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Timestamp: 2019-03-20 08:00:11+00:00

Document:
as201311247
AUTO SUPREMO Nº. 247/2013
EXPEDIENTE: La Paz 142/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Nancy Angélica Zapata Torrez contra Julio Zapata Torrez
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julio Cruz Zapata Torrez (fs. 445 a 449) impugnando el Auto de Vista emitido el 25 de marzo de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 436 a 438), en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Nancy Angélica Zapata Torrez contra el recurrente por la comisión del delito de lesiones leves previsto y sancionado por el artículo 271 del Código Penal.
Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Juez Tercero de Sentencia de la ciudad de La Paz, por Sentencia Nro. 31 de 27 de noviembre de 2012 (fs. 406 a 411) declaró al imputado Julio Cruz Zapata Torrez autor de la comisión del delito de lesiones leves previsto y sancionado por el artículo 271 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión con costas y daños a calificar en ejecución de Sentencia, y de conformidad a lo establecido por el artículo 368 de la Ley Nro. 1970 en consideración a la pena le concedió el perdón judicial.
Contra la Sentencia el procesado Julio Cruz Zapata Torrez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 415 a 419), resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nro 33/2003 de 25 de marzo de 2013, que lo declaró improcedente; dando lugar al recurso de casación que es caso de autos.
Que el recurrente Julio Cruz Zapata Torrez alega lo siguiente:
a) Que el Auto de Vista en sus dos primeros considerandos efectuó una relación sintética del recurso de apelación restringida, asimismo existe una notable contradicción con el considerando II en cuyo contenido hizo mención de manera enunciativa a los fundamentos del recurso de apelación restringida en cuanto concierne a los aspectos de una relación descriptiva, intelectiva y jurídica que extraña, empero en apelación restringida en el acápite inobservancia de la ley, a tiempo de mencionar las disposiciones violadas y la aplicación que se pretende, se hizo una descripción del contenido de la Sentencia impugnada, por lo que se puede establecer que el Considerando II Num. 1 del Auto de Vista, viola el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, porque no ha ponderado, menos valorado los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida, procediendo a efectuar una valoración independiente, posteriormente hace mención a los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, señalando que a efectos de enmendar el Considerando III de la resolución Nro. 33/2013 de 25 de marzo de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia deje sin efecto el Auto de Vista.
b) Que en el Considerando III numeral 2 del Auto de Vista se realizó una descripción doctrinaria del artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, también el Tribunal de Alzada hizo alusión a Autos Supremos, sin mencionar en que consisten los mismos, refiriendo que “el Tribunal de Apelación debe pronunciarse sin revalorizar prueba a fin de no desconocer el principio de inmediación, que si bien se reclama inadecuada valoración no cita en términos claros, concretos y precisos la ley infringida o aplicadas erróneamente no señaló en que consiste la falta de fundamentación y que tipo de fundamentación es la extrañada. Sobre este particular en principio en ningún momento del recurso de apelación restringida se invocó errónea aplicación de la ley sustantiva, sino mencionó inobservancia de la ley,” demostrándose que el Tribunal de Alzada no dio cumplimiento al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, es decir que sus resoluciones estén circunscritas a los aspectos cuestionados en la apelación, ya que en el acápite referido a la aplicación que se pretende se acusó que el fallo no cumple con lo dispuesto por el artículo 173 y 359 del Procedimiento Penal, puesto que las atestaciones no fueron valoradas en su conjunto, por cuanto por un lado existe contradicción y no son creíbles, existiendo valoración defectuosa de la prueba. Por otra parte haciendo mención a los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado solicita se deje sin efecto la resolución Nro. 31/2013.
c) Que en el Considerando III numeral 3 del Auto de Vista se mencionó que el recurso presentado cuestionó errores relacionados con el análisis y valoración de la prueba, pero no se aclaró la valoración correcta que debió realizar el juez ad quo, añade que la Sentencia fue emitida con sana crítica y aplicación del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, para el efecto transcribe la Sentencia Constitucional Nro. 903/2012-R para luego indicar que: “la mera relación de los hechos y un análisis aislado que no son relacionados con el hecho objeto del juicio y en la medida que el recurrente exprese adecuadamente y suficientemente sus fundamentos jurídicos, el Tribunal podrá realizar la labor de contratación”, sobre este acápite es preciso aclarar que el Auto de Vista, viola de manera flagrante lo dispuesto por los artículos 115, 116 de la Constitución Política del Estado porque la resolución en lugar de otorgar protección oportuna viola la garantía constitucional al debido proceso y seguridad jurídica, cuanto el principio de duda razonable favorece al reo, pero lo mas grave es que pretendió introducir como precedente contradictorio una Sentencia Constitucional cuando conforme Auto Supremo Nro. 2955 se ha establecido que las Sentencias Constitucionales no pueden ser catalogadas como precedentes contradictorios por respeto al principio de especificidad del recurso de casación, pero mas aún en dicho acápite no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, respecto de que el Tribunal circunscribirá sus resoluciones a los aspectos cuestionados y en el caso concreto se puede establecer que se ha mencionado de manera fundamentada que la Sentencia vulnera los artículos 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal existiendo contradicciones en cuanto a la hora de los hechos sucedidos, que genera duda razonable, asimismo no se han valorado las atestaciones de los testigos de descargo, aspectos que no han sido ponderados en la Resolución 33/2013 de 25 de marzo de 2013 por lo que se debe dejar sin efecto dicha resolución.
d) En el Considerando III numerales 4 y 5 del Auto de Vista se hizo alusión al Auto Supremo Nro. 228 de 15 de julio de 2008, sobre la nulidad de obrados e ingresó a señalar que el recurso de apelación restringida no acreditó cual fue la afectación o indefensión a los derechos y garantías dictados en sentencia (sic), menos estableció derechos y garantías afectados, sin referir el motivo de la presentación, sobre este particular se incurre en una violación de la norma jurídica, referida a la nulidad de obrados, por cuanto dicha norma legal alude la dirección funcional de la actuación policial, aspectos que no competen a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación restringida, constituyendo vulneración al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, debiéndose dejar sin efecto dicho Auto de Vista .
CONSIDERANDO III: (Verificación de la fragrante violación de derechos y garantías constitucionales)
Que conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 222 de 2 de agosto de 2013 corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto; a tal efecto la resolución se circunscribirá a la verificación de la infracción del debido proceso y seguridad jurídica denunciado en el tercer motivo de casación.
En primera instancia debe señalarse que el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella.
En cuanto a la actividad procesal defectuosa y los defectos absolutos el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal establece “no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código Penal Adjetivo” las mismas que acarrean la ineficacia jurídica del acto, salvo que el defecto pueda ser subsanado y convalidado.
1. Respecto a la única denuncia admitida se tiene que el recurrente acusó que el Auto de Vista, violó de manera flagrante lo dispuesto por los artículos 115, 116 de la Constitución Política del Estado porque la resolución en lugar de otorgar protección oportuna contraviene la garantía constitucional al debido proceso y seguridad jurídica, cuanto el principio de duda razonable favorece al reo, porque no se cumple con lo dispuesto por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, respecto de que el Tribunal circunscribirá sus resoluciones a los aspectos cuestionados y en el caso concreto se puede establecer que se ha mencionado de manera fundamentada que la Sentencia vulnera los artículos 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal existiendo contradicciones en cuanto a la hora de los hechos sucedidos, que genera duda razonable, asimismo no se han valorado las atestaciones de los testigos de descargo, aspectos que no han sido ponderados.
A efecto de establecer si existe defecto absoluto en la emisión del Auto de Vista, es menester revisar si efectivamente el Tribunal de Apelación se pronunció o no respecto a las denuncias formuladas por el recurrente en la tercera acusación del recurso de Alzada, por lo que es necesario examinar dicha acusación y el pronunciamiento del Tribunal de Alzada en el Auto de Vista impugnado.
De la revisión de la apelación restringida cursante de fojas 415 a 419 se tiene que el recurrente en la tercera acusación hace referencia a la prueba testifical de descargo de Diego Latino Zapata, Betty Margarita y Victoria Blanca Zapata, señalando que las atestaciones de estos testigos evidenciarían agresiones verbales recíprocas, donde se advertiría que ninguno de los testigos vieron ninguna lesión en el rostro de la víctima, por lo que entre lo expuesto en la sentencia y las actas del juicio existen contradicciones, por lo que la Sentencia no acata lo establecido en el artículos 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto concierne a la valoración de cada una de las pruebas, aplicando de esa manera la sana crítica, es mas no se expone las razones por las cuáles se le da valor a cada una de ellas, apreciando en forma conjunta y armónica, resultando de esa manera que la Sentencia viola el principio del debido proceso, seguridad jurídica que son defectos de sentencia conforme al artículo 370 incisos 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal. De lo trascrito precedentemente se infiere que la acusación efectuada está referida a la valoración de la prueba en aplicación de la sana crítica.
Posterior al reconocimiento de la tercera denuncia de apelación restringida se procede a examinar el Auto de Vista en correspondencia a los extremos denunciados en la misma, extrayéndose que no es evidente que el Tribunal de Alzada no se hubiere pronunciado sobre los motivos apelados por el recurrente, toda vez que los señores Vocales absolvieron la acusación esgrimida circunscribiéndose a los aspectos cuestionados, conforme dispone el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal; pronunciándose en el punto tres del tercer considerando del Auto de Vista, sobre la acusación de defectuosa valoración de la prueba, concluyendo los de Alzada “Que el apelante cuestiona errores relacionados con el análisis y valoración de la prueba, que generaría la absolución del mismo, sin embargo no se aclara de forma especifica, cuál debería ser la valoración correcta que debió realizar el juez A quo, no solo refiriendo las atestaciones de los funcionarios policiales, que refiere contradicción con el informe elaborado por ellos, sobre la sangre que tenia la victima en el momento de hecho, y finalmente se reclama la valoración de la prueba de descargo ofrecida y judicializada en juicio oral público y contradictorio, sin embargo de la revisión de la sentencia se evidencia que la misma fue emitida conforme a las reglas de la sana critica, en estricto cumplimiento a lo determinado por el art. 359 del Código de Procedimiento Penal, plenamente cumplido en el caso de autos, ya que claramente en el acápite de valoración y fundamentación jurídica de la prueba, se realizó una valoración y análisis intelectivo a todas las pruebas de cargo y de descargo, señalando expresamente el valor otorgado a cada una de ellas y que en su conjunto ha sido fundamentado para asumir la determinación realizada” (sic.); pronunciamiento que se apoya en lo establecido en la Sentencia Constitucional Nro. 903/2012-R, para afirmar su motivación, aspecto que esta permitido, toda vez que las sentencias constitucionales forman parte de la jurisprudencia constitucional, las mismas que tienen carácter vinculante; no debiendo confundir el recurrente este instituto con lo que representa el precedente contradictorio y los requisitos establecidos en el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal para el planteamiento del recurso de casación. Asimismo es menester señalar que la motivación realizada por el Tribunal de Alzada se encuentra en proporción a la fundamentación del recurso de apelación restringida, ya que se circunscribe precisamente a las acusaciones alegadas por el apelante y sobre todo se encuentra en correspondencia a la competencia que tiene dicho Tribunal, siendo que los fundamentos van en relación a la alegación de defectuosa valoración de la prueba; acusación con la que el apelante pretendió la declaración de una defectuosa valoración de la prueba por no haberse aplicado la sana crítica por parte del Juez de mérito, sin embargo, para que este extremo sea constatado por el Tribunal de Alzada, el recurrente debió especificar de manera clara cual de las reglas de la sana crítica consideró que fue violada o violentada al momento de efectuarse la valoración de la prueba, (la lógica, la experiencia común o la psicología ) para cuestionar este proceso, sin embargo el recurrente realizó de manera impropia una argumentación meramente subjetiva, limitándose a acusar la existencia de una defectuosa valoración probatoria testifical, por lo que el Tribunal de Alzada en base a su competencia y ante la prohibición de la doble instancia, está en lo correcto al señalar que “no se ha realizado referencia expresa sobre la afectación, incidencia en la resolución en términos claros y concretos resultado insuficiente, para la viabilidad del recurso la mera relación de los hechos y un análisis aislado de términos legales que no son relacionados con el hecho objeto del juicio, porque en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, este Tribunal de Alzada podrá realizar la labor de contrastación que amerita la revisión excepcional de la labor de valoración de la prueba realizada por el Juez A-quo”. De lo mencionado se infiere que no existe ningún desajuste entre el fallo judicial y los términos en que el apelante formuló su pretensión, pues el Auto de Vista al absolver la tercera acusación se circunscribió a los motivos que deficientemente en sus fundamentos fueron denunciados al ser inconsistentes; no siendo evidente que el Tribunal de Alzada hubiera quebrantado la garantía al debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de duda razonable establecidos en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado.
Que por lo expuesto precedentemente y efectuado el análisis respectivo, se colige que no son evidentes las denuncias formuladas por el recurrente; toda vez, de que el Tribunal de Alzada efectuó una correcta aplicación de la normativa contenida en el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de casación formulado.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julio Cruz Zapata Torrez (fs. 445 a 449) impugnando el Auto de Vista emitido el 25 de marzo de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 436 a 438), en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Nancy Angélica Zapata contra el recurrente por la comisión del delito de lesiones leves previsto y sancionado por el artículo 271 del Código Penal.

References: artículo 271
 artículo 271
 artículo 368
 artículo 398
 resolución 
 artículo 407
 artículo 398
 artículo 173
 resolución 
 artículo 359
 resolución 
 artículo 398
 Resolución 
 artículo 398
 resolución 
 artículo 169
 resolución 
 artículo 398
 artículo 370
 artículo 398
 artículo 416
 resolución 
 artículo 398
 artículo 42
 artículo 419
 artículo 271