Source: https://es.scribd.com/document/123241033/Sentencia-Constitucional-n
Timestamp: 2019-01-18 10:18:20+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1070/01-R Sucre, 04 de octubre de 2001 Expediente: N° 2001-03247-07-RHC Partes: Marlen Ballesteros Guisbert en representación
sin mandato de Teodoro Bustamante Alcoba contra Karen Z. Vidal Justiniano y José Castro Parra, Jueces de Partido Primero de Sustancias Controladas. Materia: Hábeas Corpus Distrito: Cochabamba Magistrado Relator: Dr. Hugo de la Rocha Navarro VISTOS: En revisión, la Sentencia de 10 de septiembre de 2001 de fs. 20 a 21 y vta. de obrados, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Cochabamba dentro del Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Marlen Ballesteros Guisbert en representación sin mandato de Teodoro Bustamante Alcoba contra Karen Z. Vidal Justiniano y José Castro Parra, Jueces de Partido Primero de Sustancias Controladas, los antecedentes del Recurso, y CONSIDERANDO: Que, el recurrente en su memorial del Recurso presentado el 7 de septiembre de 2001, corriente de fs. 2 a 3 de obrados, expresa que su defendido se halla ilegalmente detenido desde el 9 de noviembre de 2000 a instancias del Ministerio Público, pues en la etapa investigativa su representado ha reiterado su inocencia respecto a la imputación que le hacía el co-procesado Rodolfo Díaz y donde inclusive las otras dos co-procesadas han insistido también en no conocerlo. Que, luego ante el Tribunal recurrido prestó su confesoria donde también reitera su inocencia, mejorando su situación jurídica inclusive adjuntando documentación que acredita tener domicilio y su comportamiento dentro y fuera del penal, lo cual hacía viable una medida substitutiva, por lo que se solicitó la misma ante los recurridos, quienes señalaron la audiencia y luego la instalaron, en cuyo acto no obstante que el Fiscal opinó por la procedencia de la medida cautelar solicitada, los recurridos haciendo caso omiso de su fundamentación y de la documentación acompañada mantuvieron la detención, lo cual motivó que apelarán; sin embargo, pese a que dicho acto se efectuó el 30 de agosto de 2001 y se proveyeron los recaudos de Ley, hasta la fecha no se ha remitido el expediente ante la Corte Superior, hallándose su representado perjudicado en su detención indebida, pues ante la dilación injustificada del trámite del recurso se encuentra incierta su situación en cuanto a su solicitud amparada en el artículo 239-1) del Código de Procedimiento Penal, por lo que pide que el Recurso sea declarado procedente. CONSIDERANDO: Que, siendo admitido el Recurso por auto de 7 de septiembre de 2001, corriente a fs. 4 de obrados, e instalada la audiencia pública el 10 de septiembre del mismo año, cual consta de fs. 18 a 19 de obrados, la recurrente ratificó el tenor de su Recurso y lo amplió indicando que los certificados que presentaron tienen valor probatorio, pues no necesariamente tienen que ser los policías los que otorguen certificados, ya que si se trata de Cantones, los Corregidores tienen toda la autoridad de acuerdo a Ley para extenderlos. Alega que los recurridos aseveran haber remitido el expediente de la apelación, pero no acreditan tal extremo, pues ya han transcurrido 7 días y el plazo es de 24 horas para dicho actuado según lo dispuesto por los artículos 250 y 251 de la Ley Nº 1970.
Por su parte los recurridos informan por escrito aduciendo: 1) Que, el 17 de noviembre de 2000, dictaron el Auto de Apertura de Proceso dentro del proceso penal que por delitos previstos en la Ley N° 1008 se le sigue al representado y otros, habiendo ratificado las medidas cautelares, resolución que no fue apelada por el representado; 2) Que el 9 de julio de 2001, el representado solicita la cesación de la detención preventiva con los argumentos expuestos en el presente recurso, que corrida en Vista Fiscal, se requirió por su rechazo, que luego se fijó audiencia para el 8 de agosto de 2001, la cual se suspendió por lo avanzado de la hora (11:15), por lo que en la misma fecha pidió nuevo señalamiento acompañando: a) certificado domiciliario expedido por la Policía Provincial de Sacaba donde se indica que el representado "...vivirá en el domicilio de Salomón... ubicado en la zona de "Ulincate de la jurisdicción de Sacaba sin indicar en que condición...", b) certificado expedido por el Corregidor de "Ucuchi" indicando que el representado prestó sus servicios como chofer en esa comunidad desde el 19 de septiembre de 1998 hasta el 15 de octubre de 2000 y c) dos certificados expedidos por el Gobernador y el Delegado Interno del Bloque 1 de la cárcel de Arocagua y 3) Que instalada la audiencia el 30 de agosto, consideraron que los documentos no tenían ningún valor y que no existían los nuevos elementos de juicios que establece el artículo 239-1) de la Ley Nº 1970, por lo que de acuerdo al requerimiento rechazaron la solicitud, ante lo cual se interpuso apelación, la que se concedió en la misma audiencia, encontrándose actualmente el expediente en la Corte Superior. Amplían indicando que con la documentación presentada, no han acreditado la existencia de domicilio conocido, fuente de trabajo, ni familia, que además quién ordenó la detención fue un Juez Instructor y que no hay detención indebida desde el momento en que se juzga por un delito. Que, finalizada la audiencia pública el Tribunal del Hábeas Corpus en desacuerdo con la opinión fiscal declaró procedente el Recurso fundamentando: 1) Que de la revisión de antecedentes así como de lo expuesto por las partes en audiencia, se evidencia que habiéndose provisto los recaudos de ley el 30 de agosto de 2001, los antecedentes no fueron remitidos hasta el 7 de septiembre del mismo año y 2) Que no se dio cumplimiento a los artículos 135 y 251 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, restringiéndose el derecho expectaticio del recurrente que tiene de obtener la cesación de la detención preventiva. CONSIDERANDO: Que, del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: 1. Que, dentro del proceso penal que se le sigue al representado por delitos previstos en la Ley N° 1008, el Tribunal del Juzgado de Sustancias Controladas recurrido, dictó Auto de Apertura de Proceso el 23 de noviembre de 2000, ratificando las medidas cautelares que el Juez Cautelar ordenó, entre ellas la detención preventiva (fs. 11). 2. Que, el 30 de agosto de 2001, luego de que se suspendiera una anterior audiencia fijada el 8 del mismo mes y año, por decisión del Tribunal recurrido, se celebró la audiencia solicitada el 5 de julio por el representado, en cuyo acto el referido Tribunal rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de acuerdo con el requerimiento fiscal, con el fundamento de que no se acreditaron nuevos elementos conforme al artículo 239-1) de la Ley Nº 1970 (fs. 17).
3. Que, dictada la resolución de rechazo, el representado interpone apelación proveyendo los recaudos correspondientes; empero, el expediente no fue remitido hasta la fecha de interposición del recurso, dado que aunque dicho extremo ha sido negado por los recurridos, no han demostrado con nota y el cuaderno de remisión que el expediente hubiera sido elevado a la Corte dentro de las 24 horas establecidas para tal efecto. CONSIDERANDO: Que, el Hábeas Corpus establecido en el artículo 18 de la Constitución, ha sido instituido para que "Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre....", a fin de restablecer el derecho a la libertad física o al derecho de locomoción o reparar otras "violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad". Que, el artículo 16 de la Constitución concordante con el artículo 116-X de la misma, resguardan el derecho al debido proceso, que entre una de sus garantías otorga el derecho a ser procesado sin dilaciones indebidas, a cuyo efecto todas las disposiciones adjetivas tienen los plazos por los cuales deben regirse estrictamente los administradores de justicia, a fin de evitar el retardo de justicia. Que, en el caso presente, se ha constatado claramente que los recurridos han ignorado los mandatos constitucionales citados y por tanto han incurrido en procesamiento indebido, dado que no han cumplido lo previsto en el artículo 251 del nuevo Código de Procedimiento Penal, que expresamente dice: "Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas". Que, el procesamiento indebido en el caso concreto, hace viable la protección otorgada por el Hábeas Corpus, por cuanto está directamente vinculado con el derecho a la libertad, dado que de la apelación interpuesta por el representado depende aún la solicitud de cesación de la detención preventiva del procesado. Que, es menester para este Tribunal reiterar que todas las peticiones que estén vinculadas al derecho de libertad en cualquier materia, deben ser atendidas de forma inmediata, para el caso de no existir una norma que establezca un plazo y si existe se debe cumplir estrictamente lo determinado, por ser el citado derecho fundamental y primario después de la vida. Que, dicho criterio ya ha sido sostenido en varios fallos de este Tribunal, así la Sentencia Constitucional Nº 804/2001-R de 30 de julio de 2001 dictada dentro de un Hábeas Corpus interpuesto contra la co-recurrida dice: "Que, el Juzgado Segundo de Sustancias Controladas, -cuyo único miembro titular es la autoridad recurrida- al no haber remitido el proceso en el plazo señalado por el art. 251 de la Ley Nº 1970, ha violado el debido proceso y ha incurrido en retardación de justicia, en claro atentado al derecho a la libertad de los representados de la recurrente, por lo que corresponde brindar la protección contenida en el art. 18 constitucional". POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18-III y 120 -7ª de la Constitución Política del Estado, 7-8) y 93 de
la Ley N° 1836 en revisión APRUEBA la Sentencia de 10 de septiembre de 2001 de fs. 20 a 21 y vta. de obrados, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Cochabamba. Regístrese y devuélvase. No intervienen los Magistrados Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse de viaje en misión oficial y el Dr. René Baldivieso Guzmán, por estar haciendo uso de su vacación anual.
Dr. Hugo de la Rocha Navarro Dra. Elizabeth I. de Salinas PRESIDENTE MAGISTRADA Dr. Felipe Tredinnick Abasto Dr. José Antonio Rivera Santivañez MAGISTRADO MAGISTRADO Dr. Rolando Roca Aguilera MAGISTRADO
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1042/2005-R Sucre, 5 de septiembre de 2005
Expediente: 2005-10814-22-RAC Distrito: Oruro Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez En revisión, la Resolución 001/2005, de 7 de enero, cursante de fs. 92 a 96 vta., pronunciada por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Roque Bejarano Balderrama contra Ezequiel Colque Salazar, Darío Medina Coca y Ninoschka Liendo de Bayá, Presidente y vocales de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro; denunciando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y el principio de legalidad consagrados por los arts. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE), XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y 8 inc. 1) del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido del recurso Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2004, cursante de fs. 20 a 22 de obrados, el recurrente expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan el recurso Ha sido involucrado por receptación en el proceso penal seguido contra Sonia Torrico y otra, por el delito de robo ocurrido el 19 de septiembre de 2000, en el que se dictó Auto de procesamiento el 12 de noviembre de 2001; habiéndose dictado Sentencia condenatoria en su contra, la cual apeló, por lo que la causa se encuentra en la Sala compuesta por los recurridos, ante la cual se apersonó el 9 de septiembre de 2004 para dar celeridad a la tramitación del proceso. Señala que habiendo sido tramitado el proceso con el Código de procedimiento penal de 1972, reclamando la aplicación de lo dispuesto por la SC 0101/2004, de 14 de septiembre, ha solicitado a los recurridos la extinción de la causa, pedido que fue aceptado por el Ministerio Público como director de la acusación penal, mediante
requerimiento de 25 de octubre de 2004, ya que demostró una actitud de colaboración en el proceso, lo que se encuentra certificado por la Secretaria de la Sala ahora recurrida; empero, mediante Auto 417/2004, de 1 de diciembre, se desestimo la extinción del proceso, atribuyéndole en forma injustificada, pues los datos no demuestran ese hecho, la dilación del mismo, en especial a la solicitud que efectuó de que las audiencias del debate se realicen los días viernes, pedido que hizo debido a que tiene su domicilio en la ciudad de La Paz. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Señala los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y el principio de legalidad consagrados por los arts. 18 de la CPE, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la DUDH y 8 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos. I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional contra Ezequiel Colque Salazar, Darío Medina Coca y Ninoschka Liendo de Bayá, Presidente y vocales de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro; pidiendo se conceda el amparo, disponiendo se quede sin efecto el Auto 417/2004, de 1 de diciembre, y se declare la extinción del proceso penal seguido en su contra. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional Instalada la audiencia pública el 7 de enero de 2005, tal como consta en el acta de fs. 83 a 91 de obrados, en presencia de la parte recurrente y de las autoridades recurridas, quienes abandonaron la misma, y en ausencia de la tercera interesada, ocurrió lo siguiente. I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso El recurrente ratificó los fundamentos expuestos en el memorial del recurso y los aclaró señalando lo siguiente: a) adjuntó prueba a su solicitud de extinción del proceso, consistente en una certificación de la Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa, que señala que el periodo de la investigación duró un año y seis meses, con lo que demostró que las autoridades jurisdiccionales no respetaron el plazo de duración máxima de esa etapa; y b) el Fiscal asignado al caso, a tiempo de requerir por la extinción del proceso, sustentó esa solicitud entre otras cosas, en que la Sentencia fue dictada después de ocho meses de la lectura de las conclusiones efectuada en audiencia de 24 de octubre de 2003, que durante ese tiempo el recurrente exigió varias veces se dicte sentencia, e incluso presentó queja por retardación de justicia ante el Delegado Departamental del Consejo de la Judicatura, y ante el Presidente de la Corte Superior; luego, que el Juez a cargo del proceso estuvo suspendido durante un mes sin que el proceso haya tenido actuación alguna. I.2.2. Informe de las autoridades recurridas Las autoridades recurridas presentaron informe escrito cursante de fs. 34 a 36, que fue leído en audiencia, en el que expusieron los siguientes argumentos: a) el recurrente solicitó la extinción del proceso penal seguido en su contra, que conocieron en grado de
apelación, aduciendo que la dilación en su resolución es atribuible al órgano jurisdiccional y al Ministerio Público; petición que fue resuelta por el Auto cuestionado, aplicando lo dispuesto por el FJ III.5.2. de la SC 101/2004, vale decir estableciendo en forma objetiva las causas y motivos de la dilación del proceso en los actos de los imputados; y b) el plazo establecido por la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal para declarar la extinción de la acción penal, es de cinco años computables desde la publicación de dicho Código, el cual no se cumplió aún, pues desde la vigencia de dicho Código, 31 de mayo de 2001, hasta que el recurrente planteó la extinción del proceso, el 28 de septiembre de 2004, transcurrieron tres años y cuatro meses, por lo que no correspondía declararse la extinción como solicitó el actor. Finalizan solicitando la denegatoria del recurso. I.2.3 Resolución Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo declaró improcedente el recurso, con costas y multa de Bs2.000.-; con los fundamentos siguientes: a) el AC 0079/2004-ECA, de 29 de septiembre, expone que el uso de los medios de defensa y recursos concedidos al imputado por el sistema legal, pueden ocasionar la dilación del proceso, y siendo ese el criterio en el que se sustenta el Auto impugnado no existe lesión a los derechos del recurrente; y b) conforme la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, el plazo establecido para declarar la extinción de la acción penal, es de cinco años computables desde la publicación y vigencia de dicho Código, el cual no se cumplió aún, siendo por ello aplicable el carácter subsidiario del recurso, pues el recurrente no demostró que no existan otras vías para reclamar sus derechos. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional A solicitud del Magistrado Relator, mediante AC 293/2005-CA, de 1 de julio (fs. 99 a 100), la Comisión de Admisión solicitó a la Jueza Primera de Partido en lo Penal Liquidador del Distrito Judicial de Oruro informe documentado sobre los aspectos allí detallados, quedando suspendido el plazo para pronunciar Resolución. Mediante informe 15/2005, de 12 de julio (f. 101), la Auxiliar de Secretaría General de este Tribunal, comunicó a la Comisión de Admisión la solicitud realizada vía teléfono, por el Presidente de la Corte Superior de Oruro a objeto de postergar la notificación con el Auto señalado hasta el 18 de julio de 2005, primer día después de la vacación judicial de ese Distrito, por la imposibilidad de remitir la documentación requerida; petición que fue deferida favorablemente mediante decreto de 13 de julio (fs. 102). En el informe remitido (fs. 122 a 123), la Jueza Primera de Partido en lo Penal Liquidadora del Distrito Judicial de Oruro señaló lo siguiente: a) pese a que el 30 de enero de 2004, “el Dr. Villafan” (sic) proveyó material para sentencia, el proceso no pasó a su despacho; b) el 13 de abril de 2004, mediante memorial, el recurrente solicitó certificación, que fue concedido el 15 del mismo mes; c) el 23 de abril de 2004, el sobreseído Mario Luis Alarcón Quenta pidió desglose de documentación, que fue entregada el 18 de mayo de 2004 por la Secretaria del Juzgado, lo que demuestra que en esa fecha el expediente se encontraba en dicha Secretaría, no habiendo ingresado a su despacho, por lo que el 21 de mayo de 2004 ordenó en forma verbal se pase todos los cuerpos del expediente a su despacho para dictar sentencia; d) por decreto de 24 de junio de 2004, señaló audiencia para lectura de sentencia para el 25 del mismo mes, la
que fue suspendida por solicitud del Fiscal, señalándose otra para el 21 de julio de 2004 debido a la vacación judicial, fecha en que se dictó la Sentencia; y e) el expediente del proceso tiene 26 cuerpos; en consecuencia, mediante decreto de 27 de julio de 2005, se reanudó el cómputo del plazo procesal, siendo la nueva fecha de vencimiento el 9 de septiembre, por lo que la presente Sentencia se encuentra dentro del término legalmente establecido. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones: II.1.Consta en la certificación emitida por la Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que el 22 de septiembre de 2000, Elvira Canaviri Estrada Aiza formalizó querella contra Ana Torrico de Encinas, que se amplió a otros, entre ellos el recurrente (fs. 6 a 19). II.2.El 21 de junio de 2004, mediante memorial y nota, el recurrente presentó queja ante el Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, y ante el Delegado Departamental del Consejo de la Judicatura, denunciando que en la tramitación del proceso penal seguido contra Ana Torrico de Encinas, su persona y otros, transcurrieron más de seis meses desde la lectura de las conclusiones, sin que se hubiera dictado sentencia (fs. 2 y 3). II.3.En el referido proceso penal, el 24 de junio de 2004, la Jueza Primera de Partido en lo Penal Liquidadora de Oruro, suspendió la audiencia convocada para la lectura de la Sentencia, por no haberse cumplido las formalidades de ley, señalándose nueva fecha para el mismo efecto, el 21 de julio del mismo año (fs. 112), día en el que se procedió con la lectura de la Sentencia en ausencia de los procesados (fs. 121). II.4.El 3 de septiembre de 2004, la apelación contra la Sentencia dictada el 21 de julio de 2004, fue remitida ante el Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro para su consideración (fs. 43); autoridad que remitió el expediente ante los recurridos, quienes radicaron el expediente el 7 de septiembre de 2004 (fs. 45). II.5.Por memorial de 28 de septiembre de 2004, el recurrente solicitó a los recurridos la extinción del proceso penal seguido en su contra, porque existió dilación y retardación de justicia atribuible al órgano jurisdiccional, pues en dicho proceso se clausuró el debate el mes de noviembre de 2003, y pese a sus reclamos y denuncias la Sentencia recién fue dictada ocho meses después, por lo que la dilación y retardación fue motivada por el órgano judicial (fs. 55 y 56). II.6.Por requerimiento de 25 de octubre de 2004, el Fiscal de Materia asignado al caso, requirió ante la Corte Superior de Oruro porque se declare la extinción de la acción penal seguida contra el recurrente y otros, dado que la causa sufrió retardación atribuible al órgano judicial, pues la Sentencia fue dictada mucho tiempo después de la audiencia de conclusiones, pese a las solicitudes y denuncias de retardación de justicia efectuadas por el recurrente (fs. 38 a 40).
II.7.Por Auto 417/2004, de 1 de diciembre, dictado por los recurridos, se rechazó la solicitud de extinción del proceso efectuada por el recurrente, justificando tal resolución en que el recurrente y los otros procesados, durante la sustanciación del proceso hicieron uso de todas las prerrogativas concedidas por la ley, planteando incidentes, excepciones y recursos ordinarios, así como inasistieron a algunas audiencias provocando su suspensión; también observaron que el recurrente hizo la inusual solicitud de que las audiencias se celebren sólo en días viernes, lo que fue concedido; todo lo cual provocó la retardación del proceso por causas atribuibles a los procesados, conforme dispone la SC 0101/2004 (fs. 41 Y 42). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El recurrente solicita tutela de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y al principio de legalidad consagrados por los arts. 18 de la CPE, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la DUDH y 8 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que considera fueron vulnerados por los recurridos, pues en el proceso penal seguido en su contra prestó toda su colaboración, asistiendo en forma disciplinada a todos los actuados procesales, para lo cual incluso pidió que las audiencias sean efectuadas sólo los días viernes, pues debía trasladarse desde la ciudad de La Paz a Oruro; empero, pese a ello, existió dilación y retardación de justicia que no es atribuible a su persona, sino al órgano jurisdiccional, pues retardó ocho meses la emisión de la Sentencia desde la conclusión del debate; sin embargo, cuando solicitó la extinción del proceso le fue negada por los recurridos, con argumentos equivocados y mal interpretando la solicitud que hizo de que las audiencias del proceso sean efectuadas sólo los días viernes. En consecuencia, en revisión de la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada. III.1.A ese efecto, en primer término, cabe señalar que la disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal se encuentra vigente por haber sido declarada constitucional, mediante la SC 0101/2004, e inconstitucional la Ley 2683, de 12 de mayo de 2004 que la modificaba; dispone que las causas que deben tramitarse conforme al régimen procesal anterior (Código de Procedimiento Penal de 1972), deberán ser concluidas en el plazo de cinco años, computables desde la publicación del nuevo Código de procedimiento Penal, Ley 1970, de 25 de marzo de 1999; publicación que fue realizada el 31 de mayo de 1999; empero, la misma SC 0101/2004, dispuso que la forma lisa y llana de la Disposición Transitoria Tercera, así como del art. 133 del Código de procedimiento penal (CPP), no guarda plena compatibilidad con las normas de la Constitución Política del Estado, por lo que era preciso interpretar las referidas normas procesales en concordancia con las normas de la Ley Fundamental del Estado, cuyo resultado fue expresado en la citada SC 0101/2004, en los siguientes términos: “(..) sin embargo, cuando en la última parte de ambos preceptos, de manera lisa y llana, es decir sin discriminar si la demora en la tramitación del proceso es atribuible a los órganos estatales competentes de la justicia penal o a las partes, establecen: ”Artículo 133.'Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal'. “Disposición Transitoria Tercera
'Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa'. ”(..) no guardan plena compatibilidad con el sentido del orden constitucional y de los pactos sobre derechos humanos aludidos, pues tal extinción sólo puede ser conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por ambas disposiciones es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida de los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado. ”Pues, debe tenerse presente que en el sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano. “(..) el art. 4 de la LTC faculta a este Tribunal que: 'En caso excepcional de que una ley, decreto o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que, concuerde con la Constitución'. “(..) en este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado” (las negrillas son nuestras). Sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos, la referida SC 0101/2004 resolvió declarar la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, únicamente en el sentido expuesto; por tal motivo, ha dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único criterio para declarar la extinción de las causas tramitadas conforme las normas del anterior Código de Procedimiento Penal, debiendo en el futuro, para dar aplicabilidad a las citadas normas, someter lo actuado en el proceso a un análisis objetivo de las causas que motivaron su dilación o retardación; para lo cual, la citada SC 0101/2004, estableció que: “(...) el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”. En definitiva, se debe resaltar que la constitucionalidad de la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, está supeditada a que en su aplicación se respete la interpretación efectuada por esta jurisdicción constitucional, la que ha determinado que el plazo de extinción del proceso no se opera de manera automática
con el solo transcurso del plazo fijado por la disposición procesal, sino que cada caso deberá ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación del proceso penal en cuestión. A ese efecto, a través del AC 0079/2004ECA, de 29 de septiembre, emitido ante la solicitud de enmienda y complementación a la SC 0101/2004, este Tribunal Constitucional ha señalado que serán las autoridades jurisdiccionales competentes que al conocer y resolver la solicitud de extinción del proceso penal que: “(..) en el caso concreto, determinarán si la retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o el Ministerio Público; no siendo posible, a través de la presente Resolución establecer criterios para el análisis de cada caso” . III.2.Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia. Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada. Ahora bien, para lograr que la transición del sistema procesal penal inquisitivo al nuevo sistema procesal oral acusatorio adoptado en el Código de procedimiento penal, el legislador ha previsto un plazo para la liquidación de los procesos penales iniciados durante la vigencia del anterior sistema procesal penal y, en resguardo del derecho del procesado a un procesamiento sin dilaciones indebidas, ha previsto la extinción de los procesos penales que no concluyan con sentencia ejecutoriada dentro del plazo previsto. En efecto, la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, dispone que: “Las causas que deben tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código. Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa”; las normas procesales previstas por la disposición transitoria
referida deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución aplicando los cánones establecidos por la SC 0101/2004 y el AC 0079/2004-ECA. En ese orden de ideas, resulta necesario interpretar la norma procesal antes referida con relación al cómputo del plazo de cinco años previstos para la duración máxima de los procesos penales iniciados durante la vigencia del anterior sistema procesal penal. A ese efecto cabe señalar que, de manera general, el legislador ha concedido a las autoridades judiciales competentes un plazo de cinco años para concluir con la substanciación de los procesos penales iniciados en aplicación del anterior Código de procedimiento penal; según la norma procesal prevista en la Disposición Transitoria Tercera, el plazo de los cinco años se computa a partir de la publicación del nuevo Código de procedimiento penal; ahora bien, haciendo una interpretación literal de la norma se podría concluir que ese plazo sólo se aplica a los procesos penales que se iniciaron con anterioridad a la publicación del nuevo Código de procedimiento penal y se encontraban en trámite; sin embargo, esa interpretación no resultaría razonable, ya que excluiría del alcance de la norma transitoria a los procesos penales que fueron iniciados con posterioridad a la publicación y antes de que entre en vigencia plena el tantas veces referido Código, es decir el período de tiempo que transcurre entre el 31 de mayo de 1999 (fecha de publicación) al 1 de junio de 2001 (fecha de entrada en vigencia plena). Entonces, debe realizarse una interpretación de la norma procesal aludida aplicando los principios de la concordancia práctica y la eficacia integradora, así como tomando en cuenta la intención del legislador; en ese orden de ideas, se entiende que el legislador tuvo la intención de conceder a los jueces y tribunales judiciales un plazo de cinco años para concluir con la tramitación de los procesos penales iniciado durante la vigencia del Código de procedimiento penal de 1972; de otro lado, se entiende que, en resguardo del derecho a la igualdad procesal de las personas, ese plazo es para todos los procesos penales iniciados durante la vigencia del anterior sistema procesal penal, lo que incluye a los procesos iniciados después de la publicación y antes de la entrada en vigencia plena del nuevo Código de procedimiento penal, pero en este último caso el cómputo no puede realizarse desde la publicación del mencionado Código, ya que ello reduciría en la práctica el plazo de los cinco años previsto por la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal en vigencia; así, por ejemplo, si un proceso penal fue iniciado en el mes de mayo de 2001, aplicando el cómputo a partir de la publicación del nuevo Código, las autoridades judiciales competentes solamente tendrían un plazo de tres años para concluir con la substanciación de ese proceso penal, lo cual lesionaría el derecho a la igualdad procesal de las partes que intervienen en el mismo. De lo expuesto se concluye, que, además de la interpretación efectuada por la SC 0101/2004 de la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, esta norma debe ser entendida en el sentido de que el plazo, de duración máxima de los procesos penales iniciados durante la vigencia del Código de procedimiento penal de 1972 previsto por la referida disposición procesal, debe ser computado a partir de la publicación del nuevo Código para los procesos iniciados con anterioridad, y para aquellos que fueron iniciados después de la publicación y antes de la entrada en vigencia plena del nuevo Código de procedimiento penal debe computarse a partir del inicio mismo del proceso penal. De lo anteriormente expuesto, así como de la SC 0101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, se extraen las siguientes subreglas relativas a las condiciones formales y materiales para la extinción del proceso penal tramitado conforme a las normas del régimen procesal abrogado; así: 1) es condición formal para la extinción del proceso penal tramitado según el Código de procedimiento penal de 1972, que el proceso tenga una duración
superior a los cinco años, computables desde: a) la fecha de publicación del Código de procedimiento penal, para los casos que se hubieran iniciado y estuvieran en trámite a esa publicación; y b) la fecha de inicio del proceso para los casos iniciados con posterioridad a la fecha de publicación y con anterioridad a la vigencia plena del Código de procedimiento penal; y 2) las condiciones materiales para declarar la extinción del proceso penal regulado por el régimen procesal abrogado, emergen: “(...) cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos (...)” (SC 0101/2004); y “(...) en cada caso concreto, tomando en cuenta, 'la complejidad del litigio, la conducta del imputado y de las autoridades judiciales…'(...)” (AC 0079/2004-ECA), “(...) no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado” (SC 0101/2004). III.3.Efectuadas las precisiones doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, corresponde examinar y resolver la problemática planteada. El recurrente impugna el Auto 417/2004, de 1 de diciembre, emitido por los recurridos, con el argumento de que existiendo las condiciones formales y materiales, ya que lleva más de cinco años procesado y ha existido dilación en el proceso atribuible al órgano judicial, mediante la Resolución hoy impugnada le fue negada indebidamente la extinción del proceso llevado en su contra, lo que implica la lesión de sus derechos fundamentales invocados en el recurso. Analizados los antecedentes aportados por las partes que informan sobre los actuados en el proceso penal seguido contra el recurrente y otros, se tiene la evidencia de que al momento de ser planteada la solicitud de extinción, no tenía cinco años de duración, ya que según el informe de la Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Oruro (fs. 6 a 19), la querella fue presentada el 22 de septiembre del año 2000, lo que implica que, aplicando la interpretación de la norma prevista por la Disposición Transitoria Tercera, la solicitud de extinción del proceso planteada por el recurrente, presentada el 28 de septiembre de 2004 (fs. 55 y 56), no cumplió con el requisito formal de haber transcurrido más de cinco años del proceso, lo que hace inviable su petitorio. En consecuencia, este Tribunal considera que las autoridades recurridas, al haber rechazado la solicitud de extinción del proceso penal, no han lesionado el derecho a la seguridad jurídica del recurrente como erróneamente sostiene éste, ya que conforme determinó la jurisprudencia de este Tribunal, la seguridad jurídica es la: “(...) condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio (...)” (AC 287/1999-R, de 28 de octubre); y conforme se explicó anteriormente, los recurridos a tiempo de emitir el Auto 417/2004, no inaplicaron la ley o en concreto la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, menos hicieron una aplicación inobjetiva o caprichosa de las normas legales que regulan la materia, siendo que más bien respetaron su contenido ontológico, pues la solicitud de extinción del proceso del recurrente no contempló que, a tiempo de ser interpuesta, el proceso seguido en su contra no tenía una duración superior a cinco años, por lo que no cumplía con el requisito formal, tal como se expuso anteriormente; de lo que se extrae que la
solicitud fue rechazada conforme a derecho; por lo mismo tampoco se ha desconocido o vulnerado el principio de legalidad como argumenta el recurrente. De otro lado, este Tribunal considera que tampoco fue vulnerado el derecho al debido proceso, consagrado por los arts. 16 de la CPE y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como: “(..) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)” (SC 418/2000-R, de 2 de mayo); pues en el caso objeto de análisis, de los antecedentes que cursan en el expediente se establece que las autoridades judiciales recurridas adecuaron su decisión a las normas procesales aplicables al caso, concretamente las previstas por la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal y a la interpretación emergente de ella, lo que significa que aplicaron una norma de carácter general que debe ser aplicada a todos quienes se hallen en una situación similar a la del recurrente, lo que concede las cualidades de justo y equitativo el proceso llevado en su contra. III.4.En otro orden de ideas, respecto a la vulneración a los arts. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 8 de la DUDH, se debe expresar que tampoco resultaron afectados; al respecto, es necesario precisar que el recurrente hace una equivocada alusión a tales normas, pues las refiere relacionándolas con los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, lo que no es evidente, conforme se demuestra a continuación: 1º El art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al disponer que: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”, consagra, de un lado, el derecho a la justicia, cuando dispone que: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”; precepto que no fue vulnerado, ya que el recurrente tiene expeditas todas las vías legales y jurisdiccionales a su disposición, incluido el Tribunal en el que se tramita el proceso penal en su contra para demostrar su inocencia en ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia, materializado para el caso de los procesados en el derecho a la defensa; cosa diferente es que no siempre se de lugar a sus peticiones, supuesto que ya no ampara la norma analizada, pues corresponde a cada autoridad jurisdiccional sustanciar y resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que el eventual rechazo a alguna pretensión de una de las partes, suponga un lesión al derecho de acceso a la justicia; y, de otro lado, consagra el derecho a la tutela constitucional, o recurso de amparo, sobre el cual, a prima facie es posible determinar que no fue suprimido, pues esta Sentencia prueba que el recurrente ejerce su derecho a un recurso tutelar de sus derechos fundamentales. 2º El art. 8 de la DUDH, dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; lo que significa que contiene una norma similar a la anteriormente analizada, por lo que son válidos los argumentos ya expuestos para determinar su plena vigencia a favor del recurrente.
III.5.Por último, dado que la SC 0101/2004, ha establecido que para calificar la confluencia de las condiciones formales y materiales que hagan procedente la extinción de la acción penal, es necesario analizar; la conducta del imputado, así como de las autoridades judiciales; se hace imperativo que en la tramitación de las solicitudes de extinción del proceso por haber rebasado el plazo razonable de duración del proceso penal, las autoridades que tramiten tal petición, o las que conozcan de acciones tutelares contra las decisiones asumidas por esas autoridades, conozcan las razones que motivaron la dilación o retardación de justicia demandada, es por ello que; cuando en recursos tutelares de amparo, se denuncie ante la jurisdicción constitucional los actos de la autoridades jurisdiccionales encargadas de tramitar la solicitud de extinción de la acción penal, debe necesariamente darse a la autoridad responsable de la dilación o retardación demandada, la posibilidad de informar sobre las causas que justifiquen los hechos demandados; debiendo al efecto, el recurrente identificar debidamente a la autoridad responsable de la dilación o retardación de justicia, para que ésta sea notificada y presente el respectivo informe. De los fundamentos expuestos, se concluye que no existen las condiciones formales requeridas para disponer la extinción de la acción penal seguida contra el recurrente, por lo que las autoridades recurridas, al rechazar tal solicitud, actuaron correctamente, no existiendo por tanto supresión, restricción o amenaza a los derechos fundamentales del recurrente a la seguridad jurídica y al debido proceso; como consecuencia de ello, se tiene que la situación demandada no se adecua a ninguno de los supuestos previstos por el art. 19 de la CPE para conceder la tutela solicitada. Consiguientemente, el Tribunal de amparo al haber declarado improcedente el recurso, ha realizado una correcta aplicación de las normas previstas por el art. 19 de la CPE. POR TANTO El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional en revisión resuelve: 1ºAPROBAR la Resolución 001/2005, de 7 de enero, cursante a fs. 92 a 96, pronunciada por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR el amparo solicitado. 2ºDispone modificar la multa impuesta a Bs200.-. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. No intervienen la Decana Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas y la Magistrada Dra. Martha Rojas Álvarez, por encontrarse ambas con licencia. Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera PRESIDENTE Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez MAGISTRADO
Fdo. Dr. Artemio Arias Romano MAGISTRADO Fdo. Dr. Walter Raña Arana MAGISTRADO Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat MAGISTRADA
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0101/2004 Sucre, 14 de septiembre de 2004 Expediente: 2004-09100-19-RDI Distrito: La Paz Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera En el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Oscar Octavio Claros Rivas, Diputado Nacional Titular por el Departamento de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 por violar presuntamente los arts. 6, 9.1, 16.IV y 116.X de la Constitución Política del Estado (CPE). I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido del recurso I.1.1. Hechos que motivan el recurso En la demanda presentada el 21 de mayo de 2004 (fs. 78 a 89), el recurrente expresa: A través de la Disposición Tercera Transitoria del nuevo Código de procedimiento penal, (CPP), el legislador estableció un corte en el tiempo al indicar que a partir del 31 de mayo de 2001, todos los procesos del sistema antiguo deberían ser concluidos en el plazo máximo de cinco años bajo pena de extinción. Asimismo, en atención al Régimen de Transición establecido en la parte final del indicado Código de Procedimiento Penal, el legislador también determinó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable se aplica a toda persona sometida a un proceso. Entendimiento ratificado y convalidado por el Tribunal Constitucional en la SC 77/2002, de 29 de agosto, cuando señala que esa Disposición responde a una determinación político-criminal que precautela la seguridad jurídica de los contendientes y sobre todo de los encausados, ya que con ella, los encausados pueden tener la certeza de que su proceso en el viejo sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por tiempo indefinido. La Ley 2683 impugnada que abroga la Disposición Transitoria Tercera del CPP, y determina que las causas que se vienen tramitando bajo el anterior régimen procesal penal continuarán tramitándose hasta la conclusión de las mismas, sin fecha límite, es decir con carácter indefinido, no solo viola el art. 8 numeral 1. del Pacto de San José de Costa Rica, sino los arts. 6, 9.1., 16.IV y 116.X de la CPE, y se encuentra en
contraposición con los arts. 100, 101, 102 y 106 del Código penal (CP), y 29 al 34 del CPP, así como con la línea jurisprudencial sentada en las SSCC 77/2002-R, 647/2001R, 340/2001-R y 280/2001-R, entre otras, que establecen que los procesos no pueden tener una duración indefinida pues ello significa violar los derechos humanos en lo que a las garantías judiciales se refiere. En consecuencia, la derogatoria de la Disposición Transitoria Tercera impide la extinción de los procesos que se tramitan con el Código de procedimiento penal de 1972, si consideramos que las normas citadas del Código penal establecen la extinción de la acción penal por la prescripción, pero su carácter indefinido se encuentra determinado por el art. 102 de ese cuerpo legal que dice que la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, siempre que no se hubiera iniciado la instrucción correspondiente y en caso de que ya se hubiera dado comienzo, el término de la prescripción de la acción se computará desde la última actuación. En mérito a esta norma, el proceso en el sistema procesal anterior puede durar indefinidamente ya que con cada actuación judicial se interrumpe el término de la prescripción de la acción y ésta se empieza a computar nuevamente, existiendo por eso a la fecha procesos y detenidos en los penales del país desde hace más de diez años sin la esperanza de obtener Sentencia ejecutoriada o de lograr su libertad por retardación de justicia ó la extinción de sus procesos por prescripción. En base al informe 20/2003 de 29 de septiembre, existirían en el país 4000 causas que llegarán hasta mayo de 2004 a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual ésta presentó al Parlamento Nacional un proyecto de Ley que una vez sancionado por ambas Cámaras del Congreso, fue promulgado por el Presidente de la República y así publicada la inconstitucional Ley 2683 que dispone el plazo indefinido para los procesos que se vienen tramitando con el Código de procedimiento penal de 1972, en contraposición al punto de vista jurídico de varias instituciones judiciales y defensoras de los derechos fundamentales de las personas que fue dada conocer a la Comisión de Constitución del Congreso Nacional. I.1.2. Petición Solicita se declare en Sentencia la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 y de esa manera quede sin efecto legal alguno. I.2 Admisión y citaciones Por AC 331/2004-CA, de 14 de junio (fs. 90 a 91), la Comisión de Admisión de este Tribunal admitió el recurso planteado y ordenó que sea puesto en conocimiento de Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Presidente del Congreso Nacional, como personero del órgano que generó la norma impugnada. Diligencia que se cumplió el 28 de junio de 2004 (fs. 111). I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada Por memorial presentado el 22 de julio de 2004 (fs. 122 a 126) Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Presidente del Congreso Nacional, se apersonó y formuló alegatos en los siguientes términos: La cuestionada Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 fue sancionada con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de las personas, que es la condición esencial para la vida
y desenvolvimiento de una nación en estado de derecho, pero adecuada a nuestra realidad social a fin de evitar el caos procesal y la inseguridad jurídica que habría significado la aplicación del nuevo sistema procesal penal a causas iniciadas con un sistema procesal y una lógica de funcionamiento diametralmente opuesta. Asimismo, persigue evitar la impunidad de los delincuentes, ya que la extinción de la acción penal pondría a los imputados (violadores, asesinos, narcotraficantes, etc.), fuera del alcance de la autoridad judicial y podría conllevar a reiterar sus conductas delictivas. Las líneas jurisprudenciales contenidas en las SSCC 219/2001-R, 647/2001-R, 340/2001-R y 280/2001-R, además de la 77/2002, si bien tienen alguna relación con el motivo que genera el recurso, constituyen líneas emitidas en la resolución de recursos deducidos en su momento, con motivo del nuevo régimen de prescripción de la acción penal establecido por los arts. 29 al 34 del CPP o contra la Disposición Transitoria Tercera de ese cuerpo legal. Por consiguiente, dichas líneas jurisprudenciales no son de aplicación a la nueva realidad fáctica establecida a partir de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, por lo que a diferencia de lo que sostiene el recurso en análisis, no corresponde entender el establecimiento definitivo de una línea jurisprudencial sobre el tema, más cuando incluso, si estuvieran referidas a una misma situación fáctica, la doctrina y la práctica admiten cambios fundamentados de la jurisprudencia. En cuanto a la supuesta infracción del art. 8 numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, en lo referente a ser juzgado dentro de un plazo razonable, debe entenderse que dicho plazo razonable puede ser interpretado de diversas maneras, y la razonabilidad debe apreciarse en su contexto específico o propio, sin perjuicio de establecerse un plazo general más allá del cual la duración sea considerada ilegítima, con la exigencia de que el mismo responda también a un contexto propio. La aparente discriminación que establece la Ley 2683 no se funda en arbitrariedades ni atenta contra la dignidad humana y menos otorga favores o privilegios, al contrario se trata de una imprescindible diferenciación de trato, a fin de evitar el caos procesal y consiguientemente la inseguridad jurídica, por tanto la Ley cuestionada no viola el principio de igualdad consagrado en el art. 6 de la CPE otra parte, se hizo notar que la norma recurrida está vinculada con la duración del proceso penal y no tiene ninguna relación con el art. 9.1 de la CPE, que se refiere al principio de legalidad de las medidas cautelares. Tampoco viola el art. 16.IV de la CPE, ya que la norma impugnada no tiene en su contenido ninguna disposición que vulnere la garantía del debido proceso, al margen que el recurrente no toma en cuenta que esa disposición se refiere a la ley penal sustantiva y no así a la ley penal adjetiva o procesal, correspondiendo dejar establecido que la retroactividad abarca únicamente a la ley penal sustantiva más beneficiosa, sin que se haya violado tampoco el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Respecto a la supuesta infracción del art. 116.X que reconoce el principio de celeridad, tampoco es evidente, ya que no debe interpretarse como lo hace el recurrente, que la norma impugnada estaría concretando la duración indefinida de los procesos penales del antiguo sistema, toda vez que también aquellos trámites se encuentran sometidos precisamente a las normas relativas a la prescripción previstas en los arts. 29 y siguientes del CPP, que impiden la duración ilimitada de esos procedimientos. Por último, sobre la supuesta contraposición de la norma legal impugnada con los arts. 100, 101, 102 y 106 del Código penal y 29 y 34 del CPP, se recuerda que conforme a la doctrina, el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad constituye una acción
remedial cuya finalidad consiste en el control objetivo de las disposiciones legales ordinarias, para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los principios, declaraciones, preceptos y normas de la Constitución Política del Estado, de lo que se infiere que no procede en los casos de conflicto o incompatibilidad entre una ley infralegal con las normas de una ley, ó la contradicción de las normas de dos leyes ordinarias de igual jerarquía, como resulta ser en caso de la Ley 2683 impugnada y los preceptos del Código penal y de su procedimiento, ya que su presunta incompatibilidad corresponde al ámbito de control de legalidad y no al control de constitucionalidad. Por lo señalado, pide se pronuncie Sentencia declarando constitucional la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004. II. CONCLUSIONES II.1.La Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, impugnada de inconstitucional, dispone: “ARTICULO UNICO.- Modifícase la Parte Tercera (Duración del Proceso), de Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999, en los siguientes términos: 1)Las causas con actividad procesal sujetas al régimen anterior continuarán tramitándose hasta su conclusión”. II.2.Los preceptos de la Constitución Política del Estado presuntamente vulnerados son: Art. 6.“I.- Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera. II.- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. Art. 9.I.- “Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”. Art. 16.IV.- “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por Sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado”. Art. 116.X.- “La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales de la administración de justicia…” III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El presente recurso ha sido planteado con la finalidad de someter al control de constitucionalidad a la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, por violar presuntamente los arts. 6, 9.I, 16.IV y 116.X de la CPE.
III.1. Sobre la competencia del Tribunal y la pertinencia del recurso.- El art. 120.1ª de la CPE establece que es atribución del Tribunal Constitucional conocer y pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones. Sobre la base de la normativa constitucional referida, la Ley del Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido y alcances de los recursos a que se refiere la Ley Fundamental del país. En este cometido, el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley del Tribunal Constitucional, establece el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, señalando en el art. 54 que este recurso “procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto”; extremo que guarda coherencia plena sobre el carácter remedial al que la Constitución alude en el art. 120.1ª; de lo que se establece la competencia del Tribunal para conocer el presente recurso, así como la legitimación activa del recurrente, comprobada en el trámite de admisión. En atención a la conexitud de la norma impugnada con el art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera, ambos del CPP, corresponde, en aplicación del art. 58.IV de la LTC, extender el juicio de constitucionalidad a las indicadas normas; precisando que si bien la última de las disposiciones nombradas fue declarada constitucional, y según el art. 58.V, “La Sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella”; ello no impide someter a la indicada norma a un nuevo juicio de constitucionalidad, al ser distinto el fundamento en el que se basó tal análisis; dado que lo que la norma prohíbe es un nuevo examen sobre un mismo fundamento. En este cometido, se tiene que las normas objeto del juicio de constitucionalidad por conexión, tienen el siguiente texto: “Artículo 133°.- (Duración máxima del proceso). Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía”. “Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido”. “Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.” Disposiciones Transitorias “Tercera.- (Duración del proceso). Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código. “Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa”. III.2. Bolivia, como Estado Social y Democrático de Derecho. La auto- organización, como fuente de legitimidad del poder y del Derecho, se visualiza de manera nítida en el acto constituyente. En efecto, en este acto, el pueblo de manera soberana decide
organizarse jurídica y políticamente, estableciendo el modelo de Estado que mejor condiga con las aspiraciones comunes de sus miembros; decisión que se plasma en una norma que tiene el carácter de fundacional y fundamental a la vez (su Constitución), por conciliar en ella todo el plan de vida que el grupo social acordó realizar. Bajo este entendimiento, el constituyente boliviano, en la reforma a la Constitución de 20 de febrero de 2004, optó por la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, como modelo de Estado. Ahora bien, para desentrañar el significado y las proyecciones de este modelo, es necesario, como punto de partida, precisar que estamos frente a un concepto, al que la doctrina y la jurisprudencia, de manera generalizada, lo ha definido como una fórmula sintética de Estado, producto de la unión de los principios propios del Estado Liberal y el Estado Social. Conforme a esto, en lo relevante a nuestro análisis, se tiene que del Estado Liberal, el Estado Social y Democrático de Derecho, adopta el principio Estado de Derecho. A esta altura del análisis, por su relevancia práctica, conviene precisar que la expresión Estado de Derecho puede ser conceptualizada desde una doble perspectiva, con resultados diametralmente opuestos o al menos inconciliables. Así, desde una primera postura, es aquel modelo de Estado en el que impera la ley, o en el que rige formalmente el principio de legalidad o que funciona a través de los cauces establecidos por la legislación vigente. Así, todo Estado sería de Derecho por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales. Esta noción reduciría el concepto Estado de Derecho a un simple sistema normativo, sin ninguna vinculación a principios y valores fundamentales. Desde una segunda perspectiva, el Estado de Derecho no sólo se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al ordenamiento jurídico vigente, sino por su vinculación a un ordenamiento superior en que se consagran y garantizan unos valores (derechos y libertades públicas) que, desde el punto moral y político, se consideran básicos para la convivencia humana y la consecución de la paz social. Esta noción de Estado de Derecho, responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política -el Estado como ente racional al servicio del individuo- que se constituye en un sistema de vida en libertad, que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales; b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes; c) sujeción de la administración a la ley y control judicial; d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales . Esta segunda noción de Estado de Derecho es la que guarda compatibilidad con el modelo de Estado diseñado por la reforma de nuestra Constitución; lo que significa que el legislador a tiempo de crear normas legales, debe precautelar que éstas no menoscaben los derechos y garantías fundamentales. III.3.Principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho y su proyección en materia penal. El principio de sometimiento de los poderes al orden constitucional y las leyes, es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones (principio de legalidad). Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el
gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación. En este orden, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tiene carácter vinculante general, ha sentado un entendimiento firme sobre el principio de legalidad y como proyección de éste, del principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables, al interpretar el contenido normativo de los arts. 16.IV y 33 de la CPE; así, en la SC 1030/2003-R, de 1 de julio, expresó: “El art. 33 constitucional, consagra el principio general de irretroactividad de ley, en los siguientes términos “La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo…”; principio que en el ámbito penal es una derivación del principio de legalidad, conforme al cual, ningún acto puede considerarse como delito si una ley no lo ha descrito como tal con anterioridad a su ejecución. Por tanto, aquí se está frente a una prohibición de retroactividad de toda ley penal desfavorable, que afecte el ámbito de libertad del encausado”. ”III.2 El principio de favorabilidad, como excepción al principio de irretroactividad de la ley penal y sus alcances.- La parte in-fine del art. 33 CPE establece el principio de retroactividad de la ley penal favorable, en los siguientes términos: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.” (las negrillas son nuestras). Corresponde por tanto, por su pertinencia, establecer cuáles son los alcances que la Constitución le asigna al principio”. ”Como ha quedado sentado, el precepto constitucional acoge el principio general de que la ley rige para lo venidero, es decir mira al futuro; estableciendo de manera excepcional el principio de retroactividad de toda norma penal que beneficie al delincuente (aquí utilizaremos el término delincuente en el sentido genérico que le asigna la Constitución), del que nace también el principio de ultraactividad de la ley derogada, que consiste en la aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del delito, cuando el nuevo precepto penal resultare desfavorable”. Con relación a la invocación por parte del órgano que generó la norma de que se trata de una ley procesal y no sustantiva y que por tanto el principio de prohibición de irretroactividad de ley desfavorable no sería aplicable al caso de autos, sobre el particular, la Sentencia que se glosa, estableció que “ Si bien es cierto que un importante sector de la doctrina considera que el concepto Derecho Penal, en sentido amplio, es comprensivo del sistema penal y, por tanto, abarca al Derecho Penal sustantivo o material, al Derecho Penal procesal y al Derecho Penal de ejecución; sin embargo, de ello no puede desprenderse que el legislador constituyente hubiera querido cobijar bajo el alcance del principio de favorabilidad a todas las normas del sistema penal; empero, tampoco de ello puede concluirse en sentido de que el principio sólo alcanzaría a los preceptos contenidos en el Derecho penal material (Código penal y leyes penales especiales), por lo que conviene precisar lo siguiente: 1. El principio nace de la idea de que ley penal expresa la política de defensa social que adopta el Estado en un determinado momento histórico, en su lucha contra la delincuencia. 2. Que toda modificación de las normas penales expresa un cambio en la valoración ético-social de la conducta delictiva, en el cómo y la forma en que ha de
ejecutarse la acción represora del Estado frente a la realización del hecho delictivo y en las reglas de ejecución de la consecuencia jurídica del delito; esto es, la sanción penal. Consiguientemente, la aplicación del principio de favorabilidad no puede estar limitado sólo a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, cuando la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de libertad.; siendo comprensivas de tal ámbito, entre otras: las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, la rehabilitación, y las medidas cautelares personales. III. 3 Consiguientemente, como quedó precisado, el baremo (medida de valoración) para la determinación de la aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado forme parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad del procesado; pues, no es infrecuente que en el Código penal, por ejemplo, existan disposiciones de indiscutible naturaleza procesal (arts. 3 y 90, entre otros), y en sentido inverso, que en el Código de procedimiento penal existan normas de indiscutible naturaleza sustantiva…”. De la jurisprudencia glosada, se extraen los siguientes puntos: 1. La prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal contenida en los arts. 16.IV y 33 de la CPE, se extiende a las normas de contenido sustantivo que se encuentren en leyes tanto materiales como procesales y de ejecución; 2. una norma tendrá carácter sustantivo, cuando afecte las esferas de libertad del imputado o condenado, entendiéndose a la libertad aquí aludida, como la facultad de autodeterminarse que tienen los hombres, sin sujeción a una fuerza o coacción proveniente del exterior, en este caso, del sistema penal. Conforme a ello, aquellas normas contenidas en leyes penales que afecten, restrinjan o limiten los derechos fundamentales de las personas, tendrán carácter sustantivo. III.4.Sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable. Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la “celeridad” es una de las “…condiciones esenciales de la administración de justicia”, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aun más, de la norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines. A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente: 1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 2)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas” . De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables. En coherencia con esto, la Disposición Transitoria Tercera del CPP, para dar concreción práctica al derecho a que el proceso concluye dentro del plazo razonable a que aluden los Pactos, estableció el plazo de cinco años para la conclusión de las causas bajo el régimen anterior (Código de Procedimiento penal de 1972). Sobre esta Disposición Transitoria, este Tribunal, en la SC 77/2002, de 29 de agosto, al resolver un recurso directo de inconstitucionalidad planteado contra esa norma, por supuesta lesión al derecho a la igualdad, fundamentó su constitucionalidad en la necesidad de que exista un plazo razonable para la culminación de los procesos penales tramitados con el antiguo Código de procedimiento penal de 1972, precisando que: “…el legislador entendiendo la diferencia entre el sistema procesal penal antiguo y el actual, toda vez que sus características son diametralmente opuestas, otorgó un plazo razonable de cinco años para la conclusión de los juicios con el Código de Procedimiento Penal abrogado, a contar desde la publicación del nuevo Código, permitiendo de esa manera, una etapa de transición necesaria donde reconoce la coexistencia de los dos sistemas a fin de concluir las causas en trámite en el plazo señalado, bajo pena de declararse su extinción, extremo que desde ningún punto de vista es arbitrario, al contrario, responde a una determinación político-criminal que precautela la seguridad jurídica de los contendientes y, sobre todo de los encausados que, con la Disposición Transitoria Tercera CPP, pueden tener la certeza de que su proceso en el viejo sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por tiempo indefinido”. III.5. El contraste o test de constitucionalidad. III.5.1. Norma impugnada por el recurrente. Como se ha señalado líneas arriba, la Disposición Transitoria Tercera del CPP fijó una duración de cinco años de los procesos penales tramitados con el anterior régimen, estableciendo la extinción de la acción penal si en ese tiempo no concluía el proceso; sin embargo, la Ley 2683 amplió indefinidamente ese plazo, es decir, hasta la conclusión de esas causas.
Precisado esto, así como el alcance de las normas constitucionales antes referidas, supuestamente violadas por la norma impugnada, corresponde analizar los siguientes puntos: 1. el contenido sustantivo de la Disposición Transitoria Tercera del CPP; 2. si la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, modificó desfavorablemente el contenido de la Disposición Transitoria Tercera del CPP y, en consecuencia, si es constitucional o no su aplicación retroactiva. Para realizar el análisis del primer punto, es preciso señalar que la Disposición Transitoria Tercera establecía una forma de conclusión extraordinaria del proceso penal, cual es la extinción de la acción penal, que conlleva la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, sea pública o privada, por el cumplimiento del plazo máximo fijado por el propio legislador (cinco años) para la culminación de los procesos penales tramitados con el anterior régimen. Consecuentemente, el efecto inmediato de la declaratoria de extinción de la acción penal es la pérdida por parte del Estado de su potestad punitiva; lo que implica que el proceso ya no puede desarrollarse más, extinguiéndose el ejercicio del ius puniendi del Estado. Vistas así las cosas, la Disposición Transitoria Tercera del CPP, tiene contenido sustantivo, porque afecta los derechos del imputado, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la libertad, que en materia penal, entre otros supuestos, puede ser restringido en virtud de una Sentencia condenatoria con la imposición de la pena de reclusión o presidio; de lo que se extrae que esa disposición, pese a estar inserta dentro del Código de procedimiento penal, en el sentido analizado, contiene una norma de carácter sustantivo, pues afecta a las esferas de libertad de los encausados. Ahora bien, la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, al establecer que “Las causas con actividad procesal sujetas al régimen anterior continuarán tramitándose hasta su conclusión”, eliminó la posibilidad de que se declare la extinción de la acción penal en los procesos tramitados con el anterior régimen y, como resultado de ello, prolongó de manera indefinida el plazo para su conclusión; en consecuencia, resulta ser una norma penal desfavorable. De lo anterior se concluye en sentido de que la norma impugnada colisiona de manera inadmisible con las garantías constitucionales de irretroactividad de ley penal desfavorable, consagrada por los arts. 16.IV y 33 de la CPE, así como el derecho fundamental a la seguridad, consagrado por el art. 7 inc.a) Constitucional y, en consecuencia, las bases sobre las que se asienta el Estado de Derecho consagrado por el art. 2.II de la misma Ley Fundamental; pues la antinomia existente entre la creciente necesidad de eficacia de la persecución penal del Estado y el respeto por los derechos y garantías procesales que proclama la Constitución, debe ser afrontada con especial mesura por parte del legislador, evitando toda fisura con el catálogo de valores proclamados por la Ley Fundamental del país, al que -como quedó expresado- está vinculado por mandato constitucional. III.5.2. Normas por conexitud. De lo anterior resulta claro que cuando las normas que se analizan por conexión establecen que:
“Art. 133.- (Duración máxima del proceso). Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía”. “Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo del duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido”. Disposición Transitoria “Tercera. (Duración del proceso). Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código”. están guardando plena compatibilidad con la Constitución; sin embargo, cuando en la última parte de ambos preceptos, de manera lisa y llana, es decir sin discriminar si la demora en la tramitación del proceso es atribuible a los órganos estatales competentes de la justicia penal o a las partes, establecen: Artículo 133.“Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”. Disposición Transitoria Tercera “Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa”. no guardan plena compatibilidad con el sentido del orden constitucional y de los pactos sobre derechos humanos aludidos, pues tal extinción sólo puede ser conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por ambas disposiciones es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida de los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado. Pues, debe tenerse presente que en el sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano. Lo señalado concuerda con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que el concepto de “plazo razonable” al que hace referencia el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse de acuerdo a los siguientes criterios: “…la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales y la forma cómo se ha tramitado la etapa de instrucción
en el proceso” (Informe 43/96. Caso 11.430, 15 de octubre de 1996, punto 54, Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Este también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha señalado en reiterados fallos que para considerar la duración razonable de un proceso penal, debía considerarse la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales. Esta doctrina ha sido asumida por el Tribunal Constitucional de España que entre los criterios para establecer el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas, ha considerado a “…las circunstancias del proceso, su complejidad objetiva, la duración normal de procesos similares, la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente al que le es exigible una actitud diligente…”(Sentencia 313/1993). Resulta claro que en el marco de nuestra legislación, que a diferencia de las líneas arriba aludidas, ha establecido un plazo máximo general para la conclusión de los procesos tanto del régimen anterior como del establecido por la Ley 1970, no es posible considerar factores como la complejidad del asunto y sus circunstancias, que han sido asumidas dentro del plazo global establecido, sino la actuación del Ministerio Público (en los Actos Iniciales y la Etapa Preparatoria), del órgano judicial y la conducta del imputado o procesado. Que, el art. 4 de la LTC faculta a este Tribunal que: “En caso excepcional de que una ley, decreto o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que, concuerde con la Constitución”. Que, en este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado. POR TANTO El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 120.1º de la CPE, 7 inc. 1), 54 y siguientes de la LTC, resuelva declarar: 1º La INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, con los efectos establecidos por el art. 58 de la LTC. 2º La CONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 133 y segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera, ambos del Código de procedimiento penal; únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del FJ III.5.2 de la presente resolución.
Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera PRESIDENTE Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán DECANO Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas MagistradA Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez MAGISTRADO Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez MAGISTRADA
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0101/2004 Sucre, 14 de septiembre de 2004 Expediente: 2004-09100-19-RDI Distrito: La Paz Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera En el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Oscar Octavio Claros Rivas, Diputado Nacional Titular por el Departamento de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 por violar presuntamente los arts. 6, 9.1, 16.IV y 116.X de la Constitución Política del Estado (CPE). I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido del recurso I.1.1. Hechos que motivan el recurso En la demanda presentada el 21 de mayo de 2004 (fs. 78 a 89), el recurrente expresa: A través de la Disposición Tercera Transitoria del nuevo Código de procedimiento penal, (CPP), el legislador estableció un corte en el tiempo al indicar que a partir del 31 de mayo de 2001, todos los procesos del sistema antiguo deberían ser concluidos en el plazo máximo de cinco años bajo pena de extinción. Asimismo, en atención al Régimen de Transición establecido en la parte final del indicado Código de Procedimiento Penal, el legislador también determinó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable se aplica a toda persona sometida a un proceso. Entendimiento ratificado y convalidado por el Tribunal Constitucional en la SC 77/2002, de 29 de agosto, cuando señala que esa Disposición responde a una determinación político-criminal que precautela la seguridad jurídica de los contendientes y sobre todo de los encausados, ya que con ella, los encausados pueden tener la certeza de que su proceso en el viejo sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por tiempo indefinido.
La Ley 2683 impugnada que abroga la Disposición Transitoria Tercera del CPP, y determina que las causas que se vienen tramitando bajo el anterior régimen procesal penal continuarán tramitándose hasta la conclusión de las mismas, sin fecha límite, es decir con carácter indefinido, no solo viola el art. 8 numeral 1. del Pacto de San José de Costa Rica, sino los arts. 6, 9.1., 16.IV y 116.X de la CPE, y se encuentra en contraposición con los arts. 100, 101, 102 y 106 del Código penal (CP), y 29 al 34 del CPP, así como con la línea jurisprudencial sentada en las SSCC 77/2002-R, 647/2001R, 340/2001-R y 280/2001-R, entre otras, que establecen que los procesos no pueden tener una duración indefinida pues ello significa violar los derechos humanos en lo que a las garantías judiciales se refiere. En consecuencia, la derogatoria de la Disposición Transitoria Tercera impide la extinción de los procesos que se tramitan con el Código de procedimiento penal de 1972, si consideramos que las normas citadas del Código penal establecen la extinción de la acción penal por la prescripción, pero su carácter indefinido se encuentra determinado por el art. 102 de ese cuerpo legal que dice que la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, siempre que no se hubiera iniciado la instrucción correspondiente y en caso de que ya se hubiera dado comienzo, el término de la prescripción de la acción se computará desde la última actuación. En mérito a esta norma, el proceso en el sistema procesal anterior puede durar indefinidamente ya que con cada actuación judicial se interrumpe el término de la prescripción de la acción y ésta se empieza a computar nuevamente, existiendo por eso a la fecha procesos y detenidos en los penales del país desde hace más de diez años sin la esperanza de obtener Sentencia ejecutoriada o de lograr su libertad por retardación de justicia ó la extinción de sus procesos por prescripción. En base al informe 20/2003 de 29 de septiembre, existirían en el país 4000 causas que llegarán hasta mayo de 2004 a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual ésta presentó al Parlamento Nacional un proyecto de Ley que una vez sancionado por ambas Cámaras del Congreso, fue promulgado por el Presidente de la República y así publicada la inconstitucional Ley 2683 que dispone el plazo indefinido para los procesos que se vienen tramitando con el Código de procedimiento penal de 1972, en contraposición al punto de vista jurídico de varias instituciones judiciales y defensoras de los derechos fundamentales de las personas que fue dada conocer a la Comisión de Constitución del Congreso Nacional. I.1.2. Petición Solicita se declare en Sentencia la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 y de esa manera quede sin efecto legal alguno. I.2 Admisión y citaciones Por AC 331/2004-CA, de 14 de junio (fs. 90 a 91), la Comisión de Admisión de este Tribunal admitió el recurso planteado y ordenó que sea puesto en conocimiento de Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Presidente del Congreso Nacional, como personero del órgano que generó la norma impugnada. Diligencia que se cumplió el 28 de junio de 2004 (fs. 111). I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada
Por memorial presentado el 22 de julio de 2004 (fs. 122 a 126) Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Presidente del Congreso Nacional, se apersonó y formuló alegatos en los siguientes términos: La cuestionada Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 fue sancionada con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de las personas, que es la condición esencial para la vida y desenvolvimiento de una nación en estado de derecho, pero adecuada a nuestra realidad social a fin de evitar el caos procesal y la inseguridad jurídica que habría significado la aplicación del nuevo sistema procesal penal a causas iniciadas con un sistema procesal y una lógica de funcionamiento diametralmente opuesta. Asimismo, persigue evitar la impunidad de los delincuentes, ya que la extinción de la acción penal pondría a los imputados (violadores, asesinos, narcotraficantes, etc.), fuera del alcance de la autoridad judicial y podría conllevar a reiterar sus conductas delictivas. Las líneas jurisprudenciales contenidas en las SSCC 219/2001-R, 647/2001-R, 340/2001-R y 280/2001-R, además de la 77/2002, si bien tienen alguna relación con el motivo que genera el recurso, constituyen líneas emitidas en la resolución de recursos deducidos en su momento, con motivo del nuevo régimen de prescripción de la acción penal establecido por los arts. 29 al 34 del CPP o contra la Disposición Transitoria Tercera de ese cuerpo legal. Por consiguiente, dichas líneas jurisprudenciales no son de aplicación a la nueva realidad fáctica establecida a partir de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, por lo que a diferencia de lo que sostiene el recurso en análisis, no corresponde entender el establecimiento definitivo de una línea jurisprudencial sobre el tema, más cuando incluso, si estuvieran referidas a una misma situación fáctica, la doctrina y la práctica admiten cambios fundamentados de la jurisprudencia. En cuanto a la supuesta infracción del art. 8 numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, en lo referente a ser juzgado dentro de un plazo razonable, debe entenderse que dicho plazo razonable puede ser interpretado de diversas maneras, y la razonabilidad debe apreciarse en su contexto específico o propio, sin perjuicio de establecerse un plazo general más allá del cual la duración sea considerada ilegítima, con la exigencia de que el mismo responda también a un contexto propio. La aparente discriminación que establece la Ley 2683 no se funda en arbitrariedades ni atenta contra la dignidad humana y menos otorga favores o privilegios, al contrario se trata de una imprescindible diferenciación de trato, a fin de evitar el caos procesal y consiguientemente la inseguridad jurídica, por tanto la Ley cuestionada no viola el principio de igualdad consagrado en el art. 6 de la CPE otra parte, se hizo notar que la norma recurrida está vinculada con la duración del proceso penal y no tiene ninguna relación con el art. 9.1 de la CPE, que se refiere al principio de legalidad de las medidas cautelares. Tampoco viola el art. 16.IV de la CPE, ya que la norma impugnada no tiene en su contenido ninguna disposición que vulnere la garantía del debido proceso, al margen que el recurrente no toma en cuenta que esa disposición se refiere a la ley penal sustantiva y no así a la ley penal adjetiva o procesal, correspondiendo dejar establecido que la retroactividad abarca únicamente a la ley penal sustantiva más beneficiosa, sin que se haya violado tampoco el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Respecto a la supuesta infracción del art. 116.X que reconoce el principio de celeridad, tampoco es evidente, ya que no debe interpretarse como lo hace el recurrente, que la norma impugnada estaría concretando la duración indefinida de los procesos penales del antiguo sistema, toda vez que también aquellos trámites se encuentran
sometidos precisamente a las normas relativas a la prescripción previstas en los arts. 29 y siguientes del CPP, que impiden la duración ilimitada de esos procedimientos. Por último, sobre la supuesta contraposición de la norma legal impugnada con los arts. 100, 101, 102 y 106 del Código penal y 29 y 34 del CPP, se recuerda que conforme a la doctrina, el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad constituye una acción remedial cuya finalidad consiste en el control objetivo de las disposiciones legales ordinarias, para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los principios, declaraciones, preceptos y normas de la Constitución Política del Estado, de lo que se infiere que no procede en los casos de conflicto o incompatibilidad entre una ley infralegal con las normas de una ley, ó la contradicción de las normas de dos leyes ordinarias de igual jerarquía, como resulta ser en caso de la Ley 2683 impugnada y los preceptos del Código penal y de su procedimiento, ya que su presunta incompatibilidad corresponde al ámbito de control de legalidad y no al control de constitucionalidad. Por lo señalado, pide se pronuncie Sentencia declarando constitucional la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004. II. CONCLUSIONES II.1.La Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, impugnada de inconstitucional, dispone: “ARTICULO UNICO.- Modifícase la Parte Tercera (Duración del Proceso), de Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999, en los siguientes términos: 1)Las causas con actividad procesal sujetas al régimen anterior continuarán tramitándose hasta su conclusión”. II.2.Los preceptos de la Constitución Política del Estado presuntamente vulnerados son: Art. 6.“I.- Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera. II.- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. Art. 9.I.- “Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”. Art. 16.IV.- “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por Sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado”. Art. 116.X.- “La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales de la administración de justicia…”
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El presente recurso ha sido planteado con la finalidad de someter al control de constitucionalidad a la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, por violar presuntamente los arts. 6, 9.I, 16.IV y 116.X de la CPE. III.1. Sobre la competencia del Tribunal y la pertinencia del recurso.- El art. 120.1ª de la CPE establece que es atribución del Tribunal Constitucional conocer y pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones. Sobre la base de la normativa constitucional referida, la Ley del Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido y alcances de los recursos a que se refiere la Ley Fundamental del país. En este cometido, el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley del Tribunal Constitucional, establece el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, señalando en el art. 54 que este recurso “procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto”; extremo que guarda coherencia plena sobre el carácter remedial al que la Constitución alude en el art. 120.1ª; de lo que se establece la competencia del Tribunal para conocer el presente recurso, así como la legitimación activa del recurrente, comprobada en el trámite de admisión. En atención a la conexitud de la norma impugnada con el art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera, ambos del CPP, corresponde, en aplicación del art. 58.IV de la LTC, extender el juicio de constitucionalidad a las indicadas normas; precisando que si bien la última de las disposiciones nombradas fue declarada constitucional, y según el art. 58.V, “La Sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella”; ello no impide someter a la indicada norma a un nuevo juicio de constitucionalidad, al ser distinto el fundamento en el que se basó tal análisis; dado que lo que la norma prohíbe es un nuevo examen sobre un mismo fundamento. En este cometido, se tiene que las normas objeto del juicio de constitucionalidad por conexión, tienen el siguiente texto: “Artículo 133°.- (Duración máxima del proceso). Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía”. “Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido”. “Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.” Disposiciones Transitorias “Tercera.- (Duración del proceso). Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código.
“Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa”. III.2. Bolivia, como Estado Social y Democrático de Derecho. La auto- organización, como fuente de legitimidad del poder y del Derecho, se visualiza de manera nítida en el acto constituyente. En efecto, en este acto, el pueblo de manera soberana decide organizarse jurídica y políticamente, estableciendo el modelo de Estado que mejor condiga con las aspiraciones comunes de sus miembros; decisión que se plasma en una norma que tiene el carácter de fundacional y fundamental a la vez (su Constitución), por conciliar en ella todo el plan de vida que el grupo social acordó realizar. Bajo este entendimiento, el constituyente boliviano, en la reforma a la Constitución de 20 de febrero de 2004, optó por la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, como modelo de Estado. Ahora bien, para desentrañar el significado y las proyecciones de este modelo, es necesario, como punto de partida, precisar que estamos frente a un concepto, al que la doctrina y la jurisprudencia, de manera generalizada, lo ha definido como una fórmula sintética de Estado, producto de la unión de los principios propios del Estado Liberal y el Estado Social. Conforme a esto, en lo relevante a nuestro análisis, se tiene que del Estado Liberal, el Estado Social y Democrático de Derecho, adopta el principio Estado de Derecho. A esta altura del análisis, por su relevancia práctica, conviene precisar que la expresión Estado de Derecho puede ser conceptualizada desde una doble perspectiva, con resultados diametralmente opuestos o al menos inconciliables. Así, desde una primera postura, es aquel modelo de Estado en el que impera la ley, o en el que rige formalmente el principio de legalidad o que funciona a través de los cauces establecidos por la legislación vigente. Así, todo Estado sería de Derecho por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales. Esta noción reduciría el concepto Estado de Derecho a un simple sistema normativo, sin ninguna vinculación a principios y valores fundamentales. Desde una segunda perspectiva, el Estado de Derecho no sólo se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al ordenamiento jurídico vigente, sino por su vinculación a un ordenamiento superior en que se consagran y garantizan unos valores (derechos y libertades públicas) que, desde el punto moral y político, se consideran básicos para la convivencia humana y la consecución de la paz social. Esta noción de Estado de Derecho, responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política -el Estado como ente racional al servicio del individuo- que se constituye en un sistema de vida en libertad, que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales; b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes; c) sujeción de la administración a la ley y control judicial; d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales . Esta segunda noción de Estado de Derecho es la que guarda compatibilidad con el modelo de Estado diseñado por la reforma de nuestra Constitución; lo que significa que el legislador a tiempo de crear normas legales, debe precautelar que éstas no menoscaben los derechos y garantías fundamentales. III.3.Principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho y su proyección en materia penal. El principio de sometimiento de los poderes al orden constitucional y las leyes, es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual
todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones (principio de legalidad). Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación. En este orden, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tiene carácter vinculante general, ha sentado un entendimiento firme sobre el principio de legalidad y como proyección de éste, del principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables, al interpretar el contenido normativo de los arts. 16.IV y 33 de la CPE; así, en la SC 1030/2003-R, de 1 de julio, expresó: “El art. 33 constitucional, consagra el principio general de irretroactividad de ley, en los siguientes términos “La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo…”; principio que en el ámbito penal es una derivación del principio de legalidad, conforme al cual, ningún acto puede considerarse como delito si una ley no lo ha descrito como tal con anterioridad a su ejecución. Por tanto, aquí se está frente a una prohibición de retroactividad de toda ley penal desfavorable, que afecte el ámbito de libertad del encausado”. ”III.2 El principio de favorabilidad, como excepción al principio de irretroactividad de la ley penal y sus alcances.- La parte in-fine del art. 33 CPE establece el principio de retroactividad de la ley penal favorable, en los siguientes términos: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.” (las negrillas son nuestras). Corresponde por tanto, por su pertinencia, establecer cuáles son los alcances que la Constitución le asigna al principio”. ”Como ha quedado sentado, el precepto constitucional acoge el principio general de que la ley rige para lo venidero, es decir mira al futuro; estableciendo de manera excepcional el principio de retroactividad de toda norma penal que beneficie al delincuente (aquí utilizaremos el término delincuente en el sentido genérico que le asigna la Constitución), del que nace también el principio de ultraactividad de la ley derogada, que consiste en la aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del delito, cuando el nuevo precepto penal resultare desfavorable”. Con relación a la invocación por parte del órgano que generó la norma de que se trata de una ley procesal y no sustantiva y que por tanto el principio de prohibición de irretroactividad de ley desfavorable no sería aplicable al caso de autos, sobre el particular, la Sentencia que se glosa, estableció que “ Si bien es cierto que un importante sector de la doctrina considera que el concepto Derecho Penal, en sentido amplio, es comprensivo del sistema penal y, por tanto, abarca al Derecho Penal sustantivo o material, al Derecho Penal procesal y al Derecho Penal de ejecución; sin embargo, de ello no puede desprenderse que el legislador constituyente hubiera querido cobijar bajo el alcance del principio de favorabilidad a todas las normas del sistema penal; empero, tampoco de ello puede concluirse en sentido de que el principio sólo alcanzaría a los preceptos contenidos en el Derecho penal material (Código penal y leyes penales especiales), por lo que conviene precisar lo siguiente:
1. El principio nace de la idea de que ley penal expresa la política de defensa social que adopta el Estado en un determinado momento histórico, en su lucha contra la delincuencia. 2. Que toda modificación de las normas penales expresa un cambio en la valoración ético-social de la conducta delictiva, en el cómo y la forma en que ha de ejecutarse la acción represora del Estado frente a la realización del hecho delictivo y en las reglas de ejecución de la consecuencia jurídica del delito; esto es, la sanción penal. Consiguientemente, la aplicación del principio de favorabilidad no puede estar limitado sólo a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, cuando la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de libertad.; siendo comprensivas de tal ámbito, entre otras: las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, la rehabilitación, y las medidas cautelares personales. III. 3 Consiguientemente, como quedó precisado, el baremo (medida de valoración) para la determinación de la aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado forme parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad del procesado; pues, no es infrecuente que en el Código penal, por ejemplo, existan disposiciones de indiscutible naturaleza procesal (arts. 3 y 90, entre otros), y en sentido inverso, que en el Código de procedimiento penal existan normas de indiscutible naturaleza sustantiva…”. De la jurisprudencia glosada, se extraen los siguientes puntos: 1. La prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal contenida en los arts. 16.IV y 33 de la CPE, se extiende a las normas de contenido sustantivo que se encuentren en leyes tanto materiales como procesales y de ejecución; 2. una norma tendrá carácter sustantivo, cuando afecte las esferas de libertad del imputado o condenado, entendiéndose a la libertad aquí aludida, como la facultad de autodeterminarse que tienen los hombres, sin sujeción a una fuerza o coacción proveniente del exterior, en este caso, del sistema penal. Conforme a ello, aquellas normas contenidas en leyes penales que afecten, restrinjan o limiten los derechos fundamentales de las personas, tendrán carácter sustantivo. III.4.Sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable. Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la “celeridad” es una de las “…condiciones esenciales de la administración
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