Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520342.html
Timestamp: 2019-03-26 06:14:51+00:00

Document:
as201520342
Auto Supremo: 342/2015
Expediente: B-19-14-S
Partes: Wilder Mayube Vaca, Elisenda Guasico Apiequy, Carlos Aguilera Rosa,
Yancarla Gualoa Guasico, Evelio Gualoa Guasico, Marcela Calaje Cueva,
Carla Lorena Gualoa Guasico y Olga Ivana Mayube c/ Federación de
Maestros Urbanos del Beni
VISTOS: El recurso de casación de fs. 193 a 205, interpuesto por la Federación de Trabajadores de Educación Urbana del Beni contra el Auto de Vista Nº 199, de 29 de noviembre de 2013, de fs. 185 a 187 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso de usucapión seguido por Wilder Mayube Vaca, Elisenda Guasico Apiequy, Carlos Aguilera Rosa, Yancarla Gualoa Guasico, Evelio Gualoa Guasico, Marcela Calaje Cueva, Carla Lorena Gualoa Guasico y Olga Ivana Mayube contra la Federación de Maestros Urbanos del Beni; la respuesta de fs. 285 a 297; la concesión cursante de fs. 298; los antecedentes del proceso; y:
Que el Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad del Beni, administrando Justicia en primera instancia, cursante a fs. 164 a 167 y vta., declara PROBADA, en parte, la demanda de USUCAPION de fs. 22 a 24, interpuesta por Wilder Mayube Vaca, Elisenda Guasico Apiequy, Carlos Aguilera Rosa, Yancarla Gualoa Guasico, Evelio Gualoa Guasico, Marcela Calaje Cueva, Carla Lorena Gualoa Guasico y Olga Ivana Mayube en contra de la Federación Departamental de Maestros del Beni; únicamente en la parte que ocupan para vivienda. IMPROBADA la pretensión de usucapión de fs. 22 a 24, sobre la totalidad del inmueble, en especial sobre la parte del terreno restante que no ocupan como vivienda. PROBADA en parte la acción reivindicatoria interpuesta por la Federación Departamental de Maestros del Beni, en contra de Wilder Mayube Vaca, Elisenda Guasico Apiequy, Carlos Aguilera Rosa, Yancarla Gualoa Guasico, Evelio Gualoa Guasico, Marcela Calaje Cueva, Carla Lorena Gualoa Guasico y Olga Ivana Mayube, únicamente respecto a la porción de terreno que los actores no ocupan como vivienda disponiendo que los actores en el plazo de tres días, restituyan esa parte del inmueble objeto del litigio a favor de sus propietarios IMPROBADA la pretensión de reivindicación sobre la porción de terreno que se les ha reconocido como propietarios a los actores.
Disponiendo asimismo que en ejecución de Sentencia se proceda a la realización de una pericia en relación a la ya realizada de fs. 116 a 133, la inspección de fs. 144 y una nueva inspección por realizar, para determinar ciertamente la superficie de terreno que los actores ocupan como vivienda.
Contra dicha Sentencia, los demandantes interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Civil Mixta de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni Trinidad, mediante Auto de Vista Nº 199, de 29 de noviembre de 2013, REVOCA PARCIALMENTE la Sentencia apelada, declarando PROBADA la demanda de usucapión e IMPROBADA LA RECONVENCIONAL.
Contra dicha determinación, la Federación de Trabajadores de Educación Urbana del Beni interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, en cuyo mérito se pronunció el Auto Supremo Nº 406, de fecha 29 de julio de 2014, de fs. 311 a 316, que declaró infundado tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo.
Contra el indicado Auto Supremo, la Federación de Maestros Urbanos del Beni interpuso Acción de Amparo Constitucional motivo por el cual la Sala Civil Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, pronunció el Auto de Amparo Constitucional Nº SCT-090/2015 de fecha 24 de febrero de 2015, el cual a tiempo de conceder parcialmente la tutela extrañó la falta de respuesta concisa y puntual con relación al Punto (III.3) del recurso de casación en la forma, por lo que dejó sin efecto el Auto Supremo Nº 406/2014, de fecha 29 de julio de 2014, de fs. 311 a 316, disponiendo que se emita un nuevo Auto con referencia expresa a ese punto expresado, devuelta la causa a este Máximo Tribunal se pasa a considerar y analizar el recurso interpuesto dando cumplimiento a la Resolución constitucional dispuesta..
I.- Acusan al Tribunal de alzada, señalando que la Federación de Trabajadores de Maestros Urbanos de Beni, no han sido legalmente notificados con el Auto de Vista Nº 199/2013, pues se habría notificado a la Federación de Maestros Jubilados, borroneando y falseando la notificación de fs. 188, por ello, sin consentir la notificación falseada con falta de forma en su contenido, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra la Resolución de Alzada.
II.1.-Aduce la falta de citación con la demanda, ya que, las personas jurídicas debe ser practicado en el lugar donde desarrollan sus actividades, y en este caso el domicilio de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana del Beni es la Avenida Bolívar 375 entre Cochabamba y Cipriano Barace, no el domicilio señalado en la demanda, evidenciándose que la intención del demandante al falsear la verdad era dejar en indefensión, existiendo violación al debido proceso, deslealtad procesal, etc., evidenciándose la diligencia de fs. 30 y vta., que no se notificó personalmente a la representante del ente sindical demandado, tampoco se habría dejado copia de la demanda, siendo citados solamente con el Auto de admisión de la demanda, y en un domicilio distinto al del demandado.
II.2.- Alude que al rechazar su proposición de prueba, se ha violado el art. 379 del Código de Procedimiento Civil así como el derecho a la defensa porque el plazo dispuesto por el art. 379 no es individual, sino común a las partes y corre desde la última notificación, en este caso desde el 3 de diciembre de 2012, fecha en que el demandante fue notificado. porque si se considera como plazo individual, el mismo quebranta la ley y vulnera el derecho a la defensa, garantizado en el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 14 inc. 3) literal d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 8 inc. 2) literal d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los arts. 115-II y 119-II de la Constitución Política del Estado.
II.3.- Asimismo, expresa que el Auto de Vista es incongruente, porque ha obrado extra y citra petita, cuando es obligación del Juez resolver conforme el art. 192 del Procedimiento Civil respondiendo a todos los puntos apelados, además que debe revisar, apreciar y valorar toda la prueba aportada y sacar sus propias conclusiones, fundando su decisión en previsión del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que, del análisis de la demanda de fs. 22 a 24 y vta., señalan que entraron en posesión sin el consentimiento de persona alguna, que han mantenido limpiando con la ayuda de los jugadores y el cuidado de los perros, pero no especifican qué área ocupa cada uno de los demandantes, sus límites y colindancias, la superficie de terreno de cada demandante, lo que constituye una demanda insuficiente y su único fundamento es que el demandado no habría pagado impuestos y el Tribunal de apelación forzando el entendimiento señala que el hecho de que una parte sea destinada para la práctica de un deporte y no para vivienda, no quiere decir que no se pueda usucapir, además de haberse probado que se usufructúa del campo de fútbol, por lo que el Auto de Vista no satisface las exigencias del art. 236 y 190 del Código de Procedimiento Civil, extremo que por disposición del Tribunal de Garantías este Tribunal debe otorgar una respuesta exacta y precisa del mismo.
Que la omisión de falta de fundamentación y motivación en que ha incurrido el Tribunal contraviene el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y corresponde anular el Auto de Vista.
III.1.1º Señala en el Auto de Vista la existencia de error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, porque no ha tomado en cuenta la documental cursante de fs. 45 a 71, que tiene la fuerza probatoria del art. 1296 del Código Civil, en la que se verifica que el patrimonio de la Federación es intangible, inembargable e imprescriptible; que por el informe de fs. 116 a 134 que están clandestinamente en posesión hace menos de 4 años y ni siquiera tienen energía eléctrica lo que demuestra que no hay publicidad de la posesión violándose el art. 1296 del Código Civil y 398 del procedimiento.
2º También impugna que no se tomó en cuenta la inspección judicial de fs. 144, por la que se constató que la posesión de la totalidad del inmueble, sino en una ínfima parte cuya data de las precarias construcciones es de apenas 6 y 4 años lo que demuestra que la posesión no es pacífica, continuada y pública por 10 años, prueba que tiene el valor que le asigna el art. 1334 del Código Civil y 427 de su procedimiento.
3º Aduce que en la confesión provocada se estableció que a partir del año 2003 el ente sindical ha realizado eventos y ampliados en el predio que se pretende usucapir y que las canchas se entregaron al Centro LA PALMERA por convenio, lo que demuestra que la posesión es clandestina incurriendo en error de hecho y de derecho porque la prueba tiene el valor probatorio que le asigna el art. 1321 del Código Civil y 404 del Procedimiento y al interpretar erróneamente los arts. 1296, 1334 y 1321 del Código Civil y 397, 398, 427 y 404 del Código de Procedimiento Civil incurren en la causal prevista en el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.
III.2.a) Siendo especifico el recuso expresa que hay errónea e indebida aplicación del art. 138 del Código Civil, pues si bien la usucapión procede en diez años, pero no de bienes inembargables, intangibles e imprescriptibles y la misma no debe ser violenta ni clandestina, en este caso, el Tribunal no toma en cuenta que lo que estaba en discusión no es quién usufructuaba el cobro a los jugadores, sino la posesión que no había llegado a diez años sino que era de 4 y 6 años lo que fue demostrado y no desvirtuado por la otra parte, además de las características rústicas y eventuales de las construcciones, por lo que al señalar que los demandantes no viven en el terreno objeto del litigio pero que usufructúan del campo deportivo, violan el art. 138 del Código Civil., obrando ultra citra y extra petita al declarar probada la demanda.
III.2.b) Alude la existencia de interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 1453, 1454 y 1455 del Código Civil respecto a la acción reivindicatoria porque no habido desposesión, que implica que el propietario sea desposeído de la cosa sin su voluntad y tiende a que este recupere la cosa. Acusando asimismo vulneración del art. 1454 que regula la acción negatoria, definiendo qué consiste la misma.
Concluye su ampuloso recurso y pide que deliberando en el fondo se anule hasta el vicio más antiguo conforme los fundamentos esgrimidos en el recurso de casación en la forma y/o en su caso, se case el auto de Vista Nº 199/2013 declarando improbada la demanda de usucapión y probada la reconvencional de reivindicación y desocupación y entrega de lote de terreno.
Que, habiendo los recurrentes interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde previamente pronunciarse sobre el recurso de casación en la forma, ya que de ser evidente las infracciones acusadas, corresponderá una Resolución anulatoria de obrados, sin necesidad de pronunciamiento sobre los demás agravios:
En principio cabe tener presente que por Resolución constitucional de fecha 24 de febrero de 2015 visible de fs. 401 a 405, el Tribunal de Garantías Constituido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, ha dispuesto la nulidad del Auto Supremo Nº 406/2014 de fecha 29 de julio de fs. 311 a 316 para que se dicte uno nuevo, bajo el siguiente fundamento: “… se ha cuestionado el fundamento del Auto de Vista, respecto el por qué dicha resolución ha llegado a la conclusión de otorgar la usucapión del terreno en su integridad, y no solo la parte que estaban ocupando los demandantes hoy terceros interesados, quienes no habían demostrado posesión respecto al campo deportivo y que el mismo estaba siendo usado por los deportistas que van a ese campo deportivo y los perros que cuidan el lugar cuestionamiento que el Tribunal Supremo en la resolución hoy impugnada, no dan una respuesta concisa y puntual sobre este punto”, conforme dispone el art. 36 num. 8 y 40 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal debe dar cumplimiento de la determinación asumida por el Tribunal de Garantías de manera inmediata, por cuanto corresponde pronunciarse en primer lugar sobre lo determinado en la Resolución antes mencionada a los efectos del artículo citado, es decir, sobre el punto tres del recurso de casación en la forma.
Del análisis del recurso sobre el punto tercero se advierte que el recurrente acusa de incongruente al Auto de Vista, ya que, es obligación del Juez o Tribunal resolver conforme el art. 192 del Procedimiento Civil respondiendo a todos los puntos apelados, además que debe revisar, apreciar y valorar toda la prueba aportada y sacar sus propias conclusiones, fundando su decisión en previsión del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, partiendo de este antecedente expresa que la demanda de fs. 22 a 24 y vta., señalan que entraron en posesión sin el consentimiento de persona alguna, que han mantenido limpiando con la ayuda de los jugadores y el cuidado de los perros, pero no especifican qué área ocupan cada uno de los demandantes, sus límites y colindancias, la superficie de terreno de cada demandante, lo que constituye una demanda insuficiente y su único fundamento es que el demandado no habría pagado impuestos y el Tribunal de apelación forzando su entendimiento, ya que si no viven no están en posesión, y que si están en posesión no son los demandantes sino los jugadores que asisten a la cancha y los perros que cuidan de ella, concluyendo que el Auto de Vista no satisface las exigencias del art. 236 y 190 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto cabe recordar que el principio de congruencia exige la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, a decir de Guasp, “… consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos grandes elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión”...
De esta manera la congruencia se ha sostenido que es la "conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto" (Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, página 517, citado por Hugo Botto, La Congruencia Procesal, página 121). "Es, pues, una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro, el objeto procesal en sentido riguroso; no, por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos identificadores de tal objeto; los sujetos que en él figura, la materia sobre que recae y al título que jurídicamente lo perfila" (Pedro Aragoneses Alonso, Sentencias congruentes. Pretensión, oposición, fallo, página 11, Citado por Botto, página 122).
La congruencia se constituye entonces en un presupuesto lógico de la Sentencia que respete los parámetros del contradictorio, en sentido contrario se dice que se incurre en incongruencia cuando se falla apartándose de las cuestiones introducidas en la pretensión de las partes, tanto en los actos de proposición (demanda, contestación y excepción), como en los actos de impugnación (recurso y contestación al recurso).
Partiendo de lo anotado en el caso en cuestión se advierte que el Auto de Vista de fs. 185 a 187 y vta., revoca parcialmente la Sentencia apelada, empero, debe tenerse presente que el Tribunal de alzada al revocar la Sentencia, expone un nuevo fundamento contrario al Juez de Primera instancia conforme al principio de inmediación, comunidad y unidad en la apreciación de las pruebas, como también debe cumplir con la motivación y fundamentación, para lo cual deben fundar su Resolución conforme manda el art. 190 del Código Procedimiento Civil, es decir, sobre las cosas litigadas en la medida que fueron demandadas, sabida que fuere la verdad del proceso, debiendo en este caso contener decisiones claras expresas y positivas.
Del análisis del Auto de Vista no se evidencia que el Tribunal de Segunda instancia se haya pronunciado de manera clara, expresa y positiva, sobre los fundamentos de su revocatoria de la Sentencia, menos ha tomado en cuenta los fundamentos de la contestación referente y que si están en posesión no son los demandantes sino los jugadores que asisten a la cancha y los perros que cuidan de ella, extremo que vulnera el derecho a la congruencia y por ende el derecho a la fundamentación al no existir una respuesta clara expresa sobre dicho tópico, correspondiendo en consecuencia dictar una Resolución anulatoria con el fin de que el Tribunal de segunda instancia se pronuncie sobre dicho aspecto, debiendo resolver el Ad quem acorde a sus facultades y atribuciones establecidas por Ley.
Conforme a lo estipulado en la Resolución constitucional antes mencionada, siendo evidente el agravio denunciado y la nulidad a disponerse, no corresponde pronunciarse sobre los demás puntos.
Por todo lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 199, de 29 de noviembre de 2013, de fs. 185 a 187 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem emita nueva Resolución resolviendo la apelación deducida contra la Sentencia de primera instancia con la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 42
 Resolución