello (esto podría ocurrir, por ejemplo, en sus artículos 5.3, 40, 41, 42, 48 y Disposición Adicional Cuarta, entre otros). - Por su parte el Artículo 53.1 de la Constitución establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título Primero solo podrá regularse por Ley, aspecto éste que puede ser contradicho por lo dispuesto en los artículos 47, 53, 54 y 55 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que prevén para esos aspectos desarrollos reglamentarios. - Hay que valorar también si el artículo 45.6 de la Ley General de Telecomunicaciones puede ser contrario a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución, que establece que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. - El apartado 7 del artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones prevé que “En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales”, lo que puede suponer en la práctica una falta de control administrativo absoluto en este aspecto, lo que podría afectar a varios de los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho a la salud. – El apartado 8 del artículo 34 señala que “Cuando las administraciones públicas elaboren proyectos que impliquen la variación en la ubicación de una infraestructura o un elemento de la red de transmisión de comunicaciones electrónicas, deberán dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier otra índole respecto a la variación proyectada”. Es decir, se configura una audiencia previa solo para las empresas, pero no se da el mismo trato a los vecinos afectados, lo que podría ser contrario, entre otros, al derecho a la igualdad previsto en la Constitución, además de vulnerar el Convenio de Aarhus y las correspondientes Directivas comunitarias que lo desarrollan.

References: artículo 34
 artículo 140
 artículo 96
 artículo 150
 Artículo 2
 real decreto 
 Artículo 53
 artículo 45
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 34