Source: http://hojasuelta0.blogspot.com/2013/04/informe-del-primer-ano-de.html
Timestamp: 2017-10-20 19:47:28+00:00

Document:
Ley de víctimas: El abismo entre la norma y la realidad, un año de pequeños avances y grandes vacíos.
En homenaje a Angélica Bello (Q.E.P.D) Por enseñarnos el coraje y la persistencia en la lucha
campanaexigibilidad@gmail.com
Responsable del informe: Alfonso Castillo. Asesor
En el periodo en que se implementa la ley de victimas la característica predominante es el impulso de una agenda legislativa profundamente proclive a favorecer los intereses de los grandes grupos económicos y el fortalecimiento de las políticas neoliberales que en lo fundamental favorecen la economía extractivista de los recursos naturales del país, así mismo, este periodo ha estado dominado por los desarrollos de la búsqueda de una solución dialogada al conflicto armado, especialmente con el impulso de los diálogos de la Habana, Cuba, entre el gobierno y la guerrilla de la FARC EP. Todo esto en medio de una agudización del conflicto y un aumento de las violaciones a los derechos humanos. De otro lado han aumentado las movilizaciones sociales de distintos sectores que están reaccionando a las políticas económicas y las restricciones a las libertades ciudadanas.
Al valorar los detalles de los “avances” de la Ley, hay que señalar que en la implementación de la misma persisten problemas graves que han sido señalados con anterioridad, no sólo por las organizaciones de víctimas y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T 025/04, sino también, por el informe elaborado por los órganos de control en el mes de agosto de 2012.
La Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, continúa con un ejercicio, iniciado el año 2012, al producir y informes de seguimiento a la implementación de la ley, el propósito del mismo es señalar algunas fallas que se dan en el proceso implementación y que de persistir en ellos, el Estado estaría desaprovechando la oportunidad de avanzar en el proceso para reparar y restituir a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Este tercer informe recoge las inquietudes de nuestros afiliados a lo largo y ancho del país, además de recoger las opiniones expresadas por los representantes de las víctimas en los espacios transicionales, tanto en el ámbito nacional como en distintas mesas territoriales.
Antes de señalar las fallas que persisten en la implementación de la ley, es necesario reconocer los avances, que ella misma implica para el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, entre estos avances están el establecimiento de unas rutas, procedimientos y construcción de criterios y protocolos para acceder a los derechos, de esta manera ahora el gobierno cuenta con una serie de mecanismos y procedimientos que permiten con facilidad atender las diversas demandas que las víctimas tienen a la hora de exigir el restablecimiento de sus derechos. Así el logro más contundente de este primer periodo de la implementación es el intento por montar la logística para que la ley avance en los próximos años por el camino de la reparación y la restitución. Se han establecido oficinas, vinculado personal y se han iniciado acciones institucionales para poner a funcionar la ley.
Un año entre anuncios de prensa y autismo gubernamental
De conjunto se debe señalar que el gobierno ha “avanzado” como autista en la implementación de la ley y ha desconocido la experiencia de las víctimas y sus organizaciones que desde hace años han formulado propuestas y acciones para atender a las víctimas y en muchos casos hay formulaciones y experiencias que bien podrían servir para avanzar de manera más efectiva y rápida en la tarea de restablecer los derechos de las víctimas, pero han primado la arrogancia, el desprecio a las víctimas y la politiquería, especialmente en las regiones, antes que pensar en lo que realmente necesitan y quieren las víctimas.
Campaña Permanente, asistido a las convocatorias hechas por la Unidad de Restitución de Tierras en enero del año 2013, y en la convocatoria realizada por la Unidad de Atención y Reparación, realizada el día 28 de febrero 2013, para conmemorar un año de resultados, ambos eventos convocados justamente para señalar los avances en el proceso de implementación, pero ellos no aportaron información concreta de dichos avances, ni en la reparación, ni en la restitución a las víctimas, en ambos casos se trató de presentaciones anecdóticas de lo que había significado para los funcionarios el proceso de implementación de la ley, y como sucedió en el caso de la convocatoria hecha por la UARIV un evento lleno de carga simbólica y humanismo, pero que no se atreve a mostrar las dificultades que se presentan en esta primera fase.
No obstante los desarrollos positivos y el reconocimiento de que aun el periodo es corto para poder sacar conclusiones, sobre la eficacia o no de la ley, para reparar y restablecer los derechos a las víctimas de despojos, es necesario señalar que buena parte de las observaciones sobre los “avances” en la implementación de la ley de víctimas en su primer año, tienen que ver más con la falta de voluntad política por parte de los funcionarios encargados de desarrollarla, que la ausencia de mecanismos para hacerlo.
Hemos organizado estas observaciones por grandes temas con el ánimo de facilitar a las víctimas el análisis de la evolución del proceso de implementación. Entre esas graves fallas de la ley, se encuentran las siguientes:
No se ha creado el registro único de víctimas, requisito para acceder a los “beneficios” que otorga la Ley en mención.
En este aspecto de la ley tiene múltiples dificultades, al punto que a la fecha no se ha podido conformar el registro único y aunque hay avances en especial en el acceso a la “consulta” de información contenida en distintas plataformas y bases de datos existentes como lo son el SIPOD (Registro de Población Desplazada), en el registro de víctimas inscritas en la ley 975/05, particularmente las víctimas inscritas a través del decreto 1290 del año 2008 (Reparación Administrativa), igualmente el registro de las víctimas de actos terroristas (ley 418/97), y las bases de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF (menores reclutados forzadamente) y la base de datos de FONDELIBERTAD (personas secuestradas), además del registro que lleva la Vicepresidencia la República, (víctimas de minas antipersona) y por supuesto la base creada a partir de las inscripciones hechas en el proceso de la ley 1448/11.
Falta aún acceder a la base de datos de personas detenidas desaparecidas (Fiscalía) y los registros que lleva el programa derecho humanos del Ministerio del Interior en el que se encuentran las bases de datos de las personas vinculadas al programa de protección de sobrevivientes del genocidio de la UP-PCC, y de los sectores sociales amenazados como lo son: periodistas, alcaldes, líderes sociales, concejales, funcionarios, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, mujeres, población desplazada, y líderes y lideresas vinculadas a los procesos de restitución de tierras.
No obstante, en estos desarrollos cabe señalar que lo que ordena la ley 1448/11 en el artículo 154, es la creación del Registro Único de Víctimas, que debería existir un año después de promulgada la ley, es decir a partir del 10 de junio del 2012, Registro Único que debe ser administrado y manejado por la Unidad de Atención a las Víctimas UARIV, pero esto no ha sucedido, entre otras cosas, no por fallas técnicas o tecnológicas, sino fundamentalmente por la falta de voluntad política de las entidades que administran las respectivas bases de datos que no están dispuestas a ceder esta información y ponerla a disposición de un solo ente.
De esta manera, los anuncios de reparación o mejor de indemnizaciones pagadas durante el año 2012, correspondieron al ejercicio de ponerse a “paz y salvo” con un inmenso rezago de indemnizaciones por pagar correspondientes a víctimas inscritas en la ley 418/97, o a través del decreto de reparación administrativa, y no necesariamente al proceso de pago de indemnizaciones en el nuevo proceso de la ley de víctimas.
También es necesario reconocer que hay un importante avance en la valoración de las declaraciones, este ejercicio que en el pasado tardaba años ahora se está dando rápidamente, a punto que está a pocos meses de dar respuesta a las víctimas que han solicitado inscripción en el Registro Único de Víctimas de manera mucho más rápida, inclusive en días, esta es al menos una esperanza que tienen las organizaciones de víctimas.
Otro problema asociado al tema del registro, tiene que ver con el tamaño del formulario, pues al tratarse de un interrogatorio en el que cada víctima debe responder a un cuestionario de entre 13 y 16 páginas, que niega de plano el principio de la buena fe en favor de la víctima, y de otro lado el tiempo que demanda llenar cada formulario hace que muchas personas de los municipios pequeños dónde no se cuenta con la logística para atender a las víctimas, las personerías han optado por establecer un día a la semana para recepción a las solicitudes de inscripción, y en otros casos conceder citas que en algunos municipios implican tardar varios meses para concretar su entrevista y llenar la solicitud de inscripción en el registro, esto sin tener en consideración que en algunos de estos municipios no podrían llenarse las solicitudes por carecer del servicio de energía y de internet de manera permanente.
Hay que señalar que el gobierno hace esfuerzos en mejorar esta situación, en este sentido reconocer el avance que significa haber habilitado unidades móviles que van hasta dónde se encuentran las víctimas lo que favorece la inscripción en zonas apartadas, este tipo de esfuerzos tendrá que multiplicarse para agilizar el proceso de inscripción en todo el país.
En general este aspecto de la implementación, presenta grandes dificultades en especial por la desarticulación de las instituciones del SNAIRIV; por esta razón la percepción de las victimas y sus organizaciones en distintitas partes del país, incluida Bogotá, es que no hay avances en esta materia, en el primer año de implementación de la Ley. Señalar, que se sigue concibiendo la atención como la reparación, lo que sin duda es persistir en una tesis que ha sido rechazada tanto por la corte constitucional, como por el sistema de Naciones Unidas.
La atención psicosocial, aún no comienza, estás se brindará una vez se formalice la socialización del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, PAPSIVI, con el cual el gobierno desarrollará este componente de la reparación y aunque el programa significa un avance por cuanto se reconoce el impacto que la salud mental ha traído a las víctimas y la necesidad de ver esta como una integralidad, es decir como parte de la salud física, además de reconocer los enfoques diferenciales que desde hace muchos años las víctimas han demandado en este aspecto.
Reconociendo la importancia de este PAPSIVI, también es necesario señalar algunas fallas que sin duda impedirán el cumplimiento de los objetivos que él mismo se ha propuesto:
· Precaria consulta entre las víctimas, el protocolo se ha socializado en el espacio transitorio nacional y en 27 talleres departamentales estando pendiente 6 departamentos, este ejercicio fue más informativo, dado el desconocimiento que la mayoría de las victimas tiene sobre este tema.
· Responsabilidad estatal de reparar. En la declaración de principios de PAPSIVI se omite de plano el deber estatal de reparar, lo que en la práctica significa que el Estado sigue sin reconocer su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de las víctimas.
· El PAPSIVI, depende de un sistema de salud fracasado al dejar descansar la integralidad, del programa en el actual sistema de salud, que a diario demuestra su rotundo fracaso para garantizar el derecho a la salud de las y los colombianos, en el que las víctimas padecen las mayores dificultades. Para que un programa como éste funciones se requiere derogar la ley 100/93 y crear un sistema de Salud que asuma la salud como derecho gratuito para todos y todas.
· El PAPSIVI no es la reparación, el gobierno insiste en asumir los programas de atención como elementos reparadores, como lo ha señalado reiteradas veces la Corte Constitucional, es parte de la obligación cotidiana del Estado, por tanto la atención psicosocial en sí misma no repara, sino que es un componente de la rehabilitación.
· Ausencia de indicadores de superación, el PAPSIVI no contiene una batería de indicadores de superación del daño, es decir a quienes acceden a la atención psicosocial, no se puede medir el nivel de superación y poder determinar hasta qué momento se brindará la atención.
· El desarrollo de PAPSIVI, depende de las disponibilidad presupuestal, esto quiere decir que no tiene una fuente presupuestal asignada, la permanencia del mismo está sujeta al vaivén de la disponibilidad presupuestal, lo que en la práctica es la continuidad de la forma en la que hoy se presta la atención psicosocial, al personal que presta esta atención se les contrata por unos meses y después son desvinculados, y las víctima no culminan su ciclo de atención.
· El PAPSIVI contempla acciones para la atención individual, familiar y comunitaria, desconociendo la dimensión colectiva, que hace parte de un entorno en el que se desarrollaban las víctimas, y que afectó unas poblaciones enteras, organizaciones sociales y populares.
· Finalmente señalar que la formación que se brindan, los agentes encargados del desarrollo del PAPSIVI, no incluye la comprensión de las dinámicas del conflicto, elemento necesario si se trata de atender integralmente a las víctimas del mismo.
Las víctimas del crimen del desplazamiento forzado, grave retroceso en su atención
Las víctimas del crimen del desplazamiento forzado, son las más afectadas con la implementación de la ley de víctimas, así lo señala la Corte Constitucional en pronunciamiento del día 19 de marzo del 2013, “…asisten a un grave retroceso en materia de atención y protección” según este alto tribunal entre 2012 y 2013, se han producido 150 actos desplazamiento masivo en 15 departamentos del país, entre los que se incluyen desplazamientos interurbanos, para estas personas la atención es precaria, falta de oportunidades, la respuesta estatal a sus necesidades básicas desconoce los avances y garantías a sus derechos según ha sido señalado por distintas jurisprudencias, particularmente en lo relativo a la atención integral de las emergencias.
Sin duda la mejor muestra de la precariedad con la que la ley atiende a las víctimas del desplazamiento forzado, es la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) declarado hace ya nueve años, lo que muestra la negligencia y ausencia de política real de reparación incluida la ley de víctimas.
Una resolución perversa
En octubre el 2012, fue emitida por la UARIV, la resolución 1956, con la cual se fijan los criterios de priorización para la asignación de los prorrogas de ayuda humanitaria, en esta resolución se determina como población prioritaria a niños y niñas, adultos mayores, discapacitados y personas con enfermedades catastróficas, lo que sin duda es un aspecto positivo, pero la resolución deja por fuera de la priorización a las mujeres cabeza de hogar lo que va en contravía de la obligación de brindar atención preferente a las mujeres según lo establece la corte constitucional en reiteradas ocasiones, hay sentencias y particularmente en el auto 092 de 2008.
La Ley no ha podido resolver el tema de la estabilización socio-económica de las víctimas, y a la fecha no se presenten alternativas claras para dar solución a este problema.
Más allá de las expectativas que ha generado el anuncio de las viviendas gratis no existe la suficiente claridad para determinar cómo las víctimas accedan a estos beneficios y cuáles son los criterios de acceso a estas casas.
Igualmente, y lo anotamos como un problema grave, la insistencia por parte de muchos funcionarios de confundir medidas de atención y ayuda humanitaria como medidas de reparación, tratando de generar confusión entre la población víctima.
En detalle los programas de estabilización socioeconómica que lidera el SENA, hoy consiste en proporcionar a las victimas información para acceder a líneas de créditos a través de instituciones bancarias del Estado y en estas se establecen condiciones de difícil cumplimiento, para acceder a las líneas crediticias.
En materia de empleo, no existen programas que permitan a las víctimas, acceso a empleo estable, duradero y digno. La ayuda humanitaria de emergencia está paralizada en sus adjudicaciones debido a la inexistencia del registro único de victimas (RUV).
La política de retorno ha fracasado, por la falta de apoyo económico y asistencia efectiva a las víctimas, pero sobre todo por la persistencia del conflicto armado, que para el caso de la restitución y retorno ha visto como surgen ejércitos antirestitución en cada zona donde se implementa estos procesos, lo que deja en claro que el paramilitarismo nunca dejó de existir.
En cuanto al derecho a la vivienda, para las víctimas del conflicto, estas políticas en la práctica han fracasado por cuanto la cobertura es limitada y quienes accedieron a los subsidios no han podido materializarlos con viviendas dignas, entre otras razones porque el costo de vivienda urbana y con los requisitos que exige gobierno eleva de manera exagera el costo delas viviendas, en la en la práctica muchas carta cheques se perdieron por haber cumplido las fechas límites para hacerlas efectivas.
De otro lado el Gobierno ha concentrado la política de vivienda para población vulnerable, victimas y damnificados en contravía de lo exigido por la Corte Constitucional que ha demandado programas particulares para las víctimas del conflicto. El programa de 100.000 viviendas gratis, las cuales son absolutamente insuficientes para atender el déficit de 5.000.000 de viviendas, aún no cuenta con criterios claros y universales para la adjudicación de las mismas, además este programa está a merced de interese politiqueros y clientelistas, igualmente en los municipios se dan problemas estructurales, como la falta suelo urbanizable y la construcción de viviendas en mano de grandes constructoras que han hecho inasequible el costo de la vivienda a las víctimas.
La atención en salud, cada vez se precariza en razón a que la atención a las víctimas se realiza a través del régimen subsidiado, que al igual que toda el sistema de seguridad social depende de la ley 100/93 y esta ha mostrado una y mil veces su ineficacia para atender la salud como derecho. Hoy para las victimas sigue siendo un problema mayúsculo, obtener una cita atención medica general, y aparte de ello problemas para los medicamentos, citas con especialistas, y tratamientos especializados.
Siguen siendo reiteradas las quejas de los líderes y la lideresas, en relación al problema de la protección, y la prevención del riesgo, a la fecha del presente informe han sido asesinados por lo menos dos integrante de la mesa municipal de victimas, y varios han sido amenazados, otros han tenido que desplazarse, entretanto la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, siguen siendo lenta y con medidas que no atienden a los requerimientos y las necesidades de las víctimas. Muchas solicitudes realizadas por las victimas tardan ente dos y cuatro meses para obtener algún tipo de respuesta por parte de la UNP.
Persiste el problema de la divulgación de la ley, las víctimas no conocen sus derechos, la publicidad que se emite sólo da cuentas de los resultados de manera general, generando gran expectativa, y por supuesto confusión entre las víctimas.
Los problemas más graves se evidencian en el tema de participación, ésta se sigue desarrollando sin las suficientes garantías materiales, con bastantes dificultades para el cumplimiento de las agendas establecidas en coordinación con las mesas de víctimas, y particularmente, las convocatorias a los escenarios de participación, siguen teniendo graves problemas en los procedimientos democráticos para la designación de los integrantes de las mesas, la convocatoria con suficiente anterioridad a diversas instancias de representación, la designación formal de representante a varios sub comités técnicos que no se han reunido ni una sola vez desde que se establecieron, y la claridad para que los representantes cuenten con las garantías de una deliberación autónoma y decisiva.
La participación de las víctimas ha sido un tema recurrente durante el primer año de su implementación, primero porque se incumplió el proceso de inscripción y construcción, de mesas municipal, departamental y nacional, de participación de victimas, de que habla el artículo 192 de la ley 1448/11. Posteriormente y para subsanar carencias del proceso de implementación se instaló el mecanismo transitorio, este proceso se dio de forma irregular, no en todas partes se constituyeron mesas, en algunos municipios donde se hizo, no fueron elegidos democráticamente, fueron los alcaldes y personeros los que integraron de forma amañada las mesas y donde funcionaron, estas no contaron nunca con los elementos que garantizara la participación efectiva, significativa y diferenciada de que habla la Corte Constitucional en materia de participación. En lugares donde funcionaron las mesas, éstas sólo fueron consideradas para elegir representantes a distintas instancias que señala la ley, y en ningún caso las autoridades brindaron las suficientes garantías materiales para permitir una adecuada participación de las víctimas.
En el caso de la mesa nacional de victimas espacio transitorio, el proceso se ha dado no sin sobresaltos e incumplimientos, más allá de este aspecto hay que señalar que en materia de participación de las víctimas elegidas para representar los distintos escenarios: los 4 comités y los 10 subcomités, establecidos en la ley 1448/11, los que fueron convocados no lo hicieron respondiendo al criterio de convocar previa e informada a los representantes, pero en la mayoría de los subcomités ni tan siquiera se han reunido, más aun, algunos de ellos ni siquiera han sido instalados.
En el caso de la participación en los territorios, es decir en el ámbito municipal, y aunque el gobierno señala que han sido conformado los comités territoriales de justicia transicional en casi todo los municipios del país, es necesario decir que éstos escenarios existen de manera formal y la participación de las víctimas no obedece a procesos auténticamente democráticos se llega a estas convocatorias cuando se citan a las víctimas de manera desinformada, también señalar que en muchos casos estos representantes fueron escogidos “ dedocráticamente” por los alcaldes y /o personeros.
Situación igual se presenta con la aprobación de los planes de acción territorial (PAT), los cuales fueron elaborados sin la participación de las víctimas, en varios casos las administraciones convocaron (expertos) y su proceso de aprobación fue de espaldas o engañando a las víctimas aprovechando su desconocimiento sobre el tema.
Todo este proceso se dio sin que el gobierno hubiese admitido o tan siquiera elaborado algún mecanismo para superar lo que fue una demanda constante en los distintos talleres departamentales, en relación con brindar “apoyo material a la participación y la representación” al fin y al cabo y como fue señalado en varios talleres por representantes de las víctimas “La representación también es un trabajo profesional”, en muchos casos la representación de las víctimas para acompañar el proceso de construcción del protocolo u otras consultas que eventualmente hace el gobierno, significa para muchos y muchas invertir entre 3 y 5 días, para participar en dichas actividades señaladas por la ley y sus decretos reglamentarios, y tras este trabajo, las víctimas deben regresar a sus hogares sin tan siquiera lo de un tinto, lo que significa un problema por cuanto para participar, los representantes se deben ausentar de sus actividades productivas cotidianas, lo que sin duda alguna es un incentivo negativo a la participación.
Se esperaba que el protocolo definitivo resolviera esta situación, en talleres regionales y el nacional, hubo sugerencias sobre este tema pero estas no fueron tenidas en cuenta por quienes participan en el proceso de construcción del borrador del circular. Igualmente se había solicitado que la UARIV se orientara por emitir un decreto de protocolo, sin embargo se ha elaborado un borrador de resolución lo que sin duda quita eficacia a la garantía del derecho a la participación.
Igualmente se espera que en este segundo año de implementación de la participación este derecho cuente con todas las garantías para la participación efectiva, significativa, incluyente y determinante que las víctimas han exigido.
La coordinación del sistema o mejor la descoordinación persistente
Otro aspecto en el que la implementación de la ley tiene dificultades, es la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. SNARIV: este sencillamente no funciona, tan sólo unas cuantas reuniones convocadas por el Presidente de la república, pero más allá de ello, en la práctica cotidiana lo que se constata es la reiteración de algo que ya fue señalado desde el año 2008, por la corte constitucional, al demandar mayores esfuerzos del gobierno por garantizar la coordinación del sistema para poner las instituciones en desarrollo de las ofertas institucionales de manera coordinada para garantizar de esta manera el principio de la subsidiaridad. Pero esto sigue siendo una “misión imposible”, porque persiste la actitud de actuar individualmente en cada una de las instituciones y por consiguiente duplicar los esfuerzos del estado para garantizar la oferta institucional, lo que al final termina afectando a las víctimas por la confusión que generan distintas y simultaneas convocatorias.
Situación igual o más complicada es la articulación Nación-Territorio, en este aspecto la ley ha dejado en evidencia que se hablan lenguajes distintos en una especie de babel, una cosa se dice desde Bogotá y otra cosa se entiende y se ejecuta en los territorios. La mejor prueba de esto ha sido el trámite que se han inventado funcionarios de la unidad de restitución en Urabá, para que las víctimas puedan acceder a garantizar su derecho a la restitución.
Un problema que explica esta falta de articulación tiene que ver con los recursos económicos que se disponen para que la ley sea puesta en marcha desde los territorios, la verdad las autoridades municipales sienten que no llegan los suficientes recursos y que debe disponer de sus propios recursos presupuestales para implementar la ley, frente a lo cual estas manifiestan no contar con estos recursos, y donde sí existen tales condiciones no existe la voluntad política, en todo caso las más perjudicadas son las víctimas que tienen que asistir a todo este proceso, en el que las autoridades se “tiran la pelota” de un lado a otro atribuyendo responsabilidades en una especie de pim-pón que niega a las víctimas poder acceder con facilidad a los “beneficios” que otorga la ley.
Uno de los problema más grande en este asunto es justamente el proceso de inscripción de las nuevas víctimas, en buena parte de los municipios del país, son las personerías las encargadas de brindar la primera atención a las víctimas que quieren participar del proceso de la ley, sin embargo éstas no cuentan con las capacidades logísticas y humanas para brindar adecuadamente esta atención, se conocen situaciones como en el departamento del Cauca, Norte de Santander y también en Sucre, donde las víctimas tienen que esperar turnos hasta de 3 a 6 meses para ser atendidos en el proceso de inscripción.
Otro ejemplo, de esta situación son las condiciones logísticas de los lugares donde se atiende las solicitudes de las víctimas, las personerías y los lugares adecuados por las alcaldías no cuentan con la infraestructura para atender dignamente a las víctimas, en muchos casos existen barreras de acceso para los discapacitados y en ninguna existen condiciones para que las mujeres cabeza de hogar sean atendidas, teniendo en cuenta sus particulares situaciones y desarrollando plenamente la perspectiva de género, que tanto se ha planteado particularmente por la corte constitucional en nuestro país
Los cambios en la atención del dicho al hecho
En el caso de los territorios no han sido evidentes los cambios, la forma en que se atiende a las víctimas, desde Bogotá por ejemplo existe el compromiso de sensibilizar a los funcionarios para que sean capaces de incorporar los nuevos principios y desarrollos establecidos en la ley de víctimas, pero en muchos municipios están al frente de la atención a las víctimas las personas que trabajaban en las antiguas UAO, y que fueron muchas veces cuestionados por las víctimas, precisamente por propiciar actos inadecuados y victimizantes a quienes solicitaban su orientación y atención, también se nota un crecimiento de la planta de personal, pero no siempre teniendo en cuenta la experiencia y la sensibilidad que demanda este tema, este crecimiento de personal sigue obedeciendo a los intereses de la clase política local.
Otro ejemplo de lo que hoy significa la atención a las víctimas, es justamente la propia UARIV que a pesar de que se ha señalado desde hace varios meses que se mejoraran las condiciones para que las víctimas puedan radicar sus documentos y solicitudes, a la fecha de hoy, en la ciudad de Bogotá las víctimas deben trasladarse a un lugar de difícil acceso y ubicación, porque el lugar donde se radica la correspondencia de la UARIV queda en la carrera 100 No. 24D-55, en el sector de Fontibón, pudiéndose con facilidad establecer una oficina de recepción de correspondencia y solicitudes en el edificio de Avianca donde funciona el nivel directivo de ella, que facilite en todo caso la atención a las víctimas.
En Bogotá, donde el alcalde de la ciudad, a comprometidos desde su campaña, en su acto de posesión que éste será el tiempo de las victimas, la atención a las mismas no mejora de manera significativa.
Se han creado los centros DIGNIFICAR, que eran las antiguas UAO, pero él solo cambio del nombre no es suficiente para que la atención se dignifique, siguen siendo largos los turnos para la obtención de la atención, ahora en mejores condiciones, pero igual demora en la misma. En varios de estos centros DIGNIFICAR no hay presencia e instituciones del distrito como la secretaria de salud, y tan sólo se atiende en promedio 5 a 7 declaraciones nuevas para incluir en el registro único de víctimas.
En materia de vivienda la administración distrital ha prometido construir 40.000 soluciones de vivienda de interés social, pero quince meses después de iniciada la administración del alcalde Petro, no se conocen los criterios para la adjudicación de las mismas y saber de qué manera podrán acceder a estas soluciones, las víctimas del conflicto que viven en la ciudad de Bogotá, igualmente no se conoce el cronograma para la construcción de estas soluciones.
Igual situación se vive en el desarrollo del programa de retornos, impulsado por la administración distrital desde hace un par de años, del cual no se conocen ni cifras de sus desarrollos, ni los indicadores de seguimiento y satisfacción para las familias que ya lo hicieron.
En General es necesario señalar que la característica principal de la política de atención a las víctimas en la capital de la república, es el desconocimiento que las víctimas tienen de los elementos constitutivos de esta, a lo que se suma la falta de convocatoria para diseñar, desarrollar y controlar los programas de atención. El distrito desde la alta consejería para las víctimas, no ha tenido en cuenta a las organizaciones para el impulso de procesos democráticos de participación efectiva, significativa y diferenciada.
Durante un año de la política restitución de tierras puesta en marcha con la ley de víctimas, se ha visto cómo el gobierno ha volcado toda acción de titulación y adjudicación de tierras, presentándola como actos de restitución, lo que no es consecuente con la definición internacional de restitución de bienes despojados, que consiste en devolver a las víctimas los bienes patrimoniales que le fueron despojados “legal” o ilegalmente por la acción criminal ejercida por grupos armados en desarrollo del conflicto.
Esta política se adelanta al tiempo que el conflicto armado sigue desarrollándose con toda la intensidad en muchas regiones del país, durante este periodo se han incrementado las acciones de la insurgencia y la respuesta de la fuerza pública a las mismas se ha intensificado, lo que ha incluido bombardeos en varias regiones del país, también en estos meses los grupos paramilitares han dejado conocer su oposición armada la política restitución impulsada por el actual gobierno, constituyendo ejércitos anti restitución en todas las regiones donde ejercen control militar e influencia política.
Igualmente en este periodo han aumentado los esfuerzos del gobierno por hacer creer al país que son las guerrillas las mayores responsables del despojo de tierras, lo que sin duda es una falsificación de la historia, las guerrillas han despojado, esto no se puede negar, pero sin apoyarse en censos reales no es posible cabalgar sobre esta hipótesis, sobre todo si se considera que para el caso de las guerrillas lo que existieron fueron procesos de adjudicación de baldíos desde hace más de 30 años.
En General la política restitución en estos quince meses muestra cifras muy pobres, se trata de 11.000 hectáreas restituidas a través de 37 fallos en 6 meses desde que se presentara la primera demanda ante los jueces de restitución. Estas 11.000 hectáreas fueron adjudicadas en 6 departamentos y el 80%de ellas corresponden a predios inferiores a 10 hectáreas, lo que permite inferir que el proceso de continuará a este ritmo, tardará mucho más dé 10 años para restituir los 1.5 millones de hectáreas que el gobierno ha comprometido para el primer año de implementación de la Ley.
A la fecha la unidad restitución de tierras ha recepcionado cerca de 35.000 solicitudes de restitución, de éstas hay 5.720 solicitudes haciendo trámite para completar los requisitos y aproximadamente 1.300 pendiente del fallo por parte de los jueces. Se han declarado 70 zonas de micro focalización. Hay nombrados 27 jueces y quince magistrados. Y el anuncio de que otros quince iniciarán labores próximamente.
En el tema de oficinas, han sido establecidas quince en 13 departamentos, falta que se acelere el proceso de apertura de estas, al menos en departamentos como, Choco, Casanare, Boyacá, Caquetá, Cauca, Huila, Caldas y Atlántico, donde se han dado eventos graves de despojo.
Transcurridos quince meses de esta política, el gobierno ha establecido la logística necesaria para que las víctimas inicien la ruta de restitución, esta ruta tienen a nuestro juicio tres dificultades: a) toda reclamación debe surtir todo el proceso administrativo (seis meses según compromiso del gobierno) y judicial (4 meses a establecidos en la ley) lo que se supone un tiempo largo y un desgaste para el Estado, sí se consideran predios que no presenten ningún tipo de conflicto, u otras reclamaciones sobre el mismo, frente a lo cual se debería implementar una línea administrativa de restitución de manera inmediata, b) otro problema es que todo el proceso de restitución depende de la declaratoria de zonas de macro y micro focalización y estas son emitidas a partir de un concepto dado por el ministerio de la defensa quién es quién determina que el predio este libre de amenazas de grupos armados ilegales. c) igualmente surge como amenaza los trámites adicionales que los funcionarios se van inventando para exigir a las víctimas requisitos como la Georeferenciación del predio u otros trámites, como lo sucedido recientemente en la oficina de restitución de tierras de Uraba.
En estos quince meses de implementación han continuado la persecución y amenazas, se ha incrementado en riesgo a líderes, lideresas, organizaciones y comunidades vinculadas a procesos de reparación y restitución de tierras. En este periodo han sido asesinado Miller Angulo, miembro de la mesa departamental de Nariño, el día 2 de diciembre 2012 en el municipio de Tumaco Nariño, igualmente fue desaparecido y asesinado posteriormente, Ermes Enrique Vidal miembro de la mesa municipal de victimas del municipio Valencia en el departamento de Córdoba, cuyo cuerpo apareció sin vida el día 24 de marzo de 2003 en tierra alta Córdoba.
Igualmente han recibido amenazas contra su vida integrantes de las mesas departamentales, en especial en el Norte de Santander, Atlántico, Eje Cafetero, Valle, Bogotá, Guajira, Caquetá, Meta, Cesar, Arauca, Bolívar, Amazonas, de las cuales no existe hasta el día de hoy ningún tipo de pronunciamiento de las autoridades respectivas, en el sentido de poder determinar quiénes son los verdaderos responsables de dichas amenazas, frente a este tema existe total impunidad de decenas y decenas de denuncias presentadas por líderes, lideresas y organizaciones, a la fiscalía General de la nación.
Igualmente es necesario brinda reconocimiento a nuestra compañera y amiga Angelica Bello quien muriera suicidada en su casa en extrañas circunstancias que hoy son objeto de investigación, la muerte de por suicidio de Angelica, deja en evidencia el fracaso de los programas de ayuda psicosocial que actualmente ofrecen el Estado.
Son cerca de 50 líderes y lideresas vinculados a procesos de restitución, reparación y defensa de los derechos humanos asesinados en estos quince meses. Un alto porcentaje para un proceso que el gobierno insiste en presentarlo como el restablecimiento de derechos a las víctimas y el camino hacia la paz.
Tanto la Ley como su proceso de implementación siguen desconociendo los derechos de las víctimas que se encuentran fuera del país aunque se anuncia una línea para garantizar que estas participen en el proceso y puedan acceder de manera efectiva a la restitución de todos sus derechos, está aún no se conoce y los Colombianos y Colombianas refugiados y exiliados siguen siendo desconocidos.
Aunque se han hecho esfuerzos importantes por garantizar en el papel los derechos de comunidades afro, indígenas, ROM, discapacitados, niños y niñas, mujeres, la materialización de estos no avanza de manera significativa, los procesos de consulta con estas comunidades han sido precarios y en muchos casos han generado fracturas en los procesos organizativos, como es el caso de las comunidades afro descendientes, la implementación de los enfoque diferenciales choca con la falta de recursos humanos y financieros que los hagan posible, además de una falta de comprensión de estos temas por pate de los funcionarios encargados de su desarrollo.
Conviene que el gobierno nacional piense dos reformas urgentes en la Ley.
Primera, es necesario reformar el estatus de la unidad de victimas, porque resulta poco efectivo que una Unidad de Victimas que depende administrativamente de la oficina de la presidencia, sea la encargada de realizar toda la coordinación del sistema nacional de atención integral de reparación de víctimas, dada la estructura del Estado Colombiano, es necesario que la entidad que asuma este rol tenga un estatus de ministerio o al menos de vice ministerio, de manera que se pueda garantizar que la convocatoria a distintas entidades del Estado sea atendida de manera diligente y no como sucede hoy con displicencia o sin prestarle ningún tipo de atención.
Otra reforma tiene que ver con la necesidad de introducir cambios que permitan el fortalecimiento financiero de las personerías municipales, para ampliar y mejorar las condiciones de funcionamiento esto incluye la necesidad de articular las personerías de mejor manera al ministerio público.
Continuar la organización y la movilización por los derechos de las víctimas
Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad exhorta al conjunto de organizaciones de víctimas, líderes y lideresas, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a continuar fortaleciendo los procesos organizativos, que permitan a las víctimas del conflicto armado en Colombia mejorar los procesos de seguimiento a la implementación de la ley, al mismo tiempo que fortalezcan y mejoren las condiciones para desarrollar procesos de movilización, elaboración política, articulación y exigibilidad de los derechos vulnerados.
Es necesario entonces, considerar la fecha del 10 de junio del 2013, cuando se completan dos años de sanción por parte el Sr. Presidente Juan Manuel Santos, de la ley de víctimas y restitución de tierras y preparar una gigantesca movilización de las víctimas en Colombia para mostrar al gobierno la inconformidad, que las víctimas en Colombia tenemos frente a esta precaria ley de reparación y restitución.
Igualmente es necesario articular el tema de los derechos de las víctimas, al proceso de discusión que actualmente se adelanta de la Habana para que el tema de la agenda, que aborda los derechos de las víctimas se trabaje a partir de una real participación de las víctimas y sus organizaciones, en este sentido la jornada de movilización del día 9 de abril en favor de la paz y por la dignidad de las víctimas del conflicto es una tarea de primer orden.
Igualmente las jornadas de discusión que sobre este tema iniciaran próximamente las comisiones de derechos humanos del senado en distintas regiones del país deben ser asumidas por las organizaciones de víctimas, como la oportunidad para posicionar las propuestas de las víctimas y visibilizar toda la problemática.
También es necesario que las organizaciones articulen sus reivindicaciones con otras acciones populares que se promueven como el congreso de los pueblos, las constituyentes impulsadas por marcha patriótica, o la movilización del 1° de mayo impulsada por las centrales obreras.
No menos importante es el impulso de acciones políticas que demuestren la capacidad organizativa y de movilización de las víctimas, a la hora de exigibilidad de derechos.
2 de Abrir 2013.
Informe elaborado por: Alfonso Castillo. Asesor

References: artículo 154
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 192
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