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Timestamp: 2017-06-24 22:17:52+00:00

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catedrajudicial: COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30364 (1)
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Un espacio para compartir el camino a la justicia
REUNIONES ACADÉMICAS:
"Responsabilidad Civil"Tercera ParteLugar: Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral.Palacio de Justicia del Cusco (primer piso, ingresando hacia la izquierda)Martes, 20 de junio de 2017.Hora: 17:30 hrs. a 18:30 hrs. (5.30 pm a 6.30 pm)Fernando Murillo Flores.PD: No se otorgan, venden o regalan certificados, pero la autocapacitación, basada en casos, es real.
del ágora al blog
"Lo que en la democracia ateniense fue el ágora, la plaza pública a la que se iba para ver y escuchar a los demás, lo constituyen hoy los períodicos impresos, las televisiones, las radios, los blogs y todo el abigarrado complejo de internet"Fernando Savater."Diccionario del ciudadano sin miedo a saber"
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Fernando Murillo Flores.
COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30364 (1)
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El problema de la justicia
"Cada día va quedando más claro en todo el mundo que el problema de la justicia no es de la justicia, sino de los jueces. La justicia está en las leyes, en los códigos, luego debería ser fácil aplicarla. Bastaría saber leer, entender lo que está escrito, escuchar de manera imparcial las alegaciones del acusador y del acusado, las testimonios, si los hubiere, y finalmente, en conciencia, juzgar."José SaramagoPremio Nóble de LiteraturaGuatemala, en http://cuaderno.josesaramago.org
"Que el hombre dé al hombre lo que a éste corresponde: he aquí el fundamento en el que se basa toda justa ordenación sobre la tierra. Toda la injusticia significa, en cambio, que le es retenido o quitado al hombre lo que es suyo, y que le es quitado o retenido no por la desgracia, la mala cosecha, el fuego o el terremoto, sino por el hombre"Josef PieperLas virtudes fundamentales.
de un tiempo considerable y cuando ya existía mucha expectativa, por fin se
publicó el D.S. N° 009-2016-MIMP (El Peruano 27 de julio de 2016), que aprueba
el Reglamento de la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364). En
nuestra opinión este reglamento tiene algunas deficiencias respecto a la ley en
temas procesales relacionados a las medidas de protección y medidas cautelares.
Este Reglamento genera en nosotros los siguientes comentarios procesales que
sólo son ideas preliminares:
I. Medidas de Protección y Medidas
Cautelares.
Art. 16 de la Ley establece que luego de presentada una denuncia de violencia
familiar, el Juez de Familia lleva a cabo una Audiencia Oral y escuchados los
hechos puede emitir: i) medidas de
protección y, ii) medidas cautelares
(de oficio o a pedido de la víctima). Luego de la realización de esta audiencia
el caso pasa a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente ante el
Juez Penal.
Juez Penal, ante las medidas de protección emitidas por el Juez de Familia
puede: i) ponerles término cuando la sentencia es absolutoria; ii) su
continuidad o modificación cuando la sentencia es condenatoria. En cuando a las
medidas cautelares emitidas por el Juez de Familia, éstas cesan cuando la
sentencia es absolutoria y, no cesan si las mismas – al margen de la decisión
del Juez Penal – si fueron confirmadas por la instancia superior del juzgado de
familia, ante una impugnación. Lo anterior nos llevó a concluir, en un trabajo
anterior[1] y
en el marco del Art. 20 de la Ley, que las medidas de protección eran
inimpugnables o, de ser impugnadas, la concesión de la apelación debiera serlo
con la calidad de diferida, aunque lo correcto era lo primero, pues si el Juez
Penal decidiría su suerte (continuidad o modificación) o su término se
produjese porque la sentencia era absolutoria, carecería de objeto impugnarlas.
No obstante y como lo vemos más adelante, el Reglamento no distingue lo
anterior y considera que tanto la medida de protección como la medida cautelar
son apelables. Esta ausencia de distinción en el Reglamento no podrá convertir
– desde nuestra perspectiva – en apelable la decisión de concesión de medidas
de protección, salvo que y haciendo una concesión, dicha apelación sea diferida.
II. La Apelación.
Art. 42 del Reglamento establece que, tanto la víctima como el procesado, tienen
el derecho de apelar las medidas de protección o cautelares. En cuanto a la
oportunidad, la víctima puede apelar en la audiencia misma o dentro de los tres
días de notificada la resolución que resuelve sobre la medida de protección o
cautelar; el procesado, que no siempre asiste a la audiencia, puede apelar en
las mismas oportunidades que la víctima. En todo caso, la apelación se concede
sin efecto suspensivo, esto quiere decir que tanto la medida de protección y
cautelar se ejecuta.
reparar que el dispositivo que comentamos establece que se apelan, tanto la
medida de protección como la medida cautelar, con lo cual no estamos de acuerdo
por las razones ya expuestas, pero así viene el Reglamento, lo que quiere decir
que si se apela la decisión de conceder una medida de protección, la misma
deberá admitirse, empero ¿ante quien se eleva la apelación?
III. El trámite de la apelación.
el cuaderno de apelación, el Tribunal, dice el Reglamento en su Art. 43.3 “(…) comunica a las partes que los autos
están expeditos para ser resueltos. La resolución definitiva que decide la
apelación se expide dentro de los cinco días siguientes después de formalizado
el acto precedente.” El dispositivo establece, entonces, un plazo de cinco
días para resolver la apelación, desde que ingresa el cuaderno, hasta que se
emite la resolución que le ponga fin a la apelación.
estableció ese plazo fue optimista, sobre todo si además estableció que el
Tribunal antes de resolver – en ese plazo de cinco días – debe remitir el
cuaderno a la Fiscalía para que ésta emita su “(…) dictamen previo a la resolución definitiva dentro de las cuarenta y
ocho horas de recibido el expediente.” (Art. 43.4). Dos cosas, si ese plazo
concedido a la Fiscalía forma parte del plazo que tiene el Tribunal para
resolver, el plazo será incumplido, de seguro, no sólo por la Fiscalía sino por
el Tribunal y, si ese plazo no forma parte del plazo que tiene el Tribunal,
entonces los diez días ya no son diez, sino tantos más días se empleen en
remitir y devolver el cuaderno, y aquellos días que el Fiscalía emplee en dictaminar.
En fin, los plazos, en muchos casos, están hechos para no poder cumplirlos, más
si se tiene en cuenta – en este caso puntual – el apoyo logístico para el
transporte de los cuadernos del Poder Judicial a la Fiscalía y viceversa.
Art. 43.5 estipula que en segunda instancia “(…) no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal.”
Aunque dice el dispositivo “(…) de manera
excepcional, el Superior puede citar a las partes o a las abogadas o los
abogados a fin de que informen o respondan sobre cuestiones específicas.”
Sin duda, si ello ocurre tendría que citarse a una audiencia, y luego del
dictamen Fiscal, lo que hará que el plazo se amplíe y de hecho el plazo legal
para resolver se dilate con esta previa audiencia, pues el dispositivo termina
expresando: “En este caso, la resolución
definitiva que resuelve la apelación se expide dentro de los cinco días después
de esta diligencia.” Lo anterior es excepcional, pero muchas veces, podría
tornarse en un medio para escapar del plazo para resolver, esperemos que no sea
factor que puede dilatar el proceso es que en segunda instancia el Tribunal se
percate que la víctima no cuenta con asesoría legal, lo que determinará que se
proceda conforme al Art. 44 del Reglamento y se comunique tal hecho al servicio
de asistencia jurídica gratuita y defensa pública. En conclusión el plazo legal
establecido para resolver la apelación en segunda instancia es poco menos que
ilusorio. Pese a ello existe la posibilidad de realizar algunas medidas de
procedimiento que pueden optimizar IV. Una anotación final, sobre las
Art. 16 de la Ley establece que el Juez, de oficio o a pedido de parte, puede
emitir medidas cautelares “(…) que resguardan pretensiones de alimentos,
regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad,
liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios
para garantizar el bienestar de las víctimas.”. El Reglamento expresa en su
Art. 39.2 estipula “En razón a la
temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de
la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado
competente las pretensiones civiles de fondo. (…)”
vez esto sea lo más sensato que tiene el Reglamento, en concordancia con la Ley:
la medida cautelar que el Juez de Familia emita en la Audiencia, en el marco
del artículo 611 del Código Procesal Civil, requiere de una pretensión
principal. Pero esto dejémoslo para una segunda parte.
[1] http://catedrajudicial.blogspot.pe/2016/02/la-anticipacion-de-tutela-y-la-tutela.html
y http://catedrajudicial.blogspot.pe/2016/04/la-anticipacion-de-tutela-y-la-tutela.html
medidas cautelares,
medidas de protección,
acción privada
Acto Lesivo
acto procesal de vista de la causa
actuación impugnable
Acuerdo Plenario N° 4
ACUERDO PLENARIO N° 4-2011/CJ-116
agravante en el delito de hurto
amparo contra resolución judicial firme
Amparo contra Resoluciones Judicial
ampliación de competencia del juzgado de trabajo
Anibal Paredes Matheus
anticipación de tutela
aplicación inmediata
aplicación mecánica de la ley
audiencia de tutela de derechos
Audiencias de Vista de Causa
Barroco Cuzqueño
Begonia del Rocío Velásquez Cuentas
Buena Fe Registral
Campaña electoral de Toledo
Causales de improcedencia
Censura Previa
CESPROFE
colegio salesinado
comida industrializada
Confirmación Judicial de Incautación
Conformación de Salas
conformación de salas superiores
Conformación de Tribunales
contratación de personas
contrato de servicios no personales
contrato temporal de docencia universitaria
control jurisdiccional de las actuaciones de la administración
copias pirata
Corte Superior de Justicia de Cusco
Corte Superior de Justicia de Cusco; Cusco; Justicia
costas y costo; proceso contencioso administrativo
debido proceso sustantivo
delito perseguible de oficio
delitos aduaneros
denegatoria ficta
derecho de imitación
devolución de bienes incautados
Diego Quispe Tito
Dilación
Director del proceso
docentes ordinarios
dominio institucional
Ebriedad como falta labora; debido proceso
ejecución inmediata de sentencia
ejercicio privado de la acción penal
el Despido Nulo
el día del Juez
el matrimonio de un mismo sexo
El proceso urgente
El sistema de justicia
Enseñanza Derechos
Escuelas de Derecho
Especialidad Constitucional
especialidad de magistrados
estadística judicial
Estado Constitucional de Derecho
evacuación del contenido uterino
expulsión del contenido uterino
fuerza de ley
Gobierno de una Corte Superior
Gobierno Scalia
Guía Técnica Nacional
Guillotina Judicial
hombre de derecho
imitación de iniciativas privadas
improcedencia
improcedencia del amparo
Impugnación del Despido
Inasistencia
Incautación de bienes
Incenido del Templo de San Sebastián
Inconducta funcional
informe oral
inoponibilidad
Integración de Tribunales
iura novit curia
IV Seminario Proceso y Constitución
Jueces Superiores Titulares
Jurados Electorales Especiales
Jurisdicción Constitucional
juzgado de trabajo
juzgado penal supraprovincial
La Nueva Ley Procesal del Trabajo
Ley 30313
Ley del Proceso Contencioso Administrativo
Ley N° 24041
Ley Nueva Ley Procesal del Trabajo
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Perú
Ley Procesal del Trabajo
libertad de credo
litisconcorcio facultativo
litisconsorcio necesario
Magistrados Constitucionales
Magistrados del Tribunal Constitucional
Manuel Atienza
Mariana Mould de Pease
menores en abandono
Morales Hervias
motivación de resoluciones judiciales
murales en Lima
Normas electorales
Nueva Ley Procesal del Trabajo
Nulidad de Despido
operador de justicia
Operador del derecho
Órgano Jurisdiccional
Pablo Talavera
Pena de inhabilitación
perliculas peruanas
plazo de caducidad
plazo de detención
plazo estrictamente necesario de detención
plazo máximo de detención
Plazo razonable
Pleno Jurisdiccional Penal
precedentes vinculantes
Presidente de Corte
Pretensión de Reposición
Priori Posada
proceso constitucional de amparo
proceso contencioso adminisrativo
Proceso de Amparo contra el Congreso
Proceso de Amparo Laboral
proceso de hábeas corpus.
Proceso de Investigación Parlamentario
Procesos Constitucionales.
Procesos de Violencia Familar
Procesos Ordinarios
procesos penales antiguos
procesos penales en liquidación
producción judicial
productividad judicial
profesional del derecho
psicosis ambientalista
publicación de la decisión
rango de ley
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios
Régimen Laboral
registro de la audiencia
Renuncia de los Magistrados del Tribunal Constitucional
Repartija
Represión de acto homogeneos
Represión de actos ilegales
represión de competencia desleal
resolución judicial firme
Resolución Nº 2007-1936
Retiro de Confianza
Rómulo.
Sala Civil de Cusco
Sala Especializada
Sala Mixta
Sala Mixta Descentralizada de La Convención; Volumen de trabajo
Segunda Sala Laboral
sentencia de bullying
sentencia no conforme
sentencia no definitiva
Sentimiento Constitucional
Servicios No Personales
suspensión de la ejecución de la pena
suspensión de plazos durante vacaciones judiciales
Templo de San Sebastián
tercería
tercero con interés
Test de Igualdad
Test de Ponderación
transferencia del derecho de propiedad
Tribunal del Servicio Civil
Tula Cauetelar
Tutela Anticipatoria
Tutela Sumaria
Universidad Andina del Cusco
vacaciones judiciales
Valor del bien inmueble
via procesal igualmente satisfactoria
vista de causa
vista de la causa

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 artículo 611
 resolución 

resolución 

Resolución