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Timestamp: 2019-05-26 22:47:52+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N° 17
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR LETELIER, SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES ESCALONA, FREI Y PIZARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA SANCIÓN DE INHABILIDAD QUE AFECTA A LAS PERSONAS DECLARADAS CULPABLES EN UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL (8899-07)
Observación del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568 sobre inscripción automática y que modernizó el sistema de votaciones (8819-06) (se aprueba)....................................................................................................................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y Secretaria General de Gobierno, señora Cecilia Pérez Jara.
--Se abrió la sesión a las 21:38, en presencia de 38 señores Senadores.
Con el primero retira la urgencia al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín Nº 8.845-05).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
2.- Proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletín N° 7.786-03, refundido con los boletines N°s 7.932-03 y 7.890-03).
3.- Proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03).
4.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (boletín Nº 8.041-04).
7.- Proyecto de ley que instituye el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
8.- Proyecto de ley que dispone la elección directa de los consejeros regionales (boletín N° 7.923-06).
9.- Proyecto que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad Estadística Nacional (boletín Nº 8.767-06).
10.- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos e introduce adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
11.- Proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
12.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).
13.- Proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile y le destina recursos (boletín N° 8.272-08).
14.- Proyecto de ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano (boletín N° 8.749-11).
16.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras normativas complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).
17.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
18.- Proyecto que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, para incrementar los recursos del subsidio y establecer el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).
19.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
20.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad por el cual se causen lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) (boletín Nº 8.786-27) (con urgencia calificada de "suma").
Envía copia de las resoluciones recaídas en seis acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 16 B de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Da respuesta a la denuncia, cursada en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre un acto de intervención electoral del señor gobernador provincial de Cauquenes, ocurrido el 8 de octubre de 2012.
Atiende petición de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a recursos distribuidos en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al Fondo Social Presidente de la República.
De los Senadores señor Letelier, señora Allende y señores Escalona, Frei (don Eduardo) y Pizarro, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la sanción de inhabilidad que afecta a las personas declaradas culpables en una acusación constitucional (boletín N° 8.899-07).
De la Senadora señora Rincón, para ausentarse del país a contar del 22 del presente mes.
Corresponde ocuparse de la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568, sobre inscripción automática y modernización del sistema de votaciones, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, sesión 16ª, en 17 de abril de 2013.
Sesiones 11ª y 12ª, en 10 de abril de 2013 (queda pendiente la discusión); 13ª, en 10 de abril de 2013 (se aprueba en general y particular con modificaciones).
Como esta mañana acordamos omitir el trámite de Comisión, le daré la palabra al Ministro señor Larroulet para que efectúe una breve exposición acerca del contenido de este veto y, también -según entiendo-, a la propuesta tocante a la franja electoral de las elecciones primarias que el Gobierno hará llegar.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, efectivamente, el Ejecutivo envió un veto para eliminar del texto aprobado por el Congreso Nacional el numeral 3) de su artículo 2°, que propone modificar el artículo 31 de la ley N° 18.700.
Las razones para vetar tal disposición se basan, en lo fundamental, en el hecho de que la norma aprobada presenta una serie de inconvenientes, graves a nuestro juicio, con respecto al mecanismo de primarias y a la legislación vigente que consagra las normas de publicidad.
La referida disposición destina dos minutos a cada candidato en las primarias, lo cual producirá eventualmente una situación de discriminación en relación con la norma de franja permanente existente en las elecciones definitivas.
Podría ocurrir, por ejemplo, que el tiempo dedicado a la franja en la elección primaria fuera mayor que el de la franja de la elección definitiva.
Asimismo, esa fórmula adolece del inconveniente de que genera un incentivo que distorsiona la naturaleza de las elecciones primarias. Alguien podría querer participar en una primaria solo para tener dos minutos de tiempo en la televisión.
Enseguida, la norma dispone que la franja para las elecciones primarias durará hasta exactamente el día previo al de la elección.
Señor Presidente, la legislación chilena establece que toda la propaganda debe durar hasta 3 días antes de la elección, a fin de permitir al ciudadano reflexionar libremente, sin estar expuesto a la publicidad durante un período mínimo de 3 días.
En suma, el texto contiene esos y otros inconvenientes.
Por lo tanto, el Presidente de la República ha decidido proponer un veto supresivo, el cual, además, responde a una lógica que tiene que ver con que esta materia ya fue discutida por la Comisión de Gobierno y la Sala del Senado: existe la necesidad de enviar la legislación que perfeccionamos hace una semana a la brevedad posible al Tribunal Constitucional para que su texto sea revisado conforme a lo dispuesto en la Constitución Política.
Entonces, para proceder a ello se optó por la fórmula del veto supresivo.
Ahora, el Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados -así ingresó- un proyecto de ley alternativo, que desde nuestra perspectiva corrige los elementos mencionados, que hace clara diferencia entre la elección definitiva y la de primarias y cuenta, además, con un mecanismo de franja televisiva para las elecciones primarias.
De esa manera, perfeccionamos la legislación e introducimos la alternativa señalada, que creemos superior.
En discusión general y particular a la vez la observación.
Señor Presidente, la razón por la cual se aprobó durante la tramitación del proyecto la norma observada -fue largamente debatida por Sus Señorías, quienes rápidamente fueron sumándose a su aprobación- decía relación con hacer más fuerte, robusta y participativa la democracia.
Señor Presidente, como decía la Senadora Rincón, en su momento discutimos ampliamente la indicación que presentó el colega Gómez, y la apoyamos porque nos pareció importante permitir un espacio en la televisión abierta para que los candidatos que participaran en una elección primaria dispusiesen de 2 minutos para plantear sus opiniones.
Además, encontramos sumamente relevante, por lo difícil que es en un país como el nuestro, donde los medios de comunicación se hallan tan concentrados -prácticamente existen dos verdaderos monopolios-, fortalecer la capacidad de información y de participación mediante la recepción directa del mensaje de cada candidato.
De otro lado, consideré lamentable las noticias de prensa sobre la concurrencia del Directorio de ANATEL a una reunión con el Presidente Piñera para manifestar su oposición a la norma en comento, así como también el posterior anuncio del veto. Porque pensé que el Gobierno se dejaba presionar por esa Asociación, en circunstancias de que, como bien sabemos, han recibido concesiones gratuitas, que les han significado -aparte de los servicios que prestan- ganancias sumamente importantes.
Estimé que ello equivalía a no estar a tono con nuestra inquietud en cuanto a que en nuestro país falta mucha participación. Ello forma parte del desencanto de la ciudadanía, además de la existencia del sistema binominal, que obviamente ahoga a los partidos e impide que se presenten más candidaturas, lo cual ha provocado exclusiones por tantos años.
De ahí que no entendí el razonamiento del Ejecutivo. Y tampoco lo comprendo ahora. Porque, a pesar de no negar la posibilidad de que con el referido proyecto -aunque no lo conozco- se pueda perfeccionar la normativa, pudieron haberlo hecho durante la discusión pasada, a fin de no tener que ocupar el veto supresivo para el numeral 3) y dejarnos en blanco.
En consecuencia, anuncio que no voy a acompañar al Gobierno con esta observación. Ahora solo me importa que cumpla su compromiso, que es lo más relevante. Deberíamos motivar a que haya un espacio destinado a los candidatos en una primaria, con la finalidad de que puedan, aunque sea durante 15 días, por 2 minutos, expresar sus planteamientos, sus ideas. Dos minutos representan una oportunidad privilegiada para establecer la conexión buscada con la ciudadanía.
Por eso, sin dudar de las palabras expresadas por el Ministro Larroulet, no estoy en condiciones de opinar si desconozco el texto que se propondrá; habría preferido que lo hubiese acompañado en esta ocasión.
En definitiva, espero que se cumpla con el compromiso de dar oportunidad para que los postulantes en una primaria presidencial, destinada nada menos que a definir las candidaturas a Presidente de la nación, tengan la posibilidad de disponer del referido mecanismo. Ojalá que así ocurra.
Por lo tanto, como no me gusta el sistema utilizado, desconozco el proyecto que se enviará y estimo que esto se podría haber hecho de otra forma, anuncio mi voto en contra.
No es posible, porque podría ser necesario efectuar dos votaciones. Si se abre la votación ahora, los señores Senadores se retirarán de la Sala y nos quedaremos sin quórum en caso de requerirse una segunda.
Señor Presidente, tal cual lo señaló la Senadora Rincón, y también como yo lo manifesté cuando voté favorablemente la indicación del colega Gómez, me pareció que esta era muy positiva porque contribuía al fortalecimiento de la democracia y al potenciamiento de la participación, considerando que el voto voluntario exige mayor información y conocimiento de las alternativas.
No obstante, como expresé en esa oportunidad, pensaba que la disposición en cuestión debía ser regulada, porque el otorgamiento de 2 minutos por cada candidato durante 30 días podía traer consigo algún desequilibrio, tomando en cuenta que la cantidad de días y la duración de la propaganda era mayor que la establecida para las propias elecciones presidenciales. Y, por lo tanto, se justificaba la presentación de un veto presidencial.
Ha llegado la observación del Primer Mandatario y, simultáneamente, el compromiso de presentar un proyecto de ley, con suma urgencia a lo menos, de manera de poder contar con la respectiva norma para estas elecciones primarias.
Quisiera la confirmación del Ministro Larroulet -si los Senadores permitieran su atención- de que la voluntad del Ejecutivo es garantizar que para estas primarias tendremos la franja electoral correspondiente.
De ser así -el Ministro me indica que lo es, y quiero que quede constancia de ello-, votaré favorablemente el veto, y espero que llegue cuanto antes la nueva iniciativa que equilibre debidamente la situación, con una razonable cantidad de días, para lograr el objetivo de que las primarias se instalen también en la mente y en la conciencia de los chilenos, en cuanto a las alternativas en juego y a la necesidad de su participación en ellas.
Se hallan inscritos los Honorables señores Navarro, Carlos Larraín, Pérez Varela y Gómez.
Señor Presidente, el veto que hoy día nos manda el Ejecutivo no es producto de su propia iniciativa; responde a una petición expresa de ANATEL.
Un grupo de empresarios de la televisión concurre a La Moneda, habla con el Gobierno y obtiene la supresión de una norma aprobada por el Senado.
¡Otra muestra más del presidencialismo monárquico!
¿Va a recibir el Presidente Piñera a la CUT, a las pymes? ¿Va a recibir a las juntas de vecinos, a los pequeños empresarios? ¡No! Se reúne con la ANATEL, almuerzan juntos y se veta lo decidido por el Senado. ¡Se atropella la dignidad de la Cámara Alta!
O sea, hoy día ha triunfado la sacrosanta y poderosa televisión, que concurre a La Moneda y se sienta a la misma mesa con el Presidente, en circunstancias de que lo que pedimos es que efectivamente haya espacio para discutir política.
Y luego nos quejamos de que la gente odia la política. La odia porque no la conoce.
Escuchamos decir a ANATEL que perderá plata. ¡Pero si tienen concesiones de un bien nacional de uso público! Y, además, existe la facultad constitucional de poner regulaciones a una concesión del Estado y de todos los chilenos.
Lo que es peor, se argumenta que los candidatos independientes no van a tener acceso a la franja de televisión.
Quiero saber cuál será la propuesta que el Ministro Larroulet nos enviará. Porque si no se imparte educación cívica, tenemos voto voluntario y se impone el gusto de los que no quieren que la gente y los jóvenes debatan sobre política y no se da espacio para ello, dónde lo vamos a hacer. ¿En los sindicatos? ¿En las juntas de vecinos?
Claramente, la franja televisiva en las primarias es un espacio más para la democracia, para la libertad de expresión. Y hoy día la niega este veto presidencial, propiciado por los empresarios de la televisión.
Entonces, ¿existe libertad de expresión en nuestro país o el control y el monopolio lo tienen el Ejecutivo y la televisión?
No es que el Presidente Piñera haya cedido a las presiones. Se trata de sus colegas. Él era dueño de un canal de televisión. Solo la presión pública lo obligó a vender LAN Chile, Chilevisión. De lo contrario, no lo habría hecho.
Aquí, el que quiere ser Presidente de la República primero se compra un canal, y así ejerce la influencia que tiene la televisión.
Siento que no hay excusas. El Gobierno se justifica en que es antidemocrático, inconstitucional, y que se trata de un problema de días.
¡Aquí ha existido un lobby!
Señor Ministro, ¿cuándo vamos a aprobar la iniciativa que regula el lobby? Fui el primer Diputado que presentó una normativa al respecto para evitar que los poderosos vengan al Parlamento y se salgan con la suya.
Reitero: ¡Cuándo aprobaremos dicho proyecto! Porque lo que ocurrió en La Moneda con ANATEL corresponde al más brutal lobby político.
El Presidente envía este veto supresivo y luego se nos dice "queremos que los jóvenes, que la ciudadanía participen en política". Este es el monopolio de los partidos; o sea, solo ellos pueden acceder al sistema.
Espero que el Ministro Larroulet nos explique el veto, el propósito de poder tener acceso a la televisión en las primarias. Porque se le dice a la gente: "elija entre uno u otro candidato" de los partidos. Y, en realidad, da lo mismo si el elector sabe o no cómo piensa aquel, lo que importa es que vaya a votar. ¡Ello es del todo incoherente! ¡Es incongruente! ¡Es absolutamente incomprensible! Salvo el hecho de que ANATEL manifieste que le acarreará un daño económico, que dispondrá de menos publicidad, que ganará menos.
Señor Presidente, la democracia se financia, tiene un costo. Por eso financiamos las campañas políticas, los partidos políticos. La democracia no es gratuita. Y nosotros queríamos incorporar el costo de una concesión pública de televisión al tema de las primarias, para que, efectivamente, hubiera la posibilidad de más democracia, más contenido, más debate, más educación.
Seamos francos: ¿cuántas personas leen los periódicos en este país? ¿Cinco por ciento de los chilenos? Ochenta y cinco a noventa por ciento de la gente se informa por la televisión, la que se ha constituido en el monopolio de las noticias. Muy pocos leen los diarios, porque es pura publicidad.
Por lo tanto, no hay coherencia.
Sigo pensando que la actual Constitución es nauseabunda, porque no protege a los débiles, no protege la libertad de expresión de las minorías.
Señor Presidente, voy a votar en contra del veto del Ejecutivo. Y ojalá el Ministro Larroulet nos sorprenda con un planteamiento atractivo sobre la materia, porque ha señalado que existe una propuesta.
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín
Señor Presidente, estamos tratando de tomar conocimiento del veto enviado por el Ejecutivo al proyecto de ley que pasó la semana pasada por el Congreso y que, en lo esencial, abría el uso de una franja de televisión a los candidatos que se arriesgaban a las primarias.
Las razones que se tuvieron en cuenta, al menos por mi parte -fui uno de los que aprobaron la iniciativa-, era que de este modo se podían interesar más personas en participar en las primarias. Y también porque se ayudaba a los candidatos de conglomerados más chicos.
Bueno, estas ideas han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo, el que ha enviado, con esta misma fecha, un proyecto que efectivamente amplía la franja electoral para las primarias.
De esta forma, se cumplen los objetivos que se tuvieron en cuenta, al menos por quien habla, en la discusión de la iniciativa la semana pasada.
Espero que en esta oportunidad haya una cabida efectiva para los que participen en las primarias. No siento mayor lástima por los canales que tengan que soportar este gravamen. No creo que sea el fin del mundo. Y me parece que la iniciativa del Ejecutivo está bien encaminada.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable para el veto.
Ahora, por su intermedio, señor Presidente, y simplemente para equilibrar un poco las expresiones, deseo manifestar lo siguiente.
He oído recién a un Senador de las bancadas del frente hablar "de presidencialismo monárquico", "de que el Presidente lo controla todo", "de que el monarca ayer recibió a no sé quién, que forma parte de su grupo" (supongo que del mismo grupo pulpo sanguinario, en fin, no sé).
Hay toda una especie de obsesión con la figura del Presidente de la República.
Resulta ser que el monarca ayer recibió también a quienes representan a los obreros del cobre, entre ellos a don Raimundo Espinoza. Entonces, por lo menos este es un monarca que admite a gente de todas las sacas.
A mi parecer, hay que tratar de morigerar un poco la verba, porque de veras ese tipo de expresiones tan sumamente peyorativas no nos ayudan a legislar.
En ese sentido, manifiesto un rechazo a los términos que se usan.
Y me atrevo a exhortar, por su intermedio, al Senador Navarro para que se suavice un poco en ese aspecto. Creo que no hay nada malo en decir lo que se piensa, pero dentro de algún límite, francamente.
Anuncié ya que votaba a favor del veto presentado por el Ejecutivo, en la esperanza de que sí haya algún estímulo para participar en las primarias.
Señor Presidente, voté a favor de la iniciativa y de la indicación que presentó el Senador Gómez, porque creo firmemente que si establecimos una ley de primarias, en especial en materia presidencial, esta debe venir acompañada de ciertos elementos de difusión, que son absolutamente necesarios. Y uno de ellos es, sin duda, el acceso de los candidatos a la televisión.
Pero también reconozco -y no sé cuánto habrá estudiado el Senador Gómez su indicación- que el debate que se llevó a cabo no fue todo lo riguroso que se requería. Por lo tanto, generamos una norma completamente distinta al precepto sobre franja electoral que rige para las elecciones generales.
A mi juicio, debiera haber un correlato, una coherencia entre la normativa concerniente a la franja electoral para las elecciones generales y aquella que regula la de las primarias.
Pero, sin duda, soy de la idea de que es indispensable contar con un sistema de franja electoral para las primarias presidenciales.
Por lo tanto, asumo que el compromiso del Gobierno es que, para las elecciones primarias del 30 de junio, se disponga de una normativa coherente con la actual legislación para la franja de las elecciones generales.
Por esa razón, voy a votar favorablemente el veto del Ejecutivo.
Señor Presidente, la indicación que presentamos en su oportunidad, y que fue aprobada mayoritariamente en el Senado, tenía por finalidad otorgar mayor difusión de los proyectos, de los programas, de la actividad política, en la opinión pública.
Lo anterior trajo una serie de apreciaciones frente a la propuesta, sobre todo con relación, por ejemplo, a si su aplicación significaba costos para el Fisco. Y como no hay buena información hacia afuera, no se explicó que era una carga que se les confería a los canales abiertos por transmitir gratuitamente a través de un espectro que es público.
Por eso digo que corresponde a una carga que se asigna, en este caso, a los dueños de la concesión televisiva.
No obstante, al margen de aquello, se llegó a entender que era importante contar con una franja electoral.
Uno de los temas discutidos es qué pasa con los independientes que no van a primarias. Me imagino que irán a la elección presidencial. Por lo tanto, ahí existirá la posibilidad de que tengan cabida en la televisión y en los medios. Porque una primaria define un candidato entre coaliciones que toman la decisión de participar en ella. Otros conglomerados o personas no lo harán así.
Pero no quiero entrar a la crítica. Al revés, si hay un compromiso de parte del Gobierno de asignarle la urgencia necesaria al proyecto de que se trata para que esté vigente para las primarias actuales, significa un paso importante: sean 15 minutos, abarquen 20 días. Lo relevante es que hoy los candidatos no disponen de ningún minuto para dar a conocer sus opiniones.
Eso sí, le pido al Ministro Larroulet que podamos tener la certeza de que se va a tramitar la iniciativa en comento, porque el problema estriba en que si no la impulsan con la rapidez necesaria, de acuerdo con las facultades del Ejecutivo, quedará pendiente y no entrará en vigencia para estas primarias.
Señor Presidente, considero que el camino que el Gobierno utilizó se enmarca dentro de las normas. A mí no me gusta. Es tal el grado de definición presidencial al respecto que la única alternativa que teníamos era insistir con los dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que es casi imposible. Pero esa es la norma que nos rige.
Ahora bien, quisiera preguntarle al Ministro si existe el compromiso cierto de que habrá un proyecto resuelto antes de las primarias del 30 de junio.
Señor Presidente, le he consultado al Ministro, y efectivamente se ha presentado un proyecto alternativo en la Cámara de Diputados que resuelve los temas de la indicación que en su minuto apoyamos y aprobamos por mayoría en el Senado. Y, desde luego, también habrá mayoría para ajustar esa iniciativa al verdadero propósito de darle la oportunidad a todas las personas de utilizar en las primarias los canales de televisión abierta.
Por lo tanto, votaremos a favor de la observación.
En votación el veto.
Quienes estén a favor de la observación votan "sí"; los que están en contra, "no". Si gana el rechazo, corresponde efectuar una segunda votación para saber si cumplimos con el quórum de los dos tercios de los miembros presentes establecido en la Constitución.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación
--Se aprueba la observación del Presidente de la República (16 votos a favor, 6 en contra, 4 abstenciones y un pareo)
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Pizarro, Ruiz-Esquide y Tuma.
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Gómez, Lagos y Quintana.
--Se levantó a las 22:8.
1.	Que el artículo 52 N° 2 de la Constitución Política de la República establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, del Contralor General de la República, de los generales o almirantes y de los intendentes y gobernadores por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno, en su caso.
2.	Que a su vez, el artículo 53 N° 1 de la Constitución Política de la República establece que es atribución exclusiva del Senado conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo 52 de la Constitución; que el Senado actuará como jurado, y que se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
3.	Que el artículo 53 N° 1 inciso tercero de la Constitución Política de la República establece expresamente que la sanción por la comisión de los ilícitos constitucionales reseñados más arriba será la destitución del cargo, y la inhabilitación para desempeñar función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.
4.	Que la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sea o no de elección popular, no tiene antecedentes en la historia constitucional de nuestro país y que ella es una novedad de la actual Constitución Política promulgada el año 1980.
5.	Que a modo de ejemplo baste citar el artículo 42 de la Constitución de 1925 el cual establecía que "por la declaración de culpabilidad, queda el acusado destituido de su cargo."
6.	Que la sanción de inhabilidad que impone el número 1) del artículo 53, encuentra su fundamento, según lo señalan las deliberaciones de los comisionados encargados de elaborar el proyecto de nueva Constitución durante la Dictadura Militar, como una reacción a la práctica seguida durante el Gobierno de la Unidad Popular, cuando un ministro destituido por el Congreso Nacional era inmediatamente designado en otro cargo del gabinete o del Ejecutivo, lo que habría sido atribuido, según los comisionados, como una burla al Parlamento.
7.	Desde otro punto de vista, es difícil justificar que el Parlamento, entidad intrínsecamente política, pueda decretar la muerta cívica y política de una persona, privándola de su derecho a ser elegida para un cargo por votación popular.
8.	Que no obstante la sanción constitucional establecida en el artículo 53 N° 1, inciso tercero de la Constitución Política del Estado, siempre será procedente la persecución de la responsabilidad de derecho común penal y civil.
9.	Que, de acuerdo al derecho común penal, son penas accesorias de los crímenes y simples delitos las de suspensión e inhabilitación para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares en los casos en que, no imponiéndolas especialmente la ley, ordena que otras penas las lleven consigo.
10.	Que, en consecuencia, la destitución del cargo del funcionario público o autoridad respectiva, como sanción constitucional por sí sola resulta una sanción suficientemente grave y que a mayor abundamiento ésta conlleva, según el caso, la persecución de la responsabilidad penal y civil.
11.	Que, habida consideración de lo expuesto, el establecimiento de la sanción de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos como pena accesoria a la destitución resulta excesiva, toda vez que siempre se podrá iniciar la persecución penal por los ilícitos cometidos y si éstos lo ameritan siempre se condenará a la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas, sean éstas de elección popular o no.
12. Que, la sanción referida importa en definitiva que la persona sancionada pierde parte de su ciudadanía ya que podrá elegir, pero no podrá ser elegida en cargos de representación popular, sin que se haya determinado la responsabilidad penal común de ella.
13. Que no existe correspondencia entre las causales de pérdida de la ciudadanía establecidas en los números 2 y 3 del artículo 17 de la Constitución y la duración de la inhabilidad para desempeñar funciones públicas, sean o no de elección popular que trae aparejada la destitución por acusación constitucional. De esta forma, se da la paradoja que un traficante de drogas puede ser restituido de sus derechos ciudadanos por el Senado al cumplir una condena de tres años y un día, y un Ministro de Estado que no ha cometido ilícitos penales comunes que merezcan pena aflictiva, deberá esperar cinco años para recuperar sus derechos políticos.
14. Que en el derecho comparado constitucional no se contempla la sanción de inhabilidad para desempeñar funciones públicas sean o no de elección popular, toda vez que la sanción de destitución siempre trae aparejada la persecución penal común en la medida que se hayan cometido ilícitos penales.
En virtud de lo expuesto y con el propósito de restablecer la tradición democrática constitucional en esta materia, vengo en presentar ante el Honorable Senado, el siguiente:
Artículo Único: Introdúcence las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1.-	Sustitúyase el inciso tercero del artículo 53, N° 1, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:
"Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá ejercer funciones en ningún otro ministerio, ni en cualquier cargo de confianza del Presidente de la República, durante el período presidencial en que fue destituido.".
2.-	Agréguese la siguiente disposición vigésima primera transitoria de la Constitución de la República:
"Las personas que hubiesen sido destituidas de su cargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 N°1, y que en consecuencia se encuentran inhabilitadas para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular por el término de cinco años, recobrarán a plenitud sus derechos ciudadanos.".
(Fdo): Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.

References: artículo 16
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 42
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 17
 artículo 53
 artículo 53