Source: https://hayderecho.expansion.com/2020/04/06/prevaricar-en-tiempo-de-coronavirus/
Timestamp: 2020-05-29 20:46:44+00:00

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Prevaricar en tiempos de Coronavirus - Hay Derecho
6 abril, 2020 /18 Comentarios/en Blog /por Carlos Viader Castro
Durante las últimas semanas varias han sido las denuncias y querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por su gestión de la pandemia provocada por el COVID-19, acusándoles de la comisión de diversos delitos, entre ellos, el de prevaricación.
En este artículo veremos cuáles han sido exactamente las acusaciones vertidas, tratando de vislumbrar, con la máxima cautela, la viabilidad de la condena por dicho delito.
La primera denuncia fue la interpuesta por parte del abogado Víctor Valladares, que tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51, en la que se denunciaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a prácticamente todos los delegados de Gobierno de todas las comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla.
Se les imputa un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones (sic) concedidas para la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus.
La magistrada, en su Auto de 23 de marzo de 2020, resuelve que únicamente seguirá el procedimiento respecto del Delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco Pardo, ya que Sánchez está aforado ante el Tribunal Supremo, y los demás Delegados del Gobierno han tomado sus decisiones con efectos fuera de la capital, por lo que carece de competencia territorial para investigar los posibles delitos que hayan cometido. La magistrada no descarta, aunque con reticencias, que Franco Pardo haya cometido un delito de prevaricación en posible concurso con un delito de lesiones por imprudencia profesional.
El mismo abogado, a la vista del Auto de 23 de marzo del Instrucción 51, interpuso denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo, con el mismo contenido que la interpuesta ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus, en la que denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tomado medidas “pese a estar informado de la letalidad del virus” y a que la Organización Mundial de la Salud ya había indicado el pasado enero la necesidad de adquirir test, haciendo especial hincapié en las manifestaciones celebradas el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Destaca que, mientras en Italia “se comienzan a cerrar zonas enteras del país, el Gobierno de España impulsaba y alentaba a acudir a manifestaciones feministas” y todo ello “a sabiendas de que se trataba de un virus altamente contagioso y que la asistencia a la manifestación implicaba un riesgo de contagio muy elevado”.
Además de Pedro Sánchez, entre los querellados figuran los miembros del ejecutivo encargados de la gestión de la pandemia, como los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo, y los ministros Sanidad, Interior, Transportes y Defensa.
El delito de prevaricación administrativa se tipifica en el artículo 404 del Código Penal, que lo describe como aquél en el que la autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Abordando el adjetivo “arbitraria” aplicable a la resolución, el Tribunal Supremo “no solo exige, como requisito del tipo objetivo, que la resolución sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley” (Sentencia de 2 de abril de 2003).
En este caso, hablaríamos de una prevaricación por omisión, ampliamente admitida por la jurisprudencia, dándose en los casos en los que una autoridad, estando obligada al dictado de una resolución, no lo hace, implicando dicha omisión, con conocimiento de ello, una violación flagrante e indubitada de la legalidad aplicable.
Para ello, se habrá de analizar cuál era la información con la que contaba el Ejecutivo en el momento de decidir no prohibir las manifestaciones del 8M (información que sólo podemos conocer parcialmente), para así concluir si esa ausencia de prohibición era absolutamente inviable desde un punto de vista legal o si, por el contrario, contaba con cierto amparo normativo.
El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario ‎Internacional, el pasado 30 de enero de 2020, consideró que en aquel momento el brote cumplía los criterios para declarar la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien no recomendaba ninguna restricción de viaje o comercio basada en la información disponible entonces. Este Comité ya había declarado, desde 2007, en cinco ocasiones, la ESPII por: la gripe A, en 2009; la diseminación internacional del poliovirus salvaje, en 2014; la epidemia del Ébola en África Occidental, en 2014; el conglomerado de casos de malformaciones congénitas en relación con el virus del Zika, en 2016; y por la epidemia del Ébola en la República del Congo, en 2019.
Por otra parte, en su Informe de 2 de marzo de 2020, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades afirmaba que el riesgo de infección asociado al COVID-19 en la Unión Europa y en el Reino Unido en dicha fecha era de moderado a elevado, basándose dicho diagnóstico en la probabilidad de contagio y en el impacto de la enfermedad. Entre sus recomendaciones, se preveía ya para el escenario 0 (aquél aplicable a los países donde no había casos detectados, en el que España no se encontraba, ya que desde que se registrara el primer positivo el 31 de enero, el número de contagios a 2 de marzo era de 130, repartidos en 14 comunidades autónomas) evitar estrechar manos, besarse, utilizar transporte público y asistir a innecesarias reuniones multitudinarias. A día 2 de marzo había 89.253 casos de coronavirus en el mundo y 3.048 muertes. En Italia, país cercano geográficamente, muy turístico como España, y donde se había celebrado el día 19 de febrero el partido Atalanta-Valencia en Milán, con gran asistencia de españoles, pasaron de 1.694 contagios y 34 fallecidos el día 2 de marzo a 3.858 contagios con 148 muertes el día 6.
Con estos datos, la existencia de la prevaricación no puede descartarse a priori. La condena efectiva dependerá de la ponderación de la información con la que contaban los denunciados/querellados al tiempo de no prohibir las manifestaciones, y su voluntad de salvaguardar el derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución, derecho que pertenece al “núcleo duro” de los fundamentales, como parte de la Sección I, del Capítulo II, del Título I, cuyo ejercicio únicamente se puede prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas; límite éste que debe siempre interpretarse de forma restrictiva.
Ahora bien, recordemos: cualquier resolución administrativa (o ausencia de ella) errónea no es constitutiva de prevaricación. Si así fuese, los Juzgados se colapsarían por causas incoadas por la presunta comisión de este delito. La prevaricación existirá exclusivamente cuando la decisión adoptada por los encausados sea, desde todos los puntos de vista, patente, evidente y esperpénticamente ilegal dada la situación y los datos con los que se contaban en el momento del dictado de la resolución.
En todo caso, si se resolviese la inexistencia de delito, ello no debería implicar necesariamente una exoneración total de responsabilidad al Ejecutivo, que podría responder de su actuación negligente por la vía administrativa y contenciosa administrativa, en virtud del artículo 106.2 de la Constitución, al prever que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, responsabilidad ampliamente regulada por el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.
La conducta del Ejecutivo ha sido negligente, creo que en eso estamos todos de acuerdo, faltando al deber de cuidado que le es exigible como Poder garante de nuestra salud. Sin embargo, dicha negligencia no ha de traducirse necesariamente en responsabilidad penal, debiendo el derecho penal, por su propia definición, intervenir únicamente como última ratio, reduciéndose al mínimo indispensable para el control social.
No debemos juzgar visceralmente y cegados por animadversiones a idearios o personalidades políticas, con los datos con los que se cuentan en la actualidad, y ya sabiendo cuál ha sido la evolución exponencial de los contagios en España a partir del 9 de marzo.
Debemos hacerlo poniéndonos en la situación de la primera semana de marzo, en la que el escenario actual nos habría hecho reír a la mayoría, habiéndonos lanzado a la crítica feroz, o incluso a la desobediencia civil, jaleados por ciertos sectores periodísticos y políticos, si se hubiese acordado en aquel momento una limitación de derechos fundamentales o un lote de medidas económicas drásticas que entonces nos hubiesen parecido ridículamente alarmistas. Sobre todo, cuando España ya ha sufrido crisis sanitarias anteriormente de gravedad, como lo fueron la Gripe A y el Ébola (declaradas ambas Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario ‎Internacional), sin que dichas medidas y limitaciones siquiera se barajasen.
Etiquetas: Coronavirus, Estado de Alarma, Penal
6 abril, 2020 en 13:29
Respecto a lo que se dice al final: “Debemos hacerlo poniéndonos en la situación de la primera semana de marzo, en la que el escenario actual nos habría hecho reír a la mayoría…”; creo que el Gobierno no puede incluirse dentro de esa “mayoría”, pues tiene la obligación legal de velar por la salud pública y adoptar todas las medidas que para ello establece el ordenamiento jurídico y en función de esta premisa habrá que indagar si es o no exigible la responsabilidad que corresponda (Además, dispone de medios e información de los que no disponemos “la mayoría”. Y ello, poniéndonos en la situación de la primera semana de marzo, incluso antes).
De lo que conocemos hasta la fecha:
6 abril, 2020 en 19:02
Teniendo en cuenta que cita usted una noticia de La Razón, sobre un supuesto informe de CSIC que ha sido desmentido por el propio CSIC, el resto de su mensaje carece de sentido. No obstante, le recuerdo las consecuencias de difundir información que se ha demostrado que es falsa.
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/comunicado-sobre-la-investigacion-del-coronavirus-desarrollada-en-el-csic
https://www.diariocritico.com/nacional/csic-desmiente-bulo-advertencia-coronavirus
6 abril, 2020 en 21:27
En “informe” del CSIC al que se refiere La Razón es un documento titulado «Covid-19: Resumen para información interna del plan de acción del CSIC ante la pandemia». El CSIC no ha desmentido la existencia de tal resumen, cuya primera versión es de enero. Lo que ha desmentido es otra cosa. Es insensato pensar que los grandes expertos en virus del CNB no redactasen algún documento antes del 30 de enero para poder asesorar a los participantes en las reuniones internacionales. De hecho el CSIC divulgaba a finales de enero sus altas capacidades en el estudio de los coronavirus: https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/luis-enjuanes-la-vacuna-de-los-virus-se-logra-eliminando-sus-genes-de-virulencia
7 abril, 2020 en 01:05
Esta nota interior dio mi empresa el 4 de marzo que, creemos los fascistos que creemos que el tiempo es lineal y en procesión creciente, va antes del 8 de marzo:
https://heraldodeoregon.files.wordpress.com/2020/03/ni-participaciocc81n-eventos-profesionales-sanitarios-.jpg?crop
Francisco Sanjuan Dice:
22 abril, 2020 en 02:58
No veo comentario alguno a la key 33/2011 que dice:
“El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad será el Centro Nacional de Enlace para la comunicación continua con la Organización Mundial de la Salud y otras redes de alerta internacionales, y será responsable de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), manteniendo para ello la capacidad nacional imprescindible para cumplir con lo dispuesto en dicho Reglamento en coordinación con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.”
El ministerio tenía suficiente información sobre las necesidades contra el covid-19 y en informe de la OMS del 25 de enero de 2029 se instaba las administraciones públicas a lo siguiente:
4. Aplicar controles administrativos
Algunos de los controles administrativos2 y de las políticas de prevención y control de la transmisión de las infecciones por 2019-nCoV dentro del ámbito de la atención médica son: establecer infraestructuras y actividades sostenibles de prevención y control de infecciones; formar a los cuidadores de los pacientes; desarrollar políticas sobre el reconocimiento temprano de la infección respiratoria aguda que ha podido originar el 2019-nCoV; asegurar el acceso a pruebas de laboratorio rápidas para detectar el agente etiológico; prevenir el hacinamiento, especialmente en el servicio de emergencias; proporcionar áreas de espera especiales a los pacientes sintomáticos; aislar adecuadamente a los pacientes hospitalizados; asegurar el suministro adecuado de EPP, y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control de infecciones en todas las facetas de la atención de la salud.
Esto se ha obtenido de un informe colgado de la web de la OMS, y no es creíble que el ministerio, cuya misión, por ley, es la de informar al resto de administraciones sobre las recomendaciones del covid según la OMS, no tuviese esta información, cuando esta a la vista de todos los ciudadanos.
Ver documento: Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria de casos en los que se sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV) Orientaciones provisionales. 25 de enero de 2020.
El problema no es solo la convocación de actos masivos, sino las medidas que se no se hicieron recomendadas por la OMS, y los hechos actuales claramente han demostrado que no se han hecho, como:
– establecer infraestructuras y actividades sostenibles de prevención y control de infecciones; formar a los cuidadores de los pacientes;
– desarrollar políticas sobre el reconocimiento temprano de la infección respiratoria aguda que ha podido originar el 2019-nCoV;
– asegurar el acceso a pruebas de laboratorio rápidas para detectar el agente etiológico;
– prevenir el hacinamiento, especialmente en el servicio de emergencias; proporcionar áreas de espera especiales a los pacientes sintomáticos;
– asegurar el suministro adecuado de EPP y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control de infecciones en todas las facetas de la atención de la salud.
6 abril, 2020 en 13:31
Ítem. Más:
Abogados Cristianos se querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación. La asociación acusa al Ejecutivo de “ocultar la realidad del coronavirus hasta después del 8-M” y de no tomar medidas “pese a estar informado” de su letalidad. https://www.larazon.es/espana/20200401/t2k7xtaw25ecdblmbflmq4ft6y.html
«Que no se besa»: las indicaciones a la cabecera del PSOE en la marcha del 8-M. Un vídeo demuestra cómo la comitiva socialista del 8-M estaba al tanto de las indicaciones de Sanidad sobre el coronavirus mientras alentaba a manifestarse. https://www.abc.es/espana/abci-no-besa-indicaciones-cabecera-psoe-marcha-202004012353_video.html
«Permitir el 8-M y otros actos fue una imprudencia con un altísimo coste»
Así lo afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, en una entrevista para LA RAZÓN
–¿Cómo valora que el Ministerio apenas adoptara medidas hasta pasado el 8-M?
–El Gobierno ya sabía que estábamos ante una crisis de salud pública y que había un riesgo extremadamente alto. Permitir cualquier acto masivo, no solo las manifestaciones, fue una gravísima imprudencia con un altísimo coste para la salud de los españoles, y los hechos, lamentablemente, lo han confirmado.
–¿Cómo es posible que a ustedes les pidieran cancelar la asistencia a congresos el 2 de marzo y hasta el 8 el Gobierno jaleara a acudir a las concentraciones del 8-M?
–No lo puedo entender. Alegan que estaban protegiendo a los futuros cuidadores, pero ya la cancelación de congresos de sanitarios es una medida que no habíamos visto nunca en España. Claramente se sabía que estábamos ante una crisis de salud pública sin precedentes y en estas crisis la prevención es fundamental para salvar vidas. Ya desde ese momento se debían haber adoptado las medidas de confinamiento de toda la población, las mismas que se dictaron dos semanas más tarde. Y esto ha sido un grave error, ya que la propagación de la epidemia se podría haber reducido de una forma muy considerable y haberse previsto el aprovisionamiento del material de protección necesario. https://www.larazon.es/salud/20200406/x7pbyxclprfkbdsanclymg6waa.html
Pueyo, el español que ‘lee’ el coronavirus desde Silicon Valley: “El 8M no debería haber ocurrido” https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200406/pueyo-espanol-coronavirus-silicon-valley-no-ocurrido/480202595_0.html
6 abril, 2020 en 14:05
Una cosa es la posible interpretación de los hechos desde el retorcimiento de las leyes y otra los hechos enumerados en los comentarios de Isaac Ibáñez con los que coincido plenamente.
Un gobierno no está para el “postureo” político y para las imágenes de propaganda. Un gobierno asume la enorme responsabilidad del Estado y de la nación que lo sustenta. En consecuencia, los responsables específicos de las áreas afectadas por la crisis sanitaria (desde Defensa a Sanidad pasando por los muchos centros de análisis e investigación, incluido el CNI) tenían la obligación de conocer, seguir, investigar y en su caso prever, cualquier contingencia epidemiológica de esta envergadura.
Circula por las redes un programa de la TV italiana del año 2015, en que se habla de los experimentos llevados a cabo en Wuhan sobre el SARS, potenciándolo con una proteína determinada. Un proyecto en que intervenía EE.UU. y que abandonó por su riesgo.
El Estado está más que dotado para detectar tales riesgos, evaluarlos, contenerlos y neutralizarlos. ¿Sabe alguien que control se ejerce sobre los muchos laboratorios del mundo que trabajan con estos temas? ¿Donde están los servicios de inteligencia de los diferentes países del mundo? ¿Donde la OMS?
Lo que ocurre es que quienes son designados para los cargos de gobierno, deberían tener capacidad intelectual y moral para olvidarse de “intereses electorales partidarios”, capacidad y experiencia profesionales de gestión de asuntos importantes y honestidad para dimitir si carecen de ellas. En un sistema democrático tan peculiar como los que vivimos, eso no ocurre y vemos cómo al final estamos gobernados por quienes tiene de la política y su responsabilidad un concepto de “Juego de Tronos” o banalidades parecidas.
Hay en toda la actuación motivos suficientes con las calificaciones que proceda para que sean ellos personalmente (no el Estado que somos los ciudadanos) quienes rindan cuentas de toda su actuación en la gestión del Covid-19 y de sus actitudes personales y electorales ante la pandemia.
23 abril, 2020 en 03:11
Es la ley 33/2011 la que establece claramente las competencias en sanidad exterior, o sea el Ministerio de Sanidad, que está obligado a informar al resto de administraciones, sobre la información de la OMS y hacer cumplir el reglamento sanitario internacional.
6 abril, 2020 en 14:26
Conforme pasan los días me reafirmo… ¡Menos mal que nos ha pillado con Iglesias y Sánchez en el Gobierno y tomando las decisiones / improvisaciones que sufrimos / disfrutamos!
Si la derecha hubiera estado en el Gobierno, “machacada” por la oposición, a estas alturas a la crisis económica ya hubiéramos sumado una crisis política descomunal. Imaginemos a “Jueces por la progresía” evaluando las querellas aquí comentadas; o la información en los Telediarios (¿cuántos ataúdes se hubieran visto?) o las ruedas de prensa sin preguntas “seleccionadas” y con los Ministros “solícitos” por dar a la Sexta la respuesta más convincente.
Cuando para final de año las pensiones o las nóminas de los funcionarios, por ejemplo, deban “retocarse” (por falta de billetes en el cajón o por intervención de la UE), doy un beso para que los “picapiedra” no estén en la oposición moviendo la “calle”.
6 abril, 2020 en 17:41
La peor crisis de la historia reciente de España, con el peor gobierno de la historia reciente de España. ¿ Algo podría salir mal ?
Que el ministro de sanidad, el ministerio central en estos momentos, esté dirigido por un cercano a Iceta y que sea un filósofo que no sabe lo que es la cloroquina… da buena cuenta qué gobierno está al frente. Disfrutando lo votado… o no.
6 abril, 2020 en 19:57
Totalmente de acuerdo. Aunque es un sinsentido, debemos dar gracias de que estén ellos en el gobierno y se evite la violencia en las calles y en las televisiones.
Podemos imaginar lo que estarían haciendo ahora… Otra vez “PP asesino”, “Rajoy asesino”, “nosotros ponemos los muertos”, “tus recortes nos matan”, “tu desidia e inacción nos ha matado”, “nunca mais PP”, “los tri-fachas son un virus letal”, “nos estáis matando”… Si pasó lo que pasó con el Ébola, podemos imaginarlo perfectamente.
¡Y la que hubieran montando con el sí-aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas hubiera sido fina !. Seguramente otra vez Almodovar hablando a los medios internacionales de un “golpe de Estado” … pero está vez por NO aplazar las elecciones.
6 abril, 2020 en 20:28
Su forma de argumentar me parece, dicho sea con los mayores respetos, muy tendenciosa y bastante pueril. Me refiero a concluir que de un elemento –que pueda ser inexacto- de un conjunto amplio se deduce que el conjunto “carece de sentido”. Es usted muy libre de pensar como le parezca.
Sobre la existencia o inexistencia del referido Informe y de su exactitud conforme a lo que relata la noticia, así como del cúmulo de pruebas que puedan existir sobre el particular, espero que ello sea establecido por un tribunal y que éste, conforme a Derecho, establezca lo que corresponda sobre la actuación de quienes tienen la obligación de proteger la salud pública.
6 abril, 2020 en 20:46
Una simple puntualización a “Rafael”: en el comunicado cuyo enlace nos aporta dice:
“Fue el propio Ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, quien convocó a L.E. a una reunión el 31 de enero…..” Luego ya en esa fecha se sabía y es de suponer que no por una “bola de cristal”. Si no fuera así, sobraba dicha reunión.
En todo caso, los departamentos del CSIC son una cosa y la dirección otra diferente.Cuando se es un especialista o experto en algo se está muy al corriente de todo lo que gira alrededor de ese tema y se tienen ideas y criterio suficiente para poder evaluar y en su caso advertir.
7 abril, 2020 en 10:39
Otra fuente de responsabilidades vendrá cuando vayan aflorando los costes del confinamiento. Sala i Martin en TV3 en una brillante entrevista, manifestó que “la prioridad es acabar con el virus pero hay que proteger la economía y a los ciudadanos Si el Estado obliga a las empresas a cerrar sus actividades, debe compensarles con reducción de impuestos e ingresos públicos para evitar su cierre y sentar las bases de la recuperación y lo mismo para los ciudadanos si les obliga a confinarse debe proporcionarles renta y garantía en su trabajo. La campaña que con tanto entusiasmo y participación están promocionando de “quedarse en casa” debería incluir “ y no te preocupes porque el Estado te proporcionará recursos durante el confinamiento y te asegurará tu puesto de trabajo cuando acabe”.Cuantos ciudadanos conocen los riesgos sobre los ingresos públicos y sobre el empleo , del confinamiento.? Si no quieren corregir esta omisión empieza a temer que no han pensado en ello.
7 abril, 2020 en 20:36
Una de las repeticiones más frecuentes en nuestro sistema informativo dominante es la crítica a los países que tienen una estrategia diferente .Parece que lideramos el camino correcto y los otros son los reaccionarios e ignorantes .Sin embargo este domingo La Vanguardia que es experta en repartir semáforos en los del mismo bando , se hacía la siguiente pregunta Por qué Italia y España? Ambos países suman el 44% de los muertos globales mientras representan sólo el 1,4 % de la población mundial. Una prensa responsable, solvente profesionalmente y defensora de la población que paga los impuestos que mantienen el sistema y las subvenciones de los medios, no haría en estos momentos una defensa tan ciega de un gobierno con tantos errores. El jueves 2 de abril hizo este título para un artículo sobre la rebelde Suecia” Suecia sigue sin grandes restricciones pese a una curva en rápido ascenso “ hoy mientras España tiene 13.897 muertos e Italia 16.523 , Suecia tiene en acumulado 591 menos que los muertos de hoy en España . El argumento que Tegnell epidemiologo jefe de la APS ha defendido desde el principio es que “ el resto de países han tomado decisiones políticas que no son sostenibles en el tiempo y que se verán obligados a dar marcha atrás antes de haber resuelto la crisis “ Yo del gobierno sueco estaría más tranquilo de cara al futuro, aunque tenga críticas interiores que el gobierno español que cuenta con tanta complicidad en nuestro sistema informativo más influyente y televisivo, No recuerdan lo que les pasó en la gran crisis que “ es muy difícil mantener la credibilidad, el afecto de los ciudadanos y hasta la facturación cuando has sido cómplice de llevar a tu país a la ruina “
8 abril, 2020 en 22:38
En todo esto, me parece interesante tener en cuenta lo que dispone el artº 36 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, sobre exigencia de responsabilidades patrimoniales de las autoridades y personal al servicio de las AA.PP. donde dejan a los “particulares” la exigencia de tal responsabilidad al Estado y, la “administración correspondiente” repercutirá tal exigencia en los responsables de “dolo, culpa o negligencia grave”. Para dicha exigencia “se ponderarán los resultados dañosos producidos, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso”, instruyendo procedimiento ” a las autoridades y demás personal por los daños y perjuicios causados”.
Un poco retorcido. En mis tiempos, el artículo correspondiente decía simplemente: (+/-) “Los responsables de cualquier actuación que causare perjuicio al Estado, responderán con sus propios bienes del mismo.” Más fácil ¿no?
15 abril, 2020 en 21:29
Ya se que es muy tarde para seguir con el debate en este post pero solo quiero poner un titular de un periódico que me parece no haber visto mucho entre las muchas referencias que se han hecho, EL PAIS: día 3-marzo, página 24 “Sanidad estudia restringir actos masivos en Torrejón y Vitoria” En el sumario se decía también “El ministerio… sopesa pasar a un escenario (de)… cancelación de clases y teletrabajo”. Siento no poder poner el enlace, pero no se cómo localizar la noticia en el periódico y tampoco sé como colocarlo aquí.
15 abril, 2020 en 23:50
Debe de ser https://elpais.com/sociedad/2020-03-02/sanidad-estudia-suprimir-clases-y-recomendar-el-teletrabajo-en-torrejon-y-vitoria.html
Medidas urgentes en materia de alquiler de vivienda en el RDL 11/2020 ante la... ¿Modificación por Decreto Ley del contenido de los contratos?

References: artículo 404
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 106