Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=662536
Timestamp: 2019-07-22 13:19:11+00:00

Document:
RÉPLICA A PUBLICACIÓN DEL DIARIO “EL MERCURIO”. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE MODIFICA EL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES.
ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Primer trámite constitucional.
MARCO JURÍDICO EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, PARA LOS GOBIERNOS DE CHILE, BOLIVIA, BRASIL, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY. Primer trámite constitucional.
ADECUACIONES DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES Y DE LA LEY Nº 19.665 AL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Segundo trámite constitucional. Acuerdo de los Comités.
ADELANTO DE PAGO A ORGANISMOS DE CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES. (Continuación).
PAGO DE PENSIONES DE GRACIA A EX DIRIGENTES CAMPESINOS AFECTADOS POR DECRETO LEY Nº 208, DE 1973. Oficio.
RECHAZO A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA TRIBUNALES DE JUSTICIA EN OSORNO. Oficios.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA DISMINUIR EL DESEMPLEO EN LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
ELEVACIÓN DE LAS SUBCOMISARÍAS DE CHIGUAYANTE Y DE SAN PEDRO DE LA PAZ A LA CATEGORÍA DE COMISARÍAS. Oficios.
PAGO DE EXPROPIACIÓN A PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN. Oficio.
DESARROLLO DE PROGRAMA “PLAZA DE LA JUSTICIA” EN COMUNA DE RECOLETA. Oficio.
INTERVENCIÓN ELECTORAL Y COHECHO EN MALLECO. Oficios.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL POR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
Sesión 26ª, en miércoles 13 de diciembre de 2000
(Ordinaria, de 10.48 a 14.54 horas)
Presidencia accidental de las señoras Muñoz D’Albora, doña Adriana, y Caraball Martínez, doña Eliana.
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Réplica a publicación del diario “El Mercurio”. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)8
Tramitación del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales10
V. Fácil Despacho.
Acuerdo de transporte aéreo entre Chile y los Estados Unidos de América. Primer trámite constitucional10
Marco jurídico en transporte internacional de mercancías por carretera, para los Gobiernos de Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Primer trámite constitucional13
Creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Primer trámite constitucional17
Adecuaciones del Código Orgánico de Tribunales y de la ley Nº 19.665 al nuevo Código Procesal Penal. Segundo trámite constitucional. Acuerdo de los Comités39
VII. Proyectos de acuerdo.
Adelanto de pago a organismos de capacitación de trabajadores. (Continuación)47
VIII. Incidentes.
Pago de pensiones de gracia a ex dirigentes campesinos afectados por decreto ley Nº 208, de 1973. Oficio48
Rechazo a solicitud de ampliación de concesión de empresa de servicios sanitarios de la Sexta Región. Oficio48
Construcción de edificios para tribunales de justicia en Osorno. Oficios50
Adopción de medidas para disminuir el desempleo en la Tercera Región. Oficio51
Elevación de las subcomisarías de Chiguayante y de San Pedro de La Paz a la categoría de comisarías. Oficios52
Pago de expropiación a pequeños propietarios de la comuna de Alto del Carmen. Oficio53
Desarrollo de programa “Plaza de la Justicia” en comuna de Recoleta. Oficio54
Intervención electoral y cohecho en Malleco. Oficios54
Evaluación de impacto ambiental y sociocultural por construcción de carretera costera en Décima Región. Oficios55
IX. Documentos de la Cuenta.
1.- Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que permite a los adquirentes de viviendas económicas constituir un seguro de pago de cuotas hipotecarias (boletín Nº 74914)57
2.- Oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley Nº 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial (boletín Nº 233906)63
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Felipe Valenzuela y Sergio Velasco.
Asistieron, además, los ministros de Justicia, señor José Antonio Gómez, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.'
Se abrió la sesión a las 10.48 horas.
El acta de la sesión 20ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 21ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental)
Da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
Para hacer uso del derecho a réplica contemplado en el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
Señor Presidente, el domingo recién pasado, “El Mercurio” publicó en la página D 23 un artículo titulado “La cámara oscura”, firmado por la periodista Luz María Astorga .
He pedido hacer uso de mi derecho a réplica para hablar en dos sentidos: primero, hacer ver que es necesario salir al paso a los ataques a la institución, y segundo, rechazar los cuestionamientos sin base y sibilinos a mi honorabilidad y a la de varios otros diputados.
Este artículo es un fuerte ataque a la Cámara de Diputados. Se dice que aquí no habría fiscalización ni control alguno. Se induce a pensar en gastos irregulares.
La verdad es otra. Durante diez años se ha aplicado el procedimiento que establece el Reglamento y la ley orgánica del Congreso: todos los gastos son decididos por la Comisión de Régimen Interno, con representación de todos los sectores. Por lo tanto, hay corresponsabilidad.
El control de gastos es realizado por la Comisión Revisora de Cuentas. Nunca se ha planteado una denuncia concreta de manejo irregular de recursos en estos diez años.
Desde hace algún tiempo se están proponiendo alternativas para perfeccionar las formas de decisión y control del gasto. En eso parece haber acuerdo.
Personalmente, haría una auditoría externa de los últimos diez años para terminar con estos ataques infundados que afectan a la institución y, por consiguiente, a la democracia. Esto se ha hecho con los gastos de la Biblioteca del Congreso durante todos estos años, y ha funcionado bien.
Pido que se realice una auditoría del período en el cual fui Presidente de la Cámara. Ya está bueno de andar con cosas escondidas, hablemos claramente.
Estoy convencido de que el problema es otro. El presupuesto de la Cámara de Diputados es demasiado alto; hay que racionalizar la organización y los gastos. Pero ése es otro problema que no será resuelto por auditorías externas, que requiere de cambios normativos y prácticos y de voluntad política para hacerlos.
Reclamo contra la Mesa de la Cámara por no haber respondido estos ataques en contra de la Corporación. No podemos considerar normal esta actitud destructiva, porque puede ser una estrategia que afectará las bases de la democracia. Hay que responder a “El Mercurio”.
Pero no sólo se ataca a la Corporación, sino que también la honorabilidad de los diputados, para muchos de nosotros, nuestro principal capital. Tenemos vocación de servicio público, entregamos lo mejor de nosotros en favor de la sociedad y cuidamos con celo los recursos públicos, porque son de todos los chilenos.
En este artículo se presenta a algunos parlamentarios como abusadores, como oscuros. En mi caso, se plantean dos cosas: que habría comprado y usado un auto Audi valorado en 40 millones de pesos, y que habría realizado dos viajes al extranjero.
Los diputados saben muy bien que la decisión de comprar el auto fue adoptada por la Comisión de Régimen Interno, antes de que yo asumiera, y en ella participaron parlamentarios de todos los sectores políticos.
En consecuencia, ni decidí ni compré el auto Audi. Además, desde que lo vi, planteé en la Comisión de Régimen Interno que el edecán se había equivocado al comprarlo, porque era muy caro y porque era un auto deportivo, estrecho e incómodo, que no servía para cumplir la función que se le daría. Por lo tanto, pedí el auto que había usado el Presidente anterior; me contestaron que se había vendido rápidamente a un diputado de Derecha. Pedí que se evaluara la pérdida que implicaba devolver el Audi y comprar otro auto más adecuado; se me hizo ver que la pérdida sería muy alta. Ahora se ha cambiado ese auto, lo que ha significado la pérdida de una gran cantidad de recursos para la Cámara de Diputados.
También me enrostran dos viajes.
Efectivamente, fui a Portugal con el Presidente del Senado para asistir a una reunión de presidentes de parlamentos iberoamericanos, que es la más importante en este ámbito, lo cual fue acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Régimen Interno.
También asistí a la reunión preparatoria del Encuentro mundial de presidentes de parlamentos, realizada en Marruecos, como Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, ya que formaba parte del equipo de doce presidentes de parlamentos del mundo que elaboraría un documento y definiría la metodología de ese encuentro que se iba a realizar este año en el edificio de las Naciones Unidas.
No soy bueno para viajar, y sólo asistí a una de las tres reuniones preparatorias que se realizaron, lo que, como dije, fue acordado por representantes de todos los sectores políticos.
Debo aclarar que realicé ambos viajes en el cumplimiento de mis obligaciones como Presidente de la Cámara. Además, en esas dos ocasiones no viajé en clase ejecutiva, como corresponde al Presidente de la Cámara, sino que en clase turista, lo que significó un ahorro del 50 por ciento.
La diputada Lily Pérez viene repitiendo desde hace mucho tiempo tergiversaciones relacionadas con el Audi, actitud poco seria, ya que utiliza antecedentes falsos. Ha ido a todos los lugares donde ha podido para decir lo mismo.
Discutamos las diferencias reales, compitamos con contenidos, pero no caigamos tan bajo. ¿Qué sentido tiene tratar de afectar la honorabilidad de un colega para proyectarse un poquito en los medios de comunicación?
Repito, diputados de todos los sectores políticos participaron en la Comisión de Régimen Interno que tomó estas decisiones, por lo que se sabe perfectamente las razones que determinaron la realización de estos viajes.
A veces pienso que estos ataques pueden tener otro origen y otras causas. No sé, a lo mejor tienen que ver con que en el período en que fui Presidente no se aceptó ningún aumento de asignación a los diputados, porque estábamos en crisis; tal vez fue porque no se compró ningún auto durante ese período, a pesar de que había acuerdo para adquirir vehículos para las vicepresidencias, o, quizás, fue porque se trató de iniciar procesos de modificación de la organización.
Señor Presidente, solicito a su Señoría y a la Mesa que se hagan cargo de los ataques en contra de la Cámara, porque tienen que ver con cuestiones básicas de la organización democrática del país.
Por otra parte, reitero a los diputados que han entregado estos datos que se han utilizado para crear estas imágenes, que la honorabilidad es un bien demasiado valioso para muchos de nosotros. Si hay irregularidades concretas, denunciémoslas; pero no afirmemos algo que no es. Discutamos ideas, diferencias y propuestas. ¡Enriquezcamos la democracia, no la empobrezcamos!
Informo a la Sala que los Comités acordaron enviar a Comisión, en el intertanto de la sesión, el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales. Después, al final del Orden del Día, se tratará y votará sin discusión.
El informe correspondiente se publicará en el boletín de sesiones correspondiente a la sesión 29ª, que se celebrará en miércoles 20 de diciembre de 2000.
V.FÁCIL DESPACHO
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo de Transporte Aéreo entre los Gobiernos de la República de Chile y de los Estados Unidos de América, y sus anexos, suscritos en Santiago el 21 de octubre de 1999.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Cristián Leay .
Mensaje, boletín Nº 2546-10, sesión 12ª, en 11 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 6ª, en 12 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez para referirse a un asunto reglamentario.
Señor Presidente, debo hacer presente que no se acompaña el texto del Acuerdo al informe de la Comisión, por lo que será muy difícil que los diputados se pronuncien sobre ese tratado sin conocerlo y basándose sólo en el informe de la Comisión.
Señor diputado, se le entregarán inmediatamente esos antecedentes.
Señor Presidente, le agradezco que me los envíe; pero, a mi juicio, deberían recibirlos todos los señores diputados.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Cristián Leay .
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional denominado “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, con sus respectivos anexos, suscrito el 21 de octubre del año pasado.
Con este informe espero esclarecer todas las dudas del honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez .
Tal como lo señala el mensaje, este Acuerdo de transporte aéreo corresponde al tipo de acuerdos denominados de “cielos abiertos”. Su celebración obedece a la política aerocomercial que ha seguido nuestro país durante las últimas décadas para conseguir una mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr objetivos que le permitan tener libre acceso a mercados, libertad tarifaria y mínima intervención de la autoridad.
La ratificación de este Tratado constituye, a juicio de la Comisión, un paso trascendente en el cumplimiento de los objetivos de la política aerocomercial del país, de apertura de los mercados de transporte aéreo.
Se ha logrado un acuerdo totalmente abierto, que servirá de modelo e incentivo para otros países que aún mantienen reticencias y barreras de entrada a los operadores extranjeros, las que están afectando el desarrollo del transporte aéreo internacional.
Es bueno destacar que el acuerdo de transporte aéreo con los Estados Unidos es el más importante de los que hemos celebrado hasta la fecha, por el volumen de negocios que representa para las líneas aéreas chilenas, que se estima aproximadamente en 40 por ciento de sus ventas totales, y que, sin lugar a dudas, va a ser de gran interés para el país.
En el preámbulo de este Acuerdo, los gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América dejan constancia de los propósitos que persiguen con su celebración, entre los que vale la pena consignar los siguientes:
Promover un sistema de transporte aéreo internacional basado en la competencia;
Posibilitar a las líneas aéreas ofrecer al público usuario y a los embarcadores una variedad de opciones de servicio a los más bajos precios, que no sean discriminatorios ni representen abuso de una posición dominante, y
Garantizar el mayor grado de protección y seguridad en el transporte aéreo internacional, reafirmando su gran preocupación por los actos o amenazas en contra de la seguridad de las aeronaves que pongan en peligro a las personas o la propiedad.
Para que las líneas aéreas realicen transporte aéreo internacional al amparo de este Acuerdo, los gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América se conceden los siguientes derechos:
El de volar a través del territorio de la otra Parte sin aterrizar;
El de hacer escalas en el territorio de la otra Parte para fines no comerciales, reconocido como el derecho de 2ª libertad, y los demás derechos estipulados en el Acuerdo.
Estos otros derechos son, según el mensaje, los derechos aerocomerciales, consagrados en el Cuadro de Rutas, que comprenden los derechos de 3ª y 4ª libertades; esto es, el de operar entre los territorios de ambas Partes Contratantes; el derecho de 5ª libertad, que equivale al de operar desde el territorio de la otra Parte Contratante hacia un tercer país, y el de 6ª libertad, consistente en el derecho de ejercer la 5ª libertad, pasando por su propio territorio, si lo desea.
Conforme lo destaca el mensaje, en el Cuadro de Rutas se establece una gran flexibilidad operativa, que permitirá a las líneas aéreas designadas de cada Parte la posibilidad de operar cualquier servicio con la mayor apertura, siempre que tal servicio sirva un punto situado en el territorio de la Parte que designó a la línea aérea.
El derecho a designar a cuantas líneas aéreas desee para realizar el tráfico aéreo internacional, de conformidad con este Acuerdo, y a retirar o alterar dichas designaciones.
El transporte aéreo regular podrá ser efectuado entre puntos de las siguientes rutas:
Las rutas para la línea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los Estados Unidos comprenden puntos anteriores a los Estados Unidos, vía los Estados Unidos, y puntos intermedios, a un punto o puntos situados en Chile y más allá.
Las rutas para la línea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de Chile comprenden puntos anteriores a Chile, vía Chile, y puntos intermedios a un punto o puntos situados en los Estados Unidos y más allá.
Las autorizaciones de operación y los permisos técnicos a las líneas aéreas designadas serán otorgados por la otra Parte, con un mínimo de demora administrativa.
También se regula el derecho de revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación o los permisos técnicos de una línea aérea designada por la otra Parte, cuando ésta no tenga la propiedad sustancial o el control efectivo de la línea aérea o no cumpla con las disposiciones legales que la Parte autorizante ha establecido sobre la operación y navegación de aeronaves.
También se contempla el derecho de someter a los procedimientos de solución de controversias previstos en el Acuerdo, cualquier diferencia que surja con motivo de su aplicación. Estos procedimientos serán consultas oficiales, el sometimiento a la decisión de alguna persona u organismo o al arbitraje, si en los dos primeros no se ha logrado acuerdo entre las Partes. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros, de los cuales cada Parte designará uno y el tercero, será designado de común acuerdo, y si este acuerdo no se produce, cualquiera de las Partes podrá pedir que la designación sea hecha por el Presidente del Consejo de la Organización Internacional del Aire.
El cumplimiento de cualquier resolución o laudo del tribunal arbitral deberá ser compatible con la legislación interna de la Parte respectiva.
En el marco de las oportunidades comerciales, a las líneas aéreas de cada Parte se les reconocen los siguientes derechos:
El de establecer sucursales en el territorio de la otra Parte para la promoción y venta del transporte aéreo;
El de traer y mantener en el territorio de la otra Parte, gerentes, vendedores, técnicos, operadores y otros especialistas que se requieran para la prestación del transporte aéreo, de conformidad con las leyes y reglamentos de la otra Parte, relativos al ingreso, residencia y empleo;
El de encargarse de sus propios servicios en tierra en el territorio de la otra Parte;
El de vender transporte aéreo en el territorio de la otra Parte, directamente, y si lo desea, a través de sus agentes, en moneda de dicho territorio o en monedas libremente convertibles;
El de convertir y remesar a su país, sin restricciones ni gravámenes, los ingresos locales obtenidos en exceso sobre las sumas desembolsadas localmente;
El de pagar los gastos en que se ha incurrido en el territorio de la otra Parte;
El de concertar acuerdos de cooperación comercial;
El de transportar carga a depósito, por cualquier medio de transporte terrestre de carga hacia y desde cualquier punto en los territorios de las Partes o en terceros países;
El de gozar de liberación de derechos aduaneros y gravámenes, al llegar al territorio de una Parte, en favor de las aeronaves operadas en el transporte aéreo internacional por las líneas aéreas designadas por la otra Parte;
El que los cargos al usuario, que impongan las autoridades u organismos competentes de cada Parte a las líneas aéreas, sean justos y razonables, no discriminatorios y repartidos equitativamente.
Durante su estudio, la Comisión recibió antecedentes de la Junta de Aeronáutica Civil, del subsecretario de Transportes y de LANChile, y todos los testimonios fueron favorables a la aprobación de este Acuerdo, porque realmente permite abrir los cielos y la competitividad en favor del intercambio comercial y, fundamentalmente, de los usuarios.
Por estos antecedentes, la Comisión recomienda a la Sala acoger el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo con prontitud, porque muchas de sus materias, incluso, las autoridades las han puesto en vigencia en ambos países, pero se espera su ratificación para aplicar también las ventajas arancelarias a que hice mención.
Es todo cuanto tengo que informar, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).
La votación se realizará al término del Orden del Día.
Con posterioridad, la Sala se pronunció de la siguiente manera sobre el proyecto:
En votación el proyecto que aprueba el acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, suscritos en Santiago el 21 de octubre de 1999.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló, Alessandri, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Krauss, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Salas, Seguel, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que aprueba el Acuerdo sobre el contrato de transporte y la responsabilidad civil del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera, entre Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, adoptado en Montevideo, Uruguay, el 16 de agosto de 1995.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Longton .
Mensaje, boletín Nº 2560-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 10ª, en 2 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 15.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad Civil del Porteador en el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, suscrito el 16 de agosto de 1995, en Montevideo, Uruguay, por los plenipotenciarios de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, al amparo del Tratado de Montevideo, de 1980, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Al tenor del mensaje del Presidente de la República, este Acuerdo internacional tiene como propósito fundamental establecer un adecuado marco jurídico para regular los derechos y obligaciones de las partes participantes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, definiendo claramente la formalización y ejecución del mismo, compatibilizando así los legítimos intereses de éstas y favoreciendo de este modo un mejor desarrollo del intercambio comercial y del proceso de integración regional.
En el preámbulo del Acuerdo, los Gobiernos de los países signatarios dejan constancia de su voluntad de armonizar las condiciones que rigen dicho contrato y la responsabilidad del porteador.
Según lo informado a la Comisión por el coordinador de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transportes, este Acuerdo internacional ofrece un marco legal que permite limitar, clara e inequívocamente, la responsabilidad civil y el monto de eventuales indemnizaciones ante riesgos especiales inherentes a la actividad, como son los eventuales robos de camiones y/o de la mercancía transportada, lo que tiene especial importancia para los transportistas internacionales chilenos.
El Tratado tiene un contenido técnico especial, de modo que me remitiré a las normas fundamentales, ya que en el informe escrito de la Comisión, en poder de los honorables colegas, se podrá encontrar un análisis amplio de sus disposiciones.
En primer lugar, se determina el valor probatorio de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, señalando que este documento hace fe de la existencia de un contrato de transporte y, salvo prueba en contrario, da fe de las condiciones del contrato, de las indicaciones necesarias para su ejecución y de la recepción de las mercancías por el porteador.
En seguida, se regulan las siguientes materias:
1) Los datos mínimos que debe contener dicha Carta o Conocimiento.
2)La responsabilidad del remitente por todos los gastos y perjuicios que sufra el porteador por causa de inexactitud o insuficiencia en los datos mínimos que consigne la Carta y por los daños a personas, al material o a otras mercancías, así como por los gastos causados por defectos en el embalaje de las mercancías.
3) Las obligaciones del porteador a partir del momento en que se hace cargo de las mercancías, entre ellas las de revisar la exactitud de los datos de la Carta o Conocimiento relativos al número de bultos y el estado aparente de las mercancías y de su embalaje.
4) La obligación del remitente de adjuntar a la Carta o Conocimiento los documentos que se requieran o de suministrar las informaciones necesarias para cumplir con las formalidades de aduana.
5) El derecho de disposición de las mercancías del remitente o del destinatario, según los casos, y su ejercicio.
6)El derecho del porteador a exigir el pago de los gastos que le ocasione su petición de instrucciones o de los que impliquen la ejecución de las instrucciones recibidas en casos en que el contrato resulte irrealizable en las condiciones previstas en la Carta o Conocimiento, a menos que ellos sean causados por su culpa.
7)La facultad del porteador para proceder a la venta de las mercancías sin esperar instrucciones de quien tiene derecho a ellas, si así lo justifican la naturaleza perecedera o el estado de ellas y si los gastos de custodia son excesivos en relación a su valor.
Asimismo, el porteador es responsable de las mercancías desde el momento en que ellas queden bajo su custodia hasta el momento de su entrega, entendiéndose que están bajo su custodia desde el momento en que las haya recibido del remitente o de cualquier tercero, inclusive de una autoridad en cuya custodia y control estén, y se entenderá que las ha entregado cuando hayan sido recibidas por el consignatario en el lugar convenido.
Además se establecen normas sobre causales de responsabilidad del porteador, circunstancias eximentes, limitaciones de responsabilidad, presunciones de recepción en buen estado de las mercancías y recursos judiciales relacionados con el contrato de transporte internacional por carretera.
Las acciones judiciales relacionadas con el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera podrán deducirse ante el tribunal que las Partes convengan o, a falta de acuerdo, ante cualquier tribunal que resulte competente según las reglas de competencia que consigna el Acuerdo. Las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada, podrán hacerse cumplir o ejecutar dentro o fuera del territorio en que tenga su asiento el tribunal. Estas acciones prescribirán en un año, contado desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
Por otra parte, cabe hacer presente que la Comisión escuchó al subsecretario de Transportes, don Patricio Tombolini; al coordinador de Asuntos Internacionales de la misma Subsecretaría, don Eric Petri; al asesor de la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte Internacional de Carga por Carretera de Chile, don Alberto Atucha, y al director de la misma entidad gremial, don Marcelo Dupré, quienes coincidieron en opinar favorablemente acerca de la aprobación de este acuerdo internacional.
El señor Alberto Atucha expresó que la principal bondad de este instrumento es establecer un límite a la responsabilidad civil de los transportistas, que no existe actualmente en el transporte terrestre y menos en el Mercosur. Afirmó que éste es un tema relevante para la actividad del transporte internacional por el valor creciente de las mercancías que se transportan por vía terrestre. Precisó que es una situación que va mezclada con seguros y otras convenciones sobre límites de responsabilidad civil que amortiguan el tema. Señaló que el problema es que los transportistas tienen un gran movimiento y no es fácil que contractualmente fijen límites de responsabilidad. Por lo anterior, estimó que este instrumento es útil y asimila a Chile con el régimen imperante en el Mercosur.
El señor Marcelo Dupré recalcó que el límite de la responsabilidad civil es un factor muy importante, dado que este medio de transporte presenta riesgos que lo dejan en desventaja con otros sectores.
El señor Alberto Atucha , respondiendo consultas de los señores diputados, informó que el promedio del valor de una carga transportada al extranjero es de 50 mil dólares por camión y que el valor en los dos últimos años ha ido incrementándose. A modo de ejemplo, relató que hace un tiempo un camión, que transportaba hacia Argentina una caldera fabricada en Chile, con un valor de 500 mil dólares, fue asaltado y la carga, robada. El transportista ignoraba el valor real de la carga y fue demandado, lo cual le significó ir a la quiebra, caso en el cual, si hubiera estado vigente este Acuerdo, el transportista del caso sólo hubiera perdido un camión y no toda su empresa, porque fue demandado por el total.
Añadió que el Acuerdo es inteligente, que se acerca a las normas imperantes en el ámbito de la responsabilidad civil en el transporte aéreo y marítimo, áreas que tienen mayor desarrollo y experiencia.
Respecto de la definición del caso fortuito o de fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad del transportista, señaló que ella es prácticamente la misma en todos los países involucrados en este acuerdo, y que, en definitiva, serán los tribunales los que decidirán si se dio o no fuerza mayor en una situación específica, como sería el caso de imprevistos climáticos en el transporte por las carreteras internacionales chilenas en períodos de invierno. Hizo ver, en todo caso, que nuestro Código de Comercio elimina las exenciones de responsabilidad cuando el transportista ha actuado temerariamente.
Por lo expuesto, la Comisión acordó por unanimidad recomendar la aprobación del acuerdo internacional sometido a la consideración de la Cámara, para lo cual propone adoptar el artículo único, con modificaciones formales de menor entidad, que se salvan con el texto que se sugiere en el informe.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
En votación el proyecto que aprueba el Acuerdo sobre el contrato de transporte y la responsabilidad civil del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera entre Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, adoptado en Montevideo, Uruguay , el 16 de agosto de 1995.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Acuña, Aguiló, Alessandri, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público.
Diputados informantes de las Comisiones de Familia y de Hacienda son los señores Monge y Jaramillo, respectivamente.
Mensaje, boletín Nº 2296-18, sesión 32ª, en 12 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informes de las Comisiones de Familia y de Hacienda, sesión 12ª, en 7 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 5 1 y 2, respectivamente.
Señor Presidente, la Comisión de Familia pasa a informar sobre el proyecto, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, quien, para el despacho de la iniciativa, ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de “simple” para todos los trámites constitucionales.
La Comisión despachó el informe el 12 de noviembre de 1999.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en mayo de 1999, la población de Chile era de 15 millones de personas. El porcentaje, por sexo, sigue siendo igual. En cambio, el promedio de hijos por mujer se ha reducido a 2,4, mientras que la esperanza de vida ha aumentado a 75 años. Actualmente, de cada mil niños nacidos vivos, sólo diez mueren antes de cumplir el primer año de vida. El ritmo de crecimiento demográfico anual es de 1,4 por cada cien personas.
Hacia el año 2020, la población aumentaría anualmente en algo menos de una persona por cada ciento, y para el 2025 se proyecta que la tasa de fecundidad sea de dos hijos por mujer. En ese momento, se llegaría a una fecundidad de nivel de reemplazo, es decir, cada mujer sería reemplazada por otra y no por dos o tres, como ocurría en décadas anteriores.
La sucesión de cambios en la mortalidad y la fecundidad han afectado el volumen y la estructura por edad de la población. Así, por ejemplo, en 1960, de cada cien chilenos, 39 eran menores de 15 años y sólo siete tenían 60 años o más. Actualmente, los menores de 15 representan el 29 por ciento de la población, y los adultos mayores, el 10 por ciento. Debe tenerse presente que este 10 por ciento equivale hoy a 1,5 millones de personas. Para el año 2025, los menores de 15 serían el 22 por ciento (4,3 millones), y los adultos mayores, el 18 por ciento (3,6 millones).
A su vez, el descenso porcentual de los menores de 15 y el aumento de representatividad de los adultos mayores inciden directamente en el índice de vejez y en la edad media de la población.
Hoy, la edad media en Chile es de 31 años, cinco años más que en 1950 y cinco menos que en el 2025. Así, la tendencia al envejecimiento se refleja en que el aumento de la edad media en los próximos 25 años será similar al experimentado en los últimos 50 años.
El proceso de transición al envejecimiento demográfico en que se encuentra el país se refleja en el índice de vejez, que es el número de personas mayores de 60 años por cada cien menores de 15, el cual se presenta combinado con la esperanza de vida a los 60 años, número medio de años que le restaría por vivir a las personas de esa edad.
En el mensaje que da origen a esta iniciativa, el Primer Mandatario, junto con reconocer que Chile se encuentra en un claro proceso de envejecimiento de su población, advierte que el rápido y sostenido crecimiento de la población adulta mayor con respecto a los demás grupos etarios, crea grandes desafíos a la comunidad nacional, máxime si se tiene en cuenta que gracias a los avances médicos y científicos las personas alcanzan, cada vez más, una mayor longevidad, lo que, junto a una tasa decreciente de nacimientos, explica esta nueva tendencia de la composición de su población.
Previene que esta nueva situación demográfica será causa de significativos cambios en todas las áreas de la vida nacional.
Igualmente, informa que las universidades también deberán incorporar los temas de la vejez y del proceso de envejecimiento en sus planes de investigación y docencia.
Por otra parte, y desde una perspectiva histórica, reconoce que, para la sociedad chilena, los temas del envejecimiento y de la vejez han estado relegados de la preocupación de las personas y postergados en la preocupación de los servicios públicos, produciéndose una marginación de hecho de los adultos mayores de las actividades sociales, culturales y económicas. Todo ello ha significado un trato discriminatorio y de postergación de las legítimas aspiraciones de este segmento, al cual el país le debe tanto.
También se hace presente en el mensaje que en enero de 1995 se creó la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, integrada por 38 personalidades, las cuales, tras nueve meses de labor, formularon una propuesta de políticas para adultos mayores, las que fueron aprobadas en un consejo de gabinete del área social, en marzo de 1996.
Basado en la experiencia del Comité, la que demuestra que los programas para el adulto mayor requieren de un enfoque multidisciplinario, tanto en su concepción como en su planificación, propugna la creación de un ente, en el nivel central, que coordine y promueva un enfoque intersectorial en el mejoramiento de los actuales programas y en la creación de nuevas acciones en favor de este segmento de la población.
Luego, hace presente y reitera la convicción del Gobierno acerca de la urgente necesidad de crear el Servicio Nacional del Adulto Mayor para que se encargue de promover, en forma activa y decisiva, un cambio cultural con respecto al envejecimiento; coordinar con eficiencia y creatividad las acciones que en favor del adulto mayor se generan en distintos ministerios o servicios públicos; promover y coordinar la temática del adulto mayor en la sociedad civil, y lograr mejores niveles de calidad de vida en los adultos mayores, a través de programas y proyectos que los mantengan activos e insertos en la sociedad, asumiendo roles en lo económico, en lo social, en lo cultural o en la política.
Finalmente, y resumiendo las razones tenidas en cuenta para la formulación del proyecto, alude a los datos demográficos anteriormente reseñados, que obligan a los distintos servicios públicos a prepararse para atender a los adultos mayores; a la necesidad de coordinar y dar un enfoque multisectorial a los programas que el Estado pueda ofrecerles, así como también a la exigencia de modificar o dictar cuerpos legales que los favorezcan y, por último, a la necesidad de promover y orientar estudios y análisis de su realidad.
El informe financiero de la División de Presupuestos del Ministerio de Hacienda consigna que el costo fiscal que representa la aplicación de la presente ley en proyecto, para el año 1999, es de 153.406 miles de pesos, con un costo en régimen a partir del 2 de enero del año 2000 de 288.808 miles de pesos.
Las ideas matrices del proyecto se orientan, primero, a dictar un cuerpo normativo que establezca la forma y condiciones que permitan la plena integración de los adultos mayores y vele por el ejercicio de sus derechos, reconocidos por la Constitución y las leyes; segundo, a crear, dentro de la institucionalidad del Estado, un servicio público de carácter nacional, con su respectiva planta funcionaria, encargado de proponer las políticas, planes y programas destinados a una integración efectiva de los adultos mayores y a la solución de los problemas que los afectan, todo ello con miras a que alcancen una mejor calidad de vida y bienestar social, y, tercero, a crear un fondo nacional concursable destinado al financiamiento de iniciativas de apoyo directo a los adultos mayores.
Para materializar dichas ideas, se propone un proyecto de ley desarrollado en 18 artículos permanentes, divididos en siete títulos, y en tres artículos transitorios, relativos a la planta funcionaria y a la asignación presupuestaria correspondiente al año 1999, necesarios para su puesta en marcha.
El título I, relativo a “Disposiciones generales”, determina el objeto de las disposiciones del proyecto, y define, valiéndose de la expresión “adultos mayores”, el universo de personas que se beneficiarán con sus normas.
El título II, denominado “Del Servicio Nacional del Adulto Mayor”, crea un servicio público de igual nombre, funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al cual encarga, en general, proponer las políticas destinadas a la integración efectiva del adulto mayor y a la solución de los problemas que lo afectan, y señala, asimismo, las restantes funciones que, en especial, le corresponderán.
El título III detalla lo relativo a la organización del servicio; encomienda la dirección superior a un consejo directivo, estableciendo sus funciones y atribuciones; encarga la administración superior del servicio a un secretario ejecutivo y establece sus funciones y atribuciones; considera la existencia de un comité consultivo del adulto mayor como organismo asesor del consejo y faculta al secretario ejecutivo para crear y presidir comités y subcomités operativos, en el nivel nacional o regional, para el estudio, análisis, comunicación y coordinación en materia del adulto mayor.
El título IV, denominado “Del Fondo Nacional del Adulto Mayor”, crea un fondo concursable destinado al financiamiento de iniciativas de apoyo directo al adulto mayor, y encomienda su administración al Servicio Nacional del Adulto Mayor.
El título V se refiere al patrimonio del Servicio que se crea y establece su composición.
El título VI, denominado “Del Personal”, fija la planta del Servicio, disponiendo que el mismo quedará afecto al Estatuto Administrativo y a la ley sobre Escala Única de Remuneraciones.
El título VII, “Otras disposiciones”, hace aplicable al Servicio la ley de Administración Financiera del Estado y lo somete a la fiscalización de la Contraloría; faculta al secretario ejecutivo del Servicio para requerir de los órganos de la administración del Estado y de las municipalidades la información que estime necesaria, e impone a dichos organismos el deber de proporcionarla oportuna y debidamente, y dispone que los comités regionales para el adulto mayor, creados por decreto supremo, en 1997, se considerarán comités operativos del Servicio.
Dentro de las muchas opiniones que le correspondió escuchar a la Comisión, de personeros de los sectores público y privado y de representantes de organizaciones que trabajan con adultos mayores, quiero destacar las opiniones vertidas por don Sergio Galilea y don Manuel Pereira , subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y secretario ejecutivo para el Comité Nacional del Adulto Mayor, respectivamente.
En relación con la institucionalidad que el proyecto propone no obstante el reconocimiento de que la creación del nuevo servicio podría ser discutible en momentos en que se intenta modernizar y reducir el tamaño del Estado, afirmaron que el objetivo de su creación es aprovechar al máximo la capacidad instalada existente, para lo cual se ha definido una estructura sobre la base de los siguientes criterios: dependencia multisectorial; institucionalidad pequeña y altamente profesionalizada hay que tener presente que la planta, cuando el Servicio esté operando plenamente, será de 30 funcionarios, y descentralización y cooperación. Se ha pensado en una estructura que, siendo descentalizada, opere a través de y en cooperación con las secretarías regionales ministeriales de la Secretaría General de Gobierno.
En relación con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, cuya administración constituiría una de las principales funciones del Servicio que se propone crear, destacaron el carácter concursable que éste tendría para financiar iniciativas de apoyo directo al adulto mayor. Expresaron que los recursos del Fondo, que provendrán principalmente de la ley de Presupuestos, podrán ser transferidos por el Servicio a los gobiernos regionales de acuerdo con una serie de criterios relacionados con el nivel de pobreza o las carencias que sufra el sector de adultos mayores en las respectivas regiones.
La idea fundamental del proyecto es que haya trece cuotas de fondos regionales, cuya asignación se hará mediante concursos claramente reglamentados en lo referente a la calificación de los proyectos que postulan y a la selección de los ganadores.
Hicieron hincapié, también, en la importancia de establecer un sistema de acreditación de las casas de reposo, pues hoy en día cualquiera que quiera poner a un anciano en una de ellas no tiene dónde encontrar la información adecuada para hacer su elección.
Finalmente, enfatizaron que el proyecto constituye un aporte fundamental a la equidad social, al relevar institucionalmente un tema sobre el cual urge una coordinación y articulación de los esfuerzos e iniciativas, en aplicación o en diseño, para dar coherencia a las políticas sectoriales.
Por su parte, don Luis Orlandini , superintendente de Seguridad Social, explicó que el problema de los adultos mayores no deriva sólo de la escasez de recursos pecuniarios, sino también de la falta de servicios sociales en el país.
En relación con el proyecto en informe, observó que tanto el mensaje como su articulado permiten apreciar la conveniencia de crear el nuevo Servicio que se propone.
Los motivos que evidencian tal conveniencia serían, en su opinión, los siguientes:
1.- La existencia de una realidad tangible, de carácter universal, como es el envejecimiento de la población;
2.- El papel del grupo etario constituido por las personas mayores de 60 años en el mercado del trabajo. Se trata de un problema bastante serio, que preocupa a todos los países, y que incluso determina de alguna manera las políticas sobre pensiones.
Añade que se requieren políticas basadas en el principio de la integridad, destinadas a permitir la reinserción del adulto mayor en el mercado laboral.
Las necesidades crecientes de este grupo etario, vinculadas con el proceso de envejecimiento, y la forma en que dicho grupo etario se inserta y debe insertarse en el universo social y cultural.
En su exposición, el señor superintendente destaca la insuficiencia de políticas
preexistentes para abordar e intentar dar solución a los problemas relacionados con los aspectos antes definidos, especialmente en lo que dice relación con seguridad social, empleo, salud, vivienda, participación social (en particular en los ámbitos familiar y social) y bienestar social.
El carácter específico que se quiere dar a este nuevo Servicio, que resulta consecuente con las funciones que en su momento asumió la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, y que hoy desempeña el Comité Nacional para el Adulto Mayor.
Hizo presente que tanto la comisión como el comité han sido organizaciones informales. Sus miembros han prestado servicios en ellos como funcionarios de otros organismos del Estado, pero es necesario que sus políticas se institucionalicen para tener continuidad. Esto explica también la necesidad de que este nuevo Servicio se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el que ejerce la labor de coordinación de toda la labor del Gobierno.
La Comisión de Familia, luego de escuchar diversas opiniones y las observaciones y proposiciones que se formularon, procedió, en su sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto de 1999, a aprobar, por 3 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la idea de legislar.
El artículo 3º del proyecto en comento encarga al Servicio que se crea la tarea de proponer las políticas destinadas a una integración efectiva y a la solución de los problemas que afectan al adulto mayor. Su inciso segundo agrega que, en especial, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas necesarios para diagnosticar y solucionar los problemas del adulto mayor en todas las áreas de la actividad nacional, además de llevarlas a cabo, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución.
b) Fomentar y poner la integración del adulto mayor a su familia;
c) Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo integral en el proceso social y natural del envejecimiento en el ser humano.
d) Promover y prestar asistencia técnica a organismos privados sin fines de lucro cuyo fin sea integrar al adulto mayor a una vida digna en su medio como ser útil a la sociedad.
e) Proponer e impulsar programas específicos para el adulto mayor en todas las áreas de la administración del Estado;
f) Desarrollar y mantener un sistema de información público relativo al adulto mayor, pudiendo crear al efecto un registro de personas y actividades que presten servicios remunerados a dicho grupo etario.
g) Realizar, por sí o mediante terceros, programas para motivar y promover actividades educativas, de recreación, creatividad y espiritualidad necesarias para el adulto mayor, en sus distintas áreas y niveles.
h) Realizar, por sí o mediante terceros, estudios para mantener un permanente diagnóstico sobre la situación del adulto mayor en el país.
i) Vincularse con organismos nacionales, internacionales y extranjeros, y en general con toda institución o persona cuyo objetivo se relacione con iguales materias, y celebrar con ellos contratos o convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común.
j) En general, el Servicio coordinará las acciones del sector público y privado que busquen mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
El inciso segundo del artículo 1º dispone que, para todos los efectos legales, se entiende como adultos mayores a las personas que tengan más de sesenta años.
El artículo 2º crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El artículo 3º establece las funciones a que me referí anteriormente, y la Comisión, en forma unánime, acordó agregar la siguiente: “Incentivar la descentralización de las políticas sociales en favor del adulto mayor, a través de la participación activa en la gestión y aplicación de dichas políticas de los gobiernos regionales, provinciales y comunales”.
Al respecto, la Comisión fue enfática en que los beneficios que se otorguen a las personas calificadas como adultos mayores, lleguen hasta el último rincón del país y que su actividad no se concentre en las ciudades con mayor densidad poblacional.
En cuanto a su organización, el artículo 4º encomienda la dirección superior máxima autoridad a un Consejo Directivo, presidido por el ministro secretario general de la Presidencia e integrado, además, por los ministros de Educación, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo y del Interior, permitiéndoles delegar su representación solamente en los subsecretarios respectivos. También acordó introducir, en concordancia con los representantes del Ejecutivo, al titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer y a un miembro del Comité Consultivo que se crea en el artículo 9º.
Según el artículo 5º, el Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Aprobar el programa anual de acción y el proyecto de presupuesto del Servicio y sus modificaciones.
b) Ordenar y supervisar la ejecución del programa anual de acción y el adecuado funcionamiento de los Comités a nivel nacional, regional y comunal.
c) Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes y reglamentos le encomiendan.
En el artículo 6º se establece que la administración superior del Servicio corresponderá a un secretario ejecutivo, quien ejercerá la jefatura del mismo y tendrá su representación judicial y extrajudicial. También será un funcionario de confianza exclusiva del Presidente de la República.
El artículo 9º consagra la existencia de un Comité Consultivo del Adulto Mayor, que tendrá por objeto asesorar al Consejo Directivo en todo lo relativo a las acciones, planes y programas del Servicio sometidos a su consideración, pudiendo realizar las sugerencias que estime convenientes, formular las observaciones y proposiciones que estime necesarias y, en general, dar su opinión acerca de las materias en que se solicite su colaboración.
El Comité estará formado por 15 personas naturales o representantes de diferentes personas jurídicas de reconocida trayectoria en materias relativas al adulto mayor, que serán designadas por el Presidente de la República. El Comité Consultivo será presidido por el Secretario Ejecutivo del Servicio y estará conformado, entre otros, por representantes de organizaciones de adultos mayores, entidades académicas y organismos que trabajen con éstos y gocen de reconocida trayectoria en este campo.
El artículo 10 crea un fondo concursable destinado a financiar iniciativas de apoyo directo al adulto mayor, y se proveerá con los recursos que anualmente le asigne la ley de Presupuestos, fondo que será administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
El Servicio pondrá dichos recursos a disposición de cada una de las regiones a través de sus Comités Regionales, a los cuales se les transferirán directamente estos fondos, los que se asignarán a organizaciones de adultos mayores o a aquellas que trabajen con éstos y que postulen proyectos. La transferencia de fondos a cada región guardará criterios de objetividad, tales como concentración de población adulta mayor, índices de pobreza y carencia de la población total como del grupo etario adulto mayor y/o nivel de asociatividad de adultos mayores a nivel regional.
En cada región, la priorización de los proyectos deberá llevarse a cabo en conformidad con parámetros objetivos que consideren variables tales como número de beneficiarios, sustentabilidad en el tiempo de los proyectos presentados, capacidad de aprendizaje instalada, proyectos cuyos objetivos tiendan a fomentar la gestión de las organizaciones de adultos mayores, la asociatividad de éstos, la intersectorialidad entre los diversos Servicios u organismos del lugar en que el proyecto se desarrollará, entre otros.
La selección definitiva de los proyectos la realizará cada Comité Regional del Adulto Mayor, de acuerdo con el reglamento dictado al efecto.
El artículo 12 fija la planta, cuya dotación total es de 30 funcionarios.
En el artículo siguiente se definen las características y habilidades que deben tener las personas que ocupen esta planta.
Se hace presente que se trata de un Servicio altamente profesionalizado y eminentemente técnico.
El mensaje contemplaba que la dotación máxima para 1999 sería de 15 funcionarios, y en el año 2000 se incorporarían 15 más para completar la planta.
Finalmente, este proyecto fue aprobado por la Comisión en la sesión del 12 de noviembre de 1999, y acordado en sesiones de fechas 10 y 16 de junio; 14 y 21 de julio; 4, 11 y 18 de agosto; 1º y 15 de septiembre; 6, 15 y 20 de octubre, y 3 y 10 de noviembre de 1999, con asistencia de las diputadas señoras Adriana Muñoz (presidenta), Isabel Allende, María Angélica Cristi, Lily Pérez, Fanny Pollarolo, María Antonieta Saa, Antonella Sciaraffia; y de los diputados señores Rodrigo Álvarez, Sergio Elgueta, Haroldo Fossa, Carlos Kuschel, Luis Monge y Exequiel Silva.
A continuación, tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, este proyecto ha creado una gran expectativa e interés en ese mundo de ciudadanos que tenemos algunos años más. Ojalá que esta interesante expectativa se acerque como una respuesta a este mundo que debiera ser preocupación de todos.
Este informe se acuerda en sesiones de fechas 7 de marzo, 12 de abril, 16 de mayo, 2 de noviembre (en Comité), y 3 de noviembre del año 2000.
Integran la Comisión de Hacienda los diputados señores José Miguel Ortiz, presidente; Pablo Lorenzini, Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, Pablo Galilea, José García, Tomás JocelynHolt, Juan Pablo Letelier, Andrés Palma, y las diputadas señora Marina Prochelle y señorita Antonella Sciaraffia.
Asistieron, además, el diputado señor Ricardo Rincón y la diputada señora Rosa González .
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Manuel Pereira , secretario ejecutivo del Comité Nacional para el Adulto Mayor; la señora Tania Mora , asesora jurídica del referido Comité, y el señor Juan Carlos Manosalva , jefe de sector de la Dirección de Presupuestos.
El objetivo de la iniciativa consiste en establecer las condiciones que permitan la plena integración de los adultos mayores en la sociedad y la solución de los problemas que los afectan difícil tarea. Para ello se propone una ley especial que permita estructurar un servicio público de carácter nacional encargado de proponer las políticas, planes y programas destinados a tal efecto y un fondo nacional concursable destinado al financiamiento de iniciativas de apoyo a los adultos mayores. Para todos los efectos legales, se considera adulto mayor a toda persona que ha cumplido sesenta años.
A nivel regional, el Servicio podrá encomendar funciones específicas a los intendentes regionales. También cabe destacar la facultad que se concede al Servicio Nacional para desarrollar y mantener un sistema de información de carácter público de personas y actividades que presten servicios remunerados a adultos mayores, conocidas como casas de reposo.
La juventud no manifiesta interés en el tema. Quizás si en la Sala hubiera diputados de menos cabellos o calvos seguramente habría más interés en escuchar el informe de la Comisión, que a todos nos afectará algún día.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos el 12 de enero de 1999, estima el costo fiscal del proyecto, en virtud del artículo 1º transitorio, en $ 153.406 miles para 1999; y en régimen, a partir del 2 de enero de 2000, en $ 288.808 miles.
Con fecha 6 de junio de 2000 el referido informe fue actualizado. Se estableció que el costo fiscal para el año 2001 es de $ 403.768 miles, con un costo en régimen a partir del año 2002 de $ 389.768 miles.
Se señala también que el financiamiento se efectuará con cargo al ítem correspondiente de la Partida Tesoro Público aprobado para el año respectivo.
Se precisó en la Comisión que el servicio público que se crea no pretende absorber funciones de otros servicios, sino que tiende a posibilitar una mejor coordinación entre éstos.
En la Comisión algunos colegas se mostraron escépticos frente a la creación de un servicio nacional para abordar este tema, pues si el objetivo es la obtención de fondos concursables dicen, existirían otros mecanismos más eficientes, y que si se trata de traspasar recursos a los adultos mayores, ello se puede lograr fortaleciendo el trabajo realizado en municipios en pos de este segmento. Interesante opinión.
Algunos también plantearon objeciones al organigrama estructural del Servicio, por ser esencialmente centralizado, pues parte con un ministerio a nivel central que tiene carácter de coordinador legislativo, como es la Secretaría General de la Presidencia, para luego radicar tal función en las regiones, a través de la Secretaría General de Gobierno, debido a que la Segpres no tiene territorialmente presencia en Chile. Además, no se les daría presencia en tal organigrama a las organizaciones relacionadas con el adulto mayor, pues todos los organismos civiles que participan a nivel regional son designados por el intendente.
La iniciativa ha sufrido diversas modificaciones durante su tramitación legislativa. Se recogieron las opiniones, vertidas en la Comisión técnica, en cuanto a que este Servicio dependa directamente del Presidente de la República y no de la Secretaría General de Gobierno. Se dijo que el tema de la coordinación no depende de la voluntad de las autoridades, sino que es un problema técnico, profesional y científico que necesita de aportes de distintas áreas.
Los representantes del Ejecutivo compartieron el propósito de que este Servicio funcione lo más descentralizadamente posible, lo que estaría reflejado en que los comités regionales dependan del intendente y que sean ellos quienes apliquen las políticas sobre el adulto mayor en las regiones.
Se discrepó de la idea de que este Servicio dependa directamente del Presidente de la República, en lugar de nacer al alero de Mideplan. Se agregó que gran parte de las funciones establecidas en esta iniciativa actualmente son realizadas por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis , que cuenta con un programa exitoso respecto del adulto mayor.
Se planteó la conveniencia de establecer 13 fondos concursables, uno por cada región, en lugar de un fondo a nivel nacional, lo cual no contó con la opinión favorable del Ejecutivo, ya que ello según se dijo sería incompatible con la aplicación de parámetros objetivos para distribuir de manera equitativa y diferenciada los recursos entre las regiones.
El 22 de septiembre de 2000, el Ejecutivo presentó varias indicaciones que actualizaron los guarismos aplicables al financiamiento del proyecto y recogen la observación que se formuló a la proposición de la Comisión técnica respecto de la dependencia directa del Presidente de la República que tendría el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
La Comisión de Familia dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 2º, 10, 11, 12 y 14 permanentes, y 1º y 3º transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 15 y 17, en conformidad con el número 2º del artículo 220 del Reglamento.
En el artículo 2º del proyecto se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, y sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la República.
En el inciso segundo se dispone que los decretos supremos que se refieran al Servicio y en que no aparezca una vinculación con un determinado ministerio, serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
En el inciso tercero se preceptúa que el Servicio tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá encomendar funciones específicas, a nivel regional, a los intendentes regionales.
En relación con las funciones que podrá encomendar a los intendentes regionales, se planteó en la Comisión que sería preferible dotar al Servicio de una planta mínima de funcionarios a nivel regional; sin embargo, se trata de una materia de iniciativa exclusiva de su Excelencia el Presidente de la República.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir en el inciso primero la frase “directa del Presidente de la República” por “del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.”, y para suprimir el inciso segundo.
Sometido a votación el artículo 2º, se solicitó votación separada para la última oración del inciso tercero, la cual fue rechazada por unanimidad. Puesto en votación el resto del artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 10 crea un fondo concursable de financiamiento de iniciativas de apoyo directo al adulto mayor provisto por recursos que se asignen en la ley de Presupuestos y administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
El inciso tercero establece que los recursos se pondrán a disposición de cada una de las regiones a través de sus comités regionales. La transferencia de fondos a cada región se basará en criterios de objetividad, tales como concentración de población adulta mayor, índices de pobreza y carencia de la población total, así como del grupo etario adulto mayor y/o nivel de asociatividad de adultos mayores a nivel regional.
El inciso cuarto señala que la priorización de los proyectos a nivel de cada región deberá llevarse a cabo en conformidad con parámetros objetivos que consideren variables tales como el número de beneficiarios, sustentabilidad en el tiempo de los proyectos presentados, capacidad de aprendizaje instalada, proyectos cuyos objetivos tiendan a fomentar la gestión de las organizaciones de adultos mayores, la asociatividad de éstos, la intersectorialidad entre los diversos servicios u organismos del lugar en que el proyecto se desarrollará, entre otros.
El inciso quinto dispone que cada comité regional para el adulto mayor realizará la selección definitiva de los proyectos, de acuerdo con el reglamento dictado al efecto.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 11 establece el patrimonio del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
El artículo 12 fija la planta del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que comprende 30 cargos distribuidos entre el secretario ejecutivo, grado 2 de la Escala Única de Sueldos; 3 jefes de departamento, grado 3; 16 profesionales, entre los grados 4 y 8; 8 administrativos, entre los grados 11 y 14, y 2 auxiliares, grados 19 y 20.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 3 votos a favor y 2 votos en contra.
El artículo 14 establece la legislación aplicable al personal del Servicio, rigiéndose por el Estatuto Administrativo y por el decreto ley Nº 249, de 1974, en materia de remuneraciones.
El artículo 15 dispone que el Servicio se regirá por la ley de Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias, y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad a la ley Nº 10.336.
El artículo 17 precisa que para los efectos señalados en el artículo 7º, letra j), del proyecto, se considerarán comités operativos del Servicio los comités regionales para el adulto mayor creados por el decreto supremo Nº 9, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Puesto en votación este artículo, fue rechazado en forma unánime.
El artículo 1º transitorio prescribe que la dotación máxima de personal para 1999 será de 15 personas, y para el 2 de enero del año 2000, de 15 personas más.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir los guarismos “1999” por “2000” y “2000” por “2001”.
Puesto en votación este artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 3º transitorio dispone que el gasto fiscal que represente el proyecto durante 1999 se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.004 del Tesoro Público del Presupuesto vigente para 1999.
El inciso segundo establece que el Presidente de la República creará el capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Las disposiciones rechazadas por la Comisión son el inciso segundo y la última oración del inciso tercero del artículo 2º.
Para iniciar la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez .
Señor Presidente, en primer lugar debo señalar que, en su tiempo, estuve muy comprometido con el proyecto y me sirvió de inspiración en mi trabajo como Presidente de la Cámara de Diputados la activa presencia y participación, en la Comisión de Régimen Interno, del señor Secretario General de la Cámara, don Carlos Loyola , y del diputado señor Carlos Vilches . Obviamente, el apoyo de ambos fue desinteresado y desde los puntos de vista del bien común y del país.
Me causa mucha satisfacción el hecho de que hoy se esté discutiendo en general este proyecto y ojalá se pueda despachar también en particular.
Ya en los años 1993 y 1994 se trabajó el tema en la Comisión de Familia, a la cual concurrieron muchas asociaciones y entidades sin fines de lucro y de representación ciudadana para dar testimonio de sus opiniones al respecto.
Como conclusión de ello, presenté al gobierno del entonces Presidente Aylwin , en la persona de su ministro de Educación en ese tiempo, señor Sergio Molina , una moción destinada a crear una entidad llamada Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Esta iniciativa se repitió en la Comisión que ordenó constituir el Presidente Frei durante su mandato, presidida por la señora Marta Larraechea , quien tuvo un importante compromiso con esta iniciativa y con la tarea de los adultos mayores, lo cual concluyó en el acuerdo de esa Comisión del Adulto Mayor para los efectos de proponer la presentación de este proyecto.
En consecuencia, reitero mi satisfacción, porque hoy se ha entrado de lleno a la fase legislativa más decisiva sobre la materia.
A mi juicio, la relación entregada por los señores diputados informantes basta y sobra; sólo quiero hacer dos agregados.
En primer lugar, se trata de un Servicio que fundamentalmente debe caracterizarse por su capacidad de proponer y de coordinar, no tanto de ejecutar, una política nacional sobre el adulto mayor. Es evidente la importancia de ese sector; pero también resulta obvio que el tratamiento de este problema desde un punto de vista coyuntural o sólo por paliativos o con aprovechamientos políticos de corto plazo, dependiendo de la autoridad comunal, regional o nacional de que se trate, no es la forma de abordar esta problemática. El país requiere de una política a partir de un programa de largo plazo, que incorpore al Presupuesto de la Nación políticas que correspondan a dicho programa.
En esa perspectiva, la creación de un servicio pequeño y de alta capacidad profesional respecto de quienes lo conformen, es una adecuada decisión y una necesidad fundamental sobre la materia. La experiencia del Servicio Nacional de la Mujer, para estos efectos, puede servir bastante, porque con poco dinero, en comparación con otros servicios, ha desarrollado una fecunda labor relacionada con su objetivo central, que consiste en otorgar igualdad de derechos y reivindicar el rol de la mujer en nuestro país.
Por eso, tanto por la inspiración permanente de don Carlos Loyola y del colega Carlos Vilches , así como por lo que he señalado, expreso mi alegría y mi apoyo al proyecto.
Señor Presidente, quiero insistir en la importancia del proyecto en debate, porque apunta a dar respuesta a una necesidad que va creciendo cada día y que afecta a cientos de miles de compatriotas: la realidad del adulto mayor.
Pero la creación de este Servicio no sólo pretende dar un uso más adecuado, coordinado y eficiente a los recursos y políticas públicas necesarias para la protección que requieren las personas de la tercera edad, en especial en el ámbito de la salud y la seguridad, debido a que tienen mayores riesgos de salud e inseguridad económica, puesto que se empobrecen, sino que también implica abrirnos a un cambio cultural y esto quiero enfatizarlo, que se ha ido produciendo respecto del adulto mayor, que ahora no es un ser pasivo que sólo necesita apoyo, sino una persona útil y activa.
Quiero destacar la magnitud que está teniendo este tema, el que debemos asumir con mayor responsabilidad y profundidad, entenderlo y conocerlo, a fin de dar mejores y más amplias soluciones.
Todos sabemos que, como consecuencia del desarrollo de la ciencia, en todo el mundo está ocurriendo un proceso de envejecimiento poblacional, porque han aumentado las expectativas de vida. Es una realidad que implica una modificación del perfil demográfico de enorme magnitud. En Latinoamérica, Chile ocupa el tercer lugar, después de Argentina y Uruguay, con un millón 700 mil adultos mayores, cifra que irá aumentando y que en los próximos 25 años se triplicará. El ritmo de crecimiento de este sector es muy acelerado y la verdad es que el mundo entero, en los foros internacionales, empieza a preocuparse del problema. En Viena, en 1982, ya se llamó a un plan de acción para responder a este tema, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1991, habla de principios fundamentales con los cuales hay que abordar las políticas y programas en este sector.
Por nuestra parte, con el inicio de los gobiernos democráticos, en la década recién pasada, empezamos a discutir y a darle una respuesta sistemática al asunto. Durante el gobierno del Presidente Frei se creó la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, y la Cámara acogió con mucho interés como lo explicó recién el colega Gutenberg Martínez este proyecto, que mediante la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, busca dar la institucionalidad indispensable a un sector que requiere de planes, políticas y programas específicos que atiendan sus problemas, y que, además, entrega recursos. Tal vez, los consideremos insuficientes, pero son una señal y un paso muy importantes.
La iniciativa aborda dos grandes áreas. La primera tiene que ver con lo sectorial, con la salud ya se está avanzando en ello, y la seguridad social.
Pero deseo subrayar lo dije al comienzo el tema relativo al cambio cultural. Todos hablamos de ello y para nadie es una materia nueva. Es efectivo que la persona que envejece es activa y productiva; no es pasiva. El abuelo o abuela de hoy no son los mismos de antaño. Lo vemos en nuestros distritos cuando asistimos a los clubes y los apoyamos, porque sabemos que la organización en muy importante para ellos. Eso es lo relevante. Sin embargo, debemos profundizar en el tema, porque, de alguna manera, lo estamos viendo con cierto desapego. El cambio cultural no sólo se refiere al adulto mayor; es más que eso: también apunta al bienestar emocional, a sentirse útil y productivo, que no se está al margen, que se es parte de la sociedad, o sea, es un derecho. Así lo estableció la Organización de las Naciones Unidas y así lo hemos dicho nosotros en nuestra legislación.
¿Qué relación tienen esos sentimientos con el llamado bienestar emocional? Produce personas más alegres, más positivas, más comprensivas frente a los cambios, frente a los jóvenes; personas más tolerantes. ¿Cómo no va a ser importante eso para el grupo familiar? Es muy distinto para la familia tener un abuelo o una abuela es decir, un adulto mayor amargados y malhumorados, que se sienten distantes de las generaciones jóvenes y con los cuales no hay diálogo. Este aspecto no sólo es importante para el adulto mayor y la familia, sino para toda la sociedad, porque implica solidaridad y respeto lo que es ya bastante significativo, y nos permite disminuir la tasa de neurosis, que en nuestra sociedad es altísima. Un trato así al adulto mayor, un sentimiento de este tipo hacia nuestros adultos mayores nos ayudan a disminuir el neuroticismo ambiental, por el clima que se produce al interior de la familia, pues a cada uno de nosotros, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos mayores, nos permite se los digo muy directamente mirar con más tranquilidad el futuro. Y eso no es algo menor en la vida, sino muy importante, incluso, más allá del sentimiento de omnipotencia que todos hemos experimentado cuando éramos jóvenes, porque pensamos que nunca íbamos a envejecer. En realidad, eso está implícito en alguna parte del consciente o inconsciente.
Quiero decir que, en mi caso, el modelo de identificación positiva con mujeres mayores fue muy importante para aceptar mi propio envejecer. En la vida, los modelos de identificación son muy importantes.
De manera que esto tiene enorme trascendencia, no es una cuestión menor. A veces, hacemos reflexiones un poco superficiales y no nos damos cuenta de la magnitud y la profundidad de las cosas.
Subrayo la importancia de la iniciativa, porque se da en un marco mucho más amplio que el de normas específicas, de reglamentos que se dictarán, de fondos que se destinarán, el cual debemos asumir con plena conciencia.
El proyecto fue muy debatido en la Comisión de Familia, en la que contribuimos a perfeccionarlo. Además, recibimos gran comprensión del Ejecutivo para ir mejorando su articulado. Sin duda, recibirá algunas críticas. Uno de los temas más discutidos fue el de la dependencia directa de la institución que se crea. En principio se pensó en la Segpres, pero, al final, quedó sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la República. Todos pensamos, y hubo un debate muy interesante al respecto, sobre la necesidad de un ministerio social, que se preocupe de toda la temática relacionada con los llamados grupos vulnerables, aunque éste no es el mejor término.
Considero que algunas cosas no fueron tratadas plenamente. Las acciones a las cuales está orientado el fondo van más dirigidas a los autovalentes, que corresponden al 70 por ciento de los adultos mayores, o sea, a los grupos y talleres a los cuales hay que apoyar. Pero existe un 20 por ciento que es dependiente, y de ese porcentaje gran parte son indigentes. Se ha planteado que las instituciones que acogen a los adultos mayores que ya no están en el seno de la familia, o la ayuda que hay que dar a la familia, todavía no tienen una adecuada respuesta.
Sin embargo, de las cosas pendientes, todo es susceptible de perfeccionar. Se trata de un proyecto muy importante, que busca una mejor coordinación de las políticas públicas, mostrar la especificidad del sector e, insisto, subrayar sus enormes implicancias, de manera que lo asumamos con esta mirada nueva, distinta, humanista, adecuada a los tiempos que hoy vivimos y a los cambios que se han ido produciendo en el mundo.
Antes de terminar, y en el sentido de la reflexión que hacía del cambio cultural, quiero decir que no nos engañemos. Hay problemas en nuestra sociedad, y las sonrisas nerviosas que se dan a veces, cuando hablamos del adulto mayor o cuando hablaba de mi propia edad y envejecer, tienen que ver con los valores que ella tiene frente a este llamado culto a la belleza y a la juventud. Hay un problema serio de valores en nuestra sociedad.
Hay distorsiones muy profundas, hasta el punto de que la belleza y la juventud aparecen como producto del consumo. En esta misma Sala, en el período anterior, no fue posible aprobar una moción que eliminara la exigencia de edad en los concursos para optar a un trabajo. Entonces, vivimos contradicciones.
He querido subrayar el problema cultural, porque a veces somos superficiales, no reconocemos las contradicciones que existen en nuestra sociedad; a veces somos facilistas y no vemos que el debate que se produce en la Sala en torno de proyectos de esta naturaleza, nos ayuda a mirarnos mejor, con ojos más abiertos, y a reconocer las contradicciones y crear opciones.
Si estamos de acuerdo con esta opción, no seamos contradictorios. Dejemos ya de valorar como un producto de mercado la juventud y la belleza, y empecemos a vernos en una dimensión humana mucha más completa, que es lo que define la humanidad.
Señor Presidente, no soy partidario de agrandar el Estado, pero quiero ser claro respecto de lo que entendemos por servicio público: son los órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua. Aquí hay una necesidad respecto de esta materia.
Quiero ser justo en reconocer comparto plenamente lo dicho por la diputada señora Pollarolo que existe un problema con las personas de edad, pues históricamente les llamábamos “jubilados”; con posterioridad, nos referimos a ellos como los de la tercera edad, y hoy, en este cambio sustancial que vive ese sector de la población, se les llama adultos mayores, expresión que no tiene el sentido despectivo o lejano de las otras.
Es importante que el día de mañana podamos coordinar, planificar, armonizar políticas de Estado respecto de este segmento de la población tan importante para nosotros. En ese sentido, el servicio que se crea le reconoce como tal su vida ciudadana.
En otros países, las personas de la tercera edad tienen ventajas comparativas de vida en el proceso de cada ciudad. ¡Cómo no aspirar a que el adulto mayor pueda acceder con mucha mayor facilidad al ámbito cultural, deportivo y recreativo que quienes tenemos una vida más productiva y la posibilidad de comprar la respectiva entrada!
Sería importante dar esa posibilidad en el corto plazo, para que, en definitiva, como política de Estado, el adulto mayor tenga esa ventaja comparativa de vida en nuestra sociedad.
Sin duda, este nuevo servicio es complemento importante de otros, creados para satisfacer las necesidades de otros sectores, como es el caso del Servicio Nacional de la Mujer, el INJ, en fin. Es una suerte de reconocimiento claro de este segmento de la comunidad, que es el adulto mayor.
Con esta iniciativa uno tiene también la posibilidad de agradecer y entregar las herramientas viables a las personas que se preocupan del adulto mayor. Hay muchos profesores, sobre todo de educación física, que cumplen una labor muy importante, pero que no tienen una orientación o ponen en ejecución proyectos, como alguien dijo, creados al amparo de una iniciativa política, populista, o de acuerdo con la voluntad del alcalde de cualquier comuna que quiere desarrollar un programa de esa naturaleza, como ha ocurrido en la zona norte del país. Allá se ha realizado un trabajo fortalecido, aun cuando la Segunda Región, uno de cuyos distritos represento, no es de las con mayores índices de envejecimiento. Pero debo reconocer que hay colegas profesores que están trabajando arduamente con el adulto mayor, al amparo del municipio de Antofagasta, lo cual me parece muy positivo.
La iniciativa en debate presenta la dificultad de todos los proyectos: la carencia de fondos. Todos tenemos muy buenas intenciones, pero queremos recursos, dinero, para planificar y desarrollar los programas. En ese sentido, me parece positivo y muy importante crear fondos regionales concursables para que quienes queremos, desarrollamos, participamos y luchamos por un regionalismo podamos dar vida a los respectivos programas, acordes con las realidades de nuestras propias regiones o comunas.
El nuevo servicio permitirá la interrelación con otras entidades públicas, como los municipios, para que de una vez por todas exista una relación complementaria entre los órganos regionales provinciales, y, sobre todo, comunales, en base a una política de Estado respecto del adulto mayor. Sin duda, eso permitirá dar respuestas y agradecer a quienes han dado toda una vida por nuestro país.
Anuncio mi voto favorable a la iniciativa en estudio, pues otorgará el debido reconocimiento de la sociedad al adulto mayor.
Señor Presidente, al escuchar a la diputada señora Fanny Pollarolo y a los diputados señores Jaramillo , Gutenberg Martínez , Manuel Rojas y al informante de la Comisión de Familia, el diputado señor Luis Monge , resulta evidente que la iniciativa será aprobada por unanimidad. Nadie podría restarse, no obstante algunos problemas que uno le podría detectar y que comentaré luego.
Aquí hay que partir por reconocer al César lo que es del César. Esta fue una preocupación del ex Presidente de la República don Eduardo Frei y de su señora. Durante largo tiempo se debatió esta materia en las distintas comisiones, como recién lo dijo la diputada señora Pollarolo. El proyecto fue cambiado, alterado en distintas circunstancias; hubo aportes; se recibió a mucha gente, sobre todo a representantes de organizaciones de adultos mayores. Aunque estamos en el gobierno de don Ricardo Lagos, que le está dando el impulso final, debemos reconocer que esto partió en el gobierno anterior.
Se inicia con una motivación muy clara. Quiero agregar algunos datos a los que daba la diputada Pollarolo , en términos de lo que significa hoy la estructura de nuestro país, fenómeno que recién está siendo analizado, incluso con algún atraso, por parte de los expertos.
Está disminuyendo fuertemente la mortalidad; la tasa de fecundidad se ha reducido, desde comienzos de siglo, de 6 a 2,7 hijos por mujer.
Está aumentando la esperanza de vida. Quienes nacieron en los años cincuenta algunos de los presentes, tenían en aquel entonces una esperanza de vida de 52 años; los que nacen hoy, una superior a 70 años. Es decir, disminuyen los niños y los jóvenes y aumentan los adultos mayores, que hoy representan un 10 por ciento, pero en el año 2020 ó 2025 representarán más del 16 por ciento de nuestra población.
¿Dónde están los desafíos para esta creciente masa de personas que se va a involucrar en nuestra sociedad? Por un lado, los países subdesarrollados tenemos un sistema previsional bastante débil, y por otro, los montos de las jubilaciones no son interesantes. Es decir, hay un problema de medios para los adultos mayores.
Aquí surge una interrogante: ¿Qué es un adulto mayor? El diputado señor Gutenberg Martínez hacía un par de bromas con algunos parlamentarios presentes; pero se ha cortado artificialmente en 60 años de edad, tema que habrá que discutir. No sé si hoy, con los datos que estoy dando, el adulto mayor es el de 60 años. No quiero entrar al tema de si la mujer debe jubilar a los 65 años de edad, porque es un asunto distinto. Habría que buscar, científicamente, elementos de juicio para definir claramente cuál es el corte. Quizás, podría ser un poco más alto.
Así, al conocer cabalmente sus necesidades, sus proyecciones, sus actividades, se podrán canalizar los esfuerzos del proyecto; el cual es mesurado, limitado, pero, al fin y al cabo, el primer proyecto integral que busca potenciar un trabajo con los adultos mayores.
Incluso más, los parlamentarios y el Gobierno hemos dedicado mucho tiempo a los jóvenes, gran preocupación nuestra; pero las cifras indican que a comienzos de siglo el número de jóvenes era seis veces superior, comparado con los adultos mayores. En diez años más, prácticamente vamos a tener la misma cantidad de jóvenes que de adultos mayores.
Es decir, aquí hay un sector en el cual el proyecto quiere comenzar a centrar su atención, con recursos limitados. No se trata sólo de tener un organismo nacional con 30 profesionales y 400 millones de pesos al año; lo que estamos haciendo es indicativo respecto de hacia dónde vamos, qué quiere el Gobierno.
Por lo tanto, en los próximos años, en la discusión presupuestaria en la Cámara nos preocuparemos de que haya más fondos disponibles.
Comparto lo que se dio respecto de la regionalización de los fondos. Por desgracia, no fue aceptado por el Ejecutivo, pero lo veremos más adelante, pues hay que tender a la descentralización. La mayoría de los diputados somos de regiones, y los trabajos de este tipo son distintos en cada una de ellas. Tengo las cifras. Como decía el diputado señor Rojas, la Segunda Región todavía no tiene una cantidad importante de adultos mayores, los que se centran más en las Regiones Séptima y Octava, donde el 60 por ciento de la población es mayor de 60 años, versus el 40 por ciento en la Región Metropolitana. Es decir, hay mayoría en regiones. Quizás era el minuto de descentralizar, de haber establecido este servicio en Concepción, que es la región que tiene el mayor número de adultos mayores. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre en Santiago?
Es un tema que es necesario analizar, con el objeto de que cuando se repartan los recursos por regiones, se considere mucho más en detalle la forma de potenciarlos en terreno, aun cuando algo se dice sobre el particular en el artículo 10.
Otro punto que quedó un poco en el aire es el de los gastos administrativos. En la Comisión de Hacienda planteamos que muchos de estos servicios, con pocos recursos, con poco personal, al hacer concursos y licitaciones gastan mucho en la parte administrativa, en las empresas que licitan. Nos habría gustado haber limitado este aspecto. Espero que cuando se lleven a cabo las licitaciones en cada región se tome en consideración esto y no se vaya un 30 ó 40 por ciento de los recursos para los adultos mayores en gastos administrativos.
Considero importante analizar a futuro proyectos que no necesariamente son concursables en el corto plazo. Existen actividades de largo plazo con los adultos mayores, más perdurables y permanentes, como ciertos tratamientos con los indigentes. Quizás, habría que tener no sólo proyectos de corto plazo y crear un segundo fondo, adicional, para el próximo año, con el fin de separar lo coyuntural, lo específico, de los programas de más largo plazo. Además, ¿dónde hay mayor presencia de adultos mayores sin recursos, no el independiente, como decía la diputada señora Pollarolo , sino el indigente, aquel que no tiene dónde acudir? En el mundo rural, o en algún mundo urbano muy focalizado, pero básicamente en el mundo rural, que requiere tratamientos distintos.
Hay un sinnúmero de reglamentos, leyes, decretos que abordan temas específicos para el adulto mayor. ¿Por qué no organizarlos y tener una legislación común para el adulto mayor, con normas coherentes, compatibles y multidisciplinarias, como decía el diputado señor Jaramillo ? Aquí hay abogados; el diputado señor Villouta y otros también conocen el tema. Es decir, hay trabajo por hacer en esta Comisión y asuntos por resolver, como los que estamos planteando.
Por ejemplo, en los programas con los adultos mayores se han priorizado los cursos y viajes, o sea, la entretención, la ocupación de tiempo. Pero no es sólo eso: a raíz de este proyecto se me han acercado algunos artesanos y microempresarios agrícolas, de 60 ó 70 años de edad, que no sólo quieren actividades, sino que les ayuden a mantener sus pequeñas empresas o negocios, pues se valen de ellos para subsistir.
Aquí hay otra vertiente que debería ser tomada en cuenta por el servicio del adulto mayor, para darles recursos y poderes distintos de los de un negocio normal, como el acceso a créditos. Se trata de negocios pequeños, que deben ser considerados desde el punto de vista que les sirven de autosubsistencia, de tranquilidad, de hacer algo. Es decir, las actividades no sólo deben estar dirigidas a entretener, a dictar cursos, al turismo, a que conozcan, lo que es muy interesante, sino también desarrollar algún negocio que los mantenga activos.
No me queda más que apoyar el proyecto, que establece una institucionalidad nueva, profesional, pequeña, porque está comenzando, pero técnicamente bien elaborada. Espero que acentuemos la descentralización del uso de sus recursos y su trabajo y que haga una coordinación multisectorial entre todos los ministerios y servicios que están actuando, ojalá sin exclusiones.
También hay que incorporar a la clase media, porque desde hace algún tiempo la estamos dejando de lado. Tenemos indigentes, autovalentes, los que acceden a los centros de atención de hogares; pero hay muchos adultos mayores de la clase media con problemas y que a veces se les deja de lado, porque se piensa que tienen recursos.
Considero muy interesante el proyecto, es pequeño, está partiendo, no tiene muchos recursos, por lo que tendremos que ir modificándolo; pero creo que la Cámara, sobre todo las Comisiones de Hacienda y de Familia, y el Ejecutivo, han hecho un gran aporte, con el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle y hoy, con el Presidente Lagos, quienes han estado abiertos al estudio de estas materias.
Este es un modelo para desarrollar algo que no es perfecto lo óptimo es enemigo de lo bueno, pero estamos avanzando en pos de tener un adulto mayor integrado a la sociedad. No olvidemos que en unos años más serán una parte muy importante de ella.
Señor Presidente, el debate que estamos teniendo en esta oportunidad, derivado del informe que nos ha preparado la Comisión de Familia, no es menor. Muy por el contrario, se inscribe dentro de esos temas de país, relevantes, que exceden la visión o perspectiva ideológica y política de quienes participamos en ellos.
Hablar del adulto mayor, o más derechamente de nuestros ancianos, es evocar una de las etapas más hermosas de nuestras vidas.
¿Quién no tuvo la mirada cariñosa, llena de afecto y amor sincero de un abuelito? Tal vez nadie, aunque esa mirada tuvo que buscarla muchas veces en otro anciano, porque, precisamente, en esa etapa, el niño busca afecto sin detenerse a considerar si éste proviene o no de la línea de consanguinidad. No importa. La experiencia de compartir con un abuelito sus historias, lecciones y enseñanzas es definitivamente mayor y más enriquecedora.
Esa es la importancia del tema que estamos tratando, que va más allá de las estadísticas, las que, evidentemente, debemos considerar, porque nos alertan de una realidad que es motivo de preocupación pública y que es la característica de las sociedades modernas, que nosotros, como ellas, debemos ser capaces de abordar con eficacia y originalidad, teniendo muy en cuenta la experiencia comparada y los resultados obtenidos.
Efectivamente, nuestro desafío es diseñar una política macro, con una visión de Estado integral e integradora, que junto con atender la diversidad de aspectos que involucra la temática del adulto mayor, promueva su inserción y participación en la vida social, cultural, económica y política del país.
Si la proyección del crecimiento demográfico nos muestra que hacia el 2025 los adultos mayores representarán el 18 por ciento de la población total del país, lo que equivale aproximadamente a 3.600.000 personas, y que, durante ese mismo período, el grupo etario menor de 14 años tendrá igual número de personas que las que tiene hoy, es decir, 2.850.000 jóvenes, no sólo el índice de crecimiento de ese grupo será cero, sino que las demandas y las prioridades van estar orientadas en otro sentido.
Estoy cierto de que es deber del Estado responder a este desafío, tal como lo indica nuestra Constitución Política en el artículo 1º de su capítulo I, Bases de la Institucionalidad, que dice: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,”.
La pregunta que surge es cuál es la estrategia para responder a aquello. Vamos a coincidir en que el acceso a un servicio de salud bueno y oportuno es prioritario, que jubilaciones dignas es un desafío básico, que el acceso a la cultura y a la recreación son factores consustanciales a una buena calidad de vida. En fin, se trata de una multiplicidad de elementos que se relacionan también con la creación de lugares y espacios para que desarrollen su vida; en una frase, con un rediseño de ciudad.
Sería oportuno que el Presidente de la República, en la planificación que está haciendo con motivo del bicentenario, incorporara estos elementos en su plan de obras públicas, para que el Chile del siglo XXI sea definitivamente un país, no de viejos, sino de experiencia.
A partir de esa premisa, tal como lo señalé al inicio de mi intervención, la pregunta es cómo canalizamos esa experiencia. A mi juicio, las universidades tienen un rol muy importante, no sólo desde la perspectiva de incorporarlos en programas especiales, sino también de generarles instancias de participación, donde tengan la oportunidad de entregar sus vivencias y pensamientos respecto de situaciones de orden cotidiano. Estoy pensando en una especie de currículo para la vida, inserto, por ejemplo, en las carreras de asistente social o pedagogías, máxime si consideramos el déficit en formación inicial, reconocido por la propia ministra de Educación. Si se compatibilizan la experiencia con el conocimiento nuevo y la práctica con la teoría, tal vez podríamos disponer de un sistema educativo más eficaz.
Igualmente, los gobiernos comunales, que ahora cuentan con más recursos, están llamados a ser más eficientes en el trabajo con el adulto mayor. Y no nos quedemos sólo en actividades recreativas: ampliemos la mirada, de tal manera que las personas se sientan más útiles y contribuyendo al desarrollo nacional.
Por otra parte, existe un grupo de ancianos, que son los indigentes y los internados en hogares institucionales, a los cuales el Estado, sea por la vía de la asistencialidad y el aporte directo a estas instituciones, tiene que aportar y proteger, lo cual debe quedar establecido en la política que necesitamos en favor del adulto mayor.
Veo a este servicio del adulto mayor que se desea crear focalizado en esa área, de estímulo, promoción y enlace entre los diferentes estamentos del Estado; pero me preocupa que se transforme en un organismo burocrático, centralizado, incapaz de cumplir con su misión, como sucede con otros de reciente creación.
La cuestión de fondo es que aquí no nos podemos equivocar. No sirven las explicaciones ni las discusiones bizantinas de por qué pasó esto o aquello, porque si lo hacemos, perderemos tiempo y recursos, y nuestros ancianos, tal como dijo el Papa al referirse a los pobres, no pueden esperar.
No podemos perder de vista que nuestro objetivo es dignificar la vida del adulto mayor, hacerlos que se sientan útiles a la sociedad y a su familia. Por eso, los esfuerzos y las señales que brindemos deben ir, como ya lo expresaba, a generar las instancias para ello y también a fortalecer a la familia, en el sentido de que se eduque a la población para que exista una real valoración del anciano.
Es necesario que las personas que envejecen lo hagan en su contexto familiar, porque a diferencia de otras épocas, la actual muestra que la familia sigue siendo el mejor hábitat para nacer, vivir y morir como persona.
Autores como Shanas, Litws y Pastor, sostienen a través de estudios empíricos, que “la familia moderna occidental sigue siendo la institución que solventa mejor las necesidades de cobijo, atención y apoyo psíquico de los ancianos”.
En primer lugar, porque la familia puede brindar apoyo afectivo a sus miembros mayores. Los ancianos valoran altamente la comprensión y afecto de sus familiares. El apoyo emocional es mucho más necesario cuando la persona mayor enviuda o queda en soledad, y son los miembros de su familia quienes de mejor manera pueden brindar afecto real, comprensión de la situación, compañía y apoyo incondicional.
En segundo lugar, cuando las personas envejecen, tienen necesidad de vinculación y sentido de pertenencia. De allí que cuanto mayor se hace una persona, más necesita del sentido de arraigo y de retorno al núcleo familiar. Por ejemplo, se asegura que la mejor terapia para las personas mayores es ser abuelos. Si para los hijos y nietos es valiosa la institución de “abuelos”, más importante aún es para éstos sentir que mantienen una responsabilidad no inventada, sino natural, en la familia de sus hijos.
En definitiva, postular las ventajas de vivir en familia no significa pensar que es la solución única e igualmente válida para todas las personas y en cualquier etapa del envejecimiento. Pero sí es conveniente conocer y reflexionar sobre los resultados negativos de las experiencias comunitarias de servicios públicos en otros países, que los han llevado a regresar a la respuesta familiar tradicional.
A pesar de las aprensiones, valoro en general la idea del proyecto, aun cuando creo que, en el curso del trámite parlamentario, debemos ir haciendo las adecuaciones correspondientes, fundamentalmente en el ámbito del fortalecimiento de la descentralización, como muy bien planteaba el diputado señor Lorenzini , quien me antecedió en el uso de la palabra, y que esa institución no sólo tendrá que funcionar en la Región Metropolitana, sino también podría hacerse un esfuerzo y permitir su instalación en Concepción, en Chillán o en otra ciudad.
Por último, hay que ser muy precisos. Los recursos deben llegar directamente a las agrupaciones e instituciones de base, y para ello nada más eficaz que las municipalidades.
Si no cautelamos aquello, cualquier iniciativa, tenga el nombre que tuviere, quedará irremediablemente en el terreno de los buenos propósitos, y eso no sirve, porque nuestros ancianos, como lo expresé, no pueden esperar.
Señor Presidente, parto señalando un hecho que estuvo presente desde el comienzo en la preocupación institucional sobre el tema. Lo digo porque participé en la materia desde el Ejecutivo, en mi calidad de subsecretario general de Gobierno, primero, en la administración del Presidente Aylwin , y luego, en la del Presidente Frei Ruiz-Tagle.
Me refiero a la situación demográfica y los cambios que se han producido, materia que figura en el informe de la Comisión de Familia, que recoge lo señalado en el mensaje. Me permito citar esa parte del informe y del mensaje, porque creo que nos enmarcan en la necesidad de legislar en este momento. Dice así:
“En Chile, en 1999, hay aproximadamente 36 adultos mayores por cada cien menores de 15 años, es decir, el doble de los que había en 1950. Y los de hoy representan la mitad de los 70 adultos mayores que habrá en el 2020. En otras palabras, en los últimos 50 años se duplicó el índice de vejez y la próxima duplicación se producirá en sólo 20 años más.
“La edad media hoy en Chile es de 31 años, 5 años más que en 1950 y 5 menos que en el 2025”.
Esto nos plantea la urgente necesidad de legislar en los términos establecidos en el proyecto que discutimos y que espero tenga el apoyo mayoritario, si no unánime, de la Cámara de Diputados.
Se trata de asumir desafíos en diversas áreas para enfrentar situaciones de postergación, de marginación e, incluso, de franca discriminación.
En la perspectiva del adulto mayor, ciertamente las áreas más sensibles son la salud, educación, previsión y vivienda.
Desde el punto de vista de la salud, culturalmente hoy la vejez está bastante asumida en el país. No es pertinente mirarla como una enfermedad, sino como una etapa natural de la vida, con sus dificultades, pero también con sus oportunidades. La vejez insisto no debe considerarse como una enfermedad en sí misma, pero plantea desafíos especiales por el tipo de patologías que se presentan en esa etapa de la vida.
En educación, no sólo se trata de mejorar los sistemas de formación, sino también de ayudar al cambio cultural del país, en torno de la visión que debe tenerse de una sociedad que, paulatinamente, envejece.
En lo previsional, el desafío es enorme. Hoy el porcentaje de trabajadores en actividades no pasa del 60 por ciento. Por lo tanto, prácticamente un 40 por ciento de chilenas y chilenos no están afiliados a régimen previsional alguno y, por cierto, eso significará un problema importante.
En vivienda, no se trata sólo de impulsar programas especiales de acceso a los adultos mayores, sino también de revisar los sistemas de construcción que hagan más amigable este cuadro, que es el más cercano a la vida de las personas, asumiendo las peculiaridades de las de más avanzada edad.
Quiero señalar también que la experiencia de la institucionalidad que ha funcionado hasta ahora, particularmente a partir de 1995, ha mostrado el carácter multidisciplinario que requiere el enfoque de las políticas dirigidas al adulto mayor. Cuando hablamos de la institucionalidad a partir de 1995, nos estamos refiriendo, particularmente, a la Comisión Nacional para el Adulto Mayor y al posterior Comité encargado de hacer el seguimiento de la implementación de los programas y proyectos propuestos por la Comisión.
El proyecto que hoy discutimos, como lo han señalado los diputados informantes y quienes me han antecedido en el uso de la palabra, crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. El artículo 3º fija sus funciones, las que, a mi juicio, podemos calificar de bastante amplias, como las de promover, en forma activa y decisiva, un cambio cultural respecto del envejecimiento; coordinar, con eficiencia y creatividad, las acciones que en favor del adulto mayor se generan en distintos ministerios y servicios públicos; promover y coordinar la temática del adulto mayor en la sociedad civil y lograr mejores niveles de calidad de vida en los adultos mayores, a través de programas y proyectos que los mantengan activos e insertos en la sociedad, asumiendo roles en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político.
Por otra parte, comparto la afirmación del mensaje: en Chile no sobran los adultos mayores. Por el contrario, sin el aporte de su experiencia, es la comunidad toda la que pierde en su desarrollo.
En cuanto a los antecedentes jurídicos, concuerdo con lo indicado en el informe de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, de ligar el tema a los derechos humanos y a las bases de la institucionalidad. Sin duda, si queremos tener una amplia promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas, no podemos dejar de tener políticas especiales y focalizadas hacia los adultos mayores, las personas de más avanzada edad.
Junto con ello, también corresponde valorar claramente el avance en la organización de los adultos mayores. En la actualidad, no hay comuna en Chile que no cuente con una o más de sus organizaciones. Constituyen una de las organizaciones intermedias que ha tenido mayores posibilidades en los últimos años. Hay que reconocer y reforzar ese aspecto. Por ello, miramos con especial interés ojalá pueda ser dotada con una importante cantidad de recursos la creación, mediante el artículo 10 del proyecto, de un fondo concursable destinado a financiar iniciativas de apoyo directo al adulto mayor. Eso no sólo favorecerá a las organizaciones, sino también resolverá eventuales problemas especiales que se presenten en cualquiera de las áreas más sensibles que ya hemos mencionado.
Por ello, concurriremos con nuestros votos favorables a la creación de esta institucionalidad permanente para enfrentar el tema del adulto mayor.
Solicito la venia de la Sala para prorrogar el debate en 15 minutos, a la espera de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia evacue su informe sobre el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales, en relación con el nuevo Código Procesal Penal, según lo acordado en su momento.
Señor Presidente, lo importante en la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor es analizar lo que está haciendo y hará el país en el futuro. Al respecto, se han dado diferentes cifras. En los años 60, las personas mayores de 60 años constituían el 8 por ciento de la población; en el 2000, el 10 por ciento; en el 2020, serán el 16 por ciento, y los jóvenes menores de 14 años, serán el 23 por ciento. En el 2034 se van a igualar los adultos mayores de 60 años con los jóvenes de hasta 15 años; de ahí en adelante los jóvenes comenzarán a ser reemplazados por los viejos.
Sobre la materia, nuestro país se caracteriza por una transición demográfica avanzada, que modifica en forma absoluta la composición de su población. Por lo tanto, nos enfrentaremos a una sociedad distinta. Por ello, aún estamos a tiempo de contar con un organismo que apunte a formular políticas específicas en relación con este cambio que se avecina.
Por otra parte, la edad mediana, respecto de los adulto mayores, en los años 50 era de 22,2 años; en el 2000, 28,3; en el 2025, será de 34,3, y en el 2050, de 38,4.
En la actualidad, en cuanto a las jefaturas de hogar entre los adultos mayores, el 61,8 por ciento de los varones 3.293.000 es jefe de hogar, y el 38,2 corresponde a las mujeres. En relación con la población total de adultos mayores, el 56,3 por ciento son mujeres. En cuanto a la educación, el adulto mayor tiene un 17,1 por ciento de analfabetismo, en circunstancias de que el promedio nacional es de 5,4 por ciento. Respecto de la discapacidad, los adultos mayores tienen el 8,1 por ciento y el promedio nacional es de 2,1 por ciento.
En fin, podríamos seguir dando cifras. Lo importante es que como país contemos con un organismo a nivel del Ejecutivo capaz de diseñar políticas específicas, no sólo focalizadas en este grupo, sino para el país en general frente al tremendo cambio demográfico que estamos viviendo.
Por eso, la importancia de la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor. En todo caso, no pondría el acento en la centralización o descentralización, sino en que sea un organismo capaz de formular políticas para el momento actual y para el futuro. Consecuente con ello, pondría énfasis en políticas que permitan desde ya ir revisando nuestra previsión social.
La mayoría de los adultos mayores son mujeres solas, y los cambios demográficos no dicen que esta situación vaya a cambiar. La fuerza laboral está integrada por el 40 por ciento de mujeres, las que perciben un salario menor, por lo cual su pensión o jubilación será más baja. Por lo tanto, nos enfrentaremos con un problema de seguridad social tremendo. En la actualidad, sabemos que hay un enorme cúmulo de personas que no tienen derecho a previsión. Entonces, lo importante es que este organismo no sólo pueda diseñar políticas para el presente, sino también para el futuro, con perspectiva de país.
Respecto de cambiar culturamente la apreciación del adulto mayor, ¿qué vamos a hacer?, ¿a qué vamos a propender? ¿A formar guetos de adultos mayores?; ¿cómo logramos un cambio cultural e incidimos en nuestra sociedad para que los adultos mayores estén en el seno de las familias? ¿Será necesario crear una asignación para las familias que vivan con adultos mayores?
El éxito del proyecto no radica sólo en la descentralización del servicio que se crea, sino en su capacidad para formular políticas previsionales, laborales, alimentarias, de salud; políticas que consideren el porcentaje de adultos mayores que tendremos en el país. Yo le daría más importancia a esto que al fondo, el cual es necesario, permitirá apoyar actividades, pero será el Servicio el que deberá ser muy potente y preciso respecto de los estudios, análisis y políticas que formule. Aquí no podemos equivocarnos, pues el cambio demográfico es demasiado brutal ya lo estamos viviendo, dramático. Si no nos preparamos desde ahora, seremos superados por la composición de la sociedad.
Por eso, es importante dar el primer paso, crear este servicio y procurar que sus estudios, planificación y políticas sean de mucha calidad. Que no lo vayan a superar algunas políticas de apoyo a organizaciones, que son importantes, pero no lo fundamental. Debemos lograr que el organismo tenga peso a nivel del Ejecutivo para proponer y supervisar políticas públicas y sociales transversales en los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Agricultura, etcétera, para determinar de qué manera la transversalidad de las políticas públicas dan cuenta del fenómeno del envejecimiento de la sociedad chilena.
Por ello, aprobaré el proyecto. Los parlamentarios deberemos preocuparnos de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tenga la calidad necesaria para que responda, realmente, al tremendo desafío social, de responsabilidad de todos los organismos gubernamentales, dentro de los cuales será el motor para asumir las políticas que serán trascendentales en el desarrollo de nuestra sociedad.
Señor Presidente, le agradezco mucho que me haya dado el privilegio de hacer uso de la palabra, porque fui aludido en la intervención del diputado Gutenberg Martínez , quien señaló que había personas en la Sala que fueron fuente de inspiración para el proyecto del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
He tomado con mucho humor esa indirecta, pero, para poner las cosas en su lugar, quiero contestar a don Gutenberg Martínez que ser adulto mayor es un privilegio. No debe olvidar que algunos envejecen con limitaciones tempranamente, mientras que otros viven muchos años en plenitud de sus condiciones.
El proyecto en debate hacía falta en el país. Organizaciones privadas, entre las que deben reconocerse algunas comunidades extranjeras y otras religiosas, de todos los credos, han prestado particular atención al adulto mayor. En hogares o establecimientos especiales se le entrega una calidad de vida admirable, de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Lo mismo ocurre en clubes y comunidades. Además, muchas personas, hombres y mujeres, han dedicado su vida a este fin.
Por eso, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tendrá recursos y personal y contará con una organización a lo largo de Chile, cumplirá una función muy importante.
Como muy bien han dicho algunos parlamentarios, deben atenderse varios aspectos para una buena calidad de vida de los adultos mayores, como son una jubilación adecuada, una atención de salud acorde y espacios de participación propios.
En este sentido, como aporte al proyecto, quiero mencionar que muchas empresas tienen planes para capacitar a sus trabajadores como futuros jubilados y adultos mayores. Codelco Chile es una de ellas, puesto que se está preparando para enfrentar esta nueva etapa por la cual tenemos que pasar todos los seres humanos.
El proyecto requiere de nuestro apoyo, sin perjuicio de que se perfeccione en la discusión particular, de modo que los beneficios a los adultos mayores sean de alta calidad para que puedan tener una vejez absolutamente digna. Por eso, votaré a favor de la idea de legislar.
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 19.665, en relación con el nuevo Código Procesal Penal.
De conformidad con lo acordado, el diputado señor Sergio Elgueta dispondrá de cinco minutos para informar por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y cada bancada, de tres minutos.
Proyecto del Senado, boletín Nº 2641-07 (S), sesión 25ª, en 12 de diciembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 19.665, a modo de complemento del nuevo Código Procesal Penal.
Enviada para su conocimiento, la Excelentísima Corte Suprema estuvo de acuerdo con la proposición de ley, ya que en los próximos días empieza a funcionar el sistema en dos regiones.
El objetivo del proyecto es establecer normas orgánicas que resuelvan, mediante ley expresa, algunos temas que pueden terminar en interpretaciones judiciales o en derogaciones tácitas del todo inconvenientes, ya que se trata de normas de orden público, sobre todo de competencia de los tribunales, en toda la escala, desde la Corte Suprema hasta los jueces de garantía o los tribunales orales en lo penal.
El proyecto está compuesto de dos artículos permanentes y uno transitorio. Los permanentes introducen 35 modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, y el transitorio, que establece la vigencia de la ley, incorpora tres enmiendas a la ley Nº 19.665, sobre juzgados de garantía y tribunales orales penales.
La mayoría de las normas que estudió la Comisión se refieren a adecuaciones en relación con la competencia de los tribunales que deben resolver los problemas que suscita el nuevo Código Procesal Penal.
También es necesario informar que lo sustantivo ya fue establecido en el Código Procesal Penal, vigente en las dos regiones que señalé, y que entrará gradualmente en aplicación en todo el país.
En materia de competencia, el proyecto explicita a qué tribunales corresponderá resolver los conflictos sobre diversas materias, en especial las relativas a la ley de alcoholes. Dado que el 40 por ciento de los asuntos que se conocen en materia penal se originan por el acohol, era necesario determinar qué tribunal debía conocer de las faltas e infracciones a esa ley. La iniciativa establece que este tipo de conflictos será conocido por el juez de garantías. En consecuencia, se elimina la competencia que al respecto tienen los juzgados de policía local y, en otros casos, los jueces de letras.
Se reglamenta la competencia de las cortes de apelaciones respecto de materias de única, primera y segunda instancia, como asimismo la de la Corte Suprema sobre recursos de nulidad, cuando corresponda, y para oponerse al registro o entrada en lugares religiosos, edificios de autoridad pública y recintos militares o policiales, cuando atenten contra la seguridad nacional.
También se reglamenta respecto del tribunal que debe ejecutar y vigilar el cumplimiento de los fallos. Se señala, como norma general, que deberá conocer del delito el juez del territorio donde aquél se hubiere cometido. Además, desaparece la acumulación de los procesos.
En definitiva, se trata de efectuar acomodaciones como, por ejemplo, reemplazar en una serie de normas la expresión “procesado” por “condenado” o “acusado”.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda la aprobación del proyecto, para cuyos efectos se requiere quórum orgánico constitucional, es decir, el voto favorable de 69 diputados, en caso de que ninguno esté con permiso constitucional.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Juan Bustos.
Señor Presidente, las diferentes disposiciones para adecuar las normas son fundamentales para que el 16 del mes en curso entre en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal.
Todas estas disposiciones fueron ampliamente discutidas por la Cámara de Diputados, a fin de que el nuevo procedimiento penal pueda entrar en vigencia. Más aún, ellas fueron debatidas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde hubo total acuerdo tanto en la primera discusión como en la que acabamos de llevar a cabo, porque todas son fundamentales para la realización plena de la reforma de nuestro Código de Procedimiento Penal y de los distintos aspectos que tienen que darse tanto dentro de los actuales tribunales como de los que funcionarán en el futuro. De allí que nuestra bancada va a votar favorablemente.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma, por tres minutos.
Señor Presidente, haré dos tipos de consideraciones respecto del proyecto. A la primera, de carácter jurídico, que ha explicitado adecuadamente el diputado informante, le quiero hacer un agregado.
Dada la naturaleza del proyecto y el hecho de que en pocos días más entrará a funcionar el nuevo Código Procesal Penal, incorporar la ley de alcoholes dentro de las facultades de conocimiento de los fiscales del nuevo sistema aparece absolutamente indispensable. En todo caso, aunque el proyecto llegó ayer, desde hace mucho tiempo sabíamos que esta situación se podía producir.
Quiero ir ahora a la segunda consideración, esta vez de carácter político.
En días pasados, a través de una convención llamada Santiago l, aparentemente hija de Reñaca I y Reñaca II, oí, con mucha sorpresa, decir al Presidente de la República y a varios ministros que el problema de Chile era estar con una Oposición destructiva, que permanentemente trataba de socavar los proyectos que enviaba el Gobierno a trámite legislativo. Además, dijo que, en sus lineamientos básicos, parecía que la Oposición buscaba el mal del país.
Este es el tercer proyecto, en catorce días, en que el Gobierno requiere de los votos de la Oposición para aprobarlo. Ocurrió con el de reajuste del sector público en el Senado, y con la ley de Pesca por mucho que el ministro García lo haya negado, porque se necesitaban 61 votos y la Concertación sólo reunió 43; los demás los entregó la Oposición.
Hoy se requieren 69 votos para aprobar este proyecto. Invito a su Señoría a que mire hacia las bancadas de la Concertación y comprobará que no reúne los 69 votos. No voy a culparlos, porque habrá muy buenas razones para que más de algún diputado no esté presente en estos momentos. De partida, ayer no estuve en la sesión, porque debí viajar a Argentina acompañando a gente de Melipilla que se vio afectada por un accidente gravísimo.
Entiendo que hoy no estén todos, pero sí quiero dejar en claro que la fórmula de solucionar el problema fue pedir a las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional que no siguieran el procedimiento normal, ya que esta iniciativa debió haberse conocido con más tiempo y con mayor profundidad. Por tercera vez en catorce días, le decimos al Presidente de la República que aquí está la Oposición. Pero no digan más que somos destructivos. El mínimo requerimiento moral sería reconocer el gesto que tuvimos al decir al país que trabajaremos juntos en las cosas buenas, pero eso jamás nos hará callar frente a algo que nos parezca inconveniente. Hemos sido siempre así, y lo seguiremos siendo.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, por tres minutos.
Señor Presidente, en verdad, muchos diputados, en nuestra calidad de colegisladores con el Ejecutivo, sentimos que nos están apremiando.
Debo destacar que hoy nos vemos enfrentados a una necesidad expresa, porque hemos logrado una gran reforma con el establecimiento del Ministerio Público, materia que fue ampliamente debatida en la Sala. Todos los diputados la conocimos y, en consecuencia, nadie puede alegar ignorancia al respecto.
Ahora nos encontramos con una situación bastante angustiante, por cuanto el próximo 16 de diciembre comenzarán a funcionar los juicios orales en las regiones Cuarta y Novena, faltando algunas normas, que sólo son de adecuación.
El diputado informante fue muy claro en su exposición, pero, a pesar de todas estas protestas que nos producen frustración, lo importante es aprobar este proyecto, porque sin él no podrá operar la nueva institución. Estamos encima de la fecha de su entrada en funcionamiento; hemos hecho un gran esfuerzo, igual que el Gobierno, y, además, se cuenta con los medios y la infraestructura; entonces, reitero, sólo nos falta aprobar este proyecto, considerando que contiene simples normas de adecuación y de competencia, muchas de las cuales ya fueron debatidas. No podemos argumentar que exista ignorancia al respecto. Es verdad que estamos angustiados por el apresuramiento y que sentimos frustración, porque nos ponen en calidad de colegisladores un poco minúsvalidos; pero lo importante es tener presente que sin esta aprobación no hay posibilidad de echar a andar esta gran reforma.
Por lo tanto, interpretando a la bancada del Partido por la Democracia, solicito a los colegas votar favorablemente este proyecto.
Ofrezco la palabra al Comité del Partido Radical Social Demócrata, por tres minutos.
Señor Presidente, con mucho agrado hemos llegado a la culminación de esta gran reforma del siglo en materia de justicia, por lo cual vamos a votar favorablemente la iniciativa en debate.
A continuación, dejo con la palabra, por tres minutos, al diputado señor Enrique Krauss, en representación de la bancada democratacristiana.
Señor Presidente, es cierto que la iniciativa que hoy nos preocupa pudo haber tenido una discusión más pormenorizada. En más de una oportunidad hemos reclamado la conveniencia de que se recurra a la ritualidad parlamentaria, radicando en nuestras comisiones permanentes el estudio pormenorizado de las normas. Sin embargo, también debemos reconocer que existen ciertas circunstancias que nos obligan a estos pronunciamientos tan apremiantes.
La puesta en marcha de una reforma tan trascendental dentro de la juridicidad chilena, como es la reforma procesal penal, obviamente necesitará de éstas y de futuras adecuaciones. Por ello, es importante tener presente que se repetirá este tipo de situaciones, como ha ocurrido en esta oportunidad.
La Cámara dispuso que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estudiara de nuevo esta materia, lo que hizo en la mañana de hoy. Además, hemos acordado que en un futuro inmediato la próxima semana, aun cuando se haya cumplido con el trámite de despacho, la Comisión evacue un informe para que en la historia de la ley queden establecidas las razones por las cuales, justificadamente como lo ha señalado con detalle el diputado informante, señor Sergio Elgueta , se acordó respaldar esta iniciativa, sustentada primero, por el Ejecutivo, y luego por el Senado. Por lo tanto, la Democracia Cristiana la aprobará.
Sin embargo, queremos dejar constancia de ciertos tonos que afloran en esta clase de debate. Permanentemente los sectores de la Derecha nos están diciendo que van a concurrir con sus votos, porque son necesarios para su aprobación. Sí, es necesaria la aprobación cuando existe un compromiso con el proyecto de país; pero no es aceptable que se pretendan atribuir responsabilidades a otros. Nosotros asumimos la propia; que la Oposición haga lo mismo. Si no lo estiman pertinente, no aprueben el proyecto y enfrenten el juicio del país; pero no estén permanentemente pretendiendo pasarnos facturas, porque estas facturas nosotros las asumimos frente a la comunidad nacional.
Le corresponde el turno al Comité de Renovación Nacional, por tres minutos.
Señor Presidente, lo que ha sucedido hoy en la Cámara es la señal de la deficiencia con que estamos trabajando. En la sesión de ayer vimos proyectos no muy relevantes para el país. Y, de repente, entre gallos y medianoche, sin que exista la debida tramitación, nos presentan un proyecto de ley terriblemente complejo.
Diputados Coloma, Krauss, Bustos, Seguel y señor ministro: les ruego guardar silencio y escuchar con respeto la intervención de la diputada Pía Guzmán .
Debo señalar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia analizó el proyecto sobre normas de adecuación, el cual es complejo y difícil, ya que contiene materias tan diferentes como las relativas a la ley de Seguridad Interior del Estado, a la ley Antiterrorista, a la ley de Aduanas y a la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado.
Por estas dificultades, la Comisión de Constitución tuvo que nombrar, en su oportunidad, un Comité para que se abocara a la revisión de todas esas normas. En una tramitación normal, una vez aprobada la iniciativa, pasa al Senado, donde éste la desglosa y luego, sin saber por qué, quedan guardadas allí.
Sin embargo, con una rapidez que nadie entiende, en el último minuto nos llegó este proyecto de ley.
Corresponde hacer un reclamo formal, porque estamos ante una materia que requiere quórum especial. Además, es tremendamente compleja y difícil, porque sus efectos van más allá de lo que significa aprobar el Ministerio Público o los tribunales orales. Entonces, la adecuación es mucho más compleja por la dificultad que existe para hacerla y por los efectos que causa.
El ministro de Justicia ha pedido en la Comisión de Constitución los votos de la Oposición. Nosotros estamos dispuestos a darlos; pero si nos van a estar enrostrando un proyecto de país, en el cual hemos concurrido durante cinco años con nuestra aprobación...
Perdón, señora diputada, le exijo cumplir con el Reglamento y respetar los tiempos acordados por los Comités.
Usted ya se ha excedido en más de medio minuto.
Señor Presidente, la Oposición tiene derecho a preguntarle al ministro de Justicia si necesita nuestros votos. Si no es así, podemos retirarnos, y que la Concertación cumpla con su obligación.
Señor Presidente, hemos hecho un esfuerzo muy grande para llevar a cabo una reforma procesal penal de la naturaleza que el país enfrentará a partir del 16 de diciembre.
Este proyecto ha tenido una extensa discusión, en la cual todos los parlamentarios han participado. Nunca había acontecido una situación como la que hoy enfrentamos, y me parece lamentable que se dé en el caso de un proyecto que afecta a muchos chilenos y que tiene que ver con la justicia.
No se trata de que le haya pedido los votos a la Oposición. Conversé con las bancadas como corresponde, para debatir un proyecto que insisto es indispensable para el país y que conlleva un tema de responsabilidad. No he recabado los votos porque los tenga que pedir. Lo he hecho, porque el país necesita sacar adelante el proyecto, ya sea con votos de la Oposición o de la Concertación. De lo contrario, mi actitud habría sido distinta, porque la Concertación puede contar con los votos necesarios para aprobar el proyecto; pero nunca se había discutido así esta proposición de ley en el Congreso. Parece lamentable, entonces, enfrentarnos a esta discusión en circunstancias de que estamos hablando de una iniciativa de interés nacional.
Aunque tengo en mi poder el retiro del proyecto, no lo concretaré, porque aquí está en juego nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad como país. Si hay que votar en contra, así se hará; pero el proyecto es de Chile, no de un partido político ni de un gobierno.
En definitiva, lo que pido es que se vote con responsabilidad.
Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, solicito reunión de Comités.
No se ha iniciado la votación, y pido reunión de Comités.
Llamo a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Reunidos los Comités a petición del jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado señor Gustavo Alessandri , se ha tenido presente, en primer lugar, que Chile entero está a la espera de lo que hoy la honorable Cámara decida sobre un tema tan importante, como lo es el proyecto en discusión en el que durante años se ha trabajado en forma total y absolutamente unánime, y en segundo lugar, que hoy ha sido posible ponerlo en tabla, porque todas las bancadas, en especial las de la Oposición, dieron la unanimidad para ello. En virtud de tales razones, se ha dado por superado el problema que se presentó en la Sala.
En consecuencia, procederemos a su votación.
Pido la palabra por una cuestión de orden.
Una vez que termine la votación, con mucho gusto le daré la palabra, señor diputado.
Señor Presidente, hay un acuerdo político. Si no me da la palabra, no lo vamos a votar.
Una vez que termine la votación, señor diputado. Si usted consulta con su jefe de bancada, le podrá decir que he dado fiel informe de lo acordado por todos los Comités.
Entonces, hay que pedir nuevamente una reunión de Comités.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobado en general y en particular el proyecto. Se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional correspondiente.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez, Arratia, Ávila, Bartolucci, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, don José Antonio Gómez.
Señor Presidente, mi intervención anterior no tuvo por finalidad contestar a ninguno de los diputados que habían intervenido; lo único que quise decir lo reitero ahora es que en este proyecto trabajamos transversalmente durante cinco años y fue discutido y analizado en comisiones con los parlamentarios de todas las bancadas durante muchas horas y días. Se trata de un proyecto país que recibió el impulso no sólo del Gobierno, sino de toda la ciudadanía y de los parlamentarios en general.
De manera que mi actitud estuvo lejos de responder a algún diputado; simplemente quise señalar que en este proyecto nunca ha sobrado nadie, porque todos, Gobierno y Oposición, hemos sido artífices fundamentales.
Por eso, deseo brindar un aplauso a la Cámara, porque este proyecto es muy importante para el país, y la votación de los diputados ha demostrado, en definitiva, que sigue siendo un proyecto de país.
Tiene la palabra el diputado señor Cardemil .
Señor Presidente, señor ministro, distinguidos colegas, pienso que debemos sacar algunas lecciones positivas de lo que ha sucedido hoy en la mañana.
La vida del país transcurre en un clima enrarecido; tenemos problemas muy graves, y uno de esos problemas es la cesantía. La modernización de las instituciones y de la justicia y el cierre de la transición también son problemas graves. Entonces, si no trabajamos todos juntos, Oposición y Gobierno Alianza y Concertación, no lograremos superarlos.
Quizás el tema de la modernización de la justicia como lo ha dicho el ministro ha sido una de las buenas señales que ha tenido el país, en cuanto a lo que significa una colaboración desinteresada, leal, inteligente y con voluntad para salir adelante. Ésa fue nuestra idea: jamás poner obstáculos.
Nos molesta y nos duele lo digo en el mejor buen espíritu que pueda existir por parte de este presidente de un partido que se nos acuse gratuitamente se trata de una acusación insostenible de obstruccionismo, de boicotear las iniciativas de bien común y de no colaborar realmente con los propósitos, propuestas y proyectos de interés nacional.
Considero que el ministro ha honrado la palabra me alegro de ello que nos dio antes y después de este incidente, y ha recuperado el sentido positivo con que debe trabajar el Gobierno. Con el mismo espíritu, le digo al ministro que él, el Presidente de la República y todos los ministros que integran el gabinete siempre nos encontrarán, con respeto, con ideas, permitiéndonos plantear nuestras propuestas y alternativas, y tratando de construir caminos de confianza y de progreso hacia el futuro. Por el contrario, en la posición del ataque y de la amenaza, la Alianza por Chile y ninguno de sus diputados, jamás estarán disponibles, por una cuestión de dignidad y de fe en las ideas que sustentamos y en las propuestas que hacemos al país.
Me alegro de que esto haya terminado bien, por el país, a pesar de que pudo haber terminado mal. Saquemos lecciones de por qué pudo haber terminado así y ojalá que podamos seguir trabajando en esta Cámara con el espíritu que acabamos de recuperar.
En primer lugar, corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 500, que fue leído en la sesión anterior.
Señora Presidenta, como los colegas saben, existe una ley que obliga a los conductores a efectuar un curso de capacitación con el objeto de obtener una licencia de conducir profesional.
Pues bien, en la actualidad, prácticamente en todo el país están funcionando escuelas de conductores. Sin embargo, dichas escuelas tienen problemas de financiamiento. Existe la posibilidad de que accedan a los beneficios que concede el Sence, para lo cual se les faculta para solicitar un crédito a las entidades bancarias. Lo que plantea el proyecto de acuerdo es que el Banco del Estado, en conformidad con sus atribuciones, otorgue créditos de enlace para que los conductores puedan recibir capacitación profesional.
El proyecto de acuerdo fue respaldado por todas las bancadas, porque estamos contestes de que es necesario capacitar a nuestros choferes profesionales.
Por eso, si es posible, pido, por su intermedio, que sea aprobado por unanimidad, a fin de que los interesados puedan llevar a cabo las gestiones del caso ante el Banco del Estado.
Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Que se vote, señora Presidenta.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora CARABALL, Eliana (Presidenta accidental).-
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Por no haberse reunido el quórum necesario, la votación queda pendiente hasta la próxima sesión.
Señora Presidenta, en pocos días se cumplirán 27 años de la dictación de una injusta normativa, el decreto ley Nº 208, que privó a los dirigentes campesinos de las organizaciones sociales de la reforma agraria, de la asignación de parcelas Cora.
Desde 1985, las organizaciones campesinas y sindicales han hecho todos los esfuerzos ante las autoridades para que se repare la injusticia de ese decreto. Los gobiernos de la Concertación, si bien no han devuelto las tierras a los dirigentes, por lo menos han logrado el pago de pensiones de gracia.
En 1995, en el gobierno del Presidente Frei, se comenzaron a firmar estos decretos. Así, en la provincia de Ñuble, 19 personas recibieron la pensión. En 1999 se entregaron 202 más, y a la fecha, 544 personas han sido beneficiadas con esta reparación. Hago notar que entre ellas hay una cantidad importante de viudas.
El gobierno pasado como senalé se comprometió con el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, Mucech , y las confederaciones nacionales campesinas, a buscar la solución al problema a través de estas pensiones de gracia. Es así que ya se han entregado 3.010 pensiones de las 4.600 que se encuentran en tramitación en el Ministerio del Interior y en el Indap.
Hoy, con el Presidente Lagos, esperamos que muchos trabajadores y dirigentes puedan lograr que se asignen las pensiones de gracia aún pendientes, pues se trata de un asunto de equidad social.
Por este motivo, solicito oficiar al ministro de Hacienda, adjuntándole mi intervención, para que se asignen los recursos suficientes, con el objeto de dar cumplimiento al pago de las pensiones de gracia que se encuentran pendientes en el Ministerio del Interior y en el Indap.
De esta forma, esperamos que se repare a los familiares o a quienes tan injustamente fueron afectados por el decreto ley Nº 208, del 19 de diciembre de 1973, y que hoy se encuentran en precarias condiciones de salud, social y económica.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
Señora Presidenta, hace una semana, más o menos, solicité enviar un oficio al superintendente de Servicios Sanitarios, con el objeto de que nos aclare qué estaba ocurriendo con la aceptación a tramitación de la solicitud de concesión de agua potable y alcantarillado requerida por la empresa de Servicios Sanitarios del Libertador Bernardo O’Higgins, de la Sexta Región, por la vía de la ampliación del territorio operacional.
Señalé que no me parecía que una empresa que no ha dado cumplimiento a obligaciones contraídas, producto del proceso privatizador por ejemplo, devolución de los aportes reembolsables o el plan de obras, que significa para el año 2000 la construcción de la planta de tratamiento en Rancagua, por nombrar sólo dos puntos importantes, estuviera solicitando esa ampliación, señalando que en el territorio que requería para su concesión poco menos que no hay nada.
En verdad, se trata de un terreno donde hay mucho: se encuentra la cooperativa más grande de la Sexta Región, con más de 1.500 arranques; con una inversión, en este momento, en ejecución por el gobierno regional, por más de 700 millones de pesos; con estudios pagados por la propia cooperativa por un monto cercano a los 20 millones de pesos para hacer el mejoramiento integral del sistema y de toda la red de agua potable de la cooperativa, con aportes de los municipios de Olivar y Requínoa , precisamente, para contribuir a financiar ese estudio; con mejoramiento de extensión del servicio de la cooperativa, financiado también en parte por los municipios y el Gobierno. Es decir, con una inversión y una red importantes. Estamos hablando de 1.700 arranques que, con el mejoramiento, incluso, pueden llegar a 1.800 ó 2.000; es decir, se trata de 15 mil personas involucradas, con una cooperativa creada con anterioridad a la dictación de la ley de concesiones.
En definitiva, se está desconociendo la existencia de algo que para todos es conocido en la Sexta Región, a través de un proceso que no ha tomado en cuenta la opinión de la gente que hoy se está expresando, al tener conocimiento de esto, mediante un acuerdo unánime de la asamblea de la cooperativa y los acuerdos de los municipios respectivos de rechazarlo.
Me opongo categóricamente a lo que me parece una petición desmedida. No creo que tenga derecho a solicitar ampliación de territorio operacional quien no cumple con sus obligaciones mínimas derivadas del proceso de privatización, oculta información a la comunidad y no otorga garantía alguna de suministro a menor costo.
Sólo para referencia del superintendente, puedo informar que el costo promedio del agua para la gente que sirve esa cooperativa es de 1.700 pesos. La empresa sanitaria jamás va a estar en condiciones de prestar el servicio a ese precio, sin contar con que las presunciones de costo de alcantarillado se hacen sobre la base del consumo de agua potable, de manera que con un consumo dos o tres veces mayor, automáticamente aumentará el costo de dicho servicio. Además, en la propuesta de concesión que está realizando señala cero ¡cero! conexión domiciliaria en alcantarillado y agua potable para el primer año, y plena conexión sólo en quince años más; es decir, la propia solicitud de la sanitaria demuestra su incapacidad de prestar servicios en el momento en que se le otorgue la concesión. Las dudas jurídicas que surgen a partir de eso son muchas.
En definitiva, manifiesto mi absoluto rechazo a la solicitud de concesión de Essel por la vía de la ampliación del territorio operacional, porque no se resguardan los intereses de los actuales usuarios de la cooperativa.
En consecuencia, solicito que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, a través del conducto regular.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ojeda, Ortiz, Mulet, Jaramillo y de quien preside.
Señora Presidenta, la modernización del Poder Judicial está en marcha. Hoy, la Cámara acaba de aprobar uno de los últimos capítulos o disposiciones legales correspondientes a la modificación del Código Orgánico de Tribunales en materia procesal penal.
También hoy nos hemos informado, a través de los medios de comunicación, que existen 101 nuevos edificios para tribunales de la República, con el objeto de que comience a funcionar el nuevo sistema procesal penal. En la primera etapa se han considerado 15 nuevos edificios, en las regiones Tercera, Cuarta y Novena, con un costo de 7.786 millones de pesos; en la segunda, tres edificios más en las capitales de las regiones Segunda, Tercera y Séptima, es decir, Antofagasta , Copiapó y Talca, por 4.252 millones de pesos. Otros 15 edificios, con un costo adicional de 5.400 millones de pesos y, por último, las etapas tercera y cuarta comienzan en 2002, con la construcción de 71 edificios para las regiones restantes, con un costo cercano a 53.650 millones de pesos.
Todos los financiamientos están garantizados en el presupuesto de la nación.
Se habla de una alianza estratégica entre los Ministerios de Obras Públicas y de Justicia; el primero, encargado de implementar las construcciones, y el segundo, del sistema para los procesos, con un aumento de 400 por ciento de funcionarios.
No existiría eficacia en las nuevas formas de orientar la justicia o de tramitar los procesos si no estuvieran enmarcadas también en la construcción de edificios adecuados o en la modernización de los actuales. Por ello, nos alegramos de la decisión del Gobierno, en orden a complementar la reforma procesal con la construcción de edificios adecuados a las necesidades, requerimientos y nuevos sistemas de tramitación de los procesos.
En mi provincia, concretamente en mi ciudad esto es lo que me preocupa, existen tribunales en condiciones muy precarias e inadecuados para el funcionamiento e implementación de la reforma procesal que comenzaría a operar en 2003.
Hay cinco tribunales: el primer y segundo juzgados funcionan hace más de cuarenta años en dependencias de Gendarmería, en condiciones estrechas; el Tercer y Cuarto juzgados funcionan en una vivienda antigua que es arrendada, y el Juzgado de Menores, en un edificio que también sirvió de vivienda hace mucho tiempo.
Necesitamos la creación y construcción de un complejo judicial, el que venimos solicitando desde hace más de 20 ó 25 años, sin obtener resultados positivos. Hemos realizado gestiones a nivel de ministerios, de Corporación Administrativa del Poder Judicial, y no hemos tenido respuesta.
Pensamos que es hora de que el Gobierno acceda a la petición de construir dichos edificios en Osorno.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través del Ministerio de Justicia, para que nos informen respecto del programa de construcciones de los nuevos edificios en las distintas regiones, información que hoy aparece en la prensa, y nos señalen si dentro del programa de construcciones está la de un complejo judicial para cobijar los juzgados que están diseminados pagando altos arriendos y en lugares de difícil o desconocido acceso para quienes deben acudir en virtud de citaciones u otras necesidades o circunstancias.
Además, solicito que se nos informe si dentro de los 53 mil millones de pesos contemplados para las demás regiones se incluye a la Décima, o de cuáles juzgados y de qué provincias o comunas se trata.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ortiz, Mulet, Jaramillo, Monge y de quien preside.
Señora Presidenta, quiero referirme a la situación que afecta a mi Región, en particular al distrito que represento y a la provincia de Huasco.
Desde hace meses que en la provincia de Huasco tenemos un nivel de desempleo que ha estado en los primeros lugares del país, con los índices más dramáticos.
La última cifra entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas respecto del desempleo en la comuna de Vallenar en el resto de las comunas del distrito no existen índices comunales y por eso sólo se menciona a Vallenar es de 18,4 por ciento, muy similar a la de los dos meses anteriores.
La situación es preocupante. Creo que hasta ahora no se han tomado las medidas conducentes para disminuir el desempleo. Por el contrario, a mi juicio, se avizora, por algunas circunstancias especiales, que persistirá o, incluso, aumentará.
Hace algunos días, la empresa minera Barrick , que iba a implementar un importante proyecto, PascuaLama, ha postergado su ejecución indefinidamente. Se calculaba que en su construcción iban a trabajar hasta 5 mil personas.
Las autoridades de los gobiernos regional y provincial habían cifrado esperanzas en que sería un muy buen instrumento para disminuir el desempleo, pero ya no lo será.
De manera que en el corto plazo no habrá empleos, por lo menos en 2001, por parte de este proyecto que, esperamos, se desarrolle o implemente a futuro.
A lo anterior se agrega la situación que afecta a los productores de uva pisquera, que también son muchos en los valles de Huasco y de Copiapó, debido a la obligación que tiene nuestro país de cumplir con el fallo de la Organización Mundial de Comercio, que ordenó equiparar el impuesto del pisco con el de otros licores, principalmente el del whisky, lo que también genera una situación complicada para la industria pisquera, dado que son cientos los agricultores que viven de ese producto.
Además, está el problema de la pequeña y mediana minería, que no ha tenido el despegue que nosotros deseamos, aunque reconozco que en ese sector se han tomado algunas medidas, pero deben adoptarse otras más.
En consecuencia, la situación es bastante grave y preocupante.
Por lo anterior, solicito enviar oficio, al que se debe adjuntar esta breve introducción que he hecho, al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe detalladamente a esta Corporación sobre el estado de avance de los siguientes proyectos de obras públicas, que son muy importantes y absorbentes de mano de obra.
En primer lugar, el estado en que se encuentra el proyecto y la fecha de licitación del futuro aeropuerto de la Tercera Región, que se ubicará en la comuna de Caldera, que me honro representar en este Parlamento.
En segundo lugar, el estado de avance del proyecto de concesión de las obras por ejecutarse en la ruta 5 norte entre La Serena y Caldera, de más de 400 kilómetros, y la fecha de licitación de las mismas.
En tercer lugar, el estado de avance del proyecto de construcción de la carretera que unirá las ciudades de Huasco y Caldera, la denominada carretera por la costa, que fue anunciada por su Excelencia el Presidente de la República en su discurso del 21 de mayo y que se hará con recursos públicos. Me interesa saber cuándo se inicia la ejecución del camino, porque aquí ha habido una serie de postergaciones que, a mi juicio, me parecen insostenibles.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Prokurica, Ortiz, Leay, Monge, Jaramillo y de quien preside.
En segundo lugar, solicito oficiar al ministro del Interior, con copia de mi intervención, para que disponga, a la mayor brevedad, el estudio de proyectos absorbentes de mano de obra con cargo al fondo de contingencias para el empleo que se crea en la ley de Presupuestos que empezará a regir a contar del 1 de enero del próximo año, con el fin de paliar el problema de cesantía y de desempleo que existe en las comunas de Vallenar, Freirina , Huasco , Caldera, Alto del Carmen y Tierra Amarilla, pues debido a lo señalado, esta situación persistirá.
Se ha dicho que el fondo operaría cuando el nivel de desempleo nacional llegue a un determinado porcentaje, que se ha fijado en alrededor de 10 por ciento; pero se debe tomar en cuenta que el drama del desempleo lo están viviendo hoy los vallenarinos y la gente del valle de Huasco. Por lo tanto, no me parece correcto esperar a que el desempleo a nivel nacional llegue a 9 ó 10 por ciento, en circunstancias de que en mi región y en otras comunas del país se requiere solucionar este problema ahora y no cuando se llegue a dicho promedio, que confío no se producirá, para que la gente del resto del país no tenga que sufrir las consecuencias que están soportando los habitantes de las comunas que represento en este Parlamento.
Señora Presidenta, de nuevo plantearé un tema que he tocado no menos de cinco veces en esta Sala, durante los años en que he tenido el honor de representar a mi ciudad, Concepción, y a Chiguayante y San Pedro de la Paz. Me refiero a la dotación de carabineros para las comunas de Chiguayante y de San Pedro de la Paz, que creamos hace cinco años. Creo que la porfía bien entendida siempre es positiva.
Considero que ahora las altas autoridades de Carabineros no se pueden negar a que la subcomisaría de Chiguayante, que tiene una dotación de 28 dignos representantes de Carabineros para atender a los más de 90 mil habitantes de ese sector, se transforme en comisaría, con el objeto de que se coloque a la altura de esa pujante comuna.
Lo mismo solicito para la comuna de San Pedro de la Paz, con alrededor de 80 mil habitantes, la que hace algunos días el subsecretario del Interior, don Jorge Burgos, integró al presupuesto de seguridad ciudadana. Eso está indicando que en algunos sectores de esa comuna existen situaciones que deben ser tratadas en forma integral.
En mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la tramitación de la ley de Presupuestos para 2001, en la que se asignó un aumento significativo y justo a Carabineros de Chile. A esta institución se le otorgó el incremento más importante de dotación a contar del 1 de enero de 2001.
Por eso, nuevamente solicito oficiar al ministro de Defensa, al subsecretario de Carabineros y al general director de Carabineros, con el objeto de que acceda a mi petición, aunque sea por mi insistencia, para transformar en comisarías a las subcomisarías de Chiguayante y de San Pedro de la Paz. Los habitantes de esas comunas lo recordarán a usted, general director de Carabineros, si accede a nuestra solicitud.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Prokurica, Jaramillo y de quien preside.
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
Señora Presidenta, la grandes obras implican muchas veces grandes sacrificios para los beneficiados, como sucede en el caso del camino que se construye en mi distrito, entre Alto del Carmen y San Félix, en la provincia de Huasco.
Para construir ese tramo se ha debido expropiar a más de un centenar de pequeños propietarios, quienes no reciben recurso alguno desde el acto expropiatorio, realizado hace más de un año.
La Constitución Política es muy clara en esta materia, ya que el número 24º de su artículo 19, establece: “La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley”.
Sin embargo, estamos frente al caso de propietarios muy pequeños que ya llevan mucho tiempo soportando todos los problemas que provoca la construcción de este camino, por lo que no me parece correcto que la mayoría de ellos ni siquiera haya recibido pago alguno hasta la fecha por las expropiaciones de que han sido objeto.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que estudie la posibilidad de apurar los pagos a los expropiados.
No se trata de grandes montos, sino, más bien, de hacer justicia a un grupo de personas bastante modestas que, como dije anteriormente, están soportando no sólo el rigor de la construcción de un camino, sino, además, la privación de parte de sus bienes, sin que se les haya pagado por ello.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Leay, Jaramillo y de quien preside.
Tiene la palabra el diputado señor Leay .
Señora Presidenta, la semana pasada en la comuna de Independencia se desarrolló el programa del Ministerio de la Justicia, denominado “La Plaza de la Justicia”, que consiste en que personal de distintos servicios dependientes de esa cartera, como el Registro Civil e Identificación y otros, concurran a las comunas. Lamentablemente, el alcalde ni yo fuimos invitados; sólo el diputado señor Hales . En esa jornada del Ministerio de Justicia había únicamente pancartas del diputado señor Hales .
Hoy hablé con el ministro y me explicó que pensó que nos habían invitado a todos, según lo que le había dicho ese señor diputado.
Me parece extraordinariamente positiva la realización de ese programa, y me encantaría que se llevara a dos poblaciones de la comuna de Recoleta: Santa Ana y Héroes de la Concepción, por lo que pido oficiar al señor ministro de Justicia, a fin de que fije una fecha ojalá en enero para efectuarlo y ofrecer el servicio a sus habitantes. Me imagino que todos los parlamentarios podemos acceder a ese tipo de programas, financiados con recursos del Estado, que acercan los servicios públicos a la gente, en beneficio, especialmente, de quienes más lo necesitan. Me parece un programa realmente interesante y una buena política hacerlo a petición de los señores diputados.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al señor ministro de Justicia.
Señora Presidenta, de paso, solicito enviar una comunicación a los jefes de las bancadas de la Concertación, a fin de que pidan al Gobierno la realización de un “Valparaíso I”, para que los escuchen, de modo que en Incidentes hagan menos peticiones relacionadas con asuntos de Gobierno recursos, presupuestos y programas, porque me parece increíble la cantidad de solicitudes que formulan. No sé si lo hacen para resolver realmente problemas del distrito o con el objeto de mostrar a sus electores que han pedido cosas. ¡Pero si ellos son Gobierno!
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Monge .
Señora Presidenta, durante las dos vueltas de la elección presidencial pasada y de las recientes elecciones de alcaldes y concejales hemos sido testigos en la provincia de Malleco, especialmente en las localidades con índices más altos de pobreza y cesantía, de gigantescas operaciones de intervención electoral y de cohecho, ejecutadas por algunas reparticiones públicas y funcionarios, actuando concertadamente con candidatos y activistas afines.
Así, entidades como la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Onemi , que no actuó prácticamente ante las emergencias climáticas de invierno que afectaron a cientos de familias de la Novena Región, sólo entregó recursos materiales en vísperas del 29 de octubre. Asimismo, el Indap, que tiene reducida al mínimo su capacidad de otorgar créditos a los pequeños agricultores, distribuyó gratuitamente abonos durante enero de 2000 cuando ya las sementeras se encontraban en pleno proceso de secado. Así también, precisamente en octubre, el Indap entregó, a diestra y siniestra, plásticos para reparar invernaderos supuestamente destruidos en mayo, incluso, a quienes no eran usuarios de sus servicios o carecían de ellos; fardos de pasto y concentrados alimenticios, destinados a alimentación animal, curiosamente en uno de los años con mejor pluviometría y de mayor disponibilidad de pasto natural, también en octubre y no en pleno invierno, cuando más lo necesitaban los afectados.
Asimismo, durante la semana anterior a la elección de alcaldes, aparecieron los candidatos de la Concertación inscribiendo a personas en las zonas campesinas para recibir bonos de emergencia, con el ofrecimiento de que continuarían percibiéndolos durante el resto del año. Los bonos, según nos consta, fueron entregados con cheques nominativos de la intendencia solamente entre quienes manifestaron intención de favorecerlos con su voto y no entre quienes más los necesitaban, al margen de todo proceso de selección racional y justo.
¡Qué decir del reparto masivo y gratuito de lámparas entre los electores campesinos de la comuna de Los Sauces para lo cual se hizo uso de fondos de la Presidencia de la República o, también, de la inusitada actividad mostrada por la Dirección Provincial de Vialidad de Malleco, que, no sólo arregló los caminos que por ley le corresponde mantener, sino, incluso, actuó en predios de particulares y en caminos vecinales, precisamente en vísperas de las elecciones municipales!
Estas actuaciones dañan nuestra democracia y desprestigian a quienes postulan a cargos de representación popular. Recurrir a esos expedientes constituye un aprovechamiento denigrante del estado de necesidad en que se encuentran muchos conciudadanos, sumidos en condiciones de extrema y dura pobreza.
Estas prácticas viciadas deben ser erradicadas definitivamente, y los responsables, recibir las sanciones contempladas en la ley.
A fin de esclarecer estos hechos, solicito a la Mesa el envío de los siguientes oficios:
Al subsecretario de Agricultura, para que informe acerca de los volúmenes de abono, forraje, concentrados alimenticios y plásticos para invernaderos, como también de los bonos de siniestralidad, bonos ambientales, entregados en las comunas de Angol, Collipulli , Los Sauces , Renaico , Purén , Traiguén , Ercilla y Lumaco durante el año 2000, señalando el monto involucrado en esas operaciones, la nómina de las personas que los recibieron, la fecha de las entregas y los criterios de selección de los beneficiarios.
Al subsecretario de Obras Públicas, para que informe sobre el monto de los recursos invertidos por la Dirección Provincial de Vialidad de Malleco en los trabajos de arreglo de caminos vecinales y de acceso a propiedades de particulares en las distintas comunas de la misma provincia, indicándose las localidades y las fechas en que se ejecutaron.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
Señora Presidenta, en la Región de Los Lagos se lleva a cabo una de las obras de infraestructura más importante de los últimos diez años: la denominada “Carretera de la Costa” o “Carretera Costera”, que pretende unir el sur de Chile mediante una vía alternativa a la Carretera Panamericana, que enlaza una serie de ciudades, sobre todo, poblados pequeños que se encuentran repartidos en el litoral de las regiones Octava, Novena y Décima.
Ese proyecto, ejecutado directamente como camino secundario por el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, fue elaborado cuando su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos , era ministro de dicha cartera.
Sabemos que el progreso y las obras públicas de cierta magnitud traen aparejados impactos medioambientales, económicos y socioculturales y que la primera función de la autoridad pública es velar por que ellos sean positivos o, en caso contrario, al menos, mitigados con diseños de las obras y procedimientos de construcción idóneos.
Recientemente, la prensa nacional y regional ha denunciado que en el tramo de la ruta carretera, que une las localidades de Mehuín y Bahía Mansa, se está produciendo una serie de problemas ecológicos y de consecuencias económicas y sociales imprevisibles. Específicamente, ya hay reclamos desde la sociedad civil por la destrucción de bancos naturales de choritos maltones, como consecuencia del depósito de grandes cantidades de escombros y otros materiales que hizo la empresa contratista de las obras.
Por otra parte, existen problemas con las comunidades indígenas asentadas allí, tal como ha acontecido en la Novena Región, las que reclaman por la forma como son arrasados sus bosques centenarios y pasan por encima, incluso, de sus lugares sagrados. En la Décima Región, estas obras están provocando el exterminio de una riqueza natural única en el sur, en la provincia de Valdivia, a lo mejor, una de las pocas que quedan en Chile: los bancos naturales, ubicados en un hermoso lugar llamado Chaihuín , que están siendo destruidos por la obra del hombre.
Por lo anterior, solicito enviar, con copia de mi intervención, los siguientes oficios:
Al ministro de Obras Públicas para que me indique la forma como se han evitado y mitigado los impactos ambientales y socioculturales.
Al ministro secretario general de la Presidencia a fin de que instruya a la directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que disponga una evaluación exhaustiva de estos hechos. Asimismo, que me informe sobre las acciones de la Corema de la Región de Los Lagos con el objeto de salvaguardar los intereses medioambientalistas de la Décima Región, aunque reconozco, desde ya, que la autoridad ambientalista regional se encuentra preocupada por la situación.
Al ministro de Obras Públicas para que informe sobre la continuidad de la construcción de la “Carretera Costera” en la provincia de Valdivia.

References: artículo 34
 artículo 34
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 resolución 
 artículo 3
in fine
 artículo 1
 artículo 2
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 artículo 4
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 6
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 artículo 10
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 220
 artículo 2
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 artículo 10
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 artículo 3
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