Source: https://www.slideserve.com/dyanne/derecho-de-consumo
Timestamp: 2017-11-19 21:01:27+00:00

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DERECHO DE CONSUMOPowerPoint Presentation
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DERECHO DE CONSUMO - PowerPoint PPT Presentation
DERECHO DE CONSUMO. Relaciones Empresario – Consumidor “La defensa de las personas consumidoras y usuarios”. Las grandes transformaciones socio-jurídicas en materia regulada por el Derecho Mercantil, dieron lugar al denominado Derecho de Consumo. Antecedentes Legislativos.
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Relaciones Empresario – Consumidor “La defensa de las personas consumidoras y usuarios”
Las grandes transformaciones socio-jurídicas en materia regulada por el Derecho Mercantil, dieron lugar al denominado Derecho de Consumo.
El Derecho de Consumo se configura en dos derechos fundamentales y tres instrumentales.
Esta no es una clasificación pacífica y de perfiles nítidos, esta clasificación no es unánime.
La clasificación de los programas de la Unión Europea al respecto, es la misma que recoge el art. 51 de la Constitución española de 1978.
Conforme a los números 3 y 14 de la Resolución del Consejo de 14 abril 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los consumidores, los intereses del consumidor pueden agruparse en cinco categorías de derechos fundamentales.
Cinco categorías de derechos fundamentales:
Derecho a la representación (derecho a ser escuchado).
	Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras Leyes complementarias.
 Entrada en vigor el 1 de diciembre de 2007.
Incorpora las siguientes leyes
La Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre Contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
La regulación sobre Contratos a distancia; dentro de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
La Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
Tiene cuatro libros:
 Libro primero.
	Libro segundo. Regula las relaciones jurídicas privadas y se estructura en cinco títulos.
 Libro tercero. Recoge el régimen de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos y por el resto de bienes y servicios.
 Libro cuarto. Se dedica a viajes combinados.
 Libro quinto. Garantiza que no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía comercial.
Se divide en cinco títulos:
 Título I. Relativo a las disposiciones generales
	Título II. Consulta y participación, e incorpora el régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios.
 Título III. Del libro primero se incorpora la regulación en materia de cooperación institucional.
 Título IV. Infracciones y sanciones.
 Título V. Articula el acceso a la justicia de los consumidores.
 Título I. Contiene las disposiciones generales de los contratos con los consumidores  Derecho de Desestimiento
	Título II. Establece el régimen jurídico en materia de cláusulas contractuales no negociadas individualmente y cláusulas abusivas.
 Título III y IV. Regulan los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles.
 Título V. Regula el régimen de garantías y servicios posventa.
Se divide en tres títulos:
 Título I. Contiene las disposiciones comunes en materia de responsabilidad por daños causados por bienes y servicios defectuosos.
	Título II. Regula la responsabilidad civil causada por productos defectuosos.
 Título III. Regula la responsabilidad causada por el resto de los bienes y servicios.
Se divide en dos títulos, y se incorpora la regulación específica sobre viajes combinados:
 Título I. Disposiciones generales.
	Título II. Resolución del contrato y responsabilidades.
Tres disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
 Garantizan que no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía comercial
 Establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.
	Aproximar la legislación nacional en materia de protección de los consumidores y usuarios a la legislación comunitaria
La persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.
La Exposición de Motivos aclara que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporaciones, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.
La persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.
Al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea.
Así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.
Todo bien mueble conforme a los previsto en el art. 335 del Código Civil.
El empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución.
	Son las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados.
 Y las cooperativas.
	Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos.
Dada la estructura de nuestro Estado, se crea un órgano de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas
 Este órgano es la Conferencia Sectorial del Consumo, (Vid. art. 40)
La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por éste y los consejeros competentes en esta materia de las comunidades autónomas, es el máximo órgano de cooperación institucional del Estado con las comunidades autónomas.
Derecho a la Indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
Procedimientos Judiciales y Extrajudiciales para la Protección de Consumidores y Usuarios. (Arts. 53 al 58).
Derecho a la Información Correcta sobre los Diferentes Bienes y Servicios, Derecho a la Educación y Divulgación para Facilitar el Conocimiento sobre su Adecuado Uso, Consumo o Disfrute.
I.- Derecho a la seguridad y salud
Frente al Derecho de los Consumidores a la seguridad, tenemos que los empresarios tienen la obligación de comercializar solamente aquellos productos que sean seguros.
Están asimismo obligados a un seguimiento de seguridad de los mismos y deben responder de los daños y perjuicios causados por productos defectuosos.
Reglamentos de bienes y servicios
La seguridad de un producto se consigue:
 De manera material mediante unas exigencias que comprenden especificaciones en cuanto a la denominación, procedimientos de fabricación, distribución y comercialización, etiquetado, presentación y publicidad.
 Con métodos oficiales de análisis de control de calidad e inspección, que debe poseer cada bien o producto.
La tipificación de todos estos datos comporta una previa “normalización”.
 Es decir, que el producto pase por una serie de pruebas de “normalización”, que es la actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la economía y la tecnología, con el fin de conseguir una ordenación óptima de un determinado contexto.
El resultado de la actividad lo conforman las normas:
 Especificación técnica u otro documento accesible al público, establecido con la cooperación y con el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas.
En la Unión Europea, al haber desaparecido las fronteras internas, es cada Estado quien debe hacer un control sobre el mercado a fin de garantizar a los demás Estados miembros que por sus fronteras con terceros países no vayan a pasar productos que no tengan los mínimos de seguridad exigidos.
Sin perjuicio de que la coordinación entre el Estado y los consumidores haga necesario la creación de agencias comunitarias de seguridad alimentaria:
 Previamente y a nivel Estado, se creó por el Consejo de Ministros del 19 de julio de 2002 “La Agencia Española de Seguridad Alimentaria”,organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, encargado de promover la seguridad alimentaria de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y de coordinar a nivel internacional de la red de alerta alimentaria.
Asimismo, se creó “la Agencia RAPEX” (Sistemas de Alarma Rápida para Productos No Alimentarios).
Continuamente se están creando normas, estudios, decisiones y recomendaciones en materia de Seguridad.
El Derecho a la Salud es un Derecho más amplio que lo en Derecho de Consumo se contempla.
En el ámbito de las funciones públicas de la Administración, la protección de la Salud del consumidor abarca varios aspectos:
Desde las medidas públicas de ordenación de la Sanidad.
 Hasta la creación y ordenación de servicios de fomento en materia de Educación sanitaria.
 La política medio ambiental, la agricultura y el plan de calidad industrial entre otros.
II.- Derecho a la protección de los legítimos intereses económicos
La defensa de los intereses económicos de los consumidores es un derecho de naturaleza compleja que refleja el desequilibrio jurídico en el que estuvo el consumidor en el mercado frente a los empresarios
El art. 19 establece como norma general:
“Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación”.
Aspectos de este Derecho
Regulación de la publicidad. (Art. 59 al 67).
Información previa al contrato.
 Contenido mínimo del contrato.
Defensa contra las cláusulas abusivas de los contratos. (Art. 80-91).
Derecho de desistimiento. (Art. 68 al 79).
Garantías y servicios post-venta. (Art. 114 al 127).
Se trata de no permitir el uso manipulador que se hace de la misma:
 Con métodos agresivos de publicidad y un discurso publicitario que genera, crea, moldea y suscita necesidades en la población, no siempre ciertas.
Además se desinforma al consumidor, se le miente a través de mil y una maneras, como paquetes o envoltorios que inducen a error sobre el contenido.
La capacidad de negociar de los consumidores no es la misma que la de los empresarios.
Éstos planifican la publicidad y elaboran con tranquilidad el contenido del contrato.
El art. 60 exige:
“Una información previa al contrato exigiendo al empresario, antes de contratos poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo”.
Datos que obligatoriamente debe contener la publicidad
Forma gratuita de la información precontractual
La información precontractual se le facilitará al consumidor o usuario de forma gratuita.
Se regula el tema de la publicidad mediante promociones, como concursos, sorteos, regalos, vales premio, etc., los cuales serán objeto de regulación específica, estableciendo condiciones de transparencia para asegurar la protección de los legítimos intereses de los consumidores.
El consumidor no debe verse engañado por una oferta que no se ajuste a la realidad del producto o servicio.
La utilización de concursos, sorteos, regalos, vales/premio o similares, como métodos vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes o servicios es de regulación específica.
Se considera fraude, la oferta, promoción y publicidad de productos o servicios que sea falsa o engañosa (Ley Publicidad 34/1988 de 11 de noviembre)
(Art. 61.1)
(Art. 61.3)
La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad.
Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante.
CONDICIONES GENERALES“Contratos de Adhesión”
El legislador trata de poner remedidos a esos contratos de adhesión para buscar la igualdad jurídica de las partes en los mismos a través del control de las condiciones generales de los contratos donde van insertas las cláusulas formuladas por una de las partes solamente, se ve en:
 La Ley del Contrato de Seguro de 8 de Octubre de 1980.
 A partir de la promulgación de la LDCU (Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios), de 19 de Julio de 1.984, en materia de interpretación de esas condiciones generales,
	La Ley 7/98, de 13 de abril de 1998, "Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación", que introduce y desarrolla la directiva europea sobre cláusulas abusivas de 3 de septiembre de 1990.
Art. 80-91:
 “A los efectos de esta ley se entiende por cláusulas, condiciones o estipulaciones de carácter general, el conjunto de las redactadas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éste celebren, y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate”.
Fruto de la contratación en masa.
Redactados por los empresarios.
Posibilidad de cláusulas abusivas.
 Remedios legislativos.
Las condiciones generales de la contratación han sido reguladas para proteger la igualdad de los contratantes limitando como se sabe la “autonomía de la voluntad”, que en estos casos no sería sino la del empresario.
El empresario redacta el contrato.
A los consumidores no les queda, sino adherirse al contenido contractual que les es dado.
Requisitos de las Condiciones Generales
Buena fe y justo equilibrio.
Tienen que conocerse:
 Individualmente.
 Colectivamente.
No tienen que ser abusivas.
“Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.”
“…No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas”.
ADMISIÓN INADMISIÓN
Posibilidad de someter la cuestión a Dictamen del Registrador de condiciones generales (13 LCGC)
Competencia territorial: 1. Establecimiento demandado, 2.
Domicilio demandado, 3. Lugar realización de la adhesión (52.1.14º LEC)
Clases de acciones: art. 12 LCGC.
Plazo de prescripción acciones: 2 años, por lo general (19 LCGC)
1 año si acción declarativa previa
Art. 16 LCGC
Determinadas entidades e instituciones.
El predisponente o recomendante o las asociaciones empresariales o profesionales
Art. 17 LCGC
Si es estimatoria, mandamiento al titular del Registro de CGC
para inscripción de la sentencia en el mismo (22 LCGC)
Publicación en el BORME o un periódico de la provincia (en
ambos si el Tribunal así lo acuerda) (21 LCGC)
Vinculación del contrato a la voluntad del profesional
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adecuado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos no relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el contrato.
Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con antelación razonable y este tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.
3ª	La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aún cuando el profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.
7ª La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o la facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido sin que en ambos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.
8ª	La concesión al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
Privación de derechos básicos del consumidor
9ª La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o incumplimiento defectuoso del profesional.
10ª	La exlusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o lesiones causados al consumidor debidos a una acción u omisión por parte de aquel, o la liberación de responsabilidad por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de este.
11ª La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de créditos, así como de la de retención o consignación.
12ª La limitación o exclusión de forma inadecuada de la facultad del consumidor de resolver el contrato por incumplimiento del profesional.
13ª La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.
14ª La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.
15ª	La imposición de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos los deberes y contraprestaciones, aún cuando el profesional no hubiere cumplido los suyos.
16ª	La retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional.
17ª	La autorización al profesional de rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquel se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea el mismo quien rescinda el contrato.
Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento
El consumidor tendrá este derecho:
En los supuestos previstos legal o reglamentariamente.
Cuando se le reconozca en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato.
Formalidades para el ejercicio del desistimiento
No estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho.
En todo caso se considerará válidamente ejercitado mediante el envío del documento de desistimiento o mediante la devolución de los productos recibidos.
Siempre que el empresario haya cumplido con el deber de información y entregar documentación, el plazo se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios.
Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación, el plazo para su ejercicio será de tres meses a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si el objeto de éste fuera la prestación de servicios.
Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de tres meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento.
Prueba del ejercicio del derecho de desistimiento
A tenor del art. 72: “Corresponde al consumidor y usuario probar que ha ejercitado su derecho de desistimiento conforme a lo dispuesto en este capítulo.”
Gastos vinculados al desistimiento
Imposibilidad de devolver la prestación por parte del consumidor y usuario
 La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato por parte del consumidor y usuario por pérdida, destrucción u otra causa no privarán a éste de la posibilidad de ejercer el derecho de desistimiento.
 En estos casos, cuando la imposibilidad de devolución le sea imputable, el consumidor y usuario responderá del valor de mercado que hubiera tenido la prestación en el momento del ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho valor fuera superior al precio de adquisición, en cuyo caso responderá de éste.
 Señalar que, cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, la imposibilidad de devolución sólo será imputable al consumidor y usuario cuando éste hubiera omitido la diligencia que le es exigible en sus propios asuntos.
Devolución de sumas percibidas por el empresario consumidor y usuario
Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el usuario sin retención de gastos.
La devolución de estas sumas deberá efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 30 días desde el desistimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad. Además corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo.
 Cuando en el contrato para el que se ejercite el derecho de desistimiento el precio a abonar por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna para el consumidor y usuario.
Acciones de nulidad o resolución consumidor y usuario
Derecho contractual de desistimiento consumidor y usuario
Si el derecho de desistimiento no viene especificado en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato se ajustará a lo previsto en la Ley, pero se aplicará sobre todo:
El consumidor y usuario que ejercite el derecho de desistimiento contractualmente reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar:
Por el desgaste o deterioro del bien
Por el uso del servicio debido exclusivamente a su prueba para tomar una decisión sobre su adquisición definitiva.
Sobre garantías desistimiento contractualmente reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar:
18ª	La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.
19ª La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
Otras desistimiento contractualmente reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar:
20ª Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido oportunidad de tomar conocimiento real ante de la celebración del contrato.
21ª La transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
22ª La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
23ª La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.
24ª	Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación.
25ª La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación.
26ª La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o supuesto específico.
27ª La previsión de pactos de sumisión expresa al Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar de cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si fuera inmueble así como los de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario competente según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
28ª La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor emita su declaración negocial o donde el profesional desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.
29ª La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
DILIGENCIAS PRELIMINARES desistimiento contractualmente reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar:
Competencia territorial: domicilio demandante (52.1.14º LEC)
Legitimación activa: el adherente del acuerdo (9.1 LCGC)
De no incorporación de las condiciones generales (7 LCGC)
De nulidad de las condiciones generales (8 LGCG)
Contenido sentencia estimatoria: declaración de nulidad o no incorporación y eventual declaración de nulidad del contrato (9.2 LCGC) + Mandamiento al titular del Registro de CGC para la inscripción de la sentencia en el mismo (22 LCGC)
Prohibición de cláusulas abusivas de los contratos de adhesión
SANCIONES PARA DETERMINADAS CONDICIONES GENERALES
La no incorporación: Determinadas cláusulas se tienen por no puestas (no firmadas, ilegibles, ambiguas…).
La nulidad: Por ir en contra la ley, supone la nulidad parcial del contrato, pero si la cláusula anulada o no incorporada fuera un elemento esencial del contrato, se tendrá éste por nulo, es decir, se declarará la nulidad del mismo.
Registrador de la Propiedad y Mercantil adhesión
Legitimación de las cláusulas contractuales
Se evita la “autonomía de la voluntad” del empresario
Protección frente a las cláusulas abusivas
Conocimiento Colectivo Art. 11 Rgto.
III.- DERECHO A LA REPARACIÓN DE adhesión DAÑOS
Es un derecho instrumental, y su eficacia es “a posteriori”, cuando se ha producido el daño.
 Derecho de garantía.
 Indemnización de daños y perjuicios sufridos
Derecho de garantía adhesión(Art. 21, 114 al 127)
La forma de garantía, es el “certificado de garantía”, y debe recoger los siguientes aspectos:
 Objeto sobre el que recaiga la garantía.
 El garante.
 El titular de la garantía.
 Los derechos del titular de la garantía.
 El plazo de duración de la garantía.
Art. 21 del Texto Refundido:
2. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.”
Derecho de Comprobación cliente
	Equivale a la obligación que tiene el vendedor de entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.
Requisitos de conformidad de los productos con el contrato cliente
Presenten la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedará obligado por tales declaraciones públicas si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corregida en el momento de celebración del contrato o que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el producto”.
Reparación que no sea desproporcionada cliente
“Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada”.
“Se considerará desproporcionada la forma de saneamiento que en comparación con la otra, imponga al vendedor costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el producto si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario”.
2 años cliente
3 meses tardan en arreglarlo
Interrupción de la garantía por reparación
Garantía comercial: ejemplo de ampliación de la legal en 1 año
2 años + 1 año
3 años + 6 meses
Los plazos de la garantía
PLAZO EN QUE SE PUEDEN MANIFESTAR LOS DEFECTOS
Reglas del ejercicio de este Derecho cliente
Serán gratuitas para el consumidor y usuario.
Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes.
El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.
Rebaja del precio y resolución del contrato cliente
“La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor y usuario, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario.
La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia”
Acción del consumidor contra el productor cliente
Como ya venía siendo usual en nuestro ordenamiento jurídico, en esta materia se rompe el Principio de Relatividad del contrato, y se persigue dirigirse frente a quien no fue parte, esto es frente al fabricante o productor, en los mismos plazos y condiciones que tiene frente al vendedor:
“Cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los productos con el contrato podrá reclamar directamente al productor con el fin de obtener la sustitución o reparación del producto.”
La garantía comercial adicional (art. 125 al 127) cliente
“La garantía comercial es aquella que puede ofrecerse adicionalmente con carácter voluntario y obligará a quien figure como garante en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.”
Otros derechos cliente
“En los productos de naturaleza duradera, el consumidor y usuario tendrá derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.
Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones y cargar por mano de obra, traslado o visita cantidades superiores a los costes medios estimados en cada sector, debiendo diferenciarse en la factura los distintos conceptos. La lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público”.
Por último el párrafo tercero del art. 127 establece que:
“La acción o derecho de recuperación de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparación prescribirá a los tres años a partir del momento de la entrega. Reglamentariamente, se establecerán los datos que deberá hacer constar el empresario en el momento en que se le entrega un objeto para su reparación y las formas en que podrá acreditarse la mencionada entrega”.
Derecho de indemnización de los daños y perjuicios sufridos
El art. 128, recoge como Principio General que:
“Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en este Libro por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios”.
Son ineficaces las cláusulas de exoneración o de limitación de responsabilidad. (Vid. art. 130).
Recoge tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual.(Vid. art. 128.2).
Quedan fuera los daños causados por accidentes nucleares, siempre que estén cubiertos por convenios internacionales ratificados por el Unión Europea.
Indemnización de los daños y perjuicios sufridos sufridos
Sistema no contractual para articular la responsabilidad civil del productor.
Se presume la autoría del fabricante, debiendo él probar la culpa exclusiva por parte del consumidor, o el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos para excusarse de la responsabilidad.
Directiva 85/374 C.E.E. sobre responsabilidad del producto sufridos
Es una directiva que trata de proteger la igualdad de competencia entre las empresas.
 La responsabilidad del fabricante se determina sobre el defecto del producto.
Contempla la posibilidad de que la concurrencia de culpa de la víctima exonera la responsabilidad del fabricante.
Seguro y Fondo de Garantía sufridos
El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, podrá establecer:
	Un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los daños causados por bienes o servicios defectuosos.
 Un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales.
Responsabilidades sufridos
Responsabilidad solidaria. (Art. 132).
“Las personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la causación del daño”.
Disposiciones específicas en materia de responsabilidad sufridos
1º) Daños causados por productos (antigua Ley de 16 de julio de 1994)
2º)	Daños causados por otros bienes y servicios.
Principio General. (Art. 135).
Concepto legal de producto.
“A los efectos de este capítulo se considera producto cualquier bien mueble, aún cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad.”
Reparación de los daños y perjuicios.
El art. 141 nos da los límites de la responsabilidad civil, a saber:
“a.	De la cuantía de la indemnización de los daños materiales se deducirá una franquicia de 390,66 euros.
b.	La responsabilidad civil global del productor por muerte y lesiones personales causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto tendrá como límite la cuantía de 63.106.270,96 euros.”
1º) Daños causados por otros bienes y servicios ( Arts. 147 al 149)
El concepto de Responsabilidad que se recoge es objetiva, distinguiéndose dos supuestos:
 Régimen general: Cabiendo alguna prueba para el empresario.
 Régimen especial. Sin caber prueba alguna que exonere al productor de responsabilidad.
Extinción de la responsabilidad:
“Los derechos reconocidos al perjudicado en este capítulo se extinguirán transcurridos 10 años, a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante del daño, a menos que, durante ese período, se hubiese iniciado la correspondiente reclamación judicial.”
Responsabilidad por daños causados en la vivienda:
“Será aplicable el régimen de responsabilidad establecido en el artículo anterior a quienes construyan o comercialicen viviendas, en el marco de una actividad empresarial, por los daños ocasionados por defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal específico.”
IV.- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Acción de Cesación PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
Legitimación PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil.
Garantías en la venta de productos.
Reclamación ante la propia empresa PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Como primera medida, es conveniente que el consumidor dirija directamente su reclamación al vendedor o prestador del servicio e intente resolver el problema de forma amistosa.
Este tipo de reclamaciones no requieren ninguna formalidad.
Contenido la petición de que se trate.
Plazo de tiempo razonable para que conteste a su petición.
 Transcurrido dicho plazo sin respuesta deberá considerarse desestimada la reclamación.
Reclamación ante asociaciones de consumidores y usuarios PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
En caso de tener un problema con una empresa, el consumidor puede dirigirse a una asociación de consumidores, que tramitará su reclamación, ya sea directamente ante la propia empresa o ante las Administraciones públicas competentes.
 Si la reclamación no prospera, la asociación podrá ayudar al consumidor a presentar una solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral de Consumo competente o bien asesorarle respecto a la presentación de una demanda judicial.
En determinados casos, la asociación incluso puede llegar a presentar la demanda en nombre del consumidor.
Reclamación ante las Administraciones de Consumo PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Se puede interponer una reclamación ante:
 Las Administraciones de Consumo competentes.
 La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento municipal (OMIC).
 La Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Suele existir un modelo de formulario, que orientará al consumidor sobre cómo efectuar la reclamación.
Aunque bastará con la presentación de un escrito que exponga de forma clara la descripción de los hechos objeto de reclamación y lo que se solicita con la reclamación, así como la identidad tanto de la empresa reclamada como del propio consumidor.
Las Administraciones de consumo iniciaran una mediación con la empresa con la que la que se mantiene la controversia, con el fin de acercar las posiciones e intentar lograr un resultado satisfactorio para ambas partes.
Cumplimentación de la Hoja de Reclamaciones PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Obligación legal de los establecimientos de tener a disposición del consumidor un modelo de Hoja de Reclamaciones.
El hecho de cumplimentar la Hoja de Reclamaciones en el propio establecimiento no supone ningún obstáculo para presentar después otra reclamación por cualquiera de las otras vías legalmente previstas.
Si el establecimiento se negase a facilitarle dicha Hoja de Reclamaciones, el consumidor puede:
 Presentar la queja por el medio que considere más adecuado.
Solicitar la asistencia de la policía local del municipio para que levantara acta del hecho.
Interposición de una denuncia ante las Administraciones públicas
Una denuncia en materia de consumo es una comunicación que un consumidor dirige a la Administración para informarle acerca de unos hechos que pueden constituir una infracción administrativa en materia de consumo.
La principal diferencia estriba en que mediante la denuncia no se pretende obtener una solución, compensación o resarcimiento de daños en particular.
La Administración competente abrirá una investigación de los hechos denunciados, a fin de evitar que se vuelvan a producir las conductas irregulares.
Reclamación ante los Tribunales de Justicia públicas
La vía judicial civil será la más apropiada especialmente cuando el consumidor pretenda pedir la reparación de daños y perjuicios sufridos.
Otras veces en situaciones en las que exista indicio de delito, la competencia exclusiva es de los Tribunales de Justicia.
Sistema Arbitral de Consumo públicas
“El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios”.
Los órganos arbitrales estarán integrados por:
	Representantes de los sectores empresariales interesados.
	Representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios.
	Representantes de las Administraciones públicas.
V.- DERECHO A LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN. públicas
Derecho a la Información correcta sobre los diferentes productos y servicios.
Derecho a la Divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute
Derecho a la información públicas
Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán:
La formación y educación de los consumidores y usuarios.
Asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos.
Velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado.
Asimismo, los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios.
 En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con dichos medios.
El etiquetado y presentación de bienes y servicios públicas
Prohibición de que induzca a error:
 “El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario, especialmente”:
Datos obligatorios públicas
VI.- DERECHO A LA REPRESENTACIÓN, públicas CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Este apartado consiste en el Derecho de los consumidores, a través de sus representantes, participación y consulta en los procedimientos de toma de decisiones que les afecten.
Texto Refundido de la públicas L.G.D.CyU.
Regular este Derecho de representación, bajo un amplio prisma que comprende estos aspectos:
 El Régimen jurídico de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
 Derechos de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
 La Cooperación institucional “La Conferencia Sectorial del Consumo”.

References: Resolución 
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 artículo 19
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