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Timestamp: 2018-12-16 11:53:26+00:00

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Publicado en BOE núm. 168 de 15 de Julio de 1983
Vigencia desde 04 de Agosto de 1983
Artículo 6 Calificación de las infracciones. Infracciones leves
Artículo 7 Calificación de las infracciones. Infracciones graves
Artículo 8 Calificación de las infracciones. Infracciones muy graves
BOE 18 Agosto. Corrección de errores RD 1945/1983 de 22 Jun. (infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria)
BOE 19 Octubre. Corrección de errores RD 1945/1983 de 22 Jun. (infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria)
BOE 29 Octubre. Corrección de erratas RD 1945/1983 de 22 Jun. (infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria)
La disposición transitoria única de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria («B.O.E.» 31 julio), establece que el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, no será de aplicación a los aspectos regulados en el ámbito de esta ley, excepto los artículos 15 y 16, que seguirán aplicándose en tanto se desarrolle reglamentariamente la presente ley. En tanto no se desarrolle un procedimiento sancionador propio, se aplicará el procedimiento general regulado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
RD 538/2015 de 26 Jun. (regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios)
Véase la disposición adicional segunda del R.D. 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios («B.O.E.» 27 junio).
Téngase en cuenta que, conforme a la disposición transitoria quinta de la Ley [EXTREMADURA] 6/2015, de 24 marzo, Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo), será de aplicación lo establecido en el presente artículo, en tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras. Téngase en cuenta que, conforme a la disposición transitoria quinta de la Ley [EXTREMADURA] 6/2015, de 24 marzo, Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo), será de aplicación lo establecido en el presente artículo, en tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras.
Téngase en cuenta que la disposición transitoria primera de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal («B.O.E.» 25 abril), establece que hasta tanto se establezcan procedimientos específicos en materia de inspecciones, será de aplicación lo dispuesto al efecto en la presente disposición, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus reglamentos de desarrollo, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
OM Relaciones con las Cortes 14 Nov. 1988 (se hace pública la Sentencia TS 10 Feb. 1988, de declaración de nulidad del art. 3.2.6 del RD 1945/1983 de 22 Jun.9
Apartado 3.2.6 del artículo 3 anulado por O.M. 14 noviembre 1988, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 1988, que dispone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1988, que declara nulo, por contrario a derecho el artículo 3.2.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria («B.O.E.» 26 diciembre).
TS, Sala Cuarta, de lo Contencioso-administrativo, S, 6 Jun. 1988
Número 6 del artículo 9 anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 6 junio1988. Número 3 del artículo 14 anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 6 junio1988.
R.D. 1945/1983, 22 junio rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 18 agosto). R.D. 1945/1983, 22 junio, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 19 octubre). Posteriormente se reitera por Corrección de erratas («B.O.E.» 29 octubre). Téngase en cuenta que la disposición transitoria primera de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal («B.O.E.» 25 abril), establece que hasta tanto se establezcan procedimientos específicos en materia de inspecciones, será de aplicación lo dispuesto al efecto en la presente disposición, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus reglamentos de desarrollo, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. La disposición transitoria única de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria («B.O.E.» 31 julio), establece que el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, no será de aplicación a los aspectos regulados en el ámbito de esta ley, excepto los artículos 15 y 16, que seguirán aplicándose en tanto se desarrolle reglamentariamente la presente ley. En tanto no se desarrolle un procedimiento sancionador propio, se aplicará el procedimiento general regulado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
El Congreso de los Diputados, en su reunión del día 17 septiembre 1981, acordó un plan de medidas urgentes de defensa de la salud de los consumidores, entre las que se incluyen la «refundición y actualización de todas las normas vigentes en materia de inspección y vigilancia de las actividades alimentarias y de sanción de las infracciones».
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 junio 1983,
1.1. Se entenderá por materias y elementos necesarios para la producción agroalimentaria, alimentos, productos, útiles, instalaciones, actividades y servicios y por su aptitud e idoneidad para su uso o consumo humano las correspondientes definiciones y precisiones contenidas en el Código Alimentario Español, en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias, en las Normas de Calidad y en las demás disposiciones especiales que, respectivamente, los regulen.
2.1.1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria determinados en la normativa a que se refiere el art. 1.
2.2. Se considerarán infracciones sanitarias leves las que, con arreglo a los criterios que se contemplan en los apartados 3 y 4 de este artículo, no deben calificarse como graves o muy graves.
2.4.2. La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos que contengan gérmenes, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre o que superen los límites o tolerancias reglamentarias establecidas en la materia.
2.4.3. La promoción o venta para uso alimentario, utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio de que se trate, y produzca riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
3.2.6. Toda acción u omisión, ya sea individual o colectiva, que constituya paralización o amenaza de ella, de una actividad comercial o de prestación de servicios al público, siempre que sea realizada con el propósito de rehuir el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios, ordenación de transacciones comerciales o régimen de servicios, con perjuicio directo e inmediato para el consumidor o usuario. Apartado 3.2.6 del artículo 3 anulado por O.M. 14 noviembre 1988, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 1988, que dispone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1988, que declara nulo, por contrario a derecho el artículo 3.2.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria («B.O.E.» 26 diciembre).
3.2.7. El acaparamiento o detracción injustificada al mercado de materias o productos destinados directa o indirectamente al suministro o venta al público, en perjuicio directo e inmediato para el consumidor o usuario.
3.2.9. La no extensión de la correspondiente factura por la venta de bienes o prestaciones en los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite el consumidor o usuario.
3.3.3. El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre prohibición de elaborar y/o comercializar determinados productos y las comercialización o distribución de aquéllos que precisen autorización administrativa, y en especial su inscripción en el registro General Sanitario, sin disponer de la misma.
3.3.4. El incumplimiento de las disposiciones que regulen el mercado, etiquetado y envasado de productos, así como la publicidad sobre bienes y servicios y sus precios.
4.1.7. El incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad y competencia emanen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siempre que se trate de infracciones meramente formales no contempladas en los apartados siguientes.
4.2.5. La falta de etiquetas o rotulación indeleble, que fueren preceptivas, o el no ajustar las mismas a la forma o condiciones establecidas para dichos productos.
4.2.6. La no expedición de facturas comerciales, la omisión en las mismas o la deficiente extensión de alguno de los datos exigidos por la legislación vigente.
4.2.12. La transferencia de las autorizaciones para la instalación o modificación de industrias agrarias y alimentarias no liberalizadas sin permiso expreso de la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias en tanto no se haya montado la industria y ultimado la modificación, así como el incumplimiento de las cláusulas de la autorización o requisitos exigibles, y el incumplimiento de los plazos previstos en dicha autorización o, en su caso, en las prórrogas otorgadas para realizar las instalaciones o las modificaciones autorizadas.
4.3.5. La aportación de datos falsos que puedan inducir a cualquier Organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a otorgar ayudas, subvenciones o beneficios de cualquier índole, sin que se cumplan los requisitos o se reúnan las condiciones previamente establecidas a partir del momento en que se conceda la subvención o beneficio.
5.1. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere el presente Real Decreto, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.
5.2. La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión a los funcionarios encargados de las funciones a que se refiere el presente Real Decreto o contra las Empresas, particulares u organizaciones de consumidores que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, denuncia o participación en procedimientos ya iniciados, así como la tentativa de ejercitar tales actos.
Las infracciones contempladas en los arts. 3.º, 2; 3.º, 3, y 5.º, se califican como leves:
7.1. Las infracciones contempladas en los arts. 3.º, 1 y 4.º, 3 se calificarán como graves, valorando las circunstancias siguientes:
7.2. Las infracciones contempladas en los arts. 3.º, 2; 3.º, 3, y 5.º se calificarán como graves en función de las circunstancias siguientes:
8.1. Las infracciones contempladas en los arts. 3.º, 1, y 4.º, 3, se calificarán como muy graves en función de las circunstancias siguientes:
8.2. Las infracciones contempladas en los arts. 3.º, 2, 3.º, 3, y 5.º, se calificarán como muy graves, en función de las circunstancias siguientes:
Número 6 del artículo 9 anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 6 junio1988.
10.1. Las infracciones a que se refiere el presente Real Decreto serán sancionadas mediante la aplicación de las siguientes medidas:
- Infracciones leves y antirreglamentarias tipificadas en el art. 4.º, 1, multa hasta 100.000 ptas.
- Infracciones leves por clandestinidad tipificadas en el art. 4.º, 2, multa comprendida entre 50.000 y 500.000 ptas.
- Infracciones graves, multa comprendida entre 100.001 y 2.500.000 ptas., pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de infracción.
- Infracciones muy graves, multa comprendida entre 2.500.001 y 100.000.000 ptas., pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el décuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
10.2. Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 6.º, 7.º y 8.º del presente Real Decreto, la cuantía de la sanción se graduará de conformidad con los siguientes criterios:
- El dolo, la culpa y la reincidencia.
10.3. La autoridad a que corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y que pueda entrañar riesgo para el consumidor; lo mismo podrá acordarse en los supuestos contemplados en los cinco primeros apartados del art. 4.º, 2.
10.4. En el caso de infracciones en materia de industrias agrarias y alimentarias la autoridad a que corresponda resolver el expediente podrá acordar como sanción accesoria la declaración de caducidad de las autorizaciones administrativas si la infracción corresponde a la tipificada en el art. 4.º, 2.12, o la cancelación de la inscripción registral en las infracciones en esta materia en los casos contemplados en la legislación vigente - art. 14 del Real Decreto 2685/1980, de 17 de octubre.
10.5. En los supuestos de infracciones calificadas como muy graves, podrá decretarse el cierre temporal de la Empresa, establecimiento o industria infractora, por un período máximo de cinco años.
10.6. No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de instalaciones que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos.
10.7. Del acuerdo de cierre, se dará traslado a la Empresa sancionada y al Gobernador o Gobernadores civiles de las provincias donde radiquen los establecimientos o industrias a cerrar, a fin de que delegados de su autoridad procedan a la ejecución del acuerdo.
10.8. En el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el cierre de la Empresa, establecimiento o industria podrán determinarse medidas complementarias para la plena eficacia de la decisión adoptada.
10.9. Los Gobernadores civiles de las provincias donde radiquen los establecimientos o industrias clausurados, ordenarán el levantamiento del cierre temporal tan pronto transcurra el plazo del mismo, dando cuenta de ello al Órgano sancionador.
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción, la autoridad que resuelva el expediente podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas como consecuencia de lo establecido en este Real Decreto, cuando haya adquirido firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones, en el «Boletín Oficial del Estado» en los de la provincia y municipio, y a través de los medios de comunicación social que se consideren oportunos.
12.3. Igualmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado en el caso de infracciones muy graves, las Empresas sancionadas podrán quedar, además, inhabilitadas para contratar con la Administración, total o parcialmente, durante un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha en que sea firme la sanción impuesta.
12.4. Las sanciones impuestas serán objeto de inmediata ejecución con arreglo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo en el Reglamento General de Recaudación, y demás disposiciones que resulten aplicables.
Tanto los Órganos de las Administraciones públicas, como las Empresas con participación pública, Organismos oficiales, Organizaciones Profesionales y Organizaciones de Consumidores prestarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite por los correspondientes servicios de inspección.
14.1. Las personas físicas o jurídicas, Asociaciones o Entidades estarán obligadas, a requerimiento de los Órganos competentes o de los Inspectores:
- A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo la directa comprobación de los Inspectores.
- A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, de los precios y márgenes aplicados y de los conceptos en que se descomponen los mismos.
- A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.
- A permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen.
Durante la tramitación del expediente, a propuesta del Instructor podrá levantarse la intervención de la mercancía, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Número 3 del artículo 14 anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 6 junio1988.
15.2.2. Por el contrario, si el dueño del establecimiento o la Empresa inspeccionada actuasen como meros distribuidores del producto investigado, quedará en su poder una copia del acta pero los tres ejemplares de la muestra serán retirados por la inspección, en cuyo caso, uno de los ejemplares se pondrá a disposición del fabricante, envasador o marquista interesado o persona debidamente autorizada que le represente -para que la retire si desea practicar la prueba contradictoria- remitiéndose otro ejemplar al laboratorio que haya de realizar el análisis inicial.
15.2.3. Las cantidades que habrán de ser retiradas de cada ejemplar de la muestra serán suficientes en función de las determinaciones analíticas que se pretendan realizar y, en todo caso, se ajustarán a las normas reglamentarias que se establezcan y, en su defecto, a las instrucciones dictadas por los Órganos competentes.
Téngase en cuenta que, conforme a la disposición transitoria quinta de la Ley [EXTREMADURA] 6/2015, de 24 marzo, Agraria de Extremadura («D.O.E.» 26 marzo), será de aplicación lo establecido en el presente artículo, en tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras.
16.1. Las pruebas periciales analíticas se realizan en Laboratorios oficiales o en los privados acreditados por la Administración para estos fines, empleando para el análisis los métodos que, en su caso, se encuentren oficialmente aprobados y, en su defecto, los recomendados nacional o internacionalmente.
- Designando en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del pliego de cargos, Perito de parte, para su realización en el Laboratorio que practicó el análisis inicial, siguiendo las mismas técnicas empleadas por éste y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o persona designada por el mismo. A tal fin, el instructor del expediente o el propio Laboratorio comunicará al interesado fecha y hora.
- Justificando ante el Instructor, en el plazo de ocho días hábiles a partir de la notificación del pliego de cargos, que el ejemplar de muestra correspondiente ha sido presentado en un Laboratorio oficial o privado autorizado, para que se realice el análisis contradictorio por el técnico que designe dicho Laboratorio utilizando las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial. El resultado analítico, y en su caso, el informe técnico complementario deberán ser remitidos al instructor del expediente en el plazo máximo de un mes, a partir de la notificación del pliego de cargos, entendiéndose que transcurrido dicho plazo sin haberse practicado el análisis y haberse comunicado al instructor, el expedientado decae en su derecho.
16.5. Si existiera desacuerdo entre los dictámenes de los análisis inicial y contradictorio se designará por el Órgano competente otro Laboratorio oficial u oficialmente acreditado que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores análisis y utilizando la tercera muestra realizará con carácter urgente un tercer análisis que será dirimente y definitivo.
16.6. Los gastos que se deriven por la realización del análisis contradictorio serán de cuenta de quien lo promueva; los originarios por la realización de los análisis inicial y dirimente serán a cargo de la Empresa encausada, salvo que los resultados del dirimente rectifiquen los análisis inicial, en cuyo caso ambos serán sufragados por la Administración. El impago del importe de los análisis inicial y dirimente, cuando sean del cargo del expedientado dará lugar a que se libre la oportuna certificación de apremio, para su cobro con arreglo al Reglamento General de Recaudación.
a) La prueba analítica inicial se practicará de oficio en el Laboratorio designado al efecto por el Organismo competente, notificándose al interesado cuando del resultado de dicho análisis se deduzcan infracciones a la disposiciones vigentes, para que, si lo desea, concurra al análisis contradictorio en el plazo que se señale, asistido de Perito de parte.
16.9. También podrán realizarse análisis o pruebas, en el mismo lugar de la inspección, cuando la naturaleza del producto así lo aconseje, si bien en tal supuesto, habrán de practicarse por personal debidamente titulado y autorizado por Órgano competente, y ofreciéndose en el mismo acto la posibilidad de prueba contradictoria conforme a cualquiera de las alternativas previstas en el apartado 7 de este mismo artículo.
16.10. Cuando la inspección investigue características de calidad de productos presentados en forma natural y sometidos a normalización y esta investigación no requiera la práctica de pruebas analíticas -cual es el caso de las frutas, hortalizas, canales de especies animales, etc.-, se efectuarán los siguientes trámites:
- El inspector hará constar en el acta los hechos y circunstancias que considere se ponen de manifiesto en la partida inspeccionada.
- El inspeccionado hará constar en el acta la aceptación de tales extremos o su discrepancia con los mismos; en este supuesto, tras la intervención de la mercancía, y en el plazo de dos días contados a partir de la inspección, solicitará la realización de una nueva inspección por otro Inspector del Departamento, que deberá tener al menos igual jerarquía administrativa que el Inspector actuante. En dicha inspección, el interesado podrá designar Perito de parte concurriendo también a la nueva inspección el Inspector que levantó acta inicial.
17.1. El procedimiento se ajustará a lo establecido en el título VI, capítulo II, artículos 133 a 137, ambos inclusive, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
18.2. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento.
18.4. La acción para exigir el pago de las multas prescribirá en cuanto que su exacción corresponda al Ministerio de Economía y Hacienda, en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley General Tributaria.
19.1. Los Órganos competentes de la Administración del Estado para imposición de sanciones y medidas a que se refiere el presente Real Decreto son:
1.º Los Gobernadores civiles para la imposición de sanciones hasta 100.000 pesetas.
2.º El Director general de Salud Pública, el de Inspección del Consumo y los demás Directores generales, en el ámbito de sus competencias, para las sanciones comprendidas entre 100.001 y 1.000.000 de pesetas.
3.º El Ministro de Sanidad y Consumo para las sanciones comprendidas entre 1.000.001 y 2.500.000 pesetas.
4.º El Consejo de Ministros para las sanciones superiores a 2.500.000 pesetas y clausura de establecimientos.
1.º El Director general competente para la imposición de sanciones hasta 1.000.000 de pesetas.
2.º El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para las sanciones comprendidas entre 1.000.001 y 2.000.000 de pesetas.
3.º El Consejo de Ministros para sanciones superiores a 2.500.000 pesetas y clausura de establecimientos.
19.2. Las facultades sancionadoras contempladas en este artículo podrán delegarse en la forma prescrita en el art. 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
19.7. Cuando los actos, prácticas y omisiones a que se refiere el presente Real Decreto sean cometidos mediante concierto o conducta sistemática o deliberadamente paralela, entre dos o más Empresas, la autoridad competente dará traslado de las actuaciones al Ministerio de Economía y Hacienda a los efectos de la Ley 110/1963, de 20 de julio, sin perjuicio de que se instruya el expediente y se adopte, en su caso, la resolución sancionadora que proceda en virtud de este Real Decreto.
1. Las garantías previstas en los arts. 16 y 17 de este Real Decreto, serán igualmente aplicables en todos los análisis que se realicen a iniciativa de cualquier persona física o jurídica y cuyos resultados se destinen a su difusión a través de los medios de comunicación.
La presente disposición será de aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de las misma, en cuanto a los términos establecidos para la prescripción y caducidad.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las normas contenidas en el presente Real Decreto no serán de aplicación a los expedientes que se hallen en tramitación en el momento de su entrada en vigor.
2.º Decreto 2693/1972, de 15 de septiembre, por el que se modifica el art. 6.º del Decreto 3052/1966, sobre competencias para imposición de multas por infracciones administrativas en materia de disciplina de mercado.
5.º Decreto 1552/1974, de 31 de mayo, sobre prueba, presunciones y normas procedimentales en materia de disciplina de mercado.
7.º Resolución de 1 de julio de 1974, de la Dirección General de Información e Inspección comercial por la que se dictan normas para regular lo dispuesto en el art. 3.º del Decreto 1552/1974.
9.º Orden de 4 de enero de 1968, sobre aplicación del Decreto 2901/1967, de 2 de diciembre, regulador del procedimiento de urgencia.
10.º Decreto 526/1968, de 14 de marzo, por el que se amplía el alcance del procedimiento especial de urgencia regulado por el Decreto. 2901/1967.
11.º Decreto 2696/1972, de 15 de septiembre, sobre aplicación de procedimiento de urgencia en materia de márgenes comerciales.
12.º Decreto 3479/1972, de 14 de diciembre, sobre aplicación del procedimiento especial de urgencia a infracciones en materia de disciplina de mercado.
13.º Decreto 3632/1974, de 20 de diciembre, sobre disciplina de mercado.
14.º El art. 5.º del Decreto 797/1975, de 21 de marzo, modificado por el Real Decreto 3596/1977, de 30 de diciembre, sobre infracciones en materia de alimentación.
15.º Real Decreto de 22 de diciembre de 1908.
16.º Decreto 2177/1973, de 12 de julio, por el que se regulan las sanciones por fraude en los productos agrarios.
17.º Capítulo V del Real Decreto 3629/1977, de 9 de diciembre, sobre regulación, clasificación y condicionado de las industrias agrarias.
18.º Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Real Decreto, excepto las disposiciones dictadas en desarrollo de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, de la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero y de la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las Obtenciones Vegetales.

References: Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 64
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto