Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190429-IV.html
Timestamp: 2019-10-15 11:29:11+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5265-IV, lunes 29 de abril de 2019
Con punto de acuerdo, a fin de dotar a estados y municipios de recursos para que cumplan sus obligaciones de monitoreo sobre calidad del aire, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales a hacer del conocimiento público el efecto económico y los avances de los proyectos en proceso en las ZEE, así como el costo-beneficio de su cancelación, suscrita por los diputados Soraya Pérez Munguía y Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE y la CFE a realizar un programa temporal en beneficio de las familias de escasos recursos económicos que utilizan el suministro básico de electricidad en las regiones con climas extremos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a realizar adecuaciones de seguridad vial para que los vehículos cuenten con un seguro que garantice a terceros el pago de daños en caso de accidente, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a respetar los derechos laborales de los médicos residentes e internos de pregrado, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a no cancelar la ZEE de Progreso, Yucatán, de nicho de manufactura avanzada, tecnologías de la información y la comunicación y servicios de alto valor, a cargo del diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a promover la iniciativa ciudadana #ViernesSinCoche, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y el ISSSTE a finalizar la construcción y rehabilitación de la clínica inconclusa en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a cargo de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
La que suscribe, María Marcela Torres Peimbert, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que gire instrucciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se dote a estados y municipios de los recursos necesarios cumplir con sus obligaciones en materia de monitoreo de calidad del aire, al tenor de las siguientes
Toda reforma de ley tiene como fin resolver o dar cauce a un problema social determinado, bajo esa premisa resulta pertinente establecer que son, no solo cuestiones técnicas y jurídicas a las cuales se deben atender, sino también presupuestales, esto en el entendido de que el legislador tiene la pretensión de que la ley no se quede en el papel, sino que busca que esta se implemente y resuelva así el problema que originalmente motivó la reforma.
En ese sentido resulta pertinente señalar que el balance político integral en el que se sopese su aprobación, debe contar con un marco analítico que provea a los operadores jurídicos no solo de las herramientas legislativas, sino también de las medidas presupuestales suficientes para alcanzar su objetivo.
En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados con fecha 6 de septiembre de 2018, el Diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, presentó a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El dictamen, mediante el cual se aprueba la iniciativa en comento, señala:
El objetivo de la iniciativa presentada por el diputado promovente es que los distintos órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal tengan los mismos y más estrictos estándares de medición de partículas para mantener la calidad del aire; lo anterior, toda vez que las grandes zonas metropolitanas del país padecen de una severa contaminación atmosférica, dañando con ello el medio ambiente y la salud de la población. Ante esta situación, el promovente considera que es necesario establecer en la norma que los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal realicen lecturas sobre la contaminación del aire bajo mejores condiciones.
Con base en lo anterior, presentó la iniciativa de reforma a la fracción VI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de garantizar el funcionamiento, mantenimiento y modernización de los sistemas de monitoreo.
Lo anterior, ya que muchos de estos sistemas se encuentran averiados o incompletos y no arrojan resultados confiables que permitan conocer con veracidad la calidad del aire de las grandes ciudades. Un ejemplo claro que maneja el diputado promovente en su iniciativa es el monitoreo de la calidad del aire (SMCA) de Nuevo León, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, constituido por 10 estaciones de monitoreo automático pero que no ha logrado mejorar la calidad del aire en esta ciudad. Ante ello, considera necesario una coordinación que guíe las políticas públicas entre los tres órdenes de gobierno. Asimismo, es relevante que se destinen los recursos necesarios para ejecutarlas de manera efectiva, así como concientizar a la población, y fortalecer la participación de universidades y centros de investigación para mejorar la calidad del aire.
Específicamente, el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, detalla que, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, tienen como atribución la de establecerán y operarán, con el apoyo técnico, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sistemas de monitoreo de la calidad del aire; asimismo, se dispone que los gobiernos locales remitirán a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que esta información se integre al Sistema Nacional de Información Ambiental.
Sin embargo, derivado de los altos índices de contaminación de la mayoría de las grandes ciudades del país, es necesario se garantice el funcionamiento, mantenimiento y modernización de estos sistemas de monitoreo. Ante tal necesidad, la propuesta de reforma en estudio consiste en adicionar en la fracción VI del artículo referido
Durante la discusión del dictamen de referencia, diversos legisladores de oposición hicieron énfasis en que, a pesar de que la modificación no genera impacto presupuestal para la Federación, si lo implica para entidades federativas y municipios, situación por la cual es necesario dotarlos de recursos para que se logre implementar la medida aprobada por esta Soberanía.
Entre las propuestas realizadas por los legisladores se encontraban:
• Adicionar un transitorio a través del cual se obligará al Congreso de la Unión a dotar de recursos a estados y municipios etiquetando recursos para que éstos cumplan con sus obligaciones en materia de monitoreo de la calidad del aire; y
• Presentar un punto de acuerdo, a través del cual se solicitará al Titular del Ejecutivo Federal a reasignar recursos para el cumplimiento de esta norma.
Cabe señalar que las proponentes optaron por la segunda medida para fortalecer la reforma planteada por el diputado en comento y aprobada por la Comisión.
Con fecha 3 de abril de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Situación por la cual consideramos que es necesario solicitar al Ejecutivo federal, sea apoyada dicha medida. Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que gire instrucciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, tras un estudio de impacto presupuestal detallado, reasigne los recursos financieros necesarios para que estados y municipios garanticen el correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización de los sistemas de monitoreo de calidad del aire, tal y como lo estipula la reforma al artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de abril de 2019.
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía y Juan José Canul Pérez, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales, para que hagan del conocimiento público el impacto económico y avances de los proyectos que se encuentran en proceso en estas zonas, así como el costo-beneficio de su cancelación, al tenor de las siguientes
En mayo de 2016, el presidente de la República, promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, una iniciativa cuyo objetivo es detonar el desarrollo de la región sur-sureste del país y que busca revertir siglos de rezago, generando condiciones estructurales que permitan generar mayor riqueza, oportunidades y un desarrollo más equilibrado.
Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva.1
Son áreas geográficas con un gran potencial productivo donde se establecen condiciones para hacer negocios, atraer inversiones y crear empleos de calidad a partir de incentivos y facilidades para las empresas, así como el desarrollo de infraestructura.
Las primeras ZEE del país aprobadas mediante Decreto, se localizan en los municipios de Puerto Chiapas (Chiapas), Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz). Puerto Progreso (Yucatán) y Salina Cruz (Oaxaca).
Entre los beneficios de las ZEE se encuentran los fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.
Existen experiencias internacionales exitosas que dan cuenta de que las ZEE constituyen herramientas muy eficaces para la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera directa, el aumento de las exportaciones, transferencia tecnológica y el desarrollo de la fuerza laboral. Al respecto, cabe destacar los casos de China, Corea del Sur, Panamá, Irlanda y Marruecos.
Actualmente, hay más de 4 mil zonas económicas especiales en el mundo, que representan más de 41 por ciento de las exportaciones mundiales, generan casi 68 millones de empleos y reciben 20 por ciento de la inversión extranjera directa.
Por los beneficios concretos y tangibles que representan para desarrollo económico y social, las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer las Zonas Económicas Especiales, es a todas luces irresponsable. Representa una muestra de que las medidas de política económica se basan en ocurrencias y prejuicios del propio mandatario, carentes de estudios técnicos sobre su impacto.
El presidente explicó que se decidió desaparecer éste y otros programas porque eran “barriles sin fondo” y, en el caso de las zonas económicas especiales, “eran supuestamente para ayudar, pero nunca ayudaron, compraron terrenos y derrocharon recursos, pero nunca se hizo nada para ayudar”.
Es importante señalar que las Zonas Económicas Especiales se rigen por lo establecido en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual establece en su artículo 1, su objeto, “(...) en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.2
De igual manera, señala que dichas Zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
En este contexto, para desaparecer dichas Zonas Económicas Especiales -como señala el presidente de México- se tendría que abrogarse la ley que la rige. Por lo tanto, es una decisión que tiene que ser sometida al proceso legislativo.
Resulta evidente que este tipo de decisiones genera incertidumbre y desincentiva la inversión, en perjuicio del crecimiento económico, la generación de empleos, el desarrollo regional y, por ende, el bienestar de la población.
Los costos económicos en el mediano y largo plazo serían altos. Además de la pérdida de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, los proyectos que ya se encuentran en marcha se perderían, impactando las economías regionales y locales en las áreas de influencia de las zonas económicas. El impacto en productividad, ingresos tributarios e inversión directa, sería negativo en todos los estados en donde existen estas zonas.
De acuerdo con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, con la cancelación de ésta zonas se perderá una derrama económica superior a ocho mil 235 millones de dólares, de 95 proyectos de empresas con cartas de intención de invertir en ellas, así como la generación de poco más de 31 mil empleos directos.3
Sólo por citar un ejemplo específico, en la ZEE en Lázaro Cárdenas impactaría la generación de al menos 10 mil empleos directos y una derrama económica de más de 4 mil 500 millones de dólares.4
Al respecto, actores económicos como los industriales, ya han mostrado su preocupación por la desaparición de estas zonas económicas, al señalar que son una medida adecuada para atraer inversiones, incentivar el desarrollo económico, generar empleo, combatir las brechas regionales y reducir el rezago de la zona del país.5
Una vez más, como lo ha sido desde el inicio de su gestión, sin presentar datos o evaluaciones de impacto, el presidente de México quiere someter la realidad a los datos que siempre presume, pero que nunca expone claramente.
Las ZEE se sustentan en el mismo argumento que el mandatario están planteando en su estrategia de bienestar. Pretenden incentivar la inversión en el sureste mexicano y, sobre todo, en las zonas de mayor atraso social. Con inversión privada e incentivos públicos se busca abatir los altos índices de marginación.
De hecho –hay que mencionarlo– varios de los proyectos que ahora promociona, forman parte de la evaluación para decretar las diferentes Zonas Económicas Especiales, por ejemplo, el corredor Interoceánico-Istmo Tehuantepec.
Sin embargo, el riesgo inminente para las ZEE es el incremento exponencial de la inseguridad y violencia que existe en las zonas donde están establecidas. Basta señalar que los estados de Veracruz, Chiapas, Michoacán, Tabasco y Oaxaca registran altos niveles delictivos, lo cual afecta negativamente la confianza de los inversionistas por desarrollar proyectos productivos de impacto en dichas zonas, en perjuicio del desarrollo regional y el bienestar de los habitantes.
¿Dónde está el compromiso con las regiones más rezagadas del territorio nacional? ¿Dónde están los compromisos con los mexicanos que viven en las zonas marginadas y pobres? El discurso del presidente de México es incongruente con los hechos, en perjuicio de millones de familias.
México necesita de políticas públicas que promuevan las inversiones, el crecimiento económico, la generación de empleos permanentes y el desarrollo regional, que contribuyan al mejoramiento sistemático del bienestar de la población.
En este contexto, es necesario que las dependencias correspondientes informen a la opinión pública, de manera puntual y clara, sobre el impacto económico y los avances registrados de los proyectos que se encuentran en proceso en donde se encuentran actualmente las Zonas Económicas Especiales.
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales, para que hagan del conocimiento público el impacto económico y avances de los proyectos que se encuentran en proceso en estas zonas, así como el costo-beneficio de su cancelación.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta el titular del Poder Ejecutivo para que sus decisiones se apeguen estrictamente al marco constitucional y legal y no pongan en riesgo la inversión, el empleo y el ingreso de millones de familias que dependen de las Zonas Económicas Especiales.
1 https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexi co
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf
3 https://www.dineroenimagen.com/economia/cuanto-dinero-y-empleos-se-perd erian-si-se-cancelan-las-zonas-economicas-especiales/108824#view-1
4 https://www.lavozdemichoacan.com.mx/dinero/repudian-empresarios-y-polit icos-cancelacion-de-las-zee/
5 https://www.elsoldetampico.com.mx/finanzas/industriales-califican-como- un-error-cancelar-las-zee-canacinetra-secretaria-de-hacienda-3248072.ht ml
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 29 de abril de 2019.
Diputados: Soraya Pérez Munguía, Juan José Canul Pérez (rúbrica)
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Derivado de la reforma energética de diciembre de 2013, se consolidó en el artículo 28 constitucional, la creación de la Comisión Reguladora de Energía, para ser la institución que regule toda la actividad energética del país.
Históricamente, han existido problemas para que las familias mexicanas puedan costear el pago de facturas por concepto de luz a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, después de la fallida reforma energética, la situación ha empeorado.
Efectivamente, el elevado costo se sostiene jurídicamente, porque se aprobaron reformas que lastiman a las y los mexicanos, al incorporar en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el permitir la asociación público-privada, por lo que dichos esquemas no tienen efecto social positivo.
Hoy, las familias sufren el no poder pagar tarifas, no mencionemos altas, sino exageradas, que llegan a ser cobros hasta del 900 por ciento de lo que se venía pagando, lo que es falto de toda lógica y lastima a miles de familias en todo México.
Anteriormente, se han presentado diversos exhortos en los que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura para enviarlo a la Comisión Reguladora de Energía, en espera de la reclasificación de tarifas eléctricas en determinada entidad.
A su vez, otros han optado por señalar que sus estados o municipios aportan al tema energético por medio de energía eólica o hidráulica, por lo que deben ser considerados en condonaciones o descuentos en pagos de suministro básico.
Desde que se aprobó la comentada y muy publicitada reforma energética, las tarifas de uso residencial siempre van en aumento, sobretodo del año 2015 a la fecha. Son constantes las voces que exigen un cobro justo, no sólo en los hogares, sino en asociaciones, porque diariamente se eleva el nivel de deudores por concepto de luz y únicamente vemos que la CFE engrosa los cambios de tarifa 1A a tarifas DAC.
La tabla siguiente muestra los límites de KWh/mes:
Cuando el consumo mensual promedio del usuario sea superior al límite de alto consumo se le reclasifica a la tarifa doméstica de alto consumo, lo que hace que sea difícil pagar las facturas por concepto de luz a las familias, sobretodo, las que viven en los lugares más calurosos del país.
Señala la Comisión Federal de Electricidad, que el verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, las tarifas de pago por concepto de luz son fijados por el suministrador del servicio, que generalmente es una empresa privada y, en consecuencia, a lo que dispone la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dejando de lado el concepto humanista de la norma, cambiándolo por mercantilismo, lo que lastima la economía familiar.
Cabe señalar que el único sustento de elevar las tarifas se sustenta con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin embargo, tanto en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, debe prevalecer el interés público y la rectoría del Estado en el tema energético, por lo que, deben buscarse mecanismos de solución de conflictos, para que ambas partes, Estado y Ciudadanos, comiencen esta nueva transformación del país.
Ello, aunado a las altas temperaturas de los últimos años, sobre todo por el efecto del calentamiento global y el cambio climático donde podemos encontrar municipios de Sonora, Baja California, Chihuahua, Michoacán, por mencionar algunos, con temperaturas que alcanzan los 50° Celsius, por ende, en las casas se utilizan con mayor frecuencia los climas artificiales (ventiladores, calentadores o aires acondicionados), lo que eleva los recibos de luz y muchos usuarios entran en la tarifa de alto consumo doméstico, para no sufrir los embates del frío o calor.
Considero que no se ha generado una verdadera solución al conflicto, por la diversidad de situaciones de cada caso. Más aún, cuando los suministradores ven la pretensión de elevar sus ganancias y no de apoyar a la sociedad.
Derivado de lo anterior, resulta urgente y necesario, que la Comisión Reguladora de Energía trabaje coordinadamente con la Comisión Federal de Electricidad, para generar alternativas que permitan flexibilizar en algunos casos el cobro de la tarifa de alto consumo doméstico, ofreciendo descuentos o estímulos que permitan que la población continúe pagando sus facturas por servicio de energía eléctrica.
Ejemplos de cobros de luz irregulares, exorbitantes, exagerados a miles de mexicanos se dan día a día; no puede dejarse de lado el conflicto que sufren en muchos municipios del país, el derecho al suministro de luz, es un derecho humano, es una necesidad básica y es un tema primordial del Estado mexicano.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que coordinadamente, realice un programa temporal que beneficie a las familias de escasos recursos económicos, que utilizan el suministro básico de electricidad en las regiones con climas extremos del país, previa aplicación de estudio socioeconómico, para que se eviten cortes a los suministros o pago de tarifas de alto consumo doméstico.
La suscrita diputada Pilar Lozano Mac Donald , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y las legislaturas de éstas a que, en el ámbito de sus competencias, realicen las adecuaciones necesarias, en materia de seguridad vial, a fin que los vehículos que transiten por las vías públicas cuenten con un seguro que garantice a terceros el pago de los daños que pudieran ocasionar , al tenor de la siguiente:
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en México “72 por ciento de los coches que circulan en el país no cuentan con una cobertura”,1 por lo que, en caso de siniestros de tránsito, cubrir los gastos que se derivan de este puede derivar en el desequilibrio económico de los involucrados.
Conforme a cifras de la OMS,2 cada año mueren más de 1,25 millones de personas como consecuencia de accidentes de tránsito a nivel mundial, de las cuales entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad.
Asimismo, “las lesiones causadas por el tránsito son la principal causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años”.3 “Casi la mitad de las defunciones por esta causa en todo el mundo afectan a «usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, peatones, ciclistas y motociclistas”.4
De esta manera, las lesiones y muertes por hechos de tránsito ocasionan pérdidas económicas en los individuos, sus familias, e incluso en la economía de los países en su conjunto. Estas pérdidas económicas se derivan de los costos de tratamientos, pérdida de productividad por muerte o discapacidad y el tiempo de productividad que los familiares utilizan para atender a los lesionados. En México, se estima que “las lesiones, discapacidad y muerte a causa de un accidente de tránsito cuestan más de 120 mil millones de pesos al año”.5
Tan solo en 2016, el parque vehicular a nivel nacional aumentó en 6.78 por ciento con casi 43 millones de vehículos, de tal manera que la creciente cantidad de vehículos también incrementa el aumento de percances. En este mismo año el valor de los siniestros ascendió a poco más de 52 mil millones de pesos, de los cuales solo el 30 por ciento (15 mil 800 millones) fue cubierto por las aseguradoras.6
Estimaciones de la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) indican que una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300 mil pesos hasta los tres millones; por lo que un seguro se convierte en un buen respaldo, que permite afrontar un gasto imprevisto derivado de este tipo de siniestros.
Debido al bajo nivel de aseguramiento en el país y al impacto económico que tienen los siniestros de tránsito, el 27 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 07/2014 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que “los propietarios de vehículos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes y personas”.7 Así, se estableció que: “La protección mínima que debe adquirir el automovilista es de 100 mil pesos para daños a personas, lo que incluye lesiones o muerte, y 50 mil pesos para daños materiales.”8
De igual manera, se dispuso que sería exigible a los propietarios de los modelos de los vehículos que enseguida se señalan, a partir del año y valor de facturación, la cobertura y suma asegurada que se especifican, conforme a la siguiente tabla:9
En ese sentido, se entiende que: “A partir del 1 de enero de 2019, los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros el pago de los daños que pudieran ocasionar en sus bienes y personas en caso de un accidente vial.”10
La medida busca “proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, que son la segunda causa de muerte en México para la población de entre cinco y 34 años”,11 puesto que “cada día se registran mil accidentes viales que dejan 44 víctimas mortales y 369 heridos; así a nivel nacional, se reportan al año 15 mil 886 víctimas mortales y 134 mil 815 heridos”,12 con costos que, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, “alcanzan los 120 mil millones de pesos”.13 Además, “el 50 por ciento de los hospitalizados por colisión vehicular adquiere una deuda que puede representar más del 100 por ciento de su sueldo mensual.”14
No obstante, dicha regulación solo aplica para caminos y puentes federales, por lo que resulta indispensable establecer la obligación, también, a nivel local. Lo anterior debido a que “la baja cultura de aseguramiento en el país pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones en la república mexicana”,15 dejando económicamente vulnerables a quiénes se ven involucrados en un siniestro de tránsito.
Únicamente en la mitad de las 32 entidades federativas es obligatoria una póliza de responsabilidad civil, que ampare “los daños al vehículo y a la persona cuando ocurre un siniestro provocado por el titular de la póliza”,16 destacando por la exigibilidad de la cobertura:
-Ciudad de México y estado de México;
-Baja California, Chihuahua y Sinaloa;
-Jalisco y Nayarit;
-Morelos, Querétaro y San Luis Potosí;
-Nuevo León;
-Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En ese tenor, se hace indispensable que esta Cámara de Diputados exhorte al resto de las entidades federativas a que regulen, y hagan obligatorio que los vehículos que transiten por las vías públicas cuenten con un contrato de un seguro que garantice a terceros el pago de los daños que pudieran ocasionar en sus bienes y personas en caso de un siniestro de tránsito.
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y las legislaturas de éstas a que, en el ámbito de sus competencias, realicen las adecuaciones necesarias, en materia de seguridad vial, a fin que los vehículos que transiten por las vías públicas cuenten con un seguro que garantice a terceros el pago de los daños que pudieran ocasionar en sus bienes y personas en caso de un accidente vial.
1 “Carecen de seguro 72 por ciento de automóviles”, Reforma. Disponible en: https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1624338&lcmd5=b5a4d19f45dba8c2794af9a42c188d14 (consultado el 18 de marzo de 2019).
2 “Lesiones causadas por el tránsito”, OMS, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuri es (consultado 19 de marzo de 2019).
5 “Asegura tu camino”, Conducef, disponible en:
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/44 4-asegura-tu-camino (consultado el 19 de marzo 2019).
6 “Cobertura de los seguros de autos”, Mapfre, disponible en: https://www.mapfre.com.mx/seguros-mx/images/cobertura-de-los-seguros-de -autos_tcm584-505421.pdf (consultado 19 de marzo de 2019).
7 “Acuerdo 07/2014, por el que se expiden las Reglas para la operación del seguro con el que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes federales, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, así como se fijan los términos del contrato de dicho seguro.”, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338448&fecha=27/03/2014 (consultado el 18 de marzo de 2019).
8 “Carecen de seguro 72% de automóviles”, Reforma, Op. cit. supra nota 1.
9 “Acuerdo 07/2014, por el que se expiden las Reglas para la operación del seguro con el que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes federales, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, así como se fijan los términos del contrato de dicho seguro.”, Diario Oficial de la Federación, Op. cit. supra nota 3.
10 “Lo que debes saber sobre los seguros para tu automóvil”, Publimetro. Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/01/08/lo-debes-saber -los-seguros-automovil.html (consultado el 18 de marzo de 2019).
11 “A partir de enero, seguro obligatorio al circular por vías federales”, Excélsior. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/
a-partir-de-enero-seguro-obligatorio-al-circular-por-vias-federales/1287709 (consultado el 18 de marzo de 2019).
13 “Seguro de automóvil será obligatorio a partir del 1 de enero”, Publimetro. Disponible en:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/12/21/seg uro-de-automovil-sera-obligatorio-1-de-enero.html (consultado el 18 de marzo de 2019).
14 “Estados donde es obligatorio tener un seguro de auto”, Rankia. Disponible en: https://www.rankia.mx/blog/aseguradoras-y-seguros/4007866-estados-donde -obligatorio-contratar-seguro-auto (consultado el 18 de marzo de 2019).
15 “Sólo 3 de cada 10 vehículos en México cuentan con seguro vigente”, Forbes. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/solo-3-de-cada-10-vehiculos-en-mexico-cuentan -con-seguro-vigente/ (consultado el 18 de marzo de 2019).
16 “Estados donde es obligatorio tener un seguro de auto”, Rankia, Op. cit. supra nota 10.
Ciudad de México, a 29 de abril del 2019.
Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)
La que suscribe, María Marcela Torres Peimbert, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al secretario de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas a respetar los derechos laborales de los residentes médicos y a los internos de pregrado, al tenor de las siguientes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce una serie de principios jurídicos indeterminados que se encuentran en la cúspide del sistema normativo de nuestro país. Nos referimos a los derechos humanos.
Los derechos humanos, como resultado de un proceso histórico de décadas de lucha, son interpretables como un límite efectivo al ejercicio del poder, ya sea público o privado, en favor de la dignidad del individuo.
Los linderos de estos derechos no son absolutos y únicamente pueden ser definidos en casos concretos de colisión y ponderados por una autoridad jurisdiccional competente, quien tras un estudio minucioso decidirá la prevalencia de uno sobre otro.
Las leyes y el actuar de las autoridades, en cualquier ámbito de gobierno, deben, en todo momento, cumplir con el supuesto de no violentar estos derechos.
A pesar de ello, en nuestro país subsisten prácticas que atentan contra los derechos humanos, excepciones en el actuar de las autoridades que dan pie a la vulneración de estos principios fundamentales y que dañan no solo la dignidad del individuo en la esfera individual, sino que afectan también otros derechos.
Nos referimos a los derechos laborales de miles de médicos residentes en nuestro país y a la sistemática vulneración de los derechos humanos de las condiciones laborales de los de los internos de pregrado y residentes que prestan sus servicios a través del sistema de guardias médicas utilizadas en las instituciones de salud a lo largo y ancho de nuestro país que no sólo los afectan a ellos, sino a la calidad de los servicios de salud prestados por el Estado derivados de la excesiva carga de trabajo, la falta de supervisión y las largas jornadas laborales que se les imponen fuera de la ley y al amparo de las lagunas normativas existentes.
El artículo 123 de nuestra Carta Magna señala que
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.”
El tema de los derechos laborales de los médicos tomó relevancia debido a que el pasado 2 de abril de 2019, mediante el oficio DGRHO-DP-0887-2019, se informó a los médicos residentes sobre decisión unilateral de las autoridades del sector salud de descontarles la cantidad de $3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N) referente al pago de beca a médicos residentes, misma cantidad que por concepto de “bono sexenal” normalmente reciben en el mes de diciembre y que según los “lineamientos para el pago extraordinario como complemento a la medida de fin de año 2018 para el personal de menores ingresos” considera es improcedente para los médicos residentes con base en ello se dio la orden de hacer descuento en una sola exhibición a los médicos residentes.
Cabe señalar que diversos residentes del sector salud no han recibido sus pagos de beca correspondientes al mes de marzo y que aunque algunos de ellos si recibieron sus pagos atrasados, se les realizó el descuento por concepto de “responsabilidades” (que se refiere al bono sexenal otorgado).
Es importante mencionar que la notificación del descuento no se realizó en tiempo y forma y que esta misma situación se prevalece con los residentes de los diferentes institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad y otros hospitales del país.
Dado lo anterior, el viernes 5 de abril de 2019, un gran número de residentes se reunieron para manifestar sus inconformidades y externar su solidaridad con los residentes más afectados, así como para solicitar no se les descontara el bono otorgado en efectivo, a pesar de que éste se les otorgaba en vales de despensa.
Cabe señalar que la eliminación de este estímulo dejo al descubierto una serie de violaciones a los derechos laborales de los médicos residentes, Eva García, integrante del Comité de Comunicación y Difusión de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes señaló a Aristegui Noticias que “los médicos residentes tienen horarios diversos y de acuerdo a cada especialidad tienen guardias. Un día normal es una jornada de 8 horas. A veces tienen preguardias, entran a las 7 de la mañana y salen a la 8 o 9 de la noche. En las guardias entran a las 7 de la mañana y salen hasta el otro día a las 3 o 4 de la tarde. Si hay pendientes se quedan más de 36 horas trabajando sin dormir.”1
Las excesivas jornadas de trabajo, violatorias de los derechos laborales de los que goza cualquier trabajador en nuestro país, el recorte ilegal de sus remuneraciones, hacen necesario exhortar a las autoridades competentes a revertir esta situación de manera inmediata.
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal y a sus homólogos en las entidades federativas a respetar los derechos laborales de los residentes médicos y a los internos de pregrado adscritos a los diferentes institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad y cualquier otro hospital del país.
1 https://aristeguinoticias.com/1504/lomasdestacado/
medicos-residentes-trabajan-hasta-36-horas-diarias-sin-dormir-eva-garcia/
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 29 de abril de 2019.
pri2El que suscribe, Juan José Canul Pérez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes
El 19 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Declaratoria de la zona económica especial (ZEE) de Progreso en el que se delimita el polígono territorial donde podrán establecerse sus secciones; delimita su Área de Influencia; establece los beneficios e incentivos fiscales y régimen aduanero aplicables exclusivamente en dicha zona, así como prevé las demás disposiciones a que se refieren los artículos 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y 55 de su Reglamento.
De acuerdo a los requisitos que establece la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, Yucatán optó por el establecimiento de esta figura en el Municipio de Progreso, en la modalidad de Zona Económica Especial de nicho especializada en: Manufactura Avanzada, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicios de Alto Valor.
La autoridad para el establecimiento de zonas económicas especiales y el gobierno del estado de Yucatán, concluyeron los estudios de pre-factibilidad de impacto económico, jurídico, suelos, social y ambiental.
El gobierno de Yucatán y el honorable ayuntamiento del municipio de Progreso, fueron las primeras autoridades en presentar las respectivas cartas de intención para el establecimiento de la zona económica especial el 16 de octubre de 2016.
Junto con el Paquete Fiscal de 2017, el gobierno de Yucatán presentó ante el honorable Congreso estatal la Iniciativa de Ley Estatal de Coordinación de Zonas Económicas Especiales.
El gobierno de Yucatán y el honorable ayuntamiento de Progreso donaron –con la aprobación del Congreso del estado– un terreno de más de 300 hectáreas a la federación para la instalación de la ZEE. Este terreno cuenta con la infraestructura vial y servicios públicos para su funcionamiento, así como con un Plan Maestro, realizado previamente para ser utilizado como plataforma logística.
El 27 de junio de 2018 se firmó el convenio de coordinación para el establecimiento y desarrollo de la zona económica especial de Progreso y su área de influencia, que suscriben la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado de Yucatán y los municipios de Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Mérida, Conkal, Chicxulub Pueblo y Ucú, con el objetivo establecer las obligaciones de El gobierno del estado y los municipios para el establecimiento y desarrollo de la zona y su área de influencia, así como los mecanismos de coordinación y seguimiento a su ejecución
Las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) establecidas en Yucatán se dedican, sobre todo, al desarrollo y comercialización de software, a la prestación de servicios de tecnologías de la información, al desarrollo de sistemas de gestión para negocios y comercio en general, facturación electrónica, para gobierno y aplicaciones móviles.
El sector TIC de Yucatán se compone de 250 empresas, siendo casi todas de tamaño pequeño (95 por ciento), y dedicadas, principalmente, a los servicios de telecomunicación (64 por ciento), que emplean a cerca de 5 mil colaboradores.
Yucatán cuenta con la primera universidad pública especializada en TIC’s y bilingüe de México, la Universidad Politécnica de Yucatán, con las carreras de ciencia de datos, robótica computacional y sistema embebidos computacionales.
Yucatán cuenta con la quinta mayor cantidad de investigadores por cada 100 mil habitantes del país, la mayor en el sureste.
El 26 por ciento de los estudiantes universitarios cursa alguna carrera relacionada con la ciencia, matemática, ingeniería o tecnologías.
Yucatán es el octavo estado con el mayor número de empresas científicas y tecnológicas registradas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con 431 registros; el promedio nacional es de 364 empresas.
La capacidad científica alcanzada así como la política científica del estado se materializa en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán y representa un espacio estratégicamente localizado que promueve la integración de los actores de la triple hélice (academia, gobierno y empresas), y dinamiza el desarrollo aprovechando el conocimiento científico y la innovación.
Asimismo, la zona económica especial de Progreso en Yucatán responde a un proceso de política pública que ha impulsado al sector de la innovación y las tecnologías de la información desde hace más 18 años, trascendiendo posturas partidistas.
Se estima que la ZEE podría tener un impacto de creación de más de 30 mil empleos de alto valor para Yucatán, esto significa que se crearán nuevas cadenas de proveedores, con nuevas demandas de servicios desde alimentos, médicos, educativos, hasta vivienda, que tendrán un impacto positivo en toda le economía del estado.
La zona económica especial de Progreso debe mantenerse para contribuir a que el sureste de México puede desarrollarse con base en la economía del conocimiento y la Industria 4.0.
Para la zona económica especial de Progreso ya se han presentado oficialmente, proyectos de inversión, que están en marcha y cumplen con los requisitos legales. Los proyectos en comento representan una inversión superior a los 90 millones de dólares y generarían miles de empleo de alto valor, a los cuales se debe respetar y dar certezas.
Cancelar la zona económica especial de Progreso, significaría cancelar el futuro profesional de más de 20 mil estudiantes yucatecos que cursan carreras relacionadas con la computación, la ingeniería, ciencias y matemáticas, que aspiran a laborar en o emprender empresas que generen nuevas tecnologías.
Se pone en riesgo el empleo y el ingreso de miles de familias y se reduce la posibilidad de lograr la independencia nacional en investigación, innovación y tecnología, que fortalezca a la industria, comercios, emprendimientos digitales mexicanos, en un contexto en el que el desarrollo tecnológico está definiendo la productividad económica y el bienestar social.
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en uso de sus facultades, no cancele la zona económica especial de Progreso de nicho de manufactura avanzada, tecnologías de la información y la comunicación y servicios de alto valor, toda vez que esta ha cumplido con todos los requisitos, procedimientos y estudios; además existe total certeza legal sobre la propiedad del polígono en el que se establece, así como proyectos de inversión formalizados.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en uso de sus facultades, mantenga el impulso al ecosistema de educación profesional, innovación y tecnología de Yucatán, que se ha consolidado como el más importante del sureste de México, con el propósito de mantener el dinamismo del sector y seguir generando oportunidades de desarrollo para los estudiantes yucatecos con empleos de calidad con altos ingresos para actividades de alto valor agregado.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2019.
La suscrita, diputada María del Pilar Lozano MacDonald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Al respecto de la propuesta lanzada el 13 de marzo por Areli Carreón, Alcaldesa de la Bicicleta , a través de las redes sociales #ViernesSinCoche, convocó a no utilizar el auto todos los viernes, con la finalidad de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente en la Ciudad de México.
Dicha iniciativa tiene su raíz en el movimiento internacional Fridays For Future , en la que estudiantes de todo el mundo van a clases los viernes en protesta por acciones concretas en contra del cambio climático.
A partir del 10 de abril de 2019, cuando se anunció la Fase 1 de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México,1 miembros de la sociedad civil se unieron a la iniciativa de viernes sin coche: dejando el auto los días viernes para realizar los viajes de escuela o trabajo en otro medio de transporte; ofreciendo apoyos a nuevos ciclistas a través de acompañamientos de ciclistas experimentados; inclusive algunos propietarios de negocios ofrecieron promociones a clientes que llegaran caminando; todo esto con el objetivo de realizar acciones que reduzcan los gases efecto invernadero.
En muchas ciudades del mundo, la cantidad de vehículos en circulación representa la principal fuente de contaminación, convirtiéndose en la actividad diaria más contaminante que un ciudadano común puede realizar.2 El auto es el responsable de alrededor de 70 por ciento de las emisiones de contaminación del aire que contribuyen a la formación del ozono troposférico, que se asocia con graves enfermedades cardiopulmonares y la desestabilización de los ecosistemas.
De acuerdo al informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas (ONU), se afirma que la desestabilización del clima persiste y que la tendencia es alcanzar un aumento de tres grados de temperatura. Tan sólo el aumento de medio grado de temperatura provocaría que las zonas de cultivo para alimentos se reduzcan en millones de hectáreas y aumente en millones el número de personas que estarán expuestas a inundaciones y otros desastres naturales como las sequías, entre otros.3
Es por ello que las ciudades deben realizar cambios en sus sistemas de energía, en las formas de utilizar la tierra, en la urbanización y en la movilidad, sin embargo también los individuos tienen la tarea de cambiar sus estilos de vida para dejar de depender en mayor grado de los combustibles fósiles.4
Según el informe, se estima que 800 ciudades en todo el mundo tienen planes operativos para sistemas de bicicletas compartidas. Asimismo, agrega que el esquema de cobro por congestión de Londres ayudó a pagar el despliegue de las rutas ciclistas protegidas, y que en la zona de cobro, los kilómetros recorridos por vehículo disminuyeron 15 por ciento desde 2003, el primer año que operó, y 6 por ciento más un año después. Mientras que las emisiones de CO2 del tráfico automotor se habían reducido en un 20 por ciento para 2008.5
De manera similar, conforme a la participación del premio Nobel de Química, Mario Molina, dentro del Taller para la Elaboración del Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2021-2030, dio a conocer que se han analizado los daños por los índices de ozono, que son las micro partículas contaminantes más peligrosas, toda vez que provocan que la gente de mayor edad, que es más vulnerable, viva menos años, esto si la comparamos con aquéllas que viven sin respirar partículas; asimismo, los pulmones de los niños no se desarrollan de manera adecuada al estar expuestos a niveles muy altos de contaminación, por lo cual “hay un efecto claro en la mortalidad”. De esta manera, parte de las recomendaciones fue la de generar un uso racional del automóvil, como lo es a través del cobro por su uso diario.6
Es por ello que una de las formas de reacción ante el cambio climático es reducir el uso del automóvil, realizando los traslados caminando, utilizando la bicicleta y el transporte público como medio de desplazamiento, ya que al utilizar estos medios de transporte la emisión individual de CO2 a la atmósfera se reduce casi a cero.
Imagen: “Distribución de emisiones de gases efecto invernadero”. Recuperado el 17/04/2019 de
https://pbs.twimg.com/media/D390f2LX4AEJI68.png
En este orden de ideas, resulta indispensable que la Ciudad de México, realice acciones para desincentivar el uso del automóvil, pero sobre todo para incentivar modos de transporte no contaminantes. Por lo cual resulta relevante apoyar y estimular las iniciativas generadas a través de la sociedad civil para el fortalecimiento de este tipo de acciones contra el cambio climático, como lo es #ViernesSinCoche. Para poder lograrlo, se considera pueden realizarse las siguientes acciones:
• Campañas y spots publicitarios que promuevan la iniciativa y divulguen sus beneficios.
• Invitaciones y acuerdos con propietarios de negocios, para que efectúen descuentos y promociones a los clientes que lleguen caminando o en bicicleta todos los viernes.
• Invitaciones y acuerdos con empresas, para que estimulen a través de premios, reconocimientos o compensaciones económicas a aquellos empleados que dejen su auto y lleguen caminando o en bicicleta todos los viernes.
• Invitaciones y acuerdos con escuelas, para que se realicen pláticas informativas sobre los beneficios de los desplazamientos a través de medios de tracción humana y brinden reconocimiento a los padres de familia que lleven a sus hijos caminando o en bicicleta.
• Gestionar algún descuento en el pago de tenencia a los propietarios de auto que se adhieran a la iniciativa y comprueben que no utilizan su auto los viernes. Sin considerar aquéllos que por el programa Hoy no Circula, no pueden circular esos días.
• Cierre temporal de carriles o calles estratégicas en vías primarias para la ampliación del paso peatonal y de bicicletas los viernes.
• Generar acuerdos con alcaldías para el cierre temporal de carriles o calles estratégicas en vías secundarias para la ampliación del paso peatonal y de bicicletas los viernes.
Finalmente, como beneficio adicional, la promoción de esta iniciativa tendría impacto en la demanda del mejoramiento de la calidad en el transporte público e infraestructura ciclista por parte de los usuarios, así como el impulso de la activación física a través de la motivación de desplazamientos por medios de tracción humana.
En ese tenor, se hace indispensable que esta Cámara de Diputados exhorte al gobierno de la Ciudad de México y su Secretaría de Movilidad a que promuevan la iniciativa ciudadana #ViernesSinCoche, a partir de la cual la sociedad civil propone como alternativa realizar los trayectos cotidianos en modos distintos al auto particular los viernes, con la finalidad de realizar acciones en contra del cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares del gobierno de la Ciudad de México, y su Secretaría de Movilidad a que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la iniciativa ciudadana #ViernesSinCoche, a partir de la cual la sociedad civil propone como alternativa realizar los trayectos cotidianos en modos distintos al auto particular los viernes, con la finalidad de realizar acciones en contra del cambio climático.
1 “Se mantiene la fase I de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM”. Recuperado el 17/04/2019 de https://twitter.com/camegalopolis
2 “Los vehículos automotores como fuentes de emisión”. De la Guía metodológica para la estimación de emisiones vehiculares. Recuperado el 17/04/2019 de http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf
3 “Cómo la bicicleta puede salvar al planeta del cambio climático”. Recuperado el 17/04/2019 de https://labicikleta.com/como-la-bicicleta-puede-salvar-al-planeta-del-c ambio-climatico/
6 “Ayudará Mario Molina a ajustar No Circula y cuidar salud”. Recuperado el 17/04/2019 de https://pbs.twimg.com/media/D39oDgAW4AAuoP2.jpg
Diputada María del Pilar Lozano MacDonald (rúbrica)
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
En México, la seguridad social se presta a toda la población en general, y en particular a sectores que se diferencian por encontrarse adscritos ya sea al sector público o al sector privado. El derecho a la seguridad social para los trabajadores adscritos al sector público se encuentra garantizado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se contemplan y regulan de manera más amplia en diversos instrumentos legales tales como, la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.i
Es entonces, que la seguridad social es un derecho encaminado a garantizar la protección de la clase trabajadora, de sus familias y de la comunidad misma comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejorar la condición humana (asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, etcétera).
No obstante, los beneficiarios y autoridades del hospital de Reynosa y la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la ciudad de Reynosa han externado su preocupación de que pronto se reactiven las obras de remodelación que quedaron pendientes desde hace dos años y medio y que permanecen detenidas hasta la actualidad, dicha obra había quedado programada que concluyera a finales del año 2017, pero a la fecha no se ha podido reactivar la obra y terminarla.ii
Asimismo, está pendiente el segundo piso que desde hace ya dos años y medio se quedó en remodelación: que incluye el área de ginecología y pediatría, habilitándose el área de urgencias para poder dar este servicio, por lo que, esta obra hasta la fecha se encuentra con un avance de aproximadamente el 60 por ciento, y el resto sin concluir y se trata de obras que son necesarias, y que es urgente que se terminen esas remodelaciones.iii
Es entonces, que, la prioridad en las clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en particular en Reynosa, Tamaulipas, es que se concluya lo más pronto posible las obras inconclusas, así como equipar en las que se están dejando de realizar procedimientos, es evidente que existe mucha carencia y mucha debilidad en su infraestructura, así como en su equipamiento.iv
Además, el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha dado la instrucción de detectar todos aquellos hospitales que estuvieran con remodelaciones inconclusas, y en el estado de Tamaulipas tenemos varios, y uno de ellos es de Reynosa, principalmente, que necesitamos mejorar y que quedó inconcluso del 2016-2017 y el objetivo es reactivarlas.v
Por lo que, es evidente el abandono que se ha tenido en el servicio público en la seguridad social a los reynosenses, vulnerándose un derecho humano y social que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, contenido como se mencionó anteriormente en legislaciones en la materia que son siempre de orden público e interés social, ya que se trata de un servicio público a cargo originariamente del estado, y que es vital para todos los pacientes y que ya no cuentan con el tiempo para esperar.vi
Un gobierno incapaz de hacer valer derechos mínimos de acceso a la salud a sus ciudadanos no sólo queda por debajo de sus obligaciones constitucionales y de las expectativas de la población, tampoco genera las condiciones para que otros esfuerzos rindan frutos y se pueda mejorar la productividad y, por tanto, el ingreso de los individuos.vii
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se concluya la obra de construcción y rehabilitación en la clínica del Issste que continúa inconclusa a la fecha y terminarla en el municipio de Reynosa, por lo que me permito proponer, el siguiente:
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que informen periódicamente a la opinión pública del avance de los trabajos en torno a las obras de construcción y rehabilitación en la clínica del Issste que quedaron inconclusas y terminarlas, en particular en el municipio de Reynosa del estado de Tamaulipas.
i Maestra Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria, “Nueva Ley del Issste, Estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes Jurídicos, Cuadro Comparativo con Texto Completo de la Ley Abrogada y Datos Relevantes”, Centro de Documentación, Información y Análisis, Servicios de Investigación y Análisis, Política Interior, Julio, 2007
ii Rivera, Nuvia, Reactivarán obras en la clínica del Issste, Editora Demar, SA de CV, 3 de abril de 2019, consultado por última vez en
reactivaran-obras-en-la-clinica-del-issste-salud-infraestructura-remodelacion/4792152
iv José del Carmen Perales Rodríguez, Darán prioridad a terminar obras - El Diario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, consultados por última vez el 16 abril 2019 en
https://eldiariodevictoria.com/2019/04/16/daran-priorida d-a-terminar-obras/
v Rivera Juárez, Nubia, Análisis general en cada municipio para atender necesidades del ISSSTE, 14 de marzo de 2019, consultado por última vez el 12 de abril de 2019 en
http://www.latarde.com.mx/mireynosa/analisis-general-en- cada-municipio-para-atender-necesidades-del-issste/666599
vi Doctor Ángel Guillermo Ruíz Moreno, Autor, Cada de la Cultura “Mariano Azuela Rivera”, de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, Conferencia: “Análisis Jurídico de la Nueva Ley del Issste”, Investigador Nacional del Conacyt.
vii Mayer-Serra, Carlos Elizondo. El derecho a la protección de la salud. Salud pública México, 2007, vol.49, n.2, consultado por última vez el 19 de abril de 2019 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36 342007000200010
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de abril de 2019.
El 28 de abril de cada año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.
Desde 1996 el movimiento sindical lo celebra en todo el mundo con el propósito de honrar la memoria de las víctimas de los accidentes en las diferentes áreas de trabajo y las enfermedades profesionales, organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de sensibilización laboral.
En 2003, la OIT se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del movimiento sindical, haciendo oficial la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el cual consiste en una campaña de sensibilización para aumentar la conciencia internacional sobre la seguridad y salud en el trabajo.
La celebración de ese día forma parte de una estrategia global de la OIT en materia de seguridad y salud laboral, que promueve el fomento de una cultura en materia de prevención de riesgos, donde resalta la importancia de anticiparse a sucesos lamentables que pueden llegar a ocurrir en los espacios de trabajo.
Por lo que el 28 de abril, al tiempo que se honra a los trabajadores fallecidos y heridos, se valora y se celebra que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que sea un día de acontecimiento, de conmemoración y de celebración.
En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan diferentes actividades para conmemorar esta fecha, dando como resultado grandes beneficios que en trabajo coordinado han dejado muy en claro los avances en la materia.
Algunos de los resultados que, a raíz de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se han podido llevar a cabo, son los que han permitido mejorar las...

References: artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 1
 artículo 79
 artículo 28
 resolución

 artículo 123
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 123