Source: https://internationaltrialwatch.org/la-causa-es/nomenclator-es/
Timestamp: 2020-07-05 00:24:51+00:00

Document:
Nomenclator-es – International Trial Watch
1a. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
5a. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
7a. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organizació:
El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social (art. 124 CE). El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y modificado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre. El Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el Estado y sus miembros son autoridad a todos los efectos, actuando siempre en representación de toda la Institución.
La Abogacía General del Estado representa al Estado y depende funcionalmente del Ministerio de Justicia. Es el órgano directivo de los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas. Está dirigido per el Abogado General de l’Estat, nombrado en Consejo de Ministros.
Es una figura regulada en el artículo 125 de la Constitución Española y da legitimidad a cualquier ciudadano para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión. Se trata de un modo de participación cívica en la administración de justicia y es una peculiaridad española que no existe en otros países. Aunque está permitida tanto para personas físicas como jurídicas, es muy común que esta figura la protagonicen colectivos, asociaciones o incluso partidos políticos.
Órganos jurisdiccionales y otros conceptos judiciales
Con sede en Madrid, ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución. No forma parte del Poder Judicial. Sus principales funciones son conocer del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos, de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí, de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado, y de los conflictos en defensa de la autonomía local. Está compuesto por doce magistrados: cuatro son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno central y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
En 2015, el Gobierno español impulsó una reforma legislativa que atribuye al propio Tribunal Constitucional responsabilidad total y directa en la ejecución de sus sentencias. La reforma fue severamente criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al considerar que con ella se atenta a la propia independencia y “neutralidad” del Tribunal.
Tiene como objeto la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso.
Con sede en Madrid, es el tribunal superior en todos los órdenes jurisdiccionales ordinarios (civil, penal, contencioso-administrativo y social). El Tribunal Supremo constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, así como del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos. La Sala encargada de los asuntos penales es la sala segunda. Contra las sentencias penales del TS no hay ningún recurso ante la jurisdicción ordinaria, pero si que se puede interponer un recurso de amparo.
Con sede en Madrid, es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un Tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas materias que vienen atribuidas por Ley. En concreto, se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como son, entre otros, los de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, delitos contra la Corona o los delitos económicos que causan grave perjuicio a la economía nacional.
Con sede en Barcelona, es el órgano que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo y de aquellas materias que exijan garantías constitucionales, competencia que corresponde al Tribunal Constitucional. Tiene asignada la competencia para los delitos que suceden en el àmbito territorial de Catalunya.
Es una resolución judicial mediante la que un tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal del litigio, pero relacionadas con él, que surgen a lo largo de un proceso jurisdiccional. Dado que es una resolución decisoria, en la mayoría de los casos es posible impugnarlo mediante la interposición de un recurso judicial.
Es la resolución judicial definitiva dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis o caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo.
Prerrogativa de los parlamentarios cuyo fin es asegurar la independencia del Parlamento frente a los otros poderes del Estado. En el caso de los diputados autonómicos, también disfrutan de esta prerrogativa vía estatutaria.
El art. 71 de la CE establece que diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones; opiniones que comprenden los votos que emitan en el seno de la Cámara de la que forman parte. Además, de acuerdo con la consolidada doctrina del TC (por todas, STC30/1997), la inviolabilidad los protege de la apertura de cualquier procedimiento judicial cuando el objeto del proceso constituye la exigencia de responsabilidad por expresiones o votos proferidos en ejercicio de la actividad parlamentaria.
Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. La finalidad del aforamiento es la de prevenir presiones políticas a las que puede verse sometido un juzgado ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad.
Con sede en Luxemburgo, el Tribunal de Justícia de la Unión Europea es la institución jurisdiccional de la Unión encargado de interpretar la legislación de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resolver los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
Es un instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, principal responsable de la vigilancia policial de todas las capitales de provincia y núcleos urbanos que el Gobierno determine. Se encarga además, a través de sus numerosas especialidades, de investigaciones penales, judiciales, terroristas y asuntos sobre orden público e inmigración.
Es un instituto armado español de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior y del de Defensa, que cumple, entre otras, funciones de seguridad. la Constitución, en su artículo 104, le fija la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana. Sus componentes tienen la consideración de militares de carrera, y el cuerpo tiene encomendadas también misiones de carácter militar.
Es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada, como cuerpo policial con competencias de policía integral. Se encarga de las funciones de seguridad ciudadana, policía administrativa, policía judicial, intervención, y policía de proximidad, que son competencias de la Generalitat.
Instituciones y organismos de Cataluña
Es el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña. Está formada por el Parlamento, el Gobierno, la Presidencia de la Generalitat, y por las otras instituciones que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y las leyes establecen.
Es el órgano colegiado que dirige la política y la Administración de la Generalitat, el titular de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El presidente de la Generalitat ostenta la más alta representación de la misma, y dirige y coordina la acción del Govern.
El Parlamento es la institución que representa al pueblo de Cataluña, lo que lo sitúa en una posición central en el sistema institucional del autogobierno de Cataluña. Ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de Gobierno. Actualmente se compone de 135 diputados, elegidos por un plazo de cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
Es el órgano rector del Parlamento de Cataluña. Representa de manera colegiada a la cámara, y gestiona y gobierna la institución. La Mesa está compuesta por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías.
Fue un órgano creado por la Generalitat de Cataluña en 2013, con el objetivo de asesorar en el proceso de independencia de Cataluña y de realizar un referéndum de autodeterminación. El Consejo estaba adscrito al Departamento de la Presidencia de la Generalitat. Sus componentes no cobraban ninguna retribución por sus funciones. Fue suprimido el 27 de octubre de 2017 por el gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Partidos y entidades catalanas citados en la causa
Junts pel Si (JxS)
Fue una candidatura electoral para las elecciones al parlamento de Cataluña de 2015, en las que obtuvo 62 de los 135 diputados. Era una coalición electoral formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres, cuyo objetivo y programa electoral era la declaración de la independencia de Cataluña.
Partit Demòcrata Català (PDCat)
Es un partido político fundado el 2016 sucesor del partido Convergència Democràtica de Catalunya (1974) que gobernó Catalunya en la coalición Convergència i Unió des del 1980 hasta el 2003. Se define como demócrata, catalanista, independentista, europeista i humanista. En las últimas elecciones impulsó una candidatura amplia (Junts per Catalunya), que obtuvo 34 diputados de los 135 del Parlament de Catalunya.
Es un partido político fundado en Barcelona en 1931. Se define como republicano, de izquierdas e independentista. Tuvo un papel importante en la política catalana y española durante la Segunda República, en la lucha antifranquista y durante la transición. Actualmente tiene 32 diputados de los 135 del Parlament de Catalunya.
Es un partido político asambleario que trabaja por unos Países Catalanes independientes, socialistas, ecológicamente sostenibles, territorialmente equilibrados y liberados de cualquier forma de dominación patriarcal. Actualmente tiene 4 diputados de los 135 del Parlament de Catalunya.
Es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1961 para promocionar la lengua y cultura catalanas que cuenta con unos 130.000 socios, siendo una de las entidades culturales más grandes de Europa. Surgió para combatir la censura, la persecución de la cultura catalana y llenar el vacio dejado por las instituciones políticas y civiles de Cataluña prohibidas por la dictadura. Actualmente también es un actor relevante en la defensa de los derechos humanos y civiles, con una creciente implicación a nivel europeo y mundial.
Es una organización de la sociedad civil creada en 2012 que se define como popular, unitaria, plural y democrática que tiene por objetivo conseguir la independència de Catalunya mediante la constitución de un estado de derecho, democrático y social. Desde el 2010, es la entidad que ha impulsado las movilizaciones pacíficas masivas, junto con Òmnium Cultural, a favor del derecho de los catalanes a elegir democrática y libremente su futuro político a través de un referéndum de autodeterminación.
Es una organización que agrupa las entidades locales de cargos electos (ayuntamientos, comarcas, diputaciones y otros) con el fin de defender la independencia de Cataluña creada el 2011. Actualmente comprende todas las diputaciones provinciales (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona), 32 consejos comarcales de 41, y 764 municipios catalanes (el 80,6 % del total) de 948.
Son un conjunto de asambleas locales, de barrio y comarcales apartidistas con el objetivo de defender, en primera instancia, el Referèndum del 1 de octubre y la república catalana posteriormente, des de la estrategia de la no-violencia. Se calcula que existen cerca de 380 comités.

References: artículo 125
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 104
 artículo 155