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Timestamp: 2017-10-24 09:19:50+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de Diciembre de 2010. Profesores de secundaria: capacidad para desempeñar la docencia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Pruebas selectivas: profesores de Educación Secundaria. Convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Se presentó en al especialidad de Filosofía y tras superar su primera fase, fue nombrado funcionario en práticas. Al término del período correspondiente fue considerado no apto por la Comisión Calificadora, pero, tras compeltar un nuevo periodo, fue calificado apto y adscrito provisionalment al Instituto. Exige que los aspirantes cumplan el no padecer enfermedad o limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de la docencia. Les exige poser la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo al que se opta. Es obligación de la Administración verificar, antes de los nombramientos, no solo la aptitud para la docencia de los aspirantes sino también el mantenimiento por ellos de los requisitos genereles. Presupuesto de la capacidad para el desempeño de la docencia, apoyándose en los informes de especialistas. No ha lugar al recurso.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 6088/2007, interpuesto por don Edemiro, representado por doña Isabel Cañedo Vega, contra la sentencia nº 558, dictada el 14 de septiembre de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, recaída en el recurso nº 2423/2003, sobre las pruebas selectivas convocadas por la Orden de 17 de abril de 1998 del Ministerio de Educación y Cultura para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Se ha personado, como recurrida, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, representada por el procurador don Pablo Oterino Menéndez.
Primero.-En el recurso nº 2423/2003, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el 14 de septiembre de 2007 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Desestimar el recurso contencioso administrativo nº 2.423/03 interpuesto por Don Edemiro contra la Orden de 27 de mayo de 2003 de la Consejería de Educación y Cultura de la Administración Regional de Murcia, que acuerda no proponer el nombramiento del recurrente como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en relación con su selección en el procedimiento selectivo convocado por Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 17 de abril de 1998, declarando al aspirante decaído en todos sus derechos inherentes al nombramiento como funcionario de carrera; así como contra la Resolución del Director General de Personal de 3 de junio de 2003, de la indicada Consejería, que acuerda el cese del recurrente en el puesto de trabajo de Profesor de Enseñanza Secundaria en Prácticas, siendo la causa del cese el cumplimiento de la Orden de 27 de mayo de 2003, y contra cuantos actos y resoluciones deriven de las anteriores. Actos todos ellos que quedan confirmados por ser ajustados a Derecho, en lo aquí discutido. Sin costas".
Segundo.-Contra dicha sentencia anunció recurso de casación don Edemiro, que la Sala de Murcia tuvo por preparado por providencia de 16 de octubre de 2007, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.
Tercero.-Por escrito presentado el 13 de diciembre de 2007 la procuradora doña Isabel Cañedo Vega, en representación del recurrente, interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que dicte en su día sentencia que case y anule la recurrida y se pronuncie --dijo-- de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos en el original escrito de demanda.
Cuarto.-Admitido a trámite, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos, y, por providencia de 1 de julio de 2008, se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizara su oposición.
Quinto.-Evacuando el traslado conferido, el procurador Sr. Oterino Menéndez, en representación de la Comunidad recurrida, se opuso al recurso por escrito presentado el 18 de septiembre de 2008 en el que pidió su desestimación, con expresa imposición de costas al recurrente.
Sexto.-Por diligencia de ordenación de 23 de febrero de 2010, se acordó la unión al rollo de su razón del escrito y documentos acompañados, presentados por la parte recurrente el 4 de febrero del corriente.
Séptimo.-Mediante providencia de 21 de junio de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 1 de diciembre de este año, en que han tenido lugar.
Primero.-Don Edemiro concurrió a las pruebas selectivas convocadas por la Orden de 17 de abril de 1998 del Ministerio de Educación y Cultura para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. En particular, se presentó en la especialidad de Filosofía y tras superar su primera fase, fue nombrado funcionario de prácticas. Al término del período correspondiente fue considerado no apto por la Comisión Calificadora, pero, tras completar un nuevo período, fue calificado apto y adscrito provisionalmente al Instituto de Enseñanza Secundaria Alquipir, de Cehegín.
El Boletín Oficial de la Región de Murcia de 17 de octubre de 2000 publicó los nombramientos como funcionarios de carrera de quienes superaron ese proceso selectivo, pero no incluyó el del Sr. Edemiro. En cambio, se le requirió para que se sometiera a un reconocimiento psicológico y físico al objeto de evaluar si contaba con la capacidad necesaria para desempeñar las funciones propias de un profesor de Enseñanza Secundaria. A resultas del mismo se le diagnosticó un trastorno paranoide de la personalidad que la Administración Educativa consideró incompatible con esos cometidos. En consecuencia, la Consejería de Educación de la Región de Murcia dictó la Orden de 27 de mayo de 2003 proponiendo al Ministerio de Educación y Ciencia que no procediera al nombramiento del Sr. Edemiro y declarándole decaído en sus derechos y la Orden de 3 de junio siguiente formalizó su cese en el puesto de trabajo que venía desempeñando.
Una y otra fueron impugnadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuya Sección Primera desestimó con la sentencia nº 558, de 14 de septiembre de 2007, su recurso nº 2423/2003. El Sr. Edemiro pretende que la anulemos, así como esas Órdenes y le reconozcamos el derecho a ser nombrado funcionario de carrera del mencionado Cuerpo con todos los efectos correspondientes y a ser indemnizado con 18.000 € por los perjuicios y daños morales que ha sufrido.
Segundo.-La sentencia expone los hechos que la Sala de Murcia consideró relevantes.
Así, deja constancia de que, en el curso de las prácticas en el Instituto "Meléndez Valdés", de Villafranca de Barros (Badajoz), el recurrente fue objeto de un expediente disciplinario y sancionado con tres meses de suspensión por haber faltado gravemente a la consideración de una alumna [artículo 7 o) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que aprueba el Reglamento Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado], sanción luego confirmada jurisdiccionalmente en sentencia no recurrida por el actor. Refleja, después, el informe de 13 de febrero de 2001 de la Inspección Médica que considera inoportuno su nombramiento como funcionario por entender que su enfermedad es incompatible con los requisitos que ha de poseer el personal docente y la posterior remisión del expediente al Ministerio de Cultura y Deportes, el 18 de julio de 2001, haciendo constar que, pese a haber sido calificado como apto, el nombramiento del Sr. Edemiro vendría impedido por la Base 2.1 c) de la convocatoria, pues informes médicos posteriores a las pruebas reflejaban su incapacidad para la función docente. También constata la sentencia la devolución de este expediente el 28 de junio de 2002 a la Administración regional en virtud de las transferencias operadas por el Real Decreto 938/99, de 4 de junio, tras la cual la Consejería de Educación dictaría las Órdenes recurridas.
Seguidamente, rechaza los motivos de impugnación que dirigió contra ellas la demanda: (a) la omisión total y absoluta del procedimiento establecido; (b) la lesión de los derechos de defensa, a la intimidad y a la igualdad ante la ley y en el acceso a la función pública; (c) la arbitrariedad de esta actuación administrativa por basarse exclusivamente en un informe psiquiátrico del Dr. Luis Angel y de la Licenciada doña Serafina en el que no se dice que padezca un trastorno que le incapacite para el desempeño del puesto discutido; (d) la incompetencia de la Consejería de Educación y la inexistencia de la figura de la proposición de no nombramiento; (e) la caducidad del procedimiento por extenderse hasta casi tres años; (f) la falta de motivación; y (g) no padecer incapacidad alguna que impida su nombramiento como funcionario de carrera.
Para llegar a la conclusión desestimatoria la sentencia examina las normas aplicables (artículos 16, 18, 33 y 34 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del Sistema Educativo) y subraya que se ha seguido el procedimiento selectivo previsto en esos preceptos y en las bases de la convocatoria y que los requisitos de capacidad han de reunirse también en el momento de tomar posesión, pudiendo la Administración hasta ese momento comprobar su concurrencia. Por lo demás, afirma la competencia de la Consejería de Educación de Murcia en virtud de las transferencias recibidas por la Comunidad Autónoma mediante el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria, y recuerda que no se impugnó la devolución del expediente por la Administración Central. Y también dice que no es discriminatorio que en un proceso selectivo se compruebe si uno de los aspirantes reúne o no los requisitos requeridos. Rechaza, asimismo, que falte la motivación y que se haya vulnerado la intimidad del recurrente.
En cuanto a la incapacidad que se le apreció al actor, recoge la sentencia el resultado del reconocimiento al que fue sometido el Sr. Edemiro por el psiquiatra Don. Luis Angel y la Psicóloga doña Serafina, que dice lo siguiente:
"Desde el primer contacto con el informado, destacaba una desconfianza hacia nosotros y deseo de no entablar relaciones en las que pueda perder su autodeterminación. Se muestra cauteloso, llegando a intentar imponer en la tercera entrevista, que estuviera presente una conocida suya como testigo y, ante nuestra negativa, intentó grabar la conversación, demostrando una suspicacia y cautela que iban conformando nuestra impresión de los rasgos de su personalidad.
En la exploración psicológica realizada y tras la evaluación de los resultados obtenidos se ha detectado una-: "Distorsión- motivacional=9", por lo que las puntuaciones no son valorables dada la falsedad de las respuestas en un intento de ofrecer una mejor imagen de sí mismo.
Su aptitud para percibir intenciones ocultas y engaños precipita problemas sociales que, de esta manera, conforman y refuerzan sus expectativas.
Muestra asimismo, sensibilidad excesiva a los contratiempos, llegando en un momento de las entrevistas a amenazarnos con denunciarnos ante el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego.
El informado también llega a imponernos la lengua gallega en otro intento de bloquear la entrevista".
Añade que los informes de esos especialistas afirman que:
"a) "dada la Distorsión Motivación=9, en las que el informado falsea intencionadamente las pruebas, los resultados obtenidos son muy limitados y así mismo la exploración psicopatológica, por lo que está indicada una nueva pericial por parte de otro equipo de valoración".
b) de las dos pruebas de exploración psicológica realizadas (inventario clínico Multiaxial de Millon y cuestionario de personalidad 16 PF de Cottell-forma A), "tras la evaluación de los resultados obtenidos se ha detectado en el cuestionario 16 PF de personalidad una distorsión motivacional=9, por lo que las puntuaciones deben ser valoradas con cautela, ya que el paciente ha intentado ofrecer una mejor imagen de sí mismo, no constatándose por ello en su perfil rasgos patológicos de personalidad".
De todo ello extrae la sentencia que
"se advierte sobre la distorsión que en sus resultados pueden ofrecer las pruebas psicológicas efectuadas, debida a la actitud del actor, "por lo que las puntuaciones no son valorables dada la falsedad de las respuestas en un intento de ofrecer una mejor imagen de sí mismo". Sin embargo, el informe concluye afirmando que el paciente padece un trastorno paranoide de personalidad que, de no ser debidamente tratado, podría descompensarse hacia paranoia (trastorno delirante crónico de CIE-10). Conviene matizar que esta conclusión no se adopta sólo teniendo en cuenta las pruebas psicológicas efectuadas, respecto de las que ya se hace la advertencia de distorsión en los resultados, sino que refleja el resultado de "las tres entrevistas realizadas, de las pruebas psicológicas y de los informes aportados". De estos últimos interesa destacar el de la Inspección Médica, que obra a los folios 109 a 111 del expediente y que concluye que: "tras los acontecimientos relatados, las conversaciones mantenidas con personas cercanas en lo profesional, las denuncias y comportamientos anómalos que a lo largo de su corta carrera profesional ha sufrido, las actuaciones judiciales pendientes que tiene, etc., podemos determinar que existen indicios razonables para sospechar que (...) padece trastorno psiquiátrico y que no es apto para desempeñar correctamente sus funciones educativas".
De ahí que la sentencia diga que
"lejos de evidenciarse un error en la evaluación del interesado, lo que apuntan estos documentos es que en una nueva valoración psicológica del interesado, en la que no se falsearan las respuestas se comprobarían en el recurrente rasgos patológicos quedando así confirmada la impresión diagnóstica contenida en el informe inicial. Estamos pues en presencia de una auténtica valoración clínica, que resalta cuestiones contempladas en la evaluación psicológica inicial, a la que en absoluto contradice".
Por último, se detiene en el Informe de la Inspección Médica de 2 de noviembre de 2000, relativo a la información obtenida telefónicamente de una conserje de un Instituto de Enseñanza Secundaria en el que el recurrente había trabajado según la cual fue acosada sexualmente por él cuando fue profesor de ese centro y que en esos días --que se correspondían con una baja del actor por incapacidad temporal debida a un trastorno depresivo-- había vuelto y estaba merodeando en torno a dicho Instituto. Y se fija en que, a raíz de ello, el informe apuntaba que el recurrente había mentido a la Inspección Médica sobre el lugar en que se hallaba y hacía patente su sospecha de que padecía una patología mental que lo invalidaba para el ejercicio de su profesión docente y proponía su reconocimiento psiquiátrico. Y añade:
"Estas actitudes, y opiniones que se vierten en los expedientes, junto con la conducta que se relata y prueba en el expediente disciplinario y que ha sido objeto de una sentencia por la que se declara ajustado a derecho el acto que le impuso la sanción, nos conducen inexorablemente a la afirmación de que hay pruebas más que suficientes de que la del recurrente (sea cual fuere el calificativo desde el punto de vista psiquiátrico), es una conducta conflictiva y peligrosa que recomienda no darle la oportunidad de poner en riesgo el ambiente educativo.
El 13 de febrero de 2001 se emite Informe por la Inspección Médica de la Dirección General de Gestión de Personal que, recogiendo los Informes del psiquiatra y psicóloga clínica que se acompañan, diagnostica "un trastorno paranoide de personalidad", considerando "inoportuno el pase a funcionario de la Administración Regional, ya que su enfermedad mental es incompatible con los requerimientos que debe de poseer el personal docente en su finalidad de educación y relación profesional con sus compañeros".
Consecuencia de tales antecedentes por Orden de 27 de mayo de 2003 de la Consejería de Educación se dispone no proponer su nombramiento como funcionario de carrera declarándolo decaído en todos sus derechos inherentes al nombramiento como funcionario de carrera.
En definitiva, la resolución recurrida concluye en la existencia de una limitación psíquica en el recurrente atendiendo a diversas fuentes, de las que el informe psiquiátrico, aunque es relevante, no es la única, siendo un instrumento que propone la misma Inspección Médica para ratificar sus sospechas.
La prueba testifical practicada, que nada esencial aporta para la convicción de la Sala, no ha logrado desvirtuar los hechos en los que el actor basa sus pretensiones, ni los informes médicos aportados como documental, no han sido adverados ni tienen más valor que simples documentos sin suficiente apoyatura que les confiera autoridad o fiabilidad que permita contraponer con eficacia y viabilidad a los informes oficiales tenidos en cuenta".
Tercero.-.- En el escrito de interposición del recurso de casación, el Sr. Edemiro expone los hechos y, entre otros, pone de manifiesto que el Informe de la Inspección Médica fue suscrito por el Inspector Médico don Eulogio quien, precisa el actor, es Licenciado en Medicina y especialista en Medicina del Trabajo, sin titulación alguna como psiquiatra o psicólogo. Dice, además, que la denuncia de acoso sexual de la que fue objeto cuando se hallaba de baja por un trastorno depresivo dio lugar al auto del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros de 25 de mayo de 1998 que sobreseyó las actuaciones. Y que no se dedicó a merodear por el Instituto sino que fue a visitar a profesores amigos suyos de cuando impartió docencia allí, como confirman sus testimonios. Asimismo, afirma que no mintió entonces a la Inspección Médica sobre donde estaba. Por otro lado, subraya que el informe del psiquiatra y de la psicóloga se hizo en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y que en él se dice expresamente que el trastorno que le diagnostican "si bien no interfiere en la impartición estricta de la docencia sí puede ocasionar actitudes y comportamientos marcadamente faltos de armonía en la relación con los demás" por lo que "precisaría tratamiento con Olanzapina a bajas dosis y un control psiquiátrico al menos semestral para descartar en el futuro una posible descompensación a Paranoia (trastorno delirante crónico de CIE-10)".
Añade que con la demanda aportó informes periciales de dos doctores, médicos psiquiatras de reconocido prestigio, según los cuales no padece patología psíquica alguna que pudiera incapacitarle para la enseñanza. Y que en el mismo sentido se han manifestado los informes de médicos-psiquiatras y psicólogos que aportó en la fase de prueba.
Seguidamente, expone un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción, conforme al cual la sentencia impugnada ha infringido los artículos 9, 14, 18, 23 y 24 de la Constitución; los artículos 14, 16, 18, 33, 34 y 38 del Real Decreto 850/1993; la Orden de convocatoria y, en particular el apartado 1 c) de la Base 2; los artículos 42.3, 44.2, 54, 62, 63, 68 y siguientes, así como el 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el apartado 5º de la Orden de 21 de septiembre de 1998; los Reales Decretos 938/1999, 2628/1982, de 24 de septiembre y la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, en relación con la competencia y el procedimiento de acceso a la función pública; el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; los artículos 319, 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y el artículo 3 del Código Civil.
Cuarto.-Este motivo de casación lo desarrolla mediante varias alegaciones en las que se detiene en los siguientes extremos:
(1ª) Las bases de la convocatoria que rigen el proceso selectivo exigen que los aspirantes posean "la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo al que se opta" y no requieren documento alguno que lo acredite, de manera que no cabe obligarle a presentarlo ni a someterse a ningún reconocimiento. Menos aún si solamente se le exigen a él y no a todos los aspirantes. Aquí ve incumplimiento de las bases y discriminación.
(2ª) La comprobación por la Administración de que quienes han sido declarados aptos en el proceso selectivo cumplen los requisitos generales y específicos (artículo 38.1 del Real Decreto 850/1993) ha de hacerse a través de la documentación exigida por la convocatoria, según la Base 12. Comprobación que ha de hacerse concluida la fase de prácticas (apartado 5º de la Orden de 21 de septiembre de 1998). Y la documentación a examinar es exclusivamente el acta de la Comisión Evaluadora que le calificó como apto. Ese cometido, por lo demás, prosigue, debió realizarlo el Ministerio de Educación que fue el convocante y revisó la concurrencia de los requisitos: la proposición que se le dirigió es una figura jurídica inventada, sin acomodo en el ordenamiento jurídico.
(3ª) Pese a que ya había perfeccionado su derecho a ser nombrado funcionario, se procedió a desarrollar un procedimiento dirigido a comprobar su capacidad psíquica sin apoyo ninguno en la convocatoria y sin respetar las normas que establece la Ley 30/1992 para la actuación administrativa [no hay incoación, ni instructor, ni secretario, no se abre formalmente período de prueba, tampoco hay audiencia al interesado, ni se le notifica la suerte de propuesta de resolución, no se consideran las pruebas que aportó el recurrente, el reconocimiento se hizo en el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales] pero infringiendo sus derechos a la defensa, a la intimidad y a la igualdad y que es resuelto con un contenido imposible --no existe la proposición-- y arbitrario por órgano incompetente cuando ya había caducado por el transcurso de más de tres meses (casi tres años) desde su inicio.
Explica el escrito de interposición que esa arbitrariedad deriva de que el informe Don. Luis Angel no afirma que esté incapacitado para la enseñanza. Además, llama la atención sobre el hecho de que, en su informe complementario, recomienda una nueva prueba pericial, extremo que pasa por alto la sentencia. Del mismo modo, critica que no haya advertido que cuando en la demanda aducía falta de motivación, la refería a las resoluciones impugnadas y no al informe del psiquiatra. Y, a su entender, ni la sanción disciplinaria, ni el procedimiento penal archivado, ni ninguno de los hechos que constan en el expediente justifican una declaración de incapacidad, especialmente no lo justifica el Informe de la Inspección Médica, elaborado por quien no es especialista apartándose de las conclusiones del psiquiatra.
En fin, mantiene que la sentencia ha infringido las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la valoración de la prueba pericial pues ni las conclusiones del Informe en que se ha basado afirman su incapacidad para la docencia ni existen fundamentos para afirmarla, ni se han considerado los dictámenes aportados por el Sr. Edemiro, los cuales contradecían las conclusiones en que se apoyó la Sala de Murcia.
Quinto.-La Región de Murcia se ha opuesto a este motivo de casación con los siguientes argumentos.
Ante todo, recuerda el carácter extraordinario de este recurso y que no es coherente con él reiterar en su seno lo planteado en la instancia. En tanto, el escrito de interposición no lo ha tenido en cuenta, considera que es razón bastante para desestimarlo.
Luego, utiliza, reproduciéndolos, los propios fundamentos de la sentencia impugnada para rebatir los distintos alegatos del recurrente. Y, en razón de ello, termina rechazando que haya incurrido en las infracciones que le atribuye el Sr. Edemiro. Por el contrario, considera que ha realizado "una interpretación acertada y acorde con la normativa aplicable (...) ya que la Administración actuó en todo momento de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (RD 850/1993), y velando siempre por el interés general del servicio público docente (...)".
Sexto.-La naturaleza de la controversia dirimida en este proceso aconsejaba la exposición que hemos hecho de la sentencia y de las posiciones de las partes para situar en su debido contexto las cuestiones que debemos resolver ahora.
Para ello comenzaremos señalando que, a nuestro juicio, el escrito de interposición, aun no siendo un modelo desde el punto de vista de la técnica que debe observarse en un recurso extraordinario como el de casación, no incurre en defectos de tal naturaleza que exijan su inadmisión o desestimación por razones formales. Es cierto que reproduce lo que se dijo en la instancia y que antepone una relativamente extensa exposición de hechos. Sin embargo, lo primero lo hace en tanto la sentencia no ha acogido ni sus argumentos ni sus pretensiones. Y lo último, en tanto parte del motivo de casación suscita el apartamiento por los juzgadores en la instancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. En fin, la formulación de un único motivo de tan amplio espectro no oculta los extremos sustantivos que plantea, según vamos a ver a continuación.
Séptimo.-En efecto, no cuesta trabajo percibir que los reproches que el Sr. Edemiro hace a la sentencia pueden agruparse en tres planos principales: (1º) los requisitos de capacidad exigidos para acceder al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y la forma y el momento de comprobar su concurrencia; (2º) las cuestiones de competencia y procedimiento; y (3º) su capacidad para desempeñar la docencia. Veámoslos por separado.
(1º) La Orden de convocatoria advierte que será de aplicación al procedimiento selectivo el Real Decreto 850/1993 el cual --en su artículo 16.1 c)-- exige que los aspirantes, entre otros requisitos, cumplan el de no padecer enfermedad o limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de la docencia. Además, la base 2.1 c) les exige poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo al que se opta. Y, efectivamente, como dice la sentencia, tales exigencias han de cumplirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera (artículo 18 y base 2.5). De igual modo, el artículo 38.1 subordina la expedición de los títulos correspondientes a la comprobación de que los interesados reúnen todos los requisitos generales y específicos establecidos en la convocatoria. Por tanto, también a la comprobación de que no están afectados por aquellas limitaciones psíquicas. Comprobación que corresponde hacer a la Administración con independencia de que se haya exigido o no la presentación de certificados o justificantes al respecto y para lo que puede realizar las actividades encaminadas a establecer si un determinado aspirante cumple o no ese requisito cuando haya motivos razonables para hacerlo. Actividades que han de tener su reflejo en el procedimiento selectivo de manera que se integran en la documentación objeto de esa comprobación a la que se refiere el artículo 38.1 citado.
Así, pues, requerirle para que se sometiera a un reconocimiento psíquico no supone una discriminación para el Sr. Edemiro, ni tampoco una lesión para su derecho a la intimidad, ni le ha causado indefensión. Simplemente ha sucedido que, advertida por los servicios de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, en cuyos centros de enseñanza realizaba las prácticas el recurrente, la posibilidad de que le afectara alguna circunstancia que fuera incompatible con el desempeño de la docencia, pusieron en marcha mecanismos de comprobación que se plasmaron en los informes que obran en el expediente. Mecanismos que se habrían aplicado con cualquier otro aspirante en el que se apreciaran dudas sobre el cumplimiento de este requisito o de cualquier otro que los hiciere necesarios. Y, dada la naturaleza de la causa determinante de la duda en esta ocasión, era preciso tener presente el resultado del reconocimiento efectuado por el psiquiatra y la psicóloga, sin perjuicio de que quienes hayan tenido acceso a los documentos en que se han plasmado sus resultados pudieran haber incurrido en alguna responsabilidad si es que hubieren faltado al deber de reserva sobre los mismos en ámbitos distintos al de este procedimiento selectivo. De ahí que sea acertada la sentencia cuando descarta las infracciones a los derechos a la igualdad, a la intimidad y a no sufrir indefensión.
(2º) En realidad, según se desprende de lo que llevamos dicho es obligación de la Administración verificar, antes de los nombramientos, no sólo la aptitud para la docencia de los aspirantes que superaron las fases de concurso y oposición, sino también el mantenimiento por ellos de los requisitos generales y específicos. Por tanto, en este caso, no sólo no se ha exigido al recurrente una condición no prevista con carácter general, sino que tampoco se ha seguido un procedimiento distinto al selectivo convocado por la Orden de 17 de abril de 1998. De ahí que debamos rechazar todo cuanto dice sobre la inobservancia de los preceptos de la Ley 30/1992 y las consecuencias que de ello quiere extraer porque no se incoó un procedimiento diferente al margen de las previsiones de la citada Ley, sino que se siguió el proceso selectivo convocado por la Orden de 17 de abril de 1998. Proceso selectivo que no está sujeto, por lo demás, a los plazos generales de ese texto legal, ya que contempla, junto al concurso y la oposición, la fase de prácticas que, como en este caso, sucedió, puede repetirse y que tiene como límite máximo el de un curso académico cada una. Esta circunstancia y la necesidad de efectuar y valorar el reconocimiento médico del actor, junto a las consecuencias del traspaso de competencias en materia de enseñanza no universitaria a la Comunidad Autónoma, permiten explicar el tiempo consumido.
Por lo demás, no hay duda de que la actuación administrativa está motivada pues obedece a la conclusión que, a resultas de los informes obrantes en el expediente, establece de la falta en el interesado del requisito que se ha mencionado.
En cuanto a la competencia, ciertamente, la decisión sustantiva corresponde a la Consejería de Educación de la Región de Murcia a causa del mencionado traspaso, según señaló la sentencia. No es contradictorio con ello que la forma concreta de articularla sea la de la propuesta toda vez que se trata del nombramiento --en este caso de la improcedencia del mismo-- como funcionario de carrera de un cuerpo único, el de Profesores de Enseñanza Secundaria. Propuesta que el Ministerio de Educación se limita a recibir y formalizar conforme al artículo 38 del Real Decreto 850/1993.
(3º) Sobre la cuestión de fondo, el motivo, partiendo del presupuesto de la capacidad del Sr. Edemiro para el desempeño de la docencia, apoyándose en los informes de especialistas que presentó en el expediente y en el proceso y en la valoración favorable de su labor por parte de los directores de los centros en que con anterioridad al proceso selectivo ejerció la enseñanza, sostiene que la sentencia no ha apreciado correctamente las pruebas. Insiste al respecto en que el informe Don. Luis Angel y de la Licenciada Serafina no dice que esté incapacitado para la docencia, se elaboró en el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales y no fue seguido por otros, tal como aquellos recomendaban. Y en que quien sí afirma esa incapacidad es un médico sin cualificación profesional en psiquiatría.
Desde luego, es cierto que el recurso de casación no es, en principio, la sede para revisar la valoración de la prueba efectuada en la instancia. No habiéndose alegado la infracción de las reglas que rigen la prueba tasada, solamente cabe examinar ahora si la Sala de Murcia ha prescindido de las normas a las que la Ley de Enjuiciamiento Civil somete la prueba pericial y, en último extremo, de las exigencias de la sana crítica al confirmar la legalidad de la actuación administrativa. Y, situado en esos términos nuestro juicio, no encontramos razones para descalificar el efectuado en la instancia. En efecto, parte del diagnóstico de dos especialistas que encontraron en el recurrente un trastorno paranoide de la personalidad que requiere tratamiento para que no se descompense a la paranoia, dato que, por un lado, indica que no estaba fuera de lugar la práctica del reconocimiento y, por el otro, da pie para que un profesional de la medicina con especialidad en medicina del trabajo extraiga la conclusión de que inhabilita para la enseñanza. Conclusión que la sentencia relaciona con situaciones previas a los solos fines de trazar un cuadro completo a resultas del cual explica su coincidencia con el criterio asumido por la Administración. Esa valoración, que no se ve desnaturalizada porque el reconocimiento se hiciera en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, pues lo determinante es la cualidad de los profesionales que lo hicieron y del rigor del mismo, no cuestionado en sus presupuestos técnicos, no nos parece contraria a las reglas de la sana crítica porque no es irrazonable.
Octavo.-A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de 300 €, sin perjuicio del derecho a reclamar del cliente los que resulten procedentes. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.
Que no ha lugar al recurso de casación nº 6088/2007, interpuesto por don Edemiro contra la sentencia nº 558, dictada el 14 de septiembre de 2007, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y recaída en el recurso nº 2423/2003, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 88
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 139