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Timestamp: 2019-08-19 18:13:13+00:00

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STC 170/2002, 30 de Septiembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 170653
STC 170/2002, 30 de Septiembre de 2002
Recurso de amparo 4677/98. Promovido por don Leopoldo V. V. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que, en grado de apelación, le condenó por un delito de apropiación indebida respecto a un premio de lotería. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a conocer la acusación, al juez legal e imparcial, a la legalidad penal, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin necesidad de celebrar vista pública, tras una acusación conocida y correlativa, y fundada en prueba de cargo; adhesión a la apelación que no causó indefensión; cuestión prejudicial civil resuelta por el Tribunal penal adecuadamente; imparcialidad del Tribunal que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones; interpretación del tipo penal lícita; costas procesales motivadas. Voto particular.
Sentencia citada en: 21153 sentencias, 40 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4677/98, promovido por don Leopoldo V.V., representado por el Procurador de los Tribunales don José María Martín Rodríguez y asistido por el Abogado don Francisco Javier Carbonell Rodríguez, contra la Sentencia núm. 180/1998, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 31 de marzo de 1998, aclarada por Auto de 17 de abril de 1998, y contra el Auto de 8 de octubre de 1998, por el que se resuelve el recurso de nulidad de actuaciones interpuesto contra la referida Sentencia al amparo del art. 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Han intervenido el Ministerio Fiscal y don Joaquín P.R., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Azorín-Albiñana López y asistido del Letrado don Abel Isaac de Bedoya Piquer. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el día 10 de noviembre de 1998, el Procurador de los Tribunales don José María Martín Rodríguez, en nombre y representación de don Leopoldo V.V., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso y relevantes para su resolución son los siguientes:
El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Elda incoó el procedimiento abreviado 54/96, por un supuesto delito de apropiación indebida seguido contra el recurrente de amparo, del que fue absuelto por Sentencia núm. 454/1997 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Alicante, el 30 de octubre de 1997.
Dicha Sentencia considera probado que el recurrente jugaba a la lotería junto con otras personas que trabajaban en la misma empresa, entre las que se encontraba don Joaquín P.R., encargándose aquél de la adquisición y reparto. "Al parecer, el Sr. P. había propuesto unos años antes compartir la lotería adquirida, y en concreto los premios especiales, a lo cual se habían negado los integrantes de la empresa, excepto el acusado, quien asintió a dicho acuerdo. De este modo, cada vez que el acusado repartió la lotería ... el Sr. P.R. .. indicaba que en caso de que tocara el premio especial iba a medias con Leopoldo V.V." (hecho segundo). "En el sorteo del día 17-2-96, el acusado adquirió para vender y repartir de la referida `Filá Els Pilotes¿, el nº 56.262 de la lotería nacional, entregando a Joaquín P.R. el décimo con la serie 9ª de la fracción 4ª de dicho número, y reservándose para él mismo el décimo de la serie 9ª, fracción 8ª de aquél, resultando agraciado el núm. 56.262 con el primer premio de la lotería y concretamente el décimo de la serie 9ª, fracción 8ª, con el `premio especial¿ dotado con la cantidad de 492 millones de ptas., circunstancia que el acusado ocultó, no dando cumplimiento al acuerdo referido anteriormente y entregando la mitad del mismo a Joaquín P." (hecho tercero). "El acusado llevaba, además, otros cuatro décimos del número agraciado" (hecho cuarto).
A la vista de los hechos que declara probados, el Juez de instancia entiende que los mismos no son constitutivos del delito de apropiación indebida previsto en el art. 535 del Código penal (CP), porque el acusado no tenía ningún décimo en calidad de depósito, administración o comisión, sino que "los únicos que poseía eran aquéllos que él mismo adquiría" (FJ 2) y no existía título entre las partes que obligara a una entrega de dinero o a compartir premio alguno, por lo que falta un elemento del tipo que impide su aplicación. La Sentencia destaca que el acusado jugaba varios décimos ¿y no en todos ellos era partícipe el denunciante¿ y que el título por el que se le exige la mitad del importe del premio se funda en un acuerdo verbal, cuya causa "era la promesa de una donación en el supuesto de producirse una condición aleatoria", promesa que podría ser calificada de obligación unilateral, que no obliga a realizar la prestación acordada. A lo que añade que, al fundamentarse la promesa en el ánimo donandi de cada uno, conforme al art. 632 del Código civil (CC), la donación de cosa mueble realizada verbalmente requerirá la entrega de la cosa donada, y si no se realiza la entrega, la donación no surtirá efecto, salvo que se hiciera por escrito constando la aceptación. Por ello, concluye que no existe título que obligue a la entrega o a compartir premio alguno, faltando un elemento esencial del tipo.
Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la acusación particular de don Joaquín P.R.. El Fiscal considera acreditado ¿en la propia Sentencia y por la numerosa prueba practicada en el acto del juicio oral¿ la existencia, realidad y plena validez jurídica de un acuerdo verbal entre el acusado y el Sr. P., acuerdo que consistía en "jugar a medias" el premio especial que recayere en cualquiera de los décimos que tenían uno u otro de la lotería de la "Filá Els Pilotes", y que generaba una obligación para las partes, en virtud de la cual, aunque una recibiera la totalidad del premio, "la mitad de éste no le corresponde en propiedad porque con anterioridad ya ha comprometido su entrega... y en consecuencia la mitad del premio el que lo recibe lo hace con la obligación de entregarlo a la otra parte y en caso de no hacerlo se ha apropiado indebidamente de esa mitad".
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante dictó Sentencia el 31 de marzo de 1998, en la que se estimó el recurso y condenó a don Leopoldo V.V., como autor de un delito de apropiación indebida, a la pena de siete meses de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de primera instancia, con inclusión de las causadas por la acusación particular, y con indemnización a don Joaquín P.R. en la mitad de los derechos que corresponden al acusado en el premio especial de Lotería, en los términos establecidos en el fundamento de Derecho 6 de la referida Sentencia de apelación, que además declaró de oficio las costas de la alzada. En el referido fundamento jurídico, se fijó la indemnización en el 50 por 100 del premio, con un mínimo de 123.000.000 de pesetas y con un máximo de 246.000.000 de pesetas, en función del resultado de la reclamación judicial formulada por don Constantino V. Montesinos.
La Sentencia de apelación acepta el relato de hechos probados de la de instancia en sus apartados primero, segundo (suprimiendo la expresión "al parecer") y tercero; suprime el cuarto y añade que existe otro pleito contra el recurrente en el que don Constantino V. le reclama la mitad del premio especial.
En su fundamentación jurídica sostiene que, aunque el acusado negare la existencia del pacto relativo al premio especial de la lotería, el mismo está "terminantemente probado", "por la prueba testifical sometida a contradicción en el juicio oral, que viene a ratificar lo que se había manifestado en la fase de instrucción, y así se estima en la sentencia apelada" (FJ 4). Y, partiendo de la existencia del pacto, el recurrente estaba obligado a dar al premio especial el destino previamente pactado, "estamos ante un título que no atribuye al acusado la propiedad de la totalidad del premio especial de la lotería, sino de un título posesorio que en virtud del pacto entre el acusado y P. obligaba al primero a entregar la mitad del premio especial por él obtenido. Se trata de un acuerdo verbal, pero con plenitud de efectos jurídicos, sobre ganancias futuras en el caso de que se cumpla la condición establecida, consistente en que el número que jugaba fuese agraciado con el premio especial, como así ocurrió.... y como el título derivado del pacto no le atribuía la propiedad de todo el premio, el acusado al no cumplir el acuerdo existente, negando primero que hubiese sido agraciado con el premio especial, aun reconociendo la existencia del pacto, y posteriormente negando el pacto, apropiándose de un dinero que no era suyo, incurrió en el delito de apropiación indebida" (FJ 5). Rechaza la Audiencia la fundamentación jurídica de la Sentencia de instancia, pues el pacto era recíproco y obligaba a ambos, por lo que no puede ser calificado como una promesa de donación sujeta a condición aleatoria o una obligación unilateral.
Dicha Sentencia fue aclarada mediante Auto de la misma Sala, de 17 de abril de 1998, en el que se corregía un error material de transcripción mecanográfica.
La representación del recurrente presentó el 5 de mayo de 1998 un escrito en el que solicitaba, al amparo del art. 240.3 LOPJ, la declaración de nulidad de actuaciones, y que se dictara una nueva resolución que confirmara la Sentencia absolutoria de instancia. El incidente de nulidad de actuaciones fue resuelto por Auto núm. 245/1998 de la Audiencia con fecha 8 de octubre de 1998, que lo desestimó, al entender que no existió infracción de normas procesales que produjera indefensión, ni incongruencia del fallo, ya que todas las cuestiones planteadas y no resueltas previamente fueron resueltas en la Sentencia de apelación. El Auto afirma, respecto de muchas de las alegaciones, que se rechazan porque la parte pretende abrir una tercera vía de impugnación que no existe y queda fuera de los márgenes del art. 240.3 LECrim.
El recurrente fundamenta su demanda de amparo en numerosas vulneraciones de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal:
Se denuncia, en primer lugar, violación del principio acusatorio en su vertiente de derecho a conocer la acusación como "el derecho a conocer los hechos que configuran el devenir histórico ¿facta¿ del supuesto acto delictivo", por cuanto los hechos que dieron lugar a la condena en segunda instancia eran desconocidos previamente por el acusado, no apareciendo en el escrito de acusación, que era genérico e insuficiente para una defensa en derecho, lo que habría generado indefensión. En concreto se afirma desconocimiento sobre los siguientes hechos: el acto de recepción de la cosa, el momento en que se produjo y el título en virtud del cual se recibe; el momento en que comenzó el pacto de reparto del premio; la fecha de renovación del citado pacto para saber si estaba vigente el día del sorteo y el momento y el modo de apropiación. Se denuncia, además, que la Audiencia Provincial introduce un hecho nuevo no contenido en el escrito de acusación, ni alegado como revisión de hechos en el recurso de apelación: el reconocimiento del supuesto pacto.
En segundo término se denuncia que la supresión del hecho probado cuarto de la Sentencia de instancia y su sustitución por otro viola el principio acusatorio (al no solicitarse la alteración probatoria por la acusación, pues el Fiscal formalizó su recurso basándose exclusivamente en la infracción de precepto legal), incurre en un error patente a partir de una nueva valoración de las testificales (pues sí existía prueba de que el acusado llevaba más décimos), carece de motivación y causa indefensión, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Se denuncia a continuación una nueva violación del principio acusatorio generadora de indefensión, esta vez no desde la perspectiva fáctica, sino jurídica: derecho a conocer el contenido de la acusación en cuanto al título hábil para crear el presupuesto de la conducta típica de apropiación indebida (art. 535 CP). Asimismo, se alega ausencia de respuesta motivada a la falta de hechos identificadores del "título".
Denuncia también el recurrente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia extra petita en la resolución impugnada, al exceder de los límites marcados por el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, modificando los hechos probados sin que aquél lo hubiera solicitado. Se denuncia la falta de identidad del hecho punible entre la acusación y el fallo de la Sentencia condenatoria (pues la base de la acusación no era un título posesorio) y modificación de los términos del debate, al modificarse los hechos probados. El "pacto" declarado probado en la Sentencia absolutoria es distinto del "pacto" de la Sentencia condenatoria. El primero era el pacto de hacía diez años ¿jugar a medias¿ y exigiría la identificación del décimo; el segundo implicaba "ir a medias" con independencia del décimo que cada uno jugara. Sostiene el recurrente que "ir a medias" es compartir la suerte y no un determinado décimo de lotería, y que ello no forma parte del patrimonio del jugador.
A continuación denuncia una nueva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de legalidad penal. Entiende el recurrente que la inclusión entre las relaciones jurídicas que encajan en el "título" requerido por el delito de apropiación indebida de las relaciones derivadas del juego de lotería, con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo referida a casos que nada tienen que ver con éste, es una respuesta ilógica y arbitraria, que además contradice el principio de legalidad, porque implica una aplicación analógica contra reo del citado elemento de la apropiación indebida, cuando en el presente supuesto, aun existiendo el pacto sólo existiría incumplimiento de una obligación civil de devolver, y no un ilícito penal.
Vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho al proceso debido, al admitir las pretensiones del apelante adhesivo sin que el acusado haya podido defenderse. El recurso del Ministerio Fiscal y la adhesión basan su posición de condena del apelado en presupuestos totalmente distintos. La adhesión pretendía revisión de los hechos y de la valoración de la prueba testifical. El Ministerio Fiscal sostuvo que la acción típica era apropiación del dinero resultante del premio y la acusación particular se refiere a la apropiación del décimo.
Seguidamente se denuncian diversas vulneraciones conectadas con el derecho a la presunción de inocencia. En primer lugar, se señala que la Sentencia de apelación ha valorado a través de las actas, sin inmediación, declaraciones testificales referidas al título y al pacto en un sentido distinto al que dio lugar a la absolución en primera instancia (en la que el Juez gozó del principio de inmediación, vio y oyó a los testigos) y sin que se hubiera pedido que se realizara dicha valoración en la apelación. Se insiste en que una nueva valoración de la prueba testifical no es posible sin que el Tribunal de apelación hubiera visto y oído de nuevo a los testigos, bajo los principios de inmediación, contradicción y oralidad, especialmente cuando se trata de determinar la existencia de un "pacto o contrato verbal" a partir de las citadas declaraciones.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque el Auto de 8 de octubre de 1998 no ha sido emitido por Tribunal imparcial. Se alega la contaminación objetiva de los Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que dictaron el Auto, a quienes el recurrente había recusado, contaminación que queda acreditada por la respuesta dada por la Audiencia Provincial a la nulidad de actuaciones, ya que evidencia la falta de análisis del fondo de la nulidad al contestar que la cuestión de la prejudicialidad o de la adhesión a la apelación habían sido ya contestadas, o quedan al margen de los límites del art. 240.3 LOPJ.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho de propiedad (art. 33 CE) y al amparo de los arts. 6 y 7 CEDH. Entiende el recurrente que la respuesta dada a la cuestión de la lesión del derecho de propiedad no es razonable, ya que transmuta la propiedad de un título al portador en mera posesión del mismo, y no tiene en cuenta las garantías del derecho de propiedad reconocidas en el Convenio europeo de derechos humanos y en la legislación española.
Por último, y subsidiariamente, se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de las resoluciones recurridas ¿tanto respecto de la Sentencia como del Auto¿ en relación con el principio de igualdad ante la ley y de la improrrogabilidad de los plazos procesales, al haber condenado al recurrente a pagar las costas de la acusación particular (incluso las de la primera instancia), cuando presentó su escrito de acusación fuera de plazo. No sólo se habría incumplido el art. 202 LECrim, sino que se privilegió a la acusación particular sin justificación. Las resoluciones no motivan la concesión de las costas y las conceden de forma arbitraria.
Por todo ello, solicita que se dicte Sentencia que otorgue el amparo solicitado y declare la nulidad de la Sentencia de 31 de marzo de 1998 y del Auto de 8 de octubre de 1998, restableciendo la validez en tiempo de la Sentencia de 30 de octubre de 1997. En defecto de lo anterior, se solicita la nulidad de las citadas resoluciones y la retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictar Sentencia en segunda instancia, para que otros Magistrados distintos a los que compusieron la Sala resuelvan el recurso de apelación sin ir más lejos de lo solicitado en apelación; para que se dé audiencia al apelado para defenderse del escrito de adhesión a la apelación; para que se limite a revisar la valoración de las pruebas verificando que la valoración del Juez a quo no vulnera la legalidad; para que la Audiencia Provincial respete el principio de legalidad penal y no se declare la condena en costas de la acusación particular.
Mediante sucesivos otrosíes se hace constar que están pendientes de resolución en la jurisdicción civil el juicio declarativo de mayor cuantía 274/97, en el que Leopoldo V.V. solicita se declare la inexistencia de contrato con don Joaquín P., y el recurso de apelación contra la Sentencia dictada en autos 187/96 instado por don Constantino V. Montesinos. Igualmente se solicita la suspensión de la ejecución de la Sentencia debido a que la ejecución de la misma produciría perjuicios irreparables al recurrente. Por último, se solicita la acumulación del presente recurso a los recursos de amparo números 4271/98 y 4503/98.
Los recursos de amparo respecto de los cuales solicita la acumulación el recurrente fueron declarados inadmisibles por providencia de 12 de julio de 1999 (recurso de amparo núm. 4271/98) y por ATC 41/2000, de 14 de febrero (recurso de amparo núm. 4503/98).
Mediante providencia de 12 de julio de 1999, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales procedentes, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC]. La representación del recurrente, por escrito registrado el 14 de septiembre de 1999, que acompañaba numerosa documentación, solicitó la admisión a trámite de la demanda. El Ministerio Fiscal formuló alegaciones el 8 de octubre de 1999, interesando la inadmisión a trámite.
Mediante providencia de 27 de enero de 2000, la Sala Segunda de este Tribunal acordó conocer del recurso y admitir a trámite la demanda de amparo, así como requerir a los órganos juzgadores la remisión de testimonio de las actuaciones, interesando al mismo tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por otra providencia de la misma fecha se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. Transcurrido el término conferido, mediante Auto de 28 de febrero de 2000, se acordó suspender la ejecución de las penas de siete meses de prisión menor y accesorias, y denegar la suspensión de la ejecución en cuanto a las costas y a la indemnización a favor de don Joaquín P.R., en los términos establecidos por la Sentencia recurrida.
Mediante escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 23 de febrero de 2000, la Procuradora de los Tribunales, doña Pilar Azorín-Albiñana López, en nombre y representación de don Joaquín P.R., se personó en el presente recurso de amparo, bajo la dirección letrada de don Abel Isaac de Bedoya Piquer.
Por diligencia de ordenación de 16 de marzo de 2000, la Sala Segunda acordó tener por personado a don Joaquín P.R. y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
El día 12 de abril de 2000 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones de don Joaquín P.R., en las que impugna el recurso de amparo, solicitando la confirmación de la Sentencia de apelación.
La parte sostiene que no se ha producido vulneración alguna de los derechos fundamentales del recurrente. Niega, en primer lugar, que las calificaciones de la causa fueran extemporáneas, para constatar lo cual interesa el recibimiento del procedimiento a prueba. Sostiene que se respetó plenamente el principio acusatorio, pues los hechos básicos de la conducta delictiva estaban perfectamente definidos tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, el Sr. V. los conoció y pudo efectuar alegaciones para combatirlos. También se rechaza la incongruencia extra petita, pues la Sentencia condenatoria ni modifica los hechos objeto de acusación, ni excede los límites del recurso de apelación. Niega que la Audiencia incorporara nuevos hechos en la fundamentación jurídica y que incurra en error alguno al suprimir el hecho cuarto. Igualmente rebate la vinculación del proceso penal al civil, sosteniendo que la respuesta a la cuestión prejudicial no fue irrazonable, ni vulneró el derecho al Juez predeterminado por la ley. Se rechazan igualmente las alegaciones relativas a la falta de motivación de las resoluciones judiciales e incongruencia omisiva, por entender que la Sala se pronunció acerca de todos los aspectos jurídicos y normativos planteados, razonándolos suficientemente. Por último, se rechazan las presuntas vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, entendiendo que existe suficiente prueba de cargo, del derecho a un Juez imparcial y del derecho a la propiedad.
En definitiva, entiende la parte que aunque se tratara de un negocio atípico y un pacto verbal, la existencia del mismo está plenamente acreditada (como reconoce el propio recurrente en su declaración, al igual que los testigos), obligaba a las partes, y constituye título que obligaba al Sr. V. a entregar la mitad del premio, lo que no hizo, concurriendo todos los elementos del delito de apropiación indebida. Por tanto, la Audiencia no vulnera el principio de legalidad penal calificando como delito lo que es un mero ilícito civil, sino que la conducta descrita encaja plenamente en el tipo del delito.
El día 12 de abril de 2000 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante de amparo, en el que reitera sustancialmente lo expuesto en la demanda de amparo, con una nueva estructura en la exposición, insistiendo en la disminución de las posibilidades de defensa que generó la modificación de hechos y alegaciones por parte de las acusaciones; en que la modificación de hechos probados de la Sentencia de apelación no es constitucionalmente admisible; en que se vulneró el principio de legalidad al considerar constitutivo de delito un mero ilícito civil; en la inexistencia de la apropiación del dinero; en la inadmisibilidad de la apelación adhesiva y en las restantes vulneraciones ya alegadas.
Finalmente, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 25 de abril de 2000, el Ministerio Fiscal presenta sus alegaciones, interesando la denegación del amparo solicitado.
Por providencia de 23 de mayo de 2000, la Sala Segunda acordó no haber lugar al recibimiento a prueba del presente procedimiento, como había solicitado una de las partes, por no considerarse necesaria para la resolución del recurso. Contra la citada providencia interpuso recurso de súplica la representación procesal de don Joaquín P.R., desestimado, tras los oportunos trámites procesales, mediante Auto de 24 de julio de 2000, reiterando que resultaba innecesario el recibimiento a prueba para la resolución del recurso, a la luz de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas.
El día 31 de mayo de 2002, la representación procesal del recurrente presenta un escrito en este Tribunal, solicitando ¿al amparo del art. 271 LEC, en relación con el art. 80 LOTC¿ que se incorpore al recurso de amparo el testimonio del Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2002, por el que se acuerda no autorizar la interposición del recurso de revisión que pretendía formular contra la resolución judicial objeto del presente amparo, por entender que su contenido es esencial para la resolución del amparo.
Con fecha 14 de junio de 2002, la representación procesal del Sr. V.V. interpone recurso de súplica contra la anterior providencia, volviendo a solicitar la admisión del documento. Tras dar traslado a las partes, y formuladas alegaciones por la representación procesal de don Joaquín P. y por el Ministerio Fiscal, la Sala dicta Auto con fecha 15 de julio de 2002, acordando desestimar el expresado recurso de súplica.
Por providencia de 26 de septiembre de 2002, se acordó señalar para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 30 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se plantea frente a la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 31 de marzo de 1998, que condena en segunda instancia al recurrente como autor de un delito de apropiación indebida, del que había sido inicialmente absuelto, y contra el Auto de 8 de octubre de 1998, que resuelve el recurso de nulidad de actuaciones interpuesto contra dicha Sentencia.
En aras de la claridad expositiva y de proporcionar una respuesta coherente a las alegaciones, que en muchos casos son reiterativas e inciden en distintos aspectos de una misma cuestión, se responderá conjuntamente a aquellas que presenten conexiones materiales entre sí, desde la perspectiva constitucional que nos compete, prescindiendo del orden y de la denominación ¿en muchos casos errónea¿ dada por el recurrente. En concreto, tras el examen con carácter previo de las alegaciones de incongruencia omisiva (FJ 2), nos ocuparemos de las denunciadas vulneraciones de principios rectores del proceso (principio acusatorio ¿FFJJ 3 a 8¿, prejudicialidad civil y Juez predeterminado por la ley ¿FFJJ 9 y 10¿, y derecho a Juez imparcial ¿FJ 11), para pasar a continuación a los motivos del recurso con un dominante contenido material (principio de legalidad ¿FFJJ 12 a 14¿ y presunción de inocencia ¿FFJJ 15 y 16). Finalmente, trataremos de la alegación subsidiaria relativa a las costas (FJ 17).
Comenzando por el análisis de los numerosos vicios de incongruencia omisiva que se imputan a las resoluciones judiciales recurridas, es preciso recordar que nuestra jurisprudencia al respecto ¿por todas, STC 189/2001, de 24 de septiembre, FJ 1¿ mantiene que "la congruencia exigible, desde la perspectiva del respeto al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE, comprende la obtención de una respuesta razonada a las pretensiones de las partes, pero no un razonamiento autónomo y pormenorizado a todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquellas se sustenten. Y también se ha mantenido constantemente por este Tribunal que las exigencias derivadas de aquel precepto constitucional han de entenderse cumplidas en la denominada motivación implícita y no sólo y necesariamente en la expresa y manifiesta".
Con este canon, debe descartarse la lesión denunciada, pues tanto la Sentencia de apelación como el Auto desestimatorio del incidente de nulidad dieron respuesta a todas las pretensiones del recurrente, cuya queja ¿como destaca el Ministerio Fiscal¿ se proyecta, en realidad, no sobre pretensiones procesales, sino sobre meros alegatos argumentales de la defensa del recurrente.
Así, respecto de la presunta vulneración del principio acusatorio, se le responde ¿como se reconoce en la demanda de amparo, aunque mostrándose disconforme con la respuesta¿ en los párrafos tercero y cuarto del fundamento jurídico 2 de la Sentencia de apelación, como se señala en el Auto de 8 de octubre de 1998. Lo mismo puede sostenerse respecto de la cuestión de la identificación del décimo que se compartía a efectos del premio especial (pues la Sentencia considera acreditado que el décimo premiado era el que se había quedado para sí el acusado, como se desprende claramente de los hechos probados y de la fundamentación jurídica), y respecto de los hechos identificadores del título y respecto de la existencia, validez, vinculación y naturaleza del contrato que dio lugar al pacto (a los que se atiende en los fundamentos jurídicos 4 y 5).
Por tanto, el recurrente recibió respuesta a sus pretensiones, no apreciándose vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva. Su disconformidad con las respuestas no le legitima para obviarlas y considerarlas inexistentes, convirtiendo el recurso de amparo ¿como antes el incidente de nulidad de actuaciones¿ en una nueva vía de impugnación y pretendiendo una nueva valoración de la prueba por parte de este Tribunal, que le está vedada por el art. 44.1 b) LOTC.
En otra serie de alegaciones, se denuncian diversas vulneraciones del principio acusatorio, tanto en su vertiente de derecho a ser informado de la acusación ¿en sus aspectos fácticos y jurídicos¿ como en su vertiente de derecho a la correlación o congruencia entre acusación y fallo (donde pueden ubicarse los reproches relativos a la introducción de un hecho nuevo, la modificación de hechos probados y la incongruencia extra petita).
La aplicación de la doctrina anteriormente expuesta al caso enjuiciado requiere un previo examen de las actuaciones judiciales, a fin de constatar los términos en que se formuló la acusación.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, elevadas a definitivas tras la celebración del juicio oral, sostuvo que el acusado "llevaba para su reparto y venta entre sus compañeros décimos de lotería nacional ... y así lo venía haciendo todas las semanas durante varios años, existiendo un acuerdo verbal con otro trabajador, Joaquín P.R., consistente en que independientemente del décimo que adquirieran cada uno de ellos si alguno de éstos se premiaba con el premio especial se lo repartirían por mitad. Así, para el sorteo del día 17 de febrero de 1996, el acusado adquirió para vender y repartir de la referida `Filá Els Pilotes¿ el núm. 56.262 de la lotería nacional, entregando a Joaquín P.R. el décimo con la serie 9ª fracción 4ª de dicho número, y reservándose para él mismo el décimo de la serie 9ª, fracción 8ª de aquél, resultando agraciado el núm. 56.262 con el primer premio de la lotería, y concretamente el décimo de la serie 9ª, fracción 8ª, con el premio especial dotado con la cantidad de 492 millones de pesetas, circunstancia que el acusado ocultó, no dando cumplimiento al acuerdo referido anteriormente y no entregando la mitad del mismo a Joaquín P. tal y como habían pactado y apoderándose del mismo en su propio beneficio. Con posterioridad al sorteo, el acusado negó a Joaquín P. haber sido agraciado con el premio especial mencionado". Hechos que considera constitutivos de un delito de apropiación indebida, conforme al art. 535 en relación al art. 528 y 529.7 del Código penal (CP) derogado.
En el escrito de interposición del recurso de apelación, el Fiscal destaca que la Sentencia de instancia considera probada la existencia del acuerdo verbal que consistía en jugar a medias el premio especial que recayere en cualquiera de los décimos que tenían uno u otro, circunstancia que el acusado ocultó, incumpliendo el acuerdo y no entregando la mitad del premio. Sin embargo, respecto del hecho cuarto sostiene el Fiscal que "quedó probado como consta en el acta, que esos cuatro décimos no eran suyos ... concurriendo en consecuencia el acusado al sorteo con un solo décimo, que fue el apreciado [sic] con dicho premio especial". Por tanto, queda acreditado según el Fiscal que existía un acuerdo verbal, con plena validez jurídica, por el que se crea "una especial relación jurídica atípica, y asimilada a una sociedad en la que cada una de las partes aporta un décimo concreto que ha pagado previamente con el dinero de cada uno y en el caso concreto que cualquiera de esa participación fuera dotada con un premio extraordinario, ambas partes resultarían beneficiadas al repartirse por mitad esos beneficios y no solo una de ellas... Así lo reconoce la Sentencia y queda perfectamente acreditado por la numerosa prueba practicada en el acto del juicio oral. Lo reconoció el propio acusado ... y lo reconocen el resto de los trabajadores ... y el propietario de un bar que oyó una conversación entre Joaquín y el acusado y éste manifestaba que sí jugaban a medias, pero que a él no le había tocado el dinero". Constatada la existencia del acuerdo, entiende el Fiscal ¿a diferencia de la Sentencia apelada¿ que el mismo genera una obligación para las partes de compartir la mitad del premio, pues "la mitad de éste no le corresponde en propiedad porque con anterioridad ya se había comprometido a su entrega ... y en consecuencia la mitad del premio el que lo recibe lo hace con la obligación de entregarlo a la otra parte y en caso de no hacerlo se ha apropiado indebidamente de esa mitad". Entiende el Fiscal, que concurren todos los requisitos del art. 535 CP derogado, y en concreto el título que obligaba a la entrega de la cosa.
A la vista de lo anterior puede afirmarse, que el Ministerio Fiscal precisó ¿tanto en el escrito de calificaciones provisionales, como en el escrito de interposición del recurso de apelación¿ todos los elementos relevantes y esenciales constitutivos del delito de apropiación indebida y que permiten esta calificación jurídica: la existencia de un acuerdo verbal previo con don Joaquín P., cuyo objeto era repartirse por mitad el premio especial con independencia del décimo que adquirieran cada uno de ellos, el incumplimiento del citado pacto por el recurrente, ocultando que su décimo había sido agraciado con el premio especial en el sorteo del día 17 de febrero de 1996 y, en consecuencia, la apropiación de la mitad del premio que no le pertenecía en virtud del pacto. Estos elementos fácticos (existencia, contenido e incumplimiento de pacto) son los únicos relevantes y de ellos se deriva la existencia de un título que obligaba a la entrega de la cosa (la mitad del premio especial) y fundamenta la apreciación del delito de apropiación indebida, como expresamente sostiene el Fiscal y entendió la Audiencia Provincial. El recurrente recibió, por tanto, toda la información precisa para articular adecuada y contradictoriamente su defensa, como puede constatarse en sus alegaciones en el recurso de apelación.
El presunto desconocimiento de ciertas circunstancias fácticas (acto de recepción de la cosa, momento en que se produjo, título en virtud del cual se recibe, momento en que comenzó el pacto, fecha de renovación...) ¿por lo demás, irrelevantes para la calificación jurídica¿ debe rechazarse, pues del examen del escrito de calificación del Ministerio Fiscal, del acta del juicio oral, y del escrito de interposición del recurso de apelación por el Fiscal y de las alegaciones frente al mismo, se desprende que todos estos extremos fueron conocidos por el acusado y objeto de debate procesal, tanto en primera como en segunda instancia.
Respecto de la segunda vertiente del principio acusatorio analizada (correlación entre acusación y fallo), ha de destacarse en primer lugar que no es cierto como sostiene el recurrente que el Fiscal formalizara su recurso basándose exclusivamente en la infracción de ley, sin solicitar alteración probatoria.
Por otra parte, tampoco es cierto ¿como pretende el recurrente¿ que falte identidad del hecho punible entre la acusación y el fallo, y que se haya producido una modificación de los términos del debate, derivada de la modificación de hechos probados.
El debate se trabó, tal como queda fijado en el escrito de calificación definitiva del Fiscal, y se mantiene en la apelación, en torno a la existencia de un acuerdo verbal entre el recurrente y don Joaquín P., cuyo objeto era repartirse por mitad el premio especial con independencia del décimo que adquirieran cada uno de ellos. En relación con el concreto décimo a que se refería el pacto, expresamente afirma el Fiscal en el recurso de apelación que el acusado concurrió al sorteo con un único décimo, que fue el agraciado con el premio especial. Todos estos hechos fueron conocidos por el recurrente, debatidos e impugnados, como se deduce del contenido del acta del juicio oral y, sobre todo, del escrito de impugnación al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, en el que expresamente se combate tanto el alcance del pacto y su trascendencia obligacional, como que el recurrente jugara un único décimo.
Pues bien, en la Sentencia condenatoria no se produce ninguna modificación de los términos del debate, ya que en el fundamento segundo se afirma que el pacto consistía "en que, independientemente del décimo que adquirieran cada uno de ellos (Joaquín P. y el acusado) si alguno de estos se premiaba con el premio especial se lo repartirían por mitad"; en el fundamento cuarto se dice que la existencia del citado pacto está plenamente acreditada, por la prueba testifical sometida a contradicción en el juicio oral, "y así se estima en la Sentencia apelada", y finalmente, porque el fundamento quinto considera que del citado pacto se deriva un título meramente posesorio respecto de la mitad del premio, que generaba una obligación de entrega, cuyo incumplimiento determina la existencia del delito.
En conexión con las anteriores alegaciones, debe rechazarse igualmente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, derivado de la admisión de las pretensiones del apelante adhesivo, sin que el acusado haya podido defenderse de las mismas.
Este Tribunal ha señalado que las cuestiones relativas al alcance y contenido de la adhesión a la apelación constituyen una cuestión de interpretación de la legalidad ordinaria, cuya apreciación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios ¿ex art. 117.3 CE¿ en la que no debe interferir, salvo que de ella se derive lesión de derechos fundamentales. Hemos admitido que, con motivo de la adhesión a la apelación, el órgano judicial amplíe su cognición a extremos no contenidos en la apelación principal, si bien supeditando la regularidad de tal situación procesal, desde la perspectiva constitucional, a que haya existido la posibilidad de debate contradictorio sobre las pretensiones autónomas contenidas en la impugnación adhesiva, a fin de garantizar las posibilidades de defensa (por todas, SSTC 162/1997, de 3 de octubre, FFJJ 3 y 4; 56/1999, de 12 de abril, 16/2000, de 16 de enero; 93/2000, de 10 de abril, FJ 4). Para ello, no es óbice que el art. 795.4 LECrim no prevea que se dé traslado del escrito de adhesión, "pues la necesidad de tal trámite resulta de una interpretación de la norma a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado preservar el principio de defensa en el proceso según lo dispuesto en el art. 24.1 CE" (STC 93/2000, de 10 de abril, FJ 4).
Se analizarán a continuación dos alegaciones referidas a presuntas vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con la conexión de la cuestión enjuiciada con pronunciamientos realizados en la jurisdicción civil en relación con los derechos sobre el premio especial.
En todo caso, debemos afirmar que no es cierto que el Tribunal de apelación se pronuncie sobre una situación jurídica ya resuelta en resolución judicial firme. El Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Elda no declara la no vinculación de los procedimientos civil y penal con carácter absoluto, sino que se limita a resolver acerca de la solicitud de suspensión del pleito civil, denegándola, porque no le consta que se trate del mismo hecho y porque no se cumplen los requisitos que para la suspensión exige el art. 514 LEC. Por tanto, en modo alguno enerva la firmeza de esta resolución el que en los hechos probados de la Sentencia condenatoria recurrida en amparo se dé cuenta de la existencia de un procedimiento civil pendiente, ni que el mismo se tenga presente ¿en el fundamento sexto y en el fallo de esta resolución¿, a los efectos de cuantificar la responsabilidad civil.
En cuanto a la denunciada contradicción entre los hechos declarados probados por la Sentencia civil y la recurrida, debe señalarse que el propio recurrente reconoce que la citada resolución judicial no era firme en el momento en que se dicta la Sentencia condenatoria penal. A lo que ha de añadirse que la Sentencia de apelación rechazó la cuestión de la prejudicialidad civil de forma motivada, razonada y razonable ¿como se analizará a continuación¿, por lo que el Tribunal penal que resolvía el recurso de apelación no estaba vinculado por el contenido de las reclamaciones existentes en el orden civil.
En segundo lugar, de forma contradictoria con la anterior pretensión, sostiene el recurrente que la respuesta dada por la Sentencia condenatoria a la cuestión prejudicial es arbitraria y que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y al Juez predeterminado por la ley, por no haber suspendido el procedimiento penal, en espera de la resolución del procedimiento civil, por cuanto el Juez natural para conocer de la cuestión del título era el Juez civil.
En el presente caso la Sentencia de apelación se pronuncia expresamente sobre el tema en el fundamento jurídico 2 donde ¿tras afirmar que, en todo caso, el planteamiento de la cuestión prejudicial debió hacerse con carácter previo al inicio del juicio y no se hizo, por lo que su alegación resultaría ahora extemporánea¿ considera de aplicación el art. 3 LECrim, por tratarse de una cuestión "íntimamente relacionada con los hechos que constituyen el objeto del proceso penal" ¿es decir, de una cuestión fáctica y no jurídica¿, añadiendo que, de otro modo, "en todos los supuestos de apropiación indebida cabría plantear una cuestión prejudicial suspensiva para determinar si existía título y la naturaleza de este título, determinante de la tenencia del dinero o cosa mueble, que el Código no reduce a un numerus clausus, sino que sigue un claro signo de numerus apertus".
Se alega también por el recurrente la ausencia de imparcialidad objetiva de los Magistrados de la Audiencia Provincial que resolvieron el incidente de nulidad de actuaciones en el Auto de 8 de octubre de 1998 y a quienes había recusado.
En relación con este extremo, este Tribunal ha incluido la garantía de imparcialidad objetiva, que debe presidir el desarrollo del proceso, entre las garantías del proceso debido, reconocido como derecho fundamental en el art. 24.2 CE ¿por todas, STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2 y las allí citadas¿, destacando que su sentido constitucional no es otro que asegurar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma "sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo que pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso" (SSTC 157/1993, de 6 de mayo, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4).
Por tanto, la alegación del recurrente es manifiestamente infundada, pues dicha garantía en absoluto se ve cuestionada porque el órgano judicial, una vez que ha tomado ya una decisión sobre el fondo, deba resolver sobre un remedio incidental, por estar así legalmente previsto, como ocurre con el incidente de nulidad de actuaciones (art. 240.3 LOPJ). Un incidente cuya finalidad es, precisamente, que el Juez o Tribunal que dictó la Sentencia o resolución firme a la que se imputan vicios de incongruencia o defectos de forma causantes de indefensión, pueda reconsiderar lo actuado y subsanar, en su caso, los vicios o defectos producidos, por lo que necesariamente ha de ser tal órgano el que actúe, sin que el hecho de haber pronunciado una resolución previa suponga en tal caso ¿como ya dijimos en la STC 157/1993, FJ 3¿ un impedimento frente a la imparcialidad constitucionalmente exigida al juzgador. Por ello, nuestro control respecto de la resolución judicial que resuelva el incidente podrá referirse al contenido de la misma ¿lo que ya hicimos en el fundamento jurídico segundo¿, pero no a la falta de imparcialidad del Juez o Tribunal que la dicta, derivada del hecho de que sea el mismo que resolvió sobre la cuestión de fondo cuyos vicios se le pide que subsane.
Se analizará a continuación la alegada vulneración del principio de legalidad y, en conexión con ella, la del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho de propiedad. Sostiene el recurrente que la inclusión entre las relaciones jurídicas, que entran en la descripción del "título" requerido por el delito de apropiación indebida, de las derivadas del juego de lotería constituye una aplicación analógica contra reo del precepto más allá de los límites de la interpretación. Además, imputa a dicha interpretación la transmutación de la propiedad en posesión, con infracción de las garantías del derecho de propiedad respecto de los títulos al portador.
La aplicación del canon que acaba de exponerse al supuesto enjuiciado permite concluir que no puede imputarse a la Sentencia condenatoria la vulneración del principio de legalidad por aplicación analógica del tipo de la apropiación indebida.
Considera la Sentencia, en su fundamento jurídico 3, respecto de los títulos que permiten la comisión del delito de apropiación indebida, con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que "dado el carácter abierto de la fórmula utilizada por el precepto, caben también aquellas relaciones jurídicas de carácter complejo o atípico que no encajan en ninguna categoría jurídica de las establecidas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en tal norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver". A partir de esta constatación, en el fundamento jurídico 5 se afirma lo siguiente: "Partiendo de la existencia del pacto sobre el premio especial que se declara terminantemente probado, estamos ante un título que no atribuye al acusado la propiedad de la totalidad del premio especial de la lotería, sino de un título posesorio que en virtud del pacto entre el acusado y P. obligaba al primero a entregar la mitad del premio especial por él obtenido. Se trata de un acuerdo verbal pero con plenitud de efectos jurídicos, sobre ganancias futuras en el caso de que se cumpla la condición establecida, consistente en que el número que jugaba fuese agraciado con el premio especial como así ocurrió. En virtud de este pacto el acusado estaba obligado a dar al premio especial el destino previamente pactado y abusando de la confianza existente entre ambos, y en que no existía acuerdo escrito ... y que el acusado estaba en posesión del décimo premiado, transmuta la posesión legítima del décimo que le permitió cobrar el premio especial, en propiedad ilegítima de su total importe, y como el título derivado del pacto no le atribuía la propiedad de todo el premio, el acusado al no cumplir el acuerdo existente, ... apropiándose de un dinero que no era suyo, incurrió en el delito de apropiación indebida".
Igualmente debe rechazarse la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con las garantías del derecho a la propiedad que se imputa a la citada interpretación, pues la misma no sólo es conforme al tenor literal de la ley y previsible, sino también razonable, sin que pueda derivarse de ella ¿como pretende el recurrente¿ la puesta en cuestión de la propiedad de los títulos al portador, ni la transmutación de la propiedad legítima de un título al portador en posesión por la simple declaración testifical. Nada dice la Sentencia al respecto, limitándose a señalar que, en virtud del pacto, el recurrente estaba obligado a entregar la mitad del premio a un tercero y que, por tanto, respecto de esa cantidad, existió delito de apropiación indebida.
Bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia, denuncia el recurrente que la Sentencia de la Audiencia Provincial fundamenta su condena en una nueva valoración de la prueba testifical, a través de las actas y sin la necesaria inmediación, de la que sí gozó el Juez de lo penal que inicialmente le absolvió, y sin que dicha valoración se hubiera solicitado en la apelación. Insiste el recurrente en que una nueva valoración no era posible sin que el Tribunal de apelación hubiera visto y oído de nuevo a los testigos, bajo los principios de inmediación, contradicción y oralidad, puesto que se trataba de determinar la existencia de un pacto o contrato verbal, elemento clave para la condena, a partir de las citadas declaraciones.
En efecto, de la lectura en su conjunto de la Sentencia de 30 de octubre de 1997 se desprende con claridad que el Juez de lo Penal considera probado que el ahora demandante de amparo y el Sr. P.R. habían llegado al acuerdo verbal consistente en "ir a medias" en caso de que tocara el premio especial, y que cuando esto ocurrió el acusado ocultó esta circunstancia "no dando cumplimiento al acuerdo referido anteriormente y no entregando la mitad del mismo a Joaquín P." (hecho tercero). Ciertamente al comienzo del hecho segundo consta la expresión "Al parecer", que fue suprimida por la Sentencia condenatoria. Pero con ello no se modifica en ningún aspecto esencial lo considerado probado por la Sentencia de instancia, limitándose la Audiencia a aclarar o dar coherencia a la misma, que con la introducción de esa expresión en los hechos probados podría hacer pensar que no considera probada la existencia del pacto (cuando tal expresión parece referirse más bien al origen del pacto unos años antes y no a la existencia del mismo), pero posteriormente en el hecho tercero y, sobre todo, en la fundamentación jurídica, parte indubitadamente de la existencia del pacto de "ir a medias" en caso de que tocara el premio especial, "promesa de compartir el premio especial ...[que] podría ser calificada de obligación unilateral, lo cual no obliga a realizar la prestación acordada", FJ 4).
Por tanto, al margen de la posible incoherencia o contradicción interna de la Sentencia de instancia y del problema de motivación de ello derivado, que no se cuestiona en el presente procedimiento, lo cierto es que la existencia del acuerdo verbal y su incumplimiento son el sustrato fáctico del que parte la Sentencia absolutoria, que quedó acreditado sobre la base ¿sostienen el Fiscal y la Sentencia de apelación¿ de la prueba practicada y sometida a contradicción en el juicio oral. Las referencias y el análisis de la prueba testifical que realiza la Sentencia de apelación en su fundamento jurídico cuarto no suponen una nueva valoración de la misma a partir de la cual se fundamenta una modificación de los hechos probados, sino la confirmación de que, sobre la base de esa prueba, el hecho quedó plenamente probado y que así se estima en la Sentencia de instancia.
Alega también el recurrente otras vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, derivadas de la falta de razonamiento y prueba acerca de la ocultación del premio, del acto de apropiación y del dolo.
En cuanto a la prueba del dolo y a la falta de explicitación de los indicios de los que se infiere su existencia, conforme a lo exigido por nuestra jurisprudencia en materia de prueba indiciaria (SSTC 174/1985 y 175/1985, ambas de 17 de diciembre; 24/1997, de 11 de febrero; 189/1998, de 28 de septiembre; 220/1998, de 16 de noviembre; 44/2000, de 14 de febrero; 124/2001, de 4 de junio), también debe rechazarse la vulneración alegada, pues la existencia del dolo se infiere claramente de hechos plenamente acreditados (la existencia del pacto y su conocimiento por parte del recurrente, el negar inicialmente haber recibido el premio especial, la negativa posterior del pacto y el incumplimiento del mismo), a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas de la lógica y la experiencia, explicitado en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia condenatoria, del que se desprende con claridad ¿aunque no se emplee explícitamente la palabra dolo¿ que la actuación que se imputa al recurrente era dolosa.
Finalmente, y de forma subsidiaria, se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de las resoluciones recurridas en cuanto a la condena en costas, que se extiende a la acusación particular, incluidas las de la primera instancia, pese a que presentó su escrito fuera de plazo, privilegiando a la acusación particular e infringiendo el principio de igualdad ante la ley.
Una vez admitida como parte en la primera instancia la acusación particular y condenado penalmente en segunda instancia el acusado, la condena en costas ¿incluidas las de la acusación particular en primera instancia¿ tiene base legal en el art. 123 CP ("Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta"), en relación con los arts. 239 y 240.2 LECrim, y se fundamenta en la Sentencia condenatoria (FJ 7) con un argumento que no puede calificarse de arbitrario o irrazonable y que coincide con la doctrina jurisprudencial al respecto: la coincidencia entre las pretensiones del acusador particular y las del Ministerio Fiscal y su estimación en la Sentencia. Literalmente se dice: "Las costas se imponen por ministerio de la ley al responsable de todo delito o falta, por lo que se imponen al acusado las costas procesales de primera instancia, con inclusión de las causadas por la acusación particular al ser conforme la acusación particular ejercitada con la acusación pública y con la Sentencia". En conclusión, la decisión tiene fundamento legal y se motiva de modo razonable en la resolución judicial recurrida, por lo que no puede apreciarse en la misma vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Denegar el amparo solicitado por don Leopoldo V.V..
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 4677/98.
La necesidad de exponer "ordenadamente" las alegaciones sobre "error en la apreciación de las pruebas", reclama, como consecuencia lógica, la solicitud de la rectificación pretendida y de una nueva redacción del hecho probado. Nada de ello consta en el escrito de continua cita, en el que, por el contrario, en su inicio se puede leer que "en primer lugar hay que indicar que el Juzgado sí entiende probada la existencia de un acuerdo verbal entre el acusado y Joaquín P. que consistía en `jugar a medias¿ el premio especial que recayese en cualquiera de los décimos que tenían uno u otro en la lotería...".
"Tercero. Contra dicha Sentencia, se formalizó ante el Organismo decisor por el Ministerio Fiscal, con la adhesión del acusador particular D. Joaquín P.R. recurso de apelación.
"Se acepta el Antecedente de hechos probados de la sentencia apelada, en sus apartados primero, segundo ¿suprimiendo "Al parecer"¿ y tercero, y se suprime el apartado cuarto, añadiendo: "Existe un pleito pendiente entablado por Constantino V. Montesinos en el que éste reclama al acusado 246 millones del premio especial con el que resultó agraciada la fracción 8ª de la serie 9ª del nº 56.262 de la Lotería, de la que estaba en posesión el acusado".
"De forma perfectamente congruente con la acusación, la Sentencia de apelación mantiene los hechos probados de la instancia, suprimiendo la equívoca expresión `al parecer¿ (pues la existencia del pacto está probada, `por la prueba testifical sometida a contradicción en el juicio oral, que viene a ratificar lo que ya se había manifestado en la fase de instrucción y así se estima en la Sentencia apelada¿) y el hecho cuarto, ateniéndose a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Por tanto, no existió incongruencia extra petita en la modificación de los hechos probados, ni puede sostenerse que la supresión formal del hecho cuarto afectase a la esencia incriminatoria de los hechos probados ni que fuese sorpresiva, ni que el condenado no pudiera defenderse de ella, pues en su escrito de impugnación del recurso de apelación efectivamente lo hizo, no apreciándose, en consecuencia, indefensión alguna".
V) Según nuestra Sentencia, como ya se ha visto, el sentido de las modificaciones fácticas consistía simplemente en suprimir "la equívoca expresión `al parecer¿", y en la intranscendencia respecto de "la esencia incriminatoria de los hechos probados" de la supresión formal del hecho cuarto.
El fundamento jurídico aludido centra lo que en la Sentencia se considera la cuestión problemática en los siguientes términos: "La cuestión estriba en determinar si en la relación existente entre el acusado y el denunciante Sr. P.R. existía un título por el que aquél se obligaba a compartir con este último la mitad del premio especial".
"Tercero.- Siguiendo con el planteamiento anterior hay que indicar que el acusado entregaba el décimo al Sr. P. y cobraba el importe que según la semana correspondía. El Sr. P. indicaba que en caso de recaer el premio especial `iban a mitad" pero en ningún caso se especificaba qué fracción y serie llevaba cada uno. Es decir el Sr. P. sabía que el acusado llevaba un número de lotería igual que el suyo pero no sabía ni la fracción ni la serie dado que aquel podía jugar varios décimos, como sucede en el presente y es obvio que no en todos era partícipe el denunciante. Tal es así que si se observa en el presente caso no son correlativas las fracciones entre un décimo y otro.
¿Cuál era el motivo en el que se fundaba el Sr. P. para afirmar que `iban a medias¿?. Al parecer una conversación realizada en el lavabo de la empresa, en presencio del testigo Santiago Lillo Blanes, donde realizó esa propuesta que fue rechazada por los demás y sólo aceptada o meramente consentida por el acusado. Y estamos hablando de una conversación sucedida 8 ó 9 años antes del día 17 de febrero de 1996.
En la presente causa el único fundamento, o mejor dicho causa, era la promesa de una donación en el supuesto de cumplirse una condición aleatoria. Dicho de otro modo la promesa de compartir el premio especial para el caso de recaer en uno de los intervinientes ¿acusado y denunciante. La promesa sujeta a una condición aleatoria podría ser calificada de obligación unilateral, lo cual no obliga a realizar la prestación acordada salvo que dicha promesa hubiera generado una conducta en la parte contraria que fuera indemnizable lo que no es el caso de autos. Asimismo la causa de dicha promesa, o falta de contraprestaciones entre las partes y créditos exigibles, se fundamenta en el animo `donandi¿ de cada uno, y en este aspecto nuestro Código civil en su artículo 632 es tajante al exigir que la donación de cosa mueble realizada verbalmente requerirá la entrega de la cosa donada. Si no se realiza la entrega de dicha donación no surtirá efecto, salvo que se hiciera por escrito constando la aceptación".
Adviértase que en ningún momento en ese fundamento jurídico se contiene una incuestionable afirmación de la existencia de un acuerdo verbal, ni de los medios de prueba que, en su caso, la adverasen. Se imputa al Sr. P. que "indicaba que en caso de recaer el premio especial `iban a mitad¿ pero en ningún caso se especificaba qué fracción y serie llevaba cada uno". Y se formula con un interrogante altamente expresivo la propuesta de "¿cuál era el motivo en el que se fundaba el Sr. P. para afirmar que `iban a medias¿"?. A lo que se responde con la misma expresión "al parecer", que no es una forma idónea de manifestar un juicio de hecho: "Al parecer una conversación realizada en el lavabo de la empresa, en presencio del testigo Santiago Lillo Blanes, donde realizó esa propuesta que fue rechazada por los demás y solo aceptada o meramente consentida por el acusado. Y estamos hablando de una conversación sucedida 8 ó 9 años antes del día 17 de febrero de 1996".
La reiteración de la expresión "al parecer" y sobre todo la afirmación de que "el Sr. P. sabía que el acusado llevaba un número de lotería igual que el suyo pero no sabía ni la fracción ni la serie dado que aquel podía jugar varios décimos, como sucede en el presente y es obvio que no en todos era partícipe el denunciante" [el subrayado, mío], creo que son altamente reveladores acerca del hecho de que la Sentencia no quiso comprometerse con una decisión sobre los dos datos fácticos cuestionados: el de la existencia del acuerdo verbal, y el de la identificación de la fracción premiada, respecto a los efectos del alegado pacto.
Naturalmente si del hecho probado segundo se suprime la expresión "al parecer", y se suprime también el hecho probado cuarto, alusivo a que "el acusado llevaba además otros cuatro décimos del número premiado", el relato resultante supone la afirmación inequívoca, de que el Sr. P. (acusador) había propuesto años antes al acusado compartir el premio especial si alguna de las fracciones que uno y otro llevaban resultaba agraciada con él, y que la fracción del actor concernida por el pacto fue la indicada en el hecho probado tercero, y no otro.
VII) En la misma línea de minimización de los cambios operados por la Sentencia de apelación en el relato de hechos probados de la Sentencia apelada, desde el prisma conceptual de correspondencia entre la acusación y el fallo, en el fundamento jurídico 7 de nuestra Sentencia se razona sobre la definición del debate, según "queda fijado en el escrito de calificación definitiva del Fiscal y se mantiene en la apelación, en torno a la existencia de un acuerdo verbal entre el recurrente y don Joaquín P.... [y] en relación con el concreto décimo a que se refería el pacto...". Pero ese planteamiento no tiene en cuenta el hecho de que, resuelto el debate en la Sentencia del Juzgado en los términos en que lo fue, no es correcto fundir un dato único de referencia escrito de calificación y escrito de apelación, sino que cada uno de los correspondientes escritos, por separado, debía tener un elemento de referencia distinto: respectivamente, la Sentencia del Juzgado y la de la Audiencia Provincial en la apelación. De este modo, si en el escrito de apelación no se imputaba a la Sentencia apelada un error en la apreciación de la prueba (cualquiera que pudiera ser la eventual incorrección formal del relato de hechos probados), no era posible que el órgano ad quem modificase el relato de hechos probados de la Sentencia del órgano a quo. Y si ello es así, el hecho de que el debate planteado en la primera instancia pudiese haberse resuelto en la Sentencia del Juzgado con plena correspondencia entre acusación y fallo en los términos en que lo resolvió después de la Sentencia de la apelación, no salva la posible falta de correspondencia entre la apelación y la Sentencia resolutoria de ésta, si en la apelación no se introdujo una petición de revisión de los hechos probados.
SAP Madrid 415/2008, 31 de Julio de 2008
STSJ Comunidad de Madrid , 12 de Septiembre de 2002
ATS 1766/2014, 30 de Octubre de 2014
STSJ Canarias 907/2015, 18 de Mayo de 2015

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 artículo 56
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 artículo 632