Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S13-04.html
Timestamp: 2014-07-24 17:47:34+00:00

Document:
Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Herma Luz Melendez Cueva v. Peru, Caso 136/03, Informe No. 13/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 498 (2004). INFORME N° 13/04[1]
2. El Estado peruano efectuó su defensa, alegó diversos argumentos sobre la denuncia de los peticionarios y, respecto a los requisitos de admisibilidad, sustentó que la petición debería ser considerada inadmisible por encontrarse pendiente ante la jurisdicción nacional un proceso penal y en consecuencia no haber finalizado la vía previa pertinente. 3. En este Informe, la Comisión concluye que la petición es admisible respecto a las alegadas violaciones al derecho a la vida, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1), en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y David Peceros Pedraza.
6. Por comunicación de 10 de noviembre de 2003, el Estado presentó una solicitud de prórroga con el argumento de estar recavando información del Ministerio Público, la Procuraduría Ad-Hoc del Ministerio de Justicia y el Consejo Supremo de Justicia Militar, para dar cabal respuesta. Por nota de 11 de noviembre de 2003, la CIDH amplió el término solicitado en veinte días más. 7. El Estado mediante comunicación de 1 de diciembre de 2003, remitió el Informe No 077-2003-JUS/CND-SE elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, con el cual se dio respuesta a los términos de la denuncia interpuesta. La información presentada por el Estado peruano fue trasladada a los peticionarios por medio de nota de diciembre 4 de 2003. El 10 de diciembre de 2003 se recibió una comunicación de APRODEH, en la cual presentaron observaciones al contenido de la respuesta del Estado. III. POSICIÓN DE LAS PARTES
31. En cuanto al proceso adelantado ante el Fuero Militar, el mismo día en que el Fiscal Saavedra formalizó denuncia ante la justicia ordinaria en contra de los militares, es decir el 24 de mayo del 2002, el Procurador Juan Pablo Ramos Espinoza, presentó denuncia contra la totalidad de los comandos que intervinieron en el operativo, sin incluir a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huaman Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga. Esta denuncia el 28 de mayo del 2002, recorrió las diversas dependencias del Fuero Militar, con la finalidad de abrir proceso penal antes que se pronunciará el fuero común por la denuncia formulada por la Fiscalía Especializada. El Fiscalía Militar se pronunció a través de un dictamen a las 14 horas de ese día, siendo trasladado al General de Brigada Rodríguez Colchado, Presidente de la Sala de Guerra, quien inmediatamente profirió resolución y envió el expediente a la Fiscalía de la Sala de Guerra para su dictamen y éste a las 15. 30 horas, emitió opinión señalando que el Fuero Militar es competente para conocer de la denuncia, por lo que a las 16.30 horas se entregó el sumario al Auditor General, quien en forma por demás rápida, formuló opinión, llevando el expediente a la Presidencia de la Sala de Guerra, quien antes de culminar la jornada laboral, abrió proceso contra los oficiales a quienes se había denunciado ante el fuero común, así como a más de cien comandos que participaron en el operativo. 32. En otro aspecto, los peticionarios indican, que no es exacta la información suministrada por el Estado, en el sentido que el proceso en la Justicia Penal Militar se inició el 18 de diciembre de 1996 contra Néstor Cerpa Cartolini y otros por delito de Traición a la Patria. Que por el contrario, ocurridos los hechos, fue un Juez Militar quien dio la orden que los cadáveres no fueran remitidos al Instituto de Medicina Legal como correspondía, sino al Hospital de Policía, donde médicos pertenecientes a las fuerzas policiales practicaron las necropsias parciales, y fue el Juez Militar, quien dispuso que los restos fueran enterrados sin identificación, como N.N. en cementerios alejados, todo esto para aparentar que el Fuero Militar inició proceso con anterioridad a la justicia ordinaria, con el único afán de encubrir los delitos que se cometieron. 33. Los peticionarios reiteraron, que el Fuero Militar nunca tuvo la intención de investigar a sus miembros, pues a dos de los inculpados José Williams Zapata y Manuel Paz Ramos, se les ascendió de grado el 8 de noviembre de 2003. Ante las críticas aparecidas en los medios de comunicación sobre este ascenso a pesar de tener un proceso pendiente en la justicia militar, apareció posteriormente una resolución fechada el 15 de octubre del 2003, en la que la Sala de Guerra del Tribunal de Justicia Militar, resolvió sobreseer la causa por los delitos de violación al derecho de gentes, abuso de autoridad y homicidio calificado a favor de todos los procesados, resolución que sólo se dio a conocer el 12 de noviembre luego de efectuados los ascensos. 34. Con lo anterior, consideran los peticionarios, que estos hechos no hacen más que ratificar que el fuero militar no puede ser considerado como competente para investigar y juzgar a los miembros de las fuerzas militares que intervinieron en el operativo Chavín de Huántar, por lo que no puede ser considerado como recurso efectivo, precisamente por la falta de imparcialidad y objetividad. Por ello, solicitan a la Comisión Interamericana, se pronuncie con respecto a la admisibilidad de la denuncia.
35. El Estado por su parte manifestó que, el 17 de diciembre de 1996, miembros del Movimiento Revolucionario "Tupac Amaru", armados con fusiles AKM, pistolas ametralladoras UZI, lanza cohetes RPG, pistolas Browming, revólveres, granadas de mano, explosivos, máscaras antigas, entre otras armas, ingresaron violentamente al inmueble por diversas áreas, logrando reducir al personal de seguridad, tomando por asalto la residencia y secuestraron a todos los residentes e invitados, para exigir al Gobierno el cumplimiento de diversas demandas relacionadas principalmente con la liberación de los miembros del MRTA, detenidos en diversos establecimientos penales del país y para el otorgamiento de determinadas concesiones en el desarrollo de sus actividades subversivas. Luego de conformarse una Comisión de alto nivel encargada de negociar con los líderes del comando terrorista, fueron liberadas la mayoría de las personas retenidas en el inmueble, negociaciones que se truncaron el 17 de enero de 1997 quedando secuestradas un total de 72 personas. 36. El 22 de abril de 1997 se produjo la incursión del Operativo "Chavín de Huántar", " (...) algunos de los rehenes, quienes frecuentemente enviaban mensajes al equipo de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, a través de los micrófonos instalados en la Residencia, comunicaron que solo un subversivo se encontraba en el segundo piso del inmueble, al cuidado de los rehenes, pues los demás, incluyendo el Líder Néstor Cerpa Cartolini, se encontraban en la primera planta, (...) siendo el Mayor EP José Luis Cortijo Arbulu y el Teniente Coronel EP. Roberto Huaman Ascurra, quienes recibieron los mensajes y de inmediato este último lo comunicó al Coronel EP. Williams Zapata, al Coronel EP. Robles del Castillo y al Coronel EP. Cabrera Pino, comunicación que también fue transmitida al entonces Asesor Vladimiro Montesinos Torres, a fin se que coordinara con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y el Comandante General del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos el operativo..." 37. Como resultado de dicha acción, fueron liberadas 71 personas, pero fallecieron el entonces Vocal de la Corte Suprema de la República doctor Carlos Giusti Acuña, los Comandos Teniente Coronel EP. Juan Valer Sandoval y el Teniente EP. Raúl Jiménez Chávez y los catorce miembros del Comando terrorista del MRTA. 38. El 24 de mayo de 2002 el Fiscal Penal Especializado, doctor Richard Saavedra Luján, formalizó denuncia contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huaman Ascurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Torres, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Víctor Robles Del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Jesús Zamudio Aliaga, Raúl Huarcaya Lovon, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Feliz Díaz, Juan Carlos Moral Rojas, y Tomás César Rojas Villanueva, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado-en agravio de Nicolás Eduardo Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y una persona hasta el momento no identificada (preliminarmente identificada como Víctor Salomón Peceros Pedraza). Asimismo, formalizó denuncia penal contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva por el delito de encubrimiento real.
40. La Procuraduría Ad Hoc para los Casos Montesinos y Fujimori, presentó un recurso solicitando se revocara el auto apertura de instrucción de fecha 11 de junio de 2002. En ese sentido, mediante Resolución de fecha 2 de abril de 2003, expedida por Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, se revocó el auto apelado, en el extremo que declaró no ha lugar a la apertura de instrucción contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva por el delito contra la Administración de Justicia-Delito contra la función jurisdiccional- Encubrimiento Real, reformándolo, dispusieron la Apertura de Instrucción contra los nombrados por la comisión del delito denunciado. 41. El Estado señala que con fecha 30 de junio de 2003, el Juez del Tercer Juzgado Penal Especial, abrió instrucción contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva, como si se tratase de un proceso independiente, signándolo con el número 024-2003. La Sala Penal mediante auto de fecha 12 de agosto de 2003, ordenó la acumulación del proceso 024-2003 al principal 019­-2003[3].
44. En tal sentido, el 16 de agosto de 2002, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar, declarando que la instrucción seguida ante el fuero militar, continuaba allí, debiendo en consecuencia, el Tercer Juzgado Penal Especializado, remitir a la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar, copia certificada de todo lo actuado en la instrucción seguida en contra de Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Víctor Robles Del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Raúl Huarcaya Lovón, Walter, Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas, Tomas Cesar Rojas Villanueva, Jorge Orlando Fernández Robles y Benigno Leonel Cabrera Pino. También ordenó proseguir la instrucción respecto a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huaman Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga. 45. Mediante Oficio N° 427-P-CSJM del 3 de noviembre de 2003, la Presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) informó que la causa N° 52000-2002-0071 seguida contra el General de División (r) Augusto Jaime Patiño y otros, por el delito de Abuso de Autoridad, así como el cuaderno de contienda de competencia, se encontraba con Informe Final del Vocal Instructor del CSJM. Mediante Oficio N° 345-S-CSJM del 01 de diciembre de 2003, la Secretaría General del CSJM informó que la causa N° 52000-2002-0071, había sido elevada en consulta a la Sala correspondiente.
46. Asimismo, según advierte el Informe Pericial Médico Legal realizado por la División de Exámenes Tanatológicos y Auxiliares, que de "los catorce cadáveres necropsiados, en ocho de ellos (NN dos, NN tres, NN seis, NN siete, NN diez, NN once, NN doce y NN catorce), que representan el cincuenta y siete por ciento de los casos, se encontró lesiones por proyectil de arma de fuego, cuya perforación de ingreso al organismo, estuvo ubicado en el cuello y por la región posterior comprometiendo vértebras cervicales, encontrándose que estas lesiones tenían su orificio de salida ubicado en la región anterior o lateral de la cabeza, determinado que su dirección fue atrás - adelante; la frecuencia y repeticiones de este tipo de lesiones en la cabeza y cuello, determinan el Patrón Lesional en estos segmentos (...)". 47. Por estar pendiente un proceso penal ante la jurisdicción nacional y por ende no haberse agotado la vía previa pertinente, el Estado peruano solicitó a la Honorable Comisión declare la inadmisibilidad de la petición N° 136/2003 conforme a lo establecido en los artículos 46(1)(a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH.
51. El artículo 46 de Convención Americana señala 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
53. En la petición bajo estudio, observa la Comisión que el Estado en su primera respuesta, planteó como corolario de su escrito, la inadmisibilidad de la petición por encontrarse pendiente proceso penal en el fuero interno por estos hechos. Por lo tanto, la Comisión considera procedente referirse a las condiciones del agotamiento de los recursos internos, en primer término con relación al proceso adelantado ante la justicia penal militar y, en segundo término, con relación a las investigaciones y procesos ante la justicia ordinaria en relación con las perspectivas de efectividad. 54. El Estado ha informado que con ocasión de la toma de la residencia del Embajador del Japón por parte de grupo subversivo MRTA, al siguiente día, el 18 de diciembre de 1996, ante la denuncia del Fiscal del Consejo de Guerra Militar Especial, el Tribunal Militar especial habilitó jurisdicción al Consejo de Guerra Militar del Ejército, quien nombró un Juez Penal Militar ad hoc, que avocó conocimiento de la causa y abrió instrucción en contra de Néstor Cerpa Cartolini y otros por el delito de traición a la Patria. Por lo tanto los hechos allí ocurridos, en lo que respecta a su investigación habrían estado bajo jurisdicción de la justicia penal militar desde ese momento.
61. En una investigación penal de esta naturaleza, la preservación de la escena del crimen, el manejo de los cadáveres por el personal médico legista, las diligencias de necropsia evacuadas de acuerdo a los estándares internacionales y la cadena de custodia sobre la evidencia recuperada, desde el mismo momento en que la autoridad ingresa a la escena de los hechos, son labores fundamentales para establecer con otras pesquisas, que fue lo ocurrido, identificar a los autores para lograr la vinculación a un proceso. En este caso, la ausencia de toda esta actividad en su momento y más aún, las gestiones que presuntamente adelantaron estos agentes del Estado para encubrir los hechos, lo que aunado al paso del tiempo desde que estos se presentaron, no auguran perspectivas de efectividad del recurso interno a efectos del requisito establecido en el artículo 46(2) de la Convención Americana.[8] La Corte Interamericana ha consignado, que si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad.[9] 62. Por lo anterior, la Comisión considera que resultan aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(2)(a) y (c) de la Convención Americana, sin que requiera el agotamiento de los recursos internos para el presente caso en cuanto a la investigación y procesamiento de los miembros del Comando Militar "Chavín de Huántar" que intervinieron en los hechos denunciado, ni en lo que respecta a los agentes del Estado que participaron en el encubrimiento de los hechos una vez ocurridas las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Notes___________________ [1] Conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Susana Villarán, de nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
[7] “Juez Barreto ignoró pruebas para exculpar a ex ministro Dianderas.” La República, edición de 20 de noviembre de 2003. [8] CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 57/00, La Granja, Ituango, Colombia, (2000), párr. 44.

References: artículo 1
 resolución 
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 Resolución 
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 17