Source: http://www.contratacionenlinea.co/index.php?section=725&module=navigationmodule
Timestamp: 2019-11-15 18:16:25+00:00

Document:
Octubre 22 y 23 de 2019
EXPEDIENTE D-13166 - SENTENCIA C-510/19 (octubre 29)
M.P. Cristina Pardo Schlesinger
“El parágrafo 7º añadido al artículo 240 del estatuto tributario (sobretasa al impuesto de renta de las entidades financieras) no fue avalado por el gobierno nacional, razón por la cual, se declaró inexequible en razón de desconocer el artículo 347 de la constitución política”. Ley 1943 de 2018.
“Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 7º que el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018 adicionó al artículo 240 del Estatuto Tributario”.
Comunicado Corte Constitucional 43. 2019
EXPEDIENTE D-12411 - SENTENCIA C-512/19 (octubre 29)
M.P. Alejandro Linares Cantillo
Habida cuenta de la derogación de la norma demandada perteneciente al plan nacional de desarrollo 2014-2018 y de la inexistencia de efectos en la actualidad, la corte procedió a inhibirse de emitir un fallo de fondo por sustracción de materia. Ley 1753 de 2015.
EXPEDIENTE D-13115 - SENTENCIA C-511/19 (octubre 29)
“La facultad que le confiere el legislador al DANE para certificar el precio de venta al público de licores como parte del método para determinar uno de los elementos de la base gravable del impuesto de consumo, no configura un desconocimiento del principio de legalidad de los tributos”. Ley 1816 de 2016.
“Primero. Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del artículo 19 de la Ley 1816 de 2106 “…precio de venta al público … certificado, anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto” contenidas en el inciso segundo; “… para desarrollar directa o indirectamente a través de terceros, todas las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo” contenidas en el inciso primero de su parágrafo 2º; y “… deberá certificar la base gravable” contenidas en el inciso segundo de su parágrafo 2º, por los cargos analizados en esta sentencia.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “certificado por el DANE” contenida en el numeral 2º del artículo 20 de la Ley 1816 de 2016, por los cargos analizados en esta providencia”.
EXPEDIENTE D-13012 - SENTENCIA C-513/19 (octubre 29)
“Los plazos previstos por el legislador para interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y presentar reclamaciones contra la facturación no configuran una vulneración del principio de igualdad”. Ley 142 de 1994
“Declarar EXEQUIBLES los incisos tercero y cuarto del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en relación con los cargos examinados en esta providencia”.
EXPEDIENTE D-13122 - SENTENCIA C-514/19 (octubre 30)
“El registro como responsables del IVA para ciertos contribuyentes cuyas operaciones financieras superen determinado monto solo es constitucional si dichas operaciones provienen de actividades gravadas con ese impuesto. la aplicación del principio de favorabilidad para la reducción de sanciones moratorias no vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria. la corte reiteró el significado del concepto ley al que alude el artículo 230 de la Constitución Política”.
“Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras” contenida en el numeral 6 del parágrafo 3º que artículo el 4º de la Ley 1943 de 2018 adicionó al artículo 437 del estatuto Tributario, en el entendido de que dichas operaciones deben corresponder a ingresos provenientes de actividades gravadas con el Impuesto sobre las Ventas, IVA.
Tercero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte demandado del artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, salvo la expresión “solo”, que se declara INEXEQUIBLE, en el entendido de que la palabra “ley” a la que hace referencia comprende a todas las fuentes del derecho que admite el ordenamiento nacional”.
EXPEDIENTE D-12515 - SENTENCIA C-515/19 (octubre 30)
“La condición de que se haya disuelto la sociedad conyugal para que el cónyuge pueda acceder a una cuota de la pensión de sobreviviente del causante separado de hecho, no vulnera la igualdad ni el derecho a la seguridad social”. Ley 797 de 2003.
“Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por el cargo analizado en la presente decisión”.
EXPEDIENTES T7302719/T7475739AC - SENTENCIA SU-516/19 (octubre 30)
La Sección Primera del Consejo de Estado no vulneró los derechos de los accionantes al declarar de oficio la caducidad en procesos de pérdida de investidura iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1881 DE 2018.
EXPEDIENTE D-13072 - SENTENCIA C-488/19 (octubre 22)
Al efectuar el control de constitucionalidad de la disposición demandada, la corte determinó la configuración de la cosa juzgada constitucional y la ineptitud sustantiva de la demanda, por lo que resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia c-443 de 2019 y declararse inhibida para proferir un pronunciamiento de fondo. Ley 1564 de 2012.
Comunicado Corte Constitucional 42. 2019
EXPEDIENTE D-13121 - SENTENCIA C-495/19 (octubre 22)
El principio in dubio pro disciplinado que conduce a que toda duda razonable debe resolverse a favor del sujeto disciplinado, no surge de que no haya modo de eliminar la responsabilidad, pues esto contrariaba la presunción de inocencia. Ley 1952 de 2019.
“Declarar INEXEQUIBLE la expresión “cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad”, prevista en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
NOTA: La entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) fue prorrogada por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) hasta el 1° de julio de 2021.
EXPEDIENTE OG-157 - SENTENCIA C-490/19 (octubre 22)
La corte constitucional se pronunció acerca de la constitucionalidad del trámite legislativo que siguió el proyecto de ley “por medio del cual se reglamenta la actividad de entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones”, tras la sentencia c-074 de 2018. la corte encontró que las disposiciones del texto fueron rehechas e integradas de forma concordante con la sentencia c-074 de 2018, a excepción del nuevo contenido del artículo 9°, por lo que ordenó devolver al congreso de la república el proyecto de ley, con el fin de que rehaga e integre este artículo.
“Primero. DECLARAR cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, así como lo dispuesto por la sentencia C-074 de 2018, en relación con los artículos 8 (parágrafo), 11 (primer inciso y numeral 3) y 13 del proyecto de Ley No. 104 de 2015 (Cámara) y 166 de 2016 (Senado), “por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia, DECLARAR EXEQUIBLES tales artículos en relación con las objeciones analizadas en esta sentencia.
Segundo. DECLARAR incumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, así como lo dispuesto por la sentencia C-074 de 2018, en relación con el artículo 9 del proyecto de Ley No. 104 de 2015 (Cámara) y 166 de 2016 (Senado), “por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia, DEVOLVER el expediente contentivo de dicho proyecto de Ley al Congreso de la República, con el fin de que rehaga e integre dicho artículo de conformidad con la sentencia C-074 de 2018 y con la presente decisión. Una vez finalizado procedimiento legislativo, el Congreso debe remitir el expediente legislativo nuevamente a esta Corte para fallo definitivo”.
El convenio entre Colombia y el Reino de la Gran Bretaña e irlanda del norte para evitar la doble tributación en ciertos impuestos y evitar la evasión y elusión tributaria y su protocolo, resultan compatibles con la constitución, en tanto contribuyen a la materialización de los principios constitucionales del estado de derecho, la internacionalización de las relaciones económicas y del desarrollo, el bienestar y la prosperidad económica y social.
“Primero. Declarar EXEQUIBLE el Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1939 de 4 de octubre de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias’ y su ‘Protocolo’, suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016”.
Tercero. Disponer que se comunique esta Sentencia al presidente de la República para lo de su competencia, así como al presidente del Congreso de la República”.
EXPEDIENTE D-13112 - SENTENCIA C-489/19 (octubre 22)
La prohibición de “promover” o “facilitar” el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y la jurisprudencia constitucional, no se predica de quien adquiere o consume bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en dicho espacio. Ley 1801 de 2016.
“Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “promover” y “facilitar” contenidas en el numeral 6º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, en el entendido de que las mismas no comprenden conductas de adquirir o consumir bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en el espacio público”.
EXPEDIENTE LAT-457 - SENTENCIA C-492/19 (octubre 22)
La Corte declaró la compatibilidad con la constitución, del convenio de la organización para la cooperación y desarrollo económicos y los términos de adhesión de Colombia a la ocde, en tanto contribuyen a la materialización de la parte dogmática (valores, principios y derechos) y la orgánica (estructura del estado y competencias) de la constitución.
EXPEDIENTE LAT-448 - SENTENCIA C-494/19 (octubre 22)
El protocolo de enmienda del acuerdo de marrakech por el que se establece la organización mundial del comercio respeta los principios de soberanía nacional y libre autodeterminación de los pueblos, el mandato de promover la internacionalización e integración económica, social y política con las demás naciones y las normas de derecho internacional que regulan la entrada en vigor, el depósito y el registro de los tratados.
EXPEDIENTE D-13094 - SENTENCIA C-493/19 (octubre 22)
La Corte declaró ajustado a la constitución, el sistema de recaudo tributario simple, como mecanismo para estimular la formalización, evitar la evasión e incentivar el mayor recaudo tributario, nacional y territorial, cuyos beneficios compensan la atribución de la facultad de recaudo del impuesto de industria y comercio unificado a favor de la nación, respecto de los contribuyentes que se acojan a este régimen. Ley 1943 de 2018.
EXPEDIENTE D-13126 - SENTENCIA C-496/19 (octubre 22)
El incumplimiento de los requisitos de claridad, certeza y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados en el presente caso, no le permitieron a la corte proferir una decisión de fondo. Ley 1949 de 2019.
EXPEDIENTE D-11996 - SENTENCIA C-497/19 (octubre 22)
Es constitucional el sorteo, en cuanto mecanismo para decidir a quién se declara elegido en una elección -en la que el número de votos depositados por dos o más candidatos fuere igual-, porque no desconoce el derecho de los ciudadanos a elegir directamente a los servidores que la constitución señala como de elección popular. Decreto 2241 de 1986.
EXPEDIENTE T 4245959 - AUTO 387/19 (julio 18)
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ley de financiamiento en su integridad, por haberse desconocido en el curso del debate parlamentario los principios de publicidad y consecutividad. la declaratoria de la inexequibilidad producirá efectos a partir del 1º DE ENERO DE 2020.
“ Primero. Declararse INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del parágrafo tercero del artículo 50 (que adicionó el artículo 242-1 del Estatuto Tributario), del artículo 110, el inciso primero del artículo 114 y del inciso primero del artículo 115 de la Ley 1943 de 2018, “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.
Cuarto. En caso de que para el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) no se hubiere promulgado y publicado una nueva ley, DISPONER la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018, con el fin de que las normas reincorporadas rijan para el período fiscal que inicia el primero (1°) de enero de dos mil veinte (2020) y de allí en adelante”.
Comunicado Corte Constitucional 41. 2019
Octubre 15 y 16 de 2019
EXPEDIENTE T-6.931.099/T-7.256.420 - SENTENCIA SU-479/19 (octubre 15)
Comunicado Corte Constitucional 40. 2019
EXPEDIENTE D-13152 - SENTENCIA C-483/19 (octubre 16)
Los cargos de inconstitucionalidad propuestos en la presente demanda contra una norma que establece una exención del iva, no satisfacen las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional para realizar un examen de fondo y emitir un pronunciamiento de mérito. Ley 1943 de 2018.
EXPEDIENTE D-13171 AC- SENTENCIA C-482/19 (octubre 16)
En atención a la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la ley demandada en esta oportunidad, la corte resolvió estar a lo resuelto en la misma sesión, en la sentencia c-481 de 2019, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la ley de financiamiento en su integridad. Ley 1943 de 2018.
EXPEDIENTE D-13050 - SENTENCIA C-480/19 (octubre 15)
Monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados. La Corte Constitucional encontró que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, al no incluir a las comunidades negras, palenqueras y raizales en la autorización para producir y distribuir bebidas alcohólicas tradicionales y ancestrales de consumo propio, así como las indispensables para ejercer la medicina tradicional, de acuerdo con sus usos y costumbres. Ley 1816 de 2016.
“Declarar EXEQUIBLE las expresiones “cabildos indígenas” y “asociación de cabildos indígenas”, contenidas en el parágrafo del artículo 7 de la Ley 1816 de 2016, “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”, bajo el entendido que también incluyen a los consejos comunitarios de comunidades negras, raizales y palenqueras”.
EXPEDIENTE D-13032 - SENTENCIA C-473/19 (octubre 9)
“La ausencia de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia de los cargos inconstitucionalidad, no le permitieron a la corte efectuar un examen de fondo de la demanda formulada contra la adopción de medidas correctivas por negarse a dar cierta información a las autoridades de policía”. Ley 1801 de 2016.
Comunicado Corte Constitucional 39. 2019
EXPEDIENTE D-13063 - SENTENCIA C-474/19 (octubre 9)
La Corte Constitucional determinó que la decisión del legislador de disponer de los recursos del fosfec para que sean utilizados por el gobierno nacional, por las cajas de compensación familiar, y por los operadores del mecanismos de protección al cesante para financiar los planes, proyectos y programas sociales de beneficio general allí establecidos, infringen tanto el principio de reserva de ley en materia tributaria, como el mandato de destinación sectorial de las contribuciones parafiscales. Ley 1753 de 2015. Ley 1780 de 2016
“Declarar la INEXEQUIBILIDAD (i) del inciso 2º del artículo 77 de la Ley 1753 de 2015; (ii) de la expresión “emprendimiento y/o desarrollo empresarial” contenida en el inciso 1º del artículo 9 de la Ley 1780 de 2016, y de los parágrafos 1º y 2º del mismo artículo; (iii) del artículo 10 de la Ley 1780 de 2016; (iv) del parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 y, (v) del artículo 22 de la Ley 1780 de 2016”.
EXPEDIENTE T-7.136.220 - SENTENCIA SU-453/19 (octubre 3)
“La Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos al debido proceso y seguridad social invocados por la accionante, teniendo en cuenta que en la providencia judicial impugnada por vía de tutela se incurrió en defectos fáctico y sustantivo al verificar el requisito de convivencia de la esposa del causante, para efecto del reconocimiento de la pensión de sobreviviente”.
Comunicado Corte Constitucional 38. 2019
EXPEDIENTE T-7.377.053 AC - SENTENCIA SU-454/19 (octubre 3)
Sustantivo al verificar el requisito de convivencia de la esposa del causante, para efecto del reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
EXPEDIENTE D-13136 - SENTENCIA C-437/19 (septiembre 25)
En atención a la ineptitud de los cargos formulados en la demanda formulada contra la norma que establece la obligación de alimentos a favor de los hermanos legítimos, la corte constitucional se abstuvo de emitir un fallo de fondo. Ley 84 de 1873.
Comunicado Corte Constitucional 37. 2019
EXPEDIENTE T-7.225.415 - SENTENCIA SU-445/19 (septiembre 26)
La Corte reiteró la línea jurisprudencial unificada en materia de aplicación del principio de favorabilidad en materia de pensiones acordadas en convenciones colectivas, a las que se reconoce su carácter de fuente normativa.
EXPEDIENTE D-12981 - SENTENCIA C-443/19 (septiembre 25)
La Corte declaró la inexequibilidad de la nulidad de pleno derecho de las actuaciones adelantadas por el juez con posterioridad al vencimiento de los términos para dictar sentencia en primera o segunda instancia, la cual deberá ser alegada antes de proferirse la sentencia y es saneable en los términos del código general del proceso. el vencimiento de dichos plazos no implica una descalificación automática del desempeño de los funcionarios judiciales. Ley 1564 de 2012.
EXPEDIENTE D-12613 - SENTENCIA C-442/19 (septiembre 25)
La no convalidación de títulos otorgados por universidades extranjeras, pero no validados por las autoridades oficiales del país de origen de la institución (no oficiales o propios), constituye una medida válida constitucionalmente para propender por la calidad de la educación superior. Ley 1753 de 2015.
“Declarar la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 62 de Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 `Todos por un nuevo país´”, por los cargos analizados en esta providencia”.
EXPEDIENTE D-12507 - SENTENCIA C-441/19 (septiembre 25)
La Corte Constitucional reiteró que la acreditación de la ciudadanía colombiana es un requisito esencial de legitimación del demandante para presentar una acción de inconstitucionalidad, en ejercicio del derecho político que consagra el artículo 40 de la constitución política. Ley 906 de 2004
EXPEDIENTE LAT-453 - SENTENCIA C-440/19 (septiembre 25)
La Corte encontró que el acuerdo entre la unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este país en las operaciones de gestión de crisis de la unión europea, cumple con los requisitos formales y materiales que exige la constitución política para la celebración y aprobación de un tratado internacional. Ley 1925 de 2018.
EXPEDIENTE D-13125 - SENTENCIA C-439/19 (septiembre 25)
La ausencia de certeza, suficiencia y especificidad de los cargos de inconstitucionalidad planteados en esta oportunidad, no le permitió a la corte emitir un pronunciamiento de fondo acerca de normas relativas a la seguridad de la información y reversión del pago por transacciones comerciales que se hacen por medios electrónicos. Ley 1480 de 2011
EXPEDIENTE D-13119 - SENTENCIA C-438/19 (septiembre 25)
La Corte declaró la inexequibilidad de las disposiciones del presupuesto para el año 2018 que modificaron el porcentaje de destinación de la estampilla procultura, la base gravable de la sobretasa bomberil al impuesto predial y la tarifa de los derechos de tránsito y monto de especies venales de tránsito a girar a la nación. estas normas eran de carácter permanente, por lo que excedían el año de vigencia que debe tener el presupuesto. Ley 1940 de 2018.
“La suspensión de la licencia de conducción por imposibilidad transitoria física o mental para conducir o por decisión judicial no vulnera el principio de legalidad, puesto que en ambos casos el tiempo de suspensión es determinable. no ocurre lo mismo en el caso de la suspensión de esa licencia por prestar el servicio de transporte público en vehículos particulares, toda vez que no existe una norma que permita establecer el término de esa medida, lo que desconoce el principio de legalidad”. Ley 769 de 2002.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, el inciso final del artículo 3° de la Ley 1696 de 2013, el cual dispone que “Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción”, EN EL ENTENDIDO de que se aplica única y exclusivamente a la causal contemplada en el numeral 4° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.
Comunicado Corte Constitucional 36. 2019
“La Corte declaró la inexequibilidad de las normas que exigían a las cajas de compensación familiar contar con la aprobación previa de la superintendencia del subsidio familiar para adelantar actuaciones como (i) la negociación de toda clase de bienes inmuebles de su propiedad y (ii) la adopción de planes y programas de inversión para obras o servicios sociales, por considerar que estas disposiciones desbordan la naturaleza constitucional de las funciones de inspección, vigilancia y control y desconocen el deber de imparcialidad de la autoridad administrativa”. Ley 25 de 1981.
“Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad”, contenida en el literal g) del artículo 6º de la Ley 25 de 1981, subrogado por el numeral 11 del artículo 7º del Decreto Ley 2150 de 1992.
Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar”, contenida en el numeral 2º del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.
Tercero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 63 de la Ley 21 de 1982 y el numeral 10º del artículo 7º del Decreto 2150 de 1992”.
“La defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional confiadas por el constituyente a las fuerzas militares justifica el establecimiento como deber fundamental del militar la disposición permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida, cuando sea necesario”. Ley 1682 de 2017.
“Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario” contenida en el artículo 1º de la Ley 1862 de 2017, por los cargos examinados en esta sentencia”.
Septiembre 11 y 12 de 2019
EXPEDIENTE T-6.695.535 AC - SENTENCIA SU-418/19 (septiembre 11)
Aplicación y alcance del artículo 322 del código general del proceso, en el marco de acciones de tutela tramitadas y decididas en sede de instancia por parte de las salas de casación civil y laboral de la Corte Suprema de Justicia. sustentación del recurso de apelación.
“La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció en relación con cuatro acciones de tutela promovidas en su momento por varias personas que, habiendo obrado como demandantes dentro de distintos procesos civiles ordinarios, consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia como consecuencia de las decisiones que cada una de las autoridades judiciales de conocimiento adoptó en segunda instancia, escenario en el que procedieron a fijar una determinada interpretación sobre el artículo 322 del Código General del Proceso, en el sentido de dar trámite al recurso de alzada, a pesar de no haber sido sustentado en la audiencia de sustentación y fallo, o bien declarándolo desierto ante la falta de sustentación”.
Comunicado Corte Constitucional 35. 2019
EXPEDIENTE T-5.771.452 AC - SENTENCIA SU-420/19 (septiembre 12)
La Corte estableció pautas que delimitan el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales y los eventos en que el juez debe intervenir de manera excepcional, para proteger los derechos a la honra y el buen nombre.
1. Los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela en materia de libertad de expresión en redes sociales. 2. Análisis de tensión de derechos a la libertad de expresión en redes sociales frente a honra y buen nombre. Ponderación.
EXPEDIENTE D-13054 - SENTENCIA C-407/19 (septiembre 3)
“El procedimiento legislativo de la norma que regula el destino de los recursos para la conservación de páramos se cumplió en debida forma, con los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia. la asignación de estos recursos a parques nacionales naturales, además de la corporaciones autónomas regionales, no vulnera los principios de legalidad y certeza del tributo establecido para tal objeto, ni la autonomía de las CAR”. Ley 1930 de 2018.
Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o para Parques Nacionales Naturales” contenida en el numeral 1º del inciso primero del artículo 24 de la Ley 1930 de 2018, por los cargos analizados en esta sentencia.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Los recursos destinados a la conservación de páramos serán transferidos a la subcuenta creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam)” y “…a través de la subcuenta establecida para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), bajo la reglamentación que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” contenidas en el inciso quinto del artículo 24 y el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 1930 de 2018, respectivamente, por los cargos analizados en esta providencia.
Comunicado Corte Constitucional 34. 2019
EXPEDIENTE D-13076 - SENTENCIA C-408/19 (septiembre 3)
“La Corte previo a adelantar el estudio de la constitucionalidad de algunas disposiciones contenidas en la ley 62 de 1937, constató que dicho cuerpo normativo perdió vigencia al tratarse de una norma preconstitucional cuyo objeto había sido cumplido, y por lo tanto, se declaró inhibida por carencia actual de objeto”. Ley 62 de 1937.
EXPEDIENTE D-12516 - SENTENCIA C-391/19 (agosto 28)
La ausencia de argumentos que desvirtuaran la existencia de cosa juzgada, así como la carencia de especificidad y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad, no permitieron a la corte constitucional proferir un fallo de fondo. Ley 336 de 1996. Estatuto General del Transporte.
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de los artículos 5, 56, 68, 70, 74 y 80 de la Ley 336 de 1996, “Estatuto General de Transporte”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Comunicado Corte Constitucional 33. 2019
EXPEDIENTE D-7271160 - SENTENCIA SU-399/19 (agosto 29)
Ante la suspensión del proyecto de delimitación del páramo de pisba y la existencia de un fallo en una acción popular que garantiza de igual manera los derechos invocados por los accionantes, la corte constitucional declaró la improcedencia de la acción de tutela.
EXPEDIENTE D-7271160 - SENTENCIA SU-397/19 (agosto 29)
La corte negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante, al encontrar que la sentencia de casación penal contra la cual se interpuso la acción de tutela (i) sí satisface los estándares de protección del derecho a la doble conformidad judicial y (ii) no vulneró el principio de congruencia.
EXPEDIENTE D-11780 - SENTENCIA C-396/19 (agosto 28)
La corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de las normas tributarias demandadas, por carencia actual de objeto, toda vez que ambas disposiciones fueron derogadas en un caso, por la ley 1943 de 2018 y en el otro, por la ley 1955 de 2019. Ley 1739 de 2014.
EXPEDIENTE D-13099 - SENTENCIA C-395/19 (agosto 28)
La corte determinó que tanto la fiscalía general como las víctimas podrán solicitar en cualquier momento la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. Ley 906 de 2006.
“Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y antes de presentarse la acusación” contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 por las razones expuestas en la presente providencia”.
EXPEDIENTE D-12594 - SENTENCIA C-394/19 (agosto 28)
La imposición de multas por infracción de las normas sobre competencia, equivalentes hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, no desconoce el principio de legalidad (art. 29 c.p.) en materia de derecho administrativo sancionador. Ley 1340 de 2009. Protección de la competencia.
EXPEDIENTE D-12313 - SENTENCIA C-393/19 (agosto 28)
La corte determinó que la inhabilidad establecida en la norma demandada para ser elegido personero municipal persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes al evitar una confusión entre intereses públicos y privados y salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección de dicho funcionario. Ley 136 de 1994.
“Primero. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de inconstitucionalidad por violación del artículo 13 de la Constitución.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el literal (g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994”.
“En primer lugar, a título preliminar, la Corte constató que el literal (g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 se encontraba vigente. En particular, advirtió que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que establece que el personero municipal se elegirá previo concurso de méritos, no derogó tácitamente la norma acusada pues: (i) no regula la misma materia y (ii) no es incompatible con la inhabilidad dispuesta en la disposición demandada.
Finalmente, al efectuar el control material de la disposición demandada, la Corte aplicó un test intermedio de razonabilidad y proporcionalidad. Concluyó que la inhabilidad prevista en la norma es una medida razonable en tanto persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes al (i) evitar una confusión entre intereses públicos y privados y (ii) salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección del personero municipal. En segundo lugar, encontró que se trata de una medida proporcional porque resulta adecuada y necesaria para alcanzar las mencionadas finalidades constitucionales”.
EXPEDIENTE D-13101 - SENTENCIA C-392/19 (agosto 28)
La falta disciplinaria consistente en cometer acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción, no desconoce el principio constitucional de tipicidad consagrado en el art. 29 de la constitución. Ley 1952 de 2019.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, la expresión “hechos de corrupción” contenida en el numeral 10 del artículo 62 de la Ley 1952 de 2019, “[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
“Al resolver el cargo, la Sala Plena concluyó que la expresión acusada hace de la infracción disciplinaria demandada un tipo en blanco, compatible con la Constitución, debido a que lleva a cabo un reenvío normativo cierto, que permite determinar inequívocamente el alcance de la conducta, pues diversas normas jurídicas prohíben o sancionan conductas que el Legislador ha considerado constitutivas de corrupción. A este respecto, sostuvo a modo de ejemplo, que la Ley 1474 de 2011 e instrumentos internacionales aprobados por el Estado colombiano, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, establecen inequívocamente prohibiciones y sanciones relacionadas con conductas de corrupción, en la medida en que fueron expedidos con ese claro propósito o el Legislador expresamente denominó de tal manera los compendios normativos, los capítulos o las disposiciones mismas.
Así, la Corte determinó que preceptos como los anteriores permiten completar, de forma cierta, el supuesto de hecho del tipo disciplinario acusado, el cual, por consiguiente, no infringe el principio constitucional de tipicidad (Art. 29 de la C.P.). En consecuencia, dispuso declarar su exequibilidad en la parte resolutiva de la Sentencia”.
EXPEDIENTE OG-163 - SENTENCIA C-380/19 (agosto 21)
La corte declaró fundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el gobierno nacional al proyecto de ley que transformaba la universidad de la guajira en ente autónomo del orden nacional, por desconocimiento del principio de autonomía territorial y haberse omitido la iniciativa gubernamental en materia presupuestal. Proyecto de Ley 058/16 Cámara - 128/17 Senado.
EXPEDIENTE LAT-454 - SENTENCIA C-381/19 (agosto 21)
Medidas sobre responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados mediante el protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, en el marco del convenio sobre diversidad biológica y el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, se ajustan a la constitución colombiana. Ley 1926 de 2018.
EXPEDIENTE D-12202 - SENTENCIA C-382/19 (agosto 21)
La alusión a “buenas costumbres” como una de las razones para realizar por excepción audiencia privada en el proceso laboral, debe entenderse como referida a la moral social o moral pública. Decreto Ley 2158 de 1948.
EXPEDIENTE D-12397 - SENTENCIA C-383/19 (agosto 21)
Existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la inconstitucionalidad de la gravar con el iva la venta de compresas y tampones higiénicos. Ley 1819 de 25016.
EXPEDIENTE D-13055 - SENTENCIA C-3781/19 (agosto 20)
La derogación de la regla presupuestal respecto de la cual la norma demandada establecía una excepción, condujo a la corte a abstenerse de emitir una decisión de fondo, por carencia actual de objeto. Ley 1943 de 2018.
EXPEDIENTE T 6406726 - SENTENCIA SU-379/19 (agosto 20)
La Corte Constitucional reiteró que para decretar la pérdida de investidura por la causal de conflicto de interés, no es suficiente la existencia de un factor objetivo dado el contenido indeterminado de este concepto. para tal efecto, es necesario analizar la subjetividad de la conducta que se sanciona y establecer la presencia de un interés directo, particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisión de uno de los asuntos sometidos a consideración del funcionario y debe ser real, no hipotético o aleatorio.
“Dado el contenido indeterminado del concepto de ‘conflicto de interés’ es necesario analizar la subjetividad de la conducta que se reprocha”.
EXPEDIENTE D-13062 - SENTENCIA C-368/19 (agosto 14)
La ineptitud de los cargos de inconstitucionalidad propuestos en la demanda d-13062 no satisfacían las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional para realizar un examen de fondo y emitir un pronunciamiento de mérito. Ley 1943 de 2018.
Comunicado Corte Constitucional 30. 2019
EXPEDIENTE D-13047 - SENTENCIA C-369/19 (agosto 14)
La Corte Constitucional determinó que ley 1930 de 2018, «por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en colombia», no debía ser consultada previamente a las comunidades étnicamente diferenciadas. Ley 1930 de 2018.
“Declarar EXEQUIBLE la Ley 1930 de 2018, «Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia», en el entendido de que cuando para su desarrollo se adopten medidas administrativas, acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas que puedan afectar directamente a una o más comunidades étnicas que habitan en los ecosistemas de páramo, se deberá agotar el procedimiento de consulta previa”.
EXPEDIENTE D-12372 - SENTENCIA C-370/19 (agosto 14)
La corte consideró válida, desde la perspectiva constitucional, la limitación de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio por razones éticas, religiosas y filosóficas. así mismo, concluyó que, aunque la objeción de conciencia es un derecho fundamental, las normas acusadas en esta oportunidad no requerían de una ley estatutaria, porque no efectúan una regulación integral, completa y sistemática de ese derecho. Ley 1861 de 2017.
“Declarar EXEQUIBLES los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017, por los cargos analizados”.
EXPEDIENTE D-12856 - SENTENCIA C-371/19 (agosto 14)
La temporalidad de la jurisdicción especial para la paz y de las funciones asignadas al ministerio público en relación con la implementación del acuerdo final de paz justifican, de manera válida, la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los cargos transitorios creados en la procuraduría general de la nación. Decreto 1512 de 2018.
EXPEDIENTE T-7093854 - SENTENCIA SU-373/19 (agosto 15)
La corte concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor martín emilio morales diz, al encontrar que la sala de juzgamiento de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia no garantizó su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria.
EXPEDIENTE D-12671 - SENTENCIA C-372/19 (agosto 14)
La Corte estableció la viabilidad de donación de órganos o tejidos a extranjeros no residentes en el país, en los casos en que la necesidad surja con posterioridad a la perfección del matrimonio o de la unión marital de hecho. Ley 1805 de 2016.
“Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 10 de la Ley 1805 de 2016, EN EL ENTENDIDO de que es posible donar órganos o tejidos a un extranjero no residente en los casos en que la necesidad del trasplante surja después de que se perfecciona el vínculo matrimonial o la unión marital de hecho”.
EXPEDIENTE D-12904 - SENTENCIA C-358/19 (agosto 6)
La derogación de la norma demandada condujo a un fallo inhibitorio ante la carencia actual de objeto sobre el cual pronunciarse. Ley 1882 de 2018.
“Declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 16 (parcial) de la Ley 1882 de2018, que modificó los incisos 6° y 7° del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, por no encontrarse vigente ni estar produciendo efectos jurídicos”.
“La Sala analizó si la disposición parcialmente demandada se encontraba vigente y producía efectos jurídicos al momento de decidirse sobre su constitucionalidad, dado que, durante el trámite de la acción pública, se expidió la Ley 1955 de 2019 que modificó los numerales 6° y 7° de la Ley 1508 de 2012.
Tras analizar la importancia de determinar la vigencia y producción de efectos jurídicos de las normas sometidas a su conocimiento, la Corte Constitucional concluyó que la modificación del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, efectuada por el artículo 113 de la Ley 1955 de 2019, produjo la derogatoria de la disposición parcialmente demandada, que establecía un régimen de prohibición de la celebración de contratos para el desarrollo de proyectos APP durante el último año de gobierno de los entes territoriales. En contraste, la norma derogatoria contempla una autorización para este tipo de negocios jurídicos, de modo que se pueden celebrar en cualquier etapa del período de los alcaldes y gobernadores, sin importar la categoría de la entidad territorial.
Por consiguiente, la Sala advirtió que se produjo una carencia actual de objeto que implica la inhibición para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma demandada, en razón de su derogatoria. Esta sentencia ya se encuentra firmada y disponible para su consulta”.
Comunicado Corte Constitucional 29. 2019
EXPEDIENTE T 6896226 - SENTENCIA SU-355/19 (agosto 6)
La Corte negó el amparo constitucional de los derechos invocados por Kika Nieto, al encontrar que las opiniones críticas emitidas en el canal de opinión “las igualadas” y el periódico El Espectador en contra de un video emitido por la accionante, correspondían a un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y opinión y podían ser controvertidas por ella a través de la misma red en que se dirige a su audiencia.
EXPEDIENTE D-12802 - SENTENCIA C-356/19 (agosto 6)
El incumplimiento de los requisitos que se exigen de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, no le permitió a la corte emitir una decisión de fondo respecto de no incluir en la exoneración del servicio militar obligatorio a los hombres transgénero. ley 1861 de 2017.
EXPEDIENTE D-13024 - SENTENCIA C-357/19 (agosto 6)
La enajenación temprana de bienes sujetos a medidas cautelares bajo la administración del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado (frisco) y en proceso de extinción del dominio, constituye una medida razonable, proporcionada y necesaria, que cumple una finalidad legítima e imperiosa. Ley 1849 de 2017.
EXPEDIENTE D-12858-SENTENCIA C-345/19(julio 31)M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
“El establecimiento por el legislador de un término para reglamentarla indemnización que pueda causarse por la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos relacionados con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de estos derechos, no significa que el gobierno pierda competencia para ejercer su potestad reglamentaria en cualquier momento. La previsión de dos vías distintas para reclamar tal indemnización, no desconoce los derechos a la igualdad y al debido proceso”. Ley 1915 de 2018.
“Declarar EXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 1915de 2018, por los cargos analizados en esta sentencia, salvo la expresión “El Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia”, que se declara exequible EN EL ENTENDIDO de que, una vez cumplido ese plazo, el Gobierno no pierde competenciapara ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado”.
Comunicado Corte Constitucional 28. 2019
EXPEDIENTE T 7.287.938 - SENTENCIA SU-350/19 (julio 31)
La Corte reafirmó la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela para controvertir la concesión del habeas corpus, dada su relevancia como primer instrumento para proteger uno de los derechos fundamentales más importantes, como es la libertad personal.
EXPEDIENTE D-12320 - SENTENCIA C-346/19 (julio 31)
“La corte declaró que es exequible la inembargabilidad de los bienes destinados al culto religioso solo de las iglesias que hubieran suscrito “concordato, tratado de derecho internacional o convenio de derecho público” siempre que todas las iglesias que tengan personería jurídica y que cumplan con los requisitos legales”. Ley 1564 de 2012.
“Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión "que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público con el Estado colombiano" en el entendido de que todas las confesiones e iglesias, que tengan personería jurídica y que cumplan con los requisitos legales, pueden acceder a la celebración de alguno de estos instrumentos en condiciones de igualdad”.
EXPEDIENTE LAT-452 - SENTENCIA C-347/19 (julio 31)
“La Corte determinó que los dos protocolos examinados, modificatorios del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, los cuales buscan profundizar en la integración económica de los países miembros, se ajustan a los postulados de la constitución”. Ley 1898 de 2018.
EXPEDIENTE D-12997 - SENTENCIA C-348/19 (julio 31)
La ausencia de certeza, pertinencia y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados en la presente demanda, no permitió a la corte emitir una decisión de fondo. Ley 1922 de 2018.
EXPEDIENTE T 6.403.424 - SENTENCIA SU-349/19 (julio 31)
La corte reiteró la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra un fallo de tutela y la no aplicación de una excepción en el caso examinado. tampoco había lugar a ordenar a la empresa demandada extender efectos “inter comunis” de sentencias de tutela proferidas por las salas de revisión en casos concretos con efectos “inter partes”, a lo que se agregó la falta de inmediatez en la acción de tutela.
“… la empresa accionada no tiene competencia para extenderle “efectos inter comunis” a decisiones de tutela proferidas por la Corte Constitucional, cuando a la parte resolutiva de las mismas esta Corporación no le ha reconocido efectos distintos a los “inter partes”.
“… no es posible establecer un desconocimiento del derecho a la igualdad, teniendo como único parámetro de comparación las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014, pues en dichos pronunciamientos las Salas de Revisión estudiaron un grupo de acciones de tutela concretas, en las que se cuestionaba la interpretación adelantada por los jueces accionados en cada una de las providencias controvertidas en esa ocasión. En ese sentido, se advirtió que, contrario a lo sostenido por los 18 actores, en las dos sentencias de la Corte Constitucional nunca se definió el alcance y vigencia abstracta de los incrementos convencionales a los que pretendían acceder, sino que se estudiaron asuntos enmarcados en circunstancias procesales particulares”.
EXPEDIENTE D-13002 - SENTENCIA C-326/19 (julio 24) M.P. Alberto Rojas Ríos
La Corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo porque de un lado, se demandó una norma legal que transcribe el texto exacto de un precepto constitucional y de otro, por no existir asimilación posible entre la categoría de hombres y mujeres frente a la intervención familiar en los casos de violencia, no era posible derivar un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. Ley 1361 de 2009. Ley de protección Integral a la Familia.
Comunicado Corte Constitucional 27. 2019
EXPEDIENTE D-12986 - SENTENCIA C-327/19 (julio 24) M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
El porcentaje de viviendas que deben ser adecuadas para población en situación de discapacidad, constituye un mínimo que las autoridades municipales y distritales pueden exigir a todos los proyectos de vivienda. Ley 1114 de 2006. Recursos para la vivienda de interés social.
“Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, en el entendido de que el 1% de las viviendas construidas o la única unidad en los proyectos con menos de 100 viviendas dispuestas para personas en situación de discapacidad, es el porcentaje mínimo que las autoridades municipales y distritales estarán en la obligación de exigir a todos los proyectos de vivienda”.
EXPEDIENTE D-12928 - SENTENCIA C-328/19 (julio 24) M.P. Cristina Pardo Schlesinger
La publicación en el edificio o conjunto residencial de la lista de los deudores morosos e infractores de obligaciones no pecuniarias previstas en el reglamento de propiedad horizontal no vulnera los derechos a la intimidad, habeas data ni el principio de proporcionalidad. en todo caso, no podrá publicarse información sensible relativa al hecho o acto que origine la sanción. Ley 675 de 2001. Régimen de propiedad horizontal.
“Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el edificio o conjunto” del inciso 2º del artículo 30 y del numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, por los cargos analizados”.
“La Corte advirtió, sin embargo, que pueden existir ciertas propiedades horizontales cuya organización permita la recolección de datos atinentes al comportamiento de sus residentes o visitantes; caso en el cual estaría prohibida la divulgación de información sensible sobre aquellos so pena de que tal conducta sea censurada a través del control concreto de constitucionalidad (acción de tutela). De todas maneras, se recalcó que en ningún caso, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la ley 675 de 2001, está autorizada la publicación de información sensible”.
EXPEDIENTE D-13003 - SENTENCIA C-329/19 (julio 24) M.P. Carlos Bernal Pulido
La obligación de los establecimientos de comercio abiertos al público de prestar al servicio de baño a ciertas personas, sean sus clientes o no, debe incluir a las personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, acorde con los mandatos de promoción y protección establecidos en el art. 13 de la constitución. Ley 1801 de 2016.
“Declarar EXEQUIBLE la expresión “niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad”, contenida en el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, en el entendido de que también incluye a las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida”.
EXPEDIENTE D-13013 - SENTENCIA C-330/19 (julio 24) M.P. Alejandro Linares Cantillo
La carencia de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia de los cargos formulados no permitió a la corte emitir un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de la competencia de las autoridades de policía para conocer en primera instancia de la suspensión de una actividad. Ley 1801 de 2016.
“Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda, respecto del cargo de inconstitucionalidad planteado contra el numeral 3 del artículo 209 de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia””.
EXPEDIENTE D-13023 - SENTENCIA C-331/19 (julio 24) M.P. José Fernando Reyes Cuartas
La ausencia de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del cargo formulado contra la falta gravísima tipificada en el numeral 17 del artículo 48 del código disciplinario único, no permitieron a la corte proferir un fallo de fondo. Ley 734 de 2002.
EXPEDIENTE T 5.904.426 - SENTENCIA SU-332 (julio 25) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
El no reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes oficiales desconoció los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.
La Corte Constitucional reiteró y precisó los términos de la sentencia T-236/17 constitución política, en relación con las condiciones que debe cumplir el gobierno para poder reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato.
Comunicado Corte Constitucional 26. 2019
EXPEDIENTE D-12753 - SENTENCIA C-306/19 (julio 10)
La definición de un régimen de derecho privado para los proveedores de redes y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones independientemente del capital estatal que las integre no transgrede los principios que deben orientar la función administrativa consagrados en el artículo 209 y 210 de la constitución. Ley 1341 de 2009

References: artículo 240
 artículo 347
 artículo 80
 artículo 240
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 154
 artículo 230
 artículo 437
 artículo 113
 artículo 13
in dubio
 artículo 14
 artículo 140
 artículo 9
 artículo 167
 artículo 167
 artículo 9
 artículo 140
 artículo 50
 artículo 242
 artículo 110
 artículo 114
 artículo 115
 artículo 7
 artículo 77
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 62
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 54
 artículo 63
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 101
 artículo 13
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 35
 artículo 62
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 113
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 30
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 88
 artículo 209
 artículo 48
in dubio
 artículo 209