Source: https://sanchezdelaraabogados.com/2020/04/08/suicidiovictimasviolenciagenero/
Timestamp: 2020-06-03 03:51:54+00:00

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El suicidio entre las víctimas de violencia de género: Una asignatura pendiente para el derecho internacional de los derechos humanos – Sanchez de Lara Abogados
abril 8, 2020 mayo 12, 2020 Sanchez De Lara
Introducción: Sobre la vinculación de dos de los grandes tabúes sociales
El reconocimiento internacional de la violencia de género como causa de suicidio o ideación autolítica. La percepción de la OMS y otros organismos e instituciones
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Violencia de Género: un marco para instituir y regular la vinculación entre el maltrato y el suicidio
La inducción o instigación al suicidio en los ordenamientos jurídicos nacionales
La clave probatoria en casos de suicidio de víctimas de violencia de género : la autopsia psicológica
Decálogo a modo de conclusiones
La violencia de género es un problema, de tal magnitud, que, desde distintos foros y en diferentes sentidos, se reitera que solo se conoce la punta del iceberg, aludiendo así al número de casos detectados, pero también a las especificidades de este fenómeno[1].
Si nos centramos en el derecho a la vida, en materia de violencia de género, las cifras por asesinatos son desbordantes. Pero, a efectos de sistematización y cómputo, y sin tener en cuenta la violencia psicológica, la económica y la ambiental, según ONU Mujeres, “se estima que[2] el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Algunos estudios nacionales elevan hasta el 70% la cifra de mujeres que ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida”[3].
Por otra parte, las víctimas mortales de la violencia de género no se limitan a aquellas que son asesinadas por sus parejas o exparejas, no se limitan a las de los femicidios (o feminicidios). En este cómputo, habría que incluir también a todas aquellas mujeres que, como consecuencia del proceso de maltrato padecido y sin valorar o encontrar otra escapatoria, optan por quitarse la vida, como única vía que estiman posible para poner fin al sufrimiento.
Topamos aquí con otro gran tabú común a todas las civilizaciones, con otro inmenso iceberg sumergido, que como la violencia de género, es muy difícil desvincular de las connotaciones y prejuicios tradicionalmente adquiridos: el suicidio.
La Organización Mundial de la Salud, en 2014, publicó el informe “Prevención del Suicidio: Un imperativo global”[4]. La Doctora Margaret Chan, Directora de la OMS, cuando lo presentó, explicó que los suicidios “son tragedias prevenibles”.
El informe “Prevención de la Conducta Suicida”[5], de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), deja constancia literal de que “lamentablemente, el suicidio no suele ser priorizado como un problema importante de salud pública. A pesar del aumento de las investigaciones y los conocimientos sobre el suicidio y su prevención, el estigma que lo rodea persiste y las personas que necesitan ayuda no la buscan. Frente al riesgo que enfrentan, se sienten solas. Cabe admitir que, aun cuando buscaran ayuda, muchos servicios de salud no logran proporcionarla. El desafío existe y debe dársele respuesta.”
La confluencia del suicido en el marco de la violencia de género se puede enfocar desde una triple mirada: los asesinos suicidas, los falsos suicidios y las inducciones al suicidio[6].
La primera, la más visible y publicitada, la de los agresores que ponen fin a su propia vida tras asesinar a sus víctimas. Los expertos dicen que puede deberse al temor al reproche social, a la desaparición de su objeto de dominación (la mujer) o, según la tesis mayoritaria, a la combinación de ambas cosas. El porcentaje de intentos fallidos, con la trastienda de sus motivaciones, no es objeto de este estudio. En todo caso, tal derivada ya era percibida en la literatura de la primera mitad del siglo XX cuando Ramón Gómez de la Serna[7] escribió con ácida ironía: “Los que matan a una mujer y después se suicidan, debían variar el sistema: suicidarse antes y matarla después.”
Una segunda casuística, mucho menos reseñable cuantitativamente, es la expresión de la perversión de quien asesina a su pareja. Cuando el asesino inventa la coartada del suicidio de la mujer, para además incriminarla o desvalorizarla socialmente, los procedimientos judiciales para demostrar la verdad pueden adquirir una crueldad insostenible para los familiares de la víctima. No solamente tienen que probar que su hija, hermana o madre fue asesinada, sino acreditar, además, que no se suicidó. Habiendo tenido la oportunidad de intervenir como acusación en un procedimiento de estas características y, habiendo sufrido la dificultad probatoria, estimo necesaria la inclusión, en este estudio, de un apartado destinado a la autopsia psicológica, en casos de muerte violenta en entornos en los que se vive un maltrato o se sospecha que pudiera haberlo.
Pero, además, existe otro frente abierto, un frente que merece mucha más atención de la que hasta ahora se le ha prestado: el del análisis multidisciplinar de la situación de las mujeres que se suicidan como consecuencia de los procesos de violencia de género a los que no encuentran salida. Centraremos este estudio en el ámbito de la violencia de género infligida por la pareja o expareja, si bien podría hacerse extensivo a otras situaciones de violencia de género, entendiendo el amplio concepto definido, ya, en la Conferencia de Beijing de 1995.
Como apunte de otros ámbitos en los que la inducción al suicidio produce causalidad y efectos jurídicos, concretamente en casos de acoso sexual, dejaremos constancia del primer antecedente en el que, en 1995, y en el caso de la muerte de Judith Coflin, se estableció, en Estados Unidos, el nexo entre el acoso y el suicidio de la víctima[8]. Su familia fue indemnizada con seis millones de dólares, hace ya más de veintidós años[9]. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, los avances deseados en la visibilidad del problema y su traslación a los ordenamientos jurídicos y al propio desarrollo doctrinal, siguen sin llevarse a cabo.
En lo relativo a la configuración y aplicación del tipo penal, allá donde esté, topamos con un condicionante determinado por las prescripciones legales: la exigencia de que la inducción al suicidio se produzca de manera directa, dolosa y eficaz. Pero hay importantes variaciones en su aplicación, según los Estados.
En muchas legislaciones ni siquiera se tipifica la inducción o la instigación al suicidio. Por otra parte, en los países que la contemplan, el incipiente debate sobre la eutanasia o el suicidio asistido está fomentando la revisión de la tipificación o incluso la despenalización, abstrayéndose de la realidad de las víctimas de violencia de género que optan por quitarse la vida.
Decía Saint-Exupery que “lo esencial es invisible a los ojos”[10]. El empeño en la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos[11] sobre la realidad invisible a los ojos de algunas legislaciones y Estados, es un desafío fundamental para la actividad académica y el activismo de género en sí. La clave está en lograr la trascendencia de lo oculto, en llevar “lo privado” al ámbito de “lo público”, porque los progresos en la lucha contra la violencia de género pasan por incluir sus diversos aspectos en las agendas gubernamentales para encontrar soluciones desde “lo político”.
En el ámbito jurídico, en materia de género, los logros se alcanzan de dos modos. En primer lugar, mediante la plasmación de iniciativas en textos legales. En segundo lugar, mediante la aplicación y exégesis que los tribunales hacen, dentro de los límites concedidos en cada sistema legal, a la hora de interpretar las normas, generar doctrina y crear antecedentes y jurisprudencia.
Esta tendencia se está produciendo en algunos países, como se analizará ut infra, pero la realidad y los datos reclaman el reconocimiento del problema de la vinculación del suicidio y la violencia de género y la adopción de las medidas pertinentes, desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las fórmulas pueden ser diversas y revestirán formas distintas, según los ordenamientos jurídicos.
El DIDH sirve de paraguas para la defensa de la dignidad y las libertades de las personas. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, tras proclamar la igualdad y la no discriminación en sus dos primeros preceptos, proclama, en su artículo tres, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
Como prueban los ejemplos y el planteamiento que se desarrollará en este documento, estamos ante un grave asunto en el que queda mucho por avanzar y, es evidente que, se hace necesario su tratamiento bajo el prisma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Urgen criterios unificadores que influyan en las legislaciones nacionales para abordar esta problemática.
El principal obstáculo ante el que se encuentran las instituciones para el estudio y la adopción de medidas que garanticen el avance en la lucha contra la violencia de género es la falta de sistematización de los datos, la falta de datos reales. En el caso de las víctimas que se suicidan, el secreto de la causa de su decisión de quitarse la vida suele ser enterrado con ellas.
Y cuando se trata de supervivientes, nos encontramos con que, en la mayor parte de los casos, silencian estos intentos autolíticos y son muy pocas las víctimas que denuncian su situación, por motivos que van asociados, tanto a efectos inherentes a la violencia contra las mujeres -los sentimientos de culpa y vergüenza[12]-, como a los propios del tabú del suicidio.
La acción de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, y la tendencia unificadora de las legislaciones nacionales y regionales han promovido la creación de Observatorios de Violencia de Género, encargados de la recopilación y sistematización de los datos, para poder evaluar la realidad y establecer indicadores comunes que permitan el análisis y la adopción de medidas necesarias para combatir los problemas y mejorar los ordenamientos jurídicos y los sistemas asistenciales. Sirvan como ejemplos los Observatorios de Argentina[13], España, Méjico o Uruguay.
Pero los datos son dispersos y, además, su estudio y sistematización topan con un problema básico. La violencia de género es una lacra a la que, como hemos dicho en el primer apartado, las diferentes corrientes políticas, dan mayor o menor importancia según la sensibilidad de su ideología. Con el agravante de que los cambios políticos generan movimientos, a veces espasmódicos, en las tendencias e incluso en los enfoques estadísticos.
Los datos que se dan por sentados y que son publicados, pueden ser revisados u obviados a raíz de esos cambios políticos o institucionales. Así, citamos a modo de ejemplo, el caso de España que, en 2005 publicó un estudio sobre Suicidio y Violencia de Género[14], en el que participó el Dr. Miguel Lorente Acosta, que llegó a ser Delegado Especial del Gobierno[15] en esta materia. Una década después, en 2015, en la Macroencuesta que se prescribe, según la Ley 1/2004 de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género[16], no se recoge ni una sola referencia, ni un solo ítem que valore la incidencia ni de la ideación, ni de los intentos autolíticos en casos de violencia de género.
A estos efectos, la cobertura del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es sumamente trascendental. Las pautas que se reciben por los Estados de los organismos supranacionales se aplican y se tienen por consensuados con más autoridad que las iniciativas internas. Sensu contrario, la omisión en estos casos deja la consideración del problema al arbitrio de las personas que están al frente de organismos e instituciones nacionales.
Por eso, los instrumentos jurídicos internacionales ya incluyen la necesidad de la recogida y sistematización de los datos, como se infiere del artículo 11 del Convenio de Estambul.[17]
Entre los organismos especializados de NNUU, tiene una especial relevancia en esta cuestión la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que, entre sus competencias está el tratamiento de las causas de mortandad, incluyéndose, con significación cualitativa, tanto la violencia de género como el suicidio. En la Nota Descriptiva de la OMS, de noviembre de 2016, se especifica[18] que “la violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio”.
De hecho, en el informe “Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. Directrices de la OMS para la practica clinica y las políticas” [19]de 2014, realizado en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, se incluye, entre los ejemplos de afecciones clínicas asociadas a la violencia de pareja, “la propensión al suicidio o autoagresión”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios para recabar estos datos de mortalidad y las directrices para establecer los indicadores al respecto, deberían ser fruto de una instrucción y recomendación desde las instituciones y organismos internacionales. Es más, deberían ser incluidos en los tratados y convenios internacionales, hasta conseguir el compromiso de los Estados a aplicarlos y progresar, así, en el estudio y búsqueda de soluciones.
“Ut infra”, en el apartado correspondiente al tratamiento de la inducción o instigación al suicidio en los ordenamientos jurídicos nacionales, se abordará el llamativo ejemplo de Chile. A partir de un caso concreto, el popularmente conocido como “Caso Antonia”, se pretende modificar la ley para introducir directamente esta casuística, tomando como referencias la normativa de otros Estados y la vinculación entre la violencia de género y la contemplación, por parte de la víctima, del suicidio como única opción de salida.
El reconocimiento se hace patente en los Estados más evolucionados, en los más comprensivos de los derechos humanos y en los más exhaustivos en los análisis que se abordan desde una perspectiva multidisciplinar. De hecho, dejamos constancia de la opinion de una División creada por el Congreso de los EEUU, cuya sede radica en las inmediaciones de Washington, ciudad en la que se presenta este ensayo. Según Richard McKeon[20], Jefe de la SAMSHA[21], “el suicidio y la violencia infligida por la pareja son grandes crisis de salud pública y están estrechamente vinculadas”. Según manifiesta, las personas que han sufrido este tipo de violencia son dos veces más propensas a intentar el suicidio[22].
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Violencia de Género: un marco para instituir y regular la vinculación entre el maltrato y el suicidio
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es el paraguas bajo el que se cobijan las diferentes legislaciones nacionales en materia de violencia de género. Se trata de un único sistema para Suecia y para Honduras, para Estados Unidos y para Méjico, para El Salvador y para el Reino Unido.
El concepto “género” continúa siendo tan controvertido como cuando comenzó a utilizarse. La polémica se alimenta, en el debate social, desde el desconocimiento generalizado y la interpretación sesgada y heredada de sistemas patriarcales en muy diferentes culturas.
Existen idiomas, como el español en el que se le añade un valor peyorativo con la traducción de “gender” como “género”. “Gender”[23], en la lengua inglesa comporta matices que se pierden en su traducción convencional. Eso contribuye a que las disquisiciones se trivialicen, hasta el punto de arrinconar u obviar asuntos muy graves en las agendas políticas y, por tanto, en los ordenamientos jurídicos de muchos Estados que siguen considerando los problemas de género cuestiones de segundo orden o “asuntos de mujeres”.
El sentido de la no discriminación por razones de género lo encontramos ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Es significativo que esta Declaración esté vinculada al nombre de una feminista como Eleanor Roosevelt. Todos los preceptos, explícita o implícitamente, contienen esa exigencia, pero se define especialmente en tres de ellos. El artículo 1, establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; en el artículo 2, se establece la igualdad de derechos sin distinción, entre otros factores, por razón de “sexo”; y en el artículo 7, se contiene la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección por la ley.
El primer instrumento internacional referido, única y exclusivamente a los derechos de las mujeres, es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[24], que viene a ser la Carta Internacional de Derechos de las Mujeres. Según Orjuela[25] y, con expresa referencia a Charlesworth, es “una elaboración de la norma de no discriminación , que no es suficiente, por sí sola, para enfrentar los esquemas de subordinación y exclusión”.
La CEDAW define los conceptos de igualdad y no discriminación contra las mujeres y propugna la indivisibilidad de los derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). La Convención insta a los Estados a que establezcan fórmulas para la eliminación de la discriminación, a que promuevan acciones afirmativas para la consecución de una igualdad real y a que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos y el establecimiento de los mecanismos de denuncia.
El órgano que controla la aplicación de la Convención es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Está formado por veintitrés personas expertas en los derechos de las mujeres, independientes, procedentes de Estados que han ratificado la Convención. Cada Estado miembro tiene la obligación de presentar, cada cuatro años, informes sobre el grado de cumplimiento de la CEDAW.
La Convención no la define explícitamente, pero en la Recomendación General N.19 -adoptada por el citado Comité-, se hace constar que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el goce de derechos en igualdad con los hombres.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer[26] no tiene carácter vinculante, pero incluye en su preámbulo la consideración de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el ámbito regional, hay instrumentos reseñables como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belem do Pará de 1994[27], tomada siempre como referencia por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Su artículo primero define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y reconoce en su artículo tercero el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El Convenio de Estambul del Consejo de Europa[28] es el tratado internacional más completo sobre la lucha frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El Convenio de Estambul reconoce, como ya hicieran la Convención de Belem do Pará o la Declaración de 1993, que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y, tratándose de un texto más perfeccionado y refundidor de todo lo analizado en esta materia, incluye el tratamiento multidisciplinar, desde la prevención de las situaciones de violencia, al enjuiciamiento de los agresores y la protección y reparación de las víctimas.
En el artículo 41 del Convenio de Estambul, encontramos un precepto, en el que, los Estados parte pueden entender que se les está instando a regular esta casuística y tipificar delitos como la inducción al suicidio, pero eso implicaría una labor exegética por parte de los Estados, ya que no se dan las pautas explícitas y necesarias. Este precepto, dedicado a la asistencia o complicidad y la tentativa, dice lo siguiente:
“1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando sea intencionada, la asistencia o la complicidad en la comisión de los delitos previstos en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 a y 39 del presente Convenio.
2 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando sea intencionado, la tentativa de comisión de los delitos previstos en los artículos 35, 36, 37, 38 a y 39 del presente Convenio”.
Así quedan citados, aunque de soslayo instrumentos de aplicación universal que “son elaborados por los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por otro lado, las grandes organizaciones regionales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana también elaboran instrumentos de derechos humanos”[29].
La complejidad del fenómeno de la violencia de género deja una gran cantidad de asuntos por resolver. Por ello, y habiendo delimitado someramente el marco de actuación, centraremos nuestra atención en el asunto analizado por este documento.
Para ello, hemos de remitirnos a los ordenamientos nacionales, puesto que, en los tratados internacionales, no existen en estos momentos referencias expresas a la necesidad de promover acciones para el estudio y la adopción de medidas derivadas de la ideación autolítica como consecuencia de la violencia de género. Se trata de una gran laguna que, más pronto que tarde, convendría llenar.
El suicidio o la ideación suicida que trae causa de la violencia de género, nos hace plantear una cuestión inicial: ¿Puede considerarse, en caso de quedar acreditado el delito de instigación o inducción al suicidio, el concurso con el tipo propio de la violencia de género?
Con carácter previo al análisis formal, el problema estriba en que la inducción o instigación al suicidio (dependiendo del país, recibe una denominación u otra) no se encuentra recogida en los ordenamientos jurídicos de muchos países.
Sí lo está, sin embargo, en los de algunos Estados, entre los que citaremos estos ejemplos.
En Colombia, se castiga la inducción (o la ayuda) al suicidio en el artículo 107 del Código Penal, según el siguiente tenor literal: “El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de treinta y dos a ciento ocho meses[30]”.
Los avances en materia de violencia de género se producen en Colombia de manera progresiva. La situación, dominada por el conflicto armado, ha provocado la especifidad de la doble victimización, fruto de la confluencia de la violencia intrafamiliar con la propia del conflicto. Por ello, todos los avances tienen diferentes ritmos, según nos encontremos en comunidades más o menos castigadas por la situación existente durante décadas en el país.
No obstante, el movimiento de mujeres en Colombia es un fenómeno creciente y ya comienzan a apreciarse los efectos positivos del proceso de paz. Así, en una clara referencia, según el informe elaborado por la Asociación Colombiana de Salud Pública, hasta septiembre de 2017 se habían reportado 9.214 intentos de suicidio en el país, a razón de 65 diarios, casi uno cada 20 minutos. La Secretaria de la Asociación, la Doctora Cruz, explica que esto “se relaciona totalmente con las huellas que ha dejado el conflicto armado en las personas. De alguna manera, al normalizar la violencia, permitimos que permeara todos los ámbitos de nuestra vida y los espacios cotidianos entonces; de aquí proviene la violencia intrafamiliar, la violencia de género”.
La visibilización del nexo entre la violencia y el suicidio hará que los efectos se reflejen en las resoluciones judiciales, bien sea a través del desarrollo doctrinal, bien directamente desde el desarrollo normativo.
En Brasil, el artículo 122 del Código Penal[31], condena el delito de inducción, instigación o auxilio al suicidio con la pena de reclusión de dos a seis años, cuando el suicidio se consuma; o de uno a tres años, cuando se produce resultado de lesión corporal grave.
Como agravante que duplica la pena, se incluye el supuesto de que el delito se cometa por motivo egoísta (en este caso, a criterio de esta autora, quedaría subsumida la circunstancia de que se produjera por el maltratador en un caso de violencia de género); o de que la víctima tuviera reducida, por cualquier causa, la capacidad de resistencia. Esta última agravante está por resolver doctrinalmente, porque la capacidad de resistencia de una víctima de violencia de género no está intacta, como explica el Médico Forense Dr. Miguel Lorente, reputado internacionalmente por sus estudios sobre este ámbito: “Ya no se busca una salida, se necesita huir, salir de cualquier modo de ese ambiente que se hace insoportable en su propia realidad, no solo como elemento que ha destruido un pasado ni como la situación que arrebata el futuro. Es en esas circunstancias en las que comienza a contemplarse la idea del suicidio como una solución a un mundo acotado por la violencia y limitado a su propia existencia en ella”.[32]
En el Código Penal del Distrito Federal de Méjico, los artículos 312 y 313 regulan el delito de inducción al suicidio. El artículo 312 dice: “El que prestare, auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años”.
Este precepto es matizado por el siguiente: “Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciera alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las lesiones calificadas”.
Existe un caso paradigmático por reciente y por doctrinalmente avanzado. En Chile no está regulada la inducción al suicidio, pero, en el mes de mayo de 2017, se ha presentado una propuesta de modificación[33] del Código Penal -para tipificar el delito de inducción al suicidio- y de la Ley nº 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, para incluir la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia.
La literalidad de esa propuesta es muy ilustrativa: “… de acuerdo a lo señalado por la doctrina nacional y a lo dispuesto en el Derecho Comparado, la ausencia del tipo de inducción al suicidio frente a la tipificación del auxilio, produce una falta de coherencia legal que debe ser salvada incorporando el tipo a la legislación penal común. Adicionalmente, y de acuerdo a las cifras entregadas por las organizaciones internacionales según lo señalado previamente, deben incorporarse a la legislación sobre violencia contra la mujer (actualmente Ley de Violencia Intraframiliar, esperamos que más adelante se trate de una Ley de Violencia Integral), aquellos suicidios provocados a causa del maltrato producido por violencia de género (ya sean relaciones familiares, de pareja con o sin convivencia, de cercanía o habitualidad, u otras)”.
La propuesta que se realiza en esta modificación promueve incorporar en el artículo 14 de la Ley nº 20.066 un inciso tercero en el que se incluya: “Cuando, producto de este maltrato habitual, se induzca al suicidio, aprovechándose de cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontrare la víctima, producto de dicho maltrato, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo, si se efectúa la muerte”.
Igualmente, se solicita la incorporación de un segundo inciso en el artículo 393 del Código Penal chileno que condene la inducción al suicidio:
“El que con conocimiento de causa indujere a otro para que se suicide, aprovechándose de cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontrare la víctima, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte”.
La especificidad de esta propuesta, además de estar planteada desde la perspectiva jurídica e integral de género, es que se realiza sobre la base de un caso de suicidio en situación de violencia, que ha puesto el acento sobre las deficiencias legales en el tratamiento de estos casos específicos. Según este texto, la joven de 23 años Antonia Garros[34] Hermosilla murió cayendo desde el piso decimotercero en el que vivía su pareja, al no aguantar la presión y la violencia ejercida por este hombre y “existiendo antecedentes y denuncias suficientes que daban cuenta de la violencia psicológica y física a la cual era sometida”.
Esta iniciativa legal, que llama la atención por novedosa, es también el exponente de una realidad tristemente constatada. En materia de género, se legisla en ocasiones, por la inercia del impacto efímero de los titulares de los medios de comunicación. La propuesta legislativa fue la consecuencia de la conmoción social, y en enero de 2018, ocho meses después de su presentación, seguía sin abordarse en el Congreso, flotando en un “limbo”. A efectos prácticos, de no tramitarse en los próximos meses, se vería abocada a su archivo.
El Código Penal[35] de España, regula en su artículo 143 la inducción al suicidio de la siguiente manera:
En España, la vinculación entre la inducción al suicidio y la violencia de género se da por hecha en las instituciones jurídicas. Así, hace ya veinte años, seis antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, la Circular 1/1998, de 24 de octubre, emitida por la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar, afirmaba:
“La gravedad de las conductas de maltrato que se producen en el seno familiar hace indudable la necesidad de una respuesta del Derecho Penal. El principio de intervención mínima no tiene ocasión de entrar en juego a la vista de los derechos constitucionales que se ven afectados y de las consecuencias que las conductas de esta naturaleza suponen en el desarrollo de la personalidad de quienes las padecen o de quienes contemplan, pasivos e impotentes, cómo otras personas de su entorno familiar y educativo las sufren. La intervención del Fiscal debe, pues, ser decidida en esta materia, supliendo, incluso, sobrevenidos comportamientos abstencionistas de las víctimas que pudieran presentarse por variadas circunstancias de índole cultural, económica o social, que, aun explicables en el orden humano, no han de ser atendibles jurídicamente cuando se trata de la comisión de delitos de indudable naturaleza pública, cuya persecución el legislador ha querido dejar en manos del Ministerio Fiscal (art. 105 de la LECrim). La respuesta que el Código Penal ofrece ante estas conductas, que se manifiestan de múltiples formas, es, lógicamente, muy variada. De una parte, fijando su atención en los concretos actos llevados a cabo y en el resultado producido en las víctimas, cabe la aplicación de diferentes figuras delictivas: homicidio (arts, 138, 142 y 621), asesinato (art. 139), inducción al suicidio (art. 143), aborto (arts. 144 y 146), lesiones al feto (arts. 157 y 158), lesiones -cualificadas o no- y mutilaciones (arts. 147 y ss., 617 y 621), detención ilegal (art. 163), amenazas y coacciones (arts. 169 y ss. y 620), torturas (art. 173), agresiones sexuales (arts. 178 a 180), allanamiento de morada (art. 202), entre otras.”
Según una corriente doctrinal, la relación de causalidad será, pues, la condición determinante de la posible existencia de un concurso de delitos de inducción al suicidio y maltrato. En defecto de esta acreditación, la ideación autolítica únicamente está dotada de fuerza en el proceso penal por violencia de género, como indicador expreso de la existencia de un stress postraumático causado por el maltrato[36].
El desarrollo jurisprudencial es indicativo de la evolución en ese sentido, y en España ya existen sentencias en las que está valorada la inducción al suicidio en procedimientos de violencia de género y los agresores son enjuiciados, e incluso condenados, por ambos tipos penales.
En España, hubo un estudio precursor de otros que se realizarían en diferentes países y que se toma como referencia para el análisis del problema. “Suicidio y Violencia de Género”, la obra publicada por el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, a la que hemos hecho alusión ya[37], divulgó en 2005 el resultado de un trabajo de investigación llamado “Ideación autolítica en supuestos de violencia de género”, que fue abordado desde una perspectiva multidisciplicinar (forense, jurídica y psicológica).
Sobre una muestra de víctimas de violencia de género, se obtuvieron unos resultados que arrojaron unos porcentajes escalofriantes y sintomáticos de la gravedad de esta situación, invisible en unos Estados e invisibilizada en otros.
Así, se concluyó que el 80 % de las víctimas de violencia de género encuestadas, había pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de estas, un 65 % había tenido uno o más intentos autolíticos.
Fueron datos sorprendentes que, desde la perspectiva forense, el Dr. Lorente, uno de los coautores, explicó como parte de la propia sintomatología de las patologías asociadas a estas víctimas (como consecuencia de su padecimiento). Así, el 60%, de las encuestadas que tenían hijos, no pensó en las consecuencias que, para ellos, supondría la pérdida de su madre. Otro de los datos significativos, es que el 64% de quienes intentaron suicidarse se sintió, con posterioridad, culpable.
Sobre la base de estos y otros resultados igualmente impactantes, la doctrina jurídica incorporó esta casuística y las resoluciones judiciales dejaron constancia de las posibilidades que tiene un ordenamiento jurídico, siempre y cuando estén tipificados los delitos de inducción al suicidio y de maltrato.
Tras varios años sin ocupar la actualidad, en 2015, se reactivó el debate con el suicidio de Sara Calleja, una mujer que sufría una situación grave de violencia y acoso por parte de su expareja y decidió poner fin a su vida. Dejó una carta dirigida a la jueza que tramitaba sus denuncias, explicando que se suicidaba porque no podía aguantar el hostigamiento de su expareja y porque, pese a haber recurrido a la justicia, no había hallado el amparo ni la respuesta deseada. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no acusó por inducción al suicidio en este caso[38].
El hecho de que nos encontremos ante un Estado garantista de Derecho, comporta la necesidad de evaluar todas y cada una de las pruebas del caso concreto para establecer si concurren los elementos del tipo delictivo. La lectura de este status quo hemos de hacerla en sentido positivo. Cuando se suscita este debate, la cuestión no es si podría estimarse la inducción al suicidio junto con el maltrato, sino que directamente se aborda el asunto, con la certeza de que si concurren los elementos del tipo, el inductor al suicidio será castigado por la muerte de la víctima.
El artículo 83[39] del Código Penal argentino tipifica la instigación al suicidio: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”[40].
Este delito se constituye como una figura autónoma, independiente del delito de homicidio. En el caso de las situaciones de violencia de género, este delito no está constreñido por las agravantes ni las atenuantes del homicidio. La pena de quien induzca a suicidarse a su pareja o expareja, no será agravada por el artículo 80 del Código Penal[41], sino que se le aplicará solamente el tipo correspondiente a la instigación al suicidio.
En cualquiera de los dos casos, para que exista delito, la ley dice que es necesaria una conducta dolosa (cometida sobre un individuo en pleno uso de sus facultades mentales) y que se trate de “un suicidio consumado o de una tentativa idónea”. En cambio, si se obliga a la víctima a suicidarse mediante violencia física o moral sobre personas cercanas al suicida, el delito se considera como homicidio.
Concurriendo los requisitos mencionados, la jurisprudencia estima que puede producirse, como primera opción, la instigación, mediante amenazas, consejos, bromas, órdenes; o, en otra vertiente, la ayuda, entendida como colaboración material.
En ambos supuestos, la prescripción legal es que se produzca “un suicidio consumado” o “una tentativa idónea”. Esto es importante, porque nos ayuda a diferenciar este delito del homicidio, que habría que aplicar en los casos en los que se obligue a la víctima a suicidarse, utilizando la violencia física o la violencia moral sobre personas cercanas a la víctima.
El 15 de diciembre de 2017, se promulgó el nuevo Código del Sistema Penal[42] boliviano, que ha nacido rodeado de polémica, por la oposición de diferentes sectores al presidente Evo Morales, ante la tipificación de algunos delitos.
Se recoge la instigación al suicidio en el artículo 256: “El que instigare a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) años.
Si con motivo de la tentativa se produjeran lesiones, la sanción será de reclusion de uno (1) a cinco (5) años.
Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente artículo, resultare ser menor de edad, la pena será agravada en dos tercios”.
Como en Chile, también en Bolivia ha habido una iniciativa, ya se puede decir que fallida, en la que se pretendió incluir un apartado, sobre este asunto, en el artículo 83 de la Ley 348, “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.
La proposición rechazada pretendía incluir el siguiente texto: “Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, la agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de diez (10) años”.
Consecuencias de este análisis de Derecho Comparado
Otros ejemplos de países en los que está penada la inducción al suicidio son Venezuela, Argentina, Reino Unido, Holanda… En ninguno de ellos, existe una especifidad en relación a la violencia de género, por lo que, entendemos que los ejemplos ya reseñados son una muestra significativa del tratamiento de este delito en las legislaciones en las que aparece regulado.
Con este somero análisis de la situación en algunos de los países, representativos de los que incluyen la regulación de la instigación o inducción al suicidio, constatamos la heterogeneidad en su tratamiento. Además, el asunto que nos ocupa, no se puede abstraer de la conjugación de la instigación o inducción al suicidio con el abordaje de la legislación propia en materia de violencia.
La laxitud o el rigor de los diferentes Estados en la determinación de los elementos del tipo de la instigación (o inducción), hace que este delito sea más o menos aplicable en intentos o consumaciones de suicidio, que sean consecuencia de la situación de violencia de género que vive la víctima.
Por eso, no se puede pretender introducir un criterio homogéneo desde el DIDH, proponiendo como única opción que se vinculen la violencia de género y el suicidio, a través del tipo de la inducción o la instigación.
El amparo internacional tiene que encontrar soluciones, de carácter más global, heterogéneo y flexible, para un problema, que también es global y adopta tantas expresiones diferentes, como lo son los casos de violencia de género, en muy distintos entornos, en los que la muerte se presenta para la víctima como única opción aparente.
En los casos de violencia de género, la ideación autolítica de la víctima ha sido utilizada tradicionalmente como prueba en su contra, por parte de las defensas de los agresores. La unión, en un mismo procedimiento de estos dos tabúes para el entorno de la víctima y el agresor, hacía que se alegara la falta de salud mental y/o la “locura” de la mujer como explicación de su conducta y justificación de su falta de credibilidad. Eso permitía a los maltratadores escapar, en muchas ocasiones, al reproche penal.
Por analogía, nos referimos a otros factores que eran considerados en contra de la víctima, como sus comportamientos sexuales o su vida sentimental y sexual. En este sentido, el Convenio de Estambul ya insta a los Estados parte a que eviten que estas pruebas se usen contra las mujeres[43].
Esta realidad se va superando, a medida que se incrementa y consolida la formación y especialización de los operadores jurídicos y se producen avances en el desarrollo legislativo y doctrinal en cada Estado.
No obstante, una de las notas que definen los procedimientos penales por maltrato es la dificultad probatoria. Es un criterio tan consolidado que, algunos de los ordenamientos actualizados, conforme a las pautas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estiman como prueba fundamental la declaración de la víctima.
Las garantías necesarias del derecho de defensa prescriben que confluyan, necesariamente, requisitos que doten de veracidad el testimonio de esa víctima, como pueden ser la ausencia de incredibilidad subjetiva, la inexistencia de un móvil espurio para la interposición de la denuncia, la aportación de pruebas indirectas que adveren los episodios concretos de su relato, las pruebas periciales forenses, los testigos referenciales… Cualquier profesional, experto en Derechos Humanos, que se encargue de la defensa de víctimas de violencia de género, conoce las complicaciones a las que se enfrenta, puesto que la comisión del delito se produce en la intimidad, el escenario en el que el agresor se siente impune y en el que esconde los actos delictivos.
En los asuntos a los que nos referimos, aquellos en los que se haya producido un resultado de muerte como consecuencia de la violencia de género y se haya materializado con el suicidio de la víctima, existe una prueba importantísima y bastante desconocida en muchos países, que puede ser determinante para demostrar la culpabilidad del agresor y su actuación como inductor al suicidio.
Esta prueba se presenta también como fundamental en los asesinatos de género, los feminicidios (o femicidios), en los que el asesino construye la coartada del suicidio de la víctima. Estos casos, a los que hemos hecho referencia “ut supra”, no suponen una cifra importante, pero sí son tan específicos que los profesionales que tengan que afrontarlos, deben disponer de instrucciones y conocimiento de esta herramienta para poder usarla como instrumento probatorio.
La circunstancia de no poder contar con el testimonio de la víctima, por su muerte, crea un escenario de complejidad para realizar una valoración psíquica forense: la autopsia psicológica se presenta como una técnica de evaluación reconstructiva, un instrumento forense transcendental para la investigación de la etiología del óbito, cuando son insuficientes la investigación policial y médico-forense. Es la única opción, para que el viejo axioma de que “los muertos no hablan”, no caiga como una losa sobre el procedimiento penal.
Sería útil y elemental que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos instara a los Estados a que sus instituciones policiales realizaran esta autopsia psicológica con el rigor necesario, como parte de la investigación.
Según Núñez del Arco[44], la denominación de “autopsia psicológica” data de 1958, cuando el Jefe Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Theodore J. Curphey, se encontró con varias muertes “por droga” y no tenía certeza sobre su causa. Así, pidió ayuda a Norman Farberow y otros psicólogos conductuales (como Littman y Shneidman), que realizaron un gran trabajo de aproximación multidisciplinar.
Una de las personas más citadas, en el tratamiento de esta prueba, es la doctora cubana Teresita García, que explica que la autopsia psicológica es “la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida. Se trata de hacer una evaluación después de la muerte de cómo era la víctima en vida. Es una reconstrucción socio-psico-patológica postmortem”[45]. Es, lo que ella denomina, la “caracterización victimológica del homicidio” que, por extensión, podemos ampliar también al suicidio.
La metodología ha dado lugar a diferentes posicionamientos y corrientes. Young[46], propone 15 categorías que se deben incluir, al llevar a cabo dicha investigación:
Datos personales y filiación de la persona fallecida (nombre, apellidos, edad, sexo, ocupación, religión, estado civil, etc.).
Relato detallado de la situación y circunstancias de la muerte.
Historia de la familia (hermanos, parejas, enfermedades y tratamientos médicos prescritos y seguidos, intentos de suicidio, etc.).
Historia de muertes familiares.
Modelos de reacción frente al estrés de la persona fallecida y sus familiares.
Tensiones recientes o historial de problemas del pasado.
Historia de alcohol y drogas en la familia.
Sueños, presentimientos y pensamientos frente a la muerte, suicidio o a los posibles accidentes anteriores al fallecimiento.
Cambios de hábitos, aficiones, alimentación, patrones sexuales y rutinas con antelación a la muerte.
Información sobre los planes de futuro de la persona fallecida..
Evaluación de intención. Reconstrucción de los últimos tiempos de la persona fallecida.
Tasa de letalidad[47].
Reacción de las personas que recibieron la noticia de la muerte.
Comentarios y anotaciones especiales.
En un estudio realizado por la Dra. Evangelina Soledad[48] en Buenos Aires, se explica, sobre el Método de Autopsia Psicológica Integrada (M.A.P.I.), que la persona encargada de su aplicación “debe por lo menos poseer título universitario en psicología con estudios o experiencias en la especialidad de la psicología forense. Aunque, dado el contenido de la autopsia psicológica y las implicaciones que tienen las conclusiones derivadas de ella, es recomendable que sea el resultado de un trabajo en equipo, conformado por investigadores, personal médico y profesionales de la salud mental”.
El resultado del M.A.P.I. es importante, sea cual sea. Si determina que la etiología es suicida, en los casos de violencia de género, arrojará datos sobre los hechos de los últimos días en la vida de la occisa y su estado mental previo al momento de la muerte.
Si del informe se desprende una etiología homicida. la autopsia psicológica arrojará datos sobre los posibles sospechosos y la incidencia de la relación de la víctima con ellos, en los últimos tiempos. En las situaciones de violencia de género, los datos obtenidos pueden ser fundamentales para determinar la causa, tanto para el caso de un asesinato, un homicidio o un intento de suicidio derivado de la situación de violencia continuada en la pareja.
Incluimos los supuestos de intento de suicidio, aunque no se haya consumado, porque en los últimos años, se están realizando autopsias psicológicas en situaciones de muerte cerebral o coma.
Decálogo de propuestas a modo de conclusión
Para concluir y, dejando, por la extensión de la materia, solamente apuntados los aspectos principales del debate, he aquí un decálogo de propuestas, a poner en marcha por el DIDH para plantear adecuadamente el problema y avanzar en la lucha contra el mismo.
Las organizaciones e instituciones que promueven y generan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben estimular el tratamiento de la vinculación entre el suicidio y la violencia de género, mediante estudios e investigaciones internacionales.
Naciones Unidas tiene la capacidad para acometer estudios e investigaciones sobre la existencia y la cuantificación de los casos de intentos autolíticos y suicidios entre víctimas de violencia de género. Es más, los vínculos entre el suicidio y la violencia de género tienen otras derivadas que, de forma integral o en estudios independientes, convendría analizar, como hemos avanzado en el cuerpo de este texto: es el caso de los intentos de suicidio de maltratadores, homicidas y asesinos; o de la atribución de tendencias suicidas a la víctima como cortina de humo de los malos tratos e incluso de los asesinatos.
Una investigación de esta naturaleza serviría para la identificación del fenómeno y la valoración de su significación cualitativa y cuantitativa. La fortaleza de NNUU reside en dos de sus instituciones, que pueden aportar la dimensión sociosanitaria de una realidad terrible, con la perspectiva del análisis de género:
-La OMS, que como se ha adelantado en el exordio de este artículo, ya tiene reconocida la duplicación, al menos, de los casos de intentos de suicidio entre víctimas de violencia de género, respecto a aquellas mujeres que no la sufren.
-ONU Mujeres, organismo dedicado a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, que destina gran parte de su trabajo a la visibilización de la violencia y a la sensibilización de la sociedad. De hecho, su página web[49], ya propugna esta misma filosofía, a partir del enunciado “Violencia contra las mujeres: Hechos que todo el mundo debería conocer”.
El DIDH debería disponer de un estudio de Derecho Comparado, con el tratamiento de la instigación o la inducción al suicidio en los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados, con análisis de los preceptos, medidas y propuestas existentes en los mismos para la protección y defensa de las víctimas de violencia de género que hayan intentado suicidarse, o, de los casos en los que el suicidio trajera causa de la violencia de género, infligida por su pareja o expareja.
Las organizaciones e instituciones implicadas en el DIDH deberían elaborar un método de detección y valoración de la interrelación entre suicidio y violencia de género, con sus correspondientes indicadores unificados y especial acento en la desagregación de datos. Al tratar la autopsia psicológica, ya hemos dejado constancia de la importancia de su método unificador (M.A.P.I.).
Desde esas mismas instituciones y organizaciones, se debería instar a los Estados, a través de sus respectivos Observatorios de la Violencia de Género u organismos asimilables, a la recopilación de los datos y su sistematización en casos de ideación o intento autolítico en víctimas de violencia de género, aplicando el criterio antedicho.
A través del DIDH, se debería instar a los Estados a que, en ningún caso, la ideación o intento autolítico (salvo acreditación médica incontestable), sea tomada como prueba en contra de la víctima, para cuestionar su estabilidad emocional o su credibilidad.
Desde el DIDH, se debería fomentar la práctica de la autopsia psicológica, como prueba recomendada en casos de suicidio de mujeres, bajo sospecha o indicios de estar viviendo una situación de violencia de género, tanto en los supuestos en los que hubieran interpuesto denuncia, como en los que no.
Desde el DIDH, se debería instar a los Estados a incluir el tema “Suicidio y Violencia de Género” en los cursos de especialización de los profesionales (judicatura, fiscalía, abogacía, sanitarios, asistenciales…) que intervienen en el proceso de una víctima de violencia de género, cuando procura su desvinculación del agresor.
Desde el DIDH, se debería dar pautas a los Estados para que, con criterios homogeneizadores, incluyan en sus respectivos ordenamientos penales la inducción o instigación al suicidio como tipo independiente, como circunstancia que pueda ser considerada para la condena del agresor o como prueba a favor de la víctima, siempre y cuando la causalidad entre la violencia de género y el intento suicida haya quedado suficientemente probada.
Desde el DIDH y, una vez elaboradas las investigaciones anteriores, se debe alentar una campaña informativa, de difusión de sus resultados y sensibilización sobre los mismos, para el conocimiento generalizado de la población. Esta campaña ayudaría tanto, a las víctimas (que encontrarían explicación a su conducta y podrían minimizar la culpa y el miedo) como a los profesionales que estén en contacto con ellas.
Desde el DIDH, previa la realización de los estudios e investigaciones, se debe convocar a los Estados a una puesta en común de los resultados y a crear grupos de trabajo que puedan avanzar en el tratamiento del problema desde todas sus perspectivas.
[1] Margarita Bejarano Celaya, El femicidio es solo la punta del iceberg. Pags. 13-44. Región y sociedad / Número especial 4 / 2014.
[2] Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, p. 2.
The World’s Women 2015, Trends and Statistics, capítulo 6, Violence against Women, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015
Base de datos mundial sobre la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres.
[3] http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (Consulta de 6 de enero de 2018).
[4] Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: Un imperativo global. Ginebra: OMS; 2014. http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/. Consulta, 31 de mayo de 2015.
[5] Organización Panamericana de la Salud, Prevención de la conducta suicida, Washington, DC : OPS, 2016.
[6] No debería excluirse, aunque sea a efectos de mera constancia, que existe otro factor común a gran parte de las historias de violencia que tiene que ver con el suicidio: es muy frecuente que, ante los intentos de la víctima de desvincularse del agresor, éste la amenace con suicidarse para evitarlo.
Miguel Lorente Acosta, El Rompecabezas: Anatomía del Maltratador. (Barcelona, Ed. Crítica, 2006).
[7] Ramón Gómez de la Serna, Ramonismo VI: Total de Greguerías (1927-1962). (Barcelona, Editorial Galaxia Gutenberg, 2014).
[8] Cruz Sánchez de Lara & Enriqueta Chicano, Del Acoso Sexual: Aspectos Penales. Pags. 105-107. (Madrid, Ed. Civitas, Thomson Reuters, 2010).
[9] Addison Hanne. Feminist Economics. Pág. 94. (Morrisville, Ed. com, 2015).
[10] Antoine de Saint-Exupéry. El principito. Capítulo 21. (Madrid, Publicaciones y Ediciones Salamandra, 2008)
[11] En adelante, DIDH.
[12] Verónica Miguel Luken. Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 2015. (Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales Igualdad, 2015). Por citar alguna de las fuentes en las que se recoge la concurrencia de estas circunstancias, en esta Macroencuesta nacional, se refiere que: “los sentimientos de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja o expareja tras los episodios de violencia son: Impotencia ante la situación: 60,7%. Tristeza: 59,8%. Rabia: 58,4%. Miedo: 51,6%. Angustia: 49,9%. Vergüenza: 38,7%. Culpa: 30,1%. Agresividad: 19,1%”.
[13] www.cnm.gob.ar/observiomuj.php. Consulta de 13 de enero de 2018. “El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres es una instancia creada por la Ley 26.485 (artículos 12, 13 y 14) de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, promulgada en el mes de abril del 2009 y reglamentada en 2010. El observatorio está destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.”
[14] Miguel Lorente, Cruz Sánchez de Lara & Covadonga Naredo, Suicidio y Violencia de Género. (Madrid, Observatorio de Salud de la Mujer. Ministerio de Sanidad de España, 2005).
[15] Fue Delegado Especial del Gobierno contra la Violencia de Género en España desde 2008 a 2011.
[16] Vid. nota 9.
[17] Artículo 11 – Recogida de datos e investigación
1 . A los fines de la aplicación del presente Convenio, las Partes se comprometen a: a) recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio; b) apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con el fin de estudiar sus causas profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las medidas tomadas para aplicar el presente Convenio.
4 Las Partes velarán para que las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo, se pongan a disposición del público.
[18] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ Consulta del 30 de diciembre de 2017.
[19] Organización Panamericana de la Salud. Resumen: Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas. WHO/RHR/13.10. Clasificación NLM: WA309 . (Washington, DC : OPS, 2014).
[20] En 2009, fue nombrado por el Secretario de Defensa del Grupo de Trabajo del Departamento de Defensa para la Prevención del Suicidio en las Fuerzas Armadas. Sirvió en la Alianza de Acción Nacional para la Fuerza de Tarea de Prevención del Suicidio que revisó la Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio y participó en el desarrollo del Informe Mundial de Prevención del Suicidio de la OMS. También es el Copresidente del Grupo de Trabajo Federal para la Prevención del Suicidio.
[21] https://www.samhsa.gov (Consultado el 27 de diciembre de 2017).
División de Prevención del Suicidio de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos (creada en 1992). SAMSHA está compuesta por representantes del gobierno, académicos y líderes de programas comunitarios. Entre ellos, relevantes psicólogos como McKeon, Draper (Director de la National Life Prevention Lifeline) y Kaslow (Presidenta de la American Psychological Association).
[22] Rebecca A. Clay, American Psychological Association. Suicide and intimate partner, http://www.apa.org/monitor/2014/11/suicide-violence.aspx 2014, Vol.45. No. 10. Pag 30.
[23] Catherine MacKinnon, Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory (1982) Signs Vol. 7, No.3: “Las mujeres y los hombres están divididos por géneros, basado en los sexos tal como los conocemos e influido por los requisitos sociales de la heterosexualidad, que institucionaliza el dominio sexual masculino y la sumisión sexual femenina.” Página 533.
[24] Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981.
[25] Alicia Orjuela Ruiz. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Volumen 23 (1), 1 Semestre 2012 (ISSN: 1659-4304.
[26] Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 85ª sesión plenaria, en fecha 20 de diciembre de 1993.
[27] Firmada por 32 naciones latinoamericanas el 6 de Septiembre de 1994 en la ciudad brasileña de Belem do Pará.
[28] Presentado en 2011 y vigente desde agosto de 2014.
[29] OACNUD-México, 20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos (México DF, 2012, oacnudh) Página 11.
[30] Penas incrementadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004.
[32] Miguel Lorente, Cruz Sánchez de Lara, Covadonga Naredo, Suicidio y Violencia de Género. Página 100. (Madrid, Observatorio de Salud de la Mujer. Ministerio de Sanidad de España, 2005).
[33] Boletín nº 1125-07.
[34] Con motivo de este caso y con su nombre, se lanza en febrero de 2018, una aplicación gratuita “App Antonia”, para ayudar a las mujeres que son víctima de violencia de género, creada por la psicóloga Claudia Baros.
http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/26/familia-de-antonia-garros-busca-justicia-impulsa-ley-crea-fundacion-y-promueve-denuncia-presentada-por-terceros/ Consultado el 26 de enero de 2018.
[35] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
[36] Miguel Lorente, Cruz Sánchez de Lara & Covadonga Naredo, Suicidio y Violencia de Género. Página 100. (Madrid, Observatorio de Salud de la Mujer. Ministerio de Sanidad de España, 2005).
[37] Vid. 31.
[38]http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/familia-sara-calleja-lamenta-fiscal-no-vea-induccion-suicidio_1210845.html (Consultado el 15 de enero de 2018).
[41] “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 3º Por precio o promesa remuneratoria. 4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 5º Por un medio idóneo para crear un peligro común. 6º Con el concurso premeditado de dos o más personas. 7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002) 9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.816 B.O.9/12/2003) 10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso incorporado por art. 2° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación) 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. (Párrafo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
[43] Artículo 54 – Investigación y pruebas. 1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en cualquier procedimiento, civil o penal, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima no sean admitidas salvo que sea pertinente y necesario.
[44] Jorge Núñez de Arco & Tatiana Huici, El uso de la autopsia psicológica forense en el proceso penal. Identidad Jurídica – Revista del Ministerio Publico de Bolivia. Noviembre 2005 Año 1 Nº 1, Pág. 235-241.
[45] Teresita García Pérez, Pericia en Autopsia Psicológica. (Buenos Aires, Editorial La Roca, 2007).
[46] Thomas J. Young, Procedures and Problems in Conducting a Psychological Autopsy. International Journal Offender Therapy and Comparative Criminology 36, 1992, Páginas 43 a 52.
[47] Proporción de personas que contraen una enfermedad y mueren a causa de la misma durante un período determinado en un espacio determinado.
[48] Evangelina Soledad. Autopsia psicológica: Método de Investigación Criminal. VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXII Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015.
[49] www.unwomen.org. Consulta de 20 de enero de 2018.
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 artículo 14
 artículo 393
 artículo 143
 artículo 83
 artículo 80
 artículo 256
 artículo 83
 Artículo 11
 resolución 
 artículo 52
 Artículo 54